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Historia de España 2º Bachillerato IES Villa de Firgas
INTRODUCCIÓN EL REFORMISMO BORBÓNICO EN ESPAÑA Y AMÉRICA Página | 1
1. LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII A. EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y ECONÓMICO
El siglo XVIII fue una época de expansión demográfica y económica. España experimentó una fase de ascenso demográfico (de 8 millones en 1717 a 11 millones en 1797). En la periferia, más dinámica (Galicia, País Vasco, Cataluña y Valencia), el aumento fue espectacular, mientras que en el interior del país, el crecimiento disminuyó. La agricultura y la ganadería, a pesar del reformismo ilustrado (roturación de nuevas tierras, reparto y colonización de terrenos comunales y baldíos) y de la introducción de nuevos cultivos (papa y millo), siguió anclada en los viejos sistemas de cultivo. La excepción fue el desarrollo de una agricultura comercial (cultivo de la vid en Cataluña y la baja Andalucía) e intensiva (cultivo de regadío valenciano). Pero, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la producción agraria aún era insuficiente para alimentar a una población que crecía a un ritmo lento. El reformismo borbónico trató de impulsar la industria. Se crearon las Manufacturas Reales, pero su carácter artesanal, artesanal, su producción de lujo y sus altos costes para la Hacienda Pública obligó a transferirlas al sector privado o a cerrarlas. Sólo en Cataluña se estableció una moderna industria textil algodonera. Mayor dinamismo alcanzó el comercio, en especial el de España con sus colonias de América, proveedoras de metales preciosos y materias primas, y consumidora de productos manufacturados. B. LA SOCIEDAD ESTAMENTAL
La sociedad española del siglo XVIII, como la sociedad europea del Antiguo Régimen, era una sociedad estamental y eminentemente aristocrática. Los estamentos de la aristocracia o la alta nobleza y el alto clero español eran muy minoritarios. Pero su riqueza y poder seguían siendo inmensos en el siglo XVIII, ya que casi el 50% del territorio y de sus habitantes se hallaban bajo la jurisdicción señorial nobiliaria o eclesiástica. Pero la nobleza no era un estamento homogéneo. En el siglo XVIII, la alta nobleza la componían 119 grandes de España (duques) y cerca de 1.300 títulos nobiliarios
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(marqueses, condes, barones…), que disfrutaban de eno rmes rentas agrarias procedentes de sus señoríos. El resto de la nobleza, unos 400.000 hidalgos y caballeros, tenían unas rentas muy escasas. También en el seno del estamento del clero había enormes diferencias entre el Página | 2 alto clero, de origen nobiliario (arzobispos, (a rzobispos, obispos, abades…) y el bajo clero (curas y frailes). El estado llano o Tercer Estado constituía casi el 90% de la población. Era un conglomerado de clases sociales con marcadas diferencias de riqueza. La burguesía española era un grupo muy reducido de grandes arrendatarios de tierras de la nobleza y de comerciantes agrupados en las grandes ciudades costeras y en Madrid. Su aspiración social era ennoblecerse. El artesanado realizaba su trabajo en pequeños talleres, siguiendo las viejas prácticas del sistema gremial. Otro grupo urbano eran los marginados, que vivían de la mendicidad, todos ellos clasificados oficialmente como vagos. Pero el grueso del Tercer Estado lo integraba el campesinado, casi el 80% de la población activa. También aquí se observaba una gran heterogeneidad desde los medianos propietarios (labradores), pequeños arrendatarios y los numerosísimos jornaleros sin tierra, dominante en la España latifundista meridional.
2. ABSOLUTISMO Y CENTRALISMO EN ESPAÑA A. LA GUERRA DE SUCESIÓN Y LOS DECRETOS DE NUEVA PLANTA
La muerte del rey Carlos II en 1700 significó el establecimiento de la dinastía de los Borbones en España. Carlos II dispuso en su testamento que Felipe de Anjou (Felipe V), nieto del rey francés Luis XIV, fuese su sucesor. Sin embargo, la coronación de Felipe V rompió el equilibrio europeo a favor de la hegemonía francesa. Este hecho desencadenó un conflicto internacional, la llamada Guerra de Sucesión (1701-1714 ). Las potencias marítimas (Inglaterra y Holanda) y el imperio austríaco se aliaron contra los Borbones (Luis XIV y Felipe V) y apoyaron como candidato al trono de España al archiduque Carlos de Austria. En España, el conflicto llegó en 1704 y significó una guerra civil entre los partidarios de Felipe V (Castilla) y los del archiduque Carlos (Corona de Aragón). La guerra concluyó en 1713 con la firma del Tratado de Utrecht, que sancionaba la derrota de los Borbones en Europa, pero sin embargo, se reconocía a Felipe V como rey de España, lo que consolidó la monarquía absoluta y centralista, según el modelo francés. Los Decretos de Nueva Planta, impuestos como represalia por Felipe V entre
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1707 y 1716, acabaron con la autonomía que los reinos de la Corona de Aragón habían mantenido durante el reinado de la dinastía de los Habsburgo. B. LA CENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA
Los Decretos de Nueva Planta no sólo significaron la supresión de los antiguos Página | 3 fueros, sino también la sustitución por otras leyes de signo centralista, basadas en las leyes y órganos de gobierno castellanos. La centralización política y administrativa fue el instrumento para reforzar el ejercicio del poder absoluto. La administración central del Estado borbónico descansó en dos instituciones centrales que dependían directamente del rey: el Consejo de Castilla, órgano supremo de gobierno y administración, y los Secretarios de Estado (antecedentes (antecedentes de los actuales ministros) libremente designados por el monarca. En la administración territorial, los antiguos reinos, ahora convertidos en provincias, eran gobernados por un Capitán General, máxima autoridad militar y civil, y una Audiencia, o tribunal superior de la provincia. A semejanza de Francia, se introdujo en España la figura del Intendente, el encargado de las finanzas y del cobro de los impuestos en las diferentes provincias.
3. LA ILUSTRACIÓN Y EL REFORMISMO BORBÓNICO A. LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y SUS P ECULIARIDADES
El movimiento ilustrado español tuvo serias limitaciones. Sus protagonistas fueron una minoría de clérigos, nobles y altos funcionarios, cuya preocupación fue conciliar las ideas de la Ilustración con el cristianismo, para así evitar el choque frontal con la Iglesia católica y con la Inquisición. La Ilustración española es compleja y a veces contradictoria. Junto a una Ilustración “oficial”, promovida y dirigida por la monarquía, hubo otra más intensa y diverdive rsa en la que destaca su fuerte carácter regional. Así podemos hablar de una Ilustración asturiana en la que destaca la figura de Jovellanos, de una ilustración valenciana con Gregorio Mayans, etc. Las ideas ilustradas se difundieron a través de instituciones ajenas a las Universidades: las Sociedades Económicas de Amigos del País y las Academias.
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B. ILUSTRACIÓN Y ABSOLUTISMO ILUSTRADO
El momento más importante del reformismo tuvo lugar durante el gobierno de Carlos III (1759-1788). Altos funcionarios y ministros como Olavide, Floridablanca, Campomanes y Jovellanos expusieron los problemas económicos y sociales derivados Página | 4 del atraso agrario y la necesidad de reformas. El problema principal era la gran cantidad de tierras sin cultivar que había en manos de la Iglesia y de la nobleza. Se planteó la necesidad de expropiarlas y venderlas a través de una Ley de Reforma Agraria, pero nunca se llevó a cabo. Otro de los objetivos fue la reforma de la enseñanza, intentando fomentar la enseñanza de las ciencias útiles y se reforzó el control del Estado sobre las Universidades y Colegios católicos, pero los resultados fueron limitados y la Universidad siguió manteniendo su función tradicional de formación de las élites (nobleza y burguesía). Sin embargo, las reformas de los gobiernos ilustrados no solucionaron los problemas de la miseria de amplias capas del país ni alteraron la estructura de la propiedad de la tierra, en su mayor parte en manos de la nobleza y de la Iglesia, ni resolvieron el atraso científico y técnico. C. REFORMISMO BORBÓNICO E ILUSTRACIÓN EN AMÉR ICA
El reformismo borbónico, particularmente bajo el reinado de Carlos III, se encaminó hacia un nuevo proyecto colonial basado en un estrecho control sobre América. En el plano político, el objetivo era limitar la presencia de americanos en la administración y en la Iglesia, por lo que se impidió a los criollos el acceso a los cargos más importantes de la administración, cuyos puestos serían ocupados por españoles peninsulares. Otro objetivo era aumentar los ingresos procedentes de América, elevando los impuestos y administrándolos directamente, y controlar el comercio colonial. Así, en 1778 se abolió el monopolio comercial de un solo puerto y se reglamentó el libre comercio de todos los puertos españoles con América. La fuerte oposición de los criollos a este proceso centralizador desembocaría en el movimiento de emancipación a partir de 1808. La Ilustración americana tiene unas características similares a la española. Durante gran parte del siglo XVIII también se mantuvo dentro de los límites del reformismo, sin cuestionar las bases políticas sociales, religiosas y económicas del Antiguo Régimen.
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Como ocurrió en España, la crítica se radicaliza a partir de finales de siglo, lo que contribuyó a despertar la conciencia nacional en el seno de la burguesía criolla, de ahí que su opción liberal fuese la ruptura con la monarquía absoluta española y la apuesta por la plena independencia. Página | 5
4. POLÍTICA EXTERIOR Y CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN A. LOS PACTOS DE FAMILIA
El resultado del Tratado de Utrecht marcó la política exterior de la nueva dinastía durante el siglo XVIII. La derrota internacional de los Borbones supuso que el Imperio español perdiera definitivamente su categoría de gran potencia mundial. Sus posesiones en Europa (Países Bajos, Nápoles y Sicilia) pasaron a ser controlados por Austria. Inglaterra se consolidaba como la gran potencia marítima y lograba numerosas ventajas comerciales y el monopolio del tráfico de esclavos en la América española. Desde ese momento, el enfrentamiento con los ingleses era inevitable. Los objetivos de la política exterior del siglo XVIII en España se centraron en recuperar los territorios perdidos en Utrecht y contrarrestar el poderío naval de los ingleses, pero para conseguirlo hacía falta tener aliados. Ahora, el aliado natural de los Borbones era Francia. En 1733, Felipe V firmó el Primer Pacto de Familia, alianza que tuvo ciertos logros positivos, como por ejemplo, que el hijo de Felipe V, el futuro Carlos III, fuera coronado como rey de Nápoles. Estos pactos familiares subordinaron en muchas ocasiones, los intereses de España a los de Francia en su constante lucha por la hegemonía contra Inglaterra. Pero el continuo expansionismo británico en América obligó a mantener esa alianza. En el reinado de Carlos III, España se vio envuelta en dos guerras contra Inglaterra, la Guerra de los Siete Años (1756-1763) y la Guerra de Independencia de EE.UU. (1776-1783). B. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
En el reinado de Carlos IV (1788-1808) la política exterior junto a otros factores internos iba a contribuir decisivamente a la crisis del Antiguo Régimen en España. A partir de la revolución francesa de 1789, se plantea a la España borbónica el dilema de mantener la alianza tradicional pero con una Francia republicana, o combatir la revolución, integrándose en una coalición internacional de la que Inglaterra formaba parte. La ejecución del rey francés Luis XVI precipitó los acontecimientos.
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Tras la Paz de Basilea (1795) con la república francesa, España se vio obligada a enfrentarse a Inglaterra. La derrota de Trafalgar (1805) acentuó la crisis, privando a España de su comercio colonial, bloqueado por los ingleses. La sumisión de los gobernantes españoles (Carlos IV y su ministro Godoy) a la Página | 6 política del nuevo gobernante francés, Napoleón Bonaparte, precipitó la crisis política. Por el Tratado de Fontainebleau (1807) se permitió la entrada de tropas francesas con el propósito de invadir Portugal, aliado de Inglaterra. En 1808 la crisis acabó por estallar, ya que mientras Napoleón lograba que Carlos IV le cediese sus derechos de la corona española, el pueblo español se rebeló contra los invasores franceses. Era el comienzo de la Guerra de la Independencia y de la revolución liberal en España.
LA ESPAÑA LIBERAL 1. GUERRA Y REVOLUCIÓN (1808-1814) A. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA
En marzo de 1808, cuando las tropas francesas ocuparon buena parte de España con la excusa de atacar Portugal (según el Tratado de Fontainebleau de 1807), se produjo el motín de Aranjuez en el que se destituía a Godoy y abdicaba Carlos IV en su hijo Fernando VII. La presencia de tropas francesas en Madrid alertaron a la población, que se levantó contra el ejército invasor el 2 de mayo de 1808, siendo reprimido con dureza el levantamiento. Poco antes la familia real había marchado a Francia, donde se produjeron las abdicaciones de Bayona (5 de mayo), por las cuales Fernando VII abdicaba de nuevo en su padre y éste en Napoleón, quien hizo entrega del trono a su hermano José Bonaparte. Ante la ineficacia de la Junta de Gobierno surgieron unas Juntas Supremas, que asumieron la soberanía por la ausencia de Fernando VII, secuestrado en Francia. Las integraban personas notables del clero, el ejército o la nobleza. Pronto organizaron la defensa del territorio. La resistencia popular, canalizada a través de la guerrilla, complicó los planes de Napoleón, que tuvo que acudir personalmente a España a finales de 1808. En los años que duró el reinado de José I (1808-1813) contó con la colaboración de ministros y funcionarios, perseguidos cuando finalizó la guerra por afrancesados.
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B. LAS CORTES DE CÁDIZ
En septiembre de 1808 se creó la Junta Central, depositaria del poder en ausencia del rey, y convocó una reunión de las Cortes. El lugar de reunión iba a ser la ciudad de Cádiz, libre del dominio francés. La primera sesión tuvo lugar el 24 de septiembre de 1810, en la que se aprobó el primer decreto, que significó una ruptura con el Página | 7 Antiguo Régimen y la monarquía absoluta, al afirmar la soberanía nacional, defender la separación de poderes y no reconocer las abdicaciones de Bayona. Pronto se formó un grupo de diputados liberales y otro absolutista. Numerosos decretos y leyes fueron elaborados por los diputados en una operación de reforma social y política sin precedentes: se abolieron los derechos feudales, la Inquisición, la Mesta, los mayorazgos o la tortura; se proclamó la libertad de prensa, la libertad de trabajo; se suprimieron las pruebas de limpieza de sangre. C. LA CONSTITUCIÓN DE 1812
Sin duda, la gran obra de las Cortes fue la elaboración de la Constitución de 1812, que establecía por primera vez en España una monarquía constitucional. El texto definitivo fue aprobado el 19 de marzo de 1812 y fue la bandera que enarbolaron los liberales durante las tres primeras décadas del siglo en gran parte de Europa. Este texto inicia la historia del constitucionalismo español, que llega hasta la vigente Constitución de 1978. La Constitución de 1812 consta de 384 artículos, de los que un tercio se dedicaba a regular el poder legislativo. Por influencia de los diputados eclesiásticos, a pesar de su carácter liberal y revolucionaria para la época, afirmaba que la religión oficial era la católica, prohibiendo el ejercicio de cualquier otra. También proclama la soberanía nacional, la división de poderes y los derechos políticos fundamentales, como la libertad de expresión, de prensa o de industria, extensible a los españoles de la península y de América. Se señalaba también que la monarquía era hereditaria, pero no absoluta; el monarca estaba obligado a jurar y acatar la Constitución, la cual limita sus poderes. Creaba además la división provincial y las Diputaciones provinciales, que se pondrán en práctica en el Trienio Liberal.
2. EL REINADO DE FERNANDO VII (1814-1833) A. LA RESTAURACIÓN DEL ABSOLUTISMO (1814-1820)
Derrotado el ejército napoleónico, Fernando VII hizo su entrada en España en marzo de 1814. Un grupo de diputados publicó un Manifiesto en el que solicitaban al
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rey la restauración del poder absoluto y la anulación de todo lo aprobado en Cádiz. El monarca, animado por el ejército y el clero, publicaba en Valencia el 4 de mayo un decreto (Manifiesto de los Persas) por el que derogaba toda la obra legislativa de las Cortes y ordenaba la detención de un grupo numeroso de diputados liberales y de afrancesados. Se iniciaba así una dura represión que obligó a miles de personas a exiliarse. Página | 8 Con estas medidas se retornó al absolutismo: fue suprimida la prensa y la propia Constitución; se restablecieron la Inquisición, los derechos gremiales y los privilegios feudales; se devolvieron las propiedades desamortizadas a la Iglesia y a la nobleza. Esta etapa se caracterizó por frecuentes pronunciamientos militares para reponer el sistema constitucional. Uno de ellos, el protagonizado por Rafael del Riego, en enero de 1820, triunfó y dio paso al Trienio Liberal. B. EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823)
Dos problemas iban a dificultar la labor de los gobiernos liberales: por una parte, la actitud conspiradora del propio monarca, que solicitó ayuda a la Santa Alianza para reponerlo como monarca absoluto; por otra la división interna del grupo liberal, con dos facciones: la moderada (antiguos diputados de Cádiz), partidarios de entenderse con el rey, y la exaltada, que pedía soluciones más radicales. La petición de ayuda a la Santa Alianza dio su fruto: un ejército francés (Los Cien Mil Hijos de San Luis), entró en España y llegaba a Cádiz a fines de septiembre de 1823, donde se habían refugiado las Cortes, el gobierno y el rey. El 1 de octubre, Fernando VII disolvía las Cortes, anulaba su labor y reponía el absolutismo. C. LA DÉCADA OMINOSA (1823-1833)
En esta etapa, muchos intelectuales y diputados tuvieron que exiliarse. En algunas ciudades se restauró la Inquisición. Pero Fernando VII tuvo que hacer rente a los liberales, que seguían la táctica de los pronunciamientos (desembarco de Torrijos en Málaga) y a los ultrarrealistas (guerra dels agraviats, en Cataluña), partidarios de un absolutismo férreo. A todo eso habría que añadir las grandes dificultades económicas que supuso la pérdida de las colonias americanas (excepto Cuba y Puerto Rico). En cuanto a la cuestión sucesoria, en 1829 fallecía la tercera esposa del rey, lo cual dejaba dos posibilidades de sucesión al trono: su hermano Carlos, defensor de los ultrarrealistas o un heredero directo habido en un nuevo matrimonio del monarca. Fernando VII se casó de nuevo y el 10 de octubre nacía la infanta Isabel. Así surgieron dos bandos: los carlistas, partidarios de don Carlos, y los isabelinos, partidarios de la infanta Isabel; en este último grupo se alinearon los liberales. A la muerte de Fernando
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VII, en septiembre de 1833, los dos bandos se enfrentarán en una guerra civil hasta 1840.
3. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1868) Página | 9
A. LA TRANSICIÓN POLÍTICA Y LA GUERRA CARLI STA (1833-1843)
Tras la muerte de Fernando VII se inicia la primera guerra carlista, de las tres que habrá en el siglo XIX. El carlismo, de tendencia absolutista, encontró apoyos entre el campesinado y el clero, sobre todo, de las provincias vascas y Navarra, y en zonas de Cataluña, Aragón, Valencia o Castilla. La guerra finalizó en agosto de 1839 con el Convenio de Vergara, por el que se mantuvieron los fueros vasconavarros. De forma paralela a la guerra se produjo una transición política del absolutismo al Estado liberal. Primero, la regente Mª Cristina de Borbón, viuda de Fernando VII, concedió una limitada reforma con el Estatuto Real de 1834, una simple convocatoria de Cortes. La insatisfacción de esta reforma entre los militares y clases medias, y el descontento por la guerra carlista, provocaron el movimiento revolucionario del verano de 1835 con la exclaustración de los monjes de los conventos, y luego el pronunciamiento de los sargentos de la guarnición de La Granja (Segovia) en 1836, que exigían restablecer la Constitución de 1812. Las consecuencias de estos dos hechos fueron las leyes desamortizadoras y la nueva Constitución progresista de 1837. El liberalismo se dividió en dos sectores: moderados y progresistas. A este último grupo pertenecía Mendizábal, quien como ministro de Hacienda elaboró las leyes desamortizadoras (1836-1837), que nacionalizaron los bienes de las órdenes religiosas y las vendieron en pública subasta. Estas leyes pretendían sanear la Hacienda pública, limitar el poder del clero y beneficiar a la burguesía, que compró las tierras y casas de los conventos. Un movimiento revolucionario en 1840 puso la Regencia en manos del general Espartero, de tendencia progresista. La Regencia de Espartero se prolongó hasta 1843 con grandes problemas (divisiones internas en el partido y el ejército, sublevación de Barcelona, etc.). En ese año, una coalición de partidos obligó a Espartero a abandonar el país y exiliarse en Londres. B. EL REINADO DE ISABEL II (1844-1868)
En su reinado se aprecian tres etapas: la primera, la Década Moderada (18441854), viene marcada por una nueva Constitución (1845) y el protagonismo del general Narváez, principal representante del partido moderado. El gobierno de esta etapa se
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caracteriza por la centralización política y administrativa, la reforma de la Hacienda y el carácter restringido del sistema electoral (sólo el 1% de la población podía votar). Con el Bienio Progresista (1854-1856), se abre un corto período en el que gobiernan los progresistas (con Espartero) y los liberales radicales (con el general Página | 10 O’Donnell). En esta corta etapa destaca una nueva Ley Desamortizadora (Madoz, 1855), que afecta sobre todo a los bienes municipales: también se pretendía con ella la mejora de la Hacienda. Pero la inestabilidad política y la conflictividad social dejan paso a una nueva etapa (1856-1868), en la que se turnarán los moderados y los liberales radicales hasta el fracaso del sistema. A la etapa de la Unión Liberal de O’Donnell (1858-1863), sucede una de mayor predominio conservador con cambios de gobierno continuos, lo que hace que los progresistas y demócratas se planteen sustituir este gobierno y la propia monarquía de Isabel II: es así como se prepara el movimiento revolucionario de septiembre de 1868, que dará paso al primer gobierno democrático de la historia española.
5. EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874) A. LA REVOLUCIÓN DE 1868 Y EL REINADO DE AMADEO DE SABOYA
La revolución de septiembre de 1868 estuvo motivada por una crisis económica, una crisis de subsistencias por malas cosechas y el autoritarismo de los moderados. El pronunciamiento militar se inició en Cádiz y pronto se extendió a toda España mediante la formación de Juntas revolucionarias de carácter republicano y democrático. La reina abandonó el país y un Gobierno provisional, con los generales Prim y Serrano al frente, tomó el poder y ordenó la disolución de las Juntas. El problema pendiente era la forma de gobierno: monarquía o república. De las primeras elecciones democráticas surgieron unas Cortes que elaboraron la nueva Constitución de 1869, de carácter monárquico y basada en la soberanía nacional con sufragio universal y una amplia declaración de derechos y libertades. Se suprimieron los impuestos de consumos y se reanudó la desamortización. Pero el gobierno provisional tuvo que hacer frente a serios problemas, como el levantamiento republicano de septiembre de 1869, las rebeliones campesinas en Andalucía o el inicio de una guerra de independencia en Cuba. En enero de 1871 Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia, entraba en Madrid como rey de España con el nombre de Amadeo I, el cual se encontró con graves problemas y oposiciones: el asesinato del general Prim, pocos días antes de llegar el nuevo rey; la oposición de la Iglesia Católica, contraria a la libertad religiosa; la de la nobleza,
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temerosa de perder sus propiedades; la de la burguesía financiera e industrial con intereses comerciales en Cuba; y, especialmente, los carlistas que no aceptaban al nuevo monarca o los republicanos opuestos a cualquier forma de monarquía. Ante este ambiente, Amadeo I tuvo grandes dificultades para gobernar. Por eso el 10 de febrero de 1873 abdicó. Al día siguiente, se proclamaba la I República. Página | 11 B. LA I REPÚBLICA Y SU CRISIS (1873-1874)
La I República llega a España por un compromiso entre radicales monárquicos (que sólo aceptaban una república unitaria) y una minoría de republicanos federales, para cubrir el vacío de poder dejado por Amadeo I. En junio de 1873, las Cortes definieron el federalismo como base de la República y elaboraron una Constitución que contemplaba la existencia de 17 Estados federados y que no llegó a entrar en vigor por el estallido cantonalista. El cantonalismo fue una insurrección federalista que se extendió por Valencia, Murcia y Andalucía. Cada ciudad se proclamaba “cantón independiente” y este hecho se vio por la burguesía como un síntoma del desgobierno de la República. Pi i Margall, republicano federal y presidente de la República, dejó paso a Salmerón y luego a Emilio Castelar en un proceso de moderación del sistema. La intervención militar acabó con la insurrección cantonal, aunque Cartagena no se rindió hasta enero de 1874. Los gobiernos republicanos tuvieron que hacer frente al problema cubano, donde se proyectó la abolición de la esclavitud, y a la guerra carlista. Ante esta situación, parte del republicanismo más moderado y los sectores conservadores apoyaron el golpe del general Pavía (asalto al Congreso de los Diputados, 3 de enero de 1874). Un gobierno, presidido por el general Serrano, preparó la restauración de los Borbones en la persona de Alfonso XII, que se adelantó por el pronunciamiento en Sagunto del general Martínez Campos el 29 de diciembre de 1874.
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1. EL RÉGIMEN POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN Y SUS FUNDAMENTOS SOCIALES Se conoce como Restauración al período que comienza con el retorno al trono Página | 12 de la dinastía Borbón, en la figura del hijo de Isabel II, Alfonso, en 1875 y termina en 1923 con la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. La Restauración puede dividirse en tres períodos: el reinado de Alfonso XII (1875-1885); la regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902); reinado de Alfonso XIII (1902-1931). Las características del nuevo régimen político, cuyo artífice fue Antonio Cánovas del Castillo, se basó en la Constitución de 1876, aprobada por unas Cortes elegidas por sufragio universal masculino. En ella se estableció que la soberanía residía en el rey y las Cortes, lo cual significaba que el poder estaba repartido entre las instituciones del Estado. El rey desempeñaba el poder ejecutivo, nombraba y cesaba al presidente del gobierno y tenía derecho de veto en el nombramiento de los ministros. En lo que respecta al poder legislativo, quedó compartido entre el rey (con derecho a vetar las leyes) y las Cortes, que estaban formadas por dos cámaras:
Congreso de los Diputados: La Constitución no estableció el tipo de sufragio, remitiéndolo a la legislación ordinaria. Así, en 1878 se estableció el sufragio censitario, lo que daba derecho a voto a unos 850.000 electores. Posteriormente, la ley de 26 de junio de 1890 establecía el sufragio universal masculino para los mayores de 25 años, ampliando el censo a unos cinco millones de electores. Senado: Estaba compuesto a partes iguales por: miembros de derecho (miembros de la familia real, Grandes de España, jerarcas eclesiásticos y militares), designados directamente por el rey y por los elegidos a través de sufragio restringido e indirecto.
La carta de derechos de los ciudadanos no fue recogida en su articulado, remitiéndose su desarrollo también a la legislación ordinaria. Se restringe la libertad de culto, se toleraron otras confesiones pero únicamente en el ámbito privado, y se declaró la religión católica como la oficial del Estado. Así, se consiguió el apoyo de la Iglesia católica, iniciando ésta un proceso de recuperación de su influencia social, que se basó en el desarrollo de las órdenes religiosas dedicadas, sobre todo, a la enseñanza, la asistencia sanitaria y la caridad. Sin embargo, no se de-
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dicó especial atención a la emergente clase obrera, lo que podría explicar el auge del anticlericalismo y la difusión de las doctrinas políticas que rechazan la religión. El sistema ideado por Cánovas del Castillo también estaba basado en la existencia de dos partidos que se turnasen en el poder y la renuncia al uso de los pronunciaPágina | 13 mientos militares e insurrecciones como forma de acceder al mismo. Estos partidos políticos, denominados “partidos dinásticos” por estar dentro del sistema, fueron el Partido Liberal Conservador y el Partido Liberal Fusionista. El Partido Conservador, dirigido por Antonio Cánovas del Castillo, recogía la herencia de moderados, unionistas y ultraconservadores. Su base social estaba formada por las clases altas: aristocracia, alta burguesía industrial y financiera y grandes terratenientes. Su programa político se resumía en: sufragio censitario, confesionalidad católica del Estado, restricciones a la libertad de cátedra y censura de prensa, proteccionismo económico... Otros líderes importantes de este partido fueron Francisco Silvela, Antonio Maura y Eduardo Dato. El Partido Liberal, liderado por Práxedes Mateo Sagasta, estaba formado por antiguos miembros del Partido Constitucional, la izquierda de la Unión Liberal y los progresistas. Con posterioridad se integraron los radicales y republicanos posibilistas de Emilio Castelar. Sus bases sociales fueron la burguesía industrial, las clases medias urbanas y los altos funcionarios. Su programa político consistió en reformar el sistema en sentido progresista. Así, en 1887, consiguieron decretar la libertad de prensa y de asociación; en 1888, se aprobó la institución del jurado popular; en 1890, el ya citado sufragio universal masculino. En cuanto a sus relaciones con la Iglesia católica, eran moderadamente anticlericales y partidarios de volver al concordato de 1851, restringiendo la presencia social de la Iglesia en la vida pública. En lo económico era partidarios del librecambismo. Otros líderes destacados de este partido fueron José Canalejas, Alonso Martínez y Segismundo Moret. También existieron otros partidos políticos al margen del sistema y opuestos a él: son los llamados “partidos antidinásticos”, y fueron los siguientes: En primer lugar, los carlistas. Tras su derrota en 1876, la mayoría marchó al exilio, y en 1888 se dividieron entre integristas (mantienen el pleito dinástico, no participan en la vida política y son católicos intransigentes), y neocatólicos (partidarios de integrarse en el sistema, fundando el partido Unión Católica). En segundo lugar, los republicanos. Divididos entre los posibilistas de Castelar, que acabaron integrándose en el sistema de la mano del Partido Liberal, y los federalis-
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tas, partidarios de las teorías de Pi i Margall, que mantuvieron su tenaz oposición al sistema por el establecimiento de una nueva república. Otros grupos políticos al margen del sistema fueron los regionalistas y nacionalistas (catalanes y vascos, fundamentalmente) y el emergente movimiento obrero Página | 14 (anarquistas y marxistas), duramente reprimidos por las autoridades. Este sistema de dos partidos hegemónicos en el poder no funcionó, pues la alternancia no se producía como resultado del cambio de mayoría producto de unas elecciones democráticas, sino por el acuerdo previo de ambos partidos. Así, cuando el partido gobernante se desgastaba y tenía dificultades para aprobar su política, cedía el poder al otro partido y el rey nombraba un nuevo jefe de gobierno, al tiempo que disolvía las Cortes para que el nuevo gobierno convocara elecciones destinadas a proporcionarle la mayoría necesaria para gobernar. ¿Cómo se lograba dicha mayoría? En primer lugar, se acordaba por parte de los partidos dinásticos el número de escaños que obtendría cada uno (encasillado) y el de los elegibles. Las elecciones en sí eran una mera formalidad, pues el partido que convocaba y organizaba las elecciones siempre las ganaba, siendo manipuladas de diversas maneras (censos manipulados, urnas imposibles, compra de votos...). En este proceso fraudulento, el cacique desempeñó un papel muy importante. El cacique era un personaje que, por su profesión o por su fortuna, gozaba de un inmenso poder, ya que de él dependían los empleos, los permisos para abrir un comercio, la resolución de disputas con la administración, préstamos de dinero... En resumen, en un medio mayoritariamente rural donde las personas eran pobres y analfabetas, éstas recurrían al cacique para que les solucionara sus problemas, gestionara sus asuntos y a cambio votaban según su deseo. El fraude se completaba con el pucherazo, que consistió en la alteración de los resultados del escrutinio de los votos para que saliera el candidato designado previamente. Otra característica de la alternancia de los partidos fue el reparto entre los amigos políticos, de los empleos públicos de la administración, surgiendo así la figura del cesante, quien esperaba un cambio en el gobierno para ocupar de nuevo su empleo, ya que la administración no estaba profesionalizada. En las islas Canarias esta alternancia funcionó de manera un tanto diferente, pues los dos partidos dinásticos no tuvieron representación en todas las islas. El Partido Liberal estaba sólo presente en las islas orientales, y el Partido Conservador en las occidentales. En consecuencia, siempre fueron las mismas personas las que rigieron la política insular, al margen del partido que gobernara el conjunto del país.
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La figura canaria más importante de la Restauración fue Fernando León y Castillo, diputado, senador, ministro de ultramar y de gobernación, y embajador en Francia. Fue el intermediario entre el poder central y la burguesía canaria, lo que le confirió un gran poder, ya que él decidía la designación de los gobernadores civiles, diputados y senadores provinciales, los alcaldes y los concejales. Página | 15 Tras el golpe militar del general Pavía en 1874, la I República cayó sin mayor resistencia, siendo nombrado presidente del gobierno provisional el general Serrano, que contó con el apoyo de radicales y constitucionalistas para lograr sus objetivos:
Restablecer el orden público, para lo que ilegalizó los partidos y los sindicatos obreros y los republicanos. También limitó la libertad de prensa mediante la censura. Acabar con la insurrección cantonalista.
Durante esta etapa, se preparó el regreso de la monarquía borbónica de la mano de Antonio Cánovas, quien tras obtener la abdicación de la exiliada Isabel II en su hijo Alfonso y un amplio apoyo político para su proyecto restaurador, redactó el Manifiesto de Sandhurst, en el cual, el futuro rey indicaba las características de la nueva monarquía. En dicho manifiesto, Alfonso de Borbón expresaba su voluntad de aceptar una monarquía constitucional y democrática, dispuesta a integrar a todos los partidos y a no ejercer ningún tipo de represalias. Sin embargo, la restauración borbónica no se haría de forma legal como Cánovas deseaba, sino mediante un pronunciamiento militar, llevado a cabo en 1875 por el general Martínez Campos, que proclamó como rey de España a Alfonso XII. El primer partido en gobernar sería el conservador, con Cánovas al frente del gobierno, que se centró en la consolidación del recién estrenado sistema, y para ello se dedicó especialmente a:
Solucionar el conflicto carlista. Tras una amplia campaña en el País Vasco y Cataluña, se consiguió recuperar los territorios ocupados por los carlistas, terminando la guerra con el exilio del pretendiente Carlos VII en 1876. Una de las consecuencias de la derrota carlista fue la supresión del Régimen Foral del País Vasco y Navarra, aunque posteriormente se establecieron los conciertos económicos especiales, que significaron la autonomía económica y financiera de estos territorios. Pacificación del conflicto cubano. Fue conseguido por Martínez Campos tras la firma de la Paz de Zanjón (1878), por medio de la cual se otorgaba a los cubanos los mismos derechos políticos que gozaba Puerto Rico, y poste-
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riormente se abolió la esclavitud. Sin embargo, el conflicto de Cuba resurgiría con mayor virulencia a partir de 1895. Igualmente, la labor legislativa del primer gobierno de Cánovas se dirigió a consolidar el sistema político, de modo que se realizó una profunda reforma administratiPágina | 16 va y política tendente a la uniformización jurídica del país:
Ley electoral (1876) por la que se restablece el sufragio censitario. Ley de imprenta (1879), por la que se restringe la libertad de prensa. Ley de administración local (1876) por la que el rey nombra a los alcaldes de las ciudades de más de 30.000 habitantes y los gobernadores municipales. Restricciones a la libertad de enseñanza, exigiendo a los profesores el respeto al régimen y al dogma católico, lo que produjo la expulsión o el abandono de varios catedráticos, y la creación de la Institución Libre de la Enseñanza por Fernando Giner de los Ríos. Represión del movimiento obrero, que tuvo que desarrollarse de manera clandestina desde 1874.
A partir de 1881, gobiernan los liberales de Sagasta, manteniendo la política represiva del anterior gobierno conservador, aunque se restablece la libertad de expresión y la libertad de cátedra. El gobierno de Sagasta será cesado por el rey en 1884 ante su manifiesta incapacidad para gestionar los problemas surgidos en Andalucía tras la aparición de la asociación anarquista Mano Negra, y que fue utilizado por el gobierno para desatar la represión sobre el anarquismo en general. Igualmente, en Madrid se produjo una huelga de tipógrafos (1882), convocada por el PSOE, ante la carestía de vida provocada por la crisis económica. Así, como una insurrección republicana en 1883, duramente reprimida por Sagasta. A la muerte del rey Alfonso XII en 1885, asumió la regencia su esposa, María Cristina de Habsburgo, debido a que el futuro monarca, Alfonso XIII, todavía no había nacido siquiera. Tras el Pacto de El Pardo, Sagasta volvió al gobierno, iniciándose una etapa reformista para liberalizar y democratizar al régimen. Así, se promulgan una serie de normas que iban en este sentido:
Ley de Asociación (1887), que permitió la legalización de los partidos obreros (PSOE) y posibilitó la fundación de la UGT en 1888. Ley de Sufragio Universal (1890), que generalizó el voto a todos los varones mayores de 25 años. Código de Comercio Ley de Enjuiciamiento Criminal y Código Civil
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Además, intentó reformar el ejército, haciendo efectivo el servicio militar obligatorio, eliminando la redención del servicio a cambio de dinero, lo que provocaba que fueran a la guerra los soldados de las familias con menores recursos económicos. Esta reforma fracasó por la oposición, tanto del ejército como del propio gabinete ministerial. En los últimos años del siglo XIX, que coinciden con el fin de la regencia, se produ- Página | 17 ce una crisis generalizada del régimen debido a la propia desaparición física de los dos líderes de la Restauración (Cánovas es asesinado en 1897 y Sagasta muere en 1903), y la derrota ante Estados Unidos (1898), que supuso la pérdida de las últimas colonias de ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas). De esta manera tan incierta comenzaba el reinado de Alfonso XIII, que subía al trono con apenas dieciséis años.
