Informe Sobre El Caso de La Cantuta

INFORME SOBRE EL CASO DE LA CANTUTA

PRESENTACIÓN – ANTECEDENTES - LOS HECHOS - HECHOS POSTERIORES - ACCIONES LEGALES REALIZADAS - ACCIONES INTERNACIONALES PRESENTACION El texto que entregamos a continuación constituye una síntesis de la investigación realizada respecto a los acontecimientos relativos al Caso de la Cantuta consistente en despariciones forzadas y homicidio en agravio de estudiantes y un profesor de esa Universidad. Fundamentalmente nos hemos basado para esta recopilación en la diversidad de la fuente periodística a todo nivel que se ha presentado en el país sobre este caso. Hemos ordenado los acontecimientos tratando de conservar la secuencia cronológica y en base a un criterio de clasificación que distingue: los hechos mismos, los antecedentes, las acciones legales, los hechos posteriores y los pronunciamientos internacionales. El objetivo de esta presentación es suministrar el material documental de base para la elaboración de un proyecto de denuncia ante los organismos internacionales de Defensa de los Derechos Humanos. ANTECEDENTES DE LOS HECHOS 1. Establecim Establecimiento iento de una una base base milita militarr en la Univers Universidad idad Nacional Nacional Enrique Enrique Guzmán Guzmán y Valle, Valle, La Cantuta, Cantuta, bajo bajo el el control control del destacamento destacamento del Ejército Ejército  perteneciente a la División de Fuerzas Especiales (DIFE). Mayo de 1992. 2. Infiltració Infiltraciónn y seguimiento seguimiento de agentes agentes de inteli inteligencia gencia a estudian estudiantes tes supuestos supuestos activistas activistas de S.L.. S.L.. Informe Informe nº 140 DINTO-D DINTO-DINCOTE INCOTE,, Informe Informe DIFE que da cuenta del seguimiento que realizaban agentes de inteligencia en la Universidad. Caso Bertila Lozano Torres. 3. Imposi Imposició ciónn de toque toque de queda queda en la la Univer Universid sidad ad desde desde las las 10 de la noch nochee hasta hasta las seis seis de la la mañana mañana con rigu riguros rosoo contro controll de entrad entradaa y salida salida de estudiantes. LOS HECHOS 1. Secuest Secuestro ro de nueve nueve estud estudian iantes tes y un un profeso profesorr en el campu campuss de la Univ Universi ersidad dad Enri Enrique que Guzmá Guzmánn y Valle Valle La Cantut Cantutaa entre entre la 1.30 1.30 a.m. a.m. y 2 a.m. a.m. del del 18 de julio de 1992. Este hecho es verificable por: a) el test testim imon onio io de los los res resid iden ente tess y la la esp espos osaa del del prof profes esor or Hugo Hugo Muñoz Muñoz..  b)  b) el infor nform me del Gral. al. Rodo Rodollfo Robl obles. c) el docum document entoo que el el grupo grupo llam llamado ado "Leó "Leónn Dormid Dormido" o" hizo hizo llega llegarr al CCD CCD respon responsab sabili ilizan zando do al Coma Comandna ndnate te Manue Manuell Guzmán Guzmán Cald Calderó erónn de haber dirigido la detención de los estudiantes y el profesor en los pasadizos de la vivienda universitaria. d) las decl declara aracio ciones nes del del Gral. Gral. Nico Nicolás lás Herm Hermoza oza Ríos Ríos ante ante el Juez Juez Cayo Cayo Rive Rivera ra Vásqu Vásquez ez del del 4º Juzg Juzgado ado de de Instru Instrucció cciónn reconoci reconociend endoo la intervención militar la madrugada del 18 de julio de 1992 en la UNE. 2. La ejecución de los secuestrados por parte del comando militar a cargo del Mayor EP Santiago Martín Rivas en el lugar denominado "Boca del Dia blo", polígono de tiro de Huachipa, altura km. 1.5 de la carrtera Ramiro Prialé entre las 4.30 y 5.15 de la madrugada del 18 de julio de 1992. Hecho suceptible de ser probado con: a) la denu enuncia del Gral. Rodo odolfo Robles. es.  b)  b) el docu ocument ento del grup grupoo "León Dormi rmido" c) el hall hallaz azgo go de las las fos fosas as y los los rest restos os en el polí polígo gono no de Huac Huachi hipa pa.. 3. Entierro primario de las víctimas casi a flor de tierra en el mismo lugar de la ejecución el 18 de julio de 1992; luego de dos días se hace un nuevo entierro en tres fosas. Demostrable con los mismos documentos que probarían la ejecución así como con los restos encontrados en el polígono de Huachipa. 