Ramírez - Entre el estado y la guerrilla

María Clemencia

Ramírez

Entre el estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo

Favor no escribir ni subrayar los libros y revistas Gracia» SÜ;Í.T.3 de Bibliotecas Universidad de los Aade*

© INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - I C A N H -

Entre el estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo Calle 11 n° 2-41 Bogotá - Colombia Teléfonos 56198 96 / 56195 0 0

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© MARÍA CLEMENCIA RAMÍREZ

PRIMERA EDICIÓN

Bogotá, octubre de 2001 ISBN 958-97054-0-5 FOTOGRAFÍA DE LA CARÁTULA

Jorge Parga, archivo de El Tiempo FOTOGRAFÍAS DE LA CONTRACARÁTULA

Manuel Saldarriaga, León Darío Peláez, Orlando Restrepo, Juan Herrera Archivo de El Tiempo COORDINACIÓN EDITORIAL

Juan Andrés Vaíderrama DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Angela Vargas Ramírez IMPRESIÓN

Servigraphic Ltda.

Esta publicación ha sido realizada con la colaboración financiera de Colciencias, entidad cuyo objetivo es impulsar el desarrollo científico y tecnológico de Colombia.

A los campesinos del Putumayo, con la esperanza de contribuir a que sus voces sean escuchadas y sus propuestas tenidas en cuenta.

I N T R O D U C C I Ó N Queremos que Colombia y el mundo sepan, de una vez que nosotros no cultivamos coca por gusto, sino porque nos obligan a ello, y no es la guerrilla la que nos obliga, es el propio gobierno: no hay alternativas. [Apuntes de un paw campesino, 1999). Después del paro cocalero de 1996 fuimos conscientes de que no se sembraba comida. Ahora estamos cultivando plátano y yuca, pero obligados por la guerrilla. Por causa de la coca los campesinos preferimos comprar la comida, para sembrar sólo coca. (Líder campesino en Yapurá, r$g8¡.

E

STOS TESTIMONIOS SINTETIZAN, DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS CAMPESINOS, POR QUÉ SE

expandió el cultivo de coca en la región amazónica de Colombia, e introducen su posición ambivalente entre el estado y la guerrilla, referentes centrales para comprender su situación y, por tanto, ejes del análisis que se presenta en este libro.

Se trata de la convivencia cotidiana de actores diversos con intereses diferentes, opuestos y en conflicto que, sin embargo, convergen en una región; en consecuencia, es difícil determinar los límites de acción de los unos en relación con los otros. Sobresalen entonces las alianzas estratégicas, las negociaciones, las manifestaciones de resistencia y, más aún, el desvanecimiento de las fronteras que separan un grupo del otro, lo cual lleva a que los adjetivos usados con frecuencia para caracterizar dichas relaciones sean ambivalentes y ambiguas. El cultivo de coca ha puesto de manifiesto en el ámbito nacional e internacional problemas estructurales de la región amazónica colombiana, que buscan develarse en el presente libro por medio del análisis del siguiente evento.

E L EVENTO E L I DE MARZO DE 1996 Y DE ACUERDO CON EL INTERNATIONAL NARCOTICS ACT DE 1986 ESTADOS

Unidos decertified al gobierno colombiano por cuanto sus esfuerzos contra el

IDENTIDAD Y CIUDADANÍA EN EL PUTUMAYO •

María Clemencia Ramírez

narcotráfico (cultivos ilícitos y comercio) no alcanzaban los parámetros determinados por ese país. Esta declaratoria implicaba la suspensión de la ayuda antidrogas, la supresión de las preferencias arancelarias a las exportaciones del país, el veto de Estados Unidos a las solicitudes de Colombia ante el sistema financiero multilateral, así como la suspensión del sistema de garantías a las inversiones de Estados Unidos en Colombia (De Rementeria, 1996: 58). Como respuesta a este hecho el gobierno del presidente Ernesto Samper (1994-1998) incrementó las fumigaciones aéreas de las plantaciones de coca en la región amazónica, así como el control de la venta de cemento y gasolina, insumos necesarios para el procesamiento de la pasta de coca. Durante julio, agosto y_ septiembre de 1996 cerca de doscientos m i l campesinos, incluidos colonos, mujeres, niños y población indígena, marcharon desde sus predios rurales hacia los pueblos más cercanos y hacia las capitales departamentales, para manifestarse en contra de la aplicación y el cumplimiento de las leyes que combaten los cultivos ilícitos, su principal fuente de subsistencia. El presente trabajo se centra en el análisis de este evento, el paro de los campesinos cocaleros de los departamentos de Putumayo, Diquetá y Guaviare, y_de la baja bota caucana, como un evento de diagnóstico , de problemas estructurales de la amazonia colombiana. La paradoja que subyace a este evento es que los campesinos cocaleros sólo han recibido atención del estado central a raíz de la expansión de la economía de la coca en esta región del país. En este libro se analiza cómo y^ven_y_ experimentan los campesino cocaleros esta paradoja, campj^iiios que han sido estigmatizados como auxiliares de la guerrilla y delincuentes que actúan fuera de la ley, pero que, a la vez, demandan reconocimiento político y participación ciudadana, proponiendo un plan alternativo de sustitución que no ha recibido la atención necesaria por parte del estado. 1

E L MOVIMIENTO COCALERO,

En este caso, el objeto de análisis pone en evidencia cómo el estado a partir de la representación de la amazonia occidental como una región habitada por gente desarraigada, dedicada a actividades ilegales, ya sea por relacionarse con las Farc o con el narcotráfico, por medio de la aplicación de políticas de represión acordes con esta percepción, incide en la emergencia de un movimiento social que asume su identidad colectiva como cultivadores de coca o cocaleros, buscando resignificar este rótulo que no sólo los estigmatiza y los criminaliza sino que los invisibiliza. Se pone en escena aquello que Joseph y Nugent (1994) insisten en que debe retomarse para analizar el estado desde una perspectiva sociocultural y política desde la localidad, lo que implica una mirada relacional entre éste y las clases populares. Como el objetivo central del movimiento social era hacerse visible como grupo social autónomo frente a la guerrilla y a los narcotraficantes y, sobre todo, lograr su reconocimiento como ciudadanos putumayenses, se trataba de un movimiento que no puede entenderse como tal sin entrar en interlocución o en contestación con las políticas del estado para la región amazónica, así como de la política internacional de lucha contra la droga. Pero, además, este movimiento social se inscribe dentro de los "nuevos movimientos sociales" ", tal como han sido llamadas aquellas nuevas formas de acción colectiva que como señala Escobar (1992) ponen en evidencia luchas sobre significados. Uno de los ejes del movimiento cocalero y de la negociación va a ser la discusión sobre el significado de actor social, en un contexto de ilegalidad. El caso del movimiento cocalero ilustra la emergencia y configuración de identidades colectivas pero, sobre todo, muestra el contexto relacional sin el que no puede entenderse la asunción, por parte de un grupo social subalterno, de una identidad adscrita por un grupo hegemónico, que se asume para ser contestada de manera que se hace evidente el proceso de recomposición de identidades a partir de la 2

UN CASO DE

RECOMPOSICIÓN DE IDENTIDADES COLECTIVAS COMO EJE CENTRAL DEL LIBRO SOSTENGO QUE HA EMERGIDO Y ESTÁ EN PROCESO DE CONFIGURACIÓN

un movimiento social de pequeños campesinos cocaleros que se evidencia a partir de 1994, como respuesta a las acciones del estado sobre la región amazónica en el marco de la guerra contra las drogas. Este movimiento social comparte las características que define Archila (1995: 154) para los movimientos sociales: "acciones sociales colectivas, más o menos permanentes, orientadas a enfrentar injusticias, desigualdades o exclusiones, es decir, que denotan conflicto y que tienden a ser propositivas. Todo ello en contextos históricos determinados". El rechazo de su exclusión y su interés en proponer soluciones a su situación están en la base del movimiento cocalero. 1

INTRODUCCIÓN

Moore (1987: 730) señala que "la clase de evento que debe privilegiarse es aquel que revela tanto competencias, contradicciones y conflictos que estén sucediendo, como los esfuerzos para prevenirlos, suprimirlos o reprimirlos".

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Los nuevos movimientos sociales se definen principalmente por su propuesta de mirar nuevas formas de estructuración de la acción colectiva a partir de movimientos sociales contemporáneos tales como el movimiento ambiental, gay o feminista, que no se estructuran alrededor del conflicto de clase, tal como se definieron los movimientos sociales a partir de la revolución industrial en Europa. Esta sería entonces su primera y más sobresaliente característica: que su base social trasciende la lucha de clases. Entre otras características señaladas están el que muestran pluralismo de ideas y valores, tienden hacia orientaciones pragmáticas y buscan reformas institucionales que amplían a sus miembros su participación en la toma de decisiones. Además, y esta característica es central para el presente caso, implican la emergencia de nuevas identidades y, por consiguiente, se asocian con un conjunto de creencias, símbolos, valores y significados relacionados con sentimientos de pertenencia a un grupo diferenciado. Las organizaciones de los nuevos movimientos sociales tienden a ser segmentadas, difusas y descentralizadas. Su organización y proliferación están relacionadas con la falta de credibilidad en los canales de participación instituidos, por lo que buscan formas alternativas de participación y de toma de decisiones relacionadas con asuntos de interés colectivo (Laraña, Johnston y Gusfield, 1994). Aun cuando puede afirmarse que los pequeños campesinos de la amazonia tienen reivindicaciones como clase subordinada, esta condición no es la que hace que el movimiento social se defina como tal, lo cual se mostrará a lo largo del libro. Para una amplia discusión sobre los nuevos movimientos sociales y sus especificidades en Latinoamérica, véanse Escobar (1992.a, 1992), Escobar y Alvarez (1092) y Alvarez, Escobar y Dagnino (1998).

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María Clemencia Ramírez

acción colectiva. Se trata también de una identidad colectiva que moviliza y articula posiciones subjetivas, buscando una hegemonía política e ideológica regional. Quiero subrayar la importancia que tiene en la configuración del movimiento social asumir esta identidad como pequeños campesinos cultivadores de coca, pues la discusión abierta de su condición de cultivadores de coca es la que permite negociar con los representantes del estado pero, sobre todo, proponer alternativas para la región, que más allá de erradicar la coca buscan lograr que se les reconozca como actores sociales e interlocutores válidos para discutir las políticas y los programas que se dirigen a la misma. En este orden de ideas, se analizará cómo se resignifican nociones de ciudadanía, representación política y participación. La exclusión que sienten los habitantes de la región amazónica ha significado para ellos la negación de su ciudadanía y reclamarla es un acto político con significado cultural e identitario, de reconocimiento de pertenencia a una región que buscan sea incluida al estado-nación. En cuanto a la temporalidad, su genealogía puede extenderse a los paros cívicos realizados por los habitantes de la región desde la década de 1980, y que han tendido a la constitución de un movimiento social como respuesta a su abandono y marginamiento por parte del estado. A esa situación se le imputa la propagación del cultivo de coca, de manera que este pone en evidencia esta situación estructural de la amazonia en el contexto nacional. Cultivar coca fue el hecho que le permitió a los habitantes de la amazonia occidental destacar la problemática económica y social de la región amazónica de la cual el gobierno había hecho caso omiso o había menospreciado hasta el momento en que se desató el movimiento.

E L TRABAJO DE CAMPO EN UN TERRITORIO EN CONFLICTO E L TRABAJO DE CAMPO SE LLEVÓ A CABO DURANTE 1998 Y EL PRIMER SEMESTRE DE 1999, Y SE REALIZÓ

intensivamente en los municipios de Puerto Asís, departamento de Putumayo, y Piamonte baja bota caucana (véase el mapa 2). Sin embargo, también recorrí otros municipios del Putumayo con el fin de establecer comparaciones dentro del departamento. A partir de 1997 Puerto Asís se convirtió en lugar de residencia de los paramilitares; desde allí empezaron a incursionar a otros lugares buscando combatir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc-, que no sólo ejercen dominio territorial sino autoridad sobre la población del Putumayo, Caquetá, Guaviare, la baja bota caucana y Meta, tal como se evidenció durante el movimiento cocalero de 1996 (véase el capítulo 4). Durante mi trabajo de campo los paramilitares y las Farc llevaban un estricto control de los no residentes que entraban y salían de Puerto xAsís para establecer el motivo por el que estaban en la región y confirmar o descartar su trabajo como informantes de uno u otro grupo, dentro de una guerra de inteligencia que se instauró desde 1997, con la llegada de los paramilitares a la zona (véase el capítulo 8). En Puerto Asís logré que mucha gente del pueblo me concediera entrevistas,

INTRODUCCIÓN

sin sentirse frente a una espía o a una posible enemiga que podía usar en su contra la información que me ofrecía; por el contrario, la gente (funcionarios, líderes, comerciantes y habitantes del pueblo en general) mostró interés en el trabajo que realizaba. Para ellos la historia de sus luchas debía escribirse y sus interpretaciones del problema del cultivo de la coca difundirse. Aprendí ciertos códigos de seguridad que se manejan en el pueblo: evitar el paso por ciertos lugares para no ser identificada como informante de uno u otro bando, no hablar más de lo necesario con personas que sólo eran conocidas y se acercaban a saludar, entre otros. Por recomendación de la gente, por ejemplo, no visité la cárcel, en donde había campesinos productores o recolectores de coca y choferes que habían sido apresados transportando pasta de coca o productos para su procesamiento. Según ellos, por esto podían asociarme con los narcotraficantes. También por seguridad meaconsejaron que debería entrar y salir de Puerto Asís y no permanecer todo el tiempo en esta zona, porque podía levantar sospechas. Debía comportarme de acuerdo con la imagen que se maneja en la zona de los investigadores, personas que llegan, trabajan unos meses y se van. Para no permanecer todo el tiempo en Puerto Asís extendí el trabajo de campo al municipio de Piamonte. La baja bota caucana presenta una situación privilegiada para el estudio de la marginalidad de la región amazónica, definida en relación con la administración del departamento del Cauca y el estado central. Por otra parte, comparte todas las características sociales, culturales, políticas y económicas de la amazonia occidental, incluidas la intensificación del cultivo de coca durante las últimas dos décadas y la presencia dominante de la guerrilla. Por estas razones el trabajo en esa región me sirvió para entender los sentimientos que generan el abandono y desconocimiento en sus habitantes, su manera de asumir la exclusión y la búsqueda de inclusión en el estado-nación colombiano. Por tanto, aunque este libro se centra en el caso del movimiento social de los cocaleros en el Putumayo, en él se utiliza el trabajo en la baja bota caucana para contrastar, ampliar y profundizar el análisis del movimiento social en el Putumayo, por cuanto este tuvo lugar también en esta región. Además, la creación del municipio de Piamonte en la baja bota, en 1996, me permitió observar el comportamiento de las Farc en este proceso, por cuanto se trataba de la entrada de la administración oficial a una región en donde ejercían por completo gobierno y autoridad; han estado en la región por varias décadas y sus habitantes están acostumbrados a tratar todo el tiempo con el comandante del frente, de manera que en las conversaciones cotidianas se habla de ellas desprevenidamente. Por otra parte, los jefes de las juntas de acción comunal y los miembros de la comunidad acuden periódicamente a reuniones convocadas por las Farc para tratar asuntos diversos, reuniones que después se comentan abiertamente entre la gente, lo cual me ayudó a entender el papel de este grupo en dichas regiones, desde la perspectiva de sus habitantes.

IDENTIDAD Y CIUDADANÍA EN EL PUTUMAYO •

L O S LÍDERES

NATURALES,

DEL MOVIMIENTO

María Clemencia Ramírez

ACTORES

INTRODUCCIÓN

Los líderes de este movimiento son también colonos; algunos llegaron hace veinte años de otras regiones del país; otros han vivido en la zona por más tiempo pero se definen como líderes naturales. Un líder sindical agrario nacional explica qué significa ser líder natural:

CENTRALES

COCALERO

LA ETNOGRAFÍA QUE PRESENTO ES LA DEL MOVIMIENTO DE LOS CAMPESINOS COCHEROS EN EL

PuTumayo, con referencias a la baja bota caucana. Centré mi trabajo en los líderes del Movimiento Cívico por el Desarrollo Integral del Putumayo que dirigieron dicho movimiento y a quienes entrevisté; también tuve acceso a sus discursos durante las diferentes fases del proceso, lo que me permitió transcribirlos y analizarlos a lo largo de este libro. Los líderes de ese Movimiento son los actores centrales de esta etnografía; ellos estuvieron interesados en que se escribiera la historia del movimiento y me prestaron toda la colaboración necesaria. Además, el objetivo de mi trabajo en la región de esta manera redundó en mi seguridad. En su análisis del Movimiento Indígena Pan-Maya en Guatemala Warren (1998) señala que todavía está por escribirse una historia social de los intelectuales públicos en Latinoamérica, África y otras regiones poscoloniales. Considero que los líderes del Movimiento Cívico son intelectuales campesinos ¡peasant inteUectuals] en el sentido que le da Feierman (1990) al término. Se trata de los campesinos que organizan movimientos políticos para mejorar sus condiciones de vida y alcanzar justicia social de acuerdo con su definición de esta; es decir que crean un nuevo discurso político. Feierman analiza este discurso político que emerge y que transmiten los campesinos para el caso de la comunidad de Shambaai en Tanzania. Por medio del estudio de la posición social de estos intelectuales campesinos como directivos de organizaciones o educadores, busca entender la relación que se establece entre la cultura local y la cultura dominante o el poder nacional. Los intelectuales campesinos, situados entre el discurso público y el poder dominante, median entre la creación activa de un lenguaje político y una continuidad de larga duración, así como entre la sociedad local y la sociedad global. Tal como lo señala Warren [1998: 25) "los intelectuales locales pueden carecer de credenciales formales, pero son reconocidos como productores de conocimiento confiable e intérpretes de la realidad social". Las comunidades reconocen a los líderes como tales y, por consiguiente, tienen en cuenta y respetan su interpretación de la realidad y las soluciones que proponen; además, ellos desempeñan un papel central como mediadores entre las comunidades locales, el gobierno nacional y los organismos internacionales. En los siguientes capítulos se examinan estas interpretaciones y los argumentos que se esgrimieron durante la mesa de negociación; de este modo, espero contribuir a la historia social de los intelectuales públicos de la que habla Warren. M i principal fj objetivo es darle voz a estos actores subalternos para acercarnos desde sus perspectivas y experiencias a lo que significa para ellos el cultivo de coca y el conflicto armado. Para lograrlo, uno de los objetivos centrales del presente libro es entender cómo moldean sus discursos y cuáles son sus argumentos. Por tanto, he querido que las voces de los habitantes del Putumayo y la baja bota caucana formen parte central de este trabajo, por lo que transcribo las intervenciones de los líderes campesinos en la mesa de negociación, las entrevistas que realicé y las declaraciones que hacían a la prensa y otros medios de comunicación.

