Platt Tristan_Estado Boliviano y Allu Andino

TRISTAN PLATT

estado boliviano

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ayllu andino T IE R R A Y T R I B U T O EN EL N O R T E D E PO TO SI

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© IE P ediciones Horacio U rteaga 6 94, Lima Telfs. 3 2 -3 0 7 0 - 2 4 -4 8 5 6 Impreso en el Perú 1* edición, agosto 1982

Contenido

P r e s e n t a c ió n d e

H eraclio Bonilla

I

INTRODUCCIÓN

11

1.

23

2.

Los

ANTECEDENTES DEL DEBATE REPUBLICANO

E l “a n t i g u o r é g i m e n ” t r i b u t a r i o ; GOBIERNO INDIRECTO Y AUGE COMERCIAL, 1 8 2 5 -1 8 8 0

3.

P ro ceso

36

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fra ca so

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refo rm a

AGRARIA

73

a. “El “nuevo sistema rentístico”, 1874-1902

73

b. La resistencia de los ayllus de Chayanta, 1882-1885; dos perspectivas sobre la relación entre comunidad y Estado

94

5.

a. La expansión de la propiedad privada de la tierra en el Norte de Potosí, 1881-1918

114

b. El “Pacto” renovado: antecedentes de la sublevación indígena de Chayanta de 1927

132

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REFORMA AGRARIA DE

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1953

148

A n exo s :

1. Los linderos de los ayllus de Macha (1719)

173

2. Proyecto para propender el desarrollo de la agricultura en la Provincia de Nor-Chayanta

182

3. Litigio sobre indios residentes en Cantón Poroma, Departamento de Chuquisaca, que son tributarios de Cantón Tinguipaya, Depar­ tamento de Potosí

187

B

193

ib l io g r a f ía

Una de las instituciones esenciales de la sociedad rural andina es la llamada “com unidad de indígenas”. Con un pasado prehispánico, pero reestructurada por las au­ toridades coloniales alrededor d e 1550 com o un m eca­ nismo para facilitar la asignación de la fuerza de traba­ jo a las principales unidades productivas, esta institución atravesó por profundos cam bios durante todo el perío­ do colonial. Las expresiones d e estos cam bios fueron la intensificación de la diferenciación cam pesina, la al­ teración de sus vinculaciones con el m ercado, la trans­ form ación del p apel político de sus miem bros, el nue­ vo contenido y significado de la cultura andina. L os estudios antropológicos realizados en el área andina a partir d e la década de 1940 perm iten detectar la pre­ sencia de estas instituciones cum pliendo aún roles sig­ nificativos, pese a que sus estructuras internas fueron

m odificadas com o consecuencia del incremento de la mercantilización de sus economías. En esta larga trayectoria histórica, constituye toda­ vía un enigma la estructura y el funcionamiento de es­ tas com unidades de indígenas en el siglo XIX. L a id eo ­ logía que animó la acción de los Libertadores era in­ com patible con la persistencia d e instituciones que fr e ­ naran la líbre circulación de la tierra y que impidieran la constitución d e una sociedad, de pequeños propieta­ rios. De ahí que la legislación agraria de los primeros años de la R epública apuntara directam ente a la can­ celación de este tipo de com unidades. Ciertam ente que no es menos cierto qu e decisiones de esta naturaleza prepararon el camino, al romper la protección otorgada por el estado colonial, para la expansión de los grandes latifundios aledaños t¡ para la constitución de un m er­ cado más o m enos libre de fuerza de trabajo. En lo esencial es éste un proceso que adqu iere sus ribetes más precisos en el último tercio d el siglo XIX. Es este proceso el que fundam enta el juicio de algunos obser­ vadores, quienes sostienen que la condición social del in­ dio fue mucho peor en e l siglo XIX que durante el con­ junto de la época colonial. H acia 1920-1930, por otra parte, la profunda altera­ ción de los fundam entos de la sociedad rural andina, la pérdida de los recursos esenciales por parte d e las comunidades, provocó un form idable estallido de la re­ belión campesina. H abría en realidad que remontarse hasta 1780 y Tupac Amaru para encontrar una hogue­ ra cam pesina de tal magnitud. Este fue el escenario social donde surgió lo mejor de la plástica, de la músi­ ca, d e las artes, de la literatura indigenista. Carente de una expresión política adecuada, los indios y sus luchas pasaron a convertirse de sujetos de la historia en o b je­

tos d e una d e las reflexiones más genuinas sobre su con­ dición y posibilidades. Fue la misma fuerza de esta movilización, conjuntamente con el m iedo que inspi­ raran en las capas mestizas y blancas de los Andes, la que obligó a que el Estado oligárquico se decidiera a levantar una barrera de contención. En la transform ación que lleva a que comunidades creadas bajo el mismo patrón en el siglo XVI ter­ minen siendo instituciones diferenciadas en el primer tercio d el siglo XX, probablem en te el siglo XIX encie­ rra las mayores causalidades. L a historia económ ica y social de la región andina, todavía en un estado muy incipiente, ha privilegiado con razón el estudio del re­ nacimiento d e sus econom ías de exportación, proceso que en general ocurre a partir de 1870. El desdén por las décadas anteriores estaría basado en la creencia de que fueron décadas con una econom ía estancada y con un profundo inmovilismo social, cortada solamente por los sucesivos “cuartelazos” de rústicos caudillos. Esta im agen probablem en te tenga algún grado de certidum ­ bre en ciertos niveles, pero no elimina la posibilidad de qu e existieran profundas transformaciones dentro de la sociedad rural y, d e manera más precisa, en las comu­ nidades andinas. E l hecho decisivo d e que, con una econom ía estancada, los campesinos y sus recursos eran lo único relevante justifica am pliam ente esta suposición. Aún más, probablem en te este proceso contiene una de las claves para entender más adecuadam ente el m e­ canismo de disolución de una estructura colonial y el montaje de un mecanismo regional y nacional mucho más com patible con las nuevas dem andas del m ercado y d el capital internacional al despuntar el siglo XX. El libro d e Tristan Platt E st a d o B o l iv ia n o y A y l l t j A n d in o es en este contexto un libro decisivo, pues mués-

tra las innovaciones introducidas por el siglo XIX en la condición cam pesina y porque descubre los tensos m e­ canismos de subordinación y rechazo establecidos en­ tre el “Estado” boliviano y la base campesina. H

e r a c l io

B o n il l a

Introducción

E s t e t r a b a j o se limita a presentar algunos elementos para una futura historia republicana de los grandes ayllus de la región boliviana hoy conocida como el Norte de Potosí. La elaboración de esta historia tropieza —co­ mo toda empresa en sus comienzos— con grandes dificul­ tades. Los pocos estudios existentes sobre la historia boliviana del siglo XIX raras veces se ocupan de aque­ lla “otra sociedad”, creada y reproducida por los indios de los ayllus dentro del contexto mercantil y cristiano de la formación colonial, vigente aún en 1825, cuando un pequeño grupo criollo decidió lanzarse a la aventura de un proyecto nacional altoperuano. Incluso cuando los historiadores han optado por tomar en cuenta las llama­ das “comunidades originarias de indios libres”, la au­ sencia de un componente antropológico en el análisis —debidamente arraigado en el trabajo de campo con­ temporáneo y en la etnohistoria andina y colonial— lle­ vó frecuentemente a errores de interpretación de la es­ casa información documental a nuestra disposición.

La exposición siguiente no está a la altura de los requerimientos citados. Constituye tan sólo un inten­ to de “centrar” la discusión futura en torno al eje de partida constituido por las relaciones ideales y mate­ riales entre los ayllus y el Estado criollo durante el siglo pasado. Si el presente trabajo tiene algo nove­ doso que ofrecer es la extensión temporal considera­ da. Limitándonos a este “hilo maestro”, hemos queri­ do seguir las vicisitudes de la relación ayllu-Estado en términos muy generales, desde un punto de partida situado en la herencia andino-colonial y prolongado du­ rante la época “proteccionista”, de las primeras déca­ das de la República, hasta la crisis precipitada por las políticas agrarias librecambistas después de la década de 1870, al consolidarse la apertura del país hacia el mercado mundial. Luego se sigue con el replanteo in­ dígena de la relación “tradicional”, a principios del si­ glo XX, y se termina con una breve consideración del vacío jurídico surgido en las últimas décadas con pos­ terioridad a la Revolución de 1952. Por el momento, se ha omitido el lapso comprendido entre 1927 y 1952. Omisión que, sin afectar la coherencia de nuestro ar­ gumento central, debe tenerse en cuenta en futuras in­ vestigaciones. Las desventajas de nuestro procedimiento son ob­ vias: sólo podemos esperar detectar los contornos más generales de la dinámica conflictiva de intereses, a costa del minucioso engranaje de desconfianza, miedo, obstinación, oportunismo, engaño y combatividad apa­ sionada, que constituye la trama de la vida política norpotosina. Tampoco debe buscarse aquí un análisis de la estructura interna del ayllu andino ni del Estado bo­ liviano. Por el momento, debemos contentarnos con una caracterización algo burda de los principales actores sociales en el escenario regional. Caracterización que se justifica en la medida que otorga coherencia a los cambios en la estructura regional de poder que se ma­

