LA ÉTICA Y LA DEMOCRACIA

LA ÉTICA Y LA DEMOCRACIA Dr. Miguel Giusti *

¿Qué relación existe entre la ética - como fundamento de la acción- y la democracia? Para responder a ello es importante una revisión crítica y propositiva de algunas concepciones éticas liberales de la democracia.

No hay democracia sin ética. Pero si hay ética sin democracia, La ética es una concepción evaluativa de la vida, un sistema de creencias o una escala de valores socialmente compartidos, que animan la interpretación de la realidad y que subyacen a las diferentes formas de organización institucional que una sociedad decide darse. Concepciones éticas en este sentido ha habido, naturalmente, muchas, pues todos los seres humanos, en todas las épocas y lugares, participamos de algún sistema de creencias morales que da sentido y pone orden a nuestra acción en el mundo. Pero, como es también evidente, no todas las concepciones éticas han sido democráticas:

las

hay

jerárquicas,

aristocráticas,

fundamentalistas,

patriarcales, colectivistas.

La democracia, por su parte, es una concepción política sobre el gobierno de la sociedad que, como todos los sistemas políticos, reposa sobre una definición de lo que somos como individuos y de los derechos y los deberes que nos corresponden como tales, es decir, reposa sobre una concepción ética. La democracia es un producto de la modernidad occidental y no puede entenderse sin que se tomen en consideración las transformaciones ocurridas en las concepciones éticas que le sirven de fundamento. Puede haber pues éticas no democráticas, pero no puede haber una democracia sin ética. Sobre la base de esta reflexión preguntémonos ahora ¿Cuál es esa ética que necesariamente sirve de sustento a la democracia?

No es fácil responder a esta pregunta, porque, como seguramente sabemos o intuimos, la democracia no reposa sobre una ética unívoca, sino más bien sobre un conflicto de concepciones éticas. Concentraremos nuestra atención en buscar una respuesta adecuada a la cuestión del sustento ético de la democracia. Y lo haremos en una secuencia de tres pasos, o de tres tesis:

a.-La primera de las cuales es que la ética de la democracia puede ser, y lo es de hecho en muchos lugares, una ética del individualismo y la desintegración social. No nos referimos por cierto, a uno que otro efecto secundario de la organización democrática de la sociedad, sino a lo que hemos llamado la concepción ética, es decir, el sistema de referencias morales que sostiene al régimen político de la democracia. El núcleo de esta concepción ética de la democracia es la idea de la libertad del individuo. Lo que nos iguala a todos los seres humanos, lo que legitima la simétrica distribución de deberes y de derechos que este régimen político implica, es el hecho de que somos concebidos como individuos autónomos, independientes y aislados unos de otros, capaces, cada uno por su propia cuenta, de decidir sobre los ideales o los intereses que deseamos perseguir. Este es el valor moral central sobre el que reposa la democracia o, al menos, esta primera concepción de la democracia.

La familia, la sociedad, el Estado: Todos los lazos culturales o comunitarios que puedan formar parte de nuestra vida, son secundarios, irrelevantes y hasta obstaculizadores de nuestra libertad individual. Porque ser libres es justamente ser libres de todo eso: de la tradición, de las convenciones, de las instituciones, de los otros individuos. La libertad del individuo se traduce por eso en el libre ejercicio de la iniciativa privada, la sociedad en el juego de las fuerzas del mercado, el Estado en el garante de los beneficios que puedan obtener allí los individuos. El punto de vista del individualismo establece una jerarquía entre los intereses privados y las instituciones

políticas, de acuerdo a la cual le corresponde a éstas últimas -a las instituciones políticas- la función de regular y administrar la división del trabajo que se genera espontáneamente por acción de los intereses de los individuos en la sociedad. Además de la libertad individual y de la subordinación del Estado a los intereses privados, esta concepción ética de la democracia promueve también la desarticulación o la desvalorización de las formas pre-modernas de organización social, familiar, religiosa o cultural.

