Temas Del Laicismo Chileno

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TEMAS DEL LAICISMO CHILENO SEBASTIÁN JANS

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Sebastián Jans

La presente edición reúne un conjunto de artículos y ensayos publicados por el autor en más de 20 años de difusión del pensamiento laicista chileno en diversos medios escritos. Incluye también algunos trabajos inéditos que constituyen un aporte que enriquece la presente edición. El autor ha escrito en diversos medios escritos nacionales, que destacaron en su aporte a la democratización chilena, y ha difundido su pensamiento por medios de Internet. Actualmente integra el comité editorial de la revista digital Iniciativa Laicista, de la cual es fundador.

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TEMAS DEL LAICISMO CHILENO SEBASTIÁN JANS

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Temas del laicismo chileno © Sebastián Jans Santiago de Chile, Mayo de 2013. Edición digital de Red Fraternal 2mil14

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ÍNDICE. Proemio Estado Laico La Historia del Laicismo en Chile Humanismo laico en Chile Laicismo chileno. La realidad actual y sus desafíos. La perniciosa relación entre política y religión. Laicidad y laicismo, sin distorsiones Laicidad y laicismo, sin distorsiones (2) Agresión de conciencia en las Fuerzas Armadas chilenas Un fallo que cuestiona la institucionalidad. La democracia es laica o no es democracia. El Estado laico en Chile, un logro inconcluso. La encrucijada de la educación chilena. El laicismo: una mirada de los jóvenes a la diversidad. Laicismo y desarrollo juvenil. La igualdad de género y el aporte laicista. La república no es católica. Una mirada histórica sobre la religiosidad en Chile. A propósito de los 10 años de vigencia de la ley de culto. El enemigo de la Iglesia. Laicismo bicentenario. Significado e importancia del laicismo como medio para construir la sociedad del siglo XXI. La crisis de la Iglesia Católica chilena. La declaración episcopal del 8 de abril. Como hacer República en el Siglo XXI. A propósito del Día de las Iglesias Evangélicas . Consideraciones sobre la despenalización del aborto. A propósito del Día Internacional de la Mujer 2012. Nuevo debate sobre aborto.

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Salud pública y gestión preventiva. Una voluntad nacional contra la discriminación. ¿Qué es la “sociedad docente”? FF.AA. Los efectos de una polémica. Conflicto institucional por declaraciones impropias Un hito para el libre pensamiento. Ética, política e instituciones.

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APUNTES INÉDITOS. Breve ensayo sobre los fundamentos del laicismo Multilateralismo y laicismo.

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PROEMIO. El presente volumen es una selección de artículos y ensayos realizados por Sebastián Jans Pérez, en poco más de 20 años, a través de diversos medios escritos nacionales, tantos impresos como digitales. La selección se ha realizado con el claro propósito de rescatar las opiniones vertidas por el autor, bajo la óptica laicista, de los diversos temas nacionales abordados. Columnista en diversas revistas y diarios, así como de portales web de diversas instituciones ciudadanas, el autor ha esbozado una mirada profunda de los problemas nacionales desde la visión del laicismo, como pocos exponentes de ella lo han hecho en los últimos 50 años. De ello da cuenta cabalmente este libro. Si bien la mirada que entrega tiene un alcance fundamentalmente chileno, gran parte de las consideraciones expuestas tienen un alcance universal, y se unen con reflexiones que realizan otros autores en distintas parte del mundo. De esta forma, esta recopilación no viene a ser la demostración de un testimonio, sino de una manifestación concreta de un trabajo comprometido en torno al laicismo, que también se ha expresado en múltiples acciones a favor de su difusión en el ámbito de las ideas y la cultura nacional. En ese compromiso hay varios episodios. Hace más de una década creó el portal web Temas del Laicismo Chileno, que fue un activo espacio de difusión de ideas a través del hosting Geocities.com, y que luego de su desaparición fue

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alojado en Geocities.ws, donde aún se puede acceder a sus contenidos. En el mismo periodo colabora con el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, en diversas actividades y proyectos. Poco después constituyó el grupo “Iniciativa Laicista para la Consolidación de la Sociedad Civil”, que desarrolló por varios años un intenso trabajo de difusión a través del correo electrónico, y que llegó a contar con una vasta red de distribución. Junto con ello, creó el Blog “Laicismo Chileno” que sigue entregando contenidos a través de Internet y con un regular acceso de lectores y consultas. Entre 2004 y 2010 fue miembro del Consejo de la Revista “Occidente”, bajo la dirección de Jorge Ibañez Vergara, donde tuvo una activa participación promoviendo la publicación de trabajos de diferentes autores, así como de su propia autoría. En ese contexto, realizó cuatro conversaciones con personajes de la vida nacional, que se tradujeron en artículos, que tenían componentes de diálogos y crónica, que produjeron un interesante impacto entre los lectores. Los personajes que participaron individualmente en esas conversaciones fueron: el científico Humberto Maturana, el ex Presidente Ricardo Lagos (a un mes de dejar el cargo, en lo que fue la primera entrevista concedida después de dejar el cargo), el economista y académico Eduardo Engel; el Ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz; y el Gran Maestro de la Masonería, Juan José Oyarzún. El año 2012, lidera la gestación de la Revista Digital “Iniciativa Laicista”, que se reparte por correo electrónico y que está disponible en la biblioteca digital www.sribd.com, publicación bimensual, en la cual integra su Comité Editorial, que se ha ido convirtiendo en una activo espacio de reflexión del pensamiento laicista chileno, llenando un vacío que se estaba produciendo desde hace un tiempo y que era necesario llenar de manera concreta, más allá de la simple vindicación de la identidad.

Rafael Loiselle

Antonio Ordóñez

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ESTADO LAICO. Publicado el 23 de octubre de 1990, en la Revista APSI.

Consagrado por la Constitución de 1925, luego de más de 50 años de intenso debate doctrinal, el laicismo del Estado constituyó un logro de modernización extraordinariamente trascendente para la sociedad chilena. Ello trajo como consecuencia notables progresos en la cultura nacional, entendiendo ésta como la manifestación de valores, conductas y relaciones que se expresan en una composición social determinada. Gracias al Estado laico la sociedad chilena se hizo más libre en su convivencia formal, más rica en su pluralidad vital y más creadora en sus potencialidades intelectuales, con las lógicas limitaciones planteadas por el subdesarrollo, desde luego. Por cierto, el Estado laico, como resultado de la propia dinámica social, no logró resolver algunos temas fundamentales manifestados por la dicotomía producida entre los lastres del pasado y las ansias de futuro; pero era previsible, entonces, vislumbrar que la propia acción secularizada del Estado iba a resolverlos.

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Sin embargo, la entronización de la dictadura de Pinochet significó una enorme vuelta atrás en el carácter laico del Estado, de acuerdo a la Doctrina de Seguridad Nacional, que estableció una concepción distinta, a partir del hecho que el Estado se transformaba en un instrumento de acción contra determinados grupos, personas, ideas, doctrinas, etcétera, que tuvieran una “naturaleza disociadora”. Esto significaba, a la sombra de esta concepción del militarismo, que Chile era una nación definitivamente homogénea, absolutamente singular en su composición, cristiana y occidental, elementos que debían reflejarse en el Estado y en las obligaciones de éste para “rescatar, proteger y cautelar” tal patrimonio descubierto en el ser chileno. Por tanto, el Estado dejaba de ser neutral frente a las ideas y se transformaba en agente promotor de los valores mencionados. El diagnóstico de la acción sostenida, bajo ese prisma totalizador, es hoy motivo de estudio de diversas instancias, grupos de interés, personas, etcétera, en busca de alternativas para recuperar la condición intrínsecamente democrática que contiene el Estado laico. De hecho, para muchos chilenos (…) existe la plena convicción de que la única forma de garantizar una democracia verdadera, es a través del establecimiento de un Estado absolutamente neutral, en relación con las diversas ideologías, creencias y doctrinas, que constituyen la pluralidad nacional.

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Sostenemos que solo en la medida que el Estado esté liberado de funciones evangelizadoras, concientizadoras o misionales (y con esto no me refiero solo a las confesiones), podrá ir asumiendo en forma más efectiva su rol nacional y representativo del espíritu y la voluntad de la sociedad a la que le corresponde regir. Pensamos en relación con ello, que la acción del actual gobierno – elegido para restituir una verdadera convivencia social y para reconstruir la democracia – debe recoger vigorosamente el principio inspirador de la neutralidad necesaria, que es exigible al gobierno de todos los chilenos, sobre todo cuando se trata de temas que tienen que ver con la libertad de conciencia. En ese sentido, debe ser especialmente cauteloso para que ninguna institución o grupo – por muy prestigioso que sea – pueda imponer sus preceptos en perjuicio de los preceptos de otros. Reclamamos, por lo mismo, ante el compromiso gubernamental establecido por el Ministro del Interior, con una fe, con una visión confesional específica. Discrepamos, en el mismo contexto, con ciertas medidas apresuradas, relativas a cuestiones morales en discusión. Lamentamos que las posibilidades de recuperación del Estado laico no se vislumbren. Creemos que este gobierno es producto fidedigno de la pluralidad de Chile, que rescata precisamente esa pluralidad como una cualidad del ser nacional, que la valida y la potencia, por lo cual, debe tener la prudencia de

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no posesionarse en ciertas continuidades que se vuelven ambivalentes a los signos de la dictadura, que se mantienen latentes en la institucionalidad y actuantes a partir de ella.

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LA HISTORIA DEL LAICISMO EN CHILE. El presente artículo corresponde al contenido central de una disertación efectuada en la Acción Comunal de Ñuñoa, en 1996.

Chile ha tenido una larga tradición de laicismo, desde sus orígenes mismos como República. A modo de ilustración haré un somero bosquejo sobre algunos de los antecedentes más destacados. Cuando Chile emerge como Nación, luego de la Independencia, recibiendo toda la herencia cultural y social, que caracterizó a la España colonizadora, la influencia religiosa y conservadora, predominó en la clase dirigente, en toda la primera parte de la centuria, en que Chile logra la independencia, y se consolida como emergente República. En la Constitución de 1813, se estableció categóricamente, que la Religión Apostólica y Romana, era la religión oficial del Estado de Chile. Este planteamiento fue refrendado, posteriormente, por las cartas constitutivas de 1818, 1822 y 1833. La influencia laica, dentro de ciertos personeros de la emergente clase dirigente de la época, ya estableció ciertos

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hitos, que denotaban la preocupación por la hegemonía de la Iglesia Católica, sobre la sociedad global, y la inexistencia de derechos en las minorías de conciencia. Una personalidad digna de destacar en ese período, fue la figura sobresaliente de José Miguel Infante, escéptico en materias religiosas y persistente promotor del federalismo. Mención especial, empero, corresponde al Director Supremo, Bernardo O'Higgins, que en la redacción de la Declaración de la Independencia, objetó que se estampara en su texto, alusiones de carácter religioso, dado que una profesión de fe "podía chocar algún día con nuestros principios políticos", añadiendo que "los países cultos han proclamado abiertamente la libertad de creencias"; para reflexionar luego que " proclamar en Chile una religión excluyente significaría prohibir la emigración hacia nosotros de una multitud de talentos y brazos útiles que abundan en el otro Continente (Europa)". En su breve gobierno dictó el decreto que estableció los cementerios de disidentes, es decir, para aquellos que no eran parte de la iglesia o religión católica; de la misma manera que contrató al pedagogo protestante Diego Thompson, de nacionalidad inglesa, para introducir en nuestro país el sistema de enseñanza lancasteriano; también, como una contribución al conocimiento, eximió del pago de derechos aduaneros a toda clase de libros e impresos. Sin embargo, la visión de O'Higgins no fue compartida por sus contemporáneos, que refrendaron en las

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Constituciones Políticas la idea de proclamar la religión católica como la única y exclusiva de la República de Chile, asignando a los jefes de gobierno del deber de proteger y conservar esta religión. La Constitución de 1833, incluso indicó taxativamente "la exclusión del ejercicio público de cualquiera otra". Los atisbos de liberalismo fracasaron en la contingencia de la época, a poco de emerger, siendo uno de sus hechos más relevantes el intento constitucionalista de 1828. El liberalismo doctrinario, representante de las nuevas clases motoras del proceso económico-social del siglo XIX, a partir de la década de los 50, no podía escapar a una visión laicista de la sociedad, si querían representar fielmente el signo de los tiempos. Ello porque, al frente, entronizado en el poder, tenía al conservadurismo y tras él, el apoyo de la jerarquía de la Iglesia Católica, en un compromiso férreo de oponerse a los cambios que el progreso del país demandaba, en el plano cultural y social. El liberalismo representó, entonces, la necesidad de liberalización de los espíritus, la posibilidad de ejercer derechos de conciencia que hasta entonces estaban vedados. Así, las llamadas "leyes laicas", no solo representaban un anhelo de dar satisfacción a necesidades reales de modernizar la legislación, producto de la nueva realidad económico-social, sino también daban respuesta a las minorías (religiosas, culturales, políticas, etc.) cuyos derechos eran desconocidos por el sistema legal entonces existente.

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El gran apóstol laicista de mediados del siglo XIX, sin discusión alguna, fue Francisco Bilbao, quien abrirá los fuegos de su lucha inclaudicable con la jerarquía católica, al lanzar el ahora casi legendario escrito "Sociabilidad Chilena", su primer intento de estudiar la realidad chilena, sometida aún al letargo colonial español, desde un punto de vista ético y cultural, y que le significó la persecución casi inquisitorial del clero y la condena judicial de blasfemo e inmoral. Luego de su viaje a Europa, Bilbao volverá empapado de una mayor convicción en sus principios, luego de su relación con los más eruditos pensadores laicistas de Francia, con algunos de los cuales mantendrá intercambio epistolar por mucho tiempo. De regreso al país, Bilbao insistió en la necesidad de sacar al país de la rémora colonial, y promovió los cambios a través de la ahora ya mítica Sociedad de la Igualdad, hasta verse obligado a abandonar al país, producto de las persecuciones desatadas por la insurrección anticonservadora del 20 de abril de 1851 A fines del gobierno de Montt, el liberalismo accedería al poder a través de la Fusión liberalconservadora, un pacto de gobernabilidad entre sectores de los dos partidos, que logró establecer algunos hitos iniciales, en favor de una perspectiva laicista del gobierno. De esta forma, en 1865, el gobierno del Presidente José J. Pérez, dictó la ley que autorizaba a los no católicos para practicar sus cultos en recintos privados, de la misma

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manera que les permitía fundar y sostener escuelas privadas para sus hijos, bajo la religión familiar. Bajo el gobierno del Presidente Domingo Santa María, se promulgó la ley de cementerios laicos (1883), la ley de matrimonio civil (1884) y la de registro civil (1884). La ley de registro civil y de cementerios laicos, enfrentó no solo derrotó rotundamente la posición conservadora, sino que privó a la Iglesia Católica de los privilegios que la situación anterior le brindaba, donde las actas de bautismo constituían el único medio legal de inscribir a un recién nacido, y los cementerios existentes eran los que administraban los párrocos. Y este no fue un hecho intrínsecamente chileno. Lejos de ello, la misma situación abarcó a gran parte de la América hispano- parlante. Fue un proceso que agitó las aguas de la política y la sociedad de todos los países desde México al sur, produciendo una profunda crisis en las sociedades en que se manifestó. En América del Norte, donde la Iglesia Católica tuvo menor presencia, y donde primó un fuerte concepto laicista en la estructuración del gobierno y la ley, en cambio, no hubo crisis. Empero, fue en la lucha por la instrucción primaria obligatoria, donde se dio una de las batallas más duras, en el campo de las ideas, entre los sectores laicistas y aquellos que representaban el conservadurismo y el clericalismo. Fue el parlamento el escenario principal en que se enfrentaron los argumentos, en que participaron los más sobresalientes tribunos de ambas posiciones, y que se

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prolongó por varios años, culminando el 20 de agosto de 1920, en que se dictó la Ley de Instrucción Primaria, Gratuita y Laica, que, en 1929, cambió su nombre por "Educación Primaria". En ella se establecía que la enseñanza de la doctrina cristiana sería optativa y de decisión de los padres o apoderados. En 1950, la jerarquía católica volvería a poner en debate el tema, tratando de reimponer en los colegios la obligatoriedad de las clases de religión católica, intento que fracasara tras un intenso debate parlamentario. La Constitución de 1925, sancionó desde el punto de vista institucional, la ruptura entre la Iglesia Católica y el Estado, poniendo fin al tutelaje que la primera había mantenido sobre el sistema político chileno. Ambos poderes, el civil, representado por el Estado, y el religioso, marcharían en adelante en forma independiente, y dedicados a sus definidos propósitos. En su artículo 10, el texto constitucional indicó que la carta aseguraba "a todos los habitantes de la República, la manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres, o al orden público". Sin duda, esta Carta Fundamental fue uno de los grandes logros en la modernización del país, consecuencia de un largo proceso de confrontaciones, que, en el plano político, se dio entre los liberales y conservadores, y en el plano moral, entre la Masonería y la Iglesia Católica.

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Las décadas siguientes a la entrada en vigencia, de la Carta de 1925, fueron dominadas en su escenario políticosocial por partidos de tendencia liberal (Partido Liberal y Partido Radical), y aquellos de tendencia agnóstica (Partido Socialista y Partido Comunista), lo que se manifestó en un mayor nivel de libertades de conciencia, sin embargo, nunca prospero, por ejemplo, una ley de divorcio, producto de la presión religiosa sobre la clase política. El reciente régimen militar, desde sus orígenes, se declaró ideológicamente cristiano, aunque chocó permanentemente con gran parte de la Iglesia Católica, por la acción de las fuerzas armadas en el campo de los derechos humanos. En los hechos, más que buscar un accionar laico, este se produjo como consecuencia de la propia realidad. La Constitución de 1980, impuesta por el régimen de Pinochet, en su art. 19 Inc. 6, establece la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos. Empero, en 1983, el gobierno de Pinochet dictó el Decreto # 924, reglamentó las clases de religión en todos los establecimientos educacionales del país. Si bien el decreto posibilita la libre elección de los padres, respecto de cual religión debe entregarse a sus hijos, en los hechos tal derecho no se ejerce por una falta de neutralidad de las direcciones de los colegios con respecto al tema. Así, el laicismo en la educación ha dejado de existir. El fin de una dura época en la historia de nuestro país, como lo fue el régimen militar, ha significado

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reconstruir el sistema democrático, en un proceso paulatino y gradual, que no ha estado exento de dificultades. Estas se originan en gran medida, por un sistema electoral que no posibilita la real expresión democrática, y por la presencia de poderes fácticos, que actúan permanentemente, contra la opinión mayoritaria del pueblo. Entre estos poderes, la jerarquía de la Iglesia Católica, ha expresado abiertamente su presión sobre los partidos políticos y la clase política, respecto de temas de conciencia en que el sentir mayoritario del país, se inclina por la modernización. Entre estos temas, se encuentra la hasta ahora fracasada legislación sobre divorcio vincular, y el veto a toda discusión sobre el aborto terapéutico. La experiencia dolorosa de 1973, y su secuela de dramas en la sociedad de chilena, han conducido, luego de reimpuesta la democracia, que la llamada "política de los consensos" sea la que determine la forma de resolver los grandes temas nacionales, buscando evitar las confrontaciones que puedan ser traumáticas para la convivencia armónica de la sociedad. La buena perspectiva de esa línea de acción, sin embargo, en aquellos aspectos relativos a las cuestiones de conciencia y en el debate de las ideas, ha resultado nefasta, porque inevitablemente se ha tendido a la homologación y la hegemonía de determinados actores de conciencia, que no garantizan precisamente la pluralidad y la libertad en todo su contexto.

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Conviene resaltar, al poner término a esta breve visión histórica, que la lucha laicista en Chile, no fue violenta, no hubo muertos, ni provocó guerras, y que los escenarios de confrontación siempre estuvieron dentro del marco de la ley y en el exclusivo estadio de las ideas.

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HUMANISMO LAICO EN CHILE. Publicado en el diario digital “Voz al Mundo” en febrero de 2006.

Los énfasis en el debate que se desarrollaron con vistas a las elecciones presidenciales en Chile, pusieron en las distintas definiciones, con las cuales los candidatos se presentaron ante la opinión pública, una diferenciación conceptual y ética, que no se puede dejar pasar. En el contexto de los lugares comunes y el cuidado manejo mediático, que por lo general impide distinguir las diferencias entre un candidato y otro, por lo menos, en algún momento se abrió un pequeño espacio para que ciertas definiciones éticas aparecieran, para elevar el contenido de las ideas de fondo que estaban en juego. Frente a las propuestas que se conocieron de las candidaturas presidenciales, advertimos que hay cierto consenso en que las estructuras institucionales del Estado, expresados en sus poderes públicos, deben potenciar aquellos objetivos que permitan a los chilenos realizarse en plenitud, libres de los desequilibrios que imponen las condiciones económicas, que se diagnostican con una dramática desigualdad en el ingreso, lo que ofende toda

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concepción ética, cualquiera sea su naturaleza. La acumulación de la riqueza, bien sabemos, se expresa también en torno a ideas, conceptos y creencias, que repiten reiteradamente su expresión a lo largo de la historia chilena. Hay una experiencia que nos señala que el sesgo que impone cierta comprensión del humanismo, particularizada en una visión confesional, pretende ciertas cauciones y acentos que siempre terminan coartando los derechos a la libre opción de conciencia y a las condiciones de respeto necesario para las potencialidades de todos los componentes de la sociedad. Eso lo indica nuestra larga experiencia republicana. Los grandes desequilibrios siempre han tenido en la opulencia una identidad doctrinal y confesionalmente definida. Esa constatación histórica nos compromete a reconocer hoy la presencia alternativa de una robusta opcionalidad en nuestra clase política, que señala en este tiempo y circunstancia, su adscripción al humanismo laico. Nadie debe pretender que esa definición incorpore una discriminación basada en posiciones anticonfesionales o antirreligiosas. Sería una soez pretensión querer adjudicar que, en esa comprensión de humanismo, se esconde un oculto riesgo o un simulado interés, que pueda conculcar mínimamente los derechos de conciencia de los creyentes. Por el contrario, allí se hace concreta una plena garantización de los derechos de todas las confesiones, para expresarse y difundir sus postulados, con el respeto

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absoluto a sus concepciones y credos, en el mismo derecho que se valida con aquellos que opcionan en torno a la duda o a la no creencia. Por cierto, la visión laica ha evolucionado, desde aquellas primeras visiones que señalaban la no injerencia del clero en la cosa pública, a una comprensión más integral de la fenomenología social, en la medida que la sola ausencia de vinculación con el Estado de cualquier clero, no bastan para garantizar la autonomía del poder público frente a aquellas conductas que pretenden un posicionamiento totalizador sobre la sociedad, a partir de una fe. La complejidad de la sociedad contemporánea da cuenta de una condición de versatilidad de las formas de poder, y distintas variables en las conductas y los espacios de hegemonía de las opciones de fe, que pretenden convertirse en rectoras de la sociedad. Las finanzas, las corporaciones, los medios de comunicación, la educación, ciertas estructuras del Estado que gozan de relativa autonomía, son espacios e instancias en que hoy, cualquier visión confesional, puede acendrar fuertemente un proyecto de hegemonía, que termine por eliminar la libre concurrencia de las ideas y el derecho a la libertad de conciencia, postergando o eliminando precisamente aquella visión común de sociedad basada en el hombre. Corresponde valorar entonces, que miembros de nuestra clase política, manifiesten su adhesión al humanismo laico, porque ello implica que se está poniendo

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sobre la mesa del diálogo ciudadano una opcionalidad que garantiza a todos los componentes de la sociedad, el derecho a la libertad de conciencia, a que cada cual pueda promover sus valores particulares en consonancia con los valores comunes del colectivo social, tolerando sus diferencias. Se garantiza también que se arbitrarán los medios para impedir el uso perverso de las distintas formas de poder, para imponer visiones sesgadas que apunten a hegemonías confesionales. Con ello se señala una voluntad para hacer que los instrumentos institucionales del Estado, sean concurrentes a ese objetivo superior.

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LAICISMO CHILENO. LA REALIDAD ACTUAL Y SUS DESAFÍOS. Disertación efectuada en el Centro Cultural Galileo Galilei, en la sede de la Acción Comunal de Ñuñoa el 19 de abril de 2006.

1. A modo de introducción: la percepción externa de nuestra sociedad. Para cualquier ciudadano medianamente informado, no pudo pasar por alto los comentarios de la prensa internacional, cuando la actual Presidente de la República, Michelle Bachelet, fue elegida para el cargo o cuando asumió sus funciones. Para los observadores internacionales llamó profundamente la atención, que una mujer, separada y agnóstica, hubiese sido elegida como Jefe de Estado y de gobierno, en uno de los países más conservadores de América Latina. Los hombres de negocios, los turistas, los profesionales y académicos, los analistas, que visitan nuestro país, no dudan en comentar en sus países de radicación, los perfiles tradicionalistas y conservadores que

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predominan en los medios sociales chilenos. Resulta increíble que sea la misma impresión que tuvo hace 180 años, la inglesa Mary Graham cuando visitó nuestro país 1, y por los mismos motivos. En el mismo orden de consideraciones, conversaba con un profesional australiano hace algunas semanas, al que le llamó profundamente la atención el rol preeminente que tienen las jerarquías católicas en los actos oficiales, y como el clero interviene tan abiertamente en las decisiones y debates públicos, para imponer cauciones sobre el actuar de las autoridades. Sin embargo, yo trataba de retrucar que, parece ser que Chile, es una sociedad de profundos contrastes, lo que no quiere decir necesariamente que sea una sociedad realmente pluralista. Y es una sociedad de contrastes, porque culturalmente conviven enormes latencias de un pasado conservador, junto a abruptas expresiones de un liberalismo audaz. El recato convive con la audacia, pugnando dentro de la espiritualidad individual y colectiva, al punto de neutralizarse el uno con el otro. Como demostración de ello, le recordaba que siendo un país más bien pacato en muchos aspectos, el fotógrafo Spencer Tunick en ningún país ha tenido tantos miles de personas desnudas, para realizar una de sus performances fotográficas, como ocurrió en Chile. Una sociedad de contrastes porque los laicistas más radicales mandan a sus 1

Ver su “Diario de mi residencia en Chile en 1922”, recientemente re-editado.

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hijos a estudiar a colegios católicos, argumentando su mejor calidad educacional, aún cuando éstos no sobrepasen el mediocre estándar de la educación chilena. Sin embargo, en conciencia, creo que efectivamente, aún en sus contrastes, que no son sino expresiones de lo irresoluto de varias problemáticas morales históricas, que inhiben las capacidades de libertad de las personas, en los hechos, sí, Chile es un país que no ha resuelto su pasado de un modo decidido, y la autocomplacencia frente a los contrastes no es más que el temor a abordar los conflictos espirituales, que devienen de una incapacidad ética de liberarse del sojuzgamiento que impone un concepto transicional válido para una fase de la democratización, pero, no para el empoderamiento democrático, y que se ha resumido en una especie de rígido sayo: “en la medida de lo posible”. 2. Aspectos que perfilan el laicismo de hoy. Una de la cuestiones que emerge como un lugar común, en quienes se acomodan en el empoderamiento democrático de nuestra República, y que no quieren entrar en conflicto con el poder confesional, y que les desacomoda toda crítica a la hegemonía que este ejerce sobre las instituciones del Estado, es la tendencia a señalar que el laicismo es una cosa del pasado, decimonónica y añeja, y que ya resulta trasnochado el debate con el clericalismo.

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Frente a ello, partiremos con una afirmación que hacía el español Juan Francisco González Barón, presidente del movimiento “Europa Laica”, en un artículo elaborado especialmente para la revista “Occidente” , a mediados del año pasado. Allí señalaba que “el laicismo sostiene un compromiso ineludible, allí donde se encuentra: posibilitar las condiciones políticas, jurídicas y sociales idóneas para el pleno ejercicio de la libertad de conciencia, carácter que lo enfrenta inevitablemente a toda configuración del Estado, del gobierno o de la sociedad civil, que anule o restrinja dicha libertad en cualquiera de sus manifestaciones”. Luego agregaba que el contenido irrenunciable del laicismo se identifica “con los derechos humanos de reclamación individual, garantes de la integridad física y psicológica o moral de los seres humanos tomados de uno en uno, concebidos como conciencias libres y como voluntades autónomas. La libertad de conciencia no es, por lo tanto, para el movimiento laicista, uno más entre los derechos fundamentales, sino el eje vertebrador que da sentido a los mismos”. Importa mucho tener claro los tres espacios que González Barón señala: el Estado, el gobierno y la sociedad civil, para diagnosticar que ocurre en Chile hoy con ellos, porque a poco andar en cualquier análisis sobre las tendencias que se advierten en el control del Estado, sobre lo que hacen sus instituciones en el plano de las libertades de conciencia, encontraremos hallazgos

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sorprendentes sobre como son vapuleadas, precisamente, por órganos del Estado, aún a contrapelo de lo que la propia Constitución establece. En uno de los eventos organizados por el ILEC (Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, Philippe Grollet, presidente del Centro de Acción Laica de Bélgica, ponía el acento en que “no basta con establecer en la Constitución que la República es laica o que el Estado es neutro, para satisfacer efectivamente el deber de imparcialidad de los poderes públicos” y que “el Estado viola la regla de imparcialidad, olvidando principios fundamentales que debe respetar, cada vez que otorga dineros estatales sin que ello se ajuste al principio de equidad”. Como condición fundamental, insistía en que “todos somos ciudadanos de pleno derecho, aprovechamos los mismos beneficios y estamos sometidos a las mismas obligaciones”2. No puede escapar para cualquier observador lo que ocurre en Chile, donde tales enunciados, que se sustentan incluso en declaraciones que constituyen reglas para la comunidad internacional, han sido y son reiteradamente avasallados por el poder de un credo, que tiene profundas ramificaciones y que impone sus términos sobre el Estado, el gobierno y la sociedad civil, sin ningún remilgo, y que tiene sus raíces en el proyecto refundacional que 2

Philippe Grollet, presidente del Centro de Acción Laica de Bélgica. Primer Seminario Latinoamericano de Laicismo, octubre 2004. Edición ILEC.

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dictatorialmente impusiera Pinochet. Un poder de naturaleza conservadora, autoritario, económicamente neoliberal, dogmático y oligárquico. 3. Consideraciones en torno al clericalismo y al confesionalismo en Chile. El conservadurismo que advertimos en nuestro país, se sustenta en dos variables de una misma visión de hegemonía espiritual – y en consecuencia, moral y cultural -, que tienen sus propias trayectorias, especialmente, con los procesos históricos vividos por el país, a través de su historia más reciente. Ellos son el clericalismo y el confesionalismo. El clericalismo, en su concepción tradicional, dice relación con la influencia y predominio del clero sobre el poder político. El confesionalismo dice relación con la influencia y predominio, ya no solo de los clérigos, sino de un dogma religioso y de las estructuras de poder fáctico que éste genera en los distintos niveles de la sociedad. ¿Cuál es la diferencia y el matiz que separa al clericalismo y al confesionalismo? Simplemente el carácter protagónico de sus miembros. En uno, el protagonismo descansa en los clérigos y en la estructura jerárquica que los sostiene. En el otro, el protagonismo radica en los creyentes que tienen poder corporativo y que, a través de ese poder, pretenden imponer su visión dogmática a la sociedad.

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El clericalismo ha tenido sus momentos históricos significativos, y en algunos momentos re-emerge con singular potencia. Pero, lo que viene a imperar más potentemente en las últimas décadas en nuestro país, es el confesionalismo, y no uno de carácter genérico, sino uno específico: católico, apostólico y romano. Hasta antes de la dictadura de Pinochet, la opción del confesionalismo siempre se expresó relativizadamente, producto de una concepción del poder donde hubo una influencia laicista significativa. De hecho, podemos decir que, desde la República Liberal hasta 1973, siempre hubo factores de equilibrio que impidieron la consolidación de la visión confesional. Fue un siglo de condiciones de pluralización, que constituyó un patrimonio moral reconocible en toda América Latina. Con muchos problemas de otro tipo, pero, donde hubo espacios para reconocer el buen sentido de políticas de gobierno en la educación, en la salud, etc. donde primó en las distintas visiones políticas predominantes, cual más cual menos, un contexto ético centrado en el hombre. De muestra, un botón. La píldora anticonceptiva entró a Chile en los años 1960, en pleno gobierno de un partido de denominación confesional, pero, nadie pensó en considerar que las políticas públicas que la masificaron no estaban bien encausadas, aún con las expresiones hostiles de la jerarquía religiosa. A contrapelo, podemos comparar lo recientemente ocurrido con la llamada “píldora del día después”.

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Al sobrevenir la dictadura de Pinochet, comienza a expresarse un ascendente confesionalismo. La concepción portaliana que propone ideológicamente la dictadura, no es ajena a ese aspecto refundacional que tiene un inconfundible matiz confesionalista. Enfrentado Pinochet a una jerarquía clerical que tiene un manifiesto compromiso con el Concilio Vaticano II y con las encíclicas sociales, recurre a los creyentes con poder económico para afirmar su visión confesional como núcleo conceptual valórico de su ejercicio autoritario. En alguna oportunidad podríamos analizar ese aspecto con mayor profundidad, es decir, la lectura católica de Pinochet y su aporte refundacional al confesionalismo chileno. Entonces, el confesionalismo se nutrió y creció a través de una apuesta de poder específica, generando un modelo de sociedad, un modelo de Estado, un proyecto de hegemonía, que se hizo independientemente de la jerarquía clerical, en un primer momento, del cual el núcleo de poder de la dictadura desconfiaba, por lo que, alternativamente, potenciaron al sector más tradicional del clero. Ese confesionalismo fue capaz de desarrollarse y mantenerse al margen de la rectoría institucional de la Iglesia, incluso, podemos decir al margen del clero predominante, por mucho tiempo. Esa situación marcaría la forma como el confesionalismo se desenvolverá con posterioridad Ello lo hará muy independiente de las jerarquías diocesales y propenderá a crear instancias compartimentadas y autónomas, desligadas de la estructura

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eclesial regular. Es lo que ha favorecido los cultos cerrados en torno a determinados dogmas u organizaciones confesionales autónomas. Por ejemplo, movimientos, prelaturas, órdenes religiosas, grupos de estudio, adoraciones especiales, etc. Ello es lo que ha favorecido el crecimiento del Opus Dei y los Legionarios de Cristo, los distintos “Encuentros del Espíritu” (matrimoniales, juveniles, etc.), los cursillistas, los carismáticos, etc. Esto ocurre hasta cuando se consolidó el papado de Juan Pablo II y los sectores tradicionalistas, que venían de vuelta del Concilio Vaticano II, comenzaron a ganar poder dentro de la Iglesia Católica chilena. La comunión entre el tradicionalismo y el poder económico se hará de un modo natural, porque en doctrina y política, aspiraban a lo mismo. Ello redundará y fortalecerá el hecho que, el confesionalismo en Chile, no sea un fenómeno exclusivamente espiritual y ético, sino que tiene una naturaleza económica, cultural, política y social. Tal pues, que se encuentra predominando tras las estructuras del poder económico, en las finanzas, en las instituciones del Estado, en la opulencia. Cuando analizamos los desequilibrios en la distribución del ingreso, por ejemplo, lo que se advierte entre quienes hegemonizan la riqueza y la opulencia, es su sello confesionalista.

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4. El diagnóstico de la hegemonía confesional. Uno de los aspectos que habitualmente reclama o reivindica el poder confesional, es el origen católico de nuestro país. Frente a ello es necesario tener presente que Chile no surgió como República bajo el alero de la Iglesia Católica. Más bien fue a contrapelo de ella, tanto por lo que decían y hacían las jerarquías locales, como en la propia posición papal sobre el proceso emancipacionista de América. Ella recién logra imponerse con la república pelucona, y la política restauradora de Portales, y experimentará un profundo retroceso con la república liberal. Luego, con la república parlamentaria, recuperará su influencia. La formulación constitucional de 1925, pretenderá superar la continuidad histórica de la influencia y vinculación del clero católico, apostólico y romano con el Estado, pero, en los hechos, pasados 80 años, lejos de aminorar, se aprecia una marcada presión del confesionalismo católico que tiene arraigada su influencia en instituciones que, por ser teóricamente de todos los chilenos, debieran responder a una conducta limpiamente imparcial frente a cuestiones de orden religioso. Empero, el confesionalismo de inicios del siglo XXI no busca, en lo fundamental, el control del Estado. El concepto del poder se ha diferenciado respecto de lo que ocurría hace 100 años. Por cierto, la complejidad de la sociedad contemporánea muestra una versatilización de las

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formas de poder, que lo ha llevado a asumir distintas variables en las conductas y los espacios de hegemonización. Hoy, el confesionalismo reconoce que el poder del Estado es menor, por lo que prefiere influir en las estructuras económicas y culturales (especialmente en la educación), las cuales son determinantes en la conformación social de nuestro tiempo. Las finanzas, las corporaciones, los medios de comunicación, los colegios, las universidades, son espacios e instancias en que acendran fuertemente un proyecto de hegemonía, que termina por eliminar la libre concurrencia de las ideas y el derecho a la libertad de conciencia, eliminando toda visión de sociedad multiconfesional o plural. Resulta sorprendente por lo mismo, que, iniciándose la campaña presidencial, en el año 2005, el Comité Permanente del Episcopado chileno, haya hecho un diagnóstico acusativo sobre la pobreza y el problema de la distribución de la riqueza en el país, que apuntaba al vacío, cuando la opulencia desmedida y los protagonistas del poder económico, que burlan las leyes sociales, que crean empresas de contratación externalizada para burlar las leyes laborales, los que crean cotidianamente condiciones de desigualdad, son los que hacen día a día el proyecto de hegemonía confesional. Pero, no por ello el confesionalismo abandona la influencia que ejerce sobre instancias del Estado que considera su feudo particular. Verbigracia, las FF.AA.,

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teniendo en el Ejército y en la Armada a verdaderos enclaves de determinismo confesional. Es un hecho que, para acceder a la condición de Oficial General – Generales y Almirantes -, las juntas calificadoras de esas ramas tienen como condición no escrita que sean ascendidos solo oficiales con un fuerte compromiso católico. ¿Con que derecho, si son instituciones que pertenecen a todos los chilenos y a la diversidad que compone la chilenidad? ¿Con que derecho en las naves de la Armada hay imágenes y altares que responden a una sola visión religiosa y hace sinonímica la condición de oficial con la de creyente católico? ¿Con que derecho actúo el general Cheyre durante la tragedia de Antuco, haciendo gala de su opción religiosa, por sobre los hombres a su mando, que en su gran mayoría no respondían a ese credo? Para entender la determinante presencia actual del poder confesional sobre el Estado, no solo debemos considerar que deviene de lo que fue la acción de la dictadura y su modelo económico-social, y de quienes han controlado la economía chilena, sino también del proceso de transición a la democracia. Es un hecho que, así como hubo una parte de la Iglesia Católica que validó la dictadura, también hubo otra parte que se le opuso – aquella más vinculada al Concilio Vaticano II -, liderada por la enorme figura moral del Cardenal Silva Henríquez, la que consolidó lazos con las fuerzas que realizaron la democratización.

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Así, el sello de los gobiernos de la Concertación ha estado marcado por la influencia de un sector del clero, que tiene profundas raíces con aquel sector de la clase política que llevó a cabo la transición, y que muchos han calificado como un “partido transversal”, donde están personeros de los distintos partidos concertacionistas. Ese núcleo dirigente ha sido ampliamente receptivo a las influencias clericales, antes que a los poderes fácticos del confesionalismo, pero, que, por la misma influencia de determinados clérigos, se convierte también en un posicionamiento del talante confesional. Aun así, debemos reconocer la existencia de una parte importante de la clase política, que se define en términos valóricos como “humanista laico”. De hecho, en una entrevista a un periódico, durante la campaña presidencial de 2005, la ahora Presidente de la República, Michelle Bachelet, señalaría su referencia valórica en el humanismo laico. Es importante reconocer y potenciar esas posiciones, sobre todo cuando se avecinan debates significativos en torno a la agenda valórica, que tienen que ver con los métodos anticonceptivos de emergencia, con la ley sobre el genoma humano y la clonación, con la discusión sobre la fertilización y la concepción, la criopreservación; los derechos de las minorías sexuales, etc. Un universo de temas que requieren de una posición valórica, donde el confesionalismo está dispuesto a mover todo su poder e

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influencia para imponer los rígidos parámetros de su particular opción de conciencia a toda la sociedad. 6. Palabras finales. Por lo tanto, no debemos llamarnos a engaño. Nuestra responsabilidad es promover el laicismo, asentarlo como práctica social, deslindar el dogmatismo, contener las visiones hegemónicas unilaterales, pluralizar las miradas en un marco de auténtica tolerancia. Esto significa que no debemos convertir el laicismo en un producto intelectual de consumo interno, en un tema especulativo que favorezca cualquier calistenia anticlerical. Lejos de ello, la tarea es asumir actividades significativas y evidentes, que favorezcan la laicización de nuestra sociedad, de todas las instituciones del Estado, de todos los espacios en que se hace sociedad, en que se recrea la condición de país, de comunidad nacional. Impedir que las políticas públicas se tiñan con determinados acentos confesionales es una tarea cotidiana, sobre todo con la actual agenda valórica que entra en discusión de un modo relevante, en un país que ha superado los traumas de su transición a la democracia. Los grandes temas de la democracia, en los próximos años, estarán marcados por discusiones valóricas, de allí que movimientizar el laicismo es un requisito fundamental, para poner a raya las visiones hegemónicas que la dictadura y las limitaciones de la transición democrática

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tanto favorecieron. En ese esfuerzo, el laicismo debe constituir el afluente ético que riegue de ideas y de conductores, a quienes requieran de luz, frente a las controversias valóricas de este tiempo, producto de la oscuridad que impone el confesionalismo. No es una controversia que tenga solo que ver con nuestra realidad nacional, sino que se expresa en gran parte de la realidad occidental. No nos olvidemos lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la clase política también ha estado hegemonizada por concepciones religiosas sectarias, que llevan a una visión hegemónica y excluyente, que busca denodadamente imponer su empoderamiento de un modo contrario a toda concepción pluralista y democrática. La defensa y promoción del laicismo, tiene que ver, entonces, con una concepción de sociedad que es mucho más amplia que el sesgo coyuntural y particular que algunos pretenden darle, y que está demasiado presente en el debate postmoderno. Puede que su motivación sea de antigua data, pero, lo añejo que algunos pretenden imputarle, no oculta sino de desidia o la ignorancia frente a lo que realmente está en juego: la libertad espiritual del hombre.

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LA PERNICIOSA RELACIÓN ENTRE RELIGIÓN Y POLÍTICA. Artículo publicado en el diario digital “Voz al Mundo” en Agosto de 2006.

La estrecha relación de la religión con la política, ha sido la causa de dolorosos y permanentes episodios en la historia de la Humanidad y en todas las civilizaciones. Con recurrencia, a través de los siglos, en muchos momentos, siempre ha ocurrido que, cuando las motivaciones religiosas trastocan en opciones políticas, terminan ahogando las libertades y desencadenan la violencia y la confrontación irracional. No solo la historia postrenacentista europea es una demostración de ello, con aquellas guerras religiosas que produjeron tantas muertes y desolación. Los ejemplos abundan en todas las épocas y en todos los lugares del planeta. Dentro de las argumentaciones que relacionan la religión con la política, en torno a objetivos hegemónicos, es difícil discernir cual se sirve de la otra para sus propósitos. Siendo procesos de discernimiento que pasan por la conciencia de quienes actúan vinculados a ambos

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factores, es muy difícil determinar si el religioso se vuelve político para imponer la hegemonía de su fe, o si es el político el que se vuelve religioso para consolidar ideas fuerzas que logren consolidar su pretensión hegemónica. Es un hecho, efectivamente, que el factor religioso reditúa efectos políticos significativos. El discurso religioso es un mensaje de fácil comprensión, confiable, que no requiere esfuerzos intelectivos, y que produce un efecto galvanizador en lo social, sobre fundamentos sencillos y directos. Hay pocos conjuntos de ideas que tengan efectos aglutinadores tan inmediatos y relevantes en el actuar gregario, como lo que ocurre con el mensaje religioso. Frente a ello, en las últimas décadas, la civilización occidental ha sido testigo de mucha reflexión sobre la exacerbada relación entre política y religión, a partir de la irrupción del fundamentalismo islámico y el derrame integrista por todo el Medio Oriente, y que insufla a innumerables grupos políticos violentos en el espacio geográfico que detenta las más importantes y estratégicas reservas petroleras del mundo. Sin embargo, poco se ha escrito y reflexionado sobre la estrecha relación entre la religión y política que se ha dado contemporáneamente en el hemisferio occidental. De allí que el libro “The Mighty and The Almighty. Reflections on América, God and World Affairs”, escrito por Madeleine Albright, constituye un relevante aporte a la reflexión sobre esa promiscua relación, y los efectos que

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ello tiene en el mundo de hoy. Publicado hace poco, es un significativo aporte para constatar los efectos del absolutismo religioso en la política mundial, a partir del compromiso confesional del Presidente Bush y del grupo que forma parte de su gobierno. No debe pensarse que la autora sea parte de la tradición laicista de la intelectualidad norteamericana, ya que, por el contrario, ha sostenido una crítica a las tradiciones laicas europeas, a las que considera un obstáculo para la libertad de culto. De allí que su opinión sea muy importante, sobre todo porque fue parte de gobiernos de Presidentes activamente confesionales. Albright, que fuera Embajadora y Secretaria de Estado del gobierno de Clinton, expresa sus aprehensiones por la forma como el actual Presidente norteamericano mezcla sus creencias religiosas con sus decisiones políticas, y como establece su a partir de ellas sus categóricas concepciones sobre el bien y el mal. Bush se considera depositario de una verdad absoluta y no oculta la importancia que tienen sus creencias religiosas en sus decisiones de gobierno. Algunas de sus aseveraciones confesionales han sido señalar que Dios le aconsejó realizar la invasión a Irak, o que Dios deseaba su elección como Presidente de la Unión. No distantes de aquellas expresiones, Bush padre ha sostenido la idea que EE.UU. es el “segundo pueblo elegido”, mientras la derecha conservadora que sostiene al gobierno de su hijo, ha propugnado una rígida política

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exterior, que se fundamenta en una retórica cristiana profundamente radical, que se sustenta en la afirmación de que EE.UU. tiene una misión asignada por Dios, para proteger la libertad y la democracia en el mundo. Un senador de esa corriente, Albert Beveridge, sostenía ya en 1998, que Dios le había asignado a EE.UU. un papel relevante en la historia del mundo. Estas aseveraciones han estimulado el absolutismo religioso de Bush, llevándolo a cometer los peores desastres de la política exterior norteamericana, según Albright. La crítica y las evidencias de los planteamientos del libro, tienen una profundidad indiscutible, considerando que su autora valora la potencialidad cultural y el impacto social de las creencias religiosas, cuando entran en sana relación con la política. Ella sostiene la imposibilidad de separar la religión de la política, y valora esa asociación cuando se utiliza de un modo correcto, lo cual, sostiene, tiene una positiva incidencia moralizadora que favorece la justicia y la paz. La conclusión que podemos sacar, es que el libro permite una mejor comprensión de la política seguida por la principal potencia mundial, permitiendo entender los fundamentos que han llevado al debilitamiento de la política internacional, producto de la polarización que impone una concepción fundada en comprensiones confesionales absolutas, cuyo efecto ha sido pernicioso para la paz mundial y para la resolución negociada de los conflictos.