nifiestan en una perspectiva histórica larga. De ahí nuestro énfasis en los ayllus y sus caciques, los pequeños productores mestizos, los terratenientes con sus siervos, y el aparato estatal a través de sus represen­ tantes regionales; grupos cuya composición interna sólo se tendrá en cuenta cuando sea relevante para captar sus interrelaciones más significativas. Por su peso demográfico y por las superficies te­ rritoriales bajo su control, los ayllus representan has­ ta hoy el grupo social preponderante en el Norte de Potosí. Lejos de restar importancia al sector minero, cuya larga historia argentífera ha culminado en este siglo con el nacimiento del gran complejo estañífero de Llallagua-Uncía (Siglo X X ), esta afirmación sólo busca rectificar un desequilibrio en las ideas corrien­ tes sobre la región. Para establecer las bases de una historia económica regional, debe reconocerse la im­ portancia paralela de la antigua producción mercantil de los ayllus, en especial de trigo, maíz y harina. Gran parte de nuestro argumento girará en torno a la rui­ na de este comercio de exportación bajo el efecto de las políticas librecambistas en la segunda mitad del siglo XIX. De ahí que la imagen “metalocéntrica” que actualmente ofrece el Norte de Potosí deba conside­ rarse como producto de las políticas gubernamenta­ les favorables a la libertad de comercio y el aumento consiguiente en las importaciones trigueras, y no —co­ mo generalmente se supone— como resultado de una agricultura atrasada y tradicional, siempre orientada principalmente a la producción para la subsistencia. La marginación de los ayllus regionales ha sido obra del gobierno boliviano; no representa un estado origi­ nario de pobreza premercantil. La ruina del comercio triguero de los ayllus norpotosinos debe comprenderse como parte de la crisis más generalizada de otras economías regionales, origi­

nada en la derrota de las políticas proteccionistas por ciertos sectores de la oligarquía minera y terrateniente de Sucre y Potosí desde 1870. El Estado boliviano, al borde de la bancarrota durante las primeras décadas de la República, decidió sacrificar el mercado interno here­ dado de la Colonia en aras de su propia supervivencia. Sólo con los ingresos procedentes de las exportaciones mineras, y la consiguiente apertura del país a las impor­ taciones extranjeras, llegaría a sanearse el presupuesto nacional. Los avatares de la economía regional deben atribuirse, en gran medida, a esa causa inicial. Los ayllus norpotosinos, junto con otras regiones, fueron sacri­ ficados para asegurar la superviviencia de la “nación” (identificada con el Estado) y el predominio de las ca­ pas criollas que manejaron el débil aparato estatal. Supervivencia “nacional” a costa del país: sea cual fuere la utilidad de semejante paradoja para explicar la génesis de cierto tipo de sicología colectiva, el re­ sultado fue el desplazamiento en las luchas estatales del “enemigo interno”, representado por los indios, quie­ nes con su tributo sustentaron durante los primeros cincuenta años de vida republicana el presupuesto na­ cional, por el “enemigo externo”, representado por los intereses transnacionales que buscaron acaparar gran parte de las utilidades mineras. Durante las primeras décadas del siglo XX, las aspiraciones “nacionalistas” de las capas criollo-mestizas se dirigirían, principal­ mente, a derrumbar el “superestado minero” y bloquear el escape de divisas, tratando de reorientarlas hacia el erario nacional, dejando a su retaguardia rural la ta­ rea pendiente respecto a la “indiada”. En la década de 1870 los primeros gobiernos libre­ cambistas todavía no estimaban necesario prescindir totalmente del sector agrario. Más bien soñaban con una transformación capitalista del campo, a través de lo que ahora podemos reconocer como una primera re­

forma agraria. A partir de la Ley de Exvinculación, de 1874, se propuso la extinción definitiva de los ayllus, la privatización de la tenencia y la creación de un mer­ cado de tierras que permitiera la formación de grandes propiedades agrícolas. Al quedar marginados del mer­ cado nacional, deberían eliminarse definitivamente esas formas “primitivas” de organización social. Algunos criollos de la época incluso comentaron con optimismo la inminente extinción de la “raza”, debido a las epi­ demias que azotaron las comunidades indígenas entre 1856 y la Guerra del Pacífico. Debe haber sorprendi­ do la poderosa resistencia de los indios ante la prime­ ra reforma agraria, que culminó con una movilización general durante la Guerra Federal, a favor de las fuer­ zas de Pando, y que en 1902 forzó el abandono definiti­ vo de las operaciones exvinculatorias en el Norte de Potosí. Es a partir de entonces que puede detectarse los ini­ cios de un lento proceso de reovdenamiento en la balan­ za de fuerzas en el Norte de Pote-i. Para el Estado oligárquico, el enfrentamiento de las últimas dos déca­ das del siglo X IX se planteó entre las “fuerzas del pro­ greso” —los criollos— y un grupo “semisalvaie” —los avllus que defendían tenazmente una forma “anacrónica” de organización y propiedad. Los pequeños producto­ res mestizos fueron marginados de la batalla: el Esta­ do los consideraba simplemente como “usurpadores” de tierras de los ayllus, concebidas a su vez como propie­ dad pública. Amenazados con la venta de sus parcelas en subasta pública, los mestizos no vacilaron en aliar­ se con los ayllus en su lucha contra el Estado. Sin em­ bargo, desde comienzos del siglo XX las operaciones catastrales de tierras narticulares permitieron la extensión de numerosos títulos a ios productores mestizos, que de esta forma fueron separados de sus antiguos alia­ dos, y adscritos al bloque terrateniente y estatal. í

Queda por aclarar nuestro uso de las palabras in­ dio, mestizo y criollo. A mediados del siglo XIX es po­ sible asociar cada una de estas categorías étnicas, tal como aparecen en el contexto rural norpotosino, con tres tipos de propiedad agraria. Indio es quien vive dentro del régimen del ayllu, salvo cuando se encuen­ tra incorporado a las haciendas como siervo. Criollo es el terrateniente con acceso a fuerza de trabajo ser­ vil. El mestizo, si bien desde la Colonia había logra­ do insertarse en los márgenes del régimen del ayllu, en el siglo X IX había empezado a reclamar un dere­ cho particular a las tierras “usurpadas”, que cultivaría con mano de obra predominantemente familiar desde su residencia en los pueblos regionales, crecientemen­ te abandonados por los indios desde fines del siglo XVIII. En la medida que los pueblos podían contar to­ davía con las prestaciones laborales de los indígenas ( como sirvientes del Corregidor y del Cura, por ejem­ plo, o para atender las postas, el tambo, las escuelas y la iglesia), los mestizos de los pueblos empezaron a considerarse como patrones colectivos de los ayllus —una especie de hacendado multipersonal—, relación que persiste en los últimos treinta años, como veremos en el último capítulo. Naturalmente, estas categorías no pueden delimi­ tarse sin ambigüedades. Aparte de constituir la fuer­ za de trabajo servil de las haciendas, en las pocas zo­ nas donde éstas habían desplazado al régimen comu­ nitario, el indio también pudo participar como trabaja­ dor permanente o estacional en el sector minero. El hacendado criollo también sería dueño de minas, co­ merciante mayorista, o representante regional del apa­ rato estatal como subprefecto, diezmero, recaudador del tributo indígena “ o de impuestos mineros. Final­ mente, el mestizo se dedicaría también al transporte ° E n Bolivia el término generalmente empleado es ‘indigenal’.