Se le llama líder natural al que empieza allá [se refiere al campo], se queda allá y es un líder de base. Todos hemos estado en ese proceso, sólo que cuando entendemos que la organización debe cualificarse y ligarse a otro tipo de objetivos, políticos y económicos de carácter nacional, entonces ya no nos consideran tan naturales. Pero a mí me parece que uno sigue siendo líder natural porque es un campesino; no se hizo líder en la academia, por decir algo, aunque algunos tienen la posibilidad de mejorar sus niveles académicos. Sin embargo, uno sigue siendo un líder natural, porque no se hizo líder en las aulas, se hace líder, va escalando peldaños, unos más rápido, otros más lento, otros con más suerte, otros con menos, pero es así (entrevista a líder sindical de Fensuagro, Bogotá, 1998). En esta definición de líder natural es definitivo ser campesino; es decir, es necesario ser un miembro de la comunidad interesado en promover su bienestar. A medida que se recibe educación y se sale del nivel local se tiene acceso a un capital cultural y social que permite articular las luchas locales a las nacionales; parece entonces que se deja de ser líder natural, pero como se expresa claramente para estos líderes es importante seguir siendo reconocidos como campesinos, pues su ascendencia es la que les da la legitimidad como representantes de estas comunidades. En este caso, esta definición de líder natural puede equipararse al concepto de intelectual campesino al que se refiere Feierman. 3

Algunos de estos campesinos se convirtieron en líderes después de participar en espacios abiertos por el gobierno central en las regiones en el marco del Plan Nacional de Rehabilitación -PNR-, creado en 1982 durante la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986), "en respuesta a la agudización de los conflictos sociales y el surgimiento de nuevas manifestaciones de violencia". Su objetivo era "crear las condiciones mínimas de infraestructura económica y social, la mayor vinculación e integración de aquellos sectores de la población que tradicionalmente habían estado excluidos del proceso de desarrollo económico, político y social del país" (Plan Nacional de Rehabilitación, 1994). Desde 1982, los municipios de la amazonia occidental y la baja bota caucana quedaron incluidos como municipios PNR. En todos se establecieron consejos de rehabilitación, concebidos como asambleas

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Bourdieu ha señalado que el capital cultural debe llamarse "capital informacional-paia conferir a esta noción una completa generalidad- y que existe bajo tres formas: en los estados incorporado, objetivado e institucionalizado" (Bordieu y Wacquant, 1995:82). Incorporado, como disposiciones culturales interiorizadas por el individuo por medio de la socialización; objetivado, significando objetos tales como libros que requieren habilidades culturales especializadas para su uso; institucionalizado se refiere a las credenciales del sistema educativo (Swartz, 1997:76). "El capital social es la suma de los recursos, actuales o potenciales, correspondientes a un individuo o grupo, en virtud de que éstos poseen una red duradera de relaciones, conocimiento y reconocimiento mutuos más o menos institucionalizados, esto es, la suma de los capitales y poderes que semejante red permite movilizar" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 82).

IDENTIDAD Y CIUDADANÍA EN EL PUTUMAYO

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María Clemencia Ramírez LNTRODUCCIÓN

populares que deliberaban en el municipio; allí se sentaban funcionarios oficiales con representantes de la comunidad para "la canalización de las demandas de la comunidad y asegurar el adecuado manejo de los recursos asignados por el Plan, para el desarrollo de una actividad política más democrática y para la promoción de un liderazgo político" (Plan Nacional de Rehabilitación, 1994). En estos consejos de rehabilitación los líderes y representantes de las comunidades aprendieron a negociar con el gobierno, a conocer y ejercer la política participativa; además, el PNR dictó cursos de capacitación de líderes, que se recuerdan en la región como uno de los grandes logros del Plan, porque por medio de sus líderes las comunidades pudieron plantear al gobierno sus proyectos y necesidades. Estos líderes se definen como tales en cuanto a su capacidad para gestionar con el estado las necesidades de la comunidad. Foweraker (1995) ha señalado que gran parte de la práctica política de los líderes de los movimientos sociales en Latinoamérica se dirige a desarrollar una efectiva capacidad de gestión o "habilidad para lograr que las cosas se hagan o que las demandas se cumplan". Estos espacios de negociación y de promoción de la participación social organizada se incorporan a la cultura política de estas regiones y la negociación con el estado se convierte en el eje central del movimiento social que emerge en contra de la fumigación de la coca, pero sobre todo, para presionar al estado para que cumpla con sus obligaciones constitucionales. Por medio del trabajo con los líderes y participantes en este movimiento cocaleco, logré en primer lugar, trazar la historia del Movimiento Cívico por el Desarrollo Integral del Putumayo, que lo lideró. En segundo término, seguir la emergencia de las marchas de 199a y las redes que se hicieron evidentes en la región de la amazonia occidental para que estas tuvieran lugar, así como el papel de las Farc en la organización del movimiento. En tercer lugar, analizar la mesa de negociación que se estableció entre estos líderes y los representantes del estado nacional, regional y local y, por consiguiente, sus demandas al estado de reconocimiento como actores sociales y, más aún, como ciudadanos putumayenses. En cuarto lugar, examinar la percepción y formación del estado en la localidad, así como las divisiones que se presentan dentro de él, central y regionalmente.

ALGUNAS ACLARACIONES ACERCA DE ESTE LIBRO POR ÚLTIMO, ES NECESARIO EXPLICAR QUE ANTES OE CONVERTIRSE EN LIBRO ESTE TRABAIO SE PRESEN-

TÓ como tesis de doctorado al departamento de antropología social de la Universidad de Harvard, en enero de 2001, lo que debe tenerse en cuenta para entender por qué algunos capítulos, como el primero y el segundo, tratan muy por encima aspectos que en Colombia han sido objeto de extensos análisis. A los lectores extranjeros debía presentárseles una visión somera de la historia de violencia del país, de la aparición y consolidación del cultivo de coca y sus diferencias con otros países andinos, entre otros asuntos, con el fin de lograr una mejor comprensión del problema abordado. Tal vez para los investigadores colombianos dichos aspee -

tos pudieran haberse obviado, pero para un público colombiano más amplio, al que también busco llegar, esta visión general cumple un papel importante para la comprensión de la situación de los campesinos cultivadores de coca en el Amazonas colombiano. Con el fin de hacer más accesible el trabajo a los lectores de habla española, las citas de autores extranjeros han sido traducidas por mí; por tanto, asumo los errores que puedan encontrarse. En cuanto a las entrevistas, cuando lo consideré necesario por razones de seguridad omití el nombre del entrevistado o lo cambié. En otros casos el nombre real del entrevistado sí figura, por considerar que no lo ponía en peligro o porque este apareció en los medios de comunicación que cubrieron las marchas. En cuanto a la temporalidad, vale la pena aclarar que el libro reporta la situación del cultivo de coca y de las organizaciones sociales que emergieron entre 1996 y 1999. En algunos momentos hago referencia a 2000, cuando se considera necesario aclarar, pero los datos recogidos entre 1998 y 1999 son predominantes. En el epílogo, escrito en octubre de 2001, busco hacer un seguimiento a los procesos que vi emerger durante esos años.

IDENTIDAD Y CIUDADANÍA EN EL PUTUMAYO

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María Clemencia Ramírez

senado que ven cómo la Asociación se sale de su control político; a su vez, esta no los reconoce como sus representantes en la región o ante el poder central. La Asociación de Alcaldes se presenta como interlocutora directa con el gobierno central, de manera que se cuestiona al gobernador no sólo en cuanto a su capacidad de gestión sino también en relación con su compromiso político con la región. Aún más, se le considera como el Otro, aquel con respecto al cual definen una identidad política diferente. Se busca entonces abrir un espacio que permita legalizar e institucionalizar administraciones públicas señaladas como representantes de la ilegalidad por parte del estado central. En el periódico El Tiempo del 6 de agosto de 1996, cuando el movimiento cocedero estaba negociando con el gobierno central, se leía el siguiente titular: "No somos subversivos ni narcotraficantes. Alcaldes" y se informaba: El alcaide de Puerto Asís, Alcibíades Enciso, a la salida de la reunión con el Fiscal afirmó: "Vinimos a decirle al fiscal Valdivieso que no somos subversivos ni narcotraficantes y a solicitarle que los funcionarios de la Fiscalía sean imparciales al momento de recibir los informes de los generales y coroneles del Ejército y la Policía que se encuentran en el Putumayo. La petición la hacemos porque no es cierto que pertenezcamos a la guerrilla. Nosotros estamos entre la espada y la pared" (...) el alcalde de Puerto Leguízamo, al referirse a las afirmaciones del Fiscal General sobre la urgencia en que debe constituirse para el Gobierno la recuperación del orden público en la zona de conflicto dijo: "No vinimos a polemizar ni a calificar o descalificar las declaraciones de Valdivieso. Nuestra posición simplemente es venir a informar sobre la situación del Putumayo y conseguir unos acuerdos que nos permitan solucionar la actual crisis, independientemente de la certeza que tenemos de que la coca es criminalizada" [El Tiempo, 6 de agosto de 1006:8A).

Se palpa el ejercicio de una política de la identidad por parte de este movimiento cívico, cuando se responde a marcadores identitarios impuestos con los cuales ellos no se identifican. Se manifiestan urgidos de recuperar el orden público, frente al desorden y la alteración al orden público que para el estado se torna en definitorio de una zona donde la ilegalidad, la delincuencia y la subversión son sus características centrales. Una representación de la región del bajo Putumayo que los alcaldes buscan redefinir. Por otra parte, frente a una descentralización que ha sido tildada como perversa por cuanto se descentralizan las responsabilidades mas no los recursos buscando que "la gente tenga como interlocutor y como referencia de poder al alcalde y a los Consejos" (entrevista a un líder agrario nacional, iggS), los alcaldes buscan comprometer a los funcionarios del nivel central en la búsqueda de la solución de un conflicto regional que se produce con participación de fuerzas ajenas a la región. La imposibilidad de tener continuidad visible como movimiento social en la región no evita que se sigan buscando formas alternas de institucionalidad de estas nuevas ideas políticas. La presencia permanente de los alcaldes en Bogotá se vuelve, simbólicamente, una forma de ser reconocidos. Es así como la Asociación tiene una sede en la capital del país, para hacerse visibles como ciudadanos que buscan de sus derechos como tales y, más aún, como funcionarios públicos elegidos popularmente.

C A P Í T U L O

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La política del reconocimiento y el movimiento cocalero: estigmatizarían y emergencia de identidades colectivas politizadas

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N ESTE CAPÍTULO SE MUESTRAN LOS FACTORES QUE INCIDIERON EN LA IRRUPCIÓN DE LAS MAR-

chas cocoleras como tales, es decir, en la movilización desde las veredas hasta los centros urbanos, y las redes que permitieron la organización de este movimiento social . Parto de Melucci (1993: 2.48) según el cual "la acción colectiva contemporánea asume la forma de redes sumergidas en la vida cotidiana". Álvarez (1997: 89-90), enriquece la idea de Melucci y la lleva más allá del análisis centrado en el movimiento social en sí mismo y propone el concepto de tejidos de comunicación e interacción interpersonales e interorganizativos que mantienen a lo largo del tiempo, de manera formal o informal, los líderes, asesores y articuladores de los movimientos sociales. 1

En el caso del Putumayo, la presencia de las Farc en la vida cotidiana de la región es un punto central de la discusión, en cuanto a su papel en la organización y desenvolvimiento del movimiento cocalero. Para entender los tejidos que permitieron la estructuración del movimiento y el poder de negociación de los pobladores de la región frente al autoritarismo de las Farc, analizaré detenidamente la relación que se estableció entre estas, los jefes de las juntas de acción comunal y

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No me propongo hacer un análisis desde la teoría de movilización de recursos, ampliamente trabajada por McAdam, McArthy y Zald (1996), en la que se enfatiza el análisis del uso que hace la organización de los movimientos sociales de los recursos -estructuras organizativas existentes, ya sea formales o informales, así como auxiliares externos- y de las oportunidades políticas. Aun cuando muestro las redes organizativas que se aprovecharon para conformar el movimiento cocalero, el énfasis del trabajo está en la emergencia de las identidades colectivas que movilizan a la población en busca de su reconocimiento como actores sociales. Sin embargo, vale la pena retomar el señalamiento hecho por Foweraker (1995) para los movimientos sociales latinoamericanos, en cuanto a que la importancia central del estado como proveedor de recursos escasos significa que estos deben desarrollar una aproximación estratégica hacia aquel. Por esta razón, Foweraker sugiere que la teoría de la movilización de recursos puede ser útil en el análisis de la trayectoria política de estos movimientos. En el caso del movimiento cocalero, las relaciones que se establecen entre actores externos a este, y que contribuyen a su éxito, como son las Farc y los campesinos, no están diferenciadas de manera tan clara, por cuanto se manejan ambivalencias y ambigüedades que vuelven difusas estas fronteras, como se verá en este capítulo.

I IDENTIDAD Y CIUDADANÍA EN EL PUTUMAYO

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I

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CAPÍTULO 4 •

María Clemencia Ramírez

los líderes del Movimiento Cívico por el Desarrollo Integral del Putumayo. Así mismo, resaltaré la articulación de las organizaciones indígenas de la región al Movimiento Cívico y la asesoría que le prestaron algunos funcionarios oficiales locales a los líderes del Movimiento. Sostengo que la "política del reconocimiento" (Taylor, 1095) es uno de los ejes centrales del movimiento, lo cual significa que los colonos cocederos del Putumayo y, más aún, de la amazonia occidental, cuestionan el señalamiento y la estigmatización que se hace de ellos como personas al margen de la ley, migrantes que buscan fortuna fácil -antes que personas en busca de mejorar su nivel de vida, como ellos lo expresan-, faltos de identidad, sin ningún arraigo en la región amazónica y siempre con el interés individual de beneficiarse para regresar a su lugar de origen. 1

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Como se ha mostrado, la percepción que tiene el centro de la frontera amazónica -la periferia- está mediada por dichos marcadores identitarios, lo cual es patente en el tratamiento represivo que se le ha dado a estas movilizaciones cívicas, que aun cuando no son manifestaciones violentas, desde la década de 1980 han sido señaladas recurrentemente como "promovidas por la guerrilla" lo cual, en la prác, tica, se traduce en la negación de cualquier capacidad de maniobra a los habitantes J de láTegión, quienes con sus demandas y necesidades y la construcción de idenj: tidades colectivas locales y regionales quedan subsumidos por la dinámica que ha tomado el conflicto armado, y recientemente, por la puesta en marcha de la política internacional de lucha contra las drogas o contra la insurgencia.

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Al respecto de la identidad como cocederos adoptada por los campesinos "cultivadores de hoja de coca" en el Putumayo es importante aclarar lo siguiente: en primer lugar, a las diversas maneras a las cuales se refieren cuando mencionan su condición de cocederos, ya que en ciertos momentos se identifican como colonos y cocaleros. A lo largo del libro es claro que antes que cocaleros se identifican como campesinos o colonos, puesto que la coca es vista por ellos sólo como un cultivo más e insisten en que son pequeños campesinos o colonos cultivadores de hoja de coca y como tal se diferencian de "la mafia del narcotráfico", lo cual es evidente a lo largo del libro en las diversas intervenciones de los líderes del movimiento. Por otra parte, hay variaciones de identidad según la zona. En el caso de la baja bota caucana y Puerto Guzmán. donde la colonización ha sido secundaria, proveniente del Caquetá, la identidad como colonos se mantiene con mayor énfasis, mientras que en zonas de colonización nariñense, como es el caso del Valle del Guamués, se habla más de campesinos. Lo que es claro es que son pequeños colonos o "campesinos cultivadores de hoja de coca" y, por tanto, una vez se inicia la fumigación de tos cultivos de coca y empiezan las actividades en contra de la fumigación por parte de los campesinos, se acepta el que son cultivadores de coca y se empiezan a identificar como cocaleros, implicando con ello no sólo la aceptación de ser cultivador sino también asumiendo esta identidad adscrita por el gobierno con el fin de contestarla, manifestando su desacuerdo con las políticas de criminalización del cultivador de coca por parte del estado. Aquí cabe reiterar que en Colombia el cultivo de coca no ha tenido la importancia nacional que ha tenido en Bolivia y Perú (véase el capítulo z), y el surgimiento de esta identidad colectiva como cocaleros no sólo es reciente sino que ha respondido a la política antidrogas caracterizada por la represión indiscriminada. 3

En su análisis del término estigma, que define como "un atributo que es profundamente desacreditante", Goffman (19Ó3: 3) señala cómo adquiere significado como tal en determinada situación en relación con el otro. Es decir, "un atributo que estigmatiza un tipo de poseedor puede ser lo normal para otro y, por tanto, no es en sí mismo una cosa que acredita o desacredita (...) se requiere un lenguaje de relaciones, no de atributos".

