RESUMEN-UNIDAD III Antecedentes de la estructura socioeconómica de Méxic

UNIDAD III Antecedentes de la estructura socioeconómica de México (1910-1970) intensa actividad agrícola; y se dan, desde luego, las migraciones definitivas que culminan con el avecinamiento de los migrantes en los centros urbanos. Además, es relativamente común que estos tipos de migraciones se combinen y las que son intermitentes terminen por convertirse en definitivas. Lo cierto es que este fenómeno ha contribuido sustantivamente al incremento poblacio-nal de las concentraciones urbanas, mismas que no se podrían explicar por la vía del crecimiento natural de su población (piénsese en el caso de la ciudad de Monterrey antes descrito). Y, a la inversa, tampoco se podrían explicar los comportamientos de la población de muchas zonas rurales, que por la vía del crecimiento natural tendrían más habitantes de los que los registros indican. En muchos municipios rurales la población registra niveles de estancamiento o de disminución de su población, cuyas tasas de crecimiento medio anual difieren de las tasas de crecimiento natural, i 3.2.3 Distribución de la tierra Como vimos en el apartado 3.1.3, el modelo primario exportador dio lugar al establecimiento de los latifundios y las haciendas como grandes extensiones de propiedad privada, que eran a su vez unidades económicas de cierto dinamismo y cuyos productos estaban destinados en buena medida a la exportación. Nos referimos, también, cómo a finales del siglo XIX se dio una tendencia a favorecer su desarrollo, en número y extensión, porque los cambios en el sistema económico internacional habían hecho que los países industrializados demandaran más productos primarios y estas unidades eran consideradas las empresas más productivas y eficientes al respecto. Para apoyar este desarrollo, el gobierno federal emitió una serie de decretos, a partir de los cuales se podían colonizar (privatizar) una serie de extensiones que cumplieran con los requisitos de «terrenos o lotes baldíos». Amparados en la nueva legislación y denunciando tierras y lotes baldíos por muchas partes, los hacendados y latifundistas con frecuencia extendieron sus propiedades sobre los terrenos de las comunidades indígenas, creando así una tensión, entre éstas y aquéllos, que poco a poco se fue agravando. También se realizó la privatización de terrenos en lotes que eran entregados a los jefes de familia en forma individual, situación que con el paso del tiempo sirvió para facilitarle a los hacendados el crecimiento legal de sus propiedades. Los campesinos con lotes que vivían en condiciones difíciles o pasaban por malos momentos, eran presas fáciles de los grandes propietarios, que en ocasiones eran indirectamente los causantes de dichas condiciones. Así se dio una política de concentración de la tierra en pocas manos, cuya otra cara fue el despojo amplio de muchas comunidades indígenas y campesinas. Esto fue creando las condiciones para el descontento

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Estructura social rural, que creció hasta estallar y formar parte fundamental de la Revolución Mexicana de 1910. El ejemplo más claro de este descontento y de esta participación revolucionaria lo constituye el Ejército Libertador del Sur y Centro, encabezado por su general en jefe, Emiliano Zapata. En 1917, las fuerzas carrancistas optaron por aceptar la demanda agrarista de los campesinos morelenses, como una forma de desmantelar el movimiento armado de esta región. El espíritu de ésta, liquidar los latifundios y realizar un reparto agrario, quedó plasmado, aunque de no muy buena gana, en la Constitución Política de la nación, hecho que a largo plazo alteraría la forma en que la distribución de la tierra se había estado dando. Pero en realidad, tanto la liquidación de las grandes propiedades como el reparto a los campesinos fue muy lento y reducido. Del periodo presidencial de Carranza (1915-1920) al de Abelardo Rodríguez (1932-1934), es decir, en 19 años, se repartieron 11 '580,833 hectáreas. La cifra puede parecer grande, pero frente a la demanda real de tierra era poco significativa. La tibieza de tal ejecución se debió a que los gobiernos continuaron protegiendo a los latifundios y a las haciendas porque las consideraban las unidades económicas más productivas y eficientes, ya que generaban importantes divisas al país vía sus exportaciones. Durante el sexenio cardenista (1934-1940), la concepción del reparto cambió y la entrega misma de tierras se realizó en forma masiva y acelerada. En sólo seis años, Cárdenas entregó 18'786,131 hectáreas. O sea, muchas más que todos sus antecesores juntos. Cárdenas concebía al campesinado como una clase capaz de crecer y acrecentar su potencial económico, de tal manera que se podría encargar de abastecer el mercado interno y de llegar a participar eficientemente en el mercado externo. De ahí que la banca de fomento a la producción agropecuaria comenzó a funcionar también en este sexenio e incluso, en ocasiones, aparejada al proceso de dotación ejidal. El reparto agrario cardenista cambió el panorama del campo mexicano; con él las sociedades campesinas adquirieron los recursos que les permitieron reordenar y estabilizar su situación económica. Con esta nueva estabilidad rural, el campo mexicano pudo participar como el principal abastecedor de granos básicos baratos de consumo popular por muchos años. Éste fue el papel que la nueva orientación económica les asignó al optar por la industrialización del país como forma para salir de la dependencia y alcanzar un desarrollo nacional similar a los países ya industrializados. Un cuarto de siglo después, debido a la transferencia permanente de recursos que sirvieron para impulsar el crecimiento industrial, la economía de las sociedades campesinas padecía un fuerte deterioro. Con esta política económica, los ingresos de la población rural disminuyeron considerablemente. Esto se debió, como ya hemos señalado, al congelamiento de los precios de garantía de los productos agrícolas, mientras que, por el contrario, los precios de los productos industriales no sufrieron una contención similar. Al ir ingresando cada vez más las comunidades campesinas al mercado interno, sufrían un doble tajo por la desigualdad en el intercambio; uno como vendedores de productos primarios y otro como consumidores de bienes de fabricación industrial

