Quiroga h Estado Crisis Economica y Poder Militar

Estado, Crisis Económica y Poder Militar (1880 – 1981) Hugo Quiroga EL PODER MILITAR a.- La militarización del Estado y la Sociedad A partir de los años 60 Sudamérica ha asistido a una multiplicación sin precedentes de regímenes militares. Así, las fuerzas armadas irrumpen en Brasil en 1964, en un país sumamente inestable como Bolivia mencionamos solamente la dictadura de Barrientos en 1964 y de Banzer en 1971, en la Argentina golpe militar en 1966 y 1976, en 1975 golpe en Perú que derroca al gobierno militar de Velazco Alvarado, en 1973 golpe militar en Chile y Uruguay, países que contaban con una sólida tradición democrática. En 1972, golpe militar en Ecuador que derrota al gobierno de Velazco Ibarra, en Paraguay el general Stroessner se encuentra en el

poder desde 1954, en Colombia si bien existe una continuidad institucional, la participación de los militares en la vida pública es innegable. Los hechos son evidentes, la militarización del Estado y la sociedad ha sido creciente en América del Sur, si bien un nuevo amanecer ha comenzado a vislumbrarse en el subcontinente, vistas las elecciones en estos últimos años de Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador y Argentina. Esta militarización ha consistido en que las fuerzas armadas, en tanto núcleo central de aparato represivo, se apoderan del conjunto del aparato estatal sustituyendo las instituciones creadas por la sociedad civil por otra forma de sociedad en la que el poder militar ocupe un lugar preponderante. Normalmente el personal jerárquico del aparato del Estado es reemplazado por personal militar. “Así los militares no solo están en las juntas de gobierno, sino también en las jefaturas de los estados o provincias, en las direcciones de los organismo autónomos o semiautónomos, en el aparato bancario y financiero del país, en las instituciones de enseñanza, en las empresas nacionalizadas!”1, al frente de las grandes empresas 1

Munello, Nelson (1976) “La militarización del estado en América Latina, un análisis de Uruguay”, en Centro de Estudios

privadas de capital nacional o extranjero, en las instituciones deportivas y culturales, en definitiva, en todos los rincones y espacios posibles de la sociedad.

adelante, bajo la conducción de las fuerzas armadas, profundas transformaciones. La historia política de esta nación en los últimos 50 años está colmada de participación militar en la regulación de la convivencia social.

No se trata ahora de simples golpes de Estado o de “cuartelazos” sino más bien de una nueva situación abierta en los últimos veinte años, en la cual las intervenciones militares juegan un rol protagónico en el intento de reestructuración y disciplinamiento de la sociedad conforme al modelo de acumulación mundial vigente y a la inserción particular lograda en la economía internacional. Se busca configurar un nuevo sistema de dominación, con la presencia activa, estable e institucionalizada de las fuerzas armadas. Los militares pretenden ser los tutores permanentes del Estado y la sociedad civil en la mayor parte de los países del cono sur de ese continente

Para finalizar interesa realizar una breve caracterización de la forma particular que reviste el Estado argentino cuando es embestido por el poder militar como en el golpe de marzo de 1976. Desde ese momento las fuerzas armadas modifican su relación con el resto del Estado para someterlo por entero. Pero esta situación trae también una modificación en la relación con la sociedad civil, a la que se le impone la supremacía de la fuerza y la coacción. La nueva forma de Estado conserva todas las particularidades del Estado capitalista dependiente y, como tal, debe cumplir con todas las funciones inherentes a ese tipo de sociedad (funciones de acumulación, de garante de la reproducción de las relaciones sociales de producción, del establecimiento de las condiciones de valorización del capital, funciones represivas, etc.).

Los golpes de Estado han sido una amenaza permanente en la vida institucional de la Argentina. En los 51 años que transcurrieron de 1930 a 1981, el país debió soportar seis golpes de Estado. Algunos de ellos dieron nacimiento o fueron prólogo de una nueva etapa social y política del país. Otros sin ningún tipo de mediaciones –como los de 1966 y 1976- llevaron Sociológicos, El Colegio de México

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Pero lo que especifica al Estado militar o militarizado es, primeramente su contenido autoritario, si bien no es una característica exclusiva. Aparece así como un aparato político-administrativo-represivo, servido por funcionarios que se identifican con ese rol, separado en mayor a menor medida, de la sociedad civil, sobre la cual intenta ejercer una tutela más completa.

no dejan de ser transitorios, sin embargo el poder militar, en tanto poder y presencia política real en la vida pública se ha prácticamente institucionalizado en el país.

En segundo lugar, producido el “golpe” es el aparato represivo de Estado, a través de su núcleo central –las Fuerzas Armadas- el que se hace cargo del Estado, del “todo”, es decir, del conjunto de las instituciones estatales, pasando así a convertirse en el aparato dominante.

No podemos hablar de Estado militar o militarizado, de regímenes de excepción, de discontinuidad institucional, sin referirnos al surgimiento del poder militar en la Argentina, es decir, al papel jugado por las fuerzas armadas en la vida de la República.

b.- El surgimiento del Poder Militar

Es innegable el rol del ejército en las luchas de la Independencia, en el período de la “reorganización nacional” y en la formación del Estado nacional. Las fuerzas armadas sufren una evolución desde la época de la Independencia hasta la segunda mitad del siglo pasado. En 1880 se forma definitivamente el ejército nacional permanente con la derrota de las milicias porteñas. Hasta entonces existían los ejércitos provinciales, las milicias dirigidas por caudillos.

En tercer lugar, aunque los partidos políticos sigan subsistiendo (lo cual dependerá de cada régimen) y conserven su carácter de organizadores políticos, aparece ahora el estado militar que se convierte en si mismo en el organizador supremo del poder de la clase dominante o de una de sus facciones. La característica que ha tenido esta forma de Estado en la Argentina es que no ha podido institucionalizarse a pesar de los diversos ensayos realizados en el medio siglo transcurrido desde 1930. Los regímenes militares

Las fuerzas armadas al dejar de ser un “ejército privado de los caudillos” pasan a constituirse en un verdadero

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La ley del servicio militar obligatorio es anterior al establecimiento del sufragio universal y el ejército estaba encargado de “modelar las mentalidades de los futuros electores”3

aparato del Estado nacional. Esto no se podía realizar en la medida que el Estado no constituyera todos sus aparatos institucionales, su estructura ósea, es decir, se terminara de organizar institucionalmente (federalización de Buenos Aires, sistema bicameral nacional, dictado de códigos y leyes nacionales, etc.) Por eso no podía haber un ejército nacional sin la conformación de un Estado nacional.

Ahora, ¿cuál es la relación que las fuerzas armadas tenían con la sociedad y la vida política antes de 1930? Antes de esa fecha, en el largo período que va desde 1862 a 1930 se puede hablar de supremacía del poder civil sobre las fuerzas armadas. Estas pueden ser caracterizadas como “grupos de presión”, como un “factor de poder” porque no hay una tutela del poder militar sobre el poder civil. En estos 68 años los militares tienen poder, pero no existe todavía el “poder militar”. Entonces, en esta primera época las fuerzas armadas sufren la evolución mencionada, se profesionalizan, se modernizan, pero se subordinan al poder civil.

A principios de siglo comienza la profesionalización de las fuerzas armadas. El principal impulsor de estas reformas fue el general Pablo Ricchieri, quien a través de una ley de 1901 promueve la profesionalización del cuerpo de oficiales (en adelante los oficiales deberían egresar del Colegio Militar) y se establece el servicio militar obligatorio. Probablemente “la profesionalización a nivel del reclutamiento coloca la primera de un poder independiente”2. La ley del servicio militar obligatorio concede al ejército, a través de sus oficiales, la misión de “argentinizar” al gringo y disciplinar y civilizar al argentino, según los valores sustentados por el ejército. Había que cohesionar lo heterogéneo detrás de valores y principios nacionales, en un país de fuerte inmigración.

Esto no quiere decir que no tuvieran participación en la vida política, la tuvieron, pero subordinada a los civiles. Las fuerzas armadas sirvieron a fines políticos, en la lucha entre los jefes políticos para resolver sus propias contradicciones en las intervenciones provinciales, etc.

Rouquié, Alain (1978) Pouvoir Militaire es Societé Pilinque en Republique Argentine? Presses de la Fondation Nationale de Sciencies Politiques, París. pág 77 2

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Idem. pág 72 y 73

Así, estuvieron al mando o bajo las órdenes de Mitre, Sarmiento o Avellaneda. En ejército participaba en política y ésta penetraba en el ejército.

¿Cuáles son, entonces, las causas del nacimiento del poder militar en 1930? Señalaremos primeramente, que el surgimiento de ese poder militar está ligado a la discontinuidad institucional del país, a una crisis política crónica. Desde 1930 hasta 1976 s´lo dos presidentes constitucionales pudieron terminar su mandato legal. El general Justo en 1932 que es elegido mediante un fraude evidente y el General Perón en 1946. Desde 1952 hasta la caída de la dictadura en 1983, ninguno de los cuatro gobiernos constitucionales elegidos por las urnas pudo terminar su mandato: Perón elegido nuevamente en 1952, Frondizi en 1958, Arturo Illia en 1963 y el gobierno peronista de 1973.

De la misma forma los militares también participaban de las “revueltas” o “revoluciones” de 1890, 1893 y 1905. Se trata de un sector de los militares o de algunos oficiales o jefes militares que apoyan los movimientos o revoluciones de los jefes políticos. Es el caso del apoyo a los radicales en 1905. Son los “putchs democráticos” por la instauración del sufragio universal. Aquí no se trata de una iniciativa protagónica de los militares en su conjunto, como institución. Es una parte del ejército que se pliega a la iniciativa de los civiles. Es una forma de participación diferente a la que se inicia en 1930. Incluso se podría afirmar que algunas de esas intervenciones tenían un carácter “progresista” como ocurrió con los fallidos “golpes democráticos”.

En los 28 años de vida institucional que transcurrieron entre 1955 y octubre de 1983 hubo cuatro golpes de estado, tres gobiernos civiles que no terminaron su mandato, 16 presidentes, de los cuales 10 fueron presidentes militares (uno de ellos civil, Guido en 1962, en un régimen militar) y seis presidentes civiles. Este es el resultado de la preponderancia de los militares en la vida pública de la Argentina y del nacimiento de ese ciclo de gobiernos civiles interrumpidos por gobiernos militares.

La prueba de esta subordinación civil y de esta diferente forma de intervención está en el hecho de que de 1862 a 1930 ningún presidente fue designado por un golpe militar. En cambio, en el medio siglo que le continúa se sucedieron seis golpes de Estado.

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para que las fuerzas armadas privilegiaran al enemigo interior y los problemas interiores (económicos y sociales) como centro de su preocupación y acción. Los militares no siguieron estrictamente el modelo europeo de fueras armadas dedicadas exclusivamente a la defensa nacional, a la vigilancia y defensa de las fronteras, fueron mucho más allá. Desde muy temprano los enemigos del ejército fueron los indios (había que recuperar territorio para la explotación agrícola), el gaucho y posteriormente en el siglo XX los obreros, los anarquistas, los metalúrgicos de Buenos Aires en 1919, los trabajadores de la Patagonia en 1920, la Forestal en el Chaco, etc.

Se han dado distintas razones que explicarían el surgimiento del poder militar, las que en algunos casos nos parecen simplistas o unilaterales, como es el argumentar que son el “brazo armado de la oligarquía” o que la explicación se encuentra en el “origen social del cuerpo de oficiales” o que son el “instrumento del capital extranjero” o que las intervenciones se dan para “moderar las querellas de los civiles”. Pensamos que hay un conjunto de causas que explican ese surgimiento y que existe una interrelación entre ellas. a.- Por un lado, se explica en la tradición de participación del ejército en la vida pública del país que va desde la lucha por la independencia, en el rol que juegan en la conformación del Estado nacional hasta la formación de cimientos de la nacionalidad, en ese de la “argentinización del gringo”, es decir el papel que juegan con la conscripción obligatoria para darle un sentimiento de pertenencia común a las distintas nacionalidades.

b.- Por otro lado, como se dijo la profesionalización de las fuerzas armadas es la primera piedra de un poder militar independiente. No son una guardia civil o pretoriana, son un verdadero aparato de Estado, una estructura militar poderosa. c.- Además, el sentimiento de “superioridad”y el “mesianismo” impreso en la formación de los oficiales. Son los que inculcan el patriotismo, los que “argentinizan al gringo”, los que transmiten los valores de la nacionalidad, los “salvadores de la patria”, los padres del culto a la Nación.

En la Argentina no hubo que esperar la formulación de la doctrina de la Seguridad Nacional, en los años 60

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períodos que sustitutiva”4

Pero, a nuestro entender, las causas de fondo que explican el nacimiento del poder militar y, por ende, del ciclo de intervenciones, son tres:

denominarse

“hegemonía

En definitiva, desde el 30 los militares ocupan un lugar preponderante en el escenario nacional constituyendo – por tanto- un componente nacional del sistema político creado hace cinco décadas. En esa época nace el “militarismo” en Argentina, las nuevas y múltiples formas de intervención militar.