Este rasgo, expresado aquí en términos negativos, se formula naturalmente también en términos éticos positivos cuando se elogia la movilidad social derivada de la división del trabajo, cuando se defiende la autonomía del individuo en contra de los lastres de su tradición y cuando se considera como un ideal el que cada campesino pueda convertirse en consumidor, empresario o accionista. Si de esta manera, por la introducción indiscriminada del mercado, se llega a producir la desintegración de las comunidades culturales nativas, o si se pierden algunas de sus tradiciones, ello habrá de ser considerado como el costo inevitable del progreso y de la inserción en las redes económicas de la modernidad democrática. A este rasgo peculiar de desarticulación indirecta de la cohesión cultural por obra del mercado se le ha dado en llamar el «carácter transgresor de la democracia moderna» (Albrecht Wellmer).

Finalmente, un último rasgo de esta concepción ética de la democracia es su defensa consecuente de la neutralidad valorativa o del relativismo moral. Se trata, también en este caso, de un rasgo complementario de los anteriores. Porque, si el valor central de esta concepción es la libertad individual, y si las instituciones políticas son concebidas como medios al servicio de los intereses del individuo, entonces corresponderá al individuo solo decidir cuál ha de ser su propia escala de valores morales.

La privacidad no es pues sólo una característica de las iniciativas y de los intereses, sino lo es también de la elección de los valores morales. En este modelo de democracia se promueve y se cultiva el relativismo moral, el cual debe ser a su vez garantizado por la deliberada neutralidad valorativa del Estado. El relativismo moral de la sociedad democrática no es pues en modo alguno un desarrollo defectuoso o una patología del sistema, sino, muy por el contrario, una forma moralmente genuina de defender el derecho de todos los individuos a ejercer su libertad, cada cual como mejor le parezca. Por la peculiar exaltación del relativismo que ello implica, Christopher Lasch ha caracterizado a este modelo de democracia con el nombre de «la cultura del narcisismo». Lo ha hecho, naturalmente, con una intención polémica, pero apoyándose sobre la reflexión que venimos haciendo, a saber: que el relativismo moral implícito en la democracia es la expresión consecuente del ideal personalista y egocéntrico que convierte a la autorrealización del individuo en el valor principal de la vida y que prescinde, por definición, de todos los vínculos comunitarios o solidarios con los otros individuos. Este narcisismo, que posee un carácter no sólo moral sino igualmente estético, ha llegado a fusionarse de tal modo con nuestros hábitos de comportamiento, que ya podemos hablar de él como un hecho cultural.

Hasta aquí llega el primer punto, o la primera tesis, que ha consistido en sostener que la ética de la democracia puede ser una ética del individualismo y la desintegración social. No es, naturalmente, la única concepción ética posible como sostén de la democracia. Pero es, sí, la más difundida y la que se pretende difundir también en nuestro país.

Entre los especialistas en filosofía política, ella se conoce hoy en día como el modelo normativo liberal de la democracia. Es un modelo normativo, ético, porque establece una jerarquía de valores que prefigura la orientación que deben tomar las reglas del juego político. Es un modelo liberal porque

concibe a la concertación política en función de los mecanismos económicos del mercado, y éstos a su vez en función de los intereses privados de los individuos.

La democracia puede basarse pues sobre la concepción ética del liberalismo, y la defensa de la democracia puede también identificarse indirectamente con la defensa de este sistema económico. De esto han querido convencernos los intelectuales orgánicos del liberalismo, como Francis Fukuyama, y esto nos lo han impuesto además en la práctica los administradores del sistema económico liberal afincados en las grandes financieras internacionales. La implantación del liberalismo en nuestro continente ha influido notoriamente sobre el modelo de democracia que finalmente ha llegado a instaurarse. Con él, nos ha sido transmitida igualmente la ética del individualismo y la cultura del narcisismo.

b.- El liberalismo es éticamente incestuoso. Esta es la segunda tesis, que pasamos enseguida a desarrollar. El liberalismo es éticamente incestuoso porque se ha acostumbrado a vivir violando los principios que le sirven de fundamento y que le dan legitimidad. Los transgrede de diversas maneras, a nivel nacional y a nivel internacional; los viola por exceso y los viola también por defecto de sus reformas liberales.