UNIDAD III Antecedentes de la estructura socioeconómica de México (1910-1970) Para hacer frente a sus necesidades de sobrevivencia, que aumentaban también con el crecimiento de sus poblaciones, los campesinos optaron por extender sus áreas de cultivo. Pero, para este momento, las comunidades rurales tuvieron que enfrentar a un nuevo enemigo: la pequeña propiedad inafectable. Ésta pertenecía a un sector de la clase capitalista que había crecido mucho desde 1941, pues la mayor parte de las grandes obras de riego hechas por los gobiernos se destinaron a la propiedad privada y no a la ejidal. El neolatiñmdio, como se le llamó, creció por el campo mexicano disputándole de manera ventajosa a los campesinos las mejores tierras y los apoyos del Estado. La política económica industrializadora priorizaba los cultivos comerciales de exportación que se hacían principalmente en propiedades no ejidales. En realidad, la concepción cardenista de los campesinos y el ejido se abandonó desde 1941, año en el que se restituyó la idea de que los productores agropecuarios productivos y eficientes eran los privados. En esa dinámica, la extensión de las superficies de cultivo se hizo cada vez más difícil. La tierra, como recurso limitado, se fué haciendo cada vez más insuficiente, la presión sobre la misma aumentaba y los apoyos gubernamentales no llegaban a los productores de granos básicos. Los campesinos sin tierra, que no habían desaparecido, comenzaron a incrementarse por miles y, junto con los minifimdistas, renovaron -pues no había concluido- la añeja tradición campesina de lucha por la tierra, por lo que ésta volvió a ser la demanda central del campesinado mexicano. Para controlar esta situación el Estado utilizó la represión y el desalojo de las invasiones de los campesinos a las propiedades privadas. Pero la presión campesina continuó presente y obligó en repetidas ocasiones a apresurar el reparto agrario, mismo que sirvió como una forma de contención al descontento rural. No es casual que la intensidad en el reparto de tierras haya seguido los ritmos que tuvo. (Aunque el reparto agrario durante el sexenio 1970-1976 se analizará con más detalle en el apartado 4.1.4, hemos considerado conveniente adelantar algunos datos con el fin de que se tenga una visión más global del problema.) Como puede observarse, después de 1940 el reparto descendió significativamente. Dieciocho años después, la presión campesina ya era fuerte y en ocasiones se convertía en verdadera insurgencia rural. Como dijimos, ello obligó a acelerar el ritmo en el reparto de tierras con cierta permanencia, desde el sexenio de López Mateos al de Díaz Ordaz y al de Luis Echeverría, que abarcan los últimos 15 años de los 19 que duró el periodo de desarrollo estabilizador. La administración echeverrista heredó un campo mexicano en plena efervescencia, misma que durante los setenta llegó a considerarse como desestabilizadora del orden no sólo económico, sino también político. Por último, aunque ya hemos tratado el tema (3.2.2), vale la pena comentar que otro gran efecto en la estructura social derivado del deterioro de la economía campesina fue el fuerte movimiento migratorio campo-ciudad. La lucha por la tierra y la búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo fueron dos de las salidas que millares de campesinos intentaron para superar sus problemas económicos. 3.2.4 Cambios en la estructura productiva y ocupacional Para terminar con el análisis de la estructura social, consideraremos ahora los cambios en la estructura productiva y ocupacional. Trataremos de ver éstos a través del comportamiento de la Población Económicamente Activa (PEA) y su desarrollo en relación con los tres sectores de la economía. La Población Económicamente Activa La producción de bienes y servicios que constituyen las actividades fundamentales de la economía de un país es posible gracias a la conjunción de varios factores. Los millones de trabajadores que realizan la enorme cantidad de los diferentes trabajos en todas las ramas que conforman los sectores económicos han sido considerados muchas veces como el elemento central de la producción, porque la participación directa del «recurso humano» es imprescindible para llevar a buen término las operaciones productivas. Toda esta enorme fuerza representa una parte de la sociedad. Como ya hemos señalado, no es la sociedad completa la que se ocupa de toda la producción, sino una parte de ella, a la que se le denomina Población Económicamente Activa (PEA). Sin embargo, pese a que las determinantes sociales y culturales sobre la PEA y las disposiciones legales y administrativas usadas para delimitarla hayan variado, algunos datos disponibles nos pueden proporcionar una idea general de la

situación de la misma, que a su vez es la expresión de la estructura productiva y ocupacional. El cuadro siguiente nos muestra el crecimiento de la PEA de 1940 a 1990. Año

Población Económimente Activa

Porcentaje

Población Total

1940

5 858 116

29.81

19 653 552

1950

8 272 093

32.07

25 791 017

1960

11 332016

32.45

34 923 129

1970

12 955 057

27.43

47 225 238

1980

21 941 693

32.82

66 846 833

1990

23403413

28.80

81 249 645

:2la 3.1 Población Económicamente Activa y población total 1910-1970. Fuente: INEGI. Estadísticas históricas de México, 1994. Destaca en el cuadro que la PEA, la cual constituye la población ocupada en el momento ie realizarse la medición censal, se ha mantenido en alrededor de 31.74% del total de la población. Pero, al mismo tiempo, ha registrado una variación de más de 4 puntos porcentuales en 1910 y de menos de otros 4 puntos porcentuales en 1970, aproximadamente. UNIDAD III Antecedentes de la estructura socioeconómica de México (1910-1970) PEA y crecimiento económico de los sectores Para terminar, conviene analizar la evolución de la PEA y su participación en los sectores de la economía. Aunque ya sabemos que el deterioro o el repunte de un sector trae como consecuencia cambios en la estructura productiva que terminan por afectar también la estructura ocupa-cional, es importante, por lo menos, grafi-car las tendencias registradas de manera que tengamos una idea más precisa de estos cambios. Además, nos servirá para comparar el movimiento de los sectores entre sí. Los movimientos que nos muestra la gráfica 2.6 son bastante claros y tienen estrecha relación con los problemas y desequilibrios económicos que se suscitaron al final del desarrollo estabilizador. Podemos expresar esto en la forma siguiente: 1- La PEA del sector agropecuario sufre un descenso acelerado y permanente, movimiento que concuerda con la crisis del sector agropecuario que determinó el descenso de la participación de este sector en el PIB (véase gráfica 3.2). 2.-La PEA del sector industrial experimenta un ascenso moderado y relativamente estable, que sugiere cierta correspondencia con la participación de ese sector en el PIB, siendo consecuencia, a su vez, del impulso a su crecimiento que recibió por parte de los gobiernos a partir de 1941 (véase gráfica 3.2). 3.-La PEA del sector servicios también experimenta un ascenso moderado hasta 1960 y un tanto más acelerado después. Esto también concuerda con el desarrollo del sector en relación con el PIB. Después de haber analizado el texto, define los siguientes términos. 3.3

