Optimizacion de Ciclo de Carguio-transporte-Acarreo
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OPTIMIZACION DE CICLO DE CARGUIO-TRANSPORTE-ACARREO
La industria minera, al igual que otros sectores de producción, está siempre en busca de nuevas soluciones para la mejora de sus procesos con el fin de lograr una operación sostenible que vaya en armonía con el cuidado por el medio ambiente. Mejorar la seguridad de los trabajadores y la productividad de los equipos frente a la fluctuación de los costos y cambios en los precios de las materias primas en el mercado, se ha convertido en prioridad para las operaciones en nuestro país y en el mundo entero. Para este fin, los más recientes avances en tecnología de información se han venido introduciendo en el campo de la minería, ayudando a centralizar, integrar y analizar los datos de operación. Como resultado de ello, la industria ha generado múltiples herramientas especializadas en aumentar la productividad. En este artículo, especialmente preparado en coincidencia con el Primer Congreso Internacional de Tecnología Aplicada a la Minería EXPOTECNOMIN, estamos presentando un trabajo reciente en donde se integran estos principios con la utilización de tecnologías actualmente disponibles con el fin de mejorar una etapa crítica del proceso de producción al evitar demoras operativas durante el proceso de
producción. Desarrollo del modelo de optimización. El éxito de una operación minera depende en gran parte de la gestión cuidadosa de cada una de sus etapas. Aunque en la actualidad se aplican diversas técnicas para resolver problemas críticos, todavía existen oportunidades para la mejora continua de los procesos. El transporte de material es una de las etapas más costosas del ciclo de producción, siendo en promedio 60% del costo total. Sin embargo, el trabajo diario hace que algunos aspectos elementales pasen desapercibidos. Una de las primeras tareas asignadas a ingenieros jóvenes al iniciar su trabajo es controlar el tiempo de ciclo del equipo durante la producción. Se recoge una cantidad considerable de datos, los cuales son analizados y los resultados de este análisis se convierten en información valiosa que conforma el conocimiento requerido por la supervisión de operaciones para la toma de decisiones basadas en una comparación entre los resultados reales y las condiciones de funcionamiento ideales, representadas por indicadores clave de rendimiento (Key Performance Indicators o KPI).Las tareas de operación rutinarias dejan muy poco tiempo para comprobar la calidad y precisión de los datos recogidos; sumado a esto tenemos que es muy elevado el riesgo de exponer a personal sin experiencia para que trabaje cerca de los principales equipos. Con los últimos avances en la tecnología informática, existen dispositivos que monitorean continuamente las distintas actividades de cada equipo (palas, camiones, chancadora, balanzas, etc.); el registro de todos los signos vitales es almacenado en una base de datos centralizada. El estado de funcionamiento de los equipos en operación puede ser presentado ya sea en tiempo real o al final de cada turno; en cualquier caso, es posible hacer seguimiento del plan de minado y la gestión de la operación puede ser mejorada en forma efectiva. La metodología de investigación propuesta tiene como finalidad centrarse en la identificación y control de los factores que afectan el rendimiento del ciclo de carguío, transporte y acarreo de minas a cielo abierto. Esto se consigue mediante los siguientes pasos: • Demostrar los beneficios del análisis de tiempos y cómo éste afecta a los resultados de productividad en el proceso de producción. • Demostrar la utilidad de los indicadores clave de rendimiento en la
extracción de mineral y desmonte, y cómo estos indicadores ayudan a reconocer el desempeño del equipo. • Desarrollar interfaces de software para visualizar el sistema de alerta con el fin de aumentar la capacidad de percepción en el supervisor de operaciones. Definición de parámetros El transporte de materiales es uno de los aspectos más importantes a controlar en las operaciones a cielo abierto. Esta actividad requiere grandes equipos cuyo costo por hora es elevado; por lo tanto, es necesario lograr una alta productividad con la correcta asignación de camiones y palas. En años recientes el desarrollo de nuevos sistemas de soporte a las decisiones contribuyó significativamente al incremento de la productividad, reduciendo así los costos de operación. Sin embargo, un problema persistente son ciertos tiempos muertos: camiones que esperan para ser cargados, cobertura insuficiente de la demanda de las palas, reasignación no coordinada de viajes, paradas no programadas, y otros retrasos en la ruta de acarreo. Esto crea un consumo ineficiente del combustible, el cual incide indirectamente en energía desperdiciada y en el incremento de las emisiones de carbono en la atmósfera. Una metodología propuesta para la mejora de los tiempos de ciclo en las operaciones mineras se basa en la utilización de un simulador de eventos discretos. No existía hasta la fecha un trabajo dedicado al desarrollo de sistemas de alerta para monitorear las diferentes sub actividades del proceso de transporte en el que se identifican mayormente los retrasos en las operaciones. Con un sistema basado en el contexto de operaciones sería posible obtener más información para optimizar el tiempo de ciclo del transporte basado en el control de los retrasos de los equipos de producción. Una vez aplicados los ajustes que el modelo existente presenta, se ejecuta una nueva simulación con los ajustes recomendados y, finalmente, se corrigen los valores de rendimiento del programa de producción que están fuera de los estándares. Para el desarrollo del modelo se utilizaron los datos de taladros diamantinos de un proyecto de pórfido de cobre hipotéticamente ubicado en el estado de Arizona (Estados Unidos). Los valores de las muestras fueron introducidos en un software de modelamiento 3D a fin de generar un modelo de bloques y un tajo económicamente óptimo una vez distribuida la infraestructura básica, incluyendo talleres, oficinas,
laboratorios y planta concentradora, entre otros. Luego se trazaron los caminos principales de los frentes de producción a las chancadoras. Con el fin de producir los datos que constituirían la base de datos de origen se construyó un modelo de las rutas de la mina usando un software de simulación (versión académica), generando una población de los tiempos de ciclo para un máximo de 100 repeticiones de un día completo de trabajo (dos guardias). Este conjunto de simulaciones y sus resultados conformó el modelo “original” de operación. Se desarrollaron algoritmos de identificación de las diversas etapas del proceso de producción lo que permitió validar las premisas y asunciones previas a la ejecución de la simulación, algunas de las cuales fueron: • No se consideraron los tiempos de stand by (modo de espera). • Todos los camiones y las palas tenían las mismas características (modelo, carga, velocidad, capacidad, consumo de energía). • Sólo existía un camino para transportar mineral y otro para el desmonte. • La distancia por carretera varía de acuerdo con el desarrollo de la mina y la profundidad del pit. • No estaba permitido el sobrepaso entre camiones. • Se aplicó el método FIFO para la carga de camiones y descarga de material. • El número de camiones y palas se genera de acuerdo con las necesidades de producción. • Los tiempos incluyeron posible retrasos por el tráfico. • Todos los caminos se mantienen en buenas condiciones. • Los camiones y las palas estuvieron siempre disponibles y no tenían paradas intempestivas por fallas o daños. • La simulación se llevó a cabo durante un período de 16 horas que representa dos guardias por día. Sistema de alerta El sistema de alerta consiste en un conjunto de algoritmos de seguimiento del comportamiento de los equipos durante la operación (conteo de paradas, velocidades promedio, tiempos de espera, tonelajes, porcentaje de utilización) con lo cual se puede detectar patrones de rendimiento que son luego almacenados en la base de datos “original”, es decir aquella que servirá como base de referencia para la posterior optimización.
