Jose Fernando Ocampo - Ensayos Sobre Historia de Colombia

ENSAYOS SOBRE HISTORIA DE COLOMBIA José Fernando Ocampo

Manizales, la Colonización Antioqueña y las Guerras Civiles de 1860 y 1876 Manizales fue escenario de dos guerras civiles en el siglo pasado, la de 1860 y la de 1876. En las dos Manizales jugó un papel determinante. Para la guerra del 60 Manizales era una villa apenas recién fundada. Para la guerra del 76, tenía ya el empuje de una ciudad de 12.000 habitantes. Las reflexiones que voy a desarrollar en esta ponencia obedecen a una serie de inquietudes sobre la colonización antioqueña que me vienen intrigando de hace tiempo y sobre las cuales no tengo tesis definitivas. Se trata de buscar una luz sobre el carácter político de la colonización antioqueña en esta región, convertida en un sitio estratégico para las luchas trascendentales que definieron tanta historia en el siglo pasado. Me he preguntado por qué los manizaleños recién surgidos a la historia nacional apoyaron irrestrictamente a los conservadores en las dos guerras. ¿Qué relación hubo entre los conflictos de la colonización y el alineamiento político de los nuevos colonos? ¿A qué se debió que pesaran tanto las concepciones religiosas de los nuevos colonos y que la guerra del 76 se convirtiera en una guerra de tan profundo sentido religioso precisamente en Manizales? ¿Qué intereses económicos definieron el alinderamiento temprano de los colonos manizaleños con las fuerzas nacionales que apoyaron el gobierno de Ospina en el 60 y con las que se levantaron contra los radicales en el 76? Estas son mis inquietudes principales. En el curso de la ponencia iré refiriéndome a otras de menor significación. Para mi la historia regional tiene importancia en tanto en cuanto clarifique el proceso general de la historia del país en su conjunto. Una historia regional aislada, reducida a contornos puramente locales, puede ser muy interesante por un prurito de curiosidad intelectual o por una necesidad de identidad regionalista que se ha puesto de moda, pero poco contribuye al esclarecimiento de la historia nacional. Fue Otto Morales Benítez el que primero señaló, aunque un poco tímidamente, la importancia de Manizales en estos dos acontecimientos trascendentales para la historia de Colombia. Dice Otto: «Hay dos acontecimientos que tienen vital importancia en la vida de Manizales. Son ellos las guerras de 1860 y de 1876, que tuvieron actos culminantes en la aldea incipiente. Y el alcance de ellos, radica, en sus ulteriores desarrollos, en el pensamiento

político colombiano. Lo que une indefectiblemente a Manizales los episodios de la República de la mayor resonancia ideológica. Allá, pues, se gestaron grandes transformaciones, a través de dos guerras. Quizás algunos hallen ligeramente optimista nuestro juicio, pero las conclusiones nos favorecen en el balance final» . MANIZALES Y LA GUERRA DEL 60 El 29 de agosto de 1860 el General Tomás Cipriano de Mosquera firmaba el armisticio de la Esponsión de Manizales en un lugar llamado El Carretero con los Generales conservadores Joaquín Posada Gutiérrez y Braulio Henao. El nombre caprichoso de Esponsión con que se denominó aquel pacto, acordado como un «pacto entre las partes» dio nombre a la principal calle de Manizales, la carrera 23. Mediante este convenio el General Mosquera adquiría tres compromisos: a) suspender las hostilidades contra el gobierno general; b) revocar el decreto de separación del Estado del Cauca, del que era gobernador, de la Confederación Granadina, para someterse al gobierno general; y c) devolver los bienes y armas pertenecientes al gobierno general. Por su parte, los generales del gobierno de Ospina se comprometían a que el gobierno general otorgaría una amnistía en favor de todos aquellos que hubieran estado implicados en el movimiento del Cauca. Mosquera se habla sublevado contra el gobierno nacional, había decretado la separación de la Confederación, se había aliado con el gobierno del Estado de Bolívar contra el gobierno federal y se había lanzado a una guerra civil. Cada bando se aferra a su versión sobre las causas que desencadenaron esta guerra. Cierta confusión histórica puede persistir dado de que no se había operado en el país todavía una división lo suficientemente tajante entre liberales y conservadores, la cual acabaría por definirse claramente al finalizar esta contienda. Todavía en vísperas del conflicto algunos conservadores abrigaban esperanzas de que Mosquera no se uniera a los liberales. Pero en una respuesta a José María Samper sobre su trayectoria política Mosquera no deja ninguna sombra de duda. Relata el general lo que le había sucedido en 1850: Uno de los hombres distinguidos del partido conservador fue en comisión cerca de mi a proponerme que encabezara la reacción del partido popular, como se denominaban entonces los conservadores, y le contesté que yo no perdía mi alta posición social, presentándome como caudillo de un partido a que yo nunca había pertenecido . Protesta en seguida contra Samper cuando lo acusa de haberse unido a liberales antiguos enemigos suyos que lo habían llamado ahora para dirigir la guerra contra Ospina y afirma: «habían sido siempre mis amigos personales y políticos, porque ellos conocían mis principios liberales» . De todas maneras, Ospina buscaba consolidar el poder para los conservadores, después de que en unión de los liberales y del mismo Mosquera habían tumbado el gobierno militar de Meto. Sin más detalles, podemos decir que, sobre esta base y sobre una serie de enfrentamientos alrededor de la práctica de la Constitución de 1858, Mosquera se rebeló contra Ospina y le declaró la guerra. Mosquera justifica así su decisión de separar el Cauca de la Confederación: «El Cauca estaba próximo a ser invadido por fuerzas de Antioquia y en la Provincia de Popayán se preparaba una revolución, y otra en las de Palmira y Quindío. Fuéme

necesario ponerme al frente de la reacción contrarrevolucionaria, y di el decreto de 8 de mayo de 1860 separando al Estado del Cauca provisionalmente de la Confederación Granadina» . Esta invasión se preparaba en Manizales. Allí se habían concentrado importantes jefes conservadores de Antioquia además de los generales Posada y Henao, entre los que se contaban Elíseo Arbeláez y Marceliano Vélez. Todos ellos más las personalidades del pueblo, habían conformado un Concejo en apoyo del gobierno central. Mosquera había esperado que Antioquia invadiera el Cauca, como ya lo hablan hecho las fuerzas gubernamentales desde el Hulla al mando del general Joaquín París. El primer encuentro entre las fuerzas caucanas y antioqueñas fue en Santa Rosa de Cabal en el Alto de las Guacas y en la quebrada Italia, territorio perteneciente al Estado del Cauca. Mosquera derrotó a los antioqueños y se dirigió contra Manizales. Instaló su ejército en Villa María. Así lo cuenta Mosquera: «El 25 de agosto ocupó el ejército del Cauca la aldea de María con tambor batiente y banderas desplegadas, e inmediatamente escribí al general Enao (sic) invitándolo a una conferencia: mandé cubrir la línea del río Chinchiná, para recibir el ataque que se me pudiera hacer; y desde las alturas del Roble reconocí con un anteojo las posiciones enemigas, en que se construían trincheras a las entradas de la ciudad, y me persuadí de que su plan era estar a la defensiva» . El 26 Mosquera llama a los generales conservadores pertrechados en Manizales a parlamentar. Los generales acceden a firmar una Esponsión, pero sometiéndola al referendo del Concejo militar establecido en el pueblo. La propuesta de Mosquera se considera inaceptable, porque significa reconocerlo como jefe supremo del Estado del Cauca y como militar en ejercicio de la Confederación, dignidades de las cuales había sido despojado por el Presidente Ospina. Entonces Mosquera se acerca a Manizales por el norte pasando el río Chinchiná por un puente construido durante la noche. Según Mosquera, por un error del coronel Zúñiga, su ejército atacó a los conservadores y se inició una batalla. Y continúa Mosquera: «Llegada la noche se iluminó completamente la ciudad de Manizales, lo cual me hizo conocer que el enemigo temía un asalto en esa noche; entonces mandé venir doscientos lanceros de María, para que pie a tierra, con una fuerza de infantería, diéramos un asalto a las primeras trincheras, bajo el amparo de una lluvia fuerte que se anunciaba. En medio del combate recibí un posta de Bogotá con el parte detallado del desgraciado suceso del Oratorio; y como no pude dar el asalto en la noche, resolví que a la madrugada se mandara un parlamento para reanudar las negociaciones» . ¿Por qué Mosquera busca un armisticio? Los conservadores presentan la versión de que el general estaba siendo derrotado esa noche del 28 de agosto. Lo que no queda claro es por qué Mosquera habla buscado las conversaciones desde que llegó a Villa María el 26. Su versión es diferente. Según él, la primera entrevista la propicia para conocer la situación del enemigo y establecer unas reglas del juego para la guerra. Pero lo que definió la posición de Mosquera para solicitar la segunda entrevista fueron las noticias de Santander, en donde los liberales habían sufrido tres derrotas, en Galán, en Jaboncillos y en el Oratorio, en donde había sido apresado el gobernador y todo su gabinete. En estas condiciones sus planes de seguir hacia Bogotá resultaban inciertos.

Firmada la Esponsión, el ejército del Cauca se retira a Cartago y las fuerzas conservadoras se instalan en Salamina, aguardando la decisión del Presidente Ospina sobre el acuerdo. Sin embargo, todo se precipita rápidamente. Los conservadores en Bogotá se rebelan contra el armisticio de Manizales. Los generales Posada Gutiérrez y Henao vuelven a ocupar el pueblo. En el sur los liberales sufren derrota tras derrota. Ospina no acepta la Esponsión. La candidatura del general Herrán es cambiada por la de Julio Arboleda, considerado como un conservador doctrinario. El general París hace caso omiso de lo pactado y ataca los ejércitos de Mosquera en el Huila. Entonces Mosquera se proclama Presidente Provisorio de la Nueva Granada y Supremo Director de la Guerra, se pone en comunicación con los generales Santos Gutiérrez y Gabriel Reyes en Santander y decide atacar a Bogotá. Después del rechazo hecho por Ospina de la Esponsión de Manizales, Mosquera logra unificar las fuerzas liberales de Santander, Magdalena, Bolívar y Cauca contra el gobierno general. Con él se Integran a la guerra José Hilario López, José María Obando, Juan José Nieto y Santos Gutiérrez, prohombres del liberalismo. En una carta a su yerno el general Pedro Alcántara Herrán con quien acababa de hacer las paces, Mosquera escribe: «Yo no he desconocido a los altos poderes ni al Gobernador de Cundinamarca, sino después que han usurpado la soberanía nacional y declarádose por tanto revolucionarios. Sin embargo, los reconozco como gobiernos de hecho y beligerantes en guerra civil... Es posible que yo muera en la batalla que debe dar término a esta guerra, porque estoy resuelto a combatir sin tregua... A mí no me resta más en esta Patria que vencer o morir con gloria en defensa de la libertad y en sostenimiento de la constitución que firmé como presidente del Congreso» . Después de seis meses de guerra, el general Mosquera tomó a Bogotá el 18 de Julio de 1861. Aunque el enfrentamiento entre liberales y conservadores no había comenzado en Manizales, es indudable que el punto culminante y definitorio de la guerra lo constituyó la Esponsión firmada en el pueblo. Primero, los términos del armisticio planteaban los problemas sustanciales que estaban en juego, ya que el reconocimiento por el gobierno general de la soberanía del Estado del Cauca significaba la aceptación de las reglas del juego establecidas en la Constitución de 1858 y no las impuestas por el gobierno central de Mariano Ospina Rodríguez. Para los liberales, apenas en proceso de cohesionamiento se trataba de un principio de práctica política de vida o muerte. Las concesiones hechas por Mosquera a los generales Posada y Henao no eran más que el regreso al statu quo original antes de la guerra, o sea, al de la Confederación en el momento de constituirse y, por tanto, no significaban ninguna renuncia importante por parte de Mosquera. Segundo, el silencio, primero, y el rechazo, después, por parte del Presidente Ospina conducía a un enfrentamiento inevitable con los liberales y produciría una unificación de sus fuerzas hasta entonces dispersas. Ospina subestimó las fuerzas de Mosquera y su capacidad estratégica y, en lugar de llegar a un acuerdo con él, le lanzó el reto definitivo con aquella orden perentoria: Cójase vivo o muerto al revolucionario Tomás Mosquera. La no aceptación de la Esponsión se convirtió, pues, en el principio de la derrota de los conservadores en la guerra de 1860. Considero que casi todas las guerras civiles del siglo XIX en Colombia tuvieron una trascendencia política o social de gran envergadura. Pero, tal vez, las más importantes de todas fueron las guerras que nos ocupan, la de 1860 y la de 1876. La guerra de 1860

condujo al segundo gobierno de Mosquera, a la desamortización de bienes de manos muertas, a la separación de la Iglesia y el Estado y a la Constitución de Rionegro. De estos cuatro acontecimientos el de mayor significación para la historia del país es el de la desamortización de bienes de manos muertas. No lo es sólo por haber sido el intento de reforma agraria de mayor alcance hecho hasta hoy en el país, sino por haber definido de una vez por todas la línea ideológica, política y económica entre los dos partidos tradicionales de Colombia, por lo menos, durante el siglo XIX. Resulta indispensable caracterizar brevemente la desamortización de bienes de manos muertas para poder medir las repercusiones de esta reforma. En primer lugar, la desamortización rompió el monopolio económico de la Iglesia. En segundo lugar, liberó la tierra para el mercado libre, ofreciendo la posibilidad de una repartición de la tierra como condición indispensable del desarrollo económico del país. En tercer lugar, definió en la práctica las atribuciones del Estado frente al problema de la propiedad privada de la tierra, estableciendo condiciones políticas para una ampliación de la reforma agraria a todo el régimen terrateniente imperante en el país. En cuarto lugar, Impuso la supremacía del poder civil sobre el eclesiástico, obligando a la Iglesia a someterse a las leyes del Estado y eliminando de una vez por todas la supremacía del régimen eclesiástico. En quinto lugar, condujo indefectiblemente a la separación de la Iglesia y el Estado, considerada como una de las reivindicaciones de la revolución democrático burguesa mundial. Mosquera tuvo que escribirle al Papa Pió IX, explicándole el carácter de las medidas, ante la rebelión generalizada del clero colombiano. Pero Pió IX era el menos indicado para comprender la revolución democrática, cuyo desarrollo económico y social se estaba gestando en ese momento en nuestro país. La disolución de los estados pontificios, el conflicto con el estado italiano, el avance del liberalismo revolucionario, lo condujeron a tomar a ultranza la defensa de los privilegios medievales de la Iglesia. Mosquera le explicaba así la situación en la carta trascendental del 15 de enero de 1862: «... He dictado el decreto de Tuición para proteger a los Colombianos en el libre ejercicio de su culto, y no permitir que se hagan cargo de las Iglesias Episcopales y parroquiales aquellos individuos que se mezclan en la política para perturbar la paz pública... El Gobierno de Colombia no pretende, ni sus actuales Magistrados que somos católicos, podemos desear otra cosa sino que se conserve la unidad de la Iglesia sin intervención del Poder Público, pero al mismo tiempo exigimos que los eclesiásticos no se mezclen en la cosa pública porque es desnaturalizar una institución divina haciéndola depender del triunfo de un partido político, que no quiere sino el pretexto de llamarse defensor de la religión, para apoderarse del Gobierno y tener por instrumentos a los Obispos y sacerdotes, con lo cual no sucederá otra cosa que escandalizar al mundo y hacer de la institución divina un elemento de gobierno... El Gobierno reconoce la máxima de que en una Nación Libre e independiente la Iglesia debe ser igualmente libre e independiente» . Si Roma no se hubiera empeñado en una posición intransigente con relación a la revolución liberal y hubiera, así, inducido al clero colombiano a obedecerla, la historia de Colombia hubiera sido muy diferente. Porque de la ley de desamortización se derivaron cuatro luchas de distinto carácter; Una fue la lucha entre la Iglesia y el Estado por la supremacía del poder. Otra fue el enfrentamiento entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, cada uno de los cuales definió nítidamente la afiliación de los

colombianos y obligó al país a decidir su posición ideológica y política. Además, la pugna de comerciantes y terratenientes por apoderarse de las tierras desamortizadas en contra de la política del Estado y en contra de la corriente más avanzada que forcejeaba por adelantar una reforma agraria democrática. Y por último, la soterrada guerra de los terratenientes, unidos al clero y a la Iglesia, por defender sus intereses monopolistas sobre la tierra, convertida en la riqueza fundamental del país, origen y base del poder social. Fue la desamortización de bienes de manos muertas, decretada el 9 de septiembre de 1861, la que desencadenó estas cuatro luchas. La reforma agraria y la definición de los poderes entre la Iglesia y el Estado, era una vieja aspiración de los revolucionarios neogranadinos. Las encontramos en Pedro Fermín de Vargas, en Antonio de Narváez e Ignacio de Pombo, en Antonio Nariño, en Vicente Azuero, en Florentino González y en muchos otros. Me parece muy difícil entender la historia de Colombia después de 1830, por lo menos, sin tener en cuenta la lucha de intereses desatada alrededor del problema de la tierra, que me parece es la piedra de toque de toda interpretación fundamental de las guerras civiles. Demos un vistazo a lo que pasaba en la colonización antioqueña del sur durante este período en el problema de la tierra. La importancia trascendental de la guerra civil de 1860 tiene relación directa con las medidas tomadas por Mosquera en 1861, antes de que se celebrara la Convención de Rionegro. Manizales estuvo en el centro de ese hito histórico. LOS CONFLICTOS DE TIERRAS EN LA COLONIZACIÓN ANTIOQUEÑA DE 1850 A 1880 En mi libro sobre Manizales, publicado en 1972, defendí que la colonización antioqueña en el sur y la fundación de Manizales no habían tenido las características de una novela rosa. Muchos fueron los que se disgustaron con mi libro. Allí demostré la existencia de esclavos en la primera expedición y la lucha que se desencadenó por la posesión de la tierra entre los colonos pobres, los pueblos recién fundados y la sociedad González, Salazar y Cia., herederos de la familia Aranzazu. El documentado trabajo de Marco Palacios sobre la formación de la propiedad cafetera y el estudio de Luisa Fernanda Giraldo sobre la fundación de Manizales, lo dejan más que claro. Ya antes, Otto Morales había dedicado páginas bien escritas sobre el conflicto de tierras en la colonización. En vísperas de la guerra del 60, cuando se vio claro que Manizales era el sitio estratégico que buscaba Mosquera para defenderse de la invasión antioqueña, Mariano Ospina Rodríguez terció a favor de los terratenientes viejos y nuevos del pueblo y en esa forma aseguró su apoyo para la defensa de sus intereses. En efecto, en lugar de respaldar una resolución de 1856 según la cual Villa María recibía más de 7.500 hectáreas si las declaraba tierras baldías, terció a favor de los terratenientes de Manizales viejos y nuevos y les entregó esos terrenos . Desde antes de la fundación de la ciudad, siempre giró el conflicto alrededor de las tierras de los herederos de Juan de Dios Aranzazu, para el momento de la guerra del 60 organizados en la famosa sociedad González, Salazar y Cia. De ella hacían parte Elías González, tío materno de Juan de Dios; Luis Gómez Salazar que se había pasado de defensor de los colonos de Arma a representante de los Aranzazu; Ambrosio Mejía Villegas, tío de González, y Jorge Gutiérrez de Lara, asesor jurídico de los González y

antiguo gobernador de Antioquia. Esa confrontación venía desde la fundación de Salamina, había seguido con la de Aranzazu y Neira y se habla vuelto aguda con la fundación de Manizales. En 1851 y 1853 se había llegado a un acuerdo con la intervención de José María Plata, Ministro de Hacienda de ese entonces. El arreglo favorecía a la Compañía y perjudicaba a la mayoría de los colonos. La conformación de una Junta Calificadora para avaluar los predios que la Compañía debía vender a los colonos es lo que sella el acuerdo de los terratenientes nuevos de la colonización con los antiguos terratenientes de origen colonial. De allí surgió también la Compañía Moreno & Walker que reemplazaría la de González Salazar y se adentraría en la tercera década de este siglo. Entre 1851 y la determinación de Ospina en vísperas de la guerra, medió la concesión especial de 1856 a favor de Villa María. Durante ese período uno de los fundadores de Manizales, Marcelino Palacio intrigó a favor de la Compañía González, Salazar y Cia. en la determinación de los límites que tenía que hacer Codazzi. Don Marcelino parece haber logrado que Codazzi cambiara en el mapa el río Chinchiná por el río Claro y, en esa forma, ganarle 21.000 hectáreas a la Compañía . No parece difícil adivinar el terror que embargarla a los viejos y nuevos terratenientes de Manizales con la amenaza de la proximidad de Mosquera sobre el pueblo y la perspectiva de que se apoderara de Antioquia, un estado que siempre habla favorecido sus intereses. No importaban las contradicciones que la Compañía hubiera tenido anteriormente con algunos curas en Salamina y Aranzazu. Era necesario apoyarse en la Iglesia. Existían puntos de confluencia ideológicos y económicos. El primer gobierno de Mosquera había eliminado todos los impuestos que llenaban las arcas de los eclesiásticos y sus ideas liberales sobre economía aterrorizaban, en general, a los terratenientes, así no fueran muy explícitas sus intenciones de tomar las medidas que más adelante pusiera en práctica. Pero para ese entonces los conflictos de Mosquera con la Iglesia no habían sido pocos. En esa forma la Iglesia serviría de catalizador entre los terratenientes y los colonos pobres, logrando entre ellos el entendimiento necesario para oponerse a Mosquera y, más adelante, a los liberales. La Iglesia convencería a los piadosos colonos antioqueños, todavía dispuestos a sacrificar muchos de sus intereses económicos antes que entrar en contradicción con sus creencias religiosas. Palacios distingue cuatro formas de apropiación en la colonización antioqueña: la titulación de baldíos, las adjudicaciones otorgadas a las colonias de poblamiento, los traspasos hechos por las compañías latifundistas y las ocupaciones llevadas a cabo por los campesinos pobres . Su teoría de la colonización consiste en que fue un proceso en el que interactuaron cuatro tipos de personajes históricos, los colonizadores capitalistas, los terratenientes ausentistas, los colonos pobres o campesinos en estricto sentido y los colonos independientes. Y de allí su tesis central formulada en la siguiente forma: «En buena medida la colonización antioqueña puede estudiarse siguiendo la naturaleza de los conflictos y de los pactos entre estos agentes de la colonización, que versaron principalmente sobre la posesión y explotación económica de la tierra» . Aunque no deja de ser hiperbólico hablar en Colombia de «colonizadores capitalistas» en plena mitad del siglo XIX, la tesis de Palacios clarifica el punto esencial de la colonización, la lucha por la tierra. Cuando las primeras expediciones de los colonos antioquenos llegaron atraídos por los misterios del volcán del Ruiz, por el ganado

salvaje y por la posibilidad de oro, se dieron cuenta de la feracidad de la tierra que habían descubierto. Y comenzó la colonización del Viejo Caldas y la conquista de la tierra. Entre 1823 y 1870, período de la colonización antioqueña hacia el Viejo Caldas, fueron adjudicadas en Antioquia y Caldas 310.996 hectáreas a individuos en fincas de más de mil hectáreas, con un promedio de 11.518 hectáreas por finca, lo cual no obsta para que un individuo hubiera logrado más de una adjudicación. Estos datos del libro de Palacios dejan claro el proceso de formación latifundista de la colonización antioqueña . Palacios, además, elabora una clasificación de los diferentes tipos de participantes en la colonización que tiene importancia para nuestro propósito: un grupo de colonos pudientes que, apoyados por los comerciantes de Medellín, dirigieron la colonización e impusieron su supremacía económica y política; los terratenientes ausentistas que habían abandonado sus tierras y no se preocupaban por sus títulos y que iniciaron una lucha por defender sus privilegios heredados de la colonia; los campesinos independientes pobres que no empleaban jornaleros ni se empleaban como tales y que desarrollaban una mentalidad tradicional y conservadora arraigada en el pedazo de tierra que habían conquistado; y un grupo de colonos independientes no integrados a la colonización oficial y de cuyas posiciones políticas es difícil saber o presumir. Me parece que la mayoría de los elementos económicos y sociales de la colonización antioqueña, por lo menos, hasta los límites del Estado de Antioquia, es decir, hasta el río Chinchiná, favorecían la política de los conservadores, dada la estructura predominantemente terrateniente dominante en la región, como se deduce de la clasificación hecha por Palacios. Por eso, la tesis de Frank Safford sobre la base social de los partidos políticos colombianos, según la cual las regiones en donde se desarrolló la colonia se alinearon con el Partido Conservador y las zonas periféricas de la sociedad colonial se enrolaron con el Partido Liberal, hace crisis precisamente por el caso de Antioquia y, en concreto, por el caso de la colonización antioqueña una zona completamente periférica de la colonia y aferrada como pocas al Partido Conservador . Los liberales siempre se vieron abocados a enfrentar el dilema de tener que romper la tradición religiosa para lograr la consolidación del estado liberal democrático y el impulso del capitalismo, por un lado, o conciliar con las raíces católicas de los campesinos para no perder el apoyo de las masas. No lograron resolver ese dilema. Pero no fue, como lo defienden la mayoría de los historiadores contemporáneos, por el sectarismo de los radicales y los excesos de Mosquera, sino precisamente, por lo contrario, por las vacilaciones y las conciliaciones de los radicales en llevar a cabo la política patrocinada por Mosquera, es decir, los principios de la supremacía del poder civil y de la ley, así como los de una política agraria democrática. No eran las ideas religiosas las que estaban en juego, las cuales no desaparecerían ni se pondrían en peligro, como no sucedió ni en Europa ni en Estados Unidos, sino el desarrollo económico del país para beneficio de su población futura lo que realmente contaba entonces. Las medidas tomadas en la Convención de Rionegro a favor de los colonos pobres de Neira, Manizales, Villa María y Santa Rosa de Cabal, no lograron romper la hegemonía conservadora en esta región. Tampoco lo logró el gobierno liberal de Pascual Bravo en el Estado de Antioquia después de la Convención de Rionegro. El Estado de Antioquia siguió siendo un baluarte conservador durante casi todo el tiempo del radicalismo. Paradójicamente cuando la fiebre nuñista desbarató la hegemonía liberal en 1880 y en

