TEMA 5 EL SEXENIO DEMOCRÁTICO 1868-1874. ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN EL SIGLO XIX

Tema 5. El Sexenio Revolucionario. Economía y Sociedad en el siglo XIX.

TEMA 5. EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874). ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN EL SIGLO XIX.

IES Fray Luis de León

Prof. Félix González Chicote

5.1. EVOLUCIÓN POLÍTICA DURANTE EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1869-1874). 5.1.1. La Revolución de Septiembre de 1868. 5.1.2. El Gobierno Provisional y la Regencia de Serrano (octubre 1868-diciembre 1870). * Constitución de 1869. 5.1.3. El Reinado de Amadeo I (enero 1871-febrero 1873). 5.1.4. La Primera República (1873-1874). 5.1.5. Evolución del sistema de partidos. 5.2. TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL SIGLO XIX: AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO Y TRANSPORTES. 5.1.1. Breve apunte demográfico. 2 5.1.2. Transformaciones agrarias y evolución de la agricultura. * Desamortización ¿Reforma agraria o talón de Aquiles de la economía española? * Avances en la agricultura. 5.1.3. El lento arranque del desarrollo industrial. * ¿Existió Revolución industrial en España? * La industria textil. * La siderurgia. * La minería. Ejemplo de una economía dependiente ¿colonial? 6.1.4. El comercio: escasa vertebración del mercado interior y déficit crónico exterior. 6.1.5. Comunicaciones. La construcción del trazado ferroviario: especulación e inversión extranjera. 6.1.6. La era del capital: Financiación y Banca. 6.1.7. Sistema monetario y fiscal. 5.3. LA SOCIEDAD EN EL SIGLO XIX: DE LA SOCIEDAD ESTAMENTAL A LA SOCIEDAD DE CLASES. 5.3.1. La pervivencia de la nobleza. 5.3.2. La burguesía. 5.3.3. Las clases medias. 5.3.4. Las clases populares. 5.3.5. La génesis del movimiento obrero. * Condiciones de vida. * Los inicios del movimiento obrero (1840-1868). * La división del movimiento obrero en el sexenio revolucionario (1868-1874).

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5.1. Evolución política del Sexenio Democrático.

De 1868 a 1874 se suceden rápidamente la revolución de 1868 y la caída de la monarquía borbónica, un periodo provisional y la Constitución de 1869, la Regencia y la búsqueda de un Rey, la monarquía de Amadeo de Saboya, la I República y el gobierno autoritario de Serrano, hasta que a finales de 1874 se produce la Restauración de la casa de Borbón. 5.1.1. La Revolución de Septiembre de 1868. En el movimiento revolucionario que destronó a Isabel II en 1868 confluyeron una crisis económica aguda, un amplio descontento social y una crisis política derivada del deterioro del régimen isabelino: → Crisis financiera, originada por la escasa rentabilidad de las inversiones ferroviarias, lo que provocó un descenso de las cotizaciones de la Bolsa y arrastró a bancos y el resto de las empresas. → Crisis industrial, originada por la subida del precio de la materia prima del sector textil y por la caída de la demanda, lo que provocó el cierre de empresas, el aumento del paro y el descenso del nivel de vida de las clases populares. → Crisis de subsistencias, provocada por una sucesión de malas cosechas que dio lugar al encarecimiento del precio del trigo. Descontento de amplios sectores sociales (inversores, industriales, obreros y campesinos) que demandaron una acción del gobierno que mejorase su situación. La respuesta de los gobiernos moderados fue la represión de los movimientos de oposición (ejemplos: “Noche de San Daniel”, fusilamiento de los sargentos del cuartel de San Gil). La oposición política estableció una plataforma conjunta para acabar con el régimen moderado. Progresistas, demócratas y republicanos firmaron el Pacto de Ostende (agosto de 1866), al que posteriormente se agregaron los unionistas (Serrano), donde se establecía un programa revolucionario común: derrocamiento de la monarquía de Isabel II y convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes, elegidas por sufragio universal, que determinarían el nuevo régimen político. La Revolución de Septiembre de 1868 se inició con la sublevación de la escuadra naval en Cádiz, al mando de Topete, quien, junto a Prim y Serrano firmó el Manifiesto “España con honra” que recogía el programa político elaborado en Ostende. El pronunciamiento militar fue seguido por un amplio movimiento insurreccional que se extendió por muchas ciudades, donde se constituyeron juntas revolucionarias en apoyo de la rebelión militar. Las escasas tropas fieles al gobierno fueron derrotadas en Alcolea (Córdoba), tras lo cual el gobierno dimitió e Isabel II partió hacia el exilio. Los firmantes del Pacto de Ostende tomaron la dirección del movimiento revolucionario, neutralizando la acción de las masas populares con la disolución de las juntas revolucionarias y formando un Gobierno Provisional, integrado por unionistas y progresistas, que asumió parte del programa político del partido demócrata. Este gobierno estaba presidido por Serrano (unionista), con Prim (progresista) como ministro de Guerra.

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5.1.2. El Gobierno Provisional y la Regencia de Serrano (Octubre 1868 – Diciembre 1870). El gobierno presidido por Serrano lo formaron ministros progresistas y cuatro unionistas, los demócratas quedaron fuera, y con ellos el sector más revolucionario. Las primeras medidas se dirigieron a controlar la revolución: disolución de las juntas, reorganizar la Milicia Nacional, desarme de los Voluntarios de la Libertad y restitución de la disciplina en el ejército. Sagasta, ministro de la Gobernación, ordenó a los gobernadores civiles mantener el orden. Una vez cumplido este objetivo se inician las reformas del Gobierno Provisional recogieron gran parte del programa político de las disueltas juntas revolucionarias: - Reconocimiento de la libertad de imprenta, de los derechos de reunión y asociación y del sufragio universal para los varones mayores de 25 años. - Democratización de los ayuntamientos y las diputaciones para favorecer la descentralización. - Decreto de libertad de enseñanza y reforma de esclavos nacidos tras la revolución. - Convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes. En dichas elecciones se produjo el triunfo de la coalición 4 gubernamental, integrada por unionistas, progresistas y un sector de los demócratas. También obtuvieron representación parlamentaria diversas fuerzas de oposición: carlistas, moderados (partidarios del regreso de Isabel II) y republicanos. El gobierno provisional también convocó elecciones municipales que dieron el triunfo a los republicanos en veinte capitales de provincia, con todo, el proceso político iba dejando en el camino las reivindicaciones de las clases populares urbanas y del mundo rural. El desencanto se extendió por lugares de Andalucía, donde los republicanos incluso se enfrentaron a las demandas de los líderes populares, como Caro en Jerez de la Frontera, que incitaba “a la guerra de los pobres contra los ricos”. Otras revueltas se produjeron en Cádiz, Béjar, Badajoz, Málaga, Tarragona, Sevilla y Gandía.

* Constitución de 1869. - La Constitución de 1869 recoge los principios básicos del liberalismo democrático y define un amplio régimen de libertades: ►Soberanía

nacional: todos los poderes emanan de la nación, cuya voluntad general se expresa mediante sus representantes en Cortes, elegidos por sufragio universal masculino. ► Establece como régimen político una Monarquía Democrática que limita los poderes del rey y se sustenta en la división de poderes: ● Poder ejecutivo: queda en manos del gobierno, que es responsable ante las Cortes. ● Poder legislativo: la facultad de elaborar y promulgar las leyes es exclusiva de las Cortes. ● Poder judicial: se garantiza la independencia del poder judicial, instituyéndose el sistema de oposiciones para acceder a la carrera judicial, y se implanta el juicio por jurado. ► Contiene una amplia declaración de derechos, tanto individuales (libertad de residencia, inviolabilidad del domicilio, libertad de expresión), como colectivos (derechos de reunión y asociación). ► Regulación de Ayuntamientos y Diputaciones mediante la elección de los concejales por sufragio y la de los alcaldes entre los concejales. Libertad de cultos, junto al compromiso del Estado de mantener el culto y clero católicos.