1.- La ruptura del modelo de desarrollo agroexportador a causa de la crisis mundial de los años 30. 2.- La quiebra del modelo político elitista o restringido que se produce en 1916 con la ampliación de la participación popular a través de la ley Sáenz Peña que establece el sufragio universal. 3.- La crisis de hegemonía que se le abre a la oligarquía a partir de los años 30. Las dos razones apuntadas anteriormente indican la quiebra del sistema oligárquico, es decir, la ruptura del modelo económico de desarrollo y la ampliación de su modelo político respectivo. Esta situación deja un espacio de participación, un vacío hegemónico en la realidad social que pretende ser llenado por las fuerzas armadas –a esta altura bastante politizadas y con una importante tradición de participación- en tanto fuerza política. La crisis que tuvo mediante recurrirá

podrían

Para finalizar ¿cuál es la relación del Estado con las fuerzas armadas? Se dijo que las fuerzas armadas son una institución del Estado, es el aparato que goza de mayor autonomía en relación a las clases dominantes. ¿Qué pasa entonces con este binomio cuando se produce un golpe de Estado? Sin duda que esa relación se altera, ya que una de las instituciones se hace cargo del conjunto des Estado. Con el golpe es un una rama del Estado –las fuerzas armadas- la que se transforma en Estado, por eso el surgimiento del estado militar o militarizado.

desatada demuestra la debilidad hegemónica la clase dominante para dirigir la sociedad el consenso y el derecho. En adelante a la fuerza y el autoritarismo estableciendo

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Rouquié, Alain (1982) “Hegemonía militar, Estado y dominación social” en Argentina hoy, A Rouquié (comp), Ed. Siglo XXI, México

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En este momento recurriremos a la imagen de la muleta en tanto sirve para hacer menor o asistir la debilidad de la clase dominante: el Estado. En este binomio y en la interrelación de ambos, encontraremos la explicación de parte de las transformaciones y tensiones sociales de la sociedad argentina, al menos en un determinado nivel.

Estado y la sociedad en la Argentina no será simple ni fácil. c.- Sistema político y cultura política Desde hace medio siglo la convivencia social de los argentinos viene siendo regulada por un sistema político que es en parte la expresión del conflicto entre capas sociales con intereses divergentes. En este conflicto la clase dominante ha sido incapaz de articular una manera estable y consensual –salvo en breves períodosun orden político capaz de llevar adelante un proyecto de justicia y progreso social para el país.

Recapitulando, las fuerzas armadas han sido partícipes en la formación del Estado nacional y en modernización. En su formación, a partir de las guerras de la independencia, al establecer fronteras, al jugar un papel importante en la centralización del poder, en el control – mediante sus cuarteles- del conjunto del territorio, en la conquista de nuevos territorio luchando contra el indio, argentinizando al gringo, etc. Pero también en su modernización, a partir del impulso dado a la industria pesada, es el caso de Fabricaciones Militares (que controla también las actividades siderúrgicas, mineras, forestales, químicas y petroquímicas) por las que tiene también intereses corporativos, ligado a la defensa nacional.

La discontinuidad institucional y la incesante intervención del poder militar en la vida pública, se origina en esa crisis de hegemonía comentada anteriormente. El sistema político así creado se ha integrado, por regla general o por el funcionamiento en un largo período de una democracia restringida, cuyo componente principal fue, según los momentos, el fraude o la proscripción, o bien, por la instalación directa de regímenes militares de excepción.

Entonces, vemos como no se puede hablar de fuerzas armadas sin hablar del Estado y de su formación. Es por esta historia también que la desmilitarización del

El sistema funciona así en los hechos, en la realidad política desde 1930 y no ha podido crear más que una

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convivencia inestable entre los argentinos. La particularidad del mismo es que cuenta a las fuerzas armadas como un componente permanente y esencial. Es un sistema político casi pretoriano. En el interior del sistema han coexistido regímenes democráticos fraudulentos (1932 – 1938 y 1938 – 1943), regímenes democráticos electos bajo la proscripción del peronismo (en 1958 y 1963), regímenes militares de excepción (en 1930, 1943, 1955, 1966 y 1976) con regímenes democráticos con participación plena (en 1946, 1952 y 1973). Al lado del poder civil relativamente débil ha coexistido un poder militar preponderante. La Argentina ha vivido la mayor parte de estos 60 años bajo la limitación de una democracia restringida (fraudulenta o proscriptita) o bajo el delirio de los regímenes militares de excepción.

realmente a conformar. La ya tradicional participación de los militares en la vida pública del país, que va desde las luchas de la independencia y la conformación de Estado nacional, pasando por la constitución como actores esenciales del actuar político hasta el régimen militar implantado en 1976 en donde la militarización del Estado y la sociedad alcanzó los mayores niveles, ha llevado a conformar una cultura política particular entre los argentinos. Esta cultura política explica bien la relación civiles y militares a través de la mediación del sistema político que los cuenta como adversario y aliados a la vez. Sobre esta relación Alain Rouquié señala lo siguiente: “Nadie se llama a engaño ya que cada partido de gobierno ha tenido su turno y su hora de victoria y de beneficiarse del poder militar. El pronunciamiento del general Uriburu en 1930 permite la restauración de los radicales, paladines del sufragio universal. Pero el mismo partido radical defensor por naturaleza y vocación de las instituciones democráticas, toma su revancha discretamente en 1943 cuando

El sistema así creado es en parte expresión de la crisis de hegemonía abierta por la oligarquía en 1930 y que se prolonga por la incapacidad posterior de esta y de las otras fracciones de la burguesía por restablecer el equilibrio perdido de una “sociedad sin hegemonía”. Los últimos treinta años de la vida política en la Argentina no ha sido más que un período de disputas fraccionales por la aplicación de un proyecto hegemónico que ninguna de las fracciones de la clase dominante llegó

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el ejército derrota al presidente Castillo. La Unión Cívica Radical que en un primer momento –muy breve por cierto- festeja a los militares golpistas, no había sido totalmente ajena a la preparación del complot de los generales Rawson y Ramirez. En 1995 la caída de Perón señala la vuelta de los partidos “democráticos” víctimas del peronismo. En 1962 el mismo partido radical se desquita de su fracaso electoral de 1958 ocasionado por la “traición” de Frondizi. Y los partidarios de este último complotan contra el presidente radical que resulta derrocado en junio de 1966. En 1976, después del paréntesis del segundo peronismo, los conservadores de todas las tendencias se acercan al poder militar y les ofrecen su apoyo o sus competencias individuales”5

republicanas, una personalidad democrática y profundamente respetuosa de la legalidad como Hipólito Irigoyen no vacilaba en impulsar levantamientos militares contra el régimen establecido por la implantación del sufragio universal. Son los conocidos “fusiles democráticos” como el de 1905. Si bien el final es irreprochable, los riesgos de una política de este tipo consisten en sentar un precedente de intento de violación de la legalidad constitucional y de no respeto de las instituciones republicanas, por más que el régimen a derrocar sea aquél que impone una democracia restringida. Lo que nosotros queremos precisamente es remarcar en relación a la formación de esa cultura política, el antecedente dejado a principios de este siglo o fines del anterior, por una fuerza democrática y constitucionalista. Los radicales (o los que después se llamaron así) han intentado sublevar a los militares desde 1890 hasta la promulgación de la ley Sáenz Peña con e fin de producir cambios en la política argentina (la lucha por el sufragio universal)

Por nuestra parte podríamos agregar que antes de 1930 cuando existía estabilidad política y un determinado respeto de los militares por las instituciones

Pero el mismo Perón no está exento de culpa y cargo de los beneficios que podría acarrearle los “golpes nacionales” o provinciales. De ahí su conocida frase

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Rouquié, Alain, “Hegemonía militar, Estado y dominación social”, op. cit, pág. 27

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“hay que desensillar hasta que aclare”, que explica la posición expectante, o al menos de quietismo frente al golpe de 1966. Por otra parte, un sector de la dirigencia sindical peronista manifiesta su entusiasmo frente al golpe al punto tal que concurre –como José Alonso- y Augusto Timoteo Vandor al acto de asunción del presidente Onganía, o la declaración que saca la C.G.T el 20 de junio donde no oculta una cierta expectativa y una búsqueda de coparticipación en el nuevo gobierno. Y las declaraciones de apoyo al golpe de Prado (secretario general de la C.G.T), Alonso y Vandor.

Otra de las grandes figuras de la vida política, Ricardo Balbín, no aparece en una muy buena posición ante el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando el día 16 de ese mes pronunciaba un discutido discurso en la cadena de televisión por todo el país. En sus tramos finales Balbín termina por afirmar que al país le quedaban pocos minutos de vida institucional ante el fracaso de las fuerzas políticas por encontrar una salida en el marco de la república, cuando dice: “Todos los incurables tiene cura cinco minutos antes de la muerte… desearía que los argentinos no empezáramos a contar ahora los últimos cinco minutos”6.

Perón siendo presidente en 1974 permite (y se beneficia a su vez) el “golpe” producido por el FEDE de la policía provincial de Córdoba que destituyó y detuvo al gobernador y vicegobernador de la provincia Obregón Cano y Atilio López. Ante semejante atentado a las instituciones republicanas cometida por un funcionario policial, el General Perón en lugar de restituir en sus cargos a las autoridades legítimas como condición ineludible de la defensa de la democracia, resuelve intervenir la provincia confirmando de esa manera el golpe trasladando al sistema institucional las contradicciones que tenía en el interior de su movimiento y de su gobierno.

Todo esto nos hace pensar que, ante la violación permanente que las fuerzas armadas cometen contra el orden constitucional, no se ha podido generar en las fuerzas civiles una trayectoria y una posición indeclinable en defensa de las instituciones republicanas y que la particular relación de civiles y militares ha sedimentado en una cultura política que acepta –en mayor o menor medida- la politización de las fuerzas armadas y la pretorianización del sistema político. 6

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La Nación 17/3/76

aquí en más y en varias oportunidades el control directo del aparato del Estado y, por tanto, de la directiva del sistema político.

d.- La coalición Fuerzas Armadas y clase dominante

Comenzaremos, entonces, por señalar brevemente la ubicación general que tuvo el último golpe. El régimen de 1976 se inscribe en un nuevo modelo de intervención militar en América Latina (Chile, Uruguay) inaugurada en la década del 60, que busca estructurar un nuevo sistema de dominación. Las nuevas dictaduras son una expresión diferente de las anteriores, en la medida que deben enfrenarse a otra realidad (un movimiento de masas más avanzado, período de ascenso de la lucha de clases, profunda crisis política, etc.) y en tanto se originan en otro estadio del desarrollo capitalista.

El carácter de las intervenciones militares y el rol político jugado por las fuerzas armadas cuenta con diversas interpretaciones. De esta problemática se desprende el punto tan debatido sobre si las fuerzas armadas son o no el partido político de la gran burguesía. Si constituyen o no un partido militar. Este fenómeno a nuestro entender, tiene que ser examinado no sólo bajo la luz del rol que han jugado históricamente los militares en la Argentina en particular haciendo hincapié en el estudio de la evolución de ese rol en la década del 60 sino también en la relación que guarda ese proceso creciente de politización con la problemática que plantean los regímenes de excepción.

El golpe de 1976 –como por otra parte el de 1966expresa un modelo diferente de intervención militar que apunta a producir una reorganización de fondo del Estado y la sociedad. Por eso lo caracterizamos como golpe estratégico y no de tipo “ordenancista”.

Ya remarcamos el rol político de las fuerzas armadas argentinas, como actores permanentes de la vida nacional, desde la época de la independencia, y en el proceso de conformación del Estado nacional hasta nuestros días, pasando por una etapa que nace en 1920 donde su presencia política se acrecienta al asumir de

Las fuerzas político, no ordenadores profundo,

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armadas aparecen ahora en el escenario ya solamente como agentes represores y de la cosa pública, sino jugando un rol más intentando dirigir un proceso de

transformación socio-económico. Esa intervención se concretara a nivel de la institución, como el cuerpo entero de las fuerzas armadas, de allí el sistema de sucesión presidencial aplicado.

Pero como se ha visto, a partir de 1955 se cierra un ciclo en la Argentina y un nuevo modelo aparece en el escenario dando lugar a una nueva alianza de clases. Los militares argentinos se comprometen con la nueva etapa abierta, con el modelo de desarrollo propugnado y con los sectores de la burguesía que lo impulsan, los más concentrados de la economía.

No se puede negar que el proceso de politización militar en Argentina está desligado del desarrollo mismo del capitalismo. Así, por ejemplo, en 1946, integra la alianza gobernante, apoyando el modelo de desarrollo propugnado por el estado populista, en la medida en que aquél no sólo daba cuenta de las necesidades de la economía nacional, sino también porque satisfacía a sus intereses profesionales. En ese momento, clima de guerra (los militares imponen la neutralidad en la segunda guerra en contra del grupo dominante) el concepto de Seguridad Nacional está ligado a la necesidad de la defensa de las fronteras. El país tiene que autoabastecerse militarmente, pero para ello necesita desarrollar una industria nacional que cubra, aunque sea parcialmente esos requerimientos. Por eso su identificación con el gobierno peronista en la orientación del “desarrollo nacional”, concepto éste que se relaciona íntimamente con el de seguridad nacional, que en aquel momento era la defensa de las fronteras nacionales.

