Retos de La Economía Digital en Nicaragua

Retos de la economía digital en Nicaragua: Desde una perspectiva de regulación económica Osman J. Garcia & José E. Vásquez

En el presente ensayo, se pretende aborda esencialmente 4 aspectos, en primer lugar, se describe los aspectos teóricos (sobre) y la importancia que ha tenido la economía digital a nivel global, a esta parte le secunda, el impacto que ha tenido la economía en el mundo a través de ciertos datos. Posteriormente, se esboza ciertos tópicos de forma descriptiva sobre como le va a Nicaragua en materia de ecosistemas digitales, en análisis descriptivos estará basado en el servicio de banda ancha únicamente, sin embargo las recomendación irán entorno a todo el bagaje sobre economía digital en Nicaragua y para finalizar, como cuarto punto, se plantean los retos en este ambiente y las recomendaciones de política que se pueden implementar, en aras de la mejora del país vía economía digital. La globalización ha permitido que la información y comunicación fluyan en forma vertiginosa en los últimos años a través de los distintos medios de índole digital. La tecnología avanza, y con ella nuevas y mejores implementaciones al servicio del sector público como del sector privado cambiando la forma de hacer negocios, de gestionar el conocimiento, de emprender y desarrollar la presencia de las empresas e instituciones en el siglo XXI, de tal forma que “en la era de la tecnología se visualiza que el empleado debe estar familiarizado con el uso de herramientas necesarias que influyen en sus ámbitos laborales” (Jiménez, Acosta, y Salas, 2017, p. 64). Por tanto, es vital conocer los aspectos claves del ecosistema digital y como a través de ellos las organizaciones convergen en un estado de alta competitividad gracias al aprovechamiento de los recursos disponibles dentro de una red de naturaleza abierta. La globalización y la disrupción tecnológica han provocado una evolución en las empresas, generando ciudades inteligentes, potenciando acceso a educación, nuevos empleos, inclusión financiera, entre muchos otros beneficios de la economía digital que involucran todos los sectores de la sociedad (Acosta, Yagual & Coronel, 2018). La economía digital está constituida por la infraestructura de telecomunicaciones, las industrias TIC (software, hardware y servicios TIC) y la red de actividades económicas y sociales facilitadas por Internet, la computación en la nube y las redes móviles, las sociales y de sensores remotos (Banco Interamericano de Desarrollo, 2017). Es cada vez más notorio, que el sector de

las TIC se consolida cada día más como un sector estratégico y transversal para un crecimiento sostenible y para la provisión de servicios y promoción del bienestar de los ciudadanos en los diferentes sectores económicos. Además, está comprobado que las TIC impulsan la competitividad y la productividad de los países y generan un importante efecto en la inclusión social y la disminución de la brecha digital. Este es un sector que representa el pilar de la economía digital, integra los mercados globales, genera riqueza y crecimiento a los países, desarrollo, bienestar y promueve la inclusión ciudadana. La economía digital, asociada a la digitalización de la producción y el comercio, se está convirtiendo en una fuerza económica representativa para la estructura productiva de los países, y ofrece inmensas oportunidades para los sectores económicos en términos de fortalecimiento de las interacciones con clientes y proveedores, mayor acceso a mercados, una enorme disponibilidad de información para la toma de decisiones, mejoras en la productividad y nuevas posibilidades de innovación en productos, procesos y modelos de negocio. Los países en desarrollo tienen el reto de prepararse e insertarse rápidamente en esta nueva realidad global, para no desaprovechar la oportunidad que se les presenta en materia de crecimiento económico, generación de empleo, acceso a mercados y fortalecimiento de sus capacidades productivas. Por esta razón, resulta relevante para los países de América Latina contar con elementos para un mejor entendimiento de sus ecosistemas digitales, y de las posibilidades y retos que les plantea la economía digital (Cruz, 2019). Como cada vez más personas utilizan aplicaciones y aparatos nuevos, de forma más intensiva y para más actividades, y están proliferando los dispositivos y servicios relativos a la Internet de las cosas, los datos se han convertido en un recurso crítico para el desarrollo. La capacidad de los países para obtener, recopilar y procesar datos digitales determina cada vez más la eficacia con que las tecnologías de vanguardia pueden utilizarse en apoyo de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una opinión ampliamente compartida que la digitalización ha dado lugar a una nueva ola de innovación que tendrá consecuencias profundas para la humanidad, cambiará las relaciones entre los ciudadanos, los poderes públicos y las empresas y alterará la estructura de las sociedades y las economías (UNCTAD, 2018). El grado de integración en la economía digital será cada vez más determinante para el crecimiento, la productividad y el desarrollo humano. De hecho, si bien la digitalización y las tecnologías de vanguardia generan nuevas oportunidades de negocios, plantean también una serie de desafíos y riesgos.

