LA DICTADURA EN URUGUAY Revisado

LA DICTADURA EN URUGUAY 1973-1985 CRÓNICA DEL FASCISMO LATINOAMERICANO

POLÍTICA COMPARADA ALBANO NASSUTTI X-5837931-W

Índice. Introducción……………………………… Reseña histórica………………………….. La doctrina de las Fuerzas Armadas……. La economía: causa y consecuencia……… La represión política y social…………….. Asesinatos y desapariciones……… Arrestos y torturas………………… Los derechos civiles………………. La arena política…………………… Las instituciones y la legislación….. Conclusiones………………………………. Bibliografía…………………………………

Introducción.

Reseña histórica. Hacia 1955 se inició en Uruguay una crisis económica que afectó también a las instituciones políticas. Durante la década de 1960 hubo un proceso de deterioro social y económico con un notable aumento de la conflictividad que incluyó la lucha armada a través de la guerra de guerrillas, protagonizada por grupos de extrema izquierda, entre los cuales destacan los Tupamaros y fuerzas de extrema derecha, como el Escuadrón de la Muerte y la Juventud Uruguaya de Pie (JUP). Las Fuerzas Armadas fueron asumiendo protagonismo hasta que, ante la crisis social, económica y política que vivía el país, y la falta de respaldo político al Presidente de la República, deciden, con el apoyo del entonces presidente constitucional en ejercicio, Juan María Bordaberry, dar un golpe de estado. Bordaberry, queriendo devolver a los militares a los cuarteles y someterlos nuevamente al poder civil, nombró al general Antonio Francese como Ministro de Defensa Nacional. El ejercito y la fuerza aérea responden emitiendo los Comunicados 4 y 7, en los cuales “desconocen” la autoridad del novel ministro argumentado que el mismo se proponía desarticular a las Fuerzas Armadas, a la vez que dan la pauta de sus intenciones de, no solo “aportar seguridad para el desarrollo nacional”, sino que también participar en la “reorganización moral y material del país. (Este punto es importante para el tratamiento politologico) El desconocimiento del Ministro y los planteos (tu vocabulario) de participación en la vida política del país, marcaron de hecho una insurrección de estas dos arma ¿?s, en las cuales la Armada Nacional se mantuvo leal al gobierno. Este conflicto institucional provocó que Bordaberry aceptara el Acuerdo de Boiso Lanza, donde claramente le entregaba una considerable cuota de poder a los militares. El 27 de junio de 1973, en vista de que “la acción delictiva de la conspiración contra la Patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones, para así presentarse encubierta como una actividad formalmente legal”, el entonces presidente Juan María Bordaberry disolvió las Cámaras de Senadores y Representantes con el apoyo de las Fuerzas Armadas, creó un Consejo de Estado con funciones legislativas, constituyentes y de contralor administrativo, restringió la libertad de pensamiento (reformúlalo. Será libertad de expresión) y facultó a las FF.AA. y policiales a asegurar la presentación interrumpida de los servicios públicos.

Así, el decreto Nº 464/973 del 27 de junio de 1973 expresaba: El Presidente de la República decreta: 1º Declárase disueltas la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. 2º Créase un Consejo de Estado, integrado por los miembros que oportunamente se designarán, con las siguientes atribuciones: A) Desempeñar independientemente las funciones específicas de la Asamblea General. B) Controlar la gestión del Poder Ejecutivo relacionada con el respeto de los derechos individuales de la persona humana y con la sumisión de dicho Poder a las normas constitucionales y legales. C) Elaborar un anteproyecto de Reforma Constitucional que reafirme los fundamentales principios democráticos y representativos a ser oportunamente plebiscitados por el Cuerpo Electoral. 3º Prohíbese la divulgación por la prensa oral, escrita o televisada de todo tipo de información, comentario o grabación, que, directa o indirectamente, mencione o se refiera a lo dispuesto por el presente Decreto, atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo. 4º Facúltase a las Fuerzas Armadas y Policiales a adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos esenciales. Asimismo, por el decreto Nº 465/ 973 de la misma fecha, se consideró comprendida en el texto del artículo 1º del decreto 464/ 973 a todas las Juntas Departamentales del País, creándose en cada Departamento una Junta de Vecinos, que en lo pertinente y en el ámbito Departamental, tendrá atribuciones similares a las conferidas al Consejo de Estado creado por el art. 2º del decreto. En 1976, al terminar Bordaberry su mandato constitucional, ante la convicción de que el caos político que había vivido el país era responsabilidad de su sistema político, propone a la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas una reforma del sistema institucional del país, eliminando los partidos políticos y sustituyéndolos por “corrientes de opinión” en un sistema de corte corporativista. Las Fuerzas Armadas, entendiendo que el problema no eran los partidos políticos, sino sus integrantes, y que la solución al problema vendría por la vía de una renovación de sus dirigentes, retiran su apoyo al presidente, que se vería obligado a abandonar el cargo en junio.

Mientras continuaba la persecución de los ciudadanos que luchaban contra la dictadura, Bordaberry es reemplazado por el entonces presidente del Consejo de Estado, Alberto Demicheli, quien suspende las elecciones previstas para noviembre y delega la presidencia en Aparicio Méndez (ex Ministro de Salud Pública), quien la asume por un período de cinco años. El 30 de noviembre de 1980 la ciudadanía rechaza por medio de un plebiscito el proyecto de reforma constitucional propuesto por el régimen de facto (así le llamaban a los años de dictadura para no decirles la ya nombrada), dando comienzo a un lento proceso de apertura política. El 1 de setiembre de 1981 asume la presidencia el general Gregorio Álvarez. En noviembre de 1982 se celebran elecciones internas, pero con los principales líderes históricos blancos y colorados proscritos, al igual que toda la izquierda. De todos modos, los resultados de estos comicios fueron un claro rechazo al régimen dictatorial. En 1984, tiene lugar el Pacto del Club Naval acordado en agosto de ese año entre Gregorio Álvarez, el Frente Amplio, el Partido Colorado y la Unión Cívica. Los representantes del Partido Nacional se retiraron de las negociaciones por no compartir el planteo militar de realizar las elecciones con partidos y personas proscriptas. Tras realizarse los comicios el 25 de noviembre del mismo año, sale triunfante el Partido Colorado. El 12 de febrero de 1985 Álvarez deja el mando a manos del Presidente de la Suprema Corte de Justicia en ejercicio, Rafael Addiego Bruno, y, finalmente el 1 de marzo de 1985 el gobierno retornó a los civiles con la asunción de Julio María Sanguinetti (del Partido Colorado) como Presidente. Al asumir el 15 de febrero de 1985 los integrantes de Poder Legislativo elegidos en noviembre de 1984, el Consejo de Estado quedó de facto disuelto. Algunos de sus integrantes, fueron elegidos como legisladores; otros como intendentes departamentales. Además, la ley nº 15.738 del 13 de marzo de 1985 dispuso: a) declarar que las normas dictadas con carácter de actos legislativos durante el período de facto, entre el 19 de diciembre de 1973 y el 14 de febrero de 1985, se identificaron como “Decretos-leyes”. b) que dichos actos se declaran con valor y fuerza de ley. c) que no ingresaban dentro de dicha convalidación una lista de decretos-leyes que se enumeran como no vigentes o nulos. d) dispuso además que todos los poderes y entes del gobierno procedieran a revocar de oficio, en la órbita de su competencia, los actos administrativos ilegítimos