ESTRUCTURA POLÍTICA

En el presente apartado analizaremos las características y los problemas más'importantes del desarrollo de la estructura política de México en el período que va de 1910 a 1970. Este lapso abarca la Revolución Mexicana como antecedente fundamental del actual Estado, su posterior institucionalización y su situación crítica de finales de la década de los sesenta, mismas que habrían de determinar el camino que el poder político seguiría en nuestro país en los años posteriores. 3.3.1

Evolución del Estado

La Revolución Mexicana de 1910-1917 es resultado de una complej a crisis de diversos procesos económicos, políticos y sociales desarrollados en México durante el porfíriato. Estas relaciones se caracterizaron por el predominio político absoluto de la figura de Porfirio Díaz, quien, junto con un reducido grupo de colaboradores, ejercía un fuerte poder presidencialista que controlaba el conjunto de las relaciones políticas de la nación y la política económica de privilegios

vigente. Ésta última estuvo orientada a favorecer a los sectores y personas económicamente más poderosos, así como a diversas compañías extranjeras. En su momento, tal concentración de poder y su ejercicio autoritario hicieron posible la consolidación de una unidad nacional que en los años previos parecía imposible y el impulso al desarrollo de la economía. Sin embargo, paralelamente, durante más de treinta años de existencia, el régimen porfirista deterioró de forma grave las condiciones de vida de la mayoría de la población, produciendo fuertes tensiones sociales que hacían imposible la convivencia pacífica de los sectores que constituían cada vez más una compleja estructura social. De este modo, el sistema político del porfiriato pasó de ser garante de la unidad nacional e impulsor del desarrollo económico a ser un insalvable obstáculo para el tránsito de México a etapas superiores del desarrollo capitalista y un fuerte elemento de división entre los mexicanos. En este contexto, la Revolución Mexicana fue una verdadera explosión social que buscaba nuevos cauces para el desarrollo de intereses y aspiraciones diversos y no pocas veces contradictorios. Dada la fuerza e ímpetu de estos elementos, contenidos por largos años de dictadura, la destrucción del viejo régimen concluyó con la derrota de Victoriano Huerta en 1914. Sin embargo, durante los años siguientes -tres de los cuales fueron de lucha armada abierta- el movimiento revolucionario enfrentó la difícil tarea de establecer un nuevo régimen que fuera capaz de garantizar un orden político y social, y cuyos contenidos y formas eran, precisamente, el principal objeto de disputa entre los distintos grupos revolucionarios. Las propuestas en este aspecto iban desde las democrático-liberales -cuya atención se centraba en la constitución de un régimen formalmente democrático, el cual en su desarrollo propio habría de enfrentar los múltiples problemas sociales y económicos de la nación- hasta las de grupos, diversos a su vez, que proponían en distintos grados dar solución a las diferentes demandas y graves necesidades sociales como punto de partida indispensable para avanzar en la construcción de un nuevo régimen. La confrontación entre las distintas propuestas revolucionarias se mantuvo viva durante varios lustros, expresándose en diversos momentos y escenarios históricos. Uno de los espacios más significativos de esta confrontación fue, sin duda, la organización y el desarrollo del Congreso Constituyente de 1916-1917, del cual resultó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se sentaron las bases, en diversos terrenos de la vida social, de lo que habría de ser el México de las siguientes décadas. Durante ese Congreso se confrontaron, debatieron y lograron equilibrios de diversas fuerzas revolucionarias -representantes a su vez de los intereses de distintos sectores y clases sociales del país- que podemos considerar integradas en dos grandes grupos de Constituyentes: por un lado, la tendencia liberal-democrática, encabezada por Venustiano Carranza y, por otro, la popular, encabezada por Francisco J. Múgica. El proyecto original de la Constitución fue elaborado por la primera de estas corrientes y era fundamentalmente un proyecto liberal que centraba su atención en garantizar los derechos individuales de los mexicanos, en muy diversos aspectos de la vida social de la nación. La idea en la que se fundaba era que el establecimiento de un régimen institucional y iegal, que resolviera dentro de esas instancias las diferencias surgidas entre los distintos individuos integrantes de la sociedad, era sobradamente suficiente para garantizar, en breve plazo, tanto la urgente paz para el país como las condiciones para su desarrollo armónico futuro. Este proyecto fue fuertemente debatido en el Congreso (del 1 de diciembre de 1916 al 31 je enero de 1917) por la tendencia popular, cuyos diputados sostenían que, además de los derechos individuales, la Constitución debería garantizar una serie de derechos de los sectores populares, en especial de obreros y campesinos, los cuales, en la realidad, no podrían defender sus derechos como individuos aislados ante sectores económicos más poderosos, sino que requerían que éstos fueran constitucionalmente reconocidos por la constitución como derechos sociales, a fin de lograr relaciones más justas entre sectores objetivamente desiguales en .3. realidad nacional. Ya desde ese entonces los líderes populares sabían lo que era enfrentarse individualmen-:s a los patrones. Los campesinos perdían sus tierras y los obreros que no tenían más que su fuerza de trabajo para emplearse, terminaban sumidos en largas jornadas laborales, con sálanos muy bajos, sin condiciones de seguridad en el trabajo y despedidos de manera fácil cuando dejaban de ser útiles para la empresa. De ahí la necesidad de que en la Constitución se reconocieran los derechos sociales que en realidad trataban de proteger los derechos de las clases populares (tierra y trabajo) de la voracidad capitalista. Del debate entre estas dos tendencias, en lo referente a los derechos sociales, resultó rredominante la tendencia popular, con lo cual quedaron garantizados en la Constitución, idemás de los derechos individuales, otros tan importantes como el derecho a la tierra para los campesinos y el derecho a la sindicalización, a la huelga y a la jornada máxima establecida ; egalmente respecto a los obreros. De forma paralela, se dio al Estado un papel de mediador en ".os conflictos entre los distintos sectores y clases, y en adelante este papel fue crucial para el ¿esarrollo del sistema político.

