Historia Economica Espa__a Siglos X-XX Licenciatura Economia Uned.ocr

,

Francisco Comín Mauro Hernández y Enrique Llopis (eds.) H

is t o r ia e c o n ó m ic a de

E

spaña

SIG LOS X -X X

Crítica

PRÓLOGO El libro que el lector tiene ante sus ojos es una obra muy poco común: una historia económica de España desde la Edad Media hasta la actualidad. Des­ de luego, existen manuales semejantes, pero o bien no abarcan todo este arco cronológico, o bien form an parte de obras de historia general, en las que, por tanto, lo económico es sólo una faceta. Es, además, una obra de autoría colectiva. Hoy en día nadie se atrevería a redactar en solitario un manual de historia económica de España desde la Antigüedad, como lo hizo Jaume Vicens Vives (1959). Resulta casi imposible para un solo autor abarcar los conocimientos actuales en esta materia. Como esfuerzo colectivo de un amplísimo panel de colaboradores planteó Miguel Artola la Enciclopedia de historia de España (1988), que incluía un tomo dedicado a Economía y Sociedad', en el que grandes especialistas abordaban el estudio de la población, la agricultura, la industria, el comercio, las finan­ zas y la Hacienda pública a lo largo de toda la historia de España. Natural­ mente, existen manuales sobre la historia económica de las edades moderna y contemporánea, y sólo uno de medieval, pero no sobre todas en conjunto. Para el medievo existe la Historia económica y social de la España cristia­ na en la Edad Media de Charles Dufourq y Jean Gautier-Dalché (1993). En los últimos años se han publicado dos manuales de historia económica de la España moderna: el dirigido por Agustín González Enciso (1992), y el de Al­ berto Marcos Martín (2000), España en los siglos xvi, xvn y xvm: Economía y Sociedad. Existen asimismo textos dedicados a la España contemporánea. Sin duda, el más completo es el de Gabriel Tortella (1994), El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos xix y xx, que combi­ na una amplia información e interpretaciones muy perspicaces; en este libro prima el enfoque sectorial (población, agricultura, industria, etc.) al abordar los temas, mientras que la cronología se organiza en dos grandes etapas, el si­ glo XIX y el xx. Obra de especialistas no españoles son los libros del británico Joseph Harrison (1980) y del francés Albert Broder (2000), ambos con el título Historia económica de la España contemporánea. Un esfuerzo apreciable de editar materiales didácticos fu e realizado en la UNED, que siempre ofreció textos propios a sus alumnos, primero las recopilaciones de lecturas dirigidas por J. Hernández Andreu y después el Manual de historia económica mundial

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de España, de F. Simón Segura, con sucesivas reediciones. Los capítulos eco­ nómicos redactados por Jordi Palafox para el libro con J P. Fusi (1997), Es­ paña: 1808-1996. El desafío de la modernidad, constituyen también un magní­ fico manual para este período. Más recientemente, Gonzalo Anes (1999) ha dirigido una Historia económica de España. Siglos X I X y x x , patrocinada por la Real Academia de la Historia, con colaboraciones de historiadores y eco­ nomistas del mayor prestigio; aquí, el siglo XIX se aborda sectorialmente, mien­ tras que el siglo x x se presenta por períodos. Para la historia de la economía del siglo XX se dispone del sintético análisis de García Delgado y Jiménez (1999), Un siglo de España. La economía. Todas estas obras —y otras que sería largo citar— han constituido, sin duda alguna, valiosos apoyos para la docencia; y lo seguirán siendo. Pero las cir­ cunstancias de la enseñanza de la historia económica de España en las univer­ sidades españolas han cambiado: las asignaturas han pasado a tener una duración cuatrimestral, mientras que los textos más completos estaban conce­ bidos para asignaturas anuales. La solución obvia era recortar los temarios y centrarlos en la época contemporánea —de ahí el éxito de los textos sobre los siglos XIX y XX— , pero la renuncia a cubrir los períodos medieval y moderno implica un sacrificio difícil de justificar. Se hacía necesario un auténtico ma­ nual que cubriera las edades medieval, moderna y contemporánea, con capí­ tulos o lecciones de extensión ajustada, y que pueda ofrecerse como material de estudio a los estudiantes de prim er ciclo de las facultades de Económicas, Empresariales, Historia y Humanidades. Ese fue precisamente nuestro objeti­ vo: un texto que pueda explicarse en un cuatrimestre, de dimensiones abarcables, claro en sus explicaciones, acompañado de abundantes materiales de apoyo y escrito pensando más en los alumnos que en los profesores. Una vez convencidos de la necesidad de redactar un manual, los editores nos planteamos cómo orientar el texto, subsanando carencias que encontrá­ bamos en muchas de las obras actualmente en las librerías. La principal de estas carencias era, a nuestro entender, el escaso peso que se otorgaba a la historia de España en las épocas medieval y moderna. Dedicar páginas y es­ fuerzos a explicar la naturaleza y los problemas de la economía en la España de esos períodos no es una mera cuestión de aderezar la historia de la moder­ nización económica en los siglos X IX y XX. Ni siquiera se trata de presentar an­ tecedentes relevantes —aunque los haya— de esa modernización. Los períodos previos a la industrialización son importantes en sí mismos; como poco por­ que permiten presentar a nuestros alumnos economías que se rigen por lógicas distintas de las del mercado, aunque sin excluirlo. También, cómo no, porque en el caso de España, son precisamente la época medieval y los comienzos de la modernidad los períodos en que las sociedades peninsulares, que se desen­ volvían entonces en lo que hoy es territorio español, mostraron un mayor dinamismo y desempeñaron un papel más importante en la economía mundial No en vano son precisamente estas épocas las que más han atraído la aten­ ción de destacados historiadores económicos extranjeros, en una larga nó­ mina que arranca de Julius Klein o Earl J. Hamilton. y

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Asimismo, decidimos presentar los temas de acuerdo con una periodización basada más en los ritmos del cambio económico que en las fronteras convencionales de la historia política. Pretendimos además que todos los ca­ pítulos se abordasen con esta ordenación cronológica. Con ello ganábamos en la presentación de las distintas facetas de la economía en su contexto tem­ poral, sin grandes idas y venidas del pasado al futuro, y donde, por ejemplo la desamortización de Madoz, la ley de ferrocarriles de 1855 y las normas sobre bancos de emisión y sociedades de crédito se integrasen en los años que las vieron nacer, junto con el desarrollo industrial o el lento crecimiento agrario del período. Otra de las preocupaciones que guiaron la redacción de la obra fu e el con­ ciliar la perspectiva nacional que suele dominar este tipo de textos con una atención expresa y lo más detallada posible a la diversidad de las evoluciones regionales. Y ello no tanto por un afán erudito, de contentar a todos o de sin­ gularizar la obra, sino porque nos parece indudable que esa diversidad regio­ nal ha sido y es una de las características más notorias y de más peso en la historia económica europea y también española. Como lo es, aún hoy, en nues­ tra economía. La voluntad de hacer un texto didáctico nos llevó a buscar colaboraciones que no sólo fueran rigurosas, sino también claras y bien escritas. La impor­ tancia que damos a los apoyos al texto — cuadros numéricos, gráficos y ma­ pas— está también ligada a esta aspiración. Todos ellos están concebidos para aportar valor añadido a la explicación, en algunos casos contando con datos inéditos, pero siempre pensando en documentar e ilustrar los argumentos que se van exponiendo. Desde el primer momento pensamos que este objetivo sólo podía abordar­ se de modo colectivo, tanto en las labores de edición como en la autoría de los textos. En la autoría, porque sólo de este modo podíamos garantizar un ni­ vel de contenidos actualizado y riguroso para cada período; basta examinar la nómina de colaboradores para comprobar su valía. Pero ofrecer un texto homogéneo exigía un trabajo de edición que desbordaba la capacidad de una sola persona. De manera que este es un manual negociado: primero entre los tres editores y después con los autores. A éstos se les sugirió inicialmente un guión para su capítulo, que pudieron modificar según su criterio, aunque siem­ pre con la aquiescencia de los editores. Con aquel guión pretendíamos que en todas las lecciones se analizasen todos los acontecimientos y procesos econó­ micos rele\>antes a la vez que evitar reiteraciones y solapamientos. También se trasladó a los autores la orientación de la obra —índice, estructura crono­ lógica, atención a la diversidad regional— y otras instrucciones que, en gene­ ral, han seguido al pie de la letra. Una de ellas era la conveniencia de situar la evolución de la economía española en el contexto internacional y, en par­ ticular, en el europeo. Se les pidió también que no se limitaran a la mera des­ cripción de los hechos —aunque sin descuidarla—, sino que resaltaran sus interpretaciones económicas. Otro objetivo era actualizar los conocimientos que se imparten a los alumnos. Los textos que fuim os recibiendo demostraron

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que muchas de tales instrucciones eran innecesarias, pues los autores no hu­ bieran querido hacerlo de otro modo. A síh e m o s tratado de escribir un ma­ nual que incorpore los inmensos avances que la investigación en la historia económica de España ha tenido en las últimas décadas. Somos conscientes de que, si los investigadores siguen trabajando al ritmo de estos años, los días de este manual están contados. Por eso prevemos ya realizar reediciones suce­ sivas, para evitar el anquilosamiento del texto. Lo que nosotros vimos como una necesidad — la autoría colectiva— se ha acabado convirtiendo en una virtud. En este manual no hay una visión mono­ lítica de la historia económica de España; desde luego, no hemos buscado in­ terpretaciones únicas, ni hubiera sido posible lograrlas. Cada autor ha tenido libertad total para presentar su interpretación del período que le ha corres­ pondido analizar. Pero los editores han discutido con ellos los aspectos más polémicos, con el fin de que el estudiante tenga una visión plural pero pon­ derada, alejada de los tópicos más asentados o de interpretaciones muy sugerentes, pero aún no consolidadas en la disciplina. Así, lo que para algunos pudiera ser un pasivo —la diversidad de enfoques en los distintos capítulos—, es para nosotros uno de los activos importantes de la obra, pues ahuyenta las visiones monolíticas y los análisis repetitivos. Eso exige, es cierto, una labor de edición. Primero en la selección de los autores, cuya sintonía generacio­ nal, de formación y trayectorias investigadoras y docentes, facilitó la armoni­ zación de los textos. Luego, velando cuidadosamente porque los conceptos quedasen explicados al aparecer por primera vez, las diferencias de interpre­ tación quedasen subrayadas cuando existiesen y los planteamientos incompa­ tibles o inconsistentes quedasen descartados. Además, los diversos autores han leído y discutido los capítulos colindantes, coordinando contenidos, fron­ teras e interpretaciones. Salvados los posibles escollos, la diversidad de en­ foques proporciona un rico filón para la enseñanza de la historia económica de España. Los editores de este libro, por nuestra parte, somos de sobra conscientes de que si a alguien debemos manifestar agradecimiento es a los autores, que respondieron con entusiasmo a nuestra propuesta. La calidad de la obra ha dependido, únicamente, de su trabajo. Debemos agradecerles su formalidad en cumplir con los plazos y restricciones impuestos, su disposición a atender a sugerencias no siempre fáciles de digerir, y el rigor con que abordaron la tarea. De ellos es el mérito que pueda tener esta obra. Un texto de estas características tiene que prescindir necesariamente de algo del aparato crítico que caracteriza a las monografías académicas. No obs­ tante, la bibliografía es más que una parte de ese aparato. Constituye un ele­ mento esencial en la docencia, pues entre lo que debemos transmitir a nuestros alumnos está la explicación de cómo trabajamos los historiadores económi­ cos, cuáles son los textos esenciales en cada materia y en qué tipo de datos y procedimientos asentamos nuestras afirmaciones. Por tanto, no hemos querido renunciar a la bibliografía ni a las notas, aunque figuran aparte del texto. Hay que advertir, no obstante, que en la fa se inicial de preparación del proyecto

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se dieron instrucciones a los autores para que redujeran lo más posible las referencias bibliográficas. Más adelante, algunos colaboradores reclamaron márgenes más amplios para introducir notas y bibliografía. Eso entrañó algu­ nos desequilibrios en el volumen de obras citadas para los distintos períodos, pero, en este caso, la responsabilidad es exclusivamente de los editores. Esta Historia económica de España, siglos x-xx es, pues, fruto de un esfuer­ zo meditado y prolongado de muchos especialistas. Indirectamente, representa también el resultado de largos años de docencia acumulados por los autores y editores. Pero ese esfuerzo sólo valdrá de algo si el manual pasa la prueba de fuego de la docencia. Corresponde ahora a los profesores y estudiantes de historia económica decidir si el texto que les ofrecemos les resulta útil. Si así fuera, los editores nos daríamos por muy satisfechos. F

r a n c is c o

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(Universidad de Alcalá) H e r n á n d e z (UNED) (Universidad Complutense)

o m ín

M E n r iq u e L

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Madrid, mayo de 2002

1. LA ECONOMÍA EN LAS ESPAÑAS MEDIEVALES (c. 1000-c. 1450) H il a r io C a s a d o A l o n s o Universidad de Valladolid

En la historia económica española, la época que transcurre entre el año 1000 y la segunda mitad del siglo xv es cuando se sientan las bases sobre las que descansarán las estructuras y el desarrollo posteriores hasta principios del si­ glo X I X : el Antiguo Régimen. Una economía en la que predominaba de forma abrumadora — en la generación de renta y en la dedicación del trabajo— el sec­ tor agrario; las manufacturas tenían una cierta importancia a nivel local o comarcal, pero en muy pocas ocasiones sus producciones abarcaban mayores ámbitos; el sector terciario carecía todavía de contornos definidos, ya que el comercio y las finanzas no habían alcanzado aún suficiente grado de especia­ lización. Todo ello en un marco económico en el que el mercado estaba muy poco desarrollado; mal definidos los derechos de propiedad, especialmente res­ pecto a la tierra, principal factor de producción. En este marco eran frecuen­ tes las limitaciones a la libre transmisión de la tierra, que estaba en gran parte amortizada y vinculada; las instituciones políticas intervenían de continuo en la actividad económica; existían monopolios corporativos; y los instrumentos monetarios y los medios de pago eran poco utilizados. Ello se acompañaba de una estructura social jerarquizada y corporativa, en la que el rango de los indi­ viduos estaba determinado por su pertenencia a un determinado cuerpo o es­ tamento, caracterizado por el disfrute o carencia de determinados privilegios. Lo que no impedía que en los momentos de crecimiento económico hubiera una relativa movilidad social. Políticamente, por el predominio de la nobleza mili­ tar y la aristocracia eclesiástica, que apoyaba y gobernaba con el monarca, con una organización territorial muy desigualmente centralizada, en la que junto a provincias o regiones donde la autoridad real se ejerce sin ningún tipo de cor­ tapisas, se pueden encontrar instituciones o fueros propios y específicos. Pero la evolución de la Península Ibérica desde el siglo xi hasta finales del siglo xv es ante todo la historia de unos territorios en continua expansión geo­

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gráfica y militar: la Reconquista. Ésta ha marcado la trayectoria histórica de España y Portugal en la Edad Media: en lo político fue la que conformó las diversas entidades de condados y reinos peninsulares. A lo largo de este perío­ do, vemos cómo se mezclan los rasgos de individualización de los diferentes territorios junto con otros que nos hablan de asimilación y unificación entre ellos, que en muchos momentos comparten un mismo ideal político-religioso, tienen parecidos intereses económicos, semejantes comportamientos sociales y rasgos culturales, y, cómo no, las alianzas y las apetencias geoestratégicas de sus respectivos reyes. Estamos ante unas Españas medievales —ya que todos los monarcas medievales de la Península Ibérica aceptaron dicha denomina­ ción, al considerarse herederos de la Hispania romana— que políticamente son independientes, pero que, si exceptuamos a la derrotada Al-Andalus, tuvieron muchos rasgos comunes. Por ello, a lo largo del proceso reconquistador, some­ tido a múltiples vaivenes, los diferentes territorios peninsulares se agruparon en dos grandes entidades políticas (las coronas de Castilla y de Aragón), acom­ pañadas por los reinos menores de Portugal, Navarra y el musulmán de Grana­ da. A fines del siglo xv, con el matrimonio de los Reyes Católicos, la conquis­ ta de Granada y la posterior incorporación de Navarra, se formaron en gran medida las fronteras de la España actual. Pero la Reconquista no fue únicamente una expansión militar, estuvo acompañada de un avance repoblador. La ocupación y, sobre todo, la puesta en explotación de los nuevos territorios ganados a los reinos musulmanes trajo consigo la progresiva implantación del sistema feudal, con el consiguiente ascenso de la nobleza guerrera y la aristocracia religiosa, así como la reorga­ nización del espacio, cuyas consecuencias en el poblamiento, los paisajes agrarios, las estructuras de la propiedad, las diversidades lingüísticas, la topo­ nimia, etc., han perdurado hasta nuestros días.1

1 .1 .

E

x p a n s ió n c r is t ia n a y fo r m a c ió n d e l f e u d a l is m o en la

I b é r ic a ( in ic io s

P en ín s u l a

d e l s ig l o x i - s e g u n d a m it a d d e l s ig l o x iii)

A partir de principios del siglo x i y hasta mediados del siglo x i i i , los terri­ torios cristianos del norte de la Península Ibérica experimentaron un constante crecimiento económico. Dicha expansión es, en muchas de sus manifestacio­ nes, muy semejante a la que en esos mismos años se estaba produciendo en el resto de Europa occidental, aunque la singularidad peninsular — sólo pare­ cida, en parte, a algunos territorios de la Europa central y oriental— es que, junto al desarrollo económico e institucional, se produjo un crecimiento terri­ torial. Feudalización y Reconquista van a cobrar significado a partir del siglo X I, aunque ya habían comenzado a manifestarse antes, a pesar de su inferioridad militar y económica respecto del Al-Andalus de los Omeyas, pues desde el si­ glo VIII hasta principios del siglo x i , los reinos musulmanes españoles fueron la zona más rica, culta y esplendorosa de toda Europa. Así, vemos cómo desde

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mediados del siglo vm en las zonas montañosas del norte y este de la penín­ sula, pobres y de estructuras socioeconómicas arcaicas, los cristianos preser­ varon su independencia y se organizaron. Un primer reino en formarse fue el de Asturias, que se extendió progresivamente hacia el País Vasco y Galicia, y se presentaba como el heredero del desaparecido reino visigodo de Toledo. En los Pirineos se formaron diversos condados, nacidos bajo la influencia carolingia, pero luego independientes. En el siglo x se sumaron otras entidades: el reino de Pamplona y el condado de Castilla. Pero al consolidarse se reorganizaron y cambiaron sus estructuras econó­ micas. Asistimos al lento, pero progresivo, paso de unas sociedades muy po­ bres, con estructuras sociales de tipo tribal y que conservaban algunos rasgos semejantes a los de los pueblos prerromanos, a otras más complejas. Todo ello es fruto de los cambios acaecidos como consecuencia del comienzo del pro­ ceso repoblador, inicialmente de los valles de las montañas del norte de la pe­ nínsula y de los Pirineos, posteriormente de las regiones de la Meseta al norte del Duero. Aquí la colonización fue llevada de manera espontánea, aunque impulsada por el poder monárquico, condal y de las comunidades monásti­ cas, participando en ella tanto los colonos indígenas que bajaban de las monta­ ñas cantábricas y pirenaicas —en algunos aspectos superpobladas— como los refugiados mozárabes. Se formó una sociedad de pioneros que ponían en ex­ plotación los nuevos espacios agrarios, tomaban posesión de la tierra median­ te diferentes fórmulas jurídicas (presura, aprisio), y que al mismo tiempo or­ ganizaban el poblamiento, bien restaurando las antiguas estructuras visigodas o bien creando otras nuevas. El resultado fue un cada vez más complejo hábitat de aldeas, villae, castra, casales, solares, civitas, urbes, castella, burgos, etc., cuyas toponimias han perdurado hasta hoy día. Alrededor de cada uno de los núcleos se organizaban las pequeñas explotaciones agrícolas, notándose una intensificación de las labores cerealícolas y vitícolas, aunque en el paisaje agrario lo que seguía predominando eran los bosques y las zonas de pasto, lo que sin duda benefició a las actividades ganaderas. Sin embargo, estamos ante una economía de mera subsistencia, de autoconsumo y muy autárquica, en la que los mercaderes que traficaban entre las diversas zonas cristianas o con AlAndalus eran escasísimos y la moneda apenas circulaba. A esta economía de débil desarrollo correspondía una sociedad que, aunque es desconocida, presentaba rasgos de una gran diversidad, en gran medida fru­ to de los cambios que estaban produciéndose en su seno. Coexistían una alta nobleza de guerreros, heredera de la antigua nobleza visigoda, junto con otra recién formada merced a la primera expansión militar (milites, caballeros, caballers), y con nobles de menor rango (infanzones en Castilla, castlans en los condados orientales). A su lado una heterogénea masa de campesinos, en la cual encontramos pequeñas comunidades que conservaban rasgos tribales, pequeños propietarios libres y otros campesinos dependientes de un señor y con un estatuto jurídico de semilibres. Dentro de esta diversidad ya se aprecia­ ba una clara tendencia, que marcará la evolución de los siglos siguientes, a una cada vez mayor jerarquización de la sociedad y, por lo tanto, de la riqueza.2

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Frente a esta sociedad cristiana nos encontramos con Al-Andalus, la España bajo dominio islámico, que ocupaba la mayor parte de la Península Ibérica y dis­ frutaba de una economía próspera — al menos en la época del califato Omeya de Córdoba (929-1031)— , basada en una agricultura desarrollada, donde des­ tacaban los métodos de irrigación; en una artesanía muy diversa, donde el influ­ jo de las técnicas y gustos orientales era palpable; y en un floreciente comercio, ya que los territorios andalusíes actuaron como intermediarios entre la Europa cristiana, África y Oriente Próximo. Por ello no nos debe extrañar que las ciudades de Al-Andalus fueran las más pobladas de Europa. Así, aunque la falta de fuentes hace difíciles los cálculos, se habla de que en el siglo xi Toledo te­ nía 37.000 habitantes, Granada 25.000, Málaga 17.000, Almería 27.000, Zara­ goza 17.000, Valencia 15.650, Sevilla 83.000 y la capital, Córdoba, superaría los 200.000 habitantes. Semejante esplendor económico iba acompañado por una fortaleza y estabilidad monetaria.3

Reconquista, repoblación y reorganización del espacio Este panorama comenzó a cambiar a partir de principios del siglo XI dando lugar a la conformación del feudalismo en la Península Ibérica, tal como per­ maneció en sus grandes rasgos hasta finales del Antiguo Régimen, a comienzos del siglo X IX . El hecho trascendental de la historia medieval española y portu­ guesa es la presencia de la continuada expansión militar. La fragmentación política de Al-Andalus en diferentes reinos de Taifas, unida a la consolidación de los reinos cristianos, con su correspondiente empuje económico, político, ideológico y , en consecuencia, guerrero dieron la victoria a los cristianos.4 Las etapas de la Reconquista pueden seguirse en el mapa 1.1: Del Duero al Mondego y Tajo, los valles del prepirineo y gran parte de la Cataluña nueva (¡030-1085). Supone la conquista de las Extremaduras por­ tuguesas, leonesas y castellanas, mientras que la mayor presencia musulmana en el valle del Ebro dificulta el avance de los reinos navarros, aragoneses y del condado de Barcelona. Debilidad reconquistadora como consecuencia de la contraofensiva almorávide (1086-comienzos del siglo xa). Los reinos cristianos apenas consiguieron avanzar hacia el sur, e incluso tuvieron muchas dificultades para consolidar sus posiciones anteriores, en parte debido a su debilidad demográfica. La renovación de la Reconquista (primera mitad del siglo Xl¡). Ocupación del valle del Ebro con la toma de importantes ciudades, abundantemente po­ bladas de musulmanes, que en gran parte permanecen sobre dichos territorios, y de las zonas montañosas de Teruel y Castellón. En el sector central y occidental se produjeron los avances del Tajo a Sierra Morena y el Alentejo portugués. El gran avance de la Reconquista (1212-1266). Superados ciertos momen­ tos de debilidad, como consecuencia de la invasión almohade, durante la segun­ da mitad del siglo xn va a producirse la mayor ocupación de tierras, quedando reducido Al-Andalus al territorio del reino de Granada. Por el oeste Portugal

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concluyó su conquista con la toma del Algarve, Castilla con la ocupación del valle del Guadalquivir y del reino de Murcia, mientras que los reyes de Ara­ gón, ahora unidos dinásticamente con los condes de Barcelona, conquistaban Valencia y las islas Baleares. Desde el punto de vista económico, más importante que el proceso recon­ quistador fue la subsiguiente puesta en explotación de los nuevos espacios, ya que marcó el devenir futuro y las características del feudalismo hispánico. La repoblación adoptó diversas modalidades en función de su diferente cronolo­ gía, las dificultades acaecidas, las formas de concesión por parte de la autori­ dad real y las estructuras demográficas y económicas preexistentes.5 Así, las zonas comprendidas entre el Duero y el Tajo se repoblaron, ante la carencia de hombres y la necesidad de defender la frontera, mediante la conce­ sión de amplios territorios y grandes privilegios (fueros) a determinadas villas, que en ese momento se crean y se fortifican, y a algunas ciudades preexisten­ tes. Todo movido por el deseo de atraer población del norte, de refugiados del sur (mozárabes) e incluso, cuando éstos fueron insuficientes, de gentes de otros reinos europeos: los francos. Eso dio lugar a las Extremaduras portuguesa, leonesa y castellana, donde se formó una sociedad y una estructura agraria en la cual, junto a los pequeños propietarios de variada condición jurídica, nobles de diverso tipo y eclesiásticos, aparecen grandes extensiones de terreno de pro­ piedad colectiva (montes, pastos comunales, baldíos), objeto de la apetencia de la nobleza en los siglos sucesivos. Todo ello en un hábitat en el que se mez­ claban las numerosas y pequeñas aldeas con la presencia de las villas (Sego­ via, Ávila, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Soria, Coimbra, Lamego, etc.) que se comportaban como señores colectivos de los territorios que les habían sido asignados.6 La repoblación de las zonas del Tajo a Sierra Morena y el Alentejo adoptó otras formas. Aquí el problema fundamental con que tropezaron los reyes de Castilla y Portugal fue la ocupación de amplísimos territorios, muy próximos a los grandes núcleos musulmanes y, en consecuencia, muy peligrosos. Atraer allí a pobladores cristianos resultaba complicado, por lo que la opción más ventajosa fue su concesión a las grandes órdenes militares, que en esos mo­ mentos nacían en la Península Ibérica (Santiago, Alcántara y Calatrava) o en otras partes de Europa (Hospitalarios y Templarios), junto con algunos gran­ des monasterios cistercienses, como el de Alcobaga. Todo ello determinó un poblamiento en el que los núcleos habitados eran menos numerosos y se encon­ traban muy distanciados entre sí, al tiempo que grandes superficies de terreno, ante la carencia de población, tuvieron que dedicarse a pastos, aprovechados por los rebaños trashumantes que en los meses de invierno bajaban del norte. En el valle del Ebro la problemática repobladora en esos mismos años pre­ sentó rasgos diferentes. En un primer momento, se fue construyendo toda una línea de castillos para proteger los centros urbanos a los que se dota de privile­ gios (fueros). El gran salto se prudujo al ocupar las villas y las ciudades ribe­ reñas del Ebro (Tudela, Zaragoza o Tortosa) o las comarcas situadas más al sur, a las que los monarcas otorgaron determinados privilegios para atraer a la

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población cristiana de los Pirineos y especialmente de otras partes de Europa: los francos. Junto a ellos, a los señores laicos y eclesiásticos se les concedie­ ron amplios territorios y castillos, e, incluso, campesinos con el fin de poner en explotación tales territorios. Pero la diferencia de la repoblación de estas zonas, respecto a lo que ocurrió en Castilla y Portugal, fue que los monarcas de Navarra, Aragón y Cataluña se encontraron con una abundante población musulmana a la que permitieron, en virtud de pactos de capitulación, perma­ necer en sus tierras, aunque se procuró que fueran menos numerosos en las ciudades y en las grandes villas: los mudéjares. Por esa razón, el hábitat conti­ nuó siendo a grandes rasgos muy semejante al de época andalusí, lo que no quita para que la fundación de determinados monasterios introdujera noveda­ des poblacionales y agrarias.7 El impulso reconquistador a partir de 1212 puso en manos de los coloni­ zadores cristianos grandes espacios para repoblar. Sin duda suponía un gran reto: para ocupar y poner en explotación las ricas y extensas tierras conquista­ das no disponían de suficientes reservas demográficas, por lo que no es extraño que permitieran la permanencia de las poblaciones musulmanas. Los monar­ cas castellanos y aragoneses procedieron a distribuir las tierras y los campesi­ nos entre los poderes nobiliarios y eclesiásticos, que les habían auxiliado en las campañas militares, y aquellos colonos que quisieran asentarse allá. Es el sistema denominado de «repartimientos» y «repartiments», mediante el cual dividían en diversos lotes lo que correspondía a cada uno de los beneficiarios en cada una de las distintas ciudades y villas. En un principio, aunque las aris­ tocracias nobiliaria y eclesiástica fueron las más beneficiadas, el reparto al­ canzó también a numerosos campesinos cristianos que recibieron bienes y que, naturalmente, intentaron aplicar sus esquemas económicos, sociales, po­ blacionales y lingüísticos a las estructuras islámicas que se encontraron. Esto dio lugar a una estructura agraria donde predominaban la pequeña y mediana propiedad, junto a grandes posesiones (véase el mapa 1,2).8 Pero, mientras la población musulmana continuó siendo muy numerosa en los reinos de la corona de Aragón, no ocurrió lo mismo en Castilla. La suble­ vación de los mudéjares de Andalucía y Murcia en 1264 produjo su expulsión de las ciudades y su masiva marcha al norte de Africa, lo que —unido al retor­ no de colonos cristianos a las tierras del norte— alteró el primitivo esquema diseñado por los monarcas. Si en los primitivos repartimientos la nobleza, las órdenes militares y la aristocracia eclesiástica habían salido claramente bene­ ficiadas, en la estructura agraria predominaban los pequeños y medianos pro­ pietarios. Las nuevas circunstancias de finales del siglo xui y de los siglos sucesivos hicieron que la nobleza y la Iglesia aumentaran su poder económico con la ocupación de nuevas tierras y, sobre todo, con la concentración de las existentes. De ahí que, hoy día, se considera que el origen del latifundismo an­ daluz no hay que atribuirlo tanto a los repartimientos originales por parte del rey, sino a los acontecimientos posteriores que a lo largo del Antiguo Régimen frenaron la colonización y alteraron la situación de aquellos territorios en fa­ vor de la gran propiedad.9

apa

1.2.

La

repoblació n

de

A ndalucía en

el

siglo

x iii

F u e n te : M. González Jiménez y A. González Gómez, en Angus Mackay y David Ditchburn, eds. (1997), Atlas de la Europa Medieval, Madrid, Cátedra.

M

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Este largo proceso de Reconquista, en el que la lucha militar, la obtención del botín de guerra y la reafirmación ideológica frente al «infiel» desempeñan un gran papel, condicionó la evolución de las sociedades ibéricas de los si­ glos x i al x i i i . Si en un principio éstas estaban muy poco jerarquizadas, exis­ tiendo una fuerte movilidad social, con el paso de los años las diferencias jurí­ dicas y económicas se incrementaron. Estamos, pues, al igual que en el resto de los países europeos, aunque con dinámicas algo diferentes, ante una progresiva señorial izac ión de la sociedad, caracterizada por el peso cada vez mayor de la nobleza y la aristocracia religiosa. A lo largo de estos siglos la nobleza no sólo reforzó su peso económico, sino que adquirió un estatus jurídico propio y una conciencia de diferencia respec­ to del resto de la sociedad. Originariamente conformada en el siglo xi como el grupo surgido en tomo al servicio de los monarcas, siguió desempeñando tales prerrogativas públicas, pero a ellas sumó las que le daban sus cada vez mayo­ res posesiones, los honores, el poder y el botín que le otorgaban las conquistas militares. Estamos ante io que algunos autores han denominado con el apelativo de «la industria de la guerra», que permitía a los nobles no sólo enriquecerse, adquirir mayores poderes o multiplicarse — incluso con la incorporación de nuevas familias o personas por el servicio de las armas— , sino dar forma a su estatus jurídico hereditario. Este estatus llevaba consigo privilegios honorí­ ficos, fiscales y judiciales, como no pagar impuestos, tener tribunales propios o llevar determinados símbolos externos de su pertenencia a la nobleza. Dentro de ésta hubo diferentes niveles que iban, según sus funciones y rique­ zas, desde la pequeña nobleza (infanzones, fijosdalgo, infangoes, castlans, ca­ valiers) hasta la alta nobleza, que cada vez se constituía como un grupo más cerrado. En el siglo x i i i el grupo nobiliario estaba ya en gran medida configu­ rado con sus diferentes escalas y en las que sus miembros se agrupaban en di­ versos linajes y permanecían unidos por los parentescos artificiales que crean los lazos feudo-vasalláticos. Hecho que no impedía que se produjeran luchas internas y que, merced a esta «economía de guerra», se incorporaran nuevos personajes y familias. Al mismo tiempo, las peculiares condiciones de la Reconquista fueron las que en gran medida configuraron el marco jurídico-institucional agrario. La no­ bleza, a la que hay que sumar la aristocracia eclesiástica y los grandes conce­ jos, constituían el grupo de los señores. Aunque con grandes diferencias entre territorios peninsulares — según las diversas modalidades de repoblación; la mayor o menor flexibilidad de los poderes feudales, de acuerdo a las diferen­ tes disponibilidades de mano de obra agrícola; o la correlación de fuerzas entre nobleza y monarquía— , el régimen de propiedad de la tierra en la Espa­ ña medieval vino marcado por la evolución hacia el binomio gran propiedad feudal y pequeña explotación familiar campesina. Tal régimen se basaba en la distinción entre aquellos que poseían el dominio directo de la tierra —el dere­ cho a percibir rentas— en manos de los señores, y los que tenían el dominio útil —el derecho a cultivar las tierras, que era transmisible— en manos de los campesinos, junto con toda una serie de limitaciones que impedían la libre

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disposición de dichos bienes: la vinculación de la propiedad eclesiástica, el mayorazgo, las reglamentaciones colectivas señaladas en las ordenanzas mu­ nicipales, etc. Pero los señores eran, al mismo tiempo, la máxima autoridad judicial y, en ocasiones, política, dentro de sus territorios. Esto permitía que los titulares de la propiedad territorial, los señores, utilizaran dichas prerro­ gativas para imponer a los campesinos deberes y obligaciones que revelan su capacidad coercitiva de naturaleza extraeconómica. Éstos iban desde la suje­ ción personal al no poder abandonar el predio que cultivaban, hasta el disfrute de determinados privilegios — en la corona de Aragón y Navarra tenían el mo­ nopolio del homo, fragua y molino del lugar— , pasando por tributos de diver­ sa índole: prestaciones en trabajo para reparar caminos, puentes, castillos o trabajar en las tierras señoriales, sustentar al señor cuando iba de visita, perci­ bir rentas a los campesinos que morían sin descendencia, etc. Aquí los campe­ sinos castellanos y portugueses disfrutaron, en términos generales, de mejores condiciones que los de la corona de Aragón — en especial en Cataluña— , don­ de la menor movilidad de su población hacia los territorios del sur hizo que se vieran sometidos a mayores presiones señoriales.1Q

El desarrollo urbano La Península Ibérica gozaba de una gran tradición urbana que se remonta a la época romana y que cobró nuevo auge con la ocupación musulmana. La Re­ conquista de los siglos XI al x n i acrecentó el número de ciudades, otorgando al fenómeno urbano una importancia sin comparación en el resto de la Europa medieval, si exceptuamos Italia. Si en otras partes el crecimiento demográfico, el aumento de la producción agrícola y artesanal, el auge de los intercambios y de la circulación monetaria fueron los factores del renacimiento de las ciu­ dades en esos mismos siglos, en los territorios peninsulares hay que sumar la repoblación.11 Como hemos visto, los monarcas y, en ocasiones, los señores, con el fin de asegurar la ocupación de las nuevas tierras, entregaron a las ciudades y villas, ya existentes o creadas ex nihilo, extensos espacios bajo su autoridad, al tiem­ po que les otorgaron amplias prerrogativas políticas. De ahí que el fenómeno urbano sea el que estructure el espacio ibérico. En Castilla y Portugal cada una de ellas tenía su propio término municipal {alfoz, termo, tierra)', a partir del sur del Duero éstos eran de gran extensión y englobaban una multitud de aldeas sometidas a su jurisdicción. En Navarra y Aragón ocurrió algo pareci­ do, cuando se procedió a la repoblación de los espacios en tomo o al sur del Ebro. Las conquistas del valle del Guadalquivir, Murcia, el Algarve, el Alentejo, Valencia y Baleares acrecentaron aún más el protagonismo del fenómeno urbano en las Españas medievales. Estas zonas contaban con numerosas y po­ bladas ciudades desde la época romana, que la ocupación musulmana ayudó no sólo a mantener, sino a incrementar. Los monarcas cristianos mantuvieron esta red, transformando apenas sus planos y sus funciones, ya que la población

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musulmana en muchos casos no abandonó sus posesiones, por lo que la nueva configuración urbana se mezcló con la ya existente de época andalusí, dando lugar a una mezcla de pobladas villas junto con múltiples alquerías distribui­ das por su jurisdicción. Pero, al mismo tiempo que estructuran el espacio, las villas y ciudades se erigían en centros políticos. Todas disponían de su propia jurisdicción, plas­ mada en sus respectivos fueros, furs, ordenanzas municipales y ordenagoes. Las competencias de estos municipios abarcaban todas las cuestiones que in­ teresaban a la vida local, gozando en general de bastante autonomía. Por ello a lo largo de toda la Edad Media uno de los elementos que marcaron la vida urbana fue la lucha por el control de las instituciones municipales (concejo, concelho, consell, consello, cabildo) por parte de las oligarquías locales y la nobleza. A través de dicho dominio imponían sus propios intereses de clase no sólo sobre el conjunto de los habitantes de las ciudades, sino también a los territorios bajo su jurisdicción. Este deseo de estructurar el espacio por parte de los poderes públicos es el que explica la urbanización de otras zonas peninsulares, donde frente al poblamiento disperso los monarcas crearon ciudades y villas nuevas (puebla, pola, villa real, pobla, vilanova). Esto resulta muy marcado en la España atlántica, donde en los siglos xn y x m se fundaron múltiples localidades en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, como Tuy, La Coruña, Ribadeo, Santander, Laredo, Aviles, Llanes, Bilbao, Fuenterrabía, Guetaria, Motrico, Vitoria, etc. Política que también se aprecia en el reino de Navarra en las fun­ daciones de Estella, Puente la Reina o Laguardia. Pero el fenómeno se hizo extensivo a otras partes de la Península Ibérica, donde todos los monarcas cris­ tianos crearon villas nuevas, generalmente de plano regular, para controlar determinados territorios. Al igual que el resto de la Europa medieval, el fenómeno urbano español se vio impulsado por el desarrollo de las actividades artesanales y mercantiles. Este proceso es muy evidente en la evolución de las ciudades y villas que se extienden a lo largo del Camino de Santiago, desde Pamplona y Jaca hasta el valle del Duero y Galicia. A todas ellas afluyeron forasteros, que formaban barrios específicos, se dedicaban al comercio o la artesanía y disfrutaban de privilegios: los francos. Pero el surgimiento a partir del siglo x i i de calles y habitantes, con un marcado carácter artesanal y comercial, es generalizable a otras partes como Cataluña, Aragón, Navarra, Castilla y León y el norte de Portugal. Su máximo desarrollo se alcanzó en la segunda mitad de la centuria siguiente, cuando muchas ciudades amplían su plano con la aparición de barrios nuevos — arrabales— fuera de las primitivas murallas. En muchas de ellas se levantaron en esos años nuevas cercas de mayor extensión para englobarlos y dejar incluso terreno a futuras ampliaciones (véase el mapa 1.3). En el caso de los núcleos urbanos de tradición andalusí (como Lisboa, Toledo, Córdoba, Sevilla, Murcia, Valencia y otras), de plano irregular y con barrios diferencia­ dos según sus actividades económicas o residenciales, la ocupación cristiana mantuvo dicho paisaje y similares funciones: sustituyeron las mezquitas por

1.3.

El

camino

de

S a n t ia g o

F u e n te : M. Artola, dir. (1988), Enciclopedia de historia de España, Madrid, Alianza, vol. VI.

M apa

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iglesias, cambiaron de nombre a las instituciones, segregaron a los habitantes de acuerdo con sus creencias religiosas, donde estaba el zoco apareció la plaza del mercado, heredaron las actividades artesanales, etc. De ahí que muchas de estas ciudades siguieran siendo las más pobladas de toda la Península Ibérica.

La expansión económica La Reconquista y la repoblación no hubieran podido realizarse si durante los siglos xi, XII y x i i i no hubiera habido un constante crecimiento económico. La documentación disponible no permite cuantificarlo ni precisar sus fluctuacio­ nes, pero en todos los territorios peninsulares hubo claros signos de auge. El progreso agrícola se manifestó en primer lugar en el continuo movi­ miento roturador y deíorestador, que fue más intenso en las comarcas al norte del Duero y en los valles pirenaicos, donde la presencia humana había sido tra­ dicionalmente menor. Pero la ocupación de nuevas tierras, ganadas al bosque y zonas de erial y pasto, se produjo también en otros territorios. Igualmente, este impulso económico se aprecia en el perfeccionamiento del utillaje agríco­ la, donde el arado romano sigue siendo el apero fundamental, pero cuya reja era cada vez más de hierro; en el empleo del yugo; en la mayor utilización de bueyes y vacas como animales de tiro; y en el aumento de los molinos hidráu­ licos. El paisaje agrario estaba caracterizado fundamentalmente por las «tierras de pan llevar», ya que los cereales (trigo, cebada, avena, mijo, centeno y otros de inferior condición) eran la base fundamental de la alimentación humana y ani­ mal. Todo ello complementado por el viñedo, que en determinadas zonas, como Cataluña, La Rioja, Navarra y Andalucía, ocupó grandes espacios, ya que mu­ chos monasterios allí instalados impulsaron nuevas plantaciones. El principal problema que encontró la viticultura para su desarrollo, al igual que con los olivos, fue la carencia de brazos, ya que son cultivos muy absorbentes de mano de obra en determinados momentos. Junto a ello, en torno al núcleo de pobla­ ción aparecen multitud de pequeñas parcelas dedicadas a huertas, a la plan­ tación de leguminosas, de lino y de cáñamo. El paisaje se completaba con la existencia de pastizales, baldíos y montes, cuyo tamaño variaba según las re­ giones de la península, las condiciones ecológicas o las modalidades repobla­ doras, y cuyo aprovechamiento era frecuentemente comunal, abierto a todos los vecinos, por lo que suponía una importante fuente de ingresos complementa­ rios para las familias campesinas. Pero la ocupación del valle del Ebro, Valencia, Andalucía, Murcia y Balea­ res supuso la incorporación a las economías cristianas de territorios de una larga y próspera tradición agrícola. La continuidad de mano de obra mudéjar permitió que se mantuvieran las prácticas y las técnicas más adelantadas de los agrónomos de Al-Andalus. Es la agricultura de huerta y vega, poblada de nume­ rosas acequias y canales de riego, con una gran variedad de cultivos: horta­ lizas, árboles frutales — incluso con la introducción de algunos nuevos, como el naranjo y el limonero a partir del siglo xi— , la morera, la caña de azúcar, el

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arroz, diversas leguminosas, etc. Sin embargo, el aún lento crecimiento del comercio no permitió que estos núcleos se especializaran y sus producciones dieran lugar a intercambios a gran escala, como ocurrió a partir del siglo XV. Otro de los elementos fundamentales de la economía rural en estos siglos fue el aumento de la cabaña ganadera: bueyes, caballos, cabras y, especial­ mente, ovejas. La Reconquista supuso para los colonos cristianos la ocupación de grandes superficies de pasto y monte, que no pudieron dedicarse a la agri­ cultura, ya que se carecía de suficiente mano de obra. Esto, unido a la economía de guerra que practicaban todos los bandos, con frecuentes razzias y profun­ das incursiones en territorio enemigo, más los determinantes ecológicos de las tierras de clima mediterráneo de inviernos fríos, hizo que la opción económica más rentable fuera la ganadería extensiva ovina. Al igual que en otros países mediterráneos (Grecia, los Balcanes, Italia y sur de Francia), ésta requería que los rebaños se desplazaran en busca de pastos según las épocas del año. Es el origen de la gran trashumancia española y de la Mesta, cuya importancia es trascendental en la historia económica de España (véase el mapa 1A). La trashumancia alcanzó mayor auge en Castilla, donde, desde mediados del siglo XII, los grandes propietarios de ovejas (nobles, monasterios, órdenes militares, miembros de las oligarquías municipales) obtuvieron de los monar­ cas muchos privilegios para pastar libremente sus rebaños. Para poder garanti­ zar la calidad del ganado se necesitaban buenas hierbas, lo que obligaba a los rebaños a recorrer grandes distancias — superiores incluso a ochocientos kiló­ m e tro s-e n tre los pastos de invierno, los invernaderos, en la Mancha y Extre­ madura, y los de verano, los agostaderos, en las montañas cantábricas. Para organizar esta trashumancia y solventar los posibles conflictos, los propieta­ rios y pastores se agruparon en diversas juntas de ganaderos según los distritos de León, Segovia, Soria y Cuenca. De cada uno de ellos partían las diversas vías pecuarias: las cuatro grandes cañadas que llevan su nombre. Con la incor­ poración de Murcia y Andalucía en el siglo xin el radio de la trashumancia se extendió a dichos territorios, aunque allí se crearon también cañadas de menor amplitud. Pero tal movimiento de ovejas suponía una enorme complejidad: había que proteger los rebaños, garantizar su libre circulación, impedir que cañadas y pastos fueran ocupados por los agricultores, defenderse frente a las ciudades y señores que querían cobrar impuestos por el paso del ganado, etc. De ahí que las diversas agrupaciones de ganaderos se reunieran en una gran institución, el Honrado Concejo de la Mesta, que debió de nacer en esta pri­ mera mitad del siglo xm y que Alfonso X reconoció en 1273, dándole los primeros de una larga serie de privilegios que disfrutó a lo largo de su historia. En dicho documento estableció que al frente de la Mesta estuviera un alcalde entregador mayor, nombrado por el rey, encargado con otros alcaldes entregadores a su mando de organizar los desplazamientos de los rebaños, recorrer las cañadas, juzgar los conflictos entre los ganaderos y los agricultores, hacer cumplir los privilegios reales y recaudar el pago a la corona del impuesto de servicio y montazgo en razón de la regia protección que disfrutaban. Tal tributo — unido al procedente del comercio y de la exportación de la lana— fue una

1.4.

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F u e n te : J. Vicens Vives (1959), Historia económica de España, Barcelona, Vicens Vives (basado en J. Klein).

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de las principales fuentes de ingresos de la Hacienda Real, por lo que no es extraño que ios monarcas apoyaran a la Mesta, Esto junto con el aumento de la demanda de la lana merina —merced a la introducción de las nuevas técni­ cas de hilado del cardado, del uso de la rueca, la rueda de hilar y del molino batanero en la industria textil europea a partir de mediados del siglo xiv— hizo que aumentaran en gran medida los rebaños de esta especie, que se impu­ so sobre otras razas, como la oveja churra destinada a la producción de carne y de lana de menor calidad. Eso supuso el completo triunfo de la Mesta, cuyo dominio se extendió hasta la crisis del Antiguo Régimen. En Aragón no se llegó a tal grado de complejidad organizativa. Se practicó la trashumancia entre los pastos veraniegos de los Pirineos y los de invierno del valle del Ebro y del noroeste del reino de Valencia, pero su recorrido era menor y el número de ovejas también. Surgieron diversas asociaciones de ga­ naderos, siendo la más poderosa la Casa de Ganaderos de Zaragoza, existiendo otras casas en Jaca, Huesca y Tarazona, y agrupaciones en Teruel, Albarracín, Calatayud y Daroca, que recibieron diversos privilegios a lo largo del siglo x i h . Pero, a diferencia de la Mesta castellana, en Aragón no formaron una asocia­ ción común. El desarrollo agrícola y ganadero vino acompañado por el del artesanado, aunque es más difícil de estudiar ante la penuria de fuentes documentales. El crecimiento urbano en los territorios cristianos, palpable a partir del siglo xu, impulsó en villas y ciudades el aumento del número de artesanos y menestra­ les, que se concentraban en calles y barrios específicos. La principal actividad artesanal fue la fabricación de los tejidos de lana, la pañería, localizada en ciudades como Toledo, Ávila, Cuenca, Segovia y Zamora en Castilla, Lisboa, Oporto y Coimbra en Portugal, Pamplona y Tudela en Navarra, Zaragoza, Al­ barracín y Tarazona en Aragón. Sobre todas ellas destaca Barcelona, que des­ de ese siglo y, sobre todo, en el xm se convierte en el gran centro textil lanero y del cáñamo, con una producción destinada no sólo al mercado interior, sino también a la exportación. Junto a la producción textil eran importantes en esta época la de la madera, el cuero, los metales, la alfarería y la confección de ropa. La conquista en el siglo xm de Andalucía, Murcia y Valencia supuso la incorporación de las tradiciones y las técnicas islámicas en la artesanía, aun­ que en algunos sectores hubo rupturas. Elaboraciones típicas de Al-Andalus, como la seda, los cordobanes, los tapices, la talla del marfil, el jabón, el perga­ mino y el papel, la cerámica vidriada, o la obtención y refino del azúcar de caña, continuaron y se emularon por maestros mudéjares y cristianos. Parte de estos productos eran de lujo y su destino fueron los mercados europeos, donde no era raro encontrar en los ajuares reales y nobiliarios telas de seda, alfombras, cajas de marfil y cerámica de procedencia española. El comercio fue otro de los sectores que cobró nuevo impulso en los reinos cristianos durante los siglos xn y xm. Si en la centuria anterior se habían nota­ do los primeros síntomas de este renacimiento con la ampliación de mercados y el nacimiento de centros urbanos, el protagonismo de los intercambios exte­ riores continuaba aún en manos de Al-Andalus. Sus mercaderes, musulmanes,

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mozárabes y, especialmente, judíos, eran los intermediarios en los intercam­ bios de los productos procedentes de Asia, Oriente Medio y el norte de Africa con Europa. A ello hay que añadir, como hemos dicho, los tráficos generados por la exportación de productos de lujo realizados por la floreciente artesanía andalusí. Pero, a lo largo del siglo x i i i , gran parte de este comercio pasará pro­ gresivamente a manos de los reinos cristianos peninsulares, cuya importancia es cada vez más destacable. Varias son las manifestaciones de dicho crecimiento: la creación de centros comerciales de importancia regional y nacional; la proliferación de ferias y mercados; y el desarrollo monetario. Aunque es muy difícil rastrear documen­ talmente el desarrollo del comercio interior, es indudable que durante el siglo X ll comenzaban a destacar una serie de ciudades que canalizaban los intercambios mercantiles de un mayor radio, actuando como redistribuidores de productos de orígenes diversos y, a veces, muy lejanos. Los casos de Coimbra, Lisboa y Oporto en Portugal; Toledo, León, Burgos, Valladolid en Castilla; Pamplona, Estella y Tudela en el reino de Navarra; Zaragoza, Calatayud, Teruel, Daroca, Tortosa, Vic y Barcelona en la corona de Aragón eran algunos de sus polos, en los que se constataba el aumento de intercambios y mercaderes, ya que crecie­ ron los impuestos que se cobraban sobre los tráficos (portazgos, peajes, peatges). Las conquistas del siglo x i i i sumaron a esta red las de las ciudades del Algarve, Andalucía, Murcia, Valencia y Baleares. Este auge comercial vino acompañado de la proliferación de privilegios de ferias y mercados francos por parte de los monarcas o de algunos señores no­ bles y eclesiásticos. Las primeras fueron creadas para reunir en un determina­ do período del año —coincidiendo con una festividad {feria, en latín) y cuya duración era de una o varias semanas— a todos aquellos comerciantes que quisieran acudir atraídos por la protección que se les prestaba y la inexistencia de impuestos. Los segundos eran de menor alcance, uno o dos días semanales, siendo su ámbito de influencia menor, ya que sólo acudían compradores y vendedores locales. Si el siglo xn fue el primer momento de creación de estas instituciones mercantiles en todos los reinos peninsulares, la centuria siguien­ te será, junto con el siglo xv, la que registre el mayor número de concesiones. De 1220 a 1302 unas 40 en Castilla; 38 en Portugal entre 1255 y 1299; en tor­ no a 20 en el siglo x i i i en Aragón; y más de 10 en Cataluña. Signo evidente del deseo de los poderes públicos de favorecer el comercio, así como del dinamis­ mo de la economía en esos siglos. Un tercer indicador del desarrollo del comercio es el aumento de la circu­ lación de la moneda metálica, premisa e instrumento básico para la realiza­ ción de los intercambios. Hasta mediados del siglo xu la acuñación de moneda era un asunto fundamentalmente de los reinos musulmanes de Al-Andalus, ya que la llegada del oro africano estaba en gran medida bajo su control. Eso se traducía en el prestigio de que gozaban sus monedas (dinares; doblas, dir­ hems) en toda Europa; de ahí que las primeras acuñaciones de los reyes espa­ ñoles (morabetinos, dineros) se hicieran a imitación suya con los ingresos metálicos que obtenían del cobro de los tributos de sumisión de los reyes mu­

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sulmanes, las parias. Con las campañas bélicas del siglo xm y el crecimiento comercial de esos años las cecas aumentaron en número y producción. Sin embargo, el parón de la Reconquista, a partir de mediados de dicho siglo, su­ puso el final de los botines de guerra y, consiguientemente, el encarecimiento de la plata y el oro. De ahí que muchas monedas, como el maravedí, se depre­ ciaran y pasaran a ser simples monedas de cuenta y que se multiplicaran las alteraciones monetarias, en un claro anticipo de las crisis monetarias e infla­ cionarias de los siglos siguientes. El desarrollo del comercio interior en los reinos cristianos peninsulares hizo que sus mercaderes fueran adoptando en el siglo xn y, sobre todo, en el xm las funciones de intercambio internacional que hasta esos momentos desem­ peñaban las ciudades andalusíes. Si ya antes había empezado a ocurrir en las villas y ciudades a lo largo del Camino de Santiago, ahora comienzan a perfi­ larse diversas áreas mercantiles de nivel internacional. En Portugal el prota­ gonismo lo tuvo Lisboa, foco de atracción de mercaderes franceses, ingleses e italianos. En la corona de Castilla estaba, por un lado, la zona que se desarro­ lló en torno a ios mercaderes de Burgos, que empezaban a perfilarse como los grandes intermediarios y comerciantes de toda la mitad norte de la península, conectando las tierras del interior con las de la costa, Aragón y Navarra. A su vez, los traficantes de los puertos cantábricos se organizaron en 1296 en una corporación, la Hermandad de la Marina de Castilla. Todo ello explica la pre­ sencia de castellanos negociando a lo largo de ese siglo, pero especialmente en su segunda mitad, en Flandes, Inglaterra y Francia. Por su parte, la incor­ poración del valle del Guadalquivir a Castilla reforzó el peso del puerto de Sevilla, lugar de salida de numerosos productos muy demandados por Euro­ pa y que atrajo a numerosos mercaderes genoveses, merced a las generosas concesiones de privilegios por parte de los monarcas castellanos. Ante el de­ sarrollo del comercio interior y exterior no es extraño que Alfonso X comen­ zase a establecer las bases de una nueva fiscalidad con la creación de impues­ tos que gravaban su actividad (la alcabala y el almojarifazgo), cuya vida duró varios siglos. Pero el mayor éxito comercial a escala internacional fue, sin duda, el de Barcelona. A partir de finales del siglo xi comenzó a destacar dentro de todo el sector oriental de la Península Ibérica. Por una parte, numerosos mercaderes extranjeros, de Pisa, Génova, Sicilia, Alejandría y otros lugares del Mediterrá­ neo realizaban allí sus negocios, contando con la protección de las autoridades políticas. Eso la convirtió en un foco fundamental en las relaciones que se establecían entre Al-Andalus, el norte de África, Italia y el resto del Medi­ terráneo. La conquista de Valencia y Baleares reforzó dicho papel, ya que los mercaderes catalanes heredaron el tráfico de sus puertos con el resto de Euro­ pa. Al mismo tiempo, a lo largo del siglo xm los comerciantes barceloneses dieron el salto al exterior. Al igual que estaban haciendo sus competidores písanos, provenzales, genoveses o venecianos, fundaron a lo largo de todo el Mediterráneo factorías y colonias mercantiles, dotadas de sus propias autori­ dades, con el fin de negociar mejor y de canalizar los intercambios entre todas

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las áreas. Todo ello amparado e impulsado por los monarcas y las autoridades municipales de Barcelona, que, a imitación italiana, crearon un organismo en­ cargado de regular el comercio internacional: el Consolat de Mar. Estamos, pues, en los inicios del gran imperio mercantil catalán, cuyo momento más es­ plendoroso se produjo en la primera mitad del siglo xiv.12

1,2. L a

c ris is b a jo m e d ie v a l

A partir de finales del siglo x i i i el panorama económico de los reinos cris­ tianos peninsulares comenzó a mostrar toda una serie de cambios que prefi­ guraban una nueva etapa. La desaparición de la industria de la guerra, como consecuencia del final del proceso de la Reconquista, supuso un giro radical respecto a épocas anteriores. Nobles, órdenes militares, oligarquías municipa­ les y los propios reyes se vieron desprovistos de una fuente de ingresos muy importante: el botín de guerra. Por otro lado, las campañas militares conferían una cierta fluidez a la sociedad, al permitir ascender socialmente a través del servicio de las armas y la ocupación de las nuevas tierras. Igualmente, el de­ sarrollo del comercio marcó la aparición de nuevos elementos sociales y eco­ nómicos en un mundo que seguía siendo fundamentalmente rural. Estamos, pues, ante el nacimiento de una nueva época, que como todo tiempo nuevo vino acompañado por crisis y convulsiones, pero también de reconversiones y oportunidades. Estos tiempos de turbaciones fueron parecidos en todas partes de Europa occidental. Sus principales manifestaciones (hambres, pestes, guerras, luchas dinásticas, crisis religiosa, cambios de las mentalidades e instituciones, etc.) también fueron semejantes. En cambio, en la Península Ibérica nos vamos a encontrar con unas enormes diferencias internas en cuanto a la cronología, ca­ racterísticas y duración de la crisis. Mientras que en algunos sectores y regiones la recesión fue muy breve, en otros fue más intensa y, sobre todo, más tardía. Esto marcará las peculiaridades de las salidas de la crisis entre los diferentes reinos cristianos. Mientras que Portugal y Castilla comenzaron a remontar la depresión a partir de principios del siglo xv, Navarra, Cataluña y Aragón esta­ ban plenamente insertos en ella y, por su parte, Valencia se recuperó velozmen­ te de la recesión alcanzando uno de los momentos más esplendorosos de su historia. Hay, pues, unas enormes divergencias, cuya consecuencia en el plano geopolítico fue el nacimiento de dos potencias hegemónicas: Portugal y, sobre todo, Castilla, que serán las que dirijan la expansión del siglo xv, incluso más allá de los espacios europeos. Pero tal poderío marcó también la evolu­ ción de España en los tiempos futuros, ya que el peso demográfico, económi­ co y político de Castilla se impondría sobre los otros reinos peninsulares.

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La depresión bajomedieval como reconversión del sistema feudal La crisis bajomedieval ha sido desde hace muchos años objeto de estudio y de controversia entre los historiadores de múltiples países. No es de extra­ ñar, ya que la profundidad y, sobre todo, la extensión de la depresión por am­ plias partes de Europa es la primera nota que debe destacarse. Estamos ante lo que se ha venido llamando la gran fractura medieval, «el otoño de la Edad Media». Las explicaciones que a la magnitud de dicho fenómeno se han dado son diversas y, en muchos aspectos, enfrentadas. Por un lado, está la interpretación que podemos denominar «malthusiana», que sostiene que la crisis demográfica vino motivada por la convergencia de factores naturales (clima, peste) que actuaron sobre una población de economía muy pobre en recursos, débil tecno­ logía y con una producción estancada. Se había llegado, pues, a una situación límite que estalla con la crisis. La caída del número de habitantes serviría para restablecer el equilibrio entre población y recursos. Otros autores, cuyo máxi­ mo representante es Guy Bois, prefieren buscar la explicación en factores estructurales de la dinámica de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. Para ellos, el crecimiento extensivo propio del sistema feudal ha­ cía que la productividad del trabajo fuera declinante, haciendo que llegado a un punto cayeran la renta y la producción. Cuando esto sucedió, los nobles, para hacer frente a la crisis de sus rentas, aumentaron la presión señorial, co­ locando al campesinado más allá de ios límites de la subsistencia y haciendo que su situación fuera muy débil para enfrentarse a las inclemencias climáti­ cas o epidémicas. Recientemente, S. R. Epstein ha formulado la crisis de los siglos xiv-xv conforme a los nuevos postulados e implicaciones de la teoría de los costes de transacción (de información y localización, de negociación y de­ cisión, de aplicación de contratos) en el funcionamiento de la economía. En su opinión, fue una «crisis de integración» producida por el desarrollo de los mercados y del comercio a lo largo del siglo xm, que acrecentó la necesidad de disminuir los costes de transacción en la actividad económica. Para ello era imprescindible el fortalecimiento y la centralización de los estados, el naci­ miento de la fiscalidad estatal, la integración jurisdiccional de los territorios y la especialización de determinadas áreas y producciones. En este proceso la Peste Negra actuaría como un factor exógeno, que intensificaría las presio­ nes a las que ya antes se veían sometidos los diferentes grupos sociales para aumentar la integración de los mercados y la centralización de las estructuras políticas. Según Epstein, esto explicaría las diferencias entre las regiones de Europa y las salidas diversas que se dieron a la crisis.13 Sin embargo, todas las interpretaciones coinciden en señalar que la crisis de los siglos XIV y xv supuso una reconversión del sistema feudal, en la que la nobleza y la aristocracia eclesiástica permanecieron en el poder, aunque sus fuentes de renta y sus formas de dominación se modificaron. En la explicación de la evolución histórica a partir de esos momentos hay que tener, pues, en

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cuenta cuestiones como la centralización de las instituciones políticas, la fiscalidad del Estado y, sobre todo, el papel cada vez más importante del merca­ do y de los comerciantes. Independientemente de las explicaciones globales, al igual que ocurre con otros hechos de la historia económica, hoy se comprueba que la crisis bajome­ dieval tiene muchas y diversas manifestaciones y, sobre todo, que éstas difie­ ren a escala territorial. Así, frente a las interpretaciones tradicionales, que han analizado lo que ocurría en Inglaterra o Francia y han extendido sus razona­ mientos al conjunto de Europa, hoy se están primando los análisis regionales. Según ellos, vemos que mientras en Normandía o Inglaterra la crisis fue de gran intensidad, en Lombardia los efectos de las pestes negras y de la recesión fueron pasajeros, y la recuperación muy rápida. Es, también, el contraste en la evolución divergente de la economía de las diferentes potencias comerciales del Mediterráneo: Florencia frente a Pisa o Génova frente a Barcelona. La crisis bajomedieval en la Península Ibérica está en gran medida por inves­ tigar. Sin embargo, se pueden avanzar algunas cuestiones. En primer lugar, la explicación malthusiana, basada en la falta de tierras suficientes para explotar, es muy difícil de aplicar a toda España. SÍ antes de la Peste Negra en algunas regiones, como Navarra, Asturias, Galicia y parte de Cataluña, se aprecian al­ gunos síntomas de agotamiento del terrazgo, esto no se puede aplicar al resto, donde precisamente ocurría lo contrario: abundancia de tierras como conse­ cuencia de las conquistas del siglo x i i i y falta de brazos. Especialmente en An­ dalucía y Murcia, donde las sublevaciones de 1264 produjeron la expulsión de grandes contingentes de población mudéjar. También hoy se relativiza la tesis de que la partida de gente del norte para repoblar las tierras del sur produjo en el siglo X IV la crisis en aquellos territorios, al alterar las relaciones sociales y provocar una caída de las rentas señoriales, ya que, como hemos visto, no fue tanta la población que se desplazó a Andalucía o Valencia.14 Por el contrario, lo que cada vez aparece más claro es la desigualdad espacial del impacto de la crisis de los siglos xiv-xv en la Península Ibérica. Así, tendríamos zonas, como el norte de Portugal, Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, y algunas regiones de ambas mesetas y de Cataluña, donde la crisis agraria fue muy fuerte, mien­ tras que en otras no. En Andalucía, Murcia y Valencia la crisis fue un ciclo cor­ to dentro de una larga expansión. Junto a ello, hay territorios, como Aragón o Baleares, que son casos intermedios. Diferencias regionales y por reinos que son igualmente aplicables a los comienzos de la recuperación, a sus ritmos, a las correspondientes reconversiones y a las salidas de la crisis bajomedieval.

Las manifestaciones de la crisis Si desde finales del siglo x i i i , como hemos apuntado, había indicios de cri­ sis en los diferentes reinos peninsulares, éstos se hacen más palpables durante la primera mitad del siglo Xiv. Se habla de condiciones climáticas más difíci­ les, de carestías y hambrunas, con las consiguientes pestes y epidemias, lo que

34

HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

supone una clara fractura respecto de lo que había venido sucediendo en la de­ mografía desde el siglo xil. A este cúmulo de desgracias se sumó la llegada de la gran Peste Negra que entre 1348-1351 asoló Europa. A España llegó por las costas mallorquínas y se difundió rápidamente por toda la península, lle­ gando a afectar al propio monarca castellano Alfonso XI, que murió mientras sitiaba Gibraltar. A este gran azote se sucedieron otras oleadas, como las de 1361-1364 y 1371-1374, y brotes posteriores durante el siglo xv, Al hambre y a la peste se sumaron las guerras como otra manifestación de la crisis demo­ gráfica. Las guerras civiles de Portugal, Castilla y Aragón, unidas a los enfren­ tamientos entre los distintos reinos cristianos y las banderías nobiliarias, debi­ litaron aún más a una población ya de por sí bastante afectada. Resulta muy difícil poner en cifras la depresión demográfica, dadas la caren­ cia de fuentes estadísticas y las diferencias regionales del proceso. En Cataluña y Aragón se calcula que a lo largo del siglo xiv y la primera mitad del siglo xv la población se redujo en un tercio. En Mallorca y Valencia las pérdidas fue­ ron menores, entre un 10 y un 20 por 100, ya que su recuperación fue más temprana. En Navarra, el reino con mejor documentación, la población que te­ nía antes de la Peste Negra era de unos 10.590 fuegos (hogares), cifra que no se superará hasta el siglo xix.15 En Castilla las carestías no comenzaron a notarse de forma grave hasta los años 1331-1333, sumándose a ellas la gran Peste Negra y los desórdenes bélicos de mediados del siglo xiv. Si al principio las zonas más afectadas fueron las norteñas y el valle del Duero, en el último tercio del siglo las golpeadas fueron Andalucía y Murcia. Lo que está claro es su rápida recuperación demográfica; se estima que si en 1300 había en Castilla tres millones de habitantes, a finales del siglo X V eran ya cuatro. En Portugal la población parece estancarse desde principios del siglo xiv (1,5 millones de habitantes), llegando a su nivel más bajo a mediados de dicha centuria (1 millón de habitantes), y no parece producirse un cambio de tendencia hasta mediados del siglo X V , cuando comienza una rápida recuperación demográfica que per­ mitió que en 1500 se alcanzasen las cifras de 1300. El reino nazarita de Gra­ nada también se vio afectado por la gran Peste Negra, pero da la impresión de estar más densamente poblado que el resto de la península, ya que a finales del siglo xv tenía 300.000 habitantes, unos 10 habitantes por kilómetro cuadrado y de los cuales la mitad residían en ciudades o villas de mayor o menor enti­ dad. Esto se explica por la continua llegada de población musulmana y judía que huía de los reinos cristianos y que palió las pérdidas ocasionadas por las pestes. En toda la Península Ibérica la crisis demográfica vino acompañada, como en otras épocas históricas, de la aparición de despoblados, del abandono de tierras marginales, de alzas de precios y salarios, y de alteraciones moneta­ rias (véase el mapa 1.5). La depresión bajomedieval tuvo, también, su vertiente social y política. Por un lado, es la crisis y transformación de la nobleza. Ante la caída de la renta feudal la nobleza reaccionó aumentando las exacciones señoriales sobre el campesinado, con la apropiación de tierras de la Iglesia y de los concejos, con la imposición de las rentas jurisdiccionales, el recurso a las banderías y

LA ECONOMÍA EN LAS ESPAÑAS MEDIEVALES M apa

1.5. Los

d e s p o b la d o s d e N a v a r r a en l o s s ig lo s x iv y

35

xv

Limites de los valles y sectores Límites de los m e rinda de s C ocien te s d e deserciones:

□ CD fmn

0% 1 -9 10

19

2 0 -2 9

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3 0 -3 9

MI

¿ O - O r - o i n ' t l O « N f f l a O r ( M n OOOOOOCOO&OOCÓCOOÍOJOiOroOaJO^CDOOOOOOOOOQ^-' a) f f l B®®a) a3©««o5«i a5«si cocoi ) t t O) «0) 0>o>oi f f l f f l äi O) 0) ^T-^f f l O) PIB per cápita (4 países = 100) F uente;

Elaboración propia con datos de Prados ( 1995).

lado, si se compara el PIB per cápita con un conjunto de 22 países desarrolla­ dos, España se situaba en una posición media-baja, que tendió a empeorar y cedió el paso a Italia, Suecia y Austria antes de 1913.4 Cualesquiera que sean los datos utilizados, las comparaciones muestran un ritmo de crecimiento len­ to de la economía española.