dictados en aplicación de dichos actos legislativos nulos, precisando en cada caso los efectos de la revocación. Al asumir el nuevo parlamento en febrero de 1985, se aprobó rápidamente (se promulgó el 8 de marzo con el número 15737) una ley de indulto a los presos políticos en el Uruguay, entre los que había personas que habían cometido de hecho o cohecho, crímenes de sangre. De esta forma todos los presos políticos fueron liberados. Sin embargo, debe destacarse que la amnistía no fue directa para quienes estaban condenados por delitos de homicidio. En estos casos, se los excarceló provisionalmente y se dispuso la revisión de sus causas penales por los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, pertenecientes a la justicia común, (habían sido juzgados por tribunales militares dependientes del Poder Ejecutivo, en aplicación de la ley 14068 de julio de 1972), a los efectos de dictar una nueva sentencia. Se estableció que debía computarse por tres cada día pasado en prisión, a los efectos de la nueva pena, en atención a las reconocidas condiciones inhumanas de prisión padecidas. Esto, sumado a los largos años de reclusión que todos ellos habían sufrido, determinó que en ningún caso se produjera la vuelta a prisión de quienes estaban en esta situación. En diciembre de 1986 durante la presidencia de Julio María Sanguinetti se dictó la ley 15.848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado que consagra la impunidad de los delitos de violación de los derechos humanos y de terrorismo de estado durante la dictadura (1973-1985), vigente hasta el día de hoy. La doctrina de las Fuerzas Armadas. La llamada Doctrina de la Seguridad Nacional dividía al mundo en dos bloques ideológicamente enfrentados: el occidental y cristiano, y el mundo “comunista” y totalitario que amenazaba con expandirse. Dicho afán de expansión traía consigo la existencia de agentes nacionales del poder extranjero a quienes se debía combatir no sólo política e ideológicamente sino, incluso, desterrarlos y eliminarlos físicamente. En el contexto de la Guerra Fría Latinoamericana, se creía necesario emprender acciones de contrainsurgencia para acabar con la denominada “sedición”: la organización de grupos desestabilizadores de orden estatal. Pero más allá del momento armado del enfrentamiento, lo que justificaba luego la presencia permanente de los militares en la vida del país era la necesidad de derrotar a la “subversión”.

Para los militares, la subversión estaba constituida por aquellos actos o situaciones que eran ajenas al derecho público, al estilo de vida nacional y la escala de valores morales básicos de la sociedad y que deterioraban el ordenamiento no sólo institucional sino social, moral y económico. La sedición era aquella parte de la subversión que empleaba el medio de la violencia y la lucha armada para alterar el ordenamiento. Una noción de defensa nacional que vinculaba seguridad y desarrollo pasó a formar parte de la nueva misión de las Fuerzas Armadas, refrendadas por la ley. Así, el proceso de autonomización de las FFAA como actor político nacional no se vivió de manera abrupta y fue pautado por la evolución de una normativa que legalizó e institucionalizó la participación de los militares en todas las actividades del país, incluso, la injerencia cada vez mayor de la justicia militar en el juzgamiento de civiles. Ello tiene sus puntos culminantes en la aprobación de la Ley de Seguridad del Estado y el Orden Interno 14.068 (LSEOPI, 1972), antes del Golpe, y la sanción de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (1974). Si bien la dictadura uruguaya no se caracterizó por ser portadora de una doctrina demasiado elaborada, su accionar (Con tus palabras, utiliza tu vocabulario) encontró fundamentos de diversas procedencias que, difundidos y repetidos hasta el cansancio a través del control que ejercía sobre los medios masivos de comunicación y la enseñanza, le permitió sedimentar ante la población una propuesta ideológicamente antipolítica, antiliberal y anticomunista. Este aspecto puedes explotarlo mas con vistas al trabajo, pq tiene mas calado político y obviar algo todo lo precedente. Como quieras. La economía: causa y consecuencia. ¿Puedes resumir este epígrafe? El Uruguay ha incubado históricamente un modelo social y económico que en varias ocasiones se ha calificado de liberal, aperturista (dependiente), concentrador y excluyente (modelo LACE): liberal, porque desde el punto de vista teórico sustenta la no intervención del Estado; aperturista, porque sustenta la apertura irrestricta al exterior y es una apertura dependiente porque frente a las amenazas y oportunidades de la acumulación mundial, la política pasiva de inserción tiende a potenciar las amenazas y debilitar el acceso a las oportunidades; concentrador, porque su viabilidad y desarrollo depende de concentrar y centralizar la riqueza, es decir transferir dinero del trabajo al capital (concentración) e integrar los capitales en grandes conglomerados económicos