Como acabamos de ver, la concepción ética de la democracia liberal presupone como uno de sus principios fundamentales la igualdad de los individuos. Los miembros ideales de una sociedad liberal son justamente sólo eso: «individuos», no peones ni terratenientes, no blancos ni cholos, no católicos ni judíos, ni siquiera hombres o mujeres, sino sólo «individuos», es decir, sujetos racionales con intereses propios y capacidad de decisión.

Esta igualdad es la fuente de legitimación del liberalismo, pues es sólo gracias a ella que puede justificarse el conjunto de leyes que ordena la

estructura económica, el régimen de propiedad o el sistema educativo de una sociedad compuesta de individuos. En la práctica, sin embargo, el liberalismo suele violar el principio que le otorga legitimidad. Ello se debe a que el liberalismo no necesariamente crea las condiciones que él mismo presupone. Ocurre más bien que, cuando se implanta sobre una base social de discriminaciones ancestrales, el modelo liberal puede perpetuar las injusticias de la sociedad e impedir incluso una redistribución de la riqueza más acorde con sus propios principios igualitarios.

En una sociedad tradicionalmente racista y desintegrada, el sistema liberal puede tener el efecto contraproducente de acentuar las desigualdades. A nivel internacional, el carácter incestuoso de la ética liberal se expresa al menos

de

dos

maneras.

De

un

lado,

la

sociedad

democrática

contemporánea transgrede el principio según el cual la legitimidad de las decisiones políticas debe reposar sobre la participación y el asentimiento de todos los involucrados, en la medida en que prescinde de la opinión de las grandes mayorías de los países de la periferia respecto de las grandes decisiones políticas, económicas o jurídicas que regulan en buena cuenta la vida internacional.

Es obvio, hoy más que nunca, que las decisiones tomadas en los centros financieros, o en las grandes potencias, o en el seno de los nuevos organismos de integración regional, tienen repercusiones decisivas sobre la vida económica, social o política de muchos pueblos de la tierra. En sentido estricto, desde el punto de vista de la legitimación democrática del sistema político internacional, esas decisiones deberían contar con el asentimiento de los involucrados. Como éste no es, naturalmente, el caso, el sistema político

internacional

vive

incumpliendo

uno

de

sus

principios

fundamentales. Esta situación se agrava aún más cuando se tienen en cuenta las transformaciones políticas a las que ha conducido el proceso de globalización. Porque uno de los efectos principales de este proceso es

justamente el desplazamiento, o quizás incluso la desaparición, de las instancias de decisión política a nivel internacional.

La globalización es un proceso principalmente económico que ha ido imponiendo relaciones sistémicas en el mundo entero, al mismo tiempo que ha ido restándole atribuciones políticas a los estados nacionales. En este contexto, resulta cada vez más problemático el principio o el derecho de la participación democrática en las decisiones políticas, que es, sin embargo, uno de los principios de legitimación del propio orden internacional. De otro lado, es fácil constatar que también a nivel internacional se viola el principio de la igualdad que sirve de fundamento al propio sistema democrático liberal. Es más, la injusticia de facto del orden económico y el orden político internacionales se suele encubrir por medio de un discurso moral que legitima la posición de dominio de algunos países. Por el carácter formal que poseen, los principios del liberalismo sólo tienen vigencia plena en condiciones ideales de igualdad y bajo el supuesto de que las reglas de juego sean compartidas por todos. Pero ésa es naturalmente sólo una proyección ilusoria. En el mundo real, las condiciones de partida han sido y siguen siendo de desigualdad, de asimetría. La distribución de los bienes, de la riqueza, de las oportunidades y, sobre todo, de las decisiones económicas y políticas, es asimismo notoriamente desigual, y las reglas de juego vigentes no parecen sino perpetuar este orden, o este desorden, internacional. En nuestro propio país, el liberalismo está violando también sus principios constitutivos, y lo está haciendo, por así decir, tanto por exceso como por defecto de las reformas que implementa. Los viola por exceso de liberalismo cuando somete indiscriminadamente una sociedad desigual y pluri-cultural como la nuestra a las reglas de funcionamiento del mercado, pues de esa manera produce, como ya dijimos, un efecto contrario al que supuestamente desea obtener, es decir, contribuye a perpetuar las desigualdades y a desarticular la ya precaria cohesión de las diferentes comunidades culturales. Pero viola