1884 el Estado de Antioquia votó con los radicales en contra de la coalición conservadora-nuñista y, más adelante, surgió una disidencia conservadora, la de los históricos, que contribuiría a un intento de rebelión contra la Regeneración. Es muy posible que, el desarrollo de la economía cafetera hubiera comenzado a tener sus efectos políticos, como los tuvo indudablemente durante la Regeneración, debido a las medidas impositivas del gobierno de Caro contra los cafeteros. Pero este análisis sería motivo de otra reflexión. Esa transformación, de todas maneras, no tocaría de lleno a lo que en el tiempo de la colonización comprendía la Provincia de Córdova. Tendría que esperar el liberalismo la década del treinta, en condiciones ya completamente diferentes, para ver el crecimiento de su votación en Manizales. LA GUERRA CIVIL DE 1876 El Padre Nazario era párroco de Manizales en 1876. Allí se había formado una división del ejército de Antioquia que se alistaba para apoyar el ejército conservador del Cauca declarado en abierta rebeldía contra el gobierno de ese Estado. Los conservadores habían logrado despertar el fervor partidista para enfrentar a los liberales del Cauca y para desatar una nueva guerra civil. Se trataba de un fervor religioso, casi místico, de Cruzada contra los impíos. Por eso el Padre Nazario le iba colocando a cada soldado que se enrolaba una imagen del Sagrado Corazón, una banda con la leyenda «Dios, Patria y Libertad» y a cada batallón un nombre religioso como Pió IX y La Inmaculada . Estos dos nombres eran muy dicientes. Reflejaban el fervor antiliberal que fomentaba el Papa desde Roma en medio de la última batalla contra la revolución antimonárquica y antifeudal que dirigía la Iglesia en todo et mundo. Pío IX habla logrado firmar concordatos con España, Austria y algunos estados alemanes, proclamando la supremacía de la Iglesia sobre el Estado y el control eclesiástico sobre la educación. En 1864 había publicado el famoso Syllabus, catálogo de todos los errores liberales de la época, proclamando la superioridad del poder eclesiástico sobre el poder civil. El Concilio Vaticano I, celebrado en 1869-1870, había ratificado también la condena al liberalismo. Pío IX era el Papa del ultramontanismo antiliberal y el dogma de la Inmaculada Concepción, definido por él, simbolizaba su lucha religiosa y política contra la herejía liberal. El Estado de Antioquia se venía preparando para esta guerra durante el último quinquenio. Como la guerra que se veía venir iba a ser, ante todo, un enfrentamiento con el Estado del Cauca, baluarte del liberalismo, Manizales, frontera con ese estado y fortaleza considerada inexpugnable desde la guerra del 60, se convertía de nuevo en centro de la guerra civil. El general Marceliano Vélez tenía su cuartel general en el pueblo y lo iba a mantener allí hasta el final de la guerra. Las tropas que envió en auxilio del general Joaquín María Córdoba que comandaba a los conservadores en Los Chancos entre Tuluá y Buga, no fueron suficientes para darle la victoria. Triunfó el general Julián Trujillo, director de la guerra del Cauca. Cuenta el general Manuel Briceño en las memorias de la guerra que los soldados conservadores atacaban las trincheras al grito de «viva la religión», impregnados de un fanatismo religioso que les infundía un mesías criollo proclamado así como Jesucristo, que pasaría a la historia provinciana con el apelativo de Mesías de Los Chancos. Después de la estrepitosa derrota de los conservadores del Cauca en Los Chancos el 31 de agosto de 1876, el ejército se replegó a Manizales. Profundas divergencias surgieron

en el seno del ejército conservador. Parece ser que Carlos Holguín que empezaba a jugar un papel determinante en el destino del Partido Conservador por sus relaciones con Rafael Núñez y que se había incorporado a la guerra, precisamente, en Los Chancos, logró un acuerdo entre los generales de su ejército . Una de las causas del enfrentamiento interno era el error cometido por dos batallones que, en el campo de batalla, se hablan enfrentado entre si sin darse cuenta. Arreglado el conflicto, el general Vélez quedó como jefe, reorganizó las tropas conservadoras en tres meses y se lanzó en noviembre sobre Bogotá, trasmontando la cordillera. Cerca de Mariquita, en un lugar llamado Garrapata, fueron de nuevo derrotados los conservadores el 22 de noviembre de 1876. El general Vélez vuelve a Manizales y espera allí el desenlace de la guerra. Pero en ese momento se da un hecho trascendental que va a determinar la historia de Colombia. Manizales estaba asediada por el sur y por el oriente. Desde el sur atacaba et general Trujillo, desde el oriente avanzaba el general Santos Acosta. El general Trujillo se había fortificado en Villa María y el general Santos Acosta atravesaba la cordillera desde el Tolima. Era indudable que el general Trujillo con el refuerzo recibido desde Cundinamarca por el general Aldana, tenía condiciones para apoderarse de Manizales sin esperar la llegada del general Santos Acosta. Sin embargo, aunque la situación militar le ofrecía a Trujillo todas las posibilidades para tomarse a Manizales, las condiciones políticas iban en contravía. Manuel Murillo Toro, jefe indiscutido del Partido Liberal, hizo dos intentos para atajar la inminente candidatura del general Trujillo a la Presidencia, que vendría indudablemente como consecuencia de un triunfo obtenido por él en la guerra. El primero fue antes de la batalla de Garrapata y el segundo después de la capitulación de Manizales. Antes de la batalla de Garrapata hizo aprobar en el Congreso, contra un gran bloque de liberales jóvenes que se le oponían, un ofrecimiento de paz a Antioquia, garantizándole su autonomía y su soberanía, para que siguieran gobernando los conservadores en ese Estado. En esa forma Trujillo quedaría sin piso en la guerra. Algunos autores defienden que el general Vélez se retiró intempestivamente de Garrapata para no pactar con Santos Acosta y ver qué le podía suceder con Trujillo. Carlos Holguín y Antonio B. Cuervo eran partidarios de pactar con Trujillo y no con Acosta . Tanto Holguín como Cuervo siguieron insistiendo en la misma posición y ante la perspectiva de rendirse ante Trujillo o ante Acosta, llegaron a convencer a los jefes del ejército que defendía a Manizales que se entregaran a Trujillo. No fue fácil lograrlo. Pero el 6 de abril de 1877 se firmaba la capitulación de San Antonio. En virtud de ella, el gobernador de Antioquia, Silverio Arango, depuso el gobierno en manos del General Trujillo . Quedaba, pues, el general Trujillo como jefe civil y militar del Estado de Antioquia. Un mes después Murillo hace el segundo intento. Es José María Quijano Wallis, Secretario del Tesoro del Presidente Aquiles Parra y testigo de los hechos, quien narra el incidente. Murillo en persona se presentó al Palacio de San Carlos y le exigió a Parra que removiera de su cargo al general Trujillo, lo enviara a terminar la guerra del sur y nombrara en su reemplazo al general Santos Acosta. Murillo acusaba al Presidente Parra de favorecer la candidatura de Trujillo a la presidencia. Cuando Parra le preguntó a Murillo por que era perjudicial la elección de Trujillo para el liberalismo, Murillo le contestó lo siguiente:

«Por la sencilla razón de que el liberalismo triunfante y dominando al país sin contrapeso ninguno, se dividirá forzosamente, perderá el equilibrio y caerá, si el elegido no es un individuo de nuestra escuela filosófica y radical para sostenerlo. Si el General Trujillo es elegido repudiará los elementos que no le son afines; se rodeará del antiguo mosquerismo y de los adversarios a los gobiernos radicales que surgieron y han dominado en el país después de la calda de Mosquera en 1867, o sea durante la década que termina precisamente en este mes. Detrás de Trujillo vendrá Núñez, y detrás de Núñez los conservadores. Y una vez que los conservadores se adueñen del poder por la defección de Núñez; a quien perpetuarán en el gobierno, apoyados por el clero que domina sin contrapeso en la república y a quien siguen ciegamente las masas analfabetas de Colombia, todas las conquistas del liberalismo en el decurso de veinticinco años serán borradas de nuestras instituciones; los sacrificios consumados y la sangre derramada de 1860 a 1863, y de 1876 a 1877, habrán sido inútiles y estériles; la reacción caótica del absolutismo colombiano, apoyado principalmente por el fanatismo religioso extenderá las sombras de una noche infinita sobre la República» . Quijano Wallis comenta así, después de narrar todo el incidente: «Casi con lágrimas en los ojos, el gran Apóstol se puso de pie, tomó su sombrero y haciendo una reverencia a todos los del gobierno, se ausentó con paso vacilante y semblante mortecino. Tres años después Murillo se hundía en su tumba entre un nimbo de gloria, y Núñez se posesionaba de la Presidencia, izando la bandera de la reacción y pronunciando una magistral oración ante el cadáver del gran repúblico, quien cumplía así su deseo de no presenciar la caída del liberalismo» . «...Los sucesos posteriores al triunfo del gobierno en 1876 generadores de la elección de Trujillo y la siguiente de Núñez y todo el cortejo de acontecimientos del ciclo de la Regeneración y de la caída del liberalismo, demuestran la profunda y clara visión de ese insigne Estadista que no ha tenido par entre las falanges del liberalismo colombiano» . Esta historia se había incubado dieciséis años antes, en la guerra de 1860, con la desamortización de bienes de manos muertas, con la Constitución del 63 y con la reforma educativa de 1870. Pero se había desencadenado en el Cauca bajo la presidencia de Mosquera en ese Estado por un proyecto de Ley reglamentario de la Instrucción Pública basado en la reforma de 1870. El Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870 ha sido la revolución educativa más profunda de la historia del país. Se impuso la educación laica, gratuita y obligatoria, se eliminó la obligatoriedad de la enseñanza de la religión, se les dio autonomía a los maestros para desarrollar sus programas y utilizar los métodos pedagógicos, se facultó a los estados soberanos para reglamentar la educación y la enseñanza de acuerdo a sus características y concepciones . Esta reforma chocaba frontalmente contra los principios del famoso Syllabus de Pió IX. Mosquera era un partidario decidido de la educación libre y científica preconizada por la Reforma Instruccionista y empezó a ponerla en práctica en el Cauca. Además aplicó sus propios decretos de la década del 60 sobre Tuición, los cuales consagraban la separación de la Iglesia y el Estado. La rebelión contra Mosquera vino del obispo de Pasto, Monseñor Canuto Restrepo. Se enfrentaba a la ley de educación a la cual denominaba de corrupción obligatoria en lugar de instrucción obligatoria; se rebelaba contra las determinaciones que despojaban a la Iglesia de los ingresos provenientes de impuestos y de la indemnización decretada a su favor por el mismo Mosquera; y se lanzaba a la organización de guerrillas para separar

la provincia de Pasto del Estado del Cauca con intenciones de anexarla al Ecuador, en donde gobernaba García Moreno, defensor fanático del Syllabus papal . Apartes de la pastoral del obispo de Pasto lo dicen todo sobre la rebelión contra Mosquera. Al referirse al general dice el obispo: «El fue el primero que escribió en esta tierra para enseñar al pueblo el comunismo y el socialismo; él quien persiguió cruelmente a la Iglesia, mató la brillante enseñanza que daban los jesuitas a la juventud e hizo morir al obispo en el destierro, todo esto por medio de una máquina nombrada José Hilario López, quien acabó su carrera, como debía ser, en la impenitencia final. El quien escribió en El Tiempo y en otros periódicos mil errores, blasfemias e infamias contra la religión y sus ministros. El quien armó de puñal y de látigo a las hordas africanas del Cauca contra los individuos, las familias y las propiedades. El quien llamó retozos democráticos las flagelaciones, los estupros y los asesinatos perpetrados en aquel hermoso valle» . En el Cauca se daban todos los elementos para la guerra. Una lucha ideológica de grandes proporciones alrededor del control sobre el sistema educativo; un enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado sobre la supremacía de los poderes; una rebelión de la Iglesia para recuperar sus privilegios económicos; un conflicto político sobre la soberanía de los Estados ante la amenaza de Antioquia y Tolima por invadir al Cauca; una confrontación por el poder del Estado ante las nuevas elecciones para Presidente; y un apoyo total del Partido Conservador a la ideología, la política y los privilegios económicos de la Iglesia; una profunda división del partido liberal entre radicales, mosqueristas e independientes; y un intento separatista de la Provincia de Pasto para incorporarse al Ecuador católico y religioso de García Moreno. Así estalló la guerra de 1876. ¿Qué sucedía en el país? Los dos últimos años habían sido de una profunda confusión. El Partido Liberal se habla dividido, entre radicales que seguían dirigidos por Murillo Toro e independientes comandados por Camacho Roldan y Miguel Samper. En el intermedio se encontraba un grupo heterogéneo que jugarla un papel definitorio en los próximos diez años, compuesto por antiguos mosqueristas y militares independientes como Santodomingo Vila, Solón Wilches, Daniel Aldana y Tomás Rengifo. Los conservadores venían cohesionándose paulatinamente a medida que el enfrentamiento ideológico y económico se hacía más agudo, a pesar de tendencias tan disímiles como la de Miguel Antonio Caro, Carlos Martínez Silva, José Marta Samper o Carlos Holguín que iban desde el sectarismo cerrero de Caro a la posición conciliadora de Holguín. Todo lo complica y confunde la llegada al país de Rafael Núñez en 1874, proveniente de Europa. Los independientes lo proclaman candidato. Los radicales con Murillo Toro se le enfrentan abiertamente. Los conservadores de todas las tendencias reciben sus propuestas de alianza política. Núñez declara que no se opone al catolicismo ni a la educación de la Iglesia. Con esa base, pacta secretamente con los conservadores y les promete apoyarlos en la guerra. En estas condiciones el candidato liberal, Aquileo Parra, sólo obtiene cinco estados que no le dan la mayoría para la Presidencia. El Cauca vota en blanco. El Congreso, consecuencialmente, tiene que definir la elección. La lucha del liberalismo de los últimos veinticinco años, a que se refería Murillo Toro en el incidente del Palacio de San Carlos, se componía de varios elementos. Primero, la

lucha adelantada por los radicales. Esta tenía que ver con la afirmación del poder civil frente al poder eclesiástico, el establecimiento de un poder central débil que impidiera la imposición de un régimen autocrático, una política económica basada en el libre cambio, y una revolución ideológica que transformara la mentalidad atrasada y feudal del pueblo por medio de una educación científica. Segundo, los planteamientos de Mosquera. Estos tenían que ver con la transformación del régimen terrateniente, ante todo fundamentado en los bienes de manos muertas de la Iglesia, en las posesiones de las comunidades religiosas y, después, en el latifundio imperante en el país, la eliminación del régimen fiscal de la colonia y la modernización de la economía. Tercero, las reformas de los draconianos. Estas tenían que ver con la eliminación de la esclavitud y de los resguardos, así como con las condiciones de vida y de trabajo de los artesanos. Existió una línea divisoria entre los radicales y Mosquera, que consistió en la concepción de una estrategia para imponer el régimen democrático de gobierno. Los radicales se apegaban más a principios abstractos que a realidades concretas, mientras Mosquera supeditaba las condiciones democráticas a la lucha política que le imponían los adversarios. Pero, además, como consecuencia de esta diferenciación en la táctica, Mosquera miraba más adelante hacia el desarrollo económico del país que lo que lo hacían los radicales y, por esa razón, se enfrentó con Murillo por la defensa de la desamortización y de adjudicación de las tierras desamortizadas. Murillo no consideró esencial para el desarrollo del país que las adjudicaciones fueran canalizadas hacia los propietarios medios para impedir el fortalecimiento de los latifundismos. El rompimiento a que condujo esta divergencia entre Murillo y Mosquera iría a ser fatal cuando los llamados «mosqueristas» prefirieron conciliar con Núñez para derrotar a los radicales. La piedra de toque de esta lucha frontal de veinticinco años la constituiría Julián Trujillo. Los conservadores perdieron militarmente la guerra de 1876, pero la ganaron políticamente, cuando le entregaron la plaza de Manizales y lo colocaron como jefe civil y militar del Estado de Antioquia. Me parece que los conservadores no se equivocaron en lanzarse a la guerra. Tenían todo a su favor. El gobierno de Parra profundamente debilitado. El Partido Liberal escindido. Un caballo de Troya de la magnitud de Rafael Núñez trabajando a su favor dentro del liberalismo, ya no sólo políticamente sino en una confluencia ideológica con ellos. Las masas enardecidas por la cuestión religiosa en Antioquia, Tolima, Cundinamarca y parte de Cauca. Y una razón unificadora de todos los conservadores, la lucha contra la revolución educativa de los liberales, apoyada inclusive por la misma Roma. Sin embargo, el Partido Conservador no midió la posibilidad, tal vez considerada remota, que por última vez los liberales se unieran, por encima de sus diferencias, que Mosquera se entendiera con Murillo, que Parra gobernara con Núñez, que Julián Trujillo combatiera coordinado con Santos Acosta. Por eso perdieron la guerra en el campo de batalla. Si la guerra del 76 había sido la prolongación de la política por medios militares, también, en este caso, la política había traspasado los avatares de la guerra, para imponerse inexorable por encima de las armas. Caro, Holguín, Martínez Silva, Samper, ya sabían que el camino del triunfo lo señalaba la presidencia de Trujillo y que la garantía de la victoria pendía de la voluntad de Rafael Núñez.

Sólo tuvo que ganar las elecciones Julián Trujillo y tocarle a Núñez darle la posesión como presidente del Congreso, para que, empezaran a destaparse las cartas. En su discurso, el futuro regenerador lanzó su consigna: Regeneración fundamental o catástrofe. Durante dos años, Núñez teje toda la madeja de las elecciones, estado por estado, aliándose aquí y allá con los conservadores para obtener un triunfo aplastante sobre los liberales. Casi no había acabado de posesionarse cuando empezó a reversar toda la política liberal de treinta años. Rápidamente lo abandonaron los principales representantes del independentismo y fue quedándose sólo con los conservadores y unos cuantos jóvenes partidarios suyos ya sin ideología liberal. Eso fue lo que se llamó la traición de Núñez. UNA RECAPITULACIÓN Y UNA NOTA METODOLÓGICA La colonización antioqueña en Manizales fue conservadora. Una serie de factores se conjugaron para ello. Me parece que el más importante de todos fue la necesidad que tuvieron los terratenientes de Antioquia de convertir a Manizales en una muralla de contención contra el revolucionario Mosquera. E, inmediatamente después, como consecuencia del triunfo de Mosquera, la progresiva consolidación de la separación partidista con el obligatorio alineamiento de la población frente a las profundas reformas del Estado y de la economía. La tradición religiosa de Antioquia se fue haciendo más firme en Manizales debido al enfrentamiento de la Iglesia con el Estado. No lograron las confrontaciones con los terratenientes herederos de la colonia que los nuevos pobladores renunciaran al Partido Conservador. Los nuevos terratenientes surgidos de la colonización parecen haber logrado neutralizar ese descontento, aprovechando el poder de la Iglesia, las contradicciones de los gobiernos radicales con ella y el sectarismo infundido por el clero en el pueblo católico de Manizales. La Esponsión de Manizales definió el triunfo del liberalismo y el rumbo de la historia colombiana en los veinticinco años siguientes. Las medidas tomadas por Mosquera como producto de la revolución de 1860 demarcaron las líneas ideológicas de los partidos en Colombia durante el siglo XIX. Es decir, las confusiones, las vacilaciones y las dudas sobre el alinderamiento de los partidos quedaron completamente superadas después de la revolución llevada a cabo por Mosquera en 1861 y la proclamación de la Constitución de Rionegro. Podría decirse que los partidos liberal y conservador se consolidaron como tales desde el punto de vista ideológico, programático y táctico frente a la lucha por el poder del Estado. En el momento de la Independencia se dieron dos tendencias claramente definidas ante el carácter de la revolución contra España, la que defendía el proceso de autonomía nacional y la que propugnaba por un cambio de gobierno colonial manteniendo el dominio de la monarquía española. Fue un primer paso para la constitución de los partidos. Las profundas contradicciones que produjo el proyecto bolivariano de constitución, y sus secretas pretensiones de establecer una monarquía en Colombia, constituyen el segundo paso en esa demarcación política del país. Sin embargo, se debe al primer gobierno de Mosquera con el desmonte del régimen fiscal de la colonia y a las transformaciones sociales de José Hilario López la conformación definitiva de los dos partidos. Pero su consolidación, como dos organizaciones programáticas, ideológicas y tácticas que lleven al país a escoger entre las dos posiciones antagónicas, sólo se viene a dar con el triunfo de Mosquera en 1860. Por otra parte, la capitulación de San Antonio en Manizales, diecisiete años después, le dio, a pesar de su derrota militar, un triunfo político al conservatismo. Allí se definió el

comienzo de la Regeneración. Después de la independencia, ningún acontecimiento tan trascendental para la historia del país como el proceso de la Regeneración que determinó el curso político de los últimos cien años. En mi libro Colombia siglo XX he hecho un análisis extenso sobre el carácter y consecuencias de la Regeneración para la historia nacional. Podría resumirse en la siguiente forma. La Regeneración condujo a la frustración de la revolución democrático-burguesa que se había iniciado con la revolución de los Comuneros, había continuado con el triunfo de la revolución emancipadora, había logrado un avance gigantesco con las transformaciones llevadas a cabo por el primer gobierno de Mosquera y por el de López, había estado a punto de consolidarse con la reforma agraria iniciada por Mosquera en su segundo gobierno y se había ido empantanando después de 1874 hasta su derrota final en la guerra civil de 1885. La Regeneración desde el punto de vista económico y político significa la derrota de esa revolución democrático-burguesa. Y desde el punto de vista de los partidos, significó el final de la guerra de los Mil Días la liquidación del Partido Liberal del siglo XIX. Inicia, entonces, un proceso de transformación de los dos partidos que va a culminar con el Frente Nacional. Manizales se había convertido diez años después de su fundación en la vía de comunicación del Cauca y de Antioquia con la capital del país. Pero la guerra de 1860 transformó ese poblado de escasas diez mil almas en el último baluarte del Estado de Antioquia frente al Estado del Cauca y, en consecuencia, en un sitio estratégico de las fuerzas conservadoras antioqueñas para las dos guerras civiles. Manizales se constituyó en el punto de demarcación de las dos fuerzas más claramente caracterizadas partidariamente del país durante el periodo que va de 1857 a 1874. Antioquia como bastión del Partido Conservador. Cauca como fortaleza del Partido Liberal. Contradictoriamente, la guerra del 76 modificó este alinderamiento. El Cauca terció hacia el movimiento regenerador y Antioquia se enfrentó al nuñismo. Las razones económicas y políticas que produjeron este cambio, más lógico con la evolución del proceso económico general del país y del mundo, dadas las características de la estructura económica de cada uno de estos Estados, deben ser estudiados más a profundidad. Los trabajos de Bergquist sobre el café y la Regeneración y los de Brew sobre el desarrollo económico de Antioquia son investigaciones fundamentales para una interpretación de ese proceso contradictorio . En estas condiciones el estudio de Manizales durante la Regeneración, la Guerra de los Mil Días y su situación posterior, debe ser reconsiderada en un estudio regional que analice et impacto de la evolución de la economía cafetera sobre su desarrollo político. Por último, es necesario, tal vez movido por una tentación irrefrenable, mencionar algunos problemas teóricos y metodológicos que se suscitan a propósito de estas consideraciones que he desarrollado sobre la colonización antioqueña en Manizales. primero, es el problema de las clases sociales en el siglo XIX en Colombia. Y segundo, el problema del dominio de clase en el Estado. Existe una tendencia muy generalizada entre los historiadores contemporáneos sobre el siglo XIX de negar la existencia de clases sociales durante este período o, por lo menos, negar la polarización de las clases como base de la constitución de los dos partidos tradicionales. Y, en realidad, no es un problema simple. Puede defenderse, como recuerdo lo hizo el extraordinario investigador Jorge Villegas, con su empirismo radical que, simplemente, las clases sociales sólo comenzaron en Colombia con el desarrollo del capitalismo en el siglo XX. Lo escuché defender esta posición en el famoso debate

organizado por el Instituto de Estudios Colombianos sobre el libro de McGreevy. O también, con un bagaje teórico mucho más refinado, como lo hace Francisco Leal, llegar a argumentar que no hubo sino una sola clase dominante, la clase terrateniente, con sus intereses afincados en la propiedad territorial, la cual, por una heterogeneidad de intereses internos producida por el comercio, es sometida a contradicciones y luchas intestinas que dan origen a los dos partidos . Con una posición muy semejante, no tan elaborada y clara como la de Leal, Tirado Mejía, sustenta que los terratenientes eran comerciantes y los comerciantes terratenientes, para concluir dos cosas centrales, una que no había dos clases enfrentadas y, otra, que los partidos liberal y conservador eran pluriclasistas y nunca respondieron en el siglo XIX a intereses de clase antagónicos . Safford también niega la constitución de los partidos liberal y conservador en una línea de clases sociales y aventura las hipótesis de la regionalidad o del ancestro familiar para explicar su aparición y desarrollo . Podríamos, en esta forma, seguir mencionando las teorías sobre el carácter de los partidos políticos del siglo XIX en Colombia. Bástenos mencionar, por último, el debate suscitado por la conferencia de Marco Palacios en el seminario sobre aspectos polémicos de la historia colombiana del siglo XIX, organizado también por el Fondo Cultural Cafetero, en la cual, por rechazar lo que él denomina un «determinismo económico», deja sin piso el carácter de clase de los partidos en el siglo pasado . Quiero mencionar solamente dos objeciones a esta forma de concebir el carácter de los partidos políticos del siglo XIX en Colombia. Ninguna de las explicaciones mencionadas o que se le asemejen, logran ofrecer una interpretación coherente de las guerras civiles de carácter nacional, como las dos que hemos analizado en este trabajo, o la guerra civil del 85 y la Guerra de los Mil Días. Un enfrentamiento tan antagónico entre dos bandos, en el que se delimitaron tan claramente los intereses ideológicos, no puede resultar simplemente de una heterogeneidad de la clase dominante y tiene que responder a intereses económicos muy profundos y a concepciones de la sociedad y del futuro del país de mucha trascendencia, sólo explicable coherentemente sobre la base de que los dos partidos representaban los intereses de clases antagónicas definidos por sus planteamientos ideológicos y por los programas llevados a cabo desde el poder del Estado. Sería muy difícil que, en un país como Colombia, involucrado desde antes de la independencia, en el torbellino de las ideas universales, la lucha mundial por el triunfo del capitalismo entre la burguesía y los terratenientes no tuviera el mismo carácter partidario, cuando en el país se agitan las mismas ideas. Que las ideas burguesas sean defendidas por la clase de los comerciantes, cuyo capital se origina en los coletazos de la plusvalía producida en los países capitalistas y en un excedente feudal interno, es lo que define el carácter particular del desarrollo de los partidos políticos colombianos frente al proceso europeo o norteamericano y lo que, en último término, permite el triunfo de los terratenientes al terminar el siglo. Segundo, al ceñirse tan empíricamente al origen de los protagonistas principales de la historia y señalar los intereses encontrados de casi todos ellos entre la tierra y el comercio, ignoran que, por encima de sus posesiones o sus actividades concretas, siempre definieron la defensa de unos intereses concretos para comprometerse en la lucha y, si no lo hicieron así, vacilaron entre una corriente u otra, hasta encontrar su camino. Mosquera es un ejemplo de lo primero. Siempre colocó su convicción de que había que sacar al país del feudalismo y del atraso e incorporarlo al proceso mundial del desarrollo, haciendo caso omiso de sus propiedades en el Cauca. Representó los intereses de los comerciantes más avanzados y adoptó la ideología de la burguesía y de

la revolución mundial burguesa. Y José María Samper es un ejemplo de lo segundo. Arraigado en el comercio, defensor inicialmente de los comerciantes, fue renunciando a la defensa de los intereses concretos para pasar a convertirse en un corifeo de los terratenientes y abrazar la causa del Partido Conservador en 1875. Lo que definió en estos dos casos típicos el carácter de clase de los dos personajes fue su ideología y la defensa de tos intereses de una clase en su compromiso político directo. Una discusión muy desorientadora sobre el proceso político y sobre la lucha por el poder en el siglo XIX resulta de aplicar la teoría gramsciana de la hegemonía, con sus conceptos de clase dominante y clase dirigente. En el fondo, produce una confusión determinante. Conduce a concebir la lucha de clases como un enfrentamiento entre los de abajo y los de arriba, entre los pobres y los ricos, entre los explotados y explotadores. Ignora que la contradicción principal de la historia mundial en el período del ascenso del capitalismo fue entre la burguesía surgente y los terratenientes en decadencia. Ese enfrentamiento fue lo que definió la lucha por el poder desde, por lo menos, el siglo XVII hasta bien avanzado el siglo XIX. En Estados Unidos, por ejemplo, sólo vino a definirse con la Guerra Civil de mediados del siglo pasado. No puede soslayarse el hecho de que el proceso colombiano se encuadra dentro de ese marco general de la historia mundial y reproduce esa lucha, a pesar de la ausencia de una burguesía industrial capitalista. Me bastan estos brochazos teóricos para participar en una polémica que viene de hace rato, pero que me parece de primordial importancia para comprender nuestra historia. Podría verse cómo en Manizales, a pesar de que surgieron rápidamente intereses comerciales, el arraigo terrateniente y campesino que originó la colonización antioqueña y la imposición desde muy temprano de los intereses terratenientes, alinearon a Manizales con el Partido Conservador y la convirtieron, como hemos analizado, en un baluarte histórico de sus intereses