(como arriero) o al comercio minorista; ocuparía el cargo de Corregidor o Cura; la falta de tierras inclu­ so lo llevaría a solicitar parcelas en los ayllus, some­ tiéndose en este contexto a los curacas indígenas pa­ ra el pago del tributo correspondiente. Sin embargo, para nuestros fines ( que aquí conciernen exclusiva­ mente al sector rural) hemos encontrado conveniente aferramos al uso de la época para calificar a los dis­ tintos tipos de agricultor y a los tres sistemas de pro­ piedad en los que generalmente se inscribían. Este uso, todavía persistente en el Norte de Potosí, permi­ te expresar la dinámica larga de los intereses econó­ micos y políticos sin excluir la dimensión étnica, pro­ fundamente arraigada en la realidad boliviana. A tra­ vés de una situación en la que las variables asociadas con etnía y clase se encuentran relativamente coinci­ dentes, pensamos que es posible llegar a algunas hipó­ tesis sobre su interrelación profunda en un plano más general. De ahí que la adscripción de una masa de pequeños productores mestizos al bloque terrateniente-criollo, a comienzos del siglo XX, representa no sólo un proceso de “racionalización” de la propiedad agraria mediante el catastro, y de la consolidación de la “iniciativa priva­ da” como móvil sicológico más apropiado para la espe­ rada “transformación capitalista” del país, sino también una victoria táctica, aunque pírrica por sus consecuen­ cias, por parte de los criollos en su lucha contra la “cultura alternativa” de la mayoría “autóctona”. Par­ tiendo de una postura de benevolencia paterna, las ac­ titudes criollas frente a los indios se transformarían en desdén autoritario cuando éstos se mostraban reacios a participar en un “proyecto nacional”, cuya realización presuponía la destrucción de sus propias organizacio­ nes tradicionales. Cuando el Estado oligárquico logró salvarse de la quiebra crónica mediante el desarrollo de la “economía mono-exportadora de metales”, las ac­

titudes empezarían a suavizarse, por lo menos en cier­ tos círculos intelectuales. Sin embargo, cuando los ayllus norpotosinos volvieron a sublevarse en 1927 fren­ te a los intentos expansionistas del bloque mestizocriollo, no faltaría una voz entre los terratenientes que lamentaría la imposibilidad de repetir en Bolivia la solución “heroica” adoptada por los Estados Unidos pa­ ra resolver su “problema indio”. Cualesquiera fuesen las actitudes asumidas, de hecho sumamente variadas, hay un factor constante: después del fracaso de la pri­ mera reforma agraria se consolidaría una unidad aje­ na, opuesta, impenetrable, que permitió a los criollos, y progresivamente a los mestizos, construir su propia “identidad nacional” en contraposición al grupo “autóc­ tono”. La adscripción de los mestizos al grupo criollo, en el plano de la propiedad privada de la tierra, prepara­ ría el terreno a una solución ideológica del problema indio, esta vez emergente de las filas mestizas del triun­ fante Movimiento Nacionalista Revolucionario (M N R). Colocado en 1952 a la cabeza de una masiva insurgencia popular, el MNR se vio obligado a nacionalizar las prin­ cipales minas de estaño y decretar una segunda refor­ ma agraria, que prometía entregar las tierras de las ha­ ciendas a los colonos y restituir a los ayllus sus tie­ rras “usurpadas”. Sin embargo, en la práctica la refor­ ma agraria que desde 1953 se realizaría en el Norte de Potosí sólo buscó la creación de una multitud de pequeños productores particulares, con títulos de pro­ piedad privada. Esta práctica regional, a favor del ré­ gimen mestizo de propiedad, subyace en la solución propuesta a los problemas raciales del país. Para los caudillos del MNR, en cuanto representantes de un na­ cionalismo mestizo, la palabra indio no era sino una mera supervivencia “feudal”, originada por la conquista española. El mestizaje racial era de tal naturaleza, se­ gún ellos, que el país debía admitir su propio mestiza­

je. No habría indios ni blancos. Todos se asimilarían al grupo mestizo, en cuanto denominador común de am­ bas castas. Por decreto los indios se convertirían en “campesinos”. ¿Acaso no eran “trabajadores del campo”? Así, en el MNR una corriente de pensamiento “racista pequeño-burgués” intentaba resolver un problema emi­ nentemente cultural por simple negación. Recuperada la lucidez histórica, el país reconocería como un hecho con­ sumado la homogeneización corporativista de los com­ ponentes étnicos de la Nación, y podría dedicar sus es­ fuerzos multi-clasistas, alimentados por el aporte racial tanto ibérico como americano, a la construcción de una patria moderna. E l planteamiento hábilmente identifi­ caba “mestizaje racial” (fenómeno genético) con “homo­ geneidad étnica” (mito nacionalista). En este trabajo buscamos contribuir al análisis crí­ tico que debe realizarse en torno a aquella magistral neblina de ambigüedades que fue el movímientismo; so­ bre todo por el modo como ejecutó la segunda reforma agraria en relación a los ayllus que acabamos de men­ cionar. Una perspectiva histórica larga permite reco­ nocer en ella un grado significativo de continuidad con los objetivos originalmente planteados por los gobier­ nos oligárquicos del siglo pasado a través de la pri­ m era reforma agraria. Ambas reformas propugnaron la extinción de los ayllus, la propiedad privada de la tierra y un nuevo sistema impositivo (predial rústico o impuesto único) que se aplicaría en base a operacio­ nes previas de agrimensura y catastro. La diferencia más importante radicaba en que así se consolidaban ahora los pequeños productores mestizos en la pose­ sión de las tierras usurpadas a los ayllus. Los mesti­ zos aparecían entonces como la “vanguardia” del régi­ men de propiedad rural. Desde esta perspectiva, el en­ sanchamiento de la pequeña propiedad entre los indios, iniciado con cierto éxito entre los colonos de las ex ha­ ciendas, puede conceptuarse no como una simple poli-

tica agraria que buscaba instaurar un régimen “mer­ cantil simple” en el campo boliviano, sino también —y no menos importante— como parte de una ofensiva ét­ nica que buscaba la asimilación de las dos antiguas “castas” en un “mestizaje universal”. Desde esta perspectiva deben comprenderse dos pa­ trones contrastados de sindicalización entre los ayllus y las ex haciendas del Norte de Potosí. Por una parte, algunos dirigentes mineros, partiendo de un análisis ex­ clusivamente clasista de la situación, buscaron la for­ mación de sindicatos cam pesinos (sic), dispuestos a plegarse a las luchas proletarias. Por otra parte, los mestizos de los pueblos (conscientes o no de las reali­ dades étnicas de la situación) también buscaron esta­ blecerse como dirigentes oficialistas, esperando llevar a los indios (sic) a colaborar con el gobierno en la atomi­ zación de sus propios ayllus. Aunque se logró cierto éxi­ to en la sindicalización de los valles norpotosinos (más afectados que la ¡ouna por la penetración de la propie­ dad privada), ambas tácticas tropezaron con el hecho no enteramente sorprendente que los indios comune­ ros de la puna vieron con profundo recelo una revo­ lución que amenazaba convertirlos en pequeños propie­ tarios, a costa de la destrucción de su organización tradicional y obligándolos a pagar un nuevo impuesto único. El MNR, como los criollos del siglo XIX, pre­ sentó su reforma agraria como una medida en favor de los intereses campesinos. Para los ayllus esta refor­ ma significaba una prolongación de los intentos secula­ res de diversos gobiernos de desconocer el antiguo “pacto de reciprocidad” que en las primeras décadas de la República regía las relaciones ideales entre ayllus y Estado. La esencia de este pacto consistía en la obli­ gación del Estado no sólo de reconocer los derechos colectivos de los ayllus a sus tierras, sino también de aceptar como contraparte los servicios tradicionales y la tasa, antiguo tributo indígena pagado por los indios.

Este recelo de los indios comuneros sobre los ver­ daderos propósitos del MNR, que constituye la interro­ gante inicial del presente estudio, condujo en la déca­ da de 1960, y no solamente en el Norte de Potosí, al resurgimiento de un planteamiento “indio” de la situa­ ción. Aquí no entraremos en las ramificaciones actua­ les y las proyecciones futuras de los “movimientos in­ dios” del país. Será suficiente constatar una quiebra importante en el planteamiento “mestizo”, heredero a su vez del “nacionalismo blanco” del siglo XIX, sugi­ riendo que los problemas derivados de la composición multiétnica de Bolivia difícilmente se resolverán por simple negación. Nuestro examen de la historia de las relaciones entre los ayllus norpotosinos y el Estado bo­ liviano espera lograr una comprensión más adecuada de la situación actual del indígena de esa región. Sin embargo, aunque nuestro análisis parecerá circunscri­ to a una experiencia local, y en particular a una expe­ riencia “Macha-centrista”, no debe olvidarse que los indios comuneros 0 de toda la sierra boliviana siguen pagando voluntariamente el antiguo tributo. Es urgen­ te un sondeo de opiniones y un examen de la experien­ cia histórica no sólo en los otros ayllus norpotosinos sino, también, en los otros departamentos del país. Es posible que la tasa tradicional deba mantenerse como parte de un replanteo de las relaciones entre ayllus y Estado. En este replanteo será imprescindible tomar en cuenta la experiencia .uorpotosina resumida en estas páginas. Debo hacer público mi agradecimiento a Angel Ro­ bles, Director del Proyecto de las Naciones Unidas de Apoyo al Programa Nacional de Desarrollo Rural In­ tegrado ( BOL/78/017), quien consideró justificable el financiamiento de tres meses de investigación, esencial * r io '.