La Constitución de 1917, por otra parte, mantuvo casi intacta la propuesta de organización del Estado hecha por la tendencia carrancista en el proyecto original. Uno de los elementos clave de este proyecto es la conformación de un poder público dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, el cual, a diferencia de las propuestas clásicas de división de poderes, buscó dar fuerza y predominancia al ejecutivo, es decir, al Presidente de la República. Esta característica surgió de lo que los constituyentes veían como una necesidad inmediata del país: lograr un gobierno capaz de unificar a las distintas fuerzas participantes en la Revolución, y que no estuviera sujeto a permanente obstaculización por parte de los demás poderes, particularmente del legislativo que, se pensaba, en tanto constituido de manera plural y colectiva, podía devenir en escenario natural de confrontaciones de facciones, en perjuicio de la nación. Quedaron así establecidas, en la Constitución de 1917, dos de las características principales del Estado mexicano, vigentes hasta nuestros días: la figura presidencial fuerte y su papel de mediador y conciliador de los intereses de diversos grupos, atribución garantizada, circularmente, por la fuerza del propio gobierno. A partir de ese momento, la relación con las masas se volvió determinante para el Estado, teniendo ésta, de suyo, un carácter ambivalente: por un lado, el Estado obtenía de ellas su legitimidad y su fuerza para el ejercicio del poder, por lo que se veía obligado a favorecer la satisfacción de sus necesidades más elementales; por el otro, prevalecía Ja necesidad de contener las exigencias populares dentro de ciertos márgenes, evitando que su crecimiento provocara confrontaciones graves con los grupos económicamente poderosos, aliados silenciosos del Estado, o, incluso, que las movilizaciones llegaran a cuestionar las características y conformación del propio Estado, en algo que pudiera asemejarse a intentos de participación directa en él. Con los elementos legales, políticos y sociales que durante la Revolución fueron convergiendo para la constitución del nuevo Estado, éste dispuso de los elementos necesarios para lograr, de vez en vez, equilibrar estas fuerzas contradictorias en favor de su propio fortalecimiento. Su capacidad legal y real para aplicar reformas sociales fue uno de los principales instrumentos de que dispuso en esta tarea, y fue utilizado con toda la precisión necesaria para no ceder a las demandas obreras y campesinas ni más de lo suficiente ni menos de lo indispensable. Así, el Estado logró: a)

Articular a las principales fuerzas sociales en torno a sí.

b)

Proporcionar garantías suficientes de estabilidad y de crecimiento al capital.

c)

Minimizar los movimientos adversos a su poder.

Sobre esta base se constituiría, en los años por venir, la red de mecanismos que le permitieron: a)

Poner al grueso de las movilizaciones obreras y campesinas en función de las propias necesidades estatales, incluso confrontando a unas con otras como mecanismos de fuerza dentro de los procesos de negociación. Por esta vía, además, se generó rápidamente una cúpula laboral con intereses políticos y económicos propios, con la cual el Estado podía negociar las demandas populares.

b)

Hacer que el capital, primero el nacional, y posteriormente y en medidas variables, el extranjero, aceptara la línea de masas del gobierno, en tanto que, a cambio de participar en las relaciones laborales en condiciones moderadamente reguladas y con concesionesperiódicas para los trabajadores, disponían de condiciones de estabilidad para su crecimiento económico, las cuales, por supuesto, no se oponían a la obtención de beneficios económicos adicionales por la vía de negociaciones, menos abiertas, con el gobierno

c)

Estar en condiciones de confrontar -incluso por la fuerza, si se consideraba necesario- tanto a las movilizaciones sociales que no se encuadraban dentro de los nuevos mecanismos de control, como a las expresiones de oposición política al régimen, sin que esto representara mayores riesgos para su continuidad.

Todos estos logros, sin embargo, no se obtuvieron de manera automática como resultado de la promulgación de la Constitución, el 5 de febrero de 1917, sino que fueron concretándose a través de un proceso que se desarrolló durante, al menos, toda la década siguiente.