Luego de una serie de repeticiones se detectaron los factores que impactaron negativamente en el rendimiento durante un día típico de operación. Dichos factores son visualizados en un panel por el supervisor de producción. Los ajustes recomendados por el sistema son aplicados al modelo antes de ser ejecutada nuevamente la simulación. Los nuevos resultados son presentados en cuadros comparativos para rendimientos individuales y de la flota entera. El objetivo es demostrar que la producción de una mina a cielo abierto se puede aumentar. Aplicación de ajustes Con los parámetros utilizados para construir el modelo original y la utilización del simulador de eventos discretos, se generó una base de datos con las variables de mayor relevancia para el análisis. Entre ellas destacan los tiempos productivos y los tiempos de parada, el número de colas generadas, las asignaciones a palas específicas, las distancias a recorrer por los camiones, y la capacidad de la chancadora. Esta base de datos se analizó mediante una tabla dinámica de una hoja de cálculo convencional, con el fin de detectar las anomalías del tiempo de ciclo. La base de datos original contiene los campos que son relevantes para el proceso de transporte y campos calculados fueron derivados de los datos de origen. Algunos de estos campos son tiempos medios de subactividades tales como tiempo productivo, tiempo improductivo, y el tiempo total del ciclo. Además, se generan los indicadores clave de rendimiento para las actuaciones individuales y flotas. El resultado de este análisis se convierte en la información que se construye el conocimiento que se utiliza para tomar las acciones correctivas (gestión del conocimiento). Análisis de resultados El análisis descrito anteriormente proporciona una visión general de la situación actual del transporte en el modelo original. En esta etapa, las oportunidades para la aplicación de los conocimientos pueden identificarse, basadas en experiencias previas y el desarrollo del criterio adecuado del supervisor de operaciones. Los resultados se muestran en un gráfico dinámico para tener una percepción general del tiempo del ciclo completo.
Una vez hechas las correcciones respectivas que se presentaron durante la simulación con el modelo original, se ejecutó una nueva simulación con las modificaciones, generando como resultado el modelo optimizado. A partir de este punto, diversas alternativas de análisis permiten establecer las diferencias entre ambos modelos. Un cuadro comparativo de tiempos para camiones brindando servicio a la pala 1 en el caso estudio presentado muestra las diferencias de tiempos entre carga, descarga y las demoras, y cómo es posible establecer diferencias consistentes en dichos tiempos, lo que incidirá directamente en los resultados de tonelajes esperados para el marco de tiempo establecido para las pruebas. Conclusiones La herramienta de simulación seleccionada permitió representar un sistema real en proceso. Los parámetros de simulación pueden ser modificados múltiples veces sin necesidad de efectuar cambios en el modelo real, hasta obtener la última optimización; de esta manera se ahorran costos, recursos y tiempo. Uno de los principales objetivos del estudio fue contribuir con el desarrollo de una metodología para mejorar la productividad, reducir los tiempos improductivos, incremento de la utilización de palas y camiones, reducción de colas en palas y chancadora, con la aplicación de técnicas de simulación y sin la necesidad de incurrir en una inversión adicional. El objetivo de la metodología presentada fue determinar si es factible tomar ventaja de la simulación de eventos discretos para la optimización de los procesos de producción. Los resultados obtenidos lo confirman.
Impacto fiscal de la caída de los precios del petróleo en América Latina y el Caribe El colapso de los precios internacionales del petróleo —de US$105 a alrededor de US$50 el barril desde mediados de 2014— ha sido una bonanza para los países que lo importan y ha planteados retos para los países que lo exportan. En general, los importadores de petróleo gozarán de un crecimiento más rápido, menor inflación y posiciones externas más sólidas, y la mayoría escapará a presiones fiscales significativas. Los países exportadores de petróleo
tenderán a experimentar una desaceleración del crecimiento y un debilitamiento del saldo de la cuenta corriente externa, y algunos se verán sometidos a presiones fiscales, dado que muchos dependen de ingresos directos vinculados al petróleo. Un caso destacado es el de Venezuela, que ya sufría graves desequilibrios económicos antes de que los precios del petróleo comenzaran a caer, y ahora se encuentra en una situación aún más precaria.