(centralizar); y excluyente, porque una porción creciente de la población va quedando fuera de los canales de acumulación formal, presenta un desempleo estructural y se excluye a las mayorías del fruto del crecimiento de la riqueza. Este modelo no nació en los 90, sino tan solo se profundiza, alimentado por el discurrir del fascismo en los 70 y 80. La crisis económica empieza en 1952, al disminuir las exportaciones como consecuencia de la recuperación económica de Europa, y del fin de la guerra de Corea, además de la saturación del mercado interno de productos nacionales y sobre todo a que no se percibieron los cambios en la economía mundial a partir de Bretton Woods y al hecho de haber perdido la “protección” de la madrastra Inglaterra y de pertenecer ahora al “patio trasero del Tío Sam”, una economía competitiva y no complementaria que se había repartido el mundo en Yalta con el “Tío Iván”. Asimismo hay ingredientes locales, tales como los ilícitos económicos, producto fundamentalmente de la corrupción, de los negociados, que trajo como consecuencia por ejemplo el quiebre de Bancos, Financieras, etc. Existe una denotada falta de interés por los delitos económicos de la dictadura, que llama más la atención puesto que ellos están expresamente excluidos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En efecto, en el inciso b de su Artículo 2º, la ley que impide castigar a los militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura, aclara expresamente que no están comprendidos en esa impunidad: “Los delitos que se hubieren cometido con el propósito de lograr, para su autor o para un tercero, un proyecto económico”. Es un hecho comprobado que en el Uruguay también la corrupción acompañó a la dictadura dado que no solamente sirvió para llenar bolsillos militares, también los civiles que se adaptaron al modelo económico aplicado pudieron utilizarla en su beneficio. Queda claro cuando observamos que hacia 1972 comienza a delinearse una nueva estrategia de política económica de liberalización y apertura externa, que se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-77 elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Bordaberry, que contaba con el Contador Ricardo Zerbino como director y con el Contador Alberto Bensión como subdirector. En 1985 el presidente Julio María Sanguinetti designaría a Zerbino como su ministro de Economía y Finanzas, y en 2000 el presidente Jorge Batlle haría lo propio con el contador Bensión. Pero además, bajo la dictadura las funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto las desempeñó la SEPLACODI, cuyo director, el general Pedro Aranco, tenía como segundo, pero manejando realmente las riendas, al contador Ariel Davrieux.que sería director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante las dos presidencias de

Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y la de Jorge Batlle (2000-2005). Curiosas reapariciones. El inicio del descalabro reside en 1968 cuando se concretó la congelación de precios y salarios. Recordemos que la congelación se realiza el día 28 de junio de 1968 cuando el 1º de julio tocaba un ajuste salarial que no se realizaba desde el 1º de enero y ya se había acumulado más de 50% de inflación ya que días atrás se había dado una gran devaluación que había más que duplicado el valor del dólar. Es decir que la congelación de precios y salarios se hizo en el peor momento para los trabajadores y significó una rebaja salarial relevante. El gráfico siguiente es claro: mientras los salarios antes y después de la congelación siguen igual, los precios se habían disparado y el 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0

0 3

9

0 7 2 0

2 0

5

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1

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8 3

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-20,0

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3 9

20,0

dólar también. No se empezó de cero, los salarios empezaron muy atrasados y ese era el claro efecto de dicha congelación. Evolución de la inflación. INE. Posteriormente la política económica se alinea de manera casi total a los designios del FMI, en el elenco ministerial participaron de manera creciente los representantes de los más poderosos grupos económicos y la creciente represión interna es el sostén de este proceso. Sin embargo, un proceso de estas características se tornaba inviable en un Uruguay donde las organizaciones de trabajadores eran muy poderosas, donde la percepción del rol social del Estado era asimismo poderosa y donde el clientelismo político impedía una política dura de caída de los ingresos ya que cada cinco años se hacía imprescindible legitimar el gobierno por medio de concesiones económicas.

Por ello entendemos que la dictadura es, en su parte sustancial, el resultado de la necesidad de reestructuración del modelo de acumulación capitalista en el país hacia el modelo liberal, aperturista, concentrador y excluyente que exigía una profunda redistribución regresiva del ingreso, un proceso de concentración de la propiedad y una

liberalización sin restricciones al ingreso y egreso de capitales. Todo ello no era posible en las condiciones de la democracia uruguaya. Entonces la eliminación de las libertades políticas, sindicales y sociales, dio viabilidad a un proceso de reestructuración económica hacia un modelo de apertura y liberalización como ya se anunciaban, como fundamentos económicos, en el Plan Nacional de Desarrollo 1973/77 elaborado por el último gobierno democrático del Partido Colorado y asumido plenamente por la dictadura. El proceso de desarrollo económico de la dictadura, tuvo como sus pilares fundamentales entre 1974 y 1980 los siguientes aspectos: una caída sustantiva del salario real, una apertura inmediata y total del sistema financiero, con plena y libre movilidad de capitales, con libertad de fijación de la tasa de interés y de la tenencia de activos internacionales, un retiro gradual pero Excedente sobre ingresos del trabajo.

definitivo hacia 1979 de la participación del Estado en la fijación de precios, reconversión exportadora, subsidiando las exportaciones y castigando el mercado interno. Es decir, se da un proceso de modificación de la distribución de la riqueza entre trabajo y capital y dentro del capital hacia el sector financiero y exportador.

El conjunto de esta situación provocó modificaciones sustanciales en el modelo de acumulación. Entre ellos cabe destacar el proceso de redistribución regresiva del ingreso cuyo eje central estuvo diseñado desde la política económica y salarial de la dictadura y consolidado en los años 90. Esta caída de la participación de los salarios se expresa con claridad en este gráfico y muestra que la relación favorable entre ingresos no laborales e ingresos del trabajo aumentó una vez y media, y por lo tanto advertimos que un efecto de la dictadura (y también de los gobiernos de la década de los 90) fue una profunda concentración del ingreso en perjuicio de los trabajadores y sus familias. Este proceso que se dio en aquellos años fue una clara combinación de la caída de salario, el aumento de la intensidad del trabajo, el aumento de la jornada de trabajo (más horas de trabajo, más miembros de la familia trabajando) en una misma familia. La combinación de lo anterior (menor salario real, más horas trabajadas, más intensidad del trabajo,) provocó una reducción del valor del trabajo lo que provocó entonces un aumento del excedente sobre dicho valor del trabajo. En síntesis, el proceso económico autoritario (desde 1968 y pasando por la dictadura) significó la puesta en marcha de esta concentración del ingreso tan relevante que sufrieron los trabajadores uruguayos. La democracia permitió, en su primer gobierno, una recuperación cuantitativa del nivel salarial que lo ubicó en los niveles de 1981, es decir en el nivel del salario reducido por la dictadura en su fase de crecimiento económico y no alteró la pérdida generada desde 1968 hasta 1980. El deterioro del salario real tuvo consecuencias imprevistas en un gobierno conservador ya que forzó la entrada masiva de la mujer al mercado del trabajo fuera del hogar, estrategia familiar de sobrevivencia que adoptaron los sectores populares y la clase media. Por lo tanto, las mejoras cuantitativas no significaron una mejora cualitativa del valor del trabajo, sino tan sólo un poco más de ingresos. Y por ello concluimos que el proceso de redistribución regresiva del ingreso se generó en la dictadura y se consolidó en democracia especialmente en los años 90, como se ve en el gráfico siguiente, con la caída de la dictadura, la leve recuperación al inicio de la democracia y el estancamiento salarial en los 90.

