ITINERARIOS POLÍTICOS EN AMÉRICA CENTRAL S allvador Mar tí i Puig Prólogo de Arc cadi Oliveras
TIRANÍAS, REBELIONES Y DEMOCRACIA ITINERARIOS POLÍTICOS EN AMÉRICA CENTRAL Salvador Martí i Puig
Salvador Martí i Puig, 2013
Edita: Salvador Martí i Puig, 2013
Diseño y maquetación: www.elaticograco.com Fotografía de portada: Vanesa García
ISBN: 84-695-7787-5
TIRANÍAS, REBELIONES Y DEMOCRACIA ITINERARIOS POLÍTICOS EN AMÉRICA CENTRAL Salvador Martí i Puig
ÍNDICE
EL AUTOR......................................................................................................................... 9 PRÓLOGO ......................................................................................................................11 INTRODUCCIÓN .........................................................................................................15 I. ESPACIOS ...................................................................................................................23 La creación del Estado: “el progreso y la barbarie” ...................................................... 23 El vecino del norte entra en escena ....................................................................................29 La crisis de los años treinta y sus desenlaces .................................................................39 II. TIRANOS ...................................................................................................................51 Los regímenes despótico-reaccionarios ...........................................................................51 Crecimiento, modernización y desequilibrios ............................................................... 71 La crisis del orden excluyente ................................................................................................ 81 III. SUEÑOS ....................................................................................................................89 El imaginario de la revolución ................................................................................................ 89 Las guerrillas: estructura orgánica y estrategia ......................................................... 106 Movilización e insurrección ................................................................................................. 118 7
IV. REVOLUCIÓN ...................................................................................................... 127 La construcción de un “nuevo orden” ..............................................................................127 La hegemonía sandinista y la democracia popular ....................................................131 El FSLN y su organización.....................................................................................................136 El ámbito cultural y simbólico .............................................................................................142 El proyecto económico sandinista ....................................................................................150 V. GUERRA .................................................................................................................. 157 La contrarrevolución imperial.............................................................................................157 La coalición contrarrevolucionaria en Nicaragua...................................................... 166 El Salvador: la larga guerra ................................................................................................... 175 Guatemala: ¿guerra o genocidio? ......................................................................................186 La guerra de agresión en Nicaragua y sus efectos .................................................... 192 VI. DESENLACES ....................................................................................................... 199 Pactos, paz y votos ...................................................................................................................199 La derrota sandinista y la victoria neoliberal ............................................................... 218 Desmovilización... ¿y pacicación? ...................................................................................231 VII. RETOS ................................................................................................................... 239 Instituciones inestables .........................................................................................................241 Los frutos del Consenso de Washington ....................................................................... 249 Los actores en escena ............................................................................................................. 251 MAPAS ......................................................................................................................... 259 BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 267 SIGLAS Y ACRÓNIMOS .......................................................................................... 283 ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................. 287 ÍNDICE DE CUADROS............................................................................................. 289
EL AUTOR
SALVADOR MARTÍ I PUIG
[email protected]
Es doctor y licenciado en Ciencia Política y Máster en Historia de América Latina. Actualmente es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca e investigador del CIDOB, y ha impartido docencia en varios centros de investigación en América Latina, Estados Unidos y Europa. Su área de interés es la política latinoamericana y la acción colectiva. Sobre América Latina ha trabajado sobre procesos de democratización y sobre emergencia de nuevos actores (como los pueblos indígenas). Y sobre acción colectiva ha trabajado sobre movimientos sociales, redes sociales y participación. Es autor de diversos libros y artículos en revistas especializadas. Para mayor información sobre sus trabajos véase: http://usal.academia.edu/SALVADORMARTIPUIG http://campus.usal.es/~acpa/?q=node/64
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
PRÓLOGO
AMAR CENTROAMÉRICA... Salvador Martí es un enamorado de Centroamérica y de sus gentes. Y es precisamente esto lo que le impulsa a contarnos la realidad del istmo y a expresar sus perspectivas de futuro. La realidad que nos presenta —analizada desde un punto de vista histórico, político y social— se descubre muy dura, con todo, Salvador intenta siempre encontrar un contrapunto de esperanza que si bien en un inicio parece un anhelo vago, poco a poco va convirtiéndose en un conjunto de retos que se pueden materializar a fuerza de conciencia y coraje. Nada mejor para criticar y cambiar una realidad que tener un conocimiento adecuado de ella. El libro que tienen en sus manos va desplegándose a través de un relato ameno en el que asaltan, de vez en cuando, reexiones claricadoras y lúcidas que nos hablan del impacto del colonialismo, de las execrables dictaduras, de la necesaria revisión de los conceptos de democracia representativa, de la pobreza y del descenso constante de la calidad de vida, de las diferencias en los niveles de renta, de la inecacia del mercado neoliberal, de la inutilidad de las guerras, de la nefasta realidad de los organismos internacionales que siguen a rajatabla el llamado 11
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
“Consenso de Washington” y de tantas otras lacras que hoy en día afectan al pueblo centroamericano. Pero tal como decíamos, más allá de una situación política y económica desoladora, siempre existen colectivos que están demostrando una notable capacidad de reacción a través de respuestas innovadoras —a la vez que recuperadoras de viejas tradiciones. La reaparición de redes de solidaridad, la reactivación de movimientos sociales heterogéneos y, sobre todo, la convicción de la propia dignidad son un buen augurio. Todos estos elementos nos los presenta Salvador Martí Puig con un tratamiento original y una prosa que nos estimula constantemente a proseguir en la lectura. Y es que el interés del libro aumenta en la medida en que Centroamérica representa exactamente un microcosmos de los problemas actuales que afectan a la economía y a la política de los países del Tercer Mundo. Las dicultades para acceder al uso de la tierra, la dudosa conducta que tienen sobre el terreno muchas compañías transnacionales, la carga nanciera de la deuda externa, la constante emigración, la pésima calidad de las democracias, el velado poder militar propio y ajeno, la difícil disponibilidad tecnológica y el urbanismo desbocado son algunas de las características más destacadas de esta y de muchas otras zonas de un mundo globalizado y enormemente desigual. ...Y ENTENDER QUE SON NECESARIOS MUCHOS CAMBIOS... Pero una parte creciente de la sociedad mundial empieza a mostrar su desacuerdo con el monopolio del libre mercado, con la economía puesta al servicio del lucro y el reino del consumo de la mayoría de los habitantes del Norte frente del universo de la precariedad de los del Sur. Los movimientos sociales, muchas ONG y nuevas sensibilidades políticas piden ya cambios que supongan la aparición de formas más justas de comercio, un mayor control de las empresas deslocalizadas, la abolición de la deuda externa, el aumento de la cooperación, una scalidad supraestatal, la desmilitarización y la reforma en los nes y los métodos de los organismos internacionales. Nos alegra pensar que en el caso de Centroamérica las reformas recomendables podrían ir en la dirección señalada. Sería necesario un pago remunerador a sus exportaciones que evitara hambrunas cíclicas —como las que hoy se viven a raíz de los míseros precios del café. Cabría hacer vigentes las normativas de la Organización Internacional del Trabajo para mejorar las a menudo infrahumanas condiciones de trabajo de las maquilas. Cabría impulsar una cooperación más certera y responsable, puesto que dadas las dimensiones del istmo podría resultar 12
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
fácilmente signicativa. Cabría pensar en la culminación real de unos procesos de paz extremadamente frágiles y, para la mayoría de combatientes, aún con demasiadas promesas incumplidas. Y cabría la puesta en marcha de un activo —y no solo retórico— Mercado Común Centroamericano que diera a la región las capacidades de autoabastecimiento, de negociación comercial y de seguridad alimentaria. Pero evidentemente es preciso que estos cambios se vean complementados por la gestación de iniciativas económicas alternativas que supongan la creación de unidades productivas comunitarias, de cooperativas de servicios, de formas de consumo colectivo, de instituciones nancieras de microcrédito, de sindicatos fuertes y de sistemas de formación profesional. Probablemente en muchas de estas iniciativas correspondería a la mujeres tener un papel de liderazgo. Contando con tales elementos podríamos pensar que la economía cumpliría su principio básico de servir a la satisfacción de las necesidades humanas. ...PARA HACER REALIDAD LAS ILUSIONES Las reformas económicas serían pues el primer paso pero solo eso: el primero. Detrás de ellas tendrían que llegar las transformaciones políticas mediante la puesta en marcha de instituciones más participativas, la completa pacicación que supondría el desarme y la desmovilización, una dignidad ciudadana basada en la vigencia de los derechos humanos, y la creatividad cultural apoyada en la convicción de un orden justo y libre. Pensar en una Centroamérica sin oligarquías, sin corrupción, sin “la embajada”, sin paramilitares, sin guerrillas, sin hambre, sin monocultivos, sin emigración, sin maquilas, es una ilusión por la que interpreto que Salvador Martí apuesta en su Rebeliones, bananas y volcanes. Quedarían los volcanes pero, como es sabido, son mucho mayores las desgracias producidas por los hombres que no las derivadas de la naturaleza. Aprovechemos el libro que tenemos en las manos, nos acercará a una América Central dura y entrañable. Quizás ello nos haga también sentirnos plenamente miembros del género humano. Arcadi Oliveres Presidente de Justicia y Paz Barcelona
13
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
INTRODUCCIÓN
POR QUÉ ESTE LIBRO? Tras una época de euforia, América Central ha desaparecido. O, por lo menos, así parece. Más allá del boom mediático del cual la región fue objeto durante la década de los ochenta, hoy muy pocos se acuerdan de aquella gente entrañable, de aquellos paisajes de vegetación exuberante, de sus volcanes adormecidos de perezoso humear, y de tantas ilusiones y sufrimientos. Posiblemente, este hecho haya sido una de las razones por las cuales decidí escribir un libro como este: para recordar un lugar de nuestro planeta que despertó un notable interés entre aquellos que creyeron —¿y creemos?— que se debían y podían cambiar las cosas desde los connes del mapamundi. Fue a partir de esta convicción y posteriormente de la posibilidad de compartir vivencias en esa región, que América Central y su gente quedó enraizada para siempre en mi geografía sentimental. Es por ello que el libro que tienen en sus manos es a la vez una deuda y un reto. La deuda es doble: en primer lugar con los amigos que habitan en el istmo, pues estas páginas nunca se habrían escrito si no hubiese podido compartir las alegrías, los quebraderos de cabeza, la desesperanza, los anhelos y el tiempo per15
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
dido y ganado con ellos. Por otro lado, es también una deuda con todas aquellas personas que, desde nuestra patria chica, y desde hace ya mucho tiempo, están dando a conocer la realidad hiriente del Sur a todas aquellas personas que lo quieran escuchar y sentir. Es a esas personas a las que muchos jóvenes (y otros ya no tan jóvenes) les debemos la gratitud de haber podido conocer mundos remotos —pero a la vez muy próximos— de los cuales la realidad cotidiana y las preocupaciones del día a día nos alejan. Es a estos últimos, quienes desde hace mucho tiempo (mucho antes de que todas las “movidas solidarias” y las ONG se pusieran de moda) fueron tejiendo un entramado de vínculos entre colectivos de aquí y de Centroamérica, a quienes dedico este libro. Pues no solo nos enseñaron a conjugar la palabra solidaridad, sino que además, en un tiempo en que muchos estaban ensimismados y preocupados por convertirse en europeos satisfechos y altivos, también propiciaron que nos diésemos cuenta de la necesidad de aprender de otras realidades que no guran en el escaparate goloso del Primer Mundo. A todos ellos, a todas las personas que desde hace tantos años están ofreciéndonos los bienes —tan escasos como preciados— de la lucidez, la crítica, la paciencia y el tiempo, les dedico todo lo interesante que haya en este libro. En cuanto al reto, es fácil de entender: se trata de estar a la altura de las dos deudas contraídas y anteriormente mencionadas. Qué puede encontrarse en este libro
El contenido de este libro es de cariz histórico y analítico: el propósito es hacer un balance crítico de los acontecimientos acaecidos a lo largo de la vida de los países centroamericanos tomando Nicaragua como caso vertebrador del relato (1), desde su creación hasta hoy. Sin embargo, es importante mencionar que el libro ahonda su análisis a partir de lo acontecido en los años treinta, pues es la historia más reciente
1) Es preciso que se tenga en cuenta que el libro que tienen en sus manos expone la historia de Centroamérica a partir de lo que ocurrió en Nicaragua. Las razones de este sesgo son múltiples. En primer lugar, debido a la necesidad de articular el texto a partir de un referente, sin el cual el texto hubiese podido no tener n. En segundo lugar, porque la cualidad y la cantidad de las fuentes disponibles sobre Nicaragua no tuvieron parangón con las fuentes de que pude disponer sobre el resto de países de la región. En tercer y último lugar, debido a la convicción de que Nicaragua se convirtió en el epicentro político de cuanto ocurrió en el istmo durante las últimas décadas y, precisamente por ello, era preciso un tratamiento más exhaustivo de todo lo relativo a dicho país. Aún así, y a pesar de las razones mencionadas, es posible que algunos lectores echen en falta referencias sobre algún capítulo de la historia de algún país de la región. Si así fuese, se espera satisfacer la curiosidad de los interesados con la bibliografía que se incluye al nal del libro.
16
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
la que nos aporta mayores elementos para entender lo que ocurre en la actualidad y por qué. En el primer capítulo denominado Espacios, se expone lo que supuso el legado de la colonización española y la posterior división de la región en distintas Repúblicas, así como los distintos proyectos liberales de raíz oligárquica que hubo durante el siglo XIX. Unos proyectos que se fraguaron a partir de la divisa de “orden y progreso” y en un modelo de desarrollo basado en el monocultivo destinado al mercado internacional. Finalmente, en el mismo capítulo se aborda la creciente inuencia de los Estados Unidos en la región y el desenlace político del Crack de 1929 y la posterior crisis de los años treinta. El segundo capítulo, cuyo título es Tiranos, es una radiografía de los regímenes despóticos que se impusieron en cada uno de los países de la región (con la excepción de Costa Rica) durante los años treinta y que perduraron hasta la década de los setenta. A través de la personalidad de aquellos mandatarios y de los esperpénticos sistemas políticos que fueron creando, se analiza la época más oscura de la historia del istmo. Una época de yugo caracterizada por la opulencia de unos pocos y la represión indiscriminada, que fue expresada por el poeta Ernesto Cardenal, en su poema Hora cero, con estas palabras: Noches tropicales de Centroamérica, con lagunas y volcanes bajo la luna y luces de palacios presidenciales, cuarteles y tristes toques de queda. Se trata de la misma realidad que Pablo Neruda reejó, al referirse a la región en su obra Canto general, con estos versos: Delgada tierra como un látigo, calentada como un tormento, tu paso en Honduras, tu sangre en Santo Domingo, de noche, tus hojos desde Nicaragua me tocan, me llaman, me exigen, y por la tierra americana toco las puertas para hablar, toco las lenguas amarradas, levanto las cortinas, hundo la mano en la sangre: 17
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Oh, dolores de tierra mía, oh, estertores del gran silencio establecido, oh, pueblos de larga agonía, oh, cintura de los sollozos. El tercer capítulo —Sueños— trata del imaginario que inspiró a la coalición alternativa y revolucionaria que se alzó y luchó contra el orden excluyente que durante tantas décadas había impuesto la ignominia y la represión. En primer lugar se abordan los impactos de la revolución cubana, de la Teología de la Liberación y de la Teoría de la Dependencia. Luego se expone lo que supuso la creación, la organización y los objetivos de los grupos guerrilleros que pusieron contra las cuerdas a los regímenes mencionados, así como el amplio proceso de movilización social que acabó por hundirlos. Era la época en que Eduardo Galeano retrataba la realidad de estos países —en el tercer volumen de su trilogía Memorias del fuego— diciendo: “Se ha vuelto loco este país: el plomo ota, el corcho se hunde, los muertos se escapan del cementerio y las mujeres de la cocina”. Fue un tiempo de esperanza. Una época en que aquellos que pensaron no estuvieron solamente preocupados por interpretar la realidad, sino también por hacer la realidad más vivible... Pues, como diría Roque Dalton en el poema Carita, los pequeños países de la región necesitaban algo más que losofía y ensayo: Queridos lósofos, queridos sociólogos progresistas, queridos psicólogos sociales, no jodan tanto con la enajenación aquí donde lo más jodido es la nación ajena. El cuarto capítulo trata exclusivamente del proceso revolucionario que vivió Nicaragua desde 1979 hasta el año 1990. Se exponen, en suma, las directrices institucionales, políticas y económicas que se trazaron en esos años para hacer frente a siglos de pobreza, exclusión social y opresión política. En el mismo capítulo también se aborda la organización y la losofía del actor que dirigió este proceso, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), así como sus aciertos y sus limitaciones. Si bien se trata de un período enredado y complejo, es necesario analizarlo desde un ángulo muy preciso: la revolución nicaragüense fue el detonante de un nuevo orden de esperanza y de justicia que se extendió por toda la región y 18
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
que trascendió al resto del continente. Por ello, no es gratuita la anécdota (propia de esos años de ilusión desbordante) que recuerda la escritora Gioconda Belli cuando explica que un día, en una comunidad de una región remota de la geografía de Nicaragua, se encontró a una niña de nueve años que le dijo: “Yo, en las venas, en vez de sangre tengo alegría”. En el quinto capítulo se hace presente una amarga tristeza. Su título es Guerra y, naturalmente, trata de los conictos armados —sarcásticamente llamados “guerras de baja intensidad”— que se instalaron en las sociedades de la región y, sobre todo, en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. El capítulo comienza con la descripción del perverso proyecto diseñado por la administración norteamericana (bajo el mando de Ronald Reagan primero, y luego de George Bush) para combatir los anhelos de aquellos que luchaban por un futuro mejor. En este sentido, no es ninguna locura armar —como anuncia Ken Loach en su película La canción de Carla— que ambas administraciones deberían algún día pedir perdón por sus responsabilidades. Y es que todavía hoy clama al cielo la necesidad de hacer justicia por los crímenes y las reiteradas violaciones de los derechos humanos (y por el genocidio en Guatemala con las políticas del entonces presidente golpista Efraín Ríos Montt, el mismo individuo que desde el año 2000 al 2003 presidió la Asamblea Nacional de ese país) perpetrados con total impunidad a lo largo de más de una década. A pesar de todo, tras el desafuero del dictador Pinochet, tras la exigencia de la verdad histórica a los miembros de la Junta Militarr argentina y la acusación llevada a cabo por Rigoberta Menchú contra Efraín Ríos Montt, podríamos decir que hoy el recuerdo de los desaparecidos nos increpa. Quizás estaba en lo cierto el poeta Roque Dalton cuando decía: Los muertos están cada día más indóciles [...] Hoy se ponen irónicos y preguntan. Me parece que caen en la cuenta de ser cada vez más la mayoría. En cualquier caso, sobre esta cuestión sería preciso repetir —y tener muy presente— la sentencia que Stanley Baldwin escribió y que dice: “Todas las guerras se terminarían si los muertos pudiesen volver”. El sexto capítulo trata sobre —y se denomina— Desenlaces. En él se exponen y se analizan las negociaciones, los procesos de paz y las reformas institucionales de los regímenes de la región. En este sentido, podría decirse que a nales de los años ochenta Centroamérica se convirtió en un laboratorio de ingeniería institu19
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
cional. Como se explica en el libro, la creación de democracias representativas no era lo que perseguían las guerrillas ni la oligarquía. Sin embargo, no resulta difícil armar que estos regímenes son mucho mejores que los anteriores, aunque su funcionamiento no sea precisamente el óptimo. Respecto a estos desenlaces, a menudo se ha dicho que el orden actual representa la derrota de las ilusiones y de los objetivos de tantos cuantos lucharon por un futuro mejor. Es discutible. Es obvio que las propuestas transformadoras (a excepción de lo ocurrido en Nicaragua, a pesar de la agresión que sufrió) no salieron adelante. Pero, tal como dijo Mario Benedetti, poniéndolo en boca de uno de los personajes de su novela Andamios, “Hay una dignidad que los vencedores nunca pueden tener [...] Y debe tenerse en cuenta que esto lo escribió ni más ni menos que Borges, un señor bastante victorioso. Por otro lado, no creo que todas las luchas hayan sido en vano. Artigas, Bolívar, San Martín, Martí, Sandino, el Che, Allende o Gandhi fueron derrotados. Es cierto que el mundo de hoy es más bien horrible, pero si ellos no hubiesen existido, seguramente todavía sería peor”. Finalmente, el último capítulo, cuyo título es Retos, tiene cierta voluntad conclusiva. En el capítulo se habla de los años noventa e inicios de la década actual, de su ambivalencia y de sus contradicciones. Se expone en él el problema de cómo clasicar las democracias que han permanecido (más que “consolidado”) en la región. Pues sus debilidades no se deben solo a disfunciones de ingeniería institucional, ni a la torpe gestión de sus dirigentes (que a veces también), sino que muy probablemente se deban a causas más profundas. Y es que durante los años noventa, por primera vez en la historia de Centroamérica (y de América Latina), se ha observado la convivencia generalizada de regímenes democráticos con políticas que empeoran las condiciones de vida de amplias mayorías. Pero la democratización resulta harto difícil si no va acompañada de una democratización de la sociedad y de una reducción de las profundas fracturas económicas y culturales que hoy resquebrajan los países del istmo. Por esta razón, quizás sea necesario un análisis renovado, más crítico con el estudio de los regímenes que todavía distan mucho de ser plenamente democráticos. Por qué la democracia, más allá de ser un mecanismo competitivo por el cual se decide quién tiene que gobernar un país durante un período, también es una apuesta a favor de la dignidad y la libertad de las personas. Antes de nalizar la obra, sin embargo, también se menciona el activo que las sociedades centroamericanas de hoy tienen y que no tuvieron tiempo atrás: han ganado en coraje y conciencia. Fruto de este activo, que ha sido el resultado de una década de luchas y de movilizaciones, a menudo ha emergido la capacidad de organizarse y manifestar demandas con cierta autonomía. Este avance, recordemos, se consiguió a un alto precio: el esfuerzo de sobreponerse al terror y al miedo vivido a 20
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
lo largo de tantos años de despotismos. Pues nadie es valiente si antes no pasa por el miedo. El coraje viene luego, cuando es posible superarlo y sobreponerse a él. Es precisamente este esfuerzo de tantas y tantas personas anónimas que han luchado por una Centroamérica mejor lo que es preciso mostrar con insistencia a los habitantes de la vieja y hedonista Europa. Una Europa muy proclive al propósito de desmiticar. Propósito que ha llegado muchas veces al extremo de romper todos los espejos en los que poder vernos para ser mejores. Y este exceso se pone de maniesto cuando al nal caemos en la cuenta de que, habiendo roto todos los espejos, todavía nos queda uno: el de la bruja del cuento de la Cenicienta, que nos repite (siendo en realidad nosotros los que ponemos las palabras) que somos los más bellos y elegantes. Es sintomático que en una época de la que se suele decir que rompe todos los moldes, terminemos por quedarnos con el narcisismo y el infantilismo (Fernández Buey, 1998: 11). Por fortuna, en Centroamérica todavía hay muchas imágenes y mitos para proyectar el futuro. Un futuro —según reza la máxima del zapatismo— en un mundo donde tengan cabida todos los mundos. Gracias a quién se ha podido escribir este libro
La confección del presente libro ha sido posible gracias a muchas personas e instituciones. Por ello, antes de entrar en la lectura de cuanto sigue, es necesario hacer referencia a todos aquellos que, directa o indirectamente, lo han hecho posible. En primer lugar es necesario citar a los amigos del equipo de trabajo sobre América Latina que se creó en el área de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona durante el período 1992 a 2003 (2). A todos ellos, a los profesores Ricard Gomà, Quim Brugué, Joan Font y Josep Maria Sanahuja, les agradezco sus comentarios, su colaboración en diversas investigaciones y sus múltiples sugerencias. También debo explicitar el apoyo y los comentarios recibidos por parte de los compañeros del Instituto Interuniversitario de Estudios de Iberoamérica y Portugal de la Universidad de Salamanca y del área de Ciencia Política de la misma universidad. Especialmente a su director, Manuel Alcántara, por ofrecerme el espacio, el tiempo necesario y los materiales con los que poder elaborar la traducción y actualización de esta obra —que vio la luz inicialmente en catalán, en el año 2001. También agradecer a diversos especialistas —sobre todo a Guillermo Mira, Fátima García y Salvador Santiuste de la Uni-
2) Dicho equipo pudo formarse gracias al apoyo de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), institución que nanció cuatro proyectos de investigación durante el período citado.
21
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
versidad de Salamanca, David Close de la Memmorial University, Alfonso Dubois de la Universidad del País Vasco, Andrés Pérez de la University of West Ontario, Frances Kinloch del Instituto de Historia de Nicaragua, Carlos Figueroa de la Universidad de Puebla, Orlando Núñez del CIPRÉS-Managua, Álvaro Artiga de la UCA de San Salvador, Jorge Rovira Mas de la Universidad de Costa Rica y Matilde Zimmermann del Sarah Lawrence College de Nueva York— su paciencia y buena disposición a la hora de leer, comentar y enmendar partes del presente libro. También fue importante para la consecución de este trabajo el apoyo que recibí, durante todo el período en que realicé las tareas de trabajo de campo y análisis, de la Fundació Jaume Boll, del Institut de Ciències Polítiques i Socials, del Institute of Latin American Studies de la Universidad de Londres y de la Casa de Nicaragua de Barcelona. A cada una de estas instituciones así como a sus miembros les agradezco el apoyo y la conanza recibidos (3). Así mismo, expreso mi deuda hacia los amigos que me cuidaron durante las distintas estancias que realicé en Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y México entre 1992 y 2003. En primer lugar, debo agradecer el hogar, la sabiduría y el buen humor de mis colegas Alejandro Bravo, Sergio Flores, Montse Julbe, Nelly Miranda, Quim Rabella, Alberto Romero, Eduardo Mangas, Gabriel Álvarez, Alexei Huper, María Amanda Martínez, Joan Costa, Pedro y Magui Hernández. Debo también mencionar la buena disposición de las personas que integraban los equipos del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana (IHN-UCA) y del Instituto NITLAPÁN, de la misma universidad, en Managua. Finalmente, y de forma especial, quiero agradecer con vehemencia —sin necesidad de citarlos— a todas aquellas personas que con proximidad y dulzura han seguido el desarrollo de este libro y me han dado su apoyo en todo aquello que las instituciones no prestan. A cuantas personas he mencionado, y a muchas otras que no me es posible mencionar en este breve espacio, es a quien el sufrido lector deberá parte de cuanto le satisfaga la lectura y a ninguno de ellos podrá reclamar nada de lo que no le guste cuando se adentre en el texto que a continuación sigue. Banyoles-Salamanca, otoño/invierno de 2003
3) El libro que tienen en sus manos es un trabajo deudor de múltiples investigaciones (entre otras mi tesis doctoral) y textos elaborados con anterioridad, algunos de ellos inéditos. Es posible que el lector observe a lo largo del libro algunas ideas que ya se encuentran en otros trabajos editados previamente, como en Nicaragua 1977-1996. La revolución enredada (1997), América Central,l las democracias inciertass (1998), The Origins of the Peasant-Contra Rebellion in Nicaragua, 1979-877 (2001) y Revoluciones, rebeliones y asonadas. Transformaciones económicas y violencia política en Nicaraguaa (2004).
22
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
I. ESPACIOS
1. LA CREACIÓN DEL ESTADO: “EL PROGRESO Y LA BARBARIE”
El fraile dominico Bartolomé de las Casas, en sus crónicas (1535) se dirigió al Consejo de Indias exponiendo lo siguiente: “Centroamérica es un paraíso del Señor, un goce y una alegría para el linaje humano, con campos tan verdes y fértiles como el mejor jardín de España, y aún así, en veinte años su población ha quedado maltrecha por la crueldad de los conquistadores. En Nicaragua, por ejemplo, de los seiscientos mil habitantes que allí vivían solo han quedado unos quince mil, debido a las enfermedades, a los malos tratos y a las deportaciones de esclavos en masa hacia el Caribe y Perú”. Asimismo, Fernández de Oviedo y Valdés (1478-1557), otro de los pocos cronistas que captó el carácter y el espíritu de la conquista, da una referencia de la primera Centroamérica colonial. En su obra Historia general y natural de las Indias lamentaba la incapacidad de los primeros conquistadores para establecerse en el Nuevo Mundo y armaba que sus vidas y haciendas se malograban en vano y denunciaba, también, a los funcionarios de la Corona, poniendo como ejemplo a un juez que se estableció en la región con el único propósito de gozar del trabajo ajeno 23
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
y, en ningún caso, para realizar la tarea que le era propia, a saber, la de administrar justicia (Oviedo a Brading, 1991: 55). Junto con el expolio y el desgobierno de la administración colonial, otra de las características básicas de la dominación colonial española en Centroamérica, articulada bajo la Capitanía General de Santiago de Guatemala, fue su limitada implantación territorial, circunscrita a las tierras altas y a las zonas litorales del Pacíco —que representaban solamente un tercio del área geográca del istmo. Desde el inicio de la conquista hasta la segunda mitad del siglo XVII, se desarrollaron en América Central, dos polos económicos claramente diferenciados. Uno gravitaba alrededor de la ciudad de Guatemala y comprendía el actual estado mexicano de Chiapas, los países contemporáneos de El Salvador y Honduras, y el norte de Nicaragua hasta el golfo de Fonseca y la ciudad de León. El otro polo, en el sur, se extendía desde la ciudad nicaragüense de Granada, a través del Lago de Nicaragua y del río San Juan, hasta el enclave portuario de Portobelo —hoy en Panamá— y constituía el eje comercial de la zona meridional. Posteriormente, tras la ocupación inglesa de Jamaica en el año 1655, apareció un tercer polo que se extendió a lo largo del litoral caribeño, desde el actual Belice hasta la Costa Atlántica nicaragüense (1). Por lo tanto, el territorio que actualmente conforma Centroamérica estaba dividido en tres áreas de inuencia distintas, como puede observarse en el mapa n.º XX. Desde la segunda mitad del siglo XVII, la economía colonial española, controlada básicamente por los comerciantes de la ciudad de Guatemala, empezó a funcionar como un espacio integrado. No obstante, los conictos entre estos y las distintas elites provinciales fueron constantes. Los conictos entre los intereses locales y las autoridades administrativas de la Corona de los Borbones, que promovían sus pretensiones centralizadoras, perduraron durante todo el tiempo que el istmo estuvo vinculado al poder colonial español. Con la quiebra del vínculo colonial entre estos territorios y la Corona española, la Capitanía General de Guatemala se convirtió, en el año 1821, en una República independiente, aunque en aquellas latitudes (a diferencia de lo que ocurrió en otras regiones del imperio español) no se dio ningún episodio bélico, ni tampoco hubo combate alguno entre rebeldes y lealistas. La Corona española tampoco opuso resistencia a su emancipación. El mantenimiento del dominio político, en un territorio marginal para los intereses de la antigua metrópoli, se evaporó cuando la
1) Se denomina Costa Atlántica nicaragüense a la región oriental del país que se extiende desde el cabo de Gracias a Dios hasta San Juan del Norte, en el litoral del Mar Caribe, y que se adentra varios kilómetros hacia el oeste. Su supercie, 66.542 kilómetros cuadrados, corresponde al 56 % del territorio de Nicaragua.
24
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Corona perdió el control sobre el virreinato de México. El tránsito de la colonia a la Federación Centroamericana se hizo de forma pacíca e inesperada, a la vez que quedaron intactas tanto la estructura administrativa y política de la Colonia, como la persona de su último Capitán General, máxima autoridad del antiguo régimen (Pinto Soria ed., 1993; Woodward, 1991). Pero al fracasar la Federación Centroamericana —que sucumbió en el año 1839 cuando las provincias integrantes rompieron el pacto federal—, paulatinamente fueron surgiendo las distintas repúblicas centroamericanas que heredaron el raquítico espacio económico conformado durante el tiempo de la colonia, así como las antiguas rivalidades y conictos comerciales. Las cinco provincias que conguraban la Federación (con unos límites imprecisos, aunque aisladas entre sí), no pudieron permanecer dentro del pacto federal al no poseer una base económica e institucional suciente para mantener dicho pacto. En ese contexto, las fuerzas centrífugas que se habían cimentado sobre un fuerte localismo provincial (y debido también a distintas concepciones políticas e institucionales) acabaron por imponerse. En los países surgidos con la independencia, las autoridades del gobierno prácticamente no llegaban más allá de los límites de la ciudad en la que residían los funcionarios. En esta dirección, es ilustrativa la sorpresa que el viajero alemán Karl
1838. TEGUCIGALPA Centroamérica se rompe a pedazos mientras el líder federalista Morazán se pelea con una multitud agitada por los monjes. Uno tras otro, se deshacen los frágiles hilos que habían cosido las provincias de esta patria. Costa Rica y Nicaragua rompen el pacto federal y también Honduras se declara independiente. La ciudad de Tegucigalpa celebra con ruido y discursos el fracaso de su héroe que, desde esta tierra, hace diez años que lucha por la unicación. Los rencores provincianos, las envidias y las codicias, viejos venenos, han podido más que la pasión de Morazán. La República Federal de Centroamérica yace rota a pedazos. Pronto serán cinco, pronto seis. Pobres pedazos. Sienten más odio que lástima. (Galeano, 1985: 184).
25
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Schrezer tuvo cuando constató el grado de fraccionamiento del poder político, al descubrir que la carta de presentación que poseía —escrita por el mismo presidente de la República de Nicaragua— no tenía valor alguno en la población cafetalera de Matagalpa. El Prefecto local se lo explicó de esta forma: “El presidente está muy lejos. ¡La autoridad más cercana es siempre la mejor!” (Schrezer, 1857). En el conjunto de Centroamérica, los patriarcas aspiraban a lograr el desarrollo de una economía agroexportadora vinculada al mercado mundial capitalista, con la exportación de café, añil y metales preciosos; mientras, el pueblo organizaba su vida en las comunidades locales practicando una agricultura de subsistencia que proporcionaba todo lo necesario para la alimentación, así como un pequeño excedente que se colocaba en los mercados más cercanos. En el momento de la independencia, todavía había un equilibrio económico y social entre ambos mundos —situación que perduró hasta la primera mitad del siglo XIX. En todos los países de la región (a excepción de El Salvador, que era el país más pequeño y más densamente poblado) el suelo apto para la agricultura era abundante y había distintas formas de propiedad de la tierra: había propiedades estatales, eclesiásticas, municipales, las tierras de las comunidades indígenas, los ejidos y las propiedades agrícolas privadas. Las propiedades estatales representaban aproximadamente el 80 % del total, y en su mayor parte eran vírgenes. La abundancia de tierras y la escasez de mano de obra constituían los rasgos principales de las sociedades centroamericanas del siglo XIX. Por lo general, cualquier persona interesada en cultivar la tierra podía tener acceso a una parcela. A consecuencia de esto, la mayoría del pueblo prefería dedicarse a la agricultura de subsistencia que buscar trabajo en las plantaciones y ncas ajenas. De resultas de ello los terratenientes se desesperaban buscando trabajadores, a la vez que el peonaje por deudas u otras formas de trabajo forzoso no era muy común en la región —sobre todo en los países meridionales (Burns, 1993: 26). Ante esta realidad, los patriarcas, indistintamente del partido al que perteneciesen, estaban indignados con las comunidades indígenas, al tiempo que compartían los postulados derivados de la doctrina siocrática que idealizaba el progreso — entendido como la creciente vinculación de las economías domésticas al mercado internacional y la acumulación de bienes materiales. En consecuencia, el objetivo de los terratenientes era reorientar la economía y la sociedad hacia el mercado internacional. Pero el desarrollo de la economía agroexportadora que dichas elites pretendían exigía, principalmente, la concentración de la tierra, así como la disponibilidad de mano de obra barata. Por otro lado, el pueblo, que continuaba beneciándose del libre acceso a la tierra para cultivar lo necesario para sobrevivir, ignoraba y evadía el trabajo en las 26
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
plantaciones destinadas a la producción para la exportación. A partir de la independencia, y sobre todo después de la segunda mitad del siglo XIX, el interés de la clase dirigente se centró en “redenir” a su favor los mecanismos de control social para así imponer sus valores inspirados en la idea liberal de “progreso”. La experiencia liberal en Centroamérica (y con mayor énfasis en Guatemala, Costa Rica y El Salvador) conllevó un período de cambios institucionales cuya nalidad fue el desarrollo de una economía exportadora, en detrimento de la mayoría de los habitantes. Este “nuevo orden” supuso la disminución del poder económico y político de la Iglesia, el sometimiento de los poderes regionales al poder central y la desestructuración de las comunidades indígenas. Durante la primera fase de este período, que según los historiadores va desde la década de los setenta del siglo XIXX hasta nal de siglo, se registró un cierto crecimiento económico, aunque a un precio social muy alto y distribuyéndose los benecios de forma extremadamente desigual. Como consecuencia, se produjo un débil desarrollo del mercado interno en los distintos países y se dio una mayor dependencia del mercado mundial (Pérez-Brignoli, 1993). Frente a las pretensiones “modernizadoras” de las elites, la mayoría de la población indígena y el creciente sector mestizo nunca mostraron el menor interés en el proyecto de construir un Estado-nación según el patrón europeo. Estos sectores sociales disponían de suciente tierra para trabajar y se sentían satisfechos circunscritos en sus comunidades tradicionales, a la vez que su modo de vida se fundamentaba en un sistema de valores derivado de su propia experiencia local. Así, en la medida de sus posibilidades, los indígenas intentaban mantenerse alejados de los criollos así como de los problemas de estos, y preferían vivir dentro de sus comunidades manteniendo sus propias autoridades y costumbres. A pesar de todo, el choque entre las pretensiones modernizadoras de los patriarcas y los intereses de las comunidades desembocó en prolongadas rebeliones populares que se prolongaron hasta la segunda mitad del siglo XIX. En Nicaragua, por ejemplo, tras veinte años de pasividad y aislacionismo de los colectivos indígenas y populares, estallaron violentas manifestaciones. La promulgación de la ley del monopolio del aguardiente en 1845 y, tres años más tarde, la formulación de un proyecto que pretendía endurecer el control de la distribución y la propiedad de la tierra, fueron los detonantes de múltiples sublevaciones populares. Estas sublevaciones constituyeron las amenazas más serias que tuvieron que enfrentar las elites de la región a lo largo del siglo XIXX (Burns, 1993; Wheelock, 1981). Bajo la amenaza de sublevaciones de este tipo, los patriarcas —independientemente de su aliación partidaria— a menudo congelaron momentáneamente sus rivalidades y unieron sus ejércitos para aplastarlas. Los diversos triunfos militares 27
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
EL TRABAJO FORZADO EN GUATEMALA Declaración de los habitantes del pueblo de Concepción Chiquirichapa ante el presidente Vicente Cerna, realizada el mes de marzo de 1871, para manifestarle las razones por las cuales se oponían a participar en la apertura de un camino: “En la construcción de un camino carretero de Quetzaltenango a Costa Cuca, que solamente beneciaba a aquellos que tenían ncas de café en aquellos lugares, nos quisieron obligar en nombre del Señor Corregidor Occidental del Departamento, el licenciado Don José Flamenco, a que prestásemos sin excepción nuestro servicio personal. Tenemos miles de razones para negarnos a obedecer esta disposición, siendo la primera de ellas que por un pacto celebrado entre nosotros y la autoridad de Quetzaltenango, esta se comprometió solemnemente a no robarnos tiempo si permitíamos, tal como hicimos, que sacasen agua de nuestra fuente comunal [...]. También debemos decir que, si bien sembramos milpa y algodón en Costa Cuca, siempre llevamos a cuestas el producto de nuestras cosechas, y no necesitamos un camino carretero ni carretas para transportar nuestras miserables cosechas. Por estas razones, nos negamos a cooperar con nuestro trabajo en la obra proyectada del camino de carretas, motivo por el cual encarcelaron a nuestro Alcalde y al Secretario, sacándoles encadenados a trabajos públicos. Por todo lo expuesto, solicitamos no ser forzados ni vejados a un trabajo caminero, que ningún bien particular nos proporciona, siendo solamente los terratenientes de Quetzaltenango los que se lucran de esta empresa”. Extraído de Castellanos Cambranes a Fonseca (1996: 167).
de los patriarcas sobre las comunidades indígenas permitieron la progresiva imposición del proyecto económico y político “civilizador”. Los patriarcas interpretaron este progresivo dominio como el inicio de una nueva época para la región. Creyeron prever una época marcada por el signo del progreso. Se trataba, desde su perspectiva, del triunfo de la civilización (concebida como su proyecto agroexportador) sobre la barbarie (materializada en los valores, las costumbres y condiciones de las comunidades indígenas). A partir de ese mo28
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
mento, las relaciones entre la mayoría de los habitantes y los “nuevos amos” serían de subordinación y dependencia. Pero los primeros mantuvieron su independencia a través de una ritualidad propia y de un lenguaje ajeno a los vencedores. En Nicaragua, este tipo de expresión cristalizaría en la gura del guegüense, representado todavía hoy en obras de teatro con personajes enmascarados que hablan una nueva lengua, que no es nahuatl ni castellano, sino una lengua mestiza que se alimenta de miles de expresiones creadas para confundir, desaar y reírse de los amos. El guegüense es un trasgresor, nunca dice lo que cree ni escucha lo que oye, y así consigue que no le aplasten los poderosos. Desde nales del siglo XIX, con un Estado ya dotado de nuevos poderes, los patriarcas impulsaron drásticas reformas para construir a su semejanza las pequeñas Repúblicas que nacían. A partir de ese momento, las estructuras de propiedad y uso de la tierra se transformaron, se desheredó al pueblo y se le empobreció cultural y económicamente. Era el nacimiento de las denominadas repúblicas agroexportadoras. A partir de entonces, en la totalidad del istmo se cerró una coyuntura crítica a la vez que cristalizaron nuevos y profundos desequilibrios sociales, económicos y políticos, en nombre de un progreso que beneciaba a unos pocos perjudicando a la mayoría. 2. EL VECINO DEL NORTE ENTRA EN ESCENA
El interés de la administración estadounidense hacia los países de América Central se desarrolló tardíamente y de forma lenta. La guerra entre Estados Unidos y México, así como las pretensiones nancieras y geopolíticas de británicos y franceses en la zona, conllevaron que la presencia del vecino del norte no empezara a notarse hasta las postrimerías del siglo XIX. También la dureza del clima y el “escaso desarrollo” de la región supusieron graves inconvenientes para los diplomáticos estadounidenses allí destinados. Un buen ejemplo de ello fue que de los once diplomáticos de Washington acreditados en el istmo antes de 1849, tres murieron durante el viaje, dos dimitieron antes de empezar la misión, uno (a pesar de cobrar los honorarios durante más de un año) nunca apareció en la zona y otro, cuando llegó a la capital del país asignado, el gobierno de dicho país nunca le reconoció como tal. De los cuatro que llegaron a su destino y fueron recibidos formalmente, solamente uno permaneció allí más de un año (Black, 1998). Pero a partir de las últimas décadas del siglo XIX, el interés estadounidense (tanto de la administración como de particulares) hacia los asuntos de América Central y del Caribe se incrementó: fue la época en la que se elaboró la Doctrina Monroe. De este “nuevo interés” surgiría la invasión y el posterior dominio de Nicaragua por parte de las tropas mercenarias (reclutadas en Nueva Orleáns y San Francisco) 29
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
EL COROLARIO ROOSEVELT Y LA DOCTRINA MONROE Frente a la incapacidad permanente y el comportamiento erróneo de los gobiernos latinoamericanos, cuyas políticas pueden suponer la disolución generalizada de los vínculos que suponen una sociedad civilizada, se requiere la intervención de una nación que posea un carácter civilizado. Es debido a este hecho que en el ámbito del hemisferio occidental, los Estados Unidos se sienten comprometidos a actuar. Tal como expone la Doctrina Monroe, las circunstancias a veces nos obligan, a menudo contra nuestra voluntad, a ejercer un papel de gendarme del continente en aquellos lugares donde los gobernantes son incapaces de mantener el orden o tienen un comportamiento extremadamente irresponsable. Extraído de un discurso pronunciado por el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, el 6 de diciembre de 1904.
dirigidas por el libustero William Walker. Walker, hijo de Tennesee, periodista y visionario, intentó anexionar Nicaragua (y posteriormente toda la región) a la confederación sudista de los Estados Unidos, en nombre de la civilización anglosajona y de la superioridad de la raza blanca, en 1855. En este capítulo de la historia —denominado generalmente como el de la Guerra Nacional Antilibustera— las elites centroamericanas tuvieron que unir de nuevo sus fuerzas para evitar caer bajo la dependencia directa de la administración estadounidense y para mantener vivo el sueño de crear pequeñas repúblicas liberales (2). Sin embargo, las inquietudes estadounidenses se distribuyeron de forma desigual entre los países de la región. En Guatemala, El Salvador y Costa Rica, las interferencias del vecino del norte fueron discretas e intermitentes. En dichos países las elites estaban atareadas en modernizarr las instituciones estatales e integrar sus pequeñas repúblicas en el mercado internacional mediante el desarrollo de economías agroexportadoras —en las que el café y el añil eran los rubros principales. 2) Fue tras una cruenta guerra cuando, en 1857, los ejércitos de todo Centroamérica pudieron expulsar al invasor Walker. Para más información sobre mercenarios, empresarios y nancieros en Centroamérica a nales del siglo XIXX y principios del XX, consultar LANGLEYY y SCHOONOVER, 1955; SCROGGS, 1974.
30
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
En Nicaragua y Honduras las cosas anduvieron por otros derroteros, aunque las razones y las formas de la intervención en ambos países respondieron a lógicas particulares y distintas. En Nicaragua, el interés de la administración estadounidense era fruto de su posición geoestratégica, es decir, debido a la posibilidad de construir en su territorio el anhelado canal intraoceánico. En Honduras la razón era otra: la presencia directa de intereses económicos de ciudadanos estadounidenses en las exportaciones mineras y, principalmente, bananeras. Tabla 1.1. Intervenciones y ocupaciones militares estadounidenses en América Central y el Caribe, 1898-1933 Cuba Guatemala Haití Honduras México Nicaragua Panamá Puerto Rico República Dominicana
1898-1902, 1906-1919, 1912, 1917-1922 1920 1915-1934 1903, 1907, 1911, 1912, 1924, 1925 1914, 1916-1917 1909-1910, 1912-1925, 1926-1933 1903 1898 1903, 1904, 1905, 1912, 1916-1924
XIX,
las elites vincularon la construcción nacional a dos proyectos: uno, parecido a los de sus vecinos, era la creación de una república exportadora, y el otro, especíco de Nicaragua y más deseado aún, era hacer realidad el célebre proyecto canalero. Precisamente por eso, en el proceso de creación del imaginario nacional, las elites nicaragüenses nunca apelaron a un sujeto social (como sí hicieron las elites guatemaltecas con los colectivos hispanizados del istmo —a causa de la incapacidad de integrar a la mayoría de la población indígena—, o las elites de Costa Rica con su población relativamente homogénea (3)), sino que pensaron que su rasgo distintivo sería el de ser un país franco entre dos mares. Como expone Frances Kinloch (1994: 39-41), quizás no sea exagerado armar que entre 1838 y 1909, la clase gobernante tejió su imaginario nacional alrededor de la idea de
3) Sobre la construcción del imaginario nacional en Guatemala y Costa Rica durante el período liberal, es muy aconsejable el trabajo: PALMER, 1994.
31
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
un destino histórico colectivo —asignado por la naturaleza o por la Divina Providencia— que debía cumplirse, y que era la construcción de un canal interoceánico en territorio nicaragüense. Paradójicamente dicho proyecto precisaba, para materializarse, de la mediación de una potencia extranjera debido a la imposibilidad de nanciar el coste de la obra con recursos internos. Pero encontrar un aliado poderoso dispuesto a asumir los costes de la obra suponía, también, un notable peligro para la soberanía y la integridad territorial del país —al tiempo que generaba contradicciones en las relaciones entre Nicaragua y los demás países centroamericanos. Debido a estas contradicciones, se generó un complejo juego de relaciones entre Nicaragua, las repúblicas vecinas y los Estados Unidos. Como expone el escritor Sergio Ramírez (1994: 408): “la maldición de Nicaragua ha sido su posición entre dos mares y ser la tentación permanente de convertirse en un puerto franco que los uniese”. Fue a partir del año 1869, una vez terminada la obra del Canal de Suez por una compañía francesa presidida por Fernando de Lesseps, cuando se demostró la viabilidad y la importancia estratégica de este tipo de empresas. Evidentemente, ello estimuló el interés del gobierno de los Estados Unidos en la construcción de un canal interoceánico. Inuenciado por esta idea, a principios de 1870, el presidente de los Estados Unidos, Ulises Grant, organizó una misión para estudiar las distintas vías del posible canal, que iban desde Tehuantepec (México) hasta el Darién (Colombia). En 1876, las expectativas nicaragüenses se conrmaron: el informe nal de la Interoceanic Canal Commission recomendó la opción de Nicaragua (Marck, 1944). A raíz de estos hechos, la oligarquía nicaragüense empezó a ver la posibilidad de hacer realidad, a corto plazo, el proyecto del canal. La primera determinación del presidente Joaquín Chamorro (uno de los múltiples miembros del linaje de los Chamorro que han ocupado la más alta magistratura del país) fue precisar la soberanía de Nicaragua en toda la vía, rechazando las reclamaciones de los países vecinos y las pretensiones del presidente de Guatemala —que pretendió, una vez más, la reunicación de toda la región bajo una federación. Paralelamente, el gobierno nicaragüense empezó a establecer contactos para decidir a quién se conaba la construcción del canal, sobre la base de qué términos y bajo qué condiciones. Entre los meses de diciembre de 1876 y febrero de 1877, el gobierno de Nicaragua intentó negociar un tratado con los Estados Unidos, pero no se llegó a ningún acuerdo debido a las “excesivas pretensiones del Secretario de Estado, Hamilton Fish”. Posteriormente, el gobierno nicaragüense estableció contactos y negociaciones con distintos gobiernos y compañías. En un primer momento, en 1879, se selló un contrato para la excavación del canal con una compañía france32
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
sa presidida por Fernando de Lesseps, aunque nalmente este contrato no llegó a concretarse. A partir de entonces se inició un rosario de ofertas y contraofertas realizadas tanto por compañías privadas —como la Provisional Interoceanic Canal Society (que posteriormente adoptó el nombre de Maritime Canal Company of Nicaragua)— como por la propia administración de Washington (4). Finalmente, en diciembre de 1884, el gobierno nicaragüense aceptó la última oferta estadounidense y rmó el tratado Zabala-Frelinghuysen, pero la introducción de la cláusula que estipulaba una alianza con los Estados Unidos contra cualquier otro Estado provocó la reacción de Gran Bretaña. Poco después, el nuevo presidente estadounidense, Gover Cleveland, enterró el tratado al considerarlo perjudicial para sus relaciones con las potencias europeas. Posteriormente, durante el período 1893-1909, cuando se planteó nuevamente el asunto, el jefe del estado de Nicaragua, el liberal reformador y nacionalista José Santos Zelaya, se mantuvo rme en la negativa de ceder a los Estados Unidos la jurisdicción civil sobre la franja territorial de la vía transoceánica. Debido a ello las autoridades estadounidenses nalmente prerieron la opción de Panamá, que sería refrendada por el Senado de los Estados Unidos el 17 de marzo de 1903 (5). Desde entonces, una vez adoptada la opción del istmo del Darién por parte de los Estados Unidos, la administración estadounidense procuró asegurarse el monopolio de las comunicaciones interoceánicas mediante la instauración en Nicaragua de un régimen afín a sus intereses. El pretexto esgrimido para intervenir en dicho país fue el propio de la Doctrina Monroe: poner n a la actitud anti-estadounidense del gobierno de Zelaya y también a la “potencial inestabilidad” que representaba para la región esta actitud soberanista e independiente (6) (Black, 1988: 25-27). Con la caída del gobierno liberal de Zelaya, en agosto de 1910, se dio paso a una administración provisional en la que se sucedieron distintos mandatarios conservadores caracterizados por su total sumisión a los intereses del vecino del norte.
4) Para una visión más amplia y detallada de las negociaciones para el proyecto del canal de Nicaragua y del “problema” de la soberanía, es preciso ver las obras de KINLOCH (1993) y RIPPYY (1964). En lo referente al canal de Panamá, es recomendable leer el trabajo exhaustivo de HOGAN (1986). 5) En el trabajo de FINDLING (1971) puede encontrarse un detallado estudio del curso de las negociaciones y las discusiones que culminaron con la aprobación, por parte del Senado de los Estados Unidos, del itinerario del canal a través de la selva del Darién. 6) La acusación esgrimida fue que eeste había pedido créditos a entidades nancieras franco-británicas y que había establecido acuerdos con sociedades alemanas para la construcción de una línea de ferrocarril que uniese la Costa Atlántica con el Pacíco.
33
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
TRATADO BRYAN-CHAMORRO El gobierno de Nicaragua y el gobierno de los Estados Unidos, animados por el deseo de fortalecer su antigua y cordial amistad [...] y por la posible y futura construcción de un canal interoceánico por la vía del río San Juan y el Gran Lago de Nicaragua, o por cualquier otra ruta sobre el territorio de Nicaragua, [...] han resuelto celebrar una convención para estos nes y, en consecuencia, han nombrado como respectivos plenipotenciarios al General Don Emilio Chamorro, enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Nicaragua en los Estados Unidos, y el Honorable William Jennings Bryan, Secretario de Estado, para que rmen los siguientes artículos: 1. El gobierno de Nicaragua concede a perpetuidad al gobierno de los Estados Unidos, libre de toda tasa o cualquier otro impuesto, los derechos exclusivos y propietarios, necesarios y convenientes para la construcción, operación y mantenimiento de un canal interoceánico, por la vía del río San Juan y el Gran Lago de Nicaragua o cualquier otra ruta en el territorio de Nicaragua [...].
Aún así, el 4 de agosto de 1912, con la excusa de sofocar una rebelión, los Estados Unidos desembarcaron más de 2.700 marines que ocuparían Nicaragua para convertirla en un protectorado (7). La muestra más representativa de sumisión de la República de Nicaragua para con los Estados Unidos fue la rma del tratado Bryan-Chamorro, el 5 de agosto de 1914. Mientras, en Honduras —y en menor medida en Costa Rica y en la Costa Atlántica de Guatemala, Colombia y Nicaragua— la intervención estadouni-
7) La vida política de Nicaragua, desde la ocupación estadounidense de 1912 hasta la década de los años treinta, se desarrolló bajo el signo del sucursalismo. Desde la llegada de los marines, el país perdió su independencia política y scal ((BULMER-THOMAS, 1987: 228). En 1911, con la rma de los Dawson agreements —en los que se establecía que la estabilidad scal era la precondición para la estabilidad política, y que la primera era imposible sin una estrecha supervisión de la administración estadounidense— la intervención de Washington en los asuntos nancieros y monetarios se prolongó a lo largo de todo el período de la política del buen vecino, hasta la década de los años cuarenta.
34
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
2. Para facilitar la protección del Canal de Panamá y los derechos propietarios concedidos al gobierno de los Estados Unidos en el artículo anterior, el gobierno de Nicaragua alquila por un período de 99 años al gobierno de los Estados Unidos, las islas del Mar Caribe conocidas con el nombre de Great Corn Island y Little Corn Island; y el gobierno de Nicaragua concede a la vez al gobierno de los Estados Unidos por el mismo período, el derecho de establecer, operar y mantener una base naval en cualquier lugar del territorio de Nicaragua. El gobierno de los Estados Unidos tendrá la opción de renovar por otro período de 99 años los anteriores alquileres y concesiones cuando expiren sus respectivos términos. 3. En consideración de las estipulaciones anteriores, y con el objeto de reducir la deuda actual de Nicaragua, el gobierno de los Estados Unidos, en la fecha de la raticación de esta convención, pagará a favor de la República de Nicaragua la suma de tres millones de pesos oro, que se depositarán a orden del gobierno de Nicaragua en el banco o bancos que designe el gobierno de los Estados Unidos
dense mantuvo un patrón distinto. Si bien las repúblicas agroexportadoras habían basado su producción en el cultivo del café y del añil, en el último cuarto del siglo XIX apareció un nuevo cultivo: el banano. Este cultivo, sin embargo, respondía a un modelo de explotación singular: se producía en zonas agrícolas alejadas de las áreas urbanas y de los centros de decisión política, y tanto el capital como la infraestructura necesaria para su producción y los directivos de las empresas eran de origen exclusivamente estadounidense. Se trataba de una relación económica que tenía como piedra de toque la concesión. De este modo, la vertiginosa inversión de capital estadounidense en Centroamérica —principalmente en explotaciones bananeras, aunque también en la construcción de ferrocarriles y en explotaciones mientras— dejó a los gobiernos de la región sin ninguna capacidad de maniobra frente a las presiones de las poderosas compañías concesionarias. La producción y comercialización del banano fue la actividad más representativa de las economías de enclave de raíz concesionaria. La siembra de este fruto 35
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
EL CONTRATO SOTO-KEITH El contrato Soto-Keith, rmado en el año 1883 por el gobierno de Costa Rica y el Sr. Minor Keith, fue el primero de este tipo y sirvió de modelo para acordar concesiones en otros países. A cambio de un convenio para el pago de una deuda contraída por el gobierno del país centroamericano, y del compromiso para construir un tramo de la línea férrea, la Compañía del Ferrocarril de Costa Rica (de propiedad estadounidense) recibió tierras y el derecho de explotar el ferrocarril durante noventa y nueve años y, además, fue eximida del pago de los derechos de aduana. Una de las cláusulas más nocivas para la soberanía del estado rmante es la XXII, y dice: “El gobierno de Costa Rica concede a la empresa ochocientos mil acres de terrenos baldíos, ya sea en los márgenes del ferrocarril o en cualquier otra parte del territorio, a elección de esta, con todas las riquezas naturales que en ellas se encuentren, además de la franja de terreno para la construcción del ferrocarril y los edicios necesarios, así como toda clase de materiales que se precisen para la obra y se encuentren en los terrenos mencionados, y los dos lotes que hoy se han medido en Puerto Limón, de propiedad nacional, para construir muelles, bodegas y estaciones, todo ello sin indemnización alguna...”.
Fuente: Archivo Nacional de Costa Rica, Serie Congreso, en: Fonseca, 1996: 199.
se inició en la isla hondureña de Roatán, alrededor de la década de los sesenta, y se vendía a comerciantes estadounidenses de Nueva Orleáns y de Mobile. Fue la sorprendente aceptación que tuvo este fruto entre la población estadounidense lo que motivó a otros propietarios a cultivarlo a gran escala en la costa atlántica de Honduras y en otras zonas del litoral caribeño. En el año 1899 se fundó la más poderosa de las compañías bananeras: la United Fruti Company (UFCO), o como se denomina en Honduras, el pulpo. La creación de la UFCO fue el resultado de la fusión de la Boston Fruit Company con otras empresas de capital estadounidense radicadas en Costa Rica, Panamá y Colombia.
36
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Tabla 1.2. Inversiones directas de los Estados Unidos en Centroamérica, 1897-1929 (en millones de dólares). País Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua AC* AL ** % de AC sobre el total de AL
1897 3,5 6,0 2,0 11,5 304,3 7
1908 17,0 1,8 10,0 2,0 1,0 31,8 748,8 5,1
1914 21,6 6,6 35,8 9,5 3,4 76,9 1275,8 7
1919 17,8 12,8 40,0 18,4 7,3 96,3 1977,6 5,8
1924 13,0 12,2 47,0 40,2 6,8 119,2 2779,3 5,1
1929 20,5 24,8 58,8 80,3 17,3 201,7 3645,8 6,9
*AC: América Central **AL: América Latina Fuente: Torres-Rivas, 1969: 144.
Los rasgos más signicativos de estas compañías fueron la concentración de capital y su capacidad de disfrutar del monopolio de los servicios necesarios para llevar a cabo todo el ciclo productivo —básicamente el transporte ferroviario y el control de los puertos y de los buques mercantes. Obviamente, ambas características supusieron que las compañías bananeras tuvieron la capacidad de obtener fabulosas fortunas que rápidamente se trasladaban a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, las mismas compañías se encargaban del establecimiento y la gestión de los únicos almacenes (los denominados comisariatos) que había en los enclaves productivos —que eran los únicos lugares donde los trabajadores podían obtener los productos de consumo que, claro está, se importaban de los Estados Unidos. Con el tiempo, estas compañías tuvieron también sus propios sistemas de comunicación inalámbrica —la compañía más importante de este sector fue la Tropical Radio Telegraph Company, subsidiaria de la UFCO— y muy a menudo se introdujeron en otras actividades económicas como, por ejemplo, el suministro de energía eléctrica a las comunidades en las que operaban, el cultivo de cacao, la fabricación de hielo y bebidas, la elaboración de jabón, mantequilla, aceite, cerveza y zapatos, y el procesamiento de caña de azúcar. En Honduras (8), país en el que
8) Entre 1925 y 1935, Honduras se convirtió en el primer productor mundial de bananas: exportaba más de veinticinco millones de manojos de esta fruta al año.
37
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
las compañías bananeras tuvieron más importancia (hasta el punto que se conocía a dicho país con el sobrenombre de Banana Republic), las empresas “fruteras” se introdujeron también en la ganadería y en el mundo nanciero. En lo respectivo a las zonas de producción, como ya se ha mencionado, las plantaciones bananeras se localizaban en zonas aisladas y, por lo tanto, las compañías debían construir asentamientos para alojar a los trabajadores. En dichos asentamientos los directivos y los obreros vivían en zonas claramente separadas. Los capataces, los controladores y los superintendentes vivían en cómodas residencias construidas en madera, y disfrutaban del acceso a un club social con sus propios almacenes. Por el contrario, los obreros —que se diferenciaban según las tareas que realizaban (ya fueran corteros, junteros, muleros, estibadores)— vivían en pequeñas barracas que conformaban una especie de poblado en el que, con costo, había un dispensario médico, una escuela y un campo de fútbol. Las condiciones de trabajo de los obreros eran especialmente duras y las pequeñas mejoras que se fueron consiguiendo a lo largo del tiempo, se debieron a las arduas luchas sindicales que convirtieron a los trabajadores de esos enclaves en uno de los colectivos más beligerantes de la clase obrera centroamericana. Lo que acontecía en estos enclaves tenía poco que ver con la vida en el resto del país. Un dato fehaciente de ello es que generalmente la comunicación entre las plantaciones bananeras con las capitales de las respectivas Repúblicas era más costosa que entre dichas plantaciones y algunas ciudades portuarias norteamericanas. Honduras era un buen ejemplo de ello al no haberse construido ningún ferrocarril interoceánico —como sí ocurrió en Costa Rica o en Guatemala. Así las ciudades del litoral hondureño estaban mejor comunicadas con Nueva Orleáns que con Tegucigalpa. A principios del siglo XX, un viaje de La Ceiba a Nueva Orleáns podía durar tres días, mientras que para ir de La Ceiba a la capital del país difícilmente podía emplearse menos de una semana (Posas, 1993: 112). Una de las particularidades más relevantes de la actividad bananera fue el limitado efecto que tuvo en la economía de los países del istmo —debido al aislamiento geográco de las plantaciones y a la inexistente política scal de esos estados—, así como la independencia que gozaron las compañías bananeras frente a las autoridades políticas nacionales. Precisamente y debido a esta última característica, cuando dichas compañías se convirtieron en grandes transnacionales incidieron cada vez con más intensidad en la política doméstica de estos países. El caso más extremo fue el de Honduras, donde las compañías bananeras pusieron en cuestión en más de una ocasión la soberanía del estado en el litoral atlántico, otorgando sobresueldos a los funcionarios locales y regionales para subordinarlos a su voluntad. 38
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
LA VIDA EN LAS PLANTACIONES BANANERAS DESCRITA POR LOS NOVELISTAS Las condiciones de vida de los trabajadores de las plantaciones bananeras fueron fuente de inspiración de obras con un notable contenido de protesta social. Entre ellas destacan la “trilogía del banano” del escritor guatemalteco y Premio Nobel Miguel Ángel Asturias, compuesta por Viento fuerte (1949), El Papa Verde (1950) y Los ojos de los enterrados (1960). Asimismo, hay obras testimoniales como Mamita Yunai (1940), del escritor costarricense Carlos Luis Fallas, y Prisión Verde (1950), del escritor hondureño Ramón Amaya Amador. En este mismo sentido, en las novelas de Gabriel García Márquez a menudo pueden encontrarse pasajes que recuerdan la vida en las plantaciones.
Uno de los medios más utilizados por las compañías para imponer sus intereses fue el de promover la carrera política de los líderes políticos que se revelaron como aliados ables. Es un hecho conocido que importantes políticos hondureños fueron abogados de la UFCO. Entre ellos cabe destacar a personas tan relevantes como Juan Manuel Gálvez, presidente de la República, Presentación Quezada, vicepresidente de la República, y Plutarco Muñoz, presidente del Congreso Nacional. Durante los años veinte, la empresa subsidiaria de la UFCO en Honduras asumió como una tarea prioritaria promover la carrera política de los candidatos del Partido Nacional que le eran eles. Al mismo tiempo, la Cuyamel Fruit Company, principal competidora de la United, decidió respaldar políticamente al Partido Liberal, la otra gran formación política del país (Posas, 1993: 155-156). El conicto entre la UFCO y la Cuyamell propició y estimuló las disputas fronterizas seculares entre Honduras y Guatemala, como cuando ambos países estuvieron a punto de iniciar una guerra en la que la Cuyamell respaldaba las demandas de Honduras, mientras la UFCO, que tenía intereses en ambos países, intentó mantener la neutralidad. Ante dicha eventual confrontación, un lúcido diplomático guatemalteco escribió: “No se trata de una guerra de hermanos sino de bananos”. 3. LA CRISIS DE LOS AÑOS TREINTA Y SUS DESENLACES
La crisis capitalista mundial de la década de los treinta no supuso, en los países centroamericanos, el nal del orden excluyente, como sucedió en otros países del 39
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
subcontinente. En lo concerniente al istmo, este período supuso la agudización de las contradicciones y las debilidades de un modelo político autoritario y de un esquema de desarrollo orientado al exterior. El colapso de los precios, la caída de las entradas netas de capital exterior y la reducción de los ingresos scales, ejercieron una presión sin precedentes en el modelo agroexportador. Los desajustes temporales causados por las uctuaciones del mercado mundial eran problemas conocidos por los mandatarios centroamericanos, así como los instrumentos políticos para enfrentar este tipo de crisis cíclicas. Pero la crisis económica del Crack de 1929 fue de tal calado, que las respuestas tradicionales fueron totalmente inadecuadas y la reacción política posterior conllevó el colapso del modelo oligárquico liberal en cuatro de las cinco repúblicas, así como una notable reforma del sistema en Costa Rica. En el período comprendido entre 1930 y 1945 no aumentó la capacidad productiva interna ni se diversicó la exportación, al mismo tiempo que los precios del café sufrieron la caída más violenta de su historia. En Costa Rica, en 1932, las exportaciones se situaron en su nivel más bajo y no recuperaron el de 1929 hasta el año 1945. A partir de 1929, y por un período de cuatro años, las exportaciones en Nicaragua, El Salvador y Guatemala sufrieron una reducción del 55 %. Los precios de los productos más representativos destinados a la exportación no se recuperarían hasta terminada la Segunda Guerra Mundial. Como sucedió en el resto de los países de América Latina, los gobiernos del istmo fueron acusados sin dilación de inoperancia e incapacidad por la oposición política, pero en el istmo la “oposición” —a excepción de Costa Rica— era demasiado débil para representar una alternativa coherente y sólida frente a la elite dominante. La depresión afectó todos los aspectos de la vida económica. La crisis agraria se tradujo en un abandono transitorio del cultivo de café, en el desalojo de tierras y la desocupación campesina; el paro se extendió a las ciudades afectando gravemente a las clases populares y a las reducidas clases medias; el comercio y la administración pública redujeron su actividad a la mínima expresión. El desenlace, ante la agitación de las masas y la amenaza al statu quo que representaba la movilización popular, fue el abandono de las formas liberales y el surgimiento de un modelo político basado en la represión y la coerción, aunque este se concretó de forma distinta en cada uno de los cinco países. Los episodios más signicativos de la nueva realidad política fueron la brutal represión en El Salvador y el enfrentamiento en Nicaragua entre un ejército guerrillero y las fuerzas ocupantes estadounidenses. En Costa Rica, Honduras y Guatemala también hubo acontecimientos importantes. Mientras en Guatemala y en Honduras la depresión sirvió para consolidar las políticas autoritarias de Jorge Ubico (1931-1944) y de Mejía Colindes y Tibur40
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
cio Carías (1929-1933 y 1936-1944, respectivamente), en Costa Rica el Crack de 1929 y la subsiguiente depresión desacreditaron el dogma del mercado y facilitaron el éxito de la losofía intervencionista. En dicho país, el valor en dólares de las exportaciones cayó de 18 a 8 millones entre los años 1929 y 1932, y el de las importaciones de 25 a 5 millones en el mismo período. La crisis del comercio exterior afectó las tasas aduaneras reduciendo drásticamente los recursos del Estado y agravando el décit scal. En dicho marco, el colectivo que sufrió las peores consecuencias fue el de los asalariados, que fue también el colectivo más activo en el momento de movilizarse —como se demostró en la marcha de desempleados que se realizó en San José, en el año 1933, la cual nalizó con violentos enfrentamientos con la policía; o la huelga de los trabajadores de los enclaves del Caribe que paralizó la actividad de la UFCO en el año 1934. Esta agitación social condujo —contrariamente a lo que ocurrió en el resto de países de la región— a una mayor intervención del Estado en la economía y en la sociedad: se aprobó un salario mínimo para los jornaleros en 1935; se llevó a término una reforma bancaria que reforzó el control estatal de la oferta de dinero; se realizaron políticas de incremento del gasto público (como la construcción de obras públicas) para crear empleo, y se fomentó una modesta expansión industrial para la sustitución de importaciones (Molina y Palmer, 1997: 71-72). En las siguientes páginas se verán los dos casos más importantes: la revuelta popular que tuvo lugar en El Salvador y su represión, y el enfrentamiento militar entre la guerrilla de Sandino y los Estados Unidos, en Nicaragua. El Salvador: reforma, revolución y represión
En El Salvador, en la noche del 22 de enero de 1932, parecía que la naturaleza había enloquecido: los volcanes de la sierra que vertebra Centroamérica entraron simultáneamente en erupción; también el volcán de Izalco, conocido como el Faro del Pacíco, entró en erupción. Por todas partes las lenguas de lava empezaron a recorrer las lomas de los volcanes y a su luz se pudo ver a grupos de indígenas armados con palos y machetes que ocuparon los poblados de los alrededores. Antes de que saliera el Sol, en la zona noroccidental del país, había estallado una insurrección (9). Estos hechos y su sangriento desenlace —la matanza de 30.000 campesinos— han marcado la historia reciente de El Salvador.
9) Para leer una descripción detallada de los hechos de 1932 es preciso ver la obra ya clásica de: ANDERSON, 1982: 10-11.
41
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
LAS REIVINDICACIONES DEL PARTIDO COMUNISTA DE COSTA RICA A RAÍZ DE LA HUELGA BANANERA DE 1934 “Los huelguistas piden una mejora en sus reivindicaciones laborales. Piden un salario mínimo de seis colones al día, que es lo mínimo con lo que se puede vivir en la región del Caribe. Piden la abolición del trabajo por tarea; que haya más médicos y medicinas en cada nca que tenga más de diez trabajadores; que las herramientas de trabajo vayan a cuenta del patrón (pues ahora las hachas, palas y machetes los compra cada trabajador); que se pague puntualmente en dinero en efectivo; que los precios de los comisariados sean los mismos que aquellos de los establecimientos en plaza. A la vez, los huelguistas rechazan los contratos Cortés-Chittenden, y piden que la fruta se pague a cincuenta centavos oro a los pequeños propietarios [...]. Estas son las reivindicaciones por las que miles de trabajadores luchan heroicamente en la zona Atlántica”. Extraído del Maniesto Comunista, publicado en el periódico La Tribuna, 14 de agosto de 1934; en: (Fonseca, 1996: 207).
La situación económica de El Salvador tras el Crack de 1929 fue catastróca para los sectores con el nivel más bajo de ingresos, a la vez que el gobierno demostró una incapacidad agrante para mejorarla. En El Salvador el tránsito del Estado oligárquico liberal a una dictadura se complicó y fue más trágico que en el resto de países de la región (10). Los proyectos aperturistas y reformistas de un sector aperturista de la elite (entre los que estaba la posibilidad de establecer un salario social mínimo) indignaron al resto de la clase política y a la totalidad de elite económica salvadoreña, quienes apoyaron, en 1931, al golpe de estado liderado por un militar, el entonces vicepresidente de la República: Maximiliano Hernández.
10) A nales de los años veinte e inicios de los treinta apareció en El Salvador una corriente reformista dentro de la elite gobernante personalizada en el mismo presidente de la República, Pío Romero Bosque, durante los años 1927 a 1931, y por su sucesor, Arturo Araujo. Su intento aperturista creó un hondo malestar entre las elites tradicionales. El tenebroso desenlace de este episodio de la historia salvadoreña está muy bien trazado en la obra de James DUNKERLEYY (1985: 15-31).
42
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Y es que a principios de los años treinta, la situación social en El Salvador era realmente crítica. Como expuso en un informe el almirante Harris —un Mayor del ejército de los Estados Unidos destacado allí—, por las calles de San Salvador podía verse un gran número de coches lujosos en medio de una multitud de desheredados. Entre las reexiones de Harris es posible leer frases como: “No existe ningún tipo de clase media entre los muy ricos y los muy pobres [...]. Por las conversaciones que he mantenido con la gente, parece que casi el 90 % de la riqueza está concentrada en el uno por ciento de la población. Treinta o cuarenta familias poseen todo lo que hay en el país. Estas viven con todo tipo de privilegios y envían a sus hijos a estudiar a Europa [...]. Creo que la situación en El Salvador hoy, debe ser bastante parecida a la de Francia, Rusia o México antes de la revolución. Esta situación es un terreno fértil para el comunismo [...]. Hace pocos días —el primero de diciembre del año 1931— se retuvieron y conscaron en la ocina de correos, unos cuantos kilos de literatura comunista enviada desde Nueva York. Parece que las autoridades empiezan a darse cuenta de la peligrosidad de la situación y luchan contra inuencias comunistas y socialistas [...]. Una de las cosas positivas es que la gente no pasa hambre —el clima lo permite: todos tienen acceso a un poco de fruta, vegetales o madera cuando quieren— y como la gente nunca ha tenido nada, tampoco sienten que tengan que poseer nada [...]. Una revolución socialista o comunista puede contenerse algunos años, diez o veinte, pero si llega a estallar puede ser sangrientaa (11)”. Aunque al principio el “nuevo presidente” golpista Maximiliano Hernández no gozaba del beneplácito de los Estados Unidos ni de la totalidad de la elite nacional, a causa de la agitación social en el campo pronto toda la clase acomodada acabó por cerrar las a su lado. La frustración producida por el desempleo y la reducción de salarios en el sector cafetero, y la incipiente penetración del recientemente creado Partido Comunista —liderado por Agustín Farabundo Martí— asustó a los terratenientes y a las autoridades, hasta el extremo de suspenderse las elecciones locales de 1932, a las que esta nueva formación política quería concurrir. Ante la agresiva y autoritaria política del gobierno, en enero de 1932, las distintas tendencias políticas populares (entre las cuales estaba el Partido Comunista, que tenía sólidos vínculos con la Internacional Comunista) se organizaron para levantarse contra el gobierno. Previamente alertadas, las autoridades pudieron paralizar el levantamiento urbano casi antes de que se iniciara. Pero en las zonas rurales del nordeste la insurrección no se llevó a cabo. Durante cuarenta y ocho horas se
11) Documento extraído de los Archivos Nacionales de los Estados Unidos, Record Group 59, 816.00/828, del 22 de diciembre de 1931, en: LEIKEN y RUBIN, 1987: 91-92.
43
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
paralizó el país. La reacción fue feroz. El general Martínez, para entonces ya presidente, ordenó reprimir el levantamiento de tal forma, que los sangrientos hechos ocurridos han pasado a la memoria colectiva salvadoreña como la matanza. Así ha quedado testimoniado en muchas manifestaciones sociales y culturales, como en el poema de Roque Dalton titulado Todos (12). Todos Todos nacimos medio muertos en 1932 Sobrevivimos pero medio vivos cada uno con su cuenta de treinta mil muertos enteros que se puso a engordar sus intereses sus réditos y que hoy alcanza para untar la muerte a los que siguen naciendo medio muertos medio vivos Todos nacimos medio muertos en 1932 Ser salvadoreño es ser medio muerto eso que se mueve es la mitad de la vida que nos dejaron Y como todos somos medio muertos los asesinos presumen no solamente de estar totalmente vivos sino también de ser inmortales Pero ellos están medio muertos y solo vivos a medias Unámonos medio muertos que somos la patria para hijos suyos podernos llamar en nombre de los asesinados
12) El poeta Roque Dalton también escribió una novela que lleva el nombre del protagonista —Miguel Mármoll— en la que se recoge el testimonio de uno de los militantes implicados en la sublevación y superviviente de la represión desencadenada por el ejército.
44
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
unámonos contra los asesinos de todos contra los asesinos de los muertos y de los mediomuertos Todos juntos tenemos más muerte que ellos pero todos juntos tenemos más vida que ellos La todopoderosa unión de nuestras medias vidas de las medias vidas de todos los que nacimos medio muertos en 1932
La base social que hubiese podido respaldar la “revolución burguesa” liderada por Araujo era extremadamente débil, por no decir inexistente. De igual modo, el llamamiento revolucionario e insurreccional lanzado por los comunistas, tampoco disponía de la organización ni los medios para vencer. Por ello, en El Salvador, tanto las opciones reformistas como las transformadoras tenían unas posibilidades muy limitadas de éxito (13). Las elites, angustiadas frente al levantamiento masivo, no dudaron en reprimir cualquier manifestación reivindicativa e interpretar según sus parámetros los hechos. Pocos meses después de la matanza, hacia el mes de julio de 1932, el periódico de la Asociación Cafetalera de El Salvador (publicación de la elite económica del país), expuso que los traumáticos hechos fueron “fruto de la tarea conspirativa y perversa de las ideas extrañas y extranjeras como las del comunismo internacional, que había envenenado la mente y desorientado al pueblo campesino y sencillo del país” (Paige, 1997: 99-125). A partir de entonces, las distintas facciones de la elite se mantuvieron totalmente cohesionadas frente a cualquier manifestación de “desorden”, a la vez que establecieron una “división de tareas” entre ellas y las Fuerzas Armadas. Las elites se dedicaron a producir y acumular riqueza, mientras el ejército mantenía el orden desde la autoridad que le confería ocupar el gobierno desde las Juntas Militares. De este modo se estableció un pacto que se mantuvo vigente hasta nales de la década de los setenta. Se trataba de la consolidación del modelo político denido magistralmente por Enrique Baloyra (1983) como “despotismo reaccionario”.
13) Existen diversos análisis sobre la estructura socioeconómica y su impacto en las dinámicas políticas de El Salvador. Merece una especial atención el libro de Jefferi PAIGE (1997) donde se comparan los desenlaces políticos de El Salvador con otros países de la región a la luz del marco teórico elaborado por Barrington Moore.
45
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Nicaragua: la revuelta de Sandino
En Nicaragua, tras los reiterados enfrentamientos entre liberales y conservadores, la administración estadounidense volvió a intervenir directamente en el país. El 27 de abril de 1927, el representante de Washington, Henry Stimson, se reunió con miembros signicativos de las formaciones liberal y conservadora. Fruto de unas largas negociaciones, estos aceptaron la propuesta de celebrar unas elecciones vigiladas (14). El cuatro de mayo, en el pequeño pueblo de Tipitapa, Stimson y el general liberal José María Moncada rmaron un documento —el denominado Acuerdo de Tipitapa o Pacto del Espino Negro— en el que sellaron el acuerdo anteriormente establecido, enfatizándose el desarme de las facciones liberal y conservadora en conicto. Durante los días que siguieron a dicho acuerdo se entregaron 9.000 ries, 296 ametralladoras y casi 6 millones de cartucheras de munición. De este modo, el sector mayoritario de las principales fuerzas políticas del país aceptó lo que según ellos era inevitable: la presencia de los Estados Unidos como factor de estabilidad (Walter, 1993: 18). En el mencionado acuerdo se establecieron los rasgos denitorios del nuevo sistema político nicaragüense. Por un lado, se acordó la creación de unas fuerzas armadas “apolíticas” —con el nombre de Guardia Nacional— como única fuerza policial y militar de la República que, inicialmente, estaría integrada por un contingente de un centenar de ociales, formados por los U.S. Marine Corps. Por otro lado, a nivel institucional se estableció una ley electoral, la denominada Dodds Law, basada en un sistema bipartidista (15). Finalmente, en el ámbito scal se consolidaron los lazos nancieros con la institución bancaria estadounidense Bank of New Yorkk (Bulmer-Thomas, 1991: 229). De este modo, los Estados Unidos creyeron, a inicios de los años treinta, haber establecido los instrumentos con los que Nicaragua entraría en el “mundo de las democracias occidentales”. La administración estadounidense pensó haber dado respuesta a las tres cuestiones básicas de los endémicos conictos políticos de Nicaragua: el monopolio de la fuerza, la modernización de las instituciones nancieras y el establecimiento de los mecanismos de sucesión y transmisión del poder político. Sin embargo, dos años después del acuerdo, Walter Thurston, asesor del Departamento de Estado, empezó a dudar de la posible consolidación de un cuerpo
14) Las elecciones de 1928 y 1932 fueron, sin lugar a dudas, las más honestas de la historia nicaragüense hasta los años ochenta, y dieron la victoria a los candidatos liberales. 15) Esta ley se caracterizaba por dar una gran capacidad de manipulación a la fuerza política organizadora de los comicios. A propósito de esto, los nicaragüenses establecieron el dicho “quien escruta, gana”, y de hecho fue así durante más de medio siglo.