Una nueva realidad Para adaptarse a este nuevo entorno mundial, muchos países están permitiendo que la caída de los precios internacionales del petróleo se traduzca en un abaratamiento de los costos energéticos internos. Esto aumenta el ingreso disponible de
los consumidores y las empresas, ya que bajan los precios del transporte y la electricidad. Esta política respalda el crecimiento y alivia las presiones inflacionarias. También contribuye a estabilizar el saldo de la cuenta corriente externa al estimular la demanda de importaciones no petroleras, lo cual puede compensar en parte la disminución de las importaciones petroleras. En América Latina y el Caribe, según nuestras estimaciones, 60% de estos países — tal como en el caso de Barbados, Costa Rica y Guatemala— permitirán que la caída de los precios internacionales de los combustibles se trasladen completamente a los precios internos para fines de 2015, en tanto que menos del 30% impedirán hasta el más mínimo traslado.
Arma de doble filo: El impacto en los saldos fiscales Para los importadores netos, los precios internacionales del petróleo pueden influir en los saldos fiscales de distintas maneras que podrían terminar compensándose. La
recaudación por impuestos sobre las importaciones petroleras (tanto los impuestos sobre el valor agregado como los derechos de importación ad valorem) probablemente disminuya, pero los subsidios a los combustibles también podrían abaratarse, especialmente si el gobierno no permite un traslado total de la baja de los precios internacionales del petróleo. Nuestro análisis nos lleva a concluir que la situación fiscal de la mayoría de los países que son importadores netos de petróleo mejoraría moderadamente gracias a la caída de los precios internacionales del petróleo. La situación fiscal de algunos de estos países se está fortaleciendo porque los gobiernos no están permitiendo que el retroceso de los precios internacionales se vea reflejado en los precios internos. Pero el efecto de los precios internacionales del petróleo en la situación fiscal de losexportadores netos de petróleo (Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Trinidad y Tobago y Venezuela) es negativo. En la mayoría de estos países, el sector está dominado por una empresa petrolera estatal, que genera ingresos fiscales a través de impuestos sobre la renta, dividendos y regalías pagadas al gobierno. Estas empresas pueden tener el monopolio de las ventas nacionales de derivados del petróleo y pueden cargar con los costos de los subsidios internos a los combustibles. Ecuador, México y Trinidad y Tobago ya han comenzado a recortar el gasto para compensar la disminución del ingreso vinculado a los hidrocarburos. El gobierno mexicano está incrementando el precio interno de la gasolina un 1,9% en 2015, lo cual reforzará el ingreso generado por las ventas nacionales, y contrató un seguro en el mercado que contribuyó a limitar la contracción del ingreso relacionado con el petróleo en 2015. El gobierno tendrá que emprender un ajuste fiscal adicional en 2016 porque la protección del seguro no se extiende más allá de 2015. Colombia mantiene una regla fiscal que distribuye el ajuste según la fluctuación de los precios internacionales del petróleo. Esto significa que el déficit fiscal se profundizará en
2015, con la caída del ingreso fiscal vinculado al petróleo. Sin embargo, en los años venideros, el gobierno tendrá que recaudar ingreso no petrolero para alcanzar las metas del balance fiscal estructural impuestas por ley y proteger al mismo tiempo programas de gasto críticos. Bolivia sufrirá una pérdida significativa de ingresos, dado que el precio de sus exportaciones de gas natural está atado a los precios internacionales del petróleo, pero el gobierno cuenta con una protección considerable en forma de depósitos y reservas internacionales netas que le dará margen de maniobra a corto plazo. La situación fiscal de Venezuela será la que más se deteriorará como consecuencia del abaratamiento internacional del petróleo, dado que gran parte del ingreso del sector público se deriva de las exportaciones de petróleo. Además, se prevé que el precio interno de la gasolina se mantenga cerca de cero, lo que prácticamente elimina todo ingreso potencialmente generado por las ventas nacionales. Las dificultades fiscales de Venezuela podrían someter a presión a los países que importan su petróleo a través de Petrocaribe, un programa venezolano de asistencia energética para algunos países de América Central y el Caribe. En muchos de estos países, la disminución del valor de las importaciones petroleras excede el financiamiento proyectado recibido de Petrocaribe. Sin embargo, muchos países utilizan el componente de subsidios del financiamiento de Petrocaribe para sustentar el gasto a largo plazo, y podrían verse enfrentados a un ajuste fiscal espinoso si esta fuente de financiamiento desapareciera.
Implicaciones para la formulación de políticas El nuevo panorama de los precios internacionales del petróleo beneficiará a algunos países y planteará retos a otros. En general, este nuevo panorama no hace peligrar la estabilidad macroeconómica de la región porque la mayoría de los países continuarán manteniendo marcos de política sólidos. Venezuela es la excepción, ya que la pérdida significativa de ingresos de exportación de petróleo agravará una situación de por sí frágil. Para los países que aún no lo han hecho, la baja de los precios del petróleo representa una buena oportunidad para eliminar subsidios mal focalizados y establecer mecanismos de fijación de precios que hagan posible un ajuste automático de los precios internos ante variaciones de los precios
internacionales de los combustibles. El nuevo entorno mundial también pone de relieve la importancia de diversificar las fuentes de ingreso fiscal para evitar una dependencia excesiva de las exportaciones o las importaciones de petróleo. El Salvador: Transición para elevar el crecimiento y reducir la deuda El Salvador ha logrado un gran avance en reducir la pobreza y la desigualdad del ingreso desde la crisis mundial de 2008– 09. La pobreza se redujo del 40% de la población al 30% en los últimos cinco años, es decir, más de 600,000 personas ya no viven en condiciones de pobreza. Y los precios han sido estables, respaldados por el régimen de dolarización.