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LAICIDAD Y LAICISMO, SIN DISTORSIONES. Artículo publicado en el diario digital “Voz al Mundo” en Julio de 2007.

De un tiempo a este parte, el Papa Ratzinger ha entrado a un confuso debate lingüístico, precisando una supuesta diferencia de propósitos y formas entre “laicismo” y “laicidad”. Así, verbigracia, en un discurso ante un grupo de juristas católicos, el pasado 09 de diciembre de 2006, expresó: “En el mundo de hoy, la laicidad se entiende de varias maneras: no existe una sola laicidad, sino diversas, o mejor dicho, existen múltiples maneras de entender y vivir la laicidad, maneras a veces opuestas e incluso contradictorias entre sí” (www.corazones.org). Por cierto, la afirmación no puede ser más confusa, pero se explica en el contexto de una tendencia que la jerarquía católica trata de establecer entre laicismo y laicidad, entendiendo al primero como una hostilidad o una indiferencia tendenciosa contra la religión; y al segundo, como un respeto o un talante de aceptación validante entre

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el Estado y la Iglesia, fundamentado en una indefinida autonomía de cada parte. Frente a lo expuesto en esa reunión con juristas católicos, hay algunos comentarios que hacer, ante lo que supongo no es un acto de mera disquisición lingüística del Papa Ratzinger, y que inducen a una confusión a su comunidad de creyentes y a quienes no han manifestado una madura reflexión sobre la penetración de las confesiones en cuestiones del poder temporal. Es bueno tener la cercana referencia de las consecuencias que son posibles de percibir en aquellos países, donde la vinculación clerical musulmana ha penetrado las instituciones políticas y sociales, produciendo una hegemonía sobre el Estado y la sociedad civil, que ha destruido las libertades y los derechos de las personas. La herencia de Ruhollah Khomeini y su impacto en la hegemonía política de los clérigos, es un tema que ha convulsionado a una buena parte de Asia y África, con consecuencias dolorosas para naciones y pueblos. Mirando nuestra historia Occidental, no es tan lejana la participación de los clérigos católicos, por más de un milenio, en una dolorosa historia que tuvo su epicentro en Europa, con no pocos efectos en América, que puede constatarse en un tránsito de guerras y persecuciones de distantes propósitos de fe, sin siquiera recurrir al extremo expediente de la Inquisición. Si hubo una corrección en el mundo occidental, ante la pertinaz influencia del clero en las estructuras de poder

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de las sociedades y naciones, debe reconocerse que ello fue posible en la medida que se impuso en la conciencia de la sociedad civil la necesidad de la laicización de las estructuras de poder, y por la acción de una sana doctrina que tuvo la virtud de hacerlo posible: el laicismo. Si hay laicidad en las sociedades más libres y consolidadas institucionalmente, fue porque esa doctrina supo hacerse realidad en la voluntad de los hombres que protagonizaron la lucha por la emancipación respecto de la tuición clerical, lo que John A. Hall, evalúa como un complejo balance entre el consenso y el conflicto, construido de manera penosa a lo largo de los siglos XVII y XVIII en Europa, donde la sociedad civil vino a ser el resultado de la separación entre el poder ideológico y el poder político, producido por la separación entre la Iglesia y el Estado. En fin, lo que Ernest Gellner llama la derrota de las pretensiones moral-imperialistas de la Iglesia Católica y el surgimiento de espacios de tolerancia religiosa, donde la crítica a la religión dominante creó la tradición cultural de la reflexividad y la valoración de la autonomía y la capacidad individual, en contraposición a la conformidad pasiva a las reglas político-religiosas. El laicismo no es un ideología como pretende tipificarla el Papa Ratzinger, tal como lo hiciera su antecesor, quien planteara, luego de la caída del muro de Berlín, que derrumbado el comunismo ateo, la tarea era hacer lo propio con el laicismo.

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El laicismo, seamos objetivos, es una doctrina sin la cual no habría laicidad. Esta última es una consecuencia, el hecho, el efecto, que se desprende de la aplicación de la doctrina. Por lo mismo, pretender que la laicidad sea solo expresable en el ámbito de relación Estado-Iglesia es una mirada extraordinariamente reduccionista, ya que una efectiva laicidad abarca también su correspondencia en la sociedad civil y en el mercado. Una sociedad donde existe una efectiva laicidad, es aquella en que opera la libre concurrencia de las diversas opciones de conciencia, no solo aquellas relativas a las confesiones, y donde ninguna de ella tiene el privilegio para sobreponerse hegemónicamente, para desde allí imponer formas de exclusión. En años recientes, por ejemplo, en Chile hemos tenido una pertinaz acción de la Iglesia Católica, que quiere imponer sus puntos de vista a toda la sociedad, a través de presiones y cuestionamientos a todo aquello que busque garantizar los derechos a la diversidad y a la libertad de conciencia. Recordemos, por ejemplo, las presiones e intervención clerical en torno a la discusión de la ley de divorcio o más recientemente, en torno al uso en políticas de salud públicas de la píldora del día después. En un plano más global, ¿acaso no fue un planteamiento del Papa Ratzinger, hace unas pocas semanas, que planteaba un principio que irrumpe contra cualquier perspectiva de respeto confesional, al señalar que la Iglesia católica "es la única Iglesia de Cristo" y el Papa

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debe ser aceptado como autoridad suprema por todos los cristianos, agregando que las iglesias ortodoxas orientales y las "comunidades" protestantes no son siquiera iglesias y que permanecen apartadas de la verdad? ¿Eso es lo que explica formas distintas de vivir la laicidad o las distintas formas de entenderla? Desde luego, toda religión está en su derecho a proclamar su credo, cuestión que el laicismo reconoce como condición inalienable de la libertad de conciencia, y que la laicidad debe hacer tangible en el medio social. La laicidad, como acción, como hecho, como materialización del laicismo, no niega el derecho de las confesiones a la interpelación moral, pero, valida la igualdad de derechos a todas y a cada una, pero, también garantiza el derecho de quienes no tienen la obligación de sentirse interpelados por confesión alguna. Para ello, la institucionalidad del Estado y la práctica de convivencia de la sociedad civil, tienen que crear los medios y las formas que garanticen la igualdad de derechos y la libre exposición de las ideas, pero, especialmente, el resguardo de las opciones de conciencia. Eso es laicidad. Corresponde a quienes sustentamos la doctrina del laicismo, promover y coadyuvar para que ello sea posible. Quien acuse al laicismo de otras perspectivas o intensiones que no sean estas, es querer poner en entredicho su evidencia concreta de tangibilización social e institucional, que se manifiesta en el vocablo “laicidad”.

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LAICIDAD Y LAICISMO, SIN DISTORSIONES (2). Artículo publicado en el diario digital “Voz al Mundo” en Julio de 2007.

Hace algunos días, leía un mensaje de Agustín García-Gasco, arzobispo de Valencia, aparentemente dirigido a los files de su arquidiócesis en el año 2005, pero, que, dado su disponibilidad en Internet, le da una condición vigente, más aún con el planteamiento realizado por el Papa Ratzinger hace solo un semestre ante un grupo de juristas. Por lo demás se trata de una distorsión que ha venido presentándose como estrategia, especialmente en España y Francia, frente a las políticas gubernamentales que pretenden corregir los problemas derivados del uso nocivo de la fe, para fines estrictamente políticos. ¿Qué dijo Agustín, arzobispo de Valencia, como gusta de firmar? “Laicidad si, laicismo no” (www.archivalencia.org). Como monseñor es español y un hombre culto, no cabe duda que su afirmación es claramente política, al

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punto de querer burlar las reglas de nuestra lengua, para imponer una distorsión en la comprensión de las gentes, que sea ideológicamente utilizada por quienes se incomodan con la ola de sentido común, que insufla la profundización democrática de Europa. Por cierto, quienes usamos el lenguaje de Cervantes, sabemos que el sufijo “dad”, implica y está relacionada siempre con una cualidad, en los sustantivos abstractos que derivan de adjetivos. La regla se aplica en los casos de palabras con dos sílabas, con la forma “idad”. En el caso de “laicidad”, hablamos de un sustantivo abstracto, derivado del adjetivo “laico”, acepción que en nuestra lengua señala define a aquel o aquello que “es independiente del cualquier organización o confesión religiosa”. No se refiere a aquel o aquello que “no es religioso”, como gustan de decir los sacerdotes católicos, sino que a aquel o aquello que “es independiente” de lo religioso, e “independiente” en nuestra lengua es aquel o aquello que “no tiene dependencia, que no depende de otro”, que es “autónomo”, “que puede sostener sus derechos u opiniones sin intervención ajena”. El verbo “laicizar” implica “hacer laico o independiente de toda influencia religiosa”, por lo cual, cuando laicizo estoy realizando una acción para que algo o alguien sea independiente de toda influencia religiosa. Quien realiza esa acción es un “laicista”, es decir, alguien que sostiene fundamentos y propósitos basados en el “laicismo”, concepto o “doctrina que defiende la

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independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa”. Lo que busca el laicismo es una sociedad laica o un Estado laico, es decir, que impere de manera significativa la “laicidad”, calidad que caracteriza a una institución o institucionalidad que se ha liberado de la tuición confesional, para garantizar, desde esa condición, la libre existencia de los credos, y la capacidad individual y colectiva de actuar de acuerdo a lo que la libre exposición de ideas establece como consenso social. Es cierto que la acepción “laicidad” aún tiene una condición de neologismo, puesto que aún no adquiere presencia oficial en el diccionario de nuestra lengua, pero, ello no impide aplicar la regla de la gramática normativa española Por lo demás, en Francia, el uso del concepto “laicité” es de antiguo uso, que, para efectos prácticos, epistemológicamente tiene amplia validez para el conocimiento contemporáneo. Entonces, frente a las afirmaciones de Agustín, arzobispo de Valencia, y las de los propugnadores católicos de una estrategia distorsionadora, que apunta a confundir a las personas comunes y corrientes, usurpando a la doctrina laicista el uso de sus conceptos para hacerlos ambiguos e invalidantes, lo que corresponde es poner las palabras en sus justos términos. Cuando los sacerdotes llaman laicos a los seglares, están haciendo un uso mañoso del concepto, porque un

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seglar efectivamente es alguien que no tiene condición sacerdotal, en tanto, un laico es “independiente” de la influencia religiosa. Un seglar es un hombre de fe que no es sacerdote, en tanto, el laico además de no ser sacerdote, es independiente de la influencia que ese sacerdote ejerce a partir de los postulados de su fe. Asimismo, cuando los sacerdotes invocan una “sana laicidad” para el Estado, están haciendo maña con las palabras, para separar al laicismo, en tanto doctrina, de su consecuencia concreta, introduciendo la idea de que hay antagonismo entre una y otra. El uso tendencioso de las palabras, por cierto, es parte de una vieja estrategia eclesial, desde los más antiguos tiempos, donde los conceptos, los usos y las costumbres han sido deformados, para imponer la hegemonía de la fe particular de un grupo de poder. En ello hay una larga historia, que tiene en la jerarquía de la iglesia católica, apostólica y romana a su mejor paradigma, por casi dos milenios, desde Nicea en adelante, es decir, desde que se desprendió de sus más nobles ancestros.

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AGRESIÓN DE CONCIENCIA EN LAS INSTITUCIONES ARMADAS CHILENAS. Artículo publicado en el diario digital “Voz al Mundo” en Septiembre de 2007.

Nuevamente las instituciones armadas chilenas han dado una demostración de discriminación religiosa, correspondiéndole esta vez a la policía nacional, Carabineros de Chile, la brutal imposición de un sesgo de conciencia a uno de sus mártires, y más aún, a su familia doliente. Durante los violentos incidentes producidos la noche del 11 de septiembre recién pasado, en uno de los sectores periféricos de la ciudad de Santiago, un carabinero fue herido en la cabeza por un disparo de un marginado social, ocasionándole en definitiva la muerte. El incidente conmocionó al país, y más allá de la prensa adicta al poder económico, que lo insinuó como una demostración de la acción de una delincuencia incontrolada, en el fondo fue una antecedente más de las consecuencias de un sistema

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económico-social que aún no da las debidas satisfacciones a vastos sectores sociales que incurren en la delincuencia producto de la marginalidad. El mártir policial Cristián Vera, era un muy querido componente en su unidad policial, donde derrochaba jovialidad, compañerismo y lealtad con su grupo, además de profesar la religión evangélica o protestante, un sector confesional de ascendente penetración en los sectores pobres, de dónde provenía el carabinero asesinado como toda la tropa policial del país. Su muerte fue un duro golpe para su familia y para sus compañeros en la labor policial, doloroso suceso que se agravaría para quienes eran sus más cercanos, cuando su funeral institucional fue precedido por un rito religioso que no era el correspondiente a su opción confesional. No ha sido la primera vez que ello ha ocurrido en las instituciones armadas chilenas. La agresión confesional es algo que recurrentemente se manifiesta en las Fuerzas Armadas y en el Cuerpo de Carabineros, producto de una manifiesta actitud tendenciosa de sus mandos, en cuanto a las opciones de fe. Lo que cabe preguntarse una vez más es ¿por qué los mandos de las instituciones armadas se creen con el derecho de actuar fuera de las reglas éticas que corresponden a las instituciones de un Estado no confesional como el chileno? ¿Por qué actúan como instituciones al margen de la realidad de conciencia plural que expresa el alma nacional? ¿Por qué las minorías de

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conciencia tienen que ser pisoteadas por generales o almirantes que se arrogan el derecho a imponer sus propias opciones, en función de una tradición constituida sobre la base de una agresión a las minorías de conciencia nacionales? El Director General de Carabineros, general Alejandro Bernales, explicó que en el caso de las exequias del cabo Vera se aplicó la tradición histórica de la policía, la que aplica el rito católico. ¿En qué parte de la legislación que da fuerza y existencia legal a la policía que dirige, está establecido el Cuerpo de Carabineros como una institución de religión católica? ¿Cuál es la legítima tradición que ennoblece a un cuerpo policial? ¿Puede ser la que pasa por encima de las convicciones religiosas de sus miembros? ¿Es la establecida sobre la base de la imposición de los mandos más allá de sus prerrogativas legales y constitucionales? El general Bernales se une en actitud y hechos a lo que obrara el ex comandante en jefe del Ejército, cuando esta institución sufrió una de las peores tragedias, hace algunos años, como consecuencia de que uno de sus oficiales, llevó a un regimiento a marcha forzada a través de un temporal de nieve, en las laderas del volcán Antuco, provocando la muerte de 45 soldados conscriptos. De esos conscriptos muertos, 22 eran de religión no católica. Sin embargo, el general Cheyre, entonces jefe del Ejército, impuso su visión de fe a todos los difuntos soldados, y sus familias debieron soportar esa visión y esa opción en todos

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los actos institucionales. El general hoy retirado sigue ligado a instituciones confesionales, de modo coherente con su opción de conciencia, mientras su decisión de mando, ligada a su opción religiosa, sigue penando en el dolor de la comunidad de fe de quienes fueron 22 de sus subordinados trágicamente fallecidos. Frente a esos dramáticos episodios – el caso de Antuco y la muerte del cabo Vera - , hemos sido testigos de una ceguera de los mandos ante lo que ocurre en el seno de sus instituciones, y ante los legítimos derechos de conciencia que emergen de la propia Constitución, que salvaguarda los derechos de todos y cada uno de los chilenos. Si una institución armada tiene un carácter nacional, ¿no es legítimo que ella exprese en su seno la diversidad del país, de la nación toda? ¿Acaso los evangélicos o protestantes, o cualquier minoría confesional, legítimamente constituida, que responde al mismo contexto ético y moral, que son comunes a toda la sociedad chilena, no tienen los mismos derechos y atribuciones que aquellos que profesan el catolicismo? Ha llegado el momento de abrirse a un debate nacional ante las determinaciones de conciencia sesgadas de estos mandos institucionales, porque no es posible que el abuso y la interpretación antojadiza de tradiciones unilaterales, sigan ofendiendo la libre conciencia de aquellos chilenos, que, aun siendo una minoría, son parte

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sustancial de nuestra nacionalidad y de nuestra comunidad social. Basta de abusos.

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UN FALLO QUE CUESTIONA LA INSTITUCIONALIDAD. Publicado en el diario La Nación el 07 de abril de 2008.

Es repudiable el dictamen del Tribunal Constitucional. Su determinación, no sus fundamentos (aún en redacción), se conoció debido a la reacción social por filtraciones que hablaban de una grotesca respuesta a la presentación de un grupo de parlamentarios conservadores de clara herencia cultural pinochetista. Constatamos que una mayoría de los jueces, arraigada en visiones compartidas con los diputados, acogió de modo muy extraño la prohibición de que se distribuya en el sistema público de salud la píldora del día después y se realice la consejería sexual a menores de edad. El repudio a este adelantado fallo tiene demasiadas aristas para vapulearlo, las que no ayudan a prestigiar las instituciones de nuestra aún imperfecta democracia. Lejos de pronunciarse para asegurar los valores superiores que uno espera en la vigencia de la

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Constitución, la mayoría del Tribunal Constituciona (TC) demuestra que esta instancia es otra de las instituciones coto de caza de sectores político-religiosos de concepción hegemónica, con fuertes arraigos en los fundamentos doctrinarios del régimen dictatorial. Seamos sinceros: los enclaves que dejó ese régimen y su proyecto refundacional, donde el conservadurismo valórico es la esencia de una mirada regresiva de Chile, se ven en la camisa de fuerza de un armado institucional en que prevalece la hegemonía conservadora, confesional y autoritaria. El proyecto de Pinochet fue una restauración a la portaliana, un regreso a un pasado conservador por esencia, al autoritarismo de claro perfil confesional y oligárquico, perdido por la superación de los tiempos. Cuando lo lógico apuntaba a que el TC tuviera un pronunciamiento hacia el tiempo en el que vivimos, la mayoría da un golpe en dirección a los fundamentos del conservadurismo trasnochado. Olvidando los contenidos que la Constitución establece ("es deber del Estado asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional", que garantiza "el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia", "la libertad de conciencia" y "la manifestación de todas las creencias"), opta por la visión de conciencia personal de cada uno de los miembros de la mayoría en un tema absolutamente opinable según las convicciones éticas.

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Siendo las políticas públicas de salud un conjunto de acciones que apuntan a responder a todas las personas y a garantizar su derecho de participar con igualdad de oportunidades, consagradas por la Constitución, aquí es repudiable que la mayoría del TC acogió, aun en parte, el planteamiento del grupo de parlamentarios conservadores. La sola información del fallo da cuenta de que el TC, lejos de garantizar una institucionalidad permanente y una Constitución reconocida para todas las opciones de conciencia, valida una tendencia hacia una concepción de conciencia exclusiva y excluyente, no compartida por todos, menos por quienes serán afectadas directamente debido a la imposibilidad de recurrir a un servicio público de salud para evitar la concepción. Extrapolando, cabe preguntarse: ¿si hubiese estado en manos del TC resolver si es válido en las políticas públicas de salud la realización de operaciones o transfusiones de sangre, cuál habría su veredicto? ¿Deberíamos considerar que si se trata de mayorías de conciencia en el TC, bastaría que éstas cambien para tener en el futuro la prohibición de realizar transfusiones en el sistema público? Es bueno entrar al quid del asunto. La restauración portaliana que hizo el régimen, que nos sigue afectando de manera constante, se pone en evidencia cada vez que esta imperfecta democracia sufre una coerción reiterada, sostenida e implacable de una visión religiosa, cuya especificidad está en la convergencia del conservadurismo

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moral, el confesionalismo político, el poder económico, el autoritarismo militar, las prácticas oligárquicas y las concepciones paternalistas del más antiguo cuño cultural. Las redes de influencia de esta convergencia son las que hoy producen este fallo digno de Ripley, que asombra a quienes llegan a hacer negocios al país, que suponen vienen al lugar más moderno y progresista de Sudamérica. Quienes nos observan no podrán dejar de asombrarse al ver cómo un tema contencioso, resuelto en los Tribunales de Justicia, es asumido por un Tribunal Constitucional que opta por los aspectos valóricos aceptando alcances constituyentes. El TC ha validado el sesgo de su mayoría, dispuesta, en aras de particulares creencias, a intervenir en la sexualidad de las personas, a romper con la racionalidad internacional en materias de salud, a obligar a renunciar a las chilenas pobres a las disponibilidades que ofrece la ciencia para dar mejor calidad de vida a las personas, y a establecer en el ámbito constitucional una brecha entre los que pudientes y no pudientes. Ante este repudiable hecho vale recordar que la solidez de la Constitución descansa en su capacidad para acoger la diversidad de Chile, en donde las distintas opciones de conciencia sean respetadas por la institucionalidad, produciendo consenso en torno a ella. Descansa en la capacidad de la institucionalidad de integrar a todos en las posibilidades de una vida mejor, que es aquella en que cada persona puede realizar su forma de

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vida individual, en arreglo con la vida colectiva. Este fallo por desagracia no prestigia y no hace consenso en torno a nuestra institucionalidad.

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LA DEMOCRACIA ES LAICA O NO ES DEMOCRACIA. Publicado en el diario La Nación el 08 de Mayo de 2008.

Hace unos días, en el centro de la ciudad la Red de Mujeres de Valdivia enarboló un lienzo que decía: "La democracia es laica o no es democracia". Esta frase, sin duda, establece una afirmación que cobra una importancia especial ante los nuevos hechos institucionales que han constatado la carencia de una democracia laica en nuestro sistema político. No deja de ser reiterada la comprobación en el tiempo de que el sistema político está tutelado por una visión religiosa fuertemente relacionada con el poder político-económico que de modo constante impone sus condicionamientos, cuando no derechamente su visión a rajatablas, más allá del interés superior de la democracia y las formas que hacen posible la calificación de tal a un sistema político que debe estar en verdad basado en el respeto a la pluralidad que compone la nación.

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La conducta se ha visto comprobada de forma persistente. Como cuando se planteó la discusión sobre una ley de divorcio, se comprobó cuando se iniciaron las primeras campañas de prevención del sida, se reiteró en el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la píldora anticonceptiva de emergencia, entre un sinnúmero de actos que señalan una concomitancia activa y permanente de un sesgo valórico y religioso, con personeros de la clase política o las instituciones del Estado, que pretenden y logran imponer sus puntos de vista valóricos basados en aseveraciones religiosas coercitivas, unilaterales y excluyentes. Sus concepciones se han impuesto en la institucionalidad, haciendo ambivaler lo pecaminoso con lo delictivo. En lo referente a la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), es evidente con la burda aseveración de que el embarazo empieza con la fecundación del óvulo. Aseveración legítima de sostener desde el punto de vista particular de la fe, pero inválida para la racionalidad científica internacional, o para quienes no tienen fe, o relativizan su fe ante circunstancias legítimamente humanas, como puede ser evitar un embarazo. Si consideramos que se ha producido una reacción ciudadana producto de los prejuicios de un grupo de jueces constitucionales, que se dejó llevar por sus convicciones religiosas o por los dictados de sus pastores, haciendo un pronunciamiento que viola los derechos de conciencia de las mujeres que están llamadas a decidir lo que hacen con

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su sexualidad, lo que viene a ser relevante en esta discusión no es tanto la viabilidad legal de un sistema más de anticoncepción, sino lo sustancial viene a ser el debate en torno al derecho de ejercer la libertad de conciencia y la necesidad de una institucionalidad laica en nuestro sistema político. Una institucionalidad laica no significa, bajo punto alguno, coartar los derechos religiosos y las libertades que emanan de ese ejercicio. Por el contrario. Hay miles de chilenos que viven su religiosidad con sencillez, con arraigadas convicciones, pero sobre la base del respeto a las otras convicciones que no están en el ámbito de su fe. Ellos no pretenden imponerles sus creencias y valores a los demás. Otros, en tanto, viven su creencia relativizando los predicamentos de sus pastores, porque la vida les ha demostrado que no se puede vivir sino en arreglo con los problemas cotidianos del hombre común, y con las posibilidades que impone la realidad secular. Todas esas personas merecen ser resguardadas en sus derechos. Esas conductas de personas decentes, comunes y corrientes, no tienen nada que ver con aquellas observadas por específicos grupos de poder confesional, que pretenden imponer sus valores particulares y su comprensión absoluta de la religiosidad, a todos y a cada uno de los chilenos. Son los que imponen a contrapelo sus valores, los que presionan e influyen de manera agobiante a las instituciones del Estado, son los que dominan los grandes negocios, los medios de comunicación, y que proponen una

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interpretación de la democracia que es funcional a sus creencias e interpretaciones. Por eso las mujeres de Valdivia que desplegaron la pancarta están apuntando al meollo del asunto que ha causado el TC mediante su discutido fallo. Si no hay una comprensión de que la democracia tiene que estar desprovista de intencionalidad religiosa particular, no tendremos una democracia verdadera. Muchas minorías hoy sienten que sus valores o sus puntos de vista son avasallados, y que las condiciones de tratamiento de parte de las instituciones del Estado no son las mismas que para quienes reclaman su condición de mayoría. El concepto moderno de la democracia indica que ésta es plena no cuando se imponen las determinaciones de la mayoría, sino cuando el sistema político es capaz de resguardar los derechos de las minorías. La mayoría, por cierto, puede imponer puntos de vista políticos, pero los aspectos valóricos solo son posibles de imponer en la medida de los consensos sociales que logren articularse, lo que para Habermas sería lo racional. No es posible el consenso social cuando, quienes pretenden ser mayoría, no cautelan los valores de quienes son minorías y les impiden el espacio para actuar según sus convicciones. Frente al debate sobre la PAE, lo que se cuestiona es que una institución del Estado - el TC -, toma una decisión sobre la base de las creencias de los jueces que hacen la mayoría, no sobre la base del respeto de las creencias y convicciones de las personas que no siendo católicas, o

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siendo católicas entienden a su modo su fe, consideren que el proceso de la vida comienza a partir del momento en que el óvulo se implanta y no antes. Porque dónde comienza la vida es un tema de valores y creencias, y la Constitución no lo establece, y si lo estableciera sería un absurdo que sus redactores no quisieron cometer. Pero no es sólo el TC quien abusa de una posición religiosa particular. Hay una lista de instituciones del Estado que son utilizadas también como un espacio para imponer determinados valores y creencias. Si son instituciones del Estado destinadas a hacer posible la democracia, ello no debiera ocurrir, porque distorsiona el propósito y fundamento de la institucionalidad democrática: incluir a todos los ciudadanos, sus mayorías y sus minorías. Los tutelajes sobre la democracia son siempre establecidos por aquellos que no creen en verdad en la democracia. El tutelaje religioso sobre las instituciones y sobre el ejercicio de ellas no hace posible que la democracia sea real e integral. La sociedad chilena hace siglo y medio que viene buscando la separación de la Iglesia y el Estado, a pesar de lo expresado desde 1925 y en muchas declaraciones posteriores. Ello sigue siendo una aspiración que no logra consumarse. Nuestra democracia tampoco logra consumarse, como lo manifiestan las mujeres de Valdivia, quienes nos recuerdan que si la democracia no es laica, no es una democracia plena

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EL ESTADO LAICO EN CHILE, UN LOGRO INCONCLUSO. Publicado en el diario La Nación el 25 de junio de 2008.

Uno de los pasos que señala el cambio radical de la sociedad hacia la consolidación de las libertades individuales y los derechos humanos, tanto en Oriente como en Occidente, ha sido es establecimiento de un Estado laico. La verdadera ruptura política que ocurre en una sociedad, cuando quiere superar el tutelaje de conciencia desde las estructuras de poder, cuando quiere superar el paternalismo abusivo de concepciones unilaterales, cuando quiere abandonar la acción totalizadora de los credos, es cuando esa sociedad es capaz de generar un Estado desvinculado de cualquier opción religiosa, de cualquier credo que usa los instrumentos y los liderazgos políticos para imponerse sobre toda la sociedad. Un Estado laico está desvinculado de cualquier opción de fe, y ello se refleja de manera efectiva en las prácticas de sus órganos, que deben ser coherentes con los fundamentos constituyentes de esa concepción de

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organización política de un país o sociedad. En el Estado laico los credos adquieren derechos y oportunidades de difusión y práctica de sus ritos de acuerdo a las leyes, pero, ninguno de ellos puede utilizar las estructuras del Estado para imponer sus valores y concepciones sobre toda la sociedad. El Estado laico implica la obligación de sus funcionarios, agentes o administradores, en cualquiera de sus niveles – desde los más bajo a los más altos – a excluir de sus actos aquellas actitudes basadas en sus creencias en abierto perjuicio de las creencias de otros. Los actos políticos e institucionales de quienes tienen que cumplir tareas dentro del Estado laico, deben estar revestidos de una abstención activa de cualquier lucha dogmática. Obviamente, nadie actúa fuera de sus creencias, cualquiera que ellas sean, y es legítimo que así ocurra, pero lo que garantiza el Estado laico es que las creencias de las personas no pueden ser impuestas políticamente en perjuicio de quienes no sostienen esas mismas creencias. Verbigracia, si alguna fe cree que hacer una transfusión de sangre es pecado, un funcionario, agente o administrador de ese credo, no podrá impedir que una persona que no tiene ese credo se pueda hacer una transfusión de sangre en un hospital público. O, si una fe piensa que las mujeres deben cubrirse el rostro, un funcionario del Estado no puede obligar a las mujeres que no tienen esa fe a cubrírselo. O si un funcionario de un Estado cree que la vida empieza antes del embarazo, no

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puede obligar a las personas a creer esa afirmación si estas tienen una opinión moral distinta. Hay muchos países en el mundo que han logrado, mediante la instauración de un Estado laico, superar los efectos demoledores para la convivencia social que impone la pretensión de imponer un dogma particular sobre toda la sociedad. Bélgica, por ejemplo, es un modelo de solución de las controversias entre visiones confesionales y laicistas, donde el Estado ha tenido la capacidad de asumir las necesidades de la diversidad que se expresa en su sociedad. Estados Unidos por su parte, al momento de constituirse en Nación independiente, estableció basamentos constitucionales que son una referencia cardinal respecto a la desvinculación del Estado de cualquier opción de fe. La Primera Enmienda es una referencia no solo política, sino ética, sobre lo que debe predominar como concepto irrefutable de un Estado laico: “El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente”, indica taxativamente. En Turquía, hace 80 años el impulso modernizador llevó a erradicar del Estado todas aquellas visiones que ligaban los actos del poder político a una visión omnipotente y totalizadora del credo. Contrariamente, sin embargo, se han sucedido ejemplos que son referencias sobre lo lamentable que puede ser cuando un credo domina las estructuras del Estado. Demás está citar las consecuencias que produjo en

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Europa la existencia de religiones oficiales, desde el Medioevo hasta los siglos XVI, XVII y XVIII, con su dolorosa estela de guerras y muerte. Una referencia contemporizadora es el caso de Irán, donde una mayoría religiosa ha impuesto su visión totalizadora sobre toda la sociedad, a partir del control de la estructura del Estado. En Chile, en 1925, luego de intensas disputas en el siglo XIX, entre quienes promovían las libertades individuales y un poder confesional enraizado en las estructuras de poder con claros objetivos seculares, se llegó a declarar la separación de la Iglesia y el Estado, erradicando la práctica medieval de la religión oficial. Sin embargo, aquel logro reivindicado muchas veces por moros y cristianos como un logro cívico y republicano, sigue siendo vulnerado por prácticas habituales de funcionarios o agentes del Estado que hacen caso omiso de las normas constitucionales, aprovechando los vacíos que ellas presentan, o interpretando a su modo las garantías que la separación de la Iglesia del Estado y la inexistencia de una religión oficial pretenden establecer. También sigue siendo vulnerado por la persistencia de sectores o personeros eclesiásticos que presionan constantemente sobre los partidos de gobierno o sobre funcionarios de Estado para imponer sus puntos de vista o sus intereses religiosos. Hay personeros que han cumplido altas funciones del Estado en los últimos 30 años, que han reconocido y sufrido esas presiones en forma permanente.

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Una dirigente política de oposición al actual gobierno, en un panel realizado hace tres años, ponía en evidencia las cartas pastorales, el lobby dirigido a diputados y senadores, y la opinión e incursión permanente sobre temas contingentes, que realizan autoridades eclesiásticas. Como ejemplo ponía la presión ejercida por la jerarquía católica sobre la delegación chilena a la Conferencia sobre la Mujer del año 1995, en Beijing, para que esta representación votara en contra de los métodos anticonceptivos, contra el divorcio, contra la calidad igualitaria de los hijos extra-matrimoniales, etc. El teólogo y abogado Humberto Lagos, en tanto, ha sostenido la opinión del mito de Estado laico en Chile, sobre la base de los siguientes ejemplos: oficialismo religioso católico en la Fuerzas Armadas y de Orden, existencia de capillas católicas en instituciones del Estado, enseñanza religiosa católica en las escuelas públicas, ceremonias religiosas oficiales en organismos públicos, simbología católica en entidades públicas, aportes del erario fiscal para construcción de infraestructura religiosa, concurrencia con poderes y recursos del Estado a actividades internas de la Iglesia Católica (investiduras cardenalicias y proclamaciones de santidad), etc. A esos ejemplos, agrega otros: capellanías con cargo del erario fiscal, liturgias en horarios de trabajo en la administración pública, aportes a entidades educacionales donde el evento pedagógico se declara manifiestamente para asentar la fe

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propia, y asignación de terrenos fiscales para construir lugares de culto. Como podemos ver, la separación de la Iglesia del Estado, proclamada en 1925, y que se expresa también en la actual Constitución, sigue siendo algo simplemente formal. De hecho, para la jerarquía religiosa en 1925, aquella separación era ampliamente favorable, ya que los derechos del Estado sobre los nombramientos de las autoridades religiosas desaparecieron, pero, no desapareció el poder de los actores eclesiásticos sobre el poder político y económico, un asunto espinoso que corresponde abordar si queremos tener una democracia institucionalmente más asentada.

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LA ENCRUCIJADA DE LA EDUCACIÓN CHILENA. Publicado en el diario La Nación el 05 de Agosto de 2008

La educación chilena sigue en la encrucijada ante sus manifiestas falencias, y de nuevo los sectores directamente involucrados -los estudiantes y los educadores- han manifestado su opinión de rechazo ante la orientación y el marco legal que la sustenta. Los esfuerzos de consensuar una nueva ley parecen fracasar frente a las dos almas que dividen la actual discusión: una, neoliberal y dogmática en su fundamento; la otra, que cree que el Estado tiene un rol definitivo que cumplir como un actor determinante para garantizar una educación de calidad. Es un hecho que se comprueba cada día que el sistema educacional vigente está determinado por las variables del mercado, y por la brutal diferencia en los servicios educacionales a los que pueden acceder los chilenos según sus niveles de ingresos. Esas diferencias, junto a la dogmática aplicación del modelo LOCE, están sustentadas sobre afirmaciones falaces. Tales argumentos

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pretenden sostener la argucia de que la educación pública es deficiente por esencia y le cuelgan de modo perverso la imputación de que ese carácter -el ser fiscal- es el culpable de los fracasos e insuficiencias que tuvo el sistema educacional chileno antes de la reforma neoliberal que impusiera la dictadura. Tales insuficiencias y carencias justificarían las supuestas ventajas del sistema actual, donde todo queda sujeto a las reglas mercantiles, y donde el rol del Estado parece estar destinado a garantizar ciertos accesos mínimos para los pobres, pero donde el grueso de los recursos que reparte sirven para financiar proyectos educacionales orientados en exclusiva al lucro o a ciertos sectores, instituciones o personas. Resultado de esa política, que favorece la privatización de la educación, pero estatista a la hora de financiar los riesgos, pese a los enormes recursos que el Estado ha destinado para financiar el carácter privado de su propiedad y gestión, con plata de todos los chilenos, lo único que ha traído como resultado es una reconocida mediocridad. Sin embargo, diversos expertos involucrados ideológica, política y económicamente con el actual estado de cosas no dudan en señalar las excelsas virtudes del modelo, sosteniendo la idea de que este sistema educacional es mejor que el anterior, donde el Estado tenía la responsabilidad, gestión y conducción de la educación chilena. Es cierto que cuando la educación descansó en el esfuerzo del Estado, hubo insuficiencias de cobertura y que

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en determinados aspectos fue incapaz de dar solución a problemas estructurales. Aun así, la educación chilena pública bajo la impronta del Estado docente obtuvo logros que trascendieron nuestras fronteras e importantes educadores chilenos eran invitados a otros países americanos para servir de expertos y asesores para enfrentar los problemas educacionales de otras zonas del continente que reconocían las capacidades de nuestros educadores. Demás está señalar su contribución a la movilidad social. Pero nadie pretende reconstruir el antiguo sistema público. Sería absurdo. Recordar los logros del pasado tiene como propósito exclusivo enfrentar la falacia de que el sistema neoliberal de educación es mejor. La tarea es construir un sistema público de educación, de carácter nacional, laico e igualitario en las oportunidades. Nadie pretende condicionar o poner en riesgo la existencia del sistema privado, y las oportunidades que éste ofrece a quien tenga la posibilidad de elegir tal opción. Pero no debe haber un sistema privado subsidiado, que optimiza el negocio de los sostenedores y de las instituciones que lucran con los recursos del Estado, generado por todos los chilenos para el bien común. Un sistema público de educación es una apuesta a favor del robustecimiento de la identidad nacional, de un sentido de unidad de país, de integración en torno a objetivos comunes. Ello no lo da la educación privada, donde se privilegia el factor de identidad particular, y se

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apoya en una postura diferenciadora y excluyente. El sistema público es integrador, une respecto a contenidos y objetivos, así como congrega la diversidad social. En ese sentido, es una contribución efectiva a la movilidad social, y a garantizar oportunidades. Lo que hoy prima es el interés del lucro o ciertos intereses institucionales que utilizan la educación para robustecerse y consolidarse como proyecto dentro de la sociedad. La educación pública requiere inversión significativa por parte del Estado, y debe articularse desde la etapa preescolar hasta el nivel terciario. Es decir, no sólo construyendo jardines infantiles sino haciendo una excelente educación básica, media y universitaria. Requiere también que haya una inversión en la formación de docentes involucrados con un proyecto nacional y societario integrador. La educación pública, nacional y laica es una educación que construye efectivamente país, que supera las diferencias e integra social y culturalmente. Satisface la más sentida de las aspiraciones de una familia de esfuerzo, marginada de los grandes logros del mercado, cual es, dar una educación adecuada a sus hijos para asegurar su futuro. De todas las cosas que puede hacer el Estado a favor de las personas, dar satisfacción a las necesidades de educación y salud es lo más trascendente y determinante para la vida de los que no tienen los recursos suficientes, y para garantizar las oportunidades que los niños y los jóvenes son capaces de forjarse con sus motivaciones y

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esfuerzos, al margen de su cuna. La educación laica bajo la dirección de un Estado laico no excluye ni por rico ni por pobre, ni por moro ni cristiano, ni por blanco o negro, ni por alto ni por bajo, sino que es una educación de oportunidades y garantías. El cambio de estrategia de educación es determinante para el futuro del país para superar un sistema que sólo nos trae fracasos, pese al mañoso manejo de las cifras que hacen sectores comprometidos con los intereses beneficiados con el negocio de la educación.

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EL LAICISMO: UNA MIRADA DE LOS JÓVENES A LA DIVERSIDAD. Conferencia en el Colegio Etchegoyen de Talcahuano, 23 de agosto de 2008.

Uno de los desafíos que tiene todo hombre, que como yo ha pasado la curva del medio siglo, y que le parece ya lejana la oportunidad en que miraba esa curva como un acontecimiento lejano, es preguntarse, cuando se tiene que venir a expresar un conjunto de ideas, ¿qué es ser joven en el mundo de hoy? La pregunta es importante y es determinante: hoy como ayer, y sin duda lo será en el futuro. Porque si algo caracteriza a un joven, es que es un proyecto humano que comienza a cuajarse en la necesaria autoafirmación personal, en el reconocerse como una persona, como una conciencia, como una voluntad propia. Es el paso del niño hacia el adulto, y cuando la dependencia psicológica, torna en la necesidad de la independencia, en la aspiración validacional del que desea ser y hacer, condición sustancial de todo individuo humano, para poder adquirir la condición de tal.

