Gobernantes Mexicanos II 1911-2000

SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA GOBERNANTES MEXICANOS II: 1911-2000

GOBERNANTES MEXICANOS II: 1911-2000

WILL FOWLER Coordinador

Primera edición (INEHRM), 2004 Primera edición (FCE), 2008 Primera edición electrónica, 2015 Diseño de portada: Laura Esponda / Bernardo Recámier En la portada: Palacio Nacional. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fotografía de Laura Esponda Aguilar D. R. © 2008, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008 Comentarios: [email protected] Tel. (55) 5227-4672

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor. ISBN 978-607-16-3270-8 (ePub) Hecho en México - Made in Mexico

ÍNDICE

Presentación, Will Fowler Introducción: El presidencialismo en México, Will Fowler Presidencia de Madero: fracaso de una democracia liberal, Javier Garciadiego Victoriano Huerta: un militar de carrera en la institución presidencial, Josefina Mac Gregor Carranza y el inicio de los gobiernos revolucionarios, Javier Garciadiego Adolfo de la Huerta, Pedro Castro Álvaro Obregón y la tradición autoritaria en la política mexicana (1912-1928), Abdiel Oñate Los claroscuros de la presidencia de Plutarco Elías Calles: ¿el hombre fuerte de los años veinte?, Georgette José Valenzuela Pascual Ortiz Rubio: ¿un presidente a la medida del Jefe Máximo?, Verónica Oikión Solano Lázaro Cárdenas, Alan Knight Manuel Ávila Camacho: el preámbulo del constructivismo revolucionario, Rafael Loyola Díaz El modelo económico de la presidencia de Miguel Alemán, Ma. Antonia Martínez Los años maravillosos: Adolfo Ruiz Cortines, Ariel Rodríguez Kuri Gustavo Díaz Ordaz: las insuficiencias de la presidencia autoritaria, Soledad Loaeza Las mujeres detrás de la silla presidencial mexicana en el siglo XX, Sara Sefchovich José López Portillo: la ruptura del pacto revolucionario, Germán Pérez Fernández del Castillo Renovación moral y cambio estructural. La persistencia de la crisis en la presidencia de Miguel de la Madrid, José Francisco Parra Carlos Salinas de Gortari, Rob Aitken Ernesto Zedillo: la presidencia contenida, Rogelio Hernández Rodríguez Bibliografía Índice onomástico y temático

CRÉDITOS ICONOGRÁFICOS

La reproducción de las imágenes que aparecen en esta obra ha sido autorizada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y las personas que se mencionan, de acuerdo con la relación que sigue: Francisco I. Madero (p. 27), INEHRM Victoriano Huerta (p. 47), INAH Venustiano Carranza p. 65), INEHRM Adolfo de la Huerta (p. 85), INEHRM Álvaro Obregón, ca. 1920 (p. 105), INAH Plutarco Elías Calles (p. 133), INEHRM Pascual Ortiz Rubio (p. 161), INEHRM Lázaro Cárdenas (p. 179), INEHRM Manuel Ávila Camacho (p. 210), INEHRM Miguel Alemán (p. 227), INEHRM Adolfo Ruiz Cortines (p. 263), cortesía de la familia Cervantes Laing Gustavo Díaz Ordaz (p. 287), INEHRM Francisco Madero y esposa (p. 337), INEHRM José López Portillo (p. 365), INEHRM Miguel de la Madrid (p. 391), INEHRM Ernesto Zedillo (p. 457), INEHRM Carlos Salinas de Gortari (p. 423), Archivo Héctor Herrera Silla presidencial (portada), Archivo Héctor Herrera

PRESENTACIÓN

La idea de unir a un grupo de especialistas para indagar la naturaleza del presidencialismo en México surgió en el otoño de 2000. Me pareció que podría ser provechoso comparar las políticas adoptadas por una selección de presidentes a lo largo de los siglos XIX y XX, haciendo hincapié en su relación con el poder legislativo. En aquel momento las expectativas y esperanzas puestas en la victoria electoral de Vicente Fox Quesada parecían confirmar la noción de que, a pesar de casi 200 años de historia constitucional, se seguía viendo la figura del presidente en términos casi mesiánicos, como si la solución a todos los problemas del país pudiera depender de la voluntad o el talento de un solo individuo. Las constituciones de México plantean claramente, desde la carta magna de Apatzingán de 1814 a la vigente de 1917, una visión política que resalta la importancia y el poder de los ramos legislativos y que busca definir y limitar los que pertenecen al ejecutivo. Según las constituciones fundamentales de México, el presidente es quien promulga y ejecuta las leyes; el Congreso de la Unión las expide. Sin embargo, con sólo echar un vistazo superficial a la experiencia del fenómeno del presidencialismo en México se hace sobradamente evidente que la realidad ha sido otra. Desde Guadalupe Victoria hasta ahora, los presidentes de México han encontrado maneras de liderar, dirigir y gobernar el país con un carácter marcado y distintivo, basado en gran medida en acciones y resoluciones que han ido más allá de esa limitada función promulgadora y ejecutora. No cabe duda de que una mayoría (quizá inquietante) de electores ha votado, una y otra vez, a favor o en contra de candidatos presidenciales como si éstos existieran fuera o más allá del contexto político en que han estado y están forzados a lidiar con partidos, leyes y presiones tanto externas como internas. Esta dicotomía, dualidad, ambigüedad o paradoja en un país donde se prohíbe la reelección del presidente al mismo tiempo que se esperan milagros de él, encuentra múltiples expresiones en las diferentes presidencias estudiadas aquí. Respondiendo a mi interés en el tema, pude reunir a un grupo de historiadores en una mesa sobre presidentes mexicanos, organizada como parte del Congreso Anual de la Society for Latin American Studies del Reino Unido, efectuado en la Universidad de Birmingham del 6 al 8 de abril de 2001. En aquel simposio, como reflejo de mis propias obsesiones, dominó por completo el siglo XIX con conferencias sobre Antonio López de Santa Anna, Anastasio Bustamante, Benito Juárez, Porfirio Díaz y las mujeres que participaron en la vida privada de estos máximos dirigentes. La calidad de las conferencias y el nivel del debate que suscitaron nos convencieron a quienes tuvimos el privilegio de participar en el encuentro de que era necesario ampliar los parámetros temáticos de nuestra indagación, incorporando trabajos que abarcaran un número más nutrido y representativo de presidentes y que incluyeran las últimas propuestas revisionistas que han tomado casi por asalto la historiografía en la última década. Fue entonces cuando Javier Garciadiego tuvo la visión y la iniciativa de organizar una serie de

actos en México que complementaran los hallazgos de Birmingham, incorporando la investigación de un excelente grupo de académicos al proyecto que se había iniciado en 2000. Se realizó entonces, el 4 de octubre de 2003, en Monterrey, la XI Reunión de Historiadores Mexicanos, Estadunidenses y Canadienses, donde 10 historiadores y politólogos expusieron sus interpretaciones en torno de un número mucho más representativo de presidentes, con especial atención en el siglo XX. Este encuentro fue sucedido por el foro La historia de México a través de sus presidentes, realizado del 7 al 9 de octubre de 2003 en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (INEHRM) y que se estructuró con base en tres sesiones: “Construir la nación, 1821-1911”, “Revolución y posrevolución, 1911-1940” y “El México contemporáneo, 1940-2000”. Basado en una selección de los trabajos presentados en los coloquios de Birmingham, Monterrey y México, más otros ensayos que fueron escritos con este libro en mente, coordiné la obra colectiva Presidentes mexicanos, que publicó el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana en noviembre de 2004. En ella procuré ofrecer, en dos tomos, una muestra significativa y representativa de las experiencias gubernamentales de 21 presidentes mexicanos, más dos capítulos sobre las “primeras damas” que los acompañaron. La acogida que tuvo la obra fue gratamente positiva. No sólo la crítica y la prensa fueron generosas con nosotros —la primera edición se agotó a finales de enero de 2005—; Javier Garciadiego, entonces director del INEHRM y ahora de El Colegio de México, promovió la reimpresión de la obra, que salió en abril de 2005, y me sugirió que considerara la posibilidad de una segunda edición ampliada en la que se cubrieran las ausencias de la primera. Es cierto que en la edición inicial no aparecían todos los presidentes de México (siguen sin estar todos en esta nueva edición). Además, como el libro se centraba en “presidentes” y no en “mandatarios” o “gobernantes”, tampoco se incluían los dos emperadores: Agustín de Iturbide (1822-1823) y Maximiliano de Habsburgo (1864-1867); ahora sí están incorporados. Entonces tampoco fue posible ofrecer una “historia total” de los presidentes de México ni lo ha sido ahora. Sin embargo, al releer los excelentes ensayos de mis colegas, tanto los 25 capítulos originales como los 11 nuevos que se agregan a esta nueva edición, estoy convencido de que las “ausencias” o “deficiencias” no menoscaban lo que son dos tomos provocadores, intrigantes y eruditos sobre lo que ha significado ser gobernante mexicano a lo largo de dos siglos. A Javier Garciadiego agradezco la visión que tuvo de convertir en un proyecto de esta magnitud lo que fue una tímida indagación sobre el fenómeno del presidencialismo mexicano en el siglo XIX. También debo agradecer al subdirector de Producción Editorial del INEHRM, Ulises Martínez Flores, y a su compañera de trabajo, Sandra Luna, por el excelente cuidado con el que fue publicada la primera edición. Vuelvo a agradecer a la Arts and Humanities Research Board (AHRB) de Gran Bretaña haberme otorgado la beca que, al extender mi sabático por un año (2003-2004), me concedió el tiempo preciso para coordinar los volúmenes de la primera edición de forma satisfactoria. Por último, debo otro agradecimiento, esta vez a Paola Morán Leyva, editora de Humanidades en el Fondo de Cultura Económica, pues desde que tuve el placer de conocerla en la primavera de 2004 me ha ayudado a buscar maneras de difundir la investigación que se

genera en el campo de la historia mexicana, de mi parte y de mis colegas, a través de la que sigue siendo una de las editoriales de mayor renombre en el mundo hispánico: el Fondo de Cultura Económica. Paola me animó a perseverar en el trabajo de coordinación de esta nueva y ampliada edición y se ha cerciorado de que los nuevos volúmenes estén tan bien cuidados. También le doy gracias a sus sucesores José Vergara y Nelly Palafox por asegurarse de que estos dos tomos hayan sido publicados sin demora, al equipo del Fondo, y en general a todas las personas que contribuyeron a que esta nueva edición resultara una obra tan interesante e inspiradora. WILL FOWLER Universidad de St. Andrews

INTRODUCCIÓN El presidencialismo en México WILL FOWLER Universidad de St. Andrews

EL PRESIDENTE MEXICANO: ¿HOMBRE FUERTE O SERVIDOR DE LA NACIÓN?

Antes de ofrecer una definición de lo que es el presidencialismo y de cómo este fenómeno político vino a plantearse dentro de los múltiples y cambiantes contextos de la historia moderna de México, es esencial preguntarse qué se entiende cuando se habla de un presidente. ¿Cuáles son y fueron las funciones, responsabilidades, poderes, derechos y características que buscamos y buscaron los mexicanos en un presidente desde que se forjó la primera constitución republicana en 1814? Esta pregunta tan básica se muestra increíblemente compleja a la hora de intentar una respuesta coherente y contundente. ¿Un presidente es un líder, un portavoz o un gestor? Cuando acudimos a las urnas y emitimos nuestro voto, aun sabiendo que puede haber fraude electoral o que nuestro sufragio podría no ser efectivo, ¿qué nos motiva a escoger un candidato presidencial y no otro? (Y utilizo aquí un vocablo masculino porque en la época que nos concierne [1824-2000] no hubo presidentas.) Es posible que busquemos una figura paterna, un tlatoani, un déspota ilustrado, una figura benévola aunque autoritaria, que decida por nosotros, que nos guíe con su probada sabiduría y experiencia y que incluso nos haga sufrir por nuestro bien, que sepa lo que hace falta para que el país progrese, mejore, salga adelante. En tal caso, no nos preocupa que peligren ciertos valores representativo-democráticos que posiblemente sostengamos en términos teóricos. En la práctica, a la hora de la realidad, especialmente en épocas de crisis (¿cuándo no hemos estado en época de crisis?) puede ser que prefiramos un hombre fuerte, un hombre de acción, un reformador que cumpla con sus promesas, aun si ello significa otorgarle poderes extraordinarios, darle carta blanca al poder ejecutivo. El presidente, en este caso, debe ser un hombre con poder, que esté en una posición de mando desde donde pueda determinar qué camino seguir sin que le aten las manos constituciones restrictivas, con congresos pleiteadores y quejumbrosos. Votamos por el individuo y no por su partido, facción, camarilla, movimiento o logia masónica. Votamos si es época de elecciones libres, pero si no, pues aprobamos el dedazo correspondiente, el pronunciamiento exitoso, el cuartelazo o la revolución que le dan

las facultades requeridas a nuestro líder para gobernarnos. Y lo apoyamos a él y le confiamos el poder para que disponga de él como mejor le parezca, porque creemos en él, en sus dotes de liderazgo, en su conocimiento profundo de las necesidades y costumbres del país, porque él y sólo él es capaz de salvar a la nación, renovarla, modernizarla, de forma casi mesiánica, milagrosa. El presidente es aquí un mago, un genio, un santo o un mal menor. Por otro lado, es igual de probable que no queramos a un presidente autoritario y busquemos, por el contrario, a uno que sepa escuchar. En este caso, el presidente que queremos es uno que respeta las leyes, que obedece al Congreso aunque no esté conforme con sus propuestas, porque en última instancia es en el Congreso donde se encuentran nuestros representantes, en plural, en lo que es, a fin de cuentas, una república extensa, heterogénea, multirregional y multiétnica. Al dar prioridad al poder legislativo, la función del presidente no es tanto la de guiar, sino la de ejecutar las órdenes y reformas planteadas por diputados y aprobadas por senadores. Por lo tanto, no queremos un líder mandón sino uno que sepa traducir a la realidad los deseos del Congreso. El presidente, en este caso, es transparente, es un realizador, actor, negociador, árbitro; es un ejecutor que sirve al legislativo. Es alguien que sabe escuchar, moderar y, finalmente, servir a la nación, limitándose a cumplir con lo que el Congreso mande. Es por ello que esta clase de presidente no puede tener una personalidad desbordante, ni tener ideas fijas. Al ser su función la de ejecutar, como jefe de Estado cuya máxima responsabilidad es encaminar al país por donde mejor le parezca al poder legislativo, debe ser alguien desprovisto de tendencias políticas tajantes, extremas, inflexibles; debe tratarse de una figura imparcial, un administrador-gestor eficaz, eficiente y honesto, que hace frente al mundo y a sus propios ciudadanos como el portavoz apolítico e imparcial de un gobierno verdaderamente nacional, representativo y soberano. La verdad es que es difícil hallar a este último presidente en la historia de México. Y, sin embargo, al leer las constituciones de la nación se advierte que ésta es la clase de presidente que concibieron quienes las elaboraron. La mejor manera de entender lo que es un presidente, en el contexto particular de México, es analizando primero cómo se han interpretado sus funciones, desde 1814, en las constituciones. Después es necesario centrarse en las acciones de los presidentes mismos y tener en cuenta esa visión popular tan difícil de determinar con exactitud —expresada por medio de la prensa, los votos, las manifestaciones y las revueltas— que pareciera contradecir u oponerse a los tenores básicos de los sistemas políticos creados. Las constituciones de 1814, 1824, 1836, 1843, 1857 y 1917 ofrecen un esquema muy particular de lo que se debería esperar de un presidente mexicano. El comportamiento de los presidentes en ciertas coyunturas, en especial los más aclamados y queridos en su momento (Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, por ejemplo), nos plantea, paradójicamente, otra versión de sus responsabilidades. Lo que puede deducirse del comportamiento del “pueblo” en algunas encrucijadas específicas de la historia —tal como se expresó en las urnas, en motines o a través de panfletos y periódicos populares— ofrece un complejo, e incluso esquizofrénico, entendimiento de la función del primer mandatario de la República. Lo interesante que se debe resaltar es la tensión o dialéctica que surge desde que Agustín de Iturbide asciende al poder en 1821 hasta que Ernesto Zedillo completa su sexenio en 2000, a saber: la paradójica necesidad del pueblo mexicano de tener un gobernante fuerte y un Congreso fuerte al mismo tiempo. Dicho de otra

manera, pareciera que los mexicanos quieren evitar el arribo al poder de líderes prepotentes, pero se rebelan contra los que, por acatar las órdenes del Congreso, son tildados de débiles. No queremos un tirano, pero sí queremos un presidente fuerte. Como le dice el personaje de María Luisa de Loa a Juan Jacobo Casanova en la novela Quince uñas y Casanova aventureros, de Leopoldo Zamora Plowes: “En México, cuando los gobernantes son honrados pasan por tontos; cuando enérgicos, por déspotas”.1 El presidencialismo en México no es otra cosa que una expresión de esta paradoja.

EL PRESIDENTE EN LAS CONSTITUCIONES DE MÉXICO Ya en la Constitución de Apatzingán de 1814 se resaltaba que el Supremo Congreso Mexicano era “el cuerpo representativo de la soberanía del pueblo”. Es más, si se estudia el capítulo VIII de dicha carta magna, se evidencia que correspondían al Congreso, al poder legislativo, todas las atribuciones fundamentales para gobernar al país que estaba por nacer. A manera de ejemplo, éstas incluían: “elegir los individuos del Supremo Gobierno” (art. 103), “nombrar los ministros públicos” (art. 104), “elegir a los generales de división” (art. 105), “examinar y discutir los proyectos de ley […] [más] sancionar las leyes, interpretarlas y derogarlas en caso necesario” (art. 106), “declarar la guerra” (art. 108), “arreglar los gastos del Gobierno” (art. 113), “examinar y aprobar las cuentas […] de la hacienda pública” (art. 114) y “finalmente, ejercer todas las demás facultades que le concede expresamente este decreto” (art. 122). El Supremo Gobierno estaría compuesto de tres individuos, para evitar que alguno de ellos pudiera hacerse del poder como dictador o caudillo, y ninguno podría ser reelegido (arts. 132 y 135). Por si no fuera bastante claro lo que el Congreso de Chilpancingo pensaba sobre los poderes limitados que debían atribuirse al Ejecutivo, en los artículos 170, 171 y 172 se remarcaba que “se sujetará el Supremo Gobierno a las leyes y reglamentos que adoptare o sancionare el Congreso”, que “en lo que toca al ramo militar […] el Congreso dicta […] por lo que [el Supremo Gobierno] no podrá derogar, interpretar ni alterar ninguno de sus capítulos”, de la misma manera que en lo referente a hacienda, “no se le permite proponer proyectos de decreto”.2 En la Constitución de 1824 poco había cambiado al respecto. Se abandonaba el modelo del triunvirato para adoptar uno en el que había un presidente, pero se mantenía la norma de la no reelección (art. 77). El presidente podía “hacer al Congreso las propuestas o reformas de ley que crea conducentes al bien general” (art. 105), pero quien determinaba si se aprobaban o no era el Congreso. Los artículos 110, 111 y 112 aseguraban que el poder ejecutivo estuviera bajo las órdenes del legislativo. La función primordial del presidente era “publicar, circular y hacer guardar las leyes y decretos del Congreso General”. La fórmula que debía usar al publicar las leyes y decretos demostraba en sí que era el Congreso General el que dictaba las medidas que regían a la república: “El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a los habitantes de la República, sabed: que el Congreso General ha decretado lo siguiente (aquí el texto). Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento”. Las restricciones de las facultades del presidente venían delineadas también: “El presidente no

podrá mandar en persona las fuerzas de mar y tierra, sin previo consentimiento del Congreso General”; “no podrá […] privar a ninguno de su libertad, ni imponerle pena alguna”; “no podrá ocupar la propiedad de ningún particular ni corporación”; ni “impedir las elecciones”; ni “sin permiso del Congreso, salir del territorio de la República”.3 Llegados a la Constitución de 1836 (las Siete Leyes), se había creado, además del Congreso, un cuarto poder, para decirlo de alguna manera, compuesto de cinco individuos, que llevó el nombre de Supremo Poder Conservador y cuya función primordial era arbitrar sobre las diferentes ramas de gobierno e impedir que el presidente gobernara de manera despótica (Segunda Ley). De todas formas, las leyes de la administración pública emanaban exclusivamente del Congreso General (Tercera Ley) y las atribuciones del presidente volvían a limitarse. Todas sus acciones se sometían al consentimiento del Congreso o al acuerdo con el Supremo Poder Conservador. Y además de estarle prohibidas las atribuciones decretadas en la Constitución de 1824, tampoco podía “enajenar, ceder o permutar, ciudad, villa, lugar o parte alguna del territorio nacional”; “imponer por sí […] contribuciones de ninguna especie”, e “impedir o turbar las reuniones del poder conservador o negar el cumplimiento a sus resoluciones”. Se resaltaba, además, que todo acto que autorizara el presidente, y que de alguna manera menoscabara el poder del Supremo Poder Conservador, sería nulo (Cuarta Ley).4 La Constitución de 1843, las llamadas Bases Orgánicas, aprobadas bajo el gobierno de Antonio López de Santa Anna, sustentadas a su vez en las Bases de Tacubaya de 1841, buscó darle más poder a la figura presidencial. Ahora la iniciativa de las leyes correspondía de igual forma “al Presidente de la República, a los diputados y a las Asambleas departamentales en todas materias, y a la Suprema Corte de Justicia en lo relativo a la administración de su ramo” (art. 53). Se determinaba también que al presidente le atañía la preservación del “orden y tranquilidad en lo interior y la seguridad en lo exterior” de la República. Y podía “nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho” (arts. 85 y 86). De todas maneras, como quedaba reflejado en el artículo 65, seguía correspondiendo al Congreso la facultad de dictar, derogar, interpretar y dispensar la observancia de las leyes que rigieran a la nación. La función del presidente seguía limitándose, esencialmente, a sancionar y circular las resoluciones del legislativo. Se subrayaba entre sus obligaciones la de “guardar la Constitución y las leyes y hacerlas guardar por toda clase de personas sin distinción alguna” (art. 86).5 En la Constitución de 1857 se fortaleció al Congreso, haciéndolo unicamaral (ya no estaba, por lo tanto, el Senado para moderar el reformismo radical de la Cámara de Diputados). Las facultades y obligaciones del presidente, decretadas en el artículo 85, volvían a hacer hincapié en el hecho de que el ejecutivo debía “promulgar y ejecutar las leyes que les pida el Congreso de la Unión”, y que sus acciones estaban sujetas a ser aprobadas por el Congreso y con “arreglo a las leyes”.6 Había, sin embargo, un artículo en la Constitución de 1857 que, paradójicamente, otorgaba al ejecutivo la posibilidad de usar su discreción como ninguna de las constituciones anteriores había permitido. El artículo 29 decía: “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualesquiera otros que pongan a la sociedad en grande peligro o conflicto, solamente el presidente de la República, […] con aprobación del Congreso […] puede suspender las garantías otorgadas en esta Constitución”.7

Irónicamente, fue la Constitución fraguada por la famosa generación de la Reforma la que dejó la puerta abierta para que el presidente, de manera enteramente constitucional, pudiera otorgarse poderes de emergencia, dejándolo, en momentos de crisis, dirigir al país de forma dictatorial. A decir de José Antonio Aguilar Rivera, “la autoridad se había concentrado en la presidencia, a pesar de que oficialmente residía en el Congreso”.8 Como nos lo recuerda Daniel Cosío Villegas, “Juárez y Lerdo actuaron constitucionalmente para gobernar sin la Constitución”.9 Llegados a la Constitución vigente de 1917, el poder ejecutivo volvía a estar al servicio del poder legislativo. Al presidente se le daban seis años para ejercer su cargo y, como es bien sabido, no se le permitía la reelección, con lo que se evitaba la perpetuación en el poder de un solo individuo (art. 83). Se establecía que era atributo del Congreso nombrar a un presidente interino, sustituto o provisional, dependiendo de las circunstancias (art. 84). Sus obligaciones volvían a girar en torno a “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso”, nombrar secretarios, ministros y oficiales, “con aprobación del Senado” o “con arreglo a las leyes”; y se replicaba el sistema por el cual la mayoría de las acciones del presidente debía ser primero fijada, aprobada y ratificada por el Congreso.10 Ante esta realidad constitucional, no deja de sorprender que presidentes como Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y Gustavo Díaz Ordaz hayan llegado a disponer del poder y la influencia que disfrutaron.

EL PAPEL DEL PRESIDENCIALISMO EN MÉXICO: LAS PROPUESTAS DE ESTE LIBRO A pesar de que las constituciones de México han buscado limitar los poderes del presidente sometiéndolo al Congreso, el acontecer histórico del país a lo largo de casi dos siglos no se ha adecuado siempre a esta norma. De hecho, pareciera a veces que las constituciones pertenecieran a un mundo abstracto y esotérico, sin ninguna correspondencia con la realidad. Esto se deduce no sólo por la manera en que diversos presidentes (incluido al mismísimo Benito Juárez) abusaron de poderes extraordinarios y medidas extraconstitucionales para gobernar a la República, sino por la manera en que, una y otra vez, los mexicanos han condenado a aquellos magistrados que se limitaron a acatar las leyes fundamentales del país. El orden constitucional se ha visto repetidamente subvertido por los presidentes de México, ora porque la crisis exigía que el primer mandatario asumiera poderes de emergencia, ora porque hacía falta tomar las armas para salvar al país. Como se evidencia en los ensayos de Brian Hamnett, Georgette José Valenzuela, Alan Knight y Ariel Rodríguez Kuri sobre Benito Juárez, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y Adolfo Ruiz Cortines, respectivamente, algunos de los presidentes mexicanos más célebres encontraron maneras sutiles (y constitucionales) de imponer su proyecto político. Otros, como ocurrió con Mariano Paredes y Arrillaga, Victoriano Huerta o Venustiano Carranza, analizados aquí por Miguel Soto, Josefina Mac Gregor y Javier Garciadiego, procuraron hacerlo, en primera instancia, mediante las armas. Sin embargo, aun en su caso, debe resaltarse su preferencia, una vez en el poder, por negociar con la clase política en lugar de seguir empleando la fuerza, y su

determinación por dar legitimidad constitucional a sus gobiernos. Es ésta una paradoja que caracteriza la compleja experiencia presidencial mexicana; tanto que incluso Paredes y Arrillaga, Huerta y Carranza tuvieron que comprometer sus planes para afianzar su posición en el poder. Y es una gran ironía, si se toman en cuenta las conclusiones de los demás capítulos de este libro, el hecho de que un líder revolucionario como Carranza, un hombre fuerte en su momento, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista que allanó el camino a la Constitución de 1917, acabara siendo visto como un presidente débil. La razón de lo anterior se halla, como lo muestran los ensayos de Timothy Anna, Catherine Andrews y Rogelio Hernández Rodríguez sobre Guadalupe Victoria, Anastasio Bustamante y Ernesto Zedillo, en lo siguiente: por lo general, a los presidentes que intentaron gobernar al país siguiendo políticas integracionistas (o amalgamacionistas, como se dijo en su momento), que buscaron el consenso respetando en lo posible la Constitución, se les consideró débiles e indecisos. La historia de los congresos de México demuestra que el poder legislativo, protegido por la Constitución, siempre ha sido una fuerza política importante, lo que no debe subestimarse al valorar los logros y decisiones de los presidentes de la República. Casi todos los capítulos de este libro, y en particular los de Alfredo Ávila, Josefina Zoraida Vázquez, Antonia Pi-Suñer Llorens, Felipe Ávila Espinosa y Javier Garciadiego, sobre Agustín de Iturbide, Antonio López de Santa Anna, Ignacio Comonfort, Francisco León de la Barra y Francisco I. Madero, muestran a los gobernantes enfrascados en un pleito continuo con los congresos de su época. Se podría decir que ningún presidente ganó esta batalla particular. Los que lograron imponerse fueron acusados de tiranos, déspotas, de asumir tendencias dictatoriales, de subvertir la Constitución, de carecer de legitimidad política. En contraparte, los que dejaron que el Congreso determinara que camino seguir fueron tildados de débiles, mancos de ideas, faltos de imaginación y visión, así como de títeres, necios y cobardes. El capítulo de Abdiel Oñate sobre Álvaro Obregón refleja claramente las ambigüedades, paradojas y sutilezas que caracterizan el fenómeno del presidencialismo. En el caso de Obregón, ¿fue un caudillo autoritario o un presidente constitucional que buscó la manera de gobernar el país por vías institucionales? Quizá su éxito se deba a que logró unir ambas cualidades, adaptando viejas prácticas a nuevas condiciones. Alan Knight distingue entre estas dos clases de presidente (lo que yo llamo aquí “el hombre fuerte” y “el servidor de la nación”), con los términos “borbonistas” o “habsburgos”. Los “borbonistas”, como Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, fueron intervencionistas, reformistas, líderes fuertes, hombres de visión y acción, y no siempre se dejaron conducir por el poder legislativo o las normas constitucionales. Los “habsburgos”, como Manuel Ávila Camacho, Adolfo Ruiz Cortines y Ernesto Zedillo, prefirieron dejar que otros decidieran qué curso seguir; se limitaron a aprobar las mociones del Congreso y continuar con el proyecto impuesto por su antecesor. La influencia de los “hombres fuertes” ha provocado que los méritos de varios de sus sucesores pasen injustamente inadvertidos. Tal como queda demostrado en los capítulos de Reynaldo Sordo Cedeño, Antonia Pi-Suñer Llorens, Silvestre Villegas Revueltas, Pedro Castro, Verónica Oikión Solano y Rafael Loyola Díaz, sobre José Justo Corro, Sebastián Lerdo de Tejada, Manuel González, Adolfo de la Huerta, Pascual Ortiz Rubio y Manuel Ávila Camacho, a cada uno de ellos le tocó seguirle los pasos a presidentes discutiblemente

“borbónicos”: Santa Anna, Juárez, Díaz, Carranza, Calles y Cárdenas. Sin embargo, un estudio de sus presidencias muestra que impulsaron reformas fundamentales y que, a pesar de haber quedado olvidados, en términos comparativos fueron autores de algunas de las medidas más exitosas de su época, atribuidas posteriormente a sus sucesores. El estudio de Alfredo Ávila sobre Vicente Guerrero comparte este planteamiento al refutar la vieja noción de que fue otro “presidente habsburgo”, es decir, manipulado y controlado por sus ministros y por un Congreso fuerte y radical. Incluso en los casos de presidentes que se han tenido como pasivos y débiles hallamos que, bajo la apariencia de la quietud y la humildad, hubo también personalidades fuertes capaces de orientar el gobierno como ellos querían. Su constitucionalismo y su actitud servicial no impidió, sin embargo, que sus contemporáneos y cierta historiografía los desacreditara por pusilánimes. Los trabajos de Josefina Zoraida Vázquez sobre Antonio López de Santa Anna —al referido a este último se añade mi capítulo sobre su tercera y cuarta presidencia— y de Paul Garner sobre Porfirio Díaz sirven para recordarnos que la historiografía ha tendido a culpar a ciertos presidentes de los males que acaecieron durante su gestión, cuando en realidad hubo otros responsables. También nos ayudan a ver que las personas evolucionamos y cambiamos con el tiempo, y que de la misma manera que la experiencia nos marca y puede hacernos llegar a renunciar a ciertas creencias, nos puede volver más duros, menos generosos, más cínicos, menos idealistas. Lo mismo les pasó a aquellos mandatarios que ocuparon la silla presidencial en numerosas ocasiones un largo periodo. Vázquez se centra en la primera presidencia de Santa Anna, mostrándolo como un hombre dinámico, liberal, no como el que enterró la primera reforma, ni quien impuso una república centralista. De hecho, estuvo muy poco tiempo al frente del gobierno, así que los trastornos que condujeron a la revuelta texana y el cambio de constitución no fueron propiciados por él, como se suele decir. Garner, de igual forma, demuestra lo injusta y desacertada que fue una serie de frases asociadas a Porfirio Díaz (“pan o palo”, “poca política, mucha administración”, “pax porfiriana”, “México, madre de extranjeros y madrastra de los mexicanos”), como si hubiera sido un presidente estático que no maduró con los años. Aunque nadie niega la brutalidad con la que el gobierno de Díaz, hacia sus últimos días, reprimió a los huelguistas de Río Blanco y Cananea, es indebida la tendencia a ver estos dos sucesos como representativos del largo periodo en que estuvo en el poder. Soledad Loaeza, Germán Pérez Fernández del Castillo y Rob Aitken comparten la visión de Garner en el sentido de que no se puede juzgar a un presidente y su gobierno con base en un solo hecho (ya sea la matanza de Tlatelolco en el caso de Díaz Ordaz, la crisis de la deuda en el de López Portillo o la rebelión zapatista de 1994 en el de Salinas). No debe subestimarse aquí el peso del presidencialismo en México ni el hecho de que la importancia concedida a la figura del presidente surge de una necesidad, o al menos de la percepción de una necesidad, por parte del pueblo. Sin importar las normas constitucionales que rigen al país, hay una predisposición a creer que un individuo puede gobernarlo por sí solo. Las decepciones que sobrevienen a partir de esta excesiva confianza en un solo individuo son, como sería de esperarse, mayúsculas. Las tragedias de Maximiliano y Madero sirven de ejemplos perfectos. De la misma manera se simplifican los problemas que afectan a un país: culpando al gobernante de todos los males experimentados en carne propia, como si una persona pudiera ser la causante de todo cuanto sucede en México. Los trabajos sobre

Gustavo Díaz Ordaz y José López Portillo muestran con gran elocuencia que estos dos hombres no actuaron solos ni dirigieron el país dentro de una burbuja que los aislara de los gobiernos a los que pertenecieron, o bien de las influencias político-económicas tanto internas como foráneas, de sus contextos particulares. También resaltan la complicidad de las sociedades que les entregaron el poder. Aunque la máxima de que “cada país tiene el gobierno que merece” pudiera ser injusta, aplicada indistintamente a países con una larga tradición democrática y a otros condenados a sufrir bajo el yugo de dictaduras, no deja de tener una parte de verdad cuando vemos la manera en que el pueblo mexicano adoró a Antonio López de Santa Anna, o aceptó la legitimidad de las repetidas victorias del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Aunque pueda ser incómodo reconocerlo, presidentes como Díaz Ordaz y López Portillo subieron al poder y lograron mantenerse en él porque la indiferencia y la actitud apática de la mayoría lo permitieron. Luis Echeverría y Miguel de la Madrid sucedieron a Díaz Ordaz y a López Portillo, respectivamente, sin que cayera el gobierno o se mermara la hegemonía del PRI. No importaba que un número todavía indeterminado de estudiantes hubiera perdido la vida en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 o que México no pudiera cumplir con el pago de la deuda externa en 1982. Factores internacionales también deben ser considerados. Los presidentes no actúan solos. Aparte de que está el Congreso con toda la responsabilidad política que le atañe, varios de los capítulos de este libro demuestran que ha habido siempre una correlación esencial entre el estado de la economía y el éxito, la estabilidad y la legitimidad del gobierno. Lo que también se evidencia, en ciertos casos, son las limitadas opciones que tuvieron algunos presidentes mexicanos, junto con sus gobiernos, a la hora de encontrar soluciones a las crisis económicas que tuvieron que afrontar. Los trabajos de Villegas Revueltas, Ávila Espinosa, Loyola Díaz, Ma. Antonia Martínez, Rodríguez Kuri, Pérez Fernández del Castillo, José Francisco Parra y Aitken, sobre los gobiernos de Manuel González, León de la Barra, Ávila Camacho, Alemán, Ruiz Cortines, López Portillo, Miguel de la Madrid y Salinas hacen todos hincapié en las circunstancias financieras. Es interesante resaltar que si bien en perspectiva pueden criticarse algunas de las políticas que estos mandatarios siguieron, no es imposible entender la lógica que los inspiró si se atiende al contexto en que fueron planteadas. Por ejemplo, en algunos casos las presiones externas de las grandes casas comerciales británicas, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial impidieron a los presidentes hacer siempre lo que querían. Así como no es conveniente analizar a los presidentes sin tomar en cuenta las circunstancias en que se movieron, tampoco lo es pasar por alto la influencia que ejercieron sobre ellos sus esposas. En los capítulos de Anne Staples y Sara Sefchovich sobre las “primeras damas” de México se evidencia hasta qué punto los presidentes se beneficiaron de los lazos económicos y sociales que establecieron casándose con mujeres de buena alcurnia, del apoyo emocional que recibieron de ellas en momentos de crisis y de las responsabilidades extraoficiales que cada una asumió al frente de sociedades caritativas. Sin que tengan una función constitucional, sin haber sido votadas o elegidas, sin duda se ha esperado cierta predisposición por parte de ellas a participar en la vida política del país. Esta percepción sirve para recordar una vez más, como se muestra a lo largo de este libro, que en México prevalece una larga tradición en el sentido de aceptar que existen al menos dos realidades políticas: una teórica, abstracta, basada en anhelos, sueños, deseos y conceptos

constitucionalistas y otra afincada en la práctica, el empirismo, las necesidades del presente, las costumbres. En ninguna parte se estipula que la esposa del presidente tiene el deber de acompañar al mandatario en funciones estatales o de encabezar, por ejemplo, la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana. Sin embargo, hay desasosiego cuando la primera dama no cumple con esta expectativa. En las constituciones de México se ha reiterado hasta la saciedad que la obligación primordial del presidente es “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso”. No obstante ha habido y continúa habiendo inquietud cuando el señor presidente se limita a hacer esto y no impone su voluntad sobre el legislativo.

CONCLUSIÓN: REFLEXIONES INCONCLUSAS Un libro como éste, cuyo título resalta de por sí la importancia del individuo, anunciando que los estudios que contiene se centrarán en la figura del gobernante, podría haber ofrecido una serie de análisis personalistas, en la tradición del historiador decimonónico escocés Thomas Carlyle. Es cierto que la mayoría de los capítulos plantea interpretaciones políticas con importantes rasgos biográficos. Por ejemplo, Miguel Soto y Antonia Pi-Suñer Llorens nos obsequian un análisis de los cargos y las posturas políticas de Mariano Paredes y Arrillaga y Sebastián Lerdo de Tejada, respectivamente, antes de analizar sus gestiones. Josefina Mac Gregor hace lo mismo con el general Victoriano Huerta. Es un hecho que estudiar a los dirigentes de México sin tomar en cuenta sus contextos políticos es un ejercicio inútil. Por ello cada uno de los trabajos presta la debida atención a las coyunturas económicas que tuvieron que afrontar los presidentes mexicanos analizados. Las presiones internas y externas con las que lidiaron, las limitaciones constitucionales a las que estuvieron sometidos y las divisiones políticas que debieron superar merecen también un examen riguroso. En la obra se hace igualmente evidente la importancia de varios temas que, por ser recurrentes, entrelazan y unen los hallazgos de los diferentes trabajos. Las elecciones presidenciales, en la gestión de Mariano Arista, aspecto al que se enfoca el trabajo de Michael P. Costeloe, aparecen de forma seguida como tema de análisis a lo largo del libro. Entrados en la etapa propiamente “presidencialista” del periodo 1934-2000, lo relativo a las elecciones y la sucesión cobra una importancia imposible de desdeñar. De forma similar, en estos dos tomos reaparecen, una y otra vez, preguntas sobre la relación entre el presidencialismo y el autoritarismo, y entre el régimen y el sistema político mexicanos. La compleja dinámica que durante casi dos siglos ha caracterizado la relación entre el presidente o el gobernante y representantes de las regiones, del ejército, de la Iglesia, del empresariado, de los sindicatos y de las élites económicas se estudia de manera insistente en la mayoría de los capítulos. Sin embargo, las reflexiones de este libro siguen siendo inconclusas. Si hay algo que se puede sacar en claro es que el presidencialismo ha sido y es un fenómeno contradictorio y complejo. Mientras que la historia constitucional de México muestra un país obstinado en evitar la llegada al poder de caudillos prepotentes, limitando las atribuciones del presidente para resaltar la importancia del brazo legislativo, la historia de los presidentes demuestra que,

en otro nivel, los mexicanos han buscado en sus mandatarios hombres fuertes, dispuestos a salvar, modernizar o hacer progresar al país, sin importar los medios. La larga permanencia del PRI en el poder no puede descartarse como una aberración. La aceptación pasiva del dedazo durante tantos años debe entenderse sobre la base de que se otorgue a cada quien la responsabilidad que tuvo en permitir la prolongación de este fenómeno. Debió haber una predisposición a tolerar y aceptar su legitimidad política. Si admitimos con Érika Pani que Maximiliano de Habsburgo fracasó porque no pudo fundar las bases de un poder estable o, dicho de otra manera, construir la legitimidad necesaria para contar con el apoyo del país, es posible decir que en aquellos casos en los cuales los gobernantes lograron sobrevivir en el poder fue porque sí supieron cómo legitimarse. El hecho de que, en algunos casos, pudiera argüirse que fue ni más ni menos la ilegitimidad la que fue legitimada, no debe distraernos de lo importante: tratar de entender cómo ocurrió esto. Los presidentes mexicanos fueron, gústenos aceptarlo o no, un reflejo bastante representativo de las sociedades que gobernaron. Al estudiarlos no nos limitamos a analizar las carreras de un grupo selecto de individuos; abarcamos a la nación mexicana (o naciones mexicanas) que les ayudó o les permitió alcanzar el poder y que los defendió o atacó por obedecer o subvertir la Constitución. Pareciera no del todo injusto concluir diciendo que esta dialéctica está todavía por resolverse. El pueblo mexicano sigue dividido entre querer dar prioridad a los hombres sobre las ideas, y a los individuos sobre las instituciones.

1

Zamora, 1984, t. I, p. 371. Tena, 2002, pp. 36, 42-45, 49. 3 Tena, pp. 179, 182-184. 4 Ibidem, pp. 222-230. 5 Tena, pp. 413-414, 417-418. 6 Ibidem, pp. 616-622. 7 Ibidem, pp. 610. 8 Aguilar Rivera, 2001, p. 250. 9 Cosío, 1957, p. 171. 10 Tena, 2002, pp. 852-856. 2

PRESIDENCIA DE MADERO: FRACASO DE UNA DEMOCRACIA LIBERAL

JAVIER GARCIADIEGO El Colegio de México

LA PRESIDENCIA de Madero fue breve, de apenas 15 meses (noviembre de 1911 a febrero de 1913), y llena de claroscuros. Además, sirvió para concluir un proceso histórico, el Porfiriato, y para dar inicio a otro, el de los gobiernos revolucionarios. Con Madero comenzó México su siglo XX y su vida moderna. Sus antecedentes no facilitaban prever la importancia históricopolítica que tendría, y su popularidad al asumir la presidencia no permitía imaginar la forma tan dramática como habría de terminar. Madero era miembro de una de las familias más acaudaladas del noreste del país y, hacia 1904, ante la sorpresa y el enojo de sus familiares mayores, comenzó a desarrollar actividades políticas opositoras, primero en los ámbitos local y regional, y luego, a partir de 1909, en el plano nacional. Para 1910, luego de un proceso de maduración política de casi siete años y en un contexto caracterizado por el envejecimiento de Porfirio Díaz, la escisión de la élite política entre científicos y reyistas, el alejamiento de los principales caudillos opositores — como Bernardo Reyes o Ricardo Flores Magón— y la repolitización de la sociedad, Madero pudo encabezar una inédita movilización social, la cual concluyó con la fundación del Partido Nacional Antirreeleccionista, que compitió en las elecciones con él como rival de don Porfirio.1 Luego de que los antirreeleccionistas alegaron haber padecido un obvio fraude electoral y graves represiones, Madero modificó radicalmente su estrategia, convocando a la rebelión armada como única posibilidad para derrocar a Porfirio Díaz. Tras una lucha que se prolongó de finales de noviembre de 1910 a finales de mayo de 1911, restringida básicamente a la zona rural del noroeste del país, y más incruenta que intensa,2 renunció don Porfirio a la presidencia, dando inicio al gobierno interino de Francisco León de la Barra,3 según se acordó en los Tratados de Ciudad Juárez, por medio de los cuales se dio término a la victoriosa rebelión antiporfirista. El establecimiento del interinato de León de la Barra tenía tres objetivos: convocar y organizar nuevas elecciones presidenciales, desmovilizar a los rebeldes y legitimar la llegada de Madero a la presidencia. ¿Cuál fue la naturaleza del gobierno maderista? ¿Es cierto que con la salida de Díaz, la llegada de Madero se redujo a un cambio en la silla presidencial? ¿Era posible, acaso, que este cambio no produjera otras transformaciones en un sistema político en el que la figura personal de don Porfirio era decisiva? De aceptarse que necesariamente hubo otros cambios en la esfera política, puede suponerse que éstos produjeron, a su vez, transformaciones en los ámbitos económico, social y cultural. De hecho, es incuestionable que los cambios traídos por Madero al proceso histórico nacional han sido erróneamente menospreciados. Se puede resumir de manera escueta: con la política de Madero se inició la política moderna en México. El principal cambio consistió en el declive de la oligarquía porfirista y en el aumento del valor político de las clases subordinadas. A partir de entonces comenzaron a existir políticamente; es más, desde ese momento pasarían a formar parte del aparato gubernamental, que mudó abruptamente de naturaleza.

REVOLUCIÓN POLÍTICA

Diversas corrientes historiográficas y varios grupos político-ideológicos afirman que Madero sólo hizo cambios en la esfera política; es más, sostienen que dichos cambios se limitaron a la punta de la pirámide. Sin embargo, pocas veces se ha considerado que la salida de don Porfirio fue acompañada de la de Ramón Corral,4 uno de los líderes del grupo de los científicos, a quien Díaz pretendía heredar el puesto; no suele considerarse que también fueron sustituidos los miembros del gabinete y casi todos los gobernadores, lo que, en consecuencia, provocó el cambio de la totalidad de las jefaturas políticas o de las otras formas de poder ejecutivo local.5 Por último, a los pocos meses se renovaron los poderes legislativos, tanto el nacional como los regionales. En resumen, debe aceptarse que con Madero se dio una transformación casi total del aparato gubernamental, quedando conformado, precisamente, por quienes antes habían sido marginados del mismo, muchos de los cuales se opusieron al Porfiriato entre 1910 y 1911. Incluso cuando la libertad electoral y la inexperiencia de los nuevos políticos permitieron la supervivencia de algunos porfiristas, éstos dejaron de ser los mayores beneficiarios del poder y pasaron a formar parte de la oposición institucional.6 Es indiscutible que con Madero se constituyó una nueva clase política a partir de los marginados del aparato político porfiriano. Los nuevos políticos representaban a otra generación y, sobre todo, tenían orígenes sociales muy distintos a los de sus predecesores. Tómese como ejemplo el estado de Chihuahua, primero gobernado por algún miembro del oligárquico clan de los Terrazas y luego por Abraham González, enemigo suyo. Agréguese el ejemplo de Morelos, gobernado en las postrimerías del Porfiriato por el hacendado Pablo Rincón Gallardo, pero desplazado por miembros de la clase media local a mediados de 1911.7 Aunque debe aceptarse que hubo varios casos de continuidad en los equipos gobernantes, como por ejemplo el mismo Madero, miembro de la élite porfiriana, o José María Maytorena, líder del antirreeleccionismo en Sonora y perteneciente a la oligarquía local,8 lo cierto es que fueron más los cambios que las supervivencias. Obviamente, las nuevas autoridades traían consigo distintas ideas y posturas sobre el quehacer político y los problemas socioeconómicos del país. Respecto a lo primero, resulta innegable que la presidencia de Madero trajo grandes cambios en las prácticas políticas, al grado de que es común la afirmación de que aquél es el momento de nuestra historia más cercano al ideal democrático.9 El argumento se funda en que durante ese periodo hubo libertad electoral, de asociación y de prensa, y en que el poder ejecutivo no sojuzgó los poderes legislativo y judicial, ni el centro a las regiones. Esta visión, correcta en términos generales, requiere ser matizada. En efecto, la desintegración de las agrupaciones porfirio-científicas, reyistas y magonistas, y el clima de libertad imperante dieron lugar a la creación de diversas asociaciones políticas, como el Partido Evolucionista, el Partido Liberal y, sobre todo, el Partido Católico Nacional,10 todos ellos con participación y triunfos electorales gracias a su capacidad y experiencia y a la inédita libertad electoral concedida, sin imposiciones flagrantes ni intervenciones ostentosas de las autoridades. Sin embargo, también es cierto que Madero fue abiertamente acusado de entorpecer las campañas de los políticos contrarios a él, tanto en el nivel presidencial —como Bernardo Reyes— como en el de las gubernaturas y el congreso. Más aún, sus propios correligionarios le reclamaron haber disuelto autoritariamente el Partido Nacional Antirreeleccionista para sustituirlo con el Partido Constitucional Progresista. Razones formales aparte —en 1911 ya no estaba don Porfirio en el país y la

reelección había vuelto a ser prohibida en la Constitución—, lo cierto es que el Constitucional Progresista fue un partido gubernamental, vertical y sin carisma. Para colmo, Madero también fue acusado de haber impuesto a José María Pino Suárez como su compañero en la mancuerna electoral, en sustitución de Francisco Vázquez Gómez.11 La relación con los otros poderes fue muy diferente a la que se acostumbró durante el Porfiriato. Respecto al judicial, si bien no fue objeto de reformas legales, sí gozó de cambios reales: a pesar de que la Suprema Corte de Justicia estaba presidida por un miembro destacado del antiguo régimen, ahora ya no sufría intervenciones abiertas del poder ejecutivo.12 Por otra parte, uno de los elementos que han permitido caracterizar la presidencia de Madero como democrática fue la naturaleza y el comportamiento de la XXVI Legislatura.13 Electa a principios de abril de 1912, en el primer proceso de comicios directos y considerablemente libres —aunque afeados por la gran abstención—, su conformación fue plural, pues en dicha cámara tuvieron cabida diputados de varios partidos y de diversas posiciones políticas. Si bien la mayoría pertenecía al gubernamental Partido Constitucional Progresista, los hubo del Partido Católico Nacional, del Liberal, del Nacional Antirreeleccionista —dominado por los vazquezgomistas— y del Evolucionista, entre otros.14 En otras palabras, había diputados maderistas, porfiristas, reyistas, católicos, liberales, amén de otras filiaciones políticas e ideológicas. Además de plural, la XXVI Legislatura fue independiente del poder ejecutivo. En parte por la creencia de Madero en la autonomía de los poderes, pero también por su inexperiencia e incapacidad, lo cierto es que nunca hubo la conexión necesaria entre el presidente y los diputados de su partido, quienes además carecían de experiencia, personalidad, disciplina y liderazgo, lo que dificultó el avance de sus preferencias legislativas. En general, aquella legislatura fue muy polémica y protagónica, escenario de grandes debates políticos y de notorias críticas a Madero, con una oposición muy eficaz.15 Sin embargo, su labor estrictamente legislativa fue magra. Por lo que se refiere al clima de libertades traído por Madero, acaso lo más novedoso fue la libertad de prensa. La imagen que domina en la historiografía es la de un Madero víctima del desprestigio que le provocaron, a su persona, su familia y su gobierno, las desmedidas críticas de la prensa libre. Sin embargo, lo cierto es que el coahuilense no se limitó a conceder la libertad absoluta a la prensa. Madero sabía, desde que en 1904 comenzó su labor oposicionista regional, de la importancia de contar con órganos periodísticos amigos para su promoción y defensa. Así se explica que decidiera la creación del periódico El Antireeleccionista durante la contienda contra Díaz.16 Al llegar al poder, Madero padeció la animadversión de la prensa porfirista, enriquecida con la incorporación de varios políticos e intelectuales porfiristas que no encontraron acomodo en la administración maderista.17 Además, fue severamente criticado por la influyente prensa católica, antes de oposición moderada, por la prensa marginal y por los caricaturistas de varios periódicos.18 Para contrarrestar su imagen de demócrata irrestricto y de político ingenuo, Madero intentó construir, en rigor, un bloque de periódicos amigos con Nueva Era como eje; intentó también nulificar publicaciones enemigas, como El Imparcial, lo que logró parcial y tardíamente, a pocas semanas de ser derrocado.19 Por último, alegando que varios periódicos alentaban las luchas de los grupos rebeldes a su gobierno y generaban miedo y desconfianza entre la población, decidió aplicar “medidas extremas” contra los periodistas que tuvieran un

“malsano deseo de escándalo”, encarcelándolos, amparado en las sanciones que el código penal del Distrito Federal imponía a quienes alarmaran a la población.20 Es más, en una ocasión varios diputados promaderistas discutieron con algunos miembros del gabinete la conveniencia de reformar el artículo 7° constitucional, que garantizaba la libertad de prensa, y a finales de 1912 se propuso una ley reglamentaria de la prensa, misma que fue retirada por las protestas que provocó. Más que ingenua o respetuosa y liberal, la política de prensa del presidente Madero fue ambigua, cambiante y reactiva; sobre todo, fue débil e ineficiente.

EL ÁMBITO SOCIAL: NUEVO TRATO El diverso origen socioeconómico de sus integrantes y las dificultades políticas y legislativas que padeció el gobierno maderista repercutieron en el destino final de su política social, en especial en las áreas más críticas y polémicas: la agraria y la obrera. Por lo que se refiere a su política agraria, debe recordarse que Madero pertenecía a una familia con extensas propiedades agrícolas en el noreste del país. Sin embargo, dada la poca densidad de población, el pequeño número de comunidades campesinas y la abundancia de tierras, en esa región el problema agrario no era grave. De ideología liberal, Madero era partidario de la propiedad privada de la tierra, por lo que como presidente deseó construir un país de propietarios rurales, ya fueran grandes, medianos o pequeños, y nunca llegó a creer, igual que la Constitución de 1857 —entonces vigente— que la explotación de la tierra con base en los usos y costumbres de las antiguas comunidades campesinas fuera conveniente. En tanto miembro de una familia moderna en términos económicos, Madero gustaba de las propiedades eficientes. Contrario —por razones filosóficas, políticas, jurídicas y morales— a cualquier proceso expropiador, Madero intentó combatir las haciendas improductivas con métodos indirectos, como aumentar los impuestos a las tierras incultas, presión que llevaría a ese tipo de hacendados a vender sus propiedades. El problema radicaba en que esta propuesta no traería una solución inmediata; requería de mucho tiempo, plazo que no estaban dispuestos a conceder los campesinos, quienes por otra parte habían visto crecer abrumadoramente su fuerza política como resultado de su participación en la lucha contra Díaz. En materia agraria, Madero era partidario de un cambio legal y negociado. De hecho, desde el inicio de su administración creó la Comisión Nacional Agraria, dependiente de la Secretaría de Fomento, y compuesta por hacendados, ingenieros, abogados y banqueros.21 Sus propuestas consistían en la restitución de las tierras usurpadas ilegalmente durante el Porfiriato a sus propietarios particulares y no a las comunidades; en poner en disponibilidad, mediante su venta a particulares, terrenos nacionales, y en comprar haciendas para luego vender lotes a campesinos que quisieran convertirse en pequeños y medianos propietarios.22 Estas propuestas estaban condenadas al fracaso, pues los terrenos nacionales se hallaban en zonas periféricas o eran poco aptas para la agricultura, y porque los hacendados intentaron vender sus haciendas en cantidades sobrevaluadas, lo que hubiera impedido que luego participaran en su parcelación los campesinos pobres. En realidad, hubo propuestas tanto agrícolas como agrarias. Se propuso, por ejemplo, que

se reactivara la caja de préstamos para financiar a medianos y pequeños propietarios, que se mejoraran los caminos y transportes, que se iniciara la construcción de instalaciones hidráulicas, que se fomentara la educación agrícola y hasta que se mejorara la condición moral de los trabajadores agrícolas. Se pensaba en una solución integral, pero moderada y a mediano o largo plazo. Sin embargo, conforme avanzó el tiempo, Madero se fue convenciendo de la gravedad del problema y de la necesidad de enfrentarlo en forma más decidida. Hacia finales de 1912 intentó poner al frente de la Secretaría de Fomento a Luis Cabrera, pero como al ser vetado su lugar lo ocupó Manuel Bonilla, también progresista.23 Paralelamente, Cabrera, avalado por cerca de 60 diputados, presentó al Congreso un plan para solucionar el problema agrario, propuesta que involucraba un nuevo principio, pues restituía a las comunidades campesinas la facultad de poseer tierras en común. Además, disponer de tierras ejidales no sería sólo privilegio de las comunidades usurpadas, sino que todas aquellas que necesitaran tierras las podrían obtener mediante el recurso de dotación, a partir de expropiar, con indemnización, a los hacendados vecinos.24 Resulta difícil evaluar el agrarismo del gobierno maderista por sus propios cambios graduales y por la diversidad geográfica, socioeconómica e ideológica de sus integrantes. Además, hubo varias propuestas provenientes de grupos ajenos o contrarios al gobierno,25 como el Plan de Ayala, zapatista, y el Plan de la Empacadora, orozquista. Por otra parte, debido a la fuerza alcanzada por los campesinos, hubo algunas ocupaciones de tierras, sobre todo en los estados de Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, la zona zapatista, Tlaxcala, Oaxaca y Yucatán.26 Seguramente esto influyó en que el problema agrario pasara a ser prioritario. Paradójica pero previsiblemente, las moderadas reformas maderistas fueron rechazadas por todos: por los hacendados porque implicaban precedentes inaceptables; por los campesinos porque les parecieron peor que tibias. Por lo que se refiere a la política laboral, de entrada debe decirse que Madero era sensible a los problemas obreros desde las postrimerías del Porfiriato. Por ello, desde el inicio de su presidencia se preocupó por fomentar la organización de los trabajadores y por mejorar sus condiciones laborales, además de respetar sus derechos de asociación y expresión. Atrás habían quedado los años de las represiones, como en Cananea y Río Blanco. Al contrario, desde diciembre de 1911 se creó un Departamento de Trabajo, adscrito a la Secretaría de Fomento, cuyo objetivo era recabar información sobre la situación real de los obreros y de las empresas, y mediar en los conflictos entre los empresarios y los trabajadores.27 Como era previsible, estos últimos aprovecharon el clima de libertad, la simpatía de Madero y la falta de miedo a la represión para crear muchos sindicatos y, sobre todo, la Casa del Obrero Mundial, especie de federación de sindicatos y de institución educativa formadora de “cuadros” obreristas, de clara orientación anarquista.28 Asimismo, 1912 fue un año caracterizado por reclamos obreros y huelgas, lo que puso al gobierno en un dilema, pues no deseaba apelar a la represión: igual que en el caso de su política agraria, sus propuestas reformistas resultaron moderadas. Por otra parte, el gobierno medió en un par de pactos entre los empresarios y los obreros del ramo textil, conjurándose varias huelgas y mejorándose considerablemente las condiciones laborales de los trabajadores.29 El alto número de huelgas —fenómeno antes reprimido pero con Madero tolerado— y la multiplicación de

organizaciones sindicales independientes preocuparon a los empresarios y al gobierno. Dado que la mediación no era una solución definitiva o completa, para contrarrestar la influencia de los anarquistas de la Casa del Obrero Mundial y de los líderes magonistas del movimiento obrero mexicano, Madero y sus colaboradores propiciaron la creación de organizaciones obreras no radicales, dispuestas a mantener buenas relaciones con el gobierno y a aceptar su función mediadora. Así surgió la Gran Liga Obrera Mexicana.30 Además del proyecto y la estrategia maderistas, fue decisivo el cambio general de circunstancias históricas, pues con la caída de Díaz se alteró la estructura de poder en su conjunto y llegaron nuevas autoridades, que cambiaron “las reglas del juego”. Los obreros percibieron la nueva actitud gubernamental, ya no favorable enteramente a los empresarios, y actuaron en consecuencia. Los patronos resintieron el distanciamiento, temieron la radicalización de los obreros y criticaron al gobierno maderista por débil y ambiguo, a pesar de que el objetivo de éste era respetar la legalidad y mejorar las condiciones de los trabajadores, pero sin afectar los intereses de los empresarios. La evaluación de la política laboral de Madero tiene que hacerse desde dos perspectivas: sobre los resultados inmediatos y sobre las consecuencias de mediano y largo plazos. En cuanto a estas últimas, es indudable que con Madero nació la actitud arbitral y paternalista que caracterizaría a los gobiernos emanados de la Revolución mexicana. A diferencia de los cambios, así hayan sido moderados, en los ámbitos agrario y laboral, la política económica maderista se caracterizó por la continuidad con los lineamientos económicos porfirianos. Al frente de la Secretaría de Hacienda fue nombrado el tío del propio presidente, don Ernesto Madero, hábil gerente de las empresas familiares. Su gestión duró los 15 meses de la presidencia de su sobrino, y los resultados obtenidos demuestran que la rebelión contra Díaz y las dificultades del interinato de León de la Barra y de la presidencia de Madero no llegaron a colapsar las finanzas públicas.31 Si se analiza el comportamiento por sectores económicos resulta claro que el sector agrícola recuperó su ritmo después de la crisis de 1909; el sector industrial, a su vez, tuvo buenos resultados en los ramos textil, cervecero, del tabaco y del acero. Por su parte, el sector petrolero continuó su rápido ascenso y la minería comenzó a recuperarse. A pesar de los levantamientos en contra del gobierno, las aduanas fronterizas siguieron recibiendo mercancías de diferente origen y los ferrocarriles continuaron distribuyéndolas. Durante la presidencia maderista, la balanza comercial registró un saldo favorable, en comparación con el último año de la administración porfiriana, de 31% para el ejercicio fiscal 1911-1912, y de 19% para el de 1912-1913. Finalmente se mantuvo la confianza mutua entre ahorradores y banqueros, por lo que los préstamos se reactivaron con la tasa de interés de su nivel anterior (7%). Un último argumento para confirmar la salud de las finanzas públicas maderistas: el tipo de cambio se mantuvo a pesar, incluso, de las rebeliones padecidas a lo largo de todo el periodo. Sería absurdo considerar que la economía maderista funcionó adecuadamente en todos sus aspectos, en especial por algunos fardos que dejaron los meses de la lucha antiporfirista y por las graves rebeliones enfrentadas en 1912. Las cifras son incontrastables: los egresos en el renglón militar aumentaron 81% de 1911 a 1913, consumiendo buena parte del presupuesto gubernamental. Otra dolorosa sangría fueron los pagos hechos por el licenciamiento de

quienes lucharon contra Porfirio Díaz entre finales de 1910 y mediados de 1911. Peor todavía, también se hicieron muchos pagos como indemnizaciones por los daños producidos durante aquella lucha, así como durante las rebeliones antimaderistas. Para mediados de 1912 había más de 10 000 solicitudes de indemnización por daños sufridos en bienes y propiedades, muchos de ellos reales, casi todos exagerados y no pocos inventados. Los reclamos iban desde por pequeños “préstamos forzosos” o por un par de animales de granja hasta por sumas millonarias a cuenta de la destrucción de plantíos completos o de grandes hatos de ganado mayor. La Comisión Consultiva de Indemnizaciones se transformó en la Comisión de Socorros a Víctimas de la Revolución, y si bien se decidió que ya no se admitirían solicitudes después de octubre de 1912, lo cierto es que el daño fiscal resultó considerable. Fue entonces cuando la violencia armada asestó su mayor golpe al erario público. Si el balance de la economía fue positivo, queda entonces un serio enigma histórico por resolver. Si además se considera que los cambios en las materias agraria y laboral fueron moderados, y que Madero actuó notablemente respetuoso con las élites y las instituciones políticas precedentes, el enigma se magnifica: ¿por qué entonces hubo tanta oposición y se padecieron tantas rebeliones?