Los desequilibrios regionales En este período se acentuó la polarización territorial del desarrollo eco­ nómico (véase el cuadro 7.8). La crisis deprimió el PIB de las regiones especia­ lizadas en la agricultura. A su vez, la debilidad de las rentas agrarias, a través de la caída de la demanda interna, repercutió negativamente en sus produc­ ciones no agrarias. Por el contrario, salió reforzado el crecimiento ya anterior­ mente activo en Cataluña, alrededor del sector textil y de otras industrias de bienes de consumo. Al mismo tiempo, se formó un segundo foco industrial en el País Vasco, con la minería y la siderurgia como sectores pautadores. Cata­ luña, País Vasco y Cantabria eran en 1901 los únicos territorios cuyo PIB per cápita, convertido en índice de disparidad regional, superaba el promedio. La capitalidad del Estado y la concentración de los servicios de la administra-

CRISIS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN LA RESTAURACIÓN C uadro

7.8.

Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-León Castilla La Mancha Cataluña Valencia Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja España

D is t r ib u c ió n

251

r e g io n a l d e l a s a c t iv id a d e s p r o d u c t iv a s

PIB

Índice de disparidad regional

Exportaciones

Grado de apertura

Coeficiente de intensidad industrial

Patentes

1901

1901

1910

1910

1900

1897

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.903,1 578,7 363,1 154,3 144,1 216,7 1.295,9

0,89 1,04 0,94 0,80 0,67 1,27 0,91

298,6 28,9 8,8 15,1 11,3 43,9 41,4

15,7 5,0 2,4 9,8 7,8 20,3 3,2

0,90 0,54 0,84 0,46 0,13 0,87 0,44

40 11 5 4 2 8 6

738,8 1.846,3 869,3 380,2 810,2 1.034,9 255,3 194,1 453,9 108,9

0,88 1,53 0,90 0,71 0,65 2,22 0,73 1,01 1,25 0,90

81,6 302,4 160,6 16,3 61,5 7,5 50,2 7,5 115,4 3,8

11,0 16,4 18,5 4,3 7,6 0,7 19,7 3,9 25,4 3,5

0,63 3,00 0,85 0,43 0,24 0,97 0,51 0,80 4,91 0,86

5 357 55 1 6 86 9 4 54 2

11.348,0

1,00

1.254,7

11,1

1,00

655

Notas: (1 y 3) Miles de pesetas corrientes. (2) Cociente entre producto y población. (4) Porcenta­ je de las exportaciones sobre el PIB. (5) Cociente entre cuota de contribución industrial y pobla­ ción. (6) Patentes solicitadas por residentes en cada región. F u e n t e : Estimación propia con datos de Álvarez Llano (1986), Prados (1995), Martín Rodríguez (1990), Tena (1989), Maluquer de Motes (1997), Parejo (2002) y Ortiz-Villajos (1999).

ción, así como su función de centro de las redes de transporte por carretera y ferrocarril, están en la base de la todavía más privilegiada posición de Madrid. Otras regiones, sobre todo Aragón y Navarra, recibieron efectos de impulso (spread) de sus vecinas, a través de la demanda de productos agrarios y de la atracción de fuerza de trabajo, con aumento de valor de su producción prima­ ria y reducción del desempleo. Todo ello definió una auténtica «escapada» del cuadrante nororiental de la península.5 Los datos del comercio internacional de las regiones no muestran una clara asociación entre exportaciones y crecimiento económico. Valencia, Murcia y Andalucía tenían economías bastante abiertas y exportadoras, pero con una incidencia escasa sobre sus niveles de desarrollo (véase el cuadro 7.8); las ventas exteriores de cítricos y de minerales contribuían poco, todavía, a su

252

HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

crecimiento. País Vasco, Cantabria y Cataluña, en cambio, conjugaban su lide­ razgo industrial con una ya notable proyección exportadora. Los coeficientes de intensidad industrial son muy contundentes al definir la polarización de la industria en el País Vasco (4,9) y Cataluña (3,0), puesto que ninguna otra re­ gión alcanzaba el promedio español. Al mismo tiempo, el potencial de inno­ vación tecnológica, medido por las patentes solicitadas por los residentes en las regiones el año 1897, aparece mucho más concentrado todavía en Cataluña, con cierta presencia, asimismo, en Madrid, Valencia, País Vasco y Andalucía. Este registro anticipaba el renovado impulso industrial de la economía catala­ na en las décadas posteriores.

Tiempo de estabilidad Desde el período anterior, la economía española, como sucedía en la mayo­ ría de los países europeos, había iniciado una etapa de estabilidad monetaria que se prolongó hasta 1913: en cuarenta años, el nivel general de precios no se alteró de modo significativo. Desde 1882-1884 los precios de consumo evolu­ cionaron muy levemente a la baja. A partir de 1894-1896 se elevaron de forma muy tenue. La caída de los precios agrarios de la primera mitad del período se registró, fundamentalmente, al nivel de los precios percibidos por los agricul­ tores, pero no se llegó a trasladar, o lo hizo en muy pequeña medida, a los pre­ cios pagados por los consumidores. También en esto la economía española se ajustaba a la pauta continental europea. Las variaciones de precios a corto pla­ zo, asimismo, fueron de muy débil entidad. Se experimentaron alzas puntuales y muy ligeras, que parecen relacionadas con cosechas deficientes. El giro de la política comercial, primero con restricciones a la importación de cereales y después con un nuevo arancel proteccionista, motivó un perceptible incremen­ to de los precios en 1891 y 1892. La financiación de las guerras coloniales y la depreciación exterior de la peseta, en fin, son las causas del aumento continuo del período 1897-1902. Todo ello, sin embargo, dentro de una tónica de modera­ ción. Además, después de cada pequeño brote inflacionista se registró una de­ flación que devolvió la estabilidad a los precios de consumo. En lo que se refiere a las transacciones internacionales, la imagen general del período es también de notable estabilidad cambiaría. El tipo de cambio de la peseta con respecto al franco y a la libra esterlina se depreció entre 1882 y 1913, pero sólo en un 5,5 por 100. No obstante, la cotización exterior de la peseta atravesó por dos fases distintas. Desde 1882 hasta 1895 predominó, en efecto, la estabilidad, aunque ya se había registrado un deterioro puntual en 1892. Pero el ciclo de las guerras coloniales motivó grandes perturbaciones. La peseta sufrió una muy intensa depreciación en 1898 y, tras una breve recu­ peración, volvió a desvalorizarse de un modo importante en 1901-1904, para iniciar después una apreciación gradual pero muy consistente.

CRISIS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN LA RESTAURACIÓN

7.2.

253

L a INTERVENCIÓN DEL ESTADO

La política macroeconómica se planteó los objetivos siguientes: el equili­ brio exterior en cuanto a la inserción de la economía española en la economía internacional, a través de la política comercial; la estabilidad en la cantidad de dinero, el nivel general de precios y la divisa, a través de la política monetaria; y el equilibrio presupuestario, mediante la reforma del régimen de ingresos y gastos del Estado. Pero las políticas aplicadas estuvieron sometidas a un doble condicionamiento. Por un lado, las consecuencias de la tercera guerra carlista y de las guerras coloniales sobre la Hacienda y el endeudamiento que provo­ caron. Por otro lado, un contexto internacional de creciente nacionalismo eco­ nómico y de refuerzo del proteccionismo comercial.

La política comercial Al comienzo del período se adoptaron medidas para compensar los efectos negativos de la liberalización y el déficit comercial con el extranjero a través de un régimen de intercambio desigual, de preferencias a las exportaciones es­ pañolas a las colonias y de discriminación del azúcar y otros productos colo­ niales en España.6 La más importante fue la ley de relaciones comerciales de 1882, que estableció un desarme arancelario sobre las mercancías españolas a su entrada en las islas hasta eliminar cualquier derecho en 1891. Como los im­ puestos sobre las mercancías extranjeras en sus aduanas se mantuvieron muy altos, y aún se elevaron en un 20 por 100 en Cuba (1890), las Antillas se con­ virtieron en un mercado reservado para la metrópoli, sujeto en algunos ramos a un auténtico monopolio. A finales de la década de 1881-1890 se produjo un gran cambio en la polí­ tica comercial con el retorno al proteccionismo. El viraje del régimen arance­ lario estuvo precedido, casi impuesto, por el reforzamiento del proteccionismo en países importantes en los intercambios españoles, como Alemania (1879), Italia (1887), Estados Unidos (arancel McKinley, 1890) y Francia (arancel Méline, 1891). Especialmente grave fue la ofensiva proteccionista francesa, en gran parte orientada contra la entrada de vinos españoles en su país. El tránsi­ to al proteccionismo se reforzó en diversas secuencias. En diciembre de 1890 se incrementaron fuertemente los derechos a la importación de trigo y harina, así como de otros cereales, ganado y, sobre todo, carne. El día 31 de diciem­ bre de 1891 se aprobó el arancel Cánovas, que elevaba las tarifas de aduanas. En 1895 la protección agrícola se amplió con una nueva subida de los aran­ celes sobre el trigo y la harina. En 1896 se dio fin al régimen de casi completa libertad de importación de material ferroviario, vigente desde 1855. En 1906 el arancel Salvador consolidó el aumento de las tarifas de una forma general.7

254

HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

La política monetaria Desde 1868, con la creación de la peseta por L. Figuerola, España había adoptado un patrón monetario bimetálico, basado en una relación fija entre el oro y la plata igual a la que tenía Francia y los restantes miembros de la Unión Monetaria Latina. La relativa escasez del metal, junto con la progresiva desva­ lorización de la plata, motivó la suspensión de las acuñaciones de oro. La caída de la peseta y la pérdida acelerada de las reservas condujo, en 1883, a la sus­ pensión del canje en oro de los billetes del Banco de España; aunque se con­ servó la convertibilidad plata, su valor de mercado bajaba de forma continua, y se situó por debajo del valor nominal o facial de las monedas. En los años siguientes, el desequilibrio en la balanza de pagos —debido entre otras cosas al pago de la deuda exterior— produjo una salida masiva de oro. Dado que el valor de la plata se mantuvo en descenso, España había optado, de hecho, por un sistema fiduciario, con tipos de cambio flexibles. Esto sucedía justo cuando la mayoría de los países avanzados adoptaba el patrón oro y con él, por tanto, un régimen de tipos de cambio fijos. La renuncia al patrón oro pudo aislar a España de la economía internacional, aunque resultaba prácticamente inevita­ ble por las imperiosas exigencias de financiar la deuda pública y, además, ve­ nía a ser la más racional de las opciones disponibles.8 La oferta monetaria creció de una manera importante, principalmente a causa del alza de la emisión de billetes. Una ley de 1891 amplió el límite de emisión de 750 a 1.500 millones de pesetas. Hasta 1897 el aumento de la circu­ lación fiduciaria no fue desproporcionado y, además, resultó en gran parte neutralizado por la disminución del dinero metálico. La emisión de billetes es­ tuvo motivada por el aumento del gasto del Estado; los ministros de Hacienda, en la imposibilidad de hacerle frente con la recaudación de los impuestos, re­ currieron a los préstamos del Banco de España, que implicaban un aumento paralelo de la base monetaria. La monetización directa del déficit público, de todos modos, fue casi siempre limitada. En consecuencia, las presiones inflacionistas resultaron tenues y la peseta se depreció levemente frente al franco o a la libra esterlina. Así pues, la política monetaria tuvo un carácter moderado puesto que la oferta monetaria se ajustó a la demanda de dinero por el sector privado, salvo cuando las necesidades de financiación del Estado, como ocurrió en el año 1898, condujeron a un gran aumento. El resultado fue una aguda de­ preciación de la peseta. Pero desde 1899 la emisión se contuvo y, entre 1901 y 1906, el total de billetes en circulación se contrajo, porque el Estado amortizó gran parte de los créditos y la deuda en poder del Banco de España. De esta manera se logró reducir el nivel general de precios. En los meses finales de las guerras coloniales, a mediados de 1898, el dese­ quilibrio exterior provocó un auténtico derrumbe de la cotización exterior de la peseta. Pero las medidas estábilizadoras de Raimundo Fernández Villaverde en 1899 y de sus continuadores en el Ministerio de Hacienda consiguieron restablecer gradualmente los niveles perdidos. La emisión de billetes y la flexi-

CRISIS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN LA RESTAURACIÓN

255

bilidad del tipo de cambio no se utilizaron con arbitrariedad, excepto cuando los inmensos gastos de las guerras lo exigieron. En ausencia de circunstan­ cias excepcionales, la política monetaria estuvo dirigida por el objetivo de la estabilidad y fue muy moderada.

La política presupuestaria Las actuaciones principales de los gobernantes en el ámbito de los impues­ tos y del gasto público tuvieron carácter de intervenciones de urgencia ante graves desequilibrios presupuestarios. Su finalidad principal se limitó a sanear una Hacienda especialmente dañada a consecuencia de la implicación en distin­ tas guerras. El descenso de la recaudación a partir de 1882 y, de nuevo, des­ de 1886 refleja la caída de las rentas agrarias, con una continua reducción hasta 1892 y una leve recuperación entre 1893 y 1897. Sólo a partir de 1898-1899 los resultados de la reforma de Villaverde, combinados con el crecimiento del PIB, permitieron acrecentar los recursos de un modo gradual. La presión fiscal fue baja y sólo aumentó ligeramente al final del período (véase el cuadro 7.9). Los intentos de reforma del sistema tributario, con vistas a aumentar la recau­ dación, chocaron con la resistencia de los contribuyentes. Vista la política de gasto que se mantuvo a lo largo del siglo xix, se comprende la razón de las auténticas revueltas fiscales que suscitaron los intentos de ampliar la tributa­ ción. La ciudadanía demostró serias dudas acerca de la capacidad y de la volun­ tad de los gobernantes para proceder a una selección óptima de la composi­ ción y del monto global del gasto del Estado. Los resultados presupuestarios marcan dos fases (véase el gráfico 7.4). En­ tre 1882 y 1895, predominaron los déficit anuales, aunque generalmente de pequeña cuantía, porque la gestión presupuestaria se dirigía a la búsqueda del equilibrio. La moderación presupuestaria posterior, obligada en parte por la reducida recaudación tributaria durante la crisis agraria, se quebró por los conflictos de 1895-1898. Las guerras coloniales forzaron a los gobernantes a conseguir recursos con que hacer frente al enorme incremento del gasto. Se

C u a d r o 7 .9 .

P re s ió n f is c a l ( p o r c e n ta je d e lo s in g re s o s o r d in a r io s d e l E s ta d o SOBRE EL

Años

PIB) %

Años

1882

8 ,8

1900

9 ,2

1885

8 ,8

1905

9 ,0

1890

9 ,4

1910

9 ,9

1895

9 ,3

1913

1 1 ,4

F uente : Estimación propia con datos de Comín (1989) y Prados (1995),

%

256 G

HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

r á f ic o 7 . 4 .

S aldo

pr esu pu est a r io , 1 8 8 2 - 1 9 1 3

( m il l o n e s

de pesetas)

-50

-100

-

W f O ^ i n í D N C O O l O T - W C O í i O t D N C O O O i - W í O t L n c O N c O O l O i - W C O

S

F uente:

o p c g o o c g o o o o c o a > 0 ) 0 > o > < T i O > c 7 5 0 j a i o > o o o Q o o o o o o * * “ t-T-7oócQcoc0oDúooocoaocoaOüocQcooococoo505a>a>a>a)0)cnc&aiOO>o>o>

Elaboración propia con datos de Comín (1989).

introdujeron recargos transitorios sobre ciertos impuestos, pero no se modificó el sistema tributario, salvo en lá creación de un nuevo impuesto que gravaba el consumo de petróleo y el alumbrado de gas y electricidad en 1898. A pesar de ello, entre 1895 y 1898 se produjeron inmensos déficit públicos, que el presu­ puesto del Estado no registraba porque los gastos de guerra corrieron a cuenta de los presupuestos coloniales, que se contabilizaban en cuentas separadas, con­ troladas por el Ministerio de Ultramar. Las necesidades de las guerras obligaron a emitir varios empréstitos, que movilizaron masivamente el ahorro nacional. No se recurrió prácticamente en ningún momento a la deuda exterior. Los ejercicios de 1896 a 1898 se cerraron con saldos ficticios en el presu­ puesto del Estado, por no estar contabilizados los gastos de las guerras colonia­ les. En 1899, tras la derrota, el superávit presupuestario alcanzó un asombroso 12,7 por 100 de los ingresos totales del Estado. Desde entonces, los sucesivos gobiernos consiguieron saldos activos en sus cuentas presupuestarias hasta 1908; es decir, durante diez años seguidos. Se trata del más largo período de estabilidad financiera de la historia de la España contemporánea. Esto fue posible gracias al plan de liquidación y estabilización de Fer­ nández Villaverde de 1899-1900, que afrontó con gran éxito la situación de virtual bancarrota del Estado tras la paz de París al tener que asumir España la deuda de guerra. La intervención tuvo la doble finalidad de consolidar y re­ fundir los impuestos y rebajar las obligaciones de gasto, para lograr el equili-

CRISIS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN LA RESTAURACIÓN G r á f ic o

7.5.

G asto

del

1882-1913 ( m i l l o n e s

E stado,

257

de pesetas)

05OJ Oj CÄOooooooooo^- ' r - T- TAc öoöcoÄos oi oCTj f 5f i dj CTj ai S C0«)0)«ia3t0C0lOC0a31tlC0tDIOMa5®lO0)O50)O)0)0)O)0)O)OJtt®Ol» ' í l f

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Millones de p esetas

Comín

(1 9 8 9 ).

brío presupuestario. La principal aportación de Villaverde desde el lado de los ingresos fue la introducción de la contribución sobre las utilidades de la rique­ za mobiliaria. Constaba de tres tarifas que gravaban los rendimientos del tra­ bajo, del capital y de las sociedades anónimas, respectivamente. Con la intro­ ducción de este impuesto se completó el sistema tributario establecido por A. Mon en 1845. Por otro lado, redujo la carga de la deuda mediante la asimi­ lación de la deuda colonial al 6 por 100 y de la deuda exterior en manos de españoles a la deuda interior al 4 por 100.9 El presupuesto equilibrado y el ex­ traordinario rigor en la gestión cumplían, además, una función de disciplina ante la propia administración pública y de orientación a todos los agentes eco­ nómicos en un sentido de compromiso estricto con el saneamiento, con el fin de reducir la incertidumbre. La actuación de Villaverde no constituyó, quizá, una reforma fiscal innovadora pero sí un instrumento de disciplina pública que contribuyó decisivamente a la rápida superación de la profunda crisis en que se sumía la economía española tras la derrota de 1898. En España, el gasto público era inferior al 10 por 100 del PIB. En otros ca­ sos, como Alemania, Francia o Italia, suponía una proporción más elevada pero se mantenía por debajo del 15 por 100. La evolución del gasto del Estado fue descendente entre 1887 y 1893, para comenzar a elevarse después; sólo a partir de 1898 superó el máximo de 1885 (véase el gráfico 7.5); en términos

258

HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

w f fQl o- »i -Ot -i T -w con « J’to ionc sp icN p ai n 3 cf of iaO 3 c' -n ícvnoo '>f 0i )nci núcN» o0 ü 5 aOi O O^ > ía M 5 0m 0 0t i0n0i0D0 N QQ - in-

cooocóoococooooooooooocQCQaocooooocoo>a>a>a>cno>cna>o>0)0>a>

Deuda pública

F uente:

Elaboración propia con datos de Comín (1989).

relativos al PIB o a la población, aumentó muy poco en todo el período hasta 1909. Como ya hemos visto, el conjunto del gasto público (incluyendo el pre­ supuesto extraordinario de 1896 y los presupuestos coloniales) registró aumen­ tos extraordinarios en los años 1895-1898. En efecto, las guerras de Cuba, de Filipinas y contra los Estados Unidos supusieron un coste directo cercano a los 3.500 millones de pesetas, que, sumado a los costes financieros, ascendería a un total aproximado de 4.650 millones de pesetas. En valores del año 2002, esas cantidades equivaldrían a 7.750 y 10.300 millones de euros. En relación con los niveles de renta y con el presupuesto del Estado, el coste directo de las guerras coloniales alcanzó casi el gasto público ordinario acumulado durante los cuatro años de 1895 a 1898 y cerca del 40 por 100 de la renta nacional es­ pañola de cualquiera de esas anualidades. El gasto total, incluyendo los costes financieros, se elevó todavía un 33 por 100 más. El grueso de las atenciones de gasto correspondió a los servicios generales y a la defensa y, sobre todo, a la deuda pública; sólo este último capítulo, for­ mado por los pagos por intereses y amortización, absorbió el 37,7 por 100 de los gastos del Estado en promedio para el conjunto del período. Consecuen­ temente, las disponibilidades para infraestructuras y servicios económicos re­ sultaban muy escasas. Dado que la mayor parte de la deuda tenía su origen en las guerras anteriores y las del período, queda claro que los gastos militares

1

CRISIS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN LA RESTAURACIÓN

259

C u a d r o 7.10. D e u d a t o t a l d e l E s t a d o , e n p o r c e n t a j e s o b r e e l PIB

Años

%

Años

%

1882 1885 1890 1895

115,5 73,3 82,8 84,8

1900 1905 1910 1913

119,7 108,3 88,3 76,7

Fuente:

Estimación propia con datos de Comín (1989) y Prados (1995).

eran un componente importante del gasto del Estado. Se trata de un comporta­ miento casi depredador que explica, por sí solo, la debilidad del crecimiento económico. En consecuencia, la inversión pública sufrió una persistente paráli­ sis, a muy bajo nivel, hasta el impulso final del gobierno largo de A. Maura.10 La deuda pública en circulación experimentó un gran descenso desde 1882, en más de una tercera parte de su monto (véase el gráfico 7.6), gracias a la conversión del ministro de Hacienda Juan Francisco Camacho, que buscó la re­ ducción de la deuda que se arrastraba desde el fin de la tercera guerra carlista (1868-1876) y de la primera guerra de Cuba (1868-1878). La disminución del principal se logró a cambio de elevar el tipo de interés del 3 al 4 por 100. Ade­ más, unificó las diferentes clases existentes en deuda amortizable al 4 por 100 y deuda perpetua, interior y exterior, al 4 por 100. Al coincidir esta conversión con una fuerte crisis de la Bolsa de París, muchos tenedores extranjeros ven­ dieron sus títulos a inversores españoles, lo que facilitó una considerable na­ cionalización de la deuda. Desde 1884 hasta 1894 la deuda en circulación se elevó ligeramente a causa de los déficit presupuestarios. Entre 1894 y 1900 el endeudamiento del Estado creció aceleradamente, nada menos que en un 42,3 por 100. Al término de las guerras coloniales, el Estado se enfrentaba a una si­ tuación de segura insolvencia. Sin embargo, las reformas de Villaverde consi­ guieron una rápida liquidación de los efectos de los conflictos. Desde 1899 hasta 1909, sin interrupción, el superávit anual se aplicó a la reducción del en­ deudamiento, cuya cuantía descendió de forma continua entre 1901 y 1913. La disminución de la carga de la deuda, a medida que se procedía a amortizar­ la, se reforzó a causa del crecimiento económico que limitó su peso relativo (véase el cuadro 7.10). Aun así, el volumen del endeudamiento alcanzaba pro­ porciones extraordinarias si se tiene en cuenta el limitado nivel de los recursos públicos. En 1900 alcanzaba un importe trece veces superior a los ingresos del Estado y en 1913 todavía suponía una proporción de casi siete veces los recur­ sos públicos del ejercicio. La magnitud del endeudamiento del Estado a lo lar­ go del siglo xix aparece como una de las causas mayores de la debilidad del crecimiento y del retraso en la modernización de España.

HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

260

7.3.

L

a dem a n d a y la oferta ag reg a da s

La evolución de la economía española estuvo muy fuertemente condicio­ nada por la demanda interna. Sólo algunos países de pequeñas dimensiones, y con ventajas absolutas en la producción de ciertos bienes — como Bélgica, Suiza y Dinamarca— , lograron un proceso de crecimiento vinculado a las ex­ portaciones, Pero la trayectoria de la economía, y su grado de éxito, dependió también del potencial de crecimiento asociado a la estructura del sistema pro­ ductivo, al cambio estructural y a los niveles de la productividad.

El lastre del reducido consumo privado El débil crecimiento de la población y, por tanto, del número de consumido­ res no permitió un aumento del consumo semejante al de la mayoría de los paí­ ses europeos, con una demografía más expansiva. Los bajos niveles de la renta per cápita, y la modestia de su incremento en términos reales, tampoco contribuyeron a elevar sustancialmente las cantidades de bienes y servicios demandados. Hacia 1890 Lucas Mallada se dolía de que «por todas partes, sea labriego o artesano, el bracero español se halla peor vestido, peor alimentado y peor albergado que cualquier otro europeo de igual condición social». El consumo privado nacional es, en cualquier época y circunstancia, el compo­ nente principal de la demanda interna. Su importancia sobre el total del PIB se situó por encima del 80 por 100 durante este período. Sin embargo, esta ratio, que refleja la propensión media a consumir del sector privado, resultó algo más elevada en la primera mitad del período. La demanda de manufacturas, además de corta, también resultó muy fluctuante. La disminución de las rentas medias, durante la primera mitad del pe­ ríodo, implicó una ampliación del porcentaje de las mismas destinado al con­ sumo de alimentos, lo que suponía una reducción de la demanda de bienes industriales. A la inversa, cuando se elevaron los ingresos por habitante, a par­ tir de 1898, la demanda relativa de alimentos básicos, como el pan, disminuyó, mientras que se incrementó el porcentaje de renta gastado en los bienes con una demanda más elástica a la renta. Por ello, desde 1898 aumentaron más que proporcionalmente las compras familiares de alimentos superiores (carnes frescas, frutas, azúcar), artículos manufacturados (calzado, textiles, medicinas, libros), bienes de consumo duradero (los primeros aparatos de uso doméstico y vehículos para el transporte personal y familiar), y ciertos servicios (elec­ tricidad, telefonía, educación, ocio). Ese incremento del consumo privado, en fin, indujo una di versificación productiva. Si se emplean los datos del valor añadido bruto (VAB) sectorial por activo (véase el cuadro 7.10) como indica­ dores de renta por habitante, se comprueba, de todos modos, que la inmensa mayoría de los habitantes de la España rural no podía aspirar, en ningún caso, al consumo de esos bienes superiores. Los mercados de alimentos de calidad,

CRISIS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN LA RESTAURACIÓN

261

bienes manufacturados y servicios modernos eran accesibles tan sólo, en el mejor de los casos, a una parte pequeña del escaso tercio de los españoles ocupados en el sector moderno de la economía. El bajo nivel del gasto del Estado, que ya hemos visto, sugiere una escasa incidencia del consumo público sobre la actividad económica. El elemento más peculiar de la evolución de la economía, por el lado de la demanda, fue la trayectoria de la inversión. La inversión fija o formación bruta de capital fijo (FBCF) agrupa los gastos de estructuras y equipos productivos que realizan las empresas y la administración pública, así como las compras de viviendas y edificios tanto de las familias como de las empresas. El nivel relativo de la in­ versión se situó alrededor del 6 por 100 de la renta nacional desde 1882 hasta 1898, con una tendencia descendente. Pero a partir de 1899 se elevó a un por­ centaje mayor de la renta, en torno al 8 por 100, y mantuvo una tendencia ascendente en el resto del período. La evolución de la demanda externa se concreta a través de las exportacio­ nes netas, que son el saldo de exportaciones e importaciones de bienes y ser­ vicios más las rentas netas procedentes del exterior; es decir, el saldo de la ba­ lanza por cuenta corriente. Una vez más, el comportamiento de esta variable obliga a distinguir dos subperíodos, aunque quedan dudas acerca de los años en que se produce el cambio dentro de la década de 1891-1900, a causa de las anomalías de la estadística de comercio exterior en los años 1895-1898.11 En la primera parte, el saldo exterior en términos de contabilidad nacional parece haber tenido permanentemente signo negativo. Por el contrario, en la segunda parte, desde 1899, la balanza por cuenta corriente se habría cerrado con saldos positivos todos los años. El superávit exterior contribuyó al incremento de la demanda agregada.

Transformaciones en la estructura de la oferta El sector de más importancia al comienzo del período era el primario (véa­ se el cuadro 7.11), pero su participación en el PIB disminuyó apreciablemente entre 1885 y 1900. Desde 1889 el VAB del sector servicios sobrepasó a la agricultura. Por su parte, el VAB industrial fue el componente más dinámico

C uadro

7.11.

C o m p o sic ió n ( en

sec t o r ia l del

PIB a l

c o st e de lo s factores

po r c en ta jes)

Años

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

1882 1913

43,7 35,0

14,5 21,6

5,8 5,7

36,0 37,7

F urnth:

Prados (1995).

HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

262

C u a d r o 7.12. P r o d u c t i v i d a d p o r a c t i v o

Años

1882 1890 1900 1910

Agricultura (2) (1) 828 726 687 778

100,0 87,7 83,0 94,0

Industria (2)

(1)

1.946 2.029 2.841 2.934

100,0 104,3 146,0 150,8

Servicios (2)

0)

2.950 3.343 3.538 3.622

100,0 113,3 119,9 122,8

Total (1)

(2)

1.293 1.326 1.442 1.584

100,0 102,6 111,5 122,5

Notas: (1) En pesetas de 1882. (2) índices (1882 = 100). F u f n t e : Elaboración propia con datos de Prados (1995) y Nicolau (1989).

del PIB, como consecuencia del desarrollo y la modernización crecientes de la industria española, pero su peso estaba todavía lejos de los otros dos sectores. Dentro del secundario, el cociente entre el VAB de las industrias de bienes de consumo y el de las de bienes de producción permaneció inalterado a lo largo del período, en un valor superior a 5, que situaba a España en el primer esta­ dio de la industrialización, según la tipología de W. Hoffmann. La estructura industrial, por tanto, corresponde a un proceso de crecimiento lento y con es­ casas transformaciones. Las ramas de servicios que más crecieron fueron aquellas fuertemente rela­ cionadas con el resto de la economía. Destacan, por encima de todo, los servi­ cios de crédito y transporte y comunicaciones. En cambio, el servicio doméstico aparece en franca retirada. La productividad de los activos del conjunto de la economía y de los distintos sectores constituye una variable muy reveladora de la dinámica del crecimiento económico (véase el cuadro 7.12). La produc­ tividad del trabajo permaneció estancada en la década de 1880 y registró mo­ destos incrementos en las dos décadas siguientes, lo que explica la debilidad del crecimiento. La desagregación por sectores deja fuera de toda duda el obstáculo que su­ ponía el sector agrario para el crecimiento. La productividad del trabajo en el primario retrocedió fuertemente hasta 1900 y no logró recuperar el nivel de partida — sin duda, ya muy bajo— ni siquiera en 1910. En esta última fecha, el producto por activo de los dos tercios de los españoles empleados en la agricultura apenas superaba la cuarta parte del producto por activo de indus­ tria y construcción, y la quinta parte de los empleados en el terciario, en el caso de que los datos sean fiables. Los datos de industria y construcción muestran un dinamismo mucho mayor que los servicios, si bien en 1910 todavía se mantenían en niveles absolutos inferiores. La expansión económica, aunque lenta, tenía un indudable contenido de modernización.12

CRISIS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN LA RESTAURACIÓN G r á f i c o 7 .7 . M

a cro m a g n it u d e s d el se c t o r a g r a r io ,

(números

ín d ic e ;

263

1880-1913

1 8 8 3 = 100)

c o c o c o c o c O c o a ) c o o 3 c o o ) 0 ) 0 ) o i ® o ) a ) a ) 0 ) ö ) o g g o o a o o o O T - ^ T - f -

öococoQ3cooocococooocoooiocoa)fl>o)0)OJO)o>

4 F uente: E laboración

7.4.

VAB agrario

m

Productividad

propia con dalos de Prados (1995) y Nicolau (1989).

LA G R A N D E P R E S IÓ N . A G R A R IA

La trayectoria del sector primario aparece definida por el signo del estan­ camiento, que respondía a dos secuencias temporales de signo contrapuesto (véase el gráfico 7.7). En términos reales, ambos movimientos resultarían par­ cialmente suavizados por los efectos de la evolución de los precios. La primera mitad del período registró una caída importante y continua: el VAB agrario des­ cendió en un 28,3 por 100 entre 1882-1884 y 1894-1896 y la productividad del trabajo en un 30,3 por 100. La segunda parte, en cambio, conoció una pau­ latina recuperación que condujo el VAB y la productividad a los niveles inicia­ les en 1911-1913. La productividad del trabajo, en términos reales (véase el cuadro 7.12) no recuperó el nivel de partida. Sólo desde 1900, año en que la po­ blación activa agraria en España alcanzó su máximo histórico, comenzó la salida del factor trabajo del sector y con ella el crecimiento de la productivi­ dad de forma consistente, aunque muy lenta.

264

HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

La crisis agrícola y pecuaria Desde la década de 1870, la producción y las exportaciones de trigo de Es­ tados Unidos, Canadá, Argentina, Australia o la India aumentaron a un ritmo muy elevado, a la vez que descendieron los precios y, también, los costes del transporte terrestre y marítimo. Algo semejante ocurrió con los aceites, el arroz, la carne o la lana, con producciones muy crecidas y a costes bajos. El mercado internacional de productos primarios registró importantes incremen­ tos en las transacciones y descensos de los precios que repercutieron negativa­ mente sobre las economías europeas. La crisis se hizo patente en España con cierto retraso, ya entrada la década de 1880, y alcanzó su punto álgido en 1895. Su incidencia se produjo a través de la caída de los precios agrarios y, con ellos, de las producciones, las ventas y las rentas del sector. Desde 1891, además, también decayeron la producción, las ventas y los precios del vino, por el fuerte descenso de la demanda externa. La presión de los agricultores por una nueva regulación del comercio exterior, conjugada con demandas semejantes de los lobbies industriales, culminó con el retorno al proteccionismo. Esta respuesta defensiva consiguió aumentar los precios de las importaciones y contenerlas, a lo que colaboró la depreciación de la peseta. Al mismo tiempo, se dieron desplazamientos en el uso de la tierra mediante la introducción de otros apro­ vechamientos como las legumbres, los tubérculos y el viñedo. En zonas aptas para ello, se extendieron cultivos especializados más remuneradores y más com­ petitivos en el mercado europeo.

La crisis en el sector de los cereales Las entradas crecientes de cereales ultramarinos provocaron los excesos de oferta, la caída de su precio y la pérdida de los mercados de la periferia para los productores de la España central y meridional. Entre 1880 y 1895 el des­ censo de los precios en los mercados mayoristas, cercano a un 30 por 100 de promedio, comprometió la supervivencia de las explotaciones marginales, que debieron reducir el área sembrada o abandonar el cultivo. Las importaciones de trigo suponían porcentajes reducidos de la producción total, pero alcanzaban una proporción considerable de la producción final vendida en el mercado, puesto que una parte importante del producto era retenida en el sector para simiente y autoconsumo de los campesinos. También resultó muy afectado el sector olivarero, por la caída de la demanda, de los precios y de la rentabili­ dad, a causa de la competencia de aceites más baratos en usos industriales (petróleo o breas) y alimentarios (de girasol y de soja). La oleicultura había comenzado a adaptarse a las exigencias de calidad para el consumo humano en Cataluña y Aragón, lo que mitigó allí su impacto, pero muy poco en la gran región productora, Andalucía, que sufrió la crisis con severidad. La crisis agrí­ cola se trasladó además a otros subsectores, como el del arroz, por mecanis-

CRISIS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN LA RESTAURACIÓN

265

mos idénticos: el aumento de las importaciones de origen ultramarino y la caída de los precios y de la rentabilidad de las explotaciones. La producción y la ex­ portación de grana o cochinilla, empleada como colorante, fue desplazada por las anilinas artificiales, lo que hizo caer estrepitosamente los precios y las can­ tidades vendidas en las islas Canarias. La ganadería gallega, en fin, perdió sus mercados exteriores en Gran Bretaña desde mediados de esa década de 1880. Durante los años 1882 a 1891, la viticultura fue la gran excepción, puesto que no sólo no sufrió la crisis, sino que precisamente entonces culminó su eta­ pa de mayor prosperidad, a causa del notable aumento de la demanda externa. El motivo fue la caída de la producción de Francia, primer exportador mundial de vino, por la plaga de la filoxera en sus viñas, y el crecimiento continuo de sus compras exteriores y de los precios. Sin embargo, la tendencia se invirtió en 1891 tras la recuperación de la producción francesa y, simultáneamente, la invasión filoxérica de los viñedos españoles. Entre los cultivos que se ex­ pandieron durante aquellos años apenas destaca la producción de naranjas en Valencia.

La salida de la crisis La segunda mitad de la década 1890 registró un claro cambio de tendencia. El final de la crisis se alcanzó gracias a las medidas de protección arancela­ ria desde finales de 1890, que ya hemos analizado. El consiguiente sosteni­ miento de los precios agrarios facilitó la recuperación a partir de 1891 y, sobre todo, de 1896. Mayores ventas, y a precios más elevados, restablecieron gra­ dualmente la producción y la rentabilidad de la agricultura del cereal. Los progresos de la red ferroviaria también colaboraron a una mejor articulación del mercado interior: la ganadería gallega compensó con creces la pérdida del mercado británico con la expansión de las ventas en el centro de la península y en las regiones mediterráneas. La superficie sembrada aumentó y los rendimientos mejoraron algo a partir de 1897. Se extendió el área sembrada de plantas para piensos, más que de ce­ reales panifieables. Entre los años de 1891 y 1900 la producción de trigo y de maíz creció casi un 50 por 100. Además, se produjo un segundo ciclo expan­ sivo del arroz, con ampliación de la superficie cultivada e introducción de me­ joras en el cultivo. En general, aumentó el empleo de fertilizantes químicos y mejoró el equipo agrario, pero estos progresos fueron muy limitados. Se tra­ taba, en gran parte, de fenómenos de recuperación del crecimiento potencial aplazado por la crisis: se mantuvieron, pese a las reformas, los bajos niveles de productividad y el evidente atraso tecnológico. El sector cerealista no presentó señales de modernización, salvo algunas mejoras en el uso del suelo y aún de limitado alcance regional. Se mantenía plenamente un cultivo extensivo, con rotaciones trienales e incluso más relaja­ das, en las amplias extensiones del sistema cereal de Castilla y León, CastillaLa Mancha, Extremadura y Andalucía. La alternancia bienal, de año y vez, se

266

HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

introducía con mucha lentitud. Sólo en Navarra, La Rioja y Aragón, así como en las regiones mediterráneas, los barbechos habían sido desplazados, en su mayor parte, por sistemas de rotación anual. Uno de los mayores expertos de la época estimó los rendimientos medios del trigo en nueve quintales métricos por hectárea y añadió que «este promedio puede y debe duplicarse desde el momento en que el cultivo sea más inteligente y se enriquezca la tierra admi­ nistrándole las materias fertilizantes que necesite». La crisis agraria bloqueó la incipiente mecanización del sector que se ha­ bía iniciado anteriormente. La importación de maquinaria agrícola descendió a partir de los años 1883-1885. La depreciación de la peseta aumentó los pre­ cios interiores de las importaciones, que se redujeron hasta cifras muy bajas en 1894-1898. Sólo desde 1899 volvieron a ascender para superar el nivel de partida en 1904, y aumentar después ya con mayor rapidez. Tras más de diez años de muy escasas compras exteriores, la recuperación cambió poco un ba­ lance muy modesto: la adopción de tecnologías mecánicas para siembra, culti­ vo y recolección de cereales (locomóviles, trilladoras o arado con tractores) había alcanzado una difusión mínima. La salida de la crisis se logró a través de una reacción proteccionista, que elevó el coste de la vida, e impidió las transformaciones estructurales del cam­ po español que hubieran aumentado su eficiencia. El pequeño tamaño de las explotaciones agrarias formaba uno de los mayores obstáculos a la moderniza­ ción, ya que no alcanzaban el umbral de rentabilidad necesario para el empleo de las tecnologías modernas. Los elevados precios de la energía para el uso de la maquinaria —carbón, petróleo— tampoco contribuían a ello. La propia po­ breza del agro estaba en la base de la ausencia de una trama de servicios de re­ paración y de mantenimiento en los pueblos, imprescindible para la mecaniza­ ción. Los bajos salarios bloqueaban toda innovación ahorradora de trabajo. Pero la causa básica de la reacción proteccionista y conservadora estuvo, seguramen­ te, en el fuerte consenso social acerca de la necesidad de retener en el campo una parte de la mano de obra que empezaba a emigrar al exterior de forma masiva.'3

Los nuevos caminos de la especialización Los principales cambios en la salida de la crisis se realizaron al margen del sistema cereal, por la vía de nuevas especializaciones agrarias, y permitie­ ron alcanzar posiciones altamente competitivas en el mercado alimentario europeo. Otros productos agropecuarios orientados al mercado interior, algunas producciones forestales y, aún dentro del sector primario, las capturas pesque­ ras consiguieron avances muy notables. Un análisis limitado a la agricultura interior y desconocedor de los progresos de la especialización ha conducido a interpretaciones sesgadas y excesivamente negativas. La imagen, real, de un profundo atraso agrario contrasta con una situación de liderazgo en diver­ sos segmentos de la exportación agraria. La propia especialización agravó, en apariencia, la trayectoria a corto plazo del sector. Una parte de las tierras más

CRISIS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN LA RESTAURACIÓN

267

fértiles fue dedicada a los nuevos cultivos a costa de los cereales. Además, las mismas plantaciones arbóreas exigían un largo tiempo antes de proporcionar resultados. Desde la plantación hasta el inicio de la producción del olivo pasan entre ocho y diez años; el naranjo empieza a fructificar a los ocho años de plantado y, por ello, requería de una financiación más que notable. Lo que era producto de una gestión agraria innovadora, dirigida a seleccionar produccio­ nes más remuneradoras, contribuyó a deprimir a corto plazo las cifras agre­ gadas de producción agrícola. El ejemplo más destacado de esta expansión correspondió a los cítricos. La producción valenciana de naranjas aceleró su crecimiento; entre 1900 y 1913 las exportaciones se duplicaron, desde unas 300.000 hasta unas 600.000 tone­ ladas. La ribera del Júcar, en torno a Alcira y Carcagentc, constituyó el foco central del proceso, junto con la Plana y el Bajo Segura. El desarrollo citrícola se realizó a través de la transformación de secanos gracias a la perforación de pozos para la extracción de agua, instalación de motores de riego —pequeñas máquinas de vapor y, desde comienzos del xx, motores de gas pobre y bombas eléctricas— y construcción de embalses, así como al elevado consumo de abonos con el fin de colmar la exigencia de nutrientes que presenta el cultivo del naranjo. A partir de 1898 alcanzó una escala considerable el uso de abonos nitrogenados y, sobre todo, del sulfato amónico inglés. La baja del precio de la naranja, gracias a la mayor eficiencia productiva, se conjugó con aumentos rá­ pidos de la producción y de la exportación. La viticultura, en cambio, atravesó una etapa de grandes dificultades por la pérdida del mercado francés. La destrucción de vides en España, a causa de la filoxera, suavizó el derrumbe de los precios y de la rentabilidad de las ex­ plotaciones que se precipitó sobre la viticultura a raíz del descenso de expor­ taciones y precios, cuando se recuperó la producción en Francia. Pero, a la vez, exigió cuantiosas inversiones para su replantación con cepas americanas, resistentes al insecto, y la producción de mosto disminuyó a la mitad entre los períodos de 1888-1892 y de 1909-1913. Muchas de las zonas plantadas en la época de la expansión fueron definitivamente abandonadas. La viticultura re­ cuperó sus dimensiones anteriores al boom artificiosamente provocado por la plaga en el país vecino. La introducción de nuevos métodos de cultivo y de elaboración transformó entre 1897 y 1913, aunque de forma lenta, la olivicul­ tura: plantaciones de mejores variedades, métodos más perfectos de recogida de la aceituna, mejor procesamiento y envasado de los aceites. La producción y las exportaciones comenzaron a mejorar significativamente a partir de 1900. A menor escala, la producción y la exportación de frutos secos, en especial almendra —Alicante, Mallorca— y avellana —Campo de Tarragona—, alcan­ zaron una rápida expansión. Siguieron caminos semejantes otras producciones hortícolas y frutícolas (cebollas, patatas, guisantes, pimientos, espárragos, tomates, plátanos), espe­ cialmente de primores, en las huertas de la costa mediterránea —Mataré, delta del Llobregat, Castellón, Villarreal, Valencia, Denia, Gandía, Orihuela, Murcia, Adra, Motril, Málaga— , del valle del Ebro —Calatayud, Tudela, Logroño,

268

HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

Haro— y de las islas Canarias — Tenerife, Gran Canaria, La Palma— . Tam­ bién registraron importantes avances ciertas producciones forestales, como la madera y el corcho. Uno de los procesos innovadores de mayores proporcio­ nes radicó en el cultivo de la remolacha azucarera. La producción de azúcar de caña cubría en 1882 tan sólo el 30 por 100 del consumo español. La introduc­ ción de la remolacha, sobre todo en la década de 1890, permitió el autoabastecimiento al comienzo del siglo xx, pese a que el consumo se había duplicado hasta alcanzar las 100.000 toneladas.14 La provincia de Granada fue adelan­ tada de esta transformación y, una vez consolidado el cultivo, compartió con Zaragoza la mayor producción: conjuntamente, superaban la mitad del total. En distintas áreas con dotación adecuada de tierras y riego se desarrollaron cultivos forrajeros para la producción de carne de calidad con destino a los mercados urbanos. En la cornisa cantábrica, las condiciones climáticas, la aso­ ciación con la ganadería y un intenso abonado, proporcionaban rendimientos elevados en el cultivo del maíz, el centeno y la patata. En Cantabria, la espe­ cialización en la ganadería de vacuno para leche promovió nuevas técnicas con estabulación e introducción de razas más productivas, así como la exten­ sión de cultivos forrajeros a costa de la superficie dedicada al cereal. Asturias y Cantabria, además, introdujeron nuevas razas de vacuno y desarrollaron producciones de lácteos. La producción pesquera, en fin, más que duplicó su valor y alcanzó a situarse al nivel de Alemania o Francia.15

7 .5 .

L a le n ta c o n tin u id a d

de

la in d u stria liz a c ió n

Desde la última década del xix tomó cuerpo un nuevo ciclo de industria­ lización en el mundo, desencadenado por las innovaciones en los sectores químico, farmacéutico, eléctrico y automovilístico, y por los procesos de pro­ ducción en cadena. Las industrias de esta «segunda revolución industrial» se caracterizaban por el elevado contenido científico de su tecnología y eran mu­ cho más exigentes en conocimiento, lo que colocaba en mala posición a las poblaciones, «pobres e ignorantes», de la Europa del sur.16 España no tenía las mejores condiciones para participar en esa segunda industrialización. Por un lado, la dotación de capital humano era escasa, tanto en términos de educa­ ción básica de la población, como en formación de técnicos y científicos y aun en iniciativa y capacidad empresarial. Por otro lado, los recursos energéticos estratégicos en la nueva fase de crecimiento de la economía mundial eran me­ diocres y muy caros (caso del carbón) o, simplemente, inexistentes (como el petróleo). Finalmente, tampoco se llevó a cabo una intensa política industrial. En efecto, las medidas del gobierno se limitaron al apoyo directo a sectores específicos. Además de las barreras arancelarias, se adoptaron otras medidas en la misma dirección, tales como la discriminación tarifaria en las colonias a partir de 1 8 8 2 , la suspensión de la franquicia a la importación de material ferroviario en 1 8 9 6 o la prioridad en las compras de la administración pública (ley de construcción de la escuadra de 1 8 8 7 , ley de protección a la industria

CRISIS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN LA RESTAURACIÓN

269

nacional de 1907, segundo programa naval de 1908, de Maura). Este tipo de apoyos proteccionistas, al precio de alejar a la industria de la disciplina de cos­ tes que supone la competencia externa, puede ser entendido a la vez como causa de su baja competitividad y como intervención defensiva de urgencia por este mismo motivo. En cambio, las acciones de «nueva» política industrial, a través del apoyo a las tareas de formación y de I + D o del soporte a la exportación, prácticamente no existieron.

Ritmos de crecimiento y niveles de productividad industrial El crecimiento industrial se ralentizó con respecto a las décadas anteriores y también frente a la pauta dominante en Europa. Esta evolución estaba influida por el clima recesivo internacional y la escasa expansión del PIB y de la po­ blación española, relacionado, todo ello, con la depresión agraria, las guerras coloniales y la emigración exterior. Los índices de la producción industrial (véase el cuadro 7.13) señalan tres fases. Una primera fase de debilidad de 1882 a 1890, que corresponde a la crisis agraria. La evolución de las industrias de bienes de consumo fue vacilante, a causa de la caída de las rentas agrarias y del aumento de la competencia exterior. La ley de relaciones comerciales de 1882, con las rebajas arancelarias a los productos españoles vendidos a las co­ lonias, aportó una solución parcial. De 1885 a 1891 el porcentaje de la expor­ tación de textiles de algodón pasó del 3 al 13 por 100 de la producción. Otros sectores, como el del calzado, alcanzaron participaciones también destacadas en el mercado colonial. La siderurgia logró, en cambio, un comportamiento muy-expansivo y exportador. En la segunda fase, la década de 1890, se regis­ tró el mayor crecimiento industrial, que cabe relacionar con los efectos favora­ bles a corto plazo del arancel de 1891 y, asimismo, con la depreciación de la peseta. Las propias guerras de 1895-1898 ampliaron la demanda para el equi­ pamiento del ejército. Asimismo, la recuperación de la demanda, favorecida por el restablecimiento del ingreso agrario y de la renta per cápita en el medio urbano, apoyaron esta expansión. Sin embargo, el cierre gradual de ciertos mercados por medio de aranceles proteccionistas, sobre todo el italiano en 1887, trasladó a la industria siderúrgica, por otro camino, la misma situación de debilidad de ventas y de crisis de sobreproducción al comienzo de la dé­ cada. En la tercera fase, el ritmo de la expansión se moderó entre 1900 y 1913, debido a la ausencia del estímulo competitivo de las importaciones, a causa del carácter excesivamente protector del arancel, pero también como re­ sultado de la carga de las deudas de guerra de 1895-1898, que forzaron la po­ lítica deflacionista de Villaverde. El comportamiento de las industrias regionales consideradas en el cuadro 7.13 fue más expansivo que el del conjunto del sector. Cataluña y el País Vasco, las únicas regiones con una clara especialización industrial de su tejido pro­ ductivo, evolucionaron de forma distinta. Cataluña se acompasó a la evolución del sector en España, aunque mostrando un mayor dinamismo. El País Vasco,

270

H IST O R IA E C O N Ó M IC A DE ESPAÑA

C u a d r o 7 .1 3 . Í n d i c e s

d e p r o d u c c ió n in d u s t r ia l

(tasas

d e c r e c im ie n t o ,

EN PORCENTAJES)

Años

1883-1912

España

España

Cataluña

País Vasco

Andalucía

( 1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 ,8 4

1 ,4 9

2 ,4 2

2 ,1 9

2 ,3 5 4 ,9 4

1882-1890

1 ,5 5

0 ,71

1,82

3 ,8 0

1890-1900

2 ,6 0

2 ,4 6

3 ,3 9

1 ,9 2

1,81

1900-1913

1,66

1 ,2 8

2 ,7 5

0 ,6 9

2 ,6 3

F u e n t e : (1) Carreras (1984); (2) Prados (1995); (3) Maluquer de Motes (1994); (4) Carreras (1990); (5) Parejo (J 997).

en cambio, registró una notable aceleración desde 1882, relacionada con el despegue de la siderurgia, que se debilitó a partir de 1890, y que pareció ha­ berse agotado entre 1900 y 1913, con una tasa muy inferior a la española. An­ dalucía también presentó, entre 1882 y 1890, una evolución positiva —a pesar de la depresión agraria— gracias a la gran importancia de la minería, para de­ bilitarse en la década de 1890, y recuperarse entre 1900 y 1913. La productividad del trabajo en la industria española se situaba, en los años 1910-1913, en el 69 por 100 de la británica. Esa productividad española era superior a la de Italia (46 por 100) y cercana a la de Suecia (69 por 100), Fran­ cia (73 por 100), Bélgica (74 por 100) y Suecia (69 por 100), pero inferior a la de los países líderes, que eran el Reino Unido (100 por 100), Suiza (82 por 100) y Alemania (81 por 100).

La estructura industrial España comenzó pronto el proceso de industrialización en algunas zonas, pero después progresó muy lentamente en todo el país. El resultado fue que, a comienzos del siglo xx, poseía una estructura industrial bastante completa, pero débil y desequilibrada espacialmente. La escasa articulación de los distin­ tos procesos regionales de industrialización produjo una fuerte concentración espacial y sectorial con intensidades muy dispares. La composición sectorial de la industria revela algunas desviaciones respecto del patrón continental de industrialización. La extracción de minerales metálicos era, quizá, el sector más sobredimensionado. La minería de hierro, plomo y cobre situó a España en posición destacada en el mercado mundial de estas materias, lo que contrasta con la reducida entidad del beneficio de los metales. En cambio, aparecen con índices muy bajos, en términos comparativos, la minería energética y, en ge­ neral, la industria pesada. Los sectores intensivos en capital y en tecnología, entre los que se encontraban los más dinámicos a nivel internacional entre

C R IS IS Y R E C U P E R A C IÓ N E C O N Ó M I C A EN LA REST A U RA C IÓ N

271

1882 y 1913, estaban infrarrepresentados en la base industrial española. Por el contrario, alcanzaban dimensiones — siempre relativas al total— mayores las industrias productoras de bienes de consumo, muy singularmente los sectores textil y agroalimentario.

El sector energético La extracción de hulla y antracita, principalmente en las cuencas de Astu­ rias y León, se multiplicó por cuatro entre los períodos 1882-1888 y 1912-1913, con el apoyo de las medidas proteccionistas. Sin embargo, la demanda interna fue muy superior y obligó a importar mayores cantidades de Gran Bretaña, pero en proporción ligeramente decreciente respecto del consumo interior. También el abastecimiento de petróleo dependía del exterior. Por tanto, la balanza energética fue deficitaria en algo más de la mitad del consumo inte­ rior. Esta circunstancia, común a las economías mediterráneas europeas, im­ plicaba un doble freno al crecimiento. Por un lado, suponía costes energéticos superiores a los de la mayoría de los países del continente. Por otro lado, obli­ gaba a aplicar una parte sustancial de las divisas disponibles a la importación de inputs energéticos y, por tanto, a desviarlas de otras utilizaciones, como las compras de materias primas y bienes de equipo. También explica la relativa especialización de la industria en producciones poco intensivas en energía; es decir, en la industria ligera. La carestía del carbón, a su vez, impulsó el em­ pleo de la energía hidráulica de forma directa — que reducía costes y econo­ mizaba divisas— mediante el empleo de la turbina. La reducción de la dependencia energética exterior y de los costes de la in­ dustria sólo fue posible con la electricidad. Las poblaciones españolas incor­ poraron muy tempranamente el alumbrado eléctrico. En 1914, por ejemplo, Madrid tenía más abonados por 100 habitantes que Chicago, París o Roma. Pero sólo desde los primeros años del xx alcanzó importancia la hidroelectricidad como alternativa energética, una vez resuelto el problema técnico del transporte de fluido eléctrico a largas distancias. El desarrollo hidroeléctrico alivió los límites que la escasez de energía imponía al crecimiento económico. El sector movilizó grandes iniciativas e inversiones extranjeras, especialmente para la explotación de los ríos de alta montaña. En 1914 F. S. Pearson y la Bar­ celona Traction, Light and Power Co. inauguraban el gran embalse de Tremp, con la presa más alta de Europa. Al mismo tiempo, un grupo empresarial vas­ co, articulado en torno al Banco de Vizcaya, cuyas piezas más importantes fueron Hidroeléctrica Ibérica, Electra de Viesgo, Hidroeléctrica Española y Sevillana de Electricidad, controlaba una buena parte de los mercados vasco, asturiano, valenciano, madrileño y andaluz, además de ostentar una presencia importante en Portugal.

272

H IS T O R IA E C O N Ó M I C A D E ESPA Ñ A

G r á f i c o 7 .8 . E x p o r t a c i ó n

d e m in e r a l e s ,

1 8 8 2 -1 9 1 3 ( ín d ic e s ; 1 882 = 100)

220

200

180 160

140

120 100

80

g O ^ CV J CO O) O) O) O) O) índice compuesto

F uente:

Elaboración propia con datos de Carreras (1989).

La minería metálica La extracción de minerales metálicos constituyó una industria importante entre 1882 y 1913. Salvo un corto período de desaceleración, que coincidió con las guerras coloniales, su producción se expandió hasta el máximo de 1913 (véase el gráfico 7.8).17 Las industrias extractivas fueron uno de los pilares de la exportación y, por tanto, de la capacidad de importar de la economía es­ pañola. Destacaron dos grandes regiones mineras. Por una parte, el área meridional, integrada por Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura y, sobre todo, Anda­ lucía. A pesar de la primacía mundial en la producción de cobre y, durante bastantes años, de plomo, los efectos de impulso a la industrialización fueron allí muy reducidos. El incremento del empleo en las minas aparece como la única contribución significativa a la economía regional, puesto que el procesa­ miento metalúrgico se realizaba ya en los mercados de destino. Los beneficios se repatriaron, asimismo, hasta los países europeos de los que procedía el ca­ pital de la inmensa mayoría de las empresas mineras, La otra gran región mi­ nera se situaba en la fachada septentrional y correspondía a los yacimientos de mineral de hierro de las montañas cantábricas y vascas. La industrialización de la minería vizcaína, que explotó minas de gran pureza, también descansó

C R IS IS Y R E C U P E R A C IÓ N E C O N Ó M IC A EN LA R E ST A U RA C IÓ N

273

en tecnología y capitales extranjeros, sobre todo británicos. No obstante, las empresas vascas extrajeron, entre 1876 y 1913, más de la mitad del mineral y capturaron alrededor del 60 por 100 de los beneficios del sector.

Las industrias básicas El producto de las industrias básicas creció algo más que el conjunto del sector, a causa del arranque de sus ramas principales. En la siderurgia, la abun­ dancia, los reducidos costes de extracción y la elevada riqueza metálica del mineral de hierro de Vizcaya favorecieron la localización del que pasó a ser el principal centro siderúrgico del país, con los dos tercios del total del lingote producido en España durante el período. En 1880 se puso en marcha la fábrica de San Francisco, en Sestao, y en 1882 otras dos grandes empresas, La Vizcaya y Altos Hornos de Bilbao. Esta última obtuvo, en 1885, lingote de acero por el procedimiento Bessemer, mediante el primer convertidor instalado en la pe­ nínsula. En 1888, por su parte, se encendió el primer horno Martin-Siemens. La fusión de ambas, junto con La iberia, dio lugar al nacimiento en 1901 de Altos Hornos de Vizcaya. La siderurgia vasca empleó carbón británico, de superior calidad y menor precio que el asturiano, gracias a los bajos fletes de los retornos de buques mineraleros a Gran Bretaña. Se especializó en aquellos productos semielaborados de reducido consumo de carbón, como lingote, carril, vigas o barras. Las fábricas asturianas, de Mieres y La Felguera, perdieron la hegemonía lograda en la etapa anterior y debieron optar por la fabricación de laminados y otros productos que requerían más combustible. En 1898 comenzó a operar el nuevo foco siderúrgico cántabro, con la fabricación de lingote de acero en los Corra­ les de Buelna, y en 1902 con la creación de Nueva Montaña Quijano, de San­ tander. En 1907, con un mercado interior altamente protegido, las empresas acordaron reducir la competencia y distribuir el mercado mediante la cartelización en la Central Siderúrgica de Ventas. El crecimiento de la siderurgia desde finales del siglo xix se debió, funda­ mentalmente, al incremento de la demanda debido a la política protectora y a la expansión de la metalurgia y las construcciones mecánicas, así como a la fabricación de material de transporte y eléctrico, tanto en el propio País Vasco y en Asturias, como en Barcelona, Valencia, Valladolid, Zaragoza y otros nú­ cleos industriales. El desarrollo de una muy amplia y diversificada metalurgia, la disponibilidad de energía eléctrica y la abundancia de chatarras, así como la demanda de aceros especiales y ferroaleaciones por la industria mecánica, dio pie al nacimiento de un foco electrosiderúrgico en Barcelona con tres acere­ rías dotadas de hornos Martin-Siemens: Torras (1899), Altos Hornos y Herrería de Nuestra Señora del Carmen (1899) y Material para Ferrocarriles y Cons­ trucciones (1908). En cualquier caso, las comparaciones internacionales rele­ gan al consumo siderúrgico español, como indicador del tamaño de la meta­ lurgia, a niveles muy bajos.

274

H IS T O R IA E C O N Ó M IC A D E ESPAÑA

La industria química moderna comenzó su andadura en España a finales del siglo X IX . Su característica más visible fue la diversidad de procedimientos y producciones, desde ácidos y sales minerales hasta productos farmacéuticos. El problema para el desarrollo de esta industria fue que, hasta mediados del xx, predominaron la carboquímica y la electroquímica, ramas para las que la dota­ ción de recursos española era muy mediocre. Además, era una industria exi­ gente de trabajo altamente cualificado e investigación aplicada, factores del todo ausentes en el país. El giro proteccionista, con el empleo creciente de fer­ tilizantes artificiales en la agricultura y otros productos básicos, apoyó el lanzamiento de unas pocas grandes empresas, como Unión Española de Ex­ plosivos (1896), Electro-Química de Flix (1897), la Sociedad Española de Carburos Metálicos (1897) o Solvay (1903) y la expansión de Cros, convertida en sociedad anónima en 1904. Al cierre del período, el sector químico estaba integrado por pocas empresas, de dimensiones relativamente pequeñas y muy diseminadas, y ocupaba un espacio muy limitado en el conjunto de la indus­ tria española. Otra industria básica surgida entonces fue la del cemento artificial, me­ diante la nueva tecnología del homo rotatorio. La primera fábrica fue la de la sociedad Tudela Veguín (1899), en las cercanías de Oviedo, y luego Cementos Rezóla (1901), Asland (1904) y Cementos Portland (1905), a las que siguieron unas pocas más. Se trataba de una industria muy intensiva en capital, cuyo rá­ pido desarrollo estuvo relacionado con las obras de infraestructuras, especial­ mente con la construcción de centrales eléctricas y pantanos, así como con la ampliación de los puertos marítimos.18

La industria de bienes de consumo La industria de bienes de consumo más desarrollada era la textil, sobre todo el subsector algodonero y, también, el lanero. Ambos estaban caracteriza­ dos por una fuerte concentración territorial: en 1900 el 82 por 100 de la pro­ ducción se localizaba en Cataluña. Durante el período 1882-1891 esta indus­ tria se enfrentó a una mayor competencia exterior y a las consecuencias de la crisis agraria sobre el consumo interior. La producción aumentó escasamente, gracias a las exportaciones a las colonias. Después, bajo el impulso de la recu­ peración de la renta y el efecto de la depreciación de la peseta, la expansión se mantuvo y las exportaciones superaron el impacto negativo de la pérdida de los mercados coloniales en 1898. En la víspera de la primera guerra mundial, la industria algodonera española era la quinta más importante de Europa por su producción —sólo por detrás de los cuatro grandes: Reino Unido, Alema­ nia, Francia e Italia— y la séptima por sus exportaciones. El subsector algodonero llevó a cabo profundos cambios, racionalizando los procesos de producción, mejorando la estructura de costes, invirtiendo en nuevos equipos y tecnología y buscando adecuar la producción de forma flexi­ ble a los cambios en la demanda. La principal vía de la reestructuración fue la

C R ISIS Y R E C U P E R A C IÓ N E C O N Ó M I C A EN LA R EST A U R A C IÓ N

275

localización de las actividades fabriles en nuevas áreas geográficas con costes más reducidos, básicamente en energía, mano de obra y fiscalidad, por medio de la construcción de las grandes colonias industriales junto a los ríos Llobregat y Ter. La introducción de la turbina hidráulica buscaba el ahorro de com­ bustible, a la vez que una ubicación que permitiera la reducción del coste del trabajo, por las diferencias en el nivel de los precios de consumo con la aglo­ meración barcelonesa. Las dos mayores fábricas de este tipo de motores en España — la gerundense Planas y la barcelonesa La Maquinista Terrestre y Marítima— tuvieron a los algodoneros como sus principales clientes, con unas ventas próximas a las 300 unidades y a los 35.000 caballos de vapor durante todo el período. Además, en las distintas ramas textiles se adoptaron las nuevas tecnologías disponibles: hiladoras continuas, telares mecánicos y, en el género de punto, telares redondos y rectilíneos de fronturas o cottons. De estos años data la más importante aportación española a la tecnología industrial, el sistema Casablan­ cas de grandes estirajes en el hilado del algodón. La densidad del textil en Ca­ taluña promovió intervenciones de apoyo a los factores competitivos por enti­ dades públicas y privadas: servicios a las empresas, investigación y desarrollo, diseño, formación y capacitación profesional. Todo ello reforzó la concentra­ ción del sector frente a otras áreas productoras, fundamentalmente Alcoy, Béjar y Antequera. La inevitable adaptación al mercado interior, de bajo nivel de consumo y muy fluetuante, se efectuó mediante la fuerte diferenciación de productos, lo que era, a la vez, causa del menor tamaño de la empresa, de la más baja productividad y, en suma, de la menor competitividad frente a los países más desarrollados. También la industria del calzado alcanzó una notable transformación. El desarrollo moderno del sector se inició en Cataluña, gracias al volumen de la demanda interna, de modo que, para 1900, Barcelona y, en menor medida, Sitges acaparaban dos terceras partes de las empresas con uso de alguna tec­ nología mecánica. Pero ya había despegado un foco emergente en Baleares, con fábricas en Palma e Inca en Mallorca, y Mahón y Ciudadela en Menorca. El mercado colonial, destino de una parte importante de la producción hasta poco después de 1898, fue un factor de ampliación de la demanda y de estímu­ lo a la mecanización, sobre todo en Baleares. Un tercer centro de producción, de dinamismo creciente, se ubicó en Elda y en Elche, dentro de la provincia de Alicante. El consumo nacional de calzado de piel era muy bajo y variable, en función de los resultados del año agrícola. Por ello, la industria del zapato es­ tuvo condicionada, del mismo modo que la textil, por el tamaño reducido y la gran variabilidad del mercado, lo que dio ventaja a las empresas de cortas di­ mensiones y producción diversificada. Esto desincentivó la cspccialización y la producción de grandes series e imposibilitó la competitividad internacio­ nal. Los bajos salarios contribuyeron a desalentar la mecanización y a dar ventaja a las nuevas áreas productoras frente a la aglomeración barcelonesa. También la industria agroalimentaria se desarrolló apreciablemente; asi­ mismo, la crisis agraria colaboró a los desplazamientos regionales de esta in-

276

H IST O R IA E C O N Ó M IC A D E ESPAÑA

dustria. Las importaciones de trigo del exterior favorecieron el desarrollo de la industria molturadora junto a los centros consumidores del litoral, particular­ mente en Barcelona, con daño para las empresas castellanas y aragonesas, perjudicadas, asimismo, por una mayor carestía en el interior de los productos energéticos que se importaban por vía marítima. El cambio tecnológico con­ tribuyó a esta «migración industrial»: entre 1880 y 1894 se construyeron en Barcelona 35 fábricas harineras por el sistema austrohúngaro de cilindros. Bar­ celona, Madrid, Valencia y Guipúzcoa, gracias a la superioridad de la deman­ da sobre las regiones cerealeras, concentraron las fabricaciones de alimentos vinculados al cereal, como pasta y galletas. Asimismo, surgieron nuevas industrias de la alimentación. Entre 1882 y 1898 se instalaron 18 grandes fábricas de azúcar de remolacha, 10 de ellas en la fértil vega de Granada y otras en Zaragoza y en Navarra. Otra rama de la industria alimentaria que conoció una notable expansión en el periodo fue la fabricación industrial de quesos, mantequilla y leche condensada y en pol­ vo, radicada en Asturias y Cantabria. Simbólicamente, Nestlé se instaló en Cantabria a principios del XX. Los cambios del sector agrario y el aumento de la demanda externa, sobre todo británica, alimentaron la industria de conser­ vas vegetales, en particular de frutas y hortalizas, con localización preferente en La Rioja, Murcia y Navarra. El sector fabril prácticamente nació en Galicia con la industria de conservas de pescado en la década de 1880 y alcanzó un notable desarrollo en todo el período, con base en sus ventas exteriores: de seis fábricas en 1882 a 82 en 1905. A su alrededor se formó un complejo pesquero-industrial, con astilleros especializados en la construcción de pes­ queros y fábricas de envases de madera y de metal. Asimismo, otras produc­ ciones agrarias, como la naranjera y hortofrutícola, dieron lugar a la creación de empresas dedicadas al envasado de sus productos, como serrerías, madera y papel seda, envases metálicos, cartón o recipientes de vidrio.19

1 .6 . El.

