RED - Declaración Pública - 05ene2016

Declaración Pública  –Red de Educadores Democráticos Democráticos - RED - 05 de enero de 2016 LA PERPETUACIÓN DEL MODELO NEOLIBERAL EN LA EDUCACIÓN: LA ILUSIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA PRECARIZACIÓN LABORAL. Sabemos que la dictadura pinochetista produjo un negativo impacto en cuanto a garantías de derechos humanos y sociales para los habitantes de Chile. En este sentido, el proceso por medio del cual se privatizaron sectores como la educación, vivienda y salud y que fuera encabezado por los chicago boys -siguiendo los preceptos económicos neoliberales de Milton Friedman- llamándolo eufemísticamente “modernización del estado”, significó un retroceso severo para las luchas de los sectores marginados de la sociedad. En educación, la implementación de aquella m odernización del Estado significó la municipalización de liceos y escuelas públicas que, implicó en el ámbito laboral, que los trabajadores de la educación perdieran una serie de derechos al dejar de regirse por el estatuto administrativo, además, se atomizó la organización de los profesores al establecer distintos tipos de establecimientos. En términos de gestión, significó la dependencia de liceos a gobiernos locales (en ese tiempo impuestos por Pinochet) generando una enorme brecha entre los liceos y escuelas de comunas con mayor ingreso per cápita con comunas de menor ingreso per cápita. En términos pedagógicos significó una educación entendida como adoctrinamiento, es decir, fueron censurados ciertos contenidos, se estrecharon las visiones de mundo al instalar solo una visión que acomodaba a los poderosos, por tanto, concibieron la educación como un acto de introducir conocimientos negando el saber popular de quienes asistían a las escuelas. En este sentido, la constitución dictatorial -aún vigente, legitimada y revigorizada por R. Lagos y la Concertación- concibe la educación como un bien de mercado al considerar que existe la libertad de educación, lo que permite abrir y cerrar instituciones educativas (colegios, liceos y universidades) sin más regulación que la de la “mano invisible” del mercado y en la cual son los padres quienes deben ejercer ese derecho al elegir la institución educativa educativa dónde estudiarán sus hijos. Por eso, muchas veces hemos visto cómo colegios y universidades, se declaran en quiebra y dejan en la calle a miles de estudiantes. Si miramos las cifras, éstas nos muestran cómo la educación municipal ha bajado la matrícula mientras la educación del sector particular subvencionado ha aumentado la matrícula. Mientras en 1990 la matrícula del sector particular subvencionado era de 33% y la del sector municipal de un 59%, para el año 2009 las cosas ya ya habían cambiado, es decir, la matrícula de los colegios particulares subvencionados sube a 51% y la de los establecimientos públicos baja a un 42%. Paralelamente, el número de colegios particulares subvencionados ha crecido de 2.425 en 1990 a 3.343 en 2007 y el número establecimientos municipales ha disminuido de 6000 en 1990 a 5572 en 2007.  Actualmente, de acuerdo al último reporte oficial del ministerio de Educación (2014) hay 5.331 colegios municipales, los que representan el 44% del sistema. En tanto, 6.065 son establecimientos particulares subvencionados (50%), 595 son particulares pagados (5 %) y 70 corresponden a recintos de administración delegada (1%). Estas cifras que demuestran el desentendimiento del Estado con su rol Garante para con l a sociedad, son las que movilizaron a estudiantes secundarios y universitarios que conmovieron a todo el país entre el año 2006 y 2008 abogando por una educación gratuita, laica y de calidad. Sin embargo, en el año 2008 se vive la escena conocida como “manos alzadas” donde todos los partidos del bloque en el poder pactan cambiar la LOCE por la LGE pero sin intervenir la constitución que es donde se consagra y permite la educación como un bien de consumo. Por tanto, de aquella escena donde supuestamente “triunfó Chile”, no quedan más que recuerdos de un cambio de forma pero no de fondo. Es decir, la educación se siguió considerando desde el ámbito económico empresarial no acabando con la política de vouchers por subvención lo que ha implicado una fuerte fuga de estudiantes al sector particular subvencionado. La lógica de este juego es clara, mientras más precaria sea la educación pública o bien, mientras no exista la educación pública, más fácil es enriquecerse a costa del esfuerzo de las familias que consideran parte de su presupuesto ya que consideran la educación como un medio para la ascensión social. ¿O acaso habrían emigrado estudiantes del sector municipal si el Estado hubiese hubiese cumplido con con su rol inalienable de otorgar y