REBELIONES “A DIESTRA Y SINIESTRA” El gobierno de Madero padeció críticas y oposiciones de todo tipo: entre las primeras destacaban las caricaturas en la prensa, entre irónicas y satíricas pero siempre crueles,32 y varios sketches bufos en los teatros de revista;33 entre las segundas, la más grave fue la oposición parlamentaria y partidista, aunque acaso el antagonismo obrero resultó igualmente severo. Sin embargo, la mayor preocupación del gobierno maderista provino de varias rebeliones militares; de hecho, puede afirmarse que su gobierno no gozó de un solo día de paz. Fueron cuatro las principales rebeliones, y a pesar de sus diferencias en cuanto a marco geográfico, actores sociales involucrados, causas, objetivos, intensidad, resultados y consecuencias, pueden ser divididas en dos grupos: las encabezadas por políticos del “antiguo régimen” y las sostenidas por grupos populares, una de las cuales fue una típica rebelión campesina. Las primeras fueron las insurrecciones reyista y felicista; las segundas la zapatista y la orozquista. De alguna manera, las cuatro estuvieron relacionadas con las limitaciones mayores del gobierno maderista: las dos primeras alegaron que buscaban acabar con la anarquía, el caos y el desorden traídos por el maderismo; las dos segundas exigían cambios sociales más expeditos y radicales. La rebelión reyista tuvo lugar a finales de 1911, al mismo tiempo que Madero iniciaba su gestión presidencial. Todo comenzó cuando Bernardo Reyes concluyó su comisión en Europa y regresó al país, poco después de la renuncia de Díaz y del derrumbe de los científicos. Engreído, creyó que en ausencia de ambos él estaba destinado a gobernar y que era el único capaz de controlar la situación y de devolverle al país el orden y el progreso. Por ello decidió competir contra Madero en las elecciones de octubre de 1911. Sin embargo, su diagnóstico político fue totalmente erróneo: creía que todavía era tan popular como en 1908 y 1909, que

Madero sólo había usurpado temporalmente un movimiento oposicionista que le pertenecía a él y que sus partidarios volverían a sus filas tan pronto apareciera en escena. Para su desgracia, Reyes pronto descubrió que su popularidad se había convertido en desprestigio, que su programa de gobierno resultaba anacrónico, que ya sólo contaba con un puñado de fieles encabezados por su hijo Rodolfo34 y que la mayoría de sus partidarios se había pasado al maderismo, en el que estaban próximos a acceder al poder, por lo que era poco probable que regresaran al reyismo. Tras reconocer que no tenía posibilidad alguna de obtener el triunfo electoral, Reyes volvió a abandonar el país, refugiándose ahora en el sur de Texas. Su objetivo fue evidente desde un principio: organizar una rebelión militar. En efecto, penetró por la frontera noreste del país a principios de diciembre de 1911, pero antes de terminar el año decidió entregarse a las autoridades, al constatar que su lucha era un profundo fracaso.35 ¿Cómo se explica tan estrepitosa derrota? Muchos de sus principales seguidores de antaño —como Venustiano Carranza, José María Maytorena y Luis Cabrera, entre muchos otros— eran ahora parte influyente del equipo maderista, y no estaban dispuestos a dejar esa situación para participar en una aventura rebelde poco propicia en favor de un caudillo que los había abandonado apenas dos años antes; segundo, sus aún fieles pertenecían a la clase media urbana, inadecuada para participar en una lucha armada; tercero, si bien es posible que todavía tuviera seguidores dentro del ejército federal, lo cierto es que los soldados profesionales podrían participar en un cuartelazo, pero no sacrificarse en una rebelión con mal pronóstico. Algo similar podría decirse de sus simpatizantes obreros: su reducido número sólo les permitía hacer movimientos huelguísticos e incluso desórdenes urbanos, pero no una rebelión. También fue decisivo que, siendo una lucha fronteriza, nunca tuvieron el beneplácito del gobierno estadunidense. Sobre todo, Reyes jamás contó con el respaldo del sector campesino, imprescindible para todo movimiento armado en el México de aquellos años, predominantemente rural. Reyes, que explicó su lucha con el Plan de la Soledad, se rindió la noche del 24 de diciembre de 1911, irónicamente, por encontrarse solo, sin seguidores. Si este final fue dramático, el de febrero de 1913, cuando se involucró en otra rebelión, sería trágico. La rebelión felicista tuvo lugar en el puerto de Veracruz casi un año después, en octubre de 1912. La encabezó Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, quien alegó que Madero era incapaz de gobernar al país. Argumentó que México sufría una gran anarquía y acusó a Madero de nepotismo y de insultar y vejar al ejército federal al incorporarle veteranos de la lucha maderista. Ambos cargos resultaban cínicos y ridículos: Félix Díaz no gozaba de buen prestigio en el ejército federal precisamente por su nepotismo, porque sus ascensos los había obtenido sólo por ser sobrino de quien era. En el fondo, Félix Díaz buscó que su familia recuperara un poder que él deseaba que fuera hereditario.36 A pesar de que su llamado a la lucha era cronológicamente más oportuno que el de Reyes, pues para octubre de 1912 el gobierno maderista ya había mostrado todas sus limitaciones y carencias, tampoco tuvo eco. Además de que Félix Díaz no era respetado dentro del ejército federal, los científicos y otros grupos políticos porfirianos sabían de su incapacidad. Por otra parte, los campesinos y los obreros conocían sus orígenes familiares y sus actitudes conservadoras. Como en el caso del reyismo, la mayoría de sus seguidores y simpatizantes no era adecuada para una lucha armada prolongada. Para colmo, Veracruz era una plaza

vulnerable, pues se accedía al puerto por barco y por ferrocarril y sólo tenía una ruta para huir o replegarse por tener el mar a la espalda. El resultado fue previsible: sin seguidores en otras zonas del país, el movimiento felicista fue vencido fácilmente.37 Aunque ambas rebeliones estuvieron encabezadas por conocidos miembros del ejército federal y las dos apelaron a dicha institución en busca de apoyo, lo cierto es que ésta permaneció ajena en cada caso, por lo que ninguna puede ser considerada una rebelión militar. Tampoco contaron con el apoyo de los hacendados o de los empresarios, ya que sus quejas y rechazos a las tibias reformas del gobierno maderista no eran suficientes para involucrarse en una lucha armada. Ambos, Bernardo Reyes y Félix Díaz, se insurreccionaron por el hecho de que Madero asumió la presidencia, desplazándolos de un puesto que añoraban y creían suyo. Sus luchas fueron personalistas, y si bien no implicaron mayores riesgos militares, acrecentaron la ingobernabilidad que terminó por destruir a Madero. Las luchas de origen popular tuvieron otra naturaleza y su importancia fue mucho mayor. Por lo que se refiere a la zapatista, a diferencia de las rebeliones reyista y felicista, que tenían orígenes políticos inmediatos, ésta fue provocada por viejos problemas socioeconómicos — básicamente agrarios—, aunque su estallido a finales de 1911 estuvo también relacionado con las coyunturas políticas regional y nacional. En efecto, fueron factores decisivos la politización campesina durante la campaña electoral para gobernador de Morelos en 190938 y su radicalización a causa de su participación en la lucha armada de principios de 1911, y por los pocos beneficios obtenidos de ella; además, pesaron su correcta percepción sobre la creciente debilidad gubernamental y su rechazo a la influencia que políticos y militares guerrerenses —como los hermanos Figueroa— pretendieron ejercer sobre Morelos. Obviamente, la lucha de los campesinos morelenses también fue una respuesta a la agresión que les infligieron los soldados federales —encabezados por Victoriano Huerta— durante el interinato delabarrista, agresión en la que involucraron a Madero.39 Tan sólo tres semanas después de que Madero asumiera la presidencia, Emiliano Zapata y los principales jefes campesinos promulgaron el Plan de Ayala, redactado por el profesor rural Otilio Montaño. La importancia de este documento fue enorme. Tenía una sección política en la que desconocía al gobierno de Madero por no haber cumplido las promesas del Plan de San Luis Potosí y en la que lo acusaba de haber establecido un gobierno favorable a los hacendados y adverso a los campesinos; asimismo, en esa sección los zapatistas otorgaban el liderazgo del movimiento, inexplicablemente, al norteño Pascual Orozco. Si la importancia inmediata de dicho plan radicaba en su desafío al gobierno maderista, su importancia a mediano y largo plazo estaba en su aspecto agrario. Aunque en la primera versión del documento se advierte un carácter moderado y nostálgico —en tanto proponía que la tierra se repartiera equitativamente entre haciendas y comunidades—, lo cierto es que este plan introdujo el problema agrario al debate programático de la Revolución mexicana, hasta entonces básicamente político. Por si esto fuera poco, el Plan de Ayala también inició la defensa de las comunidades campesinas como núcleos sociales viables y legítimos, con tradiciones culturales y costumbres políticas arraigadas secularmente. Sin embargo, la enorme importancia histórica del Plan de Ayala no correspondió a la fuerza de la rebelión, que en términos militares fue débil y limitada. En rigor, al principio la lucha fue violenta; incluso puede decirse que el ejército federal —

bajo el mando de los generales Arnoldo Casso y Juvencio Robles— se comportó como un típico ejército de ocupación, que controlaba las principales poblaciones y vías de comunicación, y cometía excesos y violencia en forma indiscriminada, mientras los rebeldes rondaban por el campo. A partir de abril de 1912, luego de que estalló la rebelión orozquista, el gobierno tuvo que privilegiar la campaña en el norte, lo que aprovecharon los zapatistas para consolidarse militarmente e incluso obtener algunos triunfos. Sin embargo, éstos no pudieron ser muchos, pues no contaban con armas ni dinero. A mediados de 1912 hubo otros cambios importantes en el proceso bélico morelense. Por un lado, grupos reformistas locales, muchos de ellos simpatizantes de los rebeldes, alcanzaron varios puestos de poder en el estado, como diputaciones y presidencias municipales, lo que aumentó la fuerza política y la legitimidad de los alzados. Por el otro, Madero obligó a que el ejército federal, con Felipe Ángeles al frente de la campaña, mejorara su conducta y disciplina, lo que provocó que disminuyeran las necesidades defensivas de las comunidades. Varios grupos de rebeldes continuaron en armas, pero al ver que disminuían los apoyos provenientes de las comunidades comenzaron a imponer préstamos forzosos a los hacendados, quienes los otorgaron para evitar que sus cosechas fueran incendiadas y sus propiedades destruidas. A finales de 1912 y principios de 1913 subsistía la actividad rebelde en Morelos y los estados vecinos; los hacendados y grupos políticos conservadores criticaban por suave la estrategia de Madero y de Ángeles, y los soldados federales añoraban un jefe rudo que realizara una campaña en la que ellos pudieran medrar. Además, el miedo atávico que producen las rebeliones de los inescrutables campesinos y la cercanía de los escenarios de su lucha a la ciudad de México incidieron en el clima generalizado de insatisfacción con las estrategias gubernativas de Madero. El peor miedo vendría después: en marzo de 1912 estalló en Chihuahua una rebelión muchas veces anunciada pero otras tantas pospuesta. En realidad, desde enero y febrero habían estallado varios disturbios e insurrecciones en aquel estado, aparentemente en favor de Emilio Vázquez Gómez. Cuando se levantó Pascual Orozco, los alzados simplemente cambiaron de líder,40 pues era el héroe de la lucha armada contra Porfirio Díaz, pero no había sido retribuido como él esperaba por el gobierno maderista. Los motivos y objetivos de la rebelión orozquista suelen ser desvirtuados: para muchos, Orozco fue un ambicioso y corrupto que por despecho terminó por llegar a un acuerdo con las clases altas chihuahuenses para iniciar una lucha contrarrevolucionaria.41 Esta supuesta explicación resulta totalmente insatisfactoria. Cierto es que las relaciones entre Madero y Orozco no se consideraban buenas, pero sus diferencias no eran sólo de carácter ético-político. Las dificultades entre ellos aparecieron desde la lucha contra Díaz, cuando Orozco surgió como un líder muy independiente y distinto a los típicos “cuadros” antirreeleccionistas, pues tenía reclamos socioeconómicos y políticos que no se satisfacían con la renuncia de don Porfirio.42 Su insatisfacción fue paralela a la de miles de ex rebeldes norteños que fueron licenciados luego de la caída de Díaz, pero que no obtuvieron suficientes beneficios socioeconómicos. El Plan de la Empacadora refleja la complejidad de la lucha orozquista. Es largo y farragoso y contiene planteamientos políticos, socioeconómicos y militares. Respecto a los primeros, criticaba a Madero de nepotismo y denunciaba el apoyo político y hasta financiero que el gobierno y algunos intereses estadunidenses le habían concedido durante la lucha contra

Díaz. Por otra parte, a diferencia del Plan de Ayala, el de la Empacadora no era de naturaleza agrarista sino que también incluía cláusulas laborales, elemento comprensible por el desarrollo industrial que había en el norte del país. Otras diferencias con el movimiento zapatista fueron su dimensión geográfica, su composición social, su intensidad militar y sus secuelas políticas. Aunque ambos constituían movimientos de clases bajas, los zapatistas eran, abrumadoramente, miembros de las comunidades campesinas tradicionales centro-sureñas, mientras que los orozquistas provenían de los sectores populares del moderno y complejo norte mexicano. Por ello entre sus filas había mineros, ferrocarrileros, trabajadores industriales, proletariado agrícola, vaqueros, aparceros, rancheros y antiguos colonos militares o sus descendientes. El problema agrario no era el primordial, y el que había era muy distinto al del México centro-sureño. El prestigio de Orozco y la falta de atención del gobierno maderista a los problemas y reclamos socioeconómicos de los sectores populares del México norteño dieron como resultado una cuantiosa participación en el movimiento. Además, todos los alzados eran buenos y experimentados soldados, ya por haber sido colonos militares, ya por haber luchado en la rebelión antiporfirista. Su radio de acción fue mucho mayor que el de la insurrección zapatista, limitada al pequeño estado de Morelos y a sus zonas adyacentes. En cambio, el orozquismo abarcó totalmente Chihuahua, entidad que incluso estuvo dominada por los rebeldes durante un par de meses, así como extensas partes de Coahuila, Durango, Sonora, Zacatecas e incluso San Luis Potosí, a través de los hermanos Cedillo. Su dominio sobre el estado de Chihuahua permitió a los orozquistas instalar un aparato gubernamental afín a ellos, lo que supuso una alianza entre los sectores populares y las clases media y alta, insatisfechas con el gobierno maderista local, encabezado por el reformista Abraham González. A consecuencia de todos estos factores y a diferencia del zapatista, el movimiento orozquista sí fue una auténtica amenaza militar para el gobierno central, a pesar de la distancia que había entre los escenarios de sus correrías y la ciudad de México. Una angustiosa prueba de dicho desafío fue el suicidio del secretario de Guerra y Marina y responsable de la campaña, general José González Salas, luego de perder la batalla de Rellano, al inicio del conflicto.43 Para recuperar Chihuahua y derrotar a la poderosa rebelión orozquista, que amenazaba con dominar otras regiones norteñas y con avanzar al centro del país, el gobierno maderista nombró al eficiente Victoriano Huerta como responsable de la campaña, asignándole los mejores recursos humanos y materiales. Dado que había que derrotar a soldados hábiles en prácticas guerrilleras, el gobierno decidió que colaboraran con el ejército federal todos los ex rebeldes maderistas que se mantenían leales y disponibles; esto es, aquellos que habían pasado a conformar los nuevos cuerpos de rurales. Además, las autoridades locales organizaron fuerzas “auxiliares” o “irregulares” para combatir a los orozquistas en sus respectivos estados, para lo cual apelaron a los ex rebeldes maderistas licenciados, aunque también a gente que no había participado en la lucha de 1910 y 1911. Entre los nuevos rurales y los “irregulares” destacó gente como Pancho Villa y Pablo González; y entre las autoridades locales que los organizaron, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. A pesar de su fuerza y capacidad, a mediados de 1912 el orozquismo pudo ser vencido por esta suma de elementos. Seguramente influyó también su mala relación con Estados Unidos, lo que le dificultó el acceso al mercado de armas y municiones. Sin embargo, las secuelas

resultaron peores que sus amenazas: con su triunfo, el ejército federal recuperó su confianza, prestigio e importancia política, al grado de que el gobierno maderista pasó a ser deudor suyo; además, encontró a su nuevo caudillo: Huerta.44 Por otra parte, no obstante su victoria, el gobierno perdió fuerza y credibilidad y la imagen de anarquía y caos aumentó considerablemente. En Estados Unidos, por ejemplo, se perdió la confianza en Madero, ya que muchos estadunidenses que habitaban en el norte de México padecieron la violenta yanquifobia orozquista.

DEL CUARTELAZO AL DERRUMBE A finales de 1912 y principios de 1913 el gobierno de Madero todavía no era capaz de integrar un cuerpo político homogéneo y eficaz. Más grave aún, ninguna clase social lo respaldaba, la mayoría de sus antiguos correligionarios ya eran sus enemigos y había terminado por perder la simpatía del gobierno estadunidense. En realidad, quien se fortaleció con el triunfo sobre el orozquismo fue el ejército federal, no el gobierno. Tal parece que hacia finales de 1912 hubo ciertas señales que hicieron pensar que Madero buscaría una mayor participación de políticos revolucionarios. Asimismo, comenzaron a plantearse propuestas realmente progresistas: se rumoraron cambios en el gabinete y el influyente diputado Luis Cabrera propuso una radical solución al problema agrario.45 Las élites antimaderistas, alarmadas y hastiadas, decidieron organizar otro movimiento antigubernamental. Por su parte, los políticos estadunidenses del Partido Republicano sabían que les quedaba poco tiempo para actuar, pues su derrota electoral los obligaba a entregar el poder al Partido Demócrata a principios de 1913. Estas condiciones explican que en febrero estallara en la ciudad de México la quinta rebelión contra Madero, encabezada por Bernardo Reyes y Félix Díaz, quienes conspiraron contra el gobierno desde sus respectivas prisiones a través de sus más cercanos colaboradores. Ahora no cometieron el error de organizar insurrecciones desde lugares distantes de la capital del país. Que la lucha tuviera lugar en la propia sede de los poderes nacionales hacía más probable la participación de los soldados profesionales, más dispuestos a los cuartelazos que a las rebeliones. El jefe del nuevo gobierno sería Reyes, y a pesar de que su proyecto era plenamente anacrónico, su ofrecimiento de reinstaurar el orden en el país parecía atinado y oportuno. Sin embargo, igual que en sus anteriores aventuras levantiscas, el resultado les fue adverso. Luego de ser liberado por los insurrectos, Reyes murió el 9 de febrero en el momento de pedir que le fuera entregado el Palacio Nacional. Por su parte, Félix Díaz tuvo que parapetarse en un céntrico edificio —La Ciudadela—, quedando, teóricamente, a merced de sus sitiadores. Muerto Reyes y con Félix Díaz en una situación comprometida, esta quinta rebelión tampoco generó grandes adhesiones ni luchas paralelas. El ejército federal y los grupos políticos antimaderistas se mantuvieron a la expectativa durante varios días, en espera de conocer el destino de Félix Díaz y el comportamiento de los otros actores principales: Madero y Huerta. En efecto, dado que el jefe de las operaciones militares en la ciudad de México, general Lauro Villar, resultó herido en la refriega inicial en Palacio

Nacional, el presidente Madero nombró a Victoriano Huerta, reciente vencedor de los orozquistas, como su sustituto.46 En lugar de atacar a las fuerzas de Félix Díaz, Huerta se dedicó a llamar a la ciudad de México a tropas de su absoluta confianza, como fue el caso de las encabezadas por Aurelio — también conocido como Aureliano— Blanquet.47 Por otra parte, se realizaron falsos —por erráticos— ataques a La Ciudadela, buscando que el daño fuera hecho a los edificios contiguos pero no a La Ciudadela, lo que permitió a Huerta entrar en connivencia con los insurrectos, al tiempo que creaba un clima de angustia y zozobra del que se culparía a Madero, tildándosele de incapaz. Por si esto fuera poco, Huerta dispuso que las fuerzas reconocidamente leales a Madero se lanzaran contra La Ciudadela sin la debida protección y respaldo. Su objetivo era claro: que hubiera más fuerzas huertistas en la capital mediante la disminución de las maderistas, lo que le daría el control de la situación. Sucedió tal como lo planeó: con el paso de los días, Huerta se hizo más poderoso mientras que Madero terminó siendo un rey prisionero en su propio palacio. La mayoría de los políticos del “antiguo régimen”, del cuerpo diplomático, de los empresarios y de los intelectuales y periodistas estaba convencida de que la solución era la renuncia de Madero. A partir de un análisis de la situación real, concreta, Huerta —y no Félix Díaz— fue visto como el hombre capaz de resolver el embrollo y de reencauzar al país. Por ello comenzó a ser cortejado por los grupos involucrados. Así, la conspiración inicial se modificó sustancialmente y, a los 10 días de iniciado el cuartelazo, sobrevino una solución muy distinta a la dispuesta en el guión original. Con la mediación del cuerpo diplomático —en especial del embajador estadunidense Henry Lane Wilson— y de varios políticos antimaderistas, se llegó a un acuerdo entre Huerta, Félix Díaz y Rodolfo Reyes,48 este último como sucesor de su padre: aprehenderían a Madero y al vicepresidente Pino Suárez, los orillarían a renunciar, y luego, cumpliendo formalmente con la ley, Huerta encabezaría un gobierno de responsabilidades compartidas. A tal acuerdo se le conoce, indistintamente, como el Pacto de la Embajada, o de La Ciudadela.49 El intento insurreccional de Bernardo Reyes y Félix Díaz sólo puede ser visto como el inicio del proceso que llevó a Huerta al poder. Al final fue otro movimiento, de naturaleza y objetivos distintos. A diferencia de aquéllos, Huerta sí consiguió el apoyo inmediato del ejército federal; asimismo, obtuvo el pronto respaldo de los grupos políticos antimaderistas y de las clases altas del país, gracias a su prestigio de hombre duro e inteligente. De hecho, Huerta negoció con Félix Díaz y con Rodolfo Reyes sólo para demostrar que su gobierno era producto de una alianza entre los principales sectores políticos y militares antimaderistas. Por su parte, Madero no sólo perdió la presidencia sino también la vida, la de su hermano Gustavo, victimado para sellar el pacto entre las fuerzas huertistas y felicistas, y la de José María Pino Suárez. Este último y Madero fueron asesinados el 22 de febrero de 1913 por unos sicarios pertenecientes a las fuerzas de Blanquet, aprovechando su traslado del Palacio Nacional a la prisión de Lecumberri. El gobierno de Huerta alegó, tan torpe como cínicamente, que habían muerto cuando un grupo de partidarios suyos había intentado liberarlos. Era imposible cualquier excusa: no hubo otros heridos en la supuesta acción y ambos cadáveres presentaban tiros “a quemarropa”.50 Con su muerte comenzó la leyenda del “apóstol de la democracia”; con su muerte terminó un régimen presidencial que estaba destinado a ser fallido, pues Madero tuvo la capacidad para derrocar a un Díaz envejecido,

pero no para construir un nuevo gobierno.

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Las biografías más reconocidas de Madero son Ross, 1959; Valadés, 1960; Cumberland, 1977. El mejor trabajo sobre la lucha armada maderista es el de Portilla, 1995. 3 Henderson, 2000. 4 Véase Luna, 1975. 5 Un ejemplo local, entre muchos otros posibles, es el de Guanajuato; véase Blanco, 1995. 6 Un par de ejemplos podrían ser Francisco Bulnes, que de eterno legislador pasó a periodista de oposición, y el poeta y político porfirista Salvador Díaz Mirón. 7 Los casos de Chihuahua y Morelos, respectivamente, en Wasserman, 1987, y Womack, 1969. 8 Aguilar Camín, 1977. 9 Véase el texto de Ross, 1959, así como el de Krauze, 1987a. 10 Correa, 1991. Véase también O’Doherty, 2001. 11 Vázquez Gómez, 1933. 12 El presidente de la Suprema Corte fue Francisco S. Carvajal. Véase Cabrera, Lucio, 2000, pp. 195-211. 13 Mac Gregor, Josefina, 1983. 14 Para analizar las semblanzas biográficas de aquellos diputados, puede consultarse Palavicini, 1913. 15 El principal núcleo opositor fue llamado “el Cuadrilátero”, compuesto por Nemesio García Naranjo, José María Lozano, Querido Moheno y Francisco M. de Olaguíbel, todos porfiristas jóvenes y magníficos tribunos. 16 Fabela, 1960-1973, t. v, documentos 6, 18 y 27. Véase también el valiosísimo Epistolario, Madero, 1963-1966. Entre los principales involucrados en El Antirreeleccionista destacan Félix Palavicini y José Vasconcelos. 17 Por ejemplo, Francisco Bulnes creó La Prensa, Nemesio García Naranjo, La Tribuna, y Jesús Rábago, El Mañana. 18 La prensa católica estaba encabezada por El Tiempo, de Victoriano Agüeros, y El País, de Trinidad Sánchez Santos. Una buena antología de los escritos antimaderistas de este último es Islas, 1945. Entre la prensa marginal destacaba Regeneración, de los hermanos Flores Magón. Sendas antologías de sus editoriales en 1911 y 1912 fueron publicadas hace pocos años por Ediciones Antorcha. Entre los caricaturistas destacó Ernesto García Cabral, del Multicolor. Al respecto, véase Pruneda, 1958. 19 En monografía reciente se afirma que los compradores de El Imparcial no tenían relación alguna con el gobierno maderista; véase García, 2003. 20 Consúltense Fabela, 1960-1973, t. VI, doc. 379; t. VII, doc. 686; t. VIII, docs. 985 y 1013, y t. IX, doc. 1125. 21 Algunos miembros de la comisión eran Roberto Gayol, Leopoldo Palacios, Manuel Marroquín Rivera, Fernando Duret, Carlos Robles, Oscar Braniff y Manuel Araoz. 22 Para analizar la política agraria de Madero, véase Cumberland, 1977, pp. 239-254. 23 Véase Bonilla, 1962. El sinaloense Manuel Bonilla realizó estudios de ingeniería y desempeñó diversos cargos públicos en su estado natal. Dirigió el Diario de la Tarde. Tras el triunfo maderista fue comisionado para restablecer el orden en Sinaloa y en Sonora. 24 El 3 de diciembre de 1912 Luis Cabrera defendió ante el Congreso el proyecto de ley para la reconstitución de los ejidos. Véase Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 3 de diciembre de 1912. 25 Consúltese Silva, 1981. 26 Son pocos los historiadores que han prestado atención al singular proceso histórico del año de 1912. Para una visión nacional, véase Knight, 1996. Para versiones regionales, véase Blanco, 1995; otro caso similar es Lafrance, 1987. 27 Para analizar la política laboral de los gobiernos de esos años, véanse Carr, 1976; Ruiz, 1978, y Leal, 1988, t. V. 28 Véase Salazar, 1972. 29 Entre 1912 y 1913 el gobierno maderista enfrentó un gran número de huelgas que fueron encabezadas, entre otros, por textileros, portuarios, mineros, ferrocarrileros y trabajadores de otros oficios: hacia mediados de enero de 1912, más de 40 000 obreros se encontraban en huelga. Durante esos años, también aumentó el número de agrupaciones obreras regionales y nacionales. Consúltense Carr, 1976; Ruiz, 1978, y Knight, 1996. 30 Véanse Carr, 1976, y Ruiz, 1978. 31 Los párrafos dedicados al tema económico proceden de la obra de Méndez, 1996. También pueden consultarse Cárdenas, Enrique, 2003a; y, Haber, 1989. 32 Pruneda, 1958. 33 Maria, 1962. 35 Niemeyer, 1966; González de Arellano, 1982; Benavides, 1998. 34 Reyes, 1929-1930. 36 Liceaga, 1958. 37 Henderson, 1981. 38 Véase Womack, 1969. 39 La fuente clásica es Magaña, 1985. La mejores monografías son Womack, 1969; Pineda, 1997; Ávila, 2001. 2

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Para los movimientos vazquiztas, véase Ross, 1959, pp. 244-253. Puente, 1912. 42 Meyer, Michael, 1984. 43 Franco, 1979. 44 Véase Meyer, Michael, 1983. 45 Consúltese el proyecto de ley para la reconstitución de los ejidos en Diario de los Debates. 46 Para conocer aquel proceso político y militar, véanse Márquez Sterling, 1917, y Arenas, 1969. 47 El único trabajo que conozco sobre este personaje es el de Díaz Cevallos, 2001-2002, pp. 43-78. 48 Reyes, 1929-1930. 49 Rojas, 1928. 50 Arnaiz, 1963. 41

VICTORIANO HUERTA: UN MILITAR DE CARRERA EN LA INSTITUCIÓN PRESIDENCIAL

JOSEFINA MAC GREGOR Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

“¿No ve usted claro que Félix Díaz no es gallo para lidiar con ese indio lleno de mañas?” Rosendo Pineda a Nemesio García Naranjo

NO ES fácil hablar de la presidencia de un hombre que, como Huerta, tiene todas las opiniones en contra, tanto de sus contemporáneos como de los escasos historiadores que se han ocupado de él.1 Quizá el único de sus colaboradores que quiso dejar un testimonio más objetivo fue Nemesio García Naranjo y, entre los historiadores, Michael C. Meyer ha sido quien ha tratado de mostrar un Huerta casi revolucionario.2 En cambio, entre sus detractores con más arrestos podemos contar no sólo a sus enemigos políticos, los revolucionarios, llámense éstos constitucionalistas, villistas o zapatistas, sino a gente que formó parte de su gabinete —es el caso de Rodolfo Reyes, Jorge Vera Estañol o Querido Moheno—,3 y a historiadores como Alan Knight,4 quienes critican y cuestionan todo el régimen a partir de la personalidad misma de Huerta. En esta oportunidad no quiero comenzar insistiendo en este punto para justificar por qué me ocupo de este periodo, pues ya lo he hecho en otras ocasiones.5 Deseo abordar las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo durante el gobierno de Victoriano Huerta, caracterizadas por su alto nivel de conflictividad y que llevaron al único golpe de Estado registrado en nuestro país durante el siglo XX. No pretendo reivindicar la figura del general Huerta, sino encontrar algunas explicaciones para este régimen, que al ser rechazado, fue también olvidado.

ALGUNAS CONSIDERACIONES La revolución maderista, al cuestionar no a la institución presidencial, sino a Díaz y a la práctica política que éste había desarrollado a lo largo de muchos años, y que a su vez modificó pautas, aspiraciones y formas de ejercer el poder presidencial y de hacer política — si bien conservó otras—, tuvo que enfrentar el problema de desarrollar sus propias propuestas una vez que logró el triunfo. No se trataba sólo de que los líderes, particularmente Madero, supieran qué querían hacer y fueran coherentes con lo que en campaña habían predicado, sino también de la forma en que los opositores y aun los enemigos reaccionaran frente a esos posibles cambios, y si realmente el desarrollo político nacional había sido interpretado de manera adecuada para llevar a cabo una empresa de tal envergadura. Al triunfar Madero, y en pleno interinato, puede apreciarse, por un lado, la efervescencia política que llevaba, no a una transformación paulatina y armónica, sino a la alteración de los caminos previstos debido a la presión que se ejercía para resolver problemas sociales y económicos, más urgentes sin duda, pero que no dejaban espacio a la reflexión ni a medir los procedimientos para alcanzar los propósitos planteados. Y por otro, es evidente en los enemigos políticos de la Revolución una actitud a tal punto radical que podría interpretarse

que deseaban poner a Madero en una situación extrema para que fracasara en sus intentos de construir un régimen democrático. Así, por ejemplo, los integrantes de la XXV Legislatura se dieron a la tarea de modificar la ley electoral y establecer el voto directo, además de la reforma constitucional con respecto a la no reelección iniciada por el propio Díaz. Madero había asegurado, a contrapelo de los porfiristas, que el pueblo mexicano era apto para ejercer la democracia; así, no se trataba de crear las mejores condiciones para que esta afirmación pudiera ser demostrada; por el contrario, se intentaba un cambio tan drástico en el propio marco legal que impidiera que esa práctica fuera posible. La elección de la XXVI Legislatura,6 en julio de 1912, y la constitución del nuevo Congreso eran la oportunidad idónea para demostrar hasta qué punto las viejas prácticas autocráticas podían modificarse para acabar con el modelo de ejecutivo fuerte, centralizador y avasallador de los otros poderes y de la soberanía estatal y, así, desde otra perspectiva, enfrentar los problemas nacionales. Se podrían apreciar también, entre otros procesos, los logros en la organización partidaria, la participación ciudadana, el juego partidista, la capacidad para lograr acuerdos, o bien, el manejo de las mayorías. La experiencia fue interesante, pero los resultados se consideraron magros y, algunos, los calificaron de contraproducentes. Quizá a la luz de los procesos políticos actuales en nuestro país, aquéllos ya no se considerarían tan precarios, aunque sí poco consistentes, pues muy pronto se abandonaron: los líderes, casi de cualquier bando, concluyeron que realmente Madero había despertado un tigre y era necesario volverlo a dormir, y se regresó sobre los pasos del héroe de la paz, las más de las veces sin reconocerlo explícitamente. La Decena Trágica,7 el cuartelazo como acceso al poder bajo la justificación de que así se salvaría la patria, fue un retorno a viejas prácticas políticas. Victoriano Huerta quedó colocado en una posición de tal manera favorable al ser designado comandante de la plaza, que llegó el momento en que quedó en sus manos la suerte, y la vida, del presidente y el vicepresidente de México y también la de los sublevados sobrevivientes, Félix Díaz, Manuel Mondragón y Rodolfo Reyes. Huerta aprovechó para sí mismo la oportunidad y se hizo con el poder, manipulando los hechos de tal modo que su ascenso a la presidencia, totalmente ilegítimo, tomó visos de legalidad. Cierto es que en un primer momento pareció que estaba atado por un pacto con los felicistas —el Pacto de la Embajada—,8 quienes le impusieron límites a su gobierno: convocar a elecciones presidenciales y trabajar con un gabinete predeterminado. Sin embargo, Huerta pudo burlarlos retrasando la convocatoria y eliminando poco a poco a los secretarios de Estado en los que no podía confiar. Pero, ¿quién era este hombre que asumía la presidencia en tales condiciones?

MILITAR CAPAZ, PERO RUDO Y DE MANO DURA Huerta nació en Colotlán, Jalisco, en 1854. Si bien era mestizo, siempre se ha insistido en su importante raíz indígena, huichola, para ser precisos. A diferencia de muchas otras familias

campesinas semejantes, la de Victoriano lo envió a la escuela cuando era niño y pudo aprender los conocimientos básicos que en esos años una pequeña escuela rural podía transmitir. En 1869, las fuerzas liberales del general Donato Guerra pasaron por la población y éste encontró en el joven Victoriano el secretario personal y asistente que requería. Ya en la ciudad de México, el general fue clave para el ingreso de su ayudante al Colegio Militar,9 que ocurrió en 1872.10 Sus estudios fueron más que satisfactorios, pues primero se le designó cabo alumno y, más tarde, subteniente alumno. Concluyó su formación en 1877, lo cual no fue poca suerte, pues precisamente su estancia en el Colegio lo libró de tomar partido durante la rebelión de Tuxtepec. Aunque también es cierto que muy probablemente se hubiera unido a la aventura de Díaz, pues, como éste, además de verse atraído por la milicia, no se sentía cómodo en el mundo de las leyes.11 Así, la carrera militar de Huerta corrió paralela al gobierno porfiriano, y puede decirse que estuvo plenamente identificada con los objetivos de este régimen. Su primer nombramiento fue como teniente de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros, adscripción que mantuvo durante año y medio; después estuvo cuatro meses en el Estado Mayor del Centro y Occidente; posteriormente, durante un periodo mucho más largo —casi 22 años y medio—, perteneció al Cuerpo del Estado Mayor. En 1901 fue adscrito a la Plana Mayor del ejército. A lo largo de su carrera recibió numerosas comisiones; de manera general podemos afirmar que durante casi tres años atendió diversas actividades en la Secretaría de Guerra, incluido su desempeño en la Comisión Geográfico-Exploradora durante tres meses en Puebla. En diciembre de 1879 participó durante un año en la campaña de Occidente (Sinaloa y Tepic) a las órdenes de Manuel González. Parecía que la suerte le sonreía; lo colocaba siempre con la gente adecuada. Después se incorporó al Departamento del Estado Mayor Especial para integrarse nuevamente a la Comisión Geográfica —a la que perteneció hasta 1890—, donde tuvo a su mando una sección astronómica que observó el paso de Venus en 1882, y la Secretaría de Fomento le extendió un nombramiento como tercer ingeniero de enero de 1883 a febrero de 1890. Mientras formó parte de esta comisión, colaboró con el gobierno de Veracruz para construir la carretera de Xalapa a Misantla y participó en la división de los terrenos de una colonia llamada Jicaltepec. En esa época, finales de la década de 1880, fue cuando contrajo matrimonio con Emilia Águila. Durante casi dos años fue “comisionado a efecto que hiciera la práctica correspondiente en el Ferrocarril Nacional Mexicano” y fue jefe de la comisión encargada del deslinde y reparto de terrenos en Veracruz. En 1893, durante tres meses, se le comisionó para levantar el plano del distrito de Guerrero en Chihuahua. Aunque se insiste en que participó en la campaña contra la sublevación del general Canuto Neri, quien así protestaba por la reelección del gobernador, en su hoja de servicios no hay ninguna referencia al respecto, ni como comisión, ni como participación en campaña. Inclusive se asegura que al sofocarse la rebelión, lo que ocurrió en poco tiempo, el gobernador interino declaró una amnistía general, y que Neri murió envenenado por órdenes de Huerta.12 Durante siete años, a partir de 1895, estuvo al frente del tercer batallón de infantería; con este cargo fungió durante casi dos meses, entre 1895 y 1896, como jefe de armas del estado de Guerrero. En 1897 se le otorgó la cruz al mérito militar de tercera clase. En abril de 1901 nuevamente se le envió con su batallón a Guerrero para hacer frente a una

nueva rebelión contra Díaz, que prácticamente seguía la línea del levantamiento de Neri, ahora encabezada por el licenciado Rafael del Castillo Calderón, quien proclamó el principio de no reelección buscando la gubernatura. En pocos días Huerta se hizo de la situación y, el 30 de abril, se dice, mandó fusilar a 50 partidarios de Castillo Calderón; otros tantos fueron trasladados presos a San Juan de Ulúa, y otros más fueron confinados a Quintana Roo (todavía parte de Yucatán). De ser así, Huerta demostró de lo que era capaz cuando tenía el mando. Este abuso de funciones, si es que lo hubo, no condujo siquiera a una amonestación —el exceso de rigor estaba implícitamente aceptado en estos casos de ruptura del orden—. En mayo se le ascendió a general brigadier y, en febrero del año siguiente, se le nombró jefe de armas del mismo estado de Guerrero.13 Pero antes, en octubre de 1901, Huerta fue trasladado a Yucatán, donde la resistencia maya, que llevaba ya años de sostenerse, exigía todo el empeño y capacidad del ejército federal. Lo que Huerta observó en este lugar no fue de su agrado y, saltando jerarquías, comunicó sus apreciaciones directamente al secretario de Guerra, general Bernardo Reyes. Éste atendió las sugerencias y dejó a Huerta al mando de las operaciones de mayo a octubre de 1902.14 El resultado fue positivo para el gobierno: la sublevación fue controlada debido al repliegue maya, acción que en buena medida permitió la supervivencia de este grupo en la zona. La actividad de Huerta lo hizo merecedor de la cruz de honor de segunda clase “por su brillante comportamiento en la campaña de Yucatán”. También recibió una condecoración creada por la legislatura del estado para recompensar a quienes habían participado en tal campaña. Nuevamente un acto irregular, que podríamos considerar de desobediencia a un superior, y su práctica militar extremosa, le fueron premiados. Debemos recordar que el gobierno tenía un particular interés en que este conflicto se resolviera: la resistencia maya era proverbial y provocaba cierto descrédito al régimen que podía lesionar su prestigio en el extranjero. Asimismo, esta acción militar le facilitó el ascenso a general de brigada permanente, a menos de un año y medio de haber sido promovido a brigadier (puesto obtenido luego de 11 años como coronel).15 Este éxito lo condujo al nombramiento de subinspector de Infantería, Caballería y Almacenes Generales de Vestuario y Equipo, además de integrarse en calidad de presidente a la Comisión de Reformas al Vestuario y Equipo del Ejército. Si bien su desempeño en tales cargos no era retribuido con ascensos y condecoraciones, seguramente sí le significó beneficios económicos. Inclusive se llegó a hablar de que podía ser subsecretario. Cuando Reyes regresó al gobierno de Nuevo León esas expectativas se evaporaron. Por estos años, los primeros del siglo XX, se le encomendaron a Huerta actividades que eran una distinción: formó parte de la Comisión Revisora de la Ordenanza General y la Ley Orgánica del ejército, y se le nombró magistrado del Supremo Tribunal Militar, cargo en el que permaneció durante cuatro años, hasta que solicitó una licencia “para asuntos propios” (la única que registra su hoja de servicios). Sin embargo, Meyer señala que a partir de esa fecha solicitó una licencia indefinida por motivos de salud y se trasladó a Monterrey, en donde trabajó como ingeniero, recibiendo en varias ocasiones del gobierno del estado, es decir, de Reyes, “generosos contratos” para pavimentar calles. Cuando don Bernardo salió del país, en 1909, luego de su aventura en busca de la candidatura a la vicepresidencia, Huerta regresó a la ciudad de México para dar clases de matemáticas. Sus expedientes en el Senado no dicen

nada al respecto, sí, en cambio, que el 25 de abril de 1911, en plena revolución maderista, nuevamente se le designó jefe de armas de Guerrero durante casi dos meses. De allí pasó otros cinco meses al mando de las fuerzas que operaban en Morelos. García Naranjo asienta que Díaz lo consultó sobre las providencias para detener la revolución, y que por tal motivo Huerta sostuvo una entrevista con el presidente y con Limantour, además de otros personajes.16 Los materiales consultados no registran su comisión como escolta de Porfirio Díaz en su viaje a Veracruz para abandonar el país en el momento de su renuncia, ni que Huerta lo despidió con 21 cañonazos como si aún fuera un mandatario, ni tampoco la forma en que ejerció su cargo en Morelos que, en todo caso, mostraba poca afinidad con los revolucionarios y sí obediencia y lealtad a la cabeza del ejecutivo (Francisco León de la Barra), así fuera ésta interina. En octubre de 1911 fue nombrado vocal de la Junta Superior de Guerra, y el 31 de marzo del siguiente año, ya durante el gobierno de Madero, se le designó jefe de la División de Operaciones en el Norte, con la que participó en los combates de Rellano, Conejos y Bachimba, en Chihuahua, contra la rebelión orozquista. Precisamente su comportamiento en esta campaña lo hizo merecedor de la insignia divisionaria. El Senado así lo valoró: Son perfectamente conocidos de esta H. Cámara, los últimos servicios prestados por el Señor General Huerta en la campaña contra los revolucionarios del Norte, los que, sin duda, habrán servido al Ejecutivo federal para premiarlo con el ascenso de que se trata; servicios que en concepto de esta Comisión son el fundamento oportuno y justificado para ese ascenso.17

Pero los elogios no quedaron allí: al discutirse el ascenso en el pleno se agregó que pocas veces se había visto el caso de un militar que habiendo iniciado su carrera como estudiante en el Colegio Militar, y que durante su carrera se ha llenado de gloria por sus hechos de armas entre los que principalmente deben contarse los llevados a cabo con suma discreción, con suma ciencia militar en las operaciones del Norte, ha llegado, muy merecidamente, al supremo grado en el Ejército, a General de División.18

La hoja de servicios destacaba que su valor y su conducta militar estaban bien acreditados, esta última, precisamente en sus más recientes operaciones militares. También se indicaba que su conducta civil y su capacidad eran buenas a secas, y que sólo presentaba un padecimiento, el de la vista, y era curable. En realidad se trataba de cataratas, que habían empezado a manifestarse tras su estancia en Yucatán.19 Posteriormente se le encomendó que realizara la historia de la campaña contra Pascual Orozco. Así, al iniciar la rebelión del ejército federal, la que ha sido conocida como la Decena Trágica, Huerta se encontraba en la ciudad de México; al ser herido el general Joaquín Beltrán en Palacio Nacional durante el primer ataque, Huerta fue nombrado comandante militar interino de la plaza, con lo que quedó en sus manos la defensa del gobierno constitucional. Varios días tuvieron que transcurrir para que Huerta urdiera la trama que lo conduciría a la silla presidencial. Esta presentación biográfica permite concluir que todavía se tiene que investigar mucho sobre Huerta o decantar los datos con los que contamos, pues el papel que jugó en el proceso revolucionario produjo tal polémica que, sin duda, se le agregaron arbitrariedades y crímenes no probados a su larga lista de atropellos.

HUERTA Y LOS DIPUTADOS: PODERES ENFRENTADOS Uno de los pocos hechos conocidos de la administración huertista fue precisamente el golpe de Estado del 10 de octubre, a los ocho meses de gobierno, siempre bajo la consideración de que era una más de las arbitrariedades de Huerta y sin que medie un mayor acercamiento a los trabajos legislativos y a las relaciones entre los dos poderes durante este periodo. No es éste el espacio adecuado para abordar todos los detalles, pero sí haré referencia a algunos hechos. La XXVI Legislatura —ambas cámaras, aunque quizá con mayor énfasis la de diputados— se distinguió por reivindicar sus atribuciones de gobierno frente a los otros poderes, particularmente el ejecutivo, y su independencia; quiso recuperar el papel prominente que la Constitución de 1857 le otorgaba. Esta actitud se expresó durante la presidencia de Francisco I. Madero, y también en la de Huerta. La Cámara de Diputados sancionó el 19 de febrero de 1913 la renuncia de Madero, la presidencia de unos cuantos minutos de Pedro Lascuráin, su único acto de gobierno (nombrar a Huerta secretario de Gobernación) y su renuncia, y la toma de posesión de éste como presidente. Sin que olvidemos que se hallaba bajo la presión de las bayonetas del ejército y la prisión de Madero y Pino Suárez. Las labores legislativas continuaron con normalidad, salvo por el hecho de que algunos legisladores desaparecieron, unos porque se unieron a las fuerzas revolucionarias constitucionalistas —tal es el caso de Luis Cabrera e Isidro Fabela— y otros porque fueron asesinados —Domínguez no fue el único, fue el último; antes lo fueron los diputados Serapio Rendón, Adolfo C. Gurrión, Edmundo Pastelín y Néstor Monroy—.20 En algunos casos, los grupos camarales establecieron alianzas para lograr ciertos objetivos, por ejemplo, cuando se unieron los renovadores —los maderistas— y el “Cuadrilátero” —Nemesio García Naranjo, José Ma. Lozano, Francisco M. de Olaguíbel y Querido Moheno— para retrasar las elecciones presidenciales con el propósito de debilitar la candidatura de Félix Díaz, cuya popularidad era bastante grande en el momento del triunfo de la rebelión antimaderista, y que permitía suponer que se preparaba un movimiento en torno de Huerta para darle fuerza y estabilidad. Primero se presentó la iniciativa para convocar a elecciones ante la Comisión Permanente; ésta señaló que era improcedente, pues era un asunto que no le correspondía sino al pleno, y que no podía convocarse a sesión extraordinaria en virtud de que ya se había agotado el número posible de sesiones con este carácter. Al iniciar el nuevo periodo de trabajo ordinario en el Congreso de la Unión, otra iniciativa planteó que se efectuaran los comicios el 27 de julio, pero se argumentó que debía esperarse a que se dictaminara la ley electoral correspondiente. Un breve conflicto se suscitó con el Senado, pues éste, al ver que se aplazaba el asunto sin justificación clara, empezó a tratar el tema electoral y los diputados tuvieron que puntualizar que, de acuerdo con la Constitución y el propio reglamento del Congreso, los asuntos debían tratarse de manera consecutiva en las cámaras y no al mismo tiempo. Finalmente, se postergó el tema hasta definir la ley electoral, pero esta decisión coincidió con la declaración de Félix Díaz de que retiraba su candidatura, reservándose la posibilidad de lanzarla en el momento oportuno. Ello demostraba que la dilación respondía al intento de

sacarlo de la jugada electoral. Más tarde, una vez que se reunieron, evidentemente para lograr acuerdos, el presidente, su gabinete, los representantes de los senadores y los de todos los grupos de la Cámara de Diputados, se aprobó que las elecciones tendrían efecto el 26 de octubre, no sin que un diputado, Francisco de la Peña, expusiera las dificultades para realizarlas y su opinión sobre la situación reinante: La única manera de que estas elecciones se pudieran hacer y que se restableciera esa paz que todos ardientemente deseamos y necesitamos, sería que el señor presidente Huerta renunciara a un puesto que ocupa, no por la voluntad del pueblo, sino por un pacto firmado entre los primeros trastornadores del régimen constitucional; que entre en tratados amistosos con los principales revolucionarios; que convoque a todos los partidos, y que éstos nombren sus delegados, para que éstos, con plenas garantías de seguridad, elijan al presidente que deba convocar a elecciones.21

Al finalizar septiembre, 37 diputados renovadores propusieron anular el decreto que había convocado a elecciones, basándose en las imperfecciones de la aplicación de la ley electoral y argumentando la alteración del orden en buena parte del territorio por la acción revolucionaria. Esta iniciativa no llegó a dictaminarse, aunque sí se escuchó la opinión en contra de Rodolfo Reyes, quien aseguraba que los diputados no tenían semejantes facultades, que tal acto sólo podría considerarse como “un despotismo del Poder Legislativo […] el más grave de todos y el más contrario a nuestro sistema”.22 Se lanzaba así, públicamente, la sospecha de que la cámara estaba haciendo labor obstruccionista, observación que muchos habían hecho en privado. Algunas de las medidas adoptadas por el poder legislativo, que a veces incluso afectaban al judicial, tenían como finalidad mermar las prerrogativas del ejecutivo —como ocurrió al reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dejando en manos de la Suprema Corte de Justicia el nombramiento de magistrados y jueces de circuito y sus secretarios, y ya no como una facultad del ejecutivo—.23 En algunas ocasiones, la Cámara de Diputados sostuvo enfrentamientos con la Secretaría de Gobernación sobre asuntos que causaban polémica, pues esta última consideraba que eran de la esfera judicial y no de la legislativa. Por ejemplo, en marzo de 1913, cuando la Cámara Baja cuestionó al doctor Aureliano Urrutia, encargado de Gobernación, sobre el cierre de los periódicos El Voto y La Voz de Juárez, tanto el diputado Francisco M. Ostos, como el propio Urrutia negaron la competencia de la cámara en el asunto, pues, en todo caso, correspondía al poder judicial resolverlo mediante un amparo si se consideraba que el acto constituía una violación a las garantías individuales.24 Un enfrentamiento entre el presidente y los diputados, quizá el más fuerte antes del cierre de la cámara, lo suscitó la negativa de ésta para que Eduardo Tamariz, diputado católico, se ausentara para dirigir la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Se argumentó que Tamariz había ocupado dicho cargo antes de pedir licencia, violando así la Constitución, pero en realidad se quiso impedir que un católico encabezara el despacho que debía encargarse de los asuntos educativos. Juan Sarabia lo resumió así: “Aquí lo que se va a decidir es la orientación de la Cámara enfrente de las tendencias del gobierno, que toma la orientación clerical, y vamos a ver si la Cámara lo sigue por este camino”. Esta negativa obligó a Federico Gamboa, jefe del gabinete y secretario de Relaciones Exteriores, a presentar una explicación ante los diputados. Felicitándose de lo ocurrido, fundamentalmente se hizo responsable de que el permiso no hubiera llegado con la antelación requerida y, de paso, señaló que el presidente estaba en su

derecho de hacer esta designación, e hizo notar que si no otorgaba su autorización a la licencia de Tamariz se podría pensar que la cámara realizaba una labor de obstrucción y que el poder ejecutivo no podría contar con su concurso. Al día siguiente, antes de que la diputación dijera su última palabra, Tamariz se presentó a trabajar, informando que, al conocer la postura de la representación popular, había renunciado al nombramiento que Huerta le había hecho.25 La decisión del diputado zanjaba el asunto, pero dejaba pendiente una cuenta que Huerta no podía olvidar: la Cámara de Diputados evitaba un nombramiento que, en sentido estricto, le correspondía a él hacer. Pero si la Cámara de Diputados no permitió que Tamariz se hiciera responsable de una cartera tan importante, sí dio su anuencia para que lo hiciera otro legislador, don Nemesio García Naranjo, no obstante que la solicitud de licencia también se presentó a posteriori. Por su parte, Querido Moheno, al solicitar la licencia para fungir como secretario de Relaciones Exteriores, orgulloso de su pasado parlamentario, interpretó el hecho de que seis diputados formaran parte del gabinete como un reconocimiento por parte del gobierno de que a los diputados de esa legislatura les correspondía “dirigir los destinos nacionales”.26 Tiempo después rectificó esta opinión para asegurar que, más bien, Huerta los había incorporado a su gabinete para desmantelar la legislatura. Muy polémico resultó el caso de la acusación de José Barros contra José Yves Limantour por delitos oficiales heredados de la legislatura anterior, pues la Cámara de Diputados, por 77 votos contra 70, se negó a aceptar el amparo otorgado al demandante por un juez y citó al Gran Jurado para dirimir el asunto. Después de un intento fallido de que se atendiera la orden de suspensión que había emitido, el juez apeló al poder ejecutivo, quien le hizo saber que disponía de la fuerza pública para suspender la sesión del Gran Jurado, y se comunicó el asunto a la Suprema Corte de Justicia. Tras una fuerte discusión, esta instancia acordó revocar la orden del juez, lo cual se llevó a cabo de manera expedita. La Suprema Corte de Justicia comunicó a la cámara que se suspendía la orden judicial, pero que ella revisaría todos los hechos que habían ocasionado el problema, y reconocía: “Se trata de un conflicto entre la Cámara de Diputados, que no tiene superior en el orden constitucional, y el Poder Judicial de la Federación”. La mesurada decisión pospuso el choque violento con el poder ejecutivo. Por su parte, la cámara, erigida en Gran Jurado, acordó que no había delito que perseguir contra el ex secretario de Hacienda.27

MENOS BELIGERANTES, PERO TAMBIÉN LOS SENADORES HACÍAN OPOSICIÓN En estas circunstancias de extrema tensión, el conflicto suscitado por la desaparición del senador Domínguez fue la gota que derramó el vaso, concluyendo con el cierre de la diputación y el encarcelamiento de 110 de sus miembros. Lejos estaba de ser un problema aislado, pues en el Senado también pudo observarse, aunque reducido, un grupo de oposición que pronunció críticas al gobierno de manera constante. Si bien no consiguió obstruir las acciones o propuestas oficiales, dejó en claro cuál era su posición. El grupo estaba integrado por Belisario Domínguez, senador por Chiapas, quien ocupó su escaño el 3 de marzo al morir

el propietario; Fernando Iglesias Calderón y Manuel Gutiérrez Zamora, representantes del Distrito Federal y Campeche, respectivamente; José Diego Fernández, senador por Sinaloa; Manuel Bonilla, por Morelos; Rómulo Becerra Fabre, por Tabasco; Salvador Gómez, por Jalisco, y Francisco Bracho, por Hidalgo. Al tomar posesión de la presidencia, Huerta se propuso dos tareas inmediatas: consolidar su gobierno, construyendo las bases políticas de las que carecía, y afirmar una alianza con el ejército federal, ya que no por ser integrante del mismo tenía asegurado su apoyo incondicional; específicamente podría haber inconformidad entre algunos militares como Felipe Ángeles, por el procedimiento de apropiación del poder. Para atender el primer punto se valió del ya citado “Cuadrilátero”. Todos ellos formarían después parte de su gabinete. Para el segundo objetivo, la Secretaría de Guerra emprendió una restructuración del ejército, que partía de un incremento importante de fuerzas,28 un programa de premios y recompensas y la creación de dos nuevos grados: general del ejército y general de cuerpo del ejército. Si bien se llegó a justificar que estos grados eran necesarios para manejar un ejército más numeroso, el de general de cuerpo del ejército se le otorgó a muy pocos: Porfirio Díaz, Refugio Velasco, Rómulo Cuéllar, José Ma. Mier, Ignacio Bravo y Aureliano Blanquet.29 El grado de general del ejército, al parecer, sólo se le dio al propio Huerta. Pero, en cambio, se otorgaron muchos ascensos a las otras jerarquías, lo que parecía una recompensa o, tal vez, un pago por su incondicionalidad. Así, cuando al llegar al Senado las solicitudes de ratificación de los ascensos otorgados por el ejecutivo comenzaron a discutirse los dictámenes de aprobación, el grupo opositor, bajo un razonamiento u otro, expresó abiertamente sus reticencias para obsequiar los deseos presidenciales de promover a Félix Díaz, Manuel Mondragón o Blanquet. Algunos argumentaron que no había vacante qué llenar y la promoción no tenía sentido, pero Belisario Domínguez siempre cuestionó directamente la falta de valores de los militares y los calificó abiertamente de traidores.30 El grupo también se opuso a que se nombrara gobernador de Morelos al general Juvencio Robles. Éste había participado en el golpe contra el anterior ejecutivo estatal y, como recompensa, le daban la gubernatura ¡del mismo estado en el que había hecho desaparecer los poderes constitucionales! Por ello los senadores de la oposición hicieron un llamado para que el Senado no se hiciera cómplice de lo que estaba sucediendo: “Sólo volviéndonos a encarrilar en el camino que nos marca la ley, la Constitución, es como podemos llegar a salvar a nuestra Patria”.31 Si la política huertista era básicamente la promoción militar, estos hombres estaban en contra. Cierto que eran minoría y, como decíamos, no pudieron detener los asuntos, pero Huerta sabía que no tenía todas las opiniones a su favor y que había gente dispuesta a enfrentarlo, y no sólo en los campos rebeldes, sino en el propio gobierno. Desde el 23 de septiembre, después del informe presidencial del día 15, se hizo circular un texto del senador chiapaneco, Belisario Domínguez, en el que calificaba a este documento como un cúmulo de falsedades, y criticaba a Huerta por la situación que vivía el país. Hacía ver que no se había avanzado en la pacificación y que, por el contrario, la actividad bélica se había incrementado. También lo acusaba de haber asesinado “cobardemente” a Madero y Pino Suárez. Por todo ello, el senador invitaba a los legisladores del Congreso a deponer a Huerta, “soldado sanguinario y feroz”, y lograr, finalmente, la pacificación del país, pues de esa

manera el Congreso adquiriría autoridad moral para solicitar el cese de hostilidades y convocar a los revolucionarios para elegir a un nuevo mandatario que convocara a elecciones.32 La noche del 7 de octubre, dos individuos que se identificaron como integrantes de la policía reservada sacaron a Domínguez de su hotel —un año después se confirmaría que para darle muerte; por el momento sólo se sabía que el senador había desaparecido, aunque bajo los peores augurios—. El día 9, ante los hechos y con los ánimos bastante enardecidos, los diputados decidieron investigar el paradero de Domínguez, invitar al Senado a participar en tal investigación y comunicar al ejecutivo el acuerdo, haciéndole saber que se ponían “las vidas de los diputados y senadores” bajo su salvaguarda y que, si ocurría una nueva desaparición, la representación popular se vería “obligada a celebrar sus sesiones” donde encontrara garantías. Al otro día, el presidente envió al recinto legislativo a la fuerza pública y también a su secretario de Gobernación, Manuel Garza Aldape, para manifestar ante el pleno el disgusto del ejecutivo por lo que consideraba una extralimitación de los diputados al invadir las funciones de los otros poderes, y externar una amenaza; también solicitó a la diputación que retirara el documento enviado al ejecutivo. El presidente de la cámara, con prudencia extrema, desatendió las palabras de Garza Aldape, que exigían una respuesta inmediata a su demanda; turnó a comisiones su discurso, que había sido transcrito por los estenógrafos de la cámara, y levantó la sesión. Fuera de la sala, la policía esperaba con lista en mano para aprehender a los legisladores. Por su parte, el Senado decidió cesar sus trabajos antes de que el ejecutivo pudiera tomar alguna represalia en contra de sus miembros, a pesar de que uno de ellos — Obregón— considerara que las acciones no se extenderían hasta su ámbito, pues el ejecutivo estaba satisfecho con las labores de la Cámara Alta. Finalmente, se acordó asentar una protesta por los sucesos. El Senado de la República, en cumplimiento de los deberes que le impone su alta investidura y hondamente impresionado por los atropellos de que ha sido objeto, la tarde de hoy, su colegisladora, la Cámara de Diputados, de parte del Poder Ejecutivo, consigna enérgica protesta contra esos actos que inhabilitan a esta Alta Cámara para continuar en el ejercicio de sus funciones constitucionales, y acuerda suspender todos sus trabajos por todo el tiempo que perdure la aludida perturbación del orden constitucional.33

Ese mismo día en la noche, Victoriano Huerta emitió un manifiesto y un decreto — elaborados por José Ma. Lozano y Querido Moheno, respectivamente—34 en los que explicaba y justificaba las medidas adoptadas y convocaba a elecciones para integrar una nueva legislatura. En estos documentos se aludía al conflicto de poderes, demostrado de manera evidente en varias acciones de la Cámara de Diputados, enumeradas una a una, y se planteaba que antes de que ésta asestara un golpe de Estado al ejecutivo, hecho del todo inadmisible, se optaba por cerrar la cámara. Huerta declaraba estar convencido de que aquella Cámara es decididamente disolvente y de que está resuelta a acabar por cualquier medio con el Poder Ejecutivo […] que si habría de romperse el orden constitucional como resultado de la actividad de los legisladores, resultaba indispensable que mientras se reconstituían las instituciones se salvara la patria y la dignidad nacional, lo cual no se conciliaba con la desaparición del poder ejecutivo que venía procurando la cámara popular, por lo que resultaba preferible la disolución e inhabilitación de las Cámaras de Diputados y Senadores de la XXVI Legislatura, de tal manera que cualquier disposición que ésta emitiera se estimaría nula y no recibiría la sanción presidencial.35

La elección se programó para el 26 de octubre; con los diputados en prisión, que fueron liberados muy paulatinamente en los meses siguientes, se celebraron los comicios que, por su cercanía a los hechos, carecían de credibilidad. Sólo hubo 16 días para registrar candidatos, preparar boletas de votación, realizar campaña y efectuar las elecciones. Así, no obstante que sólo podían considerarse una pantalla para imponer a los incondicionales al régimen y que éstos pudieran brindar un soporte de legalidad al mismo, los comicios se tuvieron por válidos para el caso del poder legislativo, y el 20 de noviembre la nueva XXVI Legislatura inició sus sesiones. En cambio, se rechazaron los comicios relativos a la presidencia y vicepresidencia, en los que resultaron “ganadores” Huerta y Aureliano Blanquet, argumentándose que debían ser anulados, pues el primero no podía participar en ellos como candidato. En el caso de la presidencia, la anulación hacía posible la permanencia de Huerta en el poder, presumiblemente hasta que se celebraran elecciones de nuevo y se decidiera quién sería el nuevo presidente. Sin embargo, no contaba el general con otros dos factores que a partir de esa fecha fueron definitivos para su gestión: la revolución constitucionalista —la zapatista, también en su contra, tenía un peso menor para ese efecto— y la animadversión de Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos. El ascenso de Wilson a la presidencia de su país en los primeros días de marzo de 1913, a escasos días del golpe militar huertista, cambió la postura estadunidense con respecto al gobierno de Huerta, pues no estuvo de acuerdo con la intervención del embajador Lane Wilson en los sucesos mexicanos y menos aún con los procedimientos empleados para acceder al poder. Primero negó el reconocimiento al gobierno, amparado en una política de “espera vigilante” en torno a lo que ocurría en México; después presionó a las potencias europeas para que no concedieran un empréstito a Huerta; más tarde levantó el embargo de armas, lo cual favoreció a los constitucionalistas, pues de este modo tenían un acceso más fácil a la frontera y a la compra de armas; finalmente, intervino militarmente en el puerto de Veracruz para evitar el desembarco de pertrechos. Esta acción condujo, a través de la mediación de diplomáticos de Argentina, Brasil y Chile (ABC), a las Conferencias de Niagara Falls en las cuales se acordó la renuncia de Victoriano Huerta.36 Éste la presentó el 15 de julio de 1914, dejando en su lugar a Francisco S. Carvajal. Pero la presión no había venido sólo del país vecino, Huerta se encontraba cercado por las fuerzas revolucionarias, tanto en el norte como en el sur. Si bien Venustiano Carranza se levantó en armas apenas se enteró de que Huerta se había hecho con el poder, y organizó el movimiento constitucionalista, los triunfos definitivos se presentaron a partir de diciembre de 1913, con la toma de Chihuahua. A partir de ese momento, la Revolución seguiría, incontenible, su marcha hacia el centro, sobresaliendo de manera particular la división comandada por Villa. Sin embargo, fue a Álvaro Obregón a quien le tocó lograr los acuerdos sin condiciones para ocupar la capital de la República y organizar el nuevo gobierno. Por su parte, el movimiento zapatista —que Huerta no consideró prioritario para hacerle frente— se ocupó durante este periodo más de la distribución de tierras que de combatir a su enemigo; no obstante, para mediados de 1914, Zapata y sus hombres llegaron al Distrito Federal y ocuparon algunas zonas del Ajusco. Es más, podría asegurarse que en ese momento la presencia inminente en la capital, y más temida, era la del Ejército Libertador del Sur; quizá fue precisamente por ese miedo que inspiraba a los capitalinos que el presidente interino

decidió buscar los acuerdos con los constitucionalistas para entregarles a ellos la ciudad de México en una rendición incondicional.

