Wouters, Mieke - Derechos étnicos bajo fuego. El movimiento campesino negro frente a la presión de grupos armafos en el Chocó. El caso de la ACIA

Derechos étnicos bajo fuego: fuego: el movimiento movimiento campesino negro frente frente a la presión de grupos armados en el Chocó el caso de la ACIA ACIA 1 Mieke Wouters

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Introducción Es bien conocido que desde la nueva Constitución colombiana de 1991, y con más fuerza aún con la llamada ley de las comunidades negras (Ley 70 de 1993), el número de los estudios de la población negra en el país ha crecido explosivamente. Los procesos de movilización y de organización socio-política que precedieron y en gran parte llevaron a la Ley 70 y los desarrollos, tanto en papel como en la práctica, desde entonces han sido y son objeto de numerosas investigaciones. 3 Sin embargo, son pocos los estudios que se dedican a estimar el efecto y las consecuencias que tiene la presencia de actores armados en las diferentes zonas donde se está dando el proceso de la Ley 70, y más específicamente la titulación colectiva.4

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Esto llama aún más la atención, tomando en cuenta de que cuando se dieron los primeros

títulos colectivos en 1997, los supuestos beneficiarios ya no estaban allí para recibirlos personalmente, porque habían tenido que dejar sus tierras por los actos violentos de los diferentes grupos armados 6

presentes. En realidad, desde un principio el conflicto armado ha sido y sigue siendo parte del contexto 1

Gran parte de la informacion expuesta en este artículo se basa en varios periodos de trabajo de campo en el Chocó: noviembre-diciembre 1998, enero, agosto-medio septiembre, octubre 1999, finales de abril 2000. Una versión preliminar de este artículo fue presentada en el Congreso Internacional de LASA (Asociación de Estudios Latinoamericanos) en Miami del 16- 18 de marzo de 2000, dentro del panel “Actores armados: fuerzas de seguridad, milicias y guerrillas en America Latina en los años 90”, organizado por la sección de antropología de la Universidad de Utrecht, Holanda. La versión actual fue presentada pres entada en el foro “Poblaciones Negras y Modernidad. Acción colectiva, sociedad sociedad civil y Estado en el Pacífico colombiano”, organizado por el ICANH el 11 de agosto de 2000 en Bogotá. 2 Antropóloga de la Universidad de Utrecht, Holanda. Actualmente es candidata al doctorado en la misma universidad con la investigación: “Comunidades negras, derechos territoriales y política de etnicidad en el Chocó, Colombia.”, co-financ co-financiada iada por la Fundación Nacional de Ciencias en Holanda, NWO - WOTRO. 3 Una de las más recientes publicaciones sobre este tema es de CAMACHO, Juana y Eduardo RESTREPO (eds.). 1999.   De montes, ríos y ciudades; Territorios e identidades de la gente negra en Colombia. Bogotá: Fundación Natura, Ecofondo y ICAN. 4 O donde ya se ha establecido territorios colectivos, como es, por ejemplo, el caso en la zona de influencia de la ACIA, la Asociación Campesina Integral Integral del Atrato, a la que me dirigo más en adelante. 5 Las únicas excepciones son dos trabajos del antropólogo Jaime Arocha, aunque no se trata tanto de los efectos para el proceso de la Ley 70, sino de las consecuencias que tiene la violencia al nivel socio-cultural de las comunidades Arocha (1999) y la invisibilidad de la etnicidad etnicidad en los estudios estudios de la violencia (Arocha (Arocha 1998). Además, en esta esta publicación la investigadora Teodora Hurtado hace una primera aproximación de los efectos de la violencia en el proceso organizativo en el norte del Cauca. 6 Los primeros títulos se dieron en el Bajo Atrato en marzo de 1997 a algunas comunidades en el curso medio del río Truandó sobre cerca 70 mil hectáreas. En ese tiempo, los supuestos beneficiarios ya se encontraron en otras partes,

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en que se empeña la labor y la lucha por un verdadero reconocimiento de los derechos étnicos y territoriales de las comunidades negras. Una de las organizaciones que vive esta experiencia diariamente es la Asociación Campesina Integral del Atrato, la ACIA, en el Chocó.

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La ACIA y la titulación colectiva: pionera en la lucha territorial Antes de profundizar más en el tema de la violencia y los efectos en el proceso organizativo de la ACIA, es bueno recordar la centralidad del territorio en la lucha histórica y en las actividades actuales de esta organización. Es justo este territorio que hoy en día es el objeto central del conflicto armado que se está dando en la región.

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Desde los principios de la ACIA, generalmente reconocida como la primera organización de base afrocolombiana,10 el territorio, o mejor dicho, la defensa, propiedad y el control real sobre esto, incluidos

automáticamente los recursos naturales, siempre ha sido uno de las „banderas de lucha‟ más importante de

como consecuencia de los fuertes enfrentamientos que se dieron entre diciembre 1996 y febrero 1997 entre la guerrilla y el ejército, que acudió a varios bombardeos del área. Esta situación general de violencia llevó a la total paralización y el asesinato de varios líderes de OCABA, la Organización Campesina del Bajo Atrato, una de las organizaciones que en ese tiempo estaba llevando a cabo el proceso de titulación colectiva en la zona. 7 La organización representa a casi 120 comunidades, ubicadas en la cuenca media del río Atrato en el departamento del Chocó. Este área de apróximadamente 800 mil hectáreas se sitúa entre la capital chocoana Quibdó, donde la organización tiene su sede principal, y el municipio Ríosucio en el Bajo Atrato. Además ocupa también una parte en el extremo oeste del departamento Antióquia, Antióquia, donde el Atrato forma la frontera entre los dos departamentos. departamentos. 8 Durante el primer trabajo de campo se puso claro que la presión de actores armados en la zona estaba aumentando con un caracter cada vez más amanezante, con todas sus consecuencias para la población rural asentada en esta zona y para el trabajo organizativo de la ACIA. En el 1999 y 2000, esta situación solamente se ha agudizado más como se demostrará más en adelante. 9 Tanto los misioneros claretianos, como los sacerdotes alemanes del Verbo Divino y las monjas Ursulinas han  jugado un papel clave en la fundación de la ACIA. Los claretianos empezaron en 1982 con un trabajo evangelizador y al mismo momento organizativo en la comunidad atrateña de Beté, mientras los otros grupos religiosos hicieron un trabajo semejante en la parte mas baja del Atrato. Más tarde unieron las fuerzas y de ahí, se fue ampliando por toda la cuenca del Atrato Medio. Formaron los llamados Comités Eclesiásticos de Base, que dentro de poco tiempo empezaron a llamarse Asociación de campesinos. En 1987, esta Asociación se convirtió oficialmente en ACIA, con personería jurídica. Sin embargo, llama la atención que la ACIA actualmente, en sus ponencias y declaraciones, no suele mencionar este aporte misionero, sino adscribe la fundación de la organización a la iniciativa de la población misma, como demuestra, por ejemplo, el siguiente citado: “ Desde que un pequeño grupo de Campesinos de los pueblos negros del Atrato Medio, cansados de las promesas de cada Gobierno, para mejorar la marginalidad y desconocimiento de nuestros derechos nos dimos la tarea de reivindicarlos y para ellos adelantamos un proceso organizativo [...]” (ACIA, 1997). En realidad, el proceso de independización no ha sido sin conflictos. Sin embargo, la organización aún depende en gran parte del trabajo misionero, tanto económica- como organizativamente. organizativamente. Además,  parece que esta „dependencia‟ ha aumentado últimamente en vista de las amenazas de actores armados, un aspecto al que vuelvo más en adelante. adelante. También hay que mencionar mencionar el aporte (aunque indirecto) indirecto) que hizo el proyecto colombocolomboholandés DIAR en el Chocó, durante los años ochenta, a la constitución constitución de la ACIA; comunicación comunicación personal de Lácides Mosquera, actual director de Codechoco, 20/9/99 y Dominga Bejarano, ex-líder de la ACIA y actual vicepresidenta de la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), 20/8/99 y 22/8/99. 10 Pardo (1997)

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la organización.11 La primera concientización en un nivel más amplio sobre este tema hicieron los misioneros claretianos, que vinieron a las comunidades para hablar sobre las grandes amenazas de una explotación irracional por diferentes compañías madereras,

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que llevaría al arruino de los recursos

naturales, parte esencial de la subsistencia de las comunidades. No resultó difícil convencer a la población de la importancia de la defensa de su territorio y especialmente, de sus bosques contra las actividades destructoras de estas empresas, cuyos resultados desastrosos ya se habían manifestado claramente en la parte norte del Chocó, Urabá, donde estas compañías habían acabado casi totalmente con los bosques naturales. A raíz de esta concientización, la población campesina también empezó a rechazar el uso de motosierras para la tala, de trasmayos y explosivos para la pesca y motobombas para la minería.