46
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
armado no partidario: los cuadros liberales pronto habían conseguido controlar la Guardia Nacional. Pocos meses más tarde, Lawrence Dugan, miembro también del Departamento de Estado, expuso en un memorandum su pesimista pero clarividente previsión del futuro de la Guardia Nacional: “No creo que sea un juicio precipitado anunciar que la Guardia Nacional no se comportará como pretendía el Marine Corps. La pérdida del espíritu de imparcialidad d que han intentado pacientemente imponer los marines, ha dado paso a un sentimiento partidario surgiendo de nuevo una fuerza constabularia. A juzgar por la posición que históricamente han tenido las fuerzas armadas en América Central, una organización militar estrictamente apolítica es actualmente casi imposible” (Millet, 1977: 137-138). A su vez, la situación que se generó con el Acuerdo de Tipitapa marginó a los que, en ambos partidos tradicionales, mantuvieron posiciones anti-intervencionistas y reivindicativas del “principio de la soberanía nacional”, esgrimido en aquel momento tanto por la Sociedad de Naciones como por la Revolución de Octubre. Respecto al estamento militar, solamente los generales liberales Augusto César Sandino y Pancho Cabuya se negaron a suscribir el Acuerdo. Con la negativa de Sandino empezó de nuevo otro conicto en el que, durante siete años, los insurgentes se enfrentaron a los marines estadounidenses y a la Guardia Nacional (16). El conicto se cobró la vida —según las cifras ociales— de 136 marines, 75 guardias y 1.115 sandinistas (Macaulay, 1971: 237). Sandino, hijo ilegítimo de un cafetalero de Niquinohomo —un pequeño pueblo del departamento de Masaya—, abandonó Nicaragua en 1920 y trabajó durante seis años en compañías norteamericanas en Honduras, Guatemala y México. En 1926 volvió a Nicaragua atraído por la actitud anti-yanki de los políticos liberales y por el conicto que se había abierto entre estos y los conservadores (apoyados por la administración de Washington). Ya en Nicaragua, debido al hermetismo de los círculos que lideraban el activismo liberal, se internó en las montañas de la Costa Atlántica, donde el ascenso era más fácil. Allí le nombraron jefe de expedición y le entregaron armas. Durante el desarrollo del conicto, Sandino informó que había instalado nuevos alcaldes y autoridades civiles en las lejanas localidades de Wastaguás, Yacalguás, Bocay, Santa Rita, Wiwilí y Quilalí. Más tarde, esta región (que durante la guerra civil de 1926-1927 ya fue su zona de inuencia), tuvo un papel central como reta-
16) Existe una extensa bibliografía sobre la vida y las ideas de Sandino, en la que cabe destacar: BELAUSTEGUIGOITIAA (1934), 1985; DOSPITAL, 1996; HODGES, 1986; MACAULAY, 1971; RAMÍREZ, 1974; SALVATIERRA, 1934; SELSER, 1974; TORRES ESPINOSA, 1983; VARGAS, 1995; WÜNDERICH, 1995; también consta una obra rmada por su enemigo y verdugo: SOMOZA GARCÍA, 1936.
47
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
guardia y lugar de aprovisionamiento de su guerrilla. Fue precisamente en dicha región donde Sandino, ya distanciado de Moncada debido al Acuerdo de Tipitapa, se instaló para continuar “la lucha anti-imperialista”. Las primeras acciones de su guerrilla fueron ataques a enclaves económicos estadounidenses y ocupaciones espontáneas de pequeños poblados. Las revueltas campesinas que lideró Sandino pueden entenderse solo a partir de las condiciones especícas de esa remota región del interior y del nordeste: Las Segovias. La historia de Las Segovias estuvo marcada por un sorprendente hecho: la oligarquía terrateniente no se había implantado en la región en doscientos años (17). La penetración, desde inicios de siglo, de la economía monetaria, la imposición de la propiedad privada y las posibilidades que ofrecía la buena coyuntura cafetalera, conllevaron un incremento de la tensión social. Tensión que se desató durante la guerra civil de 1926-1927. Posteriormente, Sandino catalizaría el descontento de esa base social para iniciar una guerra de guerrillas. El inicio de esta campaña se inició con el Maniesto de San Albino, proclamado el primero de julio de 1927. Terminada la guerra en el resto del país, y con el rechazo de los liberales a las propuestas de Sandino, a este solo le quedó la opción de llamar a los campesinos a la rebelión social. Fue en ese momento cuando desde los centros de poder empezaron a acusarle de bandolero y de estar abriendo las puertas de la anarquía social (Wünderich, 1995: 97-98). Sandino, sin embargo, se mantuvo rme en su rebeldía. El 2 de septiembre de 1927, durante la fase de formación de la guerrilla sandinista, esta adoptó un Estatuto General, así como el nombre de Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSN). El EDSN, que en su máximo esplendor tuvo unos 3.000 miembros (la mayoría de ellos de origen campesino), obtuvo durante sus seis años de vida un éxito espectacular en la lucha contra los marines (Macaulay, 1971). A partir de entonces, y por estos hechos, la guerra de Sandino adquirió rápidamente una popularidad que trascendería las fronteras de su país. Si bien para Washington y la opinión pública estadounidense Sandino no era más que un bandolero, en los círculos progresistas de América Latina se le veía como un héroe de la lucha contra el “Coloso del Norte” (18). Esta percepción se puso 17) Aunque, tras la conquista, la región disfrutó de un breve período de prosperidad como centro minero, con el agotamiento de los yacimientos de oro y plata durante el siglo XVII, descendió a la categoría de región marginal. La consecuencia fue que, a diferencia de lo que ocurrió en Matagalpa o Estelí, en esta región desapareció la hacienda colonial y las comunidades rurales regalaron el acceso a la tierra manteniendo unas relaciones de hostilidad con las instancias institucionales que pretendían “poner orden”. Sobre la historia regional de Las Segovias, véase: CIERA, 1984a. 18) Las acciones de Sandino fueron, desde 1927, una fuente de inspiración de muchos artículos, libros y maniestos. Una excelente compilación de estos escritos se encuentra en: IES, 1983.
48
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
EL MANIFIESTO DE SAN ALBINO A los nicaragüenses, a los centroamericanos, a la raza hispánica. El hombre que de su Patria no exige ni un palmo de tierra para su sepultura, merece ser escuchado, y no solo escuchado, sino que también merece ser creído. Soy nicaragüense y me siento orgulloso, porque por mis venas corre, sobre todo, la sangre india, que por atavismo comporta el misterio de ser patriota, leal y sincero. El vínculo de nacionalidad me da el derecho de asumir la responsabilidad de mis actos [...]. Soy artesano, pero mi idealismo permanece en el ancho horizonte del internacionalismo, hecho que representa el derecho de ser libre y hacer justicia, aunque su logro suponga sangre [...]. Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos [...]. No abandonaré mis montañas mientras quede un gringo en Nicaragua; no abandonaré mi lucha mientras a mi pueblo le falte un derecho por enderezar. Mi causa es la de mi pueblo, la causa de América, la causa de todos los pueblos oprimidos.
Fuente: Wünderich, 1995.
de maniesto durante la sexta y la séptima Conferencia Panamericana —celebradas en La Habana, en 1928, y en Montevideo, en 1933— cuando la campaña de Sandino estaba en su punto más álgido (Bulmer-Thomas, 1991: 236). Ciertamente, Sandino mantuvo un intenso contacto con representantes de los distintos colectivos nacionalistas y anti-imperialistas latinoamericanos, entre los que destacaba el APRA peruano, la Liga Anti-imperialista de las Américas, la Internacional Comunista, así como con múltiples círculos literarios e intelectuales románticos, como los editores de la revista Ariell (19). Si bien Sandino nunca comulgó con las forma-
19)Hasta nales de 1928, el representante del EDSN en el extranjero fue el poeta, ensayista y político hondureño, Froilán Turcios, quien editaba la famosa revista Ariel.l Después de distanciarse de Turcios por desacuerdos políticos, Sandino mantuvo contactos con organizaciones más radicales como la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), liderada por Víctor Raúl Haya de la Torre, o la Internacional Comunista y la Liga Anti-imperialista de las Américas (CERDAS, 1984). Del APRA, Sandino tomó la “doctrina” del indioamericanismo y la interpretación social del conicto en Nicaragua. El contacto con la Liga Anti-imperialista, por otra parte, dio a Sandino la oportunidad de vincularse con importantes miembros del comunismo latinoamericano, como los venezolanos Gustavo Machado, Carlos Aponte y el salvadoreño Agustín Farabundo Martí —los dos últimos se integrarían en el EDSN en 1928.
49
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
ciones comunistas latinoamericanas, también es cierto que más de una vez empleó una retórica marxista, como lo demuestra el texto —ampliamente difundido por el FSLN durante los años sesenta y setenta— que reza: “Con la intensicación del conicto y la creciente presión de los banqueros yankees, los tímidos nos abandonarán y solamente los trabajadores y campesinos llegarán hasta el nal”. Ante la resistencia y los recurrentes ataques de la guerrilla de Sandino, las tropas estadounidenses decidieron nalmente abandonar el país. Las elecciones de 1932, mencionadas anteriormente, coincidieron con la retirada de los marines y con el control de la GN por los ociales nicaragüenses. Fue en ese momento cuando Sandino —quien había adquirido una gran popularidad y era consciente del cambio de coyuntura política— decidió negociar con el gobierno nicaragüense, liderado entonces por Sacasa, y con el nuevo director de la Guardia, Anastasio Somoza García. Las negociaciones empezaron en el mes de diciembre de 1932 y nalizaron el 2 de febrero de 1933, y a pesar de que en los acuerdos nales no guraban algunos de los objetivos políticos que el EDSN había reclamado como básicos, sí consiguió el mantenimiento transitorio de un centenar de hombres armados, la entrega, por parte del gobierno, de tierras en las proximidades del Río Coco (fronterizas con Honduras) para el desarrollo de un proyecto de cooperativas, y la promesa de iniciar programas de desarrollo en las zonas de Las Segovias (20). Sin embargo, hubo un tema que quedó pendiente: la reforma de la composición de la Guardia Nacional. A causa de este último punto, tras la rma de los acuerdos de paz, se sucedieron enfrentamientos entre miembros de la Guardia Nacional y del EDSN. La tensión fue en aumento hasta los primeros meses de 1934, cuando miembros de la Guardia, liderados por su jefe, Anastasio Somoza García, planearon el asesinato de Sandino aprovechando su presencia en Managua. Sandino fue asesinado el 21 de febrero de 1934 cuando se dirigía al aeropuerto de Managua, tras mantener una reunión con el presidente de la República. Posteriormente, destacamentos de la GN se encargaron de eliminar a las tropas sandinistas que estaban atareadas en un proyecto de desarrollo agrícola en las lejanas tierras del norte de la Costa Atlántica.
20) Para más información sobre las negociaciones sostenidas entre el gobierno y Sandino es preciso consultar: WÜNDERICH, 1995: 267-317.
50
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
II. TIRANOS
1. LOS REGÍMENES DESPÓTICO-REACCIONARIOS
¿Por qué surge un tirano? ¿Qué es lo que sucede en un estado para que un caudillo se haga con el poder? ¿Qué ocurre cuando un país está gobernado despóticamente? ¿Cuáles son los pensamientos que ocupan la mente de un gobernante todopoderoso? Estas preguntas, que pueden parecer capciosas, no son gratuitas; sirven para repensar la historia política de la región centroamericana —aunque tampoco estaría de más reexionar sobre nuestra propia historia. En el caso que nos ocupa, el tirano tiene un peso tan sólido como relevante. Sin embargo, son pocas las obras que desde la Ciencia Política han analizado en profundidad este fenómeno en contraste con la ingente producción literaria latina que puede satisfacer esta inquietud. La lectura de obras como El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, Yo el supremo de Augusto Roa Bastos, El recurso del método de Alejo Carpentier, El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, Tirano Banderas de Ramón del Valle-Inclán o La esta del Chivo de Vargas Llosa son la mejor estrategia para comprender la esencia del fenómeno de la tiranía. 51
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Posiblemente, más allá de las múltiples anécdotas que se pueden ir desgranando del ejercicio despótico del poder de los caudillos a lo largo de la historia de los pequeños países del istmo, lo más importante es observar que las dictaduras lo pudren todo. Como expuso Vargas Llosa: “La dictadura no es solo la violencia que se ejerce contra una población inerme, no es tampoco la mentira; es, sobre todo, la corrupción generalizada, donde es imposible mantener la dignidad, la honradez personal, porque cada uno está obligado a entrar en los mecanismos de la impostura. Y este es el peor legado para las generaciones futuras”. Quizás sea cierta la frase de Khalil Gibran donde sentenciaba que para que un tirano pueda mantenerse en el poder es necesario que su trono se encuentre en el corazón de cada hombre, de cada súbdito. En Centroamérica, hablar de tiranos es hablar de Estrada Cabrera y Jorge Ubico en Guatemala; de Tiburcio Carías en Honduras; de Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador; y de Anastasio Somoza García y sus dos hijos, Luis y Anastasio Somoza Debayle, en Nicaragua. Todos ellos son caricaturas del hombre de estado. Se trata de países en los que la frase que sintetiza la dinámica política es la que escribió Miguel Ángel Asturias en su obra El Señor Presidente, y que dice: “La lotería, amigo, la lotería... esta es la única ley en esta tierra, una ley por la cual uno cualquier día puede caer en prisión, ser fusilado, ser diputado, diplomático, traidor o ministro”. Por ello, la inocencia o la culpabilidad no son nada, lo que importa es el favor del gobierno; la Patria no es nada, las leyes tampoco y el crimen es necesario para conseguir ascensos. Se trata de personajes extraídos de historias de horror y de cción. Maximiliano Hernández Martínez, el dictador de El Salvador, era teósofo y creía que matar hormigas era más criminal que matar personas, porque las hormigas no se reencarnaban. Este personaje cada domingo hablaba por la radio al país sobre la situación política internacional, los parásitos intestinales, la reencarnación del alma y el peligro del comunismo. ¿Cómo es posible la existencia de estos personajes que parecen guras deformadas por espejos convexos? ¿Cómo se pueden clasicar? Con este n, distintos autores han observado las condiciones socioeconómicas de estos países tras el Crack de 1929 y la actitud que adoptaron las reaccionarias elites locales ante la amenaza de una insurrección popular. De uno u otro modo no resulta difícil comprender cómo estas pensaron que la única solución para mantener su desmesurada riqueza era delegar el ejercicio del poder y la fuerza en un caudillo sin escrúpulos al que pensaban poder controlarr (1). Se trataba, como ya hemos señalado anteriormen-
1) A menudo, sin embargo, no resultó fácil dilucidar quién controlaba esa relación de mutuo interés. Somoza García, por ejemplo, en una entrevista en la revista Time, realizada el año 1948, expuso
52
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
te, de un tipo de régimen que puede ser clasicado con el nombre de “despotismo reaccionario”, pues representa un modelo de dominación característico del capitalismo incipiente basado en una coalición reaccionaria entre terratenientes y grupos nancieros que se concentran el poder económico, la existencia de instituciones excluyentes que a menudo están en manos de militares y la represión sistemática de cualquier tipo de oposición (Baloyra, 1983). En las sociedades centroamericanas —siguiendo los análisis que expone Barrington Moore (1968)— se observaba un modelo económico que ofrecía muy poco espacio al surgimiento de instituciones democráticas y veleidades reformistas. Se trataba de un modelo basado en la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, el cultivo de productos destinados a un mercado de exportaciones (desde las ncas cafeteras o las plantaciones de bananas), y la obtención del excedente y la competitividad mediante una ventaja comparativa muy poco exible: la mano de obra barata (2). En momentos de profunda crisis social, lo que hicieron las oligarquías tradicionales de la región fue abandonar sus Repúblicas liberales y dirigirse a las Fuerzas Armadas para restaurar el orden mediante la represión, estableciendo así un pacto tácito de división del trabajo: los militares obtenían el poder político a través de regímenes autoritarios y la oligarquía se dedicaba a los negocios. A unos les correspondía mantener el orden y a los otros continuar acumulando riqueza. Al pueblo le quedaba la sumisión. Si embargo, las relaciones entre el dictador y la oligarquía no respondieron siempre al mismo patrón, variaron de un país a otro. En El Salvador, el general Hernández y la oligarquía acabaron por establecer una alianza sólida a pesar de ser algo tensa; en Guatemala, Jorge Ubico, y en Nicaragua, Anastasio Somoza García, se consolidaron en el poder a pesar de algunas reticencias de la elite tradicional, aunque sí con el pleno consentimiento de los Estados Unidos; en Honduras, Tiburcio Carías gobernó con el respaldo directo de la United Fruti Company y, por extensión, de la administración estadounidense. En Costa Rica, apareció una clase media que demandó y presionó en pro de una reforma del modelo económico y de las instituciones; posiblemente, esta “nueva coalición reformista” fue la que encaminó este país hacia el itinerario de la transición democrática. En este sentido, es
claramente que él no dependía de la elite criolla de Nicaragua con la frase: “My opponents (la elite que quería participar del poder político) should remember that we, the ‘gente decente’, are only 6 percent; if trouble arises, the 94 percent may crush us all” ((DIEDERICH, 1982: 33). 2) Sobre este tema destaca el trabajo de CARDENAL IZQUIERDO (2002) en el que se analiza la relación entre dichos factores de producción y su impacto en el cambio político de El Salvador.
53
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
preciso mencionar la apertura política guatemalteca con Arturo Araujo y el intento reformista de Jacobo Árbenz (1945-1954) y su trágico desenlace. La intervención estadounidense para la desestabilización del régimen y la nanciación del golpe de estado del militar Castillo Armas conllevarían la vuelta de Guatemala a un régimen despótico reaccionario en una de sus más sangrientas expresiones. Pero la recuperación económica a nales de los años treinta no supuso, en ningún caso, más libertad. Al contrario. Las repúblicas del norte (Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala) se convertirían en sangrientas dictaduras en las que no se toleraría ningún tipo de discrepancia ni oposición. Solo en Costa Rica, donde la tradición de elecciones libres y justas se mantuvo, se pudo evitar —no sin complicaciones y con una corta guerra civil en 1948— un régimen autoritario. A continuación, se verá la aparición y el desarrollo de uno de los regímenes más arbitrarios del istmo: el régimen somocista. Posteriormente se analizarán dos experiencias antitéticas frente a procesos de reforma: la consolidación democrática en Costa Rica y el colapso de la apertura democrática en Guatemala y su conversión en una de las dictaduras más sangrientas y genocidas del subcontinente. Nicaragua: el estado patrimonial
Con el asesinato de Sandino, el presidente Juan Bautista Sacasa quedó solo frente a Anastasio Somoza. En ese contexto, el presidente fue el perdedor político de la contienda, ya que todo el mundo se dio cuenta que este no ejercía ningún control sobre la Guardia Nacional —institución que en ese entonces constituía la única fuerza real del país (pues los ejércitos partidarios “al viejo estilo” habían quedado denitivamente atrás). Durante dos años, tanto el presidente como el jefe director de la Guardia manejaron los hilos de la política nicaragüense con el afán de ganar los favores de la administración norteamericana y de controlar el Congreso Nacional —donde cada uno de ellos tenía sus allegados respectivos. Con el tiempo, la tendencia visible fue la preeminencia, en cada una de las diversas arenas políticas, de Somoza. Ya a inicios de 1935, un alto funcionario estadounidense anotó en un informe destinado a sus superiores de Washington que (Walter, 1993: 42): From many friends close to General Somoza I am informed that he is denitely determined to be the next President. Efectivamente, Somoza propugnó su candidatura a la presidencia para las elecciones de 1936, a pesar de la existencia de varios impedimentos constitucionales, 54
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
entre los que destacaban su parentesco con el presidente Sacasa y su status de militar en activo. Sin embargo, tres factores dejaron a Somoza el camino libre hacia la presidencia: la actitud tolerante de los Estados Unidos respecto a los dictadores centroamericanos y caribeños (en aplicación de la doctrina del buen vecino); su renuncia como jefe director de la Guardia Nacional; y la posterior renuncia de Sacasa a la presidencia del gobierno de Nicaragua (consecuencia de disturbios y presiones ejercidas por la Guardia bajo la dirección de Somoza (3)). Efectivamente, el 1 de enero de 1937, después de ganar la contienda electoral con el 80,1 % de los votos a favor y el 19,7 % en contra, Anastasio Somoza García fue nombrado presidente de la República por el Congreso Nacional y se dirigió a sus miembros repitiendo el mensaje que había proclamado constantemente durante su campaña: “Paz, orden democrático, justicia social, educación y trabajo”. Si bien el “mensaje” de su campaña pronto fue olvidado, no cabe duda que el primer período presidencial de Somoza fue intenso y se llevaron a cabo tareas de suma importancia tanto para modernizar el Estado, como para consolidarse en el poder. En primer lugar, se redactó una nueva Constitución (la Constitución de 1939) que ampliaba las potestades del Estado en materia de intervención social, otorgando una abrumante preeminencia al ejecutivo. En dicho texto, también guraba la naturaleza constitucional de la Guardia Nacional y aparecía una disposición que permitía “arrestar, encarcelar y connar personas consideradas peligrosas para la seguridad del Estado”. De esta forma, la nueva Ley Fundamental (que denía al presidente de la República como la “personicación de la nación”) fue redactada a la medida de las pretensiones del nuevo titular del ejecutivo. La segunda gran tarea de este período fue el desarrollo de medidas para hacer frente a la Gran Depresión: se centralizaron las decisiones en materia scal, crediticia y monetaria, y se implementaron medidas favorables a los sectores agroexportadores decretando devaluaciones sucesivas (Walter, 1993: 66-93). Finalmente, el tercer objetivo fue el de “modernizar” el poder estatal. A partir de 1937, la autonomía municipal desapareció y se nombraron juntas municipales desde la presidencia —eliminando, de esta forma, la presencia de caudillos locales autónomos al régimen. También se incrementó el volumen de la burocracia estatal y se establecieron mecanismos de control político dentro de la administración pública. En la misma dirección de aanzamiento en el poder, Somoza consolidó y dio forma a las dos instituciones más estrechamente vinculadas a su régimen: la Guardia Nacional y el Partido Liberal Nacionalista (PLN). La Guardia Nacional
3) Sobre este episodio ver: WALTER, 1993: 50-53.
55
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
se caracterizó por la absoluta delidad de sus miembros hacia su jefe y mentor, convirtiéndose —además de ser una fuerza pro-estadounidense— en un gendarme doméstico (4) (Millet, 1977). El PLN, por su parte, se convirtió en el instrumento dispensador de benecios y prebendas. El PLN, articulado a partir de una densa red clientelar, tenía como función prioritaria dar apoyo civil al régimen e intentar, en un inicio, crear un partido de masas (5) (González, 1992: 62-65). Si bien en un inicio, Moncada, viejo caudillo liberal y expresidente de la República, juzgó a Somoza con las palabras: “that young man on the hill not last later than next July” (6), la verdad era que el nuevo presidente disponía de una tupida red de alianzas que iban más allá de una mayoría de diputados en el Congreso Nacional, un aparato partidario y una fuerza constabularia (7). Realmente, el fenómeno del “somocismo” debe considerarse en términos más amplios de lo que normalmente se ha hecho (8), pues Somoza ofreció un programa que, a pesar de contener elementos contradictorios, presentaba claramente dos mensajes rupturistas, a saber, el establecimiento de un proyecto alternativo a la caótica y conictiva dinámica bipartidista, y la ruptura con la política caciquil y elitista tradicional, incorporando elementos populistas a su “movimiento político”. Evidentemente, el proyecto somocista no era ajeno a lo que ocurría en ese mismo período en otros países donde las débiles democracias liberales se enfren4) En virtud de este eje fundamental —la delidad a los intereses y humores del líder máximo— la consolidación y desarrollo de la GN tomó direcciones donde el nepotismo y el abuso llegaron a niveles propios de una novela de Valle-Inclán. De esta forma, la GN terminó convirtiéndose en un ejército patrimonial que gozaba de autonomía en función de los intereses de los Somoza. La dependencia personal de estas fuerzas respecto al dictador se ejemplicaba en cómo se organizaba la cúpula de dicho cuerpo: cualquier ocial con ambición personal o carisma era destituido y expulsado, lo mismo sucedía con aquellos que pretendían “modernizar” la institución. Para la creación y promoción del “sentimiento corporativo” los integrantes de la Guardia vivían en barrios separados, tenían hospitales y escuelas exclusivas y otros privilegios negados al resto de la sociedad. Sobre dicha institución existe cierta literatura, entre ella cabe anotar: BOOTH, 1982; CRAWLEY, 1979; DIEDERICH, 1982; MILLET, 1977; ROUQUIÉ, 1984. 5) En cierta forma, el PLN pretendió emular al PRI mexicano. Así, la pertenencia al partido ocial era un requisito esencial para obtener empleo en la Administración. Sus fondos provenían, básicamente, del 5 % de los sueldos de los funcionarios. Sus actividades se limitaban a movilizar a la ciudadanía —ya fuera con la participación en los diversos comicios o en las manifestaciones en apoyo al régimen de Somoza— y a la organización de actividades recreativas. La red civil del somocismo, nalmente, se completaba con la institución de los “Jueces de Mesta”, responsables del orden en las comunidades campesinas y, de hecho, instrumento del régimen para el control de los ciudadanos en las áreas rurales. Para mayor información en torno al PLN cabe dirigirse a: WALTER, 1993: 94-98, 207-212. 6) Extraído del informe “Long to Hull” l de abril de 1937 en MILLET (1977: 189). 7) Cabe exponer, respecto a la GN, que Somoza, una vez presidente de la República, se autonombró jefe director de la Guardia, concentrando en su persona la máxima potestad civil y militar. 8) En este sentido ver: CHAMORRO, 1982; WALTER, 1993.
56
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
taban a los embates de las formaciones fascistas y autoritarias (9). En esta dirección, si bien Somoza se identicaba como un político liberal, no tuvo escrúpulos en aproximarse y compartir intereses con conservadores, la extrema derecha, ciertos sindicatos, organizaciones agrarias y gremios comerciales. En denitiva, Somoza se proyectó a sí mismo con un caudillo capaz de redimir, reconciliar y reconstruir Nicaragua. Y ciertamente el establecimiento de alianzas con el mundo sindical, hasta inicios de los años cincuenta, fue un componente esencial de la estrategia de Somoza para debilitar a la oligarquía terrateniente, neutralizar a la oposición —que pertenecía, en gran medida, a sectores medios urbanos—, y mantener una posición hegemónica en la contienda política (10) (Gould, 1986). Durante ese período, la mayor parte del mundo obrero organizado mantuvo cordiales relaciones con el Comité Organizador de la Confederación de Trabajadores Nicaragüenses (COCTN), de clara orientación somocista. Bajo ese clima, a mediados de la década de los cuarenta, la mayoría de los líderes sindicalistas atribuyeron el éxito del movimiento obrero organizado a las buenas relaciones que mantenían con Somoza y la COCTN. El 31 de diciembre de 1944 —en reacción a la protesta de los partidos tradicionales respecto a la voluntad de Somoza de presentarse a la reelección presidencial—, los sindicatos publicaron un maniesto que mostraba dicha sintonía (Paneto de la época, en Gould, 1990: 50): “Los obreristas (11) de Chichigalpa y del Ingenio de San Antonio saludan al Gran Protector del proletariado nicaragüense [...] el único gobernante en nuestra historia que quiere darnos aquello que justamente nos merecemos”. La legalización del movimiento sindical y la política de cariz populista (12) ofrecieron a Somoza García la posibilidad de crear una amplia coalición sobre la base
9) Precisamente, uno de los grupos que apoyó la ecléctica candidatura somocista fue la extrema-derecha organizada bajo un movimiento llamado “Camisas Azules” —en inspiración directa de los fascismos europeos. En él guraban jóvenes de clase media de ciudades como Managua, Granada y León. Particularmente notable fue el grupo de jóvenes vinculado a las viejas familias granadinas cuya situación económica, con el tiempo, había ido a menos. 10) Son muy pocos los trabajos sobre los orígenes de la organización sindical en Nicaragua; entre ellos destacan: CHAMORRO, 1983; GOULD, 1986, 1990, 1995; GUTIÉRREZ MAYORGA, 1985; PÉREZ Y GUEVARA, 1981; ORTEGA Y DELGADO, 1982. En GOULD (1990) se muestra un original y exhaustivo estudio sobre el movimiento obrero nicaragüense —basado en el caso del Ingenio San Antonio y la región de Chinandega— desde los años iniciales del somocismo hasta mediados de los ochenta. 11) El término “obrerista” hacía referencia a los miembros pertenecientes al incipiente movimiento sindical nicaragüense. 12) Entre las medidas de carácter populista del régimen de Somoza, destacan la aprobación de un Código del Trabajo netamente progresista para la época —aunque solo tuvo validez nominal— y la construcción de “Casas del Obrero” en diversas ciudades.
57
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
de la cual sustentarse en períodos de crisis (tal como sucedió en la reelección de 1944), neutralizar el movimiento obrero, golpear la oposición —ya de por sí débil—, e intimidar a las elites políticas tradicionales. Ciertamente, en un maniesto titulado “Seis verdades sobre el General Somoza”, se percibe el tono anti-elitista y populista que adoptó el somocismo en sus inicios (Paneto “Seis verdades sobre el General Somoza”, en Walter, 1993: 139): “El grupo de políticos profesionales que actualmente se oponen al presidente Somoza son de origen estrictamente burgués, incluyendo propietarios, industriales, comerciantes, traidores y, en general, gente que ha gobernado el país en el curso de los años a través de camarillas aristocráticas que han explotado al pueblo [...] El pueblo de Nicaragua no aceptará la tesis de derrocar a Somoza para entronizar a otro. Mientras no existan personas con experiencia y preparadas para ganar la batalla a las fuerzas reaccionarias, el pueblo estará con el General Somoza”. A inicios de los años cincuenta, Somoza había logrado superar las tres amenazas —a nivel interno, regional e internacional— que se le plantearon al nal de la década anterior. A nivel nacional, las amenazas provenientes de la oposición tradicional y del interior de su propio partido (13). A nivel regional, esquivó la amenaza de la Liga del Caribe y su compromiso de combatir las dictaduras de la región (pues la Liga, en 1948, con la victoria de José Figueres en Costa Rica, dio apoyo a un grupo armado nicaragüense encabezado por miembros del Partido Conservador con el propósito de derrocar a Somoza). Y a nivel internacional, capeó el temporal que supuso el “no reconocimiento” de los Estados Unidos al régimen de Managua, debido a las pretensiones reeleccionistas de Somoza en 1944. Poco después, sin embargo, con la llegada de la guerra fría la actitud norteamericana cambiaría (14). Fue entonces, coincidiendo con la guerra fría y el inicio de la expansión económica, que Somoza cambiaría abiertamente el sentido de sus alianzas. Si hasta entonces las relaciones entre el sector privado y el régimen se habían caracterizado por intermitentes fricciones, a partir de los cincuenta ambos tuvieron, sobre todo, intereses y preocupaciones compartidas —ya que durante aquellos años la familia 13) El hecho más signicativo sobre las amenazas a las aspiraciones continuistas de Somoza fue la actitud independiente del —supuestamente dócil— presidente liberal Leonel Argüello, electo en 1947, mientras Somoza se quedaba como jefe director de la Guardia. Al ver el carácter autónomo del nuevo presidente, Somoza recuperaría, veinticinco días después, la máxima magistratura con un golpe de Estado. Sobre el breve período presidencial de Leonardo Argüello y las maniobras e intrigas encabezadas por Anastasio Somoza, ver: CRAWLEY, 1979: 101-108. 14) Sobre el cambio de actitud de la administración estadounidense ver: LOEWENTHALL ed., 1991: 41-70.
58
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Somoza había amasado una gran fortuna (semejante a aquellas de las tradicionales familias de León o Granada (15)). En esas circunstancias los caudillos conservadores, al ver que era imposible recuperar el poder por la vía tradicional del “golpe de fuerza”, obviaron las diferencias existentes entre liberales y conservadores y enfatizaron los intereses compartidos. Precisamente por ello, en 1950 se rmó el llamado “Pacto de los Generales” entre el Partido Conservador y el Partido Liberal Nacionalista, acordándose la presencia de miembros conservadores en las diversas instituciones del Estado y diseñando una especie de bipartidismo asimétrico. Fruto de ello, Carlos Cuadra Pasos —rmante del “Pacto” y uno de los líderes más elocuentes de la facción negociadora del Partido Conservador— observó que, en aquellos momentos, la cuestión de mayor interés para las elites políticas y económicas nicaragüenses era el mantenimiento de la estabilidad institucional y de la “paz social” y no el número de escaños que uno u otro partido tuviera en el Congreso Nacional (16). Y es que en ese contexto Somoza era una rme garantía de dicha estabilidad y el mismo Tacho (así llamaban a Somoza García) lo sabía perfectamente, y así lo manifestaba más de una vez: My opponents should remember that we, the “gente decente”, are only 6 percent; if trouble arises, the 94 percent may crush us alll (17). 15) Desde 1940, Somoza empezó a involucrarse de manera directa y sistemática en el mundo de los negocios. Obviamente, el mandatario jugaba con diversas ventajas: se daba créditos públicos en condiciones ventajosas, sabía exactamente dónde se efectuaría la inversión pública (tal como sucedió con la construcción del Aeropuerto Internacional de Managua), obtenía licencias de importación y exportación, y su ganado obtenía todos los premios de las ferias que se realizaban en Nicaragua. A inicios de los años cuarenta, Somoza ya era el principal exportador de ganado del país; posteriormente, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, el dictador se apropiaría de los cafetales propiedad de ciudadanos alemanes ancados en Matagalpa y Jinotega (donde destacaba la familia Hüpper). Con el tiempo, el grupo Somoza iría penetrando, de forma privilegiada, en casi todos los negocios. Sobre ello ver: WHEELOCK, 1975. 16) En el “Pacto de los Generales” también había concesiones por parte del Estado. Somoza García sabía que no solo podía exigir, también tenía que dar. En esos momentos otorgó la posibilidad de acabar con el monopolio bancario estatal que él controlaba, y autorizó la creación de nuevos bancos: el Banco de América y, posteriormente, el Banco Nicaragüense. De esta manera se sentaron las bases de los nuevos imperios nancieros identicados con los conservadores, o con intereses no vinculados a los Somoza. También se fundó el Consejo Nacional de Economía, institución que serviría a la empresa privada para negociar y mediar con el ejecutivo. Para refrendar el “Pacto”, Somoza y Chamorro crearon la Compañía Nacional de Productores de Leche, con el político conservador como presidente y el liberal como vicepresidente. Es decir, como garantía, el acuerdo político se formalizó con un negocio ((WALTER, 1995: 350-351). 17) Extraído de las declaraciones que realizó Somoza García, en 1948, a la revista norteamericana Time (Timee en DIEDERICH, 1982: 33).
59
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
De esta forma, a partir de la década de los cincuenta, los dos principales grupos políticos del país establecieron las reglas del “nuevo” juego político con el objetivo de sentar las bases del incipiente crecimiento económico. Así, el Estado centró sus esfuerzos en apoyar el sector agroexportador. A consecuencia de ello, la retórica del régimen cambió del populismo al anticomunismo. Y si bien el régimen mantuvo vínculos con el sindicalismo pro-somocista, tampoco vaciló en utilizar la coerción cuando sectores de la oposición —ya fueran del mundo sindical o de las clases medias ideologizadas— iban más allá de los márgenes tolerados de disidencia (18). En referencia a esta actitud, el ingenio popular acuñó la tonadilla que decía que política de Tacho era la de las “tres pes”: Plata para el amigo, palo para el indiferente, y plomo para el enemigo. También la relación de Somoza con los Estados Unidos —y viceversa— varió en función de la época. Somoza nunca ocultó su interés de sintonizar con Washington y siempre adaptó su discurso al “eco” procedente del norte (19). Respecto a la relación entre la administración norteamericana y Somoza es posible distinguir tres períodos. El primero de ellos se reere al período en que Washington postuló la “no intervención” en los asuntos internos de la política latinoamericana (tesis fundamental de la política del buen vecino de la administra-
18) Somoza García mantuvo una relativa estabilidad política sobre la base de dos estrategias para con la oposición: el uso de la fuerza y la persuasión. La represión fue utilizada durante los momentos en que se amenazó la misma supervivencia del régimen, como en 1944, con una intensa movilización de la oposición civil, en 1947 con la presidencia de Argüello, y en 1954 fruto de la última conspiración armada de los conservadores —la de Olama y Mollejone— e en el marco de la Legión del Caribee en la que participó Pedro Joaquín Chamorro. En otros períodos la oposición política generalmente fue tratada con tolerancia, sobre todo cuando al régimen le interesó dar una imagen civilizada a la comunidad internacional. Esta capacidad de alternar consensoo con represión selectivaa fue un frágil equilibrio logrado tanto por Somoza García como por su hijo Luis, segundo miembro de la dinastía. El tercer miembro, Anastasio Somoza Debayle —Tachito— o fue incapaz de mantener dicha combinación. El uso indiscriminado de la represión como instrumento para mantenerse en el poder —junto a otros factores— fue uno de los elementos que contribuyó al desplome del régimen en 1979 —en este sentido ver: PEZZULLO & PEZZULLO, 1993; WICHAM-CRAWLEY, 1992: 263-300. 19) Y así lo expresaría en un momento delicadoo de su carrera personal (debido a discrepancias con sectores de la administración estadounidense) con la frase: “I only wanted to let the US —the elder brother of the continent, as I say— y— a friendly country” (Somoza García en WALTER, 1993: 148).
60
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
ción Rooseveltt (20)), favoreciendo claramente las pretensiones de Somoza y posibilitándole el asalto a la más alta magistratura sin peligro a represalias. El segundo período, inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, coincidió con la creciente demanda de reformas aperturistas y democratizadoras. Fue entonces cuando Washington se distanció de Somoza —y sobre todo a partir de sus pretensiones de concurrir a la reelección en 1944 y en 1947 cuando derribó de la presidencia al político liberal Leonardo Argüello. Pero rápidamente, con la guerra fría, llegó el tercer período y, con él, la proclamación de la “cruzada anticomunista”. En este período Somoza recuperaría su condición de “hombre de conanza” en la región (condición que este rearmaba con energía en cada oportunidad que se le ofrecía (21)). En denitiva, para Somoza García la política se sustentaba, sobre todo, en tener buenas relaciones con el vecino del norte. Y es que hablamos de una época donde en la literatura, como en la novela de Graham Green titulada El tercer hombre, aparecían escenas donde, en los cafés, se oía el boogie de Guy Lombardo (himno por excelencia de las Banana Republics) que decía así: Managua, Nicaragua is a beautiful town you buy an hacienda for a few pesos down... En cualquier caso, tal como expone Walter (1993), Somoza fue un consumado oportunista y, en el mundo de la política, dicha cualidad es más que preciada. Volviendo al relato de la política nicaragüense, durante la primera mitad de la década de los cincuenta, el somocismo había adquirido ya una posición hegemónica en la escena política y económica de Nicaragua: Anastasio Somoza García mantenía la presidencia de la República —solo brevemente interrumpida— desde 1938; su hijo mayor, Luis, era el presidente de la Cámara de Diputados y su hijo menor, Anastasio Somoza Debayle —Tachito—, comandante de la Guardia y director de la Academia
20) Fue en ese período en el que se acuñaría la célebre frase —que ciertas fuentes atribuyen al presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt, y otras a su Secretario de Estado, Cordell Hull— de: “that man supposed to be a son of a bitch... but he is our son of a bitch!”. ! 21) De esta forma, en los acontecimientos de la crisis guatemalteca de 1954 Somoza García ofreció un decidido apoyo al Coronel Castillo Armas en la operación para el derrocamiento del presidente electo de Guatemala, Jacobo Árbenz. A la vez, ni corto ni perezoso, Somoza se alinearía fervientemente con EE. UU. en cualquier acontecimiento internacional acaecido bajo la lógica bipolar de la guerra fría. En la guerra de Corea, por ejemplo, Somoza enviaría una tropa de apoyo para colaborar con el ejército estadounidense.
61
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Militar. Cuando, inesperadamente, en septiembre de 1956, Anastasio Somoza fue asesinado, en un acto electoral que se celebraba en León, por Rigoberto López Pérez, un joven poeta, el régimen no se desplomó (22). Ciertamente, Anastasio Somoza no pudo llegar a ejercer un quinto mandato, pero su hijo mayor fue inmediatamente nombrado presidente de la República por el Congreso Nacional y Tachito, el menor, fue designado jefe director de la Guardia. En 1956 los nicaragüenses observaron cómo el régimen somocista adquiría naturaleza de dinastía. Costa Rica y Guatemala: dos itinerarios
La recuperación de la economía de Costa Rica se inició en el año 1936, al detenerse la caída de la cotización del café y con la expansión del cultivo del banano en la zona sur del Pacíco. Pero la recuperación duró poco tiempo. En 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el mercado europeo desapareció y con él, el 50 % de las exportaciones costarricenses destinadas a ese mercado. Y a pesar de que las mercancías se destinaron al mercado norteamericano, en él los precios eran inferiores a los de Europa. A pesar de la erosión en los ingresos del Estado, el ejecutivo liderado por Rafael Calderón Guardia —elegido con el 85 % de los votos en 1940— inició un ambicioso programa de reformas que cristalizaron en la creación de la Universidad de Costa Rica (1940), la Caja Costarricense de Seguro Social (1941), las Garantías Sociales (1942) y el Código del Trabajo. Y aunque estas iniciativas tuvieron un impacto moderado a corto plazo, cimentaron las bases del futuro Estado costarricense (Molina y Palmer, 1997: 74). Pero el esfuerzo reformista de Calderón García fue visto con disgusto por la burguesía, si bien la mayoría de la oposición presionaba al gobierno por otras cuestiones más inmediatas. Todo ello a la par que la declaración de guerra de Costa Rica a la Alemania nazi (a petición de Washington) afectó a los cafetaleros de origen alemán (aunque no sucedió como en Nicaragua, donde Somoza les expropió las ncas para quedárselas) y la inación castigaba a las clases media y popular. Por ello, a pesar del relativo éxito de las medidas expuestas, conocidas como “la reforma social de los años cuarenta”, la oposición al régimen fue adquiriendo forma ante las acusaciones de clientelismo de la administración y las disputas en el seno de la coalición gubernamental.
22) El 13 de junio de 1943 el PC de Costa Rica, liderado en esa fecha por Manuel Mora, adoptó el nombre de Partido Vanguardia Popular.
62
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Fruto de esta complicada situación nació una coalición sui generis entre la Administración del Estado, el Partido Comunista de Costa Rica (23) —satisfecho por las reformas emprendidas— y un sector de la jerarquía de la Iglesia Católica encabezada por el obispo de San José, quien comulgaba con las doctrinas de reforma social de aquel entonces. Esta nueva reagrupación de fuerzas heterogéneas —en las que guraban desde importantes cafetaleros hasta el proletariado bananero— empezó a verse con recelo desde un sector conformado por dos colectivos: la oligarquía conservadora, temerosa de los cambios, y el círculo de intelectuales y profesionales contrarios a la posición cada vez más intervencionista del Estado y a la ascendencia del Partido Comunista. Dentro del grupo de intelectuales opositores de clase media, destacó muy pronto un sector organizado alrededor del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, encabezado por el economista Rodrigo Facio. A partir de este círculo, nacería en el año 1945 el Partido Social Demócrata, liderado por José Figueres. Figueres era un empresario agroindustrial prácticamente desconocido en los círculos políticos del país hasta la noche del 8 de julio de 1942, cuando pronunció un discurso en una emisora de radio criticando al gobierno por su política económica y scal, acusándole de haberse entregado al comunismo y de ser el responsable de las hostilidades recibidas por parte del régimen alemán. Figueres no pudo terminar su discurso: fue detenido por la policía y poco después debió abandonar Costa Rica. A partir de entonces se convirtió en una importante gura de la oposición el régimen. Este hecho sería el inicio de un proceso de polarización política. La redacción, a principios de 1943, de un nuevo código electoral que daba al gobierno la potestad del recuento de votos provocó una oleada de protestas encabezadas por los estudiantes y en las que el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales jugó un papel destacado. Las elecciones celebradas el 13 de febrero de 1944 dieron la victoria al bloque gubernamental, pero estos resultados no fueron aceptados por la oposición, que denunció la existencia de fraude y que pidió la anulación de los comicios. Con todo, el nuevo gobierno tomó posición de los cargos electos. Ante ello la oposición expuso que acataría las nuevas autoridades si los comunistas abandonaban el gobierno,
23) El gobierno de Calderón declaró la guerra a Alemania, Japón e Italia; permitió la instalación de una misión militar estadounidense en Costa Rica, otorgó facilidades para la construcción de instalaciones militares y para la explotación de cultivos estratégicos y colaboró en el control de los residentes de origen alemán en el país, incluso enviando a miles a campos de concentración en los Estados Unidos.
63
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
pero no se llegó a acuerdo alguno. Al gobierno no le resultaba sencillo abandonar su alianza con los comunistas ya que estos —junto con la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum (CCTRN) de inspiración católica— representaban una parte importante de su apoyo social. Fue a partir de 1946, con el inicio de la guerra fría, cuando la administración estadounidense empezó a ver con preocupación la situación de Costa Rica —a pesar de la incondicional subordinación a Washington del gobierno de Calderón García durante toda la Segunda Guerra Mundial (24). La presencia de comunistas en el gobierno, la aprobación de un Código del Trabajo que afectaba a los intereses de la United Fruti Company, y la introducción en la Constitución del principio de la función social de la propiedad, provocaron los recelos de la Embajada norteamericana. En 1947, a partir de una convención celebrada el 13 de febrero, la oposición empezó a unicarse alrededor de la gura de Otilio Ulate, editor del opositor Diario de Costa Rica. A la unidad de la oposición contribuyó la aprobación, el 20 de diciembre de 1946, de la ley n.º 837 que autorizaba un pequeño aumento en el impuesto territorial y convertía el impuesto del ingreso, aprobado en 1931, en una especie de impuesto sobre la renta. Ante ello, las Cámaras de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería, las organizaciones de cafetaleros y productores de azúcar, así como otros grupos de interés empresariales, organizaron reuniones para protestar contra la nueva política scal y las “cargas” que habían supuesto las políticas sociales de los dos gobiernos anteriores —que habían consagrado los días festivos, las vacaciones pagadas, el aumento de los salarios, la disminución de la jornada laboral y el seguro social. Las elecciones a la Presidencia y al Congreso, celebradas en febrero de 1948, se realizaron bajo un clima de inseguridad y de tensión. En dichos comicios solamente participaron el 57 % de los electores inscritos. Las elecciones presidenciales dieron 44.438 votos al candidato del gubernamental Partido Republicano Nacional de Calderón Guardia (que se presentó de nuevo) y 54.931 votos a Otilio Ulate. Sin embargo, en lo referente al Congreso, la suma de los escaños del Partido Republicano Nacional y de la formación comunista Vanguardia Popular era mayor al número de escaños conseguido por la oposición. Ante dicha división de poderes, las dos formaciones en competición se denunciaron mutuamente y acusaron al adversario de destrucción de documentación
24) Hay diversas hipótesis sobre el transcurso y los resultados de los acontecimientos en ambos países; entre los trabajos que analizan en profundidad estos hechos es preciso dirigirse a la obra de Deborah J. YASHARR (1997).
64
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
electoral y de la falta de garantías en el recuento de votos. En esas circunstancias, el Tribunal Electoral, sin unanimidad, declaró a Ulate presidente electo sobre la base de los resultados que habían llegado por vía telegráca. Posteriormente, el Congreso anuló las elecciones en una sesión celebrada el 1 de marzo de 1948. Los días que siguieron a esta decisión fueron de tal incertidumbre política que José Figueres aprovechó para declarar la guerra “contra un gobierno corrupto que no aceptaba los resultados electorales”. La predisposición de José Figueres para encabezar una rebelión contra el gobierno de Costa Rica y establecer una “Segunda República” no era ninguna novedad. Pero el paso denitivo se dio el día 16 de diciembre de 1947, cuando rmó el Pacto del Caribe. Pacto en el que los miembros de la Legión se comprometían a derrocar el régimen de Costa Rica. Con esta alianza Figueres obtuvo apoyo político, material, nanciero, militar y humano que fue vital durante la preparación de la ofensiva y el enfrentamiento con el ejército ocial. El 12 de marzo, Figueres, al frente de un grupo armado, emprendió acciones militares en la región montañosa del sudeste de la provincia de San José, iniciando una corta guerra civil, que duraría cuarenta días y que se cobraría la vida de unas 2.000 víctimas, y de la que nalmente resultaría vencedor. A raíz de ella se celebrarían unos Acuerdos de Paz en los que el bando gubernamental aceptaba un acuerdo —denominado Pacto de la Embajada de México— en el que se establecía su retirada siempre y cuando se respetara la vida y las propiedades de aquellos que habían sido eles al gobierno. Una vez ganada la guerra, el día 24 de abril, Figueres entró en San José al frente del Ejército de Liberación Nacional, y el día 28 realizaba un discurso en el que anunció la creación de una “Segunda República” respetuosa con el sufragio y la justicia. Pero la victoria de Figueres no fue interpretada de la misma forma por parte de los distintos sectores políticos del país. Por un lado, el anterior gobierno creyó que pretendía simplemente un cambio de gobierno liderado por Ulate. Por otro, la oposición pensaba en una restauración del orden liberal y oligárquico. Y nalmente, los seguidores incondicionales de Figueres —reunidos en la formación Liberación Nacional— pretendían la creación de una Junta Revolucionaria (que tomaba el nombre de la Junta Fundadora de la Segunda República) y la elección de una Asamblea Constituyente que redactase una Ley Fundamental para el nuevo régimen. Pero si bien no se respetó el Pacto de la Embajada de México (pues los dirigentes de las dos administraciones anteriores debieron exiliarse y el Partido de la Vanguardia Popular fue declarado ilegal), la Junta Fundadora tampoco pudo realizar todo aquello que tenía planeado. La “Segunda República” fue solamente una entelequia: nunca se redactó una nueva Constitución (solamente se modicaron algunas partes de la Constitución de 1871) y Figueres permaneció solo dieciocho 65
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
meses como jefe militar. Luego, se restableció el gobierno constitucional y se traspasó el poder a Ulate. El desenlace de la guerra civil, a diferencia de lo que ocurrió en Guatemala, no signicó el nal del reformismo ni el inicio de un largo período de represión. Se mantuvo la legislación social y las instituciones creadas en el período anterior, se nacionalizó la banca, se crearon otras instituciones fundamentales para el desarrollo económico posterior, se disolvió el ejército y se creó el Partido Liberación Nacional (PLN), que reunió a los líderes y los intereses de la coalición vencedora de la guerra civil y que dominó la vida política del país durante más de tres décadas. Más tarde, en febrero de 1953, Figueres sería jefe del Estado tras las elecciones presidenciales en las que obtuvo un 65 % de los votos válidos. No obstante, la abstención superior al 30 %, indicaba la renuncia de los sectores vencidos en la guerra civil a participar e integrarse en el nuevo esquema político. No fue hasta principios de los años sesenta (con el retorno de Calderón Guardia y su participación en las elecciones presidenciales como candidato del Partido Republicano) que la política en Costa Rica completaría el camino de la “normalidad democrática”. Aún así, es preciso señalar que la República de 1949, independientemente de su progresiva liberalización, supuso la prohibición y el exterminio de la formación obrera más sólida y combativa del istmo: Vanguardia Popular. El itinerario político de Guatemala en la época inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial mantuvo ciertos paralelismos con el de Costa Rica, pero el desenlace sería el opuesto: en el país meridional se consolidó un régimen liberal, respetuoso con los derechos humanos y tolerante, mientras en el septentrional se perpetuó la represión y el terror. ¿Por qué? Son muchas las razones que fueron precipitando Guatemala a un n trágico, y aunque algunas de ellas sean debidas a un legado histórico, otras son fruto de fenómenos estrictamente coyunturales (25). Desde 1931, en Guatemala reinó una feroz dictadura bajo el yugo del general Jorge Ubico, quien encarceló, asesinó y reprimió a miles de opositores y disolvió las organizaciones sindicales que existían hasta la fecha. No fue hasta inicios de los años cuarenta, cuando la oposición empezó a manifestarse a través de organizaciones estudiantiles y obreras. Progresivamente, este movimiento empezó a articularse, hasta que el día 21 de junio de 1944 en una asamblea de estudiantes se pidió la autonomía universitaria y se anunció que se
25) Hay diversas hipótesis sobre el transcurso y los resultados de los acontecimientos en ambos países; entre los trabajos que analizan en profundidad estos hechos es preciso dirigirse a la obra de Deborah J. YASHAR R (1997).
66
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
iniciaría una huelga general si el gobierno no se pronunciaba armativamente respecto de dicha propuesta en el plazo de veinticuatro horas. Al día siguiente, Ubico suspendió las garantías constitucionales y declaró el estado de excepción acusando de lofascistas a los rebeldes, pero la movilización por entonces ya había adquirido dimensiones difícilmente controlables. Ante dicha situación el dictador renunció y se exilió rumbo a Nueva Orleáns. Tras la huida del dictador, un triunvirato de militares intentó ocupar el poder, pero la presión popular y las demandas en favor del restablecimiento de garantías constitucionales lograron que nalmente se permitiesen las organizaciones políticas y obreristas, y que se convocaran elecciones generales para los días 17 al 19 de noviembre de 1944. A raíz de estos hechos, durante esos días renació la vida partidaria y sindical guatemalteca que durante tantos años había permanecido en la clandestinidad. En el terreno sindical, en octubre de 1944 se fundó la Confederación de Trabajadores de Guatemala (CTG) que reunía a un gran nombre de organizaciones gremiales. Por otro lado, a nivel partidario, entre las distintas formaciones existentes se constituyó una alianza que se denominó Frente Unido de Partidos Arevalistas (FUPA), que tendría como objetivo apoyar la candidatura a la presidencia de Juan José Arévalo, un opositor a la dictadura, pedagogo y lósofo, que proponía una losofía política progresista que él mismo denominaba “socialismo espiritual”. Pero la euforia popular no se correspondía con las intenciones del Gobierno Provisional, encabezado por Ponce Valdés, el cual prefería un gobierno continuista. Ante esta actitud inmovilista, un pequeño grupo de ociales aperturistas apoyado por organizaciones sindicales y de estudiantes inició una revuelta que derrocó el Gobierno Provisional tras dieciséis horas de combate. En esos momentos, la Embajada de los Estados Unidos quiso poner en la Presidencia a un candidato de la oligarquía cafetalera, pero nalmente la nueva Junta Provisional fue formada por tres personajes de vocación claramente aperturista: el Capitán Jacobo Árbenz, el Mayor Arana y el abogado Jorge Toriello Garrido. Había empezado la “Revolución de Octubre” (Rojas Bolaños, 1994: 96). La nueva Junta reinició los preparativos para la celebración de elecciones al tiempo que abolió algunas de las leyes más reaccionarias y retrógradas del régimen anterior —como el Servicio personal de vialidadd que suponía la legalización del trabajo forzado de los miembros de las comunidades indígenas. En las elecciones celebradas en diciembre de 1944, Arévalo fue elegido por una mayoría aplastante de votos (superó el 80 %). El nuevo presidente tomó posesión de su cargo el 5 de marzo del año siguiente, casi al mismo tiempo que entraba en vigor una nueva Constitución que derogaba la Ley Contra la Vagancia que estableció Ubico, instauraba la libertad de 67
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
expresión y de prensa, y consagraba el voto a casi todos los adultos —aún se prohibía el voto a las mujeres analfabetas. Posteriormente se establecieron la autonomía universitaria, la libre sindicación, el derecho de huelga y el concepto de la función social de la propiedad (hecho que indicaba la posibilidad de llevar a término una ley de la reforma agraria), y se sentaron las bases del futuro Seguro Social. Con el nuevo gobierno el Estado empezó a jugar un papel más activo en la economía del país. Se incrementó la inversión pública y se iniciaron algunas políticas sociales muy elementales: se construyeron escuelas, hospitales, viviendas y se llevó a término una importante campaña de alfabetización. También en el primero de mayo de ese año entró en vigor un nuevo Código del Trabajo, hecho que despertó una gran oposición entre los terratenientes y los empresarios acostumbrados —como expresa Rojas Bolaños, 1994: 97— a un orden social en el que la organización de los trabajadores no solo era inexistente, sino inconcebible. Ante todo lo descrito, los sectores más conservadores no tardaron en manifestarse contra este “nuevo orden”. Durante el gobierno de Arévalo hubo veintitrés intentos de golpe de Estado. Ante la abierta hostilidad de los sectores más conservadores, el gobierno respondió con la promulgación de la Ley de Arrendamiento Obligatorio, el 21 de diciembre de 1949, en virtud de la cual los terratenientes debían arrendar las tierras sin cultivar que la administración necesitase por un período de dos años, a un precio equivalente a un 10 % de la producción. Esta fue la primera medida del régimen que incidió directamente en la gran propiedad. La reacción no se hizo esperar y la oligarquía de terratenientes se unió contra el nuevo gobierno. Además de los grupos de poder locales, las grandes compañías extranjeras que operaban en Guatemala (entre las que destacaban la UFCO, la International Railways of Central America y la Empresa Eléctrica de Guatemala) mostraron también su rechazo al Ejecutivo al que hicieron saber que estaban profundamente dolidas por la aprobación de las nuevas regulaciones laborales. Muy pronto, también la prensa estadounidense y el Congreso calicarían el gobierno de Arévalo de procomunista. En las siguientes elecciones, a nales de 1950, Jacobo Árbenz —sucesor natural de Arévalo— fue elegido presidente con el 65 % del sufragio. Este tuvo el apoyo de tres fuerzas partidarias de cariz democrático y revolucionario: el Partido de Acción Revolucionaria, el Partido Renovación Nacional y el Partido Guatemalteco del Trabajo, que agrupaba a comunistas. También recibió el apoyo del movimiento sindical. Árbenz tomó posesión del cargo el día 15 de marzo de 1951 y manifestó en su discurso inaugural que su gobierno “tenía como objetivo transformar una nación atrasada y con una economía casi feudal, en un país moderno y capitalista... eco68
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
LEY DE LA REFORMA AGRARIA DE JACOBO ÁRBENZ En el año 1953, en su discurso ante el Congreso de la República, el presidente Jacobo Árbenz se rerió a la ley de la Reforma Agraria con el inicio de la transformación económica de Guatemala. “Es, dijo, el fruto más precioso de la Revolución y la base fundamental de la nación como un nuevo país”. La Ley de Reforma Agraria promovía la modernización del campo y la abolición de formas de trabajo arcaicas (como se exponía en sus dos primeros artículos): Artículo 1: La Reforma Agraria tiene por objeto liquidar la propiedad feudal del campo... para desarrollar la forma de explotación y los métodos capitalistas de producción en la agricultura, y preparar el camino hacia la industrialización de Guatemala. Artículo 2: Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y de esclavitud, y en consecuencia también quedan prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos, mozos, colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimientos indígenas, sea cual sea la forma en la que subsistan.
nómicamente independiente” (Dunkerley, 1988: 115). Este objetivo suponía dos medidas de gran alcance: la realización de un plan de vías de comunicación internas capaces de facilitar la creación de un mercado interno, y la transformación de la estructura casi feudal de la propiedad de la tierra a través de una reforma agraria —que se inició con la aprobación de la Ley de Reforma Agraria (LRA), el 17 de junio de 1952. Pero las dos medidas expuestas suponían el enfrentamiento con toda la oligarquía terrateniente y con las grandes compañías estadounidenses establecidas en Guatemala, que controlaban el transporte ferroviario, la energía eléctrica y las bananeras. Las Compañías no solo estaban descontentas por la abolición de las condiciones laborales existentes hasta entonces, sino también porque se contemplaba la expropiación de las propiedades de más de 200 hectáreas que no se cultivasen, que se explotasen con sistemas de prestaciones personales o con salarios decientes. Una vez expropiadas, estas tierras serían entregadas como propiedad privada a los trabajadores agrícolas, mozos o colonos, y las expropiaciones se cubrirían 69
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
con bonos de la reforma agraria. En 1953 se inició el reparto de tierras a familias campesinas y a mediados de 1954, unas 100.000 familias ya se habían visto beneciadas por dicha ley. Uno de los propietarios afectados por estas medidas fue la UFCO, que poseía más de 500.000 acres de tierra. En virtud de la LRA, el gobierno le expropió 386.901 acres. Este hecho no solo provocó la rápida reacción del Departamento de Estado estadounidense en nombre de la UFCO, sino que pronto se exigió al gobierno de Guatemala una indemnización por valor de 15.854.859 dólares. Desde el momento de la aprobación de la LRA, la campaña nacional e internacional contra el gobierno de Árbenz adquirió tintes cada vez más violentos. Aunque en ese mismo período se constituyeron plataformas políticas y sindicales para apoyarlo (como el Frente Democrático Nacional o la Confederación General de Trabajadores de Guatemala), estas no disponían de la fuerza y la cohesión necesarias para hacer frente a la reacción interna (en la que destacaba la participación directa de la jerarquía católica, la cual se manifestó públicamente contra el “comunismo”), ni tampoco a la conspiración internacional encabezada por Washington. Fue en la segunda mitad de 1953, cuando los Estados Unidos tomaron la decisión de intervenir directamente en Guatemala. En el mes de marzo de 1954, en la X Conferencia de la OEA que tuvo lugar en Caracas, el gobierno estadounidense hizo aprobar —pensando en Guatemala— una “declaración de solidaridad para la preservación de la integridad política de los Estados Americanos contra la intervención del comunismo internacional”. A raíz de la llegada en un puerto guatemalteco, el 15 de mayo de 1954, de un buque con municiones procedentes de Suiza y Checoslovaquia, se desató una crisis interna. Los miembros más conservadores del ejército tomaron una actitud crítica con el gobierno y, sobre todo, respecto a la presencia de socialistas y comunistas en la administración. El 17 de junio del mismo año, el coronel Carlos Castillo Armas (que había sido el líder de uno de los múltiples golpes de estado fracasados) invadió Guatemala al frente de doscientos soldados armados y entrenados por la CIA en Honduras. Al día siguiente, aviones no identicados, que habían partido de territorio nicaragüense, bombardearon distintos puntos del territorio nacional. El Ejército no respondió y tampoco se armaron a los comités de milicianos dispuestos a apoyar al régimen. Las denuncias de Árbenz en los foros internacionales no tuvieron el menor efecto. Árbenz renunció y entregó la presidencia a una Junta Militar que terminaría por sucumbir a las presiones estadounidenses y de los “rebeldes”. El día 2 de julio de 1954, Castillo Armas entró triunfante en Guatemala, y el día 7 fue investido jefe del Gobierno. En el mes de octubre, gracias a un plebiscito, 70
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
se convirtió en el nuevo presidente: la Revolución de 1944 había terminado. Las tierras afectadas por la reforma agraria fueron devueltas a los terratenientes y a las empresas estadounidenses, se disolvieron las centrales sindicales, se estableció un nuevo Comité Nacional de Defensa contra el Comunismo, se modicó el Código del Trabajo y se privó del derecho de voto a los analfabetos. Miles de guatemaltecos fueron encarcelados, torturados y asesinados, y otros tantos tuvieron que tomar el camino del exilio (Rojas Bolaños, 1994: 102). El nuevo régimen recibió una generosa ayuda de la administración norteamericana (se calculan unos 90 millones de dólares durante los primeros años) y empezó la contrarrevolución, y con esta el régimen represor y genocida que perduró hasta nales de los años ochenta. 2. CRECIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y DESEQUILIBRIOS
La economía centroamericana se mantuvo estancada hasta la década de los cuarenta: el PIB per capita todavía estaba por debajo del registrado a nales de los veinte. El ingreso real por persona en la región era el más bajo de toda América Latina, a excepción de Haití. Desde inicios de siglo, los países centroamericanos siguieron un modelo de crecimiento basado en la promoción de exportaciones que dio unos ínmos resultados: las exportaciones de Honduras y Nicaragua en 1949 no alcanzaban los 25 $ por persona, y este indicador caía a la cifra inferior a los 15 $ si no se tienen en cuenta las exportaciones de oro y banano, que realmente constituían un enclave en la estructura productiva del país. Sin embargo, desde 1949 hasta 1970, estas pequeñas economías crecieron con mayor rapidez que cualquier otra en todo el continente. Durante el período 1949-1970 las exportaciones de Nicaragua crecieron un 667 % (a un ritmo de un 10,2 % anual), en contraste con el 178 % de América Latina. En toda Centroamérica, entre 1959 y 1979, se experimentó un crecimiento medio de las economías de un 5 % acumulado (Bulmer-Thomas, 1991: 249-250). En esta dirección es posible referirse al “milagro económico” centroamericano. Otra cuestión fueron sus efectos. De lo expuesto es fácil deducir el retraso con que los países del istmo se introdujeron en proceso de modernización capitalista, así como la forma súbita (aunque también irregular) en que lo hicieron a partir de la década de los cincuenta —tal como se desprende de las Tablas 2.1. y 2.2. Si bien no nos corresponde en este apartado analizar este proceso —pues no es nuestro objetivo y, además, existe una notable literatura de excelente calidad
71
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Tabla 2.1. Población total, población urbana y PIB de América Central,1950-1980
Centroamérica 1950 1980 Costa Rica 1950 1980 El Salvador 1950 1980 Guatemala 1950 1980 Honduras 1950 1980 Nicaragua 1950 1980
Población total
Población urbana
Población urbana (%)
PIB (millones de dolares)
8.082.000 20.696.000
1.300.000 8.904.000
16 43
1.955,1 8.260,0
801.000 2.213.000
208.000 1.015.000
26 56
257,3 1.591,0
1.856.000 4.797.000
334.000 2.130.000
18 44
376,9 1.526,0
3.006.000 7.262.000
421.000 2.792.000
14 38
767,1 3.0760
1.369.000 3.691.000
137.000 1.484.000
10 40
320,2 1.011,0
1.050.000 2.733.000
200.000 1.484.000
19 54
233,6 1.064,0
(*) La población de 1980 es estimada. Los dólares son sobre la base de los de 1950 y 1978 Fuente: Mayorga Quirós en Dunkerley,1988: 172.
sobre este tema (26)—, sí es útil señalar con brevedad las características principales de este modelo de desarrollo, sus agentes y los efectos producidos en las frágiles sociedades de la región. La estructura productiva centroamericana empezó a diversicarse rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial a consecuencia, en gran medida, de factores exógenos. Destacaron el aumento del precio internacional del algodón —a la vez que se estabilizaban los precios del café—; la creciente demanda de carne de
26) Entre la literatura existente sobre el tema: BRIGNOLI, 1986; BROCKETT, 1988; BULMER-THOMAS, 1987; TORRES-RIVAS, 1969; WEEKS, 1985; WILLIAMS, 1986; entre ella cabe señalar el texto de BULMER-THOMAS, 1987 por su exhaustividad y calidad.
72
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Tabla 2.2. Crecimiento de la economía de América Central, 1950-1979 Porcentaje anual de crecimiento de la población (%)
crecimiento anual PIB (%; en precios de 1970) América Central 1950-9 1960-9 1970-9 Costa Rica 1950-9 1960-9 1970-9 El Salvador 1950-9 1960-9 1970-9 Guatemala 1950-9 1960-9 1970-9 Honduras 1950-9 1960-9 1970-9 Nicaragua 1950-9 1960-9 1970-9
PIB per cápita (en dólares de 1950)
4´9 6´2 4´5
3´3 3´3 3´1
1949- 206 1959- 225 1969- 280
6,8 6,8 5,8
4,2 3,3 2,5
1949- 286 1959- 309 1969- 390
4,8 6,1 4,7
3,0 4,0 3,0
1949- 185 1959- 192 1969- 256
4,0 5,4 5,8
3,3 3,1 3,1
1949- 220 1959- 243 1969- 300
3,3 5,3 3,6
3,2 3,3 3,4
1949- 152 1959- 158 1969- 175
5´6 7´5 2´5
3´2 3´3 2´6
1949- 182 1959- 261 1969- 363
Fuentes: Dunkerley,1988:173 para las dos primeras columnas y Bulmer-Thomas,1983:272 para la tercera
vacuno como resultado del establecimiento y extensión de las cadenas fast-food d en los Estados Unidos; y la necesidad de suplir la cuota azucarera estadounidense que procedía de Cuba y que se suspendió a raíz del triunfo de la Revolución. Por lo tanto, el crecimiento acelerado a que nos referimos fue, básicamente, el resultado del boom comercial de tres productos primarios destinados a la exporta73
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Tabla 2.3. Los cinco productos más relevantes en el total de las exportaciones de Nicaragua, 1960-1979
Café Algodón Banana Ganado (res) Azúcar Total
1960-1964 24% 33% 1% 6% 5% 69%
1965-1969 15% 38% 1% 9% 5% 68%
1976-1974 15% 25% 1% 14% 5% 60%
1975-1979 25% 24% 1% 10% 6% 66%
Fuente: Weeks,1985:77.
ción. Estos (el algodón, el ganado y el azúcar), junto al banano y el café, pasarían a ser —tal como se observa en la tabla 2.3., centrada en el caso nicaragüense— los cinco productos más relevantes en el total de exportaciones. De esta forma, la tasa de crecimiento promedio del sector agropecuario alcanzó casi el cinco por ciento anual. También el valor de las exportaciones creció exponencialmente. Para poner un ejemplo signicativo de este proceso, en Nicaragua durante el período que va de 1950 a 1973, la supercie de tierra dedicada al cultivo del algodón se multiplicó por diez y, a resultas de ello, las cosechas pasaron de 20.000 balas de algodón en los años cincuenta, a 200.000 en los sesenta, y a medio millón a mediados de la década de los setenta (ver tabla 2.4a). Los máximos beneciarios de este boom del oro blanco (nombre que recibió en dicha época el algodón) fueron los latifundistas de las regiones occidentales del país (León y Chinandega), la mayoría de ellos vinculados a la tradicional elite liberal. La misma tendencia (ver el incremento de dicho rubro en la tabla 2.4b) se dio, a nales de los años sesenta, en la ganadería nicaragüense, que terminaría facturando casi el 40 % de las exportaciones provenientes de Centroamérica (Vilas, 1995: 43). La envergadura del ciclo agroexportador en la región fue tal, que pronto se acumuló un gran excedente nanciero. Este hecho estimularía a las elites tradicionales a crear instituciones nancieras privadas al margen del Estado. La creación de bancos privados de carácter nacional en toda la región supuso, para las elites, la máxima rentabilidad de este crecimiento a la vez que creó las condiciones para que estas mantuvieran aparcadas sus históricas rencillas. Rencillas que aparecerían nuevamente con el impacto de la crisis económica mundial de la segunda mitad de los setenta. 74
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Tabla 2.4. Crecimiento del sector agroexportador no tradicional en Centroamérica 1948-1979 El área es en miles de hectáreas La producción es en miles de toneladas a) Algodón
América Central Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
1948-52 área 73 21 5 47
1948-52 prod. 28 8 2 18
1967 área 307,6 8,5 52,7 89,5 11,2 145,7
1967 prod. 229 4 35 78 10 102
1979 prod. 339 4 72 146 8 109
b) Ganadería (en cabezas de ganado) 1947-52 4.325.000 601.000 795.000 977.000 884.000 1.068.000
América Central Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
1972 8.665.000 1.655.000 1.000.000 1.740.000 1.600.000 2.670.000
1974 8.953.000 1.767.000 1.009.000 1.916.000 1.661.000 2.600.000
c) Azúcar
América Central Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
área 135 24 25 32 33 21
1961-65 prod. 5.869 1.082 1.060 1.960 796 971
1977 área 257 37 38 85 55 42
1977 prod. 16.496 2.160 3.300 6.800 1.660 2.578
Fuente: Torres Rivas, Quirós,Land Tenure Center of Wisconsin, en Dunkerley, 1988:168.
75
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Ciertamente, el extraordinario crecimiento de las economías centroamericanas se basó en la agroexportación, pero también (por primera vez en la historia de la región) guraban entre los bienes exportados manufacturas. Ello se debió a la creación, a nales de la década de los cincuenta, del Mercado Común Centroamericano (MCCA), inspirado por la doctrina cepalista y auspiciado por la Alianza para el Progreso (27). El modelo de desarrollo resultante fue calicado por diversos teóricos como “económico y sectorialmente desarticulado” (De Janvri, 1981) o “híbrido” (Bulmer-Thomas, 1987), debido a que sectorialmente dependía del exterior al importar bienes de consumo, de capital y tecnología, asignando a la balanza de pagos el papel de limitante de la expansión productiva; y socialmente porque los ejes del modelo de acumulación eran la mano de obra barata y el bajo coste de los alimentos básicos. El MCCA, con todo, creó las bases para un rápido crecimiento —siempre en términos relativos— de la producción de bienes manufacturados destinados a otros países de la región. Muchos de los nuevos productos se basaban en el procesamiento de productos agrícolas “no tradicionales”, pero también destacó la participación de la economía en el acabado de bienes nales de consumo —actividad que reportó inmensos benecios a las empresas que se dedicaron a dicha actividad debido a la nueva estructura arancelaria y scal del MCCA. Consecuencia de ello, diversas empresas multinacionales —la mayoría de ellas estadounidenses— llegarían a la región en busca de estas oportunidades, tal como lo demuestra el hecho de que el 89 % de los bienes de capital destinados al sector secundario eran importados, o que el capital industrial pertenecía a inversores extranjeros (Harris, 1985).
27) El MCCA, en un inicio, postuló un modelo de industrialización para Centroamérica destinado a reemplazar al modelo tradicional impulsado por las exportaciones de productos primarios. El nanciamiento de las nuevas inversiones industriales hubiera tenido que venir, en gran parte, de la agricultura de exportación (AEX); las exportaciones industriales extrarregionales hubieran tenido que aportar una creciente proporción de las divisas necesarias para las importaciones extrarregionales de materias primas y bienes de capital; y la diversicación agrícola se hubiera tenido que seguir, a expensas de la AEX, a n de proporcionar los bienes salariales para la fuerza laboral urbana en expansión y las materias primas para la industria, con el objetivo de evitar que esta última dependiera demasiado de los insumos importados. En la realidad, sin embargo, este modelo híbrido de industrialización tuvo implicaciones muy diferentes para el sector agrícola. En primer lugar, los ingresos en divisas para pagar las importaciones extrarregionales siguieron dependiendo casi exclusivamente de la AEX; a la vez que ello requería mantener incentivos para la inversión en AEX, lo cual reducía el excedente nanciero interno disponible para el nuevo fomento industrial. Por otro lado, el fortalecimiento del AEX hizo muy poco por fomentar la diversicación agrícola, de manera que la oferta de bienes salariales y de recursos naturales para la industria siempre estuvieron en cuestión. Todo ello porque, en denitiva, no podía esperarse que el modelo híbrido desaara un modelo que favorecía a la oligarquía tradicional ((BULMER-THOMAS, 1987: 224-225).
76
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Tabla 2.5. Área de cultivo destinada a productos de consumo y a productos de exportación en Nicaragua, 1965-1979
1965-1970 1970-1975 1975-1979
Granos básicos (1) 52,8% 49,1% 48,9%
Agroexportación (2) 47,2% 50,9% 51,1%
(1): Granos básicos: arroz, frijol y maíz. (2): Productos de agroexportación: algodón, azúcar, bananas, café y sorgo. Fuente: Weeks,1985:104.
Con todo, a pesar de la creación del MCCA, la economía regional continuó caracterizándose por su dependencia externa, ya que era necesario importar bienes de capital y tecnología; y también porque la agroexportación siguió constituyendo el único mecanismo para captar divisas, pues el tamaño del mercado interno de los países era reducido y el incipiente sector industrial era incapaz de generar empleo. En relación a este último aspecto, la absorción de la mano de obra que llegaba continuamente a las ciudades —expulsada de las zonas rurales del Pacíco donde tomaba fuerza la agricultura de agroexportación— se llevó a cabo a través del sector informal (agrupado en el sector terciario), estimándose que, a nales de los setenta, casi la mitad de la población urbana económicamente activa era autoempleada (Laenen, 1988; Harris, 1985). Pero el vertiginoso crecimiento de la actividad económica no signicó la extensión de mejores condiciones de vida para la mayor parte de población centroamericana. A la vez, la naturaleza expansiva del desarrollo agroexportador supuso un proceso de desplazamiento de los cultivos unifamiliares de subsistencia hacia la frontera agrícola, conllevando un fenómeno de sustitución de cosechas del autoconsumo a la exportación. De acuerdo con dicho proceso, todos los países del istmo pasaron de ser exportadores netos de granos básicos (arroz, frijol y maíz) a ser importadores (28), cambiando la hegemonía de los cultivos a favor de la agroexportación (tal como se observa en la tabla 2.5 para el caso nicaragüense).
28) Ya a nales de los años setenta, el 24 % de los granos básicos consumidos eran importados (B ( ROCKETT, 1988: 78-80).
77
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Tal como expone Vilas (1995: 44) al describir los efectos perversos de la modernización capitalista de la región, el boom agroexportador, que según las teorías del comercio internacionall debía aportar grandes ventajas a la mayoría de la población —ya que la sustitución de cultivos destinados al consumo interno por cultivos exportables supondría mayores benecios y, por tanto, otorgaría al país la capacidad de importar no solo bienes de consumo antes producidos, sino también bienes intermedios y de capital para modernizar la estructura productiva y entrar en la senda del desarrollo—, produjo el empobrecimiento de amplios sectores de la población. Y es que en toda Centroamérica la elevada concentración de la renta invirtió el diagnóstico de las teorías desarrollistas, pues las importaciones fruto del excedente generado no se destinaron a modernizar la estructura productiva ni a la inversión de capital, sino que respondieron a un tipo de demanda que satisfacía los intereses de los sectores sociales con mayor nivel de ingresos. A consecuencia de ello, la mayoría de los campesinos, que dejaron de producir granos básicos, para trabajar en plantaciones destinadas a la agroexportación, no comieron maíz, ni arroz, ni frijol de importación, simplemente, comieron menos (Vilas, 1995: 46). Por lo tanto, la modernización del agro supuso muchas veces el empeoramiento de las condiciones nutritivas de la mayor parte de la población: en una relación de el año 1970 los centroamericanos consiguieron las cantidades equivalentes a 87 unidades de maíz, 81 de frijol y 104 de arroz (Weeks, 1985: 107). Este fenómeno signicó el empeoramiento de las condiciones de vida de un sector creciente de los centroamericanos, y no solo por la pérdida del acceso a la tierra, sino también por su menor capacidad negociadora, relacional y de presión para con otros sectores y con el mercado. De lo expuesto se desprende que el boom económico no solo se concentró en un reducido número de productos, sino también en un pequeño número de beneciarios (los mismos productores en el caso del algodón y el azúcar, y los grupos económicos que controlaban el proceso de comercialización en el resto de actividades). La agricultura, que empezó a diferenciarse —en términos geográcos, de tamaño, de acceso a recursos, etc.—, condujo al progresivo desplazamiento de familias campesinas hacia la frontera agrícola y, sobre todo, hacia la ciudad. La migración desde las zonas rurales hacia los centros urbanos fue de tal envergadura que, en un período relativamente corto, alteró la relación entre población rural y urbana. En Nicaragua, por ejemplo, que en 1950 solo contaba con un 36 % de población en áreas urbanas, pasó a tener un 47 % en 1970 y un 53 % a inicios de los ochenta. Este súbito proceso de urbanización supuso la creación de extensos barrios marginales caracterizados por su precariedad y depauperación. Desde 1950, Nicaragua tuvo uno de los índices de crecimiento vegetativo y de urbanización más altos del Tercer Mundo, y el mayor de América Central. En este proceso de 78
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Tabla 2.6. Distribución del ingreso en Centroamérica por estrato, 1970
pobre América Central Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
3,4 5,4 3,7 4,9 3,0 3,0
30% por debajo de la media 13,1 15,5 14,9 12,5 7,7 12,0
30% por encima de la media 25,9 28,5 30,6 23,8 21,6 25,0
20% más rico 57,6 50,6 50,8 58,8 67,7 60,0
Fuente: Elaborado por Vilas (1995: 68) a partir de material de FLACSO/ICC.
urbanización y terciarización también inuyó el terremoto, ocurrido en la noche del 23 de diciembre de 1972, que asoló Managua. La destrucción de gran parte de la infraestructura industrial y comercial creó un vacuum sobre el que se expandieron las actividades informales y, con estas, también se deterioraron las condiciones de vida de buena parte de la población (Vilas, 1995). A mediados de la década de los setenta, más del 60 % de las viviendas urbanas carecían de energía eléctrica, agua potable y cloaca. Tal como apuntó un estudio realizado en ese período: “el único aliciente de la ciudad era que la vida en muchas zonas rurales era peor” (Téfel, 1976). El fenómeno de la marginación urbana también supuso la reducción de la distancia física entre los diferentes grupos sociales. Era fácil distinguir a los beneciarios y los perjudicados de un “milagro económico” que distribuyó de forma desigual los costos y los benecios (tal como se desprende de la desigual distribución del ingreso expuesta en la tabla 2.6.). Pero este proceso reportó algo más que un empeoramiento de las condiciones materiales de buena parte de la población. También supuso la erosión de los valores en los que hasta entonces se había asentado la sociedad. Aparecieron nuevas formas de relación laboral, se quebraron lealtades y vínculos clientelares, se diluyeron sistemas de solidaridad y jerarquía, y se descompusieron núcleos familiares al verse sus miembros obligados a emigrar en búsqueda de ingresos. La incertidumbre frente a las nuevas circunstancias y la ausencia de valores en que justicar una realidad cada vez más dolorosa supusieron un verdadero proceso de tensión del orden social. 79
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
En cuanto a la otra cara de la moneda, el mundo de las elites no cambió demasiado. A pesar de las transformaciones expuestas, el entramado social y económico de las elites se mantuvo intacto. Los grupos oligárquicos tradicionales siempre controlaron buena parte de los recursos económicos y, sobre todo, mantuvieron unas pautas sociales y culturales diferenciadas del resto de la sociedad. Solo en Costa Rica y en Honduras se llevaron a cabo medidas para reducir la presión de los sectores populares liberalizando el régimen y socializando algunos de los benecios de este acelerado crecimiento —solo comparable, en el mismo período, con el del Japón. Como ya señalamos, en Costa Rica esta actividad fue fruto de la estabilización de las instituciones nacidas de la Revolución del 48, de la que surgió un sistema bipartidista donde el Partido Liberación Nacional de Figueres y la Unión Nacional se fueron alternando el poder a la vez que iban construyendo el Estado de bienestar mejor dotado del subcontinente (Rovira Mas, 2000). A raíz de esta estabilidad acompañada de crecimiento e inclusión, a nales de los setenta, Costa Rica en 1978 gozaba de unos indicadores semejantes a los de cualquier país desarrollado (29) a pesar de que la explosión demográca elevó en veinte años (de 1953 a 1973) la población del país de 800.000 habitantes a dos millones. En cuanto a Honduras, después de décadas de gobiernos títeres de los intereses extranjeros y autoritarios, el año 1957 se realizaron elecciones para la creación de una Asamblea Constituyente donde estaban representados los dos partidos tradicionales: el Partido Liberal (PL), el Partido Nacional (PN) y una pequeña agrupación de carácter reformista. De dicho proceso emergió una nueva rivalidad entre el Congreso y las Fuerzas Armadas, forcejeo que terminaría resolviéndose a favor de los últimos a través de un golpe de Estado el 3 de octubre de 1963. Con todo, el período anterior al golpe el gobierno implementó un conjunto de reformas modernizadoras, destacando la aprobación de un Código del Trabajo, el incremento de las inversiones en educación y la creación del Instituto Nacional Agrario (INA). En el mismo período también se establecieron algunas instituciones autónomas destinadas a la prestación de servicios sociales, a la vez que se inició un proceso de organización popular en las zonas rurales. Posteriormente, si bien el golpe de Estado de 1963 tuvo efectos regresivos respecto a los derechos políticos y sociales, el gobierno —sobre todo a partir de 1969— mantuvo una cierta tolerancia frente al movimiento campesino.