Los antecedentes de la Regeneración 1875-1885: El Ascenso de Núñez y el Conservatismo El 1° de Abril de 1878 tomaba posesión de la presidencia de la República el General Julián Trujillo. Era presidente del Congreso don Rafael Núñez y, en calidad de su investidura, dio posesión al nuevo mandatario. En su discurso, Núñez pronunció aquella famosa frase que signaría desde entonces una época de trascendental importancia para nuestra historia, la época de LA REGENERACIÓN: regeneración administrativa fundamental o catástrofe, fue su sentencia premonitoria. Para él la crisis había llegado a un punto de no retorno y el dilema de «regeneración o catástrofe» debería ser resuelto por Trujillo mediante «una política diferente». Ese era su planteamiento. Por supuesto, Trujillo poco o nada hizo para solucionar la crisis. Venia de triunfar en una de las guerras civiles de mayor fanatismo de cuantas haya pasado el país, la de 1876, en la que los batallones del bando conservador habían sido bautizados con nombres de santos y denominaciones de la Virgen María y de Jesucristo. Ni tenía las ideas ni poseía la determinación suficiente ni contaba con el apoyo político necesarios para la gran transformación que le demandaba Núñez al posesionarlo. Tendría que pasar un decenio de profundos traumatismos económicos y políticos, para que no Trujillo, sino el mismo Núñez emprendiera aquella misión histórica que se había trazado, la de LA REGENERACIÓN. Una guerra civil, levantamientos en casi todos los Estados, la división del Partido Liberal, un realineamiento del Partido Conservador, profundos y sutiles enfrentamientos políticos entre los dos partidos y dentro de cada uno de ellos, crisis económicas y medidas gubernamentales de todo tenor, conducirían el país a una transformación radical de su política y de su economía, cuyas repercusiones para su desarrollo han sido de trascendencia definitiva para el siglo XX. Poco a poco, la frase lapidaria de Núñez se iría imponiendo irremediablemente hasta lograr que todo el país, amigos y enemigos, neutrales e indiferentes, partidarios y opositores, vivieran lo que la historia iría a llamar la «regeneración fundamental» de Colombia. NÚÑEZ DESAFIA AL RADICALISMO El regreso de Rafael Núñez a Colombia en 1874, diez años después de haber permanecido en Europa desempeñando distintos puestos diplomáticos, sacudió el escenario político del país. Un grupo de eminentes radicales, entre los que se contaban Salvador Camacho Roldan, Miguel Samper, Eustorgio Salgar y Francisco J. Zaldúa, habían proclamado su candidatura sin contar con los más eminentes representantes del Olimpo Radical y de su jefe indiscutido, Don Manuel Murillo Toro. Empezaban a denominarse «liberales independientes» y a separarse de la dirección oficial de su partido. Representaban una corriente liberal que comenzaba a diferenciarse del «radicalismo». En el conservatismo, por su parte, se habían conformado cuatro tendencias: los «ultraconservadores», de ideología religiosa con Don José Joaquín Ortiz; los «militaristas» siempre con la mente en la guerra civil al mando del general Manuel Briceño; los «particularistas» compuesta por empresarios de Antioquia agrupados

alrededor de Marceliano Vélez; y los «nacionalistas», partidarios de acuerdo con los liberales inspirados por Carlos Holguín y Carlos Martínez Silva. Pero entre los dos bandos liberales y el conservatismo existía un sector independiente, unos de cuyos miembros venían del mosquerismo y otros eran militares no alineados, con aspiraciones caudillescas los más, los cuales habían estado casi siempre al lado de los radicales en las luchas de los últimos quince anos, como los generales Solón Wilches, Santodomingo Vila y Daniel Aldana. El radicalismo pues, se había escindido en dos bandos y actuaba en el escenario un tercer sector liberal de militares muy ambiciosos y nada doctrinarios. Esta división producirla trascendentales consecuencias en la historia colombiana de la década siguiente. El grupo de liberales que proclamó la candidatura de Núñez en 1874 recogía antiguos liberales draconianos, a liberales mosqueristas y al grupo de los radicales disidentes. Entre los más importantes sobresalían Francisco Javier Zaldúa (Presidente en el 82), Eustorgio Salgar (expresidente), Julián Trujillo (Presidente en el 78), José Eusebio Otálora (Presidente a la muerte de Zaldúa), Miguel Samper, Salvador Camacho Roldan, Elíseo Payan, Daniel Aldana, Solón Wilches, Diógenes Arrieta (todos protagonistas de esta época, como Ministros, Congresistas, Presidentes de Estado o Intelectuales). A pesar de que Núñez había recibido cargos y distinciones de los radicales y de que el mismo Murillo Toro lo había nombrado en los puestos diplomáticos de Europa, los jefes radicales no confiaban en él. Especialmente lo miraba con recelo el patriarca del radicalismo, Murillo Toro. Los acontecimientos se precipitaron después de que los radicales empezaron a enterarse de las visitas de Núñez a connotados dirigentes conservadores como Carlos Holguín, Miguel Antonio Caro y Carlos Martínez Silva, estos dos últimos directores de El Tradicionalista. Ante un articulo publicado por estos en que tildaban a Núñez de «anticatólico», el precandidato le envió una carta a su director el 7 de febrero de 1875 en la que declaraba que «no soy decididamente anticatólico... y nadie me gana en veneración con todo cuanto se relaciona con el sentimiento religioso». Era, para los radicales, la confirmación de que Núñez había cambiado su posición ideológica durante su estadía en Europa. Los radicales habían leído artículos suyos proclamando a los conservadores como elementos indispensables de la sociedad y al conservatismo como principio de «unidad nacional». Para él la libertad tenía que supeditarse al orden, en contra de la consigna de la libertad absoluta. Declaraciones de este tenor tenían que alarmar a los jefes del radicalismo. LA CRISIS DEL RADICALISMO No podía ser de otra manera. Largas y profundas luchas entre los liberales y los conservadores habían convertido las relaciones entre el Estado y la Iglesia en la piedra de toque de diferenciación entre los dos partidos en su proceso de desarrollo y consolidación. No se trataba simplemente de un conflicto sobre las creencias religiosas o sobre la autenticidad de la profesión de fe católica. Lo que estaba en juego era una concepción del Estado, de la política y del desarrollo económico. Después de la Revolución Francesa, Roma habla anatematizado al liberalismo como doctrina y como práctica y lo había declarado herejía porque colocaba a la sociedad y al pueblo como fuente de la autoridad civil en lugar de Dios. Le era imposible admitir que

la Iglesia se sometiera al Estado en el terreno económico y político. Sus privilegios seculares sobre la tierra, sobre los campesinos, sobre las conciencias y sobre la educación, eran la consecuencia de una teoría defensora de la supremacía de la espada del Papa sobre la espada de los pueblos constituidos en naciones-estados. La Iglesia se oponía con todas sus fuerzas a la democracia liberal porque le obligaba a renunciar a su dominio político; rechazaba la industrialización y el capitalismo porque destruía su derecho sobre el monopolio de las tierras y el poder de los terratenientes; odiaba el proceso de incorporación de las masas a la política porque derrumbaba el poderío absoluto de los monarcas considerados por el clero como representantes directos de la autoridad delegada de Dios. Las condenas de los Papas a la revolución francesa, los anatemas de los concilios del siglo XIX contra la democracia y los baculazos del Vaticano contra el desarrollo del capitalismo en las Encíclicas «sociales» constituyeron la línea ideológica del conservatismo de todos los matices aquí, en Colombia, y en Europa. Era un movimiento internacional dirigido por los Papas. La separación de la Iglesia y el Estado fue un principio político fundamental para el liberalismo del siglo XIX en Colombia. Significaba la defensa de la democracia. Representaba la única forma de romper los vínculos del feudalismo y del régimen económico de la colonia. Mosquera decía que con los tributos recogidos por la Iglesia y exportados por el clero Colombia se hubiera podido dotar de ferrocarriles. Para mitad de siglo no quedaba en el país tierra que no estuviera gravada por los censos eclesiásticos. Por eso Mosquera se enfrentaría al clero, extinguiría los conventos, los monasterios y las casas de religiosos que rehusaran someterse a las reformas económicas y políticas de carácter democrático y progresista. La Iglesia iba a seguir defendiendo hasta nuestros días la supremacía del poder eclesiástico sobre el civil, dado el origen divino de este último y la representación que aquel tenía de Dios en la tierra y, aunque le sería imposible llegar a imponerlo en su totalidad, reivindicaba en ese entonces y lo seguiría haciendo, al menos en nuestra patria, la injerencia suya en el gobierno de los pueblos. El que Núñez, con su lenguaje enigmático, sibilino e impenetrable, diera pie para cualquier sospecha de conciliación con los privilegios de la Iglesia, lo colocaba al lado del Partido Conservador y, automáticamente, quedaba enfrentado al radicalismo. No se trataba de minucias formales, sino del desarrollo político y económico del país. Murillo puso el grito en el cielo. Proclamó la candidatura de Aquileo Parra, le exigió al gobierno de Felipe Pérez que apoyara al candidato radical, obligó al Presidente a que destituyera a su Ministro de Guerra y al Comandante del Ejército, Generales Santodomingo Vila y Solón Wilches, más adelante Presidente de los Estados de Panamá y Santander respectivamente, y maniobró en todos los Estados de la Unión para quitarle piso a Núñez. A este le escribió una carta en la que le notificaba su oposición abierta: «He venido exprofeso de Caracas a atravesarme en tu camino, no porque yo crea que a un católico no le pueda confiar el liberalismo su primera magistratura, pues ahí tenemos a un convencido y practicante en don Santiago Pérez, sino porque siendo tú antes que todo un escéptico, tu frase me indica que en el camino de las concesiones políticas tú llegarás a entregar el poder al partido conservador» . Núñez, como si Murillo se lo hubiera adivinado, ni corto ni perezoso, le ofreció a los conservadores una alianza para derrotar a los radicales sobre la base de: 1) Una reforma constitucional –o una interpretación acorde- que le garantizara a la Iglesia sus privilegios; 2) una reorganización de la Guardia Colombiana que favoreciera los

Estados conservadores; 3) paridad en las Secretarías del Estado, principalmente la de Guerra, Hacienda, Tesoro y mando del ejército; 4) la Designatura para un conservador; 5) paridad en toda la burocracia del Estado. Pero todavía el Partido Conservador no confiaba en sus declaraciones en ese momento más bien de carácter electoral, a pesar de todos los esfuerzos de Carlos Holguín por presentárselo como un candidato aceptable para el conservatismo. Así se fue gestando el Partido Independiente que perduraría solamente hasta la formación del Partido Nacional. Siete años después Núñez confirmaría, en un artículo famoso titulado Política Independiente que él no habla sido el fundador del Partido Independiente. Sin embargo, esta corriente política se consolidaría, aún así fuera por una etapa muy corta, a su alrededor. Una serie de acontecimientos la fortalecerían, de tal manera que de disidencia minoritaria, llegaría a colocar a Núñez en la presidencia de la República para el período de 1880 a 1882. Un mosquerista como Julián Trujillo, enfrentado desde los gobiernos de Mosquera con los radicales, vendría a ser el puente entre la caída de los radicales y el ascenso de Núñez. Trujillo no le perdonó nunca a los radicales la persecución desatada por su jefe contra el general Mosquera. Cegado por esta contraposición política y doctrinaria, Trujillo no alcanzó a entender el oportunismo de Núñez y le abrió el camino hacia la alianza con el conservatismo por el solo hecho de permanecer enfrentado con los radicales. En el mes de mayo de 1877, en plena guerra civil, Murillo Toro se presentó al palacio presidencial y le exigió al Presidente Parra que le cerrara el paso a la candidatura de Trujillo, ya casi vencedor único en la contienda. Murillo le dijo textualmente a Parra, reunido con su gabinete en pleno: «He oído decir, Señor Presidente, que el gobierno ha acogido y apoya la candidatura del General Trujillo para la Presidencia en el próximo período. No puedo creerlo porque con la elección de Trujillo, mosquerista y nuñista, terminará la época liberal de la República... Detrás de Trujillo vendrá Núñez y detrás de Núñez los conservadores. Y una vez que los conservadores se adueñen del poder por la defección de Núñez... todas las conquistas del liberalismo en el decurso de veinticinco años serán borradas de nuestras instituciones, los sacrificios consumados y la sangre derramada de 1860 a 1863, y de 1876 a 1877, habrán sido inútiles y estériles. ...Después de los hosanas que con júbilo hemos entonado a las victorias del liberalismo en la guerra que ha terminado, preparémonos para entonar los De Profundis sobre su tumba . Murillo Toro buscaba impedir que Trujillo se alzara con la victoria de la guerra del 76. Su razonamiento era que si Trujillo ganaba la guerra y no el general Santos Acosta, Trujillo sería Presidente y le entregaría el poder a los conservadores. Los conservadores, desde el bando opuesto, estaban convencidos de que Trujillo les abriría el camino. Los intentos de Murillo Toro fueron inútiles y sus temores saldrían ciertos. Desde ese momento el radicalismo quedó profundamente escindido en dos fracciones de muy difícil reconciliación. LA CAÍDA DE LOS RADICALES La división de los radicales entre parristas y nuñistas en la campaña presidencial de 1875, el golpe asestado a generales tan influyentes como Santodomingo Vila y Solón Wilches no claramente alineados con Núñez, el fracaso de la maniobra de Murillo para

detener la presidencia de Trujillo, la consolidación lenta pero segura de la corriente independiente del liberalismo, la desesperación de los dirigentes del radicalismo que los condujo a cometer error tras error para cerrarle el paso a Núñez, fueron colocando contra la pared a esa fuerza política que se había consolidado en el poder desde 1861, cuando Mosquera derrocara del gobierno a Mariano Ospina Rodríguez. La lucha por el poder político central, objetivo fundamental de los partidos aún en los momentos de mayor auge del federalismo, pasaba inexorablemente por el poder de los Estados, en cuyas manos residía el poder de elegir el Presidente de la República. La lucha por el poder central era, primero que todo, una contienda por el poder de los Estados. De 1875 a 1880 el radicalismo los perdió todos. El General Trujillo hostigado por un Congreso bajo el control del radicalismo y dispuesto a cerrarle el paso a Núñez, contribuyó no poco con su furia antirradical del momento a que uno a uno fueran cayendo los Estados que estaban en manos de los radicales en manos de los independientes. Aquellos trataron de recuperar su fuerza comprometiéndose con candidatos imposibles de ser presentados ante la opinión pública como los generales Rengifo y Solón Wilches, desprestigiados y carentes de cualquier ideología. Un periodista conservador moderado de la época, Don Carlos Martínez Silva decía: «El partido radical ha caído, pues, por su propia virtud: no es que los independientes hayan triunfado, sino que los otros se han derrotado . Mientras tanto, en el seno del conservatismo se libró una batalla muy importante para la posición futura de ese partido. Holguín y Cuervo abanderaron la candidatura de Núñez dentro del Partido Conservador, tuvieron que romper con Manuel Briceño debido a su obstinada posición de cerrarle el paso a un voto conservador por el candidato independiente y lograron que en varios Estados sus copartidarios sufragaran al lado del Partido Independiente. El conservatismo en ese momento no quería perdonarle a Núñez su falta de apoyo desde la presidencia del Estado de Bolívar en la guerra santa de 1876, después de tantas declaraciones de coincidencia con el programa conservador, como tampoco su matrimonio civil con Doña Soledad Román. Los conservadores partidarios de Núñez tenían claro una cosa, que Núñez no era un peligro para sus intereses. Era como decía el mismo Martínez Silva en vísperas de la elección presidencial de 1880: «El señor Núñez, por graves que sean sus defectos, no es una mengua ni una amenaza para la nación. En el apretado dilema en que se ha colocado a la república, sería de celebrarse que el presidente electo fuera el señor Núñez; pero en ningún caso convendría que en ese resultado tuvieran parte los votos conservadores . De todas maneras los radicales proclamaron candidato al General Rengifo, dictador en Antioquia, repudiado por conservadores e independientes, mientras los independientes salían victoriosos con la candidatura Núñez. VOTACIÓN DE LOS ESTADOS PARA PRESIDENTE 1875,1880,1884 Núñez Radicales Conservadores 1876 1880 1884 1876 1880 1884 1876 1880 1884 ANTIOQUIA * * *

BOLÍVAR * * * BOYACA * * * CAUCA — * * — — CUNDINAMARCA * * * MAGDALENA * * * PANAMÁ * * * SANTANDER * * * TOLIMA * * * * Voto a favor Abstención La llegada de Núñez al gobierno de 1880 representa el «principio del fin» del «radicalismo». La profética admonición de Murillo Toro se iría a cumplir al pie de la letra. El proceso de la Regeneración había comenzado en 1875 al ser derrotada la primera candidatura Núñez, había recibido un impulso definitivo en 1880 y alcanzaría su triunfo definitivo en 1885. Para lograr imponerse iba a tener que, no solamente derrotar al Partido Liberal, sino sacarlo de la escena política del país. Por eso, Joaquín Tamayo sentencia en su biografía de Núñez: «1875 fue la fecha de defunción del Partido Liberal. Los funerales se celebraron diez años después . El Partido Liberal -en todas sus denominaciones: radicales, draconianos, mosqueristashabía intentado llevar a su culminación el proceso de la revolución democrático burguesa en Colombia. Este proceso se había iniciado con la revolución comunera y con los precursores de la Independencia; había logrado una victoria espectacular con la derrota del colonialismo español; había enfrentado tremendos obstáculos durante los últimos años de Bolívar; se había enredado a la muerte del Libertador en la furia de una reacción antirrevolucionaria; había encontrado un sendero promisorio con el primer gobierno de Mosquera y se había enrumbado por una vía abierta al más amplio desarrollo desde la revolución de 1860. El liberalismo, en el proceso de esta revolución, destruyó el régimen fiscal de la colonia que impedía el desarrollo de la economía; le arrebató las tierras a la Iglesia y las liberó para el mercado, apoyó la colonización de tierras baldías, incorporó a la economía las de los egidos y los resguardos dejando así abierta la posibilidad de una transformación del régimen agrario; le quitó las amarras al comercio exterior roturando trochas y construyendo ferrocarriles hacia los dos océanos; consolidó ciudades comerciales, levantó puertos, emprendió bancos y fundó casas mercantiles, destaponando así el curso del comercio interior; la liberación de los esclavos y la supresión de los resguardos contribuyeron a proporcionar mano de obra libre a la economía nacional; revolucionó las ideas, transformó la educación, combatió el dogmatismo medieval, impulsó la ciencia, desarraigó el escolasticismo teísta; defendió hasta la exageración de vigencia de un poder político limitado contra toda imposición absolutista o restauradora del antiguo

régimen; levantó la bandera de la separación de la Iglesia y el Estado; sometió el clero al régimen legal de la República. Todas estas medidas conducían a una nueva economía y a una nueva estructura política. Dentro de este proceso, fueron los radicales quienes nuclearon al liberalismo, le dieron un pensamiento estructurado y le dotaron de un programa coherente. Pero el enfrentamiento cada vez más antagónico entre ellos, debilitó, a la postre, su capacidad revolucionaria. Núñez los llegó a odiar. Y los radicales también se hicieron odiar de Núñez. El «regenerador» era todo lo contrario de un revolucionario. Era demasiado escéptico para aferrarse a las ideas. Su espíritu taciturno no le permitía ser un luchador por ideales. Ambicioso hasta el extremo, calculador hasta el desespero y cobarde hasta la traición, siempre huyó de las grandes responsabilidades hasta el momento en que estuvo seguro de que nada le sucedería. En 1880 y 1884, ya elegido presidente, tanteó primero el terreno, antes de posesionarse. No estuvo presente en la promulgación de la Constitución del 86. Se rehusó a gobernar con la obra de sus sueños y se retiró a Cartagena. No antes de hacerse nombrar Presidente Vitalicio. La diatriba nuñista contra los radicales, durante casi treinta años, se hizo famosa. Escribía en uno de sus artículos, refiriéndose al radicalismo: «Y si es de esa clase el enemigo que tenemos que combatir, ¿por qué quieren algunos de nuestro propio credo que tengamos gobiernos débiles incapaces de contener con mano firme el desborde que permanentemente amenaza a la nación? Para el que levanta el puñal del asesino, para el que prende dinamita cuyo resultado son escombros y despojos humanos, no hay ni puede haber misericordia ni contemplaciones; porque en estos casos toda contemporización es una grave falta, toda debilidad es un delito, faltas y delitos que no perdonan ni la Patria ni la Historia» . Esta aversión de Núñez por los radicales se había ido desarrollando más por un enfrentamiento personal que ideológico, aunque, como lo había previsto Murillo Toro, su pasión individual se iría convirtiendo en la transformación de su pensamiento y de su política. Las masas radicales fustigaron sin misericordia las relaciones amorosas de Núñez con Doña Soledad Román, sin perdonarle su raigambre conservadora a ultranza y su historial como mujer atractiva e intrigante. El Congreso de 1878, de mayoría radical, se opuso al nombramiento de Núñez como ministro plenipotenciario en Washington. Este hecho, aparentemente secundario, se convirtió en definitivo para que Núñez planificara su venganza, aun a precio de su propia trayectoria ideológica radical, de larga data. Mientras los radicales se habían propuesto la destrucción política de Núñez, este se preparaba para la defensa de su amor propio herido, de sus ambiciones personales, del amor de su vida con Doña Sola, y de su vaga idea de «regeneración» que se iría clarificando sólo en la medida en que tenia que buscar un pretexto ideológico para aglutinar fuerzas dispersas contra los radicales. Los radicales, dentro del liberalismo, habían presentado una de las principales fuerzas defensoras de la revolución democrático burguesa en Colombia contra la amenaza de la restauración antidemocrática disfrazada de escolasticismo, de fe católica, de autoritarismo y de centralismo hegemónico que el Partido Conservador había abanderado durante cincuenta años. Su caída iba a significar históricamente el fracaso de esa revolución democrático burguesa en nuestro país. La Regeneración va a ser para el proceso histórico siguiente el movimiento que le dio la estocada definitiva y el golpe de gracia a la revolución democrática.

EL ASCENSO DEL CONSERVATISMO La Regeneración como una realidad histórica sólo se hizo posible con el arribo de Núñez al poder y la derrota definitiva de los radicales. Aunque en 1880 Núñez llegó a la Presidencia, no contó entonces, con las condiciones de poder para llevar a cabo su «regeneración». Tuvo que pasar a través de la guerra de 1885 y el descalabro de los liberales unificados, la alianza con todos los sectores del Partido Conservador, para poder imponer sus reformas «regeneradoras». Para llegar allí transcurrieron cuatro etapas: la etapa del desastre radical, la etapa de la traición de Núñez, la etapa de la alianza con el Partido Conservador, la etapa de la reforma constitucional. Primera etapa, 1874-1880: El desastre radical puede mirarse en su conjunto. Comienza con una profunda división del radicalismo, aprovechada por Núñez para ponerse al mando de los independientes. El país atraviesa por una grave crisis económica con la caída uno tras otro de los productos que generaban los recursos fundamentales del país, el tabaco, la quina y el añil. Los radicales son incapaces de salirle al paso a esta crisis económica. Los conservadores aprovechan las circunstancias para lanzarse a la guerra del 76, la cual logra reunificar transitoriamente a los liberales, pero con un resultado adverso a los radicales que tienen que aceptar el triunfo de un general mosquerista y posteriormente su presidencia. Trujillo se convierte en el camino de Núñez al poder y, a través de él, en el instrumento del regreso y consolidación del conservatismo. Derrotados los conservadores en la guerra del 76, cambian su táctica de enfrentamiento antagónico y militar e inician un proceso lento de acercamiento a Núñez, comandados por Carlos Holguín, Carlos Martínez Silva y Miguel Antonio Caro. Son estos tres dirigentes conservadores los que comprenden el llamado angustioso de Núñez al Partido Conservador y los que conducirán a su partido a la alianza con Núñez en la etapa siguiente y a la conquista del poder. Los radicales no oponen un programa político y económico a Núñez, sino la fuerza de la maniobra y las armas. Con la candidatura del general Rengifo es imposible contrarrestar la avalancha de una renovación ideológica patrocinada por los independientes al mando de Núñez, no importa que ella sea lo suficientemente confusa para aglutinar fuerzas muy contradictorias y neutralizar a los conservadores. El triunfo de los independientes es abrumador. Elíseo Payan en Cauca, José Eusebio Otálora en Cundinamarca, José María Campo Serrano en Santander, Robles en Magdalena son los artífices de esa victoria. Todos están contra el radicalismo y todos, unos más abiertamente que otros, reciben el apoyo de los conservadores. ¿Qué le había pasado a los radicales? Primero, es indudable que la crisis económica había afectado a los Estados tradicionalmente más partidarios suyos y que, en lugar de tomar medidas para contrarrestarla, los gobernantes allí se habían extralimitado en leyes y decretos nada conducentes a solucionar la crisis, como el caso de Solón Wllches en Santander. Segundo, los radicales no habían sabido sumar fuerzas. Por el contrario, en lugar de tratar de neutralizar a sectores independientes de larga trayectoria radical, los enajenaron enfrentándolos en todos los terrenos. Ese fue el caso de Camacho Roldan y Miguel Samper. Tercero, su vieja enemistad con el general Julián Trujillo, arraigada en los violentos enfrentamientos de Murillo Toro y Mosquera, pudo más en el ánimo de los radicales que la necesidad de aglutinar fuerzas contra Núñez. Cuarto, no queda duda de que los radicales subestimaron a Núñez y creyeron que se le cerraba el paso simplemente atropellándolo con medidas administrativas, en lugar de confrontarlo en el

terreno de las ideas. Todas las circunstancias políticas y de crisis económica favorecían a Núñez. El juego maestro de éste fue el de saberlas aprovechar, en un momento de suprema debilidad organizativa para él, cuando no contaba ni con partido ni con ejército. Quinto, los radicales siguieron defendiendo unos principios políticos muy generales que ya nada le decían al país y no supieron avanzar en sus planteamientos para afrontar nuevas situaciones ante la arremetida de Núñez que encontraba acogida cada vez más amplia en los círculos conservadores. El liberalismo había perdido su rumbo revolucionario, no había encontrado una dirección política acertada y fuerte que enderezara su lucha contra Núñez y la reacción, y se había quedado corto ideológica y políticamente frente a la gran coyuntura histórica que le exigía su misión de salvar al país. Segunda etapa, 1880-1882. Esta etapa abarca los dos años del primer gobierno de Núñez. Por primera vez se plantea el programa de la Regeneración y se comienza a poner en práctica con medidas concretas, siguiendo los lineamientos generales que su ideólogo habla venido presentando como una concepción general. Desde el discurso de posesión Núñez fija ya algunos de los puntos fundamentales de su programa: 1) tolerancia religiosa y abrogación de la ley de inspección de cultos; 2) restauración del proteccionismo; 3) una reforma educativa que controle el desborde de las ideas positivas 4) medidas contra la subversión del orden; 5) reorganización del ejército para prevenir trastornos; 6) intervención de la Corte Suprema de Justicia en los Estados federados. Núñez resumía su política en una consigna central; paz a toda costa. Los siete puntos podían reducirse a cuatro, convertidos en pilares del movimiento regenerador: restauración de los privilegios políticos a la Iglesia, intervención del gobierno federal en los Estados, proteccionismo y reforma educativa contra el utilitarismo y en favor del escolasticismo. Su objetivo fundamental no radicaba en ese momento en provocar una reforma radical, sino en ganarse las fuerzas sociales con las que llevaría a cabo su «regeneración». Ganarse a la Iglesia, atraer a los terratenientes, neutralizar, por lo menos, a los artesanos y golpear a los comerciantes. En esa forma se ganaba el poder político eclesiástico y cohesionaba las fuerzas de oposición al radicalismo. El programa de Núñez, hágase los esfuerzos que se quieran en probar lo contrario, era la esencia del programa secular del conservatismo y de la reacción colonial, disfrazada de republicanismo. Eh ahí el origen y la esencia de la traición histórica de Núñez no al Partido Liberal, sino a la revolución democrática. Con tres leyes -la ley 17 de 1880 sobre Orden Público, la ley 39 del mismo año de creación del Banco Nacional y la ley 40 sobre proteccionismo aduanero- y una serie de pronunciamientos y medidas sobre la educación, puso Núñez en marcha la Regeneración. Inmediatamente lo abandonaron dos de los jefes más connotados del Partido Independiente, Camacho Roldan y Miguel Samper. Después le siguieron casi todos los independientes de trayectoria que se habían unido a Núñez. Sólo se quedaron con él un grupo de jóvenes sin mucha prestancia en el radicalismo deslumbrados por la imagen de corifeo ilustrado que por muchos años se había fabricado. La esencia de la ley de orden público consistía en darle al ejecutivo atribuciones sobre los Estados soberanos. En esto Núñez no era original. Mosquera lo habla pretendido sin éxito, echándose encima la enemistad de los radicales temerosos de su poderosa influencia y de su inmensa capacidad de maniobra nacional. Ahora los radicales, unos más enérgicamente que otros, temían que Núñez, sin los controles de una ley electoral,

