Tarea Academica 4 - Grupo12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

TAREA ACADÉMICA 4 TEMA: “Análisis de un caso de restricción o suspensión de DD. HH” CURSO: DERECHOS HUMANOS DOCENTE: JESUS MANUEL GALARZA INTEGRANTES: 1. León Lescano, Katherine Vanessa

U22234457

2. Urteaga Navarrete, Melannie Xiomara

U21311230

3.Toledo Romero, Milton Leonardo

U21227578

4. Anticona Fajardo, Alcira Karina

U22103682

5. Valles Ruiz, Carlos Alberto

U22211489

17 DE FREBRERO, 2023

RESUMEN Cubierto el contexto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, se muestra sus indagaciones sobre el escenario de los pueblos indígenas de la Amazonía, en personal en correspondencia con los desafíos del 5 de junio de 2009 y los sucesos en días seguidamente posteriores en las provincias de Bagua y Utcubamba, siendo el punto central la provincia de Bagua Departamento de Amazonas, en los que trascendieron sucumbidas y lesionadas varias vidas. Esta lumbre información es brindada por el gobierno nacional, quienes bajo el mandato del presidente Alan García llevaron información no 100% real, si no que maltrecha sobre lo ocurrido en la ciudad de Bagua, por último, otras partes interesadas también brindaron información sobre lo ocurrido. Todo con el objetivo de, comprender y analizar la contextualizar de lo producido en la cuidad de Bagua, así como los hechos que generaron esta situación. Al final se toma la invitación por parte del gobierno, invitación que de no haberse realizado pondría más dudable la supuesta inocencia del gobierno en el caso. En la visita se da a conocer el juicio de la situación y conservar una plática provechosa tanto con representantes del Gobierno como integrantes de la rebelión hecha como forma de protestas para defender sus derechos y su patrimonio como flora que embellece su localidad, recibiendo amplia información de diversas fuentes sobre acontecimientos posteriores a los eventos del 5 de junio. Entre las terminaciones y enchufes es fácil llegar a la conclusión sobre la ineficiencia del estado como ente superior de la democracia y su baja capacidad para mantener una débil democracia que solo favorece a un pequeño grupo social de personas y deja de lado a los ciudadanos que solo buscan resguardar sus derechos. Abstract: Covered in the context of human rights and fundamental freedoms of indigenous people, their inquiries on the scenario of the indigenous peoples of the Amazon are shown, in personal correspondence with the challenges of June 5, 2009 and the events in subsequent days in the provinces of Bagua and Utcubamba, the central point being the province of Bagua, Department of Amazonas, in which several lives were succumbed and injured. This light information is provided by the national government, who under the mandate of President Alan García brought information that was not 100% real, but rather misrepresented about what 2

happened in the city of Bagua, finally other interested parties also provided information about what happened. All with the objective of understanding and analyzing the contextualization of what was produced in the city of Bagua, as well as the events that generated this situation. In the end, the invitation was accepted by the government, an invitation that, if it had not been carried out, would make the supposed innocence of the government in the case more doubtful. During the visit, the judgment of the situation is made known and a useful conversation is held both with representatives of the Government and with members of the rebellion made as a form of protest to defend their rights and their heritage as flora that beautifies their town, receiving extensive information from various sources about events after the events of June 5. Among the terminations and plugs it is easy to reach the conclusion about the inefficiency of the state as a superior entity of democracy and its low capacity to maintain a weak democracy that only favors a small social group of people and leaves aside citizens who only They seek to protect their rights.

Palabras clave: Derechos fundamentales, Educación, Discriminación, Igualdad, violación de los derechos.

Keywords: Fundamental rights, Education, Discrimination, Equality, violation of rights.