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Y preguntarse qué es ser joven en el mundo de hoy tiene muchas variables. La primera es de la autorreferencia, donde todos hemos sido jóvenes alguna vez, y donde también tuvimos que autovalidarnos, entrar a construir nuestras propias ideas, nuestras propias referencias sobre las cuales sostener nuestra autodeterminación, tomar el camino del ser yo. Y en esa autorreferencia, es cuando empezamos a hablar como personas adultas, o como personas que empiezan a envejecer, porque cada cual guarda en su memoria la apasionante vivencia de haber sido joven, de haber vivido ese momento en que todo se podía construir, de haber soñado las audacias más extraordinarias, porque el mundo que nos tocó vivir tenía demasiados defectos y demasiadas injusticias, barreras que siempre el joven quiere derribar de una plumada, y que la vida termina enseñando que todo se puede cambiar, pero, antes que todo, haciendo cambiar a las personas. Entonces, ante el desafío que tengo hoy con Uds. de hablarles del laicismo, recurro a la autorreferencia como punto de partida, y me pregunto qué significaba ser joven cuando yo lo fui. Viví siendo joven una época que considero excepcional, y tremendamente motivante para cualquier joven, para cualquier rebelde con o sin causa. De mis días de niño, había sabido de las luchas de independencia de los países del naciente Tercer Mundo, de las llamadas luchas de liberación nacional, de los acontecimientos de París en manos de los estudiantes, hace justamente 40 años; de algo tremendamente inevitable

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desde el punto de vista de la cotidianidad como lo fue la Revolución Cubana y la emergencia de la rebeldía juvenil en América Latina; todos esos eventos vinieron a ser mi preámbulo del momento en que advine a esa condición especial de la juventud. Pero, también, fueron los años de la carrera espacial, desafío tecnológico y mediático, que apasionaba con su día a día, la aparición de los trasplantes de órganos, los primeros antecedentes masivos de la cibernética, y la revolución de las flores, donde la libertad sexual surgía como un antecedente irruptivo, de la mano de la masificación de la píldora anticonceptiva. Fueron los años en que muchos sueños se derrumbaron, y terminaron en dolores y desagarradas pérdidas, de las cuales muchos no pudieron recuperarse. No es un cuadro completo de mi momento juvenil, pero que traigo a colación para demostrar con no poco entusiasmo cuando yo viví ese momento histórico de la Humanidad y de mi vida, que para Uds. sin duda tiene un alcance arcaico, pero que quiero proponerles como un punto de partida, para que Uds. miren con amplitud la circunstancia de ser jóvenes en el tiempo que les toca vivir, y se pregunten que si este señor viene a hablarnos de su patética mocedad, que puedo decir yo de mi tiempo, de mi circunstancia, de mi apuesta de vida, de mi percepción del mundo, del tiempo histórico que me toca vivir. Y por cierto, esto del “tiempo histórico” no tiene porque referirse a cosas que devienen de lo más trascendente, no tiene por qué ser una mirada con el peso del mundo en que estamos,

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sino también tiene que ver con la pequeña historia de cada día, de lo que soy, de lo que he hecho con mis limitaciones, y de lo que he soñado por hacer. Entonces, pensemos el tiempo que vivimos, que como jóvenes les toca vivir, y veamos cuáles serán los privilegios que reivindicarán en vuestros años de la madurez, por haber vivido como jóvenes el tiempo de hoy. Tal vez surjan los detalles de las injusticias que han percibido, porque todo joven asimila con intensidad cuando lo justo es atropellado; tal vez recuerden aquella maravillosa explosión de rebeldía que fue la “revolución de los pingüinos”, que rompió todos los esquemas de un proceso político nacional donde todo parecía previsible; algunos tal vez algo recuerden que en sus día de niños, cinco mil chilenos se desnudaron alegremente en un parque de Santiago. No serán pocos los que recordarán el sorprendente encuentro ilimitado de sociabilidad virtual del Facebook; los temores del hambre a escala planetaria, especialmente entre los más pobres, porque los alimentos dejaron de ser tales, para convertirse en materia prima de combustibles; la angustia energética, la encrucijada del cambio climático, producto de las emisiones de gases nocivos para la estabilidad ambiental planetaria, y otros recordarán cuestiones como las pachotadas de George Busch; la singularidad de Hugo Chávez; y el momento en que una píldora se convirtió en una tema nacional, cuando debía ser un tema personal; recordaremos los embelesos del Chat, la

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mirada al mundo a través de You Tube, la promesa del IPhone, cuando estaba pronto a invadir los mercados. No pocos recordarán haber recorrido medio planeta para encontrarse con el Papa, y una buena parte tal vez sonreirá recordando carreras de auto ilegales, o el tiempo en que pudo tener sexo por primera vez. La invitación es entonces a pensar en cuales podrían ser las señales que queden en vuestra memoria, como las afirmaciones de vuestra condición juvenil, y que determinarán en definitiva el resto de sus vidas. ¿Cuál es el mundo en que vivimos, y cuál es el rol de cada cual, en tanto joven, en tanto individualidad, en tanto proyecto de vida que deberá consumarse en las décadas venideras, en tanto persona que desea realizarse en algo que como tal empieza a diseñarse, a esbozarse en la conciencia de cada cual? Ser joven es una oportunidad que se perderá. Luego, pronto, unos antes que otros, pero, que inevitablemente, por ley biológica, tiene un final más pronto del siempre esperado. Y como oportunidad debemos asumirla. Dicen que las mentes más jóvenes tienen mayores habilidades que las mentes más adultas, para los procesos de percepción, y por lo cual, aprenden y aprehenden más rápido. Yo creo que sí. Lo ha demostrado la inserción del joven en las disponibilidades del mundo rediático y digital. Las lógicas de los procesos vertiginosos son más fáciles de captar por una mente joven, ansiosa, que por una mente adulta, más apegadas a la experiencia. Por ello las grandes

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corporaciones que diseñan las ofertas que serán ofrecidas en los mercados, recurren a ejecutivos jóvenes o a diseñadores e innovadores que pueden ver con más celeridad los objetivos y las alternativas. Entonces, lo que quiero en esta jornada proponerles como elementos de reflexión, es abrir su mente para tratar de entender nuestro mundo de hoy, más allá de las representaciones que nos entregan los medios o la cultura global y mercantilizada, que trata de determinarnos. Mi invitación es a tratar de abrirse a una reflexión, con vuestra capacidad de abarcar y sintetizar, con vuestra lógica juvenil, y a soñar, como todo joven puede hacerlo, sobre cuál sería el tipo de sociedad, el tipo de realidad, el tipo de cultura, que les gustaría hacer posible. De manera importante, esta es una invitación a soñar el ethos que quisiéramos posible, donde se alberguen nuestros ideales de justicia, nuestras aspiraciones más puras, nuestras esperanzas, nuestros amores, pero, también donde tengan cabida nuestras flaquezas, nuestras dudas, nuestras debilidades, nuestros fracasos, porque después de todo, la vida regala distintas experiencias. Y el ethos tiene que ver, como lo creían los griegos, con la morada de todos. Tiene que ver con la firmeza del piso sobre el cual nos desplazamos socialmente, con el talante con el cual nos relacionamos en un mundo diverso, en una sociedad donde todos tienen derechos, pero también deberes, con un ambiente en el cual las personas pueden construirse y ser como tales. El ethos, es la consecuencia

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de cómo asumimos nuestra condición de seres sociales o gregarios, de individuos animales que han dejado la primordial manada, para asociarse por convicciones y por una reflexividad que es un privilegio o un don, que nos separó del resto del reino animal, aunque sea un tantito, y que nos impone la responsabilidad de dejar un mundo mejor a aquellos que nos sobrevivirán: un mundo más vivible, una sociedad más humanitaria. Para ello es fundamental asumir la reflexividad, asumir que debemos darnos un tiempo para pensar nuestro tiempo, para pensar las representaciones que recibimos de él. La cultura de un tiempo, de una generación, de una sociedad, es un conjunto dialéctico de representaciones. Todos, más allá de nuestras diferencias, tratamos de ofrecer una representación de la realidad en la cual estamos inmersos. Las corporaciones que buscan regir los mercados, nos ofrecen una representación de la realidad. Las comunidades de fieles no ofrecen la propia. Los promotores del ateísmo nos ofrecen otras. Las dudas del agnóstico tienen las suyas. Los partidos políticos y los grupos de intereses, tratan de convencernos de aquellas representaciones que han modelado. Lo propio hacen las organizaciones más diversas que se expresan en el quehacer humano. Lo hacen los estetas y los que promueven grupos de interés. Y lo hacemos quienes proponemos el laicismo como forma de organizar una sociedad en que las convicciones son muy distintas entre unos y otros.

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Y esta jornada apunta a ese propósito: a llamarlos a la reflexividad en torno cual representación de la realidad nos parece más conducente para la construcción de un ethos que nos asuma a todos, en nuestras más sutiles y más acendradas diversidades, para hacer posible ese sueño de un mundo mejor, de una sociedad mejor, de una cultura mejor, de una civilización mejor. O tal vez, con menos pretensión: un ethos que nos posibilite una comunidad mejor, un grupo de amigos mejor, una ciudad mejor. Porque, al fin y al cabo, el ethos es un constructo de la ciudad política, es decir, de la ciudad que nos acoge en la cotidianidad de cada día, y en donde todos tenemos la morada que nos cobija con sus virtudes y defectos. Y ese ethos que colectivamente construimos – con los míos, con estos, con los tuyos, con aquellos – en un ambiente que acoge la diversidad de la ciudad, es el que buscamos proyectar a una región, a un país. ¿En que se sustenta esa nueva morada de ciudad? ¿Cuáles son los principios, cuales son los valores, sobre las cuales debemos construirla? Frente a ese desafío proponemos como norma de conducta el laicismo, y claramente insisto en la idea del laicismo como una norma de conducta, como una actitud, porque si hay algo que debo insistir es que eso es el laicismo, a pesar de que el sufijo ismo que acompaña al concepto laico, podría llevarnos a un lamentable error. Muchas veces llegamos a creer que este sufijo sirve solo sirve para formar sustantivos que representan categorías ideológicas, pero,

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también tiene la importante particularidad de formar adjetivos, en tanto señala actitudes, y así como hablamos de dogmatismo, que es una actitud, proponemos frente a ella el laicismo. Porque, si algo tenemos que tener claro, es que no podemos construir la representación del laicismo como una categoría ideológica, porque ello nos llevaría a asumir también, inevitablemente, una postura dogmática. Entonces, lo que tenemos que internalizar intelectualmente, como primera cuestión necesaria y fundamental, es que el laicismo es una actitud, es una conducta, es una forma de vida, una manera de enfrentar la complejidad de las opciones de fe que las personas asimilan como cuestiones de identidad y diferenciación, y cuando digo cuestiones de fe, por favor, no estoy hablando solo de las religiones. Laicismo significa una actitud abierta e incluyente frente a toda afirmación dogmática, y los dogmas no son solo religiosos, aun cuando ellos puedan ser los más determinantes. Hay otros dogmas que también buscan afirmarse en un criterio de diferenciación radical, y que pueden ser tanto o más dañinos, incluso que la diferenciación radical de la fe: hay dogmas sociales, hay dogmas de clases, hay dogmas raciales, hay dogmas políticos, hay dogmas en ciertas categorías de creencias que no son solo religiosas. Por ejemplo, se han expresado dogmas sobre las cuestiones raciales: muchas veces habrán escuchado afirmaciones como estas: “lo que pasa es que el indio es

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flojo”, “la raza blanca es superior”, “los negros son todos drogadictos”; o afirmaciones de chauvinismo nacional: “el peruano es un muerto de hambre”, “el argentino es un farsante”; o expresiones de diferenciación social “quienes viven en aquella población son todos ladrones”, “esa gente no tiene nuestro nivel social”, “ aquellos son unos rotos”; en fin, expresiones que, de tanto reiterarlas, no demoran mucho en transformarse en conductas sociales de segregación e incluso en categorías ideológicas. Laicismo significa vivir la diversidad, y asumir la tolerancia como una actitud de vida, y actitud es una disposición de ánimo concreta, activa. Y asumir la diversidad y respetar la diversidad es una tarea de enorme envergadura. Y como no quiero asustarlos con esta última afirmación, quiero decirles que como todas los grandes proyectos, esa gran magnitud se construye con miríadas de pequeñas contribuciones, y esas pequeñas contribuciones son las que debemos de hacer cotidianamente, en el proceso nuestro, personal, de inter-relación social. ¿Cuál es nuestra crítica a quienes construyen el dogma de la diferenciación, y en la referenciación excluyente de la identidad de los grupos? Yo los llamo a reflexionar en afirmaciones que he escuchado en ciertos eventos de naturaleza diversa, expresadas por líderes de determinados grupos: “si Ud. quiere ser feliz en su matrimonio, debe casarse con alguien que comparte nuestra fe”, “Dios se ha revelado en nuestra fe”, “la verdad se ha hecho carne en nuestra fe”. También los llamo a

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reflexionar sobre estas afirmaciones realizadas por personas que asumimos como respetables: “los chilenos somos superiores, porque hemos recibido una mayor presencia europea en nuestra formación nacional”, “el problema de Bolivia es que hay mucho indígena, a diferencia de Santa Cruz”, “los asiáticos tienen un olor muy desagradable”, “el mestizaje ha producido la pobreza”. Esto lo he escuchado en radio o televisión, o lo he leído en los diarios. Quienes lo han dicho son chilenos, no estoy planteando el tema desde una referencia lejana. Así es como se forman los dogmas, y así se construyen los muros de la diferenciación que van construyéndose en los países, en las ciudades, en las comunidades, en los barrios. “No te juntes con aquel, que no es hermano en nuestra fe”. Y la fe puede ser muy variada, no necesariamente de naturaleza confesional. Hay fe en determinados liderazgos, hay fe en determinada idea, hay fe en torno a grupos sociales, hay fe en torno a afirmaciones raciales, y en torno a ellas se construye una idea de hermandad, una idea que adquiere condición de verdad, y de la afirmación de verdad, pasamos derechamente al dogma. Frente a ello el laicismo plantea categóricamente que cualquier condición de hermanos no nace de una fe en particular, de una idea, por muy brillante que sea, sino que nace de nuestra condición humana. Todos somos seres humanos y todos navegamos en el Universo dentro de una misma nave, que es este planeta, y la suerte y el destino de

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la Humanidad toca a cada uno de los individuos que componen esta tripulación. La apuesta del laicismo está en el hombre, en un sentido igualitario, integrador, fraternizador, que nace de una conducta cierta, efectiva, eficaz, de aceptar la diversidad, pero por sobre todo la diversidad de conciencia. Es más, no se trata solo de respetar la diversidad de conciencia y las libertades que de ella emanan, sino que se trata del aseguramiento del ejercicio de la libertad de conciencia. Entonces, Uds. me dirán que aquellos que han expresado los ejemplos citados anteriormente, ¿acaso no tienen derecho a pensar de esa manera? Y les respondo que sí, que si alguien sostiene que los miembros de un credo solo pueden casarse con los miembros de un credo, están en su derecho a creerlo y practicarlo. Pero, a lo que no tienen derecho a exigir es que una comunidad consagre a través de la ley la obligación de que las personas de una fe están obligadas a casarse solo con los de su fe. O que determinada fe se constituya en una fe obligada para los demás. O que determinados valores de una fe tengan carácter obligatorio para quienes no la profesan. Al venir en esta jornada a hablar con Uds. sobre la afirmación de que el laicismo es una mirada de los jóvenes de hoy, es porque hay una constatación cultural, sociológica, incluso psicológica, que, en los tiempos que vivimos, los jóvenes tienen más asimilado el concepto de laicismo que lo que ocurrió con las generaciones

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inmediatamente anteriores. Ello obedece a un proceso cultural, civilizacional, que viene de la mano con la globalización de las comunicaciones, con los fenómenos propios de la masificación y la ruptura de las barreras geográficas, aun cuando persistan aún las barreras de los lenguajes formales o tradicionales. Quienes hoy acceden a Internet están en condiciones de relacionarse con la diversidad del mundo, con la multiplicidad valórica que forma parte de la más amplia malla de creencias y creatividades del ingenio humano. Las gamas de intereses son tan variadas que escapan a la afición o al deseo de descubrir nuevas sensaciones, a través de la imagen y el sonido que viene desde los medios digitales y electrónicos. De manera importante se van construyendo comunidades virtuales de amigos o de intercambio de ideas o preferencias. De este modo, los sustratos culturales se han ido haciendo maleables al diálogo, antes que a la diferenciación. Ello no quiere decir que las comunidades cerradas también se hagan realidad en forma perniciosa. Pero, es obvio, y adquiere condición de regla, que aquellas en algún momento terminan permeándose y comienzan a decrecer hasta a un pequeño grupo duro, que termina asfixiándose en su propio caldo de cultivo. Las referencias estéticas y éticas de la mayoría de los jóvenes, no dan ya con el sentido integrista que proponen los dogmas. Cada vez, los grupos cerrados, las conductas excluyentes, las pretensiones de hegemonía, son una

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realidad que los jóvenes no quieren asumir, y se niegan a aceptar las ideas absolutas. Ello tiene consecuencias en los fenómenos que reducen las vocaciones sacerdotales, la adscripción a los partidos políticos, la integración a grupos ideológicos sesgados, a grupos de militantes dogmáticos. Cada día, los jóvenes se sienten más libres y actúan de modo menos estratificados. Cuando se realizaron las marchas contra el dictamen del Tribunal Constitucional que prohibía la distribución de la píldora del día después, lo que uno veía era en general jóvenes, estudiantes, muchachas y muchachos que estaban convencidos de su derecho a ejercer la libertad de conciencia. Por ello es que tengo esa sensación, la convicción de que el sentimiento, la racionalidad, la reflexividad de los jóvenes, hoy no pasa por las pretensiones de hegemonía, ni la construcción de la afirmación dogmática, sino que pasa por un profundo respeto por la identidad y las creencias de los demás. Hay jóvenes que se afirman en el dogma, en lo absoluto de su credo, pero son los menos. ¿Dónde está el problema entonces, que impide que vivamos en una sociedad plural, donde haya un respeto efectivo por la diversidad, donde impere la libertad de conciencia? Sin dudas en la herencia del pasado, en los resabios de una sociedad autoritaria, construida sobre la base de afirmaciones excluyentes, y donde algunos, en pretensión de mayoría, han impuesto las condiciones antidemocráticas de una visión unilateral. Herencias constituidas en relación con el poder económico y el poder

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político, que imponen sus valores o desvalores, simplemente porque son incapaces de concebir una sociedad diversa que no puedan controlar. Y su práctica se advierte en la cotidianidad de cada día, negándole a nuestra comunidad nacional crecer en su sentido de comunidad, porque en la medida que ella adquiera esa condición, será más diversa y menos controlable. Esa percepción les lleva a creerse los dueños de Chile, niegan la expresión de las minorías, ante el temor de que ellas se puedan transformar en mayorías. Dueños de grandes corporaciones, integrantes de contubernios políticos, jerarquías religiosas vinculadas al poder económico, jerarcas de las instituciones que se financian con el impuesto cobrados a todos los chilenos, son parte de un uso y abuso del poder, para imponer su visión e interés sectario, por sobre el sentido común y los derechos de conciencia. De allí que, ante la invitación que me formulara Seamos Más, para venir a exponer algunas ideas a jóvenes de esta ciudad, no tuve ninguna duda. No tengo más pretensión que exponer las ideas que he señalado, sobre las que he estado trabajando, como lo hacen muchos laicistas en el mundo, haciendo un aporte cada día, a una concepción de sociedad, de cultura, de país, de comunidad, de civilización, a una concepción de relación humana, que llamamos laicismo. Otros como yo, seguramente con más brillantes, están difundiendo estas ideas humanistas, permanentes en el tiempo. En México, en España, en

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Turquía, en Irán, en Francia, en la India, en Estados Unidos, en fin, en todo lugar donde la libertad de conciencia está amenazada por poderes que, en torno a un dogma, conculcan uno de los derechos fundamentales del hombre; el derecho a discernir y decidir según su conciencia. En esta región, Seamos Más está en esa línea de reflexión e interés: construir el ethos de una ciudad sustentada en los valores del laicismo, una ciudad en que impere la laicidad como forma de interrelación de las personas y las instituciones. Una ciudad donde todas las buenas ideas y las buenas intenciones tengan la posibilidad de ser expuestas y adscribir miembros o prosélitos, pero, donde las instituciones del poder económico y del poder político sean prescindentes de toda opción de conciencia, salvo aquellas que emanan de su propio rol social. ¿Qué significa esto? Que deben tener conciencia de que sirven a todos los habitantes de su ciudad, más allá de sus particulares creencias o convicciones. Agradezco a Seamos Más, a través de su presidente, Hernán Saavedra, al Colegio Etchegoyen, a través de su rector, Rafael Moreno Espinoza y del presidente de su entidad sostenedora, Jorge Gálvez, por haber tenido esta oportunidad, y sugiero a los jóvenes que hoy están aquí presentes, que se sumen a este hermoso esfuerzo de recreación del tejido relacional de esta ciudad, sobre la base de los valores que promueve el laicismo, porque ello tendrá efectos positivos en nuestra comunidad nacional.

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Esta reunión, este encuentro de hoy, que Uds. han hecho posible, indica que, en lo que al laicismo se refiere, la Octava Región la lleva.

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LAICISMO Y DESARROLLO JUVENIL. Contenidos expositivos desarrollados ante el Encuentro de Dirigentes Juveniles Laicos, realizado en el Colegio Concepción Pedro de Valdivia, 23 agosto de 2008.

Una de las noticias más atractivas que tuve, cuando se me invitó venir a trabajar con Uds. en torno al pensamiento laicista, fue la posibilidad de hacerlo con un grupo de líderes de colegios laicos del país. Primero, porque supongo que no por ser estudiantes de un colegio laico los hace laicistas, y segundo, porque muchas veces el ambiente de una educación laica, por ser una educación fundada en la libertad de conciencia, no pone algunos énfasis duros del laicismo que pueden violentar las conciencia en formación, por la agudeza de sus alcances, porque la educación laica no pretende inducir a posiciones que solo la libre conciencia debe asumir en su propio proceso de crecimiento y discernimiento. La educación es un proceso de sacar afuera lo que la conciencia es capaz de asimilar en su desarrollo y maduración, y cada persona, cada ser humano tiene el derecho a crecer según sus posibilidades y sus ritmos. Entonces, una educación laica no puede ser una educación

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de doctrinas cerradas, sino de aproximación al conocimiento de la diversidad de doctrinas y al desarrollo del espíritu crítico. Esa es la educación que aspiramos que se reinstale en nuestra realidad nacional, que sea asumida por quien está llamado a determinar el carácter de la educación nacional, para todos los estudiantes, y que no sea solo una particularidad de unos pocos colegios que tratan de mantener viva la llama de la libertad de conciencia ante una concepción dogmática de educación que no satisface más que ciertos intereses claramente identificables. Y al hablar ante un grupo de jóvenes estudiantes, que se relacionan con una educación laicista, que disciernen sobre las problemáticas que les afectan, que se reúnen para identificar los problemas, establecer su origen e importancia y proponer soluciones, yo quisiera aprovechar este encuentro para plantearles una concepción sobre el liderazgo laicista, como primera cuestión a reflexionar. Ser dirigente en una sociedad donde la participación está fuertemente confinada a lo más elemental de lo reivindicativo es un desafío de envergadura. La realidad postmoderna, entendida como una posición anti-moderna, y no de superación histórica de la modernidad, lleva a las personas a una constante indiferencia sobre las ideasfuerzas que promueven la concepción de la ciudad del hombre, predominando el individualismo más arraigado y la indiferencia frente a las posibilidades de lo colectivo.

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La concepción neoliberal de la culturalidad individualista ha llevado a la desconfianza y el desprestigio sobre todo lo que imbrique un asociativismo de intereses más allá del lucro, y la exaltación de la imagen del superindividuo ha pasado a ser la imagen arquetípica promovida por las corporaciones del entretenimiento, por la literatura y por las manifestaciones estéticas, al punto de construir un entramado ético de perfiles claramente antiasociativos. La imagen de un Jack Bauer, combatiendo más allá de toda ley, desconfiando y sospechando de todo lo que huela a institucionalidad, más allá de la trama de cada capítulo, señala esa visión postmoderna de que el hombre está solo contra el mundo, y que todo lo que implique una expresión de compromiso asociativo está en la vereda de enfrente. No es el único paradigma para entender cómo se nos ha introducido en nuestra cotidianidad la exaltación al individualismo. El cine y la televisión – expresiones comunicacionales predominantes, y uno de los mayores medios de entretención y de ocio del hombre postmoderno – no ha escatimado esfuerzos para presentarnos a estos prototipos del individualismo, desde los personajes de Humphrey Bogart de los años 1940, pasando los setenteros e intelectualmente primarios Rambo y Rocky, y el paradigma de los años 90, John McClane, que como los anteriores, se enfrenta solo contra todos. Esa mirada estética – aunque raye en lo más elemental – es una concepción intelectual que ofrece una

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mirada sobre el conflicto entre el bien y el mal, que tiene un efecto a nivel de las percepciones societarias, porque lo que nos proponen esas dimensiones del percibir la cotidianidad, es que lo correcto, el bien, la verdad, la razón, lo justo, está en el individuo, y en lo colectivo está lo incorrecto, el mal, el error y la mentira, lo irracional, lo injusto. El superhéroe, individualista e individualísimo, siempre enfrenta a un grupo, a un componente gregario, que reúne un conjunto de maldades que se expresan en una pluralidad perversa, que un Jack Bauer o un John McClane deben destruir. Esta lectura torcida de la realidad es la que está presente en la visión del arte masivo, en los videoentretenimientos, en el modelaje estético y ético que ha desarrollado la cultura de la postmodernidad y el neoliberalismo. Esa visión está presente en las gentes, en la cotidianidad de cada día, donde se desconfía de todo aquello que tenga un alcance colectivo, y es lo que tiene a las instituciones y a la labor colectiva bajo la constante sospecha y en el escrutamiento perverso a quienes cumplen la labor de asumir un liderazgo. Eso es lo que trae descrédito sobre quienes asumen una mirada conjunta sobre las problemáticas de nuestra sociedad. De allí que, la tarea que Uds. asumen frente a sus comunidades educacionales, tiene el alcance heroico, histórico, de quienes se enfrentan a una conducta societal marcada por el individualismo, que desconfía de las

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instituciones, aún de las más básicas de organización social. Ser dirigente hoy es un desafío enorme, ser líder asociativo tiene alcances épicos, porque quien sea dirigente hoy, quien promueva las capacidades colectivas, está construyendo la nueva mirada que la sociedad deberá tener de sí misma en la próxima generación. Y si hoy está presente embrionariamente en nuestra sociedad, el sentimiento, la sensación, la percepción, la comprensión de que los problemas sociales deben ser abordados colectivamente, ello está en los jóvenes que, desde la revolución de los pingüinos, han comenzado a reescribir la historia de la participación societal desde una perspectiva más arraigada en lo colectivo, en lo que juntos se puede hacer para re-encontrarnos en el creer y saber que el ser humano necesita de los seres humanos para crecer y encontrarse consigo mismo, que el bien esté en el diálogo, en la inter-relación, en lo que renunciamos en función del vivir en sociedad. Hay un antiguo concepto concebido hace algunos siglos, que Savater ha retomado, y que nos habla de la ciudad del hombre, esa ciudad construida por los hombres para el hombre, donde todos tienen algo que decir, donde todos tienen algo que defender o proponer, pero donde cada cual debe dejar el espacio para que otro tenga posibilidades de ser según sus concepciones y creencias. Savater habla de una “Nueva Ciudad del hombre” que es obra del hombre mismo, hasta tal punto que “ya es una

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impiedad, incluso para el creyente más celoso, mezclar la idea de Dios al orden que nos une y a los desórdenes que nos dividen”. Bien sabemos que la carencia de utopías, que la carencia de los relatos colectivos que marcaron la modernidad, nos han dejado solo los relatos religiosos que no dudan en atribuir los fracasos y las frustraciones del hombre a su alejamiento de Dios, y que la modernidad fue una consecuencia de ese alejamiento. Y el esfuerzo de los credos hoy refleja precisamente que se busca devolver el fundamento teocrático a la práctica societal, desde la impronta grandilocuente y hegemónica del catolicismo o el islamismo, o desde la práctica fragmentaria del neoprotestantismo según el modelo cultural-religioso norteamericano. Así, tenemos planteados dos problemas para enfrentar, como líderes de comunidades educacionales laicas, y que son preocupación del laicismo, porque entendemos que, en la medida que ellos sigan manteniendo su línea vectorial, terminaremos en una segunda Edad Media, una edad en que el oscurantismo estuvo de la mano de poderes que subordinaron al hombre de Occidente a su momento más dramático y por demasiado tiempo. Hoy, las constantes nos llevan al medioevo, no desde el punto de vista de las disponibilidades materiales, sino desde el punto de vista espiritual, y ya hay feudos inexpugnables en muchos ámbitos, y los señores feudales se desplazan en sus automóviles por nuestras ciudades, construyendo sus

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atalayas e imponiendo su creencias y sus formas de relación con la prepotencia que otorga el poder omnímodo. Si algo tenemos que cambiar entonces, es el paradigma imperante del individualismo, y reconstruir el sentido de la diversidad activa, que nos propone una ciudad, una comunidad, centrada en el hombre, para el hombre y por el hombre. Y en ese contexto, de manera más precisa, quiero poner en vuestra agenda el tema de los géneros, como el gran desafío cultural, ético y social de esta etapa generacional, de ésta, no de las próximas. Planteadas las cosas a las que me he referido, en términos de agenda estudiantil, nos cabe reflexionar necesariamente como entendemos el desarrollo juvenil, desde la perspectiva de cuáles son los factores que lo permiten desde la comprensión laicista, y que espera el joven del pensamiento laicista cuando ha percibido que allí se encuentra una respuesta que le sugiere una visión de la realidad, sugerente y racional, y racional en el sentido que encuentra en sus conceptos algo que está en su lógica de comprensión del mundo y de las cosas. Y dentro de las acepciones del concepto entendemos el desarrollo juvenil como el crecimiento, el acrecentamiento de la condición del joven, el extender sobre la mesa el rollo que contiene la condición juvenil. Y para extender el “rollo”, se hace necesario el conocimiento y la búsqueda constante del saber, el abrirse a las fuentes del conocimiento humano y a su tránsito por la historia, y aprender de los acontecimientos que nos han precedido.

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Cuando hablamos de desarrollo juvenil, cuando ya hemos entrado derechamente al siglo XXI, debemos reflexionar sobre qué bases será construido el nuevo hombre o la nueva mujer que está en ciernes. Y como laicistas tenemos una proposición concreta que hacerles. Si el joven, el estudiante, es el proyecto del hombre que sostendrá sobre su integridad física y valórica la sociedad que sigue a la actual generación, hagamos el ejercicio de concebirlo arquetípicamente. Y mi invitación es a que ese ejercicio se haga también en vuestras comunidades educacionales, y que Uds., como líderes estudiantiles, lo hagan como un ejercicio de libertad, el más preciado don humano, recibido por creación o evolución, según sean las concepciones de cada cual. ¿Cómo extender el “rollo”? La respuesta es: a través del conocimiento, de la ilustración, de la búsqueda permanente, de la problematización de las respuestas definidas y asumidas como verdaderas. Y ante ese requerimiento, la educación formal no basta. No basta con los exiguos conocimientos que los actuales contenidos curriculares de la educación formal entregan. Los actuales contenidos oficiales son paupérrimos y las prácticas educacionales, por muy bien intencionadas que sean, no son suficientes para sortear la valla de la elementalidad cuantitativa que predomina desde hace cuarenta años en la educación chilena. El desarrollo solo es posible cuando hay ansiedad y búsqueda cualitativa, y el desarrollo juvenil requiere

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jóvenes ansiosos por conocerlo todo, por aprenderlo todo, y por aprehender lo que el bien común requiere para superar lo que coarta al hombre. Si quieren la receta, se las digo derechamente: leer y aprender, experimentar y reflexionar. Leer y aprender lo que entrega la escuela, pero, por sobre todo, leer y aprender por la propia iniciativa, por la propia búsqueda, leer en Internet y en los libros viejos, en las bibliotecas, buscando afanosamente las temáticas que ofrece el más amplio conocimiento humano. Buscar el desafío que propone el libro proscrito, y reflexionar. Si no hay educación cívica, inventémosla en la red. Si no hay capacidad crítica, construyámosla en la asociatividad de intereses positivos. Si hay causas por las que vale la pena destinar el tiempo libre, volquemos los esfuerzos para hacerlas parte de nuestra existencia. Ser joven es el momento de lo posible, después en el resto de la vida tal vez predominen los imposibles. Pero lo que se hace de joven, dejará indeleblemente marcada el resto de la vida. Desarrollo juvenil, entonces, es la posibilidad de crecer, es la posibilidad de aprehender de las experiencias, y aprender de las enseñanzas. Es abrirse a las infinitas posibilidades del conocimiento, es sentir hambre de saber, porque eso permite la libertad. El conocimiento fue lo que separó la Modernidad del Medioevo, el conocimiento separó la ignorancia de la ciencia. Si eso es posible en nuestros jóvenes, podremos modelar al ser humano del mañana.

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Entonces, si ello se cumple, si esa visión del desarrollo juvenil es posible, al hacer el arquetipo del hombre o mujer de la próxima generación, debemos decir que tendrá los siguientes atributos: será libre en su condición espiritual, será tolerante frente a la diversidad, será respetuoso de las distintas creencias, será un ciudadano activo, esto es, que estará informado y participará en las soluciones de los problemas de su comunidad; respetará y trabajará en función del arreglo social, será una persona ilustrada por el conocimiento, basará sus principios en la idea central que corresponde a los humanos resolver los problemas de los humanos, y sostendrá sus actos en arreglo con la razón. No es mucho ni es poco, pero con solo aproximarnos a esos atributos cambiará una vez más la historia del hombre. Uds. en tanto jóvenes y líderes de sus comunidades educacionales, son parte de esa posibilidad. Cada cual, según su conciencia, podrá asumirla o no, porque al fin y al cabo, laicismo es discernimiento libre y respeto por la autodeterminación de conciencia. La potente señal que están dando, en ese sentido, cuando están debatiendo en torno a esta convocatoria del CEAL, sobre las cuestiones que dicen relación con las realidades del mundo de los estudiantes, sobre las problemáticas juveniles, están señalando que el futuro será mejor.

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LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL APORTE LAICISTA. Publicado en el diario “La Nación” en septiembre de 2008

Hace siglo y medio, Francisco Bilbao, el padre del laicismo chileno, denunciaba la condición subyugada de la mujer en el matrimonio en 1844, cuando apenas nos habíamos desprendido de la dependencia política de España, aun cuando culturalmente seguíamos respondiendo a las matrices sociales y conductuales de la Colonia, y cuando los efectos de la restauración religiosa se hacían sentir con fuerza desde Europa. No en vano Bilbao pone en nuestra cultura la primera reivindicación feminista, la igualdad de roles en el matrimonio, destacando el rol de George Sand, la escritora francesa que será posteriormente una referencia histórica para la construcción de una cultura sobre la igualdad de los géneros en el mundo. Coherente con ese gesto precursor, en torno a las reivindicaciones del pensamiento laico chileno surgió en 1919 el Consejo Nacional de Mujeres, que el año 1925 logró la eliminación de la incapacidad legal de las personas

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de sexo femenino, para asumir responsabilidades en el ámbito jurídico. Así también se dieron las luchas para el derecho a voto, siendo el primer hito el año 1934, cuando las mujeres pudieron sufragar por primera vez en una elección municipal, proceso que solo se consolidaría en 1949, al promulgarse la ley que les daba derecho a voto universal. Y cuando los derechos de tercera y cuarta generación, están hoy en el debate de la sociedad civil chilena, el tema histórico planteado por Bilbao hace siglo y medio, sigue siendo un desafío a pesar de los avances de la civilización y la cultura, y los derechos de la mujer siguen condicionados por una visión conservadora que los menoscaba, producto de asignaciones de roles que tienen que ver con predicamentos anteriores a la modernidad. Uno de esos predicamentos es la supuesta determinación divina de los roles de género, que ha sido uno de los constructos culturales heredados del medioevo, que, incluso, ciertas órdenes religiosas lo reponen hoy en sus prácticas cotidianas como un elemento del ordenamiento humano definido por Dios. El laicismo cuestiona el pretendido interés divino en la asignación de los roles de género, ya que ese supuesto interés divino responde siempre a la especificidad de un credo, el cual tiene una naturaleza humana por esencia, aun cuando se sostengan en una verdad revelada por Dios a una religión particular. En consecuencia, como las verdades reveladas son distintas y particulares a cada credo,

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corresponde que el hacer social, político y económico, esté desprovisto de la particularidad de una fe, considerando que hay otras particularidades en ese ámbito que concursan por la afirmación y difusión de su propio perfil. Para el laicismo no hay ningún argumento sostenible sobre el supuesto interés de Dios en que los géneros deban cumplir un rol determinado en la sociedad humana, y mantiene la opinión de que los determinismos solo obedecen a la conformación física propia de cada género, y como individualmente cada componente de un género asume psicológicamente su particularidad física. Y esta es una afirmación laica esencial: cada individuo nace con una condición física, anatómica, y cada cual tiene derecho a asumir la responsabilidad de su condición física y determinar sobre ella en todos los aspectos, hasta donde el sentido común lo permita. Es decir, hasta donde el consenso social que surge del ejercicio de la diversidad lo admita, ese es un derecho de conciencia y de autodeterminación individual inalienable. Y siendo el género una cuestión anatómica, primero, y luego psicológica, nada separa a las personas ni los diferencia ni les da roles determinados por la condición sexual que las categoriza. Los roles deben ser asumidos por cada cual, según su determinación individual, de conciencia. Así, debemos entender que la mujer en tanto tal, no por ser mujer está llamada a cumplir determinados roles en la sociedad, y el hombre en tanto hombre está llamado a

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cumplir aquellos que históricamente les hemos asignado. Si la mujer es la que puede albergar en su vientre al futuro ser humano, ello obedece a cuestiones anatómicas, que incluso el futuro puede alterar, según los indicios de la investigación científica. Si la mujer, por tener mayor cantidad de hormonas femeninas, responde a ciertos comportamientos y conductas, ello no la pone en una condición de ser apreciada discriminatoriamente, induciendo al menoscabo de las posibilidades que le son dadas a todo ser humano en tanto tal. En ese contexto no hay roles de géneros, ni por interés divino ni los debe haber por normativa legal sustentada en argumento alguno, ni menos por práctica cultural o tradicional. Esa es una posición laica y laicista por excelencia. Por eso, los laicistas han luchado históricamente por la integración de la mujer, y lo hacemos por su derecho a determinar la maternidad, por la igualdad de género en todos los aspectos, por los derechos que tiene cada individuo a su libertad sexual. Cuando hemos salido a las calles a protestar contra la imposición de un criterio religioso, frente al uso de un fármaco que garantiza el derecho de cada mujer a determinar lo que hace con su anatomía, lo hemos hecho con ese fundamento irrenunciable: no hay roles de género determinados por un interés divino. Si hay roles de género estos están determinados por el interés humano, y esencialmente por determinados intereses humanos.

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Y si alguien cree que hay interés divino en los roles de género, estamos dispuestos a darlo todo para que su creencia pueda practicarla y asumirla, porque es su derecho humano fundamental: su derecho de conciencia; pero con la misma vehemencia lucharemos para que ese derecho no se transforme en una obligación para los demás, por la vía de la moral o por la vía de la ley. Quienes promovemos el laicismo, como sana práctica en la sociedad política y en la sociedad civil, hacemos nuestras las estrategias planteadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing el año 1995, en cuanto a alcanzar el objetivo de la igualdad de género, a través de la transversalización de género en todos los procesos de toma de decisiones, públicos y privados, y el reconocimiento legal y societal de las capacidades de las mujeres para participar en condiciones de igualdad en todos los procesos de la actividad humana.

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LA REPÚBLICA NO ES CATÓLICA. Difundido por las Redes Laicistas y Blog Laicismo Chileno en febrero de 2009

Hace 83 años, luego de los debates y controversias que marcaron la agenda política chilena del siglo XIX, se produjo la separación de la Iglesia Católica y el Estado. Culminaba así un esfuerzo que comenzaron los propios Padres de la Patria por reducir el poder y la influencia de los clérigos sobre la cosa pública. Sabemos que ese paso, como todas las decisiones políticas, no rompió con el pasado de un modo determinante, y el confesionalismo se las ha arreglado para seguir siendo un factor omnipresente en las decisiones políticas del Estado chileno. A veces con menos éxito, en otras con una capacidad extraordinaria para convocar en torno a sus objetivos a sectores del más variado espectro político, ideológico y social. Demás está decir que los sectores que se relacionan con el poder económico, tradicionalmente han estado comprometidos con los intereses políticos del confesionalismo - por tradición

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familiar, por vínculos del más rancio origen -, siendo un factor determinante en la recurrencia confesionalista y clericalista dentro de la sociedad chilena. El maridaje tradicional entre las familias que controlan el poder económico en Chile - las antiguas familias patricias de origen colonial, el conservadurismo político-social, y los nuevos ricos prohijados por la economía neo-liberal -, con una visión tradicional de la religión y convencidos de su determinismo autoritario sobre la sociedad, encontraron terreno abonado en el proyecto refundacional de Chile impulsado por Pinochet. La influencia de ideólogos del conservadurismo católico como Jaime Guzmán, fue decisiva para potenciar una idea de república bajo la égida confesionalista, como solo se había realizado bajo la restauración pelucona a partir de 1830. Pinochet, enfrentado al sector de la Iglesia que tenía un mayor compromiso secular, bajo el impulso del Concilio Vaticano II, desde el primer momento esbozó que su base de sustentación estaba en aquel clero que se vinculaba con el poder económico y con una visión más funcional al patriciado confesional, que había sido despojado del poder político por la mesocracia de manera progresiva desde 1938 en adelante. El beneficio del tiempo histórico de la Iglesia Católica, bajo el Papado de Juan Pablo II, que significó un retroceso significativo de los sectores más seculares o conciliares, impulsando un fuerte viraje hacia el conservadurismo religioso, fue extraordinariamente

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favorable al proyecto pinochetista, que encontró un respaldo conceptual a su visión del poder político y de la sociedad. Como modo de asegurar su proyecto, luego de su derrota en el plebiscito de 1988, se promulgó un conjunto de leyes, en aquellas áreas más sensibles, que aseguraran el poder confesional conservador y su influencia sobre la institucionalidad. De este modo, hay una malla de amarres institucionales, legales y constitucionales, que tienen a nuestra sociedad en punto muerto. Así, tenemos una de las sociedades más conservadoras y con mayor influencia confesional, no solo de América Latina, sino de todo el Hemisferio Occidental. La idea de Guzmán y Pinochet fue fundar una república católica, como lo ha pretendido siempre el conservadurismo chileno, desde la época pelucona, y donde el patriciado tenga en sus manos todos los hilos del poder y la regimentación de lo social, bajo el sello católico. Ese sector ha logrado que institucionalmente toda la Iglesia jerárquicamente se vea involucrada en la defensa de las prebendas que el sistema genera, y que una visión unilateral, la del poder confesional, sea la que predomine incluso entre los clérigos que no la comparten y que les gustaría una Iglesia menos comprometida con el poder económico y su relación con el pinochetismo. Así como los sectores del clero se incomodan ante la realidad de comulgar con las ruedas de carreta del conservadurismo confesional, cuya agenda valórica está

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recargada de resabios decimonónicos, resulta paradójico que quienes políticamente representaron una alternativa al pinochetismo y plantearon la agenda de la modernidad, estén en su mayoría anclados en el proyecto fundacional de la dictadura, y asuman la conducta patricia como una lógica consustancial de lo fundante de nuestra república. Ello se refleja en la constante cautelación de los planteamientos de una jerarquía eclesial que valóricamente es tremendamente sensible a cuestiones formales, pero que no tiene el mismo espanto frente a los nudos del autoritarismo que siguen vigentes de un modo determinante respecto del carácter del sistema político y económico. Sin embargo, la experiencia enseña, y una de las lecciones que aprendió el propio peluconismo en el siglo XIX, fue que la república, como sistema de organización política, es por esencia no confesional. Ellos comprobaron que, ante una sociedad que era permeada por la modernidad, el sistema político no podía estar determinado por una concepción confesional hegemonizada por los clérigos. Las discrepancias con el clero, que vivieron Montt y Varas, fueron la señal de que el sistema político debía abrirse a una diversidad inevitable. Si los despotismos de hace tres siglos eran coherentes con una caracterización religiosa, obedecían a la lógica monárquica, no a una lógica republicana. Es más, la lógica de un Estado confesional no era posible sino en el fundamento de un autoritarismo que excluía el aporte a la

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nación de otros valores, de otras interpretaciones de la vida y de la fe. Arrastrado por la constatación de los tiempos, parte del peluconismo terminó aceptando la necesidad de abrirse a la multiconfesionalidad, aunque sin llegar a institucionalizarla. 150 años después, el neopeluconismo concebido por el proyecto pinochetista, tal vez en un giro de pretendida modernidad, acepta la multiconfesionalidad, pero tampoco asume su institucionalización. Ello no debe extrañarnos. A la luz de los tiempos, la valla de la aceptación de la diversidad valórica sigue siendo insalvable para el exclusivismo de nuestros patricios, y la lógica que prima – que es básicamente autoritaria – es que la república chilena es católica. Así lo entiende la clase empresarial y parte significativa de la clase política, es decir, quienes componen una oligarquía que tiene un concepto patricio, una práctica patricia y una lógica patricia. Allí se presenta su brutal choque con la modernidad en su contexto principal, el espiritual. La modernidad no está en los recursos físicos, en las disponibilidades del progreso material, sino en el ámbito de las ideas, de las prácticas y de la inspiración de un modelo de sociedad y de vida. La modernidad está indisolublemente ligada a las prácticas que se liberan de los sojuzgamientos de conciencia y de la represión de las ideas, sea por la vía que sea. De tal modo que, si la modernidad recuperó desde el pasado griego la idea republicana, fue por su naturaleza ciudadana, donde los componentes de la nación son iguales

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en derechos y obligaciones, más allá de cual fuere su lugar de nacimiento, de residencia, de casta, o de cuales sean sus valores, sus ideas, sus creencias, etc. La república, verdaderamente, no es un sistema en el cual se ponga una bandera de reclamación en función de un interés particularizador. Si bien algunos han tomado su nombre para establecer dictaduras, en esencia, más allá del autoengaño o del pretendido engaño a la conciencia civil de la Humanidad, desde los griegos hasta ahora, una dictadura es una dictadura. Así lo han sido las eufemísticamente llamadas “repúblicas populares”, “repúblicas democráticas”, “repúblicas islámicas”, etc. Lo serían incluso una “república atea” o una “república agnóstica” o una “república cristiana”. La naturaleza del sistema republicano, está en la diversidad que compone el colectivo social o nacional, en el aseguramiento de los derechos ciudadanos y de todos los derechos que permiten el ejercicio de la libertad, en la concurrencia de la más amplia diversidad del pueblo a las cuestiones que son de su interés particular. Está en el reconocimiento de la autonomía de lo político y civil respecto a lo religioso, está en la separación entre la esfera terrenal - normas y garantías que todos debemos compartir - y las esferas íntimas de las creencias de cada cual – que son obligaciones que debe asumir ante su exclusiva conciencia -. Pasados casi 20 años, desde que el proceso de democratización superó la realidad de la dictadura, los

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resabios de ella siguen omnipresentes, impidiendo que la república sea una realidad plena. Institucionalmente sigue primando el concepto tutelar y la idea de la “democracia protegida”, que concibiera el autoritarismo. Los fundamentos constitucionales siguen descansando en bases que subordinan derechos que son propios de un ejercicio republicano, y la tuición patricia y la tuición religiosa siguen sojuzgando libertades que son esenciales y derechos que debieran haber alcanzado su madurez, pero que siguen siendo en muchos casos un esbozo. Nuestra democracia y nuestra república siguen siendo precarias en muchos aspectos, tal vez demasiados. Hoy se está abriendo debate sobre la necesidad de generar de una buena vez una nueva Constitución Política. Enhorabuena. Sin embargo, para algunos, hay conceptos que tienen solo una variable. Se habla de exclusión solo en términos de la participación política de determinado sector. En realidad la exclusión es una constatación bastante más amplia y que está en los genes de nuestro ordenamiento político, económico y social. Es más: está en la práctica patricia de nuestras elites. La exclusión es política, social, económica, cultural, valórica, religiosa, ética. Entonces, frente a un nuevo proceso electoral, que se juega con cartas marcadas, y donde lo obvio es lo determinante, y donde se trata solo de dar cumplimiento a los plazos legales contemplados en la Constitución – elegir Presidente, diputados y parte del Senado -, lo lógico es poner en debate aquellas cuestiones que son relevantes para

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las personas. Si se trata de plantearse como objetivos cierto nivel de cambio constitucional, que estos no estén planteados solo en el ámbito del maquillaje que se funda en la componenda, sino que abramos un debate realmente significativo sobre los temas que ponen coto a las libertades y a la participación. Que sean las cuestiones valóricas, en todo su más amplio espectro, las que marquen la agenda de este proceso electoral. En ese contexto, abramos el debate sobre qué tipo de república queremos, sobre cuál es la democracia a que aspiramos. Saquemos la discusión de la esfera de las elites de nuestro país, de las castas patricias, y llevemos la discusión a la más amplia base social. Y quienes aspiren a representarnos o dirigirnos, que sean confrontados con los intereses y los valores más variados de nuestra realidad nacional, los que están mucho más allá de las creencias, convicciones y certezas de quienes se presentan una vez más como candidatos. En fin, de una buena vez, hagamos república y un ejercicio realmente democrático.

