THOUMI Francisco - El nexo entre las organizaciones criminales y la política en Colombia

El nexo entre las organizaciones criminales y la política en Colombia POR: RENSSELAER W. LEE III

Global Advisory Services, Alexandria, VA FRANCISCO E. THOUMI Investigador Independiente, Independiente, Arlington, VA Revista Ensayo & Error, No. 4, Santafé de Bogotá, 1998. I- Introducción

La relación entre el crimen organizado y la política en Colombia es compleja, en ella juegan papeles muchos actores con diversos intereses: las drogas ilícitas y otras organizaciones criminales, las guerrillas, los grupos para militares, el ejército y la policía, el gobierno y su burocracia, los partidos políticos, el gobierno de los EE.UU., las organizaciones de la sociedad civil (incluidos los principales intereses económicos legales del país) y otros. El vínculo entre estos protagonistas es imbricado y dificulta obtener un alto grado de certeza sobre las indagaciones que se llevan a cabo. En este ensayo se hace un intento por avanzar en la comprensión de estas relaciones. Las fuentes para este ensayo son publicaciones y entrevistas con algunos de los más importantes políticos políticos del país, incluyendo a aquéllos que están o estuvieron en la cárcel. Estas entrevistas se concentraron exclusivamente en la relación entre políticos y la industria ilícita de las drogas. Tuvieron que ver sólo de manera marginal con otros actores y se encaminaron a identificar la estructura de la relación entre lo criminal y lo político, su desarrollo, sus implicaciones y posibles políticas de acción alternativas 1. El ensayo se divide en tres secciones: las condiciones que favorecieron el desarrollo de la relación se estudian al comienzo; el desarrollo del vínculo en sí, se analiza en la segunda sección y se termina con una discusión sobre la vulnerabilidad de la relación. II-Condiciones para el desarrollo de la relación

La cocaína, la heroína y otras drogas ilícitas son fáciles de producir. Sus requerimientos tecnológicos y de trabajo calificado son simples y bien conocidos. Durante la última semana de julio y la primera de agosto de 1997, los autores entrevistaron en Bogotá a los siguientes actores: Horacio Serpa, Alfonso Valdivieso, Humberto de la Calle, Felipe López, Manuel Francisco Becerra, Rodrigo Garavito, Santiago Medina y Juan Manuel Avella. Las entrevistas se llevaron a cabo con un formato abierto diseñado para dejar que los entrevistados hablaran acerca de algunos asuntos. Cada entrevista duró de 1 a 2 horas. En un caso se les pidió a los autores que regresaran para una hora adicional. Los autores se comprometieron a utilizar los hallazgos de las entrevistas con discreción y a atribuidos a los entrevistados de manera selectiva.

1

Sin embargo, algunos países son más propensos a producir drogas que otros. La experiencia de los países o regiones que hoy en día producen drogas ilícitas indica que existen ciertas condiciones subyacentes que fomentan la producción y que hay otros factores inmediatos que parecen disparar la producción. A- Factores Subyacentes

Durante las décadas de 1970 y 1980 Colombia poseía un aparato significativo de condiciones condiciones subyacentes estructurales para hacer que el país fuera el mejor sitio del continente americano en el cual desarrollar la industria. (Thoumi, 1992, 1994). Algunas de estas causas son independientes de las demás, pero otras interactúan, realzando su importancia. Las principales condiciones estructurales subyacentes en Colombia eran: la deslegitimización del régimen, la debilidad de la sociedad civil, la gran propensión a resolver disputas a través de la violencia, la geografía del país, la estructura del sistema político y partidario, diversos obstáculos a la movilidad social, e! gran tamaño de las actividades económicas ilegales y la aceptación social del contrabando y el lavado de dinero. Estos factores se resumirán brevemente a continuación. Primero, el régimen colombiano no se ha basado en un consenso social sobre lo que debería ser una sociedad sino ha sido autoritario, controlado por las élites tradicionales y ha esparcido un "ethos de la desigualdad" que prevalece en la sociedad (Kalmanovitz, 1989). Colombia tiene una larga historia de imposición arbitraria del cumplimiento cumplimiento de la ley y de abuso de los sistemas legal y judicial por parte de aquéllos que están en el poder, quienes los aprovechan en beneficio personal. Durante este siglo la sociedad tradicional basada en la hacienda y en los minifundios rurales cambió, a medida en que el país se urbanizaba, se educaba y se desarrollaban la industria y los sectores terciarios de la economía. economía. Estos cambios permitieron que muchos, antes excluidos del poder, participaran en política y trataran de compartir los beneficios de! desarrollo económico. La experiencia histórica asociaba la riqueza con la violación de las leyes económicas para capturar activos (Thoumi, 1994). Mientras que en el pasado sólo una élite reducida podía captar recursos, se presentó una situación de libertad para todos, en la medida en que los cambios sociales y el desarrollo "democratizaron" la búsqueda de activos. El gobierno ejercía un control apenas intermitente sobre grandes actividades económicas y amplias áreas del país y nunca desarrolló métodos efectivos para proteger los derechos de propiedad ni solucionar conflictos. Segundo, a pesar de que hay un gran número de organizaciones civiles, estas generaron restricciones débiles al comportamiento individual. La lealtad nacional es casi inexistente. Hasta mediados del siglo XX los partidos políticos reemplazaron al Estado como generadores de lealtades profundas. En la mayor parte del territorio nacional las comunidades indígenas desaparecieron y la sociedad que las reemplazó no generó sentido de pertenencia entre sus miembros.

La Iglesia Católica hizo énfasis en la obediencia ritual más que en el comportamiento público; las familias se debilitaron cada vez más en la medida en que se producían las migraciones y la modernización. El gran crecimiento urbano y la permanente movilidad de la población dentro de las ciudades impidieron el desarrollo de organizaciones organizaciones vecinales por medio de las cuales los grupos de pares pudieran ejercer presión social. El resultado es una tragedia en la que "hay capitalismo, pero sin la correspondiente ética de responsabilidad individual. Es, por tanto, un capitalismo salvaje" (Kalmanovitz, 1989: 59). Tercero, dada la creciente ilegitimidad del régimen y la falta de restricciones de la sociedad civil, la violencia se ha convertido en un medio común para resolver conflictos individuales y para captar recursos y riqueza. La propensión de los colombianos para apelar a la violencia es más pronunciada que la de otras sociedades. De hecho, Colombia podría ser el país más violento del mundo 2. La violencia ha sido usada por los traficantes colombianos colombianos para arrebatarles el control de las ventas al por mayor en los EE.UU. a los cubanos y sindicatos organizados de traficantes (Gugliotta y Leen, 1990). Ha sido utilizada para resolver disputas entre las mayores coaliciones de traficantes y dentro de éstas. Los carteles de Medellín y Cali han usado la violencia para intimidar o asesinar a periodistas, políticos, jueces, congresistas, policías, miembros del ejército, ministros de gabinete y otros posibles opositores. No obstante, este no es e! único papel jugado por la violencia en e! desarrollo de la industria de las drogas ilícitas. La violencia de la década de 1940 y comienzo de la de 1950 desplazó a muchos campesinos que huyeron a áreas aisladas, no colonizadas del país (Le Grand, 1988). Durante los últimos 20 años la violencia rural ha seguido desplazando grandes poblaciones campesinas las cuales se han instalado en tierras aisladas y baldías. La coca y la amapola son las únicas cosechas que producen el nivel de entradas suficiente para mantener a los colonos. Así, el fracaso de los esfuerzos e sfuerzos para llevar a cabo una reforma agraria es una de las principales causas de los cultivos ilícitos. Cuarto, la geografía de! país ha sido también un factor conducente al desarrollo de la industria de las drogas ilícitas. La ubicación del país entre las áreas tradicionales de producción de coca y el mayor mercado de la cocaína, hizo del país un buen sitio de tránsito; además el gran número de vastas regiones poco pobladas, en las cuales hay baja presencia del Estado, han convertido al país en un lugar excelente para la manufactura y e! contrabando de droga ilícita. En ese tipo de regiones los laboratorios, aeropuertos clandestinos y sitios para almacenar la droga son relativamente difíciles de detectar. Además, los representantes representantes del gobierno central Las estadísticas muestran que Colombia tiene la tasa más alta de muertes violentas entre 42 países sobre los cuales hay evidencia disponible (Ratinoff, 1996). Alrededor de 1990 la tasa de Colombia era comparable a la de los países en guerra y 3 veces más alta que la del Brasil, el segundo país en violencia. Es posible que la destrucción del tejido social de algunos países africanos lleve a tasas comparables a la colombiana.