En la formación de este orden, convergieron una gran variedad y cantidad de fuerzas -organizadas en infinidad de partidos- que en la mayoría de los casos respondían a expresiones revolucionarias regionales y sin elementos de cohesión nacional. Asimismo, como resultado lógico del carácter armado de la Revolución, sin dejar de lado algunas de las tradiciones políticas mexicanas del siglo XIX, al menos la primera etapa del nuevo régimen se caracterizó por la predominancia de las grandes figuras de la revolución, verdaderos caudillos cuya relevancia, principalmente militar, les daba un lugar central en el juego político. Dentro de esta lógica, y dadas las características que se confirieron a la Presidencia de la República, el cargo sería ocupado, en sus primeras veces, por algunos de los principales generales revolucionarios, comenzando con el propio Venustiano Carranza. Posteriores conflictos entre las fuerzas revolucionarias, protagonizadas por el propio Venustiano Carranza, por un lado, y por Alvaro Obregón, por el otro, concluyeron con el asesinato del primero y con la elección del segundo como Presidente de la República, el cual, a su vez, sería sucedido por Plutarco Elias Calles, otra figura preponderante de las filas revolucionarias. Durante estos periodos comenzaron a consolidarse algunas organizaciones obreras, entre las que destaca, por su importancia política, la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). La dominante figura de Obregón, durante la presidencia de Calles, le permitió lograr la reelección para el periodo 1928-1932. Sin embargo, su asesinato en manos del fanático católico León Toral impidió que reasumiera el cargo, poniendo, una vez más, el tema de la reelección en el centro del debate, del cual resultó su cancelación definitiva -al menos hasta hoy- en la legalidad mexicana. Los seis años posteriores son conocidos en la historia de México como el maximato. Este nombre se debe a que, si bien ocuparon formalmente la Presidencia tres personas (Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez), el poder efectivo era ejercido por Calles, llamado jefe máximo de la Revolución. Calles, además, había dado una importante cobertura política a este poder, con la constitución, en 1929, recién terminado su periodo presidencial, del Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecedente del actual Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el cual se integraban y se daba mando único a la gran mayoría del sinfín de partidos y grupos revolucionarios existentes a la sazón, comenzando así un proceso de centralización de poder que concedía al nuevo partido espacios para controlar al conjunto de las distintas fuerzas, dirigidas hasta entonces al arbitrio de caudillos regionales. Pocos afios después, este poder terminaría de consolidarse al decretar la disolución obligatoria de todos los grupos que inicialmente habían conformado el PNR. El esquema político sustentado en el caudillismo fue mostrando, a lo largo de esos años, los riesgos que implicaba la consolidación de un sistema político estable y aceptable para la mayoría de los sectores sociales, en virtud de la obvia tendencia a producir inercias en la permanencia de algunos caudillos como figuras centrales del poder, en detrimento de las aspiraciones, no sólo políticas, sino económicas y sociales de los grupos y sectores sociales dejados de lado. En este ambiente, asumió la presidencia de la República Lázaro Cárdenas. La administración de Cárdenas tuvo un carácter popular y nacionalista, que dio como resultado un impulso fuerte a las reformas sociales, entre las que sobresalen la reforma agraria y el desarrollo nacional de la economía, cuyo punto más relevante fue, sin duda, la nacionalización del petróleo. En lo político, el Estado experimentó importantes transformaciones, la primera y más evidente de las cuales fue el paso del dominio de los caudillos al dominio de la institución presidencial. En efecto, uno de los primeros problemas políticos de gran envergadura que Cárdenas tuvo que afrontar fue la presencia activa y dominante de Calles en la vida política del país, la cual se manifestó en una abierta confrontación con la línea popular del Presidente a los pocos meses de iniciada su administración. Tras un breve, pero grave conflicto, en el que Cárdenas obtuvo el apoyo de sectores

importantes de los trabajadores organizados, Calles fue expulsado del país, refugiándose en los Estados Unidos. Durante ese periodo, y en los momentos posteriores, Cárdenas comenzó a establecer las bases para el fortalecimiento de la presidencia, dando efectividad a las atribuciones que por derecho tenía desde la promulgación de la Constitución y modificando las relaciones al interior de las fuerzas gobernantes de modo tal que el Presidente tuviera, en calidad de tal, posibilidad efectiva de mediar entre ellas y de imponer a unas u otras decisiones de gobierno. Simultáneamente a este proceso, aunque de manera menos espectacular, con Cárdenas se dan los pasos definitivos hacia la consolidación del corporativismo. El corporativismo es un sistema de relaciones políticas entre el Estado y las masas a través de sus organizaciones o cuerpos organizados. En él, los distintos grupos sociales, identificados como sectores, negocian y dialogan con quien ejerce el poder, fundamentalmente por medio de los representantes formales de dichas organizaciones, quedando las demandas individuales condicionadas a su incorporación a las demandas colectivas. La existencia de esta intermediación obligada, como se puede suponer, dio también firmeza a la consolidación de cúpulas dirigentes en cada organización, cuyos miembros, en tanto representantes y voceros de amplios sectores, podían negociar de manera privilegiada, tanto en favor de sus representados como en beneficio propio. Así, dichos dirigentes fueron integrándose de manera preferente a los rejuegos políticos del Estado y participando del poder público más allá de los intereses de sus agremiados, cuyas demandas y necesidades comenzaron a ser cada vez más condicionadas, tanto a los intereses de las cúpulas dirigentes, como a las necesidades del propio Estado. Con Cárdenas se formalizó la integración del PNR en cuatro sectores: el obrero, representado por la Confederación de Trabajadores de México (CTM); el campesino, con la Confederación Nacional Campesina (CNC); el popular y el militar, el cual desaparecería poco tiempo después. En 1938, estos sectores pasarían a integrar el Partido de la Revolución Mexicana, continuación revisada del PNR, fundado por Lázaro Cárdenas el 30 de marzo de aquel año. Posteriormente, el 18 de enero de 1946, durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, el PRM sería disuelto para fundar el Partido Revolucionario Institucional, integrado por la CTM, la CNC y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), corporación del sector popular fundada en 1943. Finalmente, también bajo el régimen de Cárdenas se consolidó como norma el patrón de las relaciones entre el Estado y los capitalistas que ya se había prefigurado durante las etapas previas. Este patrón se componía por dos vertientes fundamentales: primera, los patrones renunciaban en los hechos a participar abiertamente como sector en la vida pública de la nación, si bien mantenían su influencia a través de negociaciones discretas con el Estado, a fin de favorecer sus propios intereses; segunda, se legitimaba de manera implícita la política de reformas sociales del Estado, particularmente importante durante el cardenismo, a cambio de que éstas no pusieran en peligro las condiciones básicas para la reproducción del capital. Sobre estas bases, el Estado logró una privilegiada posición como mediador efectivo entre las clases sociales, al tiempo que el capital obtuvo garantías de protección estatal, tanto en conflictos internos con la fuerza laboral, como respecto al capital extranjero, a cambio de renunciar al protagonismo político y ceder periódicamente a las demandas de los trabajadores, que contaban, hasta cierto punto, con apoyo estatal para tales fines. Estos tres elementos, presidencialismo, corporativismo e incorporación políticamente subordinada del capital, se mantuvieron virtualmente intactos durante las tres décadas posteriores a la presidencia de Cárdenas. Si bien las tendencias de cada administración, en particular lo referente a los espacios concedidos a las demandas populares y a las consecuentes reformas sociales, variaron dentro de márgenes más o menos amplios, nunca llegaron a poner en peligro los equilibrios corporativos del sistema. Sin embargo, bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, en 1968, el autoritarismo estatal fue duramente cuestionado por un amplio movimiento estudiantil en la ciudad de México. Este movimiento, surgido de forma vertiginosa de protestas en contra de actos represivos de la policía y el ejército, creció espectacularmente a lo largo de poco más de dos meses, durante los cuales no sólo avanzó hacia demandas políticas de importancia en aquel momento -tales como la liberación de los presos políticos- sino que además logró la participación, o al menos la simpatía, de importantes sectores de la población.