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para la preparación de este trabajo. Una primera ver­ sión del mismo fue presentado en 1980 como un Infor­ me a dicha institución. E l presente texto representa una revisión del informe original, preparado en el mar­ co de los Estudios Comparativos del Area Andina, pa­ trocinados por el Instituto de Estudios Peruanos. La edición de las partes correspondientes al Informe cuen­ ta con la gentil autorización del Departamento de Coo­ peración Técnica para el Desarrollo (D C T D ) de Na­ ciones Unidas. Deseo también agradecer particular­ mente a Christine Hünefeldt y Heraclio Bonilla por sus comentarios críticos al texto inicial, y por el aliento necesario para que me anime a publicarlo. Entre las per­ sonas que han colaborado de una manera u otra en su preparación quisiera mencionar a Xavier Albó, Raúl Cal­ derón, Mario Chacón, Daniéle Démelas, Gunnar Mendo­ za, Winston Moore, John V. Murra, María Elena Orihuela y Antonio Rojas, como también al equipo del IEP (L i­ ma), del Grupo Avances (L a Paz) y del Programa Na­ cional de Desarrollo Rural Integrado (L a Paz). Final­ mente, quiero agradecer de manera muy especial al cura­ ca de Macha (Aransaya), don Agustín Carvajal, y a sus hijos Santiago y Gregorio, por la confianza depositada en mí a través de los últimos diez años, y el acceso brin­ dado al Archivo Cacical de los ayllus bajo su jurisdic­ ción, tanto en la puna como en el valle del Norte de Po­ tosí. Sin embargo, la responsabilidad por las opiniones aquí vertidas y los errores de concepto o hecho deben atribuirse exclusivamente al autor. T

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Sucre, 1981

1 Los antecedentes del debate republicano

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( 1 7 8 7 )

En 1825 e l g o b e r n a d o r d e c h a y a n t a escribía al Inten­ dente General de Potosí, general Guillermo Miller, ofreciéndole un resumen de la situación económica de la provincia a finales de la Guerra de la Independencia. El cuadro presentado muestra que, a pesar de los des­ trozos de los soldados y la crisis reinante en el sector minero, las bases de su comercio tradicional en trigo y harina se mantenían todavía intactas. En 1787 el In­ tendente de Potosí, Juan del Pino Manrique, había co­ mentado cómo los indios del pueblo de Chayanta . .bajan a los valles de Micani, San Pedro y Carasi, en que poseen tierras, y con las harinas y granos que conducen a La Paz, Yungas y Oruro, retornan coca, algodón y agí, extendiéndose algu­ nos hasta la costa, de donde regresan con aguar­ dientes” (Pino Manrique 1836 [1787]: 18).

Lo significativo es que este comercio floreciente fue llevado a cabo, no sólo por los hacendados, que en es­ ta provincia eran pocos, sino también por los indios de los ayllus.1 ¿Cómo es que los indios de los ayllus chayanteños lograron establecerse en esta ventajosa posición mer­ cantil? La respuesta es compleja, y nos obligaría a exa­ minar los términos precisos de la incorporación de la región a la economía colonial durante el siglo XVI. Aunque no podemos ofrecer aquí un análisis de la es­ tructura socioeconómica de la confederación preinca de los Charka y Karakara,2 es necesario señalar que, a diferencia de las otras regiones conocidas hasta la fe­ cha, los indios de Chayanta se ubicaban en una provin­ cia colonial que cubría todas las principales zonas eco­ lógicas que habían sustentado a la antigua confedera­ ción. 3 Cuando Pino Manrique quiso explicar la eviden­ te prosperidad de los ayllus norpotosinos, encontró la razón en el acceso que tenían a tierras de puna y valle dentro de su propia jurisdicción: “Tiene 20 curatos en la puna y valles, con la be­ lla proporción de que sus naturales no tienen que salir en ningún tiempo del partido para sus siem1 . la

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bras y recojo de granos, porque poseyendo tie­ rras en unos y otros temperamentos de su pro­ vincia en ellas cosechan cuanto necesitan”.4 Lejos de desestructurarse las bases prehispánicas de la prosperidad andina, en esta zona el antiguo patrón del “control vertical de un máximo de pisos ecológicos” (Murra 1975: 59-115) se mantuvo como un elemento ins­ titucionalizado dentro de la formación colonial. Es más, los ayllus regionales consistían en franjas continuas que bajaban desde las alturas hasta los valles cálidos o en dos zonas discontinuas, cada una situada en uno de los dos polos climáticos. Dado que la mita potosina se aplicó a través de los curacas de cada ayllu, la misma economía minera funcionó asegurando la persistencia de las condiciones verticales de reproducción de su pro­ pia fuerza de trabajo rotativa. Frecuentemente suele suponerse que los pueblos de reducción temprana lograron desarticular las identida­ des étnicas precolombinas, al reagrupar la población indígena en torno a un nuevo centro administrativo y religioso. La experiencia de Chayanta sugiere que és­ ta no es una explicación suficiente. Los cinco reparti­ mientos reconocidos por el virrey Toledo —Moromoro, Karakara, Macha, Chayanta y Sacaca— aumentaron a sie­ te cuando Pocoata y Aymaya insistieron en separarse del repartimiento de Macha (Platt 1978b). Sin embar­ go, los indios de Macha, Pocoata, Aymaya, Chayanta y Sacaca fueron distribuidos en pueblos, tanto en la puna como en el valle, manteniendo su afiliación étnica pre­ colombina. Si bien los diversos ayllus tuvieron a ve­ ces que compartir un solo pueblo, particularmente en la zona de valle donde la formación de “archipiélago” era más acentuada, las identidades étnicas se mantu­ 4. V er Pino Manrique (1 8 3 6 [ 1 7 8 7 ] ) : la antigua provincia de C h ayan ta coincide, precisam ente, con el área hoy dividida en cinco provincias y llamada N orte de Potosí.

vieron al asignarse “calles” específicas a cada ayllu.5 Este patrón de asentamiento puede detectarse en las fuentes coloniales y se mantiene en mayor o menor grado hasta la fecha. La distribución “vertical” de la población, conocida durante la Colonia como “doble domicilio”,6 fue comen­ tada nuevamente por el Gobernador en 1825. Resumien­ do su Informe, Grieshaber señala cómo los indios de Sacaca se desplazaban durante los meses de verano ha­ cia sus maizales y trigales en Santiago y Acacio; los de Chayanta a los valles de Micani, San Pedro de Bue­ na Vista y Carasi; y los de Pocoata a Chayala, Mica­ ni y Carasi (Grieshaber 1977: 167). Agregamos que los de Macha tuvieron su asentamiento de valle en San Marcos de Miraflores, y también compartían el pueblo de Carasi con los indios de Chayanta (Laymis) y Po­ coata. E l control de tierras én puna y valle permi­ tió que la subsistencia familiar fuera asegurada den­ tro de la misma provincia, y sirviera de base para el cultivo de excedentes comercializables, probablemente (como sugeriremos en el próximo capítulo) en tierras “de la comunidad”, al margen de los predios familiares. En este caso, la administración de la producción y la comercialización de los cereales habría estado a car­ go de los curacas de los ayllus. Estamos empezando a reconocer la importancia de este “modelo cacical” de mercantilismo agrario para de­ terminados momentos de la época colonial (ver, por 5 . P a r a la p r á c t ic a d e l s ig lo X V I , v e r Los yndios d e tacobamba contra los quillacas i asanaques sobre q u e sean Lechados d e las tierras d e g u a ch e y sarotala, e n : “ T i e r r a s e I n d i o s ” ( E A ñ o t a

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ejemplo, Murra 1977; Rivera 1978a). E l modelo se in­ serta, como una estructura productiva específica de los ayllus, dentro del vasto circuito mercantil generado por Potosí, y el resto del sector extractivo, en cuanto pro­ ductor de moneda-circulante y mercado principal para bienes de consumo e insumos para la producción mine­ ra (Assadourian 1982). Es importante contrastar esta estructura productiva con la que se desarrolló en las zonas de haciendas. En Cochabamba, por ejemplo, el otro gran centro altoperuano de producción de cerea­ les, la expansión de la producción señorial se encontró en conflicto con el sector de subsistencia de los vanaj conas, determinando que durante la larga crisis del si­ glo X V III la producción se entregara a arrendatarios aislados, con el retiro consecuente del hacendado de las actividades de producción y comercialización (Larson 1978, 1980). Es posible que el florecimiento del comer­ cio triguero de Chayanta, a fines del siglo X V III y du­ rante la primera mitad del XIX, guardara relación con el repliegue cochabambino frente a un mercado en con­ tracción. En este caso el “modelo cacical” de produc­ ción mercantil puede haber tenido ventajas relativas en épocas de baja demanda. Pero todavía no sabemos cuándo se inició la exportación regional de Chayanta, aunque ya en 1628 Vázquez de Espinosa había comen­ tado la importancia de la producción regional de trigo y maíz (Vázquez de Espinosa 1948[ 1628] ). Como recaudador del tributo y “enterador” de los mitayos, el curaca colonial tuvo que asumir el papel de intermediario entre los ayllus y el Estado español. Frente a sus ayllus, el curaca se presentaba como el encargado del Estado de confirmar a cada unidad do­ méstica en la posesión de sus tierras, y de asegurar la cancelación del tributo (a veces a través de la comer­ cialización de los excedentes producidos en las tierras “de la comunidad”) y las demás obligaciones exigidas por el Estado colonizador. A través del curaca, el rey