Desde los años 60 los conceptos de “desarrollo” y “seguridad nacional” son redefinidos y modificados en su contenido. Así, la seguridad nacional, a diferencia de los años anteriores no se garantiza sino dentro de las propias fronteras del país, el enemigo se ha “interiorizado”. Esta es la función específica y fundamental que les compete a los militares, que la cumplen celosamente y no la delega de ninguna manera. Su segundo gran objetivo lo constituye el desarrollo nacional, la modernización del país. El concepto varia, como se ha visto, según las coyunturas nacionales e internacionales, las necesidades de la economía abierta y la etapa de desarrollo por la que atraviesa el capitalismo. En esta época, el desarrollo nacional está ligado a un aceitado proceso de concentración

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económica. Entonces, la interrelación entre los conceptos “desarrollo” y “seguridad nacional” conforman a groso modo, la estrategia y la ideología del poder militar.

de modo que se consagre largamente la dominación de los militares sobre el nuevo régimen. Por otra parte, ese proyecto reafirma, otorgándole un estatuto especial, el control absoluto por parte de las fuerzas armadas sobre la Seguridad Nacional, con todo lo que ello hoy implica. Este es un plano de actividad de exclusiva competencia de los militares y cuyas líneas estratégicas son elaboradas por la cúpula militar. Es una responsabilidad y función que no se delega, ya que constituyen la esencia y fundamento de la existencia de las fuerzas armadas.

Ahora, la coincidencia con la clase dominante –en marzo de 1976- se concreta en el restablecimiento de la paz social gravemente amenazada, por un lado y por otro en la reconstrucción del país mediante la aplicación de un plan económico liberal, en la reorganización del Estado y en la articulación de un proyecto estable de dominación, que busca consolidar a la gran burguesía como fracción definitivamente hegemónica en el seno de la clase dominante.

Entonces, la nueva modalidad de participación política de los militares argentinos responde también a la incapacidad histórica de los sectores más poderosos de la clase dominante en constituir un régimen político estable, con un cierto consenso social, tarea que resulta infructuosa desde 1930. Por la carencia de una representación política (con apoyo social de consenso) los estratos más altos de la burguesía buscan el camino más corto o el único posible para la resolución de las contradicciones, políticas y económicas: el golpe de Estado. En este sentido, los golpes de 1966 y 1976, son también, en alguna medida, la expresión de una clase de representación política de aquellas fracciones de la

Pero en este proyecto las fuerzas armadas no actúan como meros ejecutores de un plan trazado por la fracción dominante, se comportan –en los hechos- como sus representantes políticos, se ponen a la cabeza del aparato del Estado y asumen la dirección del proceso político. Al contario, ellas también –como instituciónforman parte de ese proyecto, a la par que son sus principales actores políticos. Ese proyecto tiene que desembocar en un nuevo tipo de régimen político estable y legítimo, en el cual se institucionalice la participación política de las fuerzas armadas en el poder del Estado,

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burguesía pero no la causa de fondo. La intervención militar y la construcción de un régimen de excepción es consecuencia de la necesidad de ordenar los conflictos internos de la clase dominante y poner en marcha un plan de reestructuración de la sociedad, sobre la base de establecer una hegemonía en la sociedad.

Las contradicciones sociales la penetran y las diferencias se manifiestan en su interior. Es decir, que coexisten en el interior del aparato militar distintas ópticas e interpretaciones sobre la evolución del proceso político – social y por ende, de las estrategias a implementar.

Si bien, entonces, las fuerzas armadas con el golpe de 1976, se convierten, en los hechos, en los representantes políticos de los estratos más altos de la burguesía argentina, asumiendo el poder del Estado, no constituyen sin embargo un mero instrumento manipulable por aquellos ni un partido en sentido estricto. Al contrario conservan una autonomía relativa. Autonomía que, por otra parte, nunca perdieron y que dio lugar, justamente, al nacimiento de la coalición gobernante. No constituyen un partido, básicamente, porque las fuerzas armadas son una institución estatal y en cuanto tal poseen una cierta autonomía y una especificidad estructural que las caracteriza.

Por lo tanto, el régimen surgido del golpe de 1976, será expresión de una coalición de las fuerzas armadas con el liberalismo económico y monetarista, que se asienta en la puesta en marcha de un proyecto a largo plazo, que tiene los objetivos concreto que enumerábamos anteriormente y, de los cuales son partícipes las fuerzas armadas, en tanto actores dinámicos y creativos de ese proceso y no en cuanto simples instrumentos de los otros componentes de la alianza. De allí, que se haya articulado una convergencia de intereses en la coalición formada con el autoritarismo militar. Hay que comprender también que esa convergencia se sitúa en un determinado contexto institucional, es decir, en el marco de un régimen de excepción. En la constitución de ese régimen se ubica el reencuentro político de las fuerzas armadas con el liberalismo económico, en cuanto que aquel apunta a resolver una

Por otra parte, a raíz de la inserción que tienen en la sociedad se ven penetradas por las tensiones y contradicciones sociales. Constituyen por su propia característica (disciplina, jerarquía, centralización en las decisiones, etc.) una fuerza unida, pero no monolítica.

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crisis de hegemonía y a conservar reorganización del Estado y la sociedad.

un

plan

de

Nos referimos en primer lugar a la denominada Oligarquía o gran burguesía agraria. Se trata de un actor con una significación primordial en la vida de Argentina. Su tradicional participación en la formación de la historia económica y política del país desde los orígenes mismos de la Nación hasta nuestros días le otorgan un peso particular. Largo período en el cual ha ido jugando distintos roles según fuera el modelo de acumulación aplicado y según fuera, por ende, el contenido de la alianza de clases que controlara coyunturalmente el poder el Estado.

Más concretamente, la alianza del 76 se articula alrededor de un programa económico liberal, que deja en plena libertad al mercado, permite la apertura de la economía y establece la función subsidiaria del Estado. Las fuerzas armadas se comprometen a reestablecer el orden social y a trazar, en el largo plazo, un nuevo orden político.

e.- Los principales actores de la clase dominante

Señalado esto, desarrollaremos las principales características que permitirán definirla como la fracción dominante de la burguesía argentina, aunque no hegemónica y que a la vez es lo que permite afirmar que su situación privilegiada en la economía –proveniente del campo y de sus intereses diversificados- no corresponde a la clásica división que se realiza sobre las distintas fracciones que componen la burguesía.

Hemos hablado de una coalición de las fuerzas armadas con los sectores más concentrados de la economía, con los personeros del liberalismo económico, sin haber intentado una caracterización mejor de ese grupo dominante. Por eso, con el ánimo de evitar confusiones y aclarar mejor lo que se quiere decir cuando se usa una terminología determinada para referirse a ciertas figuras del proceso económico argentino, es que pretendemos realizar esta caracterización, sin intentar hacer un análisis de la estructura de clases en la Argentina.

1.- Si bien su posición política hegemónica entra crisis en 1930, cuando se derrumba el modelo desarrollo agroexportador y la Argentina pierde inserción estable en el mercado mundial, no pierde embargo su papel de actor político fundamental

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en de su sin del

proceso nacional. Su rol varía en los distintos gobiernos, pero su presencia es viva y permanente, peso a no contar con un partido con apoyo social que la represente. 2.- Su peso político proviene del valor estratégico que posee el agro en la estructura económica del país. El agro constituye un sector clave en la economía, sobre todo en momentos de crisis externa, por ser la fuente principal de ingresos de divisas para el país, a partir de las exportaciones.

completa de la economía, creándose una imbricada red de intereses económicos. De esta manera, los beneficios provenientes del campo son invertidos en la industria o bien colocados en el circuito financiero (bancos, instituciones financieras, compañías de seguros) o viceversa. Igualmente son comerciantes y están interesados en el mercado mundial por la colocación de los productos agropecuarios. En una posición interesante Rouquié plantea que “Nuestra hipótesis es que lo que cuenta parece ser para este grupo social dominante, cualesquiera sean sus miembros, precaverse contra esquemas rígidos de inversión, para poder mejor aprovechar las coyuntura favorables y dispersar los riesgos”7

Desde el momento que la industria pasa a ser más importante en la economía, en 1935, su crecimiento y desarrollo dependerá de la capacidad de importar del país. Las distintas políticas industriales aplicadas desde 1946 no pudieron superar esta limitación, estructural de la economía argentina y llegar, por tanto, a obtener un desarrollo industrial autosostenido.

4.- El liderazgo exclusivo y absoluto de este grupo se rompió en 1930, aunque con la llegada del yrigoyenismo en 1916 sufrió una seria fisura. Ese vacío hegemónico fue cubierto transitoriamente en un período determinado, quedando en la actualidad por resolver la crisis de una sociedad sin hegemonía.

3.- La particularidad de este grupo radica en la diversificación obtenida con el correr del tiempo. El abanico de intereses que representa es amplio, sus inversiones no sólo están radicadas en el campo, sino que también están emplazadas en la industria y en las finanzas, lo que les otorga una implantación más

7

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Rouquié, Alain. Op. Cit. pág 40

Ahora bien, la crisis de hegemonía existe, justamente, porque no se puede resolver la crisis estructural argentina. Es decir, la no resolución de la crisis económica es lo que genera la crisis de hegemonía en la sociedad y no a la inversa. Por la irresolución de aquella es que nace ésta.

La burguesía industrial argentina ha contado, desde el siglo pasado, con una fracción que operaba en las ramas vinculadas al agro. El desarrollo de este sector industrial estuvo ligado a la expansión del sector agropecuario. Se trataba de la industria frigorífica, la de alimentos y las bebidas, etc.: núcleo que se agrupa tradicionalmente en la Unión Industrial Argentina (UIA).

No obstante el liderazgo en crisis, seguimos pensando que la oligarquía es la tracción social dominante de la burguesía argentina, ya que no pudo ser reemplazada definitivamente por ninguna fracción de la burguesía industrial. Pero no es sólo a nivel económico donde ha declinado el liderazgo de la oligarquía sino también en el cultural. Señalamos ya este elemento como fundamental en el contenido del concepto de hegemonía. No se comprende esta noción sin el ejercicio de una “dirección moral y cultural” de la sociedad. Y es, probablemente, en este terreno donde sea mayor la pérdida de la gran burguesía agraria.

En los años 30 –aunque ya hay indicios en la década anterior –empieza a formarse otro sector diferenciado, conformando lo que dieron en llamarse industrias “artificiales” (por oposición a las “naturales”). Esta fracción va surgiendo como consecuencia del proceso de sustitución de importaciones, necesitando del Estado para crecer ante la ausencia de un proceso de “acumulación primitiva” en el período anterior. Este sector interesado en la ampliación del mercado interno se encuentra favorecido durante el gobierno peronista al punto que integra la alianza gobernante, sin llegar jamás a conformarse como una burguesía nacional con capacidad suficiente para articular un proyecto propio de desarrollo capitalista autónomo. Se expresa institucionalmente por la Confederación General Económica (CGE)

Entonces, pese a sus intereses diversificados la seguiremos denominando oligarquía o gran burguesía agraria, a falta de otra denominación mejor. Al señalar sus intereses variados no negamos la existencia de una fracción industrial con intereses específicos, ni suponemos, por tanto, la identidad de ambas.

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Desde 1952 – 53 la insuficiencia de saldos exportables impiden que el país pueda continuar con su desarrollo industrial por vía propia. Para sortear ese obstáculo el gobierno de Frondizi abre la economía al ingreso de capitales extranjeros para proseguir con ese crecimiento, tarea que retomará –con algunos maticesKrieger Vasena durante el gobierno de Onganía. Las inversiones realizadas darán lugar a un proceso de desarrollo industrial asociado, permitiendo el surgimiento de nuevos actores sociales que si bien tuvieron gravitación no lograron revertir ese predominio económico en hegemonía política.

que tiene toda institución militar- de aprovisionamiento de material de guerra, fueron progresivamente conducidas a participar del desarrollo económico del país, cuando no a dirigirlo abiertamente, a través de la creación de un complejo militar – industrial. En todo complejo militar – industrial se establece una coalición de intereses entre militares e industriales con la finalidad de desarrollar un proceso permanente de producción y venta de armamentos. Como se verá en el caso argentino, el interés de las fuerzas armadas en la industrialización se extenderá más allá de la preocupación estrictamente profesional para incursionar en áreas de esta actividad que no se vincula con la estrategia y necesidades militares.