MODESTO APOYO DE LOS SERVICIOS

El desarrollo del sector terciario se ajustó al del conjunto de la economía, tanto en lo que se refiere al empleo como al VAB generado (véanse los cua­ dros 7.3 y 7.11). Las ramas que alcanzaron mayores tasas de crecimiento, y también transformaciones estructurales significativas, fueron transportes y co­ municaciones y crédito. En el ámbito de los transportes y comunicaciones, se completaron las redes existentes y se registraron grandes innovaciones, aunque con muy modesto desarrollo, entre las que destacaban el empleo de vehículos a motor de combustión interna y el teléfono. En lo que respecta al sistema fi­ nanciero, más allá del nacimiento de un grupo de nuevas instituciones de cré­ dito, lo más destacable fue el acercamiento entre la banca privada y las gran­ des empresas industriales, especialmente en el caso de los sectores nuevos.

C R IS IS Y R E C U P E R A C IÓ N E C O N Ó M I C A EN LA REST A U RA C IÓ N

277

C u a d r o 7.14. L o n g i t u d d e l a r e d f e r r o v i a r i a ( k i l ó m e t r o s )

Años

Vía ancha

Via estrecha

1882 1913

7.411 11.424

442 3.927

F uente:

Gómez Mendoza (1989).

Transportes y comunicaciones Entre 1882 y 1913 prosiguió la ampliación y modernización de las redes de transportes y comunicaciones. El sistema de vía ancha se densificó con la construcción de líneas transversales, que completaban las troncales, en la dé­ cada de 1880 y primeros años de la siguiente. Al mismo tiempo, se extendió la red de vía estrecha (véase el cuadro 7.14). El tráfico de mercancías por ferro­ carril confirma la gravedad de la caída de la actividad motivada por la crisis agraria. El output ferroviario, medido en toneladas transportadas por kilómetro de red, descendió desde 1883 hasta 1887 y no recuperó los niveles perdidos hasta 1895 para crecer después gradualmente pese al incipiente transporte por carretera. La construcción de carreteras avanzó apreciablemente, aunque la longitud disponible en 1913 era muy reducida en términos internacionales. Desde 1882 se construyeron unos 24.000 kilómetros de nuevas carreteras del Estado, con lo que se alcanzó una red de unos 45.000 kilómetros. La inversión pública se debilitó a partir de 1885, debido al impacto de la crisis sobre la Hacienda. La difusión del automóvil fue muy lenta en comparación con los países europeos avanzados. Hasta 1913 sólo se habían matriculado algo menos de 75.000 vehícu­ los, la mayoría dedicados al transporte de mercancías. Más de la mitad del parque móvil estaba concentrado en tres provincias en esa fecha: Barcelona con 20.400, Valencia con 11.243 y Madrid con 9.760.

C u a d r o 7.15. F l o t a m e r c a n t e

Buques de vela

1881 1913

Número ( 1)

Tonelaje (2)

1.803 301

313,4 47 ,4

Total

Buques de vapor Número (1) 354 603

Tonelaje (2)

Número ( 1)

Tonelaje (2)

248,4 781,9

2.157 904

561,8 829,3

Notas: (1) Número de buques. (2) Miles de toneladas de registro bruto (TRB). F u e n t e : Gómez Mendoza (1989).

278

H IS T O R IA E C O N Ó M IC A DE ESPAÑA

C u a d ro 7 .1 6 . T r á f ic o

Alemania Gran Bretaña Francia F uente:

p o st a l in t e r io r : n ú m e r o de ca r t a s per c á pit a a l a ñ o

1880

1913

12,2 34,4 13,2

48,0 38,7 35,1

Italia España Portugal

1880

1913

3,9 4,0 3,0

9,2 7,7 5,6

Bahamondc (1993).

La flota mercante prácticamente completó su modernización, de la vela al vapor, que se había iniciado en la etapa anterior. Entre 1882 y 1913 el total de navios matriculados descendió a poco más de una tercera parte, pero su to­ nelaje total creció en cerca de un 60 por 100, sobre todo entre 1900 y 1913; en particular, a partir del apoyo de la ley de protección a las industrias y cons­ trucciones marítimas de 1909. Al cierre del período, la marina mercante espa­ ñola tenía casi el 95 por 100 de su tonelaje en barcos a vapor y ocupaba la undécima posición mundial. Las mayores empresas del sector eran, en 1913, las navieras Sota y Aznar, con buques que acumulaban 148.279 toneladas de registro bruto, y Transatlántica, que alcanzaba las 107.902. Los navieros de Bil­ bao sumaban 207 buques y 401.243 toneladas de registro bruto, mientras que las cifras de Barcelona, segundo puerto, ascendían a 83 buques y 176.853 toneladas de registro bruto. Las navieras vascas aprovecharon para expandirse el tráfico exportador de menas locales, pero también el comercio con América y el de cabotaje (véase el cuadro 7.15). El teléfono, como la electricidad, se introdujo en España en 1881, fecha muy temprana, por la Sociedad Española de Electricidad. Pero su desarrollo fue lento a causa de la baja renta per cápita y del caos legislativo y tecnológico que suscitó la intervención reguladora de los gobiernos central y locales. En 1914 tan sólo había 32.200 abonados; es decir, 0,2 aparatos por 100 habitan­ tes. Una sola empresa concesionaria, la Compañía Peninsular de Teléfonos, al­ canzó dimensiones razonables, con más de la mitad del total de abonados. Su fortaleza estaba en Barcelona y la densa red catalana, además de Bilbao-Vitoria y Madrid. En 1909 construyó la doble conexión con Francia, por Irún y Portbou, uniendo, por fin, la red del noreste peninsular con Europa. La modestia del consumo postal y la lentitud de su progresión en España (véase el cuadro 7.16) muestran la escasa modernización de la economía española en la víspera de la primera guerra mundial.

La nueva banca mixta En Cataluña, el período se inició con un auténtico boom bancario, conoci­ do con el nombre de la «febre d ’or». En efecto, en contraste con la atonía del decenio precedente, durante los últimos meses de 1881 y primeros días de 1882

C R IS IS y R E C U P E R A C IÓ N E C O N Ó M IC A EN LA R EST A U R A C IÓ N

279

fueron creados numerosos institutos financieros. El proceso estuvo concentra­ do en Barcelona, sede de la mayoría de las nuevas entidades, y tuvo un carác­ ter fuertemente especulativo, nada relacionado con la actividad industrial, que apenas demandaba créditos bancarios, pero sí descuentos comerciales. Desde el comienzo de 1882, a la vez que se hundía la Bolsa de París, los valores ban­ carios catalanes iniciaron una pendiente descendente, prolongada durante años, que motivó la desaparición de la mayoría de las nuevas instituciones. En el resto de la década, como también en la siguiente, los pocos bancos catalanes supervivientes, y también los de Madrid, registraron reducciones en casi todas las partidas del activo. En el País Vasco sucedió lo contrario. La estructura in­ dustrial de la región y las nuevas oportunidades de inversión, alrededor de la minería, la siderurgia, la metalurgia y la construcción naval, crearon un gran espacio para la intermediación financiera y, a la vez, propiciaron importantes volúmenes de ahorro. A partir de 1899, tuvo lugar una marcada renovación del sector bancario, al calor del aumento del ahorro privado y de las rentas y las inversiones empre­ sariales, así como de la repatriación de capitales tras la pérdida de las colo­ nias. Surgieron nuevas entidades, como Banco Hispano Americano (1900), Ban­ co de Comercio (1901), Banco de Vizcaya (1901), Banco Español de Crédito (1902) y Caja de Pensiones y de Ahorros de Barcelona (1904), la mayoría de las cuales desarrollaron una actuación propia de banca mixta, con mayor im­ plicación en la promoción y gestión de empresas, sobre todo en sectores como electricidad, siderometalurgia, azucareras, transportes, seguros y servicios urbanos.20

7.7.

L

a s r e l a c io n e s e x t e r io r e s

A pesar del retorno al proteccionismo, España no se aisló durante la época. El mito del aislamiento de la economía española desde la aprobación del aran­ cel de 1891 viene enteramente desmentido por los hechos. El comercio inter­ nacional de mercancías creció bastante más que la población o el PIB y las partidas de invisibles de la balanza de pagos parece que registraron notables incrementos. Las conexiones de la economía española con la economía inter­ nacional experimentaron una intensificación indudable.

El comercio internacional Los registros de la época y las estimaciones recientes muestran que el co­ mercio de exportación español aumentó más en el subperíodo 1895-1913 que en los trece años precedentes (véase el cuadro 7.17). El grado de apertura muestra que el modelo de desarrollo seguido por el país no puede ser califica­ do de cerrado. Dicha apertura de la economía fue sustancialmente mayor desde 1891, en plena vigencia de los aranceles proteccionistas (véase el cuadro 7.18),

280

H IS T O R IA E C O N Ó M IC A DE ESPAÑA

C u a d r o 7 .1 7 .

T a s a s d e c r e c im ie n t o d e l a s e x p o r t a c io n e s ( e n p o r c e n t a j e s )

1882-1895

1895-1913

C ifr a s o fic ia le s

0 ,4

2 ,2

U4

C i f r a s e s tim a d a s

1 ,4

3 ,0

2 ,3

F uente:

1882-1913

Estimación propia con datos de Tena (1989).

que antes. Los datos sobre el saldo de la balanza comercial son contradicto­ rios: mientras que las estimaciones recientes arrojan un superávit para casi la totalidad del período, los datos oficiales muestran déficit permanentes, lo que resulta más acorde con la pauta plurisecular del comercio exterior español.21 Las exportaciones de la agricultura especializada —mediterránea y cana­ ria— tuvieron una evolución muy expansiva, del mismo modo que la minería metálica. El proceso de industrialización europeo demandaba grandes cantida­ des de materias primas y alimentos y bebidas de mayor calidad. Francia y Gran Bretaña fueron los principales mercados de las exportaciones, entre las que se deben contabilizar, además de minerales, vino y aceite — con variaciones muy intensas en sus niveles— , naranjas, frutas y hortalizas. En las importacio­ nes, en cambio, alimentos y materias primas, como carbón o algodón, suponían un monto mucho menor que las manufacturas y bienes de equipo. La balanza comercial agraria fue siempre, y muy ampliamente, favorable, lo que contri­ buyó a financiar las compras exteriores estratégicas para el crecimiento. La composición del comercio de exportación traduce el bajo nivel de de­ sarrollo. Las ventas exteriores procedían de bienes en cuya producción el país disponía de ventajas comparativas absolutas, por razones de clima y dotación

C u a d r o 7 .1 8 .

E x p o r t a c io n e s , g r a d o d e a p e r t u r a y s a l d o d e l a b a l a n z a c o m e r c ia l

Exportaciones (millones de pesetas)

Grado de apertura *

Saldo comercial (millones de pesetas)

1882

7 6 7 ,8

1 5 ,2

6 0 ,5

1885

7 6 6 ,1

1 5 ,6

7 0 ,6

1890

8 7 6 ,3

2 0 ,7

3 1 ,5

1895

9 1 5 ,1

1 8 ,6

2 0 7 ,7

1900

1 .2 2 2 ,4

2 1 ,7

1 3 3 ,2

1905

1 .2 7 8 ,8

2 1 ,5

7 3 ,3

1910

1 .2 5 4 ,7

1 9 ,8

1 6 3 ,1

1913

1 .5 5 2 ,5

2 3 ,2

-2 8 ,3

* Porcentaje de la suma de importaciones y exportaciones en el PIB. Estimación propia con l o s datos de Prados ( 1 9 8 6 y 1 9 9 5 ) .

F uente:

C R IS IS Y R E C U P E R A C IÓ N E C O N Ó M IC A EN LA R EST A U R A C IÓ N

281

de recursos. Sin embargo, las exportaciones de tales productos se efectuaban sin procesamiento alguno, como pulpa de albaricoque o cítricos, y sólo en destino se transformaban en zumos, mermeladas o confituras. En aquellas pro­ ducciones en las que existían competidores importantes, como el vino y el aceite de oliva, los principales destinos fueron justamente Francia e Italia, países con excedentes, donde se empleaban en mezclas o eran directamente reexportados bajo marca propia, pese a que se lograron avances graduales en la apertura de mercados. Las exportaciones de manufacturados se apoyaron en los mercados colo­ niales, especialmente entre 1882 y 1898. De todos modos, la pérdida de las colonias no implicó la desaparición inmediata de estas ventas, a pesar del trato preferencial que recibieron en las islas los artículos norteamericanos. La ba­ lanza comercial española con Cuba se mantuvo muy favorable después de la independencia. Además, se incrementó la presencia comercial en nuevos mer­ cados de América Latina, en parte por la depreciación de la peseta y también por la influencia en las pautas de consumo de una numerosa inmigración espa­ ñola en aquellos países.

Rentas, transferencias e inversiones exteriores Las carencias tecnológicas prácticamente aseguraban la existencia de défi­ cit permanente en asistencia técnica o royalties. Además de la balanza tecno­ lógica, también la rúbrica relativa a las rentas de inversión tuvo que presentar grandes déficit anuales, a causa de los pagos motivados por el servicio de la deuda exterior en manos de no residentes y de los beneficios de las sociedades extranjeras, ferroviarias y mineras principalmente. Los beneficios por venta de mineral de hierro de Vizcaya entre 1876 y 1913, por ejemplo, se descomponen entre 313 millones de pesetas de beneficios autóctonos y 204 de beneficios extranjeros.22 La inversión extranjera directa pudo ascender en este período a más de 2.000 millones de pesetas, dedicadas en su inmensa mayoría a la constitución de sociedades. Francia se mantuvo, con mucha diferencia, como primer país in­ versor (véase el cuadro 7.19). España siguió recibiendo, por tanto, importantes volúmenes de inversión extranjera, si bien los destinos de la misma apuntan dos ciclos claramente diferenciados. La primera década parece haber conocido la culminación y, también, el fin del ciclo minero ante el agotamiento de las reservas y la madurez del sector. La segunda década dio comienzo a un nuevo ciclo de inversión extranjera, que tomó fuerza desde 1899, dirigido hacia las industrias eléctrica y química, así como a algunos sectores de los servicios como el transporte urbano, la banca y los seguros. Este tercer ciclo, tras el de los ferrocarriles y el de la minería, no llegó a alcanzar la magnitud de 1881-1890. La mayor novedad en el sector exterior fue la recepción de un grueso vo­ lumen de remesas y otras transferencias de emigrantes en el exterior, especial­ mente de Argentina, la Cuba independiente, Francia y México. Entre 1899 y

H IST O R IA E C O N Ó M IC A D E ESPAÑA

282

C uadro

7.19.

O

r i g e n d e i ,a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a

( e n MILLONES DE FRANCOS ANUALES)

1881-1890

¡891-1900

1901-1913

Francia Bélgica Gran Bretaña Alemania Otros

43,7 4,4 22,7 1,0

16,1 6,9 7,3 7,6 0,4

33,1 12,0 12,6 3,8 -

Total

71,8

38,3

61,5

-

F u e n t e : B ro d c r (1976).

1913 pudo ascender a unos 2.000 millones de pesetas, cantidad que duplicaba la inversión extranjera o los retornos desde las antiguas colonias en los mis­ mos años. Colaboraron a precipitar este flujo de envíos desde los países de acogida distintos factores. En primer lugar, la acumulación creciente de emi­ grantes en las áreas de destino desde 1882. En segundo lugar, la baja cotiza­ ción de la peseta y la perspectiva de apreciación tras el fin de las guerras, lo que constituía una oportunidad excepcional para situar con ventaja los ahorros en España. El tercer factor fue el traslado del ahorro de los españoles residen­ tes en las colonias — la llamada «repatriación de capitales»— con motivo de la inseguridad de la situación de preguerra y, más todavía, de posguerra. La ortodoxia de la política económica, en cuarto lugar, tras las reformas de Villaverde generó expectativas fundadas de estabilidad y crecimiento económico. Por último, en quinto lugar, los indultos del gobierno español en 1901 libera­ ron de toda sanción penal a los prófugos y desertores que durante varias déca­ das habían emigrado clandestinamente para eludir el servicio militar y, con ello, favorecieron su retorno. La importancia de las transferencias generadas por los emigrantes entre 1898 y 1913 no era algo excepcional en términos in­ ternacionales, puesto que Italia alcanzó a recibir un flujo quizá aún mayor en relación con el tamaño de su PIB en las mismas fechas. En cambio, la aplica­ ción de este gran aporte de recursos procedentes del exterior sí fue distinta. Mientras que en Italia sustentó un primer «milagro» económico, en España apenas sirvió para neutralizar el impacto negativo del despilfarro de recursos causado por las guerras coloniales.23

7.8.

C

o n c l u s ió n

:

u n a b r e c h a q u e se e n sa n c h a

El período se abre con la crisis financiera de 1882, que coincide con el arranque de una prolongada depresión agraria. A lo largo de esta etapa, la in­ dustrialización se difundió en la mayor parte de Europa al tiempo que las

C R IS IS Y R E C U P E R A C IÓ N E C O N Ó M I C A EN L A R EST A U R A C ÍÓ N

283

economías más desarrolladas consumaron una serie de transformaciones que integraban una «segunda revolución industrial». En términos comparativos, España avanzó muy lentamente. La población creció poco, a causa de los ele­ vados niveles de la mortalidad. Al tiempo, disminuyó la proporción de los ha­ bitantes de entre 15 y 64 años — población en edad de trabajar— y, aún más, la tasa de actividad. La alfabetización, aunque mejoró, se mantuvo muy baja y la formación especializada, prácticamente inexistente. La composición por sectores de actividad correspondía a una sociedad masivamente agraria. El cambio estructural del empleo, a favor de las actividades modernas, apenas se había iniciado en 1913. La producción total de bienes y servicios cayó durante la primera mitad del período, por causa de la crisis agraria, y creció entre 1895 y 1913, sin com­ pensar suficientemente el retroceso anterior. El balance global es de moderada expansión y de creciente retraso frente a la pauta europea. La actuación de las autoridades económicas se orientó en una dirección proteccionista, con la que se pretendía preservar un tejido productivo fuertemente dañado por la crisis agraria y sus efectos sobre el conjunto de la economía, y estabilizadora, ante las tensiones de todo orden causadas por la financiación de un Estado endeu­ dado por las guerras. El incremento de la inversión privada a partir de 1899 y de la capacidad de financiación exterior, gracias a los recursos procedentes de las colonias perdi­ das, de una inversión extranjera acrecentada y, principalmente, de las remesas y otras transferencias privadas de los emigrantes españoles en el exterior, se acompañó de un notable impulso de la agricultura intensiva, de algunos secto­ res industriales y de los transportes y la banca. Pero la recuperación fue lenta a causa de una muy baja inversión pública, fuertemente condicionada por las deudas de guerra, y de un consumo privado reducido, muy variable y poco ex­ pansivo. La inmensa mayoría de los españoles sobrevivía con dificultades en un me­ dio rural atrasado e ineficiente y conseguía niveles de renta per cápita muy ba­ jos. El sector agrario no alcanzó a generar un volumen de ahorro significativo ni a crear mercados de bienes de capital y de consumo amplios. La dotación de infraestructuras era deficiente y escasa y apenas mejoró a lo largo del perío­ do. El mediocre contexto de oportunidades económicas y la pobreza e ines­ tabilidad de los mercados resultaron, a su vez, en la debilidad del tejido pro­ ductivo y en la escasez de iniciativa empresarial. Todo ello se concretaba en la pobre calidad del patrón de crecimiento y, por lo mismo, en la incapacidad, no ya de acortar, sino ni siquiera de mantener las distancias con los países europeos avanzados, en lo que atiende a los niveles de bienestar de la población.

LECTURA RECOMENDADA Pedro Tedde Lorca ( 1999), «La economía española en torno al 98», en P. Tedde, ed., Economía y colonias en la España del 98, Madrid, Síntesis.

284

H IS T O R IA E C O N Ó M IC A D E ESPAÑA

ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA Para una presentación más amplia, en particular acerca del coste y del impacto de las guerras coloniales y de la evolución posterior de la economía española, véase Jordi Maluquer de Motes (1999), España en la crisis de 1898. De la Gran Depresión a la modernización económica del siglo xx, Barcelona, Península. Acerca del giro de la política económica, José María Serrano Sanz (1987), El vi­ raje proteccionista de la Restauración. La política comercial española, 1875-1895, Madrid, Siglo XXI. Sobre la crisis agraria, Ramón Garrabou y Josep Pujol (1988), «La crisis agraria española de finales del siglo xix: una etapa del desarrollo del capitalismo», en Garrabou, ed. (1988), La crisis agraria de fines del siglo XIX, Barcelona, Crítica. Las trans­ formaciones en la agricultura en D. Gallego Martínez (1986), «Transformaciones técni­ cas de la agricultura española en el primer tercio del siglo xx», en Garrabou, Barciela y Jiménez Blanco, eds. (1986), Historia agraria de la España contemporánea, 3: El fin de la agricultura tradicional (1900-1960), Barcelona, Crítica. Para la banca pri­ vada, P. Tedde de Lorca (1974), «La banca privada española durante la Restauración (1874-1913)», en P. Schwartz, ed. (1974), La banca española en la Restauración. I: Política y finanzas, Madrid, Banco de España.

8. EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS (1914-1936) F r a n c is c o C o m ín U niversidad de A lcalá

8 .1 . U n CONTEXTO POLÍTICO SIMILAR A EüROPA

En el período de entreguerras se sucedieron situaciones políticas muy dife­ rentes. A la crisis de la monarquía de la Restauración, que ya venía de antes de 1914, le siguió una dictadura, tras el golpe de Estado del general M. Primo de Rivera, en septiembre de 1923. Tras la dimisión del dictador, en enero de 1930, se inició un período de transición, en el que se formó el gobierno Berenguer (la llamada «dictablanda») y, después, en febrero de 1931, el gobierno del almirante Aznar, de apenas dos meses. Después de las elecciones municipales de abril de este año, ganadas en las ciudades por los partidos republicanos, Alfonso XIII abdicó y se formó el primer gobierno provisional de la Segunda República; en octubre, M. Azaña pasó a presidir el gobierno, de centro izquier­ da. En diciembre de 1933 las elecciones legislativas fueron ganadas por la de­ recha, y comenzó el segundo bienio (llamado «negro») de la República. La victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 radicalizó los gobiernos de izquierda. En julio de 1936 una sublevación militar desencadenó la guerra civil. La quiebra del régimen de la Restauración era ya perceptible en 1918. Las causas fueron el fraccionamiento de los partidos y el personalismo de los líde­ res, la intromisión del rey en el proceso político, el renovado protagonismo del ejército, la aparición de partidos ajenos al tumo — de signo socialista, regionalista y republicano— y la inestabilidad social agudizada por la primera guerra mundial. La crisis de aquella democracia parlamentaria no puede, empe­ ro, explicarse sólo por factores políticos. Aquél era un sistema político propio de una economía atrasada. El crecimiento económico del siglo xx minó sus bases sociales; adquirieron mayor relevancia las clases medias urbanas (más cultas, más democráticas, más secularizadas), los trabajadores y sus sindicatos,

H IS T O R IA E C O N Ó M IC A DE ESPAÑA

286

y con ellos los partidos de izquierdas y los regionalistas. Los desórdenes eco­ nómicos y las huelgas —originados por la coyuntura bélica y por el ejem­ plo de revoluciones exteriores— agravaron la crisis de aquel régimen político. La descomposición política y social en la posguerra mundial era tal que el golpe de Primo de Rivera apenas encontró resistencia. Después, la connivencia del rey con la dictadura convenció a la mayoría de los españoles — incluso a muchos monárquicos— de que la democracia era imposible sin la República. Consecuentemente, en 1931 la Segunda República llegó como la solución de­ mocrática al declive de la monarquía dictatorial. La fragilidad del segundo experimento republicano hundía sus raíces en las difíciles circunstancias co­ yunturales y en los desequilibrios estructurales y sociales, más que en la per­ sonalidad de los políticos —de derechas y de izquierdas— que se enfrentaron con aquella situación. Tampoco en lo político fue España una excepción en un contexto europeo en el que las crisis de las democracias parlamentarias, amenazadas por los ex­ tremismos de izquierdas y de derechas, allanaron el camino a los regímenes autoritarios y los frentes populares. Las trabas a la democratización no fueron privativas de España, aunque quizá sí fueron aquí más resistentes. Durante la Restauración, los regímenes políticos italiano, alemán o francés no eran muy distintos de la monarquía constitucional española. La dictadura de Primo de Rivera no fue un experimento extraño en la Europa de entreguerras, como tampoco lo seria la Segunda República. Pero más allá de los procesos polí­ ticos formales, España se retrasó en su modernización social; aspectos cru­ ciales como la laicización, la movilidad social y la educación generalizada se difundieron más lentamente, como consecuencia del atraso económico, pero también de los lastres sociales y el conservadurismo político. La neutralidad durante la primera guerra mundial impidió que se aplicaran las reformas eco­ nómicas que en otros países europeos contribuyeron a la cohesión social. Ese desfase en la modernización social explica que la cultura política de los espa­ ñoles adoleciera de poco democrática. Los movimientos políticos y sociales apelaban más a la demostración de fuerza que a las urnas, como demuestran el golpe de Primo de Rivera, las insurrecciones durante la Segunda República y el levantamiento militar de Franco. La ausencia de unas sólidas y amplias cla­ ses medias está, desde luego, en la base de esos comportamientos políticos.1

8.2.

C

o m p o r t a m ie n t o y e s t r u c t u r a d e l a e c o n o m ía e s pa ñ o l a

(1914-1936)

La economía española se comportó bien durante la guerra mundial y la déca­ da de 1920; en efecto, entre 1913 y 1929, el PIB por habitante pasó del 80,4 al 82,9 por 100 del correspondiente a Europa occidental; España creció en la fase 1913-1920, mientras que el PIB por habitante caía en Europa; en el subperíodo 1920-1929, la economía española creció menos que la europea (el 2,5 frente al 3,5 por 100). Después, en la crisis de la década de 1930, el PIB por habitante español retrocedió hasta el 73,7 por 100 en 1933. En el conjunto del

F,L P E R ÍO D O D E E N T R E Ü U E R R A S

287

período, por tanto, España perdió terreno frente a Europa en términos de PIB. No obstante, si analizamos los índices de desarrollo humano, que junto al PIB per cápita incluyen variables sociales como la educación y la esperanza de vida, entonces las cosas marcharon mejor para España, cuyo nivel pasó, entre 1913 y 1933, del 76,3 al 84,7 por 100 de la media de Europa occidental. Nues­ tro país, en efecto, avanzó considerablemente en estos indicadores entre 1913 y 1933: la esperanza de vida aumentó de 41,7 a 50 años; la alfabetización me­ joró del 52 al 74,9 por 100, y la eseolarización del 27,5 al 37,4 por 100.2 Los ciclos de la economía española coincidieron con los europeos, aunque con diferente intensidad sectorial; en el corto plazo, estuvieron marcados por las cosechas, y en el largo plazo, por la coyuntura internacional. Como en el resto de Europa, la economía española del período de entreguerras operó en un contexto caracterizado por la acentuación del intervencionismo, el corporativismo y el proteccionismo exterior. En la posguerra mundial, la demanda de consumo fue insuficiente y la industria española se vio amenazada por la so­ breproducción; de ahí que los empresarios apoyaran la cartelización oficial propuesta por la dictadura de Primo de Rivera; al igual que hicieron algunos sindicatos como la UGT, de filiación socialista. También en los años treinta la demanda agregada fue inferior a las posibilidades de producción, y los gobier­ nos republicanos plantearon otras medidas intervencionistas y proteccionistas. Asimismo, igual que en Europa, la política económica española puso en cues­ tión el sistema liberal y de mercado, tanto bajo la dictadura de Primo de Rivera como en la República. Por tanto, se distinguen dos ciclos, que coinciden con los europeos. El pri­ mero fue el ciclo bélico, con la fase alcista de 1913-1920 (salvo en los países beligerantes), cuando España conoció una coyuntura excepcional que alentó un notable crecimiento económico, seguida de una fase de estancamiento en 1921-1923. El segundo ciclo comenzó con el notable crecimiento económico entre 1924 y 1930, y finalizó en la moderada crisis de 1931-1934, que duró poco, pues ya en 1934 y 1935 se apreció una recuperación económica. Vea­ mos estos ciclos.

Una prosp erid a d engañosa durante e l ciclo d e la guerra m undial

Entre 1914 y 1920, afloró en España, como en todos los países neutrales, una prosperidad en los negocios relacionados con el exterior; cuando finalizó la conflagración, la economía española volvió a evidenciar sus ineficacias y problemas tradicionales, pero acrecentados por los desajustes en la produc­ ción, en los transportes y en la distribución de la renta generados por la guerra mundial. Sin participar en la misma, la actividad económica se vio seriamente afectada. Como país neutral, España se benefició de una protección coyuntural de la competencia internacional y de la pujante demanda exterior. Este es uno de los escasos períodos en que la balanza comercial y de servicios presentó un superávit (que pasó del 1,1 al 6,5 por 100 del PIB entre 1914 y 1919), que per-

288

H IS T O R IA E C O N Ó M IC A D E ESPAÑA

G r á f ic o

8.1. PIB

co • C O C O 0 3 0 3 0 3 0 5 0 ) 0 3 0 ) 0 3 0 0 ) 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 5 0 5 0 3 0 3

PIBcf

Fuente;

Prados d e

y pr o d u c t o a g r a r io

la

Agricultura, silvicultura y pesca

Escosura ( 2 0 0 2 ) .

mitió la nacionalización de activos españoles en manos de extranjeros (la deu­ da exterior y las acciones de ciertas compañías, como las ferroviarias y mine­ ras) y una acumulación de reservas de oro y divisas. Las empresas españolas favorecidas por la coyuntura extraordinaria tuvie­ ron altos beneficios, pero apenas invirtieron; entre 1915 y 1919 la formación bruta de capital fijo creció en términos monetarios, pero su participación en el PIB se estancó en el 7,4 por 100. En términos reales, disminuyó tanto la inver­ sión pública como la privada. No ocurrió, por tanto, la industrialización por sustitución de importaciones; bien es cierto que la producción de maquinaria y de material de transporte creció, pero partía de niveles muy bajos. Contraria­ mente, las empresas exportadoras pasaron por serias dificultades, debido a la perturbación de los mercados internacionales. Las abundantes sociedades anóni­ mas constituidas entre 1916 y 1920, al calor del auge en los negocios, son un indicador engañoso de una fase alcista un tanto decepcionante. Entre 1914 y 1920 el PIB per cápita apenas creció al 0,6 por 100 anual. En términos reales, aumentó la producción de la agricultura y de los servicios, pero cayó la produc­ ción industrial y, sobre todo, la construcción (véanse los gráficos 8.1 y 8.2). Ante la rigidez de la oferta, el aumento extraordinario de la demanda exte­ rior de alimentos y productos básicos generó un fuerte proceso inflacionista; el

EL PERÍODO D E E N T R E G U E R R A S G rá fic o

289

8.2 . P r o d u c c i ó n d e l a i n d u s t r i a , c o n s t r u c c i ó n y s e r v i c i o s ( í n d i c e s r e a l e s ; 1 9 2 9 = 10 0 )

—

F uen te:

Industria

—-#— Construcción y Obras Públicas

— ,¡

Servicios

Prados de la Escosura (2002).

deflactor del PIB casi se dobló entre 1915 y 1920, como muestra el gráfico 8.3. Se planteó el problema de las subsistencias y el gobierno intentó controlar las exportaciones y los precios para que el mercado interior no quedase desabas­ tecido. El Ministerio de Abastecimientos fracasó, y la escasez y la inflación provocaron huelgas y conflictos sociales: en mayo de 1916, se planteó la pri­ mera penuria grave de alimentos y en julio se realizó una huelga general; en agosto de 1917, hubo otra huelga general revolucionaria en toda España y la conflictividad siguió en los años siguientes. Todo ello trajo consigo aumentos de los salarios entre 1917 y 1920 (véase el gráfico 8.3). Como España no par­ ticipó en la guerra, no se intervinieron las industrias, pero se creó una comi­ sión para preparar la movilización de las empresas privadas, por si España se veía involucrada en el conflicto. Tras la paz de Versalles, la economía española volvió a sufrir la competen­ cia exterior. No hubo, empero, una profunda crisis global; el PIB real no cayó, ni en 1921, por la deflación de precios de estos años. La producción agraria sí que se redujo en 1921 y 1923, mientras que la industrial se estancó hasta 1924; pero el buen comportamiento de la construcción y los servicios compensó esas crisis sectoriales. En 1920 volvió el déficit en la balanza comercial (2,6 por 100 del PIB). La sobreproducción industrial y agraria en la economía mundial

290

H IS T O R IA E C O N Ó M IC A D E ESPAÑA

Salarios reales en la industria

— m— Beneficios reales

Precios

F u e n t e : Maluquer de Motes (1989).

empeoró la situación de las empresas españolas, cuyas instalaciones y maqui­ naria adolecían de una obsolescencia técnica, por la ausencia de inversiones, y física, por la sobreutilización durante el período bélico. Además, los fuertes aumentos de l o s costes, entre ellos l o s salariales (por e l alza de salarios y la jornada de ocho horas), impedían a las empresas españolas ser competitivas, incluso en el interior del país. Esto implicó el notable aumento de las importaciones en 1919 y 1920 (has­ ta un 13,3 por 100 del PIB). No hay que extrañarse, por tanto, de que se apro­ base el arancel Cambó en 1922. No obstante, ese mismo año se aprobó una ley de autorizaciones para celebrar tratados comerciales, y a los países que los fir­ maron se les aplicó la columna segunda del arancel, que era menos proteccio­ nista que la primera, de aplicación general. Los tratados explican la notable recuperación de las importaciones en 1923 y 1924. Aunque no tanto, también se recuperaron las exportaciones, que habían descendido del 14,7 al 6,0 por 100 del PIB entre 1919 y 1922. Como veremos, la minería metálica comenzó a perder mercados exteriores, mientras que la minería del carbón se convirtió en el sector extractivo principal, gracias a la protección del Estado; tras la guerra, los productos de la agricultura mediterránea se convirtieron en la principal mercancía de exportación. La superproducción generó preocupación entre los empresarios, acrecentada por los conflictos sociales de la posguerra; particularmente en las zonas más

EL P E R ÍO D O D E E N T R E G U E R R A S

291

industriales, como Cataluña, donde en marzo de 1919 hubo una huelga gene­ ral, seguida en agosto por un cierre patronal. Esta eonflietividad social, exten­ dida por todo el país, generó inestabilidad política y avances en la legislación social, como la implantación de la jomada de ocho horas en octubre de 1919, y la creación del Ministerio de Trabajo en 1920. La otra cara de la moneda fue la represión política, como la ilegalización de la CNT en 1920. La inestabili­ dad social pervivió en los años siguientes; otra huelga general en la minería vizcaína, en 1922, se complicó con asesinatos significativos en 1923, Toda esta agitación social inhibió la actividad económica y preparó el ambiente para el golpe militar de Primo de Rivera.

El ciclo económico y político (1924-1936) El crecimiento económico entre 1924 y 1930 fue rápido, pues el PIB per cápita aumentó al 2,5 por 100 anual, impulsado por la demanda de inversión. Los sectores que más influyeron fueron la industria junto a la construcción y, en menor medida, los servicios; la agricultura, que ya venía creciendo desde 1914, contribuyó menos. La década de 1920 no escapó a los altibajos anuales provocados por el ciclo agrario, que seguía marcando la evolución del PIB; las

G r á f i c o 8 .4 . I n v e r s i ó n

p r iv a d a y p ú b l i c a

Fuente; Prados de la Escosura (2002).

(I n d i c e s

c u á n t ic o s ;

1913 = 100)

292

H IS T O R IA E C O N Ó M IC A DE ESPAÑA

G r á f i c o 8 .5 . C o m p o n e n t e s d e l a f o r m a c i ó n b r u t a

df

c a p i t a l fijo (F B C F )

(en p o r c e n ta je s )

Maquinaria y equipo — Mí— Otras construcciones

f

Material transportes Viviendas

F uf.ntp .: Prados de la Escosura (2002).

buenas cosechas de 1925, 1926 y 1927 impulsaron la demanda de consumo y de inversión. La producción industrial, por su parte, pautó el ciclo a medio plazo. Desde el lado de la demanda, el consumo privado cayó del 82,5 al 75,7 por 100 del PIB entre 1923 y 1930; el consumo público disminuyó aún más. La inversión en capital fijo fue, sin duda alguna, el elemento más dinámico del período: su participación en el PIB pasó del 8,2 al 16,7 por 100. Crecieron tanto la inversión pública como la privada; pero aquélla lo hizo antes y con mayor intensidad, gracias a las grandes inversiones del presupuesto extraordi­ nario de obras públicas, puesto en marcha en 1926, y los gastos de las cajas especiales —entre las que destacaron la ferroviaria, las confederaciones hidro­ gráficas y los firmes especiales. Sectorialmente, la inversión aumentó más en la construcción, tanto en viviendas como en obra pública; también destacó la adquisición de maquinaria (véanse los gráficos 8.4 y 8.5). La balanza de mercancías y servicios fue deficitaria entre 1923 y 1930; no obstante, el déficit comercial se redujo hasta 1926 por la notable caída de las importaciones (que habían sido altas en 1923 y 1924) y el moderado aumento de las exportaciones. Después de 1926 las importaciones volvieron a aumen­ tar hasta el máximo de 1929, incrementando de nuevo el déficit comercial con el exterior. Alguna sustitución de importaciones debió de lograrse hasta 1926,

EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS G r á h c o 8.6. C o m e r c i o

e x t e r io r

Exportaciones

F uente:

( en

p o r c e n t a je s d el

— m— Importaciones

293

P IB )

Saldo comercia)

Prados de la Escosura (2002).

cuando el déficit comercial sólo fue del 0,6 por 100 del PIB. El auge posterior a esa fecha —y la evolución de la divisa— llevó el desequilibrio exterior al 2,9 por 100 del PIB en 1929 (véase el gráfico 8.6). No parece que, dados esos valores del déficit comercial, el sector exterior fuese una restricción al creci­ miento económico durante los años veinte. Sobre todo, considerando el aumen­ to de la inversión extranjera, todavía por cuantificar. Este crecimiento de los años veinte se logró sin ninguna tensión inflacionista, como puede verse en el gráfico 8.3. El proteccionismo y el intervencionismo contribuyeron, aparentemente, a favorecer el crecimiento económico y el desarrollo de la empresa industrial moderna en España, durante los anos veinte. Pero fueron más importantes los fondos acumulados durante la primera guerra mundial, y otros factores como las ayudas del Estado, la favorable coyuntura internacional, la expansión del comercio exterior y las inversiones extranjeras. Asimismo, en el aumento de la inversión privada durante los años veinte fue determinante la pacificación so­ cial impuesta por la fuerza y la represión durante la dictadura. El directorio militar (que era el primer gobierno de Primo integrado sólo por militares) im­ puso la censura previa, disolvió las Cortes, y reprimió a los sindicalistas de la CNT (el PSOE y la UGT no ofrecieron resistencias); se persiguió a los repre­ sentantes de la «vieja política», es decir, a los parlamentarios de la última fase

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H IST O R IA E C O N Ó M IC A D E ESPAÑA

de la Restauración. Hasta mayo de 1925 no se levantó el estado de guerra, y en diciembre de ese año el dictador nombró el directorio civil, incorporando civiles al gobierno. Primo de Rivera controló la situación política hasta 1929, pues no hubo conflictos abiertos salvo algunos intentos de sublevación. En 1929 ya hubo conatos de huelga general y una sublevación militar fracasada. Ante la pérdida de apoyo, Primo dimitió en enero de 1930. Fue este un año de incertidumbre, por las manifestaciones y sublevaciones antimonárquicas, y de cambio en la política económica. La Segunda República coincidió con la crisis internacional de los años trein­ ta. En España se presentó tarde; hasta 1931 no cayó el PIB a precios corrien­ tes; aunque en pesetas constantes, la crisis habría que adelantarla un año. La crisis fue leve y corta, pues sólo duró hasta 1933, pues en 1934 ya se había recuperado el nivel de 1930. En esto influyeron las buenas cosechas de 1932 y 1934, y el crecimiento del sector servicios. El error Argíielles —que es como se conoce a la paralización de la política expansiva de gasto en 1930— reper­ cutió negativamente sobre algunos sectores, pero apenas afectó al PIB. Más que por el cambio de política fiscal, la crisis se explica por la caída de la in­ versión y de las exportaciones de mercancías: la formación bruta de capital fijo (FBCF) disminuyó del 16,7 al 11,8 por 100 del PTB en 1931, con respecto al año anterior; en ese nivel permaneció hasta el inicio de la guerra civil. Los componentes de la inversión que más cayeron fueron la construcción de vi­ viendas y la adquisición de material de transporte. La inversión en obra pública y en maquinaria descendió menos. La inversión pública cayó bruscamente en 1930, por el error Argüelles, aunque el presupuesto extraordinario de 1926 ya había sido paralizado por el propio ministro que lo había puesto en marcha, José Calvo Sotelo. Pero con la República, la inversión pública creció intensa­ mente, hasta el descenso de 1935. Por el contrario, la inversión privada cayó fuertemente en 1931 y 1932, y luego se estancó. Por su parte, las exportacio­ nes se redujeron del 7,5 al 4 por 100 del PIB entre 1931 y 1935, y ya no se recuperaron. El notable descenso de las importaciones entre 1929 y 1931 casi logró el equilibrio comercial exterior, pero luego, aunque las importaciones si­ guieron cayendo (salvo en 1932), el déficit exterior aumentó al ser aún mayor la caída de las exportaciones. Las demandas de consumo privado y público impidieron que la crisis de los treinta fuera más intensa en España. El consu­ mo privado aumentó del 75,7 al 85,5 por 100 del PIB entre 1930 y 1932; por su parte, el consumo público aumentó del 9,7 al 11,7 por 100 del PIB entre 1931 y 1933. Durante el primer bienio republicano, el descenso de la inversión privada estuvo determinado por la conflictividad social y las desfavorables expectati­ vas de los empresarios, pues se promulgó una legislación que aumentaba los costes salariales (subidas de salarios y política social), ponía en cuestión la propiedad agraria, y amenazaba con el control obrero de las fábricas. Con la proclamación de la República, la inseguridad jurídica fue un problema para los negocios. En mayo de 1931 se quemaron conventos en Madrid; se aproba­ ron medidas para evitar la fuga de capitales; y se mataron guardias civiles, en

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diciembre, en Castilblanco. Las sublevaciones anarquistas y las huelgas revo­ lucionarias se agravaron en 1932; se enconó el problema religioso (disolución de la Compañía de Jesús, retirada de crucifijos de las escuelas) y el autonómi­ co: en el tiempo transcurrido entre el apoyo por los alcaldes a un nuevo Esta­ tuto para el País Vasco y la aprobación del Estatuto de Cataluña, tuvo lugar el pronunciamiento fracasado del general Sanjurjo (agosto de 1932); a finales de año, se aprobaron la reforma agraria y el impuesto sobre la renta. El año de 1933 comenzó con la matanza de Casas Viejas, y en abril, la ley de congre­ gaciones religiosas apartó a la Iglesia de la enseñanza. Tras el triunfo de las derechas, que reformaron las reformas del primer bienio, la conflictividad se agravó en 1934. En abril comenzó la huelga de campesinos, y en octubre se con­ vocó una huelga general, que desembocó en una sublevación en Barcelona y Asturias, de manera que el gobierno decretó el estado de guerra y suspendió el Estatuto de Cataluña. La represión que siguió sofocó los conflictos sociales hasta el triunfo electoral del Frente Popular, en febrero de 1936. Como habían hecho las derechas en 1934, el Frente Popular también concedió una amnistía política, además de otra laboral, para la readmisión de los obreros despedidos en la huelga de octubre de 1934. Comenzaron las ocupaciones de tierras en Badajoz y los actos de violencia. La sociedad española se había polarizado en dos bandos. Las tensiones que generó ese enfrentamiento explican la suble­ vación del general Franco en 1936.3

La estructura sectorial de la economía A pesar de los innegables avances, la modernización de la población, la so­ ciedad y la economía españolas aún no se había logrado cuando estalló la guerra civil en 1936. En el período de entreguerras, España era un país en transición demográfica. Entre 1914 y 1935, las tasas brutas (por 1.000 habi­ tantes) evolucionaron así: la de natalidad cayó de 29,8 a 25,7; la de mortalidad disminuyó de 22,1 a 15,7; consecuentemente, el crecimiento natural de la población aumentó de 7,7 a 10,0; también descendió la mortalidad infantil de 151,8 a 109,4. El avance es claro, pero las cifras todavía nos muestran un régi­ men poblacional atrasado, que no ha completado la transición demográfica. El movimiento migratorio exterior (transoceánico) tuvo signo negativo entre 1916 y 1930, salvo en 1918 y 1921; durante la República, por el contrario, la inmi­ gración neta fue alta, aunque decreciente; la explicación está en la crisis in­ ternacional y en las expectativas creadas por el régimen republicano entre los trabajadores del exterior. En 1930 la tasa de actividad (población activa/pobla­ ción total) seguía estando en el 36,6 por 100, siendo destacable la baja tasa de actividad de las mujeres (sólo el 9,1 por 100). La población agraria descen­ dió del 66 al 45,5 por 100 de la población activa entre 1900 y 1930. Los economistas de la época estimaron que, entre 1923 y 1935, la produc­ ción agraria cayó del 51 al 40 por 100 del PIB, la industrial aumentó del 30 al 34 por 100, y los servicios pasaron del 10 al 26 por 100. Es decir, que todavía

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H IS T O R IA E C O N Ó M IC A D E ESPA Ñ A

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Otros gastos Vestido y otros artículos personales

Vivienda , Alimentación

F u e n t e : P ra d o s d e la E sco su ra (2002).

en la Segunda República, la población y la producción agrarias seguían siendo fundamentales. Los ciclos agrarios marcaban la evolución de la economía en su conjunto. Así lo expresaba Antonio Flores de Lemus: «La coyuntura espa­ ñola en lo que tiene de específicamente español, irradia en los campos». Esa dimensión de la agricultura y de las industrias agroalimentarias es corroborada por la magnitud del consumo de alimentos, que cayó del 47,8 el 44 por 100 del PIB entre 1923 y 1935. Los gastos en vestido y vivienda seguían en importan­ cia, pero a mucha distancia. Si a esos tres componentes se añade el gasto en bienes de consumo duradero, quedaba muy poco margen para los servicios (véase el gráfico 8.7).4 Respecto al sector servicios (sobre el que apenas sabemos nada), cabe de­ cir que cuatro de ellos significaban entre el 76 y el 68 por 100 del valor añadi­ do del sector (según datos para 1914 y 1935). Se trataba del comercio, la vi­ vienda, la administración pública y el transporte. Los servicios profesionales son los que más progresaron en este período. La hostelería se desarrolló en la década de 1920 y sufrió intensamente la crisis de los treinta (véase el gráfi­ co 8.8). El sector financiero también ganó importancia, como veremos. En cuanto a la estructura de los precios, los distintos sectores marcaron unos mismos ciclos a medio plazo, pues todos evolucionaron como el deflac-

EL P E R Í O D O DE E N T R E G U E R R A S

. . Oíros servicios ¡i, Vivienda

— Profesionales — ■ —. Comercio

„— Hostelería — 4 — Transporte

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— ^— Administración pública

FuENTt: Prados de la Escosura (2002).

tor del PIB. Lo más destaeable fue que el nivel de los precios agrarios era bas­ tante inferior a los precios industriales y del sector servicios.

8.3.

L as

m o d e r a d a s t r a n s f o r m a c io n e s d e l se c t o r a g r a r io

Producción y productividad De los avances de la agricultura tenemos los indicios siguientes. En primer lugar, crecieron la superficie cultivada y el valor de producción; entre 1900 y 1931 la producción agraria creció a una tasa anual comprendida entre el 1,1 y el 1,4 por 100, mientras que la población sólo lo hacía al 0,8 por 100. Du­ rante la primera guerra mundial y la Segunda República, el producto agrario aumentó por encima del PIB; por el contrario, en los años veinte, la agricultura progresó menos. En esta década, la industria y los servicios tiraron de la eco­ nomía. El índice de la producción agraria muestra que las variaciones anuales de la cosecha eran muy amplias, por la evolución del clima, y marcaban los ciclos del PIB. No en vano, la agricultura era el mayor sector.

298

HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

En segundo lugar, cambió la estructura del producto agrario, pues se exten­ dieron más los cultivos leñosos (viñedo, olivar, almendro, algarrobo) e inten­ sivos (frutales, cultivos de huerta, plantas industriales) que el resto; la super­ ficie dedicada a cereales y leguminosas se redujo (del 79 al 75 por 100 de la superficie agraria, entre 1901 y 1931), por el avance de aquellos cultivos más intensivos. El peso de los cereales se explica por el entorno natural de la España seca. En 1931 la producción de cereales era el 40 por 100 de la agraria, muy parecida a la de principios de siglo; si se restan los reempleos, la producción final de cereales era del 30 por 100. Hubo además una reasignación de la pro­ ducción de los cereales, desde los panifieables hacia los piensos. Ello obede­ cía al ligero aumento de la producción ganadera (pasó del 27 al 30 por 100 del producto final agrario), que se desplazó a favor de las especies productoras de carne y leche, y del ganado mular, por la mayor utilización del trabajo ani­ mal. Esos cambios en la estructura productiva fueron originados por el aumento de la demanda urbana (derivada de la urbanización) y de la demanda exterior. En tercer lugar, la agricultura abasteció el mercado interior y volvió a ser el principal proveedor de divisas. El mercado nacional fue el impulsor del de­ sarrollo agrario; los productos comercializados en el interior crecieron más que la producción agraria. Pero el sector primario estuvo más abierto al exte­ rior que los demás sectores. Los artículos agrarios se convirtieron, desde 1914, en el principal renglón de exportación, de manera que, en 1931, sólo la naran­ ja y la almendra representaban el 23 por 100 de las exportaciones totales, y el vino y el aceite, el 21 por 100. Las importaciones de trigo, tan frecuentes has­ ta 1922, fueron entonces prohibidas, por lo que desaparecieron de la balanza comercial, salvo en 1928, 1929 y 1932, cuando fueron autorizadas por la pre­ visión de malas cosechas; sólo la primera vez acertaron los gobiernos, pues en los otros dos años las cosechas fueron excelentes. El superávit de la balanza agraria fue el principal soporte de la financiación exterior de la economía española. Esto reflejaba la competitividad exterior de los productos agrarios mediterráneos. El proteccionismo, vigente desde el siglo xix, afectó a la redis­ tribución de la renta — entre productores y consumidores de productos agra­ rios— y al mantenimiento de los campesinos en el sector, pero no tanto a la reasignación de la superficie agraria, dadas las escasas alternativas técnicas ofrecidas por las tierras de secano, que sólo podían dedicarse a pastos, cerea­ les, viñedos y olivares. La protección sí que contribuyó a la expansión de la agroindustria y de los cultivos suministradores (azúcares, alcoholes, harinas, aceites vegetales, y carnes y pescados para conservas y congelados); éste fue unos de los sectores que mayores transformaciones productivas y tecnológicas introdujo en el medio rural. En cualquier caso, la crisis de los años treinta consolidó la introversión de la agricultura española.5 En cuarto lugar, la productividad de la tierra y de los trabajadores agrarios creció gracias al mejor aprovechamiento del medio natural, que no ofrecía muchas posibilidades en las tierras de secano. El crecimiento anual de la pro­ ductividad del trabajo en la agricultura se situó entre el 1,5 y el 1,9 por 100. Estos avances nacían de una organización más eficiente de la producción agra-

En n ú m e r o s

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F u e n t e : D. Gallego (1993), «Pautas regionales del cambio técnico en el sector agrario español (1900-1930), Economía, 2, apéndice 6.

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8.2.

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F u e n t e : D. Gallego (1993), «Pautas regionales del cambio técnico en el sector agrario español (1900-1930), Economía, 2, apéndice 6 .

Mapa

EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS

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ria, la introducción de los abonos artificiales, la adopción de nuevos aperos, de sistemas de riego y de maquinaria moderna, y, también, de la emigración de cier­ tos excedentes de mano de obra (con una productividad muy baja) del campo a la ciudad y, en menor medida, al extranjero. La distribución geográfica del progreso técnico fue muy desigual (véanse los mapas 8.1 y 8.2); en conse­ cuencia, regionalmente, variaron mucho los rendimientos por hectárea (mayo­ res en la periferia que en el interior) y por trabajador (mayores en el norte que en el sur), que dependían mucho de las condiciones ambientales y del uso del suelo, en el primer caso, y de factores sociales e institucionales (la propiedad), en el segundo. En los años 1929-1933, la producción por hectárea en el norte cuadruplicaba la del interior, y la producción por empleado en el norte casi duplicaba la de Andalucía.6 El uso de abonos artificiales (químicos y minerales) explica las nuevas ro­ turaciones practicadas, a costa de eriales y barbechos; esto supuso una reduc­ ción de pastizales, que fue suplida por la mayor producción de cereales pienso. Esos abonos, empero, se utilizaron más intensamente en los nuevos cultivos de regadío. Las otras innovaciones técnicas —mecanización, semillas, etc.— fueron modestas comparadas con las de la década de 1960, aunque resultan relevantes si se cotejan con el menor avance técnico del siglo xix. Los factores que favorecieron el progreso técnico fueron el proteccionismo, las mejoras en los transportes, la urbanización y la industrialización de algunas zonas, el aumento de los costes laborales, el crecimiento de los precios relativos de cier­ tos productos intensivos, el descenso del precio de los inputs externos, y el fo­ mento del Estado. La mecanización (segadoras, trilladoras y tractores) avanzó significativamente en las décadas de 1920 y 1930, con el objetivo de discipli­ nar, más que de sustituir, a la mano de obra, dada la conflictividad del campo. La adopción de motores de bombeo (eléctricos y de explosión) para captación de aguas, más que las grandes obras públicas, permitió la extensión del rega­ dío. No obstante, la energía animal aún suponía el 95 por 100 de las disponibi­ lidades energéticas de la agricultura española. En suma, la mecanización no se retrasó apreciablemente en España con respecto a una Europa (si se exceptúan Inglaterra y Prusia) que encontró serias dificultades para la mecanización agraria a gran escala entre 1917 y 1936, debido a la hostilidad de los jornale­ ros. La abundancia de mano de obra, los altos aranceles, los minifundios, y el bajo capital humano fueron obstáculos para la mecanización. Con todo, la im­ portación de maquinaria (motocultivos, segadoras y trilladoras) aumentó entre 1925 y 1929, pero luego cayó drásticamente hasta 1932, sin apenas recuperar­ se después; esto tuvo que ver con la crisis económica y con la legislación la­ boral en el campo. También se difundieron las innovaciones biológicas: el uso de anticriptogámicos (azufre y sulfato de cobre), la incorporación de nuevas razas ganaderas y la reorganización de la producción de leche y carnc; la inno­ vación de semillas autóctonas y la importación de semillas extranjeras, y el mayor cuidado de los cultivos. Todo ello permitió, entre 1905 y 1935, duplicar los rendimientos de cultivos tales como las patatas, los nabos, el maíz, el trigo y el centeno.

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HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

Así pues, las mejoras de la productividad en la agricultura española no fue­ ron excelentes, pero sí acordes con las características del medio natural y con una economía en la que el desarrollo de los demás sectores era también mode­ rado. No se puede culpar a la agricultura de ser un freno a la industrialización en este período. Ni es cierta la argumentación inversa, pues el atraso español tampoco se puede explicar únicamente por el adverso medio ambiente y por el escaso desarrollo de la industria. El hecho es que, junto a las restricciones am­ bientales, hubo obstáculos de tipo social en el mundo rural que impidieron alcanzar el crecimiento potencial, dados el medio natural y la tecnología dis­ ponibles. Estos obstáculos eran más evidentes en las zonas más polarizadas socialmente, y sin unas clases medias que cohesionaran la economía y la po­ lítica, como era la España del sur. En el período de entreguerras, empero, el lastre de la agricultura sobre el crecimiento económico se diluyó parcial­ mente. La demanda urbana adquirió mayor peso, restando relevancia a la demanda rural, que también aumentó, tanto la de consumo como la de inver­ sión. En este caso, la demanda de abonos y maquinaria favoreció el desarrollo de la industria nacional, además de permitir un aumento de la productividad, limando las restricciones impuestas en el siglo X IX por la escasez de agua y de nutrientes.

La reforma agraria de la Segunda República La reforma agraria de 1932 fue una de las políticas estructurales que más pasiones y tensiones levantó durante la Segunda República: tanto o más que la reforma religiosa, la regional, la laboral, la militar o la tributaria. Todas juntas, llegaron a ser explosivas. A la reforma agraria se le hizo responsable de la guerra civil y de haber defraudado a los obreros y campesinos. Su historia debe entenderse en el contexto de un régimen republicano que trataba de asen­ tarse en un clima de reacción —desde la izquierda y la derecha— e inestabili­ dad política, y que había creado unas grandes expectativas entre los jornaleros y los campesinos. Había un gobierno reformista dispuesto a acabar con los obs­ táculos al crecimiento económico y a lograr la estabilidad social. El país, ade­ más, se enfrentaba a una situación de crisis económica — española e interna­ cional— en la que el desempleo era más estructural y agrario que coyuntural e industrial. La inestabilidad social del régimen republicano era alarmante, por­ que los trabajadores tenían mayores posibilidades de presión - las frecuentes huelgas— y de negociación — desde unos ministros de Trabajo o de Hacienda socialistas hasta una legislación favorable— , y porque propietarios y empresa­ rios no tardaron en mirar con mucho recelo las reformas republicanas, y en oponerse a ellas con todo tipo de medios. En estas condiciones, la reforma agraria no se planteó sólo como una cuestión ideológica (el agrarismo de iz­ quierdas y centro) y política (ganar adeptos al régimen republicano y reducir la conflictividad en el campo), que sin duda lo era, sino también como un ins­ trumento económico, para lograr un incremento de la productividad y de la

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eficiencia económica, así como también una mayor equidad a través de la redistribución de la riqueza; es decir, de la renta de la tierra. Siendo la cuestión de la eficiencia importante, el detonante de la reforma fue la inestabilidad política: las huelgas y las invasiones de fincas eran fre­ cuentes y violentas; y, según Manuel Azaña (1997), la agitación no era obra de comunistas — como decía la propaganda de derechas— , sino de campesinos hambrientos. Evidentemente, el gobierno no quería limitarse a controlar las ocupaciones a tiros, sino introduciendo mejoras sociales. El gobierno Azaña se encontraba ante un problema de discrepancia entre la eficiencia privada y la social de la propiedad agraria. La distinción entre la ganancia de eficiencia - —aparentemente incierta— y la mejora en la distribución de riqueza —que era obvia— no era tan nítida como presuponen los historiadores que cuestio­ nan la oportunidad y las posibilidades de la reforma agraria en un contexto de atraso económico. Los economistas y los ingenieros que prepararon el proyec­ to conocían bien las restricciones ambientales en la agricultura española, pero también los condicionantes sociales derivados de la estructura de la propiedad. Los latifundistas buscaban maximizar los beneficios de su explotación, y mu­ chos lo lograban; pero eso no maximizaba el bienestar social, que era el ob­ jetivo que perseguían los políticos y los reformadores sociales. El extendido paro agrario estructural justificaba, por sí solo, una reforma encaminada a reducirlo. Así se ganaría en tranquilidad y justicia social y, además, aumenta­ ría la masa salarial, que siempre impulsaría la demanda de consumo. Los prin­ cipales economistas —tanto A. Flores de Lemus como F. Bemis, que conocían las reformas centroeuropeas— eran partidarios de la reforma agraria. Habla­ mos de economistas moderados, como lo era Azaña en la política; pero en aque­ lla situación, la resolución de los problemas del paro y de la tensión social, así como del crecimiento económico, exigía medidas como las tomadas por el go­ bierno provisional de la República y la reforma agraria. La Comisión Técnica Agraria (de la que formó parte, por cierto, Flores de Lemus), que preparó el proyecto, propuso una reforma general y urgente, aprobada por decreto, para que tuviera efectos rápidos sobre la estabilidad so­ cial y política. Pero el gobierno Azaña —más atento a las garantías parlamen­ tarias— decidió que una reforma tan trascendente había de tramitarse en las Cortes; la negociación y discusión parlamentaria desbarató la racionalidad del proyecto de los técnicos y, sobre todo, retrasó su aplicación. La reforma agraria de la Segunda República pretendía rectificar la revolución liberal del siglo xix, y no simplemente instalar campesinos en la tierra. De hecho, incluyó varias leyes y decretos. La primera y fundamental fue la ley de bases para la reforma agraria, de septiembre de 1932, que pretendía asentar jornaleros y pequeños propietarios en parcelas públicas. Para conseguir esas tierras, se preveía la con­ fiscación de fincas de la grandeza (sin indemnización) y la expropiación de latifundios de más de 250 hectáreas (aunque la extensión variaba según el cultivo), de las fincas sistemáticamente arrendadas y de las insuficientemen­ te cultivadas; la ley establecía que sólo se expropiarían tierras de labor. El reparto de tierras no sólo llevaba aparejada una utilización más intensiva del

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factor trabajo, sino también del capital (ganado, abonos). La transferencia de tierras a los campesinos se hizo, además, sin coste para el Estado, pues hasta 1936 sólo afectó a tierras de los grandes de España. La nueva situación era, probablemente, mejor que la anterior, porque lo que perdieron los nobles —en términos subjetivos— tuvo que ser menor de lo que ganaron los jornaleros y campesinos (siempre que la utilidad marginal del dinero fuese decreciente en los años treinta, lo que parece más que probable). Los campesinos recibieron tierras y medios de producción suficientes para mantener una economía fami­ liar. El coste por colono varió en función de las indemnizaciones o la renta, de la calidad de la finca y de los créditos concedidos al campesino para adquirir aperos, simiente, abonos y ganado de labor. La segunda pieza de la reforma agraria fueron los decretos sobre laboreo forzoso (1931) y sobre intensificación de cultivos (noviembre de 1932). Este último fue una respuesta de Azaña a la conflictividad en Extremadura, desa­ tada por el desahucio de yunteros. Con estas leyes se pretendía corregir el desempleo agrario, provocado por la menor oferta de tierras derivada de la disminución de la renta, el aumento de la inseguridad y, también, por la apli­ cación de la llamada «ley de términos municipales» (que otorgaba prioridad a los vecinos para acceder al empleo agrario en su localidad). En este caso, el problema estuvo en la financiación, cuando la intensificación de cultivos se amplió a los jornaleros, que carecían de medios de producción. El Instituto de Reforma Agraria — IRA, encargado de gestionar la reforma— y el Servi­ cio de Crédito Agrícola disponían de fondos, pero, para recibir las ayudas, los campesinos tenían que haber invertido antes en abonos y semillas, lo que era difícil porque no tenían dinero. Aquí se echaba en falta la creación del Banco Nacional Agrario, inicialmente previsto en la ley. La situación engendró la desesperación de los afectados, que desembocó en episodios como los de Casas Viejas y los incendios de cortijos en la provincia de Cádiz (verano de 1933), desencadenados ante la tardanza en la concesión de esos créditos. El tercer grupo de normas agrarias trató de revisar la reforma liberal rea­ lizada en el siglo xix: el decreto de abolición de prestaciones señoriales de noviembre de 1933; los decretos de 1931 sobre revisión de rentas; las leyes de 1935 sobre arrendamientos, redención de foros y rabassas morías. La ley de reforma de 1932 ordenaba acabar con las pervivencias feudales: hasta junio de 1936 se abolieron treinta y seis prestaciones señoriales aún vigentes. Los de­ cretos de julio y octubre de 1931 permitían revisar los contratos de arrenda­ miento para reducir la renta y aplazar su pago. Abundaron los pleitos de pro­ pietarios por el retraso de los cobros, y los arrendatarios consiguieron rebajas que superaban el 20 por 100. Con estos decretos afloraron los problemas de arrendamientos especiales, como eran los de rabassa moría y los foros. La rabassa moría era un arrendamiento enfitéutico, extendido en Cataluña, para el cultivo de la vid; los propietarios habían aprovechado la plaga de la filoxera de finales del siglo xix para cancelar los contratos y reemplazarlos por otros a corto plazo. En 1934 este problema creó grandes tensiones sociales y un con­ flicto de competencias, ya que el Parlamento catalán aprobó una ley que per­

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mitía el acceso a la propiedad del rabassaire, pero el Tribunal de Garantías Constitucionales la declaró inconstitucional en junio. También en Galicia hubo conflictos con la redención de foros. Eran también contratos a largo plazo, pero los foreros subarrendaban parcelas a subforeros que pagaban una renta superior, debido a la presión sobre la tierra originada por el crecimiento de la población. La ley de arrendamientos de marzo de 1935 acabó con la incertidumbre, pues fijaba el tiempo del contrato en cuatro años, no ponía límites a la renta, prescindía de cualquier tribunal de arbitraje y facilitaba los desahu­ cios de los arrendatarios para el cultivo directo. El cuarto componente de la política agraria republicana consistió en medi­ das para reglamentar el empleo en el campo, a través de los decretos y leyes de 1931 sobre términos municipales, sobre jurados mixtos y sobre jornada de ocho horas. En 1931 se aprobaron unas bases de trabajo que aumentaron los salarios para la recolección de esa cosecha, a la vez que restringían el uso de maquinaria agrícola. Ello supuso una reducción de la productividad y un in­ cremento de los costes salariales, que no se pudieron trasladar a precios por la crisis; los beneficios y las rentas del sector cayeron. Estas disposiciones de F. Largo Caballero afectaron negativamente a los pequeños y medianos cam­ pesinos, que se pusieron del lado de los latifundistas. Durante el primer bienio, los propietarios agrarios reaccionaron ante esta legislación con obstrucciones a su aplicación y reduciendo la demanda de trabajo; el incumplimiento de la ley de términos municipales está más que probado, lo mismo que las trabas a la constitución de los jurados mixtos. Esto ocasionó gran parte de las huelgas, más que las demandas salariales. La conflictividad agraria llegó a su cénit en 1932, con el mayor número de huelgas y jornadas perdidas. La agitación frenó la mecanización, pues hubo casos de ludismo cuando la maquinaria era utili­ zada para frenar las reivindicaciones de los jornaleros. El obstruccionismo de los propietarios se agudizó tras el triunfo electoral de las derechas a finales de 1933. De hecho, los salarios nominales en la agricultura cayeron un 30 por 100 en 1934. En tal situación, se convocó una huelga general de los trabajado­ res de la tierra, ante la que el Consejo de Ministros reaccionó declarando la recolección de la cosecha un «servicio público nacional». La reforma agraria no redistribuyó la renta significativamente ni disminuyó el desempleo estacional agrario; al contrario, contribuyó a aumentarlo. Esto sucedió con otras reformas de la República, como la tributaria: suscitaron de­ masiadas expectativas, a favor y en contra, contribuyendo a encrespar los con­ flictos sociales, sin obtener grandes resultados prácticos, por su moderación. El cambio político de 1931, empero, exigía estas medidas que, dada su escasa magnitud, tampoco tuvieron grandes secuelas sobre la actividad eco­ nómica. De hecho, la producción agraria en los años treinta no decayó, sino que aumentó, contribuyendo a moderar la crisis industrial. La reforma fracasó porque no logró sus objetivos de reducir el paro agrario y pacificar el campo, pues que avanzó muy lentamente debido a restricciones políticas y económi­ cas. Antes de 1936 sólo se asentaron por el reparto de tierras, como máximo, 12.260 campesinos (una cuarta parte de ellos temporalmente); además, hasta

HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

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octubre de 1 9 3 3 , por la intensificación de cultivos, se asentaron temporalmente unos 4 0 . 0 0 0 campesinos. Para tener resultados, hubieran debido dedicarse más recursos económicos, pero ni siquiera se agotaron los fondos del IRA que, hasta 1 9 3 5 , sólo había gastado un 3 5 por 1 0 0 de lo presupuestado; así pues, no hubo restricción económica, sino política. Rechazada la estrategia de asenta­ mientos masivos y rápidos —propuesta por la Comisión técnica— fue imposi­ ble convencer a los jornaleros de que las promesas de los políticos tardarían en cumplirse. Asimismo, los terratenientes tuvieron más tiempo para obstacu­ lizar y paralizar la reforma. Sin los recursos legales puestos por los grandes de España, la reforma hubiera ido algo más rápida; pero no fue lo determinante de los retrasos. Los instrumentos para la aplicación de la ley se implantaron en pocos meses: el Registro de fincas expropiables, las Juntas provinciales y el Censo de campesinos beneficiarios. La explicación radica en que el Consejo ejecutivo del IRA actuó con moderación, porque la ley de reforma obligaba a tomar las máximas precauciones legales, y a resolver individualmente cada caso de incautación; las fincas debían inscribirse en el Registro y habían de res­ petarse los plazos para las reclamaciones de los propietarios. También se respetaron las restricciones técnicas: no se podían expropiar tierras de pastos ni forestales, ni asentar a campesinos que no contasen con los medios impres­ cindibles para el cultivo. El golpe definitivo a la reforma llegó con el triunfo de las derechas en las elecciones de noviembre de 1 9 3 3 . El gobierno paralizó la reforma: si las primeras expropiaciones se aprobaron en julio de este año, la última se realizó en septiembre de 1 9 3 4 . A partir de entonces se recurrió a las ocupaciones temporales de fincas, y al asentamiento de pequeños propietarios. Con la entrada de la derecha de Gil Robles (CEDA) en el gobierno, en octubre de 1 9 3 4 , el IRA anuló las expropiaciones realizadas y excluyó fincas del Re­ gistro. Paradójicamente, la ley de reforma agraria de 1 9 3 5 , más conservadora nominalmente, aceleró el asentamiento de campesinos: en medio año, se mul­ tiplicó por cuatro la tierra entregada. Esta intensificación de los asentamientos engrosó el número de descontentos con la República. Después de febrero de 1 9 3 6 el Frente Popular seguía empeñado en una reforma agraria moderada, pero trató de aplicarla con más energía para evitar el boicot de los terratenientes. Entonces éstos optaron por la guerra civil, al no poder frenar de otra manera la acción reformista del gobierno.7

8.4 .