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2. LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN EN LA ESPAÑA DE LA RESTAURACIÓN Al iniciarse la Restauración, la población española apenas superaba los 16 mi- Página | 18 llones de habitantes; en 1902 superaba levemente los 18,5 millones y en 1923 llegaba a los 21,3 millones de habitantes. Este relativo estancamiento demográfico se debió al mantenimiento de una alta tasa de mortalidad (29 – 23‰), mientras que la natalidad mantenía también altos niveles (33 – 29‰). Estas cifras responden a la conjunción de causas estructurales (atraso económico y social) y causas coyunturales (guerras, crisis de subsistencia y epidemias). Entre 1885 y 1911 tuvo lugar una gran epidemia de cólera; en 1890 y 1918, otra de gripe, que causó más de 700.000 muertos; y a estas epidemias puntuales habría que añadir brotes esporádicos de tuberculosis, tifus, viruela, sarampión... lo que denota un sistema sanitario deficiente o prácticamente inexistente. Este arcaísmo demográfico también se constata en el carácter rural de la pobl ación, que hacia 1900 sólo 9% vivía en ciudades de más de 100.000 habitantes. Entre 1877 y 1900, el 64% de la población estaba ocupada en el sector primario, y en 1920 apenas descendió al 57%, demostrando un claro retraso respecto al resto de Europa. Por su parte, el sector secundario pasó del 15,3% en 1900 al 21% en 1921. En la evolución demográfica destacan dos fenómenos derivados de la incapacidad del sistema económico de absorber el crecimiento demográfico:
Emigración exterior a América Latina y al norte de África, proceso que se intensifica hasta el punto de hacerse masiva hacia finales del siglo XIX Emigración interior del campo a la ciudad, fenómeno que se acelera a partir de 1880, en relación con el desarrollo industrial y de los servicios en el norte, Levante y Madrid.
Las grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao... crecen aceleradamente a partir del último cuarto del siglo XIX, por el contrario las zonas del interior pierden población. Este crecimiento urbano trajo consigo graves problemas como la falta de viviendas, no solucionados por la política de ensanches urbanos iniciada a partir de 1860 (Barcelona con el Plan Cerdà, Madrid con el Plan Castro) en las grandes ciudades, pues las viviendas construidas sólo podían ser adquiridas por las clases medias y altas. Así surge a inicios del siglo XX el fenómeno de los suburbios, barrios próximos a las ciudades, caracterizados por:
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Inexistencia de planificación, por lo que presentan un crecimiento caótico. Ausencia de red de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y luz eléctrica.
Ejemplos de estos barrios son Vallecas y Tetuán en Madrid, Sants, Gràcia y PoPágina | 19 ble Nou en Barcelona... barrios que con el tiempo fueron absorbidos por el crecimiento de estas ciudades. El desarrollo urbano propicia nuevos modos de vida, aumentando la demanda a partir de 1900, de las clases medias urbanas y de los trabajadores, al Estado para que asuma y facilite su acceso a servicios, tales como la enseñanza y la protección social. Igualmente, y a pesar de ser un país prácticamente rural, estos grupos urbanos adquieren mayor influencia social. La sociedad de la Restauración se caracteriza por la existencia de tres clases sociales:
Burguesía. Al inicio de la Restauración deja de ser un grupo reformista, ya que en ella se van integrando la burguesía vasca y cantábrica (dedicada a las minas, la siderurgia y la banca), la burguesía catalana (industria textil), terratenientes, nuevos ricos, alta nobleza, jerarcas militares y altos cargos de la administración. Se trata pues de un grupo homogéneo, representado ideológicamente por la derecha conservadora, y aunque minoritario, controlaba el 90% de la riqueza del país. Asimismo, la burguesía y los mandos militares buscaban el ennoblecimiento a través de la compra de títulos nobiliarios, por méritos guerreros o por enlaces matrimoniales. Clases medias, integradas por profesionales liberales, pequeños comerciantes, medianos propietarios rurales, empleados de la administración... Este grupo estaba formado por el 3% de la población, y durante la Restauración comenzaron a marcar diferencias en formas de vida y nivel económico de las clases populares. Ideológicamente fue muy heterogéneo, comenzando a tomar conciencia de formar un grupo diferente y empiezan a tomar parte activa en la vida política en la vida política y parlamentaria. Clases bajas, formadas por el proletariado y el campesinado.
Dentro de la clases bajas, el proletariado, los trabajadores de las fábricas, destaca en las grandes ciudades. Sus condiciones de vida eran desoladoras: vivían en barrios caóticos, sin higiene, sin intimidad, sin servicios públicos, ingresos mínimos, padeciendo hambre y enfermedades, sin asistencia social... En 1883, las Cortes crearon una Comisión de Reformas Sociales, pero sus propuestas no se aplicaron debido a los intereses de los industriales y la falta de recursos económicos del Estado.
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El campesinado era el grupo social más numeroso (57% de la población en 1920). Según su relación jurídica con la tierra podían dividirse en: -
Propietarios de tierras , que, dada la escasa rentabilidad de la agricul-
tura, tenían que completar sus ingresos arrendando tierras o trabaPágina | 20 jando como jornaleros. - Arrendatarios y aparceros , que estaban sujetos a contratos de corta duración, salvo en Galicia (foro) y Cataluña (rabassa morta), donde pervivían contratos de renta fija. - Jornaleros, que dependen de la periodicidad del laboreo agrícola, y representaban cerca del 75% de los trabajadores rurales, teniendo las peores condiciones de vida, ya que ni el Estado ni el socialismo aspiraban a colectivizar la tierra, de ahí que el anarquismo tuviera gran calado en este grupo social. Hacia 1876, se inició en la economía mundial una fase de depresión que duró una década. Sin embargo, en España este período fue de crecimiento, debido a la introducción de nuevas técnicas de producción y la expansión del cultivo de la vid, lo que elevó el poder adquisitivo de los campesinos y aumentó el consumo. Además, la introducción en 1891 del arancel a las importaciones, incorporó a la economía española a las ideas del proteccionismo, lo que favoreció la siderurgia vasca, el textil catalán y los cereales castellanos y andaluces. Entre 1898 y 1914, el proceso económico expansivo se debió especialmente a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales tras la pérdida de las colonias. La Restauración da por concluido el proceso desamortizador, iniciado en 1837 con Mendizábal. La agricultura es el principal sector productivo, ya que empleaba a dos tercios de la población y producía un tercio de la riqueza nacional. Estuvo fuertemente protegida de la competencia exterior. Los productos más importantes fueron la vid (creció tanto en importancia económica como en extensión de cultivo), el trigo (su producción total descendió por causa del abandono de tierras poco aptas o por cambios de cultivos), y el olivo (aumentó su producción debido al aumento de la demanda). En Canarias, se sustituyó el cultivo de exportación de la cochinilla por el tomate y el plátano, al igual que el cultivo de la papa como producto de subsistencia. En cuanto a la ganadería, aumentó favorecida por el crecimiento de la industria textil lanera. Hasta comienzos del siglo XX, el consumo de carne era más abundante en los lugares de producción, y posteriormente, debido a la mejora de la red comercial, creció su consumo, aumentando la cabaña ganadera en un 50%.
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La minería, como consecuencia del desarrollo del ferrocarril y de la siderurgia vasca, aumentó el consumo de carbón hasta el punto que hubo que importarlo desde Inglaterra. En lo que respecta al hierro, su producción y consumo aumentó tras la introducción del convertidor Bessemer, por la demanda del ferrocarril y de los astilleros. Sin embargo, hacia 1900 se exportaba el 85% del mineral, pues el mercado interior era Página | 21 escaso y no absorbía la producción. La industria ve aparecer nuevos sectores, como el eléctrico, que tendrá un crecimiento rápido. En un primer momento el capital fue alemán (AEG) y estadounidense (General Electric), aunque posteriormente será el capital vasco y catalán quienes promuevan dicha industria. En 1875 se creó la primera central en Barcelona y hacia 1900 eran ya más de ochocientas. Su crecimiento se debió al potencial hidroeléctrico, que reducía los costes, aumentando el consumo y finalmente produciendo más. Esta fuente de energía irá sustituyendo al carbón como fuente de energía básica. También aparecen las industrias del cemento, las papeleras y la química, con capital extranjero. La siderurgia se localiza en el País Vasco, principal productor de hierro, que se exportaba a Inglaterra a cambio de carbón. Durante esta época se produce un proceso de fusión empresarial que dará lugar en 1902 a la creación de los Altos Hornos de Vizcaya, la primera planta de tratamiento integral del hierro. La industria textil sufrió las consecuencias negativas de la pérdida de los mercados coloniales y de su estancamiento tecnológico, aunque fue muy favorecida por la política proteccionista del gobierno. Resumiendo, las características generales de la industria española eran:
Tendencia a la regionalización industrial en Cataluña, Madrid y País Vasco Exceso de concentración financiera, ya que pocas empresas concentraban la producción, a su vez financiadas por bancos y familias, que formaron un entramado de fuertes intereses oligárquicos. Fuerte dependencia del capital extranjero, salvo la siderurgia y textil catalana, el resto del sector dependió del capital exterior, en cuanto a materias primas y bienes de equipo, pues la industria española no los suministraba. Dependencia de la industria respecto a la agricultura, pues el consumo de los productos industriales depende del mercado interior, mayoritariamente rural, y éste era pobre y de escaso poder adquisitivo.
La política del Estado siguió siendo proteccionista, ya que los empresarios preferían mercados pequeños pero seguros antes que tener que competir con precios más bajos. Además, varias leyes, como la Ley de Aranceles de 1906, los programas de
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construcción naval de 1907 y la Ley de Protección de la Industria y Comunicaciones Marítimas de 1909, convirtieron al Estado en el principal cliente de la industria nacional. El sector financiero sufrió importantes cambios durante la Restauración, espePágina | 22 cialmente a partir de 1900, cuando se puso en marcha el Plan de Estabilización, que comprendía la reducción de los intereses de la deuda pública, limitación del gasto y la inversión pública, y una reforma fiscal. El resultado fue un período (1900 – 1909) de superávit presupuestario que duraría hasta los años veinte. En cuanto a la actividad bancaria, en 1874 se declara al Banco de España como el único capacitado para emitir moneda y regular la circulación monetaria. En lo que respecta a la banca privada, se produce una concentración de bancos, que los hizo más competitivos (Banco Guipuzcoano en 1899, Banco de Vizcaya en 1901, Banco Hispanoamericano en 1900...) y que los hizo concentrarse en la captación del pequeño ahorrador a través de una extensa red de sucursales. Las comunicaciones por carretera aumentaron cuantitativamente, en su mayoría eran carreteras secundarias o provinciales. Las nuevas carreteras reforzaron el sistema radial, con Madrid como centro principal y centros secundarios en las capitales provinciales. A partir de 1918, el transporte por carretera adquirió mayor importancia, debido a la crisis de los ferrocarriles, que entró en una profunda crisis y tuvo que ser subvencionado por el Estado.
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3. EL REGIONALISMO Y LOS NACIONALISMOS. EL MOVIMIENTO OBRERO Uno de los hechos más destacados de la Regencia fue la aparición de movi- Página | 23 mientos políticos de carácter nacionalista en la periferia peninsular. Hasta la Restauración, las reivindicaciones de carácter foral se habían canalizado a través del republicanismo federal o del carlismo, ambos contrarios al centralismo y sin cuestionar la unidad nacional. En Cataluña, a partir de la década de 1830 surgió el fenómeno de la Renaixença, consistente en revivir la cultura regional y redescubrir el pasado, las tradiciones y el folklore de las provincias catalanas, movimiento que se puede incluir dentro del fenómeno europeo del Romanticismo. La Renaixença promocionó sobre todo la lengua catalana, impulsando su difusión literaria, historiográfica y científica. Sin embargo, la conjunción de esta recuperación cultural y lingüística con la frustración de los grupos dirigentes de la región hace que se evolucione hacia el regionalismo, y posteriormente al nacionalismo. Entre 1885 y 1917, el nacionalismo catalán fue definiéndose, jugando un papel importante en todo ello la burguesía industrial, frustrada por la política librecambista del gobierno. En 1882, la creación del Centre Català por Valentí Almirall, supone la plasmación política del regionalismo catalán, reclamando la autonomía para Cataluña dentro del Estado español. Un nuevo impulso en la formulación pragmática supuso la publicación de las Bases de Manresa por Enric Prat de la Riba, en las que se pedía la creación de una España federal, en la que Cataluña consiguiera la autonomía en su administración interna. Hacia 1901 se fundó la Lliga Regionalista, partido político al servicio del nacionalismo catalán. Sus principales líderes fueron Francesc Cambó, siendo su ideólogo el propio Prat de la Riba. Este partido se definía como burgués católico, posibilista, de carácter conservador y no partidario del independentismo. Los dos objetivos principales de su programa fueron la consecución de la autonomía política de Cataluña dentro del Estado español y defender los intereses económicos, reclamando el proteccionismo para la industria catalana. Este partido desde un principio tuvo éxitos electorales, tanto en Cataluña como en las Cortes, y de hecho se mantuvo como partido hegemónico hasta 1923. El gobierno de Eduardo Dato creó en 1914 la Mancomunidad de Cataluña, organismo que agru-
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paba a las diputaciones provinciales con el fin de realizar una mejor coordinación administrativa. En resumen, durante este período todos los elementos que constituyen el nacionalismo catalán contemporáneo se ponen en marcha, Cataluña toma conciencia de Página | 24 su diferencia, a lo que contribuyeron decisivamente determinados factores económicos, como el desarrollo industrial y urbano de Cataluña, e históricos, como la pervivencia de Cataluña como parte de la Corona de Aragón durante la Edad Media. Respecto al nacionalismo vasco, como antecedentes tenemos la existencia de una lengua, la vasca, ajena al mundo lingüístico latino y la presencia hasta 1876 de los antiguos privilegios forales de origen medieval. En 1895, Sabino Arana fundó el Consejo Provincial de Vizcaya, embrión del futuro Partido Nacionalista Vasco. Las bases de este nacionalismo bizkaitarra mostraban más un apego por el pasado (defensa de los fueros, apoyo a las tradiciones locales...), que un proyecto modernizador y de futuro. Los fundamentos ideológicos del nacionalismo vasco de Arana eran:
Racismo exacerbado: el vasco nace, no se hace. Esto se debe a la inquietud que causaba el auge de un proletariado originario de fuera del País Vasco y de tendencia socializante, entre las clases medias y campesinas puramente vascas. Radicalismo antiespañol, ya que entendía que España oprimía a los vascos. Exaltación de la raza vasca Integrismo religioso católico de clara influencia carlista, propugnando la creación de un Estado vasco confesional católico. Promoción del idioma sólo entre los vascos para evitar su contaminación y su extinción. Exaltación del mundo rural vasco como modelo cultural frente a los modelos liberales y socialistas procedentes de España. Conservadurismo ideológico extremo
Desde un punto de vista social, el Partido Nacionalista Vasco encontró sus bases de apoyo entre la pequeña y mediana burguesía y en el mundo rural. La gran burguesía industrial y financiera se mantuvo alejada debido a sus intereses económicos, totalmente vinculados con el resto de España. El mensaje de Arana fue mejor acogido en Vizcaya y en Guipúzcoa, no así en Álava y Navarra.
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¿Y el nacionalismo canario? El siglo XIX estuvo marcado por la lucha para conseguir la declaración de Puertos Francos y por el conflicto entre las islas centrales que se disputaban el poder político. Este conflicto denominado “pleito insular” tuvo su or igen en la invasión francesa de 1808. La creación de la Junta Suprema de Canarias en La Laguna provocó el recelo del cabildo de Gran Canaria, que no reconoció su autoridad. Página | 25 La Constitución liberal de Cádiz de 1812 contemplaba una nueva división territorial del Estado: la provincia. Así, en Canarias se sustituyen los cabildos por la provincia única de Canarias, con capitalidad en Santa Cruz de Tenerife, lo que agravó el conflicto. Ahora desde Gran Canaria se reconvierte el conflicto hacia la división provincial, con el gobierno de Bravo Murillo. Canarias se divide en dos distritos económicos y administrativos, que serán la base de la futura división provincial de 1927. El pleito insular generó un insularismo insolidario que impedirá la creación de una conciencia nacionalista, insularismo que se verá incrementado por la creación de los Cabildos Insulares en 1912. A pesar de esta constante, durante el último tercio del siglo XIX surgen varios intentos de crear una nueva identidad nacional. Así, durante la I República, el Partido Republicano Federal de Nicolás Estévanez planteó un proyecto de Estado canario dividido en dos entidades territoriales, proyecto que no prosperó al caer la República federal. Posteriormente se fundó en Caracas el periódico El guanche por Secundino Delgado. Este nuevo nacionalismo estuvo influido por el nacionalismo americano, de ahí la consideración de Canarias como una colonia más del imperio español de ultramar. En 1901 se fundó el Partido Autonomista, con escasos apoyos electorales. En 1917 se crea la Liga Regional Tinerfeña y en 1908 la Agrupación Regionalista de Gran Canaria, que también fracasarán electoralmente. Hacia 1924 se fundó en La Habana el Partido Nacionalista Canario por José Cabrera Díaz, retomando el guanchismo como seña de identidad; las presiones del gobierno español hicieron que fuera perseguido por el gobierno cubano. Durante la II República se propuso un proyecto de estatuto de autonomía que no llegó a ver la luz por el inicio de la guerra civil. Durante la dictadura del general Franco surgieron movimientos nacionalistas de carácter africanista, mucho más radicalizados y coetáneos del proceso descolonizador de África, como el MPAIAC. A finales del siglo XIX, Galicia era una región pobre, poblada por campesinos y pescadores, con gran influencia de la Iglesia y con un caciquismo muy arraigado. La solución a estos problemas fue la emigración a las ciudades y al extranjero. Sin embargo, también se produjo un movimiento recuperador e impulsor de la lengua gallega. Hacia 1828 se publicó A alborada, un poema en gallego que significó el arranque del
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Rexurdimento, cuya máxima figura fue Rosalía de Castro. El nacionalismo político se concretó con la publicación de El regionalismo, influido por el carlismo y donde se reclamaba un Estado gallego autónomo. Sin embargo, hasta 1918 no se dotó de un programa más concreto. A inicio del siglo XX, surgieron otros movimientos nacionalistas: en Valencia, en 1904 se fundó València Nova, movimiento que reclamaba la autonomía, y en la región de Andalucía, Blas Infante publicó otra obra autonomista (Teoría de Andalucía). En todas las regiones, salvo en Cataluña, las aspiraciones autonómicas tenían bastante que ver con la reacción frente al centralismo castellano, instaurado por los liberales a mediados del siglo XIX. Los gobiernos liberales promovieron la creación de una conciencia nacional, marginando las particularidades históricas de las regiones en beneficio de Castilla. En el siglo XX, se configura definitivamente el nacionalismo español, teniendo gran aceptación en gran parte de las clases medias y en casi todo el ejército, frenando las reivindicaciones de vascos y catalanes, consideradas como atentados a la unidad de España. En cuanto al movimiento obrero, las ideas de la Asociación Internacional del Trabajo (AIT) se difunden en Cataluña (1869) de la mano del anarquista italiano Fanelli. Tras la Comuna de París (1871) su difusión se extendió por Levante, Andalucía y Madrid, al amparo de la Constitución de 1869. Sin embargo, el traumático final de la Comuna llevó a su ilegalización en 1874 tras el golpe del general Pavía y el pase a la clandestinidad de los grupos obreros ligados a la Internacional, lo que produjo su desarticulación organizativa y la radicalización de sus acciones. No fue un movimiento unitario, ya que encontramos dos tendencias muy ligadas a las corrientes marxistas y anarquistas. El anarcosindicalismo representó la corriente mayoritaria dentro del movimiento obrero español. En 1881 se creó la Federación de Trabajadores de la Región Española con unos 60.000 afiliados y con gran incidencia en Cataluña, Levante y Andalucía. Su gran capacidad reivindicativa y los métodos empleados (huelgas generales, insurrecciones y terrorismo) llevaron a los diferentes gobiernos a desatar una fuerte represión, disolviéndose la Federación. En 1910 se constituyó la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que se convertiría con el transcurrir del tiempo en una de las organizaciones sindicales más importantes. Las características del anarcosindicalismo son:
Rechazo a cualquier autoridad impuesta, por lo que eran partidarios de la abolición del Estado. Supresión de la propiedad privada de los medios de producción.