La política del reconocimiento y el movimiento cocalero

Para entender la construcción de la identidad colectiva que emergió durante el movimiento cocalero de 1996 parto de dos presupuestos fundamentales: en primer lugar, y como anota Melucci (1988: 242), la acción colectiva es vista como un producto social, un conjunto de relaciones sociales, un proceso que se construye y se negocia: La identidad colectiva es una definición interactiva y compartida, producida por varios individuos y que tiene que ver con las orientaciones de la acción y del campo de oportunidades y limitaciones en el que esta tiene lugar: interactiva y compartida significaque su definición debe entenderse como un proceso, en la medida en que la identidad colectiva se construye y negocia por medio de la activación periódica de las relaciones entre dichos individuos. Como se mostrará en este capítulo, la identidad colectiva que se construye a lo largo del movimiento cocalero no sólo se negocia entre los participantes sino que responde a la identidad que se les asigna por parte del estado de derecho, como personas fuera de la ley y, más aún, como malos ciudadanos a quienes como grupo se les niega la ciudadanía. La^dentidad colectiva que se demanda está estrechamente ligada a la construcción de una nueva ciudadanía, la de ciudadano putumayense. En segundo lugar, parto de la afirmación de Laclau y Mouffe (1985) según la cual la identidad colectiva se construye por medio de la articulación de significados; es decir, que en la construcción de la identidad colectiva como colonos o campesinos cocaleros el significado que la sociedad les adscribe tiene un rol primordial. Este significado se articula, además, con otros que manejan los diferentes grupos que habitan la región, los cuales pueden estar vinculados o no, de manera diferencial, con el cultivo, la recolección, el procesamiento y la comercialización de la coca. Vale la pena reiterar lo dicho por Roseberry (1994:36) en cuanto a que las poblaciones subordinadas utilizan formas, imágenes símbolos u organizaciones hegemónicas para confrontar, entender, acomodarse o resistir su dominación. La identidad colectiva no está dada, se construye y, muchas veces, está moldeada por los mismos procesos de dominación. Se trata también de poner en evidencia el derecho a escoger si se quiere pertenecer o dejar de pertenecer a cierta categoría identitaria, ya sea para contribuir a su definición o para producir nuevos significados. Como se mostrará, la articulación de significados también se da espacialmente, es decir, por medio de los significados adscritos a las veredas y a las cabeceras municipales dentro de las regiones reconocidas y diferenciadas dentro del departamento -por ejemplo, alto, y bajo Putumayo-. Como se analizó en el capítulo anterior, durante las últimas dos décadas los movimientos sociales del Putumayo tendieron a convertirse en movimientos políticos autónomos de los partidos tradicionales. Su búsqueda por lograr la inclusión y representación en el sistema político nacional -caracterizado por la exclusión sistemática de los partidos políticos de oposición- ha sido una situación estructural y, en este sentido, podría hablarse del ejercicio de una política de la inclusión, "que busca que las instituciones políticas reconozcan a los nuevos actores políticos como miembros de la sociedad política y, así, éstos puedan beneficiar a quienes representan" (Cohén y Arato, 1994: 526).

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CAPÍTULO 4 • La política del reconocimiento y el movimiento cocalero

Sin embargo, es evidente que la búsqueda de inclusión política ha sido impedida sistemáticamente por la violencia institucional o estatal instaurada en Colombia, que se dirige contra cualquier partido político de oposición. Tal como lo han anotado Uprimny y Vargas (1989:116), la guerra sucia "parece ser entonces un mecanismo de oposición a la política de paz, a la legalización de la actividad guerrillera y a la apertura de espacios políticos para nuevas fuerzas" . En este contexto, lograr representatividad política dentro del sistema político institucional es fundamental para esos movimientos, surgidos en el seno de una sociedad civil estigmatizada por la presencia guerrillera en la zona y que, por consiguiente, es permanentemente atacada, amenazada y deslegitimada.

momentos coyunturales- la pregunta sobre la política de ¡a influencia de estos movimientos sociales sobre el campo de lo político y, más aún, su incidencia en la reforma de las instituciones del estado así como en sus políticas hacia la región, es el eje para analizar el movimiento de los cocaleros de 1996. Además, nos introduce en el análisis de la relación que se establece entre el estado y la sociedad civil en las áreas de conflicto.

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Cohén y Arato (1994) han insistido en que la influencia de la sociedad civil sobre la sociedad política es una dimensión central de la democracia; para ellos, la sociedad civil se torna así no sólo en terreno para la acción colectiva contemporánea sino en objetivo de los movimientos sociales, por cuanto se busca democratizar las relaciones sociales dentro de la sociedad civil. En el caso del Putumayo, esta no puede verse como consolidada y autónoma del estado, por cuanto en un contexto de marginalidad y conflicto aparece subsumida y dependiente. Sin embargo, los movimientos sociales contribuyen a hacerla visible frente a los actores armados (véanse los capítulo 8 y 9). Además de una política de la inclusión, Cohén y Arato (1994) consideran que los nuevos movimientos sociales buscan también influir sobre el discurso político hegemónico y, más aún, sobre las instituciones, e introducen la política de la influencia y la política de la reforma, como otros aspectos fundamentales para tener en cuenta en el análisis de los objetivos o logros de los nuevos movimientos sociales: Es indispensable también una política déla influencia que busque alterar el universo del discurso político para introducir nuevas interpretaciones que surjan tanto de las necesidades reales como de las nuevas identidades y nuevas normas. Sólo con esta combinación de esfuerzos puede restringirse y controlarse la colonización administrativa y económica de la sociedad civil, que tiende a congelar las relaciones sociales de dominación y crear nuevas dependencias. Finalmente, es también central para este proyecto avanzar en la democratización de las instituciones políticas y económicas {política de la reforma). Sin este esfuerzo, cualquier logro dentro de la sociedad civil sería, de hecho, tenue (Cohén y Arato, 1994:51a).

Si partimos de la imposibilidad estructural de acceder a la inclusión en el sistema político nacional -a pesar de que algunos movimientos lo han logrado localmente en 4

Respecto a los sectores victimizados por la guerra sucia, Uprimny y Vargas (1989:118-119) señalan: "desde el punto de vista de la extracción social, la guerra sucia ha tendido a golpear sobre todo al campesinado y en segundo término a la clase trabajadora urbana. Desde el punto de vista de la actividad pública se ha concentrado en los líderes populares, sindicalistas, activistas políticos y educadores, aun cuando también afecta a los sectores intelectuales y a los mismos funcionarios oficíales (...) en la actualidad la guerra sucia no sólo ha aumentado en intensidad sino que se ha urbanizado de forma creciente".

Este análisis cobra más importancia si tenemos en cuenta la crisis de hegemonía por la cual atraviesa el régimen político colombiano , desde la década de 1980 la cual se hizo más evidente durante el gobierno de Ernesto Samper -1994-1998- a partir de las acusaciones sobre la financiación de su campaña con dineros provenientes del narcotráfico. La intensificación de las fumigaciones y de la penalización de los cultivadores de coca por parte del gobierno colombiano, era una forma de ubicarse frente a Estados Unidos como persecutor del narcotráfico; sin embargo, al mismo tiempo se generó un gran movimiento social cocalero que develó, en la práctica, la falta de políticas estatales para complementar la fumigación con planes alternativos de producción para los pequeños campesinos cocaleros, lo cual deslegitimó al estado frente a los habitantes del Putumayo, haciendo que el movimiento cocalero ganara más adeptos, que cuestionaban al estado. 5

A l mismo tiempo, y esa es la paradoja, dichos movimientos no planteaban una lucha frontal contra el estado sino que, por el contrario, demandaba su presencia efectiva en la zona. El apoyo del estado fue el único camino que los representantes de la sociedad civil encontraron como alternativa democrática-participativa frente a la guerra contra las drogas declarada por Estados Unidos y las fuerzas armadas.

HORA CERO E INICIO DE LA MOVILIZACIÓN DE LOS CAMPESINOS

COCALEROS

COMO RESULTADO DEL DECRETO 195a DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1995, .APROBADO EL 12 DE MAYO DE 1995

por el Consejo Nacional de Estupefacientes, y que en el artículo i° adopta el documento llamado "Compromiso de Colombia frente al problema mundial de la droga", el gobierno del presidente Samper tomó medidas para adelantar una nueva guerra frontal en contra de las drogas, que inmediatamente se hicieron sentir en la amazonia y produjeron malestar entre sus habitantes, quienes desde diciembre de 1995, anunciaron la iniciación de otro paro cívico por considerar que el gobierno no estaba cumpliendo con los acuerdos firmados en el marco del paro cívico que tuvo lugar entre el 20 de diciembre de 1994 y el 11 de enero de 1995. Es así como, el 4 de enero de 1996, 5

Para un análisis de la crisis de hegemonía del gobierno durante la década de 1980, véanse Uprimny y Vargas (1989:143), quienes establecen como hipótesis que "la guerra sucia es una de las expresiones de las dificultades del régimen político colombiano a inicios de los ochenta: estas derivan de una doble crisis de hegemonía, en el sentido que Poulantzas da a estos términos: crisis de hegemonía del bloque tradicional en el poder con respecto a las clases subordinadas por el agotamiento relativo de los mecanismos tradicionales de dominación; crisis de la hegemonía dentro del mismo bloque en el poder por la presencia de los empresarios de la droga, una poderosa nueva fracción dominante que no logra tener la expresión política y social que corresponde a su poder económico y militar".

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CAPÍTULO 4 •

La política del reconocimiento y el movimiento cocalero 135

en un titular de El Tiempo se anunciaba: "Se gesta otro paro en Putumayo"; se informaba que "la hora cero para realizar el paro del Putumayo es lo único que esperan los campesinos"; y se hacía referencia a la carta enviada al presidente Samper, el 26 de diciembre de 1995, en la cual los campesinos rechazaban el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo -Plante- por considerar que no representaba solución para los campesino y le decían que "se encuentran organizando y preparando el segundo paro y por supuesto, en solidaridad también con otros departamentos" (El Tiempo, 4 de enero de 1996 de 1996: iA.). A la insatisfacción con el Plante, que no lograba el cubrimiento esperado por el campesinado, se sumaron las siguientes medidas tomadas por el gobierno, las cuales fueron fundamentales para que comenzara el paro, con la participación de los campesinos: En primer lugar, el 13 de mayo de 1996, el Consejo Nacional de Estupefacientes, que desde 1987 reglamentaba la fabricación, distribución, transporte y uso de precursores químicos para el procesamiento de la coca, -acetona, cloroformo, éter etílico, ácido clorhídrico, tolueno, anhídrido acético, urea, ACPM y kerosene- según la resolución 0001 de 1996, dispuso el control del cemento gris y la gasolina por parte del ejército y la policía en los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Vichada y Meta, por considerarlos elementos indispensables para el procesamiento de base de coca. El gobierno exigió registrar cualquier venta de cemento gris que excediera la cantidad de seiscientos kilos y de 220 galones en el caso de la gasolina. Para introducir esos productos al Putumayo, el conductor debía mostrar las facturas y la copia del registro . Además, en junio de 1996, días antes que empezara la movilización, los municipios de Puerto Asís, Valle del Guamués (La Hormiga), San Miguel (La Dorada), 6

6

De acuerdo con la resolución 0001 del 13 de mayo de 1906: 'Artículo I . Las personas naturales, las personas jurídicas y los establecimientos de comercio que vendan, consuman o almacenen gasolina o cemento gris en los departamentos a que se refiere esta resolución en cantidades superiores a 12.0 galones y 600 kilos, deberán llevar una relación o registro diario de dichas transacciones o actividades. El transportador debe solicitar al proveedor y portar copia del registro. Artículo 3 . La relación o registro de que trata el artículo anterior se hará para cada transacción o actividad y deberá contener la siguiente información: Fecha y lugar en que se realiza la respectiva transacción. Identificación completa y dirección del domicilio, tanto del distribuidor o vendedor, como del comprador o consumidor y del almacenador. Clase y cantidad de gasolina o cemento gris objeto de la transacción o actividad.

Orito y Puerto Caicedo se encontraban bajo supervisión estricta de la policía y el ejército, lo cual tenía indispuesta a la población. En la amazonia occidental se sintieron inmediatamente las consecuencias de estas medidas: en primer lugar, el sector de la construcción y los municipios se vieron afectados, porque las administraciones municipales no podían recolectar los dineros provenientes de la sobretasa a la gasolina, uno de los principales renglones para su financiación; en segundo término, los precios de la gasolina y el cemento se duplicaron y casi se triplicaron. A través del gobernador, los alcaldes demandaron al gobierno central que se hiciera una excepción con respecto a las ventas de cemento, con el argumento de que las obras oficiales estaban paralizadas, pues no había cemento para continuar con la construcción de escuelas, centros de salud, etcétera (La Nación, 12 de octubre de 1996). Aun así, los pequeños cultivadores de coca fueron los más afectados, porque en contraste con los grandes narcotraficantes no podían sobornar a las autoridades para obtener los dos principales insumos para la producción de la pasta de coca. Las dificultades económicas causadas por esta reglamentación estuvieron en el centro del comienzo del movimiento de los cocalews . 7

En segundo lugar, y por solicitud del comandante de la cuarta división del ejército - u n brigadier general- el 13 de mayo de 1996 se expidió el decreto 0871 por el cual se estableció como zona especial de orden público el área geográfica de la jurisdicción de todos los municipios de los departamentos de Guaviare, Vaupés, Meta Vichada y Caquetá. En el decreto se sostiene que "las organizaciones criminales y terroristas han concentrado sus aparatos de fuerza en orden a desestabilizar la seguridad y convivencia ciudadanas" (decreto 0871 del 13 de mayo de 1996). Aun cuando la 8

7

La resolución 0004 del 10 de septiembre de 1996 agregó a los productos contemplados en la resolución 0001 otros que se encontraron en laboratorios de coca clandestinos, tales como amoníaco, urea, ACPM y kerosene. En mayo de 1997, el defensor del Pueblo del Putumayo pidió al Consejo Nacional de Estupefacientes anular esta resolución, por considerar que la infraestructura del departamento estaba seriamente afectada, casi a punto de la parálisis. Así mismo, los trabajadores de la construcción se sindicalizaron para demandar sus derechos (La Nación, 27 de mayo de 1997). En octubre de 1097, se dictó la resolución 0003 para modificar la 0001 y la 0004, tomar en consideración el aumento del precio e incrementar las cantidades permitidas de estos productos. A pesar de estos cambios, en agosto de 1999 la venta de cemento en la región volvió a restringirse: sólo podía venderse sin restricciones medio saco de cemento. Para ventas al por mayor se permitían seiscientos kilos, de manera que el descontento de la población por estas medidas continuó.

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El decreto 0717 del ¡8 de abril de 1996 estableció la figura de zonas de orden público, con fundamento en la declaración del estado de conmoción interior en todo el territorio nacional. Tales zonas se definían a solicitud del comandante militar de la correspondiente unidad operativa mayor o sus equivalente en cuanto a municipios se refiere; cuando la solicitud involucrara un área geográfica que comprendiera dos o más departamentos la delimitación será hecha por el presidente. Se definen como: "Aquellas áreas geográficas en las que con el fin de restablecer la seguridad y la convivencia ciudadana afectadas por las acciones de las organizaciones criminales y terroristas, sea necesaria la aplicación de una o más de las medidas excepcionales de que tratan los siguientes artículos, sin perjuicio de la aplicación de las demás medidas que se hayan dictado con base en la conmoción interior y que se encuentren vigentes. Restríngese el derecho de circulación y residencia (...). La restricción consiste en la limitación o prohibición del ejercicio de tal derecho, mediante medida como toque de queda, retenes militares, indicativos especiales para la movilización, salvoconductos, inscripción en la alcaldía, comunicación anticipada a ésta de desplazamiento fuera de la cabecera municipal" (decreto 0717 del 18 de abril de 1996).

o

o

1. 1. 3.

4. Destinación o usos específicos. 5.

Municipio o Corregimiento en que se consumirán las sustancias o productos adquiridos,

ó. Firma de quienes intervengan en la transacción o actividad. •Artículo 4 . La Fuerza Pública, esto es, las Fuerzas Militares y Policía Nacional por intermedio de las brigadas, batallones y comandos con jurisdicción en los departamentos mencionados en la presente resolución, ejercerá un control permanente sobre las actividades de venta, distribución, consumo, transporte y almacenamiento del cemento gris y la gasolina, con el propósito de evitar el desvío o utilización de los mismos para fines de procesamiento de estupefacientes o sustancias psicorrópicas". o

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jurisdicción de esta división no abarcaba al Putumayo, la gente de la zona todavía sostiene que su territorio también había sido declarado zona de orden público. A l compartir los mismos problemas con los otros departamentos delimitados, por su contigüidad se establece una relación metonímica y se considera, con toda seguridad, que están sujetos a la misma disposición. A todos los que les pregunté si el Putumayo había sido declarado zona de orden público me contestaron que sí, pues estuvieron sujetos a vigilancia por parte de las fuerzas militares. En el Caquetá, los concejales empezaron a promover un no a las zonas de orden público y un sí a las zonas especiales de inversión social, ratificando de esta manera que frente a un estado represivo la gente de la región se moviliza y plantea sus necesidades (La Nación, 10 de junio de 1996: 10). En tercer lugar, la ejecución de dos operaciones militares, el plan cóndor y la operación conquista, cuyo balance y resultados fueron presentados por el presidente Samper en julio de 1996: el Plan Cóndor apunta a la destrucción del negocio de la droga, empezando por los cultivos, los laboratorios, la incautación de precursores y la interdicción del comercio (...) en el desarrollo de este plan, en lo corrido de este año, hasta el mes de junio, hemos incrementado en tres veces las drogas incautadas, en dos veces los cultivos destruidos y 15 veces los precursores retenidos. En total, una operación cuyo costo significa pérdidas para el narcotráfico cercanas a los US$400 millones (La Nación, 10 de julio de 1996:17).