4. Desentierro de los cadáveres para trasladarlos a la quebrada de Chavilca, altura del Km. 14 de la carretera a Cieneguilla. Comprobable con: a) el cro croqui quiss y mapa mapa que que el perio periodi dist staa Rica Ricard rdoo Uced Ucedaa hace hace ent entre rega ga al al Min Minis iste teri rioo Públ Públic ico. o.  b)  b) los rest restos os hal hallados ados en las fosa fosass de de Cie Ciene negu guiilla c) los informes de pe perit ritos y especi ecialistas d) la dilige diligenci nciaa de de reco reconoci nocimie miento nto de los restos restos por parte parte de los famil familiar iares es de los desapar desapareci ecidos dos.. e) la inspe inspecci cción ón ocula ocularr para para verifi verificar car si si las las llave llavess encont encontrada radass en Cien Cienegui eguill llaa pertene pertenecía cíann a los los estud estudiant iantes es desap desapare arecid cidos. os. 5. Calcinación de restos oseos antes de volverlos a enterrar en Cieneguilla. Verificable con: a) los rest restos os cal calcina cinado doss enc encon ontr trad ados os en Cien Cieneg egui uillla. b) informe de de lo los té técnicos y peritos. 6. Encubrimiento de los hechos, claramente manifiestos en: a) entorp entorpeci ecimie miento nto de las invest investiga igacio ciones nes judici judiciales ales por parte parte de los organi organismo smoss gube gubernam rnament entale ales. s.  b) prepot prepotenci enciaa de los los altos altos mand mandos os milit militares ares para para boicote boicotear ar la inve investi stigac gación ión así así como como para para acall acallar ar la denu denunci nciaa del Gral Gral Robl Robles. es. c) negati negativa va sist sistemát emática ica de de las insti instituc tucion iones es de las las Fuerzas Fuerzas Armad Armadas as a los órgan órganos os juris jurisdic diccio cional nales es para para proporci proporcionar onar los los nombr nombres es y poner poner a disposición del fuero civil a los militares implicados en el caso. c aso. d) rechazo rechazo de de la mayor mayoría ía gobi gobierni ernista sta del CCD CCD al inform informee de la la Comisi Comisión ón de Derecho Derechoss Humanos Humanos que impl implica icaba ba a los los mili militar tares. es. e) hosti hostiliz lizaci ación ón y amedre amedrenta ntamie miento nto cont contra ra los los testig testigos os y defens defensores ores de de Derecho Derechoss Humanos Humanos a través través de acusac acusacion iones es de terror terrorism ismoo o la prácti práctica ca de vigilancia domiciliaria para intimidarlos y evitar una investigación profunda y seria. f) Respal Respaldo do del del Ing. Ing. Fuji Fujimor morii a Herm Hermoza oza Ríos Ríos y Valdim Valdimiro iro Montesi Montesinos nos para para cubrir cubrirlos los de impu impunid nidad ad e impe impedir dir que se se conozca conozca la verd verdad. ad. g) la distorsión de los hechos con argumentos falsos o tendenciosos como: la versió versiónn del del autose autosecues cuestro tro sosteni sostenida da por los congres congresist istas as del del oficia oficialis lismo mo de la la Comis Comisión ión de Dere Derecho choss Human Humanos os del del CCD. la pre prete tens nsió iónn de la la DINC DINCOT OTE E para para des desvi virt rtuar uar el map mapaa entr entrega egado do por por Ric Ricar ardo do Uce Uceda da pre prete tendi ndien endo do hac hacer er ver ver que que era era una patraña montada por S.L. para desprestigiar al gobierno. las amenaz amenazas as cont contra ra los los periodi periodista stass de los distin distintos tos medios medios que inform informan an sobre sobre el caso caso de la Cantut Cantutaa como como las revista revistass "SI", CARETAS y La República. HECHOS PROBABLES: 1. Lo ocurrido el 18 de julio de 1992 fue parte de un operativo del grupo de operaciones especiales Colina del SIE. Rodolfo Robles informa al CCD que tal tipo de acciones se norma por un plan de operaciones y debe haber rendición de cuentas. 2. El grupo Colina es un grupo orgánico y no informal en la institución. Depende directamente de la Dirección de Inteligencia del Ejército y por este conducto de la Comandancia General del Ejército. Hay un Coronel Coordinador entre el grupo y la DINTE. También depende del SIN.