29) La esperanza de vida era de 70 años, el analfabetismo inferior al 10 %, la mortalidad infantil de un 20 por mil; el desempleo del 5 %, y el Seguro Sociall protegía a las tres cuartas partes de la fuerza de trabajo.
80
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
El año 1969, con la derrota del ejército hondureño en la guerra del fútboll (30) contra las fuerzas armadas de El Salvador, se inició un cierto clima de diálogo entre las diversas fuerzas políticas que, después de muchos conictos, desembocaría en un Golpe de Estado el 4 de diciembre de 1972. Esta vez, sin embargo, el pronunciamiento militar —liderado primero por Arellano y después por Melgar Castro— tuvo un cariz reformista (a la peruana). De resultas de este golpe se constituiría una Junta Militar que gobernaría el país hasta la apertura liberalizadora de inicios de los ochenta (Sieder, 1995). Así, con este desenlace relativamente proclive a las reformas, Honduras escaparía de la insoportable tensión social y política presente en esa época en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. A partir de lo expuesto, en las pequeñas sociedades centroamericanas (con la excepción de Costa Rica y solo en cierta medida Honduras) no solo no se alteró el dominio oligárquico, sino que se agudizaron las tensiones económicas a la vez que se erosionó peligrosamente el anterior orden social. Así, a la par que las elites usufructuaban de un nivel de riquezas sin precedentes, los regímenes políticos de la zona iban adquiriendo una naturaleza cada vez más represiva y grotesca. Según lo descrito, la pequeña sociedad nicaragüense no solo se modernizó sin alterar el dominio oligárquico, sino que en ella se agudizaron las tensiones económicas y se descompuso el anterior orden social. A la vez, el régimen político —bajo el dominio “casi-patrimonial” del último de los Somoza (1963-1979)— fue adquiriendo facetas cada vez más grotescas, dando virtualidad a la cita de Nietzsche, que dice: “El valor de todos los estados mórbidos consiste en que muestran a través de un cristal de aumento condiciones que son difícilmente visibles en un estado normal”. 3. LA CRISIS DEL ORDEN EXCLUYENTE Crisis y bloqueo institucional en El Salvador
En El Salvador, tras la omnipresencia de los regímenes autoritarios y militares que se sucedieron desde 1932, en 1962 aparecieron ciertas veleidades reformistas desde la misma administración. En ese año se celebró una Asamblea Constituyente para garantizar la existencia de elecciones presidenciales y municipales cada cinco y cada dos años, respectivamente. Si bien los ganadores de las elecciones eran siempre los candidatos ociales del Partido de Conciliación Nacional (PCN), es cierto que otros sectores políticos pensaban en la posibilidad de ganar (Turcios, 1993).
30) Conicto bélico descrito magistralmente en la obra del periodista KAPUSCHINSKI (1992).
81
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Sin embargo, en 1972 se demostró la inviabilidad de una mayor apertura del espacio político (Hernández-Picó, 1973). La anulación de las elecciones presidenciales de marzo de 1972 (las primeras a las que concurrió una fuerza de oposición real, la Unión Nacional Democrática, UND), supuso el n del espejismo liberalizador. El desconocimiento de la victoria del candidato opositor —el democristiano Napoleón Duarte—, y el posterior fracaso de un golpe de Estado de tipo aperturista, supusieron la imposibilidad de impulsar ningún tipo de reforma política desde el orden institucional: a las siguientes elecciones (celebradas en los años 1974, 1976 y 1977) o no se presentaron candidatos de la oposición o bien las autoridades recurrieron al fraude masivo para mantenerse en el poder (Grénier, 1999). Con la anulación de los resultados de 1972 se impuso como presidente de la República un militar, el coronel Arturo Armando Molina, que gobernó hasta el año 1977. A los diecinueve días de la toma de posesión, el nuevo presidente ordenó al ejército la ocupación de la Universidad de El Salvador. Era un síntoma de que, a partir de entonces, el régimen se sustentaría progresivamente en la violencia y la represión. En ese contexto, los sectores más reaccionarios de la oligarquía y del estamento militar impidieron cualquier propuesta reformista que pudiese aligerar la tensión acumulada. Y efectivamente fue así cuando en las elecciones del 20 de febrero de 1977 se repitió de nuevo lo ocurrido cinco años antes (North, 1982). El 20 de febrero de 1977 la Unión Nacional Opositora (UNO) participó con el candidato Ernesto Claramount Roseville, un coronel retirado, y ganó. Pero la administración volvió a robar las elecciones a través de gestiones fraudulentas y dio la presidencia al general Carlos Humberto Romero, del PCN. Como protesta, la UNO montó un acto masivo en la Plaza Libertad, pero tras unos días el ejército irrumpió violentamente en la plaza dispersando a los manifestantes. Los dirigentes opositores se exiliaron o fueron expulsados. A partir de entonces, el desprecio y la violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen, o por parte de grupos paramilitares —como las Fuerzas Armadas de Liberación Anticomunistas (FALANGE), la Unión Guerrera Blanca (UGB), u ORDEN— aislaron al régimen. Con la promulgación de la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público, el gobierno tomó medidas directamente represivas: el objetivo era el estricto mantenimiento del orden. Un orden, sin embargo, cada vez más costoso y difícil debido al creciente descontento de amplios sectores de la población y a la sólida organización que a lo largo de los años setenta había tejido la oposición radical al régimen (31).
31) Un interesante y minucioso relato sobre la organización de la izquierda salvadoreña durante los
82
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
La insostenibilidad del Somocismo
Pedro Joaquín Chamorro, poco antes del asesinato de Anastasio Somoza García, expuso en su periódico La Prensa una conjetura sobre el futuro que ofrecía el régimen somocista a los trabajadores y a los capitalistas nicaragüenses. Este expuso el grave error que suponía para los empresarios el mantenimiento de relaciones cordiales con el régimen, y no por la existencia de algún programa socializador o distributivo, sino porque, de seguir la dinámica iniciada desde 1936, llegaría un día que el grupo empresarial de los Somoza acabaría devorando a los demás capitalistas; “respecto a los trabajadores —escribió Chamorro (32)—, Somoza, con el tiempo, también pretenderá controlar y subyugar al movimiento sindical”. El fenómeno que percibió Chamorro fue, sin duda, una de las causas de la crisis y colapso del régimen. El Estado nicaragüense, organizado en sus inicios como un instrumento de conciliación de intereses económicos y políticos intra-elitistas, pronto se vio envuelto en una tensa relación entre los negocios de la familia Somoza y los intereses económicos de la burguesía nicaragüense. Cuando el Estado fue visto por sectores de la clase dominante como agrantemente parcial, perdió la caracterización de “Estado de todos” (o, como mínimo, de todos aquellos que hasta entonces habían negociado e intercambiado intereses) para ser visto como un instrumento de los Somoza (Walter, 1993: 247). Tal como expuso tempranamente Pedro Joaquín Chamorro, el régimen somocista adquirió —a partir de la llegada del último Somoza— una caracterización muy singular. El tipo de régimen que nos ocupa ha sido calicado con diversos adjetivos por diferentes teóricos: Linz y Stepan (1978) utilizaron el término sultanista, Rouquié (1984) el de patrimonial, Falcoff (1985) recurrió al sustantivo de maacracy y González (1992) al de nepotismo cleptocrático. Si tuviéramos que exponer brevemente las características básicas del tipo de régimen en cuestión, destacaríamos cinco elementos (Wickham-Crowley, 1992: 269-280): (1) la existencia de un gobierno personal, no partidario; (2) el hecho de que las elites políticas no se corresponden con las elites socio-económicas tradicionales; (3) la dominación personal de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad; (4) la corrupción como práctica institucionalizada; y (5) el ejercicio sistemático de la coerción y la represión para silenciar los colectivos opositores.
años setenta en: DUNKERLEY, 1985: 87-102; y sobre la crisis política del modelo de dominación es preciso dirigirse a la misma obra de DUNKERLEYY (1985: 103-118). 32) Extraído de La Prensa, 2/8/1956.
83
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Ya en la primera mitad de la década de los cincuenta, empezaba a ser notoria la creciente red de negocios e intereses que manejaba la familia de los Somoza. Por aquel entonces, el cantante panameño Rupert Kontiki Allen —por muchos conocido como el “rey del calypso”— compuso una canción en honor al cada vez más omnipresente dictador: A guy asked the dictator if he’ad any farms ‘E said -e’ah on’y oneIt was Nicaragua (33). Y si bien el caso nicaragüense mantiene muchas singularidades, este puede clasicarse junto con los “gobiernos autocráticos caribeños”, como el de Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer en la República Dominicana, o el de Fulgencio Batista en Cuba. En este tipo de regímenes, el ejercicio directo y absoluto del poder por parte de reducidas camarillas generó una verdadera personicación del poder político, a pesar de la hipotética presencia de un Estado de Derecho y de la celebración periódica de elecciones (34). Así, el control de las instituciones del Estado somocista operó siempre como plataforma de enriquecimiento y la acumulación privada, ya que las instituciones del Estado representaban, en sí mismas, un potencial económico que permitía la conversión de ciertos grupos en estratos denidos por su control sobre los medios de producción y cambio. A partir de ello aparecieron profundas y complejas contradicciones entre los grupos empresariales que se enriquecían gracias a la manipulación del poder y los aparatos del Estado, y los que tenían en el mercado su único ámbito de acumulación. De esta forma, el modus operandi de los grupos económicos cercanos a Somoza era percibido por los demás grupos empresariales como una trasgresión sistemática de las “reglas del juego” (Vilas, 1984: 128-137). Pero fue sobre todo a partir de la presidencia del último miembro de la dinastía (Tachito), que el régimen adquirió sus características más esperpénticas y sanguinarias. Tachito creía, a diferencia de su hermano Luis (fallecido inesperadamente de un ataque al corazón en abril de 1964) y a semejanza de su padre, que para
33) Extraído de: PEZZULLO & PEZZULLO, 1993: 30. 34) A partir de ello cabe diferenciar el régimen somocista de los regímenes directamente gobernados por juntas militares. Así, en casi medio siglo que perduró el régimen, este realizó elecciones en las que virtualmente competían los conservadores con los liberales. También existió una limitada libertad de prensa y organización y, hasta los últimos años, estuvo vigente un orden constitucional. Para ver con mayor detalle el ordenamiento jurídico-político cabe dirigirse a: GONZÁLEZ, 1992; WALTER, 1993.
84
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
mantenerse en el poder era necesario tener el control de la Guardia Nacional. Pero a Tachito le faltó la sagacidad política de su progenitor. Además, desde los años sesenta, el régimen se asentó progresivamente en la prohibición. A inicios de 1960 se limitó la libertad de expresión en la radio y la televisión al prohibir la transmisión de mensajes “contrarios a la paz y seguridad del Estado”, así como la propagación de noticias capaces de “infundir pánico en los negocios” y atentar contra el “buen nombre del país” (Walter, 1995: 350). En 1965 se prohibió la exhibición de rótulos de cualquier índole sin la debida autorización. En 1967 se dictó una ley que permitía cerrar rotativos que publicaran noticias que incitaran la subversión y la violencia, o que constituyeran una amenaza para la paz y la tranquilidad pública. En 1971, ya en tiempos del último Somoza, se dictó la necesidad de guardar el respeto absoluto hacia los símbolos patrios —colocándose la bandera nacional en el altar mayor de los templos religiosos, cantándose el himno nacional cada día en las escuelas del país y prohibiéndose su canto en cantinas, centros de vicio, o cualesquiera otros lugares de esta naturaleza (Walter, 1995: 355). En aquel entonces, era popular el dicho que rezaba que: “había tantas prohibiciones que el Estado podía meter preso a cualquiera por cualquier cosa”. Pero a nales de 1972, el régimen empezó —y aquí la expresión es literal— a tambalearse. El 23 de diciembre de 1972, un terremoto destruyó más del setenta por ciento de los edicios de la ciudad de Managua: solo se mantuvieron intactas las estructuras del Palacio Nacional, del Banco de América, del Banco Central y del Hotel Intercontinental. Desde los Estados Unidos y otros muchos países llegaron cientos de millones de dólares para la reconstrucción y para auxiliar a los necesitados, pero muy pronto, se criticó la forma en que el gobierno utilizaba y distribuía el dinero. Efectivamente, Anastasio Somoza Debayle lo utilizó en benecio propio (35). —“¡Esta es la revolución de las oportunidades!” —exclamó Tachito. El seísmo no solo supuso la posibilidad de engrosar su patrimonio, sino que le dio la oportunidad de retomar la presidencia —además del cargo militar que ya ostentaba. Somoza Debayle se hizo nombrar presidente del Comité Nacional de Emergencia por medio de un decreto hecho público el 23 de enero de 1973. Pero el detonante de la “crisis política”, en términos de estabilidad del régimen, fue la injerencia de las empresas de Somoza —utilizando recursos públicos y los resortes del Estado— en sectores económicos considerados, hasta entonces,
35) En los seis meses posteriores al terremoto, el Comité Nacional de Emergencia recibió 24.853.000 dólares en efectivo. Los Estados Unidos también donaron 32 millones de dólares al Estado y 122.181 dólares al sector privado. Sin embargo, según las cuentas ociales, el gobierno solo había recibido 16,22 millones de dólares ((DIEDERICH, 1982: 100).
85
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
espacios reservados a las empresas de las elites tradicionales. A partir de entonces, el régimen no solo hizo caso omiso de las demandas y denuncias que surgieron desde los diversos sectores organizados de la burguesía, sino que aprovechó el estado de sitio, implantado poco después, para continuar con más ferocidad su lógica “cleptomaníaca” (36). Pero eso no era todo, posteriormente Tachito contó a un periodista argentino, con cierta sorna, la razón por la que los sectores de la burguesía tradicional estaban molestos con él exponiendo que: “Después del terremoto el dinero ya no va solo a las manos de los poderosos, por eso están furiosos conmigo” (Crawley, 1979: 150). El enfado de la clase empresarial se hizo sentir de inmediato (37). Y así lo expresó el entonces presidente de la patronal nicaragüense —llamada Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP)—, Alfonso Robelo Callejas (Pezzullo & Pezzullo, 1993: 60-61): “Como hombre de negocios nicaragüense estuve condicionado a trabajar con Somoza y su corruptela. Los negocios siempre fueron bastante buenos. Nosotros aceptamos un gobierno ineciente a pesar de tener que pagarle una mordida para poder sobrevivir. No había otra opción [...] Pero con el terremoto la situación cambió de forma drástica. Fue un desastre nacional. Por primera vez en nuestra vida necesitábamos de un gobierno que funcionara [...] Cada miembro de la empresa privada se vio afectado. Algunos negocios se destruyeron completamente y Somoza nos ignoró. Él y sus allegados vieron una oportunidad de oro para enriquecerse [...] Nunca más conaremos en su gobierno y si Somoza persiste en esta actitud vamos directos hacia una tragedia...”. Junto al desastre del terremoto y la rapacidad de Somoza y sus allegados, el régimen fue recurriendo, cada vez con mayor asiduidad, a la represión como herramienta para zanjar pleitos, acallar el descontento e intimidar a la oposición. El
36) El desarrollo de dichos acontecimientos está relatado en: CHRISTIAN, 1986: 36-41; CRAWLEY, 1979: 148-154; DIEDERICH, 1982: 79-105. El nuevo ímpetu que tomó la “lógica cleptomaníaca” llegó a extremos draconianos. Con todo, “no hay mal que por bien no venga”, y tal como expuso el dirigente sandinista Luis Carrión (RUSHDIE, 1987: 27-28): “La carretera de Camoapa es de ladrillo, como otras carreteras de Nicaragua. Somoza tenía una fábrica de ladrillos. Después del terremoto de 1972 se empeñó que todas las vías de tránsito del país se reconstruyeran con ‘ladrillos presidenciales’, vendidos a la nación a precios muy elevados. Pero nos dimos cuenta que los ladrillos son muy fáciles de apalancar —me contó muy ufano Luis Carian—, de modo que durante la insurrección pudimos detener con facilidad sus convoyes gracias a esas carreteras de ladrillos”. 37) En marzo de 1974, en una convención del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSPE) se redactó una declaración donde se demandaba al Estado la correcta utilización de los fondos públicos y se pedía un sistema de licitación pública transparente. En esencia, las demandas corporativas del COSEP se dirigían a reclamar el n de una administración caracterizada por el patrimonialismo que les hacía, tal como acuñó La Prensa, una “competencia desleal” (GONZÁLEZ, 1992: 93).
86
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
inicio de dicho proceso puede remontarse al año 1967, cuando el régimen utilizó la fuerza para desarticular la oposición civil (38) y para destruir el último intento foquista del FSLN en la montaña de Pancasán. A partir de entonces, con la progresiva obstrucción de los canales de expresión política (39), cualquier manifestación política adquiría un carácter de conspiración. Incluso la jerarquía de la Iglesia Católica, que históricamente había desarrollado un importante papel de legitimación del régimen (llegando a calicar como “Príncipe de la Iglesia” a Somoza García, en el día de su funeral), cambió su posición. Algunos obispos, a través de la Conferencia Episcopal, empezaron a denunciar las constantes violaciones a los derechos humanos. Pero no fue hasta que el FSLN llevó a cabo un espectacular secuestro en una esta privada organizada por altos funcionarios del régimen —el 27 de diciembre de 1974—, que la dinámica política se tensó rápidamente (40). La agitación estudiantil, las conspiraciones de hombres de negocios sin vínculos con el grupo Somoza, y las intermitentes consignas y maniestos lanzados por grupos políticos radicalizados, dieron a la vida social de Managua una tensa y nebulosa atmósfera donde nadie sabía exactamente cuál podría ser el posible desenlace. Poco después los acontecimientos empezaron a tomar forma de espiral. En medio de ese confuso paisaje, en un famoso restaurante de Managua llamado el Coliseo, el coronel Lászaló Pataky, un veterano de la Legión Extranjera
38) El ataque indiscriminado a la población civil de 1967 fue el fenómeno que más impactó a la sociedad nicaragüense. El hecho sucedió en enero de 1967, cuando una coalición política —bajo el nombre de Unión Nacional Opositora— realizó una manifestación en Managua en apoyo a la candidatura del líder conservador Fernando Agüero y en contra de la reelección de Anastasio Somoza Debayle. La manifestación terminó con un ataque de la Guardia en el cual perdieron la vida 500 manifestantes. A pesar de la cruenta reacción de la Guardia y del repudio generado en la población, cuatro años más tarde, Fernando Agüero rmaría un pacto —el llamado Kupia Kumi— i con Somoza Debayle con el n de negociar —siempre desde una postura subordinada— determinadas cuotas de poder. Este suceso marcó profundamente la credibilidad de los partidos políticos opositores. 39) En las elecciones de 1974, donde se enfrentaban Somoza Debayle, por el liberalismo ocial, y Edmundo Paguaga, por el Partido Conservador, el Tribunal Electoral desautorizó la participación de una coalición opositora encabezada por Pedro Joaquín Chamorro bajo el nombre de Unión Democrática de Liberación (UDEL). Este anunció un boycottt electoral con la consigna de “no hay por quien votar”. Seguidamente el gobierno declaró ilegal a la oposición y suspendió los derechos políticos. 40) Sobre el famoso secuestro en la casa del colega de Somoza y millonario José María (Chema) a Castillo Quant y su impacto en la política nicaragüense, ver: DIEDERICH, 1982: 106-121. Sobre el mismo acontecimiento relatado de forma novelada, donde se describe el ambiente de movilización y militancia de la juventud universitaria nicaragüense, cabe dirigirse a la obra La mujer habitada, de Gioconda BELLI (1983).
87
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Francesa y de las Fuerzas Armadas israelíes, que era un cercano amigo de Tachito y uno de los jefes del cuerpo de Seguridad Interna del régimen, se quejó de la impunidad con que actuaban los hijos de la alta sociedad nicaragüense enrolados en organizaciones guerrilleras. Pataky expresó, no sin cierta amargura, que el director de un importante banco nicaragüense tenía una hija enrolada en el FSLN, y que un hijo de otro connotado nanciero fue acusado de actividades subversivas pero nunca fue arrestado, a pesar de que frecuentemente se paseaba por las calles de Managua. “Uno ya no puede arse de nadie” —advirtió Pataky a Tachito—, “ni de sus propios hijos” (Crawley, 1979: 157).
88
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
III. SUEÑOS
1. EL IMAGINARIO DE LA REVOLUCIÓN El impacto de la revolución cubana y la creación de los movimientos guerrilleros
Fueron los jóvenes quienes, a la luz de la Revolución Cubana, fundaron los grupos guerrilleros en América Latina. En Nicaragua, la generación de jóvenes que dio vida a múltiples grupúsculos de carácter revolucionario, antes de fundar el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), apenas conocían la teoría política. Dicha generación se guió por el instinto. Como diría uno de los fundadores del FSLN, Carlos Fonseca, la creación de dicha organización fue más “por vergüenza que por conciencia”. Lo cierto es que en el FSLN, desde su inicio, hubo una excesiva identicación con la experiencia armada de Cuba y, a menudo, ello se tradujo en la mecánica reproducción de lo allí acaecido (Borge, 1989: 185-186). 89
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Efectivamente, a pesar de la timorata actitud inicial de la “izquierda ocial” respecto al movimiento revolucionario cubano (1), la Revolución Cubana impactó en la izquierda latinoamericana como ningún otro acontecimiento en la historia reciente. El proceso revolucionario cubano —tal como expuso Castañeda (1993: 68)— supuso tres rupturas simultáneas con la historia política de la región: (1) fue la primera vez que un régimen radical y revolucionario lograba tomar el poder, permanecer y consolidarse en él; (2) dicho régimen se auto-proclamó marxista-leninista y contrario a los intereses norteamericanos, adscribiéndose geopolíticamente al bloque soviético; y nalmente, (3) esta experiencia nació con aspiraciones latinoamericanas ya que, efectivamente, el régimen revolucionario esgrimió y proclamó, sin ningún pudor, la intención de alentar el fuego revolucionario a lo largo del continente. La Revolución Cubana inauguró una fase de la historia de la izquierda latinoamericana donde la idea de la Revolución permanecería en el centro de su ideario (2). Tal como escribiría Débray (1970: 93) a inicios de los setenta: “Cuba apareció como un trueno en medio del escepticismo y la legalidad. Demostró que la victoria de una revolución anti-imperialista en América Latina era posible, y en ese mismo instante. Esta fue la cuestión [...] Se trataba de la posibilidad de realizar la revolución en Latinoamérica a partir del modelo cubano”. Es difícil exagerar el impacto del fenómeno cubano sobre la juventud latinoamericana con inquietudes políticas. Así, Héctor Béjar, uno de los líderes de la primera guerrilla peruana que se gestó en Ayacucho —el Ejército de Liberación Nacional (ELN)—, expondría que una de las razones por las cuales crearon el movimiento guerrillero fue la admiración hacia la Revolución Cubana (Béjar, 1969: 60-61). Lo mismo ocurrió con un dirigente político de la izquierda guatemalteca, quien expuso que “en los acontecimientos de Guatemala la Revolución Cubana tuvo una gran inuencia... supuso una profunda renovación de los colectivos revolucionarios, sobre todo en lo que se refería a los medios de lucha contra el régimen reaccionario”
1) El 17 de marzo de 1957, el líder comunista cubano Juan Marinello, dio una carta al corresponsal del periódico New York Times, Herbert L. Matthews, en la que expresaba su opinión sobre el Movimiento 26 de Julio. En ella se observaba una actitud contraria hacia las acciones violentas y provocativas desarrolladas por tal organización (Matthews en GOLDENBERG, 1965: 166): “Nuestra actitud frente al Movimiento 26 de Julio es matizada. Pensamos que este grupo tiene buenos propósitos, pero desarrolla tácticas erróneas”. No menos suave fue la declaración del Partido Socialista Popular (PSP), quien era el interlocutor válido y ocial del comunismo en Cuba, cuando los barbudos de Sierra Maestra —calicados por el PSP como pequeños-burgueses putschistas— entraron en La Habana. 2) Según Castañeda, la Revolución Cubana inauguró un ciclo de la izquierda latinoamericana. Ciclo que se cerraría con la pérdida de las elecciones del Frente Sandinista en 1990 (CASTAÑEDA, 1993: 68).
90
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
(Guerra Borges, 1964: 11). O con uno de los fundadores del FSLN, Tomás Borge (1982: 46), quien declaró: “La victoria de la lucha armada en Cuba representó el levantamiento de innumerables velos, un destello de luz que permitió ver más allá de los simples y aburridos dogmas de entonces... Vimos en Fidel la insurrección de Sandino, la respuesta de nuestras dudas, la justicación de nuestros sueños”. Se trataba, tal como expuso Omar Cabezas en su best sellerr nicaragüense titulado La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, de una nueva utopía revolucionaria. En esta dirección, una de las frases más signicativas de la obra de Cabezas (1982: 20) es la siguiente: “Recuerdo lo que Leonel Rugama dijo al grupo de compañeros que estaba allí discutiendo con él. Frunció el ceño y exclamó: —‘Hay que ser como el Che... ser como el Che... ser como el Che...’”. De esta forma, Cuba se convirtió en la Meca donde se solidicaban las veleidades revolucionarias de aquellos jóvenes que querían seguir la vía cubana. De la experiencia cubana surgió pues un proceso de mímesis (3) que, en algunos casos, llegó casi a la simetría (4). Podríamos armar que la Revolución Cubana —además de incitar la movilización de la juventud radicalizada del subcontinente— produjo un fuerte impacto en el mundo mítico y simbólico de la izquierda radical, ya que no fue la realidad en la que se desarrollaba la vida de cientos de estudiantes radicalizados lo que les empujó a crear efímeros grupos guerrilleros, sino el mito creado en torno a la victoria revolucionaria por la vía de la lucha armada (González, 1984: 66). Es decir, no cambió la realidad, sino la forma de percibirla y de elaborar propuestas colectivas para su transformación. En esta dirección cabe preguntarse: ¿Por qué la experiencia cubana tuvo semejante impacto? ¿Cómo fue posible que la Revolución Cubana se interiorizara en las mentes de tantos jóvenes? La respuesta que sugieren los trabajos elaborados por Charles Tilly (1978), Jeffrey Paige (1975) y Eric Wolf (1969) es que esta supuso un cambio en el repertorio cultural de la acción política en América Latina. Según dichos autores, cada
3) Durante los primeros años del decenio de los sesenta, surgieron numerosos movimientos guerrilleros por toda América Latina. En dicho período —calicado por Débray como “los años del heroísmo efervescente”— además del establecimiento y consolidación de grupos guerrilleros en Venezuela, Guatemala, Colombia, Perú y Bolivia, se realizaron intentos —frustrados y etéreos— en Paraguay, Ecuador, Nicaragua y Argentina. También se intentó establecer una guerrilla urbana en la República Dominicana y un movimiento de ligas campesinas en Brasil. Para un amplio análisis de la primera olaa de movimientos guerrilleros latinoamericanos (1956-1970) ver la obra de WICKHAM-CROWLEYY (1992: 3-48). 4) Por ejemplo, el secuestro de un famoso futbolista realizado por la guerrilla venezolana Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), en 1963, con el objetivo de dar publicidad al movimiento guerrillero y su causa, recordaba al realizado por el Movimiento 26 de Julio al automovilista Juan Manuel Fangio cinco años antes (W ( ICKHAM-CROWLEY, 1992: 31).
91
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
actor colectivo dispone de una oferta o stockk de respuestas frente a los retos que enfrenta, y este stockk puede variar como consecuencia de ciertos acontecimientos, introduciendo alternativas antes ignoradas o, simplemente, desechadas, incidiendo en la percepción de aquello que es, o no, social y políticamente posible. En otras palabras, podríamos interpretar el impacto de la Revolución Cubana en los siguientes términos (Wickham-Crowley, 1992: 32): “Fidel Castro consiguió redenir las posibilidades de un triunfo revolucionario en América Latina al exponer que si Cuba, pegadita a los Estados Unidos, pudo llevar a cabo una revolución, ¿por qué no podía realizarse la misma hazaña en otros países latinoamericanos donde la presencia y los intereses estadounidenses eran menores?”. Además, la dirigencia cubana no solo se limitó a ofrecer al subcontinente “un ejemplo”, sino que —en boca de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara— difundió la idea de que hacer la revolución era el “imperativo moral” de todo revolucionario (5), al tiempo que se pensó que el régimen cubano difícilmente podría sobrevivir si se encontraba aislado (6). Así las cosas, a mediados de los años sesenta, Cuba se empeñó en la tarea de promover el “marxismo” bajo una nueva perspectiva donde los elementos subjetivos y voluntaristas jugaban un importante rol. Esta nueva perspectiva, calicada en la época de “nuevo marxismo” —o “marxismo tropical”, según los “marxistas cientícos” (Hodges, 1986: 179)— retomó elementos acuñados por Lenin y Gramsci, a la vez que introducía ideas de pensadores latinoamericanos como Mariátegui y Martí, reinterpretándolos a la luz de la lectura de la experiencia revolucionaria cubana. Esta reelaboración de la teoría marxista se articuló según dos ejes: la supremacía de los elementos subjetivos y el imperativo de la praxis, ya que, según Guevara, las condiciones esgrimidas para pasar a la acción revolucionaria eran muy poco exigentes (Guevara en Moreno, 1971: 115): “Las condiciones objetivas capaces
5) Al poco tiempo del triunfo revolucionario —el 27 de enero de 1959— en unas declaraciones a la asociación Nuestro Tiempo, en La Habana, Guevara expuso su opinión sobre las implicaciones que la Revolución Cubana había supuesto para el resto de América Latina (Guevara en GOTT, 1973: 10): “El ejemplo de nuestra revolución y las lecciones que de ella se derivan para América Latina suponen la destrucción de las teorías de café.é Hemos observado cómo un pequeño grupo de hombres decididos y sin miedo a la muerte, con el apoyo del pueblo, puede vencer a un ejército regular y disciplinado. Esta es la lección esencial”. 6) Premisa que quedó netamente reejada en una declaración de Guevara (Guevara en LOWY, 1973: 108): “Observando el panorama político latinoamericano vemos la dicultad de que una revolución triunfe en un solo país. La unión de las fuerzas reaccionarias nunca lo permitiría. La rebelión de las fuerzas populares tiene que abarcar todo el continente. Esta es la necesidad histórica. Tal como dijo Fidel, las cordillera andina está destinada a ser la Sierra Maestra de toda América Latina”.
92
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
RETÓRICA REVOLUCIONARIA DE CUBA (I): FIDEL CASTRO Quien crea que es necesario esperar a que las bases sociales crean en la victoria, para iniciar la acción revolucionaria, no es revolucionario [...] Si nosotros lo hubiésemos hecho, nunca se hubiera empezado el proceso revolucionario. Es suciente que las ideas arraiguen entre aquellos que quieren iniciar la acción revolucionaria, y será entonces cuando la masa empezará a adquirir estas ideas; la masa adquirirá esta conciencia. Es obvio que en América Latina ya hay muchos lugares en los que grupos de personas que están convencidas de estas ideas, y que estas ya han iniciado acciones revolucionarias. Lo que distingue al revolucionario del falso revolucionario es precisamente esto: uno actúa para activar a la masa, el otro espera que la masa tome conciencia antes de iniciar la acción [...]. Preferimos a aquellos que se equivocan intentando hacer la revolución a pesar de la ausencia de condiciones objetivas, a los que cometen el error de no hacer nunca la revolución. ¡Espero que nadie cometa este error! Ninguno de aquellos que realmente quieran hacer la revolución tendrá problemas con nosotros, pero siempre discreparemos con aquellos que no la quieran hacer... Puede ser que haya lugares en los que la sangre de los que luchan no dé fruto, pero la victoria sólo será posible gracias a los esfuerzos, a los sacricios y a la sangre de los revolucionarios de todo el continente. Es falso decir que habrá revolución sin lucha. Es una mentira. No es correcto para un revolucionario esperar con los brazos cruzados mientras en muchas partes otros pueblos luchan para crear las condiciones de la victoria que les dé la libertad. A aquellos que creen que las transiciones políticas son posibles en nuestro continente, debemos decirles que no es esto lo que conviene, este es el tipo de transiciones pacícas que interesan al imperialismo. Pues la burguesía, la oligarquía y el imperialismo son los que tienen los instrumentos para conseguir la victoria en los procesos pacícos... Estas ideas deben quedar claras. Debemos estar completamente convencidos que a largo plazo solo hay una solución: la revolución y el rol de la guerrilla en América Latina. Discurso de clausura del Primer Congreso de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), celebrado en La Habana el 10 de agosto de 1967.
93
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
RETÓRICA REVOLUCIONARIA DE CUBA (II): EL CHE El ejemplo de nuestra revolución y de las lecciones que de ella se derivan para América Latina suponen la destrucción de las teorías del café. Hemos observado cómo un pequeño grupo de hombres decididos y sin miedo a la muerte, con el apoyo del pueblo, puede vencer a un ejército regular y disciplinado. Esta es la lección esencial. Observando el panorama político latinoamericano vemos la dicultad de que una revolución triunfe en un solo país. La unión de las fuerzas reaccionarias nunca lo permitiría. La rebelión de las fuerzas populares tiene que abarcar todo el continente. Esta es la necesidad histórica. Tal como dice Fidel, la cordillera andina esta destinada a ser la Sierra Maestra de toda América Latina. Declaraciones del Che a la asociación Nuestro Tiempo, La Habana, 27 de enero de 1959.
de activar el conicto son las proporcionadas por el hambre de la gente y por la represión desatada a lo largo de los siglos... Lo que falta en América Latina son las condiciones subjetivas, la conciencia de que realmente existe la posibilidad de vencer al Estado a través de un conicto armado”. La aportación básica de dicha interpretación era que las condiciones necesarias para el estallido revolucionario podían crearse de acuerdo con la voluntad —y posterior actividad— de los individuos, sin necesidad de esperar a que se cumpliera ningún otro requisito. Y la respuesta a la pregunta “—¿qué hacer?” era: “—¡enmontañarse lo más pronto posible!”. En otras palabras, se trataba de organizar un foco guerrillero (7), pues, según Guevara (1966: 204) y Débray (1967: 34, 55, 65)
7) El foco debía componerse de unas 25 o 35 personas bajo el liderazgo político-militar de uno de ellos. El foco necesitaba de apoyos y contactos en las áreas urbanas, pero en ningún caso tenía que recibir órdenes del exterior (D ( ÉBRAY, 1967; GUEVARA, 1966). En referencia a la existencia o no de vínculos y del tipo de relación entre los focos guerrilleros y los tradicionales partidos marxista-leninistas de América Latina, la doctrina foquista otorgaba la centralidad a la guerrilla. Este fue uno de los puntos principales en las agrias y turbulentas relaciones entre los Partidos Comunistas nacionales y la multitud
94
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
“un pequeño grupo de hombres decididos y sin miedo a la muerte, con el apoyo popular, puede vencer a un ejército regular”. El actor político que tenía que llevar a cabo dicha praxis era la Vanguardia (8), a quien se le conrió una dimensión mítica, casi providencial. Se trataba de “los mejores espíritus, las mejores mentes... aquellos moral e ideológicamente superiores, capaces de actuar y luchar por sus ideales... se trataba de la minoría activadora”. El rol del foco era amenazar la legitimidad y el monopolio de la fuerza del gobierno, convirtiéndose en el centro de atracción de la oposición al régimen. Se trataba de crear una “espiral de acción-reacción” en la cual, a medio plazo, la única opción de la oposición fuera el exilio o la guerrilla. Esta construcción doctrinal —llamada foquismo—, tuvo un impacto crucial en el mundo universitario e intelectual latinoamericano, espacio en el que se observó un crecimiento acelerado durante la década 1965-1975 (9). El colectivo universitario, permeable a la euforia proveniente de la Revolución Cubana y a las nuevas doctrinas, fue el caldo de cultivo del que se nutrieron buena parte de los movimientos guerrilleros, tal como sucedió con el FSLN. Así, en 1959, en Managua, un grupo de universitarios de provincias constituyeron la Juventud Patriótica, organización con vocación revolucionaria y partidaria de la lucha armada. Esta, poco después, desaparecería disgregándose en una constelación de organizaciones del mismo carácter. Posteriormente, algunas de ellas formarían el Movimiento Nueva Nicaragua, preludio del FSLN. Fue el 23 de julio de 1961, en Tegucigalpa, cuando se creó el Frente de Liberación Nacional (FLN) fruto de la voluntad de jóvenes radicales disidentes del Partido Socialista de Nicaraguaa (10) y del Partido Conservador. Los fundadores —entre los que se encontraban Carlos Fonseca
de movimientos guerrilleros que surgieron durante la década de los sesenta y setenta. En el fondo, las rupturas con la tradición marxista-leninista fueron, por un lado, argumentar que la vanguardia de la lucha revolucionaria no correspondía al Partido Comunista y, por otro, armar que los verdaderos revolucionarios marxistas se creaban durante la lucha guerrillera y no en el seno de las organizaciones partidarias (R ( ADU ed., 1988: 16). 8) Concepto recogido directamente de Lenin al que se le ungió con el del valor místico y vital que le otorgaron Mariátegui y Sorel, y con el carácter estratégico y magnético del “príncipe moderno” de Gramsci. 9) Los anuarios estadísticos de Naciones Unidas de 1977 y 1984 muestran la masicación creciente de los centros universitarios latinoamericanos a partir de la década de los sesenta ((WICKHAM-CROWLEY, 1992: 33-37, 219-221). 10) El PSN pertenecía, hasta que esta se disolvió, a la III Internacional. Este nunca apostó por la lucha armada ni por la vía revolucionaria. No cabe olvidar, a la vez, que en los primeros años de Somoza García el PSN estableció muy buenas relaciones con el régimen al que percibieron como nacional-popular. r
95
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Amador, Tomás Borge y Silvio Mayorga— pertenecían a la generación que observó el golpe de Estado patrocinado por la CIA contra Jacobo Árbenz en Guatemala, la habilidad de Anastasio Somoza García para instaurar un régimen de carácter patrimonial y cooptar a los cuadros del Partido Conservador, y el triunfo del movimiento 26 de Julio en Cuba. Posteriormente, en 1962, después de las primeras campañas guerrilleras y sus correspondientes fracasos, el FLN integraría, a petición de Carlos Fonseca, el epíteto de sandinista, convirtiéndose en el FSLN, que engrosaría la la de organizaciones guerrilleras latinoamericanas en pos del “sendero cubano” (11). En Guatemala, la actividad guerrillera revolucionaria también se inauguró a principios de los años sesenta. Este país (por el que poco antes había pasado el Che) sería el primero de la región donde se activaría la lucha armada —y también, posteriormente, el último en el que se desactivaría. A diferencia del resto de los países vecinos, en Guatemala fue el propio partido comunista, el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), el que debatió abiertamente sumarse a la opción guerrillera (no sin generar conictos en su seno) y aportar sus cuadros (12). El primer movimiento guerrillero guatemalteco, que se denominó Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), integró a miembros de grupos clandestinos de oposición al régimen militar de Castillo Armas —como el MR-13, 20 de Octubre y 12 de Abril. Y si bien en el Tercer Congreso del PGT, celebrado en el mes de marzo de 1960, este no se involucró directamente en la lucha de las FAR, sí que se consideró la vanguardia del movimiento revolucionario. Posteriormente, en 1966, con la muerte del líder guerrillero Luis Turcios Lima, que hacía de enlace directo entre la dirección del PGT y los cuadros de la guerrilla, los vínculos entre las dos organizaciones desaparecerían. Tuvo que esperarse hasta la “segunda ola” guerrillera de nales de los años setenta (con la aparición y la reactivación de nuevas organizaciones armadas como las formaciones Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP y Organización del Pueblo en Armas, ORPA), para poder hablarse de nuevo del movimiento revolucionario en Guatemala. En El Salvador, a diferencia de los dos países observados, los grupos guerrilleros no aparecieron hasta principios de los años setenta. Estos fueron producto de las
11) Para una descripción histórica de la fundación, inicios y desarrollo de la actividad del FSLN —con un notable énfasis en la etapa foquista— ver la novela de uno de sus fundadores: BORGE, 1989. También puede remitirse a las obras: ALEGRÍA y FLAKOLL, 1982; BLACK, 1981; BOOTH, 1982; POZAS, 1988. 12) La actividad de estos primeros focos guerrilleros se concentró en las provincias de Oriente (Zacapa, Izabal), Occidente (San Marcos, Retalhuelu, Quetzaltenango), la Baja Verapaz y la ciudad de Guatemala.
96
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
escisiones, a nales de los sesenta, de los sectores radicales de algunas formaciones partidarias, a saber, el Partido Comunista Salvadoreño (PCS) y el Partido de la Democracia Cristiana (PDC). En el PCS la crisis se desató a raíz de la aceptación o no de la vía electoral como mecanismo de obtención del poder, de su posicionamiento ambiguo ante la guerra con Honduras, de la invasión soviética en Checoslovaquia y del repudio —desde 1932— a la lucha armada. La aparición de una corriente maoísta y agrarista en dicha formación generó una fuga de jóvenes militantes, liderados por el sindicalista Salvador Cayetano Carpio, que terminaron por crear la organización guerrillera Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FLP), que se dio a conocer en 1972 como una formación que rechazaba la democracia burguesa y que seguía el ejemplo y la estrategia de la “guerra popular prolongada” desarrollada en Vietnam. La otra formación guerrillera de El Salvador, nacida en la misma época, fue el denominado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que surgió de la escisión del PDC, y que estaba integrada por jóvenes estudiantes radicalizados de clase media. El discurso de esta formación era el más radical y su estrategia inspiradora fue el foquismo. La vida de esta guerrilla, en sus primeros años, fue bastante errática y no gozó de mucho apoyo externo. No fue hasta la segunda mitad de la década de los setenta cuando, tras múltiples crisis internas (en una de las cuales el poeta e historiador Roque Dalton fue fusilado después de un juicio sumario), el ERP fue ganando protagonismo en la estrategia guerrillera. A consecuencia de una de las crisis del ERP, en el año 1975, emergió un nuevo grupo guerrillero: las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional, conocidas como Resistencia Nacional (RN). La RN tenía la intención de recoger la tradición marxista-leninista clásica e intentó realizar una amplia alianza con las organizaciones populares y mantuvo estrechos vínculos con plataformas populares —como el Frente de Acción Popular (FAPU), en el que se integraban distintos sindicatos campesinos, maestros y estudiantes. La última de las organizaciones guerrilleras en sumarse a la lucha contra el régimen salvadoreño fue el Partido Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos (PRTC), creado en Costa Rica en 1975 y activo en El Salvador desde 1979. Esta formación, la de menor tamaño de todas las organizaciones guerrilleras que había en el país, se centraba en la magnitud regional del conicto y fue la más exible en cuanto a las alianzas con otros movimientos sociales. Finalmente, a nales de la década de los setenta el PCS abrió nuevamente el debate de la lucha armada. Fue entonces cuando, en el marco de una represión ascendente, esta formación histórica se sumó a la actividad guerrillera. Así, en octubre de 1980, en plena crisis del régimen y en medio de la ofensiva insurreccional, se creó el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), que cumplió la 97
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
función de reunir y coordinar a las cinco organizaciones guerrilleras con el objetivo de hacer frente a un Estado cada vez más represor y conseguir, como había ocurrido en Nicaragua, el poder. La Teología de la Liberación
La otra doctrina movilizadora de la época que tuvo un fuerte impacto en la creación de nuevos movimientos sociales y en la militancia izquierdista, fue la Teología de la Liberación. Tal como expone Castañeda (1993: 243-244), en un continente donde los conictos de clase (en el sentido marxista) siempre generaron problemas conceptuales para la izquierda, el surgimiento de doctrinas que no tenían que analizar el mundo desde una óptica de clase signicó un cambio afortunado; si bien, en el fondo, los nuevos movimientos sociales provinieron, en gran parte, de la nueva pobreza generada en los procesos de desarrollo y crecimiento desigual descritos en el capítulo anterior. En dicho contexto, el fenómeno más relevante, por estar bien anclado en la historia y el inconsciente del subcontinente fue, sin duda, la eclosión de las llamadas Comunidades Eclesiales de Base (CEB), que transformaron radicalmente el papel de la Iglesia en varios países de la región (13). Las nuevas ideas, junto con las innovaciones organizativas inspiradas y legitimadas por la nueva doctrina eclesiástica, encontraron una notable aceptación. La población a la que se dirigía —caracterizada por su exclusión material, su reciente alfabetización y su acceso a la comunicación de masas— encontró en la “iglesia popular” y en su doctrina un eje a partir del cual dar sentido a una existencia cada vez más precaria. El endurecimiento de muchos regímenes de la región, así como el incremento de la actividad represora y el consiguiente bloqueo de otras plataformas asociativas y políticas, condujeron a mucha gente hacia los movimientos eclesiales. Así pues, la Iglesia empezó a desarrollar un nuevo rol inspirado en unas ideas diferentes a las que secularmente expresó, canalizándolas a través de estructuras organizativas altamente descentralizadas como las CEB. Todo ello cristalizaría, tal como hemos señalado, en la llamada Teología de la Liberación (14).
13) Las CEB no se pueden reducir, ni tampoco confundir, con la Teología de la Liberación. En la práctica, si bien la mayoría de las CEB estuvieron impregnadas por ella, no todo grupo defensor de la Teología de la Liberación tuvo la base de masas que las CEB representaron en varios países clave: Brasil, El Salvador y Perú, y en menor medida, Nicaragua, Colombia, Chile y México (CASTAÑEDA, 1993: 224). 14) En cuanto a la articulación de la Teología de la Liberación como fenómeno político cabe dirigirse al
98
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
En el tortuoso y siempre confuso sendero de la búsqueda de sus orígenes, diversos estudiosos coinciden en señalar la relevancia del Concilio Vaticano II (19651968) como punto de inexión a partir del cual se desarrollaron y aanzaron nuevas percepciones sobre lo religioso. Sobre ello cabe destacar, por un lado, la aceptación del cambio social como un fenómeno natural y necesario (abriendo el interés de diversos teólogos hacia el análisis sociológico y, especialmente, hacia las teorías de la modernización y del desarrollo); y por otro, el énfasis en las metáforas que comparaban la comunidad religiosa con el “Camino del Pueblo de Dios” (renovando el interés por las imágenes bíblicas y, especialmente, las correspondientes a los profetas del Antiguo Testamento) empujando a la comunidad católica hacia el activismo político y social (Levine, 1986: 9-10). Respecto al momento decisivo en la configuración de la Teología de la Liberación, cabe destacar la Conferencia de Obispos Latinoamericanos celebrada en Medellín, en 1968 —organizada por la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM). Medellín proporcionó la oportunidad de desarrollar y revisar, a nivel regional y en un contexto radicalizado, los temas abiertos en el Concilio Vaticano II y, con un especial énfasis, el tema de cómo llevar a cabo la experiencia religiosa en las condiciones históricas que ofrecía América Latina (15). Así, uno de los puntos más importantes del encuentro de Medellín fue la cuestión de la “violencia estructural”, en referencia al fenómeno social de la desigualdad y la pobreza. De esta forma, en Medellín, la definición convencional de “pecado” —basado en la moralidad individual— se extendió a nivel colectivo con el objetivo de denunciar a las sociedades caracterizadas por la desigualdad y la marginación. De acuerdo con dicha lógica, la acción política en contra de ese tipo de sociedades podía legitimarse en los términos de liberación del “pecado estructural”.
trabajo de SMITH (1991) en el cual se analiza la Teología de la Liberaciónn basándose en los modelos teóricos de la acción colectiva elaborados por MCADAM M (1982) y TILLY Y (1978). La literatura académica sobre la Teología de la Liberaciónn es amplia. A nivel comparado cabe citar los trabajos de MAINWARING G & WILDE (1989) y de LEVINE (1986). Sobre casos particulares destacan, respecto a Brasil: ADRIANCE, 1986; AZEVEDO, 1987; BROWN, 1986; BURNEAU, 1985; DELLA CAVA, 1976; en cuanto a Chile: SMITH, 1982; respecto a Centroamérica: BERRYMAN, 1984, 1994; DODSON & O’SHAUGHNESSY, 1986; LANCASTER, 1989; PEARCE, 1986; WILLIAMS, 1985; respecto a Argentina: DODSON, 1979; MIGNONE, 1988; sobre Perú: PASARA, 1986; y sobre Venezuela y Colombia: LEVINE, 1992. 15) Para estudios detallados sobre la experiencia de Medellín desde una perspectiva politológica dirigirse a: POBLETE, 1979: 16-40; SIGMUND, 1988: 28-40; SMITH, 1991: 89-164. Cabe puntualizar que uno de los capítulos más importantes fue cuando los obispos trataron la cuestión de la violencia estructurall en referencia al fenómeno social de la desigualdad y la pobreza.
99
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
LA DECLARACIÓN DE MEDELLÍN, 1968: ALGUNOS FRAGMENTOS La Iglesia Latinoamericana, reunida en la Segunda Conferencia General de Obispos, ha elegido como tema central de sus deliberaciones a la persona concreta, la que vive cotidianamente este momento histórico decisivo. Esta elección tiene como objetivo la “vuelta” a la persona, ya que “para conocer a Dios es necesario conocer a las personas”. Los obispos de América Latina, en Asamblea General, hemos renovado el misterio de Pentecostés [...]. Hemos meditado y aprendido del mundo. El objeto de nuestra reexión ha sido la búsqueda de una nueva y más dinámica presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz de las directrices del Concilio Vaticano II. En nuestra pastoral hemos considerado tres áreas muy importantes vinculadas con el proceso de transformación continental: En primer lugar, la promoción de la persona y de los pueblos del continente en los valores de la justicia y la paz, de la educación y la familia. En segundo lugar, la necesidad de adaptar la evangelización a las necesidades, y al proceso de maduración de la fe entre la masa y las elites a través del medio de la catequesis y la liturgia. Y nalmente, sobre la base de estas premisas, la Conferencia ha expuesto su opción en relación a los siguientes temas: Justicia: [...] Existen muchos estudios sobre el pueblo de América Latina. En todos ellos se describe la miseria que sufren un gran número de seres humanos de todos los países. Esta miseria, como hecho colectivo, es en sí misma una injusticia que clama al cielo [...]. No podemos ignorar el fenómeno casi universal de frustración de las aspiraciones legítimas de muchas personas, ni que este genera el clima de angustia colectiva que hoy vivimos... Reforma política: Frente a la necesidad de un cambio total de estructuras en América Latina, nosotros creemos que la reforma política es un prerrequisito de este cambio [...]. El ejercicio de la autoridad política y sus decisiones deben tener como único n el bien común. En América Latina esta autoridad se ha ejercido con frecuencia para consolidar un sistema contrario al bien común y que
100
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
solamente favorece a un pequeño grupo de privilegiados [...]. Las autoridades públicas tienen el deber de facilitar y apoyar la creación de mecanismos de participación y legítima representación del pueblo y, si es necesario, crear nuevas vías para conseguirlo. Queremos insistir en la necesidad de promocionar y fortalecer la organización vecinal y local como marco desde el que iniciar esfuerzos organizativos para después tejer vínculos a nivel departamental, provincial, regional y nacional. [...] La inexistencia de conciencia política de nuestros pueblos hace de la actividad educativa de la Iglesia una cuestión absolutamente esencial, con el propósito de exponer a los cristianos que consideren su participación en la vida política de su país como ejemplo de caridad en el más noble de los sentidos del servicio a la vida de la comunidad. Información y concienciación: Armamos que es indispensable formar una conciencia social y una percepción realista de los problemas de la comunidad y de las estructuras sociales. Debemos estar atentos a la conciencia social y a las conductas de cada estrato social y profesional con la intención de promover los valores de diálogo y comunidad. Esta tarea de concienciación y educación social debe integrarse en los distintos niveles de la actividad pastoral. [...]. La Iglesia —el Pueblo de Dios— debe promover que cada comunidad, cada clase social conozca sus derechos y cómo poder hacer uso de ellos. Con esta nalidad la Iglesia debe emplear su fuerza moral y buscar la colaboración de profesionales e instituciones... La paz y la situación de América Latina y el problema de la violencia en América Latina: Si el “desarrollo” es el nombre con el que hoy se nombra la “paz”, en América Latina el subdesarrollo es la característica común de sus países. Es la situación de injusticia la que genera tensión y conspira contra la paz [...]. En ciertos casos la insurrección revolucionaria puede ser legítima, como en circunstancias de evidente y prolongada tiranía que atente contra los derechos fundamentales del hombre, que malogre el bien común y del país, y que proceda de una persona o de unas estructuras injustas. Pero también es cierto que ciertas actividades violentas o revolucionarias pueden generar nuevas injusticias [...]. En este sentido será necesario observar la totalidad de las circunstancias de cada país... Fragmentos de la Declaración nal de la II Conferencia General de Obispos de América Latina, celebrada en Medellín, Colombia.
101
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
A partir de Medellín, muchas comunidades religiosas desarrollaron actividades de acuerdo con los principios de la identicación con los pobres (de la que surgiría la expresión “la opción preferencial por los pobres”, acuñada en Puebla, en 1979), la promoción de cambio social (en la que se interpretaba la realidad económica internacional a partir de la Teoría de la Dependencia), y el cuestionamiento de la autoridad en nombre de la justicia (utilizando una perspectiva sociológica marxista en la que se enfatizaba la lucha de clases (16)). No es casual, pues, que en el período posterior a Medellín la actividad eclesial se caracterizara por una notable radicalización (17). Dicho fenómeno tuvo un fuerte impacto tanto en el proceso de transformación social como en la dinámica política latinoamericana a partir de los años sesenta, y supuso la emergencia de ciertas ideas y temas en las agendas públicas y en el debate político y social y, sobre todo, la emergencia de nuevas clientelas de carácter popular alrededor de instituciones religiosas y, en particular, a partir de grupos relativamente autónomos de ámbito local (Levine, 1988: 184). Y, si bien la Revolución Cubana llegó con fuerza en el ámbito universitario, la Teología de la Liberación penetró en colectivos populares que anteriormente fueron ajenos a la actividad política, suponiendo la irrupción de un nuevo sector en el ámbito de lo público. También en América Central se observó el proceso arriba descrito. Sin lugar a dudas, el país en el que tuvo mayor impacto fue en El Salvador. Los numerosos asesinatos de sacerdotes y autoridades religiosas por el aparato de seguridad del Estado conforman un trágico y elocuente testimonio de los estrechos vínculos que han existido entre la Iglesia y la izquierda. En El Salvador, el fuerte movimiento religioso de base, amplio y radical, preparó el escenario de la simbiosis que más tarde
16) Una gráca muestra de ello es la obra de Gustavo GUTIÉRREZ (1971, 1983, 1988) —una de las más inuyentes de dicha literatura— al abordar el tema de la realidad social de América Latina ((DODSON, 1979: 208-220). 17) A pesar de ello, no es correcto calicar el proceso posterior a Medellín como unilineal. En él existen conictos y discrepancias. En dicho proceso, la Conferencia de Obispos Latinoamericanos realizada en Puebla, en 1979, denotó matizaciones respecto a Medellín. En los años posteriores a Puebla, las discrepancias en torno a los temas elaborados por la Teología de la Liberación se incrementaron. Los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, bajo el rme apoyo del Papa Juan Pablo II, lucharon por rearmar los principios de jerarquía y unidad en el interior de la Iglesia, diluir el termino de “lucha de clases” enfatizando el principio de “reconciliación”, y corregir la “excesiva sociologización” de los mensajes y las expresiones organizativas características de la etapa anterior. En dicha reorientación cabe destacar el rol otorgado por el Vaticano a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, bajo la dirección del cardenal Joseph Ratzinger —Prefecto de la Congregación—, la cual elaboró el texto llamado Instrucciones sobre determinados aspectos de la Teología de la Liberaciónn (Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith, 1984).
102
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
LA TEORÍA DE LA DEPENDENCIA La tesis de dicha Teoría —uno de cuyos padres fundadores fue Raúl Prebisch— era que las economías exportadoras de productos primarios siempre han experimentado un deterioro en los términos de intercambio respecto a las economías exportadoras de productos industriales. A partir de estas premisas se elaboró la hipótesis de que existe un “Centro industrial” y una “Periferia agraria” relacionados asimétricamente en la distribución de las ganancias del intercambio; para un buen compendio sobre esta doctrina y su evolución ver: (ABEL & LEWIS ed.,1985). El impacto de dichas tesis en Latinoamérica, trascendió el ámbito de los economistas e incidió en la conguración de las ideas políticas y en la historiografía. En ese sentido, el primer parágrafo del libro Las venas abiertas de América Latina —best sellerr latinoamericano y lectura clásica de la izquierda de la región durante más de una década— reza (Galeano,1971:1): “La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta”.
estallaría en la conguración de una coalición alternativa que amenazaría al mismo régimen y que apoyaría al bando insurgente durante los doce años de guerra civil. Como en todas partes, la actividad se inició con fuerza a partir de Medellín. Las primeras misiones pastorales empezarían con las tareas entre los inmigrantes que habían regresado de Honduras a raíz de la “guerra del fútbol”. Pero el salto cualitativo de la tarea pastoral (con campañas de alfabetización, grupos de lectura de la Biblia y dinámicas de organización obrera y campesina) se realizó en 1972 en las parroquias más pobladas del país: Chalatenango, Morazán, San Vicente, San Salvador, Cuscatlán y La Libertad. No resulta extraño que veinte años más tarde estas parroquias fuesen las zonas de apoyo de la guerrilla. Gracias a esa actividad nacieron organizaciones que serían referentes para los sectores de base salvadoreños, como la Unión de Trabajadores Campesinos (UTC), o la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (FECCAS). Pero a pesar de lo arriba expuesto, los jesuitas y las CEB tampoco tendrían el apoyo total de la Iglesia del país. Inicialmente, por ejemplo, el mismo obispo 103
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Arnulfo Romero (más tarde asesinado en la Catedral de San Salvador por los paramilitares de extrema derecha, a causa de su compromiso con los más pobres) no simpatizaba con la “Compañía” ni con la Teología de la Liberación. Con el tiempo, sin embargo, Romero cambió de opinión y se convirtió en uno de los máximos exponentes de dicha doctrina. En ese contexto, puede comprenderse el éxito que consiguió entre los círculos más pudientes del país la expresión que decía: “Haga patria: mate a un cura” (Castañeda, 1993: 256). Guatemala fue el país en el que esta doctrina llegó más selectivamente. Los progresivos acercamientos de miembros de la Iglesia guatemalteca hacia posiciones progresistas y combativas fue obra, principalmente, de religiosos y religiosas con poca ascendencia entre la jerarquía. Destacaron entre ellos, la orden de los maryknolls (orden católica de implantación norteamericana que fue pionera en la evangelización a través de programas de educación, desarrollo, ayuda médica y alimenticia), los jesuitas y los Misioneros del Sagrado Corazón. Fue también a partir del Concilio Vaticano II, cuando se observaron casos de radicalización de miembros de la comunidad católica que se sumaron, directa o indirectamente, a la actividad guerrillera. En la línea expuesta puede interpretarse, por ejemplo, la tenaz y comprometida actividad evangelizadora en la región de Quiché, magnícamente descrita en el libro de Le Bot (1995: 134-152), donde algunos religiosos —como el misionero irlandés Donald McKenna o el gallego Fernando Hoyos— tomaron las armas para luchar con la guerrilla. También es preciso destacar la actividad militante realizada por los jesuitas en las zonas marginales y populares de la capital y el altiplano (especialmente en Quiché y Chimaltenango). Estos fundaron el Centro de Información y Acción Social con la intención de formar activistas especializados en programas de alfabetización, evangelización y estudios antropológicos. La historia del desarrollo de la actividad “pastoral popular” en Guatemala es —como en el resto de los ámbitos— la más trágica de la región. La cruenta represión de las fuerzas de seguridad desmanteló y aplastó buena parte de su base social. Gran parte de esta fue asesinada. Algunos, como el sacerdote y guerrillero Francisco Hoyos, mientras luchaban. Poco antes de morir, Hoyos habló del desenlace que sospechaba: “Si morimos, habremos dado la vida para algo más grande, y nuestra esperanza seguirá siendo una luz para los demás”. El asesinato del obispo Girardi, a nales de los noventa, demuestra la impunidad con la que el régimen actuó contra cualquier manifestación de emancipación. También en Nicaragua, alguno de los movimientos eclesiales de base —así como algunas guras signicativas de la jerarquía— fueron adquiriendo, desde principios de los setenta, un sólido compromiso político y social. Inclusive la Conferencia Episcopal de Nicaragua asumió progresivamente una postura más sólida 104
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
frente a las atrocidades de la dictadura somocista. Pero fueron, sobre todo, los miembros de la Iglesia local los que se comprometieron progresivamente a la causa revolucionaria. Estos fueron los casos del cura de origen asturiano Gaspar García Laviana, que se integró a las las del FSLN; de los jesuitas, que tuvieron un rol protagonista en la formación de cuadros del movimiento revolucionario, desde la Universidad Centroamericana y la escuela de secundaria Centroamérica; de la congregación de los Maryknoll, que articularían una tupida red de solidaridad con los colectivos católicos progresistas de los Estados Unidos; o de iniciativas individuales como la comunidad contemplativa del archipiélago de Solentiname, dirigida por el poeta y cura trapense Ernesto Cardenal. Cabe señalar que en la década de los setenta, las CEB prosperaron en los barrios pobres de León, Estelí, Nueva Segovia y Managua —en esta última ciudad sobre todo tras el terremoto de 1972. A partir de ahí, en ese período, las Comunidades Eclesiales empezaron a tomar un compromiso creciente con la oposición al régimen. En 1973 jóvenes universitarios creyentes y algunos sacerdotes formaron el Movimiento Cristiano Revolucionario (MCR), movimiento que posteriormente daría notables cuadros al FSLN. Sobre esta cuestión un dirigente sandinista expuso (Carrión en Arias, 1980: 87-88): “El movimiento cristiano surgió con una serie de compañeros que comenzaron a encarrilarse con las teorías revolucionarias que apoyaba la Iglesia. Entonces se hablaba de cristianismo revolucionario. Esta cuestión la impulsaban una serie de curas jesuitas, entre los que estaban Fernando Cardenal, Uriel Molina y Félix Jiménez [...] Indudablemente, una parte del movimiento cristiano desempeñó después un papel muy importante”. A consecuencia de dicho compromiso, en barrios populares capitalinos como El Riguero —con el padre Uriel Molina—, OPEN 3 —con las hermanas Maryknoll—, y los de San Judas, Larreynaga, Catorce de Septiembre y Nicarao —con delegados de la palabra—, las CEB empezaron a radicalizarse y a apoyar la incipiente actividad del FSLN. Como declaró el MCR en 1975 (Randall, 1983: 187), se trataba de: “Eliminar la opresión y la explotación. De que los cristianos participaran junto a las fuerzas revolucionarias para dar dignidad al hombre deshumanizado. De unirse al oprimido en su lucha para romper las relaciones basadas en la explotación del hombre [...] para construir un hombre y una sociedad nueva”. Pero no solo fueron los cristianos quienes llegaron a la conclusión de que tenían que aliarse con los revolucionarios para derrocar la dictadura y construir una nueva sociedad; también los sandinistas, a partir de sus análisis de la realidad nicaragüense, vieron la necesidad de una alianza con el emergente movimiento radical cristiano, tal como se desprende de una conversación mantenida en 1970, entre Oscar Turcios (uno de los entonces comandantes sandinistas) y el padre jesuita Fernando 105
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Cardenal. Turcios dijo a su interlocutor (Molina en Foroohar, 1989: 133-134): “No me interesa si crees o no en la vida después de la muerte [...] Tampoco importa si yo creo que la vida se termina con la muerte. Lo que realmente nos importa es si ambos podemos trabajar para construir aquí una vida mejor”. Sin embargo, en Nicaragua, en relación a la militancia religiosa, parece que los acontecimientos se precipitaron. Cuando los sandinistas tomaron el poder, las Comunidades Eclesiales de Base resultaron ser más débiles de lo que muchos creían (18). Al hacerse público el conicto larvado en el seno de la Iglesia —a partir del detonante de si podían o no participar sacerdotes en el gobierno revolucionario—, la llamada Iglesia Popularr no pudo resistir la arrolladora ofensiva desencadenada por el Vaticano, la Conferencia Episcopal Latinoamericana y los obispos nicaragüenses. Como factor político, el papel de la Iglesia progresista fue más importante antes del período revolucionario que durante este. 2. LAS GUERRILLAS: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ESTRATEGIA La oleada guerrillera centroamericana
Una vez expuestos los orígenes, el ideario, la simbología y la base social de la izquierda transformadora centroamericana, es preciso incidir en la estructura organizativa y en el contexto en el que se desarrolló su actividad, y cómo esta se convirtió en un actor preeminente en el paisaje político nacional. En primer lugar, es preciso observar que las organizaciones guerrilleras centroamericanas eran, sobre todo, actores políticos que desarrollaban una tarea muy especíca (la lucha armada) en un ambiente muy concreto (el marco hostil y represor de los regímenes militares y autoritarios de El Salvador, Guatemala y Nicaragua) y con un objetivo común (obtener el poder y la transformación de la realidad). Estas formaciones eran organizaciones de carácter político-militar altamente centralizadas, construidas a partir de enlaces verticales y de compartimentos rígidos y aislados. Los órganos territoriales (en caso de extenderse por todo el país) se conguraban a partir de las divisiones administrativas del estado —como ocurrió en Nicaragua, donde había Comités de Dirección Departamental y Zonal directamente subordinados a la Dirección Nacional, que representaba la máxima autoridad política y militar. Las unidades organizativas de base eran las “milicias” —a
18) Para ver un buen análisis sobre la Iglesia Católica nicaragüense hasta 1979: FOROOHAR, 1989; en cuanto a su relación con el régimen revolucionario ver: BERRYMAN, 1994: 23-62.
106
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
partir de las cuales se formaban los “pelotones” y las “columnas guerrilleras”, así como las “células” exclusivas de las áreas urbanas. En lo concerniente a los militantes, debido al carácter clandestino de las guerrillas, su condición les llevaba a comprometerse con un conjunto de responsabilidades que suponían una dedicación exclusiva y disciplinada —casi religiosa— a la organización (19). El número de estos militantes siempre fue —desde su fundación hasta nales de los setenta— muy reducido. Durante la década de los sesenta y la primera mitad de los setenta, el FSLN difícilmente tuvo más de 150 miembros entre los legales y los clandestinos, siendo el número de colaboradores sensiblemente mayor. A partir de 1977, con la progresiva descomposición del régimen somocista y las distintas convocatorias insurreccionales, se observó un crecimiento substancial de la organización. Aún así, en 1979, después de realizar un recuento exhaustivo de todos los miembros y colaboradores, el número no llegaba a los 500 (Arce en Invernizzi, 1986). Tampoco en El Salvador ni en Guatemala, durante toda la década de los sesenta y en los setenta, las distintas formaciones guerrilleras tuvieron demasiados miembros. Fue a partir de los años ochenta, con la creación de plataformas guerrilleras unitarias, cuando hubo un notable crecimiento de la militancia guerrillera. Sobre todo en El Salvador, donde la guerrilla consiguió confeccionar un ejército guerrillero de más de 16.000 personas. En cuanto a la estructura del poder organizativo (20), esta se caracterizó —debido al reducido tamaño y a su articulación altamente jerarquizada— por su simplicidad: los “recursos del poder organizativo” se concentraban y gestionaban desde la cúpula partidaria. Una cuestión de vital importancia fue la naturaleza de las relaciones entre las organizaciones guerrilleras y su “entorno organizativo” (las distintas organizaciones de masa y la red asociativa popular) que dieron soporte y apoyaron la lucha guerrillera. Las relaciones fueron distintas en cada uno de los tres países. En Nicaragua, se caracterizaron por la dependencia de las organizaciones a
19) Así se ha expuesto en otros trabajos ((MARTÍ, 1992), retomando el análisis de DUVERGERR (1961), que contrasta las categorías Gemeinschaft,t Gesellschaft y Bund con la experiencia de ciertas organizaciones políticas, se podría clasicar al FSLN en al tipología de Bund, d como colectivo creado deliberadamente, de carácter casi-sagrado, la adhesión al cual suponía un compromiso que orientaba la totalidad de los actos de sus miembros. 20) Utilizamos este concepto del mismo modo que lo presenta Angelo PANEBIANCO (1990). La estructura del poder organizativo se basa en los denominados “recursos del poder organizativo”, como factores alrededor de los cuales se desarrollan las actividades vitales de una organización: la competencia, las relaciones con el entorno, la comunicación, las reglas formales, el nanciamiento y el reclutamiento.
107
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
favor de los intereses del FSLN y por su subordinación a la estrategia de la lucha armada (21). En este sentido, la articulación entre guerrilla y movimiento popularr en Nicaragua, tuvo un proceso inverso al de la mayoría de países de América Latina, y especialmente en El Salvador y Guatemala, donde primero se activó el movimiento popular y posteriormente este se vinculó a las organizaciones guerrilleras —nalmente agrupadas en el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, y en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en Guatemala. Toda esta visión organizativa centralizada, reducida y altamente jerarquizada, no fue fortuita, sino que respondía al contexto en el que se desarrollaba su actividad. La hostilidad del entorno, altamente represivo, exigía una cohesión organizativa sin la cual la supervivencia organizativa de la izquierda transformadora hubiese estado (en realidad ya lo estaba) en peligro. En lo relativo a la coyuntura que convirtió a las organizaciones guerrilleras en formaciones preeminentes en la política nacional, es preciso hacer referencia a los sucesivos fracasos de las fuerzas opositoras civiles en su objetivo de forzar una democratización, o una simple liberalización, de las instituciones políticas de los tres países. Así, al nal, casi todos los colectivos de la izquierda democrática, ya fuese radical o reformista, fueron coincidiendo —a nales de los setenta— en el reducido espacio de la opción revolucionaria. En ese contexto, marcado por la intransigencia y la brutalidad de los gobiernos, muchos jóvenes de clase media y un gran número de intelectuales se radicalizaron como respuesta a una estructura socioeconómica a medio camino entre el capitalismo agroexportador y al retraso feudal, así como a la cultura excluyente y represora del poder. En este escenario, es preciso apuntar que la pobreza no fue la variable explicativa de la eclosión de la violencia revolucionaria, sino que esta solamente indicó el grado de intensidad y potencialidad del conicto (Torres-Rivas, 1996). Es importante percibir cómo los procesos de cambio social incompletos y de modernización desigual (como los experimentados en los países de Centroamérica), introducen factores de movilización y radicalización debidos al incremento de demandas y a la frustración de las expectativas generadas en grandes sectores de la sociedad. Por lo tanto, no resulta nada difícil comprender los procesos revo-
21) La tradición organizativa popular en Nicaragua fue relativamente escasa hasta nales de la década de los setenta. El nacimiento y la activación de organizaciones fue fruto de la acción de militantes sandinistas, con el objetivo de articular grupos de apoyo a la lucha armada. En Nicaragua, a diferencia de los países vecinos, la dependencia absoluta de estas organizaciones con las directrices del FSLN supuso una notable sincronización entre la estrategia armada y la movilización popular.
108
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Tabla 3.1. Organizaciones políticas y sus respectivas organizaciones populares (con la fecha de creación) El Salvador Formación político-militar Partido Comunista Salvadoreño, PCS (1930) Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, FPL (1972) Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP (1972) Resistencia Nacional, RN (1975) Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, PRTC (1979)
Organización Popular UDN (1969) Bloque Popular Revolucionario, BPR (1975) Ligas Populares 28 de febrero LP-28 (1977) Frente de Acción Popular Unicada, FAPU (1974) Movimiento de Liberación Popular, LMP (1979)
Guatemala Formación político-militar Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT (1949) Fuerzas Armadas Rebeldes, FAR (1962) Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP (1974) Organización del Pueblo en Armas, ORPA (1979)
Organización Popular Federación Autónoma Sindical de Guatemala, FASGUA (1957) Escuela de Orientación Sindical, EOS (1975-1976) Comité Nacional de Unidad Sindical, CNUS (1976)
Comité de Unidad Campesina, CUC (1978)
Nicaragua Formación político-militar Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN (1961)
Organización Popular Federación de Estudiantes Revolucionarios, FER (19) Asociación de Trabajadores del Campo, ATC (1977) Comités de Defensa Civil, CDC (1978) Movimiento Pueblo Unido*, MPU (1978)
(*) El MPU era una organización opositora al somocismo de carácter plural donde el FSLN tenía una posición hegemónica.
109
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
lucionarios de la región: a la inestabilidad y la violencia de ese contexto solo les faltaba una dirección política (la Vanguardia a la que se ha hecho referencia en el epígrafe anterior), un proyecto alternativo (la Revolución), y una base social (las clases medias radicalizadas y la red asociativa popular) que las sostuviera. Los tres elementos se dieron y terminaron convergiendo. Otra cuestión es la sincronización, la fuerza (la propia y la del adversario) y la fortuna en cada uno de los tres países. Combinando estos elementos puede interpretarse el triunfo revolucionario en Nicaragua, la guerra popular en El Salvador y el genocidio en Guatemala. La guerrilla sandinista
Al describir la guerrilla sandinista, es preciso exponer que, una vez creado el FSLN, la actividad guerrillera y su penetración en el medio rural tuvieron preeminencia sobre la organización, la educación política de las masas y la agitación en las zonas urbanas. La guerrilla sandinista fue, en el grueso de su historia (1961-1975), un pequeño foco guerrillero en las montañas del norte y centro del país que se nutría, mayoritariamente, de cuadros estudiantiles. En este largo período, el FSLN, si bien pudo sobrevivir a diversos ataques a los que se vio sometido, obtuvo pocas victorias en el plano militarr (22). Sin embargo, a partir de esa experiencia se difundiría una mitología referente a las montañas. La llamada “mística de las montañas” hablaba del marco donde se gestó la incipiente actividad guerrillera y que, posteriormente, tras las divisiones que habría en el seno del FSLN, abanderaría la tendencia de la Guerra Popular Prolongada. Tal como expone Omar Cabezas en su ya citada novela (Cabezas, 1982: 24): “Y en la ciudad, los clandestinos y los legales, hablábamos de las montañas como algo mítico, donde estaba la fuerza e incluso las armas. Allí estaban los mejores hombres...”.
22) La primera experiencia guerrillera del FSLN fue la creación de un focoo en el río Coco. En 1962, Fonseca y el coronel José Santos López —veterano del ejército de Sandino— levantaron un campamento en el río Patuca, en Honduras. En junio del mismo año, un grupo de unos sesenta estudiantes dirigidos por Santos López y Borge atravesaron el río Coco desde Honduras para apoderarse del poblado de Raití. Después de algunos ataques sin éxito a destacamentos de la Guardia Nacional de esas comarcas, los supervivientes decidirían volver a Honduras, donde casi todos fueron arrestados (B ( ORGE, 1989; NOLAN, 1986). Con la destrucción de dicho foco, las fuerzas del FSLN quedaron reducidas a unos treinta hombres. Desde entonces y hasta 1967 —cuando la Guardia masacró a los manifestantes de una coalición electoral anti-somocista— el FSLN realizó su actividad política desde la legalidad, introduciéndose en las organizaciones opositoras al somocismo, en los sindicatos y en los barrios marginales. Con el incremento de la actividad represora, en la segunda mitad de la década de los sesenta, en FSLN se fue nuevamente a las montañas.
110
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Este período se convirtió en una de las referencias básicas a partir de las cuales posteriormente se establecería la “mitología sandinista”. Gioconda Belli, una de las poetisas más representativas de la poesía nicaragüense en el período sandinista, escribiría: Que se queden los otros en medio y reciban aplausos sospechosos; nosotros sabemos trabajar en silencio, sabemos fraguar la tormenta, forjar el rayo con el yunque que Sandino nos dejó, nosotros sabemos, camarada, que en las montañas enterraremos el corazón del enemigo. Del foquismo surgió, a nales de los sesenta, la primera línea estratégica elaborada del FSLN, la llamada Guerra Popular Prolongada (GPP). Su génesis se remonta a enero de 1965, después de que Carlos Fonseca, deportado a Guatemala, entrara en contacto con los dirigentes de la guerrilla guatemalteca de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y de que los dirigentes sandinistas Casimiro Sotelo y Carlos Reyna participaran en el encuentro organizado por la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) y en el foro de la Tricontinental, realizados en La Habana a mediados de los sesenta. El fruto de ambas experiencias fue la formación de otro enclave guerrillero en Pancasán, situado en la cordillera Dariense, al este de Matagalpa, donde intentaron emular la estrategia de “guerra popular” realizada en Vietnam. Era la época en que la consigna del Che de “crear uno, dos, tres, muchos Vietnam...” se convirtió en algo más que un slogan. La actividad de guerrillera empezó en diciembre de 1966 y su tarea principal fue la de “organizar pacientemente los campesinos, de establecer lugares secretos de recepción y recogida de mensajes, y de construir un buen sistema de comunicaciones e información para llegar a tener el dominio político de la zona independientemente de la potencia de fuego” (Borge en García Márquez et al., 1979: 241). Sin embargo, entre mayo y agosto de 1967, la Guardia Nacional supo de su existencia y, después de varias escaramuzas, la destruyó parcialmente, dispersando al resto. La respuesta del régimen somocista fue rápida y contundente. Muchos miembros murieron en la montaña, dos de los máximos dirigentes fueron abatidos en Ma111
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
nagua en noviembre, y otros —entre ellos Daniel Ortega, Doris Tijerino y Gladis Báez— fueron detenidos y encarcelados. Tras la destrucción de la red urbana y los enclaves rurales, Borge y Turcios se trasladaron a Cuba, donde ya estaba Carlos Fonseca, y el resto de los miembros, entre los que estaba Humberto Ortega, se instalaron en Costa Rica (Nolan, 1986: 50-55). Fue en el exilio, entre Cuba, Panamá y Costa Rica, cuando un reducido grupo de sandinistas emprendió la tarea de crear un cuerpo doctrinario y una nueva estructura organizativa para el FSLN. En 1969 se formó una nueva Dirección Nacional (23) (DN), se distribuyó el poder según cada uno de sus miembros y se aprobó un programa (el Programa histórico del FSLN) donde se estableció el ideario y los objetivos de la organización.
EL PROGRAMA HISTÓRICO DEL FSLN El Programa Histórico comenzaba con la denición del FSLN como “organización de Vanguardia capaz de lograr, mediante la lucha frontal contra sus enemigos, la toma del poder político y el establecimiento de un gobierno revolucionario basado en una alianza obrero-campesina y el concurso de todas las fuerzas patrióticas anti-imperialistas y oligárquicas del país”. Los objetivos planteados, en trece capítulos, eran la creación de un gobierno revolucionario con plena participación de todo el pueblo; la nacionalización de los bienes de Somoza y de los que estuviesen en manos extranjeras; el control estatal del comercio exterior; la realización de una reforma agraria; la extensión de la educación pública; la creación de una legislación laboral; la integración de la Costa Atlántica a la nación nicaragüense; la emancipación de la mujer; la creación de un ejército “patriótico y popular”; la nalización de la explotación yankee; y el establecimiento de lazos de solidaridad “con todos los pueblos que realizan su lucha en pos de la liberación” (FSLN,1961).