La cerrazón del gobierno a escuchar las demandas estudiantiles, así como su actitud violentamente represiva frente a éstos, por un lado, y la espontaneidad, radicalización e ingenuidad política de los propios estudiantes, por el otro, llevaron al movimiento a una condición tal en que no existía posibilidad de solución dialogada con el gobierno. Esta situación hizo crisis el 2 de octubre de 1968, cuando distintas fuerzas represivas del gobierno mexicano arremetieron a tiros contra una gran manifestación estudiantil que se llevaba a cabo en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, provocando una cantidad de estudiantes muertos hasta hoy no precisada, pero que según algunos estudiosos alcanzó a varios cientos, A partir de ese momento, y si bien el movimiento estudiantil fue acabado, se hizo claro que el Estado tendría que transitar hacia nuevas formas de ejercer el poder, más abiertas a la pluralidad y a las exigencias democráticas de la sociedad, que eran ya inocultables conciliación con los intereses del capital. En su formación participaron activamente sectores anarco-sin-dicalistas, de cuya influencia derivó la importante presencia de este partido entre los obreros, en los primeros años de su vida. El desarrollo del PCM mostró variaciones en cuanto a su relación con el Estado, con el cual colaboró incluso en algunos momentos, particularmente durante la administración de Cárdenas, debido a que el enfoque popular de este gobierno era visto con buenos ojos por los comunistas. Sin embargo, la mayor parte de su vida política este partido fue proscrito, viéndose obligado a permanecer en la clandestinidad. Con el paso de los años, a causa de la represión sistemática de que fue objeto y de errores de distinta índole en sus acciones políticas, el PCM fue perdiendo gradualmente su influencia entre obreros y campesinos. Después, y pese a que desde su perspectiva marxista los obreros y los campesinos eran las clases fundamentales para la transformación de la sociedad, el PCM fue ganando influencia entre sectores medios de la sociedad, de manera principal entre artistas y universitarios, los cuales llegaron a constituir su principal fuerza en los años sesenta y setenta. En 1970, el PCM se encontraba en la semiclandestinidad, con muchos de sus dirigentes presos por su participación en el movimiento estudiantil de 1968 y, por supuesto, sin registro legal para participar en los procesos electorales del país. Por otro lado, también dentro del espectro de la izquierda mexicana, en 1948 se fundó el Partido Popular, que en 1963 cambiaría su nombre por el de Partido Popular Socialista (PPS). Este partido se fundó bajo la influencia de su principal dirigente e ideólogo, Vicente Lombardo Toledano, figura relevante del movimiento obrero, particularmente en los tiempos de Lázaro Cárdenas, con cuya política popular, al igual que el PCM, tuvo coincidencias, y en los que encontró espacios para una amplia participación pública. Sin embargo, a diferencia del PCM, el PPS se inclinó por una línea de conciliación con el Estado, con frecuencia a costa de apoyar o al menos justificar medidas autoritarias o antipopulares de éste. En especial, el PPS adoptó una política de confrontación con la oposición de derecha, principalmente contra el Partido Acción Nacional (PAN), al que nos referiremos más adelante. De esta manera sirvió al Estado y a su partido para contrarrestar, en cierta medida, a estas corrientes y para comportarse, también en el terreno de lo político, como un mediador capaz de lograr el equilibrio entre diferentes fuerzas. Uno de los ejemplos más significativos de esta actitud frente al Estado se dio, sin embargo, no en su confrontación con la derecha, sino en sus violentos ataques al movimiento estudiantil de 1968 dentro de la Cámara de Diputados, en el que, lejos de apreciar las profundas causas sociales y políticas del mismo, el PPS se esforzó por verlo como una provocación de grupos marginales de la sociedad contra el Estado En 1970, el PPS poseía registro electoral, gracias a lo cual disponía de cierto número de diputados de partido en cada legislatura federal siendo, sin embargo, su número de votos sumamente bajo. Por otro lado, durante la administración carde-nista, el PRM no sólo atrajo a la cercanía del Estado a algunas fuerzas opositoras, sino que también generó el rechazo de otros sectores, en particular de las clases medias conservadoras, temerosas de los alcances de las reformas sociales de aquel periodo, con lo cual acabó por formarse en una nueva oposición política al régimen. Una de las expresiones más importantes de esta otra oposición fue el surgimiento, en 1939, del PAN. Este partido, de filiación católica, enarboló desde su fundación propuestas sustancialmente divergentes de las acciones de gobierno y proyectos del cardenismo. Estas propuestas derivaron de los principios de doctrina sostenidos por el PAN, entre los que sobresalían el del bien común, el solidarismo y la subsidiaridad.