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UNA MIRADA HISTÓRICA SOBRE LA RELIGIOSIDAD EN CHILE. Publicado en el portal de la Corporación Libertades Ciudadanas el 25 de septiembre de 2009.

El 07 de septiembre recién pasado, en la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, el Pastor Rev, David Muñoz Condell hizo presentación de su libro “La relación entre protestantes, masones y el pensamiento liberal en el periodo oligárquico, 1810-1930. Un análisis comparado entre Chile y Perú”, editado la Sociedad Bíblica de Chile. El contenido del libro sirvió como tema de una disertación del autor, ante un público diverso, donde estuvieron presentes historiadores, representantes de iglesias y miembros de diversas instituciones, entre las cuales cabe mencionar la Masonería. El pastor Muñoz Condell, quien se desempeña como Capellán Evangélico de la Policía de Investigaciones, y que ha desarrollado un importante trabajo historiográfico, plantea que hay un campo nuevo para la investigación historiográfica respecto de la religiones en relación con

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diversas formas de asociatividad, entre las cuales destaca la Masonería, así como también las sociedades mutualistas, espiritistas, patrióticas, etc. En su libro analiza la significación cultural de la religión en América Latina, poniendo una mirada acuciosa en el rol cumplido por la Iglesia Católica, los procesos de legitimación religiosa, y el desarrollo del protestantismo en las emergentes repúblicas independizadas de España. Luego analiza los inicios del protestantismo en Chile y su posterior desarrollo, para, a continuación, hacer lo propio con el desarrollo de esos procesos en Perú, lo que le permite hacer un análisis comparado y proponer su tesis sobre una alianza estratégica entre protestantes, masones y liberales. Constata que muchos de los pioneros del protestantismo estuvieron ligados a la Masonería, y que ello se dio en tanto los masones defendían la libertad de culto y eran contrarios al monopolio de la Iglesia Católica en las emergentes repúblicas. Los antecedentes que aporta el Pastor Muñoz Condell, conducen a una interesante perspectiva sobre cómo se establece el desarrollo del protestantismo, y quienes fueron sus principales exponentes. Ello ayuda a comprender el significativo aporte del protestantismo a la consolidación nacional, ya que, no debemos olvidarlo, este se manifiesta con la primera presencia de personeros de esa opción religiosa a poco de conseguida la independencia,

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por iniciativa de O´Higgins, miembro de la logia masónica “Lautaro”. Fácilmente se desprende del texto, la importancia que implicará para la sociedad chilena, el consenso entre el liberalismo, los masones y los protestantes, al coincidir respecto a los objetivos de libertad de conciencia, fundamentales para el desarrollo y maduración de sociedades que pretendían ser cada vez más libres y más diversas. El aporte del Rev. Muñoz Condell a la comprensión de los procesos históricos de la religiosidad en Chile y su institucionalización, es de gran relevancia para quienes sostenemos la necesidad de ejercer el derecho a la libre conciencia, y proponemos la laicidad de las instituciones llamadas a garantizar la diversidad de credos y de opciones de conciencia. La valoración histórica que este destacado pastor e historiador hace, merece ser destacada de manera significativa por quienes promovemos el laicismo como doctrina necesaria para una sociedad realmente libre, y que en el referente o´higginiano, al traer a Chile a un educador protestante, para fundar la educación pública nacional, en una sociedad dominada en los términos más rotundo por la institucionalidad de la religión católica, encuentra el primer testimonio laicista del Estado, en la perspectiva de construir una sociedad que respeta la libertad de conciencia.

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Ese referente encuentra su correlato posterior, en la alianza que el Rev. Muñoz Condell advierte desde su valiosa interpretación histórica, tan necesaria cuando nos aproximamos al bicentenario de nuestra República.

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A PROPÓSITO DE LOS 10 AÑOS DE VIGENCIA DE LA LEY DE CULTO. Publicado en noviembre de 2009 a través de las Redes Laicistas.

Introducción. La meta de toda religión está en alcanzar en todos los planos de la existencia una conciencia colectiva a partir de una verdad revelada, en torno a la cual se constituye un conjunto de afirmaciones que llamamos credo. Ese credo se sustenta en la afirmación de que esa verdad proviene de un mensaje entregado por Dios, utilizando uno o varios emisarios humanos, que la han transmitido a los demás hombres a través de un libro que contiene los misterios de la revelación, que puede llamarse Biblia o Corán, por citar a aquellos que contemporáneamente nos son más conocidos. Ese mensaje que se supone fue escrito bajo inspiración divina, es interpretado y administrado por clérigos, que lo convierten en una verdad que debe ser difundida a todos los miembros de una comunidad o

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sociedad, pretendiendo ser un forma de interpretación de la realidad y sus fines, que impone una forma exclusiva de determinar el acontecer humano y la realidad material en la cual está inserto. La “buena nueva” de esa verdad se sostiene en la pretensión de una conciencia colectiva, en una forma común de entender los acontecimientos humanos y en la ambición de ordenar la acción de las conciencias en torno a pautas, conductas y propósitos comunes. Como las verdades y las revelaciones son distintas, ya que los mensajeros que escribieron lo señalado por Dios, coincidiendo en lo fundamental, difirieron en los alcances y modalidades, las religiones han terminado siendo distintas y las interpretaciones posteriores de esas revelaciones han provocado nuevos alcances y modalidades. A través de los tiempos, las comunidades humanas han enfrentado los dramas que se originan en la confrontación de esas interpretaciones. Entonces, tenemos que la idea de Dios no es la que provoca los problemas que afectan a la sociedad, sino que los problemas se derivan de quienes interpretan esa idea, de tal modo que la religión no viene a ser una cuestión de Dios sino una cuestión de los hombres, quienes toman partido por aquellos contenidos, cuando no son compelidos por una mayoría hegemonizante a asumirlos. De ese modo, tenemos la complejidad humana que exige una ley de cultos, es decir, que la cosa humana

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termine por normar ciertos temas de la cosa que presuntamente deviene de lo divino. Pero, ¿por qué una cuestión de conciencia debe ser normada por la ley, si es algo que responde esencialmente a la intimidad de cada ser? El valor de la fe. La fe religiosa, desprovista de su pretensión hegemónica, constituye una de las circunstancias más sublimes del espíritu humano. La búsqueda de Dios y del sentido de trascendencia a través de un credo es una de las características determinantes del ser humano que le elevan sobre la animalidad y le permiten encontrar un sentido a su vida. El creyente es capaz de encontrar, a través de su fe, la respuesta al destino de su existencia, y en la ligazón de la fe común puede encontrar respuesta activa a sus sentimientos más profundos en bien de sus semejantes, especialmente de aquellos a los cuales la vida les ha sido adversa. La fe religiosa permite a quien la profesa entender al hombre en muchas de sus debilidades, de sus carencias y necesidades. Posibilita que, a través de la fe común, sus fieles desarrollen una visión sobre el bien, y atender valores que en otras circunstancias probablemente pasarían desapercibidos por las personas. Los sentimientos de caridad que desencadena la fe permiten ennoblecer la oquedad de aquellos espíritus incapaces de reflexionar

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sobre el prójimo, y sobre el valor de la condición humana, más allá de sus yerros, insuficiencias o perversidad. La fe religiosa ha tenido la capacidad de construir civilizaciones, de unir a quienes estaban desperdigados para insuflarles un sentido de comunidad, de darles una esperanza a quienes estaban condenados a la desesperanza. De tal modo que, la trascendencia de la fe religiosa en la historia humana, en su sentido meliorista es innegable, y no puede sino ser reconocida como una actividad humana y humanizadora fundamental. Por ello, el derecho a creer es propio de los derechos inalienables del ser humano, y nadie puede conculcar su ejercicio. La mutación de lo sublime. Pero, las actividades que realiza el hombre, desgraciadamente, están ponderadas en relación a sus virtudes y defectos, y en cada cosa que él hombre ha creado – sea por iluminación divina o no -, está la impronta del propósito con que sus obras son empleadas. Y cada acto u obra, cada objeto de su capacidad creadora, a través de los tiempos, tiene el parangón del cuchillo, una de sus más elementales y primitivas creaciones, antes que inventara la rueda y antes que descubriera el fuego. La alegoría es que, así como el cuchillo es un objeto que sirve al hombre de manera determinante desde los albores de sus tiempos, para proveerse de los alimentos necesarios, para seccionarlos en función colectiva, para

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defenderse de los riesgos, también ha tenido una función negativa, ya que ha servido para matar, para favorecer los actos de poder de uno sobre otro, o para avasallar por medio de la coerción. Igual como distintos objetos materiales o inmateriales creados por el hombre están determinados a un uso que escapa a su noble propósito o sentido, lo propio ocurre con la fe religiosa. La religión, una creación humana sublime en su origen y propósito humanizador, también puede ser usado con fines que tienen objetivos perversos y radicalmente opuestos a su contenido original. Y la mutación perversa de las religiones, están directamente relacionadas con el poder. Cuando la religión se empodera, comienzan a manifestarse aquellas conductas que terminarán siempre en el propósito del avasallamiento, la coerción, la discriminación, el propósito homologador, la descalificación, la conquista, la violencia, la hegemonización como objetivo, etc. No hay ninguna de las religiones monoteístas que no esté libre en su historia, de las mayores tragedias humanas: de la guerra, de la lucha fratricida, de la imposición sectaria, del exterminio de aquellos que no compartían la “buena nueva” de determinada fe. Y cuando aquellas prácticas horrorizaron a la Humanidad, y se ha establecido la capacidad de contener las pasiones a través de la ley y el bien común, la búsqueda de la hegemonía y el poder ha estado en la agenda de lo cotidiano de las estructuras administradoras de la fe.

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De este modo, la historia de las relaciones entre el Estado y las religiones es tan antigua como la historia misma del hombre organizado socialmente. Y lo que enseña esa historia es que toda religión ha emergido luchando por los derechos de conciencia, y cuando ha establecido una relación con el poder, ha tratado de dominar, neutralizando o destruyendo a quienes sostienen un credo distinto o no comparten su proyecto de dominación. Desde una perspectiva distinta, podemos decir que quienes son capaces de tener un poder omnímodo, necesariamente harán uso de la fe religiosa con el fin de dar contenido a su hegemonía, produciendo convergencias de propósitos a través de un sentido de identidad gregaria que tiene más fortalezas que las ideas sostenidas en otro tipo de creencias o propósitos. La relación religiónignorancia pasa a jugar un rol fundamental en este caso. La simplicidad de un mensaje religioso favorece que, quienes se encuentran en los márgenes de la elementalidad social, intelectual, cognitiva y moral, sean convocados por la fe para asumir un sentido redencionista carente de toda reflexividad o de propósitos dialogantes o consensuales, por lo que desemboca siempre en proyectos de dominación. Entonces, desde lo más remoto de nuestra civilización, la fe está asociada a un propósito de conquista, al propósito de construir una totalización, un dominio, es decir, a una capacidad de poder, a una

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voluntad de construir poder en torno a un sistema de creencias, y usar ese poder para inducir a los demás a una aceptación de la revelación que informa el credo dominante, en consecuencia, pretende una condición de hegemonía, y al buscar la hegemonía, produce la disputa en torno a la revelación, y de la disputa en torno a la revelación se pasa a la conflagración. Las violentas consecuencias de un conflicto religioso desatado, es lo que lleva a las comunidades humanas a normar y a arbitrar los excesos sustentados en la generación de poder en torno a la fe. La realidad histórica del Chile republicano. Ya nuestra República se encuentra virtualmente en su celebración bicentenaria, y con esa significativa referencia podemos hacer una evolución sobre lo que ha sido nuestra experiencia de vivencialidad religiosa, y las problemáticas que de allí se desprenden. A pesar de que nacemos al concierto de las Naciones contra la voluntad del poder oficial de la Iglesia de la Conquista, y no podía sino ser así, ya que cualquier propósito emancipativo necesariamente pasaba por romper con la alianza de poder entre el Papado y la Corona española, en la medida que fuimos capaces de sustentarnos como país independiente, fuimos testigos de la restauración político-religiosa de la misma forma como la vivió Europa casi simultáneamente.

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Así, de la Iglesia de la Conquista emergió la Iglesia de la República, y su justificación histórica la encontramos en toda su crudeza en el libro de Sol Serrano “¿Qué hacer con Dios en la República?”, que muestra descarnadamente el propósito hegemónico de una fe, organizada como comunidad de hombres, en el contexto de un desarrollo político-social específico. Señalo como antecedente, que el libro de Sol Serrano es una mirada historiográfica desde el ámbito institucional de la Iglesia Católica por excelencia. Sin buscar la aseveración, la historiadora da cuenta de que Chile ha sido una expresión manifiesta de la relación entre el estatus social y la religiosidad. El catolicismo en su superestructura administrativa e ideológica que ha estado ligada a los sectores aristocráticos, desde donde ha emergido históricamente todo el clero jerárquico. Los obispos y arzobispos, desde nuestros orígenes republicanos, vienen de los niveles más altos del patriciado. El acceso al poder religioso expresado en los obispados o en las estructuras determinantes de orden jerárquico está directamente relacionado con su vinculación a las familias más tradicionales del poder económico de origen regional o nacional. Esto en algún momento se relativizó, como consecuencia de la revisión que impone el Concilio Vaticano II, y la emergencia de miradas teológicas revisionistas. Como en el siglo XVIII surgieron movimientos espirituales escandalizados con la relación del poder religioso con el poder económico y político, hacia

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mediados del siglo XX, también hubo un momento de conciencia sobre el alejamiento del sentido esencial de la espiritualidad fundacional del credo. Pero, está dicho que no son las golondrinas las que hacen el verano. Como el jansenismo y los quietistas del siglo XVIII, los revisionistas del siglo XX, que se ruborizaron de la temporalidad del poder religioso, terminaron condenados, sancionados o marginados. Los salvó el contexto histórico de la pira o de las mazmorras. De alguna manera, luego de ese paréntesis revisionista, lo que se advierte es una verdadera restauración. La Iglesia de la República retornó a su génesis decimonónica en su fundamento. Coincidió con ello un Papado regresivo y un retorno a una concepción oligárquica de la política y la economía chilena. Algún día podremos juntar a algunos de los aquí presentes para analizar en profundidad el proceso de restauración portaliana que implica la dictadura en Chile, en todos sus alcances y propósitos. No nos olvidemos que el régimen portaliano fue expresión chilena de la misma restauración que se vive en Europa. De manera equivalente, con las salvedades del tiempo histórico, la dictadura de Pinochet en el plano religioso tuvo coherencia con la restauración conservadora que implica el Papa Wojtila dentro de la Iglesia Católica. No en vano, los hijos de la dictadura quieren elevarle una estatua en la antigua Chimba santiaguina.

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¿Que observamos hoy en la realidad de la Iglesia de la República? Una estrecha relación con el poder económico y político, una conducta absolutamente temporal, que ejerce su dominio, con las expresiones naturales de interés corporativo de sus congregaciones e identidades, y que están bastante cómodos con las variables económicas y su estrecha relación con el patriciado nacional. De este modo, tienen participación en las instancias de decisión nacional, influyen sobre el poder político, manejan el negocio de la educación, han desarrollado la industria de la beneficencia – bastante lucrativa y que deja la conciencia tranquila frente a los necesitados -, y su alto clero está enraizado profundamente con el poder económico nacional. Los cultos evangélicos y la alternativa espiritual. Cuando Chile se abrió al mundo, y se mostró como una Nación independiente, no le quedó otra alternativa a abrirse a la complejidad de las Naciones y a sus gentes. Los librepensadores que gestaron nuestra República, hombres de fe muchos de ellos, pero abiertos a la diversidad de las conciencias, no solo fueron atacados como independentistas y contrarios a la voluntad colonial del Papa, sino también por abrirse a la posibilidad de que la conciencia católica y romana no fuera la única válida en el territorio conquistado por España en nombre del Rey y su Fe.

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O´Higgins fue satanizado por la aristocracia pechoña por traer un preceptor protestante para fundar la nueva educación de la República. Pero, la nueva Nación comenzó a recibir nuevas visiones de la fe, a través de sus puertos y lugares de pujanza económica. Los primeros protestantes que llegaron a predicar a los puertos fueron una promesa de diversidad y una emulsión de espiritualidad a la uniforme y totalizante práctica religiosa del país. Con enormes dificultades, los pastores de las diferentes congregaciones protestantes han realizado la portentosa obra del pluralismo religioso, pagando muchas veces precios muy altos. No han logrado equiparar su influencia de fe a la de la Iglesia Católica, pero han logrado establecer con fuerza el derecho a la diversidad religiosa, con un 15% de la población adherida a su mensaje de fe. Sin ese esfuerzo de poco más de siglo y medio, no habría sido posible una ley de cultos en 1999. ¿Para que una ley de cultos donde no hay diversidad? Soy un convencido del derecho a la libertad de conciencia, y no hay nada más estimulante para la diversidad de conciencia que la existencia de diversas conciencias. Creo firmemente en la idea de que la conciencia es un privilegio individual y no colectivo, de allí que rechazo la idea de una conciencia colectiva. Evaluando entonces el aporte protestante a nuestra comunidad nacional, lo que destaco de manera más significativa es que produjo la ruptura con una idea de

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conciencia nacional de tipo católica, con la idea de la Iglesia de la República. Sin el aporte de los persistentes y laboriosos pastores protestantes, la diversidad religiosa de nuestro país no existiría y estaríamos mucho más atrás de lo que estamos en materia de libertades de conciencia y de los derechos para ejercerla. Cuando observo la acción pastoral de los sencillos pastores evangélicos en las poblaciones, en las cárceles, veo que efectivamente hay una vocación cierta de amor sencillo hacia los más desposeídos, hacia los que están al margen del poder y no van a concursar por él. Cuando vivía en un pueblo del sur, siendo niño, veía llegar a un desvencijado templo al pastor protestante, a veces con pobres zapatos y una desgastada Biblia en la mano, y quienes se congregaban a cantar himnos de alabanza y adoración eran personas pobres, dignas y alejadas de todo boato. Su templo no estaba frente a la plaza del pueblo, ocupando todo el frontis de una cuadra, en su oficio religioso no había ropajes con orlas doradas ni báculos de bronce brillante ni cálices de copa profunda, no había ninguna autoridad civil, ni policial, ni de ningún tipo, tampoco el director de la escuela pública. Creo que esa realidad pastoral le hizo y le ha hecho bien a este país, a esta sociedad, y puso en práctica lo que los librepensadores siempre pregonaron, desde O´Higgins y Freire hasta nuestros días: el valor enorme de la diversidad. Y cuando voy al sur a la región de la colonización alemana, cumplo el ritual de ir a contemplar

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los templos luteranos y sus cementerios olvidados, ubicados fuera de los márgenes céntricos de los poblados y ciudades, alejados de los lugares emblemáticos del poder religioso, político y económico, porque son el testimonio de la construcción de la diversidad nacional, de la libertad de conciencia. Entonces, valoro el enorme aporte de Thomson, Rowland, Gardiner, Trumbull, Gilbert, Taylor, Canut de Bon, Hoover, Del Campo, Mora, Chavez, Umaña y todos los anónimos pastores protestantes que construyeron el derecho a una fe distinta a la oficial. Consideraciones en torno a la ley 19.638. Se han cumplido 10 años de la entrega en vigencia de la Ley 19.638 que establece la normativa legal para la Constitución Jurídica de Iglesias y Organizaciones Religiosas, más conocida como Ley de Cultos, complementada posteriormente con el Decreto 303, del Ministerio de Justicia, que reglamentó el registro de entidades religiosas de derecho público. La promulgación de esta ley establece un dato importante en la historia del país. Las clases dirigentes de este país dan cuenta de la diversidad religiosa existente en la realidad nacional, luego de 150 años. Más allá de los discursos, de las buenas intenciones y, por sobre todo, de las indiferencias, el que 22 de cada 100 chilenos declare profesar una religión distinta a la religión predominante era

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un dato de impacto electoral que no podía ser ignorado por la clase política. Por supuesto, no era esperable una buena ley. Las presiones de la Iglesia Católica sobre sus adeptos en el Congreso y en el Gobierno, y las conductas timoratas de los agnósticos y ateos, y la obsecuencia política de aquellos que profesan algún culto protestante, condujeron a una mala ley, como ocurrió con la ley de matrimonio civil o ley 19.947. Supongo que para el legislador es importante que exista una ley donde no la hay. Alguno de sus patrocinantes y promulgadores considerará que es un avance importante. De hecho, las organizaciones religiosas que se han beneficiado valoran que a partir de ella se puede establecer una mejor condición patrimonial. Las iglesias protestantes reconocen que la ley promueve la libertad religiosa, un aspecto no menor en una sociedad como la chilena, que tiene muchos de los resabios en su formación cultural, determinados por concepciones hegemónicas de raigambre colonial. Se ha valorado también que la legislación establezca el reconocimiento de los derechos de los cultos, permitiendo la proclamación de su fe. También destaca el hecho de que se establezca un procedimiento transparente para la concesión de la personería jurídica de las religiones. Pero, cuando se hace una ley sobre la base de la aceptación de una injusticia, queda el hecho de la desigualdad. No hay peor ley que aquella que se sustenta

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en los privilegios. No hay peor ley que la que no es igualitaria. Y ello se constata en la ley 19.638 cuando establece una condición de igualdad para todos los que deben ser tratados de igual manera, pero establece la excepcionalidad del privilegio: “El Estado reconoce el ordenamiento, la personalidad jurídica, sea ésta de derecho público o de derecho privado, y la plena capacidad de goce y ejercicio de las iglesias, confesiones e instituciones religiosas que los tengan a la fecha de la publicación de esta ley, entidades que mantendrán el régimen jurídico que les es propio, sin que ello sea causa de trato desigual entre dichas entidades y las que se constituyan en conformidad con esta ley”. Una buena ley, realizada desde la imparcialidad de un sistema legal sustentado en la apreciación prescindente de todo compromiso religioso, no habría escrito con la mano 19 artículos coherentes con un propósito orientado al bien común, para después taparlos con el brazo y escribir un vigésimo artículo que ignora todo lo anteriormente escrito. Habría sido más honesto, más sincero, decir que se establece una ley de culto para “otras organizaciones religiosas”, es decir, para todas las que están fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero, hay otros aspectos que bien merecen alguna consideración. La ley parte del supuesto de los derechos, pero no establece prevenciones. Se parte del supuesto que todo credo está puesto en la perspectiva del bien común, lo

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que no siempre ocurre. La fe no es un seguro para garantizar personas mejores y una sociedad mejor. La fe no siempre está orientada al bien, y ocurre que se cometen actos reñidos con el bien común, es aras de intereses de poder. Es así como la ley establece derechos, tales derechos no tienen establecidos ciertos límites. Por ejemplo, se establece el derecho a “Practicar en público o en privado, individual o colectivamente, actos de oración o de culto”, pero, no se establece las condiciones de lo público. Así tenemos que hay actividades de determinadas organizaciones civiles que no tienen el mismo trato que ciertas actividades religiosas, en el uso de los espacios públicos. La ley no es explicita al señalar: “Las entidades religiosas, así como las personas jurídicas que ellas constituyan en conformidad a esta ley, no podrán tener fines de lucro”. Parecerá obvio que una entidad religiosa no debería tener fines de lucro, pero hay una importante cantidad de instituciones dependientes de credos religiosos orientados exclusivamente al lucro, aunque se trate de esconder esos fines con supuestos objetivos de tipo filantrópico. De hecho, existe la industria de la beneficencia que mueve importantes cantidades de dinero, que paga sueldos de mercado a sus ejecutivos, y que esconde vicios que no tienen que ver con el fin religioso.

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La ley crea y reparte privilegios, cuando dice en la letra c) del artículo 6: “c) Recibir asistencia religiosa de su propia confesión donde quiera que se encuentre. La forma y condiciones del acceso de pastores, sacerdotes y ministros del culto, para otorgar asistencia religiosa en recintos hospitalarios, cárceles y lugares de detención y en los establecimientos de las Fuerzas Armadas y de las de Orden y Seguridad, serán reguladas mediante reglamentos que dictará el Presidente de la República, a través de los Ministros de Salud, de Justicia y de Defensa Nacional, respectivamente”. En la primera parte la explicación de las formas, se establece el privilegio de los credos respecto de las demás alternativas espirituales. De hecho, el Ministerio de Salud ha puesto en práctica la asistencia espiritual en los hospitales, y para esa instancia de gobierno solo existe posibilidad de dar a los enfermos asistencia espiritual de tipo religioso. Lo propio ocurre con las cárceles y los lugares de detención. ¡Qué decir de las Fuerzas Armadas! La ley pasa por encima de un 8 % de la población. Parece aplicarse muy bien en este caso el lema que trata de imponerse, según denunciaba Savater hace un año: “crea en lo que quiera, pero tenga religión; siempre es mejor tener una religión que carecer de ella; a quien tiene religión no le sobra nada, mientras que a quien no tiene siempre le falta algo” (EL PAÍS, 16/10/08).

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La necesidad del Estado Laico. Tendremos una buena ley de cultos cuando tengamos un Estado verdaderamente laico. Uno de los pasos que señala el cambio radical de la sociedad hacia la consolidación de las libertades individuales y los derechos humanos, tanto en Oriente como en Occidente, ha sido es establecimiento de un Estado laico. La verdadera ruptura política que ocurre en una sociedad, cuando quiere superar el tutelaje de conciencia desde las estructuras de poder, cuando quiere superar el paternalismo abusivo de concepciones unilaterales, cuando quiere abandonar la acción totalizadora de los credos, es cuando esa sociedad es capaz de generar un Estado desvinculado de cualquier opción religiosa, de cualquier credo que usa los instrumentos y los liderazgos políticos para imponerse sobre toda la sociedad. Un Estado laico está desvinculado de cualquier opción de fe, y ello se refleja de manera efectiva en las prácticas de sus órganos, que deben ser coherentes con los fundamentos constituyentes de esa concepción de organización política de un país o sociedad. En el Estado laico los credos adquieren derechos y oportunidades de difusión y práctica de sus ritos de acuerdo a las leyes, pero, ninguno de ellos puede utilizar las estructuras del Estado para imponer sus valores y concepciones sobre toda la sociedad.

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El Estado laico implica la obligación de sus funcionarios, agentes o administradores, en cualquiera de sus niveles – desde los más bajo a los más altos – a excluir de sus actos aquellas actitudes basadas en sus creencias en abierto perjuicio de las creencias de otros. Los actos políticos e institucionales de quienes tienen que cumplir tareas dentro del Estado laico, deben estar revestidos de una abstención activa de cualquier lucha dogmática. Obviamente, nadie actúa fuera de sus creencias, cualquiera que ellas sean, y es legítimo que así ocurra, pero lo que garantiza el Estado laico es que las creencias de las personas no pueden ser impuestas políticamente en perjuicio de quienes no sostienen esas mismas creencias. Verbigracia, si alguna fe cree que hacer una transfusión de sangre es pecado, un funcionario, agente o administrador de ese credo, no podrá impedir que una persona que no tiene ese credo se pueda hacer una transfusión de sangre en un hospital público. O, si una fe piensa que las mujeres deben cubrirse el rostro, un funcionario del Estado no puede obligar a las mujeres que no tienen esa fe a cubrírselo. O si un funcionario de un Estado cree que la vida empieza antes del embarazo, no puede obligar a las personas a creer esa afirmación si estas tienen una opinión moral distinta. Hay muchos países en el mundo que han logrado, mediante la instauración de un Estado laico, superar los efectos demoledores para la convivencia social que impone

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la pretensión de imponer un dogma particular sobre toda la sociedad. Bélgica, por ejemplo, es un modelo de solución de las controversias entre visiones confesionales y laicistas, donde el Estado ha tenido la capacidad de asumir las necesidades de la diversidad que se expresa en su sociedad. Estados Unidos por su parte, al momento de constituirse en Nación independiente, estableció basamentos constitucionales que son una referencia cardinal respecto a la desvinculación del Estado de cualquier opción de fe. La Primera Enmienda es una referencia no solo política, sino ética, sobre lo que debe predominar como concepto irrefutable de un Estado laico: “El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente”, indica taxativamente. En Turquía, hace 80 años el impulso modernizador llevó a erradicar del Estado todas aquellas visiones que ligaban los actos del poder político a una visión omnipotente y totalizadora del credo. Contrariamente, sin embargo, se han sucedido ejemplos que son referencias sobre lo lamentable que puede ser cuando un credo domina las estructuras del Estado. Demás está citar las consecuencias que produjo en Europa la existencia de religiones oficiales, desde el Medioevo hasta los siglos XVI, XVII y XVIII, con su dolorosa estela de guerras y muerte. Una referencia contemporizadora es el caso de Irán, donde una mayoría

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religiosa ha impuesto su visión totalizadora sobre toda la sociedad, a partir del control de la estructura del Estado. En Chile, en 1925, luego de intensas disputas en el siglo XIX, entre quienes promovían las libertades individuales y un poder confesional enraizado en las estructuras de poder con claros objetivos seculares, se llegó a declarar la separación de la Iglesia y el Estado, erradicando la práctica medieval de la religión oficial. Sin embargo, aquel logro reivindicado muchas veces por moros y cristianos como un logro cívico y republicano, sigue siendo vulnerado por prácticas habituales de funcionarios o agentes del Estado que hacen caso omiso de las normas constitucionales, aprovechando los vacíos que ellas presentan, o interpretando a su modo las garantías que la separación de la Iglesia del Estado y la inexistencia de una religión oficial pretenden establecer. También sigue siendo vulnerado por la persistencia de sectores o personeros eclesiásticos que presionan constantemente sobre los partidos de gobierno o sobre funcionarios de Estado para imponer sus puntos de vista o sus intereses religiosos. Hay personeros que han cumplido altas funciones del Estado en los últimos 30 años, que han reconocido y sufrido esas presiones en forma permanente. Una dirigente política de oposición al actual gobierno, en un panel realizado hace tres años, ponía en evidencia las cartas pastorales, el lobby dirigido a diputados y senadores, y la opinión e incursión permanente sobre temas contingentes, que realizan autoridades

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eclesiásticas. Como ejemplo ponía la presión ejercida por la jerarquía católica sobre la delegación chilena a la Conferencia sobre la Mujer del año 1995, en Beijing, para que esta representación votara en contra de los métodos anticonceptivos, contra el divorcio, contra la calidad igualitaria de los hijos extra-matrimoniales, etc. El teólogo y abogado Humberto Lagos, en tanto, ha sostenido la opinión del mito de Estado laico en Chile, sobre la base de los siguientes ejemplos: oficialismo religioso católico en la Fuerzas Armadas y de Orden, existencia de capillas católicas en instituciones del Estado, enseñanza religiosa católica en las escuelas públicas, ceremonias religiosas oficiales en organismos públicos, simbología católica en entidades públicas, aportes del erario fiscal para construcción de infraestructura religiosa, concurrencia con poderes y recursos del Estado a actividades internas de la Iglesia Católica (investiduras cardenalicias y proclamaciones de santidad), etc. A esos ejemplos, agrega otros: capellanías con cargo del erario fiscal, liturgias en horarios de trabajo en la administración pública, aportes a entidades educacionales donde el evento pedagógico se declara manifiestamente para asentar la fe propia, y asignación de terrenos fiscales para construir lugares de culto. Como podemos ver, la separación de la Iglesia del Estado, proclamada en 1925, y que se expresa también en la actual Constitución, sigue siendo algo simplemente formal. De hecho, para la jerarquía religiosa en 1925,

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aquella separación era ampliamente favorable, ya que los derechos del Estado sobre los nombramientos de las autoridades religiosas desaparecieron, pero, no desapareció el poder de los actores eclesiásticos sobre el poder político y económico, un asunto espinoso que corresponde abordar si queremos tener una democracia institucionalmente más asentada.

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EL ENEMIGO DE LA IGLESIA Publicado en el periódico digital “Tribuna del Biobío” y reproducido en diversos periódicos digitales alternativos y en el Blog Laicismo Chileno, a fines de abril de 2010.

Después de pedir perdón a nombre de la Iglesia Chilena, ante los hechos que la han conmocionado, monseñor Alejandro Goic, presidente de la Conferencia Episcopal ha concedido una entrevista al diario “La Nación”, publicada en la edición dominical del 25 de abril pasado. Lo hizo para explicar una vez más la situación que envuelve a la Iglesia Católica, no solo en Chile sino en distintos escenarios en que ha tenido que enfrentar denuncias y escándalos por la actuación de sus pastores, que han incurrido en delitos y en acciones que afectan a niños y adolescentes. En la parte final de la entrevista, Monseñor Goic responde frente a los juicios que la Iglesia está enfrentando en Estados Unidos y Europa, que “hay una corriente que quiere arrinconar a la iglesia” e identifica esa corriente como el “laicismo radical”. Remata posteriormente que la

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Iglesia en el siglo pasado se enfrentó al nazismo, al fascismo y al comunismo, y que “hoy está enfrentada al laicismo”. Hay muchos antecedentes que propician la convicción que, en lo que se refiere a la jerarquía de la Iglesia, en los dos primeros casos mencionados no se puede hablar de manera tan concluyente, salvo ante personas desinformadas. El laicismo si lo hizo categóricamente. Le reconocemos a la jerarquía de la Iglesia, no obstante, sin discusión, el enfrentamiento con el comunismo, por la condición doctrinariamente atea de aquel, por lo menos en los autodenominados “socialismos reales”. Pero, lo que resulta una aberración es establecer una correlación entre aquellos movimientos ideológicos y el laicismo. De hecho es una afirmación que agravia a quienes desde el pensamiento laico, han respetado a la Iglesia y su derecho a proclamar su fe, pero con la cual mantiene profundas discrepancias por cuestiones fundamentalmente temporales, con aspectos que tienen que ver con materias propias de una discusión doctrinal sobre lo secular, no con lo religioso. Señala el presidente de la Conferencia Episcopal, que se le pretende privar a la Iglesia de su capacidad de influir en las conciencias, en las leyes o la concepción del mundo. El laicismo reconoce el derecho de la Iglesia a influir en las conciencias de quienes se sienten llamados por el mensaje pastoral, y es su derecho difundir su concepción del mundo. Lo que el laicismo considera

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impropio, es que ese mensaje pastoral y la concepción católica del mundo, determinen el carácter de las leyes de un país, cuando este presenta en su composición social y cultural una diversidad de opciones de conciencia. Las leyes son para todos los habitantes de un país, por lo cual, estas deben recoger la realidad plural de su sociedad en términos de conciencia, en términos de creencias, en términos de espiritualidad. Es más, el laicismo lo que busca es garantizar leyes fundadas en su validez ética tanto para creyentes y como para no creyentes. Busca que el Estado refleje en sus leyes y acciones la representación y la presencia de toda la diversidad de su componencia societaria. No persigue ni atenta contra el ejercicio religioso, y no se siente enemigo de las opciones religiosas. Mal puede ser enemigo de la Iglesia Católica, aunque haya con ella profundas discrepancias en la forma de construir la vida social. En lo que a Chile se refiere, definitivamente no hay enemigos de la Iglesia Católica en el laicismo. Monseñor Goic está equivocado si busca enemigos entre los laicistas. Los enemigos de la Iglesia están dentro de ella misma. Bien sabe que la explosiva presencia del caso Karadima en los medios, al día siguiente de que la Iglesia pedía perdón por los casos de pedofilia, está en los propios trascendidos y fuentes de la misma Iglesia Católica. No hay laicistas confabulados en los diarios vinculados a El Mercurio o a COPESA, para destruir a la Iglesia y arrinconarla en sus templos. No hay laicistas

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involucrados en la sórdida lucha de poder que conmueve a la Iglesia chilena, ad portas de designar el reemplazante de Francisco Javier Errázuriz. Los enemigos de la Iglesia Católica están nítidamente corporizados en sus pastores, que han abusado de niños, en algunos casos de manera sistemática, agraviando a las víctimas y sus familias, y a través de ellos a toda la sociedad. No es una acción perversa de un laicismo radical que actúa contra la Iglesia Católica lo que ha convulsionado a Europa, Estados Unidos y a América Latina, que una cantidad no despreciable de pastores de la Iglesia terminen abusando de menores de edad, aun ostentando cargos relevantes dentro de una jerarquía local, nacional o congregacional. No es culpa del laicismo que reiteradamente se haya protegido y se siga protegiendo a los trasgresores, ya que, ante una denuncia determinada, no se han puesto los antecedentes ante la justicia, sino que se han enviado a los protagonistas de las acusaciones fuera del país en que los delitos pudieron configurarse; en fin, que la Iglesia encubra o ponga a buen recaudo a los culpables. No viene absolutamente a cuento, que monseñor Goic centre los problemas de la Iglesia en un escenario distinto a lo que la realidad está determinando. Ha sido un ex sacerdote norteamericano, Patrick Wall, que era miembro de la comunidad de fe de la Iglesia, actual abogado de las víctimas, quien ha afirmado que pedirle

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disculpas a las víctimas y a Dios, no es suficiente, y que los curas abusadores de niños siguen predicando. Afirma Monseñor Goic que el laicismo quiere minar a la única autoridad moral en el mundo que sigue defendiendo valores esenciales. La afirmación merece dos comentarios. El primero, que constituye una soberbia arrogancia pretender ser la única autoridad moral en el mundo, y un despropósito, cuando todos los 18 de septiembre se realiza la catedral de Santiago un Te Deum Ecuménico, que reúne a distintas confesiones por invitación de la máxima autoridad de la Iglesia Católica chilena, y cuando el Papa se reúne con otras religiones en Ratisbona. Definitivamente, la moral de una sociedad no es un constructo exclusivo de la Iglesia o solo del catolicismo. El segundo, que el socavamiento de su autoridad moral tiene que ver con lo que han sido las prácticas de los pastores a través de los tiempos, no solo frente a las actuales y dolorosas contingencias que podrían llevar al Papa a los tribunales por acciones de encubrimiento, sino por todos los errores frente a lo temporal, o por sus relaciones con el poder o su práctica del poder, o por su propensión histórica a una irracional hegemonía. La Iglesia Católica ha hecho muchas cosas buenas en su historia, pero cuando ha hecho cosas malas, ha cometido acciones que no solo se pueden exculpar con el perdón y la contrición.

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En consideración a lo expuesto, frente a una Iglesia en crisis profunda o frente a una Iglesia insuflada de confianza en sus vinculaciones con los poderosos, el laicismo seguirá sosteniendo lo mismo: el derecho de los que no practican la fe católica a tener que obedecer esos principios y valores por acción de la ley o del Estado, convertidos estos en instrumentos al servicio de la fe católica. El laicismo seguirá enfrentando en el plano de las ideas al confesionalismo, esto es, a la pretensión de una fe en particular de imponer por la fuerza su fe a toda la sociedad, a partir del control político del Estado y de las leyes.

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LAICISMO BICENTENARIO. Publicado en el Portal de la Corporación Libertades Ciudadanas y difundido por las Redes Laicistas en septiembre de 2010

Chile ha iniciado las celebraciones de su bicentenario como país independiente. Son los doscientos años de una Patria que debe acogernos a todos sus habitantes en una común identidad, una misma territorialidad, una misma ley, una misma institucionalidad. Por lo menos así fue concebida por quienes desarrollaron y condujeron la lucha emancipacionista, por quienes, junto a O´Higgins, echaron las bases de una concepción de país, que – a pesar de avances y retrocesos – ha subyacido como una afirmación permanente, y que se repone en la agenda nacional, por parte de las fuerzas del progreso, cada vez que se producen retrocesos. Es la idea de una Patria inclusiva y de todos, que se manifiesta en la “Declaración de Independencia” y en la “Proclama a los Araucanos”, obra de nuestro Libertador y fundador republicano. Eso es lo que ha dado un carácter a nuestro país, a través de nuestra trayectoria en el concierto de las naciones americanas.

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Y quienes concibieron a nuestro país, construyeron su independencia, y establecieron sus instituciones republicanas, lo hicieron a su vez, fundando los principios del laicismo como forma de ordenar la convivencia nacional, sobre la base de reconocer la diversidad de conciencia y el respeto a las distintas creencias. Ello ha prevalecido a pesar de los grandes retrocesos que muchas veces se han consolidado por un tiempo prolongado. O´Higgins, Padre de la Patria, puede ser reconocido también como Padre del Laicismo chileno, y ello no lo hace a partir de una manifestación discursiva, sino a partir del hecho concreto del construir institucionalidad. No lo hace proclamando la condición laicista de su acción y convicción, toda vez que el concepto de laicismo proviene de una consecuencia de los debates de conciencia de la segunda mitad del siglo XIX, sino que lo hace a partir de una convicción de que la República, por la cual luchó denodadamente, debía fundarse en la diversidad de conciencia. Es Barros Arana, quien nos lo recuerda en su discurso de homenaje en la repatriación de los restos de O´Higgins: “A principios de 1818, todo estaba preparado para hacer la solemne declaración de la independencia de Chile... Los consejeros de O´Higgins, siguiendo el ejemplo trazado por otros pueblos americanos declaraban el que Chile estaba resuelto a vivir y morir libre, defendiendo la fe católica con la exclusión de otro culto. ¿Sabéis lo que contestó el Director Supremo cuando se le presentó el

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manuscrito para que se pusiese su venerable firma? … La protesta de fe que observo en el borrador cuando habla de nuestro deseo de vivir y morir libres defendiendo la fe santa en que nacimos, me parece suprimible por cuanto no hay de ella una necesidad absoluta y que acaso puede chocar algún día con nuestros principios de política. Los países cultos han proclamado abiertamente la libertad de creencias… e importaría tanto proclamar en Chile una religión excluyente, como prohibir la emigración hacia nosotros de multitud de talentos y brazos útiles en que abunda el otro continente. Yo a lo menos no descubro el motivo que nos obligue a protestar la defensa de la fe en la declaración de nuestra independencia”. Aquello fue la antesala de una concepción republicana, que se fue asentando profundamente en aquellos que querían hacer avanzar a Chile, con los fuertes y constantes vientos del progreso por una nueva construcción social. Es la voluntad progresista de establecer los grandes derechos de la Humanidad y la humanización. Es en esa misma aspiración donde se construyen las figuras de Bilbao y Eduardo de la Barra, como los grandes teóricos de las libertades políticas, sociales y espirituales. Así es como se construyen las herencias de Santiago Arcos, Victorino Lastarria, Manuel Antonio Matta, Pedro León Gallo y Ángel C. Gallo, en el campo de la acción política. Esa es la aspiración que se renueva con otros contenidos,

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con las reivindicaciones femeninas de Martina Barros, Isabel Le Brun, Micaela Cáceres y Eloísa Zurita. Es lo que está presente cuando se promulgan las leyes laicas, o cuando se impulsa la educación como un objetivo nacional a partir del Estado Docente. Es el impulso que se hace evidente en la emergencia y consolidación mesocrática. Es lo que está presente en la emergencia del movimiento obrero, en torno a las figuras de Luis Emilio Recabarren, Alejandro Escobar Carvallo, Augusto Pinto o Carlos A. Martínez. Es lo que ha estado presente en las figuras que impulsaron a Chile hacia la modernización y los desafíos del siglo XX: Arturo Alessandri, Pedro Aguirre Cerda, Amanda Labarca, Marmaduque Grove, Eugenio Matte, Juan Antonio Ríos y Salvador Allende. A quienes desde el campo de la educación concibieron a esta como la herramienta para la construcción de la libertad de conciencia y el progreso nacional: Valentín Letelier, Darío Salas, Eugenio González Rojas y Juvenal Hernández. Junto a ellos hay miles de chilenos que bajo la inspiración de la libertad de conciencia han realizado su aporte en el servicio público y en instituciones orientadas al desinteresado servicio a los demás, sin pretensiones de subordinar a los destinatarios de ese servicio a un conjunto de ideas predeterminadas. Son los miles de laicistas que son y han sido funcionarios del Estado, que son y han sido voluntarios de Bomberos, del Bote Salvavidas, de Cruz Roja, de Boy Scouts; que son y han sido educadores y

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académicos, administradores de justicia, integrantes del sistema público de salud, etc. Ellos han hecho su aporte a esta Patria que es de todos, y la han construido con la idea de que debe ser de todos. Son los que han comprendido oportunamente las deudas y las falencias, trabajando con decisión por satisfacerlas. Son los que asumen la crudeza de la crítica social para convertirla en una oportunidad para avanzar y convertir los retrasos en avances. A 200 años de su primer acto de independencia, Chile, en el momento de pasar lista a sus éxitos y fracasos, en el ámbito de su convivencia social reconoce sus retrocesos y sus avances. Los débitos aparecen con una crudeza que asombran, pero ello no objeta la fortaleza de lo que nos identifica como una comunidad nacional, sostenida en convicciones profundas que los fundadores de nuestra República, de nuestro país, nos siguen transmitiendo con la fortaleza de su doctrina. La convicción laicista que sostuvieron Bernardo O´Higgins, Ramón Freire, Francisco A. Pinto y Manuel Blanco Encalada, por mencionar a los más significativos, es la que renovamos como proyecto nacional de convivencia, cuando celebramos el Bicentenario de la emancipación de Chile.