N a c io n a lis m o , in te rv e n c io n ism o , in v e rs ió n e x t r a n j e r a y

c re c im ie n to

in d u s t r ia l

El nacionalismo y el intervencionismo corporativo Las dictaduras y las democracias en la Europa de entreguerras fueron muy intervencionistas en el terreno industrial. El apoyo a los sectores en crisis, los intentos gubernamentales de controlar la sobreproducción mediante los cárte-

EL PERÍODO DE ENTREGÜERRAS

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les y el corporatívismo fueron generales; la lucha contra el desempleo durante los treinta adoptó formas diversas, predominando las políticas proteccionistas y de dinero barato. En España, el proteccionismo, el intervencionismo, el nacionalismo eco­ nómico y el corporatívismo de la dictadura de Primo de Rivera fueron más retóricos que prácticos. La prueba es que el comercio español no disminuyó durante los años veinte, sino que, al contrario, fue uno de los factores del cre­ cimiento; por otro lado, pasada la coyuntura de la primera guerra mundial, apenas se nacionalizaron activos españoles en manos de extranjeros, mientras que, por el contrario, las entradas de capital foráneo adquirieron un relieve no­ table. Por su parte, la Segunda República no suprimió los mecanismos inter­ ventores, sino que los aumentó; particularmente, en lo que se refiere a la pro­ tección frente al exterior y al control obrero de las empresas. La diferencia fue que, durante el primer bienio republicano, la política económica fue reformis­ ta, procurando contentar a los votantes de centro-izquierda, pero sin apartarse del corporatívismo pluralista. Durante la dictadura de Primo de Rivera y el llamado «bienio negro» (1934-1935), en cambio, los beneficiarios del inter­ vencionismo fueron las grandes empresas y los grupos de presión tradiciona­ les. El intervencionismo durante la República no fue menor que en la Dictadu­ ra: las cajas especiales no desaparecieron, sino que cambiaron el nombre; los comités paritarios se convirtieron en los jurados mixtos; se continuó con el control de cambios, etc. Desconocemos las cuantías de los auxilios públicos y, por tanto, los efectos de las leyes de fomento sobre el crecimiento. Las trabas legales impuestas al crecimiento económico, tanto por el corporativismo dictatorial como por el intervencionismo republicano, fueron muchas, pero no disponemos todavía de estudios sobre los resultados. Los políticos españoles, como los europeos, creían que los cárteles ayudaban a solucionar las crisis y a reducir las rivalidades na­ cionales e internacionales. La ley de fomento de las industrias nacionales de marzo de 1917 apenas tuvo aplicación, por los excesivos trámites exigidos para obtener sus subvenciones y facilidades, y por carencia de fondos presu­ puestarios y crediticios, pues hasta 1921 no se creó el Banco de Crédito Indus­ trial. Aquella ley potenciaba la Comisión Protectora de la Producción Nacional (1908), que fue el antecedente corporativo del Consejo de Economía Nacio­ nal, creado en 1924 para «dirigir» la actividad económica. Durante la guerra mundial, la minería del carbón se convirtió en la principal industria extractiva, debido a la protección arancelaria y a la obligación impuesta por el Estado a determinadas industrias y servicios de consumir carbón nacional, como era el caso de los ferrocarriles y de las empresas navieras que tuvieran concesio­ nes o subvenciones del Estado; en 1922 se obligó a las compañías ferroviarias que recibiesen anticipos a consumir un cupo del 70 por 100 de carbón nacional. Asimismo, durante la guerra mundial, se volvió al régimen de tasas (precios máximos) para ciertos productos (cereales, azúcar, legumbres, carbones) y servicios (los alquileres); se prohibió la exportación de algunos artículos y se creó el Ministerio de Abastecimientos en 1918, con amplias competencias,

i*

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como controlar las acumulaciones especulativas de los productos básicos. El nacionalismo industrializador fue promovido por la Revista Nacional de Eco­ nomía. No se llegaron a intervenir las empresas, pero se crearon unas comisio­ nes militares para estudiar la posible movilización de las industrias, en caso de que España entrase en el conflicto. En la posguerra, se aprobaron tanto la ley de ordenación productiva como el arancel de 1922, obra de E Cambó, y se promovió el apoyo del Estado a las grandes compañías, en especial de las ferroviarias. Primo de Rivera profundizó la estrategia de apoyo a la producción nacio­ nal, con el Real decreto del 30 de abril de 1924 sobre nuevo régimen de auxi­ lios para favorecer la creación y el desarrollo de empresas industriales. Asi­ mismo, consolidó la reglamentación de la producción y la comercialización de los productos: en 1926 se estableció el Comité Regulador de la Producción Nacional, con la facultad de autorizar la constitución de empresas industriales y la ampliación o traslado de las ya existentes; se establecieron numerosos or­ ganismos interventores (su número se calcula en 270) en los que estaban re­ presentados los intereses de la producción nacional. La legislación laboral y social avanzó durante la primera guerra mundial por el empuje de los sindicatos y las huelgas. La jornada mercantil de diez ho­ ras fue aprobada en 1918, y la jornada de trabajo en la industria de ocho horas en 1919; en este año, se aprobó el seguro de retiro obrero obligatorio y la adhesión a la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Un paso impor­ tante fue el establecimiento del Ministerio del Trabajo en 1920. En 1922 se aprobó la nueva ley de accidentes de trabajo y se ratificaron varios convenios internacionales, como los relativos al empleo de las mujeres antes y después del parto, al seguro obligatorio de maternidad y al paro forzoso. En el ocaso de la Restauración, las autoridades seguían recurriendo al ejército para imponer el orden público, pero comenzaron a buscar vías de reforma y de concertación con los trabajadores y los empresarios. Esta legislación apenas se llevó a la práctica por la oposición de los patronos. Durante la dictadura de Primo de Rivera se estableció la Organización Corporativa Nacional (1926), que se ba­ saba en comités paritarios locales, con representación de empresarios, obreros y gobierno. En estos comités colaboró el sindicato UGT, aunque no la CNT anarquista. Las patronales, aunque inicialmente algunas se mostraron favora­ bles, se opusieron a ellos desde 1927. El contrato de trabajo fue regulado por primera vez en 1926. Durante la Segunda República, la ley de 21 de noviem­ bre de 1931 amplió las cuestiones reglamentadas de los contratos de trabajo y limitó las posibilidades del despido. Esto supuso una mejora para los trabaja­ dores, pero introdujo una mayor rigidez en el mercado de trabajo. La ley de jurados mixtos (1931) cambiaba el nombre a los comités paritarios y modifi­ caba la representación en los mismos a favor de los sindicatos, que controla­ ron el mercado laboral.8

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Industrias d e r e d

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M inería

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M a n u fa c tu r a s

F uf.ntf .: Prados de la Escosura (2002).

La evolución de la producción industrial Durante la guerra mundial y la posguerra, la industria española creció a una tasa anual del 1,1 por 100, mayor que la europea; en la década de 1920, lo hizo al 5 por 100; entre 1929 y 1935, la crisis industrial implicó una caída anual del 1,6 por 100, menos intensa que en Europa. España no acusó la de­ presión industrial hasta 1931, año que coincidió con una pobre cosecha. El suelo de la crisis industrial se presentó en 1933, también un mal año agrícola. La depresión de las industrias de consumo durante los años republicanos fue menos rigurosa que en las de bienes de equipo, gracias a la mejora de las ren­ tas agrarias y salariales del bienio republicano-socialista. La construcción marcó los mismos ciclos, pero fueron más intensos; particularmente, durante la crisis de los años treinta, cuando la construcción cayó a un ritmo anual del . 4,9 por 100. Las industrias mineras suponían el 6 por 100 del valor añadido industrial (VAI) durante la primera guerra mundial, pero después disminuye­ ron,al 2,5 por 100. La producción de carbón conoció una crisis estructural desde la posguerra, a pesar de la protección pública, que se agudizó desde 1930. Por su parte, la minería no energética sufrió intensamente la depresión internacio­ nal. Las industrias de red sufrieron una crisis en la posguerra, y luego se recu­ peraron del 4 al 14 por 100 del VAI entre 1920 y 1935; destaca la industria

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A lim en ta ria

— • —

Textil

C o n fe c c ió n

.. ..* ...... F o re s ta l

F u bnte : Prados de la Escosura (2002).

eléctrica que se desarrolló incluso durante la crisis de los años treinta (véase el gráfico 8.9). La principal industria era la manufacturera, que creció del 89 al 92 por 100 entre 1914 y 1919; luego decayó hasta el 83 por 100 del VAI en 1933. Desta­ ca la agroindustria, productora de alimentos, que suponía el 38 por 100 del va­ lor añadido de las manufacturas (VAM) en 1915; en la década de 1920, dismi­ nuyó su importancia al 30 por 100 en 1929, pero se recuperó hasta el 39 por 100 en 1932. La industria textil seguía en importancia, pero disminuyó del 22 al 14 por 100 del VAM entre 1923 y 1927; luego se recuperaría al 17 por 100 en 1932. La industria forestal era cíclica y su participación en el VAM cayó del 7 al 3 por 100 entre 1914 y 1918; para luego recuperarse al 11 por 100 en 1929, y caer al 9 por 100 en 1935. La industria de la confección y el calzado tuvo un comportamiento más estable, pero su importancia decayó del 11 al 8 por 100 entre 1914 y 1935 (véase el gráfico 8.10). En las industrias básicas, avanzaron los transformados metálicos y la quími­ ca, cuyas participaciones en el VAM pasaron del 5 al 12 por 100 y del 3 al 7 por 100, respectivamente, entre 1914 y 1935 (véase el gráfico 8.11). Eran sec­ tores modernos que doblaron su participación, contribuyendo a la moderni­ zación de las manufacturas. Las industrias metálicas básicas redujeron ligera­ mente su participación en el total, del 5 al 4 por 100. Estas industrias básicas

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G r á f ic o 8 .1 1 .

E s t r u c t u r a d f. l a

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in d u s tr ia m a n u f a c tu re r a , 2 (ln p o rc e n ta je s)

Q u ím ic a

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M etá lic a b á s i c a

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y de bienes de equipo experimentaron unos ciclos más intensos que las de bienes de consumo; se beneficiaron del ciclo alcista de la primera guerra mun­ dial, sufrieron la crisis de la posguerra, crecieron durante los veinte, y tuvie­ ron problemas durante los años treinta, con la excepción de las químicas y, parcialmente, los transformados metálicos. Dentro de la industria de bienes de equipo, la evolución más errática fue la del material de transporte, que cayó del 5 al 1 por 100 del VAM, entre 1913 y 1935; no obstante, había llegado a suponer el 10 por 100 en 1927; la causa está en su dependencia de los pedi­ dos públicos. Sobre todo, la industria de construcción de material ferroviario experimentó un auge sin precedentes entre 1924 y 1928, por los pedidos fi­ nanciados por el Estatuto Ferroviario (1924) y la Caja Ferroviaria (1926). El cambio de la política ferroviaria en 1930 arrastró al sector a la crisis. Algo parecido sucedió con los astilleros, cuya producción disminuyó desde 1932, debido al descenso de la demanda pública, pero también de la privada, por la caída del transporte naval. Con todo, la dimensión de estas industrias depen­ dientes de los gastos públicos era pequeña; y su profunda crisis en los años treinta apenas influyó en las macromagnitudes (véase el gráfico 8.12).

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8.12.

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Fuente:

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Prados de la Escosura (2002).

La actividad empresarial y las multinacionales La evolución de la inversión dependió de los beneficios obtenidos y de las expectativas empresariales, muy influenciadas por los acontecimientos políti­ cos. En la primera guerra mundial, los beneficios empresariales aumentaron entre 1915 y 1918, pero la inversión apenas creció; por el contrario, cuando los beneficios totales cayeron entre 1919 y 1921, la inversión privada se in­ crementó; los empresarios estaban recuperando el tiempo perdido durante la guerra, cuando habían sobreutilizado sus equipos productivos y no habían po­ dido importar bienes de equipos (véanse los gráficos 8.3 y 8.4). Entre 1922 y 1929 crecieron tanto los beneficios como la inversión; aquéllos siguieron cre­ ciendo en 1930, pero ésta no. Al proclamarse la República ambas variables cayeron hasta 1933 y se recuperaron en los dos años siguientes. En la década de 1920, por tanto, las empresas de capital español invirtieron en las nuevas industrias, así como en los sectores tradicionales. Se crearon empresas en el sector eléctrico (Saltos del Duero, Canalización y Fuerzas del Guadalquivir, Saltos del Alberche), en el de abonos químicos (Energía e Industrias Aragone­ sas, Sociedad Ibérica del Nitrógeno), en la construcción (Compañía Valenciana de Cementos Portland, Huarte y Malumbres) y en los transportes (los metros de Madrid y Barcelona, Iberia, Transmediterránea). Pese a los innegables avan-

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ces, las empresas españolas tenían un tamaño pequeño, unas estructuras orga­ nizativas atrasadas y una gestión poco profesionalizada; predominaban las empresas familiares, las sociedades colectivas eran pocas y aún eran menos las sociedades anónimas. En 1930 sólo cotizaban en Bolsa 182 sociedades, concentradas en ciertos sectores: 47 pertenecían al sector eléctrico, 20 al ferro­ viario, 75 a otros sectores industriales y el resto al sector servicios. Apenas se había desarrollado la organización científica del trabajo; el patemalismo empre­ sarial, dominante como forma de gestión en las empresas españolas, prefirió la escuela de las relaciones humanas. Asimismo, se crearon bastantes empresas mediante inversiones extranjeras y la cesión de patentes o de marcas. Sirvan los ejemplos de Danone, Coca-Cola, Hero, Philips, Michelin, Robert Bosch, Babcock & Wilcox, IBM y Solvay. La economía española estaba bastante internacionalizada antes de la guerra civil. Los capitales extranjeros controlaban o participaban en muchas de las grandes empresas ferroviarias, manufactureras, mineras y de servicios. De hecho, las principales multinacionales ya estaban instaladas en España antes de 1936. La inversión extranjera ha sido estimada en unos 4.100 millones de pesetas. En los años republicanos apenas hubo inversiones extranjeras destacables; no obstante, ante la dificultad de repatriar el capital y los beneficios, algunas grandes empresas (como Pirelli o Canadian Light and Power Company) reinvirtieron sus ganancias. La inversión extranjera directa estuvo impulsada tanto por la estrategia de expansión de las multinacionales como por la política eco­ nómica nacionalista y proteccionista de la dictadura de Primo de Rivera y de la República, que favorecía la compra de artículos elaborados en España y acon­ sejaba cambiar, al menos, el nombre de las filiales. Pero las multinacionales no instalaron fábricas de ciclo completo, sino meros talleres de montaje o de enva­ sado, importando las piezas. Su estrategia consistía, primero, en crear sucursa­ les de venta y, luego, en establecer fábricas de ensamblaje, como sucedió en la industria química y farmacéutica (Bayer, Schering, Boeringher) y en la automovilistica (Fiat Hispania, General Motors). En este sector, se contaban en 1936 siete casas constructoras nacionales, de las que sólo Hispano-Suiza tenía alguna importancia. La inversión directa de compañías extranjeras contribuyó a modernizar el tejido empresarial y a promover el crecimiento económico en los años veinte; pero moderadamente, porque las fábricas instaladas no eran com­ pletas y no hubo una cesión generalizada de tecnología, salvo casos aislados como la creación de CASA en 1923 para la fabricación de aviones Breguet.

Las industrias de red y los servicios públicos Los servicios públicos de red (ferrocarriles, teléfonos, petróleo) se desarro­ llaron notablemente. El ferrocarril seguía siendo el único medio capaz de movi­ lizar grandes volúmenes de mercancías y pasajeros; la carretera y el automóvil constituían una competencia creciente (como muestra el avance de la matriculación de vehículos), pero todavía no se habían generalizado en España antes

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de 1936. Durante la primera guerra mundial, los ferrocarriles sufrieron una grave crisis y las compañías reclamaron ayudas, que los gobiernos no tardaron en conceder, aumentando las tarifas en 1918, y librándoles anticipos reinte­ grables (desde 1920) para adquirir material rodante y mejorar los salarios. Posteriormente, el Estatuto Ferroviario de 1924 estableció la financiación pú­ blica de la adquisición de material para las compañías, realizada por la Caja Ferroviaria desde 1926. La contrapartida a esas ayudas fue una mayor inter­ vención de las compañías por parte del Estado, y la obligación de comprar el material a empresas españolas. Hasta la guerra civil no se planteó la naciona­ lización de las redes por el Estado; de hecho, la incautación provisional de las líneas Madrid-Cáceres-Portugal y Andaluces, con la constitución de una com­ pañía mixta en 1936, vino obligada por su situación de quiebra. En efecto, el incremento de la demanda de transporte, las subvenciones públicas y la apli­ cación del Estatuto Ferroviario garantizaron beneficios a las concesionarias durante los años veinte. El cambio de política ferroviaria desde 1930 y la cri­ sis económica llevaron a las compañías a una situación difícil. La renovación de equipos obsoletos — financiada por el Estado— alimentó el auge de la industria de construcción de material ferroviario. Las principales empresas suministradoras de máquinas de vapor fueron la Maquinista Terrestre y Marítima, Babcock & Wilcox, Euskalduna y la Sociedad Española de Cons­ trucción Naval (SECN); los coches fueron fabricados fundamentalmente por la SECN, la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles y Macosa. El atraso tecnoló­ gico de estas empresas les impidió suministrar los elementos de tracción eléc­ trica, que hubieron de importarse. Cuando finalizaron los pedidos de buques de la ley de reconstrucción de la escuadra, de 1908, los grandes astilleros (La Naval y Euskalduna) se habían reconvertido a la construcción de locomotoras y coches; pero cuando se acabaron también los pedidos de la Caja Ferroviaria en 1930, las empresas de construcción de material ferroviario entraron en una profunda crisis. Durante la Segunda República, las ayudas ya no fueron dirigi­ das a adquisiciones de material a la industria nacional, sino a la electrifica­ ción, a aumentar los salarios y a realizar obras intensivas en trabajo. La dictadura de Primo de Rivera estableció en 1924 el monopolio de telé­ fonos, y su gestión fue cedida a la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), sociedad privada cuyo principal accionista era la ITT norteamerica­ na. El nacionalismo económico de la Dictadura sólo se plasmó en el nombre de una compañía con mayoría de capital extranjero. No obstante, financieros españoles, con el apoyo de la ITT, crearon Standard Eléctrica, que suministró a Telefónica equipos, aparatos y cables fabricados en España. La política nacio­ nalista sí fue efectiva en 1928, cuando se creó el monopolio de petróleos en España, cuya gestión se arrendó a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos SA (CAMPSA), creada y participada por los principales bancos del país. Previamente, se habían confiscado los activos de las tres compañías extran­ jeras que actuaban en España en la distribución de hidrocarburos, lo que origi­ nó un conflicto diplomático. Los resultados para la Hacienda de la creación de CAMPSA fueron buenos, como demuestra el aumento de la recaudación por

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el monopolio de petróleos; pero, probablemente, tuvo efectos adversos sobre la rigidez de los mercados y el crecimiento económico.9 En definitiva, la política nacionalista alimentó a unas cuantas empresas de invernadero, que se desvanecieron en cuanto se les cortaron los pedidos públi­ cos. Hay varias causas que explican este fracaso de la política industrial: el re­ ducido tamaño del mercado interior, la pobreza presupuestaria del Estado, y la cultura empresarial cooperativa y proteccionista. Ésta fue común a los países europeos, pero tuvo peores efectos en España, porque era un país pequeño, el proteccionismo fue integral, se tendió a evitar la competencia en el mercado interior, y la política de fomento no tuvo la intensidad ni la continuidad nece­ sarias. Los estrechos mercados internos impidieron el éxito de las políticas proteccionistas, porque no garantizaban una demanda suficiente para aprove­ char las economías de escala de las nuevas industrias. La carencia de tecno­ logía propia y la dificultad de adquirirla también limitó el crecimiento indus­ trial. El nacionalismo económico aconsejó a las multinacionales la creación de filiales y sucursales en España; algunas de las inversiones directas sólo trata­ ban de burlar la ley que impedía importar productos terminados y acogerse a los beneficios de las leyes de fomento. Finalmente, la industria española no dependía más que en otros países de la demanda estatal. Al contrario, la dife­ rencia con Europa fue que España no se embarcó en un programa de grandes gastos militares para favorecer esas industrias de construcciones metálicas, ni durante la primera guerra ni en los años treinta. La política militarista de los gobiernos españoles fue tardía y poco intensa, pese a la prolongada guerra co­ lonial en Marruecos. Antes de 1936 los gastos militares no fueron suficientes para impulsar la industria, ni siquiera la de defensa. Cuando se desencadenó la guerra civil, ambos bandos hubieron de comprar la mayor parte del material bélico en el exterior, pagándolo con créditos, con productos nacionales y con oro, y poner en marcha, precipitadamente, una incipiente industria de guerra.10

8.5.

L

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p ú b l ic o

La neutralidad durante la primera guerra mundial y la crisis política de la Restauración retrasaron el crecimiento del sector público; en España, no se rea­ lizaron las reformas tributarias que se difundían en el exterior, a pesar de que desde 1909 se presentaron proyectos modernizadores en las Cortes. El déficit público se agravó durante la primera guerra mundial y los conflictos de Marrue­ cos; entre 1913 y 1915 pasó del 0,5 al 5,4 por 100 del PIB, porcentaje que se mantuvo hasta 1919. Después, el déficit del Estado se redujo en relación al PIB, hasta alcanzar el equilibrio en 1930. En la República, el déficit público volvió a crecer, hasta suponer el 1,6 por 100 del PIB en 1933. Estos déficit de la Dictadura y la República fueron pequeños para causar efectos globales serios. Si a los gastos del Estado se añadieran los de los entes locales y de los organismos autónomos (las cajas especiales, entre las que destacó la ferro­ viaria), entonces tendríamos un déficit mayor —tanto en la Dictadura como en

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G

r á f ic o

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8.13.

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F u e n te : C o m ín (1 9 8 9 ) y P ra d o s (2 0 0 2 ).

la República— porque las cajas especiales se financiaron con deuda, y los mu­ nicipios pudieron gastar y endeudarse más desde el Estatuto municipal de 1924. En el período de entreguerras no se practicaron políticas keynesianas en España, como tampoco hicieron los principales países europeos. Los déficit surgían a pesar de la intención de los ministros de Hacienda de equilibrar los presupues­ tos (véase el gráfico 8.13). El gasto público creció moderadamente en España entre 1913 y 1935 (del 10,5 al 12,4 por 100 del PIB), mostrando una Hacienda en moderada transi­ ción hacia el Estado del bienestar. Algunos años, ei gasto superó el 13,5 por 100, como en 1915, 1921 y 1933. Los ministros españoles de Hacienda y de Fomento acogieron las ideas que circulaban por Europa sobre las nuevas fun­ ciones económicas y sociales del presupuesto; pero estos gastos apenas se de­ sarrollaron antes de 1923, por la crisis parlamentaria de la Restauración y por la carencia de recursos, que impidieron aprobar los diferentes proyectos de obras públicas presentados por los ministros de Fomento. El presupuesto de gastos experimentó un moderado cambio estructural: decayó el gasto en defensa y deu­ da pública, y aumentaron los servicios económicos; los gastos en educación, pensiones y vivienda, por su parte, apenas crecieron. Esto muestra el lento avance del Estado providencia en España. El régimen de Primo de Rivera aprobó un pJan de obras públicas, en el presupuesto extraordinario de 1926. El

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propio ministro de Hacienda que lo había creado, José Calvo Sotelo, retiró su aplicación al cuarto ejercicio (en 1930), pese a que su duración prevista eran diez años. Así pues, la política deflacionista de ese año fue iniciada por el propio Primo de Rivera. Durante la Segunda República, se ejecutaron varios programas de obras públicas para aliviar el problema del paro y para construir escuelas. Dada la escasez de los recursos asignados y la discontinuidad de los programas, sus efectos multiplicadores no fueron grandes, aunque, sin duda, beneficiaron a determinadas industrias. A pesar de la creciente influencia económica del Estado en España, los ci­ clos seguían dependiendo de las decisiones del sector privado. La demanda a través del gasto público tenía un límite en la pobreza de la Hacienda española y en la aversión al déficit de los ministros de la época. Algunas industrias resul­ taron beneficiadas por la política industrial, pero tenían poco peso en el PIB. La finalización de los pedidos públicos, en 1930, llevó a la crisis a esos sectores industriales, ante la ausencia de demanda privada y su escasa competitividad in­ ternacional. No obstante, la inestabilidad política influyó más sobre las deci­ siones de los agentes económicos privados que los modestos cambios en la política fiscal y monetaria. El Estado actuó anticíclicamente en la Segunda República, como muestra el aumento de la inversión pública frente a la priva­ da y la reducción de los tipos de interés. Probablemente, la economía espa­ ñola necesitaba todavía más inversión pública, pero era mucho más decisivo restablecer la confianza empresarial, progresivamente deteriorada desde los últimos tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera y con la política laboral y de reformas estructurales de los primeros gobiernos republicanos. Algunos políticos sabían que para reanimar la economía española había que «dar con­ fianza a los empresarios», «crear una atmósfera de paz», «garantizar la propie­ dad», «fomentar el capitalismo» y, finalmente, «suscitar las iniciativas pri­ vadas»; eran palabras de Jaume Carner, ministro de Hacienda en 1932. Esto es lo que pedían, precisamente, los empresarios y las organizaciones patronales. No se logró y la inestabilidad política y social fue un grave condicionante de la acción de las empresas en estos años republicanos, como lo había sido desde 1917 hasta 1923. Si el Estado carecía de medios fue porque no se adoptaron los avances europeos en la tributación, a pesar de que, desde 1909, varios ministros de Ha­ cienda presentaron proyectos de reforma, siguiendo las directrices marcadas por Antonio Flores de Lemus. La «reforma tributaria silenciosa» es la expre­ sión con la que Fuentes Quintana (1976) bautizó al conjunto de proyectos, dictámenes, memorias y consejos redactados por Flores de Lemus entre 1906 y 1936, cuando fue asesor de los ministros de Hacienda, de distinto signo po­ lítico. Como las Cortes fueron incapaces de aprobar esas reformas, ni un pre­ supuesto del Estado desde 1914 hasta 1919, la recaudación se estancó, y la presión fiscal cayó del 9,9 al 6,3 por 100 entre 1913 y 1918, el nivel más bajo desde mediados del siglo xix. Entre los proyectos de reforma tributaria que fracasaron, destacó el plan económico y financiero de Santiago Alba, presen­ tado en 1916; tampoco salieron adelante los proyectos de González Besada

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(1918) y Bugallal (1919) para establecer un impuesto sobre el volumen de ventas, ni los de Bugallal (1920), Cambó { 1921) y Bergamín (1922) para im­ plantar un impuesto complementario sobre la renta, Entre 1920 y 1933 la pre­ sión fiscal aumentó del 7 al 12,3 por 100 del PIB, gracias a las reformas fis­ cales, entre las que destaca la de abril de 1920, siendo ministro de Hacienda Gabino Bugallal, que modificó la tarifa III de la contribución de utilidades, estableciendo un tributo sobre los beneficios de sociedades. Durante la gestión de Calvo Sotelo, aumentó la presión fiscal porque, a pesar de que sus reformas tributarias fueron rechazadas por Primo de Rivera, implantó el monopolio de petróleos. Otro tanto sucedió con las reformas tributarias republicanas, entre las que sobresale la de Jaume Camer, que estableció el impuesto complemen­ tario sobre la renta en 1932. Entre los planes de Flores de Lemus destacaban —además del impuesto de sociedades establecido en 1920— la reforma de las haciendas locales y la introducción del impuesto sobre la renta. La reforma de la Hacienda local —intentada desde 1910— no pudo llevarse a la práctica hasta el Estatuto mu­ nicipal de 1924, ya en el Directorio militar de Primo de Rivera, y esto permi­ tió aumentar el gasto de los entes locales. Por otro lado, la introducción de la contribución complementaria sobre la renta (intentada por primera vez en 1910) hubo de esperar hasta 1932. Ya Calvo Sotelo había elaborado un ante­ proyecto del impuesto sobre rentas y ganancias de 17 de noviembre de 1926, y abierto una información pública para que las entidades y particulares dirigie­ ran sus mociones a la comisión creada al efecto. Poco después, dicha comi­ sión, nombraba en abril de 1927 y presidida por Flores de Lemus, emitió un dictamen en el que, estando de acuerdo en lo fundamental con el anteproyecto, se establecía una estrategia de implantación del tributo más lenta, pero más pragmática. Su importancia radica en que sirvió de inspiración a Camer, cuya reforma fue moderada y gradual, pues adoptó el impuesto cedular sobre la renta, que mantenía las contribuciones de producto (la territorial rústica y ur­ bana, la de industria y comercio, y la de utilidades de la riqueza mobiliaria) al tiempo que establecía una contribución complementaria sobre los ingresos to­ tales de los contribuyentes que superasen las 100.000 pesetas anuales. Si, en 1932, las Cortes españolas asumieron la imposición personal fue por las ex­ cepcionales circunstancias políticas de la República, y por la moderación del proyecto. Esta reforma de Carner, empero, no recogió los importantes cam­ bios en la tributación europea, que venían proponiendo los economistas es­ pañoles desde principios de siglo.11

8

.6 .

L a su b o rd in a c ió n

d e la

p o lític a m o n e ta ria

Tras el abandono del patrón oro, la financiación de la guerra y la recons­ trucción posbélica —mediante emisiones de deuda, préstamos bancarios y monetización del déficit— alimentaron en los países beligerantes un proceso inflacionista y una inestabilidad en las divisas mucho más intensos que en

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España. En los años veinte, los principales países europeos volvieron al patrón oro, sin ninguna coordinación internacional y con unas paridades superiores a la cotización de las divisas en el mercado. La crisis de 1929 obligó a muchos de ellos a abandonar el patrón oro, con la excepción de Francia, cuya estrate­ gia de no devaluar fue imitada por las autoridades españolas. España nunca in­ gresó en el patrón oro y careció de los instrumentos para desarrollar una polí­ tica monetaria moderna. El Banco de España era de capital privado, el mayor del país, y operaba con clientes particulares, además de financiar a la Hacienda. A pesar de tener el monopolio de emisión de billetes desde 1874, carecía de las competencias propias de un banco central. Sus balances determinaban las magnitudes bancarias y monetarias globales; la dimensión de sus cuentas corrientes revelaba el subdesarrollo bancario. En 1914 los billetes del Banco en manos del público ascendían al 60 por 100 de la oferta monetaria, y las cuentas corrientes al 26 por 100. En 1920 las cuentas corrientes alcanzaban el 42 por 100 de la oferta monetaria; pero sólo el 28 por 100 correspondía a la banca privada; el resto, al Banco de España. En 1913 este banco todavía apor­ taba el 66 por 100 de los activos totales del sistema financiero. Una parte im­ portante de la cartera del Banco de España estaba constituida por deuda públi­ ca y por préstamos comerciales y personales. Por su parte, la banca privada dedicaba la mitad de su cartera a financiar al sector público, e invertía más en efectos comerciales que en valores industriales, que sólo representaban en tor­ no al 25 por 100 de su cartera de valores, entre 1923 y 1934. Dada esa estruc­ tura de los activos, es improbable que la banca privada impulsase proyectos industriales de envergadura, con la notoria excepción de los bancos vascos. Los bancos comenzaron a adquirir dimensión nacional, pues expandieron sus oficinas y sucursales por la geografía española. En 1919 se creó el Banco Cen­ tral, que enseguida se convirtió en uno de los grandes. Los pequeños fueron adoptando la forma de sociedades anónimas, como la banca López Quesada, el Urquijo y el Pastor, el Popular. En 1928 se creó la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Otro signo del atraso de la banca radicaba en que sus in­ versiones estaban todavía muy centradas en los títulos públicos, y en que su volumen seguía siendo reducido. El crecimiento de los bancos mixtos hizo que el Banco de España fuese re­ duciendo sus relaciones directas con los particulares. Con la ley de ordenación bancaria de 1921, Cambó quería convertir al Banco de España en un auténti­ co banco central, pero no le confió la gestión de la política monetaria, sino que la retuvo en manos del Ministerio de Hacienda. En consecuencia, las variables monetarias siguieron evolucionando al dictado de la política fiscal. La llamada «ley Cambó» tampoco definió los instrumentos monetarios, pues no permitía las operaciones de mercado abierto, ni establecía coeficientes legales de caja; además, la facultad de fijar los tipos de descuento oficiales era compartida por el Banco de España y el Ministerio de Hacienda. Posteriormente, la ley de I. Prieto de 1931 no modificó los aspectos operativos de la política moneta­ ria de la ley Cambó; sólo trató de que el gobierno controlase en mayor medida al instituto emisor. El Banco de España no controló la evolución de los tipos

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de interés oficiales, porque el Ministerio de Hacienda los manipuló a su anto­ jo, con dos objetivos: los aumentó para defender la cotización de la peseta, y los rebajó para facilitar la colocación de la deuda pública y reducir sus cargas financieras. Resalta la excepción de que, en 1932 y 1935, los ministros de Ha­ cienda abarataron el dinero con el fin de favorecer la expansión de la demanda agregada y de combatir la crisis. El Banco de España, por su parte, fue reacio a modificar los tipos de interés oficiales, ya que su objetivo, como banco priva­ do que era, se centraba en incrementar su volumen de créditos para maximizar los beneficios. Durante la primera guerra mundial, la base monetaria se expandió, sobre todo, gracias a las excepcionales entradas de oro; entre 1919 y 1923 los cré­ ditos del Banco de España al Tesoro, para financiar los déficit, fueron el prin­ cipal factor de creación de la base monetaria. Después, las operaciones del Tesoro siguieron influyendo, junto a los créditos con garantía de valores, los descuentos y redescuentos, y el sector exterior. El déficit público se financiaba con esos préstamos del Banco de España al Tesoro y también mediante la deu­ da pignorable, suscrita por los bancos, que era un activo líquido, pues era automáticamente redescontable en el Banco, lo que implicaba el aumento del encaje bancario, en la forma de cuentas corrientes en el Banco de España. Esto era un obstáculo para el control de la base monetaria, pero sus efectos infla­ cionistas fueron, en realidad, pequeños, porque la mayor parte de la misma no fue pignorada; es decir, fue conservada en las carteras de los bancos, debido a que aseguraba una alta rentabilidad. Por otro lado, las variaciones de la base monetaria (que está constituida por los pasivos monetarios del Banco de Es­ paña), es decir, el dinero legal en manos del público —los billetes y monedas en circulación— más las cuentas corrientes del Banco de España) no fiieron seguidas siempre por movimientos paralelos en la oferta monetaria (M I, que es la base monetaria más las cuentas corrientes de los bancos privados), por­ que los coeficientes de caja y de efectivo fluctuaron ampliamente; aún se dis­ tanció más la evolución de las disponibilidades líquidas (M2, que es MI más los depósitos a plazo y las cuentas de ahorro de las instituciones financieras) (véase el gráfico 8.14). El Banco de España tampoco ejercía la función de prestamista en última instancia, como se demostró a menudo: en diciembre de 1920, por ejemplo, cerró sus puertas el Banco de Barcelona, ante la indiferencia del Banco de Es­ paña. Durante la crisis bancaria de 1923-1924, las dificultades de liquidez pro­ vocaron el cierre de siete bancos; el Banco de España argumentó que los problemas de los bancos no eran de su incumbencia, ni siquiera cuando la crisis llegó al Banco Central; aunque finalmente Primo de Rivera obligó al goberna­ dor a descontar letras del Central. Por otro lado, el Banco de España se resis­ tió a utilizar sus reservas metálicas para mantener la cotización exterior de la peseta, un objetivo del control de cambios practicado entre 1928 y 1932. Estos hechos revelan que el Banco de España no era un auténtico banco central; no pasaba de ser un banquero del Estado y un instituto emisor. Por su parte, los bancos oficiales también eran de capital privado, y se crearon para financiar la

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.4 —

B a s e m o n e ta r ia

......■ ... - O fe rta m o n e ta r ia , M1

321

D isp o n ib ilid ad e s líquidas, M2

F u e n t e : M a rtín A c e ñ a (1 9 8 9 ).

industria, las exportaciones y los entes locales, ante los fallos de la banca pri­ vada en esos sectores; el Banco de Crédito Industrial se creó en 1921, el Banco de Crédito Local en 1926 y el Banco Exterior en 1928; también se establecie­ ron otros organismos oficiales como la Caja Central de Crédito Marítimo y Pesquero (1920) y el Servicio Nacional de Crédito Agrícola (1925).12

8.7.

E

l sec to r

e x t e r io r

Del proteccionismo arancelario a los contingentes En los años veinte, España no era la nación más proteccionista del mundo, pese a lo que dijera un informe de la Sociedad de Naciones. A los tratados co­ merciales firmados tras la ley de autorizaciones de 1922 —que fueron respeta­ dos por la Dictadura— se les aplicó la tarifa segunda, que rebajaba la protec­ ción nominal de la primera columna del arancel Cambó. Esto contribuyó a! crecimiento del comercio exterior durante los años veinte. Por su parte, durante la Segunda República, España no se distinguió precisamente por sus políticas proteccionistas frente a la crisis importada, en comparación con las agresi-

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r á f ic o

8 .1 5 .

P

r o t e c c ió n a p a r e n t e

(en

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r e c a u d a c ió n d e a d u a n a s

/ I m p o r t a c io n e s

p o r c e n t a je s)

Protección aparente

F uente:

Comín (1989) y Prados de la Escosura (2002).

vas estrategias de «empobrecer al vecino» de otros países europeos, basadas en los contingentes y las devaluaciones competitivas. Con todo, los danos del proteccionismo fueron mayores en los países pequeños, donde había menos competencia en el interior, como fue el caso de España. El comercio internacional tenía mayores restricciones después de la pri­ mera guerra mundial, pues los países europeos aumentaron su protección. La protección aparente (porcentaje de la recaudación de aduanas en el valor de las importaciones) también aumentó en España. En 1914 era del 17,7 por 100; tras caer hasta 1920, la protección aumentó al 24,7 por 100 en 1926 (véase el gráfico 8.15). En la época del Directorio civil, ese porcentaje cayó hasta el 20,9 por 100 en 1930, pero durante la crisis de los arios treinta volvió a aumentar al nivel de 1926. Pero esa protección no impidió que la favorable coyuntura internacional impulsase el crecimiento económico durante la Dictadura ni que la depresión internacional afectase a España durante la República. Al igual que ocurrió con el mundial, el comercio exterior español creció, pero menos que antes de 1914. De hecho, el coeficiente de apertura —el porcentaje de las importaciones y exportaciones dentro del PIB— aumentó del 23,4 al 24,1 por 100 entre 1913 y 1920; pero desde el arancel Cambó se redujo drásti­ camente y, tras una recuperación en 1923-1925, comenzó un declive hasta el

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16,9 y el 9,3 por 100 en 1929 y 1935, respectivamente; es decir, que en los años treinta la importancia del comercio exterior se redujo a casi la mitad. Los años de la guerra mundial fueron excepcionales, lo que explica que, entre 1914 y 1919, la balanza comercial se saldase con unos superávit reseñables (pasaron del 3,8 al 6,5 por 100 del PIB). El resto del período de entreguerras mostró un déficit de esa balanza, que creció hasta el 5,0 por 100 del PIB en 1923; cayó al 0,6 por 100 en 1926, y volvió a aumentar hasta 1929. En la crisis posterior, los déficit comerciales fueron menores. En los años de in­ tenso crecimiento, las importaciones aumentaban más que las exportaciones, por la buena coyuntura internacional y los tratados comerciales, y porque el cre­ cimiento español exigía mayores importaciones. Los años de 1923 a 1925 vie­ ron crecer las exportaciones, por la recuperación de las economías europeas y, sobre todo, por los tratados comerciales firmados a partir de la ley de auto­ rizaciones de 1922. Esa política de tratados fue mantenida por el Directorio militar, por lo que el arancel Cambó no fue, en la práctica, tan proteccionista como indicaba su columna primera. La ley de autorizaciones fue derogada en julio de 1927, aunque sin afectar a los tratados ya firmados. El aumento de las exportaciones españolas permitió financiar parcialmente el crecimiento eco­ nómico de los años veinte. La crisis internacional repercutió, desde 1931, sobre las exportaciones españolas, que cayeron drásticamente, debido a varios facto­ res: el fin de la política de tratados, el aumento de los costes de producción, el descenso de la renta de los países importadores, las políticas proteccionistas y, particularmente, la evolución del tipo de cambio de la peseta. La conferencia de Ottawa de 1932 afectó seriamente a los exportadores de cítricos españoles, al reservar el Reino Unido su mercado a los productos de la Commonwealth. La industria conservera gallega se vio afectada por los impagos de los países latinoamericanos debido a la crisis de 1929. Esta depresión también asestó un duro golpe a la minería murciana de exportación, del plomo fundamentalmen­ te, en manos del capital extranjero. La caída de las importaciones, de capital agravó la escasez de divisas, que alarmó a los ministros de Hacienda de la Re­ pública. En España también se introdujeron los primeros contingentes a las importaciones, para combatir esta crisis, pero fueron menos utilizados que en otros países.13

El tipo de cambio de la peseta Tratándose de una economía pequeña, la cotización de la peseta dependía de la evolución de las divisas frente a las que se cambiaba, como queda claro en el gráfico 8.16. Hasta que se estabilizó el franco francés —de hecho, en 1926, y de derecho, en 1928— la peseta se apreció (es decir, cayó el tipo de cambio) con respecto al mismo. Hasta 1926 los franceses colocaron sus capitales a cor­ to en otros países, entre ellos España, debido al proceso inflacionista francés y a la rápida depreciación del franco; cuando Poincaré estabilizó el franco, los franceses repatriaron sus dineros. Después, la peseta se depreció hasta 1932.

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G

r á f ic o

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8 .1 6 .

T ip o d e

c a m b io d e l a peseta

F u e n t e : Martín Accña (19 8 9).

Luego, entre ese año y 1935, el tipo de cambio de la peseta frente al franco prácticamente no se movió, por lo que puede decirse que, de hecho, España ligó su divisa a la de Francia, que fue uno de los pocos países que permaneció en el patrón oro. Por otro lado, el Reino Unido volvió al patrón oro en 1925, y las medidas estábilizadoras para revaluar la libra hicieron que la peseta se de­ preciase (aumentó el tipo de cambio) entre 1919 y 1925. Desde ese año hasta 1927 la peseta se apreció con respecto a la divisa británica, para volver a depre­ ciarse entre 1928 y 1931. Cuando Inglaterra dejó el patrón oro en este último año, la peseta se apreció frente a la libra, hasta 1934. La Comisión del patrón oro fue creada durante la Dictadura para preparar la entrada de España en el patrón oro, que Primo de Rivera anhelaba por moti­ vos de prestigio. Elaboró un excelente informe, en 1929, en el que explicaba la evolución del curso de la peseta, utilizando la teoría del poder adquisitivo, que era la dominante entonces. Por ello, dicha Comisión —encabezada por Flo­ res de Lemus— culpaba de la depreciación de la peseta al expansionismo pre­ supuestario de Calvo Sotelo desde 1927, argumentando que el déficit público había sido financiado con deuda pública pignorable, que había incrementado la oferta monetaria y los precios interiores; ello condujo a un descenso del poder adquisitivo de la moneda y, por tanto, a la depreciación de la peseta. Por el contrario, según dicha Comisión, la apreciación previa de la peseta frente

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a la libra se explicaba por una política monetaria menos expansiva, seguida en 1925 y 1926. Esta hipótesis contribuye, en efecto, a explicar la evolución de peseta en esos años, pero no sirve para los años treinta, porque también hubo política fiscal expansiva, y la peseta se apreció frente a la libra. Las explicaciones son más complejas y hay que buscarlas en el mercado de divisas. La cotización de la peseta mejoró entre 1925 y 1926 porque el déficit comercial fue bajo, porque aumentó la importación de capitales a largo plazo (por los altos tipos de interés españoles) por las expectativas alcistas de la pe­ seta (generadas por las declaraciones del dictador sobre el retomo de la peseta al patrón oro a la paridad de 1868 y por la mejoría económica y militar desde 1925) que atrajeron también capital extranjero a corto, y, como hemos dicho, por la situación de las divisas de otros países europeos. En cambio, entre 1927 y 1932 la peseta se depreció, pese a los intentos de defender su cotización, mediante el control de cambios, por parte de todos los ministros, desde Calvo Sotelo hasta Indalecio Prieto. Esa depreciación se explica tanto por el creci­ miento del déficit comercial como por la reducción, desde 1929, de las impor­ taciones de capital a largo. Asimismo, la inestabilidad que acompañó a la caída de la Dictadura promovió la salida de capitales de España, proceso que se ace­ leró con la llegada de la República. A partir de 1927 quedó patente que los planes económicos de Calvo Sotelo no estaban firmemente financiados, por el fracaso de sus reformas tributarias, y que la Dictadura comenzaba a perder apoyos políticos y empresariales y a incumplir sus compromisos. Estas noti­ cias llevaron a los especuladores a una postura bajista y a retirar sus fondos de España, ya que sus expectativas de revaluación de la peseta no se confirmaron. La depreciación de la peseta frente al franco solamente se frenó a partir de 1932, precisamente cuando el ministro de Hacienda J. Carner decidió dejó flo­ tar la divisa, y frente a la libra en 1931. Las razones de esa apreciación fueron el abandono del patrón oro y las devaluaciones competitivas que se estaban realizando en otros países, así como la repatriación de capitales y la entrada de capital a corto en 1934 y 1935, debido al cambio de color de los gobiernos republicanos.14

8. 8 .

E

c o n o m ía

y

fr a c a so

de

lo s

r e g ím e n e s

p o l ít ic o s

Hubo ciertas pautas comunes en las políticas económicas europeas. Las ideas de la ortodoxia financiera clásica, centrada en el patrón oro y en el equilibrio presupuestario, se mantuvieron en vigor durante el período de entreguerras, aunque las circunstancias obligaron a abandonar estos principios, dejando flo­ tar las divisas y aumentando el gasto presupuestario y el déficit. La política monetaria predominó entre los instrumentos aplicados, tanto para acabar con la inestabilidad de la posguerra como para combatir la crisis de los años treinta. Las heterodoxias vinieron más de las políticas reguladoras y de comercio ex­ terior, pues en las épocas de crisis se difundió el proteccionismo, el control de cambios y la cartelización de la producción, asi como las ayudas públicas a las

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empresas. También avanzaron los seguros sociales y la legislación laboral, dentro de las nuevas tendencias corporativas. En este sentido, los años com­ prendidos entre 1914 y 1936 son más importantes de lo comúnmente aceptado en la formación del Estado benefactor. No obstante, las ideas imperantes so­ bre los límites del Estado, el equilibrio presupuestario y el patrón oro obstacu­ lizaron los avances en esa dirección. También crecieron la regulación de los mercados y la empresa pública, particularmente con las operaciones de salva­ mento bancario e industrial. La política económica aplicada en España no fue muy diferente, salvo en la graduación y en la especificidad de las medidas. En los años veinte, la política económica española se miró más en el espejo de Italia, mientras que en los años republicanos fue Francia el país que más influ­ yó sobre nuestros políticos. El aceptable comportamiento de la economía española, en términos compa­ rativos con Europa, tiene su principal explicación en el atraso. El predominio del sector primario, que en las fases de auge lastraba el crecimiento económi­ co, también amortiguaba las crisis industriales; la agricultura, en suma, deter­ minaba las oscilaciones de la producción total. Hay que resaltar, empero, que España no aprovechó todas las ventajas de su atraso ni los problemas de otras economías europeas; es decir, que la convergencia entre 1913 y 1935 fue, pro­ bablemente, inferior a la potencial. El apoyo del Estado a las empresas —a través de la protección y las ayudas presupuestarias—, así como la oligopolización de los mercados y la corporativización de la economía anegaron la competencia e impidieron la innovación técnica de la industria española. Pero están por analizar los efectos concretos sobre el crecimiento, porque eí inter­ vencionismo y el nacionalismo durante la dictadura de Primo de Rivera fueron más retóricos que prácticos; compárese con el fascismo de Mussolini o el na­ cionalsocialismo de, Hitler. Una política de defensa de la competencia —y una menor protección exterior— hubiese favorecido más el crecimiento económico, pero esos no eran los vientos que soplaban entonces en Europa, volcada a favor de los oligopolios, el corporativismo, el nacionalismo y el proteccionismo.15 De hecho, en España, esas políticas intervencionistas y nacionalistas, así como el esfuerzo presupuestario del Estado, fueron menores que en Europa. La explicación radica en que, al no participar España en la primera guerra mundial, no se introdujeron las reformas tributarias que hubieran permitido aumentar los gastos, ni se impulsó la industria básica relacionada con la de­ fensa, y el nacionalismo fue menos exacerbado. Asimismo, al no sufrir grandes crisis industriales ni bancarias, ni un grave desempleo coyuntural, el Estado español no se vio en la necesidad de emprender grandes intervenciones de sal­ vamento empresarial ni voluminosas obras públicas. Por otro lado, en España el descrédito del libre mercado no se tradujo tanto en un incremento del ta­ maño del presupuesto del Estado como en una mayor regulación e interven­ cionismo. El nacionalismo alentó el creciente intervencionismo de la política económica en España, pero las ideas nacionalistas calaron más profundamen­ te, en la práctica, en los países que sufrieron las guerras o tuvieron regíme­ nes auténticamente fascistas, algo que no puede decirse de la dictadura de

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Primo de Rivera. En suma, las circunstancias obligaron menos*a los gobiernos españoles a adoptar políticas tan intensamente intervencionistas como las del régimen de Franco tras la guerra civil. El problema principal era que España tenía una economía atrasada y, por tanto, requería profundas reformas estruc­ turales que las clases dirigentes españolas no consintieron; las medidas de la Segunda República en este sentido radicalizaron unas posturas políticas, tanto en las derechas como en las izquierdas, que engendraron una guerra civil. A este respecto, se tiende a pensar que el fracaso de la Segunda República originó ese conflicto armado. Si así fuera, el peso de la responsabilidad no po­ dría recaer en las políticas coyunturales, ya que las políticas monetaria, fiscal y de protección exterior fueron similares a las aplicadas en otros países europeos. Por otro lado, las políticas estructurales eran las aconsejables en aquellas circunstancias para conseguir el desarrollo económico y el pleno empleo, y, desde luego, la equidad y la estabilidad social. Estas reformas eco­ nómicas — la agraria o la fiscal-— crearon fuertes tensiones, a pesar de que fueron moderadas; lo mismo ocurrió con otras reformas políticas — la religiosa, la militar, la territorial— . Todas ellas eran necesarias para transformar social­ mente el país. En cualquier caso, hay que recordar que la Segunda República no fue un período homogéneo, y que los gobiernos de derechas del segundo bienio paralizaron las reformas. Las circunstancias históricas, más que los personajes, fueron determinan­ tes para el fracaso republicano. La Segunda República se instauró en un mo­ mento en el que, en primer lugar, estallaba la crisis económica internacional más grave del siglo y, en segundo lugar, cuando los autoritarismos se difun­ dían por Europa. Además, el régimen republicano surgió por una razón obvia: el fracaso previo de la monarquía, en sus versiones parlamentaria de la Res­ tauración y autoritaria de la dictadura de Primo de Rivera. La conflictividad social, los fracasos militares y la crisis económica explicarían el alzamiento de Primo de Rivera en 1923, con la aquiescencia de Alfonso XIII. Cuando esta dictadura colapso, arrastró consigo a la monarquía. Los motivos del fracaso de Primo de Rivera no sólo fueron de tipo económico, pero es cierto que la res­ tricción de las libertades políticas sólo podía compensarla la bonanza econó­ mica. Las promesas dictatoriales no pudieron cumplirse: no se pudo adoptar el patrón oro, ni mantener una política expansiva de gasto público que prolongase el crecimiento económico. El descontento social se manifestó cuando impor­ tantes núcleos empresariales — como los catalanes— retiraron el apoyo al dictador, y en el malestar de las clases populares. El régimen cayó a raíz de unas elecciones municipales, en las que los partidos republicanos ganaron en la mayoría de las ciudades. Así pues, si la República fracasó, también lo había hecho antes la monarquía. Los factores que provocaron la caída de estos regímenes políticos fueron los mismos: el atraso económico, la ausencia de unas clases medias, la frag­ mentación política y la carencia de mecanismos del Estado para reducir la ines­ tabilidad social, distintos de la fuerza de la policía y el ejército. En cualquier caso, la República fracasó menos por la presunta torpeza de los ministros de

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HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

la coalición republicano-socialista, que por el hecho de que aquellas reformas eran difícilmente aplicables. A las mismas se opusieron radicalmente los grupos organizados (propietarios, Iglesia, militares, patronos), sin que las medidas del gobierno republicano-socialista contentasen a las clases sociales poten­ cialmente favorecidas por las reformas, tales como trabajadores y campesinos. La República sucumbió también por problemas estrictamente políticos como la excesiva fragmentación de los partidos, la predilección de algunos grupos sociales por las manifestaciones callejeras y revolucionarias antes que por la labor parlamentaria, y porque los grandes partidos recurrían a las insurreccio­ nes contra el propio sistema político cuando las urnas no les eran propicias.16 En definitiva, si la democracia no pudo establecerse en España en los años treinta fue porque existían unas estructuras económicas, sociales y políticas atrasadas, por las grandes desigualdades socioeconómicas y por el contexto internacional de crisis de las democracias. En primer lugar, el principal sector económico, que era la agricultura, no proporcionó estabilidad social, sino todo lo contrario. El abundante número de jornaleros en las zonas de latifundio hacían de la reforma agraria una exigencia para la sociedad española. Esas mismas leyes agrarias pusieron a los pequeños propietarios en contra de la República. Los latifundistas y terratenientes gozaban de un desproporcionado poder económico, social y político, no existían unas amplias clases medias y asalariadas que contrarrestasen ese poder y que buscasen en la estabilidad democrática la garantía del orden y de la propiedad. En segundo lugar, el sin­ dicalismo —más de origen agrario que industrial— tenía un objetivo más re­ volucionario que económico, pues las reivindicaciones laborales se subordina­ ban a las luchas políticas, con el objetivo, precisamente, de desestabilizar la «democracia burguesa». En tercer lugar, la República surgió de una ruptura de las instituciones (en la forma de Estado), y con una exigencia de responsabili­ dades a ios políticos del régimen previo, y hubo importantes cambios entre los políticos y los funcionarios, lo que afectó seriamente a la administración del Estado; además, la confrontación entre la opción republicana y la monárquica fue otro factor de conflicto. Como cuarto factor, las estructuras sociales eran atrasadas por la deficiente enseñanza pública y privada (en manos de la Iglesia hasta 1931), y la parcialidad de los medios de comunicación; los militares tenían un poder desproporcionado, que no estaban dispuestos a perder; los pa­ tronos se resistían a incorporar en sus empresas los avances de la legislación social y laboral, y se sintieron amenazados por el control obrero. Por último, no se dio una solución adecuada a la cuestión de los nacionalismos. A estos factores habría que añadir, finalmente, el desfavorable contexto eco­ nómico internacional, con una Europa en crisis, y adverso entorno político, por la oposición de los gobiernos británico y norteamericano a la República. Las medidas republicanas perjudicaban a las multinacionales, y las políticas reformistas podían contagiarse a países vecinos. Por otro lado, los ejemplos de los regímenes totalitarios (fascistas y comunistas) y los frentes populares eran demasiado cercanos para no suscitar la emulación de los partidos más extre­ mistas. Asimismo, fue determinante la intransigencia de los terratenientes y los

EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS

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industriales, que boicotearon la legislación y que reprimieron (sobre todo des­ de 1934) a los campesinos y trabajadores que se habían destacado en las rei­ vindicaciones previas. Esta es la interpretación de Josep Fontana, quien sostie­ ne que la República no fracasó por la aplicación de una política económica que no era equivocada ni revolucionaria. Los gobiernos republicanos de cen­ tro izquierda, de 1931-1933, y del Frente Popular, pretendían hacer una am­ plia reforma, pero de ninguna manera una revolución. Sus proyectos eran más «adecuados y coherentes» que los propuestos desde la extrema derecha (la Fa­ lange) y la extrema izquierda (el Partido Comunista). Si no pudieron realizarse fue porque el gobierno actuó siempre dentro de la legalidad y no quiso utilizar la fuerza para imponerlos, y por las resistencias que encontraron en España y en la diplomacia internacional. Un liberal como Azaña (1986) reconoció que en una situación como aquella era imposible atenerse al «liberalismo tradicional». Fue de los pocos políticos europeos que, en los años treinta, se dieron cuenta de que era precisa una mayor intervención del Estado para resolver los pro­ blemas económicos y sociales. En definitiva, la República constituyó una espe­ ranza frustada por las circunstancias económicas, políticas e internacionales.17

LECTURA RECOMENDADA Mercedes Cabrera y Fernando del Rey (2002), El poder de los empresarios. Polí­ tica y economía en España (1875-2000), Madrid, Taurus, capítulo 5, «Tiempos de dirigismo, tiempos de confrontación (1923-1936)», pp. 203-240.

ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA En el libro dirigido por Enrique Fuentes Quintana (2001), Economía y economis­ tas españoles. La modernización de los estudios de economía, Barcelona, Galaxia Gutemberg, en el volumen 6, se encuentran interesantes trabajos sobre los principales economistas, la política económica y la evolución de la economía española en este período. La aportación de Francisco Comín (2001), «Hacia la economía dirigida y protegida, a pesar de las críticas de los economistas (1907-1935)», es un complemento de este capítulo, porque se centra en las ideas y las políticas económicas del período de entreguerras. En el libro de Jordi Palafox (1992), Atraso económico y democracia. La Segunda República y la economía española (1892-1936), Barcelona, Crítica, se encuentra una cuidada interpretación de la economía española. En los libros de Francisco Comín (1988), Hacienda y economía en la España contemporánea (1800-1936), Madrid, Ins­ tituto de Estadios Fiscales, 2 vols., y Pablo Martín Áceña (1984), La política monetaria en España, 1919-1935, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, hay un análisis detallado de las políticas fiscal y monetaria, respectivamente.

9. GUERRA CIVIL Y PRIMER FRANQUISMO (1936-1959) C

B a r c ie l a L ó p e z Universidad de Alicante

arlos

Hay motivos sobrados para integrar en un mismo capítulo el período de la guerra civil (1936-1939) con los veinte años siguientes. La mayoría de los es­ pecialistas coinciden en hablar de una posguerra especialmente dura, que a menudo parecía más una prolongación de la guerra que el arranque de una etapa de paz. En efecto, los vencedores, que ya plantearon la guerra como ex­ terminio del enemigo, desplegaron al finalizar la contienda una durísima y prolongada represión contra los vencidos. De esta forma, a las pérdidas hu­ manas derivadas del conflicto, se sumaron las miles de víctimas de la repre­ sión, los encarcelamientos, las depuraciones y el exilio. Unas pérdidas que, además del sufrimiento humano, tuvieron gravísimas repercusiones sociales y económicas. El régimen franquista desarrolló una política sistemática de anulación de los avances sociales y políticos alcanzados durante la Segunda República, res­ taurando el viejo orden social. Su alineamiento con las potencias fascistas y su práctica política revelan a las claras el carácter del régimen, más allá de dis­ quisiciones teóricas sobre su naturaleza. Ese régimen, pero también la pecu­ liar amalgama ideológica en que se sustentaba y los largos cuarenta años en que su sombra cubrió España son las tres acepciones en que suele emplearse el término franquismo. La primera década franquista, caracterizada como la de la autarquía, cose­ chó un fracaso sin paliativos en su intento de convertir a España en una poten­ cia imperial y militar, ignorando la lamentable situación real del país y adop­ tando un modelo económico con el Estado como protagonista. La mayoría de los españoles, castigados por las calamidades de la guerra, se vieron sumidos en una larguísima depresión que empeoró hasta límites hoy difíciles de imaginar sus condiciones de vida y trabajo. A ello se añadía la ausencia de los más ele­ mentales derechos democráticos.

HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

332

En contraste, tras la segunda guerra mundial, los países de Europa occiden­ tal llevaron a cabo un intenso programa de cooperación política y económica que facilitó una rápida reconstrucción y una prosperidad sin precedentes. Es­ paña, sometida al último régimen fascista, se vio excluida de este proceso y privada de sus beneficiosos efectos. Sólo a finales de los años cincuenta, la crí­ tica situación de la economía española y los favorables condicionamientos exteriores derivados de la situación política internacional facilitaron el final del proyecto autárquico, abriendo las puertas al desarrollo de los años sesenta.1

9 .1 .

La

e c o n o m ía e s p a ñ o l a d u r a n t e l a g u e r r a c iv il

Los orígenes del conflicto Se ha afirmado con frecuencia que la guerra civil española de 1 9 3 6 a 1 9 3 9 tuvo fundamentalmente motivos socioeconómicos. Entre ellos se alude siem­ pre al atraso económico de España, al bajo nivel de renta y a su desigual dis­ tribución, y al consiguiente bajo nivel de vida, e incluso la miseria, de amplios sectores de la población, en especial en el campo. Aun sin negar cl peso de tales factores, la explicación parece insuficiente. En efecto, a la altura de 1 9 2 9 , nada hacía presagiar que España estallaría en un terrible conflicto en 1 9 3 6 . Es verdad que nuestro país estaba relativamente atrasado; sin embargo, su situación no era de una pobreza extrema que hiciera inevitable un proceso revolucio­ nario. Por el contrario, junto a un sector agrario dominante, en la economía es­ pañola se habían desarrollado unos sectores industrial y de servicios que, en conjunto, duplicaban en importancia al primario. Por otro lado, la agricultura atrasada coexistía con otra agricultura avanzada, especializada y vinculada a los mercados internacionales. La guerra civil fue un conflicto en el que, ade­ más de los intereses económicos, chocaron dos visiones muy distintas de la organización social y en la que factores como la democracia, la religión, el pa­ pel del ejército y la organización territorial del Estado tuvieron una importan­ cia decisiva. Además, las libertades políticas conquistadas con la República alentaron entre los españoles la esperanza de una sociedad más justa. Fue esta esperanza democrática, defraudada por la reacción de los poderosos que se opusieron a ceder en lo más mínimo en sus privilegios, lo que explica el esta­ llido de la guerra. Sin pretender que la división territorial inicial de España, al comenzar la guerra, refleje las preferencias de la población, no deja de ser signi­ ficativo el hecho de que las zonas agrarias más atrasadas y más pobres se unie­ ran al «Alzamiento Nacional» — como se denominó la sublevación militar—, y que las regiones más avanzadas, las ciudades más populosas y europeas fueran las que hicieran frente al fascismo.