El desarrollo de las tecnologías digitales también conlleva dificultades, costos y riesgos. La desigualdad en el acceso a tecnologías digitales asequibles y el hecho de que no todos tengan capacidad para utilizarlas eficazmente pueden dar lugar a una distribución poco equitativa de los beneficios. En particular, pueden quedar excluidas las personas de bajo nivel educativo o analfabetas, las que viven en zonas rurales, las que tienen una capacidad o derechos de conexión limitados y las micro, pequeñas y medianas empresas. Se teme que el uso generalizado de nuevas tecnologías, la automatización y las plataformas en línea provoquen pérdidas de empleos, un aumento de la desigualdad en los ingresos y una mayor concentración del poder de mercado y la riqueza. También podría tener repercusiones negativas en el poder de negociación de los usuarios, los consumidores y los trabajadores y atentar contra la privacidad de las personas. Además, las empresas, las organizaciones, los poderes públicos y los particulares deben estar preparados para enfrentarse a las conductas indeseables, en algunos casos delictivas, que aparecerán en la esfera digital. Por último, las tecnologías de vanguardia plantean desafíos legales, reglamentarios y éticos en relación con el creciente poder de decisión de los dispositivos y algoritmos que utilizan el aprendizaje automático y el análisis de datos a gran escala (UNCTAD, 2017). La economía digital es el resultado de una serie de fuerzas tecnológicas que se han extendido de manera acelerada alrededor del mundo. El Banco Mundial (2016) estima que el número de usuarios de Internet se ha triplicado en los últimos diez años: de 1.000 millones en 2005 a aproximadamente 3.200 millones en 2015. De hecho, en los países en desarrollo, hay mayor acceso a teléfonos móviles que a electricidad o agua potable. A la masificación del acceso a Internet en el mundo, se ha sumado durante los últimos años el desarrollo de tecnologías emergentes que están transformando los mercados en diferentes sectores económicos. Según Cruz (2019) estas tecnologías digitales se han convertido en un factor de innovación en múltiples sectores productivos, introducción de nuevos modelos de negocio, mejor relacionamiento con los clientes, proveedores y distribuidores, toma de decisiones de gerencia, y optimización de procesos internos. Internet y las tecnologías digitales relacionadas se han convertido en factores de digitalización de bienes, servicios, procesos productivos y cadenas de valor en múltiples mercados. Según el Banco Mundial (2016), las empresas se han conectado de manera creciente a Internet: en 2014, 9

de cada 10 empresas en países de la OCDE tenían una conexión a Internet de banda ancha, 7 de 10 empresas accedían a Internet en los países de ingreso medio, y 4 de cada 10 tenían acceso a este servicio en los países de bajos ingresos. Los gobiernos igualmente han adoptado internet y las tecnologías digitales de manera creciente: en 2014, todos los 193 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tenían sitios web nacionales. De los 193 sitios web, 101 permitían crear cuentas personales en línea, 73 permitían registrar impuestos y 60 aceptaban el registro de negocios. Además, en 2014, 190 estados miembros tenían una gestión financiera automatizada, 179 utilizaban sistemas para el procesamiento de aduanas y 159 tenían sistemas de administración tributaria (GSMA, 2016). Adicionalmente, durante los últimos años la capacidad de Internet ha aumentado y esto ha impulsado el aumento en los flujos de información internacionales. Según la UIT (2015) el ancho de banda transfronterizo aumentó 45 veces en los últimos diez años y se estima que aumente nueve veces en los próximos cinco años. Según MGI (2016) las llamadas digitales transfronterizas se duplicaron entre 2005 y 2014 y las comunicaciones en Skype -de computador a computador- aumentaron en un 500% entre 2009 y 2014. Igualmente, el porcentaje de usuarios de Facebook con al menos un amigo internacional aumentó del 16% en 2012 a 50% en 2015 (UIT, 2015). Con el aumento de la capacidad de la red, Internet ha impactado positivamente el comercio internacional. La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (ITC) estima que el comercio digital ha aumentado el PIB de Estados Unidos entre 3% y 4,8%, y ha generado hasta 2,4 millones de puestos de trabajo. Adicionalmente, ACHIET (2016) menciona que aproximadamente el 12% del comercio global de bienes se realiza a través del comercio electrónico internacional, principalmente en plataformas como Alibaba, Amazon, eBay, Flipkart y Rakuten, y que el 50% de los servicios comercializados en el mundo ya están digitalizados. Los efectos de la digitalización en las empresas y en el comercio han generado resultados tangibles en el crecimiento económico de los países. El Banco Mundial (2016) calcula que en 2010 la economía de Internet representó el 8% del PIB en el Reino Unido, valor que en ese año fue superior a la participación de la construcción y la educación. Por su parte, en el mismo año esta economía representó en Estados 105. Unidos el 5% del PIB, valor superior a la participación del gasto del gobierno en dicho producto. En el mismo sentido, en 2012 BCG predijo que la economía de internet en los países del G-20 crecería a una tasa anual del 8% durante el periodo