Tras la aprobación de la Constitución, el General Serrano ocupó la Jefatura del Estado como regente mientras que el Gobierno Prim emprendió la búsqueda de un nuevo monarca para el trono español: el candidato elegido fue Amadeo de Saboya, duque de Aosta, quien contaba con el consenso internacional y aceptaba la concepción democrática de la monarquía. La política económica de este período se caracteriza por la defensa del librecambismo y la integración de la economía española en el contexto internacional. Los objetivos eran favorecer la competencia y modernizar las estructuras productivas de España, para asegurar el desarrollo económico.

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→ Se racionalizó el sistema monetario, fijándose la peseta como unidad monetaria (octubre de 1868). → Concesión de la explotación o venta de las minas, fundamentalmente a empresas de capital inglés y francés, como forma de conseguir recursos para sanear la Hacienda y reducir la Deuda Pública (Ley de Minas de 1869, conocida como “Desamortización del subsuelo”). → La Ley de Bases Arancelarias (Arancel Figuerola de 1869) supuso la liberalización de los intercambios exteriores, acabando con la tradición proteccionista de la economía española. Los sectores populares vieron frustradas sus aspiraciones, lo que empujó a campesinos, jornaleros y obreros a posiciones cada vez más radicalizadas y de oposición al nuevo régimen político. En un principio el movimiento obrero apoyó a los republicanos, ya que veían en el cambio de régimen la posibilidad de transformaciones profundas del orden social. El fracaso de las revueltas republicanas y la penetración de las ideas de la I Internacional Obrera (acción propagandística de G. Fanelli) dieron lugar a la expansión del anarquismo y del socialismo entre el proletariado industrial y el campesinado, lo que supone su ruptura política con la burguesía. 5.1.3. El Reinado de Amadeo I (Enero 1871 – Febrero 1873). La llegada del nuevo monarca coincidió con el asesinato del Jefe de Gobierno, el general Prim, con lo que iniciaba su reinado con la pérdida de su más firme valedor. Su ausencia tuvo graves repercusiones en la evolución política de los años siguientes, debido a que Prim había mantenido unida la coalición de gobierno. → La oposición a la monarquía de Amadeo I: * Los moderados eran partidarios del regreso de la dinastía borbónica, como garantía de orden y estabilidad social, frente al carácter democrático de la monarquía de Amadeo I. En torno a Cánovas del Castillo se fue aglutinando un “partido alfonsino”, partidario de la restauración borbónica en la persona de Alfonso de Borbón, en quien su madre, Isabel II, había abdicado en 1870. Contaron con el apoyo de la Iglesia Católica, opuesta al nuevo régimen por la reanudación de la obra desamortizadora y el establecimiento de la libertad de cultos, y de la oligarquía económica, contraria a la legislación librecambista del Sexenio y convencida de que la monarquía democrática era incapaz de garantizar el orden social y la propiedad. * Los republicanos aspiraban a la proclamación de la república y a cambios profundos del sistema social, lo que les llevó a constantes levantamientos contra el régimen amadeísta. * Una facción del carlismo, apoyada por sectores neocatólicos, constituyó una fuerza política opuesta a la nueva monarquía desde posiciones ultraconservadoras. Los problemas a los que tuvo que enfrentarse la nueva monarquía dieron lugar a una situación de permanente inestabilidad que condujo a la renuncia al trono de Amadeo I en febrero de 1873: * Los sectores carlistas partidarios de la vía insurreccional para imponer a su candidato Carlos VII como rey de España, se alzaron en armas en 1872, lo que dio inicio a la Tercera Guerra Carlista, que se prolongaría hasta 1876, ya en el período de la Restauración. Tres razones o “resistencias” explican la persistencia del conflicto carlista a lo largo del siglo XIX: ● La resistencia del mundo campesino a la penetración de las formas productivas del capitalismo moderno. ● La resistencia de los territorios forales, o que habían disfrutado de privilegiados forales en el pasado (caso de los reinos de la antigua Corona), al centralismo liberal. ● Resistencia al proceso de secularización iniciado en España con la revolución liberal. Frente a ese proceso se alzó una religiosidad tradicional, integrista, que se apoderó del discurso de la “tradición”

* En 1868 se había iniciado en Cuba una insurrección independentista que dio lugar a la llamada “Guerra Larga” o “Guerra de los 10 años”, que se prolongó hasta 1878: El “Grito de Yara” marcó el inicio del levantamiento independentista, liderado por Céspedes, representante de los hacendados criollos cubanos, cuyos intereses se veían perjudicados por la política comercial de la metrópoli. El movimiento insurreccional contó con un amplio apoyo popular, al prometer la completa abolición de la esclavitud en la isla. El gobierno intentó sacar adelante un proyecto de abolición de la esclavitud y de concesión de reformas políticas que reconocieran cierto grado de autonomía a la isla, pero la negativa por parte de los sectores económicos españoles con intereses en Cuba (peninsulares) frustró la posibilidad de una solución pacífica del conflicto. * Insurrecciones de carácter federalista que combinaban la acción de los republicanos con levantamientos de signo anarquista, inspirados por las ideas internacionalistas que penetraron en España a partir de 1868. Desintegración de la coalición gubernamental (constitucionales de Sagasta y radicales de Ruiz Zorrilla), lo que dejó al monarca sin el apoyo necesario para afrontar los graves problemas del país y dio lugar a una permanente inestabilidad gubernamental y parlamentaria.