3. Mayor Martin Rivas como Jefe operativo y Carlos Pichilingue como jefe administrativo. Tres grupos operativos formados por nueve técnicos y suboficiales cada uno. Cuartel general propio, armería, presupuesto, movilidad, equipos de intervención física y electrónica. (FUENTE: DENUNCIAS PERIODISTAS). HECHOS POSTERIORES 1. Denuncia escrita de Henry Pease dando lectura de un documento perteneciente al grupo "León Dormido", que motivó la creación de la Comisión Investigadora del CCD en la sesión Plenaria del 2 de abril de 1993. 2. El Gral. Hermoza Ríos no asiste a la Comisión de Derechos Humanos del CCD, 13 de abril de 1993, aduciendo estar enfermo; sin emabrgo ese mismo día oficia al Consejo Supremo de Justicia Militar para que abra instrucción contra los que resultaren responsables por los sucesos de la Cantuta. Al día siguiente el Consejo Supremo excusa la asistencia de los militares por tener instrucción abierta. 3. El Gral. Nicolás Hermoza Ríos descalifica la investigación iniciada por la Comisión especial de Derechos Humanos del CCD en la reunión que sostuvo Hermoza con los miembros de la Comisión el 20 de abril de 1993, concluyendo con una proclama contra el Congreso y sacando al día siguiente los tanques a las calles. 4. Carta del General Rodolfo Robles, 5 de mayo de 1993. Denuncia en documento escrito de puño y letra que hay un grupo asesino en el ejército dirigido por  Vladimiro Montesinos y señala a los responsables de la matanza de la Cantuta, confirmando y ampliando implícitamente lo denunciado por "Leon Dormido". 5. Desde Buenos Aires el General Rodolfo Robles denuncia la existencia de un proyecto malévolo contra el Perú y promete regresar para acusar a los autores de la matanza de la Cantuta. Señala que las acciones del grupo "Colina" se norman obligatoriamente por un plan de operaciones y debe haber una rendición de cuentas. 6. El Ing. Fujimori reitera pleno y total respaldo a Hermoza y Montesinos y tratando de parecer imparcial al día siguiente 9 de mayo de 1993 pide se aclaren las desapariciones de la Cantuta y dar con los culpabhles. 7. Mientras Fujimori trata de ganar a la población en defensa de las acciones de Hermoza y Montesinos, el CSJM enjuicia al Gral Robles y a sus hijos  por ultraje a la Nación y a las FF. AA. 8. El 11 de mayo el alto mando del Ejército, Generales y Coroneles piden se expulse al Gral Robles del Ejército por "cobarde y felón". Al día siguiente el Gral Hermoza llama "cobarde, mentiroso y pertinaz" al Gral Robles y éste denuncia en el New York Times que Hermoza sobornó al Gral Picón Alcalde para tapar la matanza de la Cantuta. 9. El 18 de mayo el Gral Robles ratifica su denuncia contra Hermoza Ríos y Vladimiro Montesinos ante la Comisión de Derechos Humanos del CCD. 10. La Sala de Guerra que investiga el caso La Cantuta desestima las pruebas que presentó el Gral Robles consistentes en un manuscrito redactado por el Gral Willy Chirinos Chirinos, 3 de junio de 1993. 11. Hermoza Ríos admite la hipótesis de que militares sin control han participado en la desaparición de un profesor y nueve estudiantes de la Cantuta. Anuncia asimismo que ningún otro miembro de las FF.AA. acudirá ante Comisión. 12. Con oficio nº 036-93-SIN.01 del 10 de junio de 1993 el Servicio de Inteligencia responde que Montesinos no acudirá a Comisión del CCD. 13. En Dictamen de Comisión Investigadora del CCD aprobado por mayoría piden separación del General Hermoza por encubrimiento en caso de la Cantuta. Tiene responsabilidad penal por ocultar los sucesos. 14. Familiares de desaparecidos denuncian acosamiento de magistrados con notificacionjes extrañas, afirman al mismo tiempo que la justicia militar no investiga el caso sino se preocupa por desnudar grupo COMACA. 15. Fujimori defiende a Hermoza y dice que ni el CCD puede pedir su cambio, exculpa al general en el caso de los desaparecidos de la Cantuta. El mimso día 26 de junio Jaime Yoshiyama califica de "militar victorioso" a Hermoza Ríos. 16. Descubrimiento de 4 fosas clandestinas con restos humanos quemados a la altura del Km 14 de la carretera a Cieneguilla. La puesta al descubierto de dichas fosas fue posible gracias a la colaboración de personas anónimas que dieron indicios de cómo llegar a la zona. El periodista Ricardo Uceda comunicó  previa verificación a los representantes de Derechos Humanos, luego presentó tres escritos al Fiscal Supremo Decano, al Fiscal Especial de Defensoría del Pueblo y al Fiscal Provincial en lo Penal de Lima. 8 de julio de 1993. 17. Un autodenominado escuadrón de la muerte del ejército con una llamada anónima se responsabiliza de los asesinatos de la Cantuta; 9 de julio de 1993. El mismo día la Comisión de Derechos Humanos se pronuncia sobre las fosas y sostiene que Gobierno y FF.AA. ya no pueden negarse a esclarecer la verdad planteando que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso reabra las investigaciones, se garantice la intangibilidad del lugar del hallazgo, las autoridades judiciales garanticen una investigación de los restos hallados. 18. La congresista del oficialismo Martha Chávez lanza amenaza a los periodistas de la revista "Sí", aduciendo que han incurrido en delito contra la administración de justicia. 19. El director de la revista "Sí" entrega al Ministerio Público el mapa que ondujo al descubrimiento de las fosas comunes en Cieneguilla; asímismo entregó aproximadamente 15 piezas de restos humanos de diversos tamaños y desecha las acusaciones de congresista Martha Chávez. 