2

o local en esas zonas son extremadamente vulnerables a la intimidación y al soborno. Quinto, la estructura y e! papel de los partidos políticos tradicionales fueron condicionados por la geografía de! país. La débil integración física dio gran autonomía a los gobiernos y líderes locales. Los dos partidos tradicionales se desarrollaron con una estructura muy descentralizada, en la cual los líderes locales podían ejercer el poder sin control por parte de las directivas centrales. Esta ausencia ha dado como resultado ideologías débiles y políticas pragmáticas (Leal, 1989). A su vez la lealtad hacia la nación colombiana fue sustituida por lealtades partidistas, puesto que la presencia de los partidos era, en muchas regiones, más fuerte que la del Estado. Sexto, el sistema político no era lo suficientemente abierto y democrático. El período de "La Violencia" terminó con el "Frente Nacional", un acuerdo entre las élites de los dos partidos para detener las matanzas y distribuirse el botín del Estado. Al terminar el Frente Nacional en 1974, las clases políticas se negaron a cambiar el sistema, que continuó operando de manera informal. El Frente Nacional monopolizó monopolizó el poder, despolitizó los dos partidos y evolucionó para convertirse en una máquina electoral clientelista (Leal y Dávila, 1990). La estructura de partido descentralizado descentralizado facilitó e! desarrollo d esarrollo de redes de soporte relativamente baratas que han permitido que la industria de las drogas opere en regiones aisladas. El clientelismo hizo que la política local se volviera vulnerable a la penetración de la industria de drogas ilícitas 3. Séptimo, las expectativas frustradas de movilidad social también contribuyeron al crecimiento de la industria ilegal. Le debilidad del Estado y la falta de identidad nacional produjeron una sociedad en la que roscas o grupos de tipo mafioso controlaron los negocios y el poder político. Dentro de este contexto, para ascender socialmente es necesario ser aceptado por dentro de dichos grupos. El éxito del sistema político se debió en parte a su capacidad de cooptar cohortes de recién graduados y líderes locales, los cuales ascendieron socialmente. Sin embargo, los canales de movilidad social eran, para empezar, estrechos y a medida en que el nivel de educación del país se elevaba rápidamente, se taponaron (Thoumi, 1994) 4. Para muchos jóvenes colombianos frustrados, la industria de la droga ilegal se volvió el camino más expedito para alcanzar estatus social. Para otros, el excluyente sistema político llevó también a frustraciones que se canalizaron a Una vez que se acepta que las elecciones son ganadas por medio de la compra, directa o indirecta, de votos, la maquinaria política será controlada por aquéllos que disponen de mayor cantidad de dinero. 4 Por ejemplo, hace 35 años el 1.5% de la población en edad escolar estaba en la escuela. Hoy en día alrededor del 18% lo están. No existe economía capaz de sostener los salarios relativos con un tal aumento de oferta. 3

través de actividades ilegales como una forma de "vengarse del sistema" (Thoumi, 1997b). Octavo, el volumen de ingresos y capital obtenidos transgrediendo leyes crecieron significativamente durante los últimos 50 años, confirmando la creciente brecha entre comportamientos de  jure y de  facto y la permanencia de un Estado débil. Además, en este ambiente los derechos de propiedad del capital no fueron legitimados por la sociedad, aumentó el comportamiento depredador (Thoumi, 1994) y creció sustancialmente la aceptación de las ingresos y capitales ilegales 5. Entre las principales actividades ilegales estaban la minería y exportación de esmeraldas, diversas importaciones de contrabando y exportaciones de contrabando de ganado y café, por medio de las cuales los colombianos desarrollaron sistemas de transacciones de divisas, destrezas para el lavado de dinero y sistemas ilícitos de distribución internacional de contrabando. El crecimiento de la economía informal e ilícita borró la diferencia moral entre ingresos y capital generados legal e ilegalmente, propició una amplia aceptación del contrabando y el desarrollo de habilidades para el lavado de dinero. B. Factores desencadenantes.

Hubo otros factores coyunturales que facilitaron el crecimiento de la industria de las drogas ilícitas y fortalecieron los vínculos entre ésta, la economía legal y el régimen político. Entre éstos se cuentan: el descenso del crecimiento económico y la crisis de ciertas industrias, las frecuentes amnistías tributarias, la tendencia internacional hacia políticas de mercados abiertos y la apertura de la economía colombiana en la década de 1990, las tendencias de la industria internacional de la droga y algunas de las políticas antidrogas, la complacencia de algunos colombianos de alto perfil para negociar con los empresarios de la droga y las iniciativas de la industria misma para establecer lazos con el régimen político y, más recientemente, la complacencia de miembros del establecimiento político para aceptarlos. aceptarlos. Estos factores serán brevemente delineados a continuación. Primero, el descenso del crecimiento de Colombia y las crisis de algunas industrias hacia el final de la década de 1970 y el comienzo de la de 1980 propiciaron el desarrollo del narcotráfico en varias regiones y ayudaron a cimentar sus lazos con la élite colombiana (Betancourt y García, 1994). Las principales organizaciones narcotraficantes se desarrollaron en regiones que habían sufrida una recesión Las entrevistas revelaron un consenso sobre el hecho de que en Colombia había muchas actividades ilegales legítimas como el contrabando, la evasión de impuestos, el soborno (en los sectores público y privado) para lograr beneficios económicos y que hasta mediados de los años ochenta la sociedad colombiana había sido extremadamente tolerante hacia las actividades relacionadas con las drogas ilícitas que aún no se percibían como diferentes de otras actividades ilegales legítimas. Solamente cuando la violencia de la industria de la droga amenazó al estamento político y social, partes de la sociedad reaccionaron en su contra.

5

industrial y un aumento en el desempleo 6. Cuando el sector industrial de Medellín, dependiente de la industria textil, se colapsó en la década de los 80, empresarios locales apelaron a la industria de la cocaína para obtener inyecciones de capital. Algunos de ellos se volvieron traficantes. Es obvio que en la mayoría de los lugares del mundo una recesión económica no tiene como resultado el crecimiento del crimen organizado internacional. Sin embargo, la presencia de los elementos estructurales antes mencionados convirtió la recesión en un detonador para la industria de la droga ilícita. Segundo, en un intento para aumentar los ingresos gubernamentales, el gobierno decretó una reforma tributaria acompañada por una amnistía tributaria en 1974. Sucesivos gobiernos han implementado reformas tributarias, la mayoría de las cuales han incluido amnistías que bajo diversos rubros han permitido la repatriación de capitales ilegales sobre la base de un acuerdo de "no hacer preguntas indiscretas". Tales amnistías indujeron a muchos empresarios a mantener parte de sus actividades bajo la mesa, bajo el supuesto de que, si fuera necesario, podrían declararlas abiertamente en e! futuro, lo cual mantuvo bajos los costos del lavado de dinero y permitió que la industria de las drogas ilícitas estableciera nexos con la economía formal y el sistema político. Por ejemplo, en un caso notorio, Carlos Lehder utilizó una amnistía para repatriar dineros ilegales a principios de los años ochenta y fundar su propio partido político, el "Movimiento Latino Nacional". (Orozco, 1987: 57-60, 162, 185; Lee, 1990: 136). Tercero, las políticas macroeconómicas cambiaron en un mal momento desde el punto de vista del control de drogas. Las políticas proteccionistas e intervencionistas de pasados gobiernos colombianos habían contribuido al desarrollo de actividades económicas económicas ilícitas y de las habilidades necesarias para la expansión de la industria de drogas ilegales. Si la economía se hubiera abierto unos 30 años antes, el tipo de habilidades para producir y exportar drogas ilícitas podría no haberse generado. No obstante, una vez producida la apertura (a comienzo de 1990), la liberalización del comercio internacional y de los flujos de capital acrecentó las oportunidades de los capos de la droga para legitimar sus riquezas ilegalmente obtenidas. Empero, dado el descenso en el crecimiento durante la década de 1980, el gran volumen de contrabando, las tendencias mundiales hacia las economías abiertas y la presión recibida por el Gobierno colombiano de parte de las instituciones financieras internacionales y algunas agencias del gobierno de los EE.UU., no es claro que el gobierno colombiano colombiano hubiera tenido la alternativa de no abrir su economía. A lo sumo hubiera podido haber tomado un camino Betancourt y García (1994: xxii) sostienen que durante la década de 1980 las crisis económicas sufridas por cinco grandes regiones: la Costa Atlántica (algodón), Antioquia (textiles), Valle (azúcar), la zona central (zonas esmeraldíferas de Boyacá y Cundinamarca) y la zona oriental que sufrió las consecuencias de la devaluación venezolana, dispararon el desarrollo de los centros de la droga ilícita. 6