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5.1.4. La Primera República (1873-1874). Tras la renuncia de Amadeo I, las Cortes, en sesión conjunta de sus dos Cámaras (Congreso y Senado), votaron la proclamación de la República (11 de febrero de 1873). El sostén del nuevo régimen político era el Partido Republicano Federal de Pi y Margall, surgido en 1868 como una escisión del partido demócrata. Los principales aspectos de su programa político eran los siguientes: → Defensa de la República como régimen político. → Partidario de una nueva forma de articulación del Estado Español, basada en un sistema de pactos entre las distintas regiones del Estado, lo que daba lugar a un modelo descentralizado (Estado Federal). → Laicismo del Estado: Separación radical entre Iglesia y Estado, lo que va más allá de la libertad de cultos recogida en la Constitución de 1869. → Ampliación de los derechos democráticos e intervención estatal en la regulación de las condiciones laborales (política social). El nuevo régimen contó con el apoyo de la pequeña burguesía y de parte del movimiento obrero y 6 campesino, antes de que fuera atraído por las ideas anarquistas y socialistas. El nacimiento de la República se vio acompañado de un movimiento reivindicativo de carácter popular que solicitaba la supresión de los consumos (impuestos indirectos que gravaban los productos de primera necesidad) y de las quintas (sistema de reclutamiento que perjudicaba especialmente a las clases populares). Este movimiento fue reprimido por el gobierno republicano de Figueras, partidario de un escrupuloso respeto a la legalidad. Tras las elecciones a Cortes Constituyentes, que ganaron los republicanos, comenzó la elaboración de un proyecto constitucional (Constitución de 1873) que declaraba la organización federal de la República Española y recogía el régimen de libertades diseñado en la Constitución de 1869. Sin embargo, la Constitución de 1873 no entraría en vigor porque a partir de los primeros días de julio, el país entró en un proceso revolucionario que acabó por hundir definitivamente a la República. En pocos meses se suceden varios gabinetes de diferente composición: → Coalición de radicales-federales (febrero-marzo). Estanislao Figueras es el presidente del gobierno. Los intransigentes controlan ciudades como Málaga y Cádiz. → Federales (marzo-julio). La figura clave es Pi. Se convocan las elecciones con un deseo de pureza electoral. Pi y Margall presenta un programa de gobierno de amplio contenido: enseñanza gratuita, abolición de la esclavitud en las Antillas, programa social, separación Iglesia-Estado. → Atenuación con Salmerón (julio-septiembre). Su mayor problema es el cantonalismo. → La República autoritaria con Castelar. La República se vio acosada por múltiples conflictos que provocaron la inestabilidad del régimen e impidieron llevar adelante algunas de las reformas previstas, como la abolición de las quintas: * Se recrudeció el conflicto carlista, consolidándose las posiciones carlistas en las provincias vascas y el Maestrazgo, y extendiéndose por Cataluña, con incursiones hacia Teruel y Cuenca. * Continuaba la Guerra Larga en Cuba, donde las autoridades españolas, partidarias de la restauración monárquica, actuaron al margen del gobierno republicano. * En julio de 1873 se inició la insurrección cantonalista, consistente en levantamientos dirigidos por republicanos federales, decepcionados con el rumbo de la nueva República y apoyados por artesanos, pequeños comerciantes y asalariados. Diversas poblaciones (Cartagena, Sevilla) se levantaron en armas proclamándose cantones independientes, en un intento de federación desde abajo, frente al modelo diseñado por la Constitución de 1873. En algunos casos (Alcoy), el movimiento cantonalista se vio acompañado de reivindicaciones sociales y revolucionarias de inspiración anarquista. → La doble división entre las filas republicanas: entre unitarios y federalistas, por un lado, y entre republicanos conservadores y partidarios de la radicalización social, por otro. → Inestabilidad gubernamental: en menos de un año se sucedieron cuatro presidentes (Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar). Castelar, representante de la línea más conservadora del republicanismo, ante la grave situación obtuvo poderes extraordinarios para gobernar al margen de las Cortes y concedió amplios poderes a los jefes militares para mantener el orden, iniciando un programa de reforzamiento de la autoridad del Estado, apoyándose en el ejército. Cuando se reanudaron las sesiones parlamentarias, el gobierno Castelar no superó una moción de confianza, lo que suponía el regreso al poder de los republicanos radicales. Tras la derrota parlamentaria del gobierno Castelar se produjo el golpe de Estado del General Pavía (3 de enero de 1874), quien disolvió las Cortes, dando paso al establecimiento de un régimen militar. El poder pasó a

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una coalición encabezada por Serrano, quien intentó estabilizar el régimen con la instauración de una república presidencialista de carácter conservador. El gobierno Serrano concentró todo su esfuerzo en sofocar los últimos focos cantonalistas, hacer frente a los carlistas en el Norte y restablecer el orden y el control del país desde el poder central. Sin embargo, cada vez era más evidente la falta de apoyos del régimen republicano, al tiempo que los grupos burgueses y las clases medias se iban incorporando a la causa alfonsina. El pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto (diciembre de 1874) supuso la proclamación como rey de Alfonso XII, restaurándose en España la monarquía borbónica, lo que ponía fin a la primera experiencia republicana de la historia de España. Las líneas políticas de la nueva monarquía quedaron recogidas en el Manifiesto de Sandhurst: régimen monárquico de carácter conservador y católico, defensor del orden social, y garantía del funcionamiento del sistema político liberal. 5.1.5. Evolución del sistema de partidos. La campaña electoral de 1869 se desarrollo en medio de la polémica sobre la forma de Estado, Monarquía o República. Los unionistas y progresistas, que dominaban el gobierno, eran partidarios de la Monarquía. Los demócratas, sin embargo, estaban indecisos y algunos de ellos como Cristiano Martos o Manuel Becerra firmaron un manifiesto protomonárquico, el Manifiesto de los Címbrios, a favor de una Corona democrática y popular con sufragio universal. La otra facción demócrata, con José María Orense, Figueras, Castelar y Fernando Garrido, decidió apoyar la alternativa republicana. El partido progresista, tras la muerte de Prim se dividió en dos grupos: los constitucionalistas de Sagasta, partidarios de reconducir la monarquía democrática en sentido conservador, y los radicales, liderados por Ruiz Zorrilla, que querían llevar la Constitución y el desarrollo de la democracia hasta sus últimas consecuencias. El Partido Republicano Democrático Federal, también conocido como Partido Federal, fue un partido político español de carácter federalista y republicano creado tras la Revolución de septiembre de 1868. Desarrollado a partir de la teoría del pacto de Francisco Pi y Margall. Al margen del sistema de partidos pero muy relacionados con el republicanismo surgen las primeras organizaciones obreras de carácter socialista y anarquista, los ecos de la AIT y la Comuna de París provocan la afluencia de periódicos obreros, los primeros congresos (Barcelona, Valencia, Zaragoza) y la llegada de dirigentes de la Internacional como Paul Lafargue en 1871. El gobierno se divide, unionistas, moderados y parte del progresismo pretenden ilegalizar la AIT, los republicanos lo impiden. La proclamación de la República provocó una oleada de manifestaciones, huelgas y movimientos campesinos que se mezclaron con los contenidos federalistas del cantonalismo. Esa participación fue utilizada por los sectores conservadores para presentar la insurrección cantonal como un movimiento revolucionario, e incluir a la AIT en la subsiguiente represión. El gobierno Serrano decretó, el 10 de enero de 1974, la disolución de la Internacional. Socialismo y anarquismo pasaban a la clandestinidad.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS ENTRE 1868 y 1874 Coalición revolucionaria CARLISTAS Carlos VII Nocedal

MODERADOS Alfonsinos Cánovas

UNIÓN LIBERAL (Serrano)

PROGRESISTAS (Prim)

DEMÓCRATAS (Rivero)

REPUBLICANOS (Pi y Margall)

Muerte de Prim, 1870

Partidos constitucional (Sagasta)

Cánovas

Serrano

Prim

Partido Radical (Ruiz Zorrilla)

Sagasta

Figueras

Cimbrios Pro-republicanos (pro-monárquicos) Castelar, Orense, Figueras Rivero, Martos, Becerra