A MANERA DE CONCLUSIÓN Sobre la presidencia de Victoriano Huerta he venido sosteniendo que no fue un intento restaurador, no obstante que el autoritarismo y el centralismo volvieron a enseñorearse en México, que los procedimientos democráticos o los intentos por alcanzarlos fueron hechos a un lado, que la legalidad se postergó aún más que en los tiempos de don Porfirio, y que el terror se instaló en las poblaciones sobre las que tenía control. Obviamente, tampoco puede sugerirse un compromiso revolucionario, no obstante el trabajo tan valioso que algunos de sus colaboradores realizaron en el desempeño de sus funciones y que no ha podido ser incluido en este espacio. Mi hipótesis sugiere, más bien, que se convirtió en una alternativa diferente a los dos caminos conocidos, y que tomaba algo de cada uno de ellos: el orden, es decir, el autoritarismo y la centralización porfirianos, y el reconocimiento y atención de los problemas sociales que aquejaban al país.

1

Alejandra Maldonado Ríos preparó bajo mi asesoría su tesis de licenciatura sobre este tema: Maldonado, 1999. Meyer, Michael, 1983. 3 Reyes, 1929-1930; Vera, 1983, pp. 281-430. 4 Knight, 1996, t. ii, Contrarrevolución y reconstrucción, pp. 642-651. 5 Mac Gregor, Josefina, 2002b, pp. 321-340; Mac Gregor, Josefina, en prensa. 6 Mac Gregor, Josefina, 1983. 7 Mac Gregor, Josefina, en prensa. 8 Garciadiego, 2003, pp. 159-161. 9 Meyer, Michael, 1983, pp. 3-6. 10 Toda la información sobre su práctica como militar se tomó de las hojas de servicios que se conservan en el Archivo Histórico y Memoria Legislativa del Senado de la República (en adelante AHYM L), Congreso 26, libro 410, exp. 6, f. 11; y libro 423, exp. 223, f. 23. La primera corresponde a su ascenso como general de división (1912) y la segunda al de general de ejército, grado creado en marzo de 1914. 11 Por ejemplo: durante sus estudios en el Colegio Militar, obtuvo tres M B en el curso de arquitectura y dos M B y una B en el segundo de matemáticas; en cambio, en jurisprudencia militar, dos S y un M B; y en Derecho Constitucional y de Gentes una S y dos M B. AHYM L, Congreso 20, libro 292, exp. 35, f. 12. 12 También se asegura que después de la amnistía mandó fusilar a varios prisioneros. Sin embargo, algunas historias de Guerrero no mencionan ese hecho. INEHRM , 1990-1994, t. III, Guerrero; Illades, 1989, pp. 201-202. 13 INEHRM , 1990-1994. 14 “El entonces general brigadier Victoriano Huerta, con 400 hombres a su mando, recorría los senderos haciendo gala de sus instintos criminales, de su inhumanidad.” Betancourt, 1989, p. 149. 15 AHYM L, Congreso 21, libro 312, exp. 7, f. 11. El dictamen del 18 de octubre de 1902 dice: “Algo más de treinta años lleva el interesado de servir en la carrera de las armas, son numerosas las comisiones en que ha formado parte como miembro, y entre sus antecedentes militares figura su asistencia a varias acciones de Guerra; todos estos hechos le han merecido algunas condecoraciones y recompensas”. 16 García Naranjo, s/f, t. VII, pp. 18-21. 17 Dictamen de la Comisión de Guerra, 16 de octubre de 1912 en AHYM L, Congreso 26, libro 410, exp. 6, f. 11, y libro 423, exp. 223, f. 23. 18 Diario de los Debates, 1912, t. I, sesión del 15 de noviembre de 1912, p. 6. 19 En 1914, cuando ocupaba la presidencia, en respuesta a la reforma de la Secretaría de Guerra —que instrumentaba, entre otras cosas, un mayor número de grados—, se presentó su expediente para que se le otorgara el grado de general de ejército; la valoración de la hoja de servicios cambió: la salud era buena, ya no se incluía su problema visual, y su capacidad y conducta civil eran muy buenas. El valor y la conducta militar, como en el ascenso anterior, se calificaban de muy buenas. También se registraba, sin que se indique en qué momento ocurrió, el otorgamiento de la Cruz del Mérito Militar de primera clase, muy probablemente por su participación en el desenlace de la Decena Trágica. El dictamen dejaba en esta oportunidad el tono sobrio para entrar en la alabanza desmesurada que, en el fondo, reconocía los méritos militares de Huerta. Se asentaba que era necesaria su promoción para ocupar la posición que justa y lógicamente le correspondía. La ponderación de las circunstancias fue hecha por los diputados, quienes propusieron el ascenso, y las comisiones del Senado opinaron 2

que aparte de la gestión meritísima del señor General D. Victoriano Huerta en la Presidencia de la República, como procurador de la paz y defensor de la honra y decoro nacionales, que obliga a la gratitud de todos los buenos mexicanos, satisface superabundantemente como eximio militar los requisitos que para obtener el grado de General de Ejército exige el decreto de 4 de marzo, según puede verse en la hoja de servicios que se acompaña y en la que se exhiben a la par que vastos conocimientos profesionales, brillantes hechos de armas del señor General D. Victoriano Huerta. AHYM L, Congreso 26, libro 423, exp. 223, f. 23. Dictamen de las comisiones primera de guerra y segunda de puntos constitucionales de la Cámara de Senadores, 7 de abril de 1914. 20 Véase particularmente El País, periódico que se preguntaba por el paradero de los legisladores que paulatinamente iban ausentándose, si bien casi siempre atribuyendo su ausencia a su incorporación a las filas revolucionarias. 21 Véase el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, abril y mayo de 1913. La cita es de la sesión del 28 de mayo, pp. 17-24. 22 Ibidem, 8 de octubre de 1913, pp. 14-23. 23 Ibidem; la discusión se llevó a cabo del 24 de septiembre al 7 de octubre de 1913. 24 Ibidem, sesiones del 2 y 3 de marzo de 1913. 25 Ibidem, sesiones del 19 y 20 de septiembre de 1913.

26

Ibidem, sesión del 7 de octubre de 1913. Ibidem, sesiones del 25, 26 y 29 de septiembre de 1913. Las cursivas son mías. 28 AHYM L, Congreso 26, libro 411, exp. 58; libro 424, exp. 266. 29 AHYM L, Congreso 26, libro 424, exp. 279; libro 425, exps. 316, 321, 322, 323, 329; libro 426, exp. 368. 30 Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, 8 de mayo de 1913, pp. 6-11; 23 de mayo, pp. 2-10. 31 Ibidem, 14 de mayo de 1913, pp. 4-25. 32 AHYM L, discurso de don Belisario Domínguez. 33 Libro de actas secretas de la Cámara de Senadores, sesión del 10 de octubre de 1913. 34 García Naranjo, s/f. 35 De cómo vino, 1914, pp. 382-384. 36 Al respecto puede consultarse Mac Gregor, Josefina, 2002a. 27

CARRANZA Y EL INICIO DE LOS GOBIERNOS REVOLUCIONARIOS

JAVIER GARCIADIEGO El Colegio de México

DE “PRIMER JEFE” A PRESIDENTE La presidencia de Venustiano Carranza, como todos los gobiernos que surgen de una guerra civil, sufrió una profunda dualidad: por un lado, era el reinicio de la legalidad y la vida pacífica; por el otro, el país siguió padeciendo terribles conflictos y daños por la violencia generalizada. Su situación no podía ser más difícil: en varias y amplias regiones del país no se gozó de un día de paz entre principios de 1917 y mediados de 1920. Sin embargo, la dificultad mayor consistía en que, como resultado de la Revolución, Carranza tenía que crear un nuevo tipo de Estado, con características, componentes, lineamientos y objetivos nuevos. Esto es, no se trata de una presidencia que forme parte de una etapa histórica que le precede y le sobrevivirá, donde predomine la continuidad. Al contrario, es una presidencia marcada por la ruptura; fue un gobierno fundacional. Los antecedentes inmediatos ilustran la dimensión del reto que enfrentaba. Venustiano Carranza era un político de larga experiencia, que había formado parte del aparato porfiriano de su natal Coahuila. En concreto, era un personaje importante de la fracción reyista. Sin embargo, dado que esta fracción rompió con Díaz y con su grupo predilecto, los científicos, Carranza pasó a la oposición, primero a la electoral, luego incluso a la armada. De hecho, en 1909 Carranza fue el animador en Coahuila de la compleja alianza entre los reyistas ya opositores y el naciente antirreeleccionismo. Luego de haber sido derrotado en dichas elecciones, llegó a la gubernatura de su estado durante la presidencia de Madero.1 A la caída y muerte de éste, a principios de 1913, asumió el liderazgo del movimiento oponiéndose al intento contrarrevolucionario de Victoriano Huerta. Una vez derrotado éste, don Venustiano encabezó, desde finales de 1914, la alianza de los grupos revolucionarios con liderazgos entre la clase media y procedentes del noreste y el noroeste, contra los ejércitos populares villista y zapatista. El objetivo era dilucidar cuál de los proyectos revolucionarios habría de conducir la reconstrucción del país. Una vez triunfante, dedicó el año de 1916 a consolidar su triunfo, a expandir su dominio a casi todo el país, a definir los lineamientos —una nueva Constitución— que habrían de regir el futuro del país y a legalizar su llegada a la presidencia mediante elecciones, las cuales tuvieron lugar en marzo de 1917.2 Carranza llegó sin rival a la contienda presidencial. Para comenzar, los principales políticos del Antiguo Régimen estaban excluidos del proceso político nacional: los porfiristas estaban envejecidos y desprestigiados y los huertistas no solamente eran repudiados por la opinión pública sino que muchos estaban legalmente impedidos de vivir en el país. Por lo que se refiere a los grupos revolucionarios, Villa y Zapata3 estaban en plena rebeldía armada; los maderistas estaban desacreditados por su fracaso en el poder y algunos —como Felipe Ángeles— estaban exiliados por haber apoyado al villismo durante la lucha de facciones; lo mismo podría decirse de quienes destacaron entre los “convencionistas”, como Roque González Garza.4 Por último, los pocos revolucionarios mayores que a principios de 1917 podrían caracterizarse como independientes —Francisco Vázquez Gómez y acaso Alfredo Robles Domínguez— estaban debilitados y alejados de la política mexicana: dado que desde 1913 habían tenido un papel marginal en el proceso revolucionario, carecían de legitimidad, de fuerza política y de respaldos sociales y militares como para vencer a don Venustiano.

Más importante aún, tampoco tenía contendientes dentro del grupo constitucionalista, ni entre los civiles ni entre los militares. A principios de 1917, el concepto de “Primer Jefe” era, más que nominal, una auténtica realidad. Cualquiera de los más destacados civiles, como Luis Cabrera, Isidro Fabela, José Natividad Macías o Félix Palavicini, sólo eran miembros de su círculo íntimo, colaboradores leales.5 En el sector militar había 10 generales divisionarios, destacando Álvaro Obregón y Pablo González.6 El primero, de enorme popularidad por su brillante victoria sobre Villa, todavía no adquiría la experiencia política suficiente para desafiar a Carranza y para presidir al país.7 Al contrario, sus posturas y negociaciones para que se retirara la “expedición punitiva” estadunidense habían mostrado que adolecía de novatez diplomática y de falta de visión de Estado.8 Era, indudablemente, el principal militar del país, pero su poder estaba contrapesado, pues la mayoría de los otros divisionarios, además de jefes poderosos en sí mismos, eran leales a don Venustiano y algunos a Pablo González,9 el principal lugarteniente armado de Carranza desde el inicio de la lucha, pero sin autonomía política.10 A principios de 1917 sólo el Primer Jefe podía llegar a ser presidente. A pesar de no tener contendiente, para hacer frente al proceso electoral, Carranza dispuso la creación de un partido político, llamado Partido Liberal Constitucionalista. Participarían en él la mayor parte de los más destacados civiles y militares constitucionalistas.11 Con el prestigio de los triunfos sobre Huerta y sobre los convencionistas —Villa y Zapata—, con el reconocimiento de facto del gobierno estadunidense y con la imagen de estadista que le proporcionaba la reciente promulgación de la Constitución de 1917, don Venustiano triunfó fácilmente en las primeras elecciones directas en la historia del país.12 Sin embargo, su cómoda victoria por la falta de competidores internos y de auténticos adversarios electorales no implicaba que su presidencia habría de resultar sencilla. Al contrario, los tres años que duró estuvieron plagados de gravísimos problemas, tanto militares como políticos, administrativos, diplomáticos, económicos y sociales.

LOS PROBLEMAS MILITARES El triunfo carrancista sobre los ejércitos huertista y convencionista no suponía la desaparición de las fuerzas ex federales o de Villa y Zapata; menos aún garantizaba la pacificación del país, pues había otros ejércitos rebeldes asolando varias regiones. De hecho, puede decirse que entre 1917 y 1920 se siguió padeciendo un auténtico estado de guerra. Cierto es que muerto Victoriano Huerta, los ex federales carecían de un líder aglutinante y motivador, por lo que tuvieron que luchar de manera dispersa.13 Asimismo, el zapatismo era sólo una amenaza regional y el villismo ya no era una alternativa al carrancismo, en tanto que no podía vencer y derrocar a don Venustiano. No por ello dejaban de ser un serio problema. En efecto, el villismo no estaba en condiciones de encabezar una alianza nacional contra Carranza, como lo pretendió en 1915; ni podría provocar nuevos conflictos internacionales, como el causado por su ataque de principios de 1916 a la población estadunidense de Columbus, que dio lugar a la “expedición punitiva”. Sin embargo, el villismo fue un gravísimo problema en el norte central del país, casi siempre luchando como hábil guerrilla, aunque por momentos lo hizo otra vez

como un ejército rebelde completo, verbigracia, cuando ocupó Chihuahua, a finales de 1916, y cuando tomó efímeramente la plaza fronteriza de Ciudad Juárez, en junio de 1919. Fue tal su actividad en Chihuahua y zonas limítrofes, que podría decirse que el gobierno de Carranza nunca llegó a dominar por completo ese importante estado fronterizo.14 Algo parecido sucedió con las fuerzas zapatistas. Para poder derrotar en 1915 y 1916 al villismo, su peor enemigo en términos militares, Carranza postergó cualquier campaña contra los zapatistas. Su estrategia consistió en limitarlos a su teatro natural de operaciones, el estado de Morelos y zonas adyacentes. Sin embargo, el inicio de su periodo presidencial obligó a don Venustiano a buscar el control y dominio de todo el territorio nacional. Por ello, hacia febrero de 1917, dio inicio la campaña para combatir al zapatismo y recuperar Morelos. Dado que las fuerzas zapatistas habían llevado a cabo una restructuración de la propiedad agraria en la región y también habían construido una red de autoridades pueblerinas mediante procedimientos no reconocidos por las autoridades constitucionalistas, el objetivo no era sólo militar sino también económico y político: imponer en la zona el modelo propuesto por la reciente Constitución de 1917. Por lo tanto, más que una guerra típica entre dos ejércitos, lo que hizo el gobierno carrancista fue ocupar Morelos,15 región que, con el apoyo de la clase media local, fue controlando poco a poco, imponiendo autoridades afines y recuperando las haciendas, poniéndolas de nuevo a trabajar. Por sus carencias en cuanto a recursos económicos y a pertrechos militares, y por su renuencia a establecer alianzas con otras fuerzas anticarrancistas, los zapatistas fueron decayendo, lo que se agudizó con la muerte de su caudillo, en abril de 1919.16 Lo grave del problema militar consistió en que no sólo se luchó contra villistas y zapatistas. Fueron muchos los grupos alzados en diversas regiones del país. Estas rebeliones pueden ser divididas en tres. Una consistía en grupos antes participantes en el bando revolucionario, como los cedillistas de San Luis Potosí, encabezados por los hermanos Magdaleno y Saturnino Cedillo,17 o los arenistas de Tlaxcala, con Domingo y Cirilo Arenas como líderes.18 Otra especie fue la de los numerosos grupos cuya naturaleza oscilaba entre ser rebeldes sin bandera ideológica clara o sin adscripción a una facción mayor, o ser simples bandoleros con núcleos más o menos numerosos. Los factores que favorecieron sus operaciones fueron la crisis económica provocada por la destrucción generalizada, la disolución de los aparatos estatales y privados de represión y la atomización de los ejércitos revolucionarios vencidos, que dio lugar a que muchos elementos regresaran a sus localidades de origen armados y desempleados, o que se asentaran en otras regiones del país en las mismas condiciones. El más importante de este tipo de grupos fue el comandado por José Inés Chávez García, que llegó a dominar buena parte de Michoacán entre 1916 y 1918,19 y cuya naturaleza puede ser sintetizada como rural y popular pero sin un plan agrarista definido, localista —antinorteño— y “religiosero” o anticonstitucionalista, en tanto que éstos eran, desde su perspectiva, jacobinos o protestantes. Por último, los grupos contrarrevolucionarios organizados por miembros de las élites regionales aunque apoyados por los sectores populares locales. Su objetivo era impedir que las fuerzas y las autoridades constitucionalistas, desde arriba y desde afuera, impusieran cambios sustantivos en sus regiones. El más importante de estos grupos rebeldes contrarrevolucionarios, por sus implicaciones

internacionales y económicas, fue el encabezado por Manuel Peláez en la Huasteca petrolera, al sur de Tamaulipas y al norte de Veracruz. La lucha de Peláez y de otros terratenientes locales buscaba preservar sus intereses, amenazados por los constitucionalistas: arrendar tierras inútiles para los negocios agropecuarios pero ricas en petróleo, trabajar como gestores legales o políticos de las propias compañías arrendadoras, e incluso servirles como contratistas de mano de obra o como capataces. En efecto, el triunfo constitucionalista prometía que el Estado —la nación— pasaría a ser propietario del subsuelo, lo que desplomaría el valor de esas tierras; y que traería, asimismo, nuevas relaciones laborales y nuevas redes políticas a la región. Por lo mismo, convenía a las compañías petroleras y a los terratenientes locales que los constitucionalistas no controlaran la zona; las compañías prefirieron, por esta razón, pagar al ejército pelaecista, cuya dimensión sobrepasaba, por mucho, a cualquier organización que pudiera considerarse como una “guardia blanca”. La fuerza del ejército pelaecista y la presión de los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra disuadieron a Carranza de iniciar una severa campaña en la región, aunque amenazara con iniciarla cada vez que requería presionar al gobierno estadunidense. A su vez, tras cada amenaza gubernamental, Peláez aumentaba su precio a las compañías, las que se veían obligadas a pagar ante la eventualidad de que los pelaecistas se disolvieran y los constitucionalistas ocuparan la zona, lo que seguramente aumentaría los salarios, los impuestos y los controles gubernamentales.20 Otro movimiento importante se dio en el centro y sur de Veracruz y en la sierra norte de Puebla, que eran regiones con un buen número de pequeños propietarios. Por otra parte, el “corredor” urbano-industrial Veracruz-Puebla dependía del comercio, muy afectado por la primera Guerra Mundial y por la destrucción revolucionaria del sistema ferroviario. También influyó en el estallido y desarrollo del movimiento contrarrevolucionario veracruzano el radicalismo de las políticas carrancistas impulsadas en la región durante la estancia del Primer Jefe en Veracruz.21 Al carecer los alzados veracruzanos de un líder, la jefatura fue asumida por Félix Díaz, lo que le permitió atraer a varios miembros del disuelto ejército federal —como Higinio Aguilar, Gaudencio de la Llave, Francisco de P. Morales y, sobre todo, aunque efímeramente, Aureliano Blanquet— y tener ecos políticos nacionales e internacionales.22 También hubo operaciones contrarrevolucionarias en Chiapas y Oaxaca. De hecho, en Chiapas hubo dos movimientos: uno en la zona baja del estado, con el finquero Tiburcio Fernández Ruiz encabezando a los “mapaches”; el otro operaba en la zona alta, dirigido por el también finquero Alberto Pineda Ogarrio, con el apoyo de los peones y de la iglesia católica local. Ambos grupos luchaban para que los constitucionalistas no pudieran imponer varios cambios políticos, socioeconómicos y hasta culturales, si bien no lo hicieron de manera coordinada, pues entre ellos había viejas rencillas.23 En Oaxaca, estado beneficiado por el Porfiriato y contrario al proceso revolucionario desde el periodo maderista, también hubo dos movimientos contrarrevolucionarios simultáneos: uno en la zona mixteca, encabezado por el licenciado José Inés Dávila, y el otro en la sierra zapoteca, con Guillermo Meixueiro a la cabeza. Las bases de ambos eran los pueblos —indios y caciques— de su zona, y se alzaron en armas desde la llegada de las fuerzas constitucionalistas a la región, en 1915, pues éstas desplazaron a todas las autoridades locales. El rechazo al proyecto constitucionalista era tal

que Oaxaca incluso se declaró “soberana” en tanto la revolución siguiera violentando el orden y la legalidad en el país. Aunque ambos eran “soberanistas”, los movimientos de la mixteca y de la sierra zapoteca no lucharon en forma unida debido a diferencias entre sí que se remontaban al periodo prehispánico.24 El análisis de la naturaleza y la dimensión de estas rebeliones permite llegar a un par de conclusiones. Primero que nada, Carranza no controló amplias zonas del país a lo largo de su presidencia. Además, dado que padeció la oposición de grupos revolucionarios y contrarrevolucionarios, debe aceptarse que su proyecto moderado de reformas paulatinas dejaba insatisfechos a los radicales y asustaba a los renuentes a los cambios. Como consecuencia, don Venustiano se fue aislando. Su postura intermedia exigía una hábil política de conciliación y negociación, pues era imposible imponer su proyecto moderado mediante las armas, con un ejército deficiente y con tantos escenarios bélicos. En efecto, el ejército gubernamental —nacional desde mayo de 1917— padecía serias limitaciones. Para comenzar, carecía de buenas y suficientes armas y municiones, pues desde el ataque villista a Columbus imperaba la prohibición estadunidense de venta de material bélico destinado a México. Además, debido a la primera Guerra Mundial, la producción norteamericana y europea se destinó a los países beligerantes. Carranza trató de suplir ese mercado exterior inaccesible con producción propia de los Establecimientos Fabriles Militares, que no pasaban de ser talleres de reparación de armas y de fabricación de municiones mediocres.25 Para colmo, el gobierno enfrentaba serios problemas económicos, por lo que destinar la mayor parte del presupuesto de egresos al renglón militar era doblemente grave: lo urgente era asignar el mayor número de recursos a la reactivación de la economía nacional. Se padecía un terrible círculo vicioso: la crisis económica producía desempleo, y éste rebeliones, lo que obligaba a gastar recursos en la pacificación, en lugar de canalizarlos a la reactivación de la economía nacional. La pacificación de los alzados también implicaba graves asuntos políticos. Carranza no quería tener militares victoriosos, pues con sus triunfos éstos aumentaban su caudal político, al grado de que los más exitosos podrían perfilarse como verosímiles aspirantes a sucederlo en la silla presidencial, siendo que pretendía dejar el cargo a un político civil. Este plan ayuda a comprender la actitud civilista de don Venustiano a lo largo de su presidencia, con sus críticas y hasta hostilidades contra los militares, en especial contra aquellos que tenían cierta dosis de autonomía política, lo que explica la exclusión de Obregón.26 Para impedir que algún militar se encumbrara, les puso varios obstáculos, tales como cambiarlos constantemente de zona de operaciones, suministrarles pertrechos según la conveniencia política y llevar el control de las operaciones mediante su poderosísimo jefe de Estado Mayor presidencial, el fiel Juan Barragán.27 Hasta pudiera pensarse que Carranza prefería sufrir cierto nivel de rebeldía antes que deber la estabilidad de su gobierno a la obra y gracia de algún militar determinado. La milicia y la economía se mezclaron, como siempre, en varios renglones. Así, dadas las dificultades financieras del gobierno, en varios momentos no pudo pagar completo o puntualmente el salario de los soldados. En consecuencia, algunos de éstos cometieron robos y latrocinios contra la población civil o en detrimento de negocios instalados en las regiones que debían patrullar. Si Carranza hubiera exigido total disciplina a sus soldados, o si hubiera castigado o licenciado a los indisciplinados, el ejército se hubiera inconformado. De hecho, es

probable que muchos militares descuidaran su eficiencia ya que, económicamente, les convenía seguir luchando, pues además de recibir su salario, así fuera tarde o incompleto, tenían la oportunidad de lucrar con la población pacífica, con los recursos gubernamentales y hasta con los bienes de los alzados.28 El resultado de su política militar fue ambiguo. Cierto es que la fuerza de los grupos rebeldes tendió a decaer. Durante su presidencia, por ejemplo, murieron Felipe Ángeles, Emiliano Zapata, Magdaleno Cedillo, Domingo y Cirilo Arenas, José Inés Chávez García y José Inés Dávila, entre otros. Sin embargo, todos los movimientos rebeldes lograron mantenerse en armas hasta 1920. Asimismo, si bien ninguno de sus principales militares lo desconoció o se impuso como sucesor, lo cierto es que terminó derrocado por un movimiento encabezado por Obregón, quien contó con el apoyo de la mayor parte del ejército nacional.29 A juzgar por sus resultados, su postura ante los militares no fue acertada.

LOS RETOS POLÍTICOS La magnitud de los problemas militares fue similar a la de los retos políticos que Carranza enfrentó durante su gestión presidencial. Es indiscutible que en 1917 don Venustiano era el hombre en México con mayor experiencia política y con la legitimidad más amplia, tanto en términos geográficos como sociales. Era el vencedor del usurpador y contrarrevolucionacio Huerta, pero también se había impuesto, inmediatamente después, a la facción convencionista de Villa y Zapata, considerada por muchos como una amenaza anarquizante. Ninguno de sus subalternos, ni militar ni civil, lo igualaba en facultades y fuerza políticas. Era la única opción. No había alternativas. De hecho, se creía que Carranza, político institucional, se desempeñaría mejor como presidente constitucional que como líder de una rebelión o como cabeza de una facción. Paradójicamente, luego de vencer a Huerta y a los convencionistas, y cuando se le vaticinaba una presidencia tranquila, Carranza enfrentó los peores problemas de su vida. Entre sus mayores retos políticos el principal era, indudablemente, gobernar de acuerdo con las nuevas disposiciones legales después de que el país llevara varios años de vida bajo condiciones bélicas y de que el movimiento revolucionario fomentara un clima contrario al respeto por la ley. Para comenzar, se debía construir un nuevo, en tanto legal, aparato gubernamental. En efecto, debían organizarse elecciones para todos los puestos públicos, desde gubernaturas y senadurías hasta diputaciones —federales o locales— y presidencias municipales. Obviamente, era difícil organizarlas luego de siete años de guerra continua, pero sobre todo porque el país carecía de tradición electoral —la breve experiencia maderista no había bastado— y porque no existían los partidos políticos adecuados.30 El proceso fue múltiple y variado, dependiendo del objetivo de la elección, de la región y del momento. Al día siguiente de promulgarse la Constitución, se hicieron públicos los procedimientos que debían seguirse para elegir al presidente del país y al Congreso nacional —la XXVII Legislatura—.31 Los electos fueron, además de Carranza, militantes del movimiento revolucionario, o partidarios de éste. Ante la imposibilidad de apoyarse en instituciones partidistas, casi todos hicieron su campaña desde la administración pública

preconstitucional, y algunos desde el ejército, el movimiento obrero organizado o el ámbito llamado de los intelectuales, con profesionistas, docentes, periodistas e ideólogos —léase secretarios— de algún revolucionario destacado.32 Durante las elecciones de marzo de 1917 surgió como fuerza dominante el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), organizado por políticos y militares revolucionarios. Como bloque en el Congreso —determinante en el restablecimiento del orden institucional, pese al carácter presidencialista de la Constitución—, el voto de los militantes del PLC no se manifestó unido; se dividían y votaban en pro o en contra de manera indistinta, según sus “cálculos”, “conveniencias” y “creencias”. Supuestamente, su principal responsabilidad era elaborar las leyes reglamentarias de algunos artículos constitucionales, como el 3°, 5°, 27, 123 y 130. La mayoría de los legisladores se agruparon en torno a dos bloques, uno —el Núcleo Liberal Radical— con diputados que se autodefinían como radicales, y otro —el Grupo Reformista Liberal— que buscaba “la observancia, acatamiento y perfeccionamiento de la Constitución de 1917”; en efecto, este grupo fue más cercano a Carranza, y el otro, encabezado por el diputado Manuel García Vigil, fue claramente opositor. Los diputados de la XXVII y la XXVIII legislaturas eran revolucionarios que se dividieron, indistintamente, dependiendo del asunto que se debía tratar, en militaristas y civilistas, radicales y moderados, “independientes” y “ministeriales”, y del “bloque nacionalista” o del “bloque revolucionario”. Sin embargo, todos pertenecían a la coalición revolucionaria ganadora y tenían elementos que los cohesionaban: algunos provenían de la XXVI Legislatura y otros del Congreso Constituyente; la mayoría eran jóvenes, con 33 años en promedio; había militares y políticos profesionales, así como abogados, médicos, ingenieros, periodistas y profesores.33 Entre abril de 1917 y diciembre de 1920 se presentaron 575 iniciativas, de las cuales 156 fueron emitidas por el ejecutivo; de éstas, los diputados aprobaron 55, rechazaron 9 y dejaron sin resolver 92. La relación entre los poderes ejecutivo y legislativo se puede entender si se considera que ambos “temían” la docilidad que había caracterizado al Congreso durante el Porfiriato, así como el talante obstruccionista mostrado por la XXVI Legislatura frente a las iniciativas de Madero. Dicho temor estimuló la separación de poderes: el ejecutivo no logró moderar los artículos 3° y 130 constitucionales, y los diputados no pudieron rechazar las objeciones —del ejecutivo y del Senado— a los artículos 27 y 130. Entre las principales responsabilidades que asumieron ambas legislaturas sobresalió la discusión por la solicitud de facultades extraordinarias para el ejecutivo en materia de Hacienda, pues se ventiló la desconfianza existente entre el presidente y el Congreso. Los diputados contrarios a la iniciativa presidencial fueron Jesús Acuña y Jesús Urueta, quienes sostuvieron que no procedía por no estar fundamentada en el artículo 29 constitucional. Diputados en favor de tal solicitud, como los constituyentes Hilario Medina y Francisco J. Múgica; y, del PLC, Eduardo Hay y José Domingo Ramírez Garrido, pasaron por alto la cuestión constitucional, argumentando que era un asunto de urgente resolución y refiriéndose al “fantasma del obstruccionismo”. Finalmente se otorgaron facultades extraordinarias en Hacienda para el ejecutivo, aunque las diferencias entre los grupos se ventilaron, respondiendo la votación a las convicciones del momento. Otro motivo de conflicto fueron las discusiones y enmiendas de los

diputados a la iniciativa de Ley de Secretarías de Estado, propuesta por el ejecutivo, que sacaron a relucir la objeción principal de los legisladores: el poder del secretario de Estado. Los diputados pretendían mantener a los secretarios de despacho en un lugar secundario para así reducir sus ambiciones políticas y para conservar ellos mismos un mayor peso.34 Podría decirse que la XXVIII Legislatura, electa a mediados de 1918, tuvo una relación más enconada frente al presidente, seguramente porque pronto se iniciaría el proceso sucesorio, alineándose buena parte de los diputados con los políticos que consideraban más probables sucesores. Más aún, el periodo extraordinario de 1919 se caracterizó por el apoyo de la mayoría de los legisladores a la candidatura de Álvaro Obregón35 y por el rechazo a varias de las iniciativas presidenciales: el conflicto entre el ejecutivo y la Cámara de Diputados había llegado a su límite. La postura de estos legisladores fue radicalmente distinta a la de los congresistas porfirianos. Don Venustiano seguramente recordó y comparó la postura que él mismo había sostenido,36 comprendiendo desde un principio que, cualquiera que fuera la filiación de los legisladores, había perdido el control absoluto del diseño del proyecto revolucionario y que su gobierno no podría ser presidencialista. A lo largo de 1917, además de elegir a los congresos nacional y locales, y con algunas variaciones regionales, el país entró en un amplio proceso para elegir también gobernadores y autoridades municipales. Otra vez, en ausencia de instituciones partidistas, las plataformas de lanzamiento de los aspirantes fueron el ejército y el aparato político preconstitucional, ya fuera federal o estatal. El cambio no puede menospreciarse. El acceso a los puestos ya no dependería solamente de la cercanía con Carranza o de la fuerza de cada grupo político o militar. Tendrían, además, distinta legitimidad. Los conflictos tampoco pueden minimizarse. En muchas entidades había más de un aspirante con fuerza y legitimidad políticas, aunque el proceso fue mucho menos ríspido cuando uno de éstos formaba parte del grupo que detentaba allí el poder a finales del periodo preconstitucional,37 lo que facilitó la continuidad de gobernadores procarrancistas.38 Las elecciones estatales problemáticas padecieron diferentes niveles de conflicto: en unas el desacuerdo pudo resolverse políticamente, como en Sinaloa,39 pero en otras terminó en rebelión, como en Tamaulipas y Coahuila, el mismísimo estado de don Venustiano.40 En algunas entidades ganaron gobernadores pertenecientes a grupos crecientemente autónomos de Carranza, que incluso lo desafiarían en las elecciones de 1920: Adolfo de la Huerta en Sonora y Pascual Ortiz Rubio en Michoacán, ambos obregonistas. Con todo, puede decirse que la composición del elenco de gobernadores fue más favorable a don Venustiano que la de los diputados y senadores.41 Había otro problema, relacionado con el anterior: una vez elegidas las nuevas autoridades legales, no iba a ser fácil que los militares o los civiles que habían adquirido poder durante los años de guerra civil les entregaran pacíficamente el mando. Nadie acepta que le quiten atributos, y menos quienes los adquirieron en condiciones de alto riesgo, y sobre todo si se pierden tales facultades y atributos en favor de quienes habían enfrentado menores riesgos, como algunas veces fue el caso. Un ejemplo paradigmático fue el de Salvador Alvarado, quien había llevado la transformación revolucionaria a Yucatán y quien no estaba dispuesto a permitir que ahora alguien con menor jerarquía y legitimidad revolucionarias tomara el mando en ese estado.42 Otro problema político considerablemente generalizado se dio en las entidades donde había campaña militar contra algún rebelde, cualquiera que fuera su signo

ideológico. Allí se enfrentaron los nuevos gobernadores contra los jefes de las operaciones militares: unos querían respeto a su soberanía y a las garantías individuales de sus electores; los otros buscaban su promoción política mediante sus éxitos militares; obviamente, estos últimos preferían que el país siguiera siendo gobernado según lineamientos extralegales, como había sucedido durante el periodo preconstitucional. Otro grave problema fue el enfrentado en el momento de construir el nuevo aparato administrativo. La burocracia ligada al porfirismo científico estaba desprestigiada y era totalmente anacrónica en términos político-ideológicos. Muchos de los de menor edad se habían reciclado durante el huertismo, por lo que, a pesar de su capacidad, su desprestigio era doble. Por otra parte, quienes habían ingresado a la burocracia con el triunfo maderista tenían fama de incapaces e ineficientes; para colmo, muchos de ellos eran contrarios a Carranza y a su proyecto gubernamental: no eran pocos los que habían colaborado con el gobierno de la Convención. En rigor, para construir su aparato burocrático, don Venustiano sólo contaba con la jerarquía constitucionalista —política y militar— formada por antiguos políticos y burócratas del periodo porfirio-reyista y reyista-maderista de Coahuila,43 así como con los mandos constitucionalistas de los otros estados del noreste y del noroeste. También contó con los clasemedieros urbanos que se aliaron al constitucionalismo cuando éste avanzó al centro del país, a mediados de 1914, así como durante su posterior expansión al Golfo, al sur y al sureste del país, desde finales de ese año, siempre y cuando hubieran permanecido leales, sin apoyar al convencionismo; por último, dispuso de algunos jóvenes con capacidad profesional y sin compromisos políticos previos, aunque carecieran de toda experiencia. En todo caso, los más leales, aquellos que habían formado parte del sector constitucionalista del noreste, eran insuficientes, pues no es lo mismo administrar un ejército y un aparato gubernamental de emergencia y regional, siempre reducido, que todo un Estado nacional. Además, muchos de ellos provenían del periodo reyista y, por lo mismo, eran de edad avanzada. Así, la burocracia más profundamente carrancista estaba envejecida y su aportación a la vida pública nacional no podía prolongarse ya por mucho tiempo. Un sector más joven de la burocracia constitucionalista temprana, ligado al grupo sonorense, ambicionaba sus puestos y pugnaba por desplazarla.

LOS DILEMAS ECONÓMICOS Y SOCIOPOLÍTICOS Los problemas económicos padecidos durante la presidencia de Carranza fueron especialmente severos. Para comenzar, los siete años de guerra y la movilización militar de los campesinos habían dañado la producción agrícola. Además, la destrucción del equipo y de las instalaciones ferroviarias, o su uso forzoso en cuestiones militares, afectaron dramáticamente el comercio y la producción, dificultando y encareciendo el transporte de mercancías e insumos de una región a otra. Para 1917 todavía se padecía un escenario bélico, y la primera Guerra Mundial dificultaba sentar las bases mínimas para iniciar la recuperación del país.44 Además, había que apegarse a las disposiciones legales impuestas por la nueva Constitución.

Si se parte de un análisis general, los problemas fiscales y monetarios eran dos urgencias que el nuevo gobierno debía resolver como base de la reconstrucción nacional. Lo primero, para ordenar las finanzas públicas, allegarse recursos y realizar las tareas que la Constitución imponía al nuevo Estado a partir de las demandas surgidas durante la lucha. Lo segundo, para reducir la incertidumbre de la población ante la ineficacia de los medios de pago, la volatilidad del papel moneda y la práctica desaparición del dinero metálico para las transacciones cotidianas. La situación no era fácil: al inicio de la presidencia de Carranza el país padecía una recesión económica considerable,45 la imposibilidad de pagar el servicio de la deuda externa, el quebrantamiento de los medios de transporte y de los circuitos comerciales y un proceso hiperinflacionario ocasionado por las múltiples emisiones de papel moneda hechas durante el proceso revolucionario.46 Si en algún sector de la administración pública se padeció la falta de personal calificado, éste fue el económico. Luego de casi 20 años de confianza y certidumbre generados por José Yves Limantour, Carranza fue constituyendo su equipo de economistas con algunos viejos colaboradores y conocidos de su periodo coahuilense, y con algunos miembros de la legislatura y la administración maderistas.47 Los más destacados fueron Luis Cabrera, viejo reyista, agudo crítico de los científicos, polémico colaborador de Madero y secretario de Hacienda con Carranza;48 Rafael Nieto, diputado promaderista en la XXVI Legislatura y conocedor de asuntos comerciales y monetarios;49 Nicéforo Zambrano, amigo de la familia Carranza, seguidor del maderismo, tesorero general de la nación y director del Departamento de Papel Moneda constitucionalista; Pastor Rouaix, autor de la ley agraria del 6 de enero de 1915, fundador de la Comisión Nacional Agraria y secretario de Fomento de don Venustiano; Alberto J. Pani, ingeniero, director de los Ferrocarriles constitucionalistas y secretario de Industria y Comercio con Carranza; y Carlos Basave del Castillo Negrete, ex reyista, gerente de la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento a la Agricultura y uno de los planificadores de la reorganización financiera y monetaria del país.50 En rigor, Nieto fue más tiempo secretario de Hacienda, de junio de 1917 a abril de 1919, que Cabrera, quien se ocupó de dicha cartera sólo en el último año de la administración carrancista. Por ello debe acreditarse a Nieto la mayor parte de las acciones en los ámbitos bancario y monetario, como la incautación de la banca nacional, la creación de la Comisión Monetaria —desde abril de 1916— y la colocación de los billetes “infalsificables”.51 Sin caer en una visión idealizante, puede asegurarse que entre 1917 y 1920 hubo una tenue mejoría respecto a los caóticos y destructivos años anteriores. Para comenzar, los dos principales bancos —el Nacional de México y el de Londres y México— volvieron a operar, aunque ello no acabó con las dificultades del financiamiento. En efecto, la incautación bancaria había prácticamente aniquilado el crédito, por lo que los propietarios de haciendas, ranchos, fábricas y negocios enfrentaban serias dificultades para operar. Para colmo, el disgusto internacional por el carácter nacionalista y revolucionario del nuevo Estado mexicano afectó las inversiones y los préstamos foráneos, impensables, además, mientras durara la Guerra Mundial. Por su parte, la Comisión Monetaria se dedicó a retirar las emisiones de las facciones revolucionarias, origen de la inflación y de la depreciación de los billetes bancarios.52 Lo más importante, por su magnitud, era sustituir los “bilimbiques” por nuevos billetes, los “infalsificables”, cuya circulación no pudo garantizarse ni regularizarse

del todo.53 En cambio, la minería comenzó su recuperación y la industria petrolera disfrutó su primer auténtico auge, si bien los impuestos a su exportación eran notoriamente reducidos. Asimismo, el sector industrial vio signos de recuperación en productos con demanda internacional, como cerveza, textiles y siderurgia.54 De hecho, para 1920 algunas empresas registraron rendimientos cercanos a los del Porfiriato y casi todas pagaron dividendos, incluso la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales. El nombramiento de Alberto J. Pani como secretario de Industria, Comercio y Trabajo dejó satisfechos a empresarios y obreros, por ser un revolucionario tan legitimado como moderado.55 Su política económica estaba ligada a la política militar y a la política social a que lo obligaba la nueva Constitución. Obviamente, la parálisis o la actividad disminuida en los sectores agrícola, ganadero, minero, ferrocarrilero y comercial provocaron un gran desempleo, lo que orilló a muchos varones adultos a incorporarse a alguno de los muchísimos grupos armados, ya fuera el ejército carrancista, alguno de los principales ejércitos rebeldes o simplemente uno de tantos grupos de bandoleros que asolaban al país durante esos años. La violencia y la crisis económica constituían un círculo vicioso: mientras la economía no se reactivara, ofreciendo otra vez empleos, muchos jefes de familia buscarían en las armas su modus vivendi; por otra parte, mientras hubiera hombres en armas —ya fueran rebeldes o simples bandidos—, el Estado tendría que seguir costeando un numeroso y poderoso aparato represivo. En otras palabras, mientras subsistiera la oposición armada, el gobierno carrancista tendría que destinar al ejército nacional buena parte de su presupuesto, y ello impediría que lo destinara a la reconstrucción económica del país.56 Sin paz no habría reactivación de la economía, y sin ésta no se podría alcanzar la paz. No parecía existir una solución en el horizonte. El problema laboral no se reducía al desempleo. Además de los miles de muertos o incapacitados para trabajar que habían causado los siete años de guerra, afectándose dramáticamente los ingresos de sus familias, la violencia revolucionaria también causó la pérdida de gran parte del “capital humano” del país: incontables hacendados, administradores, capataces y trabajadores técnicamente calificados murieron o tuvieron que buscar refugio en regiones distantes,57 lo que también afectó negativamente a la economía de esos años. El desempeño económico del país comenzó a ser determinado entonces por las disposiciones de la nueva Constitución, marco legal general y diseño del país que deseaban los revolucionarios victoriosos. La política rural de Carranza fue muy clara: en materia agrícola buscó que se reactivara la producción agropecuaria, haciendo hincapié en el otorgamiento de créditos —o en la renegociación de los que se habían otorgado años atrás mediante la Caja de Préstamos. La reactivación de la agricultura era urgente, pues el ingreso de Estados Unidos al conflicto armado en Europa impediría que se importaran incluso los granos básicos; al contrario, la demanda estadunidense hizo que volvieran a crecer los cultivos mexicanos de azúcar, café, plátano y garbanzo.58 Por lo que toca a la política agraria, era predecible que Carranza, propietario de tierras norteño, no simpatizara con una reforma agraria intensa. Su desconfianza de las dotaciones y restituciones agrarias lo distanciaron de las agrupaciones campesinas que por entonces surgieron.59 Su política obrera se caracterizó por la creación de una organización de trabajadores con

aspiraciones nacionales. Fue el gobernador de Coahuila, Espinosa Mireles, carrancista cabal, el que convocó para mayo de 1918 a una convención de delegados de todos los sindicatos y asociaciones del país, cualquiera que fuera su ideología. Fue así como nació la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), que respondía a dos objetivos gubernamentales: contar con una organización nacional obrera considerablemente amiga, y evitar que se repitieran movimientos huelguísticos que desafiaran al empresariado y al gobierno, como el de los electricistas de la ciudad de México en 1916, y los de los trabajadores textileros de mediados de 1917 y principios de 1918. Comprensiblemente, a partir de 1917 el proletariado aspiraba a que se aplicara ya lo dispuesto en la nueva Constitución. Para su desgracia, todavía faltaba la reglamentación de los artículos pertinentes. Aun así, con Carranza el gobierno intentó asumir su nuevo papel: el de árbitro.60 Lo que resulta innegable es que las políticas agraria y obrera del presidente Carranza fueron mucho menos favorables a los grupos populares que las sostenidas por él mismo en 1915, cuando se enfrentó a los ejércitos convencionistas. La explicación es obvia: la lucha era militar y sociopolítica, y Carranza buscó “robar” a los villistas y zapatistas cualquier apoyo popular. A partir de 1917, la situación era distinta: los villistas y los zapatistas ya habían sido vencidos, y él encabezaba un gobierno, no una facción revolucionaria. El papel de árbitro era su nueva obligación.

PAÍS INCÓMODO, REVOLUCIÓN INCÓMODA El gobierno carrancista también enfrentó severos problemas internacionales, causados sobre todo por la naturaleza de la Constitución de 1917 y por el ingreso de Estados Unidos a la primera Guerra Mundial, hecho que tuvo lugar casi cuando Carranza iniciaba su presidencia constitucional. Para gozar de seguridad en su frontera sur, el presidente Woodrow Wilson pidió a México que se declarara “aliado”. Don Venustiano decidió, a pesar de numerosas presiones, que México permaneciera “neutral” ante el conflicto en Europa. Sin embargo, su gobierno fue acusado de convertirse, por momentos, en germanófilo. Esta acusación se fundamentó en el ofrecimiento que Alemania hizo a México —a través de su canciller Zimmerman— de apoyarlo bélicamente si atacaba a Estados Unidos para intentar recuperar los territorios perdidos en 1848.61 En rigor, los acercamientos entre Carranza y Alemania tenían tres finalidades: no enemistarse con ésta por si acaso triunfaba en aquel conflicto; presionar a Washington con intensificar tales acercamientos si no se satisfacían algunas solicitudes del gobierno mexicano —como la venta de alimentos, armas y municiones, o la reactivación de algunas empresas estadunidenses que por la violencia revolucionaria habían suspendido sus operaciones en México—; y, por último, la negativa también tenía razones políticas internas: Carranza no quería perder la simpatía de amplios sectores de la población, ni el apoyo de muchos colaboradores —militares y civiles— abiertamente yancófobos. A todo lo largo de 1919 hubo políticos —como el senador Fall— que, una vez alcanzado el triunfo sobre Alemania, solicitaron al gobierno en Washington que impusiera represalias al de Carranza. Además de su postura durante el conflicto bélico en Europa, las disposiciones nacionalistas de la nueva Constitución también enojaron a Estados Unidos, pues amenazaban

su dominio del petróleo mexicano.62 Para contrapesar las presiones del país vecino, el gobierno mexicano intentó mejorar sus relaciones con las naciones europeas, latinoamericanas e incluso con Japón,63 y propaló lo que llamó Doctrina Carranza, según la cual los países “fuertes” estaban obligados a respetar los derechos de los países “débiles”.64 Dado que cualquier tipo de sanción contra México podía provocar mayores dosis de nacionalismo y radicalismo, y dado que las elecciones presidenciales mexicanas tendrían lugar a mediados de 1920, Woodrow Wilson prefirió esperar a que las urnas reorientaran la política del país vecino.

EL REY VIEJO Las elecciones presidenciales de 1920 fueron el último de los grandes problemas de la presidencia de Carranza.65 De hecho, terminaron por provocar su derrumbe antes de que concluyera el término de su mandato. Las preguntas obligadas son: ¿cómo explicar que el hombre que había detentado el máximo poder en el país durante siete años se derrumbara tan fácilmente en cosa de dos meses? ¿Cómo explicar que Carranza hubiera manejado tan hábilmente su periodo rebelde y que, en cambio, haya tenido una presidencia tan errática, sobre todo tratándose de un político partidario de la vida institucional y legal, de un político porfiriano? Los problemas arrastrados a lo largo del periodo presidencial fueron determinantes en su caída. Si se piensa en los problemas militares debe recordarse que muchos de los rebeldes anticarrancistas se sumaron a la revuelta de Agua Prieta en 1920,66 que fue lo que finalmente lo derrocó y lo asesinó; debe recordarse que el jefe nato de dicha revuelta fue Álvaro Obregón, caudillo de buena parte de los miembros del ejército y a quien, precisamente, don Venustiano trató de neutralizar a todo lo largo de su presidencia. Si se piensa en los problemas políticos, debe recordarse que la revuelta de Agua Prieta fue respaldada por una gran mayoría de la clase política, como diputados y gobernadores. Si se consideran los problemas socioeconómicos, resulta obvio que las reformas moderadas propuestas por Carranza terminaron por dejarlo solo, pues quedaban insatisfechas las clases populares y las clases propietarias aún estaban muy enfrentadas con los gobiernos posrevolucionarios. Por último, su política exterior lo enemistó fatalmente con Estados Unidos. Para 1920, don Venustiano estaba aislado y debilitado al máximo. En términos más concretos, resulta evidente que Carranza no se preocupó por preparar un sucesor factible;67 tampoco se preocupó por construir un aparato político —léase partido— que hiciera posible el triunfo de dicho sucesor. Simplemente se dedicó a tratar de impedir la llegada al poder de Obregón, de quien se había distanciado desde 1916 por diferencias en política internacional. Oponerse a Obregón implicaba enfrentarse al ejército nacional, que era el principal factor de poder en el país. Gobernar luego de la lucha y construir un Estado posrevolucionario sin la participación protagónica de muchos de los hombres que habían hecho la Revolución, fue su mayor error. Carranza creyó, prematura y equivocadamente, en la posibilidad de la transición a un gobierno civil. En cosa de dos meses, entre abril y mayo de

1920, la revuelta de Agua Prieta, movimiento que aglutinó a casi todos los ex revolucionarios, no sólo lo derrocó sino que terminó por arrancarle la vida. ¿Cómo pudo terminar así el más experimentado político de toda la Revolución mexicana?

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Entre las mejores biografías de Carranza se encuentran Taracena, 1963, y Carranza, 1977. Una versión más moderna es Richmond, 1986. 2 Véase Cumberland, 1975. 3 Consúltense Katz, 1998, y Womack, 1969. 4 Véase Guilpain, 1991, y Lomelí, 1974. 5 Consúltese el libro escrito entonces por algunos colaboradores de Carranza como Félix Palavicini, Alfredo Breceda, Alfonso Cravioto y José N. Macías, entre otros, titulado El Primer Jefe (Palavicini, s/f). 6 Véase Matute, 1977, pp. 153-183. 7 Consúltese Hall, 1985. 8 Ante la torpe actuación diplomática de Obregón, don Venustiano decidió sustituirlo por Luis Cabrera, Ignacio Bonillas y Alberto J. Pani. Por ese tiempo se editó y circuló un libro que documentaba su proceder, mismo que fue destruido cuando Obregón asumió la presidencia, en 1920. Secretaría de Relaciones Exteriores, s/f. 9 Entre los jefes leales a González se debe mencionar, entre otros, a Jacinto B. Treviño, Cesáreo Castro y Francisco Coss. 10 Consúltese el libro, ricamente documentado, escrito por su hijo: González, Pablo, 1971. 11 Destacados militares como Pablo González, Álvaro Obregón, Cándido Aguilar, Cesáreo Castro, Francisco Cossío Robelo, Benjamín Hill, Eduardo Hay fundaron, en octubre de 1916, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Véase Ulloa, 1983. 12 La oficina de la Primera Jefatura en Querétaro contabilizó un millón y medio de votos para Carranza: la asistencia había sido buena y el conteo de votos, pacífico. Sin embargo, Taracena señala que sólo votaron un poco más de 200 000 personas. Asimismo, Álvaro Obregón declaró a El Universal que don Venustiano había sido “electo por mayoría absoluta”. Véanse Taracena, 1960-1965, y Cumberland, 1975. 13 Unos se incorporaron a los ejércitos rebeldes en armas, cualquiera que fuera su ideología; otros colaboraron con Félix Díaz, y otros más lucharon de manera autónoma. Dos casos muy representativos fueron Higinio Aguilar y Gaudencio de la Llave. Véanse Garciadiego, 1992, y Garciadiego, 1993. 14 En marzo de 1917 Villa amagó la ciudad de Chihuahua y meses después ocupó temporalmente Ojinaga. 15 Véase Womack, 1969. 16 Brunk, 1992. 17 Consúltense las monografías de Falcón, 1984; Lerner, Victoria, 1989, y Ankerson, 1994. 18 Véanse Buve, 1994, y Ramírez Rancaño, 1995. 19 Consúltese Ochoa, 1990. 20 El importantísimo proceso del pelaecismo aún carece de una buena monografía. Entre tanto, consúltese Garciadiego, 1981. 21 Véase Ulloa, 1986. 22 Consúltense la monografía de Henderson, 1981, y el testimonio clásico y rico en documentos de Liceaga, 1958. 23 Véase Garciadiego, 1981. Además, consúltense García de León, 1977, y García de León, 1991. También véase Hernández Chávez, 1979. 24 Consúltense Ruiz Cervantes, 1986, y Garner, 1988. 25 Como prueba de la importancia que tenían, al frente de los Establecimientos designó a Alfredo Breceda, uno de los políticos revolucionarios más cercanos a Carranza. 26 Desde mayo de 1917 Obregón estaba formalmente alejado de la política, dedicándose, supuestamente, al cultivo del garbanzo. 27 Decretó, en abril de 1918, que la Secretaría de Guerra se encargara de los asuntos administrativos, mientras que el ejecutivo se dedicaría a dirigir las operaciones militares. 28 Las formas más generalizadas de corrupción consistían en lucrar con armas, municiones, forrajes y haberes, así como entrar en connivencia con los rebeldes para el usufructo del botín: estas prácticas hicieron ver al ejército carrancista lo provechoso que era el estado de guerra. 29 Consúltense Garciadiego, 1974, y Matute, 1980. 30 Para una revisión de las leyes electorales véase José, 1992. 31 El 6 de febrero de 1917 don Venustiano emitió la convocatoria para elegir los poderes federales. 32 Algunos de los más destacados diputados de la XXVII Legislatura fueron Jesús Acuña, Alfonso Cravioto, Manuel García Vigil, Eduardo Hay, Heriberto Jara, Aurelio Manrique, Rafael Martínez de Escobar, Francisco J. Múgica, Luis Sánchez Pontón, José Siurob, Jacinto Treviño y BasilioVadillo, entre otros. 33 Marván, 2002. 35 Álvaro Obregón lanzó su candidatura presidencial en junio de 1919, a través de un manifiesto en el que señaló su programa de gobierno. 36 Recuérdese que Venustiano Carranza fue diputado local por Coahuila y senador de su estado natal durante el Porfiriato.