diferente, por ejemplo: abrir primero el sector real, manteniendo parcialmente cerrados los flujos internacionales de capital durante un tiempo. Cuarto, algunas tendencias internacionales de la industria de las drogas y algunas de las políticas antidroga fuera de Colombia contribuyeron también al crecimiento de la industria colombiana. Por ejemplo los programas de erradicación de la marihuana en México y Jamaica al final de la década de los 60 y el ataque del gobierno de Pinochet contra la industria chilena de la cocaína cuando tomó posesión en 1973, fueron provechosos para la evolución de la industria colombiana hacia el final de la década de los 70 (Thoumi, 1994). En cierto sentido Colombia se "enganchó" en la droga durante ese período. Un intento más bien exitoso de parte de Colombia, para erradicar la marihuana hacia el final de la década de los 70 y comienzo de la de los 80, el fuerte ascenso en la producción de marihuana en los EE.UU. y el desarrollo de las técnicas de cultivo sinsemilla, que aumenta el contenido de droga de la marihuana, propició la búsqueda de drogas alternativas en Colombia. Parte de la infraestructura organizativa y logística desarrollada para exportar marihuana se desplegó al servicio de la industria de la cocaína. Finalmente, e! violento conflicto entre el gobierno colombiano con e! cartel de Medellín entre 1989 y 1993 jugó un papel significativo, aunque indirecto, en la formación del nexo entre las organizaciones criminales y el establecimiento político. La "guerra absoluta y total" del cartel contra e! gobierno, marcada por explosiones de bombas terroristas en las ciudades y el secuestro de miembros de familias de la élite colombiana, tuvo dos consecuencias importantes. Una, fue propiciar una alianza de  facto entre el gobierno y el cartel de Cali que era el principal enemigo del cartel de Medellín. El cartel de Cali mantenía redes de informantes dentro del de Medellín y hacía seguimiento a algunas de las comunicaciones de Pablo Escobar. La información obtenida a través de estos canales era pasada a la policía y al Departamento Administrativo de Seguridad y posiblemente fue decisiva en la liquidación de Escobar y la mayor parte de su imperio en 1993. No es sorprendente que la lucha común contra Escobar haya ampliado los puntos de contacto del cartel de Cali con los funcionarios del gobierno y los líderes políticos de Colombia. Los traficantes de Cali buscaban beneficios judiciales en compensación a su contribución (tales como sentencias cortas y arresto domiciliario), beneficios que el gobierno parecía dispuesto a conceder en el período de 1993-1994. Una segunda consecuencia importante fue la preferencia por establecer una política de negociación con los narcotraficantes. Las autoridades de las administraciones Gaviria y Samper se sintieron obligadas a hacer varias concesiones legislativas y judiciales a los traficantes para conseguir una cierta medida de paz social. En efecto, la violencia debilitó el compromiso de lucha contra la droga y aceleró la deslegitimación del Estado colombiano. El hundimiento de la extradición y la aprobación de una legislación de negociación con penas extremadamente favorables para los criminales y el entusiasmo del

Fiscal General de Colombia (1993-1994) por los encuentros cara a cara con los líderes del cartel de Cali reflejan este insalubre patrón acomodaticio. El propósito de esta política era evitar la reanudación del narcoterrorismo casi a cualquier costo. "No permitiremos de ninguna manera que el país caiga de nuevo en episodios de guerra" declaró Fernando Botero, el Ministro de Defensa de la administración Samper, en un discurso dado en Cali en septiembre de 1994, defendiendo el abordaje conciliatorio de la administración hacia los capas de la cocaína de Cali. (Vargas, Lesmes y Téllez, 1996: 71) III. Desarrollo de la relación organizaciones criminales-política A. Perspectivas de la industria

Son dos los aspectos de la industria de los narcóticos en Colombia que más han contribuido a la formación del nexo crimen-política. Uno es el tamaño de la industria. Los estimativos sobre el tamaño de la industria son inciertos, difíciles de hacer y varían dentro de un rango amplio. (Thoumi, 1994, Clawson y Lee, 1996:2325). Desde comienzos hasta mediados de la década del 90, según Clawson y Lee (1996) las 10 o 15 organizaciones principales de traficantes en Colombia podrían haber recibido entradas netas (después de haberles pagado a los proveedores, transportadores y lavadores de dinero) de por lo menos 3 a 4 mil millones de dólares anuales por el tráfico internacional de cocaína y heroína. Estimaciones más recientes (Rocha 1997, 1997, y Steiner, 1996) presentan un cálculo final más bajo. Aún así, las entradas de los carteles representaban entre el 4 y el 7% del producto Interno Bruto de Colombia en la década del 90, lo que convierte a los barones de la droga en un grupo de interés económico dominante, especialmente porque una gran proporción de sus ventas son utilidades. El gran excedente con el que cuentan los traficantes implica implica una capacidad capacidad significativa para actividades de penetración del sistema tales como cabildear, sobornar, hacer inversiones legales y también para ejercer la violencia y la intimidación contra el Estado colombiano. Además, las riquezas acumuladas por los narcotraficantes en sus negocios legales y en los de droga son extremadamente peligrosas para la estructura de poder institucional. Independientemente de las estimaciones utilizadas, la narco-ganancia y la narcoriqueza son tan grandes en relación con las variables económicas claves en Colombia que podrían fácilmente alterar la estructura de propiedad de la economía y el sistema político. Un problema relacionado es que los traficantes necesitan comprar apoyo político de alto nivel para lavar sus grandes ganancias dentro de la economía relativamente pequeña de Colombia. Las transferencias de fondos e inversiones de gran escala son necesariamente conspicuas en este marco y las élites dominantes tienen que consentirlas. Como se observa en otro lugar (Thoumi, 1997a: 95) "los carteles de la droga requieren solamente solamente de redes de soporte local que les permitan cultivar coca y amapola, manufacturar y exportar las drogas. Sin embargo, cuando se llega al

lavado de dinero, esos carteles necesitan a menudo el beneplácito de funcionarios de alto rango del gobierno central. Éste les da protección contra la ley. La razón por la cual los carteles de la droga han recurrido a la corrupción de altos funcionarios del gobierno central tiene que ver con la modesta capacidad de la economía colombiana para absorber y esconder fondos ilícitos". Otro factor es la habilidad de los traficantes colombianos para colaborar entre sí con el objetivo de influenciar las políticas del gobierno, el ambiente de la aplicación de la ley y en general al sistema político. El concepto original de un "cartel" de la cocaína no se refería a intentos de restringir la oferta y mantener los niveles de precio (los precios de la cocaína han caído continuamente desde los comienzos de la década del 50 hasta mediados de la del 90), sino a la cooperación entre los proveedores para racionalizar el sistema de transporte internacional. La idea era maximizar los volúmenes de exportación al tiempo que se reducía el riesgo de cada participante. Esto incluía sistemas de co-financiación y de co-aseguramiento así como el transporte de grandes cargas de cocaína a los mercados finales a través de diferentes medios y rutas. Empero, las formas extra económicas de colaboración adquirieron importancia a medida en que las actividades del cartel como grupo de traficantes adquirían mayor poder y visibilidad y en que las autoridades colombianas (aguijoneados por los norteamericanos) buscaban formas de resquebrajar el negocio de la droga. Las organizaciones de traficantes compartían información sobre las actividades de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, desarrollaron estrategias de inteligencia y contra-inteligencia conjuntas, entre todas financiaron a los partidos políticos y colaboraron para mejorar su posición negociadora frente al Estado. Hasta la fecha estos patrones de colaboración se han desarrollado principalmente en regiones específicas. De allí los nombres de "cartel de Medellín" o "cartel de Cali"; pero los narcotraficantes han ejercido también su influencia política a nivel nacional. Para mencionar algunos ejemplos: En Cali, de acuerdo con un reporte del Miami Herald, los principales capos de la droga aportaban US$200.000 mensuales para sostener una operación conjunta de adquisición de inteligencia; gran parte de este dinero se destinaba a sobornar policías, miembros del ejército y políticos. Por ejemplo, se ha reportado que los líderes del cartel de Cali y algunos de los capos menores del Valle, establecieron un fondo común de US$S millones (en una cuenta especial del Banco de Colombia en Cali) para ejercer influencia sobre los resultados de las campañas al Congreso y a la Presidencia en 1994 (Castillo, 1996: 204). También hacia el final de los 50 y comienzos de los 90, los líderes de los carteles de Medellín y Cali negociaron como grupo con el gobierno colombiano para obtener beneficios judiciales. Por último, existía una especie de estructura de liderazgo dentro del negocio de la cocaína, ejercida por los cabecillas de las organizaciones dominantes. En Medellín el papel pionero de Pablo Escobar en el establecimiento de rutas de exportación, su acceso a los medios de violencia y su despiadado

dominio sobre los exportadores menores, mantuvo la coalición y estableció su identidad. En Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela acaparó lo que él llamara su "poder de convocatoria" con otros narcotraficantes del Valle y junto con su hermano Miguel, definió la posición común del grupo del Valle en las negociaciones de entrega con el gobierno de Colombia en 1993-1994 (Clawson y Lee, 1996: 47, 55). Los grupos de traficantes también cooperan para enfrentar violentamente a sus enemigos formando coaliciones con rivales como las fuerzas guerrilleras y pararnilitares. En el caso del cartel de Medellín, este buscó formar alianzas para enfrentar la estructura misma del poder colombiano. Por ejemplo Pablo Escobar impuso "impuestos de guerra" de US$100.000 a US$200.000 mensuales a los transportadores para apoyar las actividades político-militares del cartel (su guerra contra el Estado y las élites económicas y políticas) en el período de 19S9 a 1993. Estas actividades causaron enormes daños tanto en términos de víctimas -por lo menos 1500 colombianos murieron, muchos de ellos civiles- como en los de daños a propiedades y negocios; mientras el establecimiento colombiano prevalecía en el conflicto, el prolongado narco-terrorismo debilitó al Estado y aumentó las oportunidades para que se diera la corrupción política en Colombia. B- Relaciones de complicidad