Pi y Margall

Salmerón

Castelar

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5.2. TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL SIGLO XIX: AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO Y TRANSPORTES. 6.1.1. Breve apunte demográfico. La población de los principales países europeos creció durante el siglo XIX de manera vertiginosa. Alemania, Bélgica, Países Bajos y otros países duplicaron sobradamente su población. Gran Bretaña, cuna y motor de la Revolución Industrial, casi la cuadruplicó: pasó de 10 millones de habitantes en 1800, a 37 millones en 1900. En España el crecimiento, pese a ser importante, no fue tan espectacular como en la mayoría de los países industrializados: se pasó de 11,5 millones en 1800, a 18,5 millones en 1900. La moderación en el crecimiento demográfico español, si se compara con el de otros países europeos, se explica por el hecho de que la tasa de mortalidad se mantuvo bastante alta durante todo el siglo XIX, como 8 consecuencia de las guerras civiles, del escaso y tardío crecimiento de la industria, y de la aparición esporádica de epidemias -fiebre amarilla, paludismo y cólera. Diversas crisis demográficas se sucedieron durante el siglo debidas, sobre todo, al cólera, enfermedad que en esta época seguía siendo mortal. Las epidemias más importantes se dieron en los períodos 1834-1835, 1853-1856, 1859-1860, en 1865 y en 1885. La más mortífera fue la de 1855, en la que fallecieron más de doscientas mil personas. No obstante, durante el período 1797-1877 las constantes demográficas de España fueron semejantes a las del resto de Europa, aunque a un ritmo más lento: incremento de la población absoluta, ligero aumento de la población urbana en detrimento de la rural, y disminución gradual de la población activa del sector primario, compensada por un ligero crecimiento de la población de los sectores secundario y terciario, con todo 70% en el sector agrícola. El mayor ritmo de crecimiento se produjo en el período 1820-1860 (0,76% anual) mientras que en las últimas décadas del siglo XIX el ritmo de crecimiento volvió a caer, situándose en los mismos niveles de finales del siglo XVIII (0,43% anual). Las razones hay que buscarlas en la incapacidad de la economía agraria para sostener un ritmo tan elevado de aumento poblacional, al tiempo que en las dos últimas décadas se produjo nuevamente una avalancha migratoria a países americanos, como Chile o Argentina. En cuanto a movilidad espacial dos rasgos: transvase de la población del centro a la periferia: éxodo rural y la emigración transoceánica con 3 millones de emigrantes fundamentalmente hacia América Latina y norte de África. La distribución de la población también refleja ya esa dualidad centro-periferia y la lenta urbanización. 6.1.2. Transformaciones agrarias y evolución de la agricultura. * Desamortización ¿Reforma agraria o talón de Aquiles de la economía española? Las transformaciones agrarias liberales forman parte del proceso de sustitución del Antiguo Régimen por la sociedad capitalista, que se produjo a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Durante este proceso, se abolieron los señoríos y los derechos jurisdiccionales, se desvinculó la propiedad y se desamortizaron la mayoría de las tierras pertenecientes a la Iglesia y a los municipios. Estas reformas consolidaron la propiedad privada, transformando la tierra en una mercancía que podía ser vendida libremente. La desamortización supone la expropiación por el Estado de bienes raíces de propiedad colectiva (eclesiástica o municipal), que, tras su nacionalización y posterior venta en subasta, se convierten en propiedad privada y libre. La desamortización se inició con Godoy, durante el reinado de Carlos IV, con la finalidad de disminuir la deuda pública, objetivo que se repetiría en los demás procesos desamortizadores. Repasar de los temas anteriores los momentos desamortizadores, ej. Cádiz, trienio, gobierno Mendizabal, Regencia de Espatero, bienio progresista). La primera de las dos grandes leyes desamortizadoras fue la de Mendizábal (1836) que afectó a los bienes pertenecientes al clero regular y buscó cuatro objetivos: sanear la Hacienda reduciendo la deuda, conseguir el acceso a la propiedad de sectores burgueses que mejorarían la producción, conseguir fondos para ganar la guerra carlista y crear un sector social de nuevos propietarios vinculados al régimen liberal. Los inversores burgueses y los antiguos terratenientes acapararon las compras, puesto que eran los únicos que tenían liquidez y podían controlar fácilmente las subastas, con lo que se perdió la ocasión para una reforma agraria que posibilitase el acceso del campesinado a la propiedad de la tierra, acentuándose el latifundismo en Andalucía y Extremadura y el minifundismo en el Norte.

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La segunda gran desamortización fue la iniciada con la Ley Madoz de 1855 que establecía la venta de toda clase de propiedades pertenecientes al Estado, a la Iglesia y a los municipios completando el proceso iniciado por Mendizábal. La consecuencia fue la eliminación de la propiedad comunal, empeorando la situación económica del campesinado, y de lo que quedaba de la eclesiástica. La desamortización significó el traspaso de una enorme masa de tierras a los nuevos propietarios y la fusión de la antigua aristocracia señorial con la burguesía urbana para crear la nueva burguesía terrateniente. Las consecuencias de las desamortizaciones fueron diversas. En primer lugar, comportaron un cambio de propiedad. El 40% de la tierra cambió de manos y tres quintas partes de las propiedades de la Iglesia fueron vendidas. Pero los compradores fueron sobre todo aristócratas terratenientes que aún engrosaron más su patrimonio rústico, o comerciantes e industriales, que veían en la tierra un signo de prestigio y de estabilidad económica. Algunos de los actuales latifundios andaluces datan de esta época. Una segunda consecuencia de la desamortización fue el deterioro económico que supuso para muchos agricultores, ya que perdieron los derechos de uso de los bienes comunales. En muchas zonas se produjo una proletarización de amplios sectores del campesinado. En este sentido, en 1860 la mitad de los asalariados españoles eran jornaleros del campo. Por último, aunque no emergió una nueva clase de propietarios activos y emprendedores, como esperaban Mendizábal y Madoz, con las desamortizaciones sí que se logró una ampliación importante de la superficie cultivada dedicada a los cereales y, en algunas zonas de la Comunidad Valenciana, de Cataluña y de Murcia, la expansión del cultivo de la patata y del trigo. * Avances en la agricultura. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, en la costa mediterránea se fue imponiendo una agricultura orientada a la comercialización, tanto en el mercado interior como para la exportación. Los cultivos de la vid, de los cítricos, del arroz -que se cultivaba principalmente en el Empordá (Girona), en el delta del Ebro y en la Albufera valenciana- y de la caña de azúcar se generalizaron en esta época, junto con otros productos cuyo cultivo no estaba tan extendido, como los faltos secos, el aceite de oliva y el esparto. Especialmente la vid, un cultivo tradicional que ya había experimentado cierta expansión de sus derivados, como los aguardientes y los vinos, tuvo un crecimiento sin precedentes a finales del siglo XIX. Entre 1850 y 1875, España triplicó el volumen de la exportación de vinos a Europa, hecho que se explica por la ruina de la vid francesa a causa de la filoxera. España se convirtió durante las décadas de 1870 y 1880 en la primera potencia mundial en producción vinícola. Fue entonces cuando se configuraron zonas que aún tienen en la actualidad su principal fuente de riqueza en el monocultivo de la vid: La Rioja, el Penedes (Barcelona), Jerez de la Frontera, la zona de Utiel y Requena (cerca de Valencia), etc. La llegada de la filoxera a España, en los últimos años del siglo XIX, supuso también una fuerte crisis del sector, hecho que se vio agravado por la caída del precio del vino en los mercados franceses. En el quinquenio 1892-1896 el vino exportado se redujo en más de un 40%. Se intentó paliar la caída de las exportaciones agrícolas basadas en el vino con el lanzamiento de nuevos productos, como el corcho, las cebollas, las almendras y, en especial, las naranjas, producto que experimentó una constante y creciente demanda exterior y que fue la base de la recuperación, ya en el siglo XX, de gran parte de la agricultura valenciana. Aparte de estos sectores agrícolas orientados a la exportación seguía predominando el cultivo cerealista tradicional y gran parte de su producción se exportaba. Pero el sueño de los terratenientes de que España se convirtiera en el granero de Europa se vio frustrado al terminar los conflictos europeos, como las guerras de Crimea (1853-1856) y francoprusiana (1870-1871), ya que el precio del grano español no podía competir con el de las tierras de cereales francesas, alemanas y británicas. La escasez de transformaciones en el campo y la limitada productividad agrícola dificultaron el trasvase de población activa del sector primario a la industria o los servicios y el crecimiento de la demanda de productos manufacturados, lo que lastró el desarrollo de los demás sectores productivos. 6.1.3. El lento arranque del desarrollo industrial. * ¿Existió Revolución industrial en España? El tema de la industrialización es un elemento clave en el debate sobre la historia económica de España, en general siempre se ha tendido a comparar el modelo británico y su cronología con el resto de países europeos y extraer conclusiones, en ese sentido se ha interpretado el caso español como el de un fracaso, el fracaso de la