Si contextualizamos esta situación y la relacionamos con la evolución del PIB, en el momento que este marca un incremento desde 3826 millones de dólares a precios de 1995 hasta los 4816 millones en 1980, y tras la crisis de principios de los 80´s cae a 4067 millones, comprenderemos la agudización y politización de los conflictos laborales debido a la radicalización de unos sindicatos ahora encabezados por militantes comunistas que extendían el uso de la huelga general, secundados por el ahora potente conglomerado de izquierdas unificado, el Frente Amplio; y por el surgimiento de corrientes ruralistas. La crisis financiera y económica de 1982, que aceleró la inflación y sobre todo la desocupación, y esas resistencias sociales aludidas, que también condujeron a la reorganización del movimiento sindical, llevaron a los militares a ceder el poder a la sociedad civil, aunque con ciertas limitaciones, de las que dio cuenta el ya nombrado Pacto del Club Naval concluído el 3 de agosto de 1984.

La represión política y social. Con este epígrafe haces el trabajo Como se ha introducido en el epígrafe anterior, la dictadura introdujo un modelo económico “de choque” inspirado en la ortodoxia de la célebre Escuela de Chicago cuyo impacto social fue tremendamente alto en relación al sacrifico que ello supuso. En este sentido, la degradación social derivada de la virulencia del funcionamiento de los mercados internacionales, provocó un malestar social continuado que sólo las armas podían acallar. El especial cebamiento con las tendencias de izquierda da la pauta de

cómo se abriría paso en Latinoamérica bajo la égida de la libertad la nueva economía no intervenida. Asesinatos y desapariciones. En primer lugar consideraremos los asesinatos y muertes, segregados en asesinatos políticos (enfrentamientos y torturas), fallecimientos en prisión (torturas, enfermedades u omisión de atención), autoeliminaciones y otras causas, nunca sin perder de vista que son tres millones escasos de uruguayos los que habitan el país. De esta forma podemos identificar hasta 116 muertes desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985, sin contar los 9 agentes de las fuerzas del orden que perdieron la vida , 3 individuos NN y hasta 14 muertes conexas. Al analizar el gráfico

Nº muertes

C ronología de las muertes

podemos

observar

25

fácilmente

la

gran

20

represión

15

entre 1973 y 1978.

desatada

Esta responde a los

10

años de puesta en

5

marcha

0 73

74

75

76

77

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79

Año

80

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82

83

84

Operación

de

la

Cóndor,

operativo conjunto de

las fuerza de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur en confabulación con la CIA estadounidense para combatir una “subversión” en aumento y que no supondría más que una burda expresión del tristemente extendido terrorismo de Estado latinoamericano. Por otro parte cabe destacar que estas muertes se produjeron en un total de 22 en operativos de las Fuerzas Conjuntas, 13 en operativos de secuestro y asesinato, 68 en prisión, 2 por ingesta de cianuro, 5 por otras causas y 6 por causas desconocidas. Mención aparte merecen las desapariciones, ya que podemos cuantificar hasta 169 desaparecidos adultos y 3 menores de edad, tanto nacidos en cautiverio como de madres desaparecidas, que, a la espera de nuevas investigaciones, se desconoce su paradero. De todos ellos, muertos y desaparecidos, hasta un 74% desaparecieron o fueron asesinados en la Argentina y sólo un 19% en el Uruguay, siendo en un 76% hombres y el restante 24% mujeres. Además es interesante el dato de que aunque las

detenciones por agentes del orden, tanto públicas como encubiertas, suponen la mayoría de los casos de apresamiento, no es nada desconsiderable el hecho de que se hayan dado hasta 17 asesinatos directos y de que hubiesen aparecido hasta 31 cuerpos NN flotando en las costas de Montevideo (clara técnica intimidatoria), sin contar los miles de apresados temporales que fueron tras un tiempo “blanqueados” (liberados) y sometidos a proceso militar y nueva pena. Es trascendental resaltar la importancia de la causal política en las detenciones, asesinatos,

etc.,

pues

este

rasgo

fundamental

Pertenencia

determinaba la condición de víctima en torno a la Organización pertenencia o vinculación a una organización política política, como muestra el recuadro. La neutralización

158-60

CNT u otro Sindicato

o eliminación de estos grupos era fruto de los Gremio estudiantil continuos operativos planificados a gran escala, Desconocida grupales o aislados, coordinados o no, sin mencionar

Muertos

Sin militancia

37 23 7 10

la importancia de hasta 62 casos de ocultamiento o negación institucional, modificación de la naturaleza o desfiguración de cuerpos, olvidando los tantos casos de traslados ilegales, intercambios y “vuelos de la muerte”.