No nos detendremos en señalar, por ser harto conocido, las diferencias que separan la SRA y la CARBAP y los enfrentamientos entre éstas y la Federación Agraria Argentina. Creemos que con las caracterizaciones anteriores se han cumplido los objetivos de este punto. f.- El complejo militar – industrial argentino

Las fuerzas armadas jugaron un rol fundamental en el desarrollo de la industria pesada, ocupando un espacio que el empresariado no pudo llenar. Pero, si se considera a aquellas como formando parte del aparato del Estado. Ese proceso llevará en última instancia a resaltar la participación del Estado en las actividades productivas en reemplazo de la iniciativa privada.

Cuando se habla de la militarización del Estado y la sociedad no se alude solamente a la presencia activa y permanente de las fuerzas armadas en la vida pública de un país, sino también a la implantación que éstas adquieren en la economía. Las fuerzas armadas argentinas partiendo de una tradicional preocupación –

De esta manera el poder militar no se limita solamente a los tradicionales golpe de Estado y al rol político de los

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hombres de armas, sino que incursiona en el terreno de la actividad económica. Pero esta incursión va más allá del hecho de la participación económica de la institución militar para alcanzar y convertir a sus oficiales superiores, retirados o en actividad, en dirigentes de empresas privadas, nacionales o extranjeras. Este fenómeno ha alcanzado en la actualidad un desarrollo considerable.

Yrigoyen crea la dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, lo que significa un paso importante en la presencia del Estado en la actividad productiva y algunos meses más tarde el presidente Alvear designa al Coronel Mosconi al frente de la empresa estatal. La participación de los militares en la actividad productiva comienza así para luego continuar en 1923 con la creación de la primera Fábrica Militar de Armas y en 1927 con la Fábrica Militar de Aviones.

En cuanto a la historia de la formación de ese complejo señalaremos brevemente que la primera guerra mundial pone al descubierto el atraso relativo que poseía el ejército argentino, frente a un Europa que sacudida por la guerra, avanzaba y renovaba su tecnología y poderío militar. Esa preocupación alcanzó en 1916 a algunos oficiales –entre ellos a Enrique Mosconi- que proclamaba la necesidad de industrialización del país como medio indispensable del reequipamiento bélico. Desde esta perspectiva el escaso desarrollo industrial limitaba las posibilidades de la renovación armamentista, lo que incidía directamente en la capacidad de asegurar la defensa nacional.

Este proceso continúa en 1935 con la creación de la Fábrica Militar de Aceros (producción de lingotes, laminados) en 1936 se crean la Fábrica Militar de Armas portátiles “Domingo Matheu” y la Fábrica Militar de Río Tercero, en 1937 la Fábrica Militar de pólvoras y explosivos de “Villa María”. En 1941 se organiza la Dirección General de Fabricaciones Militares, que va a reagrupar al conjunto de las fábricas militares, convirtiéndose así en la principal empresa estatal, ocupando el 19° lugar en el ranking de las principales empresas del país.

El Estado, desde luego, no es ajeno en este proceso al desarrollo de la industria bélica, la industria de base y estratégica del país. En el mes de junio de 1922

La segunda guerra mundial evidencia nuevamente el atraso bélico en las fuerzas armadas argentinas, resurgiendo nuevamente los intereses corporativos en el

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desarrollo industrial. Las décadas del 30 y 40 están signadas por la necesidad del reequipamiento militar, gestándose en el interior de las fuerzas armadas y en el gobierno dos posiciones: la primera, entendía que había que abastecerse afuera y la segunda, reivindicaba el autoabastecimiento. Lo cierto es que en la década del 30, los planes militares de autoabastecimiento chocan con el limitado desarrollo industrial. Se carece de infraestructura suficiente, no existe una industria de base y la naciente burguesía industrial no tiene la fuerza suficiente ni la capitalización necesaria para montar esta industria pesada. De allí, la necesidad del Estado.

que se contemplen las necesidades específicas del sector militar. En la década del 40 se elabora diversos planes militares de desarrollo industrial. Es una etapa de la institución armada en la que se comienza a vincular, ya en un plano más coherente y elaborado, el desarrollo de las industrias estratégicas ligadas a la defensa nacional. Así surgen el “Plan de Movilización Industrial” de Luciano Catalana en 1943 y el Plan de Fomento Industrial del teniente coronel Sanguinetti en 1946. Pero quien sintetiza esa etapa y el pensamiento militar es el general Manuel Savio con su proyecto de industrialización integrada. El plan Savio, sancionado en 1947, fue el más importante, ya que articula de manera integral tres ejes fundamentales8: 1°) el desarrollo industrial 2°) la defensa nacional y 3°) la intervención estatal.

Aquí se ve de nuevo con claridad cómo la clase dominante utiliza al Estado como muletas para cambiar su dirección de una nueva etapa de crecimiento industrial. Este impulso industrialista favorecería no sólo si interés corporativo, profesional de las fuerzas armadas, sino también el interes general de la economía.

En nuestros días Fabricaciones Militares constituye uno de los grupos industriales y financieros más importantes de la Argentina. Alrededor de 1.700 artículos diferentes son producidos en sus 14 fábricas repartidas en todo el territorio del país, destinándose el

Con los conservadores en el poder (hasta 1943) los militares industrialistas no encuentran una política favorable a sus intereses corporativos. Hasta falta una nueva política económica y un proyecto diferente para

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Panaia, M. y Lesser R (1973). “Las estrategias militares frente al proceso de industrialización (1943 – 1947)” en Estudios sobre los orígenes del peronismo 2. Ed. Siglo XXI, Buenos Aires

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90% de su producción para uso civil, lo cual es colocado en el mercado nacional y extranjero.

ETs. Minero Capillitas Altos Hornos Zapla ETs. Azufrero Salta Central Forestal Pirene FM Cartuchos San Francisco

Asimismo, Fabricaciones Militares control un grupo importante de sociedades, algunas de ellas mixtas como SOMISA, con intereses en los principales sectores de la producción.

FM Río III FM de Pólvora y explosivos Villa María FM Fray Luis Beltrán FM de armas portátiles Domingo Matheu FM de Tolueno Sintético FM de material pirotécnico FM de material de comunicación FM de conductores eléctricos FM de Acido Sulfúrico

En petroquímica , Fabricaciones Militares (F.M) posee el 50% de las acciones de “Petroquímica General Mosconi”; el 11% de “Petroquímica Río Tercero”; el 30% en “Petropol”; el 17% en “Petroquímica Bahía Blanca”. Además, por intermedio de Petroquímica Río III, F.M tiene participación en otras empresas petroquímicas como “incuclor”, el 30% de las acciones de “Monomeros Vinílicos”, el 30% de “Polisur”. Lo mismo sucede con otras empresas en las que tiene participación a través de Petroquímica Bahía Blanca. 9

Explosivos de uso civil y sismográfico. Pólvora Munición, vagones Armas varias Solventes, sintéticos Material pirotécnico Electrónica de precisión Conductores eléctricos Acido Sulfúrico

En el sector de química, FM detenta el 42% de las acciones de “Carboquímica argentina”, el 22% en “Atanor”.

Establecimientos que dependen totalmente de Fabricaciones Militares Nombre del Establecimiento

Piedras Siderurgia Integral Azufre Carbón Mecánica, discos para agricultura Fundición, forma mediana y pesada, tornería

En el sector siderúrgico, FM posee el 99.9% de las acciones de “SOMISA” una de las principales empresas del país

Producción

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Datos tomados del trabajo de Raúl Green. “Les entrepnses publiques face a la nouvelle strategie économique (1976 – 1980) en Problémes L’Amérique Latine, N°4635-4636. Sep. 1981, París

En el sector minero, FM detenta el 76% de las acciones de “HIPASA” (Hierro Patagónico SA) y controla el

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yacimiento del “Farallón Negro”. Igualmente tiene participación en los yacimientos de cobre de “Famatina” y Bajo de la Alumbrera.

Las revoluciones democráticas burguesas al alterar las relaciones de propiedad traen consigo una modificación drástica en la estructura de poder. Las relaciones capitalistas de producción son las que explican el surgimiento de un nuevo tipo de Estado y de un nuevo régimen. Hay que comprender la conexión que existe entre la estructura y las distintas formas políticas que asume el poder estatal. De allí que la naturaleza de clase del Estado deba ser descubierta también por el tipo de propiedad que le dio origen y que al mismo tiempo reproduce y protege.

Esta verdadera fortaleza estatal que representa Fabricaciones Militares le otorga a las fuerzas armadas un poder en la actividad económica que le ha permitido jugar un rol importante en el desarrollo del país. Además, a través de la Fuerza Aérea, controlan y dirigen la “Fábrica militar de Aviones de Córdoba”. También las fuerzas armadas orientan en el campo de la investigación estratégica para el país, como la Comisión Nacional de Energía Atómica, y la que se organiza a través del CITEFA (Centro de Investigación Técnica de las Fuerzas Armadas), el Instituto de Investigaciones Aerospaciales, el Instituto Geográfico Militar, etc. que los ubican a la cabeza de las investigaciones técnicas y científicas de la nación.

El establecimiento de un nuevo régimen político que garantice la reproducción de las relaciones capitalistas fue el objetivo supremo de la revolución democrática burguesa. La forma de gobierno que mejor conducía a la estabilidad de la sociedad burguesa y que expresa una combinación determinada de fuerzas sociales, era la República Democrática Parlamentaria. Esta se asienta y descansa, en consecuencia, en las relaciones de propiedad capitalista y no en otro tipo de propiedad.

LOS REGIMENES MILITARES DE EXCEPCION

Entonces, la implementación del régimen parlamentario significará la coronación de ese proceso histórico en el cual la naciente burguesía destruye el viejo orden y construye uno nuevo, previa modificación radical de las

1.- Los regímenes de excepción a.- Nociones generales

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premisas económicas que la sustentaban. El nuevo sistema se legitima sobre la base del principio democrático de la “soberanía popular” en contraposición del principio monárquico que entendía que “el Poder era otorgado por Dios”. Por consiguiente, se vuelve imprescindible la consagración legal de este régimen político a través de la fundación de un ordenamiento jurídico institucional legítimo.

diferentes expresiones conforman el fenómeno conocido de los Estados autoritarios. Precisamente, son las crisis políticas las circunstancias que dan lugar a los diferentes regímenes de excepción. Pero, naturalmente, no se trata de cualquier crisis política. La misma debe alcanzar una cierta dimensión y gravedad, que la lleva a agudizar notablemente las contradicciones políticas sobre las clases sociales y a modificar la relación de fuerza entre ellas. Entonces, el régimen de excepción puede sobrevenir para poner fin a un proceso de crisis de dominación política o para resolver una situación de crisis de hegemonía del bloque dominante.

Por otra parte, como es sabido la bandera de la “soberanía popular” tiene una explicación histórica concreta: la necesaria movilización de la población en la lucha contra el régimen monárquico.

Si la crisis política emergente no puede ser resuelta en el marco del régimen democrático la intervención del régimen de excepción se vuelve necesario, es decir, que la clase dominante buscará resolver la crisis en el marco de una profunda modificación de los aparatos de Estado. Y justamente una de las funciones del régimen democrático consiste en permitir a la clase dominante la resolución en su interior de toda modificación en las relaciones de fuerza entre las clases, de hacer frente a las diferentes crisis políticas, sin transformar drásticamente su estructura institucional ni producir grandes cambios en el aparato del Estado. Pero, si ese

No obstante, la república parlamentaria no es la única forma de gobernar que tiene la burguesía. Si bien se puede decir que es la forma “normal” del ejercicio institucional del poder, sin embargo las formas autoritarias están en germen, presentes, en el Estado capitalista. El problema consiste en saber por qué y cuándo serán utilizadas. Suele ocurrir que en determinadas épocas de crisis social los regímenes parlamentarios se ven interrumpidos, dando lugar a formas excepcionales de gobierno, a regímenes de excepción, que con sus

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a..- Validez del concepto “régimen de excepción”

objetivo central no es alcanzado bajos ese régimen, sobrevienen las formas excepcionales de gobierno.

Sin duda, el concepto de excepción es discutible. Algunos autores consideran que es una terminología poco apropiada y equivoca para ser aplicada a realidades como la de América Latina. El interrogante que se presenta y que examinamos está referido a la validez de este concepto para interpretar, de una manera más o menos científica, fenómenos como los regímenes en sociedades dependientes como la Argentina.

2.- Los regímenes militares de excepción Nosotros caracterizamos los regímenes militares en la Argentina como regímenes de excepción. Como regimenes y no como Estado de excepción, porque a lo que se llama Estado de Excepción es en realidad un régimen político. Por eso consideramos los diferentes regímenes de excepción en el marco de la especificidad del Estado militarizado.

Algunas posiciones que descalifican este concepto, consideran que en Latinoamérica desde la independencia hasta nuestros días, pero principalmente en los últimos años, la “norma” como forma de gobierno ha sido la dictadura militar y no los regímenes democráticos, los cuales entran en la categoría de “excepción”. Por tanto, se puede concluir, si la excepción pasa a ser la norma deja de ser una excepción.

Con el inicio de la era militar hace medio siglo, por ende, con el predominio de los militares en la política argentina, el Estado militar se ha manifestado en si tiempo bajo la forma de diferentes regímenes militares de excepción (con el matiz de que el golpe de 1962 tuvo un presidente civil), asumiendo la dirección de la sociedad para efectuar cambios desde distintas orientaciones y perspectivas. Estos proyectos diversos fueron, entonces, puestos en práctica por otros tantos regímenes militares.