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Revolución industrial en España. Sin embargo, actualmente se tiende a realizar análisis de los diferentes procesos de industrialización, que no revoluciones, y en ese sentido, se ha colocado la industrialización española no tanto como la historia de un fracaso sino como la de una evolución lenta, de crecimiento débil y condicionada por: → El fuerte peso del sector agrario que ya hemos analizado y la gran cantidad de inversiones que fueron hacia el mismo gracias a las desamortizaciones. → La política proteccionista contribuyó inicialmente a preservar la industria nacional frente a la competencia extranjera, pero a largo plazo desincentivó la incorporación de mejoras técnicas, lo que hizo que la industria española fuera poco competitiva. → El bajo nivel de vida de la población española era un obstáculo para la formación de un mercado lo suficientemente potente como para estimular la producción de artículos de consumo. Los salarios eran muy bajos porque sobraba mano de obra en el campo, una excedente de población que no emigraba a las ciudades ante la falta de empleo industrial. El escaso desarrollo de la industria de bienes de consumo significaba una baja 10 demanda de maquinaria industrial, lo que a su vez impedía el crecimiento de la siderurgia. → Inexistencia de un mercado interior por la ausencia de una buena red de carreteras y ferrocarriles, hasta el punto de que era más barato importar productos extranjeros que comprar los nacionales. A ello hay que añadir la escasez de las inversiones, salvo en algunas regiones de la periferia. Otros factores que explican por qué España quedó rezagada en el proceso industrializador europeo son: la escasez de fuentes de energía por la falta de cursos de agua importantes para obtener energía hidráulica o por la mala calidad del carbón mineral y las negativas repercusiones de la absorción de gran cantidad de recursos por la Hacienda Pública, lo que elevó los tipos de interés, encareciendo la financiación de las empresas. * La industria textil. Hacia 1830 sólo un sector, el textil, y una ciudad, Barcelona, habían iniciado su industrialización. La industria catalana sufrió la pérdida de las colonias americanas, pero, a partir de 1832 comenzó una nueva fase de expansión que se prolongó hasta 1862. Las causas de este despegue hay que buscarlas en dos factores: la mecanización acelerada y la política proteccionista. La introducción de la energía del vapor y la mecanización de las fábricas textiles catalanas dio lugar a una disminución de costes y precios y a una multiplicación de las ventas, aunque fue más rápida en la hilatura que en el tejido. La política proteccionista prohibió la importación de tejidos de algodón, lo que permitió a los productos catalanes competir con ventaja en el mercado interior. Esta política permitió mantener la expansión de la producción, pero ralentizó las inversiones y la modernización. * La siderurgia. La siderurgia fue el sector que estimuló el desarrollo de la industria moderna tomando el relevo al sector algodonero. La fundición de hierro y la elaboración de acero requieren de mineral de buena calidad y de elevadas cantidades de carbón. Vizcaya poseía importantes minas de hierro y se convirtió en exportador de mineral, fundamentalmente a Inglaterra. Pero la escasez de minas de carbón, las más importantes de las cuales se hallan en Asturias, y el bajo poder calorífico del carbón autóctono limitaron el desarrollo de la siderurgia española y fueron la causa principal del fracaso de las primeras instalaciones. Los primeros intentos de crear una siderurgia moderna se desarrollaron en Málaga, pero esta tentativa fracasó por la dificultad de adquirir carbón de coque y la utilización de carbón vegetal, lo que comportó unos elevados costes de producción. La existencia de yacimientos de hulla en Asturias, la convertiría en el centro siderúrgico de España entre 1864 y 1879. Pero, a partir de 1876, la llegada de coque galés más barato a Bilbao, como contrapartida de la exportación de hierro, condujo a la consolidación de la siderurgia en Vizcaya, en perjuicio de la asturiana. La Sociedad Anónima Altos Hornos de Vizcaya se convirtió en la empresa siderúrgica española más importante durante gran parte del siglo XX, facilitando el desarrollo de la industria de bienes de equipo. Otras industrias de consumo, como la harinera, aceitera, vitivinícola, calzado, cerámica o vidrio crecieron a lo largo del período, pero su producción era de pequeña escala, con bajos índices de capitalización y, en algunos casos, con sistemas de producción más artesanales que industriales. * La minería. Ejemplo de una economía dependiente ¿colonial? Los recursos del subsuelo habían pertenecido tradicionalmente a la Corona, tanto en España como en las colonias americanas. A mediados de siglo se convirtieron en propiedad del Estado. Los dispersos yacimientos

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mineros fueron explotados por compañías extranjeras a partir de 1868, obteniendo largas concesiones que les permitieron modernizar los procedimientos y agotar los recursos. Los principales metales extraídos fueron el plomo, el cobre y el mercurio (además del hierro vasco, al que ya nos hemos referido). En el último tercio de siglo la producción de plomo obtenida en España fue la más importante del mundo, y sólo sería superada en las décadas finales del siglo por la de Estados Unidos, que ya emergía como una gran potencia mundial. Algo parecido sucedió con la producción de cobre obtenido en el norte de Huelva. La explotación de las compañías británicas y francesas en las cabeceras de los ríos Tinto y Odiel llegaron a suponer las dos terceras partes del cobre mundial hasta los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. La demanda de este metal había aumentado enormemente con el desarrollo de la energía eléctrica, ya que el cobre era el conductor de corriente más barato. Finalmente, la explotación del mercurio de Almadén (del árabe, la mina) cayó en manos de la familia Rothschild a cambio de la concesión de un préstamo al gobierno revolucionario de 1868. Esta casa, que ya había participado en la construcción de diversos tramos del ferrocarril, explotó los yacimientos en exclusiva durante casi noventa años. 6.1.4. El comercio: escasa vertebración del mercado interior y déficit crónico exterior. A principios del siglo, el comercio interior en España se reducía a mercados comarcales, apenas comunicados entre sí y aislados del exterior. Los obstáculos legales y la falta de una red viaria adecuada contribuían a esta fragmentación. Las reformas liberales (libertad de comercio, abolición de los gremios, desaparición de las aduanas interiores) contribuyeron a articular un mercado interior, pero esto no hubiera sido posible sin el impulso a la red de comunicaciones, para lo que resultó decisiva la construcción de la red ferroviaria. El escaso desarrollo del comercio exterior antes de 1856 tiene sus causas en la política proteccionista y en el caos monetario y la revalorización de la moneda, lo que dificultaba su uso en las transacciones exteriores. A partir de 1856, la nueva legislación y la reducción de aranceles facilitó la entrada de capitales extranjeros y el aumento del tráfico comercial internacional. Las principales mercancías del comercio exterior a comienzos del siglo XIX eran el aceite y el vino en las exportaciones y los tejidos de algodón y lino en las importaciones. A finales de la centuria, el algodón y el carbón habían pasado a ser las dos principales importaciones, mientras en las exportaciones se habían sumado los minerales a los productos agrarios. Las principales relaciones comerciales se establecieron con Francia y Gran Bretaña. Tónica general: déficit crónico. La política comercial centró el gran debate económico del siglo, entre proteccionistas y librecambistas. Los industriales textiles catalanes, los cerealistas castellanos, el sector carbonífero asturiano y los siderúrgicos vascos presionaron a los sucesivos gobiernos liberales para conseguir protección a sus productos, mediante el establecimiento de elevados aranceles. Los librecambistas defendían que la libre entrada de productos extranjeros estimularía la competitividad de la economía española. Hasta 1870 y coincidiendo con las etapas de gobiernos progresistas avanzó el librecambismo. A partir de 1870, en consonancia con el resto de Europa, se pasó a una etapa dominada por el proteccionismo. 6.1.5. Comunicaciones. La construcción del trazado ferroviario: especulación e inversión extranjera. En otros países, especialmente en el Reino Unido, los beneficios obtenidos en la industria algodonera fueron destinados a financiar la construcción del ferrocarril. No fue así en España, donde el proceso de desarrollo textil se solapó con el ferroviario. La locomotora había hecho su aparición en Gran Bretaña, donde en 1825 se había inaugurado la primera línea del mundo. En nuestro país, mientras la Guerra Carlista (década de 1830) retrasaba el inicio de su construcción, en la provincia española de Cuba se inauguraba (1837) el primer trayecto férreo que enlazaba La Habana con las tierras del interior. Dada la debilidad de la Hacienda española, la construcción se dejó en manos de grupos financieros privados, españoles y extranjeros, que debían de obtener una licencia (concesión) en pública subasta que les autorizaba a ejecutar las obras de un determinado trayecto aprobado y que les permitía explotarlo en su beneficio durante un período de tiempo. Como los costes de la construcción ferroviaria eran muy elevados, difícilmente asumibles por una sola persona, se formaron sociedades anónimas por acciones en las que varios individuos reunían sus fortunas. En 1848, gracias a los esfuerzos de Miguel Biada, un indiano repatriado natural de Mataró, se inauguró la primera línea férrea peninsular entre Barcelona y Mataró. Biada, que murió antes de poder verla inaugurada, constituyó una sociedad que financió las obras. Un ejemplo de las dificultades orográficas que ofrecía el relieve