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Uso de la acción directa como medio de destruir el Estado: creación de la organización Mano Negra, atentados contra Alfonso XII (1878) y Alfonso XIII (1906), asesinato de Cánovas (1897), Canalejas (1912) y Dato (1917). Apoliticismo, rechazando la participación política, ya que consideraban enemigas del proletariado a las democracias liberales. Página | 27 Rechazo de la religión y de cualquier tipo de iglesia.
La corriente marxista, minoritaria desde un principio, se organizó en 1879 en torno a un pequeño grupo de trabajadores madrileños, entre los que destacó Pablo Iglesias, seguidor de las teorías de Marx y Engels. Este grupo creó el Partido Socialista Obrero Español con el fin de participar en la vida política. La Ley de Asociaciones permitió la fundación en 1888 de la Unión General de Trabajadores. Este primer socialismo se dirigía a los obreros industriales, que, al ser minoritarios, hizo que se difundiera lentamente en Madrid y el País Vasco, y hasta 1910 no obtuvieron su primer diputado en las Cortes. En Canarias, hasta inicios del siglo XX no aparecen las primeras agrupaciones de trabajadores, y no será hasta 1914, con la creación de la Federación Obrera Local cuando se consolide el sindicalismo. En Las Palmas de Gran Canaria, se concentró en la figura del presidente del Partido Republicano Federal, José Franchy Roca. Las actividades y la conflictividad sindical se centraron en torno a las actividades portuarias, construcción y transportes. La Primera Guerra Mundial supuso la paralización del movimiento obrero. A partir de 1919 ya se constata la presencia de la CNT y la UGT en Tenerife.
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4. LA CRISIS DEL 98: CAUSAS Y CONSECUENCIAS Los años finales del siglo XIX y los iniciales del XX, coinciden con el fin de la regencia de María Cristina, y durante los mismos se dejó sentir los efectos de una triple Página | 28 crisis: social, económica y política. La crisis económica se produjo por la incapacidad de los gobiernos para realizar una reforma del sistema comercial que evitara las crisis de subsistencia y abastecimiento, que se verán agravadas con la llegada de refugiados caribeños. Esta crisis se manifestó en un aumento de la inflación, la depreciación monetaria y el descenso del comercio exterior. Las repercusiones sociales consistieron en el aumento de la conflictividad social, expresada en el recrudecimiento de la lucha armada (asesinato de Cánovas en 1897) y los motines de subsistencia de 1898. La crisis política se debió primeramente a la pobre política exterior. En los años de la hegemonía alemana en Europa, la división de los estados europeos en bloques enfrentados y la expansión colonial en África y Asia, Cánovas optó por una política exterior aislacionista para evitar la implicación del país en conflictos y riesgos innecesarios ante la escasa capacidad militar de España. Así, no se pudieron mantener sus posesiones en el Pacífico, obligando a vender las Carolinas y Palaos a Alemania, y durante el conflicto cubano ninguna potencia ayudó a España. El problema cubano y la guerra con Estados Unidos surge por la imposibilidad de aplicar el proyecto autonomista, debido a la oposición de los burócratas, los comerciantes y azucareros españoles y a la propia política expansionista de Estados Unidos, con importantes intereses económicos en la isla. Así, hacia 1895 estalla en la parte oriental de Cuba un levantamiento dirigido por José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo, de carácter popular, con amplio apoyo de negros y mulatos, violentamente reprimido por el ejército español al mando del general Valeriano Weyler. Ante la imposibilidad de una solución militar, el gobierno propuso una serie de medidas políticas como la autonomía para la isla, la ampliación del sufragio universal para los residentes cubanos, la amnistía política... que no solucionaron nada ni evitaron la internacionalización del conflicto. El grado de implicación de Estados Unidos (apoyo a las guerrillas independentistas, presiones a España para solucionar el conflicto, intento de comprar Cuba...) hizo que el enfrentamiento bélico fuera casi inevitable. El incidente invocado como excusa, la explosión del acorazado Maine en la bahía de La Habana, en febrero de 1898, hizo que Estados Unidos culpara sin pruebas a
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España, y una hábil campaña de prensa antiespañola y belicista, llevaron a los norteamericanos a declarar la guerra a España en abril de 1898. La guerra básicamente se decidió en el mar, ya que en mayo la armada estadounidense destruyó a la española en las batallas de Cavite (Filipinas) y de Santiago de Página | 29 Cuba. En diciembre se firmaba en París el acuerdo de paz entre ambos países. Por este tratado, España cedía la soberanía de Puerto Rico, Guam, Filipinas y Cuba a Estados Unidos. El imperio colonial español de ultramar había llegado a su fin. La pérdida de la guerra y de las últimas colonias, conocida como “desastre del 98”, tuvo importantes repercusiones, entre las cuales destacan las siguientes:
Resentimiento de los militares hacia la clase política, pues consideraban que éstos los habían utilizado y les responsabilizaban de la derrota. Desarrollo de un movimiento popular antimilitarista, ya que el reclutamiento afectaba a las clases más desfavorecidas, sin recursos para redimir la incorporación a filas. Diseño de una nueva política exterior del gobierno español, enfocada hacia la salvaguarda de sus intereses en el Mediterráneo y en la costa atlántica de África. Aparición del Regeneracionismo, un movimiento intelectual y crítico con el sistema de la Restauración, que propugnaba una regeneración de España. La figura más destacada fue Joaquín Costa, autor de Oligarquía y caciquismo (1901), donde denunciaba el atraso del país en todos los ámbitos y defendía la necesidad de convertir a España en una nación moderna y poderosa, por lo que era obligatorio emprender profundas reformas económicas, educativas y políticas que llevaran a experimentar una mejora a todos los niveles. Para poder conseguir todo esto, debía acabarse con el caciquismo y el falseamiento de la democracia, aún a costa de necesitar una dictadura provisional que fuera capaz de llevar a la práctica estas reformas. En lo que respecta al Regeneracionismo intelectual y literario, representado por Ángel Ganivet, Miguel de Unamuno y Ramiro de Maeztu entre otros, estos expresaban un pesimismo existencial e irracional, reflexionando sobre la decadencia tan profunda en la que se había sumido España.
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5. LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN: EL IMPACTO DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y EL AGOTAMIENTO DEL SISTEMA POLÍTICO El reinado de Alfonso XIII puso de manifiesto que el régimen de la Restauración era incapaz de adaptarse al siglo XX, y la monarquía no superó los retos con los que se enfrentó, pese al impulso reformador y regeneracionista de algunos gobiernos: expansión de los nacionalismos periféricos, guerra de Marruecos y conflictividad social. De igual manera, se sucedieron varias crisis: la Semana Trágica de Barcelona (1909), las revueltas obreras de 1917 y 1919, y el desastre del ejército español en Annual (1921). Todas obligaron a los gobiernos a depender cada vez más de los militares para mantener el orden social y político. Alfonso XIII asumió la corona a los 16 años, en 1902, y hasta el golpe militar del general Primo de Rivera en 1923, funcionó el sistema canovista y la alternancia pacífica de partidos. Sin embargo, el régimen entró en crisis porque tras la muerte de sus fundadores, Cánovas en 1897 y Sagasta en 1903, los partidos Conservador y Liberal se dividen en corrientes según los diversos líderes que se van sucediendo, quedando reflejado en la brevedad de los gobiernos y además porque el país no participaba activamente en la vida política debido al caciquismo. Además, Alfonso XIII participaba en el gobierno del país, extralimitándose en las funciones que le fueron conferidas por la Constitución de 1876. Esta crisis política del régimen la intentó resolver Antonio Maura, que gobernó entre 1904 y 1909. Su objetivo era renovar el sistema político para conectar a la monarquía con la realidad social. Para ello, realizó un programa basado en:
Conservadurismo católico, otorgando mayor protagonismo a la Iglesia para frenar el creciente laicismo liberal. Acabar con el caciquismo, mediante la reforma de la Ley Electoral y la implantación de un corporativismo social. Incorporar otras fuerzas políticas al sistema, tales como el catalanismo conservador de la Lliga Regionalista y aprobando la Ley de Administración Local, que permitía la creación de Mancomunidades. Política internacional nacionalista y expansionista en Marruecos, cumpliendo el Tratado de Algeciras (1906) y la construcción de una escuadra naval.
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La política de Maura fue duramente contestada por la oposición, creándose un gran bloque de izquierdas que, en conjunción con el movimiento radical (republicanos, nacionalistas, anarquistas) desembocan en la crisis de 1909, que produce su caída y el comienzo de la desintegración del Partido Conservador. Otro problema que va a cobrar gran importancia va a ser el estallido de conflictos sociales (huelgas, despidos masivos, terrorismo...), ante el cual la respuesta de los diferentes gobiernos va a ser lenta y tardía:
Creación del Instituto Nacional de Previsión (1908), una especie de sistema voluntario de pensiones de vejez e invalidez. Ley de Huelga y establecimiento de la jornada laboral de ocho horas (1919). Creación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (1920).
Sin embargo, a pesar de estas medidas, el movimiento obrero va adquirir un gran auge a partir de la Semana Trágica de Barcelona de 1909. Inicialmente, en el mes de julio de ese año se producen manifestaciones y una huelga general promovida por anarquistas, socialistas y miembros del Partido Radical Republicano (fundado en 1908 por Alejandro Lerroux), que degeneraron en una insurrección espontánea. La ciudad quedó paralizada: se ocuparon las calles, se levantaron barricadas obreras, se quemaron iglesias y conventos... El gobierno español, presidido por Maura, declaró el estado de guerra en Barcelona y envió al ejército para restablecer el orden, produciéndose más de cien muertos en los enfrentamientos. Las grandes causas de la Semana Trágica habría que buscarlas en: 1. Oposición popular contra la guerra de Marruecos, especialmente contra las recientes derrotas españolas del Monte Gurugú y el Barranco del Lobo, donde mil soldados habían perdido la vida a manos de los rifeños. Detrás del conflicto se escondían los intereses económicos de la burguesía por hacerse con el control de las minas del Rif, el interés de los militares por conseguir ascensos rápidos por méritos de guerra, y la injusticia existente en el sistema de reclutamiento, ya que sólo se podían librar aquellos que pagaran una redención de 2000 pesetas, cantidad imposible de reunir para un obrero. 2. Anticlericalismo, fuertemente arraigado entre las clases populares y hábilmente explotado por los radicales, que presentaban a la Iglesia como una de las causantes de la injusticia social reinante. 3. Pésimas condiciones de vida del proletariado.
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Aunque la insurrección obrera fue rápidamente reprimida, las consecuencias de la Semana Trágica fueron mucho más allá:
Caída del gobierno conservador de Maura y regreso de los liberales al poder político. Página | 32 Ejecución de los jefes de la revuelta, y además del pedagogo Ferrer i Guardia, anarquista que nada tuvo que ver con los hechos pero que fue acusado como chivo expiatorio. Acuerdo entre republicanos y socialistas para realizar un frente común contra la monarquía.
Tras la caída de Maura, el gobierno recayó en el jefe del Partido Liberal, José Canalejas, que, al igual que su antecesor, intentó modernizar el sistema político. Entre sus acciones de gobierno destacan las siguientes:
Promulgación de la Ley del Candado, que impedía el establecimiento de nuevas órdenes religiosas en España, con el fin de apaciguar el anticlericalismo. Creación de la Mancomunidad Catalana, para contentar a los nacionalistas. Firma del Tratado franco-español de 1912, para delimitar las áreas de influencias de ambos países en Marruecos.
Sin embargo, el asesinato de Canalejas en 1912 a manos de un anarquista, precipitó la desintegración del Partido Liberal. Este proceso desintegrador afectó también al Partido Conservador, lo que hizo que el sistema de la Restauración entrara en una crisis de la que ya no sobreviviría, acelerada todavía más si cabe con el estallido de la Primera Guerra Mundial y con la crisis económica y social de 1917. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial entre las grandes potencias europeas. El gobierno, presidido entonces por Eduardo Dato, declaró la neutralidad de España en el conflicto, debido a varios motivos:
Tradicional aislamiento diplomático de España en los asuntos europeos Inferioridad militar del ejército español A España no le afectaban los motivos de la guerra (cuestión de los Balcanes, rivalidad imperialista en las colonias, competencia por la supremacía económica mundial...).
Los efectos de la neutralidad española en la guerra, en el terreno económico y social, fueron muy importantes. En primer lugar, aumentaron las exportaciones, ya que los países beligerantes aumentaron sus pedidos, lo que hizo que la balanza comer-
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cial fuera positiva en estos años. Sin embargo, el sector agrario se vio afectado negativamente, pues las exportaciones se hundieron, lo que conllevó a una caída de los precios de los productos agrarios. Además, la reducción de las importaciones de cereales (los países beligerantes los reservaban para sí mismos), aumentó los precios de la harina y del pan, alimentos básicos en la dieta de la época. Página | 33 Por si fuera poco, los beneficios que tuvo la industria en estos años, estuvieron muy mal repartidos, ya que los empresarios los acapararon casi todos y los proletarios se quedaron igual que siempre, sufriendo la escasez y el continuo aumento de los precios de los productos básicos. Para rizar el rizo, al finalizar la guerra, las exportaciones descendieron bruscamente, lo que se tradujo en un aumento del desempleo, algo que radicalizó a los sindicatos, incrementándose las huelgas y la conflictividad social. Paralelamente, en 1917 había triunfado la revolución soviética en Rusia, lo que despertó las esperanzas del movimiento obrero y el miedo de la burguesía y los terratenientes a que se propagara a España. A estos factores externos, habría que añadir otros internos para comprender el porqué del estallido de la crisis de 1917:
El malestar de muchos militares por el sistema de ascensos y los bajos salarios: Para presionar al gobierno crearon las Juntas Militares de Defensa, que rápidamente se extendieron por todo el país. Los militares reclamaban aumentos salariales y ascensos por antigüedad y no por méritos de guerra. La respuesta del gobierno fue en un principio bastante dura, pero al final claudicó, lo que reveló la debilidad del sistema político. Convocatoria en Barcelona de la Asamblea de Parlamentarios, auspiciada por los partidos antidinásticos, que exigieron una reforma de la Constitución que terminara con el turnismo y el caciquismo, es decir, una democratización real de España y la concesión de autonomía para Cataluña. Esta asamblea fue disuelta por el gobierno. La huelga general de 1917, producida por la situación económica del país, que generó un gran descontento que fue canalizado por la CNT y la UGT. Durante la huelga se produjeron graves incidentes en las ciudades. La huelga, reprimida por el ejército (70 muertos y 2.000 detenidos). La protesta fue ahogada en sangre porque los republicanos no la apoyaron y los trabajadores del campo no llegaron a movilizarse, lo que hizo que en adelante, socialistas y anarquistas no colaboraran más entre sí.
Sin embargo, la continuación del malestar social mantuvo la conflictividad. Entre 1918 y 1920 se produjeron numerosas revueltas, manifestaciones y huelgas, tanto
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en las ciudades como en el campo (quema de cosechas, ocupación de ayuntamientos y grandes fincas). Todas las protestas fueron duramente reprimidas por el ejército y la policía, pero la conflictividad cada vez se generalizaba más, preocupando a la burguesía, que se irá progresivamente inclinando por una solución de fuerza: la dictadura. Y en medio de todo esto, la guerra de Marruecos, otro de los grandes problemas del reinado de Alfonso XIII, cuyas causas fueron las siguientes:
Interés de Alemania y de Gran Bretaña por impedir la presencia de Francia en la costa mediterránea de África, por lo que reconocieron la influencia de España en el Rif tras la Conferencia de Algeciras de 1906. El interés de los militares por conseguir prestigio y ascensos rápidos. Interés económico por la industria minera y del ferrocarril.
El Rif es una zona pobre y montañosa, habitada por tribus beréberes, independientes y poco dados a aceptar imposiciones externas. La ocupación militar fue lenta, y hacia 1909 aparecen las primeras dificultades, al atacar los rifeños la línea del ferrocarril que unía Melilla con las minas. Las tropas que acudieron a proteger la línea fueron derrotadas en el Monte Gurugú y en el Barranco del Lobo. Entre 1912 y 1921, el ejército español fue incapaz de controlar todo el territorio. En 1921 se produjo el desastre de Annual (más de 12.000 muertos) y la pérdida de todos los territorios ocupados. Este desastre tuvo varias consecuencias importantes:
Dividió aún más al ejército entre africanistas (partidarios de seguir la guerra) y peninsulares (partidarios de abandonar el conflicto). Reproches de los militares hacia la clase política por no querer proporcionar todos los medios para acabar con la guerra. Creación de una comisión parlamentaria para investigar las causas del desastre de Annual, encomendando al general Picasso la elaboración de un informe para depurar las responsabilidades militares y políticas. En este informe, en el que se llegó a implicar al propio rey Alfonso XIII, se procesó a 39 oficiales, y fue uno de los motivos aducidos por el general Primo de Rivera para justificar el golpe militar de 1923.
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6. LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA El 13 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera, capitán general de Barcelona, sacó sus tropas a la calle, ocupó los principales edificios oficiales y publicó un Página | 35 manifiesto en el que explicaba las causas del golpe de Estado y sus intenciones. El rey Alfonso XIII, que estaba al corriente del golpe militar y que además de ser partidario de un gobierno autoritario participaba de las ideas y la mentalidad de los militares, fue responsable al legitimar la dictadura. Así, y sin ninguna oposición política ni social, triunfó el golpe de Estado de Primo de Rivera. Las causas que explican el golpe militar fueron: 1. 2. 3. 4.
Fracaso y corrupción del sistema político de la Restauración. Incapacidad del gobierno para finalizar con la guerra de Marruecos. Aumento de la conflictividad social. Aumento de la violencia terrorista entre obreros y patronos.