La amenaza del crimen organizado ha probado ser mayor para el orden político que para la estructura económica del país. La amenaza fue sutil e insidiosa más que directa y abierta, pero ha sido penetrante. A diferencia de los terroristas o las guerrillas que operan más o menos fuera del sistema y que pueden buscar la caída del gobierno, los del crimen organizado generalmente pretenden manipular el sistema desde adentro. De hecho, los grupos bien organizados llevan a cabo sus negocios con la protección y a veces con el apoyo activo de los gobiernos. Las relaciones de complicidad entre el gobierno y los criminales se manifiestan de diversas formas. La más básica, por supuesto, es el nexo entre el dinero del crimen y las funciones de gobierno. La corrupción puede ser sistémica, enfocada hacia funcionarios influyentes claves, líderes de opinión, políticos o legisladores. En este caso el fin es proteger la integridad de la organización criminal y a sus líderes, propender por legislaciones favorables a los intereses criminales y, en general, asegurar la existencia de un ambiente amigable para la organización. A nivel operativo, los funcionarios del gobierno corruptos permiten que las transacciones ilícitas individuales (tales como el procesamiento o embarque de droga) se hagan sin obstáculos. Los funcionarios advierten con tiempo suficiente a sus clientes criminales de las incursiones o investigaciones de parte del gobierno. Un caso notable fue el conspicuo fracaso por parte del gobierno para arrestar a Pablo Escobar durante muchos años, a pesar de una serie de campañas de

acorralamiento llevadas a cabo por miles de soldados y tropas élite de la policía. Como anotaba un ex socio de Escobar, "la mitad de quienes trabajan para el gobierno lo están protegiendo, mientras la otra mitad lo persigue" 7. El grado de apoyo social que recibía Escobar en Medellín era también notable. Este fue en parte atribuible a la financiación de programas de vivienda popular y otros proyectos cívicos y fue quizás el principal obstáculo para atraparlo (García Márquez, 1996). De manera similar, los jueces y policías enrolados en las nóminas de los traficantes también se burlaban del sistema de justicia criminal. Se reporta que los secuaces del cartel de Medellín ofrecían "plata o plomo" a los jueces encargados de sus expedientes. No es sorprendente que la mayoría de los jueces tomaran la primera opción. La técnica del cartel de Cali era más refinada: "no matamos ministros o  jueces; los los compramos" dijo dijo en alguna ocasión Gilberto Gilberto Rodríguez Orejuela. Orejuela. Sin embargo, la corrupción vista ampliamente como un intercambio de valores entre criminales y gobierno o autoridades políticas, se ha convertido en algo casi inseparable de las actividades y metas de la administración del Estado. No se trata de cumplir con ciertos servicios a cambio de sobornos, sino más bien de manejar las relaciones con un poderoso (aunque ilícito) grupo de interés para lograr objetivos políticos específicos. Tres ejemplos del patrón de complicidad pueden ser mencionados: El primero es la prosaica historia de las negociaciones negociaciones entre el gobierno colombiano colombiano y los líderes de los carteles de Medellín y Cali. En ningún otro país un gobierno ha negociado con los criminales de manera tan abierta y durante un período tan largo. En negociaciones que se han dado esporádicamente desde 1984 el gobierno ha buscado diversos resultados: disminuir el tamaño del negocio de la droga, reducir la violencia social y el "narcoterrorismo", lograr la liberación de víctimas de secuestro y llevar a los traficantes ante la justicia. Por su parte los traficantes han buscado sobre todo garantías de indulgencias indulgencias judiciales: no-extradición, amnistía o bajas sentencias y la oportunidad de "reinsertarse" en la sociedad colombiana. Los traficantes han formulado varias ofertas (probablemente poco sinceras) de retirarse del negocio de los narcóticos, narcóticos, desmantelar las rutas del tráfico, entregar al gobierno posesiones tales como laboratorios, aviones y armas. El gobierno de Colombia ha evaluado algunas de estas ofertas con escepticismo pero ha encontrado conveniente mantener el diálogo con las organizaciones criminales que controlan significativos recursos económicos y militares. Generalmente Generalmente las negociaciones entre traficantes y gobierno han sido iniciadas por los criminales, a pesar de que, en ocasiones, el gobierno ha sido un participante interesado y activo en tales lides. La extrema violencia de 1989-1990 hostigada por el cartel de Medellín llevó a prominentes miembros de la sociedad a convertirse en Escobar fue finalmente hallado y dado de baja por la policía en diciembre de 1993, diez años después de haberse convertido en fugitivo en Colombia (Clawson y Lee, 1996: 100)

7

intermediarios en el conflicto. En 1990 un "Comité de Notables" que incluía a tres ex-presidentes de Colombia, un ex-ministro de gobierno, un muy respetado sacerdote católico y un líder de la Unión Patriótica intentó negociar la paz y los términos de una entrega a nombre de los extraditables de Medellín. Los Notables de hecho también en representación del gobierno, buscaron y lograron la liberación de un cierto número de rehenes secuestrados por los traficantes, entre ellos miembros de prominentes familias colombianas. Las actividades de los Notables y la generalizada presión popular por la paz, llevaron al gobierno a expedir una serie de decretos al final de 1990 y comienzo de 1991, permitiendo a los traficantes someterse a la justicia en términos sumamente favorables. Los principales traficantes de Medellín, incluido Escobar, aprovecharon estas concesiones y se entregaron. En por lo menos dos casos reportados, los capos de la droga tuvieron reuniones cara a cara con representantes del gobierno, en Ciudad de Panamá en mayo de 1984 y en Bogotá en enero de 1994. En Panamá los líderes del cartel de Medellín presentaron una propuesta de entrega directamente al Fiscal General Carlos  Jiménez Gómez, después de un encuentro previo con el ex-presidente Alfonso López Michelsen. A comienzos de 1994, el Fiscal General Gustavo De Greiff sostuvo varias entrevistas con importantes jefes del cartel de Cali. Los traficantes buscaban aclarar su situación legal y explorar opciones de entrega. Guillermo Palomari, quien fuera el contador del cartel de Cali, dio testimonio en los EE.UU. en 1997, respecto a siete entrevistas entre Gustavo De Greiff y Miguel Rodríguez Orejuela, en presencia Bernardo González, abogado de este último. Esta versión es negada por De Greiff (Semana, 1997: 35) 8. Otra área de complicidad que merece ser mencionada surge a raíz del conflicto entre la insurgencia y los políticos que se registra en las zonas rurales de presencia guerrillera, en donde los traficantes de droga han hecho causa común con los propietarios legales y algunos militares. El punto común de cooperación de estos grupos son las fuerzas paramilitares que a lo largo de los años han desarrollado una amplia agenda anti-izquierdista. (Esta incluye, no solamente dar protección a los terratenientes frente a las guerrillas, sino también desarraigarlas y exterminar las redes civiles, supuestas o reales, de apoyo de los insurgentes). Los grupos paramilitares reciben financiación significativa de los narcotraficantes, quienes poseen alrededor de 4 a 5 millones de hectáreas de las tierras ganaderas del país (aproximadamente el 15%), otras tierras agrícolas y, otras propiedades y De Greiff fue una desafortunada escogencia como negociador del gobierno. Abiertamente proponía la legalización de la droga, posición que minó su credibilidad desde el comienzo. Más grave aún, De Greiff era accionista y había sido presidente de una compañia, Aerolíneas El Dorado, en la cual Gilberto Rodríguez Orejuela poseía el 42% de las acciones. Este es ciertamente un posible caso de culpa por asociación, a pesar de que De Greiff pudiera, en ese momento, no tener conocimiento de que Rodríguez fuera traficante de droga. (ver Castillo, 1996: 52-53).

8

laboratorios cocaineros que son blancos de extorsión de la guerrilla 9. Además, grupos paramilitares que empezaron como autodefensas, recibieron armas automáticas, entrenamiento e información por parte de las unidades locales del ejército de Colombia. Los terratenientes traficantes también tienen comunicación con elementos del ejército; por ejemplo, hay reportes de que en los años 80 Gonzalo Rodríguez Gacha mantenía contacto radial con el centro de comando del batallón Bárbula del ejército en el valle del Magdalena Medio, importante punto de enfrentamiento enfrentamiento con la guerrilla (Clawson y Lee, 1996: 187). El patrón colombiano no es, obviamente, único en los anales de este tipo de manejo de la política. La historia del gobierno de los EE.UU. ofrece varios ejemplos de complicidad entre el gobierno y criminales para llevar a cabo ciertos objetivos políticos específicos o de política exterior. El entendimiento entre la inteligencia naval de EE.UU. con Lucky Luciano para ayudar a socavar el régimen fascista del sur de Italia; los tratos de la CIA con la organización de Sam Giancana en dos intentos de asesinar a Fidel Castro y la colaboración de los EE.UU. con los barones de la guerra de Laos para combatir a los comunistas del Pathet Lao, son casos obvios al respecto. Sin embargo, el nexo traficantes-militares-paramilitares tiene consecuencias consecuencias más serias en Colombia que en países más estables porque exacerba la violencia rural, disminuye el control gubernamental sobre el territorio y empuja al país a una partición de facto. Un tercer vínculo significativo entre políticos y criminales y el que más atención ha recibido, es la penetración del dinero de la droga en las campañas presidenciales y congresionales. Como ex-vicepresidente, Humberto de la Calle anota que "la financiación de la campaña es el principal punto de entrada de los narcos al sistema político 10. Dado el poder económico de la industria de la cocaína, la contribución de los traficantes puede determinar la diferencia entre el éxito y el fracaso para los candidatos políticos en Colombia. Por ejemplo, en Antioquia, Valle y la Costa Atlántica el dinero de la droga es probablemente la mayor fuente de financiación política privada. El escándalo político vivido por Colombia en los últimos años refleja la dimensión del problema. Por lo menos 12 legisladores colombianos, un fiscal general y un ministro de defensa han sido encarcelados por aceptar dinero y favores de los traficantes de Cali en la elección de 1994. Santiago Medina, tesorero de la campaña de Samper, piensa que por lo menos 70 congresistas congresistas fueron elegidos con dinero del cartel. Se cree que el presidente Ernesto Samper pidió donaciones de los traficantes, a pesar de haber sido exonerado por la Cámara Baja del Congreso por una abrumadora mayoría en junio de 1996.