Aunque en un principio, la defensa del territorio no fue puesta dentro de un discurso étnico como tal, se puso claro a través de talleres culturales, organizados por los misioneros, y por una investigación amplia dentro del proyecto DIAR ,13 que el territorio es de importancia fundamental para la supervivencia física y cultural de las comunidades negras en el Medio Atrato. Se describió como la población campesina tiene

un manejo especial de los diferentes espacios y maneja diferentes formas de „tenencia‟, tanto individual familiar como colectiva, aunque no oficializadas. Fue a finales de los años ochenta, cuando a nivel internacional el aspecto étnico y la protección del medio ambiente cada vez ganaron más peso, 14 que la organización, con la ayuda de asesores, empezó a elaborar un discurso étnico basado fundamentalmente en la importancia del territorio y los recursos naturales como parte integral de este. Además se empezó a subrayar que la conservación del medio ambiente había sido posible por las prácticas tradicionales de producción de estas comunidades y los modelos específicos de naturaleza que aplican. Es así que, según la organización, para las comunidades negras el territorio forma parte de su vivencia social y cultural. No es un concepto catastral o un bien inmueble para intercambio comercial. El territorio es un espacio que acoge la vida de las comunidades en una forma

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De hecho, la ACIA se define como organización étnico-territorial. Este término fue introducido como reacción al crecimiento explosivo del número de organizaciones autodenominadas „afrocolombianas‟ en el Chocó a partir de la nueva Constitución y consecuente, la apertura de un espacio de participación politico-económica politico-económica (organizaciones que en algunos casos no consten más de dos o tres personas). Según la ACIA, el término se refiere a que “trabajamos por  la defensa de los derechos territoriales y culturales d e las comunidades negras” (ACIA 1998a, p.16). 12 En especial la empresa maderera Pizano S.A. 13 Leesberg (1987) 14 En la última década, tanto en América Latina como en otras partes del mundo, el concepto de la etnicidad, en vez de perder importancia como se había esperado, volvió a demostrar ser una dimensión crucial de las relaciones sociales, sobre todo en la lucha por recursos esenciales, autonomía y autodeterminación de grupos sociales específicos. Este desarrollo vino acompañado de „discursos ecológicos‟ en que conceptos como desarrollo sostenible y biodiversidad empezaron a tener una importancia central. Sobre todo en las políticas de organizaciones internacionales, internacionales, como las de las Naciones Unidas, etnicidad, los derechos de minorías étnicas y la preservación del medio ambiente han venido dominando los escenarios.

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integral, con asentamientos humanos o pueblos con cultura y organización social propia, que le proporciona los recursos naturales para la reproducción de la vida y la cultura. El territorio hace parte de la cosmovisión de la gente y es de relaciones simbólicas atravesadas por una concepción ecológica de armonía y equilibrio. Además, el territorio es un elemento fundamental en la consolidación de la identidad de estas comunidades y permite que los lazos familiares se extiendan entre generaciones, familias, comunidades y personas. La territorialidad abarca todos los recursos renovables y norenovables, las aguas, el aire, la fauna, la flora, los minerales, las fuerzas sobre naturales que rigen en conjunto de la naturaleza y viven en su interior, o sea todo lo que el hombre necesita para su vida. Por

eso, la lucha se fundamenta en la defensa y la conservación de este territorio, “ya que en él se desarrolla nuestra cultura, nuestro ser como pueblo de una manera comunitaria y en relación armónica con la

naturaleza.”15

En cuanto a la defensa y conservación del territorio, la ACIA obtuvo su primer triunfo en junio de 1987, cuando la organización convocó en la comunidad atrateña de Buchadó el Primer Foro por la Defensa de los Recursos Naturales, al que participaron varios representantes gubernamentales. Aunque en ese momento el gobierno aún negó reconocer lo étnico, las negociaciones resultaron en el llamado Acuerdo 20 de Buchadó, en que se estableció un territorio de más o menos 600 mil hectáreas para ser manejado por la ACIA, en conjunto con Codechocó

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y Planeación Nacional. Un año más tarde, a no cumplir el

acuerdo por parte del gobierno, la ACIA organizó otro foro. En este evento, la organización introdujo por primera vez el concepto de minoría étnica para sustentar sus reclamos. 17 Argumentó que por la ascendencia africana se debería considerar las comunidades del Atrato como un grupo étnico con derechos culturales, territoriales, políticos y económicos específicos. A pesar de que gran parte del Acuerdo quedó en el aire por, entre otras cosas, falta de voluntad política, era evidente que la ACIA había creado un precedente en la articulación de su lucha a partir de reclamos por el derecho a los territorios étnicos colectivos. 18 Estos reclamos étnico-territoriales finalmente se plasmaron, a través de un proceso amplio de movilización en que participaron tanto la población campesina, como asesores, ONGs, académicos y políticos, primero en el AT55 de la nueva Constitución y definitivamente en la consiguiente Ley 70 de 1993. En esta última se estableció, entre otras cosas, el derecho de las comunidades negras en el Pacífico

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ACIA/OPOCA (1999, p.12) Corporacion para el desarrollo sostenible del Choco. 17 Basándose en los tratados de Colombia con la OIT sobre minorias culturales 18 Pardo (1997) 16

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a la titulación colectiva de sus territorios ancestrales. Este derecho y su consiguiente reglamentación,

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significaron un fuerte impetus para el proceso organizativo de la ACIA, dándola las herramientas para empezar a conseguir el título de su zona de influencia.

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La organización hizo un trabajo amplio de

movilización y concientización de las comunidades formando los consejos comunitarios

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exigidos por la

ley, y recogiendo todos los datos necesarios para hacer la solicitud. 22 Despues de haber sido aprobada por las comunidades en una asamblea general, la ACIA entregó su solicitud a INCORA nacional en abril 23

1997.

Casi un año más tarde, en el 11 de febrero de 1998, el presidente de la ACIA de aquella época,

Raúl Rentería recibió en Quibdó de las manos del presidente de entonces Ernesto Samper, un título colectivo de casi 700 mil hectáreas. 24 Aunque el título no fue el primero dentro del cuadro de la Ley 70, 25 se considera que este es el más significativo hasta ahora, en tanto a su participación de la población concerniente, extensión, reconocimiento, procedimiento y impacto.

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Sin embargo, a pesar de su larga trayectória de lucha por su territorio y de ser dueño de este por casi tres años, la ACIA y las comunidades negras en el Medio Atrato se ven enfrentadas cada día más con menos control territorial en vista de la presión de los diferentes grupos armados, un desarrollo que amenaza fundamentalmente la subsistencia física y cultural de estas c omunidades.

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El Decreto 1745 de octubre de 1995 La zona de influencia de la ACIA comprende precisamente la cuenca media del río Atrato y sus afluentes desde el río Tanandó en el municipio de Quibdó, Chocó, hasta el río Murindó, Antióquia, en su margen derecha y desde el río Munguidó hasta la comunidad de Pueblo Nuevo en el brazo de Montaño; cubriendo territorio de los municipios de Quibdó, Medio Atrato, Bojayá, Murindó, Vigía del Fuerte y Urrao; ACIA (1998a), ACIA/OPOCA (1999). 21 Estos consejos comunitarios son las „nuevas‟ autoridade s al nivel de las comunidades, encargados del control territorial y el manejo racional de los recursos naturales. 22 Este trabajo de recolección de datos se agilizó bastante, porque antes de que saliera el Decreto, la organización ya hizo gran parte en el cuadro de su proceso de movilización. Los datos concernían entre otras cosas, una descripción física del territorio, antecedentes etnohistóricos, descripción sociocultural y de la organización social, un censo, aspectos socioeconómicos y prácticas tradicionales de producción, tenencia de la tierra y mapas del territorio solicitado en titulación. 23 La solicitud resulta en la resolucion 4566 del 29/12/99 24 El área de influencia de la ACIA mide aproximádamente 800 mil has. de las cuales 695.245 están tituladas globalmente, para una población en ese momento de 39.360 personas, repartida en 7.094 familias y 119 Consejos Comunitarios, sin tener en cuenta las cabeceras municipales (ACIA, 1998a; 1998b; ACIA/OPOCA 1999). Sin embargo, desde entonces la población ha disminuido, entre otras cosas por el efecto de la violencia. Según los datos más recientes, recogidos en el Proyecto de Ordenamiento Territorial, se habla de 37.342 personas (abril 2000). 25 Véase nota 5. 26 En realidad, en el Chocó hasta el momento no se ha dado otro título semejante. Sin embargo, embargo, varias organizaciones han entregado su solicitud y se prevee la entrega de varios títulos, aunque en todos los casos los trámites han sufrido mucho demoro, tanto por razones internas de las organizaciones mismas, como por razones externas. El INCORA, por ejemplo, dice que no dispone del suficiente personal para hacer las giras técnicas que tienen que verificar la solicitud hecha por la organización. También parecen incidir influencias polítiqueras en contra de los procesos organizativos; organizativos; comunicación personal ACIA; 29/8/2000. La OPOCA (región Alto Atrato) ya tiene la resolución, falta la entrega oficial del título. ACADESAN (región San Juan), ACABA (región Baudó) y OBAPO (Costa Chocoana) 20

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Derechos étnico-territorales amenazados: la ACIA y el conflicto armado

“Frente a la paz, nuestro pueblo ya no habla. Más bien grita. Estamos   ya cansados de hablar de paz. Por eso lanzamos un grito, no sólo   porque no se nos oye, sino porque la situación de nuestro pueblo es

tal, que sólo sólo gritando puede expresar su angustia.”

