Plan de Transparencia Judicial

 

 

EL PLAN DE TRANSPARENCIA JUDICIAL

Es un ambicioso proyecto destinado a conseguir una mayor transparencia de los procedimientos judiciales, reforzando los

CONCEPTO

principios de independencia, imparcialidad, competencia, accesibilidad, eficacia, duración razonable en las tramitaciones, calidad, previsibilidad, igualdad y responsabilidad. Se trata de garantizar una adecuada correspondencia entre el coste y el rendimiento del servicio público.

La Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia  establece que el ciudadano tiene derecho a recibir información transparente sobre el estado, la actividad y los asuntos tr amitados y pendientes de todos los órganos jurisdiccionales de España y el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, así como el Consejo General del Poder Judicial canalizarán esta información para facilitar su consulta en el marco de su plan de transparencia.

ORIGEN

Este Plan de transparencia fue aprobado por Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, por el que se aprueba el Plan de Transparencia Judicial.

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El Plan de Transparencia Judicial

PRINCIPIOS INFORMADORES DEL PLAN

Dicha publicidad deberá cumplir al menos dos objetivos primordiales:

1º Publicidad de las

• proteger a los ciudadanos de una justicia sustraída al control y conocimiento p úblicos y y  

actuaciones judiciales

• mantener la confianza de la comunidad en los tribunales.

2º Necesaria protección

La transparencia judicial, en su vertiente de publicidad del proceso, no debe perder de vista la necesaria

de los derechos e

protección de los derechos e intereses legítimos que puedan verse afectados por la falta de autorregulación

intereses legítimos

de los medios de comunicación sobre los límites que no han de sobrepasarse en una sociedad avanzada.

La idea de transparencia judicial, además, ha de relacionarse necesariamente con la responsabilidad de los

3º Responsabilidad de los

poderes públicos. Para poder exigir de los poder poderes es públicos la responsabilidad es preciso que se pueda

poderes públicos

conocer no solo el contenido de las resoluciones judiciales, sino también el tiempo medio en que estas deberían haber sido dictadas.

La ejecución de las políticas públicas relativas a la Adm. de Justicia requiere la adopción de decisiones basadas

4º Decisiones racionales

en la información disponible, cuya credibilidad exige dos condiciones:

basadas en la

• la buena calidad de la información, basada en la aplicación correcta y cuidadosa de las metodologías

información disponible

adecuadas; • la garantía de que la información así obtenida no va a ser manipulada ni utilizada con fines partidistas o en defensa de intereses corporativos.

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OBJETIVOS DEL PLAN

Para ello se abordarán distintos aspectos, especialmente:

1º Implantar nuevos y

• Cotejar los tiempos medios de duración de los procedimientos en relación a otros procesos similares y a los

modernos criterios de

plazos legalmente establecidos.

gestión del servicio

• Conocer el volumen de actividad de cada juez en los órganos de la misma la misma clase de un mismo partido judicial, y en general. • Identificar las resoluciones más recurridas y revocadas por la instancia superior.  superior.   • Instaurar un sistema adecuado para la evaluación del desempeño de la tarea de los jueces, fiscales, secretarios judiciales y demás funcionarios de la Administración de Justicia. • Identificar los posibles puntos críticos en la organización de la Oficina judicial, a fin de que el Consejo General del Poder Judicial y los Secretarios de Gobierno puedan programar razonablemente sus inspecciones con criterios judiciales. • Identificar los posibles puntos críticos en el trabajo de las fiscalías para programar los trabajos de la Inspección Fiscal.

Ha de alcanzarse este objetivo a través de las sig uientes herramientas:

2º Mejorar el acceso a la información sobre la actividad judicial.

• Articular un sistema razonable de acceso de profesionales y ciudadanos a la información sobre el estado en que se encuentran los procedimientos en que i ntervienen. • Consultar sobre fechas y horas de los juicios a los que han de asistir los ciudadanos y los profesional es que les representan y defienden y otras incidencias que puedan llegar a producirse. • Proporcionar a los Juzgados información sobre su propia actividad, por sí misma y en comparación con la información obtenida de los órganos de su mismo orden jurisdiccional y partido judicial, al menos. • Proporcionar a las fiscalías información sobre su propia actividad, por sí misma y en comparación con la información obtenida del resto de las fiscalías del mismo Tribunal Superior de Justicia, al menos.

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Para el cumplimiento de este objetivo es imprescindible: • Introducir datos estadísticos fiables sobre los litigios más relevantes y representativos de cada orden

3º Contribuir a la

 jurisdiccional, precisando particularmente el funcion amiento, despliegue y resultado de las reformas que se

planificación, desarrollo y

introduzcan en el ordenamiento jurídico.

evaluación de políticas legislativas adecuadas.