En cuanto a la operación conquista, el presidente Samper señalaba: La Operación Conquista es la más importante operación antinarcóticos realizada en el mundo. Busca la destrucción de más de 27 mil hectáreas de coca que representan el 70 por ciento del total sembrado en Colombia y aproximadamente el 15 por ciento del total sembrado en el mundo. Por primera vez se suman todas las Fuerzas Militares y de Policía para desarrollar una operación antinarcóticos en un área del departamento del Guaviare, en el cual se encuentra ubicado cerca del 60 por ciento de las plantaciones ilícitas sembradas en Colombia. En la Operación están comprometidos cerca de 3.000 efectivos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía. Nuestra meta es iniciar una serie de operaciones masivas de limpieza de narcotráfico en zonas localizadas estratégicamente. Esta operación, como ahora veremos, combina elementos vitales como la inteligencia, las comunicaciones y la capacidad de respuesta rápida. Simultáneamente con las operaciones Cóndor y Conquista hemos venido avanzando en la consolidación del Programa Plante (La Nación, 10 de julio de 1996:17).

Para terminar, el presidente Samper aclaraba que, "anualmente estamos gastando casi m i l millones de dólares en esta lucha de los cuales recibimos menos de un 15 por ciento en ayuda internacional. En materia de lucha contra el narcotráfico sólo obedecemos a la presión de nuestras propias convicciones", y terminaba diciendo a los campesinos, "contamos con ustedes para seguir adelante. Bienvenidos al Cóndor y la Conquista" (La Nación, 10 de julio de 1996: 17).

CAPÍTULO 4 •

La política del reconocimiento y el movimiento cocalero

En estos textos es evidente cómo el presidente desconoce las quejas presentadas por los campesinos durante año y medio, no sólo en cuanto al Plante sino a la fumigación, y cómo insiste en que la lucha antinarcóticos se realiza en forma autónoma, sin presiones de Estados Unidos, punto que van a debatir los líderes del movimiento durante las marchas, por tratarse de un aspecto central para entender el porqué de la política de fumigación adelantada por el gobierno. El comienzo de la operación conquista en el Guaviare determinó la hora cero para el inicio de las marchas cocoleras, el 16 de julio de 1996, pocos días después de este discurso presidencial. Los campesinos se movilizaron en contra de la declaratoria de zona especial de orden público, de los consecuentes abusos del ejército y de las fumigaciones que se realizaron de manera intensa en ese departamento. Los líderes campesinos de los departamentos con cultivos ilícitos, quienes se encontraron en Bogotá durante la realización de un seminario internacional sobre cultivos ilícitos a mediados de 1995, acordaron allí realizar manifestaciones conjuntas cuando se iniciaran las fumigaciones en cualquiera de los tres departamentos. En consecuencia, para apoyar al Guaviare, el 25 y 26 de julio se iniciaron las marchas en el Putumayo hacia los cascos urbanos de Grito, San Miguel (La Dorada), Valle del Guamués (La Hormiga) y Puerto Asís. Casi de inmediato, el 29 de julio, comenzaron en el departamento del Caquetá, donde la policía antinarcóticos empezó a fumigar, el 22 de julio, en Remolinos del Caguán (la Nación, 27 de julio de 1996:11). El comandante de la policía en el Caquetá "anunció que las operaciones en la zona de Remolino del Caguán en esta primera etapa se extenderán a lo largo de 20 días, dependiendo del buen tiempo para las operaciones aéreas, a la vez que no se descartó la posibilidad de fumigar otros sectores del departamento" (La Nación, 24 de julio de 1996: 10). Ante la inminencia de que las fumigaciones continuaran, los campesinos de esta y otras regiones no tuvieron alternativa distinta a iniciar la marcha hacia Florencia. Cuando empezó el movimiento, el director del Plante declaró que las causantes de la movilización eran fuerzas ajenas a los campesinos: la situación que se ha creado en Guaviare, Putumayo y Caquetá no es consecuencia directa de la forma como se adelanta el programa. En lo fundamental es una reacción previsible de las fuerzas y de los intereses que se ven afectados y amenazados por las acciones que adelanta el Gobierno en estas regiones (...) en estos lugares para la guerrilla y el narcotráfico los campesinos son sus rehenes y no tienen más remedio que obedecerles (...) de no mediar esta circunstancia los labriegos seguirían apuntándole al Plante (...) el principal inconveniente para que este programa de sustitución de cultivos ilícitos tenga éxito radica en que se tiene la idea de que el narcotráfico es invencible (El Espectador, 1 de agosto de 1996:6A).

L A S FUERZAS MILITARES Y LA OPERACIÓN

CONQUISTA

E N CUANTO A LA MANIFESTACIÓN EN EL PUTUMAYO, LAS AUTORIDADES DE POLICÍA "SE DECLARAN

extrañadas por los argumentos que utilizan los manifestantes", ya que hasta el momento el gobierno no había definido la realización de las fumigaciones. Por esta

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razón, la policía sostenía que el movimiento era auspiciado por la narcoguerrilla (El Tiempo, 28 de julio de 1996: 15A) . Por otra parte, y en contraste con Guaviare y Caquetá, el departamento del Putumayo tampoco había sido declarado zona especial de orden público, aunque los líderes del movimiento esperaban que esto se hiciera en cualquier momento y hacían todo lo posible para evitarlo, además de apoyar a los otros departamentos en sus declaraciones en contra de esa medida. ( Como lo hicieran durante el paro anterior, las fuerzas militares y el gobierno \ central sostuvieron la idea de que el paro era promovido por la guerrilla, lo que ; legitimaba el uso de la fuerza para reprimir el movimiento así como las acciones i violentas que resultaran en contra del mismo. El 7 de agosto de 1998, el ex general Harold Bedoya Pizarro, en ese momento ex comandante de las fuerzas militares, acusó al gobierno de no haber respaldado "grandes operaciones contra las Farc como la denominada Conquista"; a continuación señalaba: "Tenemos esta nueva tragedia por el mal gobierno, por la falta de voluntad de tomar las decisiones políticas de liquidar el problema del narcotráfico" (El Espectador, 7 de agosto de 1998: 5A). En esta afirmación es evidente que para el general Bedoya, encargado de dirigir las acciones militares en la zona en el momento de las marchas, el narcotráfico y las Farc son homologables y así, desde su perspectiva, la operación conquista se dirigía prioritariamente contra la insurgencia o narcoguerrilla, como la llaman los militares. Dentro de esta lógica es que pueden comprenderse sus declaraciones una vez comenzaran las marchas en el Guaviare: "Vamos a recuperar este territorio que está inundado de cultivos ilícitos. El gobierno y las fuerzas armadas van a combatir este flagelo. Esta es una guerra, que la vamos a ganar, estamos empezándola, nos vamos a demorar un rato pero la vamos a ganar, completamente" (declaraciones en el noticiero AM-PM, 7 de julio de 1996). 9

Conquistar el territorio de la amazonia se convierte en la narrativa que domina, dirige y legitima las acciones de las fuerzas militares. Además, a los campesinos cocaleros se les impone una identidad como grupo social y se representan como "masas mafiosas patrocinadas por el cartel de las Farc" (declaraciones del general Bedoya, en Padilla, Cambio 16,164,5 de agosto de 1996:18); de esta manera, a este evento, un movimiento campesino, se le cambia su configuración, al ser tildados los campesinos coca¡eros de delincuentes, dedicados a actividades ilícitas, por tanto marginales económica, política y socialmente con respecto a la región central de país. En el mismo orden de ideas, el general Bedoya enfatiza en que los cultivadores son inmigrantes venidos de todas partes del país a quienes los mañosos les prestan plata para sembrar, recoger y procesar la coca; de lo anterior concluye que una vez les empiezan a cobrar "esta gente llegada de todas partes del país no tiene cómo responder y queda atrapada, secuestrada por las Farc que la obliga a promover paros como los que estamos viendo"; y sostiene que deben mantenerse las medidas represivas

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Mientras que el Caquetá y el Guaviare eran objeto de intensa fumigación, en el Putumayo las fumigaciones se iniciaron dos años después de las marchas, en junio de 1998, en el municipio de Puerto Guzmán, a lo largo del río Caquetá (véase el mapa 10).

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y las zonas de orden público "para proteger a la gente que es prisionera de la mafia. Son esclavos movidos como recuas por los terroristas de las Farc" (declaraciones del general Bedoya, en Padilla, Cambio 16, 164, 5 de agosto de 1996: 18-20). De esta manera, los campesinos son desprovistos de cualquier iniciativa propia e incluso se les compara con animales. Varios autores (Leach, 1972; Sibley, 1995) han señalado cómo deshumanizar por medio de la adscripción de atributos animales a los otros es una manera de darle legitimidad a su explotación y exclusión de una sociedad que se considera civilizada. En este caso, a partir de estos marcadores de identidad impuestos a los cocaleros como grupo social, se representan como dominados y, más aún, secuestrados por las Farc, por lo que se afirma que "aceptan huir del acoso de las Farc con la ayuda del Ejército"; en consecuencia, las fuerzas armadas forzaron el desplazamiento de la gente del Guaviare hacia Villavicencio y evacuaron a ciento quince personas. Según el general Bedoya, este desplazamiento, sumado a la destrucción de cultivos y laboratorios, buscaba "dejar sin trabajo cerca de 100.000 coqueros de Guaviare, Caquetá y Putumayo", por lo que "cuando se les acabe el trabajo, tendrán que irse como llegaron porque, para citar el caso del Guaviare, n i el 2% de los habitantes nació allí. Nosotros estamos ayudando a trasladarlos" (declaraciones del general Bedoya, en Padilla, Cambio 16,164,5 de agosto de 1996: 18-20). Es tal su desconocimiento de la zona y la invisibüidad que le asigna a los antiguos pobladores de esta región, que el general Bedoya llega a afirmar que "hay sitios donde sembrar algo distinto a la coca es imposible. Así ocurre en el sur del Guaviare. Allí lo que hay que hacer es tratar de salvar esa selva que la narcoguerrilla está acabando con los químicos de la coca" (declaraciones del general Bedoya, en Padilla, Cambio 16, 164,5 de agosto de 1996:18-20). Se antepone así la recuperación de la selva amazónica -de acuerdo con un discurso hegemónico de preservación del medio ambiente- a la atención de los campesinos y recolectores de coca que buscan develar con su movimiento un problema social regional, en respuesta al problema judicial de ilegalidad que domina el discurso del centro, y exigen que se les escuche y se les reconozca como pobladores con arraigo en la región y no como narcotraficantes y subversivos. La limpieza de la región -de cultivos y laboratorios y de migrantes y aventureros al margen de la ley- así como la incorporación de esta región de frontera al estado-nación, aún más, a la legalidad, es lo que legitima la operación militar. Los militares son representados como ¡os salvadores que van a retomar el control de un área "luego de décadas de abandono oficial", y a "impedir que la guerrilla se ganara seis millones de dólares mensuales por el procesamiento de diez toneladas de cocaína" (Várela, Cambio 16, 249, 28 de marzo de 1998: u). En fin, se trata del avance espacial de los militares desde el centro del país hacia la frontera periférica; en este caso, los militares se presentan como conquistadores de una región a la cual se va a poner orden y, podría decirse, por extensión, a civilizar. Se reconstituye así el periodo histórico de la conquista, cuando los conquistadores españoles representaban a la región amazónica como habitada por salvajes -ahora por migrantes y delincuentes comandados por grupos guerrilleros-. En ambos casos se trata de grupos indomables que hay que controlar, dominar y normalizar. Los

CAPITULO 4 •

La política del reconocimiento y el movimiento cocalero 1

I marchistas campesinos representan la amenaza de la barbarie que emerge de las fronteras marginales, incivilizadas, y se dirigen a tomarse los centros civilizados. Esta percepción es evidente cuando alrededor de diez mil campesinos que buscaban llegar al centro urbano de Florencia son detenidos en Santuario (Caquetá) durante más de quince días y se les impide atravesar el puente para llegar a la capital del departamento . En las declaraciones que dio a la prensa explicando por qué no dejaba pasar a los marchistas el general Néstor Ramírez decía: 10

Yo estoy cumpliendo con el deber constitucional. Estoy protegiendo los bienes de los ciudadanos de Florencia, de la gente de bien (...). No estoy obstaculizando, no estoy sellando vías, estoy colocando unas limitaciones para los violentos para que no tengan un fácil acceso para violar los derechos de los demás (declaraciones al noticiero AM-PM).

Por su parte, un campesino entrevistado en ese mismo lugar -el puente de entrada a Florencia- manifiestaba: Nosotros no venimos a causar desórdenes. Nuestro propósito, el de todos los marchantes, es reclamar nuestros derechos, reclamar algo nuestro. Nosotros no venimos a reclamar que no se fumigue; de pronto esa es la interpretación que le ha dado mucha gente, pero no es así. La mayoría, quizá todo el mundo está de acuerdo en que se acabe la coca, digámoslo. No es eso lo que estamos reclamando, que no se acabe la coca, sino que haya garantías, que haya formas de trabajar, tanto en el campo como las personas que están trabajando en el pueblo, personas, todos necesitamos nuestros derechos. Entonces estamos reclamando es nuestros derechos (entrevista en el noticiero AM-PM. Énfasis mío).

En este testimonio se insiste en que los campesinos están demandando sus derechos como campesinos, pero aún más, como personas; para explicar eso el entrevistado se refiere a los habitantes de los centros urbanos como a personas a 10 El periódico La Nación presenta la noticia de la llegada a Santuario de la siguiente manera: "Cinco mil campesinos en Santuario. De un día para otro la inspección de Santuario, a orillas de la carretera que comunica a Florencia con Montañita vio alterada su tranquilidad y la tradicional soledad, con la presencia de miles de campesinos provenientes de los más diversos lugares del Caquetá. Armaron cambuches de guadua y plástico a la orilla de la carretera, en los pastizales, en las canchas de fútbol y en el parque, esperando que el gobierno les de una sola respuesta "Que no habrá fumigación". Desde el pasado martes en la mañana empezaron a llegar primero del Alto Orteguaza, labriegos procedentes de San Antonio, de Getuchá, de Milán. Grenario e incluso de varias veredas de Solano. Ayer llegaron de la Unión Peneya, de Sólita, de Maticurú y se esperaba a los del Caguán, Puerto Rico e incluso de Curillo y Valparaíso. En tan solo dos días de marcha, la concentración de labriegos ha alcanzado mas de cinco mil personas y según los propios líderes de la marcha, se espera que para hoy se duplique la cifra. Familias enteras de campesinos se han desplazado desde sus fincas y parcelas, llegando por el río Orteguaza y el río San Pedro, hasta Santuario. Otros lo han hecho por vía terrestre, e incluso cientos de campesinos se desplazaban ayer a pie desde diversos puntos para llegar al sitio de reunión (la Nación, 1 de agosto de 1996:10). El i de agosto. La Nación reportaba que "por lo menos diez mil campesinos provenientes del Bajo y Medio Caguán, se sumaron a las protestas que se adelantan en el Cauca y Putumayo por la fumigación de los cultivos ilícitos. Los labriegos permanecen concentrados en la inspección de Santuario, a pocos kilómetros de Florencia (La Nación, 1 de agosto de 199Ó: 1).

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I IDENTIDAD Y CIUDADANÍA EN EL PUTUMAYO •

142.

I

María Clemencia Ramírez

"

quienes sí se les otorgan y respetan sus derechos. Se contrapone así el campo a la ciudad y se reitera la condición incivilizada del uno frente a la civilidad del otro. LOS

CENTROS URBANOS

FRENTE AL CAMPO SUCIO

LIMPIOS Y

CONTAMINANTE

A L PREGUNTÁRSELE AL COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA POR LA SITUACIÓN EN EL DEPAR-

tamento del Caquetá en relación con las movilizaciones campesinas, declaraba: Hablemos de Florencia: le manifestamos que en este momento la capital se encuentra controlada. Lo importante es que la capital se encuentre bajo control, y los otros sectores, pues también controlados. Lo que queremos nosotros es que no se vayan a presentar hechos lamentables o choques entre los manifestantes y la fuerza pública (La Nación, 9 de agosto de 1996:10).

Para el comandante de la policía salvaguardar la capital de los marchistas garantizaba el mantenimiento del orden público. Por su parte, para los campesinos los centros^ urbanos representan el lugar en donde pueden demandar sus derechos, lo cu_ál se asimila a lograr la negociación con representantes del gobierno-central, tal como lo hace explícito^ otro dirigente de la marcha dirigiéndose a un monseñor que llegó a Santuario a oír a los campesinos y se ofrecía como mediador entre ellos y el gobierno: Qué hacemos con ochenta mil personas que están decididas a irse para Florencia. Esta gente dice que si vamos a Florencia llegaremos hasta Bogotá. Por comida no tenemos problemas porque llevamos comida en nuestra tula. Ya nos acostumbramos a comer yuca amarga, plátano y a aguantar sol y agua. Esto es espiritual, es una cosa que nace dentro del corazón del campesino. Sabemos que vivimos de la coca, obviamente, pero también queremos erradicarla. Necesitamos una solución rápida. La gente está desesperada, yo también estoy desesperado; soy vocero de ellos y con qué les salgo ahora si hay heridos. Dónde recae la conciencia, porque estamos hablando de derechos humanos que salgamos esta gente para donde queremos ix, allá a Florencia, si no nos resuelven el problema nos vamos a Bogotá (dirigente de la marcha en Santuario (Caquetá), noticiero AV/-PM).

Marchar hacia los centros urbanos, aunque hubiera que caminar varios días y, sobre todo, llegar a la capital del departamento era uno de los objetivos centrales de estos movimientos sociales, por cuanto es alH en donde se encuentran los funcionarios y políticos con poder decisorio. En palabras de un campesino: Nosotros queremos llegar a Florencia para sentarnos allá y que un señor del alto gobierno, o el presidente de la república se manifieste y de verdad nos apruebe lo que nosoteos estamos exigiendo. Que nos digan es que se van y ya le damos los créditos. Que el Incora y la Caja Agraria se van a medir y le van a dar los créditos a los campesinos. Esa es la necesidad. Porque nos han mentido mucho y siempre que nos mienten hacen campañas, dicen que los llevamos, y después nos meten una represión militar como la que tenemos

CAPÍTULO 4 * La política del reconocimiento y el movimiento cocalero

en el bajo Caguán. Nosotros no podemos trabajar, porque no se puede ni dormir (declaraciones de un campesino al noticiero AM-PM durante las marchas, 1996).