Del primero de ellos se deriva, en particular, la importante concepción panista de asumir que el Estado, con el compromiso de una clase o grupos de clases sociales -tal como se veía al cardenismo respecto de los obreros y campesinos-, deformaba el propio concepto de nación. Ésta era concebida como una unidad por encima de cualesquiera grupo interno. En cuanto al solidarismo, éste es entendido como un mecanismo de convivencia social armónica en el que los más favorecidos apoyen a los menos, sin que estos actos sean coaccionados por autoridad alguna, sino como resultado de un compromiso moral. Finalmente, la subsidiaridad es un principio económico que sostiene que el Estado sólo debe ocupar los espacios económicos que la sociedad -entiéndase la empresa capitalista- no pueda llenar. Como se puede apreciar, las conclusiones derivadas de dichos principios eran sustancialmente opuestas a la política del Estado mexicano de favorecer a los sectores populares de la población, regular las relaciones entre las clases y participar activamente en el desarrollo económico nacional. El Partido Acción Nacional, que al principio no fue una organización particularmente fuerte, fue ganando presencia con el paso de los años, aglutinando en especial a sectores de las clases medias urbanas de algunas regiones del país, siendo en 1970 el más importante partido de oposición con participación electoral, y el único con capacidad para disputar al PRI pequeños triunfos electorales, si bien imposibilitado por las dimensiones de su fuerza política para competir exitosamente en estados completos, por no hablar del país en su conjunto. El último de los partidos con presencia importante en 1970, derivada más que de su arraigo social, de la posesión de un registro electoral, era el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.. Este partido, fundado en 1954 por antiguos generales revolucionarios como resultado tardío de la disolución del sector militar del PRM, sostuvo en lo fundamental las propuestas de dicho partido, siendo su existencia más un espacio político para disidentes del Estado que la expresión política de algún sector social. Como tal, el PARM se mantuvo durante este periodo a Ja sombra del PRI, apoyándolo virtualmente en cada uno de sus actos y teniendo como consecuencia la votación más baja de los cuatro partidos con registro electoral en 1970 (PRI, PAN, PPS y PARM). En su conjunto, entre 1929 y 1970, los partidos políticos opositores poco o nada pudieron hacer en el terreno de la política en general, y en el de las elecciones en particular, para impulsar proyectos distintos a los del PRÍ. Estos partidos, junto con algunos oíros de existencia más efímera, no pudieron aglutinar fuerzas sociales comparables a las que participaban en la coalición integrada en torno al partido del Estado, quedando sistemáticamente no sólo en condición de minoría respecto a éste, sino también en una crónica situación de debilidad organizativa y económica, en comparación con aquel partido, el cual disponía para sí de todo el poder y los recursos estatales. Sin embargo, durante esos aflos, los equilibrios y capacidad de conciliación del Estado distaron mucho de ser suficientes para evitar del todo la inconformidad popular que, resultante del sinnúmero de carencias e injusticias prevalecientes después de aflos de Revolución, tenía, sin embargo, expresiones generalmente reducidas en algunos sectores menores o aislados de la población o, si acaso, en algunas regiones del país. Fueron así frecuentes en éste_periodo los actos de represión por parte del poder público, mismos que, en virtud de la fortaleza estatal, no llegaban aponer en peligro su estabilidad, ni producían, en términos generales, reacciones amplias de rechazo popular, pudiendo, casi siempre de manera inmediata, retornar a los cauces tradicionales de negociaciones corporativas y relaciones políticas verticales. Hubo, sin embargo, en el terreno de las elecciones, tres momentos históricos en los que la inconformidad popular logró expresarse ampliamente, alterando Ja tradición de realizar el cambio de mandos como un asunto interno del partido gobernante, con los votantes como poco más que simples espectadores, para convertirlo en un asunto de decisión pública, característica ajena al sistema político que operaba. Estos tres momentos fueron en 1929 con la candidatura de José Vasconcelos; en 1940, con la de Juan Andrew AJmazán; y en 1952 con la de Miguel Enríquez Guzmán. De cualquier modo, en los tres casos -si bien en el último con un importante despliegue de violencia- el Estado se impuso sobre la inconformidad popular, logrando restablecer sus equilibrios y, desde luego, conservando el poder. Así, en los aflos posteriores, el Estado y su partido no volvieron a enfrentar riesgos serios en los procesos electorales, quedando establecido un sistema de partidos dominado totalmente por el partido gobernante, con una reducida oposición real de derecha, representada por el PAN, una