Citado de “Nuestro grito de paz a la comunidad nacional e internacional y a los actores generadores de violencia”, ACIA, noviembre 10 de 1998 .

Un año más tarde a este acto público de la organización, no había cambiado mucho, o mejor dicho, las cosas se veíann peor. El 18 de noviembre de 1999, paramilitares atacaron una embarcación de ayuda humanitaria en el río Atrato. A las 9:30 de la noche, justo cuando la embarcación con miembros de la Diócesis de Quibdó, un delegado de la ONG española Paz y Tercer Mundo (PTM), un motorista de la ACIA y varios campesinos de la región llegaba a la ciudad de Quibdó, a la altura del barrio Kennedy, fue arrollada por una lancha rápida -panga- 27 que de manera repentina se dirigió en forma perpendicular al bote, rompiendo la parte delantera y expulsando fuera del mismo a Iñigo Eguiluz, delegado de PTM, y al padre Jorge Luis Mazo Palacio, párroco de Bellavista, Bojayá. Según testigos, a pesar de la hora, las condiciones de luminosidad eran suficientes para reconocer la presencia de cualquier embarcación en el río, sobre todo tratándose de un bote de 18 metros de largo, un metro de alto, pintado y con las insignias de PTM. Después de haber causado el choque, los ocupantes de la panga continuaron su recorrido. El otro día, los cuerpos sin vida del joven español y del padre fueron encontrados a varios kilómetros río Atrato abajo.

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Justamente en días anteriores las Diócesis de Apartadó y Quibdó expresaron públicamente a través de un comunicado los señalamientos que por parte de estos grupos paramilitares se venían haciendo respecto a los trabajos de organización social y los proyectos de ayuda humanitaria, poniendo así en peligro la vida de quienes los ejecutan. A los siete días, en un acto casi único, la Policía en una acción combinada con el

están un poco más demoradas. Sin embargo, sí se están entregando títulos colectivos a nivel de comunidades individuales, individuales, como son por ejemplo los casos de Pie de Pepé y Montaño (Ríosucio). 27 Según información de Equipo Nizkor, la panga es propiedad de la pre- cooperativa “La Esperanza” del casco urbano de Murindó y fue hurtada por los paramilitares paramilitares que desde mayo de 1997 se encuentran instalados en Vigía Vigía del Fuerte. La panga sería utilizada por los paramilitares constantemente constantemente desde agosto de este año. 28 Información Información de Eq uipo Nizkor, a través del servidor Colnodo; comunicación personal ACIA, noviembre 1999.

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Ejército, la Sijin y el DAS, capturó a nueve paramilitares en la desembocadura del río Neguá, frente a la comunidad Las Mercedes. 29 Entre los capturados se encontraron los dos presuntos causantes de la muerte del cooperante español y el sacerdote colombiano. En una supuesta venganza por el arresto de sus miembros, un grupo paramilitar amenazó a los 500 habitantes de Las Mercedes con matarlo s y “quemar 

el pueblo totalmente” si no abandonaban el pueblo el mismo día. Según testigos, los paramilitares acusaron a los campesinos de haber informado a la policía sobre uno de sus campamentos. La gente de Las Mercedes se huyó el día siguiente a Quibdó, donde parte de ellos se refugió en la sede de la ACIA. En febrero de 2000 la población desplazada decidió volver a su comunidad.

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“Los días 25 y 26 de marzo de 2000, 300 hombres de los frentes 5, 34 y 57 de las FARC atacaron con cilindros de gas, morteros, bombas y granadas, a las poblaciones de Vigía del Fuerte, departamento de Antióquia, y de Bellavista, departamento del Chocó, dos comunidades ubicadas en la orilla del río Atrato.32 [...] El ataque, que duró unas 16 horas, dejó 21 policías y 8 civiles muertos, incluyendo dos bebés de 13 meses y dos años de edad y el alcalde de Vigía. Además se secuestraron a 7 policías y resultaron 4 heridos [...] Las primeras explosiones se sintieron a las 10:30 de la noche del sábado, cuando dormía la mitad del pueblo de Vigía de unos 1.200 habitantes, considerado como el segundo municipio más pobre del país . Uno de los comandos sorprendió a los aproximádamente 15 paramilitares que tenían una base cerca a las primeras casas del pueblo. A la misma hora, pero al otro lado del río Atrato, en Bellavista, la guerrilla también comenzó a atacar. A las 7 de la mañana del domingo, el puesto de Policía de Vigía quedó en ruinas. En el piso quedaron también los restos de la parroquia, la alcaldía, la empresa de energía, la cooperativa financiera y entre diez y quince casas de civiles. A las 3 de la tarde, cuando

medio pueblo quedó destruido, la guerrilla huyó en cinco lanchas con motor [...].” “Hacia las 5:30 de la tarde del domingo, y luego de desactivar cinco campos minados, las tropas de contraguerrilla de la Cuarta Brigada del Ejército ingresaron al casco urbano de Vigía, encontrándose con los cadáveres de los policías y civiles, mientras que los demás habitantes permanecían aterrorizados en

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Esta localidad está a unos 20-25 kilometros kilometros de Quibdó; El Tiempo y El Espectador, 28/11/99. Comunicación Comunicación personal ACIA, 29/11/99. 31 El 30/11/99, en una carta pública, Carlos Castaño, máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, declaró que se había tratado de un “doloroso y lamentable accidente [...] la oscuridad de la noche habían impedido la visibilidad sobre el río [...].” Cuando la embarcación golpeó contra algo, “el capitan consideró y confundió con una “tuca” sin verse obligado a detener la marcha.” Además declara que el Padre Jorge Luis Mazo “siempre sostuvo una respetuosa y cordial relació con nuestros hombres en esta regió del Atrato” y dice que desconocí la existencia del   joven epañol y menos de sus labores humanitarias, “a más que hemos respetado a los ciudadanos nacionales y etranjeros que prestan servicios sociales en nuestro pais.” También niega las amenazas contra los habitantes de Las Mercedes. “Estos pobladores son personas que han han simpatizado simpatizado y apoyado a las AUC, AUC, y cuentan con nuestro respaldo y apoyo.” (Equipo Nizkor). 30

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sus casas. Asimismo, se intentaro n operaciones con el avión „fantasma‟ y helicópetos artillados, pero cuando se estaban desembarcando las tropas de estas aeronaves, dos de ellas fueron impactadas. Mientras tanto, unidades de la Infantería de Marina realizaban operaciones de acercamiento por el río Atrato, la Fuerza Aérea desplegaba aviones OV- 10 y la Policía pedía resfuerzos desde Urabá y Quibdó.”

“La última incursión de las FARC en Vigía ocurrió en mayo de 1995 y aunque fue sólo un hostigamiento, los habitantes del pueblo lo tomaron como la advertencia de algo mayor [...] “El rumor de una toma está

desde hace tres años, pero nunca esperábamos esto”, dice Beatriz Palacio, una comerciante de 40 años. Los habitantes atribuyen el ataque a una venganza de las FARC por el destierro al que los obligaron los

 paramilitares en esa zona del Medio Atrato, desde hace tres años.” 33

Las dos casos descritos anteriormente son unos ejemplos de la situación de violencia que se está viviendo en la zona del Medio Atrato. Es decir, son dos ejemplos excepcionales, porque estas veces las noticias de violencia no se escucharon solamente en el campo campo y en Quibdó. Salieron del departamento, departamento, y en el caso del ataque paramilitar ocuparon algunas alíneas en los periódicos del país y causaron hasta protesta internacional.

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Se supone que la nacionalidad extranjera de uno de los víctimas, y la vocación religiosa

del otro han tenido un peso importante en la indignación general. En el caso del ataque guerrillero ocuparon páginas en los periódicos y espacio amplio en diferentes noticieros nacionales. La gran cantidad de víctimas de la Policía Nacional parece haber llevado al gran impacto que tuvo. Porque los numerosos campesinos asesinados en los ultimos años, víctimas inocentes de los diferentes grupos armados, nunca han causado tal indignación. La única prueba de sus muertes fueron sus cadáveres flotando en el río Atrato que nadie se atrevieron recoger, porque hasta que los actores armados niegan a los familiares el derecho de enterrar a sus muertos.

 La llegada de la violencia armada al Chocó

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Los hechos de lo descrito en adelante se han tomado de varios periódicos, como El Tiempo, El Colombiano, EL País, El Mundo y Colprensa de 27 y 28/3/2000; comunicación comunicación personal ACIA. 33 Aunque algunos periódicos nacionales mencionan la presencia de paramilitares, sólo El País de España (28/3/2000) es más explícito sobre esta presencia : “ Veintiocho de las víctimas perdieron la vi da en Vigía, localidad controlada desde hace meses por grupos paramilitares [...] La zona donde se produjeron los ataques, conocida como Medio Atrato, ha estado bajo control de los paramilitares de las AUC desde1997. Vigía era precisamente donde se situaba uno de los puestos de control más importantes del tráfico fluvial de los paramilitares [...] la guerrilla también se apoderó de las armas del cuartel policial, situado a unos 100 metros del habitual retén paramilitar.” 34 Comunicado público al sr. Lipponen, presidente del Consejo de Ministros de la Unión Europea, a la sra. Fontaine, presidenta del parlamento europeo y el sr. Prodi, presidente de la Comisión Europea, entre otras personas, firmado por más de 50 organizaciones de derechos humanos europeos y colombianos.