23) Sus miembros eran los veteranos guerrilleros Tomás Borge y Oscar Turcios; el dirigente de los comandos urbanos, Julio Buitrago; el profesor de la UNAN Ricardo Morales Avilés; y los entonces jóvenes Henry Ruiz, quien acababa de terminar estudios en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú y Humberto Ortega.
112
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Independientemente de su temprana fundación, los analistas políticos han coincidido en clasicar al FSLN como una organización guerrillera que pertenece a la “segunda ola guerrillera” latinoamericana (cronológicamente ubicada en la década de los setenta), debido a que este adquirió relevancia política a partir del terremoto de Managua del año 1972 y, sobre todo, a partir de 1975 (24), cuando el carácter hermético del régimen nicaragüense y su rechazo a cualquier pretensión reformista produjo la conuencia de buena parte de los colectivos, organizaciones y movimientos opositores, fuera de los marcos institucionales. La percepción de imposibilidad, por parte de diferentes sectores sociales, de articular sus demandas en el sistema institucional, fue uno de los elementos que hicieron factible el arraigo de una convocatoria en pos de un régimen alternativo. La confrontación con el régimen político estuvo ligada, ante todo, a un sentimiento colectivo de ser víctimas de un sistema de injusticia e indignidad —o, como expuso Barrington Moore (1966)— de moral outrage. A consecuencia de ello, las elites económicas tradicionales siempre percibieron al régimen de los Somoza como —en palabras de Falcoff (1985)— “el triunfo de la arbitrariedad y la mala educación”. El somocismo fue de facto —que no premeditadamente— el único intento en la historia de Nicaragua de quebrar una estructura de poder secularmente articulada a partir de las grandes familias y de disputarles la hegemonía. Con Somoza Debayle (quien no tenía reparo alguno en manifestar: “yo soy empresario, pero humilde”) las elites tradicionales empezaron a formar organizaciones a partir de las cuales presionar al régimen. Con todo, los partidos nicaragüenses nunca fueron capaces de recobrar una cierta legitimidad, a la vez que, a medida que aumentaba la tensión, iba incrementándose la fragmentación partidaria.
24) El fenómeno guerrillero latinoamericano de la segunda mitad del siglo veinte se ha dividido cronológicamente en dos períodos: la primera y la segunda ola. La primera hace referencia a aquellas organizaciones que surgieron a la luz del ejemplo de la guerrilla cubana y que desarrollaron su actividad en la década de los sesenta. Estas guerrillas se caracterizaron por su implantación en zonas rurales y por su notable capacidad de maniobra. Bajo el denominador común de guerrillas de primera olaa cabe destacar al Movimiento 26 de Julio (M-26) en Cuba; al Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en Guatemala; las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en Colombia; el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Perú; el focoo guerrillero liderado por Che Guevara en Bolivia; y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Venezuela. La segunda olaa hace referencia al resurgimiento de la actividad guerrillera a partir de 1975. La segunda olaa tuvo relevancia en algunos países en los cuales anteriormente la guerrilla había tenido poca incidencia en la vida política —como El Salvador y Nicaragua— y en otros donde se produjo su revitalización, como Guatemala, Colombia y Perú ((WICKHAM-CROWLEY, 1992).
113
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
A mediados de los setenta, cuando se inició la crisis del régimen, la mayor parte de la oposición cívica se agrupó en torno a la Unión Democrática de Liberación (25) (UDEL), bajo el liderazgo de Pedro Joaquín Chamorro. Posteriormente, en las últimas elecciones del régimen somocista, en 1974, la UDEL optó por la estrategia de la abstención con la consigna de: “¡No hay por quien votar!” (26). Fue en ese período (durante los años previos a la insurrección, y a la luz de dos escisiones que se produjeron en el seno del FSLN), cuando los sandinistas desarrollarían actividades de penetración activa en diversos colectivos urbanos marginales, sectores medios ilustrados y progresistas e, incluso, en círculos de la alta sociedad. Las dos escisiones que tuvieron lugar en el seno del FSLN fueron producto, en gran medida, de la desconexión y el alejamiento entre los miembros del Frente Sandinista a causa de la represión del régimen somocista —que supuso para muchos de ellos el exilio, la prisión, o la eliminación física. Esas circunstancias hicieron que los dirigentes sandinistas no pudiesen debatir ni zanjar las discrepancias sobre cuestiones estratégicas u organizativas y que, al cabo de un tiempo (después de diversos conictos intestinos), terminaran por congurarse tres tendencias distintas en el seno del FSLN: la Tendencia Proletaria (TP o proles), la Tendencia Insurreccional o Tercerista (TI o terces) y la tendencia ya existente calicada como Guerra Popular Prolongada (GPP o comemonos). La TP, encabezada por Jaime Wheelock k (27) (formado en la CEPAL de Santiago de Chile durante el período de Allende y, posteriormente, en Leipzig), planteaba priorizar una estrategia obrerista en apoyo a los sectores obreros y semi-proletarios de las áreas urbanas, a la vez que interpretaba la realidad nicaragüense desde una “perspectiva de clase”. En las dos obras más importantes de Wheelock, Raíces indígenas de la lucha anticolonial en Nicaragua, e Imperialismo y dictadura, este elaboró un análisis donde prima el estudio de las “condiciones concretas y objetivas” y el “aná25) En la UDEL estaban presentes los partidos Acción Nacional Conservadora (ANC), el Partido Liberal Independiente (PLI), el Movimiento Liberal Constitucionalista (MLC), el Partido Social Cristiano (PSC), el Partido Socialista de Nicaragua (PSdeN), y los sindicatos Confederación de los Trabajadores Nicaragüenses (CTN) y Confederación General de los Trabajadores independiente (CGT-i). 26) La UDEL planteó un “Diálogo Nacional” donde se exigía al régimen unas “demandas mínimas”. Estas eran: 1) el levantamiento del Estado de Sitio y de la censura de los medios de comunicación; 2) la libertad de organización política y sindical; 3) el nombramiento de un militar con sucientes méritos y sin vínculos con la familia Somoza como responsable de la Guardia Nacional; 4) la creación de un orden jurídico que garantizara el pluralismo político; y 5) la amnistía general a los presos políticos. 27) Es importante señalar la formación intelectual y política de Wheelock porque, desde julio de 1979 hasta febrero de 1990, sería la persona encargada de diseñar y dirigir la política agraria de la Revolución Popular Sandinista.
114
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
lisis clasista”. En Imperialismo y dictadura el argumento que Wheelock expone (a partir de un estudio de las comarcas cafeteras de Las Segovias) es que en Nicaragua, debido a la expansión de la agroindustria, el campesinado de cuño tradicional había desaparecido y que, en su lugar, había nacido un nuevo sector proletario, y que sería este último el que aportaría las masas dispuestas a llevar a cabo la revolución. Sobre la base de estas premisas, Wheelock acusó de románticos y pequeño-burgueses a quienes continuaban desarrollando la guerra de guerrillas en las montañas y les cuestionó su epíteto de Vanguardia Popularr (Nolan, 1986: 79-83). En reacción a los argumentos y acusaciones de Wheelock, parte de la dirección política del FSLN se rearmó en sus postulados fundacionales (es decir, el foquismo) y en octubre de 1975 expulsó formalmente a quienes comulgaban con los nuevos análisis. De esta expulsión surgió la llamada Tendencia Proletaria, organización que continuaría su actividad política en la zona algodonera noroccidental del país. Poco después, en medio del desorden generado en el seno del FSLN, se produjo otra escisión. Esta segunda se dio a inicios de 1977, cuando Humberto Ortega convenció a la mayor parte de la dirección sandinista de que las condiciones de una guerra civil insurreccional estaban ya presentes en Nicaragua (Ortega, 1981). La estrategia de los terceristas residía en la incorporación de las elites políticas civiles y de colectivos populares urbanos en el proceso insurreccional. La diferencia más marcada entre los terceristas y las otras dos tendencias radicaba en “los ritmos de la revolución”. Tanto la GPP como los proles coincidían en señalar el bajo nivel de conciencia revolucionaria del pueblo y, consiguientemente, el carácter prolongado y pedagógico de la lucha. Contrariamente, los terceristas sostenían que “la hora de la acción se estaba acercando”. En el libro Cincuenta años de lucha sandinista, Humberto Ortega expuso que desde los años setenta la sociedad nicaragüense había sufrido una rápida radicalización y que el FSLN tenía que capitalizarla (Ortega, 1981). Se trataba, como expuso Orlando Núñez, de que (Núñez, 1981: 5-6): “En América Latina no se puede esperar que las condiciones objetivas originen las contradicciones, y que, a su vez, engendren la conciencia marxista a partir de la cual queremos que se guíe nuestra lucha revolucionaria... No es posible posponer la toma del poder en benecio del proletariado hasta el día ilusorio en que acuda a nosotros un ejército de trabajadores luciendo el uniforme proletario...”. En referencia a la tarea de captar el apoyo de las elites civiles en pro de la estrategia revolucionaria, los terceristas encomendaron a Sergio Ramírez —miembro del FSLN desde 1975— la tarea de articular una tupida red de contactos con personalidades de la vida económica e intelectual nicaragüense y latinoamericana, 115
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
con el objetivo de obtener recursos económicos y materiales para la ofensiva insurreccional. En este sentido, Sergio Ramírez describió parte de su tarea conspirativa en la que —como sucedía a menudo en América Latina— los intelectuales jugaron un notable protagonismo (28). En la enredada tarea de seducir una parte de la elite nicaragüense opuesta a Somoza, los sandinistas se valieron de múltiples contactos —desde las anidades políticas hasta lazos consanguíneos. En este sentido destaca, por ejemplo, el vínculo familiar de las dos personas más acaudaladas del denominado Grupo de los Doce (29), Joaquín Cuadra Chamorro y Emilio Baltodano Pallais, cuyos hijos, Joaquín Cuadra Lacayo y Álvaro Baltodano Cantarero, eran dirigentes de la facción tercerista del FSLN. En cuanto al programa político elaborado por los terceristas, tras la decisión de buscar vínculos y alianzas con la burguesía se redactó un documento llamado Plan Mínimo de Gobierno, basado en tres principios básicos: pluralismo político, economía mixta y no alineación internacional. Inmediatamente después de la redacción del citado documento, los sandinistas se pusieron a buscar adhesiones políticas conforme a las cuales confeccionar el ya citado Grupo de los Doce (Christian, 1986: 45; Cardenal, 2003). En ese contexto, la Tendencia Insurreccional “trasladó” la gravedad de la lucha hacia las zonas urbanas. En consecuencia, la agitación se concentró progresivamente en las ciudades y mientras el FSLN aglutinaba y catalizaba la acción de las masas insurrectas en los barrios, estas le daban un matiz claramente urbano. La dirigencia sandinista (tal como sucedió en las cúpulas de los movimientos guerrilleros de la “segunda ola”, como el M-19 y las diferentes organizaciones salvadoreñas) se per-
28) Existe abundante literatura sobre el rol de los intelectuales latinoamericanos en los eventos políticos, entre esta cabe destacar: CASTAÑEDA, 1993: 207-240. 29) Desde inicios de 1977 la tendencia terceristaa promovió la creación de un grupo de notables nicaragüenses —que posteriormente se conocería como el Grupo de Los Doce— e de reconocido prestigio internacional y sin adscripción partidaria conocida. La función de este grupo era la de oponerse a la continuidad de Somoza en la presidencia y la de proponer al FSLN como interlocutor necesario en el “proceso de transición”. Dicho grupo estaba formado por Sergio Ramírez (escritor y académico vinculado al FSLN desde 1975, y promotor del grupo), o Ernesto Cardenal (cura trapense y poeta), Arturo Cruz (economista, funcionario del BID en Washington), Joaquín Cuadra Chamorro (abogado, político conservador y accionista del grupo Banco de América), Felipe Mántica (dueño de una cadena de supermercados y accionista del grupo Banco de América), Carlos Gutiérrez (médico), Ernesto Castillo (abogado), Miguel D’Escoto (sacerdote Maryknoll), Carlos Tünermann (exrector de la Universidad Nacional), Casimiro Sotelo Rodríguez (arquitecto), Emilio Baltodano Pallais (empresario), Ricardo Coronel Kautz (ingeniero agrónomo), y al que posteriormente se integrarían Reynaldo Antonio Teffel y el sacerdote Edgar Parrales.
116
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, SERGIO RAMÍREZ Y LA REVOLUCIÓN Ya Cien años de soledad tenía una década de andar por todas las barberías del Caribe con sus lomos desgastados, cuando encontré por primera vez a Gabriel García Márquez. Era el mes de septiembre de 1977 y yo viajé a Bogotá delegado por el Frente Sandinista para proponerle que se enredara en una conspiración que tenía mucho de fantasioso para derrocar a Somoza; tan fantasiosa como para que Gabo aceptara sin vacilar el papel que le asignábamos, y tan verdadera que dos años después entrábamos victoriosos en Managua [...] Le dije a Gabo que el Frente Sandinista lo necesitaba para que viajara a Caracas a convencer al presidente Carlos Andrés Pérez de que reconociera a un gobierno provisional, que aún no existía, y que se instalaría en octubre en el poblado de Cárdenas, en la frontera con Costa Rica, apenas las columnas guerrilleras que se entrenaban en secreto asaltaran los cuarteles de San Carlos, Rivas y Masaya [...] Gabo, apasionado como siempre ha sido de las conspiraciones improbables y secretas, llevó al presidente venezolano una carta sellada con el sello falso del gobierno fantasma fabricado en San José de Costa Rica. (Ramírez, 1994: 106-108).
cató de la súbita aparición de “nuevos sujetos sociales urbanos” y de la necesidad de establecer diversas alianzas con ciertos sectores de las elites socio-económicas. Se trataba de una coyuntura en la cual la sociedad nicaragüense se politizaba rápida e intensamente. Y esta radicalización fue encauzada por el FSLN. Un FSLN que, ante todo, era un actor político que quería transformar una realidad injusta y altamente represiva. No es gratuita, en este sentido, la expresión acuñada en Nicaragua antes del triunfo de la insurrección que dice: “En Nicaragua ser joven era un delito”. Y así lo plasmó Ernesto Cardenal en uno de sus poemas: Eran de 20, de 22, de 18, de 17, de 15 años. Los jóvenes matados por ser jóvenes. Porque tener entre 15 y 25 años en Nicaragua era ilegal. Y pareció que Nicaragua iba a quedarse sin jóvenes. 117
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
3. MOVILIZACIÓN E INSURRECCIÓN El ocaso del somocismo
El FSLN, tras un espectacular secuestro realizado en noviembre de 1974 (mediante el cual obtuvo fondos económicos, difusión de maniestos y propaganda, y la liberación de varios presos) sufriría sucesivos descalabros. Hasta nales de 1977, cuando se iniciaron una serie de ataques generalizados en diferentes zonas del país, el Frente nunca fue considerado como un actor político relevante. Sus acciones, si bien tuvieron un efecto de demostración con el que ganaron la simpatía y el reconocimiento de muchos nicaragüenses, nunca, hasta entonces, tuvieron una continuidad y sistematización suciente como para pensar en la posibilidad de que se convirtiese en un agente político que ofreciera una alternativa plausible al régimen que empezaba a resquebrajarse. En 1977, con la administración Carter y su retórica sobre los derechos humanos, la política estadounidense de defensa del statu quo en América Central hizo un paréntesis (30). Buen ejemplo de ello fue la primera aparición de Jimmy Carter en el Consejo Permanente de la OEA, en marzo de 1977, donde expuso su decisión de vincular el apoyo militar a los regímenes latinoamericanos a su conducta en el campo de los derechos humanos. Sobre dicha base, el gobierno nicaragüense vio cómo el 28 de marzo de 1977 se le suspendía la ayuda militar debido a un informe del Congreso norteamericano sobre la conducta de la Guardia Nacional (Bataillon, 1996). Desde entonces, las diferentes facciones de la oposición empezaron a movilizarse y, a un día de la partida de Somoza Debayle hacia Miami para una intervención coronaria, la UDEL publicó un programa para “la democratización del país” y el Grupo de los Doce expuso la necesidad de crear un gobierno provisional. En octubre del mismo año, el FSLN lanzó dos operaciones militares en San Carlos (el 13) y en Masaya (el 17), a la vez que el Grupo de los Doce armaban la necesidad de recurrir a las armas para derrocar a la tiranía. A partir de dichos acontecimientos el desgobierno fue in crescendo. El detonante de la crisis del régimen fue, sin embargo, el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro el 10 de enero de 1978. El asesinato de Pedro Joaquín Chamorro (que rápidamente se atribuyó al hijo mayor de Somoza Debayle —el Chigüin—) no solo agravó las tensiones existentes en la sociedad nicaragüense, sino que dio una nueva
30) Sobre la política norteamericana en Centroamérica y, especícamente, sobre Nicaragua ver: BOOTH, 1982; DIEDERICH, 1982; LA FEBER, 1993.
118
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
lectura a la crisis. Como calicó Robert Pastor —que por aquel entonces ejercía de Consejero de Asuntos Latinoamericanos en el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos— dicho acontecimiento supuso un salto cualitativo de los acontecimientos políticos: se pasó de una “crisis política” a una “crisis revolucionaria” (Pastor, 1988: 59). Pues, si bien todo el mundo conocía las prácticas represoras y la impunidad con que la Guardia (apodada la genocida) asesinaba a los opositores, las elites económicas y los miembros de las “grandes familias” siempre habían considerado asegurada su integridad física y su capacidad de discrepar públicamente con el régimen. Esta forma de actuar formaba parte de un acuerdo no escrito (de la misma forma que había determinados sectores económicos en los que los Somoza “no debían” inmiscuirse), pero “este acuerdo” se violó con el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro. Su asesinato signicaba que ya no estaba garantizada la posibilidad de las elites para discrepar ni (y esto era mucho más grave) su seguridad. Fue en ese contexto cuando, después de diversos alzamientos populares duramente reprimidos (donde destacó el del barrio indígena de Masaya, llamado Monimbó), en agosto de 1978, el FSLN consiguió su mayor golpe de efecto: el secuestro de la Asamblea Nacional (31). A raíz de esta acción y de la condena a Somoza desde todas las esferas internacionales, los sandinistas multiplicaron sus contactos, recursos y armas. A partir de entonces, los acontecimientos se encadenaron: estallaron revueltas en Matagalpa y Jinotega (del 27 de agosto al 2 de septiembre); el Frente Amplio Opositor (FAO) —creado en julio de 1978, a partir del Grupo de los Doce, el PLI, el MLC, la ANC, el PSN, el PCN, el PSC, el PPSC, diferentes confederaciones sindicales vinculadas a dichos partidos, y el recién creado Movimiento Democrático Nicaragüense (32) (MDN)— convocó una huelga general; y, entre el 9 y el 20 de septiembre, diversos comandos sandinistas empezaron a atacar destacamentos de la GN en diferentes localidades de los departamentos de Managua, Masaya, León, Chinandega, Chichigalpa y Estelí —acontecimientos que se
31) La presencia de periodistas entre los secuestrados —a los cuales el FSLN les dejó la libertad de comunicarse por teléfono con sus redacciones y los utilizó para hacer declaraciones en directo— y la presencia de parientes de Somoza —quienes, según el portavoz del FSLN, serían los primeros en ser ejecutados si no se cedía a las demandas del comando—, pusieron en una delicada posición al jefe de Estado. Para el relato de lo acontecido: CHRISTIAN, 1986: 69-74. A cambio de la liberación de los diputados, el FSLN exigió la liberación de 83 prisioneros políticos, diez millones de dólares en efectivo y la difusión de diversos comunicados. El resultado de las negociaciones fue un acuerdo según el cual el gobierno puso en libertad a unos cincuenta prisioneros, pagó medio millón de dólares, y publicó diversos comunicados del FSLN en el periódico pro-somocista Novedades. 32) El MDN fue un partido creado por un sector de jóvenes empresarios bajo el liderazgo de Alfonso Robelo.
119
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
conocerían como la “insurrección de septiembre”. Así, a nales de 1978, se gestó una dinámica donde diferentes actores se disputarían el control de los resortes del Estado, es decir, utilizando un término acuñado por Tilly (1978: 198) se abría un escenario político de “soberanía múltiple”. En ese contexto, la intransigencia y terquedad de Somoza redujo a dos las opciones de la oposición civil al régimen: aliarse con los sandinistas, o hacer las paces con Somoza. Pero esta última opción, con el paso del tiempo, se hacía cada vez menos plausible. El 13 de septiembre el gobierno proclamó el Estado de sitio y la represión desencadenada por la GN se incrementó. Por otro lado, la capacidad de trabar alianzas por parte del FSLN fue inesperadamente efectiva. En este sentido, la división del FSLN en diferentes tendencias supuso una división del trabajo. La Tendencia Proletaria y la Tendencia Guerra Popular Prolongada lideraron las alianzas en las que se integraban partidos de izquierdas y organizaciones de carácter popular. La Tendencia Tercerista, por su lado, estableció múltiples conexiones con sectores de la oposición civil moderada y creó una amplia red de contactos internacionales (33). El genio de los sandinistas fue tejer un amplio abanico de contactos, tanto a nivel nacional como internacional, con sectores y grupos políticos y sociales que tenían como único denominador común su declarado antisomocismo. En este marco, “la sabiduría política del FSLN consistió en aglutinar un complejo calidoscopio de perspectivas y catalizarlo contra la dictadura” (Vilas, 1991: 32). Fue en diciembre de 1978 cuando las tres tendencias del FSLN comunicaron la existencia de un acuerdo de coordinación de sus acciones. El 13 de marzo, después de cinco años de discrepancias y conictos, se unicaron las tres tendencias, formando una Dirección Nacional Conjunta de 9 miembros (34) —tres de cada tendencia— y colocando todos sus efectivos bajo una conducción única. En ese mismo período, el FAO se resquebrajó como consecuencia de los diferentes posicionamientos existentes en su seno respecto a cómo actuar frente a la crisis. De la alianza de una parte de los sectores antes pertenecientes al FAO y al MPU surgió el Frente
33) Los terceristass mantuvieron excelentes relaciones con el entonces presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, con Torrijos, en Panamá, y con Ouduber y Carazo, en Costa Rica. Estos intercedieron en su favor en los foros internacionales, actitud que no fue ajena a las agrias relaciones que mantuvieron con Somoza. En este sentido, el 9 de septiembre de 1978, Venezuela rmó un pacto de defensa con Costa Rica que iba a facilitar el ujo de armas al FSLN. Posteriormente, el 21 de noviembre, Costa Rica rompió relaciones con Nicaragua. 34) La Dirección Nacional, que se mantendría intacta hasta el Congreso Nacional del FSLN de 1991, estaba formada por Humberto Ortega, Daniel Ortega y Víctor Tirado, provenientes de la tendencia tercerista, Bayardo Arce, Tomás Borge y Henry Ruiz, de la GPP P y Luis Carrión, Jaime Wheelock y Carlos Núñez, de la proletaria.
120
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Patriótico Nacional (FPN). Paulatinamente, la iniciativa de la oposición civil iba reduciéndose a favor de una mayor del FSLN. A partir de mayo, los pueblos y ciudades del norte fueron cayendo en manos de los sandinistas, que llevaban ya varios meses entrando y saliendo de ellas. La conquista más importante fue León, segunda ciudad de Nicaragua, a mediados de junio. Los enfrentamientos, sin embargo, continuaron en todo el país. La revolución sandinista llamó la atención por la amplitud e intensidad de la participación de las masas en la estrategia insurreccional del FSLN. En todo el proceso insurreccional miles de ciudadanos, sin adscripción política denida, fueron incorporándose en los órganos que sobre la marcha el FSLN iba construyendo (los Comités de Defensa Civil, los Comités de Defensa de los Trabajadores, las Milicias, las Brigadas...). Como expusieron posteriormente militantes sandinistas, la organización de grandes colectivos fue intensa, pero relativamente fácil. La predisposición con la que grandes sectores de la población se incorporaron a la insurrección fue producto de varios factores. Entre los coyunturales (posteriormente intentaremos analizar los estructurales) cabe destacar el progresivo apoyo que dio la Iglesia Católica a la insurrección y a la reacción a la cruenta represión que llevó a cabo la Guardia Nacional. En referencia a este fenómeno es gráca la declaración de una madre nicaragüense a sus hijos durante la insurrección (Vilas, 1984: 167): “Y yo les dije a mis chavalos que mejor se metían en el Frente, porque si no, de todos modos la Guardia me los mataba, por ser jóvenes, nomás, gúrese”. Como ya es sabido, el desenlace fue, para el antiguo régimen y para los intereses de la administración estadounidense, el peor de los posibles. Después del repudio generalizado de la comunidad internacional (35), Somoza abandonó el país cediendo el poder al Congreso de la República. Francisco Urcuyo, un político allegado a la familia Somoza, fue elegido nuevo presidente de la República por el Congreso. Este, proclamándose presidente legítimo, declaró su intención de agotar el mandato establecido legalmente hasta 1981 y ordenó a la Guardia Nacional que continuara la guerra. La reacción de Urcuyo supuso la imposibilidad de establecer ningún nexo de continuidad entre el régimen somocista y el nuevo poder emergente, así como la rendición incondicional de la Guardia Nacional.
35) El 20 de mayo de 1979 la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución pidiendo a Somoza la dimisión de todas las funciones ociales que desempeñaba. México aprovechó este marco para condenar “el horrible genocidio cometido por Somoza”, postura a la que se sumaron posteriormente Ecuador, Panamá y Grenada. La guinda del pastel fue, sin embargo, la retransmisión por una cadena internacional de televisión de las imágenes del asesinato de un periodista norteamericano —Bill Stewart— a manos de la GN.
121
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
En un santiamén se vino abajo la estrategia cuidadosamente articulada por los esmerados policymakers norteamericanos. El resultado nal, sin embargo, guarda relación con las enseñanzas que, en su día, expuso el orentino Niccolo de Machiavelli en su obra El Príncipe: “cuando el pueblo toma las armas contra ti, poca será la ayuda que te puedan ofrecer los aliados extranjeros”. En este caso, sin embargo, cabe preguntarse: ¿Quién fue ese pueblo que salió a la calle y tomó las armas? ¿A raíz de qué lo hizo? Y ¿quién lo movilizó, lo empujó e intentó organizarlo? Las tres cuestiones son necesarias para analizar el proceso insurreccional y para, posteriormente, comprender el proceso revolucionario y, cómo no, contrarrevolucionario. La insurrección sandinista llamó la atención por la amplitud y la intensidad de la participación popular, y ello se reeja claramente en el excelente trabajo de Vilas (1984). Dicho trabajo ilustra claramente el perl del “sujeto social” de la revolución sandinista (Vilas, 1984: 144-164). Por un lado, nos señala la extrema juventud de los participantes (36) (el 71 % tenía entre 15 y 24 años, una proporción casi 3 veces más alta que el peso de ese mismo grupo en la pirámide de edad, y el 20 % era menor de 20 años) y, por otro, el predominio de los hombres en la actividad militarr (37). En cuanto al perl ocupacional de los insurrectos —tal como demuestra la tabla 3.1.—, los estudiantes constituyeron la primera fuerza con un 30 %, seguidos por las llamadas “gentes de ocio” (categoría que engloba artesanos, empleados en talleres y trabajadores por cuenta propia) con un 22 %. La presencia de obreros (clasicados como obreros y jornaleros, y empleados y ocinistas, donde una importante proporción eran aprendices) fue baja, no solo respecto a los estudiantes y “gentes de ocio”, sino también respecto a lo que podría esperarse de acuerdo con algunos tópicos manejados por los teóricos sobre revoluciones en países periféricos. Finalmente, la reducida participación de campesinos y agricultores fue acorde con el carácter eminentemente urbano de los tramos nales del proceso insurreccional. Por lo tanto, el “sujeto social” de la insurrección tuvo un carácter más “popular” (en el sentido amplio de masas trabajadoras) que “proletario”, pues se trató más de pobretariado que proletariado. Tal como se desprende del cuadro, el contingente de los trabajadores de la pequeña producción y del trabajo no asalariado emergió
36) La muestra se realizó sobre 640 casos de fallecidos durante el proceso insurreccional presentes en el registro (de 6.000 casos) que ofreció un programa realizado en el año 1980 —el Programa Héroes y Mártires— s del Instituto de Seguridad Social y Bienestar (INSSBI), destinado a apoyar a los familiares que tuvieran algún miembro caído durante ese período. 37) Cabe resaltar el papel fundamental de las mujeres en las tareas de apoyo como correos,s casas de seguridad, abastecimientos y atención en hospitales clandestinos.
122
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
como la principal fuerza social del proceso. Estos dos sectores socio-ocupacionales aportaron la mayor parte de los participantes directos involucrados en la insurrección, ya que, si bien es cierto que los estudiantes (de educación universitaria y secundaria) fueron el mayor contingente numérico, estos eran, en gran medida, hijos de los sectores sociales antes mencionados. De lo expuesto se desprende que la nota característica del contingente social que se sumó al proceso insurreccional fue la precariedad y la incertidumbre respecto al futuro. Se trataba del alzamiento de un contingente urbano (nacido durante el proceso de modernización ya descrito) contra un futuro sin perspectivas. En denitiva, el sujeto social que se sumó al último tramo de la lucha contra Somoza fue el de los colectivos urbanos que, en palabras de Vilas (1980) “no tenían un lugar bajo el sol”. Tampoco es casual que la materia prima de la insurrección no fuera substancialmente diferente de aquella que protagonizó los alzamientos populares contra el desarrollo del capitalismo industrial en la Europa de nales del siglo XVIII e inicios del XIX, tal como se desprende de los clásicos trabajos de Barrington Moore, Erick Hobsbawm o E. P. Thompson. Las masas populares urbanas de la Nicaragua del último tercio del siglo XX, sin embargo, no eran hijos del pasado, sino de las nuevas modalidades de penetración del capital multinacional en la periferia del capitalismo mundial; de ese capitalismo que, tal como observamos en el capítulo anterior, en poco más de una generación alteró de forma drástica las condiciones de vida de grandes colectivos del país. Otro fenómeno es el que pretende dar respuesta a la cuestión: ¿a raíz de qué esos colectivos urbanos salieron a la calle? Obviamente, existen múltiples elementos a tener en cuenta, siendo unos más estructurales y otros más coyunturales. En referencia a los de carácter estructural, destacó, en primer lugar, el impacto del desarrollo acelerado y desigual de la economía nicaragüense a partir de los años cincuenta. En segundo lugar, guró la presión que generó, a lo largo del tiempo, el régimen somocista sobre amplios colectivos. Dicho régimen —sin quererlo y de manera contradictoria— terminó por desarrollar una conciencia popular en la que el rechazo a la miseria, a la falta de trabajo y de tierra, se sumó al repudio de las particularidades del somocismo, a saber, la arbitrariedad policial, la corrupción y la exclusión política. A nivel coyuntural, cabe destacar tanto la amplia movilización que supuso el estallido insurreccional como el carácter indiscriminado de la represión. La rebeldía activa y la participación personal y directa en la lucha revolucionaria terminaron convirtiéndose en una cuestión defensiva —de vida o muerte— para la mayor parte de la población. De esta forma, cuando ser víctima de la represión dejó de ser algo que “le sucede a otro por agitador, subversivo, o porque se la está buscando” y pasa a ser algo que le puede ocurrir a cualquiera —aun quedándose en casa—, quedarse en casa ya 123
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
no tiene sentido ni sirve de protección. En ese contexto, el miedo a la represión como algo extracotidiano se transforma en certidumbre cotidiana y abre paso a la “defensa activa” (Vilas, 1984: 163). En el caso que analizamos se trató, tal como expusieron muchos insurrectos en el trabajo de Maier (1980: 122), de la siguiente actitud: “Yo me metí a volarle verga porque si no íbamos a morir igualmente como pendejos”. Finalmente, al responder la pregunta: ¿quién movilizó, empujó o intentó organizar al pueblo?, solo cabe hacer referencia al rol ejercido por el FSLN, ya que después de la muerte de Pedro Joaquín Chamorro se terminó la ilusión de que eran posibles los cambios y reformas dentro del sistema vigente. Después del magnicidio se generalizó la convicción de que ya no había otra oposición que la que venía desempeñando el FSLN desde hacía casi veinte años. Así las cosas, el análisis del desplome del régimen somocista no pasa solo por tener en cuenta el “carácter primitivo del dictador” o “los errores de la administración norteamericana” (Wickham-Crowley, 1992), sino también por la capacidad de las fuerzas populares de encontrar estrategias e instrumentos para potenciar su lucha (Vilas, 1984). El protagonismo de los colectivos insurrectos fue la fructicación del trabajo y de la organización desarrollada por el FSLN durante largos años. El FSLN dio espacios y medios a estos colectivos para expresar sus reivindicaciones, y estos, al salir a la calle, le dieron el poder. Pero también dieron al Frente Sandinista un sustrato social, una base humana, un discurso, un imaginario, unas demandas y un rostro. Ese rostro, eminentemente urbano, encarnaría la Revolución Popular Sandinista y esta le cedería el discurso, lo integraría en las instituciones y realizaría políticas públicas a su favor. Su reverso, sin embargo, sería un sector de los colectivos campesinos de las zonas rurales de la frontera agrícola que, si bien compartía con sus homólogos urbanos el marco de la subordinación y la pobreza, diferían en cuanto a su actitud, simbología y demandas (38). La insurgencia en Guatemala y El Salvador
A partir del triunfo revolucionario en Nicaragua, surgió la idea de que la revolución estaba, en Centroamérica, al alcance de las formaciones guerrilleras de Guatemala y El Salvador. El objetivo de las organizaciones guerrilleras de la región fue emular a sus vecinos nicaragüenses. Fue entonces cuando en los ámbitos de la militancia
38) Para un análisis de la situación de los campesinos de las zonas rurales del interior y sus discrepancias y conictos con las políticas desarrolladas por la administración sandinista, dirigirse a: MARTÍ, 2001.
124
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
revolucionaria se extendió la canción que decía: “Si Nicaragua venció, El Salvador vencerá
…”, y entonces había quien añadía: “... y Guatemala les seguirá”. Sin embargo, el desenlace político en ambos países siguió procesos muy distintos a lo acontecido en Nicaragua, a la vez que entre ambos hubo notables diferencias. En Guatemala, a nales de los sesenta, fueron los sectores sociales que habían experimentado una mayor transformación en su realidad (fruto del fuerte crecimiento que conllevó la modernización del país), los que intentaron reconstruir un proyecto de integración social y extenderlo a la población rural a través del desarrollo de una red de organizaciones populares. En ese momento, cuando ese proyecto parecía adquirir cierta realidad, los “focos guerrilleros” existentes estaban malheridos, agotados y arrinconados en la periferia del país, y no constituían ya ningún peligro ni amenaza para el régimen. No sería hasta nales del año 1978 cuando buena parte del movimiento sindical se radicalizó: la dirección mayoritaria de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) rompió con la Confederación Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), de liación democristiana; y la Federación de Trabajadores de Guatemala se dividió en dos sectores, uno que siguió los pasos de los revolucionarios y otro que se mantuvo como “retaguardia” moderada. Pero en Guatemala, además del sindicalismo urbano, existía el sindicalismo rural con una potente organización, el Comité de Unidad Campesina (CUC), que también participó activamente en la coordinación de una estrategia insurreccional en la cual la política tenía prioridad sobre las reivindicaciones profesionales: la consigna era, en esos momentos, “quemar etapas hacia la revolución” (Le Bot, 1992). En esa coyuntura, la represión ejercida por el gobierno guatemalteco fue cada vez más intensa y el terror hizo cada vez más difícil cualquier tipo de relevo político y generacional. A la vez, las disputas entre las distintas formaciones guerrilleras del país (la EGP, la ORPA, las FAR y las facciones del PGT) repercutieron negativamente en cualquier intento de formar alguna tentativa unitaria (39). No fue sino posteriormente, debido a múltiples presiones externas (sobre todo de Cuba y Nicaragua), y también por la más elemental necesidad de supervivencia, que la unidad entre las distintas guerrillas fue una realidad. El 7 de febrero de 1981 se creó la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Pero entonces, a inicios de los ochenta, la sociedad guatemalteca ya se encontraba en la boca del lobo: la reforma agraria se había prohibido, la proletarización estaba bloqueada por
39) En 1980, el CNUS, la CNT, la FASGUA y la Escuela de Orientación Sindical (EOS), se habían desintegrado, la FTG estaba maltrecha y el CUC se había unido a la EGP en la clandestinidad ((LE BOT, 1992: 153-158).
125
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
la recesión económica, el renacimiento comunitario hecho trizas y la represión en su punto más álgido. Ante dicha situación, la vida política se polarizó en dos opciones que tenían como desenlace la guerra: por un lado la URNG y sus partidarios, como representantes de la alternativa radical al statu quo, y por el otro el régimen militar con sus fuerzas armadas “fuera de control”, con un plan político que tenía como objetivo aislar a los guerrilleros. A partir de ese momento, el conicto político adquirió una dinámica bélica desproporcionada, en la que el régimen militar arrasó la insurgencia y ahogó la base social de la guerrilla utilizando una estrategia de “tierra quemada” (Jonas, 1991). Como consecuencia, en Guatemala, la opción rupturista pronto sucumbió (a mediados de los ochenta) y pasó a ejercer un rol testimonial. Como ya hemos expuesto, en El Salvador, los primeros indicios del bloqueo político y de la inviabilidad de la tímida apertura del juego institucional, se observaron en las elecciones presidenciales de marzo de 1972, en las que no se reconoció la victoria electoral de la candidatura opositora y tras las cuales el sector más reaccionario del ejército se hizo con el control del Estado. Así, mientras se incrementaba la movilización popular y crecía la represión directa del régimen, los procesos electorales cayeron en el descrédito más absoluto. Por un lado, las fuerzas reformistas hicieron un llamamiento a favor de la abstención y, por otro, la izquierda armada los despreciaba. Parecía no haber salida: el sistema se vio precipitado a la crisis y al enfrentamiento. En dicho contexto, el último recurso para frenar la dinámica de violencia fue el intento de golpe de estado de octubre de 1979, llevado a cabo por los sectores más progresistas y reformistas del ejército y de las organizaciones de la sociedad civil. Tras el golpe de octubre de 1979, se instauró una Junta Revolucionaria de Gobierno (con la participación de personalidades de indiscutible trayectoria y prestigio) que intentó desmovilizar a las organizaciones radicales y controlar a las facciones más reaccionarias del ejército. Pero en dichas circunstancias la mayoría de las organizaciones populares respondieron convocando movilizaciones en las calles y ocupando instituciones públicas y fábricas, y los cuerpos de seguridad las reprimieron con dureza. Al desaparecer esta última opción conciliadora, quedó claro el papel rupturista de la izquierda que se aglutinaba alrededor del FMLN y del Frente Democrático Revolucionario (FDR). Obviamente, el objetivo de la propuesta popular salvadoreña era el mismo que el de sus vecinos de Nicaragua, y con esa intención se organizó la denominada “ofensiva nal” —que duró del 10 al 16 de enero de 1981— con la convicción de una victoria segura. La larga guerra de El Salvador estaba servida. Pero el proceso de esta guerra y la tragedia de Guatemala son acontecimientos que merecen ser tratados en un espacio aparte. 126
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
IV. REVOLUCIÓN
1. LA CONSTRUCCIÓN DE UN “NUEVO ORDEN”
El proyecto revolucionario nicaragüense, como toda revolución social en un país subdesarrollado, fusionó y sintetizó una multiplicidad de objetivos. Las revoluciones sociales en sociedades subdesarrolladas son al mismo tiempo revoluciones de liberación nacional y anti-dictatoriales, y estas implican una transformación social y económica y un cuestionamiento de las formas anteriores de dominación política. Los diferentes retos a que se enfrentan este tipo de procesos pueden resumirse alrededor de tres cuestiones básicas: la cuestión democrática, la cuestión de la soberanía nacional, la cuestión del desarrollo (dícese también transformación de la estructura socioeconómica). Estas no son, sin embargo, cuestiones separadas o independientes unas de otras. Otra cuestión es la preeminencia o subordinación de alguna de estas tareas en aras de un proyecto preconcebido —dinámica que tiene que ver con las relaciones entre quienes impulsan (o frenan) y dirigen (o combaten) el proceso revolucionario, y de sus horizontes culturales e ideológicos. La forma en que esta dinámica se plantea, y su posterior articulación e interacción no es ajena a las relaciones de poder 127
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
existentes entre los diversos actores, a su capacidad de liderazgo y articulación de los diferentes colectivos, ni a su ingenio en la formulación de estrategias y discursos. En este sentido, la forma, dirección y pretensiones que conllevan estos procesos de cambio son concebidos de manera diferente por los diversos protagonistas y, en este aspecto, el inicio de la Revolución Popular Sandinista mantuvo cierta ambigüedad. Así, en la gestación del proceso revolucionario, se inició un período donde diferentes actores políticos mantuvieron pretensiones de dominio sobre la misma comunidad política y sobre las mismas estructuras del enforcementt del sistema (1). Es decir, una cosa fue la unidadd que supuso el derrocamiento de un régimen considerado dictatorial, y otra el proyecto de cómo y hasta dónde transformar las bases materiales, institucionales y simbólicas de la nueva sociedad nicaragüense. Precisamente por ello las alianzas que se crearon con el objetivo de combatir a un enemigo común se debilitaron a la hora de gestar y construir un proyecto compartido. Hubo quienes observaron el n de Somoza como la culminación de un proceso, otros, como el inicio. Durante los veinte meses que siguieron al triunfo insurreccional se conguraría la correlación de fuerzas a partir de la cual, posteriormente, se pretendería hegemonizar el proceso de transformación revolucionario. El inicio de este proceso comenzó el mismo día 19 de julio de 1979, cuando la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) —compuesta sobre la base de la política de alianzas del período insurreccional— proclamó el Estatuto Fundamental de Derechos y Garantías, trazando la naturaleza y la organización institucional del nuevo Estado y estableciendo las directrices básicas de actuación política en el Programa de Gobierno (2). En el Estatuto quedaban garantizados un amplio número de derechos civiles, además de asumir como propios los consignados en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la OEA. Referente a la articulación de los espacios políticos, se establecieron garantías de participación política y sufragio universal, así como de organización y funcionamiento de los partidos políticos, con excepción de aquellas organizaciones que “pretendieran un retorno al somocismo”. A la vez, el Estatuto 1) Existe diversa literatura sobre las dinámicas de cambio de regímenes a partir de procedimientos rupturistas, entre ellos cabe destacar: TILLY, 1978: 519-530. 2) El Estatuto Fundamental de Derechos y Garantíass se promulgó como Decreto n. 52 el 22 de julio de 1979 y se publicó en la GDO n. 1, el 22 de agosto de 1979. El Programa de Gobiernoo y los decretos más relevantes promulgados durante el primer año por la JGRN se publicaron en la revista Encuentro, 1980/17. Para una exposición más detallada sobre la nueva organización jurídica e institucional del nuevo régimen ver: DUNKERLEY, 1988: 269-280; GONZÁLEZ, 1992: 212-220; MOLERO, 1988: 40-49; POZAS, 1988: 54-65.
128
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
derogó y abolió las leyes del anterior régimen consideradas represivas, así como las instituciones que las ejecutaban. En función de la nueva legislación, los poderes del Estado se conguraron de la siguiente forma: la JGRN detentaba el poder ejecutivo; el poder legislativo residía en el Consejo de Estado —órgano de carácter semi-corporativo compuesto inicialmente por 33 miembros (y posteriormente 51) que representaban las diversas organizaciones que tuvieron un destacado rol en el proceso de oposición a la dictadura somocista (3)—; y el poder judicial se rearticuló en diversos tribunales y el Consejo Superior de Justicia. Respecto a la organización del Sistema Judicial, la estructura que provenía del régimen anterior fue totalmente desmantelada. El nuevo Sistema se compuso por una serie de Tribunales (ordinarios y especiales (4)), y por la Corte Suprema de Justicia. El Sistema Judicial, sin lugar a dudas, fue el poderr que tuvo mayor autonomía relativa respecto a la voluntad política del FSLN, aunque también fue el pilar más débil de los tres poderes del Estado (Molero, 1988: 48; Pozas, 1988: 64-65). Cabe señalar, a la vez, que varias instancias del ejecutivo terminaron ejerciendo funciones judiciales —como fue el caso del Ministerio de Justicia. El conicto más relevante en este aspecto fue la creación de los Tribunales Populares Antisomocistas (a los que se opuso sin éxito la Corte Suprema de Justicia) que entre noviembre de 1979 y febrero de 1981 encausaron 6.310 exmiembros de la Guardia Nacional. Con referencia a los cuerpos armados, el Programa de Gobierno se limitó a mencionar la organización de un nuevo Ejército Nacional cuyos principios fundamentales fueron “la defensa del proceso democrático y la soberanía e independencia de la nación”, y de una Policía Nacional “que estuviera sujeta a un régimen especial que tomara en cuenta la naturaleza de las funciones cívicas y de protección de la ciudadanía”. Posteriormente, ambos cuerpos adoptarían el adjetivo sandinista
3) El Consejo de Estado no se reunió hasta mayo de 1980 y, en esas fechas, su composición ya había cambiado (con la promulgación del decreto 374 el 22 de abril de 1980), agregando 14 miembros más y ampliando la mayoría que los sandinistas ya disponían —pregurando un modelo institucional más cercano al de las democracias populares que al de los sistemas parlamentarios de corte occidental. Los sandinistas se atribuyeron 6 miembros, mientras que las demás organizaciones políticas disponían de uno, además, la suma de los representantes directos del Frente junto con los delegados de fuerzas sociales y gremiales anes (CST, ATC, UNEN, CDS, AMNLAE, JS19J, UNAG, MISURASATA, ANDEN y las Fuerzas Armadas) sumaban 28 sobre los 51 miembros de que se componía; hecho que le aseguraba una mayoría holgada en cualquier votación. 4) Los Tribunales Especiales, según la ley de Tribunales Especiales de Emergencia dictada en agosto de 1979, tenían la función de conocer y resolver los conictos y violaciones estipuladas en la Ley sobre el Mantenimiento del Orden y Seguridad Pública y la Ley de Emergencia Nacional.
129
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
—congurando así el Ejército Popular Sandinista y Policía Sandinista— otorgándoles carácter partidario semejante al presente en el modelo cubano. A nivel local, durante los primeros meses después del triunfo revolucionario, las denominadas Juntas Municipales de Reconstrucción (JMR) fueron la única expresión político-administrativa del Estado en toda la extensión territorial del país. Las JMR, que se compusieron de ciudadanos que tenían como principal fuente de legitimidad ser depositarios de la conanza política del FSLN, gozaron generalmente de un amplio apoyo popular. Fue a estas primeras expresiones de poder a las que les correspondió restablecer la “normalidad” en sus localidades. Dicha situación, sin embargo, reejaba —como en todo proceso revolucionario— que el poder nacía de la insurrección y de la guerra y que aún guardaba mucho de la lógica de esta (Núñez et al., 1991: 197). En ese sentido, institucionalizar signicaba ordenar un poder que estaba parcelado y segmentado en una multitud de grupos armados. En otro orden de cosas, a la par que se establecían los principios y reglamentos de la nueva institucionalidad, en la sociedad civil también se gestaba una dinámica política marcada por la “ruptura”. Como en todos los procesos revolucionarios, la forma abrupta con que se puso n al antiguo orden se vivió en todas y cada una de las instancias del poder. En el sentido expuesto, la cuestión clave de las revoluciones sociales no es solo la construcción de una nueva institucionalidad, sino también en la transformación organizativa de la sociedad civil a partir de su encuadramiento y movilización. Así, en el caso que nos ocupa, a los pocos días de la victoria insurreccional, el primer número del órgano de prensa ocial del FSLN (5) —diario Barricada— expuso la consigna de “¡Organización, organización, organización!”, con el objetivo de que los cuadros sandinistas fueran ocupando los puestos de responsabilidad en los espacios donde se reorganizaba la vida cotidiana de la población, a saber, las Organizaciones de Masas (6). A nivel partidario, se observó prontamente las pretensiones hegemónicas del FSLN. Y si bien estas se desarrollaron desde el inicio del período posinsurreccional, fue en el documento llamado Análisis de la coyuntura y tareas de la Revolución Popular Sandinista (o documento de las 72 horas) donde se explicitaron con claridad d (7). 5) Aparecido el 25 de julio de 1979. 6) Las organizaciones populares o de masas —en tanto que espacios de participación ciudadana— surgieron en sus inicios como retaguardia y apoyo de la lucha insurreccional y, posteriormente como instrumento para canalizar la efervescencia posrevolucionaria. En sus inicios estas fueron un instrumento indispensable para articular la participación y organizar las tareas de carácter comunitario que el Estado no podía prestar. 7) Dicho documento, fruto de una reunión de 82 destacados cuadros sandinistas llevada a cabo del 21 al 23 de septiembre de 1979, se publicaría a nivel interno del FSLN con el subtítulo: “Tesis políticas
130
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
En dicho documento se establecieron las orientaciones y directrices a partir de las cuales los sandinistas tenían que actuar, plasmando sus pretensiones hegemónicas en lo simbólico y mayoritaristas en lo institucional. Así, se expuso la pretensión del FSLN de conservar el espacio político conquistado y, con ello, la reconversión de la guerrilla sandinista en los cuerpos armados del nuevo orden político. En esa dirección, aunque durante los primeros meses de la revolución un excoronel de la Guardia Nacional fuera el Ministro de Defensa, el mando efectivo de las Fuerzas Armadas (y formal a partir del 18 de agosto) lo ejercieron dos miembros de la Dirección Nacional del FSLN. Sobre este hecho otro miembro de la Dirección Nacional, Bayardo Arce, señaló (Arce, 1983: 3): “No estoy seguro de que en esos días tuviéramos, en la Dirección Nacional, suciente lucidez como para determinar las prioridades organizativas que teníamos que impulsar. Sí tengo claro, sin embargo, que lo primero que dijimos fue que teníamos que organizar las fuerza armadas, es decir, teníamos que dar forma al instrumento que nos sirvió de eje para que nuestro pueblo pudiera obtener su victoria. De tal manera, los primeros esfuerzos —expresados en cuadros, recursos humanos, energía y recursos materiales— los priorizamos en dar forma al ejército revolucionario”. Otro de los terrenos en que los sandinistas adquirieron rápidamente el monopolio fue —tal como observaremos posteriormente— en el de lo simbólico (González, 1992: 222). Así lo demostró la rápida conversión de la gura de Augusto César Sandino y de Carlos Fonseca en héroes nacionales, la presencia de la bandera rojinegra del FSLN en todos los edicios públicos, o la calicación del ejército, la policía y la televisión pública de sandinistas. En esta dirección, tal como señaló Francois Furet, reriéndose a la revolución francesa, “la ideología revolucionaria se convierte en el escenario por excelencia de la lucha política de los diferentes colectivos” (Furet en Aya, 1985: 52). 2. LA HEGEMONÍA SANDINISTA Y LA DEMOCRACIA POPULAR
Fruto de lo arriba expuesto, la correlación de fuerzas que estaba cristalizando en el seno de la sociedad pronto incidió en la composición política de las diferentes instituciones del Estado. De esta forma, después de fuertes tensiones entre la diri-
y militares presentadas por la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la Asamblea de cuadros Rigoberto López Pérez”. Posteriormente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicaría este documento con el subtítulo de The Sandinista Blueprint for Constructing Comunism in Nicaragua; y en 1990 fue publicado junto con otros documentos centrales del sandinismo en GILBERT & BLOCK, 1990: 75-110.
131
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
gencia sandinista y sus aliados, el 20 de diciembre de 1979 los primeros alteraron la composición del Consejo de Ministros a favor del FSLN. Sin embargo, el detonante del agrio conicto que se sucedió a lo largo de la década de los ochenta entre los sandinistas y el resto de fuerzas políticas fue la ya citada ampliación unilateral del órgano legislativo —el Consejo de Estado—, en abril de 1980, que amplió la mayoría que el FSLN ya disponía. A los pocos días de la alteración en la composición del órgano legislativo dos de los miembros no sandinistas de la JGRN, Alfonso Robelo y Violeta Barrios de Chamorro presentaron su dimisión. Estas renuncias hicieron eco en la organización patronal nicaragüense, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), quien forzó al FSLN a entrar en negociaciones bajo la amenaza de renunciar a sus representantes en el Consejo (8). De esta forma, a mediados de 1980 se hacía ya patente la voluntad hegemónica del FSLN y la incipiente polarización entre los diferentes actores políticos respecto al futuro del proyecto revolucionario. Y pronto se observaría que entre los diversos actores políticos subyacían dos orientaciones políticas claramente diferenciadas. Este hecho se manifestó con contundencia a partir de las críticas que, desde diversos colectivos no sandinistas, se hicieron a la conducción del proceso político que el FSLN estaba, de facto, hegemonizando. Tal como expuso Alfonso Robelo (Robelo en Christian, 1986: 130): “El FSLN decidió que en Nicaragua había tres prioridades: la recuperación económica, la organización de masas y la creación de un ejército. El FSLN dijo que las dos últimas estaban reservadas para él y que la primera era competencia de la Junta de Gobierno”. Posteriormente, otras cuestiones —como la convocatoria electoral y el papel a desempeñar por parte de los actores políticos tradicionales— despertaron nuevos enfrentamientos, ya que una de las pretensiones del FSLN era la conducción del proceso revolucionario sin ceder capacidad de decisión a los sectores de la burguesía. El reto del FSLN era la conversión de las elites económicas tradicionales (tal como lo hizo en su momento del régimen somocista) en una “clase productora” que no tuviera capacidad de incidencia política (9). En este sentido, es gráca la declara-
8) Los puntos incluidos en la agenda de patronal fueron cinco: 1) el n de las conscaciones; 2) la anulación del decreto de Estado de emergencia; 3) la publicación de un decreto que garantizara la propiedad privada; 4) la sustitución de los dos miembros que habían dimitido de la JGRN por dos de la misma adscripción política; y 5) el establecimiento de una fecha para la celebración de elecciones. Cabe puntualizar que dichas demandas no diferían a las expuestas por el resto de partidos moderados y por la Administración Carter. 9) La pretensión de subordinar políticamente las elites económicas nicaragüenses fue uno de los objetivos prioritarios del FSLN en su primer lustro en el poder. Este proyecto es uno de los ejes de la obra que escribió Jaime Wheelock, miembro de la Dirección Nacional del FSLN: WHEELOCK, 1983.
132
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
ción de uno de los comandantes de la Dirección Nacional del FSLN (Wheelock en Invernizzi et al., 1986: 137): “Si la burguesía está dispuesta a respetar la estructura popular del poder, si está de acuerdo en ser un factor de producción y de progreso, y de compartir con la revolución todas las limitaciones que supone ser productor en un país subdesarrollado..., entonces no tenemos ninguna objeción en que esta posea los medios de producción”. Respecto al tema electoral el FSLN nunca negó la necesidad de convocar elecciones aunque tampoco enfatizó la centralidad de los procesos electorales. La desconanza inicial hacia las elecciones —materializada en una declaración de que se aplazaban hasta el año 1985— obedecía tanto al rechazo del FSLN hacia la “política tradicional” como a su concepción de lo que tenía que suponer una “verdadera democracia”. En este sentido, para los sandinistas, meterse de inmediato en un proceso electoral (a pesar de que el FSLN era la fuerza más popular y con mayores posibilidades de ganar en unas elecciones libres) implicaba inmiscuirse en un terreno desconocido e inseguro pero, sobre todo, un terreno al que no dieron demasiada importancia. Efectivamente, para toda una generación de la izquierda latinoamericana el “instrumento electoral” (utilizado históricamente por los regímenes oligárquicos de la región) nunca supuso el eje central de la democracia. Así, en esos días de euforia contagiosa y de esperanza generalizada, la indiferencia hacia las prácticas electorales se enraizó en el rechazo hacia los partidos tradicionales y sus endémicas complicidades con el somocismo. Para amplios sectores de la población, la adhesión a la revolución involucraba el repudio a todo lo que “oliera a somocismo”, incluyendo la política tradicional. Y así cabe recordar el abucheo del público hacia el entonces presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, cuando en su discurso del acto de clausura de la Cruzada Nacional de Alfabetización —el 23 de agosto de 1980—, en Managua, mencionó la necesidad de convocar elecciones (Christian, 1986; Green, 1985; Rushdie, 1987; Vilas, 1991). Sobre esta cuestión es gráco el comentario que escribió el escritor inglés Graham Green cuando —invitado por Omar Torrijos— asistió a la clausura de la Cruzada Nacional de Alfabetización (Green, 1985: 167): “Yo me sentía desconcertado ante la reacción de la multitud hasta que recordé lo que signicaba la palabra ‘elecciones’ en Nicaragua. En el transcurso de su largo reinado, Somoza había convocado con frecuencia elecciones, legitimando así su dictadura, al menos ante los Estados Unidos, ganándolas siempre por mayoría, de tal forma que para la mayoría de la gente que se encontraba allí la palabra elecciones signicaba engaño”. Efectivamente, en aquella coyuntura política, la gran mayoría de colectivos que se sumaron a la convocatoria insurreccional del FSLN demandaban, en primer lugar, la posibilidad de acceder a una parcela de tierra que cultivar, la oportunidad de 133
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
saberse atendidos por una red —aunque mínima— de asistencia social y de tener la certidumbre de que sus hijos tendrían acceso a educación... Se trataba de que, por primera vez, grandes colectivos se sentían incluidos en un proyecto político donde eran partícipes sobre la base de su incorporación en las organizaciones gremiales, en sindicatos, en campañas de alfabetización, de salud, de reconstrucción (10)... Para este sector de la población, la sensación de inclusión —en oposición al concepto de exclusión— en el nuevo orden político pasaba por esta dinámica de participación y por tener conciencia de que se estaba elaborando un proyecto donde su presencia era real y útil; que para este, la mayor o menor periodicidad de elecciones, la forma en que se articularan las nuevas instituciones, las garantías legales respecto a la propiedad privada..., no eran ni sus preocupaciones inmediatas ni suponían —a su manera de ver— los requisitos esenciales para el establecimiento de un “orden democrático”. Dicho fenómeno, sin duda, no era ajeno al discurso que el FSLN desarrolló durante los años en que estuvo en la clandestinidad. El Frente Sandinista, en un contexto de represión, exclusión y privaciones, elaboró un discurso donde el concepto “democracia” tenía más que ver con las condiciones cotidianas de gran parte de las masas urbanas que con un entramado institucional de garantías jurídicas. Y desde su llegada al poder, el FSLN anunció que la “democracia” era una cuestión más amplia que la electoral, y así lo expresó en diversos documentos y discursos. El ingrediente central de esta concepción era la participación popular, pero en un esquema conceptual de niveles y etapas: primero lo socioeconómico y lo político después. El intento de superar las limitaciones institucionalistas y formalistas de democracia, sin embargo, suponía un problema serio: ¿Qué pasaba con el gobierno en las primeras etapas del período revolucionario? ¿Quiénes decidían en lo relativo a la creación de las precondiciones socioeconómicas para la democratización política? ¿Quiénes acotaban la duración de esta etapa inicial, y juzgaban cuándo pasar a la etapa siguiente? ¿Qué ocurría cuando las propuestas socioeconómicas de la conducción política del proceso revolucionario no coincidían, o entraban en colisión, con las identidades e intereses de los actores sociales del campo popular? (Vilas, 1991: 10). La respuesta a estas preguntas la contestaron —o creyeron hacerlo— dos dirigentes del Frente Sandinista, Humberto Ortega y Sergio Ramírez: “No podemos
10) Existe abundante literatura —aunque no sistematizada— sobre las políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno sandinista durante sus primeros años en el poder; nosotros destacamos a: WILLIAMS, 1987, 1991; BAUMEISTER, 1991; RICCIARDI, 1991.
134
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
LA DEMOCRACIA SEGÚN EL FSLN Para el Frente Sandinista la democracia no se mide únicamente en terreno político y no se reduce a la participación del pueblo en las elecciones. Democracia signica la participación del pueblo en los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales [...] La democracia se inicia en el orden económico, cuando las desigualdades principian a debilitarse, cuando los trabajadores y los campesinos mejoran sus niveles de vida [...]. Una vez logrados estos objetivos, se amplía al campo del gobierno [...] En una fase más avanzada democracia signica participación de los trabajadores en la dirección de las fábricas, haciendas, cooperativas y centros culturales. En síntesis, la democracia es la intervención de las masas en todos los aspectos de la vida social (FSLN,1980d). La libertad burguesa no tiene nada que ver con la libertad popular que reeja los propios intereses objetivos del pueblo en cuanto a su derecho de organizarse y armarse (política, militar e ideológicamente) como clase para impulsar el proyecto histórico de la sociedad que corresponde a su naturaleza de clase mayoritaria [...] La Revolución ya ha denido claramente el contexto en que debe concebirse la libertad (FSLN,1980d). Las elecciones de las que nosotros hablamos son muy distintas a las que quieren los oligarcas y traidores, conservadores y liberales, los reaccionarios y los imperialistas, bola de canallas, como les llamó Sandino [...] Esas elecciones impuestas por los gringos no serán las nuestras. Son las impuestas por ustedes, el pueblo trabajador, por la Juventud Sandinista, por la Dirección Nacional de esta Revolución. Esas serán nuestras elecciones. Recuerden bien que son elecciones para mejorar el poder revolucionario, pero no para rifar quién tiene el poder, porque el poder lo tiene el pueblo a través de su Vanguardia, el Frente Sandinista de Liberación Nacional y su Dirección Nacional (Ortega en FSLN,1982a).
apartarnos del proyecto original. Pero si debido a la fuerza de las circunstancias la economía mixta, el pluralismo político y la libertad de prensa dejan de ser compatibles con la supervivencia de la Revolución, optaremos por esta. El proyecto 135
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
histórico del pueblo no es circunstancial. La Revolución no ganó el poder en unas elecciones, sino enfrentándose a la muerte... Aquí hay una Revolución con hegemonía popular. El esquema de nuestra Revolución es popular. Todo puede cambiar menos la hegemonía del proceso” (Ramírez en Lozano, 1983: 283). Las declaraciones arriba expuestas, comportaban, sin embargo, el riesgo de proyectar a la sociedad un conjunto de ritmos y estilos de conducción política caracterizados por el control y el verticalismo —hecho tanto más factible al tratarse de una sociedad en que el subdesarrollo económico y la dependencia externa denen polarizaciones sociales y culturales extremas. En este sentido, en el caso nicaragüense, la conversión de una organización que actuó durante mucho tiempo en la clandestinidad, a un actor político hegemónico, agregó riesgos en la creación de un escenario político donde nuevos contenidos de transformación y democratización pudieran recaer en la reproducción de viejas formas de mando y obediencia (Vilas, 1991b: 11). La problemática de la concepción de la “infalibilidad de la vanguardia” reforzó un modelo verticalista que tenía su origen en las casi dos décadas de lucha clandestina. 3. EL FSLN Y SU ORGANIZACIÓN
Las instituciones del Estado expuestas en el primer epígrafe de este capítulo fueron cayendo, progresivamente, bajo el control del FSLN y al servicio de su proyecto político. Muestra de ello fue la armación del comandante Jaime Wheelock, pronunciada en 1981, de que “el Estado no es más que un instrumento del pueblo para la realización de la Revolución” (Gilbert, 1988: 61). De esta forma, a pesar de que el Estatuto Fundamental de Derechos y Garantías promulgado en julio de 1979 denía la naturaleza y la relación entre los diversos órganos e instituciones del Estado, en realidad, el sistema político se caracterizó progresivamente por una práctica fusión entre el Estado y el partido (Núñez et al., 1990: 10). Todo ello, a la vez, se reforzó por la autoconcepción del Frente Sandinista como “partido de vanguardia”. Esta concepción vanguardista se vertebró a partir de tres pilares: (1) la presencia de una cúpula dirigente indiscutida compuesta por nueve comandantes, la Dirección Nacional o la DN; (2) un aparato partidario con un número reducido de militantes; y (3) la presencia de un entorno de organizaciones sectoriales —las llamadas organizaciones de masas— vinculadas orgánicamente al partido. Inevitablemente, todo ello —junto con el impacto de la guerra contrarrevolucionaria— empujó al FSLN hacia una conducción vertical y centralista de las decisiones partidarias. En primera instancia, el pilar en que se vertebrada el FSLN era la presencia de una cúpula partidaria de nueve comandantes —la Dirección Nacional— que in136
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
terpretaba y resolvía las directrices políticas (11). Efectivamente, durante el decenio revolucionario, la DN se convirtió en la cúpula partidaria del FSLN y del Estado, y la repetida frase: “¡Dirección Nacional ordene!”, fue una clara expresión de la autoridad que llegó a ejercer este cuerpo colegiado. La dirección colectiva del partido signicó, por una parte, la integración orgánica de las tres tendencias y, por otra, el rechazo al caudillismo y al personalismo. Con todo, la DN no escapó de ser idolatrada y la individualidad de los Comandantes se expresó a menudo en el llamado “feudalismo institucional”. Este signicó la fragmentación de la estructura administrativa del Estado en función de los comandantes que dirigían la gestión de determinados ministerios (Martínez Cuenca, 1990). En cuanto al aparato partidario del FSLN se articuló sobre la base de una regulación estatutaria simple, breve y con considerables vacíos. La organización partidaria se estructuró en cuatro niveles: nacional, regional, zonal y de base (12). Pero el partido nunca fue concebido para grandes colectivos, sino para un número reducido, el y selectivo de militantes (13), comportando muchas veces una
11) A nivel nacional el vértice era (tal como hemos expuesto) la DN —organismo máximo con jurisdicción sobre todos los demás— que, a la vez, se dividía en tres comisiones (la Comisión Política, la Comisión de Estado y la Comisión de Defensa y Seguridad). La DN también se apoyaba en siete Departamentos Auxiliares que constituían el aparato burocrático más voluminoso del partido. También a nivel nacional existía la Asamblea Sandinista (AS), compuesta por reconocidos cuadros sandinistas (cuyo número osciló entre 77 y 110) la mayoría de los cuales ocupaban lugares de responsabilidad en la administración del Estado o del partido. La AS ejercía de instancia representativa y deliberativa del FSLN y, según los estatutos, esta era “un órgano de carácter consultivo de la DN”. En realidad, con el tiempo, la Asamblea Sandinista fue adquiriendo una función básicamente discursiva (GILBERT, 1988: 50). 12) En cuanto a los organismos partidarios intermedios, estos respondían al nivel regional y zonal (municipal) reproduciendo la división territorial de la administración del Estado. El organismo partidario a nivel regional era el Comité de Dirección Regional (CDR), máximo órgano partidario en su zona geográca y sus miembros eran directamente nombrados por la DN. Los CDR contaban, a la vez, con el apoyo organizativo de diferentes departamentos auxiliares reproduciendo a nivel regional la estructura de la DN. El mismo tipo de organización partidaria aparecía, de manera subordinada, a nivel local con los Comités de Dirección Zonal (CDZ) presididos por un secretario político. El último y cuarto nivel eran los Comités de Base (CdB) que se componían a partir de un número de miembros que oscilaba de los cinco a los veinte, y donde, como mínimo, tenía que gurar un militante del FSLN. Para su constitución era necesaria la aprobación previa del CDZ. Los CdB se organizaban generalmente en el medio laboral y si existía más de uno en un mismo centro se podía crear un Comité de Centro. Las funciones de los CdB eran, según los estatutos, las de asegurar la “presencia, acción y movilización política del FSLN”. 13) Existen diversos trabajos sobre el FSLN como actor político, donde se examina la estructura organizativa, la militancia, el discurso, y se examina a la luz de las diversas teorías sobre partidos políticos. En este sentido ver: GILBERT, 1988; MARTÍ, 1992; PREVOST, 1995.
137
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
percepción sectaria del FSLN y su militancia (14). Y es que la actividad partidaria de la militancia osciló entre la administración del Estado, los cuerpos armados, el partido y las Organizaciones de Masas. Y con el recrudecimiento de la situación bélica y la profundización de la crisis económica el FSLN exigió una mayor disposición de sus cuadros en la tarea de movilizar y dirigir colectivos, hacer proselitismo político y cuidarse de tareas públicas. Con ello, la población enraizó la percepción de que el Estado y el partido se convertían progresivamente en la misma cosa (Núñez et al., 1991). Finalmente, el tercer pilar del aparato sandinista reposó en la existencia de las Organizaciones de Masas (OM) de adscripción sandinista (donde se incluían sindicatos vinculados al FSLN). El FSLN siempre consideró que las masas tenían que integrarse en organizaciones gremiales que, sin estar integradas en la estructura partidaria, tuvieran vinculación orgánica con esta. Estas organizaciones tuvieron un rol muy importante en la rearticulación de grandes colectivos en la sociedad civil en el período postinsurreccional, aunque el rol que les asignó formalmente el FSLN nunca estuvo claramente denido. En un inicio, la combinación del principio de representación política (a través de los partidos) con el de representación funcional (a través de las organizaciones gremiales) en el Consejo de Estado permitió potenciar la actividad de las OM. Con las elecciones de 1984 y la creación de la Asamblea Nacional —que supuso el monopolio de la representación para los partidos políticos— se redujo la gravitación institucional de las OM y se acentuó su subordinación jurídica y política al Frente Sandinista. A la hora de la verdad, las organizaciones de masas fueron los “recipientes” (gremiales y sectoriales) donde se aglutinó la mayor parte de la población simpatizante del proyecto revolucionario sandinista (Serra, 1988: 45). En los primeros años, el estallido de la participación popular se canalizó a través de estas organiza14) En cuanto al número de miembros del FSLN, estimaciones realizadas antes de las elecciones de 1990 expusieron que estos eran alrededor de unos 50.000, cantidad que no excedía al 3 % de la población adulta —índice inferior al que, según Gilbert (1988), presentaban partidos de la misma naturaleza en el poder. Con todo, teniendo en cuenta que en 1981 el Frente se constituía por menos de 1.500 miembros, por unos 16.000 en 1985 y algo menos de 50.000 en 1990, la evolución indica un crecimiento exponencial del tamaño del partido. Según ello, podemos calicar al FSLN, utilizando la terminología de Duverger, de partido selectivo de eless ya que este nunca tuvo vocación de ser un partido de masas. Ni la estructura formal derivada de sus estatutos respondía a ese modelo ni las “exigencias” y “tareas” que se reclamaba respondía a ello. La misma naturaleza restrictiva de la militancia facilitó el encuadramiento de miembros provenientes de estratos sociales medios y altos debido a la necesidad de personal capacitado para la dirección de los aparatos del Estado. Sobre ello, según un estudio realizado, después de 1981 más del 30 % de los militantes sandinistas eran profesionales, a la vez que en las cúpulas partidarias nunca faltaron la presencia de apellidos de rancio abolengo.
138
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Tabla 4.1. Organizaciones de Masas sandinistas, adscripción y aliación ORGANIZACIÓN -Asociación de Trabajadores del Campo, ATC (*) -Asociación de Mujeres Luisa Amanda Espinoza, AMLAE (**) -Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua, ANDEN (****) -Comités de Defensa Sandinista, CDS (**) -Central Sandinista de Trabajadores, CST (*) -Federación de Trabajadores de la Salud, FETSALUD (*) -Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, UNAG (***) -Unión Nacional de Empleados, UNE (****) -Unión de Periodistas de Nicaragua, UPN (****) -Juventud Sandinista 19 de Julio, JS19J (**)
ADSCRIPCIÓN Trabajadores rurales asalariados Mujeres
NÚMERO DE AFILIADOS 40.000 (a tiempo completo) 110.000 (a tiempo parcial) 60.000
Trabajadores del área de educación
22.000
Vecinos
450.000
Trabajadores urbanos
111.500
Trabajadores del área de salud Campesinos, cooperantes y ganaderos
15.613
Funcionarios
36.000
Periodistas
800
Juventud
30.000
75.000
- Los datos de las organizaciones que muestran la señal (*) están extraídos de Barricada 1/2/1985. - Los datos de las organizaciones que muestran la señal (**) están extraídos de: Gilbert, 1988. - Los datos de las organizaciones que muestran la señal (***) están extraídos de: Serra, 1990. - Los datos de las organizaciones que muestran la señal (****) están extraídos de: O´Kane, 1990.
ciones en las que destacaron los Comités de Defensa Sandinistas (CDS) —las organizaciones barriales que durante la insurrección tuvieron el nombre de Comités de Defensa Civil y que, posteriormente adquirirían una conguración similar a la de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) cubanos. 139
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Desde el inicio de sus actividades, los CDS fueron una organización eminentemente urbana. Su nivel básico de organización fue la cuadra (equivalente a una manzana), constituyendo a nivel de barrio un Comité de Barrio Sandinista, hasta llegar a confeccionar una red a nivel nacional. Durante los primeros meses del proceso revolucionario la dinámica polifacética de su actividad permitió suplir la insuciencia de recursos de los organismos gubernamentales, y su gran dosis de espontaneidad y su carácter multitudinario hizo de la actividad de los CDS una especie de prolongación del clima de la insurrección urbana. Fue entonces cuando grandes colectivos, hasta entonces ajenos a todo quehacer público, se hicieron partícipes de un proyecto común descrito por Vilas (1991: 20) de la siguiente forma: “El pueblo recuperó su voz para hacer oír sus problemas, para expresarlos por sí mismo, y retomó y potenció su capacidad de acción colectiva. Por primera vez en mucho tiempo —para muchos, por primera vez en la vida— la gente se sintió parte de una comunidad nacional, de un todo compartido. Los grandes logros sociales de la revolución —la alfabetización, la medicina preventiva, la educación de adultos...— fueron posibles por el involucramiento masivo, voluntario y esperanzado de una multitud de hombres y mujeres, mayoritariamente pertenecientes a las clases populares”. No obstante, a medida que la nueva institucionalidad fue consolidándose, la participación de los CDS fue amoldándose a las directrices de las políticas que empezaban a emanar desde el gobierno y el partido. A la vez que el FSLN convocó las Organizaciones de Masas y las movilizó con un control centralizado desde el partido y el gobierno, como si se trataran de piezas de ajedrez. Dicha tendencia se agudizó con la intensicación de la guerra y con el aumento de las restricciones económicas. En este nuevo escenario fueron surgiendo contradicciones crecientes entre los intereses inmediatos y cotidianos de la gente y aquellos llamados “estratégicos” para la defensa del proyecto revolucionario. El resultado fue que la participación popular comenzó a decaer ya que, por un lado, se esperaba que las Organizaciones de Masas maximizaran los esfuerzos de movilización y propaganda para la incorporación de la población en la defensa y el cumplimiento de los planes y directivas económicas del gobierno y, por otro, se insistía desde el FSLN, en que las OM debían mantenerse al frente de las reivindicaciones de sus representados, pero haciéndoles ver a estos la importancia de los objetivos anteriores. En otras palabras: las organizaciones debían convencer a la gente que tenían que trabajar duro, integrarse a las movilizaciones militares y bajar el tono de las reivindicaciones especícas. En estas circunstancias el FSLN postergó el tratamiento de las demandas particulares e inmediatas de la gente apelando a un discurso donde el eje central era la 140
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
agresión bélica de los Estados Unidos. Y con el argumento de la guerra y la necesidad de priorizar todos los esfuerzos para hacerle frente, se bloquearon críticas, postergaron demandas y se agudizó la exigencia de disciplina. A la vez, se adoptó una retórica según la cual la Contrarrevolución no tenía otro origen, ni expresaba otros intereses que los de la política antisandinista del gobierno norteamericano y que esta —la Contra— obedecía a causas esencialmente externas. Obviamente, este argumento, aunque fue ecaz para mantener una amplia solidaridad internacional y para combatir la pretensión de la administración de Reagan de aislar a Nicaragua, hizo más difícil el reconocimiento de otros factores de carácter interno relacionados con la manera y el estilo del proyecto sandinista, limitando así la capacidad de recticación del régimen respecto a ciertas políticas, y violentó a determinados sectores de la sociedad que, en un principio, sin ser simpatizantes del proyecto sandinista, no se le habían enfrentado. Y todo eso ocurrió en un contexto en que, a partir de 1982, la defensa fue la máxima prioridad y, en esa dirección, se reorganizaron todas las instancias organizativas del FSLN y del Estado. La guerra generó exigencias y creó las condiciones para el fortalecimiento del control, la centralización y el verticalismo. Este fenómeno se dejó sentir sobre la organización de las diferentes instituciones del Estado, pero, sobre todo, en la organización misma del FSLN y de las Organizaciones de Masas de adscripción sandinista. Sobre esta cuestión, a mediados de la década de los ochenta, Bayardo Arce, miembro de la Dirección Nacional y miembro de la Dirección Política del FSLN, declaró: “En nuestro caso nos regimos por el centralismo democrático. A estas alturas somos más centralistas que democráticos” (Arce en Invernizzi et al., 1986: 65). De esta manera, el Frente Sandinista, que nació bajo la consigna de la lucha armada, poco después de su acceso al poder se vio nuevamente en la necesidad de reemprender la actividad militar y, con ella, una dinámica de dirección, trabajo y autoridad propia de las situaciones bélicas. En dicho contexto, en la organización del FSLN resurgió buena parte de los “tics organizativos” de la antigua organización guerrillera. Efectivamente, la guerra es un marco poco propicio a la democratización y, en este sentido, Bayardo Arce declaró que “en la medida en que se fue tensionando la situación fueron cerrándose los espacios de libertad con que la revolución había querido manejarse y con que nació” (Arce en Invernizzi et al., 1986: 191). Sin embargo, si bien la agresión reforzó las tendencias de control y verticalismo, esta también contribuyó a generar un discurso donde se justicaron errores, torpezas y abusos. Evidentemente, las consecuencias de la guerra, en el desarrollo del proyecto revolucionario, tuvieron gran relevancia en lo que atañe a aspectos económicos y 141
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
sociales. El impacto indirecto de la guerra fue muy importante. La agresión militar produjo una total distorsión de la economía nacional y de cada uno de los aspectos de la vida social. Ello repercutió en la falta de mano de obra y en la escasez de maquinaria destinada al sector productivo, en la reubicación de población que habitaba zonas rurales, en la distorsión de los canales de circulación de bienes, en la inconvertibilidad y depreciación de la moneda, en el crecimiento del décit scal y en los desequilibrios presupuestarios... A nales de la década casi la mitad del presupuesto del gobierno y el 20 % de la población económicamente activa fueron absorbidos por el esfuerzo defensivo. Pero el impacto no solo fue en el ámbito económico. En las cuestiones políticas la situación bélica también produjo un fuerte impacto. Tal como expuso lúcidamente un sociólogo que participó en este proceso: “en un ensayo: la situación de guerra prolongada adquirió una lógica propia que implicó una estructuración particular de las relaciones sociales y del mundo simbólico, alterando el proyecto político que en un inicio se pretendió llevar a cabo [...] Las fuerzas armadas se expandieron rápidamente. Este hecho supuso el encuadramiento de gran parte de la población en una estructura militar caracterizada universalmente por su carácter jerárquico [...] En dicho contexto, los métodos organizativos fueron permeándose de una lógica militar, sin distinguir si eran partidarios o gubernamentales” (Serra, 1988: 44). 4. EL ÁMBITO CULTURAL Y SIMBÓLICO
El ámbito en que el Frente Sandinista adquirió inmediatamente el monopolio fue en el simbólico, reforzando la aseveración ya citada de Furet de que la ideología es el escenario de lucha por excelencia en los procesos de cambio político. En ese marco debemos interpretar la rápida —y exclusiva— apropiación del FSLN de los símbolos relacionados con la Revolución y la recreación de Nicaragua: se trataba de construir, desde sus cimientos, la Nueva Nicaragua o, si se quiere, la Nicaragua Libre. La pretensión era “refundar” de la historia nicaragüense sobre la base de nuevos parámetros, y eso lo plasmó grácamente José Coronel Urtecho en su poema “no volverá el pasado” —editado en el primer número de la revista del Ministerio de Cultura llamada Nicaráuac: No volverá el pasado Ya todo es de otro modo Todo de otra manera Ni siquiera lo que era es ya como era Ya nada de lo que es será lo que era 142
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Ya es otra cosa todo Es otra era. En este nuevo entorno Augusto César Sandino y Carlos Fonseca se convirtieron en los nuevos próceres de la patria revolucionaria, aunque su adscripción partidaria seguía en manos del FSLN. Sobre ello, el 12 de septiembre de 1979, la Dirección Nacional decretó (dirigiéndose a “los militantes sandinistas, combatientes y al pueblo heroico”) que el FSLN era el único detentador legítimo del epíteto de sandinista (15), y así lo publicó en Barricada el 12 de septiembre de 1979: “La DN, organismo máximo del FSLN, ha conocido en los últimos días de actividades tendientes a la creación de organizaciones que desean llamarse sandinistas [...] La DN, basada en la autoridad que le conere su militancia, en la voluntad que emana del pueblo reconociendo al FSLN como su legítima vanguardia y en la defensa de sus principios políticos, morales e históricos que no podrán ser violentados por ningún grupo ni por ninguna fuerza, MANIFIESTA: Que en el país de Sandino solamente existe una organización que ha seguido, mantenido y defendido este precioso legado de su pueblo, el FSLN. Así lo entiende nuestro pueblo y los pueblos del mundo conscientes de nuestra lucha”. De esta forma, el despliegue del monopolio simbólico se llevó a cabo en numerosos terrenos: las instituciones del Estado, las organizaciones partidarias, los cuerpos armados, las instancias educativas, los medios de comunicación y, de forma polémica, en un sector de la Iglesia Católica (la llamada Iglesia Popular que gravitaba en torno a la Teología de la Liberación). A la vez, la voluntad hegemónica también se reejó en los mensajes públicos en los que se apelaba al pueblo como sinónimo de “simpatizante sandinista” y se identicaban los valores sociales progresistas con las actitudes populares (González, 1992: 222-223). Precisamente por ello lo ideológico pasó a ocupar una notable atención por parte de los dirigentes sandinistas, y así lo expuso Bayardo Arce, miembro de la DN, en un discurso (titulado “el difícil terreno de la lucha: el ideológico”) pronunciado el 25 de mayo de 1990 en el Centro Popular de Cultura de Bluelds (Arce en FSLN, 1982a): “Es necesario desarrollar un frente de lucha ideológica con el n de enfrentar a nuestros enemigos es este terreno [...] vamos a tratar de abrirnos camino para descubrir el nuevo nicaragüense forjado a la imagen de Sandino, el hombre que piensa primero en los demás antes que en sí mismo [...] y, precisamente
15) Un decreto posterior de la JGRN (n. 76/79) raticó la declaración de la DN del FSLN y reservó el apodo de sandinistaa al FSLN y a su entorno organizativo.