De acuerdo con la CIA (1995) el total de "campos y pastales" en Colombia abarcan aproximadamente 30 millones de hectáreas. Reyes (1997) señaló el estimativo de 4 a 5 millones mencionado. 10 Entrevista de los autores. Humberto de la Calle, Bogotá, Agosto, 1997. 9

C- El Dinero de la Droga y la Política Electoral La estructura de los partidos y el sistema clientelista son extremadamente vulnerables a la industria ilícita. Durante los últimos cincuenta años los partidos políticos se despolitizaron despolitizaron y se convirtieron en maquinarias para distribuir el botín del Estado. La práctica generalizada de compra de votos permitió que el sistema fuese controlado por aquéllos con mayor cantidad de dinero disponible. En la Asamblea Constituyente de 1990-1991 se intentó democratizar las elecciones y hacer más difícil la compra de votos y se implantaron importantes cambios que incluyeron: a- el establecimiento de una segunda vuelta en la elección presidencial si ningún candidato obtiene una mayoría. b- Circunscripción nacional y no departamental de senadores para permitir la representación de los partidos más pequeños en el Congreso. c- Bajo el antiguo sistema el nombre del candidato era escrito en un papel que se metía en un sobre que se introducía en la urna. Este sistema facilitaba la compra de votos ya que el comprador entregaba el sobre y veía cuando se lo depositaba en la urna. En el nuevo sistema, los jurados electorales entregan al votante un "tarjetón" que contiene los nombres de todos los candidatos entre quienes el votante debe decidir en privado. d- El nuevo sistema permite la publicidad política pagada en los medios de comunicación más importantes. importantes. Estos cambios encarecieron encarecieron las elecciones, elecciones, antes baratas, aumentando la influencia política de aquéllos con mayor capacidad para financiar elecciones, especialmente los grandes grupos financieros y la industria de drogas ilícitas. Nuestros entrevistados enfatizaron dos tipos de presión que ejercen los narcotraficantes sobre el sistema político que reflejan las diferentes metas de narcoempresarios relativamente prominentes y relativamente oscuros. En el pasado se podía dividir a los traficantes en extraditables (aquéllos requeridos para eventual juicio por las autoridades de EE:UU.) y no-extraditables (aquéllos cuyas actividades eran suficientemente circunscritas para no merecer mayor atención de los EE.UU.). En municipios pequeños los narcos de nivel bajo y quizás medio, que no están amenazados por la extradición, se sienten seguros y no buscan favores del establecimiento político. Su meta al establecer vínculos con los políticos es la aceptación social. De acuerdo con Rodrigo Garavito 11, "el narco típico tiene un bajo nivel de educación. Su actividad requiere fuerza y valor. Viene de la clase media o baja. Primero compra una casa para sí mismo, luego una para su madre, un carro, y luego una finca. Finalmente compra otras propiedades urbanas. Quiere aceptación social y en los banquetes quiere ser ubicados en mesas cercanas al político". Su comportamiento es el de cualquier otro individuo rico de la comunidad que desea destacarse en ella. Para empezar el vínculo, se dirige al 11

Entrevista de los autores. Rodrigo Garavito, Bogotá: Agosto, 1997.

político con afeitas de apoyo y sin establecer un quid pro quo. No se sabe cuántos narcos de provincia de bajo nivel existen, pero el trabajo de Zabludoff (994) plantea que pueden ser varios miles, número suficientemente significativo como para influenciar la política local en la mayoría de los 1080 municipios del país. Los políticos se dan cuenta de que algunos de sus partidarios tienen asociaciones dudosas pero prefieren no averiguar demasiado sobre el origen de los fondos de las campañas. campañas. Ellos están dispuestos a aceptar el dinero ilícito pero no el crimen. Al mismo tiempo, muchos de quienes financian campañas prefieren el anonimato formal, es decir, quieren que el político sepa quiénes son, pero no quieren exposición pública. Este es el caso de los grandes grupos financieros que financian campañas opuestas 12. A nivel local y provincial se han utilizado varios sistemas para mantener el anonimato de los donantes. Por ejemplo se rifa un carro; muchas de las boletas o todas ellas son compradas por un contribuyente y el ganador no reclama el premio 13. En otro sistema más descubierto, el político emite una serie' de "bonos", es decir, recibos al portador que se entregan a cambio de contribuciones. Estos sistemas de financiación permiten que los políticos reciban financiación cuestionable sin tener que reconocer su fuente. La disponibilidad de financiación con fuentes ilegales para actividades políticas ha aumentado su demanda. El dinero de la droga ilícita aumentó el nivel de gastos de las campañas y tentó a otros políticos a buscado o por lo menos a estar dispuestos a aceptado. La necesidad de anonimato formal y el peligro de contactos directos entre narcos y políticos promovieron el desarrollo de una activa industria de intermediación. El sistema es bien simple: el intermediario lleva al político una oferta de fondos de donantes ricos y desconocidos que quieren permanecer anónimos y deja que el político o su director de campaña decidan si los reciben o no. Muchas veces, después de que se lleva a cabo un trato y el dinero fluye a la campaña, el intermediario obtiene un beneficio personal o comisión. De otra parte, los grandes narcos que se sienten blanco de leyes anti-droga han estado en particular, pero no exclusivamente, exclusivamente, preocupados con la legislación sobre la extradición. Su comportamiento hacia el congreso es similar a la de los otros grupos económicos poderosos del país. Contribuyen con fondos a las campañas políticas sin condicionamientos específicos, pero cuando hay debates sobre una legislación de su interés, utilizan sus contribuciones pasadas para exigir una votación favorable. Estas contribuciones actúan como un comodín que se utiliza en el momento adecuado y que se presenta como una amenaza implícita de escándalo o de ruina política si el congresista no obedece. Además, en muchas ocasiones los Desde que los partidos se despolitizaron y perdieron su ideología, realmente no importa quién gane; importa haber apoyado al ganador. 13 Por ejemplo, Manuel Francisco Becerra explicó en entrevista en Cali que se conoció que la droguería" La Rebaja", perteneciente a los hermanos Rodríguez Orejuela, compraba más boletas para rifas que cualquier otra empresa de la ciudad, a virtualmente todos los candidatos. 12

narcos han financiado a abogados y otros profesionales que escriben memorandos sobre el contenido de las legislaciones de su interés que son distribuidos entre los congresistas. En este sentido estos profesionales trabajan como parte de los equipos asesores de los congresistas. Nuestras entrevistas indican que los dineros de la droga han financiado campañas presidenciales políticas durante los últimos 20 años. La fallida campaña de Belisario Betancur en 1979 recibió recursos de la industria ilegal. Los fondos provenientes de la droga jugaron un importante papel en las campañas de Belisario Betancur y Alfonso López Michelsen en 1982. Ernesto Samper, en calidad de director de la campaña de Alfonso López Michelsen de 1982, se encontró con Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, José "Pelusa" Ocampo y otros capas de Medellín en la "Suite Medellín" del Hotel Internacional de esa ciudad; el resultado fue que Samper obtuvo contribuciones de 19 millones de pesos (U.S.$317.000) 14. El tesorero de la campaña de Belisario Betancur, ganador de esa elección, reporta que éste recibió sumas considerablemente mayores. En las dos siguientes elecciones presidenciales, en 1986 y 1990, es posible que los dineros de la droga hayan jugado un papel menor porque en ambos casos se estaba dando una guerra abierta entre el gobierno y el entonces dominante cartel de Medellín. Se menciona con frecuencia que en 1991 la Asamblea Constituyente que declaró inconstitucional la extradición de nacionales había sido seriamente influenciada por dineros de la droga. Las entrevistas indican que la situación era más compleja. Pablo Escobar optó por presionar al establecimiento y a la sociedad en general pero no a la Asamblea en sí. Su estrategia fue hacer explotar bombas en áreas densamente pobladas y secuestrar a miembros importantes del establecimiento 15. Las tenebrosas actividades terroristas del cartel de Medellín y el resentimiento nacionalista de Colombia contra las presiones de EE.UU. habían llevado a la mayor parte del público a tomar posición en contra de la extradición. La Asamblea también incluía representantes izquierdistas que se oponían a la extradición por motivos ideológicos. El punto es simplemente que la mayoría de los miembros de la Asamblea se oponían a la extradición sin necesidad de sobornos de parte de la industria de la droga16. Esto no quiere decir que no hubiese miembros de la Asamblea con fuertes contactos y vínculos con las organizaciones ilegales de la droga. Carlos Lehder reportó una contribución de $24 millones de pesos (US$400.000). Es posible que la diferencia haya sido apropiada por un intermediario. 15 El libro, profusamente vendido, de García Márquez (1996) es la historia de estos secuestros. 16 Debe hacerse énfasis en el hecho de que cuando se conoció que la extradición sería inconstitucional, no hubo ninguna protesta social o periodística contra una medida que en esa época era bastante popular. 14