también sus propios principios constitutivos por defecto de liberalismo, es decir porque se colude con tradiciones antidemocráticas como el caudillismo y el militarismo. Manipula entonces a su antojo el sistema de reglas democráticas, se vale de prebendas para someter los poderes del Estado a la voluntad del caudillo, cambia arbitrariamente las reglas de juego que él mismo ha establecido. Ambos tipos de incesto moral se vienen practicando sistemáticamente en los últimos años.

Ante una situación como ésta, es decir, ante la propagación de la ética del individualismo y la desintegración social, y ante el carácter moralmente contradictorio del modelo neoliberal de la democracia, es preciso que recuperemos los valores y los principios democráticos que estamos viendo sometidos a una continua transgresión, y que aprendamos a distinguir más claramente entre la democracia y el liberalismo, es decir, que no nos sintamos obligados a defender al liberalismo cuando defendemos la democracia. Nos hace falta una concepción ética alternativa que sirva de sustento al proyecto democrático y que haga posible la preservación de los ideales que el liberalismo no es capaz de asegurar.

c.- La tercera y última tesis, es la necesidad de una ética de la solidaridad y de la participación ciudadana. Algunos de los rasgos de esta ética alternativa para la democracia han sido descritos también en los debates de la filosofía moral contemporánea, principalmente entre los autores llamados «comunitaristas», como Michael Walzer o Charles Taylor. También en este caso se trata de un modelo ético, normativo, que prefigura la orientación que han de tomar las reglas del juego político. Pero por contraste con el anterior, se le conoce como el modelo republicano de democracia.

El término «republicano» contiene una alusión a la concepción política de Rousseau, y es utilizado con el propósito de destacar el carácter participacionista de la democracia que el modelo coloca en el primer plano.

En base a

las tesis de los autores comunitaristas defensores de este

modelo, proponemos algunas características de la ética de la solidaridad que, nos parece, debería servir de sustento al proyecto democrático en nuestro país. Para ello, retomemos los cuatro rasgos con los que caracterizamos la concepción ética del individualismo liberal y veamos, por contraste, qué debemos esperar de una ética de la solidaridad.

En primer lugar, en oposición al paradigma del individualismo, que considera como valor central a la libertad egoísta del ser humano, esta nueva ética debería proponer un paradigma de la solidaridad y considerar como su valor central el cultivo de los múltiples vínculos comunitarios entre los seres humanos. Hay muchas razones, teóricas, morales y prácticas, que justifican este cambio de paradigma ético, a las que aquí sólo podemos aludir someramente. Desde el punto de vista teórico, hay buenas razones para cuestionar la artificialidad de la definición liberal del individuo como sujeto egoísta y aislado, y para proponer en su reemplazo una definición del individuo como miembro de diferentes tipos de comunidades de creencias. Desde el punto de vista moral, hay diferentes clases de motivación que concuerdan, todas, en solicitar nuestro compromiso ético en favor de quienes sufren injusticia: podemos pensar que debemos ser solidarios porque somos simplemente seres humanos, o porque somos cristianos, o porque somos racionales, o porque somos filántropos, pero lo importante es que busquemos en la solidaridad el punto de encuentro de nuestras concepciones morales. Y, desde el punto de vista práctico, es preciso que pensemos en las repercusiones políticas que debiera tener un cambio de paradigma como éste.

En particular, debemos pensar en la forma de compensar el desequilibrio social que genera la implantación de políticas económicas de corte liberal, a fin de impedir que éstas acentúen o perpetúen los privilegios de unas clases sobre otras. Un Estado democrático solidario debería, por ejemplo,

ofrecer incentivos para favorecer el desarrollo regional, o para compensar las desigualdades estructurales que caracterizan a nuestra sociedad, y debería garantizar el acceso de todos a una educación escolar y superior de calidad, a sabiendas de que el mercado sólo contribuye en este caso específico a ahondar la brecha entre los peruanos ricos y los peruanos pobres. Más en general, un Estado democrático solidario debería contribuir a crear las condiciones de igualdad que el modelo liberal sólo presupone, y sin las cuales el discurso democrático termina por ser éticamente incestuoso.