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Marván, 2002. Algunos ejemplos serían: en Nuevo León, Alfredo Ricaut entregó el poder a Nicéforo Zambrano; en Querétaro, Emilio Salinas a Ernesto Perrusquía, y en San Luis Potosí, Alfredo Breceda a Juan Barragán. Acaso resulte innecesario señalar que los seis personajes en cuestión eran plenamente carrancistas. 38 Otros ejemplos de gobernadores procarrancistas electos son los de Veracruz y Puebla: Cándido Aguilar, su yerno, y Alfonso Cabrera, pariente cercano de su influyente ministro, Luis Cabrera. 39 Los cinco candidatos perdedores se inconformaron ante el triunfo de Ramón Iturbe, alegando imposición y fraude. El influyente Álvaro Obregón tuvo que intervenir para zanjar las dificultades. 40 En Tamaulipas el general Luis Caballero terminó por alzarse en armas luego de una campaña llena de violencia y vicisitudes, como dos posposiciones y cambios en la gubernatura preconstitucional. El ganador fue César López de Lara. Por lo que respecta a Coahuila, el general Luis Gutiérrez se alzó en armas alegando la imposición de Gustavo Espinosa Mireles. 41 Véanse Cumberland, 1975, pp. 329-336, y Matute, 1995, pp. 253-254 y 257-260. 42 Joseph, 1992, y Paoli, 1985. 43 Recuérdese que Carranza había sido un connotado político en la Coahuila porfiriana, muy vinculado a la facción reyista, y que luego, como gobernador durante el maderismo, aprovechó aquellas viejas “redes”. 44 Este tema fue redactado con base en una versión preliminar preparada por mi colega Jesús Méndez Reyes, a quien reitero mi agradecimiento. 45 Se argumenta que la recesión en el sector industrial había comenzado desde el segundo semestre de 1913, mientras que en el sector agrícola databa de finales de 1914. Véase Haber, 1989, pp. 124-132. 46 Cárdenas, Enrique, 1992, pp. 447-470. Se ha calculado que hasta 1915 los Ferrocarriles Nacionales habían perdido cerca de 60% de sus vías. Véase Mata, 1999. 47 El secretario de Hacienda de Madero había sido su propio tío Ernesto, ahora exiliado en Nueva York bajo fuertes sospechas de haber apoyado a la facción convencionista. Otra posibilidad malograda fue Toribio Esquivel Obregón, crítico de la política económica de los científicos y antirreeleccionista temprano; sin embargo, rompió con Madero y luego hasta colaboró con Huerta. 48 Las críticas de Cabrera a los científicos habían tenido más un carácter político que técnico-económico. Abogado de amplios saberes e intereses, fue un influyentísimo asesor de Carranza en temas jurídicos, agrarios y hasta diplomáticos. Véanse las varias ediciones de su obra hechas por Eugenia Meyer: Cabrera, 1974; Cabrera, 1992; Meyer, Eugenia, 1972; Meyer, Eugenia, 1994. 49 Nieto, 1998. 50 Consúltense Rouaix, 1914; Pani, 1945; Palacios, 1985, e INEHRM , 1990-1994. 51 Uhthoff, 1998. 52 En 1917, Edwin Kemmerer vino a México contratado como asesor financiero por el gobierno de Carranza. El resultado de su asesoramiento fue publicado como Sistema monetario de México (Kemmerer, 1917). 53 Un error pronto generó desconfianza hacia los “infalsificables”, pues el gobierno pagaba con ellos los sueldos de la burocracia y del ejército, pero en cambio exigía en metálico el pago de impuestos. Para colmo, el alza internacional del precio de la plata provocó que salieran a la circulación monedas que habían sido ocultadas, por lo que el comercio y la banca volvieron a hacer sus transacciones en metal. 54 Haber, 1989, pp. 132-134. Las empresas textiles y cerveceras volvieron a contratar obreros, y la Fundidora de Monterrey alcanzó una cifra récord en sus utilidades. 55 Pani organizó en 1917, con éxito apreciable, el Primer Congreso Nacional de Industriales. 56 Manuel García Vigil, durante una sesión en la Cámara de Diputados, calificó de “exorbitante” la partida destinada a la Secretaría de Guerra. Un estudioso de la época asegura que los gastos militares “devoraban” la mayor parte del presupuesto. En efecto, en 1917 el presupuesto para gastos militares fue de 69.6%; para 1918, 55.5, y para 1919, 47.4. Aunque fue decreciendo el porcentaje de los gastos, éste siempre resultó mayoritario. Véanse Cumberland, 1975, y Wilkie, 1978. 57 Garciadiego, en prensa. 58 Véase Méndez, s/f. También consúltese Cárdenas, Enrique, 2003b. 59 Cumberland, 1975, y Gómez, Marte, 1975. 60 Véanse Cumberland, 1975; Carr, 1976, y Ruiz, 1978. 61 Véase Tuchman, 1960; Durán, 1980, y Katz, 1982. 62 Rippy, 1954; Meyer, Lorenzo, 1972; Brown, 1998. 63 Katz, 1982. 64 Consúltense Galindo, 1919; Fabela, 1958, y Richmond, 1986. 65 Matute, 1980. 66 Garciadiego, 1974. 67 Aunque el sonorense Ignacio Bonillas había participado como oficial mayor encargado del despacho de las secretarías de 37

Fomento y Comunicaciones y Obras Públicas en el gabinete constitucionalista de Carranza, y que entre 1917 y 1920 fungió como embajador en Estados Unidos, era un personaje desconocido. En 1920 el Partido Liberal Nacionalista lanzó su candidatura a la presidencia, pero ante su impopularidad y la revuelta de Agua Prieta, su postulación no prosperó.

ADOLFO DE LA HUERTA

PEDRO CASTRO El Colegio de México

ADOLFO DE LA HUERTA nace en el puerto de Guaymas, Sonora, el 26 de mayo de 1881. Participa en la Revolución de 1910, y al triunfo del movimiento es diputado de la legislatura de su estado natal. Al consumarse el golpe de Victoriano Huerta contra Madero promueve la alianza de los revolucionarios sonorenses con el gobernador coahuilense Venustiano Carranza. A la caída del usurpador, Carranza lo designa oficial mayor de la Secretaría de Gobernación en 1913, y gobernador provisional de Sonora en 1916. Durante su gobierno consigue pacificar a los yaquis, que se mantenían en armas en demanda de la devolución de las tierras que consideran su propiedad ancestral. En 1919 Carranza lo envía a Nueva York a fin de desempeñar el puesto de cónsul general, pero en ese mismo año, ya distanciado del presidente Carranza, regresa a México para asumir de nuevo la gubernatura de Sonora. Con el objetivo de debilitar a los aliados del general Álvaro Obregón, entonces candidato presidencial de oposición, Carranza hostiliza al gobernador Adolfo de la Huerta al reprobar los acuerdos del gobierno estatal con los yaquis levantados en armas y “federalizar” los ríos Sonora y Horcasitas. La tensión entre Hermosillo y la ciudad de México alcanza su punto más alto, y el presidente decide enviar al ejército federal a Sonora con el propósito de someter a su gobierno. En respuesta, Adolfo de la Huerta declara la suspensión de relaciones con el gobierno central y nombra al general Plutarco Elías Calles jefe de la División del Cuerpo de Ejército del Noroeste, a fin de preparar las medidas de orden militar para enfrentar al centro. El Plan de Agua Prieta del 23 de abril de 1920 anuncia un nuevo movimiento armado para derrocar al gobierno federal. La guerra se enciende de nuevo y las principales fuerzas políticas del país secundan a Sonora en su rebelión, que culmina con la trágica muerte de don Venustiano en Tlaxcalantongo. Con arreglo al Plan de Agua Prieta, que establece que al ocuparse la capital de la República el Congreso designaría a un presidente provisional, el 26 de mayo de 1920 se resuelve la elección en favor de Adolfo de la Huerta como presidente interino. Permanece seis meses en esta calidad, del 1° de junio al 30 de noviembre de 1920. Sus tareas principales son concluir legalmente el periodo de su antecesor, preparar las elecciones presidenciales y pacificar al país. Adolfo de la Huerta hereda un endeble gobierno central, en un país devastado por la lucha revolucionaria en el que todavía opera una buena cantidad de pequeños ejércitos en rebeldía, así como aliados oportunistas cuya lealtad al nuevo régimen es más que dudosa. El flamante presidente tiene como tarea inicial consolidar el poder con base en el grupo vencedor, así como abrir espacios y dar salidas honorables a los levantados en armas. Con el respaldo de los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles negocia con los rivales, aplica medidas de presión política para someter a los inconformes y apoya a los grupos amigos, dando con ello pasos firmes para revertir la fragmentación del país que resultó de la guerra civil. El gobierno delahuertista es el último del periodo convulso y el primero de nuevas instituciones. La centralización del poder se vuelve una tarea necesaria, ya que es indispensable aglutinar fuerzas en torno al proyecto de reconstrucción del país. En este objetivo se ponen en práctica medidas de una nueva relación del Estado con la sociedad, en particular con los grupos en ascenso tales como los obreros y campesinos, en abierto contraste con la política carrancista, que los desdeñó y hostilizó. Adolfo de la Huerta, respaldado por Obregón y Calles, no desaprovecha cuantas oportunidades se presentan para bienquistarse con los trabajadores del campo y la ciudad, y con tal acierto, que logra ganarlos para su causa en

momentos decisivos. El antiguo gobernador de Sonora cuenta con buenos antecedentes ganados en Hermosillo cuando estableció la Cámara Obrera, devolvió tierras, fundó cooperativas agrícolas y promulgó la Ley de Indemnización por Accidentes de Trabajo, el antecedente inmediato de la norma constitucional en la materia. Adolfo de la Huerta traza las grandes líneas de la política agraria nacional, luego seguidas por sus sucesores, los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. En consonancia con la Constitución de 1917 y de las leyes correspondientes, pone en marcha un nuevo programa de reparto, distribución y restitución de tierras, unida al licenciamiento de las tropas y al establecimiento de colonias agrícolas militares. Un sesgo zapatista es visible: el Ejército del Sur, después de una feroz persecución que culmina cuando su líder es asesinado en Chinameca, participa de manera más bien simbólica en el Movimiento de Agua Prieta. Ahora que el zapatismo está de lado del gobierno, en junio de 1920 Soto y Gama —cercano colaborador de Zapata— funda el Partido Nacional Agrarista (PNA), cuyo objetivo es promover el reparto y restitución de la tierra, así como fundar ejidos y centros de población campesina. Para apreciar mejor la política agraria de Adolfo de la Huerta conviene mirar a su antecedente inmediato. Aunque durante el régimen carrancista se llevan a cabo las primeras medidas agrarias de inspiración revolucionaria, ellas son moderadas y se concentran más en la restitución que en la distribución de tierras de las haciendas.1 Por motivos diversos el reparto de Carranza alcanza, según una versión, 167 963 hectáreas a lo largo de casi un lustro.2 En contraste, al final de su periodo, De la Huerta dota de 165 974 hectáreas a 128 pueblos, y restituye 44 582.19 hectáreas a sus dueños originales (Nayarit 11 582.66; Sinaloa 7 744 y Sonora 25 255.53) con el propósito de apaciguar a coras, huicholes, yaquis y mayos.3 También tienen lugar repartos de bienes intervenidos a “enemigos de la causa revolucionaria”, y por excepción algunos latifundios.4 El gobierno de Adolfo de la Huerta, además, restablece el decreto del 6 de enero de 1915, que autoriza de nuevo las posesiones provisionales a los pueblos (Carranza las había suspendido), a través de la circular 39 del 7 de agosto de 1920. En virtud de ella, se devuelve la capacidad de los ejecutivos de los estados para dividir los latifundios, crear la pequeña propiedad y establecer nuevos centros de población.5 Aun cuando en su periodo se reparten casi tantas tierras como en el de Carranza, De la Huerta no es partidario de destruir los latifundios para beneficio de los campesinos. Para él, dividir por sistema grandes propiedades y repartirlas sin mayor método “no daría los resultados que se buscaban”.6 En otras palabras, sostiene que una reforma agraria indiscriminada llevaría al país a la ruina y destruiría la base gravable de la propiedad rústica, sin que de ello se derivaran beneficios significativos para los campesinos. Una de las medidas más importantes del gobierno de Adolfo de la Huerta es la Ley de Tierras Ociosas del 23 de junio de 1920, destinada a poner a trabajar de inmediato el suelo cultivable, e incrementar así la producción de comestibles e insumos agrícolas. Esta ley declara de utilidad pública el cultivo de las tierras de labor, por lo que “la Nación” podría en todo tiempo disponer temporalmente (para fines agrícolas) de aquellas que fuesen laborables y no cultivables por sus legítimos propietarios o poseedores.7 Por otra parte, el plan de establecer colonias agrícolas toma forma en ocasión del licenciamiento de 30 000 soldados del ejército regular. El gobierno está dispuesto a erogar un millón de pesos para la adquisición

de implementos de labranza para su debida operación.8 Ellas ayudan a dar ocupación a desplazados del ejército, que debía contar solamente con 50 000 hombres de los 200 000 que se encontraban en la nómina de la Secretaría de Guerra.9 Los primeros en beneficiarse de tal medida son los cedillistas en San Luis Potosí y los soldados del general Carrera Torres en La Huasteca.10 Con las colonias militares no solamente se da una ocupación pacífica a los ex soldados, sino que se reduce la carga presupuestal que significa un ejército abultado; se incrementa la muy necesaria oferta alimentaria en momentos de crisis y penuria ecónomica; se da aliento a la idea reformista de la pequeña propiedad, y, de modo importante, se cuenta con una suerte de reserva de hombres armados listos para actuar en cualquier contingencia. El presidente De la Huerta actúa con tiento en materia de relaciones entre los dueños de las empresas y los trabajadores, así como en la solución de los conflictos industriales. Tiene tras de sí una trayectoria de conciliación en la materia y una sólida autoridad moral derivada de su rechazo al uso de la violencia y de su integridad personal. Se inclina por la negociación en los 195 movimientos de huelga a lo largo del interinato, en los que participan alrededor de 205 428 trabajadores, sobre todo obreros textiles, ferrocarrileros y mineros.11 Sus intervenciones personales en este campo son célebres y cuando deja la presidencia ningún movimiento se mantiene en pie. Funda el Departamento del Trabajo y Previsión Social, adjunto a la presidencia de la República, con el cromista Eduardo Moneda al frente.12 También en la línea de reforzar la autoridad gubernamental en los conflictos entre el capital y el trabajo se reforma la Junta de Conciliación y Arbitraje “para darle una mayor imparcialidad”.13 La Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) tiene posiciones importantes en el gobierno: Luis N. Morones es director de Establecimientos Fabriles y Militares; Celestino Gasca gobernador del Distrito Federal y Samuel Yúdico superintendente de la distribución de terrenos federales entre los soldados cedillistas. La presencia de estos personajes responde a la necesidad de mantener los compromisos pactados por Obregón con ellos en 1919, más que a una preferencia de De la Huerta. Son dignos de mención sus vínculos, durante y después de su interinato, con sindicatos de la Confederación General de Trabajadores (CGT), de inspiración anarquista y contrarios a la CROM. La victoria del movimiento de Agua Prieta hace impostergable el desplazamiento del carrancismo de los puestos de poder. De mano blanda pero realista y pragmático, el presidente De la Huerta se dirige en un primer mensaje al Congreso General, en el sentido de llamar “la atención urgente e indispensable” del Senado para nombrar titulares de los gobiernos de los estados. Le anuncia que en Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León y Tamaulipas el gobierno desconoce la investidura de los gobernadores electos, y que en Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Puebla, Veracruz, Campeche y Yucatán los gobernadores han sido cesados. También anuncia algunas reformas a la ley electoral vigente del 1° de julio de 1918. Hace notar que con motivo de la rebelión se interrumpieron los trabajos preparatorios de las elecciones para presidente de la República y de diputados y senadores al Congreso de la Unión, por lo que en un “número considerable” de estados no fueron cumplidas las prescripciones relativas a la ley en la materia. Por tanto señala la necesidad de aplazar las elecciones, “y así dar oportunidad a todos los candidatos, a todos los partidos, y a todos los ciudadanos de la República, para que entren en igualdad de condiciones en la lucha democrática.” Finalmente, el presidente alude a un proyecto de ley relativa al trabajo, otro que

crea el Departamento de Educación Pública, y uno más que reforma la ley orgánica de los tribunales del fuero común.14 Al llegar De la Huerta a la presidencia se encuentra con “las arcas de la Tesorería exhaustas y en la Comisión Monetaria un solo ‘infalsificable’ de cinco pesos”.15 En cuanto al dinero rescatado del tren de Carranza en Aljibes, que ascendía a ocho millones de pesos, su destino es pagar los haberes de los 22 000 miembros de las fuerzas del general Pablo González. La política financiera del régimen interino es de una marcada restricción en el gasto y de un manejo escrupuloso de los recursos, dirigidos de modo prioritario a la pacificación del país y a la liquidación de los compromisos heredados, entre ellos los remanentes de los “infalsificables” y el pago de los 15 millones de pesos de los llamados Bonos Cabrera.16 De otras erogaciones de carácter político deben mencionarse seis millones de pesos para licenciar a Villa, Cedillo y otros, compensadas en alguna medida por las economías resultantes de la reducción del ejército.17 Se compensa el déficit de la administración anterior, e incluso se obtiene un modesto superávit, situación que no se había visto desde el gobierno del general Pofirio Díaz. El ex diputado Gustavo Padrés, subsecretario de Hacienda, señala que al finalizar el periodo, “el presupuesto está balanceado[…] Tenemos un superávit de consideración”.18 Su desempeño financiero como presidente, aunado a su integridad personal, es definitivo para que Adolfo de la Huerta asuma el cargo de secretario de Hacienda en el gobierno de su sucesor Álvaro Obregón. El general Salvador Alvarado es ministro de Hacienda durante el régimen delahuertista, pero a los dos meses viaja hacia Estados Unidos con el propósito de defender la Reguladora del Henequén, acusada de violar la Sherman Anti-Trust Act. De pasada, busca un arreglo con los banqueros norteamericanos a fin de reanudar los flujos financieros hacia México, interrumpidos por la contienda armada. En ausencia de Alvarado, el presidente De la Huerta maneja directamente la hacienda pública, con la ayuda del subsecretario Padrés. La breve gestión de Alvarado en México arroja como resultado principal la reorganización de la Secretaría de Hacienda y la formación de comisiones técnicas encargadas de los asuntos financieros prioritarios del gobierno interino: deuda interna y externa, ley bancaria, banco único, moneda y emisión de deuda pública.19 Por otra parte, la Secretaría de Hacienda tiene funciones en las tareas de pacificación y concordia, al estar a cargo de la devolución de las iglesias cerradas o dedicadas a otros propósitos por el gobierno carrancista, así como de la desintervención de bienes afectados por motivos políticos, con excepción de los bienes de Victoriano Huerta, Emilia Águila de Huerta y sus hijos; Félix Díaz, José María Maytorena y Eugenio Paredes; Chapingo, La Campana y Xico, de Íñigo Noriega.20 El gobierno se enfrenta al problema de la normalización de las relaciones internacionales de México con Estados Unidos. El asunto tiene visos de gravedad y no son suficientes las protestas mexicanas de apego a la legalidad en el cambio de régimen ni las palabras conciliatorias del presidente de la República. El derrocamiento del presidente Carranza da oportunidad a un sector del capital norteamericano con intereses en México de ignorar los entendimientos básicos sobre el artículo 27 constitucional. Este país tiene entonces que lidiar con un problema doble: la oposición abierta y subterránea de las compañías petroleras a sus políticas, y la insistencia de Wilson de reconocer al gobierno de De la Huerta solamente después de acuerdos previos, tendientes a modificar la legislación o medidas de gobierno, en

la línea del llamado Informe Fall.21 Adolfo de la Huerta manifiesta desde el principio de su gobierno su buena disposición hacia los intereses estadunidenses en México, pero deja claro que no se revertirían las posturas de Carranza en materia petrolera ni se acatarían deseos del presidente Wilson. Respecto a la política interna, Adolfo de la Huerta intenta dividir y someter a las petroleras a la legalidad. El fin de la incondicionalidad en el otorgamiento de permisos de perforación a quienes tienen derechos adquiridos antes de mayo de 1917 es una de las disposiciones más resentidas por los petroleros, motivo de las ruidosas protestas del gobierno de Estados Unidos.22 En virtud de uno de los decretos de 1918 es necesaria la denuncia de todos los terrenos petroleros y una concesión gubernamental antes de proceder a su explotación, aun cuando las compañías tengan títulos de propiedad anteriores a 1917.23 Sin embargo, el asunto de las concesiones en zonas federales causa las mayores fricciones. La circular 10, del 10 de julio de 1920, fija las condiciones y requisitos bajo los cuales se darían las concesiones. La controversia surge a partir de las franjas de terreno colindantes con los cursos navegables: 20 metros de ancho hasta la marca de la marea alta y 10 metros de ancho hasta el punto en que se pudiera navegar por la corriente por medio de balsas, las llamadas zonas federales en sentido estricto.24 Los esfuerzos del presidente para allegarse la simpatía estadunidense oficial son intensos aunque de nulos resultados, debido a la presión de las grandes compañías petroleras sobre el Departamento de Estado. Para el efecto de normalizar las relaciones con Estados Unidos, el presidente De la Huerta abre en Washington una “agencia confidencial”, cuya función básica es la de representar al gobierno interino, y su titularidad recae en el doctor Álvaro Torre Díaz.25 Luego es sustituido por Fernando Iglesias Calderón, a quien se nombra alto comisionado con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario, con instrucciones de “arreglar los asuntos pendientes” entre los dos países. Iglesias llega a Washington a fines de junio y permanece hasta el 21 de octubre. Al igual que su antecesor, se enfrenta con pocas armas a las negativas de Washington, cuyo objetivo es sacar el máximo de ventajas en el momento de un acercamiento a México, que se daría tarde o temprano. Antes de que Iglesias salga de Estados Unidos, Roberto V. Pesqueira es nombrado agente financiero de México en Nueva York, ciudad a la que llega el 5 de septiembre, para dirigirse luego a Washington. Pero los controvertidos permisos de perforación en las zonas federales dan al traste con cualquier esperanza de arreglo de la cuestión petrolera, y por ende los intereses afectados ejercen mayor presión contra el reconocimiento al gobierno. En virtud de una carta de Pesqueira al secretario de Estado, fechada el 28 de octubre, su autor declara que en el caso de que se reanudasen las relaciones oficiales, en su carácter de representante del gobierno de México se encuentra “pronto y deseoso” de trasladar sus palabras en un protocolo entre los dos gobiernos, con el contenido siguiente: a) celebración de un acuerdo de reclamaciones en el que se estipule que las inconformidades no solucionadas por negociaciones directas debían ser sometidas a una comisión mixta de reclamaciones; b) el reconocimiento por el gobierno de que las disposiciones del artículo 27 no tienen efecto retroactivo; c) celebración de un acuerdo por el que se sometería el arreglo de “todas las otras cuestiones existentes en controversia” entre los dos gobiernos y que no pudieran ser resueltas por ellos en el término de seis meses, a la decisión “definitiva y obligatoria de una Comisión

Internacional Conjunta”.26 Para sorpresa general, el presidente De la Huerta desautoriza las negociaciones de Pesqueira porque rechaza cualquier condición al reconocimiento de su gobierno por Estados Unidos. Escudándose en la necesidad de defender la dignidad del país en los momentos difíciles de la reconstrucción, emite un telegrama circular a todos los representantes diplomáticos en el extranjero: He declarado públicamente, en más de una ocasión, que el Gobierno a mi cargo no aceptará por ningún concepto que las relaciones con los demás países se reanuden a base de estipulaciones que afecten el decoro de nuestra Patria […] Nuestra actitud, ajustándose a la moral y al derecho, será la única garantía para que sea considerada nuestra República en armonía con los demás pueblos civilizados de la tierra.27

Adolfo de la Huerta se niega entonces a caer en el juego chantajista de Washington y le da esta digna respuesta. Pero su postura se revierte tres años después cuando el presidente Álvaro Obregón resuelve hacer caso omiso de ella y seguir su propio camino para obtener el reconocimiento de su gobierno por Estados Unidos, con base en los Acuerdos de Bucareli de 1923. La tarea más urgente e importante a largo plazo, sin embargo, es la pacificación del país. Es aquí donde el presidente da las mejores pruebas de su capacidad para conciliar, gracias a sus conocidas cualidades de político honesto y confiable. Adolfo de la Huerta no es un neófito en el asunto, ya que como gobernador de Sonora participó en varias ocasiones en tareas similares con los yaquis, de larga tradición de lucha contra los yoris, los blancos y mestizos intrusos en su homeland. Su habilidad para concertar alianzas también juega en su favor, así como su rechazo al uso de medios violentos para someter a sus opositores. A manera de anuncio de lo que seguiría, el primer paso del programa de Adolfo de la Huerta es “conciliar” las diferentes fuerzas políticas afines a la rebelión, para lo cual nombra un gabinete plural y de equilibrio entre los grupos a quienes de diferentes maneras se debía el buen término de la rebelión aguaprietista. “Los miembros del Gabinete del Gobierno Provisional —dice— eran exponentes de las diferentes tendencias políticas, pues en mi propósito de conseguir la unión de toda la familia mexicana, procuré que todas las tendencias estuvieran representadas en aquel régimen.”28 En una decisión que muestra su espíritu conciliador, ordena que se abran las puertas del país a todos los mexicanos exiliados en Estados Unidos, Cuba, Centroamérica y Europa. México volvía a ser la patria de todos, sin importar su credo ni pasado político, siempre que no estuvieran involucrados en crímenes, como es el caso de los huertistas. El Primer Jefe fracasó en su intento de unificar al país, ya que no pudo controlar extensas regiones en manos tanto de elementos con banderas políticas como de simples forajidos que aprovechan el caos que reina en el país. En los estados y hasta en la misma capital de la República se presenta un desafío permanente al gobierno central, incapaz de imponer su soberanía a lo largo del territorio nacional.29 Los tipos de rebeldía “política” contra el gobierno de Carranza son de distinta especie. Están la villista y la zapatista que sobreviven precariamente después de muchos años de lucha. Otros tienen que ver con las consecuencias de la lucha constitucionalista y las medidas de jefes militares en su afán de quebrantar la dominación tradicional en el interior de la República. Ejemplos de los últimos casos son Yucatán y Chiapas, así como Oaxaca, durante los gobiernos de los generales Salvador

Alvarado y Jesús Agustín Castro, respectivamente.30 Los hermanos Cedillo se mantienen en armas ante su frustración por la “falta de entusiasmo revolucionario” de los gobernadores potosinos Juan Barragán y Severino Martínez.31 Están los felicistas, la última resistencia armada del Porfiriato, y los soberanistas y pelaecistas, confluyentes en el punto de la autonomía regional, con propósitos diversos pero a favor de la preservación de intereses caciquiles. Villistas y pelaecistas, felicistas y zapatistas, felicistas y villistas forman esporádicas y bizarras mancuernas, en el ánimo de sobrevivir a los embates del carrancismo. La mayoría de las veces sus aventuras políticas y posturas ideológicas se diluyen en un mal disfrazado bandolerismo, y en ello emulan con ventaja a sus pares del gobierno federal, donde imperan el abuso y la corrupción. Los rebeldes anticarrancistas, aunque sin representar de manera aislada una amenaza seria a las instituciones, son escurridizos y estorban la gobernabilidad de las zonas en que operan. La mayoría de ellos abrazan el movimiento de Agua Prieta, en gran parte gracias a la amplia labor de convencimiento desplegada por los sonorenses, en especial el general Obregón. En su proyecto de pacificar al país, Adolfo de la Huerta tiene en la mira al general Francisco Villa, un símbolo vivo de la Revolución mexicana, héroe para unos, villano para otros. Aunque es sombra de su pasado, tiene importancia crítica porque opera en una zona de difícil acceso, en extremos del clima y la geografía, a un paso de la frontera con los Estados Unidos. Los restos de la División del Norte todavía ascienden a más de 10 000 hombres en armas, si incluimos a sus aliados por toda la República.32 El presidente De la Huerta conoce los deseos del Centauro de retirarse definitivamente a la vida privada, con el objeto de “explotar un pequeño rancho que poseía en las cercanías de la Ciudad de Chihuahua”. Don Adolfo le envía un telegrama en el que le invita a despedirse de las armas y le sugiere no residir en el estado de Chihuahua —por la cantidad de enemigos que tiene—, a lo que el ex jefe de la División del Norte responde con increíble mansedumbre: “Yo viviré donde usted me lo mande”.33 Ni tardo ni perezoso, Villa da los primeros pasos: realiza una marcha a caballo desde la Hacienda de Encinillas en Chihuahua hasta Sabinas, Coahuila, punto desde donde se comunicaría con De la Huerta por telégrafo. Setecientos kilómetros en línea recta por el Bolsón de Mapimí, uno de los desiertos más inclementes de México, son recorridos bajo el acecho de perseguidores, en una travesía que se eleva a la categoría de proeza. Una vez que llega a su destino, Villa informa a De la Huerta que se encuentra a sus órdenes. El presidente le ofrece un año de haberes y tierras para que él y sus soldados se dediquen a la agricultura, “continuando ese año como fuerzas irregulares, listas para el primer llamamiento”. Pero el desconfiado guerrillero quiere garantías por escrito, así que el presidente interino le pide que aguarde la llegada del general Eugenio Martínez, jefe de operaciones militares en Coahuila, quien investido como una suerte de plenipotenciario firmaría el pacto de sometimiento al gobierno. El 28 de julio de 1920 se acuerda la rendición de Villa a cambio de la Hacienda de Canutillo para él y sus hombres, una escolta de 50 miembros, reconocimiento de los grados obtenidos, así como haberes durante un año.34 Villa conserva sus tropas, y los miembros de su ejército los rangos y jerarquías de la fase rebelde. Comenzará una nueva carrera en el campo de los negocios, fungiendo como jefe de un grupo de familias sobre las que ejerce un dominio paternal, al acecho criminal de sus enemigos. La sumisión del Centauro del Norte al gobierno se finca sobre todo en la confianza que le inspira Adolfo de la Huerta, a quien ve, como

muchos en la época, como un político honesto que suele respetar sus compromisos. Ahora puede afirmarse que el primer paso en firme y el más difícil en el programa de pacificación ya está dado, aunque quedan problemas por resolver. El aplacamiento de Villa tensa las relaciones en el interior del grupo victorioso en el poder. Dos días después de la rendición los generales Francisco R. Serrano y Benjamín Hill informan a Obregón la decisión de Villa de rendirse ante el general Eugenio Martínez. La airada respuesta del general Obregón a Hill y a Serrano apenas guardó las formas: “Quiero suplicarles decir al señor presidente que si el villismo pone en peligro la estabilidad de su gobierno, volveré a improvisarme soldado con el mismo gusto con que he servido a mi patria cuando se ha tratado de liberarla de la ignominia y marcharé al lugar que se me designe”. Con mayor atrevimiento pone en duda la figura presidencial: “Soy de la opinión que no hay ninguna autoridad por alta que sea su investidura, que tenga el derecho de celebrar con Villa un convenio que cancele su pasado y que incapacite a los tribunales de la actualidad y del futuro para exigirle responsabilidades”.35 El general Obregón se queda solo en su negativa a aceptar la rendición de Villa, y de nada le sirven sus desplantes. Sobre su actitud el presidente Adolfo de la Huerta impone su voluntad y logra su propósito, con el apoyo de los principales jefes sonorenses, incluyendo al general Plutarco Elías Calles, que en un principio rechaza el acuerdo, pero luego lo acepta y felicita a Villa por la determinación tomada.36 Pasado el tiempo, Obregón, ya en la presidencia, respalda a su secretario de Hacienda Adolfo de la Huerta en sus decisiones para mantener a Villa en paz en Canutillo, que incluye generosos subsidios. Pero el rencor obregonista no se extingue y esperará mejores momentos para manifestarse. El general Félix Díaz, participante en la Decena Trágica y cómplice del asesinato de los Madero y Pino Suárez, está en pie de guerra en la sierra veracruzana. Su rebelión es el último intento desesperado de la oligarquía porfirista por resistir las avanzadas revolucionarias, y en particular, el grupo triunfante.37 La estrategia presidencial es dividir a los felicistas, buscando atraerse a los seguidores y dejando solo al jefe. Entre ellos están Juan Andreu Almazán, Pedro Gabay, Roberto F. Cejudo y Agustín Basave y Piña, cuyos nombres sonarán con mayor o menor fuerza en el futuro, especialmente el del primero, empresario millonario y aspirante opositor a la presidencia de la República. Una doble ganancia está ya considerada: hacer del lado suyo a hombres ambiciosos y de valía militar y anular la figura de Díaz, a quien se le tiende un puente de plata al exilio.38 El segundo paso es sacar de México a Félix Díaz, ya que es inadaptable al nuevo orden. Durante la audiencia que De la Huerta concede a los felicistas les manifiesta la necesidad de que Díaz salga dignamente y sin aspavientos del país, ya fuera por Veracruz, Tuxpan o Tampico, llevando con él un número pequeño de personas que lo acompañasen hasta el destino elegido en el extranjero.39 Los felicistas abandonan a su jefe y abrazan con oportuno fervor al nuevo régimen. La Secretaría de Guerra los organiza en fuerzas regionales en Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco y Chiapas, ya que sus miembros “estaban aclimatados a tales regiones”.40 Después de una cordial invitación del general Guadalupe Sánchez a Félix Díaz a abandonar por la buena Vera-cruz, y ante el rechazo a sus gentilezas, Díaz es aprehendido, y en un tránsito con paradas en varios pueblos es llevado al puerto de Veracruz, donde aborda el vapor Flandre con destino a La Habana.41 El hombre daría más de qué hablar, pero ya no pudo

levantar su deteriorada imagen ante los ojos de los mexicanos. El movimiento rebelde de Chiapas, en el que destacan los llamados “Mapaches” es del mayor interés para la centralización del poder y la eliminación de las soberanías regionales. El dominio que ejercen en un estado fronterizo, de una unión más virtual que real con el resto de México, sus chantajes separatistas, así como su capacidad única de movimiento en una zona de acceso difícil, los hacen elementos de cuidado. Los une su interés de clase: defender sus fincas e impedir la puesta en marcha de cualquier tipo de reformas. Su alzamiento es la respuesta a la presencia en Chiapas del general Jesús Agustín Castro y su División Veintiuno de Durango, y en especial a sus medidas dirigidas a destruir el dominio del porfirista Emilio Rabasa y la abolición de los privilegios de los terratenientes.42 Tiburcio Fernández Ruiz, terrateniente del valle de los Corzos y líder máximo de los finqueros de la Frailesca y todo el Grijalva medio, funda la División Libre de Chiapas. La “rebelión contrarrevolucionaria” recibe un nuevo aliento cuando en 1916 Alberto Pineda Ogarrio, finquero de los Altos y Chilón, se pone a las órdenes de Fernández Ruiz, quien le confiere el grado de coronel y junto con otros terratenientes forma la Brigada Las Casas que opera en los Departamentos de Las Casas, Chilón, Palenque y Simojovel.43 De este modo, hacia 1920 la mayoría de los alzados están divididos en tres grupos: el primero y más numeroso es el propiamente llamado “Mapache” del general Fernández Ruiz, concentrado en Tuxtla Gutiérrez. El segundo es comandado por el general Alberto Pineda Ogarrio, con su centro en San Cristóbal de Las Casas hasta Salto del Agua por el norte (los Altos y las llamadas “tierras frías”); el tercero al mando del hacendado y ex zapatista Rafael Cal y Mayor, con operaciones entre Mezcalapa a Cintalapa y los límites con Oaxaca y Veracruz. El gobierno central, por su parte, carece de fuerzas y de organización semejante, por lo que negocia con ellos en los mejores términos, pero paga un precio alto, que es mantener virtualmente intocada la estructura tradicional del poder en Chiapas. El presidente Adolfo de la Huerta nombra gobernador provisional del estado al general Fausto Ruiz, previo acuerdo de los jefes militares locales.44 Éste es sucedido por Tiburcio Fernández Ruiz. Pero el general Pineda Ogarrio está descontento por la situación y se mantiene en pie de guerra, rechazando las repetidas solicitudes de deponer las armas.45 Un incidente menor en Palacio Nacional da la ocasión para que Adolfo de la Huerta se comunique con él, de lo cual obtiene buenos resultados.46 Como en el caso de Villa, la confianza que inspira el ejecutivo hace su parte. Así, en virtud de los arreglos de la finca Campo Virgen del 12 de octubre de 1920, Pineda reconoce al “Supremo gobierno”.47 Ratificado en su grado como jefe en el ejército nacional, se traslada de Ocosingo a Tacotalpa, Tabasco.48 De esta manera Chiapas queda, por el momento, sometido al poder de la federación. La victoria del movimiento de Agua Prieta puso punto final a la lucha de los jefes serranos afiliados al llamado soberanismo, expresión política de la oligarquía de los valles centrales de Oaxaca. Desde sus bases rurales de operación, con el distrito de Ixtlán a la cabeza, los serranos no solamente son la baza militar contrarrevolucionaria más poderosa de Oaxaca, sino que actúan como árbitros de la política de su estado. El soberanismo es la alianza integrada por comerciantes, hacendados y dueños de minas con los caciques serranos, unidos en su lucha contra el presidente Carranza. En su calidad de líderes políticos y jefes militares, ejercen sobre sus seguidores y poblaciones una forma de dominación con elementos arcaicos de

democracia, defensa de la propiedad comunal y participación en los “botines de guerra”. Su bandera es la defensa de sus intereses y privilegios y la voluntad de mantener a Oaxaca al margen de las convulsiones revolucionarias, en paralelo con los “Mapaches” del estado vecino. El soberanismo tiene su exposición doctrinal en el decreto del 3 de junio de 1915, que sostiene que la Constitución de 1857 sufrió violaciones sin cuento “por el despotismo de un solo individuo [Carranza]”, a quien se cuestionó por tratar de imponer reformas políticas y sociales ajenas a “la evolución natural de los pueblos”. Por ello, “el estado libre y soberano de Oaxaca” reasume su soberanía hasta que en el país se restablezca el orden constitucional. La entidad seguiría gobernándose por la Constitución liberal de 1857, las Leyes de Reforma y las demás reglamentaciones que de ellas se derivaban.49 La alianza de los jefes encabezados por el general Isaac M. Ibarra con los aguaprietistas, pactada en el Acta de San Agustín Yatareni del 3 de mayo de 1920, les quita los últimos obstáculos en el camino hacia el primer plano de la política oaxaqueña.50 Al día siguiente de su firma, Ibarra ocupa la capital oaxaqueña con su División Sierra Juárez, seguido de las fuerzas de la División Crespo, encabezadas por Guillermo Meixueiro.51 Ibarra convoca a las “fuerzas vivas” a actuar, a fin de elegir al gobernador provisional, cargo que recae en el porfirista Jesús Acevedo.52 La designación es ratificada por el presidente De la Huerta, en ejercicio de sus atribuciones según el artículo 14 del Plan de Agua Prieta. Pero luego envía al general oaxaqueño Manuel García Vigil a convencer a Acevedo de abrazar la Constitución de 1917. El nuevo cabildo de la ciudad de Oaxaca, en acto solemne el 26 de mayo, juró la Carta Magna de Querétaro.53 García Vigil, por su parte, se convirtió en la cuña del aguaprietismo en Oaxaca. Político de larga trayectoria en el escenario nacional, tenía en su haber, entre otras cosas, ser fundador del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en 1916. Pero el gobernador provisional favorece más de la cuenta al licenciado Manuel Palacios y Silva, candidato del Club Liberal Benito Juárez y enemigo de García Vigil. La resistencia de la “vallistocracia” a dejar el palacio de gobierno de Oaxaca preocupa seriamente en la ciudad de México, donde el apoyo a García Vigil ya está decidido, por lo que dispone la remoción de Acevedo.54 El 27 de octubre de 1920 De la Huerta nombra gobernador provisional a Carlos Bravo, para preparar la elección constitucional de García Vigil. El general Manuel Peláez es uno de los principales caciques de la Huasteca veracruzana, donde ejerce como amo y señor en los poblados ubicados en la zona de influencia de las compañías petroleras. Entre sus cuantiosos ingresos están los “préstamos” y demás “contribuciones de guerra” que los petroleros le otorgan en retribución por mantener alejadas a las fuerzas revolucionarias de las zonas en explotación. Estos señores le agradecen generosamente la paz relativa en la región, lo que permite la operación sin pausas de los pozos petroleros. Sus personales intereses —económicos, políticos y militares— están primero, y con este espíritu sus lealtades son múltiples y variopintas. Sus posturas ideológicas son de elemental factura, en consonancia con su odio a Carranza y la protección de los intereses de las compañías petroleras. Coincide con Félix Díaz en su rechazo a la Constitución de 1917 y en especial al artículo 27, ya que ofendía su fina sensibilidad, en tanto que establece el dominio de los productos del subsuelo a la nación y no a los particulares, entre los que se encuentran sus patrocinadores. Sus adhesiones políticas son de llamar la atención. Por ejemplo, acepta la encomienda de Victoriano Huerta de organizar fuerzas auxiliares del

ejército federal para alejar de las huastecas veracruzana y potosina a los carrancistas en 1913.55 Y así por el estilo. Los de Agua Prieta invitan a Peláez a unirse a su causa, y en compañía de los generales Arnulfo R. Gómez y Lázaro Cárdenas, éste contribuye a la expulsión de los carrancistas de la Huasteca. En retribución, el general Obregón lo invita a acompañarlo a la ciudad de México y, una vez aquí, a desfilar a la cabeza de la columna principal, desde El Caballito hasta Palacio Nacional, por cuya puerta ingresa a presentar sus respetos al presidente interino. Al jurarle reconocimiento y simpatía al titular del ejecutivo, éste le ofrece un cargo en la administración pública, al que declina “por motivos de salud”, pero acepta el reconocimiento de su grado militar y la jefatura de operaciones en la Huasteca.56 Una vez de vuelta a sus lares, continúa en las andadas, de ahí que Adolfo de la Huerta lo envíe a “una misión de estudio y trabajo” a Estados Unidos, donde advierte que su salida del país es parte de un plan para facilitar los arreglos del gobierno con las petroleras, felices de sacudirse a quien por tanto tiempo les vendió protección, un negocio ya fuera de época. En el distrito norte de la Baja California se encuentra otro cacique problemático, el coronel Esteban Cantú, residente de Mexicali, poblado que erigió en capital del estado, sede de su imperio económico y político. Individuo de orígenes oscuros e insignificantes, formó parte de una fuerza expedicionaria en la península en los tiempos del presidente Francisco León de la Barra. Supo convertir la excepcional situación geográfica del distrito en su santuario personal mientras la guerra civil azotaba a extensas zonas del país. Con habilidad, navega entre un bando y otro, y de tiempo en tiempo enfrenta los desafíos del interior revolucionario.57 Ocurre que Mexicali está dominado económicamente por extranjeros. Los agricultores mexicanos son tributarios del capital norteamericano que los habilita para sus cultivos de algodón, mientras que los chinos acaparan los ramos agrícola y comercial. En consecuencia, el gobierno de Cantú descansa en buena parte en las buenas relaciones con esos empresarios, y mantiene vínculos simbióticos con capitales situados al otro lado de la línea fronteriza, especialmente de Caléxico y San Diego. Da muestras de su positiva índole al colaborar con los agricultores norteamericanos en asuntos más delicados, como cuando envía tropas mexicanas a romper una huelga que afectó a la Imperial Valley Development Company. Cantú entiende mejor que nadie el vínculo estrecho entre los intereses agrícolas de un lado y otro de la línea fronteriza y sabe sacarle provecho mejor que nadie.58 Dicta sus propias leyes, nombra funcionarios y controla las entradas de las Aduanas y el Timbre. Cuenta con una legión de fieles, con armas y municiones de primera, recién traídas del otro lado de la línea. Es paternal con los naturales de su feudo y recibe a todo tipo de perseguidos y tránsfugas, de origen huertista, villista, felicista o hasta carrancista, muchos de los cuales se integran a su maquinaria político-administrativa.59 Pero no las trae todas consigo. En una decisión inexplicable, Cantú envía a De la Huerta una “advertencia amigable” en el sentido de aplazar las elecciones presidenciales, para que no parezca imposición la del general Obregón, ante la falta de contendiente real.60 Impactado por su insolencia, el presidente llama a Cantú a presentarse sin tardanza en la ciudad de México, a lo que el interpelado responde con cara dura que “había declinado la invitación” porque la situación en Baja California es “demasiado delicada como para poder ir”.61 Para el gobierno, esta respuesta de Cantú equivale a un desconocimiento, y lo pinta como un jefe en rebeldía.62 Por su parte, el secretario de Guerra

Elías Calles prepara una ofensiva militar contra Cantú, y éste no pierde tiempo en acumular fuerzas para resistir al gobierno central. A fin de pertrechar a su ejército recurre, entre otras cosas, a la extorsión a la colonia de chinos, a quienes trató de alistar en sus filas.63 También dirige un manifiesto al pueblo de Baja California, llamando a sus habitantes a empuñar las armas “en defensa del territorio” contra los ataques de las tropas federales. Envía un cable al presidente De la Huerta, diciéndole que “no respondería” si se empleara la fuerza armada, refiriéndose indirectamente a la posibilidad de que se produjera un incidente internacional.64 Elemento importante en los planes de “defensa” de Cantú es una probable ayuda estadunidense. Su hermano José se pone en contacto con refugiados políticos al otro lado de la línea, mientras que un sedicente personaje, del “tipo de los filibusteros a la alta escuela”, un doctor Uriburi, realiza viajes a Nueva York y Washington para buscar el apoyo de “los más altos personajes del gobierno de la vecina República”.65 Señales negativas arruinan el optimismo de Cantú. Una vez sabido que la expedición militar al mando del general Abelardo Rodríguez está en marcha, los norteamericanos cierran la línea de Tijuana y Mexicali y capturan un aeroplano destinado al gobierno estatal, así como un automóvil de Gustavo Dato, que transportaba armas y municiones.66 De la Huerta le reitera a Cantú que debe renunciar al puesto antes del arribo del ejército al distrito norte. Encarga a Vito Alessio Robles que convenza a Cantú de deponer su actitud.67 Sabiéndose cercado, expone las condiciones para su retiro, entre las que destacan la permanencia en sus cargos de funcionarios y empleados de su gobierno, el reconocimiento de los grados de sus jefes y oficiales y su incorporación al ejército federal; y la ampliación del plazo de las elecciones presidenciales, a fin de preparar las condiciones que garanticen la equidad para todos los partidos. El presidente interino accede a todos los puntos de la solicitud, excepto a uno. Así, el 18 de agosto de 1920 se firma el texto del convenio entre Cantú y Alessio Robles en Mexicali, y el gobierno es entregado a un amigo común de Cantú y De la Huerta, Luis M. Salazar.68 El general Abelardo Rodríguez licencia a las tropas del coronel Cantú, quedando como jefe de operaciones militares del distrito y luego como gobernador, donde se revela como un astuto e inescrupuloso hombre de negocios, superando con el tiempo a su antecesor. Un hecho más completa la tarea de conciliación y pacificación de Adolfo de la Huerta. Y es también una de las mejores pruebas de su respeto a la vida humana, que mueve a sus panegiristas a llamarlo “el presidente de las manos limpias, limpias de sangre y limpias de oro”. Recibe informes en el sentido de que el general Pablo González instiga un movimiento rebelde en el norte. Pero las evidencias son endebles, aun cuando las circunstancias lo incriminan, y lo peor, Obregón y Calles ven aquí la oportunidad de desaparecer a un antiguo contrincante. La única “prueba” de la infidencia de González es un manifiesto sin firma en manos de un seguidor suyo, un tal general García. Debido a que los jefes de la nueva asonada pertenecen al gonzalismo y operan en su región de influencia, y a que el general no condena el brote rebelde, se le aprehende y conduce ante un consejo de guerra, acusado del delito de rebelión.69 La corte marcial que juzga a González es presidida por el general Eugenio Martínez, un incondicional de Obregón y Calles. Al enterarse de su captura, el presidente De la Huerta nombra al abogado García Núñez agente del ministerio público en el consejo de guerra, que deberá efectuarse en Monterrey. Para sorpresa de todos, el fiscal, en lugar de pedir cualquier castigo para el reo, exige su absolución o la declaración de incompetencia del

consejo.70 La postura presidencial es muy clara, por lo que tal consejo declina conocer los delitos de los que se acusa al general González, quedando exonerado de los cargos y liberado de inmediato. Adolfo de la Huerta entrega el mando a su sucesor el general Álvaro Obregón el 1° de diciembre de 1920. Obregón y Calles se han sumado a sus esfuerzos en una tarea común, y juntos son el pilar de la política de su tiempo. Curiosa química entre ellos, porque sus inclinaciones, temperamentos, aspiraciones y mentalidades son muy diferentes. De la Huerta deja a su breve paso por la presidencia de la república un país virtualmente pacificado, listo para la siguiente etapa de reconstrucción. Ha impreso un sello personal a su breve gobierno, en el que sobresalen su manejo civilizado de la política, su inclinación al diálogo y su honestidad a toda prueba, herencia que no es asumida por sus sucesores, quienes con frecuencia optan por los métodos rudos de hacer política. Durante la administración del general Álvaro Obregón desempeña la cartera de Hacienda e impulsa tareas relacionadas con los arreglos de la deuda externa y la fundación de un banco central. Pero la dinámica de esos años, con el imposicionismo de Obregón a favor de Calles, la hostilidad del presidente hacia su trabajo y su persona y la división de las fuerzas políticas del momento, lo llevan por el camino de la rebelión delahuertista en 1923. Después del fracaso del alzamiento, durante su exilio es maestro de bel canto en Hollywood, California. También ocupó los cargos de visitador general de consulados y director de Pensiones de Retiro. Vuelto a la vida privada, fallece en la ciudad de México en 1955.

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Richmond, 1986, p. 161. Wilkie, 1967, p. 188. Carranza en su informe al Congreso del 1° de septiembre de 1919, manifestó haber entregado 172 227 hectáreas a diferentes pueblos, tanto por restituciones como por dotaciones, a partir de la promulgación de la ley del 6 de enero de 1915. En cambio, en su informe presidencial, De la Huerta señaló que sólo en los meses de julio y agosto de 1920 entregó 110 652 hectáreas a 40 pueblos de labriegos. “Informe del presidente Adolfo de la Huerta ante el Congreso de la Unión, 1° de septiembre de 1920”, en Los presidentes de México ante la nación 1821-1966, Cámara de Diputados. 1966, t. III, p. 398; Silva Herzog, 1959, p. 218. 3 Pozas, 1982, p. 67. 4 “Informe del presidente De la Huerta”, p. 399. Durante los seis meses de la presidencia de De la Huerta se distribuyeron 166, 335 hectáreas en forma permanente, y 28 156 en forma provisional. Hall, 1980, p. 216 5 Fabila, 1941, pp. 359-360; Tannebaum, 1924, p. 429. 6 El Universal, 30 de julio de 1920. 7 “La Ley de Tierras Ociosas”, pp. 327-329; González Navarro, 1977, p. 509; Siboja, 1972, p. 90. 8 El Demócrata, 2 de octubre de 1920. 9 El Demócrata, 11 de junio de 1920; El Universal, 18 de junio de 1920; Quiroz, 1982, p. 259. 10 Ibidem, p. 266. 11 Taibo, 1986, p. 79; Carr, 1981, p. 122. 12 El Demócrata, 2 de julio de 1920 13 El Universal, 2 y 4 de agosto de 1920. 14 “Mensaje del presidente interino Adolfo de la Huerta al Congreso”, en El Universal, 22 de junio de 1920. Las reformas en materia electoral ya estaban apuntadas en el “Decreto del ciudadano jefe interino del Ejército Liberal constitucionalista” del 25 de mayo de 1920. “Telegrama de Colby a Secretario de Estado”, 25 de mayo de 1920, U. S., The National Archives Department of State, Records of the Department of State Relating to Internal Affairs of Mexico, 1910-1929, Record Group 59, Washington, D. C., 1959 (en adelante NAW), 812.00/24071; Legislación electoral mexicana 1812-1973, pp. 310-312. 15 Guzmán, 1958, p. 175. 16 Ibidem, p. 176. 17 Field, p. 3, Archivo Familia De la Huerta (en adelante AFDH). 18 El Universal, 16 de noviembre de 1920. 19 El Universal, 21 y 22 de junio de 1920. 20 “Circular relativa a la desintervención de los bienes incautados”, Diario Oficial, 12 de junio de 1920; El Universal, 12 de junio de 1920. 21 Dillon, p. 171. 22 “Swain a Departamento de Estado”, 31 de diciembre de 1920, NAW 812.6363/778; “Departamento de Estado a Summerlin”, 13 de agosto de 1920, NAW 811.127/359; “George T. Summerlin to Dr. Cutberto Hidalgo, Sub-Secretary in Charge of the Mexican Foreign Office”, 16 de agosto de 1920, NAW 229 812.6363/2336; El Universal, 3 de julio de 1920. 23 El decreto del 19 de febrero de 1918 fue la primera medida posconstitucional importante de Carranza, que impuso una renta anual y 5% de regalías sobre todas las tierras petroleras explotadas por los propietarios o arrendatarios de su superficie. Requirió, una vez más, el registro de las propiedades petroleras. Si éstas no eran registradas o “manifestadas” en el plazo de tres meses, terceras personas podrían denunciar las tierras petroleras. Esta medida provocó una enérgica respuesta de las compañías, quienes acusaron a Carranza de confiscar sus propiedades a través de impuestos ilegales y dirigieron sus protestas a sus gobiernos. Brown, 1993, p. 231. 24 “Circular núm. 10, reglamentando las bases a que deberán sujetarse las concesiones que se otorguen para la explotación del petróleo y demás hidrocarburos”, Diario Oficial, México, 21 de abril de 1920; “Summary of Interview with Adolfo de la Huerta, by George Summerlin”, 14 de septiembre de 1920, NAW 812.6363/732. 25 “The Confidential Agent of the Provisional government of Mexico (Díaz) to the Secretary of State”, Washington, 20 de mayo de 1920, NAW 701.1211/242 y 812.00/24044. 26 Secretaría de Relaciones Exteriores, 9 de junio de 1921, ff. 308-309. “Su sugerencia de una comisión conjunta de arbitraje para resolver las demandas presentadas por ciudadanos de otros países por daños sufridos como resultado de desórdenes en su país, y la propuesta de incluir en un tratado el arbitraje para todas las controversias […]merece nuestro apoyo”. “Colby a Pesqueira”, 25 de noviembre de 1920, en The New York Times, 1° de diciembre de 1920. 27 “Circular a nuestros representantes en el extranjero (Adolfo de la Huerta)”, Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (en adelante AREM ), III/11-5-11 (I), ff. 2-3. 28 Adolfo de la Huerta. Respuesta a la pregunta 93, “Memo for De la Huerta” (M /DLH, en AFDH), cuestionario sin fecha, presuntamente aplicado a él por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, durante el proceso para concederle asilo político, en poder del autor. El encargado de negocios británico en México, H. A. Cunard Cummins, alegó que fue él quien sugirió a De la Huerta que nombrara secretario de Relaciones a Covarrubias, “por ser de todos los hombres públicos en este 2

país a quien nosotros podemos considerar con toda seguridad el más firme amigo de Inglaterra”. De ser cierto lo dicho por Cummins, el nombramiento se habría sumado a otros gestos amistosos del nuevo gobierno hacia Gran Bretaña. Covarrubias luego fue enviado a Londres y más tarde sustituido por el subsecretario Cutberto Hidalgo. “Cummins a la Foreign Office”, 24 de junio de 1920, Public Record Office, Foreign Office (en adelante PRO-FO), 371, V4495, A4864/65/26. 29 El panorama completo de esta situación se encuentra en las obras de Matute. 30 Episodios de la “revolución impuesta” de estos personajes se encuentran en Benjamín, 1990, pp. 172-176; Ruiz Cervantes, 1986, pp. 86-87; Joseph, 1992, pp. 119-180; García de León, 1994, t. II, pp. 45-55, y Núñez, 1994, p. 52. 31 Ankerson, 1991, p. 183. 32 Altamirano y Villa, 1991, p. 12; Taracena, 1992, p. 264. 33 Valadés, 1930, p. 49. 34 Matute, 1980, pp. 145-146. 35 APEC-FAO, “Radiotelegrama generales B. Hill y F. R. Serrano a Gral. A. Obregón”, “Respuesta telegráfica del Gral. Obregón a los generales Hill y Serrano”, 26 de julio de 1920, serie 11030400, invent. 2391, exps. H-17 y H-03/375, fs. 12-14; APEC-FAO, “Telegrama del Gral. Francisco R. Serrano a Gral. Álvaro Obregón”, Buque Guerrero a Colima, 26 de julio de 1920, serie 11030400, inv. 2772, exp. S-23 y S-09/756, fs. 2-10. 36 Castro, 1998, p. 85. 37 Henderson, 1981, p. 125. 38 González Ramírez, 1960, p. 264; Altamirano y Villa, 1991, p. 12. 39 Liceaga, 1958, p. 631. 40 Quiroz, 1982, p. 102. 41 Taracena, 1992, p. 274; Liceaga, 1958, pp. 642-643; El Universal, 4 de agosto de 1920. 42 Hernández Chávez, 1979, p. 356. 43 Moscoso, 1960, pp. 59-62; Garciadiego, 1981, pp. 162-164; Hernández, 1979, pp. 359-360; García de León, t. II, p.75. 44 El Universal, 22 de julio de 1920. 45 “Gral. Eulogio Ortiz a Adolfo de la Huerta”, 7 de septiembre de 1920, en Archivo General de la Nación. Fondo Francisco I. Madero (en adelante AGN-FFM ), c. 92, c. f. 46 Guzmán, pp. 166-167. En una posterior conferencia telegráfica con De la Huerta y Calles, Alberto Pineda manifestó que “no quería ser la nota discordante en esta era de paz y concordia que está imperando en toda la República”. El Demócrata, 22 de septiembre de 1920. 47 “S. Capdeville a Felizario Farías”, 28 de octubre de 1920, en AGN-FFM , c. 94, c. f. 48 “Capitán 2° A. Heredia, a Adolfo de la Huerta”, 18 de noviembre de 1920, en AGN-FFM , c. 94, c. f. ; “S. Capdeville a Miguel Alessio, Srio. del Pdte.”, 15 de noviembre de 1920, en AGN-FFM , c. 94, c. f. 49 Ruiz de Cervantes, en Ramírez, 1993, pp. 282-283. 50 El Acta de Yatareni, signada por el obregonismo y los soberanistas, concedió a éstos la autonomía en la resolución de los problemas inmediatos de la transición al orden constitucional. Martínez Vázquez, 1993, p. 385. 51 Ibidem, p. 379. 52 Ruiz Cervantes, 1993, p. 129. 53 Martínez Vázquez, 1993, p. 385. 54 Rojas, 1965, pp. 466-467. 55 Menéndez, 1972, p. 12. 56 Ibidem, pp. 36 y 41. 57 Martínez, 1956, pp. 522-526. 58 Werne, Joseph R., “Esteban Cantú y la soberanía mexicana en Baja California”, en Historia Mexicana, xxx, 1(julioseptiembre de 1980), p. 11. Las propiedades de norteamericanos en el Valle de Mexicali ascendían a 100 millones de pesos, y el canal de la California & Mexico Land Company servía al Valle Imperial. Zorrilla, t. II, 1965, p. 355. 59 “Coronel C. Rivera Domínguez a Adolfo de la Huerta: Memorándum sobre la cuestión del Distrito Norte de la Baja California”, 12 de agosto de 1920, p. 1, en AFDH. Un grupo de trabajadores del Camino Nacional de Mexicali a Ensenada, “humildes ciudadanos pero amantes del orden, de la paz y del progreso”, se dirigieron al presidente De la Huerta para pedir la permanencia de Cantú como gobernador del distrito. “Grupo de trabajadores de Camino Nacional al Pdte. De la Huerta”, 8 de junio de 1920, en AGNFFM , c. 90, c. f. 60 La carta está fechada el 24 de julio de 1920. Matute, 1980, p. 152. 61 The New York Times, 30 de julio de 1920. 62 Quiroz, 1981, pp. 105-106. 63 Excélsior, 1° de agosto de 1920. 64 El Universal, 30 de julio de 1920.