Sin embargo, la economía Salvadoreña ha crecido al ritmo más lento de toda Centroamérica; persisten elevados déficits fiscales y la deuda pública sigue aumentando. El nivel de deuda pública de El Salvador —que se ubicó en 60% del PIB en 2014— es el más alto de la región. Estas vulnerabilidades arriesgan la estabilidad macroeconómica y frenan el esfuerzo en elevar el nivel de vida de los salvadoreños. El principal desafío para El Salvador es, entonces, salir de la trampa de bajo crecimiento y elevado nivel de deuda. Como se señala en nuestro reciente informe anual sobre El Salvador, para mejorar la economía del país se requiere de una estrategia con dos pilares: un ambicioso ajuste fiscal para
reducir la deuda pública (con medidas de gasto para proteger a los pobres) y medidas de oferta para elevar el crecimiento y crear más empleo. El éxito de esta estrategia depende de un debate público activo, que incluya a todos los partidos políticos y a la sociedad salvadoreña, con el fin de definir los pasos a seguir para alcanzar ambos objetivos. Estrategia para elevar el crecimiento
En los últimos cuatro años, la economía salvadoreña creció tan sólo 1.8% al año, ó sea 3 puntos porcentuales por debajo del crecimiento en el resto de Centroamérica. Con las políticas actuales, se prevé un leve aumento en el crecimiento —a 2–2¼% en 2014–15 y posiblemente a 2½% en 2016–18. Esta modesta senda de crecimiento no es suficiente para crear el empleo y mejorar el nivel de vida de la población al que aspira el gobierno. Además, con la debilidad del crecimiento, se prevé que el déficit fiscal se mantenga en un nivel inaceptablemente alto y aumente de manera continua, del 4% del PIB en los últimos cuatro años al 5½% en 2019. Esta combinación de bajo crecimiento y alto déficit fiscal elevaría la deuda pública por encima del 70% del PIB en 2019, limitando la capacidad fiscal para reducir aún más la desigualdad del ingreso y generando sustanciales riesgos de financiamiento para el gobierno. Pero, estos resultados no son inevitables y existe una alternativa. La vigorosa y ambiciosa adopción de medidas por del lado de la oferta podría elevar el crecimiento de largo
plazo a un nivel cercano al 3%, tal como prevé el gobierno. Este esfuerzo debe incluir acciones para alentar la inversión privada, mejorar la productividad y estimular la competitividad del sector exportador.
¿Cuáles deberían ser las prioridades? En la lista de medidas prioritarias deberían encontrarse las siguientes: promover la diversificación de la economía, simplificar los trámites para las empresas, mejorar la seguridad pública, reducir los costos de la energía y modernizar la infraestructura física. Para ampliar las oportunidades económicas y fomentar la inclusión social, se debe fortalecer la educación primaria, ampliar la cobertura de los programas de salud y reducir la informalidad en el mercado laboral. La adopción del plan de desarrollo del gobierno, junto con la donación de los Estados Unidos para inversión, FOMILENIO II, ofrece una base firme para avanzar con estas reformas esenciales. Reducción de la deuda pública El segundo pilar de esta ruta debe centrarse en reducir el desequilibrio fiscal y restablecer la sostenibilidad de la deuda. Afortunadamente, ya existe un amplio consenso social en este ámbito, aunque las opiniones difieren en cuanto al tamaño, el ritmo y la composición del ajuste fiscal requerido.
La solución conlleva, sin duda, a decisiones difíciles para la sociedad en su conjunto y nosotros no tenemos todas las respuestas— de hecho, será la sociedad salvadoreña y sus representantes políticos quienes respondan estas interrogantes. Sin embargo, pensamos que un ajuste gradual del 3½% del PIB distribuido a lo largo de 3 años permitirá reducir la deuda pública por debajo del 50% del PIB dentro de 10 años. Esta corrección limitaría considerablemente los riesgos fiscales y ayudaría a El Salvador a mantener el acceso al financiamiento de mercado en condiciones favorables. Este plan de ajuste fiscal es sin duda más ambicioso que el que se debatirá en la Asamblea Legislativa en los próximos meses, en el contexto del proyecto de ley de responsabilidad fiscal. Sin embargo creemos que dada la coyuntura mundial y los riesgos actuales, este es el momento de fijarse un objetivo más ambicioso. La composición de las medidas de ingreso y gasto que generen este ajuste fiscal debe formar parte del debate público y decidirse en consulta con la sociedad salvadoreña. Afortunadamente, existen varias opciones. Por ejemplo, El Salvador podría alinear su sistema tributario con el de otros países de la región, elevando la tasa del impuesto al valor agregado y adoptando un impuesto a la propiedad. Una contribución importante podría venir de revertir la trayectoria ascendente de la masa salarial del gobierno y garantizar que todos los subsidios públicos se destinen a apoyar sólo a los pobres.