Después de que se aprobó la nueva Constitución, un Congreso especial, conocido como "el congresito", se reunió para decidir si se debían aprobar los decretos dictados en el período previo a la aprobación. Las entrevistas indican que la presión de la industria de la droga fue significativa en este momento ya que se trataba de algunos decretos que tenían que ver con la política de "sometimiento" de la administración Gaviria. Durante la campaña presidencial de 1994 los dos candidatos principales recibieron ofertas de contribuciones del cartel de Cali. Pastrana las rehusó de plano. Sin embargo, su campaña fue dividida entre "su" campaña en Bogotá y otras siete del partido conservador en diferentes regiones del país. Esto se llevó a cabo probablemente probablemente para obviar los límites de gastos de las campañas, alegando que las regionales no eran parte de la campaña Pastrana. La campaña central rechazó todas las contribuciones de la droga pero no se sabe qué ocurrió con las demás, a pesar de que las entrevistas indican que existe una alta probabilidad de que las campañas regionales hayan sido penetradas por dineros de la droga. La entrada de fondos del cartel de Cali a la campaña Samper ha sido el mayor problema político en Colombia en los tres últimos años y la causa inmediata de las crisis política, social y económica que padece el país. Las contribuciones de Cali, que alcanzaron por lo menos 5.000 millones de pesos (US$6 millones), jugaron un papel importante en la campaña y posiblemente afectaron el resultado de la elección. No hay claridad sobre el proceso de toma de decisiones por medio del cual el dinero penetró la campaña ni sobre el impacto de estos fondos, aunque los recuentos de diversos participantes están de acuerdo en los siguientes puntos 17. Primero, la relación fue iniciada por los líderes del cartel de Cali. Una oferta de financiación financiación le fue hecha a Santiago Medina, el tesorero de la campaña, .en abril de 1994, cerca de un mes antes del comienzo de la campaña. Alberto Giraldo, un periodista con lazos cercanos al cartel le expuso la oferta a Medina en la oficina de éste último en Bogotá. Segundo, la oferta fue aceptada por Fernando Botero, el director de la campaña. Para formalizar las donaciones, Medina viajó a Cali a comienzos de mayo y se reunió con Miguel y Gilberto Rodríguez, Helmer Herrera y José Santacruz y solicitó $2.000 millones pero sólo recibió $1.000 millones. Tercero, para la segunda vuelta la campaña pidió fondos a los traficantes. Samper y su equipo esperaban ganar en la primera vuelta, pero no obtuvieron una mayoría Las principales fuentes incluyen a los funcionarios de la campaña Samper, Juan Manuel Avella y Santiago Medina, entrevistados en Bogotá en julio-agosto de 1997, a Guillermo Palomari, quien testificó recientemente en E.U. en el programa de protección de testigos. Materíal publicado que incluye El Tiempo (1995: 8A-9A). Semana (1997: 34-38), Castillo (1996: 204-206). Vargas, Lesmes y Téllez (1996: 112-150) y López Caballero (1997).

17

y aventajaron a Pastrana por tan sólo 18.000 votos. Después de este fracaso y ante la necesidad de gastar grandes sumas de dinero que no tenían, parece que durante el período de tres semanas previo a la segunda vuelta, la campaña decidió pedir apoyo al cartel de Cali. Medina viajó a Cali para hacer la petición y en ese momento recibió otros $4.000 millones. Cuarto, el nexo entre la campaña y los narcotraficantes incluyó un quid pro quo. En contraste con el patrón general de las campañas financiadas por la droga, los traficantes de Cali querían entendimientos y compromisos del candidato a cambio de sus donaciones, especialmente garantías de que la política de "sometimiento" promovida por Gustavo de Greiff en la administración Gaviria se mantendría durante la presidencia de Samper. Quinto, para ocultar la operación de fondos ilegales, el tesorero de la campaña creó lo que resultó ser un doble sistema de contabilidad. La campaña constituyó una Fundación, la Asociación para una Colombia Moderna, para manejar las finanzas legales de la campaña. La asociación tomó los cheques y el efectivo provenientes de donantes legales hasta los límites de gastos de $4.000 millones permitidos por el Consejo Nacional Electoral. Un sistema paralelo parece haber sido establecido por Medina y Botero para recibir y distribuir el dinero sucio, incluyendo las donaciones de Cali. Hay acuerdo sobre el hecho de que los gastos de la campaña sobrepasaron con creces los límites legales y que los dineros de la droga ilegal entraron a ella. La versión más plausible indica que los gastos excedieron los topes legales y llegaron a $7.300 millones (aproximadamente US$8 millones). De éstos, $5.000 millones son atribuibles al cartel de Cali 18. Sexto, los fondos se transfirieron en efectivo. De acuerdo con diferentes fuentes, el origen de los fondos de Cali fue la cuenta en el Banco de Colombia de Cali perteneciente a Exportcafé, compañía de fachada de Miguel Rodríguez. Esa cuenta había sido establecida por una coalición de miembros del cartel de Cali y del Norte del Valle especialmente para apoyar campañas presidenciales y al congreso 19. Se reportó que el dinero fue introducido en cajas que fueron empacadas para regalo (cada caja contenía $500 millones) en presencia de Rodríguez mismo y llevadas luego en un avión privado a Bogotá. El intermediario del cartel recogió el dinero y se lo entregó directamente a Medina y Botero, quienes organizaron la distribución de los fondos para cubrir los gastos de la campaña en diferentes regiones del país. Hay que señalar que la mayor parte de la evidencia sobre estos gastos se basa únicamente en testimonios individuales. Puesto que la mayoría de los pagos se hicieron en efectivo, ha sido imposible hacer un seguimiento de gran parte de ellos. López Caballero (1997) expone que en el  juicio a Samper en el Congreso, se probó que solamente una parte de esos fondos entraron a la campaña y que es probable que Medina se haya quedado con una suma importante. 19 Fondos de la misma cuenta Exportcafé, más o menos $250 millones, apoyaron también la campaña al congreso de Orlando Vásquez Velásquez quien fue nombrado más tarde Procurador General. 18

Séptimo, la donación del cartel probablemente determinó la diferencia entre el triunfo de Samper y el fracaso de Pastrana. Parte del dinero fue usado para cubrir gastos de propaganda en los medios (principalmente TV) que según Medina ascendió a $8.000 millones (U.S.$9 millones) durante la campaña. Parte se gastó en compra directa de votos. Un ejemplo claro fue el Departamento de Córdoba, ¡donde Samper obtuvo 31.000 votos en la primera vuelta y 87.000 tres semanas más tarde en la segunda! En resumen, la corrupción en las campañas, al igual que otros comportamientos cómplices, representa un intercambio de valores. Los motivos de las campañas son obviamente obtener dinero y ganar elecciones. Las demandas de los traficantes (como, por ejemplo, las de las empresas donantes en las elecciones de los EE.UU.) tienden a ser difusas y globales. Un soborno entregado a un juez, a un policía o a un funcionario del gobierno conlleva la expectativa de que a cambio se reciba un servicio o favor específico. Sin embargo, por medio de donaciones a las campañas, los traficantes quieren crear una relación de buena voluntad que les proporcione, a cambio, un acceso posterior al nuevo presidente. Una aparente excepción fue la campaña presidencial de Samper, en la cual los traficantes exigieron y recibieron promesas globales en relación con su estatus, antes de entregar el dinero a la campaña. De todas maneras, la entrada de dinero de la droga ilegal a la elección se vuelve, en sí, un nexo con la élite política. Los traficantes, como los grandes contribuyentes legales, dan el dinero con la expectativa de que cuando haya una legislación o debate sobre políticas a seguir, puedan acercarse al político y pedir favores específicos. Así se siembran las semillas de la corrupción en el sistema colombiano. La relación entre las organizaciones criminales y la clase política ha traído beneficios para ambos grupos. Para los narcotraficantes los beneficios han incluido la oportunidad de legalizar ganancias provenientes provenientes de la droga, invertir de manera relativamente abierta en compañías, finca raíz y terrenos rurales, cultivar relaciones personales con líderes políticos y otras figuras importantes del establecimiento y, en general, obtener un grado de aceptación social y respetabilidad. Para los traficantes que estaban bajo presión por parte de las autoridades, las relaciones con el sistema político han dado como resultado sentencias relativamente cortas, una legislación de sometimiento con penas favorables (que permitió acortar las sentencias en dos terceras partes o más con diversos pretextos), una prohibición constitucional de la extradición y en casos individuales, la oportunidad de volver a la sociedad después de pagar condenas. Para el gobierno colombiano los beneficios han sido menos obvios. Las negociaciones para la entrega de los traficantes redujeron las acciones del narcoterrorismo y llevaron a encarcelar traficantes que las autoridades no habían podido capturar. Sin embargo, estos tratos han puesto en evidencia la debilidad del sistema de justicia criminal. Las cortas condenas contra los capos más