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“Coronel Rivera Domínguez a Secretaría de Gobernación”, en AFDH. “Coronel Rivera Domínguez a Adolfo de la Huerta: memorándum sobre la cuestión del Distrito Norte de la Baja California”, 12 de agosto de 1920, p. 2, en AFDH. 67 Guzmán, 1958, pp. 168-173. 68 Quiroz, 1981, pp. 108-109; El Demócrata, 15 de agosto de 1920. 69 “Summerlin a Secretario de Estado”, 21 de julio de 1920, NAW 812.00/24409. 70 Valadés, 1930, pp. 50-51. 66

ÁLVARO OBREGÓN Y LA TRADICIÓN AUTORITARIA EN LA POLÍTICA MEXICANA (1912-1928)

ABDIEL OÑATE Universidad Estatal de San Francisco

Desde los tiempos de Santa Anna, ningún otro personaje de la política mexicana había impresionado la imaginación popular en forma semejante. El otro mutilado, famoso por la falta de principios y el desenfado con que pasaba de un partido al opuesto, comparte con Obregón la habilidad para componer el escenario, a veces trágico y en ocasiones cómico, que da el poder sobre las personas y las cosas. NARCISO BASSOLS1

LA MANO DEL CAUDILLO San Ángel es un barrio colonial al sur de la ciudad de México, de calles empedradas, mansiones de gente adinerada y jardines con pequeñas capillas escondidas entre su exuberante follaje. En uno de sus parques, el que se encuentra sobre la Avenida de los Insurgentes, muy cerca de la Universidad Nacional, hay un monumento imponente dedicado a Álvaro Obregón, uno de los iconos de la Revolución mexicana de 1910. Este monumento fue, hasta 1979, distinto de otros que hay en el país, porque en su interior, en una solemne sala, se guardaba la mano derecha y el antebrazo del caudillo sonorense. El recinto tenía una atmósfera similar a la del lugar donde descansan los restos de Napoleón Bonaparte en París, o los de Vladimir I. Lenin en Moscú. Como a otras capillas de San Ángel, a ésta venían a cumplir ciertos ritos los herederos de esa revolución, ritos que les permitieron forjar un amplio consenso ideológico y mantenerse en el poder durante 70 años.2 ¿Quién era Álvaro Obregón? ¿Qué clase de caudillo era este militar sonorense? ¿Está Obregón vinculado a la tradición autoritaria de México, a la cultura política del presidencialismo? Este trabajo explora el lugar que ocupa Obregón dentro de la tradición del autoritarismo mexicano. Nuestro método consiste en esclarecer, primero, el significado de “caudillismo” y “autoritarismo” como conceptos de la economía política de México, y proceder después a examinar qué formas asumen estos fenómenos en los sucesos históricos específicos en los que Obregón participó. Se trata de escudriñar el pasado para descifrar el presente, para facilitar la transición democrática en que México está enfrascado después de la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del año 2000. Obregón surge de la lucha armada como el arquitecto del triunfo militar del constitucionalismo —movimiento iniciado en 1913 por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza— y como el único político con la capacidad para reconciliar los intereses de los diferentes grupos revolucionarios. Como veremos a continuación, es posible argumentar que Obregón fue el principal constructor del Estado posrevolucionario mexicano en su primera fase, que se cierra con la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929. El momento y la forma en que se funda este partido, precursor del PRI, fueron resultado directo de la trágica muerte de Álvaro Obregón.3 Francisco I. Madero, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza, los otros personajes que le precedieron en el drama revolucionario, intentaron sucesivamente restablecer el funcionamiento del sistema político, pero no lo lograron. En cambio, los generales sonorenses

que terminaron ganando la contienda —Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles—, a pesar de sus orígenes provincianos y de no pertenecer al grupo dominante del centro de México, tuvieron un éxito sin precedente en la construcción de un Estado fuerte con autoridad nacional. Dicho Estado resultó ser el más estable en la historia moderna latinoamericana. Tuvo legitimidad, trajo estabilidad política por varios decenios y dirigió uno de los procesos de modernización económica más exitosos en América Latina. Paradójicamente, uno de los aspectos del legado político de Obregón que, en retrospectiva, parece haber sido la parte más útil para los constructores del nuevo Estado de la Revolución, fue su muerte, sucedida el 17 de julio de 1928. Calles primero y Lázaro Cárdenas después se cubrieron con el manto obregonista y lo transformaron en ideología. Las circunstancias de la muerte de Obregón tuvieron un efecto extraordinario sobre el discurso político del nuevo grupo en el poder. Le permitió unificar a la nación, identificar héroes y villanos, y sirvió para consolidar el proyecto político de la Revolución, expresado en el Estado. Su muerte, a manos de un opositor, convirtió a Obregón en mártir revolucionario y, con ello, en instrumento para manufacturar el consenso y la memoria colectiva de los mexicanos, factores indispensables en la construcción del nuevo Estado posrevolucionario. Unas semanas después del magnicidio, en un discurso que se hizo famoso, Calles anunciaba el fin del caudillismo y el comienzo de una era de instituciones y de paz social, y delineaba planes para la formación de un gran partido, el PNR, que traería la añorada estabilidad política a México, causa por la cual Obregón había sido inmolado. Lo que Calles no podía saber era que el nuevo partido, construido con el legado político de Obregón, terminaría por monopolizar el poder político en México por lo que restaba del siglo XX. Obregón inició dicho proceso. Este hombre fuerte de Sonora es la figura central entre 1920 y 1929, periodo en el que se establecen las bases institucionales del sistema político mexicano y los mecanismos que hicieron posible una transferencia de tierras, riquezas y poder sin precedente en la historia de México. Comencemos por el final: la muerte de Obregón en 1928. Aunque existe una abundante literatura sobre su vida, pocos autores han analizado lo que su muerte significó para sus sucesores en la presidencia de la República. Arnaldo Córdova, cuyo trabajo ha influido a más de una generación de estudiosos de este tema, es uno de esos pocos. En 1973 publicó un estudio sobre la ideología de la Revolución mexicana, en el que documenta la importancia de la muerte de Obregón para la construcción del consenso político que el Estado posrevolucionario buscaba. En la imagen que Córdova construye de Obregón no deja duda de la importancia que tuvieron las victorias militares obtenidas por éste, el andamiaje de alianzas que construyó con diferentes fuerzas sociales después de 1917 para sostener al nuevo Estado, así como sus ideas sobre la soberanía nacional y la democracia. Córdova concede que el concepto que Obregón tenía de ésta era el de una democracia administrada autoritariamente, desde la cúpula del poder; no obstante, también observa el autor que, vista en su contexto, esa idea difícilmente podía haber sido distinta.4 Otro autor que estudia la muerte de Obregón y su legado político es Jürgen Buchenau. En un artículo publicado en 2002 por la revista del Fideicomiso Archivos Calles-Torreblanca, en la ciudad de México, este autor, utilizando como referencia dos discursos, uno pronunciado por Calles al día siguiente del asesinato de Obregón y una elegía de 1941, destaca el uso de la

memoria de Obregón y de su trayectoria política para consolidar la legitimidad del Estado mexicano en tiempos de Calles y de Lázaro Cárdenas.5 Este suceso, la inmolación de Obregón, resultó decisivo en la historia moderna de México porque marcó el final de la tradición caudillista del siglo XIX y el principio de lo que se ha llamado el presidencialismo mexicano; es decir, la concentración del poder político durante seis años en la figura del presidente de la República. Pero la discusión sobre el autoritarismo no está completa sin una referencia a su contraparte, la democracia. Una de las ideas centrales en la obra de Octavio Paz sobre el Estado mexicano es la de una transición a la modernidad, a formas políticas modernas como la democracia, que nunca se realiza. Paz pinta un cuadro en el que los mexicanos aparecen como individuos rechazados por la cultura de Europa y Estados Unidos, separados de un pasado indígena devaluado y abandonados por sus dioses. Una nación que con la independencia rechaza la tradición filosófica española, de corte conservador, pero que no logra ajustar la modernidad de la ilustración anglofrancesa a la realidad mexicana. Así, por azares del destino, en soledad, los mexicanos deambulan en un laberinto cuya única salida es la democracia. Su búsqueda es un proceso constituido por intentos de cambio democrático que inevitablemente llevan a la anarquía, a la cual sigue la mano dura del dictador, del caudillo que impone orden. A su vez, el autócrata provoca la resistencia del pueblo y lo lleva a la revolución, lo cual trae otro intento democrático, y el ciclo se repite como un drama sin final. Obregón es uno de los protagonistas principales en este drama de la redención de México.6 Con frecuencia se dice que los presidentes mexicanos han sido caudillos, es decir, hombres fuertes, que gobiernan sus tierras o sus regiones por medio de la fuerza armada, el carisma, el clientelismo y la política oportunista. Una mirada a la historia mexicana muestra que hay un buen número de personajes que llenan estos requisitos; sin embargo, lo que aquí argumentamos es que, después de 1920, Obregón cambia las reglas del ejercicio del poder autoritario en México. Una vez alcanzada la estabilidad política, Obregón altera el método tradicional para la captura del poder político. El pronunciamiento, la asonada militar, deja de ser el mecanismo utilizado por los caudillos para llegar al poder y es remplazado por el juego político de las alianzas y la lucha, desde dentro del “partido oficial”, por el control de las instituciones del Estado. Precisamente fue Obregón la última figura que llegó a la presidencia por medio del levantamiento armado. Tras su muerte ocurre una metamorfosis y el caudillismo mexicano se hace más ambiguo, un fenómeno de masas en el que el militarismo ocupará un lugar mucho menos prominente. Pero, ¿que es el caudillismo? Will Fowler, especialista sobre el siglo XIX mexicano y editor, en 1996, de una colección de ensayos sobre el autoritarismo en América Latina, concluye: Factores como los siguientes han caracterizado a los caudillos, en una forma u otra, desde los albores del periodo independiente hasta los años recientes del neoliberalismo latinoamericano: su habilidad consumada en la política, su pragmatismo, su sentido de los ritmos políticos y su oportunismo, el uso del clientelismo, y la cooptación, la política personalista, su carisma y prestigio, y la represión. Lo anterior, aunado al apoyo de las fuerzas armadas y a su manipulación de los partidos políticos existentes, facciones, clases, o individuos con influencia, y cierta indefinición ideológica.7

Hugh M. Hamill, otro de los estudiosos del caudillismo en Hispanoamérica, escribe:

Ciertas características distinguen a los caudillos de otros dirigentes políticos o militares tales como una relación personal estrecha con sus seguidores y la habilidad de crear ventajas recíprocas. Una combinación de carisma y machismo, y acceso al poder político y económico.8

Edwin Williamson, autor de The Penguin History of Latin America, agrega otros elementos a nuestra definición sobre el caudillismo y afirma que la depresión económica, la ruptura de la ley y el orden público, la militarización de la sociedad, todo junto, contribuyó al fenómeno del caudillo: el líder carismático que persigue sus propios intereses utilizando su habilidad militar y política, y que es capaz de crear una red de seguidores a quienes recompensa con favores y prebendas.

Para Williamson, los caudillos eran asimismo: Los negociadores principales del poder y los buscadores principales de poder en el mundo de la política; de hecho, trataban la política como una especie de empresa económica, adoptando el liberalismo o el conservadurismo según servían éstos a su estrategia para obtener control de los fondos públicos, los que a su vez aumentaban su capacidad para ofrecer prebendas y reforzar sus sistemas de poder.9

Veamos si estas observaciones ayudan a descifrar la vida política de Obregón. El análisis que sigue se apoya en fuentes primarias, así como en la bibliografía secundaria sobre Obregón.10 El punto de partida son dos libros de la investigadora Linda Hall, que se han convertido en la interpretación de Obregón aceptada en los círculos académicos. En el primero de ellos, Álvaro Obregón. Power and Revolution in Mexico, 1911-1920, Hall observa que los estudios existentes sobre movimientos revolucionarios se han enfocado, casi siempre, en los puntos de ruptura y en los factores que dividen a los hombres y que los empujan a acciones violentas. Se ha dado menos atención a los procesos de recuperación y reinstitucionalización, a los mecanismos mediante los cuales se restablece la paz y se cambian o se mantienen los paradigmas, el liderazgo, las formas de negociación y las reglas del juego político en una sociedad determinada.11 La influencia de Obregón en todas estas áreas de la política mexicana fue fundamental. En la historia de Hall, Obregón emerge como el organizador, el pacificador, el unificador de un país devastado por la guerra civil. La misma imagen surge de otros textos sobre Obregón, como el de Narciso Bassols Batalla, uno de los intelectuales prominentes durante el periodo llamado “milagro mexicano”, en la década de 1960, y quien describe a Obregón como un hombre alto y atractivo, un orador fuerte y persuasivo conocido por su memoria extraordinaria.12 Veamos por qué estos autores hacen tales afirmaciones.

CARISMA Y LOGROS MILITARES Obregón nació en la ribera del río Mayo, cerca de Huatabampo, Sonora, el 17 de febrero de 1880. Era uno de los hermanos más jóvenes de una familia numerosa, que poseía tierras pero que no pertenecía a las clases altas sonorenses. Aunque durante su juventud algunas conexiones familiares lo pusieron en contacto con la alta sociedad, en realidad siempre se movió en los márgenes de la élite social, política y económica de su estado. Poseedor de un dinámico espíritu empresarial, Obregón es el ejemplo del hombre que se hace a sí mismo; fue

ranchero y maquinista, para después convertirse en presidente municipal, comandante militar, secretario de Estado y, finalmente, presidente de la República.13 Su influencia sobre la política nacional del periodo anterior a 1928 derivó, en buena parte, de la posición geográfica de su estado natal dentro de la República mexicana, y del protagonismo que los revolucionarios de esa región tuvieron en el desenlace de todo el movimiento. Por varias razones, Sonora siempre ha sido diferente al resto de México. Altas montañas y distancias enormes la separan del centro del país y la colocan cerca de Estados Unidos. A principios del siglo XX varios puertos, como Guaymas, Bahía Kino y Puerto Peñasco, así como importantes centros mineros en el interior del estado, como Cananea, aglutinaban una mezcla diversa de población. Por cien años, a causa del agua y la tierra, comunidades de indígenas yaquis y mayos se habían mantenido en pie de guerra contra los descendientes de grupos criollos y mestizos, los cuales habían emigrado a Sonora procedentes del centro de México debido a varias guerras: la que se libró contra Estados Unidos (1846-1848), la de la Reforma (1859-1861) y la de la Intervención francesa (1862-1867). Estos inmigrantes, imbuidos de un espíritu empresarial e influidos por las ideas novedosas del liberalismo y el progreso, y por sus contactos con las economías de California y Arizona, iniciaron un vigoroso proceso de modernización en el noroeste mexicano en la década anterior a 1910. El problema fue que los sectores modernos entraron en conflicto con las comunidades indígenas por el control de los fértiles valles de los ríos sonorenses.14 Porfirio Díaz, el longevo dictador oaxaqueño, pronto se dio cuenta de la importancia estratégica de Sonora para la consolidación del proyecto republicano emanado de la Constitución de 1857, pero en realidad nunca pudo consolidar su control sobre ese estado. En las elecciones presidenciales de 1910 Díaz llegó al extremo de escoger a un sonorense, Ramón Corral, como su vicepresidente, en su afán de apaciguar a las élites de Sonora que habían desarrollado lazos económicos sustanciales con capitalistas estadunidenses y tenían un profundo sentido de autonomía.15 Al estallar la lucha armada en 1912, Sonora era uno de los estados más ricos del país. Contaba con una agricultura moderna, con centros mineros muy importantes y con una población de colonos emprendedores e independientes. Es en este ambiente donde surge el liderazgo de Obregón. Linda Hall, quien publicó en 1981 una biografía de Obregón que se ha hecho referencia obligada sobre este tema en Estados Unidos, usa una hipótesis weberiana sobre la relación que existe entre carisma y lo que en inglés llaman nation building o la construcción del Estado-nación, para argumentar que la transición a la estabilidad política durante el gobierno de Obregón fue posible, en buena medida, por la naturaleza de su liderazgo y por el tipo de relaciones que establecía con sus seguidores. Max Weber plantea que el carisma, que vendría a ser lo opuesto a la racionalidad que se necesita para el restablecimiento del orden público y la reconstrucción de instituciones, que es precisamente lo que Obregón se propuso hacer, puede, en ciertas condiciones, fomentar dicha racionalidad. A este respecto, Hall escribe: “La clave para la creación de un orden mediado por el carisma parecería estar en la naturaleza del dirigente carismático mismo, en este caso Obregón, y en sus relaciones con los grupos que lo apoyaban”.16 ¿Qué papel jugó este carismático líder en la estabilización del país y en el sistema autoritario que surgió de la Revolución? De acuerdo con la tesis de Weber, la respuesta radica

en la naturaleza del caudillo mismo, en el tipo de relación que mantenía con sus seguidores y en el contexto histórico. En el caso de Obregón, los factores que definieron su carisma y liderazgo fueron sus actos heroicos, sus victorias militares, su inteligencia y una personalidad que emanaba atributos masculinos positivos. Varios escapes milagrosos de una muerte casi segura contribuyeron a su imagen de excepcionalidad. Recordemos que sufrió varios atentados contra su vida, el último de los cuales fue, obviamente, más exitoso que los primeros. En dos ocasiones se le escapó a Villa, su némesis, cuando éste ya lo tenía en su poder, y años más tarde, en otra odisea, apenas escapó de las maquinaciones del presidente Carranza, quien quería eliminarlo del proceso electoral de 1920.17 Obregón entra a la lucha revolucionaria en abril de 1912, cuando el gobernador de Sonora, José María Maytorena, ordena a los presidentes municipales del estado que formen grupos de milicianos, o tropas irregulares, para oponerse a las fuerzas de Pascual Orozco, que se había sublevado contra el recién electo presidente Francisco I. Madero, y avanzaba desde el vecino estado de Chihuahua contra los maderistas en Sonora. El 14 de abril de 1912, Obregón, a la sazón presidente municipal de Huatabampo, es nombrado teniente coronel al mando de 300 soldados irregulares, la mayoría de ellos indios yaquis y mayos, e inicia una cadena de importantes victorias militares que culminarían con la derrota de Villa en las épicas batallas de Celaya y León, en Guanajuato, en 1915. Según Bassols, una serie de triunfos en su campaña contra Victoriano Huerta, como los obtenidos en el pueblo fronterizo de Nogales el 11 de marzo de 1913 —que abrió una línea de abastecimiento desde Estados Unidos—, la captura de Cananea el 26 del mismo mes y las batallas de Santa Rosa y Santa María a finales de julio del mismo año, hicieron que Obregón alcanzara el rango de general de brigada en el Ejército Constitucionalista y se volviera una figura nacional: “Cuando Villa tomó Ciudad Juárez a mediados de noviembre [1913], ya había surgido en el noroeste un caudillo militar [Obregón] comparable con el guerrillero de Durango [Villa]”.18 A los ojos de sus contemporáneos, tanto los que se le oponían —como Carranza y Villa—, como los que lo admiraban —como Benjamín Hill—, Obregón era un gran jefe militar. El general Francisco J. Grajales, uno de sus contemporáneos, escribe de él: “Muy pronto se destacó tanto como dirigente militar que se convirtió en caudillo indiscutido del ejército del noroeste”.19 Otro militar, Francisco L. Urquizo, un amigo y compañero de armas, describe así los elementos que distinguían el éxito de Obregón en la guerra: • Un conocimiento exacto de sus propios recursos y, en lo posible, de los de su enemigo. • Una memoria extraordinaria. • Mantener siempre máxima flexibilidad de acción y capacidad especial para responder a cambios inesperados. • Una habilidad especial para establecer prioridades en términos tanto militares como políticos. • Asegurarse siempre de que el apoyo logístico era adecuado y de que las líneas de comunicación eran claras y eficientes.20 Los enfrentamientos entre Obregón y Villa, tanto en el plano personal como en las que

fueron las batallas más cruentas de la Revolución, son ejemplos dramáticos de cómo surgió el carisma de ambos caudillos, especialmente del que ganó: Obregón. Para 1915, después de tres años de guerra civil, se habían formado en el país tres grandes grupos contendientes por la supremacía militar y política del movimiento revolucionario. El más fuerte quizá era el constitucionalista, integrado por Carranza y Pablo González en el noreste del país y por el triunvirato sonorense de Obregón, Calles y Adolfo de la Huerta en el noroeste. Este grupo revolucionario pugnaba por el retorno a la Constitución de 1857 y representaba la perspectiva de los estados del norte de México, modernos y liberales. Su base social eran los agricultores independientes, las clases medias y altas educadas, los profesionales y los empresarios, así como algunos segmentos de las clases bajas y de los trabajadores, tanto urbanos como rurales. Por otro lado estaba Francisco Villa, el temible líder de la División del Norte, cuya base territorial abarcaba los estados de Chihuahua y Durango. Villa representaba otro tipo de intereses: los de un proletariado rural compuesto por los trabajadores de las minas, haciendas y ranchos; los de rancheros y pequeños productores independientes; también lo apoyaban las clases bajas y los desempleados de los centros urbanos de esos estados. El tercer grupo revolucionario lo formaban los ejércitos campesinos del sur, dirigidos por Emiliano Zapata, Genovevo de la O y Gildardo Magaña, que controlaban los estados de Morelos, Puebla y Guerrero. El movimiento zapatista luchaba por la tierra y sus seguidores eran predominantemente campesinos mestizos y miembros de comunidades indígenas, y un grupo, más o menos amplio, de las clases medias educadas. Dado que Villa y Zapata respondían a las demandas de los sectores más pobres de la sociedad, no es de sorprender que formaran una alianza militar para enfrentar a Carranza y Obregón, o como en alguna ocasión Villa lo puso muy elocuentemente, contra el “perfumado ése”, refiriéndose a las aspiraciones de clase de Obregón. Así las cosas, en abril de 1915 encontramos a Villa y a Obregón preparándose para las que serían las batallas decisivas de la Revolución. El choque tendría lugar en las planicies del Bajío, región que marca la frontera entre el norte mexicano —árido, rural, nuevo— y lo que el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla llamó el “México profundo”, el del sur. El México tropical e indígena, el México viejo.21 Militarmente, parecía que Villa tenía la ventaja. Sus Dorados, o regimientos élite de caballería, controlaban las principales líneas férreas que articulaban el eje norte-sur de la República. Obregón dominaba el ferrocarril entre la ciudad de México y el puerto de Veracruz, así como la costa noroeste del Pacífico mexicano. Los dos ejércitos eran muy numerosos. Cuando ocurrió la primera batalla de Celaya, en Guanajuato, el 7 de abril de 1915, los constitucionalistas tenían entre 7 000 y 8 000 hombres a caballo, contra 10 000 o 12 000 alineados por los villistas. El 6 de abril, Obregón abrió el combate con un gambito que Villa aceptó. Obregón, que se había fortificado en la ciudad de Celaya, ordenó que saliera de la ciudad un tren con el cual pensaba hacer caer en una trampa a la caballería villista. Tal como lo había planeado Obregón, Villa atacó. Cuando su caballería se extendió en pos del tren que ahora regresaba a la ciudad a toda velocidad, Obregón atacó ambos flancos de la columna villista. Las fuerzas del Centauro del Norte fueron diezmadas y su líder se vio forzado a retirarse con grandes pérdidas. Ésta fue una de las peores derrotas que Villa sufrió durante la guerra.22 Pero unos días más tarde hubo un segundo encuentro en Celaya, del 13 al 15 de abril,

cuando Villa logró reorganizar su ejército y presentar batalla nuevamente. En los días anteriores a este combate, las fuerzas de Obregón habían crecido rápidamente como resultado de la poderosa atracción que su personalidad y su fama militar ejercían sobre la gente. Hay evidencia de numerosas adhesiones de grupos procedentes de toda la República mexicana. Según Hall: El 12 de abril, los empleados de comercio, un grupo de trabajadores de “cuello blanco” procedentes de Orizaba, Veracruz, se unieron al contingente obregonista seguidos, poco después, por dos de los Batallones Rojos, el Tercero y el Cuarto, que se formaron con reclutas de la Casa del Obrero Mundial, armados y bajo el mando del dirigente obrero de Cananea, Juan José Ríos. La Primera División del Este, junto con las fuerzas de los generales Porfirio González y Jesús Novoa, se habían incorporado también a las fuerzas de Obregón. [En la semana anterior a la batalla] las fuerzas de Obregón crecieron de 11 000 a 15 000 soldados, 8 000 de caballería y 7 000 de infantería.23

Este fortalecimiento del Ejército Constitucionalista es una muestra de esa capacidad carismática que permite al caudillo atraer el apoyo de grandes sectores de la población. En este caso, la convocatoria de Obregón a apoyar la causa constitucionalista ocurrió en vísperas de una batalla, pero más tarde, corroborando la tesis de Weber, ocurriría repetidamente durante su presidencia, cuando fue necesario apuntalar el edificio del Estado que construían los sonorenses. Para la segunda batalla, la estrategia de Obregón se basó en crear condiciones que llevaran a Villa a actuar impulsivamente. Para ello, estableció un anillo de fortificaciones en puntos estratégicos alrededor de la ciudad de Celaya, y mantuvo una parte sustancial de su caballería en reserva. Villa, por otro lado, encaprichado en dar una lección a Obregón, mandó traer hombres y equipo de todas partes y los concentró en el Bajío. Este movimiento debilitó su posición en otras plazas importantes del país. Contraviniendo las recomendaciones de su estratega principal, el general Felipe Ángeles, Villa lanzó un ejército de 20 000 hombres para rodear la ciudad completamente. Esto obligó a Villa a dispersar sus fuerzas en un frente de casi 20 kilómetros. Cuando la caballería villista estaba exhausta después de dos días de batalla, Obregón lanzó 7000 hombres a caballo que había ocultado, atacando la retaguardia villista y varios otros puntos débiles. La batalla fue un desastre para Villa. Obregón, en una serie de maniobras perfectamente ejecutadas, diezmó la caballería y destruyó el cuerpo principal de la artillería enemiga. La poderosa División del Norte nunca se recuperó de estas derrotas; en cambio, Celaya consagró a Obregón como el general más destacado de la Revolución mexicana.24 Pero este episodio no termina aquí. Pasado un mes, en mayo de 1915, Obregón, que perseguía a las fuerzas villistas en retirada, las alcanzó cerca de la ciudad de León, Guanajuato. Durante una escaramuza, una pieza de artillería enemiga explotó cerca del general y le voló el brazo derecho. La seriedad de la herida elevó la moral de los villistas, pero sólo momentáneamente; más tarde, la División del Norte sería derrotada una vez más. Se dice que cuando los miembros de su estado mayor fueron enviados al campo de batalla a recuperar la mano y el brazo de Obregón, uno de ellos, sosteniendo una moneda de oro en alto exclamó: “Álvaro, Álvaro, ¿dónde andas?”, y la mano brincó para tomar la moneda.25 La historia de cómo Obregón recuperó su mano se volvió parte del mito del caudillo, de su poder, de su aura de excepción y de cómo él era el más apto para ejercer la autoridad del nuevo Estado.

CAPACIDAD PARA PRODUCIR VENTAJAS RECÍPROCAS Parte de lo que ha sostenido el autoritarismo en el sistema político mexicano son las ventajas que el hombre fuerte ofrece a la población a cambio de legitimidad en su ejercicio del poder: generalmente, orden y progreso. Sin embargo, para permanecer en el poder el caudillo tiene que ganar la lealtad de los seguidores. La capacidad de Obregón para crear ventajas recíprocas entre el dirigente y su base social fue crucial en el proceso de centralización del poder cuando ocupó la presidencia de la República. Este don de Obregón es visible en varios momentos de su carrera política y militar en que desempeñó papeles protagónicos en la definición del rumbo que seguiría el país. Observemos, por ejemplo, su participación en la Convención de Aguascalientes de 1914, en la que los diferentes grupos revolucionarios hicieron un primer esfuerzo por llegar a un acuerdo que pusiera fin al enfrentamiento armado. La ciudad de Aguascalientes está, como el Bajío, en la frontera cultural entre el norte y el sur de México. Por ser territorio neutral, esa ciudad fue escogida para celebrar una convención de todas las fuerzas armadas que reclamaban ser parte de alguno de los planes insurreccionales lanzados desde 1911. Esta reunión fue muy importante porque representó uno de los primeros esfuerzos para zanjar las diferencias que separaban a los distintos grupos revolucionarios. El hecho mismo de que la convención tuviera lugar fue extraordinario, y se debió en gran medida a la influencia de Obregón. La idea de la convención fue impulsada inicialmente por él, y en más de una ocasión arriesgó su vida para tratar de unificar a los tres principales líderes revolucionarios: Carranza, Villa y Zapata. En un intento por dialogar con Villa para que apoyara la idea de una convención de los grupos revolucionarios, Obregón viajó dos veces a Chihuahua, sin ejército, para entrevistarse con él en su territorio. La segunda vez Villa casi lo manda fusilar. Linda Hall documenta el dramático momento cuando Villa lo tenía en sus manos pero vaciló y lo dejó partir. Pasado un momento, se arrepintió y ordenó que detuvieran el tren en el que viajaba Obregón y que lo regresaran a Chihuahua. La orden fue telegrafiada a Irapuato, Guanajuato, crucero estratégico donde el tren debía detenerse. Éste, sin embargo, se escabulló inexplicablemente y prosiguió hacia la ciudad de México.26 Tres años más tarde la posición de Obregón era aún más fuerte en términos militares y políticos. Las deliberaciones del Congreso Constituyente, reunido en la ciudad de Querétaro durante enero y febrero de 1917 para redactar la nueva Constitución política del país, tuvieron lugar bajo la protección del Ejército Constitucionalista, cuyo núcleo principal estaba formado por las tropas del Ejército del Noroeste al mando de Obregón, que también era el secretario de Guerra en el gabinete de Carranza. Durante el congreso, Obregón se deslindó claramente de la línea conservadora marcada por el Primer Jefe, Carranza, y su nombre a menudo se asoció con las posiciones de los delegados más radicales, quienes, al final, dominaron el resultado de las deliberaciones sobre el nuevo contrato social. Éste fue redactado y aprobado por un congreso electo popularmente, cuya libertad de acción fue garantizada por el prestigio de Obregón y su control del Ejército Constitucionalista.27 En cada uno de los puntos cruciales del debate en el congreso, como el artículo 3° sobre educación, el 27 sobre la propiedad de la tierra o el 123 sobre las relaciones entre el trabajo y

el capital, Obregón apoyó posiciones que reflejaban sus alianzas con grupos agraristas, el movimiento obrero y con asociaciones profesionales y civiles de las clases medias. Obregón surge del Congreso Constituyente de 1917 como el defensor de los ideales centrales de la Revolución mexicana: la reforma agraria, una distribución de ingresos menos desigual, el nacionalismo económico, el anticlericalismo y la defensa de los derechos de los trabajadores.28 Lo que encontramos aquí es un vínculo entre el caudillo y sus seguidores en el que, a cambio de la lealtad de los grupos mayoritarios, Obregón adoptó sus demandas y las defendió. Igualmente significativo en este liderazgo es que, como lo señala Hall, sus seguidores no eran realmente obregonistas, por lo menos no antes de 1920: “Muchos de los que lo apoyaban no necesariamente lo apoyaban a él, personalmente; antes bien, era Obregón el que apoyaba las causas de sus seguidores”.29 Obregón tenía la habilidad de crear el sentimiento entre la gente de que él genuinamente defendía su causa y de que les convenía respaldarlo. La manera en que se fueron formando los vínculos entre Obregón y sus seguidores se observa desde la primera vez que ocupó la ciudad de México, a principios de 1915. En esa ocasión, Obregón inmediatamente se dedicó a consolidar sus alianzas con diferentes sectores de las clases populares, y de tratar de aliviar la situación de la población más empobrecida. Sus primeros esfuerzos se dirigieron a reorganizar el abasto de alimentos y su distribución a la hambrienta ciudad de México, cuyos mercados habían sido dislocados por tres años de guerra civil y por la desaparición del dinero circulante. En febrero de 1915 Obregón, con el apoyo de intelectuales liberales como el pintor Gerardo Murillo, que se hacía llamar Dr. Atl, estableció una alianza con los trabajadores de la Casa del Obrero Mundial. A partir de ese momento, los Batallones Rojos de trabajadores lucharían al lado de Obregón, en el campo constitucionalista, contra Villa y Zapata, a quienes los obreros consideraban reaccionarios.30 Muy distinto fue el trato que dio Obregón a los ricos y al clero de la ciudad de México. Con ellos se mostró duro e impaciente. Primero se lanzó contra quienes acaparaban alimentos y otros productos, y no los ponían a la venta hasta que sus precios habían alcanzado niveles exorbitantes en el mercado. Después, con el propósito de aliviar la situación de las clases más menesterosas, decretó una “contribución” de medio millón de pesos por parte de la Iglesia católica. Cuando a nombre de ésta el arzobispo de la ciudad de México se negó, Obregón ordenó el arresto de 167 sacerdotes. El 2 de marzo siguiente, con el propósito de crear un fondo de ayuda para la población damnificada por la lucha, Obregón impuso un impuesto en especie de 10% sobre todas las transacciones que involucraran productos de primera necesidad.31 Estas acciones colocaron a los obreros y a amplios sectores de las clases medias urbanas firmemente en el campo constitucionalista. Obregón reconoció desde el principio la importancia del emergente movimiento obrero y cultivó cuidadosamente su relación con los sindicatos. Esto le permitió utilizar a los Batallones Rojos de la Casa del Obrero Mundial en sus enfrentamientos contra villistas y zapatistas. Carranza, al contrario, temía a los trabajadores armados y, en cuanto tuvo oportunidad, desmanteló sus organizaciones. En enero de 1916 Carranza disolvió los Batallones Rojos, clausuró la Casa del Obrero Mundial y cerró todas sus filiales en el país. Cuando, en respuesta, los trabajadores llamaron a una huelga general para el 31 de julio de 1916, Carranza trató de impedirla encarcelando a los líderes de

la Casa del Obrero Mundial.32 Estos acontecimientos dieron a Obregón la oportunidad de usar su prestigio e influencia en favor de los trabajadores, cuyo movimiento se hallaba muy debilitado. Varios de los trabajadores arrestados hacían frente a posibles penas de muerte; sin embargo, gracias a la intervención del caudillo, éstas fueron suspendidas. Lo anterior reforzó su posición como aliado del movimiento obrero, pero, a la vez, dio al Estado un alto grado de control sobre las organizaciones sindicales del país, lo cual contribuiría más tarde a la centralización del poder en la presidencia de la República.33 En 1916 uno de los dirigentes de la Casa del Obrero Mundial comentó que Obregón era como “el motor de un partido combativo definido por los objetivos básicos que flotan en las banderas revolucionarias”.34 En junio de 1919, después de dos años de retiro en Sonora, preparando su retorno a la política y sintiéndose insatisfecho con la situación política del país, Obregón anunció su candidatura para las elecciones presidenciales de 1920. Su estrategia consistió en viajar por el país y renovar las alianzas políticas que había establecido durante sus campañas militares y, particularmente, durante las sesiones del Congreso Constituyente de 1917. En 1918 Aarón Sáenz, una de las figuras principales del grupo político de Obregón, se había acercado a los zapatistas en busca de una alianza. Éstos, que para entonces ya se habían convencido de que Carranza no tenía intenciones de avanzar en el asunto de la distribución de la tierra, respondieron afirmativamente y prometieron dar su apoyo a Obregón. Durante la campaña electoral de Obregón, Luis Morones, el líder de la recién formada Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la organización que había surgido en 1918 de las cenizas de la Casa del Obrero Mundial, se acercó al candidato para renovar el pacto que éste había hecho con los trabajadores en la ciudad de México en 1915. Morones ofreció el apoyo de la CROM a la candidatura de Obregón a cambio de que su gobierno defendiera los derechos de la confederación y sus agremiados.35 El pacto se selló el 6 de agosto de 1919 con el llamado “Convenio Secreto”, el cual fue el principio de la nebulosa relación que uniría al movimiento obrero organizado con el Estado de la Revolución mexicana por varias décadas más. A cambio de ese apoyo en la elección de 1920, Obregón prometió crear en su gabinete una Secretaría del Trabajo, cuyo titular sería nombrado en consulta con la CROM. Además, los nombramientos de los secretarios de Industria y Comercio, y de Agricultura y Desarrollo, estarían sujetos a la aprobación de los firmantes del pacto, quienes también se comprometieron a formar un nuevo partido político. El acuerdo estipulaba que, en el futuro, la CROM sería consultada en todo aquello que se relacionara con los obreros.36 El Partido Laborista Mexicano (PLM) se formó unas semanas después, y el 4 de enero de 1920 postuló a Obregón como su candidato a la presidencia de la República. Para entonces, éste había formado una coalición de fuerzas que incluía a amplios sectores de las fuerzas armadas, al movimiento obrero organizado, a dos importantes partidos políticos que representaban a las clases medias —Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Partido Nacional Cooperatista (PNC)—, a comunidades de yaquis y mayos en Sonora, y al nuevo partido de los zapatistas, el Partido Nacional Agrarista. El PLC había sido fundado por Obregón y sus colaboradores más cercanos en 1916, con el propósito de poner en práctica los principios revolucionarios; posteriormente adoptó las decisiones del Congreso Constituyente

de 1917 como su programa político.37 Casi inmediatamente, Obregón empezó a recibir adhesiones de toda clase de organizaciones, desde el ejército, que seguía admirando al caudillo militar, hasta grupos obreros urbanos y rurales como los trabajadores textiles de Puebla y Veracruz. De especial significado, en términos ideológicos, fue el apoyo del Partido Socialista Yucateco, dirigido por el destacado dirigente Felipe Carrillo Puerto, quien se había unido a Obregón en 1919.38 Carranza, por su parte, ante la imposibilidad de reelegirse como presidente de la República, y desconfiando profundamente del radicalismo mostrado por Obregón, intentó eliminarlo, de una vez por todas, de la política mexicana. Decidió atacar lo que consideraba el centro del poder obregonista: Sonora. Cuando los sonorenses resistieron la llegada de tropas federales, Carranza acusó de rebelión a Calles, el nuevo gobernador del estado, y a De la Huerta, el gobernador saliente, ambos conocidos obregonistas. Mientras tanto, Obregón, que se encontraba en la ciudad de México, fue llamado a declarar a un juzgado como testigo en investigaciones sobre la insubordinación sonorense. Tras ser interrogado y no habiendo encontrado pruebas tangibles en su contra, fue puesto en libertad. Sin embargo, agentes carrancistas lo seguían a todas partes y la situación era extremadamente peligrosa. Con su vida en riesgo, Obregón preparó una ruta de escape poco probable, tal y como lo había hecho años antes en Chihuahua, cuando se le escabulló a Villa. Ahora, su norteña Sonora estaba muy lejos, así que, en una maniobra típica suya, decidió huir en la dirección contraria, hacia el sur, donde buscaría refugio entre sus nuevos aliados, los zapatistas. Gildardo Magaña, el sucesor de Zapata, le había prometido su apoyo y le ofreció refugio en su territorio, la abrupta región donde se unen Puebla, Oaxaca y Veracruz, ahí donde las sierras madres se hacen nudo. Ayudado por sus aliados sindicalistas de la ciudad de México, especialmente trabajadores ferrocarrileros, y protegido por la oscuridad de la noche, Obregón abordó un tren rumbo a Iguala, Guerrero, desde donde los zapatistas lo llevaron a Chilpancingo, fuera del alcance de Carranza.39 Entre tanto, el 23 de abril de 1920, Calles y De la Huerta emitieron en el poblado fronterizo de Agua Prieta, Sonora, un pronunciamiento en favor de Obregón en el que acusaban a Carranza de haber violado la Constitución de 1917, y le retiraban el reconocimiento sonorense a su gobierno. La respuesta del país a lo que sería el Plan de Agua Prieta fue favorable a los sonorenses. Con el ejército, una vez más, cerrando filas detrás del caudillo, en un mes Obregón obtuvo el control militar y político del país. Los pocos comandantes que permanecieron leales a Carranza se encontraron con que sus soldados no les obedecían.40 El 7 de mayo siguiente, Carranza, aislado del resto del país y viendo la rapidez con que se reducía el grupo de sus seguidores, abandonó la ciudad de México con la intención de establecerse en el puerto de Veracruz, lugar al que nunca llegó. En el camino, según lo narra Luis Cabrera, miembro de la comitiva que acompañaba al presidente y uno de los intelectuales más prominentes del periodo, en lo más abrupto de la Sierra de Puebla, al grito de “¡Viva Obregón! ¡Viva Peláez!”, gente del general Rodolfo Herrero, comandante militar de esa región, que recientemente había abrazado la causa de los sonorenses, y siguiendo instrucciones del general Pablo González, aliado de Obregón, asesinó a Carranza la madrugada del 20 de mayo de 1920 cuando éste viajaba bajo su protección.41 En los días anteriores a la muerte de Carranza, Obregón y González, los oficiales de más

alto rango en el ejército, habían girado órdenes explícitas de respetar la vida del presidente Carranza y garantizarle un salvoconducto para su traslado a Veracruz y de ahí a La Habana, Cuba. Sin embargo, las órdenes que Obregón y González dieron al general Jacinto B. Treviño, encargado de las operaciones para capturar a Carranza, crearon confusión porque le instruían dar al presidente prófugo cuatro horas como plazo para rendirse, pasado el cual, y en caso de que se negara, Treviño quedaba autorizado para atacar el convoy con todos sus recursos y someterlo.42 Obregón nunca fue implicado directamente en la muerte de Carranza; ésta fue vista como un asunto de Estado. La evidencia sugiere que si Obregón no ordenó de manera directa el asesinato de Carranza, por lo menos tácitamente no se opuso a que se cometiera, aunque en público siempre lo negó, y el crimen nunca fue esclarecido o perseguido.43 De acuerdo con The New York Times, al recibir un telegrama el 23 de mayo de 1920 del general Juan Barragán, jefe del estado mayor de Carranza, informándole que éste había sido asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla, Obregón se puso furioso y ordenó que se arrestara inmediatamente a Herrero y sus hombres.44 El prestigio de Obregón era tan sólido que los diarios de la ciudad de México y el extranjero no sólo no lo cuestionaron por el asesinato de Carranza, sino que expresaron su confianza de que el candidato cumpliría sus promesas de hacer justicia y respetar los resultados de la elección.45 Cuando ganó la elección presidencial, el 5 de septiembre de 1920, The New York Times reportó: Por fin México tiene un presidente electo por el pueblo en las urnas y que tiene el apoyo de todas las clases. El general Obregón es un líder de un nuevo tipo, en el sentido de que no pertenece a lo que se ha llamado las clases dominantes. Vino literalmente desde abajo y es un hijo de la tierra, lo cual explica su popularidad entre los campesinos.46

Otro aspecto que separa a Obregón de los caudillos del siglo XIX es su claridad respecto a lo efímero de la autoridad personalista y sobre el daño que ésta había hecho a México. Siendo de Sonora, uno de los estados de la República mexicana a los que la modernidad llegó con fuerza, para Obregón estuvo muy claro que el proyecto de modernización de la Revolución demandaba continuidad, es decir, instituciones. Esto no quiere decir que Obregón no fuera un presidente autoritario. Por supuesto estaba dentro de la tradición política autoritaria de México y ejerció el poder, como el caudillo que era, autoritariamente. Por ello tuvo también críticos infatigables como Maytorena, gobernador de Sonora y acérrimo enemigo suyo, quien escribió un libro acusándolo de ser un autoritario y de estar empeñado en imponer una dictadura. Esta acusación, en efecto, tiene fundamento si consideramos la influencia que Obregón mantuvo en la política del país tras haber concluido su periodo presidencial en 1924, y su decisión de buscar la reelección y ganarla en 1928. No hay duda de que Obregón fue cautivado por el poder; no obstante, como lo afirma Córdova, siempre mostró una peculiar capacidad para vincular sus acciones con propósitos que iban más allá de sus ambiciones personales.47

AUTORITARISMO E IDEOLOGÍA

Analicemos ahora cómo Obregón estableció prácticas políticas que transformaron el ejercicio autoritario del poder en México. En las condiciones posrevolucionarias, el hombre fuerte autoritario estaría sujeto a nuevas reglas en las que, por primera vez, el ejército estaba separado de la política. Obregón pensaba que la estabilidad política sólo sería posible si las fuerzas centrípetas que dividían al país eran neutralizadas. Según él, la autonomía de los comandantes regionales era uno de los obstáculos principales para la creación de un Estado nacional, por lo que proponía dos cosas: primero, crear un ejército moderno, profesional, con una estructura de mando centralizada y, segundo, el retiro del ejército de la política. En un discurso pronunciado el 22 de octubre de 1916, en la Academia del Estado Mayor, en la ciudad de México, Obregón fue muy claro al definir el papel del ejército en la vida del país como garante de las instituciones revolucionarias, y no como actor político. “La gente se pacifica con leyes, las leyes se defienden con rifles”, dijo.48 Bassols escribe que Obregón nunca perdió de vista las implicaciones políticas de sus acciones militares y, de hecho, va más allá al afirmar que Obregón quería ser visto, en México y en el extranjero, no como un militar, sino como un ciudadano armado para defender una causa política.49 Obregón, sin embargo, también personifica los resabios del pasado y la continuidad de la tradición autoritaria. En los días previos a la elección presidencial de 1920, una vez eliminado Carranza, Obregón, como indiscutido hombre fuerte de México, procedió a tomar las únicas riendas del poder existentes en el país: las del carisma, el prestigio del caudillo, el clientelismo, la intimidación, la manipulación, la cooptación. Los diarios de la ciudad de México describen al candidato Obregón en su residencia particular recibiendo visitas de figuras políticas prominentes y secretarios de Estado que consultan con él en vez de acudir con el presidente interino, Adolfo de la Huerta. Y si alguien no procedía así, se arriesgaba a despertar la ira del caudillo y a perder el puesto. Esto le ocurrió a un funcionario de Ferrocarriles Nacionales que gastó 13 millones de pesos en furgones y equipo sin consultar al candidato. Pasar por alto esta práctica le costó el empleo.50 El poder, centralizado en sus manos, parece haber convertido a Obregón en otra encarnación de la metáfora usada por Octavio Paz para describir las raíces del autoritarismo mexicano, la nueva figura del presidente omnipotente por seis años, conectado, por la historia, al dictador decimonónico, al virrey novohispano, y más atrás aún, al tlatoani, el que habla, el sumo sacerdote mexica, sentado en el ápice de la pirámide, dispensando favores y dictando veredictos.51 Los estudios sobre hombres fuertes que han gobernado en América Latina con frecuencia han encontrado que el autócrata parece no tener principios ideológicos firmes. Sobre este punto remito al lector a la cita de Bassols con que se inicia este capítulo, y a los pasajes en que Fowler apunta una “cierta vaguedad ideológica” en Antonio López de Santa Anna, y los de Williamson en que se refiere a los caudillos en Hispanoamérica como líderes que adoptaban las doctrinas liberales o conservadoras según les convenía, en su afán por hacerse del Estado y sus recursos monetarios.52 Obregón no encaja en esta descripción. A juzgar por lo que se ha escrito de sus ideas y sus acciones, fue un dirigente pragmático que adoptó principios políticos derivados de su experiencia como revolucionario, y los mantuvo hasta que lo mataron. Estos principios provenían de sus orígenes en las clases medias modernas del norte de México, pero también

de su reconocimiento de la legitimidad de las demandas de las clases populares (campesinos y obreros) que, aunque no eran suyas, las incorporó a su programa en el transcurso de su carrera política y las defendió. La gran excepción es, quizá, el principio de la no reelección, el cual primero defendió y al final de su carrera trató de subvertir. Pero si encontramos coherencia en los principios que Obregón mantuvo, se debe, en parte, a que éstos eran una mezcla de las tres grandes corrientes filosóficas que inspiraron la Revolución mexicana y que Obregón asimiló, a saber: el liberalismo mexicano de la generación de 1857, el comunalismo prehispánico de las comunidades indígenas y agraristas, y el socialismo de la Casa del Obrero Mundial. Estas ideas habían surgido al calor de un rápido proceso de modernización económica y eran también producto del asalto filosófico contra el positivismo encabezado por pensadores como Wistano Luis Orozco, Andrés Molina Enríquez, Ricardo Flores Magón, Manuel Gamio, Luis Cabrera, Antonio Caso y Alfonso Reyes.53 En este clima intelectual, Obregón pudo articular una visión de México que se identificó con la de amplias capas de la población. Su programa político incluía un Estado intervencionista, la reforma agraria y la creación de ejidos, el indigenismo, la defensa de los derechos laborales, el respeto a la propiedad privada individual, el nacionalismo económico y una relación especial con el sector privado, incluidos los inversionistas extranjeros. Intelectuales de izquierda tienden a ver a Obregón con simpatía por varias razones: era ciertamente un nacionalista, un brillante dirigente que, a pesar de su ideología pequeñoburguesa, era sensible a las demandas de obreros y campesinos. Además, conocía la labor de los hermanos Flores Magón entre los trabajadores de las compañías mineras de Sonora, como la Cananea Copper Company, así como su periódico Regeneración, de extracción anarquista.54 Asimismo, Obregón había crecido cerca de comunidades indígenas de yaquis y mayos, próximas a Huatabampo, y había hecho de la distribución de la tierra un punto importante de su proyecto político. Recordemos también que la ley del 6 de enero de 1915, con la que Carranza había arrebatado a los zapatistas la bandera de la lucha por la tierra, fue, en gran medida, producto de la presión de Obregón sobre el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. Lo anterior, sin embargo, no impidió que Obregón encabezara la aniquilación de la lucha centenaria por la tierra de los yaquis y los mayos en Sonora.55 Arnaldo Córdova apunta, empero, que los aspectos populistas del pensamiento obregonista, y de lo que más tarde se reconocería como la ideología de la Revolución mexicana, de ninguna manera implicaban el sacrificio de la propiedad privada o de los aspectos individualistas del capitalismo mexicano, sino, al contrario, su protección. Los generales sonorenses que controlaron el Estado nacional que surgía en la década de 1920 nunca consideraron seriamente transformar las estructuras de la sociedad liberal que existía en México.56

OBREGÓN Y LOS ASUNTOS EXTRANJEROS La experiencia de Obregón en el campo de las relaciones con el exterior se derivaba,

principalmente, de sus encuentros con empresarios y ciudadanos estadunidenses en Sonora, o con agentes militares o diplomáticos de Estados Unidos y de otras potencias extranjeras durante su carrera militar y política. Su protagonismo en este campo fue, como en los otros, decisivo para México. Analicemos tres momentos en los que Obregón se enfrentó a grupos extranjeros que, de haber prevalecido, hubieran hecho más vulnerable la posición de México frente a la economía internacional en las décadas siguientes. Internamente, estas confrontaciones con el capital internacional contribuyeron a fortalecer la centralización del poder político y económico en el presidente de la República. El primero de estos encuentros tuvo lugar en 1916, cuando tropas estadunidenses entraron a territorio mexicano en busca del líder y bandolero Francisco Villa. Los otros dos episodios surgieron a raíz de las reclamaciones que hacían a México inversionistas y compañías extranjeras —y sus gobiernos— por daños y perjuicios a sus propiedades e inversiones durante la lucha revolucionaria. La parte sustancial de los reclamos se originaba en la defensa que las compañías petroleras extranjeras que operaban en México hacían de sus derechos de propiedad, y en la exigencia de un grupo de banqueros internacionales de que se reanudaran los pagos de la deuda externa del gobierno mexicano, suspendidos desde 1913. La primera de estas experiencias la desencadenó Villa cuando, el 9 de marzo de 1916, cruzó la frontera con Estados Unidos y atacó el poblado de Columbus, Nuevo México. Bajo la presión del presidente Woodrow Wilson —que envió a México una expedición punitiva—, Carranza se vio forzado a perseguir a Villa y a negociar con el general John J. Pershing, comandante de dicha expedición. Entre Obregón y Pablo González, el otro importante general constitucionalista, Carranza escogió al primero para dirigir la ofensiva contra Villa y las negociaciones con Pershing. Tiempo después, González terminó uniéndose a Obregón y, según indican los estudios más recientes, parece haber sido el autor intelectual del asesinato de Carranza. En ese momento, sin embargo, el Primer Jefe no tiene más remedio que recurrir a su general más destacado para la delicada operación y, el 13 de marzo, escoge a Obregón y lo nombra secretario de Guerra y Marina.57 Esto es lo que entonces Carranza pensaba de Obregón: El general Obregón mandando un ejército sería el único general que en este tiempo pudiera detener a los americanos que quisieran invadir el país, y, tal vez, hasta derrotarlos en alguna acción de guerra. Por eso debemos cuidar al general Obregón como caudillo, porque en cualquier momento conseguirá entusiasmar a las multitudes y llevarlas al triunfo.58

La presencia de tropas estadunidenses en México complicaba en demasía las cosas para Carranza, porque aparecieron precisamente cuando el Primer Jefe buscaba el reconocimiento diplomático de Washington a su precario gobierno. Aunque tanto él como Obregón exigieron el retiro inmediato de las tropas extranjeras, ambos sabían que México no estaba en condiciones de entrar en guerra contra Estados Unidos. Cuando Obregón y su ejército llegaron a Chihuahua, nubarrones de guerra oscurecían el cielo de la frontera. Luego de fuertes jaloneos sobre los términos y el lugar en que se conducirían las conversaciones, Obregón y los negociadores estadunidenses —el jefe del estado mayor, general Hugh L. Scott, y el comandante del Departamento Sur del ejército en San Antonio, Texas, general Frederick

Funston— se reunieron varias veces en El Paso, Texas, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, entre el 29 de abril y el 2 de mayo de 1916.59 Las negociaciones fueron un éxito diplomático y político para Obregón. El acuerdo final fue un compromiso equilibrado que establecía el procedimiento y el plazo para el retiro gradual de las tropas estadunidenses, por una parte, y por la otra comprometía a la administración de Carranza a “perseguir vigorosamente a bandidos y otros elementos que violen la ley” en la frontera.60 Aunque el acuerdo no fue lo mejor que México podía esperar, Obregón consiguió los puntos centrales de la posición mexicana: evitar una confrontación militar, negar a Estados Unidos pretextos para intervenir en el país y el restablecimiento de la soberanía nacional. Las tropas del general Pershing empezaron su retirada en enero de 1917, al mismo tiempo que se iniciaban los trabajos del Congreso que habría de redactar la nueva constitución política. Con esta aventura, Obregón adquirió el aura de que podía tratar de “tú a tú” a los estadunidenses y salir airoso. Una vez que Obregón ocupó la presidencia en 1920, con el país pacificado y en proceso de reconstrucción, estuvo en condiciones de negociar con el exterior desde una posición de fuerza. En 1918, al término de la primera Guerra Mundial, y con Cuba, Puerto Rico y Panamá bajo su control, Estados Unidos entraba al escenario internacional como la potencia dominante en el hemisferio occidental. Al mismo tiempo, al sur de su frontera, México estaba saliendo de un periodo de convulsiones que se originaban, en parte, en la lucha por rescatar los recursos naturales del país, como el petróleo, que se encontraban en manos de inversionistas extranjeros, para usarlos en un proyecto de desarrollo nacional.61 Linda Hall, cuyos textos sobre las relaciones entre México y Estados Unidos en el periodo de Obregón han sentado la pauta en los círculos académicos del vecino país del norte, encuentra que en 1920 había dos asuntos importantes que preocupaban especialmente a los políticos de ambas naciones: la reanudación del pago de la deuda externa mexicana y la situación de los derechos de propiedad de las compañías petroleras extranjeras que operaban en México. Tan pronto como fue electo, Obregón entabló negociaciones en tres frentes: con el Departamento de Estado estadunidense para obtener el reconocimiento diplomático, con los banqueros internacionales que demandaban la reanudación del pago de la deuda externa y con las compañías petroleras. El republicano Warren G. Harding, electo a la presidencia de Estados Unidos en 1920 gracias al apoyo de las grandes corporaciones estadunidenses, planteó el fomento de empresas privadas en su país y en el extranjero como una de las metas de su administración. Así que, en cuanto se promulgó en México la nueva Constitución de 1917, empezaron a surgir en Estados Unidos grupos defensores de los intereses de ese país en México que temían la aplicación del artículo 27 sobre ellos. Uno de estos grupos, encabezado por Edward Doheny, petrolero que estuvo involucrado en el famoso escándalo de Teapot Dome, que afectó en 1922 a la administración del presidente Harding, es un ejemplo de los intereses que influyeron en éste para presionar a Obregón sobre el asunto de las compañías petroleras y negarle el reconocimiento diplomático. Sin este último, no habría crédito externo ni inversiones extranjeras, y sin éstas el proceso de reconstrucción económica de México se vería severamente limitado. Dado que la mayor parte de los ingresos del gobierno de Obregón provenía de los

impuestos al petróleo, la suspensión de las actividades de las empresas de ese ramo lo hubiera paralizado. Obregón necesitaba que la producción petrolera se mantuviera, pero, al mismo tiempo, no podía abandonar los principios de control nacional sobre los recursos naturales que había defendido con las armas. Por otra parte, estaban los tenedores de bonos de la deuda externa mexicana. Éstos los representaban los bancos internacionales que habían vendido los bonos mexicanos en los mercados de Nueva York, Londres, París, Bruselas y Zurich, y que, en 1918, habían formado un Comité Internacional de Banqueros con intereses en México, para negociar, en bloque, el pago de la enorme deuda mexicana calculada entonces en más de 500 millones de dólares.62 Actuando con patriotismo e inteligencia en una serie de negociaciones internacionales, Obregón logró sostener los términos mexicanos en los tres frentes mencionados y salvaguardó la soberanía nacional. En el caso petrolero, Obregón aprovechó una decisión de la Suprema Corte de Justicia mexicana emitida en 1921 para resolver el impasse en que se encontraban las negociaciones sobre la aplicación del artículo 27 constitucional. El fallo de la Suprema Corte propuso la doctrina de los “actos positivos”, según la cual los terrenos petroleros no podrían ser expropiados si la empresa dueña había hecho algún “acto positivo” antes del 1° de mayo de 1917, como construir o agregar equipo a la propiedad. Esta decisión le permitió a Obregón negociar con las empresas extranjeras sin arriesgarse a ser acusado de traición. En 1923, representantes de dichas compañías, del Departamento de Estado estadunidense y del gobierno mexicano se reunieron durante julio y agosto en una vieja casona ubicada en la calle de Bucareli, en la ciudad de México, para la ronda final de negociaciones. En el acuerdo a que se llegó, conocido como los Tratados de Bucareli, se aceptaron los puntos centrales de la posición mexicana: se reconoció la soberanía de la nación sobre los recursos naturales del territorio mexicano, la subordinación de los derechos individuales —incluido el de propiedad privada— al interés público, y las empresas petroleras tuvieron que aceptar que no tenían derechos privados sobre el subsuelo, y que en adelante, para operar sus pozos petroleros y sus minas, tendrían que solicitar concesiones del Estado mexicano por periodos específicos de hasta 50 años.63 En cuanto a la deuda externa y a la batalla por la soberanía monetaria y financiera del país, destacan dos acuerdos pactados bajo la dirección de Obregón: el Tratado De la HuertaLamont de 1922, y la Enmienda Pani o Tratado Pani-Lamont, concluida por Calles en 1925, pero que en realidad fue un proyecto de Obregón. Para asegurarse de que México cumpliría con sus compromisos internacionales, banqueros de varios países intentaron formar una comisión internacional que administraría las finanzas mexicanas y se encargaría de cobrar los impuestos, hacer pagos y supervisar el crédito, la emisión monetaria, las tasas de interés y el tipo de cambio. No lograron su propósito, pero dejaron claro que se oponían a que un banco controlado por el Estado realizara estas funciones. En ese momento, sólo en la Unión Soviética se daba este caso. Obregón tuvo la claridad política y la legitimidad interna para forzar a una de las casas bancarias más poderosas del mundo —J. P. Morgan, de Nueva York, que dirigía el comité de banqueros— a reconocer al gobierno mexicano como una entidad financiera soberana y a aceptar los montos y los términos de pago de la deuda exterior que Obregón proponía.64 En 1922 Obregón envió a su secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta, a Nueva York, a

negociar un tratado con los banqueros encabezados por Thomas W. Lamont, de la casa Morgan, para llegar a un acuerdo sobre las condiciones en que se reanudarían los pagos de la deuda externa mexicana. Con ello, Obregón esperaba restablecer el crédito de México en los mercados internacionales de capital y tener acceso a nuevos préstamos. Pero la misión de De la Huerta también incluía negociaciones en los otros dos frentes: el petróleo y el reconocimiento diplomático. A cambio de la pronta reanudación de los pagos por parte de México, debía obtener el reconocimiento diplomático de Washington, y un préstamo de 50 millones de dólares para fundar el banco central de emisión, necesario para la reconstrucción del sistema de crédito nacional. De la Huerta resultó un negociador inepto y pusilánime. La evidencia documental sugiere que De la Huerta fue deslumbrado por Lamont y Nueva York, y aceptó condiciones tan onerosas para el erario mexicano que resultaron imposibles de cumplir.65 En cuanto Obregón se dio cuenta de que De la Huerta había reconocido una deuda de más de 700 millones de dólares y que, según el convenio, México tendría que pagar 35 millones de dólares el primer año, y de que no había reconocimiento diplomático ni nuevos créditos, suspendió la vigencia de dicho convenio. En marzo de 1923 el nuevo secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, informó a los banqueros de Nueva York que los recursos disponibles se utilizarían para satisfacer las necesidades inaplazables de la nación, y los banqueros tendrían que aceptar los montos de pago que la economía del país podía generar. En el momento crucial, cuando el gobierno mexicano se aprestaba a enviar el abono sobre la deuda externa correspondiente a 1923, penosamente reunido con fondos procedentes de los impuestos a las exportaciones de petróleo para transferirlos a Nueva York, Obregón ordenó detener el pago y usarlo para la fundación de un banco único de emisión controlado por el Estado. El fruto de estos esfuerzos llegó en 1925 cuando el Banco de México, S. A., abrió sus puertas al público y empezó a emitir dinero.66 El gobierno de Estados Unidos condicionó el reconocimiento diplomático a la solución satisfactoria de las demandas de los banqueros internacionales y de las compañías petroleras. Sin embargo, el criterio de Obregón prevaleció en ambos puntos. Al concluir las negociaciones de Bucareli en 1923, Washington otorgó su reconocimiento diplomático a Obregón, y el gobierno mexicano procedió con el establecimiento del banco central sin injerencia del capital extranjero. La defensa vigorosa que hizo Obregón de los recursos naturales y la soberanía financiera del país dieron legitimidad a su liderazgo político y consolidaron su mística de caudillo.