ÉTICA Y POLÍTICA: VALORES PARA UN BUEN GOBIERNO Dr. Oscar Diego Bautista Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) No se enseña ética para saber qué es la virtud, sino para ser virtuosos.. (Aristóteles)

La resolución de conflictos y la satisfacción de la pluralidad de intereses comunes por parte, primero, de quienes deliberan sobre los asuntos públicos, y segundo de quienes ejecutan las decisiones,

es difícil de

alcanzar de manera transparente si se carece de valores éticos. Para lograr buenos resultados en la política y en la gestión pública se requiere contar con gobernantes y funcionarios que

hayan interiorizado los valores

y

posean una conducta íntegra pues son estos servidores públicos quienes marcan las directrices y operan las instituciones.

1. ÉTICA Y FUNCIÓN PÚBLICA Los antiguos griegos, que gustaban de practicar la filosofía, ante la pregunta: ¿Qué es mejor, el gobierno de los hombres o el de las leyes? Respondían que cuando las leyes son buenas benefician a la comunidad política siempre que los hombres las respeten y las apliquen, pero ante la evidencia de que

éstas no se respetaban, la respuesta era contar con

hombres buenos, ya que éstos además de actuar correctamente en cada

uno de sus actos, respetaban la ley. En esta cultura, los individuos con un gran

reconocimiento y decoro eran considerados

“Hombres Ley”.

Parafraseando esta idea y cuestionándonos si es mejor el gobierno de los hombres o el de las instituciones, sin duda la respuesta sería similar. Son los hombres los que hacen las leyes y las instituciones. Y así como un hombre bueno era antaño considerado un “Hombre Ley”, un hombre con principios éticos en el ámbito público puede

considerarse como un

“Hombre Institución”, de donde se deduce que cualquier mejora en la operación de las instituciones públicas, y por tanto de la credibilidad en éstas, será posible si se eleva la conducta moral de los individuos que la integran mediante una adecuada formación ética. La importancia de poner atención en la conducta de los hombres públicos la resalta Douglas North al decir: “Las

instituciones son una creación humana, evolucionan y son

alteradas por humanos. Por consiguiente, se

deberá empezar por el

individuo” (Douglas North, 1993).

Una deliberación exhaustiva en relación tanto a la manera de frenar actitudes antiéticas en el ámbito público como a la recuperación de la confianza del ciudadano conduce a la idea de que no es a

través de

controles externos a los individuos que realizan la función pública como se impide que éstos cometan actos indebidos sino que es a través de la sensibilización, del desarrollo de la conciencia así como del establecimiento de principios internos en las personas como se podrá evitar la realización de actos contrarios a la ética. Pretender someter a los hombres por la fuerza del poder o de la ley con controles externos no es el mejor camino. “El derecho puede imponerse desde fuera, no así la moral.” (Cortina, 1998). “El conjunto de normas y controles no garantizan que el empleado público actúe de forma éticamente correcta. Sólo la fortaleza de las convicciones éticas del empleado puede cubrir el vacío que el contexto produce.” (Rodríguez-Arana, 1998). Al ser las instituciones de carácter público, es importante contar con personal formado en ética, entendida ésta como la

herramienta poderosa que forma la conciencia de los hombres y desarrolla plenamente su capacidad de juicio. La formación ética es vital en los individuos pues éstos tienen un carácter eminentemente activo en la marcha y desarrollo de los organismos. Precisamente, una de las causas que ha provocado la desconfianza en las instituciones públicas es la ausencia de principios y valores éticos, lo que da pie al incremento de vicios o actitudes antiéticas tales como la corrupción, el abuso de autoridad, el tráfico de influencias, etc. Situaciones que impiden que se alcancen la metas y objetivos institucionales

Una clasificación general respecto al personal que opera en el gobierno señala que existen dos tipos de personas que participan en la dirección y operación de las instituciones, éstos son: políticos y funcionarios. Ambos tipos tienen por objetivo común servir a la sociedad a la que representan, lo que los coloca como servidores públicos. Para lograr buenos resultados en todo gobierno se requiere contar no sólo con funcionarios responsables, se necesitan también políticos responsables puesto que son éstos últimos quienes gozan del máximo margen de autonomía en las decisiones, y de éstas decisiones depende a su vez la actuación de los primeros.