efímera y muy débil oposición católica simbólica, representada por el Partido Nacionalista Mexicano, PNM, que obtuvo su registro en 1951 y lo perdió en 1964, y una complaciente oposición formal, y con frecuencia aliada, constituida por el PPS y el PARM. El Estado se garantizaba así una especie de paraíso electoral en el que, sometiendo su continuidad al juicio de las elecciones éstas nunca le podían ser desfavorables. Sin embargo, otros acontecimientos electorales, así como, una vez más, el movimiento estudiantil de 1968, alterarían posteriormente esta situación. 3.3.3 Movimiento obrero En las últimas dos secciones hemos ya mencionado algunos momentos relevantes del desarrollo del movimiento obrero entre el fin de la Revolución y el establecimiento del corporativismo. En adelante profundizaremos en las características de este movimiento y analizaremos las de su desarrollo hasta 1970. Los obreros, junto con los campesinos, fueron las clases sociales más lesionadas en sus condiciones de vida por el porfíriato. Esto explica, sin duda, que haya sido entre los obreros donde surgieron algunos de los primeros movimientos de descontento que podemos considerar como antecedentes directos del estallido revolucionario de 1910. Tal es el caso de las huelgas de Cananea y Río Blanco en 1906. Iniciada la Revolución, el movimiento obrero participó en ella de manera dinámica. En los primeros afios, se multiplicaron por distintas zonas del país los sindicatos, publicaciones y organizaciones políticas ligadas a este movimiento, así como, desde luego, la forma más característica de movilización obrera: la huelga. En poco tiempo, hacia 1912, las movilizaciones resultaron en la conformación de la Casa del Obrero Mundial, organismo de gran magnitud que acogía a distintos núcleos de trabajadores e intelectuales vinculados al movimiento. Sin embargo, durante el proceso, y en tanto que el movimiento obrero levantó de forma inmediata demandas propias, reivindicativas de las necesidades apremiantes de este sector, surgieron rápidamente serias fricciones con el gobierno maderista, cuyas reformas distaban mucho de satisfacer las exigencias sociales, no sólo de los obreros, sino desde luego de los campesinos mexicanos. A partir de 1915, la Casa del Obrero Mundial estableció una alianza con Carranza y los constitucionalistas. En esta alianza, a cambio del compromiso de una legislación favorable a sus demandas, los obreros se comprometieron a apoyar militarmente al ejército constitucionalista, surgiendo así los batallones rojos. Estos batallones, sin embargo, fueron utilizados para enfrentar al ejército villista, que en ese entonces peleaba sus últimas batallas por lograr impulsar una política agrarista. Los resultados de dicho uso fueron desastrosos, tanto para los campesinos como para los obreros, pues ¡os villistas fueron derrotados por Carranza precisamente en e] periodo que contó con el apoyo de los batallones rojos, y éstos, una vez utilizados para desmembrar las demandas campesinas, fueron disueltos sin obtener satisfacción a sus propias demandas. El descontento obrero se generalizó, y en 1916 se convocó a una huelga general, que fue declarada ilegal primero y brutalmente reprimida después. Como consecuencia de eiio, ía Casa deí Obrero Mundial se vio obligada a cesar sus labores. Los años que siguieron se caracterizaron por el intento estatal de recomponer el apoyo de las masas obreras a su favor, tarea en la cual jugó un importante papel la incorporación, a la Constitución Mexicana, del artículo 123, que rescata importantes demandas laborales. Abierta la puerta de la institucionalización, al año siguiente se daría un importante paso en la vinculación entre el Estado surgido de la Revolución y una buena parte del movimiento obrero. En 1918 se funda la Confederación Regional Obrera de México (CROM), dirigida por Luis N. Morones y con fuerte apoyo de Alvaro Obregón, que en aquellos años comenzaba ya la carrera que lo llevaría a la presidencia de la República. Este primer momento de organización obrera, al amparo del Estado, exhibió de inmediato algunas de sus peores características. Lejos de conformar un frente obrero para la satisfacción y el impulso de sus demandas de clase, la CROM se reveló tanto como un instrumento estatal para mantener desmovilizada a esta clase, como un recurso personal de Morones y el grupo que lo rodeaba, que les permitiría obtener posiciones dentro del aparato gubernamental. Podemos decir que este primer momento, que se prolongó hasta el maximato, se caracterizó por la utilización de la organización obrera para la satisfacción de los intereses personales de sus dirigentes y, a través del compromiso político de éstos, para su subordinación a las necesidades del Estado.

La incapacidad de la CROM para representar con autenticidad los intereses obreros produjo, durante los siguientes años, su desgajamiento y división, que hicieron crisis con la salida, en 1932, de Vicente Lombardo Toledano, uno de los más relevantes dirigentes obreros de la historia nacional. Un año después, Lombardo organizó la llamada «CROM depurada», que más tarde desembocaría en otra organización obrera independiente del Estado, la Confederación General de Obreros y Campesinos de México. Esta organización es el antecedente directo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el más grande frente laboral de nuestra historia y que, en la primera etapa de su existencia, antes de su total conversión en aparato de control corporativo. se caracterizó por su decidida defensa de los intereses de los trabajadores. La CTM surge en el contexto de la transformación del Estado mexicano durante el régimen de Lázaro Cárdenas y es resultado, primero, del impulso dado por Cárdenas ai movimiento de masas, el cual le resulta indispensable para obtener la fuerza social necesaria para la aplicación del nuevo proyecto político, opuesto al caudillismo vigente y personificado por Plutarco Elias Calles, y, segundo, de la necesidad, derivada de ese mismo proyecto político, de establecer mecanismos estatales de control sobre el movimiento obrero, a fin de evitar su independencia y eventual oposición al propio Estado. De esta segunda gran fuerza, la tendencia corporativa quedó establecida sólidamente durante el periodo cardenista y de ahí derivó el papel desempeñado por la CTM, una vez concluido el periodo de intensa movilización obrera en 1938. Es decir, contuvo y controló a las movilizaciones obreras que, desde dentro o fuera de la CTM, pretendieron en los años siguientes levantar sus demandas con independencia del Estado. Así, a partir de 1941, pero con particular fuerza en el periodo que va de 1948 a 1952, la CTM asumió cada vez con mas fuerza la característica de organismo de control estatal sobre el movimiento obrero, conteniendo y reprimiendo dentro de sus filas cualquier intento de movilización que no conviniera a los intereses estatales. En este periodo, la expulsión y el aislamiento de los dirigentes obreros más combativos se hizo la norma. En 1948, el propio Lombardo Toledano, fundador de la Central, fue expulsado de ésta. Los movimientos independientes, sin embargo, continuaron surgiendo a lo largo de los siguientes años, destacando entre ellos los movimientos ferrocarrileros de 1948 y 1958, el minero de 1950 y los de maestros, electricistas y petroleros en la década de los cincuenta. En cada caso, los movimientos fueron combatidos, en distintos grados, por la propia CTM, contando para esto con el apoyo estatal que, en no pocas ocasiones, se tradujo en la represión violenta del movimiento y el encarcelamiento de importantes líderes, como Demetrio Vallejo y Valentín Campa, por mencionar sólo algunos. En 1970, estando aún muchos de aquellos dirigentes en las cárceles, las tendencias independientes y democráticas continuaban en contienda dentro del llamado movimiento obrero organizado. Y así seguirían enfrentándose con las ya anquilosadas diligencias de prácticas corporativas.