143
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
por eso, estamos convencidos de que la actividad cultural debe verse como lo que es, como una actividad ideológica. El artista debe tratar de encontrar la forma de recoger esos valores que nos heredó la gesta de Sandino, que nos dejó la lucha de nuestro pueblo, que nos dejaron los héroes y mártires sandinistas...”. En la dirección expuesta, las expresiones literarias, culturales o musicales de que hacía gala la revolución y que promovían los medios de difusión gubernamentales eran las de los artistas engagés de América Latina. Eduardo Galeano, Gabriel García Márquez, Silvio Rodríguez, Julio Cortázar, Mercedes Sosa, Gioconda Belli, Fernández Retamar, Mario Bennedetti, se podían ver a menudo en actos públicos de la capital nicaragüense. Pero este tipo de mensajes, si bien conectaba fácilmente con un segmento de la clase media urbana, difícilmente penetraba en otros sectores sociales. Como ejemplo de ello, la canción de Silvio Rodríguez titulada Madre —repetidamente difundida en medios de comunicación públicos al referirse a la Revolución Popular Sandinista, o en las campañas de reclutamiento para el Servicio Militar Patriótico— penetraba de forma desigual en diversos ámbitos de la sociedad. Así decía un fragmento de la canción: Madre en tu día, no dejamos de mandarte nuestro amor, Madre en tu día, con las vidas construimos tu canción. Madre que tu nostalgia se vuelva el odio más feroz. Madre, necesitamos de tu arroz. Madre ya no estés triste: La primavera volverá; Madre, con la palabra libertad. Madre, los que no estemos; Para cantarte esta canción; Madre, recuerda que fue por tu amor. Madre, en tu día. Madre patria y Madre Revolución. A la vez, junto con los decretos de expropiación de los bienes de Somoza y su familia (el primero que dictó la JGRN) se llevó a cabo una reestructuración organizativa del sector de la comunicación. En lo que se reere a la prensa escrita, amén de 144
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
las publicaciones de periodicidad, el diario Novedades —anteriormente propiedad de Somoza— pasó a manos del FSLN para convertirse en el Barricada, transformándose en el órgano ocial del partido. El 24 de noviembre del mismo año, por decreto, se creó el Sistema Estatal de Radiodifusión de Nicaragua que, según dictaba su primer artículo, establecía el uso exclusivo de la onda para el Estado (16). También en el mismo año fue expropiado el Canal 6 de Televisión de Nicaragua S.A., propiedad de Somoza y pasó a ser gestionado por el Estado. Posteriormente, a mediados de 1980, se expropió el Canal 2 Televicentro bajo presión de los trabajadores sindicados. Fue entonces cuando se fusionaron ambos canales en el Sistema Sandinista de Televisión, organismo con estatuto público denido por sus objetivos culturales y educativos. Además de ello, surgieron “nuevas experiencias de comunicación” como la Agencia Nueva Nicaragua (ANN), creada en octubre de 1979 como agencia no gubernamental con el n de “contribuir al esfuerzo de los países No Alineados por crear sus propios mecanismos de información, frente a los monopolios transnacionales”; la Editorial Nueva Nicaragua (ENN) con los objetivos de “publicar libros, revistas, folletos... para promover la difusión de ideas, ciencia y cultura en el contexto de la Revolución”; y el Instituto Nicaragüense de Cine (INCINE) y diversas productoras de vídeo vinculadas al Ministerio de Desarrollo y Reforma Agraria y a diversas centrales sindicales de orientación sandinista (Mateo, 1988). Otro ámbito de gran importancia para la Revolución fue el educativo (17). En este se volcaron esfuerzos y recursos con el objetivo de revertir las tendencias históricas que presentaba la educación en Nicaragua y, a la vez, crear un sólido y permeable resorte de socialización. Para hacerse cargo de dónde partía la educación básica en este país es necesario remitirse a un informe de UNESCO de 1979, donde se expone que la tasa global de escolarización en Nicaragua era de un 44,8 % (una de las más bajas del continente) y que las tasas de analfabetismo funcional llegaban al 52 %. Para hacer frente a este paisaje
16) Con similares características se creó por Ley, el 25 de abril de 1980, la Corporación de Radiodifusión del Pueblo (CORADEP). Esta gestionaba 16 emisoras de radio que se formaron con la infraestructura de las conscadas a la Sucesión Somoza y a sus allegados. Además de estas, existían varias empresas de carácter independiente: Radio Sandino, propiedad del FSLN; Radio Corporación, en manos privadas, Radio Católica, perteneciente a la Iglesia Católica; Ondas Luz, z de la Iglesia Protestante; y Radio Universidad, d gestionada por la Escuela de periodismo de la Universidad Centroamericana. Posteriormente, en otro orden de cosas, a mediados de los ochenta, empezarían a aparecer emisoras abiertamente opuestas al régimen sandinista que radiarían desde Honduras, Costa Rica y el Caribe. 17) Sobre este punto existe un notable volumen de literatura. Entre los trabajos que destacan el ámbito de la educación como de las arenas de lucha ideológica, ver: VILAS, 1984: 357-991.
145
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
desolador, la primera medida del gobierno fue la organización de una gran campaña de alfabetización que se llamó la Cruzada Nacional de Alfabetización (CNA). La CNA supuso la movilización de más de la mitad de los nicaragüenses mayores de 10 años como alfabetizadores voluntarios o como apoyo logístico de estos, el cierre de los centros educativos del país durante cinco meses, la implicación de las nacientes organizaciones de masas, y la articulación de una red de comunicaciones capaz de distribuir este contingente en todos los rincones del país (18). En este sentido, la CNA fue la primera manifestación de la Revolución que llegó en todos y cada uno de los rincones del país, siendo el primer punto de encuentro entre colectivos urbanos y rurales, entre las distintas culturas y formas de vida presentes en Nicaragua. Según diversos informes, después de este esfuerzo, la tasa de analfabetismo descendió al 11 %. Pero los muchachos que ejercieron de alfabetizadores, en cada una de las casas donde se alojaron, no solo ejercieron de maestros, sino que, tal como expresaba su manual de alfabetizadores —el Cuaderno de Educación Sandinista—, llevaron a cabo un proceso socializador y de autoaprendizaje: no se trataba de que los escolarizados solo aprendieran a leer y a escribir, sino también que se dieran cuenta de cuál era la realidad del país y de las condiciones en que vivía la mayoría de la población. El Cuaderno desarrollaba la metodología de Paolo Freire (utilizando como “palabras generadoras” Revolución y Liberación) y exponía como objetivos principales de la CNA la “erradicación del analfabetismo, la promoción de un proceso de concientización y la contribución a la unidad nacional [...] fortaleciendo las organizaciones de masas y ahondando en la concientización de los jóvenes”. A la vez, en el sexto apartado del Cuaderno —titulado la investigación militante del alfabetizador rural o brigadista— exponía la necesidad de realizar un informe detallado del entorno en el que el alfabetizador trabajaba, y en el séptimo se invitaba a la redacción de un diario de campo donde se registraran las experiencias de los cinco meses que duraba la tarea de alfabetizadorr (19). Finalmente se incluían diversos “temas políticos” como lecturas de práctica.
18) Un valioso compendio sobre estrategias, testimonios y experiencias de la Cruzada Nacional de Alfabetización puede encontrarse en: HIRSON & BUTLER, 1983; MED-DEI, 1981. También es preciso citar la documentación oral de testimonios de brigadistas, alfabetizadores y líderes locales de cada municipio del país confeccionada a raíz de la Cruzada y registrada en casetes, clasicada y depositada en el Instituto de Historia de Nicaragua (IHCA-INH) de la UCA. 19) A partir de los informes, posteriormente se elaboraría la Encuesta Nacional Agraria, la cual se utilizaría como instrumento para el diseño de la Reforma Agraria. En cuanto a los diarios, muchos de ellos permanecen clasicados en el fondo bibliográco del Instituto de Historia de Nicaragua y, desde hace poco tiempo, han empezado a ser objeto de diversas investigaciones en manos de historiadores, pedagogos, antropólogos y sociólogos.
146
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
LA TAREA DEL ALFABETIZADOR “Alfabetizar es mucho más que enseñar a leer y a escribir. Con la alfabetización nos proponemos contribuir a lograr una mayor comprensión del proceso revolucionario y una incorporación más efectiva a las tareas que se plantean para hacer avanzar la Revolución. La meta es lograr un crecimiento general en la cultura de todos los participantes en esta Cruzada [...] Nuestra misión es muy importante. Seremos colaboradores y centinelas de la Revolución. Estamos seguros de que este material en vuestras manos servirá para cumplir la consigna de ‘en cada alfabetizador, Carlos Fonseca’ ”. Fuente: MED, 1980: 7. Ustedes, jóvenes nicaragüenses, son hoy realmente nicaragüenses. Al comienzo de la CNA dijimos que aquel joven que no se integrara de una u otra forma a esta gran Cruzada, no podía ser nicaragüense [...] Muchos de ustedes se fueron niños a las montañas, a los pueblos, al campo, a la pobreza, y hoy han regresado hombres jóvenes. Porque en esa ligazón con nuestra realidad histórica se han hecho realmente hombres [...] Ustedes no sólo enseñaron las letras a nuestro pueblo, sino que aprendieron de nuestro pueblo lo que es la explotación, lo que es la opresión. Con esta gran campaña han fortalecido el espíritu antiimperialista, el espíritu clasista, el espíritu popular de esta Revolución, porque se han dado cuenta de lo terrible que es todo régimen de explotación y opresión sobre nuestros pueblos latinoamericanos. Fuente: Ramírez, 199X: 67).
La clausura de la CNA fue el 23 de agosto de 1980 en la Plaza de Revolución, delante de 350.000 nicaragüenses que participaron en la Cruzada. Fue en esos momentos cuando Humberto Ortega, miembro de la DN, expuso que la participación en la CNA era condición necesaria para ser nicaragüense, estableciendo un vínculo entre el status de nicaragüense y la colaboración de las tareas revolucionarias. Una vez terminada la CNA, en 1981 —a la par que se iniciaba el Programa de Educación Popular Básica (EPB) para adultos— se invitó a 30 instituciones representativas de diversos sectores del país a la realización de una “Consulta Nacional 147
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
sobre los Fines y Objetivos de la Educación”. Resultado de ello se elaboró el documento ocial sobre la Nueva Educación de Nicaragua. Finalmente, es necesario exponer brevemente el espacio simbólico que, con el tiempo, adquirió mayor conictividad, a saber, el religioso (20). Efectivamente, la Iglesia tuvo un importante rol —como agente opositor— durante el último período somocista. Pero eso no fue todo, sino que esta también mantuvo una notable centralidad durante todo el proceso revolucionario. Precisamente por ello, el FSLN (en el documento de las 72 horas) expuso (FSLN, 1979b): “La necesidad de estrechar relaciones a nivel diplomático con la Iglesia Católica y Evangélica teniendo una política cuidadosa que busque cómo neutralizar en lo posible las posturas conservadoras, procurando estrechar lazos con los sacerdotes permeables a la Revolución”. Con todo, en la Carta Pastoral del Episcopado Nicaragüense, publicada el 31 de julio de 1979, ya se vislumbraba cierta inquietud por parte de la jerarquía eclesiástica. En esta se anunciaba su “angustia durante este tiempo de transición” y hablaba de “serias confusiones sobre la ideología y la forma en que se va a organizar el nuevo Estado”, a la vez que advertían que “la concientización no signica la imposición de doctrinas foráneas” —en clara alusión al inujo ideológico que ejercía la Revolución Cubana. Anticipándose a los posibles conictos ecuménicos e ideológicos en que se vería inmersa la Iglesia, diversos grupos de cristianos progresistas empezaron a crear organismos desde donde difundir una visión religiosa comprometida con el proceso revolucionario. Fue así como dos instituciones alineadas con el proyecto revolucionario (el Comité Evangélico de Promoción Agraria CEPA —dedicado a la formación de líderes rurales— y el Instituto Histórico Centro Americano IHCA —dirigido por jesuitas de la Universidad Centroamericana—) unieron sus fuerzas para crear el Centro Antonio Valdivieso. La tarea de este nuevo think tank, dirigido por el padre Uriel Molina, era la de capacitar líderes, organizar seminarios, elaborar documentación y desarrollar un programa de publicaciones —donde destacaba la edición de la revista mensual Amanecer— con el n de difundir y promover un ecumenismo progresista. En ese marco, en septiembre de 1979, el IHCA organizó un seminario de alcance internacional donde se reexionó sobre la “apertura”, en Nicaragua, de un nuevo capítulo de la Teología de la Liberación (21) . A pesar de ello y de la sonada participación del FSLN en la esta de la Purísima con el slogan de: “¡Viva la Purísima en Nicaragua Libre!”, la mayor parte de la
20) Existe bastante material sobre lo religiosoo y su impacto en la vida política nicaragüense; entre las obras más recientes destacan: ARNAIZ, 1990: 131-156; DODSON & O’SHAUGHNESSY, 1986; GIRARDI, 1986a, 1986b; GIRARDI, FORCANO y VIGIL, 1987; MULLIGAN, 1991: 137-246; WILLIAMS, 1985. 21) Los debates realizados en dicho seminario se publicaron posteriormente en: IHCA, 1980.
148
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
jerarquía católica y parte de los feligreses sospecharon que el FSLN desarrollaba un doble discurso en materia religiosa. Así, a un año de la victoria insurreccional, la Conferencia Episcopal entró en conicto con el gobierno al ordenar a los sacerdotes que integraban el gabinete (se trataba de Miguel D’Escoto, ministro de Asuntos Exteriores; Ernesto Cardenal, ministro de Cultura; Fernando Cardenal, ministro de Educación; y Edgar Parrales, vice-ministro de Bienestar Social) que dimitieran de su ejercicio público. Los cuatro sacerdotes hicieron caso omiso de los obispos enarbolando la tonadilla de que “¡entre Cristianismo y Revolución no hay contradicción!”.
RELIGIÓN Y REVOLUCIÓN Los patriotas y revolucionarios cristianos son parte integrante de la Revolución Popular Sandinista no de ahora, sino desde hace muchos años. La participación que los cristianos, tanto religiosos como laicos, tienen en el FSLN y en el Gobierno de Reconstrucción Nacional es consecuencia lógica de su destacada participación al lado del pueblo a lo largo de la lucha contra la dictadura [...] Claro está que si otros partidos o personas individuales tratan de convertir las estas o actividades religiosas populares en actos políticos contrarios a la Revolución el FSLN declarará su derecho a defender el pueblo y a la Revolución [...] Algunos ideólogos de la reacción han acusado al FSLN de tratar de dividir la Iglesia. Nada más falso y malintencionado que esta acusación. Si existe división dentro de las religiones esto es un hecho completamente independiente de la voluntad del FSLN [...] Declaramos que es un derecho de todos los ciudadanos nicaragüenses participar en la conducción del país, cualquiera que sea su estado civil... Comunicado ocial de la Dirección Nacional del FSLN sobre la Religión publicado en Barricada el 7 de octubre de 1980.
La religiosidad tradicional y popular enseguida aportó controversias. En 1980, en el pueblo de Cuapa un joven campesino, Bernardo Martínez, juró habérsele aparecido la Virgen María llorando por los sucesos que entonces ocurrían en el seno de la comunidad católica. También en Managua, a nales de 1981, apareció 149
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
una Virgen que sudaba “a consecuencia del maltrato sufrido por la Iglesia y por la opresión que padecía el pueblo”. La jerarquía católica nunca desmintió estos fenómenos y, en desacuerdo con el nuevo régimen, el arzobispo Miguel Obando y Bravo comentó públicamente la excesiva inuencia que ejercía el modelo cubano sobre Nicaragua. Como respuesta a ello, el gobierno suspendió la transmisión televisada de la misa dominical que ociaba el entonces arzobispo de Managua y, acto seguido, los obispos acusaron a las autoridades de limitar la libertad de prensa y presionar a la Iglesia Católica. Solo se trataba de uno de los primeros episodios de un largo conicto, de notables consecuencias políticas, en el que intervendrían la jerarquía eclesiástica nicaragüense, diferentes obispos y personalidades religiosas progresistas del subcontinente (Sergio Méndez Arceo, Ignacio Ellacuría, Frei Betto, Samuel Ruiz, Alfredo Pérez Esquivel, Pere Casaldáliga...), curas y monjas de diversa orientación ideológica, autoridades políticas y, con gran notoriedad, el mismo Papa de Roma (22). Realmente, en el desarrollo del proceso político acaecido a partir de 1979 —y tanto en la coalición revolucionaria como contrarrevolucionaria— la relevancia de lo religioso es muy difícil de exagerar. 4. EL PROYECTO ECONÓMICO SANDINISTA
No es difícil descubrir que el modelo de producción y propiedad diseñado desde 1979 por la administración sandinista no correspondía a un modelo de “economía mixta” —con su balanceado equilibrio entre el sector público y privado— ni a un modelo de progresiva colectivización de los medios de producción (Dunkerley, 1988: 292). Con todo, existen diversas interpretaciones sobre las políticas económicas —con sus respectivos cambios— realizadas por los sandinistas durante su presencia en el poderr (23); y hay quienes calicaron el modelo económico sandinista 22) Sobre el papel desarrollado por el Papa Juan Pablo II existe numerosa documentación. Posiblemente el capítulo más destacado fue a raíz de su visita a Nicaragua en marzo de 1983. Con la visita de Su Santidad el conicto religioso llegó a su clímax. Las intervenciones papales versaron sobre la libertad de educación en una comunidad campesina en el departamento de León y sobre la unidad de la Iglesia y la indiscutible autoridad de los obispos. Para mayor información sobre este signicativo episodio ver los números de la revista Amanecer, r 1983/17, 18; BERRYMAN, 1994: 35-40; CHRISTIAN, 1986: 240-251; GILBERT, 1988: 140-147. 23) Unos de los mejores trabajos de interpretación y análisis de la política económica durante la década sandinista son: SPALDING, 1987; STAHLER-SHOLK, 1991. Posteriormente, se han realizado diversos trabajos, algunos de gran calidad, que analizan aspectos sectoriales del modelo económico sandinista. Entre ellos destacan: BIONDI-MORRA, 1990, un magníco estudio sobre la desafortunada gestión de las empresas públicas del sector agroindustrial y su incapacidad para conseguir la seguridad alimentariaa en Nicaragua; CHAMORRO, 1994, que analiza el impacto de las políticas revolu-
150
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
como socializante (Núñez et al., 1991; Vilas, 1987), quienes argumentaron que el FSLN implementó políticas desde una perspectiva desarrollista (Coraggio, 1986) y quienes, simplemente, tildaron las estrategias económicas sandinistas de oportunistas y populistas (Sanabria y Sanabria, 1986) o de marxista-leninistas encubiertas (Leiken & Rubin eds., 1987: 208; VV. AA., 1985). Sin pretensiones de hacer un análisis exhaustivo ni de clasicar el modelo económico desarrollado por la administración sandinista, sí cabe señalar, a grandes trazos, cuáles fueron las medidas más signicativas que se llevaron a cabo en el período revolucionario, y los objetivos económicos, sociales y políticos que se pretendía conseguirr (24). En un inicio, la estrategia del gobierno sandinista fue intentar reactivar la economía nacional que había caído dramáticamente durante el período insurreccional, siendo uno de los elementos la signicativa ayuda externa que ofrecieron un gran número de países al poco tiempo del triunfo insurreccional. Las políticas de reactivación se implementaron a través de tres ejes: (1) la fuerte regulación pública de la economía y la existencia de un sector de esta en manos del Estado, (2) la implementación de políticas sociales, y (3) la transformación de la estructura económica del país a partir de grandes inversiones. Así, en primer lugar, cabe mencionar el importante rol que pasó a ejercer el Estado en la economíaa (25) debido a la nacionalización de las propiedades y negocios de Somoza y sus allegados; a la nacionalización del sistema nanciero (a excepción de la Banca Vaticana, que ejerció durante un par de años de lavandería de dólares), al control de las rentas, y al monopolio estatal del comercio exterior y parte del interior; y a la amplia potestad de regulación en materia económica que se le otorgó al gobierno. A partir de las nacionalizaciones se creó un espacio de economía estatal llamado Área de Propiedad del Pueblo (APP). El APP —considerado por la JGRN como “el elemento estratégico orientado a superar el atraso económico, romper
cionarias sobre el sector informal urbano; DIJKSTRA, 1992, que evalúa la política industrial durante la primera mitad de la década sandinista y la compara con la Nueva Política Económicaa soviética de 1921-1928; MARTÍNEZ CUENCA, 1990, que expone las experiencias de uno de los responsables de la política económica sandinista; y UTTING, 1991, que analiza los planes de ajuste de 1987 en adelante y evalúa su impacto. 24) Existen amplios y rigurosos estudios sobre las políticas económicas implementadas durante los primeros años: CEPAL, 1980, 1981, 1988; CONROY, 1985, 1988, 1989; FITZGERALD, 1984; IRVIN & GOROSTIAGA, 1984; SHOLK, 1987, 1988a, 1988b, 1989, 1991; SPALDING ed., 1987; VILAS, 1987; HARRIS & VILAS, 1985; WALKER, 1982, 1985, 1987, 1991. 25) Sobre ello existe diversa literatura que describe y evalúa dicho modelo y sus efectos. Ver el trabajo crítico: COLBURN, 1987, 1990.
151
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
la dependencia y cambiar la distribución del ingreso nacional en benecio de las mayorías populares” (JGRN, 1982)—, nació inmediatamente después del 19 de julio de 1979. El día 20 la JGRN emitió el decreto 3 y 38 que ordenaban conscar todos los bienes de la familia Somoza, militares, funcionarios y personas allegadas al somocismo que hubiesen abandonado el país a partir de diciembre de 1979 (26). Posteriormente, coincidiendo con el segundo aniversario del triunfo de la insurrección, a partir de la promulgación del decreto 782, se produjo una nueva ampliación del APP. El creciente conicto con el sector privado y el aumento de tensión provocado por la actitud de la administración Reagan se zanjó con la conscación de los bienes inmuebles y muebles, títulos, valores y acciones de propiedad de nicaragüenses que hicieran abandono irresponsable de los mismos ausentándose del país por más de seis meses sin causa justicada; la nacionalización de la distribución de azúcar, de las exportaciones de café soluble, ron, aguardiente, licores, y varios productos químicos y de origen agropecuario; a la vez que se dispuso la conscación de propiedades de quienes se incorporaran a actividades contrarrevolucionarias. También quedaron afectadas a la reforma agraria todas las ncas de más de 500 o 1.000 manzanas (según su ubicación) “abandonadas o explotadas decientemente”. De esta forma, a poco más de dos años del triunfo de la revolución, la participación estatal en la economía se expandió notablemente —tal como se observa en los Cuadros 4.2. y 4.3.— aunque sin llegar nunca a la imagen difundida en el exterior por la administración Reagan o la Contrarrevolución (Vilas, 1984: 249-252). En segundo lugar, el Estado llevó a cabo diversas medidas en el campo de la distribución social de los recursos generados en aras de elevar el nivel de vida de amplios sectores de la población. Así se estableció un abanico de servicios públicos entre los que guraban los programas de expansión de la educación, la salud, y subsidios destinados a abaratar la canasta básica y el transporte urbano. De todo ello se derivó un incremento del consumo popular en los años iniciales de la década de los ochenta. Cabe apuntar, sin embargo, que todo ello solo fue posible gracias a un —hasta entonces desconocido— incremento de las importaciones costeado gracias 26) De esta forma, se nacionalizaron las entidades nancieras, las industrias relacionadas con actividades extractivas —las cuales estaban en manos del capital extranjero—, y las actividades pesqueras y madereras. También fueron afectadas por el Estado (en el marco de la Reforma Agraria) algo más de 850.000 hectáreas —entre ellas el 27,3 % de todas las ncas mayores de 500 manzanas, que correspondía a casi el 43 % de la tierra que estaba en manos de grandes terratenientes. Respecto a los recursos expropiados al somocismo y sus allegados guraba parte de la industria textil, química, agroquímica, de construcción y metalmecánica nicaragüense, y la totalidad del transporte aéreo y marítimo, y parte del terrestre.
152
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Tabla 4.2. Participación del APP en la economía nicaragüense, 1982 (Participación del APP en el valor de producción por sector) Sector Agricultura Pecuario Forestal Caza y Pesca Minería -TOTAL DEL SECTOR PRIMARIO Industria manufacturera Construcción -TOTAL DEL SECTOR SECUNDARIO Transporte y comunicaciones Agua y electricidad -TOTAL DEL SECTOR SERVICIOS -COMERCIO INTERIOR -TOTAL DEL PIB NACIONAL
% del APP en el Valor Bruto Producido 21´0 18´5 34´5 76´6 100 50´3 30´7 92´3 62´2 40´0 100´0 70´4 32´2 39´6
Fuente: cifras extraídas de INIEC,MIPLAN, MIDINRA y elaboradas en Vilas,1984. Tabla 4.3. Participación del APP en el volumen de la producción agrícola Producto Algodón en rama Café Caña de azúcar Ajonjolí natural Tabaco habano -TOTAL DE PRODUCTOS DE AGROEXPORTACIÓN Maíz Frijol Arroz Sorgo Tabaco rubio -TOTAL DE PRODUCTOS PARA EL MERCADO INTERNO -TOTAL AGRICULTURA
% 22 16 31 4 100 19 6 5 32 14 10 13 16
Fuente: cifras extraídas de INIEC,MIPLAN, MIDINRA y elaboradas en Vilas,1984.
153
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
al notable ujo de crédito blando procedente del exterior (hecho que no volvería a repetirse a lo largo de la administración sandinista). También es preciso anotar que una parte de las políticas sociales realizadas en el período inicial se basaron en reiteradas movilizaciones de trabajo voluntario a partir del cual se desarrollaron campañas de vacunación infantil, alfabetización, reparación de vías de comunicación o infraestructura vecinal. El impacto en el nivel de vida fue notable (27): entre los datos disponibles destacan el incremento en un 44 % de la asistencia escolar, la reducción del analfabetismo del 51 % al 13 %, un incremento de 2 a 5,4 millones de consultas médicas, el descenso de la mortalidad infantil del 120 al 64 por mil y un incremento de cobertura de la seguridad social en un 43 % de la población. En tercer y último lugar, el gobierno diseñó una estrategia a mediano-largo plazo con el objetivo de insertarse en el mercado internacional en mejores condiciones y, a partir de ello, lograr un mayor —y mejor calicado— desarrollo productivo. Ese era, sin duda, el gran objetivo económico sandinista y, para ello, se dotó de amplios recursos, una gran capacidad de maniobra y un enorme peso político a la agencia que tenía que llevarlo a cabo, a saber, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA) dirigido por el comandante Jaime Wheelock y nutrido por un numeroso equipo de funcionarios, militantes sandinistas y expertos en desarrollo agrario. Para implementar dicho proyecto —tal como especicaremos con más detalle en el próximo capítulo— se diseñó una estrategia inversionista que pretendía transformar la estructura del país a través de proyectos estatales (básicamente en el sector agroindustrial) que consiguieran que los productos primarios nicaragüenses que antes se exportaban sin elaborar, se procesaran en el país y luego se insertaran en el mercado internacional en mejores condiciones (28). Wheelock, uno de los dirigentes que más inuyó en el diseño de este modelo expuso el porquéé de dicha política (Wheelock en Invernizzi, 1986: 233): “Todo esto se materializa en una concepción del desarrollo nacional, que se sintetiza en que Nicaragua debe fundar su desarrollo en la transformación industrial de sus propios recursos naturales, teniendo como base el sector agropecuario. La agroindustria debe ser el eje de tal transformación industrial que debe comprender también, por extensión, los recursos forestales, la
27) Los aquí expuestos hacen referencia al bienio 1979-1980. 28) Al nal del período sandinista, en diversas reuniones privadas, Wheelock aceptó el fracaso del modelo económico de desarrollo planeado por los sandinistas e invitó a parte de las elites económicas a formular conjuntamente una nueva estrategia para la revitalización de la economía nicaragüense (SPALDING, 1991: 39).
154
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
pesca y la minería. Con ello es posible superar la dependencia y avanzar la lucha contra el atraso y el subdesarrollo [...] El problema de la dependencia es, en el fondo, el papel subordinado que le ha tocado a Nicaragua en la división internacional del trabajo”. Fue a partir de los tres ejes expuestos que se estableció el pilar estatal de la llamada economía mixta sandinista; modelo que otorgaba al Estado un rol preeminente y hegemónico, y que concebía al resto de sectores como complementarios para el desarrollo de la economía nacional. En dicho marco, la administración sandinista percibió la reactivación y el posterior funcionamiento económico como un contrato entre el Estado y el sector privado: el Estado garantizaba el crédito, tasaba los precios, abastecía de materias primas y tecnología y, a cambio, el sector privado producía e invertía. Obviamente, en ese argumento subyacía un proyecto político. Y aunque generalmente los pronunciamientos de la dirigencia sandinista respecto al modelo
LOS EMPRESARIOS Y LA REVOLUCIÓN “Lo que hay que plantearse en una revolución como la nicaragüense es si existe la posibilidad de que la burguesía sólo produzca, sin poder, que se limite a un papel productivo, es decir, que se limite a explotar sus medios de producción. Yo creo que en Nicaragua eso es posible. Nosotros recibimos un país con un capitalismo inacabado [...] Ahora se está desarrollando una burguesía nacional, pero ya no tiene capacidad ni posibilidad de articular un proyecto político, pero sí puede garantizar una presencia económica [...] Dentro del marco de la revolución nosotros hemos creado un espacio para la existencia y funcionamiento de la economía privada [...] Es un problema complejo, pero nosotros no hemos renunciado a buscar formas de integración de los productores individuales más o menos grandes que viven en la Nicaragua de hoy, dentro de una formación social en que la hegemonía es revolucionaria”. Evidentemente, el sandinismo mantendría desde 1979 tensas relaciones con las élites económicas nicaragüenses. Declaraciones del Ministro sandinista de Desarrollo agropecuario y reforma agraria en: (Wheelock, 1983: 33-36).
155
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
económico del régimen revolucionario tuvieron un halo de ambigüedad, nunca dejaron de inquietar a las elites económicas. En esta dirección, el comandante Tomás Borge expuso que en Nicaragua “la economía mixta está al servicio de los trabajadores... no como en otros países donde está al servicio de la burguesía” (Borge en Dunkerley, 1988: 302). Según Wheelock, las bases del peculiar modelo económico tenían que buscarse no solo en el modelo de producción, sino en el rol político y hegemónico de los actores. Y, en ello, destacaba la pérdida de poder político de la burguesía y su reducción a “clase productiva” (Dunkerley, 1988; Gilbert, 1988; Spalding, 1991). Por otro lado, el impacto de las políticas económicas de la revolución hacia los trabajadores asalariados fue desigual. Buena parte de los logros y ganancias obtenidas en los primeros años fueron erosionándose a causa del impacto de la guerra y de la profunda crisis económica desatada antes de terminar la primera mitad de la década. El sector informal urbano, por ejemplo, a pesar de haber constituido el grueso del “sujeto social” de la insurrección, fue castigado económicamente debido a las abundantes regulaciones estatales y políticamente por incurrir con asiduidad en el mercado negro (Chamorro, 1994: 272-298). Con todo, donde mayor impacto tuvo el modelo de desarrollo aquí esbozado fue en las zonas rurales del interior, donde una importante fracción de colectivos campesinos se opusieron a su implementación y generaron el mayor quebradero de cabeza del régimen sandinista. Precisamente por ello, el gobierno sandinista se vio obligado a reformular y cambiar parte de sus políticas, aunque por norma general, tardía y dubitativamente (Stahler-Sholk, 1991). De todas formas la economía nicaragüense fue degradándose hasta llegar a tal precariedad en que hizo profética la primera parte de la frase de José Coronel de que “a medida que avance la Revolución, si aún existe la pobreza en Nicaragua, esta será común y no exclusiva, no solo de los pobres; y si existe riqueza será también común y no exclusiva, no solo de los ricos”.
156
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
V. GUERRA
1. LA CONTRARREVOLUCIÓN IMPERIAL
El somozato fue más que una sangrienta dictadura. Si bien compartía métodos y estilos con otras tiranías del istmo, en esta se observaban dos características originales: a nivel interno, su alto componente patrimonial, y a nivel externo, el rol decisivo que detentaba a nivel regional. Sobre esta cuestión, son elocuentes las distintas acciones que desarrollaron los Somoza en varios escenarios como: los conictos con el gobierno de Teodoro Picado en Costa Rica, durante la guerra civil (1948); en diversos problemas fronterizos con José Figueras (1949 y 1955); por el apoyo otorgado a Castillo Armas contra el gobierno electo de Jacobo Árbenz en Guatemala (1954); o en la preparación del intento de invasión a Cuba que culminó con el desembarco de Bahía de Cochinos (1961). En denitiva, los Somoza y la Guardia Nacional se parecían más a una dinastía de guardianes que a los guardianes de una dinastía —nombre con que Millet (1977) caracterizó al régimen y a su Guardia Nacional. Y fueron los guardianes, en este caso, de los intereses y de las necesidades estratégicas de los Estados Unidos (Cerdas, 1986: 175). 157
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Pero la huida de Somoza Debayle y la victoria insurreccional en Nicaragua supusieron un golpe a la Administración Carter. Los policymakers estadounidenses, que tanto trabajo y esfuerzos habían realizado en aras de una solución favorable para los intereses de los Estados Unidos, vieron cómo el resultado nal no tenía ningún punto en común con su proyecto. La administración norteamericana, sin embargo, en ningún momento dejó de concebir la política centroamericana como algo que pudiese desarrollarse sin su autorización (1). Sobre este aspecto, es elocuente una interpelación del asesor del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), Zbigniev Brzezinski, al Presidente Carter, en la que recordó que la política estadounidense debía mantener el estilo acuñado por la Doctrina Monroe (Kornbluh, 1991: 323): “Tenemos que demostrar que aún somos la fuerza decisiva en el desarrollo y desenlace de los procesos políticos en América Central. No podemos permitir la presencia de otras potencias”. Después de fracasar en el intento de que la OEA enviara un cuerpo armado para “pacicar e intervenir” en Nicaragua y de fracasar de nuevo en la pretensión de negociar con los sandinistas la composición del nuevo ejecutivo, la administración Carter reacomodó su estrategia con el objetivo de convivir con el nuevo régimen, con la intuición de que así podría condicionar su desarrollo. Con esta intención utilizó la “estrategia de la zanahoria”, consistente en ofrecer ayuda económica. La administración de los Estados Unidos ofreció 15 millones de dólares para la reconstrucción del país tras la guerra insurreccional, y el Congreso ofreció otros 75 millones más (2). En septiembre de 1979, los nueve comandantes de la Dirección Nacional del FSLN recibieron una invitación para entrevistarse con Carter en la Casa Blanca. Sin embargo, con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos, se reemplazó la “zanahoria” por un “gran garrote” (3).
1) Uno de los trabajos más completos sobre las negociaciones y maniobras realizadas por la administración Carter durante la “crisis revolucionaria” de Nicaragua en el período 1977-1979, es el de Robert PASTORR (1988), quien trabajó durante ese período como asesor de asuntos latinoamericanos en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. 2) Del monto total de la ayuda aprobada por el Congreso, 5 millones eran en granos básicos cultivados en los Estados Unidos y el resto en crédito para la compra de bienes norteamericanos; esta ayuda, a la vez, tenía como condición que el 60 % se canalizara a través de empresas privadas, que el gobierno mantuviera inalteradas las garantías hacia los derechos humanos, que se celebraran elecciones en un breve período de tiempo y que no se utilizaran los fondos para pagar personal cubano (R ( OBINSON & NORSWORTHY, 1987: 40). En relación a esa ayuda, es conocida la anécdota de Fidel Castro, quien interpeló a los nueve comandantes del FSLN felicitándoles con la frase: “Si aprovechan, podrán realizar una revolución nanciada con dólares”. 3) Existe una notable cantidad de literatura respecto al policy changee que supuso la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos. Solo a modo de referencia, cabría citar alguna obra
158
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
LA DOCTRINA DEL IMPERIO Jeane J. Kirkpatrick, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Georgetown y Resident Scholarr en el inuyente think-tankk de la “nueva-derecha”, American Entreprise Institute for Public Policy Research (y que posteriormente, en 1981, sería la embajadora de los Estado Unidos ante la ONU) atrajo la atención del Presidente Ronald Reagan con su ensayo Dictatorships and Double Standards, donde exponía —tal como observamos en el párrafo que sigue— sus dudas sobre los nuevos regímenes presentes en Nicaragua e Irán: “Tanto Somoza como el Shah eran, en cierto modo, gobernantes tradicionales en sociedades semi-tradicionales... Nunca pensaron reformar su sociedad a la luz de ideas abstractas como ‘justicia social’ o ‘virtud política’. Ambos toleraban una oposición limitada, aunque a veces establecieran la ley marcial para arrestar y, ocasionalmente, violar los derechos humanos... Con todo, tanto Somoza como el Shah, no sólo eran anti-comunistas, sino que eran amigos entusiastas de los Estados Unidos. Enviaban a sus hijos a estudiar a nuestras universidades, votaban con nosotros en las Naciones Unidas y nos apoyaban en nuestros posicionamientos internacionales e intereses. En los dos países el torpe esfuerzo norteamericano para imponer una liberalización y democratización ha dado como resultado la aparición de regímenes donde la gente goza de menos libertades y, peor aún, que son hostiles a los intereses estadounidenses en nuestro hemisferio”. *
*
Párrafo extraído de KIRPATRICK, 1979. Posteriormente las publicaciones del Departamento de Estado reproducirían dicho texto en diversas ediciones.
Ya en 1979, la plataforma electoral Republicana que apoyaba la candidatura de Reagan estableció que su prioridad era derrocar a los sandinistas en Nicaragua. El reportaje de ese año de la Heritage Fundation (uno de los think tanks que inspiraron la política interamericana de la administración Reagan) formuló la necesidad de organizar un “programa integrado” destinado a combatir desde todos los frentes
destacada a ese respecto: LAFEBER, 1993; KORNBLUH, 1987, 1991; LOZANO, 1988; ROSSET & VANDERMEER eds., 1983; WALKER R ed., 1987; WHITEHEAD, 1983.
159
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
al gobierno “marxista-sandinista”, declarando que: “Cuando más tiempo esté en el poder el régimen sandinista mayor ecacia tendrá su aparato de seguridad y más difícil será desmontarlo... Es preciso actuar ahora que aún es débil. Cabe derrocarlo mediante un esfuerzo coordinado (4)”. Se trataba del inicio de otro episodio caliente de la guerra fría. La URSS no solamente ganaba en Indochina el espacio dejado amargamente y con humillación por los estadounidenses, sino que los países del cuero de África se convertirían, debido al cambio de régimen en Somalia primero, y luego en Etiopía, en estados adscritos al bloque del este. Poco después, en Angola, Mozambique, Benín y Congo-Brazabille sucedería lo mismo. Contemporáneamente a estos hechos, se incrementaba el protagonismo del ANC en la República de Sudáfrica y del SWAPO en Namibia, y la presencia cubana en el Congo, Tanzania y Sierra Leona, aumentaba. En ese escenario, la victoria de la revolución Islámica en Irán y el posterior desastre de la crisis de los rehenes de la embajada estadounidense en abril de 1980, fueron la gota que colmó el vaso del imperialismo estadounidense: era el inicio de la era Reagan. En denitiva, la administración Reagan supuso el triunfo de la alternativa beligerante frente a la “crisis centroamericana”. Dicha alternativa, sin embargo, no suponía una intervención bélica de tipo convencional —tal como ocurrió en el caso de la guerra de Vietnam— sino que los asesores estadounidenses diseñaron para Nicaragua lo que se denominó como Guerra de Baja Intensidad (5) (GBI). En febrero de 1981, en uno de los primeros documentos de la era Reagan sobre la estrategia contrainsurgente en el istmo centroamericano —llamado Covert Action Proposal for Central America—, se exponía el diseño de una “acción integrada”. Esta, en palabras de Robert McFarlane (antiguo asesor de seguridad de la
4) Extracto del documento redactado por el Comité de Santa Fe. 5) El término GBI —cuyo origen es Low Intensity Conict LIC— C signica un conicto que no exige una respuesta militar masiva, sino una actividad militar sincronizada con aspectos políticos, económicos, psicológicos y diplomáticos. El conicto de baja intensidadd no se gana con supremacía militar sino sobre la base de la ejecución de tácticas políticas e ideológicas que rindan, desmoralicen y aíslen al enemigo. Se trata de una guerra total a nivel de base. El objetivo es agotar al enemigo y bloquear su capacidad operativa y funcional en aquellas áreas donde ha logrado éxitos ((BARRY, 1987). En este sentido, la población civil se convierte en el objetivo estratégicoo de la guerra. Se trata de disputar la lealtad de la población combinando métodos de persuasión (a través de programas de operaciones psicológicas) y represión selectiva. Durante la década de los ochenta apareció bastante literatura sobre la GBI y su implementación en diversos países del Tercer Mundo. En relación a estos temas, cabe dirigirse a las obras: BARRY, 1987; BARRY & PREUSCH, 1988; BEEDE, 1985; BLAUFARB, 1977; BRODIE, 1985; BURNS, 1987; KLARE, 1986; KLARE & KORNBLUTH, 1988; KORNBLUTH, 1987; MILES, 1986; KNORSWORTHY & ROBINSON, 1987; SKLAR, 1989; WALKER R ed., 1987; WAGHELSTEIN, 1985.
160
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
administración Reagan) consistía en “un plan urgente y coordinado de la política económica, diplomática, propagandística y militar desde el Departamento de Estado para enfrentar a los regímens insurgentes”. Como hemos señalado al referirnos a la GBI, esta estrategia contemplaba una nueva visión de los conictos bélicos que, según los manuales editados por el Pentágono, pretendían una “aplicación sinergética que comprendiera esfuerzos políticos, sociales, económicos y psicológicos, con el n de desarrollar una guerra total que incidiera en la raíz y la base del apoyo político sandinista (6)”. En Nicaragua, esta estrategia de “guerra total” se articuló en cinco frentes: operaciones paramilitares encubiertas, apoyo a las operaciones militares de la oposición armada, desestabilización económica, una ofensiva propagandística y el apoyo a la articulación de los sectores sociales nicaragüenses opuestos al proyecto sandinista (Kornbluh, 1988: 327; Núñez et al., 1991: 121-140). En el resto de la región, es preciso diferenciar las distintas políticas estadounidenses hacia cada uno de los países: el apoyo activo hacia el régimen represor de El Salvadorr (7), la tolerancia respecto a las prácticas genocidas del Estado guatemalteco (8), una estrecha colaboración militar en Honduras (9) y un buen entendimiento logístico y discursivo con el gobierno de Costa Rica (10). Durante el primer mandato republicano, la presencia de efectivos militares estadounidenses en El Salvador y Honduras creció de forma exponencial. La ayuda militar de los Estados Unidos hacia El Salvador pasó de 5,9 millones de dólares en 1980, a 196,6 en 1984, y en Honduras, en el mismo período de tiempo, pasó de 3,9 millones de dólares a 77,4 millones. En lo relativo a la presión realizada en Nicaragua, baste exponer que entre 1980 y 1984 se perpetraron un total de 2.640
6) Las armaciones de McFarlane son parte de las declaraciones realizadas una vez estallado el escándalo Irán-Contra (McFarlane en KORNBLUH, 1988: 326-346). 7) Sobre la intervención militar estadounidense en El Salvador, es preciso dirigirse a MCCLINTOCK (1988). 8) Actualmente hay bastante material que revela las atrocidades realizadas por el estado de Guatemala en las comunidades indígenas y la relación que mantuvo con los Estados Unidos. Entre ese material destaca el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, así como las obras de Susan Jonas. 9) Existe poca bibliografía sobre las relaciones entre Honduras y los Estados Unidos a lo largo de los años ochenta, aún así, destaca el libro de SHULZ y SUNDOFF (1994), en el que se encuentra una relación detallada de las operaciones militares y políticas estadounidenses encubiertas realizadas en el istmo. 10) Para tener una visión global de la política estadounidense hacia Centroamérica es preciso dirigirse a la obra de ARNSON (1993), en la que se analiza la evolución política del Congreso de los Estados Unidos y la Presidencia desde 1976 hasta 1993.
161
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
violaciones de su espacio aéreo desde Honduras y Costa Rica, y un total de 160 invasiones de su zona marítima. También se reforzó la infraestructura militar en la franja fronteriza entre Honduras y Nicaragua con el objetivo de desarrollar un cinturón de bases militares hondureñas con apoyo de tropas estadounidenses (las bases aludidas eran las de Palmerola, La Ceiba, San Lorenzo, Puerto Castilla, La Esperanza, El Aguacate, Trujillo y Puerto Lempira), a la vez que la presencia de los efectivos estadounidenses en Honduras pasó de 20 a 1.575 en 1984 (11). Fue un tiempo en el que el tamaño de los ejércitos de cada uno de los países del istmo creció de forma espectacular, consumiendo buena parte de los escasos recursos de sus respectivas economías. Ante el clásico dilema entre elegir cañones o mantequilla, parece que los gobiernos de la región se lo gastaron todo en cañones. Tabla 5.1. Efectivos de los ejércitos de América Central, 1977-1985
Guatemala Nicaragua Honduras El Salvador
1977 14.300 7.100 14.200 7.300
1985 51.600 61.800 23.000 51.500*
* En El Salvador se deben agregar unos 15.000 miembros de grupos paramilitares. Fuente: Rouquié, 1994.
Así pues, ya en sus primeros pasos, el régimen sandinista tuvo que enfrentarse a la administración estadounidense que desarrollaba una estrategia de acoso, ya fuera directamente a través de operaciones de sabotaje coordinadas por la CIA o a través del apoyo logístico, nanciero y organizativo, hacia los grupos armados contrarrevolucionarios que empezaron a asentarse en las fronteras de Honduras y Costa Rica, y en la Costa Atlántica (12).
11) Este contingente se componía de Boinas Verdes, infantería de marina, técnicos y miembros del batallón 224 de inteligencia militar (INÉS, 1985). 12) La estrecha conexión —y a menudo dependencia— entre la Contrarrevolución y diversos actores de la política estadounidense, como las agencias de la administración norteamericana (la CIA o el CSN), el Congreso de los Estados Unidos, u organizaciones clandestinas (como se observó con el estallido del escándalo Irán-Contra y posteriormente con la red narco-contra que difundió la droga sintética crack en los barrios periféricos de L.A.), está ampliamente relatada en diversos trabajos: BARRY, CASTRO y VERGARA, 1986; BENDAÑA, 1991; BRODIE, 1985; DICKEY, 1985; DILLON, 1992; GUTMAN, 1988; LAFEBER, 1993; MORALES CARAZO, 1989; NÚÑEZ ed., 1991; PARDO-MAULER,
162
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Sobre este tema, una economista norteamericana, al analizar las diferentes estrategias de desestabilización del gobierno de los Estados Unidos sobre diversas experiencias revolucionarias en América Latina, expuso las razones por las que en el caso de Nicaragua se llevó a cabo una política de agresión directa a través de un ejército contrarrevolucionario (Helwegwe, 1989: 231): “Para los Estados Unidos era difícil paralizar la economía nicaragüense. Los niveles de vida de la mayoría de la población no dependían del exterior. La notable presencia de una economía popular de autoconsumo y la disponibilidad de tierra daba cierta capacidad de supervivencia al régimen sandinista. El fomento y apoyo norteamericano a la Contra suponía un elemento más ecaz que las sanciones económicas. Se trata de destruir infraestructura, unidades de producción, cosechas, etc. La opción de la intervención militar reejaba la percepción de que la presión económica no era suciente para erosionar el apoyo hacia el régimen sandinista”. Si nos preguntamos por qué la administración Reagan respondió de forma tan agresiva al proyecto político liderado por el FSLN, cabría señalar, en primer lugar que —tal como muestra la historia— no existe proceso revolucionario y transformador que no se vea amenazado por el poder hegemónico del momento. Y en el caso que nos ocupa, las razones por las que los Estados Unidos combatieron de forma tan feroz al proyecto revolucionario son tres. En primer lugar, por la intolerancia hacia la posibilidad de que se gestara un proyecto político autónomo en una zona hasta entonces considerada como propia —el llamado “patio trasero”. Es en este sentido que cabe interpretar la argumentación expuesta por Chomsky (1988) al hablar de la quinta libertad del imperio norteamericano. En segundo lugar, por el peligro político que suponía la creación de un proyecto transformador basándose en una legitimidad, discurso y lógica, totalmente ajenas —por no decir contrapuestas— a la tradición estadounidense. Y en tercer y último lugar, debido al potencial efecto de demostración para con sus vecinos (especialmente El Salvador y Guatemala) en el caso de que el sanadinismo enfrentara con éxito los retos de las pequeñas sociedades periféricas (13). No es casual que la justicación central que esgrimió la administración norteamericana para intervenir en Nicaragua fuera la del potencial desestabilizador del proyecto político sandinista en la región y su supuesta voluntad de exportar la Revolución. Así lo demuestran los dos documentos a partir de los cuales la administración estadounidense justicó la creciente presencia
1990; REIMAN, 1987; YEVES, 1991. Actualmente, los documentos clasicados por el Departamento de Estado norteamericano, el CNS y la CIA respecto al caso Irán-Contraa (1983-1988) y a la política ocial de la administración republicana hacia Nicaragua (1978-1990) son accesibles en microlms que distribuye (pagando) el The National Security Archive Project Stafff 13) En relación a lo expuesto ver: REAGAN, 1983, 1986a, 1986b; US Department of State, 1984, 1985.
163
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
de asesores militares en la región y posteriormente la escalada militar. Estos fueron el libro blanco de El Salvador, en 1981, y el documento sobre la intervención sandinista en Centroamérica titulado Revolution Beyond Our Borders, en 1985.
LA RETÓRICA DE RONALD REAGAN Una de las cuestiones más sorprendentes de la crisis centroamericana fue el discurso exaltado que generó el actor de westerns y posteriormente presidente de los Estados Unidos. Con la intención de mostrar el tono apocalíptico de sus panetos, es gráco leer el discurso que pronunció el 27 de abril de 1983 en la sesión conjunta de la Cámara de Representantes y del Senado de los Estados Unidos: “No existe ninguna área en el mundo que esté tan integrada en el sistema político y económico de los Estados Unidos, y ninguna tan vital para nuestra seguridad como América Central. Si perdemos esta región seremos incapaces de prevalecer en ninguna otra parte del mundo. Nuestra credibilidad se pondría en duda, nuestras alianzas se colapsarían y la seguridad política de nuestro país estaría gravemente amenazada. El Salvador está más cerca de Texas, que Texas de Massachussets. Nicaragua está más cerca de Miami, San Antonio, San Diego y Tucson que lo cerca que están estas ciudades de Washington, donde nos encontramos hoy. Pero esta proximidad geográca no es suciente para mostrar la importancia de América Central, ya que esta región es vecina del mar Caribe –que es nuestra línea fronteriza. Dos tercios de nuestro comercio exterior y del petróleo pasan por el Canal de Panamá y por el Caribe. Y en el caso de que hubiese una crisis en Europa, por lo menos la mitad de los refuerzos de la OTAN deberían pasar por esta zona [...]. La revolución sandinista ha signicado para Nicaragua el cambio de un régimen autoritario por otro de la misma naturaleza, pero la gente todavía no goza de libertad, no tiene derechos democráticos y es más pobre. Y es peor que su predecesor, ya que ayuda a Cuba y a los soviéticos a desestabilizar el hemisferio.
164
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
La estrategia de agresión contrarrevolucionaria era clara, y también clásica, pues respondía a la que en su día denió Clausewitz (1832 [1984]): “Si la victoria rápida sobre el enemigo no es posible, han de concentrarse esfuerzos en su des-
Mientras, el gobierno de El Salvador realiza esfuerzos para garantizar la democracia y las libertades, las guerrillas se dedican a luchas con la misma losofía que prevalece en Nicaragua, en Cuba y, no es necesario decirlo, en la Unión Soviética. La violencia ha sido el producto más importante que ha exportado Nicaragua. Éste es el fruto del gobierno hipócrita de Nicaragua: querer derrocar el gobierno legítimo y electo de El Salvador... Pero debe quedar clara la actitud del gobierno norteamericano ante Nicaragua. No queremos derrocarlo. Nuestro interés es tener la garantía que no infecte a sus vecinos. Nuestro objetivo, de acuerdo con el derecho americano e internacional, es obstaculizar el tránsito de armamento y subversión hacia El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica [...]. Nicaragua, con la ayuda militar del bloque comunista, reprime a nuestra gente, rechaza la paz y apoya la lucha guerrillera [...]. Ante esta situación, ¿las democracias deben permanecer pasivas mientras existen amenazas a su seguridad y prosperidad? ¿Podemos aceptar la desestabilización de una región entera, desde el Canal de Panamá hasta México y nuestra propia frontera sur? ¿Podemos estar con los brazos cruzados mientras miles de centroamericanos deben abandonar sus hogares, igual que debieron hacerlo cuatro millones de afganos, medio millón de habitantes de Indochina o más de un millón de cubanos que se exiliaron de la utopía de Fidel Castro? No creo que la mayoría de los Congresistas de nuestro país se muestren pasivos, resignados, derrotados, frente a este reto a favor de la libertad y la seguridad de nuestro hemisferio [...]. También, a todos aquellos que invocan la memoria de Vietnam, dejo claro que no se trata de enviar tropas norteamericanas a América Central; no es necesario. Lo que nos piden nuestros vecinos es asistencia y capacitación para poderse proteger ellos mismos para construir una vida mejor y más libre”. Fuente: Leiken & Rubin, 1987: 548-554.
165
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
gaste: incrementarle el coste de la guerra, destruirle su territorio, aumentarle su sufrimiento y desgastarlo poco a poco, debilitando su posición moral y física... Se tiene que aniquilar su voluntad de resistencia a través de operaciones que tengan repercusiones políticas directas”. Evidentemente, la agresión comportó consecuencias políticas. En febrero de 1982, a raíz de la rampante escalada militar, se declaró por primera vez el Estado de Emergencia Nacional, con el n de cerrar las frente a la nueva situación. Así, la breve y ya mermada luna de miel de los sandinistas con sectores de la burguesía nicaragüense y con diversos países latinoamericanos y europeos, llegó a su n (Molero, 1988: 74). A partir de entonces, la agresión y la forma en que esta se combatió, empezaron a jugar un papel determinante dentro de la dinámica política nicaragüense. También en El Salador la vida política se vio totalmente afectada por una lógica de guerra, tras la ofensiva del FMLN y del control de un tercio del territorio del país por parte de su guerrilla: en esos momentos todos fueron conscientes de que empezaba una larga guerra de posiciones. En Guatemala, la reacción del ejército y de la oligarquía fue brutal y genocida. Mientras, Honduras empezó a convertirse en un país de alquiler, en el que los asesores, militares y activistas contrarrevolucionarios circulaban con toda tranquilidad, y Costa Rica pasó a ser, a ojos del stablishmentt político estadounidense y de Europa occidental, el país modélico. Pero esta fascinación por la “neutral” Costa Rica también contenía los claroscuros de una campaña mediática que pretendía contraponer la barbarie del estallido revolucionario a la civilidad de la democracia liberal allí presente, y todo ello a pesar de que, a escondidas, también acogía campamentos de la Contra. 2. LA COALICIÓN CONTRARREVOLUCIONARIA EN NICARAGUA
La Contra, a pesar de aglutinar elementos de la más diversa naturaleza (desde exsoldados y ociales de la GN, pasando por activistas y combatientes que participaron en la misma insurrección sandinista, hasta campesinos de las zonas de la frontera agrícola, e indígenas miskitos y sumos de la Costa Atlántica) terminaría por congurarse como un actor unitario. Después de la victoria insurreccional sandinista, la Contrarrevolución se estructuró lentamente hasta congurar, en 1982, tres movimientos de diversa entidad: la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE), el Frente Democrático Nicaragüense (FDN) y la organización Miskito-Sumos-Ramas (MISURA). Estas tres organizaciones mantuvieron, más o menos, el mismo discurso hacia la Revolución Sandinista. A partir de 1986, sin embargo, estas terminarían por constituir una sola 166
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
organización, la Unión Nacional Opositora (UNO), que en 1987 adoptó el nombre de Resistencia Nicaragüense (RN). La unidad de esta heterogénea mescolanza no se debió únicamente a la tozuda y activa “voluntad adhesiva” de los sectores más reaccionarios de la administración estadounidense, sino también a la forma en que cada entidad ejerció su actividad opositora y a la manera como estos colectivos fueron calicados y tratados por el FSLN, una vez en el poder. Como se anunciaba repetidamente (y como observamos en los textos que exponemos a continuación) desde los medios de comunicación sandinistas o anes: “En una Revolución solo hay dos bandos: los revolucionarios y los contrarrevolucionarios; no existen terceros, en nuestro país hay libertad de prensa pero no libertinaje... Declaró el vice-ministro del Interior... (14)”; o “El contrarrevolucionario está identicado —sea de la derecha reaccionaria y vende-patria o de la izquierda infantil y dogmática— en objetivos esenciales que los hacen coincidir en la práctica, y que no son otros que el de socavar, minar, desacreditar, vulgariarr la autoridad moral y política del FSLN como vanguardia de la Revolución. [...] Esos son los contrarrevolucionarios, los que conspiran, agitan, escampan bolas y rumores e irrespetan a los dirigentes revolucionarios (15)”. Pero también demasiadas veces se identicaban los grupos contrarrevolucionarios como simples agentes de la administración norteamericanos, y contra ellos se podían escuchar consignas como la de: “... Contra, yankee hijueputa, aquí te esperamos (16)”. Pero no es posible comprender la conjunción y posterior alianza, a veces a regañadientes, de sujetos tan distantes solo a partir de estos tres elementos —la voluntad de la administración norteamericana, la praxis de los grupos armados contrarrevolucionarios, y el trato mediático que estos recibieron de la Revolución Popular Sandinista. Y es que la actitud de los miembros del aparato estatal somocista y de la Guardia Nacional (rápidamente apoyados por sus homólogos centroamericanos y del Cono Sur) se inscribía en la prolongación de su apoyo al dictador derrocado y en su reacción a las estigmatizaciones y conscaciones de las que fueron objeto, y su objetivo principal era el retorno al statu quo ante. Nada que ver con el resto. Los combatientes “desengañados”, por ejemplo, que se lanzaron a organizar operaciones armadas tras el triunfo de la Revolución, ya fueran sandinistas (principalmente veteranos del Frente Sur Benjamín Zeledón), o anti-somocistas surgidos
14) Nota presente en el periódico Barricada el 26 de enero de 1980. 15) Extraído del cuaderno Identiquemos al enemigo... combatamos al enemigo, donde se recopilan artículos del diario Barricada y de la revista de la CST El Trabajador, r editado por la Dirección Política del Ministerio del Interior en 1980. 16) Nota presente en la revista Bocay, órgano del Ministerio del Interior, número 1, editada en 1984.
167
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
de los medios conservadores y del partido social-cristiano, se denían como portadores del proyecto revolucionario original de la Junta de Gobierno. Su oposición tenía como objetivo la modicación de las directrices políticas de la dirección del FSLN, y la apertura de negociaciones que les permitiera regresar a la actividad política. Con objetivos similares, los militantes indígenas de MISURA, empeñados desde los años setenta en la obtención del reconocimiento de una identidad costeña, se opusieron a la Revolución denunciando las pretensiones colonizadoras de los sandinistas, la omnipresencia de sus dirigentes en los puestos claves de las instituciones administrativas de la Costa, el desconocimiento de los derechos adquiridos por las comunidades sobre la tierra, y la voluntad de promover la lengua española a expensas de las vernáculas. Desde 1982, inscribieron sus acciones armadas en vistas a presionar al gobierno de Managua con el n de obtener ciertas demandas de cuño indigenista y autonomista. Finalmente, los campesinos y miembros de los grupos armados de los departamentos centrales (quienes conformaron ya antes de julio de 1979 las organizaciones llamadas MILPAS, en referencia a las organizaciones espontáneas llamadas milicias populares antisomocistas, y posteriormente antisandinistas) se denieron, sobre todo, por su reacción negativa a las medidas del nuevo aparato del Estado (17). La actitud de este colectivo era producto de su ira frente a la arrogancia e incomprensión de los nuevos funcionarios frente a su idiosincrasia (“¡nos encachimbamos!”, era la respuesta ante la cuestión de por qué se alzaron en armas contra los sandinistas), y sus demandas siempre fueron puntuales e inmediatas, sin plantear nunca, a pesar de su progresiva importancia, un proyecto global (Bataillon, s/f: 176-177). Por lo tanto, cabe analizar cómo a partir de tal disparidad de sujetos, objetivos e intereses, pudieron surgir actores político-militares que no solamente denirían de la misma manera su identidad, su adversario y sus nes, sino que terminarían por fundirse en una misma organización. Las identidades de partida de los contras se articularon a partir de experiencias múltiples. Sin embargo, con el tiempo, estas irían coincidiendo a través de la identicación de adversarios y de la materialización de sus acciones. Así se fueron bo-
17) Los milpass (término que signica “sementeras de maíz” y que coincide con sus siglas) o chilotes (que signica “el primer brote de la planta del maíz”) fueron los primeros colectivos campesinos que se alzaron contra la Revolución. Posteriormente, muchos de los principales comandantes de campo de la Contra tuvieron origen milpa, como el Triguillo, Douglas, Franklin, Coral, Rubén, Denis, Cinco Pinos, Omaro, Kalima, Fernando y Rigoberto. Los principales fundadores, muertos a inicios de 1980, fueron Irene Calderón, Pedro Joaquín Gonzáles (Dimas) s y Santiago Meza (el primer Cinco Pinos). s El más conocido fue Dimas, quien antes había sido comandante sandinista en la población norteña de Quilalí.
168
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
rrando las percepciones singulares de cada colectivo en provecho de una identidad política basada en el combate. El sandinismo no fue denido por ellos solo como un enemigo, sino como una entidad frente a la cual tenía que entablarse una guerra total con el objetivo de destruirlo, de borrarlo, de terminar con su voluntad política. Así, tanto la Revolución como el sandinismo no fueron percibidos únicamente como una fuerza sociopolítica a la que denunciar como conscadora, o como institucionalmente hegemónica, sino como la encarnación de una subversión de todos los fundamentos del orden social previo a la insurrección y, también, como un agente al servicio de los intereses geopolíticos del bloque soviético. Ante ello, la Contra armó que no había otra opción que el combate y la erradicación denitiva del sandinismo, extremo que se resumía, por aquel entonces, con la repetida expresión del “cáncer sandino-castrista-soviético” (Bataillon, s/f: 179-183). La guerra total contra el sandinismo fue la esencia de la acción y del ser de los contras. Así, a partir de 1982, la multiplicación de las operaciones armadas en buena parte del territorio nicaragüense (como los ataques sistemáticos a las cooperativas sandinistas y las ejecuciones sumarias de los responsables locales de instituciones gubernamentales y partidarias) no pretendían solamente debilitar al adversario, sino también demostrar la naturaleza del conicto: Destruir todo aquello que supusiera la creación de un nuevo mundo. Por eso los grupos que procedían de los campos de entrenamientos hondureños, o de las instalaciones costarricenses (muchas de las cuales usufructuaban programas nanciados por la ACNUR), multiplicaban los golpes contra las cooperativas, los puestos militares, los brigadistas, los activistas..., en denitiva, contra todo aquello que pudiera considerarse un símbolo del proyecto revolucionario. La Contra fue responsable de ejecutar las más horrendas torturas, violaciones y mutilaciones contra sus víctimas, con el n de mostrar que la guerra seguía más allá del combate y de la muerte. Con esta escenicación del terror se materializó que no había otro espacio de encuentro que el de la guerra, esperando que la población civil rechazara toda colaboración con cualquier institución o proyecto vinculado a la Revolución, so pena de ser considerado enemigo de la Contra. Por otro lado, a partir del estigma impuesto por los sandinistas —el de contra—, la “oposición armada” se inventaría (en el sentido literal de la palabra) otros referentes de identidad, a saber: el nacionalismo, la democracia y la religión. La temática nacionalista, junto con la reiterada utilización de la palabra Nicaragua con que se manejó la Contra, pretendía denunciar el peso de los consejeros provenientes de los países del Este, la fascinación de los sandinistas por la Revolución Cubana y Fidel Castro, y la irrupción de los cooperantes en diversas latitudes del país, los llamados internacionalistas o, de forma socarrona, sandalistas. Sin embargo, esta 169
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
apelación al nacionalismo no dejaba de ser contradictoria con la relación de vasallaje de este actor con los Estados Unidos. En segundo lugar, el tema democrático no se inscribía en modo alguno en la prolongación de una reexión y menos en la experiencia de un desarrollo organizativo —pues la Contra siempre estuvo dirigida según fórmulas autoritarias—, sino más bien en contra de las actitudes hegemónicas desplegadas por el FSLN, y de su afán por articular organizativamente a los diversos estratos sociales del país. En cuanto a la religión, la Contra hizo referencia a un catolicismo tradicional e intransigente que consideraba la “transformación del orden natural” una aberración; que concebía a determinados intermediarios y a los cuerpos tradicionales que componían la sociedad como sagrados (como por ejemplo los linajes familiares, las comunidades aldeanas, las redes clientelares); y, nalmente, que se oponía de forma radical al concepto del hombre nuevo. Pero, en denitiva, tanto la referencia a la nación como a la democracia estuvieron, como otras tantas cciones, en claro desacuerdo con la manera de actuar de la misma Contra. Respecto a la religión, esta supuso la obtención de una legitimidad basada en la tradición —al más puro estilo weberiano—, en virtud de la cual se soportaron, por lo menos durante buena parte del tiempo, los abusos de la dirigencia, como si se tratase de un “mal necesario” de las camarillas que detentaban el poder y que hacían de intermediarios e interlocutores con los agentes estadounidenses. En cuanto a las citadas camarillas, estas terminaron por acomodarse a la situación bélica y se instalaron en ella como si fuera un modo de vida, confundiendo los medios con los nes. Precisamente por ello, la composición social de la Contra se caracterizó por su heterogeneidad. Así, el reclutamiento de numerosos combatientes y políticos podía oscilar entre la convicción, el voluntarismo, la coacción o la posibilidad de sacar provecho individual, llegando en ciertos casos, a amasar pingües benecios. Los bienes que podían obtener los miembros de la Contra variaban: se podía tratar de verdaderos salarios (las llamadas ayudas familiares) que recibían buena parte de los contras que integraban los campamentos hondureños; de unas docenas de dólares o algunos víveres destinados a los colectivos que conformaban la tropa campesina de la frontera agrícola; y también, en algunos casos, de varios miles de dólares al mes (que nutrían la nómina de altos dirigentes de la Contra), a los que se agregaban viáticos destinados a cubrir gastos ocasionales —como los viajes a los Estados Unidos, a América del Sur o a Europa, con el n de “defender la causa”. Por todo ello, un dirigente de la Contra del interior del país campesino denunciaría, tardíamente y desde el exilio en México, la multiplicidad de experiencias e intereses que se amalgamaban bajo la causa contra (Morales Carazo, 1989: 15-19): “Como en la Divina Comedia de Dante, en este inerno también había diversos círculos. Superestructuras y nomenclaturas interpuestas unas sobre otras, desvincu170
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
ladas de las bases populares y sostenidas en un andamiaje articial. Apreciaba una sustancial diferencia entre la Contra y los movimientos insurgentes de izquierda, cohesionados vertical y horizontalmente tanto por el aglutinamiento teórico como por la organización y el ejemplo de sus líderes. Surgían también contrastes en la disciplina, la integración y coordinación de las diversas instancias, unidades de apoyo civil y político. Si la observación se extendía a un entorno mayor, cubriendo el exilio y la oposición interna, las distancias eran difíciles de calcular. Parecía que se trataba de un indescifrable universo de numerosas galaxias, separadas por millares de años luz unas de otras, sin intereses ni objetivos comunes”. La primera organización armada con presencia exterior fue la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), producto de la fusión de otras organizaciones y de la asesoría de la CIA, se fundó en Guatemala, en septiembre de 1981 (18). Fue a partir de ese momento que se diseñó un proyecto político-militar alternativo al régimen sandinista. Este surgió a partir del apoyo nanciero y logístico brindado por la CIA y por los Departamentos de Estado y de Seguridad de la administración Reagan (19), junto con la aquiescencia de las autoridades hondureñas que “prestaron” zonas de su territorio para la construcción de los santuarios de la Contra (20). En este sentido, las “fuerzas insurgentes nicaragüenses” (la Contra) tuvieron, durante buena parte de su existencia, unas características completamente diferentes a las fuerzas insurgentes salvadoreñas y guatemaltecas. A diferencia del resto de fuerzas insurgentes centroamericanas, las bases logísticas y los centros de decisión de la Contra estuvieron fuera del territorio nicaragüense. En lo que se reere al nanciamiento, siempre dependió de los Estados Unidos. En 1982, las fuerzas contrarrevolucionarias tuvieron ya cierta capacidad de maniobra en las zonas fronterizas de Nicaragua, así como un notable apoyo exterior. La pretensión de la Contra era la creación de una estructura político-militar alternativa al régimen sandinista. Se trataba de crear una organización armada que, sin la necesidad de una intervención directa de los Estados Unidos, fuese capaz de vencer, de manera progresiva y sistemática, en el campo militar presentándose como una fuerza “liberadora y democrática” que ofreciera un proyecto político 18) Para una detallada descripción de lo acontecido ver: DICKEY, 1985; MORALES CARAZO, 1989; NÚÑEZ ed., 1991; SHULZ & SUNDLOFF, 1994; YEVES, 1991. 19) En un inicio la intención de la ayuda norteamericana, primero encubierta y canalizada por la CIA, fue conada a un reducido grupo de exguardias leales que ocupaban las posiciones neurálgicas de la FDN. El objetivo básico era realizar actividades extorsivas en las zonas fronterizas nicaragüenses y hostigar las rutas de abastecimiento militar de los sandinistas a la guerrilla salvadoreña. 20) Existen pocos trabajos que analicen con profundidad el rol ejercido por Honduras durante la Crisis Centroamericana; con todo, cabe destacar las obras: ACKER, 1988; SHULZ & SUNDLOFF, 1994.
171
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
alternativo (Ibarra, 1991: 106-107). La meta era derrocar al gobierno sandinista y establecer un sistema político con una institucionalidad de corte liberal, al estilo de las democracias de fachada —como las que los Estados Unidos estaban promoviendo en El Salvador, Guatemala y Honduras a partir de las directrices expuestas en el documento Report of the President’s National Bipartisan Commission on Central America, redactado en 1984, y más conocido como Informe Kissinger. En esas fechas, las fuerzas antisandinistas no solo habían incrementado considerablemente el número de sus efectivos (algunas fuentes señalaban la existencia de casi 10.000 miembros a mediados de la década), sino que las actividades de la CIA y su participación en las acciones encubiertas contra Nicaragua eran cada vez más comprometedoras (21). De esta forma, el ejército contrarrevolucionario pasó a la ofensiva lanzando varias embestidas de gran relevancia entre 1982 y 1985. La contundencia de los ataques no dejó de sorprender al gobierno de Nicaragua. En 1983, por primera vez, los contras consiguieron penetrar y asentarse en varias localidades del norte y centro de Nicaragua, desarrollando tácticas de lucha irregular que les permitieron, durante algún tiempo, ganar la iniciativa al ejército regular. La situación “defensiva” del régimen sandinista no comenzó a revertirse hasta nales de 1984, cuando el ejército nicaragüense mejoró su capacidad ofensiva, adoptando también tácticas de guerra irregular (Pozas, 1988: 112). Los factores que contribuyeron a que las fuerzas contrarrevolucionarias pusieran en jaque al régimen sandinista fueron diversos. Entre ellos, cabe observar variables de carácter militar y logístico, como la mejor organización del ejército contrarrevolucionario, debido al asesoramiento externo (básicamente estadounidense, hondureño, israelí, salvadoreño y, en un inicio, argentino) y a sus modernos sistemas de comunicación y de abastecimiento aéreo desde El Salvador y Honduras. Sin embargo, a mediados de la década de los ochenta, las variables de tipo “interno” fueron cada vez más relevantes. En este sentido, con el tiempo, el proyecto contrarrevolucionario fue ganando cierta base social. La base social de la que se nutrió la Contra procedió de un conjunto de colectivos que reaccionaron en contra de las medidas realizadas por el FSLN durante los 21) Durante ese año, ociales de la CIA habían conrmado al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que la voladura de los puentes de Río Negro y Ocotal, en el mes de marzo, había sido ejecutada por equipos de expertos en demolición entrenados por dicha agencia (L ( OZANO, 1988: 293). A inicios de 1983, dicha agencia destinó 50 millones de dólares en actividades de inteligencia en la región centroamericana que involucraban 150 agentes y técnicos. Posteriormente también se supo que el ataque a los depósitos de combustible del puerto de Corinto, el 11 de octubre de 1983, se llevó a cabo por agentes latinos de la CIA, conocidos en inglés con las siglas UCLA (Unilateral Controlled Latino Assets) s (NÚÑEZ ed., 1991).
172
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
primeros años del proceso revolucionario. Entre estos colectivos cabe señalar, por un lado, a la jerarquía de la Iglesia Católica y a los profesionales y empresarios reunidos en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Ambos colectivos ofrecieron a la Contra recursos económicos, un discurso y ciertos espacios políticos. Por otro lado, como veremos en el próximo epígrafe, también terminarían en la coalición contrarrevolucionaria aportando efectivos humanos, diversos sectores del campesinado del interior del país y algunas comunidades étnicas de la Costa Atlántica (22). Con todo, la implicación de dichos colectivos en el “proyecto contrarrevolucionario” fue desigual, tanto en lo que atañe a sus intereses como a la secuencia temporal de su enrolamiento. Una parte de la jerarquía de la Iglesia Católica fue, desde los inicios de la revolución, portavoz de los sectores más conservadores, a la vez que aportó cierta legitimidad y retórica a los colectivos que iban distanciándose del proyecto sandinista. En este sentido, la cuestión religiosa fue uno de los aspectos que más contribuyó a la polarización de la sociedad nicaragüense. Si bien las relaciones entre el sandinismo y la Iglesia Católica no pueden observarse desde la simplicidad, el proyecto sandinista sufrió la hostilidad de la jerarquía eclesiástica y de buena parte de la población que asumía como propios los valores religiosos tradicionales. Así, por ejemplo, sería la jerarquía religiosa la primera en denunciar, anticipándose incluso a las fuerzas políticas de la oposición, las tendencias hegemónicas de los sandinistas. El arzobispo (y posteriormente cardenal) Miguel Obando y Bravo acusó al FSLN de pretender subordinar la Iglesia Católica a sus objetivos políticos. Posteriormente, las acusaciones de esta contra el gobierno giraron alrededor de la “violación de los derechos humanos” y de la “falta de libertades de la población” (23). Con el tiempo, las acusaciones de la Conferencia Episcopal se agudizaron, siendo su lenguaje más áspero contra el régimen y, al tiempo, más favorable a los opositores, incluyendo a la Contrarrevolución. En este sentido, son
22) Para un conocimiento en profundidad de lo acontecido en la Costa Atlántica cabe dirigirse a: VILAS, 1990c; HALE, 1994. 23) La Iglesia Católica argumentó sus discrepancias con el proceso político revolucionario con gran profusión. De entre los medios de que esta dispuso cabe resaltar su constante aparición en el diario La Prensa. Mensajes de tipo similar también fueron transmitidos por las emisoras de radio La Voz de América, Radio 15 de Septiembre, Radio Impacto, Radio Católica, La Voz de la UNO y Radio Liberación, cuyas señales llegaban desde Honduras y Costa Rica. Para seguir el desarrollo del debate “ecuménico” entre los sectores eclesiásticos anes a la Teología de la Liberación y los sectores próximos a la jerarquía, cabe dirigirse a la revista Amanecerr (editada por el Centro Ecuménico Antonio Valdivieso), donde en la sección de documentoss reproduce y comenta las cartas pastorales del Episcopado Nicaragüense y sus diversas reacciones.
173
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
elocuentes unas declaraciones en La Prensa (2/12/84) del presidente del COSEP, Enrique Bolaños, donde expuso que “Monseñor Obando es nuestra gura más respetada, no solamente porque usa sotana sino también por su personalidad. Él tiene que jugar un papel histórico y está muy bien preparado para ello. Siendo el marxismo-leninismo una especie de religión, solo puede ser combatido con otra religión”. La Jerarquía generalmente ignoró las operaciones de la contrarrevolución, las cuales solían ir acompañadas de pasquines en los que guraban fotos de la gura del cardenal Obando y del Papa, y en las que se podían leer tonadillas como: “con Dios y patriotismo derrotaremos al comunismo”. A la vez, en esas circunstancias, la mayoría de obispos se negaron a ociar servicios religiosos a las víctimas de los contras. Y ya en 1984, la jerarquía católica pidió un diálogo con los contrarrevolucionarios (a los que calicaban de “alzados en armas”) y difundió la opción de la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio que habían instaurado los sandinistas con el slogan: “soy objetor de conciencia, no matarás”. Este posicionamiento de la Jerarquía tuvo un importante impacto en el seno de la sociedad. Por un lado penetró en un sector apegado a la tradición católica tradicional y, por otro, indignó a quienes, desde una militancia religiosa próxima a la Teología de la Liberación, observaban este posicionamiento como una herramienta legitimadora de la Contra. Frente a la actitud de la jerarquía nicaragüense otros obispos, como Pere Casaldáliga, quien acuñó un poema llamado Las bienaventuranzas de la conciliación pastorall (24), en el que se criticaba la postura de la Conferencia Episcopal Nicaragüense. Bienaventurados los ricos, porque son pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres, porque son ricos en gracia. [...] Bienaventurados, en n, los bienaventurados que, pensando así, viven tranquilos..., porque de ellos es el reino del limbo.
24) Extraído del libro de poemas de Casaldáliga titulado Nicaragua, Combate y Profecía.
174
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
En cuanto a la empresa privada (el COSEP), también tuvo vinculaciones con la Contra en la medida que vertebró la oposición interna al régimen de Managua. Los ejes básicos de su enfrentamiento con el FSLN fueron las conscaciones y expropiaciones a través de la fórmula de “propiedades próximas al somocismo”, la falta de clima político para realizar inversiones, la celebración de elecciones y la acusación de “sandinización” de las instituciones. En ese marco, a mediados de la década de los ochenta, la Contra, si bien no triunfó en la pretensión de derrocar militarmente el sandinismo, sí que obtuvo una notable capacidad de articular diversos colectivos y congurar una heterogénea coalición contrarrevolucionaria que dio muchos quebraderos de cabeza al FSLN. Con todo, la organización militar de la Contra (primero a través de la FDN y luego de la RN) siempre sufrió conictos intestinos a causa de problemas entre sus jefes y de su poca cohesión; precisamente por ello, los agentes norteamericanos encargados de darle coherencia y una imagen unitaria nunca tuvieron demasiado éxito. 3. EL SALVADOR: LA LARGA GUERRA
Fue también a nales de los setenta cuando, en El Salvador, se produjo un punto de inexión. A partir de ese momento, la política en el istmo se convirtió en sinónimo de guerra. La violencia, latente hasta entonces, estalló y se apoderó del país, al igual que ocurriría en Guatemala. Mucha gente, demasiada gente, la tenía en mente y, como expone Rouquié (1994: 154), hasta los intelectuales y los poetas la idealizaron. No es casualidad, por lo tanto, que incluso Roque Dalton, quien posteriormente moriría fusilado por antiguos colegas, la exaltase en un poema del año 1974 titulado “La violencia aquí”. En El Salvador la violencia no será solamente partera de la historia Será también la madre del niño pueblo [...] Sin la cual el niño pueblo seguirá siendo un inocente apuñalado por ladrones condecorados sofocado por la inmensidad de la basura.