Estas causas explican los objetivos que se imponía Primo de Rivera en su manifiesto del 13 de septiembre: acabar con el sistema político liberal surgido en 1874, solucionar el problema de Marruecos, garantizar el orden público, terminar con la violencia política y poner fin al anticlericalismo y al separatismo de los nacionalismos. Así, la dictadura puede dividirse en dos períodos: uno, transcurrido entre 1923 y 1925, en el que el país será gobernado por un Directorio Militar, y otro (1925-1930), en el que un Directorio Civil continuará la labor dictatorial. En un principio, el propio dictador manifestó su intención de que su gobierno tuviera un carácter provisional hasta poner remedio a los problemas que acuciaban al país. Sus primeras medidas fueron la suspensión de la Constitución de 1876, la disolución de las Cortes, la sustitución de los gobernadores civiles por militares y la declaración del estado de guerra en todo el país. El gobierno, formado exclusivamente por militares, estaba presidido por el propio Primo de Rivera, que concentraba en sus manos todos los poderes del Estado:
Función legislativa, para poder dictar normas y decretos con fuerza de Ley. Atribuciones judiciales con poder para suspender sentencias. Poder ejecutivo, ya que el resto de los militares del Directorio ejercían únicamente como meros asesores.
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Como ya se ha señalado, a partir de 1925 se produce la entrada de seis civiles en el Directorio, lo que mostraba la clara voluntad del dictador de perpetuarse en el poder, en crear un nuevo régimen estable y duradero que reemplazara al Estado liberal. Esta evolución del régimen hacia un nuevo Estado se refleja claramente en dos aspectos: Página | 36
Creación de la Unión Patriótica, un partido político impulsado desde el poder, en un intento de construir un partido único al estilo de los regímenes fascistas europeos. En realidad, este partido sólo fue un instrumento de la propaganda oficial, sin vida propia y sin apoyos sociales. Creación de la Asamblea Nacional Consultiva (1927), formada por 400 miembros designados directa o indirectamente por el gobierno (militares, eclesiásticos, empresarios...). Esta institución carecía de capacidad legislativa y su única función fue la de asesorar al dictador.
La dictadura desarrolló unas políticas económicas fuertemente intervencionistas, entre las que destacamos:
Creación de un Comité Regulador de la producción industrial, para controlar y supervisar la actividad industrial del país. Subvenciones y ayudas con dinero público a las empresas nacionales. Aumento del proteccionismo arancelario para proteger la producción nacional. Creación de monopolios como la Telefónica o la CAMPSA.
El resultado fue la disminución de la conflictividad social, la construcción de numerosas obras públicas (carreteras, obras hidráulicas...) y el aumento de la producción de hierro, acero y cemento. Sin embargo, el Estado se endeudó excesivamente por falta de una reforma fiscal que le permitiera aumentar los ingresos. En resumen, esta política económica sólo benefició a la burguesía. Respecto a la guerra de Marruecos, Primo de Rivera era contrario a permanecer en el conflicto, pero cambió de opinión ante la presión de los militares africanistas. Aprovechando un ataque de los rifeños a los franceses pactó una operación conjunta con éstos, según la cual, los franceses atacarían por el sur y los españoles por el norte. Así, tras desembarcar en la bahía de Alhucemas, Abd el Krim, líder de los rifeños, se rindió y España pudo ocupar totalmente la zona marroquí y acabar definitivamente con la guerra, con lo que la dictadura tuvo su gran éxito. En cuanto a la política social, fue uno de los problemas más importantes a los que se tuvo que enfrentar la dictadura. Para intentar solucionar la alta conflictividad
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social, se crearon los Comités Paritarios, órganos formados por representantes de los trabajadores, de los empresarios y por dos representantes del gobierno. Esta política, junto a la fuerte represión llevada a cabo contra la CNT y el Partido Comunista de España (PCE) rebajó la tensión social, disminuyendo el número de atentados. La represión también se llevó a cabo contra el nacionalismo catalán, tanto el radical como el moderado. Así, se prohibió el uso del idioma y se suprimió la Mancomunidad de Cataluña en 1925. Consecuencia de todo ello fue el surgimiento del partido Estat Català, liderado por Francesc Macià, quien tras su exilio se convirtió en símbolo de la resistencia nacionalista contra la dictadura. En definitiva, la dictadura no logró resolver todos los problemas del país, tan solo los aplazó, surgiendo con mayor virulencia después de 1929. A partir de 1928, ya se venía haciendo patente la decadencia política de la dictadura, detectándose en lo siguiente:
El aumento de la oposición al régimen, formada por los antiguos políticos de la Restauración. Los antiguos republicanos históricos, como Lerroux, y los nuevos, como Azaña, al igual que los intelectuales (Unamuno, Ortega y Gasset), fueron perseguidos al igual que la CNT, el PCE y los nacionalistas catalanes. El deterioro de las relaciones entre Primo de Rivera y el rey Alfonso XIII. Reaparición virulenta de los conflictos sociales y las huelgas a partir de 1929. Dificultades financieras y presupuestarias del Estado, muy endeudado por la financiación de las obras públicas que se habían acometido. Enfrentamiento con determinados sectores del ejército, afectados por el problema de los ascensos entre africanistas y peninsulares. Enfermedad del propio dictador.
Todos estos factores propiciaron la dimisión de Primero de Rivera en enero de 1930, exiliándose a París, donde moriría dos meses más tarde. Tras su dimisión, el rey nombró presidente del gobierno al general Dámaso Berenguer, al que le encomendó los siguientes objetivos:
Retornar al sistema constitucional de 1876, algo inaceptable para republicanos, demócratas y socialistas, que en 1930 se habían unido mediante el Pacto de San Sebastián, por el que se comprometían a trabajar para instaurar la república como forma de estado. Con este objetivo crearon un Comité
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Revolucionario, que en realidad se convirtió en un gobierno provisional clandestino presidido por Niceto Alcalá-Zamora. Salvar la figura del monarca, a quien se le hacía responsable del golpe militar y de la dictadura, siendo bastante impopular entre las clases medias y obreras. Página | 38
La sublevación militar de Jaca contra la monarquía fue uno de los hechos más destacados de esta época, siendo juzgados y ejecutados sus instigadores, los capitanes Fermín Galán y García Hernández, mártires de la república. A comienzos de 1931, Berenguer fue sustituido por el almirante Juan Bautista Aznar, con el encargo de convocar elecciones municipales. Éstas se celebraron el 12 de abril y sorprendentemente fueron ganadas por los republicanos y los socialistas en todas las grandes ciudades y capitales de provincia. Los resultados electorales fueron interpretados como un rechazo a la monarquía por parte de la opinión pública española. El rey, ante esta situación, optó por suspender el ejercicio del poder real y marchar al exilio. El 14 de abril de 1931 era proclamada la II República, presidida por Niceto Alcalá-Zamora.
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7. LA II REPÚBLICA (1931-1936) La II República fue un período significativo en la historia de España del siglo XX, ya que durante esta etapa se intentó realizar una modernización política del país, adePágina | 39 cuando la legislación y las instituciones a los cambios económicos y sociales que se habían estado produciendo entre 1910 y 1930. El nuevo régimen político surgido tras el triunfo de los republicanos y los socialistas en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 fue proclamado sin apenas oposición y en medio de un gran entusiasmo. Inmediatamente se formó un gobierno provisional, presidido por Niceto AlcaláZamora, católico conservador, y compuesto por representantes de las diversas tendencias políticas antimonárquicas, como por ejemplo Miguel Maura y Alejandro Lerroux (de centro), Manuel Azaña (de izquierda republicana), y Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos (socialistas). La mayoría habían sido miembros del comité revolucionario surgido con el Pacto de San Sebastián en 1930. Los pil ares fundamentales de la República fueron los partidos políticos y una nueva Constitución, proclamada en 1931. Entre 1931 y 1936 existió un gran número de partidos políticos de todo signo ideológico, algunos de nueva creación, que llegaron a movilizar a millones de personas, que por primera vez participaban de forma activa en la vida política. Igualmente, las antiguas redes caciquiles fueron desmanteladas y los viejos partidos de la Restauración desaparecieron. Entre los partidos de ultraderecha destacaron dos:
Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS): Fue fundado en 1931, siguiendo el modelo típico de los partidos fascistas europeos. Sus líderes fueron Onésimo Redondo, José Antonio Girón de Velasco y Ramiro Ledesma. Falange Española: Fue fundado en 1933 por José Antonio Primo de Rivera, y entre sus militantes destacan un gran número de literatos, artistas e intelectuales (Dionisio Ridruejo, Pedro Laín Entralgo, Gonzalo Torrente Ballester…). No obtuvo grandes apoyos entre la clase trabajadora.
En 1934 estos dos partidos se unieron, formado Falange Española y de las JONS, aunque siguieron siendo un grupo minoritario, cercano a los 10.000 militantes. Fue financiado por los monárquicos para desestabilizar el régimen republicano y durante la guerra civil fue la piedra angular sobre la que se edificaría la política franquista, llegando a convertirse en partido único tras el conflicto.
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Entre los partidos de derechas, encontramos las siguientes fuerzas políticas:
Comunidad Tradicionalista: Formada por los antiguos carlistas y organizada en base a milicias armadas (requetés) preparadas para participar en cual- Página | 40 quier golpe violento contra la República. Su centro de acción fue Navarra. Detestaban el régimen republicano por considerarlo anticristiano y ateo. Renovación Española: Fue fundado en 1933 por los monárquicos ultraconservadores, y rechazaban la democracia liberal. Igualmente eran partidarios de derribar al régimen republicano aunque fuera por la fuerza. La mayoría de sus dirigentes pertenecía a la aristocracia latifundista, a las altas finanzas y a la industria. Entre sus miembros destacan Ramiro de Maeztu, José María Pemán y José Calvo Sotelo. Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA): Fue el partido de derechas más importante y numeroso. Sus apoyos residían en los sectores más católicos de las clases medias urbanas y de los medianos y pequeños propietarios. Estaba dirigido por José María Gil Robles, un político autoritario que basaba su programa en las siguientes ideas: Defensa del catolicismo y de la Iglesia Oposición al matrimonio civil y al divorcio Rechazo a cualquier tipo de reforma agraria Rechazo a cualquier concesión de autonomía a catalanes y vascos
Entre los partidos de centro, destaca:
Partido Republicano Radical: Dirigido por Alejandro Lerroux, su programa político se basaba en la paralización de cualquier reforma socioeconómica, frenar el avance del socialismo y defender el orden público. Sus apoyos residían en las clases medias urbanas.
Del espectro ideológico de la izquierda podemos destacar:
Acción Republicana: Liderada por Manuel Azaña, su programa político se resumía en Modernizar el país impulsando una completa reforma de sus estructuras. Consolidar las instituciones democráticas.
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Para realizar estos dos objetivos, Azaña no dudó en pactar con el PSOE una serie de reformas centradas en la agricultura, la sanidad, la educación, las fuerzas armadas y conceder autonomías regionales. Acción Republicana tenía sus apoyos en las clases medias de las ciudades. En 1934 se fusionó con el Partido Radical Socialista, formando Izquierda Republicana. Página | 41
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): Fue el partido más poderoso y con mayor número de votantes durante la República. En él militaron obreros, intelectuales, empleados liberales... diversidad que provocó la aparición de dos tendencias: una radical y revolucionaria, dirigida por Largo Caballero, y otra más moderada, liderada por Indalecio Prieto. Partido Comunista de España (PCE): Fuerza política de carácter revolucionario y prosoviético, fue creado a partir de una escisión del PSOE en 1922. Minoritario y con escasos apoyos electorales, mantuvo posiciones hostiles a los gobiernos republicanos, a los que acusaba de fascistas. Sus líderes fueron Dolores Ibárruri y José Díaz. Anarquistas (CNT-FAI): Rechazaban la democracia parlamentaria y basaban su acción política a la destrucción de la República mediante una revolución que acabara con las desigualdades sociales y la explotación de los trabajadores. Continuamente provocaban huelgas, insurrecciones armadas y enfrentamientos con las fuerzas del orden y los ultraderechistas.
Entre los partidos nacionalistas, hay que destacar:
Partido Nacionalista Vasco (PNV): Seguía manteniendo una ideología ultracatólica, racista y xenófoba. En 1936 José Aguirre se convirtió en el primer presidente de un gobierno autónomo vasco. Esquerra Republicana de Cataluña (ERC): Creada en 1931 al fusionarse el Estat Català y el Partit Republicà Català. De ideología izquierdista, fue desplazando a la Lliga Regionalista hasta el punto de convertirse en la fuerza dominante en Cataluña. Tras aprobarse el Estatuto de Autonomía en 1932, Francesc Macià y Lluís Companys fueron los presidentes de la Generalitat. Lliga Catalana: Fue desplazada por la ERC, perdiendo su importancia y sufriendo un proceso de derechización, formando parte de la coalición electoral Front Català de Ordre junto con la CEDA, los tradicionalistas y los lerrouxistas en 1936. Partido Galegista: Creado en 1931 de ideología izquierdista y autonomista, su máxima figura fue Alfonso Castelao.
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Una vez constituido el gobierno provisional se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, por sufragio universal masculino, aunque por primera vez las mujeres pudieron ser candidatas. En junio de 1931 se realizaron las elecciones y el triunfo de los republicanos de izquierda y de los socialistas fue aplastante. El objetivo fundamental que perseguía la Constitución era democratizar de forma real el país. Igualmente recogió en su articulado la renuncia expresa a la guerra como medio de resolver los conflictos entre los países. Las características fundamentales del texto constitucional fueron:
Ampliación del sufragio a las mujeres (art. 30) a pesar de que contó con bastantes detractores, debido a que se las creía manipulables por su dependencia económica de los esposos y padres y por su alto grado de analfabetismo. Cuestión autonómica (arts. 11 a 22): El texto recogía el derecho de las regiones a solicitar estatutos de autonomía. En 1932 se aprobó el Estatuto de Cataluña y ya entrada la guerra civil los de Galicia y el País Vasco. De igual manera, se redactaron diversos anteproyectos para Valencia, Andalucía y Canarias, aunque no llegaron a ponerse en práctica debido a los trámites constitucionales para su aprobación. Cuestión religiosa (arts. 3, 26 y 27): El Estado fue declarado aconfesional, suprimiendo toda ayuda económica a la Iglesia y prohibiendo a las órdenes religiosas ejercer la docencia, autorizando únicamente el culto privado e imponiendo autorización gubernativa para realizar cualquier celebración pública. Derechos ciudadanos: Además de reconocer todos los derechos individuales, la Constitución recogía derechos colectivos y sociales como el derecho al trabajo, a la educación, a la salud y a la vivienda. Propiedad privada: La Constitución también reconocía la función social de la propiedad, estableciendo el derecho del Estado a expropiar las propiedades individuales por motivos de interés general. Reorganización del Estado: La Constitución establecía una jefatura del Estado en la figura del presidente de la República, elegido por los diputados por seis años y con escasas atribuciones. El poder legislativo residía en una sola cámara, el Congreso de los Diputados. Igualmente se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales para velar por la legalidad de las normas y leyes que se aprobasen.
Tras la victoria electoral, republicanos y socialistas formaron un nuevo gobierno de coalición, presidido por Manuel Azaña. Durante los casi los dos años que duró este
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gobierno, se emprendió un ambicioso programa de reformas políticas, económicas, sociales, militares y educativas. Las reformas sociales, promovidas ya desde la etapa de gobierno provisional por el ministro de Trabajo, Largo Caballero, fueron las siguientes:
Fijar el salario mínimo de los trabajadores. Transformación de los Comités Paritarios en Jurados Mixtos. Declaración del 1 de mayo como fiesta del trabajador. Obligación de los terratenientes de no dejar tierras sin cultivar. Prohibición de introducir maquinaria agrícola para sustituir a los jornaleros. Prohibición de contratar temporeros empadronados en otros municipios.
La reforma militar promovida por Azaña tenía dos claros objetivos: someter a las fuerzas armadas al poder civil para impedir intervenciones de los militares en la política, y modernizar el ejército. Además, se creó la Guardia de Asalto, un cuerpo de policía nacional para evitar que fuera el ejército el que se encargara de reprimir los desórdenes internos. Sin embargo, el ejército no fue depurado de los jefes militares que eran hostiles a la República. Respecto a la reforma educativa, el gobierno republicano-socialista consideró de gran importancia a la educación como medio para modernizar el país. Así, aumentó el gasto del Estado en un 50%, construyéndose más de 13.000 escuelas y se declaró gratuita y obligatoria a la enseñanza primaria, se contrataron numerosos profesores y se fomentó la investigación universitaria. En cuanto a la reforma agraria, ésta era muy necesaria para resolver dos problemas acuciantes: el latifundismo y el gran número de jornaleros sin tierras. En 1932, el Parlamento aprobó la Ley de Reforma Agrario cuyo contenido contemplaba:
Expropiación sin indemnización de las tierras de la aristocracia. Declaración de bienes expropiables a los latifundios y tierras abandonadas. Asentamiento de campesinos en las tierras expropiadas.
Sin embargo, la aplicación de la ley fue muy lenta, y provocó las protestas de los jornaleros, que radicalizarían sus posturas a partir de 1933. La reforma religiosa se realizó para reducir la influencia y el poder de la Iglesia. Así se suprimió la enseñanza obligatoria de la religión, se disolvió la Compañía de Jesús, se quitaron los símbolos religiosos de las escuelas y se expulsó de España al cardenal Segura por sus manifestaciones antirrepublicanas. Esta reforma fue muy mal recibida por los católicos, que hicieron extensivo su repudio a la República.
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Toda esta actividad reformadora produjo la resistencia de aquellos sectores sociales que se sentían perjudicados y de los anarquistas, que veían que las reformas eran demasiado escasas o muy lentas. En agosto de 1932, el general Sanjurjo intentó sublevarse contra el gobierno republicano, pero el levantamiento fue sofocado sin muchos problemas. Página | 44 Hacia mediados de 1933, la coalición gobernante de republicanos y socialistas había perdido el apoyo de numerosos ciudadanos e incluso de muchos militantes socialistas, que exigían a sus dirigentes una actuación más radical para acelerar la mejora en las condiciones de vida del proletariado. La falta de entendimiento entre los miembros del gobierno provocó la dimisión de Azaña y la convocatoria de elecciones anticipadas. La victoria fue para la CEDA y para el Partido Radical de Lerroux, quienes formaron un gobierno de coalición con el objetivo de rectificar y desmantelar las reformas del gobierno anterior. Las acciones más destacadas que tomó el nuevo gobierno fueron:
Ley de amnistía para excarcelar a los militares y monárquicos que habían i ntervenido en el golpe del general Sanjurjo. Paralización de la reforma agraria, al recortar drásticamente el presupuesto destinado a ella y devolver muchas tierras a sus dueños anteriores. Disminución de la construcción de escuelas públicas. Anulación de muchas de las decisiones de los Jurados Mixtos, lo que fue aprovechado por los patronos para bajar los salarios. Enfrentamientos con la Generalitat de Cataluña al impugnar el gobierno una ley de contratos que facilitaba el acceso a la propiedad de la tierra a los campesinos arrendatarios.