20. En torno a las fosas y restos óseos descubiertos en Cieneguilla DINCOTE acusa a Sendero de "montar una patraña" para desprestigiar al gobierno y  presenta documento requisado a senderistas el último sábado con croquis y texto similar al que recibió la revista "Sí". 12 de julio de 1993. 21. Siete días despuées del hallazgo de los restos calcinados el Ministerio Público declara intangible la zona donde se descubrieron las fosas clandestinas. 14 de julio de 1993. El mismo día Peter Archard de Amnesty International plantea al Congresista Róger Cáceres la urgencia de que peritos extranjeros analicen los restos. 22. Gobierno no responde solicitud de Amnesty International y no permiten que expertos extranjeros investiguen restos de Cieneguilla. 23. Heriberto Benitez Rivas, abogado de los familiares, denuncia sistemáticas llamadas telefónicas en sus viviendas de Chaclacayo y San Isidro, maenazantes, injuriantes y agraviantes contra su persona. Ese mismo día Ricardo Uceda reitera que el mapa que recibió fue de una fuente respetable que y notoriamente no tiene vinculaciones con S.L. 24. Los familiares de los desaparecidos de la Cantuta expresan su disposición para ser sometidos a estudio a fin de determinar la identidad de las váctimas de Cieneguilla mediante el ADN. 25. Fiscal de la Nación declara que hará nuevas excavaciones en sector donde se hallaron las fosas clandestinas y reiteró la no participación de expertos extranjeros en las investigaciones. 26. Fiscal revela que fueron quemados en otro lugar. Restos de fosas pertenecen por lo menos a cuatro personas. Las llaves halladas en las fosas serán  probadas en los armarios de estudiantes de la Cantuta. Conferencia de prensa del día 23 de julio de 1993. 27. Fiscal Gustavo Quiroz Vallejo anuncia que denunciaría a un grupo de militares quienes presuntamente tendrían responsabilidadf en la desaparición de nueve estudiantes y un profesor. Posee el nombre completo de un teniente EP quien al parecer habría dirigido el operativo en la Cantuta. 28. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del CCD demanda al Ministerio Público mayor celeridad en la investigación, exige no dilatar  mas el peritaje de llaves halladas con restos calcinados en fosas y que no se impida participación de forenses acreditados por la Comisión del CCD en el  proceso de investigación. 1 de agosto de 1993. 29. Norma Cecilia Espinoza Ochoa acepta salir de anonimato y presentarse como testigo pero pide garantías. Su testimonio es importante porque el día del secuestro fue dejada al desmayarse y da descripciones que evidencian la intervención militar.

30. El titular de la 16º Fiscalia Provincial Penal de Lima informa que restos óseos de Cieneguilla son de dos mujeres y tres varones. Se trata de restos humanos fragmentados, carbonizados que han sufrido efectos del calor en diferentes grados de intensidad y de explosión. 6 de agosto de 1993. Fiscal de la  Nación ordena sellar fosa para evitar depredación de tumbas clandestinas. 31. Presidente de la Comisión de DD.HH. y el Decano del Colegio de Abogados sugieren que el Fiscal formule la denuncia. Indican que los hallazgos de las fosas y la prueba de las llaves ya son suficientes elementos para formular la denuncia correspondiente y recomiendan ya no dilatar. 32. Ministro de Defenza Víctor Malca Villanueva da a conocer en sesión de Consejo de Ministros nombres de cuatro oficiales del Ejército comprometidos en la desaparición y posterior ejecución de los nueve estudiantes y un profesor de la Cantuta. Estos son: Mayor Santiago Martín Rivas, Capitán Carlos Pichilingue Guevara, Mayor Bertile Carazas y Coronel Carlos Miranda Balarezo, quienes se encuentran detenidos en el Rímac. En comunicado de "León Dormido" se desmiente la versión. 33. General Robles emplaza a Fujimori para llegar a la verdad y se ratifica en denuncias desde Argentina. 13 de noviembre de 1993. 34. Fiscal Cubas Villanueva denuncia a ocho militares por caso Cantuta, por los delitos de homicidio calificado. 35. Juez ordena detención de diez miembros del Ejército, el embargo de sus bienes y la prohibición de salir del país. El juzgado militar plantea contienda de competencia. l8 de diciembre de l993. El General Hermoza y Montesinos son citados como testigos. 36. Juez cita a declarar a militares implicados. 20 de diciembre de 1993. Sin embargo los familiares recusan al Juez y el Fiscal pide que separen al juez que investiga el caso La Cantuta. Juez responde que Fiscal hace maniobra dilatoria. Existe la probabilidad de que la Sala Penal designe al Juez para ver caso de la Cantuta. 37. Juez inspecciona Huachipa. 30 de diciembre de 1993 y declara en reserva el proceso de Ia Cantuta. 38. Juez Chacón encuentra más restos calcinados en fosa de Cieneguilla. Testimonios de Malca y Hermoza serán posteriores a la instructiva de los inculpados. Abogado de familiares de los desaparecidos afirma que eso es dilatar el proceso. 39. Presidente de Consejo de Justicia Militar asegura que ningún implicado ha fugado del país. Afirma que los militares siguen presos y que si la Suprema ordena que pasen al fuero civil se respetará la decisión. ACCIONES LEGALES REALIZADAS. 1. Acciones de Habeas Corpus entabladas por los familiares en el segundo semestre de 1992. Hay declaraciones de testigos presenciales del secuestro; manifestaciones de autoridades: Nicolas Hermoza Ríos admite tener conocimiento de una incursión de miembros de las FF.AA en la residencia estudiantil de la Cantuta. 