De allí, que Heinz Sonntag buscando resolver esta dificultad propone como fórmula: Estado de excepción permanente. Creemos que el problema queda en el mismo lugar. Si la excepción se torna permanente deja de ser una excepción.

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formas excepcionales de gobierno, a un esquema de dominación diferente que aquel que se aplica en épocas normales, adecuadas a situaciones consideradas como de crisis o emergencia.

Nosotros pensamos, no obstante, que hay que llegar al núcleo del problema, buscando desentrañar el contenido real del concepto, que no se reduce al simple dilema “norma” y “excepción”. Si bien debemos reconocer que el término régimen de excepción aparece un poco confuso cuando se aplica a realidades políticas inestables como las que atraviesa la Argentina.

Este es el verdadero sentido del concepto. Pero, sin duda, que la reiteración de la “excepción” lo vuelve confuso. Sin embargo, la asiduidad no invalida el concepto.

Pareciera que para poder hablar del régimen de excepción en la Argentina o en América Latina hay que hacer alusión a una forma de gobierno, que tendría aquel carácter sólo si se presenta en la realidad excepcionalmente, esporádicamente y no de una manera frecuente. No es la mayor o menor frecuencia lo que caracteriza solamente al concepto. Pareciera, entonces, que se simplifica la idea a un problema aritmético.

Hay otro elemento a tener en cuenta la transitoriedad. Si bien los regímenes militares de excepción son frecuentes en la Argentina, no por ello dejan de ser transitorios, no pueden constituirse en gobiernos permanentes. Esta característica de la transitoriedad de los regímenes militares en América Latina la señala correctamente Alain Rouquié, aunque refiriéndose a otra problemática, en un libro reciente: “Se ha señalado muchas veces la instabilidad del poder fuerte. Los regímenes militares institucionalizados, aunque ellos aparezcan como la regla en un país, siguen siendo sin embargo Estados de escepciókn, por más paradójico que esto pueda parecer” (p. 420) Y en una línea más adelante agrega: “El (régimen militar) es transitorio por esencia. Un sistema

Al contrario, la “excepción” hace referencia a la necesidad que tiene el Estado capitalista de recurrir a formas institucionales, métodos, procedimientos y leyes en situaciones consideradas anormales, de emergencia, excepcionales, que están previstas o no en le cuerpo legal de la Nación, para restaurar, conservar el poder o la hegemonía política de la clase dominante o de una de sus fracciones. En otras palabras, se debe recurrir a

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militar permanente es casi una contradicción en sus términos” (p. 421)10

social de apoyo, merced a la restricción política de las clases populares.

Por otra parte, la reiteración, la asiduidad de los regímenes militares de excepción no es más que la expresión de la incapacidad de la burguesía de imponer su dominación de clase al conjunto de la sociedad bajo un orden estable y consensual. Es la incapacidad de la clase dominante de fundar un orden político legítimo, estable y consensual, debiendo –en consecuenciaapelar a los golpes de Estado y a los regímenes militares, como sucede la mayoría de las veces para acceder al poder del Estado.

Lo cierto es que este sistema, ya en crisis, hegemonizado por la fracción más poderosa de la burguesía agraria se quiebra definitivamente a mediados de la década del 40, aunque ya el modelo de desarrollo agroexportador había agotado su ciclo con la crisis mundial de 1930. En todo este período (1862 – 1943) la fracción más poderosa de la clase dominante muestra su debilidad hegemónica para dirigir al conjunto de la sociedad (hay que excluir en paréntesis radical), debiendo en un primer momento apelar a la restricción de la participación política y más adelante (después de 1930) deberá recurrir a la intervención militar y al fraude electoral. Por el contrario, la nueva alianza de clases que se consolida a partir de 1945 habilita un orden político legítimo y consensual durante 10 años, mediante el ejercicio del sistema de representación de partidos. El parlamento, el sistema electora y los partidos políticos vehiculizan un proyecto que legitima ese régimen. Con el derrumbe de ese ordenamiento se acelera el ritmo de la presencia de los regímenes militares, que interrumpen sistemáticamente todos los gobiernos elegidos

Así, cuando la Argentina entra en su etapa definitiva de reorganización nacional, a partir de mediados del siglo pasado y el Estado nacional comienza a configurarse, la clase dominante (la oligarquía terrateniente) busca consolidar su dominio restringiendo la participación política de la mayoría haciendo caso omiso del texto liberal de la Constitución de 1853 que no establecía limitaciones a los ciudadanos para la emisión del sufragio. Se legitima, entonces, un sistema de dominación oligárquico asentado en una reducida base Rouquié, Alain (1982) L’état militaire en Amérique Latine. Editions du Senil, París 10

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constitucionalmente, al abrirse en 1955 una crisis de hegemonía en el conjunto de la clase dominante.

político conformaron un sistema que dificultó la tarea de echar raíces en el país popular. En lo esencial se encuentran en esto las causas de la carencia histórica de la oligarquía, situaciones que la fracción industrial de la gran burguesía no pudo tampoco revertir en la década del 50 y 60.

Los estratos más concentrados de la burguesía al carecer de un partido político con ascendencia en la población no puede competir con alguna posibilidad de triunfo en el libre juego de la contienda electoral, frente a unos adversarios con menor poder económico (radicalismo, peronismo) pero con mayor caudal de votos. Las fuerzas armadas, en este sentido están llamadas a reemplazar en los hechos –sobre todo después de 1955- al partido ausente de la gran burguesía agraria e industrial.

En definitiva, pensamos a la dictadura militar como una forma de régimen de excepción en un sentido que ella no es la forma institucional mediante la cual la burguesía organiza el Estado nacional. No es a través de esa forma de gobierno, de ese régimen, que se proyecta y planifica ejercer la dominación política. Por el centenario se pretendió organizar institucionalmente al país sobre la base de la Constitución Nacional de 1853, es decir, a través de la forma republicana de gobierno, la división de poderes, la democracia representativa, los derechos y garantías individuales.

En síntesis, la oligarquía terrateniente no supo en el período de la fundación del Estado nacional y la conformación de la Argentina moderna, organizar representación política orgánica. Su concepción elitista de la política, restrictiva de la participación popular, no dio cuenta sino parcialmente –en los diferentes momentos históricos- del crecimiento del país. El ingreso de divisas por las exportaciones de materias primas, la inmigración europea y el capital inglés, fueron los elementos determinantes en toda una primera etapa de la vida de la República. El modelo de desarrollo agroexportador con su reverso elitista en lo

Ahora bien, si el régimen democrático en la Argentina carece de continuidad al no poder consolidar un funcionamiento regular y estable, es una cuestión que nos remite, como se ha dicho, al problema de la gravedad de la crisis política y a la incapacidad de la burguesía en resolverla, para desembocar –por tanto- en

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los fundamentos mismos y en esencia de los regímenes de excepción.

en pie la necesidad de estructurar un régimen político estable.

Es por esa misma frecuencia que la clase dirigente busca a partir de la Jurisprudencia legitimar esos regímenes, cuando en consecuencia una verdadera doctrina jurídica sobre los “gobiernos de facto” que reconoce y otorga plena validez a los actos emanados de esos tipos de regimenes, que no respetan los procedimientos señalados a esos efectos por la Constitución Nacional, de modo a no perder la continuidad en la vida jurídico – institucional de la Nación. Los gobiernos de facto sancionan leyes, renuevan al Poder Judicial, producen actos de gobierno, etc., los cuales mediante esa justificación son integrados al cuerpo jurídico institucional del país.

Desde 1952 (la segunda presidencia de Perón) hasta 1976 ninguno de los cuatro gobiernos civiles pudo terminar su mandato constitucional. Desde entonces lo que ha predominado en el seno de la clase dominante no ha sido precisamente la homogeneidad y la coherencia sino las disputas fraccionales por la imposición de uno u otro proyecto hegemónico de poder. Los enfrentamientos internos de los diversos sectores, cada uno desde su propia perspectiva, le han otorgado un carácter contradictorio y vacilante a las distintas políticas de poder. La ausencia de una fracción claramente hegemónica, que impusiera indiscutiblemente su liderazgo al conjunto de la clase superior y a la sociedad, da lugar a esta lucha intestina. Por una parte, la necesidad de los sectores más concentrados de la burguesía de proyectar su predominio económico en hegemonía política tropieza con serias dificultades: la carencia de base social y política de apoyo. Por otra parte, los sectores políticos que sortean sobradamente esta dificultad encuentran obstáculos de otra naturaleza: el menor poderío económico y lo irreversible que ha sido el proceso de concentración de capital.

b.- Crisis de hegemonía y regímenes de excepción El período iniciado en 1955 extiende la crisis de hegemonía al conjunto de la clase dominante. La discontinuidad, la sucesión de gobiernos abortados – civiles o militares- con sus proyectos a mitad de camino, signan de alguna manera estos años, quedando siempre

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cambios severos en el aparto de Estado y, por tanto, en la estructura institucional, se acentúa rápidamente, culminando con la implantación de un régimen de excepción.

Efectivamente, desde mediados de la década del 50 el proceso de luchas fraccionales se desenvuelve en el marco de un modelo de desarrollo y de concentración económica que tiene a consolidar como fracción hegemónica a los sectores más poderosos de la economía. Esta situación se vive en un contexto de ascenso de luchas sociales. Hacia fines de la década del 60 se agudiza el cuestionamiento a la legitimidad del régimen de excepción militar de la época, lo que pone en peligro la estabilidad de la dominación de la clase principal en su conjunto.

Es así como en determinadas situaciones el régimen de excepción puede brindar un marco político más o menos adecuando a un sector de la clase dominante en su intento por resolver la crisis de hegemonía, es decir, puede ofrecer la posibilidad de modificar la correlación de fuerzas en el interior del bloque dominante y en la sociedad. En este sentido, los golpes de 1966 y 1976, con las diferencias que los separan, estaban dirigidos a consolidar un liderazgo en la inestable sociedad argentina.

La exacerbación de la lucha de clases pone en cuestionamiento el sistema tradicional de dominación, el sistema de representación de partidos, el que encuentra de manera creciente dificultades para actuar como ordenador y regulador de la vida social.

c.- Los cambios producidos por regímenes de excepción militar

Una de las funciones del régimen democrático es permitir que la clase dominante resuelva en su interior la crisis de hegemonía o bien cualquier otra crisis política sin trastocar la estructura institucional. Pero si por su dimensión y gravedad la crisis no encuentra solución en aquel marco, la tendencia a producir

los

diferentes

En 1930 comienza el ciclo militar en la Argentina. Desde entonces y hasta 1976 –han transcurrido 46 años de vida institucional- se sucedieron seis golpes de Estado quebrantes de la legalidad constitucional. Pero los regímenes militares emergentes no pueden ser caracterizados de la misma forma, ya que cada uno

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guarda su propia particularidad. No haremos aquí una tipología de los distintos regímenes militares, sencillamente consideraremos la importancia de los regímenes militares en la vida pública del país al cerrar o abrir etapas fundamentales en su vida o al permitir, mediante un golpe de Estado, que otras fuerzas sociales lleven adelante las transformaciones, como sucedió en 1930.

a cabo el gobiernos desarrollista de Frondizi; el de 1962 se justifica fundamentalmente por el temor al peronismo, luego que Frondizi permitió su participación en las elecciones provinciales. De todas formas, unos y otros, son partícipes fundamentales del inicio y desarrollo de etapas socio–políticas diversas en la vida de la República. Pero, ninguno de ellos puede ser visto como un régimen progresista, han buscado más bien limitar la participación popular y mantener el orden existente. Ninguno de ellos ha estado inspirado por el modelo “Nasserista” ni tuvo el carácter del tipo “peruanista”.

Nuestra idea es que las distintas intervenciones militares han dado lugar (en 1930, en 1943 y en 1955) o bien han protagonizado directamente en tanto regímenes en sí mismos (1966 y 1976) fases cualitativamente diferentes de la política argentina.

Desde 1930 el poder militar viene siendo un actor fundamental de la vida política. El papel creciente que ha jugado desembocó en una militarización profunda de la vida pública. El Estado y la sociedad se organizaron desde entonces permanentemente de acuerdo a la dimensión desproporcionada que alcanzó ese poder. El conflicto permanente entre sociedad civil y la cultura militarizada ha construido de hecho, sobre todo desde 1955 un sistema inestable de convivencia social en la República Argentina.