175
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
En El Salvador las movilizaciones populares y la violencia espontánea se transformaron en una auténtica guerra a partir de 1977, a pesar de que las condiciones para que estallase ya se daban desde hacía un par de años, cuando los distintos grupos guerrilleros habían establecido vínculos con organizaciones populares. El régimen, para hacerles frente, además de reforzar la policía y el ejército, apoyó la aparición de grupos paramilitares. En poco tiempo, el estado empezó a perder el control de la situación. El asesinato del carismático y querido sacerdote Rutilio Grande, hacia el mes de marzo, marcó un punto de inexión. En esos momentos, las guerrillas iniciaron una campaña de secuestros de personalidades del régimen y de la empresa privada, con el objetivo de exhibir su capacidad. Más allá de las víctimas célebres, es preciso señalar el carácter básicamente popular de la violencia: hubo millares de víctimas anónimas a lo largo de la geografía de este pequeño país. Era el inicio de una era de masacres, que tendrían su punto álgido durante la primera mitad de los años ochenta (Dunkerley, 1985: 133-205). Un buen ejemplo de la impunidad con la que actuó el régimen fue la forma con la que disolvió un acto de protesta contra el fraude electoral de 1977: tras cuatro días de ocupación de la Plaza de la Libertad por parte de los opositores, el ejército les dispersó a tiros, con un balance de casi medio centenar de víctimas. A partir de la victoria sandinista, las huelgas, las manifestaciones y los disturbios se multiplicaron. Y con ellos se incrementó también la actividad represora para hacerles frente: la lucha armada tomó el protagonismo. Hacia el mes de mayo diversas organizaciones populares ocuparon las embajadas de Francia y Costa Rica, para denunciar a la opinión pública internacional la situación en la que vivía el país. El 8 de mayo, la Guardia Nacional abrió fuego con las ametralladoras contra una concentración que había delante de la Catedral: el balance fue de 25 muertos. Poco después, los guerrilleros asaltaron la embajada de Venezuela y diez personas murieron cuando intentaban entrar para apoyar a los guerrilleros. Para vengar la represalia, la formación guerrillera Fuerzas Populares de Liberación ejecutó al ministro de educación. El resultado fue que el único diálogo existente era el de los cadáveres y cada cual debía posicionarse en uno de los dos bandos que se habían declarado la guerra a muerte (Rouquié, 1994). Para reducir la tensión, el general Romero decretó un aumento salarial y levantó el estado de excepción, pero ya era demasiado tarde: el impacto simbólico del triunfo de la revolución sandinista acabaría por reforzar la posición de cada bando. Posiblemente, la última oportunidad para contener la ola de sangre que todos veían venir fue la propuesta realizada por los partidos políticos opositores legales (en la que participó el Partido Demócrata Cristiano y algún sector del Partido Comunis176
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
ta), apoyados por sindicatos y agrupaciones populares como la FENASTRAS y las L28, para conformar un frente popular para la libertad y la democracia, que exigía, a la vez, la disolución de los cuerpos represivos del estado. Ante este proceso, hubo quien pensó que se repetía el proceso de “gran coalición” que había dado el poder al FSLN en Nicaragua. Sin embargo, la mayoría de grupos guerrilleros no vieron con buenos ojos esta iniciativa, y los militares y la oligarquía presupusieron que la situación se les escapaba de las manos. Ante dicha situación, un grupo de jóvenes militares se anticipó, el 15 de octubre de 1979, llevando a cabo un golpe de estado de carácter reformista, que contó con el apoyo de la oposición moderada, y que supuso, por un lado, el n de una larga etapa caracterizada por la alianza entre las Fuerzas Armadas (a través del PCN) y la oligarquía, y por otro lado, la señal de salida de un período de movilizaciones populares descontroladas, de represión y de guerra. La proclama de los golpistas tenía un carácter notablemente progresista: se hizo un llamamiento para poner n a la violencia, se preveía la disolución del grupo paramilitar ORDEN, se garantizaba la libertad para todos los partidos y los sindicatos, y se anunciaba una reforma agraria y una “distribución más equitativa de la riqueza”. Aunque la nueva Junta Revolucionaria de Gobierno (JRG), en la que participaban personalidades de indiscutible trayectoria y prestigio, intentó desmovilizar a las organizaciones radicales y controlar las facciones más reaccionarias del ejército, diversas formaciones populares respondieron con la convocatoria de manifestaciones, ocupando instituciones y fábricas, y a su vez los cuerpos de seguridad y los paramilitares continuaron reprimiendo con crueldad. Por lo tanto, la única opción conciliadora quedó descartada en un santiamén debido a la polarización social y a las disputas internas entre sectores reformistas y reaccionarios (25). Al desaparecer esta última oportunidad, los papeles quedaron claros. Los grupos guerrilleros se negaron a reconocer a la junta y optaron por la vía insurreccional: entre el 11 de enero y el 15 de octubre de 1980, los cinco movimientos (ver página XXX) se unicaron y coordinaron sus acciones y su dirección. Como reacción a la unidad insurgente, aparecieron todavía más escuadrones de la muerte. En esa situación, la JRG se disolvió para dar paso a la constitución de una nueva Junta. La nueva Junta, constituida el 9 de enero de 1980, se formó solamente con los dirigentes de la Democracia Cristiana (PDC) y con militares. El resto de los miem-
25) Mientras el Partido Comunista apoyaba a la Junta, las organizaciones revolucionarias denunciaban el “golpe de estado pro estadounidense” y a la “junta contrarrevolucionaria”. Existen varios trabajos sobre este acontecimiento, ver: CARDENAL, 1996; MARTÍNEZ, 1992, GRÉNIER, 1994, DUNKERLEY, 1985.
177
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
bros se desmovilizaron o, como en el caso de los miembros del Partido Comunista, se inclinaron por dar su apoyo al bando revolucionario. Era el nacimiento de una nueva alianza —que duraría toda la década de los ochenta— entre el PDC y los militares, en la que los segundos aceptaron las reformas que guraban en el programa de los democristianos (como la nacionalización de la banca y del comercio exterior, la realización de una reforma agraria moderada, la autorización de sindicatos campesinos y la apertura de un diálogo con las organizaciones populares) y los primeros reconocerían las instituciones existentes. Sin embargo, el día 3 de marzo, Héctor Dada, miembro de la nueva Junta y ministro de asuntos exteriores, renunció al cargo en protesta de la impunidad con la que continuaban actuando los grupos
EL ÚLTIMO SERMÓN DE MONSEÑOR ROMERO Nadie debe sentirse ofendido por el hecho de que yo emplee las sagradas lecturas para mostrar a nuestra gente la realidad social, política y económica de nuestro pueblo. Hacer esto no es contrario a la religión. Cristo deseaba unirse a la humanidad. Yo sé que muchos están molestos por estas plegarias y me quieren acusar de utilizar el evangelio para hacer política. Pero no es cierto. Yo pretendo llevar a la práctica el mensaje del Concilio Vaticano II y de los encuentros de Medellín y Puebla. Los documentos de estos encuentros no deben ser sólo papeles teóricos. Deben llevarse a la vida y trasladarse a los conictos reales, al lado de nuestro pueblo. Cada semana que he pasado con la gente de mi pueblo he escuchado sus llantos, su dolor por tantos crímenes, tanta ignominia y tanta violencia.... Cada semana pido al Señor que me dé las palabras necesarias para consolar, denunciar y para llamar al arrepentimiento. A veces sólo se trata de una voz que grita en medio del desierto, pero yo se que la Iglesia está haciendo un esfuerzo para llevar a término esta misión... Cada pueblo vive su propio éxodo; hoy El Salvador está viviendo el suyo. Hoy está haciendo su camino de liberación a través del desierto de la angustia y el dolor. Muchos sufren la tentación de aquellos que caminaban con Moisés y quieren volver atrás y tienen miedo de trabajar juntos. Pero Dios quiere la salvación del pueblo para crear una nueva historia... [...]
178
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
paramilitares y denunció la cción progresista del nuevo régimen calicándolo de “profundamente represivo”. Fue entonces cuando Napoleón Duarte, antiguo opositor que había sido encarcelado por los militares y enviado al exilio, ingresó en la Junta asumiendo la presidencia, a partir del 22 de diciembre y hasta el primero de mayo de ese mismo año. Con la oposición moderada dividida, los extremos tuvieron el dominio del juego político que cada vez estuvo más polarizado: la derecha controlaba el gobierno, a las Fuerzas Armadas y los paramilitares, y la izquierda confeccionó una alternativa revolucionaria. La guerra revolucionaria estaba a punto de estallar. Las acciones premonitorias de dicha guerra fueron los hechos del 22 de enero de 1980 que, con
Según el portavoz de Amnistía Internacional, en El Salvador la violación de los derechos humanos es peor que la existente en Chile después del golpe de estado; según el informe, se expone que en El Salvador las víctimas han sido torturadas y mutiladas antes de ser asesinadas.... que en las fosas comunes aparecen víctimas con los rostros desgurados con líquidos corrosivos para imposibilitar su identicación. También consta que las Fuerzas Armadas de El Salvador tienen como objetivo golpear al movimiento popular a través del asesinato de sus dirigentes... Por esto quiero hacer un llamamiento especial a todos los hombres que forman las Fuerzas Armadas, especialmente a los de la Guardia Nacional, los policías y los militares. Hermanos, vosotros también formáis parte de nuestro pueblo. Vosotros estáis matando a vuestros propios hermanos en contra de la ley de Dios. Y no hay ninguna ley humana que autorice a violar la ley de Dios. Nadie puede obedecer esta ley inmoral. Es hora de recobrar vuestra conciencia y dejar de obedecer las órdenes del pecado. La Iglesia, defensora de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede permanecer pasiva ni silenciosa ante esta abominación. Nosotros debemos decir al gobierno que las reformas no tienen valor ni sentido si conllevan sangre. En nombre de Dios, en nombre del pueblo que sufre, los gritos del cual claman al cielo con más fuerza cada día...Yo os imploro, os pido, os ordeno en nombre de Dios: ¡paren la represión!
179
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
el objetivo de conmemorar el aniversario del levantamiento de 1932, la oposición revolucionaria llevó a cabo, ocupando 300 iglesias y organizando una manifestación de 100.000 personas. La represión militar causo 20 muertos y un centenar de heridos. En esa espiral de locura, fue especialmente trágico el asesinato del arzobispo de San Salvador, Monseñor Arnulfo Romero, durante la celebración del ocio religioso en la Catedral, el 24 de marzo, el cual pocos días antes había exhortado a los soldados, “en nombre de Dios”, a la desobediencia. Cien mil personas asistieron al funeral, mientras, desde el tejado del Palacio Nacional, francotiradores dispararon a la multitud. Durante los últimos meses de 1980 y los primeros del siguiente año, los enfrentamientos se cobraron más de diez muertos al día, cuyos cadáveres aparecían en los márgenes de las carreteras en las afueras de San Salvador. Fue a partir de 1980, cuando el gobierno utilizaría la táctica de “reformas con represión”: el 6 de marzo se promulgó una ley de reforma agraria que preveía la expropiación de las propiedades de más de 500 hectáreas (26). Al día siguiente se nacionalizaron las instituciones de crédito, ahorro y comercio exterior. El objetivo de la Junta estaba claro: robar a la insurgencia la “paternidad” de sus reivindicaciones. Pero los términos de esta ecuación resultaron ser más problemáticos de lo previsto (Pérez-Brignoli, 1994). Las clases dominantes se opusieron al proceso con total determinación y con violencia, y los militares les apoyaron a cambio de la obtención de ventajas económicas, con lo que se llegó a una espesa red de corruptelas y prebendas, mientras las reformas de mayor envergadura fueron obstaculizadas y pospuestas. Mientras las violencia se incrementaba, la Junta anunció la celebración de elecciones constituyentes y presidenciales (para marzo de 1982 y de 1983, respecti26) Si bien de la reforma agraria podía haberse esperado una transformación bastante radical del campo salvadoreño, en el momento de la verdad su impacto fue muy reducido. La primera etapa afectó a propiedades de más de 500 hectáreas (el 15 % del total de la tierra agrícola) y supuso la expropiación de más de 300 explotaciones. Se estimó que este proceso podría haber beneciado a unos 178.000 trabajadores y a sus familias, pero la lentitud de los trámites, las dicultades legales y la falta de voluntad política supusieron que a nales del año 1982, solo se habían entregado de forma denitiva unos veinte títulos. La segunda etapa —que nunca se llegó a ejecutar— debía afectar a las ncas de entre 100 y 500 hectáreas. La tercera etapa, que iba destinada a la petición de títulos de pequeños agricultores (aplicables hasta siete hectáreas de tierra que se estuviesen cultivando) resultó difícil de hacerla efectiva por el contexto de represión que vivía el campo. La continua obstrucción por parte de la extrema derecha (que utilizó, cuando consideró oportuno, la violencia incluso entre los técnicos de la reforma agraria) y las dicultades de la guerra convirtieron este proyecto en papel mojado.
180
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
vamente). Las elecciones eran una estrategia para legitimar los poderes fácticos y conseguir cierto reconocimiento internacional para el régimen, por lo menos, ante el Congreso de los Estados Unidos. En ese contexto, la izquierda revolucionaria se organizó alrededor del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), en el que se integraron las cinco organizaciones guerrilleras antes mencionadas y distintas formaciones políticas de cariz civil a través del Frente Democrático Revolucionario (FDR). El objetivo era emular a sus vecinos nicaragüenses. Fue sobre la base de ello que organizaron y lanzaron un operativo armado de gran envergadura contra el régimen, que denominaron —posiblemente con demasiado optimismo— “la ofensiva nal”, para el día 10 de enero de 1981, con la convicción de que Si Nicaragua venció, El Salvador vencerá. Pero, como ya se sabe, la ofensiva del FMLN no consiguió su objetivo. La verdad es que la realidad de Nicaragua era muy distinta a la salvadoreña: la Junta de Gobierno no era el gobierno patrimonial de Somoza, la administración Carter no era la de Reagan (quien acababa de asumir la presidencia) y la ola de efervescencia popular no se sincronizó con la ofensiva guerrillera —como sí había ocurrido en Nicaragua. Así, si bien el FMLN consiguió implantarse en buena parte del territorio nacional, también pudo observarse cómo, progresivamente, la movilización popular fue disminuyendo, ya fuera como consecuencia del cansancio, como debido a la contundente represión a la que se vio sometida por parte de las Fuerzas Armadas y los paramilitares. Y es que en el trienio 1980-1983, perdieron la vida 60.000 salvadoreños, y los responsables de los asesinatos fueron, en el 90 % de los casos, los cuerpos armados del régimen y los paramilitares —también vinculados a este. Puede armarse que una vez fracasada la “ofensiva nal” se inició la “larga guerra” de El Salvador: en agosto de 1981 el ERP tomó la ciudad oriental de Periquín, mientras las FLP, y en menor medida también el ERP, pasaron a controlar una parte del territorio central y septentrional del país, donde no entraba el ejército ni ninguna institución del gobierno tenía acceso. A estas “zonas liberadas” llegarían buena parte de los dirigentes de las organizaciones de masa para integrarse a la guerrilla, con lo que terminaría por crearse la fuerza armada insurgente más numerosa de América Latina. La guerra supuso también la existencia de casi 500.000 exiliados y el desplazamiento interno de más de medio millón de personas a causa de las acciones bélicas. Según los datos estadounidenses, los gastos causados por actos de la guerrilla, entre 1979 y 1982, ascendieron a unos 600 millones de dólares, el equivalente a las exportaciones de café de dos años. 181
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
LLAMAMIENTO DEL FMLN A LA OFENSIVA FINAL, EN ENERO DE 1981 El Directorio del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN, que ha creado un Comandamiento General de todas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de las cinco organizaciones) se dirige al pueblo heroico de El Salvador: Trabajadores y campesinos, hombres y mujeres revolucionarios, demócratas y patriotas, la hora decisiva de la insurrección militar ha empezado, se ha iniciado la batalla para que el pueblo consiga el poder y constituya un Gobierno Revolucionario Democrático. Décadas de sufrimiento, más de cincuenta años de dictadura militar están a punto de acabar para siempre a manos de la victoria de la movilización popular. En este momento histórico y crucial para el destino del pueblo salvadoreño y de América Central, el Directorio Unicado Revolucionario del FMLN hace un llamamiento a todo el pueblo, a los trabajadores, campesinos, estudiantes, profesores, maestros, a los sectores democráticos, soldados y ociales, a los sectores religiosos, a todos: HOMBRES Y MUJERES SÚMENSE INMEDIATAMENTE A LAS ACCIONES MILITARES DE LA INSURRECCIÓN POPULAR PARA GANAR LA VICTORIA DE LA REVOLUCIÓN! Hacemos un llamamiento a todo el pueblo para que se levante como un solo hombre con todos los medios de combate, bajo las órdenes de sus líderes inmediatos, en todos los frentes de guerra a todo lo ancho del territorio nacional, para luchar con coraje para la derrota denitiva del régimen de opresión y genocidio de la oligarquía criolla y del Imperialismo. TODOS AL COMBATE! La hora de la Revolución ha llegado! La hora de la liberación ha llegado!
182
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
En ese marco, los Estados Unidos muy pronto se convirtieron en un actor vital para la subsistencia del régimen salvadoreño y para la contención de las guerrillas. En diciembre de 1981, la última decisión de la administración Carter (que quería pasar a la historia por ser respetuosa con los derechos humanos y por la no intervención) fue la reactivación de la ayuda militar al gobierno de El Salvador, entregando también cinco millones de dólares para entrenar a militares salvadoreños en la lucha contrainsurgente. Pero eso solo fue el inicio. Con la llegada de Reagan, la supervivencia del régimen y la lucha contra los rebeldes constituyeron una de las prioridades políticas de su administración —tal como se menciona al inicio de este capítulo. La nueva doctrina, expuesta con claridad desde la plataforma republicana que apoyaba a Reagan, se basaba en el trato de favor hacia los amigos de Washington, y en el castigo a los enemigos. Así, el primero de los objetivos de la política estadounidense fue neutralizar la ofensiva insurgente de la guerrilla de El Salvador: era la estrategia de la “contención”. Siguiendo esta lógica, durante el mes de enero de 1982 llegó el primer contingente de militares salvadoreños a los Estados Unidos para entrenarse en tareas de guerra no convencional, y unos 500 aspirantes a ociales salvadoreños fueron a Fort Benning para “formarse” (Rouquié, 1994: 1899). De allí salieron los denominados batallones “irregulares de reacción inmediata” que, ya en El Salvador, constituirían las fatídicas unidades Atlacalt, Belloso y Barcamonte. El problema del ejecutivo estadounidense, sin embargo, fue convencer al Congreso (de mayoría demócrata) y a la opinión pública de su país de que la insurgencia representaba la amenaza comunista instalada en el patio trasero y no el producto de décadas de miseria y violencia indiscriminada. Y aunque el Departamento de Estado de los Estados Unidos elaboró estrategias mediáticas para convencer a sus ciudadanos de la implicación de los sandinistas, los cubanos y los soviéticos en la ofensiva del FMLN (entre las que destacaron el informe Communist Interference in El Salvador. Documents Demostrating Communist Support for the Salvadorean Insurgency), las constantes violaciones de los derechos humanos por parte de los cuerpos armados del régimen salvadoreño incrementaban la indignación de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses. Ante la incompetencia de las Fuerzas Armadas de El Salvador, que tras la ofensiva de 1981 no solamente habían perdido terreno y poblados a favor del FMLN sino que habían perpetrado masacres que legitimaban todavía más a la insurgencia, los asesores de los Estados Unidos se hicieron cargo directamente de la conducción de las operaciones. A partir de entonces llegó un numeroso contingente de asesores militares con la misión de reorganizar las Fuerzas Armadas para que estas pudiesen hacer frente a la insurgencia mediante técnicas militares y psicológicas: se crearon los tristemente famosos escuadrones helitransportados que aplicaron las tácticas 183
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
utilizadas durante la guerra de Vietnam denominadas Search and Destroy. No es casual (como muestra la tabla 5.2.) que El Salvador, a mediados de los ochenta, pasase a ser el tercer país (después de Israel y Egipto) en recibir la mayor cantidad de ayuda militar y económica de Washington. Tabla 5.2. Ayuda ecoómica y militar de los Estados Unidos a El Salvador, 1979-1986 Año scal 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Económica 9,6 58,5 116,3 185,6 261,9 224,3 428,8 313,8
Militar * 6,2 30,5 80,5 81,3 206,6 136,2 126,9
Total 9,6 64,7 146,8 266,1 343,2 430,9 565,0 440,7
* Menor a 50.000 dólares Fuente: USAID en Pozas, 1988: 29.
Pero la ayuda estadounidense no se agotó en el esfuerzo bélico. La estrategia contrainsurgente tuvo, desde sus inicios, dos vertientes: la militar (que ha sido expuesta brevemente) y la psicológica. La primera consistió en ayudar materialmente a las Fuerzas Armadas para hacer frente a la naturaleza móvil y cambiante del conicto, y la segunda fue dar apoyo en el diseño de la propaganda que realizó la administración democristiana de Napoleón Duarte para ganarse “el corazón y la mente” de los civiles (27). El reto de las políticas propagandísticas era obvio, como expuso un asesor estadounidense cuando sentenció: “El único territorio que querían ocupar era el que estaba situado entre las dos orejas de los campesinos” (Rouquié, 1994: 227). En lo relativo al combate contrainsurgente en el ámbito civil, este fue ejecutado por el Partido de la Democracia Cristiana (PDC) y, posteriormente, por la
27) Este tipo de operativos “combinados” supusieron también la integración de la población civil en la “defensa” contra el FMLN. Sin embargo, los operativos llevados a cabo, que se denominaron Bienestar para San Vicente y Usulatán, Operación Fénix (que se realizó sobre el volcán de Guazapa durante el año 1986) o Unidos para Reconstruirr (realizado en todo el país en 1987) tuvieron un éxito relativo. No destruyeron a la insurgencia, pero esta tampoco ganó terreno.
184
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
formación de ultraderecha Alianza Republicana Nacional (ARENA). Dicha estrategia se basaba en la elaboración de una institucionalidad liberal susceptible de ser homologada en el exterior como una democracia representativa, que sirviese para marginar política e institucionalmente a las fuerzas insurgentes a partir de un discurso “civilista” y “democrático”, a la vez que intentaba implementar un abanico de reformas que tuviesen como objetivo la desmovilización de potenciales aliados de la guerrilla que, por lo general, eran campesinos pobres que demandaban tierra. Se trataba de luchar con contundencia contra la insurgencia mientras se elaboraba un proceso de transición de un régimen autoritario hacia una “democracia”, que fue calicada unánimemente “de fachada”. Así, el 28 de marzo de 1982, se celebraron unas elecciones “restringidas”, a las que solo podían concurrir las fuerzas políticas de la Democracia Cristiana y aquellas que quedaban a su derecha, para elegir una Asamblea Constituyente. Esta estrategia fue de una gran utilidad para los actores que confeccionaban el “bloque de poder”, ya que la nueva institucionalidad permitió a la administración Reagan una cooperación explícita a todos los niveles, así como una cierta “credibilidad” del régimen a los ojos del resto de países del hemisferio, mientras las elites del gobierno desautorizaban cualquier otro modelo político. Desde 1983 hasta los Acuerdos de Paz, la derecha empleó una doble táctica: por un lado, hizo valer su posición hegemónica en el hemiciclo para bloquear las reformas y las investigaciones sobre la violación de los derechos humanos y, por otro lado, siguió haciendo uso de la violencia con la nalidad de obstaculizar las tímidas reformas que proponía el sector aperturista de la Democracia Cristiana. Mientras tanto, la guerra y la violación sistemática de los derechos humanos continuaron. La Comisión de la Verdad (a la que correspondió investigar y analizar los graves acontecimientos ocurridos en El Salvador entre enero de 1980 y julio de 1991) registró más de 22.000 denuncias graves de hechos violentos (28). De estas denuncias, más del 60 % correspondían a ejecuciones extrajudiciales, más del 25 % a desapariciones forzadas, y más del 20 % incluían denuncias de torturas. Los testimonios atribuyeron el 85 % de los casos a los cuerpos del estado, a grupos paramilitares y a los escuadrones de la muerte. Las denuncias registradas responsabilizaban al FMLN en el 5 % de los casos. Aún así, y a pesar del gran número de denuncias, estas no representaban la totalidad de los casos de violencia. La Comisión
28) El informe completo de la Comisión de la Verdad ha sido editado en distintos formatos. En el Estado español hay una edición titulada: De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador. r Donostia: Gakoa, 1993.
185
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
de la Verdad, durante los tres meses de su vigencia, solo pudo recibir una pequeña muestra signicativa de la locura en la que estuvo sumergido el país. 4. GUATEMALA: ¿GUERRA O GENOCIDIO?
Durante toda la segunda mitad del siglo XX, la sociedad guatemalteca fue (y todavía lo es hoy) la más martirizada de la región. En este contexto de violencia cotidiana, sin embargo, los militares también aprovecharon su poder para convertirse en una clase económicamente próspera: la institución poseía un banco, el Banco del Ejército, tierras y, en ciertos ámbitos, como en el negocio de la madera o la ganadería, hacía la competencia a la misma burguesía. Así, a diferencia de El Salvador, donde las Fuerzas Armadas habían sido históricamente servidoras de la oligarquía, en Guatemala estas fueron generando, desde 1954, intereses propios. Desde 1954 hasta 1986, los militares ocuparon la presidencia del gobierno con o sin elecciones. Los mecanismos fueron siempre los mismos: la jerarquía del ejército escogía al candidato a la presidencia y después negociaba con los partidos legales las prebendas y el soporte electoral. Pero la militarización no se redujo al vértice de la administración, sino que a partir de 1963, el general Peralta Azurdía creó una red de agentes rurales (formada por los llamados “comisionados militares”), encargada de identicar y eliminar a los sospechosos de simpatizar con la oposición o la guerrilla (Rouquié, 1994: 161). A partir de iniciativas como esta, las Fuerzas Armadas se constituyeron en la única institución con presencia en todo el territorio. En cualquier caso, la diferencia entre la oposición (insurgente o civil) guatemalteca respecto a la de Nicaragua o El Salvador, fue que en Guatemala esta nunca puso en peligro el orden establecido ni constituyó una seria amenaza para el gobierno. A pesar de que la oposición guatemalteca, de vez en cuando, realizó acciones que crearon un cierto clima de inseguridad, su capacidad fue siempre muy limitada, incluso tras la unicación de las distintas guerrillas (el EGP, la ORPA, las FAR y las facciones del PGT) en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). A inicios de la década de los ochenta, la sociedad guatemalteca se encontró en un callejón sin salida: la reforma agraria estaba prohibida, la proletarización bloqueada por la crisis económica, y el renacimiento comunitario y asociativo, tanto de las CEB como de los sindicatos, hecho pedazos por la acción represora del gobierno. Precisamente por esto, en Guatemala sorprende la contundencia, la crueldad y la violencia generada por el Estado. Una violencia que desbordó completamente el ámbito de la guerrilla, de las organizaciones sindicales y de 186
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
los grupúsculos de izquierda y de extrema izquierda. La cantidad de víctimas generadas por la represión oficial nunca guardó relación con la capacidad de amenaza de las fuerzas insurgentes. Según Rouquié (1994: 162), más del 45 % de los desaparecidos políticos del mundo durante la década de los ochenta fueron guatemaltecos. Uno de los puntos más álgidos de la represión fue durante la presidencia del general Romero Lucas García, el mandato del cual, de 1978 a 1982, coincidió con la victoria de la insurrección sandinista y con la ofensiva nal del FMLN. Durante su presidencia se creó la tristemente célebre unidad contrainsurgente denominada los kaibiles, que actuaba con una crueldad difícil de exagerar. El país se inundó de sangre: el gobierno no toleró ni la más mínima demostración por parte de la oposición, por muy moderada que fuese (29). Son sucientemente signicativas de la locura de las autoridades (30) las masacres de Panzón y de la embajada de España, en la que murió calcinado el padre de Rigoberta Menchú y doce miembros más de su comunidad que pedían respeto por los derechos humanos. A diferencia de los países vecinos, en Guatemala no puede decirse que hubiese una guerra civil, sino más bien una extrema beligerancia del Estado contra cualquier formación opositora. Es precisamente por ello que se puede hablar, simplemente, de “Estado terrorista” (Figueroa, 2001; Jonas, 1995). Así, hasta los mismos planes de desarrollo de las zonas más aisladas del país se convirtieron en planes de contrainsurgencia y aquellos que no los apoyaban se convertían directamente en enemigos. Pero la militarización del país se incrementó todavía más a partir del 23 de marzo de 1982, cuando se produjo el golpe de estado liderado por el general Efraín Ríos Montt, miembro de una secta protestante fundamentalista que lo consideraba el elegido por Dios para eliminar la subversión en Guatemala. Una vez en el poder, Ríos Montt derogó la Constitución, instauró el estado de excepción y desarrolló un ambicioso plan contrainsurgente que combinaba acciones militares de gran alcance con campañas “de acción cívica” que denominó popularmente “fusiles y frijoles” (Rouquié, 1994:
29) Hacia el mes de enero de 1979, grupos paramilitares asesinaron al secretario general del Partido Socialdemócrata, Alberto Fuentes Mohr; hacia el mes de marzo, mataron a Manuel Colom Argueta, exalcalde de Guatemala y dirigente del Frente Único de la Revolución; poco después, la represión también alcanzaría a los miembros del Partido Demócrata Cristiano. Pero la violencia no se limitó a los dirigentes, nadie estaba a salvo. 30) Baste como ejemplo de la espiral de violencia que estalló en esas fechas, los datos que se citan en un trabajo de Edelberto TORRES RIVAS (1989: 50), en el que se calcula que entre el 27 de agosto y el primero de septiembre de 1979 hubo 234 muertos, 95 de los cuales tenían señales de tortura, 17 secuestros, y se descubrieron tres cementerios clandestinos.
187
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
163). La máxima de este caudillo iluminado era sencilla: “Un indio con hambre es comunista, mientras que un indio bien comido es anticomunista... llenar Guatemala de estos últimos es nuestro objetivo”. Pero los medios no solo se limitaron a las campañas “de acción cívica”. La técnica más habitual fue el terror y la tortura, tal como se se expone en el Informe de Esclarecimiento Histórico (Figueroa, 1994, 1999).
LA TORTURA COMO INSTRUMENTO CONTRAINSURGENTE En el conicto de Guatemala, el ejército utilizó la tortura para obtener información, para intimidar a la población, para reducir ideológicamente y “reeducar”. Como expone el informe de la CEH, la tortura pretendía imponer un mensaje de terro a la población. Se realizaban ejecuciones ejemplares y se lanzaban los cadáveres a las calles y plazas para que todos viesen lo que les ocurría a los guerrilleros y a los opositores. Así lo dijeron los testimonios C9134 de la CEH: “El 14 de julio de 1980, a las 8 de la noche, cinco Guardias, el terrateniente y un colaborador del ejército llegaron a casa del señor Emilio Pop Rax, presidente del comité de tierra de la nca Sepomac...Le sacaron por la fuerza de su casa. Le torturaron en la nca Sepomac...Le ataron a un palo y le decapitaron y después mostraron el cadáver a los trabajadores de la nca para enseñar lo que les ocurría a las personas que se relacionaban con la guerrilla...” Fuente: Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), párrafos 2200-2205.
Las campañas que ejecutó el ejército en ese período, entre las que destacan la “Operación Victoria”, implementada en 1982, y “Firmeza”, realizada al año siguiente, fueron esencialmente contrarrevolucionarias. El objetivo del ejército era ocupar y controlar las poblaciones con riesgo de convertirse en base para la guerrilla, mediante tres tácticas: la creación de Patrullas de Autodefensa Civil, el establecimiento de “polos de desarrollo”, y allí donde la guerrilla tenía presencia, el desarrollo de la táctica de “tierra quemada” que, según la inteligencia militar, consistía en “quitar el agua a los peces” (Falla, 1992). 188
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
La creación de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), que eran grupos paramilitares compuestos por gente de la zona, supuso la incorporación por la fuerza de los habitantes de las distintas zonas a las tareas del ejército, incrementando todavía más la militarización de la sociedad rural y haciendo partícipes a estos colectivos de las múltiples violaciones de los derechos humanos que perpetraban las Fuerzas Armadas. Para tener una idea del alcance que tuvo esta
PRINCIPALES VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA Ante la enorme cantidad de violaciones de los derechos humanos y de hechos violentos que se han registrado en Guatemala durante el enfrentamiento armado, la Comisión del Esclarecimiento Histórico se ha centrado en los casos más graves –que componen el 92 % del total. Entre estos, el 38 % fueron ejecuciones arbitrarias, seguidas, por orden de frecuencia, por torturas (19 %), desapariciones forzadas (10 %) y violaciones sexuales (2 %). Los testimonios de los declarantes también se rerieron a otras violaciones, como la privación de libertad, los muertos por desplazamiento forzado, muertos y heridos en hostilidades, ataques indiscriminados, utilización de minas o la utilización de población civil como escudos humanos. De acuerdo con los datos puede establecerse que la violencia se concentró principalmente en algunos años del conicto. El 48 % de los casos sucedieron en el año 1982, seguidos, en orden de frecuencia, de los años 1981, 1983, 1980 y 1984. Así, de los 36 años que duró el conicto, el 81 % de las violaciones registradas se produjeron entre 1981 y 1983. Respecto a la localización de la violencia también se observa su concentración geográca en las zonas de presencia indígena. El departamento de Quiché fue el más afectado, con el 46 % del total de las violaciones, seguido, en orden de frecuencia, de Huehuetenango, Alta Verapaz, Chimaltenango y Baja Verapaz. También Petén, San Marcos y Ciudad de Guatemala muestran una importante frecuencia de violaciones. En lo relativo a los municipios, estos son —en orden de mayor a menor intensidad— Ixcan, Nebaj, Uspantan y
189
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Cajul (todos del departamento del Quiché), Rabinal (Baja Verapaz), San Martín Jilotepeque (Chimaltenango), Chiché y Chichicastenango (Quiché). También se observa cómo la violencia desarrollada durante el enfrentamiento armado afectó en mayor proporción a las zonas rurales del país: el 90 % de las violaciones registradas se realizaron en las afueras de la capital y de las capitales departamentales [...] El 83,3 % de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia registradas pertenecen a alguna etnia maya; el 16,5 % pertenecen al grupo ladino y el 0,2 % a otros grupos. Entre la población indígena, el 32 % de las víctimas eran K’iche, seguidas por los Q’eqchi (13 %), los Ixil (11 %), los Kaqchikel (10 %) y los Mam (11 %) [...]. Del 62 % de las víctimas registradas a las que se pudo determinar su pertenencia de género, el 25 % eran mujeres y el 75 % hombres. De las que se pudo determinar la edad el 18 % eran niños, el 79 % adultos y el 3 % eran ancianos. A pesar de las deciencias de información disponible, es posible concluir que la proporción de mujeres y niños relativa al total de víctimas posiblemente es más elevada. En lo referente a los responsables, el ejército de Guatemala fue el responsable del 85 % de las violaciones registradas. Lo siguen, en orden de frecuencia, las Patrullas de Autodefensa Civil, los comisionados militares, otras fuerzas de seguridad del estado y nalmente las organizaciones guerrilleras. La Comisión de Esclarecimiento Histórico ha comprobado que la responsabilidad del 93 % de las violaciones registradas recae sobre el Estado de Guatemala; el 3 % sobre la responsabilidad de la guerrilla y el 4 % sobre otros grupos sin identicar. Fuente: Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), párrafos 1731-1755
estrategia, baste decir que, a nales de la década de los ochenta, las PAC integraban a unas 900.000 personas. En lo referente a los “polos de desarrollo”, estos supusieron la concentración de poblaciones indígenas en campamentos bajo el control de las autoridades militares, con el objetivo de desarraigar a la población, de “adoctrinarles” y “prevenirles” contra la insurgencia. La creación de este tipo de asentamientos supuso que más de 500.000 indígenas tuvieron que abandonar 190
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
sus hogares, convirtiéndose en “refugiados” en su propio país. Finalmente, la política de “tierra quemada” supuso la destrucción sistemática de los poblados donde la guerrilla tenía cierta base social. A raíz de esta política, amplias zonas de las regiones septentrionales de Guatemala (Peten, Quiché, Ixcan, Alta Verapaz y Huehetenango) quedaron semidespobladas (31). No es preciso decir que con estas “medidas” la guerrilla, si bien no desapareció, quedó totalmente aislada y fuera de juego, arrastrando el conicto armado más antiguo y feroz del subcontinente. Un conicto en el que es difícil ponerse de acuerdo en el número de víctimas que causó: la cifra más aceptada es la de 250.000 muertos por motivos políticos desde 1961 (más de un tercio de los cuales entre 1980 y 1987) y más de medio millón de desplazados externos, una notable proporción de los cuales buscaron refugio en los estados mexicanos de Campeche, Yucatán y Chiapas (CEH, 1999; Bastos y Camús, 1994). Tabla 5.3. Estimaciones de personas desplazadas a causa del conicto Refugiados en la capital Refugiados en otras ciudades o en la costa Refugiados en la montaña o en los bosques Reagrupados en las aldeas modelo
250.000 a 300.000 200.000 a 300.000 50.000 40.000 a 50.000, reconocidos ocialmente 16.000 100.000, reconocidos ocialmente 46.000 20.000
Refugiados en México Refugiados en otros países —Belice, Honduras, EEUU.
Fuente: Le Bot, 1992: 206.
En Guatemala, la forma con la que se implementó la “guerra de baja intensidad” fue tan simple como cruel: se trataba de exterminar cualquier foco de insurgencia y, con él, arrasar su medio. Y si bien a partir de mediados de la década el ejército se hizo menos visible, exceptuando las zonas en las que la guerrilla seguía activa, dejó un denso tejido de estructuras contrainsurgentes relevantes que con-
31) Desde una perspectiva global del proyecto contrainsurgente, las Patrullas de Autodefensa Civil,l las aldeas modelo y los posteriores polos de desarrollo, se insertaron en una red administrativa centralizada, jerárquica y autoritaria, en la que las instancias civiles estuvieron de facto subordinadas al ejército.
191
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
tinuaron garantizando su dominio absoluto sobre la zona. A partir de entonces se inició la transición de un régimen con autoridades militares a otro de fachada civil (Aguilera y Torres-Rivas, 1998). 5. LA GUERRA DE AGRESIÓN EN NICARAGUA Y SUS EFECTOS
Según Eduardo Galeano, a mediados de la década de los ochenta, uno de los jefes de la Contra denió Nicaragua como el país del no hay; y en esto —constató el escritor— tuvo razón (32). En la misma dirección, aunque seguramente con perspectivas distintas, otro novelista, el peruano Mario Vargas Llosa, expuso (33): “Todo el mundo protesta y a viva voz. Las penurias económicas continuas provocan el desaliento y dilapidan energías. Cada día funciona una cosa menos, de manera que la degradación de la situación alcanza ya a todos los campos. Lo doloroso para los que creen en la Revolución es la constatación de un deterioro progresivo, que alcanza tanto a las personas, como a las máquinas y a los servicios. Y no deja de ser desmoralizador el convencimiento de que quizá hoy es mejor que mañana”. La economía nicaragüense dependía básicamente de las importaciones. Nicaragua no producía ni cristal, ni papel, ni metal y, por tanto, se vio altamente vulnerada por el bloqueo comercial estadounidense y por los ataques a objetivos económicos de carácter estratégico. Así lo expuso el famoso escritor paquistaní Salman Rushdie en un viaje que realizó a mediados de los ochenta invitado por la Asociación de Trabajadores Sandinistas de la Cultura (ATSC) (Rushdie, 1987: 37): “El economista Paul Oquist me describió su economía diciendo que tiene una cosa de todo: un puerto de gran calado, una renería petrolífera, un aeropuerto internacional. Los golpes quirúrgicos de la Contra y de los Estados Unidos tendrían pocas dicultades en paralizar el país”. El impacto de la guerra fue múltiple. A nivel político, tal como hemos expuesto anteriormente, polarizó posiciones y molestó a todos los sectores sociales, abriendo espacios de enfrentamiento antisistema. A nivel económico, golpeó las conquistas económicas que la Revolución había proyectado en sus inicios. Las políticas realizadas en el campo de los servicios sociales, de la salud y de la educación, la implementación de políticas económicas de expansión de la demanda, la realización de la reforma agraria y la promulgación
32) Referencia extraída de un artículo de Eduardo GALEANO: El País, s 24/10/1986. 33) Párrafo extraído de un artículo de VARGAS LLOSAA en La Vanguardia: 11/5/1985. Dicho escritor publicó once artículos sobre la realidad política nicaragüense en La Vanguardia, durante los meses de abril, mayo, junio y agosto de 1985.
192
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
de leyes sobre arrendamiento urbano, supusieron, durante los primeros años de la Revolución, la satisfacción de demandas de grandes colectivos a los que anteriormente nadie había atendido. Las políticas de desarrollo económico que el gobierno llevó a cabo en sus primeros años pusieron énfasis en la promoción de las necesidades básicas de la mayoría de la población (Williams, 1991: 188). Pero los objetivos y prioridades de las políticas de desarrollo cambiaron a lo largo del período revolucionario. Desde la insurrección hasta nales de 1980, el gobierno sandinista centró sus esfuerzos en la reorganización de la economía. Hasta nales de 1982 se realizaron grandes inversiones en proyectos para la construcción de infraestructura productiva y se intentaron sentar las bases de una posteriorr expansión económica. A partir de 1983, con el impacto de la “guerra de baja intensidad” y del bloqueo económico decretado por los Estados Unidos en 1985, se desbarataron buena parte de los ambiciosos proyectos anteriormente diseñados. La mayoría de los recursos económicos se orientaron para hacer frente a la Contrarrevolución. La guerra, en lo que atañe a la economía y a la producción, no solo signicó cuantiosas pérdidas, sino la suspensión de buena parte de los proyectos de desarrollo económico y social que el gobierno sandinista consideró prioritarios para el avance del proceso revolucionario. Henry Ruiz, miembro de la Dirección Nacional del FSLN y ministro de Cooperación Externa, indicó, en octubre de 1987, que la guerra y las sanciones impuestas por los Estados Unidos desde 1981 habían signicado pérdidas por un valor de 4.000 millones de dólares. De ese monto, 2.800 correspondían a daños directos e indirectos y los restantes los atribuía al lucro cesante y a ganancias que dejaron de producirse en ese período (Lozano, 1988: 297). Respecto a los recursos directos que se dedicaron a la defensa, en términos presupuestarios, el capítulo de gastos militares supuso, en 1985, un 34,1 % del total. Dos años más tarde se incrementó hasta el 46,3 %. En 1988, el porcentaje se elevó de nuevo hasta el 62 %. La guerra, pese a presentar una tendencia militar favorable al régimen sandinista, produjo una sangría económica imparable (González, 1992: 539). Después de ocho años de gobierno sandinista, el índice de la inación pasó del 70,3 %, en 1979, al 1.347,2 % en 1987. La deuda externa, en el mismo año, tenía un volumen casi cuatro veces mayor que el que se heredó del somocismo. El poder adquisitivo (tomando como índice los salarios reales con base 100 en 1980) era de 6,7 en 1987. En lo que se reere al Producto Interior Bruto, exceptuando los tres primeros años del proceso revolucionario, durante el resto del período registró índices negativos. Sin embargo, lo peor para la población aún estaba por llegar. Tal como veremos, el escenario económico del último bienio de la época sandinista,
193
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
1988-1989, fue el peor de la historia nicaragüense (34). Durante el año 1988 el crecimiento fue negativo (-10 % del PIB), el PIB per cápita descendió a 500 dólares, la deuda externa llegó a 7.220.100 de dólares, el salario real (tomando el año 1980 como 100) cayó a 3,6 y la inación marcó la cifra récord de 33.602 % —es decir, que cada martes y viernes subían los precios de lo poco que había para comprar. En otras palabras, a nales de la década de los ochenta la economía nicaragüense estaba desencajada, por no decir simplemente destruida (35). Las consecuencias sociales de la guerra y del descalabro económico fueron evidentes. El FSLN debió abandonar cualquier política económica destinada a un desarrollo que beneciara a las mayorías y tuvo que concentrarse en su misma supervivencia. En este sentido, César Jerez, el entonces rector de la Universidad Centroamericana de Managua, al referirse a la agresión y al acoso desarrollado por la Contra y los Estados Unidos, puntualizó (Jerez en Smith, 1993: 251): “La guerra fue de ‘baja intensidad’ solamente para los ciudadanos estadounidenses... En Nicaragua esta supuso una guerra total, a todos los niveles”. Frente a las importantes ofensivas de la Contra, el gobierno sandinista cambió de prioridades. A nivel interior, las Fuerzas Armadas adecuaron su estrategia militar, se redenió la organización del FSLN y de las Organizaciones de Masas, y se rediseñó la administración del Estado con el objetivo de combatir la agresión. También se convocó un proceso electoral en noviembre de 1984 (36) que, en un contexto de pluralismo, dio una clara mayoría al FSLN (37) y se inició un proceso constituyente que culminaría con la promulgación de una nueva Carta Magna en 1987 (38). A nivel externo, el gobierno sandinista reaccionó con una intensa actividad diplomática, tanto bilateral como en diversos foros y tribunales internacionales, en la que cabe destacar la importancia que tuvo la demanda, el 10 de mayo de 1984, 34) Sobre el contexto socioeconómico en que se desarrollaron los comicios de febrero de 1990 dirigirse a: VILAS, 1988: 261-262. 35) Los datos se han extraído de los cuadros elaborados en: STAHLER-SHOLK, 1991: 39. 36) En un contexto caracterizado por frágiles lealtades y alianzas, el FSLN recurrió más tempranamente de lo previsto a la convocatoria de elecciones. Con la convocatoria de un proceso electoral y la modicación de la institucionalidad vigente, el FSLN intentó, por un lado, canalizar las demandas de los partidos opositores y, por otro, otorgar al proyecto sandinista una nueva fuente de legitimidad más allá de la “originaria” basada en la insurrección. 37) Los resultados dieron al FSLN un 67 % de los votos válidos a su favor y la obtención de 61 de los 90 escaños de la Asamblea Nacional y la Presidencia del país (CSE, 1984). Para mayor información sobre el proceso electoral ver: GONZÁLEZ, 1992: 358-452; LASA, 1984; MARTÍ, 1997: 60-81. 38) Sobre el proceso constituyente y la naturaleza de la constitución promulgada en 1987 ver: ÁLVAREZ, 1996; VINTRÓ, 1987.
194
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Tabla 5.4. Costos de la guerra y de la agresión al Estado nicaragüense, 1980-1988 (En millones de dólares de Estados Unidos de 1988) Concepto -Total de daños Total daños económicos -Total de daños directos Daños materiales directos Pérdidas en materiales Ataques especícos Daños nancieros directos Restricción nanciera Embargo comercial Exceso de gastos en defensa y seguridad -Efectos adicionales en el PIB Por daños a la producción Por el embargo comercial Por restricciones nancieras -Total de daños sociales Daños en el desarrollo social (a) Violaciones a la soberanía (b) Daños morales (b)
1980-1982 754´8 386´3 180´2 87´2 35´9 0 93 93 0 0
1983-1985 6923´2 4018 2205´6 895´7 175´9 25´2 517´4 363´8 153´6 792´5
1986-1988 8565´0 4683´4 2646´6 1015´0 126´5 0 491´1 185´8 305´3 1140´5
Total 17845´9 9087´7 5032´4 1997´9 338´3 25´2 1101´5 642´6 458´9 1933´0
206´1 97´6 0 108´5 368´5 88´4 0 257´8
1812´4 1123 218´3 471´1 2905´2 938´2 0 1491´5
2036´8 1363´7 414´8 258´3 3881´6 1428´4 0 1819´9
4055´3 2584´3 633´1 837´9 7155´3 2500´0 1602´9 3569´2
(a) Costo estimado del regazo en los servicios sociales y en el nivel de vida del pueblo causado por la guerra y la agresión. (b) Costos basados en la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya contra los Estados Unidos, como costos que tenía que pagar la administración estadounidense por violar la soberanía nicaragüense de forma premeditada. Fuente: Ministerio de la Presidencia en Wheelock, 1990: 126.
contra la administración estadounidense en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que fue resuelta a favor del gobierno de Nicaragua. Pero si bien la estrategia de la Contra y de la administración Reagan fracasó en su pretensión de derrocar al régimen sandinista en la arena militar, el desgaste que sufrió el gobierno nicaragüense fue muy importante. A pesar de todo, el gobierno de Managua aún podía continuar técnicamente con la guerra, pero la economía de gue195
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
rra y sus efectos sobre la sociedad provocó el descontento en notables sectores de la población. A partir de esos momentos el FSLN vio que la estrategia negociadora era el único desenlace posible para su proyecto político, cada vez más agotado y sitiado.
LOS DILEMAS DE UNA REVOLUCIÓN ASEDIADA Orlando Núñez, miembro del CIERA y cuadro destacado del FSLN, expuso (Núñez et al., 1991: 418): “En aquellos momentos, el FSLN estaba entre dos fuegos: por un lado sus bases sociales pedían mano dura para con la derecha y la Contrarrevolución y, por otro, los sectores de la derecha, la base social de la Contra y la administración norteamericana exigían el desmantelamiento de la Revolución [...] El tiempo corría en contra de la Revolución que estaba prácticamente exhausta. La economía apenas palpitaba, el estrangulamiento norteamericano se agudizaba y los abastecimientos del bloque soviético mermaban a la velocidad de una hemorragia. La búsqueda de la paz parecía la única estrategia de supervivencia posible y a ella se aferró la Revolución, con sus últimas fuerzas y con todas sus consecuencias”.
Por otro lado, la Contra continuó manteniendo una cierta capacidad de iniciativa en el plano organizativo: en 1985 se refundó en una organización denominada Unión Nicaragüense Opositora (39) y, dos años más tarde, en una reunión en Miami se transformaría en la Resistencia Nicaragüense (RN). El objetivo de la “nueva organización” de la Contra era doble: iniciar contactos para establecer negociaciones con el gobierno de Managua y presionar militarmente (pues derrocarlo era imposible (40)) al régimen y agotar a la población.
39) Es preciso diferenciar esta organización de la coalición electoral que, con las mismas siglas, se presentó a los comicios de 1990. 40) Los combatientes de la Contra, a pesar de todo, solo percibieron este cambio estratégicoo llevado a cabo por su dirección cuando empezaron a escasear las municiones que en otros tiempos llegaban con puntualidad desde Honduras o por vía aérea. Y esto se hizo evidente cuando el día 5 de octubre de 1986 las tropas del EPS derribaron un avión con municiones destinadas a la Contra. El avión
196
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Estos hechos se enmarcaban en un escenario en el que los combatientes y la población civil de ambos bandos (contras y sandinistas) empezaban a sentir un desgaste creciente. Y esto fue lo que mostró una maestra cuando, en un cara al pueblo (41), preguntó al comandante Daniel Ortega una cuestión reveladora: “Presidente, usted nos prometió en noviembre de 1984 gallo pinto y dignidad. Voté por el FSLN. He comido durante seis años dignidad. ¿Dónde está el gallo pinto?”. Fue en 1987, en esa situación, cuando por primera vez el gobierno sandinista expresó públicamente su voluntad de negociar con la Contra. El discurso realizado hasta entonces por las autoridades sandinistas de que “La Contra no podía ser un interlocutor válido para el gobierno porque ni existía por sí misma ni tenía capacidad de decisión, y que esta solo era el brazo ejecutor de las decisiones que se adoptaban en Washington”, cambió.
LA IMPOSIBILIDAD DE UN DESENLACE MILITAR La negociación del “conicto de la Contra” suponía una difícil situación para las elites políticas de ambos bandos. A pesar de todo, dos años después, uno de los comandantes sandinistas, Luís Carrión, viceministro del Interior y responsable de la situación de las regiones en las que había guerra, expuso cuál era la situación real en la que se encontraban ambas partes: “Nosotros no podíamos tomar el control militar ni político de grandes zonas del campo en las que ellos [la Contra] tenían sólidas bases sociales... pero ellos, por su parte, tampoco podían avanzar. Para mí, en lo que a la guerra se reere, hubo un empate si la analizamos como un fenómeno global. Es decir, ellos no conseguían su propósito de derrocarnos. Derrotamos la voluntad de los yankees de destruirnos militarmente ya que la Contra no consiguió avanzar de un determinado territorio...Pero nosotros tampoco conseguimos extirpar la Contra de sus zonas de inuencia. Fuente: Carrión en Núñez et al., 1991 :411.
pertenecía a la compañía Southern Air Transportt de Miami y su propietario era un exagente de la CIA. El único superviviente fue Eugene Hasenfus, quien mantenía vínculos con funcionarios del National Security Council.l 41) Los cara al pueblo eran una especie de “consejos abiertos” que se realizaban periódicamente en los barrios y a los que acudían miembros del gobierno sandinista.
197
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
VI. DESENLACE
1. PACTOS, PAZ Y VOTOS
“Como estrellas hay en el cielo de Nicaragua y granos de arena en las costas de nuestra patria, días pasarán antes de que nos sentemos a negociar con la Contra”, sentenció, a inicios de 1987, el comandante Tomás Borge. Sin embargo, y a pesar de la retórica esgrimida por la administración sandinista desde inicios de la década de los ochenta (1), el 16 de septiembre de 1987 el directorio de la RN, reunido en Ciudad de Guatemala, acordó el nombramiento de su primera Comisión Negociadora para la apertura de negociaciones indirectas con el gobierno de Nicaragua.
1) A pesar de los planes inminentes de apertura de negociaciones con la RN, el 20 de septiembre de 1987, Daniel Ortega declaró en el periódico Nuevo Diario: “No dialogaremos con la Contra”. Asimismo, el comandante Bayardo Arce también expondría en el Barricada: “Sobran las voces demandando diálogo con la Contrarrevolución, pero para cerrar cualquier expectativa les decimos que no habrá negociaciones con la dirigencia contrarrevolucionaria” (11/10/87); “El FSLN ratica su decisión rme de no hablar directamente con la Contra”. Las negociaciones con la Contra se iniciaron de manera directa y pública en marzo de 1988.
199
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Pero con independencia de la retórica de uno y otro bando, desde el triunfo de la Revolución Sandinista se sucedieron iniciativas nacionales, regionales e internacionales para la búsqueda de espacios de negociación entre los diversos actores implicados en la crisis centroamericana con la pretensión de poner n a la espiral de violencia y agresión que afectaba a todos los países centroamericanos y, en particular, a El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Así, desde la declaración francomexicana sobre El Salvador en 1981, o las propuestas del Grupo de Contadora, pasando por una variedad de iniciativas de diversos actores políticos internacionales (2), hasta el Acuerdo de Esquipulas II, se sucedieron multitud de intentos de encontrar criterios aceptables para las diferentes partes implicadas, para avanzar hacia la resolución negociada de la “crisis”. No fue, sin embargo, hasta el 6 y 7 de agosto de 1987, con la segunda Cumbre Centroamericana de Presidentes celebrada en Esquipulas (Guatemala), cuando por primera vez los cinco gobernantes de la región sentaron criterios y posturas sólidas a partir de las cuales poder alcanzar la “pacicación” en la región, sin la intervención directa de actores extra-regionales. Las claves subyacentes a ese acuerdo (llamado ocialmente como “Procedimiento para Establecer una Paz Firme y Duradera en Centroamérica”, y posteriormente conocido como Esquipulas II) eran dos: el acelerado e insostenible deterioro de las condiciones materiales, sociales y políticas de los países del istmo, y la presión internacional en pos de la solución negociada de los conictos internos e intraregionales de América Central. En cuanto a la presión internacional, cabe exponer que, poco después del triunfo de la RPS en Nicaragua, de la ofensiva del FMLN y la constitución de la URNG, diversos países, incluidos los Estados Unidos, mantuvieron relaciones con los gobiernos de la región y, en especial, con el nicaragüense. El objetivo de las diferentes administraciones era condicionar la política interior y exterior de Nicaragua, ya que percibían que este país tenía un gobierno afín al cubano y, consiguientemente, alineado a las directrices del Bloque del Este (3). Posteriormente, en enero de 1983, se creó el Grupo de Contadora (patrocinado por las cancillerías de Panamá, Colombia, Venezuela y México) con el objetivo de
2) Entre ellos destacaron la Confederación de Partidos Políticos de América Latina (COPPAL), la Internacional Socialista, la Internacional Liberal, así como diversas asociaciones eclesiásticas y agrupaciones civiles implicadas. 3) Existe una abundante literatura que clasica la política exterior nicaragüense como subordinada a las pretensiones geoestratégicas de Cuba y la entonces Unión Soviética. En este sentido véase: ASHBY, 1987; CLEMENT, 1985; EDELMAN, 1985; LEIKEN, 1984; LEOGRANDE, 1983; US DEPARTMENT OF STATE, 1987; YOPO, 1987.
200
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
preservar la estabilidad política y la seguridad en la región centroamericana, así como para establecer un marco de convivencia y respeto entre los Estados Unidos y Nicaragua. A cambio, pedían a Nicaragua que no alentara ni ofreciera cobertura a los grupos guerrilleros de los países de la región. Así, en junio de 1986, el Grupo de Contadora redactó (4) la llamada Acta de Contadora (5), donde se establecían las condiciones para un equilibrio regional para Centroamérica. En términos prácticos, las negociaciones entre los países centroamericanos dentro de Contadora fueron útiles para denir las diversas responsabilidades en la crisis regional, según la perspectiva de cada país (6). En dicha dirección, las negociaciones fueron evolucionando desde una fórmula inicialmente favorable a la consolidación del régimen sandinista (por su insistencia en las cuestiones de seguridad estratégica) hasta propuestas que hacían incompatible la presencia de la revolución nicaragüense en la región (debido a ciertos requisitos institucionales). Efectivamente, con los procesos de “transición autoritaria hacia regímenes democráticos” (7) en El Salvador, Guatemala y Honduras, las discusiones de Contadora sirvieron para aislar al gobierno de Nicaragua, bajo el pretexto de que este tenía que “democratizarse”. En ese sentido, no fue menos paradójica (no tanto por el contenido sino por el emisor) la petición del gobierno de México a los sandinistas de que “el gobierno nicaragüense tendría que arriesgar su supervivencia en un marco electoral competitivo y democrático”. Con todo —y a pesar de que en esos momentos se dijo que “Contadora tenía más vidas que un gato”— dicha opción se agotó. Fue en ese contexto, caracterizado por la presión internacional en pos de una salida negociada, el empate de los
4) En el Acta de Contadoraa trazaban diversas directrices que tenían que asumir los países rmantes. Entre estas destacaban el apartado de política —donde exponía la necesidad de la celebración de elecciones libres, competitivas y observadas—; de seguridad —donde se denunciaba la existencia de ejércitos partidarios, y proponía ajustar el desarrollo militar en relación a la población y al PIB—; y de economía —donde se proponía reemprender los procesos de integración económica regional y el avance en la adopción de marcos legales comunes. Es importante señalar que a partir de 1985 se sumó a la iniciativa de Contadora el llamado Grupo de Apoyo (donde guraba Argentina, Brasil, Perú y Uruguay). 5) Existe abundante literatura sobre Contadora. Es este sentido véase: AGUILAR, 1988; ARONSON, 1987; FARER, 1985; KARL, 1987; PURCELL, 1985. También es interesante seguir los análisis de coyuntura realizados por el equipo del Instituto Histórico Centroamericano (IHCA) y publicados mensualmente en la revista Envío. 6) Utilizando el término acuñado por TORRES-RIVAS (1991b). 7) El proyecto de Esquipulas II también fue calicado como el “Plan Arias por la democracia en Centroamérica” debido a que la propuesta fue formulada por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias. Dicha propuesta y su gestión, posteriormente, le valdrían el Premio Nobel de la Paz.
201
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
conictos bélicos, y el agotamiento económico y social, cuando los cinco mandatarios centroamericanos rmaron, en la segunda Cumbre de Presidentes celebrada en agosto de 1987, el acuerdo regional de paz conocido como Esquipulas II (8). Y si bien dicho acuerdo fue valorado de forma diferente según los diversos actores —como “camisa de fuerza y traje a medida de los sandinistas” según un dirigente de la Contra (Morales Carazo, 1989: 250); como “triunfo sobre la política de Reagan” según uno de los responsables del gobierno sandinista en materia internacional (Tinoco, 1989: 36); o como “derrumbe negociado del gobierno nicaragüense” en palabras de un académico mexicano (Herrera, 1994: 67-72)—, es cierto que este signicó el punto de partida para la resolución negociada de la crisis centroamericana.
LOS ACUERDOS DE PAZ DE ESQUIPULAS II La centralidad de dichos acuerdos en el desenlace político de los conictos en la región era evidente. Así lo expuso, el 9 de septiembre de 1987, el entonces rector de la Universidad Centroamericana de San Salvador, Ignacio Ellacuría, en una conferencia: “Estos acuerdos de paz no tienen precedentes en la historia centroamericana. El Acuerdo de Esquipulas reeja una primera actitud de independencia nacional y de contradicción con el interés hegemónico de los Estados Unidos en Centroamérica [...] Dicho Acuerdo se centra en cinco compromisos simultáneos e inmediatos: 1) los compromisos simultáneos de amnistía; 2) el cese al fuego; 3) la democratización interna; 4) el cese de la ayuda a las fuerzas irregulares o insurreccionales y 5) la prohibición de utilizar el territorio nacional para agredir a otros Estados. Estos acuerdos, por consiguiente, solo tienen sentido en el marco regional y en la simultaneidad de su cumplimiento”. Fuente: Ellacuría en Tinoco, 1989: 29-41.
8) La atención del gobierno de Washington hacia la Contrarrevolución se mantuvo mientras el sandinismo estuvo en el poder. Una vez fuera del cargo, Elliot Abrams, el exsubsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, expuso que (The New York Timess en SOJO, 1991: 103): “La Resistencia fue el único mecanismo de presión que los sandinistas toman en serio. Sin la Contra, simplemente no hubieran existido sanciones efectivas a los sandinistas”.
202
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Así, Esquipulas II, además de demandar el cese del apoyo extrarregional a los grupos de oposición armada (en el caso de Nicaragua el cese del nanciamiento estadounidense de la Contra y el desalojo de sus campamentos ubicados en Honduras), suponía la obligación de los gobiernos de dar libertad a los presos políticos; el levantamiento del Estado de Sitio; el pleno restablecimiento de los derechos civiles y políticos; la apertura de negociaciones con la oposición armada para establecer el cese al fuego y conseguir la pacicación del país; el establecimiento de diálogo con todos los grupos políticos de oposición; y la convocatoria de procesos electorales de acuerdo con las disposiciones de los respectivos textos constitucionales. Para el seguimiento y garantía de dichos acuerdos los mismos presidentes establecieron un apretado calendario de cumbres presidenciales centroamericanas, como puede observarse en la tabla 6.1. Tabla 6.1. Cumbres centroamericanas, 1986-1989
(9)
Fechas 24-25 de mayo de 1986 6-7 de agosto de 1987 15-16 de enero de 1988
Lugar Esquipulas (Guatemala) Esquipulas (Guatemala) Alajuela (Costa Rica)
13-14 febrero de 1989
Costa del Sol (El Salvador)
5-7 agosto de 1989
Tela (Honduras)
10-12 diciembre de 1989
San Isidoro Coronado (ES)
Características Cumbre introductoria Cumbre Plan Arias Cumbre para la primera evaluación Cumbre para las elecciones de Nicaragua Cumbre para las elecciones de Nicaragua Cumbre de emergencia (ofensiva del FMLN)
De todos los países, el caso “más urgente” y “sensible”, desde la perspectiva de las autoridades internacionales, era el de Nicaragua. Por eso el gobierno sandinista fue el primero en aplicar los acuerdos desarrollando dos espacios de negociación: uno para hablar con la Contra (que en esos momentos se llamaba la RN) con el objetivo de nalizar el conicto armado, y el otro con los partidos opositores con el n de su inclusión en el proceso electoral previsto para 1990.
9) Posteriormente, desde abril de 1990 hasta diciembre de 1992, se sucedieron seis cumbres más (las llamadas cumbres pos-crisis) s que tendrían como eje central la discusión de proyectos de integración económica y política de la región.
203
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Para el primer ámbito de negociación, el gobierno abandonó su negativa a dialogar con la Contrarrevolución y entabló una serie de encuentros con el n de conseguir el cese al fuego y, posteriormente, su desmovilización. Así, el gobierno nicaragüense realizó negociaciones indirectas con la RN en Santo Domingo (en diciembre de 1987), y posteriormente, directas en San José (28 y 29 de enero de 1988), Ciudad de Guatemala (18 y 19 de febrero), Sapoá (28 y 29 de marzo y 6, 7, 8 y 14 de abril) y Managua, donde celebró cuatro rondas en el Hotel Camino Real entre abril y junio del mismo año. En cuanto al segundo espacio negociador, se creó la llamada Comisión de Reconciliación Nacional, donde se entablaron negociaciones con los partidos de la oposición (proceso que sería calicado como el Diálogo Nacional), cuya función era supervisar el cumplimiento de los acuerdos y acordar los términos en que se “liberalizaría” el régimen. Tal como declaró el jefe de inteligencia militar sandinista, Ricardo Wheelock: “la negociación era triple: militar con la Contra, política con los partidos en el Diálogo Nacional y de seguridad con los Estados Unidos” (Barricada, 19/4/1988). A nivel militar, Nicaragua fue el primer país rmante de Esquipulas II en lograr el acuerdo inicial de cese al fuego, llamado “Acuerdo de Sapoá para el Cese al Fuego Denitivo”. Pero a pesar de la rapidez con que llegó el primer acuerdo de cese al fuego con la RN, entre esa fecha y la campaña electoral de 1990 tanto el ejército sandinista como la Contra realizaron diversas acciones militares con el objetivo de enseñar a sus respectivos adversarios que la capacidad operativa de los “ejércitos” seguía intacta y de mostrar una posición de rmeza frente al proceso negociador. También fue en ese período cuando estallaron agrios conictos en el seno de la Contrarrevolución, observándose discrepancias de fondo entre la cúpula civil, la militar y el exilio, por un lado, y los cuadros medios de la estructura militar y la tropa, por otro, que conducirían a defenestraciones y purgas. El objetivo de los primeros era su proyección política para poderse hacer un hueco en espacios que se abrían, mientras que la del resto era la victoria militar y el cumplimiento de sus demandas. Pero en esa controversia estaba claro que, a partir de nales de 1987, la apuesta de la administración estadounidense —sin desatender la estrategia de presión militar a través de la presencia de la Contraa (10)— pasaba por otorgar mayor centralidad a la arena política civil.
10) En septiembre de 1988 se aprobó la ley de Autonomía Regional de los grupos étnicos de la Costa Atlántica. En octubre se modicó la ley de partidos políticos, tomándose en cuenta muchas de las iniciativas de los partidos opositores. En abril de 1989 se aprobó una nueva ley electoral, en la que se adoptaron distintas cuestiones como: la ampliación de garantías de competitividad, el acceso igualitario a los medios de comunicación, la aceptación de nanciamiento externo y la invitación de misiones de
204
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
En el plano político, siguiendo las directrices de Esquipulas II, el gobierno de Managua continuó el proceso negociador (en el marco del llamado Diálogo Nacional) con las fuerzas opositoras. A lo largo de dicho proceso se observó, como fenómeno revelador, que por primera vez desde 1979 todos los partidos legalizados (a excepción del Movimiento de Acción Popular-Marxista Leninista) constituyeron un frente común llamado el “Grupo de los 14”. A través de esta dinámica negociadora, en poco tiempo, la oposición obtendría una notable apertura de espacios políticos y la reforma de muchos aspectos de la legalidad vigente (11). El objetivo de los sandinistas era que después de su victoria electoral (pues estaban convencidos de que ganarían) la oposición y Washington aceptarían nalmente las instituciones que emanaban de la Constitución de 1987 (12). En este escenario también se acordó avanzar la fecha de la celebración de las elecciones de noviembre de 1990 a febrero del mismo año, como resultado de las negociaciones realizadas por la diplomacia sandinista en la Cumbre Centroamericana de presidentes celebrada en Costa del Sol (13). Esta circunstancia aceleró el proceso de articulación de las fuerzas políticas antisandinistas. En abril de 1989, los partidos opositores llegaron a un acuerdo para crear la coalición antisandinista llamada Unión Nacional Opositoraa (14) (UNO). Dicha coalición no fue ajena a la tradición de las alianzas tácticas de la derecha nicaragüense para enfrentarse política o electoralmente al FSLN. La UNO relevó de facto al Grupo de
observadores internacionales, y una ley de medios de comunicación social que ampliaba la garantía del acceso de los medios a las fuerzas de la oposición. Para mayor información véase: GONZÁLEZ, 1992: 523-593, donde se analiza y enumera de forma detallada los cambios realizados en la legislación nicaragüense en dicho período. 11) Sobre la cronología de los acuerdos (y desacuerdos) entre la oposición antisandinista y el gobierno, desarrollados a partir de 1987, dirigirse a: IBARRA, 1991: 108-129. 12) En ese encuentro los congresistas del Partido Demócrata de los Estados Unidos presionaron a la Comisión Negociadora del gobierno sandinista para que se avanzara el proceso electoral con el n de que las elecciones nicaragüenses no se solaparan con las de la renovación de la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos. Las razones que esgrimieron fue que de esta forma, una vez los sandinistas hubieran sido reelegidos, le sería más sencillo al Partido Demócrata presionar a la administración para el desmantelamiento de la Contra y oponerse a la renovación del embargo comercial. Los congresistas añadieron que “de todas formas los sandinistas ganarían fácilmente” ((VILAS, 1990a). 13) La UNO era una coalición electoral estructurada orgánicamente solamente a partir de un Consejo Político donde cada uno de los partidos que la componía tenía derecho a un voto y a un representante, independiente de su tamaño o representatividad. 14) Sin embargo, la no-integración en la coalición, o abandono posterior, de esta por parte de cuatro partidos del ala centrista del “Grupo de los 14”, le imprimió a la nueva alianza un carácter más derechista y subordinado a los intereses de la administración estadounidense y de la gran patronal ((FONT y GOMÀ, 1991: 33-34).
205
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
los 14 como principal instrumento político interno de la oposición antisandinistaa (15). El hecho de que la UNO estuviera ya presente como fuerza política unitaria en las rondas negociadoras del Diálogo Nacional celebradas en agosto de 1989, supuso la existencia de un acercamiento previo de posiciones entre los diversos componentes de la coalición. Todo ello, sin embargo, no logró disipar las discrepancias internas entre los socios. Discrepancias que saldrían a la luz en el proceso de elección del tandem presidencial, poniendo de relieve la heterogeneidad de intereses existentes en su seno. Con todo, la necesidad de una gura que aglutinara a la heterogénea coalición, que no tuviera vinculaciones directas con la Contrarrevolución, y que no despertara recelos ante la población nicaragüense, centró las miradas de los sectores menos radicales de la UNO en Violeta Chamorro, a quien la prensa internacional calicó rápidamente como la “Cory Aquino de Nicaragua”. El proceso de elección, en el seno del Consejo Político de la UNO, para la designación de la fórmula electoral, realizado el día 2 de septiembre de 1989, fue largo y conictivo. Pero los problemas y las discrepancias no solo se dieron en el seno de la oposición cívica y armada al sandinismo. En ese período, también el FSLN y su administración tuvieron que afrontar graves problemas derivados tanto de la precaria situación en que se encontraba la economía nicaragüense, como de la dicultad que suponía para la dirección del FSLN justicar la apertura de negociaciones con la demonizada Contra y las múltiples concesiones que iba haciendo a la “oposición burguesa”. Efectivamente, las medidas económicas de ajuste aplicadas por el gobierno sandinista a nales de los ochenta —calicadas de “draconianas” por la CEPAL y de “operación quirúrgica sin anestesia” por Xabier Gorostiaga, exasesor económico del gobierno sandinista—, si bien consiguieron reducir la inación de 33.000 % en 1988 a menos de 1.700 % en 1989, y reducir el décit scal de 25 % del PIB al 5 % en el mismo período, expulsaron a mucha gente de su puesto de trabajo, deterioraron notablemente los servicios públicos, redujeron la productividad y afectaron la liquidez de las economías familiares. Todo ello conllevó que, en ese período, el 35 % de la población estuviera desempleada o subempleada. A la vez que supusieron la disminución del consumo doméstico, la bancarrota de los campesinos con deudas pendientes, y el desplome del poder adquisitivo de los salarios. Todo ello, obviamente, empezó a incidir gravemente en la vida de miles de nicaragüenses: se multiplicaron las colas para obtener comida y combustible, empezaron a escasear
15) Apareció así, a nales de la década, el famoso paquete A.F.A. (iniciales que corresponden a arroz, frijoles y azúcar) que se otorgaba mensualmente a los trabajadores de las empresas estatales con el n de amortiguar la constante erosión del poder adquisitivo de sus salarios.
206
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
las medicinas en los hospitales y en los centros de salud, las escuelas se colapsaron, y se empezó a racionar ciertos productos de consumo básico (16). Realmente, la crisis y la guerra destrozaron buena parte de las medidas que mayor impacto habían tenido en la mejora de la situación de las capas populares urbanas. En esas circunstancias, las actitudes de prepotencia y ostentación de algunos dirigentes “del partido” o de altos cargos de la administración, irritaron a los colectivos populares que, durante tantos años, dieron a la Revolución lo mejor de sí mismos pensando siempre en un futuro mejor y más justo. Así, el enriquecimiento ilícito de ciertos dirigentes, la inoperante burocratización de los servicios sociales, las actitudes autoritarias de algunos jefes, la falta de textos escolares en las escuelas (en contraste con la abundancia de novelas, discursos y panetos de los líderes sandinistas), o las deciencias del servicio público de transportes (grácamente ejemplicado por los IFA repletos de gente, frente a los camionetonas con aire acondicionado de los comandantes), impactaron negativamente en la población, incluso en la más militante. Y todo ello en un período cada vez más cercano al proceso electoral, ante el cual los cuadros sandinistas no cesaban de repetir la necesidad de “aplazar las críticas” y de “cerrar las” frente al imperialismo. De esta forma, en esa coyuntura marcada por la profunda crisis económica y por la percepción de la incipiente “corporatización” del aparato partidario del FSLN, la decisión de organizar una campaña electoral festiva y con una generosa distribución de regalos (comportamientos e imágenes que en los años iniciales de la Revolución se habrían calicado de “burgueses” por parte de los miembros del FSLN) chocó con el ánimo de buena parte de la población (17). Y si bien es cierto que —tal como dijo Sergio Ramírez en una entrevista—, pese al duro ajuste implementado por la administración sandinista y las nefastas condiciones económicas de gran parte de la población nicaragüense a nales de la década no hubo Managuazo (18), sí existió una
16) Existe abundantes análisis de la campaña electoral de los comicios de 1990 debido a la amplia cobertura que esta tuvo en los medios de comunicación y entre la comunidad académica. Uno de los mejores informes es el realizado por la Comisión electoral de la Latin American Studies Association (1990). También destacan los análisis de coyuntura realizados desde las revistas Pensamiento Propio y Envío, así como el número monográco de Report on the Americas editado por NACLA (XXIV/1). 17) En comparación con el Caracazoo acaecido en 1989, dos días después de la implementación de un drástico plan de ajuste económico por parte del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. 18) Existen bastantes monografías que describen y analizan el proceso de apertura de las instituciones salvadoreñas en el marco del conicto bélico y de las negociaciones, entre estas destacaría: GRÉNIER, 1993; MARTÍNEZ, 1992; TULCHIN, 1992. También es necesario señalar la reexión escrita por Salvador SAMAYOA (2003), quien fue representante del FMLN en la comisión negociadora en 1992 y que entre 1992 y 1994 formó parte de la institución tripartita para el cumplimiento de los Acuerdos.
207
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
notable erosión del apoyo popular a la Revolución; y nalmente, el 25 de febrero de 1990 hubo Domingazo. En El Salvador, el proceso “negociador” y la supuesta “transición” a la democracia, o mejor dicho, de liberalización y apretura de las instituciones, siguió unos derroteros muy distintos a los de Nicaragua o Guatemala. Como se ha dicho en el capítulo anterior, desde 1979, en El Salvador el proceso político se vio encuadrado dentro de un escenario de guerra, y es en ese escenario bélico que se debe analizar el diseño de instituciones liberal-democráticas y su gradual transformación. Si bien inicialmente (a partir de la elección de la Asamblea Constituyente de 1982) dichas instituciones fueron un instrumento más de la “guerra de baja intensidad”, con el tiempo, y especialmente a raíz del conicto y la negociación con los insurgentes, se convirtieron en un instrumento para ofrecer espacios políticos antes insospechados, como la participación del FMLN en las elecciones de 1994. Esta última armación indica que en dicho país, a pesar de la retórica ocial de ambos bandos, también hubo diálogo y negociación entre las distintas partes. Lo que sí fue cierto, al igual que en Nicaragua, es que estas solo serían decisivas y relevantes desde el acuerdo de Esquipulas II y, sobre todo, a partir de dos acontecimientos cruciales: la ofensiva del FMLN, realizada en el mes de noviembre de 1989 sobre San Salvador, y la derrota electoral del FSLN a inicios del año siguiente. El desenlace nal de este tortuoso camino de doce años de guerra civil fue la rma de los Acuerdos de Paz de 1992, que el gobierno y la guerrilla suscribieron solemnemente en el castillo mexicano de Chapultepec (19). Desde la elección de la Asamblea Constituyente y la redacción de la Constitución de 1983, el régimen fue evolucionando a través de pactos sucesivos entre las distintas fuerzas políticas. En dicho proceso evolutivo de pactos pueden distinguirse dos dinámicas. La primera es la que daría cuerpo al “nuevo” sistema político, que respondía al progresivo entendimiento entre las fuerzas del statu quo (las Fuerzas Armadas y los partidos PDC, PCN y ARENA) para enterrar el viejo modelo autocrático y despótico que se desechó denitivamente con el golpe de estado de 1979. En esta dinámica destacan tres “pactos”: (1) el pacto, en 1980, entre el PDC
19) Existen bastantes monografías que describen y analizan el proceso de apertura de las instituciones salvadoreñas en el marco del conicto bélico y de las negociaciones, entre estas destacaría: GRÉNIER, 1993; MARTÍNEZ, 1992; TULCHIN, 1992. También es necesario señalar la reexión escrita por Salvador SAMAYOA (2003), quien fue representante del FMLN en la comisión negociadora en 1992 y que entre 1992 y 1994 formó parte de la institución tripartita para el cumplimiento de los Acuerdos.