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INTRODUCCIÓN En principio se da una controversia arraigada a sucesos explícitos ocurridos en el Perú. Un mal gobierno y falta de autoridades competentes que no hacen caso más que a órdenes que van en contra del principio de la razonabilidad propia como principio de justicia declarada de esta forma en su propio código, bajo esta situación nos trasladamos a los sucesos ocurridos en Bagua. Como forma de resolución al caso se envía al Perú por medio de una invitación a investigar sobre el caso sucedido. La investigación se abre con la base de informe presenta las observaciones del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. De esta forma se empiezan a cavar sobre los sucesos ocurridos en las carreteras y las causas de esta, por otra parte, también se investiga el actuar radical de la policía y fuerzas armadas para atacar de forma tan brutal a los habitantes de esta localidad, quienes hacían su paro y bloqueo de carreteras de forma pacífica, si bien este tipo de acto es condenable no es suficiente motivo para este accionar. La investigación se abrió con el fin de observar el daño a los derechos humanos y de ahí ser juzgados por estos actos que terminan entrelazados con nuestra misma constitución para dar una sanción a este acto. Si bien se recibió información por ambas partes siempre queda el beneficio a la duda por las 2 respuestas discordantes sobre lo realmente sucedido en Bagua. La ONU de igual manera tuvo que hacer la entrevista debida al gobierno de turno para verificar la realeza de sus argumentos contra la situación que se venía encaminando. En pocas palabras era una discusión total del pueblo contra el gobierno y la ONU como intermediador de lo que estaba sucediendo para traer de nuevo la paz y la razón a la nación. Para finalizar Mediante nota el Relator Especial presentó al Gobierno una traducción primera de las concurrencias reflexiones acerca del escenario, y el Gobierno transmitió comentarios sobre las mismas mediante nota El Relator Especial expresa su agradecimiento al Gobierno por haber suministrado investigación adicional y notas, los cuales han sido tomados en cuenta para la adaptación definitiva de las observaciones presentadas en este documento.

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SUMARIO

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS, CIVILES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, INCLUIDO EL DERECHO AL DESARROLLO INTRODUCCIÓN......................................................................................................................... 4 SUMARIO.................................................................................................................................... 5 ANTECEDENTES....................................................................................................................... 6 OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA INFORMACIÓN RECIBIDA ACERCA DE LOS SUCESOS DE BAGUA………………………….. ……………………………………………………………………….8

RECOMENDACIONES……………..…………………………………………………………………10

OBSERVACIONES ADICIONALES EN VISTA DE ACONTECIMIENTOS POSTERIORES A LA VISITA DEL RELATOR ESPECIAL……………………………………………………………………………………………..11

OBSERVACION FINAL………………………………………………………………………………….. …..…………….14

CONCLUSIONES...................................................................................................................... 13 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.........................................................................................14

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ANTECEDENTES Los incidentes ocurridos en las provincias de Bagua y Utcubamba (Amazonas) el 05 de junio de 2009, surgieron como consecuencia de la promulgación de varios decretos de legislativos por parte del poder ejecutivo, los cuales fueron cuestionados por diferentes organizaciones y por representantes indígenas, en particular la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Durante los meses de marzo y junio de 2008, se promulgaron decretos legislativos con base en la ley N.º 29157 del Congreso de La República, quienes delegan facultades legislativas al poder ejecutivo mediante el D. Leg. Nº 1064, con el fin de adoptar medidas para la facilitar la implementación del TLC con Estados Unidos. Posteriormente mediante D. Leg. Nº1090, se otorga facultades al poder Ejecutivo a fin de que pueda legislar por un plazo de 180 (ciento ochenta) días calendario con respecto al acuerdo de promoción comercial Perú-Estados Unidos. Las diferentes protestas se dieron no solo por razones de contenido, sino por no haber sido consultado de manera democrática con los pueblos indígenas antes de su promulgación. El D. Leg. Nº 1064, indica que solo la mitad de la población de ciertas comunidades podría decidir si se vendía o no parte del territorio a terceros. El D. Leg. Nº 1090, decía que podría haber explotación solo con la decisión del Estado, no teniendo en cuenta la opinión de la comunidad, lo cual no permitía expresar a las mismas sus ideas o planteamientos para una mejor convivencia en la exploración y explotación de los recursos naturales que se encuentran en su hábitat y mantener de manera satisfactoria el ecosistema A continuación, pasaremos a detallar el orden del conflicto en Bagua según el estudio realizado por Alimonda, Hoetmer y Saavedra (setiembre de 2009), en el cual empiezan a describir los principales sucesos a partir de marzo de 2008 hasta el 5 de junio de 2009. •

17-18 de marzo de 2008: En diferentes Regiones de la selva peruana se realizan paros de

protestas contra la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería. •

19 de mayo de 2008: Se cuestiona la promulgación del DL 1015 porque se les reducía la

participación y la consulta que tenían y consideraban que afectaban a su propiedad. •

27 de junio de 2008: Aprueba el decreto legislativo 1090.