Es decir, los golpes militares, de 1966 y 1976 han jugado un rol protagónico directo en los cambios y transformaciones de la sociedad. Por el contrario las intervenciones anteriores más bien han abierto o facilitado el camino para que otros protagonistas llevasen a cabo las transformaciones. El golpe de 1930 permite las transformaciones del gobierno del general Justo en 1932; el de 1943 permitirá que en esa época termine de madurar las condiciones para el surgimiento del régimen populista, el de 1955 da lugar después de un breve paréntesis oligárquico a los cambios que lleva

El ciclo de regímenes de excepción hace pensar que el poder militar está prácticamente institucionalizado en la

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Argentina. Existen algunas particularidades de las relaciones civiles-militares que conviene señalar: “nunca el ejército ha sido entonces rechazado en bloque como un peligro para el libre desarrollo de la vida política ni como un simple “instrumento de las clases dominantes”. Los militares son más bien vistos como los compañeros de un juego complejo, y a veces bizantino, donde nada se hace contra ellos y, por tanto, sin ellos. Si el antimilitarismo no existe a nivel de las organizaciones partidarias y representativas –no ocurre lo mismo con el ciudadano común- es porque no solamente los civiles golpean las puertas de los cuarteles para resolver sus propios conflictos, sino porque los oficiales mismos buscan el apoyo de los civiles para sostener sus luchas intestinas en el “partido militar”11

experiencia de derrota en la guerra de Malvinas. Lo grave de esta compleja relación civiles y militares, es que los civiles tienen una visión política de las fuerzas armadas, éstas son pensadas y vistas como actores del sistema político. De hecho ya la doble inserción que tienen los militares en el Estado y la sociedad los sitúa en el escenario político. Ahora, como decíamos al principio no se pueden medir los diversos pronunciamientos militares con el mismo parámetro. Es cierto que ellos han abierto o han protagonizado directamente nuevas etapas, pero no es menos cierto que en la década del 60 las intervenciones militares cobran un nuevo carácter. Podemos hablar, como un fenómeno generalizado en América Latina, de regímenes militares de “nuevo tipo”. No se trata ahora de simples “gobiernos de facto” que interrumpen con un interinato castrense la vida institucional del país a fin de poner “orden en la cosa pública”, sino de un nuevo modelo de intervención militar en América Latina que busca configurar un nuevo sistema de dominación con la presencia activa, permanente e institucionalizada de las Fuerzas Armadas en el conjunto del aparato del Estado.

Probablemente la supremacía de ese poder puede comenzar a variar definitivamente –modificando en consecuencia algunas constantes de la relación civilesmilitares- después del fracaso y desprestigio del régimen militar de 1976, las secuelas que ha dejado el problema de los desaparecidos y las hondas heridas dejada por la 11

Rouquié, Alain (1979) “Argentine: Les fausses sorties de l’armés et institucionnalisation du pouvoir militaire”, en Probleme d’Amérique Latine, Nro 4545 – 4546. Paris, p. 117

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Las “nuevas” dictaduras militares en tanto y en cuanto corresponden a otra etapa del desarrollo capitalista tienen tareas específicas a cumplir. De una parte, su finalidad netamente represiva en la medida que deben enfrentarse a un movimiento social más avanzado y desarrollado. De otro lado, por el hecho de surgir en un Estado determinado de evolución del capital, su función de ordenar –como ha ocurrido en muchos países- los conflictos internos de la clase dominante se cumplirá en el marco de la aceleración del proceso de concentración monopolista.

concentrados y parasitarios de la economía, produciendo en consecuencia un cambio real en el interior del bloque en el poder. Los cambios producidos en la estructura económica-social hacen pesar que en la Argentina se han producido cambios fundamentales. Lo cierto es que tanto un régimen como el otro más allá de sus diferencias y especificidades, han sido protagonistas directos de dos momentos históricos que dejaron su impronta en la sociedad argentina. Por el contrario, las anteriores intervenciones llamadas “tradicionales” han abierto el camino para que otros protagonistas llevasen a cabo las transformaciones. Así después del golpe de Uriburu, el 6 de septiembre, el poder del Estado va a terminar en las manos de la clase conservadora la que se propondrá reorganizar el capitalismo argentino que se veía sacudido por la crisis mundial.

Así, los regímenes militares de 1966 y 1976 en la Argentina fueron proyectados con la intención de que jueguen un rol protagónico en la reestructuración de la sociedad. Ambos han ensayado estabilizar la dominación política de las fracciones más concentradas del capital. El de 1966, la llamada “Revolución Argentina”, pretendió consolidar la hegemonía del sector industrial de la gran burguesía, liderados por el capital extranjero y las grandes firmas multinacionales, mediante un proceso de transformación económica y social, que debería desembocar en la modernización del país. El de 1976, con la “reorganización nacional” por su parte, con no menos pretensiones, buscó consolidar como fracción hegemónica a los sectores más

En realidad, será el Gral. Justo, elegido en 1932 presidente de la Nación mediante elecciones fraudulentas, el que tras el fallido intento corporativista de Uriburu dirigirá el proceso de cambio que la nueva coyuntura internacional exigía al país.

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Por su parte, la intervención de junio de 1943 pondrá fin de manera definitiva a los restos del “orden conservador” que se debatía aún por mantener un sistema reaccionario que no podía gobernar a una sociedad que se complejizaba por las transformaciones sociales y económicas

Un nuevo país estaba surgiendo entre la agonía de la República oligárquica. Si Hipólito Irigoyen incorpora las clases medias al sistema político, Perón hará lo propio con la postergada clase obrera cuando estructura un nuevo bloque de poder. Nuevamente en 1955, las fuerzas armadas mediante la llamada “Revolución Libertadora” se transforman en agentes dinamizadores del proceso político y del surgimiento de una nueva etapa en el país.

El golpe del genera Pedro Pablo Ramirez reagrupa a militares proindustrialistas y a aquellos que tenían una cierta simpatía por Alemania. Los planes a largo plazo se mostraban confusos, el régimen no prometía elecciones y se asentaba en el descontento social. En la intención de altos militares no estaba proyectado conformar un régimen populista surgido de elecciones libres. Es el mismo proceso de una sociedad en transformación por el impulso industrialista el que creará los agentes sociales y las condiciones políticas para la gestación de una nueva alianza de clases en el marco del “Estado benefactor”. El rol jugado por Perón desde la Secretaría de Trabajo, unido a la maduración de las condiciones para un pacto entre el Estado, los sindicatos y la burguesía industrial, permitirá la formación de un gran movimiento social, que fue el medio fundamental para resolver la crisis política de los años 40.

Esta intervención da por tierra con 10 años de régimen populista, el cual ya en la crisis en 1953 mostraba signos de agotamiento en su modelo de acumulación. Los tres años de “revolución libertadora” son una “impasse” entre la vieja etapa que agonizaba y la nueva etapa desarrollista que emergía. Dicha revolución fue un vano intento de la gran burguesía agraria por mantener un rol hegemónico en el poder. En realidad la nueva etapa se inicia con Frondizi en 1958, cuya política desarrollista plasmará en la realidad un nuevo régimen de acumulación que tendrá como agente dinamizadores a las grandes firmas multinacionales. El ingreso masivo de capitales y el inicio de una nueva etapa de industrialización darán a

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la burguesía industrial monopolista la dirección del bloque dominante en el poder.

armadas, la que derrocó a Perón y a Frondizi y apoyaba la política económica de la clase conservadora (muy arraigada sobre todo en la Marina) fue derrocada en esa disputa militar.

Pese al impulso dado a la economía por el capital extranjero y la nueva etapa de desarrollo asociado, no bastarán para impedir en 1962 la reaparición de la crisis externa, el crecimiento seguirá relativamente bloqueado, las exportaciones del sector rural habían sido insuficientes para financiar las necesidades en aumento del sector industrial.

La nueva posición de las fuerzas armadas –cuya cabeza más destacada era el Tte. Gral. Juan Carlos Onganía— expresa la intención de la institución de adaptarse a los cambios económicos y sociales producidos en el país y ajustarse en consecuencia a la modificación de la correlación de fuerzas operadas en el interior del bloque de poder. No es casualidad que sea el propio general Onganía en 1966 con su ministro de economía Krieger Vasena los que lleven adelante una política de “modernización” del país liderada por la burguesía industrial monopolista.

El golpe de abril de 1962, justificado por el temor al peronismo luego de las elecciones provinciales, detiene a Frondizi y anuela el proceso eleccionario. La oligarquía landa una nueva ofensiva –de corta duración- en esta disputa de poder; Federico Pinedo, viejo representante de la gran burguesía agraria, encabeza el ministerio de economía. La clase conservadora se ve así apoyada por el sector militar que derroca a Frondizi y apoya a sus planes económicos. De allí en más, las contradicciones existentes en el seno de la clase dominante van a trasladarse también al interior de las fuerzas armadas en septiembre de 1962 y abril de 1963, cuando a través de dos enfrentamientos armados entre “azules y colorados”, una nueva dirección se implanta en la institución militar. El ala más retrógrada de las fuerzas

Para finalizar, desde 1930 las intervenciones militares de una u otra manera abrieron un ciclo todavía inconcluso en la vida pública del país, en el cual la historia política argentina no puede ser pensada sin la presencia activa del poder militar.

EL REGIMEN DE EXCEPCION MILITAR DE 1976

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El golpe de 1976 que consagra en el poder la alianza entre el liberalismo económico (que pone en práctica un programa monetarista) y las fuerzas armadas tiene, como ya ocurrió con el golpe de 1966, en diferente situación y con otros agentes económicos, pretensiones estratégicas. NO está destinado solamente, a diferencia de los anteriores (a excepción del de 1966), a poner “orden en casa” regularizando el manejo de los asuntos públicos, cubriendo el “vacío de poder” político dejado por el sistema de representación de partidos, para luego retornar en mejores condiciones a la república democrática. Ahora la alianza en el poder pretende estabilizar definitivamente la hegemonía de esta fracción de la burguesía en el poder del Estado y en el conjunto de la sociedad sobre la base de proyectar políticamente su predominio económico. Se propone entonces, reorganizar la estructura económica y social de la Argentina para reinsertarla, en condiciones más favorables, a las presentes exigencias del mercado mundial.

La dictadura militar surgida del golpe del 24 de marzo de 1976 es la expresión de un nuevo realineamiento efectuado en el seno de la clase dominante en la lucha por la hegemonía en el poder. Es decir, es el resultado de la disputa por la hegemonía entre las diferentes fracciones de la burguesía, al cabo de la cual se opera el desplazamiento de la dirección del Estado de una de las fracciones en beneficio de las otras. Lo notable es que esta modificación sustancial en la correlación de fuerzas entre las clases sociales no puede producirse sino es en el marco de un cambio radical en la forma de Estado. De allí, el surgimiento de un nuevo régimen de excepción en la Argentina. Decimos entonces, pero ahora más concretamente, que el golpe militar modifica sustancialmente la relación de fuerzas en la sociedad, a favor de la alianza acordada entre las Fuerzas Armadas y los sectores más concentrados de la burguesía. La contrapartida de esta nueva situación será el desplazamiento del aparato del Estado de sector empresarial nucleado en la C.G.E, la dirigencia sindica y el partido peronista. a.- Golpe estratégico

Dejemos hablar a los máximos representantes gubernamentales de esta alianza. El ministro de economía Martínez de Hoz en su discurso de la Conferencia Monetaria Internacional celebrada en México en mayo de 1977 (por otra parte, único

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representante latinoamericano además del mexicano) dijo que: “La trayectoria de la Argentina se ha modificado después del 24 de marzo de 1976. pero esta transición significa un poco más que un simple cambio de gobierno, ella constituye la transformación de la estructura política y económico-social que fue eje del país durante casi 30 años”

ser alcanzados luego del periodo inicial de reordenamiento y reestructuración de la economía”12 El general Videla en su primer mensaje presidencial sentenciaba: “Pero debe quedar claro que los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976, no materializan solamente la caída de un gobierno. Significan, por el contrario, el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo, cuya característica estará dada por la tarea de reorganizar la Nación...”13

Y en el libro que da a conocer apenas finaliza su función pública, señala: “La resolución que orientó a las fuerzas armadas fue no solamente la de superar una crisis circunstancial de tremenda gravedad, sino la de sentar las bases para un desenvolvimiento sano, estable y progresista del país en todos los aspectos, que lo sacara de su estancamiento y frustración y lo insertara nuevamente en el contexto mundial en el nivel correspondiente a la plena y eficaz utilización de todos sus recursos humanos y materiales. Se decidió aplicar un programa económico que establecía claramente los objetivos básicos que, en la mayor parte de los casos, sólo podrán

Un año más tarde, en el primer aniversario del golpe, precisa un poco más la propuesta del régimen militar: “Formular al país una propuesta bajo el signo de la unión nacional constituye, pues, la tarea fundamental que las fuerzas armadas han de encarar en este período. Esta propuesta tiene que dar Martinez de Hoz, José A. (1981) Bases para una Argentina moderna 1976 – 1981, Buenos Aires, p. 15 13 La Prensa, 31/3/76 12

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lugar “a la convergencia cívico – militar constituyendo, así una nueva síntesis histórica”14

cual el poder podría echas las bases de la fundación del nuevo régimen político, que aspira ser estable y legítimo. Es lo que planteó el general Videla con absoluta claridad en una cena de la Cámara Argentina de Anunciantes, el 20 de diciembre de 1977, cuando se refirió a las propuestas políticas que el gobierno formularía al país en 1978, cuyos fines, entre otros, serían la participación de las fuerzas armadas en el futuro orden político.