garantizar una educación integral a todos los jóvenes del país en todos sus niveles? La respuesta es claramente que no. El negocio está precisamente en precarizar la educación pública para que los particulares subvencionados aumenten su matrícula, hecho ya demostrado con las cifras presentadas. En el 2015, se ajustaron las leyes para seguir haciendo de la educación un negocio y la precarización de las condiciones de trabajo. Hay que entender que desde marzo de 2016 comenzará a regir la llamada Ley de Inclusión que no faculta a los establecimientos particulares subvencionados cobrar mensualidad a los padres pero que sí considera un incremento de subvención y un un llamado fondo de gratuidad. Las cifras señalan que un estudiante de un colegio de enseñanza media bajo el plan científico-humanista, que no pertenezca a los sectores más vulnerados hará recibir al establecimiento una subvención mensual de 87 mil pesos. Por su parte, el establecim iento que tenga en sus matrículas estudiantes de los sectores más vulnerados de la sociedad percibirá el establecimiento que lo “adquiera” una subvención mayor a los cien mil pesos. Por tanto, los estudiantes son considerados una mercancía que su precio depende del lugar que la familia ocupe en la sociedad. Cabe recordar que este proceso se realizará de m anera paulatina (en el 2020 operará la ley en todo el país), por tanto, el fin del copago no se hará efectivo desde el inicio de la ley sino que más bien se congelan los aportes recibidos por apoderados a la misma cifra que el año 2015. De la totalidad de establecimientos particulares subvencionados (6.065) solo 600 colegios se acogerán a la gratuidad dado el bajo copago que cobraban a los padres y apoderados.  Además, la ley señala que no se puede hacer retiro de excedentes por parte part e de los sostenedores pero sí le permite realizar contratos con ATES (que muchas veces son del mismo dueño), mantención y reparación de locales o pago de hipotecas por inmuebles arrendados para el funcionamiento del establecimiento o los auto adjudicar exagerados sueldos de sostenedores y directivos (partes de la misma “em presa”). Desde nuestra perspectiva, este proyecto de ley no acaba con el lucro o retiro de dineros fiscales por parte de privados sino que más bien regula el lucro o el retiro de excedentes. No será de m anera burda y directa sino será más bien algo velado por la misma ley. Prevalecerá el modelo de la competencia, del marketing, de la apariencia, de esta forma, la ley de inclusión llevará a competir en total desventaja a las escuelas públicas con aquellas sostenida por privados. Creemos que esta ley lo que busca es la absoluta desaparición de la educación pública, delegando el Estado su responsabilidad a simples prestadores de servicios. Por su parte, y dentro del mismo paquete de ajustes al modelo neoliberal en educación, son dos los proyectos que en nada favorecen la perspectiva de los trabajadores de la educación y su anhelada dignidad, nos referimos al proyecto de carrera docente y desmunicipalización. El primero, rechazado por la mayoría de los profesores, sostiene que mediante evaluaciones punitivas el profesor podrá ir ascendiendo dentro de una carrera para las mejoras salariales que urgen para los profesores. El segundo, conocido como desmunicipalización, crea una instancia intermedia entre el ministerio de educación y las escuelas, colegios y liceos, denominada servicio nacional de educación pública que se hará cargo de administrar los servicios locales de educación que aglutinarán la totalidad de las corporaciones y departamentos de administración municipal, se señala que serán 67 los SLE. Lamentablemente, este proyecto no traspasa la educación a manos del del Estado y apuesta por dejar la educación pública en la marginalidad pues ya instalada la ley de inclusión las escuelas municipales quedarán con tan solo el 20% de las matrículas. La desmunicipalización y estatización es una reivindicación sentida por el movimiento social, pero que ha sido manipulada y tergiversada por el gobierno neoliberal de la Nueva Mayoría, para profundizar las condiciones de mercado, ajustar a las necesidades empresariales el desvío de fondos públicos, pues hoy la ley SEP, los fondos PIE y los fondos para la gratuidad, entregarán suculentas cifras de millones de dólares a las empresas privadas que a partir del año 2016 cumplan con prestar el servicio de educación a los millones de niños y niñas del país. No serán los alcaldes que tengan el control de la administración de la educación, sino los empresarios que por años se han enriquecido a costa de los miles de familias trabajadoras. En el mismo sentido, el proyecto no señala en qué condiciones contractuales quedaremos los trabajadores de la educación, por tanto, no queda claro cuáles serán nuestras formas organizativas para defender nuestros derechos aislándonos del sector público prohibiendo nuestro derecho a la libre sindicalización. Queda claro que la mejor forma de instaurar las políticas que favorecen a unos pocos y perjudica a la mayoría es la parcelación de los proyectos y sus consiguientes leyes. Pues todo va quedando en la penumbra y ambigüedad adoleciendo de claridad para poder dar la lucha frente a situaciones concretas. Los únicos que hasta el momento han triunfado son aquellos que han considerado la educación como bien de consumo y, los que, desde posiciones dirigenciales de orgánicas que debieran estar al servicio de las luchas de los trabajadores, han preferido negociar con los que nos oprimen. En este momento, apostaron por terminar un año de derrota, con una movilización por la deuda histórica hacia el magisterio con la clara intención de prefigurar su cam paña para las próximas elecciones en el 2016, volviéndonos hacer creer que defienden los intereses de la totalidad de