Arrestos y torturas. La detención masiva de personas y su encierro prolongado fue el mecanismo represivo principal aplicado por la dictadura uruguaya. En la lógica de su funcionamiento, fueron comunes los casos de prisión sin invocar razones ni tiempo determinado para las penas a cumplir, ya sea en lugares de reclusión públicos, en otros improvisado, o en otros de carácter clandestino (casos 300 Carlos-R, La Tablada, Base Marta), sin ninguna garantía jurídica o procesal, a pesar del pasaje de muchos de ellos por la Justicia Militar. Resulta llamativo que el Poder Ejecutivo o los mandos militares no ocultaban la discrecionalidad de las detenciones: en las comunicaciones al Consejo de Estado sobre detenidos bajo Medidas Prontas de Seguridad, el Poder Ejecutivo solía incluir los nombres de personas que permanecían detenidos largos períodos de tiempo, o que aparecían como liberados sin que hubiera sido informado el hecho de su detención, o que eran liberados, y que en la comunicación siguiente aparecen como detenidos sin que

se expliciten las razones. En un nivel aun mayor de discrecionalidad actúan los Comandos de las Divisiones del Ejército y las Jefaturas de Policía, en muchos casos, prolongando las situaciones de detención en base a criterios de “peligrosidad” y “por disposición u orden del Jefe (o Director)” del servicio policial o militar correspondiente. La numerosa población carcelaria así formada generó importantes dificultades al régimen: de organización interna de los penales, de congestionamiento, relacionamiento con la Justicia Militar, cantidad de personal de vigilancia masculino y femenino asignado, presupuesto y mantención, cruzamiento de la información y unificación de los listados de requisitorias y detenciones, respuesta a los organismos internacionales sobre denuncias carcelarias, información a los familiares, etc. Durante el régimen, incluso antes bajo el Estado de Derecho, en aplicación de dichas Medidas y bajo el estado de “guerra interno” con suspensión de las garantías individuales, las autoridades estatales jamás reconocieron públicamente el carácter de “presos políticos”, “presos de conciencia” o “prisioneros de guerra” a los detenidos, quienes fueron tratados como “meros delincuentes comunes” y considerados como tales en las informes de respuesta. Por otra parte, entre 17 y 19 personas fueron sometidas a un

régimen

prolongado D e te n c io n e s y lib e ra c io n e s p o r a ñ o

(rehenes del régimen), trato inhumano de detención y traslado permanente de los sitios de reclusión. El 7 de septiembre de 1973 fueron retirados

del

Penal

de

Libertad para comenzar una rotación por cuarteles de todo el país durante más de 10 años en los cuales no

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Liberados D ete nidos

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

tuvieron acceso a Justicia de ningún tipo. Por otro lado, atendiendo al total de detenidos, las listas tanto oficiales como no oficiales contienen hasta 5925 nombres, de los cuales entre 1873 y 1258 dependiendo de la fuente lo fueron entre abril y septiembre de 1973, período de mayor intensidad de la lucha contra el MLN-T. Es curioso, por otro lado, que en el año 1972, previo al Golpe pero ya con la vigencia del “Estado de guerra interno”, fueron detenidas hasta 2064 personas.

Atendiendo al año de detención y liberación (siempre según las listas

oficiales, con sus ausencias y omisiones notorias), observamos el gráfico prestando atención a la diferencia entre el total de detenidos, hasta 4067, deliberados, hasta 4249, y el total de los detenidos que aparecen en listas no oficiales. Se puede comprobar que el ritmo de libertades concedidas en los últimos años parece reflejar los ritmos políticos del final de la Dictadura: la culminación de las negociaciones entre políticos y militares en el Pacto del Club Naval. Una vez realizadas las elecciones, se admite un ritmo similar, aunque permaneciesen hasta 300 personas detenidas por razones políticas al momento de asumir el gobierno electo el 1º de mayo. Al margen de todo ello, es remarcable la posibilidad de dotarnos de una perspectiva de género a la hora de investigar la represión, dado que el terrorismo de Estado se ejerció en el marco de relaciones de género. Los estereotipos que identificaban lo masculino como agresivo y dominantes y lo femenino como pasivo, fueron también sustentos de la “doctrina” de los represores, reforzados por los discursos de la dictadura. Los datos históricos destruyen la naturalización en que se incurre al determinar que las mujeres “sufren”, los hombres “aguantan” y los militares “dominan”, dado que hay casos que ejemplifican la existencia de una represión específica hacia las mujeres mediante dobles códigos de género (de tortura y establecimiento) y las condiciones en que estas y sus hijos vivieron en prisión. Las torturas a detenidos pueden rastrearse y documentarse hasta 1970, pero tras la LSEOPI que pasaba a todos los presos políticos a justicia militar, la tortura alcanzó niveles generalizados y sistemáticos. Diferentes tipos de torturas se aplicaron indistintamente sobre hombres y mujeres, donde lo que hace la diferencia no es el método, sino el diferente impacto sobre la anatomía femenina, sobre su afectividad, y los

propios

condicionamientos

culturales

que

conformaban

subjetividades

diametralmente opuestas. El silencio o la invisibilidad que esconde el drama de las víctimas femeninas de la dictadura se hace profundamente palpable en la indefinición de nombres y el número total que sufrieron como rehenes del régimen, lo cual habla de la no individuación y sus secuelas. Otro tanto podríase describir el horror aplicado a las víctimas menores de edad, pero he optado por omitirlo. El terror provocó que saliesen del país entre 140.000 y 600.000 uruguayos según los diversos estudios, lo cual es una proporción pasmosa en comparación al total de la población.