La concreción de este proyecto estratégico implicaría para la alianza gobernante morigerar las divisiones internas y las fricciones en el seno de la clase dominante, instaurar un nuevo tipo de Estado y de institucionalidad, modificando la estructura misma del poder político. De allí que la dictadura se proponga iniciar la edificación de un sistema de dominación estable para la sociedad, que ponga fin al circulo vicioso de gobiernos civiles interrumpidos por gobiernos militares.

“—Reorganizar institucional y políticamente el país, con la finalidad de concluir con los ciclos pendulares de gobiernos civiles y militares instaurando una democracia estable.

Por consiguiente, el tipo de Estado al cual debe la burguesía recurrir en un primer momento es el de una dictadura militar, lisa y llana, pues es el que brinda el marco político más adecuado para realizar los reajustes más radicales y drásticos en la economía y la sociedad y porque podría llevarlos hasta sus últimas consecuencias. Pero la dictadura no es el objetivo final. El objetivo de fondo será la edificación de un orden estable, inscripto en otro contexto institucional, sobre el

En lo inmediato, el autoritarismo militar, debería poner en marcha el plan de recuperación económica y de reducción del intervencionismo estatal, de un lado y del

14

15

“—Asegurar la inserción de las FF.AA en el sistema político con el objetivo de posibilitar su participación en la toma de decisiones”15

La Prensa, 1/4/77

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Clarín 21/12/77

durante tres décadas”17 y acabar con la aplicación de un “esquema de economía cerrada” poniendo en marcha la “apertura de la economía, tanto hacia el exterior como el interior”18

otro, el disciplinamiento social, acallando las voces de protesta y montando un feroz aparato represivo. Con este régimen, la alianza gobernante, pretendía no sólo introducir una transformación profunda en la economía sino también en el comportamiento global de la sociedad, que favoreciera un disciplinamiento en las fuerzas gremiales, empresarias y políticas. El reajuste requería la drasticidad más completa:

El discurso del ministro de economía es importante porque finalmente el régimen militar no tuvo más plan político que el determinado por la continuidad y objetivos del programa económico, luego del fracaso del “Proyecto Nacional”, semi – corporativo, del general Díaz Pessone y de algunas definiciones generales del presidente Videla que nunca cuadraron en un plan político. Lo que vino después fuero intentos por reacomodar el gobierno militar a distintas situaciones políticas, sin mayor coherencia y sin ninguna posibilidad de concretar un plan político

“Para llevar a cabo este objetivo era necesario modificar las estructuras de la economía argentina, tanto en el sector público como en el privado. El cambio propuesto era muy profundo: no bastaba un simple proceso de ordenamiento, sino que había que transformar normas y marcos institucionales, administrativos y empresariales, políticos, métodos, hábitos y hasta la misma mentalidad de los agentes económicos privados y públicos”16

El proyecto transformador a largo plazo, pretenderá también modificar la estructura de los partidos políticos y reforzar el liderazgo de los sectores más concentrados de la economía. Transcribimos un párrafo de un reportaje a Videla:

El autoritarismo militar se propondrá también redefinir la función del Estado para “revertir una política de creciente estatización que, con breves intervalos, rigió 16

17 18

Martinez de Hoz. Op. Cit. p. 236

39

Idem. p. 39 Idem. p. 30

“Por eso creo que si esta convocatoria que hacen las fuerzas armadas para obrar la unión nacional detrás de objetivos trascendentes… se van a producir modificaciones sustanciales en los agrupamientos políticos argentinos, es muy probable que ya no se pueda o no se tenga que hablar de peronismo y antiperonismo. Otras serán las 19 agrupaciones…”

apoyo a las experiencias populistas o estatizantes. La intervención del 76 rechazaba una función “ordenancista” en el golpe militar, para que no fuera un mero regulador de la cosa pública, aspirando, por el contrario, a jugar un papel estratégico, de cambio a largo plazo. “Nuestro país en América Latina es, posiblemente, el que tiene más larga experiencia y, tal vez, numéricamente, uno de los que más ha cambiado gobiernos civiles por militares. La explicación de esto es que los gobiernos militares, generalmente, se han quedado enquistado en una etapa puramente ordenancista, lo que les ha quitado persistencia en el tiempo y han abierto las perspectivas de ser reemplazados por gobiernos civiles que han hecho de ese ordenamiento militar, justamente, la bandera de lucha para cambiar la situación”20 Por eso también, las pretensiones estratégicas del golpe de 1976.

El resultado fue el abismo que separó lo acontecido en la realidad con el discurso e intenciones de los gobernantes. El régimen militar de 1976 pretendió entonces, fundar una nueva etapa en la vida argentina, que diera término al largo ciclo de disputas sectoriales, sobre la base de afianzar una nueva hegemonía en la sociedad. Para ello había que realizar ciertas modificaciones estructurales que impidieran que el populismo u otra experiencia similar –que se valen del “Estado benefactor” el mercado protegido, las industrias subvencionadas- encontraran en el futuro una base válida de sustentación. Ello requería además la reformulación de las fuerzas políticas argentinas para recortarle la base social de 19

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La Prensa 6/5/77

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Conferencia de prensa de Videla. La Prensa 13/12/77

los ejemplos éticos y morales que deben dar quienes ejercen la conducción del Estado, a la manifiesta irresponsabilidad en el manejo de la economía, que ocasionará el agotamiento del aparto productivo, a la especulación y corrupción generalizada todo lo cual se traduce en una irreparable pérdida del sentido de grandeza y de fe”21

b.- La legitimación del golpe El golpe militar de 1976 busca la legitimación de la intervención mediante la ya conocida teoría del “vacío de poder”, el “caos económico y social” y el “peligro de la subversión terrorista”, que conducirán a la “disolución de la Nación” y a la “anarquía”. La proclama de la Junta de Comandantes del 24 de marzo dice en una de sus partes:

Así, caracterizaban los militares la situación previa al golpe y justificaba su intervención.

“Nuestro pueblo ha sufrido una nueva frustración. Frente a un tremendo vacío de poder, capaz de sumirnos en la disolución y en la anarquía, a la falta de capacidad de convocatoria que ha demostrado el gobierno nacional, a las reiteradas y sucesivas contradicciones evidenciadas en la adopción de medidas de toda índole, a la falta de una estrategia global que, conducida por el poder político, enfrentara a la subversión, a la carencia de soluciones para problemas básicos de la Nación cuya resultante ha sido el incremento permanente de todos los extremismos, a la ausencia total de

De nuevo las fuerzas armadas aparecen en la vida pública como los “salvadores de la Nación” ante su evidente disgregación. Por eso, “en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado. Una obligación que surge de serenas meditaciones sobre las consecuencias irreparables que podría tener sobre el destino de la Nación una actitud distinta a la adoptada”22 Quiere decir entonces que en un contexto de crisis como el definido los militares intervienen porque son la única 21 22

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La Nación 25/3/76 Idem

fuerza capaz de realizar “serenas meditaciones” sobre las consecuencias irreparables que acarrearía al país si no intervención. Pretenden ubicarse, de esta manera, por “encima” de la sociedad y sus contradicciones. En realidad, lo que legitima los golpes de Estado es otra cosa y no estos tipos de discursos engañosos y ampulosos. Por un lado, se puede ver ahora con mayor claridad que esa legitimación tiene relación con el funcionamiento del sistema político y con la formación, en consecuencia, de una cultura política que ofrece un espacio en la realidad a las intervenciones militares. Después de cada golpe de Estado hay una aceptación al mismo, aunque sea parcial y limitado. En la mayor parte de los casos ha sido la clase media la que ha esperado más de los pronunciamientos militares. Ante el fracaso de un gobierno civil, el gobierno militar aparece, en una determinada franja de la sociedad, como la probable solución de los problemas. Se los recibe con la esperanza que los militares pondrán “orden en casa” y resolverán las contradicciones. Será un nuevo fracaso de los militares lo que brindará el espacio para la existencia de otro régimen democrático.

características comentadas del sistema político y de la cultura política, lo que legitima finalmente las intervenciones militares.

Es decir, el golpe militar no se legitima por sí mismo, son las condiciones políticas que se vivían en el país durante le gobierno de Isabel Perón, unido a las

Importa analizar la forma institucional de organización del poder del régimen militar de 1976. Por cierto, que una de las modificaciones que trae consigo todo régimen

Frente al desprestigio creciente del gobierno nacional los militares supieron trazar una táctica eficaz. Sabían que la descomposición del régimen peronista –aguda crisis económica, represión oficial, violencia generalizada, inseguridad para las inversiones, visible incapacidad de la presidenta- era el camino más corto al poder. Había que esperar solamente el momento oportuno. Los partidos políticos no supieron encontrar una salida institucional a la crisis y la dirigencia sindical no podía movilizar a la “decepcionada” clase obrera, detrás de la defensa de Isabel Perón. El golpe tenía las puertas abiertas. Una parte de la opinión pública esperó deseosa la intervención y la otra, mayoritaria, resignada. El golpe estaba legitimado, pero de todas maneras no lo sería por mucho tiempo.

c.- La estructura institucional del régimen militar

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de excepción consiste en la reorganización del sistema jurídico-institucional del país.

Las fuerzas armadas el mismo día del golpe crean un Supra-Poder, representado por la Junta Militar, formada por los tres comandantes en Jefe. Inmediatamente la Junta define en el Acta difundida el 27/3/76 los objetivos fundamentales del Proceso de Reorganización Nacional. Anteriormente, el 25/3/76, había dado a conocer el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, texto que va a reglamentar el propio funcionamiento de la Junta y de los poderes públicos del país.

Naturalmente, que las modificaciones operadas en las estructuras jurídicas del Poder en 1976 encuentran un antecedente inmediato en el golpe de 1966, como en el régimen militar de 1955 y 1958. Hay en los tres regímenes militares una cierta similitud en la estructura institucional que organiza el poder militar. En cambio, los golpes de 1930, 1943 y 1962 no lograron reunir determinadas notas en el plano institucional, como para que se los pueda asimilar –desde ese punto de vista- al último régimen militar.

Del Estatuto se desprenden las características principales de la organización del poder militar. Primeramente, el art.1 define a la Junta Militar como el “órgano supremo de la Nación”, integrada por los Comandantes en Jefes de las Armas.

Carácter de la Junta Militar Como es sabido las fuerzas armadas mediante el golpe de Estado de 1976 se arrogan la totalidad del Poder de la Nación, a nivel provincial y municipal. Concentran así en sus manos el conjunto de las funciones de gobierno. Por consiguiente, surge de inmediato la necesidad de organizar políticamente el poder del nuevo régimen de excepción. Habrá que reemplazar las instituciones del derrumbado régimen democrático. Esa fue la primera tarea de los militares argentinos.

Atribuciones y competencia de la Junta Militar 1.- Se arroga el Poder Constituyente La Junta está investida del Poder Constituyente, por tanto, sus actos y normas tendrán prioridad sobre la Constitución Nacional. Es lo que establece el art. 14 del

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Estatuto. “El gobierno nacional y los gobiernos provinciales ajustarán su acción a los objetivos básicos que fijó la junta militar, al presente Estatuto y la Constitución Nacional y las constituciones provinciales en tanto que no se opongan a aquel”

proceso de reorganización nacional; 3) La Constitución Nacional; 4) Las Constituciones Provinciales. b.- Concentra las distintas competencias de la Nación al designar a los miembros de los tres Poderes Públicos: ejecutivo, legislativo y judicial (arts. 1, 2, 5, 9 del Estatuto) y establece –a su vez- los mecanismos de renovación.

Quiere decir, que el gobierno militar se ajustará a las normas constitucionales en tanto ello no sea contrario a los “objetivos básicos” fijados por la Junta y al respectivo “Estatuto”. De allí, toda la voluntad fundacional que emana del Poder Constituyente.

c.- Sanciona el Acta de los objetivos básicos de la reorganización nacional y dicta el Estatuto para ese proceso, lo que constituyen normas supremas de la Nación.

Una fórmula similar se utiliza en los Estatutos de 1955 y 1966: los gobiernos militares se ajustarán a las normas constitucionales en tanto ello no se oponga a los fines de la “Revolución”.

2.- Se arroga el poder de superintendencia

Entonces, al atribuirse el poder constituyente la Junta Militar se arroga poderes ilimitados a.- Puede dictar normas supranacionales si los “objetivos básicos” fijados por la Junta y el Estatuto así lo aconsejan. Salta a la vista la vaguedad y la generalidad del contenido de la fórmula. Entonces, el art. 14 mencionado establece el orden de prioridades en la jerarquía normativa: 1) Los objetivos básicos del Proceso de Reorganización Nacional; 2) el Estatuto para el

-- Al velar el funcionamiento de los otros poderes públicos (art. 1 del Estatuto) -- Al velar la estricta aplicación de los “objetivos básicos” y principios directores del proceso de reorganización nacional. 3.- Se reserva ciertos poderes constitucionales (poderes de guerra)

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Los cuales apuntan a reforzar su autoridad, en consecuencia no los delega en los toros poderes públicos (art. 2 Estatuto)

reglamento dictado por la junta que organiza esa comisión. 5.- Posee facultades inherentes al poder judicial

Se reserva, entonces, los poderes del art 86 de la Constitución Nacional (incisos 15, 17, 18, 19) que normalmente están conferidos al presidente de la Nación. Y son:   

La junta se arrogó mediante una norma de carácter super-legal la facultad de aplicar penas no establecidas previamente por la ley, a ex funcionarios públicos cuyo desempeño haya ocasionado un perjuicio al interés público.