Estas disposiciones del gobierno cedista generó un gran descontento y malestar, y radicalizó al PSOE, que optó por aliarse con los comunistas y anarquistas para derribar al gobierno y tomar el poder por medio de una huelga general y una insurrección armada al estilo de la soviética de 1917. El desencadenante de la insurrección fue la entrada en el gobierno de tres ministros de la CEDA. El movimiento obrero, mal armado, comenzó el 5 de octubre de 1934, y se inició, aunque con gran desorganización, mediante una huelga general que paralizó durante casi una semana las grandes ciudades, produciéndose enfrentamientos armados entre obreros y el ejército. Sin embargo, fue en Cataluña y en Asturias donde obtuvo mayor apoyo y virulencia.
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En Cataluña, los nacionalistas de ERC y los independentistas se sumaron al movimiento insurreccional, declarando el Estado Catalán independiente del resto de España, lo que hizo que el ejército interviniera y sofocara la insurrección. En Asturias, los mineros, mejor armados y organizados, se apoderaron de buePágina | 45 na parte de la provincia, pero fueron brutalmente reprimidos por tropas legionarias al mando del general Franco, que trasladó tropas regulares desde África. El balance fueron cerca de 2.000 personas muertas y más de 30.000 encarceladas. La revolución fracasó sobre todo por la negativa de los soldados de unirse a los revolucionarios y la inhibición de los campesinos. A finales de 1935, estallaron diversos escándalos de corrupción que afectaron a ministros del Partido Radical, lo que provocó una crisis de gobierno y la ruptura de la alianza con la CEDA, lo que hizo inevitable la convocatoria de nuevas elecciones. A estas elecciones se presentaron unidos todos los partidos de izquierdas, bajo la denominación de Frente Popular, para así impedir un nuevo triunfo electoral de las derechas. El Frente Popular se alzó con la victoria electoral el 16 de febrero de 1936, y enseguida puso en marcha su programa político:
Amnistía y excarcelación de todos los presos de la revolución de 1934. Restitución del Estatuto de Cataluña. Ilegalización de Falange Española y detención de sus dirigentes, acusados de terrorismo. Aceleración de la reforma agraria, lo que significó nuevas expropiaciones y el reparto de las mismas entre los campesinos sin tierras. Reforma fiscal para que la riqueza fuera distribuida más equitativamente. Aumento de las inversiones en prestaciones sociales y en la enseñanza. Sustitución de los militares derechistas de los puestos claves, ya que eran sospechosos de estar vinculados a tramas golpistas. Así, Franco fue enviado a Canarias, Goded a Baleares y Mola a Navarra.
Sin embargo, el nuevo gobierno también tuvo que afrontar numerosos y graves problemas, tales como el aumento de la conflictividad social (ocupaciones ilegales de tierras por parte de los campesinos, aumento de las huelgas y los desórdenes públicos...) y del anticlericalismo. En la primavera de 1936 aumentó la violencia y los atentados, cometidos tanto por grupos de derechas como de izquierdas. El asesinato del teniente socialista José Castillo tuvo como represalia el del diputado derechista Calvo Sotelo. Esta cadena de atentados radicalizó fuertemente las posturas políticas, y el fantasma de una guerra civil se hacía cada vez más patente. De hecho, el golpe militar estalló el 17 de julio de 1936, desencadenando un conflicto que duraría tres años.
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8. LA GUERRA CIVIL (1936-1939) Desde el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, comenzó a fraguarse un golpe militar para derribar al gobierno republicano, planificado y Página | 46 dirigido por el general Emilio Mola. El golpe estalló en la tarde del 17 de julio en Marruecos, y se extendió al resto de España el 18, fracasando en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y en numerosas capitales de provincia, ya que los sublevados no consiguieron el apoyo de todo el ejército. Este fracaso inicial, sumado a la incapacidad del gobierno republicano para sofocar a los rebeldes, y la decisión de repartir armas a los partidos y organizaciones obreras, convirtió el golpe militar en una larga y cruenta guerra civil. Desde un primer momento se produjo una división social a favor o en contra de la sublevación. A favor estaban la CEDA, los carlistas, los falangistas, los monárquicos y la Lliga Catalana, apoyados por los grandes latifundistas, los terratenientes, los aristócratas y los grandes empresarios. Dentro de las fuerzas armadas, la mayoría de los oficiales y todas las unidades de Marruecos se unieron a la sublevación, mientras que más de la mitad del ejército peninsular se mantuvo leal a la República. Entre los que estaban en contra del golpe destaca el proletariado urbano, los jornaleros y la pequeña burguesía, los cuales, con las armas entregadas por el gobierno, formaron las milicias populares, con las que consiguieron frenar a los sublevados en numerosas zonas. En lo que respecta a la intervención internacional en el conflicto, hay que señalar que ambos bandos, tanto republicanos como nacionalistas, buscaron apoyos políticos y material bélico en varios países. Los países europeos crearon un Comité de No Intervención, por el que se comprometían a no ayudar a ninguno de los dos bandos, pero en la práctica, cada país ayudó a uno u otro: Alemania e Italia a los sublevados, y la URSS a los republicanos. Alemania envió la Legión Cóndor, compuesta por 10.000 hombres y numeroso material bélico, a cambio de concesiones en materias primas y asegurarse en el futuro un gobierno aliado en Europa. Los fascistas italianos mandaron también abundante material bélico y 50.000 soldados, agrupados en el CTV (Cuerpo de Tropas Voluntarias), con el fin de conseguir un aliado en el Mediterráneo. En lo que respecta a Gran Bretaña, por miedo a una revolución comunista en España y para no incomodar a Hitler y Mussolini, impidieron toda venta de armas, e
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incluso presionaron a Francia para que suspendiera las entregas de material bélico a la República. El único país que respondió a las peticiones republicanas fue la URSS, que mandó centenares de aviones, carros de combate, armas, municiones y asesores miliPágina | 47 tares. Los motivos de la ayuda soviética fueron contrarrestar la ayuda de las potencias fascistas al bando nacionalista, favorecer la expansión de la revolución proletaria y desviar la atención de las potencias fascistas del este europeo. Las consecuencias de la ayuda soviética para el bando republicano fue que evitó una rápida derrota y aumentó el poder del PCE en el gobierno y en el ejército. Paralelamente, numerosas organizaciones obreras y de la izquierda internacional impulsaron la creación de las Brigadas Internacionales, una milicia formada por voluntarios izquierdistas de muchos países que acudió a España para luchar a favor de la República y en contra del fascismo. Además, numerosos intelectuales (Pablo Neruda, Ernest Hemingway, William Faulkner, Bertold Brecht...) dieron apoyo moral a los republicanos. En cuanto al desarrollo militar del conflicto, podemos distinguir tres etapas: 1ª. De julio de 1936 a mediados de 1937. El primer paso de los nacionalistas para emprender la conquista del territorio que había permanecido fiel a la República fue el traslado del ejército de África hacia la Península, que se logró gracias a la ayuda de la aviación alemana e italiana y a la incapacidad de la marina republicana. El desembarco de las tropas regulares permitió a los sublevados conquistar la mayor parte de Andalucía y abrir un pasillo a través de Extremadura para enlazar con la zona nacionalista de Castilla. Tras la toma de Badajoz, se emprendió un avance por el valle del Tajo hasta Toledo, con la intención de cercar M adrid y conquistarlo rápidamente, pues con dicha conquista el bando republicano quedaría completamente desarticulado. La defensa de Madrid fue de carácter eminentemente popular, puesto que el gobierno de la República se trasladó en noviembre de 1936 a Valencia por temor a la llegada de las tropas nacionalistas, por lo que se creó la Junta de Defensa de Madrid, presidida por el general Miaja, que militarizó a la población formando las milicias populares, consiguiendo, gracias también a la ayuda de las Brigadas Internacionales, detener el avance de los rebeldes y rechazarlos en la Ciudad Universitaria, estabilizando el frente en la línea del río Manzanares hasta prácticamente los últimos días de la gu erra.
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En los primeros meses de 1937, tuvieron lugar las batallas del Jarama y de Guadalajara, cuyo objetivo era envolver al enemigo para cercar Madrid, pero la primera terminó en tablas y la segunda se saldó con una clara victoria de los republicanos. Sin embargo, el hecho más destacado de esta etapa fue la feroz represión que Página | 48 se abatió en la retaguardia. Tanto nacionalistas como republicanos llevaron a cabo numerosos asesinatos y ejecuciones de opositores políticos, destacando la matanza en la plaza de toros de Badajoz (agosto 1936) y los asesinatos de presos políticos en Paracuellos (diciembre 1936). Así, a mediados de 1937, ambos contendientes dominaban aproximadamente la mitad del territorio español, sin que ninguno de ellos mantuviera una clara posibilidad de alzarse con el triunfo. 2ª. De mediados de 1937 hasta verano de 1938. La imposibilidad de tomar Madrid llevó al general Franco (elegido jefe del bando nacionalista) a cambiar de estrategia, concentrándose a partir de ese momento en la conquista del territorio republicano del norte peninsular (Asturias, Vizcaya y Santander), que poseían abundantes recursos económicos con los que desequilibrar el curso de la guerra. En esta etapa se intensifican los bombardeos aéreos contra la población civil en Madrid, Valencia, Barcelona y especialmente la destrucción de las ciudades vascas de Durango y Guernica (27 de abril de 1937). A comienzos de 1938 los enfrentamientos se centraron en la conquista de Teruel por el bando republicano, consiguiendo así retrasar de nuevo el ataque contra Madrid, ya que Franco concentró sus tropas en la recuperación de la ciudad y alcanzar el Mediterráneo, partiendo al territorio republicano en dos tras la toma de Castellón y Vinaroz en abril de 1938. 3ª. Desde el verano de 1938 hasta abril de 1939. La partición de la zona republicana llevó al general republicano Vicente Rojo a planear una ofensiva generalizada en el frente del Ebro, que se inició el 24 de julio. La denominada Batalla del Ebro, que duró casi cuatro meses, fue el canto de cisne del ejército republicano, ya que la victoria del ejército nacionalista produjo el colapso definitivo de la República. En enero de 1939, los nacionalistas entraron en Barcelona; el 28 de marzo, en Madrid; y el 31 de marzo en los últimos enclaves republicanos (Ciudad Real, Murcia, Valencia y Alicante). El 1 de abril de 1939, Franco firmaba el último parte de guerra.
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En lo que respecta a la evolución social y política en ambas zonas, hay que señalar que en el bando republicano, el gobierno fue incapaz de controlar la situación política e imponer su autoridad a las milicias, formadas por los sindicatos y partidos de izquierdas. Desde el principio, el bando republicano careció de una unidad política y militar, y con el transcurso de la guerra las divisiones entre los partidos políticos y los Página | 49 sindicatos se acentuaron. acentuaron. Los motivos de la división residen en los diferentes planteamientos sobre la guerra y la revolución. Para anarquistas y trotskistas (POUM), la revolución debía real izarse paralelamente a la guerra, de modo que impulsaron la colectivización de las fábricas y de las tierras, que pasaron a ser controladas por comités sindicales y comunas locales. Para republicanos, socialistas y comunistas, primero había que ganar la guerra y posteriormente realizar la revolución. Esta división acabó provocando enfrentamientos armados, hasta el punto que en mayo de 1937 tuvieron lugar intensos tiroteos en Barcelona entre ambas facciones, que se saldaron con la desarticulación del POUM (acusado de colaborar con los fascistas), la pérdida de influencia de los anarquistas en el gobierno, y el aumento de la influencia de los comunistas. A partir de estos sucesos, el gobierno republicano pasó a estar presidido por Juan Negrín, consolidándose la influencia del PCE gracias a la ayuda soviética. Otro de los problemas con los que se enfrentó el gobierno republicano fue la falta de un ejército regular. Al principio de la guerra, las milicias populares se habían mostrado ineficaces por su falta de preparación militar y de unidad, por lo que se creó el Ejército Popular, formado por brigadas b rigadas mixtas de soldados y milicias, si bien muchos anarquistas se negaron a encuadrarse en ellas. Por el contrario, el bando nacionalista creó desde el principio de la guerra la Junta de Defensa Nacional, que posteriormente eligió al general Franco como jefe de gobierno del nuevo Estado, con poderes ilimitados tanto políticos como militares. Este rápido ascenso de Franco se debió a sus espectaculares espectaculares éxitos militares en las primeras semanas de la guerra, a su habilidad para entablar contactos con alemanes e italianos, y a la falta de rivales políticos que le hicieran sombra (Sanjurjo murió en un accidente de aviación, Goded fue fusilado por los republicanos, y Mola murió mientras inspeccionaba el frente del norte). En abril de 1937, Franco emitió el Decreto de Unificación, mediante el cual todos los partidos de derechas se unificaron bajo las siglas de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Además, se fomentó la influencia de la Iglesia católica, que dio a la guerra el carácter de Cruzada y justificaba el conflicto contra una República formada por ateos y enemigos de la Iglesia.
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Tras el final de la guerra, España tuvo que afrontar sus consecuencias, que fueron muy graves y muchas de d e ellas se prolongaron durante largos años:
Demográficas: El número de muertos producidos por la guerra no se ha podido cuantificar aún con exactitud, si bien los últimos estudios arrojan una Página | 50 cifra de alrededor de 250.000 muertos en los frentes de batalla. Además, habría que sumar las muertes producidas por las enfermedades, el hambre, los no nacidos y los que se exiliaron, por lo que se estima una pérdida demográfica entre 700.000 y el millón de personas. Económicas: La producción española descendió en todos los sectores de forma importante, a lo que habría que añadir las destrucciones de numerosas fábricas, carreteras y comunicaciones, lo que produjo un descenso del 30% de la renta nacional. Asimismo, la destrucción producida en las ciudades por los bombardeos fue muy alta, estimándose en 500.000 las viviendas destruidas. Sociales: El descenso de la producción agrícola obligó al racionamiento de los alimentos, lo que produjo hambre y fenómenos de acaparamiento y mercado negro. El racionamiento duró hasta 1952. El exilio: Numerosos profesionales y políticos se exiliaron al extranjero al finalizar la guerra, lo que se tradujo en pérdidas económicas, porque fueron difíciles de sustituir. Además, en torno a 450.000 personas huyeron de España por temor a las represalias; muchos fueron posteriormente deportados de vuelta, otros murieron en campos de exterminio nazi durante la guerra mundial, y otros lucharon en la resistencia francesa o en el ejército soviético.
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9. LA ESPAÑA DE LA POSGUERRA (1939-1959) ASPECTOS SOCIALES, POLÍTICOS Y ECONÓMICOS La necesidad de los sublevados de dotarse d otarse de un Estado (mando militar unificaunific a- Página | 51 do, estructura administrativa, legislación, poder ejecutivo...), les llevó desde el principio de la guerra a concentrar el poder político y militar en la persona del general Francisco Franco, quien a lo largo de casi cuarenta años concentró en sus manos todos los poderes del Estado. En la zona nacionalista se tomaron diversas disposiciones desde el principio de la guerra:
Anulación de la reforma agraria, devolviendo las tierras a los antiguos propietarios. Prohibición de todos los partidos políticos y sindicatos. Creación de un partido único (FET de las JONS) con Franco como jefe. Supresión del derecho de huelga. Anulación de la libertad de expresión y establecimiento de la censura previa. Abolición de todos los estatutos de autonomía.
Estas medidas, tomadas durante los primeros años, dejan entrever cuáles serían los principios ideológicos del franquismo: Rechazo al sistema político liberal y exaltación del pasado glorioso de España: Esto produjo una fascistización del sistema político (partido único, exaltación del pasado, denominación pomposa del jefe del Estado...) muy similar a la de los regímenes totalitarios de Italia y Alemania. Anticomunismo, ya que impedir el triunfo de la revolución comunista había sido uno de los objetivos fundamentales de los sublevados. Esto les llevó a firmar el Pacto Antikomintern con Alemania y con Italia. Asimismo, la cruel represión del marxismo y de todo lo que sonara a movimiento obrero se mantuvo hasta el final del régimen franquista. Esta característica anticomunista permitió al franquismo salir de su aislamiento internacional durante la guerra fría. liberal, así como al sistema parlamentario, acusado Rechazo a toda idea liberal, de ser el origen de los males de España y posteriormente como inadecuado para España, dado el carácter de los españoles.