Los derechos civiles. El régimen implementó una serie de dispositivos de vigilancia social que permite hablar de una sociedad controlada, lo cual halla su germen en los 30-40 en el marco de la pre Guerra Fría que se desenvuelve específicamente en el subcontinente. La generalización, profesionalización y sistematización que caracterizó al control fascista alcanzó tantos aspectos de la realidad y personas que bien puede caracterizarse de tendencia totalitaria a ciertas etapas del mismo. Los mecanismos de vigilancia consistían en controlar todas aquellas actividades que nucleaban a grupos de personas, por ello se asiste a una clausura de los espacios públicos, impidiendo toda forma de reunión y expresión que cuestionaran al orden único estatal. Uno de los efectos más importantes de esta situación es la restricción en las formas de solidaridad social dado que los mecanismos represivos provocaron el miedo generalizado y el encierro de las familias y personas sobre sí. (ASPECTO MUY INTERESANTE) DESTACALO QUE SE LEA Y VEA BIEN EN EL TRABAJO Pero tampoco debe desconocerse el apoyo que determinados sectores socioeconómicos brindaron a las autoridades en aras de proteger sus intereses, asegurar el orden público y/o por simple convicción ideológica. La dimensión de la colaboración de la población con el régimen, más allá de quienes coincidían con los objetivos del régimen de facto, debe ser comprendida dentro de un escenario social donde el miedo era un elemento omnipresente y, en muchos casos, determinantes de las conductas sociales y personales. La cultura del miedo genera una parálisis de las manifestaciones de oposición al status quo y constituye un factor disciplinador de conductas cotidianas. Entrando ya más en materia, resulta sorprendente que todo ciudadano que quisiera realizar un trámite nacional o internacional debía poseer el denominado Certificado de Fe Democrática, el cual lo habilitaba públicamente a continuar dicho trámite o atender una solicitud. Los datos de la persona contenidos en el formulario correspondiente permitían a las autoridades revisar y actualizar los antecedentes policiales del solicitante y, en base a ellos, categorizarlos como ciudadano A, B o C según el grado de peligrosidad que surgiera de sus anotaciones, fechas patronímicas o prontuarios, donde la C suponía la prohibición de realizar cualquier gestión e incluso posibilitaba la detención en el mismo momento que se iba a retirar dicho certificado. Esto tipo de control afectó directamente hasta 300.000 uruguayos. De igual forma, otro ejemplo ilustrativo es el Decreto Constitucional 4/976, el cual prohibió a hasta 15000

uruguayos, expresamente determinado por el mismo decreto, el ejercicio por 15 años de los todos derechos políticos que la propia Constitución recogía. Por otra parte, los medios de comunicación, así como el espacio cultural en general, quedaron sujetos a todo tipo de censura mediante la creación de la Comisión Censora integrada por militares y policías: censura previa de programas y publicaciones, necesidad de solicitar autorizaciones para poder proyectar filmes, control pormenorizado de obras teatrales, censura a los textos de las murgas carnavaleras, seguimientos específicos a personalidades de la cultura y la ciencia y prohibición de otros tantos. (La parte de la CENSURA PUEDES DARLE MAYOR RELEVANCIA) De esta forma se prohibió toda la literatura relacionada con el acervo ideológico e histórico de todo aquello que se relacionase con la izquierda, depurando bibliotecas públicas y distribuidoras, interviniendo hasta un total de 94 revistas, periódicos y semanarios en todo el territorio nacional y clausurando definitivamente hasta 23 de ellas. Asimismo, mediante la Ley 14.670 de Radiodifusión se permitió la suspensión de hasta 11 emisoras radiales de las cuales 1 fue clausurada definitivamente, además de aplicar sanciones de advertencia a otras 9. En cuanto a los espacios educativos, la censura y especialmente la represión no fueron menores, pero dados los vínculos de esta con el de las organizaciones políticas y sindicales, se tratará el tema en el apartado siguiente. De todas formas, el control de los contenidos curriculares se hizo patente con la Ley 14.101 de Enseñanza pública primaria, normal, secundaria e industrial, instituyéndose el órgano que regiría la vida educativa del país: el Consejo Nacional de Educación, el mismo que se encargaría de destituir por motivos poíticos hasta 67 docentes. De la misma manera, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior continuó el seguimiento de las actividades y organizaciones “subversivas” tanto de desterrados, como de expulsados, exiliados, refugiados y asilados uruguayos alrededor del mundo, como de extranjeros en tierras uruguayas. La ingente cantidad de material encontrada en estas dependencias permite pensar en una profusa colaboración con otros entes de inteligencia de Europa, América y África, además de con otras dependencias estatales como lo es principalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores. De estas averiguaciones se derivan partes en los que se identifican hasta 357 organizaciones que “conspiran” en el exterior. La arena política.

La represión contra las tendencias democráticas en general y contra las organizaciones de izquierda en particular constituye una de las causas principales de la implantación del régimen dictatorial y uno de sus objetivos permanentes durante todo el proceso histórico. En este sentido, las persecuciones se centran principalmente contra la militancia de izquierdas perteneciente a partidos y organizaciones, pero también contra militantes sindicales y estudiantiles, dado que muchos de estos suponen una doble militancia. De esta forma, el Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas desplegó un aparato de documentación, análisis y operativos tan resaltable (de los más desarrollados y contundentes de todas las dictaduras Latinoamericanas tras el del Paraguay) que indirectamente permite inferir y apreciar la continuidad de la lucha social, así como resaltar la importancia que ello suponía a las clases populares. Atendiendo a la coalición de izquierda, el Frente Amplio, apenas dos años antes del Golpe de Estado se presentaba a las elecciones nacionales y recogía apenas poco más del 18% de los votos. Por tanto, cuando se produce el golpe y se instala la dictadura, la estructura y organización de la coalición no representaba mucho más que la suma de las organizaciones políticas que componían la coalición, la mayoría de las cuales sí tenían una mayor historia e implante a nivel nacional. Por tanto, la represión al FA fue la represión a los partidos, grupos y dirigentes que lo integraban, pero cuando esta tuvo mayor incidencia fue cuando se intentó desarticular la estructura y organización más propiamente frenteamplista o no partidizada: comités de base, delegados circuitales, personalidades independientes, propaganda y actividades propias y miembros de la dirección, principalmente su Presidente, General Líber Seregni. Esta táctica obedece a la imperiosa necesidad del régimen de impedir una unificación de las fuerzas de izquierda que pudiera desestabilizar el equilibrio mantenido en la situación anterior en que los abundantes pero pequeños partidos todavía eran controlables. Situación notoriamente diferente, aunque también deba incluirse dentro de la represión ejercida contra el pueblo en general, es la que plantean el Partido Colorado y el Blanco, dado que la dictadura no se propuso su eliminación. Si para las tendencias predominantes dentro del Ejército la existencia de partidos era inevitable, la cuestión únicamente recaía en la necesidad de depurarlos de presencias insidiosas. Es por ello que a pesar de la prohibición parcial de la vida partidaria, se les permitieron, bajo estricta vigilancia, algunas actividades. Igualmente, el perfil más categórico de la