de España podía presentarse ante los indios como el sucesor legítimo del Inca: ambas jefaturas reclama­ ban un derecho eminente sobre todas las tierras culti­ vadas, y Wachtel (1973) ha mostrado cómo las estruc­ turas ideológicas precolombinas fueron reacomodadas dentro del aparato colonial de dominación. Es así co­ mo los curacas pudieron mantener su acceso a las pres­ taciones laborales, que por tradición se les otorgaba en su condición de “señor natural” de los ayllus bajo su jurisdicción. Su capacidad de movilizar la fuerza de trabajo indígena, mediante los tradicionales mecanis­ mos de la reciprocidad andina, debe considerarse como la base de su éxito como mercader dentro de la econo­ mía colonial —en determinadas coyunturas y regiones que todavía no han sido definidas con precisión—, un éxito que (como Silvia Rivera ha propuesto) podía ser­ vir para proteger a sus ayllus del peso desintegrador de las exacciones coloniales. Existen algunos indicios de esta práctica en Chayanta durante el siglo X V II.7 Y es- en este contexto que debe comprenderse la poca evidencia existente sobre la suerte del “modelo caci­ cal” durante las Guerras de la Independencia. La creciente diferenciación entre curacas e indios comunes, representada nítidamente en Chayanta por el caso del cacique-hacendado de Moscarí, don Florencio Lupa, fue acentuada por el fortalecimiento de una capa mestiza probablemente procedente de las capas indíge­ nas más pujantes, cuyos miembros desde la primera mitad del siglo X V III ocuparon algunos cargos impor­ tantes dentro de los ayllus, iniciando así la expulsión de los indios de sus antiguas reducciones. Es en este proceso que debe buscarse los orígenes del núcleo m estizo d e los pueblos hoy conocido como los “vecinos” o “mozos”. En 1731 los indios del repartimento de Ma­ 7. P latt 1978b ; cf. la denuncia de su caciq ue por los indios de Pocoata en Ram írez del Aguila 1 9 7 8 [1 6 3 9 ].

cha denunciaban la presencia de los mestizos en el pue­ blo de ese nombre, citando las leyes de la Recopilación de Indias en las que se prohibía la entrada de “mesti­ zos, cholos ni otras mixturas” a los “pueblos de indios”, “por el motivo que da la mesma ley de que no se con­ taminen en los costumbres”.8 La usurpación de los ca­ cicazgos por mestizos fue uno de los motivos de la gran sublevación encabezada en Chayanta por don Tomás Katari, de Macha. E l mayor control español sobre es­ tos cargos, ejercido después de la derrota de Katari, parece que nuevamente se diluyó en el curso de las Guerras de la Independencia. La persistencia de la antigua organización vertical en la puna y valles de la provincia de Chayanta, que se había integrado a los mecanismos de reclutamiento de la mita minera, significó una ausencia relativa de ha­ cendados en la mayor parte de la región. De ahí que en Chayanta no se dio esa lucha entre mineros y ha­ cendados por la mano de obra indígena que ha sido do­ cumentada por Thierry Saignes para la región de Larecaja (Saignes 1978). E l conflicto que surgió a fines del siglo X V III fue más bien entre los intereses mine­ ros y los de la Iglesia. Frente a la crisis potosina, el intendente Paula Sanz intentó instituir una “nueva mi­ ta” entre los indios de Chayanta para su aplicación a los decadentes ingenios de Potosí. Esta política trope­ zó con el hecho que los indios tenían que participar en las cofradías y fiestas de las parroquias de ambas zo­ nas ecológicas, para asegurar su acceso a las tierras de puna y valle. Durante el largo debate suscitado por este conflicto, los indignados azogueros de Potosí re­ clamaron contra los curas de Chayanta que “para el 8. V er “Tierras e Indios” ( E Año 173 1 , N9 5 1 2 8 ) , Archivo Nacional de Bolivia, Sucre. Los indios de M acha volvieron a que­ jarse, esta vez de un usurpador mestizo del cacicazgo, en 172 2 : ver “Tierras e Indios” ( E Año 177 2 , N9 2 2 3 ) , A NB, Sucre.

Rey cada yndio es una sola persona: mas para el cura hace las veces de dos yndibiduos, por que la comunidad que pasa fiestas en Chayanta las pasa tambéin en Carasi”. 9 Efectivamente, la documentación disponible so­ bre las responsabilidades de las cofradías y el ritmo intenso de las fiestas celebradas en cada Doctrina, mues­ tran el tiémpo de trabajo ocupado por los indios en el suministro de bienes y servicios a la Iglesia. 10 Pue­ de suponerse que a fines del siglo X V III la prosperi­ dad visible de Chayanta se expresó a través del es­ plendor y lujo de las celebraciones religiosas, que de esta manera lograron absorber buena parte de los ex­ cedentes comercializables de los ayllus regionales. Para preparar el escenario, aunque sea de manera todavía hipotética, sobre la riqueza sorprendente de los indios de Chayanta en los albores de la vida repu­ blicana, será necesario analizar tres conflictos surgidos entre los ayllus de Macha y los curas de una Doctrina, para lo que se dispone de un “Libro de Fábrica” que co­ rre desde 1779 hasta 1823.11 Se trata de la parroquia de San Marcos de Miraflores, iglesia en el valle del gran ayllu de Macha. En la información incompleta pro­ porcionada por esta fuente creemos poder entrever una estrategia cacical para la recuperación de los exceden­ tes previamente absorbidos por la Iglesia, pero ya no en provecho de los azogueros potosinos (la mita se abo9 . e n :

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lió definitivamente en 1812) sino para ensanchar la prosperidad indígena a través de una ampliación del comercio triguero, y probablemente maicero, cuya es­ cala en 1825 llamó la atención del Gobernador de la provincia. Será de gran importancia la investigación de las posibles estrategias cacicales correspondientes a los otros ayllus del Norte de Potosí. Las consecuencias institucionales del “control ver­ tical” de los indios de Chayanta de las tierras de puna y valle habían producido perplejidad entre los admi­ nistradores blancos desde las visitas toledanas del si­ glo XVI. En 1797 el cura de San Marcos de Miraflores, deseoso de emprender la reconstrucción de una capilla en un anexo alejado de la Doctrina, obra que requería la colaboración de los indios “locales”, se encuentra la­ mentando “la poca espiriencia que tube de trabajar se­ mejantes obras con yndios de aillos que tienen doble domicilio en puna y valle”: “los de este anexo lejos de hacer la menor demos­ tración de regocijo. . . concurrían casi forsados con una lentitud y tibieza los unos cerca del me­ dio día y otros a tiempo de la chicha o comida, y esto por un día y dos o tres cuando mas, y lue­ go se retiraban o fingían viaje a la puna”. Vemos que los mismos indios consideraron excesivo el peso de las obligaciones eclesiásticas que los obliga­ ban, en palabras de los azogueros, a dividirse en “dos yndibiduos”. La renuencia de los indios de la puna a colaborar en las obras religiosas del valle al parecer se agravó en el curso de las Guerras de la Independencia, como pue­ de verse en un nuevo conflicto surgido en 1823 entre el cura y los curacas de Macha, residentes éstos a va­ rias leguas de distancia en la puna. En esa época crí­ tica los cofres doctrinales del valle se encontraban ca­

si vacíos debido a los “desgraciados tiempos de gue­ rras” y “las urgentísimas necesidades del Exercito del Rey y de la Nasion”. Además, el cura lamentaba la abo­ lición de ciertos servicios tradicionalmente prestados por las cofradías de San Marcos, señalando como res­ ponsables a las mismas autoridades indígenas: . .estos Curacas, por su propia autoridad abusi­ va, han abolido aún las funciones o prosesiones que comunmente denominan Tuta Alférez, que habían sido sinco, las han quintado.. . y las acos­ tumbradas heran de dose pesos.. . ”. 12 Sin embargo, en las otras doctrinas de los ayllus se se­ guía pagando la suma tradicional, “sin atender que de este Curato tienen sus ali­ mentos por los sembradíos de maíz y trigo, con cuios frutos pagan sus tributos y demás pensio­ nes que tienen en los Curatos de Macha, Chairapata y Surumi por la doblada residencia”. 13 Se trata, aparentemente, de una reducción sistemá­ tica de los servicios prestados en la doctrina del valle, buscada por los curacas del mismo modo que había si­ do hecha por los azogueros de Potosí. El cambio pare­ ce consistir en eliminar la autonomía doctrinal a los valles del ayllu, reduciéndolos a la posición de un sim­ ple apéndice perteneciente al grueso de la población re­ sidente en la puna. El maíz y el trigo de San Marcos debían canalizarse directamente hacia la puna, en lu­ gar de ser absorbidos por la Iglesia local. Otra evidencia de este conflicto se encuentra en los intentos del cura de reconstruir la misma Iglesia de San Marcos en el mismo año. Ya se ha señalado el de­ sinterés de los indios de la puna, en 1797, por la refac­ 12. Ib id., ver nota 10. 13. Ver nota 10.