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SIGNIFICADO E IMPORTANCIA DEL LAICISMO COMO MEDIO PARA CONSTRUIR LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI. Disertación realizada en el Club Libertad de Viña del Mar, el 04 de diciembre de 2010, en la Jornada “Construyendo la Sociedad de Hoy”

Evolución del concepto de ciudadanía. Sabemos que es en la Grecia clásica donde se concibe y desarrolla el primer concepto de ciudadanía, que ha estado presente en el marco de las ideas políticas del mundo occidental de manera recurrente en los últimos siglos, luego del derrumbe del absolutismo. El Siglo de las Luces, recordemos, trae desde la experiencia de Atenas la idea de una ciudad-Estado regida por el interés de sus ciudadanos, y conceptos que son concurrentes a la misma idea: la política, como actividad centrada en la preocupación por los asuntos de la ciudad (o de la sociedad); la república, como concepto de ordenamiento político del ejercicio del poder, determinado por el pueblo;

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lo civil, como cultura de ejercicio de poder y de radicación de la soberanía; la democracia, como forma de estructurar el sistema político. Ese concepto colisionó permanentemente con las visiones militaristas y autoritarias, que, como en todas las épocas y en todos los procesos históricos, emergen para justificar la pretensión de hegemonía y absolutismo, que toda dictadura u oligarquía pretende asentar sobre cualquier visión plural de las problemáticas de una sociedad. El modelo republicano romano funcionó con el paradigma griego, hasta donde pudo sostenerse con la lógica civil. También ello permitió heredar a la cultura occidental la idea predominante que conjugaba los mismos elementos: política, república, civilidad, ciudadanía. Serán ideas que serán retomadas posteriormente de manera acotada en otros momentos de la historia occidental, sin el esplendor referencial ni la trascendencia del modelo grecoromano clásico. Esto, hasta el momento en que surgen dos procesos de enormes consecuencias, como fueron la revolución francesa y la revolución independentista de las 13 colonias inglesas de América del Norte. En ambas subyace el mismo espíritu y la misma idea, afincada en el clasicismo político de esa época, depositado en las limitadas virtudes de una Atenas vestida de democracia. Idealizado o no, ese paradigma motivó una concepción política que permitió la revolución francesa, la

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fundación de los Estados Unidos de América, y la emergencia de un grupo de repúblicas en los territorios hispano-americanos, que generarán por primera vez una significativa afirmación en torno a lo republicano y la concretización de una idea de ciudadanía (restringida, censitaria, limitada, oligárquica, lo que fuera, pero una afirmación en esa perspectiva). La visión ciudadana que impuso la revolución independentista de las 13 colonias americanas, se establece sobre parámetros éticos arraigados en los derechos a individuales, poniendo énfasis en el derecho de expresión, en una afirmación cívica significativa y en la ciudadanía política, dentro de los marcos de comprensión propios de una herencia cultural que se manifestaba de manera distinta en cada una de las colonias. En tanto, la visión ciudadana de la revolución francesa, tiene un valor más bien simbólico que práctico, ya que muchas de las aspiraciones de sus pensadores quedaron a medio camino, producto del curso que tuvo su proceso histórico. Los derechos consagrados en la Declaración de 1789, que establecían la igualdad ante la ley, los derechos de expresión, la abolición de los títulos con rango social, condujeron a que todos los componentes de la Nación adquirieran calidad de ciudadanos. Sin embargo, como sabemos, la Asamblea Nacional, hacia 1795, terminaría por restringir el derecho a voto, base de todo sistema ciudadano, Entonces, lo que viene a ser importante en la formulación de la ciudadanía bajo esa

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paradigmática revolución, es establecer los grandes enunciados republicanos que adquirirían presencia universal. Ello fue asumido por las nacientes repúblicas americanas hispano-parlantes, que al emanciparse de España, asumieron dentro de la particularidad de cada una de ellas, la voluntad republicana con expresivo fidelismo a los ideales griegos, bajo el impulso de la influencia francesa revolucionaria. Sin embargo, cada una ensayó su propio modelo de participación ciudadana, algunas con mayor fracaso que otras, pero con una progresiva ampliación de los sectores sociales involucrados en el modelo, a partir de criterios predominantemente excluyentes y censitarios. Esta progresión en algunos casos fue mucho más lenta y en otros casos más acelerada. De manera significativa, los avances en el plano de la ampliación de los derechos ciudadanos, a más sectores de la población, en los 200 años transcurridos, fue coherente con la conquistas de diversos planos de derechos. Lo lógica correlación se dio de la siguiente manera: lo primero fue conquistar los derechos civiles (en Europa ocurrió en el siglo XVIII, en tanto en América Latina en el siglo XIX), posteriormente fueron los derechos políticos (XIX y XX, en el mismo orden) y los derechos sociales y económicos en el siglo XX (en América Latina con varias décadas de retraso). Son las 3 generaciones de derechos, que marcan no solo los accesos indicados, sino

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también la voluntad de imponer un conjunto de derechos humanos fundamentales. Sabemos que la incorporación de las ideas del Estado de Bienestar en Europa y América Latina, fue determinante para establecer la cultura de los derechos de los integrantes de la sociedad, en las decisiones que afectan a toda la sociedad. Pero, por sobre todo, lo que va a determinar de manera importante el privilegio del rol del ciudadano, es la consolidación de la democracia luego de la Segunda Guerra Mundial, y el reconocimiento de derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y las convenciones que irán imponiendo derechos, en la medida que se va produciendo el derrumbe de los modelos autoritarios en distintas partes del planeta. Como lo han apuntado innúmeros tratadistas, del más amplio espectro de las ciencias sociales, la afirmación de una idea de ciudadanía es inseparable de la afirmación misma de la democracia, y ello supone, de modo proporcional, también, que cuanto mayor es la ampliación de la ciudadanía mayor es el nivel de responsabilidades en los individuos. Los ciudadanos más activos, por cierto, tienen que tomar más decisiones, construir más opinión e informarse más ampliamente. En la medida que se impone la constante isonómica 3 de la Grecia clásica, hay más temas que resolver y a los cuales los ciudadanos son convocados a debatir. 3

De isonomía: Normas que establecen la igualdad

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De lo expresado, la visión contemporánea de la ciudadanía está contenida en los siguientes elementos: 1. El sentido de pertenencia a una comunidad social, convertida en comunidad política, definida por características que les son comunes a sus integrantes (territorialidad, nacionalidad, cultura, opción política, legislación, lengua, identificación étnica, etc. expresadas en conjunto o parcialmente, incluso a través de solo una de las mencionadas, o por otras que no se han mencionado). 2. La existencia de un reconocimiento de la comunidad política respecto de sus integrantes en calidad de ciudadanos. 3. La constatación de estructuras de participación política y de una sociedad civil activa, que genera las redes de intereses que actúan en toda la estructuración social. 4. La existencia de una institucionalidad que soporte los conflictos propios de procesos participativos complejos. 4. La existencia de un sistema político democrático. El espacio público como escenario del ejercicio ciudadano. Teniendo una definición meridiana del ejercicio e imperio de la ciudadanía, y de sus alcances en el ámbito de una sociedad políticamente estructurada, surge la interrogante en cuales ámbitos ejerce su acción. En tanto sabemos que ello se expresa en una territorialidad determinada, en ese espacio delimitado se expresan aspectos que son propios de lo público, y aspectos que

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corresponden a lo privado de los componentes de la sociedad. Hay un espacio que es exclusivo de los individuos, o de grupos de individuos, donde está claramente delimitado lo que está en sus prerrogativas: bienes, propiedades, ideas, creencias, opciones, etc. Lo que ocurre en el ámbito privado, y que no esté expresamente normado por la ley, es de exclusividad del arbitrio individual o de una sociedad privada. Sin embargo, todo espacio de interacción de una sociedad, que es de dominio o usufructúo común, de todos y cada uno de los integrantes del colectivo, se denomina “espacio público”. Es decir, el espacio público deviene de la propiedad pública o social, a través de los instrumentos institucionales que expresan el quehacer público y bajo la administración de los diversos órganos del Estado. Es un espacio que expresa el dominio colectivo sin exclusiones, para uso social y para la expresión y expansión comunitaria. Allí están contemplados todos los medios para el desplazamiento y circulación de las personas (calles, caminos, plazas, parques, etc.) y los inmuebles donde se expresan las instancias del ejercicio civil que son de propiedad pública. A ello se suman todo aquellos bienes (especialmente edificaciones) que son de propiedad de las instituciones públicas, que aunque no sean de uso público, son de dominio público a través de sus mandatarios o representantes. Estamos hablando, entonces, de espacios geográficos, materiales, de tangibilidad

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palpable, sensorialmente comprobables, un espacio en que se expresa la percepción mutua entre los concurrentes. Respecto de los espacios públicos y privados, ocurre que muchas veces hay espacios públicos que son entregados al dominio privado, y que por lo tanto quedan en el ámbito decisional y discrecional de quien recibe su usufructúo, por el plazo que se defina. Lo que, sin embargo, es más frecuente es que haya espacios privados que se destinan al uso público: centros comerciales, espacios de recreo o entretención, lugares de transporte, de eventos, etc. En este caso es muy importante considerar que lo público expande su dominio y el propietario cede derechos en la consecución de beneficios determinados. Esto es muy importante, ya que, en oportunidades, ello produce ambigüedades que no siempre están resueltas debidamente por la ley o las costumbres. La lógica racional indica que si un espacio privado es puesto en servicio público, rigen las reglas comunes a todo espacio público, en lo referente a obligaciones y derechos. Es una práctica ambigua, por ejemplo, la existencia de normas privadas en sitios de carácter público. Pero también hay otra dimensión del espacio público, que no es física, pero que no es menos tangible que la anterior, que deviene del ejercicio de las convenciones que hacen posible la vida social. Son conceptos y estructuras intelectuales e intelectivas, que son fruto de la experiencia colectiva en el hacer sociedad. Es el espacio jurídico, legal, institucional, convencional,

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conductual, inter-relacional, que se expresa en regulaciones, instancias de decisiones, instancias de representación, y en el proceso de construcción de opinión pública y manifestación de voluntades, en el ejercicio de la soberanía popular. También tiene esa condición todo hecho sensorial de alcance colectivo, y todo elemento que sea de carácter vital para las personas. Quienes proveen los alimentos los venden, es cierto, y tienen una propiedad de ellos antes de ponerlos en el mercado, pero el destino consustancial es público. Nadie puede producir alimentos y guardarlos, habiendo necesidad vital de ellos. Quienes gobiernan están obligados a actuar, cuando los alimentos son guardados con fines contrarios al alcance público. De allí la persecución legal de quienes producen mercado negro o el acaparamiento de productos de destino público. Así, la ley, la moral, las costumbres, los espacios de opinión y discusión, los derechos individuales, los derechos sociales, los beneficios, la educación, las medidas de protección, etc. generan condiciones de alcance público. De tal manera, el espacio público tiene una dimensión que se expresa social, política y culturalmente. Hay espacios públicos también en la forma como generamos los espacios de la cultura, de la interrelación social, de conversaciones, de discusión, donde se hace el ejercicio de ser parte de una comunidad determinada. Un gran espacio público es el que permite el ejercicio de la opinión de los componentes de una sociedad. Durante mucho tiempo fue la asamblea comunitaria, luego fue la

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prensa, pero hoy se ha ampliado de modo ilimitado con Internet. Los procesos electorales y el ejercicio del sufragio, son espacios públicos que se expresan en lo físico (lugar de votación, runas receptoras de sufragio, etc.) y en lo no material, en el acto mismo del ejercicio del derecho a voto. Los accesos a la educación y a la salud, generan también instancias específicamente de desenvolvimiento y derechos públicos, que no tienen que ver necesariamente con los inmuebles en que desarrollan su actividad. Ver televisión abierta genera una condición de uso de espacio público, por ejemplo, como lo es ir al estadio a ver un partido de fútbol, aun cuando deba pagar por ello. Comprar en el supermercado podemos considerarlo como una manifestación de espacio público, más allá de los accesos y lugares de desplazamiento para hacer efectivo el acto de comprar. El mercado es un acto, un hecho, no solo como una condición física de espacio público. Ir a una galería de arte a ver una obra de acceso colectivo para su contemplación, es un acto de cultura, y como tal, genera una espacialidad que tiene un carácter público, más allá del lugar mismo de exposiciones. Entonces, cualquier acto en la cultura, esto es, en el ser y hacer colectivo de una sociedad, que tiene injerencia y participación colectiva, generan un espacio público, aunque sea solo como manifestación de sensaciones, emociones o expresiones múltiples.

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En síntesis, todo acto social que se hace en cualquier lugar, y que tiene un alcance determinado por derechos y deberes, genera un espacio de desarrollo y concreción, un espacio público, que aunque no tenga una manifestación material, se expresa en resultados tangibles o perceptibles, que son de alcance, práctica, usufructúo o beneficio común. La ocupación del espacio público. El espacio público no solo es una expresión de vinculación y desenvolvimiento de lo cotidiano. También tiene una enorme carga simbólica. Cuando cualquier persona se sienta en un banco de la plaza pública a leer el diario, no solo está ejerciendo un derecho, sino que está haciendo una expresión de soberanía. Cuando transita por una calle, no solo tiene derecho a hacerlo, sino que está expresando su prerrogativa. Cuando alguien expresa su opinión a través de un medio que es de todos, está consagrando el hecho de lo público y validando su condición ciudadana, su valor como persona y su derecho de conciencia. Está poniendo su validez de ser único, de persona única, con sus propias opiniones y con toda su autoafirmación existencial. Sus ideas lo hacen una persona y un sujeto histórico en la historia. El espacio público es, por lo tanto, el espacio donde la persona humana se valida y es reconocida como tal. Es el espacio en que los seres humanos nos reconocemos

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como entes sociales, en que adquirimos la condición peculiar de la sociabilidad. Allí adquirimos la identidad y nuestra cualidad como persona. Quien no está en el espacio público, no adquiere existencia real para los demás seres humanos. El espacio público es de todos, porque todos necesitan validarse, porque todos necesitan adquirir el reconocimiento social de su existencia. Entonces, viene a ser de mucha importancia que sea un espacio donde debe haber reglas. Para que haya reglas, es necesario que la persona actúe políticamente y contribuya a la determinación de los factores que pueden delimitar el espacio público, es decir, bajo qué condiciones se limita, y cuándo se establecen condiciones de limitación de su uso. De la misma manera, se deben establecer las regulaciones para que nadie, en condiciones de predominio, pueda inhibir los derechos de aquellos que queden en condiciones de desventaja. La importancia simbólica del espacio público es tan gravitante, que cualquier fuerza de ocupación, que por razones fácticas o razones de sojuzgamiento violento del ejercicio civil de una comunidad, lo primero que hace es, precisamente, poner elementos simbólicos que expresen el dominio sobre ese espacio público. Cuando los nazis ocuparon Paris, no pusieron los tanques en las principales avenidas, ni desfilaron por las calles con sus tropas, por una necesidad militar imprescindible. Lo que quisieron manifestar a los franceses era que habían sido ocupados, y

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que el espacio público ya no les pertenecía. Una fuerza militar enemiga puede ocupar todos los cuarteles, todos los lugares donde se encuentra la capacidad militar de un país, pero es en el espacio público donde comunica su hegemonía. El toque de queda impuesto por una fuerza militar es la expresión de que el espacio público queda restringido a su arbitrio. Esa constatación, Ud. aplíquela a cualquier fuerza, grupo o sector de una sociedad que realice una ocupación de hecho del espacio público. Hoy, en nuestras sociedades, lo que ocurre en muchas ciudades, incluso en las nuestras, es la constatación de que el espacio público viene a ser copado por bandas de traficantes y delincuentes. Y hay muchas personas que no pueden caminar libremente por las calles por el accionar de los delincuentes. El espacio público se ha degradado en esos lugares, y el rol de la policía y de los ciudadanos consiste en recuperar su condición de tal: de espacio público. Hemos visto el drama desencadenado en las favelas de Río de Janeiro, donde las bandas delictuales han tomado el control de las barriadas e imponen su dominio y sus reglas a partir del avasallamiento del espacio público, y hemos visto entrar a las fuerzas del Estado a copar ese mismo espacio para restablecer su cualidad pública. La misma connotación tiene la ocupación ideológica del espacio público. ¿Cuántas veces hemos visto que grupos políticos, para imponer sus ideas, han buscado el predominio o sojuzgamiento del espacio público?

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Insistimos: no se trata solo de los espacios físicos, sino de los espacios no físicos pero tangibles. También la moral es espacio público, como lo son la cultura, las costumbres, la relacionalidad, los actos civiles, los medios de expresión, etc. Estamos hablando de aquel espacio público en el cual se exponen las ideas, y donde las ideas son tangibilizadas en prácticas concretas del hacer y el ser social. Ello tiene una relación directa con los derechos que hacen posible las seguridades de que toda idea merece la misma consideración, más allá de su antigüedad o novedad, de su magnitud o de quienes la sostengan, sobre todo cuando se trata de afirmaciones en las cuales se sostiene una actitud frente a la vida y la realidad. Por cierto, cuando hablamos de ocupación ideológica, entramos de lleno en un aspecto fundamental, de toda sociedad democrática. Porque ocurre que aparecen ideas en el espacio público que deben enfrentar los pesos de la tradición, de la costumbre social y la constatación de hegemonías consolidadas, que actúan refractariamente a todo aquello que pueda significar un riesgo a su dominio. El espacio público queda así ocupado por el peso de la costumbre y de las herencias del pasado. Y cuando esas costumbres y esas herencias están sustentadas en una visión total sobre la vida y la realidad, se manifiesta inevitablemente un impedimento para que una nueva idea, o un conjunto de nuevas ideas emerjan y se desarrollen en el espacio público. Esto es el inicio de todo proceso de conculcación de los derechos de conciencia.

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Importancia del laicismo para los derechos humanos. Es en la consolidación del dominio ideológico de las sociedades, a que hemos hecho alusión, donde el laicismo emerge y viene a someter esa realidad al juicio crítico de la sociedad. Y lo hace a partir del derecho a ejercer las libertades de conciencia. Y lo hace a partir de la práctica concreta, de una actitud y una conducta societaria e individual. Lo hace a partir de la reivindicación del espacio público como un espacio de todos, más allá de las opciones de conciencia de cada cual. Y lo hace a partir de la reivindicación del espacio político como un espacio determinado por la ciudadanía. Y lo hace a partir de la reivindicación del mercado como un espacio a donde todos concurren. En virtud de ello, el laicismo opta por la democracia y la extensión de los derechos de ciudadanía, incluso a escala planetaria. Hace una afirmación sustancial en torno a los Derechos Humanos consagrados por la comunidad internacional a través de sus convenciones. En el mismo sentido, apuesta firmemente por las seguridades humanas, concepto desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y que nos plantea un conjunto de requerimientos que permiten el aseguramiento de la vida individual y social de cada ser humano, en el plano de la alimentación, la seguridad personal, la seguridad comunitaria y política, etc.

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Y en ese contexto, constituye una seguridad fundamental el ejercicio de los derechos de conciencia, porque no es posible considerar el desarrollo a escala humana, en ninguna parte del mundo, si este no se establece sobre la base del derecho a tener opinión y a comunicarla. Esto es fundamental, ya que los derechos de conciencia no solo suponen el derecho a tener una percepción de la vida y de la realidad en que cada hombre está inmerso, sino también la capacidad a manifestar sus convicciones y opiniones, de comunicarlas por los medios que estén contemplados en la comunidad en que participa. Es dentro del contexto de una sociedad democrática, donde la sociedad civil tiene el dominio del espacio público, y donde no habría aparentemente ningún factor que pueda inhibir el desenvolvimiento de los derechos de conciencia o las libertades y seguridades de sus componentes, toda vez que estarían considerados los aspectos fundamentales, a través de reglas debidamente establecidas y consensuadas por toda la sociedad. Sin embargo, las sociedades están determinadas por la complejidad de su componencia, intereses e instituciones a través de los cuales se manifiestan los distintos agrupamientos de tipo sectorial. En la sociedad civil, hay distintos sectores o grupos de interés que propenden a organizarse de acuerdo a sus motivaciones, intereses, o como consecuencia de objetivos específicos dentro del proceso cotidiano del hacer sociedad.

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Todo grupo organizado pretende legítima o ilegítimamente una trascendencia o un objetivo que tenga un impacto social. Cuando ello no ocurre, debemos preocuparnos por los riesgos que pueden existir en un grupo que se separa de la sociedad y que se desvincula de ella. Lo normal y recurrente es que, cada grupo de interés, pretenda trascender de alguna manera a la sociedad, ello en el ejercicio de la libre concurrencia en el estadio democrático de todas las ideas, las creencias y las opciones, que se difunden a través de sus organizaciones o instituciones, que promueven sus particulares contenidos e intenciones. Sin embargo, lo que viene a alterar esa libre concurrencia de manifestaciones, es cuando determinados grupos quieren imponer sus puntos de vista, sobre la base de la hegemonía y el uso de las estructuras de poder que exceden el espacio de la sociedad civil. Para esos fines, persiguen influir o presionar a las estructuras del sistema político, o buscan subordinar las estructuras de poder existentes en el mercado. Una de las constantes que señalan las distintas civilizaciones, es la manifestación del deseo de hegemonía que caracterizan a los grupos religiosos, y de manera significativa se hace evidente con el Katholikés cristiano. Históricamente, las ideas religiosas católicas, determinadas por el compele intrare agustiniano, han buscado el sojuzgamiento de todas las estructuras de las sociedades en que se han hecho presente, no solo a partir

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de una hegemonía en el espacio de la sociedad civil, sino a partir del control de las estructuras de la sociedad política y de la sociedad mercantil. Eso es una constante desde el siglo III de la era cristiana, y lo ha sido hasta ahora. Ningún grupo de interés religioso ha desarrollado esa pretensión de un modo tan acentuado y recurrente. Esto comenzó a ser rechazado de manera ascendente, a partir del siglo XXVIII, y se expresará, primero, como una controversia con el Papado, para luego ir adquiriendo una presencia en la sociedad civil, que se pone en evidencia latente durante el siglo XIX. Aquello se expresó, primero, en la sociedad política a través del regalismo. Sin embargo, en la medida que esa controversia se iba despejando, el problema se fue radicando en la sociedad civil, donde el espacio público era dominado por esa corriente religiosa en particular, y donde comienza a establecerse el derecho de que todos – mayorías y minorías – podían disponer del espacio que se entiende que es de todos los integrantes de la sociedad. Es así que, cuando la idea de democracia comienza a tener su desarrollo bajo los parámetros contemporáneos, y comienzan a desarrollarse las sociedades como un conjunto estructurado de derechos y deberes, a fines del siglo XIX, es cuando comienza a consolidarse la idea sobre el desarrollo institucional, que pretende desvincular las instancias de decisión y conducción de la sociedad de todo control religioso. La idea que viene a determinarse es que hay una pluralidad en la componencia social, que hay

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visiones que no son homogéneas en el ámbito religioso, y que ello exige – para garantizar los derechos de conciencia – que debe haber una prescindencia de toda condición de hegemonía por parte de un credo en particular, en aquellas instancias que son determinantes para conducir, regir o influir sobre la sociedad. Esto es lo que determina la aparición conceptual del laicismo y su incorporación como categoría del pensamiento humano y como práctica social. Sin embargo, el laicismo se origina con mucha antelación a su formalización en el plano de la conceptualización lingüística de la sociedad contemporánea. Sus orígenes se encuentran en las primeras aproximaciones del ser humano para construir garantías para la libre concurrencia de las distintas opciones de conciencia, en sociedades donde se manifestaba la diversidad de credos. Ello se manifestó en determinadas conformaciones sociales, en la historia humana, mucho antes que fuera necesario enunciar el concepto del laicismo. Recordemos que antes de Constantino, en Roma cualquiera podía poner su deidad en el espacio público y adorarla, sin pretender que los demás estaban obligados a rendirle devoción. Como ese hay otros ejemplos en la historia del hombre. De este modo, podemos decir que el laicismo tiene su origen en la práctica misma de la necesidad de desvincular las estructuras de poder de toda hegemonía de los credos y en el derecho a la expresión de todos los credos. Tiene su origen en la práctica y el

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establecimiento del derecho de todo credo a expresarse en el espacio público, sin conculcar los derechos de los demás credos. De la misma forma, en el derecho de los que no tienen credo al mismo respeto de parte de los que tienen un credo. ¿Por qué fue necesario establecer el concepto de laicismo, en las categorías del pensamiento humano, entonces? Simplemente, porque la complejidad de las sociedades contemporáneas ha introducido variables conceptuales que han ido produciendo afirmaciones, en los procesos institucionales, que buscan lo contrario a lo que el laicismo propone. Ello tiene que ver por el interés de las inercias históricas de la hegemonía religiosa, para reconstituirse a partir de la interpretación de las leyes y de las normas que determinan los procesos institucionales de la sociedad política, que permiten luego determinar la sociedad civil e influir la sociedad mercantil. Los alcances del laicismo, en la conceptualización societaria moderna, en sus procesos de institucionalización, por lo mismo, están íntimamente ligados a las características de la democracia. Bajo una condición de absolutismo o dictadura, el laicismo solo puede ser una demanda. Sin embargo, cuando se hace democracia, es inevitable acudir a lo que el laicismo propone en el tema de la garantización de los derechos de conciencia. De allí que hemos proclamado que si la democracia no es laica no es democracia.

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Cuando se requiere construir una sociedad libre, no se trata solo de establecer derechos a la libre concurrencia de las ideas políticas y económicas, para que el pueblo opte según sea su interés mayoritario. No se trata solo de establecer los mecanismos de resolución de las controversias, por medio del ejercicio del voto. No se trata de establecer solo el imperio de las mayorías. Cuando se trata de establecer una sociedad libre, que se expresa a través del ejercicio de la democracia, lo que importa – en lo que se refiere a los derechos de conciencia – no es garantizar los derechos de la mayoría, sino que lo que determina las condiciones de libertad en la práctica social, es la garantización de derechos de las minorías. Una sociedad es libre y es democrática, cuando se gobierna de acuerdo al interés de la mayoría, pero se aseguran los derechos de los que se encuentran en desventaja para imponer sus puntos de vista. El quid de la democracia moderna, entonces, se encuentra en los derechos de las minorías. Establecer esa concepción de la democracia moderna es parte del drama de las democracias en desarrollo durante gran parte del siglo XX. Está en la base misma de las causas de su fracaso en distintos países. Entonces, lo que hemos expresado, viene a ser la gran respuesta o la gran directriz en torno al tema que se me ha propuesto en esta jornada: el significado e importancia del laicismo como medio para construir la sociedad del siglo XXI.

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Los temas del laicismo en la sociedad del siglo XXI. El gran esfuerzo del siglo XIX y de buena parte del siglo XX, fue erradicar el determinismo religioso sobre el Estado, resabio casi inconmovible del tiempo del absolutismo. Ello se logró en algunos países más que en otros. Hubo incluso aquellos en que definitivamente se fracasó hasta nuestros días. Hubo países, como Chile, donde todo quedó a medio hacer, y donde se arrastran resabios importantes de una hegemonía dura sobre nuestra sociedad, sobre su cultura y sobre sus instituciones nacionales y públicas. Los temas del laicismo de hoy, en Chile, son herencia de los problemas no resueltos en el siglo XX, y que retoman fuerza a partir de los procesos políticos vividos por el país, donde se han producido retrocesos importantes en lo poco que se hizo en torno a la institucionalidad laica, en la centuria anterior, especialmente en el Estado y en las instancias de poder político y económico. A pesar de ello, hay muchos en nuestra sociedad, que piensan que los debates del laicismo han sido superados por la historia. Tanto así, que se preocupan por las formas en que los debates pueden producirse y que buscan cierto término medio en esto de poner los temas del laicismo frente a las corrientes confesionales.

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Creo que esas posiciones adolecen de problemas conceptuales de fondo, y de una superficialidad en el diagnóstico, cuando no una propensión tendenciosa. Esto porque se hace ambivalencia entre laicismo y anticlericalismo. Y la disputa hoy no es contra los clérigos. De hecho sí creo que el anticlericalismo es propio del siglo XIX, y expresión concreta de las concepciones regalistas. Ello fue consecuencia de las luchas contra el papado, por su presión desmedida sobre la formación y soberanía de los Estados nacionales. Lo vivimos concretamente en Chile, cuando se desarrolla nuestra formación nacional. Hoy la presencia del clericalismo está más relativizada, en tanto expresión corporativa. Hoy la controversia del laicismo es con el confesionalismo, es decir, la acción sostenida de quienes sustentan una fe y que pretenden imponerla como modo de vida a toda la sociedad, y que se expresa en una propensión constante a hegemonizar el espacio público. Eso excede a la acción de los clérigos. Es consecuencia de que la confesión religiosa se torna en “ismo”, en tanto y cuanto ideología de alcance totalizador, que se expresa en la acción no solo de la jerarquía religiosa, sino que actores con poder político y económico, donde se manifiesta una práctica cotidiana de hegemonía, a rajatabla de cualquier otra comprensión de la vida, de Dios o del rol del hombre en la vida. Ello implica una acción avasalladora en el espacio público, que vulnera permanentemente los derechos de conciencia.

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El confesionalismo trata de subordinar las cuestiones seculares de la sociedad, en la recurrencia de la práctica del compele intrare. Al respecto, podemos hablar de una redimensión de la herencia cultural de la Edad Media, que se recrea en la búsqueda del predominio y la totalización. Así, los grandes temas del laicismo, su significado e importancia, están asociados con la esencia de la democracia y con la agenda de los derechos de conciencia. Están en la cotidianidad de la defensa y promoción del espacio público, como un estadio amplio de concreciones ciudadanas y de libertades y seguridades humanas. Está en la validación del libre discernimiento y la autodeterminación individual.

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LA CRISIS DE LA IGLESIA CATÓLICA CHILENA. Publicado en el sitio Reeditor.com el 06 de abril de 2011.

La Iglesia Católica chilena está enfrentando uno de sus peores momentos históricos. Como ha ocurrido en otros países, la comprobación de la existencia de delitos contra menores y la sospecha continua contra el clero, que se agrava por las decisiones mal tomadas por su jerarquía, ha desencadenado una ola de repudio, como anteriormente ocurrió en Estados Unidos, Irlanda y Bélgica, por citar algunos de los casos más resonados. Chile es uno de los países más tradicionalistas de América Latina y en ello ha influido fuertemente el rol de la Iglesia Católica. Fue uno de los últimos países del mundo en tener el divorcio vincular, producto de la fuerte influencia de la Iglesia. Durante los años 90 la influencia de la Iglesia sobre el escenario político fue avasalladora. No hace muchos años integrantes de los poderes institucionales del Estado, reconocían que sus decisiones estaban determinadas por la opinión de su obispo de

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cabecera. Célebres fueron los planteamientos en ese sentido de un senador socialista ¡que se opuso a la ley de divorcio!, o un miembro del Tribunal Constitucional que votó contra la entrega de la píldora del día después en los consultorios públicos, por indicaciones de su obispo. Demás está decir de la influencia de la Iglesia Católica en las instituciones armadas, donde consideran a esas instituciones del Estado en verdaderos apéndices de la institucionalidad religiosa. El Obispo general castrense tiene más poder que cualquier obispo diocesano, y ni siquiera responde a la estructura jerárquica de la iglesia, ya que depende directamente del Vaticano. La influencia religiosa en el gran empresariado es determinante. Ya sea por el poder de sus esposas o por los ámbitos en que se realizan los grandes negocios, los grandes empresarios chilenos tienen una tremenda afinidad con los sacerdotes y obispos que se vinculan estrechamente al poder económico. Prueba de ello es que la Parroquia de El Bosque, donde tenía su centro de poder el cura Karadima y la Pía Unión Sacerdotal, que lideraba en forma muy pragmática, tenía una ventajosa relación de intereses con grandes empresarios. Uno de ellos, vinculado a uno de los grupos económicos más poderosos del país los Matte -, incluso ejerció presión sobre el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, a favor del mencionado sacerdote. Para algunos chilenos, los hechos recientes parecen ser sorprendentemente abruptos. Pero, ya había una historia previa. De hecho, el obispo que organizó la visita del Papa

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Juan Pablo II, hace más de veinte años, hace ya varios años fue sacado discretamente de Chile cuando surgieron antecedentes pedófilos en la arquidiócesis de La Serena, donde se desempeñaba. Desde luego, como ha ocurrido en otros países, la conducta de la jerarquía ha sido tratar de encubrir el tema. Hace unos días el cardenal Errázuriz ha sido increpando públicamente por una de las víctimas del cura Karadima, que lo calificó de criminal encubridor. Una monja superiora de la congregación de las Ursulinas ha sido abruptamente enviada a Alemania, bajo sospechosos procedimientos encubiertos. La investigación ordenada por El Vaticano, que terminó confinando al cura Karadima a un retiro religioso, es de interés de la jueza que ha sido designada por la Corte Suprema para investigar en forma exclusiva este proceso de conmoción pública. Frente a ello, lejos de colaborar con la investigación, se pone un manto de protección ante la acción judicial de la mano del propio Arzobispo de Santiago, Ezatti, quien ha indicado que si la jueza quiere tener los antecedentes investigados por El Vaticano, debe pedirlos de Estado a Estado. Y allí viene el peso de la tradición, ya que, desde que el Estado y la Iglesia Católica se separaron en 1925, no se ha refrendado un Concordato por ambos Estados, y no hay elementos que impidan a un juez concienzudo, procesar a quien sea – por el delito o el encubrimiento - y exigir la información que corresponda, incluso como lo hicieron en

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Bélgica. Tal vez sea mucho pedir, desde luego, en un país con tanto peso religioso tradicionalista y tradicional. Sin embargo, en la medida que se coarte la investigación, la crisis de la Iglesia frente al país será mucho mayor, producto del repudio ciudadano, ante conductas y acciones que, en definitiva, terminan exhibiéndose como destinadas a proteger a culpables de delitos deleznables. Y esa es otra tradición chilena: el respeto a la ley.

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LA DECLARACION EPISCOPAL DEL 08 DE ABRIL Publicado en el sitio Reeditor.com el 16 de abril de 2011.

Es una constatación histórica que las organizaciones de sentido moral, a partir de una convicción de fe, son la respuesta para millones de personas que, por esta vía, encuentran su propio lugar en la vida y en el mundo. Ello no es menor. Los credos constituyen afirmaciones de vida para personas de las más variadas raigambres sociales y culturales, que explican su propia existencia y las eventualidades de su transcurrir en la existencia, a partir de las convicciones que emanan de su fe. De allí se desprenden consecuencias morales que determina la forma de ser y hacer en la relacionalidad de grandes agrupamientos humanos. Obviamente, cuando el hombre o mujer de fe es coherente con su códice moral ello constituye un ejemplo para su prójimo, y así, el hecho religioso se convierte en una lección de vida y en una forma de hacer fidedigna la expresión del credo en la práctica social.

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Una de las aspiraciones de toda sociedad debiera ser siempre que los credos, que se expresan en estructuras de propagación y administración del hecho religioso – las iglesias -, tengan la capacidad de hacer un aporte sustancial a las más sublimes aspiraciones de bondad humana, más allá de las modalidades y particularidades de sus afirmaciones de fe, sobre la base de que, los determinismos que establecen el credo tienen un alcance limitado a su comunidad de creyentes, y los valores de alcance social tienen una consecuencia positiva en el desarrollo del hecho social y cultural. Las iglesias que representan las tradiciones cristianas, por ejemplo, tienen cada una sus particularidades que competen a sus adeptos, pero transmiten hacia la sociedad toda valores de tanta trascendencia como el amor al prójimo, la misericordia, una idea de hermandad, la caridad, etc. De allí que, cuando las instituciones morales presentan crisis, producto de una ruptura del basamento fundamental de su trascendencia social – su carácter de organización con sentido moral -, no es algo que estimule el júbilo de quienes discrepen respecto de los actos civiles de esa institución. Por el contrario, quien aprecie la importancia de los valores fundamentales que permiten que nos constituyamos en sociedad, no dejará de lamentarse de que determinados hechos impidan la credibilidad de una idea expresada en una comunidad de creencias y de quienes están llamados a representarla.

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Las crisis de las instituciones morales son graves, porque afectan, en primer lugar a la comunidad de los adeptos, y en segundo lugar a la sociedad toda, que queda expuesta a la duda y la sospecha sobre todos los que tienen responsabilidad o representación de la institución afectada, así la mayoría de ellos puedan ser personas de intachable conducta y de fidelizada conducta respecto a los contenidos que preconizan. En virtud de ello, no puede sino preocuparnos el carácter que ha tomado la crisis de la Iglesia Católica chilena, cuyos obispos hace unos días han pedido perdón, a través del documento titulado “Transparencia, Verdad y Justicia”, como resultado de la reunión de la Conferencia Episcopal. El documento tiene el valor de señalar las correcciones que, institucionalmente, la conferencia de los obispos considera necesarias para impedir que en el futuro se produzcan situaciones como las que son de conocimiento público en los meses recientes. Tiene la virtud también de reconocer que no se ha actuado con la debida atención y premura al conocerse los primeros antecedentes, lo que provocó que el daño se siguiera manifestando y los hechos siguieran su curso. De la misma forma, algo que tiene importancia más bien en el orden interno, se ha manifestado un compromiso en cuanto a perfeccionar la selección y formación de los candidatos al sacerdocio y establecer ambientes sanos y seguros en los lugares donde se hace formación de menores de edad.

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Sin embargo, hay aspectos que dejan sombras y que no pueden dejar de comentarse. Uno de ellos es que, sobre la base de un cita al Papa Juan Pablo II, se hace énfasis en que “quienes abusan de niños y jóvenes no tienen lugar en el sacerdocio”, para luego llamar a que los sacerdotes que han faltado a su compromiso y han causado daño a otros hagan “un examen de conciencia personal y a responder de sus actos delante de Dios, de la sociedad y de sus superiores”. A mi entender, la segunda afirmación no es coherente con la primera. Si ha existido una investigación de alto nivel de la Iglesia, que ha establecido responsabilidades, la consecuencia no ha sido que quien tenga establecida culpabilidad “no tenga lugar en el sacerdocio”. El sacerdocio como primera indicación conceptual es la dignidad de quien tiene el cargo de sacerdote. Hay casos de sacerdotes que han sido identificados en relación a casos de pedofilia, pero que continúan con su investidura y dignidad de cargo, aun cuando puedan estar confinados a lugares de retiro espiritual. Es un hecho que la jerarquía de la Iglesia Católica en todas partes del mundo, y Chile no es la excepción, nunca ha dejado de efectuar una acción protectora a favor de los acusados de delitos contra menores de edad, provocando precisamente que ese sea su error más radical, aun arriesgándose a pagar altos costos. Cuando es necesario sacar a alguien del país donde se denuncia un hecho, se

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hace sin dudarlo, coartando la posibilidad de que puedan enfrentar las responsabilidades penales. El destino específico en esos casos es Alemania, país muy favorable por el carácter del concordato con El Vaticano, para evitar eventuales extradiciones. Las víctimas no son consideradas ni escuchadas, salvo cuando el tema mediáticamente es inmanejable. Eso también ha sido una constante. La declaración de los obispos, valorada por los medios tradicionales, carece de una postura explicita frente a los casos específicos ocurridos, y no establece una doctrina de tratamiento de eventuales nuevos casos. Pide perdón, señala medidas internas en la selección y formación de sus sacerdotes, promete ambientes seguros para los niños y jóvenes, pero no indica cual será la nueva conducta frente a futuros acusados de delitos contra menores de edad. Al no formular una nueva conducta frente a nuevas denuncias de abusos contra menores, todo lo demás pierde sentido como promesa, porque, lo que la comunidad nacional espera, es que no haya protección a culpables de delitos, ni obstaculización de las investigaciones criminales. Al no haber una formulación de un nuevo manejo de acusaciones o denuncias, con arreglo a las leyes del país, todo lo demás constituyen solo buenas intenciones, porque lo que pone a la Iglesia en crisis y en manifiesta interdicción con su carácter de organización con sentido moral, no es el hecho de que haya personas en su seno que

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cometan delitos. La falibilidad de algunos miembros de una institución religiosa, o de cualquier tipo, está dentro de lo previsible. Lo que hace censurable y cuestionable los pasos dados por la jerarquía de la Iglesia es la decisión de poner en una posición de prioridad al clérigo acusado, por sobre la comunidad de la fe y sobre la comunidad toda, y especialmente por sobre la víctima. Es lo que pasó cuando la jerarquía enfrentó hace años las denuncias contra Karadima, o cuando saca abruptamente hacia Alemania a la superiora ursulina. Es la decisión de no entregar la información que se posee, reclamando condición vaticana para personas que viven en Chile, que son chilenos y que están siendo investigados por delitos cometidos en Chile. Tal es la causa del repudio y el cuestionamiento al rol de su jerarquía, y su crisis como organización con sentido moral.

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COMO HACER REPÚBLICA EN EL SIGLO XXI Publicado en el portal del Centro de Estudios Laicos el 07 de Agosto de 2011.