represión se dejó sentir cuando personalidades perseguidas quedaban involucradas en dichas actividades, como fue el caso de Wilson Ferreira Aldunate, candidato blanco que había contado con el mayor apoyo popular en las pasadas elecciones de 1971, o Jorge Batlle, líder colorado. Igualmente, con el discurrir de los años y el aumentar los desequilibrios del régimen, y sobre todo tras el rechazo al plebiscito de 1980, se irán conformando tendencias hacia la negociación en vistas al declive del poder de facto. Este debió revisar su cronograma político en un clima que era aún de incertidumbre, rehabilitando a

las personalidades de ambos partidos salvo 25 excepciones y permitiendo las

elecciones internas que se realizarían en 1982. Igualmente podemos realizar un seguimiento de las consecuencias que supuso la dictadura para el ahora arraigado movimiento sindical uruguayo, en un contexto previo a la dictadura en el cual, como hemos señalado antes las condiciones laborales habían sufrido un claro deterioro. La Convención Nacional de Trabajadores decretó inmediatamente después del Golpe una Huelga General que se extendió hasta 15 días tras los cuales fue decayendo paulatinamente debido a insuficiencias de la propia organización, aunque posteriormente la influencia de las organizaciones sindicales fuera alta y no pasase desapercibida a los represores. Por ello se entiende el control al que estuvo sometido el movimiento sindical y el fallido intento del régimen de construir un nuevo sindicalismo corporativista que sustituyese a la CNT, prohibida y empujada a la clandestinidad (Decretos nº 622/973 y 87/977 y Decreto-Ley de Asociaciones Profesionales nº 15.137). La infiltración de la propia CNT en las nuevas estructuras sindicales y los conflictos continuos de la nueva legislación con los convenios de la OIT que el Uruguay había ratificado años antes impidieron al régimen someter al movimiento obrero y alinearlo a los intereses institucionales. La masividad de las detenciones a sindicalistas dificultan su cuantificación, más aún si consideramos que la mayoría de estos militaban en partidos de izquierda, los más reprimidos. Las oleadas represivas fueron cíclicas, logrando por momentos casi inmovilizar la resistencia de los sindicatos. Es llamativo el hecho de que una de los aspectos en que más insidió la dictadura fue respecto a la pérdida de la fuente laboral por causas políticas, tanto en la administración pública, habiendo “reformado” el beneficio de inamovilidad que ampara el Estatuto del Funcionario mediante el Acto Institucional nº 7, posteriormente ampliado por el Decreto-Ley 10388, como en el sector privado. La evidencia de este proceso en la Administración Pública creció con el tiempo

a medida que la militarización de la misma y su consiguiente depuración se profundizaban. Se calcula que los afectados por estas medidas ascienden a 1200017000, y que los detenidos por cuestiones sindicales ascienden hasta los 891, de los cuales 47 murieron en prisión, desaparecieron o fueron posteriormente asesinados. El ritmo de las detenciones fue similar al que hemos estudiado antes debido al desgaste del régimen y a la necesidad de flexibilizar los controles de cara a las negociaciones de transición, aunque el período de detención medio fuese bastante menor en el ámbito sindical. Tal y como habíamos anticipado en un apartado anterior, la enseñanza no escapó del control militar, pues es bien sabido que los sistemas educativos son uno de los pilares más significativos en la construcción de la idiosincrasia de un pueblo. La especial propensión del ámbito estudiantil y docente a la militancia en organizaciones políticas supuso que fuesen detenidos hasta 448 alumnos y 39 docente universitarios y 59 alumnos de secundaria y UTU (Universidad del Trabajo del Uruguay), descontando las destituciones que hemos apuntado más arriba. De todos ellos, entre 17 y 23 desaparecieron y/o fueron asesinados. La nueva institucionalidad y la legislación. La dictadura supuso una forma de Estado y un modo autoritario de gobierno de la sociedad, y por lo tanto decretó una nueva institucionalidad compuesta por órganos políticos, militares, administrativos y de justicia, tanto públicos como secretos, que sustituyeron a los ámbitos pluralistas de la democracia representativa y desconocieron el equilibrio de poderes y la Constitución de la República vigente hasta el Golpe. Igualmente, la dictadura fue cambiando las funciones y jurisdicciones de otros órganos ya existentes, procedentes de formas anteriores del Estado de Derecho, y que continuaron funcionando con el nuevo régimen. Finalmente, la dictadura creó nuevas formas estatales clandestinas de coordinación regional, asociadas a las formas públicas y sus responsables, y que conformaron esa doble faz (pública-clandestina) o dualidad organizacional y operativa que caracteriza estructuralmente al nuevo Estado. Históricamente, este proceso de grandes transformaciones se inició antes del 27 de junio del 73. A través de la aplicación continuada de leyes de excepción y medidas prontas de seguridad, la tipificación del “estado de guerra interno” con suspensión de las garantías individuales y la injerencia cada vez mayor de la Justicia Militar en el

juzgamiento de civiles, fue consolidándose en el país un gobierno “de crisis” o “bajo decreto”, que fue alterando la relación de poderes, las formas internas de la organización del Estado y el estilo de relacionamiento con la sociedad en un sentido autoritario, antes del golpe. En este sentido, el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) fue fruto de las negociaciones realizadas entre los militares y Bordaberry para superar la crisis institucional precipitada a inicio de 1973, mediante el Decreto nº 163/973 del Poder Ejecutivo para el cumplimiento de los objetivos planteados por este. Pero posteriormente la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas nº 14.257 y las Ley 14.227 lo integrarían al Poder ejecutivo como asesor para cuestiones de “seguridad nacional”, incorporando la participación de la Junta de Comandantes en Jefe (JCJ) y su órgano asesor, el Estado Mayor Conjunto (ESMACO), lo cual redundaría en la injerencia de estos en temas que excedían claramente la esfera militar, como son los mencionados en su decreto de creación: “desarrollo económico y social de la República, a cuyo fin es necesario mantener las consideraciones de seguridad apropiadas”. Finalmente el Acto Institucional nº 3 le daría a los miembros del COSENA rango ministerial. Por otra parte, como ya se comentó al principio, el Poder Legislativo, así como el Judicial, fueron suprimidos por el régimen y fue creado el Consejo de Estado, integrado por miembros designados directamente por el Ejecutivo, para su sustitución. Este debería desempeñar funciones vinculadas “al respeto de los derechos individuales de la persona humana”, así como la sumisión a las normas constitucionales y legales; finalmente elaboraría el anteproyecto de reforma constitucional plebiscitado oportunamente por el Cuerpo Electoral. Diversos actos institucionales redefinieron sus papel que finalmente culminó como el controlador del Ejecutivo en lo respectivo a Derechos Humanos y co-administrador junto con este. Con el rechazo al plebiscito, el Consejo perdía su función principal y pasaría a integrarse en el Consejo de la Nación en forma de Comisiones. El Consejo de la Nación fue creado por el Acto Institucional nº 2 de 1976 que suspendía la convocatoria de elecciones y redefinía el organigrama gubernamental, tras la crisis entre Borddaberry y las Fuerzas Armadas que daría lugar a que asumiese la Presidencia Aparicio Méndez. Tenía una composición civil-militar y formaban parte del mismo los miembros del Consejo de Estado y la Junta De Oficiales Generales. Su finalidad era de control sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo del propio régimen y como elector de las autoridades integrantes de esos poderes.