Otro campesino manifestaba: Estamos esperando una comisión del gobierno local para concretar algunas cosas y esperamos respuestas del gobierno nacional, o si no seguiremos hasta Florencia o la capital de la república. La protesta es para plantearle al ministro del Interior, al ministro de Defensa y al comandante de la policía antinarcóticos, que ellos no pueden acabar con la coca porque ese es el único medio de subsistencia que tenemos y no nos brindan alternativas. Nosotros únicamente vamos a marchar, no vamos a cerrar vías, ni provocaremos ningún desorden, pero si el gobierno nacional no nos oye nos tocará protestar de otra manera, necesitamos que ellos vengan para que negociemos, para que nos saquen adelante estas solicitudes (La Nación, i" de agosto de 1996:10).

En estas declaraciones se reiteraba que la marcha era pacífica, que se buscaba negociar con el gobierno central y se hacía exph'cito el hecho de ser campesinos que se ven obligados a cultivar coca como forma de sustento diario, por tratarse de un producto rentable y adaptado a las condiciones ambientales de la amazonia. De este modo se cuestionaban las políticas y los programas económicos y sociales desarrollados por el estado en esa región durante varias décadas. Por medio de estas protestas, los cultivadores le exigen al estado colombiano que asuma la responsabilidad que le corresponde por la precaria situación socioeconómica en que viven, la cual es el resultado de años de permanencia en la zona en busca de mejorar su nivel de vida, sin lograrlo, a pesar de las estrategias estatales en la región. Además, los campesinos no se manifestaban como defensores a ultranza del cultivo de coca, pero no veían otra alternativa. A estas contra-interpretaciones, que retan la versión oficial de los eventos, las fuerzas militares respondieron con actos represivos; en consecuencia, los campesinos fueron atacados, considerándolos subversivos, violentos y narcotraficantes: Los intereses de las masas, que se vienen moviendo forzadas por las Farc, obstaculizan, atracan vehículos y por eso nosotros tenemos que actuar como en el caso de Santuario para defender los derechos de los ciudadanos de bien. Infortunadamente, allí están de por medio los derechos de unas personas que por pobres que sean están dedicadas a una actividad ilícita como es el narcotráfico. Pero lo grave no son estas personas sino las que los manipulan, que están detrás de intereses superiores, de sumas superiores de dinero, como son los carteles de las Farc, de Cali y otros (declaraciones del general Néstor Ramírez al noticiero AM-PM).

En esta declaración sobresale cómo, mediante la penalización de los campesinos, porque desarrollan una actividad ilícita, el cultivo de coca, se legitima la violación de sus derechos lo cual los convierte en parte del narcotráfico, al servicio de los carteles, incluido el llamado "cartel de las Farc", de cuya existencia como tal no se brindan pruebas. Aun cuando se reconoce que pueden ser manipulados, ellos deben pagar por estar vinculados ai cultivo de coca.

IDENTIDAD Y CIUDADANÍA EN EL PUTUMAYO •

María Clemencia Ramírez

Por su parte, en el Putumayo el general Mario Galán Rodríguez afirmaba que "es indudable que el paro del Putumayo lo lideran los frentes 32 y 48 de las Farc, quienes han obligado a los campesinos a salir para protestar contra el gobierno"; a continuación sostenía que "los campesinos no saben por qué están en estas protestas y lo aterrador es que han sido obligados a salir de sus fincas para reunirse en los tres municipios"; para terminar señalando que "aquí no hay otro interés más que el de la narco-guerrilla por razones puramente económicas" (La Nación, 2 de agosto de 1996: 9). Entrevistado sobre la detención de los marchistas en el puente, un habitante de Florencia decía: "Estoy de acuerdo con que entren, porque ellos también son seres humanos y merecen la vida, para ver si llegamos a un acuerdo, porque en la forma como se está manipulando a los campesinos no se puede, debe ser de forma solidaria" (entrevista a un poblador de Florencia por el noticiero AM-PM). Como se considera que los marchistas están fuera de lugar, entonces se les trata como mugre, es decir se les rechaza sobre la base de cierto esquema de clasificación, en el sentido en que explica Mary Douglas (ioó6) . Si acceden a los centros urbanos, simbólicamente pueden contaminarlos y polucionarlos. Se les niega así su condición de seres humanos y, más aún, su capacidad de maniobra como actores sociales y se busca mantenerlos en las márgenes de las ciudades, reiterando el estereotipo que se ha construido de estos colonos cocoleras. u

Sibley (1995: 15} anota cómo el miedo precede a la construcción de un objeto malo: "el estereotipo negativo -simplificado, distorsionado y a cierta distancia- perpetúa el miedo. Este estereotipo puede percibirse como real, una presencia maligna de la cual la gente quiere distanciarse". Si el patrón quiere mantenerse, aquello contaminado, sucio, debe tenerse fuera de lugar, no debe incluirse; se impone así un orden simbólico (Douglas, loáó) . Mientras las fuerzas armadas imponían este estereotipo maligno sobre los marchistas y querían excluirlos del orden establecido por ser delincuentes, una pobladora de Florencia declaraba: "la policía los está matando; esos desalmados que llegan les disparan porque los ven desarmados y los están matando uno a uno. Que los dejen entrar" (entrevista a una mujer en Florencia por el noticiero AM-PM). 11

11

En palabras de Mary Douglas (196o: 35-40): "El mugre o la suciedad nunca es un evento único, aislado. Donde hay mugre o suciedad hay un sistema. Un producto derivado de una ordenación sistemática, una clasificación de la materia, en la medida que ordenar implica rechazar elementos inapropiados. Esta idea de mugre o suciedad nos lleva directamente ai campo del simbolismo y promete una conexión con sistemas simbólicos de pureza más obvios (...). En síntesis, nuestro comportamiento con respecto a la contaminación es la reacción que condena cualquier objeto o idea que de alguna manera confunda o contradiga clasificaciones mantenidas (...) Definido de esta manera, el mugre aparece como una categoría residual, rechazada de nuestro esquema normal de clasificación (...) si el mugre es un asunto fuera de lugar, lo debemos abordar por medio del arden. Suciedad o mugre es aquello que no debe incluirse si un patrón ha de mantenerse".

12. Al respecto, en la introducción al libro Ethnic Groups and Boundaries, Barth (1909) insistió en que las fronteras de los grupos étnicos -tan importantes de definir y mantener por cuanto se reconocían como estables y continuas a pesar de los contactos interétnicos- dejan de ser claras y se tornan ambiguas: pueden constituirse en ciertos casos y desaparecer en otros: son fluidas y múltiples.

CAPÍTULO 4 •

La política del reconocimiento y el movimiento cocalero

Los pobladores de Florencia apoyaban a los campesinos y se identificaban con sus demandas. Los marchistas de Puerto Guzmán y la baja bota caucana -municipio de PiamonteUegaron a Mocoa desde el 7 de agosto de 1996 (véase el mapa n). El alcalde anunció que habían llegado ocho mil campesinos a la capital del departamento. Aun cuando al principio hubo enfrentamientos con la policía, que no los quería dejar entrar, un grupo de habitantes de Mocoa intercedió para que los campesinos pudieran ingresar. En palabras de un periodista local: Los marchistas llegaron a Mocoa el 7 de agosto y estuvieron quince días. A l principio, el pueblo formó un comité en contra del paro pero se logró mediar y este y la idea de ir en contra del paro desaparecieron. Se tenía miedo de los marchistas; sin embargo, se convenció a los habitantes de que el paro iba a beneficiar a la gente de los pueblos. A través de la Emisora del Putumayo se entrevistó a los líderes y a las autoridades. La emisora quería mostrar el lado humano, para evitar el pánico y los enfrentamientos en el pueblo de Mocoa. Pronto la gente del pueblo acudió a prestar servicios a los marchistas. Sin embargo, a los de la emisora los señalaron como promotores del paro (entrevista a un periodista en Mocoa, octubre de 1098).

En este testimonio se reitera el miedo que le producía a la gente de Mocoa la llegada de esas hordas de cocaieros. Sin embargo, la emisora radial del pueblo logró interceder por los campesinos. Otro habitante explica: En Mocoa se conformó el comité pro-paro para recibir a la gente que venía desde Puerto Limón, Puerto Guzmán y del Caquetá. El ejército estaba concentrado en Villagarzón para no dejar pasar, pero el comité de conciliación ayudó a dejar que pasaran. Alguna gente de Mocoa se volvió mediadora entre el gobierno y los marchistas; con el alcalde, el defensor del Pueblo y el personero se logró conciliar para que no hubiera más enfrentamientos (entrevista a un profesor en Mocoa, 1998).

Es importante resaltar cómo las autoridades y los funcionarios estatales locales intercedieron por los campesinos cocaieros frente al ejército. Sin embargo, no toda la población sentía simpatía por el movimiento de estos, tal como lo demuestra la siguiente crónica de un periodista, habitante de Mocoa, titulada "Cocaieros mandan en Mocoa", en la que informa: Miles de cultivadores de coca se tomaron el edificio de la Alcaldía y otras ocho dependencias gubernamentales y afianzaron su poder sobre la población que ocupan desde hace doce días. En la ciudad no hay Ejército y la Policía está acuartelada. La población, cuyas autoridades civiles no están, permanece a órdenes de los líderes de los campesinos, en actitud que nuevamente fue calificada como un secuestro general de la pobiación. Los campesinos adoptaron duras medidas de control sobre la población, hasta el punto de que decidieron los horarios del comercio, la parálisis del transporte y restricciones a la libertad del movimiento de las personas. Las medidas del Comité Central del Paro son de obligatorio cumplimiento, garantizado por brigadas armadas con garrotes y cuchillos que recorren las calles en actitud agresiva (Monge, en El Tiempo. 16 de agosto de rooo: 10B).

H,.n,fr-

^m.v^Mao

•

CAPÍTULO 4 * La política del reconocimiento y el movimiento cocalero

MaríaOmmOa

146

MARCHAS

COCALERAS

1 5 D E J U L I O A L 19 DE A G O S T O D E IQOÓ SITIOS DE CONCENTRACIÓN

PUTUMAYO

Mocoa

13.000

Puerto Asís

15.000

La Hormiga

10.000

Orito

11.000

Puerto Guzmán

5.000

Puerto Caicedo

3.000

El Tigre

3.000

Villagarzón

6.000

El Cedral

1.000

Total

65.000 BOTA CAUCANA

Miraflor

4-500 SITIOS DE PROCEDENCIA

•

De Puerto Limón y Puerto Guzmán a Mocoa

•

De Puerto Limón y Puerto Guzmán a Villagarzón y de Villagarzón a Mocoa

•

En La Hormiga se concentraron del Valle del Guamués (La Dorada) y San Miguel y de allí se trasladaron a Orito

•

De Puerto Caicedo y Orito a Puerto Asís y después regresaron a Orito

•

De Puerto Vega a Puerto Asís

•

Por el río Putumayo subieron de Puerto Ospina y Piñuña Negro a Puerto Asís

BAJA BOTA CAUCANA

•

De Yapurá, Bajo Congor y Fragua Viejo salieron a Curillo, San fosé del Fragua y Albania en el Caquetá.

•

De Yapurá, La Consolata y Palmito salieron a Mocoa y Villagarzón

•

De El Porvenir, Bajo Congor y el Diamante y Piamonte a Miraflor.

•

Y también a Miraflor de Ñapóles, Campoalegre, Guayuyaco, Puerto Bello y El Remanso

IDENTIDAD Y CIUDADANÍA EN EL PUTUMAYO •

María Clemencia Ramírez

En esta crónica se enfatiza sobre la agresividad de los campesinos, en su actitud amenazante y en el secuestro de la ciudad, antes que en las demandas hechas por estos o en la organización que estableció el movimiento en la ciudad, considerando la cantidad de personas que debían mantenerse en orden. Para el periodista se trataba de la pérdida de libertad. Por su parte, y en la misma dirección, el coronel Orlando Díaz, comandante de la policía declaraba a los periodistas de un noticiero nacional: "La población está atemorizada porque en Mocoa no se cultiva coca. Se puede hablar de un secuestro masivo de más de veintitrés mil personas, secuestradas por los campesinos y la guerrilla en el municipio de Mocoa" (declaraciones al noticiero AM-PM). Un dirigente de la Organización Zonal Indígena del Putumayo -Ozip- comentaba lo difícil que había sido la organización de la movilización en Mocoa, pues: Estaba en manos del gobernador del departamento reconocer o no la legalidad del paro. Las dimensiones del problema eran impredecibles y él no podía dudar sobre una cosa tan delicada, ya que a Mocoa se la habían tomado once mil campesinos de Puerto Guzmán, y es uno de los pueblos más insensibles del Putumayo, porque por una parte, no tiene coca y su economía depende de las instituciones. [Por otra parte] Puerto Asís no la va con Mocoa, eso es tradición, es una cosa rara, pero todo el mundo está en contra de la capital, que allá está la gente que se roba las vainas. Sin embargo, Mocoa creo que entendió, en últimas apoyó. El coronel de la policía decía por la radio: basta que una sola persona de Mocoa me solicite desalojar a los campesinos de este pueblo y los desalojo. No era tan cierto; él tenía sesenta policías y había once mil campesinos enfurecidos (entrevista a un líder indígena, director de la Ozip durante las marchas, 1999). Es evidente la idea de que la capital departamental al no estar contaminada por el cultivo de coca está purificada y limpia, en contraposición con municipios como Puerto Asís y Puerto Guzmán. Mocoa se define positivamente en relación con Puerto Asís, capital del bajo Putumayo, estigmatizada como la capital de la violencia y los cultivos ilícitos. Siendo ajena a los cultivos ilícitos, no se ha contaminado tampoco de la violencia y la guerrilla a estos asociada. Por otra parte, se reafirma el estereotipo negativo de los colonos cocaleros: han secuestrado a la población de Mocoa aliados con la guerrilla y la consecuencia es el desorden. Tal como lo percibía un poblador local: Una manifestación pacífica, una «toma» sin armas, de la ciudad. Esa posición no era real, esto cambió de claro a castaño oscuro (...). Desde averno puede nadie transitar por las calles de Mocoa en ningún upo de vehículo, ni siquiera de tracción animal (...) Mocoa hasta ayer jardín de paz y tranquilidad, vive una situación de crisis. Las gentes del común de una ciudad pacífica por excelencia, muy conservadora, muy arraigada a sus tradiciones y costumbres, está estresada y atemorizada (La Nación, 11 de agosto de 1996:9). Mocoa es descrita como una ciudad idílica, en donde el arraigo a las tradiciones y a las costumbres explica por qué no se ha dejado contaminar de foráneos cultivadores de coca. En su "Crónica de lo absurdo", como titula su artículo, el poblador de

CAPITULO 4 •

La política del reconocimiento y el movimiento cocalero

Mocoa enfatiza sobre "el verdadero y real nombre de Mocoa es San Miguel de Agreda de Mocoa, su fundación data de más de cuatrocientos años por los españoles, pero como población fija, con anhelos de salir adelante, tiene menos de una centuria" (La Nación, n de agosto de 1996: 9). Mientras se representa a los pobladores de Mocoa como tradicionales, conservadores, pacíficos y con arraigo en su región, según lo demuestra su historia de cuatrocientos años, los campesinos o colonos cocaleros, se representan como violentos, auxiliares de la guerrilla, sin arraigo y, por tanto, sin identidad. Esta es la representación que domina en la revista Cambio 16 (Várela, 1998) cuando se afirma: "El Caquetá está habitado por colonos sin identidad cultural, y es víctima del olvido estatal. Ambos ingredientes son un caldo de cultivo perfecto para la violencia". Al afirmar que no tienen identidad cultural se está de acuerdo con la imagen que considera a los colonos gente desarraigada de su sitio de origen y, por consiguiente, de su cultura, olvidando que ellos, frente a un medio diferente, han construido nuevas formas culturales y, en consecuencia, nuevas identidades locales. Al sostener que no existe estado en esta zona se desconoce la presencia institucional en la región y se ratifica la visión de una región marginal y vacía, la cual debe re-colonizarse y civilizarse, llevándole cultura y presencia estatal, traducida esta última en un estado represivo, materializado en las fuerzas militares que antes que evitar promueven los enfrentamientos y los consecuentes hechos violentos. Es así cómo, mediante la evocación de eventos históricos se legitiman actos de violencia. Puede afirmarse entonces que la violencia política debe explicarse a la luz de la historia que subyace, como un conjunto de prácticas y formas culturales cuyos significados sólo pueden descifrarse entendiendo la memoria histórica y las relaciones sociales de la colectividad dentro de la cual emerge, toma forma y tiene efectos. Coronil y Skurski (1991) subrayan la significación histórica específica de la violencia en Venezuela, coincidiendo con Feldman (1991: 2), quien -en su trabajo sobre las formaciones de la violencia en el norte de Irlanda-, afirma que "la construcción cultural de un sujeto político está ligada a la construcción cultural de la historia". Por su parte, Aretxaga (1993: 223) sostiene que "el conflicto político en el norte de Irlanda es moldeado por, e interpretado por medio de modelos culturales enraizados hondamente en la historia de la relación colonial anglo-irlandés". Las visiones que se tienen sobre la historia o las evocaciones de la memoria histórica colectiva inciden en la forma en que se enfrentan, explican o generan hechos violentos. La construcción de la marginalidad de la región amazónica ha sido un proceso de larga duración, que tuvo su origen durante la colonia y explica y legitima las políticas que se adoptan desde el gobierno central para esta región. La relación que se establece entre el centro del país y esta región marginal es un eje de análisis desde la perspectiva de la representación que de una región se hace de la otra: la exclusión y estigmatización del otro -en este caso de los habitantes de la región amazónica-, y la percepción o asunción de esta exclusión y estigmatización por parte de los mismos, refleja una relación de espejo que no puede perderse de vista, y se torna recurrente en los discursos que unos y otros construyen sobre la región así como en el desarrollo del movimiento de los cocaleros.