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9 de agosto de 2008: se realiza un paro indefinido convocado por la Asociación

Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) en la que participan diversas comunidades nativas amazónicas, con la única finalidad de que se deroguen 30 decretos legislativos. Siendo atendidas por el Congreso de la República llegando a derogarlos por las constantes protestas. •

9 de abril de 2009: se realiza un paro indefinido convocado por comunidades indígenas

amazónicas de seis regiones del país solicitando la derogación del decreto legislativo 1090. •

9 de mayo de 2009: se declara estado de emergencia en varios distritos de la selva

peruana: Sepahua (Ucayali) Napo, Morona (Loreto) e Imaza (Amazonas). •

15 de mayo de 2009: Alberto Pizango señala que las múltiples conversaciones con

representantes del Estado, como Yehude Simón y Javier Velásquez Quesquén, no tuvieron los resultados esperados en la solución del problema y no han servido para solucionar el problema. Emplaza a las comunidades indígenas vivir de acuerdo con sus propias leyes y costumbres ancestrales. •

5 de junio de 2009: Luego de coordinaciones con los empresarios, el gobierno de Alan

García dio la orden a la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) —actualmente se la denomina Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES)— para llevar a cabo el desbloqueo de la carretera Belaúnde Terry en la zona de la Curva del Diablo. En la madrugada, la Policía Nacional arremete de manera sorpresiva contra las comunidades indígenas, teniendo como resultado 23 indígenas muertos y un centenar gravemente heridos. Posteriormente, en respuesta, los aborígenes —según sus leyes— capturaron a 10 policías armados y los ultimaron. Dicha acción tuvo como resultado 33 personas muertas. Dicho acontecimiento es conocido como la Masacre de Bagua o el Baguazo. •

Posteriormente El 10 de junio de 2009, el Congreso de la República promulgó la Ley Nº

29376, que suspendió indefinidamente los Decretos legislativos Nos. 1090 y 1064.

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OBSERVACIONES DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA INFORMACIÓN RECIBIDA ACERCA DE LOS SUCESOS DE BAGUA El 19 de junio de 2009 el Relator Especial se reunió con la Defensoría del Pueblo, y recibió información sobre las investigaciones que se llevaban a cabo sobre las personas afectadas por el enfrentamiento del 5 de junio y hechos conexos. El informe menciona que 33 personas murieron, incluidos 10 civiles y 23 miembros de la policía nacional, 200 resultaron heridas, incluidos 82 civiles con heridas de arma de fuego, además, que un policía, el Mayor Felipe Bazón Soles, se encuentra desaparecido. El Relator Especial escuchó durante su visita versiones divergentes y hasta antagónicas sobre los sucesos del 5 de junio y días posteriores, inclusive en cuanto a los actos específicos de la policía y de los manifestantes. La función del Relator Especial en estas observaciones catalogar los abusos que escuchó ni resolver las contradicciones al respecto. Lo que pretende el Relator Especial es señalar que no se pueden descartar las múltiples declaraciones que afirman hechos específicos de abuso policial, al igual que no habría que descartar las evidencias que hubiera de actos de violencia por parte de personas civiles con relación a los sucesos. En cuanto a las detenciones de varias personas indígenas, según la información proporcionada por funcionarios estatales entrevistados, las condiciones de detención fueron permanentemente supervisadas por fiscales y defensores de oficio. El Relator Especial recibió información divergente en cuanto a la respuesta del Gobierno y a las investigaciones en días posteriores a los enfrentamientos del 5 de junio. Sin embargo, no encontró evidencia concreta ni escuchó testimonios específicos sobre muertos además de aquellos confirmados, como tampoco recibió evidencia concreta de la existencia de fosas comunes como se había difundido públicamente. Con relación a las preocupaciones expresadas por varios actores sobre la ubicación de personas indígenas que habrían participado en las movilizaciones, la Defensoría del Pueblo informa que se registró la presencia de 1.244 indígenas en los lugares donde se albergaban, en los días posteriores a los sucesos del 5 de junio, antes de retornar a sus comunidades. En su informe, la Defensoría del Pueblo no presenta conclusiones específicas sobre aquellas comunidades que han 8