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peninsular para la construcción del ferrocarril lo ofrece el hecho de que, ya en el tramo inaugural, a pesar de seguir la línea costera, fue necesario excavar un túnel (el de Montgat) que horadase la montaña. Dos años después, en 1851, se inauguró el segundo ferrocarril peninsular entre Madrid y Aranjuez, financiado por el empresario, y entonces ministro de Hacienda, José de Salamanca. Hasta 1855 el ritmo de construcción fue lento. A las líneas señaladas se unieron pequeños tramos en la región de Barcelona, Valencia, Jerez o Asturias. El tramo más largo se estableció entre Madrid y Albacete, prolongando la línea inaugurada en 1851. A partir de 1855, con los progresistas en el poder, el ritmo de concesión y construcción de nuevas líneas se aceleró. La Ley General de Ferrocarriles aprobada ese año establecía condiciones extraordinariamente favorables para atraer el capital extranjero. En estas ventajosas circunstancias, diversas sociedades constituidas por banqueros e industriales franceses, ingleses, alemanes o belgas, con participación de aristócratas y banqueros españoles, obtuvieron las adjudicaciones y rivalizaron por construir y explotar las líneas ferroviarias. El Gobierno pretendía enlazar las regiones del centro con la costa y las fronteras. Por su parte, los grupos 12 particulares beneficiarios de las concesiones estaban interesados en conectar las zonas productoras de materias primas con los puertos. De este modo, los intereses de unos y otros dieron una impronta radial a la red ferroviaria. Algunas regiones extremas, como Galicia y Almería, permanecían aisladas. A la manera de Francia, los brazos convergían hacia la capital, en este caso Madrid, situación que favorecía también el control del territorio, porque el ferrocarril permitía movilizar las tropas rápidamente. Precisamente, fueron los criterios militares los que impulsaron la decisión de adoptar un ancho de vía distinto al empleado en Europa. Se pensaba que esta circunstancia impediría una posible invasión exterior; también se adujeron razones técnicas que aludían a las dificultades ofrecidas por el relieve peninsular, pero lo cierto es que la mayor anchura de las vías españolas aisló a España de la red ferroviaria europea. Antes de la crisis generalizada en Europa, en 1866 se habían construido 4.826 km de vías férreas, un tercio de las dimensiones que habría de tener en vísperas de la Primera Guerra Mundial: 14.675 kilómetros en 1910. Siempre que se aborda el tema del ferrocarril en España cabe plantearse una pregunta hipotética, sí en lugar de importar todo el material ferroviario se hubiera apostado por la industria nacional unificando demanda y oferta, ¿se hubiera inducido un proceso de industrialización más rápido? Es un sugerente pregunta que no tiene fácil respuesta ya que en esos momentos la siderúrgica española era prácticamente inexistente. Es importante incluir dentro del avance de los comunicaciones que durante la segunda mitad del siglo XIX esta situación mejoró bastante. En 1850 se estableció el servicio de correos y, en 1852, se inauguró el servicio de telégrafos, que fue extendiéndose por las principales ciudades. Ello permitió un desarrollo importante de las comunicaciones y una gran expansión de la prensa diaria, ya que podían ofrecerse noticias con rapidez desde cualquier punto de España. 6.1.6. La era del capital: Financiación y Banca. El desarrollo industrial necesitaba un sistema financiero estable que pudiera subvencionar las empresas canalizando los recursos disponibles. Sin embargo, la mayor preocupación del Estado fue obtener ingresos para las arcas públicas; por ello ejerció un fuerte dirigismo estatal sobre el sector bancario. Los esfuerzos por crear una banca privada en España estuvieron ligados al boom de la construcción ferroviaria. La expansión bancaria experimentó un período de expansión (1855-1864) y otro de contracción (1864-1870). La legislación del Bienio progresista permitió la creación en 1856 de bancos de emisión, autorizados a emitir billetes y especializados en créditos comerciales a corto plazo, y de sociedades de crédito, que podían realizar préstamos a largo plazo. Los bancos financiaron, sobre todo, las compañías ferroviarias y la deuda pública del Estado. Entre ellos estaban los siguientes: Banco de Barcelona (1844-1922), Banco de Santander (1857), Banco de Bilbao (1857). A partir de 1874, el Banco de España obtuvo el monopolio de emisión de moneda, por lo que todas estas entidades pasaron a ser sociedades de crédito comercial y financiación industrial. La banca estatal, por su parte, fue decisiva en la economía española: el Banco de San Fernando (1829), ampliado en 1848 y convertido en 1856 en Banco de España, tenía como objetivo inicial atender las necesidades de financiación del Estado; más tarde, cuando obtuvo el monopolio de emisión de billetes, proporcionó al Estado un cuantioso préstamo para hacer frente a sus deudas. A través de las cantidades depositadas en el Banco de España, los particulares financiaban la Hacienda estatal, «monetizándose» así la deuda pública. El capital nacional y extranjero invirtió a menudo en esta en lugar de hacerlo en la industria o en la agricultura. El déficit crónico de los presupuestos estatales favoreció estas inversiones.