Aparte de este ajuste gradual, también es necesario elaborar un plan para reducir las cuantiosas obligaciones del sistema de pensiones (no financiadas) que hoy ascienden a más del 90% del PIB. Esto sin duda implicará tomar decisiones difíciles para elevar las contribuciones y reducir las prestaciones del sistema a lo largo del tiempo. Además, deberá combinarse con un esfuerzo para garantizar que los beneficios del sistema de pensiones cubran a toda la población. Se abre una nueva oportunidad después de la elección para la asamblea legislativa de marzo próximo para que el gobierno actúe con astucia y decisión. De esta manera se garantizaría un futuro con mayor crecimiento y más oportunidades de empleo, mejores estándares de vida y un nivel de la deuda pública más seguro. Acerca de la Implementación y Auditoría de la Continuidad del Negocio u Operativa: Algunos Desafíos En un post de setiembre del 2014, recordábamos la importancia de la acción inmediata y constante al implementar la gestión de la continuidad del negocio (o continuidad operativa, si se trata de entidades del Estado, tal como lo expresa la normativa publicada el 7 de febrero último por la PCM), además de dar varios consejos prácticos para empezar. Por lo que he podido observar en los últimos meses, y por informaciones recibidas del sector privado como del público, este enfoque práctico esencial para avanzar puede ser puesto en peligro por varios factores. Veamos: El primero de ellos es la falta de espíritu práctico: un problema común es que los encargados de implementar la gestión de la continuidad se hagan demasiadas preguntas de tipo organizacional o conceptual, lo que termina por generar una cierta forma de auto-parálisis, pues quieren verlas resueltas antes de tomar acciones concretas. Una de las maneras de no caer en dicha parálisis es dejar de hacerse tantas preguntas y usar el análisis de amenazas para la continuidad a las que uno está expuesto, que aunque
puedan variar según las empresas y las entidades públicas, son básicamente las mismas (grandes sismos, incendios, disturbios, cortes de electricidad e internet, etc.), así como el de vulnerabilidades, que es un auto-examen que se puede hacer rápidamente. ¿Tan difícil es por ejemplo darse cuenta por ejemplo de que uno está en un local que no es muy sólido, o de que no tiene un grupo electrógeno o de que este es muy viejo y en realidad no funciona, o de que no tiene un dispositivo de contingencia informática y de back-up de la data esencial sólidos, o de que no tiene ningún dispositivo para funcionar si el internet se interrumpe por varios días? Cuestiones tan elementales ayudan a ver rápidamente lo que se tiene que empezar a hacer lo más pronto posible, y poniéndole los recursos necesarios. El segundo de ellos es la falta de voluntad real de implementación: muchos se resisten a hacerlo porque les cambia la rutina de trabajo, o los análisis que se hagan pueden hacer descubrir que hay cosas que no se están haciendo bien (y en ese caso se prefiere “barrer los problemas bajo la alfombra”), o porque supone tomar decisiones de gasto que se teme tomar por el miedo a cuestionamientos posteriores. Como tuve la oportunidad de decirlo antes, el compromiso firme de la Alta Dirección, trátese de una empresa privada o de una entidad pública es absolutamente clave, y lo es tanto más, y es tanto más importante que el compromiso sea no sólo firme sino constante y sostenido en el tiempo, porque nunca faltan las resistencias internas, que pueden expresarse no sólo en mala voluntad de parte de algunos, sino también bajo la forma de trabas administrativas de parte de otros. Es decir, que la Alta Dirección puede ser muy consciente de los problemas y haber tomado las decisiones correctas, pero la implementación de estas últimas va encontrando trabas internas a veces muy creativas y se va diluyendo en la práctica; las resistencias vienen muchas veces acompañadas de la esperanza de que cambios a la cabeza se traduzcan en un abandono de las decisiones tomadas.
La voluntad real de implementación se nota antes que todo a través de decisiones que se toman al más alto nivel y que se van traduciendo en acciones muy concretas, tales como invertir en ciertos equipos, establecer protocolos de acción, y efectuar ensayos y pruebas para ir mejorando el dispositivo y/o asegurarse de que sigue estando operativo, así como para ir entrenando a cada vez más personal. El tercer peligro para una buena implementación de la gestión de la continuidad del negocio (u operativa) es que la auditoría, sea privada o pública, que se haga de ella esté basada más en aspectos formales que de sustancia. Este problema es mucho más serio de lo que se cree, y tiene dos facetas principales: . el que se considere que una empresa o entidad cumple con la implementación si dispone de un documento muy completo, que puede ser muy voluminoso y tal vez elaborado por algún consultor, donde todo está escrito según las reglas teóricas provenientes de los estándares reconocidos. En general el documento se llama “Plan de Continuidad”. Pero si uno se basara antes que todo en la sustancia, podría ir más allá y ver si realmente hay un compromiso de la Alta Dirección, así como de por lo menos el personal más crítico, si se han tomado medidas muy concretas frente a vulnerabilidades identificadas, si se están efectuando ensayos y pruebas de manera regular. Porque entre la documentación y la práctica puede existir una distancia sideral, es decir que en la práctica se puede estar en cero. Es algo parecido, en cuanto al enfoque, a las fallas en la supervisión financiera reveladas por la última Crisis y recientes escándalos, que consistieron en considerar que ciertos bancos tenían una buena gestión del riesgo crediticio o una buena gestión del riesgo operacional porque tenían muy buenos manuales y procedimientos escritos, cuando en realidad estaban cometiendo absurdos crediticios o su riesgo operacional estaba en la práctica totalmente fuera de control, con filiales que hacían lo que les daba la gana, por ejemplo.
. o, a la inversa, el que se diga que una empresa o entidad que en la práctica está haciendo mucho, “no tiene un plan de continuidad” porque no tiene un voluminoso documento formal llamado así y aprobado formalmente por todas las instancias internas. Un enfoque que no solamente es absurdo porque si hay un campo donde lo que cuenta antes que todo es la acción concreta, es ése, sino que es peligroso, pues puede tener como consecuencia práctica que la empresa o entidad prefiera contratar una larguísima consultoría para elaborar y escribir el bendito documento, antes que tomar medidas que pueden ser indispensables y urgentes, y hacer realmente las cosas (que no es necesariamente un proceso corto y fácil, sobre todo cuando hay trabas internas o falta de apoyo). Es decir que la forma de auditar se puede convertir en un fuente de despilfarro de dinero y de mala asignación de tiempo y energías y a la vez en un desincentivo y desmoralización para los que quieren realmente reducir el riesgo y hacer las cosas. Es algo parecido, en cuanto al enfoque, a lo que sucede cuando por ejemplo se considera que todo está bien porque se cumplió con todo los pasos de un procedimiento cuando en realidad lo que hubo fue un camuflaje perfecto de un esquema de corrupción, que pasará impune (mientras otros, que son honestos, son perseguidos porque no cumplieron perfectamente con algún paso) o cuando, en el marco de la tramitología, se bloquea creaciones de empresas u otros proyectos honestos o necesarios para el país por nimiedades, mientras criminales organizados y lavadores de dinero dudoso con buenos abogados obtienen todo lo que quieren porque en apariencia todo está conforme.