importantes de Medellín y Cali, la farsa de la lujosa prisión de Pablo Escobar en Envigado (de la cual podía salir para asistir a partidos de fútbol y a divertirse en las discotecas locales) y la aparente habilidad de los hermanos Rodríguez Orejuela para manejar sus emporios de la droga desde la cárcel, son testimonios de esta desafortunada desafortunada situación. En los campos colombianos, azotados por la violencia, las contribuciones de los traficantes a las fuerzas locales de seguridad pueden haber  jugado un papel en la expulsión de la guerrilla de algunas importantes zonas rurales. (como el valle del Magdalena Medio). Empero, los paramilitares, respaldados por los narcotraficantes, a pesar de realizar funciones de seguridad, acentúan el problema de gobernabilidad. Son de hecho, guerrilla de extrema derecha que contribuyen a la guerra y la inestabilidad rural. Tercero, la capacidad de los traficantes para comprar los servicios de los legisladores y los altos funcionarios del gobierno y la infiltración de dinero de la droga en las campañas políticas, degradan el ambiente político y social en Colombia. El resultado es que se resaltan las debilidades de gobierno y se acelera la deslegitimización del régimen colombiano. Finalmente, los escándalos de la campaña de 1994y la evidencia de amplia corrupción en las más altas jerarquías del sistema político colombiano ha complicado las relaciones internacionales de Colombia, especialmente con los EE.UU. Washington ha descertificado a Colombia dos años consecutivos, decisión que conlleva la posibilidad de establecer sanciones económicas y diplomáticas. La incapacidad del gobierno colombiano para aplicar las leyes antidrogas ha aumentado su aislamiento a nivel doméstico e internacional y parece estar llevando al país al desastre. IV. Vulnerabilidad del nexo criminal-política

A- Introducción El tema de la vulnerabilidad se puede enfocar respondiendo dos preguntas relacionadas: Primera, ¿cómo pueden desmantelarse o debilitarse las organizaciones narcotraficantes? Segundo, ¿qué posibilidades hay para romper los vínculos entre los criminales de la droga y el sistema político colombiano? A continuación se discuten algunas estrategias contra estas organizaciones y otras para limitar las actividades de los traficantes y su penetración del sistema político 20. B- Estrategias contra las organizaciones

Las entrevistas revelaron un consenso sobre la naturaleza estructural del problema. Algunos entrevistados no pudieron sugerir ninguna solución, indicando la necesidad de un profundo cambio social antes de poder eliminar la industria de drogas ilegales.

20

Existe en Colombia un establecimiento de traficantes más bien grande. De acuerdo con un cuidadoso estudio de la industria de la cocaína hecho por el ex analista de la CIA, Sidney Zabludoff (994), el vértice de la industria comprende a unos quinientos empresarios que manejan la mayor parte de la cocaína que llega a los mercados de E.U. y Europa. Por debajo de esta cúspide, aproximadamente 6000 personas organizan los negocios cotidianos de transporte, distribución al extranjero, lavado de dinero y seguridad. Esto sugiere que el negocio de la cocaína está dominado por una élite y una sub-elite de aproximadamente de 6500 a 7000 personas. Este grupo constituye una conexión vital entre los cientos de miles de campesinos andinos y procesadores pequeños por una lado y los distribuidores, millones de vendedores callejeros y consumidores de cocaína en los países industrializados por otro (Zabludoff, 1994). Este análisis implica que muchos de los miembros de estas élites y sub-élites tendrían que ser encarcelados, neutralizados o inducidos a abandonar el negocio antes de que se pueda dar una reducción apreciable en la exportación de narcóticos de Colombia. Este escenario parece improbable a la luz de los magros logros producidos hasta hoy por los esfuerzos de implementación implementación de la ley por parte de EE.UU. y Colombia. La meta de resquebrajar las organizaciones de traficantes debe ser diferenciada de la de abolir la producción y exportación de narcóticos. Basta decir que las medidas de control del tráfico andinas y de los EE.UU. han sido un total fracaso, por lo menos cuando se las enfrenta a las tendencias del mercado de EE.UU, donde los precios de la cocaína y la heroína en los EE.UU. han bajado en dos terceras partes desde 1981 y la pureza de la de estas drogas en los mercados callejeros aumentado 50 y 600%respectivamente, según la oficina del Zar Anti-Drogas (Casa Blanca, 1997). Eliminar la oferta requiere medidas draconianas como ataques aéreos masivos contra los cultivos de droga, técnicamente difíciles y de alto costo político para llevar a cabo. Si el control de la producción de drogas no es una meta alcanzable, una alternativa razonable posiblemente se concentraría en neutralizar los actores importantes del negocio de los narcóticos y el debilitamiento de su poder económico. Los objetivos relevantes serían la disminución del poder y el alcance de los carteles de la droga y, en lo posible, el desmantelamiento de sus organizaciones y los negocios que las componen. Una desconcentración de la industria podría ser ventajosa políticamente para Colombia, aunque no disminuyeran las exportaciones. Sería mejor tener que vérselas con 1000 operaciones de refinamiento y tráfico independientes que envíen cocaína y heroína en pequeños volúmenes a los EE:UU. por medio de correos o mulas, frente a tener 10 organizaciones muy grandes, cada una con cientos de millones de dólares en ganancias anuales, que envían toneladas de cocaína en contenedores o aviones DC-9, que negocian con los gobiernos,

emiten comunicados de prensa, manejan las finanzas de las campañas políticas y utilizan la violencia como herramienta política. Las experiencias pasadas sugieren que las acciones contra las organizaciones criminales pueden dar beneficios significativos. significativos. Colombia, con apoyo logístico y de inteligencia inteligencia de los EE.UU., virtualmente cerró el cartel de Medellín en los primeros años de la década del 90. (Hay que admitir que los narcotraficantes rivales contribuyeron a este resultado, lo que más tarde causó problemas al gobierno). El ataque contra el cartel de Cali a mediados de los 90 desbarató las actividades de esa coalición de traficantes, por lo menos temporalmente. Una manifestación de esta debilidad es que los traficantes colombianos están pasando sus redes de distribución en los EE.UU. a los mejicanos; además, los colombianos que exportan grandes cantidades de cocaína a México en lugar de los EE.UU., reciben un precio mejicano de US$7.000 por kilo, comparado con US$14.000 a US$15.000 por kilo en los EE:UU. Todo esto se traduce en una pérdida de ganancias en el mercado de EE.UU. y una menor entrada por concepto de narcóticos a Colombia, a pesar que el dominio colombiano sobre los crecientes mercados de Europa y Asia y los aumentos en la producción colombiana de heroína podrían, en parte, compensar la disminución disminución de utilidades en aquel mercado. La efectividad de las estrategias contra las organizaciones criminales dependerá primero de una mejor inteligencia sobre la organización interna de los negocios de la droga (laboratorios, rutas de tránsito, mecanismos para el lavado de dinero, etc.). Segundo, de la habilidad del gobierno para explotar las rivalidades entre y dentro de las coaliciones de traficantes. Tercero, de la naturaleza de los acuerdos de negociación de penas con los traficantes de alto nivel, quienes obviamente podrían suministrar detalles importantes sobre sus imperios. Desafortunadamente, estas estrategias no han funcionado bien en el contexto colombiano, especialmente por la debilidad e ineptitud de las autoridades. Como ya se anotó, la alianza de  facto del gobierno con el cartel de Cali en la persecución de Pablo Escobar y sus asociados fortaleció el nexo entre las organizaciones criminales y el establecimiento político en Colombia 21. Las instituciones judiciales y criminales de Colombia claramente no dieron la talla para negociar con los carteles. El patrón generado fue ceder beneficios judiciales judiciales a cambio de poco o nada de parte de los traficantes. C- La ruptura de la relación.

Phil Williams de la Universidad de Pittsburgh sugiere que las autoridades de EE.UU. y de Colombia cometieron un error estratégico al concentrarse obsesivamente en recapturar a Pablo Escobar después de que se escapara de la cárcel en 1992. Hubiera sido mejor haberlo "dejado organizar una campaña efectiva contra sus rivales de Cali". El debilitamiento del cartel de Medellín, simplemente le permitió a Canemerger como la coalición más importante de Colombia (Williams, 1995: 71). 21