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6.1.7. Sistema monetario y fiscal. Durante la primera mitad del siglo XIX en España existía un auténtico caos monetario: convivían diferentes monedas y sistemas de cuenta -ninguno de ellos era decimal-, junto con una alta circulación de moneda extranjera y de las antiguas colonias. Para llevar un sistema contable y homogeneizar el precio de los productos, era necesario modernizar el sistema y crear una moneda única que tuviera un equivalente en oro, para poder determinar así el valor respecto a las monedas extranjeras. Se trataba de establecer un sistema sencillo y uniforme para todo el Estado. En la reforma destacan tres hitos. En 1848 se estableció la creación de un sistema decimal unificado, con el doblón como unidad básica: un doblón sería igual a cien reales. En 1864 un decreto extinguió la unidad de cuenta tradicional: el maravedí, y se estableció como unidad efectiva el real, dividido en 100 partes o céntimos. Por fin, en 1868 se creó un sistema totalmente unificado; Laureano Figuerola, ministro de Hacienda, instauró una moneda única con una equivalencia con el valor del oro y de la plata: la peseta, que se dividía en cuatro reales (25 céntimos) y en cien céntimos, y el Estado asumió, de forma efectiva, el monopolio de creación de moneda. El nuevo sistema se implantó de forma paulatina. En 1874, otro ministro de Hacienda, José cié Echegaray, estableció la emisión en exclusiva por el Banco de España de billetes de papel moneda con la nueva unidad de cuenta, la peseta. Los billetes, que ya existían desde principios de siglo y que solían emitir los bancos u otras instituciones, se fueron generalizando y, junto con los cheques bancarios, tuvieron un papel destacado en el nuevo mercado español. El sistema impositivo existente en España estaba atrasado y fuera del control del Estado. Había zonas, como Castilla, que tenían más de cien tipos de impuestos. Era muy complicado para los comerciantes saber qué impuestos tenían que abonar en cada zona, ya que para un mismo producto se pagaban cantidades diferentes y a instituciones distintas, según la localidad o el territorio. La mayoría de los ingresos del Estado provenían de los estancos y de los monopolios, sobre todo del tabaco, del papel timbrado* y de las aduanas interiores y exteriores. Desde el año 1845, con la reforma del entonces ministro de Hacienda, Alejandro Mon, se empezó a crear un nuevo tipo de sistema fiscal. Lo más destacado del nuevo modelo era la inclusión de todos los impuestos que había en cinco grandes grupos: - inmuebles - cultivos y ganados - producción industrial y actividad comercial - consumo - inquilinatos e hipotecas. La ley fiscal no permitía que el Estado ingresase recursos suficientes y, durante todo el siglo XIX, el déficit de la Hacienda fue un serio problema para el Estado, que se veía obligado a emitir continuamente deuda pública y a emplear un 25% de sus ingresos en pagar intereses. Además, solo una cuarta parte de los impuestos eran directos; la carga impositiva recaía sobre la mayoría de la población a través de los odiados "consumos", contribución indirecta que gravaba el consumo. Aunque el sistema de recaudación nunca funcionó correctamente y el fraude fiscal fue muy elevado, al menos se modernizó la fiscalidad y se mantuvo relativamente estable a lo largo de todo el siglo XIX. 5.3. LA SOCIEDAD EN EL SIGLO XIX: DE LA SOCIEDAD ESTAMENTAL A LA SOCIEDAD DE CLASES. (2 puntos). La revolución liberal-burguesa transformó las relaciones sociales al igualar a todos los ciudadanos ante la ley. La consecuencia fue el fin de la sociedad estamental, basada en la desigualdad jurídica entre unos estamentos privilegiados (nobleza y clero) y el resto de grupos sociales que integraban el Tercer Estado, y el paso a una sociedad de clases, en la que las diferencias entre los grupos sociales se establecen en función de la riqueza. Es la sociedad capitalista, basada en el predominio social de los propietarios. 5.3.1. La pervivencia de la nobleza. La pequeña nobleza sufrió un proceso de deterioro económico y social como consecuencia de la pérdida del derecho a la exacción de impuestos y de las escasas rentas que les proporcionaban sus tierras, pasando a ejercer las actividades más diversas y diluyéndose entre el grupo de la clase media de propietarios agrarios. En cambio, la gran nobleza no sólo no vio reducido su poder económico sino que lo incrementó. Pese a la pérdida de los ingresos derivados de los derechos jurisdiccionales, continuó conservando la mayoría de sus tierras, reconvertidas en propiedad privada, e incluso se hizo con nuevas propiedades gracias a la desamortización.

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Como la nobleza era la mayor poseedora de tierras, un porcentaje considerable de la riqueza nacional acababa en manos de los nobles terratenientes. El poder y la influencia de la nobleza no provenían sólo de su riqueza. Los nobles constituían el grupo de influencia en la Corte y formaban parte de la alta oficialidad del ejército y la mayoría de los miembros del Senado ostentaban títulos nobiliarios. Debemos tener en cuenta que apareció una nueva nobleza titulada (nueva elite cortesana de Isabel II) estrechamente vinculada a la burguesía de los negocios. 5.3.2. La burguesía. El proceso de revolución liberal fue conformando una burguesía vinculada a los negocios que resultó ser la otra gran beneficiaria de las transformaciones sociales, económicas y políticas del período. El grupo más dinámico estuvo constituido por un restringido núcleo ligado a los nuevos centros de poder, a las profesiones liberales, al capital extranjero y a la banca (burguesía financiera). Gran parte de esta incipiente burguesía se sintió más atraída por la inversión en tierras que por la aventura industrial. Así, consiguieron propiedades a costa de los bienes de la Iglesia y de los municipios y pasaron 14 a engrosar las filas de los propietarios agrícolas, convirtiéndose en rentistas (burguesía agraria o terrateniente). El proceso industrializador quedó limitado a unas determinadas zonas del país, y la burguesía industrial, básicamente catalana o vasca, ocupó un lugar secundario en la organización del aparato estatal. Esta burguesía se preocupó esencialmente por conseguir del Estado una política proteccionista para su industria. De forma sintética podemos hablar de: → Burguesía dedicada al comercio. Comercio de vinos, cereales, etc.. → Burguesía agraria y latifundista (terratenientes): nutrían el grupo de los caciques, sin mentalidad capitalista. Mayoritaria. → Burguesía industrial, catalana fundamentalmente, liberalismo conservador y defensa del proteccionismo. Derivan posteriormente hacia el nacionalismo. → Burguesía financiera: especulación ferroviaria, bolsa y banca. 5.3.3. Las clases medias. Constituían un grupo intermedio entre los poderosos y las clases populares y era numéricamente poco importante (5 % de la población), lo que evidencia la polarización de la sociedad española y explica en parte la violencia que adquirirá la lucha social. Su escasa importancia es reflejo del todavía débil proceso de industrialización y urbanización del país. - Este grupo integraba a medianos propietarios de tierras, comerciantes, pequeños fabricantes, profesionales liberales o empleados públicos. Eran propietarios, poseían rentas o empleos, pero su riqueza era mucho menor que la de las clases dirigentes (nobleza y gran burguesía). Su expansión estuvo ligada al desarrollo urbano y al crecimiento de la Administración y de los servicios. Constituían un grupo influyente y de gran compromiso político vinculado al progresismo. 5.3.4. Las clases populares. Con el término de clases populares agrupamos a todos aquellos que, en el proceso de revolución liberal, pasaron a constituir el grupo social desfavorecido: antiguos artesanos, campesinos pobres y jornaleros sin tierras y el nuevo proletariado surgido con la industrialización. La pervivencia del mundo artesano continuó siendo muy importante y en gran parte de España realizaban la mayoría de los productos manufacturados. Este grupo social protagonizó acciones de protesta como reacción a la mecanización de la producción (ejemplo: incendio del Vapor Bonaplata en Barcelona en 1835). La disolución del régimen señorial y las desamortizaciones no alteraron sustancialmente la estructura de la propiedad de la tierra, caracterizada por su concentración en pocas manos, dando lugar a la formación de un amplio grupo de campesinos sin tierra o con pequeñas parcelas que, al no tener la salida de la industria, permanecieron en el campo como jornaleros en unas condiciones de vida muy duras y con unos salarios muy bajos y cuya principal aspiración fue el acceso a la propiedad de la tierra. Las nuevas fábricas utilizaban mano de obra asalariada (el proletariado). El crecimiento del proletariado fue paralelo al proceso de industrialización. Las jornadas laborales eran de 12 a 14 horas en establecimientos oscuros y mal ventilados, los salarios eran muy bajos, especialmente los de mujeres y niños y los trabajadores estaban sometidos a una férrea disciplina. A las duras condiciones laborales, se sumaban unas deficientes condiciones de vida: los salarios apenas daban para comer, las casas eran pequeñas y estaban ubicadas en barrios hacinados y degradados que carecían de servicios de alumbrado y de cloacas.