ción de la capilla. Pero en 1823, frente al derrumbe aparente del orden colonial, la negativa es tajante: el cura denunció que la Iglesia fue refaccionada “todo a mi costo, sin que ningún Curaca, ni vesino de este pue­ blo me haiga ayudado con un centavo”. Su acusación a los curacas va más lejos todavía: . .son tan yndevotos dichos mandones, que solo consultan por sus propios yntereses, como son Tarachi, el Curaca de Majasaya, y su compañero de la Parcialidad de Anansaya, Pirapi, que solo para sus utilidades con empeño y abusivas cos­ tumbres yntroducidas por ellos los hazen travajar [a los indios] sin atender que en las leyes y recopilación de Yndias expresamente mandan que paguen sus respectivos jornales en presencia de sus párrocos quando los ocupan a los naturales de sus parcialidades, pero estos han derogado es­ tas leyes”. 14 Se trata, visiblemente, de un desconocimiento de la re­ lación asalariada, promovida por la legislación colonial, por parte de los curacas de Macha, quienes preferían movilizar las tradicionales prestaciones de fuerza de tra­ bajo que les correspondían dentro de las reglas de la “reciprocidad” andina. Nuevamente presenciamos el re­ tiro de los servicios indígenas a la Iglesia y su empleo para propósitos definidos por los mismos curacas. ¿Cuáles serían estos propósitos? Lamentablemente, la fuente no informa al respecto. Pero en vista de los logros anteriores del “modelo cacical”, debemos pregun­ tamos si no se trataba de un “proyecto indígena” en manos de los curacas, aislado de las aspiraciones crio­ llas salvo en la medida que ambos grupos rechazaban la opresión virreinal, y que buscaba fortalecer el “mo­ delo cacical” de mercantilismo andino para que los in­ 14. Ver nota 10.

dios pudiesen enfrentar el mercado republicano en con­ diciones más favorables. En todo caso, Bolivia nació con su demanda interna de cereales y harina entera­ mente abastecida por una producción regional centra­ da en Cochabamba y Chayanta, que incluso pudo reba­ sar los límites de la nueva República para integrar en su circuito las regiones colindantes del sur peruano. A mediados del siglo X IX esta autosuficiencia empezó a destruirse por la lenta penetración de productos extran­ jeros. En 1866, el subprefecto de Chayanta, Matías Arteche, comentaba los efectos desastrosos que la impor­ tación de productos foráneos causaba en el comercio provincial: “Las harinas de castilla [de Chayanta] no sola­ mente se consumían en los pueblos del Norte de la República: su estracción era aún más activa a todo el Departamento de Puno, territorio del Pe­ rú. Hoy con motivo de la internación de las ha­ rinas de la República de Chile, por la vía de Tac­ na, hasta el Departamento de La Paz, por medio de arrías, ha desaparecido aquel consumo acti­ vo de granos, que antes era la vida de la Provinc ía .. . . 5 En los próximos capítulos, veremos el contexto y las consecuencias de la ruina del mercantilismo indígena de Chayanta, consumada en aras de las aspiraciones “nacionalistas” del Estado oligárquico, cuyas políticas en el plano más general desembocaron en una larga “guerra étnica” (la Guerra Federal) como expresión definitiva de la pérdida de fe experimentada por los in­ dios frente al Estado “traidor”.

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El "antiguo régim en ” tribu tario : gobierno indirecto y auge com ercial, 1825-1880

. .solo por solucionar nuestros Tributos consegui­ mos aquella cantidad que nos está asignada por nuestra clase con un imponderable trabajo, vendien­ do el poco fruto que recogem os de nuestras c o r­ tas posesiones en un presio el mas ín fim o .. . ” Agustín Billegas, R ecaudador de Chayantacas, y otros, al Subprefecto de C hayanta, M oscarí, 5 de agosto de 1829 (A rchivo Nacional de Bolivia, M inisterio d e H acienda, P refectu ­ ra Potosí recibidas, T. 1 6 , no. 22 ). “Los cereales por lo com ún se venden y consumen en el mismo departam ento que los produce. Salen de esta regla C ochabam ba y la Provincia de C hayanta correspondiente a Potosí, que proveen de tri­ go y maíz a los departam entos de L a P az y O ruro”. José M aría D alence (1 9 7 5 [1848]-. 2 7 6 ) .

que se extiende desde la fundación de la República, en 1825, hasta los años previos a la Guerra del Pacífico, el debate económico criollo se ca­ racterizó por una pugna entre una corriente de pensa­ miento “proteccionista” (cuyo representante más elo­ cuente fue José María Dalence), y los protagonistas de un programa “librecambista” que llegarían a consoli­ dar su modelo de “progreso” desde el principio de la década de 1870. Los efectos del desarrollo de este mo­ delo fueron previstos en gran medida por los proteccio­ nistas: la eliminación de las barreras aduaneras, la anu­ lación del monopolio estatal sobre la exportación de pastas de plata, la construcción de ferrocarriles hacia D u k a n te e l p e río d o

los puntos de exportación, en desmedro de la integra­ ción vial interna. Todos estos factores contribuirían a crear una crisis del mercado interno, cuyo fomento había sido la base de las políticas proteccionistas. En el Norte de Potosí los efectos del programa liberal se expresaron a través de la crisis de la producción regio­ nal de trigo y el renacimiento paralelo de la gran mine­ ría argentífera de exportación en el antiguo asiento mi­ neral de Aullagas (Colquechaca). Pero los primeros gobiernos librecambistas no qui­ sieron excluir totalmente de sus proyectos al sector agrario. La década de 1870 se caracteriza también por la elaboración de una nueva política agraria a través de la “Ley de Exvinculación” de 1874, que buscaba “moder­ nizar” la producción agropecuaria del país mediante la disolución de los ayllus y su reemplazo por un nuevo régimen de “capitalismo agrario”, en los términos de la época. Esta transformación del sector rural debería ser la contraparte de la gran minería exportadora, y se suponía que iba a poder competir con los productos ali­ menticios importados. En la práctica, la política agra­ ria liberali6 fracasó rotundamente, lo que constituyó un factor clave en el desarrollo desenfrenado de la eco­ nomía monoexportadora de metales, cada vez más de­ pendiente de la importación de insumos mineros y de ciertos artículos de consumo de primera necesidad. En los capítulos siguientes se examinará algunas de las razones de este fracaso, a través de un análisis del proceso de aplicación de las nuevas políticas agrarias en el Norte de Potosí. Frente a la masiva resistencia 16. Usamos la palabra “liberal” en el sentido de una corrien­ te de pensamiento económico librecam bista, asociado con la ideo­ logía “positivista”, y no com o el nom bre de un partido político. Desde esta perspectiva, tanto el Partido Conservador como el P a r­ tido L iberal se dejaban orientar por el liberalismo económ ico, y sus diferencias versaron más sobre la sede del gobierno y los términos de la paz con Chile.

indígena, el Estado boliviano nunca llegó a movilizar los recursos necesarios para desarrollar sus propósi­ tos por la fuerza. Sería incorrecto suponer que la mo­ vilización de los indios constituyó una explosión ciega, desprovista de objetivos claros. Se trataba más bien de una defensa crecientemente airada de un orden “tradi­ cional”, que no solamente regía las relaciones normati­ vas entre el Estado y el ayllu, sino que también brinda­ ba las garantías necesarias para el desarrollo del gran comercio triguero de la región. Para comprender la ló­ gica de la resistencia indígena debemos partir de una consideración de este orden “tradicional”, cuyo eje cen­ tral fue el sistema del tributo indígena. La conversión de un excedente comunitario en el di­ nero necesario para cancelar el tributo requería parti­ cipar en el mercado de trabajo o de productos. Para la provincia de Chayanta la comercialización del trigo pa­ rece haber sido la base tradicional del tributo. Dado que las exigencias estatales recaían sobre la persona del “cacique recaudador”, no hay ninguna razón para su­ poner que cada unidad doméstica se encargara indivi­ dualmente de la venta de su propio excedente trigue­ ro. La generalización del comercio triguero para fines impositivos resultaría, en todo caso, imposible fuera de las zonas apropiadas para su cultivo, y podría inte­ rrumpir la circulación de diferentes productos entre ecologías especializadas dentro de la comunidad. Aquí vuelve a presentarse la posibilidad de un “modelo caci­ cal” de tributo, basado en la movilización de la fuerza de trabajo colectiva para el cultivo de ciertos produc­ tos en tierras “de la comunidad”, encargándose el mis­ mo curaca de la comercialización de las cosechas, a la vez que se devolvía una porción a los cultivadores en señal de redistribución. Este modelo está documentado mediante testimonio oral para el ayllu Jukumani, del norte potosino, en el período previo a la Revolución de 1952 (Godoy s/f). Una variante para el caso del ayllu