2013-2017, y que la contribución promedio de esta economía al PIB de dichos países llegaría al 5,3% al final del mismo periodo. Adicionalmente, los efectos de la digitalización se han extendido a los países en desarrollo. Según Booz & Company (2012) entre 2009 y 2011 esta tendencia impulsó en las economías emergentes la creación de 17 millones de empleos y contribuyó con US$ 350 mil millones al PIB nominal agregado. Igualmente, la transformación tecnológica en las economías emergentes podría significar en los próximos 10 años hasta US$ 6,3 trillones en PIB nominal adicional, 77 millones de nuevos puestos de trabajo y más de 500 millones de personas fuera de la pobreza. Ahora bien, hasta aquí hemos abordado los dos primeros aspectos, excluyendo parte introductoria. Por lo que procederemos al análisis descriptivo del servicio de banda ancha en Nicaragua. Según ITU (2020), en la región integrada por los países de CAPARD, 50% de los individuos tienen acceso a internet.

Si bien México no forma parte de esta región, tiene

resultados ligeramente superiores al promedio de Centroamérica. En concreto, en México 64% de los individuos tienen acceso a internet, además de que 95 de cada 100 personas son suscriptores de una compañía de banda ancha móvil (frente a 114 de cada 100 en Centroamérica) (véase el Gráfico 1). Nicaragua es el país de Centroamérica con la menor cobertura de internet pues menos de un tercio de la población lo utiliza (28%); además, únicamente 3 de cada 100 habitantes tiene una suscripción de banda ancha fija. La economía digital ha adquirido una creciente importancia en la región centroamericana. En 2019, los ingresos de la economía digital en CAPARD ascendieron a USD 21,7 mil millones, equivalentes a 6% del PIB de CAPARD en comparación con 11% del PIB para países de la OCDE). Guatemala es el país que tiene una mayor contribución en los ingresos totales de Centroamerica, con 23%, seguido de República Dominicana (19%) y Costa Rica (15%), sin embargo, Nicaragua, ultimo, obtuvo la participación en ingresos de 9.5%.

Gráfico 1. Adaptación de las TIC en Nicaragua

Suscriptores a una compañia de banda ancha movil y fija, por cada 100 habitantes 120.00 80.00 40.00 0.00

68.03

97.81

81.71

2010

2011

115.06

116.73

122.87

128.11

115.10 88.43

5.36

5.00

4.87

4.44

112.31

2012

2013

5.53 2014

5.69 2015

5.82 2016

5.89 2017

5.04 2018

3.50 2019

Suscriptores a una banda ancha móvil (por cada 100 hab) Suscriptores a una banda ancha fija (por cada 100 hab)

Porcentaje

Usuarios con acceso a internet (%) 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

18.65

18.65

18.65

2017

2018

2019

16.23 14.00 11.60 9.40 3.80

2010

5.60

2011

7.40

2012

2013

2014

2015

2016

Usuarios con acceso a internet

Fuente: Elaboración propia con datos de UIT.

El acceso de banda ancha plantea como principales retos aumentar la oferta de servicios, la asequibilidad, la penetración y el uso. Son varios los factores inhibidores específicos de la región de LAC, y por lo tanto en Nicaragua. Estos factores están vinculados a cuestiones de la oferta, como el despliegue de la infraestructura y la prestación de servicios de banda ancha, o de la demanda, como competencias, emprendimiento, contenido local y protección del consumidor. Concretamente entre los desafíos o retos más destacados de Nicaragua se tienen de acuerdo a estudio del BID y la OCDE (2014): Los incentivos para el despliegue de infraestructuras son insuficientes. Nicaragua presenta una topografía complicada —selva tropical, cordilleras, y áreas remotas— que encarece el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y, en muchos casos, hace que sea poco probable obtener un rendimiento positivo de la inversión.