G U tR R A CIVIL Y PRIMER FRANQUISMO

333

Economías de guerra La falta de datos dificulta conocer con exactitud la evolución de la econo­ mía española durante la guerra civil. Sabemos que la producción sufrió los inevitables reveses característicos de toda contienda, pero más importante que conocer con gran precisión el retroceso productivo es entender los profundos cambios en la organización económica de las dos zonas en que quedó dividido el país. Esto resulta particularmente importante en la zona republicana, aunque los acontecidos en la llamada «zona nacional» tuvieron más trascendencia a largo plazo, dado que fue este bando el que venció en la guerra. En la zona re­ publicana se desataron un conjunto de movimientos políticos disgregadores que tuvieron un efecto debilitador incuestionable y que fueron una de las cau­ sas de la derrota militar. Desde una óptica puramente territorial, la República quedó fragmentada, debido a la diversidad de poderes regionales: desde las autonomías constitucionales de Cataluña y el País Vasco hasta los Consejos Re­ gionales que se crearon en Aragón, Asturias y León, cuya coordinación entre ellos y con el Estado central no fue, precisamente, modélica. Por otra parte, muchas de las antiguas instituciones fueron suprimidas u ocupadas y transfor­ madas por fuerzas políticas y sindicales de carácter revolucionario. Lo mismo sucedió con muchas explotaciones agrarias y con empresas industriales y de servicios que fueron colectivizadas. En resumen, en la zona republicana coe­ xistieron, con las dificultades que ello implicaba, desde sectores de la burgue­ sía, incluidos los nacionalistas vascos y catalanes y parte del clero, hasta movi­ mientos revolucionarios anarquistas o comunistas. «Ganar la guerra para hacer la revolución», lema de estalinistas y socialistas, frente al «hacer la revolución para ganar la guerra», consigna de los anarquistas y troskistas, representaban la contradicción en el seno de las fuerzas republicanas de izquierdas que acabó desembocando en él enfrentamiento militar entre ellas. Por su parte, los repu­ blicanos moderados no deseaban la revolución ni antes ni después de la guerra. La República tuvo que hacer frente a otros muchos problemas. Además del desorden interno, la falta de apoyo internacional se tradujo en grandes dificul­ tades para obtener todo tipo de abastecimientos, desde armamento hasta pro­ ductos alimenticios. Todo ello provocó una falta generalizada de suministros en la zona republicana, casi desde las primeras semanas de la guerra, que re­ percutió en el nivel de consumo de la población y las empresas. Dentro de este panorama general de descenso productivo, llama poderosamente la atención el caso de la industria vasca. En el País Vasco no había tenido lugar ningún proce­ so revolucionario, ni ningún enfrentamiento social interno como en Cataluña, Asturias o Aragón. Sin embargo, la actividad económica, en especial la gran industria bilbaína, quedó prácticamente paralizada semanas antes de que las tropas franquistas entraran en una ciudad donde las instalaciones industriales estaban intactas. Es cierto que el aislamiento del País Vasco respecto de la zona republicana y de la navegación marítima dificultaron extraordinariamente los abastecimientos de carbón asturiano e inglés, suministro neurálgico para la

334

HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

industria. Sin embargo, no hay que olvidar otro factor: la actitud indiferente hacia la República por parte de algunos sectores del nacionalismo vasco, que consideraban el conflicto civil como algo ajeno. En conclusión, la actividad económica de la zona republicana sufrió, además de las dificultades propias de toda contienda bélica, las derivadas del proceso de división interna y de la fal­ ta de apoyo internacional. En la zona nacional las cosas fueron muy distintas. La aparente fragilidad económica de la zona inicialmente sumada a la sublevación —nula implanta­ ción en zonas industriales o de producción de materias primas, fracaso en la mayoría de las grandes ciudades, carencia de recursos financieros— se vio so­ bradamente compensada por el auxilio del exterior. Se trató del incondicional apoyo de la Italia fascista y del más medido y germánico, pero fundamental en el plano militar, de la Alemania nazi y de la cobertura territorial del Portugal de Salazar, de gran importancia estratégica. A todo ello se unió una actitud neutral, la «no intervención», de las potencias occidentales, que no podía ocultar las claras antipatías británicas hacia la República, las preferencias de las grandes empresas norteamericanas por el bando franquista y el activísimo apoyo de la Iglesia católica a la sublevación. Además, la zona nacional no sufrió los problemas de disgregación interna de la República. Aunque en las filas de los sublevados se alineaban fuerzas políticas heterogéneas —falangistas, jonsistas, tradicionalistas, monárquicos, conservadores— , algunas de ellas autoproclamadas revolucionarias, lo cierto es que todas tenían un interés común que las cohesionaba: el rechazo a la Re­ pública y la vuelta al antiguo estado de cosas. El ejército se convirtió pronto en la principal fuerza que unificó, con disciplina de hierro, las filas nacionalis­ tas. El 1 de octubre de 1936 el general Francisco Franco, tras una serie de astutas maniobras políticas y favorecido por la muerte accidental de sus dos principales rivales, se convertía en jefe del Estado, asumiendo todos los pode­ res. El objetivo de la victoria militar, por encima de cualquier otra considera­ ción, se convirtió en el elemento cohesionador de todas las fuerzas integradas en el «Movimiento». La organización, una disciplina militar sin concesiones que se impuso a toda la sociedad y, sobre todo, el auxilio exterior, hicieron que los problemas de abastecimiento de los sublevados fueran mucho menores que los que atenazaron a la zona republicana. Se ha insistido, en muchas ocasiones, en la ventaja que suponía para la Re­ pública el control de las zonas industriales de cara a la actividad bélica. Sin negar su importancia, no resultó decisiva. España, en su conjunto, y la zona republicana, en particular, carecía en 1936 de una industria de armamento mo­ derno significativa. Es verdad que algunas industrias metalúrgicas podían transformarse en industrias bélicas, como ocurrió incluso con fábricas de ju­ guetes metálicos. Sin embargo, se requería tiempo y tecnología y, en cualquier caso, existían importantes limitaciones. Podía improvisarse una fábrica de mu­ niciones, pero no era fácil poner una industria civil a ensamblar tanques o aviones. En este sentido, resultó incomparablemente más importante que la base industrial republicana, el envío inmediato, por parte de Italia y Alemania,

GUERRA CIVIL Y PRIMER FRANQUISMO

335

de grandes cantidades de armamento muy moderno con las correspondientes tropas y personal especializado a los nacionales. Lo decisivo no era el poten­ cial industrial genérico, sino la posibilidad de disponer de forma inmediata de armamento abundante y moderno. De poco le sirvió a la República su indus­ tria para impedir el paso del estrecho de Gibraltar a los nacionales apoyados por la aviación fascista. Por otra parte, y esta es una cuestión en la que no se ha reparado, los nacionales controlaron muy pronto un sector industrial de gran interés militar: la industria conservera gallega y navarro-riojana de la que sa­ lieron gran parte de las raciones que nutrieron los frentes de batalla. Por otra parte, los problemas y el declive productivo industrial de la zona republicana dieron rápidamente paso a una espectacular recuperación de la producción, tan pronto se produjo la entrada de las tropas nacionales. En algu­ nos casos mediante la imposición de un régimen de terror, como en Asturias, en otros con la cooperación de los empresarios, como en Vizcaya, el cambio se operó de forma muy rápida. El objetivo de la victoria militar no impidió que las autoridades del bando nacional dejaran claro desde el principio qué tipo de organización social busca­ ban. Durante la guerra se fueron promulgando toda una serie de disposiciones destinadas a liquidar las reformas de la República, en particular las medidas de carácter social y la reforma agraria. Igualmente, se procedió a intervenir en la economía, estableciendo diversos organismos encargados de controlar la pro­ ducción, la distribución y el consumo de productos. En 1937 se creó el Servi­ cio. Nacional del Trigo (SNT), organismo al que se encomendó, inícialmente, la regulación del mercado triguero, pero que terminó rigiendo casi todo el sec­ tor agrario durante el franquismo. Si el sector real de la economía sufrió un fuerte impacto, no fue menor el experimentado en el campo monetario y financiero. España quedó dividida en dos zonas monetarias, con dos pesetas distintas que evolucionaron de forma diferente. Por su parte, la fragmentación económica interna de la zona republi­ cana tuvo su reflejo también en el terreno monetario. Junto a la peseta legal de la República, circularon multitud de monedas emitidas por las diversas autori­ dades autonómicas, territoriales y locales, convirtiendo la zona republicana en un mosaico monetario. Como es obvio, se paralizaron los pagos, los intercam­ bios y los créditos entre las dos zonas. En la zona republicana surgieron pronto graves dificultades para sostener la cotización de la peseta a causa del déficit comercial y de la falta de crédito exterior.2

El coste de la contienda Una de las cuestiones de mayor interés al tratar este período es el coste de la guerra y su financiación. La realidad era a este respecto del todo paradójica. Parecería que, desde el punto de vista de su reconocimiento internacional y del crédito, el gobierno legítimo de la República estaría en una posición mucho más sólida que la de los militares sublevados. En la práctica, las cosas fueron

336

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totalmente a la inversa. Los sublevados recibieron el apoyo abierto y provo­ cador de las potencias fascistas. Frente a ello, las potencias democráticas se escondieron de modo vergonzoso tras la declaración de la «no intervención». Tras esta falsa neutralidad se ocultaban las claras simpatías del gobierno inglés hacia Franco, se daba un nuevo paso en la política de no contrariar a Alemania, y se manifestaba el temor, por parte de los grandes círculos finan­ cieros y económicos mundiales, a una propagación de la revolución bolchevi­ que en España. Lo cierto es que, exceptuando la Francia del Frente Popular y la URSS, la República se encontró aislada en el ámbito internacional. Otros apoyos como el de México, moralmente importantes, carecieron de una ver­ tiente material significativa. Las Brigadas Internacionales, ejemplo de heroica solidaridad con la democracia española, carecían del apoyo oficial y de la or­ ganización y equipamiento militar de las unidades italianas y alemanas que combatían con Franco. Esta débil posición política de la República tuvo su tra­ ducción en el plano financiero. La República careció de crédito externo para hacer frente al pago de los suministros de material militar. En estas circuns­ tancias, sólo podía adquirir armamento pagando al contado, lo que no era po­ sible dado el déficit exterior. La única salida era recurrir a las reservas de me­ tales preciosos y de divisas del Banco de España. Hay que subrayar que esta medida planteó algunos problemas de legalidad, ya que el Banco de España era una sociedad privada. En cualquier caso, el oro, la plata y las divisas del Banco fueron utilizadas para adquirir en Moscú y París los suministros milita­ res. En 1938 estos fondos estaban agotados y sólo quedó el recurso al crédito que quisiera conceder la URSS. Para entonces, la suerte de la guerra estaba decidida. En total se gastaron unos 750 millones de dólares, de los que 715 eran las reservas del Banco. En contraste, la zona nacional gozó de unas buenas posibilidades de finan­ ciación. Es verdad que los sublevados, y su recién creado Banco de España, carecían de unas reservas de divisas como las de la República. Sin embargo, esto no constituyó un grave problema: las divisas eran sólo un medio para obtener pertrechos militares. Aunque los sublevados carecían de divisas, disfru­ taron directamente de la ayuda militar del Eje. La República tenía medios de pago pero, incluso así, necesitaba tiempo para comprar las armas y para su su­ ministro, y países dispuestos a venderlas, lo que no fue siempre fácil. En este sentido, la ventaja de los sublevados fue notable. Alemania e Italia proporcio­ naron una ayuda militar abundante e inmediata que fue decisiva para el triunfo de Franco. La ayuda italiana ascendió a unos 430 millones de dólares, a lo que habría que añadir el coste del, eufemísticamente, denominado Cuerpo de Tro­ pas Voluntarias. La ayuda económica alemana fue cuantitativamente menor, aunque estratégicamente fue decisiva (Legión Cóndor). Se crearon una serie de empresas (HISMA Ltda. y ROWAK) que canalizaron los envíos alemanes y las exportaciones españolas de minerales y alimentos hacia Alemania. De esta forma, los nacionales fueron pagando, durante la guerra, una buena parte de los suministros bélicos alemanes, convirtiéndose Alemania en el primer país importador de productos de la España franquista.

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Paralelamente, los nacionales decretaron la obligación de entregar el oro y los valores extranjeros en manos de particulares, y recibieron diversas contri­ buciones y créditos privados de españoles y extranjeros (bancos, empresas y particulares). En total, los nacionales dispusieron de cifras similares a las de los republicanos para la financiación de la guerra, aunque al finalizar el con­ flicto el gobierno se encontraba fuertemente endeudado. En conjunto, como sucede en todas las guerras, España sacrificó en su contienda civil unos recursos muy valiosos, con un alto coste de oportunidad para un país atrasado. A todo ello hay que añadir los daños materiales provocados por la guerra, la irrepa­ rable pérdida de vidas y un sufrimiento que se prolongó, durante décadas, por el carácter dictatorial e inclemente del régimen que se impuso al finalizar el conflicto. La guerra civil española provocó considerables destrucciones materiales y, lo que es más grave, la muerte de cientos de miles de personas. Sin lugar a du­ das, lo más importante de las pérdidas humanas fueron todas y cada unas de las propias víctimas y el dolor y la desesperación de sus familias, marcadas de manera indeleble. No obstante, también cabe el análisis de esas pérdidas des­ de el punto de vista del capital humano y de sus repercusiones para el aparato productivo del país. De entrada hay que destacar que las pérdidas de población activa fueron relativamente importantes. Conforme a los cálculos más recien­ tes podemos situarlas en tomo a un 4 por 100, cifra sensiblemente superior a la sufrida por Italia (2 por 100) o Francia (3 por 100) como consecuencia de la segunda guerra mundial. La guerra trajo otra serie de secuelas demográficas importantes. A los fa­ llecidos durante la contienda hay que añadir las muertes provocadas por la represión posbélica. El exilio, que afectó al menos a unos doscientos mil espa­ ñoles, y el encarcelamiento de otros trescientos mil, completaban un panora­ ma desolador. En conjunto, un duro golpe para la economía española, mucho más notable si tenemos en cuenta que la represión y el exilio se cebaron, par­ ticularmente, en los grupos sociales mejor preparados del país. Además, el cli­ ma de terror que se extendió sobre los vencidos hizo que muchos españoles perdieran sus oficios, sus bienes o sus carreras profesionales, sufriendo una especie de muerte como ciudadanos. La figura del maestro depurado y des­ terrado por sus ideas, que tenía que ganarse la vida dando clases particulares, recuerda la ignominia del régimen. Las pérdidas materiales derivadas de la contienda no fueron tan importantes como las humanas. En 1939 la producción agraria había caído en un 20 por 100 y la industrial en un 30 por 100. España se hallaba sin reservas de oro y sin divisas, y con un sistema monetario colapsado. Las mayores pérdidas hay que situarlas en las infraestructuras, en particular las ferroviarias, y en los me­ dios de transporte. En su conjunto, unos daños sensibles, aunque claramente inferiores a los causados por la segunda guerra mundial en los países europeos (véase el cuadro 9.1). Sin embargo, pese a que las pérdidas materiales fueron muy inferiores, la posguerra española fue mucho más larga y profunda que la de los países

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338

C u a d r o 9 .1 .

C o m p a ra c ió n d e l a s d e s tru c c io n e s físic a s p o r l a g u e r r a d e E sp añ a y

l a s e g u n d a g u e r r a m u n d i a l (e n p o r c e n t a j e )

Energía eléctrica

Porcentaje de m aterial dañado sobre stock inicial

Francia Italia Grecia España

Disminución de cabaña animal

(•)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

-7 6 -50 -8 2 -3 4

-6 5 -5 7 -91 -4 0

-7 3 -7 6 -7 3 -2 3

-2 ,8 -5 ,4 -3,1 -0 ,9

-2 7 -2 6 -5 6 -1 6

-2 5 -3 2 -3 9 -2 6

-11 - 14 -4 9 -1 0

Porcentaje de viviendas destruidas

Proporción de muertes sobre población

(8)

(9)

-1 ,4 -3,1 -0 ,9 -2 ,2 -7 ,0 -18,9

-8 -5 -21

- 0,5 - - 4 - 1,1 -- 1,5 - 2,7 - - 4

Notas: (I) Locomotoras. (2) Vagones de carga. (3) Flota marina mercante. (4) Potencia eléctrica instalada. (5) Caída en la producción de electricidad. (6) Equina. (7) Bovina. (8) Total. (9) Activa. F u e n t e : J. Catalan (1995), La economía española y la segunda guerra mundial, Barcelona, Ariel, 55.

europeos. El nivel de la renta nacional y de la renta per cápita de 1935 no se recuperó hasta entrados los años cincuenta. El consumo de la población, in­ cluido el de productos de primera necesidad, se hundió de forma dramática, y el hambre se cebó en millones de españoles. Se ha afirmado que los decenios de 1930 y 1940 constituyen la única fase en que se ha producido un retroceso en los niveles de bienestar de la población en los últimos 150 años. La evolu­ ción de España contrasta, no ya con la de los países europeos más desarrolla­ dos, sino incluso con los del sur de Europa. Así, mientras que Italia, Grecia o Yugoslavia duplicaban su producción industrial entre 1946 y 1950, en España se registraba un modestísimo aumento del 10 por 100.3 Evidentemente, esta mala situación económica no afectaba a todos los es­ pañoles por igual. Durante los años cuarenta, los salarios reales de los trabaja­ dores experimentaron un descenso notable y generalizado (véase el cuadro 9.2), pero los beneficios de los grandes propietarios agrarios, de las empresas y de

C u a d r o 9 .2 .

E v o lu c ió n d e lo s s a l a r i o s n o m in a le s

y

re a le s en C a ta lu ñ a

( 1 9 3 9 - 1 9 5 0 ) ( 1 9 3 6 = 100)

1939 1940

Salarios nominales 100 122 Salarios 48 43 reales

1941 1942

1943

1944

1945 1946 1947 1948 1949 1950

144

155

161

194

209

254

271

297

309

368

-

28

39

71

72

55

50

60

66

65

F u e n t e : C. Molinero y P. Ysás (1985), «Patria, justicia y pan». Nivell de vida i condicions de

treball a Catalunya, 1939-1959, Barcelona, La Magrana.

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la banca se incrementaron. La guerra se prolongó, también, en el ámbito laboral. Los puestos de trabajo vacantes por la represión y el exilio fueron ocupados por los vencedores de la contienda, personas que a menudo carecían de una adecuada cualificación profesional. Los aprobados «patrióticos» en los estu­ dios y la reserva de puestos de trabajo en la administración fueron una prácti­ ca normal.

9 .2 .

A u t a r q u ía

e in t e r v e n c io n is m o

Profundizar en las razones de esta prolongada crisis económica es el obje­ to de las siguientes páginas. Lo primero que es importante tener claro es que los vencedores de la guerra, con el mismo dictador a la cabeza, tenían ideas propias sobre la situación de la economía española y sobre la forma de lograr el desarrollo del país. El general Franco, que nunca pecó de modestia, llegó a afirmar: «Anuncio que la experiencia de nuestra guerra tendrá que influir se­ riamente en todas las teorías económicas defendidas hasta hace poco como si fueran dogmas». En realidad, como tendremos ocasión de ver, las revoluciona­ rias teorías económicas del franquismo constituían un batiburrillo de viejos e incoherentes planteamientos, cuya aplicación provocó un grave caos económi­ co. Ni que decir tiene que la teoría económica, en cambio, quedó intacta.

Principios económicos del régimen autárquico ¿Cuáles eran los planteamientos económicos del franquismo? Los dirigen­ tes del régimen partían del diagnóstico de que España se encontraba, antes de la guerra, en una situación de atraso económico, y en particular industrial, como consecuencia de la incapacidad del sistema económico capita lista-liberal, del fracaso de la iniciativa privada y de la falta de orden en el sistema productivo. Los «excesos» del sistema democrático (a Franco le gustaba decir que no ha­ bía que confundir la libertad con el libertinaje) estaban en la base del fracaso de España y era necesario corregirlos mediante la autoridad. Correspondía al Estado, a un Estado fuerte, «totalitario», la tarea de sacar a España de su atra­ so y convertirla en un pais industrial. Conviene subrayar que para estos «nue­ vos» economistas el desarrollo era, por encima de todo y a costa de todo, la industrialización del país. A ese objetivo industrializador tenían que sacrificar­ se todos los demás. Encontramos, de esta forma, uno de los rasgos más carac­ terísticos de la política económica del nuevo Estado: el intervencionismo y el dirigismo estatal. Como la libertad económica había conducido al atraso y al enfrentamiento social, se imponía una fuerte autoridad que ordenara y regu­ lara estrictamente la actividad económica. Según las nuevas autoridades, este desarrollo tenía que conseguirse persiguiendo las mayores cotas posibles de autoabastecimiento, con miras a la meta final de la autarquía. Se entendía que un país que quisiera ser militar y políticamente fuerte, y cabeza de un Imperio,

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tenía que ser económicamente autosuficiente. No podía depender de otros paí­ ses y, menos, de otras potencias rivales. De aquí se deriva otra de las carac­ terísticas del franquismo: la subordinación de la economía a la política. Es decir, la economía se contemplaba no como un fin (proporcionar bienestar material a la población), sino como un medio para alcanzar otros objetivos considerados más importantes: convertirse en una gran potencia militar e im­ perial. Este objetivo llevaba aparejado, inevitablemente, un fuerte nacionalis­ mo económico. Resultaba impensable que un país pudiera convertirse en una gran potencia si su economía estaba controlada por países extranjeros. Por otra parte, se consideraba que lo importante para un país era producir, no im­ portaba tanto a costa de qué, sino el conseguir los objetivos cuantitativos que se marcaran. Este planteamiento, en el que primaba la búsqueda de soluciones técnicas para maximizar la producción, soslayando o ignorando las solucio­ nes económicas óptimas, dio pie a lo que se ha dado en llamar «mentalidad ingenieril». Podemos hablar, en este sentido, y como otro rasgo característico, de una política de producción. Finalmente, otro elemento fundamental del ideario franquista era el referente a la organización de la producción. Se par­ tía, como en todo lo demás, del rechazo al sistema democrático y liberal. Se consideraba que la producción y el sistema productivo y, en consecuencia, las relaciones laborales tenían que estar supeditados al interés superior de la na­ ción. Todos los agentes implicados en la producción debían prescindir de sus intereses particulares y someterlos al interés nacional. Empresarios y obreros, fundidos en la misma categoría de «productores», tendrían que organizarse en un mismo sindicato vertical que, bajo la autoridad del Estado, tendría como misión el aumento de la producción, a la vez que armonizaría los intereses de empresarios y trabajadores. En definitiva, los rasgos básicos de la nueva eco­ nomía política del franquismo eran la búsqueda a ultranza de la industriali­ zación, en un marco de autarquía económica y bajo la dirección totalitaria del Estado. En realidad, no había casi nada de nuevo en los planteamientos económi­ cos del franquismo. Sí que podemos decir que el franquismo llevó hasta el lí­ mite algunas tendencias que ya se habían venido manifestando en la economía española y, en parte, en la economía mundial, y que imitó o adoptó plantea­ mientos económicos en boga en los países totalitarios de Europa. Así, el pro­ teccionismo era un elemento casi permanente de toda nuestra historia econó­ mica que se había reforzado durante el primer tercio del siglo XX. Lo mismo podemos decir del nacionalismo económico propugnado con fuerza durante la época de Primo de Rivera, al igual que los planteamientos corporativistas. No eran ideas nuevas, la novedad radicaba en su carácter extremista. La protec­ ción habría de llegar a ser integral y conseguir la autarquía sometiendo toda la organización económica al dictado del Estado. El franquismo adoptó, sobre la marcha, y para cubrir sus carencias doctrinales, algunos elementos e insti­ tuciones desarrollados por las dictaduras nazi y fascista. La aversión a la de­ mocracia, la organización totalitaria del Estado, el partido único, el militarismo, la importancia de la propaganda, el control de los medios de comunicación, el

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aparato represivo y, obviamente, la estética de las camisas oscuras y los brazos en alto. En esta línea, la influencia italiana fue mayor y algunas instituciones como el INI o el INC tienen claros precedentes en el IR1 y en la política de co­ lonización. Asimismo, hay que señalar que en la defensa de estos plantea­ mientos coincidían toda una serie de fuerzas políticas y sociales de gran peso en el país y que conformaban el bando nacional. El corporativism o, la con­ dena del liberalismo («el liberalismo es pecado») y la aversión al exterior eran elementos sustanciales del pensamiento de la Iglesia, del tradicionalismo car­ lista y del conservadurismo, en general. El nacionalismo, la primacía de la autoridad y la regulación eran, igualmente, ideas muy arraigadas entre los mi­ litares. Por encima de todo, estos grupos estaban unidos en la idea de la defen­ sa de la propiedad y de los viejos privilegios sociales, religiosos, políticos y económicos.

Agricultura: intervención y mercado negro La evolución del sector agrario español durante los años cuarenta presenta unos resultados desoladores. Cayeron de forma sustancial la producción agra­ ria, las disponibilidades alimenticias y el consumo. Los años cuarenta queda­ ron en la memoria colectiva de los españoles, y en la historia, como los años del hambre. El sector agrario, como toda la economía, se vio sometido a una intensa in­ tervención estatal ya desde el comienzo de la guerra. Conviene recordar que, precisamente, una de las causas de la sublevación militar de 1936 fue la reac­ ción de los grandes propietarios contra la reforma agraria de la República. De inmediato, el nuevo Estado promulgó una serie de normas que dejaban sin efec­ to la reforma y devolvían las tierras a sus antiguos propietarios. A estos efectos, se crearon organismos como el Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra y el Servicio de Recuperación Agrícola. Pero en realidad el desmantelamiento de la reforma agraria y la recuperación de las tierras los rea­ lizaron de manera espontánea —y a menudo violenta y represiva— los anti­ guos propietarios al compás del avance de las tropas nacionales, sin atenerse a ningún procedimiento legal. En este proceso, los propietarios se adueñaron de medios de producción y ganado, propiedad de las colectividades y los campe­ sinos. Obviamente, tampoco podían quedar en pie otros aspectos de la obra re­ formista republicana: se prohibieron los sindicatos campesinos, se derogó la legislación que limitaba las jornadas de trabajo y regulaba los salarios, y se im­ puso el sindicalismo vertical mediante las denominadas Hermandades de Labra­ dores y Ganaderos. Éstas se encargaron, junto a la Guardia Civil, de restaurar el orden en el campo. Todo ello supuso el sometimiento total de los campesi­ nos, que vieron evaporarse las garantías y mejoras que habían conquistado con la República. El Estado franquista impuso como sustituto de la distribución de tierras de la República la denominada colonización agraria. Encomendada al Instituto

342

HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

Nacional de Colonización, que habría de alcanzar una gran presencia en el campo español, la política de colonización buscaba fundamentalmente trans­ formar tierras de secano en regadío y, colateralmente, el asentamiento de co­ lonos. Su finalidad no era distribuir la propiedad, sino incrementar la pro­ ducción. Se enmarcaba así en los planteamientos autárquicos del régimen y enlazaba con la tradición regeneración!sta y con la política de bonifica del fas­ cismo italiano. El proyecto colonizador fue acompañado de una política hi­ dráulica, de construcción de grandes obras, concretadas en el denominado Plan Peña, directamente inspirado en los trabajos técnicos realizados durante la República. La obra colonizadora durante los años cuarenta se saldó con un enorme fracaso. No se construyeron las grandes obras, las superficies puestas en riego fueron inapreciables y, obviamente, el número de colonos asentados fue insig­ nificante. Las causas de este fracaso fueron varias. Los grandes propietarios se negaron a realizar cuantiosas inversiones en un proyecto muy costoso y de resultados inciertos, máxime cuando existía la alternativa de seguir explotando sus tierras al modo tradicional, aprovechando las grandes ventajas que ofrecía la abundancia de mano de obra barata y los lucrativos precios del mercado ne­ gro. Los ambiciosos planes colonizadores chocaban, además, con la escasez de las materias primas necesarias para las obras. Hay que subrayar la incon­ gruencia de solicitar de los propietarios grandes inversiones en la agricultura cuando, simultáneamente, se mantenía una política de bajos precios oficiales (de tasa), negativa para el sector. La intervención del Estado fue también muy intensa en la ordenación de la producción. El Servicio Nacional del Trigo quedó encargado inicialmente de ordenar y regular el mercado triguero, pero terminó desempeñando un papel decisivo en la evolución del conjunto de la agricultura durante todo el fran­ quismo. Las autoridades diseñaron un proyecto de intervención «totalitaria» para conseguir el autoabastecimiento alimentario, objetivo fundamental del ré­ gimen. El Estado fijaba las superficies de cultivo, las cantidades de producto que los campesinos debían entregar a los organismos de intervención y a qué precios. Igualmente, se ordenaba la distribución, se racionaba el consumo y se fijaban los precios finales de los productos. El comercio exterior quedaba totalmente controlado y muchos productos básicos fueron clasificados como comercio de Estado. La intervención llegó a límites grotescos, como la de declarar obligatorio el «espigueo» (la rebusca de espigas tras la siega). La ma­ raña legislativa y la creación de organismos interventores nutridos por una enorme y mal preparada burocracia fueron paralelos al hundimiento de la pro­ ducción y con ella el hambre y el mercado negro (véase el gráfico 9.1). La fal­ ta de alimentos apareció nada más acabar la guerra y, lejos de resolverse, se fue agravando conforme transcurrían ios años cuarenta. El gobierno encontró también, muy pronto, la justificación a esta situación: los danos provocados por los «rojos», la pertinaz sequía, la actuación de los especuladores, la falta de ganado de labor y de fertilizantes, y el aislamiento internacional de España. Cualquier cosa menos reconocer la responsabilidad del gobierno y su política

GUERRA CIVIL Y PRIMER FRANQUISMO G r á f i c o 9 .1 . T r i g o c o m e r c i a l i z a d o

en

343

e l m e rc a d o n eg ro , seg ú n d a to s o fic ia le s

( en p o r c e n t a j e )

Porcentaje que representa el mercado negro: ................ sobre la cosecha comercializada F uente:

sobre la producción

C. Barciela (1986).

de intervención. Los historiadores, en cambio, coinciden en que la causa funda­ mental de la crisis agraria y el hambre de los cuarenta radica en el carácter del régimen y su vinculación a las potencias fascistas, en una política eco­ nómica que buscaba, ante todo, la industrialización y en la aberrante política de intervención en el propio sector agrario. Debe tenerse en cuenta que, a pe­ sar del hambre, Franco ordenó exportar alimentos a las potencias del Eje y renunció a comprarlos en el exterior. La escasez llegó a ser dramática, y sólo gracias al crédito argentino, reforzado con el Protocolo Franco-Perón de 1947, y norteamericano, se logró salvar una situación del todo insostenible a finales de los años cuarenta. Sin embargo, no debe pensarse que todo fue negativo y que todos los espa­ ñoles resultaron perjudicados por la política agraria del nuevo Estado. Perjudi­ cados resultaron los pequeños campesinos obligados a entregar sus productos a los organismos de intervención a precios de tasa. Gravemente perjudica­ dos resultaron los asalariados del campo sometidos a penosas condiciones de vida y trabajo. Perjudicadas, igualmente, quedaron las clases trabajadoras de las ciudades, principales víctimas del hambre y del estraperlo. Sin embargo,

344

HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

para los grandes propietarios fue una buena época: restituyeron y reforzaron sus antiguas propiedades, se erigieron en dueños y señores de las relaciones laborales en el campo y se enriquecieron con el mercado negro. De hecho, du­ rante los años cuarenta, se produjo un importante proceso de acumulación de capital que sirvió para financiar el sector industrial y, posteriormente, en los años cincuenta, el propio desarrollo agrario. Desde el punto de vista de la mayoría de la población cabe hablar, en resu­ men, de un fracaso sin paliativos del proyecto agrario del franquismo durante los años cuarenta. La autarquía se mostró como un objetivo inalcanzable, ade­ más de absurdo en términos económicos. Paradójicamente, sólo gracias a las importaciones de trigo argentino y norteamericano, España se salvó de una total catástrofe alimentaria. Tras haber propugnado la autarquía y cantado las excelencias de nuestro país, el fracaso condujo a las autoridades a cambiar su discurso.4

La industria: el modelo totalitario del INI La guerra civil no originó daños significativos en las instalaciones indus­ triales del país. En 1940 la producción industrial era un 14 por 100 inferior a la del 1935. A pesar de ello, el sector industrial conoció una recuperación va­ cilante y extraordinariamente lenta: en 1950 no se habían recuperado aún los niveles de producción de 1935. Así, la larga posguerra, más que la guerra mis­ ma, supuso una interrupción sin precedentes en el lento, pero sostenido, pro­ ceso de industrialización de España desde mediados del siglo xix. Tampoco esta etapa resiste la comparación con lo sucedido en otros países europeos. Al­ gunas naciones neutrales duplicaron su producto industrial y los países belige­ rantes, que habían sufrido daños mucho más graves (Alemania, Italia, Francia y Reino Unido), lo incrementaron en un 50 por 100. Mientras que España tar­ dó quince años en recuperar la producción prebélica, Alemania tardó cuatro años, Francia seis, Italia cuatro y el Reino Unido tan sólo dos. Con razón la década de 1940 ha sido bautizada como «la noche de la industrialización es­ pañola». La evolución global de la industria encubre, no obstante, importantes dife­ rencias por sectores. Las preferencias del régimen por la industria pesada, base de la industria militar, hizo que el crecimiento de la producción de bienes intermedios y de inversión fuese muy superior al crecimiento de la producción de bienes de consumo. La industria ligera sufrió el abandono y el desinterés del gobierno. A pesar del hambre, la industria alimentaria quedó privada de apoyo oficial, y no recuperó los niveles de producción de 1935 hasta los años sesen­ ta, en claro contraste con Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal, Francia y Holanda. El fracaso industrial en la España de los años cuarenta es particularmente llamativo si pensamos que el régimen tenía como principal objetivo la indus­ trialización del país. No obstante, conviene recordar que esa industrialización

GUERRA CIVIL Y PRIMER FRANQUISMO

345

era un objetivo intermedio, ya que lo que realmente se buscaba era el reforza­ miento militar, que permitiría alcanzar el fin último de convertir a España en una gran potencia y restaurar su poder imperial. De ahí el interés de Franco por entrar en la segunda guerra mundial, convencido de que la segura victoria del Eje le permitiría recuperar Gibraltar y adueñarse de las colonias francesas en el norte de África. A este objetivo imperial se supeditaron todos los demás y, en consecuencia, se abandonó la agricultura y los sectores industriales no vinculados a las industrias pesadas y militares. Por lo demás, las autoridades franquistas consideraban fracasado el siste­ ma económico liberal-capitalista, basado en la iniciativa privada. En su lugar, correspondía al Estado la tarea de industrializar el país. La política industrial aspiraba así a incrementar la producción sobre la base de los recursos propios que, como veremos, Franco consideraba casi ilimitados, despreciando los cri­ terios económicos de especialización, costes, ventajas comparativas y compe­ titividad exterior. Los principios de la política industrial del franquismo que­ daron reflejados en la promulgación de tres leyes básicas. La de protección de nuevas industrias de interés nacional (1939), la de ordenación y defensa de la industria (1939) y la de creación del Instituto Nacional de Industria (INI) en 1941. Con las dos primeras, el gobierno se dotó de los instrumentos para regu­ lar estrechamente la iniciativa industrial privada, tanto nacional como extran­ jera. La primera ley introducía la figura de las empresas de interés nacional, cuya declaración implicaba la obtención de privilegios económicos, y la se­ gunda limitaba seriamente las inversiones extranjeras en España. El marco legal resultante canalizaba los recursos hacia los sectores vinculados al logro de la autarquía y el equipamiento militar, al margen de cualquier cálculo eco­ nómico de rentabilidad, sustituyendo el mercado por una burocracia poco preparada y con un gran margen de decisión. El rechazo de la inversión ex­ tranjera, de inspiración ultranacionalista, resultaba un planteamiento muy poco inteligente para un país necesitado de capitales y atrasado tecnológica­ mente. Todo ello implicó un marcado descenso de la competencia interior y la aparición de un «mercado político» en el que los empresarios intentaban com­ prar tratos de favor de los organismos interventores. Por su parte, el INI nació como un instrumento para la intervención directa del Estado en la economía. Muy significativo resulta el nombre que inicial­ mente se pensó para este organismo: Instituto Nacional de Autarquía. El naci­ miento y la historia del INI están unidos al ingeniero naval, militar y amigo de Franco, Juan Antonio Suanzes, que lo presidió veintidós años. Suanzes era uno de los principales inspiradores de los planteamientos antiliberales, nacio­ nalistas, autárquicos, industrialistas y militaristas dominantes. Junto al com­ ponente nacional, el Instituto tenía claras influencias del fascismo italiano. Mussolini había creado un organismo, el ÍRI, al que se había encomendado la tarea de alcanzar la autarquía y el desarrollo de una gran industria militar, ne­ cesaria para nutrir los planes imperialistas del fascismo en Europa meridional y África. El INI se configuró como un holding de empresas de capital público, dependiente directamente de la presidencia del gobierno. Además de sus so­

346

HISTORIA ECONÓMICA DLi ESPAÑA

ciedades, el INI colaboró y participó con la iniciativa privada en otras empre­ sas. El Instituto tuvo un papel fundamental en la evolución industrial de España y, en lo que concierne a los años cuarenta, su actuación fue determinante, ya que Suanzes fue ministro de Industria y Comercio y presidente del Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME) entre 1945 y 1951, años en que se fra­ guaron los principales proyectos del INI. El Instituto se planteó, inicialmente, una actuación muy ambiciosa que afectaba a todos los sectores industriales. Sin embargo, en la práctica, terminó centrándose en la producción de energía, bienes intermedios y material de transporte. A finales de los años cuarenta, el INI tenía cuarenta sociedades con un capital de 7.000 millones de pesetas. El Instituto controlaba totalmente la industria del automóvil, producía el 75 por 100 de los fertilizantes nitrogena­ dos, más del 50 por 100 del aluminio, un 25 por 100 de la refinación de petró­ leo, un 17 por 100 de las fibras textiles artificiales, un 8 por 100 de la energía eléctrica y otro tanto de la construcción naval. Aunque resulta imposible referirse, ni siquiera someramente, a cada una de las empresas del INI, debe mencionarse al menos una de ellas, la más signifi­ cativa por volumen de inversiones y carácter estratégico: la Empresa Nacional Calvo Sotelo (ENCASO). España, como es conocido, carece de yacimientos pe­ trolíferos y su dependencia de los suministros exteriores es total. A ENCASO se le encomendó la tarea de producir combustibles líquidos y lubricantes, utili­ zando materias primas nacionales. En ausencia de petróleo, se recurrió a intentar obtenerlos a partir de pizarras bituminosas y de lignito, algo que, para lograr el deseado autoabastecimiento, exigía inversiones multimillonarias y una tec­ nología de la que España carecía. En medio de las previsibles dificultades, hasta 1952 no se consiguió iniciar la destilación de combustible a partir de pizarras, a un precio varias veces superior al petróleo de importación. El pro­ yecto se saldaba así con un costosísimo fracaso y fue abandonado. ENCASO representó el ejemplo más llamativo de lo absurdo del ideal autárquico, aun­ que desgraciadamente no fue el único. También en la producción eléctrica, el objetivo de incrementar la producción se frustró por la propia política autárquica que dificultaba la importación de cemento y equipos, y ponía trabas a la presencia de empresas extranjeras, impidiendo la llegada de las nuevas tec­ nologías. En conjunto, la evolución de las sociedades del INI durante los años cua­ renta muestra las carencias de la política industrial y más aún del conjunto de la política económica del nuevo Estado. Así, ni siquiera los ingentes recursos financieros que el Estado canalizó hacia el Instituto bastaron para sacar ade­ lante los ambiciosos proyectos del INI. El estrangulamiento financiero no te­ nía remedio dada la extrema debilidad de la Hacienda pública y la imposibili­ dad de recurrir a la autofinanciación, vistas la baja rentabilidad y las pérdidas de la mayor parte de las empresas. La dependencia tecnológica de Alemania e Italia, principales socios de España durante la segunda guerra mundial, fue otro factor distorsionador, especialmente grave tras su derrota en la contienda (véase el cuadro 9.3).

GUERRA CIVIL Y PRIMER FRANQUISMO C uadro

9.3,

F in a n c ia c ió n

del

IN I

en

1941-1950 ( m i l l o n e s

Fondos propios Fondos procedentes del Tesoro

1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

(1)

(2)

0,50 52,70 210,20 80,60 244,40 439,00 388,60 447,70 346,90 1.227,60

0,50 53,20 263,40 344,00 588,40 1.027,40 1.416,00 1.863,70 2.210,60 3.438,20

0,60

4,20 10,40 55,20 17,00

d e pt a s. c o r r ie n t e s)

Fondos ajenos

Autofinanciación (1)

347

(2)

0,60 0,60 0,60 0,60 4,80 15,20 70,40 87,40

Créditos del Banco de España (1) (2)

172,90 257,30 -2 9 4 ,6 0

172,90 430,20 135,60

Totales (I)

(2)

0,50 52,70 210,80 80,60 244,40 439,00 392,80 631,00 659,40 950,00

0,50 53,20 264,00 344,60 589,00 1.028,00 1.420,80 2.051,80 2.711,20 3.661,20

Notas: (1) Del año. (2) Acumulado. Fuente: S. Esteban (1973), «La financiación de las inversiones del INI», en C. Albiñana, La empresa pública industrial en España: el INI, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales.

En definitiva, el fracaso del INI era el de toda una política industrial que ig­ noraba, cuando no despreciaba, las más elementales reglas de la economía. Los escasos recursos disponibles se asignaron ineficientemente, se incurrió en altos costes de oportunidad y se dificultó el desarrollo de las empresas privadas. La política de sustitución de importaciones mostró a las claras su incoherencia: para poner en marcha proyectos que favorecieran la autarquía era imprescindi­ ble importar una amplia gama de productos y tecnologías, dado el atraso indus­ trial español. Tampoco se pudo garantizar el suministro necesario de combusti­ bles y electricidad, el motor de la industria. Finalmente, el marco proteccionista y los privilegios concedidos a las empresas del INI hicieron que éstas crecie­ ran sin disciplina de costes y sin exigencias de competitividad internacional. En conjunto, podemos decir que el estancamiento industrial de España (véa­ se el cuadro 9.4), durante los años cuarenta, se debió a las incoherencias y errores de la política autárquica. El convencimiento de Franco de que Alema­ nia ganaría la guerra le llevó a alinear nuestro país con el Eje, e incluso a in­ volucrarse en el conflicto enviando tropas, la División Azul, a luchar con los alemanes contra la URSS. Este alineamiento volcó las relaciones económicas de España hacia ios países del Eje, y postergó la vinculación económica con los aliados con los problemas subsiguientes, cuando acabó la guerra con la victo­ ria, inesperada para Franco, de los países democráticos. El clima de terror y represión que vivió el país fue otro factor que dificultó la recuperación indus­ trial. Los mejores intelectuales, científicos y técnicos españoles se habían mos­ trado partidarios de la República. La represión y el exilio privaron a nuestro

HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

348

C u ad ro

94.

T asa de crec im ie n to d e l p ro d u c to in d u s tr ia l esp añ o l por s e c to re s

(1935-1950) Tasas medias de crecimiento anual acumulativo Sector

Energía Minería y primera transformación del mineral Química Transformación de metales Industrias de consumo

1935-1940

¡940-1945

1945-1950

1940-1950

-4,1

3,7

11,4

7,5

0,1 -7,3 1,4 -7,7

-2,7 3,2 -3,6 2,1

7,4 18,0 7,7 0,5

2,2 10,4 1,9 0,8

E. Morellá (1992), «El producto industrial de posguerra: una revisión (índices sectoriales, 1940-1958)», Revista de Historia Económica, X (1).

F uente:

país de un capital humano escaso y muy valioso. La represión política fue mu­ cho más intensa y duradera que en cualquier otro país de Europa occidental tras la guerra. Su desproporción llamó incluso la atención de un personaje tan siniestro como H. Himmler, el jefe de la Gestapo nazi. Durante su visita a Madrid, en 1940, tuvo conocimiento de la dureza represora del régimen y coincidiendo con su estancia se ejecutó a destacados dirigentes republicanos. Himmler manifestó que consideraba innecesaria tanta dureza, y que era mejor para el país una política de integración de los trabajadores. Los problemas energéticos fueron, igualmente, determinantes en el estan­ camiento industrial. Es cierto que los años cuarenta conocieron dificultades generalizadas de abastecimiento. Sin embargo, en el caso de España, estas di­ ficultades se multiplicaron como consecuencia de la política autárquica y del alineamiento de Franco con el Eje. Los países aliados utilizaron los suminis­ tros de combustibles (y también de alimentos) como arma de guerra. En la medida en que Franco seguía abasteciendo de alimentos y materias primas (sobre todo wolframio) a los alemanes, los aliados restringían los suministros energéticos. La escasez de energía fue otra de las lacras de los años cuarenta. El frío acompañó al hambre en millones de hogares españoles, las empresas soportaron frecuentes cortes de suministro eléctrico y las calles de las ciuda­ des se llenaron de unos curiosísimos artilugios: los gasógenos, pequeñas fá­ bricas de gas adosadas a los coches como fuente de energía. Como en el sector agrario, también en la industria se generó un amplio mercado negro. La escasez de productos, unida al racionamiento, a los cupos y a las licencias para crear empresas o para importar productos, hicieron que prosperara un mercado clandestino en el que podía comprarse casi de todo. La escasez de algunos productos hizo que sus precios fueran muy elevados. Re­ sultaba así mucho más lucrativo obtener una licencia de importación que es­ merarse en la producción.

GUERRA CIVIL Y PRIMER FRANQUISMO

349

Finalmente, hay que señalar otra causa del estancamiento: el descenso de la productividad del trabajo. Este descenso obedeció a un conjunto de factores directamente vinculados con la política económica. Las dificultades para im­ portar maquinaria y recambios provocaron un grave deterioro de las instala­ ciones industriales. El caos y la carestía de los transportes dificultaron el nor­ mal suministro de las empresas. Por último, también incidió negativamente la pérdida de capital humano y la política laboral del franquismo, que provocó el empeoramiento de las condiciones de trabajo y el descenso de los salarios rea­ les. Para el conjunto de la industria, los salarios reales se mantuvieron duran­ te los años cuarenta por debajo del 75 por 100 de su nivel en 1935 y el nivel salarial de la preguerra no se recuperó hasta 1956. En definitiva, veinte largos años de sufrimiento para los trabajadores españoles.5

La Hacienda del primer franquismo Al finalizar la segunda guerra mundial, los países europeos se encontraron con la ingente tarea de la reconstrucción. El término reconstrucción requiere, no obstante, algún matiz. Se trataba, en efecto, de reconstruir materialmente unos países asolados por la guerra. Desde un punto de vista social, sin embar­ go, se precisaba algo más. Los desastres de las dos guerras mundiales y de la gran depresión, y la expansión del sistema comunista y de la izquierda en los países europeos occidentales obligaba no ya a reconstruir el antiguo orden so­ cial, sino a construir uno nuevo que garantizase un futuro de paz y prosperi­ dad económica sobre unas bases democráticas. Esta tarea exigía un papel muy activo del Estado no sólo en el terreno eco­ nómico sino también, en los campos político y social, propiciando una mayor igualdad. En este sentido, el desarrollo de un fuerte sector público y de una Hacienda próspera tendría un papel fundamental. En España, por el contrario, se asiste durante la guerra y el primer franquis­ mo a un proceso totalmente inverso. Si bien es cierto que en algunos aspectos, en particular en el represivo, el Estado franquista fue un Estado fuerte, desde el punto de vista económico se caracterizó por su reducido tamaño y la ineficiencia. Los gobernantes franquistas confiaron en el poder coercitivo del Estado y creyeron que podían dirigir la economía mediante la febril promulgación de disposiciones interventoras. Paralelamente, dejaron languidecer la Hacienda pública. La elección resultaba plenamente coherente, ya que el fortalecimiento de la Hacienda era imposible sin una reforma fiscal, y cualquier reforma choca­ ba con los intereses de los grupos sociales económicamente dominantes, que habían dado su apoyo a la sublevación militar. Dadas estas condiciones políti­ cas, la reforma fiscal resultaba impensable. Ya durante la guerra las autoridades franquistas habían dejado clara su voluntad de zanjar la obra reformista de la República. En este sentido, es muy significativa la orden de 2 de marzo de 1939, por la que se eximía a la Iglesia católica de la contribución territorial, inaugurando así el pago por el decidido apoyo de la Iglesia a la sublevación.

350

HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

Al acabar la guerra civil, la Hacienda española presentaba, junto a los pro­ blemas tradicionales derivados del atraso respecto de los patrones europeos, los derivados de las deudas de guerra y de las necesidades de la reconstrucción. Una reforma tributaria que permitiera un sustancial incremento de los ingre­ sos resultaba imprescindible e inaplazable. De hecho, ya durante la guerra se había intentado aumentar el ingreso mediante el establecimiento de una con­ tribución especial sobre los beneficios extraordinarios de guerra (ley de 5 de enero de 1939). José Larraz, el primer ministro de Hacienda del franquismo, intentó una reforma fiscal que permitiera resolver tan compleja y contradictoria situación. Se enfrentaba a un arcaico sistema impositivo en el que las viejas figuras tri­ butarias (consumos, derechos reales, contribución territorial, contribución in­ dustrial, impuesto del timbre) desempeñaban un papel fundamental y en el que el elevado peso de ingresos como las rentas de tabacos y la lotería mostraban el subdesarrollo fiscal del Estado. Lo mismo sucedía con la contribución com­ plementaria sobre la renta, un impuesto moderno que, sin embargo, recaudaba cifras irrisorias. En esta tesitura, la reforma de Larraz resultó decepcionante. En primer lugar, Larraz renunció a modernizar la composición y estructura de los ingresos, y se limitó a establecer un nuevo tributo, la contribución de usos y consumos, que en realidad no era un nuevo impuesto, al estilo del moderno impuesto sobre el volumen de ventas, sino una mera reordenación de los nu­ merosos impuestos de consumo. Junto a ello, procedió, como en tantas otras ocasiones en nuestra historia, a elevar los tipos de casi todos los impuestos, aumentando, con ello, la injusticia fiscal. Además, suprimió la contribución excepcional sobre los beneficios extraordinarios de guerra, lo que revela, más allá de las dificultades de gestión de ese tributo, la falta de voluntad política para gravar a los que se habían enriquecido a consecuencia del conflicto. Con una situación tan crítica desde el punto de vista del ingreso, Larraz tenía que organizar cuidadosamente los gastos del Estado. Sus prioridades fueron el pago de los atrasos de la guerra, el reforzamiento del ejército y de las fuerzas policiales, el apoyo económico a la Iglesia (volvieron al presupuesto los sueldos de los curas y las transferencias para la construcción de iglesias), la recons­ trucción, las obras públicas y, sólo en último término, los gastos económicos y sociales. Ello se tradujo en un peso abrumador de los gastos en defensa, que alcanzaron el 40 por 100 del presupuesto entre 1940 y 1946, y una disminu­ ción del gasto en educación, pensiones e infraestructuras, Nada extraño, habi­ da cuenta que hasta 1946 no se licenció a la mayoría de los soldados reclutados para la guerra civil. Con toda razón se ha afirmado que la guerra se prolongó presupuestariamente durante toda la década de 1940. A pesar del carácter restrictivo de los gastos, la insuficiencia de los ingre­ sos provocó la aparición de cuantiosos déficit presupuestarios que se financia­ ron con recursos al Banco de España y con la emisión de deuda pública pignorable, lo que tuvo importantes efectos inflacionistas que se extendieron hasta los años cincuenta. En definitiva, a través de la inflación la Hacienda se volvía a nutrir de recursos de los más débiles económicamente. Para colmo de males,

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351

durante los años cuarenta, el fraude fiscal alcanzó niveles muy elevados, que agudizaron la injusticia de un sistema tributario que ya de por sí hacía caer su peso sobre los más desfavorecidos. A finales de los años cuarenta la relación entre gasto público y renta nacional se situaba al mismo nivel que a comien­ zos de siglo. Al adoptar una política fiscal tan retrógrada, el Estado renunciaba a impulsar el crecimiento económico y la industrialización del país, y reducía en la práctica sus pretensiones totalitarias, condenándose a regular mucho por­ que podía gastar poco. A pesar de la penuria de la Hacienda y de las perentorias necesidades del país se hizo muy poco, durante los años cuarenta, por modernizarla y fortale­ cerla. A la fracasada reforma de Larraz, siguieron otros tímidos intentos que no cambiaron nada. Los años cuarenta presentan, en definitiva, en sus tonos más oscuros, los vicios tradicionales de la imposición española: regresividad, insuficiencia, mala administración, financiación inflacionista, amnistías y mo­ ratorias fiscales. Con razón esta década ha sido considerada, también en la fa­ ceta hacendística, como una de las peores de la historia de España.6

Política monetaria y bancaria La rigidez de la política fiscal condicionó, de manera muy directa, las posi­ bilidades de actuación de la política monetaria. Al acabar la guerra civil se planteaban, en este terreno, dos grandes problemas: restaurar la unidad mone­ taria y eliminar el exceso de medios de pago. Alcanzar estos objetivos reque­ ría unificar el dinero legal y bancario de las dos zonas, desbloquear los activos y pasivos de las entidades de crédito y corregir el desequilibrio patrimonial del Banco de España. La unificación monetaria se consiguió mediante tres medidas fundamenta­ les. Por una parte se confirmaron dos disposiciones adoptadas durante la guerra: la anulación de los billetes puestos en circulación por las autoridades republicanas después del 18 de julio de 1936 (fecha de la sublevación militar) y el canje a la par, por moneda nacional, de los billetes republicanos anteriores a dicha fecha. A ello se añadió el reconocimiento, a la par, de los saldos de los depósitos existentes en las instituciones de crédito a 18 de julio de 1936. Para los incrementos posteriores a esa fecha, se aplicaron unos descuentos basados en el diferencial de inflación entre la zona republicana y la nacional. Todas es­ tas medidas causaron graves perjuicios a los españoles de la zona leal. Se anu­ laron 13.251 millones de pesetas de dinero legal y 10.536 millones de dinero bancario, cuya retirada de la circulación evitó la híperinflación, pero ocasionó un nuevo e irreparable daño económico a los vencidos. Con todo, una adecuada corrección del exceso de medios de pago, que amenazaba con desatar una inflación descontrolada, exigía un amplio y coor­ dinado programa de política monetaria, política fiscal y política de rentas. Sin embargo, como ya hemos visto, la política fiscal se caracterizó por su pasivi­ dad y por su falta de ambición y rigor. La política de rentas, por su parte, se

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limitó a un estricto control salarial y una fracasada política de control de pre­ cios y beneficios. En estas circunstancias, la política monetaria se vio someti­ da a las exigencias que se derivaban de la política fiscal, perdiendo totalmente su autonomía. Así, aunque a partir de 1939 el Tesoro emitió una serie de empréstitos para drenar liquidez, tal objetivo distó mucho de alcanzarse, ya que simultáneamente, y para financiar el déficit, se emitió deuda pública pignorable y se practicó una pasiva y permisiva política de bajos tipos de interés. La situación del Banco de España tras la guerra era extraordinariamente delicada. A la total pérdida de las reservas metálicas, se unía el enorme endeu­ damiento del gobierno y una emisión de billetes que sobrepasaba con mucho los límites marcados por la ley. Dado que la realidad se resistía a ajustarse a las leyes, el gobierno franquista optó por modificar el marco legal, adaptándolo a la nueva situación. Así, quedó suspendido el límite de circulación fiduciaria y el sistema de garantías metálicas, se otorgó pleno poder liberatorio a los billetes del Banco de España, se anuló el límite del recurso del Tesoro al Banco y se facultó al instituto emisor para comprar y vender valores de la deuda pública. Es decir, se ponía al Banco de España y al sistema financiero, con su capaci­ dad de emitir dinero, al servicio de las necesidades del Tesoro. Es evidente que los potenciales riesgos inflacionistas de esta nueva ordenación eran muy altos, ya que cualquier incremento de la deuda pública podía determinar direc­ tamente la expansión monetaria. Concluida la guerra, la unificación de las cuentas y balances de los dos Bancos de España — el nacionalista de Burgos, y el republicano que siguió en Madrid— planteaba problemas muy complejos, especialmente la pérdida de las reservas de oro y la ingente deuda gubernamental. La ley de 13 de marzo de 1942 liberó al Banco de una buena parte de sus obligaciones que aparecían cifradas en dinero republicano y aplicó las reducciones al saneamiento del ac­ tivo. Aun así, fue necesaria todavía la emisión de un título de deuda especial de 4.437 millones de pesetas para cubrir el desequilibrio entre el activo y el pasivo del Banco. En 1946 se promulgó la ley de ordenación bancaria, que supuso el aumen­ to del control del Banco por el Ministerio de Hacienda, el mantenimiento de la separación entre la vertiente interna y externa de la autoridad monetaria, la marginación de la política monetaria y la permanencia de unos tipos de interés bajos e invariables. El sistema financiero quedó sometido a una intensa regula­ ción, pero, a cambio, la banca privada obtuvo una serie de privilegios que le permitieron un espectacular desarrollo. El sistema de pignoración automática de la deuda proporcionó a la banca un canal casi ilimitado de crédito del Ban­ co de España. En concreto, a finales de 1952 la banca había dispuesto de 15.579 millones de pesetas. Los efectos inflacionistas de esta política fueron especialmente importantes entre 1941-1943 y entre 1945-1947. Por otra parte, el mantenimiento del statu quo garantizó a la banca unas condiciones de mo­ nopolio. En esta situación, y con el estímulo gubernamental que supuso el es­ tablecimiento del sistema de empresas de interés nacional, la banca privada logró una penetración y un control decisivos en el sector industrial.7

GUERRA CIVIL Y PRIMER FRANQUISMO

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Política de cambios de un régimen aislado La política de cambios exteriores, elemento fundamental de la política mo­ netaria, muestra con claridad los planteamientos autárquicos del régimen y la anomalía que supuso el franquismo también desde un punto de vista económi­ co, En efecto, ya durante la guerra, se creó un organismo, el Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME), con plenas competencias en cuanto al control y compraventa de divisas. De esta forma, se privaba al Banco de España de unas facultades esenciales, que se traspasaban al Ministerio de Industria y Comer­ cio, separando, artificiosamente y contra toda lógica económica, la política monetaria interior de la exterior. El IEME monopolizaba el depósito y el comercio de todas las divisas. Cual­ quier transacción y pago exterior tenía que contar con la autorización y la con­ cesión de las correspondientes divisas por parte del IEME. La tenencia privada de divisas estaba prohibida y los exportadores estaban obligados a entregarlas al Instituto, todo ello, por supuesto, al tipo de cambio oficial. En definitiva, con este sistema el gobierno pretendía tener un control absoluto del comercio exte­ rior. El monopolio del IEME, unido a toda una serie de medidas comerciales, como los contingentes, las licencias y el comercio de Estado, permitió que sólo se pudiera importar o exportar aquello que el gobierno considerara adecuado. Durante los años cuarenta la política cambiaría sobrevaloró extraordinaria­ mente la cotización de la peseta, La razón de esta sorprendente medida era fundamentalmente política, ya que, para Franco igual que para Mussolini, la cotización de la peseta era una cuestión, más que económica, de prestigio in­ ternacional. Las aspiraciones imperiales casaban mal con una moneda débil. Para Franco, devaluar la peseta en relación con la libra era una humillación equiparable a la presencia británica en Gibraltar. No obstante, las relaciones económicas, por mucho que el franquismo se empeñase en ignorarlas, termina­ ban imponiéndose de manera inevitable. La sobrevaloración del tipo de cam­ bio perjudicó las exportaciones y alimentó el deseo de importar cualquier tipo de bien. Para evitar el colapso exterior, la regulación y el control se hicieron muy estrictos. Es muy significativo que la principal norma reguladora en este campo llevara el nombre de ley de delitos monetarios (véase el gráfico 9.2). En 1948, para intentar moderar los negativos efectos de la política cambia­ ría, las autoridades adoptaron con carácter transitorio (que duraría hasta 1959) un sistema de cambios denominados «especiales». Los cambios especiales te­ nían como objetivo facilitar las exportaciones e importaciones que el gobierno consideraba convenientes, mediante la aplicación de tipos de cambio diferen­ tes, más favorables. Igualmente, se buscaba frenar las exportaciones e importa­ ciones indeseables, mediante tipos que las penalizaban. Este sistema provocó la aparición de un complejísimo catálogo de cambios múltiples, con tipos distintos según los productos, que dificultó el normal desenvolvimiento del comercio exterior y que dio pie a todo tipo de corrupciones y de tratos de fa­ vor. Por lo demás, dejaba en manos de una burocracia poco capacitada un ins-

HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

354

G

r á f ic o

9 .2 . C o t i z a c i ó n

o f i c i a l y l i b r f . df , l a p e s e t a r e s p e c t o a l a l i b r a ,

1 9 4 0 -1 9 5 9 (pesetas /

l ib r a e s t e r l in a )

Cambio oficial (1) intervenido (compra)

_________Libre (2). Cotización media en Tánger

F u en te: M artín A ceñ a (1989).

truniento crucial para el desarrollo económico del país. La única repercusión favorable del sistema de cambios múltiples fue que, en conjunto, el tipo medio de cambio tendió a devaluarse, facilitando con ello el comercio exterior.8 9.3. E l

fr a c a so

de

l a a u t a r q u ía

Las causas del fracaso La evolución de la economía española en los años cuarenta fue catastrófica. No hay posible comparación entre la crisis posbélica en los países europeos y la que sufrió España. En nuestro país, la crisis fue más larga y más profunda. El hundimiento de la producción y la escasez se tradujeron en una caída dra­ mática del nivel del consumo de los españoles. Los productos de primera ne­ cesidad quedaron sometidos a un riguroso racionamiento y pronto surgió un amplio mercado negro; las cartillas de racionamiento para productos básicos no desaparecieron hasta 1952. El subconsumo, el hambre, la escasez de car­ bón, el frío en los hogares, los cortes de luz, la carencia de agua corriente y las enfermedades fueron los rasgos que dominaron la vida cotidiana. Lejos que­ daban las altisonantes proclamas imperiales y los eslóganes franquistas: «Ni

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355

un español sin pan, ni un hogar sin lumbre». A elio hay que unir unas condicio­ nes laborales penosas, «una nueva etapa de esclavitud para los trabajadores», en palabras del alcalde franquista de Sabadell. Suprimida la libertad sindical y declarado delito de lesa patria la huelga, el nuevo nacionalsindicalismo nació como un instrumento para el sometimiento de los trabajadores. Por el contra­ rio, los empresarios mantuvieron una cierta autonomía y, de hecho, fueron los patronos los que tomaron el control del aparato sindical y no al revés. Los pa­ tronos reforzaron su posición al ser convertidos en «jefes de la empresa». Las autoridades franquistas se vieron desbordadas por los problemas eco­ nómicos e intentaron proporcionar una justificación de la gran crisis que sufría el país. El hambre se achacaba a la mala situación del sector agrario como consecuencia de las destrucciones de la guerra, la escasez de ganado de labor y fertilizantes o de la sequía (se acuñó el tópico «pertinaz sequía»). Incluso se llegó a responsabilizar a las acciones guerrilleras de los maquis. Siempre causas ajenas a la propia acción gubernamental. Pero, sin duda, el principal culpable que buscó el régimen para justificar el desastre económico fue el aislamiento internacional, resultado de la derrota de los aliados fascistas del general Franco en la segunda guerra mundial. Conviene subrayar la contradicción de que un régimen que había defendido a ultranza la autarquía, es decir, el rechazo a la cooperación internacional, sostuviera más tarde que la causa de sus problemas económicos era el aislamiento internacional y que la autarquía había venido im­ puesta desde el exterior. En la actualidad, todos los investigadores que han analizado seriamente la crisis de los años cuarenta coinciden en rechazar la explicación oficial. En su lugar, se muestran de acuerdo en resaltar la responsabilidad del régimen fran­ quista por su orientación política y por la propia política económica desarro­ llada. J. Catalan ha demostrado que ni los daños de la guerra ni la exclusión de España del Plan Marshall pueden explicar la magnitud de la crisis y que hay que referirse a las propias decisiones políticas y de política económica del ré­ gimen. Con relación a la autarquía, los investigadores han destacado la incues­ tionable vocación autárquica del régimen. Se podrían llenar cientos de páginas con textos en los que los dirigentes franquistas defienden el modelo autárquico. Basten como ejemplo dos declaraciones del propio general Franco. En 1937, en plena guerra, afirmaba: «La España liberada tiene riqueza, medios, trabajo, orden y entusiasmo para vivir así años, lustros, siglos». Y en 1938: «España es un país privilegiado que puede bastarse a sí mismo. Tenemos todo lo que hace falta para vivir y nuestra producción es lo suficientemente abundante para ase­ gurar nuestra propia subsistencia. No tenemos necesidad de importar nada». Las quejas del régimen sobre el aislamiento internacional de España, a partir de 1945, tampoco encajan bien con la hostilidad de Franco respecto a los aliados durante la segunda guerra mundial, así como su decidido apoyo a las potencias del Eje. Sus lamentos por la exclusión de la ONU en 1946 olvi­ dan el altivo portazo que Franco dio a la Sociedad de Naciones en 1939. Claro que entonces el dictador estaba convencido de que el futuro del mundo estaba en manos de la Alemania nazi.

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Por lo demás, la defensa de la autarquía suponía una aberración desde el punto de vista económico. Para un país pequeño como España, pretender un desarrollo basado en el mercado interior y en sus propios recursos revelaba una ignorancia palmaria de los más elementales principios económicos, de las ventajas derivadas de la especialización, de las pérdidas de las economías de escala, de la relajación en los costes, de la imposibilidad material, en definiti­ va, de producir de todo. Claro que Franco, en 1939, decía que España poseía «en sus yacimientos oro en cantidades enormes y pizarras y lignitos en canti­ dad fabulosa, aptos para la destilación que pueden asegurar nuestro consu­ mo». La orientación autárquica supuso también la renuncia voluntaria a las oportunidades que brindaban a los países neutrales la especialización y la dotación de factores productivos como consecuencia de la guerra mundial. A diferencia de lo que ocurrió durante la primera guerra mundial, España ape­ nas obtuvo en esta ocasión beneficios de su neutralidad. Igualmente absurda resultaba la pretensión de intervenir de manera totali­ taria, y hasta en sus más mínimos detalles, en la actividad económica, lo que incluía la fijación de los precios de los productos, las cantidades que debían producirse, lo que podía importarse y exportarse, su distribución y su consu­ mo. Todo ello exigía el desarrollo de una enorme burocracia dotada de un po­ der arbitrario. Durante los años cuarenta se promulgó una prolija legislación reguladora de la actividad económica y se crearon multitud de organismos in­ terventores. Algunos, como la Comisaría General de Abastecimientos y Trans­ portes, el Servicio Nacional del Trigo o el Instituto Nacional de Industria, go­ zaron de un gran poder y marcaron decisivamente la evolución de la economía española. El que concedieran, a un determinado empresario, un cupo mayor o menor de materias primas o una licencia de importación, podía hacerle rico. El que le asignaran un elevado cupo de entrega obligatorio de un producto a pre­ cio de tasa podía suponer su ruina. En estas condiciones era mejor tener ami­ gos que ser un buen empresario. Todo ello, en definitiva, se tradujo en una pésima asignación de los recursos productivos. Fruto inevitable de esta situación fue un amplísimo mercado negro en el que se podía adquirir cualquier producto si se tenía dinero para pagarlo a los elevados precios del estraperlo, como se denominó a este circuito. El mercado negro permitió el fulgurante enriquecimiento de los que, protegidos por el po­ der político, vendían bienes escasos y muy demandados. Para la mayoría de los españoles, sometidos a un racionamiento totalmente insuficiente, el recur­ so al estraperlo fue tan inevitable como costoso. La dureza de la política laboral tenía sus límites, incluso para un régimen como el del general Franco, enemigo declarado de las clases trabajadoras. La política represiva, las malas condiciones de trabajo y un rígido sistema salarial terminaron provocando efectos negativos para el propio sistema productivo. Dejando a un lado la falta de incentivos para el trabajo, la escasez de alimen­ tos y las largas jornadas laborales, en ambientes con frecuencia insalubres, provocaron la aparición de enfermedades y el debilitamiento de la salud de los trabajadores, lo que afectó seriamente a la productividad del trabajo.