Es necesario que las Altas Direcciones y los que efectúan actividades de auditoria sobre el tema (auditores internos y externos, supervisores financieros o de ciertos tipos de empresas, entidades de control de la administración pública), estén muy conscientes de los desafíos y peligros que hemos descrito para que la implementación de la gestión de la continuidad del negocio y de la continuidad operativa se hagan realmente y lo más rápidamente posible en el país.
A los lectores de este Blog me permito recordarles el post del 22 de setiembre de 2014, que encontrarán en la lista de archivos del blog en la parte derecha (“Continuidad del Negocio: Acción, Acción, Acción antes que todo”). No hay crisis pero tampoco habrá “ayudín” Si bien la economía peruana no está en crisis, como ha remarcado el ministro de Economía, las perspectivas económicas para este año son, en realidad, inciertas. El PBI podría crecer menos de 3%, o aproximarse a la estimación oficial (“más de 4%”, según la última versión del MEF, ó 4.8% según el BCR). Dependerá mucho de lo que pase con los sectores primarios porque los ligados a la demanda interna han desacelerando fuertemente su crecimiento y nada asegura que vayan a recuperar un ritmo alto de expansión, en un contexto de deterioro de las expectativas (confianza) y menor ritmo del empleo, y cuando la ejecución de grandes obras de infraestructura y proyectos mineros ya adjudicados podrían enfrentar un revés (por conflictos sociales o por sobre regulación ambiental y de permisos). La caída del PBI primario en el 2014 (-2.1%, la mayor desde el año 1992, según el BCR) se explica principalmente por el desplome de la producción minera metálica (-2.2%) y de la pesca (-25.3%), que también afectó a la manufactura procesadora de materias primas (-9%). Entre los tres pesan 17% del PBI nacional, y son precisamente ellos en los que se basa la recuperación del PBI proyectada para este año (4.8%). Sin embargo, estas actividades dependen de variables que no controlamos: clima y precios. Es probable que el clima sea mejor que el año pasado y eso favorezca la pesca y a la manufactura procesadora de estos recursos, pero su impacto en el PBI es menor. El sector que puede hacer la diferencia es la minería metálica (pesa 12.24% en el PBI), sin embargo, aun cuando todo indica que los volúmenes se incrementarán, nada garantiza que los
precios sean los que se proyecta para este año (cobre a US$ 2.69 la libra y oro a US$ 1,210 la onza); por el contrario hay muchos que pronostican un mayor deterioro de éstos. Lo cierto es que, a diferencia del 2010, cuando el crecimiento de nuestra economía repuntó (8.5%) tras haberse desacelerado fuertemente en el 2009 (1%) como consecuencia del estallido de la crisis financiera mundial, esta vez los precios de los commodities no estarán al alza, la economía China crecerá mucho menos que entonces (de más de 10% a 7.4% el 2014 y a 7% proyectado para este año) y si bien la economía de Estados Unidos viene consolidando su recuperación, ahora ya no tenemos el enorme estímulo monetario que ejecutaba dicho país y, por el contrario, empezará a subir sus tasas de interés. Es decir, esta vez no tendremos ´ayudín´ para el crecimiento de nuestra economía, por lo que bien harían las autoridades en impulsar la inversión pública (en el 2014 cayó 1%) de calidad, sobre todo en infraestructura (el déficit llega a cerca de US$ 88,000 millones), considerando que a mediano plazo sostener tasas de crecimiento encima del 5% pasa necesariamente por aumentar la productividad, lo cual requiere, entre otros, mejorar la infraestructura de servicios públicos y de transportes. Sin embargo, en términos reales la inversión pública cayó 1% el año pasado y se expandió fuertemente el gasto corriente (10.4%, 4.3 veces que el incremento del PBI, de 2.4%) y dentro de ello el gasto en planillas que, como se sabe, es gasto permanente. Para este año se espera una recuperación de la inversión pública (a 5.6%) y una moderación del dinamismo del gasto público corriente (5.4%). Pero el costo fiscal de las medidas reactivadoras aprobadas por este gobierno el año pasado (incluido el aumento de las planillas) significará un impulso fiscal de 1.7% del PBI en este año, con lo cual, dado la desaceleración en el crecimiento de los ingresos fiscales (proyectado en 2.8% el año pasado y una caída de 2.7% para este año, en términos reales), llevará a un
déficit de 2% del PBI, proyectado por el BCR, es decir al límite de lo establecido en la regla fiscal y lejos del superávit (2.2% del PBI) que se tenía al inicio de este gobierno. No es que ello represente un problema actualmente (porque cumple la regla fiscal y hay ahorros acumulados suficientes), incluso se ha reclamado un mayor gasto para impulsar la demanda interna, pero no hay que olvidar lo que costó lograr la estabilidad fiscal. Una vez que se abre la puerta del populismo es difícil de detener. Más que crecer, hay que exigir estabilidad Las proyecciones de crecimiento de nuestra economía arrojan diversas cifras para este año, desde un optimista 5% oficial hasta un 3%, e incluso 2.5%, en los casos más pesimistas. Lo cierto es que hay factores externos y otros exógenos que no puede controlar la política económica, y que son más determinantes para un mayor o menor crecimiento. Entre los primeros destacan la política monetaria que asumirá la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos a partir de junio (fecha programada para empezar a subir la tasa de interés inicialmente, pero que ahora parece podría cambiar para fines de este año o inicios del 2016); la performance que tenga la economía china y su efecto en los precios de los commodities, especialmente minerales (sobre todo cobre, oro y zinc) y el comportamiento del precio internacional del petróleo. Entre los factores exógenos están la ocurrencia y magnitud de un fenómeno de El Niño y el ´ruido´ político que podría escalar a medida que avance el año pre electoral que hemos empezado, en un contexto de crecientes sospechas de corrupción que se vienen dando en prácticamente en todos los niveles del estado. Comparto con los economistas y hacedores de política de la necesidad de mantener políticas económicas contra cíclicas, tanto monetaria como fiscal, como se están llevando a cabo, pero me temo que los factores antes mencionados pesarán más sobre el crecimiento de nuestra economía este año y, la