OBSERVACIONES FINALES Obregón, al final de cuentas, parece haber estado parado en dos épocas. Tenía un pie en el viejo régimen y el otro en la modernidad. Fue creador de nuevas instituciones como las de educación pública o el banco central, de nuevas formas de hacer política, y de nuevas pautas para las negociaciones del Estado con el capital internacional; pero al mismo tiempo fue también el caudillo tradicional y el presidente que adaptó viejas prácticas a nuevas

condiciones. Sus logros, en cualquier caso, fueron enormemente significativos. Este jefe militar sonorense, a pesar de sus orígenes provincianos, tuvo un éxito espectacular en la construcción de un Estado nacional, que demostró ser uno de los más estables y fuertes en la historia moderna de América Latina. Obregón no eliminó la esencia autoritaria del ancien regime mexicano, pero sí la transformó. Inició formas y prácticas distintas que hicieron descansar al sistema político mexicano en lo que Daniel Cosío Villegas vio como sus dos ejes: el partido del gobierno y el presidente. Sustentado en un discurso populista y nacionalista, Obregón abrió las puertas por las que las masas entraron al escenario de la política, y unificó bajo el ala protectora del Estado fuerzas sociales hasta entonces despreciadas. Uno de los factores que explican la longevidad del Estado que nació de la Revolución mexicana es el éxito de Obregón en legitimar la autoridad de ese Estado. En contraste con gobernantes anteriores, los sonorenses Obregón y Calles articularon un discurso ideológico tan persuasivo que les ganó el consenso político de la mayoría de sus contemporáneos, incluido, a veces, Estados Unidos. Esta ideología, que no podía distinguirse de las metas de la Revolución misma, sustentaba un proyecto nacionalista y anticlerical, y Obregón se aseguró de que en el nuevo orden la Revolución fuera la fuente última de legitimidad del propio Estado, el equivalente de la “voluntad popular” de los liberales de 1857, o de la “divina providencia” que había legitimado los decretos de la monarquía católica. Las ideas políticas de Obregón eran prácticas y provenían de la necesidad de guiar un potente movimiento social, muy diverso, que estaba transformando a la nación y cuyos protagonistas decidían el resultado en feroces batallas. Obregón sentó las bases de un sistema político en el que la estabilidad se basaba en la concentración del poder económico y político en las manos del presidente de la República. Enrique Krauze llamó a esta concentración de poder la presidencia imperial; otros se refieren a ella como presidencialismo. Para Cosío Villegas, ese poder era simplemente el estilo personal de gobernar o, en otras palabras, la forma en que los caudillos ejercen el poder cuando se convierten en presidentes.67 Para terminar, una comparación entre Obregón y su némesis, Villa. Ambos fueron grandes líderes carismáticos, pero Obregón era moderno. Fue un caudillo que no hacía depender al movimiento entero de su presencia. Obregón era institucional. En la fase inicial de su carrera, aceptó el liderazgo y la autoridad de Carranza y fue un ejemplo de unidad para otros comandantes. Esto resultó fundamental para la victoria del movimiento constitucionalista. Durante su periodo presidencial (1920-1924) Obregón enfrentó la tarea de implementar la Constitución de 1917, la cual había asignado al Estado grandes responsabilidades. Éstas incluían ser el árbitro de las relaciones entre las clases sociales, el defensor de los recursos naturales de la nación y el protector del derecho a la tierra de los campesinos y de los derechos laborales de los trabajadores; en una palabra, el Estado debía erigirse en rector de un proyecto nacional de desarrollo. La contribución de Obregón fue nada menos que la de crear las primeras instituciones e instrumentos de política que le permitirían al Estado cumplir con este mandato. La opinión de un villista que conoció bien a los dos caudillos demuestra una de las razones por las que Obregón tiene hoy su monumento en la ciudad de México: “Villa fue el mejor guerrero del mundo; […] [Obregón] el más grande general mexicano”.68

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Bassols, 1967, p. 10. En 1979, la familia Obregón solicitó al gobierno federal que la mano y el antebrazo del caudillo fueran enterrados con el resto del cuerpo en Sonora, lo cual concedió el entonces presidente José López Portillo. 3 Existen varias narrativas de los acontecimientos principales de la vida de Obregón, como las de Bojórquez, 1919; Dillon, 1923; Quiroz, 1928; Murillo, 1935. 4 Córdova, 1973. 5 La muerte de Obregón ocurre, como en los dramas shakespeareanos, a manos de uno de sus acérrimos enemigos, un extremista católico. “Mientras los meseros llenaban los vasos de vino y traían, uno tras otro, deliciosos platillos, un joven artista llamado León Toral se desplazaba entre los invitados haciendo sus caricaturas. Finalmente se acercó a Obregón y le preguntó si quería ver sus dibujos. Cuando el presidente electo asintió, Toral le descerrajó cinco balazos en la cabeza y el pecho. Así terminó la vida del último caudillo de México, un final que fue, a su vez, un importante principio.” Buchenau, 2002, p. 1. 6 Paz, 1959, pp. 10-11. En Paz, 1979, el autor presenta su crítica más aguda del Estado posrevolucionario en México, al que llamó Estado patrimonialista. 7 Fowler, 1996, p. XIII (traducción del autor); véanse también Garner, 1996, y Garner, 1985. 8 Hamill, 1996. p. 39 (traducción del autor). También Hamill, 1992. 9 Williamson, 1992, p. 237 (traducción del autor). 10 La mayor parte de los documentos oficiales y personales de Obregón se encuentran en la ciudad de México en el Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca (en adelante FAPEC-FT ), en el Archivo General de la Nación y en el Centro de Estudios Históricos Condumex. Fuera de México hay otras colecciones de documentos importantes sobre Obregón en el Departamento de Estado, en Washington, D. C., y en los National Archives, en la Universidad de Texas en Austin; en Gran Bretaña en los acervos de la Biblioteca Británica y en la Public Record Office, así como en Francia, en los Archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Francesa. 11 Hall, 1981, p. 3 (traducción del autor); otro libro de la autora es Hall, 1995. 12 Bassols, 1967. 13 Dillon, 1923, pp. 33-34; Bojórquez, 1919, pp. 11-12. 14 Aguilar Camín, 1977, pp. 31-40. 15 Pletcher, 1958, p. 220; sobre las relaciones con las comunidades de mayos y yaquis, véase Turner, 1969, pp. 30-34. 16 Hall, 1981, p. 9 (traducción del autor). 17 Hay varias narrativas de las aventuras de Obregón, desde su propia descripción en Obregón, 1959, hasta biografías, periódicos y novelas como Guzmán, 1964, publicada originalmente en Madrid en 1928. 18 Bassols, 1967, p. 17. 19 Grajales, 1959; Bassols, 1967, p. 15; también Robledo, 1935. 20 Urquizo, 1959, pp. XXIV-XXVI. 21 Éste es un término introducido por el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, quien usó la frase como título de su estudio seminal. Bonfil, 1987. Argumenta que la civilización mesoamericana es una fuerza presente e innegable en el México contemporáneo. Para él las masas “de-indianizadas” de las comunidades rurales mestizas, así como vastos sectores de la población urbana pobre, constituyen el México profundo. 22 Cumberland, 1972, pp. 199-200. 23 Otro contingente de los que se unieron a Obregón llegó de Veracruz al mando del indio yaqui Joaquín Amaro. Éste se convirtió más tarde en un aliado importante de Obregón y Calles; su regimiento estaba compuesto de prisioneros de la cárcel de San Juan de Ulúa, Veracruz, y debido a que vestían el uniforme de la prisión, y por su papel en la batalla, de allí en adelante se les conoció como los rayados de Celaya. Hall, 1981, p. 129 (traducción del autor); también Dulles, 1961, p. 12. 24 Obregón, 1959, pp. 299-304; Dulles, 1961, p. 12. 25 Hall, 1981, p. 134. 26 Hall, 1981, p. 181. 27 Idem. 28 Smith, Peter, 1973, p. 395. 29 Hall, 1981, p. 168 (traducción del autor). 30 Córdova, 1973, p. 209; también Cumberland, 1972. 31 Obregón, 1959, pp. 271-272. 32 Bassols, 1967, p. 23. 33 Hart, 1978, pp. 140-155; Clark, 1934, pp. 44-50. 34 La Prensa, México, 3 de marzo de 1915. 35 El Universal, México, 11 de junio de 1956; Clark, 1934, p. 62. 36 El Universal, México, 22 de agosto de 1930. El acuerdo se hizo público sólo después de la muerte de Obregón. 2

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Obregón había logrado aglutinar a las principales fuerzas del país, como Pablo González, el único otro general que se le podía comparar en prestigio militar; Benjamín Hill, su paisano; Plutarco Elías Calles, su protegido; y Cándido Aguilar, otro importante comandante. El Universal, México, 24 y 25 de octubre de 1916; Bassols, 1967, p. 22; véase también Womack, 1968, capítulo x. 38 El Universal, México, 14 de julio de 1919. 39 The London Times, 11 de mayo de 1920; Womack, 1969, pp. 357-358. 40 The London Times, 8 de abril de 1920; The New York Times, 19 de abril de 1920. En los días precedentes a la muerte de Carranza, y en medio de movilizaciones de soldados y oficiales del ejército en diversas partes de la República en solidaridad con Obregón, uno de los encabezados de The New York Times decía: “Ataques contra Carranza por no mantener un gobierno fuerte y respetable”, 21 de abril de 1920; también el del 1° de mayo de 1920. 41 The New York Times, 9 de mayo de 1920; El Universal, México, 9 de mayo de 1920; Hall, 1981, pp. 244-245; Castro, 2000, p. 6. 42 Carta de los generales Pablo González y Álvaro Obregón al general Jacinto B. Treviño, ciudad de México, 13 de mayo de 1920, FAPEC-FT , serie 13010213, exp. 7: Carranza, Venustiano, legajo 2/2, foja 68, inventario 1074. 43 The New York Times, 11 y 14 de mayo de 1920; véase también Castro, 2000, p. 13. 44 The New York Times, 24 de mayo de 1920. El reporte al día siguiente en The New York Times decía: “Obregón ordena el arresto de Bonillas, Barragán y otros doce implicados. Por venganza Herrero asesina a Carranza”. The New York Times, 25 de mayo de 1920. 45 The New York Times, 13 de marzo y 16 de abril de 1920. 46 The New York Times, 2 de diciembre de 1920; The London Times, 7 de septiembre de 1920. 47 Córdova, 1973, p, 289; Maytorena, s/f, p. 78. 48 El Universal, México, 5 de noviembre de 1916. 49 Obregón hizo durante su campaña electoral de 1920 uno de sus esfuerzos más claros por redefinirse como un miembro de la sociedad civil y no como un militar. Era un caudillo con un discurso político antimilitarista. Llegó incluso a renunciar a su rango militar durante su campaña electoral para aspirar a la presidencia como civil. El Senado ratificó su retiro del ejército y lo declaró ciudadano privado. Obregón pudo hacer campaña como candidato civil en las elecciones de 1920, confiado en el conocimiento de que sus victorias militares eran ampliamente reconocidas y de que su carisma estaba intacto. Bassols, 1967, pp. 15, 153-154. 50 El Universal, México, 18 y 19 de noviembre de 1920. 51 Paz, 1972. 52 Fowler, 1996, p. XIII; Williamson, 1992, p. 237. 53 Cockcroft, 1976; Hart, 1972; Flower, 1949. 54 Hart, 1974; Díaz Cárdenas, 1976; Carrillo, 1976; Gómez Quiñones, 1977; Hernández Padilla, 1984. 55 Hay un lugar en Sonora llamado Ciudad Obregón en honor al caudillo manco. Poca gente sabe o recuerda que antes el nombre del poblado era Cajeme, nombre también de un indio yaqui que dirigió las tropas yaquis que apoyaron a Obregón desde 1912. Cuando la revolución triunfó, los yaquis, traicionados, no sólo perdieron su tierra, sino también la batalla cultural: hoy Cajeme es Ciudad Obregón. 56 Córdova, 1973, p. 205. 57 Hall, 1981, p. 148; Castro, 2000, pp. 6-10. 58 Mena, 1964, p. 73; Clendenen, 1961, p. 277. 59 Bassols, 1967, p. 22. 60 Beelen, 1984, pp. 180-181. 61 Smith, Robert, 1972. 62 Oñate, 2000, p. 631. 63 Beelen, 1984, pp. 177-180; Dulles, 1961. 64 Zebadúa, 1994, caps. VI y VII; Oñate, 2000, pp. 651-652. 65 Buena parte de la correspondencia entre Obregón, De la Huerta y los banqueros en este periodo se encuentra en el FAPEC-FT , en la ciudad de México. 66 Zebadúa, 1994, pp. 259-268. 67 Krauze, 1997a; Cosío, 1974; Cosío, 1975. 68 Hall, 1981, p. 137 (traducción del autor).

LOS CLAROSCUROS DE LA PRESIDENCIA DE PLUTARCO ELÍAS CALLES: ¿EL HOMBRE FUERTE DE LOS AÑOS VEINTE?

GEORGETTE JOSÉ VALENZUELA Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

BERNARDINO MENA BRITO: […] usted me dijo una vez que cuando la Revolución estuviera en peligro yo viera en dónde estaba el general Calles y podría tener la seguridad de que allí estarían representados fielmente los principios de la Revolución. VENUSTIANO CARRANZA: […] Tengo la seguridad de que el enemigo más grande de Obregón será Calles. Dentro del obregonismo, triunfando o fracasando, será el único que defienda los principios de la Revolución. El general Obregón mandando a un ejército sería el único general que en este tiempo pudiera detener a los americanos.1

EL CANDIDATO Conforme a un decreto aprobado por el Congreso de la Unión para que no tuviera que hacerse en sus instalaciones, a las 12 del día 30 de noviembre de 1924, en el recién inaugurado Estadio Nacional y “ante más de 30 000 personas”, el general Plutarco Elías Calles tomó posesión de la primera magistratura del país. A sus 47 años (nació en 1877) era el mayor de los tres sonorenses —Álvaro Obregón nació en 1880 y Adolfo de la Huerta en 1881— que arribaron al poder en la década de 1920. Dos de los tres desiguales lados que compusieron el llamado “triángulo sonorense” ya habían sido presidentes: De la Huerta de manera interina durante seis meses, de junio a noviembre de 1920, y Álvaro Obregón, durante cuatro años, de diciembre de 1920 a la mañana del Estadio Nacional. Tocaba ahora su turno a Calles para el periodo 1924-1928. Llegar a ese día no fue fácil, sencillo o tranquilo para ninguno de los actores individuales o colectivos que participaron tanto en la selección del candidato oficial como en las diferentes etapas de la campaña, ya fuera voluntariamente o porque se vieron arrastrados e involucrados por los hechos que se desencadenaron, sobre todo entre diciembre de 1923 y marzo de 1924. La disputa, al igual que en otras épocas de la historia de México, se dio entre civiles y militares, entre caciques y caudillos. Ocho fueron los “suspirantes” y sólo dos los que llegaron al día de las elecciones. De septiembre a diciembre de 1923 los candidatos fueron los generales Plutarco Elías Calles, Raúl Madero, Salvador Alvarado, Roque Estrada, Antonio I. Villarreal y Ángel Flores, así como el industrial zapatero Carlos B. Zetina y el ex secretario de Hacienda Adolfo de la Huerta; finalmente, de mayo a julio de 1924, la contienda se dio sólo entre Flores y Calles. Calles, el elegido, contó con el apoyo del presidente y caudillo Obregón, pero también con el de los líderes de las masas obreras y campesinas, con el de algunos sectores medios urbanos, con el de algunos caciques y gobernadores, y con una parte del ejército. Su campaña presidencial arrancó el 2 de septiembre de 1923 (día en que aceptó públicamente su postulación) y continuó hasta la primera quincena de diciembre, cuando estalló la rebelión delahuertista en el puerto de Veracruz. Durante ésta, los partidarios de Adolfo de la Huerta (incluidos todos los otros candidatos mencionados, con excepción de Ángel Flores y Carlos B. Zetina) lucharon de manera encarnizada contra Calles, Obregón y sus seguidores. A lo largo de

los meses siguientes unos y otros echaron mano de todos los recursos —legales e ilegales— a su alcance para aniquilar al contrario; sin embargo, cuando las argucias y artimañas fracasaron para los antiobregonistas, no pareció quedarles otro remedio a éstos que lanzarse a la rebelión en contra de lo que consideraban una imposición oficial. El general Calles tuvo que interrumpir su propaganda política y solicitó su reincorporación a las filas del ejército mexicano (del que había pedido licencia para poder ser candidato) con el propósito de colaborar al lado del presidente en el reclutamiento y organización de fuerzas obreras y campesinas en el norte del país, así como en el traslado de armas procedentes de Estados Unidos hacia los focos principales de la rebelión: Veracruz, Oaxaca, Jalisco y el sureste del país. El papel que Calles desempeñó en esos meses fue fundamental, pues casi dos terceras partes del ejército se habían rebelado contra Obregón, para quien ahora resultaba imprescindible contar con alguien que tuviera la ascendencia necesaria entre los líderes obreros y campesinos como para ayudar en su reclutamiento y entrenamiento, además de que fuera capaz de mantener bajo control y en paz aquellos estados donde los levantamientos habían sido sofocados, para que así pudiera llegar el armamento requerido. Sofocada la rebelión, se reanudó la última fase de la campaña presidencial que comprendió de marzo a los primeros días de julio de 1924. Ahora el contendiente de Calles era el general Ángel Flores, ex gobernador de Sinaloa, apoyado por el Sindicato Nacional de Agricultores (terratenientes) y por una agrupación llamada Liga Política Nacional, con fuertes vínculos con el catolicismo social militante encabezado por René Capistrán Garza y Manuel Palomar y Vizcarra. Es decir, contra la candidatura “radical” del llamado candidato obrero se levantaba la de la moderación, en clara representación de los intereses conservadores y católicos de la época. El domingo 6 de julio de 1924 se llevaron a cabo las elecciones y el 27 de septiembre la Cámara de Diputados otorgó el triunfo al general Calles, quien obtuvo 1300000 votos (84.14%) contra 250 000 (15.85%) del general Ángel Flores. Con la celebración de estos comicios se dio por concluida una de las etapas más violentas del proceso de reajuste político que vivió México desde el estallido de la Revolución, en 1910. A partir de entonces, todos los que intentaron copiar el violento mecanismo para llegar a la presidencia del país terminaron en el exilio terrenal —o en el celestial—. La elección de Calles puso a prueba la legitimidad del grupo revolucionario en el poder y constituyó la justificación legal del arribo del grupo Sonora, sólo manchado por la rebelión de Agua Prieta de 1920 y no obstante la celebración de los comicios que sancionaron la llegada a la presidencia de Álvaro Obregón. Además, su designación como candidato a la presidencia inauguró el proceso de selección interna del grupo gobernante con todo el apoyo del Estado y de los representantes de las fuerzas populares. Asimismo, fue la primera elección posrevolucionaria exitosa y habría de enmarcar el primer paso hacia la institucionalización del poder político en el país.2 ¿De dónde venía el nuevo presidente? Plutarco Elías Calles nació en el puerto de Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Huérfano de madre desde muy pequeño, quedó bajo la tutela de su tío Juan B. Calles, de quien años más tarde tomó el apellido en señal

de agradecimiento. Realizó estudios de normalista en la escuela de Benigno López Sierra, los cuales solventó trabajando allí mismo. En 1894 fue maestro de párvulos en el Colegio de Sonora y poco después pasó a la Escuela Oficial para Varones número 1. Por estas fechas se casó con Francisca Bernal, quien murió poco después. Calles fue nombrado inspector de escuelas del puerto de Guaymas y contrajo segundas nupcias con Natalia Chacón.3 Calles provenía de una familia con una gran tradición liberal nacionalista, por lo que las injusticias imperantes en su estado natal hicieron que dejara el magisterio y tomara partido en contra del régimen porfirista. En 1901 ingresó a la agrupación liberal de tendencias magonistas Club Verde, donde estableció relaciones con varios futuros connotados revolucionarios como Manuel M. Diéguez y Esteban Baca Calderón. Cuando sobrevino el triunfo maderista sobre la dictadura de Porfirio Díaz en toda la República, en Sonora se convocó a elecciones para diputados y Calles contendió por el distrito de Guaymas; a pesar de sus esfuerzos perdió frente a su contrincante, Adolfo de la Huerta. En pago por los servicios prestados al maderismo fue nombrado comisario de Agua Prieta por el gobernador de Sonora José Ma. Maytorena. Mientras tanto, en la ciudad de México, la situación para el nuevo presidente Francisco I. Madero comenzaba a tornarse problemática. A 15 días de su ascenso al poder, los zapatistas proclamaron el Plan de Ayala, exigiendo el cumplimiento del Plan de San Luis en lo referente a la cuestión agraria y desconociéndolo como autoridad máxima del país. Rebasaría los objetivos de este trabajo enumerar la suma de problemas a los que tuvo que enfrentarse el nuevo gobierno; sin embargo, y para nuestros fines, cabe destacar el inicio de la rebelión de Pascual Orozco, a principios de marzo de 1912, contra el gobierno de Madero, ya que para sofocarla tomaron parte activa los sonorenses. Como comisario de Agua Prieta, Calles se ocupó de organizar las fuerzas que en esa región estaban dispuestas a combatir al orozquismo y a apoyar al gobierno legalmente constituido. Los esfuerzos de esos hombres no fueron vanos y se vieron coronados con el éxito. La meritoria labor de Calles le ganó varias enemistades que trataron de convencer al gobernador Maytorena de que lo removiera de su cargo. Pero así como se había hecho de enemigos, también había aumentado el número de sus adeptos, destacando entre ellos los ganaderos locales, quienes escribieron al presidente de la República para impedir la remoción de Calles: Los antecedentes políticos y sociales del señor Calles y su actitud francamente abierta y decidida a favor de la Revolución de 1910, así como su conducta última, en la cual laboró con bríos y energías inusitadas en pro de las candidaturas de los señores Maytorena y Gayou lo prueban como decidido y leal partidario del gobierno constituido. [En apoyo de Calles] vendría no sólo todo el pueblo que lo conoce y lo aprecia, sino también los datos oficiales que deben existir en la secretaría de gobierno del estado relativos a su comportamiento en las expediciones militares que le han sido encomendadas y que ha desempeñado con integridad, valentía y rectitud.4

Gracias a estas gestiones Calles permaneció en su cargo. Los días siguieron su marcha y en la capital de la República la posición del gobierno maderista era un polvorín que finalmente estalló el 9 de febrero de 1913, dando inicio a la Decena Trágica en la que perdieron la vida el presidente Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez a manos de los esbirros de Victoriano Huerta, en contubernio con la vieja oligarquía porfiriana y con el embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson.

Las manifestaciones de repudio hacia el usurpador no se hicieron esperar, y en Agua Prieta, Calles se negó a reconocer a Huerta, por lo que tuvo que salir huyendo del país hacia Douglas, Arizona, donde junto con Adolfo de la Huerta comenzó a organizar fuerzas contra la usurpación. Por su parte, el gobernador Maytorena, indeciso sobre la actitud que debía tomar, solicitó permiso al congreso local para ausentarse de su cargo durante seis meses. En su lugar fue nombrado Ignacio L. Pesqueira, quien, apoyado por los más importantes militares sonorenses —Álvaro Obregón, Salvador Alvarado, Benjamín Hill, etcétera—, decidió no reconocer a Huerta y unirse con Venustiano Carranza, el gobernador de Coahuila y Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, en su lucha contra el nuevo dictador. Una vez que las fuerzas constitucionalistas sonorenses lograron dominar el norte del estado, dirigieron sus esfuerzos hacia el sur, dejando la región dominada en resguardo de Calles, ya de vuelta en Sonora y quien llegaría a ser “el primer administrador militar de una región estratégica para los destinos de la insurrección sonorense”.5 Posteriormente fue ascendido al grado de general brigadier y poco después Carranza lo nombró jefe de la zona militar del Noroeste, que comprendía los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California y Nayarit. Más tarde, junto con el general Ángel Flores, acabó en la batalla de San Joaquín con las fuerzas de Francisco Villa, que merodeaban en Sonora. El 4 de agosto de 1915, ya triunfantes las fuerzas constitucionalistas en el país, Calles fue nombrado gobernador interino y comandante militar de Sonora por el Primer Jefe. A los pocos días expidió su programa de gobierno en el que estaban contenidas las bases de su futuro programa como presidente de México: el puntal del nuevo régimen revolucionario sonorense sería la educación; la corrupción oficial se vería seriamente combatida y se haría respetar el libre voto ciudadano; no habría cortapisas para la prensa; el gobierno se ocuparía, en la medida de sus posibilidades, de la modernización de las técnicas agrícolas; la repartición de la tierra tendría como fin último la creación de la propiedad privada; se dictarían las medidas conducentes para la reformulación del sistema impositivo; se modificaría el código civil estatal, introduciendo el divorcio, que ya había sido autorizado por Carranza. El Estado se erigiría en el protector y benefactor de todas las clases sociales. El lema final del programa de Calles era “Tierra y libros para todos”. Durante la administración callista se expidieron cerca de 20 decretos fijando estas nuevas normas de convivencia: no se podría beber ni producir alcohol, ni se podría jugar con apuesta, sería obligatoria la fundación de una escuela primaria en todo lugar donde hubiera más de 20 niños; las empresas mineras e industriales deberían poner escuelas nocturnas para los trabajadores; habría un programa de bibliotecas y escuelas de adultos; se fundaría un hospicio y una escuela de artes y oficios para los huérfanos de la Revolución (las famosas “Cruz Gálvez”) [y] una escuela normal en Hermosillo”.6

Calles fungió como gobernador interino de Sonora hasta mayo de 1916, cuando dejó su lugar a Adolfo de la Huerta. En junio de 1917 fue electo gobernador constitucional y poco después pidió una licencia del cargo para atender problemas militares en el estado. Cesáreo Soriano lo suplió en sus funciones hasta julio de 1918. En 1919 fue llamado por el presidente Venustiano Carranza para ponerse al frente de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. Al llegar a la capital del país, Calles aún era un desconocido para el resto de la nación; sin embargo, como gobernador de Sonora había dado grandes muestras de ser un administrador público capaz, sobre todo en lo tocante a la resolución de conflictos laborales. Durante su

gestión como gobernador se establecieron el salario mínimo y la jornada laboral máxima de ocho horas, se reglamentó la indemnización por accidentes de trabajo, se organizó el funcionamiento interior de las fábricas, etc. Junto con De la Huerta trató de hacer efectivos los postulados en materia laboral señalados por el artículo 123 de la Constitución de 1917. Fue debido a estos antecedentes como Carranza vio en él al hombre que lo ayudaría a resolver los graves problemas que tenía su gobierno con los obreros del país. Los conflictos laborales a los que se enfrentó el primer gobierno constitucionalista se fueron agudizando día con día debido a que Carranza, en la más clara tradición porfirista, pretendió gobernar sin tomar en cuenta los intereses y aspiraciones de las masas que, para estos momentos de la historia del país, se habían constituido en un elemento determinante para su desarrollo. Para fines de 1919 los industriales mexicanos trataron una vez más de acabar con el derecho de los trabajadores a la sindicalización, consagrado en la Constitución, buscando imponer la contratación individual. Los trabajadores de la región de Orizaba, Veracruz, se opusieron a ello y se lanzaron a la huelga, que poco más tarde sería apoyada por la CROM, principal organización obrera del momento, que a su vez amenazó con provocar una huelga general si no se daba pronta solución al problema. Calles, como secretario del ramo, era el indicado para resolver el conflicto. Después de casi dos meses de pláticas entre los representantes del capital, el trabajo y el gobierno, se dio la razón a los trabajadores: La figura de Calles creció considerablemente. En el curso del conflicto el futuro estadista hizo claras declaraciones a favor de los trabajadores: La huelga general no se ha llevado a efecto —dijo— porque los obreros han atendido súplica personal mía, mientras se trata de solucionar en forma pacífica tan importante cuestión […] Los trabajadores están defendiendo —añadió— una cuestión en la que les asiste plena justicia: la vida de las organizaciones sindicales. Toda la ley les ampara y están en su derecho al sostener sus organizaciones. Los industriales de la capital tratan a toda costa de nulificar la acción de los sindicatos y de obligar a los trabajadores, aprovechando su situación precaria, a firmar contratos individuales que contienen cláusulas por las cuales la acción conjunta de los trabajadores se nulifica.7

Por otra parte, a principios de 1919 se empezaron a hacer los preparativos para suceder a Carranza al frente de los destinos del país. Los candidatos eran los generales Álvaro Obregón y Pablo González, y el ingeniero Ignacio Bonillas, a quien apoyaba el presidente con el pretexto de querer entregar el mando a un civil. Este deseo del Primer Jefe constituyó un grave error de su parte, ya que llevó a que una gran parte del ejército se rebelara en su contra y a que su gobierno se derrumbara bajo el empuje de la rebelión de Agua Prieta, encabezada por el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, y por el ex secretario de Industria, Comercio y Trabajo, general Plutarco Elías Calles. Esta rebelión terminaría con el asesinato de Carranza en la sierra de Tlaxcalantongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920. De la Huerta fue nombrado presidente interino por el Congreso de la Unión para un periodo de seis meses (del 1 de junio al 30 de noviembre); en ese tiempo Calles ocupó la Secretaría de Guerra y Marina. El 1° de diciembre de 1920 el general Obregón asumió la presidencia constitucional y Calles pasó a ocupar el cargo de secretario de Gobernación hasta el 2 de septiembre de 1923, cuando presentó su renuncia para dedicarse a los trabajos pertinentes a su campaña presidencial.8 Las fuerzas sociales que dieron su apoyo a Calles para que llegara a la presidencia, además de la “revolucionaria”, fueron principalmente obreras y campesinas. En vista del

programa de reivindicaciones sociales que prometió y por representar en ese momento al ala radical de los revolucionarios en el poder, Calles fue llamado el “candidato obrero”. A pesar de contar con estos apoyos, su acceso a la presidencia no resultó sencillo debido a que su nominación provocó, a finales de 1923, que se rebelaran dos terceras partes del ejército, encabezadas por su antiguo compañero de luchas, Adolfo de la Huerta, quienes fracasaron gracias al concurso prestado, en primer lugar, por Estados Unidos, y en segundo por obreros y campesinos. Ahora bien, ¿cuál fue la imagen pública con la que Calles llegó a la presidencia? En principio, como carecía de la aureola militar y caudillista que rodeaba al presidente Obregón, y como tampoco poseía la imagen conciliadora de De la Huerta, tanto él como quienes lo apoyaban se dedicaron, para diferenciarse y tomar distancia de los otros dos, a resaltar su aparente radicalidad. Claro está que esa imagen no fue artificialmente construida a partir de que aceptó su candidatura. Calles ya la traía consigo y buen ejemplo de ello son sus no olvidadas acciones como gobernador de Sonora y como secretario de Industria, Comercio y Trabajo en el gabinete carrancista. Por tanto, hacia 1923-1924 se veía a Calles como un hombre intransigente, anticlerical, testarudo, siniestro y torvo, pero a la vez recto, honesto, nacionalista y obrerista, que se había ganado a pulso el calificativo de revolucionario —sinónimo de favorecer a las grandes masas desposeídas y de promover los cambios históricos imprescindibles para lograrlo—, “moderno y modernizador”, muy hábil político y, por todo ello, evidentemente radical. Algunas de estas características las compartía con Obregón y De la Huerta, pero hubo otras que justamente marcaron las diferencias entre ellos. Diferencias que no sólo tienen que ver con el carácter propio de cada ser humano, sino también con la promesa, el discurso, la consecución de las metas revolucionarias y con las relaciones que cada uno de ellos entabló con los diferentes grupos que los apoyaron, y de los cuales se derivó su fuerza o su debilidad. De la Huerta fue respaldado por los caudillos regionales menores con mando de fuerza militar, los sectores medios urbanos y burocráticos, algunos intereses extranjeros y ciertos grupos obreros (básicamente con parte del gremio ferrocarrilero). Obregón, en cambio, se apoyó en las mayorías campesinas y obreras, en parte del ejército y los generales leales a él como caudillo, y en Estados Unidos. Calles lo hizo en los líderes de las bases campesinas y principalmente en los de las obreras, y —aunque ello no se mencione en los análisis de la época y en los posteriores— es pertinente subrayar que también se apoyó en sectores medios urbanos. Otro elemento que contribuyó a que se reforzara la imagen radical de Calles en la opinión pública, nacional y extranjera, fue su presentación como un candidato obrerocampesino. Es decir, a diferencia del planteamiento del general Flores, que habló de luchar por la implantación de un gobierno nacional, Calles constantemente hizo énfasis en que su gobierno únicamente asumiría la defensa de los citados grupos sociales, aparentemente sin tomar en cuenta o importarle ahondar con ello la división de la sociedad mexicana. Para sus opositores, con base en la percepción o interpretación que se hacía de sus discursos y de su imagen, la unificación del país anhelada por Calles únicamente estaba planteada para los revolucionarios y no para todos los mexicanos. Como es de sobra conocido, la meta primordial del proyecto sonorense, al igual que el de

la Revolución en su conjunto, consistía en alcanzar la modernización económica y social del país para colocarlo a la “altura de los países adelantados”. Así lo arguyó cada uno de los integrantes del triángulo sonorense en su momento. En este sentido, como candidato, Calles propuso el ejido como forma transitoria de propiedad, la aspiración de fomentar y crear la pequeña propiedad, la concepción integral de la resolución del problema agrario y no sólo política —como lo concebía Obregón—, la creación del banco único de emisión y de los bancos refaccionarios agrícolas, el impulso al desarrollo de la infraestructura (carreteras e irrigación), etcétera. Quizá por su formación magisterial y liberal, Calles consideraba el desarrollo del país como un proceso histórico en evolución constante hacia el progreso; por esa razón su gobierno prometía dar respuesta no únicamente a los problemas mediatos planteados por la lucha revolucionaria, sino también a los que se arrastraban desde la Conquista. Pero, precisamente porque el pasado, origen de las tantas injusticias que afrontaba el presente, ya no tenía remedio, lo importante en el programa callista era lo que la Revolución prometía en su futuro. Es por eso que Calles, concibiéndose a sí mismo como paradigma de lo avanzado, de lo nuevo, de lo “moderno y civilizado”, como el salvador de los mexicanos a quienes había que redimir y moralizar, en una palabra, hacer “evolucionar”, planteó su lucha contra lo reaccionario, lo viejo, lo injusto, lo arcaico y lo obsoleto; en suma, contra todo aquello que se oponía al progreso en constante marcha hacia el mejoramiento colectivo. Incluidos en el mismo saco estaban obreros, campesinos, capitalistas, terratenientes, etc., siempre y cuando fueran progresistas y comprendieran que el radicalismo de Calles no iba más allá de ese anhelo de reformas sociales, por lo que nunca atentaría contra los intereses legítimamente creados. Asimismo, al margen de los planteamientos generales sobre el proceso de mejorías sociales, y del discurso sobre derechos y deberes, en el pensamiento callista cada grupo social tenía asignado previamente un papel que cumplir; de este modo, todo lo que se pudiera realizar en México debía tener como base la “organización, más organización, más organización”. Quien intentara actuar de manera libre, autónoma o individualmente, no tendría cabida en el programa callista ni en el de la Revolución hecha gobierno, sin importar de qué grupo social se tratase. Es más, como el Estado revolucionario era el único capacitado para guiar y disciplinar las corrientes impetuosas —las masas obreras y campesinas—, y transformarlas de agentes de destrucción en elementos útiles e inofensivos para la sociedad, Calles no consideraba que hubiera contradicción alguna, por ejemplo, en el hecho de que la única acción que permitiría su futuro gobierno a los sindicatos sería la defensa de sus intereses económicos, pues los políticos les estarían vedados. Como la bandera que esgrimió fue la de las reformas sociales y quienes se oponían a ellas retrasaban la justa y natural evolución histórica del país, y ocasionaban que éste perdiera tiempo en su tránsito hacia el progreso, los principales enemigos que debería vencer eran el clero fanatizador, el vicio y la ignorancia. Con el impulso a la educación se podrían erradicar los dos últimos. Pero conforme al tono del discurso callista, la lucha contra el primero estuvo planteada en términos de aniquilamiento, de desaparición, de enfrentamiento frontal y directo. Por otro lado, no obstante que en su actitud y en sus discursos Calles se empeñó en mostrar fortaleza y determinación, en la práctica algunos elementos nos llevan a pensar en cierto grado

de debilidad. En primer lugar, quien realmente salió fortalecido del triunfo sobre la rebelión delahuertista fue Obregón; y aunque es cierto que gracias a ella Calles pudo crear o afianzar nuevas y viejas alianzas en las zonas que durante la sublevación tuvo bajo su control, quien conservó e incrementó el manejo de los hilos del poder presidencial y caudillista fue Obregón. En segundo término, aun cuando para marzo-abril de 1924 prácticamente ya no había duda por parte de los grupos obregonistas —gobernadores afines, generales leales, diputados y senadores— de que Calles iba a ser el sucesor de Obregón, a partir de ese momento la lucha se planteó por la nominación de los candidatos a diputados y senadores. Es decir, se aceptó a Calles pero no a los grupos obrero-campesinos representados por el Partido Laborista y el Partido Nacional Agrarista, y este rechazo no atendió exclusivamente a diferencias personales, sino a serias desavenencias ideológicas, de representatividad y de radicalismo con respecto a los intereses que debía defender el nuevo gobierno revolucionario. Calles no intervino, o no pudo intervenir, en la selección, aprobación, apoyo o sugerencia de la conformación de la lista de los candidatos a diputados y senadores, por lo que inició su gobierno con un Congreso federal mayoritariamente integrado por personas ajenas y contrapuestas a su proyecto. La aplanadora que echaron a andar algunos gobernadores a través de la Confederación de Partidos Regionales para lograr la mayoría de los escaños únicamente vino a confirmar que si bien a la “mafia de los gobernadores” no le quedó otra que aceptar el virtual triunfo de Calles, eso de ninguna manera implicó que estuvieran dispuestos a someterse a él como presidente, y menos a la radicalidad de las fuerzas obreras y campesinas que lo habían apoyado. A ello habría que agregar que es muy probable que la determinación de Calles de no intervenir no sólo tuvo que ver con su debilidad y la de las fuerzas que lo apoyaron. También estuvo relacionada con el estado de salud del candidato, pues padecía osteomielitis tuberculosa, enfermedad que le ocasionó, por un lado, que su campaña tuviera constantes interrupciones debido al agotamiento del general y, por otro, a que apenas celebrados los comicios, y sin esperar a que se diera a conocer el resultado oficial de su triunfo, emprendiera un viaje a Berlín, Alemania, donde fue operado de la columna vertebral. Sin embargo, independientemente de la enfermedad de Calles, es muy probable que tras la embestida de los partidos regionales impulsados a trasmano por los gobernadores, se encontraba la mano —o la sombra diría Martín Luis Guzmán—9 del propio Obregón, quien gracias al fortalecimiento de su imagen y de su poder como consecuencia del sofocamiento de la rebelión delahuertista, comenzó a preparar el camino de su reelección mucho antes de que concluyera su primer periodo presidencial. Aun cuando la información que utilizó es incompleta o equivocada en datos precisos, comparto la afirmación que hace Jean Meyer en el sentido de que resulta “algo sorprendente encontrar que el gobierno federal [en los dos primeros años de la administración callista] tenga tantos problemas para controlar a los senadores y diputados, y empiece a trabajar en situación de minoría parlamentaria […] parece extraño creerlo, pero Calles se ve obligado a gobernar por decreto”.10

EL GOBIERNO DEL HOMBRE FUERTE: 1924-1928 La presidencia del general Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928, se ubica dentro de lo que se ha conocido como la etapa caudillista posrevolucionaria, en la que, a falta de instituciones políticas estables, lo que predominó fue el poder personal, económico, político y militar y las relaciones clientelares de caciques y caudillos encabezados por la dinastía sonorense de 1920 a 1936, años en los que se disputaron hasta la muerte el control del poder y del país. Y aunque Calles no fue un caudillo sino el estadista y/o reconstructor de la década de 1920, sí hizo uso de las relaciones caudillistas en la construcción de su propio poder, a la par que creó nuevas formas de articulación con las fuerzas sociales que surgieron. En términos generales, podemos dividir el cuatrienio callista en las dos caras de una moneda, en los claroscuros de la misma, o, si se quiere, en dos etapas. La primera va de 1924 a 1926, tiempo de claridades en el que el gobierno promulgó una buena cantidad de leyes y decretos que buscaron cambiar el rostro del país y de sus habitantes en todos los órdenes: políticos, económicos y sociales, públicos y privados, y que, en última instancia, contribuyeron a la “recentralización” del poder político federal fracturado como consecuencia del estallido de la Revolución y el surgimiento político de las regiones. Parecía que, tal como Calles lo había prometido en su campaña, con esa fecunda actividad legislativa se quería dar respuesta y solución a problemas planteados no sólo por la Revolución, sino incluso a los que nos venían desde la Conquista.11 Sin embargo, en la segunda etapa, la cara oscura, de 1926 a 1928, todo se trastocó, y la política y la guerra —entiéndase el regreso y reelección de Obregón, la rebelión cristera y la amenaza de una nueva invasión estadunidense— se adueñaron del país con fatales consecuencias para la economía y para la sociedad mexicana en su conjunto. El proyecto callista se fue por la borda; el radicalismo de los primeros años se acabó y el presidente Calles dio un viraje hacia un conservadurismo dizque revolucionario. En relación con la primera etapa, los principales objetivos de la administración estuvieron encaminados a lograr que México entrara de lleno al moderno mundo capitalista, por lo que todos sus esfuerzos se dirigieron a la consecución de este objetivo. Con el fin de obtener los recursos monetarios que el país requería y así cumplir con las promesas revolucionarias y “generar un crecimiento económico de largo plazo”, el secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, echó a andar una política económica calificada de “heterodoxa”, a la que él llamó “la política hacendaria del Nuevo Régimen”,12 bajo el siguiente esquema: 1) Reforma fiscal: creación del impuesto sobre la renta, simplificación administrativa y delimitación de competencias federal, estatal y municipal en materia de tributación. 2) Reforma bancaria: reorganización de la banca privada, creación del Banco de México y de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios. Creación de un sistema de pensiones para estimular el ahorro interno. 3) Renegociación y reanudación del pago de la deuda: primero de la deuda interior y luego de la exterior después de una renegociación de la misma.13

A pesar de que no se logró equilibrar los ingresos y egresos del gobierno federal, ni se pudo reanudar el servicio de la deuda externa, para 1925, gracias a las medidas adoptadas, se reunieron “los $55 734 500.00 necesarios para capitalizar al Banco de México, y los recursos

necesarios para eliminar el déficit acumulado con el que se venía cargando”. Asimismo, fueron creados el Banco Nacional de Crédito Agrícola, que “fue el primer banco de orientación social que existió en la República”, y el Banco Nacional de Crédito Ejidal para separar el crédito ejidal del resto del crédito agrario.14 La creación del Banco Único de Emisión y las demás acciones emprendidas por el gobierno callista sentaron las bases del futuro desarrollo institucional del país; baste añadir algunas más como el reordenamiento de las funciones y atribuciones de la Secretaría de Hacienda; la reforma fiscal a través del llamado “Impuesto sobre la Renta”; la creación de la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro; la renegociación de la deuda externa, que permitió separar la deuda de los Ferrocarriles Nacionales de México de la deuda pública nacional; y la celebración de una Convención Fiscal en agosto de 1925 en la que estuvieron los representantes de los gobiernos locales y de la Secretaría de Hacienda: “Dicha Convención propuso la unificación de todos los impuestos estatales y locales de acuerdo con un método uniforme y distribuyendo la competencia de los impuestos entre la Federación y los gobiernos locales”.15

LA REFORMA AGRARIA INTEGRAL Por lo que toca al problema agrario, y siguiendo con lo efectuado durante su gestión como gobernador de Sonora, el objetivo final fue la creación de la pequeña propiedad, que consideraba al ejido como una forma transitoria de propiedad. En este renglón trató de llevar a cabo la llamada “reforma agraria integral”: para Calles no bastaba con dar la tierra; la dotación tenía que estar acompañada de la entrega de los aperos necesarios para su cultivo, con obras de irrigación, créditos, fertilizantes, modernos medios de comunicación (se fundaron la Comisión Nacional de Caminos y la Comisión Nacional de Irrigación), y con una educación que no sólo tuviera como finalidad enseñar a leer y escribir al campesino, sino también introducirlo a las nuevas técnicas agrícolas. Sin embargo, aunque durante su gobierno se repartieron 3 088 071 hectáreas entre 302 432 jefes de familia —más del doble de lo que había repartido Obregón—, la hacienda porfiriana continuó prácticamente intacta.

POLÍTICA OBRERA La principal base de apoyo con la que contó el gobierno callista fue la de los obreros afiliados a la CROM y su órgano político, el Partido Laborista Mexicano. Tanto esta central como sus principales líderes, entre los que destaca Luis Napoleón Morones, secretario de Industria, Comercio y Trabajo, se convirtieron en el núcleo hegemónico alrededor del cual giraron los principales conflictos obreros de la época. No obstante, el apoyo dado por la CROM a la administración callista no se limitó exclusivamente a la cuestión obrera, ya que abarcó todo lo que pudiera significar una amenaza para el gobierno. Es decir, Morones

respaldó el nacionalismo económico del régimen, su “lucha contra el regionalismo y el caciquismo” y contra la intromisión de la jerarquía católica mexicana en los asuntos terrenales. Como recompensa, Calles permitió la supresión de “cualquier amenaza” que pretendiera afectar el dominio cromista sobre el movimiento obrero.16 Estadísticamente podemos observar que de 1925 a 1928, en vista de la peculiar concepción de los líderes cromistas sobre las actividades obreras frente al capital y al Estado, las huelgas oficiales reconocidas disminuyeron de 51, con participación de 9 681 trabajadores, a siete, con participación de 498 trabajadores.17

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL EJÉRCITO La transformación del ejército mexicano de uno revolucionario en un cuerpo cuyos fines respondieran a las necesidades institucionales que el Estado requería fue otra de las tareas primordiales a las que se enfocó el gobierno callista, y “fue tan decisivo, o más aún, para el desarrollo político del México posrevolucionario, como lo fue la reforma hacendaria”.18 Para llevarla a cabo, Calles contó con la inapreciable ayuda del general Joaquín Amaro, secretario de Guerra y Marina. Entre las disposiciones más importantes que se dictaron se encuentran la reorganización interna de la misma secretaría, sustituyendo a los elementos civiles por militares exclusivamente; la promulgación de una nueva legislación militar; la construcción del nuevo Colegio Militar en Popotla; la modernización del equipo; el desarrollo de la aviación; el reacondicionamiento de los cuarteles; la formación del Estado Mayor y la reducción del presupuesto militar. Con estas medidas se logró que el soldado comprendiera que a quien debía fidelidad era a las instituciones y no a los personajes, ya que tales instituciones estaban puestas al servicio de un programa social en el cual el gobierno y el pueblo se identificaban [...] decir que el soldado no debía tener finalidades políticas en su profesión militar, quería decir sencillamente que no debía adoptar más ideología política que la del gobierno, porque éste se identificaba con el pueblo.19

LA LABOR EDUCATIVA Y LA POLÓTICA SOCIAL El presidente Calles veía en la educación popular uno de los puntales del nuevo régimen revolucionario. Por consiguiente, continuando la obra iniciada por José Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP ) en el gobierno del general Obregón, se puso especial atención en la extensión de las escuelas rurales que, para 1926, en cumplimiento de lo prometido durante su campaña, fueron aumentadas a 1 000 establecimientos; se mantuvieron las misiones culturales creadas por Vasconcelos20 y se formó la Dirección de Misiones Culturales. Asimismo, a finales de 1925 se decretó la separación de la escuela secundaria para establecer un puente entre las escuelas primarias, preparatorias y universitarias; se promovió

la creación de la Casa del Estudiante Indígena (CEI) con el fin de brindarles más apoyo a su desarrollo;21 se fomentó la política editorial de la SEP para alcanzar una efectiva difusión de la cultura nacional, aunque “el espiritualismo católico de Vasconcelos fue remplazado por el pragmatismo protestante de [Moisés] Sáenz”.22 Por otro lado, se estimuló la creación de más bibliotecas en diversos puntos del país de acuerdo con las necesidades de cada región, dividiéndolas en rurales, industriales, populares, institucionales, infantiles y escolares. De 1926 a 1928 se fundaron en toda la República más de 1000 bibliotecas. Como sucedió en otras áreas, la evaluación de lo realizado en materia educativa resulta ambivalente, sobre todo si se piensa que un maestro normalista era el presidente de la República. Si la evaluación se hace en términos cuantitativos, de 1917 a 1928, “los logros son decepcionantes”,23 pues al concluir la presidencia del general Calles el analfabetismo a nivel nacional era superior a 60%, y en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca llegaba a 80%. Asimismo, a pesar de “la retórica del régimen y de la gran importancia que se le concedió a la educación rural, el gasto educativo [fue] uno de los más bajos del presupuesto” y, por ejemplo, ni siquiera las escuelas rurales alcanzaron el éxito esperado y proyectos como el de la Casa Indígena “no sólo no cumplieron con sus objetivos sino que significaron un alto costo para las comunidades y para los alumnos”, y los propósitos originales de las Escuelas Centrales Agrícolas fueron desvirtuados: “Las normales rurales, que nacieron y crecieron en la pobreza, se convirtieron en un peso más sobre las raquíticas espaldas de las comunidades por lo que sus frutos no fueron muy cuantiosos. Se desatendió así el renglón más importante de la educación rural, la formación de maestros”. Pero si la evaluación es de índole cualitativa, puede decirse que se dio “un gran paso”, pues de ahí en adelante la escuela mexicana ya no tuvo como eje al “individuo” sino a la “comunidad”; se inculcaron “valores sociales” tales como “la justicia, el respeto al derecho y la libertad del prójimo, la cooperación [y] la búsqueda del bien común”. En síntesis: La escuela generó conciencia de muchos Méxicos, de un país plural, multiétnico, desconocido a principios de siglo para la mayoría de la población urbana. Mediante un largo y doloroso proceso, enseñó a valorar las culturas de los grupos indígenas; también reveló sus carencias y los abusos de que eran víctimas. Despertó en muchas comunidades el sentido de pertenencia a una nación y les inculcó el concepto de patria.24

En materia social, en 1928 se reformó casi en su totalidad el Código Civil del Distrito y Territorios Federales (conocido como el Código Calles) para modernizar y armonizar las relaciones entre los intereses individuales y los sociales. Las modificaciones más importantes fueron el ordenamiento de la igualdad jurídica del hombre y de la mujer; el reconocimiento de la personalidad moral de los sindicatos y asociaciones profesionales; la igualdad jurídica de los hijos “legítimos” y los llamados “naturales”; la reglamentación del patrimonio familiar y la obligación del patrón de responder por los accidentes sufridos por sus obreros dentro de las instalaciones laborales. Además se promulgó un nuevo Código Sanitario y un reglamento para el ejercicio de la prostitución. Ahora bien, en cuanto a la segunda etapa, lo que más se recuerda, se critica y sirve en la actualidad para hacer una valoración supuestamente alejada de la historia oficial y para denostar a Calles y a su gobierno tiene que ver con tres asuntos: la relación que mantuvo con Estados Unidos, la guerra cristera y la reelección de Obregón.

EL GOBIERNO CALLISTA Y ESTADOS UNIDOS Sabido es que la historia de las relaciones exteriores de México se centra fundamentalmente en las que ha sostenido con Estados Unidos. Éstas nunca han sido sencillas o tranquilas, en particular para los mexicanos, y las de la presidencia callista no constituyen una excepción. La promulgación de la Constitución de 1917, en especial su artículo 27, provocó una serie de fricciones entre los gobiernos posrevolucionarios y los de Estados Unidos, país que creyó ver afectados sus intereses, en particular los del pago de la deuda, los agrícolas y los petroleros. De 1925 a 1927, estas relaciones se tensaron a tal grado que pareció inminente una nueva invasión estadunidense a México. Las razones databan de 1925, cuando se expidió la ley reglamentaria del párrafo IV del artículo 27 constitucional, relativa a los derechos petroleros y que señalaba la obligación de las compañías extranjeras de confirmar sus concesiones de tierras dadas antes de 1917, cuya duración fue fijada en 50 años. Las compañías, tanto estadunidenses como europeas, se negaron a cumplir con la nueva reglamentación y el gobierno de Calles procedió a ocupar militarmente algunas zonas petroleras para así obligar a aquéllas a acatar las leyes mexicanas. Aunado a esto, el problema se recrudeció ante la posición adoptada tanto por el gobierno callista como por el de Estados Unidos respecto a la guerra civil que se vivía en Nicaragua, y en la que ambos países habían optado por otorgar su apoyo a bandos diferentes. En 1927, el secretario de Estado, Frank B. Kellog, acusó abiertamente al gobierno de Calles de fomentar la rebelión nicaragüense con fines bolcheviques. La situación se hizo insostenible y si el presidente Calvin Coolidge no ordenó la intervención en México fue gracias a la oposición de los congresistas demócratas de su país, y a que el gobierno mexicano había podido obtener ciertos papeles intercambiados entre Kellog y el embajador de Estados Unidos en México, James R. Sheffield, portavoz a trasmano de las compañías petroleras. Calles le hizo saber a Coolidge que, de no impedir la intervención, él haría públicos los documentos que comprometerían seriamente la imagen mundial de Estados Unidos; Coolidge dio marcha atrás, pero se negó a someter el conflicto al arbitraje internacional, como lo proponía el mandatario mexicano.25 Finalmente sí hubo una respuesta del vecino del norte: el embajador Sheffield tuvo que dejar el país el 27 de septiembre de 1927, y en octubre fue nombrado en su lugar Dwight W. Morrow, socio de la casa banquera J. P. Morgan. Morrow comprendió inmediatamente lo imprudente de la política de su antecesor y decidió cambiarla por una más directa e informal. Buscó entender la historia y los problemas de México, sin olvidar jamás los intereses de su patria, especialmente los de los banqueros. Su principal éxito fue lograr que se modificara la ley petrolera de 1925; que se reconocieran los derechos adquiridos antes de 1917 y que desapareciera el límite de la concesión de 50 años. Arnaldo Córdova recuerda que esa relación fue calificada como la de “ham and eggs” o “huevos con jamón”, que era lo que desayunaban cada domingo Morrow y Calles en el Castillo de Chapultepec.26 Sería hasta tiempo después, con el presidente Lázaro Cárdenas, cuando México obtendría el control de uno de los enclaves económicos más importantes para el país: el petróleo.