IDENTIDAD Y CIUDADANÍA EN EL PUTUMAYO •

María Clemencia Ramírez

CAPÍTULO 4 * La política del reconocimiento y el movimiento cocaiero

Wendy Brown [1995: 73-74) lleva esta reflexión más lejos e insiste en que:

L A POLÍTICA DEL RECONOCIMIENTO Y LA EMERGENCIA DE IDENTIDADES COLECTIVAS POLTITZADAS EN

EL MOVIMIENTO SOCIAL DE LOS

COCALEFOS

SE PONE EN EVIDENCIA LA POLT77G4

DEL

RECONOC1-

miento, la cual se define en relación con la construcción de identidades, de acuerdo a como la entiende Taylor (1995: 249): Nuestra identidad está parcialmente moldeada por el reconocimiento o la ausencia de este y muchas veces por el reconocimiento distorsionado (misrecognition) por parte de otros. En esta medida, una persona o un grupo de personas pueden sufrir daño y deformación si las personas o la sociedad a su alrededor les devuelven una imagen degradante, reducida o despreciativa de sí mismos. Tanto el no reconocimiento como el reconocimiento distorsionado puede infligir daño y convertirse en una manera de opresión al confinar a alguien en una forma de ser falsa, deformada y reducida.

Taylor enfatiza no sólo sobre que la identidad de un grupo se define en relación con o en contra de los significativos otros -en el caso de los habitantes de la amazonia sus significativos otros son los representantes del estado central- sino también sobre que el reconocimiento, así como el desconocimiento y el reconocimiento C distorsionados forjan identidades. A l respecto, Young (1990: 44) enfatiza en que los - grupos son expresión de relaciones sociales y, por consiguiente, un grupo social existe sólo en relación con otro '. La identificación de un grupo social emerge en su interacción con otros, cuando sus miembros experimentan diferencias como grupo a su interior, en sus formas de vida y de asociación, aun cuando se reconozcan como pertenecientes a la misma sociedad. Los significados que los definen como grupo se reconocen como propios, ya sea porque han sido impuestos sobre ellos, forjados por ellos o ambos. 1

Como se verá a continuación, la idea de Young sobre la imposición de significados a un grupo por parte de otro, es fundamental en el análisis de las identidades colectivas que emergen en el movimiento social de los cocaleros. En su análisis sobre el concepto de grupo social Young insiste en que: algunas veces, un grupo emerge como tal porque otro lo excluye y le pone a una categoría de personas etiqueta, un nombre y, poco a poco, aquellos rotulados se identifican como miembros de este grupo sobre la base de su opresión compartida (Young,

1990: 46).

13

Es así como en una de las circulares emitidas por el comité de paro durante el movimiento cocaiero, se rechazaba la posición asumida por el gobierno nacional en cuanto a la imposibilidad de negociar lo relacionado con los cultivos de coca. Dicen: "Que nos respeten como seres humanos. Exigimos gente inteligente para negociar, y no astutos mandatarios, mandaderos del Gobierno central" [El Tiempo. 6 de agosto de 1996:10A. Énfasis mío). Por otra parte, el presidente del concejo municipal de Puerto Asís, Alvaro Benavides, manifestaba: "Si no nos hacen caso todas las actividades seguirán paralizadas, la voz de 80 mil habitantes, en todo el municipio y sus áreas rurales es la voz de So mil colombianos" [El Tiempo, 29 de julio de 1996: 6A. Énfasis mío).

en su emergencia como una protesta en contra del marginamiento o la subordinación, la identidad politizada adhiere a su propia exclusión, tanto porque üene como premisa esta exclusión para su misma existencia como identidad, como porque la formación de la identidad en el lugar de la exclusión aumenta o "altera la dirección del sufrimiento" que conlleva la subordinación o marginamiento, encontrando a quién culpar por ésta. Más aún, dice que al tratarse de identidades estructuradas por el resentimiento, j este alimenta la sujeción hasta el punto que una identidad politizada que se presenta como una autoafirmación puede predicar y requerir el rechazo sostenido por parte del otro para existir como tal, aun cuando con las protestas aquellos grupos' marginados busquen la liberación del sufrimiento al que se han visto expuestos. En el caso de la amazonia, esta autoafirmación parte del abandono del estado: Esta es una de las zonas más apartadas del país, estamos olvidados. Lo único que se ve por aquí es aislamiento y abandono por parte del gobierno. Al estado no le conviene que surjan poblaciones en la amazonia. El atraso se equipara a pertenecer a la amazonia (testimonio de un campesino en Piamonte, 1998). Las reflexiones anteriores son fundamentales para entender cómo las identidades colectivas en la amazonia occidental están siendo moldeadas por los sentimientos de exclusión y abandono por parte del estado central y la clase política hegemónica; en consecuencia, las identidades políticas que emergen lo hacen culpabilizando y respondiendo a este estado central ausente, que cuando se hace presente durante los paros cívicos es represivo y reitera la condición de marginalidad de sus habitantes, tal como se hizo evidente durante el movimiento de los campesinos cocaleros y los movimientos cívicos que lo precedieron. En este contexto de desconocimiento o reconocimiento distorsionado de los habitantes del Putumayo, Caquetá y Guaviare por parte del estado central, la principal demanda de los cocaleros era la de ser reconocidos como habitantes de la región, interesados en su desarrollo. Por tanto, exigían que se les oyera y tuviera en cuenta cuando se trataran los problemas de su región, tales como la erradicación de la coca. En palabras de los campesinos de la vereda Villanueva en la jurisdicción de Mayoyoque (Putumayo): Señores de Corpoamazonia, defensoría del pueblo, agricultura, cómo vamos a sobrevivir los campesinos si el gobierno todo nos fumiga; con los cultivos ilícitos, tamvién nos fumiga los lícitos. Prácticamente nos encontramos padeciendo de hambre. Nuestros pastos han sido fumigados junto con el plátano, la yuca, el maíz, el arroz.

Nosotros los campesinos lo que queremos es aserie entender al gobierno que como ustedes tcanvien somos humanos que tamvien somos colombianos que como ustedes

tamvien tenemos hijos. La pequeña diferencia que ay entre sus hijos y los nuestros es que de sus hijos nunca escucharán decir tengo hambre como nosotros escuchamos a menudo de los nuestros después de la fumigación y los único que podemos responder

4

I IDENTIDAD Y CIUDADANÍA EN EL PUTUMAYO

152

I

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María Clemencia Ramírez

la cruda verdad que el Gobierno con todo acabó (carta dirigida a la Defensoría del Pueblo, ifi de julio de 1998. Transcripción ortográfica original [Énfasis mío).

f

Esta percepción de denigración, negación e invisibilidad atraviesa el discurso cultural y político que se tiene sobre la región' . Ser señalado como colono cocalew se convierte en una categoría excluyente, que genera resentimiento por cuanto a los campesinos se les adscribe una identidad negativa como gente al margen de la ley y, como tal, no se les otorga un lugar dentro de la sociedad legal; peor aún, cuando se les reconoce un lugar se les rotula o categoriza como auxiliares de la guerrilla y, como tales, son objeto de violencia sistemática. Por otra parte, el señalamiento por parte del gobierno central de la región del Putumayo y de la baja bota caucana como zona roja es algo que para los líderes de la región se convierte en causa de la ausencia del estado, porque los funcionarios públicos o los políticos, nacionales y regio. nales, tienen miedo de ir a la zona, por su violencia. Un líder de la baja bota caucana decía al respecto: "Por ser zona roja de conflicto, los políticos tradicionales no se asoman"; y otro agregaba: "Y el hecho de que esté marcada como zona roja no es la primera ni la única y nosotros por eso no nos sentimos acomplejados, nos sentimos orgullosos de vivir en esta zona". Un asesor del ministro del Interior señalaba al respecto: "Lo que pasa es que esto sigue siendo zona de guerra, para las fuerzas armadas, para la guerrilla y para el paramilitarismo". La estigmatización que se hace de los habitantes como violentos y el miedo que esto causa es otra representación a la que los campesinos debían responder. Puede afirmarse entonces que la violencia del estado, aunada a la creciente exclusión, estigmatización y marginamiento a que la que han sido sometidos los habitantes de la amazonia occidental por décadas, y a la importancia global que ha adquirido el cultivo de la coca en el marco de la guerra contra las drogas, crearon un movimiento social que demanda la presencia del estado y alternativas económicas al cultivo de la coca concertadas con las comunidades. La paradoja es. entonces, que la expansión de los cultivos de coca y la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos para otorgar la certificación, obligaron al gobierno colombiano a negociar con los campesinos cocaleros. 4

Esta afirmación es evidente cuando un líder del Putumayo explica cómo surgió la necesidad de movilizarse, y pone de manifiesto el desconocimiento del cual fueron objeto por parte del estado central antes de las marchas: Las comunidades se dirigieron por escrito y buscaron entrevistarse con el nivel central, pidieron que la presidencia, la Red de Solidaridad y ios Ministerios del Interior, Agricultura y Medio Ambiente los escucharan, sin encontrar eco o respuesta positiva a estas inquietudes. En consecuencia, ante la falta de diálogo, de entendimiento o de receptividad en relación con la problemática de la comunidad, esta se vio obligada a organizarse en los distintos municipios para afrontar el problema por medio de otra estrategia que apuntaba,

14 Grupo base se denominó a los representantes de los campesinos para la negociación. Se eligió un representante por municipio.

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La política del reconocimiento y el movimiento cocalero

fundamentalmente, a movilizarse, a expresarse por distintos medios (entrevista a un líder político en Mocoa, 1999).

" S A L I M O S VOLUNTARIAMENTE OBLIGADOS": LAS FARC Y EL MOVIMIENTO CÍVICO REGIONAL COMO SE HA ANALIZADO, DESPUÉS DEL RARO cívico QUE TUVO LUGAR ENTRE EL 20 DE DICIEMBRE DE

1994 y el 5 de enero de 1995 y que comprendió a los municipios de Orito, San Miguel (La Dorada) y Valle del Guamués (La Hormiga), se conformó el Movimiento Cívico Regional del Putumayo, el cual después de año y medio de existencia se amplió y cubrió otros municipios del bajo Putumayo como Puerto Asís, Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán. Dentro de ese marco se iniciaron los preparativos del segundo paro cívico, que comprometería a todo el medio y bajo Putumayo, en contra de la fumigación que seguía anunciando el gobierno, y del incumplimiento de los acuerdos firmados en La Hormiga en enero de 1995. Refiriéndose al paro cívico de 1994-1995, un líder de la Organización Zonal Indígena del Putumayo comentaba que en ese momento el movimiento campesino no estaba unificado y, por tanto, participaron solamente unos municipios: "Se hablaba de la protesta de Orito y de La Hormiga". Continúa explicando cómo, después del paro, "nosotros quisimos entrar a dialogar con la comisión de negociación para fortalecer la negociación de los campesinos, mas no para quitarles los logros, pero la gente parece que no lo entendió así". Señala cómo, "ese año y medio del que estoy hablando fue una lucha, todo un proceso, para ver cómo unificar ese movimiento" (entrevista a un líder indígena, marzo de 1999). Este Movimiento Cívico Regional tampoco está exento de la ambigüedad que ha caracterizado la práctica social y política en el Putumayo. Por tanto, el movimiento de los cocaleros de 1996 debe enmarcarse en la tensión entre mantener o no la autonomía política con respecto a los partidos tradicionales y a los grupos armados que actúan en la región. Durante ese movimiento se hizo evidente no sólo el problema estructural de la región amazónica occidental en cuanto al conflicto y la violencia, asociados al cultivo de coca y al narcotráfico, sino también la fuerte articulación entre los campesinos y la guerrilla. La ambigüedad de esta alianza es clara en las palabras de un campesino cuando afirma que, "a las marchas salimos voluntariamente obligados", con lo cual quiere decir que la guerrilla no sólo apoyó el movimiento sino que lo promovió de manera autoritaria. Rangel (1998: 6) ha señalado que una diferencia radical entre la guerrilla de hoy con respecto a la de la década de 1960 es, "el uso sistemático y permanente de un arma inédita contra la población civil: el terror masivo". Sin embargo, sostener que el movimiento cocalero fue resultado sólo del miedo y el terrorismo que ejerció la guerrilla sobre la población campesina es desconocer los procesos organizativos de los habitantes de la región a los cuales me he referido y no sólo legitimaría la visión del nivel central cuando afirmaba en la prensa, que la guerrilla era la culpable del paro en Putumayo, sino que negaría la

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cocalero

154 capacidad de maniobra que tienen los campesinos y pobladores en cuanto a su interés en participar en la discusión de las políticas y los planes de desarrollo para su región durante la mesa de negociación. Por otra parte, es importante resaltar que de acuerdo con sus lineamientos políticos, las Farc han promovido el ejercicio de la descentralización y la participación ciudadana en la región amazónica: La gestión local en manos del pueblo es una forma alternativa de participación de la sociedad civil para posibilitar la denuncia contra el clientelismo y la corrupción reinante y avanzar en la solución de sus problemas y necesidades más sentidas. Por esta misma razón los ciudadanos üenen obligación política de ejercerla, para ser realmente libres... el poder local deberá contribuir a la estabilización y la adaptación de las localidades buscando construir una identidad colectiva dentro de la diversidad propia de cada sitio y una preparación para asumir los cambios sociales, buscando siempre el beneficio común, base de toda legitimidad republicana (Farc, Resistencia, ryoSa). En este orden de ideas, las Farc promueven las demandas hechas por los campesinos al estado por servicios y obras de infraestructura así como sus exigencias de participación en la planeación y ejecución de proyectos productivos para la región. Por tanto, puede afirmarse que, consecuentes con esta política, no buscan sustituir el estado como proveedor de servicios y bienestar. A través del apoyo logístico al movimiento cocalero, las Farc no sólo ayudaron a los dirigentes del Movimiento Cívico a llegar fortalecidos a la mesa de negociación para formular sus demandas al estado, sino que se presentan como defensoras de los intereses de los campesinos. En palabras del comandante Joaquín, del bloque sur, "las Farc respaldan a la población civil en su exigencia contra los corruptos. Porque nosotros no tenemos nada distinto que defender que los intereses de la población". Al referirse a la toma de la base militar Las Delicias en el Putumayo y a la retención de sesenta soldados, el 31 de agosto de 1996, declaraba que "nuestra acción fue un acto de solidaridad contra el trato inhumano, represivo y policiaco que se estaba dando a los campesinos en el sur del país por el único delito de exigir que el estado cumpla sus deberes" (Anncol, marzo de 1998: 3). Sin embargo, no debe perderse de vista que la relación que establece la guerrilla con los campesinos es ambivalente, por cuanto a la vez que dicen impulsar la participación son autoritarios en sus relaciones con la población. Se trata de un doble discurso de las Farc: reivindicándose como defensores de los intereses de los campesinos legitiman sus acciones militares y su autoritarismo, lo cual fue evidente en el desenlace de este movimiento. En su búsqueda por lograr un movimiento cívico departamental que comprometiera a los trece municipios del Putumayo el Movimiento Cívico Regional inició la identificación de líderes comunitarios tales como jefes de las juntas de acción comunal, miembros del magisterio, del sector salud, etcétera; es decir, el liderazgo no sólo comprende a los campesinos sino también a los grupos indígenas así como a líderes de otros sectores:

Regresaron al Putumayo [después del Seminario internacional de cultivos ilícitos realizado el 14 y 15 de junio de 1995] y se pusieron de acuerdo en preparar el paro. Por un lado, se inició la discusión del problema de la organización y por el otro la de la parte operativa. En Orito el problema era de orden táctico y en Puerto Guzmán y Puerto Asís de carácter organizativo y político: qué característica social y política debía asumir este movimiento. Después se decidió hacer una reunión con todos los dirigentes del Putumayo: del alto, medio y bajo. En esa reunión se creó el Movimiento Cívico por el Desarrollo Integral del Putumayo y se rompió con el Movimiento Cívico [el de Orito, Valle del Guamués y La Hormiga] y el de Unidad Campesina [de Puerto Guzmán]. Empezó la organización por veredas, se escogieron dirigentes de cada una y desde el punto de vista económico todos debían aportar. Orito, Valle del Gaumués y San Miguel tenían más experiencia (entrevista a un asesor del grupo base,1999). 15

Una vez conformado el Movimiento Cívico por el Desarrollo Integral del Putu-1 mayo, se eligieron los líderes que debían iniciar el trabajo de base para organizar el movimiento contra la fumigación, al que se habían comprometido en Bogotá. El Movimiento se planteaba la "lucha unificada", lo que significaba articular diferen- . tes movimientos departamentales de todo tipo -étnicos, políticos y sociales- bajo el discurso hegemónico regional sobre el abandono del estado, el marginamiento y estigmatización de sus habitantes y los consiguientes problemas estructurales so- \ cioeconómicos que estos comparten. Por otra parte, esta lucha unificada implicaba también establecer relaciones con el Caquetá, el Guaviare y el Meta, departamentos donde también se cultiva la coca: Hablábamos de una movilización nacional para que desde la cámara de representantes se convocara a tratar este asunto como un problema social del país. En año y medio logramos prepararnos; escribimos un documento bastante ambicioso y éramos conscientes de que eso era una utopía; decíamos, necesitamos movilizar mínimo un millón de campesinos en Colombia para hacerle entender al estado que éste no es un problema delincuencial, es un problema social (entrevista a un líder indígena, director de la Ozip durante las marchas, 1999). Dada la magnitud del problema, esta movilización nacional buscaba también plantear la necesidad de la reforma agraria. Además, empezó a pensarse en la conformación de una mesa nacional de concertación para analizar las políticas del estado con respecto a la sustitución de cultivos ilícitos, buscando que la discusión del asunto fuera más allá del ámbito regional. Estos proyectos tenían un alcance

15 El líder indígena de la OZIP me explicaba que a través de los talleres "ta gente empezó a tomar conciencia de que si no enfrentábamos el problema entre todos no iba a ser posible adelantar una negociación un poco más seria". En cuanto a la negociación en ese momento, comenta que "no habíamos identificado una propuesta que nos convenciera, porque sabíamos que el problema de los cultivos ilícitos traspasaba las fronteras mismas del país, no era un problema del Putumayo". De esta manera, al pensar en cómo debería ser esa propuesta consideraban que "debía ser de avanzada, que involucrara no solo al departamento del Putumayo sino al del Caquetá, el sur de Bolívar y el Guaviare, pero es que tenemos otro problema igual en el Perú y en Bolivia. Entonces decíamos: Para que ese problema grande tenga eco es necesario hacer una gran movilización'" (entrevista a un líder indígena, director de la OZIP zip durante las marchas, 1999).

