Trabajo - Ética Vulnerada en La Administración Publica

 

  República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Educación Superior Universidad Alejandro Humboldt Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Escuela de Comercio Cátedra: Ética Profesional Sección: DCN1003AECI

LA ÉTICA VULNERADA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Caso: Francisco Illaramendi, CONDENADO EN EEUU…SOBRESEÍDO EN VENEZUELA (PDVSA).

Profesor: Hernán Matute

Integrantes: Rodriguez, Jebrineth C.I. N° 23.616.218  Rodriguez, Migsairy C.I. N° 23.950.169

Caracas, Noviembre 2016

 

  INTRODUCCIÓN

La Administración pública se enfrenta en la actualidad a un reto capital: responder a las demandas sociales con eficacia, manteniendo unos mínimos niveles de calidad en un contexto de creciente servicio a la gente. No obstante, en el seno de las organizaciones humanas se hace necesaria la recuperación de los valores éticos como referentes de su actuación. Las estructuras económicas y políticas son instrumentos al servicio del hombre, como también la Administración Pública debe promover los derechos fundamentales y hacer posible un ambiente de calidad y eficacia en el marco de la legalidad y del servicio público. Cuando se pierde de vista el carácter instrumental de las instituciones y los únicos aspectos que sobresalen son los mercantiles, entonces la lucha por los derechos fundamentales del hombre no puede menos que experimentar un claro retroceso. En virtud de tales reflexiones la motivación de la presentación del caso “Francisco Illarramendi”, la es una reflexión a la actuación ética en el ámbito público,

destacando el papel que debe ejercer la gerencia ética del desarrollo como un enfoque alternativo que trata de orientar las estrategias y las políticas de desarrollo, enfatizando que el fin del desarrollo es la gente.

 

  LA ÉTICA VULNERADA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La Administración pública presta servicio a la sociedad y es ésta su verdadera razón de ser, es decir, atender los intereses y derechos de los ciudadanos y los diferentes grupos que la componen, buscando asimismo el equilibrio de todos ellos, compatible con los principios de legalidad, eficacia y eficiencia. Como consecuencia, la organización debe orientar sus procesos a satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos. El ciudadano, en el marco de un interés colectivo, es el principio y el fin de toda la actividad administrativa y, por ello, debe ser considerado cliente (en su doble vertiente: como demandante o potencial destinatario o receptor de dichos servicios y como contribuyente a la financiación de los servicios públicos) y, como tal, repleto de derechos individuales, compatibles con los colectivos y generales de toda la sociedad. De esta forma, la gestión pública debe orientarse a ofrecer un servicio de calidad al ciudadano, a cumplir sus necesidades y expectativas presentes y prever las potenciales o latentes que pudieran surgir en el futuro. Dicha orientación debe buscar el equilibrio de intereses de todos los grupos que integran la sociedad, buscando la optimización de su función de servicio público y diseñando sus procesos con tal objetivo. Al mismo tiempo, la gestión de la administración debe responsabilizarse en la inversión de los fondos públicos, conjugando eficacia y eficiencia con los principios de legalidad, empleando instrumentos adecuados para la gestión, tanto de su talento humano como de los diversos recursos, incluyendo la gestión del conocimiento. La corrupción en nuestro país no es ni ha sido un fenómeno aislado en la sociedad. Tampoco la práctica exclusiva de un período o de un grupo particular en el gobierno, en complicidad con hombres de empresa y organizaciones privadas. En realidad, ha sido algo más profundo. En sus redes, han caído todos los miembros

 

representativos de la sociedad: desde un poderoso magnate, el cual, con o sin razón, delinque y viola descaradamente las leyes en pos de un provecho; pasando por un  profesional, un político o un empleado público; hasta un humilde ciudadano que roba  pequeñeces de gran utilidad social como las demás. Este tipo de conducta ha sido una constante en la historia de Venezuela. Luego, la corrupción se ha convertido en un complicado fenómeno que debe observarse desde planos diversos para hallarle mecanismos de control. Cada día se plantea con mayor rigor la problemática de la corrupción cometida en la Administración Pública, observándose con preocupación en casi todos los ámbitos, el deterioro que viene confrontando la conducta de los funcionarios y funcionarias  públicas, en el ejercicio de su cargo, pues son mayores los hechos de corrupción cometidos, a pesar de los instrumentos legales aprobados para acabar con este flagelo. Razón por la cual, surgen los valores que deben prevalecer en cada funcionario, en cuanto a la ética profesional. Pues ésta tiene como objeto crear conciencia de responsabilidad, en todos y cada uno de los que ejercen una profesión u oficio, pues, se requieren cualidades éticas, como la idoneidad o aptitud que le da un nuevo perfil a su  personalidad. A pesar que muchos son los enfoques y disposiciones que amparan la formación del nuevo ciudadano con valores y principios éticos, el deterioro evidente en la actualidad es preocupante, sobre todo cuando se describen situaciones de funcionarios  públicos, que en el ejercicio de sus funciones actúan en contra de ello, acrecentando esta problemática a todo nivel. Por ello, ello, surgen disposiciones en diversos instrumentos legales, que llevan consigo el control jurídico, para sancionar las diversas conductas cometidas en la administración pública por sus funcionarios, por encontrarse muchos casos, sin que hayan sido sancionados por los órganos jurisdiccionales, a pesar de haber sido imputados por el Ministerio Público.