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“En los últimos años en Colombia, el conjunto de los actores ilegales ha llegado a definir el contexto   fundamental de la violencia. Mientras las fuerzas militares perdieron el control de la situación; las guerrillas y los paramilitares se volvieron al lado de los narcotraficantes los actores centrales. Los recursos de poder de que disponen han cambiado bastante, como se comprueba a través de su capacidad  de llevar a cabo acciones militares de una envergadura inédita. Sin embargo el conflicto sigue dándose más que todo por medio del control que ejercen sobre la población civil, acudiendo cada vez más a

metodos de terror.”

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Esta observación, hecha por el reconocido académico Daniel Pécaut, es una realidad innegable hoy en día en Colombia. Ya desde hace varios años viene argumentando que la violencia es una situación

generalizada en que “todos los fenómenos están en resonancia unos con otros”. 36 Además, “resulta totalmente inapropiado continuar trazando límites claros entre la violencia política y aquella que no lo

es.”37 Así que el conflicto armado se ha amplificado, agudizado y degradado de una manera impresionante,38 en que la violencia se ha descentralizado, privatizado y desideologizado. 39 Esta situación, en que se ha perdido la credibilidad política y que se caracteriza cada vez más por métodos de terror de los que el principal víctima es la población civil desarmada, desafortunadamente ha llegado también al Chocó, considerado hasta hace algunos años aún como una de las partes más tranquilas de Colombia. 40 Mientras que en otras partes par tes del país, el conflicto armado ya desde hace mucho tiempo formara parte de la

vida cotidiana, el Pacífico colombiano aún honraba su nombre. Sin embargo, la „convivencia pacífica‟, a que se referían orgullosamente orgullosamente las diferentes organizaciones étnicas en la región, es ahora algo algo del pasado.41 El „refugio de paz‟ se ha convertido en un campo de batalla más. Es la integración del departamento, objeto de lucha por muchos años, pero de una manera amarga, al resto del país. La región del Atrato ha sido y sigue siendo el mayor aportante a este conflicto. En los municipios del Carmen del Atrato, Quibdó, Bojayá y Ríosucio, que representan una tercera parte del territorio del departamento y cerca del 46% de la población, se presentan, aproximádamente, más de 45 homicidios

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Parte del abstracto de la ponencia de Daniel Pécaut que estaba prevista para el Congreso Internacional de LASA en Miami del 16-18 de marzo de 2000, véase también el nota 1. 36 Pécaut (1997) 37 Pécaut, citado en Echandía (1998, p.65) 38 Como ilustración de estos desarrollos: en 1985, en 173 municipios de los 1.005 que tiene el país había algún tipo de actividad guerrillera. En 1995, esta cifra llegó a 622 de un total de 1071 municipios, un creciemiento explosivo que representa 59,8% de todos los municipios; Chernick Chernick (1999, p.17). 39 Observación hecha por Patricio Silva en el panel “Actores armados: fuerzas de seguridad, milicias y guerrillas en America Latina en los años 90”, del Congreso Internaci onal de LASA, Miami 16/3/2000. 40 Por ejemplo, en 1993, Arocha se refirió al Chocó como „refugio de paz‟ en la publicación Contribución africana a la cultura de las Américas del ICAN, Colcultura y el Proyecto Biopacífico.

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para cada cien mil habitantes. Hace seis años esta cifra no llegaba a 10. 42 Además, cada día más se ve creciendo el desplazamiento forzado de los habitantes de las pequeñas comunidades rurales que en la segunda mitad del 1999 llegaba aproximádamente a unos 8 mil desplazados, solamente en Quibdó.

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En general se toma el diciembre de 1996 como momento en que la situación del órden publico, como se suele hablar eufemísticamente del conflicto armado y la violencia, empezó a empeorarse significatívamente en el Chocó. El 20 de aquel mes, los paramilitares tomaron sorpresivamente la comunidad de Ríosucio, bajo el presunto de acabar con la influencia guerrillera en la zona. En los siguientes meses de enero y febrero, el ejército bombardeó los afluentes Salaquí y Cacarica. Las acciones causaron el desplazamiento de entre 14 y 17 mil habitantes. La declaración oficial del objetivo de la intervención militar era la expulsión de la guerrilla. Sin embargo, la presencia de la guerrilla en la parte baja del Atrato no era algo reciente. Ya desde hace 20 años estaban haciendo presencia, sin que eso hubiera causado algún acción militar. El Estado era social y militarmente ausente durante todo este tiempo y la población campesina no tenía otra opción que conformarse con la presencia guerrillera. Las acciones (para)militares a finales de 1996 y principio de 1997 tuvieron como resultado no tanto la expulsión de la guerrilla, sino la expulsión e xpulsión de la población campesino desarmada.

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También en el Medio Atrato, la población no era desconocida con la guerrilla. Sobre todo la frente 57 de las FARC está presente en la región desde hace más de diez años.

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Sin embargo, nunca estuvieron

presentes permanentemente en las comunidades y en general, sus actos se limitaron a organizar reuniones es de actos delincuentes, en la „revolucionarias‟ en las diferentes comunidades y al castigo de cometedor es vista de la ausencia virtual de la Policía y el Ejército. 46

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Aunque esta convivencia también se ha visto afectada por la nueva legislación, causando conflictos serios de territorio, tanto interétnico interétnico como intraétnico. 42 ACIA (1998c) 43 Comunicación personal Rafael Gómez, coordinador de la Comisión de Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó, 14/9/99. Además, parte de los desplazados de la región del Atrato va a otras ciudades o comunidades rurales vecinas, de que no existe cifras fiables sobre la cantidad de gente refugiada. En el área de influencia de la ACIA, el escenario de guerra conllevó hasta marzo de 1999 a un desplazamiento del 20% de la población, correspondiente a más de 1.400 familias. En este mes y el mes de abril, se desplazaron en el rio Arquía, Murrí y Bebará otras 150 familias. familias. De la población del río Arquía, 70% está desplazada. 44 Comunicación personal Ursula Holzapfel y Ulrich Kollwitz, trabajadora pastoral y misionero del Verbo Divino y coordinadores de la Comisión intercongregacional intercongregacional Justicia y Paz en Quibdó, 9/8/99 y 2/10/99. 45 Echandía (1998, p.36; 1999, p. 109, 112). Según Echandía, y como se mostró en los acontecimientos de Vigía del Fuerte en marzo de este año, las FARC están presentes en el Chocó con los frentes 5, 34 y 57 desde más o menos la mitad de los años ochenta. En cuanto al ELN, la expansión noroccidental se dió más o menos en el año 1987, con un frente en el suroriente del Chocó. Véase también El Espectador, 4/12/99, 6-A. 46 En la región se conoce la institución del inspector de policía. Esta persona, sin embargo, tiene una autoridad limitada.

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“En nuestras comunidades no se veía la guerrilla permanecer siquiera un día. Llegara al pueblo y verlos alla armar  cosas, hacían reunión de momento y enseguida se iban...demoraba varios años para uno ver un grupo guerrillero,

 sólo se oía hablar de la guerrilla. Pero sí llevan muchos años estar transitando.”

47 

Sin embargo, con el crecimiento y la marcha de las Autodefensas Unidas Colombianas, AUC, sobre el Atrato, la pérdida del control territorial de Urabá por parte de la guerrilla y el cambio a nivel nacional de sus estrategias (diversificación de las finanzas, ampliación del poder al nivel local, y más acento en lo militar al costo de lo político), 48 la guerrilla empezó a adaptar sus métodos a la „guerra súcia‟ que se estaba dando, métodos cada vez más terrorizantes y en contra de la población campesina.

“La ideología, hoy no sabemos de que lado esta la guerrilla, ni lo que quiere. Porque antes podriamos decir y conociendo la historia de Colombia que la guerrilla estaría al lado del pueblo pobre, porque así fue como se formó,   por toda la injusticia injusticia de los gobiernos [...]

Ya hoy vemos que la guerrilla guerrilla no está atacando atacando realmente a los

 paramilitares, sino a los pobres, si? Porque en el Atrato por todos lados andan la guerrilla y los paramilitares a

diario y nunca se consigue. Cuando pasa el uno, el otro grupo se esconde, despues de ese pasó, regrese el otro! ”

Son numerosos estos tipos de testimonios en que los miembros de la ACIA dicen que hasta ahora no se ha dado enfrentamientos directos entre los grupos armados. Sólo en dos, o tres ocasiones hubieron algunos ataques el uno al otro, sin mayores daños ni víctimas por parte de los grupos armados. Por el resto parece que la única estratégia es aterrorizar a la población campesina.