Cuando se hace representación de Chile en los foros e instancias internacionales, se le identifica como “República de Chile” y ello se ha convertido en un lugar común para todos los chilenos, y cuando le preguntamos a cualquier chileno con un mínimo de formación política, porqué Chile es una república, nos dirá que porque no tenemos rey sino presidente. Es que de alguna manera, quedó en la memoria aquello del movimiento independentista, que surgió bajo la impronta de liberar a los pueblos latinoamericanos de una España realista. Por cierto, esa definición sustentada en aquel factor subyacente no lo dice todo, aun cuando en su momento lo comprendió todo. No lo dice todo, porque, más allá del uso que se puede hacer de la historia con fines políticos en el tiempo presente, la verdad es que quienes le dieron contenidos al movimiento independentista, tenían una

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comprensión mucho más profunda que solo independizar a los países latinoamericanos del yugo de un rey europeo. Bajo el influjo del iluminismo y las ideas de emancipación espiritual del siglo XVIII, la generación que protagonizó el movimiento independentista, referenciaron su ideal republicano en la experiencia griega, especialmente en lo que hizo Atenas como forma de organizar su sistema político. Objetivamente, entre los líderes de la Independencia hubo algunos que profundizaron muy ampliamente el concepto republicano, entre los cuales creo que podemos destacar a nuestro O´Higgins y al uruguayo Artigas, por poner dos nombres cercanos. Es así como, el surgimiento de América como continente independiente, se hace en el contexto de su opción republicana. Y quienes representaron ese impulso hacia el futuro lo hicieron consolidando ese camino de un modo decidido, aun cuando muchos, demasiados tal vez, nunca entendieron su definición y sepultaron el republicanismo a través de oligarquías, dictaduras y cuartelazos. La búsqueda del modelo político adecuado de los movimientos ilustrados e democráticos transformaron el modelo griego en el paradigma, con todos los elementos subjetivos que ello podía traer en la interpretación y en la aplicación de un modelo que ocurrió con más de dos mil años de diferencia de por medio. Pero, así fue y así se construye la historia de la gran mayoría de nuestras naciones latinoamericanas, en el intento y en los logros

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reversibles e irreversibles, avanzando hacia una idea de república que no siempre se sostiene en el tiempo. Entonces, cuando avanzamos en la definición de los sistemas políticos, y profundizamos en la trayectoria de la evolución institucional, por cierto encontramos que una buena parte de nuestra historia latinoamericana ha estado lejos de acercarse a un ideal republicano. Concretamente, las dictaduras no han hecho sino negarlo, como lo ha negado el autoritarismo y el conservadurismo oligárquico cada vez que han estado en el poder. Porque cuando hablamos de república lo que estamos diciendo es que existe un sistema político, donde el pueblo o la gente de un territorio funda y delega su soberanía en un grupo de personas e instituciones, que actúan para desarrollar un sistema de convivencia reconocido y aplicado por todos, a través de la ley. La igualdad ante la ley y los derechos que de allí se desprenden, la obediencia de los gobernantes y de los mandatados en las distintas instancias, el conocimiento público de los actos de los mandatados, la existencia de poderes públicos separados para ejercer sus roles dentro del sistema político, los sistemas de representación sobre la base de periodos específicamente acotados, su generación popular, etc. son aspectos determinantes en la existencia republicana. Pero, por sobre todo, lo que determina la existencia de una república es el ejercicio de la ciudadanía, es decir, de personas con autonomía, capaces de decidir en los actos

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de delegación de representación y en la constitución de opinión pública verificable en las formas de decisión que contempla la ley. De ese modo, para hacer posible el adecuado funcionamiento de una república se requiere de la democracia, es decir de la praxis que hace posible que el gobierno sea del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Sin democracia no hay ejercicio de opinión, ni validación representacional en el uso del poder por parte de los mandatados. Esto reitera el rol de la ciudadanía en una dimensión determinante. Tenemos entonces, que una república existe en la medida que hay ciudadanos que ejercen sus derechos y su potestad, en los procesos de decisión y estructuración de los derechos y deberes en un territorio de su jurisdicción. Y, para que ello se realice de un modo efectivo, se requiere de un ejercicio democrático, donde se expresen las opiniones de mayorías y minorías, para determinar las decisiones que correspondan frente a las alternativas que señalan el rumbo de la sociedad republicana. Del modelo griego hasta nuestros días, la idea de república ha ido evolucionando y siendo sometida a nuevos desafíos. Tanto así que nuestra sociedad actual ha estado sometida a tensiones que tienen que ver precisamente con la comprensión que tienen quienes ejercen el poder delegado por el pueblo, sobre el rol que les compete y la forma como hacen efectivo ese mandato. Ello, a pesar de

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que hoy día existen instrumentos que permiten conocer cotidianamente el pensamiento del pueblo. Es así que es común que los gobiernos, para imponer su criterio, señalen que su misión es cumplir el programa que el pueblo votó cuando lo eligieron, pero no consideran que el pueblo pueda cambiar de opinión, y se produce la contradicción entre lo que alguna vez el pueblo aprobó y lo que luego rechaza. Si las personas cambian de opinión, es dable admitir que las comunidades también cambien de criterio. De este modo se produce la permanente contradicción entre el que ejerce la ciudadanía y el que ejerce el poder en forma delegada, especialmente cuando hay diferencia de opinión sobre temas relevantes y de interés de la comunidad. Esto es lo que permite reconocer las tensiones que se manifiestan en la sociedad chilena de hoy, y que tienen que ver precisamente con la distancia entre el interés ciudadano y el ejercicio del poder y el rol de los mandatados. Es lo que da cuenta de la enorme cantidad de personas que reprueban a los bloques políticos existentes, que rechazan al gobierno y a la oposición, y el desprestigio que mantiene a la actividad política con bajo nivel de aprobación de la gente, es decir, de los ciudadanos. Ello se agrava cuando los mandatados no consideran a los ciudadanos en tanto tales, sino que le asignan otros roles, lo cual trae consigo un conjunto de distorsiones contrarias a las cualidades republicanas. Dentro de la lógica de sus visiones segmentarias, se habla de

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“consumidores”, se les asigna condición de “usuarios”, de “clientes”, de “gente”, de sectores de interés, de grupos de presión, pero no de mandantes republicanos, es decir, de ciudadanos. No faltan los que asumen roles paternalistas y consideran que deben preocuparse de los más pobres y los más desvalidos, como una señal de preocupación por el pueblo, pero hacen lo que se les viene en gana para imponer sus políticas e intereses particulares por sobre el interés general. La clave, entonces, para hacer república es asumir el mandato del pueblo, no solo como resultado de las elecciones, sino en cuanto a lo que implica cotidianamente abordar el deseo e interés del pueblo en el ejercicio del mandato que les corresponde cumplir por el periodo determinado por la ley. Esa es la forma determinante de hacer efectivamente república en el siglo XXI.

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A PROPÓSITO DEL DIA DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS Y PROTESTANTES. Publicado en el sitio Reeditor.com el 16 de abril de 2011.

Hace tres de años, los legisladores aprobaron la instauración en calidad de feriado el 31 de octubre, del Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Por primera vez se estableció un feriado que recogiera tradiciones confesionales no católicas, señalando un significativo hito en el reconocimiento a la igualdad de los credos ante la ley. La moción que permitió que el proyecto de ley entrara en tramitación, en noviembre de 2006, fue obra de los diputados Enrique Accorsi Opazo, Marcos Espinosa Monardes, Carlos Abel Jarpa Wevar, Fernando Meza Moncada, Alberto Robles Pantoja, Alejandro Sule Fernández y Samuel Venegas Rubio. Los menciono expresamente para reivindicar su aporte a las libertades de conciencia en nuestro país.

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El feriado, pese a su importancia, no quedó como inamovible en la tramitación parlamentaria, sino que queda a discrecionalidad del día en que corresponda al 31 de octubre, para ser cambiado a un día viernes o lunes, perdiendo su relación con la fecha indicada. No se dio por lo tanto la misma categoría que a los feriado religiosos del 15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen, 01 de Noviembre, Días de Todos los Santos, o del 08 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, y que tienen una naturaleza esencialmente católica. En esta situación de movilidad están también los feriados católicos de San Pedro y San Pablo, en julio, y un tercer feriado relativo a la Virgen, que corresponde a la festividad del Carmen. Los otros feriados religiosos chilenos, corresponden a la Navidad y Semana Santa, que debemos entenderlos dentro de la generalidad cristiana que incluye a las tres tradiciones existentes en el país: católica, protestante y ortodoxa. Sin embargo, pareciera ser que los días Viernes Santo y Sábado Santo, no satisface a las iglesias protestantes, que consideran la resurrección de Cristo como el hecho glorificable y trascendente, y no reviven la pasión y muerte como parte de sus ritos. El caso es que, pese a las condiciones de desigualdad, los pastores evangélicos lograron que su credo pudiera tener un feriado, que recordara el día en que, el padre de la Reforma - Martín Lutero –, clavara sus 95 tesis en las puertas de la Iglesia del Palacio de Wittenberg, condenando las prácticas de la Iglesia Católica en la

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concesión de indulgencias y otras conductas contrarias a la doctrina legada por Cristo. Es el comienzo del movimiento protestante en Europa, que comenzará a extenderse por todo el mundo, desde entonces. En América Latina hay más de 150 millones de personas que pertenecen a distintas denominaciones protestantes. Gran Bretaña es el país con el mayor porcentaje de habitantes pertenecientes a esas denominaciones, en tanto Estados Unidos es el país con mayor cantidad de habitantes que tienen un credo protestante (alrededor de 170 millones de personas). Brasil es el que tiene el mayor número en América Latina (sobre 51 millones), en tanto Guatemala tiene el mayor porcentaje de su población: 45%. La historia del protestantismo en Chile, ha sido la historia de los pobres por asumir su religiosidad desde una perspectiva diferente a la Iglesia asociada a la conquista, a la colonización, y a la historia del Chile independiente. Es una historia de exclusiones y segregación. Sin embargo, también es una historia de hitos que van configurando de manera creciente, el aporte a la diversidad de pensamiento y de conciencia. El primero de esos lo protagoniza Bernardo O´Higgins al autorizar cementerios para no católicos en Valparaíso y Santiago, en 1819. Dos años después, en 1921, bajo su patrocinio, llega el pastor bautista James Thomson, para implantar el sistema educacional lancasteriano, un episodio que abre los desafíos de

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construir una educación nacional, justamente al comenzar la República. Thomson inicia también el trabajo de las Sociedades Bíblicas en Chile. Doce años después llega el Pastor John Rowland, a trabajar en los cerros de Valparaíso, y tres años después el inglés y pastor anglicano, Allan Gardiner, comienza un trabajo evangelizador entre los mapuches. En 1847, el pastor David Trumbull, un enorme referente misionero protestante, inicia su vasta labor en Valparaíso y conforma de Sociedad Bíblica y la Unión Church. Tiempo después forma la Iglesia Presbiteriana de Chile, en Santiago. Le seguirán nuevos pastores que llegan al país, ubicándose en sectores muy populosos, favoreciendo que hacia inicios del siglo XX, comience los que el teólogo Humberto Lagos denomina “el fenómeno social evangélico-pentecostal”. Iniciado el siglo XXI, el censo de población del año 2002, da cuenta de la existencia de un 15,14% de la población chilena que se declara evangélico. Vista la realidad protestante en el plano de los derechos y en un contexto comparativo de los derechos y la igualdad ante la ley, el Estado de Chile tiene aún muchas deudas con las Iglesias Protestantes y con los credos de minorías, como consecuencia del largo proceso de incompletud de la separación de la Iglesia Católica y el Estado. La ley 19.638 que data de 1999, que establece las normas para la Constitución Jurídica de las Iglesias y

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Organizaciones Religiosas, presenta muchas falencias y desigualdades, que favorecen condiciones de privilegios. Esto se ve expresado incluso en la forma como el Estado trata las distintas confesiones. En muchas instituciones del Estado, incluso aún se siguen conculcando los derechos de igualdad ante la ley de todos los credos. En muchas, o demasiadas instituciones del Estado, aún se manifiestan acciones amparadas en criterios de hegemonía, incluso al margen de los derechos constitucionales. Un aspecto relevante de ello es lo que se manifiesta en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, instituciones que deben expresar necesariamente la integridad de la componencia nacional, donde, a pesar de la separación del Estado y la Iglesia, al menos así proclamada constitucionalmente en 1925 y en 1980, aún siguen expresándose acciones que favorecen condiciones de hegemonía y exclusión. Resulta doloroso para las minorías tener que ocultar su fe, para garantizar su carrera profesional, o ser sometido a obligaciones religiosas castrenses, en contra de sus creencias religiosas, imponiéndoles cultos y actividades comprendidas dentro de un arbitrio avasallador y contrario la ley. En ese sentido, ha resultado muy estimulante la Circular del 25 de marzo de 2011, del Comando General de Personal del Ejército de Chile, en que reiteró “el cumplimiento de disposiciones referidas a aspectos religiosos”, que en lo fundamental estableció la absoluta

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voluntariedad del ejercicio de la fe y determina – lo más importante – que los actos religiosos dentro de unidades militares no constituyen “actos de servicio”. También establece que no se podrán entregar artículos o elementos religiosos en forma masiva, sin el consentimiento de las personas que lo reciban, y dispone que el Comando de Bienestar se preocupe de dar asistencia religiosa dentro de la institución, según el credo de cada requirente. Por cierto, ello es un buen comienzo, no solo para el Ejército de Chile, sino también para las Fuerzas Armadas en su conjunto. Se consolidará en el tiempo, cuando sea posible constatar que ningún oficial, suboficial, clase o soldado sea obligado a realizar actos religiosos, dentro y fuera de los cuarteles, que no correspondan a su credo o convicciones. De la misma manera, cuando nadie por sus creencias o carencia de ellas, pueda ver conculcada su carrera militar o su paso a los altos mandos de la institución. Se consolidará cuando los mandos de la Armada de Chile asuman que son una institución que requiere homologar sus normas y prácticas religiosas, en relación a las demás instituciones armadas. Quienes no tenemos una identidad teológica y no somos parte de ninguna opción confesional, en virtud de lo cual tenemos también una calidad de minoría de conciencia, saludamos los logros en sus derechos y la trayectoria de esfuerzo y convicciones de quienes se aprestan a celebrar su día, el 31 de octubre. Con ellos compartimos la opción por la igualdad ante la ley, las

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demandas en contra de posiciones excluyentes, y el deseo de una ley de cultos justa en todos sus alcances. Compartimos también la voluntad de respetar y hacer respetar todas las opciones de conciencia, todas las creencias y concepciones sobre la vida y la muerte, que corresponden al ámbito íntimo de cada persona, respecto de cómo entiende y construye su lugar en la vida, en la sociedad y en el mundo.

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CONSIDERACIONES SOBRE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO. Publicado en Revista “Occidente”.

Primera consideración. Los actores de un debate. En las últimas semanas, las redes de Iniciativa Laicista para la Consolidación de la Sociedad Civil, han realizado una difusión de conceptos e informaciones sobre la despenalización del aborto en Chile, considerando los consensos internacionales que se han ido produciendo respecto a este significativo problema sanitario, que divide valóricamente a diversas sociedades, cuando se imponen criterios subjetivos por sobre los aspectos que los Estados deben contemplar en la aplicación de políticas de salud válidas para las distintas opciones de conciencia existentes en su realidad social y cultural. Introducirse en los debates que enfrentan distintas sociedades, donde se han conformado espacios de libertad valórica para tratar las cuestiones que afectan a las

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personas por sobre dimensiones absolutas, puede causar perplejidad la enorme animosidad que tiende a la ruin tipificación como argumento principal, por parte de aquellos que se oponen valóricamente a la despenalización del aborto, constante expresada en todos los países donde se ha planteado esa posibilidad. Por parte de quienes insisten en la criminalización del aborto, no se advierte una apertura democrática a sostener debates, ni a considerar las variables que dicen relación con la concepción no deseada. Por un lado, cierran toda posibilidad a que las instancias legislativas abran debate, y cuando no pueden impedirlo simplemente asumen como argumento la descalificación. En ese ámbito descalificador, incluso se advierte un abierto fascismo valórico, no solo en los contenidos sino en la forma de enfrentar los debates, donde se busca derechamente la destrucción ética de quienes tienen una mirada contrapuesta. He recorrido muchas fuentes de las organizaciones pro-criminalización del aborto, y aterra ver la difusión de imágenes – especialmente en Internet – a que se recurre para “hacer conciencia”, las cuales me llevan derechamente a dudar sobre la sanidad mental de quienes las construyen y las difunden, propias de claustrofobias valóricas rabiosas, expresiones inequívocas de un encierro moral autístico, donde no hay diálogo ni capacidad de enfrentar el sano debate de las ideas. Me parece enfermizo usar imágenes trucadas de tal calibre, para enfrentar un problema de

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salud, un problema médico, buscando la compulsión antes que la convicción racional de quienes son objeto de tales campañas. Es la misma manida compulsión que se usó contra los primeros cirujanos de la historia, o contra personas que fueron condenadas y satanizadas por sufrir patologías que fueron catalogadas de satánicas. Recordemos por ejemplo la lapidación de los leprosos, de hace algunos siglos, o las acusaciones de brujería que terminaban en la hoguera, a través de la estimulación de la ignorancia y la perversidad gregaria. A quienes promueven la conveniencia de despenalizar el aborto se les tilda de “abortistas”, de “promover el abortismo” – es decir, una supuesta doctrina que estimula la promoción del aborto -, de permitir el “asesinato de niños no natos”, etc. Se les hace aparecer vinculados a una doctrina vinculada a la muerte y contrarios a la vida, asociada a una conducta mutiladora e inmisericorde. La burda manipulación emocional trata de mostrar que las personas que reflexivamente aconsejan y promueven la despenalización del aborto, son hombres y mujeres que no tienen sólidos principios éticos, que no han vibrado la emoción de un embarazo de una novia, de una hermana, de una esposa, de una hija, de una nieta, y que son asesinos de seres indefensos. Sin embargo, quienes han abierto el debate sobre la despenalización del aborto, son personas que tienen familia

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y que comparten el valor auspiciante de un embarazo de alguien de su entorno afectivo o relacional. Son personas que han vibrado con la belleza de un recién nacido en los brazos, con el ver crecer a los niños y vivir cada una de sus etapas, desde aquella primera en que, en el vientre materno, se advierten los primeros movimientos de una vida en gestación. Son personas que, en el contexto del reconocimiento de una natalidad auspiciosa, con la prometedora esperanza que ella conlleva, sin embargo, han tenido la oportunidad de reflexionar sobre la realidad que arrojan determinados existires humanos, para los cuales la concepción se transforma en un trauma dramático. Hay miles de personas - que por situaciones perfectamente calificables, y otras que no solo son tanto, pero que merecen ser consideradas como propias de la falibilidad humana -, para las cuales una concepción no deseada las arrastra a situaciones límites, tanto en lo físico como en lo psicológico. Efectivamente, a pesar de todos los argumentos que pueden esgrimirse, un importante número de mujeres terminará recurriendo al aborto inducido para interrumpir la concepción, y algunas de ellas derechamente para poner fin al embarazo. Se trata de personas que no vislumbran un futuro, que enfrentan angustias, que carecen de alternativas coherentes para ese momento particular, que sienten pánico e inseguridad. Frente a la ruindad de la descalificación fácil y artera, quienes promueven la despenalización del aborto,

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optan por la caridad frente a la aflicción de quienes son incapaces de encontrar una salida ante una concepción no deseada, optan por responder con la forma civilizada del debate de las ideas, con la exposición racional de los argumentos, buscando construir el consenso social que permita establecer una convención que descansa precisamente en el amor a la Humanidad: que si una mujer enfrenta una concepción no deseada, pueda acceder a los sistemas de salud y ser tratada por médicos idóneos para cumplir con su determinación, y no dejarla expuesta a la criminalización y a la criminalidad. Ojalá que los abortos legalizados a través de los sistemas de salud ocurran lo menos posible, pero ello ya no debiera ser materia de los tribunales del crimen, sino de quienes están llamados a establecer los fortalezas morales de una sociedad, y que en esa materia, como en muchas otras, han fracasado estrepitosamente, básicamente porque se fundan en la represión moral antes que en la promoción de la racionalidad y el bien común. Esto es fundamental, ya que entre quienes sostienen la criminalización del aborto y quienes promueven su despenalización, está ese tercer actor en este debate, al que no se le permite adquirir opinión válida: las mujeres que recurren al aborto para poner fin a una concepción no deseada. No son arpías, ni brujas medioevales, ni monstruos, ni asesinas. Son hijas, hermanas, madres, esposas, mujeres pobres en muchos casos, que son parte de nuestra cotidianidad. Muchas veces han sido concebidas en

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circunstancias azarosas, en situaciones de extrema imprevisión, o en los márgenes de cualquier voluntad. El miedo a las alternativas de un futuro embarazo, cuando se comprueba la fertilización, es una realidad que afecta a muchas mujeres. Algunas logran superarlo y otras se ven enfrentadas al sufrimiento de soportar una situación indeseada. Ese sufrimiento deviene de muchas variables, propias de la realidad que enfrenta cada mujer (afectivas, económicas, sociales, familiares, etc.), muchas de las cuales tienen un impacto psicológico devastador. El sufrimiento es un fenómeno humano que escapa a las lógicas, al sentido común, a la ley, a los consensos, a las buenas intenciones, a los valores, a las concepciones filosóficas, y a todo argumento. Para algunos, el sufrimiento tiene alcances redentivos; para otros es una desgracia insostenible. Ambas reacciones frente al sufrimiento están en los ámbitos de los valores y creencias de cada cual. Pero, más allá de las opciones de cada cual en el ámbito de las alternativas de conciencia para enfrentar el sufrimiento, existe la ciencia médica y los sistemas de salud. Radicar el sufrimiento de una concepción indeseada, en la ciencia médica y en los sistemas de salud de una nación, es lo más civilizado, decente y pertinente que puede ocurrir. Radicar la decisión de una mujer, en torno a una fertilización que no desea, en la criminalización y en la cárcel, es un acto de brutalidad, ceguera y autoritarismo,

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que solo las pretensiones valóricas hegemonistas buscan siempre imponer. Y en lo que se refiere a los derechos de conciencia, cuestión fundamental para Iniciativa Laicista, los valores pueden ser compartidos pero nunca impuestos. Segunda consideración. La práctica sexual y la concepción no deseada. Una de las cuestiones que tiende a ser soslayada, cuando se abre debate sobre el aborto, y que se pierde en la lógica de quienes quieren imponer valores obligados a quienes piensan distinto, es que los seres humanos somos seres sexuados, y que el coito no solo tiene propósitos reproductivos, sino que es una actividad relacionada directamente con la búsqueda del placer, con la perspectiva motivacional de la felicidad, inherente a cada persona, a cada individuo humano. De hecho, en los países occidentales, de cada 10 personas que tienen cópulas sexuales más de 9 están motivadas exclusivamente con intenciones de placer. Mucho menos de 1 de cada 10, lo hacen con fines reproductivos. Dependiendo de la diversidad posible que deviene de factores culturales, valóricos, sociales, etc. una persona sexualmente activa practica coito con fines reproductivos en no más de un 1 % de oportunidades en su vida.

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La vida sexual de las personas de nuestra sociedad, más allá de las influencias religiosas o de las campañas contra el SIDA que aconsejan abstinencia, tienen una práctica sexual orientada a la búsqueda del placer. Parte importante de esa actividad sexual no ocurre dentro de parejas ligadas por lazos afectivos o emocionales, y un porcentaje importante tiene una connotación casuística, entre personas que no están considerando establecer lazos perdurables. Para algunos, lo que ocurre hoy en la práctica sexual de un alto porcentaje de personas podrá tener caracteres promiscuos. Hay planteamientos en cuanto a que el placer puede ser una obscenidad o un objetivo perverso, e incluso incompatible con la aspiración supra-terrenal. Hay teólogos que consideran el dolor y el sufrimiento como un medio para alcanzar el goce celestial. Sin embargo, esas percepciones son categoría valóricas o vinculadas a la fe particular de cada cual, que tienen un alcance para quienes sustentan determinados valores o creencias. Frente a ello, lo civilizado es que ninguna ley puede sancionar las conductas sexuales ejercidas voluntariamente, por personas calificadas con el debido discernimiento y con derechos legales para actuar libremente según su conciencia. Hay personas que por prejuicios sociales consideran que los más pobres son más promiscuos sexualmente, pero ello tiene una connotación efectivamente clasista, ya que el coito desafectado, es decir, el que busca solo el placer individual, no aquel que tiene un entorno afectivo, es tan

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habitual entre los más pudientes como entre los más desposeídos. Lo señalo porque los pertinaces criminalizadores del aborto, que están generalmente en los estratos sociales más pudientes, consideran que la práctica de la interrupción de la concepción entre los más pobres está relacionada con la promiscuidad en sus conductas sexuales. Las conductas sexuales de las personas son un espacio privativo y exclusivo de su libertad, dentro del contexto de su capacidad de discernimiento y del atributo de la mayoría de edad, espacio donde también se constata el acierto y la falibilidad consustancial de lo humano. El viejo adagio del errar es humano, no está ausente en modo alguno de esta actividad humana que tiene todas las vicisitudes y eventualidades del transcurrir cotidiano, más aún cuando no se tienen los medios o cuando la imprevisión y la falta de experiencia terminan por pasar la cuenta. Entonces, si como consecuencia de una práctica sexual con propósitos placenteros, en el ámbito del legítimo derecho a la felicidad – permanente u ocasional -, se produce una concepción no deseada, es derecho de la mujer, depositaria del proceso de fertilización, decidir su continuidad. Desde el punto de vista de una lógica humanista, si la ley no contempla una eventualidad humana de este tipo, no es una ley justa, sino que es una ley arbitraria, anclada en cuestiones que escapan al objetivo humano de la justicia. Aún más, el no haber un espacio

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dentro de la ley para tal eventualidad humana, constituye una violación a los derechos individuales. Más injusta y arbitraria., aún, lo es cuando se ha producido una acción que deviene de la otra orilla de la práctica sexual, la que no tiene la convergencia voluntaria de la búsqueda del placer. Esto es cuando la práctica sexual constituye un medio de agresión, trayendo como consecuencia una concepción absolutamente no deseable por parte de la víctima. Según la Corporación Humanas, en Chile, un 7% de las mujeres mayores de 18 años, sufre agresiones sexuales. En este caso, la obligación de sostener una concepción no deseada constituye una acción brutal del sistema legal, que viene a ser solidaria no con la víctima sino con el agresor. ¿No es decente, civilizado y humano, que una mujer resuelva según su conciencia que es lo más adecuado respecto de la continuidad o interrupción de una consecuencia de un acto abominable? Podrá haber muchas personas muy bien inspiradas para ofrecerle diversas soluciones a las mujeres que producto de un acto de agresión sexual son fertilizadas, con el objeto de mantener su concepción, pero nunca dejará de haber una víctima que considerará que no tiene por qué sostener un embarazo que deviene de la inseminación de su agresor. Y basta que una mujer, dentro de un millón de mujeres, enfrente esa situación y tenga la decisión de terminar una concepción no deseada, para que una ley civilizada considere su derecho al aborto. Pero la realidad

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muestra que, dentro de cada millón de mujeres, en nuestro país la concepción a causa de violaciones es una realidad de indeseable frecuencia. Eliminar la ley que criminaliza el aborto es entonces una cuestión de sensibilidad social, de solidaridad humana, de comprensión frente a la falibilidad, de madurez ética, que merece ser incorporada y priorizada en el debate legislativo de nuestro país.

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A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2012. Publicado en el portal web de Radio Portales el 08 de marzo de 2012

El pasado jueves 8 de marzo, un grupo de organizaciones femeninas laicas se reunieron para realizar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que servía también de marco para dar inicio a sus actividades anuales. En el desarrollo del solemne acto, pude expresar algunas ideas, para reconocer que, lejos de glamour que el comercio le ha dado a este día, se trata de una jornada de lucha por los derechos de la mujer. Ello motiva a hacer una revisión de la historia de los avances de las conquistas en los derechos de la mujer en nuestro país. Hace 168 años, el padre del laicismo chileno, Francisco Bilbao, en su “Sociabilidad Chilena”, denunciaba el peso de las herencias de la Colonia Española, señalando la condición de esclavitud de la mujer frente al marido, y afirmaba que la desigualdad

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matrimonial era uno de los puntos más atrasados en la elaboración que habían sufrido las costumbres y las leyes. Veinticinco años después de Bilbao, Martina Barros de Orrego publicaba la traducción de la obra de Stuart Mill “La Esclavitud de la Mujer” (1869). Sobrina del liberal intelectual Diego Barros Arana, irrumpió con su ímpetu mesocrático para proponer la igualdad de la mujer frente a los derechos de los hombres, estableciendo uno de los primeros hitos en las luchas emancipatorias de la mujer en Chile. Ocho años después, en 1877, Isabel Le Brun lograría a contrapelo conquistar el derecho de acceder a estudios universitarios, luego de una ardua pugna contra un sistema que no concebía el interés de una mujer, destinada a manejar la casa y cumplir roles solo en la familia, para lograr una formación profesional. Era temerario, considerando que las mujeres aún no tenían derecho a decidir sobre sus bienes, y cuando aún las jerarquías religiosas no consideraban a la mujer con derechos propios, negándoles incluso la calidad para poseer la comprensión teológica del alma. Apenas 10 años después, la obrera Micaela Cáceres, buscaba demostrar que las mujeres trabajadoras también tenían derechos laborales, cuando los obreros recién comenzaban a inscribir sus demandas en el mundo laboral. Luego, aparecen los nombres de las obreras Clotilde Abaceta y Eloísa Zurita, planteando el derecho al divorcio y a la igualdad legal de todos los hijos, independientemente

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de la condición en que se produjera su gestación y nacimiento. Eloísa sería una destacad protagonista chilena del Congreso Mundial de Librepensadoras. Muchas mujeres librepensadoras de extracción humilde, siguieron su ejemplo, promoviendo la emancipación de la mujer y su derecho a la educación, en medio de las organizaciones obreras. A partir de 1905, un grupo de mujeres de clase media, publican el periódico “La Alborada”, que bajo la dirección de Carmela Jeria, se transformará en el primer medio impreso de carácter feminista en Chile. Hacia 1913 aparecen en la zona salitrera los Centros Belén de Zárraga, que agruparán a mujeres librepensadoras, que promueven la superación de la opresión de la mujer, por parte del sistema capitalista, con apoyo del Partido Obrero Socialista. Por esos mismos días, mujeres de clase alta forman el Círculo de Lectura, y luego dan vida al Club de Señoras, como una forma de igualar los avances en las reivindicaciones femeninas de las mujeres de clase media, sector en que ya había varias profesionales. Ese impulso promovido bajo la inspiración de una visión librepensadora e ilustrada, será determinante para la aparición de la figura de Amanda Pinto Sepúlveda, que entrará en la historia de Chile con el nombre de Amanda Labarca. Su reivindicación de los derechos de la mujer, a partir de 1919, la llevarán a fundar junto a Celinda Reyes el Consejo Nacional de Mujeres, inicio de un esfuerzo muy

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importante por la instauración de los derechos de femeninos en la legislación chilena. Por esos años ya se instala la demanda por el derecho a voto. Eso permite la confluencia de distintos grupos, que forman el Partido Cívico Femenino. En 1935, se constituye el MEMCH (Movimiento de la Emancipación de la Mujer), que desarrollará un conjunto de reivindicaciones políticas, vinculadas con el movimiento social de la época, emprendiendo campañas contra la pobreza, las alzas de precios, la exigencia de métodos anticonceptivos y el derecho al aborto para las mujeres en condición de desamparo. A fines de los años 1940, se establece el voto universal, que incorpora a las mujeres a las decisiones electorales, de manera muy reducida aún, pero con un creciente protagonismo. Parte importante de las mujeres chilenas no pudieron sufragar por no saber leer ni escribir. Poco a poco comienzan a aparecer las primeras mujeres en cargo de representación, que durante las décadas siguientes seguirán siendo un porcentaje aún muy pequeño. Los años 1960, serán años de protagonismo ascendente, a través de diversas organizaciones de mujeres, muchas promovidas a través de políticas paternalistas. Cuando se entronizó la dictadura, en 1973, las mujeres comenzaron a ser protagonistas importantes en las luchas por los derechos humanos y las demandas femeninas. A partir de ese momento, se manera ascendente, el 8 de marzo – Día Internacional de la Mujer -, se transforma en

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una de las jornadas más importantes del año en las movilizaciones sociales. En 1995, una delegación de mujeres chilena participa en la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing, y mayoritariamente adhieren a una hoja de ruta para abordar las problemáticas y los derechos de la mujer. Hace 6 años, Chile elegía su primera Presidenta de la República. Sin embargo, aún hay poca participación de mujeres en cargos públicos y de representación. Y no solo es eso. Aún las mujeres, en cargos laborales similares, ganan menos que los hombres. Aún hay una propensión a minusvalorar el rol de las mujeres en el mundo del trabajo. Es un tema cultural complejo, que arrastra costumbres y comprensiones de naturaleza conservadora. Esperamos que Chile siga avanzando hacia nuevos y grandes logros en los derechos femeninos.

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NUEVO DEBATE SOBRE EL ABORTO Publicado en el portal web de Radio Portales el 25 de marzo de 2012

De tanto en tanto, la agenda mediática se abre en Chile a un soslayado debate sobre el aborto, no porque no haya interés social en abordar el tema de una vez por todas, sino porque siguen habiendo sectores que se encargan de diluir el debate, en los partidos políticos y en los medios de prensa más gravitantes, dominados por sectores conservadores con claro determinismo confesional. Cuando el tema se pone en tabla en el parlamento, de manera también soslayada, con el burdo apellido de “terapéutico”, no faltan los lobbies subordinados a esas visiones conservadoras, que actúan para neutralizar el debate democrático. Los demonios que son despertados por furibundas posiciones, paralogizan a gran parte de nuestra clase política, donde dejan de representar a sus electores (a quienes nunca le consultan sobre esos tópicos), para convertirse en subordinados de las presiones fácticas,

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desoyendo su responsabilidad de actores de un Estado que se supone laico, equidistante de todo determinismo religioso. Las organizaciones femeninas en Chile, por años han tratado de que el aborto sea despenalizado en el país. Hay cifras que estiman más de 100.000 abortos ilegales al año, con periodos en que pueden llegar sobre los 150.000, en su gran mayoría producidos en hogares pobres, lo cual indica claramente que su recurrencia está relacionada con problemas socio-económicos, como una expresión más de la inequidad característica de nuestro país. En Chile, no hay estudios profundos en torno a la práctica del aborto, ya que las investigaciones requieren un financiamiento que no es fácil de conseguir para algo que se relacione con esa materia, y no hay voluntad de parte de aquellas instituciones que podrían abordarlo técnicamente, debido al poco interés que presentan las organizaciones gubernamentales que requieren la información. Ello ocurrió en los gobiernos de la Concertación y también bajo el actual gobierno. Las fuentes y los datos concretos son esporádicas. Una referencia es la investigación realizada hace ¡18 años! por la organización internacional Alan Guttmacher Institute, dedicada a promover investigaciones y análisis de políticas de salud reproductiva y los derechos reproductivos, la que constató que sobre una cifra de 451.800 embarazos producidos en el país en el periodo estudiado, un 35% terminó en aborto inducido. La

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investigación comprobaría que, en ese momento, Chile era el país que poseía una de las tasas de interrupción de embarazo más altas de América Latina. De modo oficial, sin embargo, se reconoce una cifra de alrededor de 40.000 aborto anuales, sobre la base de la información que se desprende de los casos que son registrados por detenciones policiales, por morbilidad tras un aborto clandestino, o por los registros de mujeres que acuden a los servicios de salud, producto de una complicación, luego de practicarse el aborto en condiciones precarias. De este modo, las cifras indicadas no solo reflejan un grave problema de salud pública, ya que son realizados fuera del sistema de salud, muchas veces por personas no calificadas y en lugares clandestinos, sino también expresan que hay una dimensión económica importante, ya que el sistema de salud pública debe desembolsar más de US$ 15 millones anuales, para tratar mujeres con complicaciones de abortos mal realizados. La tasa de mortalidad bordearía el 10%. ¿Quiénes son las personas que recurren al aborto y cuáles son sus motivos? En su gran mayoría son mujeres pobres, debido a embarazos no deseados por causas emocionales o económicas, o por consecuencias derivadas de violación o relaciones incestuosas forzadas o aceptadas. Las cifras revelan que en su mayoría se trata de mujeres jóvenes, con baja escolaridad, que han tenido hijos con anterioridad.

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El Código Penal chileno, establece la penalización del aborto en la categoría “crímenes y delitos contra el orden familiar y la moralidad”, sancionando con penas entre 3 y 5 años, a quienes se realizan el aborto, y de 541 días a 3 años, a quienes lo ejecutan o proveen. Es una de las legislaciones más duras del mundo, siendo Chile miembro de un oscuro club de países (El Salvador, El Vaticano, Nicaragua y Malta), que no tienen contemplada ninguna posibilidad de práctica de aborto en su legislación. Organizaciones femeninas han denunciado que, frente a las consecuencias de esa legislación, un importante porcentaje de mujeres no recibe defensa legal alguna (aproximadamente un 60%), cuando son imputadas por prácticas abortivas, y un porcentaje mayor sufre tratos ofensivos de parte de quienes les atienden, cuando concurren a la Corporación de Asistencia Judicial o a la Defensoría Pública, ambas instituciones financiadas por el Estado. De esta manera, el Estado chileno está permitiendo acciones de discriminación, violando derechos civiles desde el punto de vista de los Derechos Humanos. Esto, a pesar de que Chile suscribió en 1989, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuya sigla en inglés es CEDAW. El Estado Chileno, como todos los demás países suscriptores, debe informar al menos cada 4 años ante el CEDAW sobre la situación de los derechos de la mujer. Esos informes gubernamentales han sido cuestionados por las organizaciones que promueven los derechos femeninos

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las que han generado informes alternativos, para denunciar los factores que influyen en el no reconocimiento de los derechos de la mujer. Hoy se abre una nueva posibilidad de debatir en torno a un rebuscado concepto de aborto terapéutico, cuando en realidad lo que corresponde es despenalizar la práctica abortiva, por tratarse de un articulado decimonónico, agravado por una finalidad esencialmente sexista. El articulado del Código Penal tiene indudablemente un destinatario de género y con un segmento socio-económico específico violentando el principio de igualdad ante la ley. Sin duda, lo que corresponde hoy, en el siglo 21, es adecuar las leyes a las realidades que impone el avance de las convenciones internacionales, y de los principios que fundan las seguridades humanas. En ese contexto, hoy se reconocen los derechos sexuales y reproductivos, y los derechos de las mujeres, en todos los planos de las actividades humanas. La Conferencia Mundial sobre la Mujer, efectuada en 1995, ratificó la directa relación entre los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos. En ese contexto, penalizar a una mujer por el ejercicio del aborto es una grave violación de esos derechos, como lo es utilizar las atenciones médicas en los servicios de salud como medios de prueba para encausar y penalizar a una mujer pobre por una práctica abortiva. Si lo que se trata es proteger la vida y al que está por nacer, en lo que todos los seres humanos estamos de

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acuerdo, ello no puede darse sobre la base de un castigo decimonónico contra las mujeres pobres, sino sobre la base de una buena educación sexual, de la promoción de políticas de salud adecuadas a nuestros tiempos, y de un efectivo estímulo de la maternidad. En Chile, hay un sector que se negó a la educación sexual en los colegios (JOCAS), se negó a campañas de difusión de los preservativos, se negó a políticas públicas sustentadas en la píldora del día después (a pesar de que los pudientes las compran libremente en las farmacias), y que también se niega recalcitrantemente a cualquier modificación al estatus legal que penaliza el aborto. En su tiempo se negó a la distribución de la píldora anticonceptiva y a cualquier método de control de la natalidad. En su comprensión valórica siguen pensando que la mujer es una simple referencia corporal, destinada a cumplir determinados roles reproductivos. Así lo expresaba hace unos días una senadora de la República de pensamiento conservador. No podemos, como país, seguir aceptando su estridencia y su ejercicio fáctico del poder, que siempre termina conculcando los derechos de la mujer y la igualdad ante la ley. Como país integrante de la exclusiva OCDE, tampoco podemos seguir perteneciendo a ese oscuro club de países que mencionamos, donde impera el apartheid de la sexualidad. La persistencia de la legislación que penaliza brutalmente a las mujeres pobres de nuestro país, es un baldón contra todo propósito de desarrollo y de

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reconocimiento avanzadas.

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las

naciones

éticamente

más

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SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN PREVENTIVA. Publicado en el portal web de Radio Portales el 25 de marzo de 2012

Hace algunas semanas, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich dio a conocer los resultados relacionados con el registro de personas contagiadas con SIDA, dando cuenta del éxito de la política de gobierno tendiente a promover la realización de exámenes de las personas, para verificar si son o no portadores del virus. Desde luego, ello permitió identificar un aumento del número de personas contagiadas con SIDA, pudiendo tener una información más acabada sobre los casos que el sistema de salud debe tratar. En ese contexto, debemos reconocer que la campaña creó una voluntad de realizarse el examen en determinados segmentos de la población, lo que permite cuantificar de mejor manera cual debe ser el alcance de las políticas de salud. Sin embargo, lo desarrollado hasta este momento por la actual política de salud, presenta una preocupante

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carencia, que se expresa a partir de la discontinuidad de las políticas públicas que venían dándose, fundadas en el incentivo de la prevención a través del uso del condón, único método eficazmente comprobado por la Organización Mundial de la Salud, además de la abstinencia sexual o la sexualidad con pareja única. Esa política de prevención, por medio del uso del condón, sabemos que tuvo dificultades importantes, por la oposición de sectores políticos con claro determinismo confesional, que coartaron o frustraron muchos de los esfuerzos públicos que estaban en la línea de lo que se estaba haciendo y se sigue haciendo bajo recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que no solo fue una acción coercitiva en el ámbito de la oposición a los gobiernos que la impulsaron, sino también, y de manera intensa, de parte de personeros y grupos de interés religioso de la propia coalición que gobernaba. Me refiero a políticos que representaban políticas de sesgo eminentemente confesional, es decir, fundadas en una visión exclusiva y excluyente, incoherentes con una comprensión amplia del bien común. Es decir, se obstaculizó entonces y se sigue obstaculizando, de modo incongruente para una realidad societaria que propende hacia una sexualidad más abierta y en un medio cultural que incentiva hacia una mayor libertad sexual (lo podemos ver en el cine, la televisión, los megaeventos de la música, etc.), además por la propia

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evolución de las libertades fundadas en el individualismo exacerbado que ha promovido el neoliberalismo. Aún, con todas las dificultades que se presentaron, algo se hizo y si esas políticas tuvieron solo éxitos relativos, lo cierto es que hay vidas humanas que fueron salvadas y jóvenes que no se contagiaron, producto de las campañas que promovieron el uso del preservativo, y que llegaron a personas que tienen una sexualidad más ligada a eventualidades que constancias. La política actual de salud, frente al tema de la sexualidad y la prevención del contagio del SIDA, parece que ha pasado a ser dominada ampliamente por las visiones que consideran que no es necesario prevenir, sino contabilizar para ver cuál será el costo futuro del tratamiento de enfermos o el impacto que el contagio tendrá en los planes y programas de la salud pública y privada. Es un dato que interesa especialmente al negocio de la salud, representado por las Isapres. De este modo, el objetivo de la política pública se orienta a contabilizar no a prevenir. Es una clara señal que rompe con una tradición de las políticas de salud, destinadas a la prevención en todos los ámbitos de la gestión pública de salud, y un retroceso no solo en relación a lo que se estaba haciendo hace unos pocos años, sino con lo que históricamente se hizo en las políticas de salud de nuestro país, con excepción del duro lapso de la dictadura, dominado por visiones absolutamente confesionalistas.

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Nuestro país, desde los años 1940 hasta el quiebre de la democracia, tuvo un sistema de salud donde lo que importaba era el bien común, recurriendo a todas las posibilidades de la ciencia, dejando la decisión de conciencia a cada una de las personas en el pleno ejercicio de su libertad. Con muchos menos recursos que ahora, logró tener un sistema de salud pública orientado a la salubridad y no a las definiciones ideológicas de los gobiernos de turno. Ello permitió enfrentar y vencer graves flagelos: recordemos por ejemplo, el combate a la tuberculosis, a las enfermedades venéreas, la malaria en Arica, la poliomielitis, etc. Sin embargo, hoy parece ser que los contextos ideológicos y el unilateralismo de conciencia son determinantes en la formulación de políticas públicas de salud. Las libertades promovidas en otros planos de la sociedad civil, política y mercantil, no son aplicables cuando se trata de áreas donde los derechos son mediatizados por las creencias religiosas de las personas que toman decisiones en las políticas públicas, o que son sensibles a las presiones religiosas de cierto tipo. Producto de ello, hay un predominio de una idea de origen religioso que considera a los eventuales contagiados a futuro por el virus del SIDA, como castigados por su liberalidad. Esto lo he percibido fuertemente en determinados grupos de poder, que manejan decisiones que tienen un impacto importante en la salud de las personas, y por un grupo no despreciable de parlamentarios que hacen

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inmediata vocería de tales posiciones cuando se abre debate sobre estos temas. Más allá de estos intereses de conciencia, la experiencia mundial indica claramente que, si no se desarrollan políticas concretas de prevención, más allá de la idealidad de la recomendación de no tener relaciones sexuales o tener sexo solo con una sola pareja, el crecimiento de los contagiados por el SIDA seguirá creciendo, porque las conductas de las personas son cada vez más exploratorias en el plano de las relaciones de parejas, porque la constitución de parejas únicas estables marcan índices decrecientes y porque la sexualidad culturalmente, de modo importante, es entendida como parte del espacio de práctica de la libertad individual y de los derechos personales. Ante esa realidad, la inexistencia de políticas públicas basadas en la experiencia científica, y sustentadas a cambio básicamente en visiones unilaterales sobre la sexualidad y la moral, constituye un dato altamente preocupante. Las organizaciones de minorías sexuales, han denunciado que evadir la realidad de las minorías gay y transexuales de las políticas de salud, es una manifestación discriminatoria en las políticas de salud, que viene a hacerse más patente hoy con la promulgación de la ley contra la discriminación. Las organizaciones femeninas también han planteado su fuerte crítica ante la carencia de políticas preventivas concretas. Desde el ámbito del

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pensamiento científico también hay profundas observaciones al desconocimiento de las evidencias que indican las campañas en la gran mayoría de los países, basadas en la toma de conciencia sobre el uso del preservativo. Sin embargo, pareciera que tales demandas y evidencias estuvieran chocando contra un muro de indiferencia con claras opciones ideológicas y sesgos de conciencia, y con la brutal opción del dato estadístico relacionado con los costos, dejando al país sin la activa presencia de políticas efectivamente preventivas. Desde luego, un tema que merecería acciones judiciales dado el riesgo implícito contra la vida, dado que la clase política no parece tener sensibilidad frente a la gravedad del problema.

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UNA VOLUNTAD NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION Publicado en el portal web de Radio Portales el 09 de abril de 2012

La sociedad chilena se conmovió con el brutal crimen contra un joven chileno, quien murió como consecuencia de una noche de violencia inusitada sobre su integridad, siendo flagelado sin misericordia, hasta dejarlo irremediablemente sometido a una penosa agonía. La causa precipitante de tal brutalidad, como todo lo indica, fue su opción sexual, un asunto esencialmente personal y una legítima decisión de conciencia. Los detalles surgieron a través de la prensa, por declaraciones de sus propios autores, dejando en evidencia la causa de tanto ensañamiento. Desde luego, alguien puede indicar que no es habitual lo ocurrido, y que solo se trata de un hecho policial de brutales características, o que aún no está debidamente acreditada la causa del crimen desde el punto de vista judicial. Sin embargo, desde hace rato que vienen

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conociéndose ataques violentos contra personas por su opción sexual, de parte de grupos que no han sido enfrentados de un modo eficaz por parte de las instituciones encargadas de proteger los derechos de las personas y su integridad física. Sin embargo, la sociedad chilena se ha dado, a partir del ataque a Claudio Zamudio, el tiempo y la oportunidad para abrir un debate sobre la discriminación como práctica enraizada en nuestra cultura y en la cotidianidad del país. Eso es de alta relevancia para determinar cómo podemos hacer un país distinto, que evoluciona hacia una mejor forma de convivencia. La ONU, a propósito de lo ocurrido, permitió recordarnos que "Chile (…), se ha comprometido a proteger y garantizar los derechos humanos de todos los individuos a través de instrumentos internacionales. Entre ellos se encuentran algunos que tratan específicamente sobre los derechos de las personas por su orientación sexual e identidad de género… para poner alto a los actos de violencia dirigidos contra estas personas” Entonces, lo que viene a ser puesto en nuestra agenda, de modo demandante, es que se establezca una ley que sancione la discriminación de manera ejemplar, sobre todo cuando ella se manifiesta de manera violenta contra las minorías y contra las personas de manera individual, en razón de sus opciones asumidas en el ejercicio de su libertad y derechos de conciencia.