La ética para los servidores públicos se refiere a situaciones de aplicación. El bien común, lejos de ser una abstracción, se materializa en cada acto realizado en las múltiples instancias de la Administración Pública. Es la suma de miles de decisiones diarias de los servidores que laboran en las organizaciones públicas. Cada funcionario se encuentra diariamente con dilemas éticos que unas veces resuelve de manera rutinaria y otras como resultado de una profunda reflexión. Aunque el sentido común alberga principios básicos que nos permiten conocer lo que es correcto de lo que no, existen situaciones en lo que lo bueno no siempre resulta evidente. La decisión en un conflicto puede ser equivocada si la persona no cuenta con una escala de valores que le permita discernir adecuadamente. En el

momento en que el hombre decide y actúa la respuesta puede ser justa o injusta, adecuada o inadecuada. Por eso es importante que los servidores públicos cuenten con un marco que les sirva de guía en sus decisiones. De esta manera, la ética pública da al servidor público un conocimiento que le permite actuar correctamente en cada situación por difícil que esta sea al ofrecer criterios para encontrar soluciones adecuadas.

Los cambios en las actitudes de gobernantes y servidores públicos hacia una mejora en la calidad de los servicios e instituciones no se pueden forzar desde fuera, deben surgir de ellos mismos, proceden del “despertar” como dijera Aristóteles, o del “salir de la caverna” según afirmara Platón, provienen “de un verdadero cambio del corazón” como dice Caiden. En otras palabras, desde el pensamiento debe brotar la fuerza dinámica que los convierta en acto.

La razón por la que la ética es un instrumento

necesario radica en que ésta se orienta al estudio de las acciones humanas por lo cual las explicaciones a las distintas conductas giran en torno a esta disciplina. Cada acto que realiza el hombre tiene su fundamento o justificación en la ética. Cuando los hombres públicos responden a una filosofía ética, se auto-controlan al ser responsables de su conducta y de cada uno de sus actos. De esta manera, la ética es el mejor instrumento porque conlleva el autocontrol mediante el uso correcto de la razón a partir de la idea de servicio colectivo, elemento importante en los servidores públicos ya que como señala Adela Cortina “El interés del Estado no puede depender de las pasiones del príncipe, ni siquiera de su deseo de ser malo o bueno sino que exige un profundo autocontrol” (Cortina, 1998)

Todo gobierno, para mantener una eficiente administración, debe contar con individuos íntegros. Y es aquí donde la ética cobra importancia al seleccionar los perfiles, formar y reiterar a los servidores públicos la necesidad de hacer bien sus tareas y actuar con responsabilidad. Por el sólo hecho de llevar a cabo una acción con responsabilidad y hacerla bien

ya se está cumpliendo con los preceptos éticos. Sin embargo, esta premisa, por sencilla que parezca, es difícil de alcanzar por muchos de los que participan en el ámbito público.

La ética es el mínimo exigible para asegurar una honestidad y una responsabilidad en el empleo público. Si la administración pública es el instrumento de que se vale la política para contribuir al logro del bien común mediante el ofrecimiento de bienes y servicios de calidad, los servidores públicos que la integran deben estar motivados y concienciados. Una baja moral y una baja motivación en los individuos fomentan actitudes antiéticas, situación que a su vez se refleja en una baja calidad en la operación de las instituciones.

Linkografía:

http://www.slideshare.net/lancaster_1000/la-desconfianza-en-la-tica-en-lasociedad www.buenastareas.com › Filosofía www.zonaeconomica.com › Blogs › MACIPAO's blog

www.encuentros-multidisciplinares.org/.../Oscar%20Diego%20Bautista...

eprints.ucm.es/6969/1/libro_etica_sp.pdf

www.uca.edu.sv/.../...