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5.3.5. La génesis del movimiento obrero. * Condiciones de vida. Las condiciones laborales y económicas de los trabajadores en el nuevo marco industrial, así como la falta de protección social, favorecieron la aparición del movimiento obrero. Sus primeras reivindicaciones, sin intenciones políticas ni de cambios en la estructura social, se centraron en el derecho de asociación y en el mantenimiento del sueldo. A partir de la década de 1870, comenzaron a elaborar planteamientos ideológicos y políticos más precisos sobre la necesidad de transformar el sistema económico y la sociedad. Las condiciones laborales de la clase obrera industrial a lo largo del siglo XIX fueron duras. Los bajos sueldos insuficientes para mantener un nivel de vida digno provocaban al mínimo aumento de los precios problemas de subsistencia y, como consecuencia, gran descontento y frecuentes revueltas urbanas. Las jornadas laborales podían llegar a las quince horas diarias, tanto para las personas adultas como para los niños y las niñas desde los 8 ó 9 años. Ya en 1847, el médico Pedro Felipe Monlau proponía reducir la jornada laboral a doce horas para mejorar la salud de los obreros y de las obreras. Las mujeres trabajadoras a menudo tenían que ir a las fábricas con los hijos y las hijas más pequeños, ya que no tenían dónde dejarlos. Una vez en la fábrica, los tenían que esconder si no querían que las despidiesen. Además, su sueldo era más bajo que el de los hombres, aunque desempeñaran la misma actividad. Las condiciones de trabajo eran precarias: ruido, temperaturas extremas en invierno y en verano, ambientes cerrados y sin ventilación, mala alimentación, falta de descanso y accidentes laborales frecuentes provocados por las máquinas. A todo esto se añadía el despido libre, la rebaja de los salarios en épocas de crisis, las miserables condiciones de vida familiares, el analfabetismo y la inexistencia de cualquier clase de protección social. La salud de los obreros era tan precaria que, a mediados del siglo XIX, su esperanza de vida era casi la mitad (30 años) que la de una persona perteneciente a la burguesía (50 años). * Los inicios del movimiento obrero (1840-1868). La situación de precariedad a la que estaban sometidos los trabajadores los llevó a crear, desde la década de 1830, asociaciones de ayuda mutua que los protegieran en caso de enfermedad o de pérdida del trabajo. Los obreros se agrupaban y aportaban pequeñas cantidades de dinero que se empleaba en socorrer a los que sufrían grave enfermedad o tenían accidentes laborales que les impedían trabajar. Las primeras asociaciones obreras se formaron en Barcelona, Málaga y Alcoy. En las primeras décadas de su existencia estaban prohibidas, tan solo se legalizaron en algunos momentos durante el gobierno de los progresistas, pero lo más habitual era que se negara el derecho de asociación a los trabajadores. Por eso, este derecho fue una de las primeras y permanentes reivindicaciones del incipiente movimiento obrero. A pesar de la prohibición de asociarse, entre 1842 y 1855 los obreros consiguieron crear una organización de asociaciones de ayuda mutua, dirigida a partir de 1855 por la Junta Central de Directores de la Clase Obrera. La existencia de esta organización explica el éxito de la primera huelga general de la historia de España, que se extendió por las zonas fabriles de Cataluña entre los días 2 y 10 de julio de 1855- En esta huelga los obreros reivindicaron libertad de asociación, un horario laboral estable, la creación de una junta mixta de patronos y obreros para discutir los conflictos laborales, y la limitación del despido libre. Las autoridades, alarmadas por la fuerza del movimiento obrero, quisieron aniquilarlo y prohibieron las sociedades obreras. * La división del movimiento obrero en el sexenio revolucionario (1868-1874). En 1864 se había creado en Londres la primera Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), impulsada por obreros franceses y británicos. Mediante una acción coordinada, esta asociación pretendía conseguir la emancipación económica y social de la clase obrera y llegar a superar la división en clases de la sociedad liberal, a través de la propiedad colectiva de los medios de producción y la creación de una sociedad igualitaria. En 1871 se produjo en el seno de la AIT un enfrentamiento entre las tendencias representadas por Karl Marx y Mijail Bakunin, que tuvo su origen en las divergencias sobre los procedimientos para conseguir los objetivos que se planteaba la asociación. Marx defendía que la clase obrera se tenía que organizar en un partido propio para conquistar el poder del Estado e implantar una dictadura del proletariado, como medio para construir una sociedad igualitaria. Por su parte, Bakunin rechazaba cualquier participación política y preconizaba la destrucción directa del Estado, de toda propiedad y de cualquier forma de autoridad, ya fuese religiosa, política o familiar, al mismo tiempo que postulaba la organización de la sociedad mediante la federación de comunas libres. Esta divergencia provocó la escisión de la AIT, que se dividió en dos facciones: la socialista o marxista, y la anarquista o bakuninista.

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En España, la Revolución de 1868 supuso la restauración de las libertades de expresión y de asociación. El movimiento obrero español dirigió rápidamente su atención hacia la AIT, y recibió la influencia de los dos sectores enfrentados. En 1868 Giuseppe Fanelli, estrecho colaborador de Bakunin, visitó España y fundó los primeros núcleos españoles de la AIT en Madrid y en Barcelona. Dos años más tarde, tuvo lugar en Barcelona el I Congreso Obrero Español, en el que se impusieron las tesis bakuninistas y se creó la Federación Regional Española de la AIT. Tras la escisión de la AIT en 1871, el congreso que se había reunido en Córdoba se adhirió a los planteamientos bakuninistas, mientras que en Madrid, de forma paralela, se formaba una sección de inspiración marxista dirigida por Paul Lafargue, yerno de Karl Marx. Desde entonces, el movimiento obrero español quedó dividido en dos grandes y diversos grupos: el socialista, seguidor de las doctrinas de Marx, predominante en Madrid, Bilbao, Cantabria y Asturias, y el anarquista, partidario de las tesis de Bakunin, mayoritario en Cataluña, Valencia, Andalucía y Aragón. El florecimiento de las asociaciones obreras duró poco, ya que el golpe de Estado del general Pavía, en 1874, que puso fin a la Primera República, supuso la ilegalización de todas las asociaciones 16 obreras y su paso a la clandestinidad.