verdad, el resultado me parece bastante incierto. En un escenario favorable donde la FED no varíe sus tasas de interés y los precios de los minerales no continúen su tendencia decreciente del último año, y si se da el ingreso de nuevos proyectos mineros y la producción plena de otros que ya entraron (Toro Mocho) o están en explotación (Antamina), tranquilamente tendríamos al menos 1 punto porcentual más de crecimiento del PBI. Si a ello se añade el inicio de obras de grandes concesiones ya adjudicadas como la Línea 2 del Metro de Lima, el Gasoducto Sur Peruano, para mencionar sólo dos, y la recuperación de las expectativas empresariales, el crecimiento puede tranquilamente superar 4%. Nadie duda que es importante retomar el crecimiento económico alto (encima del 5%) para seguir disminuyendo la pobreza y el desarrollo de nuestro país, pero más importante y difícil es mantener ese crecimiento en el tiempo (mediano y largo plazo). En ese sentido, considero que este año será crucial para ver si somos o no capaces de continuar por la ruta del crecimiento. No será fácil porque las tentaciones de políticas populistas no creo que hayan desaparecido en nuestro país. Y si a ello se suma la necesidad de un buen resultado electoral del partido de gobierno en las próximas elecciones (para, al menos, asegurar un mínimo de representantes en el Congreso) no es descabellado pensar que podría ocurrir un desvío de las políticas económicas que se han venido siguiendo hasta ahora y que se caracterizaron principalmente por la disciplina fiscal, la inexistencia de emisión inorgánica, y el rol subsidiario del Estado en la actividad productiva. Por lo pronto ya se anunció un déficit fiscal de 2% para este año, lo cual se entiende dentro de una política fiscal contra cíclica que apoyamos, pero dados los bajos niveles de eficiencia en la gestión pública (en todos los niveles de gobierno) y que la campaña electoral para el 2016 ya inició prematuramente, nada asegura que el gasto público sea de calidad ni que los recursos públicos no serán desviados con
fines electorales. Más que recuperar tasas de crecimiento altas debemos exigir estabilidad económica. Salvo mejor parecer. Del paquete reactivador y la “transición” Para el consenso de economistas y analistas el conjunto de medidas dadas por el gobierno para reactivar el crecimiento de la economía a tasas altas fue tardío e insuficiente. Tardío porque la desaceleración ya se avizoraba desde, al menos, el tercer trimestre del año pasado, e insuficiente porque, según los estimados de consultoras de prestigio (y del mismo MEF) el impacto anual del gasto fiscal adicional orientado a reactivar la demanda interna será alrededor de 1 punto porcentual del PBI. Sin embargo, las medidas se aplican a partir de julio y agosto, por lo que el impacto real para este año sería alrededor de 0.5%. Aun así, las últimas estimaciones privadas indican un crecimiento para este año entre 3.5% y 4.5% (para el MEF sería de 4%). Se considera insuficiente, además, porque las medidas reactivadoras de la inversión, que incluye el paquete, no resuelven problemas de fondo: por ejemplo, la excesiva carga fiscal que soporta el sector formal, la rigidez de la legislación laboral y los sobrecostos laborales, o la sobre regulación ambiental, para no hablar de los engorrosos trámites y la llamada permisologia e ineficiencia en la gestión pública que están trabando muchas inversiones; problemas sobre los cuales se han dado paliativos o reformas parciales que todavía están en proceso de implementación y que, en todo caso, sus efectos recién se verán en el mediano plazo. Ello, unido al hecho de que el contexto económico internacional no muestra buenas perspectivas para la demanda y precios de las materias primas, ni para los flujos de capitales (con el consecuente encarecimiento del crédito), han hecho que la confianza empresarial, que si bien ha mejorado en agosto, todavía está bastante lejos de la que registraba a principios del 2011, y se mantiene cautelosa en la toma de decisiones de inversión (la inversión privada
habría caído en el primer semestre 0.3% frente a un crecimiento mayor al 9% en el mismo período del 2013, que ya era menor a los dos dígitos de años anteriores). Sin embargo, las últimas proyecciones oficiales son optimistas: el MEF afirma que la desaceleración del crecimiento económico ya tocó fondo en junio y que “dará la vuelta” en los meses siguientes, al punto que a partir del IV trimestre de este año, la economía volverá a crecer a tasas de 5.5% y más (el MEF estima 6% para el 2015). Se insiste en que sólo hemos pasado (o estamos pasando) una etapa de ´transición´ caracterizada por un menor dinamismo de la economía nacional, causado principalmente por factores externos, por choques de oferta (precios y demanda de minerales, principalmente) que deben revertirse hacia fines de año. En realidad, el retorno a tasas altas de crecimiento (si ocurre) obedecerá principalmente a la mayor producción minera (según el MEF la minería crecerá 10% en el 2015), gracias a la puesta en operación de grandes proyectos de inversión (Toromocho, que ya entró; Las Bambas que debe entrar en noviembre; la ampliación de Cerro Verde y Constancia que entrarían en el 2015, entre otros), que no son proyectos que impulsó la política actual sino que venían en cartera de varios años atrás; y, por el inicio de obras de infraestructura de gran envergadura (Línea 2 del Metro, Gasoducto Sur Peruano, y un paquete de inversiones públicas bajo la modalidad de APP, que elevan la cifra a unos US$ 20,000 millones). Pero, si por alguna razón, estos proyectos no se concretan, el crecimiento se verá fuertemente afectado. La ´transición´ por la que pasa la economía peruana, no es de ahora, viene de mucho más atrás, desde la segunda mitad de los 90´s, cuando se dejó de profundizar las reformas del modelo económico de libre mercado y abierto, por el que se optó. Es una transición que estuvo oculta varios años debido al extraordinario contexto internacional favorable para nuestra economía, compuesto por un boom de precios de metales y abundante crédito barato, situación que ahora se