utilizaría la ley de orden público, para cambiar la correlación de fuerzas electorales en los Estados. Desde este punto de vista, a los radicales no los engañaba su instinto político. Se produce, entonces, la reacción de los economistas y políticos radicales que se opusieron con toda energía al Banco Nacional. Núñez impuso el monopolio del crédito, el usufructo de las comisiones de las operaciones fiscales y la concentración de los depósitos oficiales en un Banco único con la justificación de unificar la emisión de billetes pagaderos al portador. Es decir, bajo la mascarada de la unificación del régimen monetario, medida absolutamente inaplazable y que ya había sido intentada por Mosquera, Núñez golpea a los radicales en el centro de su poder económico, el comercio y la banca. Al monopolizar el crédito y los depósitos del Estado, Núñez sometió a la quiebra decenas de bancos por los que respiraba el comercio y, en últimas, el sector más dinámico de la economía en ese estadio de desarrollo de la economía, como base que era de una acumulación de capital absolutamente necesaria para el despegue del capitalismo nacional. La emisión oficial, al no existir un régimen de control y un presupuesto tecnificado, se convertiría en el saco roto del más descarado favoritismo gubernamental que distribuiría a manos llenas el dinero emitido para lograr así lo que no tenía en votos el partido político de Núñez y, además, en fuente de la más bárbara Inflación de nuestra historia, con la cual el partido conservador en el poder se financiaría para combatir y tratar de exterminar el liberalismo en la década siguiente hasta la Guerra de los Mil Días. El Banco Nacional no era un banco central en el sentido moderno de la institución, sino un Instrumento político para liquidar al radicalismo, golpear a los comerciantes y ahogar a los cultivadores de café, predominantemente liberales, entonces en pleno proceso de crecimiento. Un conservador como Martínez Silva, sin vinculaciones directas con la banca privada del país como en realidad lo eran Camacho Roldan y Miguel Samper, conceptuaría sobre el Banco Nacional en el momento ya de su plena consolidación: «No hay necesidad de entrar a demostrar aquí cuan perjudicial es el monopolio oficial, o en manos de una compañía particular de la industria bancaria. Sólo como recurso fiscal, y eso en muy determinadas circunstancias, puede justificarse hoy el monopolio de un ramo de la industria. Pero tratándose de la bancaria, las razones que militan en favor de la libertad son más fuertes que en ningún otro caso... La competencia es el alma y el estimulo de toda empresa; donde el aguijón, la industria desfallece y muere...» . Los recursos para iniciar el Banco Nacional salieron de un contrato de hipoteca de los derechos futuros -por espacio de veintisiete años- que poseía la república en la empresa del ferrocarril de Panamá, firmado pro Salomón Koppel con banqueros de Wall Streat el 26 de octubre de 1880, según el cual la república recibiría tres millones de dólares, en últimas reducidos a un millón que serviría para poner en marcha el Banco. Después de describir el desastre fiscal a que condujo el Banco Nacional con las famosas emisiones clandestinas y sin respaldo, y de demostrar el significado político que adquirió el dinero hasta dislocar totalmente la noción de honradez individual, Joaquín Tamayo, en su biografía del regenerador, concluye: «La historia del Banco Nacional es la historia de la concupiscencia de una época» .

No solamente tenía Núñez razones políticas para imponer el proteccionismo con el propósito de asegurar el apoyo de los artesanos, sino también motivos económicos de muy profunda fundamentación. Núñez claramente se manifiesta opuesto a que el país se proletarice, es decir, a que se desarrolle una clase que en Europa había desplazado a los campesinos y a los artesanos y que se había manifestado ya como una fuerza actuante en las revoluciones de 1848 y 1871, esta última en la Comuna de París. Núñez vivió ya la represión de Bismark contra la clase obrera alemana. No quería, posiblemente, que Colombia transitara por un proceso semejante al de Europa durante la segunda mitad del siglo XIX. No tenía otra forma su gobierno para obstaculizar el proceso ineludible del capitalismo con su secuela de la proletarización que la de imponer el proteccionismo y salvaguardar la clase de los artesanos. Además, abrigaba otro propósito político, acorde con su consigna principal de la paz, la de mantener a los artesanos como el fiel de la balanza social. Por eso afirmaba: «El librecambio mercantil no es sino la conversión del artesano en simple obrero proletario, en carne de cañón o en demagogo...» . «...el libre cambio... significa forzosamente la imposibilidad de formarse un gremio de artesanos nacionales a la altura de las necesidades de equilibrio social, que no puede desatender ninguna comunidad previsora; porque es ese gremio la fuerza científica, por decirlo así, que debe servir de contrapeso, o de fiel, a los platos extremos de la balanza» . Desde el punto de vista político el objetivo de Núñez consistía en utilizar a los artesanos como una fuerza de equilibrio social, impidiendo que un avance del capitalismo los transformara en proletarios urbanos y logrando que el mantenimiento de una producción atrasada y feudal como la industria artesanal neutralizara un posible levantamiento del artesano. Desde el punto de vista económico, la restauración del proteccionismo, sumado al monopolio crediticio impuesto por el Banco Nacional, reduciría las posibilidades de acumulación interna de capital en manos de los comerciantes y fortalecería la única actividad económica rentable en el país a cargo de los terratenientes. Núñez podía, en sus discursos y artículos, referirse con frecuencia al desarrollo y a la industria, pero sus medidas económicas contradecían absolutamente esos objetivos. Liquidar la única clase -los comerciantes- capaz de garantizar en ese momento histórico la acumulación de capital necesaria para la inversión industrial y salvaguardar las clases más atrasadas incapaz de asegurar su desarrollo, son la esencia misma de LA REGENERACIÓN en el campo económico y social. Sus propósitos en este terreno se encaminaban a liquidar a los radicales que defendían los intereses de los comerciantes. Y, además, tenía como blanco de ataque a los radicales para obtener estas metas fundamentales de su «regeneración». Le quedaba imposible al regenerador congraciarse con los conservadores y los artesanos, sin atacar el carácter de la educación impuesta por los radicales. Entonces la emprendió contra ella. Partió del modelo educativo establecido por los regímenes conservadores de 1843 a 1850 para restablecer la obligatoriedad de la educación religiosa en las escuelas y en la universidad y la disciplina férrea y represiva que habla caracterizado esa etapa. Núñez buscaba romperle la espina dorsal al radicalismo, golpeándolo ideológicamente en la base de su doctrina utilitaria y positiva. En la

reforma educativa Núñez siguió su famosa sentencia de que «la llamada libertad de enseñanza que se proclamó en 1850 fue... como una sentencia de muerte pronunciada contra el progreso intelectual» . Aunque el movimiento estudiantil se levantó contra las medidas de Núñez con la consigna de: ¡abajo de vergonzosa regresión al fanatismo y al oscurantismo clerical!, el regenerador logró su propósito y la reforma educativa se abrió camino. El primer gobierno de Núñez no hizo sino favorecer al Partido Conservador y a la Iglesia. No solamente fueron sus medidas de trascendencia. También las menores. Nombró en puestos importantes a Carlos Holguín y a Miguel Antonio Caro, prohombres del conservatismo. Impulsó una ley que modificaba todo el régimen de inspección de cultos mediante el cual se mantenía el clero sometido a las leyes y normas del Estado. Le devolvió los bienes confiscados a las instituciones religiosas en la guerra del 76, con los cuales se habían financiado los conservadores. Buscó como pudo la forma de prorrogar su mandato constitucional por otro período. Estas y otras muchas más tuvieron el efecto de unificar a los liberales. Pero ya el liberalismo estaba minado, el conservatismo fortalecido y un sector independiente adhería a Núñez. Al final del período, el presidente del Senado, Ricardo Becerra, caracterizó el gobierno como un régimen que habla regresado a la suprema autoridad católica, lo que le valió este comentario al jefe conservador Martínez Silva: «Por este solo servicio el señor Núñez es acreedor a la gratitud nacional; y nosotros nos complacemos en rendirle hoy, cuando ya nada tiene que dar ni que ofrecer, un público testimonio de respeto y de consideración» . HACIA EL PARTIDO NACIONAL Y HACIA LA CONSTITUCIÓN DEL 86. Tercera etapa, 1882-1885: Podría decirse que esta etapa comienza ya con las maniobras de Núñez para prolongar su período presidencial o, en su defecto, con la elección de un candidato que le abriera el camino para otro mandato. Su problema principal es que no cuenta con una fuerza política suficiente para ganar las elecciones. Todos los factores están listos en el camino de Núñez hacia el conservatismo. Sólo el Partido Conservador lo puede salvar. El acuerdo que venía buscando desde su regreso al país en 1874, por fin lo logra. Aunque el gestor de la alianza de Núñez con el Partido Conservador, Carlos Holguín, se encuentra fuera del país, las muestras irrefutables de doctrinarismo conservador demostradas por el regenerador no ofrecen dudas en la jefatura conservadora. El manifiesto conservador de 1883 firmado por la Junta de Delegados, el Directorio Ejecutivo y el Consejo Consultivo de ese partido le da el apoyo irrestricto a su candidatura. No podía esperarse otra cosa. Como bien lo dice el regenerador, el Manifiesto era una respuesta lógica y consecuente a toda la política conservadora agenciada por él desde el gobierno, porque la ley de orden público, la de reorganización del ejército, las leyes fiscales, la política religiosa, todas fueron, según sus propias palabras, «medidas conservadoras» . Núñez es elegido para un nuevo periodo con el apoyo irrestricto y masivo del Partido Conservador. En realidad, ese año 1883 fue el año culminante de la evolución político ideológica de Núñez. Desde entonces los historiadores y políticos conservadores lo consideran un miembro ilustre de sus filas. Solamente hacia la mitad de este siglo los

liberales lo han reincorporado a sus huestes y lo han reivindicado como un verdadero liberal. No se trata de una polémica de poca monta. Los partidos colombianos respondían a posiciones ideológicas radicalmente contrapuestas que se materializaban en estrategias de desarrollo antagónicas. Las barreras entre los partidos no se habían borrado como lo pretendía en ese momento Núñez tratando de barnizar su política conservadora con tintes liberales. Por esa razón, convertir la Regeneración en un movimiento genuinamente liberal, como lo hace un historiador tan imitado por las nuevas escuelas del tipo Indalecio Liévano Aguirre, significa desfigurar la esencia del liberalismo decimonónico y quitarle piso a la revolución democrática, así como reivindicar el papel del clericalismo, la inquisición y el autoritarismo agenciado por el conservatismo aún desde antes de su estructuración como partido político. Lo que triunfó en 1883 no fue la tolerancia, sino la reacción, es decir, la política que sellaría definitivamente el destino de subdesarrollo a que se ve hoy sometida Colombia. Quizás nada más elocuente que el testimonio de un testigo de excepción durante todo este proceso como el concepto de José María Samper, en carta histórica dirigida al regenerador: «Yo lo he observado y seguido a usted paso a paso desde 1853, cuando fue uno de los secretarios del general Obando. La tendencia a la justicia, al equilibrio, a la reparación del mal con el bien, ha sido constante en usted; es lo que, con maravillosa perspicacia ha visto en usted el partido conservador, y por eso este partido ha sido nuñista desde 1875; entendiéndose como nuñismo, el llamamiento hecho a un liberal honrado y justiciero que se llama Núñez, para que devuelva la paz sólida y el equilibrio a las fuerzas nacionales, corrigiendo los abusos y los errores del liberalismo extraviado» . Ya en el gobierno, a Núñez no le preocupó ni la profunda crisis económica ni el desbarajuste social en que se encontraba el país como producto del desmoronamiento de la quina y de la caída de los precios del café. Tuvo sólo una preocupación. Cerrarle el paso a la recuperación de los radicales para poder mantenerse en el gobierno e imponer la Regeneración con su reforma constitucional. Todo dependía de impedir que los radicales volvieran a controlar el Estado de Santander para que completaran la mayoría con Antioquia, Tolima, Boyacá y Bolívar. A estas alturas Núñez parecía intuir que sólo una derrota militar de los radicales le permitirla lograr sus propósitos y, por esa razón, se dedicó a provocarlos en todos los terrenos hasta llegar a desconocer la elección del presidente en Santander. Los radicales respondieron desordenadamente a las provocaciones de Núñez que, desde el gobierno, firmó un pacto militar con el general conservador Leonardo Canal. En ese momento jugó papel definitivo una mujer, Soledad Román. Fue ella la que logró el entendimiento militar de los conservadores con su marido. Furiosamente conservadora, dominaba a Núñez, y no fueron pocas las decisiones del regenerador salidas del lecho nupcial, en este histórico período. De todas maneras la guerra civil se precipitó. Fue una de las guerras más generalizadas de todas las que sufrió el país en el siglo XIX. Hubo guerra en el Tolima, en Boyacá, en la Costa Atlántica, en Cauca y en Panamá. Por primera vez los norteamericanos intervienen directamente en los asuntos internos de Colombia, contribuyendo militarmente a las fuerzas nuñistas en Panamá. Tal vez lo que definió la guerra a favor

del gobierno y de los conservadores fue el error cometido por los liberales en el sitio de Cartagena: «El sitio de Cartagena comenzó el 25 de febrero de 1885, se prolongó durante tres meses y significó para los radicales el sostenimiento de una línea equivalente a quince leguas. Fue, sin lugar a dudas la peor equivocación militar de sus generales, que en esta acción se estrellaron en vano contra una fortaleza imposible de tomar, arrastraron al aniquilamiento gran parte de sus propias fuerzas, desgastaron fatalmente sus recursos y, peor aún, inmovilizaron sus tropas y buques durante un tiempo que les era precioso» . El 17 de junio de 1885 tuvo lugar en La Humareda, una ladera a orillas del río Magdalena, en el distrito de Tamalameque, la última gran batalla de la guerra, convertida en «una de las mayores matanzas de liberales en la historia de Colombia» . La guerra no duró mucho más. El general Sergio Camargo abandonó el mando, entró en conversaciones unilaterales con el enemigo, solicitó pasaporte para ausentarse del país y traicionó a los demás jefes. El general Vargas Santos fue elegido para asumir el mando, pero renunció en manos de Foción Soto. En agosto la revolución de 1885 había llegado a su fin. Asegurado del triunfo, Rafael Núñez presidió desde el palacio de gobierno el 9 de septiembre de 1885 una manifestación conservadora ante la cual proclamó: «la constitución de 1863 ha dejado de existir». Se había impuesto la era de LA REGENERACIÓN. Habían pasado diecisiete años desde que Núñez pronunciara en el Congreso su consigna de «regeneración fundamental o catástrofe». Había sido el comienzo de LA REGENERACIÓN. Lo que ahora seguía era la obra «regeneradora». Aunque las leyes de 1880 le hablan dado entidad programática y realizaciones concretas, solamente la reforma constitucional que Núñez inició de inmediato y la obra gubernamental que le seguiría, podían quedar para la historia como REGENERACIÓN FUNDAMENTAL. En este proceso Núñez, primero, había consolidado la división del partido liberal; segundo, había formado un nuevo partido distinto del liberal; tercero, con el poder le había dado forma a su idea regeneradora con las reformas de 1880; cuarto, había sellado inicialmente una alianza con los conservadores para llegar al gobierno, más tarde para derrotar militarmente a los liberales y, finalmente, para formar con ellos un nuevo partido; quinto, la alianza del partido independiente con el partido conservador para elegir a Núñez en 1884 y el acuerdo militar de Núñez con los conservadores en la guerra de 1885 establece en Colombia un partido distinto de los dos partidos tradicionales, el Partido Nacional, cuya vigencia en la historia y su fin, no han quedado bien definidos. Pero no hay duda de que al cabo de dos o tres años, el Partido Nacional era, en su ideología, en su programa, en su composición y en su jefatura, el mismo Partido Conservador. La década del noventa irá clarificando el carácter netamente conservador del Partido Nacional hasta definirse completamente con la Guerra de los Mil Días. La Regeneración no culminó con la declaración de Núñez sobre la muerte de la Constitución de Rionegro. A ello siguió la elaboración y proclamación de la Constitución de 1886 y el régimen dictatorial impuesto hasta la Guerra de los Mil Días sobre la base de la nueva Constitución. CARTA DE RAFAEL NUÑEZ AL DIRECTOR DE «ELTRADICIONALISTA» Bogotá, 7 de febrero de 1875.

Señor Director de «El Tradicionalista»: No pretendo iniciar una polémica con usted. Ni hay necesidad ni conveniencia de hacerlo en las presentes circunstancias en que yo me encuentro; pero me creo en el imprescindible deber de decir a usted que no soy decididamente anticatólico, como se afirma de paso en uno de los artículos del último «Tradicionalista», si bien sea posible que no estemos acordes en algunos puntos secundarios o de fuero externo. Y en todo caso aseguro a usted que nadie me gana en tolerancia de las creencias ajenas, ni tampoco en veneración respecto de todo cuanto se relaciona con el sentimiento religioso. No se puede con mediano criterio vivir en Inglaterra el tiempo que yo he vivido sin adquirir la convicción -y muy profunda- de que ese sentimiento es uno de los más eficaces agentes de moralidad, libertad, orden, progreso y civilización. Me permito también observarle refiriéndose al mismo articulo, que la lucha electoral en que hace desgraciadamente mi nombre papel tan conspicuo como inmerecido, no es de personas. El señor Parra y algunos de sus mejores apoyos han sido hasta ahora excelentes amigos míos, mientras que algunos de los que me honran con su adhesión no habían cultivado conmigo sino relaciones muy superficiales. Yo pienso por el contrario, que en el fondo del debate hay uno de los más fundamentales principios políticos, a saber: «La libertad del sufragio». No hago inculpaciones, porque en este momento soy el menos llamado a hacerlas, entre otra razones; pero abrigo la Intima persuasión de que el país quiere resueltamente gobernarse a sí mismo, esto es, por sí y para sí, en un sentido fiel y netamente republicano; y causa asombro al ver que algunos entendidos doctores del partido liberal no den a estas aspiraciones, que me atrevo a llamar invencibles, toda la importancia que realmente tienen. Aprovecho esta oportunidad, señor Director, para suscribirme de usted atento servidor y compatriota. RAFAELNUÑEZ. CARTA DE BARTOLOMÉ CALVO A CARLOS HOLGUÍN SOBRE LA CANDIDATURA DE NUÑEZ PARA 1880 Guayaquil, 14 de abril de 1879 Mi querido amigo: La llamada revolución en Antioquia ha quedado siendo para mi un enigma. Cosa más disparatada o más diabólica que aquello no se había visto nunca. La candidatura de Tomás Rengifo para la primera Magistratura de la Nación es un insulto que todos los colombianos pundonorosos debemos rechazar; y yo creo que el partido conservador debería protestar contra ese escándalo adoptando la candidatura de Núñez, como un medio seguro de imposibilitar el triunfo legal de la candidatura sapista. No quería yo que el partido conservador entrase en pactos o combinaciones en que frecuentemente se compromete la dignidad, sino que adoptase a Núñez como candidato propio, para que realizara el programa esencialmente conservador contenido en su discurso del 1 de abril y en los Mensajes que suscribió en 1878 como Secretario de

Estado. Pero no espero que los prohombres de nuestro partido piensen de la misma manera que yo en este asunto, y lo más probable es que tengamos que resignarnos a ver a Colombia regida por un machetero o tal vez disuelta. Su amigo de corazón, BARTOLOMÉ CALVO. MANIFIESTO CONSERVADOR DE APOYO A RAFAEL NUÑEZ 8 de Abril de 1883 Acércase la época en que debe hacerse la elección de Presidente de la República para el próximo periodo constitucional, y en tan solemne ocasión es natural que los partidos y los pueblos ejerciten su actividad a fin de que sea elevado a aquella alta Magistratura un ciudadano que dé garantías de ejercer con acierto las delicadas funciones de su cargo. Aunque el partido conservador, alejado antes sistemáticamente de las urnas electorales por la violencia y por el fraude, pudiera presentarse en el debate electoral con un candidato de su comunión política, por un sentimiento de elevado patriotismo y de abnegación, sin ejemplo en nuestra Patria, comprendió, recién pasada la lucha armada de 1875, que era su deber renunciar, quizá por mucho tiempo, al triunfo directo de sus hombres y de su causa, para asegurar la paz a la República y para hacer concurrir suavemente todos los sanos elementos sociales a la obra de restituir a la república su prestigio, y a las costumbres políticas, viciadas por la violencia y la intolerancia, la seriedad y la pureza de otros tiempos. Fiel a este propósito, el partido conservador resolvió apoyar de un modo decidido y eficaz a la fracción que, desprendida del partido liberal, se ha denominado independiente; no como se ha dicho por algunos, con el ánimo de dividir para reinar, sino con el de que aquella fracción, débil e informe al principio, se tornara en verdadero partido, cobrando aliento para llevar a término las reformas administrativas y políticas que la situación de la República urgentemente exigía y que el bando radical rechazaba... Falta aún mucho por nacer, es verdad; pero como regenerar un pueblo víctima por largo tiempo de un sistema de audaz y escandaloso exclusivismo, y como el bien, del mismo modo que el mal, se fecunda en sus lógicos desarrollos, es de esperarse que las mismas causas que han producido el relativo bienestar de que hoy se disfruta, seguirán trayendo lentamente el que aún nos falta por alcanzar. Y como una de esas causas quizá la más eficaz -ha sido el apoyo leal y desinteresado prestado por el partido conservador al independiente y a los Gobiernos constituidos conforme a las Constituciones que nos rigen, naturalmente aparece que esta política, justificada por la experiencia, debe continuar mientras se vea que con ella gana la causa de la República. CARTA DEL PAPA LEÓN XIII A RAFAEL NUÑEZ CONFIRIÉNDOLE LA ORDEN PIANA León Papa XIII Amado hijo, salud y bendición apostólica.

Sabemos que han sido en gran parte restablecida por ti las cosas que, en daño de la religión católica y con sumo dolor de todos los buenos, habían perturbado y destruido en los Estados Unidos de Colombia la desenfrenada licencia y la audacia triunfante de los impíos, lo cual nos hace esperar que en lo futuro todo ha de ser próspero y feliz para ti y para la Nación que presides. Por el mérito, pues de estas esclarecidas acciones, te hemos estimado digno de ser condecorado con un brillantísimo título en que tengas al propio tiempo que un testimonio de nuestra gratitud, un estímulo para hacer mayores cosas aún en beneficio del catolicismo. Por tanto, queriendo con singular benevolencia y honor gratificarte y absolviéndote, para efecto sólo de las presentes, de cualquier excomunión y entredicho y otras eclesiásticas sentencias, censuras y penas, si acaso hubieres incurrido en algunas, y juzgando que has de ser absuelto, con autoridad apóstolica y en virtud de estas letras te hacemos, instituimos y nombramos Caballero de primera clase de la Orden Piana y en la ilustre asamblea y número de tales caballeros te contamos. En consecuencia te concedemos amado hijo, que puedas usar el vestido propio de los caballeros de primera clase de dicha orden y te autorizamos para que, además de la gran medalla de plata suspendida al lado izquierdo del traje, puedas licita y libremente llevar la grande insignia de esta orden y clase, sostenida del hombro derecho por una banda muy larga de seda color azul, con dos rayas rojas en las extremidades laterales. Y a fin de que no tengas dificultad alguna respecto de la banda, la medalla y la insignia, hemos ordenado te las entreguen convenientemente arregladas. Dadas en Roma, en San Pedro, bajo el anillo del Pescador el día 19 de diciembre de 1886, de nuestro pontificado año noveno. M. Cardenal Ledochwsky. Al amado hijo Doctor Rafael Núñez, presidente de los Estados Unidos de Colombia.

López Pumarejo: Modernización y Neocolonialismo Transcurridos cincuenta años desde la toma de posesión de su primer gobierno, los historiadores colombianos son casi unánimes en proferir un juicio apologético sobre López Pumarejo. No hay que acudir a los historiadores liberales. También los conservadores, a pesar de las profundas divergencias que separaron a su partido de la llamada «revolución en marcha», participan en este coro de alabanzas. Pero quienes superan con mucho a liberales y conservadores en un dictamen histórico, no solamente favorable, sino francamente ditirámbico son los historiadores que, en algún momento se presentaron como marxistas o que siguen pretendiendo serlo. Debemos mencionar, especialmente, a Ignacio Torres Giraldo, a Darío Mesa, a Gerardo Molina, a Mario Arrubla, a Alvaro Tirado Mejía, a Jesús Bejarano, a Jorge Orlando Meló, a Medófilo Medina y otros más. Todos ellos coinciden, de una manera o de otra, en aceptar el carácter revolucionario del movimiento liberal acaudillado por López y que llegó al poder en 1934. Muy pocos historiadores contemporáneos se escapan de esa visión. Entre ellos merece destacarse Jorge Villegas, cuyos méritos como investigador son unánimemente reconocidos. Nuestro propósito no es presentar aquí una investigación muy novedosa sobre alguno de los aspectos de los dos periodos de López en el poder. Nos proponemos someter a un escrutinio crítico, a una interpretación disidente, a un examen discrepante, precisamente el significado histórico del papel jugado por Alfonso López en el poder, en especial, durante su primer gobierno. Las principales tesis sobre López elaboradas por los historiadores contemporáneos pueden reducirse a las siguientes: 1) López llevó a cabo una revolución porque sacó al país de su postración colonial y feudal, tanto en el campo político e ideológico como en el económico; por tanto su «revolución en marcha» tuvo el carácter de una transformación radical de las estructuras nacionales. 2) López es el representante de una burguesía progresista que dio impulso al proceso de industrialización nacional y que, como baluarte de esa clase que llegaba al poder para transformar el país, encontró una oposición cerrada de parte de los terratenientes, decididos a no permitir su transformación. 3) Uno de los méritos más importantes de López fue el de crearle al movimiento popular y obrero un nuevo espacio, un ámbito diferente que le permitió a uno y a otros organizarse y aparecer en el concierto nacional como una fuerza a la que había que tener en cuenta. Otros aspectos distintos de estos tres podrían mencionarse, pero queremos centrarnos solamente en el contenido y significado del carácter revolucionario, nacional y obreropopular atribuido a López Pumarejo.