2. Hermoza Ríos presenta denuncia penal ante el fuero privativo militar "contra el personal dei ejército Peruano que resulte res- ponsable de los delitos de abuso de autoridad y contra la vida, el cuerpo y la salud en agravio de un profesor y estudiantes de Ia Cantuta". 15 de abril de 1993. 3. Inspección ocular en la Cantuta por Vocal Instructor militar en vivienda de hombres y mujeres. Entrevista con autoridades Universitarias. Verificación de acceso y regularidad de los alumnos desaparecidos, Se habla de 40 testigos dispuestos a declarar. 4. Fiscal de la Nación declara que hará nuevas excavaciones en el sector de Cieneguilla donde.se hallaron las fosas clandestinas. 5. El Fiscal Cubas Villanueva precisa que los restos encontrados en dos tumbas clandestinas son de dos mujeres y tres varones. Una de las victimas  presenta orificio de bala. Fiscal de la Nación ordena sellar fosas. 6. Extracción en la primera fosa de Huachipa de los restos de un individuo completo, Análisis de antropóloga física y reconocimiento de hermana. Se identifica a Luis Enrique Ortiz Perea. 7. Diligencia de reconocimiento de ropa. 25 de noviembre de l993 8. Análisis y pericia balística en el cráneo hallado con perforaciones de bala en el occipital. 9. Remisión de la muestra de sangre de los familiares para la prueba de ADN de parte de 13º Fiscalía de la Naci6n al London Hospital College Departament of Haemogtology de Inglaterra. 10. Testimonio del dentista Juan Vásquez que atendió a Bertila Lozano. 11. Diligencia de reconocimiento de ropa por los familiares de los desaparecidos. 12. Vocal militar hace inspección ocular en el campo de tiro de Huachipa. 10 de noviembre de 1993. 13. En segundo reconocimiento en laboratorio policial confirman los familiares que los restos son de cuatro estudiantes. 14. Desentierro de tercera tumba clandestina. 20 de noviembre de l993. 15. Fiscal anuncia que citará a militares implicados. 26 de noviembre de 1993. 16. Pronunciamientos acerca del fuero que corresponde para el juzgamiento. 17. Fiscal de la Nación afirma en el CCD que es homicidio calificado y no delito de función. 18. Fuero militar se niega a poner a disposición del despacho del Fiscal Cubas a los militares detenidos. 19. Fiscal Cubas teniendo en consideración la denuncia del 8 de julio ampliada el 2 de noviembre sobre restos en Cieneguilla opi- na que las investigaciones permiten presumir que hay relación en- tre los restos de Huachipa y Cieneguilla y los desaparecidos de la Cantuta. Opina que el fuero militar  está investigando otros delitos (abuso de autoridad y contra la vida, el cuerpo y la selud), el Fiscal Civil investiga sobre homicidio calificado y teniendo en consideración las pruebas de reconocimiento, el informe de los peritos y la comprobación de las llaves halladas en Cieneguilla como pertenencientes a los desaparecidos, sin determinar por el momento la autoría intelectual, denuncia a 8 militares por homicidio calificado en agravio de un profesor y nueve estudiantes de la Cantuta. 20. El Juez Chacón Flores del 16º Juzgado de Instrucción con el auto apertorio de instrucción ordena la detención de diez miembros del ejército ordenando el embargo de sus bienes y prohibiendo salir del país con los oficios a 1a Dirección de Migraciones y son citados como testigos el Gral.Hermoza Ríos y Vladimiro Montesinos. 21. Juez inspecciona Huachipa,declarando en reserva el proceso. 30 de diciembre de 1993. 22. Juez Chacón encuentra más restos calcinados en fosas de Cie- neguilla. Los testimonios de Malca y Hermoza serán después de la instructiva de los inculpados, 23. Presidente del CSJM asegura que ningún implicado ha fugado del país. Asegura que están presos y que si la Suprema ordena que pasen al fuero civil se respetará la decisión. ACCIONES INTERNACIONALES 1. La organización Humanitaria "America's Watch" acusa al gobierno peruano de encubrir y proteger a los militares responsables de la desaparición y aparente asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta. Ia protección del Gobierno a los autores de las desapariciones de la Cantuta demuestra que no bay voluntad de renunciar a esta táctica cruel como herramienta secreta contra la insurgencia afirman. 2. Amnistia Internacional ha pedido al gobierno del Perú para que expertos internacionales intervengan en la investigación de los hallazgos de Cieneguilla; pedido que no tiene respuesta y es negado por la Fiscal de la Nación, que se opone. 3. Congresistas de EE.UU se oponen a dar ayuda económica al Perú si el Gobierno peruano no garantiza el respeto a los derechos humanos. Se exige que la conclusión de la investigación del caso de la Cantuta-Cieneguilla se haga en las cortes civiles. 4. Pronunciamiento de America's Watch denunciando comportamiento de encubrimiento por:

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Incineración y entierro clandestinoi. Públicas amenazas del Gral.Hermoza contra los Congresistas. Intentos de 1a mayoría oficialista del CCD contra la investigación. Negativa de Jefes Militares y tribunal castrense a proporcionar información a la comisión del CCD. desprotección durante seis días del lugar donde se hallaron los restos por inacción del Fiscal de la Nación. Negativa del Tribunal castrense a autorizar comparecencia de Montesinos ante comisión del CCD para prestar testimonio. negativa del Fiscal de la Nación para aceptar expertos internacionales. Montaje de campaña publicitaria de la policía para desacreditar el hallazgo le los restos. Asedio a los periodistas que han investigado el caso.