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nacional; localmente, la organización de la población campesina quedó en manos de los líderes del Movimiento Cívico y de las juntas de acción comunal: Inicialmente lo cuadramos por medio de las inspecciones de policía; esa fue la primera parte: que la inspección de policía convocara a las veredas. En esa reunión de veredas sólo se hablaba con los presidentes de los grupos de acción comunal; luego se capacitaba a esa gente en talleres de tres a cuatro días, en los que se trataba toda la problemática que se venía encima. Se dictaban los talleres y nosotros recibíamos los informes de la gente. Entre las cosas más importantes que encontramos era que esta no respondía a las preguntas de los campesinos sino que, más bien, traía cuestionarios (entrevista a un líder indígena, director de la OZIP durante las marchas, 1999). En esos talleres se inició la concientización sobre la inminencia de la fumigación como política central del gobierno en esos momentos, y se explicaba la importancia de la unificación del Movimiento Cívico ya no regional sino departamental, buscando integrar a los municipios que no se identificaban como coqueras -tales como los del alto Putumayo: Sibundoy, Santiago, San Francisco y Colón-, Aún más, se explicaba el contexto nacional e internacional al que respondían los cultivos ilícitos .

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Eran autofinanciados. Nosotros hicimos una primera colecta; como el problema eran los cultivos ilícitos pues la solución la íbamos a financiar con los mismos cultivos ilícitos;

tocaba así, y por hectárea se colocó una cuota para financiar. Pero dijimos, ya se hizo la socialización de lo que podría ser la propuesta operativa, y luego la otra propuesta, la política que íbamos a plantear en la mesa. La gente estuvo de acuerdo en salir a las calles: lógico que considerábamos que no todo el mundo podía salir, que había gente que debía quedarse en casa, mínimo una persona porfinca.Además, se necesitaba otro equipo de personas en las fincas para recolectar alimentos, leña y carne, lo necesario para sostener un paro. Porque nosotros lo declaramos un paro por término indefinido, mientras no hubiera negociación no nos levantábamos del paro: le decíamos a la gente que iba a ser muy duro, porque la respuesta del estado a la periferia nacional siempre ha sido que a una propuesta política le dan respuesta militar y que no nos extrañáramos de que eso iba a ser así, que se iban a desconocer los derechos humanos desde el principio hasta el final (entrevista al director de la Ozip durante las marchas, 1999. Énfasis mío). Vale la pena resaltar cómo se preveía que la respuesta del estado a sus demandas iba a ser represiva, por lo que se preparó a la gente para la situación de violencia a la que podía verse expuesta al participar en el movimiento. Es así como en el centro del Movimiento estuvo la demanda de respeto a los derechos humanos.

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Los líderes buscaban que los habitantes de las veredas participaran de manera voluntaria y con conocimiento de causa en la movilización. Además de los talleres, se hicieron foros sobre cultivos ilícitos y fumigación. La preocupación por lograr que la comunidad participara en todos los momentos de la movilización y después de ella en la evaluación de la marcha y del seguimiento de los acuerdos, es constante. Los líderes trataban de no reproducir las prácticas de la cultura política dominante frente a la cual se definen diferentes; en sus palabras: "que no nos convirtamos en una cabeza sin cuerpo" (intervención de un líder durante el balance que se hizo del paro cívico, 24 de septiembre de 1996). El 15, ió y 17 de agosto de 1995 se desarrolló el primer seminario departamental sobre cultivos ilícitos, y el 18 se le entregó al presidente de la república, en Puerto Asís, un documento que reiteraba lo dicho en otro que se había entregado con anterioridad, en febrero de ese mismo año, como resultado de una reunión que tuvo lugar en el Archivo Nacional en Bogotá en la cual participaron el gobernador, los alcaldes, diputados, concejales, la Iglesia y las comunidades organizadas del Putumayo. Dicho documento contenía una propuesta básica para discutir el problema de los cultivos ilícitos y lograr un acuerdo sobre este con las comunidades. Así mismo, en Puerto Guzmán se realizó un foro local para discutir con la gente el problema, además de los talleres veredales. En cuanto a la financiación de los talleres:

16 En la baja bota caucana el paro fue organizado por el Movimiento Pacífico del Cauca, lo mismo que el que se realizó en 1994 en contra de Argossy, compañía petrolera que trabaja allí, y cuyo püego de peticiones se retomó en 1996, al igual que en el caso del Putumayo. El paro se inició el 4 de agosto y duró un mes y diez días. La negociación se realizó en Popayán a donde viajaron los líderes financiados por la gobernación del Cauca. Los líderes del Movimiento Cívico del Putumayo trabajaron en conjunto con el Movimiento Pacífico del Cauca, tanto en el paro de 1994 como en el de 199a.

LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL: RED PARA ORGANIZAR LAS MARCHAS Aunque se reconoce el papel que cumplieron las Farc en la concepción organizativa de las marchas -en sus preparativos y en su ejecución- "las juntas de acción comunal fueron las que responsabilizaron de lo que debía hacerse en cada vereda" (testimonio de un campesino en Puerto Asís, 1999). Es importante señalar que las juntas de acción comunal se han constituido en la red que facilita las relaciones sociales y políticas de los habitantes de la amazonia en las veredas, la inspección de policía y el municipio. A través de sus jefes se establecen los lazos para trabajar en las veredas, tanto por parte de los funcionarios oficiales en la zona y de las Farc, así como de los representantes de partidos políticos; por su intermedio los líderes del Movimiento Cívico por el Desarrollo Integral del Putumayo, del Movimiento Pacífico del Cauca -para el caso de la baja bota caucana - y de las Farc, organizaron las marchas. 17

Según un jefe de acción comunal en Piamonte: Las Farc son las que los han capacitado y han hecho avanzar la organización. La guerrilla promueve la asociación de juntas de acción comunal y que la gente se 17 Desde que se iniciaron las conversaciones de paz con el gobierno de -Andrés Pastrana. el 6 de enero de 1999. las Farc han presentado una propuesta para desarrollar un plan piloto de erradicación y susütución de cultivos en el municipio de Cartagena del Chaira, Caquetá, "sobre la base de crearcondiciones necesarias para el desarrollo de cultivos alternativos que garanticen la vida de los campesinos, condiciones que pasan por el desarrollo de la iriiraestructura vial. Sistemas de mercadeo con subsidios a la producción y al mercado. Está en la mesa como tema a tratar pero no depende de las Farc-EP ni de los campesinos y hasta ahora no hay ninguna respuesta. Le preguntamos si lo conocen los congresistas estadounidenses" (carta de las Farc al congreso de Estados Unidos, marzo de 1000).

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organice; ella pone orden en la región y se acata. Ya la comunidad es conciente de la necesidad de organizarse y da información cuando se hacen censos. Antes no querían colaborar y me trataban de chismoso (testimonio del jefe de la junta de acción comunal de la Consolata, en Piamonte, roo8). La guerrilla hace respetar la junta y le abre paso al inspector de policía para que pueda actuar, pues en ciertos lugares es la que lo autoriza a cumplir su papel. A fines de 1998 se discutía si se dejaba trabajar a los inspectores de policía recién nombrados en los corregimientos del municipio de Piamonte, y las Farc estaban promoviendo la creación de los comités de conciliación dentro de las juntas para cumplir con sus funciones, tales como recaudo de impuestos, degüello, levantamiento de cuerpos, etcétera. A comienzos de 1999, los inspectores de policía de los corregimientos de la baja bota caucana debieron renunciar por orden de estas, quedando solamente el del municipio de Piamonte. En palabras de uno de ellos, "porque la guerrilla no quería presencia del estado". Esta le explicó a los inspectores salientes que se entraría a considerar si en un futuro se volvían a nombrar, pero pagados por las juntas de acción comunal. C En este evento sobresale que las Farc suprimieran el cargo por no querer la ) presencia del estado, aun cuando los inspectores eran supervisados directamente por ellos. Sin embargo, sienta el precedente de que es la guerrilla la que ejerce la disciplina y el orden, es decir, la función de autoridad del estado, mientras que la función de proveer servicios a la comunidad se le deja al mismo y las Farc fiscalizan su cumplimiento. Es evidente que las acciones promovidas o apoyadas por las Farc no significan, necesariamente, anular la capacidad que tienen los sujetos gobernados de reaccionar, de actuar como sujetos colectivos o individuales. La gente en la región negocia con las Farc, lo que responde a la representación que se tiene de la guerrilla, pues aun cuando esta ejerce funciones de autoridad en cuanto a mantener el orden y la disciplina se refiere, no se comporta n i es reconocida por los habitantes de la amazonia como un estado dentro del estado, como se ha pretendido mostrar, sino "como un gobierno dentro del gobierno" tal como definió Manuel Marulanda Vélez el accionar de las Farc (entrevista en Semana, 872, 18 de enero de 1999: 22). Aún más, su poder es, a la vez, aceptado y resistido por la población, que además continúa demandando la presencia del estado en la zona. Al respecto, un asesor del Ministerio del Interior me comentó que, desde la perspectiva del gobierno, las Farc ejercen "control de autoridad", mientras que los alcaldes ejercen autoridad mas no control; así mismo, sostiene que a pesar de que el estado está presente por medio de las instituciones oficiales -la Fiscalía, etcétera-, se habla de que no hay presencia del estado porque "no todos obedecen a una sola línea, todo se mediatiza y se negocia con otros autores de poder que están presentes allá". Agrega, además, que el problema al cual se enfrenta el gobierno central es el de "garantizar que está consolidando soberanía", y concluye diciendo que, "más que construcción de estado, lo que hay que hacer en esas regiones es construcción de soberanía, y sobre la construcción de soberanía después se construye

estado" (entrevista a un asesor del ministro del Interior, 28 de julio de 1999). El asesor del ministro está tocando un punto muy importante en cuanto a la perspectiva espacial que define al estado como un estado soberano que ejerce control sobre un territorio determinado (Lefebvre, 1991). Se reitera entonces que para el gobierno sigue siendo prioritaria la perspectiva que se tiene de la incorporación de la amazonia solo por medio del ejercicio de la soberanía tanto en las fronteras externas -en relación con otros países- como en las internas -los territorios controlados por las Farc-. Es así como durante una entrevista, el director del Plante me sostuvo que antes que medir resultados de los proyectos adelantados en la zona se buscaba que el gobierno hiciera presencia en esas fronteras lejanas. Este "control de autoridad" de las Farc estuvo presente en la percepción que tuvieron los funcionarios públicos de la comisión negociadora que representaba a los campesinos cocaleros, tal como se analizará en el capítulo 6. Los habitantes de la región están acostumbrados a acudir a la guerrilla para arreglar cualquier problema y los campesinos comentan que cuando los guerrilleros no están presentes en la zona "se arma el desorden", de manera que consideran que "es mejor que estén". En consecuencia, los habitantes perciben a las Farc como un ente con autoridad y poder que ordena e impone disciplina. Es así como, por ejemplo, luego de un disparo que se le hizo a un agrónomo, funcionario de la Umata del municipio de Piamonte, la comunidad se reunió y lo primero que hizo fue escribirle una carta a las Farc, pues consideraba que "hasta que las Farc no venga con todos sus fierros y los castigue la violencia no va a pasar". Así mismo, se comenta que en la parte baja de la baja bota caucana la guerrilla desarmó a la gente "pero a Miraflor y Piamonte no han venido a poner orden". Por su parte, los guerrilleros le insisten a los campesinos en que no tienen que buscarlos para cualquier problema pues ellos no tienen tiempo de estar resolviendo situaciones que pueden ser solucionadas por los campesinos. Luego de una reunión con todos los jefes de las juntas y líderes -que tuvo lugar mientras realizaba mi trabajo de campo y de la cual oí muchos comentarios-, los campesinos me dijeron que los guerrilleros les habían llamado la atención sobre los chismes con los cuales acuden a la guerrilla, y se quejaron de hacerles perder el tiempo dirimiendo problemas que a la larga son creados por los chismes que van y vienen. En consecuencia, las Farc han buscado disminuir su intervención en los conflictos cotidianos entre los pobladores del Putumayo y baja bota caucana. Es así como en la junta de acción comunal de cada vereda funciona un comité conciliador para la resolución de conflictos. En caso de que el conflicto no se resuelva fácilmente o sea interveredal, el comité de una vereda debe hablar con el de la otra. Si no es suficiente, se cita a la junta en pleno; si tampoco se resuelve, se cita a otra junta; si no se arregla, a las juntas cercanas y, por último, si el conflicto no se resuelve se espera que los campesinos acudan a la guerrilla. Las juntas de acción comunal han establecido espacios para la negociación con el estado y con los líderes y representantes de partidos políticos, pero sobre todo con las Farc. En muchas oportunidades, se discuten y negocian las órdenes impartidas por las Farc. Tal es el caso en la baja bota caucana en el momento de salir a las

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160 marchas; las Farc habían determinado que parte de las veredas saldrían hacia el Caquetá y parte al Putumayo; sin embargo, la gente de algunas veredas se opuso a salir de su zona, pues en su agenda estaba presionar la creación del municipio de Piamonte y veían esta como su gran oportunidad: Nosotros nunca hemos tenido una asesoría de la guerrilla, lo que hemos hecho ha sido por convicción propia de los líderes. Como le contaba, en el paro ellos, la guerrilla, estuvo en contra de nosotros, porque querían que saliéramos al Putumayo, al Caquetá y nosotros no salimos y por eso no estuvieron de acuerdo con nosotros. Porque dijimos que teníamos que luchar en el Cauca. No, no hubo ningún enfrentamiento sino que nos quitaron el apoyo, no nos apoyaron. Como no ha habido diálogos así, simplemente nos mandaron decir que no nos apoyaban y que veríamos qué hacíamos. Porque ellos creían que nosotros éramos un grupo débil. La guerrilla y el gobierno creyeron que como era una zona muy aislada íbamos a fracasar en el paro. Y fue de los mejores paros que ha habido, porque tuvo repercusión nacional por la forma pacífica, por la calidad de los negociadores y por los logros que se obtuvieron en la negociación. Uno se queja más fuerte cuando es más fuerte el dolor; si el dolor no es fuerte uno no se queja casi nada, pero si el dolor es fuerte más bien sí puede haber diálogo. Eso fue lo que nos pasó a nosotros, porque como sentíamos la necesidad, esta nos empujaba a solucionar los problemas (entrevista a un miembro de la comisión negociadora del paro cívico de la baja bota caucana, 1998). En este testimonio son evidentes los espacios de negociación que ha abierto la gente con la guerrilla, a partir de sus propias necesidades y luchas anteriores. La creación de un municipio en la baja bota caucana había sido propuesta por la comunidad desde la década de 1980, y esta reivindicación, que se había constituido en el eje de movimientos cívicos anteriores, en esta oportunidad se retomó como propia de la zona. Sin embargo, aunque algunas veredas de la baja bota caucana no salieron al Caquetá y al Putumayo otras sí lo hicieron, de manera que la tensión y ambivalencia de la relación con las Farc se mantuvieron, aunque se diga que no se recibe "asesoría" de la guerrilla. Es importante señalar cómo se percibe de la misma manera al gobierno y a la guerrilla, que decían que el paro no tendría éxito por tratarse de una "zona demasiado aislada". Se reitera la asunción de su condición de marginalidad, definida así no sólo por el estado sino por la guerrilla que también consideraba que sólo uniéndose al Caquetá y al Putumayo podrían tener fuerza. A ambas instancias se les demostró lo contrario, al afirmarse como movimiento autónomo y, sobre todo, al lograr la creación del municipio de Piamonte. Finalmente, se resalta su comportamiento pacífico y que los logros que se consiguieron repercutieron en todo el país. Con respecto al Putumayo, la representante de las mujeres en el grupo base señala también la relativa autonomía de la sociedad civil con respecto a las Farc: Para dirigir las marchas la guerrilla nombró a unas personas y la sociedad civil nombró a otras, de manera que se opusieron a sus mandatos [refiriéndose a los mandatos de las Farc] (entrevista a la representante de las mujeres en el grupo base, febrero de 1999).