Respecto a la segunda pregunta, a menos que se dé un desmantelamiento o desconcentración de las multinacionales de la cocaína en Colombia, es difícil pronosticar la ruptura de la relación entre estas organizaciones y la política. Colombia ha decretado leyes sobre enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, extinción de dominio, ha elevado las condenas para los traficantes de 30 a 60 años de cárcel y sigue investigando sus contribuciones a las campañas políticas. Pero los problemas son, por supuesto, mucho más profundos y reflejan factores tales como el poco desarrollo de la sociedad civil, el clientelismo, la corrupción de! sistema político y la gran tolerancia pública de los vínculos entre las organizaciones criminales y la política. Por ejemplo, una encuesta ordenada a Gallup Colombia por la revista Semana hacia finales de 1996, 70% de los encuestados pensaban que Samper era culpable, pero sólo el 45% respondieron que debía renunciar (Semana, 1996). Tales resultados resultados resaltan la falta de consenso consenso respecto a la lucha anti-droga y anti-corrupción en el país. Otros aspectos de esta problemática tienen que ver con la economía y el negocio de las drogas ilícitas en Colombia. Recuérdese que las entradas netas de la red criminal de exportadores alcanzan un porcentaje significativo del PIB (4 a 7 %) lo que permitió a los traficantes acumular gran riqueza. Así, una sola organización de traficantes que exporte 50 toneladas de cocaína por año puede ganar US$5OO millones, asumiendo una ganancia de US$10.000 por kilogramo exportado (Thoumi, 1997a). A título de comparación, la revista Semana estima que los cuatro mayores grupos financieros obtuvieron ganancias de US$S30, US$140, US$480 y US$190 millones respectivamente en 1995. Estas cifras se traducen en una gran influencia económica de los carteles. Esto se refleja en la amplia gama de negocios que posee e! cartel de Cali: unas 60 compañías según e! Departamento de Tesorería de la Oficina de Control de activos extranjeros de los EE.UU., ofreciendo una fachada y una justificación para cultivar relaciones cercanas con quienes detentan e! poder político. De hecho, los políticos colombianos acusados de enriquecimiento ilícito recibieron dinero en cheques de compañías de propiedad del cartel, tales como Exportcafe y Agrícola La Loma y han utilizado estas intermediaciones en sus defensas legales. Las compañías tenían cuentas bancarias, estados de pérdidas y ganancias, créditos bien manejados en el sistema financiero y otras semblanzas de legitimidad. En estas condiciones, la defensa se ampara en la pregunta ¿cuál es el crimen? (López Caballero, 1997 y Procuraduría General de la Nación, 1997: 6-20). Probablemente, se pueden diseñar medidas para reducir el flujo de dinero de la droga a la política, por lo menos a nivel nacional. Un avance obvio en este sentido sería confiscar los bienes de los traficantes, incluyendo las compañías usadas para contribuir a las campañas políticas. Sin embargo, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Es necesario desarrollar mecanismos para la expropiación que no destruyan el valor de las propiedades o su flujo de producción. También hay que decidir qué hacer con las propiedades expropiadas y, preferiblemente, evitar una

concentración de estas en pocas manos. Alfonso Valdivieso, una de las personalidades entrevistadas, opina que transferir esas propiedades a otras manos privadas provocaría retaliaciones de los traficantes y aboga por el desarrollo de una entidad comunal especial para manejar esos bienes. Es claro, que este es un asunto que debe ser pensado en Colombia. La reforma de la financiación de campañas es otro tema clave. Es necesario reducir los costos de las campañas políticas para que los candidatos no tengan que apelar a fondos ilegales, hacer transparente el origen y destino de las donaciones, prohibir la publicidad representa el 65-70 % de los costos de las campañas presidenciales, hacer que la publicidad de las campañas sea financiada exclusivamente por el Tesoro Nacional. Otro cambio sería acortar la duración de las campañas y el período entre la primera y segunda vueltas en la elección presidencial 22. (El exvice-presidente Humberto de la Calle recomienda un límite de tres meses para las campañas). Además, se deberían restringir los montos de las contribuciones hechas por un solo donante incluyendo no sólo a las personas naturales, sino a las empresas y otras sociedades, quizás en términos de un porcentaje de las entradas totales a las campañas. Otra posibilidad sería publicar los nombres de todos los contribuyentes a las campañas e invalidar las elecciones de los candidatos que hayan recibido dineros de conocidos traficantes traficantes de droga23. Tales medidas podrían hacer que las campañas presidenciales fueran menos vulnerables a la financiación ilegal, no obstante, los efectos de tales reformas sobre las elecciones locales y al congreso, que tienen un perfil más bajo y son más difíciles de fiscalizar, serían probablemente modestos. (La mayoría de nuestros entrevistados estuvieron de acuerdo en este punto). A pesar de estas limitaciones, la reforma de la financiación de las campañas podría ser un importante primer paso para romper la ascendencia de los criminales de la droga sobre el sistema político y, por lo tanto, representa una urgente prioridad nacional 24. Bibliografía

Betancourt, Darío y Martha L. García. 1994. Contrabandistas, Marimberos y Mafiosos: Historia Social de la Mafia Colombiana, Bogotá: Tercer Mundo Editores.

Eliminar la segunda vuelta es también otra posibilidad. Sin embargo, una de las principales razones por las que esta se instituyó fue abrir el sistema político y permitir que los partidos minoritarios formaran alianzas y participaran del poder. Esta meta tendría que ser sacrificada si se eliminase la segunda vuelta. 23 Es obvio que hay muchas formas de evadir los límites de donaciones individuales a las campañas, tales como hacer que diferentes firmas de propiedad de una misma persona o grupo hagan contribuciones separadas; pero si se implementaran las dos últimas medidas en conjunto, por lo menos algunos donantes grandes podrían limitar sus contribuciones. 24 Entrevistas con Alfonso Valdivieso, Humberto de la Calle y Horacio Serpa. Bogotá, Agosto de 1997. 22

Castillo, Fabio. 1996. Los Nuevos Jinetes de la Cocaína, Bogotá: Editorial Oveja Negra. Clawson, Patrick and Rensselaer Lee 111. 1996. The Andean Cocaine Industry, New York: SI. Martin's Press. CIA. 1995. The World Factbook 1995-1996, Washington D.C.: Brassey's. El Tiempo. 1995. "La Indagatoria de Samper", El Tiempo, Agosto 3. García-Márquez, García-Márquez, Gabriel. 1996. Noticia de un Secuestro, Bogotá: Grupo Editorial Norma. Gugliotta, Guy, and Jeff Leen. 1990. Kings of Cocaine, Harper Paperbacks. Kalmanovitz, Salomón. 1989. La Encrucijada de la Sinrazón y otros Ensayos, Bogotá: Tercer Mundo Editores Leal, Francisco. 1989. Estado y Política en Colombia, Bogotá: Siglo Veintiuno Editores y CEREC, 2da. Edición. Leal, Francisco y Andrés Dávila. 1990. Clientelismo: el Sistema Político y su Expresión Regional, Bogotá: Bogotá: Tercer Mundo Editores e Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales Internacionales de la Universidad Nacional. Lee 111, Rensselaer W. 1990. The White Labyrinth, New Brunswick: Transaction Publishers. Le Grand, Catherine. 1988. Colonización y Protesta Campesina en Colombia 18501950, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. López Caballero, Juan Manuel. 1997. La Conspiración: el libro blanco del juicio al presidente Samper, Bogotá: Editorial Planeta. Orozco, Jorge Eliécer. 1987. Lehder: el Hombre, Bogotá: Plaza y Janes. Procuraduría General de la Nación. 1997. "Caso contra Rodrigo Garavito Hernández por enriquecimiento enriquecimiento ilícito y otros crímenes", Bogotá, Junio 12. Ratinoff, Luis. 1996. "Delincuencia y paz ciudadana", en Hacia un Enfoque Integrado de Desarrollo: Ética, Violencia y Seguridad Ciudadana: Encuentro de Reflexión, Banco Interamericano Interamericano de Desarrollo, Washington, Washington, D. C.

Reyes, Alejandro. 1997. "Compras de tierras por narcotraficantes", narcotraficantes", en F. Thoumi, (Comp.), Drogas ilícitas en Colombia: su Impacto Económico, Político y Social, Dirección Nacional Nacional de Estupefacientes Estupefacientes y PNUD, Bogotá: Editorial Planeta. Rocha, Ricardo. 1997. "Aspectos económicos de las drogas ilegales", en F. Thoumi, (Comp.), Drogas ilícitas en Colombia: su Impacto Económico, Político y Social, Dirección Nacional Nacional de Estupefacientes Estupefacientes y PNUD, Bogotá: Editorial Planeta. Semana. 1996. "Por qué no se cayó", Semana, Diciembre 10. 1997. "La Película en Inglés", Semana, Julio 28. Steiner, Roberto. 1996. "Los ingresos de Colombia producto de la exportación de drogas ilícitas", Coyuntura Económica, Económica, Diciembre. The White House. 1997. The National Drug Control Strategy, Budget Summary, Washington, Washington, D. C. Thoumi, Francisco Francisco E. 1992. "Why the illegal Psychoactive Drugs Industry Grew in Colombia", Journal of Interamerican Studies and World Affairs, 34, 3: 37-63, Otoño. Economía Política y Narcotráfico, Bogotá Tercer Mundo Editores. 1995. "Derechos de Propiedad en Colombia: Debilidad, Ilegitimidad y Algunas Implícaciones Económicas", Bogotá: CEI-Uniandes, Documentos Ocasionales, 38, Abril-Junio. 1997a. "U.S. Colombia Struggle Over Drugs, Dirty Money", Forum for Applied Research and Public Policy, 12: 1, Primavera. 1997b "Introducción y Panorama", en F. Thoumi, (Comp.), Drogas ilícitas en Colombia: su Impacto Económico, Político y Social, Dirección Nacional de Estupefacientes Estupefacientes y PNUD, Bogotá: Editorial Planeta. Vargas, Mauricio, Jorge Lesmes y Edgar TélIez. 1996. El Presidente que se Iba a Caer, Bogotá: Editorial Planeta. Williams, Phil. 1995. "Transnational criminal organizations", The Washington Quarterly, 18, 1, Invierno. Zabludoff, Sidney. 1994. "Colombian Narcotics Organizations Organizations as Business Enterprises", Economics of the Narcotics Industry, CIA-State Department Conference Report, Noviembre 21-22.