EL GOBIERNO CALLISTA, LA IGLESIA CATÓLICA Y LOS CATÓLICOS MEXICANOS Una de las características fundamentales del movimiento revolucionario iniciado en 1910 fue su acendrado anticlericalismo, que resucitó los enfrentamientos entre la Iglesia católica y el Estado mexicano, sobre todo a partir de la promulgación de la Constitución de 1917, cuyos artículos 3°, 27, 28 y 130, principalmente, fueron atacados por la jerarquía eclesiástica mexicana. Hasta ahora se han planteado como los antecedentes cronológicos más próximos al enfrentamiento entre el gobierno callista y la Iglesia católica mexicana la expulsión del delegado apostólico monseñor Filippi en 1923, la reproducción de unas declaraciones del obispo José Mora y del Río en contra de los artículos 3°, 7, 27 y 130 constitucionales, y la decisión del presidente Calles de consignarlas ante el procurador general de la República; la expulsión de los sacerdotes extranjeros y las reformas al Código Penal en lo concerniente a las actividades públicas de la práctica católica. Sin restar importancia a esos acontecimientos, nosotros planteamos que el origen de la disputa que llevó a la rebelión cristera ya en el gobierno callista fue prefigurado a partir de la beligerancia propiciada por los discursos y las acciones no sólo del propio Calles, sino también de sus oradores de campaña. Pareciera que los contendientes comenzaron a preparar el terreno sobre el cual habrían de medir sus fuerzas, y si en un primer momento esa lucha se planteó como disputa democrática por la consecución de votos a favor del general Ángel Flores, el terreno minado sobre el que ambas fuerzas caminaron no podía augurar otro desenlace que el que sobrevino. A un mes escaso de haber iniciado su campaña, en octubre de 1923, Calles encabezó un mitin en San Luis de la Paz, Guanajuato, en donde fue rechazado por algunas mujeres al grito de “¡Viva Cristo Rey!” La respuesta del candidato anticipó y presagió lo que sucedería unos pocos años después: Yo recomiendo a los que están gritando ¡Viva Cristo Rey! digan a quienes les aconsejaron desde el púlpito, ¡que ya nos encontraremos en el campo de la lucha y que los volveremos a derrotar como los hemos derrotado siempre! […] A mí me atacan porque saben que no podrían sobornarme nunca, porque entienden, y entienden bien, que sé luchar como revolucionario por el mejoramiento de los desvalidos, contra sus más grandes enemigos: el capitalismo, el latifundismo y el clero.27

No hizo o no pudo hacer mucho contra los dos primeros, pero en cuanto al tercero, la chispa que encendió la hoguera fue la publicación en 1926 de unas declaraciones hechas años atrás por el arzobispo de México José Mora y del Río, en las que atacaba al gobierno carrancista y a la nueva Constitución. Estas declaraciones no fueron invalidadas por el arzobispo, por lo que entonces Calles procedió a la reglamentación de los artículos 27 y 130 constitucionales: se cerraron las escuelas con carácter religioso y los conventos, y se deportó a 200 sacerdotes extranjeros. Los católicos mexicanos, a través de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa (LDLR), formada en 1925, respondieron promoviendo un boicot económico contra el gobierno; la jerarquía eclesiástica ordenó la suspensión del culto religioso y, un poco más tarde, la LDLR inició la llamada “guerra cristera”. Las causas por las que se inició esta rebelión no sólo fueron de carácter religioso sino también agrario, debido al gran descontento que existía por la mala aplicación de la reforma

agraria; fue un movimiento eminentemente rural, cuyos principales focos de acción se localizaron en Jalisco, Guanajuato, Colima y Michoacán y movilizaron a cerca de 20 000 cristeros. Después de tres años de cruentas luchas, el 22 de junio de 1929, el presidente Emilio Portes Gil anunció al país que el conflicto entre el clero y el Estado había concluido. La Iglesia católica accedió a reiniciar los servicios religiosos y el Estado se comprometió a adoptar una actitud más conciliadora frente a ella.28

EL GOBIERNO CALLISTA Y LA REELECCIÓN DE OBREGÓN A un año y medio de haber dejado el poder, Álvaro Obregón comenzó a organizar su regreso a la presidencia con el apoyo de los agraristas, arguyendo que en sólo cuatro años, tiempo que duraba el mandato presidencial, le había sido imposible desarrollar el programa de la Revolución. Su intención provocó el resurgimiento de un movimiento antirreeleccionista encabezado por los generales Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez, quienes en diferentes momentos y circunstancias pagaron con su vida tal atrevimiento. En 1927 se aprobó la modificación del artículo 83 constitucional, estipulándose que el presidente en turno no podía ser reelecto para el periodo inmediato, pero pasado éste podía volver a ocupar el cargo por un periodo más, al término del cual quedaría definitivamente incapacitado para retornar a él; en 1928 se amplió el periodo presidencial de cuatro a seis años. Sobre la primera reforma, la historiografía ha consignado que ésta se logró gracias a la intervención de los diputados agraristas y obregonistas; sin embargo, recientemente Javier Mac Gregor ha demostrado que ello debe atribuírsele a la Alianza de Partidos Socialistas, encabezada por Gonzalo N. Santos, el Alazán Tostado.29 El deseo de Obregón de regresar a la presidencia se vio truncado el 17 de julio de 1928, fecha en que, siendo ya presidente electo, fue asesinado por el fanático católico José León Toral en el restaurante La Bombilla, en San Ángel, Distrito Federal. Este acontecimiento provocó una de las más severas crisis políticas que ha sufrido México en el siglo XX. Las fuerzas obregonistas clamaron castigo y Calles optó por solicitar las renuncias de los líderes cromistas que habían colaborado en su gabinete y sobre quienes pesaba la acusación de ser los autores intelectuales del magnicidio. La muerte de Obregón planteó otra vez la interrogante de quién sucedería a Calles en su cargo, cuestión de vital importancia porque significaba la permanencia o la extinción del grupo revolucionario en el poder. En su trascendental informe de gobierno del 1° de septiembre de 1928, Calles dio la respuesta a esta interrogante señalando que para México había llegado el momento de acabar de una vez y para siempre con el caudillismo imperante hasta entonces, para entrar de lleno a la historia de las instituciones. De ninguna manera, no obstante las presiones de las que era objeto, aceptaría seguir siendo presidente y, por último, anunció la unificación de todos los grupos llamados revolucionarios a través de la formación de un partido nacional cuyas finalidades dejarían de ser personalistas, como había sido hasta entonces con los partidos existentes, para volverse institucionales y programáticas. En marzo de 1929 se declaró formalmente constituido el Partido Nacional Revolucionario (PNR), mismo

que llegó a ser, aunque con diferentes nombres (Partido de la Revolución Mexicana [PRM] y Partido Revolucionario Institucional [PRI]), el partido dominante del México contemporáneo. Jean Meyer ha señalado que de 1924 a 1928 hubo una diarquía, es decir, que Calles y Obregón compartieron el poder presidencial, aseveración que yo no comparto del todo y paso a explicarme: en principio, es evidente e innegable la influencia de Obregón en el gobierno callista, pero de ahí a plantear que prácticamente Calles sólo hacía lo que aquél le dictaba me parece exagerado, y considero que una manera de irnos acercando a un mejor conocimiento con respecto a la caracterización de la relación entre ellos es pensar que, más que compartir el poder, ambos se complementaban y se necesitaban, uno como estadista, el otro como militar. En la primera etapa de la presidencia callista la presencia abierta de Obregón es realmente escasa; muy probablemente porque estaba recuperándose del segundo infarto que le dio en septiembre de 1925; y porque los errores de la administración todavía no hacían estallar los problemas que cambiarían el rumbo callista: en primer lugar, la rebelión cristera, y en segundo, las amenazas de levantamientos de Serrano y Gómez, asuntos para los cuales, tal como lo había señalado Carranza desde 1920, no podría encontrarse mejor estratega militar que el invicto general Obregón, quien debía planear, desde el Castillo de Chapultepec, los mecanismos políticos y militares para acabar con ellos. Pudo con los de sus contrincantes políticos, pero no con un solitario fanático religioso. No obstante las intenciones de Calles de alejarse por completo de la vida pública y de no volver a ocupar el cargo de presidente, su influencia en la vida política del país fue determinante de 1928 a 1936, años que en la historia de México son conocidos con el nombre de maximato, es decir, que quien en realidad gobernaba el país no era el presidente en turno, sino el “Jefe Máximo de la Revolución”, Plutarco Elías Calles. Esta situación duró hasta el 10 de abril de 1936, cuando, por decisión del presidente Lázaro Cárdenas, Calles fue expulsado del país con destino a Estados Unidos, en donde permaneció varios años. Regresó a México durante el gobierno del general Ávila Camacho y falleció el 19 de octubre de 1945, en Cuernavaca, Morelos. Al paso del tiempo, los méritos de su gobierno se han visto empañados o minimizados por lo que sucedió durante la segunda etapa de su mandato, pero sobre todo porque se le juzga más por lo que hizo después de su presidencia, es decir, cuando se convirtió en el Jefe Máximo de la Revolución y en el verdadero poder tras la silla presidencial.

1

Mena, 1993, pp. 324, 326. Apud José, 1982, y José, 1998. 3 Véase el Anexo I: Datos biográficos de Plutarco Elías Calles. 4 Aguilar Camín, 1977, p. 235. 5 Ibidem, p. 357. 6 Aguilar Camín, 1977, pp. 421-422. 7 González Casanova, 1980, pp. 101-102. 8 Más información sobre la biografía de Calles en Krauze, 1987b; Macías, 1995; Puente, 1994. 9 Guzmán, 1978. 10 Meyer, Jean, 1978, p. 114. 11 Véase el Anexo II: Legislación callista, 1924-1928. 12 En cursivas en el original. 13 Gómez-Galvarriato, 2002, p. 382. 14 Gómez-Galvarriato, 2002, pp. 386, 404. Véase Iturriaga, 1976. 15 Ibidem, p. 396. 16 Carr, 1976, t. II, p.29. 17 Ibidem, p. 41. 18 Córdova, 1979, p. 368. 19 Ibidem, pp. 373-374. 20 Aunque, a diferencia de Vasconcelos, el “gobierno callista impulsó la pedagogía de la acción”, Loyo, 1999, p. 224. 21 La CEI funcionó de 1925 a 1932, y su propósito fue que los indios que fueran admitidos “adquirieran los hábitos y el idioma de los blancos” para después regresar a sus lugares de origen y transmitir “su nueva y superior” forma de vida al resto de su comunidad. El experimento fracasó, pues prácticamente ninguno de los alumnos de la CEI regresó, ibidem, pp. 292-297. 22 Ibidem, p. 226. 23 Idem. 24 Loyo, 1999, pp. 330-333. 25 Apud Krauze, 1987b; Meyer, Lorenzo, 1972. 26 Córdova, 1979. 27 El Demócrata, 13 de octubre de 1923. 28 Para mayor información sobre este tema véase Meyer, Jean, 1973-1974. 29 Mac Gregor, Javier, 2003. 2

Anexo I DATOS BIOGRÁFICOS DE PLUTARCO ELÍAS CALLES 1877 Nace el 25 de diciembre en el puerto de Guaymas, Sonora. 1881 Queda huérfano de madre. 1894 Se recibe de maestro. 1901 Se afilia al Club Verde, de tendencias liberales-magonistas. 1910 Lucha contra el ejército federal en la revolución maderista. 1911 Es nombrado comisario de policía de la población fronteriza de Agua Prieta, Sonora. 1912 Participa en contra de la rebelión de Pascual Orozco. 1913 23 de febrero. Se levanta en armas contra el gobierno usurpador del general Victoriano Huerta, seguido por los capitanes Miguel Antúnez, Arnulfo R. Gómez, Cruz Gálvez y un contingente de revolucionarios. 7 de marzo. El teniente coronel Calles ataca la población de Naco, siendo derrotado por el general Pedro Ojeda. Abril. Unido a las fuerzas que comandaba el coronel Álvaro Obregón y otros jefes revolucionarios, derrota a los federales en Cananea, Naco y Agua Prieta, hasta adueñarse de todo el norte del estado de Sonora. 1° de diciembre. Es ascendido a coronel y nombrado presidente municipal de Nogales. 1914 Es nombrado comandante militar y gobernador interino de Sonora. 21 de octubre. El Primer Jefe Venustiano Carranza lo asciende a general brigadier como premio por la defensa de Agua Prieta. 1915 22 de septiembre. Es ascendido a general de brigada. 24 de noviembre. Sus tropas derrotan a los villistas. Al volver el orden constitucional en toda la República, el general Calles es electo gobernador

constitucional de Sonora para terminar el cuatrienio 1915-1919. 1919 21 de mayo. El presidente Venustiano Carranza lo nombra secretario de Industria, Comercio y Trabajo. 1920 1° de febrero. Renuncia al cargo de secretario de Industria, Comercio y Trabajo, para adherirse a la candidatura presidencial del general Álvaro Obregón. 14 de abril. Es ascendido a general de división. 23 de abril. Junto con Adolfo de la Huerta, Salvador Alvarado, Ángel Flores, y otros más, lanza el Plan de Agua Prieta, que desconoce a Venustiano Carranza como presidente de México. 21 de mayo. Carranza muere asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla. Junio. El Congreso de la Unión nombra a Adolfo de la Huerta presidente provisional, y éste designa secretario de Guerra y Marina a Calles. 30 de noviembre. El general Álvaro Obregón asume la presidencia y Calles es designado secretario de Gobernación. 1923 2 de septiembre. Renuncia a su cargo en el gabinete obregonista para iniciar los trabajos de su campaña presidencial. 7 de diciembre. Estalla la rebelión delahuertista y Calles interrumpe su gira política para prestar ayuda al gobierno de Obregón. 1924 Marzo. Se da por concluida la rebelión del ex secretario de Hacienda Adolfo de la Huerta, y Calles reinicia su campaña teniendo como candidato opositor al general Ángel Flores. 6 de julio. Se llevan a cabo las elecciones presidenciales. 27 de septiembre. Es declarado presidente de la República mexicana por la Cámara de Diputados. Realiza un viaje sin carácter oficial por Estados Unidos y algunos países de Europa. Diciembre. En el Estadio Nacional es investido como presidente de México para el periodo 1924-1928. 1927 22 de enero. Se reforma el artículo 83 constitucional para permitir la reelección no inmediata. Junio. Fallece la señora Natalia Chacón de Elías Calles. 1928 24 de enero. Se reforma el artículo constitucional para ampliar el periodo presidencial a seis años. 17 de julio. El presidente electo Álvaro Obregón es asesinado por el fanático católico José León Toral. 1° de septiembre. El presidente Calles rinde su histórico y trascendental informe de gobierno.

30 de noviembre. El Congreso de la Unión designa presidente provisional de la República al licenciado Emilio Portes Gil, y da inicio el periodo histórico conocido como “maximato”, en el que Calles se convierte en el “Jefe Máximo de la Revolución” al ejercer todo el poder tras la silla presidencial. 1929 4 de marzo. Se forma en Querétaro el Partido Nacional Revolucionario (PNR). Estalla la rebelión encabezada por el general José Gonzalo Escobar, y Calles es nombrado secretario de Guerra y Marina. Julio. Sofocada la rebelión escobarista, Calles renuncia al cargo que ocupaba y sale rumbo a Europa en viaje de descanso. 1930 Asume la presidencia de la República Pascual Ortiz Rubio. 1931 Julio. Calles es designado director del Banco de México. 1932 4 de septiembre. El ingeniero Ortiz Rubio renuncia a la presidencia de la República, y el Congreso de la Unión designa presidente sustituto al general Abelardo L. Rodríguez. 1933 El Jefe Máximo Calles realiza varias giras por varios estados del país. 28 de septiembre. Es nombrado secretario de Hacienda. 1934 30 de noviembre. El general Lázaro Cárdenas rinde la protesta de ley como presidente constitucional ante el Congreso de la Unión para el sexenio 1934-1940. 1935 Enero. Se debilita la salud de Calles y se ve obligado a viajar a Los Ángeles, California, para internarse en un sanatorio. 3 de mayo. Regresa a la ciudad de México. 11 de junio. Un grupo de senadores se traslada a Cuernavaca para entrevistarse con Calles, quien en su declaración condena, entre otras cosas, “las huelgas que habían estallado en el país y que podían comprometer la estabilidad del gobierno”. 12 de junio. El presidente Cárdenas pide la renuncia de su gabinete, cuya mayoría era callista. Calles anuncia que se retira definitivamente de la política y sale a Estados Unidos. 13 de septiembre. Calles regresa inesperadamente a la capital del país. Continúan las renuncias, los ceses y los desafueros de los funcionarios y gobernadores callistas. 1936 9 de enero. Calles se presenta ante el juez primero de Distrito para responder por “los contrabandos de armas en Nogales, Sonora”. 10 de abril. Calles, en compañía de Luis L. León, Melchor Ortega y Luis N. Morones, es conducido al aeropuerto de la ciudad de México para ser expulsado del país por órdenes

del presidente Lázaro Cárdenas. 1941 Enero. Después de cinco años de exilio, Calles regresa al país. 1942 31 de diciembre. Se le ratifica el grado de general de división. 1945 19 de octubre. El general Calles fallece en el Hospital Inglés en la ciudad de México. 1969 20 de noviembre. Sus restos son exhumados del Panteón Civil y trasladados con todos los honores al Monumento a la Revolución.

Anexo II LEGISLACIÓN CALLISTA 1924-1928 Sobre política interior 1926 Reformas al Código Penal, Código de Comercio, Código Federal de Procedimientos Civiles y al Código de Procedimientos Penales. Ley Reglamentaria del Artículo 130 Constitucional en Materia Religiosa. Código Postal de los Estados Unidos Mexicanos. Ley de Disciplina, de Ascensos y Recompensas; Ley de Pensiones y Retiros del Ejército y Armada. Ley Orgánica del Ejército y la Marina. Ley sobre Delitos en Materia de Culto Religioso y Disciplina Externa. 1927 Ley de Organización Municipal del Distrito y los Territorios Federales. Reforma del artículo 82 constitucional para permitir la reelección no inmediata. 1928 Reforma del artículo 83 constitucional para ampliar el periodo presidencial a seis años. Reforma del Código Civil del Distrito y Territorios Federales (o Código Calles, en vigor a partir de 1934). Ley que crea el Departamento de Estadística Nacional. Ley Orgánica del Presupuesto de la Federación. Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales (creación del Departamento del Distrito Federal).

Sobre política económica 1924 Se expide la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios. Se reorganiza la Comisión Monetaria. Se decreta la formación de la Comisión Nacional Bancaria. 1925 Se promulga la Ley Orgánica del Impuesto sobre la Renta. Se crea la Comisión Nacional de Caminos. Ley para regular las Compañías de Fianzas. Ley de Pesca. Ley sobre la Suspensión de Pagos de Bancos y Establecimientos Bancarios. Ley Constitutiva del Banco de México. Reglamentación de las Fracciones I y IV del Artículo 27 Constitucional en Materia Petrolera. 1926 Se crea la Comisión Nacional de Irrigación. Ley de Industrias Minerales o Nuevo Código Minero. Ley de Caminos. Ley Forestal. Ley de Ferrocarriles. Ley de Comunicaciones Eléctricas. Ley Orgánica del Artículo 28 Constitucional (antimonopolios). Ley Orgánica de la Fracción I del Artículo 17 Constitucional. 1928 Reforma de las Fracciones I y IV del Artículo 27 Constitucional en Materia Petrolera.

Sobre política laboral 1925 Se promulga la Ley General de Pensiones Civiles y de Retiro. Reglamentación del Artículo 123 Constitucional. 1927 Federalización de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Sobre política agraria 1925 Ley Reglamentaria sobre Repartición de Tierras Ejidales y Constitución del Patrimonio Parcelario Ejidal. 1926 Ley de Irrigación con Aguas Federales. Ley del Banco de Crédito Agrícola. Ley de Crédito Agrícola (o Ley Manuel Gómez Morin). Ley de Colonización. 1927 Reglamento de la Policía Sanitaria Agrícola. Ley del Patrimonio Ejidal (que deroga la ley de 1925). Reglamento para la Organización de los Servicios Agrícolas Federales. Ley de Dotación y Restitución de Tierras y Aguas (o Ley Narciso Bassols). 1928 Reglamento del Registro Agrario.

Sobre política educativa 1925 Se divide la educación media superior en secundaria y bachillerato. Se crea la Dirección de Educación Secundaria en la Secretaría de Educación Pública.

Sobre política de bienestar social 1924 Reglamento General del Departamento de Salubridad Pública. 1925 Decreto que crea la Escuela de Salubridad. 1926 Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos. Reglamento para el Ejercicio de la Prostitución.

Sobre política exterior

1925 Ley de Extranjería. Renegociación de la deuda externa a través de la Enmienda Pani. Reglamentación de las Fracciones I y IV del Artículo 27 Constitucional en Materia Petrolera. 1926 Ley de Emigración y Migración de los Estados Unidos Mexicanos. 1928 Reforma de las Fracciones I y IV del Artículo 27 Constitucional en Materia Petrolera.

PASCUAL ORTIZ RUBIO: ¿UN PRESIDENTE A LA MEDIDA DEL JEFE MÁXIMO?

VERÓNICA OIKIÓN SOLANO El Colegio de Michoacán

MUESTRA de que entre 1928 y 1929 se iniciaba un complejo y abigarrado proceso de institucionalización del Estado nacional surgido de la Revolución mexicana es, sin duda alguna, no sólo la creación del partido oficial por parte de la facción triunfante, sino evidentemente la sucesión presidencial que se avecinaba y que sería la prueba de fuego del grupo en el poder. El 1° de julio de 1928 se realizó la elección federal y formalmente se reeligió al caudillo Álvaro Obregón. Pero al término del proceso electoral se hizo evidente el débil equilibrio logrado en la unificación de obregonistas y callistas. A la postre, los primeros —con el presidente electo asesinado— fueron desplazados con rapidez tanto de las legislaturas estatales como del Congreso de la Unión. En septiembre de 1928 sucesos de muy diversa índole incidieron en la vida política nacional. Ese año se abría un periodo de crisis de la Revolución que no se cerraría sino hasta 1935: “Entre 1928 y 1934 tres presidentes se esforzaron por ponerle fin, sin lograrlo”.1 En el inicio de esta etapa crítica, los hechos más relevantes fueron, por un lado, el fin de la era caudillista en el plano nacional, expresado significativamente con la eliminación física de Obregón2 y, por el otro, la firme decisión del Estado nacional de crear un instrumento político que encauzara de manera ordenada las distintas fuerzas políticas de todo el país, con el doble fin de sometimiento y control, y como fuente permanente de legitimidad. En estas circunstancias debemos entender la llegada de Pascual Ortiz Rubio3 a la presidencia de la República. Un hecho fehaciente caracterizó a su administración: carecía de base social y de un grupo político fuerte que lo cobijara y sostuviera, y no ejerció el poder de manera plena y contundente. Detrás de él se encontraría, en todo momento, el mando político de Plutarco Elías Calles, con lo que se inauguró una era mejor conocida como el maximato. La voz popular haría muy conocido el dicho de que “en el Castillo de Chapultepec [en aquel entonces la casa presidencial] vive el presidente [Ortiz Rubio], pero el que manda [el Jefe Máximo] vive enfrente [señalando la colonia residencial donde habitaba Calles]”.

LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL En el proyecto de institucionalización política expuesto por Calles el 1° de septiembre de 1928, hubo un elemento por demás novedoso al hacer un llamado a las tendencias políticoideológicas que dentro del sistema político “encarnaran la ‘opinión revolucionaria’” con el afán de unir fuerzas “en un verdadero ‘partido orgánico’ que sirviera de instituto político coordinador, disciplinario y conciliador de los intereses políticos de los diferentes grupos”.4 La maquinaria política se echó a andar y ya para el l° de diciembre de ese mismo año, cuando Emilio Portes Gil asumió la jefatura del poder ejecutivo en su carácter de presidente provisional, se dio a conocer un “Primer Manifiesto del Comité Organizador del Partido Nacional Revolucionario”.5 Calles y sus allegados crearon el partido oficial que se utilizaría como marco para que la élite política dirimiera sus conflictos sin violencia y estableciera sus acuerdos y, sobre todo, para el manejo de los procesos de sucesión política de manera que no resultaran adversos a

sus intereses: “Para lograrlo, Calles reimpulsó el principio de no reelección para los cargos de presidente y gobernador. Y fue así como y para lo que nació el Partido Nacional Revolucionario”,6 entre el 1° y el 4 de marzo de 1929. La asamblea constituyente del PNR declaró por aclamación al ex gobernador michoacano Pascual Ortiz Rubio como candidato a la presidencia de la República. En plena convención, Aarón Sáenz retiró su precandidatura, luego de corroborar que los dados estaban cargados a favor de Ortiz Rubio.7 El nuevo candidato presidencial cuenta en sus Memorias por qué, en realidad, fue llamado de Brasil, donde se desempeñaba como embajador, para ocupar de manera formal la Secretaría de Gobernación en el nuevo gobierno provisional de Emilio Portes Gil.8 Aunque en el medio político gobernante era un perfecto desconocido por su larga estadía en el extranjero, el general Calles me pidió que aceptara ser Precandidato a la Presidencia por el Partido por él organizado, compitiendo con Sáenz, para el que me dio a entender que la mayoría tal vez no lo aceptaba y había el peligro de disolución de la familia revolucionaria; que yo estaba en condiciones excepcionales para encabezar el partido por mi ausencia del país de muchos años y mi ningún compromiso político con las facciones reinantes.9

Sin embargo, el elegido por el gran elector carecía de oficio político, y en política habría de mostrar reiteradamente su ineptitud.10 Con la primera organización que se le dio al PNR, cuyo soporte territorial aún descansaba ampliamente en la conformación de partidos locales alentados por la dirigencia del propio PNR, éste realizó su primera prueba de fuego: la campaña presidencial de Ortiz Rubio. Su contrincante con mayor arrastre era José Vasconcelos. El candidato oficial inició su gira en el estado de Hidalgo el 26 de mayo de 1929. Allí declaró que contaba con el respaldo de los “elementos genuinamente populares; es decir, de todas las fuerzas vivas” del país. Calificó al PNR como “símbolo de fuerza y de energía, pero también de paz y de concordia”. Afirmó, confiado, que su campaña haría ver a sus opositores vasconcelistas, que era “la más diáfana demostración de que estamos en perfectas condiciones para contender en las luchas cívicas, en igual forma en que lo hacen los pueblos más avanzados de la tierra”, y aseguró que dicha lid electoral no tendría características violentas.11 Sin embargo, la realidad política en 1929 demostraría palmariamente que la cuestión electoral no sería diáfana, en ningún sentido.12 El propio Ortiz Rubio cuenta en sus Memorias que, amén de las acciones de sus contrincantes políticos, el peso de Calles y del grupo que le era adicto estaría siempre ensombreciendo el panorama electoral: “Me entregaba [Calles], en caso de mi triunfo, un grupo completamente adicto a él, más bien dicho servil a Calles, y era de presumirse lo difícil de manejarlo. Pero no había más remedio: acepté ser candidato de su partido y tenía que cumplir mi compromiso”.13 Su opositor político, José Vasconcelos, se había adelantado al candidato oficial, quien había postergado el inicio de su gira electoral en espera de que el gobierno federal apagara la rebelión escobarista. En cambio, Vasconcelos inició su recorrido en Nogales, en enero de 1929, y de allí continuó por el noroeste con rumbo hacia el centro del país. John Skirius14 ya ha abordado de manera amplia la campaña que Vasconcelos realizó por todo el país durante aquel año. El Partido Nacional Antirreeleccionista, comandado por Vito

Alessio Robles, le dio tardíamente su apoyo a Vasconcelos nombrándolo su candidato presidencial en julio, durante su cuarta convención nacional. La campaña vasconcelista quiso ser un símil de la gira presidencial de Francisco I. Madero; pero el país ya no estaba en 1910-1911. En 1929 el tiempo había corrido lo suficiente para dejar ver que Vasconcelos, “fiel a su tradición maderista”, estaba rebasado por la historia mexicana, “con todo y el mesianismo político que ello implicaba”.15 Las elecciones presidenciales tuvieron lugar el domingo 17 de noviembre. La violencia se desbordó, pero los resultados oficiales16 mostraron la fuerza incontrastable de la maquinaria oficial.17 El PNR había pasado su primera prueba de fuego. Ortiz Rubio fue “elegido” presidente de la República porque contó no sólo con toda la fuerza del naciente partido oficial, sino también con “las jerarquías superiores de las instituciones claves: la Iglesia católica, los negocios, la burocracia y el ejército federales […] en una palabra, las élites en el poder”.18 Los primeros jaloneos políticos entre el presidente electo Ortiz Rubio y Calles fueron relevantes porque definieron el liderazgo en las cámaras, y si en un primer momento se perfiló un equilibrio entre los rojos callistas y los blancos ortizrubistas, incluso obteniendo estos últimos el control camaral, con el regreso de Calles (procedente de Europa) todo tipo de tretas y maniobras políticas fueron utilizadas por el Jefe Máximo y su círculo más íntimo para revertir la situación en detrimento del poder efectivo que eventualmente ejercería el presidente de la República.19 La intriga política estuvo a la orden del día; callistas y portesgilistas iniciaron maniobras abiertas para obstaculizar la llegada de Ortiz Rubio a la presidencia, que tuvo lugar el 5 de febrero de 1930. De hecho, durante la toma de posesión, Ortiz Rubio fue objeto de un atentado en el que la mano del Jefe Máximo se dejó entrever.20 También la integración del gabinete ortizrubista fue causa de pugnas y roces, aunque finalmente el presidente se plegó a la imposición callista. Todos los miembros del gabinete representaban las distintas tendencias del callismo: Emilio Portes Gil (Gobernación), Luis L. León (Industria, Comercio y Trabajo), Manuel Pérez Treviño (Agricultura y Desarrollo), José Manuel Puig Casauranc (Departamento del Distrito Federal), Luis Montes de Oca (Hacienda), Joaquín Amaro (Guerra) y Juan Andrew Almazán (Comunicaciones y Obras Públicas). Esto no sorprendió, pero sí el hecho sustancial de que el presidente se vio compelido a aceptar que los propios ortizrubistas “no lograron de hecho representación significativa alguna”.21 Si acaso, hubo muy tibios intentos por parte del presidente para frenar el continuismo callista: “El gobierno de Ortiz Rubio iba a encontrarse, como consecuencia de esa situación, en una crisis política permanente que habría de manifestarse en todos los escenarios: en el congreso, en el partido, en el gabinete”.22 Este último fue objeto de innumerables cambios con salidas y entradas constantes de nuevos y viejos miembros, clara evidencia de inestabilidad política. También en la dirigencia del PNR hubo incesantes movimientos, muestra de la lucha por el poder en la que los ortizrubistas llevaron la peor parte, pues no lograron arrebatarle al callismo el control de la maquinaria partidaria: “En la administración pública, los ‘blancos’ seguían siendo, a fines de 1931, los más numerosos, pero los ‘rojos’ controlaban los puestos claves del aparato partidario”.23 El 11 de febrero de 1930, Basilio Vadillo fue designado presidente del comité ejecutivo del PNR, pero rápidamente perdió su liderazgo y salió de ese puesto el 22 de abril.24 Sucesivamente estarían al frente del partido Emilio Portes Gil25 y

Lázaro Cárdenas. A pesar de los esfuerzos de este último por darle unidad interna al órgano partidario, buscando fortalecer sus bases sociales, fue obvio que durante el periodo presidencial de Ortiz Rubio el PNR no logró convertirse en una verdadera organización de masas. Agrupaciones obreras y campesinas estaban al margen del partido, mostrando resistencia frente al callismo más recalcitrante que se consolidó en el interior del órgano político con la designación de Manuel Pérez Treviño como su presidente, por segunda ocasión, el 29 de agosto de 1931. Era signo de que Calles acentuaba su autoridad. Por otra parte, no estaría de acuerdo con lo afirmado por Rosas y Villalpando, respecto a que “Ortiz Rubio se convirtió prácticamente en un títere, una figura decorativa sin poder alguno”,26 precisamente porque Ortiz Rubio se tuvo que plegar a las decisiones del Jefe Máximo, no con beneplácito, sino compelido por las circunstancias de no poder siquiera tener el mando supremo de la nación.

LOS SALDOS EXIGUOS DEL RÉGIMEN ORTIZRUBISTA A consecuencia de la incertidumbre y el imposicionismo políticos, que prohijaron la corrupción y la ineficacia, la gestión administrativa “rayó en el desastre”, y las cuentas de la obra de gobierno fueron bastante exiguas, “con el atraso social y económico subsecuente”.27 Podemos afirmar que Ortiz Rubio era un técnico y un administrador, pero carecía de visión política, no tuvo los alcances de un estadista, si bien no por ello dejó de hacer “valer su autoridad como presidente, aunque nunca pudo gobernar con verdadera autonomía”.28 En los primeros meses de su gobierno hasta se le veía entusiasmado por la gestión pública. Muy revelador resulta un diálogo con su amigo el ingeniero Díaz Babío, quien le preguntó: “¿Cómo van las cosas?” —Todo bien en la administración pública, se trabaja con celo, hay franco progreso en la reconstrucción nacional; ya ve que no pasa un solo día sin que no se inauguren obras, escuelas, bancos, carreteras […] en todo esto estoy satisfecho. ¡Pero la política! ¡Esa política! Me tiene harto, aburrido, enfadado […] Las Cámaras y el Partido son los enemigos del poder.29

En este sentido, la capacidad de gobernar de Ortiz Rubio estuvo realmente muy mermada en realidad. Además, otros factores externos no le fueron favorables a su administración, que careció de manera constante de recursos públicos (se llegó incluso a reducir los salarios de los empleados federales entre 10 y 15%, el 13 de junio de 1931), limitando drásticamente los presupuestos. Cabe resaltar aquí el enorme peso negativo que representó la crisis mundial de 1929, que causó verdaderos estragos en la economía mexicana, afectando de manera grave a todos los rubros conectados con el comercio internacional (minería, agricultura de exportación, ferrocarriles, petróleo). Todo ello provocó una fuerte contracción de la economía,30 la devaluación de la moneda y un desempleo masivo que, para noviembre de 1930, ascendía a cerca de 100 000 personas.31 Aunque formalmente el Senado pidió al presidente Ortiz Rubio, el 24 de noviembre, que desarrollase “una política que remedie la mala situación económica”, poco se hizo, pues se tenía la idea de que la crisis venía sólo de fuera y era prácticamente incontenible.32 La situación económica, bastante precaria, obligó al

jefe del ejecutivo a solicitar al Congreso, en enero de 1932, la suspensión de pagos de la deuda exterior durante dos años.33 Cabe mencionar, aunque sea muy brevemente, algunos sucesos, así como la creación de instituciones y acuerdos gubernamentales que tuvieron cierto efecto en la vida política y socioeconómica de aquellos años. El Consejo de Educación Primaria y la Comisión Nacional de Turismo se instalaron el 10 y 11 de febrero de 1930, respectivamente. También hubo cierto empeño presidencial porque funcionara el Comité Nacional de Protección a la Infancia. Al mes siguiente, el día 15, el gobierno mexicano presentó protesta formal ante Guatemala por sus incursiones militares en tierras mexicanas, en el territorio del estado de Campeche. Un mes después, el 11 de abril, la Secretaría de Gobernación exhortó a los gobernadores para hacer cumplir de manera estricta la Ley de Cultos, recomendándoles que en sus respectivas jurisdicciones vigilasen la observancia de la educación laica. Todavía había rescoldos de la cristiada en diferentes ámbitos de la provincia mexicana, donde repetidamente se llevó a cabo el fusilamiento de cristeros. En otro sentido, el 8 de noviembre de 1931, el juez segundo de distrito, con sede en Puebla, ordenó que pasaran al patrimonio de la nación los numerosos bienes del arzobispo poblano, Ramón Ibarra González, recientemente fallecido. Además, por vez primera se reorganizó el acervo documental más importante del país: el Archivo General de la Nación. El 15 de abril de 1930 se llevó a cabo en toda la República mexicana el Censo Agrícola y Ganadero. En esa misma fecha se inauguró la carretera federal que comunicaba con Oaxaca, así como el tramo México-Nuevo Laredo, vía integrada a la Carretera Panamericana. Por otra parte, la Baja California fue separada, el 7 de febrero de 1931, en dos entidades: territorio Norte y territorio Sur. Por lo que toca a la superficie del estado de Yucatán, se le sumaron 13 773 kilómetros cuadrados, modificándose para ello el artículo 145 constitucional que permitió separar esas tierras del territorio de Quintana Roo.34 Pero veamos con mayor detenimiento hacia qué frentes se dirigió sobre todo la obra del michoacano en los ámbitos laboral, agrario y de política exterior, y que, paradójicamente, tenía muchos puntos de afinidad y contacto con las ideas del Jefe Máximo, quien aseguraba que la Revolución debería cumplir con sus postulados en materia agraria y social para beneficio de las masas trabajadoras, pero sin olvidar que la nación requería la reconstrucción con base en la seguridad y garantías que se le pudiese ofrecer al poder económico. En las reuniones de gabinete del 20 de marzo, 29 de abril, 7 y 16 de mayo de 1930, se establecieron los puntos medulares de la política agraria del gobierno, que coincidía con las ideas de Calles porque sus objetivos eran, por un lado, “institucionalizar la reforma agraria” para evitar el manejo personal que de ella hacían políticos y líderes campesinos “en lucha por la tierra” y, por el otro, frenar el miedo de terratenientes y propietarios a que se les quitasen sus tierras, promoviendo en todo caso la inversión de sus bienes. Córdova es muy claro al señalar que el problema agrario significó para el gobierno ortizrubista una reforma agraria para la producción y no tanto con el objetivo de justicia social. El presidente y los miembros de su gabinete que asistieron a esas reuniones coincidieron en que debía dársele punto final a la reforma agraria, privilegiando a los propietarios, que así tendrían a salvo sus intereses. El reparto agrario, en efecto, se frenó considerablemente, pues sólo se entregaron 584 922

hectáreas en 1930, para un total de 60 666 ejidatarios; en 1931 se repartieron 976 403 hectáreas en beneficio de 41 532 campesinos, y un año después la cifra fue realmente exigua: 249 349 hectáreas a sólo 16 462 ejidatarios.35 En materia laboral, Ortiz Rubio buscó equiparar los derechos de los trabajadores con las seguridades buscadas por el capital, difícil tarea que desembocaría en una Ley del Trabajo que encargó a Aarón Sáenz, quien recién llegaba a ocupar la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. La ley fue promulgada el 28 de agosto de 193136 y vino a reglamentar el artículo 123 constitucional, privilegiando el fomento y estímulo del desarrollo de fuentes de trabajo, es decir, del capital. Y aunque recogió “una rica tradición laborista”, se presentaba como la norma federal reglamentaria en asuntos laborales, unificando “bajo el control y la coordinación del poder del Estado nacional las relaciones laborales”, regulando el derecho de huelga a través de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y de paso también afirmando el control sobre sindicatos radicales.37 Otro frente de batalla atendido por el gobierno de Ortiz Rubio y que le redituaría al país mayores beneficios en el plano internacional a lo largo de 70 años fue la política exterior. La base de la que se partió tuvo que ver con el reconocimiento del Estado mexicano surgido de la Revolución, así como de su soberanía, por parte de Estados Unidos, sobre todo con la nueva diplomacia estadunidense desplegada por el embajador Dwight Whitney Morrow a su llegada a México en octubre de 1927, de la cual Calles supo sacar el mayor provecho para los intereses nacionales a través de soluciones negociadas. Puede decirse que con Ortiz Rubio se inició la política exterior mexicana que proyectaría al país con una visión internacionalista de la que anteriormente se había carecido. Recuérdese que la idea de México en el extranjero era la de un país en permanente caos social y político. Sólo hasta septiembre de 1931, con el respaldo y la postulación conjunta de Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, España38 y Japón, México ingresó a la Sociedad de Naciones.39 Genaro Estrada, que era titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, contestó oficialmente en los siguientes términos: Tengo la satisfacción de manifestar que el Gobierno de México, ausente de ese alto organismo por causas ajenas a su voluntad, acepta ahora inmediatamente la reparación que se le ofrece, acepta su ingreso a la Sociedad de Naciones en los términos que se le anuncia; y ofrece, con leal espíritu de amistad, su constante cooperación a los altos propósitos de mantener la paz y de fomentar la colaboración internacional.40

Pero Genaro Estrada hizo aún más. Dio cuerpo a una serie de principios del derecho internacional basado en nuestra propia historia como nación que deseaba ser reconocida desde el siglo XIX de manera independiente y soberana. La Doctrina Estrada, como se le conoce, establece la tesis irrefutable de la no intervención de los países en los asuntos internos de cualquier otro: “Ningún país —declaraba— debe pedir lo que por la soberanía de su propio pueblo tiene derecho a recibir”. Correlativamente, se afirma también el derecho pleno de todos los pueblos del mundo a la autodeterminación. A partir de la Doctrina Estrada, que se dio a conocer el 26 de septiembre de 1930, México se colocó en el concierto de las naciones en un plano de respeto internacional. Asimismo, el gobierno mexicano la comenzó a utilizar como un dique frente a la muy conocida Doctrina Monroe, que le daba fuerza extralegal al poderío de Estados Unidos frente al resto de América Latina.41

UN PRESIDENTE SITIADO Sólo dos años y medio duró la presidencia de Ortiz Rubio. La historiografía de ese periodo tiende a estar limitada por el concepto del maximato y a menudo ofrece una explicación con base en las decisiones de un solo hombre, del Jefe Máximo. Pero no sólo fue así; hay que matizar el término para encontrar razones más de fondo que obviamente involucran a todo un grupo en el poder, y las implicaciones de la conformación del nuevo Estado. En la explicación deben salir a relucir los intereses políticos de quienes detentaban el poder y las redes de control (mediante el papel asignado al nuevo partido de Estado), así como la fuerza de sus relaciones: “Múltiples ángulos tiene el maximato como para conformarse con reducirlo a un simple problema de la obsesión de un hombre por ejercer el poder tras el trono”. Por ello es indispensable no dejar de lado la reconstrucción de las circunstancias políticas del periodo, así como separar la personalidad de Plutarco Elías Calles del propio “proceso de formación de las estructuras del Estado y de la sociedad”, en donde el naciente PNR es una institución política clave. “Todo el maximato podría comprenderse como un intento de establecer un régimen político en el cual la autoridad presidencial está mediada por el Partido.”42 Es cierto que el PNR predominó sobre la administración ortizrubista y que, al mismo tiempo, el Jefe Máximo mantuvo su liderazgo dentro del partido. Por su parte, el presidente Ortiz Rubio aceptó el poder de Calles, “pero no la sobredeterminación total al partido”. Realmente, Ortiz Rubio vivió su experiencia presidencial en un constante desiderátum de plegarse o no, y con qué actitud, frente al poder. Su escasa base política a través del proyecto blanco, “que luchaba por darle un sentido institucional partidista al Congreso”, abortó frente al rechazo contundente de parte de Calles. Es este momento de la historia política mexicana del siglo XX quizá el más revelador de cómo la institución presidencial en manos de Ortiz Rubio, tan cuestionada y tan débil, se transformaría en la fuerza del presidencialismo, cobrando forma precisa tan sólo dos años más tarde, con la candidatura presidencial de Lázaro Cárdenas. Por eso consideramos que la presidencia de Ortiz Rubio tiene un sentido histórico y una razón de ser si la acotamos dentro de los procesos de centralización e institucionalización del Estado nacional, bajo un régimen presidencialista iniciado por Calles y fortalecido por Cárdenas. Calles y Cárdenas se complementaron desde la perspectiva de la institucionalización. El sonorense puso las bases del Estado mexicano contemporáneo, pero Cárdenas cumplió a cabalidad el proyecto de la institucionalidad nacional. Sin embargo, el contexto de este proceso se daría no sobre una base democrática sino autoritaria. Prueba de ello es el hecho de que el poder legislativo, controlado por el Jefe Máximo a través del PNR, “llegó incluso a actuar en ocasiones como un verdadero contrapoder”. Por su parte, Ortiz Rubio no tuvo otra alternativa que aceptar la preeminencia del partido sobre el ejecutivo. Es decir, el PNR reafirmó la autoridad de Calles, pero al mismo tiempo debilitó la “institución” constitucional representada por el presidente de la República,43 que lidió con los callistas en un espacio sitiado. Así lo demuestran las constantes crisis de gabinete. La de mayores consecuencias políticas ocurrió el 14 de octubre de 1931,44 cuando Ortiz Rubio se vio obligado a retirar de la Secretaría de Guerra a Joaquín Amaro (que se incorporó al Colegio Militar) para entregarla a

quien así se la había exigido: Plutarco Elías Calles. La crisis ministerial forzó también la renuncia a la cartera de Comunicaciones de Juan Andrew Almazán (quien regresó a Nuevo León), a la de Gobernación de Lázaro Cárdenas (se reintegró a la gubernatura de Michoacán) y a la de Agricultura de Saturnino Cedillo (volvió a sus lares potosinos).45 El triunfo contundente de Calles arrastró el 20 de enero de 1932 a otros tres secretarios: Luis Montes de Oca, Genaro Estrada y Aarón Sáenz, quienes también habían mostrado lealtad al presidente de la República. Puesto contra la pared, Ortiz Rubio sólo atinó a contestar a Calles que “le dejaba la total responsabilidad de sus actos y lo facultaba para que procediere en la forma que lo tuviere por conveniente”. Por lo tanto, como lo señala explícitamente Díaz Babío, “el cerco era completo”.46

UN PRESIDENTE SE HA QUEDADO SOLO Los días del presidente Ortiz Rubio estaban contados a lo largo del primer semestre de 1932. Si acaso intentó presentarle un frente anticallista al Jefe Máximo, ya era demasiado tarde, y ni siquiera Emilio Portes Gil, su antiguo enemigo, se sintió atraído por la Secretaría de Gobernación, que el presidente le ofreció a fines de julio de 1932.47 Ello significaba “un último y desesperado esfuerzo de Ortiz Rubio por unir todas las fuerzas posibles para medirse con Calles en la ‘hora cero’ que se aproximaba”, puesto que, como ya estaba cumplida la mitad del periodo presidencial, no era obligatorio por ley convocar a nuevas elecciones, y el Congreso de la Unión podría designar legalmente a un presidente sustituto. Desde mayo de ese año el Jefe Máximo tomó la decisión, junto con el círculo íntimo callista, de eliminar al presidente. Amaro y Cárdenas en un primer momento se opondrían a ello.48 La maniobra callista consistió en negar todo apoyo a Ortiz Rubio, es decir, despojando a la presidencia de la República de su propia legalidad y legitimidad, mediante el retiro violento del poder y autoridad del Jefe Máximo, quien pretextando enfermedad salió del gabinete presidencial el 30 de julio, sustrayéndole de golpe cualquier migaja de poder que aún estuviese en las manos presidenciales. Díaz Babío da su testimonio de la facilidad con que Calles logró forzar a Ortiz Rubio a nombrar como secretario de Guerra al general Abelardo Luján Rodríguez. Para ello sólo tuvo que enviar a su emisario, el doctor Puig Casauranc: “Vaya usted a ver de mi parte al Presidente, sugiérale la necesidad de nombrar para sucederme al General Abelardo Rodríguez; no lo deje, así pudiere usted estarse horas enteras para convencerlo, hasta no asegurarse de que lo nombre como su Secretario de Guerra”.49 Abelardo L. Rodríguez tomó posesión de su cargo el 2 de agosto. Ahí fue colocado por Calles para atender los movimientos políticos que vendrían tan sólo un mes después. Otras piezas claves callistas también se moverían: Melchor Ortega pasó a presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Luis L. León asumió la presidencia del Colegio Electoral. La puntilla final se le daría al presidente mediante un pretexto nimio. Vicente Estrada Cajigal, jefe del Departamento Central, presentó su renuncia el 18 de agosto de 1932, luego de haber forzado el despido del director de la Beneficencia Pública, nada menos que Francisco Ortiz Rubio, pariente cercano del presidente. Este último había impuesto al doctor Zuckermann

como director del Hospital General, lo que generó una huelga de los médicos residentes, de filiación callista. La investidura presidencial no tuvo ya ningún sentido cuando Ortiz Rubio, al consultar a Calles sobre “la necesidad de proveer las personas que debían ocupar las vacantes”, cayó en la trampa tendida por el Jefe Máximo, quien respondió que “ningún amigo suyo debía ya aceptar puestos de gobierno, para dejar al presidente, íntegra, la responsabilidad de sus actos políticos y administrativos”. Así las cosas, ante el ofrecimiento hecho por Ortiz Rubio para ocupar el cargo de jefe del Departamento Central, el doctor Puig Casauranc dijo que por ningún motivo aceptaría “y que estaba seguro de que sería inútil que ofreciera ese puesto a ningún allegado al General Calles, o a cualquier miembro prominente del Partido Nacional Revolucionario, que tuviera cargos actuales en su directiva”.50 Para dejar completamente solo al presidente y forzarlo a renunciar,51 el grupo callista soltó entre la ciudadanía varios “borregos” que circulaban ágilmente como chismes o rumores por toda la nación: que los miembros del Congreso “saldrían para San Luis, al lado de Cedillo, porque con Ortiz Rubio no tenían las menores garantías”; que Cedillo se acercaba a la capital con un ejército de 10 000 hombres “para derrocar al presidente”; que el jefe del ejecutivo estaba conspirando junto con algunos miembros del ejército contra el Congreso de la Unión para dar un golpe de Estado, impidiendo su instalación en la fecha muy próxima del 1° de septiembre.52 Hasta Calles se tomó la molestia de pedirle al nuevo secretario de Guerra realizar un “estudio técnico” (encomendado a Javier Gaxiola) que justificase la intervención del ejército en caso de que Ortiz Rubio pretendiese encabezar el golpe militar.53 Según el testimonio de Portes Gil, Carlos Riva Palacio se entrevistó con él desde mediados de agosto y le aseguró: He venido a verte para decirte que muy pronto tendrá que presentar su renuncia el ingeniero Ortiz Rubio, que en cierta forma se resiste a hacerlo. Tenemos ya controlada la Secretaría de Guerra, y en los cuarteles las fuerzas son leales. Los únicos que no están de acuerdo son el general Amaro y el general Cárdenas. De todos modos, está resuelto que deje la Presidencia Ortiz Rubio.54

La reacción de los ortizrubistas ante la situación desbordada y fuera del control de las manos presidenciales, fue precisamente pretender frenar el último golpe del Jefe Máximo haciendo declaraciones en el sentido de estar decididos al enfrentamiento armado (un ortizrubista connotado como lo era Ignacio de la Mora, gobernador de Jalisco, le aseguró lealtad al presidente mediante la movilización de agraristas armados). Estaba también latente la reacción del afamado general Amaro, quien fue consultado directamente por Calles a través de Puig Casauranc, en el sentido de no oponer resistencia militar a la inminente salida de Ortiz Rubio. Ortizrubistas desesperados intentaron también revertir los movimientos de Gonzalo N. Santos en el Congreso de la Unión, ofreciéndole dinero para “maicear” a los diputados así como puestos en el gobierno, con el fin de que no aceptaran la renuncia presidencial. Todo fue inútil. Santos estaba totalmente de acuerdo con la consigna callista de dejar solo a Ortiz Rubio, quien tuvo que resolver su propia contradicción interna, diremos que hasta de buena fe, sin ningún resquicio de un ejercicio calculador del poder, decidiendo finalmente presentar su renuncia, pero afirmando que salía “con las manos limpias de sangre y dinero”, y no aceptando que su gobierno fuese sostenido “por las bayonetas del ejército”.55

Este razonamiento le fue comunicado al general Amaro, quien se vio obligado a plegarse a la decisión de Ortiz Rubio de abandonar la silla presidencial. Por su parte, el general Cárdenas entendía que la situación se había venido agravando desde fines del mes de julio. En sus Apuntes anotó: En las Cámaras de la Unión hay agitación en contra del general Manuel Pérez Treviño, presidente del Partido Nacional Revolucionario; lo juzgan viene actuando por su propio interés. El presidente de la República, Ortiz Rubio, no tiene confianza en él. Vuelve a tomar caracteres más serios la crisis política que la que alcanzó la de octubre próximo pasado.56

Todavía para mediados de agosto, el general Cárdenas se mostró reacio a dar su apoyo al grupo callista en su decisión de forzar la renuncia de Ortiz Rubio. Riva Palacio lo visitó en Morelia y Cárdenas le pidió que platicara con Portes Gil para ponerlo al tanto del movimiento político que los callistas habían fraguado, asegurándole que si Portes Gil estaba de acuerdo, “él desde luego aceptaría”, lo que finalmente aconteció,57 a pesar de que en su ánimo siempre consideró que el ingeniero Ortiz Rubio no merecía las diatribas de sus enemigos políticos. No fue irresponsable en la Primera Magistratura del país; fue un patriota que vio unidos a políticos que inclinaban en su contra al propio general Calles y sabía que un rompimiento público con el general Calles provocaría la guerra civil; guerra que sería sangrienta por los irresponsables influyentes que formaban la oligarquía política, viciosa y claudicante de los principios de la Revolución.58

Como quien va a la horca, así se presentó Ortiz Rubio, constreñido de ánimo, ante el Congreso de la Unión el 1° de septiembre de 1932. Eso sí, por instrucciones del Jefe Máximo, diputados y senadores aplaudieron estruendosamente su llegada. Ortiz Rubio leyó ante la representación nacional su segundo y último informe. Al día siguiente dimitió al cargo, comentándole al general Pedro J. Almada que desde luego prefería “ser leal al general Calles. Esta situación él la creó; él que la resuelva. Yo no quiero ser responsable de disturbios en el país”.59 Reunidos todos los miembros de su gabinete en el Castillo de Chapultepec, Ortiz Rubio les comunicó “en actitud y con frases patéticas” el texto de su renuncia. Se hizo un silencio sepulcral después de que hablara el procurador general de la República, conminando al presidente a no abandonar su cargo, en una escena incómoda y lastimosa. En el trasfondo de la renuncia de Ortiz Rubio60 hubo una concepción civilista del poder presidencial que tenía su origen en la legalidad constitucional establecida por la Carta Magna de 1917, pero que en la realidad de 1929-1932 no tenía sentido por su disfuncionalidad; porque Ortiz Rubio llegó a la presidencia de la República “únicamente proclamando su fidelidad al partido”, y porque éste por primera ocasión tuvo predominio sobre el gobierno, aunque dominado por la jefatura máxima de la Revolución.61 Para cubrir las formas legales, Calles sugirió que se presentase una terna al PNR, dentro de la cual se consideró a los generales Joaquín Amaro (nadie y menos Calles tomaron en serio este nombre después de la crisis de 1931), Juan José Ríos y Abelardo L. Rodríguez, aunque también se barajó el nombre de Alberto J. Pani, quien desde un principio se apresuró a declinar el ofrecimiento. Al verificarse las sesiones en el Congreso se confirmó la propuesta del PNR62 en favor del último secretario de Guerra de Ortiz Rubio, hombre de todas las

confianzas del Jefe Máximo. Abelardo Rodríguez, el elegido con antelación, tomó posesión como presidente sustituto el 3 de septiembre. No queda más que cerrar este capítulo afirmando que el presidente Pascual Ortiz Rubio no satisfizo a la clase política, que lo despreció continuamente;63 pero al pueblo tampoco, porque con sus dichos lo había cruelmente escarnecido. Y menos a Plutarco Elías Calles, que con toda la fuerza de su poder “le había encaramado a la cumbre más alta sólo para que se espinara en ella y después dejarlo lastimosamente caer”.64