 

 

De allí, la necesidad de analizar estos delitos de corrupción y el control jurídico,

que se aplica, en bienestar de los males que aquejan esta República. En atención a la  problemática expuesta, resulta interesante estudiar este caso de corrupción detenidamente.

CASO: FRANCISCO ILLARAMENDI, CONDENADO EN EEUU…SOBRESEÍDO EN VENEZUELA (PDVSA). 

Illaramendi es venezolano nacido y educado en los estados unidos. Es el hijo de Ramón Illaramendi, miembro del partido social demócrata Copey, quien fue ministro del gabinete (ministro de la familia) venezolano en la segunda presidencia de Rafael caldera (1994-1999). Antes de ascender a sus posiciones actuales, francisco trabajó en Credit Suisse y fue un estrecho asesor de los ministros de finanzas de Venezuela después de 1999, después de que el actual  pres  presiident dentee vene venezo zola lano no Hu Huggo Chá Chávez vez lle leggó al po pode der. r. Fu Fuee un unaa impor mporta tant ntee pi piez ezaa en la ap apllic icac ació iónn de dell pl plaan de bonos venezolanos emitidos en dólar y mantuvo vínculos con los ministros de finanzas venezolanos, Tobías Nobrega, José Rojas, Jorge Giordani y se incorporó a trabajar hasta el 2005 como asesor financiero de pdvsa-américa, la compañía estadounidense de PDVSA propietario del 100% de Citgo Corp. Después de pdvsa, trabajó como asesor financiero en la estructuración de diversos acuerdos financieros con Venezuela, Edelca, Citybank, Barclays, Deutsche Bank, Roy Ellis De Falconview Capital Partners y trabajó junto a otras figuras financieras venezolanas, como Jesús Bermudez, Roy Ellis, Juan Montes, este perteneciente a PDVSA, Maurice Beracha, Danilo Díaz Granados, Gonzalo Tirado, Rufino González Miranda. Todos ellos conectados con los esquemas de colocación de bonos de PDVSA y ministerio de finanzas de Venezuela. El fraude se conoció en 2011 cuando la corte federal de Estados Unidos vinculó a Francisco Illarramendi y al también operador financiero venezolano Moris Beracha de diseñar un esquema Ponzi o piramidal por $500 millones, que consistía en captar dinero

 

de inversionistas y utilizarlo para sus beneficios personales, a través de una serie de empresas offshore, fondos y bancos en paraísos fiscales como Suiza e Islas Caimán. Francisco Illarramendi, el gestor de capital de riesgo venezolano-estadounidense que fungió como asesor de finanzas de PDVSA, fue sentenciado a 13 años de cárcel por un fraude piramidal, en el que gran parte del dinero pertenecía al Fondo de Pensiones de la estatal venezolana. Illarramendi fue acusado de apropiarse $20 millones en una trama fraudulenta que se nutrió de sus amistades con altos funcionarios de PDVSA. El 30 de enero de 2015, Francisco Illaramendi, quien fue asesor financiero del Ministerio de Finanzas y de PDVSA, fue sentenciado EEUU, a 13 aaños ños de prisión, casi cuatro años después de su confesión sobre un fraude masivo, con claros visos de corrupción, que involucró fondos de los trabajadores y jubilados de Petróleo de Venezuela (PDVSA). Illaramedi se declaró culpable en m marzo arzo de 2011 por varios cargos de fraude y conspiración para obstruir la justicia de Estados Unidos. Acusado por malversar 540 millones de dólares, de los cuales, 90 por ciento  pertenecen al fondo de ppensiones ensiones ddee los jubilados de Petróleos de Venezuela (PDVSA), de acuerdo con lo que ha informado la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.

Modus operandi  Para la malversación de fondos Franciso Illaramendi, exasesor de Petróleos de Venezuela, utilizó el llamado esquema Ponzi. También conocido como “jineteo de fondos”, es un sistema mediante el cual se captan clientes ofreciendo grandes

dividendos, los cuales serían pagados por con recursos de otros inversionistas. El esquema falla si varios de los depositantes solicitan sus ganancias a la vez, ya que el empresario no tendría dinero para responder. Este sistema se presentó en Venezuela, como el caso “La Vuelta”, por el que se  pudo conocer a corredores de fondos o “brokers”, que participaron en la estafa.  