Defendemos como alternativa de interpretación una tesis radicalmente opuesta. Estamos de acuerdo en partir de un hecho incontrovertible, el de que Alfonso López Pumarejo inició un cambio profundo en el país. La esencia de esa transformación operada por él consistió en una modernización del Estado y de la ideología política, no como respuesta a un proceso de desarrollo económico capaz de edificar las bases de la prosperidad nacional, sino como parte de los requerimientos del mercado de capitales de los países capitalistas más desarrollados tendientes a crear las condiciones de exportación de capitales y de inversión directa indispensable para sus economías y anhelados por los dirigentes colombianos. En otras palabras, lo que los historiadores interpretan como una «revolución», nosotros lo entendemos como un proceso de modernización exigido por las condiciones de la importación de capitales que llevaría el país a una estructura económica adecuada de los parámetros del imperialismo norteamericano en las décadas del treinta al cincuenta. LA TRANSFORMACIÓN DEL PARTIDO LIBERAL Se hace necesario clarificar, primero que todo, la naturaleza y la trayectoria del Partido Liberal, al cual se debe el acceso de López PumareJo al poder. Comprendiendo su transformación, se facilitará el examen del papel jugado por López en la historia contemporánea de Colombia. Podríamos decir que López fue el resultado natural de un cambio radical y cualitativo sufrido por el Partido Liberal entre 1880 y 1922. Si hace cincuenta años López lanzó el país a la modernización, hace cien años el Partido Liberal inició un viacrucis cruento del que saldría totalmente renovado, pero para jugar un papel histórico completamente opuesto al que jugara durante el siglo XIX en la revolución democrática. La firma de las capitulaciones de Neerlandia y el Wisconsin por Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera respectivamente con las que llegó a su fin la Guerra de los Mil Días, significó la culminación de un proceso que condujo el Partido Liberal del siglo XIX a su desaparición. La fracción del Partido Independiente, desmembrado de los radicales y bajo la dirección de Rafael Núñez, se había unido a los conservadores para convertirse en el Partido Nacional; un pequeño grupo de radicales disidentes de mucha prestancia política e intelectual habían claudicado en su oposición a la Regeneración y a la Constitución del 86; el Partido Liberal había dejado de figurar como fuerza política en el Parlamento aniquilado por la opresión de Caro, por los efectos de la llamada «ley de los caballos» y por la legislación electoral; los intentos de rebelión de 1885 y de 1895 habían sido un completo fracaso y la guerra habla terminado con el triunfo total de los conservadores. La rendición firmada por Benjamín Herrera a bordo del barco de guerra norteamericano Wisconsin un año antes de que Estados Unidos perpetrara allí el robo de Panamá, posee un simbolismo extraño frente a la historia colombiana del siglo XX. Era el fracaso de la revolución democrática en Colombia, es decir, de esa revolución iniciada con el levantamiento de Los Comuneros, continuada por la lucha de la independencia, perseguida durante el siglo XIX por los radicales, arduamente defendida por Tomás Cipriano de Mosquera, durante la que se había librado una dura batalla por sacar el país del feudalismo, por integrarlo a la economía mundial y hacer avanzar el capitalismo, liquidando el régimen colonial, aboliendo el monopolio de los terratenientes, eliminando los privilegios de la Iglesia sobre la tierra y las conciencias, y tratando de que se afianzara el régimen avanzado impuesto en el mundo por la burguesía. En el

enfrentamiento de medio siglo de duración entre las fuerzas progresistas del país y los poderes retardatarios representados en el Partido Conservador, la balanza se habla inclinado definitivamente hacia estos últimos. Comenzaba cronológicamente el siglo XX en un buque de guerra norteamericano invasor y con el poder en manos de quienes se habían opuesto al desarrollo nacional por más de un siglo. Durante el período de la Regeneración el Partido Conservador en el poder -llamado también Partido Nacional en ese momento-, había intentado liquidar todos los vestigios del Partido Liberal. Miguel Antonio Caro había diseñado meticulosamente la Constitución del 86 con el propósito de eliminar cualquier resquicio que diera entrada a la revolución liberal. En forma sistemática fue suprimiéndole todas las posibilidades de acción al Partido Liberal en la vida política. Fue como si toda la Regeneración se hubiera concebido para hacer desaparecer el Partido Liberal de la faz de la tierra con la justificación de que eran los radicales los culpables de todas las desgracias que habían sobrevenido sobre el país. Núñez y Caro, los dos en coro, la emprendieron contra los radicales y las circunstancias del momento aunadas con los errores tácticos de estos, fueron suficientes para obtener una fuerza política arrasadora. Ante esta arremetida, los liberales se desconcertaron, cayeron en la vacilación, muchos empezaron a claudicar, otros se desesperaron hasta llegar a enfrentarse en una guerra civil sin preparación y cohesión suficientes al ya poderoso gobierno regenerador. El mismo Uribe Uribe se mostraba confuso en el Congreso de 1896, y su posición frente a la Constitución del 86 era, por lo menos, ambigua. Decía por ejemplo: «...y sin embargo de que esa Constitución se ha hecho despreciable para todos, y para el partido liberal odiosa, como instrumento de la más ruda opresión de que jamás comunidad política alguna haya sido victima; sin embargo de eso, deseo sinceramente que, si la paz continúa, la normalidad constitucional se establezca plenamente, para que si la Constitución es buena, como a despecho de todo lo afirman algunos, su bondad resalte, y si no para verificar en ella la máxima inglesa; la ley mala, ejecutarla, para que su maldad se patentice y la reforma se imponga. Es decir, creo que el partido liberal debe aceptar la Constitución del 86, contra la cual se considera en permanente rebeldía; debe aceptarla como un hecho cumplido y positivo, si no como una creación de derecho, por razón de su origen; debe aceptarla por declaración explícita, como implícitamente la aceptó no combatiéndola desde su promulgación, y la ha aceptado ejecutando actos pacíficos que presuponen el régimen político que en ese instrumento se apoya...» . De tal manera fueron ablandándose los liberales para ir renunciando lenta pero inexorablemente a los propósitos revolucionarios que los había alimentado durante todo el siglo. Los convencionistas de 1897 modifican ya el programa del partido y tratan de acomodarlo a las ideas conservadoras. Por eso afirman: «La convención ha acordado, y somete al examen sincero de los hombres de buena voluntad, un programa político, que es moderación del antiguo credo liberal. Ese programa concuerda en muchos puntos con el formulado por su adversario histórico, el partido conservador, que a su turno ha cogido rizos de su antigua bandera...» . Ya lo había declarado Uribe Uribe durante sus debates contra las facultades omnímodas del gobierno de Caro:

«...para garantizar el orden y la tradición, y favorecer la libertad y la innovación... se preconizaba, en fin, la virtud del justo medio, adquirido por concesiones recíprocas en lo adjetivo, dejando en pie lo sustancial, a fin de alcanzar de ese modo la realidad de la república» . Bien pudieran interpretarse estas declaraciones de renuncia a los principios liberales para acomodarse a los del otro partido como una contribución a la paz, a la concordia y al entendimiento entre los colombianos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta dos aspectos. Primero, que históricamente sus concesiones no les valieron de nada, porque la reacción conservadora no se detuvo y se propuso llevar a término su liquidación como fuerza política. Y segundo, que lo que estaba en juego no era un simple debate sobre unos u otros artículos de la Constitución, sino una lucha profunda sobre la estrategia de desarrollo económico del país. No se obtuvo la anhelada paz con tantas concesiones y se sacrificó el futuro del país al haber renunciado a principios esenciales del desarrollo económico para dejarlo a merced de otros principios no exactamente garantía de progreso. Allí finiquitó, quizás, la última oportunidad que tuvo la burguesía colombiana para sacar a Colombia de su atraso y de su subdesarrollo. Es ahí donde radica la trascendencia de este momento histórico y sin una comprensión cabal de él resulta muy difícil entender nuestra versión sobre el significado de López Pumarejo en la historia colombiana contemporánea. Después del desastre liberal en la Guerra de los Mil Días, viene un periodo de reconstrucción ideológica y organizativa que se extiende hasta 1922, fecha en que se celebra la Convención de Ibagué, en donde quedan definidos los lineamientos programáticos del Partido Liberal del siglo XX. Principalmente cuatro planteamientos del programa de Ibagué fijaron el rumbo del Partido Liberal: 1) una reforma tributaria con la asesoría de técnicos extranjeros; 2) fomento del crédito externo y de la inversión extranjera; 3) estatización de todos los servicios públicos; 4) una legislación laboral que establezca un régimen mínimo de seguridad social, haga obligatorios los tribunales de arbitramento y fomente la instrucción técnica para los obreros . Claramente saltan a la vista los propósitos del Partido Liberal del siglo XX: desarrollar el capitalismo monopolista de estado, modernizar el país por endeudamiento externo y establecer un régimen de seguridad social para los trabajadores de la industria moderna que daba ya sus primeros pasos. Con el primer propósito se ponía a tono con el proceso mundial del capitalismo inevitablemente dirigido hacia el intervencionismo de estado y hacia la construcción de una economía mixta, en la que el Estado se iría convirtiendo en el principal capitalista de cada país, como producto de una economía signada por el poder de los grandes monopolios y de los gigantescos grupos financieros. Coincidía el programa del Partido Liberal con los criterios básicos recomendados por la Misión Kemmerer por la misma época. Al mismo tiempo, definía una estrategia de desarrollo tendiente a conseguir los recursos para la indispensable modernización del país, la del endeudamiento y la inversión extranjera. Pero añadía un punto de gran trascendencia para la lucha que tendría que librar por el poder contra el Partido Conservador, aspecto

que contribuiría a darle la ventaja y que se refiere al establecimiento de un sistema de seguridad social, no importaba que la clase obrera industrial fuera en Colombia tan reducida para aquella época. López Pumarejo fue uno de los gestores principales del programa en la Convención de Ibagué o, por lo menos, el inspirador de sus propuestas fundamentales. En ninguna otra influyó tan decididamente como en la definición sobre la estrategia de endeudamiento externo, de la que era desde tiempo atrás un profundo convencido, por ideología, por interés económico y por convencimiento de clase. Inmediatamente antes y después de la Convención, había sostenido una agria polémica desde su periódico El Diario Nacional con el director de El Espectador, Don Luis Cano, sobre el carácter del endeudamiento externo. Presionaba López al gobierno para que aprovechara las oportunidades que se le presentaban de endeudarse y lo espoliaba a ser audaz en la consecución de capitales extranjeros: «Esa idiosincrasia nuestra es quizás la primera causante del atraso material del país y la única explicación que podemos encontrar al hecho de que mientras otros países inferiores que Colombia en capacidad financiera, en población y potencialidades, impulsan y acometen obras de progreso con ayuda del capital extranjero, aquí no se logra contratar un empréstito y seguimos viviendo al margen de la vida económica del mundo, como rodeados moralmente por una muralla china, por la muralla de la desconfianza y temor al oro extranjero...» . E insistía: «Los colombianos somos sin saberlo enemigos irrevocables del capital extranjero en todas las formas consideradas aceptables por el mundo civilizado. Comprendemos muy bien que sin su ayuda no podemos prosperar, lo invitamos a prestárnosla por todos los medios imaginables, pero tan pronto como hace acto de presencia entre nosotros, nos ponemos todos de pie a rechazarlo, ya sea que venga a desarrollar nuestras vías de comunicación, o a fomentar el crédito o satisfacer necesidades de orden fiscal...» . Comentando las perspectivas que se le abrían a Colombia con el Tratado sobre Panamá López Pumarejo afirmaba: «Es la puerta abierta de un nuevo periodo que ha de estar señalado con una acción sincera, inteligente e intensa para unificar y desarrollar los intereses colombianos con los de Estados Unidos... Económicamente Colombia debe brindar con espíritu amplio sus grandes e inexplorados campos de riqueza al trabajo y al capital estadounidense, cuya cooperación en forma leal y equitativa, abre para nuestro país horizontes halagüeños de bienestar y prosperidad» . Mantendría esta posición más adelante. Y en 1933 antes de llegar a la Conferencia de Paz de Río de Janeiro, a donde asistiría como representante del gobierno de Olaya en las negociaciones sobre la guerra con el Perú, concede una entrevista a la United Press, en la que reafirma los mismos puntos: «Si logramos conservar la paz entre países americanos y somos capaces de mantener una medida razonable de estabilidad política, antes de poco tiempo serán la mayoría de ellos campos propicios para la Inversión del capital extranjero» .

Y rubricaba sus conceptos reconociéndole a Roosevelt su política del «buen vecino», del cambio operado en su política hacia América Latina, a la que se iba a deber «el progreso y la reconstrucción económica» del continente . Si López era el inspirador de una política de endeudamiento externo como un punto programático del Partido Liberal del siglo XX, debía atribuírsele a Uribe Uribe la autoría de los otros dos puntos principales; el capitalismo monopolista de Estado y los programas de seguridad social. Uribe Uribe denominaba «socialismo de Estado» al capitalismo de Estado y había fijado sus bases en la famosa conferencia del Teatro Municipal de 1904. En ella definió sin ninguna duda el tipo de socialismo por el que propugnaba como fundamento del programa del Partido Liberal que iría a remodelar: «No soy partidario del socialismo de abajo para arriba que niega la propiedad, ataca el capital, denigra la religión, procura subvertir el régimen legal y degenera, con lamentable frecuencia, en la propaganda por el hecho; pero declaro profesar el socialismo de arriba para abajo, por la amplitud de funciones del Estado...» . En esta forma definía el «socialismo de Estado». Para Uribe no era más que el intervencionismo de Estado que convertiría el Estado moderno de gendarme de la vida económica en propietario de medios de producción, en banquero, financista, comerciante y gran capitalista, parte de los grandes monopolios y controlador principal de la actividad económica de cada país. Para que este «socialismo» no se saliera de madre y sirviera a los intereses de una gran burguesía, todavía inexistente en nuestro país, pero sí ya en la mira de los planteamientos de Uribe, el forjador de los nuevos ideales liberales del siglo XX advierte con energía en un célebre discurso pronunciado por él en 1911 sobre el futuro de su partido: «Venimos con la antigua fuerza de propulsión, pero sin el fogoso aturdimiento que nos caracterizaba. Nuestra actitud es conciliadora... Partido igualmente celoso del progreso y del respeto por sus tradiciones, no entiende jamás conservar sin renovar, ni innovar sin conservar, ni transigir con el mal porque sea antiguo. Ni reacción ni revolución, es su divisa...» . Veinticinco años después López tenía que salirle al paso a las acusaciones proferidas por los conservadores laureanistas que señalaban al liberalismo lopista como «bolcheviquismo» y coincidía, entonces, con Uribe Uribe sobre el intervencionismo de Estado definido ahora mucho más claramente desde el poder: «El partido liberal está en el deber y en la necesidad de ponerse de acuerdo en algunos puntos que se vienen debatiendo interiormente desde hace algún tiempo, y de los cuales me atrevo a creer no es de menor entidad el que se refiere a su propia definición actual. Yo entiendo que el liberalismo de hoy no es, no podría ser, el liberalismo individualista, manchesteriano. Niego que sea tampoco un liberalismo en trance de ser supeditado o devorado por el ideario socialista, y estimo finalmente que es algo muy semejante a lo que se llamó en Inglaterra, hace ya cincuenta años, el radicalismo: un partido liberal intervencionista, y no digo esto como expresión ideal, sino por la plena conciencia que tengo de que nuestro desarrollo económico y político no lleva en sí mismo un retraso menor de cincuenta años. El último absurdo sería pretender que ese retraso fuera de todo un siglo» .

Ninguna otra transformación más importante operará López durante su primer gobierno comparable a la reforma constitucional mediante la cual el capitalismo monopolista de Estado devendrá parte sustancial del carácter de la sociedad colombiana, a la cual acompañará de una serie de modificaciones trascendentales complementarias, de ahí en adelante irreversibles. Estará así poniendo en práctica los principios preconizados por Uribe Uribe durante los últimos diez años de su vida hasta la fecha de su asesinato, el 15 de octubre de 1914, hace exactamente setenta años. Tantas veces se ha repetido que Uribe Uribe fue el precursor de la seguridad social en Colombia y que López fue su realizador, al abrirle un espacio político a las clases trabajadoras y que, por tanto, los dos representan el sector del liberalismo popular progresista dentro del Partido Liberal, que no valdría la pena repetirlo. Sin embargo, siendo este punto programático el tercer aspecto que caracteriza la transformación del Partido Liberal, se impone tenerlo en consideración. Cuando Uribe Uribe plantea un programa elemental e ingenuo de seguridad social, no existía todavía una industria moderna en el país y, por tanto, no se había desarrollado una clase obrera más allá de los asalariados modernos de las trilladoras o de los asalariados agrícolas de la economía cafetera, estos últimos los más numerosos, pero a los cuales indudablemente no se dirigían tas propuestas urbanas del remodelador del Partido Liberal. Sucedía con la seguridad social del destartalado liberalismo de principios de siglo lo mismo que con su manifiesto de capitalismo de Estado: no existían las condiciones materiales del desarrollo nacional que sirvieran de sustentación real y concreta a propuestas consideradas tan progresistas y hasta marxistas en su momento. Tanto el intervencionismo de Estado como la seguridad social eran el producto del capitalismo avanzado en Europa, transformado ya en economía del monopolio y de control del capital financiero, al que Lenin denominarla imperialismo. Varias veces nos ha sucedido en la historia de Colombia que los principios ideológicos y programáticos han definido el desarrollo nacional sin que a ellos corresponda una base material y este desfase ha demostrado la incapacidad de las clases dominantes en cada momento histórico para adaptar lo más progresista del proceso económico y político del mundo a las condiciones de desarrollo de nuestro país, de tal manera que hubieran producido el efecto necesario de sacarlo del atraso. No eran los postulados de Uribe producto de su mente profética ni tampoco del análisis concreto de la realidad concreta de la situación nacional, sino del influjo de la social democracia europea y de las condiciones mundiales del capitalismo. López recogería las propuestas del capitalismo de estado para la modernización económica y se apropiaría del programa obrero para convertir al Partido Liberal no sólo en abanderado del movimiento sindical, sino en su vocero más calificado. Una de las estrategias, y tal vez la estrategia fundamental que López le presentó al Partido Liberal en 1929 para tomarse el poder, fue la de ganarse el apoyo de los trabajadores, para lo cual era indispensable incorporar puntos destinados a mejorar mínimamente la vida material de los obreros. Pero era necesario, así mismo, diseñar un «estilo nuevo», propiciar «un nuevo ámbito», abrir un «nuevo clima», semejante al que habla abierto Roosevelt en Estados Unidos, que permitiera al Partido Liberal contrarrestar el avance del Partido Socialista impulsado por líderes populares de gran acogida nacional como María Cano, Uribe Márquez y Torres Giraldo. Escribía López al entonces jefe de su partido, Nemesio Camacho:

«Los trabajadores del campo y las ciudades no creen estar habitando el Paraíso Terrenal donde los suponen discípulos del doctor Pangloss. No han tenido la ocasión de experimentar la felicidad de vivir pobres e ignorantes, al margen del progreso, sin otra alegría que la de beber chicha, o aguardiente en exceso. Han vivido en un siglo de obligada quietud, estacionarios, aprendiendo a ser resignados y obedientes; pero al paso que salen a incorporarse en la corrida de la vida activa, van sintiendo nuevas necesidades y nuevos anhelos; quieren calzarse, vestirse, alimentarse mejor, entretenerse. Y esto, que es natural, es humano y es conveniente, espanta a los afortunados» . No se puede resistir la tentación de citar más ampliamente esta carta, con el propósito de que se experimente más de cerca el ámbito que López pretendía crear con ese tipo de literatura desparpajada inmersa en frases brillantes, tropos audaces e ideas fuera del común que cautivan tantas mentes. «María Cano nos ha colocado a usted y a mí, como a los otros liberales de Colombia que probablemente alcanzamos a sumar medio centenar, en una posición muy desairada, confesémoslo cándidamente. Nosotros los liberales jamás nos habríamos atrevido a llevar al alma del pueblo la inconformidad con la miseria. Nos habríamos sentido hasta cierto punto culpables de la embrutecedora monotonía de su vivir aprisionado, y habríamos considerado contrario a los intereses de nuestra clase, enseñarles los caminos de la independencia económica, política y social. Qué mucho, pues, que los conservadores y los pseudoliberales atribuyan a las doctrinas de Lenin y Trostsky el fermento social contra el orden y los intereses creados por ellos, para no reconocer que María Cano predica la rebeldía contra estos intereses y con el orden en que descansan desde la roca escarpada de la injusticia general a que se encuentran sometidas las masas populares?» . Yen frases admonitorias fija el criterio que guiará su táctica y le dará sin mayores dificultades el control sobre el movimiento obrero durante décadas al Partido Liberal: «Con el cambio de clima, de dieta, de horizonte, de circunstancias, ha hecho por fin su advenimiento al afán del pueblo por mejorar de condición. Es un suceso que los liberales auténticos debemos saludar con alborozo en franca oposición con los reaccionarios de todas las tendencias y divisas, que ven en ese afán un peligro para la república. Sería imperdonable que en esta coyuntura nos faltara sensibilidad moral, energía o emoción para explicar al país que es desatentado el propósito oficial de crear en la conciencia pública un ambiente hostil a las apariciones de las clases obreras, y necia la inclinación a sofocarlas por la fuerza, sin detenerse a examinar los elementos de justicia que ellas reclaman en su apoyo» . Los historiadores comunistas colombianos interpretan como un error de su partido no haber descubierto a tiempo esta tendencia de López Pumarejo favorable al movimiento popular para haber apoyado en 1934 su candidatura y haber establecido un acuerdo con el Partido Liberal bajo su dirección. No llegó nunca, para su desilusión, una alianza con López, porque nunca lo permitió, pero, a cambio, el Partido Comunista después de 1935 se convirtió en el soporte principal del régimen lopista sin condiciones ni contraprestaciones explícitas de ninguna especie.

Manejó el artífice de la «revolución en marcha» admirablemente su táctica de neutralizar el movimiento popular, ganarlo para su causa y ponerlo a su servicio incondicionalmente. A un año de iniciado su gobierno ya comandaba el movimiento sindical, las organizaciones de trabajadores lo escogían como el arbitro de sus conflictos patronales y el Partido Comunista se presentaba a su lado en la manifestación del 1° de mayo en un hecho sin antecedentes en el movimiento obrero colombiano y hasta ahora sin que se haya vuelto a repetir, para vivar al redentor de la clase obrera colombiana y fiel aliado del internacionalismo proletario. López no se equivocaba en su estrategia. Cuando todos los sectores políticos lo hubieron abandonado al final de su segundo gobierno, carcomido por la corrupción, desgastado por su demagogia desafortunada, amenazado por el frustrado golpe de estado y víctima del desorden y el desbarajuste económico, el Partido Comunista y la CTC convocaron al primer paro cívico nacional con la consigna central de «López al poder» . En 1935 el Presidente López había expresado muy claramente su objetivo a este respecto: «Quienes se sorprenden de que el Gobierno acepte el apoyo que las masas le ofrecen cuando Las minorías de oposición abandonan las vías democráticas, se declaran Insurgentes, tampoco parecen ver con simpatía la política que sigue el gobierno con respecto a los sindicatos obreros. Acaso porque olvidan o desdeñan considerar el hecho más protuberante de nuestra época: la supeditación del hombre político con el hombre económico. Hay mucha gente que profesa la creencia de que los sindicatos no tienen ocupación distinta a la de discutir las teorías de Marx y amenazar el orden existente. Parecen ignorar que el sindicato es simplemente un instrumento de defensa económica y que en él generalmente no es ahora como antes un problema electoral, pongo por caso, más interesante que una cuestión de salarios. Tampoco de esa actividad desarrollada por las clases populares en defensa de su economía puede permanecer ausente ningún gobierno ni partido político, a menos que deseen ser desalojados de la actividad democrática el día en que el socialismo u otra ocupación cualquiera pueda reemplazarlos eventualmente en el Poder... El liberalismo no tiene por qué temer a sus propias conquistas ni por qué recelar del apoyo que le ofrecen las masas populares. El liberalismo sólo tiene que desear una buena dirección para que las masas lo lleven al Poder, y una dirección, no menos buena sino mejor, para que esas mismas masas lo sostengan en el poder...» . Qué clase de partido era éste, abanderado del capitalismo monopolista de Estado, fortín del movimiento sindical y defensor acérrimo de una modernización acelerada del país por endeudamiento externo? Nada tenia que ver con el Partido Liberal del Siglo XIX, excepto su nombre. En lugar de defender la independencia nacional contra la dominación económica o política extranjera, presentaba un programa modernizador por endeudamiento externo que entregaba la soberanía económica del país a Estados Unidos como prestamista principal. En lugar de una reforma agraria que liquidara el régimen terrateniente como premisa esencial del desarrollo industrial y de la acumulación interna de capital, planteaba el establecimiento y desarrollo del capitalismo monopolista de Estado como una necesidad insustituible del endeudamiento con el imperialismo. En lugar de una política de creación de un mercado interior autónomo basado en la producción de bienes de capital para darle solidez a un proceso soberano de desarrollo económico, impulsa el fortalecimiento de todos los mecanismos del capital financiero, baluarte indispensable del capitalismo monopolista de Estado. Es decir, el programa liberal de 1922 relegaba para siempre los principios de la revolución democrática, a los que había venido renunciando desde antes de la Guerra de los Mil Días con el programa

de la Convención de 1897. Para el liberalismo la modernización de su programa significó el abandono de los objetivos de la revolución democrática. El «nuevo estilo» de López Pumarejo y su «nuevo clima» no era sino la forma, el ropaje, la máscara que ocultaba una política expresamente definida de modernización imperialista. Ese estilo demagógico de tinte «populista» que fascina, hipnotiza e inocula al pueblo, en este caso, al movimiento obrero y a los intelectuales izquierdizantes pequeño burgueses, no posee sino un barniz pseudodemocrático del que tomó ventaja para adoptar una política totalmente contraria a los intereses económicos y políticos del pueblo. El ambiente político reinante en el país se prestaba extraordinariamente para una estrategia del tipo que propiciaba López. Desgastado por cincuenta años de poder hegemónico, desprestigiado por su incapacidad de modernizar la economía, acobardado por una terrible crisis económica, aquejado por todos los resquebrajamientos del fanatismo, amenazado por las primeras huelgas del movimiento obrero, derrotado después de una división profunda, el Partido Conservador se había encerrado en la más recalcitrante de las posiciones retrógradas. Laureano Gómez predicaba la inevitabilidad del Estado confesional, le exigía a la jerarquía eclesiástica la excomunión de los liberales, justificaba la necesidad histórica de la inquisición española, proclamaba la superioridad de la raza blanca española sobre la negra y la indígena, se ponía de parte de los franquistas españoles, confundía la masonería con el comunismo, equiparaba el sindicalismo con el bolcheviquismo, levantaba la bandera del nacionalismo a ultranza contra el capital norteamericano hasta llevarlo más tarde a colocarse de parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial; todo era una cruzada contra el ateísmo liberal y los males del capitalismo en el mundo, a favor de la tranquilidad patriarcal acérrimamente católica y clerical . Entretanto, ninguna idea sobre el desarrollo económico ni estrategia industrial o agrícola de cualquier clase era planteada por el Partido Conservador como contrapartida a las ideas modernizadoras del Partido Liberal. No resultaba, pues, extraño que la prédica lopista apareciera como una «revolución» y atrajera las masas obreras sin otra alternativa diferente a la vista, ya que la alternativa de izquierda sucumbía deslumbrada por el liberalismo del siglo XX. ¿Por qué, además, insistir tanto en la contraposición del planteamiento modernizante de López Pumarejo con la revolución democrática? Por varias razones. Históricamente el proceso de la revolución mundial democrático-burguesa constituyó una lucha por el establecimiento y desarrollo del capitalismo, lo cual implicó la realización de una serie de transformaciones indispensables para el desarrollo económico y prerrequisitos insustituibles de una economía socialista. La modificación sustancial del régimen terrateniente, la creación de un mercado interior de bienes de producción, la defensa de la producción industrial, la transformación de la economía agrícola, todas ellas sobre la base de un desarrollo autónomo de economía nacional, hacen parte de la revolución democrática burguesa y no pueden ser soslayados ni siquiera por la construcción de una economía socialista de colectivización de los medios de producción. El desarrollo económico de Colombia debería haber pasado por esta transformación. Fue este cambio radical el que quedó trunco con el triunfo de la Regeneración y cuya derrota fue sellada por la Guerra de los Mil Días. Cuando ensaya un juicio sobre López Pumarejo, mensajero y corifeo de la «revolución en marcha», no puede evitarse comparar su programa y sus realizaciones con las premisas económicas de la revolución democrática. Al intentarlo, no se nos ha ocurrido ni siquiera sugerir que López hubiera tenido que defender los principios y las transformaciones de una revolución socialista. De ninguna manera. Lo único que está planteado como debate es si los cambios

operados por su «revolución en marcha» contribuyeron o no a sacarnos del atraso, si la modernización operada por sus gobiernos estableció las condiciones que permitieran convertir a Colombia en un país próspero, avanzado y con una economía autónoma. LA MODERNIZACIÓN LOPISTA Pocos gobiernos en este siglo con propósitos tan definidos y tan consistentes en sus políticas como el primer gobierno de López Pumarejo. Con inusitada frecuencia López hace alusión a la estructura dominante en el país y explica las condiciones reinantes en el período histórico que le tocó afrontar. Permanentemente se refiere a dos puntos centrales, a la crisis económica que afronta el país, y al atraso secular de sus estructuras. Fiel al programa del Partido Liberal de 1922, artífice del cual habla sido, López se propone una profunda modernización del país. En su mensaje al Congreso de 1935 fija el carácter de su gobierno y su propósito general: «La política seguida por el anterior Presidente, de conformidad con sus compromisos no fue liberal, sino de concentración de partidos, y dio por resultado que se aplazara por espacio de cuatro años la sensación de victoria y derrota que correspondía a cada una de nuestras dos grandes colectividades políticas dentro de su pugna tradicional... Mi posición ante la opinión pública es bien diferente: yo recibí la Presidencia de la República con el compromiso de renovar las instituciones que fueran moldes insuficientes para una nación más desarrollada y compleja: de examinar sin prevención alguna todos los problemas nacionales que hubieran sido motivo de diferencia entre las corrientes antagónicas, procurando resolverlas por apelación constante al plebiscito de las mayorías nacionales...» . Enumera allí el programa de reformas que se propone realizar: saneamiento sufragio, tolerancia religiosa, calificación de mano de obra por medio de la educación técnica, modernización de la administración pública, reforma tributaria, efectivo intervencionismo de Estado, legislación sobre tierras, tratado de comercio con Estados Unidos, reorganización del ejército, seguridad social para los jornaleros agrícolas e industriales, reforma instruccionista de los niveles primario y secundario y universitario, reforma de la Universidad . Seria imposible seguir paso a paso la suerte de todas estas reformas emprendidas por López Pumarejo y otras más que adelantó en su segundo gobierno y que hacen parte de todo este proceso de la llamada «revolución en marcha». Vamos a examinar muy someramente las más esenciales. Aparte de las medidas económicas de emergencia que tomó López para conjurar la crisis económica y fiscal con que había recibido el país después de la guerra con el Perú, la primera medida importante que toma es la firma del Tratado de Comercio con Estados Unidos. Casi todos los historiadores guardan silencio sobre este Tratado. Recientemente un escritor canadiense, Stephan Randall, le ha dedicado una parte importante de su libro sobre la diplomacia de la modernización entre 1920 y 1940 . Y Hernán Jaramillo Ocampo tiene que referirse a él al analizar la situación de la industria en 1949. Constituía este tratado un obstáculo tan grande que impedía aún el desarrollo de la misma industria imperialista en la segunda mitad de la década del cuarenta, época en que los grandes monopolios productores de bienes intermedios se trasladaron a Colombia como resultado de la política de sustitución de importaciones. Afirma Jaramillo Ocampo:

«...ese tratado no sólo limitaba la libertad arancelaria del país, sino que igualmente constituía un obstáculo insuperable para el fomento industrial y para la política de sustitución de importaciones» . A pesar de su trascendencia económica y política, López se limita a hacer una mínima referencia al tratado en su mensaje al Congreso de 1935, en el que dice: «El Gobierno aceptó firmar nuevamente el acuerdo de comercio en Washington el 15 de diciembre de 1933, a fin de acomodarle a las prescripciones de la Ley americana del 4 de junio de 1934, por la cual se autoriza al gobierno de Washington para celebrar acuerdos de comercio exterior sin necesidad de aprobación legislativa... El nuevo texto, propuesto por los Estados Unidos ha sido esmeradamente estudiado por el Gobierno... Para adelantar este examen con los elementos de juicio que pudiera suministrar nuestro Ministro en Washington, se pidió a este funcionario que viniera a Bogotá y con él se llegó a una fórmula que consideramos benéfica para los dos Estados, y esperamos sea aceptada en Washington, juzgando por los antecedentes de buena voluntad y las disposiciones de cooperación manifestadas recientemente por la Secretarla de Estado» . Tan inocente declaración no se compadece con la importancia que los gobiernos norteamericanos le hablan atribuido desde Wilson a la estrategia diplomática de lograr tratados recíprocos de Comercio. Convertido Estados Unidos desde finales de siglo en un país con una economía de monopolio y de predominio del capital financiero, luchaba en el ámbito mundial por abrirse camino y hacerse a colonias, no importa que fuera del nuevo tipo, es decir mediante el dominio de los instrumentos de la exportación de capitales y no por medio de la invasión militar, aunque ya había ensayado esta última en Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Nicaragua y Panamá por lo menos. La «buena voluntad» y las «disposiciones de cooperación» mencionadas por López Pumarejo componían la nueva estrategia norteamericana para abrirse paso en América Latina, -en donde había causado tan adversa reacción el «gran garrote» de Teodoro Roosevelt- y que se denominaba «la política del buen vecino», diseñada por Wilson, aclimatada por Hoover y convertida por Franklin Delano Roosevelt en la varita mágica que transformaría a América Latina definitivamente en el «patio trasero» del coloso gringo. Este Roosevelt ejercía sobre López Pumarejo un magnetismo arrollador. A cada paso nos encontramos con exclamaciones de admiración y de reconocimiento como las del mensaje al Congreso de 1935. Roosevelt era su modelo. Con la demagogia del «nuevo trato» Roosevelt consolidó su poder en Latinoamérica y puso las bases de su poderío mundial; con la demagogia «del nuevo trato» López se ganó el apoyo de las grandes masas obreras, del movimiento sindical y de la recién desempacada izquierda colombiana. Un autor -libre de toda sospecha de antilopismo- Gerardo Molina, tiene que confesar que el embeleco producido por Roosevelt sobre la política de López podía llevarlo a crearse ilusiones sobre la bondad del imperialismo norteamericano. Escuchémoslo para que nos hagamos al ambiente que se respiraba entonces, descrito por un actor muy cercano a los hechos. Dice Molina: «Si antes ’había un cañón listo a reclamar concesiones, privilegios y ventajas para el capital de ese país invertido en nuestros territorios’, ahora los Estados Unidos preconizan una política respetuosa y digna de crédito. La orientación de López era sensata: asociarse, pero ¿con quién? El incurrió en el error, común a casi todos los liberales del hemisferio, de tomar como definitivos los cambios circunstanciales

verificados en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado. Era innegable la diferencia entre Theodoro Roosevelt y Franklin Roosevelt que anunciaba y quería aplicar la buena vecindad con los demás países del continente. Pero la realidad era que el imperialismo tenía una vigencia superior a la transitoria de los gobernantes ecuánimes y humanos, por lo cual era de temer que a la primera oportunidad nos volviera a mostrar su cara hostil y la mano armada . Pero se debió, precisamente, a ese mandatario «ecuánime y humano» la consolidación del dominio norteamericano en América Latina. Fue su mano blanda y su guante de gentleman los que permitieron al capital financiero afianzarse antes de la Segunda Guerra Mundial y lograr que en Colombia se firmara el Tratado Recíproco de Comercio, se entregara el petróleo y se abrieran camino a las reformas exigidas por Estados Unidos desde la década del veinte. La diplomacia de !os Tratados Recíprocos de Comercio, hábilmente planificada por el Departamento de Estado durante los gobiernos de Wilson, Hoover y Roosevelt, pretendía obtener tres fines: 1) estimular la exportación norteamericana para reducir los efectos de la superproducción; 2) desplazar la competencia europea y japonesa en América Latina, para asegurarse la hegemonía de esta parte del mundo, 3) apoderarse, mediante este instrumento, de un amplio mercado de capitales de inversión directa e indirecta, con lo cual garantizaría el control económico de la región. Entre 1928 y 1929 inicia Estados Unidos un gran esfuerzo diplomático por lograr el tratado con Colombia. En una primera etapa fracasa la negociación debido a una legislación proteccionista que se originaba en la crisis del 30. Enseguida, las exigencias del Congreso Norteamericano y los conflictos partidarios en el parlamento colombiano, impiden la ratificación del Tratado, el cual había sido firmado por Olaya Herrera en 1933. Corresponde al gobierno de López, gracias a los oficios de Olaya en el Ministerio de Relaciones y del hermano del Presidente como embajador de Washington, firmar de nuevo y hacer ratificar por el Congreso el Tratado Recíproco de Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Declaró este Tratado a Estados Unidos como la nación «más favorecida» de Colombia, logrando así el país del norte su anhelado privilegio para desplazar a sus competidores. Veinte apretadas páginas de productos abarca la lista correspondiente a los productos norteamericanos, incluidos la mayoría de los que entonces se empezaban a producir por la incipiente industria nacional y otros que iban a producir en corto plazo, mientras que solamente una página relaciona la lista de productos colombianos favorecidos por Estados Unidos, entre los que se incluyen bálsamo de tolú, semillas de ricino, hipecacuana, tagua y tamarindos. Solamente el café, el platino y las esmeraldas eran productos de significación en las exportaciones colombianas . El embajador norteamericano William Dawson podía afirmar satisfecho en octubre de 1937: «No hay duda de que la política comercial del gobierno colombiano tiende definitivamente a ponerse de acuerdo a los propósitos básicos y los objetivos del programa de acuerdos comerciales de los Estados Unidos» . La reacción de los industriales fue inmediata, porque el Tratado ponía en peligro a la industria nacional frente a la competencia de los productos norteamericanos. Antes de ser ratificado, un grupo de empresarios nacionales envió al Ministro de Industria y negociador del Tratado, Dr. Francisco José Chaux y es el que decía:

«En nombre de los industriales colombianos que han venido laborando tesoneramente por el desarrollo de sus empresas a la sombra de la moderada política proteccionista implantada en los últimos años, lo mismo que de la prensa que nos ha secundado con calor en esta campaña y de la opinión general que se interesa en el desarrollo económico del país, con todo respeto nos permitimos solicitar del Gobierno, por el digno conducto de su Señoría, la posibilidad de que antes de someter a consideración de las Cámaras Legislativas el tratado Colombo-Americano se permita que éste sea conocido por los industriales colombianos, tal como fue posible a quinientos técnicos americanos, según declaración oficial del doctor Arturo Hernández, miembro de la Comisión. De esta manera podrán aportarse al debate elementos de estudio emanados de la práctica y de la experiencia. Para abordar un estudio completo sería también pertinente que el Ministerio a su digno cargo adquiera una completa información sobre capitales invertidos en todas las industrias, valor total de la producción anual, número de obreros ocupados en estas actividades y valor de los salarios devengados. Todas estas informaciones pondrían al Congreso Nacional en capacidad de abocar el estudio del Tratado en mención y de cualquier otro tratado comercial semejante sobre bases, que unidas al recto criterio de nuestros legisladores, asegurarían conclusiones acertadas» . Firmaban esta carta los gerentes de la Industria Nacional Colombiana, de la Compañía de Tejidos Rosellón, de la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, de la Compañía de Tejidos Unión y muchos otros. El tratado no fue discutido, los industriales no fueron escuchados, el recto criterio de nuestros legisladores no apareció por ninguna parte. La única voz disidente en el Congreso de 1935 fue la de Diego Luis Córdoba quien caracterizo el tratado como «obstáculo insalvable para el progreso industrial del país». Como muestra palpable de lo que siempre sucede en los Congresos de Colombia queda la constancia del senador Héctor José Vargas de Boyacá, cuya conciencia culpable no fue óbice para que apoyara al gobierno: «Voto a favor del Tratado con Estados Unidos porque considero, que, al aceptar el punto de vista de su nueva política comercial, haciéndole importantes concesiones sin haber obtenido ninguna excepto la confirmación de nuestro actual estado de cosas, les damos la mejor prueba de nuestro sincero deseo de cooperar con el reestablecimiento del equilibrio y del ritmo de nuestro intercambio comercial... . Los industriales no lograron con sus quejas respetuosas doblegar a quien se ha considerado por tantos historiadores como el representante de los intereses del desarrollo industrial de Colombia y tuvieron que radicalizar su oposición para formar más adelante la célebre Acción Patriótica Económica Nacional (APEN) en alianza con los terratenientes más recalcitrantes. Los unos contra la política antiindustrial de López, los otros contra la Ley 200 de tierras, formaron la más contradictoria alianza de oposición identificados -no se qué tan conscientemente- frente a la posición proimperialista de quien gestaba la «revolución en marcha». Todavía antes de lanzarse a las grandes reformas, López adopta medidas de gran trascendencia para el futuro petrolero del país. Debe recordarse que la diplomacia norteamericana en Colombia había intrigado sutilmente para que Olaya Herrera no solamente se convirtiera en el candidato del Partido Liberal para las elecciones de 1930, sino para que ganara las elecciones. Un testimonio de Guillermo Valencia, publicado por su hijo Alvaro Pío en el El Espectador para refutar al socialista de «nuevo tipo», Alfredo Vásquez Carrizosa que salía por los fueros del General Vásquez Cobo, su

propio padre, confirma los documentos de los embajadores citados por Randall con lo que se comprueba que el Departamento de Estado presionó hasta conseguir la candidatura de Olaya, embajador en Washington desde el gobierno de Holguín e intermediario de la danza de los millones y de los contratos petroleros . Llegado Olaya al gobierno, se apresura a concederle todas las garantías posibles a las empresas petroleras mediante la Ley 37 de 1931 y les entrega la Concesión Barco. Esta ley suprime todas las limitaciones que habían impuesto legislaciones anteriores a las compañías imperialistas, acaba la autorización al gobierno para declarar caducos los contratos en caso de incumplimiento, disminuye la garantía por hectárea a que estaban obligados los monopolios, anulan las disposiciones que sometían a los extranjeros a las leyes colombianas, disminuye en un 75% los cánones de arrendamiento, elimina el requerimiento de realizar conjuntamente la explotación, permite al concesionario retirar todas su instalaciones y renunciar a la concesión antes de vencerse los 20 años de explotación, reduce las regalías del 11% al 2%, aminora los impuestos a la producción privada, despoja a la nación del derecho de vetar la localización de la refinería, suprime la prueba de la posesión real y efectiva. Fue tan asombrosa la entrega Olaya a los monopolios imperialistas petroleros que llegó a suscitar sospechas en el Congreso de Estados Unidos debido a las negociaciones con sus amigos íntimos gringos, lo cual produjo una investigación contra ellos en su propio país, mientras los copartidarios de Olaya lo llenaban de elogios, alabanzas y sahumerios. En su importante libro sobre el petróleo Jorge Villegas exclama: «Apenas llevaba cuatro años el liberalismo en el poder, después de 45 años de oposición, y en tan breve período superó al conservatismo en su política de entrega de la soberanía nacional al imperialismo norteamericano. Fue más grande su delito de alta traición que el cometido por los gobiernos de Marco Fidel Suárez y Pedro Nel Ospina» . No obstante, López iba a profundizar esta entrega. El gobierno de la «revolución en marcha» ratifica la legislación de Olaya. Pero no solamente eso. Mediante la ley 160 de 1936 le hace aún mayores concesiones al imperialismo. El más grave de los atentados de López consistió en entregarle el subsuelo a los monopolios petroleros, prebenda por la que habían suspirado desde 1919 y que no habían podido conseguir con la legislación de Olaya. Una vez reconocidos los derechos sobre los subsuelos con titulación anterior a 1873, López reduce las regalías establecidas por Olaya -ya bien insignificantes-, a proporciones ínfimas. Suprime, además, las pruebas necesarias para declarar el subsuelo como propiedad privada. Cierra las puertas a cualquier reclamación eventual en el futuro mediante el articulo 5 de la nueva legislación. Aumenta los plazos de los periodos de exploración. Exime a las compañías de presentar los datos geológicos y geofísicos de sus exploraciones, «lo cual hace en la práctica que puedan explorar, ...taponar.. y esperar...» . Exonera del pago de regalías a los crudos que se refinan dentro del país con miras a suplir el consumo interno y liberan durante los primeros años de explotación de una quinta parte de los impuestos a los petróleos que se refinan con destino a la exportación. Y el gran caudillo popular, el supuesto defensor de los obreros, declaró servicio público las empresas petroleras para impedir los movimientos reivindicativos de los obreros y para que los sindicatos allí organizados quedaran cobijados por la fórmula que introduciría en la reforma constitucional del 36 sobre la limitación del derecho de huelga en los servicios públicos. Finalmente, se opuso al establecimiento de una empresa estatal colombiana para la refinanciación del petróleo.

Ningún gobierno conservador había hecho tanto ni ningún gobierno liberal iba a hacer por la Texas Petroleum Co. como este «revolucionario» del Palacio de Nariño. Mientras él recibía alborozado el apoyo del movimiento obrero dirigido por el Partido Comunista, en las antesalas de palacio hacía la más escandalosa entrega de nuestros recursos al imperialismo norteamericano. ¿No era verdaderamente vergonzoso que la izquierda de entonces estuviera en conversaciones con López con el objetivo de conformar un Frente Popular antiimperialista?. Inexplicablemente todos los apologistas contemporáneos de López silencian estos hechos. El Tratado de Comercio sólo recibe una mención de pasada y ninguno de los que defiende a López como el representante de una burguesía industrial progresista se ha tomado el trabajo de examinar el impacto pernicioso que sobre el desarrollo de la industria nacional produjo la liberación de las importaciones norteamericanas. Pero si apenas se menciona el Tratado de Comercio, sobre la legislación petrolera se guarda un respetuoso silencio. Si la «revolución en marcha» no ha pasado a la historia por atentados a la economía nacional como estos dos, sí ha recibido un reconocimiento unánime de todos los tratadistas por su progresista ley de tierras, por su reforma tributaria avanzada y por su revolucionaria reforma constitucional. Resulta imposible en el corto espacio de esta conferencia examinar en detalle la esencia de estas reformas modernizantes y sus consecuencias para el desarrollo del país. Permítaseme, empero, hacer algunas consideraciones sobre cada una de ellas. Una revolución agraria contra el régimen terrateniente y en pro de una radical transformación de la productividad agrícola constituyó el fundamento de la revolución democrática en Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Y en los países feudales o semifeudales en donde se ha operado una revolución socialista, la lucha democrática por una revolución agraria se erigió como la piedra de toque de todo el proceso revolucionario para la construcción de una economía colectivizada. El carácter económico de esa revolución agraria en la Unión Soviética y en China fue democráticoburgués, aunque la burguesía hubiera renunciado a realizarla y hubiera tenido que llevarla a cabo el proletariado en alianza con los campesinos y la pequeña burguesía urbana. Ni en Colombia ni América Latina se ha operado nunca esa revolución agraria, base de la revolución democrática, a pesar de los intentos que en ese sentido adelantaron Mosquera, Florentino González y los radicales en el siglo XIX. ¿Qué significado histórico tiene, entonces, la Ley 200 de 1936, o Ley de Tierras de López?. Dejemos que el mismo López la defina. No hay en su definición sombra alguna de propósito demagógico, sino claridad absoluta de objetivos: «Hemos llegado a un momento del desarrollo económico de Colombia en que nos toca en suerte decidir sobre un tema universal de inmediata aplicación a nuestro país. Tal como lo disponen nuestras instituciones actuales, el gran propietario, el mayor latifundista colombiano es el Estado, y la propiedad privada de la tierra carece en la gran mayoría de los casos de un título perfecto, que examinado a la luz de una jurisprudencia abstracta no diera lugar a un juicio de reversión hacia el Estado. Técnicamente pues, nos encontramos frente a la alternativa jurídica de definir la Nación hacia una orientación socialista, o de revalidar los títulos de la propiedad privada, purificándolos de imperfecciones. El criterio del Gobierno HA ADOPTADO ESTA última ruta. El proyecto de régimen de tierras no tiene otro propósito que el de fundamentar la propiedad, organizándola sobre principios de justicia, y resolver los

conflictos a que ha dado lugar la vaguedad litigiosa de la titulación existente. El Gobierno, acusado de detentar la propiedad privada, os presenta, señores miembros del Congreso, las bases que considera buenas para defenderla y para que la distribución futura de las reservas baldías no lleve envuelto el germen de nuevas dificultades o de impedimento para el desarrollo nacional. ...Para el Gobierno el problema fundamental de la tierra es su explotación económica, y considera que la propiedad privada debe aclarar y justificar sus títulos ante la sociedad vinculando el trabajo a la tierra, o abrir paso a la colonización de las regiones incultas que no pueden continuar siendo indefinidamente reservas estériles, a la expectativa de una lejana valorización que nacería de circunstancias ajenas al esfuerzo de los propietarios» . Podemos resumir los propósitos expuestos por López en los siguientes: 1) purificar de los títulos sobre tierras baldías, tanto de los colonos como de los terratenientes; 2) modificar formas de usufructo como la aparcería, convirtiendo a los aparceros en propietarios o expulsándolos; 3) estimular la explotación económica de la tierra; 4) desarrollar la colonización de regiones incultas. Ninguna de estas propuestas devenidas en Ley afectaron el régimen terrateniente ni lo modificaron en lo más mínimo. La mayoría de los tratadistas interpretan el objetivo del gobierno lopista de estimular la explotación económica de la tierra como la transformación capitalista del campo por medio de la que Lenín denominaba «vía junker» o «vía terrateniente» para la transformación del régimen feudal en capitalista. Todo esto no deja de ser meramente hiperbólico. Ante todo, la ley 200 no modificó la producción agraria colombiana en producción capitalista. Simplemente estimuló coercitivamente la inversión de capital por los terratenientes sin modificar la estructura de la tierra y sin cambiar sus secuelas de minifundio improductivo y latifundio inculto. Si antes veinte mil hectáreas estaban en rastrojo o en pastos naturales de ganadería extensiva, ahora se iba a invertir un capital proporcionado por la Caja Agraria, los bancos, las instituciones financieras, el mismo gobierno o los prestamistas norteamericanos, en quinientas o mil hectáreas. Este procedimiento no ha operado el milagro de que el 85% de la tierra cultivable del país reciba la esperada inversión de capital. Su propuesta de purificar los títulos de tierras baldías no llegaba siquiera a los más tímidos proyectos para solucionar los conflictos de tierras presentados en el trascendental debate de 1933 en el Congreso. Unos socialistas imberbes habían defendido la nacionalización de las tierras. Lleras Restrepo, desde entonces, se había reducido a un plan de crédito de fomento, pero Jorge Eliécer Gaitán había planteado la verdadera revolución democrática con la transformación del régimen terrateniente. En su notable discurso sobre el problema de tierras en las haciendas del Chocho y Sumapaz había salido en defensa de los campesinos: «Creo que el problema agrario en Colombia puede dividirse para su mejor estudio en tres aspectos. Primero: tierras no cultivadas en las que hay que hacer una subdivisión; no cultivada y con títulos legítimos y no cultivados con títulos precarios o ilegítimos. Segundo: tierras cultivadas, con titulación legítima y tierras cultivadas con titulación ilegitima. Tercero: relaciones entre el trabajo humano y el capital agrario... Vamos a analizar cada uno de estos casos, pero permitidme anticipar esta conclusión neta, profundamente sentida por mí. Creo que el país debe llegar a la expropiación de todas las tierras que no estén siendo trabajadas, con la sola excepción de las reservas forestales previamente determinadas por la técnica. Es necesario afirmar igualmente como criterio directivo en estas materias que los derechos sobre la tierra sólo pueden

fundamentarse en el esfuerzo humano, ya que la tierra, como el aire y como el agua, son elementos naturales e indispensables para la vida humana» . Y añadía: «Es que no basta simplemente tener un título y tomarlo en el sentido individualista de nuestro derecho civil. Es necesario imponer un nuevo criterio de equidad social que interprete el derecho a la propiedad de la tierra fundamentándolo en el trabajo a ella vinculado» . La Ley de Tierras del régimen lopista era una respuesta a aquellos conflictos de los colonos y de los campesinos contra los terratenientes y contra el Estado. Jamás su propósito fue revolucionar el campo, sino todo lo contrario, impedir a toda costa que se insurreccionara y lograr atraerlo al Partido Liberal con esa consigna de López que ha signado la trayectoria contemporánea de su partido: «que las masas lo lleven al poder y los sostengan en el poder». Todas las argucias, engaños, ilusiones, demagogias y leyes que sean necesarias para ello, se justifican, mientras no se ponga en peligro el orden establecido reformado y maquillado mil veces. Es muy importante de nuevo el testimonio de un lopista ideológico como es Gerardo Molina sobre el sentido de la Ley 200. Escribe Molina: «El mencionado estatuto no se propone modificar a fondo las estructuras agrarias. En realidad él busca fortalecer la propiedad privada. El hecho era que la mayoría de los propietarios carecían de títulos firmes en contra del Estado, y la jurisprudencia sostenía que para probar la propiedad era necesario demostrar que el Estado se había desprendido de ella. La Ley 200 vino a resolver el problema al prescribir que habían salido del dominio de aquel las porciones que estaban en poder de particulares que las explotaban económicamente, o sobre las cuales ellos podían exhibir títulos privados de veinte años de antigüedad. No buscaba la ley 200, aunque otra cosa se dijera, la redistribución de la gran propiedad agraria» . Toda la algarabía suscitada por esta ley en aquella época procedía de que los terratenientes colombianos no habían sido ni siquiera mencionados por ninguna ley desde 1880 y se consideraban intocables, aún así fuera para volverse grandes usuarios del capital financiero, que era lo que en esencia les proponía López. No estaba entonces el ambiente para esa comprensión. Como sucedió con tantas reformas modernizadoras de López pasada la bulla de la oposición laureanista recalcitrante, todos los opositores se amoldaron, se aprovecharon y, en últimas, la Ley vino a beneficiar a todos los terratenientes cuyos títulos estaban en duda o a quienes de ellos tuvieron oportunidad de comprar los jueces para ampliar sus propiedades. Muy bien lo sintetiza Molina: «Era tal la cerrazón intelectual de los propietarios rurales y su criterio clasista que no comprendían que López deseaba salvarlos y hacerles la economía de una conmoción, siempre que dieran un paso en el sentido de la modernidad. ...Apreciada en términos de evolución histórica, la acción de López era conservadora porque se dirigía a darle al dominio territorial una estabilidad que no tenía» . Finalmente, refirámonos a la modernización del Estado. Esta quedó planteada en cuatro puntos esenciales de la reforma constitucional de 1936 y en la reforma tributaria. Los

cuatro puntos tienen que ver con el régimen de propiedad, la intervención del Estado en la economía, las regulaciones capital-trabajo, las relaciones Iglesia- Estado y el control de la educación por parte del Estado. Pero el aspecto nodal de la modernización del Estado radicó en la institucionalización del capitalismo monopolista de Estado. Ella Implicaba la posibilidad de establecer la planificación económica, la conversión del Estado en un capitalista y un regulador de la economía en materia de inversiones, créditos, finanzas, presupuesto, precios y salarios, etc. Hoy a nadie en Colombia se le ocurre defender que el intervencionismo de Estado, incluido en la reforma constitucional de 1968 como perfeccionamiento del capitalismo monopolista de estado establecido en la reforma del 36, o los intentos de mayor profundización de esta propuesta en la «pequeña constituyente» de López Michelsen, o las diferentes reformas al sistema judicial, constituyan una revolución. En aquella época los conservadores la acusaron de comunista, pero todas las propuestas modernizadoras de López fueron tildadas de comunistas o de masonas por ellos, hasta las mismas relaciones de intimidad con Estados Unidos y más adelante el rompimiento de relaciones con el Eje de la Segunda Guerra Mundial. Era su forma política de oposición y obedecía al convencimiento ideológico de Laureano Gómez. Pero después de 1945 ningún conservador volvió a considerar el intervencionismo de Estado ni como revolucionario ni como comunista. ¿A qué obedeció la firme decisión de López Pumarejo de reformar la constitución y modernizar el Estado? Como vimos al principio, López había logrado incorporar en el programa liberal de 1922 el intervencionismo de Estado como un propósito de su partido. Y allí lo había definido muy claramente. En Colombia no se daba ninguna de las condiciones económicas que habían producido el desarrollo necesario del capitalismo monopolista de Estado europeo y americano. Ni los monopolios industriales, ni los gigantescos grupos financieros, ni tas inmensas inversiones estatales, base material de toda teoría keynesiana tan en boga en ese momento en los Estados Unidos puesta en práctica por el maestro de López, Franklin D. Roosevelt. Toda la economía colombiana se reducía a una incipiente industria, a una banca raquítica sin ningún control sobre el proceso económico, a un Estado en quiebra, sin instrumentos fiscales suficientes. No existía, pues, una base material para el capitalismo de Estado. Pero López había comprendido hacía mucho tiempo que sin esa transformación radical no iría a ser posible la modernización del país, cuyo fundamento tenía que ser el endeudamiento externo, tal como lo había preconizado en los debates de 1922 y lo había incluido en el programa de Ibagué. López estaba claro en un principio económico tomado del desarrollo de las economías imperialistas: que Colombia no avanzaría sin el fortalecimiento del sector financiero. Pero no existiendo una acumulación interna suficiente para producir esa masa inmensa que Lenín llamó «exceso de capital», había que crearle un soporte estatal, capaz de recibir y canalizar el capital financiero norteamericano, fuente de la gran modernización de Colombia. Entonces se propuso fortalecer la economía estatal para abrirle camino al desarrollo del sector financiero. Esa fue, en esencia, la fórmula recomendada por la misión Kemmerer en 1922 y en 1932 como condición de los préstamos norteamericanos y aprendida por López cuando desempeñaba el puesto de primer gerente colombiano de un grupo financiero norteamericano, el Banco Mercantil Americano.