Aunque existen diferencias en la región, por lo general la competencia en los mercados de comunicación de LAC tiende a ser menor que en los países de la OCDE. Esta tendencia obedece con frecuencia a una regulación que no favorece la competencia o la disuade, a una liberalización insuficiente de los mercados de telecomunicaciones y, en consecuencia, a una menor inversión. Como sucede con frecuencia en otras zonas, el marco normativo de Nicaragua se organiza a veces en compartimentos herméticos, correspondientes a lo que tradicionalmente eran redes y servicios específicos. Ahora bien, la convergencia actual de tecnologías y servicios plantea desafíos que deben abordarse con políticas y marcos normativos que promuevan la competencia a lo largo de la cadena de valor, proporcionando incentivos y eliminando barreras para fomentar la innovación entre los distintos actores. Los menores ingresos de una gran parte de la población de LAC hacen que la asequibilidad de los servicios de banda ancha constituya uno de los principales obstáculos para su uso. Esta situación se ve agravada por la desigualdad de ingresos existente, que está llevando las rentas de los hogares más modestos a niveles muy por debajo de la media. Otra dificultad adicional viene dada por la excesiva carga impositiva sectorial en algunos países de LAC. En Nicaragua sigue aún pendiente facilitar conexión de banda ancha a las escuelas, muchas de las cuales ni siquiera disponen de electricidad. Si se desea equipar a los ciudadanos con TICs que posibiliten la economía digital, resulta indispensable conectar a escuelas y centros de formación. Nicaragua se encuentra por detrás de otros países (incluso Latinoamérica detrás de otras regiones) en el uso de TIC y la adopción de banda ancha por parte de las empresas. Además, se invierte menos en investigación y desarrollo (I+D) y otras formas de innovación, un freno a la productividad que constituye una de las principales trabas en los países de Latinoamerica. Diferentes organizaciones internacionales señalan la importancia que tiene que los gobiernos diseñen estrategias digitales de alcance multisectorial orientadas al desarrollo de la economía digital en los países. La OCDE (2016) menciona que el principal objetivo de estas estrategias debe ser maximizar los dividendos de las TIC, especialmente de Internet, como un medio relevante para las actividades económicas y sociales de los países. En este sentido, esta organización propone los pilares principales que deben conformar las estrategias digitales de los países de la región y por lo tanto son las que nosotros proponemos: 

Desarrollar la infraestructura de telecomunicaciones y preservar un Internet abierto.



Promover el sector TIC, incluyendo su internacionalización.



Fortalecer los servicios de gobierno electrónico, incluyendo un mayor acceso a la información pública, a los servicios de gobierno, y a los datos.



Fortalecer la confianza (identidad digital, privacidad y seguridad). • Promover la adopción de TIC en los negocios y en particular en las PYME, con un foco en sectores clave como la salud, el transporte y la educación.



Desarrollar la inclusión digital con un énfasis en la población mayor y en los grupos sociales vulnerables.



Promover habilidades y competencias relacionadas con las TIC, incluyendo habilidades básicas y especializadas en TIC.



Enfrentar desafíos globales como la gobernanza de Internet, el cambio climático y la cooperación para el desarrollo.

Para aprovechar las ventajas de la digitalización y minimizar los riesgos que esta conlleva, los poderes públicos deberían adoptar un enfoque holístico que incluya el diálogo entre múltiples interesados. Además, las políticas y estrategias nacionales deberían centrarse en el aprovechamiento de los datos digitales para el desarrollo mediante la creación de infraestructuras, la adquisición de competencias y la elaboración de reglamentación. Gracias a la rápida difusión de la banda ancha en todo el mundo, se ha podido reunir evidencia empírica que respalda el efecto clave que esta tecnología digital ha tenido en el crecimiento del PIB (Czernich et al ., 2009; Koutroumpis, 2009; Qiang, Rossotto y Kimura, 2009; BID, 2012a), la eficacia el nivel de productividad de las empresas), los ingresos laborales (de los Ríos, 2010) y el empleo (Katz et al ., 2009; Kolko, 2012). Al reducir los costos del acceso a la información y ampliar los canales de intercambio de conocimientos, la banda ancha está impulsando la productividad mediante la creación de nuevos bienes, servicios, modelos de negocio y empleos. El papel de la banda ancha como acelerador del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es un hecho admitido a escala mundial. Recientemente, las Naciones Unidas reconocieron su gran importancia para los tres pilares del desarrollo: desarrollo económico, inclusión social y protección del medio ambiente (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015). Se declaró el acceso universal y asequible a Internet como una de las metas (Meta 9.c) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), retomando el objetivo ya

elaborado por la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Las políticas que exploran todo el potencial de las TIC pueden acelerar los avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

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