“Quienes están en medio del fuego es la población desarmada y pobre, no? Donde ahora en el Atrato la gente vive con temor, terror, porque aún ambos grupos amenazan gente, torturan gente, asesinan, montan retenes. Si llegan los paramilitares en la mañana en una comunidad se van y por ahi a la una resultan los otros. Entonces, eso es una tensión terrible porque porque la gente dice: bueno, bueno, si ellos dicen dicen que andan buscando y de pronto pronto allí se encuentran,   pues, ellos tienen su arma y se van a defender, pero si el enfrentamiento es en un pueblo, la gente que está desarmada es la que sufre, si?. Frente a eso también hay el bloquéo económico, porque los paramilitares con sus retenes no dejan entrar alimentos a los ríos, porque supuestamente en los afluentes está la guerrilla y como no les entra comida a los afluentes...entonces, salen al Atrato, a las desembocaduras y la comida que la gente baja para los pueblos, ellos se lo quitan y lo meten a los afluentes para ellos subsistir, me imagino no?

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Por razones de seguridad, los siguientes testimonios de miembros de la ACIA son bajo anónimato. Datan de la segunda mitad del 1999. 48 Chernick (1999) p.14-15); Echandía (1998, p.36); Pécaut (1999, p.198); comunicación personal Carlos Efrén Agudelo, 3/12/99.

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Por el bloquéo alimentario ya no se consigue nada en las comunidades del Atrato, no hay dulce, no hay manteca, no hay jabón para lavar la ropa, no hay nada [...] Y ese miedo hoy ya nadie se atreve a meter un bote porque está arriesgando perder lo que tiene, el capital, el motor y hasta su propia vida. Porque ya el sólo hecho de bajar  comida, si no le acusa un grupo, lo acusa el otro de colaborador...Y en la misma medida eso también afecta el bloqueo en las actividades, porque por el miedo la gente prefiere mejor no ir a trabajar al campo. Porque lo que se teme es si los paramilitares consigue a uno allá por el monte, en un río, lo confunde con guerrillero y entonces...alli lo matan, lo torturan. Y de pronto si la guerrilla lo consigue a uno se imaginan que también anda disponiendo cuidado a ver si ellos están para irlo a contar a los paramilitares [...] Un 70% ha abandonado las parcelas, ha dejado de cultivar. Entonces, la gente prefieren ahi aguantar y quien no se a guanta tiene que desplazarse...”

En cuanto a las Fuerzas Armadas del Estado, se puede decir que son virtualmente ausente en el campo. Esporádicamente ejecutan operaciones en el río, que incluso no generan una mayor seguridad para la gente campesina, como fue demostrado por ejemplo en los acontecimientos de Ríosucio. Con el ataque guerrillero a Vigía del Fuerte sólo llegaron cuando la guerrilla ya se había ido, dejando el pueblo medio destruido y un saldo de 29 muertos. Y hasta finales de 1999, la cúpula militar negó fuertemente los denuncios hechos por diferentes organizaciones, entre ellas también la ACIA, en conjunto con el obispo de Quibdó, sobre la presencia de paramilitares en el río. No obstante resultó un punto de vista difícilmente de seguir defendiendo cuando a raíz del ataque paramilitar cerca de Quibdó, en que se murieron el religioso colombiano colombiano y el joven español, el jefe de las autodefensas Carlos Castaño insistió que se trataba más bien de un accidente, así afirmando la presencia paramilitar en el Atrato.

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 Los actos de violencia, sus consecue ncias y una exploración preliminar de los posibles motivos

En varios talleres representantes de las comunidades dentro del territorio colectivo de la ACIA han hecho una lista de los actos de violencia, cometidos tanto por los guerrilleros como los paramilitares de los que está sufriendo la población campesina. Se puede resumirlos como los actos que atentan contra: 50 la integridad física, como es la muerte, tortura y desaparición de miembros de las comunidades la integridad social y cultural, por lo que se pierde la posibilidad de desarrollar las prácticas tradicionales de producción asi como las costumbres y tradiciones de tipo f amiliar y comunitario como las diferentes formas de trabajo, las fiestas, velorios y novenas

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Véase el nota 31. En la contribución de la investigadora Teodora Hurtado también se observa que “la preocupación del Estado y de las autoridades no está dirigida a la protección total, total, si no que [en este caso, MW] se hace evidente su interés por defender a los grupos económicos y financieros”. 50 ACIA (1998b, 1998c); ACIA/OPOCA (1999).

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integridad territorial, que dificulta ejercer un verdadero control en los territorios y avanzar en la implementación del Reglamento Interno de las comunidades, porque tienen total o parcialmente a su población en desplazamiento forzado o por temor a la situación. Además refiere a la restricción del libre tránsito por los ríos los servicios básicos, que lleva a que los servicios de salud y educación se agudizan aún más, porque no hay maestros y cada vez se presta menos atención en salud los recursos naturales, porque son los actores armados que vienen haciendo control sobre la explotación, sin respetar los reglamentos internos de las comunidades.

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el proceso organizativo, porque los grupos armados a veces hacen presencia en las reuniones, encuentros y talleres que se organiza, por lo que la gente, junto con el temor en general, prefiere no asistir. Además, por el reclutamiento de la gente, sobre todo jóvenes, se aumenta la desconfianza y se pierde la conciencia colectiva.

Estos actos de violencia en contra de la población llevan a:

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El desalojo de los territorios ancestrale s de las comunidades negras la eliminación sistemática de los procesos organizativos el incumplimiento del Estado frente a la Ley 70 de 1993 la destrucción irreversible de la biodiversidad y los r ecursos naturales Y como resultado aparte y también final de todas las consecuencias anteriores: la posible desaparición de las etnias y culturas del Pacífico y sus organizaciones

Por una parte, ya mencionado anteriormente, se entiende la extensión de la violencia hacia el Chocó dentro de los desarrollos a nivel nacional, en que el conflicto armado se ha amplificado, agudizado y degradado. El motivo más importante parece ser ahora el control territorial y la competencia sobre

 porciones pequeñas de geografía política entre los diversos actores armados: “[...] una finca, un barrio, un municipio o una región [...] un choque de múltiples actores que rivalizan por el control estratégico de

territorios locales.”53 O como afirma Pécaut: “Las guerrillas y los paramilitares obran en función de

51

En este contexto es interesante una observación de un miembro de la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó, quien comentó que tiene la impresión que cuando hay más actividad paramilitar paramilitar en el río, el malecón de la capital chocoana parece estar más lleno con madera (esta observación fue hecha cuando la madera aún llegaba al malecón. Al principio de 2000 se ha cambiado el sitio, entre otras cosas bajo la presión de las acciones que venía haciendo la organización Betaguma para la recuperacón del espacio público). 52 ACIA (1998c, 1999b) 53 Chernick (1999, p.7)

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cálculos militares que poco tienen que ver con los problemas de las poblaciones [...] el objetivo es el

dominio del territorio y el desplazamiento de las fronteras que f ija la polarización militar.”

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Sin embargo, en el Chocó la llegada de la violencia no es visto como algo fortuito y no sólo dentro de estos desarrollos nacionales. En los últimos diez a quince años el departamento vivió una transición de un abondono estatal permanente a una situación en que tanto el gobierno nacional como empresas nacionales e internacionales han (re)descubierto las riquezas y oportunidades económicas que tiene el departamento. Mucha gente, siendo campesinos, miembros de las organizaciones étnico-territoriales y de ONGs, personal de la Diócesis, políticos y algunos funcionarios estatales, están convencidos que más bien se trata de una estratégia premeditada. Una estratégia que tiene que ver con los intereses económicos y los planes de desarrollo que existen para la región. Intereses que tienen que ver con la apropiación y el control de los recursos naturales. Además, el Chocó es una de las regiones con mayor biodiversidad a nivel mundial, una fuente de mayor explotación de este nuevo siglo. De los proyectos y obras de infraestructura proyectados, el más conocido es la construcción del Canal Atrato-Truandó. Para muchos no ha sido coincidencia que la violencia en la región de Ríosucio se suscitó un poco después del a nuncio del ex-presidente Samper de volver a estudiar la posibilidad de una conexión alternativa para el Canal de Panamá.