208
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
y las Fuerzas Armadas, con el apoyo explícito de la administración estadounidense; (2) el denominado Pacto de Apaneca, en agosto de 1982, entre las formaciones políticas con representación parlamentaria (ARENA, PDC, PNC y PPS) para la constitución de un “gobierno de unidad nacional”, que debía durar hasta la aprobación de una nueva Constitución, y que supuso la lealtad de la extrema derecha (básicamente ARENA, fuertemente vinculada con los grupos paramilitares) a la institucionalidad naciente; y (3) la aprobación de la nueva Constitución, en 1983, que supuso la culminación del nuevo régimen, que si bien tenía como objetivo principal la defensa de los poderes fácticos y el aislamiento de la insurgencia, también comportó la conguración de unas instituciones basadas en el pluralismo político, en los partidos y la “consagración” del principio de división de poderes (Montobbio, 1998: 329-331). Si bien estos pactos condujeron a la adquisición de un hábito pactista que hasta entonces no se había visto en El Salvador, es preciso exponer que sus protagonistas fueron solamente los representantes de las elites, y que hubo la voluntad de excluir —y de combatir en el campo de batalla— a los que pretendían una transformación profunda de la realidad social, política y económica del país. Es por esta razón que el régimen que en esos momentos estaba naciendo en El Salvador no puede calicarse de “democracia”, sino —como bastantes teóricos han expuesto (Karl, 1989)— de democradura. Es decir, de un régimen que realizaba periódicamente elecciones restringidas (calicadas por muchos politólogos como “elecciones de demostración”) para legitimarse frente a la comunidad pero que no respetaba los derechos elementales de los ciudadanos. Un ejemplo de ello lo constituyen las elecciones fundacionales de 1982 y que supusieron la conformación de una asamblea de carácter constituyente, en las que solo participaron las fuerzas “reformistas” de la Democracia Cristiana, la extrema derecha (ARENA) y el conservadurismo militar (PCN). Mientras, la postura de la izquierda, agrupada en la plataforma FDR-FMLN, fue la abstención y la lucha insurgente. Con todo, en el transcurso de las elecciones celebradas durante la década de los ochenta se pudo ver acaso el cambio de hegemonía y de dirección del proceso desde la Democracia Cristiana, de vocación reformista y abanderada de la opción “modernizadora” que patrocinaba la administración estadounidense, hacia el liderazgo de la extrema derecha (ARENA) de inspiración oligárquica y reaccionaria. Y es que la debilidad de la propuesta reformista, su incapacidad para controlar al ejército y a los paramilitares, la continua ofensiva de la guerrilla y la feroz campaña de las fuerzas más reaccionarias, acabaron por hundir dicha opción. Posteriormente, las disputas internas en el PDC y la corrupción de algunos de sus cuadros acabaron por dar la victoria legislativa, en 1988, a la “derecha dura”. Un año más tarde, el 209
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
candidato de ARENA, Alfredo Cristiani, fue elegido presidente de la República con un 53,8 % de los votos (Karl, 1988, 1990). Fue en ese contexto en el que se irían sucediendo intentos de diálogo entre el gobierno y la insurgencia. Así, la primera ronda de negociaciones, denominada ciclo de La Palma, se inició con la llegada de Napoleón Duarte a la Presidencia, en 1984, el cual anunciaría la ronda de negociaciones por sorpresa en la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada el 8 de octubre de ese mismo año. A raíz de este anuncio, el FMLN y el gobierno iniciaron un diálogo durante los meses de octubre y noviembre de 1984 en las poblaciones salvadoreñas de La Palma y Ayagualo. El otro ciclo de negociaciones se inició a raíz de la rma de los acuerdos de Esquipulas II y se materializaría en las reuniones mantenidas en la sede la Nunciatura Apostólica de San Salvador, los días 4 y 5 de octubre de 1987, y en Caracas, el 21 y 23 del mismo mes, auque la última de las reuniones previstas fue suspendida por parte del FMLN como protesta por el asesinato del dirigente de la Comisión de los Derechos Humanos, Herbert Anaya, el día 26 de octubre del mismo año. Posteriormente, con la victoria presidencial de ARENA, en 1989, se inició el denominado ciclo de México, que tendría lugar en la capital de dicho país, los días 13, 14 y 15 de septiembre, y en San José, del 16 al 18 de octubre, y que también se interrumpió a raíz del atentado que hubo en la sede del sindicato salvadoreño FENASTRAS. En ese momento parecía que la situación estaba bloqueada. Pero las cosas cambiaron rápidamente. En el período que fue de noviembre de 1989 hasta febrero de 1990, tendrían lugar unos hechos centrales para la posterior “resolución” del conicto. Fueron la contundente ofensiva del FMLN sobre San Salvador, que se inició el 11 de noviembre, el asesinato de los jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA) y la derrota electoral del FSLN en Nicaragua. La extensa e inesperada ofensiva de la guerrilla sobre la capital demostró a las Fuerzas Armadas, al gobierno y a la oligarquía, que la capacidad ofensiva del FMLN era mayor a la estimada y que, si bien la guerrilla no podía ganar la guerra, sí que tenía todavía la capacidad de paralizar la capital del país, podía pasearse por las zonas residenciales (en medio de las colonias Escalón y La Mascota) y ocupar buena parte de los lugares estratégicos. La facilidad con la que los guerrilleros se movieron por la capital y la capacidad que tuvieron para mantener “fuera de juego” a los militares durante varios días, representaron una humillación para el ejército y el gobierno salvadoreños. Ante este trance, el gobierno de El Salvador decidió bombardear los barrios populares de San Salvador para desplazar a los guerrilleros hacia los barrios re210
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Tabla 6.2. Elecciones legislativas anteriores a los Acuerdos de Paz (Resultados en porcentajes)
ARENA PDC PCN CD Otros Total
1982 29,5 40,1 19,2 11,2 100
1985 29,7 52,1 8,4 9,9 100
1988 48,1 28,1 8,5 8,0 100
1991 44,3 28 9 12,2 6,5 100
Fuente: Tribunal Supremo Electoral de El Salvador; página web. Tabla 6.3. Elecciones presidenciales anteriores a los Acuerdos de Paz: 1984 y 1989 (Resultados en porcentajes) Elecciones de 1984 Partidos
Candidatos
% del sufragio
ARENA PDC PCN Otros Total votos válidos Votos blancos y nulos
Robeto D’Aubuisson José Napoleón Duarte José F. Guerrero -
29,8 43,4 19,3 6,6 89,2 10,8
Elecciones de1989 Partidos ARENA PDC PCN Otros Total votos válidos Votos blancos y nulos
Candidatos Alfredo Cristiani Fidel Chávez Mena Rafael Morán
% del sufragio 53,8 36,5 4,1 5,6 93,6 5,1
Fuente: Tribunal Supremo Electoral de El Salvador; página web. 211
2ª vuelta, % del sufragio 46,40 53,8
88,3 11,7
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
sidenciales del noreste, antes de que estos se marcharan ordenadamente hacia sus campamentos instalados en los volcanes que rodean la capital. Obviamente, la acción del FMLN fue temeraria en lo que respecta al coste humano de la operación (perdió unos 400 combatientes) y por el peligro que supuso exponer abiertamente la red clandestina de la capital. Pero todo parece indicar que el FMLN se arriesgó en el momento oportuno y ganó la partida al gobierno: demostró que la guerrilla podía moverse por el centro neurálgico de la capital, ocupando durante toda una semana el Hotel Hilton, y que, a pesar del ejército, de los paramilitares y sus masacres, no podía pacicarse el país por la vía de la represión. Pero no fue solamente la ofensiva del FMLN lo que “desencalló” las negociaciones. La forma en la que se comportaron la extrema derecha, el gobierno y el ejército, en esos momentos, hizo reaccionar a la comunidad internacional. El asesinato, perpetrado por unidades especiales de las Fuerzas Armadas, y con el consentimiento del ejecutivo, del equipo directivo de la UCA, con Ignacio Ellacuría al frente, mostró a toda la comunidad internacional la naturaleza represiva del régimen y la locura de los cuerpos de seguridad. Estos hechos fueron el detonante para que la comunidad internacional, incluida la administración de Washington, mostrara su indignación, pidiendo responsabilidades aun sabiendo que altos miembros del ejército y del gobierno estaban implicados en el asesinato de los jesuitas de la UCA. Fue un punto de inexión respecto a la siempre tolerada impunidad de los mandatarios salvadoreños. Por otro lado, la derrota electoral de los sandinistas dejó sin ningún interlocutor aliado al FMLN en las cumbres centroamericanas, a la vez que todas las administraciones del istmo se alineaban con la administración estadounidense. Frente a esta nueva situación parecía que la resolución negociada del conicto de El Salvador se convertía en la única solución posible. Pero no fueron solamente los acontecimientos bélicos los que condujeron a las elites económicas salvadoreñas hacia el ámbito de la negociación, sino que también es preciso tener en cuenta que durante toda la década de los ochenta, los sectores más modernizadores de la elite económica, ligados a las actividades comerciales e industriales, desplazaron de las cúpulas de las organizaciones patronales a los sectores más reaccionarios y oligárquicos y, por otro lado, socavaron el espacio político de los políticos democratacristianos que siempre fueron vistos con recelo. Esta “renovación” de la elite, vinculada directamente a las mutaciones económicas y sociales producidas por la guerra, cambió el equilibrio de fuerzas dentro del “bloque de poder” tradicional. Esta conguración fue el resultado tanto del ascenso de nuevos sectores, menos ligados a los intereses agrarios, como del exilio de las facciones más tradicionales que temían las amenazas de la guerrilla. Así, el 212
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
relevo generacional, la creación de un marco institucional vinculado a las políticas contrainsurgentes, y la posibilidad de ganar el poder mediante unos comicios técnicamente limpios contribuyeron a que la derecha aceptara la “vía electoral”. En otras palabras: este colectivo, históricamente adverso a las instituciones liberal-democráticas, percibió por primera vez desde su existencia que las elecciones podían ser un instrumento útil para defender y consolidar sus intereses (20). En esta coyuntura, el tiempo corría en contra de la opción insurgente: las escasas perspectivas respecto a futuras fuentes de nanciación y a la provisión de armamento en un marco internacional hostil, y la progresiva dicultad de reclutar efectivos en un paisaje dominado por el agotamiento, fueron factores que condujeron a los dirigentes del FMLN a una solución negociada. A pesar de la persistencia de las acciones bélicas entre la guerrilla y el ejército, en Nueva York, el secretario general de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, anunció el 7 de octubre de 1991 que, tras varias negociaciones, las dos partes habían llegado a un acuerdo sobre los mecanismos para instaurar la paz, así como sobre los medios para iniciar la desmilitarización. Cada uno de ellos había hecho concesiones (Karl, 1992). Para llevar a término estos acuerdos se creó un órgano plural, la Comisión para la Consolidación de la Paz (COPAZ), que tenía la función de supervisar y controlar los acuerdos políticos que se fueran rmando. La Comisión debía elaborar los anteproyectos de ley para poner en marcha los acuerdos, y podía consultar y apelar al Secretario General de las Naciones Unidas respecto a los resultados obtenidos. La composición de COPAZ era plural: en ella había dos representantes del gobierno, uno de ellos militar, dos del FMLN, uno por cada partido presente en la Asamblea Legislativa y, en calidad de observadores, el arzobispo de San Salvador y un delegado de la misión de Naciones Unidas. El FMLN ya no exigía la disolución del ejército ni la fusión de las dos tropas; el gobierno tampoco pedía el desmantelamiento inmediato de la guerrilla, a tiempo que aceptaba que los rebeldes se integrasen en una nueva policía. Los acuerdos se referían principalmente al futuro del ejército y de los cuerpos de seguridad, con la intención de reducir los efectivos, depurarlos y evaluarlos, reformar su doctrina y 20) Sobre el proceso de mutación de las elites económicas salvadoreñas y su progresiva aceptación (y adaptación) a un régimen democrático es preciso dirigirse al trabajo de Ana Sofía CARDENAL (2002), en el que se analiza la transición hacia la democracia en El Salvador desde una perspectiva eminentemente estructural, vinculando el cambio de régimen con las transformaciones económicas y sociales que acontecieron en el país en la década de los ochenta. Estas transformaciones, según la autora, transportaron a El Salvador de una economía agraria a otra más compleja basada en el comercio y los servicios y, con ello, redujeron los costes para la elite económica de aceptar una democracia pactada.
213
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
su formación, y crear un cuerpo de policía nuevo, la Policía Nacional Civil, reclutada sobre una base plural y no discriminatoria, para sustituir a las antiguas Policía de Hacienda y Guardia Nacional. En lo referente al capítulo económico, los acuerdos también abordaron el problema de la tierra: se preveía respetar el estado de régimen agrario en las zonas ocupadas por el FMLN, beneciando a su base social, así como las propiedades mayores de 245 hectáreas, como defendía la oligarquía. También se creó un espacio para discutir políticas económicas, el Consejo de Concertación Económica, en el que participaban representantes del gobierno, de la patronal y de los sindicatos. Finalmente, en un anexo se enumeraron los puntos que quedaban por negociar, entre los que destacaban cómo proceder para poner n a las hostilidades y el establecimiento de garantías para la reintegración de los miembros del FMLN en la vida civil (Cardenal y Sanahuja, 1998). Finalmente, el día 16 de enero de 1992, se rmaron los Acuerdos de Paz. Ese día, la comandancia del FMLN dio carta de ciudadanía a un régimen representativo que fue diseñado para arrinconarlos (21). Estuvieron presentes diez jefes de estado y de gobierno y muchos miembros de gobiernos extrarregionales. El entonces Secretario General de Naciones Unidas, Boutros Ghali, expuso que aquel día se ponía n a la larga noche de El Salvador. El primero de febrero de aquel mismo año se inició el alto al fuego. A partir de esa fecha, el FMLN se fue desmovilizando en fracciones del 20 % de sus efectivos, a lo largo de un período de nueve meses, bajo los auspicios de Naciones Unidas, y en un año el ejército se redujo a la mitad. También se abolió el sistema de reclutamiento forzado que fue sustituido por un servicio militar obligatorio universal de conscripción al azar. Se disolvieron los cuerpos paramilitares, los batallones de intervención irregular del ejército (BIRI) y los servicios de inteligencia. Finalmente, se estableció una nueva Policía Nacional Civil (PNC) en la que se incorporaron los antiguos miembros de la Policía de Hacienda y del FMLN en partes iguales. En la rma de los Acuerdos, el comandante guerrillero Shak Nadal dijo, en nombre del FMLN, que el conicto salvadoreño había terminado “sin vencedores ni vencidos”. Aún así, las Fuerzas Armadas no se disolvieron, el marco constitucional fruto de la estrategia contrainsurgente continuó vigente y la estructura social y económica se mantuvo casi intacta (Spence, Vickers et al., 1994). A pesar de ello, la participación abierta del FMLN como fuerza política en las elecciones Presiden-
21) Son muchas la obras que analizan con detalle el proceso negociador, entre ellas destacaríamos el texto elaborado por uno de los negociadores una década después de los acontecimientos: MAYORGA, 2003.
214
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
ciales y Legislativas de 1994, denominadas “las elecciones del siglo”, representó el inicio de una nueva dinámica en el sistema político de El Salvador. En cuanto a Guatemala, las elecciones y las negociaciones nunca supusieron una cesión real de poder por parte del statu quo, como manifestó el ejército con motivo de unas jornadas denominadas Foro del Ejército, que tuvieron lugar en el mes de agosto de 1987: “En Guatemala estamos invirtiendo completamente las teorías de Clausewitz, aquí la política es la continuación de la guerra por otros medios”. Efectivamente, si bien en teoría los partidos y la clase política podían haber jugado un rol importante en el período de “transición” hacia un régimen liberaldemocrático, que fue dirigido por la administración democristiana de Vinicio Cerezo, en la práctica estos estuvieron subordinados al ejército y aceptaron un papel subalterno y estéril. La incapacidad —y la imposibilidad de abrirse espacios— de los partidos fue tal que muchos teóricos han calicado el régimen que transcurrió de 1985 hasta la rma de los Acuerdos de Paz en 1996 como el modelo prototípico de “pluralismo reaccionario” y de “Estado contrainsurgente”. Así, las elecciones presidenciales y legislativas celebradas en los años 1985, 1990 y 1995, no fueron —como proclamaba siempre la embajada estadounidense— “el último paso de la restauración de la democracia”, ya que durante todos esos años persistieron las ejecuciones ilegales, las desapariciones y las prácticas coercitivas (Sieder et al., 1995). Bajo el gobierno democristiano, por ejemplo, se llevaron a cabo unas 5.000 muertes violentas (y principalmente extrajudiciales) y unas 500 desapariciones. En estas condiciones de inseguridad no es casual que los refugiados no quisieran volver a sus hogares. En diciembre de 1990, el ejército todavía realizaba masacres, como el asesinato de trece habitantes de Santiago Atitlán a raíz de unas demandas que no tenían relación alguna con la lucha insurgente. Aún así, a partir 1985 se celebraron elecciones legislativas y presidenciales de forma periódica. Inicialmente la convocatoria de elecciones para la creación de una Asamblea Constituyente, en 1984, y la celebración de elecciones legislativas y presidenciales al año siguiente, hicieron pensar a muchos colectivos en una posible apertura del régimen y, con ella, apareció en muchos sectores no ocialistas un cierto optimismo en relación al respeto de los derechos humanos. Precisamente por esto, en este contexto emergieron unos movimientos sociales que representaban agrupaciones indígenas, como el CUC, de hijas y esposas de desaparecidos, como CONAVIGUA o GAM, y de desplazados, como el CONDEG. Pero pronto se observó que el “sector duro” de las Fuerzas Armadas era demasiado fuerte como para abandonar el control de los espacios políticos que había conquistado durante las tres décadas de régimen autoritario. 215
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Tabla 6.4. Elecciones legislativas anteriores a los Acuerdos de Paz en Guatemala (Resultados en porcentajes) Partido DCG UCN PDCN MLN/PID MAS PAN PID/FUN/FRG FRG MLN FDNG UCN/DCG/PSD Otros Total
1985 34,7 20,6 13,6 15,3
15,8 100
1990 17,3 22,4
1994 12,1 8,9
1995
14,1 14,6 13,5
25,3
41,7
32,2 4,4
10,3 0,9 5,4 7,9 33,8 100
18,1 100
14 100
El primer elemento indicativo de la escasa voluntad de llevar a cabo ningún cambio sustancial fue la legalización en el texto de la Constitución de 1985 de todas las instituciones contrainsurgentes creadas durante los años anteriores. Al mismo tiempo, la nueva gura jurídica de la Procuraduría de los Derechos Humanos fracasó en la pretensión de investigar hasta el nal los abusos del ejército y se resignó a aceptar la amnistía general otorgada a los militares justo antes de que estos dejasen el poder, con la excusa de que, como señaló el mismo presidente de la República: “Si las investigaciones se hicieran debidamente se tendría que encarcelar a todo el ejército” (Jonas, 1994). Quedó claro entonces, que a pesar del “tránsito” hacia un régimen “civil”, todas las estructuras militares —y paramilitares— eran aún intocables. Y no solo intocables, sino que incluso permanecieron activas durante la administración democristiana de Vinicio Cerezo, pues las violaciones de los derechos humanos continuaron. A decir verdad, hasta la década de los noventa los asesinatos realizados por el ejército y los paramilitares continuaron siendo una práctica ordinaria. El único cambio relevante a partir de la década de los noventa fue que los crímenes dejaron de ser masivos para pasar a ser selectivos: los activistas de base continuaron siendo eliminados con el objetivo de extender el miedo e imposibilitar la organización popular. 216
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Tabla 6.5. Elecciones presidenciales anteriores a los Acuerdos de Paz en Guatemala (Resultados en porcentajes) 1ª vuelta el 3 de noviembre de 1985, 2ª vuelta el 8 de diciembre del mismo año Partidos UCN DCG PDCN/PR MLN/PID Otros Votos válidos
Candidatos Jorge Carpio Vinicio Cerezo Jorge Serrano Mario Sandoval
% sufragio 1ª v. 20,2% 38,6% 13,8% 12,6% 14,8% 1.679.000
% sufragio 2ª v. 31,6% 68,4%
1.657.823
1ª vuelta el 11 de noviembre de 1990, 2ª vuelta el 6 de enero de 1991 Partidos PAN UCN DCG MAS MLN/FAN Otros Votos válidos
Candidatos Álvaro Arzú Jorge Carpio Alfonso Cabrera Jorge Serrano Luis Sosa
% sufragio 1ª v. 17,3% 25,7% 17,5% 24,1 4,8% 9,9% 1.554.231
% sufragio 2ª v. 31,9% 68,1%
1.275.396
1ª vuelta el 12 de noviembre de 1995, 2ª vuelta el 7 de enero de 1996 Partidos PAN FRG UCN/DCG/PSD FDNG Otros Votos válidos
Candidatos Álvaro Arzú Alfonso Portillo Fernando Andrade Jorge González
% sufragio 1ª v. 36,5% 22,0% 12,9% 7,7% 21,3% 1.548.864
% sufragio 2ª v. 51,2% 48,8%
1.310.758
Así, en 1989, muchas organizaciones internacionales señalaron nuevamente al Estado de Guatemala como el peor violador de los derechos humanos del continente. Poco después, en diciembre de 1992, el enviado especial de Nacio217
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
nes Unidas, Christian Tomuschat, informó que “El conicto armado presente en Guatemala todavía continúa. Es por eso que las Fuerzas Armadas son la única autoridad que tiene presencia en la mayor parte del territorio nacional, especialmente en las áreas rurales”. En esta coyuntura, la reconstrucción de la insurgencia, a nales de los años ochenta e inicios de los noventa, basó sus demandas en la consecución de unas instituciones más permeables y menos militarizadas, y por el respeto de los derechos humanos. Aún así, el Ejército continuaba bloqueando la posibilidad de que el gobierno dialogase directamente con la guerrilla mientras esta no entregase las armas. Para esquivar esta “prohibición” el gobierno de Cerezo elaboró encuentros entre la URNG y la Comisión Nacional de Reconciliación. De este modo se sucedieron los encuentros de Madrid (agosto de 1988), de Oslo (marzo de 1990), de Ottawa (agosto del mismo año) y de Quito (septiembre del mismo año). Fue en estas últimas cumbres cuando los interlocutores resolvieron la elaboración de un “acuerdo marco para la búsqueda de la paz por medios políticos”. Pero la fuerza de la URNG nunca tuvo la entidad de la insurgencia salvadoreña. La izquierda en Guatemala, agrupada en la coordinadora guerrillera URNG y amplicada en los movimientos populares, siempre fue a remolque de las iniciativas “pacicadoras” regionales. Fue gracias a la voluntad de las Organizaciones Internacionales, especialmente Naciones Unidas y las ONG de derechos humanos, que la insurgencia guatemalteca accedió a negociar con el gobierno. Y no fue hasta el 12 de diciembre de 1996, con la rma de los Acuerdos de Paz, cuando se puso n al conicto armado más antiguo de América Latina. 2. LA DERROTA SANDINISTA Y LA VICTORIA NEOLIBERAL
A las seis de la mañana del 26 de febrero, Daniel Ortega, el candidato a la presidencia del FSLN, expuso la tendencia que ofrecían los resultados electorales sobre la base de un escrutinio del 50 % de los votos. Al mediodía, el Consejo Supremo Electoral dio a conocer su último informe: sobre un total de 1.101.397 votos, el 54 % correspondían a la coalición opositora de la UNO y el 44 % al FSLN. Faltaba el recuento de unos 500.000 sufragios y las tendencias observadas eran irreversibles. El resultado electoral sorprendió tanto a los analistas y observadores internacionales como a las fuerzas políticas que concurrieron en los comicios. La mayoría de las previsiones y encuestas electorales realizadas durante el año anterior otorgaron una notable ventaja a los sandinistas. Los meses anteriores a las elecciones, varios estudiosos de asuntos interamericanos plantearon en diversas editoriales de 218
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
periódicos norteamericanos (como el Boston Globe, el Miami Herald d o el New York Times) que la administración Bush tendría que replantearse las relaciones con Nicaragua después del desenlace electoral en que, supuestamente, los sandinistas resultarían vencedores. La derrota electoral de los sandinistas por una diferencia de casi 14 puntos fue inesperada, y así lo expuso el candidato sandinista a la vicepresidencia (Ramírez, 1991: 29-32): “Por muchas que fueran las dicultades provocadas por la guerra, las limitaciones, las penumbras, la inseguridad de la población..., creímos que los votantes no darían nunca la espalda al Frente Sandinista. Era una convicción intelectual y sentimental. La Revolución había echado raíces sucientes como para no ser disminuida en unas elecciones. Por eso no teníamos planes alternativos frente a la derrota, ni contemplábamos la posibilidad de perder en unos comicios...”. Otra cuestión es que después muchos analistas expusieron abiertamente que el desenlace era perfectamente previsible: a posteriori todo el mundo acierta. Se trataba de los “profetas del 26 de febrero”.
LOS PROFETAS DEL 26 DE FEBRERO Inmediatamente después del derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza, el 19 de julio de 1979, se acuñó en Nicaragua una expresión, entre jocosa e irónica, de los sandinistas del 20 de julio. Ella hacía referencia burlona a las personas que optaron por sumarse al sandinismo cuando ya estaba claro quién había ganado y quién había perdido en la lucha insurreccional [...] Con las elecciones del 25 de febrero ocurrió algo equivalente, y los medios de comunicación de América Latina se vieron progresivamente poblados por las contribuciones a una explicación de la derrota sandinista, formuladas por los que llamo los profetas del 26 de febrero... Es decir, una catarata creciente de denuncias a las limitaciones, ambigüedades, pequeñeces, debilidades personales, comportamientos corruptos, de la Revolución y sus dirigentes... ahora que también sabemos quiénes ganaron y quiénes perdieron... Vilas, Barricada: 24/4/1990
219
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Si bien en este trabajo no nos corresponde analizar los resultados electorales del 25 de febrero, debido a la abundante literatura que generaron (22), es necesario señalar cuatro elementos, a partir de los cuales cabe enmarcar la erosión del voto sandinista: (1) la situación de profunda crisis económica fruto del enfrentamiento militar y de los —no pocos— errores en política económica ejecutados por la administración sandinista; (2) la permanencia del conicto bélico; (3) el impacto de las políticas de ajuste sobre amplios colectivos de la población; y (4) el comportamiento prepotente de ciertos dirigentes sandinistas, así como la reaparición de dinámicas clientelares que irritaron a los ciudadanos. De resultas de las elecciones la Presidencia correspondió a Violeta Barrios de Chamorro y la vicepresidencia al político liberal Virgilio Godoy. En lo que respecta a la Asamblea Nacional, la proporcionalidad del sistema electoral hizo que la cámara legislativa reejara de forma dedigna los resultados de las urnas: la coalición de partidos que concurrieron bajo las siglas de la UNO consiguió amplia mayoría (con 51 escaños sobre 92) y el FSLN 39. Del resto de los partidos solo dos, el Movimiento de Unidad Revolucionaria (MUR) y el Partido Social Cristiano (PSC), lograron colocar un escaño en la Asamblea. Tabla 6.6. Resultados de las elecciones presidenciales y legislativas de 1990
Partidos UNO FSLN MUR PSC PRT MAP-ML PSOC PUCA PCDN PLIUN Total
Presidenciales Votos 777.552 579.886 16.751 11.136 8.950 8.160 5.843 5.165 4.500 3.151 1.429.034
Presidenciales Porcentajes 54´7 40´8 1´2 0´8 0´6 0´6 0´4 0´4 0´3 0´3 100
Legislativas Votos 764.748 579.673 13.995 22.218 10.586 7.643 6.299 5.565 4.683 3.515 1.411.925
Legislativas Porcentajes 53´9 40´9 1 1´6 0´7 0´5 0´4 0´4 0´3 0´2 100
Fuente: Consejo Supremo Electoral,1990. 22) Existen muchos trabajos que pretenden dar respuesta a la inesperada derrota electoral del FSLN, entre ellos cabe destacar los siguientes: DORE & WEEKS, 1991; DUNKERLEY, 1992; FONT y GOMÀ, 1991; LASA, 1990; NOHLEN y LÓPEZ-PINTOR, 1994; ROITMAN y ZILUAGA, 1990; VICKERS, 1991; VILAS, 1990a.
220
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
En cuanto a la geografía electoral, en toda Nicaragua hubo una clara diferencia entre el voto rural, mayoritariamente pro-UNO, y el urbano, más prosandinista. A la vez, sin embargo, cabe diferenciar claramente las regiones del Pacíco, Las Segovias y Río San Juan, donde las dos opciones políticas tuvieron un resultado apretado; y las regiones del Centro y el Atlántico, que habían sido escenario de la guerra, donde la coalición anti-sandinista se impuso abrumadoramente. Los comicios de febrero tuvieron cuatro consecuencias inmediatas para el futuro de la política nicaragüense: fortalecieron el pluralismo en Nicaragua; encauzaron la actividad política en el marco ofrecido por unas reglas del juego establecidas en la Constitución de 1987; modicaron la correlación de fuerzas en el plano político, social y económico; y, nalmente, resituaron los actores políticos en relación a su capacidad de control de los resortes del Estado De dicho escenario emergieron nuevos retos, entre los que destacaban la consolidación del marco institucional en el que canalizar la vida política y nalizar el conicto bélico iniciado a principios de la década de los ochenta, a los que tendrían que hacer frente los diferentes actores políticos. Pero dicha coyuntura suponía, a la vez, que dichos actores tendrían que actuar según métodos, perspectivas y estilos diferentes a los hasta entonces utilizados. El instrumento político central de la nueva etapa tendría que ser el pacto, y este conllevaba un cambio substancial en las actitudes hasta entonces empleadas. Utilizando los conceptos generados por la literatura que se ha dedicado a analizar los procesos de cambio de gobierno y de régimen en el marco de elecciones competitivas, el proceso electoral nicaragüense ofreció un claro ejemplo de “pacto institucional” a partir del cual los diferentes actores establecieron acuerdos, reglas de juego y garantías sucientes como para concurrir en unos comicios y asumir la “incertidumbre” que comportaban (23). Los orígenes de este “pacto” se remontaban a la promulgación de la Constitución de 1987, a la legislación subsiguiente, los acuerdos regionales que se desarrollaron a partir de Esquipulas II, al Diálogo Nacional llevado a cabo por el FSLN y los partidos políticos opositores, y a las rondas negociadoras desarrolladas entre el gobierno y la RN en el marco de la Comisión Nacional de Reconciliación.
23) Dicha literatura —la llamada transitología— a hace referencia a la centralidad de los pactos intraelitarios en los procesos de cambio de regímenes políticos. Entre los trabajos seminales de dicho enfoque cabe citar la compilación hecha por Guillermo O´DONELL, Philipe SCHMITTERR y Laurence WHITEHEAD (1986), y los trabajos de Adam PRZEWORSKI (1985, 1988). En cuanto a la aplicación de este modelo al caso nicaragüense cabe dirigirse a: GONZÁLEZ, 1992; MCCOY, 1991.
221
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
En este sentido, la “clave” de la cita de Przeworski (1985: 58) de que “la democracia (24) es el proceso de institucionalización de la incertidumbre, de la sujeción de todos los intereses a la incertidumbre, donde ningún grupo puede intervenir ni distorsionar los resultados electorales una vez realizados los comicios” está en por qué los diferentes actores están dispuestos a aceptar la incertidumbre que supone participar en unas elecciones competitivas. La respuesta radica en que los diferentes actores que participan en los comicios han establecido, previamente, las garantías que atenúan los riesgos propios del desconocimiento del resultado electoral, es decir, que existen acuerdos que garantizan los intereses vitales de quienes participan en el “juego” con independencia del resultado nal. El problema fundamental en Nicaragua era, sin embargo, que el “pacto institucional” a que se reere Przeworski no estaba cerrado: después del proceso electoral todavía estaba por ver si el ganador respetaría la institucionalidad surgida de la Constitución de 1987 y si iba a desaparecer denitivamente el escenario militar. Respecto a la primera cuestión, aún no existía la seguridad de cuál sería la institucionalidad en que la UNO pretendería desarrollar su actividad de gobierno, es decir, faltaba que la citada coalición asumiera como propia la legalidad surgida del proceso revolucionario, respetara la integridad de las fuerzas armadas y garantizara la validez de las propiedades urbanas y rurales asignadas en el período en que el FSLN estuvo en el poder. Pues, si bien el proceso electoral constituía en sí mismo un factor de consolidación de los mecanismos institucionales originarios del proceso político gestado en 1979, no faltaban sectores de la coalición política vencedora que percibían su victoria como la liquidación de todo lo construido durante la revolución. El segundo aspecto no era menos conictivo: la tarea era la desmovilización de la Contra. Y es que efectivamente, la permanencia de los efectivos de la Contra en territorio nicaragüense durante los dos meses posteriores a la celebración de los comicios constituía uno de los mayores peligros para la estabilidad política. Sobre ello, el FSLN consideró la desmovilización incondicional de la Contra como condición sine qua non para llevar a cabo el proceso de transferencia del poder ejecutivo, ya que la posible pervivencia de fuerzas irregulares sin control ni comandancia política hacía temer a los sandinistas un desenlace de revanchas y ajustes de cuentas semejantes a los acaecidos en Guatemala en el 1954, en Chile en el 1972, o el surgimiento de actividades paramilitares que pudieran recordar a los escuadrones de la muerte salvadoreños. Estas dos grandes cuestiones arriba expuestas fueron resueltas de forma consensuada a partir de las negociaciones realizadas entre dos actores políticos, a sa-
24) Nosotros cambiaríamos ese término por el de elecciones competitivas.
222
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
LOS PACTOS POSELECTORALES: EL DE PROTOCOLO DE TRANSICIÓN DEL PODER EJECUTIVO 1) El reconocimiento de las pasadas elecciones como una base para el fortalecimiento del proceso democrático y para alcanzar una paz justa y denitiva. 2) El respeto de las transformaciones realizadas durante la década anterior y garantizadas en la Constitución de 1987. 3) La desmovilización de la RN antes del 25 de abril, en tanto que elemento esencial para la transferencia de gobierno en un clima de paz. 4) La subordinación de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad al presidente de la República, y su redimensión de acuerdo con la capacidad económica y las necesidades del país. El abandono del carácter partidario de estas y el respeto, por parte del nuevo gobierno, de la integridad de sus rangos, escalafones y mandos. 5) El mantenimiento de la integridad e independencia de los poderes del Estado. 6) La garantía de respetar jurídicamente las propiedades urbanas y rurales asignadas antes del 25 de febrero de 1990. 7) El traspaso ordenado del poder ejecutivo en un marco de mutua seguridad y conanza; así como el respeto hacia los gremios, organizaciones sindicales y comunales de adscripción sandinista. 8) Garantizar la permanencia en su trabajo a los funcionarios y empleados de las instituciones públicas. 9) La voluntad de aunar esfuerzos en la gestión de recursos internacionales en benecio de la estabilidad y del crecimiento de la economía. 10) La continuación de la política exterior del gobierno en relación a los acuerdos suscritos en el marco de Esquipulas II. Fuente: Barry y Castro, 1990: 20.
223
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
ber, la dirección sandinista y el núcleo de asesores de la nueva presidenta (25). Dicho pacto, como la mayoría de ellos en las coyunturas de cambio de gobierno o de transformación de regímenes (26), fue de carácter intraelitario, es decir, se caracterizó por el reducido número de actores que participaron en este y por la opacidad del proceso. El nombre del citado pacto, rmado el 27 de marzo de 1990, era el de Protocolo de Transición del Poder Ejecutivo (PTPE). El PTPE supuso, en primer lugar, el establecimiento de disposiciones a partir de las cuales fortalecer el Estado de Derecho y, en este sentido, signicó apostar por la estabilidad del sistema político construido a lo largo del proceso revolucionario. Sin embargo, también reejó la existencia de un espacio de intereses comunes entre un sector de la dirección del FSLN y del gobierno entrante. Desde esta perspectiva, el PTPE tiene que observarse, y analizarse, insertado en un marco más amplio que el estrictamente político, un marco donde se interrelacionaron cuestiones de carácter político, socio-económico y, cómo no, familiar. Sobre las dos últimas cuestiones, cabe señalar que durante los años en que el sandinismo estuvo en el poder todavía pervivieron dinámicas y procedimientos profundamente arraigados en la historia nicaragüense, a saber, la centralidad del Estado como centro neurálgico de la política. En ese sentido, la política ocial siguió elaborándose desde los despachos y los pasillos de los ministerios, y desde las recepciones organizadas por el gobierno. Es decir, que las negociaciones relevantes se llevaron a cabo desde o con el Ejecutivo. Y, junto con la primacía del Estado, nunca fue erradicado del todo el estilo prebendalista del ejercicio del poder, un estilo que dependía tanto de la subjetividad de los actores como de las características de una sociedad pequeña y periférica caracterizada por la vulnerabilidad del mercado, el atraso productivo y la marginalidad en la economía internacional (Vilas, 1991a). Es por eso que buena parte de los apellidos que poblaron los elencos gubernamentales en la década de los ochenta coincidieron con los que estuvieron presentes a lo largo de la historia política anterior. Sobre este fenómeno fue explícito un artículo editado en el periódico anti-sandinista La Prensa cuando, reriéndose al rol histórico del linaje de los Chamorro, enumeró a 25 miembros de dicha familia que
25) Dos días después de las elecciones, un grupo confeccionado por los asesores de la presidenta electa encabezados por Antonio Lacayo, marginando a los cuadros del Consejo Político de la UNO, y por altos cargos del gobierno sandinista, liderados por Humberto Ortega y Jaime Wheelock, se reunieron con el objetivo de elaborar el pacto a partir del que llevar a cabo el traspaso de poderes. 26) Sobre ello véase: AGÜERO y TORCAL, 1993; GUNTER & HIGLEY, 1992; KARL, 1990.
224
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
ocupaban altos cargos en el gobierno sandinista (27). En dicho artículo el autor destacó la centralidad de las familias conservadoras en el ejecutivo revolucionario: “No he conseguido encontrar en el gobierno revolucionario tantos Sandinos o Fonsecas como Chamorros... Esto es lo irónico de los hechos...”. En referencia a esta realidad, el humor popular nicaragüense acuñó, no sin razón, la frase de “en la Revolución, León puso los muertos y Granada los ministros”, explicitando así la contradicción, que fue percatada con agudeza por los sectores populares, entre el protagonismo de las masas populares en el proceso insurreccional y las guras presentes en el gobierno sandinista. La incorporación de sectores tradicionales al gobierno revolucionario fue debida tanto al carácter multiclasista del sandinismo y a su política de alianzas con determinadas clases propietarias (en una sociedad con una burguesía basada en estructuras familiares fuertes y cerradas), como a causas vinculadas a factores coyunturales: los muchachos del FSLN provenían de los centros universitarios y muchos eran hijos de familias acaudaladas; los técnicos y profesionales que la administración sandinista necesitó a partir de 1979 provenían, predominantemente, de sectores sociales altos. Así, las familias y los grupos de linaje desempeñaron un importante papel durante la revolución y, sobre todo, durante el proceso de traspaso de poderes entre la administración sandinista y el gobierno de Violeta Chamorro (28). Por ello, uno de los elementos que mayor relevancia tuvo en el proceso negociador posterior a los comicios de febrero fue, por encima de las adscripciones políticas, el fenómeno de la interconexión familiar (Vargas, 1990: 69-71). De esta manera, las redes familiares demostraron su ecacia para subsistir al período de gran inestabilidad política y social que supuso el proceso revolucionario (Casaús, 1992). La presencia de miembros pertenecientes a notables familias en la dirección del FSLN, por un lado, y en la dirección de la Contra y la UNO, por otro, supuso un margen de moderación y consenso a partir del cual posteriormente se establecerían pactos y transacciones. En virtud de todo ello, las tradicionales redes familiares, con el tiempo, fueron tejiendo un velo protector hacia sus parientes sandinistas con el n de que preservaran el poder en determinadas esferas institucionales. Del mismo modo, connotados sandinistas fueron prestando progresivamente sus servi-
27) Extraído del artículo de Ignacio FONSECA titulado “El erro de los Chamorro en la era sandinista”, en La Prensa, 17/10/1989. 28) La gravitación de las familias y los grupos de linaje en la conguración de la estructura socioeconómica de América Central ha sido agudamente analizada por varios autores. En esta dirección véase: BALMORI et al., l 1990; CASAÚS, 1992; STONE, 1990; VILAS, 1992.
225
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
POLÍTICA Y REDES FAMILIARES DURANTE LA TRANSICIÓN Señalemos, a título meramente ilustrativo, que el industrial Antonio Lacayo Oyanguren, ministro de la Presidencia y yerno de doña Violeta, es sobrino de don Joaquín Cuadra Chamorro; primo del general Joaquín Cuadra Lacayo (jefe del Estado Mayor del EPS), del coronel Osvaldo Lacayo Gabuardi (segundo jefe del Estado Mayor del EPS), de la esposa del Comandante de la Revolución Luis Carrión Cruz, y del presidente del Consejo Supremo Electoral, Mariano Fiallos Oyanguren. Alfredo César, otro de los asesores de doña Violeta, es casado con una hermana de Antonio Lacayo, designada Tesorera General de la República por el nuevo gobierno. El actual ministro de Gobernación, Carlos Hurtado, está casado con una prima de Antonio Lacayo, y una hermana de este está casada con un hermano de Carlos Hurtado [...] El nuevo ministro de Agricultura, Roberto Rondón Sacasa, presidente de la asociación de ganaderos de Nicaragua, y terrateniente de la Región V que no fue afectado por la reforma agraria, es primo del exviceministro sandinista de Desarrollo agropecuario, Salvador Mayorga Sacasa, y cuñado del Comandante de la Revolución Víctor Tirado López. El nuevo ministro de Telecomunicaciones Pablo Vigil (cuñado del ministro de Gobernación Carlos Hurtado) es hermano del exministro sandinista de la Vivienda y posteriormente presidente de la Comisión Nacional del Algodón, y cuñado de Pedro Antonio Blandón (viceministro de Cooperación Externa del gobierno sandinista). El nuevo ministro de Turismo, Álvaro Chamorro Mora, es hermano del ex vice-ministro del Exterior del gobierno sandinista, Javier Chamorro Mora [...] Todo esto [sin voluntad de exhaustividad] explica el comentario de un colega que no es familia de nadie: “Resulta irónico ver a unos parientes entregando el poder a otros”. O tal como exageró un militante sandinista que pertenece al ámbito de los chapiollos: “El gobierno cruzó de la acera sur de la Calle Atravesada* a la acera norte”. Vilas (1992: 22-23).
* La Calle Atravesada es la calle donde tradicionalmente ha vivido la rancia oligarquía granadina.
226
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
cios para asegurar el mantenimiento del frágil gobierno de doña Violeta y para “integrar socialmente” a sus parientes que regresaban del exilio costarricense o de Miami. Este espacio de intereses comunes entre las elites políticas salientes y entrantes, y su estilo consociativo, conllevó una progresiva reunicación política de los sectores tradicionalmente dominantes, con relativa independencia del conicto ideológicopartidario que cercenó la sociedad nicaragüense durante algo más de una década. Pero los acuerdos a que llegaron la dirección sandinista y el nuevo gobierno revolvieron las aguas del paisaje político nicaragüense. Dichos acontecimientos fueron el detonante de los conictos intra-partidarios en los hasta entonces principales actores políticos nicaragüenses. Por un lado, el resultado de las elecciones y la elaboración de espacios de consenso entre dirigentes sandinistas y miembros de la coalición vencedora tuvieron un profundo impacto en el seno del FSLN y de su entorno organizativo. Por el otro, en la ya de por sí frágil coalición de partidos que concurrieron en los comicios bajo las siglas de la UNO también se desgarró, enfrentándose abiertamente al gobierno. Así, el cambio de escenario político fruto de las elecciones impactó directamente sobre los actores políticos que, durante más de una década, conformaron una sólida articulación de lealtades, elaboraron un discurso y generaron un proyecto. La UNO, desde el mismo día en que ganó las elecciones, empezó a resquebrajarse. El proceso electoral forzó la convergencia de diferentes formaciones y de proyectos políticos dispares en torno a un objetivo común: derrotar al FSLN. El problema residía en que dentro de dicha coalición se agrupaban pretensiones, personalidades y estilos muy diferentes, y cuando intentaron llevar a cabo un programa común, aoraron inmediatamente las contradicciones. Así, con el inicio de dichos conictos se desvaneció el frágil consenso pre-electoral que mantuvo unida a dicha coalición. Posteriormente, el descontento de la clase política de la UNO se manifestó en la ausencia de ocho de los 14 partidos de la coalición en la toma de posesión del nuevo gobierno. En esos momentos, un dirigente de la UNO expuso: “No tiene ningún sentido seguir aparentando una unión que no existe” (Monjárrez, 1992: 1-6). Pronto se observó la profunda división existente entre las elites políticas que en su día crearon la UNO, pudiéndose diferenciar a quienes coparon los lugares de responsabilidad en el ejecutivo optando por una postura conciliadora frente a las elites salientes, de quienes, desde su exclusión de los cargos gubernamentales, mantuvieron posiciones confrontativas tanto con el nuevo ejecutivo como con el sandinismo. En cuanto al FSLN, la inesperada derrota en las elecciones le produjo una fuerte sacudida. La primera e inmediata consecuencia de los resultados electorales fue, tal como lo expresa el testimonio del cantautor Mario Montenegro que sigue a con227
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
tinuación, el desconcierto (29): “Al saber de la derrota electoral me sentí como una mierda. Me pregunté qué había hecho para que nos pasara esto. Sentí que lo que había hecho era poco, y me cuestioné las bacanales [...] Me puse helado; pensaba que esto se iba a convertir en una carnicería... Luego apareció Juan Rivas, el pintor, y quisimos formar un comando. Nos montamos en su carro, fuimos para arriba y para abajo [...] Terminamos borrachos y llorando. Después nos reímos de todo”. Una vez recuperados de la “resaca pos-electoral”, los militantes sandinistas empezaron a desarrollar una fuerte corriente a favor de la reestructuración del partido, sobre la base de la redenición ideológica y de una renovada estructura organizativa, con la intención de transformar el andamiaje y el funcionamiento del FSLN (Castro y Barry, 1992). Dicha pretensión no fue ajena al fenómeno de que, durante la década de los ochenta, la organización partidaria fue coincidiendo y solapándose con la estructura administrativa del Estado; y la pérdida del gobierno supuso la desaparición de gran parte del aparato partidario, así como la desvertebración de las líneas de autoridad existentes (30), hecho que se tradujo en la dispersión y confusión de la militancia. De la frustración de la derrota, los miembros sandinistas pasaron a ventilar públicamente los errores y abusos que el FSLN realizó durante los diez años que estuvo en el poder. En esta erupción expresiva, se mezclaron consideraciones de tipo personal, político y económico (31). La consigna “¡Dirección Nacional, ordene!”, que acompañó once años de gobierno sandinista cedió paso a un calidoscopio de puntos de vista que constituyó el llamado “debate interno sandinista”. La síntesis de este debate puede ejemplicarse con la frase de “¡Dirección Nacional, escuche!”, acuñada por el popular cantante nicaragüense Luis Mejía Godoy. La explicación del porqué se perdieron los comicios se mezcló con discusiones sobre, no solo los factores que desvincularon al FSLN de la sociedad, sino también aquellos por los cuales la dirigencia sandinista fue distanciándose de sus bases. Tampoco dejó de mencionarse la forma rápida, desordenada y algunas veces abusiva (recordándonos la pervivencia del spoil system) en que el gobierno sandinista adjudicó propiedades y recursos estatales en sus últimas semanas de gestión (mientras se negociaba el PTPE), y que popularmente se llamó la piñata. Posteriormente, la primera expresión abierta y ordenada del debate acaeció en una Asamblea Nacional de Militantes del FSLN, realizada en la localidad de
29) Párrafo extraído de: Barricada Internacional,l 3/1994: 40. 30) Con la derrota se quebró la dinámica que hasta entonces había prevalecido, a saber, la autoridad, omnipresencia y operatividad de la Dirección Nacional. 31) Sobre dicho “debate” véase: VILAS, 1991e; Envío, 1990/103; 1992/134.
228
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
El Crucero, como culminación de reuniones de base, locales y departamentales, espontáneamente convocadas por la militancia sandinista frente a la pasividad de la antes omnipresente Dirección Nacional. Las conclusiones de esta Asamblea mencionaron, con un notable acento crítico, las causas de la derrota electoral (32). También se reprobó la poca receptividad que el aparato partidario del FSLN mostró, durante la década de los ochenta, a las críticas; los estilos burocráticos y verticalistas del funcionamiento partidario; la poca autonomía que gozaron las Organizaciones de Masas sandinistas; y los estilos de vida de algunos dirigentes, que contrastaban con la situación de la mayoría de la población. Sobre este último punto, cabe exponer el poema del irreverente escritor, exdiputado sandinista y exfuncionario del ministerio de Cultura durante la Revolución, Alejandro (el Negro) Bravo, titulado fotografía borrosa, donde se expresa con delidad la sensación y el estado de ánimo de muchos militantes sandinistas al recordar la Revolución (33): I Hace diez años mis hijos estaban pequeñitos y me costaba mucho conseguir leche para ellos. Hace diez años el paisaje era el mismo pero desde los autobuses atestados sentíamos que nos pertenecía. Hace diez años Reagan tronaba contra Nicaragua y los estudiantes recogían las cosechas.
32) El documento fruto de dicha Asamblea está reproducido en su integridad en: Envío, 1990/105. 33) Extraído del poemario de Alejandro BRAVO (1996) llamado Merecido Tributo.
229
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Hace diez años las cosas estaban jodidas, se hacía la para todo menos para la esperanza. II La Esperanza, la mujer del cuadro intermedio, la que compraba en la Diplo (34).
Lo peor del caso, sin embargo, era que muchas de estas críticas ya se habían venido denunciando dentro del partido antes de las elecciones, pero estas fueron sistemáticamente desestimadas en pro de la cohesión (Vilas, 1991e). De esta forma, los retos a que se enfrentó el FSLN fueron varios. Por un lado, guraba la renovación organizativa y, por otro, la redenición de su perl social y de su proyecto político. En referencia a la renovación organizativa, el punto de partida fue la redacción de los nuevos estatutos partidarios y su aprobación en el Congreso Nacional de agosto de 1991. Respecto al segundo aspecto, las propuestas realizadas por los congresistas no fueron ajenas a la variedad de sensibilidades, intereses y posiciones presentes en el seno del partido: el resultado último fue la indenición y, en última instancia, la concentración del poder en manos del líder: Daniel Ortega. De este modo, los retos que debió afrontar el FSLN después de la derrota en las elecciones fueron varios. Por un lado estaba la renovación organizativa y, por otro, la redenición de su perl social y de su proyecto político. En relación a la renovación organizativa, el punto de partida fue la redacción de nuevos estatutos partidarios y su aprobación en el Congreso Nacional de agosto de 1991 (35). En lo relativo al segundo aspecto, las propuestas realizadas por los congresistas no fueron ajenas a la variedad de sensibilidades, intereses y posicionamientos presentes en el
34) El término Diploo se reere al establecimiento comercial de Managua llamado Diplotienda, donde, ante la escasez de productos y las colas que reinaban en los establecimientos de todo el país durante la década de los ochenta, allí era posible obtener todo tipo de artículos. Los usuarios debían pagar en dólares y, generalmente, eran diplomáticos o la nomenklaturaa sandinista. 35) Para un análisis detallado de la renovación organizativa que supuso el Congreso Nacional de 1991, y su correlación de fuerzas, dirigirse a: MARTÍ, 1992: 136-147.
230
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
interior de la formación: el resultado nal fue la indenición y, en último lugar, el caudillismo de Daniel Ortega. En resumen, el desenlace del proceso electoral de febrero de 1990 dio fe de una progresiva reunicación política de las clases dominantes con relativa autonomía de las ideologías partidarias. Con la llegada del gobierno Chamorro se empezó a percibir un “nuevo proyecto político de las elites” que, después de 1990, tomaron las riendas de la administración posrevolucionaria. Este proyecto, que no era ajeno al contexto internacional donde las propuestas como el TLC, el MERCOSUR, o el renacimiento del MCCA cobraban una renovada centralidad, pretendía inserir al pequeño país periférico de Nicaragua en el emergente proceso de globalización, para subirse en el tren del “progreso”. Un “progreso” que tacha al resto de propuestas de “barbarie”. A otro nivel y otro ritmo, este fenómeno también tuvo su correspondencia en las bases de las formaciones que durante diez años habían conformado la carne de cañón de la guerra. Después de una década de luchas y anhelos, volvió a imponerse una realidad repleta de desniveles y diferencias. Como se ha dicho en más de una ocasión, con el hundimiento del proceso revolucionario se hicieron realidad los versos de la canción Fiesta de Joan Manuel Serrat que dice: “... y con la resaca a cuestas / vuelve el pobre a su pobreza / vuelve el rico a su riqueza / y el señor cura a sus misas / Se despertó el bien y el mal / la pobre vuelve al portal / la rica vuelve al rosal / y el avaro a sus divisas
…”. 3. DESMOVILIZACIÓN... ¿Y PACIFICACIÓN?
Con la rma de los Acuerdos de Sapoá (el 24 de marzo de 1988) y de Tela (el 7 de agosto de 1989) nalizó la guerra de la Contra en Nicaragua y se inició en Centroamérica otro fenómeno no menos complejo y problemático: el proceso de desmovilización y pacicación de cada uno de los países que habían sufrido la guerra. Era el inicio de un proceso largo, agónico y, demasiado a menudo contradictorio, que tenía como objetivo desmovilizar a los miembros de los ejércitos y las guerrillas (el FMLN, la URNG y la Contra) para insertarlos en la sociedad. Para llevar el proceso en Nicaragua (que fue el primer país en enfrentarlo), los cinco presidentes de la región rmaron, en 1989, un tratado (denominado “Plan conjunto para la desmovilización, repatriación o reubicación voluntaria en Nicaragua y terceros países de los miembros de la Resistencia Nicaragüense y de sus familiares”) en el que se creaba un organismo con representantes del Secretario General de Naciones Unidas y de la OEA, cuyo objetivo era ejecutar, en el termino de 90 días, el retorno a Nicaragua de los miembros de la RN y su posterior integración. El nombre de este organismo era Comisión Interregional de Apoyo y Vericación (CIAV). Mientras, en El Salvador y Guatemala el peso de la desmovilización reca231
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
yó sobre las espaldas de la organización de Naciones Unidas, que organizó y nanció las Misiones para la pacicación (en El Salvador con el nombre de ONUSAL, y en Guatemala con el de MINUGUA). El procedimiento para llevar a término esta misión debía seguir diversos pasos: recibir y destruir las armas en poder de estas fuerzas; vericar el desmantelamiento de los campos militares y de los campos de refugiados; conducir a los repatriados a su lugar de asentamiento denitivo (teóricamente escogido en común acuerdo entre los gobiernos y las Misiones); ofrecer servicios básicos, primeros auxilios y asistencia técnica a los desmovilizados; y garantizar la seguridad personal de todos los beneciarios de estos servicios. Como puede imaginarse, a pesar de la brevedad y sencillez que caracterizaba la redacción de los acuerdos, los hechos tomaron otro rumbo. No solamente por el hecho de que a menudo los efectivos de las tropas irregulares todavía disponían de una relativa autonomía, sino porque se trataba de enfrentar la complejidad de este proceso en un marco posbélico y en sociedades económicamente subdesarrolladas. A partir de entonces buena parte de la atención política de los países centroamericanos se centró en cuándo y cómo se desmovilizaban y se inserían en la sociedad los más de cien mil combatientes (como se observa en la tabla 6.7) que dejaban los fusiles. Tabla 6.7. Contingente de desmovilizados en El Salvador, Guatemala y Nicaragua PAÍS El Salvador Guatemala Nicaragua
Desmovilizados 30.000 FAES 8.000 FMLN 33% del total del ejército 3.600 URNG 68.000 EPS 23.000 RN
Tamaño anterior 60.000 8.000 44.000 3.600 80.000 23.000
Período 1992-1993 1992 1997
Contexto Acuerdos de Chapultepec,1992 Acuerdos de paz de 1996 1990-1992 Acuerdos de 1990 Sapoá I Tela, 1989
Fuente: BICC Conversion survey 1996 en Truñó,2000.
En estas circunstancias, a menudo hubo tensiones entre las autoridades y la tropa de cada una de las organizaciones que habían protagonizado la guerra. Y es que, mientras las cúpulas del FMLN, la RN o la URNG se integraban en la vida política, los combatientes se quejaban de la vulnerabilidad de su posición y querían que se hiciese efectiva la promesa de tierra, seguridad, espacio y, sobre todo, la 232
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
creación de los “instrumentos” para su integración social y económica a partir de los mencionados “polos de desarrollo (36)”. A partir de las previsiones, una vez rmados los acuerdos de paz en Nicaragua y El Salvador, los excombatientes de la RN y del FMLN empezaron a concentrarse en zonas de seguridad establecidas para hacer efectiva su desmovilización. A pesar de todo, las cifras de desmovilizados y sus familiares superó cualquier previsión y, a raíz de ello, surgieron nuevos interrogantes sobre la capacidad de atender las demandas de tierra y nanciación de todos ellos. Al mismo tiempo, aparecían los interrogantes de si estos debían compartir los recursos con el resto de afectados por el conicto bélico, es decir, con los desmovilizados de los ejércitos regulares, los repatriados y los desplazados. Ante este hecho todos se preguntaron no solamente acerca de la capacidad de los gobiernos, sino también acerca de su voluntad política para cumplir los acuerdos suscritos en un entorno en el que el ujo de la ayuda de los Estados Unidos (a pesar de las promesas realizadas anteriormente) era cada vez menor. Sobre esta sospecha es gráca la queja expuesta en un documento publicado por una de las organizaciones de desmovilizados, la Asociación Cívica de la Resistencia Nicaragüense (ACRN), en la que se mencionaba que hasta 1991 las tierras recibidas solo habían servido para atender a un 20 % de la demanda total de tierras. De este modo se conrmaba la temida tesis que decía que los “polos de desarrollo” solo existían en el papel. Como consecuencia de este fenómeno empezaron a aparecer manifestaciones de descontento entre los desmovilizados y los correspondientes gobiernos debido al incumplimiento de los acuerdos rmados. En Nicaragua, el descontento en el campo estalló poco después de que los potenciales usuarios de “polos de desarrollo” vieron que estos eran una cción. Así, aparecieron movimientos de “rearmados” que reivindicaban aquello que se les había prometido. Por un lado, surgieron escuadrones de miembros que antes pertenecían a la RN que se autodenominaron recontras y, por otro lado, en una dinámica causa-efecto, también empuñaron las armas de nuevo algunos de los desmovilizados del antiguo Ejército Popular Sandinista con el nombre de recompas.
36) Los “polos de desarrollo” fueron denidos como “una unidad de tierra y producción para el benecio de los miembros de la comunidad, que sirve como centro de servicios y de desarrollo de la región a través de proyectos individuales y/o colectivos. Los polos de desarrollo tienen que contar con las siguientes estructuras básicas: área municipal; escuelas, almacenes, servicios de agua potable, alumbrado eléctrico, hospitales, calles, caminos, áreas de vivienda para los pobladores del polo, parcelas de propiedad privada para cultivos y ganadería de subsistencia, un área comunal y un área de proyectos para benecio de todos los miembros de la comunidad”.
233
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Ya a inicios de 1992, distintas evaluaciones hechas por organismos internacionales mostraron que el “proceso de reinserción” de los antiguos combatientes no tenía una base sólida y que el intento de pacicar el campo por la vía del desarme, de la cooptación de los cuadros de la Contra y de la adjudicación de tierras sin una previa estrategia global con el resto de políticas implementadas por el nuevo gobierno, estaba destinado al fracaso. Y todo ello al mismo tiempo que el impacto de la políticas de ajuste estructural suponían una fuerte recesión, un incremento del paro, una disminución del crédito y una reducción del dinero circulante. Sobre la dimensión de esta problemática, estudios posteriores concluyeron que la envergadura del problema derivado de la guerra nunca fue percibida en su totalidad: la dimensión masiva del fenómeno se manifestó cuando se vio que en Nicaragua 600.000 personas (el 15 % de la población) estaban directamente afectadas por el conicto bélico y necesitaban ayuda de emergencia, entre los cuales era necesario considerar a los 71.750 refugiados procedentes de Costa Rica y Honduras, que optaron por la repatriación entre 1986 y 1993; los 22.413 desmovilizados de la RN y a sus 58.721 familiares; los 72.000 desmovilizados del EPS (de sus 96.000 miembros) y los 5.100 del antiguo Ministerio del Interior (MINT); los 354.000 desplazados internos a causa de la guerra, mayoritariamente ubicados en las regiones del interior del país (Butler et al., 1995). En El Salvadorr (37), la desmovilización, tanto del FMLN como de las Fuerzas Armadas, se estableció en el Acuerdo de Alto el Fuego a través de un calendario que iba del 1 de febrero al 31 de octubre de 1992. En el mismo se exponía un alto al fuego formal, la concentración del FMLN en 15 enclaves vericados por la ONUSAL y, nalmente, en los últimos seis meses, la desaparición de la estructura militar del FMLN y su progresiva desmovilización y reincorporación (38). El desarrollo de este programa, sin embargo, fue algo más complicado que el previsto, ya que el gobierno se negó a ejecutar sus compromisos hasta que el FMLN cumpliese con el inventario de armamento y empezase su plan de destrucción; a su vez, el FMLN condicionó su desmovilización a la implementación de las recomendaciones de la Comisión ad hoc relativas a la depuración de las Fuerzas Armadas. Finalmente, el inventario del FMLN fue destruido: en él había
37) La actualización de los datos de El Salvador y Guatemala se ha extraído del trabajo realizado por Maria Truñó para la Cátedra UNESCO de la UAB, y agradezco, por lo tanto, su generosa colaboración. 38) A pesar del calendario, el plazo de desmovilización se pospuso un mes y medio mas del inicialmente planeado. A partir del 15 de diciembre de 1992 se dio por disuelta la estructura militar del FMLN.
234
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
10.230 armas ligeras y pesadas, 4.032.000 municiones, 14.335 explosivos y 74 misiles. Una vez disuelta la guerrilla se activó el Plan Nacional de Reconstrucción (PRN) establecido en los Acuerdos de Paz a través de la Secretaría para la Reconstrucción Nacional (SRN). El PRN era un programa marco que denía cómo llevar a término la reconciliación y se dividía en “programas de alta prioridad”, en los que guraba el reforzamiento de las instituciones democráticas, la creación de la Policía Nacional Civil, la elaboración de un banco de tierras y el apoyo a la desmovilización, y en los “programas de baja prioridad”, en los que guraban cuestiones relacionadas con sectores productivos y sociales, infraestructura y medioambiente. Los programas fueron implementados por más de un centenar de ONG locales e internacionales, agencias gubernamentales y agentes internacionales (39). A grandes rasgos, puede decirse que el proceso de incorporación de los guerrilleros se topó con bastantes obstáculos, entre los que destacaron: el incumplimiento por parte del gobierno de los compromisos acordados, especialmente en lo relativo al programa de entrega de tierras; la lentitud y poca credibilidad del proceso de desarme; y la inestabilidad económica que dicultó los recursos necesarios para facilitar la reintegración. Al mismo tiempo, a otro nivel, también es preciso mencionar los múltiples problemas administrativos y la falta de voluntad política del gobierno cuando se trataban problemas relacionados con los antiguos guerrilleros. A nales de 1994, casi tres años después de la rma de los acuerdos, solo el 32 % de las 40.000 personas teóricamente beneciarias habían recibido tierras. En lo relativo a la reducción de las Fuerzas Armadas, este proceso se llevó a cabo desde febrero de 1992 hasta marzo de 1993. El ejército pasó de contar con 60.000 efectivos a tener 30.000 (en gran medida debido a la disolución de las defensas civiles y de los batallones de infantería de reacción inmediata). A pesar de todo, esta reducción no se ha visto reejada en el presupuesto militar, ya que hoy es mayor al que tenía el ejército durante la guerra. Respecto a la depuración de los ociales relacionados con las graves violaciones de los derechos humanos, si bien hacia diciembre de 1993 se ordenó el retiro de 103 ociales, ninguno de ellos fue
39) La implementación de los programas de reincorporación fue posible gracias a la nanciación de los donantes internacionales, el coste del cual se estimó en unos 1,8 billones de dólares. Los donantes no fueron puntuales en su entrega, de forma que a principios de 1992 faltaban 600 millones de dólares del total. En relación con los países que nanciaron el proceso de paz, destacan, en orden de mayor a menor: EE. UU., Alemania, Japón, Italia, España, Canadá, Suecia, Noruega y Holanda. En relación a los donantes multilaterales, es preciso señalar el BID, BM, UE, FAO, PNUD, OMS, UNICEF y UNESCO.
235
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
juzgado por los asesinatos ni las masacres cometidas. Por otro lado, se disolvió la Dirección Nacional de Inteligencia, controlada por los militares, y se creó un nuevo organismo subordinado al presidente de la República. En Guatemala, el proceso de desmovilización fue tardío. La rma del acuerdo sobre el denitivo Alto al Fuego, en Oslo, el día 4 de diciembre, fue el punto de partida del proceso. Poco después, el día 8, se creó la Comisión de Apoyo Logístico con el mandato de promover, ordenar y guiar la desmovilización de las fuerzas de la URNG, y el día 12 se rmó en Madrid el Acuerdo sobre bases para la incorporación de los miembros de la URNG a la legalidad. Con la rma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el 29 de diciembre de 1996, entraron en vigor los acuerdos rmados con anterioridad. El gobierno, la URNG y la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), establecieron seis puntos en los que instalar otros ocho campamentos, con servicios de atención a la salud, a la salud mental, de alfabetización, de educación y orientación vocacional, en los que se debían alojar, a partir de marzo de 1997 y hasta mayo del mismo año, los 2.940 combatientes de la guerrilla, para iniciar su desmovilización. El programa de incorporación denitiva se desarrollaría a partir de mayo de 1997 a través de la entrega de material e infraestructura para que los excombatientes se alojasen en las 124 comunidades de la región en la que había sido presente la guerrilla. A su vez, hacia el mes de mayo, MINUGUA recogió el armamento en manos de la URNG (1.824 armas, 535.000 cartuchos y 2.500 explosivos) para entregarlo a la nueva Policía Nacional Civil. Respecto a las oportunidades de inserción del contingente de miembros que habían estado en la guerrilla, existen menos datos que en Nicaragua o El Salvador, tanto debido a que es un hecho más reciente, como por la menor atención de la comunidad internacional, aunque 8.000 personas fueron beneciarias directas de los programas (40). Otra cuestión es que en los tres países el repliegue de las instituciones del Estado en el territorio (con menor presencia de los servicios y el personal, con la excepción de los programas puntuales creados para la inserción de excombatientes), como consecuencia de los recortes presupuestarios dictados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, imposibilitó hacer frente al problema y provo-
40) Los fondos aprobados por el Programa de Incorporación (que ascendió a una suma de 27.125.000 dólares) se dividieron en subprogramas de emergencia, economía, asuntos sociales, cuestiones especiales y varios. Entre los que nanciaron el programa destacan, en orden de mayor a menor contribución, la Unión Europea, el PNUD, USAID, España y el gobierno de Guatemala.
236
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
có a menudo un notable vacío de poder en muchas zonas que habían sido escenario de la guerra. Parecía que, una vez suscrita la paz, los gobiernos respectivos se olvidaban de los problemas del campo. A este respecto, cuando en una entrevista preguntaron al cardenal Obando y Bravo si pensaba que doña Violeta se había olvidado de los desmovilizados de la Contra, este respondió: “Olvidarlos no creo... pero preocuparse tampoco (41)”. Como consecuencia de esta realidad se sucedieron levantamientos armados, ocupaciones de poblados rurales (como Walasa o Jalapa) y saqueos. Según fuentes estadísticas del Ministerio de Gobernación, desde nales de 1990 hasta inicios de 1994 se contabilizaron en Nicaragua 667 ocupaciones de tierras, 18 asedios a poblados, 140 bloqueos a instituciones, 713 acciones armadas y 1.123 víctimas mortales (Cuadra y Saldomando, 1994: 14-15). El resultado de esta dinámica fue que, a mediados de 1992, en su balance semestral, el Ejército estimó que el número de rearmados (entre recontras y recompas) era de 21.905, es decir, casi la misma cantidad de miembros que había iniciado la desmovilización de la RN en 1990. De este modo surgía un círculo vicioso de incomprensión, de acusaciones mutuas de incumplimientos entre el gobierno y los colectivos rearmados en cada uno de los países, de ajuste de cuentas entre desmovilizados y de negociaciones inacabables. A partir de estos acontecimientos, en Centroamérica se empezó a observar la aparición y posterior expansión del fenómeno de la violencia anómica, en la cual los conictos que anteriormente se basaban en un discurso y una simbología política se fueron diluyendo en un magma de acciones que poco tenían que ver con posicionamientos político-ideológicos. Se empezaron a dividir los actores políticomilitares que antes se habían caracterizado por su solidez, y se observó la aparición de alianzas pasajeras. Nacieron “bandas” armadas compuestas aleatoriamente por excontras y exsandinistas a las que el ingenio popular denominó los revueltos y que cada día tenían más anidad con las prácticas del bandolerismo y se orientaban básicamente a la supervivencia. En la lógica arriba expuesta, durante la década de los noventa, se fue observando que los integrantes de las “bandas” eran mayoritariamente campesinos empobrecidos y adolescentes que no habían tenido ningún protagonismo especial durante los conictos de los años ochenta. Estos colectivos, procedentes de áreas rurales sin perspectivas de futuro o de espacios marginales de las conurbaciones, dan fe del legado de descomposición social que dejó una década de guerra. Como conse-
41) Extraído de El Semanario, 1991/23.
237
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
cuencia de todo ello, en muchas zonas de la periferia de las ciudades o del interior del país ha desaparecido cualquier tipo de lealtad o referencia hacia una autoridad institucional. Por otro lado, a pesar de todo, también surgieron distintas expresiones que dieron lugar a cierto optimismo. Destacan iniciativas creativas en algunas poblaciones rurales que habían sido escenario de la guerra, en las que colectivos anteriormente enfrentados empezaron a reconstruir sus comunidades a partir de la percepción de que entre ellos había muchas más cosas en común que con quienes anteriormente les habían mandado. Sobre esta base, y a partir de cuestiones tan cotidianas como la reconstrucción de los círculos de compraventa de bienes de consumo básico entre los pobladores, la organización de ligas comarcales de baseballl y fútbol, o la apertura de locales donde se concentran los vecinos de la comunidad para celebrar las festividades, empezó la esperanza de recomponer estos países. De esta forma, después de la rma de los acuerdos de paz, se observaron dos tendencias contradictorias. Por un lado, la creación de un nuevo conicto bastardo, sin laureles, anómico y confuso que tiene sus bases en la descomposición social y la falta de perspectivas, y por otro lado, el surgimiento de dinámicas que han ido vinculadas de forma pacíca y creativa a los miembros de los colectivos anteriormente enfrentados. De estas dinámicas empezó a surgir un nuevo fenómeno que podríamos calicar (en oposición a la rearticulación de pactos intraelitarios que se desarrollaron en la rma de los acuerdos) como “la reconciliación desde abajo”.
238
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
VII. RETOS
La década de los noventa empezó con buenas noticias y con la atención del resto del mundo puesta en el istmo: el proceso de paz para Centroamérica parecía encauzarse. La victoria de Violeta Barrios de Chamorro en las elecciones nicaragüenses de 1990 signicó el n de la agresión norteamericana y la desmovilización de la Contra. Poco después, en 1992, se sellaría en Chapultepec el n de doce años de guerra civil en El Salvador. Ambos acontecimientos generarían una dinámica conciliadora que supondría la desactivación de uno de los conictos regionales más críticos de la década anterior. Desactivación que llegaría a puerto con la progresiva desmilitarización de Honduras y, en diciembre de 1996, con la rúbrica de los acuerdos de paz de Guatemala. Un paisaje como el descrito difícilmente hubiera sido imaginado, ni por parte de los más optimistas, pocos lustros antes. Y es que, efectivamente, tanto la ola de transiciones desde dictaduras en El Salvador, Honduras y Guatemala hacia regímenes liberal-democráticos, como el triunfo y erosión de la revolución sandinista, pilló por sorpresa a la mayor parte de cientícos sociales. Hasta la fecha todas las teorías elaboradas sobre los “cambios de regímenes” se habían centrado en el estudio de determinados factores (la cultura política, la 239
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
modernización, la dependencia de las economías) y su plausible cambio (Karl, 1995). En ese entonces los estudiosos exponían que si estos tres factores mutaban, también podrían hacerlo los regímenes, dándose la posibilidad de que aparecieran sistemas democráticos. Pero el paso de la guerra a la paz, y de la dictadura a la democracia, no vino acompañado de ninguna transformación —en el sentido positivo— de los “factores” en cuestión: las experiencias represivas y autoritarias en El Salvador, Guatemala y Honduras no consolidaron precisamente una “cultura cívica”; la guerra y las políticas económicas implementadas durante los ochenta no conllevaron un crecimiento económico equilibrado ni equidad; y en cada uno de los países centroamericanos se incrementó la dependencia y subordinación (tanto política como económica) con respecto a los Estados Unidos y a la comunidad de países donantes (Chomsky y Dieterich, 1992). Fueron dos fenómenos —uno de naturaleza internacional y otro doméstico— los que, a partir de los noventa, transformaron el contexto político de la región. A saber, por un lado, la aparición de un mundo unipolar donde desaparecía la supuesta “amenaza soviética” (y, con ella, la política contrainsurgente promovida por la administración norteamericana), y por otro, la profunda deslegitimación (por su ineciencia y por sus costes morales y sociales) de los regímenes de autoritarios y despóticos que habían imperado en El Salvador, Guatemala y Honduras, y el agotamiento —ya fuera por el acoso como por su dinámica polarizadora— de la revolución sandinista en Nicaragua. En esta situación, a inicios de los noventa, el optimismo imperaba: la democracia liberal era el único desenlace posible (Huntington, 1991). Parecía que, nalmente, después de tantos años de conculcación de libertades y derechos, los habitantes del subcontinente gozarían de un orden político respetuoso y conforme con la legalidad emanada de las urnas. En ese contexto hubo incluso quien proclamó el n de uno de los elementos más recurrentes en la vida pública centroamericana: la violencia política. Se trataba, por primera vez en la historia, de la posibilidad de crear una “utopía desarmada” —tal como expresó Castañeda (1994) en su célebre obra. Con estos referentes, y en medio de un mundo geopolíticamente unipolar, Centroamérica parecía conquistar dos de los grandes anhelos de su historia: paz y libertad. Todo ello, obviamente, anunciado a partir de una retórica de modernidad —¿posmodernidadd quizás? Otra cuestión es la satisfacción posterior de las expectativas generadas. Intentar esbozar un breve análisis de una década repleta de paradojas a la luz de las inquietudes expuestas es el objetivo de este capitulo. 240
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
1. INSTITUCIONES INESTABLES La fragilidad de las nuevas democracias
Si bien la década empezó —tal como hemos señalado— con notable optimismo en lo que respecta a la capacidad de encauzar los diversos procesos de paz gestados a raíz del Plan de Esquipulas II, ya a mediados de 1992 reaparecería el viejo fantasma del golpismo en Guatemala y Honduras, y de la inestabilidad institucional en Nicaragua. Respecto a Nicaragua, durante el período que va desde 1990 hasta 1996, a la vez que cambiaron los titulares del poder ejecutivo (a través de unas elecciones libres y limpias, aunque no exentas del chantaje de la administración Bush), se produjeron —de forma simultánea— profundas mutaciones, a saber, de la guerra a la paz; de una economía planicada, socializadora e intervencionista a una de cariz mercantilista; y de un régimen movilizador y revolucionario de corte marxista a otro de carácter liberal-demócrata que apela al Estado de derecho (Martí, 1997; Pérez Baltodano, 1996). Pero, por si lo citado no fuera poco, todo ello aconteció en un contexto marcado por una intensa polarización política y por una situación económica al borde del colapso, donde se sucedió una “crisis” tras otra: las huelgas y asonadas que paralizaron durante varios meses, entre 1990 y 1992, el país; la violencia y los enfrentamientos generados por los recompas, los recontras y los revueltos; el bloqueo institucional entre el poder legislativo y el ejecutivo durante la segunda mitad de 1992; la crisis de los rehenes de 1993 acontecida en Quilalí y Managua; el eterno conicto sobre la propiedad y el tortuoso proceso de reforma constitucional de 1995 (Butler, Dye, Spence, Vickers, 1996). Fenómenos que culminan con el desarrollo del caótico y desordenado proceso electoral de octubre de 1996 con el que el candidato liberal Arnoldo Alemán se hizo con la Presidencia de la República y la formación Alianza Liberal con una signicativa mayoría en la Asamblea Nacional (Close, 1995, 1999). Posteriormente, y después de tres años de una administración marcada por el escándalo y la malversación de fondos públicos, ya a mediados de 1999, la opaca “alianza” entre la formación del presidente de la República y el aparato del FSLN que lidera Daniel Ortega pareció dar señales de una progresiva corporativización y alejamiento de las instituciones —y de las que ahora controlan su representación— respecto de los ciudadanos y sus anhelos (Close, 1999; 2004), cuyo fruto fue una consecutiva victoria electoral de la plataforma antisandinista (representada bajo el veterano líder, de antecedentes contrarrevolucionarios, Enrique Bolaños) en las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre del año 2001. 241
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
En cuanto a la frágil y vigilada democracia guatemalteca, ya desde 1990 empezó a vislumbrarse un escenario de peligrosa incertidumbre. Así, una vez desaparecida la urgencia de la administración norteamericana por apadrinar una transición “dirigida”, las elecciones presidenciales de enero de 1991 dieron la victoria (en la segunda vuelta, con el 68 %) a Jorge Serrano, candidato de un partido que guraba como tercera fuerza en el legislativo (con tan solo un 15,5 % de los escaños) y que se presentaba ante los ciudadanos como un outsiderr de la política con el lema de: “¡los mismos no!”. Muy pronto, sin embargo, Serrano se topó con los problemas de no tener un partido sólido y un equipo detrás que lo respaldara. Así, lo que inicialmente pudo ser una ventaja para imponerse en las presidenciales —una imagen escasamente vinculada a la estructura partidaria tradicional y a la política convencional— se convirtió en una debilidad, al no contar con unas estructuras partidarias de rme implantación territorial y una representación mayoritaria en el parlamento. De esta forma, el nuevo presidente emprendió una política de alianzas erráticas que pronto se resquebrajaron (Cardenal, 1998). Ante ello, junto con el incremento de las tensiones en el seno de la sociedad guatemalteca, Serrano optó por emular a su homólogo peruano. Pero fracasó. El intento de “autogolpe” acaecido en 1993 se vino abajo ante la gran movilización ciudadana, la indecisión de las elites tradicionales y las presiones internacionales a favor del mantenimiento del orden constitucional. Serrano fue sustituido por el constitucionalista Ramiro de León Carpio. Pero en esas fechas el régimen guatemalteco tendría aún que superar múltiples retos, la mayoría de ellos relacionados con la permanencia de “enclaves autoritarios” y el nulo respeto de los derechos humanos (Torres-Rivas, 1998b). Y si bien algunos de ellos se solucionaron de forma satisfactoria —como el de la rma denitiva de la paz entre las guerrillas agrupadas en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno liderado por el conservador Álvaro Arzú en diciembre de 1996 (Font, 1996)—, las amenazas que han supuesto la impunidad y la proyección de fuerzas políticas reaccionarias vinculadas al antiguo dictador Ríos Montt parecen poner en peligro la misma existencia del sistema democrático. La victoria de la formación populista fundada por el exdictador Montt (la FRG) en las elecciones legislativas de noviembre y de su candidato —Alfonso Portillo— en las presidenciales de diciembre de 1999 abrieron, una vez más, múltiples y fundados temores que no solo se han visto conrmados por la impunidad de las Fuerzas Armadas y el descrédito de los políticos, sino también por un continuado rosario de casos de corrupción que incumben al mismo ejecutivo y que han supuesto la derrota electoral de esta formación en las elecciones presidenciales del mes de noviembre de 2003. 242
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
En cuanto a El Salvador, si bien se ha observado cierta estabilidad y uidez en el trato entre las instituciones —probablemente por la existencia de mayorías presidenciales (a diferencia de Guatemala) y por la solidez del partido gubernamental (a diferencia de Nicaragua)—, también tendría que puntualizarse que ello era debido a la irrelevancia y falta de protagonismo que ha caracterizado históricamente a la Asamblea Nacional salvadoreña en la elaboración de la política —fenómeno que es fruto tanto de los escasos recursos que esta recibe como de su limitada autonomía respecto a los grupos de interés y los ministerios gubernamentales (García, 1995). Por otra parte, la Asamblea Nacional en El Salvador casi no ejercita las funciones de control político ni de elaboración presupuestaria que le atribuye la Constitución (Martínez Peñate, 1997). Y ello no solo sucede por la ausencia de mecanismos institucionales que lo faciliten, sino también por una cultura política que hunde sus raíces en el autoritarismo y en la sumisión al poder militar (Spence, Vickers, 1994). Por ejemplo, respecto a la estricta función de control y a las interpelaciones, en El Salvador se carece de reglamentos y sanciones para garantizar que los funcionarios públicos envíen la información solicitada por los diputados al Congreso. Asimismo, tampoco se dispone de reglamentación sobre la asistencia de los funcionarios públicos al Congreso o de disposiciones jurídicas para sancionar a los funcionarios o miembros del gobierno en el caso que mientan o tergiversen la información que presentan. A eso se suma, una tradicional actitud de sumisión hacia el poder militar (Cardenal, 1998). En la misma dirección, la Asamblea tampoco elabora los presupuestos, pese al mandato explícito de la Constitución. La mayoría de ARENA en la Asamblea y el verticalismo que ha caracterizado las relaciones ejecutivo/ legislativo, la falta de técnicos y analistas cualicados y la ausencia de una ocina especializada en el ramo explican que esa función se haya trasladado al Ministerio de Hacienda (Martínez Peñate, 1997). Y es que las administraciones posteriores a la rma de los Acuerdos de Paz, encabezadas por los presidentes Calderón Sol (1994-1999) y Francisco Flores (1999), ambos de ARENA, se han caracterizado por el poco entusiasmo en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en Chapultepec, por el incremento exponencial de la inseguridad en las zonas urbanas y por el poco respeto con el equilibrio de poderes consagrado en la Constitución. Y aunque el FMLN ha ido ganando espacios en el ámbito municipal (hoy gobierna, a través de los gobiernos municipales, a más de la mitad de los habitantes del país, incluida la capital, San Salvador) y en el legislativo, la piedra de toque del sistema político que es el poder ejecutivo, todavía está en manos de las fuerzas más conservadoras y reaccionarias. Precisamente por ello un lúcido comentarista salvadoreño dijo en una ocasión que “la guerra no tuvo vencedores pero que, al n y al cabo, la derecha ganó la 243
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
paz”. Esta armación, si bien es discutible, expresa con crudeza el estado de ánimo de buena parte de los actores y de los observadores del proceso de paz. Las divisiones y las rupturas que han ido surgiendo dentro del FMLN, las dicultades para que esta formación se transformase en un partido político y la lentitud con la que los exguerrilleros se han ido insertando en la vida civil, han dado demasiadas ventajas a las elites tradicionales, que saben perfectamente cómo funciona el juego político. Asimismo, el avance desigual en la ejecución de los distintos aspectos de los Acuerdos de Paz, el poco énfasis sobre las cuestiones vinculadas a la transformación del ámbito socioeconómico, y la rigidez en la que se mueve el país debido al diseño macroeconómico impuesto por las instituciones nancieras multilaterales, dicultan muchísimo compaginar la dinámica de una mayor democratización en un entorno que reproduce la dominación de clase de las facciones más modernizadoras de la oligarquía salvadoreña (Vilas, 1995: 16). En el pasado, la conjugación del autoritarismo político, con fraudes electorales continuos, violencia física y represión, y el deterioramiento social crearon las condiciones para el surgimiento de embates populares que acabaron por constituir una alternativa insurgente. Hoy la democratización de las instituciones ha supuesto la desactivación de la movilización popular. Habrá que ver, sin embargo, cómo inuye la “nueva pobreza” en el contexto que se abre. En cualquier caso, después de la extensa movilización popular de las décadas pasadas, de la guerra, del terrorismo de Estado y de los desplazamientos forzados, hoy la gente está harta de violencia y pide estabilidad. En este escenario, el discurso de orden y disciplina que elabora la derecha (ya sea desde ARENA en El Salvador, desde el PLC en Nicaragua, o desde el Partido Nacional en Honduras o el FRG o las coaliciones de derecha liberal en Guatemala (1)) llega con facilidad a un notable sector de las clases subalternas. Así, la demanda de orden y la apatía social se están convirtiendo en los dos elementos más signicativos del escenario político actual en la región, siendo la válvula de escape de lo segundo la abstención y la migración. En cuanto a la sacralización del “orden” es fruto tanto del estallido de la delincuencia común como de la impunidad gubernamental (2). En lo relativo a este último aspecto, la negligencia de las autoridades en los juicios a los responsables de
1) Sobre el pobre desempeño de las instituciones democráticas en Guatemala, dirigirse a: SIEDER, THOMAS, VICKERS y SPENCE, 2002. 2) Una muestra signicativa de ambas cosas es la legislación salvadoreña aprobada a nales del 2003 con el nombre de “puño de hierro” para combatir a la violencia a través de cercenar drásticamente los derechos y libertades de los ciudadanos. En su aplicación el gobierno puede encarcelar a los miembros de las “maras” por el simple hecho de pertenecer a ellas.