• Obtener datos estadísticos fiables sobre delitos y penas, evoluciones evol uciones de la litigiosidad criminal con criterios geográficos, de los autores de los delitos o faltas -sexo, nacionalidad, edad, situación socioeconómica-, del volumen de población y de otros parámetros que se consideren oportunos.

INSTRUMENTOS DEL PLAN Proporcionará a las Adm. Públicas, al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado los elementos necesarios para la

1º. Estadística Judicial.

planificación, desarrollo y ejecución de las políticas públicas relativas a la Administración de Justicia. Se constituye la Comisión Nacional de Estadística Judicial (integrada por el Ministerio de Justicia, una representación de las CCAA con competencias en la materia, el CGPJ y la FGE).

Desarrollo de las aplicaciones informáticas que permitan: • Unificar o compatibilizar las distintas aplicaciones informáticas utilizadas en las Oficinas judiciales.  judiciales.  

2º Tecnologías de la info. y la comunicación.

• Elaborar páginas de información de las d istintas administraciones concurrentes en el ámbito de la Justicia. Justicia.   • Puesta en marcha de un sistema de interconexión e intercambio de documentos en el proceso. • Un sistema de comunicaciones entre las distintas redes judiciales territoriales, que ha de ser seguro y restringido: el “Punto Neutro Judicial”.  Judicial”.  

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• El correcto funcionamiento del Servicio Común de Registro y Reparto de las Oficinas judiciales así como el

3º Buenas prácticas procesales

establecimiento de criterios uniformes para el registro de asuntos. • La reforma de las normas procesales, estableciendo mecanismos para:  para:   - evitar la comisión de malas prácticas tendentes a la opacidad o alteración de la realidad de la carga de trabajo del sistema judicial español; - la correcta regulación del derecho de los l itigantes a conocer en todo momento el estado de tramitación de los pleitos en los que son parte y a obtener copia de los documentos y actuaciones obrantes en ellos.

Tales registros son:

4º Mejora del sistema de Registros judiciales.

• Registro Central de Penados y Rebeldes.  Rebeldes.   • Registro Central de Violencia Doméstica.  Doméstica.   • Registro Central de Sentencias de Menores.  Menores.   • Registro Central de Rebeldes Rebelde s Civiles. • Registro Central de Procedimientos Penales en Tramitación y de Medidas Cautelares  Cautelares 

El Ministerio de Justicia adquiere el compromiso de tener presente en la proyección y diseño de las sedes  judiciales la necesaria relación entre los objetivos de transparencia y la arquitectura judicial y, especialmente, con las siguientes finalidades:

5º Arquitectura judicial

• Garantizar la publicidad de los procesos, permitiendo la entrada a las salas de vistas de las personas interesadas en asistir a la celebración de los juicios • Protección de la intimidad de los ciudadanos en sus declaraciones.   • Debida separación de los testigos.  testigos.   • Instalación de Unidades u Oficinas de Atención al Ciudadano y de Oficinas de Ayuda a las Víctimas. Víctimas . • Eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios judiciales. judiciales.  

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En relación con la actuación del Ministerio Fiscal y del Cuerpo de letrados de la Administración de Justicia: • Ministerio Fiscal, a través de:  de:  

6º Potenciar los objetivos

- Un Sistema de Información del Ministerio Fiscal que canalice el intercambio de información

de transparencia

entre la Fiscalía General del Estado y las dis tintas Fiscalías. - Un inmediato y continuado intercambio de información con los órganos judiciales. A estos efectos, se ha tramitado el Real Decreto 93/2006, de 3 de febrero, por el que se regula el sistema de información del Ministerio Fiscal. • Cuerpo de LAJ, a través de las circulares e instrucciones de servicio que dicten los Secretarios de Gobierno y los Secretarios Coordinadores Provinciales. Compromiso del Gobierno de proceder al impulso y entrada en funcionamiento de la “Comisión para la

7º Modernizar el

Modernización del Lenguaje Jurídico”, creada por Orden JUS/3126/2003, de 30 de octubre, con objeto   de

lenguaje jurídico

alcanzar la aspiración de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia consistente en obtener una Justicia comprensible.

Mejor desarrollo del dº de los ciudadanos a formular quejas, reclamaciones y sugerencias relativas al

8º Quejas, reclamaciones y sugerencias

incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia y a recibir respuesta a ellas con la mayor celeridad, y en todo caso en el plazo máximo de un mes. En materias relacionadas con la Administración de Justicia, le corresponde recibir las quejas de los ciudadanos al CGPJ.

9º Cooperación jurídica internacional

La progresiva eliminación de fronteras en el seno de la Unión Europea, la creación de un Espacio Judicial Europeo y la consolidación de una delincuencia organizada de carácter transnacional convierten al auxilio entre autoridades en herramienta indispensable para la lucha contra la delincuencia y para la protección de los derechos de los más necesitados.

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