En efecto, a la gerencia de ese banco lo había llevado su experiencia en los negocios particulares de importación y exportación aprendido al lado de su padre Pedro A. López, poderoso comerciante de café en Honda. Se dice que importó a Colombia, en su calidad de intermediario de los norteamericanos, una suma igual a los veinticinco millones recibidos por la indemnización de Panamá antes de que ella se materializara. Pocas veces los financistas norteamericanos han expresado tanta admiración por sus servidores colombianos, como la que profesaban por él el Presidente del Banco Mercantil de New York. Le escribía lo siguiente: «Quiero asegurarle a usted, mi querido Alfonso, que lo que usted ha estado haciendo en favor de nuestros intereses en Colombia, han llevado a todo el mundo aquí, incluso a nuestros directores, a sentir por usted el más alto grado de admiración por su habilidad... usted puede estar seguro... de que lo tendremos siempre presente como ejemplo de lo que se puede hacer, cuando hablamos con los nuevos hombres que van a servirnos en otros países» . El celo con que López defendía los intereses financieros norteamericanos lo llevaron a hacerse sospechoso ante el gobierno conservador por la intervención indebida de Estados Unidos, cuando trató de mediar, con su socio Samper Sordo, en la revuelta de los uniformes el 16 de marzo de 1919. Tiene que intervenir el Departamento de Estado y el Vicepresidente del Banco le envía una nota en la que se estampan estos conceptos sobre López: «Hemos empleado al señor Alfonso López como uno de nuestros gerentes. El es probablemente el mejor banquero latinoamericano que yo haya tenido el privilegio de tratar. Es muy conocido en New York y aparentemente conoce nuestro país también como los del Sur y Centro América. Es inapreciable para nosotros habiéndonos prestado servicios por los cuales estamos obligados para con él» . En la renuncia enviada por López queda muy claro su papel: «No fue ni nunca ha sido necesario que yo acuda a los periódicos para defender mis procederes o conducta; lo hice única y exclusivamente para defender los intereses de este Banco y los de los aliados con él, con los más satisfactorios y benéficos resultados... En el término de doce meses hemos logrado hacer... lo que nuestros más fuertes competidores no han hecho en medio siglo. Ustedes tienen ya aquí la mayor organización bancaria y la mayor institución exportadora y antes de mucho tiempo tendrán también la mayor institución importadora» . Podemos resumir: 1) López fue quien consolidó al Partido Liberal como el partido de la modernización basada en el endeudamiento externo. Para Estados Unidos en su lucha por abrirse campo en América Latina y consolidar su poder en el continente dentro de la lucha que librara a nivel mundial por la hegemonía, un Partido Conservador obsoleto y esclerótico no le servia. Por eso encuentra en el Partido Liberal de López la verdadera opción para modernizar el país, modernización que se constituye en una necesidad insustituible para su exportación de capital a Colombia.

2) La modernización operada por López no toca ninguna de las estructuras económicas que se rigen en el país como un obstáculo fundamental al desarrollo nacional que supere el atraso y construya una industria nacional autónoma, base y condición de la prosperidad de Colombia. La modernización operada por López y continuada posteriormente por los dos partidos tradicionales no ha sacado al país de su postración económica. Ha cambiado todo para que todo siga igual. Por esta razón la modernización lopista no es sino el acondicionamiento de la economía nacional a las necesidades del control que ejerce Estados Unidos sobre nuestra economía. Yo la he llamado modernización imperialista. 3) López representó el surgimiento de una nueva clase en la sociedad colombiana. Uribe Uribe quedó en la historia como el primer intérprete de los intereses de la burguesía industrial, incipiente, sumamente débil, vacilante en política y, al mismo tiempo, tremendamente inconsecuente. Esa burguesía no alcanzó a llegar al poder. Se quedó a medio camino. Uribe es el símbolo de su frustración histórica. López parte de allí, del surgimiento y desarrollo de esa burguesía, pero, al erigirse en el gestor de un partido modernizador por endeudamiento externo y al haber llevado a cabo esos programas en la reforma constitucional de 1936, plasmados en el capitalismo monopolista de Estado y en las bases del desarrollo del sector financiero, López se convierte en el adalid de una nueva burguesía, la financiera, intermediaria y burocrática, cuyos intereses económicos no pueden desligarse del capital imperialista y entran en contradicción con los intereses de la burguesía no monopolista del país. López convirtió al Partido Liberal en el partido de la gran burguesía financiera, monopolista y burocrática. Que ahora todos los intereses se entremezclen con los de los terratenientes y que los partidos se hayan revuelto hasta casi confundirse, no hace sino cumplir lo que Gaitán ya anunciara, que el imperialismo los ha fundido en sus programas e ideologías. 4) López no llevó a cabo ninguna revolución. Por el contrario, lo que hizo fue impedirla a toda costa. Sus reformas fueron el baluarte de su política de neutralización de las masas obreras y campesinas. Maestro en la demagogia, doctrinador de las masas, mago de la palabra, fascinador de las izquierdas, maquinador de todas aquellas transformaciones que no significaran afectar el orden establecido, catequista de la nueva clase dominante, evangelizador del endeudamiento externo, oráculo de la modernización, después de López el país no ha sido igual, es otra Colombia, modernizada, integrada al oleaje del mundo, aunque arrastrando los rezagos de siglos de atraso y de subdesarrollo.

A mediados del Siglo XX: La Convulsión política y Subdesarrollo Económico EL MEDIO SIGLO XX Desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial hasta los comienzos del gobierno militar de Rojas Pinilla podría abarcar este periodo denominado «el medio siglo». Desde el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1946) hasta el golpe militar contra Laureano Gómez (1953) se definiría una de las etapas más convulsionadas e importantes de la historia colombiana del siglo XX. El momento más álgido de la «violencia», el único golpe militar del presente siglo, los primeros «planes de desarrollo» auspiciados por agencias internacionales, los gérmenes del movimiento guerrillero contemporáneo, la abstención electoral del Partido Liberal en dos elecciones consecutivas, el intento de una reforma constitucional de carácter corporativista y cuatro intentos de gobiernos compartidos por los dos partidos tradicionales, son hechos históricos particulares que caracterizan a Colombia al doblar el siglo XX y definen con asombrosa determinación el proceso seguido por el país durante la segunda mitad de esta centuria. La importancia histórica del «medio siglo XX» proviene precisamente de allí, es decir, de que prepara las condiciones inmediatas del FRENTE NACIONAL, no solamente por las necesidades subjetivas que crea, sino por las circunstancias objetivas que desarrolla, ante las cuales los dirigentes que controlan el curso del país en ese momento responden con un extraordinario sentido de defensa propia y de visión realista frente a la situación política nacional e internacional. 1948: UN HITO HISTÓRICO Nunca se sabrá quien asesinó a Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 en pleno centro de Bogotá. Las masas enfurecidas se organizaron espontáneamente y buscaron por toda la ciudad a Laureano Gómez a quien culpaban del crimen. Después enfilaron su ataque contra el Palacio de Nariño acusando al Presidente Ospina Pérez de haberlo mandado matar. No se hizo esperar la respuesta del gobierno sindicando al «comunismo internacional» de un acto de alta provocación destinado a desatar la insurrección y tomarse el poder. El veredicto de las masas quedó inconcluso porque fracasaron en su búsqueda y porque no tuvieron ni la organización ni la dirección suficientes para lograr su cometido. El gobierno, por su parte, rompió relaciones con la Unión Soviética, expulsó a sus diplomáticos, ilegalizó el Partido Comunista y tejió toda clase de fábulas para implicar al estudiante Fidel Castro que, por ese entonces, no pertenecía a ningún partido revolucionario pero que recorría América Latina en una campaña antiimperialista contra la dominación norteamericana sobre el continente. Cuenta Fidel Castro que Gaitán les había prometido a los estudiantes organizadores de aquella reunión latinoamericana, especie de anti-Conferencia Panamericana paralela a la que se celebraba por esos días en Bogotá y a la cual asistía como jefe de la delegación norteamericana el General Marshall, el mismo del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, pronunciar el discurso inaugural y, con ese fin, los habla citado en su oficina para las dos de la tarde de esa misma fecha del 9 de abril. Gaitán había sido vetado por

el Jefe del Partido Conservador, Laureano Gómez, para representar a Colombia en la Conferencia. Temía el gobierno y se horrorizaba Laureano ante la perspectiva de que Gaitán la emprendiera contra Estados Unidos en plena reunión continental. Excluido de la representación oficial del país, Gaitán aceptó la invitación de la conferencia estudiantil antiimperialista y les prometió apoyo económico. Cuando Castro y sus amigos descendían hacía la carrera séptima esperando la hora de la audiencia, ya las masas bogotanas habían empezado a recorrer las calles del centro de la capital enfurecidas por el crimen de su caudillo. En el momento de su muerte, Gaitán era el jefe indiscutido del Partido Liberal. Había llegado a esa jefatura, parte por la claudicación de los demás dirigentes liberales, parte por la extraordinaria ascendencia que habla adquirido sobre el pueblo. Derrotada electoralmente su candidatura presidencial en 1946, convirtió en victoria política dentro de su partido la votación minoritaria que había logrado después de que los demás connotados representantes de la cúpula liberal hicieron mutis por el foro ante la pérdida del poder. Profundas contradicciones de concepción política, de programa ideológico, de estilo partidario se habían desarrollado entre Gaitán y cada uno de los componentes de la exclusiva torre dirigente liberal. Principalmente con Lleras Restrepo, con quien había sostenido una agria polémica en la década del treinta sobre la política agraria, y con López Pumarejo quien lo había destituido fulminantemente de la Alcaldía de Bogotá temeroso como estaba el Presidente de perder su predominio en el liberalismo bogotano ante las masas populares y a cuya reelección se había opuesto radicalmente, sus diferencias se habían hecho cada vez más irreconciliables. Decidido a no aceptar más las imposiciones de la dirigencia liberal lanzó su candidatura a la presidencia para el periodo 1946-1950 contra viento y marea. Fue llenado de oprobio y de insultos por su alevosía. Entre tos tres candidatos, sólo obtuvo el último lugar, pero logró con su votación poner en aprietos al Partido Liberal y desafiar la táctica del gobierno de Ospina Pérez para consolidar un gobierno de colaboración entre los dos partidos tradicionales. Gaitán ganó las elecciones de mitaca en 1947 y el Parlamento quedó de mayoría gaitanista. Fue el preludio fallido de un triunfo electoral de Gaitán en las elecciones presidenciales de 1950. Los primeros meses de 1948 fueron testigos de la «manifestación del silencio» contra la violencia oficial organizada por él, de su oposición contra el colaboracionismo del Partido Liberal en el gobierno y de la postura antiimperialista frente a la Conferencia Panamericana de Bogotá. Por estas razones y por el profundo arraigo logrado en su lucha política, el pueblo asimiló el asesinato de Gaitán como un crimen contra sus propios intereses. Jorge Eliécer Gaitán se sometió a las reglas del juego del Partido Liberal desde 1935 pero nunca abrazó los presupuestos programáticos de las decisivas Convenciones de Ibagué y de Apulo, las cuales definieron el curso de ese partido durante este siglo. El capitalismo de Estado preconizado por ellas coincidía en mucho con el socialismo no bien determinado de Gaitán, pero la concepción critica de éste sobre la estructura política nacional, sobre la organización obrera, sobre el problema de la tierra, sobre las relaciones con Estados Unidos y sobre la dirección exclusivista del Partido, lo mantuvieron en permanente conflicto, unas veces agudizado por las contradicciones internas, otras suavizado por el intento de los jefes liberales de incorporarlo con premios y halagos al liderato oficial.

La insurrección popular del 9 de abril en Bogotá y en muchas regiones del país pudo ser una revolución democrática y antiimperialista contra los dos partidos tradicionales y contra la hegemonía de ellos en el poder. Por encima de todas las contradicciones inherentes a la lucha entre las dos colectividades históricas pudo más en aquel momento su instinto de conservación tantas veces puesto en práctica a través de este siglo. Podría afirmarse que no existió antes ni se ha dado después en la historia contemporánea una situación revolucionaria tan inminente como la de aquel momento. A los gaitanistas y a los miembros del Partido Comunista les competía esa misión histórica. Los primeros depusieron rápidamente su liderazgo en manos de los tradicionales jefes liberales quienes corrieron al Palacio a negociar la toma del poder para terminar coligándose con el Presidente Ospina y reviviendo el gobierno de Unión Nacional tan arduamente combatido por su jefe. Los segundos trataron -como era lógico para quienes se proclamaban voceros de la revolución socialista en Colombia- de aprovechar las circunstancias insurreccionales y la ira del pueblo, impulsaron juntas revolucionarias en pueblos y ciudades, arengaron a los rebeldes e hicieron lo posible por dar directrices y organizarse, Pero llevaban en sus hombros un fardo del cual les quedaba imposible desembarazarse, el de que el pueblo los identificaba como enemigos de Gaitán, no solamente en el terreno sindical en donde lo habían combatido sin tregua, sino también en el campo político porque habían sus jefes ordenado votar en las elecciones del 46 por el candidato oficial del liberalismo contra la candidatura Gaitán, a quien en muchas ocasiones habían acusado de Fascista. Resultaba extremadamente difícil, en esas circunstancias, que las masas identificaran al Partido Comunista como su dirección revolucionaria. En unos sitios más temprano, en otros más tarde, el pueblo detuvo su lucha. Se dio una circunstancia decisiva. En una maniobra maestra, Ospina Pérez le entregó el Ministerio de Gobierno a Darío Echandía, considerado por la única izquierda de aquel momento como modelo de demócrata y posible candidato suyo a la Presidencia. Fue suficiente esta decisión para que el Partido Comunista ordenara a sus efectivos volver a la tranquilidad ciudadana. Gilberto Vieira, Secretario General de ese partido, confiesa: «En cierto grado nuestro partido sufrió la misma pasividad y expectativa ante las negociaciones de Palacio, por más que casi todos los dirigentes y militantes trabajaron activamente en el cumplimiento de tareas que resultaron superiores a sus fuerzas. Pero debemos reconocer que nuestra actitud, fue en ciertos momentos seguidista, porque nos hacíamos ciertas ilusiones en la burguesía liberal. Aunque lanzamos la consigna de un gobierno popular, lo cierto es que esperábamos como la cosa más natural del mundo que Echandía o Santos asumieran el poder» . Regresó, entonces, el gobierno de Unión Nacional, desbaratado antes por Gaitán, mientras el país entraba en una etapa que se denominaría de «la violencia». De ahí en adelante Colombia no iría a ser la misma. 1948 dividió, así, la historia de Colombia del siglo XX en dos partes. De pronto, Gaitán lo hubiera logrado también si hubiera continuado vivo, pero partió con su muerte la historia colombiana contemporánea y su signo sellará este período denominado del «medio siglo». Existieron condiciones prerrevolucionarias, insurreccionales, en que el pueblo se levantó espontáneamente, en que se puso en peligro el gobierno institucional y se organizaron centros de poder independientes. Se abría, bajo estas circunstancias un periodo de transición que culminaría en el FRENTE NACIONAL, pero durante el cual se gestarían también

cambios económicos de trascendencia y se operarían fenómenos políticos que estarán incidiendo en los acontecimientos históricos de finales de siglo. LA TRANSICIÓN HACIA EL FRENTE NACIONAL Durante este periodo se ensayaron regímenes compartidos por las dos colectividades tradicionales en el curso de tres gobiernos. Pero, si se tiene en cuenta las dos etapas del gobierno de Ospina Pérez -antes y después del nueve de abril- los gobiernos compartidos llegaron a ser cuatro: el de Lleras Camargo, los dos de Ospina Pérez y el de Rojas Pinilla, por lo menos hasta el rompimiento con la jefatura de los partidos. Las diferencias ideológicas y programáticas entre el Partido Liberal y el Partido Conservador fueron desdibujándose lenta pero seguramente desde el gobierno de Reyes y de la Unión Republicana, pasando por el «candidato nacional» -Sr. Conchaproclamado por Uribe Uribe en 1914, por los primeros programas de modernización con endeudamiento externo preconizada por el General Ospina y por el gobierno de «concentración nacional» de Olaya Herrera. El mismo López Pumarejo que había defendido arduamente en su periódico El Nacional la colaboración con el General Ospina, conservador, y que se opuso «racionalmente» al experimento de Olaya Herrera con el argumento de la necesidad de los gobiernos de partido, ofreció a Laureano Gómez -su compañero de muchas aventuras políticas-, tal como lo cuenta Lleras Restrepo en sus Borradores para una historia de la República Liberal tres puestos en el gabinete a los conservadores que el mismo jefe de ese partido escogiera. A pesar de las contradicciones que se generaron entre ellos, López Pumarejo hizo nombrar a Ospina Pérez como Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Durante cuarenta años los grandes dirigentes del Partido Liberal, entre ellos sus dos figuras proceras -Benjamín Herrera y Rafael Uribe Uribe- se acomodaron en formas diversas a los gobiernos de la llamada «hegemonía conservadora». En el mismo período liberales y conservadores compartieron los cargos de dirección que orientaron el desarrollo económico del país, principalmente, en la construcción del sector financiero que llegaría a ser la columna vertebral de la economía para mediados de siglo. Unas colectividades históricas, enfrentadas en grandes guerras civiles durante el siglo XIX, no tenían cómo coligarse súbitamente a no ser que ellas mismas o la historia del país hubieran sufrido transformaciones radicales. Sin embargo, este «medio siglo» que sirve de testigo al mayor número de intentos de «frentes nacionales», se constituye en la etapa del peor enfrentamiento y de las más grandes luchas entre el Partido Liberal y el Partido Conservador a lo largo del siglo XX, precisamente durante los años de «la violencia». Esta contradicción es la que consolida ese proceso de transformación de los partidos tradicionales que se venían gestando a través de hechos muy significativos de la historia contemporánea. Lleras Camargo, quien había asumido el gobierno después de la renuncia de López Pumarejo, al examinar la situación nacional e internacional el 11 de agosto de 1945, anunciaba al país que se estaba aproximando un cambio radical en la vida política: «Permitidme, señores» -anunciaba con toda la solemnidad del caso- «que aproveche esta ocasión, ofrecida por vosotros como miembros del partido liberal, al cual pertenezco, en el cual vengo militando desde que inicié mi carrera pública y a cuya adhesión debe ella todos sus desarrollos, para hablar, brevemente, sobre cómo entiendo

que nos aproximamos a una vasta evolución que debe cambiar algunas de las bases de nuestra organización política» . Un mes después nombraba tres conservadores en el nuevo Ministerio, a Fernando Londoño y Londoño de Relaciones Exteriores, a Francisco de Paula Pérez de Hacienda y Crédito Público, y a José Luis López de Economía Nacional. Por eso, haciendo un análisis de la situación creada por las elecciones presidenciales que se aproximaban, definía de la siguiente forma el carácter del cambio que se avecinaba: «La colaboración de los dos partidos tradicionales en las tareas del Gobierno, ofrecida libremente por uno, aceptada por el otro, incondicionalmente, como se hizo conmigo, o sujeta a condiciones, es un elemento esencial de la paz, especialmente en épocas tan oscuras y difíciles como las que vive la República, como forzosa consecuencia de su estrecha vinculación a un mundo destrozado por la más perturbadora de las guerras» . Defendía, además, que las barreras ideológicas y programáticas de los partidos se habían ido borrando, pero solamente entre los dirigentes, mientras en la base de las dos colectividades «se sigue luchando con la aspereza y el rigor de tiempos y circunstancias desaparecidos». Se imponía, para él, superar esta contradicción, porque el país no podía seguir viviendo en esa lucha interna, en momentos en que la situación internacional y las nuevas «exigencias de la economía mundial» requerían un esfuerzo coligado de todas las fuerzas políticas: «Todo ello exige de nosotros un máximo esfuerzo, que no puede ser obra de un solo grupo humano, ni nadie puede realizar contra la oposición intransigente de una parte de la Nación. Tenemos que cambiar, ante todo, nuestra mentalidad agresiva y dogmática, para abrirle campo a la discusión libre y sagaz de los nuevos problemas. Sobre ellos se irán creando, naturalmente, las grandes diferencias del porvenir que sustituyan la intrépida batalla personalista que elude el campo y los motivos contemporáneos para enriscarse en las guerrillas aldeanas, en interminables encuentros estériles. Los partidos, a medida que recojan en sus programas un mayor número de intereses actuales y vivos de los colombianos, irán sufriendo bruscos y grandes deslizamientos de su población electoral, unos a favor, otros en contra. No podrán pretender que interpretan y concilian todos los antagonistas y su acción será más concreta y precisa sobre la opinión, y más arriesgada, en cuanto mejor la refleje» . El Frente Nacional quedaba así planteado por uno de sus futuros ideólogos casi quince años antes de su materialización con una claridad meridiana. Lo exigía la situación de Colombia en el mundo y lo requería la paz necesaria para el desarrollo nacional, eran sus dos argumentos fundamentales. Ospina Pérez coincidiría con estos planteamientos de quien fuera la mano derecha del gobierno de López Pumarejo y establecería dos gobiernos de Unión Nacional, partidos por los acontecimientos del 9 de abril de 1948. Con el acuerdo a que llegaron los comisionados liberales Luis Cano, Carlos Lleras Restrepo, Alfonso Araújo, Darío Echandia y Plinio Mendoza Neira, en la noche del 9 al 10 de abril, fueron nombrados Darío Echandia Ministro de Gobierno, Fabio Lozano y Lozano Ministro de Educación, Pedro Castro Monsalvo Ministro de Agricultura, Jorge Bejarano Ministro de Higiene, Samuel Arango Reyes Ministro de Justicia y Alonso Aragón Quintero Ministro de Minas y Petróleos, con lo cual Ospina le entregaba la mitad del gabinete al Partido Liberal en uno de los momentos más dramáticos de la historia contemporánea. En la misma forma había repartido su ministerio en la etapa

anterior al 9 de abril. De esta manera era fiel a su trayectoria política y a las conclusiones de la Convención Conservadora de 1946, la cual lo había proclamado candidato interpretando su pensamiento y su programa. La Convención había dejado sentado que: «En los años por venir los gobiernos de partido son altamente perjudiciales para los pueblos, entre otros motivos, porque le restan a la labor común de protección y defensa los conglomerados sociales, capacidades y talentos, esfuerzos y virtudes que la sociedad tiene derecho a exigir de todos sus hijos en las horas difíciles de su historia. En tal virtud lo que Colombia necesita en estos momentos es un gobierno de Unión Nacional, no contaminado del espíritu de partido, en que sean llamados a colaborar todos los hombres capaces, para que en completa armonía, en un abrazo apretado de voluntades y esfuerzos, contribuyan a la obra común de progreso y bienestar nacionales. Esta será la forma de gobierno que implante el candidato si le fuere favorable la suerte de las urnas. Ningún espíritu ni exclusivismo de represalia podrá animarlo» . Tres obstáculos se atravesarían al paso de estas propuestas frentenacionalistas y de esta concepción colaboracionista de los partidos tradicionales: 1) la política desarrollada por Jorge Eliécer Gaitán; 2) la posición hegemonista de Laureano Gómez; y 3) la contradicción entre la concepción de los dirigentes y el espíritu de las masas conservadoras y liberales. Desde el día en que Jorge Eliécer Gaitán decidió desafiar con su campaña electoral las jerarquías de su partido en 1944 hasta, por lo menos, la amnistía concedida por Rojas Pinilla a los guerrilleros liberales a mediados de 1953, es decir, por casi diez años, la historia de Colombia quedó signada por la figura de Gaitán. Fue él quien derrotó al Partido Liberal y envió la oligarquía liberal a retiro forzoso. Su campaña política se orientó contra las dos oligarquías, como él mismo llamaba a las jerarquías de los dos partidos, con críticas que iban desde el rechazo a todas las reformas de López Pumarejo hasta el repudio de las prácticas corruptas de la administración pública. No aceptó en ningún momento la colaboración de los liberales en el gobierno de Unión Nacional y colocó su oposición como punto programático de su aspiración a la jefatura del partido. Nombrado jefe único del liberalismo en 1947, condujo las masas liberales a un movimiento de oposición contra Ospina de tal fortaleza que era considerado ya como el próximo triunfador de las elecciones presidenciales. Gaitán se había convertido en una amenaza real y tangible contra todos los intentos de gobierno de coalición entre los dos partidos del tipo que preconizaban Lleras Camargo, López Pumarejo, Santos, Ospina Pérez y otros jefes conservadores, con la excepción de Laureano. Después de su muerte, la sombra de Gaitán mantuvo viva la oposición guerrillera de las huestes liberales del pueblo contra la coalición liberal conservadora y puso en aprietos, sobre todo, a la dirección liberal, -a la misma que se había enfrentado a Gaitán y que había corrido a aprovecharse de su asesinato para exigirle a Ospina les entregara el poder-, cuando requirieron de sus miembros una definición clara frente a la lucha que libraban. Desde la campaña antirreeleccionista contra López Pumarejo en 1942 Gaitán se fue convirtiendo en un obstáculo casi insalvable a la unión de las «oligarquías» y en 1948, cuando tenía en sus manos una de las llaves de la política colombiana, había llegado a ser el elemento decisorio en la intrincada maraña de la situación nacional.