La Masacre de La Cantuta , en la que un profesor universitario y nueve estudiantes de la limeña Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (conocida como La Cantuta debido al nombre de la zona donde se encuentra) fueron secuestrados y desaparecidos por una escuadra paramilitar , pertenecientes al Ejército Peruano. Tuvo lugar en el Perú el 18 de julio de 1992 durante la  presidencia de Alberto Fujimori. El incidente es notable no sólo por las violaciones a los derechos humanos que implicó, sino por la subsecuente impunidad que disfrutaron sus perpetradores. Fue uno de los crímenes que el gobierno peruano estableció en su pedido de extraditación de Fujimori frente el gobierno de Japón el 2003 y es uno de los que también presentó al gobierno de Chile por el mismo motivo. Contexto

La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle fue fundada como un centro de preparación de docentes en 1822, logrando el estatuto de universidad en 1965. Fue cerrada por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú en 1977 y reabierto en 1980. Debido a su remota ubicación, lejos del centro de la ciudad de Lima, la mayoría de sus estudiantes provienen de zonas empobrecidas del interior del país que buscaban tener la profesión de educadores, profesión que tenía un alto nivel de politización. De esa forma La Cantuta se ganó la reputación de ser un centro de cultivo de políticas radicales desde los años 1950. Fue justamente una serie de protestas estudiantiles en el campus; incluyendo el bloqueo de la línea ferroviaria que une Lima con el interior del país – lo que llevó a la suspensión de sus actividades en 1977. Con el retorno a la democracia en 1980, el presidente Fernando Belaúnde Terry reabrió la universidad. Los elementos radicales entre los estudiantes regresaron rápidamente y, a mediados de los años 1980, las principales organizaciones terroristas del país, Sendero Luminoso y el MRTA, tuvieron una fuerte presencia en dicho campus. A inicios de los años 1990, debido a un retiro estratégico del MRTA y a la fragmentación de los otros grupos izquierdistas en el campus (tanto legales como ilegales) Sendero Luminoso logró tener un rol  predominante. Esto se logró a pesar de las operaciones policiales como la que se llevó a cabo el 13 de febrero de 1987 cuando 4.000  policías llevaron adelante una redada nocturna en los dormitorios de La Cantuta y otras dos universidades nacionales, el 20 de abril de 1989 cuando una fuerza conjunta de la Policía Nacional del Perú y el Ejército del Perú intervinieron a La Cantuta y a la Universidad  Nacional Mayor de San Marcos, arrestando a más de 500 estudiantes bajo cargos de subversión; o el 22 de mayo de 1991 cuando, en respuesta a la toma de rehenes y a los rumores de bomba en el campus, Fujimori ordenó que el ejército intervenga para restablecer el orden en la universidad. Gran cantidad de graffiti alusivo a Sendero Luminoso y a su líder, Abimael Guzmán Reynoso, fue remplazado  por el ejército con slogans patrióticos; los estudiantes entraban a la universidad pasando varios puntos de control y bajo estricta supervisión de las fuerzas armadas, y el campus se mantuvo bajo control militar por varios años. Secuestro de julio de 1992

En la madrugada del 18 de julio de 1992, 2 días luego de la explosión del coche bomba en la céntrica calle miraflorina de Tarata, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército así como de la Dirección de Inteligencia del Ejército, muchos de los cuales supuestamente pertenecían al recientemente establecido Grupo Colina, entraron a las residencias de la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Una vez dentro, las tropas forzaron a todos los estudiantes a salir de sus habitaciones y echarse boca abajo en el piso. Nueve estudiantes, sospechosos de estar conectados a la explosión de Tarata, – Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Édgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas, y Juan Gabriel Mariños Figueroa – fueron separados de los demás y llevados aparte. Mientras tanto, en las residencias de los  profesores, un grupo de soldados irrumpió a la casa del profesor Hugo Muñoz Sánchez. Luego de registrar su dormitorio, se llevaron al  profesor. Ninguna de las diez víctimas fue vuelta a ver. Juicios y amnistía