ha revertido y desnuda las debilidades de nuestra economía. La ´transición´ puede seguir por varios años gracias al ingreso de los megaproyectos mineros, los que, por volumen, compensarán la estabilización de los precios. Pero ya será más difícil disminuir la pobreza y la desigualdad. En realidad no debería llamarse “transición” sino agotamiento. Las reformas pendientes deben relanzarse y ser profundizadas para que el mercado funcione más eficientemente, y para que nuestra economía sea más competitiva, a partir de un incremento sustancial de la productividad y de una diversificación productiva. Hacer eso requiere fortaleza política e institucional que, por ahora, no tenemos. 2014: un año en la encrucijada Las proyecciones oficiales y privadas coinciden en que la economía nacional crecerá este año, pero hay polémica en torno al cuánto. El rango de pronósticos va entre 4.0% y 6.5%. Más interesante, en mi opinión, esa discutir acerca del cómo se va a crecer el próximo año y qué riesgos tiene ello para sostener el crecimiento, no este 2014 sino hasta el 2022. Todo indica que este año volveremos a crecer más “hacia afuera”. El punto o punto y medio porcentual adicional que crecería el PBI en el 2014 estará atribuido casi totalmente al repunte de las exportaciones, sobre todo de las tradicionales. Ello debido a la mejora de la demanda externa, pero, más específicamente, a los mayores volúmenes de mineral que se espera producir (por el ingreso de nuevos proyectos como Toromocho, y la ampliación de otros ya existentes) y, en menor medida, a la agro exportación y a la pesca. Este cambio es importante, porque desde la crisis financiera internacional (2008-2009) ha sido la demanda interna la que venía liderando el crecimiento, impulsada principalmente por la inversión privada, compensando así el efecto negativo de una demanda externa débil.
Las consecuencias de esta forma de crecer este año (y los siguientes) serán un menor dinamismo de los sectores no transables (construcción, servicios y comercio y de la manufactura para el mercado interno) que ya vienen desacelerándose, y del empleo formal interno relacionado a ellos (el cual también se ha desacelerado e incluso ha caído en muchas provincias). Ello, unido al incremento de la inseguridad ciudadana, y a malas señales política (como el inoportuno aumento de 100% de los sueldos a los ministros y altos funcionarios públicos, y las marchas y contramarchas respecto a un aumento del salario mínimo, para poner dos ejemplos recientes) podría exacerbar las movilizaciones sindicales y los conflictos sociales y políticos. El ruido resultante no abonará en el buen ambiente para los negocios y las inversiones necesarias para sostener el crecimiento. Hay que recordar que el año pasado cayeron las expectativas y confianza empresarial y recién a partir del tercer trimestre empezaron a recuperarse. Está por verse si con el nuevo gabinete ministerial se den los ajustes necesarios para restablecer plenamente esa confianza. Gasto público En un contexto en el que la demanda interna (y el empleo, y los ingresos) pierden dinamismo, también es muy probable que crezcan las presiones para un mayor gasto público. Si bien las proyecciones oficiales indican un balance fiscal equilibrado para este 2014, hay que considerar que estamos en un año electoral (elecciones regionales y municipales) y que todo indica que la campaña para las elecciones generales del 2016 se ha adelantado, por lo que las presiones para aumentar el gasto serán mucho mayores. Tanto por el lado de la demanda (ya hubieron S/. 20,000 millones en solicitudes de ampliación presupuestal cuando se debatía la ley del presupuesto público del 2014), como de la oferta (no pocos alcaldes y presidentes regionales se quieren reelegir y los
partidos y alianzas políticas de alcance nacional ya miran el 2016 y saben lo importante que será tender alianzas con los grupos políticos regionales para un triunfo en las elecciones generales) Como es poco probable que la recaudación tributaria crezca al ritmo de años anteriores, si el gasto público se sigue disparando, existe el riesgo de caer en déficit fiscal (a pesar de la crisis ha habido superávits entre el 2011 y 2013) que, de persistir, sería un factor en contra para mantener la calificación de riesgo soberanos de Grado de Inversión. Sostenibilidad Por otro lado, debe notarse que si no fuera por el ingreso de nuevos proyectos (y ampliaciones) mineros que se gestaron hace varios años, este año estaríamos en serios problemas de crecimiento. Esos proyectos maduraron gracias al buen clima de negocios y a la estabilidad macroeconómica que los peruanos supieron preservar por más de dos décadas. El mayor reto para sostener el crecimiento económico nacional en el largo plazo es mantener la estabilidad de la política económica. Si bien este gobierno ha mostrado pragmatismo y ha seguido con el mismo modelo, todavía suscita dudas cuando pretende, por ejemplo, una mayor participación del estado en la actividad empresarial (hidrocarburos), o cuando deja dudas respecto a su rol en la formación de precios. Si no se destierra del todo la tentación de volver a esquemas estatistas y populistas del pasado, es claro que se ahuyentará la inversión y se pondrá en riesgo el esfuerzo de dos décadas que nos llevó a una senda de crecimiento alto como el que tuvimos hasta hace dos años.
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