quedado fuera de su ámbito de investigación, y señala que "permanecerá atenta en el caso de presentarse alguna denuncia por personas con paradero aún desconocido por sus familiares.” Persisten preocupaciones, por parte de organizaciones indígenas y no gubernamentales, de que todavía puede haber varias personas indígenas cuyas condiciones se desconocen. Además, el Gobierno afirma que, a pesar de sus declaraciones sobre posibles desaparecidos la AIDESEP no ha precisado ninguna denuncia concreta. El Relator Especial observa que, durante su visita, varios representantes del Gobierno, incluidos integrantes de la Fiscalía y del Ministerio del Interior, indicaron que las investigaciones en curso se enfocaban principalmente, y hasta exclusivamente, en los posibles delitos de los manifestantes indígenas y no en posibles irregularidades de la policía y otros actores durante los sucesos del 5 de junio y días posteriores. El Relator Especial afirma la necesidad de realizar un esclarecimiento e investigación completos y objetivos de los hechos, para que todas las partes, así como la población en general, tengan claridad sobre lo ocurrido y sobre la respuesta del Gobierno en días anteriores, durante y con posterioridad a los enfrentamientos. En cuanto a los problemas subyacentes a los enfrentamientos, el Relator Especial reconoce que el Gobierno ha tomado pasos importantes para dialogar con los pueblos indígenas afectados, incluyendo las mesas de diálogo realizadas durante el transcurso de 2008 y 2009. -

En febrero de 2009, una Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios

Recomendaciones de la OIT emitió un informe en el cual insiste al Gobierno a avanzar, con la participación de los pueblos indígenas, en el diseño de mecanismos apropiados de participación y consulta y lo exhorta a consultar a los pueblos indígenas antes de la adopción de las medidas referidas en los artículos 6 y 17, 2. -

En mayo de 2009, la Defensoría del Pueblo publicó su informe recomendando al

Congreso de la República " probar una ley marco sobre el derecho a la consulta que contenga la naturaleza esencial del derecho, sus principios rectores, etapas procedimentales y garantías; a fin de asegurar la correcta aplicación por el sector público de este derecho.

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En mayo de 2009, la Comisión Multipartidaria del Congreso emitió un informe sobre la

consulta previa en el cual reconoce "[l]a importancia de la consulta previa para los pueblos indígenas, además de constituir una obligación asumida por el Estado peruano"; este informe "pretende fortalecer los fundamentos de la consulta previa desde una perspectiva del Convenio Nº 169 de la OIT, avalada por la Constitución Política. RECOMENDACIONES Para que los parlamentarios puedan defender los derechos humanos de los ciudadanos a los que representan, ellos mismos deben tener la posibilidad de ejercer sus derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión. Observando que con frecuencia no es ése el caso, en 1976 la UIP adoptó un procedimiento para el examen y el tratamiento de las supuestas violaciones de los derechos humanos de los parlamentarios. • La UIP confió a un Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios la tarea de examinar las denuncias relativas a parlamentarios “que son o han sido sometidos a actos arbitrarios durante el ejercicio de su mandato, esté el parlamento en período de sesiones, en período de descanso o haya sido disuelto como consecuencia de medidas inconstitucionales o extraordinarias”. El procedimiento se aplica a todos los miembros del parlamento nacional de cualquier país. • El Comité se compone de diez miembros de pleno derecho, cada uno de ellos elegido a título individual, por un periodo de cinco años, y tomando en consideración la debida representación geográfica y de género. El mismo celebra tres sesiones a puerta cerrada cada año. • El Comité busca establecer los hechos de un caso determinado mediante la comprobación y la verificación rigurosa de las acusaciones e información recibidas, ello en estrecha colaboración con las autoridades nacionales del Estado concernido y el denunciante. Cuando ha determinado que una denuncia es admisible, el Comité aspira a encontrar una solución satisfactoria del caso a la luz de la legislación nacional, regional e internacional en materia de derechos humanos y de la jurisprudencia que resulten aplicables. En la ejecución de su mandato, el Comité también aplica recomendaciones pertinentes de las Naciones Unidas, así como de mecanismos y estructuras oficiales, nacionales y regionales de derechos humanos. Las soluciones satisfactorias pueden adoptar numerosas formas, como la liberación de un parlamentario detenido, la retirada de