Eliminado Gaitán del espectro político y salvado el peligro de su cerrada oposición a la política de coalición, pasó a primer plano un obstáculo que operaba ya desde mucho antes, pero que no habla llegado a ser tan determinante, la recalcitrante posición hegemonista de Laureano Gómez cuya aspiración máxima consistía en construir en Colombia un baluarte de la hispanidad, una defensa inexpugnable de la civilización cristiana, una réplica del franquismo español, y un eslabón del imperio hispanocatólico. De hecho era a Laureano a quien le correspondía la candidatura conservadora en 1946 por haber dirigido el Partido Conservador desde 1932 y haberlo conducido a las puertas del triunfo, pero su nombre hubiera enfrentado en tal forma las colectividades que el Partido Liberal no habría aceptado en ese momento su presidencia. Los gobiernos de Unión Nacional, el asesinato de Gaitán, los sucesivos rompimientos de la coalición bipartidista debilitaron al liberalismo y lo ablandaron ante la candidatura Gómez. Una vez en el poder, Laureano no perdonó nada. El, personalmente, y su reemplazo, Urdaneta Arbeláez, enviaron los jefes liberales al destierro, trataron de aplastar todas las fuerzas conservadoras emergentes como la de Álzate Avendaño y rompieron sus relaciones con el expresidente Ospina. Ni siquiera perdonó en esa loca carrera arrasadora a la jerarquía eclesiástica, a la que no excluyó de sus diatribas. Obnubilados, los laureanistas no sólo eliminaban toda posibilidad de gobierno coligado, sino cualquier tipo de fisura ideológica o programática en el seno de su propio partido. Lo que llenó la copa fue el intento de establecer una reforma constitucional de tipo corporativista, asesorada por el jesuita Félix Restrepo y ceñida a los principios generales del régimen fascista de Mussolini. Al Senado se le despojaba de su carácter político y se le convertiría en una asamblea gremial; el poder quedaba concentrado en el ejecutivo; se suprimía prácticamente la libertad de prensa y de expresión; desaparecía el derecho de huelga; se ilegalizaban los partidos políticos distintos a los dos tradicionales; las actividades políticas sufrían un control antidemocrático. En la mañana del 13 de junio de 1953, unas horas antes del golpe militar de Rojas Pinilla, publicaba Álzate Avendaño el furioso editorial de su Diario de Colombia contra el proyecto constitucional, en el cual clamaba: «Se pretende con desparpajo convertir el cuerpo encargado de ejercer el poder de reforma, por delegación del congreso, en una recua de acémilas, que avanza bajo las interjecciones y la pértiga del caporal, por la empedrada vía histórica. Es preciso abdicar de la autonomía de la voluntad, los lujos dialécticos, las vanas cavilaciones y el hábito del raciocinio, porque el proyecto asume un dogmático acento laico de verdad revelada... Esta tentativa inverecunda de tocar a somatén y convocar al partido para que congregue en torno al contrahecho proyecto, con olvido de sus principios y sus responsabilidades, está destinada por fortuna a frustrarse. Los delegatarios no han sido ’operados’ como los mayordomos de ciertas herméticas residencias orientales o los cantores de coro en el renacimiento... Es menester evitar que nos embarquemos en un azaroso viaje con rumbo desconocido. Ni la delirante soberanía, ni el espíritu aventurero, deben prevalecer en esta emergencia. Si el malhadado proyecto se adopta, los días del régimen conservador están contados en el reloj de la historia. Tal vez se sostenga transitoriamente por medios coercitivos, pero a la postre el país se encabrita y reacciona, porque no aguanta esa jáquima» . Gaitán, porque iba en pos de un gobierno popular contra las oligarquías; Laureano, porque cabalgaba sobre la obsesión de establecer un régimen hispánico, católico y

corporativo; pero también las masas, porque no perdonaban el asesinato de su héroe o seguían sectariamente la aspiración eclesiástica de gobernar a Colombia como en la Edad Media -la unidad de las «espadas»-; lo cierto es que el frentenacionalismo pregonado y defendido por las jefaturas iluminadas de los dos partidos tradicionales no cuajó en esta etapa. Lleras Camargo lo había vislumbrado al referirse a la contradicción entre el pensamiento de los dirigentes y la tradición de las masas arraigadas en la militancia partidista inflexible. Doce años de conflicto, violencia, sangre y desolación fueron necesarios para madurar la conciencia popular y lograr que aceptara la alianza de las dos colectividades. Se han dado en América Latina golpes de Estado de todo tipo, contra la izquierda y contra la derecha, contra el centro, contra la extrema derecha y contra la extrema izquierda. El único golpe de Estado de este siglo en Colombia no tuvo que ver nada con la izquierda. Fue un acto de desesperación del Partido Conservador en el poder ante la perspectiva de un cataclismo sin precedentes causado por la insania del gobierno laureanista. Pero la ratificación que le dio a Rojas Pinilla la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) el 15 de junio, recibió el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, del Cardenal Crisanto Luque y de los jefes liberales Eduardo Santos, Carlos Lleras Restrepo y Abelardo Forero Benavides, entre otros. El liberalismo, disperso y descuadernado, vio en el golpe de Estado una salida esperanzadora a su desorden y a su desconcierto. En el gabinete del nuevo gobierno tomaron asiento antiguos ministros de Laureano, conservadores de oposición, militares y liberales. No era un gobierno de Unión Nacional, pero los dos partidos tradicionales habían aceptado colaborar. LOS PARTIDOS A MEDIADOS DE SIGLO Los pactos de Benidorm y Sitges, firmados por Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, y el plebiscito de 1957, inaugurarían el período del FRENTE NACIONAL, de gobiernos compartidos institucionalmente, todavía vigente en 1985. Aunque rubricada esa alianza solamente por dos representantes de los partidos tradicionales, poco a poco todos los sectores en que estaban divididas las colectividades acataron los pactos, se sometieron al plebiscito y terminaron compartiendo el gobierno, la burocracia y los privilegios del régimen bipartidista. La trayectoria seguida por el Partido Liberal y el Partido Conservador hasta la consolidación de los acuerdos y el arraigo de las nuevas instituciones, fue sumamente complejo. Echemos una ojeada a ese proceso. Tan dura fue la prueba de la derrota en 1946 para el Partido Liberal que sus jefes hicieron mutis por el foro y Gabriel Turbay, jefe único destronado y candidato vencido, fue a morir de pena en París poco después de la caída del Partido Liberal. Le quedó el camino expedito a Jorge Eliécer Gaitán, bajo cuya dirección resurgió el liberalismo, recuperó el favor de las masas, se fortaleció en el Congreso y estaba listo en 1948 para retomar el poder dos años después. Gaitán tenía asegurada la Presidencia y el Partido Liberal su resurrección. Posiblemente no lo pensaban así los jerarcas liberales destronados que miraban despavoridos los toros desde la barrera. Lo cierto es que el asesinato de Gaitán le devolvió a ellos la jefatura del partido, pero la insurrección popular, la dinámica que adquirió la rebelión de las huestes liberales en el campo, las contradicciones surgidas entre las bases del partido y su dirección, el convulsionado ambiente político de «la violencia» y la audacia hegemonista de Laureano Gómez, produjeron en el Partido Liberal una crisis que no atravesaba desde la primera década del siglo.

Ya no era la separación de la Iglesia y el Estado, ni la reforma agraria, ni la libertad de prensa, ni los principios económicos de acumulación interna de capital, sino el intervencionismo de Estado, el endeudamiento externo, la modernización administrativa y financiera y las concesiones de los recursos naturales a los monopolios extranjeros, lo que inspiraba al liberalismo del siglo XX, puntos todos consagrados en el programa de la Convención de Ibagué, con el que llegaría Olaya Herrera desde la embajada en Washington al solio de Bolívar, López Pumarejo desde la presidencia del Banco Mercantil Americano al Palacio de Nariño y Santos del periodismo todopoderoso a la Presidencia de la República. Uribe Uribe había preconizado esta transformación que tuvo como resultado el surgimiento de un partido ideológicamente socialdemócrata con la misma vestidura tradicional del siglo pasado, mezcla extraña de magnate cubierto con la casaca de los burgueses liberales. Había tenido que superar la persecución implacable desatada en su contra por Núñez y Caro; lanzarse a la Guerra de los Mil Días para sobrevivir; colaborar con Reyes, Carlos E. Restrepo, Concha y Suárez bajo el presupuesto de que así no desaparecería; y presentarse al país como un partido nuevo y renovado. A López y a Santos les correspondió llevar a cabo la tarea de la modernización liberal del país, abierto al capital norteamericano, ceñido a los intereses internacionales en juego, alineado políticamente con Estados Unidos y con una economía de capitalismo monopolista de Estado en moldes feudales. Así arriba el Partido Liberal a las elecciones de 1945 y así afronta la transición hacia el FRENTE NACIONAL que es lo que significa el «medio siglo». En ningún momento desde mediados del siglo XIX el Partido Conservador había dejado de ser un partido férreamente católico en su doctrina hasta el punto de que a principios del siglo XX surgieron partidarios de reemplazar su nombre por el de «partido católico». Sus ideólogos más representativos habían defendido el monopolio eclesiástico sobre las tierras, habían reivindicado la vigencia de la Inquisición, habían denigrado de la revolución francesa, habían condenado como herético al liberalismo y se habían convertido en cruzados defensores de las más depuradas costumbres ancestrales del catolicismo recalcitrante. Pero a finales del siglo pasado se abrió paso dentro del conservatismo una corriente permeable a la industrialización, a la vigencia del capital y a la proletarización tan aborrecida por Núñez. Reyes y el General Ospina la representaron desde el gobierno. Algunos de sus miembros más importantes organizaron con un grupo de liberales la Unión Republicana que gobernó el país en 1910 a 1914. Sin embargo, después de la caída del Partido Conservador de 1930, prevaleció la línea dura, opuesta radicalmente a la penetración del capital norteamericano y apegada a moldes económicos que perpetuaban el atraso. Como decía Aquilino Villegas: «estamos amenazados por la invasión de la gran máquina organizada, productora mecánica incansable, ahorradora de trabajo humano y por consiguiente, devastadora y sembradora de hambre y de terror entre los trabajadores... Es mil veces preferible nuestra pobreza y nuestra ignorancia, nuestra pequeña industria y nuestro artesanado colonial, laborioso y libre, que siquiera asegura el pan de cada día para todos» . Laureano Gómez se empeñó durante la década de los años 30 en un movimiento de repudio a la política pronorteamericana de los gobiernos liberales, de rechazo a la modernización por ellos impulsada y de oposición al alineamiento de Colombia con los

Aliados en la Segunda Guerra Mundial. Se puso de parte de Franco en la Guerra Civil española y defendió abiertamente la obra de Hitler y Mussolini desde su periódico El Siglo. Las condiciones políticas de la división liberal lo llevaron a escoger como candidato de su partido a la presidencia un conservador que no lo enfrentara antagónicamente con el liberalismo y le permitiera a su partido aun ganar votos liberales. Por eso acudió a un miembro del otro sector del conservatismo, identificado con la modernización liberal, permeable a la transformación de la economía que estaba sufriendo el país y partidario de la inversión norteamericana y escogió a Mariano Ospina Pérez quien más adelante llegaría a ser no sólo su rival dentro del partido, sino su verdugo en la política nacional. El gobierno de Unión Nacional no llegaba, pues, por una táctica accidental, como pudo ser el «republicanismo» de Carlos E. Restrepo o la «concentración nacional» de Olaya Herrera, cuando el Partido Liberal apenas iniciaba su transformación o el Partido Conservador todavía se mantenía aferrado a su sectarismo decimonónico. El Partido Conservador en el gobierno se acomodó a la estrategia de desarrollo económico impuesta por el Partido Liberal desde 1930 y, aunque desmontó, por considerarlo nocivo para el proceso de industrialización por «sustitución de importaciones», el Tratado de Comercio con Estados Unidos firmado por López Pumarejo en 1935, mantuvo las pautas generales que dominarían la economía colombiana desde entonces. Las dos colectividades se identificarían cada vez más en este terreno y como, las divergencias religiosas y de concepción del Estado pasarían a segundo plano, sus diferencias se irían reduciendo a simples apreciaciones tácticas o a meras actitudes de estilo político. El decisivo y poderoso movimiento de la Regeneración inclinó la balanza a favor de la clase terrateniente en una lucha secular por el poder del Estado unas veces librada por ella contra los artesanos y las más de las veces contra los comerciantes. Probablemente debido a este triunfo y, quizás, por haber pasado tanto tiempo sin definirse esta contienda, solamente hasta principios de siglo y muy débilmente, fue emergiendo en Colombia la burguesía industrial, la misma clase que en otras partes del mundo había sometido el régimen terrateniente y había ya, para esa fecha, convertido el capitalismo en un sistema de gigantescos monopolios, de inmensos grupos financieros y de un jamás soñado mercado mundial de exportación e importación de capitales. Pero esta burguesía industrial colombiana, en la misma forma como había actuado la latinoamericana, no tuvo arrestos para enfrentarse al régimen terrateniente imperante en el país y el cual constituía una barrera para el desarrollo del capitalismo nacional. No tuvo imaginación, poder y decisión para resolver el problema crucial de la acumulación interna de capital. Prefirió acudir masivamente a la importación de capital y acomodarse a las condiciones y estructuras que ella le imponía. En estas circunstancias fue dependiendo cada vez más del monopolio estatal, de su intervencionismo, del sector financiero y del capital norteamericano. Sin haber llegado a ser una burguesía industrial fuerte y poderosa, se iba convirtiendo en una burguesía burocrática y financiera dependiente de la importación de capitales. Por eso, en lugar de golpear el régimen terrateniente para quebrar su columna vertebral, medidas como la ley 200 de 1936 y la ley 100 de 1944, sólo buscan solucionar conflictos sociales en el campo e introducir el capital financiero a la actividad agropecuaria. De ahí que los terratenientes en Colombia hubieran aceptado el ritmo y las condiciones propuestas por la burguesía y sus contradicciones se hubieran resuelto a la postre en el establecimiento del FRENTE

NACIONAL. Esta etapa de transición del «medio siglo» muestra un gobierno del partido que habla representado tradicionalmente los intereses de los terratenientes acomodado en todo y para todo a las estrategias económicas del partido que, supuestamente, venía defendiendo la burguesía. Como veremos de inmediato, el gran mediador de este acomodamiento, de esta identificación de intereses, de esta alianza de clases y de este entendimiento de los partidos tradicionales, fue el capital norteamericano. PLANES DE DESARROLLO Y DESNACIONALIZACIÓN INDUSTRIAL Cincuenta años de evolución económica, de modernización administrativa y fiscal del Estado, de transformación en la estructura vial del país, de industrialización acelerada, de crecimiento financiero, de desarrollo capitalista en la agricultura, no habían sido suficientes para sacar a Colombia del atraso. El Informe del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento afirmaba en 1950: «el nivel de vida de la mayoría del pueblo colombiano es tan bajo que hay poca controversia al tratar de determinar cuáles son las necesidades más urgentes-..» . A su vez el Estudio de Economía y Humanismo de 1954, dirigido por el P. Lebrel conceptuaba en 1956 con un tono algo apocalíptico: «Colombia al entrar en el ciclo industrial, ha dado los primeros pasos en su desarrollo. Mas las dificultades con que tropieza a causa de su estructura física, del estado de subalimentación o nutrición deficiente del conjunto de su población, de la débil capacidad de ahorro, del vicio de la especulación que ha invadido a sus clases dirigentes y finalmente de la actitud de esperar todo del poder público, son en su totalidad tan considerables que su éxito es problemático si el desarrollo no se orienta correcta y científicamente» . Para 1950 se calculaba la población de Colombia en 11 millones de habitantes con un crecimiento anual de 2.1%, es decir, que casi se había cuadruplicado desde el comienzo del siglo. El índice de mortalidad era muy alto, casi el doble del de Estados Unidos, pero muy semejante al de los países latinoamericanos. La duración probable de vida en el país era de 37 a 40 años, mientras en esa misma fecha, en los Estados Unidos era de 66 y en Suecia de 70 años. La población activa del país llegaba a 4 millones, de la cual el 56.0% se ocupaba en la agricultura, mientras que el empleo en la industria manufacturera apenas llegaba al 5.5%, inferior al de la industria artesanal que representaba todavía en plena mitad del siglo XX casi el 8.0% de la población activa. Cuando en los países económicamente más avanzados del mundo la gran industria representaba a mediados de siglo entre el 30 y el 40% del Producto Interno Bruto, para la misma época lo que en las estadísticas disponibles se denomina industria moderna -para distinguirla de la artesanal- apenas llegaba en Colombia al 16% del total. La década del 45 al 55 sería una de las etapas de mayor crecimiento de la industria dentro del PIB, comparable solamente con la década anterior, porque después de 1955 se estancaría y en los treinta años siguientes su crecimiento no alcanzaría el de ninguna de las dos décadas mencionadas. El nivel más alto de participación en el PIB a que llegará la industria en el treintenio siguiente será el 19.5% en 1975, pero rebajará al 18.7% para mediados de la década del 80. Con el impulso industrial de la década anterior y con el que se estaba dando después de la Guerra Mundial, especialmente en el sector textilero, se hizo necesario invertir en la

agricultura de materias primas y, en esa forma, el capitalismo en el campo tuvo un avance significativo. Pero la estructura de tenencia de la tierra y su utilización no permitían la superación de unos moldes seculares que obstaculizaban el desarrollo agrícola. El informe Lebrel hacía el siguiente diagnóstico: «El minifundismo es uno de los problemas más agudos de la agricultura colombiana. Se le encuentra en la mayoría de los municipios de la zona montañosa, es decir, donde se encuentra más del 80% de la población rural... El latifundismo es uno de los problemas más graves del país... En su mayoría los latifundios no están cultivados, ni aprovechados económicamente» . POBLACIÓN ACTIVA 1925-1950(1) Total Agropecuario Industria Industria Gobierno Manufacturera Artesanal (miles) (%) ( %) (%) (%) 1925. 2.505 68.5 3.4 7.9 — 1930 2.743 66.1 4.1 7.1 — 1935 3.038 64.3 4.4 7.0 — 1940 3.343 62.4 4.6 7.0 2.5 1945 3.647 59.9 5.1 7.3 2.4 1950 3.916 56.2 5.9 7.9 3.0 1980 7.173 35.1 7.1 8.4 5.5 FUENTE: CEPAL, El desarrollo económico de Colombia, para los datos de 1925 a 1950; los de 1980 ver José Fernando Ocampo en «Bases de conceptualización del sector informal y cuantificación a nivel nacional y departamental», publicado por SENA, Estudio de Recursos Humanos. PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL PIB (1925-1985) AÑO % 1925 7.1 1935 8.0 1945 12.6 1955 16.1 1965 18.7 1975 19.4 1985 18.7 (estimado) FUENTE: CEPAL, El desarrollo económico de Colombia; BANCO DE LA REPÚBLICA, Cuentas Nacionales; AND1, La economía colombiana. El 60.5% del total de las fincas tenia en 1954 menos de 10 Has. y ocupaba menos del 7.0% de las tierras cultivables, mientras 8.090 fincas con más de 500 Has., abarcaban una superficie de más de 11 millones de Has., o sea el 40.0% de la tierra cultivable. Escasamente un 10% de los latifundios estaba cultivado y en el conjunto del país los pastos naturales representaban más de la mitad del territorio aprovechable. En esas condiciones, la agricultura no podía lograr el nivel de producción y de productividad suficiente para alimentar a la población, superar la desnutrición y servir de base a un proceso acelerado de industrialización. El BIRF se asombraba del bajo nivel técnico de la agricultura colombiana y hacia el siguiente análisis: «La falta de maquinaria y herramientas modernas, el empleo de semillas, abonos, pesticidas malos y las prácticas agrícolas deficientes son factores de acentuada influencia en la reducida producción agrícola, a los cuales se suman las inadecuadas facilidades de crédito, la falta de educación general y preparación especial, las enfermedades y las dietas deficientes» .

En 1945 se celebró et primer censo industrial, el cual mostró la existencia de 115.000 obreros y 20.000 empleados asalariados. La industria estaba concentrada en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla y el sesenta por ciento de ella se encontraba en fábricas de textiles y alimentos. Uno de los problemas principales consistía en la limitación del comercio interior por la deficiencia del transporte, pero la escasez de materias primas y la necesidad de importarlas asediaba a la industria, especialmente debido a la baja productividad agrícola. El control hegemónico logrado por Estados Unidos sobre la economía mundial en la segunda postguerra produjo un auge de las teorías de «desarrollo económico» estimulado por la necesidad de encontrar un soporte estable y lo más seguro posible de su poderío económico en los países subdesarrollados. En estas condiciones la Comisión Económica para América Latina CEPAL, patrocinada por las Naciones Unidas, configuró un modelo de industrialización para estas naciones que se llamó «la substitución de importaciones», cuya esencia consistía en desplazar aceleradamente, mediante una masiva inversión directa norteamericana, los grandes monopolios productores de bienes intermedios a estos países con el objetivo de que pudieran ahorrar las pocas divisas obtenidas con sus escasas exportaciones. De esa manera las empresas inversionistas utilizarían la mano de obra barata abundante en América Latina y los países del área invertirían sus divisas en la importación de bienes de capital en lugar de gastarlas en bienes de consumo no producidas por ellos. La economía del «medio siglo» en Colombia se caracteriza, pues, por la «substitución de importaciones» activada por la inversión directa norteamericana. El país no contaba con el capital suficiente para impulsar la industria de bienes intermedios, dado el bajo desarrollo de la industria de bienes de consumo, cuya acumulación no garantizaba los recursos internos necesarios para su desarrollo y, mucho menos, para la de bienes de capital. Tanto el estudio del BIRF como el de Lebret dejaron claro que sin el capital extranjero sería imposible la industrialización. Ninguno de los dos estudios -que fueron definitivos para el curso posterior del desarrollo económico de Colombia- planteó salidas de acumulación interna con miras a la inversión industrial. La década del 50 establece definitivamente los parámetros de la economía colombiana para la segunda mitad del siglo. Sus características serán: industrialización de bienes intermedios, monopolización de la producción industrial, control del capital extranjero sobre la industria, crecimiento acelerado del sector financiero, consolidación de un desproporcionado capitalismo monopolista de Estado con relación al conjunto de la economía, incapacidad para superar la dependencia del café, sujeción a la importación de capital para el funcionamiento del sistema. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial la inversión directa norteamericana en la industria manufacturera colombiana fue casi nula, orientada como estuvo por completo al petróleo, a la minería, a los servicios públicos, al transporte, a la agricultura, al comercio y a las finanzas. En 1940, por ejemplo, la inversión norteamericana sumó 117 millones de dólares, cantidad considerable para la economía colombiana en ese entonces, de los cuales el 67.0% fue en petróleo, el 32.0% en minería, servicios, comercio y finanzas, mientras solamente se invertía 1.0% en industria. En cambio, para 1950 había ascendido la inversión en industria al 13.0% y en 1955 al 18.0%, había disminuido significativamente en petróleo y se mantenía en los otros sectores. En términos relativos la inversión en petróleo no alcanzará a duplicarse, pero en la industria

manufacturera aumentará diez veces. Rápidamente el flujo de capital extranjero igualará las proporciones alcanzadas en los años veinte cuando logró niveles del 21.0% sobre el producto bruto. La fórmula prescrita por el BIRF se aplicará al pie de la letra, asegurando que esa inversión norteamericana se asocie a la inversión colombiana y solamente por excepción llegue al control completo de las empresas. Al respecto recomendaba: INVERSIÓN DIRECTA NORTEAMERICANA EN COLOMBIA 1897-1970 Industria Petróleo Otros Total US $ % US $ % US $ % US» (mill.) (mill.) (mill.) (mill.) 1897 0 0 0 0 9 100 9 1914 0 0 0 0 24 100 24 1924 0 0 0 0 84 100 84 1940 1 1 75 67 36 67 112 1946 12 6 126 67 51 27 189 1950 25 13 112 58 56 29 193 1955 58 17 178 53 100 30 336 1960 92 21 233 55 100 24 425 1965 160 30 269 51 98 19 527 1970 229 33 334 48 128 19 691 FUENTE: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en Raúl Fernández, The Development of Capitalism in Colombia, University of California. «Colombia ofrece muchas oportunidades atrayentes para la inversiones extranjeras privadas y podría beneficiarse enormemente de tales inversiones, sobre todo si se combinan con capital colombiano en empresas conjuntas. Las inversiones particulares extranjeras proporcionan no sólo el muy necesitado capital, sino también los beneficios de la destreza técnica y administrativa desarrollada en países altamente industrializados, lo cual tiene casi igual importancia. La alta destreza técnica y los buenos sistemas administrativos, no sólo benefician directamente a la empresa en particular, sino que también ejercen un efecto estimulante en la industria en general» . Una serie de elementos se habían conjugado a principios de siglo para dar impulso a un proceso de industrialización basado en recursos internos de capital y en esfuerzo empresarial propio. No hay duda de que, más adelante, durante la década del veinte, la inversión norteamericana en servicios, comercio y minería facilitaron el establecimiento de nuevas industrias y ampliaron el campo de las ya establecidas. Pero, contrario a lo que podría parecer, los períodos de mayor crecimiento industrial del país, con la excepción del de la década del 50, han coincidido con los años de mayor dificultad externa, tanto para el comercio de bienes de producción como para el mercado mismo de capitales. Así sucedió durante la gran depresión del capitalismo mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando desapareció casi por completo la posibilidad del crédito externo y se limitó la viabilidad de la importación de productos elaborados. Por el contrario, el crecimiento industrial colombiano en la década del 50 se debe, especialmente, a la inversión directa norteamericana, la cual transformó el proceso interno de inversión de capital en el sector productivo de la economía. Hasta el final de la guerra, la evolución de la industrialización en Colombia se basaba sobre todo en la acumulación interna de capital. Al iniciarse en 1946 una masiva importación de capital para inversión directa en la industria, el proceso se invertirla, dando como resultado una desnacionalización acelerada de la producción manufacturera colombiana y causando un sometimiento de ella a los flujos de la inversión directa extranjera controlada desde Estados Unidos según los intereses, condiciones y ritmo de los capitales trasladados, así como a los planes diseñados por los organismos internacionales encargados de planificar la exportación de capitales norteamericano y de otros países exportadores de capital. En esta forma los llamados «planes de desarrollo» se institucionalizarían como mecanismos reguladores de importación de capitales a

cargo de los países subdesarrollados, sometida a reformas fiscales, políticas monetarias, programas de administración pública, modernización del Estado, manejo de las tarifas de servicios públicos y controles salariales y prestacionales a los trabajadores. Realmente, ningún plan de desarrollo abordaría de ahí en adelante las estrategias para sacar a estos países del abismo que los separa cada vez más de los países industrializados del globo. En la década del treinta los dos partidos tradicionales se habían enfrentado por la política de endeudamiento externo e inversión norteamericana; en este periodo lo que hacen es confluir en los programas económicos de inversión directa extranjera y de estructuración de la economía de acuerdo a los parámetros que ella demanda. Esta será la base indestructible del FRENTE NACIONAL. Mientras Colombia se debatía en el atraso haciendo esfuerzos inútiles y dando palos de ciego en su estrategia de desarrollo, Estados Unidos surgía como el país económicamente más poderoso de la historia, la Unión Soviética recorría bajo la dirección de Stalin los últimos años del socialismo establecido por la Revolución de Octubre antes de regresar al capitalismo, China asombraba al mundo con la reforma agraria más gigantesca de la época moderna para establecer el socialismo en un país de seiscientos millones de habitantes, India salía de un siglo largo de colonialismo, Europa y Japón se reconstruían con la inyección de capital proporcionada por el Plan Marshall, y África, sin rumbo muy preciso, se adentraba en una lucha contra el colonialismo con diferente fortuna y diversa orientación política y económica. La lucha por la hegemonía del mundo parecía congelada ante el predominio absoluto norteamericano. La situación iría evolucionando y Estados Unidos iría perdiendo terreno rápidamente, mientras la Unión Soviética, convertida en potencia mundial, avanzaría en los cuatro puntos cardinales. Colombia se mantenía a mediados de siglo en la órbita norteamericana y no saldría de ella, pero tendrá que afrontar en la segunda mitad del siglo la confrontación ineludible entre las dos superpotencias.