Macha fue el descenso anual del curaca recaudador a los valles para el cobro del tributo, en maíz, de las fa­ milias individuales, antes de proceder a su comerciali­ zación (Platt 1978a). Estos indicios etnográficos de­ muestran que si bien el monto del tributo se calculaba sobre el total de las unidades domésticas en edad de tri­ butar, los mecanismos precisos por los que cada uni­ dad participaba en su pago podían variar notablemente entre ayllus. No se dispone aún de las fuentes documentales que permitan aclarar la situación dentro del ayllu de Chayanta durante las primeras décadas de la República. Debe tenerse en cuenta esta advertencia, puesto que en lo que sigue consideraremos predominantemente las obligaciones tributarias en cuanto responsabilidades in­ dividuales de cada unidad doméstica. Aparte de algu­ nas sugerencias para futuras investigaciones, las fuen­ tes utilizadas nos obligan a enfatizar la función del cu­ raca cara el E stado en perjuicio de su papel económico y político dentro de la comunidad. En 1848, José María Dalence, en su B osquejo Esta­ dístico d e Bolivia, señalaba nuevamente el florecimien­ to del comercio cerealero en la provincia de Chayanta: “Los cereales por lo común se venden y consu­ men en el mismo departamento que los produce. Salen de esta regla Cochabamba y la provincia de Chayanta correspondiente a Potosí, que pro­ veen de trigo y maíz a los departamentos de La Paz y Oruro” (Dalence 1975). El mismo autor atribuye una producción de trigo al de­ partamento de Potosí más alta que la de Cochabamba. Puede inferirse que en las primeras décadas republica­ nas Chayanta fue el centro de producción triguera más importante del país.

En 1846 el valor real del tributo fue equivalente a aproximadamente una o dos fanegas de trigo. Entre 1816 y 1877 el monto del tributo se mantiene constante a 9 pesos 6 reales por originario, 7 pesos por agrega­ do y 5 pesos por forastero. Por otra parte, Dalence en 1846 indica un precio de 4 pesos por fanega de trigo. La relación fluctuante entre el precio del trigo y el tri­ buto permitiría establecer un lím ite inferior al comer­ cio de trigo, de acuerdo con la población tributaria de los ayllus trigueros. El monto realizado mediante esta participación “forzada” en el mercado lo recuperó el Fisco, que buscaba la capitalización del Estado sin la destrucción de las condiciones de producción de los ay­ llus. En este sentido podemos considerar la percepción tributaria como una vía fiscal de “acumulación primiti­ va permanente” (Bartra 1974), con la diferencia de que aquí el principal beneficiario sería el Estado. Sin em­ bargo, este límite inferior no excluye la posibilidad si­ multánea de un proceso de expansión mercantil por par­ te de los curacas encargados de recaudar el tributo de sus ayllus, en la medida que llegaron a vender una can­ tidad mayor al valor exigido por el Estado. El acceso a una parte de los excedentes campesinos fue decisivo para la reproducción del débil aparato es­ tatal, pese a que la palabra “tributo” y su resabio colo­ nial fueron repugnantes para el oído republicano. Du­ rante la Colonia, la corona española había mantenido la convergencia entre “impuesto” y “renta”, característica del Estado Inca. Los indios pagaban el tributo o tasa a la corona, en cuanto ésta gozaba de un derecho emi­ nente sobre la tierra; pero lo consideraban parte de lo que llamaremos un “pacto de reciprocidad”, que les ga­ rantizaba el acceso seguro a sus tierras. E l Estado re­ publicano, en cambio, prefirió enfatizar que los ayllus eran simples usufructuarios de las tierras del Estado —más tarde se diría que las tierras habían sido “se­ cuestradas”— y que el tributo era en realidad un sim-

pie arriendo que se pagaba al Estado como dueño de las tierras comunales. Esta oposición dejaba abierto el ca­ mino jurídico que “justificaría” las ventas forzadas impuestas sobre las comunidades de algunas regiones por el gobierno de Melgarejo. Por otra parte, permitía que otros gobiernos —desde los decretos dictatoriales de Bolívar hasta la Ley de Exvinculación de 1874— asu­ miesen una postura de “generosidad paternal” cuando planteaban la consolidación de la tenencia individual a través de la extinción formal de los ayllus. Tales ofer­ tas fueron violentamente rechazadas por los ayllus, co­ mo veremos más adelante. Sin embargo, en las prime­ ras décadas de la República los gobernantes se conten­ taban con la reconceptualización jurídica de la tasa de arriendo y la percepción semestral del antiguo tributo, que seguía costeando los sucesivos intentos de conver­ tir al Estado en un protagonista eficaz de los intereses de una embriònica burguesía criolla ( Sánchez-Albor­ noz 1978). La fluctuación demográfica de la población contribu­ yente exigía un reajuste periódico del monto presu­ puestado del tributo para cada provincia. Por lo tanto, fueron necesarios los empadronamientos regulares, si­ guiendo la costumbre implantada durante la época colo­ nial. Estos empadronamientos, llamados “Revisitas”, bus­ caron anotar los nombres de cada contribuyente y de los miembros de su familia, junto con detalles sobre el terreno que ocupaba y la categoría tributaria a la que pertenecía. Entre los contribuyentes se distinguía a los “próximos” (los hijos varones de 13 a 17 años, que entrarían en la categoría de contribuyentes en la pró­ xima Revisita), “los reservados” ( “que hubiesen cum­ plido la edad de cincuenta años” ), como también a los enfermos, los curacas hereditarios, las autoridades in­ dígenas de turno, los sirvientes de la Iglesia y los pos­ tillones de turno. Las variaciones en la composición demográfica se explicaba también porque con el trans-

curso de los años algunos contribuyentes habían muer­ to o entrado en la edad de los “reservados”, los “próxi­ mos” llegado a la edad de tributar, algunos campesinos se habrían ausentado por migración, mientras que otros “advenedizos” habrían alcanzado a inscribir sus terre­ nos. A veces cuando un terreno era arrasado por el río, su ocupante tenía que asegurarse la posesión de otro. Todas estas modificaciones tenían que tomarse en cuen­ ta al formar el nuevo Libro de Revisita, que siempre terminaba calculando el nuevo monto tributario corres­ pondiente a cada provincia. Según el Reglamento de 28 de febrero de 1831, las Revisitas debían practicar­ se cada cinco años, aunque en la práctica los interva­ los fueron más largos. Para la provincia de Chayanta disponemos de Libros de Revisita para 1830, 1837, 1843, 1858, 1863 y 1877.17 Según el Reglamento de 1831, la Revisita estuvo a cargo del Gobernador (más tarde convertido en Subprefecto) de cada provincia, quien era también el res­ ponsable de recaudar el tributo semestral correspon­ diente a los pueblos y ayllus de su jurisdicción, perci­ biendo un porcentaje del monto recaudado. Los intere­ ses del Estado estaban representados por mi Apodera­ do Fiscal, acompañado de un secretario y un intérpre­ te, nombrado por el Gobierno en base a una lista pro­ puesta por el Prefecto del departamento. E l Tesoro de­ partamental debía entregar una copia de la matrícula anterior al Apoderado Fiscal, quien debía ponerla a dis­ posición de la mesa revisitadora para su actualización en el curso de la Revisita. La mesa se instalaba suce­ sivamente en cada pueblo de la provincia, y debían acu­ dir los párrocos y corregidores de cada cantón: los pri­ meros debían mostrar los Libros eclesiásticos de bau­ tismos, casamientos y entierros, necesarios para calcu­ 17. Los padrones coloniales pueden consultarse en el Archivo General de la Nación, Buenos Aires.