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cargos motivados políticamente, la investigación efectiva de los abusos sufridos por un parlamentario y la ejecución de actuaciones judiciales contra de sus autores. Lamentablemente en algunos países no se respetan los derechos humanos de los propios parlamentarios. Su libertad de expresión es negada. Son victimizados, encarcelados o incluso asesinados por hablar en nombre de su pueblo. La UIP desempeña un papel crucial a través de la labor del Comité de los Derechos Humanos de los Parlamentarios para poner fin a estas injusticias. Utilizando el diálogo pacífico y la negociación, la UIP obtiene resultados notables, asegurando la liberación de los presos políticos y la reparación para las víctimas de violaciones. OBSERVACIONES ADICIONALES EN VISTA DE ACONTECIMIENTOS POSTERIORES A LA VISITA DEL RELATOR ESPECIAL En vista de las varias comunicaciones del Relator Especial y las respuestas del Gobierno, y como seguimiento a sus esfuerzos anteriores de contribuir a la búsqueda de soluciones a los problemas relacionados a lo ocurrido en Bagua en el año 2009, el Relator Especial presenta a continuación algunas observaciones. Estas observaciones fueron transmitidas al Gobierno mediante una carta con fecha de 12 de abril de 2010. Las siguientes observaciones y recomendaciones del Relator Especial pretenden contribuir a la búsqueda de soluciones constructivas a la presente situación, a la luz de las normas internacionales relevantes en la materia. Una de las observaciones generales del Relator Especial es la ausencia de un mecanismo adecuado para reivindicar los derechos legítimos de los pueblos indígenas a ser consultados o a proteger sus derechos sobre tierras y territorios, lo que ha contribuido a que los pueblos indígenas se sientan sin opciones adecuadas para la defensa de sus derechos. Observa que, durante su visita, varios representantes del Gobierno, incluidos integrantes de la Fiscalía y del Ministerio del Interior, indicaron que las investigaciones en curso se enfocaban principalmente, y hasta exclusivamente, en los posibles delitos de los manifestantes indígenas y no en posibles irregularidades de la policía y otros actores durante los sucesos del 5 de junio y días posteriores. Por su parte, la Defensoría del Pueblo se ha limitado a investigar y atender cuestiones humanitarias relativas a las condiciones de las personas afectadas por dichos acontecimientos, dejando a otras instituciones del Estado la investigación de estos. 11