 

Como director de varios fondos, los fiscales afirmaron que Illarramendi mintió repetidamente a los inversores y acreedores, mientras trataba de cubrir las pérdidas de inversión superiores a 500 millones de dólares, utilizando para su propio beneficio US$ 20 millones, incluyendo 5 millones para construir una casa lujosa. La estafa millonaria del caso La Vuelta ocurrió en el año 2003, luego del paro  petrolero ocurrido en diciembre del año anterior. Un grupo de gestores con contactos dentro de PDVSA-Occidente aprovecharon esta situación para ofrecer a las contratistas la compra de sus deudas, por montos que representaban entre el 60 y el 70% de su valor total. La propuesta fue que cobrarían el 100% de la deuda a PDVSA y ganarían la diferencia. Tras conocerse el fraude, PDVSA reestructuró a su junta directiva, prometió una mayor vigilancia interna, se unió en la demanda contra el financista venezolano y se comprometió a asumir las pérdidas de su Fondo de Pensiones, que cubre a más de 2.400  personas. Aunque se recuperó gran parte del dinero del fraude masivo ejecutado por el financista venezolano, los fiscales del caso aseguraron que las pérdidas superaron los 200 millones. Tras conocerse el fraude, PDVSA reestructuró a su junta directiva, prometió una mayor vigilancia interna, se unió en la demanda contra el financista venezolano y se comprometió a asumir las pérdidas de su Fondo de Pensiones, que cubre a más de 2.400  personas. Los fiscales revelaron que Illarramendi reconoció el pago de millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno venezolano para recompensarlos por dirigir el dinero de la compañía petrolera a sus empresas de inversión, utilizadas para ocultar el fraude. Su condena fue en Estados Unidos, pero otra cosa fue en Venezuela, El 22 de marzo de 2012, el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal del Área Metropolitana de Caracas, sobreseyó a Francisco Illaramendi, por considerar “que el hecho objeto del

 

 proceso no revestía carácter penal”, de acuerdo con lo expuesto ex puesto en la causa 49ºC-16000-

11.

 

CONCLUCIONES PERSONALES -. Jebrineth Rodríguez. Ya en Venezuela el robo de los fondos públicos no es noticia, es cosa de todos los días, un gobierno de corte espiritista malandra rige los destinos de la nación, me encantaría saber que piensan los trabajadores de PDVSA, sobre este caso en la actualidad, pero aun estando dentro de las entrañas de esta empresa desde hace 3 años en ningún momento he escuchado alguna mención del tema en todas las convocatorias hechas en varias oportunidades. Me parece importante que en este caso se evalúen las normas establecidas de que el Fondo no podía ser colocado en inversiones especulativas, sino bien garantizadas, y que debían ser autorizadas por su Junta Directiva. No hay duda de la vanidad de violación de normas por parte de altos funcionarios de PDVSA, ocasiono daño  patrimonial. En consecuencia, la JD de PDVSA ddebió ebió dar las explicaciones del caso, y las garantías de reposición al Fondo. Además de realizar las acciones administrativas contra quienes resultaren responsables, no pasar el caso bajo la mesa como se puede observar en todos los artículos consultados. 

CONCLUSIÓN

La corrupción administrativa en Venezuela, puede estudiarse desde tres puntos de vista: como conducta, como fenómeno social del presente y como hecho constante en el proceso histórico. Existe y ha existido una tendencia y una mentalidad social en  permanente conflicto con el Estado y la administración. Esa disputa se ha expresado variadamente. Desde simples rebeliones, alzamientos y todo tipo de turbulencia social, hasta formas soterradas e irracionales de corrupción y delitos en contra de un adversario todopoderoso, más interesado en sí mismo que en el progreso y bienestar de la ciudadanía: el Estado. Por esta razón, la corrupción en nuestro país no es ni ha sido un fenómeno aislado en la sociedad. Tampoco la práctica exclusiva de un período o de un grupo  particular en el gobierno, en complicidad con hombres de empresa y organizaciones

 

 privadas. En realidad, ha sido algo más profundo. En sus redes, queriéndolo o no, han caído todos los miembros representativos de la sociedad: desde un poderoso magnate, el cual, con o sin razón, delinque y viola descaradamente las leyes en pos de un provecho;  pasando por un profesional, un político o un empleado público; hasta un humilde ciudadano que roba pequeñeces de gran utilidad social como las demás, etc. Este tipo de conducta ha sido una constante en la historia de Venezuela. De ahí su trascendencia y el carácter estructural de sus manifestaciones. Luego, la corrupción se ha convertido en un complicado fenómeno que debe observarse desde planos diversos para hallarle mecanismos de control.

 

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