Ser comandante en jefe de todas las fuerzas armadas Tener la facultad de declarar la guerra Tener la facultad de declarar el Estado de Sitio

Las sanciones que se desprenden responsabilidad institucional son las pérdida de los derechos políticos o inhabilitación para ejercer empleos públicas; c) prohibición de administrar bienes por actos entre varios.

Se reserva igualmente los poderes del art. 67 (incisos 21 a 26), que son las atribuciones concernientes al poder legislativo, que se relacionan con el art. 86 y se refieren a los poderes de guerra, los cuales quedan en manos exclusivas de la junta.

del acto de siguientes: a) gremiales; b) y comisiones y disponer de

La aplicación de la pena se concreta por la misma Acta Institucional, sin necesidad de juicio previo y en consecuencia, sin derecho de defensa.

4.- Posee facultades de árbitro superior

En los regímenes de 1955 y 1966, no fueron atribuidos al poder militar funciones judiciales.

Es árbitro inapelable en la competencia legislativa cuando existen desacuerdos entre el presidente de la Nación y la Comisión de Asesoramiento Legislativo (C.A.L), según el procedimiento que establece el

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La Comisión de Asesoramiento Legislativo

Para terminar con este análisis de la organización del poder militar, veremos las facultades del presidente de la Nación y de la comisión de asesoramiento legislativo.

Está integrada por nueve miembros, tres de casa una de las fuerzas armadas. Le compete asesorar al Poder Ejecutivo en los proyectos calificados de “significativa trascendencia”

El Presidente de la Nación Es designado como se ha explicado por la junta militar y está sujeto a remoción cuando –por razones de Estado- lo considere conveniente

Esta estructura institucional del régimen de excepción militar se completa con las modificaciones igualmente realizadas, al sistema jurídico de la República. Pensemos en toda la vasta legislación dictada por el gobierno militar que castiga las actividades políticas y gremiales, la específica legislación represiva laboral, las reformas al código penal, la implantación de la pena de muerte violatoria de la Constitución Nacional y de los principios universalmente reconocidos como válidos para la protección de los Derechos Humanos.

Posee las atribuciones inherentes al poder legislativo con excepción de las facultades de juicio político a los Magistrados y de los poderes de guerra, según lo establece expresamente el art. 5 del estatuto. Las atribuciones legislativas del presidente serán compartidas por una comisión de asesoramiento legislativo, la que intervendrá en la elaboración de las leyes.

Como se puede apreciar, el régimen de excepción crea su propia institucionalidad, le otorga a ese orden político un perfil particular y definido. No es, simplemente, la expresión de una mera ruptura institucional. El régimen de excepción va creando – mediante la fuerza de los hechos- una nueva legalidad, orgánica un orden extremadamente autoritario. Es en este sentido la negación de las bases políticas, jurídicas

Le corresponde al Presidente designar a los jueces inferiores y a los gobernadores del provincia (arts. 9 y 12 del Estatuto).

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e institucionales que dieron cuerpo y forma al Estado Nacional y al sistema democrático de gobierno. Pretende ser el sistema regulador de convivencia social del país. Por eso, busca crear una aparente legitimidad a sus actos y al ejercicio del poder autoritario.

su estructura organizativa para dar paso a otra que tendrá un contenido autoritario. No se repetirán aquí los conceptos dados en el punto anterior.

2.- El contenido autoritario d.- Principales transformaciones operadas en el Estado

El autoritarismo es uno de los rasgos que especifican al Estado militar, pero que de ninguna manera constituye una característica exhaustiva de ese tipo de Estado. El autoritarismo es, más bien, una de las formas que puede asumir la dominación social y ésta –por el hecho de existir dominantes y dominados- está compuesta de coerción y legitimación, pero en el supuesto de una dominación autoritaria se produce una especialización de las funciones coercitivas. Esta dominación autoritaria puede presentarse también en su versión civil, por lo que no hay que confundir los diferentes tipos de autoritarismos.

Veremos ahora la forma particular que presentó el Estado argentino a partir de las transformaciones que se operaron en su interior en 1976, lo que determina una modalidad particular de intervención en la sociedad sin dejar, por ello, de cumplir con todas las funciones inherentes al Estado capitalista. Las mismas, más bien, cobran una dimensión distinta que responde al nuevo tipo de Estado.

El golpe de Estado al trastocar la organización institucional del Estado democrático obliga a los militares a hacerse cargo totalmente de la administración pública, ya sea a través de sus oficiales o de personal civil que se identifica con el nuevo régimen.

1.- Las modificaciones en la estructura político institucional El golpe de estado de 1976 produce modificaciones radicales en la estructura institucional del Estado de Derecho constituido en 1973. Se transforma plenamente

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estatal por eso la caracterización ya popularizada de “terrorismo de Estado”. Así, la especialización en el ejercicio de la violencia aparece como un elemento constitutivo del “proceso de reorganización nacional” y como una forma de organización del poder.

Pero el concepto de autoritarismo no se agota con el ejercicio de la violencia ni el empleo de la fuerza, sino que crea un sistema intolerante, mediocre y de obediencia, que rechaza la participación social en las tomas de decisión y en la gestión del Estado. El autoritarismo se opone a la democracia y a toda forma de participación que conduzca a un régimen de libertad y justicia. Aparece, entonces, como una forma de organizar el poder y la dominación social.

4.- La centralización del Poder El régimen militar surgido el 24 de marzo de 1976 suspende la actividad política y sindical, interviene la CGT y la CGE (Confederación General Económica) esta última fue posteriormente disuelta congelándose los fondos de ambas organizaciones. El parlamento por su parte fue clausurado y reemplazado por un organismo, la C.A.L (Comisión de Asesoramiento Legislativo) integrada únicamente por oficiales de las tres armas. Se prohíbe además la actividad de los partidos políticos.

3.- La especialización en el ejercicio de la violencia Dijimos que el Estado se hace cargo del ejercicio de la violencia cuando señalamos a la represión como una de las funciones que debe el mismo cumplir. El Estado debe no sólo garantizar el orden y la seguridad sino también la reproducción de las relaciones de producción, en definitiva la reproducción del sistema. De allí, la violencia estatal. Pero la misma se atenúa o se intensifica en función del grado de legitimación que posea el régimen político, sea este civil o militar

Los partidos políticos argentinos, principalmente el peronista, radical y el partido intransigente, fueron alejados en los años de la dictadura videlista de los centros reales de poder (el gobierno militar, los grupos financieros y agroexportadores y el aparto de Estado). Los interlocutores privilegiados fueron entonces las organizaciones corporativas de los grandes empresarios:

La dictadura de 1976 constituye un ejercicio de la intensidad y crueldad que puede alcanzar la violencia

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SRA, CARBAP y la UIA. Sin embargo, ni estas asociaciones no los minoritarios partidos conservadores, mucho menos el frustrado “movimiento de opinión nacional”, como tampoco el Estado militar, pudieron reemplazar a los partidos políticos y a los organismos de representación popular como sustento de un sistema y generadores de consenso. Cuando la dictadura militar antes su propio fracaso político, debió hablar de participación y democracia no tuvo otra alternativa que convocarlos de nuevo.

por las fuerzas armadas. El Estado militar pasa a ser el gran organizador de la dominación política. 5.- El acrecentamiento de la intervención estatal El estado militar de 1976 extendió y profundizó la intervención estatal comparativamente a la participación que le cupo en el período 1973 y 1976, bajo el gobierno constitucional peronista. Si bien el gobierno militar y sus principales voceros liberales, hablaron de reducir la acción del Estado luchar contra las políticas “estatistas” que predominaron en el escenario nacional en los últimos cuarenta años, su gestión no impidió la continuidad y la extensión de las actividades productivas del Estado. La reducción de la participación del sector público y la privatización de las grandes empresas públicas, tan declamado por el liberalismo, fue un fracaso. La participación del Estado en el PNB, en los primeros años de la década del 70 eran del 40% y el 1983 fue superior al 60%. Los recursos corrientes del Estado pasaron del 22% del PBI en 1976 al 31% en 1981. La parte de los fondos públicos en las inversiones para del 25.5% en 1974, al 41.9% en 1979. El presupuesto militar aumenta del 2.5% del PBI en 1974 al 4.5% en 1982

Entonces, como queda dicho, bajo el régimen militar de excepción el poder se organiza de manera diferente desde el punto de vista político y administrativo. El Poder Ejecutivo –un presidente militar- y la Junta Militar concentran todo el poder junto a un grupo reducido de intereses económicos. Se produce un desplazamiento de las instancias de decisión republicana, como el parlamento, hacía un poder discrecional y autoritario de las fuerzas armadas. En esta reestructuración del poder los partidos políticos son eliminados como instrumento de organización política y elaboradores de consenso social. Ese rol busca ser reemplazado por algunas asociaciones corporativas y por el conjunto de las instituciones estatales dirigidas

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El principio de subsidiariedad del Estado que Martinez de Hoz pretendió aplicar chocó con los intereses militares creados alrededor del desarrollo de ciertas industrias, lo cual no le generó pocas contradicciones. Frente al deterioro del aparato productivo, a la desindustrialización, se produce un crecimiento relativo del complejo militar-industrial que se beneficia de la destrucción de importantes sectores de la economía, lo que lleva a profundizar aún más ese proceso de “militarización de la economía” iniciado hace varios años ante la dimensión alcanzada por Fabricaciones Militares y la función de ejecutivos que asumen los oficiales, retirados o en actividad, en empresas nacionales o extranjeras.

Se persiguió además con la apertura de la economía, producir un saneamiento en aquellas empresas o sectores de la actividad considerados ineficientes o poco competitivo. Se favoreció la especulación y las actividades parasitarias en lugar de promover una economía de producción, lo que deterioró enormemente el aparato productivo y debilitó o eliminó a los sectores menos concentrados de la economía. Todo lo cual generó un gran retroceso en clases nacionales ¿A qué se debe entonces esa mayor participación estatal? En el capitulo I señalamos, dando una explicación genérica que en la mayor parte de los países periféricos la acción estatal se amplia por el lugar específico que ellos ocupan en la economía mundial y por lo tanto, por la implicaciones que lleva la acumulación mundial de capital en cada economía nacional, lo que modifica las características de esas economías.

Entonces, las transformaciones operadas en el seno del Estado ensanchan aún más el espacio y el poder de éste en la regulación de las relaciones sociales. Uno de los objetivos principales del golpe de 1976 fue el disciplinamiento social. La intervención a los sindicatos, la prohibición del derecho de huelga, la represión al movimiento obrero y a los activistas sindicales, como la supresión de las negociaciones directas de los salarios y, por ende, su fijación autoritaria por el gobierno, fueron las primeras medidas que se tomaron.

Esto es verdad, pero el razonamiento más concreto y particular en el caso que nos ocupa, nos remite a determinaciones más precisas. Pro un lado, o que expresamos sobre el carácter global que ha tenido históricamente la intervención estatal en la vida

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pública en la Argentina, sea en el plano económico social como en el político institucional.

El golpe del 24 de marzo de 1976 establece una nueva relación política que determina un control estatal férreo sobre todas las relaciones sociales. El poder militar penetra autoritariamente en todo el tejido social, tendiendo a conformar un sistema que excluye una cultura y educación creadora y la intelectualidad progresista que prohíbe toda actividad popular y suprime los canales de participación social. El orden y al disciplina militar junto a un pensamiento retrógrado invaden a la sociedad civil hasta acorralarla, sin lograr disgregarla. Es lo que por otra parte, permitió su recomposición y el inicio de una nueva era civil. El gobierno militar no logró en todos esos años, organizar el consenso social ni, por ende, transformar la dominación autoritaria en hegemonía política.

Así, el Estado en 1976, ante la crisis económica y política, que le es inherente y está ligado orgánicamente, interviene para frenar sus efectos destructores o imponer una dirección determinada, sin poder dejar de invadir al conjunto de las esferas de la vida económica y social del país. El Estado liberal que se pretendía reconstruir terminó siendo el Estado todopoderoso y omnipresente contra la sociedad civil. Al régimen videlista no le cabía otra vía en su intento de reestructurar la sociedad y la economía. No se puede disciplinar la sociedad, desmantelar una parte importante de la industria, provocar una caída considerable del salario real, descomponer y achicar el aparato productivo y violar sistemáticamente los derechos humanos, sin una intervención masiva del Estado, que aterrorice y haga retroceder a las clases nacionales.

6.- Se modifica considerablemente Estado y Sociedad

la

relación

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