Observa que absolutamente necesario realizar un esclarecimiento e investigación completos y objetivos de los hechos, para que todas las partes, así como la población en general, tengan claridad sobre lo ocurrido y sobre la respuesta del Gobierno en días anteriores, durante y con posterioridad a los enfrentamientos acaecidos en Bagua, para la creación de un clima de confianza que permita avanzar en la búsqueda de soluciones con la participación de todas las partes, y que dicho clima de confianza sería difícil de crear sin que el Estado adopte previamente medidas conciliadoras para superar las tensiones existentes. La labor de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua no ha generado la confianza suficiente entre todas las partes interesadas. Además, esta comisión no contó con una participación internacional, tal como fue recomendado, lo que considera hubiera fortalecido el trabajo de ésta en cuanto a su credibilidad y otros, aspectos. Se puede observar que se han formalizado denuncias penales y denuncias a favor de adolescentes (sin aclarar contra quién son estas denuncias y sobre qué actos delictivos se tratarían), sin embargo según esa misma información, las investigaciones de las actuaciones de los agentes policiales se encuentran todavía en la etapa preliminar. El Estado debe garantizar la seguridad a la vida e integridad personal de las personas, ya sea fiscales, abogados, jueces o procuradores, encargadas de realizar las tareas de investigación sobre los sucesos de Bagua, particularmente si estas personas han expresado públicamente su temor por sus vidas durante el desempeño de sus labores. Este deber de proteger y garantizar los derechos humanos. El Relator Especial expresa su preocupación por las continuas imputaciones penales en contra de dirigentes indígenas por supuestos delitos vinculados a su participación en los actos de protesta de los pueblos indígenas, y vuelve a reiterar su recomendación de que el Estado revise las imputaciones penales contra personas y dirigentes indígenas, y justifique cuidadosamente las imputaciones futuras. Los pueblos indígenas en la Amazonía peruana no han tenido un acceso en igualdad de condiciones a los canales ordinarios de denuncia mediante los procesos democráticos representativos.

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OBSERVACION FINAL El reportero especial destaca la importancia del proceso de solución de esta situación en el marco del pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con la finalidad de ayudar a fortalecer el estado de derecho y la democracia en el Perú. El reportero especial reconoce los objetivos legítimos del gobierno para promover el desarrollo, algo que está en el interés de la sociedad en su conjunto y enfatiza la necesidad de armonía entre ellos respetando plenamente los derechos de los pueblos indígenas en consecuencia a obligaciones adquiridas por el gobierno en el campo del derecho internacional y conforme a él con su marco constitucional. Además de ratificar el Convenio No. 169 de la OIT, el Perú desempeñó un papel de liderazgo en el desarrollo y aprobación de la Asamblea General ante la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

CONCLUSIONES 

La importancia del dialogo como medio de comunicación directa, permite tener una representación por parte de las comunidades indígenas a fin de hacer ejecutables los proyectos que se den en su territorio.

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El Relator Especial reconoce los objetivos legítimos del Estado de promover un desarrollo sostenible que beneficia a la sociedad en general, y destaca la necesidad de armonizar estos objetivos con el pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas de acuerdo con los compromisos adquiridos por el Estado en el ámbito del derecho internacional, y de conformidad con su marco constitucional. Además, se requiere un claro compromiso estratégico, que incluya mecanismos permanentes de diálogo y resolución de conflictos, en los que se incluyan, entre otros, mecanismos relativos a los derechos territoriales y a otras reivindicaciones pendientes, para así prevenir actos de violencia y evitar que se repitan los lamentables sucesos acaecidos en Bagua.

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En conclusión, el Relator Especial vuelve a destacar la importancia de que el proceso de solución a las demandas legítimas de los pueblos indígenas se realice dentro del marco del pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, de manera que contribuya al fortalecimiento del estado de derecho y la democracia en el Perú.

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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

James Anaya (2010) Perú: Seguimiento a la situación de los pueblos indígenas de la Amazonía y los sucesos del 5 de junio de 2009 y días posteriores en Bagua. Extraído de http://unsr.jamesanaya.org/?p=316



Alimonda, Héctor; Hoetmer, Raphael; Saavedra, Diego (setiembre de 2009). «Copia archivada». Archivado desde el original el 8 de diciembre de 2015. Consultado el 1 de noviembre de 2015.



James Anaya (2010) Perú: Seguimiento a la situación de los pueblos indígenas de la Amazonía y los sucesos del 5 de junio de 2009 y días posteriores en Bagua. Recuperado de:

https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/GrupParlamentarios/indigena.nsf/vf08web/

F047481B17842E3205257674007F9235/$FILE/2009-sr-dpi-inf-peru.pdf

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https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/ HandbookParliamentarians_SP.pdf

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James Anaya (2010) Perú: Seguimiento a la situación de los pueblos indígenas de la Amazonía y los sucesos del 5 de junio de 2009 y días posteriores en Bagua. Extraído de http://unsr.jamesanaya.org/?p=316

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