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Pero este proyecto, que por ahora parece estar congelado otra vez,

no es el único. Ya hay varias obras que iniciaron y que tuvieron su primera etapa con el montaje de la base naval en Valle Malaga. Además existen intereses en cuanto a la construcción de dos puertos marítimos, uno sobre la Bahía de Cúpica, la conexión de la carretera Panamericana y una línea férrea que conecte los puertos, un oleoducto y una línea de residuos de carbón, la carretera Medellín-Urrao-Bahía Solano, la formación de industrias y agroindustrias, el trazo de la carretera panamericana ramal NuquíBahía Solano,56 y microcentrales hidroeléctricas de Boroboro y Calima, entre otros. 57 A lo anterior se suma además la explotación maderera, minera, y los intereses ligados a la inmensa riqueza de la biodiversidad. En cuanto a este último, no solamente se trata de cosas materiales, sino también de conocimientos tradicionales. En este contexto se suele criticar dos proyectos que han aprovechado esta riqueza. Primero el proyecto colombo-holandés DIAR 58 y segundo, el proyecto Biopacífico. 59 “Han sido

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Pécaut (1999, p.201) Véase también Arocha (1999, p.138-139). 56 Los indígenas se hicieron frente a esa carretera y hasta ahora logran obstaculizar y frenar este proyecto. 57 Informe de derechos humanos (1997). Comunicación personal, entre otros, Rafael Gómez, 14/9/99. 58 Proyecto que se realizó en los años ochenta en el Chocó y específicamente en la cuenca del Medio Atrato. Se trataba de un proyecto de “Desarrollo Integral Agrícola Rural”. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, se concentró sobre todo en la producción y comercialización de un tipo de arroz importado, acompañado por una federación de productores agropecuarios (Fepría). Además, se hicieron una gran cantidad de investigaciones y inventarios de la riqueza natural de la región y es, sobre todo, esta parte que ha llevado a muchas especulaciones en cuanto a las verdaderas razones del proyecto. Sin embargo, uno de los embajadores embajadores holandeses de aquella aquella época, 55

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como los proyectos de investigación que en últimas frente a las comunidades es muy poco lo que queda. Ha sido más rentable en función de conocimiento que se extrae de lo que retorna a las comunidades [...] Son intereses de ese tipo de conocimiento y d e apropiarse del saber de la gente.”

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Son justamente estos planes de explotación, de infraestructura, de un supuesto desarrollo, que se han venido denunciando por las diferentes organizaciones de base, tanto afrocolombianas como indígenas, como perspectiva del futuro. 61 Para las organizaciones no existe duda entonces, que la implementación de esas obras y proyectos hacen necesariamente el desalojo del territorio de parte de los pobladores negros y

indígenas: “Nuestro territorio chocoano y antioqueño es un lu gar muy estratégico geo-políticamente, con acceso a dos oceanos y altas posibilidades de grandes obras de infraestructuras y de aprovechamiento de recursos naturales como: minerales, petróleo, maderables y nuestra singular biodiversidad [...] Por todo esto estamos convencidos de que existen fuertes intereses en que nosotros seamos desplazados de esta rica región. Los actores armados que actualmente están provocando este desplazamiento, tal vez ni siquiera son conscientes a que intereses en últimas están sir viendo.”62 Sin embargo, en una entrevista de Carlos Castaño con la revista colombiana Cambio 16, él deja claro que por lo menos sus paramilitares sí están conscientes de la intencionalidad de sus actos. Lo afirma en una frase, donde dice que ellos como ejército van delante y los tractores vienen detrás. Más dificil, sin embargo, es definir exactamente los intereses de quienes están sirviendo. 63 No obstante, mucha gente está convencida que estos intereses se da ta nto al interior como al exterior del país. 64 Aparte de lo anterior, también vale recordar que el Chocó es atractivo estratégicamente en términos militares. Es el corredor entre el Oceano pacífico, donde entra, entre otras cosas, la contrabanda de armas, y el departamento de Antióquia. 65 Además, hay muchos indicios que muestran que las FARC no han

Gijsbert Bos, sostiene que el único motivo del proyecto ha sido combatir la pobreza; comunicación personal 22/2/2000. 59 El proyecto Bíopacífico recibió apoyo y financiación internacional del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMMA). Ha sido uno de los últimos mecanismos mecanismos de intervención estatal dirigido dirigido a cuatro áreas principales: conocer la riqueza biótica de la región, valorar los recursos naturales y genéticos, movilizar con las organizaciones sociales conciencias y voluntades en favor de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y por último, formular las bases de una legislación que legitime los objetivos de conservación; tomado de Oslender (1999, p.26, nota 2). 60 Comunicación Comunicación personal Rafael Gómez, 14/9/99 61 Comunicación Comunicación personal ACIA (varias), Esperanza Pacheco 23/9/99; Oslender (1999) 62 ACIA (1999a) 63 En este contexto también es inevitable pensar en los intereses del narcotráfico. Aunque se ha afirmado que en el territorio colectivo de la ACIA los cultivos ilícitos no juegan un papel significativo, he decidido no profundizar este aspecto en este espacio por falta de información información confiable. 64 El informe de Derechos Humanos “Cien años de soledad o la crónica de una muerte anunciada” habla de una guerra no casual, sino causal. 65 Por ejemplo, se supone que la razón por la que se ha concentrado la violencia que lleva al desplazamiento forzado en los ríos Arquía y Murrí (véase nota 43), tiene que ver con su localización estratégica. Son los únicos ríos que tienen acceso por tierra al departamento departamento de Antióquia. O sea, sirven como corredor y vías de abastecimiento, refugio, refugio, etc. Además, en esta zona se p lantea la construcción de la carretera Urrao-Bahía Solano

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renunciado a retomar ciertas zonas de Urabá, 66 donde el control fue retomado por los paramilitares, 67 preparándose en la zona del Medio Atrato.

 La ACIA y el proceso organizativo en medio de la violencia

Como ya mencionado como una de las consecuencias de la violencia en el Medio Atrato, la ACIA ha tenido que enfrentar un debilitamiento fuerte de su proceso organizativo por causa de la presencia de los grupos armados. El terror que siembran tanto la guerrilla como los paramilitares alimenta cada día más la desconfianza en y entre las comunidades, y de las comunidades frente a la Junta Directiva de la ACIA, o el Consejo Comunitario Mayor.

“El proceso también se ha debilitado. Porque la gente está atemorizada, vive con miedo. El desplazamiento también ha debilitado el proceso.” “La verdad es que las labores de la organización en el campo han disminuido bastante...Se están haciendo eventos,  pero son cosas puntuales. O sea, una programación a tres meses, a seis meses que hay un evento en la zona. Antes las reuniones eran permanentes, porque si no había un taller de capacitación, había un encuentro zonal o una asamblea o una gira de los comisionados [...] En muchas comunidades los consejos comunitarios, las juntas se han

desintegrado porque han muerto algunas personas..han matado a algunos, otros se han desplazado.”

Es por la misma desconfianza que solamente en forma discreta se hace conversaciones sobre la violencia y en realidad mucha gente no está dispuesta a opinar claramente sobre ésta. Sin duda, la desconfianza, en combinación con conflictos internos que siempre se dan en organizaciones, lleva a una mezcla explosiva y peligrosa, que no sólo dificulta el desarrollo del proceso, sino también pone en peligro la vida de la 68

misma gente. En este contexto vale la pena mencionar la siguiente observación de Camilo Echandía:

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“A nivel local, estas organizaciones70 [grupos armados, MW] actúan como redes de poder que manejan instrumentos de fuerza y que son capaces de imponer control sobre la población a través de la intimidación, reemplazando así los lazos de solidaridad colectiva por la desconfianza mútua que se manifiesta en la ley del silencio y en la incomunicación. Con estas características es imposible construir comunidad y propiciar el desarrollo.”

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Pécaut (1999, p. 199); comunicación personal Uli Kollwitz Kollwitz y Ursula Holzapfel El inventario de posibles motivos no es en ningún sentido completo. Falta investigar investigar más las razones por las cuales los diferentes grupos armados han venido al Chocó. 68 Esto ,sobre todo, pasa cuando la gente señala a otro habitante de la misma comunidad como colaborador de unno de los dos grupos, lo que ha pasado ya varias veces. 69 Echandía (1998, p.58) 67

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En ciertas zonas, estos cambios implica una polarización innegable. Como indica Pécaut, el conflicto tiende a tomar, localmente, la forma de una guerra civil en las zonas que se disputan las guerrillas y los paramilitares. La población es tomada en cierta condición de rehén y no importa que tal población no se alinee con uno u otro campo. Simplemente se encuentra entre dos fuegos y se le impide hacer su voluntad, que es la de mantenerse al margen del conflicto. 71 Sin embargo, cada día más, la violencia deja de ser un factor externo. De hecho, hay cada vez más gente, y sobre todo jóvenes, quienes entran las f ilas de los grupos armados.

“No podemos negar que en algunas personas, como que les gusta, yo no sé si es el uniforme  , o en si las armas...pero antes nadie de por aquí estaba metido. Ahorita, yo no sé si es la misma tensión, la misma persecución, persecución, la política de los paramilitares es involucrar gente, sobre todo la población juvenil. Entonces, los jóvenes están parando bastante bola a eso de los grupos, porque no podemos negar que en este momento en la fila de los paramilitares ya se consigue mucha gente de la región [...], en ambas filas. La política de ambos es a ver como involucra más y más a la gente, donde dicen que los paramilitares están en ese momento ofreciendo a manera de sueldo de trabajo a la   población juvenil y la gente pues con la falta de oportunidad de trabajo y por la misma situación de hambre y miseria. Y también la única oportunidad para ellos vestir bien, el lujo, pues, sentirse muy macho, teniendo el

 poder.”