En abril de 1993, un grupo de oficiales militares peruanos liberaron anónimamente un documento detallando los eventos en La Cantuta. Su documento señalaba que el escuadrón de la muerte había secuestrado, torturado y asesinado a las víctimas enterrándolas rápidamente luego. Posteriormente, tal como se señaló durante una investigación iniciada por el Congreso, las fuerzas armadas exhumaron, incineraron, y volvieron a enterrar los cuerpos en otra ubicación. Los "soplones"  militares nombraron a los miembros del Grupo Colina que participaron en el incidente, identificando al jefe de las operaciones – May. Santiago Martin Rivas – y señalaron que el grupo operaba  bajo órdenes directas de Vladimiro Montesinos, la cabeza del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y asesor del presidente Fujimori. El 6 de mayo, el Teniente General Humberto Robles Espinoza, el tercer oficial de mayor rango del ejército, denunció públicamente varias violaciones a los derechos humanos cometidas por el SIN y las fuerzas armadas, incluyendo la matanza de La Cantuta. (Posteriormente fue dado de baja del ejército y fue víctima de amenazas de muerte. Finalmente huyó del país logrando el asilo político en Argentina. En Junio de 1993, Justo Arizapana Vicente, un reciclador que trabajaba , y su amigo Guillermo Cataroca, entregaron un plano al congresista Roger Cáceres Velásquez y al periodista de Radio Comas Juan Jara Berrospi 1 . Cáceres compartió luego el plano con la revista Sí  que lo publicó en Julio de ese año. Una investigación en el sitio indicado en el plano por el fiscal reveló cuatro fosas clandestinas. Los análisis forenses llevados en los restos, y en otro grupo de huesos encontrados en otro sitio, revelaron que pertenecían a Muñoz Sánchez y a varios de los estudiantes, y que al menos algunos de ellos fueron torturados antes de ser ejecutados mediante un

disparon en la nuca. (Barreto fue asesinada algunos años después– su cuerpo decapitado y desmembrado, con muestras de haber sido torturada, se encontró en marzo de 1997.) Las autoridades militares iniciaron una investigación de las matanzas en mayo de 1993. Adicionalmente, en diciembre de 1993, un fiscal levantó cargos contra varios miembros del ejército. Un conflicto de jurisdicción se motivó entre los fueros militar y civil. La controversia se ventiló ante la Corte Suprema de la República la que, el 3 de febrero de 1994, decidió que no era capaz de determinar qué fuero debía aplicarse. Consecuentemente, la noche del 7 de febrero, el Congreso aprobó una ley según la cual la Corte Suprema podía decidir ese tipo de materias mediante la existencia de mayoría simple, en vez del voto unánime que se exigía. En un voto de tres a dos, la Sala Penal de la Corte Suprema decidió que el caso debía ventilarse bajo la jurisdicción militar. El 21 de febrero de 1994, el Consejo Supremo de Justicia Militar sentenció a diez de los autores a sentencias de prisión entre 1 y 20 años. Luego de la reelección de Fujimori en abril de 1995, en otra sesión noctura del 14 de junio de 1995, el Congreso aprobó la Ley Nº 26749 conocida como la "ley de amnistía", que ordenaba la liberación de todos los oficiales policiales, soldados y civiles presos o acusados por  crímenes civiles o militares durante la lucha antiterrorista. El 15 de julio, el Consejo Supremo de Justicia Militar ordenó la liberación de todos los individuos presos por la matanza de La Cantuta Derogación de la Ley de Amnistía

La Ley de Amnistía fue abrogada luego del final del gobierno de Fujimori en 2000 y, el 21 de marzo del 2001, la Fiscal de la Nación,  Nelly Calderón, presentó cargos contra Fujimori acusándolo de ser uno de los "coautores" de esta masacre y de Masacre de Barrios Altos de 1991. Presentó evidencias de que Fujimori, actuando en conjunto con Vladimiro Montesinos, ejerció control sobre el Grupo Colina. Los cargos alegaban que el Grupo no hubiera cometido crímenes de esa magnitud sin las órdenes expresas de Fujimori o su consentimiento, y que la formación y el funcionamiento del Grupo Colina fue parte de una política integral contrasubversiva que implicó violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. Juicio a Fujimori: Senderistas entre las víctimas

Durante el juicio al ex presidente Alberto Fujimori, nueva evidencia habría dejado al descubierto que al menos uno de los estudiantes fue identificado como miembro de Sendero Luminoso. [1] Sin embargo, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia finalmente determinó ninguno de los estudiantes, ni el profesor del caso la cantuta tenían vínculos con algún grupo subersivo. [2] Fujimori recibió, el 7 de abril de 2009 una pena de 25 años de prisión efectiva, por considerarse estos asesinatos selectivos, delitos de lesa humanidad. El día 02 de enero del 2010 la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la sentencia de 25 años de prisión a Alberto Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta, y el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. Documental 'En la boca del diablo'

En la conmemoración de los 19 años del Autogolpe de 1992, el diario La República distribuyó gratuitamente el documental 'En la boca del diablo', el cual relata como se realizó la investigación periodística que denunció la masacre. El documental es protagonizado por el experimentado reportero Edmundo Cruz, quien fue miembro del equipo periodístico que denunció el luctuoso hecho, en el filme él reconstruye la investigación de 1993 con el objetivo de escribir un libro que recopile lo sucedido. La película recorre los distintos escenarios vinculados a la masacre, así como la obstrucción a la investigación por parte del gobierno de Alberto Fujimori.