Durante mi trabajo de campo, las Farc le exigían a todos los habitantes de las veredas de la baja bota caucana, ya fueran productores o recolectores de coca, estar afiliados a las juntas de acción comunal para controlar a la gente que entraba y salía del área con el fin de evitar la infiltración de paramilitares. Para afiliarse a las juntas de acción comunal a los campesinos se les exigía la cédula de ciudadanía; no podían afiliarse haciendo uso de otro documento o sólo dando nombres de pila, de manera que a los que estuvieran indocumentados se les dio plazo hasta noviembre de 1998 para que se registraran y sacaran sus documentos de identidad. Esta es otra política de las Farc que muestra cómo utiliza los requisitos exigidos por el estado a su favor, sin pretender instaurar una forma alterna de identificación. Por otra parte, a las juntas de acción comunal se les exigía responder por sus afiliados. Así mismo, los patrones debían responder por los raspachines bajo su mando y debían entregar un listado con su número de identificación a la junta. Los que vivieran desde hacía menos de un año en el lugar y no cumplieran con los requisitos anteriores ni tuvieran tierras para trabajar, debían irse. En ese momento, las Farc no permitían la entrada de más gente a la región, debido a las amenazas de los paramilitares, sosteniendo que no dejarían que la baja bota caucana se transformara en un campo de guerra contra el campesinado igual que Puerto Asís o el Valle del Guamués. Además, se controlaba la gente que salía de las veredas al pueblo, para evitar que quienes estuvieran asociados con grupos contrarios brindaran información que perjudicara a los campesinos o a la guerrilla. Por otra parte, en caso de que alguien quisiera vender un terreno tenía que consultar y pedirle permiso a la guerrilla, que otorgaba o no el permiso según lo que se supiera del comprador. Dicen los campesinos que "ellos [refiriéndose a los guerrilleros] saben quién es quién, mientras que nosotros no sabemos quienes son"; los habitantes no se conocen todos entre sí pues es una zona de alto movimiento de población. Los campesinos apoyan esta regulación de entrada y salida de la gente pues la posibilidad de que entren paramilitares a la zona los aterroriza. Finalmente, por medio de la inscripción en las juntas de acción comunal se logra tener un censo real de población, el cual se ha planteado por parte de las Farc como condición indispensable para iniciar cualquier proyecto de sustitución que se lleve a cabo en la región. El poder de las Farc, difuso y no institucionalizado, ha logrado infundir en la" población microprácticas disciplinarias (Foucault, 1991), que han sido asumidas y forman parte de la vida cotidiana, relaciones de poder enraizadas en la sociedad .que, además, le adjudican a las Farc una capacidad de vigilancia permanente, lo! cual no significa que no se sigan acatando también formas institucionales y discipli-i narias del estado. Entre las normas establecidas por la guerrilla, y que se obedecen, se encuentran las siguientes: control del tráfico por el río -en Puerto Amor, sobre el río Caquetá, observé un letrero que decía: "El Frente 32 y 49 prohiben navegar de 6 p.m. a 6 a.m. Multa $500.000, Farc-EP"-; control sobre establecimientos públicos los cuales sólo pueden abrir hasta determinada hora de la noche y en donde no se permite la entrada a menores de edad; prohibición de la entrada a billares a menores de quince años, la multa es de $20.000; no se puede beber alcohol entre semana n i transitar calles después de las 10 de la noche; está prohibido abrir discotecas entre semana; estas sólo

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se abren de viernes a domingo y el lunes no se permite continuar de fiesta; a quienes estén tomando los obligan a arreglar caminos o a barrer, como forma de castigo, por lo que el alcalde de Piamonte debió barrer el pueblo, para dar ejemplo. En este contexto de disciplinamiento y reconocida autoridad por parte de los habitantes de la zona, las Farc establecieron las reglas para la organización de las marchas de 1996. Por cada hectárea de coca debían pagarse cincuenta mil pesos al comité de finanzas de cada junta de acción comunal y con esos dineros se constituyó el fondo para el comité de marcha. Las Farc determinaron la cuantía de la cuota y la forma de recolección. El presidente de finanzas de cada vereda entregaba al jefe veredal el dato exacto del dinero recolectado, la modalidad del recaudo y lo que hubiera aportado cada persona, teniendo en cuenta sus capacidades económicas, pues en algunos casos se recogió por familia un monto no relacionado con las hectáreas de coca: Tocaba colaborar con las juntas, sacaban una parte, colaboraban, y por decir, se les daba de a diez mil pesos por familia en cada comunidad. Así se recogió bastante y se compraba, por ejemplo, un animal. Como fue aumentando la gente y hubo mucha hambre, entonces a lo último los que tenían tantas cabezas de ganado tenían que colaborar; varia gente colaboró con eso, les tocó, por las buenas o por las malas (entrevista a una campesina que participó en las marchas, Piamonte. 1998). Cuando se iniciaron las marchas algunas juntas tenían seiscientos mil u ochocientos mil pesos, con lo que se financiaron los primeros días de la marcha. Del total recaudado, 2 0 % debía enviarse a la comisión organizadora central, integrada por nueve líderes de cada municipio. Una campesina explica cómo era la comisión organizadora central: "Como una junta comunal, con presidente, con tesorero, con fiscal para que estuviera fiscalizando, con secretario, el que escribía" (entrevista a una campesina que participó en las marchas, Piamonte, 1998). Además, en cada vereda se designaba un presidente, responsable directo de la organización veredal, el cual la representaba en un segundo comité de coordinación, que se constituyó con los diferentes jefes veredales y se convirtió en el vehículo de comunicación entre la comisión organizadora central y las veredas. Se conformaron también comités veredales, encargados de organizar a las comunidades siguiendo los lineamientos de la organización central, tales como los comités de vigilancia, finanzas, transporte, salud y de alimentación o comodato. Una vez se inició el desplazamiento, y de acuerdo con los comités que organizaron se determinó que un grupo de tres personas se quedaría a cargo de la vereda, dando de comer a los animales, cuidando las casas y enviando alimentos para los que se desplazaban a la marcha. La guerrilla dio las ordenes para la salida (entrevista a una campesina que participó en las marchas, Piamonte, 1999). Así, por ejemplo, en el Bajo Congor, una vereda de Piamonte en la baja bota caucana, el inspector se quedó en su vereda encargado de cuidar los arümales y las cosas de valor, que se guardaron en la escuela. Por cada vereda se quedaban ocho, diez o doce personas. En

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este caso, el inspector comenta que los doce se reunían a comer juntos. Los que permanecían en las veredas eran los encargados de recoger productos para llevarles a los marchistas. Un campesino de la vereda la Consolata en la baja bota caucana comenta su experiencia: Cuando las marchas, estuvimos discutiendo si participábamos y después de muchas deliberaciones salimos con nuestras familias. De Yapurá, la Consolata y el Palmito, salimos ciento setenta personas que fuimos a Mocoa y Villa Garzón. De la Consolata nos mandaban remesa y en el Putumayo también recibíamos remesa. Yo estuve trabajando en el comité de comodato, contaba la gente a mi cargo y recogía la remesa. Nos fue tan bien que trajimos remesa de vuelta. Nos mandaban ganado oreado, miel, arroz, plátano, etcétera. El apoyo era total. A la gente que estuvo en el Caquetá no le fue tan bien, pues hubo muertes, desorden, hambre y confrontaciones (testimonio del jefe de una junta de acción comunal de la Consolata, baja bota caucana, 1908). En ese testimonio se insiste en cómo discutieron si participaban o no y cuando decidieron lo hicieron con convicción. La movilización de la gente se coordinó por medio de los comités de transporte, los cuales supervisaron que todos los motores fuera de borda y los botes aptos para transportar personas en las diferentes veredas quedaran a disposición de la comunidad, previo un censo de personas y embarcaciones, así como de un inventario de combustible en cada vereda. En cuanto al comité de alimentación, cada persona llevaba sus propios utensilios, tales como platos, cuchillos, cucharas y elementos necesarios; por su parte, los jefes veredales debían aportar las estufas, las remesas y las provisiones: "De cada vereda nos mandaban que lleváramos los víveres y a lo último también debimos colaborar con animales; cada junta tenía que llevar carne" (entrevista a una campesina que participó en las marchas, Piamonte, 1999). Un campesino de Puerto Asís me dijo que las personas que tuvieran diez reses debían dar una como contribución, dos si tenían veinte y cinco reses si se rehusaban a participar (testimonio de un campesino, Puerto Asís, 1998). Por su parte, un campesino de la baja bota caucana comenta: "El ejército estaba conviviendo con los marchistas y se les daba carne. Se mataron ochenta y cinco reses y hubo comida suficiente gracias a la colaboración de la guerrilla" (entrevista a campesino en la baja bota caucana, 1998). Cada vereda se encargó de que cada comité llevara consigo un botiquín con las drogas y medicamentos necesarios, que mediante listado fueron suministrados por la comisión central. En cuanto a la vigilancia, cada junta designó algunas personas para cuidar los cascos urbanos y no se permitió integrar la marcha a quienes intentaran sabotear la misma. Así mismo, se designó un comité de aseo por vereda. Los grandes cultivadores de coca también apoyaron la marcha y se hicieron cargo de que sus trabajadores se hicieran presentes, tal como lo relata un líder de la baja bota caucana: "Los coqueras de la baja bota dieron mucho apoyo. Don Régulo del

IDENTIDAD Y CIUDADANÍA EN EL PUTUMAYO

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Bajo Congor estuvo aquí. Pablo Maya vino del Diamante. Los raspachines vinieron pagado el jornal por los patrones; algunos eran remplazados (entrevista a un líder de la marcha en la baja bota caucana, 1098). Las Farc se reservaron la responsabilidad de la organización general de la marcha y el cumplimiento de cada una de las tareas, y prohibieron la producción de coca y la actividad comercial durante el desarrollo de la misma. A l respecto, un comerciante de Puerto Asís dice que, "el paro estuvo muy bien organizado", pues se turnaron las droguerías que abrían por dos horas martes y jueves, también se reguló la venta de comestibles y se supervisaba el precio de venta. Sobre el papel de los guerrilleros en la organización de las marchas, una campesina de la baja bota caucana agrega: Digamos coordinadores no directamente, pero sí colaboraban. Fueron los que empezaron a conformar los comités, de ver quién repartía la remesa, también se pidió ayuda a Popayán, de allá mandaron bienestarina para los niños, se organizó quién hacia la colada para los niños, todos los días se les daba la colada. Si no hubieran estado ellos de pronto no hubiera habido el orden que hubo siempre, porque usted sabe que a veces, cuando hay las cosas, el uno quiere más, el otro menos y había problemas, y a pesar que así a veces hubo tromperas. A los tres días, cuando la gente ya estaba con su ranchito, entonces llegaron ellos y colocaron en orden cómo íbamos a construir los ranchitos (entrevista a una campesina que participó en las marchas, 1999). Una mujer, indígena inga de la vereda La Floresta, al contarme sus impresiones del paro en el sitio de concentración de la baja bota caucana, al frente de su casa, recordaba la llegada de los primeros marchistas con la bandera colombiana y la presencia de un hombre "que era el que mandaba, flaco, feíto y las mujeres comentaban: todos esos hombres dejarse mandar de uno solo. Él quería vernos a todos trabajando, haciendo pozos sépticos, trayendo leña, sirviendo, cocinando, no ver a nadie de vago". Comentaba también que casi tuvo que salir a Morelia en el Caquetá por orden de las Farc, "castigados porque no trabajábamos y hacíamos caso", pero "que le rogamos por los hijos pequeños y al fin no nos mandaron. A algunas niñas que se acercaron a hablar con los militares las sacaron del paro, castigadas". La persona que dirigió el paro en la zona de la baja bota caucana, identificado como miembro de las Farc, es recordada como la que estableció orden en cuanto a la guardia, la hora de acostarse, la repartición de raciones por veredas, el número de animales a sacrificar, las órdenes a los conductores, la salud y la consecución de neveras para las vacunas. Dice un campesino: "Nosotros como campesinos pedíamos y él ni podía pedir". Los campesinos no sólo aceptaron la autoridad sino que buscaron quién les ayudara a organizarse. El hecho de decir que todos los hombres le hacían caso a una sola persona confirma esta aceptación. Es así como la guerrilla con sus actividades cotidianas en estas regiones de frontera se convierte en un actor social a medida que se inserta, apoya y aumenta el poder que despliegan los campesinos durante estos paros cívicos, por cuanto organiza

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y suministra medios que permiten que el paro pueda desarrollarse durante meses, como fue el caso de las marchas cocaleras. En consecuencia, con la organización descrita, el 28 de julio de 1996, una vez iniciado el paro el Movimiento Cívico por el Desarrollo Integral del Putumayo por medio de un comunicado informó a la población del Putumayo: Que después de analizar detenidamente la situación organizativa del Paro Cívico es pertinente y necesario emitir las siguientes orientaciones para el mejor desarrollo de nuestra justa lucha: A los propietarios de los graneros se les permitirá los días viernes recibir el surtido. Las ventas se realizarán los días sábados y domingos desde las 6:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. El resto de la semana paro total. Durante los días lunes a sábado funcionarán dos droguerías de turno las 24 horas y los días domingos pueden prestar servicio todas las droguerías. Juguerías ambulantes prestarán el servicio de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. toda la semana. Las ventas de gas tendrán venta libre, pero en ningún momento pueden estar autorizados para alzar los precios. Cualquier anomalía será sancionada con el cierre definitivo. Las cantinas, fuentes de soda y billares quedan en paro total. De la misma forma todos los establecimientos públicos. Los restaurantes prestarán sus servicios durante los días sábados y domingos de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. Las bombas de gasolina también pueden prestar el servicio normalmente. Los almacenes prestarán el servicio durante los días sábados y domingos de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. Las panaderías estarán abiertas los días sábados y domingos de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. Los carniceros pueden prestar el servicio los días sábados y domingos. El juzgado y las fiscalías funcionarán normalmente. Los talleres de mecánica y las vulcanizadoras prestarán el servicio normalmente. A partir de la expedición del presente boletín solamente podrán transitar los vehículos y motocicletas autorizadas por el movimiento. Las oficinas de la Caja Agraria permanecerán cerradas. Las oficinas de Telecom funcionarán normalmente, siempre y cuando presten el servicio en las actividades del paro cívico. Se concederán permisos a los camiones remeseros, a los carrotanques transportadores de combustible y a personas con problemas de salud, con certificación del médico. Los relevos de personal serán únicamente los días lunes, miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 10 a.m. Se recomienda a las diferentes comunidades traer las provisiones necesarias (plátanos, yucas, leña, etc.). Para los habitantes de la ciudad es difícil aceptar la imposición de estas normas, mientras que para los campesinos constituía algo indispensable para el buen desarrollo de la movilización. Es así como en el diario local La Nación se lee:

IDENTIDAD V CIUDADANÍA EN EL PUTUMAYO •

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Los campesinos que se encuentran en Mocoa, tienen «dominio» sobre toda la ciudad, ellos son los que deciden qué establecimientos deben abrirse, qué alimentos deben aportar y las sanciones que se les impone a aquellas personas que no les colaboran en las manifestaciones (La Nación 10 de agosto de 1996:9).

Por otro lado, uno de los negociadores del gobierno central resalta la organización de los campesinos en los centros urbanos. Refiriéndose al Putumayo, esta persona me dijo que "el nivel de organización de la gente rural, de los campesinos es muy grande" y agregó: La negociación (1): construcción de la identidad La forma en que se movilizaron, desarrollaron los cambuches en Orito, y se tomaron a Puerto Asís y Mocoa da cuenta de un nivel de organización muy grande y de una organización de tipo militar. Por ejemplo, era sorprendente ver cómo tenían perfectamente asignadas las calles, el diseño de las cocinas a manera de barricadas, era una cocina y detrás de la cocina el comedor. Sin lugar a dudas, en m i opinión eso es influencia de la organización militar de las Farc. no tengo la menor duda de eso

(entrevista al gerente de la Red de Solidaridad, 1999).

Cabe destacar cómo se resalta la organización de los campesinos y se habla de "influencia de las Farc" antes que sostener que es obra solamente de la organización militar de las Farc, lo cual quiere decir que a los campesinos se le reconoce capacidad de maniobra. Podemos concluir que aunque las Farc se reservaron la responsabilidad de la organización general de la marcha, los campesinos, por medio de los líderes del movimiento, llevaron propuestas concretas a la mesa de negociación y estos, a su vez, defendieron los intereses de la población a la cual representaban, tal como se analizará en los siguientes capítulos.

y afirmación de la ciudadanía

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STE CAPÍTULO SE CENTRA EN EL ANÁLISIS DE LA NEGOCIACIÓN ENTRE LOS LÍDERES DEL Movimi-

ento, los funcionarios locales y el airo gobierno, proceso en el que se hicieron evidentes las posiciones encontradas del gobierno local y los representantes de la Iglesia con respecto a las fuerzas armadas en la zona, así como entre los funcionarios locales y los del nivel central en el momento de acordar el inicio de la negociación. Estos desacuerdos se encontraban atravesados por la idea hegemónica de que la ley y la constitución son innegociables, asunto que va a ser recurrente durante la mesa de negociación y determinará los puntos centrales de discusión y, sobre todo, la suspensión de la mesa de negociación.

En el capítulo anterior se mostró cómo las fuerzas militares y algunos periodistas deslegitimaban el movimiento cocalero por tratarse de actores fuera de la ley. A pesar de ello, sobresale la insistencia de los campesinos cocaleros en dialogar con los representantes del gobierno central y, más aún, usar las herramientas dadas por la constitución de 1991 en el contexto de la democracia participativa, lo que se examinará en este capítulo. La instalación de mesas de negociación entre representantes del estado, de los niveles centrales, regional y local, y los líderes del movimiento, como un medio para participar colectivamente en la toma de decisiones, fue un catalizador que visibiliza ai movimiento de los cocaleros como uno social y político. En los capítulos anteriores se ha visto cómo los pobladores de esta región amazónica no sólo demandaban de las mesas de negociación el mejoramiento de sus condiciones de vida -lo que se confirma en el análisis detallado de la mesa de negociación que se llevó a cabo en el Putumayo, que se presenta en este capítulo-; también sobresale cómo la mesa de negociación se convirtió en un espacio para confrontar identidades y demandar del estado el reconocimiento de la historia de violencia y desplazamiento de los pobladores del Putumayo, de su abandono por parte de la clase dirigente y, sobre todo, del problema social y económico que hay detrás del cultivo de la coca. En consecuencia, lograr que el gobierno nacional aceptara negociar era el objetivo central del movimiento.