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Esto también se explica por lo siguiente, como argumenta Pécaut,y es que “los actores armados renunciaron a buscar el asentimiento de las poblaciones sometidas a ellos en función de su presencia territorial.” Al nivel local, razones de simpatía o de interés pueden conducir a que la población acepte el orden impuesto por los actores armados.

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Que esto inevitablemente lleva a un debilitamiento peligroso

del proceso muestra la siguiente observación: “Las organizaciones también van a ser permeadas por por estos grupos, que es lo más posible y que ya uno empieza a notar. Es una cosa muy seria, en el sentido de que las bases empiezan a participar y a tener cierta complacencia con los grupos [...] Y eso qué implica? Eso implica que más en adelante a la hora que las organizaciones tienen sus asambleas, la elección de una nueva junta, es muy posible que estos grupos ya tienen gente de ellos quienes van a tener incidencia a la elección [...] Y a diferencia de otro tipo de organizaciones, por ejemplo sindicales, sectoriales, que

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El artículo de Echandía sólo de trata de los grupos guerrilleros. Sin embargo, la observación vale también para los grupos paramilitares. paramilitares. 71 Pécaut (1999, p. 200) 72 Lo que llama la atención es que son justamente los jóvenes que nunca han sido priorizados en el trabajo concientizador de la ACIA. A pesar de que algunos jóvenes, cuyos padres estaban vinculados a la ACIA, organizaron varios eventos, la organización nunca hizo un gran esfuerzo de involucrar a la población juvenil en el proceso organizativo. Sin embargo, últimamente los directivos de la ACIA se han propuesto de organizar más actividades para los jóvenes, reconociendo la importancia de ellos para el proceso organizativo en general y la calidad de vida en las comunidades. comunidades.

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pueden ser, digamos, eliminadas sin que sufran mayores traumatismos, acá jurídicamente ese tipo de organizaciones es necesario, porque son las autoridades de todo el territorio, o sea, así que se elimine a

todos los líderes de la ACIA se necesita que ACIA sigue existiendo, porque es la autoridad.”74

Otra consecuencia grave de la violencia y mencionada anteriormente es el desalojo de la gente de sus tierras, elemento esencial del discurso étnico y base inconfundible de su identidad étnica. Es este territorio que ha sido siempre el foco de su lucha étnico-territorial. Con la pérdida del territorio ancestral se afecta directamente los sentimientos de pertenencia y arraigo, y consecuente la construcción de identidad y la vivencia étnica. 75 Además, la violencia dificulta la ejecución de proyectos productivos, elemento fundamental de motivación para la gente para continuar con el proceso organizativo. De hecho, fue una de las debilidades del proceso mencionadas enérgicamente en la Asamblea General de la ACIA, el pasado abril en Puné, una comunidad en la orilla del Atrato. Es más, la violencia afecta los proyectos ya en la fase de aprobación, porque muchas ONGs y otras organizaciones no quieren invertir en proyectos del que la continuación y el progreso se ven inciertos por la misma violencia. Un ejemplo como la violencia ha afectado los proyectos es el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. El desarrollo de este proyecto, que consistió entre otras cosas en varias giras por todas las casi 120 comunidades para recoger datos y opiniones de la gente, se vió fuertemente afectado por amenazas de violencia contra algunos de los promotores de la ACIA. En un acto de solidaridad se decidió de aplazar la ejecución del proyecto en todas las zonas de influencia de la ACIA. Sin embargo, esta decisión también llevó a incertidumbre en la gente, porque no había un seguimiento seguido. Por fin,76 la violencia ocupa cada vez más fondos que existen para las actividades de la organización y quita cada vez más tiempo de sus líderes. Lleva a una estrategia y visión a corto plazo, por lo que las necesidades a largo plazo, como son la reflexión contínua sobre el discurso étnico y la necesidad permanente del fortalecimiento de la identidad étnica, quedan atr ás.

Cómo ha sido la reacción de la ACIA frente a los desarrollos que se acabe de mencionar y qué es lo que hace la organización para enfrentarlos?

73

Pécaut (1999, p.200) Comunicación Comunicación personal Rafael Gómez, 14/9/99 75 Meertens (1999); Arango (1999, p.483). 76 Quiero subrayar que el inventario que se hace en este artículo está lejos de ser completo. Más bien hay que entenderlo como un primer intento que necesita ser profundizado mucho más. 74

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A pesar de los acontecimientos en el Bajo Atrato a finales de 1996 y a principios de 1997, la llegada de la violencia al Medio Atrato cogió la ACIA como de sorpresa. Cuando sucedieron las primeras violaciones, la organización no sabía qué hacer.

“Al comienzo, cuando la situación comenzó a ponerse muy crítica, no sabíamos que hacer [...] Después de la muerte de Domingo Santos,

77 

líder de nuestra organización, nos comenzamos a dar cuenta de que debíamos hacer 

gestiones y ponernos al frente de la situación.”

Entonces, en un principio se trataba de ignorar las consecuencias de la violencia en el campo, por parte con la esperanza de que fuera algo temporal y pasajero. Incluso, la gente que llegó a Quibdó, después de haber dejado sus tierras pertenecientes al territorio colectivo de la ACIA, no fueron reconocidos como miembros de la organización, porque, como se argumentaba, ya no estaban en el campo y por eso dejaron de ser campesinos. 78 Esta argumentación ya no se maneja. La violencia se ha convertido en el tema de trabajo más importante de la organización. La sede de la ACIA es ahora uno de los primeros puntos a donde llegan los desplazados y donde se trata de coordinarlos para organizar ayuda unídamente. Es en este espacio que la labor de la ACIA tiene una misión fundamental y es la de mantener los sentimientos de pertenencia y de identidad a pesar de que la gente está fuera de su territorio. Es la de seguir fomentando la colectividad, es la de mantener con vida la dignidad de la gente desplazada quien vive una discriminación feroz al llegar a Quibdó, donde es criminalizada. Es la de apoyarles con productos básicos donde las instancias gubernamentales fallan en cubrir las necesidades más urgentes. Y de hecho, en varias ocasiones, gente desplazada del territorio colectivo de la ACIA han afirmado que los únicos puntos seguros que tienen en Quibdó, además de sus familiares, es la misma ACIA y la Iglesia.

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Otra gestión importante que hace la ACIA en Quibdó, además de la ayuda a la gente desplazada, es hacer denuncias correspondientes a los diferentes casos de violación de derechos humanos que se presentan en las comunidades.

“La organización lo que ha podido hacer en conjunta, a veces solo con la OREWA,

80

81

la OIA

y la Diócesis de

Quibdó es la denuncia de los atropellos y los hechos cometidos. Y también, pues, algunos diálogos, aunque no han

 sido muchos y las respuestas tampoco, pues, ellos no lo han parado mucha bola.”

77

Julio de 1997 en Quibdó Comunicación personal ACIA septiembre 1999 79 Hay necesidad de investigar más a profundo las consecuencias que tiene el desplazamiento forzado, tanto para el carácter del campo, donde los pequeños poblados tienden a desaparecer (comunicación (comunicación personal Juancho Juancho Velazco 12/10/99), como para el proceso organizativo que tiene que incorporar cada vez más un compone nte „campesino urbano‟; 80 Organización Regional Embera-Waunana 78

19

Las denuncias consisten generalmente de que exigen que los grupos armados respeten los territorios, el derecho ancestral sobre aquellos y que los territorios no se conviertan en campo de batallas. Además, que no se involucre a las comunidades, respetando su carácter de no intervinientes, que no recluten forzosamente a la población y que se respete el derecho a la libre movilización de personas, bienes y alimento s.82 Pero la organización no solamente denuncia los actos de violencia de los grupos armados. Además acusan la actitud de las autoridades oficiales, que no están prestando el apoyo que deberían prestar según la ley.

83

Por eso también, como argumenta la ACIA, se ha agudizado la violencia porque

“los entes públicos a nivel nacional, departamental y local tienden a desconocer los procesos organizativos, negándoles la  participación como grupo étnico y comunidad organizada.” 84 Consiguiente, la ACIA exige en sus denuncias que se garanticen el respeto del derecho a la vida y que se establezcan mecanismos de protección, que se garantice a quienes han sido objeto de desplazamiento forzado el retorno a su lugar de origen en condiciones de seguridad y dignidad, que algunas de las autoridades civiles cesen en el señalamiento de los líderes, organizaciones y comunidades y que se investiguen los hechos de violación.

Sin embargo, la ayuda a las familias campesinas que aún están en el campo sigue siendo lo más importante. Porque al final, qué significa tener un título colectivo si ya no hay gente viviendo ahí? La organización, con acompañamiento de la Diócesis y algunos asesores, trata por eso seguir con los proyectos que están estrechamente ligados al tema de la violencia. De esa forma hay proyectos de capacitación en autonomiá 85 y en derechos humanos.