GUERRA CIVIL Y PRIMER FRANQUISMO

357

Se ha destacado ya la ignorancia en materia económica de las autoridades franquistas como una de las causas de la crisis. Es conveniente insistir en que los dirigentes franquistas ignoraron el concepto de coste de oportunidad y despreciaron los cálculos económicos sobre la rentabilidad de las inversiones, como demuestran a las claras los faraónicos proyectos industriales del INI. Hicieron gala igualmente de un grave desconocimiento de las repercusiones negativas que tenía la vía de un desarrollo inflacionista, algo que es visible en la política monetaria y cambiaría. Tampoco demostraron ser buenos historia­ dores económicos. Su diagnóstico de que España era un país fracasado econó­ micamente en 1936, que la causa de ese fracaso era el liberalismo del siglo xrx y que había que volver a la España imperial, a la España del Cid, de los Reyes Católicos y de Felipe II era un verdadero disparate. Finalmente, hay que destacar la unanimidad con que esta nueva doctrina económica era aprobada por todas las fuerzas del régimen. La autarquía, el gran sueño económico del franquismo, no sólo era defendida por el dictador. Ade­ más de sus socios nazis y fascistas, la autarquía era defendida por los militares que ocupaban ministerios y altos cargos (como la presidencia del INI), por los economistas oficiales como H. Paris Eguilaz, Antonio Robert o M. Fuentes Irurozqui, por destacados representantes de la burguesía y por la Iglesia. Muy pocas voces se alzaron contra unos planteamientos que, pretendidamente, ha­ brían de alumbrar un «nuevo orden económico» en Europa. En definitiva, no caben dudas respecto a la directa y crucial responsabilidad del régimen fran­ quista en la grave crisis económica que sufrieron la mayoría de los españoles durante los años cuarenta.9

La guerra fría y el amigo americano Así pues, a finales de los años cuarenta, la situación económica de España resultaba insostenible. Sometidos a una dictadura que era condenada interna­ cionalmente, la mayoría de los españoles habían padecido diez años de graví­ simas carencias, que hoy resultan difíciles de imaginar, con el agravante de que no se veía el final de tan largo túnel. El modelo autárquico había colapsado mostrando su falta de racionalidad, y la economía española, castigada por una política incoherente, se mostraba incapaz de salir de la grave y larga crisis en la que estaba instalada. Fue, precisamente, la relación económica interna­ cional, cuya necesidad negaba la autarquía, el punto más débil de la econo­ mía española. Las exportaciones habían caído a niveles sin precedentes, limi­ tando extraordinariamente la capacidad de importar. El rechazo a la entrada de capitales extranjeros y el mantenimiento de un tipo de cambio sobrevaluado completaban el crítico panorama del sector exterior. Sólo gracias a la ayuda argentina, en 1947, y a la norteamericana, en 1948, se pudo salir, momentánea­ mente, del aprieto. En contraste, los países de Europa occidental, aun arrastrando los graví­ simos daños sufridos por la guerra, conocían una etapa de gran dinamismo

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económico. La recuperación avanzaba con mucha rapidez y, lo que es más im­ portante, con una voluntad decidida de aunar esfuerzos y cooperar. España permanecía al margen de estos avances integradores, pagando las consecuen­ cias de la permanencia de Franco en el poder. Sin embargo, en la política internacional se estaban produciendo ima serie de cambios que acabarían favoreciendo claramente al régimen. Como es co­ nocido, los dos principales aliados de la segunda guerra mundial, Estados Unidos y la URSS, se fueron distanciando hasta acabar en un claro enfrenta­ miento: la llamada «guerra fría» y su política de bloques. La tensión crecien­ te desembocó en 1950 en un grave conflicto: la guerra de Corea. Un aspecto fundamental del enfrentamiento fue el desarrollo, por parte de Estados Uni­ dos, de una.política de alianzas militares tendente a crear un cinturón defensi­ vo en tomo a la URSS, cuyo mayor exponente fue la OTAN. España, desde un punto de vista geoestratégico, tenía un indudable interés para Estados Unidos y el régimen de Franco se caracterizaba, entre otras cosas, por su acreditado anticomunismo. Además, otros países europeos, particularmente Gran Bre­ taña, deseaban normalizar las relaciones económicas con nuestro país. De este modo, los factores militares y económicos empezaron a pesar más en la esce­ na internacional que el carácter ilegítimo y dictatorial del régimen. En 1947 algunos sectores de la administración norteamericana empezaron a considerar que la política de aislamiento seguida contra España había sido perjudicial para su país, pues había generado un sentimiento antinorteameri­ cano que resultaba muy inconveniente en el caso de un conflicto bélico inter­ nacional. A partir de ese momento fue creciendo en Estados Unidos el sector favorable a normalizar las relaciones políticas y económicas con España. En el denominado lobby español destacaban los militares, para quienes las razo­ nes estratégicas pesaban más que cualquier otra cosa, los sectores más conser­ vadores del país, incluidos los católicos, y los grupos económicos interesados en exportar al mercado español. No obstante, el proceso de acercamiento fue lento, ya que otros muchos sectores y el propio presidente de Estados Unidos no olvidaban el origen y la historia del régimen de Franco. En 1949 España recibió un crédito del National City Bank de 25 millones de dólares, para la compra de alimentos. No cabe exagerar la trascendencia de esta ayuda en las circunstancias que atravesaba el país. En 1950 se aprobaba otro crédito de 62,5 millones de dólares y, lo que es más importante, se normalizaban las re­ laciones diplomáticas entre ambos países, con lo que se abrían las puertas para la reincorporación de España al concierto internacional. En 1951 y 1952 se concedieron nuevas ayudas, a la vez que se negociaba un acuerdo entre España y Estados Unidos. Finalmente, el 23 de septiembre de 1953, ambos países fir­ maban los Pactos de Defensa y Ayuda Mutua. En esencia, a cambio de una ayuda económica que se puede estimar en unos 1.523 millones de dólares hasta 1963, España cedía terrenos para la instalación de bases militares norteameri­ canas. La ayuda consistía fundamentalmente en créditos, unos 1.100 millones de dólares, y el resto eran donaciones. Parte de la ayuda se destinó a financiar la construcción de las bases militares y los gastos administrativos de los nortea­

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mericanos en nuestro país. La ayuda obligaba a la adquisición de productos y excedentes norteamericanos, y los proyectos de inversión, financiados con cargo a la misma, tenían que recibir la aprobación del gobierno norteamerica­ no. En resumen, podemos decir que la ayuda no era tan voluminosa como la que habían recibido los países europeos con el Plan Marshall, que estaba con­ dicionada y que se había obtenido con fuertes contrapartidas desde el punto de vista de la soberanía nacional. Fue el precio que España tuvo que pagar por la ilegitimidad del régimen y por la permanencia de Franco en el poder. Desde un punto de vista estrictamente económico, y dada la situación de gravísima escasez de divisas que padecía España, la ayuda resultó fundamental. Todavía más importante que la ayuda económica en sí misma, fue el respaldo político que recibió el régimen con la firma de los tratados, que eliminó las incertidumbres sobre su futuro y mejoró las expectativas empresariales.10

Los tímidos comienzos de la «reforma» del franquismo Con la firma de los pactos, y como complemento a la ayuda, las autorida­ des españolas se comprometían a desarrollar un plan de liberalización que in­ cluía la estabilización de la peseta, con la adopción de un tipo de cambio rea­ lista, el logro del equilibrio presupuestario, el desmantelamiento del aparato intervencionista y la liberalización del comercio exterior. El tímido o nulo cum­ plimiento de este programa complementario limitó, primero, el desarrollo de la economía española y cerró, después, sus posibilidades de crecimiento. Al compás de las negociaciones con Estados Unidos habían ido surgiendo, dentro del propio régimen, voces que reconocían el fracaso de la política autárquica e intervencionista y apuntaban la necesidad de un giro liberalizador en la política económica. Entre 1948 y 1951, en efecto, se empezaron a notar los primeros cambios, aún muy tímidos, en la política económica autárquica. El más importante de todos fue la adopción de un sistema de cambios múltiples que, si bien seguía pecando de todos los defectos de una intervención total y arbitraria, permitió un proceso de devaluación de la peseta aproximando la co­ tización oficial a la del mercado libre de Tánger. El cambio de gobierno de 1951 confirmó las nuevas tendencias. Salieron del gobierno ministros partidarios de la vieja política autárquica, como Suanzes, y entraron otros como M. Arburúa (Comercio), R. Cavestany (Agricultura) y F. Gómez de Llano (Hacienda), par­ tidarios de las reformas. Estos cambios reflejaban, en definitiva, lo que algu­ nos grupos empresariales y financieros estaban demandando: una flexibiíización del corsé intervencionista, sin cuestionar en modo alguno la continuidad del sistema político. Los ministerios de Hacienda y Comercio y el Banco de España se fueron convirtiendo en los núcleos más activos y proclives a las reformas. Sin embar­ go, las resistencias fueron muchas y muy fuertes. Entre los que recelaban de las reformas estaba el propio general Franco, que veía cómo sus geniales «teo­ rías económicas» tenían que ser arrumbadas. En estas circunstancias, resulta­

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HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

ba muy difícil la victoria de los partidarios de las reformas. El resultado fue un constante forcejeo, una sucesión de amagos aperturistas y de reacciones involucionistas que se tradujeron, a la postre, en el incumplimiento del progra­ ma de reformas. No obstante, desde 1951, se llevaron a cabo algunas medidas tendentes a limitar la intervención estatal en la economía y a recuperar el sis­ tema de mercado. Se dieron algunos pasos para abandonar el proyecto autárquico y recuperar una senda de crecimiento económico basada en la paulatina integración internacional, aprovechando las posibilidades de especialización productiva. Todo ello avanzando hacia un marco de estabilidad monetaria in­ terna y externa y de aprovechamiento de la financiación exterior. Los nuevos objetivos económicos se situaban, en definitiva, en las antípodas del proyecto autárquico. Como ya hemos indicado, no se avanzó mucho en el cumplimiento de este programa. Las reglamentaciones económicas se relajaron, pero no desapare­ cieron. Los organismos interventores, creados durante la guerra y la autarquía, permanecieron, cambiaron muy lentamente y siguieron teniendo un peso de­ terminante en la economía. El gobierno llevó a cabo una insuficiente, por no decir inexistente, política fiscal y monetaria para conseguir la necesaria estabi­ lización. La Hacienda pública, en ausencia de una reforma fiscal que la sacara del siglo X IX , seguía encorsetada por la grave insuficiencia de recursos. Se siguió recurriendo a la deuda, al Crecimiento de la oferta monetaria y, en defi­ nitiva, a la inflación que, entre 1953 y 1957, resultó muy intensa. En estas cir­ cunstancias, tampoco fue posible la estabilización del cambio exterior de la peseta. Por otra parte, aunque se intentaron algunas medidas para flexibilizar el rígido sistema de cambios, autorizando un limitado mercado de divisas en la Bolsa de Madrid en 1950 y en las de Bilbao y Barcelona en 1954, el sistema siguió sometido a un estrecho control estatal.

Nueva política agraria Pese a todo, bastó la combinación de una nueva situación internacional con una política económica tímidamente liberalizadora para que la economía espa­ ñola experimentara una rápida recuperación durante los años cincuenta. La agricultura, impulsada por la «nueva política agraria» del ministro Cavestany y por los benéficos efectos de la mayor integración de España en el mercado mundial, conoció una fase de notable auge. La «nueva política agraria» con­ sistió, básicamente, en el desmäntelamiento parcial del sistema intervencio­ nista y en la paulatina apertura al sistema de economía de mercado, aunque con fuerte presencia del Estado. Se adoptaron medidas tendentes a fomentar el desarrollo y la modernización dél sector agrario, como el plan de intensifica­ ción, la concentración parcelaria, la nueva política colonizadora, la repoblación forestal, el desarrollo técnico y la formación de los agricultores, lo que supo­ nía, en definitiva, el comienzo de un flujo de ayudas económicas del Estado hacia el sector agrario.

GUERRA CIVIL Y PRIMER FRANQUISMO C u a d ro

9.5.

361

In d ic a d o re s de l a e v o lu c ió n de l a a g r i c u l t u r a e s p a ñ o la

(1931-1959). Períodos

M e d ia s q u in q u e n a le s

Superficie índice cultivada (miles de ha)

Producción (miles de tm)

índice

Rendimientos (qm/ha)

Trigo

1931-1935 1945-1949 1950-1954 1955-1959

4.557 3.972 4.214 4.341

100 87 92 95

4.364 3.177 3.907 4.452

100 73 90 102

9,5 8 9,2 10,2

Cebada

1931-1935 1945-1949 1950-1954 1955-1959

1.895 1.553 1.587 1.522

100 82 84 80

2.394 1.819 1.904 1.804

100 76 80 75

12,6 U,7 12 11,9

Maíz

1931-1935 1945-1949 1950-1954 1955-1959

435 365 388 414

100 84 89 95

709 460 650 795

100 65 92 112

15 13 17 19

Viñedo

1931-1935 1945-1949 1950-1954 1955-1959

1.439 1.399 1.483 1.542

100 97 103 107

19.756 (I> 16.132

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* ALP: Activos líquidos en manos del público; ** IPC: índice de precios al consumo. Fuente:

INE y Banco de España.

al alza de los precios. Así, los mayores costes de la energía y el rapidísimo aumento de los costes laborales —en los que a las subidas salariales vino a aña­ dirse el efecto de unas contribuciones a la Seguridad Social altas y crecientes— ,impulsaron una aceleración intensa de la tasa de inflación que, medida por el IPC, alcanzó un 16,9 por 100 en 1975 y llegó a la cota máxima del 24,6 por 100 en 1977, año de las primeras elecciones generales democráticas (véase el grá­ fico 11.4). En el ámbito de la producción y el empleo, las empresas, aqueja­ das, a menudo, por debilidades iniciales de estructura, enfrentadas, de un lado, con la atonía de la demanda resultante de la crisis energética y, de otro, con un avance muy intenso de los costes reales, se adentraron, a partir de 1975, en un período de contracción de la inversión productiva y de avances muy débiles de la producción que había de durar unos diez años. La tasa de paro, por su parte, inició una rápida marcha ascendente que las reglamentaciones de pro­ tección del empleo no podían detener: por el contrario, las dificultades admi­ nistrativas y los altos costes del despido hicieron que muchas empresas, en lu­ gar de ajustar a la baja sus plantillas, tuvieran que cerrar sus actividades con la consiguiente pérdida de capacidad productiva. Las políticas macroeconómicas poco o nada pudieron hacer, hasta 1977, para moderar los desequilibrios generados. En el terreno de la política mone-

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H IS T O R IA E C O N Ó M IC A D E ESPAÑA

taria, el Banco de España había iniciado, en 1973-1974, un conjunto de refor­ mas orientadas a recuperar un control activo de la liquidez del sistema a través de mecanismos de mercado —control antes imposible con los escasos instru­ mentos disponibles—, al tiempo que la peseta se incorporaba al régimen cambiario de flotación de monedas en 1974. El Banco de España adoptó un esque­ ma de política monetaria que aspiraba a afectar a ia demanda agregada de bienes y servicios a través de la regulación de la tasa de crecimiento de la can­ tidad de dinero y que se proponía adaptar la evolución de esta última a una tasa-objetivo actuando sobre los activos de caja del sistema bancario mediante operaciones de inyección o detracción de liquidez instrumentadas en el mer­ cado interbancario. El nuevo esquema era prometedor, pero su buen funciona­ miento —la transmisión adecuada de la tónica de la política monetaria al con­ junto de la economía— requería una liberalización progresiva del sistema bancario; y los últimos años de la dictadura y los primeros de la transición ha­ cia la democracia no eran favorables para la introducción de cambios impor­ tantes en el sistema financiero, como tampoco lo eran para proponer a los nue­ vos mecanismos monetarios unos objetivos ambiciosos orientados a frenar el proceso de inflación dominante. La política monetaria habría de esperar al pri­ mer gobierno democrático salido de las urnas para iniciar el desarrollo de un papel activo en la economía. En el terreno presupuestario, por su parte, el Estado franquista, cuyo inter­ vencionismo llegaba a los más variados ámbitos de la economía, mantenía, sin embargo, unos niveles de gastos e ingresos públicos muy modestos y aproxi­ madamente equilibrados, cuyas proporciones sobre el PIB eran muy inferiores a las registradas en el promedio de los países europeos a mediados de los años setenta. Esta situación cambió bruscamente a partir de 1975, cuando el gasto público, en respuesta a la crisis económica y a las presiones de la transición política, inició un crecimiento muy fuerte — impulsado, principalmente, por los gastos sociales y los subsidios y transferencias a empresas— que había de llevar su proporción sobre el PIB desde el 25,5 por 100 en dicho año hasta el 35,8 por 100 en 1982. Los ingresos públicos, por su parte, que eran la expresión de un sistema fiscal obsoleto, rígido y falto de equidad, necesitado de una reforma profunda y urgente, avanzaron a un ritmo más lento que los gastos, de modo que el aproximado equilibrio presupuestario de mediados de los años setenta dejó paso a un déficit público creciente. El gobierno de UCD, constituido tras las elecciones generales de 1977, ela­ boró pronto un programa de saneamiento y reforma económica para abordar la crisis. Proponía un conjunto de actuaciones inmediatas —monetarias, cambia­ rías y de política de rentas—, una reforma del sistema fiscal y de la adminis­ tración tributaria, la reforma del marco de las relaciones laborales y un pro­ grama de actuaciones, a medio y largo plazo, orientadas a introducir mayor flexibilidad en diferentes ámbitos económicos —empezando por el sistema fi­ nanciero— . La propuesta fue mal recibida por los sindicatos y los empresarios y lo que se concibió inicialmente como objeto de un acuerdo social pasó a ser parte del contenido de un acuerdo político más amplio entre todos los partidos

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con representación parlamentaria. Los Pactos de la Moncloa, que expresaron ese acuerdo, fueron un gran éxito desde el punto de vista político, en la medida en que mostraron las posibilidades de colaboración entre los diferentes partidos para abordar la corrección de los desequilibrios económicos. En la vertiente económica, los Pactos marcaron un cambio drástico de actitud en el tratamien­ to de los problemas; dieron paso a una política monetaria activa para combatir la inflación —facilitada por avances en la reforma financiera— y a esfuerzos concertados para frenar el crecimiento de los salarios; mejoraron la situación de la balanza de pagos con ayuda de la depreciación del tipo de cambio; esbo­ zaron un conjunto de líneas básicas de reforma de los mercados que habrían de desarrollarse durante un largo período y llevaron a una reforma fiscal im­ portante, centrada en los impuestos directos —sobre la renta de las personas físicas y sociedades—, que hizo más moderno, flexible y justo al sistema. Los efectos positivos generados por los Pactos de la Moncloa en el corto plazo se vieron dañados, poco después, por la segunda crisis energética de 1979-1980. La negativa de las autoridades a acomodar, en esta ocasión, el en­ carecimiento del petróleo con políticas expansivas de demanda impidió que se registrase una nueva aceleración inflacionista, pero el producto, la tasa de paro y el déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente acusaron los efectos depresivos del nuevo impacto. Las relaciones entre la política monetaria, la política presupuestaria y la evolución de los costes laborales proporcionaron el argumento central de la evo­ lución macroeconómica en los años siguientes. La política monetaria había adoptado una tónica restrictiva que se acentuó en 1983, tras la llegada al poder del Partido Socialista (véase el gráfico 11.4); los tipos de interés nominales se situaron, en consecuencia, en niveles elevados y los tipos de interés reales pa­ saron a^ hacerse positivos tras haber registrado fuertes niveles negativos en la década anterior. La política presupuestaria no colaboró, sin embargo, en esa actuación restrictiva: la reforma fiscal había incrementado significativamente la capacidad recaudatoria del sistema, de modo que los ingresos públicos ele­ varon su participación en el PIB desde el 24,6 por 100 hasta el 36,7 por 100 entre 1978 y 1985; pero los gastos públicos continuaron creciendo a fuerte ritmo —porque al avance de los gastos sociales vinieron a sumarse los aumen­ tos de los gastos generales de la administración resultantes del desarrollo del Estado de las Autonomías y el peso creciente de la carga de intereses sobre la deuda pública emitida para financiar unos déficit fuertes y persistentes—; como consecuencia de esta evolución de los ingresos y los gastos públicos, las nece­ sidades de financiación anuales del conjunto de las administraciones públicas se situaron en el entorno del 5 por 100 al 6,5 por 100 del PIB de 1982 a 1985 (véase el cuadro 11.2). Este comportamiento de las finanzas públicas no contribuía a la estabilidad y entorpecía la instrumentación de la política monetaria restrictiva porque, ca­ rente el país de un mercado desarrollado de deuda pública, una parte muy im­ portante de los déficit públicos había de financiarse mediante el recurso al Banco de España, con la generación consiguiente de excesos de liquidez in-

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uadro

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1 1 .2 . A

d m in is t r a c io n e s p ú b l ic a s : d é f ic it , r e c u r s o s

Y EMPLEOS NO FINANCIEROS ( % DEL P IB P M )

1975

1985

1995

2000

0,1

-6,4

-6,6

-0,3

2. Recursos no financieros 2.1. Impuestos sobre los productos y sobre la producción 2.2. Impuestos sobre la renta, el patrimonio y el capital 2.3. Cotizaciones sociales 2.4. Otros recursos no financieros - Recursos por ventas de la producción - Intereses y rentas de la propiedad - Cooperación internacional corriente - Transferencias ctes. y de capital y ayudas a la inversión

25,6

36,7

38,4

39,5

6,7

9,5

10,2

11,7

4,6 10,3 4,0 1,1 1,3 0,0

8,7 13,2 5,4 1,1 0,4 0,0

10,5 13,0 4,8 1,1 1,6 0,3

10,9 13,3 3,6 1,1 1,0 0,1

1,6

3,9

1,7

1,3

3. Empleos no financieros por grupos funcionales 3.1. Enseñanza 3.2, Sanidad 3.3. Seguridad Social 3.4, Defensa 3.5, Servicios generales de administración pública 3.6, Resto

25,5 3,9 3,7 9,9 1,8 1,6 4,6

43,1 4,1 4,9 14,5 1,3 1,4 16,9

45,0 4,7 5,5 14,6 1,4 1,9 17,0

39,8 4,3 5,1 13,0 1,2

1. Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación

1,8

14,5

F u e n t e : INE e IGAE. Los datos de 1975 y 1985 son de la CNE-SEC79, los datos de 1985 y

2000 son CNE-SEC95.

compatibles con la regulación deseada de la cantidad de dinero del sistema. El Banco de España había de emitir y colocar, entre los intermediarios financie­ ros, pasivos propios, retribuidos a tipos de interés cercanos a los prevalecien­ tes en el mercado, si quería dominar la evolución de la cantidad de dinero; y así lo hizo entre 1980 y 1984, hasta que el Tesoro —que es el propietario del Banco de España— consideró excesivamente costoso este sistema de drenaje de liquidez y decidió sustituirlo por el establecimiento de un coeficiente obliga­ torio de pagarés del Tesoro del 10 por 100 que las entidades de depósito habrían de mantener sobre sus pasivos computables y una elevación del coeficiente de caja de dichas entidades hasta un nivel máximo del 20 por 100 — cifra, como es obvio, elevadísima— . Se mantenía así, a un coste más bajo para el Estado, la capacidad del Banco de España para desarrollar una política monetaria acti­ va de control de la liquidez, pero se daba un importante paso atrás en el pro­ ceso de liberalización progresiva del sistema financiero iniciado a finales de la década anterior, uno de cuyos puntos básicos era la supresión de los coeficien­ tes obligatorios de inversión.

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De esta situación sólo se podía salir, sin embargo, mediante una reducción de las necesidades de financiación del sector público —para lo cual habría que esperar a una coyuntura más favorable y a una política fiscal más discipli­ nada— y a través de la instauración de un mercado amplio, profundo y líquido de deuda pública. Este último fue el camino que abordó el Banco de España cuando, en 1987, creó el Sistema de Anotaciones en Cuenta en Deuda del Esta­ do, mercado de deuda pública que ha proporcionado, desde entonces, una gran flexibilidad a la financiación del Estado y cuya entrada en funcionamiento permitió, en un plazo relativamente breve, la supresión del coeficiente de pa­ garés del Tesoro y la reducción del coeficiente de caja hasta un nivel próximo a la normalidad. Aun así, siguió en pie un problema básico: la tensión entre una política monetaria de orientación restrictiva y una política presupuestaria con un fuerte signo expansivo. Los esfuerzos orientados a conseguir una moderación en el ritmo de creci­ miento de los costes laborales encontraron, por su parte, grandes resistencias: en último término, fue el intenso descenso del empleo, resultado, en buena medida, del encarecimiento de trabajo, el que, desde comienzos de los años ochenta, presionó a la baja el ritmo de avance de los costes laborales reales y condujo, en consecuencia, a crecimientos más moderados del coste laboral real por unidad de producto. A mediados de los años ochenta, a pesar de las dificultades señaladas y por una vía ciertamente muy dolorosa, la economía española estaba concluyendo la primera fase del ajuste tras las graves per­ turbaciones iniciadas diez años antes: la tasa de inflación se había moderado hasta un ritmo algo inferior al 9 por 100 y el coste laboral real por unidad de producto mostraba tasas de variación negativas; las empresas empezaban a en­ contrarse en una situación más saneada (y el gobierno había iniciado su políti­ ca de reconversión de los «sectores en crisis»); el PIB real comenzaba a mos­ trar indicios de recuperación y la balanza de pagos por cuenta corriente había eliminado su déficit con ayuda de la reciente depreciación de la peseta, acor­ dada en 1982. La expresión de los costes del ajuste eran una tasa de paro que se acercaba al 22 por 100 de la población activa, la destrucción de más de dos millones de puestos de trabajo en diez años y una considerable reducción de la capacidad productiva. El mejor tono observado en la economía española en 1984-1985 era tam­ bién consecuencia del creciente convencimiento de que las negociaciones con la Comunidad Económica Europea estaban llegando, por fin, al esperado acuerdo. El tratado de Adhesión se firmó, en efecto, en 1985 y la incorpora­ ción de España a la Comunidad se hizo efectiva el 1 de enero de 1986. Esto determinó una mejora rápida e intensa de las expectativas que se vio reforza­ da por los efectos favorables de un importante descenso del precio del petró­ leo en los mercados internacionales. La economía española se adentró así en una fase de expansión cíclica que había de conocer su punto álgido en el paso de 1988 a 1989 y que, respaldada por un aumento muy fuerte de las inversio­ nes extranjeras, iba a ser más intensa en España que en el conjunto de la Co­ munidad.

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El optimismo dominante no podía ocultar, sin embargo, las dificultades que España habría de afrontar para superar con éxito su proceso de integración. España era un país relativamente atrasado dentro de la Comunidad, con el agravante de que ese atraso se había acentuado como consecuencia de la grave crisis registrada desde mediados de los años setenta; si, como vimos, la pro­ porción del PIB per cápita español respecto del correspondiente valor medio de los países comunitarios, en términos de poder de compra, era del 80 por 100 a mediados de los años setenta, esa proporción había descendido hasta el 72,5 por 100 en 1985. La estructura productiva, aunque más saneada tras el primer ajuste descrito, mostraba aún abundantes fragilidades, tenía pendientes impor­ tantes problemas de reconversión industrial y registraba una productividad baja respecto de la media europea, de modo que cabía albergar serios temores respecto de su capacidad de adaptación cuando la protección frente al exterior —todavía considerable— resultase desmantelada, en buena medida, como con­ secuencia del ingreso en la Comunidad. Tales temores se vieron reforzados por el hecho de que, como ya sabemos, a los compromisos asumidos por Es­ paña en su tratado de Adhesión, vinieron a sumarse los derivados del acuerdo adoptado por la Comunidad para completar el mercado interior, con libre mo­ vimiento de bienes, servicios y factores de producción, antes de que acabase el año 1992. Y a estos problemas había que añadir los resultantes de una com­ binación inadecuada de las políticas monetaria y fiscal y de unas rigideces, dominantes en muchos mercados, que eran responsables, en buena parte, de la tasa de inflación aún elevada y de la fortísima tasa de paro con las que España accedía a la Unión Europea. La adaptación de la estructura productiva a la situación de mayor compe­ tencia hubo de superar serias dificultades, pero —como ya vimos en el apartado anterior— no confirmó los graves temores que había suscitado. No volvere­ mos ahora sobre este tema. Fueron los problemas del ámbito macroeconómico los que generaron mayores dificultades en los años siguientes a la incorpora­ ción efectiva a la Unión Europea. La etapa de expansión iniciada en 1985 revistió una notable intensidad. El crecimiento del PIB, en términos reales, se situó en tasas del orden del 5 por 100 anual en los años 1987-1989, impulsado por la inversión y el consumo priva­ dos y por el gasto público. Simultáneamente se registró una elevación muy fuerte de los precios de los activos financieros y reales en la que participaron activamente las entradas de capital extranjero, interesadas en la compra de ac­ tivos españoles que juzgaban infravalorados tras la reciente crisis; así, el índice de la Bolsa de Madrid triplicó su nivel entre 1985 y 1989 y el precio por metro cuadrado de las viviendas nuevas se elevó dos veces y media en el mismo pe­ ríodo. La expansión económica indujo un rápido crecimiento del empleo, fa­ vorecido por la amplia utilización de los contratos temporales de fomento del empleo introducidos en la reforma laboral de 1984 (véase epígrafe anterior); este aumento del empleo sólo llevó, sin embargo, a un descenso moderado de la tasa de paro — hasta situarla en un 16,4 por 100 en 1991— porque la pobla­ ción activa creció con rapidez como consecuencia de la mejora en las tasas de

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participación (básicamente, de las mujeres) en respuesta al mejor clima del mercado de trabajo. La tasa de inflación, por su parte, descendió en los prime­ ros años de la expansión, ayudada por la caída internacional de los precios del petróleo, hasta situarse en un 4,8 por 100 en 1988, y con ella descendieron los ritmos de avance de los costes laborales; sin embargo, a partir de 1989, la pre­ sión de la demanda agregada y las rigideces de los mercados impulsaron de nuevo al alza la tasa de inflación —hacia ritmos de avance del 7 por 100— y también se aceleraron los costes laborales, que pasaron a elevar su crecimien­ to en términos reales. La política monetaria, en estas circunstancias y sin la colaboración de la política presupuestaria, había de mantener una tónica res­ trictiva expresada en altos tipos de interés que, en una economía creciente­ mente abierta como la española, inducían fuertes entradas de capital a corto plazo; pero esto presionaba sobre la peseta en un sentido revaluatorio que da­ ñaba la competitividad de los bienes y servicios españoles y tendía a acentuar la ampliación del déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente resultante de la fuerte expansión de la demanda interna. En 1989 la peseta se incorporó al mecanismo de cambios del Sistema Mo­ netario Europeo que, creado en 1978, había venido siendo la expresión de la cooperación monetaria entre un número creciente de países miembros de la Co­ munidad a lo largo de los años ochenta. Tal mecanismo cambiario respondía a un régimen de tipos de cambio fijos, pero ajustables, con bandas permitidas de fluctuación relativamente estrechas en tomo a los tipos de cambio centrales; y tras un período inicial de inestabilidad y frecuentes reajustes cambiarios, se había convertido, bajo la influencia alemana, en un factor de estabilidad y convergencia monetarias para los países participantes dentro de un marco de desaparición progresiva de los controles de cambios. La decisión de incorporar la peseta al mecanismo de cambios del Sistema reflejaba la voluntad española de participar en las manifestaciones más exigentes del proceso de integración europea, pero también se vió motivada por la confianza de que las entradas es­ peculativas de capitales y la tendencia a la apreciación de la peseta se verían desalentadas a medida que la cotización de la divisa española se aproximase al límite de máxima apreciación permitida por la banda de fluctuación en tomo al tipo de cambio central ( ± 6 por 100, en el caso de España). Los hechos mostraron, sin embargo, que ni la incorporación de la divisa a un sistema cambiario de tales características aseguraba la práctica de una polí­ tica económica interior de mayor estabilidad ni la peseta dejaría de estar so­ metida a presiones revaluatorias mientras se mantuviera la inadecuada combi­ nación existente de las políticas monetaria y presupuestaria, persistieran las presiones inflacionistas y los mercados continuaran viviendo bajo el espejis­ mo (pasajero) de que las monedas incluidas en el mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo podrían pasar a la Unión Monetaria —proyecto que ya estaba siendo objeto de estudio y negociación— en un proceso sin traumas. Las autoridades habían previsto la introducción de una política pre­ supuestaria más restrictiva como acompañamiento a la entrada de la peseta en el mecanismo.de cambios del sistema, pero los hechos fueron en la dirección

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El optimismo dominante no podía ocultar, sin embargo, las dificultades que España habría de afrontar para superar con éxito su proceso de integración. España era un país relativamente atrasado dentro de la Comunidad, con el agravante de que ese atraso se había acentuado como consecuencia de la grave crisis registrada desde mediados de los años setenta: si, como vimos, la pro­ porción del PIB per cápita español respecto del correspondiente valor medio de los países comunitarios, en términos de poder de compra, era del 80 por 100 a mediados de los años setenta, esa proporción había descendido hasta el 72,5 por 100 en 1985. La estructura productiva, aunque más saneada tras el primer ajuste descrito, mostraba aún abundantes fragilidades, tenía pendientes impor­ tantes problemas de reconversión industrial y registraba una productividad baja respecto de la media europea, de modo que cabía albergar serios temores respecto de su capacidad de adaptación cuando la protección frente al exterior -—todavía considerable— resultase desmantelada, en buena medida, como con­ secuencia del ingreso en la Comunidad. Tales temores se vieron reforzados por el hecho de que, como ya sabemos, a los compromisos asumidos por Es­ paña en su tratado de Adhesión, vinieron a sumarse los derivados del acuerdo adoptado por la Comunidad para completar el mercado interior, con libre mo­ vimiento de bienes, servicios y factores de producción, antes de que acabase el año 1992. Y a estos problemas había que añadir los resultantes de una com­ binación inadecuada de las políticas monetaria y fiscal y de unas rigideces, dominantes en muchos mercados, que eran responsables, en buena parte, de la tasa de inflación aún elevada y de la fortísima tasa de paro con las que España accedía a la Unión Europea. La adaptación de la estructura productiva a la situación de mayor compe­ tencia hubo de superar serias dificultades, pero —como ya vimos en el apartado anterior— no confirmó los graves temores que había suscitado. No volvere­ mos ahora sobre este tema. Fueron los problemas del ámbito macroeconómico los que generaron mayores dificultades en los años siguientes a la incorpora­ ción efectiva a la Unión Europea. La etapa de expansión iniciada en 1985 revistió una notable intensidad. El crecimiento del PIB, en términos reales, se situó en tasas del orden del 5 por 100 anual en los años 1987-1989, impulsado por la inversión y el consumo priva­ dos y por el gasto público. Simultáneamente se registró una elevación muy fuerte de los precios de los activos financieros y reales en la que participaron activamente las entradas de capital extranjero, interesadas en la compra de ac­ tivos españoles que juzgaban infravalorados tras la reciente crisis: así, el índice de la Bolsa de Madrid triplicó su nivel entre 1985 y 1989 y el precio por metro cuadrado de las viviendas nuevas se elevó dos veces y media en el mismo pe­ ríodo. La expansión económica indujo un rápido crecimiento del empleo, fa­ vorecido por la amplia utilización de los contratos temporales de fomento del empleo introducidos en la reforma laboral de 1984 (véase epígrafe anterior); este aumento del empleo sólo llevó, sin embargo, a un descenso moderado de la tasa de paro — hasta situarla en un 16,4 por 100 en 1991— porque la pobla­ ción activa creció con rapidez como consecuencia de la mejora en las tasas de

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participación (básicamente, de las mujeres) en respuesta al mejor clima del mercado de trabajo. La tasa de inflación, por su parte, descendió en los prime­ ros años de la expansión, ayudada por la caída internacional de los precios del petróleo, hasta situarse en un 4,8 por 100 en 1988, y con ella descendieron los ritmos de avance de los costes laborales; sin embargo, a partir de 1989, la pre­ sión de la demanda agregada y las rigideces de los mercados impulsaron de nuevo al alza la tasa de inflación —hacia ritmos de avance del 7 por 100— y también se aceleraron los costes laborales, que pasaron a elevar su crecimien­ to en términos reales. La política monetaria, en estas circunstancias y sin la colaboración de la política presupuestaria, había de mantener una tónica res­ trictiva expresada en altos tipos de interés que, en una economía creciente­ mente abierta como la española, inducían fuertes entradas de capital a corto plazo; pero esto presionaba sobre la peseta en un sentido revaluatorio que da­ ñaba la competitividad de los bienes y servicios españoles y tendía a acentuar la ampliación del déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente resultante de la fuerte expansión de la demanda interna. En 1989 la peseta se incorporó al mecanismo de cambios del Sistema Mo­ netario Europeo que, creado en 1978, había venido siendo la expresión de la cooperación monetaria entre un número creciente de países miembros de la Co­ munidad a lo largo de los años ochenta. Tal mecanismo cambiario respondía a un régimen de tipos de cambio fijos, pero ajustables, con bandas permitidas de fluctuación relativamente estrechas en torno a los tipos de cambio centrales; y tras un período inicial de inestabilidad y frecuentes reajustes cambiarios, se había convertido, bajo la influencia alemana, en un factor de estabilidad y convergencia monetarias para los países participantes dentro de un marco de desaparición progresiva de los controles de cambios. La decisión de incorporar la peseta al mecanismo de cambios del Sistema reflejaba la voluntad española de participar en las manifestaciones más exigentes del proceso de integración europea, pero también se vió motivada por la confianza de que las entradas es­ peculativas de capitales y la tendencia a la apreciación de la peseta se verían desalentadas a medida que la cotización de la divisa española se aproximase al límite de máxima apreciación permitida por la banda de fluctuación en torno al tipo de cambio central ( ± 6 por 100, en el caso de España). Los hechos mostraron, sin embargo, que ni la incorporación de la divisa a un sistema cambiario de tales características aseguraba la práctica de una polí­ tica económica interior de mayor estabilidad ni la peseta dejaría de estar so­ metida a presiones revaluatorias mientras se mantuviera la inadecuada combi­ nación existente de las políticas monetaria y presupuestaria, persistieran las presiones inflacionistas y los mercados continuaran viviendo bajo el espejis­ mo (pasajero) de que las monedas incluidas en el mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo podrían pasar a la Unión Monetaria —proyecto que ya estaba siendo objeto de estudio y negociación— en un proceso sin traumas. Las autoridades habían previsto la introducción de una política pre­ supuestaria más restrictiva como acompañamiento a la entrada de la peseta en el mecanismo.de cambios del sistema, pero los hechos fueron en la dirección

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opuesta: el sistema impositivo —cuya reforma, iniciada en 1978, se completó con la adopción del IVA, como base de la imposición indirecta, con ocasión del ingreso en la Comunidad— proporcionaba ingresos crecientes, favoreci­ dos por el clima de expansión que vivía la economía, que habían contribuido a reducir las necesidades de financiación de las administraciones públicas hasta la zona del 3 por 100 del PIB en los últimos años ochenta; pero los gastos pú­ blicos iniciaron, en 1990, un fuerte proceso de crecimiento —impulsado por los gastos sociales (resultado de las cesiones del gobierno que se examinaron en el epígrafe anterior) y por los gastos relacionados con los acontecimientos de 1992 (Olimpiadas de Barcelona, Exposición Universal de Sevilla, V Cente­ nario del Descubrimiento de América)— que situó el déficit público en tomo al 6,5 por 100 del PIB en 1993 y en los dos años siguientes. En consecuencia, la política monetaria mantuvo su tónica restrictiva tras el ingreso de la peseta en el mecanismo de cambios del Sistema, en un contexto de inflación y déficit públicos crecientes, la peseta se mantuvo en la zona de máxima apreciación permitida por la banda de fluctuación cambiaría y la apreciación del tipo de cambio efectivo real continuó afectando negativamente a la competitividad de los bienes y servicios españoles y al saldo de la balanza de pagos por cuen­ ta corriente. Esta situación inestable sólo podía mantenerse mientras los mercados fi­ nancieros internacionales continuaran mostrando una improbable confianza en el conjunto de monedas pertenecientes al mecanismo de cambios del Siste­ ma Monetario Europeo. La firma del Tratado de la Unión Europea (tratado de Maastricht), el 7 de febrero de 1992, que establecía el programa de avance tem­ poral hacia la constitución de la Unión Económica y Monetaria y fijaba los criterios que habrían de cumplir los países que desearan formar parte de ella, pareció confirmar el optimismo de los mercados. Sin embargo, tal confianza quebró pocos meses después, cuando la República Federal de Alemania, que venía viviendo una situación de exceso de demanda como consecuencia del proceso de reunificación nacional y de su forma de abordarlo en el ámbito económico, decidió moderar la expansión: el Bundesbank elevó con fuerza su tipo de interés, comenzó a registrarse un acusado debilitamiento de la coyun­ tura europea —que venía cediendo poco a poco desde 1990— y los países participantes en el sistema europeo se negaron a aceptar una elevación relativa del tipo de interés alemán y una revisión ordenada del sistema de paridades que habría de implicar la depreciación de muchas de ellas frente al marco. Los resultados fueron una subida generalizada de los tipos de interés, una costo­ sa recesión europea y una grave crisis del Sistema Monetario Europeo que se saldó, en un clima de fuertes ataques especulativos, con el abandono de su mecanismo cambiario por la libra esterlina y la lira italiana (septiembre de 1992) y con una serie de devaluaciones de monedas de los países participantes que habían ido acumulando graves desajustes en el período anterior. Entre es­ tos países se encontraba España, cuya moneda hubo de ser devaluada en tres ocasiones entre los veranos de 1992 y de 1993, acumulando una depreciación de su tipo de cambio efectivo real (medido con precios al consumo) frente a

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las monedas de la Unión Europea del orden del 15 por 100 en el período. Ade­ más, la liberalización plena de los movimientos de capitales registró un retro­ ceso pasajero en un intento de moderar la intensidad de la especulación. Cuando la crisis del Sistema se cerró, en el mes de agosto de 1993, me­ diante una ampliación hasta el ±15 por 100 de las bandas de fluctuación per­ mitidas en tomo a los tipos de cambio centrales definidos en su mecanismo cambiario, la credibilidad de las políticas macroeconómicas de un buen número de países europeos estaba un tanto maltrecha y la Unión Monetaria aparecía como un proyecto lejano, rodeado de escepticismo. Sin embargo, la crisis vivida había puesto de manifiesto que un sistema con libertad de movimientos de ca­ pitales y tipos de cambio fijos reducía extraordinariamente la posibilidad de desarrollar políticas monetarias nacionales autónomas; que la búsqueda de es­ tabilidad mediante la adopción de un tipo de cambio fijo con la moneda de un país estable no era suficiente si las políticas nacionales no eran coherentes con el objetivo perseguido; que los países europeos sin una tradición consoli­ dada de estabilidad estaban expuestos a verse violentamente zarandeados por los movimientos de capitales si factores de origen exterior o interno levanta­ ban sospechas en los mercados sobre el futuro de sus monedas y, en fin, que la credibilidad monetaria solo podía conseguirse con mucho tiempo y esfuerzo pero podía perderse muy rápidamente. El conjunto de estas reflexiones, basadas en la experiencia reciente, podían avalar la conveniencia de crear una Unión Monetaria en Europa a pesar del es­ cepticismo reinante. En cualquier caso, el desarrollo del proceso conducente, eventualmente, a la creación de la Unión Monetaria siguió su marcha: con el año 1994 se inició la denominada «segunda etapa», diseñada en Maastricht, en la que los países aspirantes a participar en la Unión habrían de desarrollar las políticas conducentes al cumplimiento de los criterios de convergencia re­ queridos; al mismo tiempo, inició sus trabajos el Instituto Monetario Europeo que, con la colaboración de todos los bancos centrales del área, debería prepa­ rar las bases necesarias para la creación, en su día, del Banco Central Europeo y para el desarrollo eficiente de la futura política monetaria común. En estas circunstancias, España decidió su estrategia desde dos conviccio­ nes que resultaron correctas: primera, que, a pesar del escepticismo, la Unión Monetaria se crearía en una fecha no lejana por razones económicas y políti­ cas y, segunda, que si se creaba la Unión, sería muy grave para España quedar al margen de ella: a falta de una credibilidad consolidada de sus políticas eco­ nómicas y dada la modesta dimensión relativa de su economía, quedaría ex­ puesta a los efectos desestabilizadores de perturbaciones de origen interno o exterior (como iba a comprobarse, pocos meses después, con ocasión de la crisis mexicana de 1994), tendría que adaptarse a las políticas que adoptara la Unión sin participar en su discusión y no disfrutaría de otras ventajas deri­ vadas de la pertenencia al área. La incorporación a la Unión traería consigo una reducción sustancial de las perturbaciones financieras y cambiarías; las respuestas a eventuales perturbaciones asimétricas no financieras —subraya­ das por los críticos del ingreso en la Unión— no prometían ser menos costo­

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sas si el país conservaba el manejo de la política cambiaría y, en todo caso, la automarginación del proyecto equivalía a renunciar a los beneficios derivados de una mayor estabilidad expresada en tasas mas bajas de inflación e interés y de la participación en unos mercados europeos más integrados como conse­ cuencia de la adopción de la moneda única. Ahora bien, la incorporación, desde un primer momento, a la nueva institu­ ción monetaria proyectada habría de requerir esfuerzos muy grandes por parte de los países menos avanzados del área (España, Grecia, Portugal e Irlanda), como lo reconoció la propia Unión Europea al crear, en 1992, junto a los Fon­ dos Estructurales ya existentes, un Fondo de Cohesión para proporcionar ayuda financiera a los países con renta per cápita inferior al 90 por 100 de la media comunitaria a fin de compensar los efectos adversos sobre la distribución de renta que resultaran de las políticas orientadas a cumplir los criterios de con­ vergencia. Estos criterios requerían que, en el «examen de acceso», el país as­ pirante a incorporarse a la Unión Monetaria mostrara: 1) una tasa de inflación no superior en más de 1,5 puntos porcentuales a la media de los tres países con más baja inflación; 2) un déficit público no superior al 3 por 100 del PIB; 3) un tipo de interés nominal a largo plazo que no excediera en más de dos puntos porcentuales al tipo medio de los tres países con menor inflación; 4) un volumen de deuda pública no superior al 60 por 100 del PIB; y 5) no haber devaluado su moneda ni haber excedido el margen normal de fluctuación cam­ biaría en los dos últimos años. Era obvio que a España iba a resultarle muy di­ fícil cumplir esos criterios en los plazos previstos. Que se hicieran los esfuer­ zos necesarios para lograrlo y que se obtuviera un éxito pleno en el empeño es algo que hubo de sorprender a los más optimistas. Hubo, sin duda, factores que determinaron un contexto exterior favorable al avance hacia la Unión Monetaria iniciado en 1994, una vez dejada atrás la crisis del Sistema Monetario Europeo: así, la tónica descendente de los pre­ cios del petróleo y de numerosas materias primas en los mercados internacio­ nales, el despliegue de un auge intenso y duradero en la economía de Estados Unidos y un avance firme y bastante estable del comercio mundial; y así tam­ bién, en el ámbito europeo, un crecimiento real, pausado pero persistente, acompañado de una evolución moderada de precios y costes facilitada por las altas tasas de paro que había dejado tras de sí la recesión de los años 19921993. Este último fenómeno se observó también, con fuerza, en España, don­ de la recesión había invertido, con brusquedad, el avance del empleo registrado en la expansión anterior y había reconducido la tasa de paro a cotas muy ele­ vadas —un 24,4 por 100 de la población activa en 1994— que contribuyeron a una reducción sustancial de los ritmos de crecimiento de los costes laborales en los años siguientes. Por otra parte, las depreciaciones registradas por la pe­ seta habían restablecido la competitividad de los bienes y servicios españoles con efectos beneficiosos sobre la balanza de pagos por cuenta corriente. Las políticas macroeconómicas nacionales fueron, desde luego, las protago­ nistas del denominado «período de convergencia». Por una parte, la concesión, en 1994, de plena autonomía al Banco de España en el diseño y la instrumenta­

LA E C O N O M ÍA E S PA Ñ O L A EN LA D E M O C R A C IA

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ción de una política monetaria orientada, básicamente, al logro y el manteni­ miento de la estabilidad de precios, permitió al banco central español modificar su estrategia básica, relegar a un papel secundario los agregados monetarios y comprometerse con el logro de objetivos directos expresados en términos de la tasa de inflación. Apenas puesta en práctica la nueva estrategia a comienzos de 1995 — con los precios de consumo creciendo a un ritmo del 4,5 por 100— , un repunte al alza de la tasa de inflación suscitó una respuesta rápida y con­ tundente del Banco de España, en forma de una elevación del tipo de interés de intervención en casi dos puntos, que corrigió la desviación inflacionista y permitió ganar credibilidad a la nueva política monetaria. A partir de ese mo­ mento la tasa de inflación mantuvo una tónica descendente que la situó por debajo del 2 por 100 a partir de 1997 y que permitió cumplir, finalmente, con holgura, el criterio de convergencia relativo a la estabilidad de precios. El comportamiento de los precios permitió, al mismo tiempo, relajar paulatina­ mente la tónica de la política monetaria de modo que el tipo de interés de inter­ vención bajó, en este período, desde el 9,25 por 100 en 1995 hasta el 3 por 100 en vísperas del inicio de la Unión Monetaria. Con él fueron descendiendo los tipos de interés practicados por los bancos. Por otra parte, la política presupuestaria, que partía, en su esfuerzo hacia la convergencia, de una posición muy difícil, con unos gastos públicos y un dé­ ficit público del orden del 46,5 por 100 y el 6,5 por 100, respectivamente, sobre el PIB, adoptó una tónica mas rigurosa en 1995 y más disciplinada tras los cambios legales e institucionales introducidos por el gobierno del Parti­ do Popular a partir de 1996. Los ingresos públicos mantuvieron, en el período 1994-1998, una tónica suavemente ascendente en proporción al PIB —ayuda­ dos por aquella parte de los ingresos por privatizaciones (intensificadas en es­ tos años;) que las normas de la Unión Europea permitían contabilizar— ; pero el esfuerzo se centró en la contención de los gastos públicos, cuyo porcentaje sobre el PIB descendió hasta el 42 por 100 en 1998 y el 40 por 100 en el año 2000. Así, fue posible cumplir el criterio de convergencia fiscal — con un dé­ ficit del 2,6 por 100 del PIB frente al 3 por 100 requerido—, al tiempo que se lograba una combinación favorable de la política monetaria y la política pre­ supuestaria. La aproximación progresiva a estos resultados suscitó una mejora sustancial de las expectativas expresadas en los tipos de interés a largo plazo y en el tipo de cambio —cuyos respectivos criterios de convergencia se satisfacieron con comodidad—, en el comportamiento de los salarios — que ten­ dieron a alinearse con los objetivos de inflación— y en el fortalecimiento de la demanda y la actividad. Todo ello hizo posible que España pasase con fa­ cilidad, en la primavera de 1998, el examen relativo al cumplimiento de los re­ quisitos exigidos para acceder a la Unión Monetaria1y que, acordada la cons­ titución de ésta por el Consejo Europeo en el mes de mayo, España se incorporase a la nueva área de moneda única, en un clima de fuerte expansión, el 1 de enero de 1999. En esa fecha comenzó su funcionamiento la Unión Monetaria Europea, se activó el Eurosistema — es decir, el sistema formado por el Banco Central

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Europeo y los bancos centrales nacionales de los once países inicialmente in­ tegrantes de la Unión— y se inició la transición al euro, unidad monetaria bá­ sica del nuevo sistema de la que las once monedas nacionales pasaron a ser meras subdivisiones. En efecto, el primer día del año 1999 los bancos centra­ les nacionales pasaron sus contabilidades a euros, las entidades financieras redenominaron en euros los saldos anotados a nombre de sus cliente y, a partir de esa fecha, la generalidad de los mercados financieros del área pasaron a operar en euros. El tiempo necesario para fabricar las monedas y los billetes denominados en euros obligó a aplazar la entrada en circulación de unas y otros hasta el 1 de enero del año 2002, de modo que, en el período transitorio, los billetes y las monedas nacionales han continuado funcionando como dinero legal en cada país miembro. Su sustitución por las monedas y los billetes de­ nominados en euros como dinero legal ha tenido lugar a lo largo de los dos primeros meses del año 2002, completándose así el proceso de transición al euro. La adopción de una moneda única en el ámbito de la Unión Monetaria eli­ mina los costes de transacciones ligados al cambio de monedas, introduce una transparencia en la comparación de costes y precios que reduce la segmen­ tación de los mercados y favorece, por tanto, el grado de competencia dentro del área. En los primeros días de 1999 entró también en funcionamiento la política monetaria común, a la que el tratado de Maastricht había asignado la estabili­ dad de los precios como objetivo básico. Al Banco Central Europeo —y, más concretamente, a su consejo de gobierno, compuesto por el consejo ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales del área, todos ellos ac­ tuando con plena independencia respecto de las autoridades comunitarias y de los gobiernos respectivos— corresponde adoptar las decisiones básicas relati­ vas a la política monetaria común; y, en el ejercicio de esas competencias, acordó interpretar el objetivo de estabilidad de precios como el mantenimiento a medio plazo del índice armonizado de precios de consumo del área en tasas que no excedieran del 2 por 100 anual; adoptó una estrategia compleja de po­ lítica monetaria basada en el seguimiento de una pluralidad de variables para elaborar previsiones de inflación y diseñó un esquema de instrumentación de la política monetaria común que habría de ser ejecutado de modo descentra­ lizado a través de los bancos centrales nacionales y cuyo objeto sería la re­ gulación de la liquidez de las entidades de crédito del área. Con la política monetaria común entró también en funcionamiento un nuevo mecanismo de realización de transferencias de euros entre las cuentas de las entidades de cré­ dito en los bancos centrales nacionales que, al hacer posible una movilización inmediata de la liquidez entre los mercados interbancarios del Eurosistema, conduce a la plena integración de éstos en un mercado interbancario único con un tipo de interés a muy corto plazo también único para el conjunto del área. Finalmente, en esas mismas fechas comenzó la cotización del euro en los mer­ cados de divisas como moneda en régimen de libre flotación

LA E C O N O M ÍA E S PA Ñ O LA E N LA D E M O C R A C IA

11.4.

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L a ECONOMÍA ESPAÑOLA EN LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA

Con la constitución de la Unión Monetaria, España, como país miembro, ha entrado en un nuevo régimen en el que, desde el punto de vista macroeconómico, carece de autonomía monetaria y cambiaría; su política presupues­ taria aparece sometida a la disciplina derivada del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento — acuerdo que propone a los países integrantes de la Unión el mantenimiento del equilibrio presupuestario y que prevé sanciones cuando el déficit público exceda del 3 por 100 del PIB— y sus líneas básicas de polí­ tica económica han de expresarse en programas de convergencia acordes con las grandes orientaciones diseñadas para el área. Todo ello constituye un con­ junto de restricciones que, junto con la política monetaria común, se encami­ nan a favorecer el crecimiento estable y a prevenir los desequilibrios dentro del área. Tales limitaciones no reducen, sin embargo, las políticas económicas na­ cionales a una situación pasiva. Por ejemplo, la política monetaria común, que persigue la estabilidad de los precios en el conjunto del área de la Unión, rara vez podrá estar adaptada a los requerimientos de todos y cada uno de los países miembros, que habitualmente mostrarán diferencias en sus posiciones cíclicas y tenderán a registrar repuestas distintas de sus costes y precios ante compor­ tamientos aproximadamente similares de sus demandas agregadas. Será fre­ cuente, por tanto, que la política monetaria común practicada en un período, aunque sea adecuada a la situación del conjunto del área, resulte demasiado expansiva para algunos países miembros y restrictiva para otros. Ambos gru­ pos habrán de reaccionar, en tales casos, con sus políticas económicas na­ cionales en el sentido compensatorio adecuado: por ejemplo, si la política mo­ netaria común es demasiado expansiva para un país en su situación concreta, éste deberá hacer más restrictiva su política fiscal para evitar la consolidación de un exceso de demanda y deberá reforzar el grado de competencia de sus mercados en busca de una moderación de costes y precios. No cabe ignorar las dificultades de tales respuestas, porque la utilización de la política fiscal con fines de compensación coyuntural no es fácil y los efectos sobre los costes y precios de las políticas de flexibilización de mercados tardan tiempo en de­ sarrollarse. El ejemplo que acabamos de utilizar ha encontrado expresión real, durante los dos primeros años de funcionamiento de la Unión, en un grupo de países miembros — entre ellos, España— que, habiendo accedido al área de moneda única con tasas de crecimiento real bastante superiores a la media del conjun­ to, han encontrado excesiva holgura en la política monetaria común instru­ mentada por el Banco Central Europeo en el período. En el caso español, la economía había llegado a la Unión Monetaria con un proceso de expansión que se había consolidado, a partir de 1997, alentado por el importante descen­ so de los tipos de interés y por la mejora general de las expectativas inducida por la adecuada combinación de las políticas presupuestaria y monetaria que

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hizo posible el acceso a la Unión; y, una vez constituida ésta, la expansión continuó, con tasas de crecimiento del producto real superiores al 4 por 100 anual, hasta que comenzó a fiexionar, en el año 2001, bajo los efectos contrac­ tivos irradiados a la economía mundial por el agotamiento del largo e intenso auge que había venido registrando la economía de Estados Unidos. Ahora bien, el persistente avance de la producción real y del empleo a ritmos neta­ mente superiores a los registrados en el conjunto de la Unión Monetaria acabó expresándose en desviaciones alcistas de los precios y costes españoles —es­ pecialmente, desde el sector de servicios— respecto de la media del área, con el consiguiente deterioro de la competitividad. Era obvio que la política mone­ taria común, instrumentada por el Banco Central Europeo atendiendo a las con­ diciones generales de la Unión, era demasiado expansiva para las condiciones concretas de la economía española. Contribuía a mantener una tónica excesiva de demanda frente a los factores de inflexibilidad que condicionaban la res­ puesta por el lado de la oferta. En consecuencia, y de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, la política económica española procuró actuar de modo compensatorio buscando el equilibrio presupuestario y acentuando los esfuer­ zos por introducir unos grados mayores de competencia en un conjunto de sectores. Adviértase que, en una unión monetaria, las desviaciones alcistas de costes y precios de un país respecto de la media del área que, al hacerse persisten­ tes, acaben dañando su competitividad, constituyen una grave amenaza para la continuidad del crecimiento del producto y el empleo. La contracción de éstos es, en efecto, el mecanismo básico de corrección de tales desarrollos, puesto que el ajuste a través del tipo de cambio no está disponible —aunque si lo es­ tuviera, su eficacia tampoco quedaría asegurada sin el respaldo de unas políti­ cas macroeconómicas contractivas—. Un país perteneciente a una unión mo­ netaria debe practicar, por tanto, políticas presupuestarias estabilizadoras que prevengan o corrijan la aparición de excesos de demanda y ha de considerar la introducción y el mantenimiento de altos grados de competencia en los merca­ dos como una tarea central de sus políticas económicas. Se trata, en uno y otro caso, de temas básicos de la política económica española de cara al futuro; te­ mas, además, permanentes, nunca cerrados, porque siempre estarán sometidos a presiones adversas. La Unión Monetaria ofrece, en fin, a la economía española un marco posi­ tivo para un crecimiento estable, pero deja un amplísimo ámbito a las decisio­ nes que han de dotar de contenido a ese crecimiento y hacer efectivo el avance deseado en la «convergencia real» con los países avanzados de Europa. A lo largo de nuestro rápido repaso a la historia económica reciente hemos encon­ trado motivos de satisfacción tanto en la orientación general de la economía como en desarrollos concretos derivados del nuevo marco y los nuevos impul­ sos proporcionados por la instauración de la democracia y la apertura de la economía. También hemos encontrado, sin embargo, temas insuficientemente resueltos de los que dependerá, en buena medida, el futuro económico del país: la generación de condiciones que permitan crear mayor y mejor empleo;

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el avance en la flexibilizaeión de los mercados tanto de factores productivos como de bienes y servicios; la eliminación del retraso existente en las dotacio­ nes de capital real productivo e infraestructuras, en la mejora del capital hu­ mano y en la elevación del bajo nivel tecnológico del país; el diseño de un sistema de bienestar social suficiente y sostenible a largo plazo, etc. Hemos advertido también que, en los últimos años, parece observarse, por debajo de la expansión con crecimiento del empleo, un menor impulso en la inversión real productiva y un descenso en el ritmo de avance de la eficacia general del sistema —conducentes a tasas muy bajas de crecimiento de la productividad del trabajo— que podrían indicar un agotamiento de los efectos generados por la plena incorporación a las instituciones comunitarias y por las políticas in­ ternas con ella relacionadas. La mejora en la rentabilidad prometida por las inversiones, un mayor esfuerzo tecnológico, el avance en el grado de compe­ tencia en los mercados y la prevención de desviaciones inflacionistas persis­ tentes que dañen la competitividad de nuestros bienes y servicios son necesa­ rios para generar nuevos impulsos en la economía. El acierto en el tratamiento de los problemas pendientes dependerá de las políticas públicas pero también, y en medida decisiva, de las actitudes de la sociedad que las condiciona. El período de veinticinco años que hemos examinado ha presenciado transforma­ ciones positivas y muy importantes en la sociedad y la economía españolas, pero no ha sido un tiempo de regalos. Tampoco lo será el futuro.

LECTURAS RECOMENDADAS Carlos Sebastián (1999), «La esconomía española, 1974-1998» , en XXV Jornadas del Mercado Monetario, 1974-1998, Madrid, Intermoney. José Luis Malo de Molina (2001), «Las implicaciones para España del Euro», en BANCO DE ESPAÑA (2001), El camino hacia el euro. El real, el escudo y la peseta, Madrid, Banco de España, pp. 133-148.

ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA El libro de Charles Powell (2001), España en Democracia, 1975-2000, Barcelona, Plaza y Janes, ofrece un excelente tratamiento del período que se estudia en este capí­ tulo, haciéndolo desde una perspectiva sociopolítica pero con abundantes referencias, bien fundamentadas, a sus principales rasgos económicos. Las obras colectivas: Lecciones de economía española, José Luis García Delga­ do, dir., y Rafael Myro y J, A. Martínez Serrano (coeditores), Civitas, tercera edición, Madrid, 1997, y José Luis García Delgado, dir. (1999), España, Economía: Ante el siglo xxi, Madrid, Espasa Calpe, contienen veinticuatro y veintinueve trabajos, respec­ tivamente, sobre los diferentes ámbitos de la economía española en el período de refe­ rencia. Ambas obras responden, básicamente, a un enfoque articulado de estructura económica, perdía mayoría de los trabajos ofrecen un estudio de los temas con una

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perspectiva histórica que se remonta, en general, a los años sesenta del pasado siglo. La alta calidad de los trabajos permitirá al lector obtener una visión más completa y detallada de los problemas que la que ha sido posible presentar en este capítulo. El libro de Carmela Martín (1997), España en la nueva Europa, Madrid, Alianza y Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas, parte de una excelente base de datos —prolongada y completada en el trabajo; Series de indicadores de convergencia real para España, el resto de los países de la UE y EE, UU,, firmado por la misma autora con Francisco J. Velázquez, Madrid, Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas, 2001— para ofrecer un buen estudio comparativo de la economía española con las economías de la UE, desde la incorporación de aquélla al área, así como una valora­ ción de los efectos de dicha integración. Una buena parte de las comparaciones cuan­ titativas entre variables de España y de la UE que aparecen en este capítulo se han tomado de dichos trabajos.

NOTAS

1. L a ECONOMÍA EN LAS ESPAÑAS MEDIEVALES ( c . 1 0 0 0 - C . 1 4 5 0 )

1. Para una visión general del período: los manuales de Dufourq y GautierDalche (1983); Martín (1993); Iradiel, Moreta y Sarasa (1989); Mínguez y Fernández Conde (1995); Carrasco, Salrach, Valdeón y Viguera (2002); Menjot (1996); pero sobre todo la monografía de García de Cortázar (1988). Para Portugal, Serrao y Oliveira Mar­ ques, dirs. (1990), y Mattoso, dir. (1997). 2. Barbero y Vigil (1978); Bonnassie (1975); Riu y Riu, coord. (1999); VVAA. (1989). 3. Arié (1982) y Picard (2000). 4. Mínguez Fernández (1990). 5. García de Cortázar et al (1985). 6. Barrios García (1983) y Durand (1982). 7. Sesma Muñoz (1998); Laliena Corbera (1987); To Figueras(1997). 8. Furió (1995) y García de Cortázar et al. (1985). 9. González Jimenez (1993). 10. García de Cortázar (1988) y VV.AA. (1985). 11. Gautier Dalché (1979). 12. Boissellier (1998); Durand (1982); Freedman (1991); García de Cortázar et al (1985); Gautier Dalché (1979); Ladero (1994); Laliena (1987);Martínez Sopeña (1985); Sesma Muñoz (1997); To Figueras (1997). 13. Bois (2001); Epstein (2000); VVAA. (1995). 14. González Jiménez (1993). 15. Berthe (1984). 16. Casado Alonso (1987 y 1991). 17. Ladero Quesada (1993); Menjot y Sánchez, coords. (1996 y 1999); Sarasa y Serrano, eds. (1993). 18. García Sanz y Ruiz Martín, eds. (1998). 19. Casado Alonso, ed. (1995). 20. Iradiel (1974). 21. Casado Alonso (2001) y Ladero Quesada ( 1994). 22. Casado Alonso (1987); Rucquoi (1987); Pallares y Pórtela (1991); Ladero Quesada y González Jiménez (1979); Collantes (1977). 23. Casado Alonso (1995). 24. Serrao y Oliveira Marques (1990); Mattoso (1997); Godinho (1981-1983); Thomaz (1994).

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438

25. 26. 27. 28. 29. 30. 2. El

Aurell (1996); Ferrer Mallol y Coulon, eds. (1999) y Del Treppo (1972). Menjot y Sánchez, coords. (1996 y 1999) y Sarasa Sánchez (1981). Del Treppo (1972). Abülafia (1996); Cruselles (2001); Furió (1995); Igual (1998). Berthe (1984) y Carrasco, Salrach, Valdeón y Viguera (2002). Aríé (1992).

SIGLO DE LA HEGEMONÍA CASTELLANA

(1450-1 590)

1. Algunas de las ideas resumidas en este capítulo han sido desarrolladas en mi libro Marte contra Minerva. La economía política del imperio de los Austrias (1450-1600), Barcelona, Crítica (en prensa). Sin embargo, he procurado limar aquí, como corres­ ponde a un manual universitario, los aspectos más críticos y revisionistas, sin por ello dejar de recoger alguno de los principales debates abiertos entre los historiadores. 2. Sobre la crisis bajomedieval y sus vías de salida, véase Aston y Philpin (1988). Sobre los distintos aspectos tratados en este apartado, véanse Yun (1994); Vilar (1982); Fernández Armesto (1997); Childs (1978); Bilbao (1987); Collantes de Terán (1977); Casado (1987); Vilar (1962); Chaunu (1977). 3. Sobre Andalucía, véase Collantes de Terán (1976), y para Valencia, Furió (1995). Las fórmulas de arrendamiento y cesión de la tierra las trata García de Cortázar (1988). Sobre la Mesta, la síntesis más reciente es Phillips y Phillips (1997). 4. lradiel (1974); Rucquoi (1987); Ascnjo (1986); Bonaehía (1988). 5. Ladero (1973). 6. Kamen (1978) y Wallerstein (1979). Una discusión más a fondo de estas ideas, en Yun (en prensa). 7. Phillips y Phillips (1997); Bilbao (1987); Carande (1987). Este último es tam­ bién fundamental para las actividades de los hombres de negocios; asimismo, véase Ruiz Martín (1970). 8. Hamilton (1975). 9. Vilar (1974) y Nadal (1959). 10. Sorpendentemente la historiografía española ha vivido hasta hoy anclada en la confrontación de ambas explicaciones, olvidándose incluso de razonamientos, discuti­ bles pero muy accesibles, como los de Miskimin (1981), para quien un mayor flujo de entrada de metales preciosos en la segunda mitad del siglo habría tenido un efecto me­ nor en el aumento relativo del stock monetario, dadas las mayores dimensiones adqui­ ridas por éste a lo largo del siglo y merced a un proceso acumulativo. Pero no es este el lugar de entrar en una discusión más precisa al respecto. Interesa tan sólo aquí re­ cordar que las visiones al uso —y abuso— no se despegan de la consideración de una economía arcaica. 11. Para España, Nadal (1984); para Europa, cálculos propios a partir de estos da­ tos y De Vries (1994). 12. Para el norte y la Meseta, de la copiosa bibliografía puede verse García de Cortázar (1988), García Fernández (1965) o Bennassar (1983). 13. Vilar (1962,1, p. 562). Los resultados de la sentencia son objeto de discusión entre los historiadores. Frente a J. Vicens, que considera Guadalupe una victoria cam­ pesina, Eva Serra lo ve como un hito más en la reproducción del régimen feudal cata­ lán que implicó además «una restauración feudal y un pacto social, que confirmó la renta feudal» (traducimos del original catalán). Véase Serra (1988).

NOTAS

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14. Ardit (1993). 15. De Vries (1987). Por muchas razones (de entrada la cota de 10.000 habitantes para definir lo que funcionalmente es o no es ciudad no es válida para el conjunto de Europa), es dudoso que tales índices de urbanización, considerados aisladamente, se deban tomar como un indicador de desarrollo económico. En cualquier caso, la ima­ gen que arrojan estas cifras aconseja matizar las visiones más pesimistas de la econo­ mía española, y sobre todo castellana, del siglo xvi, 16. Aunque no único, el caso mejor estudiado de ciudad de fuerte componente in­ dustrial es Córdoba. Véase Fortea (1981). 17. Sigue siendo imprescindible el capítulo que le dedicara ya hace siete décadas E. J. Hamilton (1975). 18. Sobre los banqueros, sigue siendo obligado Carande (1987); también Ruiz Martín (1970); para las ferias castellanas, puede verse Yun (1987). Como monografía sobre los hombres de negocios castellanos, la más completa sigue siendo la de Lapeyre (1955) sobre los Ruiz. 19. Sobre el auge urbano: Bemiassar (1983) y Bemal, Collantes de Terán y GarcíaBaquero (1978). 20. Vassberg (1986). 21. Yun (en prensa). 22. Sobre los servicios, véase Fernández Albaladejo (1992); sobre la contribución de Flandes, Rodríguez-Salgado (1992). Sobre cómo las ciudades retenían lo recauda­ do, véase Carretero (2000); para la «petrificación» de las alcabalas, Carande (1987). 23. Durante mucho tiempo se ha pensado —siguiendo a Carande (1987)— que el encabezamiento respondió al solo interés de las ciudades, las cuales, a la larga y dado el efecto corrosivo de la inflación sobre las cuotas fijas establecidas en el encabeza­ miento, vieron aliviada la carga fiscal en términos reales, al tiempo que consiguieron reforzar su protagonismo en la recaudación e incluso eliminar a los odiados arrenda­ dores de rentas para pasar a ser ellas —sus oligarquías, mejor— las que repartían los impuestos;en los ramos más convenientes según su criterio. Gracias a Fortea (2001) sabemos que el cambio también interesaba a la monarquía, que reducía complicacio­ nes y creaba un sistema de ingresos mucho más seguros y previsibles y, por tanto, más adecuado a los intereses de los grandes prestamistas que querían ver vías de respaldo de sus préstamos (Yun, en prensa). 24. Rodríguez-Salgado (1992). 25. García Espuche (1998). 26. Sobre los aspectos demográficos de la crisis, véase Pérez Moreda (1980), So­ bre los ideales nobiliarios, Bennassar (1983); sus repercusiones económicas en Yun (2002). Hay una revisión crítica de la explicación de presión fiscal en Thompson (1982); también Yun (1990) y Yun (en prensa). Un análisis de la fiscalidad en Francia que permite útiles comparaciones es el de Collins (1988). Los efectos de las enajena­ ciones en Castilla la Vieja pueden verse en Vassberg (1983); y los de la deuda señorial en Aragón en Abadía ( 1998). 27. Sobre la reorientación de los tráficos mercantiles, véase Ruiz Martín (1990). Para los efectos del gasto militar, Thompson (1982). Sobre la red comercial costera ca­ talana, García Espuche (1998).