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Nuestra sociedad está marcada por la discriminación, y ello se ha acentuado en las últimas décadas. Se discrimina a los pobres, a los homosexuales, a los indígenas, a los trabajadores emigrantes, a las personas que presentan condiciones de desmedro físico o intelectual, a las personas que se caracterizan por condiciones físicas distintas o distintivas, a las personas que sufren adicciones. Se discrimina por el lugar donde se estudia, por el barrio o comuna donde se vive, por el origen familiar, por los ingresos económicos, por el tipo de trabajo. También se discrimina por opciones políticas. En fin. Somos un país en el cual la discriminación como actitud y conducta está muy enraizada, a ello han contribuido de manera determinante las clases altas, y la evolución socio-económica de las últimas décadas ha acentuado su profundización, en la medida que las referencias cívicas se fueron deteriorando y se acentuaron el individualismo y el exitismo monetarista. Al constatarlo, y ver los efectos que ello estaba produciendo en nuestra sociedad, el gobierno del Presidente Ricardo Lagos creyó necesario abordar el problema desde la iniciativa legal. De este modo, el año 2005 fue presentado ante el parlamento un Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación. En su artículo 3 señalaba: “Para los efectos de esta ley, se entenderá por acto o conducta de discriminación arbitraria toda forma injustificada de distinción, exclusión, estricción o preferencia(…), en particular cuando aquellas

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se encuentren fundadas en motivos de raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, lugar de residencia, idioma, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad”. Sectores conservadores, representantes de la Iglesia Católica y un grupo de Iglesias Evangélicas, cuestionaron el proyecto, especialmente por la tipificación de “orientación sexual”, y llevaron sus objeciones a la Corte Suprema, objetando su legitimidad legal. La Corte Suprema de entonces no consideró ilegal el proyecto, aunque realizó observaciones indicando que, para sancionar conductas discriminatorias bastaba con la garantía constitucional ya existente de “igualdad ante la Ley”, y que la existencia constitucional del Recurso de Protección no haría conveniente la creación de un recurso especial contra la discriminación, según lo consideraba el artículo N° 4 del proyecto de ley. En su génesis, el proyecto contenía disposiciones importantes, como es la tipificación de las conductas discriminatorias, el Recurso Especial ante la Corte de Apelaciones (que es más específico que el Recurso de Protección en lo relativo a acciones discriminatorias, ya que este no protege todos los derechos esenciales), y la modificación del art. 2 de la Ley 18.962, que obliga a incorporar en los currículos de estudio de las Escuelas de

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Derecho, la protección de la igualdad ante la ley y el fomento de la no discriminación arbitraria. En el mismo contexto, era muy importante el art. 9 del proyecto, que establecía en el Código Penal condiciones agravantes en cualquier delito que fuera cometido por motivos de discriminación. El 8 de noviembre de 2011, el Senado aprobó en segundo trámite, el proyecto con modificaciones que no han sido satisfactorias para quienes demandan trato igualitario, y que tienen que ver con no considerar discriminación arbitraria aquellas distinciones, exclusiones o restricciones que emanen del ejercicio de otros derechos fundamentales, como las libertades de expresión, culto, trabajo, etc. Estas distinciones, exclusiones o restricciones impedirían que prevalezca el trato igualitario. Otro aspecto es que en su articulado deja la presunción de eventuales conductas en grupos que tienen una identidad u orientación sexual específica, las cuales, por cierto no son exclusivas de las minorías a las cuales va dirigida esa prevención. Luego del crimen perpetrado contra Claudio Zamudio, el actual gobierno de la República ha expresado su decisión de avanzar rápidamente en la dirección de que esa ley sea aprobada lo más pronto posible. Sin duda es una decisión que, de sostenerse, le da la oportunidad para dejar un buen y significativo legado histórico, para lo cual será necesario mantener la fortaleza de la decisión señalada, a pesar de determinadas presiones fácticas y de ciertas convicciones enraizadas en muchos de los miembros de su

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propia coalición, fundadas en prejuicios crónicos de tipo religioso o cultural. Ingresado a su tercer trámite el proyecto a la Cámara de Diputados, a inicios de esta semana, esperamos que la disposición política de quienes están por poner a Chile en línea con los acuerdos y convenciones internacionales contra la discriminación, prevalezca y tengamos pronto una legislación que refuerce los propósitos de igualdad y el reconocimiento de la diversidad en todas sus manifestaciones. Pero también, esperamos que la nueva legislación no solo prevea aspectos legales y de penalización, sino también que ella favorezca políticas públicas específicas que promuevan el trato igualitario y la inclusión, entre las cuales debe estar la incorporación en los planes de estudio de la educación escolar de asignaturas que fomenten el respeto y el reconocimiento a la diversidad y la eliminación de conductas discriminatorias. Ello es lo que permitiría reconocer una verdadera voluntad nacional contra la discriminación, y no solo optar por el camino de la penalización de las conductas. De este modo, la lucha contra la discriminación queda en la expresión de una nueva forma de convivencia, y no solo como asuntos contenciosos en manos de los jueces.

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¿QUE ES LA “SOCIEDAD DOCENTE”? Publicado en el portal web de Radio Portales el 02 de julio de 2012

Hasta hace algunas décadas, antes de que la educación fuera un producto más del mercado, la educación era un objetivo nacional. Hombres de mentalidad progresista, con una visión nacional bastante preclara, con una concepción específica sobre la educación como herramienta de conocimiento y esclarecimiento, debieron vencer los enormes impedimentos de la rémora colonial, que engordaba con los resabios prepotentes del opulento conservadurismo de su tiempo, dispuesta a oponerse a que las clases bajas accedieran a las virtudes que daba la educación y el saber. Hay memorables antecedentes de parlamentarios conservadores de la segunda parte del siglo XIX y de la primera parte del siglo XX, exponiendo los planteamientos más rotundos sobre los riesgos que implicaban que los hijos de los jornaleros y los inquilinos fueran abstraídos de su “condición natural” por la subversión educativa. Muchos de esos personeros consideraban que la educación

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que aquellos necesitaban, bastaba con la que les entregaban los sacerdotes en sus parroquias o capillas, en torno a lo necesario para ser buenos siervos de la fe. Hay también memorables planteamientos de personeros religiosos que rasgaron vestiduras ante la “pretensión laicista” de desarraigar a los pobres del camino que les había asignado Dios en la creación, imponiéndoles una peligrosa educación primaria obligatoria. Todos ellos ponían pie firme en la ley, en la más imperturbable y solemne ley, para fundar sus declamaciones, y condenaban la ampliación al acceso a la enseñanza por sus alcances claramente subversivos. No faltaron los conjuros impetrando la acción divina para alejar la demoniaca ralea que venía a traer tanta desgracia a una sociedad tan claramente determinada por los roles establecidos por la creación. Pero, aquellos subversivos y contrarios a los determinismos, lograron concebir un concepto que tendría un enorme impacto en el desarrollo de Chile: el Estado Docente. Un proyecto con perspectiva de futuro, construido en la tolerancia y en el conocimiento humano. Cuando habían muy pocos recursos, cuando había tantísimo por hacer, cuando había que luchar con opositores formidables (la clase poseedora y los clérigos), fueron capaces de concebir un concepto de enorme trascendencia para el acceso de Chile a la modernidad, a la libertad de conciencia, al librepensamiento, a la democracia, a la movilidad social, a un estadio de

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desarrollo cultural y educacional que llegó a ser un referente en América Latina, por muchas décadas, aún con sus enormes carencias. Ese concepto fue el “Estado Docente”. Cierto que tuvo limitaciones, que tuvo incapacidades, que provocó insatisfacciones. Pero nadie podía llamarse a equívocos respecto de su carácter y objetivos. Se trataba simplemente de que, el Estado, asumiera la obligación de educar a los chilenos, sin otro objetivo e interés que los logros académicos y los objetivos nacionales planteados en bien exclusivo del país y de su pueblo. Con esa decisión y voluntad se beneficiaban los educandos, con la adquisición del conocimiento y su crecimiento personal; se beneficiaban las familias, porque aseguraban los logros de su progreso o adquirían la posibilidad cierta de la movilidad social; se beneficiaba el país, al lograr chilenos mejor preparados para los desafíos del desarrollo y la planificación nacional; se construía una cultura, una sociabilidad y una idea nacional. Su naturaleza estuvo centrada en su carácter público, gratuito y laico. Desde luego, no fue excluyente, ya que posibilitó una educación particular como colaboradora, para aquellos que preferían mantener sus identidades específicas o para que los más ricos tuvieran donde educar a sus hijos, cuando fracasaban en la educación pública. Todo ese esfuerzo se sostuvo académicamente en la formación de educadores, a través de las Escuelas Normales, que formaron miles de profesores, y que debe

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reconocérseles la condición de “alma mater” de la educación chilena, y que solo desaparecieron cuando el dogmatismo y las exclusiones vinieron a imponerse, para provocar cambios ideológicos y partidistas, en la medida que lograron hacerse políticamente del Ministerio de Educación, el gran bocado para imponer su particular modelo de sociedad. Ese enorme proyecto educacional, definitivamente, no ha podido ser hasta ahora emulado ni sustituido en su alcance, magnitud, y coherencia, por ninguna de las reformas y cambios propiciados por las políticas que se impulsaron desde los años 1960 en adelante. Y todo lo obrado parece que estuvo orientado a demolerlo. Lo que seguiría después, cuando el Estado Docente fue abolido, sería la desaparición de todo concepto específico de proyecto o plan nacional de educación. O simplemente el plan o proyecto fue que no hubiese plan o proyecto. Y quienes esperaban fagocitarse de las posibilidades que daba un mercado abierto, donde había miles y hasta millones de consumidores, clientes o potenciales deudores, encontraron campo llano para su iniciativa y emprendimiento. Pero, no se trataba solo de negocio, pues, quienes socavaron y destruyeron el Estado Docente, lo hicieron también con claros propósitos políticos e ideológicos, y con definidos tintes de determinismo, que no podían ser concebidos e implementados en un sistema de educación pública, gratuita y laica.

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Lo que muestra la realidad posterior es el motivo actual de un gran repudio nacional, y que los estudiantes, desde el año pasado, han venido denunciando ante la conciencia ciudadana. Así, ha quedado en evidencia que la educación se transformó en un simple objetivo de lucro, en una industria que permite el emprendimiento en la magnitud de cada uno de sus inversores. Es un producto más que se transa en distintas calidades, según la capacidad de pago del consumidor, que, así como puede pagar la calidad de sus zapatos según su ingreso, de la misma manera, según el ingreso familiar, cada cual puede costear la educación que esté a su alcance. La denuncia del movimiento estudiantil, desnudando el perverso sistema que segrega según ingreso y origen social, dejó en evidencia el trasfondo esencialmente mercantil del modelo que ha imperado. Los estudiantes lo han desnudado en su esencia con ideas y claros contenidos críticos que han sido asumidos por la ciudadanía. Ante ello, quienes sostienen el modelo, se han dado cuenta que, lo que fue impuesto con el arbitrio dictatorial, y que es protegido por las redes fácticas y el binominal sistema electoral, ni siquiera tiene un contenido o relato, una formulación de ideas que lo justifique ante la conciencia nacional. Sobre todo cuando los conceptos que formulara la dictadura de Pinochet, al demoler la educación pública, ya no son argumentos decentes ni morales, más aun cuando muchos de sus vinculados exhiben el ímprobo

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resultado de su emprendimiento en el negocio de vender ese tan repudiado modelo de educación. Ante esa falencia se ha comenzado a esbozar un concepto de “sociedad docente”, que lejos de definir un proyecto de educación, pareciera que lo que trata es salvar ideológicamente un modelo aplicado sobre la base de la sobreposición de los intereses de quienes lucran con él, y de quienes fácticamente han obtenido o recuperado primacías, a costa de seguir generando y reproduciendo chilenos de distinta clases según su ingreso y origen social. Sin embargo, el pragmatismo de quienes defienden el modelo, al punto de señalar, como hace un siglo o más, que lo que corresponde es solo aplicar la ley, indica que el destino del concepto de “sociedad docente” está solo en la constatación de la simple consigna, y que es incapaz de proponer una idea cierta de nuevo tipo. Parece que, inevitablemente, llegó tarde al concurso de la discusión de las grandes ideas nacionales, porque la realidad de los intereses comprometidos es tan desnuda que no se da tiempo para lenguajear el futuro. Y para lenguajear, para construir ideas y conceptos, se requiere una perspectiva de futuro.

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FF.AA. LOS EFECTOS DE UNA POLEMICA. Publicado en el portal web de Radio Portales el 12 de septiembre de 2012

Cuando ya han transcurrido 22 años del fin del régimen dictatorial del general Pinochet, cuyo sustento estuvo en la politización y partidización de las Fuerzas Armadas, al punto de convertirlas en el sustento de su poder y subordinarlas a su proyecto político – como nunca antes había ocurrido -, adquiere importancia la reciente polémica producida por la contradicción entre normativas internas del Ejército y las leyes del país, dando cuenta que las Fuerzas Armadas aún tienen un trecho que recorrer, para superar las herencias doctrinarias que dejó la dictadura y el militarismo. Como es de público conocimiento, el jefe de la primera división, general Cristián Chateau, envió un instructivo para el proceso de selección de los jóvenes que deben realizar el servicio militar, que disponía la prescindencia de homosexuales, de personas de bajo nivel social y económico o con antecedentes delictivos, y de

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miembros del credo Testigos de Jehová, criterios discriminatorios que ninguna institución del Estado puede considerar, bajo el marco legal vigente. Más allá de la ley, es dable comentar, en la primera identificación discriminatoria, desde el punto de vista estrictamente militar, que no es privativo de los heterosexuales el patriotismo y las capacidades de defensa que el servicio militar pretende prever. Los homosexuales son chilenos y chilenas, con los mismos derechos y deberes que cualquier integrante de nuestra sociedad, y su opción o identidad sexual es un asunto personal, en el ejercicio de los derechos establecidos por la Constitución. Así mismo, la indicación sobre personas de bajo nivel social y económico, es francamente clasista y contraria a la conciencia nacional, expresada en uno de los más sostenidos esfuerzos de todos los gobiernos de los últimos 22 años, incluyendo al actual, para la incorporación de los más pobres a los logros de la sociedad y del país. Respecto de la tercera categoría, personas con antecedentes penales, las instituciones del Estado tienen la obligación de contribuir a la reinserción social. Ello debe ser un trabajo sostenido por las instituciones financiadas con el aporte tributario de todos los chilenos, y la conscripción es una buena oportunidad para mostrar ese compromiso, como históricamente lo ha sido. La misma idea de integración es la que debe de primar con todas las confesiones religiosas, aun cuando ellas puedan ser renuentes a cuestiones que son parte de las

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convenciones sociales. Si bien, por razones de su fe, los Testigos de Jehová presentan objeciones de conciencia respecto del servicio militar y a todo lo que sea distinto a su concepción de la divinidad, no corresponde que las instituciones del Estado establezcan criterios de exclusión. Eso es lo que está en la voluntad ciudadana en general, de allí que la reacción mediática y ciudadana frente a las instrucciones del general Chateau se convirtieron en uno de los golpes más duros a las concepciones militaristas y conservadoras, que han estado latentes en importantes sectores de los mandos de las Fuerzas Armadas chilenas, amparados en la concepción pinochetista de las Fuerzas Armadas que las considera como entidades de excepción, o dotadas de una moral que está sobre la que sustenta la convención social. Por ello, la reacción frente al instructivo del general Chateau produjo tal impacto público que el Comandante en Jefe del Ejército debió ofrecer públicas disculpas, en el acto más trascendente e impensado que ha protagonizado un jefe militar frente al poder político y la sociedad civil, desde el retorno a la democracia. No hay un precedente de este tipo, en el sentido indicado, donde la propensión de ciertos mandos militares a sentirse por sobre la sociedad ha escrito diversos episodios lamentables para la institucionalidad democrática y para la subordinación al poder político legítimamente constituido. Las disculpas que conocimos anteriormente, de altos mandos militares, siempre estuvieron en el duro

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interregno de las tensiones y ambigüedades de una institucionalidad cristalina, y donde los enunciados ocurrieron por conveniencias tácticas y lo políticamente correcto. Es un dato de la causa que la dictadura al construir su fortaleza política a partir de las Fuerzas Armadas, generó una de las más profundas mutaciones doctrinarias que ellas han experimentado en su historia. La doctrina militar, que ese proceso de politización impulsó, llevó a las FF.AA. ha considerarse una excepción dentro de las instituciones chilenas. De hecho su relato y su comprensión simbólica, ha aflorado muchas veces, incluso después de la transición, en contradicción con la Constitución y la ley. Las dificultades de la transición chilena a la democracia, de manera importante, estuvieron radicadas en la ideologización de las Fuerzas Armadas, lo que obligó a una excesiva prudencia política de los gobiernos de la Concertación, que trataron de mantener la debida equidistancia de todo aquello que fuera interpretado como una intervención en las lógicas institucionales de organismos “apolíticos”. Esa prudencia, en definitiva, se transformaría en una incapacidad para lograr cambios, promovidos por el poder político, para inducir a las Fuerzas Armadas hacia una comprensión efectiva de su rol en democracia y su adecuada complementación con la sociedad civil, en una etapa diametralmente distinta a la que estas debieron cumplir durante la dictadura.

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El tema de la subordinación de las Fuerzas Armadas fue asumido como una consecuencia de un marco constitucional y legal lleno de vacíos, que efectivamente tuvo sus evoluciones, pero que no expresó de manera efectiva una comprensión palpable de efectiva subordinación al poder político y civil. Una muestra de ello ocurrió la madrugada del 27/F. Cierto que hubo cambios importantes, desde aquella manifiesta expresión del pinochetismo de considerar a las Fuerzas Armadas como garantes del sistema político, hasta hoy, con una definición del rol de las FF.AA. efectivamente compatibles con una institucionalidad democrática, donde solo les corresponde ser los órganos profesionales de la defensa nacional. Sin embargo, en los procesos formativos y en la enunciación de la doctrina, hay demostraciones que aún se deben superar atavismos e inmovilismos. Todavía es posible advertir que los mandos siguen considerando que las FF.AA. son instituciones de excepción dentro de nuestra sociedad, y que están al margen de aquellos procesos que la sociedad va construyendo. En la última Parada del Día del Ejército, por ejemplo, la Armada vindicaba por los altavoces su devoción a la Virgen del Carmen, en circunstancias que el Estado chileno no tiene constitucionalmente religión oficial. Sin duda ello es una contradicción con la Ley contra la Discriminación, dado que nuestro país se caracteriza por su pluralismo religioso. Demás está señalar

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que es de público conocimiento que las unidades navales poseen altares consagrados a la Virgen del Carmen, a pesar de que para la Constitución los actos de fe son privativos de las personas. Lo ocurrido con las disculpas del general FuenteAlba es un hecho sin duda histórico. Es la primera disculpa de un alto oficial ante el país, que no ha sido negociada ni inducida por lo políticamente correcto. Es la primera excusa efectiva no solo ante el poder político, sino ante la conciencia moral del país. Esto, porque las FF.AA. no pueden arrogarse el rol de depositarias de los fundamentos morales de la Nación. La moral que determina los fundamentos de nuestro país, están donde deben estar: en la ciudadanía, ya que es el pueblo el que detenta toda soberanía, incluso de la moral y las costumbres. Las instituciones armadas se deben, entonces, a los consensos fundamentales que determinan la voluntad nacional.

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CONFLICTO INSTITUCIONAL POR DECLARACIONES IMPROPIAS Publicado en el portal web de Radio Portales, el 14 de octubre de 2012

A fines de agosto pasado, la Tercera Sala de la Corte Suprema dictó un fallo que paralizó la construcción de la Central Castilla, estableciendo que el proyecto debía presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, si quería seguir adelante, dado que el que anterior tomaba de manera separada los proyectos del puerto y de la central termoeléctrica. Ambos proyectos, para los jueces que dictaminaron, son una unidad. Se resolvió de esa manera, en forma definitiva, el recurso de protección presentado por comunidades de pescadores y pequeños productores agrícolas, aledaños al lugar donde estaría emplazada la central termoeléctrica, a pesar de que no todas llegaron hasta el final. El fallo fue saludado con entusiasmo por diversas organizaciones ecologistas, que reconocieron la trascendencia del fallo que logró frenar el proyecto eléctrico considerado por ellas como el más contaminante

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del país, ya que su generación sería con carbón. En un sentido contrario, sectores empresariales expresaron su preocupación por las dificultades judiciales que están enfrentando los proyectos de generación eléctrica, e incluso, la inversionista de MPX llegó a poner en duda la factibilidad inversora en nuestro país, lo que generó una lacónica respuesta del Ministro de Hacienda. Sin embargo, algunos días después, los comentarios de la Sra. Ministro del Medio Ambiente, remecieron abruptamente el escenario institucional del país. Ello generó un categórico pronunciamiento de la Corte Suprema, inédito desde el retorno a la democracia. Comentar los fallos es propio de la democracia, como lo es comentar las políticas gubernamentales o la gestión parlamentaria. Todos los ciudadanos y los sectores interesados podemos hacerlo. Toda decisión puede ser opinable, aun cuando deba acatarse. Hay muchas leyes mal redactadas que merecen muchas opiniones negativas, pero deben acatarse. Hay muchos decretos, así como iniciativas políticas sustentadas en erráticos predicamentos o consideraciones equivocas, pero se encuentran vigentes, y las personas deben ser someterse a su aplicación. También hay fallos de distintas instancias judiciales, que no logran satisfacer a las partes o a los grupos de interés. Todas las decisiones emanadas de los poderes del Estado, deben ser y son materia de opinión, y es el debate que ellas generan, lo que permite el perfeccionamiento de la ley y los consensos para avanzar hacia soluciones que

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sean mejores para el país y sus habitantes. En el plano judicial, frente a determinados fallos, muchas veces los mismos jueces han señalado que, si se requieren mejores resultados en las sentencias, es necesario modificar la ley relacionada con la materia abordada en el dictamen. Sin embargo, todo aquello que puede ser opinable por el ciudadano común, o para los diversos grupos de interés, adquiere una condición restrictiva cuando se trata de una autoridad de un poder del Estado, en relación directa con las decisiones adoptadas en el marco de sus atribuciones por otro poder del Estado. Allí, existen necesarias cortapisas cívicas, que aconsejan que una autoridad no actúe como un simple ciudadano. El Estado moderno en cualquier parte del mundo, sobre todo en una democracia, no puede concebirse sin la separación de los tres poderes que actúan en sus funciones específicas. De la misma forma, la institucionalidad de sus respectivas atribuciones no puede funcionar adecuadamente sin el necesario respeto cívico que deben considerar los miembros de un poder respecto del accionar del otro. Las formas y las actitudes son fundamentales para que una institucionalidad funcione adecuadamente. Esas formas y actitudes, cuando no son observadas, afectan la institucionalidad y generan conflictos e inducen a descréditos que siempre terminan lamentándose. No es un buen ejemplo cívico que, frente a determinados temas en manos de un poder del Estado, autoridades de otro poder,

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cuestionen y hagan consideraciones sobre sus alcances y consecuencias. Ello puede provocar la sensación pública de que no hay una institucionalidad funcionando equilibradamente. La falta de consideración cívica e institucional, crea situaciones que pueden ser preámbulo para imponer la sensación de que todo está permitido y que las instituciones no son un bien público sino un obstáculo para determinados intereses. Chile tiene una historia de desencuentros institucionales, que se han manifestado en distintas épocas, y los más lamentables fueron cuando no se percibió la autonomía del poder judicial por parte de quienes debían preservarla. Las consecuencias no fueron las mejores, sobre todo cuando la Corte Suprema pasó a ser funcional a determinadas directrices del poder político. Hay bastante historia disponible para aprender sobre sus consecuencias y la más reciente fue bajo la dictadura de Pinochet. De alguna manera, la comprensión en ciertos sectores o personeros del actual gobierno, respecto del rol de las instituciones, no está en la lógica cívica que debe tener un efectivo desenvolvimiento republicano. Muchos son parte de una fuerza de tarea empresarial, que llegó a asumir tareas dentro del Estado, obligados por su sector político, que se sienten poco menos que “haciendo el servicio militar”, e insisten en aplicar las lógicas ejecutivas de las empresas en la gestión pública. No son pocos los que no aprecian a los funcionarios públicos, y sienten que ellos son una traba para imponer sus visiones particulares sobre

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la gestión pública y el desarrollo de los negocios. Para ellos, los jueces no son sino una parte más de la burocracia que obstruye su idea de país. Hacen culto en torno a los temas técnicos, en circunstancias que aquellos son funcionales a las políticas públicas y materias debatibles en el marco del interés ciudadano y el bien común. Una muy buena razón técnica, puede ser una muy mala razón política, que incluso puede convertirse rápidamente en una gran materia contenciosa. La forma como se aborda la crítica al fallo de la Tercera Sala, respecto del Proyecto Castilla, incluso toma el camino de la descalificación de los jueces sobre supuestas incapacidades técnicas al fallar, en circunstancias que lo que el fallo deja claramente en evidencia, es que el proyecto carece del adecuado respaldo técnico como un todo. ¿Estuvo la falencia en la calificación ambiental de la instancia administrativa pertinente? Luego, si así fuera, la causa del rechazo estaría en un trabajo técnico administrativa y políticamente mal hecho. Se ha hecho una costumbre de parte de ciertos personeros de gobierno, criticar la labor de los jueces por la forma como resuelven determinados procesos, entrometiéndose en la labor jurisdiccional del poder judicial, lo cual induce a ciertos observadores a diagnosticar de que se trata de una impericia cívica y a una carencia de vuelo político. Otros consideran que hay cierto resabio autoritario del pasado. Si ambos diagnósticos tuvieran asidero, tal vez correspondería que se aporte

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mayor experiencia democrática y política en los procesos de gestión, especialmente cuando la adversidad pone proa a las expectativas más anheladas de ciertas políticas sectoriales del poder ejecutivo, que contienen aspectos controversiales de fondo.

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UN HITO PARA EL LIBRE PENSAMIENTO. Publicado en el portal web de Radio Portales el 03 de diciembre de 2012

Los días 16 al 17 de noviembre recién pasados, adquieren una relevancia para las personas de espíritu libre de América Latina, debido a que, en la ciudad de Mar del Plata, tuvo lugar la realización del Segundo Congreso Internacional del Libre Pensamiento, denominado también “Congreso de las Américas”, el cual contó con la presencia de hombres y mujeres provenientes de Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, México, Paraguay y Uruguay, representando a más de 45 organizaciones que llegaron hasta la Universidad Nacional de Mar del Plata, escenario del encuentro. Fue una significativa jornada de reflexión, donde se presentaron más de 40 ponencias en las seis mesas de debate que se desarrollaron durante el evento, en las que se abordaron temas tales como la libertad de conciencia y la laicidad del Estado, especialmente en Latinoamérica, la constatación de los nuevos oscurantismos y el rol de las

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sectas, el estado de la emancipación femenina, las reivindicaciones del libre pensamiento y la libertad de conciencia en los países representados, la necesidad de una modernidad alternativa, y la importancia de una educación pública, laica y gratuita como pilar de una sociedad librepensadora. El libre pensamiento es, en esencia, un método y conducta que permite percibir e interpretar la realidad, a partir de la emancipación de todo dogmatismo. Es un método, en tanto permite adquirir conocimiento, tomar decisiones, ejecutar acciones y corregir errores, nutriéndose del pensamiento crítico a través del análisis reflexivo y racional de la realidad, tanto en el plano individual como en lo colectivo. Esta coherencia y rigurosidad de pensamiento se refleja en un comportamiento libre de prejuicios y tabúes, es decir, una conducta tolerante y racional, que se refleja en el ámbito público. El libre pensador es proclive a los ideales republicanos y a la práctica del debate libre en la sociedad, sobre todo en los temas que afectan el transcurrir del ser humano, por lo que promueve instituciones políticas laicas, democráticas y de profunda raigambre social, única forma capaz de unir la igualdad en la diversidad. Impulsa políticas y leyes que garanticen la pacífica convivencia y la máxima expansión de las posibilidades del desarrollo individual y social. Se opone al fanatismo religioso y político en todas sus formas. En líneas generales, fomenta un espacio público libre de dogmas y revindica la

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importancia de una persona humana autónoma con capacidad para desarrollar un interés por los asuntos públicos. En ese contexto, considera que el hecho religioso tiene un alcance privado y privativo de quienes practican un culto, que no tiene alcance alguno para otras personas ajenas a él, por lo cual, toda manifestación de culto debe realizarse en el dominio que le es propio. De este modo, por ejemplo, resulta contrario a la libertad de conciencia un hecho producido en EE.UU. – relatado por David Rand, portavoz de la AILP en Canadá – y que comprometió al Ministro de Asuntos Extranjeros de ese país, John Baird, quien en mayo pasado, de visita en Washington, sostuvo en una cena de promoción de las libertades religiosas: “Nosotros sabemos que la libertad religiosa no significa estar libre de la religión”. Frente a ello, Rand refutará que la religión no es la dueña de la moral, insistiendo que la libertad religiosa no es efectiva sin poder estar libre de la religión como una opción legítima. No ignoró Rand, en su análisis, la situación enfrentada por el mismo gobierno de Canadá, que debió formar una comisión investigadora de la verdad y pedir perdón, en relación con las Escuelas Residenciales (internados), entregadas a instituciones religiosas asociadas con el Estado, a las cuales fueron obligados a asistir los niños indígenas, y que se convirtieron en oscuro escenario de miles de abusos sexuales ocurridos durante décadas, en

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un hecho abominable de la relación del Estado canadiense y la Iglesia. Las resoluciones que emergieron de los debates realizados en los tres días del congreso de Mar del Plata, recogen con fuerza los deseos comunes de los concurrentes para conseguir un progreso real para la libertad de conciencia, que se funda, de manera determinante, en la separación institucional de la Iglesia y el Estado. De allí que, ante los retrocesos vividos en las últimas décadas, en muchos países del mundo, la primera resolución del congreso apunta a promover imperiosamente la necesidad de esa separación. Uno de los aspectos determinantes, en ese contexto, se plantea en investigar y evidenciar los fondos estatales, aportados por todos los ciudadanos, que se destinan al financiamiento de las religiones o de sus instituciones; y denunciar ante las comunidades nacionales los crímenes cometidos por las religiones o los clérigos contra las personas, propugnando la inexcusable reparación a las víctimas. De la misma forma, se manifestó el irrenunciable compromiso con la libertad de los individuos y el absoluto respeto a su libertad de conciencia, con la justicia y el respeto de los derechos humanos; y, en consecuencia, proteger las decisiones individuales, tales como la apostasía y el derecho a una muerte digna. Un capítulo importante de las resoluciones es el compromiso de seguir trabajando por el pleno reconocimiento de los derechos de la mujer y la aplicación

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del principio de igualdad de derechos, combatiendo la violencia en su contra que se manifiesta en muchos países del mundo, por tradiciones religiosas obsoletas, y promoviendo el ejercicio de los derechos que permitan a la mujer decidir sobre su propio cuerpo. Otro aspecto importante de las resoluciones fue la decisión de trabajar por el fomento de la libertad de asociación, la garantía de los derechos de los trabajadores, de los ciudadanos y la sociedad toda, para el desarrollo de una mejor vida. Una sociedad más justa y equitativa, fraterna y solidaria, que permita el desarrollo pleno de las capacidades de todos los seres humanos - hombres y mujeres - para lograr el perfeccionamiento material, intelectual y espiritual de la humanidad, afirmando que una alta aspiración humana es buscar la felicidad en el respeto de todos. Se comprometieron también esfuerzos para trabajar por la conservación de la naturaleza como un bien común de todos los seres humanos, y por tener una educación y formación pública, laica y gratuita al servicio de todos los ciudadanos. De la misma forma, en continuar demandando la derogación de todos los concordatos suscritos por los diversos Estados con la Iglesia Católica y otras religiones, por los privilegios que de ellos devienen, así como la abolición de todo tipo de Estado confesional. Por último, se resolvió apoyar a las asociaciones que, en el continente americano y en otros países, vienen auspiciando para celebrar los días 20 de septiembre de cada

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año, el Día del Librepensamiento, como homenaje a los hombres y mujeres que combaten por la libertad, la igualdad y la fraternidad entre los seres humanos y los pueblos. Esa fecha recuerda la toma de Roma por las fuerzas de la unificación italiana, encabezadas por Garibaldi, y que representó un gran triunfo para las fuerzas democráticas, republicanas y seculares del mundo. El último acto del Congreso consistió en rendir homenaje a Malala Yusufzai, la niña paquistaní a la que los talibanes atacaron e hirieron por defender la educación femenina.

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ETICA, POLITICA E INSTITUCIONES. Publicado en el portal web de Radio Portales el 06 de febrero de 2013

¿Son los fines lo que importan o debe tener preeminencia los medios para lograr un fin? Albert Camus tenía la idea de que son los medios los que deben justificar el fin. Esto es un tema que ha estado en el origen mismo de toda civilización humana, y que partió siendo abordado por el mito, las creencias y por las incipientes exploraciones estéticas, buscando una forma de prever la dudosa claridad de las acciones humanas. Cuando la humanidad ya había avanzado muchos siglos, la cultura griega antigua fue capaz por fin de establecer una reflexión alejada de los dioses y de las leyendas, permitiendo pensar los actuares humanos a partir de la reflexividad y de constructos conceptuales esencialmente racionales. Decir esencialmente racionales, por cierto, se refiere a convencionales, a partir del solo discurrir, del solo pensar sobre que puede ser mejor o más reflexivamente aceptado por todos.

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Fue el nacimiento de la ética, es decir, del análisis de las costumbres y la modificación de aquellas por el simple expediente del construir convenciones nuevas, en el contexto de lo racionalmente aceptado por todos. Un desafío formidable y absolutamente lleno de fracasos, aunque con perdurables éxitos, si consideramos que la Humanidad efectivamente en no pocas cosas ha avanzado, o por lo menos, en no pocas oportunidades ha podido reconocer cuanto se ha retrocedido. Pero aquellos griegos también tuvieron la virtud de desarrollar el sentido de otra manifestación que pone basas entre los medios y el fin: la política. No es que la política no existiera como actividad previamente, sino que la virtud del helenismo radicó en establecer el hecho político como una actividad humana reflexible por todos los miembros de la ciudad, es decir, de la sociedad. Sin duda, es probable que los griegos pronto descubrieran que el ser humano es, por sobre todo, político antes que ético, es decir, pone acento mayor en los fines que en los medios. Lo cierto es que ello no deja de ser arbitrario suponerlo, considerando que uno de las características de lo político es construir precisamente medios para lograr determinados fines. Pero, no deja de ser importante considerar que si la política se preocupa de los medios, es porque hay convenciones en las costumbres que deben considerarse como fundamentales para matizar los medios que permiten lograr los fines.

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Sin enfrascarnos en el círculo vicioso de si lo primero es el huevo o la gallina, no deja de ser cierto que el ser humano, creador y constructor por excelencia, tiene determinismos políticos antes que éticos. Y es normal que ello ocurra, dado que aquello que le motiva son siempre intereses o aspiraciones, ya sea en lo particular o en lo general. La vida humana, individual y colectiva, es tal en la medida que tenga fines específicos. Pero, los fines de cada cual, siempre se enfrentarán con otros fines y propósitos, y allí vienen a intervenir factores de reflexividad que hacen posible la convivencia de personas o grupos de personas con otros, que tienen aspiraciones e intereses distintos. Es ahí donde adquieren presencia los debates y las convenciones que hacen posible el hecho político y el hecho moral, como objetos discurribles y perfeccionables a consecuencia de la reflexividad y la razón, entendida esta última como un conjunto convencional de argumentos válidamente aceptados por todos. La razón, desde esa comprensión, no es una verdad, sino solo el punto convencional en el cual pueden converger las distintas ideas en un punto donde hay conceptos que tienen validez común para cualquiera. Uno de los más importantes pensadores contemporáneos, Savater, considera la actitud ética y la actitud política como formas de entender lo que cada cual va a hacer, es decir, el empleo que cada individuo va a darle a su libertad. Pone si una diferencia importante, ya que para él, la actitud ética es ante todo una perspectiva

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personal, que cada cual toma sin esperar convencer a los demás de que así resulta mejor para todos. Es un problema del aquí y el ahora. Lo que en la ética vale es estar de acuerdo consigo mismo y tener el inteligente coraje de actuar en consecuencia. En cambio, la actitud política busca el acuerdo con los demás, requiere disposiciones y argumentos para convencer a los otros y también para ser convencido, por lo cual, lo importante viene a ser el allí y el después. Es una actitud que trae consecuencias después de los actos y acciones ya ejecutadas. El filósofo laicista no duda en afirmar que lo moral solo depende de cada persona, que las referencias y categorías las tiene siempre a mano, aunque a veces cuesta elegir, en tanto en política siempre debe contar con la voluntad de muchos otros. Entonces, en lo ético la libertad del individuo se resuelve en acciones, en tanto, en lo político, la libertad del individuo y de su comunidad se resuelve en instituciones y leyes. Sin embargo, política y ética se relacionan constantemente y se vuelven inseparables en la pretensión de toda comunidad de hacer de la convivencia un proceso bajo determinadas regulaciones fundamentales. A pesar de ello, es fundamental que cada cual mantengan sus fueros. Los problemas políticos y el actuar político en una democracia, vienen a ser materia de las instituciones políticas que la sociedad genera en esa perspectiva. Están los partidos políticos, el parlamento, las instituciones del Estado que deben normar la vida colectiva

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y prever los instrumentos que permitan hacer efectivo el cumplimiento de las regulaciones de la vida y el actuar en sociedad. Los problemas éticos en tanto, son importantes de radicar en aquellas instituciones que están destinadas a influir en las conductas personales, en el más acá, antes de las limitaciones que impone la ley como consecuencia del debate político. Es por ello que las instituciones éticas tienen un valor fundamental, al poner en la mesa los problemas desde un punto de vista de la creación de costumbres que garanticen un actuar válidamente aceptado, y que construya una trama sostenible de validaciones conceptuales que, luego, la política debe acoger en su convencionalidad. Sin ese proceso previo que deben cumplir las organizaciones o las institutas éticas, todo proceso generativo de la ley se transformará en una imposición o una norma impracticable o moralmente vulnerable. El mundo moderno tiene a innúmeras organizaciones que buscan, precisamente, tener alcances específicos respecto a cómo el ser humano debe desarrollar su convivir y caracterizar sus conductas en una universalidad llena de alternativas. Las hay de muchos tipos. Organizaciones que promueven los derechos del hombre, los derechos políticos, el medio ambiente, la diversidad, la igualdad de trato, el respeto a las minorías, la vida animal, reivindicaciones con alcances morales, etc. y que proponen derechos o plantean deberes de la sociedad y de los

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individuos, desde un plano individual y colectivo. También están aquellas que tienen una visión más integral y absoluta del hombre y su existir, vinculadas a cosmovisiones religiosas, y otras que, equidistantemente, buscando también una visión más integral, proponen cosmovisiones seculares, basadas en condiciones y exigencias citeriores, sin la preeminencia ulterior. Cada una debe tener la virtud de entender claramente su propósito, ya que de ello depende su propia razón de ser, y su influencia efectiva y eficaz en el cambio de las conductas humanas, en aquellos aspectos que impiden o distorsionan la más plena realización individual en el marco del arreglo colectivo.

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APUNTES INÉDITOS

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BREVE ENSAYO SOBRE LOS FUNDAMENTOS DEL LAICISMO.

CAPÍTULO 1. REFLEXIONES SOBRE LO CONCEPTUAL. Las palabras dicen lo que las personas queremos decir. Los lenguajes, por lo general, expresan una cierta conceptualización que depende esencialmente de la cultura, de aquello que los grupos humanos quieren inferir, como consecuencia de lo que cotidianamente hacen y son. De este modo, al expresar un vocablo, por la costumbre cultural, determinados grupos humanos pueden dar una contextualización absolutamente distinta a una misma palabra, en un tiempo histórico en relación con el mismo vocablo en otro tiempo histórico. Por lo demás, cuando un vocablo se convierte en algo de uso corriente, es mayor su posibilidad de consensuar su significado en el grupo humano que lo utiliza, que cuando su uso es menos corriente, o cuando el concepto tiene que ver con grupos reducidos, con grupos

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que constituyen una particularidad dentro del contexto más amplio que es una sociedad, un país, una civilización. El uso de las palabras también requiere de cierta destreza, de cierta habilidad en su manejo, y ello, como todas las cosas de la vida, requiere de la práctica. Si algo está asimilado en la cotidianidad, es más fácil que haya consenso respecto de lo que significa que aquello que es esporádico y circunstancial. A lo cotidiano debe agregarse otro componente importante, el cual dice relación con la intencionalidad. Cuando alguien dice algo lo dice con una intención específica, en relación con la acción que desea emprender. Ello induce a que los vocablos que son parte del hablar cotidiano, adquieran cierta connotación intencional, que pretende hacerse efectiva en los actos de quienes son receptores de los mensajes. En otro plano, están también los temores a lo desconocido. Si algo determina de un modo persistente a los grupos humanos, en la acción comunicativa, es el temor a aquellos que le resulta inasible conceptualmente. Los temores individuales y colectivos, a aquello que no le es claramente perceptible, desencadena la angustia y la inseguridad. Si una palabra no está debidamente inserta en su cotidianidad puede que le desacomode y le obligue a un esfuerzo adicional que no esté dispuesto a asumir frente a los resultados. Dentro de una sociedad, pueblo, civilización, cultura, etc., siempre habrá grupos humanos que plantean

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cuestiones propias de su interés, que quieren ver reflejados en el conjunto en el cual están inmersos. Estas cuestiones estarán reflejadas en el lenguaje que utilizan, en los conceptos que quieren consensuar en el ejercicio social, en convenciones que deberán ser asumidas por todos. Ello será por el acto del común discurrir o de la imposición de poder. Un grupo de poder perfectamente puede imponer sus conceptualizaciones a otros grupos, por medios que el carácter de su poder le permita. Otros grupos tratarán de establecer la empatía en torno a sus conceptualizaciones, para que ellos sean asimilados de un modo convencional, discurrido. Las acepciones del lenguaje siempre cumplen una función, y cuando no la cumplen comienzan a perder relevancia en el lenguajear, y van quedando en desuso. Y no cumplen la función cuando las tendencias predominantes en el dialogar, inducen a que las acepciones que le son útiles sean en definitiva las funcionales al propósito que persiguen. Esto implica siempre una pretensión reduccionista: todo grupo humano que se plantee desde una posición de poder al resto de los grupos humanos, tratará de reducir el espectro conceptual del lenguaje, ya que con ello sintetizará de mejor manera el contenido de sus mensajes, produciendo en torno a ellos el consenso o la aceptación. Las experiencias en la historia humana de grupos que buscan el dominio sobre otros grupos humanos, muestran que lo primero que quieren imponer son sus

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conceptos, sus dichos, sus vocablos. Es un hecho que para dominar, hay solo dos medios posibles: la violencia o el lenguaje. Lo que no hace la violencia y la fuerza bruta, solo lo puede hacer el lenguaje. A través de este es posible imponer leyes, los mandatos, las razones de cualquier tipo, en fin, hasta llegar evolutivamente al sentido común y a la convencionalidad que implica el establecimiento de reglas válidas para todos y el respeto de los derechos humanos. Por razones históricas que son de larga explicación, algunas de las cuales saldrán en el plan de este libro, - otras no abordaremos, ya que no es la idea hacer un tratado histórico, - aquello que dice relación con la significación del concepto “laico” ha requerido de un gran esfuerzo lingüístico para aclararlo, especialmente en las décadas recientes, dado que, al no ser de uso constante en el hacer social, no se produce aquel consenso natural, que deviene de la cotidianidad. Bien podemos constatar hoy, a través de los medios que informan el pensamiento y el conocimiento humano de nuestro tiempo, que la conceptualización que se relaciona con “lo laico” – laicismo, laicista, laicidad, etc. -, ha estado sujeta a distintas interpretaciones: unas antojadizas, otras poco coherentes, otras tendenciosas, otras absolutamente divagantes, otras inexplicablemente dubitativas. Quienes adherimos a la libertad de conciencia y, como medio de garantizarla, al laicismo, nos corresponde hacer el esfuerzo de que estos conceptos sean asumidos y asimilados en el consenso social, en la cotidianidad

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lingüística de nuestro hacer social cotidiano. De allí, nuestra preocupación por desarrollar una actividad en la difusión de los valores que sostenemos, que creemos son fundamentales para asegurar un sociedad libre y donde los derechos humanos sean respetados y puestos en el centro de la actividad social. Hoy, dentro de sectores laicistas, hay cierto temor a poner los contenidos del laicismo en el debate social, considerando incluso que podría ser anticuado, ya que atizaría pasiones decimonónicas que carecerían de sentido en este tiempo histórico. Sin embargo, en el desarrollo de este libro demostraremos que los problemas del día a día, del ser y hacer de nuestra sociedad, señalan un conjunto de problemáticas que hacen muy necesaria la visión laicista, a fin de asegurar las libertades individuales y los derechos de conciencia. El hecho religioso en nuestro país demuestra que las conductas de ciertos sectores, en el sentido de utilizar la fe como medio de poder, y a través de ese poder conculcar los derechos de conciencia, cuando no los derechos humanos fundamentales, como ocurre en ciertos países, requieren que la vigencia de la propuesta laicista sigue siendo un elemento sustancial para garantizar una sociedad donde imperen la igualdad de la ley, los derechos humanos y la democracia.