244
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
los crímenes de Estado perpetrados durante la década anterior (muy bien documentados, por cierto, en los informes redactados por las Comisiones de la Verdad de El Salvador o en el informe Recuperación de la Memoria Histórica en Guatemala) supone una mutilación de la dignidad colectiva y un fraude a la historia y al futuro de los pueblos. La demanda de orden, por lo tanto, supone cualquier cosa menos la reconciliación. Ciertamente, la carga de responsabilidades y la recuperación de la memoria son dos cuestiones muy delicadas: con ellas está en juego la credibilidad de las instituciones y, sobre todo, el imaginario del país. Como dijo Habermas, “en un país donde su historia está en disputa, quien consigue dar forma a la memoria, denir los conceptos e interpretar el pasado, gana el futuro”. En lo relativo al acelerado incremento de la delincuencia común, sobre todo entre los jóvenes, es preciso mencionar que las sociedades de posguerra han supuesto la aparición masiva, en los barrios populares de las ciudades, de pandillas, bandas, gangs o maras que emulan el vandalismo y la violencia anómica que sus homólogos cometen en los barrios periféricos de la ciudades norteamericanas. Este tipo de acciones constatan que las consecuencias socioeconómicas de las políticas de ajuste han impactado con contundencia sobre los colectivos más débiles. En ese mismo sentido, es preciso señalar el fenómeno de los “niños de la calle”. Si bien se trata de algo demasiado complejo para acotarlo en pocas líneas, es preciso exponer que los estratos más frágiles de las sociedades centroamericanas no solo han cargado con la peor parte del “nuevo modelo”, sino que además han terminado por ganarse el estigma de ser uno de los colectivos más peligrosos y violentos del nuevo mapa social de la región. Se trata de un mapa que combina el paisaje propio de los períodos de posguerra con la liberalización económica y el afán de ostentación. Respecto al fenómeno, cada vez más hiriente, de la emigración —hacia los Estados Unidos o a Costa Rica en el caso de los nicaragüenses—, se ha convertido en un elemento de desmovilización social (3). La inmigración ha supuesto para cientos de miles de centroamericanos una opción individual a la falta de horizontes colectivos y al descalabro económicos. Pero no solo lo es para los que se van, a veces también lo supone para los que se han quedado, ya que a estos últimos les es más cómodo pedir a algún pariente que vive en California o Nueva York un “favor” para solucionar necesidades puntuales que organizarse junto a sus vecinos para pedir a los responsables municipales (que, por otro lado, exponen que cada vez tienen
3) Para mostrar la magnitud de este fenómeno, es gráco el hecho de que en El Salvador las remesas de los emigrantes han representado, a nales de los noventa, una suma superior al total agregado de los ingresos de exportación del país durante el mismo período.
245
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Tabla 7.1. Abstención electoral en Centroamérica, 1980-2003 Costa Rica 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
21,4 (a)
El Salvador
Guatemala
24,8 (b) 20,7 (a)
54,2 (b)
38,5 (c)
30,8 (c) (a)
Honduras 18,6 (b) 22,1 (a)
Nicaragua
24,8 (a) 15,1 (a)
18,2 (a) (c) 30,3 (c) 45,3 (a)
20,6 (a)
18,2 (a) (c)
43,6 (a)
13,3 (d)
49,1 (c)
24,2 (a)/leg
83,1 (e) 79,4 (c) 53,2 (d)
40,4 (d)
25,2 (d)
23,6 (d) 59,8 (f) 22,3 (a) 19,3 (d)
27,7 (d) 81,2 (e) 46,1 (a) 1ª v 59,1 (a) 2ª v
(a) Elección presidencial (b) Elección para Asamblea Constituyente (c) Elección legislativa (d) Elección presidencial, legislativa y municipal (e) Elección para una reforma constitucional (f) Elección legislativa y municipal Fuente: Vilas, 1998 y elaboración propia.
246
59,1 (a)
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
menos presupuesto para los gastos sociales) mejores condiciones de vida. Así, la inmigración no solo supone una solución individual para quien se va, sino que también la desactivación de la acción colectiva de muchos de los que se quedan. Finalmente, en lo relativo a la apatía y, por extensión, la abstención no deja de ser paradójico que hoy, después de más de tres décadas de guerra civil, cuando nalmente es posible plantearse iniciativas de progreso social sin arriesgarse a perder la vida, dichas iniciativas pierdan los comicios o no consigan despertar el interés ni el entusiasmo. El deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población no se ha traducido en un compromiso ni en una mayor confrontación política. Es más, incluso en el momento de ir a votar mucha gente ha preferido quedarse en casa. ¿Cómo interpretar la vulnerabilidad institucional?
Pero las debilidades institucionales de las “nuevas democracias” centroamericanas no se deben solamente a disfunciones de la “ingeniería institucional” (Linz y Valenzuela, 1997) ni a la torpeza de las elites (Agüero y Torcal, 1993). Hay causas más profundas, y una de ellas es la constatación de la convivencia generalizada de regímenes democráticos que desarrollan políticas que empeoran las condiciones de vida de amplias mayorías. Se trata de un tipo de reduccionismo democrático que no solo pone en cuestión la competitividad efectiva de los procesos electorales (los procesos electorales de Nicaragua en 1996, y de Guatemala o durante toda la década no son, precisamente, ejemplos de limpieza electoral) o la confección de la agenda que se discute en ellos, sino que también perpetúa situaciones —entre elección y elección— donde imperan la impunidad, la corrupción pública, la opacidad administrativa y la subordinación del poder judicial al ejecutivo (Vilas, 1998a). Efectivamente, la democratización es muy difícil si no va acompañada de una democratización de la sociedad y de una reducción de las profundas fracturas económicas y culturales que hoy cruzan muchos países latinoamericanos. La democracia es un régimen de integración en torno a valores y actitudes compartidas; y la concertación política es una quimera cuando el mercado margina y la cultura discrimina. ¿Es posible hablar en estas latitudes de una democracia que, desaando la etimología, promueva la exclusión social y política? En todo caso, muchos teóricos han empezado a curarse en salud y han acuñado conceptos como democracia delegativa para denir este tipo de regímenes (O’Donnell, 1997). Finalmente, en cuanto al papel de los actores externos, es importante apuntar que el contexto internacional en que han orecido los regímenes democráticos es un mundo unipolar bajo la hegemonía norteamericana. El desplome del imperio 247
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
soviético, el aislamiento de Cuba y la derrota en las urnas (previo acoso militar) de la experiencia sandinista, dejó sin coartada al discurso antidemocrático. Efectivamente —aunque sin terciar el n de la historia— el modelo liberal democrático apareció no solo como el único homologable, sino como el único posible. Quizás ello nos dé la llave para interpretar el entusiasmo mostrado por las administraciones Bush, Clinton y Bush Jr. para con los regímenes democráticos. Ejemplo de ello es la invasión de Haití para reinstaurar al presidente derrocado Bertrand Aristide; la negativa a apoyar las veleidades golpistas de Jorge Serrano en Guatemala o la de los militares hondureños. Y es que el marco geopolítico resultante del desvanecimiento de la guerra fría supuso un nuevo orden regentado por la administración estadounidense y, con ello, la lectura de los conictos centroamericanos cambió notablemente. Así, si la posición internacional de América Central anterior a la década de los noventa se interpretó a tenor de la hipotética amenaza de la actividad insurgente hacia el statu quo, a partir de la década de los noventa la postura injerencista de Washington ha cambiado radicalmente. Con la victoria electoral, en las elecciones nicaragüenses de febrero de 1990, de la coalición antisandinista; la rma de los acuerdos de Chapultepec entre la insurgencia salvadoreña y el gobierno en enero de 1992; y la desactivación de la amenaza que suponía la guerrilla guatemalteca y la rma de los acuerdos de paz en diciembre de 1996, la región perdió importancia estratégica para los Estados Unidos hasta quedar parcialmente olvidada y marginada. Queda por ver, pues, hasta qué punto este relativo “olvido” es benecioso o nocivo ya que si bien hay quienes tildan esta actitud de traición, también existen quienes piensan que una disminución de la presión internacional puede suponer la revitalización y el desarrollo de proyectos políticos y económicos en clave doméstica. Pero, ¿de dónde proviene tanto entusiasmo para con la democracia? Hay quienes argumentan que en la actualidad la institucionalidad democrática es la única que garantiza la estabilidad política, canaliza pacícamente las demandas de la ciudadanía y acota las posibles transformaciones a la “agenda de políticas” que imponen las instituciones económicas multilaterales. Ciertamente, es necesario repetir los enormes benecios (si se compara con los regímenes autoritarios que dominaban la escena política hasta los setenta) que han supuesto la reinstauración de las democracias representativas. Pero también cabe señalar que estas nuevas democracias no se han reinstaurado hasta que las elites domésticas percibieron la evaporación de cualquier modelo alternativo que pudiera cuestionar el statu quo, y hasta haber hecho efectiva la desaparición, exilio o desmoralización de aquellos sectores que, en su momento, abogaron por un cambio político radical. Ahora falta por ver la actitud de las elites cuando, en las generaciones venideras, aparezcan 248
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
nuevamente opciones políticas transformadoras que compitan electoralmente —y con ciertas posibilidades de ganar— en el marco institucional democrático. 2. LOS FRUTOS DEL CONSENSO DE WASHINGTON
Hasta mediados de la década de los ochenta, la mayoría de los grandes países de América Latina adoptaron una estrategia de desarrollo económico basado en la substitución de importaciones. Esta estrategia (que suponía una notable intervención de los poderes públicos en el proceso industrializador) se realizó desde una notable “diversidad”: en algunos países el Estado mantuvo un importante rol en la economía (ya fuera a partir de políticas social-reformistas, como en Costa Rica; o corporativistas como en la Nicaragua sandinista), mientras que en otros se desarrollaron políticas monetaristas y librecambistas desde regímenes autoritarios, como en El Salvador o Guatemala. Sería a partir de la década de los noventa cuando tanto las coordenadas institucionales como las socioeconómicas de todos los países acabarían por converger (Gomà, 1998). En esta década no solo se llevaría a cabo una ola de democratización; sino que a nivel económico se abandonarían las estrategias estatistas y reguladoras para seguir dos directrices: la adopción de políticas neoliberales de corte fondomonetarista, y la apertura de las economías hacia el exterior. Respecto a la adopción de políticas neoliberales cabe señalar que estas se implementaron bajo la herencia de la “década perdida” (caracterizada por las restricciones de crédito impuesto por la crisis de la deuda y por el decrecimiento económico). Su aplicación supuso un giro de la gestión de la demanda a la incentivación de la oferta; y de la creación de excedente público a la consideración de los benecios privados como el único factor creador de bienestar colectivo. Todo ello a la par de la reducción de los márgenes de maniobra nacional de todos los países debido a la rígida condicionalidad impuesta por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero el nuevo modelo neoliberal no solo afectó a las políticas económicas, también conllevó la desregulación masiva de los mercados de trabajo y la descapitalización de los servicios de salud, educación y vivienda social, sin que se generara ningún tipo de programa compensatorio en políticas de garantía de rentas. Al cabo de una década, los efectos de estas políticas han sido el incremento de la dualización social (Salama y Valier, 1997). Este proceso de precarización se ha vivido con mayor gravedad en los países centroamericanos que en el resto del subcontinente —con excepción de Costa Rica. En el istmo el ajuste se llevó a cabo en una situación donde la relación media entre 249
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
deuda externa y PIB doblaba la tasa latinoamericana (74 % frente al 36 %), y donde los términos de intercambio de los productos de la región se deterioraron un 40 % en los últimos 15 años. Ambas cosas en un contexto marcado por la posguerra, la reconstrucción y la desmovilización de los ejércitos insurgentes y la reducción de las Fuerzas Armadas (Cardenal y Martí, 1998). Todo ello se ha observado atendiendo las estadísticas elaboradas por el PNUD y que se publican anualmente en el Informe de Desarrollo Humano del PNUD. En este destacan las tablas referidas al Índice de Desarrollo Humano (IDH), en las que se incluye, además de la renta per cápita, los niveles de analfabetismo, el acceso a servicios sociales, la mortalidad infantil y la distribución del ingreso. En la tabla que se expone se observa rápidamente el descenso en la región de todos los indicadores sociales. Todos los países centroamericanos, a excepción de Honduras, sufren un deterioro en el IDH entre 1990 y 1996, siendo el caso nicaragüense el más dramático —solo comparable internacionalmente con Iraq, país que ha sufrido una guerra y el bloqueo de las Naciones Unidas (Close, 1999: 138). Tabla 7.2. Rango en el PIB per cápita (p.c.), Índices de desarrollo humano y la diferencia entre ambos entre 1990 y 1996 para América Central. País
Costa Rica Panamá Nicaragua El Salvador Guatemala Honduras
Rango en el PIB p.c., 1990 27 37 59 71 75 79
Rango en el PIB p.c., 1996
IDH, 1990
IDH, 1996
31 43 117 115 112 114
.916 .883 .743 .651 .592 .563
.884 .859 .568 .576 .580 .580
Diferencia entre IDH y el PIB p.c., 1990 26 5 17 3 -8 -2
Diferencia entre IDH y el PIB p.c., 1996 23 0 -4 -5 -26 7
Fuente: PNUD en Close,1999.
Finalmente, en cuanto a las políticas de apertura económica al mercado internacional cabe señalar la reactivación de viejos proyectos de integración económica regional como el Mercado Común Centroamericano, MCCA, así como la discusión de proyectos para la creación de un mercado común a nivel hemisférico (el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA). Una reactivación que parece indicar más la pérdida de centralidad de las agendas de desarrollo nacionales y la imposición de 250
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
proyectos controlados (no se sabe demasiado por quién, como por ejemplo el Plan Puebla Panamá) que no la superación de problemas domésticos. Aunque parece que la capacidad de solventar estos “problemas” ya no es tampoco un objetivo al alcance de los gobiernos nacionales, sino que pertenece a una agenda controlada por las organizaciones multilaterales, quienes discuten los montos de la devolución de los servicios de la deuda (léase programas como el HIPIC) y, por ende, la misma capacidad de supervivencia de los países de la región. A la vez, los efectos de este proceso aperturista han sido contradictorios: la concentración geográca de las exportaciones se ha incrementado; la participación norteamericana ha crecido notablemente; y la composición de las exportaciones ha continuado, en gran medida, basándose en los productos tradicionales. En denitiva, las exportaciones de la región han seguido dependiendo básicamente de productos primarios, lo que hace que sus ingresos continúen siendo muy vulnerables a choques externos (Bulmer-Thomas, 1998: 447) ya sean de carácter económico o meteorológico —tal como aconteció a nales de octubre de 1998 a raíz del catastróco paso del Huracán Mitch por la región (ver, en este sentido, el informe del Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación de América Central (4)). Con todo, y a pesar de la literatura generada por este fenómeno (Pérez Balodano, 1999) es preciso preguntarse también si el rastro apocalíptico del huracán fue, sobre todo, un indicativo de la precariedad y vulnerabilidad en que está sumergida la mayor parte de la población. 3. LOS ACTORES EN ESCENA Partidos, elites y Fuerzas Armadas
Antes de hablar directamente de los actores que se enzarzaron en un conicto bélico durante casi tres lustros es importante apuntar que en el nuevo escenario la política resultante (los regímenes liberal-democráticos) no fue el objetivo ni el reto de ninguno de ellos. Para la izquierda —aglutinada en torno a organizaciones guerrilleras— el orden deseado siempre fue la revolución y la transformación social, económica y política y, en su mayoría, este colectivo fue más entusiasta para con el régimen cubano que para cualquier otro del subcontinente. Por otro lado, la derecha, encabezada por la oligarquía criolla y patrocinada de forma incondicional por
4) El informe puede obtenerse en la dirección electrónica: htp://www.iadb.org/regions/re2/colsultaive_group
251
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
la administración gringa, siempre se mantuvo anclada en una concepción autoritaria y elitista y nunca —hasta nales de la década de los ochenta— dejó de pensar en un regreso, aunque algo remozado, al “viejo orden”. Así las cosas, a primera vista podríamos armar que los “nuevos regímenes liberal-democráticos” nacidos del desenlace bélico no satiscieron plenamente a ninguno de los bandos que otrora se enfrentaron en una encarnizada batalla. Con todo, si bien es importante observar un notable cambio en la conducta de las elites políticas de ambas formaciones (ya sean las cúpulas de las antiguas guerrillas o los dirigentes reciclados de la rancia derecha reaccionaria), la capacidad de desarrollar políticas de gobierno ha sido una tarea exclusiva de la derecha, pues desde las primeras elecciones celebradas en los tres países hasta la fecha las formaciones políticas conservadoras, bajo diversos mantos partidistas, son las que han obtenido repetidamente la victoria en las urnas. Sobre la base de ello, por lo que se reere a las políticas de gobierno, por ahora solo la derecha ha tenido oportunidad de demostrar su quehacer y, precisamente por ello, podemos armar que las políticas generadas por la derecha desde la administración no han cambiado las perniciosas tendencias seculares de exclusión y empobrecimiento de grandes colectivos —más bien al contrario. Así, la transformación de la derecha desde posturas profundamente reaccionarias y autoritarias hacia la adopción de conductas civilistas, defensoras de la democracia liberal y del “libre mercado” no han supuesto cambios reales en cuanto al desempeño de sus tareas. En esa dirección cabe puntualizar que no siempre quienes se denen como demócratas lo son, ya que a menudo la aceptación de la “democracia” no se debe a una transformación en los valores de los participantes, sino a una decisión estratégica fruto de la percepción de que el nuevo sistema político les permite, aún con mayor comodidad que antes, defender y promover sus intereses (Cardenal, 1996; Font, 1998). Al otro lado del espectro político, cabe señalar que la izquierda también ha sufrido notables transformaciones. Un de las más sorprendentes es su cambio de postura respecto al orden imperante, ya que si bien esta justicó la activación y continuidad del conicto armado a lo largo de una década con apoyo en la existencia de factores estructurales (como la persistencia de la pobreza, la injusta distribución de la propiedad o el perverso reparto de la riqueza), una vez rmados los acuerdos de paz, el centro de las preocupaciones ha gravitado en torno a los aspectos institucionales. Así las cosas, no deja de ser paradójico que las mayores mutaciones acaecidas en la derecha y la izquierda desde la eclosión de la crisis de los ochenta hayan acontecido en el marco de la simbología, la organización, el carácter de las organizaciones que lideraron dicho enfrentamiento y en el de la institucionalidad 252
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
del Estado; pero no en el de la transformación del tejido social ni en el de la estructura de propiedad de la tierra ni en el reparto equitativo de los activos económicos. En este sentido, cabría preguntarse si en Centroamérica este confuso paisaje de la otrora izquierda insurgente —donde, a lo largo de toda la década, se han cruzado acusaciones y denuncias entre sus militantes— es el incipiente reejo de proyectos políticos claramente diferenciados de lo que en su momento fue el programa revolucionario, o si solo es un capítulo más de la —ya tradicional y estéril— dinámica centrífuga de las elites políticas de la izquierda. Con todo, como muy bien apunta Torres-Rivas (1996: 13) los partidos difícilmente se dividen por las bases, sino por las elites y por muy diversas cuestiones: desde la politiquería y ambición de algunos, hasta la confrontación entre sectores más radicales, y quienes piensan en estrategias electorales marcadas por la moderación y las alianzas. En todo caso, el esfuerzo realizado por las organizaciones analizadas para insertarse y apuntalar el Estado de Derecho no es nada desdeñable. No es fácil hacer un balance de la izquierda transformadora centroamericana precisamente ahora, en la última década del siglo, cuando ha nalizado un período que bien podría calicarse de “coyuntura crítica” —en los términos que Collier & Collier (1991) denen. Pareciera que en la opaca historia de los pueblos la energía social acumulada a través de prolongados períodos se condensa para estallar en un breve plazo de tiempo. Aunque a la hora de hacer un balance de los cambios acontecidos en el seno de lo que un día fue la izquierda insurgente tendríamos que observar, como mínimo, tres aspectos: su transformación organizativa, la mutación de su mundo simbólico y, nalmente, sus stock propositivo. Sobre ello, la polémica obra de Castañeda (1996) quizá acierte al titular la coyuntura de la izquierda latinoamericana que se abre con la década de los noventa con la frase de la guerre est nie. Otra cuestión está en si además del abandono de los elementos simbólicos vinculados al mundo de la lucha político-militar la izquierda también deseche códigos y conductas propios de este, a saber, ciertas formas de sectarismo e intolerancia. En esta dirección, uno de los retos de la nueva izquierda está en la capacidad de crear consenso y en que seduzca a amplios sectores —que, cabe decirlo, muchos de ellos están en situaciones caracterizadas por la precariedad. Y es precisamente de dicho reto que se deriva la cuestión de la “oferta propositiva”. Sobre ella debemos partir de la necesidad de que las nuevas formaciones de izquierda elaboren un programa que cumpla tres elementos esenciales: que sea razonable, que sea capaz de observarse como alternativa de poder y, nalmente, que sea transformador. Obviamente las tareas expuestas no son simples ni se consiguen según recetas, sino a través de un minucioso análisis de la realidad y del cambio de las relaciones entre el Estado y la sociedad, y de este con la econo253
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
mía. De ello dependerá realmente la valoración nal de si la mutación acontecida en la izquierda transformadora tuvo razón de ser; en cualquier caso ya existen experiencias municipalistas gestionadas por esta que nos pueden dar luces sobre las direcciones tomadas. Finalmente, en esta nueva institucionalidad cabe hablar también de un actor que hasta la década de los ochenta fue central, a saber, las Fuerzas Armadas —históricamente garantes del orden y muchas veces gestores directos de los asuntos públicos. Sobre ello hay que exponer que estas —se dice— han mutado de naturaleza. Y es que ante la irrupción de la amenaza insurgente en El Salvador y Guatemala se produjo la paradoja de que mientras los militares cobraban una mayor centralidad en la conducción de los asuntos del país, perdían la función de titulares del gobierno. A pesar de ello, no todo ha sido adverso para los cuerpos armados de la región, pues si bien es cierto que ha disminuido su centralidad en la dirección pública de los asuntos del país, cabe puntualizar que durante la década anterior tuvieron acceso a una cantidad ingente de recursos (a través de los nutridos presupuestos de los programas contrainsurgentes) que supuso la creación de un nuevo sector pudiente: la llamada “burguesía armada”. Así las cosas, si bien en el presente ha disminuido (aunque tampoco cabe ser demasiado optimista, sobre todo en el caso guatemalteco) su capacidad de inuencia directa en las esferas de gobierno, es preciso señalar el incremento exponencial de su incidencia económica —hecho nada desdeñable si se tiene en cuenta que hablamos de países que todavía están inmersos en el largo camino de la reconstrucción de sus economías de posguerra (Dunkerley y Sieder, 1995; Sanahuja, 1998). Del análisis de los tres actores se deriva la necesidad de señalar la persistencia de notables deciencias y disfunciones, pues en el proceso de apertura, democratización y modernización del Estado iniciado en los tres países (durante y después del enfrentamiento militar) existen aún varios interrogantes. Por un lado, los discursos en defensa de la legalidad, la libre competencia o la desregulación coexisten con el mantenimiento de prácticas corporativas y estilos clientelares y, en esta dirección, la retórica de la reforma del incipiente “Estado de Derecho” convive con la manipulación de los presupuestos gubernamentales para alimentar lealtades políticas, a la vez que la exaltación de las virtudes del mercado se conjugan con los comportamientos rentistas. Y por otro, que la retórica democrática de igualdad de oportunidades y el trato ante la justicia se ve constantemente desautorizado por la realidad, ya que en cada uno de los países citados conocer a “alguien” en el gobierno, tener amigos, o ser de “buena familia”, continúan constituyendo activos muchísimo más importantes que la titularidad abstracta de derechos y capacidades individuales rubricados en las nuevas Constituciones reformadas (Vilas, 1996). 254
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Muchos analistas exponen que es una trágica ironía —a la que la política y la historia es muy proclive— que en Nicaragua, El Salvador y Guatemala los procesos de democratización recientemente acaecidos gracias a la quiebra del antiguo orden que supusieron las movilizaciones populares y a los embates revolucionarios, hayan devuelto el gobierno a los representantes de la más rancia oligarquía embarcada en partidos de derecha de nuevo cuño en El Salvador (con ARENA) y en Guatemala (con el PAN), y a algunos de los artíces de la Contrarrevolución en Nicaragua de mano de la Alianza Liberal; al tiempo que las condicionalidades jadas por los organismos nancieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acentúan el sesgo de clase en las políticas económicas y consolidan las posiciones de poder de aquellas elites modernizadas en cuanto a su integración en el mercado —aunque no respecto a sus actitudes para con los demás sectores de la sociedad. ¿Hasta dónde llega la casualidad? ¿Y los ciudadanos
…?
La realidad centroamericana de los noventa también ha sido un espacio en el que han emergido manifestaciones portadoras de esperanza y creatividad, sobre todo, en el marco de la ciudadanía. Recobrados los derechos civiles ha emergido una galaxia de movimientos sociales y formaciones partidarias que, hasta entonces, habían permanecido en la clandestinidad. Así las cosas, la vida política en democracia ha supuesto bastante más que la legalización de los partidos y la consolidación de instituciones representativas. Es más, a nales de la década, para muchos ciudadanos de estos países las organizaciones sociales, las organizaciones eclesiales y la prensa independiente gozaban de mayor conanza que las formaciones partidarias, la justicia o el Congreso: según los datos del Latinobarómetro de 1997 las primeras inspiran un grado medio de conanza (agregado para todo el subcontinente) del 47 % frente al 18 % que inspiraban las segundas. A pesar de ello, en Centroamérica, el rechazo individual a alguno de los actores políticos presentes en los actuales sistemas políticos no ha supuesto el desprestigio del sistema democrático. Todo al contrario (tal como vemos en la tabla que sigue), la mayoría de los ciudadanos preferían un sistema democrático, si bien en los datos del 2001 se observa una fuerte erosión de su apoyo (con la excepción costarricense) frente a los que dicen preferir en ocasiones uno autoritario o que les da igual. Otra cuestión es el grado de satisfacción de los rendimientos de las “democracias realmente existentes”. Tal como se observa en la otra tabla siguiente, con datos de 255
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
1998, solo un 15 % de los entrevistados decían estar muy satisfechos y un 29 % más bien satisfechos. Las razones de esta aparente paradoja entre el apoyo al sistema político y el descontento hacia los rendimientos que este genera pueden estar relacionadas con los aspectos que hemos ido desgranando a lo largo del texto. Posiblemente, uno de los principales factores de esta lógica haya sido el recrudecimiento de la vida cotidiana de grandes sectores de la población. Ha sido esta creciente dicultad para “resolver” y “salir adelante” lo que ha ido quebrando las esferas que anteriormente separaban lo privado de lo público. La profunda crisis económica, los despidos masivos de empleados públicos y los drásticos recortes de los servicios sociales ha supuesto que las decisiones tomadas en la esfera pública irrumpieran con fuerza en el ámbito de lo doméstico. Es a partir de este fenómeno que cabe comprender la activación de actores sociales que anteriormente se habían manifestado de forma subordinada a otros protagonistas de la acción colectiva. Esta “politización” de la vida privada ha implicado necesariamente una redenición de las relaciones entre la esfera de lo público y lo privado, creando una renovada capacidad de expresión de ciertos sujetos sociales: los llamados nuevos sujetos sociales. Se trata de actores agrupados en torno a identidades sociales básicas (como los movimientos de mujeres, de jóvenes, de indígenas, o confesionales), a intereses especícos (como las redes ecologistas o ambientalistas), o a necesidades elementales que es preciso satisfacer (como las asociaciones comunales o de pobladores, las agrupaciones de desplazados y desmovilizados, o las ollas comunales). Esta mayor visibilidad social de colectivos populares que luchan y demandan —con mucha mayor autonomía que antes— un espacio donde ejercer sus derechos ante unos ejecutivos que marginan y excluyen es un elemento a destacar. En la década de los ochenta, con la eclosión de los procesos revolucionarios en la región, el conicto político dio a esos actores, por primer vez en la historia, visibilidad social. Durante ese período, su movilización (muchas de las veces de forma dependiente o canalizada) dio como fruto un incremento de su sentimiento de ecacia política; aumentando su conanza en la organización y dándoles conocimiento de las ventajas derivadas de trabajar y presionar unidos (Vilas, 1991). Y es precisamente desde esta perspectiva que cabe introducir en estos países —y sobre todo en Nicaragua— una variante clave en su vida política: una cultura política movilizadora y combativa fruto del período revolucionario. Período que, a pesar de sus limitaciones y errores, impactó en el imaginario de numerosos colectivos sociales que ahora no se resignan a la pasividad ante los embates neoliberales dictados desde el ejecutivo por las elites encaramadas en la cúpula de la nueva institucionalidad. 256
257
47,9 71,4 27,3 34,4 56,6 42,7
60,9
78,7 61,8 49,2 56,5 63,6
10,7 11,8 24,3 15,5 13,0
17,8 8,2 10,7 20,1 9,7 22,1
19,5
2001
1996-2000
1996-2000 2001
En ocasiones un gobierno autoritario es mejor que la democracia
La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno
Fuente: Latinobarómetro de 1996-2000 en Payne, et al (2003).
Media Latinoamericana Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
PAÍS
6,3 19,9 18,4 19,2 17,9
16,2
1996-2000
12,5 37,0 22,2 20,7 25,9
21,0
2001
A nosotros nos es igual la democracia que la dictadura
Con qué frase está más de acuerdo (en %) NS/NC
2,3 3,6 4,6 7,2 3,9
4,5
1996-2000
Encuesta sobre la preferencia de sistema político
Tabla 7.3.
6,6 17,9 16,3 9,0 5,2
8,9
2001
2,0 2,9 3,5 1,6 1,6
1,5
1996-2000
1,3 7,2 7,1 4,0 4,2
2,8
2001
No responde
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Tabla 7.4. Grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia (en %) PAÍS
Muy satisfecho
Más bien satisfecho
Media Latinoamericana Media Centroamericana Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
11
26
15,8
29,6
27 14 16 11 7
27 34 41 26 20
No demasiado satisfecho 79,7
Nada satisfecho
NS/NC
(N)
18,2
3,5
17902
37
13,2
5,8
5000
26 40 34 40 45
8 12 9 12 25
13 0 1 11 4
1000 1000 1000 1000 1000
Fuente: Latinobarómetro de 1998.
En esta dirección, sería ingenuo imaginar que la historia ha llegado a su n. Opuestamente a los lugares comunes donde se refugia el conformismo, ante tal paisaje, la posibilidad de nuevos embates sociales es casi tan previsible como necesaria en la tarea de allanar los enclaves autoritarios y las prácticas excluyentes que aún persisten, y que sesgan y bloquean el contenido del adjetivo “democrático” que ostentan las instituciones de los países citados. Así, antes de nalizar este punto, se podría armar que una de las características más relevantes de esta década que termina ha sido la progresiva recuperación (aunque no denitiva ni completa) del sentimiento de muchos habitantes de ser “ciudadanos de pleno derecho”. Esta recuperación (que en algunos países ha sido un estreno) ha supuesto una alambicada lucha. Una lucha tenaz que se ha librado gracias a la permanencia de un imaginario que visualiza un mundo mejor y más justo. La persistencia de este mito —el de la posibilidad de crear un país donde todo el mundo tenga “un lugar bajo el sol”— será la clave para interpretar el futuro.
258
MAPAS
259
260
Mapa 1. Centroamérica y el Caribe.
261
Mapa 2. Centroamérica. Mapa físico.
262
Mapa 3. Centroamérica. Mapa político.
263
Mapa 4. Los tres espacios económicos de la época colonial.
264
Mapa 5. Intervenciones estadounidenses en Centroamérica y el Caribe.
265
Mapa 6. Centroamérica. Principales cultivos y yacimientos.
266
Mapa 7. Conictos en los años ochenta.
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Bibliografía
ACKER, A. Honduras. The Making of a Banana Republic. Boston: South End Press. ADRIANCE, M. (1986). Opting for the Poors. Kansas: Sheed and Ward. AGUILAR, A. (1988). “Negotiation in Conict: Central America and Contadora” en: Hamilton et al. Crisis in Central America. Boulder: Westview Press. AGUILERA, G. y TORRES-RIVAS, E. (1998). Del autoritarismo a la paz. Guatemala. Guatemala: FLACSO. ALCÁNTARA, M. (1999). Sistemas políticos de América Latina, Vol. II. México, América Central y el Caribe. Madrid: Ariel. —, (2004). “Gobernabilidad en América Latina y la aparición de nuevos actores” en: MARTÍ PUIG, S. y SANAHUJA, J. M. Etnicidad, descentralización y gobernabilidad en América Latina. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca. ANDERSON, T. (1982). El Salvador 1932. Los sucesos políticos de 1932. San José: Editorial Universitaria Centroamericana. ARNÁIZ, X. (1990). Historia del pueblo de Dios en Nicaragua. Managua: Centro Ecuménico Antonio Valdivieso. ARNSON, C. J. (1993). Crossroads. Congress, the Presidents, and Central America, 1976-1993. University Park, PA: The Pennsylvania University Press. ARONSON, C. (1987). “Contadora and the US Congress” en: Bruce Bagley (ed.). Contadora and the Diplomacy of Peace in Central America. Boulder: Westview Press. ARTIGA, Á. (2002). La política y los sistemas de partidos en Centroamérica. San Salvador: FundaUngo. 267
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
ASHBY, T. (1987). The Bear in the Backyard: Moscow´s Caribbean Strategy. Lexington: Heath & Co. AYA, R. (1985). “Reconsideración de las teorías de la Revolución”. Zona Abierta, 36-37. AZEVEDO, M. (1987). Basic Eclesial Communities in Brazil: The Challenge of a New Way of Being Church. Washington: Georgetown University Press. BALMORI, D. et al. (1990). Las alianzas de familias y la formación del país en América Latina. México D.F.: FCE. BALOYRA-HERP, E. (1983). “Reactionary Despotism in Central America”. Journal of Latin American Studies, 15. BARRY, D. y CASTRO, J. R. (1990). “Cuatro hipótesis para entender la transición”. Revista Pensamiento Propio, 66. BARRY, D.; VERGARA, R. y CASTRO, R. (1986). Nicaragua: País sitiado. Guerra de Baja Intensidad: y sobrevivencia. Managua: CRIES. BARRY, T. (1987). Low Intensity Conict. The new Battleeld. New Mexico: InterHemispheric Education Resource Center. BARRY, T. & PREUSCH, D. (1988). The Soft War. New York: Grove. BASTOS, S. y CAMÚS, M. (1994). Sombras de una batalla. Desplazados por la violencia en la ciudad de Guatemala. Guatemala: FLACSO. BATAILLÓN, G. (1994). “Contras y Recontras nicaragüenses: Reexiones sobre la acción armada y la constitución de actores político-militares”. Mímeo. BEEDE, B. (1985). Intervention and Counterrevolution. New York: Garland. BÉJAR, H. (1969). Perú 1965: Apuntes sobre una experiencia guerrillera. Habana: Casa de las Américas. BELAUSTEGUIGOITIA, R. ([1934] 1985). Con Sandino en Nicaragua. Managua: Editorial Nueva Nicaragua. BELLI, G. (1983). La mujer habitada. Managua: Vanguardia. BENDAÑA, C. (1984). “Reexiones sobre la participación popular”. Pensamiento Propio, 13. —, (1991). La tragedia campesina. Managua: CEI-EARIES. BERRYMAN, P. (1984). Religious Roots of Rebellion. Christian in the Central American Revolution. Washington: Maryknoll. —, (1994). Stubborn Hope. Religion, Politica and Revolution in Central America. New York: Orbis Books. BINFORD, L. (1996). The El Mozote Massacre. A Compelling story for everyone concerned with the lives of Third World Peoples. Tucson: The University of Arizona Press. BISHOPING, & SCHUMAN (1992). “Pens and Polls in Nicaragua: An Analysis of 268
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
the 1990 Preelection Surveys”. American Journal of Political Science, 36/2. BLACK, G. (1988). The Good Neighbor. How United States wrote the History of Central America and the Caribbean. New York: Pantheon Books. BLAUFARB, D. (1977). The Counterinsurgency Era. New York: Free Press. BLOKLAND, K. (1989). “Participación campesina en el programa de estabilización y ajuste económico en Nicaragua”. Encuentro, 37/38. BORGE, T. (1982). Carlos, el amanecer ya no es una tentación. Managua: Editorial Nueva Nicaragua. —, (1989). La paciente impaciencia. Managua: Vanguardia. BRAVO, A. (1996). Merecido Tributo. Managua: Distribuidora Cultural. BRADING, D. (1991). Orbe indiano. De la monarquía católica a la república criolla, 1491-1867. México D.F.: FCE. BROCKETT, C. D. (1988). Land, Power, and Poverty: Agrarian Transformation and Political Conict in central America. Boston: Unwin Hyman. BRODIE, R. (1985). Contra Terror in Nicaragua. Boston: South End. BROWN, D. (1986). Umbanda: Religion and Politics in Urban Brazil. Ann Arbour: University of Michigan Research Press. BULMER-THOMAS, V. (1983). “Economic Development over the Long Run -Central America Since 1920”. Journal of Latin American Studies, 15/2. —, (1987). The Political Economy of Central America since 1920. New York: Cambridge University Press. —, (1991). “Run Model of Developement for Central America”. London: Institute of Latin American Studies. BURNEAU, T. C. (1985). “Church and Politics in Brazil: The Genesis of Change”. Journal of Latin American Studies, 1/17. BURNS, B. (1987). At War in Nicaragua: The Reagan Doctrine and the Politics of Nostalgia. New York: Harper & Row. —, (1993). Nicaragua. El surgimiento del Estado-Nación, 1798-1858. Managua: IHN. BUTLER, J. et al. (1995). Conictos difíciles, soluciones parciales. La búsqueda del consenso en Nicaragua, 1990-1995. Cambridge: Iniciativas Hemisféricas. BUTLER, J.; DYE, R. R.; SPENCE, R. y VICKERS, G. (1996). Democracy and Its Discontents. Cambridge: Hemisphere Initiatives, Inc. CABEZAS, O. (1982). La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Managua: Nueva Nicaragua. CARDENAL, A. S. (1996). Elites agrarias y democracia. Una explicación del proceso de transición salvadoreño. Tesis Doctoral: Universidad Autónoma de Barcelona. 269
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
—, (1998). “Rendimientos institucionales” en: CARDENAL, A. S. y MARTÍ, S. (1998). América Central. Las democracias inciertas. Madrid: Ariel. —, (2002). La democracia y la tierra. Cambio político en El Salvador. Madrid: CIS. CARDENAL, A. S. y SANAHUJA, J. M. (1998). “La difícil conquista de la paz y la democracia en El Salvador” en: BOTELLA, J. y SANAHUJA, J. M. Centroamérica después de la crisis. Barcelona: ICPS. CARDENAL, A. S. y MARTÍ, S. (1998). América Central. Las democracias inciertas. Madrid: Ariel. CARDENAL, R. y GONZÁLEZ, L. A. (comps.) (2002). El Salvador: la transición y sus problemas. San Salvador: UCA Editores. CARDOSO, C. (1991). “The Liberal Era, 1870-1930” en: Bethell (ed.). Central America since Independence. New York: Cambridge University Press. CASAÚS, M. (1992). “La metamorfosis de las oligarquías centroamericanas”. Polémica, 18. CASTAÑEDA, J. (1993). The Utopia Unarmed. New York: Vintage. —, (1996). “América Latina y la terminación de la guerra fría: un ensayo sobre la frustración” en: LOWENTHAL, A. y TREVERTON, G. América en un nuevo mundo. México: Fondo de Cultura Económica. CASTELLNOU, E. (2004). “El impacto de los Acuerdos de Paz en el despertar étnico de Guatemala” en: MARTÍ PUIG, S. y SANAHUJA, J. M. Etnicidad, descentralización y gobernabilidad en América Latina. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca. CEPAL (1980). El desarrollo en Centroamérica en la posguerra. México D.F.: CEPAL. —, (1981). Nicaragua: El impacto de la mutación política. Santiago de Chile: CEPAL. —, (1988). Notas para el estudio de América Latina y el Caribe, 1987: Nicaragua. México D.F.: CEPAL. CERDAS, R. (1984). Sandino, el APRA y la Internacional Comunista. Lima: EDIMISSA. —, (1986). “Nicaragua: One Step Forward, Two Steps Back” en: Di Palma, G. y Whitehead, L. (eds.) (1986). The Central American Impasse. London: St. Martin’s Press. CHAMORRO, A. (1994). Traders, Artisans & Revolution: A political Sociology of the Urban Informal Sector in Nicaragua. Colchester: PhD Thesis, U. of Essex. CHRISTIAN, S. (1986). Nicaragua. Revolución en la familia. Barcelona: Planeta. CHOMSKY, N. (1988). La quinta libertad. La intervención de los Estados Unidos en Centroamérica y la lucha por la paz. Barcelona: Crítica. 270
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
CHOMSKY, N. y HERMAN, E. S. (1990). Los guardianes de la libertad. Barcelona: Crítica. CIERA (1984). Nicaragua: ... Y por eso defendemos la frontera. Historia agraria de las Segovias Occidentales. CIERA, Managua. CLAUSEWITZ, K. V. ([1832] 1984). De la guerra. Barcelona: Labor. CLEMENT, P. (1987). “Moscow and Nicaragua: Two Sides of Soviet Policy”. Comparative Strategy, 5/1. CLOSE, D. (1985). “The Nicaraguan Elections of 1984”. Electoral Studies, 4/2. —, (1995). Legislatures and the New Democracies in Latin America. Boulder: Lynne Rienner. —, (1987). Nicaragua: Politics, Economics and Society. Frances Pinter: London. —, (1999). The Chamorro Years. Boulder: Lynne Rienner. CLOSE, D. y DEONANDAN, K. (2004). Undoing Democracy: The Politics of Electoral Caudillismo. NY: Lexintong Books. COLLIER, B. C. & COLLIER, D. (1991). Shaping the Political Arena. Princeton: Princeton University Press. COMISIÓN DE ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO, CEH (1999). Guatemala. Memoria del silencio. Guatemala: UNOPS. COMISIÓN DE LA VERDAD DE NN. UU. (1993). De la locura a la esperanza. La guerra de doce años en El Salvador. Donostia: Gakoa. CONSEJO SUPREMO ELECTORAL (1984). Resultados de las elecciones de noviembre de 1984. Managua: CSE. CORAGGIO, J. L. (1986). “La hegemonía del poder popular en la revolución Sandinista”. Encuentro, 23. CORAGGIO, J. L. y TORRES, R. M. (1987). Transición y crisis en Nicaragua. San José: DEI. CRAWLEY, E. (1979). Dictators Never Die. A Portrait of Nicaragua and the Somozas. London: Hurst & Company. CRUZ, A. (1989). Memory of Counter-Revolution -life with the Contras, the sandinistas and the CIA. New York: Doubleday. DÉBRAY, R. (1961). La revolución dentro de la revolución. Habana: Casa de las Américas. DECESARE, D. (1998). “The Children of War: Street Gangs in El Salvador”. NACLA, vol. XXXII # 1. DELLA CAVA, R. (1976). “Catholicism and Society in Twentieth-Century Brazil”. Latin American Research Review, 2/2. DICKEY, C. (1985). With the Contras. A Report in the Wilds of Nicaragua. New York: Touchstone. 271
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
DIEDERICH, B. (1982). Somoza and the Legacy of US Involvement in Central America. London: Junction Books. DILLON, S. (1992). Comandos, the CIA and Nicaragua’s Contra Rebels. New York: Henry Holt & Co. DODSON, M. (1979). “Liberation Theology and the Cristian Radicalism in Contemporary Latin America”. Journal of Latin American Studies, 1/11. DODSON, M. & O’SHAUGHNESSY, L. (1986). “Religion and Politics” en: Walker (ed.). Nicaragua: The First Five Years. New York: Praeger Press. DORE, E. & WEEKS, J. (1992). The Red and the Black. The Sandinistas and the Nicaraguan Revolution. London: Institute of Latin American Studies. DOSPITAL, M. (1996). Siempre más allá. El Movimiento Sandinista en Nicaragua, 1927-1934. Managua: IHN-CEMCA. DUNKERLEY, J. (1988). Power in the Isthmus. London: Verso. EDELMAN, M. (1985). “Lifelines: Nicaragua and Socialist Countries”. Report on the Americas NACLA, 19/3. ELLACURÍA, I. (1991). Veinte años de historia en El Salvador, 1969-1989. San Salvador: UCA Editores. FALCOFF, M. (1985). “Somoza, Sandino y los Estados Unidos”. Revista de Pensamiento Centroamericano, XL/185. FALLA, R. (1992). Masacres en la Selva. Ixcán, Guatemala 1975-1982. Managua: CRIES-Latino Editores. FARER, T. (1985). “Contadora: The Hidden Agenda”. Foreign Policy, 59. FERNÁNDEZ-BUEY, A. (1998); FINDLING, J. E. (1971). The United States and Zelaya: A Study in the Diplomacy of Expediency. Austin: PhD Thesis, University of Texas. FIGUEROA, C. (1999). Los que siempre estarán en alguna parte. Puebla: BUAPIICS. FLORES SILVA, M. (1996). “El resurgimiento del liderazgo político personalizado y los riesgos del neopopulismo” en: Loeza, S. (comp.). Reforma del Estado y democracia en América Latina. México DF: Colmex. FONSECA, E. (1996). Centroamérica: Su historia. San José: FLACSO-Editorial Universitaria Centroamericana. FONT, J. (1998). “Las derechas: del anticomunismo al neoliberalismo” en: CARDENAL, A. S. y MARTÍ, S. (1998). América Central. Las democracias inciertas. Madrid: Ariel. FONT, J. y GOMÀ, R. (1991). “El proceso de democratización en Nicaragua, actores, estrategias y conicto”. Afers Internacionals, 20. FOROOHAR, M. (1989). The Catholic Church and Social Change in Nicaragua. 272
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Albany: State University of New York Press. FSLN ([1969] 1981). Programa del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Managua: DPEP-FSLN. —, (1979). Análisis de la coyuntura y tareas de la Revolución Popular Sandinista. [s.l.] [s.n.]. El mismo texto en inglés se editó en 1986 como: The 72-hour Document: the Sandinista Blueprint for Constructing Communism in Nicaragua. Washington D.C.: US Department of State. —, (1980). El papel de las Organizaciones de Masas en el proceso revolucionario. Managua: SNPEP-FSLN. —, (1982). Habla la Vanguardia. Discursos de la Dirección Nacional del Frente Sandinista. Managua: DPEP-FSLN. GALEANO, E. (1971). Las venas abiertas de América Latina. México D.F.: Siglo XXI. —, (1982). Memorias del fuego. II. Las caras y las máscaras. Madrid: Siglo Veintiuno. GARCÍA, J. Z. (1995). “The Salvadoran National Legislature” en: Close, D. Legislatures and the New Democracies in Latin America. Boulder: Lynne Rienner. GILBERT, D. (1988). Sandinistas. Cambridge: Basil Blackwell. GIRARDI, G. (1986a). Fe en la Revolución. Revolución en la Cultura. Managua: Editorial Nueva Nicaragua. —, (1986b). Sandinismo, Marxismo y Cristianisno: la Conuencia. México D. F.: MuevoMar-CAV. GIRARDI, G.; FORCANO, B. y VIGIL, M. (eds.) (1987). Nicaragua trinchera ideológica. Para una Teología de la Liberación desde Nicaragua. Salamanca: Centro Ecuménico Antonio Valdivieso-Lóguez Ediciones. GOLDENBERG, B. (1965). The Cuban Revolution and Latin America. London: Allen & Unwin. GONZÁLEZ, M. (1984). “The Culture of the Heroic Guerrilla: The Impact of Cuba in the Sixties”. Bulletin of Latin American Research, 3/2. GOMÀ, R. (1994). “De la Revolución al Neoliberalismo: Actores, estrategias y políticas públicas”. XVIII LASA Congress: Mímeo. —, (1998). “Rendimientos substantivos: Políticas económicas y sociales en la Centroamérica posrevolucionaria” en: CARDENAL, A. S. y MARTÍ, S. (1998). América Central. Las democracias inciertas. Madrid: Ariel. GONZÁLEZ, S. (1991). “La transición a la democracia en Nicaragua”. Revista de Estudios Políticos, 74. —, (1992). El sandinismo: Análisis de un cambio de régimen. Madrid: Ediciones de la Universidad Complutense de Madrid, Colección Tesis Doctorales, n.º 42/92. 273
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
GOULD, L. J. (1986). “For an Organized Nicaragua: Somoza and the Labour Movement, 1944-1948”. Journal of Latin American Studies, 2/19. GRÉNIER, Y. (1999). The Emergence of Insurgence in El Salvador. Ideology and Polítical Will. Basingstock: McMillan. GUERRA BORGES, A. (1964). “The Experience of Guatemala: Some Problems of Revolutionary Struggle Today”. World Marxist Review, 7/11. GUIDOS BÉJAR, R. (1982). Ascenso del militarismo en El Salvador. San José: Educa. GUTMAN, R. (1988). Banana Diplomacy. The making of american politics in Nicaragua, 1981-1987. New York: Simon and Schuster. HELWEDGE, A. (1989). “Three Socialist Experiences in Latin America: Surviving US Economic Pressure”. Bulletin of Latin American Research, 18/2. HERRERA ZÚÑIGA, R. (1994). Nicaragua, el derrumbe negociado. Los avatares de un cambio de régimen. México D.F.: Colegio de México. HIRSON, T. & BUTLER, J. (1983). And Also teach them to Read. Connecticut: Lawrence Hill & Co. HODGES, D. C. (1986). Intellectual Origins of Nicaraguan Revolution. Austin: University of Texas Press. HORTON, L. (1998). Peasants in Arms. War and Peace in the Mountains of Nicaragua, 1979-1994. Athens: Ohio University Press. IES (1983). El Sandinismo. Documentos básicos. Managua: Vanguardia. IHCA (1980). Fe Cristiana y Revolución Sandinista en Nicaragua. Managua: UCA. INIES (1985). Agresión en Nicaragua. Managua: INIES. INVERNIZZI et al. (1986). Sandinistas. Managua: Vanguardia. IRVIN, G. & GOROSTIAGA, X. (1985). Towards an Alternative for Central America and the Caribbean. Boston: Gorge Allen and Unwin. JONAS, S. (1995). The Battle for Guatemala. Rebels, Death Squads and the US Power. Boulder: Westview Press. KAPUSCHINSKI, R. (1992). La guerra del fútbol y otros reportajes. Barcelona: Anagrama. KARL, T. (1987). “Mexico, Venezuela and the Contadora Initiative” en: Valenta & Durán (eds.). Conict in Nicaragua: A Multidimensional Perspective. Boston: Allen & Unwin. —, (1995). “Dilemas de la democratización en América Latina” en: REYNA, J. L. América Latina a nes de siglo. México: Fondo Cultura Económica. KINLOCH, F. (1994). “Canal interoceánico en el imaginario nacional. Nicaragua en el siglo XIX”. Taller de Historia de Nicaragua, 6. KIRKPATRIK, J. (1979). “Dictators and Double Standards”. Commentary, 2. 274
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
KLARE, T. (1986). “Low Intensity Conict. The New US Strategic Doctrine”. The National, 12/28. KLARE, T. & KORNBLUTH, P. (eds.) (1988). Low Intensity Warfare, Counterinsurgency, Proinsurgency, and Anti-terrorism in the Eighties. New York: Pantheon Books. KORNBLUH, P. (1987). The Price of Intervention: Reagan’s War against the Sandinistas. Washington: Institute for Policy Studies. —, (1991). “The US Role in the Counterrevolution” en: Walker,T. H. (ed.). Revolution & Cuonterrevolution in Nicaragua. Boulder: Westview Press. LAFEBER, W. (1993). Inevitable Revolutions: The United States in Central America (segunda edición ampliada). New York: W.W. Morton. LANCASTER, R. (1989). Thanks to God and Revolution: Popular Religion and Class Consciusness in the New Nicaragua. Berkeley: University of California Press. LANGLEY, L. D. y SCHOONOVER, T. (1995). The Banana Men. American Mercenaries & Entrepeneurs in Central America, 1880-1930. Lexington: University Press of Kentucky. LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION (1984). The Electoral Process in Nicaragua. Domestic and International Inuences. Pittsburg: LASA. —, (1990). The 1990 Electoral Process in Nicaragua. Pittsburg: LASA. LE BOT, Y. (1995). La guerra en tierras mayas. México: Fondo de Cultura Económica. LEIKEN, R. (1984). “Fantasies and Facts: The Soviet Union and Nicaragua”. Current History, 83. LEIKEN, R. & RUBIN, S. (eds.) (1987). Central America: Anatomy of Conict. New York: Pergamon Press. LEOGRANDE, L. W. (1983). “Cuba and Nicaragua: From the Somozas to Sandinistas” en: Levine (ed.). The New Cuban Presence in the Caribbean. Boulder: Westview Press. LEVINE, D. (1986). Religion and Political Conict in Latin America. Chapell Hill: University of North Carolina Press. —, (1992). Popular Voices in Latin American Catholicism. Princeton: Princeton University Press. LINZ, J. J. & STEPAN, A. (eds.) (1978). The Breakdown of Democratic Regimes. Baltimore: The John Hopkins University Press. LOZANO, L. (1983). De Sandino al triunfo de la revolución. México D. F.: Siglo XXI. —, (1988). “Estados Unidos frente a Nicaragua”. Síntesis, 8. 275
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
LUCIAK, I. A. (2001). Después de la revolución: igualdad de género y democracia en El Salvador, Nicaragua y Guatemala. San Salvador: UCA Editores. LUJÁN, J. (1998). Breve historia contemporánea de Guatemala. México: FCE. MACAULAY, N. (1971). The Sandino Affair. Chicago: Quadrangle Books. MAINWEARING, S. & WILDER, A. (1989). Progressive Church in Latin America. Notre Dame: The University of Notre Dame Press. MACK, G. (1944). Land Divided: A History of the panama Canal and other Isthmian Canal Projects. New York: Alfred A. Knopf. MARTÍ, S. (1992). El FSLN, del poder revolucionari a l’oposició parlametaria. Barcelona: Memoria de licenciatura en Ciencias Políticas, Universitat Autònoma de Barcelona. —, (1997). Nicaragua 1977-1996: La Revolución Enredada. Un análisis de la realidad política desde la insurrección hasta las inciertas elecciones de 1996. Madrid: Catarata-Cooperacció. —, (1998). “La violencia política en Nicaragua. Elites, bases sandinistas y contras en los noventa”. Nueva Sociedad,, # 156: 33-53. —, (2000). “América Central en los noventa: ¿Una década de qué?”. Revista Envío, # 220. —, (2001). The Peasant Contra. Rethinking the Sandinista Agrarian Policy in the Higlands of Nicaragua. Londres: ILAS. —, (2001). “¿Y después de las transiciones qué? Un balance y análisis de las teorías del cambio político”. Revista de Estudios Políticos, # 113: 101-124. —, (2004a). Revoluciones, rebeliones y asonadas. Transformaciones económicas y violencia política en Nicaragua. Managua: IHN-UCA. —, (2004b). “Sobre la emergencia e impacto de los movimientos indígenas en las arenas políticas de América Latina. Algunas claves interpretativas desde lo local y lo global” en: MARTÍ PUIG, S. y SANAHUJA, J. M. Etnicidad, descentralización y gobernabilidad en América Latina. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca. MARTÍNEZ PEÑATE, O. (1997). “El control político de la Asamblea Legislativa”. Revista de Estudios Centroamericanos, # 579-580. MATEO, J. (1988). “Poder y modelo de comunicación en Nicaragua: de Somoza García al Sandinismo”. Afers Internacionals, 14-15. McCLINTOCK, M. (1985). The American Conection. State Terror and Popular Resistence in El Salvador. New Jersey: Zed Books. MED (1980). Cuaderno de educación sandinista. Orientación para el alfabetizador. Managua: Editorial de La Prensa. MED-DEI (1981). Nicaragua. Triunfa la alfabetización. Documentos y testimonios 276
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
de la Cruzada Nacional de Alfabetización. San José: DEI. MIGNONE, E. (1988). Witness to the Truth. New York: Orbis Books. MILLETT, R. L. (1977). Guardians of the Dinasty: A History of the U.S.-Created Guardia Nacional and the Somoza family. New York: Orbis Books. MOLERO, M. (1988). Nicaragua sandinista: del sueño a la realidad (1979-88). Madrid: IEPALA-CRIES-Fundació Boll. MOLINA, I. y PALMER, S. (1997). Costa Rica, 1930-1996. Historia de una sociedad. San José: Porvenir. MONJÁRREZ, L. (1992). “Breve análisis sobre la crisis de poder en el seno del gobierno de Nicaragua. Diferendo de la coalición UNO-Poder Legislativo”. León: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNAN, Mímeo. MONTOBIO, M. (1998). La metamorfosis del Pulgarcito. Barcelona: Icaria. MOORE, Jr. B. (1966). Social Origines of Dictatorship and Democracy. Lord in the Making of the Modern World. Boston: Beacon Press. MORALES CARAZO, J. (1989). La Contra. México D.F.: Planeta. MORENO, J. A. (1971). Che Guevara on Guerrilla Warfare: Doctrine, Practice and Evaluation. Pittsburg: Centre of Latin American Studies, University of Pittsburg. MULLIGAN, J. E. (1991). The Nicaraguan Church and the Revolution. Kansas City: Sheed & Ward. NOHLEN, D. & LÓPEZ-PINTOR, R. (1992). “Government and Opposition facing Opening Elections: How was it in Nicaragua?”. Heidelberg: Mímeo. NOLAN, D. (1986). La ideología sandinista y la revolución nicaragüense. Barcelona: Ediciones 29. NÚÑEZ, O. (1981). “The Third Social Force in National Liberation Movements”. Latin American Perspectives, 8/2. NÚÑEZ, O. et al. (1991). La guerra en Nicaragua. Managua: CIPRES-NORAD. O’DONNELL, G. (1997). Contrapuntos. Buenos Aires: Paidós. O’DONNELL, G.; SCHMITTER, P. y WHITEHEAD, L. (1988). Transiciones desde un Gobierno Autoritario. Buenos Aires: Paidós. PAIGE, J. M. (1975). Agrarian Revolution: Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World. New York: Free Press. —, (1997). Coffee and Power. Revolution and the Rise od Democracy in Central America. Cambridge: Harvard University Press. PALENZUELA, P. (2004). “Autonomía pluriétnica y autoridades indígenas en la Costa Caribe” en: MARTÍ PUIG, S. y SANAHUJA, J. M. Etnicidad, descentralización y gobernabilidad en América Latina. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca. 277
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
PALMER, S. (1994). “Una disciplina liberal: inventando naciones en Guatemala y Costa Rica”. Taller de Historia de Nicaragua, 6. PANEBIANCO, A. (1990). Modelos de partido. Madrid: Alianza. PARDO-MAULER, R. (1990). The Contras, 1980-1989. A Special Kind of Politics. New York: Praeger-CSIS. PASARA, L. (1986). Radicalización y conicto en la Iglesia peruana. Lima: Ediciones Virrey. PASTOR, R. (1988). Condemned to Repetition. The United States and Nicaragua. Princeton: Princeton University Press. PEARCE, J. (1986). Promised Land. Peasant Rebellion in Chalatenango. London: L & Co. PERÉZ BALTODANO, A. (1996). “Democracia electoral y consenso social en Nicaragua”. Revista de Historia # 8, IHNCA, Managua. —, (2003). Entre el Estado Conquistador y el Estado Nación. Providencialismo, pensamiento político y estructuras de poder en el desarrollo histórico de Nicaragua. Managua: IHN-UCA y Fundación Ebert. PÉREZ BRIGNOLI, H. (1990). Breve Historia de Centroamérica. Madrid: Alianza Editorial. —, (ed.) (1993). Historia General de Centroamérica. De la Ilustración al liberalismo. Madrid: Siruela-Comisión Quinto Centenario-FLACSO. PINTO SORIA, J. (ed.) (1993). Historia General de Centroamérica. El Régimen Colonial. Madrid: Siruela-Comisión Quinto Centenario-FLACSO. POBLETE, R. (1979). “From Medellín to Puebla: Notes for Reection” en: Levine (comp.). Churches and Politics in Latin America. Beberly Hills: Sage. POSAS, M. (1993). “La plantación bananera en Centroamérica, 1870-1929” en: ACUÑA, V. H. (ed.). Historia General de Centroamérica. Las Repúblicas agroexportadoras. Vol. IV. San José: FLACSO. POZAS, V. (1988). La revolución sandinista (1979-1988). Madrid: Editorial Revolución. PRZEWORSKI, A. (1985). Capitalism and Social Democracy. Cambridge: Cambridge University Press. PURCELL, S. (1985). “Demystifying Contadora”. Foreign Affairs, 64. RAMIREZ, S. (1974). Pensamiento vivo de Sandino. San José: EDUCA. —, (1991). Nicaragua en el corazón. Managua: Nicarao. —, (1994). Ocios compartidos. México D.F.: Siglo XXI. REIMAN, E. (1987). Yo fui un Contra. Historia de un “paladín de la libertad”. Managua: Vanguardia. RIPPY, J. F. (1964). “La Unión Centroamericana, el canal por Nicaragua y Justo 278
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Runo Barrios”. Revista Conservadora, 7/45. ROITMAN, M. y ZILUAGA, T. (1990). “Elecciones y democracia en Nicaragua (1979-1990)”. Política y Sociedad, 6/7. ROJAS BOLAÑOS, M. (1986). Lucha social y guerra civil en Costa Rica, 19401948. San José: Alma Mater. ROSSET, P. & VANDERMEER, J. (eds.) (1983). The Nicaragua Reader. Documents of a Revolution Under Fire. New York: Grove Press. ROUQUIÉ, A. (1984). El Estado militar en América Latina. México D.F.: Siglo XXI. —, (1994). Guerras y paz en América Central. México: Fondo de Cultura Económica. —, (coord.) (1994). Las fuerzas políticas en América Central. México: FCE. ROVIRA MAS, J. (2000). Estado y política económica en Costa Rica, 1948-1970. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica. RUSHDIE, S. (1987). La sonrisa del jaguar. Un viaje a Nicaragua. Madrid: Alfaguara. SACRED CONGREGATION FOR POLITICAL DOCTRINE OF FAITH (1984). Instructions on Certain Aspects of Theology of Liberation. Vaticano: Vatican Polyglot Press. SALVATIERRA, S. (1934). Sandino o la tragedia de un pueblo. Madrid: Talleres Tipográcos Europa. SAMAYOA, S. (2002). El Salvador. La reforma pactada. San Salvador: UCA Editores. SANABRIA, O. y SANABRIA, E. (1986). Nicaragua: diagnóstico de una traición. El FSLN en el poder. Barcelona: Plaza & Janés. SCHERZER, C. (1857). Travels in the Free States of Central America: Honduras, Nicaragua and San Salvador. London: Longman. SCHULZ, D. E. y SUNDOFF, D. (1994). The United States, Honduras, and the Crisis in Central America. Boulder: Westview Press. SELSER, G. (1974). Sandino, general de hombres libres. San José: EDUCA. SERRA, L. (1988). “Organizaciones populares: entre las bases y el poder”. Pensamiento Propio, 56. SIEDER, R. et al. (1995). Guatemala 1983-1997. ¿Hacia dónde va la transición? Guatemala: FLACSO. SIEDER, R.; THOMAS, M.; VICKERS, G. y SPENCE, J. (2002). Who Governs? Guatemala Five Years After the Peace Accords. Cambridge: Hemisphere Initiatives. SIGMUND, P. E. (1988). “The Development of Liberation Theology: Continuity or Change” en: Rubenstein & Roth (comp.). The Politics of Latin American Liberation Theology. Washington: The Washington Institute Press. 279
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
SKLAR, H. (1989). Washington’s War on Nicaragua. Boston: South End Press. SMITH, B. (1982). The Church and Politics in Chile: Challenges to Modern Catholicism. Princeton: Princeton University Press. SMITH, C. (1991). The Emergency of Liberation Theology. Radical Religion and Movement Theory. Chicago: University of Chicago Press. SOMOZA GARCÍA, A. (1936). El verdadero Sandino o el calvario de las Segovias. Managua. SPALDING, R. J. (1991). “Capitalism and Revolution: State-Private Sector Relations in Revolutionary Nicaragua (1979-1990)”. Paperr presentado en el XVI LASA Congress, Mímeo. SPALDING, R. J. (ed.) (1987). The Political Economy of Revolutionary Nicaragua. Boston: Allen & Unwin. SPENCE, J. y VICKERS, G. (1994). Toward a Level Playing Field? A Report on PstWar Salvadoran Electoral Process. Cambridge: Hemispheric Initiatives. SPENCE, J. y VICKERS, G. et al. (1994). A Negotiated Revolution? A Two Year Progress on the Salvadoran Peace Accords. Cambridge: Hemispheric Initiatives. SPENCE, J.; VICKERS, G. y DYE, D. (1995). The Salvadorean Peace Accords and Democratization. A Three Year Progress Report and Recommendations. Cambridge: Hemispheric Initiatives. SPENCE, J.; LANCHIN, M. y THALE, G. (2001). From Elections to Earthquakes. Reform and Participation in Post-War El Salvador. Cambridge: Hemispheric Initiatives. STAHLER-SHOLK, R. (1987). “Foreign debt and economic Stabilization Policies in Revolutionary Nicaragua” en: Spalding (ed.). The Political Economy of Revolutionary Nicaragua. Boston: Allen & Unwin. —, (1988a). “Stabilization, Destabilization, and the Popular Sector in Nicaragua, 1979-1987”. Paper presentado en XIV LASA Congress. —, (1988b). “Un tratamiento de Shock para la economía”. Pensamiento Propio, 6. —, (1989). Nicaragua: las políticas macroeconómicas y sus efectos en la agricultura y la seguridad alimentaria. Managua: PAN-MIDINRA-CEE. —, (1991). “Economic Stabilization in Nicaragua and the Sandinista Project. 19791990”. Paperr presentado en XVI LASA Congress. STONE, S. (1990). The Heritage of the Conquistadores. Ruling Classes in Central America from the Conquest to the Sandinistas. Lincoln: Nebraska University Press. TÉFEL, R. (1976). El inerno de los pobres. Diagnóstico sociológico de los barrios de Managua. Managua: Distribuidora Cultural. 280
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
TILLY, Ch. (1978). From Mobilization to Revolution. New York: Random House. TISHLER, S. (1998). Guatemala 1944: Crisis y revolución. Ocaso de una fórmula estatal. Puebla: BUAP-IICS. TINOCO, V. H. (1989). Conicto y paz en Centroamérica. México D. F.: Editorial Mestiza. TORRES ESPINOSA, E. (1983). Sandino y sus pares. Managua: Nueva Nicaragua. TORRES RIVAS, E. (1969). Interpretación del Desarrollo Social Centroamericano. Santiago de Chile: Editorial PLA-América Nueva. —, (1989). Repression and Resistance. The Struggle for Democracy in Central America. Boulder: Westview Press. —, (1991). “Centroamérica: la transición autoritaria hacia la democracia”. Revista de Estudios Políticos, 74. —, (1998). “Los décits democráticos en la posguerra” en: CARDENAL, A. D. y MARTÍ, S. América Central. Las democracias inciertas. Madrid: Tecnos. TRUÑÓ, M. (2000). Procesos de desmovilización en Centroamérica. Barcelona (no publicado), Escola de Pau-UAB. TURCIOS, R. (1993). Autoritarismo y modernización. El Salvador 1950-1960. San Salvador: Ediciones Tendencias. URGELL, J. (2004). “Implementación de los Acuerdos de Paz en el Ixcán” en: MARTÍ PUIG, S. y SANAHUJA, J. M. Etnicidad, descentralización y gobernabilidad en América Latina. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca. US DEPARTMENT OF STATE (1987). Human Rights in Nicaragua: From Revolution to Repression. Washington D.C.: Bureau of Public Affairs. VV. AA. (1985). Central America. Opposing Vievpoints. St. Paul: Greenhoven Press. VARGAS, M. (1990). “Los hombres de la Presidenta”. Crítica, 2. VARGAS, O.-R. (1995). Sandino: Floreció al lo de la espada. Managua: CEREN. VILAS, C. M. (1984). Perles de la Revolución sandinista. La Habana: Ediciones Casa de las Américas. —, (1987). “¿Socialismo en Nicaragua?”. Nueva Sociedad, 91. —, (1990). “Especulaciones sobre una sorpresa: las elecciones en Nicaragua”. Revista de Ciencias Sociales Desarrollo Económico, 118. —, (1991a). “Una patria para todos: Revolución, Desarrollo y Democracia en Nicaragua”. Paperr presentado en el Seminario La democracia en América Latina: Actualidad y perspectivas, UCM. —, (1991b). “El debate interno sandinista”. CIIH-UNAM: Mímeo. —, (1992). “Asuntos de familia: Clases, linaje y política en la Nicaragua contemporánea”. Polémica, 18. —, (1995). Between Earthquakes and Volcanoes. New York: Monthly Review Press. 281
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
—, (1998). “La democratización en los escenarios revolucionarios” en: CARDENAL, A. D. y MARTÍ, S. América Central. Las democracias inciertas. Madrid: Tecnos. WALKER, T. H. (ed.) (1982). Nicaragua in Revolution. New York: Praeger. —, (1987). Reagan versus the Sandinistas: The Undeclared War on Nicaragua. Boulder: Westview Press. WALTER, K. (1993). The Somocista Regime. Chapel Hill: North Carolina University Press. WEEKS, J. (1985). The Economics of Central America. New York: Holmers & Meier. WHEELOCK, J. (1976). Imperialismo y dictadura: Crisis de una formación social. México D.F.: Siglo XXI. —, (1981). Raíces indígenas de la lucha anticolonialista en Nicaragua. Managua: Editorial Nueva Nicaragua. —, (1983). El gran desafío. Managua: Nueva Nicaragua. —, (1990). La Revolución Agraria Sandinista. Managua: Vanguardia. WHITEHEAD, L. (1983). “Explaining Washington’s Central American Policies”. Journal of Latin American Studies, 2/15. WICKHAM-CROWLEY, T. P. (1991). Exploring Revolutions. Essays on Latin American Insurgency and Revolution Theory. New York: Sharpe-Inc. —, (1992). Guerrillas and Revolution in Latin America: A comparative study of Insurgents and Regimes since 1956. Princeton: Princeton University Press. WILLIAMS, H. (1986). Export Agriculture and the Crisis of Central America. Chapel Hill: University of North Carolina Press. WILLIAMS, P. (1985). “The Catholic Hierarchy in the Nicaraguan Revolution”. Journal of Latin American Studies, 17. WOLF, E. (1969). Peasant Wars of the Twenty Century. New York: Harper & Row. WOODWARD, R. L. (1991). “The aftermath of independance, 1821-1870” en: Bethell (ed.). Central America since Independence. New York: Cambridge University Press. WÜNDERICH, V. (1995). Sandino. Una biografía política. Managua: Nueva Nicaragua. YEVES, E. (1991). La Contra. Una guerra sucia. Barcelona: Ediciones B. YOPO, B. (1987). “Soviet Military Assistance to Cuba and Nicaragua, 1980-1984” en: Varas (ed.). Soviet Latin American Relations in the Eighties. Boulder: Westview Press. ZIMMERMAN, M. (2003). Carlos Fonseca Amador y la revolución nicaragüense. Managua: URACCAN.
282
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
Acrónimos (Después de cada acrónimo gura una letra que indica el país a que se reere. CR indica Costa Rica, ES El Salvador, G Guatemala, H Honduras y N Nicaragua).
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
APP Área de Propiedad del Pueblo (N) APT Área de Propiedad de los Trabajadores (N) ARDE Alianza Revolucionaria Democrática (N) ARENA Alianza Republicana Nacional (ES) CCTRN Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum (CR) CDN Coordinadora Democrática Nicaragüense (N) CDS Comités de Defensa Sandinista (N) CEB Comunidades Eclesiales de Base CELAM Conferencia Episcopal Latinoamericana CEPAL Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas CIAV/OEA Comisión Internacional de Apoyo y Vericación de la OEA (N) CIERA Centro de Investigaciones para la Reforma Agraria (N) CIREFCA Conferencia Internacional de Refugiados en Centroamérica COSEP Consejo Superior de la Empresa Privada (N) CTG Confederación de Trabajadores de Guatemala (G) CUC Comité de Unidad Campesina (G) CNT Confederación Nacional del Trabajo (G) DGSE-MINT Dirección General de Seguridad del Estado, Ministerio del Interior (N) DN Dirección Nacional del FSLN (N) EEUU Estados Unidos EGP Ejército Guatemalteco del Pueblo (G) EPS Ejército Popular Sandinista (N) 283
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EPR Ejército Popular del Pueblo (ES) FAR Fuerzas Armadas Revolucionarias (G) FAO Frente Amplio Opositor (N) FAPU Frente de Acción Popular (ES) FCCS Federación Cristiana del Campo Salvadoreño (ES) FDN Frente Democrático Nicaragüense (N) FDR Frente Democrático Revolucionario (ES) FENATRAS Frente Nacional de Trabajadores Salvadoreños (ES) FMLN Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (ES) FPL Frente Popular de Liberación (ES) FRG Frente Republicano Guatemalteco (G) FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional (N) FSLN-GPP Tendencia Guerra Popular Prolongada (N) FSLN-TI Tendencia Insurreccional o Tercerista (N) FSLN-TP Tendencia Proletaria (N) FUPA Frente Unido de Partidos Arevalistas (G) GBI Guerra de baja intensidad GN Guardia Nacional (N) MCCA Mercado Común Centroamericano MCR Movimiento Cristiano Revolucionario (N) MDN Movimiento Democrático Nicaragüense (N) MIDINRA Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (N) MILPAS Milicias Populares Antisomocistas, posteriormente Antisandinistas (N) MISURA Miskitos-Sumos-Ramas (N) MISURASATA Miskitos-Sumos-Ramas Sandinistas (N) NNUU Naciones Unidas OEA Organización de Estados Americanos OLAS Organización Latinoamericana de Solidaridad (Cuba) OM Organizaciones de Masas ORDEN ORPA Organizaciones Populares del Pueblo en Armas (G) PAC Patrullas de Autodefensa Civil (G) PCDde ES Partido de la Democracia Cristiana de El Salvador (ES) PDC-G Partido de la Democracia Cristiana de Guatemala (G) PAN Partido de Acción Nacional (G) PC de N Partido Comunista de Nicaragua (N) PC de ES Partido Comunista de El Salvador (ES) PCN Partido de Conciliación Nacional (ES) 284
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PGT Partido Guatemalteco del Trabajo (G) PLC Partido Liberal Constitucionalista (N) PLI Partido Liberal Independiente (N) PLN Partido Liberal Nacionalista (N) PL Partido Liberal (H) PN Partido Nacional (H) PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PRTC Partido Revolucionario de los Trabajadores de Centroamérica (ES) PSN Partido Socialista de Nicaragua (N) RN Resistencia Nicaragüense (N) RN Resistencia Nacional (ES) SMP Servicio Militar Patriótico (N) UCA Universidad Centroamericana UDEL Unión Democrática de Liberación (N) UFCO United Fruit Company UND Unión Nacional Democrática (ES) UNO Unión Nacional Opositora (N y ES) URNG Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (G) USAID Agencia Americana para el Desarrollo UTC Unión de Trabajadores y Campesinos (ES) VP Vanguardia Popular (CR)
285
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1.1. Intervenciones y ocupaciones militares estadounidenses en América Central y el Caribe, 1898-1933....................... 31 Tabla 1.2. Inversiones directas de los Estados Unidos en Centroamérica, 1897-1929 (en millones de dólares) ................................... 37 Tabla 2.1. Población total, población urbana y PIB de América Central, 1950-1980 ....................................................................... 72 Tabla 2.2. Crecimiento de la economía de América Central, 1950-1979.................................................................................... 73 Tabla 2.3. Los cinco productos más relevantes en el total de las exportaciones de Nicaragua, 1960-1979 .............................. 74 Tabla 2.4. Crecimiento del sector agroexportador no tradicional en Centroamérica, 1948-1979: a) algodón, b) ganadería (en cabezas de ganado), c) azúcar .............................. 75 Tabla 2.5. Área de cultivo destinada a productos de consumo y a productos de exportación en Nicaragua, 1965-1979 .................................. 77 Tabla 2.6. Distribución del ingreso en Centroamérica por estrato, 1970................................................................................................................... 79 Tabla 3.1. Organizaciones políticas y sus respectivas organizaciones populares (con la fecha de creación): El Salvador, Guatemala, Nicaragua ............................................................................109 287
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Tabla 4.1. Organizaciones de Masas sandinistas, adscripción y aliación .... 139 Tabla 4.2. Participación del APP en la economía nicaragüense, 1982 ............ 153 Tabla 4.3. Participación del APP en el volumen de la producción agrícola .. 153 Tabla 5.1. Efectivos de los ejércitos de América Central, 1977-1985 ........... 162 Tabla 5.2. Ayuda económica y militar de los Estados Unidos a El Salvador, 1979-1986 ...............................................................................................184 Tabla 5.3. Estimaciones de personas desplazadas a causa del conicto ...... 191 Tabla 5.4. Costos de la guerra y de la agresión al Estado nicaragüense, 1980-1988.............................................................................................. 195 Tabla 6.1. Cumbres centroamericanas, 1986-1989 ............................................... 203 Tabla 6.2. Elecciones legislativas anteriores a los Acuerdos de Paz ............... 211 Tabla 6.3. Elecciones presidenciales anteriores a los Acuerdos de Paz: 1984 y 1989 ......................................................................... 211 Tabla 6.4. Elecciones legislativas anteriores a los Acuerdos de Paz en Guatemala ....................................................................................................... 216 Tabla 6.5. Elecciones presidenciales anteriores a los Acuerdos de Paz en Guatemala .......................................................................217 Tabla 6.6. Resultados de las elecciones presidenciales y legislativas de 1990 en Nicaragua ..........................................................................220 Tabla 6.7. Contingente de desmovilizados en El Salvador, Guatemala y Nicaragua ...................................................................................................232 Tabla 7.1. Elecciones presidenciales de 1999 en Guatemala ............................. 246 Tabla 7.2. Abstención electoral en Centroamérica, 1980-2003 ...................... 250 Tabla 7.3. Población en Centroamérica, 1980-1990-1999 ................................ 257 Tabla 7.4. Población centroamericana en estado de pobreza en términos absolutos y relativos, 1980-1990-1999 ...................................... 258
288
REBELIONES, BANANAS Y VOLCANES. POLÍTICA Í Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA É
ÍNDICE DE CUADROS
Capítulo 1. 1838. Tegucigalpa........................................................................................................................ 25 El trabajo forzado en Guatemala..........................................................................................28 El corolario Roosevelt y la Doctrina Monroe .................................................................30 Tratado Bryan-Chamorro ........................................................................................................ 34 El contrato Soto-Keith...............................................................................................................36 La vida en las plantaciones bananeras descrita por los novelistas ....................... 39 Las reivindicaciones del Partido Comunista de Costa Rica a raíz de la huelga bananera de 1934 ..........................................................................42 El Maniesto de San Albino ....................................................................................................49 Capítulo 2. Ley de la Reforma Agraria de Jacobo Árbenz ................................................................69 Capítulo 3. Retórica revolucionaria de Cuba (I): Fidel Castro........................................................ 93 Retórica revolucionaria de Cuba (II): El Che .................................................................. 94 La Declaración de Medellín, 1968: algunos fragmentos ....................................... 100 La Teoría de la dependencia ................................................................................................. 103 El Programa Histórico del FSLN ......................................................................................112 Gabriel García Márquez, Sergio Ramírez y la revolución ...................................... 117 289
SALVADOR MARTÍÍ I PUIG
Capítulo 4. La democracia según el FSLN .............................................................................................135 La tarea del alfabetizador .....................................................................................................147 Religión y revolución ...............................................................................................................149 Los empresarios y la revolución .........................................................................................155 Capítulo 5. La doctrina del imperio .......................................................................................................... 159 La retórica de Ronald Reagan .............................................................................................164 El último sermón de Monseñor Romero .......................................................................178 Llamamiento del FMLN a la ofensiva nal, en enero de 1981 ............................ 182 La tortura como instrumento contrainsurgente........................................................ 188 Principales violaciones de los derechos humanos en Guatemala ..................... 189 Los dilemas de una revolución asediada ........................................................................196 La imposibilidad de un desenlace militar ....................................................................... 197 Capítulo 6. Los acuerdos de Paz de Esquipulas II ..............................................................................202 Los profetas del 26 de febrero ........................................................................................... 219 Los pactos poselectorales: el de Protocolo de Transición del Poder Ejecutivo............................................................................................................223 Política y redes familiares durante la transición ........................................................226
290
ITINERARIOS POLÍTICOS EN AMÉRICA CENTRAL S alvador Mar tí i Puig