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Exacerbado nacionalismo de carácter centralizador, unitario y totalizador, rechazando cualquier tipo de autonomía regional por considerarlo separatista y antiespañol, prohibiéndose el uso de las lenguas vernáculas en actos públicos, escuelas e iglesias. Catolicismo oficial del régimen, lo que significó para Franco el poder pro- Página | 52 poner al Vaticano el nombre de los futuros obispos y entrar bajo palio en las iglesias. La Iglesia, a cambio, obtenía el dominio de la enseñanza, el restablecimiento de las retribuciones al clero e incluso el control del profesorado. La relación régimen-catolicismo fue tan estrecha que se convirtió en la religión del Estado, doctrina conocida como “nacionalcatolicismo”. Otro aspecto a destacar son las familias institucionalizadas y políticas, que convivieron dentro del régimen franquista y que se repartían el poder. Entre estas familias del régimen encontramos: Ejército, garante permanente de las esencias del régimen y de su permanencia, pues siempre fue leal al dictador. Tuvo mucha más influencia que la Falange y la mayoría de los mandos militares desempeñaron puestos importantes dentro del gobierno, la administración y las empresas. La Iglesia, que formó parte del Estado a través del nacionalcatolicismo, ocupando puestos relevantes en las instituciones, contribuyendo a formar a las élites del régimen. Falange, que tras el decreto de unificación de 1937 se integró en el Movimiento Nacional. Franco asumió el mando del partido, desvirtuando su ideología original y obligó a carlistas y funcionarios a encuadrarse en sus filas. Fueron perdiendo importancia dentro del gobierno, conservando el ministerio de Trabajo, los sindicatos y los medios de comunicación. El régimen se sostuvo en sus primeros años en la represión y en la promulgación de diversas leyes encaminadas a eliminar cualquier atisbo de oposición. Así, tenemos la Ley de Responsabilidades Políticas (1939), la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940), la Ley de Seguridad del Estado (1941) y la Ley de Represión del Bandidaje y del Terrorismo (1947), lo que se tradujo en numerosos fusilamientos y encarcelaciones de disidentes al régimen. La Segunda Guerra Mundial estalló al poco tiempo de finalizar la guerra civil española. La actitud de Franco hacia el conflicto fue variando según se desarrollaba la guerra. Así, encontramos las siguientes fases:
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Neutralidad, producida por la debilidad inicial del régimen y a pesar de haber firmado un pacto de amistad con Alemania en 1939, Franco se mantuvo neutral, e incluso firmó acuerdos comerciales con Inglaterra y Francia. No beligerancia, a partir de la entrada de Italia en la guerra (junio de 1940), con lo que España empezó a proporcionar materias primas y recur- Página | 53 sos, así como ayuda estratégica a las potencias del Eje (Italia y Alemania). El objetivo era la entrada de España en la guerra, negociando Franco y Hitler en Hendaya, reclamando para España territorios del África francesa (Marruecos y parte de Argelia), la ampliación de Guinea, la recuperación de Gibraltar y más ayuda económica. Hitler rechazó estas pretensiones, pidiendo incluso establecer bases en las islas Canarias para interrumpir los convoyes aliados. A pesar de la negativa de Franco, el ministro de exteriores, Ramón Serrano Súñer, parte de Falange y casi todo el ejército, deseaban la entrada en el conflicto. Ésta no se hizo realidad por la guerra entre Alemania y la URSS y porque Franco se dio cuenta de las ventajas de no enemistarse con Inglaterra y EE.UU., que ofrecían ayuda económica a cambio de la neutralidad. Envío de la División Azul, una división de voluntarios para luchar contra la URSS y el comunismo, al lado de Alemania. Regreso a la neutralidad estricta tras la entrada de EE.UU. en el conflicto y la caída de Mussolini, con lo que Franco comenzó a romper todos los lazos que le unían al Eje, repatriando a la División Azul y absteniéndose de provocar a los aliados. En resumen, la postura de Franco con respecto a la guerra fue siempre interesada, apoyando a unos o a otros en función de los vaivenes del conflicto. Sin embargo, la derrota del Eje en 1945 supuso la pérdida de relevancia política del fascismo en el régimen, aunque los aliados decretaron el aislamiento internacional de España, excluyéndola de las ayudas económicas del Plan Marshall y de participar en la formación de la ONU. En esta época comienza a aumentar la influencia política de los católicos en detrimento del poder de Falange, simbolizada en el nombramiento del almirante Luis Carrero Blanco como subsecretario de la presidencia (llegaría a ser presidente del gobierno en 1973, justo antes de su asesinato por ETA) y de Alberto Martín Artajo como ministro de Asuntos Exteriores, con el encargo de romper el aislamiento internacional. El reconocimiento internacional se consideró de vital importancia, de ahí que Franco iniciara un acercamiento a EE.UU. aprovechando el inicio de la guerra fría. Esta coyuntura internacional hizo ver a los norteamericanos que España ocupaba una posi-
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ción geoestratégica fundamental. En 1953 se firmaron los Pactos Bilaterales (militares y económicos) con EE.UU., consolidándose el régimen y mejorando su imagen internacional. Estos convenios contemplaban la apertura de cuatro bases aéreas y navales norteamericanas en suelo español (Torrejón, Zaragoza, Rota y Morón), la introducción de armas atómicas en estas bases, y la libre utilización de las mismas contra enemigos Página | 54 de EE.UU. A cambio, España recibió una ayuda económica de 1.500 millones de dólares y diverso material militar. También se firmó en 1953 un Concordato con el Vaticano, que suponía una antesala a la apertura internacional del régimen franquista, que en 1955 fue admitido en la ONU y posteriormente en el FMI. Sin embargo, se vetó la incorporación a la OTAN y a la CEE hasta que se cumplieran unas condiciones dignas de democratización, algo que no sucedería hasta la muerte de Franco en 1975. El franquismo necesitaba dotarse de un entramado jurídico y administrativo con el que poder gobernar y formar un cuerpo ideológico e institucional constituyente. Estas leyes fundamentales son las siguientes: Fuero del Trabajo (1938). Ley de Cortes (1942), mediante la que se restauraban las Cortes, aunque sin representatividad democrática, puesto que sus miembros, los procuradores, eran nombrados por el gobierno o a través de los sindicatos verticales. Su trabajo consistía en aprobar sin discusión las leyes que Franco presentaba. Fuero de los Españoles (1945), en el que se contemplaba una serie de derechos y deberes ciudadanos, algunos realmente muy limitados. Ley de Referéndum Nacional (1945), que contemplaba la posibilidad de realizar consultas populares para ratificar leyes trascendentales. Ley de Sucesión (1947), que confirmaba el carácter vitalicio de la dictadura y regulaba el medio de sucesión, pudiendo Franco nombrarlo a su antojo. En esta ley se definía a España como un reino, pero el restablecimiento de la monarquía quedaría supeditado a los deseos del dictador. A pesar de la promulgación de diversas leyes, el franquismo se caracterizó por la concentración absoluta de todos los resortes del poder en manos del general Franco, ya que en su persona reunía los cargos de Jefe del Estado, Presidente del Gobierno, Jefe del Movimiento Nacional y Generalísimo de los ejércitos. La política económica tomada por la dictadura tras finalizar la contienda civil estaba condicionada por tres factores: las enormes pérdidas materiales, el aislamiento
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internacional tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y el fuerte proteccionismo impuesto por el régimen. Esta política proteccionista, denominada “autarquía”, perseguía alcanzar el autoabastecimiento y la autosuficiencia con respecto del exterior. Para lograrlo se produPágina | 55 jo una fuerte intervención del Estado en la economía. Así, mediante decretos y leyes el gobierno controlaba los salarios, los precios, el consumo y las inversiones. En este sentido se tomaron las siguientes medidas: Restringir las importaciones, para así reservar el mercado interior a los productos nacionales. Fijación de los precios de cereales y legumbres, obligando a los productores a vender la totalidad de sus cosechas al Estado. Creación en 1939 de la Comisaría General de Abastecimiento y Transportes, así como la imposición de un estricto racionamiento de los productos de primera necesidad, mediante las cartillas de racionamiento para evitar el hambre. Creación del Instituto Nacional de Industria (1941) para conseguir la industrialización del país, a través de la creación de diferentes industrias de capital y gestión pública que cubrieran los sectores productivos más importantes, como por ejemplo ENDESA, IBERIA, SEAT… Creación de la RENFE tras la nacionalización de las redes ferroviarias. Las consecuencias de esta política autárquica fueron: el descenso de los salarios y del nivel de vida; la disminución de las cosechas; el aumento de los precios y la extensión del mercado negro de alimentos; la caída de la producción industrial por la falta de materias primas; el déficit comercial por la baja calidad de los productos españoles; y el aumento de la inflación. En resumen, la autarquía supuso un fracaso, ya que no pudo cumplir sus objetivos, y sólo benefició a los latifundistas y los grandes empresarios. A partir de los años cincuenta, se inician cambios en la política económica que supusieron el inicio del abandono de la autarquía, debido al fin del bloqueo diplomático, el aumento de las protestas sociales por la inflación y el peligro de bancarrota por la falta de divisas con las que financiar el déficit comercial. A partir de 1956 entraron en el gobierno una serie de ministros provenientes del Opus Dei: los tecnócratas (Ullastres, López Rodó…), que promovieron una mayor integración en la economía internacional y realizaron el Plan de Estabilización, cuyos objetivos eran: abandonar la autarquía, reinsertar la economía en el mercado interna-
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cional y modernizar la economía nacional. Para ello se tomaron diversas medidas como la devaluación de la peseta (para favorecer las exportaciones), la limitación del gasto público, el aumento de los impuestos indirectos, las facilidades a las inversiones extranjeras, etc. El Plan de Estabilización de 1959 resultó un éxito en algunos aspectos, pues redujo la inflación y alejó el peligro de la bancarrota, aunque también tuvo consecuencias negativas como el aumento del desempleo y la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores, sentando las bases del desarrollo económico de la década de los sesenta. En la década de los cuarenta, la oposición a la dictadura fue muy escasa, limitándose a algunos núcleos de guerrilleros en zonas montañosas y rurales, pero prontamente sofocados por el ejército. Esta guerrilla estaba formada por socialistas, anarquistas y comunistas, pero nunca pudo disfrutar de apoyos populares. En lo que respecta a la oposición del exterior, las actuaciones del gobierno republicano en el exilio fueron poco efectivas, pues carecía de representatividad y de apoyos sociales por la división de los partidos que lo formaban. Un grupo que intentó una cierta oposición fue el de los monárquicos, pero al promulgarse la Ley de Sucesión, Juan de Borbón desistió de enfrentarse abiertamente a Franco y negoció la presencia de su hijo en España para completar su educación. A partir de los años cincuenta, se inicia una lenta reorganización de la oposición política y sindical en el interior, caracterizada por su descoordinación y por manifestarse a través de las organizaciones franquistas: el SEU y los sindicatos verticales, y buena muestra de ello fueron las huelgas obreras de 1951 y los conflictos en las universidades de 1956.
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10. LA DICTADURA FRANQUISTA ENTRE 1959 Y 1975: ASPECTOS SOCIALES, POLÍTICOS Y ECONÓMICOS La última etapa de la dictadura de vio caracterizada por un gran crecimiento económico que irá transformando íntegramente a la sociedad española, que a su vez favoreció el aumento de la oposición al régimen. Sin embargo, la situación política se caracterizó por su inmovilismo y por el aumento de la actividad represiva ante cualquier signo de oposición política. Con el fin de garantizar la continuidad del régimen, en 1962 se procedió a remodelar el gobierno, creando la figura del vicepresidente y dando mayor peso a los tecnócratas. Así, nombró al general Muñoz Grandes como vicepresidente, pero sin apenas funciones. Los nuevos ministros se dividieron entre aperturistas e inmovilistas. De los primeros destacó Manuel Fraga, que se encargó del ministerio de Información y Turismo, promoviendo la Ley de Prensa (1966), que suprimió la censura previa, pero castigaba con multas y cierre de las publicaciones a aquellas que criticaran al régimen. En 1967 se promulgó la Ley Orgánica del Estado, que venía a ser un remedo de Constitución. Esta ley consolidó la democracia orgánica como pilar fundamental del régimen y diseñaba en líneas generales la España posterior a Franco. Igualmente, en 1969 se nombró a Juan Carlos de Borbón como sucesor. Sin embargo, la represión aumentó y un sector del franquismo se radicalizó, pidiendo la vuelta del espíritu del 18 de julio. Este grupo sería conocido como “el búnker”. En 1973, la crisis energética internacional y el asesinato de Carrero Blanco, hizo que el régimen se endureciera tras una tímida apertura. El sucesor de Carrero, Carlos Arias Navarro hizo que el búnker se reforzase y se frenase todo intento de apertura, tímidamente iniciado con el llamado “Espíritu del 12 de febrero”, donde se intentó, en 1974, legalizar las asociaciones políticas. En lo que respecta a política exterior, en líneas generales se consolidaron los acuerdos con EE.UU. y con varios países europeos. También se continuó con el proceso descolonizador de las posesiones españolas en África (Marruecos, 1956; Sidi Ifni 1958, Guinea Ecuatorial, 1968; Sáhara, 1975). La evolución de las familias franquistas durante el tardofranquismo se caracterizó por:
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Los militares continuaron siendo el pilar fundamental del régimen y nunca dejó de apoyar a Franco. Tan sólo en 1974, un ínfimo número de militares jóvenes crearon la UMD para manifestar su oposición al régimen, pero fueron reprimidos rápidamente. Cierto sector de la Falange empezó a demostrar a partir de 1960 una cier- Página | 58 ta discrepancia, al creer que se habían abandonado los principios fundacionales del Movimiento. Los católicos, tras el Concilio Vaticano II (1965), comenzaron a distanciarse del régimen, de tal modo que la Conferencia Episcopal pidió la libertad sindical, y numerosos sacerdotes iniciaron su militancia antifranquista. A partir de mediados de los años sesenta, la oposición política y social al franquismo se acrecienta, sobre todo en el interior del país, experimentando nuevos cauces de lucha. Igualmente, una parte de esta oposición se radicaliza, optando algunos grupos por la lucha armada. Durante esta etapa se distinguen varios movimientos: Movimiento obrero, que promovió numerosos conflictos laborales, sociales y políticos. Entre las organizaciones obreras encontramos dos posturas diferentes. Por un lado, el PSOE y la UGT, que se negaron a participar en las elecciones a delegados sindicales, y por otro el PCE, que fomentó la elección de delegados para luchar desde dentro por la democratización de los sindicatos verticales. Movimientos ciudadanos, que reivindicaban mejoras en las infraestructuras básicas de los barrios, derivando muchas exigencias en peticiones de democratización de las instituciones franquistas. A lo largo de los años sesenta, los partidos políticos opuestos al franquismo se reorganizaron en el interior, siendo los más destacados el PCE y el PSOE, sumándose en Cataluña el PSUC y en el País Vasco el PNV. El PCE siempre cambió de estrategia en su lucha contra el franquismo, proponiendo la utilización de cauces legales del franquismo y la participación activa de sus delegados sindicales infiltrados, así como promover los movimientos ciudadanos y la reconciliación nacional, que consistía en for jar una alianza interclasista contra la dictadura. Acontecimientos internacionales como la desestalinización o la invasión de Checoslovaquia en 1968 llevaron a parte de la dirección del PCE, liderada por Santiago Carrillo a desligarse paulatinamente de la URSS, creando junto con otros comunistas europeos la corriente del “Eurocomunismo”, que consistía en
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aceptar la democracia burguesa y renunciar a la dictadura del proletariado. El PSOE, más realista que el PCE, proponía la colaboración con todos los grupos políticos opositores sin distinción de ideologías. En 1974, en el Congreso de Suresnes, militantes del interior encabezados por Felipe Página | 59 González y Alfonso Guerra asumieron la dirección del partido, haciéndolo más moderado al renunciar al marxismo como pilar ideológico. El terrorismo también surgió a raíz de mayo de 1968 en grupos muy radicalizados ante la inmovilidad del régimen y el aumento de la represión. Se optó por la lucha armada contra el franquismo. Entre estos grupos destaca ETA (Euskadi Ta Askatasuna) creada tras una escisión de jóvenes militantes del PNV que estaban descontentos ante la pasividad del partido. Con el tiempo, ETA evolucionó hacia una ideología que mezclaba el nacionalismo radical con el marxismo leninismo, iniciando la lucha armada a partir de 1968. En 1975 aparecieron otros grupos armados como el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Popular) o el GRAPO (Grupo Revolucionario Antifascista Primero de Octubre), también de ideología marxista leninista. Desde el punto de vista de la acción política contra la dictadura, merece destacar la reunión celebrada en Múnich (1962), en la que participaron representantes de la oposición con el objetivo de coordinar la lucha contra la dictadura, reclamando el establecimiento de la democracia. La campaña represiva del régimen y la no incorporación a la misma del PCE, así como la ausencia de Juan de Borbón, hicieron que no sirviera de nada. Hacia el final del régimen los partidos de la oposición ahora más y mejor coordinados, presentaron diversas propuestas democratizadoras como alternativa a la dictadura. Así, en 1974, se creó en París la Junta Democrática, formada por el PCE, PSP, PTE, un sector del carlismo y algunos independientes. En 1975, el PSOE formó con Izquierda Democrática y algunos grupos dispersos socialdemócratas, la Plataforma de Convergencia Democrática. Ese mismo año las dos alternativas se unieron formando la Coordinación Democrática (Platajunta), con el objetivo común de derribar a la dictadura y formar un gobierno provisional. Sin embargo, la muerte de Franco en noviembre de 1975 precipitó los acontecimientos y la transición a la democracia circuló por otras vías. El régimen, ante el crecimiento de la oposición, decidió aumentar la represión. En 1959 se promulgó la Ley de Orden Público, y en 1963 el Tribunal de Orden Público. Casos sangrantes fueron los siguientes: fusilamiento del dirigente comunista Julián
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Grimau (1963), el Proceso de Burgos (1970) contra militantes de ETA, el Proceso 1001 contra dirigentes del sindicato comunista Comisiones Obreras, o los fusilamientos de militantes del FRAP y de ETA en septiembre de 1975. El Plan de Estabilización de 1959 permitió romper la política autárquica, abrir la Página | 60 economía y facilitar la inversión extranjera gracias al turismo. Así, durante los años sesenta, se produjo un rápido crecimiento económico que no pararía hasta 1973. Este período fue conocido como “desarrollismo”. Las características de la economía durante esta etapa desarrollista fueron: Los Planes de Desarrollo, con el fin de coordinar y dirigir el gran crecimiento de la economía, el ministro Laureano López Rodó aplicó cuatro planes económicos (1964-1976) para promover la producción mediante inversiones públicas y subvenciones a la empresa privada. La favorable coyuntura internacional, caracterizada por altas tasas de cr ecimiento económico. La entrada masiva de capitales extranjeros y la progresiva implantación de las grandes multinacionales, atraídas por los bajos costes salariales y las facilidades estatales para repatriar beneficios. Ingresos provenientes del turismo. Remesas de dinero enviadas por los numerosos emigrantes españoles. Grandes inversiones estatales en infraestructuras hidráulicas y de transporte. El espectacular crecimiento de la economía española permitió aumentar la renta per cápita (2.000 dólares en 1973), aumentar las exportaciones, transformar a España en un país industrial y urbano, y aumentar el poder adquisitivo y la demanda interna. Sin embargo, el desarrollismo también trajo consigo consecuencias negativas, ya que el importante éxodo interior y exterior contribuyó a iniciar los desequilibrios regionales y productivos. Además, el sistema fiscal seguía siendo injusto y regresivo, pues el 65% de los impuestos se recaudaban de manera indirecta, afectando a todos por igual. Por último, el desarrollo también conllevó una mayor dependencia del exterior, ya que se importaban las fuentes de energía. A partir de 1973 se inicia una crisis económica de carácter internacional, que afectó especialmente a los países occidentales debido a una fuerte subida del precio del petróleo. En España, esta crisis coincidió además con el final del franquismo, y duró más de lo previsible debido a la total dependencia del petróleo como fuente básica de
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energía. Así, el número de turistas y las exportaciones sufrieron un fuerte descenso, muchos emigrantes retornaron, aumentando con ello el desempleo y la conflictividad social, y finalmente, la crisis también se tradujo en un fuerte aumento de la inflación y del déficit. La evolución demográfica de España experimentó un importante crecimiento vegetativo, debido a un fuerte descenso de la mortalidad causado por la mejora de las condiciones de vida y la extensión de los servicios sanitarios al grueso de la población. A esto habría que añadir otros fenómenos que comenzaron en la etapa desarrollista, como el importante éxodo rural hacia las ciudades y la rápida industrialización, lo que provocó la progresiva aparición y crecimiento de una clase media, formada por obreros cualificados, pequeños empresarios, burócratas y personal de servicios, lo que aportó una mayor estabilidad social al país. Igualmente, es importante señalar la incorporación de la mujer al mundo laboral, lo que repercutió en cambios de mentalidades, que se vieron potenciados por el crecimiento de los medios de comunicación y la mejora del nivel de vida.