440

3.

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L as

r a íc e s d e l a tr a so ec o n ó m ic o e s p a ñ o l : c r isis y d e c a d e n c ia

(1 5 9 0 -1 7 1 4 )

1. Hobsbawm (1983 [1955]). Para una visión de los debates sobre el tema durante las décadas siguientes a los escritos, véase Fernández-Albaladejo (1983). 2. Parker y Smith (1985). 3. Sobre Inglaterra, véase Alien (1992); para Francia, Hoffman (1996); sobre las Provincias Unidas, véase para Bélgica Van der Wee y Blomme (1994), y para Holanda, De Vries y Van der Woude (1997); para Italia, véase Malanima (1998). 4. Las ideas reseñadas, en De Vries (1987). Para el debate sobre la «crisis» de la economía atlántica, véase Israel (1981) y Kamen (1978). 5. Pérez Moreda (1980). 6. Para una visión del arbitrismo de esta época, véase la síntesis de Gutiérrez Nieto (1986). 7. El meior texto sobre el conde-duque y sus planes políticos es el de Elliott (1990). 8. Muchas de las cuestiones anteriores en Domínguez (I960), Ruiz Martín (1990b) y, más recientemente, Gelabert (1997). 9. Una síntesis de todas estas cuestiones en Artola (1982). 10. Para todo lo anterior puede verse Jago (1982); Atienza (1987) y Yun (2002). 11. Como muestra de la multitud de estudios sobre oligarquías urbanas en el si­ glo xvn, puede mencionarse para el caso de Madrid, Hernández (1995). 12. Sobre los mecanismos financieros puestos en funcionamiento para la recauda­ ción de tributos y sus repercusiones en la vida urbana, véase F. Ruiz Martín (1978). Para todas las cuestiones anteriores puede verse también, del mismo autor (1990b). Sobre las Cortes de Castilla y la interrupción de sus reuniones, véase Thompson (1984). 13. Algunos casos concretos en Marcos (1985) y Yun (1987). 14. Son muchos los trabajos que han estudiado la evolución de la producción agraria y los cambios en la composición del producto agrícola a escala regional. Baste como muestra el estudio de García Sanz (1977). Una discusión sobre la presencia de mecanismos de reajuste y sobre las posibilidades de aplicar el concepto de depresión en Llopis (1986), donde se rebaten algunos de los argumentos expuestos por Anes (1978). 15. Para Segovia, García Sanz (1977), el caso de Valladolid en Gutiérrez Alonso (1989); Córdoba en Fortea (1980) y Toledo en Montemayor (1996). 16. Sobre el impacto de Madrid en la economía castellana, véanse Ringrose (1985) y, desde puntos de vista distintos, la excelente monografía colectiva dirigida por López García (1998). 17. Gelabert (1994). 18. Yun (2001). 19. Aunque no es un caso único, el hecho, que a su vez estaba ligado a las relacio­ nes diplomáticas entre las distintas áreas de Europa, se puede ver en Herrero (2000). 20. Este epígrafe constituye una adaptación para las características de este manual de ideas que ya desarrollé en Yun (1999). 21. Para Valencia, véase Casey (1983). Lo dicho para Cataluña y Galicia, véase en Serra (1988) y Eiras (1984), respectivamente. Sobre la Tierra de Campos y Segovia, Yun (1987) y García Sanz (1977). 22. Sobre el tráfico interior en la segunda mitad del x v ii me baso en lo que yo mis­ mo expuse en Yun (1999). Acerca de Bilbao y Barcelona, véanse, respectivamente, La-

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NO TA S

borda (1978) y Fontana (1955), y sobre el comercio de Barcelona hacia Andalucía Martínez Shaw (1981). El comercio costero andaluz en Pulido (1993). 23. Kamen (1981), 24. Sanz Ayán (1988). 25. Sánchez Belén (1996) y Ruiz y Dedieu (1994). 26. Ejemplos tomados de Kamen (1981, p. 129). 27. Serra (1988) y Ardit (1993). 28. Eiras (1984); Pérez García (1981); Anes (1988). 29. Serra (1988); García Sanz (1977); Bernal (1988); Pérez Picazo y Lemeuníer (1984). 30. Para Córdoba, Fortea (1994); más general Kamen (1981). 31. Para las transformaciones en el caso catalán, véase Torras (1998). 32. Las afirmaciones respecto de las áreas catalanas proceden de Torras (1998) y García Espuche (1998), 33. Everaert (1973) e Israel (1989). 34. Para estas cuestiones, véase Herrero (2000).

4.

E

x p a n s ió n , r e f o r m is m o y o b s t á c u l o s a l c r e c im ie n t o

(1 7 1 5 -1 7 8 9 )

1. En algunas zonas de la Europa noroccidental, numerosas economías familiares ampliaron su oferta de bienes y servicios y de fuerza de trabajo, al tiempo que eleva­ ban su demanda de bienes y servicios. Éste fue el núcleo central de la «revolución indus­ triosa», que fue estimulada por el descenso de los costes de transacción y por cambios en los precios relativos y en los gustos de los consumidores (en parte inducidos por la llegada a Europa de una oferta creciente y más variada de artículos coloniales). 2. La bibliografía empleada se relacionará, salvo la aparecida en los cuadros, grá­ ficos o notas previas, al final de cada epígrafe. En este caso, véanse Anes (1975); Gon­ zález Enciso et al. (1992); Yun (1999); De Vries (1994b); Alien (2000); Van Zanden (2001). Unas notas de Concepción de Castro sobre las reformas de Felipe V han con­ tribuido a mejorar este epígrafe. 3. Para finales del siglo xvn o comienzos del xvm no disponemos de ningún censo de población que ofrezca información completa y fiable. El dato de 1700 constituye una estimación basada en dos supuestos: 1) de 1715 a 1800, el número de habitantes creció a una tasa del 0,42 por 100; y 2) el tamaño de la población española de 1715 era similar al de 1700 (así lo sugieren las series de bautismos). 4. Según Pérez Moreda, las cifras que proporciona los censos de población de fi­ nales del siglo xvm y de la segunda mitad del siglo xix están sesgadas a la baja en pro­ porciones parecidas. Por consiguiente, si se elevan los guarismos de los primeros, como suele ser habitual con los de los censos de Floridabianca (1787) y Godoy (1797), es preciso efectuar la misma operación con los recuentos decimonónicos. Como los 11 millones de 1800 son resultado de incrementar en cerca de un 5 por 100 la cifra aportada por el Censo de 1797, he elevado en ese mismo porcentaje la que arroja el Censo de 1860. 5. Ello por dos razones: 1) las tasas de natalidad variaban en el corto plazo pero sus promedios anuales de siete, nueve u once años no solían registrar modificaciones dramáticas; y 2) los movimientos migratorios eran relativamente poco intensos en el antiguo régimen.

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H IST O R IA E C O N Ó M IC A DE ESPAÑA

6. La serie de Galicia incluye 26 parroquias para el período 1700-1789 y 63 para la última década del siglo xvm; la de Cantabria está basada en muestras de más de 50 parroquias; la del País Vasco se ha formado con todas las parroquias guipuzcoanas, con 23 alavesas y con 8 vizcaínas (el índice regional se ha construido ponderando el peso de la población de cada una de las provincias vascas en 1787); la de La Rioja in­ corpora los registros de 27 localidades; la de Castilla la Vieja, de 16; la de Castilla la Nueva, 26; la de Extremadura, 37; la de Andalucía, 14; la de Cataluña los de 60 parro­ quias; la de Valencia se ha elaborado con registros de 108. El índice de España se ha calculado ponderando las regiones por su peso demográfico en 1787. Luis María Bil­ bao, Santiago Piquero, Vicente Pérez Moreda, Alejandro Arizcun, Pedro Gurría, Fran­ cisco Muñoz y Guy Lemeunier han tenido la gentileza de dejarme utilizar series inédi­ tas y/o de ayudarme a recopilar la información para elaborar las cifras regionales. 7. AI crearse un elevado número de nuevas parroquias en el territorio murciano en el siglo xvm, las cifras del cuadro 4.2 infravaloran el crecimiento del número de bau­ tismos en dicha región. 8. Véanse Bustelo (1972); Livi-Bacci (1988); Dupáquier (1998); Pérez Moreda y Reher (1997); Pérez Moreda (1997); De Vries (1987); Pérez Picazo y Lemeunier (1984); Marcos (2000). 9. El valor del producto agrario se elevaba apreeíablemente cuando en los secanos se sustituía el cultivo de cereales, en el que se obtenía, como máximo, una cosecha cada dos años, por el de la vid o el olivo, que proporcionaban frutos todos los años. 10. Suponiendo que en 1800 se consumiesen unos 15 millones más de fanegas de trigo que en 1700, que la tierra se sembrase cada dos años, que se obtuviesen unos rendimientos medios de cinco fanegas de grano por cada una de sembradura y que la extensión de una fanega de superficie se situase entre 0,5 y 0,66 hectáreas, habría sido necesario extender el área labrada en más de 3 millones de hectáreas para atender las mayores necesidades alimenticias. Aun aceptando que se hubiese producido una cierta intensificación de los cultivos en algunos de los terrenos que ya estaban siendo labra­ dos en 1700 y que las importaciones cubriesen en la periferia un porcentaje del consu­ mo algo mayor a finales que a comienzos del siglo XVHI, la superficie mínima de nue­ vas labores no podría haberse situado por debajo de los 2,5 millones de hectáreas. 11. En amplias zonas de Extremadura y en algunas áreas de Castilla la Nueva y Andalucía, los dueños de dehesas controlaban una porción considerable o mayoritaria de la tierra susceptible de ser labrada. 12. Las series de Segovia incluyen los diezmos de 22 localidades; las de Palencia y Valladolid las tercias reales de 44 pueblos y lugares de los arciprestazgos de Cevico de la Torre y Portillo; las de Ávila los diezmos de 8 núcleos del Campo de Pajares; las de León los de 7 pueblos del oriente de dicha provincia, y las de La Rioja los de 12 lo­ calidades. 13. Arévalo era, probablemente, el mayor mercado triguero del interior. 14. Montemarta, Moreruela la Yerma, Palacios, Carrascal, Las Hencillas, Manga­ neses, Sanzoles, La Pimienta, La Franca, Molacilios, Valdepalacio y La Pardala. La muestra de pueblos abulenses está integrada por Altamiros, Albornos, Cantiveros, Castilblanco, Flores de Ávila, Goterrendura, Muñosancho, Pajares, Riocabado y Vicolozano. Noemí Cuervo me ayudó a elaborar las series de los pueblos de Ávila. 15. La lana suponía más del 75 por 100 del valor total de esquilmos de las cabañas ovinas trashumantes; por su parte, los pastos invernales constituían, con gran diferen­ cia, la partida más voluminosa de sus costes.

NOTAS

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16. Los arrendamientos de diezmos no permiten conocer los movimientos de la producción en el corto plazo, pero sí las tendencias de las cosechas en el largo plazo. 17. Véanse Marcos (2000); Anes (1970a, 1988 y 2000); Yun (1987); Pérez Picazo (1998); Llopis (1989 y 2001a); Sánchez Salazar (1988); Sebastián (1990); Me­ lón (1989); Gámez (1989); Ponsot (1986); García Sanz (1994b); Phillips y Phillips (1997); Bilbao (1998); Pereira (1998); Rodríguez Galdo (1989); Fernández de Pinedo (1974a); Bilbao y Fernández de Pinedo (1982a); Domínguez (1996); Tello (1992 y 1997b); Torras (1994); Ferrer (1989); Vilar (1962); Mateu (1987); Ardit (1993); Ruiz Torres (1989); Pérez Sarrión (1989 y 1999); Torras (1982); Macías (1989). Agradezco a José Ramón Moreno sus comentarios sobre la agricultura aragonesa. 18. García Sanz (1978 y 1996); Robledo (1993); Perdices (1989); Castro (1987 y 1996); Llombart (1992); Llopis y Jerez (2001); Bernardos (2002); Villares (1989); Anes (1974 y 1994); Pérez Picazo (1998); Tomás y Valiente (1971); Sánchez Salazar (1989); Llopis (1982); Hernández (1999); Moreno Fernández (1999); Pérez Rome­ ro (1999); Castells y Moliner (2000). 19. Véanse Benaul (1992); Bilbao (1989); Bilbao y Fernández de Pinedo (1982b); Carmona (1990); Delgado (1995); Fernández de Pinedo (1980 y 1988); García Sanz (1989); González Enciso (1980); González Enciso et al (1992); Helguera (1996); Mar­ cos (2000); Ros (1999); Sánchez (2000); Thomson (1991 y 1992); Torras (1991 y 1994); Torró (2000). Unas notas de Luis María Bilbao me ayudaron a mejorar los párra­ fos dedicados a la siderurgia. 20. Véanse Anes (1970a); Bernardos (1997 y 2002); Carbajo (1987); Castro (1987); Delgado (1987); Fernández de Pinedo (1980); Fisher (1981); González Enciso et a l (1992); Madrazo (1987); Marcos (2000); Prados de la Escosura (1982b, 1993 y 1999); Ringrose (1996); Tinoco y Fradera (1987); Torras (1991). 21. Anes (1969); Comín (sa); Dobado (1997); Dobado y Marrero (2001); Gonzá­ lez Enciso et al (1992); Klein (1998); Marcos (2000); Marichal (1997); Marichal y Souto (1994); Merino (1987b); Tedde (1988a y b y 1998); Zafra (1987 y 2002). Agra­ dezco a Rafael Dobado y Juan Zafra sus observaciones sobre las finanzas novohispanas y la Hacienda española, respectivamente.

5.

La

c r is is d e l

A n tig u o R ég im en

y la r e v o l u c ió n lib e r a l

(17 9 0 -1 8 4 0 )

1. En el norte, el conflicto concluyó con el Convenio de Vergara de 29 de agosto de 1839; en la zona del Maestrazgo, sin embargo, la guerra no terminó hasta el 30 de mayo de 1840, fecha en la que los liberales tomaron Morella; véase Castells y Moli­ ner (2000). Véanse, además, Ringrose (1996); Pollard (1991); Carreras (1997); Sánchez (2000); Benaul (1995); Fontana (1971 y 1973a); Ruiz Torres (1994). 2. En Inglaterra, país que poseía unas formidables redes mercantiles externas y una poderosa marina, la aportación de las importaciones al consumo nacional de ali­ mentos básicos siguió siendo bastante modesta hasta la abolición de las Leyes de Gra­ nos en 1846. 3. Los mismos pueblos incluidos en el gráfico 4.2. 4. Cartas Cuentas anuales de la Mesa Capitular de la Catedral de Ávila, Archivo Histórico Nacional, Clero, libros 792 y 796. 5. En el oriente leonés, la renta de la tierra permaneció estancada entre 1790 y 1805 y comenzó a descender a partir de esta última fecha; véase Sebastián (1990).

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6. Entre los años agrícolas 1773-1774 y 1788-1789, el coeficiente de variación de los precios medios anuales había sido bastante más bajo: un 8,4, un 15,4, un 19,7 y un 30,4 por 100 en Barcelona, Valencia, Pamplona y Rioseco, respectivamente. 7. Se ha construido con las siguientes ponderaciones (en tantos por uno): trigo, 0,42; carne, 0,16; legumbres, 0,07; vino, 0,14; aceite, 0,16, y leche y huevos, 0,05. 8. Esa autorización, establecida por el decreto de 19 de septiembre de 1798, que­ daba condicionada a que el producto de las ventas de los bienes de los mayorazgos o de los vínculos se destinase a la Caja de Amortización, la cual abonaría a los corres­ pondientes impositores un interés anual del 3 por 100; Anes (1975). 9. Véanse García Sanz (1977); Yun (1987); Tello (1992 y 1997a); Anes (1970a); Bar­ quín (2001); Moreno Lázaro (2001); Pérez Moreda (1980 y 1985); Castro (1987); Correo Mercantil de España y sus Indias; Millán (1996); Tedde (1998); Marichal (1997, 1999 y 2001); Merino (1987b); Artola (1982); Herr (1971 y 1978); Klein (1998); Marichal y Souto (1994); Fontana (1979, 1985 y 1991); Prados de la Escosura (1993); Bilbao y Fernández de Pinedo (1982b); Maluquer de Motes (1998); Delgado (1995); Sánchez (2000); Rueda (1997); Castells y Moliner (2000). 10. El monto de la contribución directa se fijó en 484 millones de reales y se esta­ blecieron cupos provinciales basados en el Censo de Frutos y Manufacturas de 1799, que contenía numerosas y graves inexactitudes y en una estimación de los beneficios comerciales, véase Fontana (1967). Luego se repartieron entre los pueblos dichos cupos de acuerdo a las cantidades que éstos pagaban de rentas provinciales o de equiva­ lentes. Ello implicaba que el gobierno gaditano mantenía las viejas prácticas recauda­ torias del Antiguo Régimen y renunciaba, por ende, al principio de proporcionalidad. 11. Véanse Fontana (1979); Anes (1970b); Llopis (1983); Jiménez Blanco (1996); Pérez Picazo (1998); Fernández de Pinedo (1974b); Torre (1991); Lana y de la Torre (2001); Fontana y Garrabou (1986); Marichal (1997); Tedde (1998); Pérez Moreda (1980); García Sanz (1994a). 12. Derogado en las dos restauraciones absolutistas, puesto en vigor de nuevo en e! Trienio y restablecido definitivamente a través del decreto de 6 de septiembre de 1836. 13. En las desamortizaciones «oficiales», los bienes de las instituciones afectadas eran nacionalizados, administrados transitoriamente por el Estado y, por último, vendi­ dos en pública subasta o, en su caso, redimidos por sus usufructuarios; Villares (1997). Este procedimiento no siempre fue el utilizado para desamortizar y privatizar las tie­ rras municipales. 14. Las páginas dedicadas a la reforma agraria liberal se basan fundamentalmente en García Sanz (1985). 15. Comín (2000a); Fontana (1977 y 1985); Ruiz Torres (1994); Castells y Moli­ ner (2000); Fontana y Garrabou (1986); Linares (1995); Rueda (1997); Villares (1985); Congost (1991); Artola (1973); Bernal (1979 y 1985); Pérez Picazo (1990); Barquín (1999); Castro (1987); Moreno Lázaro (1998); Nieto (1999); Canales (1985); Fernández de Pinedo (1985); Atienza (1991); Tello (2002). 16. La puesta en marcha del presupuesto exigió a la administración estimar con un apreciable grado de exactitud las cifras de ingresos y gastos, esforzarse para mantener estos últimos en los límites fijados y conseguir que la ejecución del presupuesto coin­ cidiera con las previsiones; Fontana (1973a). 17. Véanse Fontana (1971, 1977 y 1979); Tedde (1994 y 1998); Prados de la Esco­ sura (1993); Comín (1996 y 1999a); Zafra (1999); Artola (1986). 18. Ringrose ha ofrecido una visión bastante optimista no sólo de la época de construcción del Estado liberal, sino del conjunto de los siglos xvm y xix. Según este

N O TA S

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historiador norteamericano, el crecimiento económico moderno se inició en España, al igual que en otros países de la Europa occidental, en el Setecientos; Ringrose (1996). Es dudoso que en nuestro país la renta por habitante haya crecido de manera significa­ tiva y de modo sostenido desde el siglo xvm. 19. En esta región, la patata y el viñedo fueron los principales cultivos protagonis­ tas de la expansión agrícola del período 1815-1840; Carmona (1990). 20. En el oriente leonés y en Ciudad Rodrigo, la renta de la tierra tampoco reco­ bró los niveles de finales del siglo xvm hasta después de 1840; Sebastián (1990); Ro­ bledo (1984). 21. El producto por hectárea en la oleicultura y, sobre todo, en la viticultura era bastante más elevado que en las tierras de cereal; véanse Simpson (1997) y Gallego (2001 ).

22. En la agricultura española los fertilizantes minerales no comenzaron a emple­ arse hasta los años cuarenta y su uso fue bastante reducido durante todo el siglo xix; González de Molina (2001). 23. Entre 1826 y 1849 las exportaciones agrarias crecieron al 3,5 por 100; Gallego (2001).

24. En Valencia, por ejemplo, se registró una crisis de desarrollo de la agricultura intensiva en las primeras décadas del siglo xix; Ruiz Torres (1985). 25. El arancel de 19 de septiembre de 1825 reiteró la prohibición de importar teji­ dos de algodón que había sido establecida durante el Trienio; Nadal (1991). 26. Además, desde los años veinte, los superávit fiscales de Cuba (los denomina­ dos «sobrantes de Ultramar»), aunque de una dimensión muy inferior a los obtenidos en Nueva España hasta la guerra de la Independencia, contribuyeron a la financiación del Estado metropolitano; Sáiz (1991). 27. Según las estimaciones de este especialista, importaciones y exportaciones re­ presentaban el 17 por 100 del PIB en 1780-1790 y sólo el 6,1 por 100 en 1830; Prados de la Escosura (1999). 28. Véanse Carreras (1988); Tortella (1973 y 1994a); Pérez Picazo (1998); Pérez Moreda (1985); Barquín (1997 y 1999); Anes (1970b); Llopis (1982 y 2001c); Domín­ guez y Lanza (1991); Congost (1991); Rueda (1997); Torras (1985); Colomé y Valls (1995); Tello (1992 y 1997a); Fradera (1984 y 1987); Martínez Vara (1986 y 1999); Tedde (1998, 1999 y 2001); Fontana (1978); Madrazo (1987); Gómez Mendoza (1998 y 1999); Villares (1997); Pujol et al. (2001); Moreno Lázaro (1998 y 2001); Nogués (2001); García Sanz (1994a y 1994b); Lanza (2001); Torras y Yun (2001); Hoyo (2001); Ramos Palencia (2001); Nadal (1975, 1987, 1992b, 1992c y 1999); Comín (2000a); Do­ bado y López (2001); Sánchez (1988 y 2000); Benaul (1991); Torró (1994); Bilbao y Fernández de Pinedo (1982b); Prados de la Escosura (1982b y 1993); Fernández de Pi­ nedo (1999); Sáiz y Vidal (2001); Toutain (1997); Crafts (1997a); Pascual y Sudria (1992). 6.

El

d i f í c i l a r r a n q u e df . l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n

(1840-1880)

1. Queremos agradecer los comentarios recibidos a una primera versión de este capítulo por parte de Jordi Nadal, Daniel Tirado y Ramón Ramón. 2. Sobre el crecimiento del PIB, véase Carreras (1990) y Prados (1995), y acerca de la productividad de la agricultura, Simpson (1997) y Gutiérrez Bringas (2000). 3. Prados (1995).

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4. Para la evolución de la mortalidad, véase Nadal (1984); para la de la talla de la población masculina, Martínez Carrión (2001); para los niveles de urbanización, Reher (1994); y para el atraso educativo, Núñez (1992). 5. Para el mantenimiento de la propiedad por los grandes nobles, véanse Malefakis (1970) y Peset (1982); para la abolición de los señoríos, Bernal (1974), Sobre la de­ samortización, véanse Fontana (1973 y 1977); Tomás (1971); Simón (1973); Rueda y otros (1986). 6. Acerca del impacto de la desamortización de los comunales sobre la ganadería y las masas forestales, véase Garrabou y Sanz (1985). 7. Por lo que respecta al régimen contractual agrario, Artola y otros (1978) y Ro­ bledo (1984); para la evolución de la productividad, Simpson (1997) y Gutiérrez Bringas (2000); y sobre la situación del proletariado rural, Rodríguez Labandeira (1991). 8. Para la superficie y producción agraria, véase Garrabou y Sanz (1985). Para el papel del ferrocarril, Gómez Mendoza (1989a) y Comín, Martín Aceña, Muñoz y Vi­ dal (1999). 9. Sobre la introducción de los abonos químicos y minerales, véase Gallego (1986), y acerca del retraso acumulado en el arranque de la mecanización de la agricultura es­ pañola, Simpson (1997) y Martínez (2000). Por lo que respecta a los rendimientos por unidad de semilla sembrada, véanse Garrabou y otros (1995) y Gutiérrez Bringas (2000); a la amplitud de las fluctuaciones de las cosechas, Garrabou y otros (1995); y a las crisis agrarias, Sánchez-Albornoz (1977). Para las exportaciones de harinas, Ma­ luquer de Motes (1974). 10. Para la viticultura en Cataluña y Valencia, véase Giralt (1990) y Piqueras (1981). Para la filoxera, véanse Camero (1980) y Pan-Montojo (1994). Para el olivar, véase Zambrana (1987). Sobre el cultivo y exportación de naranjas, véase Abad (1987), y para una visión de conjunto sobre el desarrollo de la agricultura valenciana, Garrabou (1985). Para la agricultura catalana, véase Garrabou y Pujol (1987). 11. Hacia 1890, el producto por activo en la agricultura española era la mitad que el de Holanda, Dinamarca, Francia y Alemania y un 15 por 100 menor que el de Italia. Véase O’Brien y Prados (1992). 12. Lo cual no era ignorado por nadie. G. M. Jovellanos ya lo advirtió en su Infor­ me en el expediente de ley agraria (1795): «El clima de España en general es ardiente y seco y es grande por consiguiente el número de tierras que, por falta de riego, o no producen cosa alguna, o solo algún escaso pasto», y que por ello «el riego debe ser mi­ rado por nosotros como un objeto de necesidad casi general». 13. Para Cataluña, véase Vilar (1965); para el País Valenciano, Garrabou (1985) y Piqueras (1981). 14. Por lo que respecta a la superficie irrigada, Alzóla (1979) y Simpson (1997). La primera edición de la obra de Pablo Alzóla se publicó en 1899 y en ella lamenta la inhibición del Estado en materia de obras hidráulicas e indica que el gobierno «tiene que tomar en lo sucesivo una parte más activa en el desarrollo de los riegos». 15. Véase Robledo (1984). 16. Para la reforma tributaria de Mon, véanse Estapé (1971), Comín (1988, 1996 y 2000), Fuentes (1990), Vallejo (2001), y Comín y Vallejo (2002). Para los arreglos de la deuda pública de Mon, Bravo Murillo, García Barzanallana, Salaverría y Cama­ cho, véanse Fontana (1980) y Comín (1996). Para las reformas económicas del sexenio democrático, véanse Fontana (1980), Costas (1988) y Comín (1988 y 2000). Para las leyes mineras y la desamortización del subsuelo, Nadal (1975) y Martín Niño (1972).

N OTAS

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17. Sobre la concesión del monopolio de emisión al Banco de España, véanse. Tortella (1970 y 1994) y Anes (1974). Por otro lado, en 1872 el Banco Hipotecario había obtenido —aprovechando también las acuciantes necesidades financieras del Estado— otro monopolio: el de emisión de cédulas hipotecarias (Comín, 2000). Una y otra con­ cesión condicionaron, en sumo grado, la evolución de los mercados financieros y el margen de maniobra de la política monetaria. 18. Véase Comín (1988 y 1996). 19. Sobre la evolución de las disponibilidades líquidas del sector bancario, véase Tedde (1974). 20. Para la acumulación de capital en esas zonas mercantiles, véase Sudria (1994) y Sudria y Pascual (1999). Para el Banco de San Femando, véase Tedde (1999). Para el desarrollo del sistema bancario y su crisis posterior, véanse Tortella (1973) y Martín Aceña (1985). 21. Véase Tortella (1973) y Comín, Martín, Muñoz y Vidal (1998). 22. Para la legislación y las inversiones mineras, véanse Nadal (1992); Chastagnaret (1985 y 2000); Nadal (1975 y 1992); Escudero (1996 y 1998). 23. Para la política, la construcción y las compañías ferroviarias, véanse Tortella (1973), Casares (1973), Tedde (1978), Nadal (1975). Para los ferrocarriles catalanes, véase Pascual ( 1999a). 24. Las estimaciones de ahorro social son de Gómez Mendoza (1982). El ahorro social surge del menor coste de transportar un volumen determinado de mercancías por ferrocarril en comparación con el coste en el que habría que incurrir de tener que acarrearlo por modos alternativos de transporte; en España, principalmente la carrete­ ría, ante la inexistencia de una red de canales. El ahorro social se calcula suponiendo que se cierran los ferrocarriles en un año y que las mercancías son transportadas por otros medios más caros. 25. Véase Gómez Mendoza (1989a) y Comín, Martín Aceña, Muñoz y Vidal (1998). 26. Para la política de la compañías ferroviarias, véase Casares (1973) y Tedde (1978). La hipótesis de Nadal (1975) de que la franquicia arancelaria a las importa­ ciones de carriles constituyó una oportunidad perdida para desarrollar la industria si­ derúrgica autóctona fue cuestionada por Gómez Mendoza (1982), pero sigue siendo válida. Para una valoración de conjunto de los efectos hacia atrás generados por la construcción de los ferrocarriles españoles, véase Comín, Martín Aceña, Muñoz y Vi­ dal (1998). La estimación del mayor coste de construcción de haber utilizado raíles es­ pañoles es de Pascual (1999b). 27. Sobre la expansión de la producción y exportación de metales y minerales, véanse Nadal (1975 y 1992); Escudero (1998); y Chastagnaret (2000). 28. Véase Coll ( 1987). 29. Véase Prados (1982 y 1988). 30. Para los aranceles de 1841 y 1849, véase Nadal Farreras (1978). Para el aran­ cel industrialista de Figuerola, véase Costas (1988). 31. Estos cálculos excluyen al País Vasco y a Navarra que contaban con un régi­ men fiscal particular. Para los años indicados, su incorporación haría incrementar, aun­ que muy ligeramente, el peso de otros sectores, como la metalurgia. Véase Nadal (1992). 32. Para la industria harinera, véase Moreno (1991). Para la industria del aceite, véanse Nadal (1987) y Parejo y Zambrana (1994). Para las conservas y pastas, Carmo­ na (1985) y Nadal (1987).

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H IST O R IA E C O N Ó M IC A D E ESPAÑA

33. Véanse Nadal (1975 y 1991); Maluquer de Motes (1976); Rosés (1997). 34. Véase Nadal y Sudriá (1993). 35. Para la decadencia de los textiles tradiciones, véase Carmona (1990) y Líopis (1993). Para la transformación industrial de Cataluña, Nadal (1992) y Maluquer de Motes (1994 y 2001). Para la industria lanera, Parejo (1989) y Benaul (1994a). Para el distrito industrial de Sabadell, Benaul (1994b). 36. Sobre las vicisitudes de la industria siderúrgica española, véase Nadal (1975). 37. Véanse Nadal (1975); Gómez Mendoza (1982 y 1989); Comín, Martín Aceña, Muñoz y Vidal (1998). 38. Los técnicos estimaban que ese umbral se situaba en las 20.000 toneladas anuales de sosa, mientras España sólo alcanzó a consumir unas 13.000 toneladas a la altura de 1880; véase Nadal (1992). 39. Véase Nadal (1992) y Tortella (1983). 40. Para la minería del carbón, véanse Sudriá (1997); Nadal (1975); Coll (1987).

7.

C ris is

y r e c u p e r a c ió n e c o n ó m ic a en la

R e s t a u r a c ió n ( 1 8 8 2 -1 9 1 3 )

1. Véase Litvak ( 1975). 2. El total de los fallecidos entre la población residente en Cuba, por causa de la guerra, ascendió a unos 170.000, pero el número de ellos que había nacido en España era casi insignificante. 3. Véanse Pérez Moreda (1999); Fernández Sanz (1990); Maluquer de Motes (1999); Dopico y Reher (1998); Sánchez Alonso (1995); Mikelarena (1993); Domínguez y Guijarro (2000); Cussó y Nicolau (2000). 4. Véase Prados (2000). 5. Véase Martín Rodríguez (1992). 6. Está peifectamente establecida la existencia de un régimen de intercambio discriminador a través de los impuestos extraarancelarios (transitorios y municipales) que protegían el azúcar peninsular; véanse Maluquer de Motes (1974) y Martín Rodríguez (1982 y 1999). 7. Para la política arancelaria, véanse Serrano (1987) y Sabaté (1996). 8. Para la polémica sobre el patrón oro, véanse Martín Aceña (1985) y Tortella (1998 y 2001). 9. Solé (1964 y 1967) y Comín (1988 y 1999). 10. Para el gasto público, véanse Tedde (1985), Maluquer de Motes (1999); Comín (1989); Cubel, (1993). 11. Los registros de exportación están muy hinchados porque recogen en esos años grandes volúmenes de mercancías que salían de los puertos peninsulares hacia las colonias para suministros de equipo y mantenimiento de las tropas españolas sin constituir venta exterior alguna ni generar pagos en divisas. 12. Para la opinión de Mallada, véase Velarde (1999); para la composición del gasto nacional, Carreras (1990). Para la industria, Nadal (1975) y Carreras (1997), y para los servicios, Prados (1995). 13. Para el estancamiento de la productividad del trabajo, véase Bringas (2000). Para la oleicultura, Zambrana (1987). Para la vid, véanse Carnero (1980) y Pan-Montojo (1994). Para la producción agraria, véanse Grupo de Estudios de Historia Rural (1991) y Mateu y Calatayud (1996). Para las limitadas mejoras en las técnicas agrarias,

NOTAS

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véanse Gallego (1986), Germán (2001), Cascón (1914) y Martínez Ruiz ( 2000). Para los obstáculos a la modernización agraria, véanse Simpson (1994) y Bemal (1999) 14. La extensión de la remolacha azucarera no fue consecuencia, por consiguien­ te, de la independencia de las Antillas, puesto que se produjo con anterioridad. 15. Para el olivar, véase Zambrana (1987). Para los frutos secos, véanse Manera (2001) y Garrabou y Pujol (1988). Para los productos hortícolas, véanse Pérez Picazo y Martínez Carrión (2001); Moreno Fernández (2001); Macías (2001). Para los productos forestales, Zapata (1996 y 2001b). Para la remolacha, Martín Rodríguez (1982 y 1999) y Jiménez Blanco (1986). Para los cultivos forrajeros, Puente (1992). Para los produc­ tos lácteos, véase Carmona y Puente (1988). Para la pesca, véase Giráldez (1993). 16. Véanse Schumpeter (1978) y Landes (1999). 17. El gráfico 7.8 presenta un índice compuesto de la producción de plomo metal, piritas y, con ponderación doble, mineral de hierro. 18. Para el capital humano, véase Tortella (1994). El estudio comparativo de la productividad es de Dormois y Bardini (1995). Para la industrialización del xix, Na­ dal (1975). Para el carbón, véase Coll y Sudriá (1987). Sobre la electricidad, Aubanell (1992) y Maluquer de Motes (1985). Para la minería, véanse Sánchez Picón (1995), Pérez Picazo y Martínez Carrión (2001) y Escudero (1998). Para la siderurgia y los transformados metálicos, Fernández de Pinedo (2001); Nadal (1975); Ojeda (1985); Maluquer de Motes (1989). Para el cemento, véase Gómez Mendoza (1987). 19. Para la industria textil, véanse Nadal (1987 y 1992), Sudriá (1983), Kroese (1958), Llonch (2001) y Deu (2001). Para la industria del calzado, véase Miranda (1998), Manera (2001). Para la industria harinera, véanse Gómez Mendoza (1989) y Moreno Lázaro (1997). Para la industria de productos lácteos, véanse Carmona y Puente (1988), Domínguez Martín y Pérez González (2001). Para la industria conservera, véanse Martínez Carrión (1989); Moreno Fernández ( 2001); Carmona ( 1985). 20. Para los ferrocarriles, véase Gómez Mendoza (1989); para las navieras, véase Valdaliso (1991); para las comunicaciones, véase Bahamonde (1993). Para el sistema bancario, véanse Tedde (1974); Sánchez-Albornoz (1977); García Ruiz (1999). 21. A pesar de los notables trabajos acerca de las cifras del comercio exterior es­ pañol, su análisis dista de estar cerrado. En trabajos recientes se siguen desconocien­ do, por ejemplo, las evidentes anomalías de la estadística en los años 1895-1898. 22. De todos modos, las sociedades mineras de capital extranjero concentradas verticalmente con empresas siderúrgicas europeas vendían el mineral a precios preferenciales y, por tanto, transferían beneficios invisibles, no contabilizados, a sus matri­ ces en muy elevada cuantía. 23. Para los beneficios de las empresas mineras, véase Escudero (1998). Para el comercio con Cuba, Zanetti (1998), y para las remesas de emigrantes, Maluquer de Motes (1999). 8. El

PERÍODO DE ENTREGUERRAS

(1914-1936)

1. Agradezco los comentarios de Pablo Martín Aceña, Jordi Palafox y Ricardo Robledo. Para el contexto político español véase Juliá (1991 y 1995), Fusi y Palafox (1997) y Cabrera (1997); para el europeo, Aldcroft (1997); Cabrera, Juliá y Martín Aceña, eds. (1991) y Federico y Foreman-Peck, eds. (1999). 2. Mientras no se diga lo contrario, todas las cifras y series analizadas en este ca­ pítulo y las reproducidas en los gráficos proceden de Prados de la Escosura (2002), a

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H IST O R IA E C O N Ó M IC A D E ESPAÑA

quien agradezco que me las dejase utilizar antes de que se publicaran. Las series de precios y salarios son de Maluquer (1989); las series monetarias y de tipo de cambio son de Martín Aceña; las seríes del sector público son de Comín (1989); la serie de be­ neficios es de Tafunell (1996). 3. Para el período bélico, véanse Sudria (1990) y Velarde (1999b); para las comi­ siones de movilización, San Román (2001). Para la economía del período, véase Co­ mín (1987 y 1988). Para la depresión económica de los treinta, véase Hernández Andreu (1980). Para los acontecimientos políticos, véase Artola, dir. (1993). 4. Las cifras de población son de Nicolau (1989); Llopis (2002) ofrece una estima­ ción de población activa agraria bastante superior, y Padros de la Escosura (2002) muy inferior. Para la transición demográfica, véanse Pérez Moreda (1984) y Nicolau (1989); para la emigración, Sánchez Alonso (1995). La cita en Flores de Lemus (1929). Las estimaciones de la época son de Vandellós (1925) y Miguel (1935). 5. Simpson (1997) califica las innovaciones técnicas de modestas, por la existen­ cia de esos obstáculos; otros autores piensan que fueron más importantes, como Gallego (2001) y Fernández Prieto (2001), a quienes sigo en este punto. La importación de maquinaria agrícola, en Robledo (1996). Para todo esto, véase Gallego (2001). 6. Para la modernización «pausada» de la agricultura, véanse Jiménez Blanco (1986a) y, fundamentalmente, Gallego (2001), a quien sigo en este análisis. Tortella (1994) y Simpson (1997) relativizan esa modernización de la agricultura. Las cifras de pro­ ductividad proceden de Simpson (1997) y Grupo de Estudios de Historia Rural (1983). 7. Esta es la interpretación de la reforma agraria de Robledo (1996); véase tam­ bién Fontana (1987). Simpson (1997) sostiene que lo único que podría haber logrado la reforma hubiera sido retrasar unos años el éxodo rural. Para las relaciones laborales en el campo, véase Rodríguez Labandeira (1991). Para el desempleo agrario, Comín (Í988). 8. Para la continuidad de la política económica, véase Comín (1988); visiones contrarias en Velarde (1999) y Palafox (1992). Todas esas medidas nacionalistas, inter­ vencionistas y proteccionistas fueron el precedente del modelo castizo de la economía española, vigente tras la guerra civil; véanse Fuentes Quintana (1995) y Comín (2001). Para las corrientes nacionalistas, véanse Velarde (1999) y Fraile (2001). Para el BCI, Tortella y Jiménez (1986). Para el arancel Cambó y los tratados que siguieron, Serrano Sanz (1986). Para la legislación laboral, véase Soto Carmona (1989). 9. Para la industria de material ferroviario véase Comín, Martín, Muñoz y Vidal (1999). Los beneficios empresariales en Tafunell (1996), la creación de empresas en Comín (2002), la inversión extranjera en Tascón (2001). Para la industria química, véase Puig (2001); la automovilística, San Román (1995) y Estapé (1999). Para los ferrocarriles, véanse Tedde (1978) y Comín, Martín Aceña, Muñoz y Vidal (1998). Para Campsa, véase Comín (1991). 10. Véanse Howson (1998) y Martín Aceña (2001). 11. Para la política fiscal, Palafox (1992) y Comín (1988). Para Flores de Lemus, Fuentes Quintana (1976). Véanse Cabrera, García Delgado y Comín (1989) y Martorell (2000) para el fracaso de los planes reformadores. Véase Comín (1988, y 1996b) para las reformas tributarias, la evolución del gasto y del déficit. Para los ministros de Hacienda, Comín, Martín Aceña y Martorell, eds. (2000). 12. Para la banca y la política monetaria, véase Martín Aceña (1984, 1985b, 1991, 1997 y 2000). 13. Federico y Foreman-Peck (1999) sostienen que el nivel de protección en España estaba en una posición intermedia entre los países europeos antes de la guerra mun-

NOTAS

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dial. Serrano Sanz (1986) defiende que en los años veinte España no practicó un «pro­ teccionismo a ultranza», salvo en la prohibición de importar trigo desde 1922. Para la política exterior republicana, véase Serrano Sanz (1987b). Véase Palafox (1992) para la crisis de la exportación de cítricos, Carmona (2001) para las conservas, y Pérez Picazo y Martínez Carrión (2001) para los minerales. Para la escasez de divisas, véase a Chapaprieta (1971). Para las balanzas de pagos de la Segunda República, véase Comín (1988). 14. Para las inversiones francesas, véase Fearon (1979). Para la divisa, véanse Martín Aceña (1984) y Comín (1988). 15. Véase Palafox (1992). Para las propuestas de los economistas del período, véase Comín (2001). 16. Esta es la interpretación de Juliá (1991 y 1995). Palafox (1992) responsabiliza del fracaso a los políticos del primer bienio. 17. Fontana (1987). 9.

G uerra

c iv il y p r im e r f r a n q u is m o

(1936-1959)

1. Entre las obras generales sobre el periodo: Anes, ed. (1999); Biescas y Tuñón (1981); Barciela, López, Melgarejo y Miranda (2001); Clavera et a l (1973); Donges (1976), Fontana , ed. (1986); Fusi y Palafox (1997); Jackson (1990); Nadal, Carreras y Sudriá, comps. (1987). 2. Para la guerra civil: Bricall (1970); González Portilla y Garmendia (1988); Thomas (1976); Viñas (1977); Nadal, Carreras y Sudriá, comps. (1987). 3. Cenarro (1998); Catalan (1995); Diez Nicolás (1985); Fuentes Quintana (1990); Juliá, coord. (1999). Además de las obras generales, citadas, véanse Moreno Fonseret (1991); García Delgado (1986); González (1979); Tena (1992); Viñas (1984). 4. Barciela (1989); Garrabou, Barciela y Jiménez, eds. (1986); Melgarejo (2000); Rein (1995). 5. Nadal Carreras y Sudriá, comps. (1987); Coll y Sudriá (1987); Comín y Martín Aceña (1991); Gómez Mendoza, ed. (2000); Sudriá (1987). 6. Comín (1996) y Díaz Fuentes (1994). 7. Martín Aceña (1994); Martín Aceña y Titos, eds. (1999). 8. Martínez Ruiz (2001); Serrano Sanz (1997). 9. González (1979); Prados (1998); Prados y Sanz (1996). 10. Calvo (2001) y Barciela (2000). 11. Barciela (1997); Leal, Leguina, Naredo y Tarrafeta (1975); Naredo (1986). 12. Miranda (1998); Morellá (1992); Donges (1976). 13. Sardá (1987). 10. Los AÑOS

DE CRECIMIENTO DEL FRANQUISMO

(1959-1975)

1. Véanse Fuentes Quintana (1984 y 1988) y Serrano Sanz (1997). 2. Véanse Donges (1976); Martínez Serrano et al. (1982); González (1979) y Gar­ cía Delgado (1987). 3. Véanse Segura (1992); Fundación BBVA e IVIE (1998); Pérez et al. (1996). 4. Véanse De la Fuente (1998); Cebrián (2001); Comín (1995).

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H IST O R IA E C O N Ó M IC A DE ESPAÑA

5. Como señalaron hace tiempo los trabajos de la Fundación Empresa Pública; véanse Fundación INI (varios años) y Segura (1975). 6. Véase Martín Aceña y Comín ( 1991) y Cabrera y Del Rey (2002). 7. Comín (1996). 8. Véanse Serrano Sanz y Costas (1990) y Fundación BBV (1999). 11.

L a ECONOMÍA ESPAÑOLA EN LA DEMOCRACIA

(1976-2000)

i. El cumplimiento del criterio relativo a la deuda pública no se exigió, finalmen­ te, en los términos iniciales, dados los elevadísimos porcentajes de deuda sobre el PIB en países como Italia y Bélgica.

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ÍNDICE ALFABÉTICO abastos, quiebra del sistema tradicional de, 183 absolutismo, 166, 175, 179, 183; hundimiento del, 176 aceite, 199; producción de, 127-128 Acta Única Europea, 400,409 actividades productivas, distribución regional de las, 251 Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), 371, 372, 413; ronda Kennedy (1964-1967) del, 372 Acuerdo Interconfederal por la Estabilidad en el Empleo (1997), 417 adehesamiento, procesos de, 65 Adhesión a la Comunidad (1985), tratado de, 409,413, 425, 426 administraciones públicas (1975-2000), 424 aduanas: derogación de, 90; desaparición en­ tre Aragón y Castilla, 148,154 África: explotación pesquera en el norte de, 53; minas de metales preciosos en, 52, 53 agricultura: alternativa, 103; baldíos, 65, 77; comercio y, 26; crisis en el siglo xvm, 142; de exportación, 140; de las regiones perifé­ ricas (siglo xvm), 136; de los territorios del interior (siglo xvm), 130-134; depresión agraria (1882-1913), 263-268; disminución de la producción, 44; durante el califato omeya, 16; indicadores de la evolución (1931-1959) de la, 361; peso decisivo en 1860 y 1887, 205; productividad por hora de trabajo, 122; progreso de la, 25; trans­ formaciones del sector (1913-1935), 297299; uso de abonos artificiales, 299; uso de suelo agrícola (1860 y 1888), 212 aguardiente, exportación de, 199 ahorro interno, debilidad (siglo xix) del, 220222

ahorro social, y transporte ferroviario (18651878), 224

Alba, Santiago, 317 Albarracín, 28; producción artesanal en, 28 alcabala, impuesto de la, 30, 38, 56, 57, 64, 72, 75, 78, 80, 92, 101; petrificación de la, 77 Alcántara, orden militar de, 18 Alcoba^a, monasterio cisterciense de, 18 Alcoy, industria lanera en, 148, 195, 196, 237, 275 Alejandría, mercaderes de, 30 Alemán, Mateo: Guzmán de Alfarache, 88 Alemania: ayuda económica de, 336; banque­ ros de, 77, 78-79; distribución sectorial de la población activa ( 1870), 205; guerras re­ ligiosas en, 74; PIB de, 204; población (1850-1880), 208; siderurgia de, 238; venta de las islas Palaos, Marianas y Carolinas a, 243 Alemania, República Federal de, 399, 428 Alentejo, repoblación del, 18, 22 alfabetización: en el año 1870, 207-208; de 1877 a 1910,245-246, 246 Alfonso X, rey de Castilla, 26, 30 Alfonso XI, rey de Castilla, 34 Alfonso XII, rey de España, 243 Alfonso Xlll, rey de España, 243, 285, 327 Algarbe, repoblación del, 22 algodón, industria del, 147, 150-151, 173, 194,235,236; importaciones de, 230 alimentaria, industria: de 1842-1880, 233, 234-235; de 1882-1913, 275-276 Almadén, minas de mercurio de, 156-157, 218, 229 Almería, población (siglo x í ) de, 16 almojarifazgo, impuesto del, 30, 57, 75 Alpujarras, yacimiento de plomo en las, 193 Altos Hornos de Bilbao, 273 Altos Hornos de Vizcaya, 273 Altos Hornos y Herrería de Nuestra Señora del Carmen, 273

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HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

Amberes, eje comercial con, 81 América: comercio con, 156, 172, 176; descu­ brimientos en, 36; dificultad del tráfico con, 171-172; expansión de la economía minera en, 82; intercambios con, 81; remesas de metales llegadas (1503-1805), 108; véase Indias amortización: de la tierra, 82; eclesiástica, 90 Ampudia, industria en, 113, 115 Andalucía: aceite en, 264; evolución de bauti­ zados, 100; ganadería en, 134; producción de cereales en, 38, 39; recesión demográfi­ ca, 99; repoblación en el siglo xvm, 20; trashumancia (siglo xvm) en, 26; viñedos en, 25, 65, 130 Andalus, Al-, 14, 15, 16,49; comercio en, 2829; fragmentación política de, 16; produc­ ción artesanal en, 28 Antequera, industria lanera en, 195, 237, 275 apertura de la economía, grado de: de 18821913, 279, 280; de 1975-2000, 415 aprisio, fórmula jurídica de la, 15 arado romano, 25, 58 Aragón, 251; aristocracia débil, 56; contri­ bución única en, 159; Cortes de, 74, 121; crecimiento agrario en, 134; crecimiento demográfico (siglo xvi), 66; crisis bajomedieval en, 31, 43; crisis demográfica (siglo xiv), 34; desarrollo urbano en, 22, 23; ex­ pansión demográfica de, 43-44, 45; guerra civil de, 34; industria textil en, 146; pobla­ ción musulmana de, 19; propiedad territo­ rial en, 22; trashumancia en, 28; véase tam­ bién Zaragoza aranceles: de Cambó, 290, 322; Cánovas, 253; Figuerola, 232; McKinley, 253; Méline, 253; de 1782, 173; de 1891, 269, 279; de 1960, 390; Salvador, 253; véase también política arancelaria arbitristas, 88, 90, 91 Arburúa, M., ministro de Comercio, 359 arrendamientos de tierras, 115, 132; munici­ pales, 144-145 Arévalo, precio del trigo (1690-1841) en, 130 Argentina: crédito de, 343; emigración hacia, 246 Arguelles, error, 294 aristocracia, 82, 94; lazos con el clero, 96; no­ biliaria, 19, 21, 52, 72-73 aristocracia eclesiástica, 13, 14, 19, 21, 32, 49, 52 Armada Invencible, 78 arriería, 107, 113 artesanía, 16, 28, 44

artesanos, 38, 71, 81 asentistas, 69, 107; genoveses y alemanes, 77, 78-79, 91, 93, 107; portugueses, 93, 107 asientos, préstamos contratados por la monar­ quía, 59, 77 Asland, 274 Asociación Europea de Comercio Libre, 413 Asturias, 107; agricultura en, 136; carbón de, 240, 271; formación del reino de, 15; gana­ dería de, 134; sublevación de 1934, 295 atalaje, sistemas de, 58 Atenas, ducado de, 44 Austrias: problemas hacendísticos de los, 78; sistema patrimonial de los, 5 1, 74 autarquía: fracaso de la, 354-365; principios económicos de la, 339-341 Autonomías, Estado de las, 423 Ávila, 18; producción artesanal en, 28; rentas de tierras, 132,133, 167 Avilés, fundación de, 23 ayuntamientos, impuestos de los, 8 1 azafrán, cultivo del, 58, 66, 67 Azaña, Manuel, presidente del gobierno, 285, 303, 304, 329 Aznar, Juan Bautista, almirante, presidente del gobierno, 285 Aznar, naviera, 278 Azores, islas, conquista portuguesa de las, 43 Azpilcueta, M., 61 azúcar: demanda de, 52-53, 109; producción de, 58 Babcock & Wilcox, 313,314 Badajoz, ocupaciones de tierras (1934) en, 295 Baix Camp, avellanos en el, 214 Baix Llobregat, agricultura del, 112, 214 balanza agraria: de 1882-1913, 280; de 19131935, 298 balanza comercial, déficit de la, 59, 70, 94; de 1920, 289; de 1964-1975, 376 balanza de mercancías: de 1784-1820, 172; déficit de, 173; entre 1923 y 1930, 292 balanza de pagos: de 1815-1820, 199-200; de 1883,254 balanza de servicios: de 1964-1975,376 balanza de transferencias: de 1964-1975, 376 Balcanes, 26 Baleares, islas: conquista de las, 18, 22, 30; crisis bajomedieval en, 43; recaudación de la talla en, 159 banca: castellana, 69, 81; desarrollo en el si­ glo xix, 200; genovesa, 91; nueva banca

ÍNDICE ALFABÉTICO

mixta, 278-279: política durante los prime­ ros años del franquismo, 351-353 bancarrotas, 101; en el reinado de Felipe IV, 92; en el año 1872, 218-219 Banco Central, 319 Banco Central Europeo, 429, 431-432, 433, 434 Banco de Barcelona, 320 Banco de Comercio, 279 Banco de Crédito industrial, 307, 321 Banco de Crédito Local, 321 Banco de España, 221,254, 319, 320,422,423, 424-425, 431; emisión de moneda fiducia­ ria al, 219; durante la guerra civil, 336; en los primeros años del franquismo, 350, 351-352, 364; monopolio de la emisión de billetes, 219; y las competencias sobre las divisas y pagos al exterior ( 1969), 373 Banco de Isabel 11, en Madrid, 221 Banco de San Femando, 187, 200, 201, 220, 221

Banco de Vizcaya, 271, 279 Banco Español de Crédito, 279 Banco Exterior, 321 Banco Hispano Americano, 279 Banco Mundial, integración (1958) en el, 371 Banco Nacional Agrario, 304 Banco Nacional de San Carlos, 161, 171, 200201,220

Banco Pastor, 319 Banco Popular, 3 19 Banco Urquijo, 319 bancos comerciales, o de depósitos, 162 barbechos: en 1888, 211, 212; reducción de los, 100, 127, 139, 266, 299 Barcelona Traction, Light and Power Co., 271 Barcelona, 79; como gran centro textil y arte­ sano, 28; construcción del metro de, 312; industria textil en, 44, 115,150; crisis de­ mográfica de, 46; crisis comercial de, 53; comercio marítimo, 107; exportación a las Indias, 156; como plaza financiera, 161; co­ mercio en, 29, 30-31, 43, 44, 55, 81, 114115; cónsules castellanos en, 39; Juegos Olímpicos (1992) de, 428; puerto de, 47 barreras de entrada, 115 bautizos, evolución de, 114, 123; en las áreas rurales (1590-1800), 100; en Madrid y la Meseta Norte (1590-1800), 104 Bayer, empresa, 313 Bazán, Empresa Nacional, 362 Béjar, casa de, 94 Béjar: industria en, 113, 115, 148; industria lanera de, 195, 237, 275

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Bélgica, 86 Benavente, casa de, 94 Benavente, condes de, ingreso de los, 73 Bennassar, Bartolomé, 79 Berenguer, Dámaso, general, 285 Bergamín, 318 Bcrnis, F., 303 Bessemer, proceso siderúrgico, 222,273 bienes de consumo, 234-237; industria de (1881-1913), 274-276 Bilbao: comercio en, 4 !; comercio marítimo, 107; como plaza financiera, 161; fundación de, 23 Boeringher, 313 Bois, Guy, 32 Bolsa de Barcelona, 360 Bolsa de Bilbao, 360 Bolsa de Londres, 217 Bolsa de Madrid, 360, 426 Bolsa de París, 259, 279 Bonaplata, José, 235 Bonaplata, Vilaragut, Rull y Cía., 194, 235 Borbón, dinastía, 121 Braudel, Fernand 80, 87 Bravo Murillo, Juan, ministro de Hacienda, 217, 221 Bretaña, condes de, 39 Bretton Woods, sistema de, 414; integración de la peseta (1959-1974) en, 373, 374 Brigadas Internacionales, 336 Brihuega, fábrica de paños de, 145 Brujas, consulado en, 39 brújula, uso de la, 54 Buenos Aires, libre comercio y, 156 Bugallal, Gabino, ministro de Hacienda, 318 Bundesbank, 428 Burgos: comercio en, 29, 55; evolución de la renta en,41; mercaderes de, 30 burguesía: ascenso de la, 38, 139; en el siglo xvm, 163 caballos, contrabando de, 67 Cabarrús, F., 145 cabotaje, comercio de, 107 cacao, comercio del, 107 Cáceres: producción de cereales en, 64 Cádiz: arsenales de, 152; comercio colonial en, 156; como plaza financiera, 161; hundi­ miento del comercio de intermediación, 198; monopolio del comercio con América (1717), 115,116 Caja Central de Crédito Marítimo y Pesquero, 321

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HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

Caja de Amortización, 170 Caja de Consolidación, 170 Caja de Pensiones y de Ahorros de Barcelona, 279 Caja Ferroviaria, 311, 314 Calatayud, 28; comercio en, 29 Calatrava, orden militar de, 18 Calvo Sotelo, José, 294, 317, 318, 324, 325 calzado, industria del, 275 Camacho, Juan Francisco, ministro de Ha­ cienda, 219, 259 cambio, tipo de, de la peseta: de 1882-1913, 252; de 1921-1935, 323-325, 324; de 19571958, 365-366 Cambó, Francesc, 308, 318, 319 Caminos de Hierro del Norte de España (Nor­ te), 223,226 campesinos: acceso a tierras públicas, 189; debilitamiento de la economía del, 167; en la depresión bajomedieval, 32, 38; transfe­ rencia de tierras a los, 304 Campillo, José, 159 Canadian Light and Power Company, 313 Canal de Castilla, 153, 193, 234 Canal de Tauste, 153 Canal de Urgell, 215 Canal Imperial de Aragón, 134, 153 Canalejas y Méndez, José, 243 Canalización y Fuerzas del Guadalquivir, em­ presa eléctrica, 312 Canarias, 207; agricultura de, 139, 268; co­ mercio de azúcar, 53; crecimiento de la po­ blación en, 126; ocupación de tas, 53; siste­ ma fiscal, 159 Canga Argüelles, J., 185 Cánovas del Castillo, Antonio, 232 Cantabria, industria en, 250, 252 caña de azúcar, cultivo de, 46 capital comercia] (kaufsystem), 146 capital extranjero, entradas de, 220-223 capitalismo, orígenes del, 86 capitalización de la economía, 383-384 carabelas, navegación con, 54 Carande, Ramón, 59, 77 carbón mineral, 192, 196, 197, 230, 238, 239240 carbón vegetal, 197, 238 Carlos I de España y V de Alemania, empera­ dor, 68, 78, 79 Carlos 11, rey de España, 109, 121 Carlos III, rey de España, 129, 140, 141, 143, 144,145,160, 165 Carlos IV, rey de España, 129, 170, 173 Carlos María Isidro, 203

carne, consumo de, 134, 268 Carner, Jaume, ministro de Hacienda, 317, 318,325 Carrera de Indias, 115-116, 155 Carreras, A., 187 carreteras, red de, 198, 277 Cartagena, arsenales de, 152 cartillas de racionamiento, 361 cartografía, progresos de la, 54 Casa de contratación, en Sevilla, 59, 61, 155 Casa de Ganaderos de Zaragoza, 28 CASA, empresa aeronáutica, 313, 362 Casas Viejas, matanza de (1933), 295, 304 Casey, J., 88 Castilla, condado de, 15 Castilla: contribución única en, 159; crisis ba­ jomedieval, 31, 36-43; desaparición de las Cortes (1665) de, 96; desarrollo urbano en, 22; ferias de, 69; finanzas de la Hacienda de, 76; ganadería en, 134, 135; guerra civil de, 34, 37; industria textil, 146; población musulmana en, 19; redes financieras de, 74; repoblación de, 51; trashumancia (siglo x i í ) en, 26 Castilla la Nueva: crisis demográfica en, 99; evolución de bautizados, 100; ganadería, 134 Castilla la Vieja: crisis demográfica en, 99; evolución de bautizados, 100; ganadería, 134; rentas enajenadas de la monarquia, 129 Castro Urdíales, comercio en, 41 Castrojefiz, comercio en, 41 Catalan, J., 355 Cataluña: catastro, 159; comercio con Amé­ rica, 173; comercio en, 43, 81, 114; creci­ miento demográfico (siglo xvi), 65; cre­ cimiento demográfico (siglo xvn), 125; crecimiento económico en, 66, 122, 250; crisis bajomedieval en, 31, 36,43; desarrollo urbano en, 23; Estatuto de, 295; evolución de bautismos en, 100; «febre d’or» (18811882), 278-279; guerra civil carlista en, 235; industria algodonera 173, 194-195, 235; in­ dustria lanera, 195; industria textil en, 149151, 193-194, 195, 275; industrialización de, 144; inicio del imperio mercantil, 31; payeses de remensa, 44, 54, 65-66; pobla­ ción (siglo xiv), 34; posesiones señoriales en, 22; producción agrícola, 137; rabassaires de, 138; rebelión de 1640, 92; renta de la tierra, 167, 188; sistema hereditario en, 66; viñedos en, 25, 112, 137, 190-191, 213; véase también Barcelona; ruhassa moría

ÍNDICE ALFABÉTICO

catastro: en Cataluña, 159; de Ensenada, 160; de la riqueza rústica, 216 Cavestany, R., ministro de Agricultura, 359 Caxa de Leruela, M., 90 cebada, cultivo de la, 361 cecas, aumento (siglo xm) de las, 30 celibato, tasa de, 126 Cementos Portland, 274 Cementos Rezóla, 274 censos, endeudamiento por, 72, 73, 90, 162 Central Siderúrgica de Ventas, 273 Cerdeña, en la corona de Aragón, 44 cereales: crecimiento de la producción de, 130, 131\ crisis en el sector de los (18801891), 264-265; cultivo de, 67, 211; déficit en Cataluña, 138; derrumbe de la produc­ ción de, 98; incremento de las cosechas (1820), 188; precio de los, 131-132, 167168; prohibición de reventa, 168; reforma (1765) del comercio de, 141; véase también cebada; maíz; trigo Cervantes, Miguel de: Quijote, 88 Ceuta, conquista portuguesa de, 43 Chaunu, Pierre, 85, 107 Cie. Franco-Belge des Mines de Somorrostro, 222

Cie. Royale Asturienne des Mines, 222 circuitos coloniales, 105 Ciudad Rodrigo, 18 ciudades: abastecimiento en las, 55, 142; de­ clive de la red urbana, 103-106, 116; embe­ llecimiento arquitectónico de las, 55; en la Meseta Norte, 65; poder de las, 57, 71; sin conformar un sistema urbano, 67-68; y la fiscalidad, 82, 91, 109-110 clero, privilegios fiscales del, 159-160, 184 clima, agricultura condicionada por el, 205, 214 Coca-Cola, 313 Código Civil de 1889, 243 Código de Comercio: de 1829, 183; de 1885, 243 Coimbra, 18; comercio en, 29; producción ar­ tesanal en, 28 Colón, Cristóbal, 54 colonias, pérdida de las, 198, 199, 200; véase también mercado colonial comercio: colonial, 118, 151, 156, 157, 171174, 190, 194; desarrollo en la corona de Aragón, 43, 44; impulso en los siglos x i i y xm, 28-29; interior, 68-69, 153-155; inter­ nacional, 82-83, 114, 140; rutas comercia­ les (siglo xv), 52-53; véase también comer­ cio exterior

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comercio exterior, 82-83, 114, 140, 155-158; de 1840-1880, 227-232, 228\ de 1882-1913, 279-281; de 1913-1935, 293, 322; a partir de 1959, 371 Comisaria General de Abastecimientos y Transportes, 356 Comisión de Millones, 93, 96 Comisión del patrón oro, 324 Comisión Protectora de la Producción Nacio­ nal, 307 Comisión Técnica Agraria, 303 Comité Regulador de la Producción Nacional, 308 Compañía Arrendataria del Monopolio de Pe­ tróleos (CAMPSA), 314 Compañía Auxiliar de Ferrocarriles, 314 Compañía de Comercio de Barcelona, 155 Compañía de Comercio de San Femando, 155 Compañía de Jesús, disolución de la, 295 Compañía General de Comercio de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, 154, 161 Compañía General de Crédito en España, 221 Compañía Guipuzcoana de Caracas, 155 Compañía Peninsular de Teléfonos, 278 Compañía Telefónica Nacional de España (CINE), 314 Compañía Valenciana de Cementos Portland, 312 compensación de pagos en las ferias, 42 competencia, incremento de la, 82 Comunidad Económica Europea, 400, 419; Acuerdo Preferencial (1970) con la, 372, 413; incorporación a la (1986), 409, 425426 concesiones comerciales, aumento de las, 29 Confederación Española de Cajas de Ahorro, 319 Confederación Nacional del Trabajo (CNT), 291,293, 308 Conferencia de Ajgeciras (1906), 244 Consejo de Castilla, 91, 128, 142 Consejo de Ecopomía Nacional, 307 Consejo de Regencia, 175 Consolat de Mar, en Barcelona, 31, 44 Constitución de 1876, 243 Constitución de Cádiz de 1812, 174 construcción, sector de la, 55, 106, 294, 410; producción del (1913-1935), 289 construcción naval, 44, 362; reconversión en la, 408-409 consumo privado, 260-261; estructura (19131935) del, 295-296, 296 contabilidad por partida doble, 42, 46, 61, 69

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contrabando, 116, 154, 192, 193, 194, 195; de caballos, 67; en las Indias, 121; incremento en el siglo x j x , 166 Contrarreforma, 96 contribución directa, aprobación de la, 175 contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria, 257 convergencia, proceso de, 405, 430-431 Córdoba: crisis demográfica (siglo xvn), 103; industria de la lana, 103; olivares en, 213; población (siglo xr), 16; producción indus­ trial, 55,68, 79, 113, 115 Corea, guerra de, 358 Corrales de Buelna, siderurgia, 273 Cortes de Cádiz (1812-1813), 175, 177, 179, 180, 183,209 Coruña, La: exportaciones a las Indias, 156 costes de información y distribución para pro­ ductores lejanos, 105 costes de producción, 61 costes de protección para la corona, 117 costes de transacción, 32, 82, 105 costes industriales, 83 crecimiento agrario, vías de, 127-129 crecimiento demográfico: en el siglo xv, 52; en el siglo xvi, 62, 64, 65; de 1815 a 1840, 188; tasa de (1877-1910), 247; véase tam­ bién población crecimiento económico; como fuente de dese­ quilibrios sociales, 55-56; de 1815 a 1840, 187-201; del siglo xi al siglo xm, 14; en Castilla (siglo xvi), 36; en su apogeo (1504-1575), 58-73; hacia un nuevo mode­ lo de (siglos xvn y xvnr), 117-118; entre 1924 y 1930, 291; y cambio estructural (1960-1975), 376-381; en el periodo 19762000, 406 crecimiento territorial: en el siglo xvm, 161; rural, 162; y crecimiento económico, 14 Crédit Mobilier francés, 221 Crédito Mobiliario Español, 221 crédito: de Argentina, 343; de los Estados Unidos, 358; impulso (siglo xv) del, 53 crisis agraria: en los siglos Xiv y xv, 33; de 1790-1808, 167-169 crisis bajomedieval, 31-49; como reconver­ sión del sistema feudal, 32-33 crisis demográfica: durante la depresión bajomedieval, 32; en los siglos x v i - x v i i , 98-99, 99, 106; según Bois, 32; visión malthusiana, 32, 33, 52, 99 crisis energética: de 1973-1974, 398, 420; de 1979-1980, 423; véase también petróleo, precio del

crisis financiera del Estado: de 1815-1840, 201; de 1882,282-283 Cros, empresa química, 274 Cruz, La, empresa, 222 Cuba: abolición de la esclavitud (1880), 246; como tercer cliente y proveedor, 199; ex­ portaciones a, 188, 2 1 2 , 281; exportaciones de harina a, 198; guerra de independencia de, 243 Cuéllar, comercio en, 41 Cuenca, 55, 79; comercio en, 41; fábrica de lana de, 154; producción artesanal en, 28, 40, 6 8 Cuerpo de Tropas Voluntarias, de Italia, 336 cultivos; de ciclo anual, 216; intensificación de, 127 Curasao, holandeses en, 117

D ’Alentors, familia catalana, 73 Danone, empresa, 313 Daroca, 28; comercio en, 29 década ominosa, empréstitos exteriores de la, 186 decreto de abolición de prestaciones señoria­ les (1933), 304 decreto sobre intensificación de cultivos (1932), 304 decreto sobre laboreo forzoso (1931), 304 decreto sobre revisión de rentas (1931), 304 defensa, gastos de, 158, 315; de 1952-1978, 392 déficit público: de 1913-1935, 315-316; en la década de 1940, 350; en 1993, 428 deflación, 190, 194, 199, 289, 317 democracia: cambio de política económica en, 397-401 depreciación de la peseta, 252, 254, 266, 323, 324, 353 desamortización: de 1798, 169, 171; de 1836 1 895, 210; de Madoz de 1855, 180, 189, 209-210; de tierras municipales, 178-181; véase también desamortización eclesiástica desamortización eclesiástica, 180-181, 187, 209-210, 210 desarrollo urbano, 22-25; en la Meseta norte, 65; en los siglos xvn y xvm, 125; índices de, 6 8 desempleo, 214 desforestación, movimiento de, 25 deuda del Estado: incremento (siglo xvm) de la, 160; total (1882-1913), 258, 259 deuda pública, 259; emisión de vales reales, 169-170, 171; venta de títulos de, 44, 161