En la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) irrumpieron en las viviendas de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Los militares se retiraron llevándose con ellos al profesor Muñoz Sánchez y a nueve estudiantes: Lozano Torres, Oyague Fierro, Ortiz Perea, Amaro Condor, Teodoro Espinoza, Pablo Meza, Flores Chipana, Rosales Cárdenas y Mariños Figueroa. El 12 de julio de 1993 la revista "Sí" dio a conocer el lugar en que habían sido enterrados parte de los restos humanos pertenecientes a los secuestrados de la Cantuta. La Fiscalía realizó entonces las diligencias de constatación respectivas, descubriendo varias fosas clandestinas que contenían restos óseos, tejidos humanos, restos de cabello, restos de ropas, dos juegos de llaves, además de casquillos, proyectiles de  bala y restos de cal. En horas de la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), entre ellos, Santiago Martín Rivas y otros integrantes -en su mayoría del denominado Grupo Colinairrumpieron, encapuchados y armados, en las viviendas de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Una vez que los militares ingresaron a las residencias estudiantiles, obligaron a todos los estudiantes a salir de sus dormitorios y a echarse al piso en posición de cúbito ventral. Uno de los efectivos procedió a levantar la cabeza de cada uno de los estudiantes, tomándolos por el cabello y apartando a los que finalmente fueron detenidos, siendo éstos: Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Gabriel Mariños Figueroa. Después de efectuar estas acciones, los militares ingresaron en forma violenta en la vivienda del profesor Hugo Muñoz Sánchez, trepando  por la pared que da al patio y destrozando la puerta de servicio. Luego amordazaron al profesor Muñoz Sánchez y le cubrieron la cabeza con un pantalón negro. Algunos de los atacantes revisaron el dormitorio del profesor Muñoz y a la vez impidieron que su esposa saliera de dicho dormitorio. Los efectivos militares procedieron a llevarse a viva fuerza al profesor Muñoz Sánchez, quien al momento se encontraba descalzo y con el torso desnudo. El operativo fue filmado por uno de los captores. En el camino de la casa del profesor Muñoz Sánchez a la puerta de ingreso a las residencias de los docentes, algunos testigos, entre ellos el señor Octavio Mejía Martel y su esposa, intentaron intervenir en su favor, pero fueron encañonados y obligados a retirarse. Los militares se retiraron de la universidad, llevándose con ellos al profesor Muñoz Sánchez y a los nueve estudiantes mencionados anteriormente. Los cadáveres de las víctimas fueron enterrados clandestinamente, y recubiertos con cal en tres fosas en la zona denominada Cerro Santa Rosa, Km. 1.5 de la autopista Ramiro Prialé, propiedad de Sedapal. Posteriormente, y a raíz de una denuncia pública formulada por el congresista Henry Pease, los autores materiales del asesinato procedieron a desenterrar los cuerpos, a incinerarlos y a trasladarlos a nuevas fosas clandestinas, ubicadas en Chavilca, Cieneguilla. El 12 de julio de 1993 la revista "Sí", dirigida por Ricardo Uceda, publicó un croquis en el cual se indicaba el lugar en que habían sido enterrados parte de los restos humanos pertenecientes a los secuestrados de la Cantuta. La Fiscalía realizó entonces una diligencia de constatación en la quebrada de Chavilca, en la localidad de Cieneguilla. En dicha diligencia se constató la existencia de cuatro fosas clandestinas que contenían restos óseos -la mayoría calcinados- en dos de ellas, dos juegos de llaves, un proyectil de bala, restos de ropas, cabellos, etc. También por denuncia del Director de la Revista "Sí", la Fiscalía realizó diligencias de constatación en el Km. 1.5 de la autopista Ramiro Prialé, en un paraje dentro de los terrenos de la Planta de Tratamiento de La Atarjea, de la empresa Sedapal, que fue usado hasta ese momento como campo de prácticas de tiro por la Policía Nacional. Ahí se hallaron nuevas fosas clandestinas que contenían restos óseos (un esqueleto humano completo con ropa, medio esqueleto, tejidos humanos, restos de cabello y ropas), además de casquillos, proyectiles de bala y restos de cal. Las pruebas obtenidas por la Fiscalía se pudo concluir, en resumen, que los restos hallados en Cieneguilla y en el Km. 1.5 de la autopista Ramiro Prialé correspondían por lo menos a tres de los agraviados, los estudiantes Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Amaro Cóndor y Juan Gabriel Mariños Figueroa. También se determinó con certeza que uno de los restos hallados en Cieneguilla corresponde a Bertila Lozano Torres, atendiendo al reconocimiento hecho por el Técnico Dental Juan Miguel Vásquez Tello. Se determinó igualmente que varios de los restos hallados en Cieneguilla corresponden a los estudiantes Robert Teodoro Espinoza y Heráclides Pablo Meza, atendiendo al reconocimiento de los restos de ropas efectuado por sus familiares. Se estableció también que algunos de los restos hallados en Cieneguilla correspondían al profesor Hugo Muñoz Sánchez. Barrios altos