lar su movimiento demográfico, mientras que los corre­ gidores tenían que exhibir los padroncillos en base a los cuales se había realizado la cobranza cantonal. El Corregidor también recibía un porcentaje del monto recaudado en su cantón. Por otra parte, los terrate­ nientes del cantón debían presentar las listas de los colonos contribuyentes de sus haciendas. Finalmente, una vez instalada la mesa revisitadora en cada pueblo, debían acudir los cobradores indígenas —curacas, se­ gundas, filanqus, alcaldes— a la cabeza de los ayllus de su jurisdicción. Detrás de ellos, estancia por estancia, desfilaban todas las unidades domésticas —hombres, mujeres y niños— del cantón. Ahora bien, en la visión esquemática del legislador, todos los ayllus y sus miembros debían pertenecer sin ambigüedad a un solo cantón, provincia y departamen­ to. Sin embargo, en la realidad la situación era mucho más compleja. Desde los primeros días de la Colonia los esfuerzos españoles de concentrar la población in­ dígena en pueblos locales con integridad territorial ha­ bían entrado en conflicto con técnicas alternativas de organización espacial, características de las poblacio­ nes andinas, que preferían mantener un patrón alta­ mente disperso de tenencia para asegurar su acceso a los productos de múltiples ecologías alejadas entre sí (Murra 1975). En el siglo X IX las autoridades frecuen­ temente manifestaron perplejidad al encontrar terre­ nos dentro de su jurisdicción local como propiedad de pueblos muy alejados de otro cantón, provincia o de­ partamento (cf. Anexo 3). En los mismos linderos depar­ tamentales se encontraba comunidades que reclamaban tierras a ambos lados de la frontera. En tales casos los Prefectos no vacilaron en basarse sobre los recla­ mos comunitarios para justificar la expansión de su ju­ risdicción a costa del departamento vecino. De esta ma­ nera surgieron conflictos que, en muchos casos, hasta hoy siguen sin solución.

Tomemos el ejemplo de los terrenos de Bombo, en la frontera entre la provincia de Chayanta y el depar­ tamento de Oruro. Estos terrenos fueron reclamados por el ayllu Chullpa de Chayanta pero se encontraban dentro de la jurisdicción de Oruro. Como explicó el Apoderado indio de los Chullpa en 1844: . .los infelices moradores en dichos terrenos su­ fren dobles gravámenes, pagando arriendos a es­ te departamento [de Potosí], la contribución en Oruro i la doctrina en Poopó; se resuelba por el Supremo Gobierno que dichos yndios pertenescan de una vez a la Comunidad de Chullpas en todo”. 18 Sin embargo, en 1835 el Prefecto de Oruro había expresado una opinión divergente: “Los indígenas de Bombo satisfacen animalmen­ te la cantidad de serca de trescientos pesos a los de Chayanta como renta proveniente de las tierras que ocupan, y como los espresados tie­ rras están cituadas en este departamento, pare­ ce que la espresada renta debe pertenecer a la Beneficiencia.. .”. 19 El Prefecto tomó por su cuenta las medidas corres­ pondientes. En 1835 mandó una nota al Juez de Paz del cantón de Sora-Sora: . .me anotisia hallarse en la Estancia de Bom­ bo el Casíque de Chayanta con el fin de cobrar los arriendos que pagavan los indígenas de di­ cha estancia. Pase Ud. a aquella con la veloci­ dad de rayo. .. y haga la cobranza en los mismos términos que lo hacían en años pasados y siem18. V er el expediente de la Revisita de Chullpas, Revisita de Chayanta de 184 7 . A N B, Sucre. 19. Ib id ,

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pre que los Yndigenas hayan satisfecho alguna cantidad al referido Casique, recoja Ud. [y] obli­ gúeles a que vuelban a pagar de nuebo. . . Ud. queda autorizado para todo lo que pueda ocu­ rrir. . ,”20 El Juez de Paz ejecutó la orden, asaltando al Cobra­ dor de Chullpa. “. . .en paraje despoblado y de ningún recurso: es demasiado notable en las autoridades del Depar­ tamento de Oruro donde creo aun se concerban los despotismos del tiempo Español. . . ”. 21 Es evidente que estamos en presencia de una suerte de bandolerismo fiscal, por el cual la Prefectura intenta ampliar sus fuentes de ingreso a costa de la jurisdic­ ción tradicional de las autoridades indígenas. Muchos otros casos podrían citarse,22 pero lo que aquí interesa es la propiedad ejercida por algunos ayllus sobre tierras lejanas en diferentes departamentos, provincias o cantones. Un buen ejemplo que se ofrece es el de la presencia de un enclave comunitario en el cantón San Marcos (provincia de Charcas, departa­ mento de Potosí), perteneciente a los indios Collanas del ayllu K’ulta (provincia de Challapata, departamen­ to de Oruro), cuya existencia actual pudimos confir­ mar en el terreno en 1970. Este enclave, sembrado 20. Ver el expediente de la Revisita de Chullpas, Revisita de Chayanta de 1847. A N B, Sucre. 21. Ibid. 22. Por ejemplo, el cu raca de la Comunidad de Ormiri (p ro ­ vincia de Tomás Frías, departam ento de P o to sí), con tra la Pre­ fectu ra de Oruro y Subprefecto de la provincia de Paria ( E x ­ pediente en posesión del cu raca de O rm iri). Problemas semejan­ tes subyacen en la ubicación de un ayllu de K’ulta (provincia de Challapata, departam ento de O ru ro) dentro de la provincia de Tom ás Frías, departamento de Potosí (inform ación del antro­ pólogo Tom ás Abercrombie en 1 9 8 0 ) . Cf. tam bién Anexo 2.

principalmente con maíz, se ubica en el corazón de las tierras del valle del ayllu Macha. En 1866 el titular Mariano Llanqui se quejaba de los despojos practica­ dos por los indios vecinos de Macha, . .sin que las autoridades cantonales nos hayan amparado en la posesión de nuestras tierras; por el contrarío nos ha hostilizado el corregidor de San Marcos volviéndose a los indios de Llucho”.23 Según información recogida en 1970, los indios K’ulta del valle de San Marcos siempre habían pagado su con­ tribución a los caciques de Oruro. Por lo tanto, los Co­ rregidores (cuyo salario incluía un porcentaje del tri­ buto recaudado) no se interesaban en amparar una po­ sesión cuyo tributo no caía dentro de su jurisdicción. Los indios de K’ulta fueron amparados en su posesión de los terrenos por el Revisitador de 1885, en base a una “posesión secular de serca de tres siglos”; 24 sin embargo, los conflictos entre Macha y K’ulta siguen hasta el presente. Si ahora consideramos a los grandes ayllus de la provincia de Chayanta, encontramos que también es­ tán distribuidos entre varios cantones en la puna y el valle. Hasta la Revisita de 1837 es significativo que el empadronamiento se realizara para cada ayllu en un solo lugar, dado que el curaca podía presentar los datos de todo su ayllu, sin necesidad del desplazamiento de las mesas, a través del territorio. Pero desde 1843 en­ contramos que los habitantes de cada ayllu se anotan en forma separada según el cantón que ocupan. El cua­ dro 1 muestra la distribución muí ti-cantonal de ocho ayllus norpotosinos, cuyos habitantes deben sumarse para llegar a la población total del ayllu. Este fenóme2 3 . d e

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no es sumamente importante, pues muestra el princi­ pio de los repetidos intentos republicanos de descono­ cer el ayllu muid-cantonal, sometiéndolo a una frag­ mentación administrativa que sigue amenazando las ba­ ses multíecológicas de producción que sustentaron el florecimiento comercial de Chayanta durante el siglo X I X .25 Un examen del cuadro 1 muestra un hecho sobresa­ liente: mientras que algunos ayllus (M acha y Pukwata, por ejemplo) ocupan tierras en la puna, chawpiranci (región intermedia: “cabeza de valle”) y valle, consti­ tuyendo dos franjas verticales continuas que bajan des­ de las alturas hasta la zona cálida, otros ayllus sólo ocupan tierras en los cantones correspondientes a los dos polos climáticos y, por lo tanto, no disfrutan de un control sobre un territorio unificado. Para estos ay­ llus la “comunidad” propiamente dicha abarca dos áreas geográficas discontinuas. Además, se notará que muchos cantones albergan a más de un ayllu en su jurisdicción: la frontera entre dos ayllus puede pasar por el centro de un solo can­ tón. En los cantones de valle se encuentra hasta cua­ tro ayllus, cuyos integrantes ocupan terrenos dentro de la jurisdicción de un solo corregidor, puesto que en las zonas de valle los ayllus están “mezclados” ( chajrusqa dicen los indios actualmente). Se trata de una superposición administrativa, derivada de las doctri­ nas coloniales, que desconoce la existencia de formas 25. Hemos com probado estadísticam ente (P la tt 1 9 8 2 ) que en 1 9 7 8 los productores campesinos de la región con mayores ven­ tas agrícolas coincidieron tendencialm ente con aquellos que m an­ tenían el cultivo en puna y valle. E l argum ento que hoy se utiliza para privarles de sus tierras lejanas es, precisam ente, que son tierras correspondientes a otros cantones, provincias o depar­ tamentos. L as bases de esta argum entación ya empiezan a per­ filarse en la Revisita de 1843.

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