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11. LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Entendemos por “transición democrática” al período en el que, tras la muerte del general Franco y la coronación de Juan Carlos I (1975) se restablecieron las instituPágina | 62 ciones democráticas en el país, culminándose como la victoria del PSOE en las elecciones generales de octubre de 1982. Las características principales de la transición son tres: 1. Evolución controlada del franquismo hacia la democracia, ya que el cambio se produjo dentro de la legalidad vigente y sin reemplazar a los que tenían el poder franquista. 2. Fue fruto de un consenso entre políticos franquistas y opositores. 3. Tuvo mucha influencia la presión y movilización del pueblo español. Los factores que posibilitaron la transición son los siguientes: Institucionales, ya que la Ley Orgánica del Estado recogía que a la muerte de Franco el rey sucesor no tendría la facultad de dictar leyes ni las funciones de gobernar, por lo que la monarquía estaba sujeta a las leyes. Oposición del rey al continuismo, y muerto Carrero Blanco, no existía una oposición fuerte al rey que fuera capaz de mantener la dictadura. Socioeconómicos, ya que el fuerte desarrollo económico y la apertura exterior de España equiparaba a la población española con las de otros países democráticos Exteriores, puesto que las presiones de los países democráticos europeos, la caída de la dictadura salazarista en Portugal y la posición aperturista de la Iglesia hacían complicada la pervivencia de una dictadura en España. Tras asumir la corona el 22 de noviembre de 1975, el rey Juan Carlos nombró presidente de las Cortes a Torcuato Fernández Miranda, y mantuvo a Carlos Arias Navarro al frente de un gobierno formado por inmovilistas y reformistas, cuyo fin era gobernar un país franquista sin Franco. Este gobierno fracasó por varias razones, ya que hubo enfrentamientos entre Arias Navarro (apoyado en el búnker) y el rey (partidario de acelerar las reformas democratizadoras), y además las fuerzas opositoras aument aron sus actividades exigiendo el final de la dictadura. Esta situación hacía necesario que si se quería llevar a España a una democracia el búnker fuera alejado del poder. En una entrevista a la revista norteamericana Newsweek el rey calificó a Arias Navarro como “un desastre sin paliativos”. Éste, presionado, presentó su dimisión el 1 de julio de 1976. Según la ley vigente, las Cortes presentaban al rey una terna de tres
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candidatos para que eligiera al futuro presidente. Torcuato Fernández Miranda incluyó entre los candidatos a Adolfo Suárez, que gozaba de la confianza del monarca. El nombramiento de Suárez como presidente del Gobierno no fue del agrado de la oposición, ya que los reformistas lo veían como un personaje anclado al régimen anterior (Suárez había sido Secretario del Movimiento) y el búnker lo consideraba demasiado liberal. Página | 63 Una de las primeras acciones de Suárez fue promulgar una amplia amnistía política, que posibilitó la excarcelación de 400 presos. El 15 de diciembre de 1976, Su árez lograba que se aprobara en referéndum la Ley para la Reforma Política, que contemplaba la elección de unas Cortes bicamerales (Congreso de Diputados y Senado) mediante sufragio universal. El 10 de febrero 1977 se promulgaba un Decreto Ley que legalizaba la existencia de todos los partidos políticos, excepto el PCE, que todavía su scitaba muchos recelos entre la derecha y los militares. El PCE fue legalizado por sorpr esa el 9 de abril de 1977, tras conversaciones secretas entre Suárez y Santiago Carrillo. Otro Decreto Ley (23 de marzo de 1977) reguló las normas electorales, estableciendo que para el Congreso se respetara una representación proporcional y para el Senado los candidatos fueran individuales y elegidos por sistema mayoritario. Entre abril y el 15 de junio de 1977 (fecha en que se celebraron las primeras elecciones democráticas), se suprimió el Tribunal de Orden Público, se legalizaron los sindicatos, se autorizó el uso de la Ikurriña, se restableció la Generalidad de Cataluña y se promulgó una segunda amnistía. Los partidos políticos más importantes que concurrieron a las elecciones fueron: Alianza Popular (AP), creada en 1976 y liderada por Manuel Fraga y otros ex-ministros franquistas, representando a la clase dirigente del franquismo. Sus resultados fueron bastante pobres (16 diputados). Unión de Centro Democrático (UCD), liderada por Suárez, que agrupaba a un grupo ideológicamente diverso: socialdemócratas, democristianos, liberales… Fue el partido más votad (166 diputados). Partido Socialista Obrero Español (PSOE), dirigido por Felipe González. Fue el segundo partido más votado (118 diputados). Partido Comunista de España (PCE), dirigido por Santiago Carrillo. Obtuvo pobres resultados (19 diputados). Partido Nacionalista Vasco (PNV), que representaba a la derecha nacionalista vasca (8 diputados). Convergència i Unió (CiU), que bajo el liderazgo de Jordi Pujol, aglutinaba al nacionalismo conservador catalán (11 diputados).
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La victoria de la UCD se interpretó como un fuerte respaldo a la política reformista llevada a cabo hasta entonces por Adolfo Suárez, mientras que los pobres resultados de AP hicieron ver que el pueblo español rechazaba los restos del franquismo. Tras el triunfo electoral, Suárez formó un gobierno con un triple objetivo: rePágina | 64 dactar una nueva Constitución basada en el consenso de todas las fuerzas políticas, construir el Estado de las Autonomías, y resolver la crisis económica. Para sacar adelante estos objetivos, Suárez tuvo que recurrir al pacto con todas las fuerzas parlamentarias. Ante la crisis económica, se firmaron los Pactos de La Moncloa (octubre de 1977), mediante los cuales se establecieron profundas reformas fiscales y diversas medidas para controlar la inflación y el desempleo. En lo que respecta a las autonomías, entre 1977 y 1978 se crearon mediante decretos leyes trece regímenes preautonómicos que diseñaban la futura administración territorial de España y que recogería la futura Constitución. Tras la promulgación de la Constitución, las Cortes se disolvieron y se convocaron nuevas elecciones en marzo de 1979, siendo nuevamente ganadas por la UCD. Esta nueva legislatura presentó diversas características. Celebración de las primeras elecciones municipales democráticas, ganadas mayoritariamente por los partidos de izquierda (PSOE y PCE). Promulgación del Estatuto de los Trabajadores (1980) y de la Ley del Divorcio (1981). Ingreso de España en la OTAN. Deterioro de la situación económica, puesto que la UCD no había podido adoptar medidas para sanear la economía por considerarlas impopulares. Progresivo deterioro de la UCD, ya que los diversos grupos que la formaban se fueron desintegrando, hasta forzar la dimisión de Suárez en enero de 1981. Progresivo fortalecimiento del PSOE, que fue ganando apoyos populares con sus promesas de cambio, consiguiéndose atraer a las clases medias, que le darían la victoria electoral en octubre de 1982. En esta etapa se produjo un intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. Un grupo de guardias civiles, dirigidos por Antonio Tejero, asaltaron el Congreso y tomaron como rehenes a los diputados. A éste se le sumó en Valencia el general Milans del Bosch, que declaró el estado de guerra. Sin embargo, el pronunciamiento fracasó enseguida, debido a la actitud democrática del rey, que se vio apoyado por el resto de los jefes militares y por el pueblo.
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12. LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS Mediante la elaboración de la Constitución se configuró en España un nuevo Página | 65 Estado democrático que sustituyó a las viejas estructuras políticas franquistas. Nuestra Constitución se basa en un conjunto de principios y valores esenciales como la libertad, la justicia o el pluralismo político. En consecuencia, los poderes quedan sometidos a la legalidad, y se garantiza la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas a través de representantes libremente elegidos. En el Título I de la Constitución encontramos un completo reconocimiento de los derechos y libertades individuales: derecho a la vida declarando abolida la pena de muerte, derecho a la integridad física prohibiendo la tortura y las penas degradantes, derecho a la libertad y la seguridad, derecho a la educación, derecho a la Seguridad Social, libertad religiosa, de expresión, pensamiento, reunión y manifestación. Además, se crea la figura del Defensor del Pueblo, un instrumento para garantizar estos derechos básicos de los españoles, cuya tarea primordial consiste en recoger las reclamaciones de los ciudadanos referentes a la vulneración de sus libertades por parte de la administración estatal. El Rey ocupa la Jefatura del Estado, su cargo es vitalicio y la Corona hereditaria. Las tres atribuciones principales del monarca, que está subordinado a la Constitución y debe jurar fidelidad a la misma, consisten en la representación simbólica de la nación, la sanción de las leyes aprobadas en Cortes y el mando supremo nominal de las Fuerzas Armadas. El texto constitucional reserva a las Cortes Generales (formadas por el Congreso de Diputados y el Senado) el ejercicio de varias funciones esenciales: la elaboración de las leyes, el control de la actividad gubernamental, la aprobación de los presupuestos económicos anuales generales del Estado y la autorización de los tratados internacionales. Ambas cámaras son representativas y sus miembros son elegidos por sufragio universal directo y secreto. No obstante, el Congreso de los Diputados ocupa una posición preeminente, ya que puede proceder a la aprobación de una ley sin la aceptación del Senado, a lo que se añade que tanto el voto de investidura del candidato a presidente de Gobierno como las mociones de censura se realizan en el Congreso de los Diputados.
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El Gobierno, compuesto por el presidente y los ministros, ejerce la función ejecutiva y la dirección de la política interior y exterior. El Tribunal Constitucional controla la constitucionalidad de todas las normas y leyes, también resuelve los posibles conflictos entre el Estado central y las ComunidaPágina | 66 des Autónomas. Esta institución aparece formada por doce miembros: cuatro elegidos por el Congreso, cuatro por el Senado, dos a propuesta gubernamental y otros dos por el CGPJ. El nuevo texto constitucional definió a España como un nuevo Estado de carácter democrático, sustituyendo al estado franquista. Las características principales de la Constitución de 1978 son las siguientes: A) DERECHOS, DEBERES Y LIBERTADES DE LOS CIUDADANOS: El texto constitucional recoge una amplia carta de derechos y obligaciones, tanto individuales como colectivos, entre los que destacan el derecho a la vida y a la integridad física y moral (prohibición de la tortura), la abolición de la pena de muerte, la libertad de sindicación, huelga y asociación, el derecho a la educación y a la seguridad social, la libertad de religión, expresión, pensamiento, reunión y manifestación… También crea la figura del Defensor del Pueblo con el objetivo de canalizar las reclamaciones de los ciudadanos referentes a la vulneración de los derechos y libertades por parte de la administración. B) INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DEL ESTADO: La Constitución recoge como principales instituciones al rey (Jefe del Estado con las funciones de sancionar las leyes y dirigir el ejército), las Cortes (Congreso y Senado con potestad legisladora y de control del ejecutivo), el Gobierno (formado por el presidente y los ministros), y el Poder Judicial (Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional). C) ACONFESIONALIDAD DEL ESTADO, aunque se establece la protección y la promoción a través de la educación, de la religión católica. La Constitución reconoce que España está integrada por nacionalidades y regiones que tienen el derecho a la autonomía. En su Título VIII se diseñó una organización territorial formada por el municipio, la provincia y la Comunidad Autónoma. Según la Constitución, éstas son provincias o agrupaciones de provincias que acceden al autogobierno, asumiendo determinadas competencias y funciones delegadas del Estado. El gobierno central se reserva las relaciones internacionales, la defensa, la hacienda y el sistema monetario. La Constitución establece dos vías de acceso al autogobierno:
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1) La vía rápida (art. 151): Está pensado para las llamadas “comunidades históricas” (Cataluña, País Vasco y Galicia), que debían aprobar por referéndum un Estatuto que sería posteriormente ratificado por las Cortes. Desde el principio estas comunidades (a las que se sumó Andalucía) asumieron inmediatamente el mayor nivel competencial. 2) La vía lenta (art. 143): Está pensado para el resto de las regiones. Según este artículo, el procedimiento para conseguir el autogobierno era constituirse sin necesidad de referéndum, pero tardarían cinco años en alcanzar el máximo nivel competencial. En otros artículos del Título VIII de la Constitución se establecen las instituciones que rigen las Comunidades Autónomas: Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo y Tribunal Superior de Justicia. Igualmente, y para garantizar el principio de solidaridad entre todas las comunidades, se creó un Fondo de Compensación Económica para corregir los posibles desequilibrios territoriales. Entre 1979 y 1983 se produjo la formación de todas las Comunidades Autónomas. Las primeras fueron las del País Vasco y Cataluña (1979) tras la celebración del referéndum. En 1980, se sumaron Galicia y Andalucía. Respecto a la formación de la Comunidad Autónoma de Canarias, el proceso comenzó en marzo de 1977, cuando se estableció provisionalmente el autogobierno con la Junta de Canarias, mientras los diferentes partidos debatían y redactaban sus proyectos de Estatuto para luego ser tramitados mediante el proceso establecido en el artículo 143 de la Constitución. Dos problemas fundamentales debieron resolverse en el Estatuto: La ubicación de las instituciones, que se solventó con la fórmula de la capitalidad compartida, con la alternancia de la Presidencia y Vicepresidencia cada cuatro años y la sede del Parlamento fija en Santa Cruz de Tenerife, mientras que la Delegación del Gobierno se ubicó en Las Palmas de Gran Canaria, el Consejo Consultivo en La Laguna, el Diputado del Común en Santa Cruz de La Palma y la Audiencia de Cuentas en Santa Cruz de Tenerife. El sistema electoral, que se diseñó en función del equilibrio y proporcionalidad interinsular y provincial, quedando el reparto de escaños en 15 para Gran Canaria y Tenerife, 8 para La Palma y Lanzarote, 7 para Fuerteventura, 4 para La Gomera y 3 para El Hierro. Según el Estatuto de Autonomía, el modelo de gobierno reproduce la organización de los ministerios estatales, estableciendo un segundo nivel administrativo en las Viceconsejerías en lugar de las Secretarías de Estado y las Secretarías Generales Técni-
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cas en vez de las Subsecretarías estatales. Los Cabildos Insulares creados en 1912 se consolidan con el Estatuto como los órganos de representación y administración de los intereses insulares y elegidos sus consejeros por sufragio universal. Son reconocidos como instituciones de la Comunidad Autónoma tras la reforma del Estatuto en 1996, iniciándose un proceso de transferencias competenciales. Página | 68 Otra singularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias es su régimen económico y fiscal, que se basa en la libertad comercial de importación y exportación, la no aplicación de monopolios y la no imposición de franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo, de ahí la existencia del IGIC en lugar del IVA. El resto de comunidades se constituyeron sobre la vía lenta, celebrando las primeras elecciones autonómicas en 1983. Las últimas en acceder (1995) al autogobierno han sido las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
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13. LA INTEGRACIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA: LA INCORPORACIÓN A LA OTAN Y A EUROPA La descomposición política de la UCD durante el gobierno de Leopoldo Calvo Página | 69 Sotelo, en el que incluso diputados de su propio partido le negaban el apoyo, llevó al presidente a disolver las cámaras y convocar elecciones para octubre de 1982. Por sus resultados electorales y posteriores consecuencias, se ha considerado que estas elecciones pusieron fin a la transición. Las características de esta nueva etapa fueron: El vencedor lo hizo por mayoría absoluta (PSOE, 202 diputados), lo que le permitirá gobernar con estabilidad y consolidar la democracia del país. La política del consenso fue sustituida por las decisiones de un único partido, que se convertirá en hegemónico durante más de una década y sin una oposición relevante, ya que UCD se desintegró, el PCE entró en un claro declive y AP iniciaría un lento proceso de refundación hasta 1990. Accede al gobierno la izquierda histórica, procedente del movimiento obrero. El PSOE ganó cuatro elecciones generales consecutivas (1982, 1986, 1989 y 1993) y gobernó hasta 1996. Durante estos catorce años ostentó la presidencia del gobierno Felipe González, acuñándose el término de “felipismo” para referirse a esta larga etapa, en la que se consolidó la democracia, se desarrollaron las autonomías, se finalizó el proceso integrador en Europa y aumentó el bienestar del país. Es importante tener en cuenta la coyuntura internacional, ya que los años de gobierno socialista se caracterizaron por el avance de las políticas conservadoras de Ronald Reagan en EE.UU. y Margaret Thatcher en Gran Bretaña, lo que produjo que el PSOE tuviera que adecuar su política económica a esta situación internacional. En esta larga etapa de gobierno felipista, podemos distinguir dos períodos. Un primer período de carácter reformista en el que las políticas aplicadas por el gobierno consistieron en consolidar la democracia a través de una serie de medidas: Regulación moderada de los derechos y libertades (Ley del Aborto de 1985). Reforma del poder judicial, aumentando el poder del CGPJ. Culminación del Estado de las Autonomías. Sometimiento de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad al poder civil Intensificación de la lucha contra el terrorismo, tanto a través de una mayor c olaboración con Francia como a través de la firma del Pacto de Ajuria Enea en 1988.
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Con el objetivo de sacar al país de la grave crisis económica que sufría desde 1973, se aplicó una política encaminada a controlar el déficit del comercio exterior y la inflación. Pactando con los sindicatos subidas salariales y moderadas y reducción del gasto público, González se lanzó a una fuerte reconversión industrial de los sectores poco competitivos o muy protegidos por el Estado (metalurgia, minería, siderurgia, Página | 70 astilleros…) y a una modernización del sector financiero. En política social, el gobierno socialista aplicó varias medidas: Aumento de la cobertura asistencial en los servicios sanitarios públicos. Potenciación de la escolarización en las enseñanzas medias y universitarias (promulgación de leyes orgánicas como la LODE de 1985 y la LOGSE en 1990). Aumento de las prestaciones sociales (pensiones, subsidios de desempleo…). Respecto a la política exterior, dos fueron los hechos más destacados: la integración de España en la CEE y la entrada en la OTAN. En lo que respecta a la CEE, el gobierno socialista culminó el proceso de adhesión, ya iniciado por Adolfo Suárez, firmándose el tratado de adhesión el 12 de junio de 1985, e incorporándose como miembro de pleno derecho el 1 de enero de 1986, junto a Portugal. La integración en Europa se consolida tras la firma el 7 de febrero de 1992 del Tratado de Maastricht, por el que la CEE dio paso a la Unión Europea y se adoptaron políticas de convergencia económica para lograr la unión económica y monetaria (culminada con la implantación del Euro en 2002 bajo la presidencia de Aznar). Para cumplir este programa, el gobierno se vio obligado a contener y reducir el gasto público y congelar los sueldos, medidas muy impopulares y protestadas por la sociedad. No obstante, el país se benefició del Fondo de Cohesión, un programa de ayudas de la Unión Europea para aquellos países que no alcanzaban la media europea de renta per cápita. En lo que se refiere a la OTAN, España había ingresado en mayo de 1982, pero con una fuerte oposición por parte de los grupos de izquierda y del PSOE en concreto. El PSOE, antes de ganar las elecciones de 1982, incluyó entre sus promesas la de celebrar un referéndum para decidir la salida de España de la OTAN. Sin embargo, tras su llegada al poder y vista la coyuntura internacional, Felipe González cambió su postura y celebró el referéndum (12 de marzo de 1986), pero defendiendo la plena entrada de España. Los resultados dieron un 52% de votos afirmativos. El segundo período socialista transcurriría entre 1986 y 1996, y fue una etapa caracterizada por el progresivo abandono del reformismo y la inclinación del PSOE hacia las políticas neoliberales, más propias de un partido de derecha. Cara y cruz en este período: crecimiento económico vs casos de corrupción; liberalización del mercado y flexibilización del mercado laboral vs enfrentamientos con los sindicatos… El de-
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