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CAPITULO 2. FUNDAMENTOS DEL LAICISMO. Cuando hablamos de fundamentos nos estamos refiriendo a aquello en que el concepto funda su contenido, al principio que sostiene y se apoya una idea expresada en una acepción, a las raíces que hacen entendible y dan fuerza cultural a un concepto. Así, pues, los fundamentos del laicismo se encuentran en la historia humana, en la presencia episódica de acontecimientos o conductas que hicieron posible la diversidad de conciencia, y el respeto a la existencia de opciones distintas en el ámbito de las creencias y no creencias de las personas. Bien sabemos que el laicismo no surge como tal, con nombre propio, sino solo hasta cuando las variables del Estado Moderno se han consolidado en su expresión democrática o republicana. Emerge como concepto específico cuando las bases del absolutismo políticoreligioso se desmoronan inevitablemente ante el cuestionamiento de la condición imperial de los credos, frente a la republicanización de los sistemas políticos, proceso que ocurre incluso en las monarquías que deben dejar el control del poder político radicado en el parlamentarismo. Claramente, entonces, las cuestiones que inducen a la emergencia del laicismo son aspectos propios del Estado Moderno, que surge ante la comprensión de la sociedad política y civil en cuanto a que las opciones de

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conciencia son una cuestión privada, y ante la comprobación de que la visión totalizadora de las grandes religiones monoteístas desencadenan conductas excluyentes a partir de su pretensión de única verdad revelada. Algunos ven el laicismo como un concepto demasiado reciente, acotando su origen y desarrollo solo a partir de los últimos días del siglo XIX, obedeciendo a una particularidad del sistema de educación francés. Ello tiene que ver con la incorporación decimonónica del vocablo, que define la doctrina que éste propone. Sin embargo, las ideas del laicismo han tenido un desarrollo histórico de larga data, que trasciende la cultura occidental, donde habitualmente se pretende focalizar su presencia. Sin embargo, a pesar de que su consolidación lingüística adviene solo con la Modernidad, la doctrina laicista se encuentra en las raíces de la tolerancia que logró plasmarse en diversos episodios del desarrollo humano, donde la sociedad política debió lidiar con la pretensión hegemónica de los credos o con la pretensión de los clérigos por imponer su hegemonía sobre el poder político. Se encuentra en el agotamiento de la sociedad civil antes las luchas religiosas, que han marcado con dolorosos alcances la historia de la Humanidad; en el hartazgo del hombre frente a los excesos de la fe, cuando ella no está debidamente canalizada dentro de las estructuras del poder político de una sociedad. Se encuentra en el

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reconocimiento del valor de la convivencia en la diversidad. Así, las más remotas raíces de una visión laica se encuentran ya en la convivencia de los credos que ocurre en el politeísmo. En Grecia todos se encuentran en la ciudad, con sus distintas adoraciones y sus representaciones individuales de Dios, que responden a conceptos privados que no pretenden la unanimidad de todo el pueblo. Los griegos no solo reflejaron esa conducta plural en sus ciudades, sino que fueron capaces de proyectar su práctica a todo el mundo helenizado. Ello será asumido también por el Imperio Romano, que asigna en sus lugares públicos un espacio para cada deidad o para cada adoración particular, acogiendo la más amplia diversidad. Ello hasta la introducción totalizante del katholikes cristiano. Antes de ello, el catolicismo promovió los derechos de libertad de culto, en medio de las persecuciones que desataron en su contra algunos emperadores, que actuaban contra la lógica que había primado en el derecho romano. Sin embargo, hay otros antecedentes que dicen relación con una convivencia de credos, que señalan un parámetro laicista. Las razones históricas que se dieron para que ello ocurriera, y las referencias políticas, económicas y sociales que a ello indujeron, fueron variadas, pero son válidas para nuestra comprensión del antecedente precursor de una idea laicista, que adquiere referencia útil para hacer necesaria su práctica permanente.

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Por ejemplo, es una referencia en el mundo musulmán, la práctica de tolerancia establecida por el Califato Omeya, a partir del siglo VII de la era cristiana. La mirada cristiana occidental ha sido poco prolija para estudiar el tratamiento de la religiosidad por parte de los omeyas, y se ha dejado llevar por el prejuicio, justificando la conducta de estos frente a las cuestiones religiosas como consecuencia de meros intereses económicos, y dándoles un carácter tiránico y dispendioso, donde se cobijaron excesos morales. Es la mirada que tiene también el fundamentalismo musulmán, que ha renegado del carácter islámico de la dinastía omeya. Para quienes miramos la historia desde la perspectiva laicista, los omeyas constituyeron un sistema de convivencia en el cual tuvieron espacio las distintas tradiciones religiosas expresadas en sus territorios (musulmanes, judíos y cristianos), y el poder político – que es lo más significativo - no se transformó en una herramienta de difusión religiosa sobre los pueblos conquistados por el Califato. En el ámbito del cristianismo, una primera referencia en cuanto a separar las cuestiones del pueblo con las cuestiones de la religión, lo constituye la teoría gelasiana de las dos espadas. La cuestión se plantea en la época del Papa Gelasio I, a fin del siglo V, cuando se incorpora el concepto de "las dos espadas que no pueden ser empuñadas por una sola mano", estableciendo las dos jurisdicciones, la de autoridad religiosa (sacerdotium), que corresponde a la autoridad clerical sobre sus miembros, y

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la de autoridad civil (imperium), correspondiente al poder seglar sobre el súbdito común. Ambas autoridades, bajo la óptica gelasiana, tenían un origen divino, pero eran independientes dentro de sus competencias específicas. Gelasio I afirmaría que, desde la venida del Cristo, nadie podía ser simultáneamente rey y sacerdote. Sin embargo, reivindicaba la influencia espiritual del sacerdotium sobre el imperium, cuestión que será determinante en el desarrollo posterior del cristianismo en Europa. Claramente, el planteamiento gelasiano tiene dos raíces: una, que se refiere a la pugna de poder con el poder político bizantino, y otra, deveniente del interés del clero en preservar su competencia sobre el juzgamiento de sus miembros, evitando que la ley secular extendiera su competencia hacia los miembros del sacerdocio. En medio del esfuerzo por establecer el determinismo religioso sobre la sociedad, empero, logró establecer que existían dos esferas en el ámbito de los creyentes: una, que tenía una naturaleza esencialmente religiosa, y otra, que tenía una condición absolutamente fuera del ámbito de la fe. Este aspecto también será determinante en distintas circunstancias históricas posteriores en el cristianismo. En el siglo XVII, John Locke introduce sus reflexiones sobre la tolerancia, donde las opciones religiosas están en el marco de las libertades del individuo, que deben ser respetadas y aceptadas. Considera que la religión es un asunto privado, que tiene que ver entre un

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individuo y Dios, y que no debe tener alcance sobre las relaciones entre los seres humanos. Aún más, sostenía que el poder político emanaba del pueblo, y que el rey tenía que estar sometido a las leyes, dejando sin base cualquier determinismo religioso sobre el poder político. El Estado debía asumir y manejar las controversias entre los individuos, en el contexto de la pluralidad y la tolerancia, debido a la diversidad de opiniones e intereses entre los hombres, producto de los distintos caminos individuales en la búsqueda de la felicidad, donde el desacuerdo y los conflictos de intereses son inevitables. En su Carta sobre la Tolerancia, Locke expresa que un magistrado “nada tiene que decir en lo que respecta al bien de las almas de los hombres o sus preocupaciones referentes a la otra vida. Ha sido nombrado sólo para que procure una vida pacífica y cómoda a las personas en sociedad”. Sin embargo, Locke no escapa a las visiones excluyentes e intolerantes de su tiempo, ya que el abanico de posibilidades en que actúa su visión de tolerancia, se cierra a la participación de ateos y papistas, contra los que sostiene argumentos definitivamente descalificadores. Pero lo importante, más allá de sus contradicciones, es que Locke introduce en el pensamiento occidental la idea de tolerancia como un valor y una práctica social y política, que se sustenta en el respeto a la diversidad y a la convivencia de los credos.

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El siglo XVIII, en tanto, será rico en antecedentes que conducirán al laicismo, en el contexto del mundo occidental, porque sobreviene una gran eclosión reflexiva, frente a los resultados dramáticos de las guerras religiosas, y el uso de la fe como elemento de poder. Ello es coincidente, desde luego, con la emergencia de los Estados nacionales, y el proceso de configuración del Estado Moderno. Recordemos que es, en ese siglo, cuando aparece la Ilustración, que viene a ser el primer intento de establecer una cultura laica en Europa, que se construye al margen del determinismo religioso, y donde las virtudes humanas son referenciadas en una práctica colectiva sustentada axiológicamente, y no en los contenidos coercitivos de la fe. Recordemos que es el siglo donde los filósofos, y no los teólogos, señalan las ideas fuerzas de la reflexividad humana, y el debate pasa a ser un factor constituyente del hacer sociedad, lejos de las respuestas absolutas de los sacerdotes para todo evento humano. La Ilustración libera la vida y las actuaciones humanas de las autoridades confesionales, dejando los temas de la fe en el ámbito reflexivo de cada cual. De este modo, el orden sobrenatural deja de ser relevante en las cuestiones cotidianas y nace el librepensamiento. La realidad, como consecuencia, es lo que se puede demostrar con la razón, pues la razón es la única que puede conocer e interpretar la realidad. Los dogmas son sometidos al libre examen, y la mirada en torno a Dios se

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da en la libertad de cada individuo, al margen del rol de sacerdotes o mediadores de cualquier tipo. A esta concepción de la relación con Dios se llamará deísmo, una religión natural conforme a la razón y que excluye toda revelación, donde cada hombre puede dar culto a Dios en la forma que lo considerara conveniente. Es el periodo en que una parte importante de la Iglesia Católica se resigna ante el poder absolutista de los príncipes, cuando el feudalismo se debilita, y se produce la gestación de los Estados nacionales europeos, irrumpiendo con especial fuerza aquella doctrina antipapista – el regalismo – que pone a las estructuras religiosas bajo el poder político de los reyes, inhibiendo la intervención romana del jefe de la Iglesia Católica. Los antecedentes del regalismo se encuentran en la época carolingia, como lo recordara Antonioletti: “Al coronar Emperador a Carlomagno, el Papa León reconoció solemnemente en el Emperador la dignidad espiritual del poder político. Según el testimonio de Eginhard, después que Carlomagno fue consagrado y aclamado de acuerdo a la fórmula "A Carlos Augusto, coronado' por Dios, grande y pacífico emperador de los Romanos, vida y victoria", el Papa se prosternó (adoravit) ante Carlos "según el rito establecido en el tiempo de los antiguos Emperadores"4. “Los fundamentos doctrinarios del Estado Laico”. Mario Antonioletti. Chile, 1958. 4

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Sabemos que la relación de los credos con el poder político, producto del regalismo, será un factor determinante en la consolidación de los Estados nacionales, fuesen estos católicos o protestantes. Recordemos que Febronio, obispo de Tréveris, sostendrá que la autoridad original de la Iglesia reside en los fieles y que el Papado no tenía jurisdicción sobre la Iglesia, y que los obispos eran delegados de la comunidad. En el mismo contexto, el protestantismo luterano no se inclinaría ante la autoridad del Papa, pero se inclinaría ante la autoridad del Estado, que consideraba instituido por Dios. Lo relevante del regalismo, es que pone las cuestiones de la fe instituida y estructurada, bajo el poder temporal y el determinismo secular, donde las cuestiones del Estado vienen a ser necesidades determinantes en el poder político, y las iglesias deben converger en ese mismo propósito. Desde luego, en esa lógica absolutista era impensable una diversidad en el plano de las opciones religiosas y la religión oficial era una necesidad que caracterizaba el modelo de Estado. El derrumbe del absolutismo, de manera importante, significará también el derrumbe de las religiones oficiales. La Revolución Francesa y el liberalismo ponen en evidencia cuestiones que son fundamentales para la existencia de la primera generación de las libertades humanas.

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La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, definía los como elementos básicos en tales derechos las libertades individuales, de pensamiento, de prensa y de credo, y la igualdad en los ámbitos legislativo, judicial y fiscal. En su Artículo 3, establecía que solo la nación era la fuente de toda soberanía, y que ningún individuo ni ninguna corporación podían ser revestidos de autoridad alguna que no emanara directamente de ella. Luego, en su Artículo 5, señalaba que la ley sólo debía prohibir las acciones que fuesen perjudiciales a la sociedad, y que aquello que no está prohibido por la ley no debía ser conculcado. En su Artículo 10, consagraba que ningún hombre debía ser molestado por razón de sus opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no causaran trastornos del orden público establecido por la ley. Este mismo aspecto está presente en la fundación nacional de Estados Unidos y la Carta de Derechos de 1791, al aprobarse la Primera Enmienda a la Constitución aprobada en 1787. La Primera Enmienda establece uno de los pilares del carácter laico del sistema político norteamericano, que tendrá un trascendente impacto en la historia occidental, y en la formulación del laicismo como doctrina universal, al señalar: “El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo

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para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios”. Ambos procesos – la Revolución Francesa, en su corolario doctrinario especificado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y la Independencia de los Estados Unidos, en su corolario doctrinario que se expresa en la Carta de Derechos de 1791, – son la referencia obligada para establecer el fundamento moderno de una doctrina laicista, desde el punto de vista de la consolidación de las convenciones que hacen posible la existencia de derechos fundamentales de las personas, entre los cuales prioritariamente está su libertad de conciencia. Paralelo a los grandes procesos de liberación espiritual y política, que suceden con el Siglo de las Luces, y que tienen su raíz en el Renacimiento, sobreviene el desarrollo de la ciencia, que pondrá en jaque muchas de las afirmaciones que establecen predominio cultural a partir de definiciones del credo religioso. Tanto el pensamiento científico como la filosofía, establecen la idea general de que el hombre puede comprenderlo todo a través de su inteligencia, y que solo es real aquello que puede ser entendido por la razón. El rápido desarrollo de la ciencia, a través de la experimentación del conocimiento, irá cuestionando no solo las afirmaciones rotundas de quienes administraban la fe – recordemos el “y sin embargo se mueve” galileano -, sino también irán construyendo una ética nueva en el

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desenvolvimiento entre las cuestiones de la fe y las cuestiones de los hombres. La consolidación de la ciencia en el siglo XIX, como un camino para la superación de los males que afectan el transcurrir del hombre y para comprender los fenómenos que señalan su entorno, provocará un cambio sustancial en las referencias del hombre, que constata que en la visión teológica no están todas ni las mejores respuestas para enfrentar las cuestiones del cotidiano vivir. La ciencia abre los caminos para el desarrollo de la técnica y el desarrollo de tecnologías, que equidistarán constantemente de la lógica de la fe, hasta el punto que las religiones terminarán reaccionando negativamente frente a cada nuevo progreso del conocimiento y sus consecuencias seculares. El conocimiento científico y la filosofía, ponen sobre el tapete del nuevo “ethos” que ellos conciben, la cuestión de la libertad de conciencia, una de las referencias determinantes en la configuración futura del laicismo, la que fue atacada agresivamente por el papado, a través de Gregorio XVI, que en su encíclica Mirari Vos del 15 de agosto de 1832, afirma: “De esa cenagosa fuente del indiferentismo mana aquella absurda y errónea sentencia o, mejor dicho, locura, que afirma y defiende a toda costa y para todos, la libertad de conciencia. Este pestilente error se abre paso, escudado en la inmoderada libertad de opiniones que, para ruina de la sociedad religiosa y de la civil, se extiende cada día más por todas partes…”.

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La enorme ruptura espiritual y social que imponen los procesos explicitados, conducirán inexorablemente a la separación de la Iglesia y el Estado, que marcarán la definición certera sobre la conveniencia de desligar al Estado Moderno de todo determinismo religioso. Un proceso que se inicia ya con la Revolución Francesa y la Independencia de Estados Unidos, pero que, a pesar de sus resultados evidentemente favorables, ha enfrentado enormes dificultades para imponerse, especialmente en aquellos países donde los poderes fácticos teológicos, campean en la imposición de sus puntos de vista, a través del control del poder político y económico. Países donde se han consolidado una institucionalidad laica de enormes beneficios para su desarrollo social, luego de profundos y dolorosos procesos, han visto una regresión hacia el predominio de cierta hegemonía religiosa, con todos los efectos sobre las libertades de conciencia que ello implica. Chile ha vivido esa experiencia regresiva, y es lo que nos ha llevado a retomar las banderas del laicismo. CAPITULO 3. LA LIBERTAD DE CONCIENCIA, BASE DE TODAS LAS LIBERTADES. El aspecto central que establece la razón del laicismo en el debate de las ideas y el esfuerzo por la construcción de una sociedad pluralista, que pueda dar cuenta integral de

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la diversidad que compone el colectivo societario, respetando las distintas visiones valóricas, éticas o filosóficas, donde la tolerancia sea una práctica efectiva que asuma las diferencias, es el aseguramiento de la libertad de conciencia, el derecho a ejercerla sin protectorados ni tutelajes de ningún tipo, que pretendan la verdad en forma exclusiva y exclusivista. El factor omnipresente en este debate por la libertad de conciencia, es la confrontación de ideas con quienes administran el mundo de los creyentes, no porque hay una predisposición contra las personas de fe, sino por el efecto que produce la propensión de las iglesias a imponer su verdad como la “buena nueva” que debe ser asumida por toda la sociedad. Esa propensión, en tanto fuese de carácter misional, no tendría alcance ni importancia en ese debate, porque no puede concebirse una idea religiosa que no pretenda la universalidad y la proclamación de su credo a todo el colectivo social. La “buena nueva” de la fe es lo que da sentido a un mensaje de revelación, y que hace sublime la condición religiosa, para quien encuentra en ella la respuesta espiritual a su inserción en la vida. De allí que el derecho a creer esté consagrado por distintas convenciones que se ha dado el mundo civilizado, y la difusión de los credos, como toda convicción de conciencia que quiera ser transmitida al colectivo social, es propia de los derechos de expresión y asociación.

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Pero, el derecho a la libertad de conciencia, está también establecido a través de tales convenciones, siendo la más relevante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1948. Y es la libertad de conciencia el marco o el soporte en el cual se contienen o sostienen todas aquellas libertades que son propias de las opciones de la conciencia de la persona humana: el derecho a creer o no creer, la opción ética, la opción política, la opción filosófica, el derecho a expresar tales opciones, etc. Las convenciones de derechos humanos conciben al hombre individual como una conciencia libre y como una voluntad autónoma, al que se le reconoce la facultad de pensar y obrar libremente, capaz de reconocer tales derechos como propios, reclamando su ejercicio. Esa reclamación individual establece la irrenunciabilidad social y política del derecho de conciencia y lo pone en la cabecera de todos los derechos fundamentales. Sin embargo, las religiones tienden a poner en el centro de la discusión, frente al Estado y sobre el Estado, a aquella que consideran la más fundamental de las libertades: la libertad de religión, y asumen que el Estado y la sociedad debe propender preferentemente a garantizar ese ejercicio. Una muestra de ello – solo como un antecedente casuístico, entre los muchos que podemos citar - es lo sucedido en Chile con la creación, a través de Ministerio de

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Salud, del servicio de asistencia espiritual a los enfermos en los hospitales del sistema público de salud. Se formó un grupo de trabajo para organizar el servicio de asistencia espiritual a los enfermos, al cual se invitó a todas las religiones. Algunas de ellas presentan una presencia nacional inferior al 1% de la población. Desde luego, no es un tema de porcentajes, y es valorable que ello así sea. Sin embargo, ninguno de los participantes en ese grupo de trabajo, ni la autoridad política del Estado, tomó en consideración que en los hospitales hay personas no creyentes que también requieren asistencia espiritual. ¿Cuál ha sido el derecho que ha prevalecido en ese acuerdo entre las iglesias y el Estado: el derecho a ejercer la libertad de conciencia o el derecho a ejercer la libertad religiosa? Lo propio ha ocurrido hace poco en las Fuerzas Armadas y de Orden, donde se ha reconocido el derecho de las iglesias protestantes o evangélicas a tener capellanes de su credo, para la asistencia espiritual de sus integrantes. Nuevamente instituciones del Estado pisotean los derechos a la libertad de conciencia, porque, al garantizar solo uno de los derechos de conciencia, atropellan el derecho de conciencia en su contexto integral. Y garantizo que en esas instituciones hay personas que legítimamente no profesan credo alguno. ¿Cuál ha sido el derecho que ha prevalecido en ese acuerdo entre las iglesias y esas instituciones del Estado: el

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derecho a ejercer la libertad de conciencia o el derecho a ejercer la libertad religiosa? El censo de 2002, sin embargo, estableció que un 7% de la población no profesa religión alguna, y en relación al censo anteriormente, se advierte que hay un crecimiento de ese porcentaje, así como de quienes profesan religiones protestantes o evangélicas. Entonces, la opción de conciencia de los que no profesan religión alguna, hoy constituye el tercer porcentaje nacional frente al hecho religioso, después de católicos y evangélicos, pero el Estado no considera sus derechos. Teniendo presente los aspectos que hemos señalado, el pensamiento laico sostiene que el derecho a ejercer la libertad de conciencia es anterior y fundante de cualquier libertad de conciencia, y cualquier derecho de conciencia se sostiene y tributa en la libertad de conciencia que los contiene a todos, y todos ellos deben ser asumidos y contenidos en la ley. Solo hay igualdad ante la ley, y la ley es efectivamente igualitaria, cuando asume que la diversidad de conciencia es un hecho que contiene variadas y múltiples opciones. Cuando la ley privilegia una de las libertades de conciencia, abstrayéndose de otras, no es una ley igualitaria ni es una ley justa. En la consagración de los derechos la igualdad ante la ley implica una condición de justicia y equidad, donde todos son reconocidos en sus derechos y deberes.

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CAPITULO 4. CONTENIDO CONCEPTUAL DEL LAICISMO. El laicismo como doctrina, deviene de “laico”, concepto que la Real Academia Española de la Lengua ha empobrecido de una manera poco decorosa, sin duda bajo influencias no proclives a la profundización etimológica que ha dado el devenir histórico. Laico, bajo esa comprensión es aquello que no tiene carácter sacerdotal o que no depende de una opinión confesional. Sin embargo, a pesar de lo pobre de la definición de la RAE, es importante que señale como significación de laico a aquello “que no depende de una opinión confesional”, ya que allí está uno de los meollos del uso ficticio que hoy le dan los católicos al concepto, donde “laico” viene a equivaler a “no sacerdotal”, cuando en realidad lo laico en el uso universal viene a representar la “no dependencia” de lo religioso. Efectivamente, la experiencia y la realidad observada en los últimos dos siglos, nos permite comprobar que lo laico se relaciona con la independencia frente al hecho religioso en el proceso del hacer político, es decir, con aquello que tiene que ver con la forma como se estructuran las sociedades en su institucionalidad política, y como ello se refleja en los poderes del Estado. Mario Antonioletti, un destacado intelectual laicista chileno, de mediados del siglo XX, reconocía un origen católico en el concepto, al señalar que “la palabra "laico"

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(del griego "laos", pueblo) significa "hombre del pueblo" y dentro del movimiento re1igioso cristiano se usó para designar a quienes eran simplemente fieles, a los simples miembros de la "ecclesia" (asamblea, comunidad), sobre los cuales se destacaban los diáconos (servidores, administradores), los presbíteros (ancianos), y los “epíscopos” u obispos (del griego "epíscopo", vigilante), que fueron constituyendo la orden sacerdotal”5. Es lo que ha dado pábulo para que los católicos en particular, infieran que los laicos son aquellos que simplemente no son sacerdotes. Sin embargo, el desarrollo del concepto, producto de la experiencia humana, da cuenta de que el concepto, por la propia práctica, ha ido conteniendo una idea de mayor alcance, producto de la naturaleza misma de los planos en que se encuentran los simples fieles, en su secularismo, y la labor de quienes ejercen el ministerio y administran la fe. Lo laico, antes que todo, es efectivamente una categoría política, especialmente cuando observamos lo que ocurre en muchos países donde el confesionalismo ha introducido un quiebre en la convivencia interna y externa de no pocas comunidades nacionales. Así, el término “laico” indica a las personas, a los integrantes de una comunidad política, a la complejidad de “Los fundamentos doctrinarios del Estado Laico”. Mario Antonioletti. Chile, 1958. 5

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grupos que en esa comunidad se expresan, y a las estructuras del poder político, que son independientes de toda actividad u organización religiosa. Laico es un carácter y una posición, como lo es también una condición y una calidad. El belga Guy Haarscher sostiene, por ejemplo que, “un Estado "laico", en el sentido más amplio del término, no privilegia ninguna religión ni concepción ideal de vida, garantizando la libre expresión de todas, dentro de ciertos límites”. Ello nos plantea la relación con el origen etimológico deveniente del laos griego, el pueblo, el cual es constituyente del Estado en toda su expresión múltiple y en toda su complejidad, donde el poder político se genera y descansa en todos sus amplios, diversos y divergentes componentes, y no solo en aquellos que tengan cierta particularidad y peculiaridad. Savater, en tanto, en su divulgado artículo “Laicismo, cinco tesis”, disponible en diversos sitios en Internet, plantea: “En la sociedad laica tienen acogida las creencias religiosas en cuanto derecho de quienes las asumen, pero no como deber que pueda imponerse a nadie. De modo que es necesaria una disposición secularizada y tolerante de la religión, incompatible con la visión integrista que tiende a convertir los dogmas propios en obligaciones sociales para otros o para todos”. El mismo Savater, en una monografía “La laicidad explicada a los niños”, se explaya de una manera decisiva para la conceptualización moderna al decir que el laicismo,

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es “el reconocimiento de la autonomía de lo político y civil respecto a lo religioso, la separación entre la esfera terrenal de aprendizajes, normas y garantías que todos debemos compartir y el ámbito íntimo (aunque públicamente exteriorizable a título particular) de las creencias de cada cual. La liberación es mutua, porque la política se sacude la tentación teocrática pero también las iglesias y los fieles dejan de estar manipulados por gobernantes que tratan de ponerlos a su servicio, cosa que desde Napoleón y su Concordato con la Santa Sede no ha dejado puntualmente de ocurrir…”. En un artículo publicado por la revista “Occidente”, en octubre de 2005, el destacado dirigente laicista español, Juan Francisco González Barón, recordaba una frase de Norberto Bobbio, que expresara: “El espíritu laico no es en sí mismo una nueva cultura, sino la condición para la convivencia de todas las posibles culturas. La laicidad expresa más bien un método que un contenido”. Lo laico, como acto y hecho político, deviene en doctrina, en la medida que debe transmitirse a una comunidad política, es decir a un pueblo o sociedad que debe estructurarse políticamente. Es lo que conocemos como laicismo, doctrina que defiende o promueve la independencia de las personas y de la sociedad en su conjunto, que se expresan políticamente, frente a la pretensión hegemónica de los dogmas. El español Gonzalo Puente Ojeda, referente obligado para la dimensión del laicismo contemporáneo, el sistema

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de ideas que lo define, no puede asimilarse a una ideología: “el laicismo, como sector relevante de un sistema de ideas, se fundamenta en una ontología, en una filosofía y en una antropología específica”. El laicismo es más que la separación de la Iglesia y del Estado, puesto que sostiene un compromiso ineludible, en cuanto a posibilitar las condiciones políticas, jurídicas y sociales idóneas para el pleno ejercicio de la libertad de conciencia, carácter que lo enfrenta inevitablemente a toda configuración del Estado, del gobierno o de la sociedad civil que anule o restrinja dicha libertad en cualquiera de sus manifestaciones. Los principios laicistas postulan la protección de la conciencia libre del individuo y de su privacidad, desalojando radicalmente de la res publica toda pretensión de instaurar en ella un régimen normativo privilegiado a favor de un sistema de creencias, que aspire a hegemonizar las instituciones del poder político, económico o social, para ponerlas al servicio de alguna supuesta revelación sagrada o mandato divino.

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MULTILATERALISMO Y LAICISMO.

La Humanidad atraviesa una etapa determinante para su sobrevivencia. Lo que sus líderes hagan en los próximos 20 años será decisivo para salvar el planeta – la casa de todos, más allá de sus ideas y sus culturas particulares -, de las amenazas que se ciernen producto de la propia acción humana. Salvo miradas apocalípticas de sesgo religioso, nadie está dispuesto a legar a sus nietos un planeta que comienza a morir para la vida animal y vegetal. La vida – no solo humana – es una oportunidad que hace el sentido de humanidad, y la comunidad internacional ha hecho muchos esfuerzos para preservarla de la guerra, de la extinción y de las amenazas que pueden poner en riesgo su continuidad, aun cuando queda demasiado por hacer. De lo que se ha hecho, podemos considerar desde los tratados sobre la guerra en el siglo XIX, hasta los tratados que tienen que ver con el cambio climático hoy, pasando por aquellos que se producen luego de la Segunda Guerra Mundial, que aseguran los derechos humanos y establecen organismos jurisdiccionales de carácter internacional, para distintas materiales tales como las relaciones comerciales,

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tribunales internacionales para resolver distintas materias, especialmente los delitos de lesa humanidad, en fin. Múltiples convenciones, foros, tratados y acuerdos, configuran una amplia trama de diálogos que han posibilitado avanzar hacia concepciones comunes frente a los problemas de la Humanidad. No ha sido una tarea fácil. Recordemos que estos avances se han realizado en medio de conflictos gravísimos, guerras mediante incluso, pero que no han impedido que la lógica del sentido común se imponga, permitiendo pequeños avances que en el contexto del tiempo, la suma de ellos permite reconocer lo mucho que se ha avanzado, desde luego, en algunos ámbitos más que en otros. Los caminos relacionales en el último siglo. Las lógicas en que la comunidad internacional ha construido estos consensos, no han sido fáciles de sortear, producto de los factores de poder que se manifiestan en los distintos escenarios en que los países expresan sus intereses. Nuestra generación y la que nos precedió fue testigo del mundo bipolar que surgió producto de la Conferencia de Yalta, considerada históricamente como la madre de la guerra fría, y de un mundo que estuvo marcado por una confrontación que se expresaba localmente en distintas partes del planeta, de lo cual

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nuestro país no pudo escapar entre 1970 y 1973, a pesar de su distancia respecto de los centros de poder internacional. De alguna manera, frente a ese escenario, un conjunto de países pobres trató de levantar una lógica tripartita, a partir de la Conferencia de Bandung en 1955. Muchos de los países que convocaron a esta visión, habían surgido como naciones producto de la lucha contra el colonialismo o de la reciente guerra mundial (India, Yugoeslavia, Egipto, Indonesia, etc.), y se declararon no alineados frente a la visión bipolar impuesta en Yalta. El movimiento de países tercermunista no tuvo éxito, porque, de una u otra manera, cada cual terminó alineándose en algún momento en la lógica bipolar. Chile, bajo el gobierno de Allende, se sumó a esa propuesta, como consecuencia de una política internacional que buscaba relaciones diplomáticas con todos los países del mundo. El derrumbe del Pacto de Varsovia, y la desaparición de la Unión Soviética, trajo como resultado dos perspectivas que se han venido confrontando en el ámbito relacional, y que dan cuenta de comprensiones distintas del mundo en que vivimos, y de cómo debe desenvolverse la comunidad de naciones frente al escenario globalizado que determina la realidad internacional. Por un lado, la potencia que logra imponerse en la pugna bipolar – Estados Unidos – ha pretendido imponer una lógica unipolar o monopolar, que se fundamenta en la idea cultural greco-romanamedioeval del centro del mundo, y que se expresa en la pretensión de que Estados Unidos está llamado a regir los

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destinos globales, por su mayor capacidad económica y militar. Frente a ello, se ha levantado la visión multilateral, que reconoce la enorme diversidad de intereses económicos, políticos, culturales, e incluso civilizacionales, que presenta el mundo de hoy, y que deben ser reconocidos como protagonistas de una nueva concepción del escenario internacional, donde no todos los caminos conducen a Roma, y donde hay una trama compleja de identidades dialogantes que pretenden ser reconocidas en su diversidad. Sin embargo, los orígenes del multilaterialismo no se encuentran en el resultado dicotómico del ejercicio unilateral que sobreviene luego del fin de la guerra fría, sino que viene a ser consecuencia de los procesos políticos y económicos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde se promueven diversas instancias de diálogo internacional, que buscaron consolidar las posiciones de las potencias hegemónicas. En ese contexto están aquellas instancias que pretendieron ser reconocidas como expresivas de esa voluntad: la Organización de Nacionales Unidas (ONU), la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros, conocido por sus siglas en inglés GATT, y las múltiples conferencias internacionales sectoriales, promovidas por la ONU. En ese contexto, políticas propuestas por Estados Unidos para promover la liberalización de los mercados, dieron pie para

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lograr un protagonismo más diverso de las economías locales, en un escenario libre de los proteccionismos que imponían las lógicas de los mercados regionales o subregionales. Lo propio hizo la ex Unión Soviética para consolidar influencias más allá de su zona de dominio. Los alineamientos frente a la pugna bipolar llevaron, inevitablemente, a un multilaterialismo funcional a los intereses en pugna. Sin embargo, ante la complejización de un escenario internacional, donde Estados Unidos bajo los gobiernos republicanos emergió con una pretensión de liderar la aldea global, se constata que las estructuras que hicieron posible el multilateralismo de la postguerra, queda solo como expresión de un formalismo inefectivo, donde las premisas impuestas siempre han estado en aquellos que tienen el poder económico y militar, lo cual fue desencadenando la ineficacia de los ordenamientos relacionales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresión fundamental del multilateralismo ha sido muchas veces sobrepasada, cuando no atropellada, por el interés unilateral de Estados Unidos y sus aliados, como lo demostró dramáticamente la invasión de Irak. En ese contexto, lo que viene a ser característico por parte de las conductas de los Estados poderosos es la multipolaridad, un carácter relacional donde se impone la práctica salvaje de una realidad internacional en que no se requiere de reglas sino de capacidades de coexistencia o de confrontación, según las posibilidades que cada cual tenga

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para enfrentar las crisis o las divergencias. En esa lógica, las principales potencias pretenden la consolidación de su hegemonía, tanto por sus capacidades económicas, como por su capacidad de actuar, si lo desean, al margen del derecho y las instituciones internacionales. No solo se trata de un accionar de los Estados, sino también de las empresas globales, las que exigen ahora derechos universales – de inversión, comercio y libertad financiera -, que demandan como consecuencia de su poder financiero y tecnológico. Estas corporaciones no tienen, no reconocen, ni aceptan, establecer deberes con las sociedades en las que operan, equivalentes a los que observan en sus países de origen. Ante ello, quienes no tienen ese poder, observan con preocupación, que los gobiernos de los países menos poderosos y las instituciones multilaterales, vienen a ser instancias irrelevantes para la toma de decisiones sobre el curso de los procesos internacionales. Sin embargo, la necesidad de mirar al mundo como una expresión de intereses múltiples, donde éstos intereses se regulen sobre la base del derecho y de la civilización, donde no solo importen las determinaciones de los países o corporaciones más poderosas, donde prime la lógica del respeto a las diversidades, y donde se comprueba que estamos ante amenazas que pueden traer consecuencia irreversibles para todos, ha repuesto la idea de hacer del multilateralismo un instrumento eficaz para resolver las controversias y para entender que hay crisis que aún los

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más poderosos no están en condiciones de conjurar sino con el concurso mancomunado de la comunidad internacional. Las amenazas planteadas por el cambio climático y el calentamiento que nos pueden llevar a una catástrofe ambiental irreversible, por la falta de alimentos, por enfermedades que pueden alcanzar niveles pandémicos, por la radicalización religiosa, por el tráfico de drogas, por la acción del terrorismo, por la especulación y la volatilidad financiera, etc. son cuestiones que requieren una participación de la multilateralidad que se refleja en la comunidad internacional. El carácter del multilaterismo. El Multilaterialismo que se espera para consolidar una gobernabilidad mundial, a diferencia del multipolarismo, implica muchos lados: los Estados, las comunidades diversas, las expresiones internacionales de la sociedad civil, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, las instituciones ciudadanas de diversos intereses, los grupos especializados, las corporaciones multinacionales, etc. La realidad del mundo de hoy exige la sujeción de todos a la ética, al imperio de la ley, el respeto de las diversidades civilizacionales y culturales, y la negociación como mecanismo de resolución de los conflictos.

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Su naturaleza es á-geográfica, y su definición sustancial pasa por dos perspectivas que se deberán resolver en su privilegio o complementarse en definitiva: una, que apunta a reglas estrictas que sean asumidas por los actores fundamentales de la comunidad internacional, y otro que apunta a privilegiar los comportamientos de esos actores en forma preeminente. Sus formas son poco definidas en sus perfiles, a medida que se aleja del centro que constituye la formalidad del encuentro intergubernamental, de la institucionalidad formada entre las naciones. Este último aspecto, se encarna en estructuras de carácter mundial, como lo es la ONU, por ejemplo, pero también en estructuras regionales, como el MERCOSUR, la Comunidad de Centro América y el Caribe, etc. Se encarna no solo en estructuras políticas, sino también es estructuras técnicas, en expresiones éticas y espirituales (como lo son las asociaciones internacionales que luchan por la protección del medio ambiente, que promueven los derechos humanos, que proponen comportamientos valóricos, las iglesias, los movimientos espirituales con teológicos, etc.). Sin embargo, a medida que se aleja del centro del poder político y de las instancias intergubernamentales, el multilateralismo puede alcanzar una gama muy variada de inter-relaciones e inter-relacionados, que escapa al formalismo político, lo cual puede ser la base para la consolidación de una cultura multilateral que sea

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contribuyente a la consolidación política de esta forma de mirar el mundo. Para Phillippe Moreau Defargues, los elementos claves del multilateralismo se fundamentan en los siguientes criterios: debe ser incluyente, ya que solo puede funcionar en forma efectiva si no deja nadie afuera; debe haber un espacio de reglas y procedimientos conocidos y acatados por todos; debe ser igualitario, confiriendo a todos y cada uno los mismos derechos y obligaciones; debe haber mecanismos efectivos para regular las discrepancias, sobre la base de la negociación, la mediación y el arbitraje. Su fundamento ético histórico descansa en transformar la selva de los intereses de los Estados, donde generalmente se imponen los más poderosos, en una sociedad de países donde cada uno reconoce el valor y el aporte del otro en objetivos mancomunados. Así, el multilateralismo descansa en la complementariedad, en la diversidad en su más amplio espectro, en el respeto irrenunciable a los tratados, en la consolidación de una estructura de gobernabilidad mundial, con organismos de control políticos y jurídicos; descansa en la prácticas que deben expresarse en una institucionalidad común, que nace de los tratados que buscan establecer comunes denominadores entre las distintas potencias. En este último aspecto, es importante la democracia como forma de organización política, el respeto a los derechos humanos, la solución pacífica y legal de los conflictos, el reconocimiento legal de las

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resoluciones que implican a todos aun cuando respondan a cuestiones de tipo sectorial. La importancia multilaterales.

del

laicismo

en

las

relaciones

En la consolidación del multilateralismo, sin duda, el laicismo viene a ser un elemento determinante en su fundamento y desarrollo, como lo ha sido históricamente en la fundación de una comunidad de naciones, que se hace realidad en la Organización de Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, y que, a pesar de sus defectos e insuficiencias, sigue siendo el foro de encuentro de países más relevante del mundo. En un planeta donde las realidades nacionales están determinadas, en muchos casos, por sociedades caracterizadas por el predominio de credos específicos, estos, al expresarse en las relaciones entre los Estados, pueden tener alcances profundamente contradictorios como lo hemos advertido en las décadas recientes. De hecho, geográficamente, la realidad mundial constata claramente la presencia de los credos predominantes en zonas específicas, y países donde hay credo oficial del Estado, respondiendo a procesos históricos propios de la realidad social o política de cada uno de ellos. Esa diversidad es imposible de incluir en un orden internacional común, si no hay prescindencia de las

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especificidades de los credos que puedan caracterizar a tales Estados. De hecho, la concepción de una comunidad internacional, como sociedad de Estados, tiene su origen en la reflexión que surge en el siglo XVII y XVIII, ante una realidad marcada por las guerras sostenidas en connotaciones religiosas, siendo la Guerra de los Treinta Años el antecedente más inmediato, que enfrentó cruentamente a Estados católicos y protestantes. Así, cuando Kant plantea su reflexión sobre la “paz perpetua” no lo hace sobre los fundamentos de un contrato afirmado en la fe común de los beligerantes o en ser hijos de un mismo credo, sino en la necesidad de una construcción racional de las relaciones entre Estados diversos y en la que la Naturaleza quiere a toda costa que el derecho conserve al fin la supremacía. Para Kant, “es el deseo de todo Estado -o de su príncipe- alcanzar la paz perpetua conquistando al mundo entero. Pero la Naturaleza «quiere» otra cosa. Se sirve de dos medios para evitar la confusión de los pueblos y mantenerlos separados: la diferencia de los idiomas y de las religiones. Estas diferencias encierran siempre en su seno un germen de odio y un pretexto de guerras; pero con el aumento de la cultura y la paulatina aproximación de los hombres, unidos por principios comunes, conducen a inteligencias de paz, que no se fundan y afirman, como el despotismo, en el cementerio de la libertad y en el

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quebrantamiento de las energías, sino en un equilibrio de las fuerzas activas, luchando en noble competencia”. Por otro lado, el comercio y las relaciones económicas, desde sus más remotos orígenes, han dado cuenta de una comprobación efectiva y reiterada: que el diálogo de intereses económicos es posible al margen de todo acento en relación a los credos. El intercambio comercial, desde los tiempos del trueque hasta las complejas condiciones del mundo global de nuestro tiempo, solo ha sido posible como efecto de una diversidad que se sustenta en actores que prescinden de la connotación religiosa. Cuando las relaciones comerciales se han dimensionado sobre la especificidad del credo el desenlace ha terminado siendo inevitablemente confrontacional. De suerte que, el laicismo es una práctica de la comunidad internacional, que se ha consolidado como aquella conducta objetiva de los países que hace posible las relaciones políticas y económicas, superando las particularizaciones de actores diversos, al punto que, sin una perspectiva laica en el diseño e implementación de las relaciones internacionales, estas no avanzarían hacia una verdadera comunidad de naciones o países. De hecho, no solo desde la perspectiva axiológica sino también desde el punto de vista del pragmatismo con que los distintos actores internacionales se expresan en las instancias de encuentro y tangibilización de intereses comunes o de intereses divergentes, el laicismo viene a ser un bien, que la tolerancia ha legado como una contribución

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al perfilamiento humanista del trato internacional y a la sanas práctica de la diplomacia y el diálogo entre los países. Por cierto, las experiencias que se derivan de acontecimientos recientes, donde el factor religioso se ha instalado en la proa de ciertas políticas norteamericanas y de ciertos movimientos políticos y gobiernos del Asia islámico, y que establecen el privilegio de la confrontación armada, han provocado retrocesos importantes para una comunidad internacional que debe enfrentar problemas dramáticos y cuyos efectos pueden alcanzar a todos, problemas de tal gravedad que inducirán a violentas confrontaciones, y donde la efectividad de los gobiernos y las estructuras nacionales de una considerable cantidad de países, se verán cada vez más superadas por el descontento, cuando no la desesperación, de grandes muchedumbres afectadas por la falta de agua, de alimentos y de condiciones de subsistencia elementales. El encuentro de soluciones para los problemas que tienen carácter planetario, requiere de la cooperación de todos y cada uno de los componentes que integran la compleja trama multilateral, y para que ella sea posible, la práctica laicista contribuye a soltar el nudo de uno de los problemas que tensionan la realidad intercivilizacional e internacional: la pretensión teológica de imponer su concepción de la verdad por sobre la diversidad y la tolerancia, por sobre el diálogo político, cultural y civilizacional.

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“Sostenemos que solo en la medida que el Estado esté liberado de funciones evangelizadoras, concientizadoras o misionales, podrá ir asumiendo en forma más efectiva su rol nacional y representativo del espíritu y la voluntad de la sociedad a la que le corresponde regir”

“Un Estado laico está desvinculado de cualquier opción de fe, y ello se refleja de manera efectiva en las prácticas de sus órganos, que deben ser coherentes con los fundamentos constituyentes de esa concepción de organización política de un país o sociedad. En el Estado laico los credos adquieren derechos y oportunidades de difusión y práctica de sus ritos de acuerdo a las leyes, pero, ninguno de ellos puede utilizar las estructuras del Estado para imponer sus valores y concepciones sobre toda la sociedad”

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