81

Organización Indígena de Antioquia En cuanto a la posición que toman la ACIA y otras organizaciones en estos denuncios de la violencia, sería interesante reflexionar sobre los conceptos de autonomía y de neutralidad que se manejan. Por ejemplo, la ACIA suele subrayar su posición neutra, diciendo que está lejano al conflicto, mientras por ejemplo la organización indígena OREWA ha declarado explícitamente que las comunidades indígenas también son actor en el conflicto, aunque sin quererlo, pero un actor autónoma, que exige respeto. En este contexto también es interesante el comentario de Pécaut (1999, p.204) quien dice que “el rechazo a la violencia no constituye por sí solo una política.” 83 La más importante: importante: la Ley sobre los desplazados 387 de julio 18 de 1997. 84 ACIA (1998c) 85 Desde 1998, la organización, en cooperación con la Diócesis, ha empezado con una serie de capacitaciones a sus líderes en torno al concepto de autonomía, del que el control territorial forma uno de los ejes centrales. Se trate de “la apropiación del territorio y su predisposición para los fines y objetivos comunes trazados por las comunidades en la búsqueda de su autonomía y la reafirmación del ser Afro como principios para alcanzar una vida con dignidad, teniendo en cuenta las prácticas ancestrales, las disposiciones legales y sus componentes étnico- culturales.” Además, “la administración y el control del territorio deben estar enfocados desde nuestras costumbres y cultura y a través de nuestras autoridades legalmente constituidas como son los consejos comunitarios. Estos consejos deben tener el reconocimiento interno y externo externo para poder cumplir con la responsabilidad que la ley le asigna.” asigna.” (ACIA/OPOCA 1999, p.10,17). El proyecto se puede entender como una reacción a dos fenómenos, primero: la presión de los actores armados por la que el control territorial se ve explícitamente amenazado y segundo: la falta de legitimidad de los 82

20

“La organización y la Diócesis se han iniciado de lo que es prepararse hablar de lo de los derechos humanos. La violación de los derechos, el derecho internacional humanitario, la declaración universal de los derechos individuales y colectivos colectivos [...] Hay una tarea iniciar a preparar preparar a la gente para para enfrentar la situación en medio medio del

conflicto.”

Además se ha ejecutado el proyecto de ordenamiento territorial, que consistió, entre otras cosas, en hacer un plan de desarrollo para el futuro. Es una forma de mostrar que la gente no se da por vencida ya y sigue pensando en un futuro en sus tierras. Y también hay el proyecto Cambio Climático. La idea de este proyecto, que aún está en una fase preliminar, es que la ACIA, como dueño y administrador del territorio, va a recibir anualmente un fondo para manejar el territorio de una manera sostenible. El proyecto será financiado por varios países europeos, una iniciativa que nació en la Conferencia del Medio Ambiente en Rio de Janeiro y que fue elaborada en la de Kioto. Significará un reconocimiento importante del carácter étnico-territorial de la ACIA y de las comunidades negras ubicadas en el Medio Atrato, subrayando que las comunidades son los verdaderos y legítimos dueños del territorio.

Aunque estos proyectos no son una defensa real contra las acciones de los grupos armados, no obstante, posibilita la presencia de los líderes, y en especial los directivos de la organización en las comunidades, una presencia muy necesitada por la población que ya se ha quejado de la relativa ausencia de sus líderes, algo que fácilmente se explica por indiferencia.

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Por último, la organización ha establecido en el territorio, en conjunto de la Diócesis, varias bodegas y tiendas comunitarias, como respuesta al bloquéo económico. Hasta ahora, los grupos armados han respetado en gran medida estas tiendas, aunque están en la mira de los paramilitares, que sospechan que las tiendas abastecen a la guerrilla.

“La ACIA ha solicitado con la Diócesis de Quibdó, y han restaurado unas tiendas comunitarias en algunas comunidades. Pues, de eso, porque la guerrilla dice que no está de acuerdo con la ayuda humanitaria, eso lo ha dicho textual, pero con lo de las tiendas comunitarias hasta ahora podemos decir que no se han metido, porque ellos quitan la mercancía que bajan los particulares, pero a las tiendas comunitarias siempre las han respetado [..]

consejos comunitarios locales. En varias comunidades los consejos no son reconocidos como la máxima autoridad sobre el territorio y la administración de los recursos naturales, lo que complica profundamente su funcionamiento y dificulta el uso racional de los mismos recursos. 86 La presencia de los líderes en las comunidades ha bajado mucho en el último año. Esto se debe en gran parte a la crisis económica por la que está pasando la ACIA en este momento. momento. Los viajes en la zona de influencia son todos por vía fluvial y implican un gasto alto. Los proyectos, sin embargo, preveen en algunos encuentros zonales y locales para la socialización de la información, hecha por los líderes.

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ahora, los paramilitares al parecer están de acuerdo con la ayuda humanitaria pero parece a otro nivel no con las tiendas porque ellos dicen que las tiendas, o sea la comida es para ayudar a la guerrilla, porque unas de sus  políticas es no a la comida para que la guerrilla tenga problemas de hambre y que tenga que salir...”

O sea, se puede resumir las acciones que empeña la ACIA como respuesta a la presión de los actores armados de la siguiente forma: denuncias locales, nacionales e internacionales movilizaciones y acompañamiento a las comunidades capacitaciones a través de talleres, entre otras cosas sobre Derechos Humanos comunicados a la opinión pública acompañamiento y atención a los desplazados, conjuntamente con la Diócesis de Quibdó gira de verificación

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seguir impulsando planes y programas, como es el Plan de Ordenamiento Territorial y el Proyecto de Autonomía

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Conclusión Con el reconocimiento constitucional de la plurietnicidad de Colombia, la población negra se visibilizó y su proceso de empoderamiento étnico obtuvo su primera semilla. La titulación colectiva dió a esta semilla la tierra para germinar. Sin embargo, la violencia parece impedir que aquel nuevo árbol pueda echar raíces. Es la paradoja de Colombia, que por una parte se caracteriza por unas de las Constituciones y legislaciones más progresivas y democráticas en el mundo. Por otra parte, el Estado no es capaz o le falta voluntad política de garantizar el mínimo cumplimiento de las mismas leyes y el respeto a los derechos más fundamentales de la población colombiana. En este contexto, en que ni siquiera hay garantía al derecho a la vida, la lucha por el reconocimiento real de los derechos étnicos-territoriales parece ser una lucha perdida. A pesar de los intentos, como fue por ejemplo la nueva Constitución, gran parte de las reformas fallaron. Sin embargo, al mismo momento surgen nuevas iniciativas al nivel local y nacional para buscar soluciones legales y políticas, como se ha demostrado entre otras en el Pacífico colombiano.

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Véase el artículo de Stefan Khittel en esta publicación. Una consecuencia más de la violencia, aunque de otro índole, es el „nuevo‟ acercameinto entre la ACIA y la Diócesis. A pesar de que esta relación nunca se vió terminada, en los últimos años la ACIA ha tratado de independizarse y alejarse alejarse un poco de la influencia de la Iglesia. Siempre Siempre fue difícil, entre otras, otras, por razones financieras, financieras, pero ahora se imposibilita más por la situación de violencia. De t odas maneras se necesita la presencia de la Iglesia, porque es la instancia que aún tiene mayor autoridad frente a los grupos armados y mayor peso en la opinión pública. 88

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La sociedad civil y los movimientos sociales buscan espacios propios no estatales para alcanzar objetivos de igualdad, solidaridad y justicia, que ya no son alcanzables sólo por la vía del Estado. 89 En el caso específico de la ACIA, hay cada vez más gente que opta para resistir en su territorio a pesar del miedo, la intimidación y el terror.

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Es muestra de que las personas están convencidas de que vale la pena.

Si esto se da por conciencia del título colectivo o por cierta apropiación ancestral, es aún algo para investigar. Porque también hay las comunidades que sí salieron y uno podría concluir que no han tenido una claridad profunda de su arraigo con la tierra. Al mismo momento no hay algo más lógico lógico que ante una guerra tan cruel, hay que salir corriendo.

Se puede concluir que, en el caso de la ACIA, el título colectivo llegó „en tiempo‟. Aunque la misma organización siempre ha subrayado que el título en si no garantiza un real control territorial, supongo que la gente, sin ser dueño legítimo de su tierra, había sido aún más vulnerable frente a la situación de violencia. Por lo menos, la población campesina tiene algo de respaldo, a pesar de que sea muy precario. En este artículo, sobre todo, he tratado de demostrar como la violencia de los grupos armados debilita el proceso organizativo y consiguiente la construcción contínua de identidad. Porque, aunque los conflictos no surgieron como resultado de exclusión racial o étnica,

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sí tienen sus repercusiones „étnicas‟. No

obstante, la identidad también puede ser una contra-fuerza, o diciéndolo más concreto: el título colectivo y las actividades organizativas que se están desarrollando alrededor de este territorio pueden ser un instrumento efectivo de resistencia y defensa. Pero tampoco quiero ser irrealista. Una cosa es tener un título, pero si no hay apropiación del territorio, una solución del conflicto a nivel nacional y un apoyo internacional, el título no sirve para nada. Es ahora el reto más importante de las comunidades locales, las organizaciones étnico-territoriales, la sociedad colombiana y la comunidad internacional, si no se quiere que los grupos étnicos se invisibilizan otra vez, arriesgando que ahora e s para siempre.

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