trabajadores de la educación. Esto nos hace pensar que todas las representaciones partidarias o de movimientos instaladas al interior del Colegio de Profesores están impulsando el proyecto de desmunicipalización asunto que sería una nueva disonancia entre el colegio de Profesores y la totalidad de trabajadores de la educación del país. Por tanto, queda claro que los trabajadores de la educación no debemos confiar más en orgánicas que promueven nuestra precarización laboral. El Colegio de Profesores, simplemente ha manifestado la necesidad que en los futuro s consejos locales de educación los profesores que asistan a dichas instancias deben ser parte del Colegio de Profesores, cuestión que nos hace entender que su idea es seguir manipulando el sentir de los profesores desde esos futuros espacios y no luchar por una verdadera transformación del modelo educativo y la consiguiente dignidad de los docentes. Dado el panorama descrito y la nula oposición desde el mundo de los trabajadores (con escasas excepciones) a esta mal llamada “reforma educativa” señalamos que es necesario hoy más que nunca abolir la educación de mercado mediante la estatización de todas las escuelas. En términos concretos esto debe significar que todos los trabajadores de la educación tengamos un contrato único, indefinido y estatal, independiente de donde ejerzamos nuestra labor. Adem ás, para fortalecer nuestra capacidad organizativa y de lucha, que como sabemos es paupérrim a, se hace indispensable que la sindicalización y las negociaciones sean obligatorias y regladas por el Estado. La educación no saldrá del paradigma mercancía-precio si se sigue con la lógica de la subvención por asistencia diaria, por tanto, declaramos la necesidad que el aporte desde el Estado sea basal y directo (que llegue a las escuelas) y que el presupuesto contemple los recursos para financiar el 50/50 de horas lectivas y no lectivas. Para esto será necesario una asamblea constituyente de los pueblos y trabajadores de Chile que plasme en su seno que la educación es un derecho y que, por tanto, no hay espacio para especuladores y negociadores. Solo así, Chile tendrá la educación que necesita: Pública, gratuita e integral en todos sus niveles.

¡¡¡Por Contratos Estatales, Únicos e Indefinidos, A Desmunicipalizar y Estatizar!!! ¡¡¡Plebiscito Popular para la Asamblea Constituyente y Nueva Constitución!! UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS. RED DE EDUCADORES DEMOCRÁTICOS

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