Al retocado organigrama ministerial se le sumó el Ministerio de Justicia, creado por el Acto Institucional nº 3 de 1976, para regular el orden de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y las funciones jurisdiccionales, exceptuando la justicia militar, lo cual termina de ilustrar el desequilibrio entre poderes. El Acto nº 8 de 1977 terminaba de perfil unos órganos jurisdiccionales totalmente controlados por el Consejo de la Nación. Pasando ahora a la nueva escena orgánica militar, además de la multiplicidad de nuevos servicios (Servicio de Información de Defensa, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, el ESMACO y la JCJ, la Junta de Oficiales Generales, Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas, etc.), es resaltable la existencia del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, que, adscrito al Comando General del Ejército, actuó de forma clandestina para coordinar y centralizar la “lucha antisubversiva”. Al no constar en ningún organigrama estatal, los recursos para su funcionamiento dependían del material incautado al enemigo, así como también su personal permanente asignado estaba integrado por militares y policías en comisión. Las diferentes OCOAs o secciones formadas durante los comienzos del régimen funcionaros adscritas a las cuatro divisiones del Ejército, con jurisdicción en sus distintas zonas, y teniendo al frente a sus respectivos segundos comandantes con el grado de Teniente Coronel. Por último. Consideraremos las Medidas Prontas de Seguridad (MPS) y la Ley de Seguridad del Estado y de Orden Político Interno (LSEOPI). Las primeras Están previstas en el artículo 168 de la Constitución de la República como instrumento excepcional de derecho que habilita al Estado a intervenir de forma inmediata, más eficaz, antes situaciones de conmoción, en este caso, interior, para mantener la vigencia y el orden constitucional, que consisten en declaraciones particulares, concretas, diferentes de el establecimiento de un estado general de restricción o suspensión de garantías. Igualmente, se recurrió al más mínimos pretexto para su utilización y se mantuvo su vigencia en varias oportunidades (la Constitución contempla hasta 30 días tras lo que requiere ratificación del Legislativo) a pesar de que cesaran las causas desencadenantes. Bajo su amparo se llevaron a cabo acciones que van desde la constitucionalidad más ortodoxa hasta la inconstitucionalidad más flagrante. Pero las limitadas posibilidades que permitía esta legislación utilizada hasta 1972 empujaron al Gobierno a la elaboración de las LSEOPI. Esta, por lo tanto, tuvo la finalidad de crear instrumentos jurídicos para una lucha más eficaz contra las acciones armadas y la conflictividad social de la época.

Entre las medidas que se destacaron, se encuentran los delitos comunes que fueron calificados como delitos militares; se aumentarían los guarismos punitivos de varias figuras delictivas, se crearon varios tipos penales, y se atribuyeron poderes especiales a las autoridades administrativas. Las medidas adoptadas con relación a la jurisdicción militar, como su extensión para el juzgamiento de delitos, las relaciones entre la jurisdicción civil y militar, el ámbito temporal de vigencia de las normas referidas a la jurisdicción militar, y la modificación que se introduce en el proceso militar, fueron las más importantes. Conclusiones.

Bibliografía. http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=1 CEPALSTAT http://www.ine.gob.uy Instituto Nacional de Estadística del Uurguay http://www.bcu.uy Banco Central del Urguguay. Alonso Eloy, Rosa, y Carlos Demassi. Uruguay, 1958-1968: Crisis y estancamiento. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1986. Astori, Danilo. El Uruguay de la dictadura, 1973-1985: La política económica de la dictadura. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1989. Bruschera, Oscar. Las décadas infames, 1967-1985. Montevideo: Librería Linardi y Risso, 1986. Caetano, Gerardo, y José Pedro Rilla. Breve historia de la dictadura, 1973-1985. Montevideo: Centro Latinoamericano de Economía Humana/Ediciones de la Banda Oriental, 1987. El Uruguay de la dictadura, 1973-1985: La era militar. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1989. Faraone, Roque. De la prosperidad a la ruina. Montevideo: Editorial Arca, 1987.

Nota:

Albano, el trabajo en lo esencial me gusta. Has hecho un esfuerzo de integración. Pienso que es amplio, excesivo. Hay mucho baile de siglas, ¿POR QUÉ NO LO RESUMES UN POCO? LA

PARTE

DE

LA

ECONOMIA

PUEDES

HACER

UNA

REFERENCIA SUCINTA Y CORTA CON LAS IDEAS BASICAS Y ELIMINAR ALGO ESA PARTE. DEL EPIGRAFE DEL EJERCITO YO PASARIA DIRECTAMENTE (haciendo leve una reseña histórica económica) A LA REPRESION POLITICA Y SOCIAL Y SUS INDICADORES, QUE HAS PUESTO MUCHOS. SERÍA REFINAR UN POCO TODO LO QUE HAS ELABORADO, QUE ES MUCHÍSIMO, SIENDO UN POCO MAS CONCRETO. Es decir, una vez explicado el contexto histórico economico y social en el que se produce la dictadura, explicas lo de la doctrina moral y la subervsion y a partir de ahí, lo que tienes sobre la represión. Un saludo.