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Deva: comercio en, 41 devaluación de la moneda, 37, 44, 110, 428; intento del conde de Toreno, 200 diezmo, 55, 64, 72, 79, 98, ¡31, 140, 209; eclesiástico, 38, 209; excusado, 78; produc­ ción agraria y, 99, 111; resistencia al pago de, 174; supresión del, 182-183, 209 División Azul, 347 Domínguez Ortiz, A., 93 donativos (generales o particulares), 92, 96, 169 Duero, valle del: desarrollo urbano, 6 8 ; im­ pulso económico en el, 54

Echegaray, José, 219 eclesiásticas, instituciones, 72, 97; riqueza de, 82 economía agraria, 54, 58; debilitamiento (1790-1808) de la, 167-169 economía colonial, 75, 91 economía de guerra, 2 1 , 26; durante la guerra civil, 333-335 economía de mercado, 178 educación; gasto (1870) en, 207-208, 208; gasto (1952-1978) en, 392; gastos públicos (1975) en, 419 Elche, industria del calzado en, 275 Elda, industria del calzado en, 275 Elcctra de Viesgo, 271 eléctrico, sector, 416; véase también hidráuli­ ca, energía Electro-Química de Flix, 274 embalses, construcción de, 267, 271 emigraciones: a las Indias, 61, 90; estaciona­ les, 113, 114; hacia América (1860-1880); hacia América (1882-1913), 207, 246; re­ mesas de divisas de las, 375 empleo: expansión (1986-1991) del, 417, 426, 435; juvenil, 419 Empresa Nacional Calvo Sotelo (ENCASO), 346 empresas familiares, 69 empresas manufactureras, en el siglo xvm, 144-145 empréstitos exteriores, 186 ENASA, empresa de vehículos industriales, 362 encabezamiento general, 77, 78 ENDASA, empresa de aluminio, 362 endeudamiento: a causa de la guerra de la In­ dependencia, 176-177; de la monarquía (1793-í 808), 169-171; en censos consignativos, 72, 73; véase también deuda pública

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energético, sector: de 1882 a 1913, 271 Energía e Industrias Aragonesas, 312 enfermedades epidémicas, 125; cólera, 207, 244; disentería, 168, 169; fiebre amarilla, 125, 168; paludismo, 125, 168, 169; virue­ la, 125 enfiteusis, forma de cesión del dominio, 1 0 1 , 111, 181,209 Enrique II de Trastámara, rey de Castilla, 37 Enriquez, familia nobiliaria, 56 Ensenada, marqués de la, 159 ENSIDESA, 362 epidemias, 33, 72, 79, 125; véase también en­ fermedades epidémicas Epstein, J. R., 32 escuela de Salamanca, 61 Espartero, Baldomero, general, 180, 203 especias, comercio de las, 53, 105 esperanza de vida: en el siglo xvu, 125; en 1870, 207, 208 Estados Unidos; guerra contra los, 243, 258; normalización (1947) de las relaciones po­ líticas y económicas con, 358-359; políticas expansivas de los, 397 Estatuto Ferroviario (1924), 3 1 1, 314 Estella: comercio en, 29; fundación de, 23 estraperto, 356 estructura industrial (1882-1913), 270-271 estructura sectorial de la economía, 295-296 Europa: crisis general del siglo xvn en, 85-87; incremento del comercio (siglo xix) con, 199 Europa occidental, crisis bajomedieval en, 3133 euros, inicio de las contabilidades en, 432 Eurosistema bancario, 431-432 Euskalduna, empresa, 314 Evcraert, J., 107 exportaciones: a las Indias, 157; de aceite y vino andaluces, 59; de agricultura especia­ lizada, 280; de bienes y servicios (19601975), 375, 3 75; de hierro, 152; de lana, 39, 53, 134-135, 136; de materias primas, 59, 70; de 1835-1880, 227; de minerales, 240, 272; de naranjas, 213; de productos in­ dustriales, 105, 118; de trigo y harina, 188, 230, 264; de vino, 139, 190, 213, 240; des­ censo entre 1805-1814, 176, 199; descenso entre 1815-1840, 198, 199; nuevas (18421880), 228-230, 229; de 1882-1913, 280, 280-281; de 1913-1935, 293 Exposición Universal de Sevilla, 428 Extremadura: arrendamiento de tierras muni­ cipales, 143; desahucio de yunteros, 304;

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evolución de los bautizados en, 100; gana­ dería de, 134; grandes propiedades en, 64; recuperación de la producción, 107 Ezcaray, industria de lana de, 154, 195

Falange Española, 329 Felguera, La, 238, 273 Felipe II, rey de España, 6 8 , 77, 78, 79, 90, 357 Felipe III, rey de España, 90 Felipe IV, rey de España, 91, 92, 93, 109 Felipe V, rey de España, 121, 140, 158 Feliu de la Penya, N., 109 Feria, duques de, 94; ingresos de, 95 ferias y mercados: en el siglo xii, 29; en el si­ glo xv, 40-41; en el siglo xvi, 65; en el siglo xvm, 154; problemas en el sistema de, 79; véase también Medina del Campo Fernández de Navarrete, M., 90 Fernández Villaverde, Raimundo, ministro de Hacienda, 254, 255, 256, 257, 259, 269, 282 Fernando VI, rey de España, 140 Fernando VII, rey de España, 177, 185, 186, 200 ferrocarriles, 313, 314; construcción de, 211, 223-226, 231, 277; evolución de )a red ferroviaria ( 1850-1875), 224 Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Ali­ cante (MZA), 223, 226 Ferrol, El, arsenales de, 152 ferroviaria, red: evolución de 1850-1875, 224; longitud de 1882-1913, 277 fertilidad, tasa de, 401, 402 feudal, sistema: depresión bajomedieval como reconversión del, 32-33; formación del, 1449 Fiat Hispania, 313 Figuerola, Laureano, ministro de Hacienda, 218, 231; creación de la peseta, 254 Filipinas, 171; guerra de independencia de, 243 filoxera, en los viñedos: españoles, 265, 304; franceses, 224 financiero, sistema, 69 fiscalidad estatal, 32, 33, 80-81, 159-160, 187; reforma de la, 57; sistema de 1845, 240 Flandes: centros textiles de, 39; comercio con, 53; ferias de, 61; mercaderes de, 30 Florencia, comercio en, 33 Flores de Lemus, Antonio, 303, 317, 318, 324 flota mercante, de los años 1881 y 1913, 277, 278

Fondo de Cohesión de la UE, 430 Fondo Monetario Internacional (FMI), 373, 374, 413; integración (1958) en el, 371 Fondos Estructurales de la UE, 430 Fontana, Josep, 329 formación bruta de capital fijo (FBCF), 261; de 1913-1935, 292, 294 Fortuna Lead, The, 222 Francia, 26, 30, 33, 281; centros textiles de, 39; distribución sectorial de la población activa (1870), 205; guerras contra, 74, 165, 169; población (1850-1880), 208; fermiers en, 118; transporte interior en, 198; PIB (1803-1864), 199; PIB de 1850 y 1890, 204; siderurgia en, 238 Franco, Francisco, general, 286, 295, 334, 336, 339, 348, 353, 355, 366 fraude: en la recaudación de impuestos, 75, 109; fiscal, en ia década de 1940, 3 5 1 Frente Popular, 285, 295, 329 frutos secos, producción y exportación de, 267, 298 Fuenterrabía, fundación de, 23 Fuentes Irurozqui, M., 357 Fuentes Quintana, Enrique, ministro de Eco­ nomía y Hacienda, 317, 370, 393 Fuentes, condes de, 73 fundaciones de misas, evolución de las, 97 FYPESA, empresa de maquinaria, 362

Gádor, yacimiento de plomo en la sierra de, 193 Galdácano (Vizcaya), 239 Galicia, 207; crecimiento demográfico en, 113, 126; cultivo del maíz, 111, 112, 113, 136; emigración de, 196; evolución de los bautizados, 100; expansión agraria en, 136; ganadería en, 134, 265; industria conserve­ ra, 323; problema de los foros, 181, 305; recesión demográfica en, 99; recuperación de la producción, 107; renovación de los fo­ ros, 142; y el reino de Asturias, 15 ganadería, 64; aumento durante la Reconquis­ ta, 26; de labor, 191; en el siglo xvm, 134136; estabulación de la, 100, 214; expan­ sión en el siglo xv, 54-55; extensiva ovina, 26, 98; incorporación de nuevas razas, 299; vacuna, 192 ganaderos, asociaciones de, 28 Gandía, duques de, 73 Garay, Martín de, ministro de Hacienda, 184195 García Delgado, José Luis, 376

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gasto del Estado: de 1882-1913, 257-258, 257; de 1952-1978, 392 gasto funcional del Estado (1850-1880), 2 /7 gasto militar: contención del, 90; de 19131935,315 gasto público: exceso de, 219; de 1913-1935, 315-316, 315; de 1988-1993,420 generación del 98, 243 General Motors, 313 Génova: banqueros de, 77, 78-79; comercio en, 33; consulado en, 39; mercaderes de, 30; intereses comerciales en la península, 52, 53 Gerona, pañería de, 44 Gerschenkron, Alexander, 387 Gibraltar: británicos en, 353; rutas comercia­ les por, 53; sitio de, 34 Gil Robles, José María, 306 Girón de Velasco, José Antonio, ministro de Trabajo, 364 Gómez de Llano, E, ministro de Hacienda, 359 González Besada, 317 González de Cellorigo, M.: Memorial de la p o ­ lítica necesaria y útil restauración de la República de España, 8 8 Gran Bretaña: distribución sectorial de la población activa (1870), 205; PIB (18001830) de, 199; PIB de 1850 y 1890, 204; población (1850-1880), 208; revolución in­ dustrial en, 235 Granada, 79; Alhambra de, 49; producción de seda, 65, 6 8 ; producción industrial, 55 Granada, reino de, 16; conquista de, 14, 57; decadencia (siglo xv), 49; población (siglo xi), 16; población (siglo xv), 34 Grecia, 26 Gremios Mayores, 154 gremios: desarrollo de los, 71, 82, 104; de pe­ laires, 150 Guadalajara; Real Fábrica de Paños de, 145 Guardia Civil, 341 guerra: renuncia a intervenir fuera de la penín­ sula, 109; y sistemas fiscales, 73, 74-79, 76 guerra carlista, primera (1833-1840), 166, 177, 197, 235; financiación de la, 187; final de la, 203 guerra civil, 331-339; coste de la, 335-339; destrucciones físicas durante la, 337, 338; orígenes de la, 332 guerra de Secesión estadounidense, 234, 236 guerra fría, 358 guerra mundial, primera: neutralidad durante la, 315

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guerra mundial, segunda: destrucciones físi­ cas durante, 338 guerras de independencia de Cuba y de Filipi­ nas, 243, 258 Guetaria, fundación de, 23 Guinea Ecuatorial, 244 Guipúzcoa, siderurgia de, 151

Habsburgo, dinastía de los, 107 Hacienda, 28; financiamiento de empresas de­ ficitarias, 145; 38, 75, 93; finanzas de la, 76; contribución de las colonias a la, 170171; déficit de la, 91; endeudamiento de la monarquía y, 169-170; entre la restauración absolutista (1814) y la primera guerra car­ lista, 184-187; y los años del primer fran­ quismo, 349-351; y el período de 19601975, 391-394 hambrunas, 33, 354, 355, 361 Hamilton, E., 61, 71, 85, 107 Harfleur, puerto de, 39 harinera, industria, 193 Heredia, Manuel Agustín, 197 Hermandad de la Marina de Castilla, 30 Hermandades de Labradores y Ganaderos, 341 Hero, empresa, 313 hidalguía rural, 64 hidráulica, energía, 271 hidráulica, política: Plan Peña, 342 hídricos, recursos, 2 0 2 , 215 Hidroeléctrica Española, 271 Hidroeléctrica Ibérica, 271 hierro, producción de, 53, 114, 151-152, 229 hilado del cardado, técnica del, 28 Himmler, Heinrich, 348 HISMA Ltda., 336 Hispania romana, 14 Hispano-Suiza, 313 Hitler, Adolf, 326 Hobsbawm, Eric J., 85, 8 6 Hoifmann, W., 262 Hospitalarios, orden militar de los, 18 Huarte y Malumbres, 312 huelga general: de 1919, 291; en la minería vizcaína de 1922, 291; de 1934, 295; de 1988,419-420

Iberia, compañía aérea, 312 Iberia, La, empresa siderúrgica, 273 Ibiza, rutas comerciales por, 53 IBM, 313

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IEME, véase Instituto Español de Moneda Extranjera Ifni, asignación de, 244 Iglesia: apropiación de tierras de la, 34; como pilar de la política internacional, 82; contri­ buciones de la, 78; desamortización de los bienes de la, 180; eximida de la contribu­ ción territorial ( 1939), 349 Igualada, industria textil de, 150 Imperio colonial, 121; fin del, 243 importaciones, 59; aumento de 1805-1814, 176; aumento en 1919 y 1920, 290; de ali­ mentos, 230; de bienes y servicios (19601975), 375 , 375; de materias primas, 118, 230-231; de 1835-1880, 227; de productos manufacturados, 70; de tecnología, 230231; de tejidos, 150; prohibición de los Borbones, 145; de 1913-1935, 293 imprenta, uso de la, 54 impuesto sobre el valor añadido (IVA), intro­ ducción del, 409, 428 impuestos: de la exportación de lana, 26; de servicio y montazgo, 26; del comercio (portazgos, peajes, peatges), 26, 29, 38; del señorío jurisdiccional, 35-36; equivalentes, 159; ferias y mercados francos de, 29; mu­ nicipales, 81; parias, 29-30; renta feudal centralizada, 35-36; sobre el consumo, 78, 159, 256; sobre el volumen de ventas (1919), 318; sobre la importación, 118; so­ bre la renta (1922), 318 INC, 341 Independencia, guerra de la, 129, 143, 166, 169, 173, 179, 183; consecuencias de la, 174-177, 201 India, 43 Indias: agotamiento de yacimientos de las 91; comercio con las, 155, 157; contrabando en las, 1 2 1 ; emigración a las, 61; ingresos de las, 75; monopolio comercial con las, 171172; remesas de, 175; véase también Amé­ rica índice de desarrollo humano (IDH) de 1870, 208, 208 índice de precios al consumo (1PC): de 17901840, 190; de 1976-2000, 420, 421 índice físico de calidad de vida (1900), 247 industria: como epicentro de la moderniza­ ción, 380; incremento de la producción (si­ glo xvm), 144; producción (1913-1935), 289; producción (1940-1958), 362-364, 363 industria a domicilio (verlagssystem), 40, 6 8 , 146

industria de la guerra, 2 1 ; desaparición de la, 31 industria manufacturera, estructura. (19131935), 310, 311, 312 industria militar, 145 industria pesada, 237-239 industria química, 229, 239, 274; (19131935),310-311,57/,380 industrialización, 8 6 ; a principios del siglo xvm, 142; de Cataluña, 202; europea (1840-1880), 203-208, 228-230; de 1882 a 1913, 268-276; por habitante (1830-1890), 234 inflación, 61; de 1891 y 1892, 252; en los años cuarenta, 351; de 1976-2000, 420421,431 informática, sector de la, 412-413 Inglaterra: crisis bajomedieval en, 33; esclavos negros en, 121; guerra con, 74; guerras na­ vales contra, 159, 160, 161, 165, 169, 172, 176; industria textil en, 151; industrializa­ ción de, 166; privilegios mercantiles de, 1 2 ); transformación en el siglo xvn, 8 6 ; yeomen de, 8 6 , 118; véase también Gran Bretaña ingresos ordinarios del Estado (1850-1880), 217 inmigración extranjera, 401 inseguridad jurídica (1931-1932), 294-295 instituciones económicas liberales, 177-183 Instituto de Estudios Fiscales, 393 Instituto de Reforma Agraria (IRA), 304, 306 Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME), 346, 353, 373; supresión (1973) del, 373 Instituto Monetario Europeo, 429 Instituto Nacional de Colonización, 341-342 Instituto Nacional de Industria (INI), 341, 3 4 4 . 3 4 7 , 356, 357, 391, 408; financiación (1941-1950) del, 346, 347 Instituto Nacional de la Vivienda, 392 Instrucción de Caminos, 153 intercambio internacional, 30 interés, tipos de, 320; de los censos, 162; re­ ducciones de los, 95, 101, 31, 431; subven­ cionados, 389 intervencionismo: en la agricultura, 341-344 intervencionismo corporativo, 306-308 intervencionismo regulador, a partir de 1964, 388-391 inversión fija, 261 inversión privada y pública: de 1882-1913, 283; de 1913-1935, 291, 294 inversiones extranjeras: origen y evolución (1851-1880), 221; origen de las (1882-

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1913), 281-282, 282-, saldo neto (19641975),57(5 investigación y desarrollo (1+D), 269, 386387, 405 IRA, véase Instituto de Reforma Agraria irrigación, métodos de, 16 Italia, 26; centros textiles de, 39; comercio con, 53, 81; distribución sectorial de la po­ blación activa (1870), 205; ferias de, 61; PIB de 1850 y 1890, 204; población (18521880), 208; sistema urbano en, 6 8 ITT norteamericana, 314

Jamaica, ingleses en, 117 jerarquización de la sociedad, 16, 21 jomada de trabajo, 308 jornaleros, nivel de renta de los, 211 José Bonaparte, 180 Juan 11, rey de Castilla, 40 judíos, expulsión (1492) de los, 88 Junta Central, 175 Junta de Aranceles, 197 Junta de Comercio de Barcelona, 109, 110 Junta de Comercio y Moneda, 110, 145 Junta Grande de Reformación, 91 Juntas, creación de las, 90-91 jurisdicciones, venta de, 77, 78, 92, 104, 115 juros, 75, 77, 90; confiscaciones de, 92; emi­ sión de, 75, 77, 90

Kamen, Henry, 107

Laguardia, fundación de, 23 Lamego, 18 lana: comercio de la, 42, 148, 173, 191; ex­ portaciones de, 39, 53, 134-135, 136, 157, 199; precio de la, 191; producción de, 194, 195, 235, 237 Laredo: comercio en, 41; fundación de, 23 Largo Caballero, Francisco, 305 Larraz, José, ministro de Hacienda, 350, 351 latifundismo: jornaleros y, 328; origen del, 19,54; Legión Cóndor, 336 legumbres, cultivo de, 6 6 , 106, 112 León, carbón de, 271 León: comercio en, 29; ganadería en, 134 Lerma, duque de, 90 letra de cambio, 42,46, 61, 69; endoso de, 69 levantamientos: conflicto de la Biga y la Bus­ ca (1428-1429), 44; independentistas en la

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América española, 176, 177; tumultos con­ tra las juderías (1391), 44; véase también Asturias; Semana Trágica de Barcelona ley de accidentes de trabajo (1922), 308 ley de autorizaciones (1922), 323 ley de construcción de la escuadra (1887), 268 ley de creación del Instituto Nacional de In­ dustria (1941), 345 ley de fomento de las industrias nacionales (1917), 307 ley de jurados mixtos (1931), 308 ley de minas: de 1825, 192; de 1868, 177, 222,229 ley de ordenación bancaria: de 1921, 319; de 1946, 352 ley de ordenación y defensa de la industria (1939), 345 ley de protección a la industria nacional (1907), 268-269 ley de protección de nuevas industrias de inte­ rés nacional (1939), 345 ley de relaciones comerciales (1882), 269 ley de términos municipales (1932), 304, 305 ley del contrato de trabajo: de 1926, 308; de 1931,308 ley del sufragio universal masculino (1890), 243 ley sobre arrendamientos (1935), 304, 305 lev sobre redención de foros y rabussas mor­ ras, (1935), 304 leyes antisuntuarias, 90 leyes de bancos de emisión (1856), 221 liberalismo, 166, 175; trienio liberal, 166, 177.178, 185 liberalización financiera (1959-1975), 373-374 libertad de comercio e industria, 183 libra esterlina: cotización oficial y líbre de la peseta (1940-1960) respecto a la, 354 libre comercio, decretos de, 156, 157, 173 limpieza de sangre, estatutos de, 97 lino, industria del, 149, 173, 194, 195, 196, 199, 235 liquidez del Estado, crisis de, 91, 94, 101,161 Lisboa, 42; comercio en, 29, 53; crecimiento demográfico, 42-43; producción artesanal en, 28 literatura arbitrista, eclosión de una, 8 8 Llanes, fundación de, 23 Lombardia, crisis bajomedieval en, 33 Londres, 39 López Ballesteros, Luis, ministro de Hacien­ da, 186 López Quesada, banca, 319 loterías, monopolio de las, 216

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Maastricht, tratado (1993) de, 400, 428, 432 Macosa, empresa, 314 Maddison, Angus, 204 Madeira, conquista portuguesa de, 43 Madoz, Pascual, 209; véase también desamor­ tización civil de Madoz Madrid: asentamiento de la corte en, 103; como plaza financiera, 161; concentración de rentas en, 115, 125; construcción del metro de, 312; crecimiento en el siglo xvm, 154-155; eclosión (siglo xvn) de, 103; ex­ pansión de, 125, 250-251 maíz, cultivo del, 98, 106, 111, 112, 114, 361 Málaga: exportaciones a las Indias, 156; po­ blación (siglo xi), 16 Mallada, Lucas, 260 Mallorca: crisis demográfica (siglo xiv), 34; industria del calzado en, 275; pañería de, 44; rutas comerciales por, 53 malthusiana, interpretación, de la crisis demo­ gráfica, 3 2,3 3 ,5 2 Manila, galeón de, 91 mano de obra especializada, carencias de, 192 manufacturas, expansión de tas, 144-153 maquinaria del «sistema inglés», 193 maquinaria textil: bergadana, 194;jenny, 194; mule, 194; sistema Casablanca, 275; telar de Vaucauson, 149; throstle, 194 Maquinista Terrestre y Marítima, La, 275, 314,362 Marbella, altos hornos (1829) en, 238 María Cristina de Habsburgo-Lorena, reina regente, 200, 243 Mariana, Juan de, 8 8 marina, recursos económicos para la, 158 Maroto, general, 203 marranos portugueses, 92 Marruecos, 244; guerra colonial en, 315 Marsella, 39-40 Martínez de la Mata, F., 109 Martin-Siemens, primer horno, 273 Material para Ferrocarriles y Construcciones, 273 materias primas: comercio de, 58; exportacio­ nes de, 59, 70; importaciones de, 118 matrimonio, edad media al contraer, 126 Maura, Antonio, 243, 259, 269 mayorazgos: difusión del, 56, 80, 95; sanea­ miento de, 101, 174; supresión de los, 182, 209 mecanización del proceso productivo, 166, 193; de la hilatura, 194; en la agricultura, 299 media annata, impuesto de la, 92

Medina de Rioseco, feria de, 53, 61; ritmo estacional de contrataciones y pagos en, 70 Medina del Campo: decadencia demográfica de, 79; feria de, 40,41, 53, 55, 59, 61 Melilla, guerra de (1909), 244 Mendizábal, Juan Álvarez, 180, 187 Mendoza, familia, 56 Menorca, industria del calzado en, 275 mercader-empresario ( Veriager), 40 mercaderes: asociaciones entre, 69; de la Carrera de Indias, 115-116; extranjeros, 91; y el intercambio internacional, 30 mercado de divisas, 325, 360 mercado de trabajo: flexibilización del, 416418, intervencionismo en el, 389 Mercado Interior Comunitario, 400, 409 mercado nacional de cereales, formación del, 189 mercado negro, 342, 344, 354, 356; trigo co­ mercializado (1939-1960) en el, 343 Mercado, Tomás de, 61 mercados internacionales, competencia en los, 82-83 mercurio, yacimientos de, 156-157, 218, 229 Mesta, Honrado Concejo de la: apoyo real a la, 28; expansión de la, 54; origen de la, 26; privilegios de la, 38, 64, 143-144, 230; pro­ tección de la, 65; restablecimiento (1814) de la, 191; rutas de la, 27; supresión (1836), 191 mestall, 112 metales, remesas llegadas (1503-1805) de, 108 metales preciosos: alza de los precios por la llegada de, 62, 200; de América, 36, 116, 156; exportación de, 176; minas de África, 52, 53 metalurgia, 44, 273 Michelin, 313 Mieres, 238, 273 migraciones internas, 125, 207 minerales, exportación de, 229-230, 240; 272 minería, 192, 201-202, 222; de 1842-1880, 233; del plomo, 192-193; metálica, 270, 272-273 minifundismo, 64, 65 molino batanero, 28 molinos hidráulicos, 25 Mon, Alejandro, ministro de Hacienda, 216, 257 Moneada, Sancho de, 90 Moncloa, Pactos de la (1977), 400, 414, 423 moneda única, adopción de una, 432 monedas: de plata, 94, 110, 200; depreciación del maravedí, 30; ducado veneciano, 56;

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excelente castellano, 56; principat catalán, 56; vellón, 69, 94, 105, 110 monetario, sistema: aumento de la circula­ ción, 29, 6 8 , 82; estabilidad (siglo xvm), 153; manipulaciones monetarias, 92, 94, 105; primera emisión de billetes, 161; prohibición de salida de monedas de oro y plata, 69; reducción de las acuñaciones (1821-1833), 200; reforma del, 110; varia­ bles monetarias (1913-1935), 321 Montevideo, libre comercio en, 156 Morineau, M., 107, 116 moriscos, 65, 6 6 ; expulsión (1609) de los, 8 8 mortalidad: catastrófica (1794-1815), 168; crisis de 1599, 8 8 ; infantil, 207, 245; tasas de, 125, 126, 207,244, 295 Motrico, fundación de, 23 mudejares, 19; mano de obra, 25; sublevación (1264) en Andalucía y Murcia, 19, 33 multinacionales, de 1913-1935, 313 municipios: control financiero por las oligar­ quías, 96; privatización y desamortización de tierras, 178-180; reparto de tierras, 142143 Murcia: ganadería de, 134; liquidación de la propiedad feudal, 182; producción agrícola, 137; producción de seda, 65; trashumancia (siglo xm) en, 26 Mussolini, Benito, 326, 345, 353 MZA, véase Ferrocarriles de Madrid a Zara­ goza y a Alicante

Nadal, Jordi, 61, 62 Nantes, 39 Napoleón, emperador, 165 Nápoles, rebelión (1647) de, 92 naranjas: exportación de, 213, 298; produc­ ción valenciana de, 265, 267 natalidad: caída (1794-1815) de la, 168; ele­ vación de la, 125, 188; tasas de, 126, 295, 401 National City Bank, crédito (1949) del, 358 naval, construcción, 152-153, 346 Naval, La, empresa, 314 Navarra: crisis bajomedieval en, 31, 43, 46; crisis demográfica en, 99; desarrollo urbano en, 22, 23; despoblados (siglos xiv y xv) en, 35; evolución de los bautizados en, 100; fiscalidad de, 159; incorporación de, 14; propiedad territorial en, 22; viñedos en, 25 Navarro Rubio, Mariano, ministro de Hacien­ da, 365, 393 navegación fluvial, 90

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naves industriales, creación de, 193 Neopatria, y la corona de Aragón, 44 Nestlé, 276 Nobel, trust, 239 nobleza, 19, 21, 32; como gran beneficiaría, 37; cortesana, 92; crisis de la, 34; hacien­ das nobiliarias, 35; pequeña, 21; privilegios fiscales de la, 159-160, 174, 184; tributos otorgados a la, 35-36; y el mayorazgo, 56 nobleza militar, 13, 14, 15,49 Normandía, colonias estables en, 39 Norte, véase Caminos de Hierro del Norte de España Nueva España, 156; crecimiento económico de, 170; producción de plata de, 157 Nueva Montaña Quijano, siderurgia, 273 Nueva Planta, decretos de, 159 Nuevas poblaciones de Sierra Morena, pro­ yecto (1767) de, 140

obligaciones de la deuda, gasto (1952-1978) en, 392 obra pública, inversión en, 294; en 1926, 315 obras hidráulicas, 215 oficios municipales (regidurías), 95, 115 Olavide, Pablo de, 140 oligarquía urbana, 71, 96 Olimpiadas de Barcelona, 428 Olivares, Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde-duque de, 91, 92 olivos, producción de, 67, 212, 213, 213, 361 omeyas, califato de los, 14,49; de Córdoba, 16 Oporto, 42; comercio en, 29; producción arte­ sanal de, 28 Orconera Iron Ore Co. Ltd., The, 222 órdenes militares, 18, 19, 64; maestrazgo de las, 75 Organización Corporativa Nacional, 308 Organización de las Naciones Unidas (ONU): exclusión española (1946) de la, 355 Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 358 Organización Europea de Cooperación Eco­ nómica (OECE), 371 Organización Internacional del Trabajo (OIT), 308 Organización Mundial de Comercio (OMC), 371 Organización para la Cooperación y el De­ sarrollo Económico (OCDE), 371, 377, 384, 386,413 oro: búsqueda de, 53; caída de los precios del, 52; entrada de, 6 8

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Ortega y Gasset, José, 244 Ortiz, Luis: Memorial de 1588, 59 Ortiz de Paz, L., 148 Osuna, casa de, 94 Ottawa, conferencia (1932) de, 323

Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento, 433 Pactos de Defensa y Ayuda Mutua (1953), con Estados Unidos, 358 Pactos de la Moncloa, véase Moncloa, Pactos de País Valenciano, agricultura del, 137, 138-139 País Vasco: comercio en, 114; crisis demográ­ fica en, 99; desarrollo urbano en, 23; Esta­ tuto del, 295; evolución de bautizados en, 100; maíz del, 136; propiedad campesina en, 64; siderurgia, 151-153, 173; y el reino de Asturias, 15 Países Bajos: agricultura en, 6 8 ; rebelión de los, 74, 81; urbanización en, 6 8 Palencia: índice de precios de, 168; industria en, 113; evolución de las rentas de, 41 Palma de Mallorca, 46; libre comercio y, 156 Pamplona, reino de, 15 Pamplona: comercio en, 29, 55; producción artesanal en, 28 pan, política de subvención al, 162 panizo, cultivo del, 58, 6 6 papel sellado, invento del, 92 parias, tributos de sumisión, 29 Paris Eguilaz, H., 357 París, tratado de paz de, 243, 256 paro: agrario estructural, 303; industrial, 408; tasa de (1975-2000), 402-404, 404, 421, 425 Partido Comunista de España (PCE), 329 Partido Popular (PP), 401; llegada al gobierno (1996),415 Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 293, 401,408,419-420, 423 patata: introducción de la, 136; producción (1939-1959) de, 361 patriciados urbanos, 52, 55, 56, 78, 95, 96, 1 0 1 -1 0 2

patrón oro: renuncia al, 254, 319; vuelta del Reino Unido (1925) al, 324 Pearson, E S., 271 pecheros, 38 Pedro I el Cruel, rey de Castilla, 37 pensiones: gasto (1952-1978) en, 392; de 1975-1981, 419; futuro de las, 420 Péreire, hermanos, 221 Pérez de Herrera, Cristóbal, 90

Perpiñán, pañería de, 44 Perú, 156 pesca, bancos en África, 53 peseta: cotización oficial y libre (1940-1960), respecto a la libra, 353, 354; creación de la, 254; depreciación, 252, 254, 266, 323, 324, 353; tipo de cambio de la (1921-1935), 323-325, 324; y el sistema de Bretton Woods, 373 pesquero, sector, 378 Peste Negra: en la depresión bajomedicval, 32; entre 1348 y 1351, 34, 51; entre 1596 y 1602, 8 8 , 89; desaparición de la, 125 petróleo, 268, 271, 313; monopolio del, 314; precios del, 393, 398, 400, 430 Philips, 313 Pimentel, familia nobiliaria, 56, 73 Pirelli, 313 Pirineos, condados de los, 15 Pirineos, paz de los (1659), 109 Pisa, 40; mercaderes de, 30, 33 Plan de Estabilización (1959), 370, 373, 374, 388, 397, 413; apertura al exterior del, 370371 Plan Marshall, 355, 359 Planas, fábrica de turbinas eléctricas, 275 plata: auge de la minería de, 156; entradas de, 6 8 , 105; exportaciones de, 173, 199; mono­ polio de extracción de la, 161; producción de Nueva España, 157 plomo, yacimientos de, 193, 2 2 2 , 224 población activa, 402; distribución sectorial de la (1797), 147; distribución sectorial (1860 y 1887), 205; distribución sectorial (18871910), 245; distribución sectorial (19591975), 379; y tasa de actividad (18771920), 245 población ocupada (EPA), distribución por sectores (1975-2000), 406 población rural, evolución de la, 98 población: altura de los varones (siglo xix), 207-208; crecimiento en el siglo xvn y xvm, 122-126,123; de 1530 a 1590, 62, 64, 65; densidades de, 123, 126; distribución regional en el siglo xvi, 63; en el siglo xi, 16; entre 1794 y 1815, 168; entre 1815 y 1840, 188; entre 1882 y 1913, 244-247; grupos de edad (1887-1910), 244; en el año 2000, 402; y el bienestar económico (siglo xix), 207-208 pobreza, aumento de la, 55, 71 Poincaré, Raymond, presidente francés, 323 política agraria: en los primeros años del fran­ quismo, 360-362

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política arancelaria, 197, 231-232, 321-323, 322, 362-363, 372; véase también aran­ celes política comercial, en el siglo xix, 231-232 política industrial: borbónica, 146 política monetaria: de 1882-1913, 254-255; de 1913-1935, 318-321; durante los prime­ ros años del franquismo, 351-352 política monetaria común, 433-434 política presupuestaria (1882-1913), 255-261 Ponce de León, familia nobiliaria, 56 Portugal: demografía de, 34; desarrollo urbano en, 22; expansión atlántica de, 43; guerra civil de, 34; rebelión de 1640, 91; salida de la crisis bajomedieval, 31, 36-38; sistema urbano en, 6 8 pósitos, almacenes de granos, 162, 168, 183 postal, servicio (1880 y 1913), 278 Prados de la Escosura, Leandro, 198, 199, 204 precios: alza a principios del siglo xvm, 165; caída en oro de los, 52; de la industria textil, 147; de los productos agrarios, 103; evolución en la segunda mitad del siglo xvn, 93; llegada de metales preciosos y alza de, 62; revolución de los precios, 61, 6 8 , véase también petróleo, precios del; tri­ go, precios del preestabilización, de 1957, 365 presión fiscal (1920-1933), 318 presupuesto del Estado: evolución ( 18501880) del, 217-218, 218; déficit crónico del, 219; política presupuestaria (18821913), 255-261; primer, 186; saldo (18821913), 256; déficit de 1913 a 1935, 315318,575 presura, fórmula jurídica de la, 15 Prieto, Indalecio, 319, 325 Primo de Rivera, Miguel, dictadura del gene­ ral, 285, 286, 287, 291, 294, 307, 308, 313, 314,317, 340 privatizaciones de empresas públicas, 415416 producción agraria: en el siglo xvi, 65; en Va­ lencia, 67; incremento de la, 122 producción industrial, índices de: de 18311880, 233; de 1883-1913, 270; evolución (1913-1935), 309-311 productividad agraria, estancamiento de la (si­ glo xix), 208-216 productividad del trabajo, 136, 187, 192, 270, 298, 356, 381-382 productividad por activo (1882-1910), 262 productividad total de los factores (PTF), 3843 8 7 ,385

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producto industrial: crecimiento del (18421880), 255, 234; tasa de crecimiento (19351950), 348 producto interior bruto (PIB): a coste de fac­ tores (1913-1935), 288; composición secto­ rial del, 261; de 1815-1840, 202; de 1815 a 1840, 187; de 1850 a 1890, 204; de 1892 a 1913,247-248, 248,249; de 1913 a 1935, 315-316; de 1959-1975, 369; de 19752000, 402; per cápita, 249, 250, 250, 286, 378; variaciones (1850-1880) de, 205; pre­ sión fiscal y, 219; regional (1860), 206; tasas de variación interanual (1960-1975), 377; tasas de variación interanual (19762000), 403; tasa de variación per cápita, 381-382 prohibicionista, sistema, 31 propiedad campesina, dispersión de la, 102 propiedad de la tierra: concentración de la, 115; régimen de, 21 -22 propiedad eclesiástica, 64, 65, 72 propiedad nobiliaria, 64, 65 proteccionismo, 279; sustituyendo al prohibi­ cionismo, 152; arancelario, 231-232, 3213 2 3 ,322, 362-363, 372 Protocolo Franco-Perón de 1947, 343 protoindustria, 122 Provincias Unidas, 8 6 , 91 PTF, véase productividad total de los factores Puente la Reina, fundación de, 23

química, industria, 229, 239, 274; (19131935), 310-311, 311, 380

rabassa morta, contratos de aparcería o de, 138,216, 304-305 Real Fábrica de Paños Superfinos de la Com­ pañía, 148 recaudación fiscal, 93, 109 recesión económica: de la economía atlántica, 87; en el siglo xvn, 85 Reconquista, 14, 49, 51, 181; etapas de la, 16, 17, 18; final del proceso de, 31 reconversión industrial, política de, 408-409; pendiente, 426 reforma agraria, de la Segunda República, 302-306 reforma del sistema hacendístico, 57 reforma fiscal: de 1845, 216-217, 219; de 1920, 318; de 1939, 350; de 1957, 365 reforma tributaria, fracaso de (siglo xvm), 160

500

H IST O RIA E C O N Ó M IC A D E ESPA Ñ A

reformas fiscales, 57, 94 reformismo agrario ilustrado, 140-144 refomiismo económico borbónico, 140 regadíos, desarrollo de los, 58, 90, 100, 123, 127, 299 régimen señorial, abolición del, 181-182, 209, 210

remensa, conflicto de los payeses de, 44, 54, 65-66 renta de la tierra: en Jaén (1581-1680), 102; en el siglo xix, 188; en la década de 1790, 167; evolución, 37 renta feudal, caída de la, 34 renta nacional, caída en el siglo xix de la, 198 rentas de los maestrazgos de las órdenes mili­ tares, 75 rentas señoriales: en la Meseta, 64; expansión de las, 56 rentas territoriales, 132, 133; nivel excesivo de las, 162 repartimientos y «repartiments», sistema de, 19 repoblación, 18-19, 49, 51; de Andalucía (si­ glo x i i i ) , 20, 33; hacia el sur en el siglo xv, 51-52, 54 República, Segunda, 286, 294-306, 312, 317, 321,327 Restauración, 232; crisis y recuperación (1882-1913) en la, 243-284 Revista Nacional de Economía, 308 revolución de 1868 (la «Gloriosa»), 218, 231 Revolución francesa, 163, 165 revolución industrial, en Gran Bretaña, 235 revolución militar, 74 Reyes Católicos, 56, 357; matrimonio de los, 14; unidad dinástica de los, 49 Ribadeo, fundación de, 23 Ribagorza, duques de, 73 Rif, asignación del, 244 Rijswick, paz (1697) de, 117 Ringrose, D., 165 Río de la Plata, portugueses en, 117 Río Tinto, yacimiento de, 2 18, 222, 229 Río Tinto Co. Ltd., The, 222 Rioja, La, viñedos de, 25, 112, 130 Robert Bosch, empresa, 313 Robert, Antonio, 357 Rochela, La, 39 rotación de cultivos, 58, 100, 111, 189, 266 Rothschild, familia, 218, 221 roturaciones de cultivos, 127-129; impulso de las (1815-1840), 188-192; incremento de 1913-1935,299 ROWAK, 336

Ruán, puerto de, 39 rueca, uso de la, en el textil, 28 rueda de hilar, 28 Rueda, G., 180

Sabadell, industria lanera en, 150, 195, 196, 237 SACA, empresa de maquinaria, 362 sal, comercio de la, 53, 216 Salamanca, 18, 79; universidad de, 55 salarios, 266; agrícolas, 305; aumento de los (1956), 364; evolución de los (1939-1950), 338y 349; incremento de los, 61, 290; liberalizacíón de (1767), 183 Salaverría, Pedro, 219 Salazar, Antonio de Oliveira, 334 salinas, rentas de las, 75 Saltos del Alberche, empresa eléctrica, 312 Saltos del Duero, empresa eléctrica, 312 San Fernando, fábrica de paños de, 145 San Francisco, fábrica de Sestao, 273 San Sebastián, comercio en, 41 sanidad, gasto (1952-1978) en, 392, 419 Sanjuijo, general, 295 Santa Cruz de Tenerife, libre comercio en, 156 Santa Fe, 156 Santander: comercio en, 41, 114; exportacio­ nes a las Indias, 156; fundación de, 23 Santiago, Camino de, 23, 24, 30 Santiago, orden militar de, 18 Santillán, Ramón, 216 Sardá, Joan, 365 Schering, 313 SEAT, 362 sector público, desequilibrio del, 219 seda: comercio de la, 53; industria de la, 149; producción de, 58, 67, 6 8 , 235 Segovia, 18, 55; comercio en, 41; crisis demo­ gráfica (siglo xvn), 103; paños de, 148, 196; producción artesanal en, 28, 6 8 ; pro­ ducción industrial, 55, 103, 113; renta de la tierra en, 167 Seguridad Social, 389, 419; cotizaciones a la, 392-393; financiación de la, 383 seguro marítimo, 42, 46 seguros, compañías de, 162 Semana Trágica de Barcelona ( 1909), 244 Sentmenat, familia catalana, 73 Servicio de Crédito Agrícola, 304 Servicio de Recuperación Agrícola, 341 Servicio Nacional de Crédito Agrícola, 321 Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra, 341

ÍN D IC E A L F A B É T IC O

Servicio Nacional del Trigo (SNT), 335, 342, 356, 362 servicio: cobro y gestión del, 75; de los millo­ nes, 78, 8 8 , 92 servicios: producción de (1913-1935), 289; sector de (1975-2000), 411-413; valor aña­ dido de los (1913-1935), 295, 297 servicios públicos (1913-1935), industria y, 313-315 Setúbal, 42 Sevilla: comercio en, 55, 59; crisis demográfi­ ca en el siglo xvn, 103; monopolio de los tráficos con América, 59, 60, 61; olivares en, 213; población en el siglo XI, 16; pobla­ ción en el siglo xv, 41; población en el siglo xvi, 65; puerto de, 30, 53; tabaco en, 145 Sevillana de Electricidad, 2 7 1 Sicilia: en la corona de Aragón, 44; mercade­ res de, 30; rebelión (1647) de, 92 siderometalurgia: en el siglo xvm, 151-153, 196; en et siglo xix, 196-197 siderurgia, industria de la: de 1842-1880, 233; de 1882-1913, 273; reconversión en la, 408-409 Sierra Morena, proyecto de «Nuevas pobla­ ciones» de, 140 sindicalismo vertical, 341 sindicatos, 308, 398, 409, 417, 422; véase también Confederación Nacional del Traba­ jo; Unión General de Trabajadores sisas sobre el consumo, imposición de, 78, 80, 96, 105, 109, i 10 Sistema de Anotaciones en Cuenta en Deuda del Estado, 425 Sistema Monetario Europeo, 399,427,428,430 Sitges, industria del calzado en, 275 Sociedad de Naciones, 321, 355 Sociedad Española de Carburos Metálicos, 274 Sociedad Española de Construcción Naval (SECN), 314 Sociedad Española de Electricidad, 278 Sociedad Española de la Dinamita, 239 Sociedad Española Mercantil e Industrial, 2 2 1 Sociedad Ibérica del Nitrógeno, 312 Société Miniere et Metallurgique de Peñarroya, 2 2 2 Solow, Robert, «residuo» de, 385 Solvay, empresa química, 274, 313 Soria, 18; comercio en, 41 Soria, M. de, 90 Sota, naviera, 278 Standard Eléctrica, 314 Suanzes, Juan Antonio, presidente del TNT, 345, 346, 359, 391

501

subsidio eclesiástico, 75 Sucesión, guerra (1705-1714) de, 121, 153, 158 superficie agraria por unidad de producto agrario, 300 suspensión de pagos: decretadas por Felipe II (1557-1596), 77; del Estado (1739), 159 sustitución de importaciones, 150, 230

tabaco: comercio de, 107, 109; monopolio del, 216 talleres artesanos, 105; costes de producción de, 109 Tarazona, producción artesanal en, 28 Tarfaya, asignación de, 244 Tarragona, olivares en, 213 Tarrasa, industria lanera de, 150, 195,196,237 tasa del grano, 90 teléfonos, 276, 278, 313, 314 Templarios, orden militar de los, 18 tercias reales, tributos de las, 38, 64, 75, 101, 131, 175 Teruel, 28; comercio en, 29 textil, industria, 147-149, 193, 235-237; de 1842-1880, 233; en Cataluña, 149-151, 193; escuelas de hilar, 145; fábricas de in­ dianas, 151; nuevas técnicas en el siglo xiv, 28; véase también maquinaria textil Tharsis Sulphur, 222, 229 Thirsk, Joan, 103 Tierra de Campos: cereales en, 112, 127; re­ cuperación de la producción en, 107; renta de la tierra en, 167 Tierra de Medina, viñedos en, 112 Tierra Firme, 156 tierras cultivables: cesiones de, 54, 72-73; in­ cremento de las, 54, 127-128, 2 11-214, 265 tierras: baldías, 65, 77, 81, 90, 96, 115; cesio­ nes de, 114; de manos muertas, 209; impro­ ductivas, 128; rentas de, 80, 132, 133; te­ nencia y explotación de tas, 62 tipos de interés, véase interés, tipos de Toledo, reino visigodo de, 15 Toledo; comercio en, 29,41; crisis demográfi­ ca (siglo xvn), 103; población (siglo xt), 16; producción industrial, 55, 6 8 ; recuperación de la producción, 107; seda de, 103, 149 Toreno, conde de, 186-187, 200 Torras, acerería, 273 Tortella, historiador, 187 Tortosa, 18; comercio en, 29; libre comercio en, 156; pañería de, 44 Tortuga, isla de la, franceses en la, 117

502

H IST O R IA E C O N Ó M IC A D E ESPAÑA

trabajadores: agrarios masculinos por unidad de producto (1930), 301; dureza con los, 348, 356 trabajo, productividad del, véase productivi­ dad del trabajo Transatlántica, 278 Transmediterránea, 312 transporte ferroviario: ahorro social y, 224; red ferroviaria (1848-1875), 224, 225 transporte interior, 107 transportes: costes de, 133, 153, 189, 197, 202; infraestructuras (siglo xvill), 153; y comunicaciones (1882-1913), 277-278 Trápani, 40 trashumancia: ganaderos, 135-136; origen de la, 26; véase también Mesta Trastámara, dinastía de los, 37 Tremp, embalse de, 271 Trento, concilio de, 72 Tribunal de Garantías Constitucionales, 305 trigo: diezmos o tercias del, 131; exportacio­ nes de, 264; precio del, 132, 137, 141, 142, 162, 168, 169, 212; producción y rendi­ miento de (1800 y 1860), 213; producción de 1931-1959, 361 Tudela, 18; comercio en, 29; producción arte­ sanal en, 28 Tudela Veguín, sociedad, 274 Túnez, 44 turismo, ingresos por el, 364, 375 Tuy, fundación de, 23

Ullastres, Alberto, ministro de Comercio, 365 Unión de Armas, proyecto de, 91, 92 Unión de Centro Democrático (UCD), 401, 422 Unión Económica y Monetaria, 400,401 Unión Española de Explosivos, 274 Unión Europea, 371, 381, 415, 426, 428-430 Unión Europea de Pagos, 374 Unión General de Trabajadores (UGT), 287, 293,308 Unión Liberal, gobiernos de la, 218 Unión Monetaria, 427, 429, 430, 433-434 Unión Monetaria Latina, 254 urbano, sistema: en Castilla (siglo xvn), 103104; véase también desarrollo urbano Utrecht, tratado de, 118, 158

VA1, véase valor añadido industrial Valencia, 46; comercio en, 55, 114; población (siglos X IV - xv), 46, 53; producción indus­ trial, 55, 113; sedería en, 115, 149

Valencia, reino de: agricultura en, 66, 67; aris­ tocracia débil, 56; comercio de, 53; con­ quista de, 18, 22, 30; crecimiento demo­ gráfico (1510-1609), 66; crisis demográfica (siglo xiv), 34; pañería de, 44; población (siglo xi), 16; recuperación de la crisis bajomedieval, 31, 36, 43 Valladolid, 79; comercio en, 29, 41; crisis de­ mográfica (siglo xvn), 103 valor añadido bruto (VAB) sectorial por acti­ vo (1882-1913), 260; agrario, 263, 263, 378; industrial, 261-262; pesquero, 378; sector terciario, 276 valor añadido de las manufacturas (VAM), 3 10 valor añadido industrial (VAI), de 1913-1935, 309, 309-310 VAM, véase valor añadido de las manufac­ turas vapor, difusión del, 194, 230 vehículos a motor de combustión interna, 276 Velasco, familia nobiliaria, 56 Vergara, tratado de paz (1839) de, 203 verlagssystem (comerciantes-fabricantes), 40, 68, 146, 150 Versalles, tratado de paz de, 289 Viana do Castelo, 42 Vic: comercio en, 29; industria textil en, 44 Vicens, J„ 56-57 Vila do Conde, 42 Vilanova i la üeltrú, puerto de, 190 Vilar, Pierre, 61, 66 Villagarcía de Campos Jesuítas de, 101 Villalón, feria de, 53, 61 villazgo, privilegio de, 81 vino, exportaciones de, 139, 190, 199, 220, 224,230 viñedo, 25, 66, 98, 128, 130, 212, 361; véase también filoxera Vitoria, fundación de, 23 Vizcaya, empresa siderúrgica, 273 Vizcaya: mineral de hierro en, 273, 281; side­ rurgia de, 151 Vries, Jan de, 68, 87

Wallerstein, I„ 58, 117 Westfalia, tratado de, 109, 117

Zamora, producción artesanal en, 28 Zaragoza, 67; comercio en, 29, 55; población del siglo X I, 16; producción artesanal en, 28; producción industrial, 55; repoblación de, 18

ÍNDICE P r ó l o g o .....................................................................................................

7

1. L a ECONOMÍA EN LAS ESPAÑAS MEDIEVALES (c. 1 0 0 0 -C . 1 4 5 0 )

por Hilario Casado A lo n s o ................................................................ 1.1. Expansión cristiana y formación del feudalismo en la Penín­ sula Ibérica (inicios del siglo xi-segunda mitad del siglo xm) Reconquista, repoblación y reorganización del espacio . . El desarrollo u r b a n o ......................................................... La expansión e c o n ó m ic a ................................................... L2. La crisis bajomedieval................................................................ La depresión bajomedieval como reconversión del sistema f e u d a l ................................................................................... Las manifestaciones de la c r is is ......................................... Los contrastes peninsulares de la crisis bajomedieval . . .

13

14 16 22 25 31 32 33 36

Lectura recom endada................................................................................ Orientación bibliográfica ...........................................

2.

El

s ig l o d e la h e g e m o n ía c a s t e l l a n a

50 50

(1450* 1590)

por Bartolomé Yun C a s a l i l l a ....................................................

51

2.1. En los orígenes de la expansión castellana ( 1450 - 1504) . . 51 Las economías españolas en el contexto internacional . . 52 El crecimiento desde dentro: raíces económicas y sociales . 54 El marco social e institucional de la expansión: rasgos comu­ nes y diversidad ........................................................................... 55 2.2. El crecimiento económico en su apogeo (1504-1575) . . . 58 El crecimiento y sus f r e n o s .............................................. 58 ¿Crecimiento y d e s a r r o llo ? .............................................. 62 Crecimiento y sociedad en la España de los Austrias . . . 71

H IST O R IA E C O N Ó M IC A D E ESPAÑA

504

2 .3 .

I n s t i t u c i o n e s y c r i s i s ......................................................................................

73

Guerra, monarquía y sistemas fis c a le s ................................................... Hacia la quiebra: crisis y resistencias (1575-1590) . . . .

79

74

L e c t u r a r e c o m e n d a d a ...........................................................................................................

83

O r i e n t a c i ó n b i b l i o g r á f i c a ..............................................................................................

83

3.

L as

r a íc e s d e l a t r a so e c o n ó m ic o e s p a ñ o l : c r is is y d e c a d e n c ia

(1590-1 7 1 4 )

por Bartolomé Yun C a s a l i l l a ...........................................................

85

3 .1 . E l s ig lo x v n e n E u ro p a . D e la « c ris is g e n e r a l» a la g e n e r a li­ 3 .2 .

z a c i ó n d e l a s t r a n s f o r m a c i o n e s .................................................................

85

C risis, re c e sió n y rig id e c e s in stitu c io n a le s y p ro d u c tiv a s

87

.

.

Los «males de España» y los arbitrios para su remedio . . Política reformista y H a c ie n d a ................................................................. El lastre de las estructuras sociales .......................................................... Crisis, recesión y r e a ju s t e s ........................................................................ El declive de la red urbana y c o m e r c ia l ............................................ 3 .3 .

L a r e c u p e r a c ió n y las n u e v a s b a s e s d e l c r e c im ie n to

.

88 90 94 98 103

. .

106

Entre el estancamiento y la recuperación ............................................ El papel de las políticas e c o n ó m ic a s ................................................... Una recuperación que nace en los c a m p o s ........................... El centro, la periferia y los límites de la recuperación . . .

106 109 111 114

3 .4 . R e f l e x i o n e s f i n a l e s ; h a c i a u n n u e v o m o d e l o d e c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o ............................................................................................................

117

L e c t u r a r e c o m e n d a d a ...........................................................................................................

119

O r i e n t a c i ó n b i b l i o g r á f i c a ..............................................................................................

119

4.

E x pa n sió n ,

r e f o r m is m o y o b s t á c u l o s a l c r e c im ie n t o

(1 7 1 5 -1 7 8 9 )

por Enrique Llopis A g e lá n ................................................................

121

4 . 1 . C a m b io s p o lític o s y tra n s fo rm a c io n e s e n la e c o n o m ía e u ro p e a 4 .2 . 4 .3 .

121

C r e c i m ie n t o d e la p o b l a c i ó n y r e g ím e n e s d e m o g r á f i c o s

.

.

122

R o tu ra c io n e s y su s titu c ió n e in te n s ific a c ió n d e c u ltiv o s

.

.

127

Las vías de crecimiento a g ra rio ................................................................. Las agriculturas de los territorios del i n t e r i o r ............................. La ganadería ............................................................................................................ Las agriculturas de las regiones p e r ifé r ic a s ....................................

127 130 134 136

4 .4 .

E l r e f o r m i s m o a g r a r i o i l u s t r a d o ................................................................

140

4 .5 .

U n a m o d e r a d a e x p a n s i ó n m a n u f a c t u r e r a ...........................................

144

ÍN D IC E

La política industrial y las empresas manufactureras concen­ tradas ........................................................................................... Distribución espacial y sectorial de las actividades manufac­ tureras ........................................................................................... El t e x t i l ..................................................................................... El textil en C a ta lu ñ a ................................................................ La siderometalurgia y la construcción n a v a l............................ 4.6. Crecimiento de los tráficos y cambios en la organización del c o m e r c io ..................................................................................... El comercio i n t e r i o r ................................................................ El comercio e x t e r i o r ................................................................ 4.7. Gastos militares, reformas hacendísticas, endeudamiento y creación del Banco Nacional de San C a r l o s ........................... 4.8. La economía española en vísperas dela Revolución francesa. Lectura recomendada ........................................................................... Orientación b i b l i o g r á f i c a .....................................................................

5.

La

c r is is d e l

A n t ig u o R é g im e n

505

144 146 147 149 151 153 153 155 158 162 163 163

y la r e v o l u c ió n l ib e r a l

(1 7 9 0 -1 8 4 0 )

por Enrique Llopis A g e lá n ................................................................ 5.1 . 5 .2 .

5.3 . 5.4 .

5 .5 . 5 .6 .

5 .7 .

Fases del crecimiento y condicionamientos internacionales . Tiempos revueltos, 1 7 9 0 - 1 8 0 8 ................................................................ Estancamiento económico y crisis a g r a r ia s ................... 167 El endeudamiento de la m onarquía................................... 169 La inestabilidad del comercio c o l o n i a l ......................... 171 Las consecuencias de la guerra de la Independencia. . . Las instituciones económicas l i b e r a l e s ........................ 177 Privatización y desamortización de tierras municipales . . La desamortización eclesiástica ........................................... La abolición del régimen s e ñ o r ia l.................................... 181 La supresión de los mayorazgos y los d i e z m o s .............. 182 La libertad de comercio e i n d u s t r i a .............................. 183 La Hacienda entre la expulsión del ejército francés y el final de la primera guerra c a r lis ta .............................................. 184 La economía española entre 1 8 1 5 y 1 8 4 0 : crecimiento y cri­ sis sectoriales......................................................................... 187 Un fuerte impulso ro tu ra d o r.......................... Luces y sombras en las m anufacturas.............................. 192 La formación del mercado nacional y el comercioexterior . Moneda y b a n c a .............................................................. 200 Un balance del período 1 8 1 5 - 1 8 4 0 ..........................................

165

165 167

174 178 180

188 197 201

506

H IST O R IA E C O N Ó M IC A D E ESPAÑA

L e c tu ra re c o m e n d a d a

.....................................................................................................

202

O r i e n t a c i ó n b i b l i o g r á f i c a ..............................................................................................

202

6.

El

d ifíc il a r r a n q u e d e la in d u s t r ia l iz a c ió n

(1 8 4 0 -1 8 8 0 )

por Pere Pascual y Caries S u d r ia ............................................

203

6 .1 . E s p a ñ a a n te la in d u s tria liz a c ió n e u ro p e a : re to s y r e s p u e s ta s .

203

Ritmos de crecimiento y pautas de transformación estructural 207 La población y el bienestar e c o n ó m i c o .........................

204

6 .2 . E l e s t a n c a m i e n t o d e la p r o d u c ti v i d a d a g r a r ia : u n a tr a s o d e ­ c is iv o

...........................................................................................................................

208

Los efectos de los cambios institucionales: el nuevo orden a g r a r i o .............................................................................. 208 Extensión y e sp ec ia liza c ió n .............................................. 211 Las causas de la pobreza agraria: ¿la tierra o los hombres? . 6 .3 .

E s t a d o , i n f r a e s t r u c t u r a s y c a p i t a l e s ...............................................

El fiasco de la reforma fiscal y sus consecuencias . . . . Debilidad del ahorro interno y entradas de capitalextranjero Los ferrocarriles, el gran e s p e j i s m o .............................. 223 6.4 .

E s p a ñ a e n e l m u n d o : e l e s t i m u l o e x t e r i o r .................................

U n d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l e n d ó g e n o y l i m i t a d o ...................

220

228 230 231 232

El crecimiento industrial y sus lím ite s ............................... Los bienes de consumo: alimentos y tejidos . . . . • . La industria pesada y los bienes intermedios.................... 6 .6 .

216

227

E l estímulo de la industrialización europea: las nuevas ex­ portaciones ................................................................................ Las importaciones: tecnología y materias primas . . . . La política comercial: los intereses y las razones . . . . 6 .5 .

214

216

C o n c lu s io n e s . L o s lím ite s d e la p r im e r a in d u s tria liz a c ió n .

232

.

234

237 .

240

....................................................................................................

241

O r i e n t a c i ó n b i b l i o g r á f i c a ..............................................................................................

241

L e c tu ra re c o m e n d a d a

7.

C

r isis y r e c u p e r a c ió n e c o n ó m ic a en l a

R e s t a u r a c ió n

(1 8 8 2 -1 9 1 3 )

por Jordi Maluquer de M o t e s ........................................................... 7 .1 .

D e la g r a n d e p re s ió n a la m o d e r n iz a c ió n e c o n ó m ic a

.

.

243 .

243

La población y la actividad e c o n ó m i c a ......................... 244 Ritmos y fases de crecimiento económico ........................... 247 Los desequilibrios r e g io n a l e s ......................................... 250 Tiempo de esta b ilid a d ......................................................... 252 7 .2 .

L a i n t e r v e n c i ó n d e l E s t a d o ..............................................................

253

j

ÍN D IC E

507

La política c o m e r c ia l................................................................ La política m o n e ta ria ................................................................ La política presupuestaria........................................................... La demanda y la oferta a g r e g a d a s ........................................... El lastre del reducido consumo p r i v a d o ................................ Transformaciones en la estructura de la o f e r t a ...................... La gran depresión agraria ..................................................... La crisis agrícola y p ecuaria..................................................... La lenta continuidad de la industrialización........................... Ritmos de crecimiento y niveles de productividad industrial . La estructura i n d u s t r ia l ........................................................... El modesto apoyo de los s e r v ic io s ........................................... Transportes y c o m u n ic a c io n e s................................................ La nueva banca m ix ta ................................................................ Las relaciones e x te rio re s ........................................................... El comercio in te r n a c io n a l..................................................... Rentas, transferencias e inversiones e x te r io r e s ..................... Conclusión: una brecha que se e n s a n c h a ................................

253 254 255 260 260 261 263 264 268 269 270 276 277 278 279 279 281 282

Lectura recomendada ........................................................................... Orientación b i b l i o g r á f i c a .....................................................................

283 284

7.3.

7.4. 7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.

E l p e r ío d o d e e n t r e g u e r r a s (1 9 1 4 -1 9 3 6 ) por Francisco C o m ín ........................................................................... 8 .1 . 8 .2 .

285

Un contexto político similar a E u ro p a ...................................... Comportamiento y estructura de la economía española ( 1 9 1 4 1 9 3 6 ) .................................................................................................................

285 286

Una prosperidad engañosa durante el ciclo de la guerra m u n d i a l .............................................................................. 287 El ciclo económico y político ( 1 9 2 4 -1 9 3 6 ) ........................... 291 La estructura sectorial de la e c o n o m í a ......................... 295 8 . 3 . Las moderadas transformaciones del sector agrario . . . 297 297 Producción y p ro d u c tiv id a d .............................................. La reforma agraria de la Segunda República.................... 302 8 .4 . Nacionalismo, intervencionismo, inversión extranjera y creci­ miento i n d u s t r i a l .............................................................. 306 El nacionalismo y el intervencionismo corporativo . . . . 306 La evolución de (a producción in d u stria l......................... 309 La actividad empresarial y las m ultinacionales.............. 312 Las industrias de red y los servicios p ú b l i c o s .............. 313 8 . 5 . Las resistencias a las reformas tributarias y el déficit público. 315 8.6. La subordinación de la política m o n e t a r i a ................... 318 8 . 7 . El sector e x t e r i o r ............................................................. 321

H IST O RIA E C O N Ó M IC A D E ESPA Ñ A

508

Del proteccionismo arancelario a los contingentes . . . El tipo de cambio de la peseta ........................................... 8 .8 .

E c o n o m ía y fra c a s o d e lo s r e g ím e n e s p o lític o s

L e c tu ra re c o m e n d a d a

.

.

.

.

321 323 325

.....................................................................................................

329

O r i e n t a c i ó n b i b l i o g r á f i c a ..............................................................................................

329

9.

G

u e r r a c iv il y p r im e r f r a n q u is m o

( 1936 - 1959)

por Carlos Barciela L ó p e z ...........................................................

331

9 .1 .

332

L a e c o n o m í a e s p a ñ o l a d u r a n t e la g u e r r a c iv i l

.

.

.

.

Los orígenes del c o n flic to ..................................................... Economías de guerra................................................................ El coste de la contienda ......................................................

333

...................................................

339

9 .2 . A u ta r q u ía e in te r v e n c io n is m o

Principios económicos del régimen autárquico . . . . Agricultura: intervención y mercado n e g r o ..................... La industria: el modelo totalitario del I N I ........................... La Hacienda del primer fra n q u ism o ..................................... Política monetaria y b a n ca ria ................................................ Política de cambios de un régimen a isla d o ...........................

332 335 339 341 344 349 351 353

9 . 3 . E l f r a c a s o d e la a u t a r q u í a ........................................................................

354

Las causas del fr a c a s o ........................................................... La guerra fría y el amigo am ericano..................................... Los tímidos comienzos de la «reforma» del franquismo . . Nueva política a g r a r ia ........................................................... El protagonismo de la in d u s tr ia ........................................... Los límites de la «liberalización»

354

9 . 4 . A n t e s d e la e s t a b i l i z a c i ó n ........................................................................

365

L e c tu ra re c o m e n d a d a

357 359 360 362 364

.....................................................................................................

366

O r i e n t a c i ó n b i b l i o g r á f i c a ..............................................................................................

367

10.

LOS AÑOS DE CRECIMIENTO DEL FRANQUISMO ( 1 9 5 9 - 1 9 7 5 )

por José A4. “Serrano Sanz y Eva P a r d o s ..................................... 1 0 .1 .

369

E l p u n to d e p a rtid a : la a p e rtu ra al e x te rio r d e l P la n d e E s ­ ta b iliz a c ió n

.....................................................................................................

370

La apertura comercial al e x t e r i o r ...................................... 371 La cooperación monetaria y f in a n c i e r a ........................... 373 Los frutos de la liberalización: el fin a l de la restricción externa al c r e c im ie n to ................................................................ 3 7 4 1 0 .2 .

C re c im ie n to e c o n ó m ic o y c a m b io e stru c tu ra l

.

.

.

.

376

ÍN D IC E

Tres lustros de convergencia................................................ Una nueva configuración se cto ria l...................................... La industria, epicentro de la modernización . . . . 10.3. La explicación del c re c im ie n to ............................. 381 La fuente de la c o n v e r g e n c ia ............................... 381 El papel del capital................................................... 383 384 La productividad total de los fa c to r e s ................... 10.4. La política económica y las limitaciones de los años del desarrollo................................................................................ El intervencionismo r e g u la d o r ........................................... Una Hacienda pública reducida y r íg id a ........................... 10.5. La pesada herencia institucional del franquismo . . . Lectura recomendada ........................................................................... Orientación b i b l i o g r á f i c a .....................................................................

11.

La

509

376 378 380

387 388 391 394 394 395

e c o n o m ía e s p a ñ o la en l a d e m o c r a c ia (1 9 7 6 -2 0 0 0 )

por Luis Ángel R o j o

..............................................................................................

11.1. La instauración de la democracia. Cambio de rumbo en la política económ ica................................................................ 1 1 .2 . 1 9 7 6 - 2 0 0 0 : un período de grandes transformaciones en la sociedad y la economía e s p a ñ o la s ..................................... 1 1 .3 . El largo camino hacia el crecimiento con estabilidad . . 1 1 .4 . La economía española en la Unión Económica y Mone­ taria .....................................................................................

397

397 401 420 433

Lecturas re c o m e n d ad a s........................................................................... Orientación b i b l i o g r á f i c a .....................................................................

435

Notas ..................................................................................................... .......................................................................................... Bibliografía índice a lf a b é t i c o .....................................................................................

437

435

453 485

sta es la primera historia económica general de Es­ paña en que un conjunto de especialistas en los diversos períodos han unido sus es­ fuerzos para ofrecemos una visión de conjunto que pone al alcance del lector los cono­ cimientos tnás actuales sobre la materia: una obra que combina la diversidad de los enfoques coii una coordinación que los armoniza, y que marcará, sin duda, una etapa en la his­ toriografía española. Para realizar un proyecto tan ambicio­ so como éste se ha reunido un equipo de investigadores realmente excepcio­ nal: Hilario Casado, de la Universidad de Valladolid, estudia en este volumen lá economía de las Españas medievales (c. 1000-c. 1450); Bartolomé Yun, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, el siglo de la hegemonía caste­ llana (1450-1590) y la crisis y decaden­ cia posteriores (1590-1714); Enrique

E

Llopis, de la Universidad Complutense, la expansión del siglo xvm (1715-1789), la crisis del Antiguo Régimen y la revolución liberal (17891840); Pere Pascual y Caries Sudriá, de la Universidad de Barcelona, el arranque de la industrialización (1840-1880); Jordí Maluquer de Motes, de la Uni­ versidad Autónoma de Barcelona, la crisis y recuperación económica en la Restauración (1882-1913); Francisco Comín, de la Universidad de Alcalá, el período de entreguerras (1914-1936); Carlos Barciela, de la Universidad de Alicante, la guerra civil -y el primer franquismo (1936-1959); José M.a Se­ rrano Sanz y M .1 Eva Pardos, de la Universidad de Zaragoza, los años del crecimiento del franquismo (19591975), y, finalmente, Luis Angel Rojo, de la Universidad Complutense, la economía española en la democracia (1976-2000).

966339-8

9788484323662 788484 323662