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Martínez Assad, 1996, p. 78. Al conocer la noticia del asesinato de Obregón, el general Lázaro Cárdenas se dirigió al presidente Calles en una carta fechada en Pátzcuaro el 19 julio de 1928. En su misiva expresaba sus sentimientos de condolencia “por la pérdida del Caudillo de la Revolución”. Al mismo tiempo le aseguraba —reconociéndole su posición como jefe de la Revolución— “que en vuestras manos ha quedado resolver la situación del país”. Tan delicada circunstancia merece —a su ver— que el presidente Calles tome sus precauciones, pues “puede existir otro [grupo] que tenga igual interés en vuestra muerte, y si esto sucediere pensad en los trastornos enormes que sobrevendrían al País faltando usted, que es el único que tiene ascendiente en toda la República”. Véase Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles-Fernando Torreblanca (en adelante FAPEC-FT ), exp. 206, leg. 3/9, inv. 820, gav. 12. 3 Pascual Ortiz Rubio nació en Morelia, Michoacán, el 10 de marzo de 1877. Sus padres fueron Pascual Ortiz Ayala y María Rubio. Obtuvo título de ingeniero topógrafo e hidrógrafo. Diputado al congreso del estado de Michoacán; diputado al Congreso de la Unión, en 1912. Incorporado al Ejército Constitucionalista en Hermosillo, en febrero de 1914. Comisionado en distintas plazas para vigilar el resello de los billetes del ejército carrancista. Director de la Impresora de Estampillas del gobierno constitucionalista en 1914. Subjefe organizador de la Infantería de Marina en Veracruz, en 1915. Director general de Bienes Intervenidos. Jefe del Parque Nacional de Ingenieros y diputado al Congreso Constituyente, en 1916. Jefe del Departamento de Ingenieros Militares en la Secretaría de Guerra, en 1917. Gobernador constitucional del estado de Michoacán, entre 1917 y 1920. Apoyó al triunvirato sonorense en la rebelión de Agua Prieta. Fue nombrado entonces jefe de la División de Occidente, en abril de 1920. Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en el interinato de Adolfo de la Huerta, 1920-1921. Permaneció allí al inicio del cuatrienio del presidente Obregón hasta que una disputa personal con Alberto J. Pani —a la sazón secretario de Relaciones Exteriores— lo obligó a renunciar. Comisionado especial de la Secretaría de Fomento para el estudio de los sistemas de irrigación en Europa, Asia y África. General de brigada en el ejército nacional. Ortiz Rubio vivió en Barcelona, España, sin cargo alguno hasta que recibió órdenes de desalojar al embajador delahuertista en Alemania. Se le nombró entonces ministro de la legación de México ante ese país en 1923. En enero de 1926 fue nombrado embajador en Brasil. Al dejar la presidencia de la República salió hacia Estados Unidos, retornando dos años más tarde para ocupar la dirección de la Compañía Mexicana del Petróleo. Ortiz Rubio murió en 1963. Véase esta apretada biografía política en Díaz Babío, 1992, passim. 4 Véase “Mensaje Político del presidente Plutarco Elías Calles en su Informe de Gobierno al Congreso de la Unión, 1° de Septiembre 1928”, en Historia documental, 1981, pp. 27-36; y Nava, 1984, primera parte, pp. 17-18. 5 El comité organizador estaba conformado por Plutarco Elías Calles, Aarón Sáenz, Luis L. León, Manuel Pérez Treviño, Basilio Vadillo, Bartolomé García, Manlio Fabio Altamirano y David Orozco. 6 Meyer, Lorenzo, 1999, pp. 5 y 30. 7 Santos cuenta en sus Memorias cómo se fue fraguando la candidatura de Ortiz Rubio con el acuerdo de los dirigentes callistas Ángel Castillo Lanz, diputado por Campeche; el ingeniero Marte R. Gómez, secretario de Agricultura y Fomento; el gobernador del Estado de México, Carlos Riva Palacio; el diputado Melchor Ortega, el ingeniero Luis L. León y el propio Gonzalo N. Santos, con el objetivo expreso de bloquear a Aarón Sáenz, quien no era de su agrado por su filiación obregonista y su poco tino político. La jugada política recibió el respaldo del presidente Portes Gil y de Calles, quien a pesar de no ostentar en ese momento cargo alguno, se dio el lujo de comentarle a Santos: “Pues realmente yo conforme a la ley no soy nada, ni presidente, ni ministro ni soy ya presidente del Partido, ni tengo funciones legales ningunas; pero tengo la responsabilidad de hacer todo, absolutamente todo, porque la Revolución siga adelante y no se provoque el caos, y los escobaristas, que traen de instrumento al licenciado Valenzuela, y los cristeros, acaben con la Revolución” (las cursivas son mías e ilustran claramente la posición de fuerza en la que estaba Calles en todo momento). Santos, 1986, pp. 345-349. 8 Emilio Portes Gil asegura en su testimonio que fue por su propia iniciativa que llamó del Brasil a Ortiz Rubio para ofrecerle la Secretaría de Gobernación, y que “el general Calles fue totalmente ajeno a tal designación”. Portes, 1976, p. 447. 9 Ortiz Rubio, 1981, pp. 135 y ss. Díaz Babío, 1939, p. 120, reproduce el diálogo entre Calles y Ortiz Rubio, donde el primero apremió al segundo a aceptar su candidatura presidencial. Ortiz Rubio diría que “no tuve más remedio que aceptar”. Logrado su objetivo, Calles cerró la entrevista con Ortiz Rubio con una frase lapidaria: “Y brínquele, mi General, a la Presidencia, que yo lo ayudo”. Al principio, según este autor, Ortiz Rubio tenía la certeza de las buenas intenciones de Calles. En el testimonio de Portes Gil se asegura que “es inexacto que yo indicara al señor ingeniero Ortiz Rubio ‘que deseaba que antes de rendir la protesta de ley como secretario de Gobernación fuese a Cuernavaca a hablar con el general Calles’ […] Él fue porque lo creyó así conveniente para los fines que se había propuesto”. 1976, p. 455. 10 Véanse los comentarios de Arnaldo Córdova, con los que coincido plenamente. En Córdova, 1996, pp. 113-116, se añade: “Pascual Ortiz Rubio, general e ingeniero, es una de las figuras más lastimeras y patéticas de nuestra historia contemporánea. De cultura e inteligencia más bien mediocres, aunque era menos tonto de lo que la gente creía (el genio popular lo bautizó como Nopalito, según se decía, por baboso), puede afirmarse, y la mayoría de los observadores están de acuerdo, que era un inepto en política. Según los comentarios de Díaz Babío, 1939, p. 121, en efecto, Ortiz Rubio carecía de “toda la malicia necesaria para penetrar en los complicados designios de Calles y así sortear las teorías más sutiles del arte de Maquiavelo”. 11 Ortiz Rubio, 1930, pp. 11 y 17-19. 12 El 30 de agosto de 1929, Manuel Pérez Treviño le envió una misiva a Calles, quien se encontraba en Francia, con este 2

comentario: “Los trabajos que el PNR desarrolla en pro de la candidatura del ingeniero Ortiz Rubio han seguido su curso normal […] He podido darme cuenta exacta de la labor intensísima y ardua que tiene que desarrollar el partido en contra de sus enemigos unidos. El partido tendrá que desplegar una actividad muy grande para conservar y aumentar su control entre los campesinos y los obreros, que son los únicos factores sociales que no han sido contaminados por los enemigos de la Revolución”. Véase Calles, 1991, t. I, pp. 225-226. 13 Ortiz Rubio, 1981, p. 145. 14 Skirius, 1978, passim. 15 Nava, 1984, pp. 62-63. 16 A Ortiz Rubio se le adjudicaron 1 947 848 votos, contra 110 979 que supuestamente había obtenido Vasconcelos. Al candidato sostenido por el Partido Comunista Mexicano, el general Pedro Rodríguez Triana, sólo se le computaron 32 279 sufragios. 17 Estos comicios han sido calificados como el primer fraude electoral masivo del PNR. 18 Skirius, 1978, p. 174. 19 Medin, 1982, p. 77. Ortiz Rubio, 1981, pp. 210-211, anota: “El diputado que encabezaba el movimiento era Medrano, lo secundaba en su mayoría la diputación de Guanajuato, y en el Senado el senador Arturo Campillo Seyde. Ese movimiento estuvo a punto de darles el triunfo, y eso fue en primer lugar lo que obligó a Pérez Treviño a regresar, engañándome, al lado de Calles, para desbaratar el seguro triunfo de los diputados enemigos de la camarilla callista”. 20 Ortiz Rubio, 1981, pp. 215 y 217, afirma: “La voz popular, en el caso mío, no dejó de acusar a Calles de cierta participación”, y “La aprehensión del asesino [Daniel Flores] la hizo un motociclista de apellido San Millán, muy leal conmigo. Todo esto me faculta, además de lo que se pudo aclarar durante el proceso, para pensar que el atentado se fraguó por gente de Calles, con la complicidad de Vito Alessio Robles, líder vasconcelista, y la complacencia de algunos callistas adictos a Portes Gil, como Marte R. Gómez”. La crónica del atentado, en Taracena, 1965, pp. 5-17. A la par de que Ortiz Rubio tomaba posesión del gobierno, se llevó a cabo la masacre de vasconcelistas en el pueblo de Topilejo, en ese mes de febrero de 1930. Véase al respecto Taracena, 1965. 21 Medin, 1982, p. 79. 22 Meyer, Lorenzo, 1978, p. 107. 23 Garrido, 1982, p. 135. 24 “Al arribo de Ortiz Rubio a la Presidencia de la República había colocado Calles a Portes Gil en la cartera de Gobernación, en particular a fin de impedir al presidente constituirse una base social, y dejando a un callista moderado en la Presidencia del Partido. Pero el hecho de que Vadillo, a pesar de la presencia de varios callistas ‘rojos’ en el seno del CEN, favoreciera a los grupos ‘blancos’ implicaba una ruptura del equilibrio existente entre las dos fuerzas opuestas y un cuestionamiento a la autoridad de Calles. En el mes de abril de 1930, el conflicto se hizo abierto y la burocracia política mostró de nuevo una profunda división”, en ibidem, p. 117. 25 Poco duró también Portes Gil al frente del PNR, y su renuncia, el 15 de octubre de 1930, “se debió esencialmente a la incapacidad de éste para encontrar en la unidad de ‘rojos’ y de ‘blancos’ los medios para consolidar al Partido”. Ibidem, p. 124. 26 Rosas, 2002, p. 181. 27 Meyer, Lorenzo, 1978, p. 107. 28 Córdova, 1996, p. 118. 29 Díaz Babío, 1939, p. 167. 30 Muestra de la preponderancia que también tuvo Calles en los asuntos de la administración pública, resulta su designación como director del Banco de México. 31 Sólo en el ramo de los Ferrocarriles Nacionales se anunció que hasta marzo de 1931 se había despedido a 4 000 trabajadores. 32 Córdova, 1996, pp. 136-139. 33 Mediante un convenio celebrado entre el gobierno mexicano y el Comité Internacional de Banqueros. 34 Moreno, 1960, pp. 346-348; y Vázquez-Gómez, 1999, pp. 209-210. 35 Córdova, 1996, pp. 126-136. 36 El antecedente inmediato de dicha Ley fue el proyecto enviado al Congreso de la Unión desde mayo de 1929 durante la administración de Portes Gil. 37 Córdova, 1996, pp. 144-157. 38 El 1° mayo de 1931 el gobierno mexicano reconoció a la República española, estableciéndose la legación mexicana en Madrid. 39 Según el testimonio de Portes, 1976, p. 627, México hizo gestiones durante los gobiernos de Carranza, Obregón, Calles y en el suyo propio para ingresar a la Liga de Naciones, pero el gobierno estadunidense había vetado su ingreso. “En 1931, México por fin aceptó la invitación que la Asamblea de la Sociedad de Naciones le hizo por unanimidad a propuesta de los representantes Arístides Briand, de Francia; Lord Decil, de Inglaterra; Dino Grandi, de Italia, y muchos otros dirigentes de

aquella organización.” 40 Excélsior, 10 de septiembre de 1931. 41 Córdova, 1996, pp. 171-185. 42 Quirós, 1992, pp. 116-117. 43 Garrido, 1982, p. 175. 44 El secretario de Gobernación Lázaro Cárdenas (quien había tomado posesión del cargo tan sólo unas semanas atrás, el 28 de agosto) rememora en Cárdenas, Lázaro, 1972, t. I, pp. 185 y ss., lo acontecido: “Lo que ocurría en realidad fue que el propio general Calles no logró disciplinar las ambiciones del grupo que se consideraba presidenciable y hacían política debilitando el gobierno del presidente ingeniero Ortiz Rubio. Faltó unidad política para desplazar a los falsos revolucionarios”. Y añade: “El causante de esta crisis fue el general Manuel Pérez Treviño y él quien causó las preocupaciones al general Calles de que se atentaba contra él, lo que lo obligó [sic] a aceptar la cartera de Guerra y Marina. La víctima fue el general Amaro, que siempre fue leal al presidente Ortiz Rubio. El ingeniero Ortiz Rubio tenía enemigos, además de Pérez Treviño, que influían en el ánimo del general Calles; varios de ellos aspirantes a la presidencia de la República”. La reflexión de Cárdenas, por supuesto, va en el sentido de considerar que la responsabilidad de la crisis no era directamente de Calles, sino de sus allegados más íntimos. 45 Krauze, 1997b, pp. 368-369. 46 Medin, 1982, pp. 107-111, y Díaz Babío, 1939, pp. 263-274. 47 La posición de Portes Gil fue de absoluto desdén ante el ofrecimiento presidencial: “¿Cómo es posible que el ingeniero Ortiz Rubio desee mi colaboración en su Gobierno, si él fue el principal cómplice del general Calles para desplazarme de la política? […] Diga usted [dirigiéndose a Benito García Contreras, jefe del estado mayor del general Eulogio Ortiz, jefe de las Operaciones del Valle de México y hombre de confianza absoluta del presidente] a Ortiz Rubio que ya es tarde para hacer eso [sacudirse la influencia del callismo], y realmente no me merece ninguna confianza el presidente para dar una pelea contra don Plutarco”. Véase su testimonio en Portes, 1976, p. 625. 48 Medin, 1982, pp. 112-113. Portes Gil aseguró que “el general Amaro y otros distinguidos jefes militares se oponían a la salida del jefe del Ejecutivo”. Véase su testimonio en Portes, 1976, p. 624. 49 Díaz Babío, 1939, p. 275. 50 Ibidem, 1939, pp. 276-278, y Medin, 1982, pp. 113-114. 51 Como asevera Portes Gil: “La situación del país era inquietante. Se decía, lo cual era cierto, que el general Calles y sus amigos trataban de obligar al Presidente a presentar su renuncia”. Portes, 1976, p. 624. 52 Díaz Babío, 1939, p. 276. 53 Gaxiola, 1938, pp. 37-38 y 42. 54 El testimonio de Portes Gil en Portes, 1976, pp. 625-626. 55 Medin, 1982, p. 115. 56 Cárdenas, Lázaro, 1972, t. I, p. 204. 57 Portes, 1976, p. 626. 58 Cárdenas, Lázaro, 1972, t. I, p. 188. 59 Medin, 1982, p. 115; Meyer, Lorenzo, 1978, p. 156; y Díaz Babío, 1939, pp. 282-284. 60 Ortiz Rubio, 1981, p. 238, recordaría que: “en vista de todo lo anterior me convencí de que, o acudía a la violencia para imponer mi autoridad, o renunciaba; a pesar del apoyo militar que tenía, resolví lo segundo, porque dados los elementos con que contaba el enemigo tendría que ofrecer seria resistencia y se podía provocar una nueva guerra civil”. 61 “En cierta forma, el ingeniero Ortiz Rubio encarnó la reivindicación del proyecto civilista contra el que se levantó el movimiento de Agua Prieta, pero consumado con éxito, esta vez fortaleció a su artífice. La imagen de don Pascual era similar a la del ingeniero Bonillas, desconocida, aunque eficiente en la diplomacia internacional”. Véase este planteamiento en Quirós, 1992, p. 126. 62 Para Alberto J. Pani, lo sucedido en el Congreso confirmaba el “continuismo del Nuevo Régimen: además de las Comisiones prescritas por el Reglamento del Congreso para participar al Ing. Ortiz Rubio la aceptación de su renuncia, al Gral. Rodríguez su nombramiento y al Poder Judicial la sucesión de Presidentes, con las mismas formalidades e igualmente integrada por Diputados y Senadores fue designada otra Comisión, extra-Reglamento y —cabría agregar—como muestra de la subordinación del Poder Legislativo a la Autoridad Suprema, para hacer también esa participación al ex Presidente Calles y darle así el respetuoso aviso de que sus órdenes habían sido fielmente acatadas”. Pani, 1945, pp. 445 y 448. 63 “Más aún, estoy cierto de que México necesita de que al frente del Poder Ejecutivo haya un Presidente y, precisamente, porque consideré insostenible la situación de un Pascual Ortiz Rubio, que no sabía mandar ni respetar lo que otros a falta de él mandaban, puse todo el peso de mi opinión al servicio del movimiento político que culminó en la renuncia de [éste] los primeros días de septiembre de 1932”. Carta de Alberto J. Pani al presidente Rodríguez, México, D. F., septiembre 28 de 1933, en Calles, 1991, pp. 299-300. 64 Pani, 1945, p. 446.

LÁZARO CÁRDENAS

ALAN KNIGHT St. Antony’s College, Universidad de Oxford

* EXTENSAS biografías de los grandes y los buenos —o, en algunos casos, de los locos y los malos— acaparan la lista de los bestseller de la no-ficción. Sin embargo, en el ámbito de la historia “académica” —y, más aún, en el de las ciencias sociales “académicas”—, la biografía está en oferta. En la historia latinoamericana, las perspectivas socioeconómicas locales y regionales prevalecientes en las décadas de 1970 y 1980 cedieron a (¿nuevos?) acercamientos “culturales” y subalternos, de tal manera que las biografías que (con toda razón) cosechan elogios son aquellas que cuentan historias de mujeres pobres más que de hombres ricos.1 O, si acaso tratan de hombres ricos, lo más probable es que éstos sean iconos de la cultura popular y no protagonistas de la élite política: Cantinflas más que Calles o Cárdenas.2 Significativamente, las dos mejores y más extensas biografías de líderes de la Revolución mexicana son sobre Zapata y Villa, los grandes caudillos populares.3 Los caudillos menos populares (como Cedillo) también reciben atención.4 En cambio, los presidentes del periodo posterior a 1920 carecen de biógrafos académicos recientes, y lo mismo sucede con otras figuras nacionales como el gran trío de paladines obreros: Luis Morones, Vicente Lombardo Toledano y Fidel Velázquez.5 Es cierto que Enrique Krauze realizó una serie de útiles biografías políticas que fueron incorporadas a un accesible volumen de historia política. Pero hay que recordar que Krauze fue criticado con dureza precisamente por perpetuar una historiografía obsoleta, la llamada “historia de bronce”.6 Este rechazo de la biografía resulta un tanto extraño, dadas las enormes omisiones que subsisten (como la del citado trío obrero), las abundantes fuentes disponibles y, sobre todo, la obvia importancia de líderes que son clave en la historia política mexicana. Aunque en el viejo debate entre los “grandes hombres” y las “fuerzas generales”,7 me inclino firmemente por lo segundo, no se puede negar que algunos individuos clave también son importantes, y que las decisiones fundamentales que ellos toman alteran el curso de la historia.8 Díaz se equivocó durante la sucesión política de 1910, como también lo hizo Carranza —con fatales consecuencias— en 1920. Bernardo Reyes se arrepintió de contender con Díaz en 1909, mientras que en 1912-1913 lo hizo frente a Madero sólo para morir bajo una lluvia de balas en el Zócalo. De este modo, abrió la puerta a Huerta, quien se las arregló para reavivar y radicalizar la revolución que, en realidad, deseaba extinguir. Los años de reconstrucción y formación del Estado que siguieron a 1920 también se vieron afectados en gran medida por las contrastantes personalidades de los tres grandes presidentes revolucionarios —Obregón, Calles y Cárdenas— y por vicisitudes individuales, particularmente el asesinato de Obregón, en 1928. Desde el principio, los poderes de la presidencia tendieron a crecer, hasta culminar en el hipertrófico poder ejecutivo de la posguerra.9 Así, un enfoque sobre los “grandes hombres” de la historia moderna mexicana no significa una rendición ante el capricho obsoleto, sino un reconocimiento realista de que los individuos clave son importantes y merecen un análisis objetivo. No se trata de una repetición de la autocomplaciente “historia de bronce” —sin la cual estamos mejor—, pero sí de examinar “la vida y los tiempos” de los individuos —en este caso de los presidentes— que desempeñaron papeles decisivos en la gestación, el desarrollo y el resultado de la Revolución.10 Hago énfasis en “la vida y los tiempos” —el tradicional pero práctico subtítulo de la reciente obra magna de Katz— porque es claramente imposible separar a los individuos de su contexto histórico. Mudos y desconocidos,11 muchos Pancho Villa vivieron y murieron en el

olvido antes de que Doroteo Arango apareciera justo en el momento en que los regímenes de Díaz y Terrazas comenzaban a derrumbarse. Sin la Revolución, Calles hubiera seguido siendo un bebedor empedernido en Sonora; Cárdenas, un hermano diligente y un oficinista de un pueblo michoacano. Es una de las características de las revoluciones (sociales) provocar una intensa movilidad tanto social como espacial (“en el torbellino de la Revolución —diría un estadunidense— afloran las heces”).12 Por tanto, el problema del biógrafo —confrontado hábilmente por Womack y Katz— es entretejer “la vida” y “los tiempos”. En una época en que la “agencia subalterna” a menudo se destaca —¿a veces excesivamente?—,13 sería absurdo negar a los presidentes una “agencia” sustancial. Por otro lado, hasta los presidentes —incluso aquellos que llegaron a Los Pinos durante la época dorada de la hegemonía del PRI— enfrentaron restricciones y presiones (así como oportunidades). De hecho, creo que se las vieron con más restricciones y presiones que las que se suelen reconocer.14 Esto presenta, empero, cierto problema para el biógrafo de pequeña escala, pues mientras un libro sustancioso —como el de Katz— puede abordar tanto la vida como los tiempos, un solo capítulo sobre una figura relevante como Cárdenas no logra el alcance o el detalle adecuado. Sencillamente hay demasiado que saber de la presidencia de Cárdenas como para realizar una breve síntesis de sus “tiempos” que no corra el riesgo de semejarse a un libro de texto por su superficialidad y familiaridad.15 Por tal razón, en este breve ensayo, doy por sentada buena parte de “los tiempos” para concentrarme en “la vida”: es decir, intento evaluar el carácter y la carrera política de Cárdenas, ubicándolos en el contexto de la revolución armada, de la consolidación del régimen en la década de 1920 y —en opinión de algunos— de la culminación de la Revolución durante su presidencia (1934-1940).16 Hay un problema secundario que confronta todo biógrafo de Cárdenas (el de pequeña escala y cualquier otro): el carácter discreto, incluso reservado, del sujeto. Es verdad que Cárdenas dejó publicadas algunas útiles memorias,17 pero éstas no permiten una exploración confiable de sus pensamientos íntimos, su personalidad o su “psique”.18 Su mote —La Esfinge de Jiquilpan— quizá resulte un tanto histriónico pero, de acuerdo con gente informada, es congruente. A un perceptivo diplomático británico Cárdenas le pareció “curiosamente enigmático”.19 La esposa de Cárdenas, Amalia Solórzano, recuerda que él practicaba un férreo autocontrol que ocultaba sus sentimientos íntimos, y ni la ansiedad ni la euforia afectaban su estoico exterior.20 Por tanto, comparado con sus dos grandes contrapartes revolucionarios, Obregón y Calles, Cárdenas da la impresión de ser un hombre íntegro, sin complicaciones, dueño, incluso, de adustos ideales, relativamente confiado, sin duda poco afecto a dejarse afligir por los problemas personales. Carecía de la aguda inteligencia de Obregón, su ingenio cruel, su memoria eidética y (si le creemos a Krauze) su compulsivo “deseo de muerte”.21 Tampoco compartió la afición por el alcohol de Calles, ni su temperamento violento o su cultivado entendimiento de los asuntos económicos e internacionales.22 Cárdenas, por tanto, fue fácilmente subestimado.23 Pero, como espero explicar, dejó ver cualidades personales que hicieron de él un político y presidente formidable, un sobreviviente natural y el pionero de la relación “populista” con el pueblo —al menos con parte de él— que muchos presidentes han anhelado, pero pocos han logrado. Es por ello que algunas veces se ha afirmado que Cárdenas es el presidente de México

más “venerado” del siglo XX.24 A finales de la década de 1980, los periodistas extranjeros que buscaban una frase para caracterizar a Cuauhtémoc Cárdenas se referían a él como “el hijo del presidente más venerado de México”, o palabras que tenían la misma intención. Más significativamente, los políticos y escritores mexicanos han recurrido a superlativos zalameros. Según Manuel Ávila Camacho —quien, es justo reconocer, debía a Cárdenas su lugar en la historia—, “mi general Cárdenas es la gran reserva humana con que cuenta México. No sólo su obra, no sólo su experiencia, sino su pensamiento tan acendradamente mexicano, son la mejor garantía con que podíamos contar”.25 O, según Roberto Blanco Moheno, un serio, si bien popular, historiador del México moderno: “Si don Lázaro se pincha un dedo, de ese dedo no sale sangre, ¡sale México!”26 Este mito —de reverencia, consenso y condición de icono nacional— crea una falsa impresión. Si bien es cierto que el “mito” de la Revolución mexicana ha implicado la consagración de todos los presidentes en el panteón revolucionario, destacando su causa común y sus trabajos acumulativos, esto no es más que mito y, como tal, sólo es parcialmente exitoso. Como presidente, Cárdenas fue venerado o respetado por muchos, pero también detestado y ridiculizado por otros tantos: la derecha, buena parte de la clase media urbana, la burguesía de Monterrey y —el grupo más grande— los católicos políticos (es decir, personas cuya afiliación política estaba determinada por su catolicismo).27 Su “mitificación” a partir de 1940 ha sido, en el mejor de los casos, parcial: ha habido suficiente polémica dirigida contra sus logros presidenciales y su continua actuación política.28 Y resulta interesante hacer notar, desde luego, que desempeñó un importante, aunque discreto, papel político hasta su muerte, 30 años después de dejar Los Pinos: una marca de influencia pospresidencial que pocos ex presidentes han logrado, aunque muchos lo han intentado.29 Por tanto, si Cárdenas fue un “populista”, no lo fue en el sentido peyorativo de ofrecer todo a todos los hombres (¿y mujeres?), proyectando un atractivo anodino, retórico y multiclasista. Al contrario, a su presidencia la marcó una acentuada polarización política, una reforma radical y una enérgica oposición.30 Y como ex presidente también despertó fuertes sentimientos, ya a favor, ya en contra. Si vinculamos la vida con los tiempos, podemos ver cómo Cárdenas fue fruto de un México provinciano y pequeñoburgués que en su adolescencia fue arrastrado a la Revolución y que después escaló rápidamente en las filas del ejército revolucionario y del establishment político, alcanzando la presidencia a la temprana edad de 39 años; en plena juventud, según parecía.31 Provenía de Jiquilpan, un pueblo pequeño al noroeste de Michoacán,32 un estado agrario en el centro-oeste del país, donde la Iglesia era fuerte, donde la cultura y las comunidades indígenas (tarascas) eran influyentes y donde la Revolución no era ajena (comparada con Yucatán, por ejemplo) ni vigorosamente local (comparada con Chihuahua). A diferencia de sus dos grandes predecesores sonorenses, Obregón y Calles, Lázaro Cárdenas surgió de un ambiente donde las prácticas y las tradiciones indígenas estaban extendidas y eran dignas de respeto; donde los conflictos agrarios eran familiares (aunque no tan dominantes como en Morelos, por ejemplo); donde la Iglesia —remontándose hasta la ilustre memoria de Vasco de Quiroga— era popular e incluso progresista en algunos lugares; y donde Estados Unidos aún era una especie de distante enigma. De modo que si bien Cárdenas no era indígena, ni campesino, ni xenófobo, sí estuvo expuesto a influencias que, en cambio, le

estuvieron negadas a Obregón y Calles. Él tuvo trato con los indígenas, ayudó a su abuelo a cultivar su écuaro de dos hectáreas, y se familiarizó con el poder y los abusos de la clase terrateniente (la famosa Hacienda de Guaracha estaba a pie de su casa).33 Durante la Revolución pronto se unió a líderes agrarios locales como Ernesto Prado y José Trinidad Regalado.34 Repudió a la Iglesia (incluso después de haberse casado en el seno de una familia católica: compárese con el gurrumino regreso a Roma de Porfirio Díaz), pero se había codeado con curas en Michoacán y no propugnó un anticlericalismo dogmático.35 En cuanto a Estados Unidos, la primera vez que cruzó la frontera fue mientras hacía campaña en Sonora, en 1915, pero fue prontamente arrestado.36 Nunca forjó vínculos comerciales con aquel país, como hizo Obregón, y uno sospecha que de haber tenido que soportar el exilio, como Calles, no hubiera elegido el sur de California. Pero estaba contento de que su hijo estudiara en Estados Unidos.37 Por lo tanto, no sorprende que Cárdenas, a diferencia de sus predecesores sonorenses, se mostrara favorable a formas colectivas de la tenencia de la tierra (el ejido), fuera defensor del indigenismo, buscara una distensión con la Iglesia (bajo los términos de la Constitución) y, en sus relaciones con el gobierno estadunidense, adoptara severas posturas nacionalistas, siendo el más claro ejemplo la expropiación petrolera de marzo de 1938.38 La familia de Cárdenas era de un modesto origen pequeñoburgués. Aunque dejó la escuela a los 14 años (en 1909), lo hizo tras aprender muy bien a leer y escribir; y con el tiempo adquirió una elegante escritura cursiva, que le resultaría muy útil en sus trabajos de oficina.39 Pero su padre—un esforzado tendero y gerente de una sala de billar— murió cuando Lázaro tenía tan sólo 16 años, dejando a una viuda empobrecida y a ocho niños, de los cuales Lázaro era el mayor. No es, creo, psicología barata ver en la precoz lucha del joven Lázaro por mantener a su familia, el preámbulo de su posterior paternalismo político: su disposición a asumir responsabilidades, a hacer las veces de paterfamilias, a conceder gratificaciones y protección a cambio de una lealtad casi filial.40 Entretanto, y aparte de cualquier estereotipo basado en su posición familiar (sibling order), el joven Lázaro también parece haber abrigado sueños de futura grandeza. Fantaseaba con tener ante sí algún gran destino patriótico: “Creo que para algo nací. Algo he de ser. Vivo siempre con la idea fija de que he de conquistar fama”.41 ¿Pero cómo? No con la pluma, sino como “libertador de la patria”: “Una noche borrascosa soñaba que andaba por montañas, con una numerosa tropa, libertando a la patria del yugo que la oprimía”. Más tarde, quizá al pensarlo mejor, tachó esa confesión de adolescente fervor nacionalista. Su ensueño patriótico estaba, sin duda, permeado en parte por la ideología liberalnacionalista que le infundió su educación, como ocurrió con tantos otros jóvenes de la generación revolucionaria. Su maestro, Hilario de Jesús Fajardo, le llenó la cabeza con historias de la patriótica resistencia liberal contra los franceses. Su abuelo, al que ayudaba a cultivar, era un veterano del Regimiento de Lanceros de Jalisco que combatió a los franceses en la década de 1860. Y su tía paterna, Ángela, quien ejerció cierto papel maternal en la familia, celebraba que el joven Lázaro leyera una biografía de Juárez: “ese indito —le decía — es de los nuestros”.42 Como presidente, se decía, Cárdenas tomó a Juárez como su inspiración histórica y el modelo que debería seguir.43 Fueran ciertas o no tales especulaciones, no hay duda de que en la vida de Cárdenas se inculcó desde muy temprano una lealtad incondicional a la patria que más tarde sería la piedra de toque de su conducta

política: como general revolucionario, presidente, ministro de guerra, estadista patriarca del PRI y defensor de movimientos de liberación nacional tanto en Asia como en América Latina. Si Michoacán fue la fuente geocultural de las ideas de Cárdenas, su experiencia en la Revolución resultó decisiva para terminar de dar forma a sus ideas, mientras iniciaba su rápido ascenso entre las filas militares.44 Al cumplir 18 años de edad decidió enlistarse con los rebeldes; era un momento en que la Revolución en Michoacán —que nunca se distinguió por su dinamismo— se había estancado. Era, pues, una empresa peligrosa y los riesgos pronto se hicieron evidentes. Las primeras hazañas revolucionarias de Cárdenas consistían más que en “[andar] por montañas, con una numerosa tropa, libertando a la patria del yugo que la oprimía”, en evadir el arresto, esconderse en casas de amigos y buscar unirse a los rebeldes locales en apuros. Tres rasgos de este noviciado revolucionario son dignos de destacar. Primero, Cárdenas estuvo cerca de ser capturado o algo peor en más de una ocasión. Al parecer fue valiente, intrépido y afortunado (siendo esto último, como señaló Napoleón, un atributo importante de los aspirantes a general).45 Segundo, recibió ayuda de una red de amigos, parientes y camaradas, esparcida a lo largo y ancho de Michoacán.46 Ahí, como en cualquier otra parte, la Revolución se entretejió con hilos familiares y clientelares, así como de clase, etnia e ideología. Por un lado, esto era un hecho de la vida sociopolítica; pero también fue, creo, una inestimable experiencia de aprendizaje para Lázaro. Pudo ver lo valiosas que eran las redes extensas de aliados y camaradas, basadas en lazos de familia, viejas deudas y reciprocidad de favores. Más tarde, al fungir como comandante militar, gobernador del estado, candidato presidencial, presidente y jefe de las comisiones del Tepalcatepec y del Balsas, nuevamente tejió redes de clientelismo basadas en favores, protección y lazos personales.47 Esto no era necesariamente corrupción: para los estándares de su tiempo y espacio, Cárdenas fue excepcionalmente honrado; desdeñó los sobornos de las compañías petroleras y sólo adquirió propiedades modestas.48 Incluso, a finales de 1930, al salir de Michoacán para asumir la comandancia militar en Puebla, tuvo que vender dos caballos para cubrir los costos del viaje.49 Veinticinco años después, un observador bien informado —que no era amigo suyo — admitió que “lo que puede decirse de Cárdenas es que no utilizó sus cargos para hacer una fortuna”.50 Pero si bien no obtuvo ganancias económicas de su carrera política, Cárdenas sí desarrolló un estilo “caciquil” —paternalista, personalista y discrecional— que era bien visto por el México provinciano y que, al complementar una más amplia oferta ideológica (nacionalista, agraria, laborista), le permitió construir formidables alianzas políticas, primero en Michoacán y más tarde en todo México. En tercer lugar, Cárdenas se convirtió en soldado (1913). Al igual que decenas de miles de jóvenes —y algunos ya no tanto, e incluso muchas mujeres—, Cárdenas entró al ejército. Pero no se unió al creciente ejército federal de Huerta obligado por la leva y tampoco se unió a los rebeldes a falta de algo mejor, ya fuera porque necesitara el sueldo, o porque su pueblo hubiera sido saqueado por los federales, o porque quisiera huir de una suegra fastidiosa. Al contrario, tres meses después de cumplir 18 años buscó al comandante de los rebeldes, Guillermo García Aragón, para ofrecerse como entusiasta voluntario. Quizá en parte lo movían sus sueños adolescentes de gloria y su conocimiento de la historia local de los guerrilleros liberales de la década de 1860; la comisión que recibió se le dio no por su

experiencia militar (que era nula), sino por sus habilidades como oficinista.51 La carrera militar de Cárdenas fue de crucial importancia en su ascenso al poder y, yo diría, en su formación política. Más tarde sería conocido entre sus colegas y acólitos como “el general” (así como su hijo Cuauhtémoc sería “el ingeniero”). No obstante, hubo algunas ambivalencias interesantes en la carrera militar de Cárdenas. Fue un soldado valiente, pero no brillante.52 Físicamente robusto, se mantenía en forma y podía resistir los rigores de la vida en campaña. Varias veces estuvo a punto de ser herido, y durante la rebelión delahuertista de 1923-1924 sufrió una grave lesión, todo lo cual tomó con su estoicismo característico.53 Su habilidad táctica, sin embargo, era cuestionable. Obregón, quien veía como un juego de ajedrez el combate (y a él mismo como un gran maestro), consideraba que Cárdenas era “cumplido pero incompetente”.54 A diferencia de muchos oficiales, Cárdenas no veía el ejército como una fuente de chanchullos o como un medio de ascenso al servicio de sus intereses personales. Para él, un joven que había dejado la escuela a los 14 años y que nunca había asistido a la universidad, el ejército era una academia política, donde aprendió aspectos del mundo, más allá de los estrechos límites de Jiquilpan. A través del ejército revolucionario, Cárdenas trabó relaciones clave con políticos prominentes, sobre todo con Calles —“mi general”—, a cuyas órdenes estuvo en sus primeras campañas importantes en Sonora (1915), donde fue promovido a teniente coronel a la temprana edad de 20 años. Por casi dos décadas, Calles hizo las veces de mentor y patrón de Lázaro que, con su característico respeto por la autoridad, le mostraba lealtad y deferencia.55 Al mismo tiempo, al prosperar en su carrera, Cárdenas cultivó a sus propios protegidos: cuidaba de sus tropas, mantenía contacto con los veteranos, les concedía favores y brindaba protección. Aunque evitaba algunos de los vicios característicos del ejército —no bebía, no hacía triquiñuelas, no apostaba ni usaba un lenguaje irreverente–, al parecer logró hacer buenas migas con sus colegas.56 Hacia la década de 1930, al aparecer en el escenario nacional, era conocido por su popularidad entre los militares, que aún ejercían un poder decisivo en la política mexicana.57 En su toma de posesión (en diciembre de 1934), prodigó elogios al ejército; y, como presidente, aumentó su paga y promovió escuelas (para los hijos de los hombres en servicio).58 En parte, se trataba simplemente de una medida sensata en un momento en que las políticas izquierdistas —sobre todo la propuesta de crear una milicia armada de obreros— molestaban a los oficiales más conservadores.59 La medida, pues, estaba basada en años de experiencia y en la estrecha relación entre Cárdenas y el ejército. De hecho, en contraste con las violentas fuerzas centrífugas del ejército (evidentes en las constantes revueltas y represiones de la década de 1920), deberíamos reconocer una fuerza centrípeta más discreta, una especie de atracción gravitacional basada en el orgullo militar y el compañerismo, que ayudó a que la (selecta) generación de oficiales de la década de 1930 se mantuviera unida. A pesar de su distanciamiento ideológico, Cedillo y Cárdenas alimentaron un permanente respeto mutuo; y el sucesor de Cedillo como cacique de San Luis, Gonzalo N. Santos —y polo opuesto de Cárdenas en personalidad y manera de gobernar— fue un gran amigo, admirador y aliado de éste.60 Los años de Cárdenas en el ejército también contribuyeron, sin duda, a reforzar su don de mando: su pronta asunción de responsabilidad, su preferencia por la acción sobre la palabrería, su respeto por la autoridad constituida.61 Su comportamiento en público era

modesto, sobrio, incluso lacónico. Le disgustaba la lisonjería.62 No caía en arrebatos de retórica: “Cárdenas será un presidente gris”, auguró el notable intelectual revolucionario Luis Cabrera, al escuchar el discurso de su toma de posesión.63 Cárdenas, por su parte, criticaba a los intelectuales farragosos. No creía que la pluma fuera más poderosa que la espada.64 Incluso como estadista y patriarca solía mostrarse reacio a la retórica, más contento de atender problemas concretos que solemnes abstracciones.65 Poco hay en el programa y la política de Cárdenas que sea genuinamente “utópico”.66 Dicho esto, Cárdenas estaba lejos de ser un tirano militar gris y falto de imaginación (compárese con Victoriano Huerta, un muy distinto fruto de la formación militar). La “psicología de la incompetencia militar” —la tendencia a asumir que la fuerza bruta puede resolver problemas complejos—67 estaba desterrada de la manera eminentemente astuta, práctica y sutil que tenía Cárdenas de hacer las cosas. No era él un pensador abstracto, pero, sin duda, sí era un operador inteligente, capaz de argucia y de acciones contundentes, e incluso implacables. Triunfó por encima de Calles, su antiguo mentor, y de aliados convertidos en enemigos: Cedillo, Amaro y Almazán. Con la ayuda de Beteta, leía la mente oficial de Estados Unidos y jugaba sutilmente con las sensibilidades del embajador Daniels. “Los cardenistas profesionales pintan a Cárdenas como un San Francisco de Asís —apuntó ese defensor por antonomasia de la realpolitik que fue Gonzalo N. Santos—, pero eso es lo que menos tenía; no he conocido político que sepa disimular sus intenciones y sentimientos como el general Lázaro Cárdenas y lo digo yo, que no soy precisamente un novato.”68 Pienso que lo anterior lo podemos atribuir, en parte, al hecho de que el ejército revolucionario —desde sus orígenes insurgentes, pasando por su lucha por el poder hasta su consolidación final— era una entidad inestable, heterogénea, que aprendió “en la práctica”, y en la que debían demostrarse habilidades políticas y militares. Cárdenas fue mucho más militar que Calles (en ello se pareció a Obregón, pero sin el brillante talento táctico de éste); pero en el México revolucionario los militares también eran políticos, populistas y constructores del Estado. Es más, la lucha darwiniana librada entre la superpoblada clase militar de la década de 1920 significaba que los sobrevivientes que se mantuvieron en el poder en la década siguiente fueron por lo común una banda de astutos (Almazán sería un ejemplo clásico). En contraste con algunos de ellos, sin embargo, Cárdenas era sin duda más humano; su implacabilidad era serena, moderada, y nunca fue gratuitamente violenta. Calles, implacable en su lucha con la Iglesia católica, no tuvo reparos en ejecutar a un puñado de generales disidentes en 1927. Amaro, por su parte, cobraba terrible venganza contra quienes se le cruzaban en la política o en asuntos personales. Cárdenas, aunque estaba bien familiarizado con la violencia, prefirió desempeñar el papel de pacificador. Caso raro entre los políticos mexicanos, desdeñaba la balacera y se negaba a portar armas de fuego; como presidente vistió sistemáticamente de civil, e incluso no le gustaba que su hijo jugara con pistolas de juguete.69 Años después tuvo en su estudio un retrato de Mahatma Gandhi que le encargó a José Clemente Orozco.70 En términos de política, Cárdenas buscó la conciliación con la Iglesia (bajo los preceptos de la Constitución, desde luego); usó la reforma agraria para hacer la paz con cierto éxito en La Laguna, e intentó, con menos suerte, mediar entre las facciones sindicales en pugna en la zona textil de Veracruz.71 Cuando lo despertaron en su cama, en abril de 1936, Calles dio por

hecho que sería fusilado, pero, en cambio, fue despachado en avión rumbo a un cómodo exilio en California. A Cedillo se le dio la oportunidad de hacer una decorosa salida del poder, pero él prefirió asumir una postura quijotesca. La vox populi reconocía la aversión de Cárdenas a la violencia: “es un noble general, nunca ha sido sanguinario”.72 No deberíamos, desde luego, idealizar demasiado esas políticas pacificadoras: éstas reflejaban más bien la obstinada determinación de Cárdenas de traer orden y estabilidad al país; en este sentido, dichas políticas servían a los intereses del gobierno central, al cual el presidente había enganchado su propio vagón. El desarme de los agraristas de Tejeda, en Veracruz, puso en entredicho ciertos principios ideológicos: minó uno de los movimientos campesinos más fuertes y radicales en México, y benefició directamente a algunos grupos conservadores y terratenientes.73 Pero también reforzó al gobierno central, acercándolo un poco más al weberiano “monopolio de la violencia legítima”;74 y eliminando, de paso, a un poderoso rival izquierdista en la lucha por la presidencia. De modo que Cárdenas buscó genuinamente la resolución pacífica de los conflictos, pero lo hizo bajo los auspicios de un Estado cada vez más centralizado. Si bien era, por definición, una especie de caudillo, carecía del estatus caudillesco de Obregón y compartía, en cambio, la capacidad de Calles para construir un Estado civil, un proceso que involucraba necesariamente la reducción y subordinación del ejército. Si Obregón fue el caudillo clásico (exitoso) de la Revolución, y Calles el gran cacique, Cárdenas fue un joven caudillo que se convirtió pronto en cacique-paterfamilias del nuevo partido y del nuevo sistema político. El ejército confirió un último inestimable beneficio a la estrella naciente. Durante su vertiginoso ascenso en las filas del ejército —teniente coronel a los 20 años, general de brigada a los 29, general de división a los 33—, Cárdenas recorrió el país sin cesar. Como revolucionario principiante, prestó servicio en Michoacán, el Valle de México y posteriormente en Sonora (donde conoció a Calles). Más tarde tuvo mandos militares en la Huasteca (donde constató directamente los abusos y la corrupción de las compañías petroleras), en el Istmo (una región por la que sentía especial estimación y donde forjaría alianzas duraderas), y, más brevemente, en Puebla.75 Estos viajes de trabajo le dieron un conocimiento de primera mano de los “muchos Méxicos”, lo enteraron de sus numerosos problemas y le permitieron consolidar relaciones y lealtades valiosas. Como gobernador de Michoacán, conocía personalmente los lugares y las personas: “Llegaba y decía: ‘Oiga don Cenobio, ¿cómo va el negocio, cómo le va?’ En fin, en cada pueblo conocía a la gente por su nombre”.76 Como es bien sabido, Cárdenas mantuvo este estilo de vida itinerante como candidato a la presidencia primero —viajó más de 27 600 kilómetros en 1934— y después como presidente, pasando 18 meses de sus seis años en gira. Sus críticos censuraban sus hábitos andariegos, su supuesto descuido de los grandes asuntos de Estado en favor de los problemas mundanos de campesinos desconocidos (“peladitos” e indios). Pero él les recordaba que fueron precisamente esos “peladitos” los que hicieron la Revolución.77 Sus colegas, principalmente los de tipo citadino, de modales refinados y vestir elegante, se estremecían ante la idea de tener que soportar caminos lodosos, a lomo de mula; días polvorientos en pueblos lejanos, vadeando —e incluso cruzando a nado— los ríos crecidos. Y —con al menos una notable excepción— el cuerpo diplomático temía las excursiones por provincia a bordo del Tren Olivo en el que, de acuerdo con las costumbres puritanas de

Cárdenas, el alcohol estaba prohibido.78 Pero lo que parecía ser un perverso populismo era, una vez más, una política sensata. Dejando de lado los asuntos de moralidad y compromiso, el estilo itinerante de Cárdenas llevó a los pobladores del interior del país el poder y la eficacia de la presidencia y, por tanto, del Estado. Fue el primer presidente en poner un pie en Chiapas; sus visitas a los pueblos pequeños alentaron la noción de una pertenencia nacional.79 En pocas palabras, Cárdenas fue un fruto clásico de ese periodo de la historia política mexicana, cuando el ejército revolucionario —no obstante la “domesticación gradual” que experimentaba— dominaba la política; cuando el Ministerio de Guerra era la antesala a la presidencia (después sería Gobernación, y más tarde aún, Hacienda); y cuando la élite gobernante la constituían hombres (relativamente) jóvenes que, por lo general, carecían de alta alcurnia o de educación avanzada, pero habían tenido por escuela a la movediza, violenta, darwiniana —y, por tanto, descaradamente “meritocrática”— experiencia de la Revolución. A finales de la década de 1920, Cárdenas cambió las comandancias militares por las oficinas políticas: gobernador de Michoacán (1928-1932), presidente del incipiente Partido Nacional Revolucionario (PNR) (1930-1931), ministro de Gobernación (1931) y de Guerra (1933). En Michoacán abrió camino a algunas de las políticas que más tarde implantaría a nivel nacional (de ahí que su descripción del Tabasco de Garrido Canabal como “el laboratorio de la Revolución” también pudiera aplicarse a su propio estado natal). Respaldó la reforma agraria, el anticlericalismo moderado, la educación, la legislación laboral y, sobre todo, la movilización de obreros y campesinos en una nueva organización de masas, la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo (CRMDT).80 Se trataba de una progresista, pero no sin precedentes, forma de hacer política: en muchos sentidos, Cárdenas emuló a Tejeda.81 La política progresista se confabuló con las alianzas personales, a medida que Cárdenas forjaba estrechos lazos con temibles aliados populares como Ernesto Prado y los “maquiavélicos” caciques agraristas de Naranja.82 Quizá deberíamos destacar dos aspectos poco atendidos del breve periodo como gobernador de Cárdenas. Primero, sus esfuerzos como moderador y pacificador anticipaban su posterior política presidencial: buscó —creo que sinceramente— representar y beneficiar a obreros y campesinos, pero también quiso crear una organización disciplinada que trajera orden y estabilidad a la caótica política estatal. Bajo el gobierno de Cárdenas, Michoacán experimentó una política más radical, aunque también menos pluralista.83 Segundo, su base michoacana nunca estuvo segura. Michoacán no había sido nunca un estado revolucionario como Morelos: la clase urbana trabajadora era reducida; el agrarismo sólo controlaba áreas aisladas del territorio; la Iglesia era fuerte; los cristeros habían dominado buena parte del estado; en muchos lugares aún preponderaba una implacable clase terrateniente; y ciudades como Morelia y Zamora tenían una composición política clerical-católica. Aun cuando Cárdenas, como gobernador, inclinara la balanza a favor de las fuerzas progresistas y populares, fue una especie de lucha cuesta arriba, como bien lo supo, una década antes, Francisco Múgica, su gran amigo y aliado. Al ser Cárdenas despojado del cargo de gobernador, el radicalismo michoacano empezó a debilitarse. La CRMDT perdió terreno y el gobernador siguiente, Benigno Serrato, se dedicó a desmantelar al cardenismo y a crear un régimen más conservador.84 El papel de Cárdenas en el gobierno estatal fue, por lo tanto, relativamente breve, efímero

incluso. Mientras que Tejeda había creado un formidable “bloque obrero-campesino” en Veracruz, Cárdenas labró su carrera principalmente en la política nacional. Accidental o deliberadamente, resultó estar en lo correcto: los estados no eran el trampolín más seguro hacia la presidencia; las conexiones y el padrinazgo nacionales contaban más que las actividades en provincia. Si bien todo ello está claro, el ascenso de Cárdenas a la candidatura presidencial por el PNR, en 1933 —e inevitablemente de ahí a la presidencia, en 1934—, no resulta fácil de explicar. Podemos esbozar el panorama, pero no podemos sondear el proceso de manera adecuada, sobre todo porque la toma de decisiones a nivel nacional en México está rodeada de misterio, indeleble ante una indagación histórica seria. En términos generales, el contexto incluía la intersección de la Revolución institucionalizada y la depresión mundial. Tras el asesinato de Obregón, Calles había prometido, magnánimamente, un régimen de instituciones más que de caudillos. El PNR fue puesto en marcha, pero Calles actuaba como jefe máximo, obstaculizando el poder presidencial y, en consecuencia, bloqueando la institucionalización. En el frente económico, a la desaceleración de 1927 le siguió la recesión de 1930. El PNR se dividió más o menos entre quienes buscaban una radicalización política — mayor intervención del Estado, un compromiso renovado con el agrarismo, beneficios laborales que impulsaran el mercado nacional— y aquellos que optaban por ideas más conservadoras: disciplina fiscal, despidos y poner fin a la dispendiosa reforma agraria. Esta división más o menos económica coincidía, sin embargo, con una divergencia político-cultural entre quienes profesaban un anticlericalismo radical y los que buscaban minimizar el tema de la Iglesia. Esquemáticamente, podríamos hablar de un radicalismo cultural, tipificado por el anticlericalismo, y un radicalismo socioeconómico, ejemplificado por la reforma agraria.85 Éstos se traslapaban en algunos casos: Tejeda y Múgica eran radicales en ambos aspectos, mientras que Cedillo se mostraba conservador respecto a ambos; pero Garrido Canabal y los Calles (Plutarco, el padre, y Rodolfo, el hijo) fueron más radicales en el ámbito cultural que en el socioeconómico, en tanto que con Cárdenas ocurría justo lo contrario. Y, como de costumbre, las consideraciones personales y profesionales se entretejían con las preferencias ideológicas. La autoridad de Calles seguía siendo suprema: sin embargo, bajo la presidencia de Abelardo Rodríguez hubo señales de una mayor independencia presidencial y de un viraje moderado hacia la izquierda.86 Mientras tanto, los gobiernos estatales siguieron políticas divergentes: el Veracruz de Tejeda experimentó el radicalismo en ambos frentes; Garrido en Tabasco, Grajales en Chiapas y Rodolfo Elías Calles en Sonora fueron radicalmente anticlericales, pero respetuosos de los derechos de propiedad; en San Luis Potosí —y en Michoacán bajo Serrato— las tendencias se inclinaron hacia la derecha. La elección de Cárdenas como candidato del PNR se dio sorpresivamente. Manuel Pérez Treviño y Carlos Riva Palacio eran candidatos de más edad, con más experiencia.87 Calles había promovido y favorecido a Cárdenas a lo largo de los años y, sin duda, consideraba a su protegido —siendo éste joven, maleable y solícito— como una opción segura, pero no parece que Calles lo haya elegido unilateralmente.88 Hay evidencia de que hubo presión por parte del propio PNR y del ejército, sobre todo de generales que, o bien favorecían un viraje hacia la izquierda en principio, o bien veían a Cárdenas como un personaje más independiente y, por tanto —comparándolo con su acomodaticio paisano y predecesor Pascual Ortiz Rubio—, con mayores probabilidades de hacerle frente al soberbio Jefe Máximo. Cualquiera que haya sido

la motivación de Calles, Cárdenas fue seleccionado y, de forma un tanto inesperada, el candidato comenzó a recorrer las zonas rurales del país en una maratónica campaña presidencial. De este modo renovó sus viejos contactos e hizo otros nuevos; profundizó su conocimiento de los problemas de la nación; y creó expectativas, especialmente entre los grupos populares.89 El resto, como se dice, es historia. El sexenio de Cárdenas fue notable por sus políticas izquierdistas: la rápida expansión de la reforma agraria (con el ejido colectivo desempeñando un novel e importante papel); la difusión de la educación rural, ahora con una inclinación formalmente “socialista”; la creación de grandes sindicatos industriales, contratos colectivos y numerosas cooperativas; la nacionalización de los ferrocarriles y de la industria del petróleo; la reorganización y el renombramiento del partido oficial; la puesta en marcha de una política exterior progresista, que incluía la oposición al fascismo y el apoyo a la República española. La predicción de Cabrera demostró ser errónea: el Cárdenas “gris” resultó ser un presidente “rojo”.90 Si ésos fueron los “tiempos”, ¿qué hay de la “vida” presidencial que los acompañó? ¿Fueron sus políticas, de manera demostrable, el producto del carácter y la experiencia previa de Cárdenas? En cierto sentido, la respuesta es claramente afirmativa. Desde la década de 1920, el poder del ejecutivo había crecido. Se eliminó la reelección legislativa debilitando aún más al Congreso frente al ejecutivo. La formación del PNR benefició al gobierno central más que a los estados, y, una vez más, al ejecutivo más que a los legisladores. Desde luego, la aberración del maximato había puesto en duda el poder presidencial, pero no condujo al fortalecimiento del Congreso. Una vez que Cárdenas hubo afirmado su autoridad —lo cual ocurrió a más tardar en abril de 1936—, la presidencia quedó establecida, de manera inequívoca, como la piedra de toque del sistema político posrevolucionario. A su vez, el gabinete sólo sesionaba esporádicamente; al parecer, las decisiones eran tomadas por pequeñas camarillas en las cuales Cárdenas tenía la última palabra.91 En ellas destacaban ciertas figuras: Francisco Múgica, el ideólogo y redactor de discursos favorito de Cárdenas, y Ramón Beteta, quien desempeñó un papel fundamental en la política exterior, especialmente respecto de las relaciones con Estados Unidos.92 De otros se decía —erróneamente— que ejercían un poder desmesurado: por ejemplo, Vicente Lombardo Toledano, el líder de la nueva y creciente CTM. En realidad, Lombardo quedó atrapado entre un presidente más bien distante y una pujante maquinaria sindical que poco después habría de arrojarlo al limbo. Lombardo aparecía en los titulares de los diarios, pero ni remotamente controlaba la política nacional.93 Una fuente de poder más seria la constituían los gobernadores de los estados y sus respectivas clientelas políticas. Pero su poder era más bien de reacción y defensa: se podían oponer a las iniciativas cardenistas centralistas que les disgustaban —la educación socialista, por ejemplo—; y hay abundante evidencia del obstruccionismo estatal, desde Yucatán hasta Sonora.94 Los gobernadores y sus camarillas fueron particularmente hábiles para protegerse del peligro que representaba la CTM, creando confederaciones laborales propias que hacían las veces de escudo en los estados.95 Pero los gobernadores no estaban unidos y debían hacer frente a otras fuerzas que les hacían contrapeso (la CTM constituía, a menudo, el primer reto a vencer, pero “el centro” también contaba con la CNC, el PNR-PRM, ministerios importantes como la SEP y la Secretaría de

Comunicaciones y Obras Públicas [SECOP], instituciones como el Banco Nacional de Crédito Ejidal, e incluso en programas innovadores como el del indigenismo, de todos los cuales podía echar mano para incrementar el poder federal en los estados). Si bien los gobernadores podían desviar o tergiversar la política nacional, no podían diseñarla ni promulgarla. Y si, como Cedillo, llevaban el obstruccionismo demasiado lejos, de inmediato se tornaban vulnerables. El derrocamiento de Cedillo por parte de Cárdenas en 1938-1939 —y la estoica aceptación que Almazán hizo de su derrota en 1940— mostraban que el gobierno central ya no era inerme a las revueltas armadas, como lo había sido en la década de 1920. Esto reflejaba dos fenómenos cruciales; uno era “estructural”, el otro “contingente”: por un lado, la subordinación y el adelgazamiento que de manera progresiva se efectuaron en el ejército, sumados a las reformas de Amaro; y, por otro, la estrecha relación de Cárdenas con las fuerzas armadas. Si bien el radicalismo cardenista tendió a hacer tensa dicha relación, esto se revertía gracias al solícito interés en mejorar la paga militar, las condiciones de trabajo y el armamento. Esta preocupación se complementaba con la diestra política cardenista de cambiar periódicamente los puestos de mando para prevenir la formación de afianzados feudos militares. El despliegue del poder presidencial se vio afectado por dos tendencias un tanto contradictorias. Por un lado, Cárdenas tenía que emanciparse de la gran sombra del Jefe Máximo. Para empezar, la gente aún entonaba una vieja copla de los tiempos de Ortiz Rubio (“el que vive en esta casa / es el señor presidente, / pero el señor que aquí manda/ vive en la casa de enfrente”).96 Pero Cárdenas no era Ortiz Rubio; de hecho, estaba plenamente consciente de la triste muerte política de dicho ex presidente, y él no era la clase de hombre que marcharía sin chistar hacia esa oscuridad. Si eso pensaba Calles, estaba muy equivocado. Los esfuerzos de Calles por convencer a Cárdenas fracasaron, por lo que recurrió a la confrontación pública.97 Para entonces, sin embargo, el presidente ya había armado una coalición decisiva que le permitió resistir la presión callista y, eventualmente, obligar a Calles a exiliarse (adviértase, nuevamente, que se trató de un desenlace pacífico).98 El proceso de emancipación presidencial adquirió una dinámica propia: ahora Cárdenas tenía deudas políticas que saldar; exiliados como Adolfo de la Huerta y Cándido Aguilar —antiguas víctimas de la exclusión sonorense-callista— podrían volver para dar pelea; mientras que los ex callistas consideraban el exilio, como Calles, o se convertían rápidamente al cardenismo, o bien lamían sus heridas a la espera de un nuevo giro de la rueda política.99 Entre 1935 y 1936, por tanto, tuvo lugar una renovación de la élite política: en parte fue un remplazo de los que estaban “adentro” por los que estaban “afuera”; en parte fue el triunfo de los radicales (sobre todo de los “socioeconómicos”), y en otra parte, fue un cambio generacional al incorporarse líderes más jóvenes y tecnócratas al carro cardenista. Para entonces, sin embargo, ya había transcurrido alrededor de año y medio del sexenio — es decir, un cuarto de la gestión—. Ya consolidada su autoridad, Cárdenas podría concentrar toda su impresionante energía en la reforma. Pero, más pronto de lo esperado, la sombra de la sucesión se dejó ver. Apenas se consumó la expropiación petrolera —el clímax de la administración—, en marzo de 1938, Cárdenas vio menguar su autoridad, en tanto que los posibles sucesores competían por el puesto, y sus propios esfuerzos por frenar las acaloradas ambiciones resultaban insuficientes. Esta trayectoria esencialmente política estuvo reforzada

por pautas económicas.100 Cárdenas heredaba una economía saludable, reactivada. Las políticas keynesianas daban resultado y las reformas sociales —como el reparto ejidal— tendían a estimular la demanda. La industria, aunque no fue la principal prioridad presidencial, se benefició de la creciente demanda y del mejoramiento de las comunicaciones (carreteras). En 1937, sin embargo, la economía se debilitó, debido en parte a los sucesos en Estados Unidos y en parte al incremento del déficit gubernamental. (Los críticos también culpaban a la reforma agraria de trastornar la agricultura y de obligar al alza de precios de los alimentos.) La expropiación petrolera y el consecuente boicot de las compañías afectadas generaron desconfianza y debilitaron el peso. Si bien en 1939 hubo una reactivación, el último año y medio del sexenio fue un periodo de incertidumbre económica y racionalización fiscal. El retroceso de la reforma radical, después de 1938, reflejó no sólo la creciente oposición política, sino también la disminución de los recursos económicos. Por consiguiente, el poder de Cárdenas —su capacidad de definir políticas e influir en los acontecimientos— siguió una especie de parábola: un rápido ascenso en 1935-1936, una nivelación a medio sexenio y un marcado descenso a partir de la primavera de 1938. Podríamos, de paso, comparar las trayectorias de otros presidentes: Ávila Camacho, por ejemplo, siguió un curso bastante recto, un tanto cuesta arriba; los presidentes del siguiente periodo, ya priísta, normalmente empezaban en un punto elevado —disfrutaban de elecciones triunfalistas y prometían puntos de partida nuevos y optimistas— pero a menudo decepcionaban y al final se venían abajo con rapidez (Echeverría y López Portillo, por ejemplo). Salinas tuvo el ascenso más destacado, mientras que Zedillo tuvo que empezar por salir del agujero.101 ¿Y Fox? Un juicio muy preliminar podría ser que caerá pero no de forma tan precipitada. El modelo de la parábola del poder presidencial sugiere ciertas restricciones: la autoridad de Cárdenas no fue constante; empezó tambaleante, creció rápidamente, luego se debilitó. Por otro lado, su estilo de gobierno fue dinámico, personalista y, como ya se dijo, itinerante. En contra del modelo de la parábola debemos reconocer el ejercicio de un poder presidencial enérgico, “práctico” e, incluso, discrecional. Alguna vez hice una distinción entre los estilos “habsburgo” y “borbón” del gobierno mexicano: el primero, más cauto, reactivo y consolidativo (por ejemplo, Ávila Camacho, Ruiz Cortines, Zedillo); el segundo, más intrépido, proactivo e innovador (por ejemplo, Alemán y Salinas).102 El punto no era separar las ovejas de las cabras, sino aclarar la discusión sobre la “fuerza” de los presidentes, de las administraciones, o incluso del régimen en su conjunto. La fuerza “habsburgo” significaba resistencia y permanencia en el poder, normalmente basado en una legitimidad heredada; la fuerza “borbón” connotaba acción ejecutiva y reforma, quizá en busca de una nueva legitimidad. Las administraciones “borbón” solían apostar en grande — como lo hacían sus homónimos a finales de la Colonia— y por eso corrían el riesgo de tener grandes pérdidas. Los héroes y villanos presidenciales suelen ser “borbones”, no “habsburgos”.103 No sorprende que los tres grandes presidentes revolucionarios —Obregón, Calles y Cárdenas (sobre todo los dos últimos)—104 fueran claramente “borbones”. Por definición, los presidentes “revolucionarios” decretaron reformas, reconstruyeron el Estado, se las vieron con una sociedad civil bravucona (es cierto que Ortiz Rubio era un “habsburgo”, pero sólo duró dos años en el poder, era claramente incapaz y Calles lo tenía a raya). Cárdenas no sólo

llevó a cabo las reformas más radicales de la Revolución, en un momento de pasiones políticas impetuosas, sino que también gobernó con un estilo muy enérgico y activista. Viajó sin cesar (convirtiéndose por ello en el blanco de los chistes urbanos); repartió tierras, escuelas y otros beneficios durante sus recorridos; y mostró una fe paternalista —algunos dirían que algo autoritaria— en su propio juicio discrecional.105 Este populismo itinerante tenía claramente su origen en su experiencia previa como militar y como gobernador de Michoacán. Esta característica no era exclusiva de México (aunque Cárdenas fue más allá, literalmente, que la mayoría)106 y, curiosamente, sentó un precedente político para los presidentes siguientes, que se sentían obligados a recorrer el país como candidatos y algunos —en particular Salinas— también emularon la actitud itinerante de Cárdenas aun después de haber sido electos. El populismo itinerante llevaba consigo una generosidad discrecional —a menudo distribuyendo los beneficios en forma de pagarés—. Esto le permitió a Cárdenas mantener contacto con “el pueblo”, cuyos intereses buscaba representar, aunque con un estilo paternalista. También le ayudó a consolidar el poder de la presidencia y, en términos más generales, el del Estado revolucionario. Pero, como muchas políticas cardenistas, esto fue una espada de doble filo. La concentración del poder discrecional en las manos del presidente implicaba que sus caprichos personales, sus creencias y sus relaciones políticas cobraran demasiada importancia. En algunos casos también podríamos incluir en esa lista las rarezas, las fantasías y los vicios del presidente. El paternalismo —e incluso un ligero autoritarismo— era bien visto por la izquierda nacionalista en la década de 1930, pero después de 1940 presidentes no menos paternalistas y autoritarios (Alemán, Díaz Ordaz, Salinas) impulsaron políticas muy diferentes. Tampoco era esto un asunto de carácter presidencial —de grandes hombres y de algunos no tan grandes—. El estilo de gobierno cardenista también condicionó la política popular: dio lugar a expectativas (las cuales, a cambio, eran cumplidas en parte); y alentó formas de súplica personalista y de clientelismo político que obstaculizaron la democracia representativa. Se instaba a los ciudadanos a poner sus esperanzas en un poderoso paterfamilias nacional; al mismo tiempo, los caciques locales y regionales se vieron fortalecidos por las atinadas alianzas con el presidente que, a su vez, necesitaba de ellos para conseguir sus metas.107 No quisiera ser mal entendido: Cárdenas no inventó dichas prácticas; su mérito fue centrarlas en la figura del presidente y, de ese modo, conformar una oferta política que le permitiera competir con otros líderes políticos más inmediatos, como los gobernadores y los caciques locales. Pudo hacerlo porque su estilo activo de gobierno estuvo acompañado — sobre todo entre 1935 y 1937— de un incremento de los recursos federales. Al hacerlo, no socavó una democracia preexistente: sin duda, cualquier cálculo aproximado de la movilización y el acceso políticos deja ver que la suya fue una administración más democrática que las de sus predecesores.108 No era, sin embargo, institucionalmente democrática: la movilización involucraba a una multitud de actores colectivos —ejidos, sindicatos, comunidades— y aliados clave (caciques) cuyas prácticas formalmente democráticas no admitían un examen minucioso; y el acceso al presidente dependía de acuerdos, favores, conexiones, un tenaz cabildeo y una buena dosis de suerte. Aun cuando la “institucionalización” se dio a paso acelerado —véase la creación del corporativo PRM, en

1938—, las instituciones que vio nacer estaban plagadas de prácticas personalistas, discrecionales y clientelares. Fácilmente se les podía transformar para que cumplieran objetivos diferentes; y los mecanismos para el llamado a cuentas y el control eran débiles. Este resultado no estaba determinado por una especie de íntima psique mexicana, o por algún legado colectivo azteca o colonial. Lo anterior, quisiera destacar, son explicaciones vacuas teñidas de racismo. La situación era, más bien, fruto de decisiones sociopolíticas, tomadas a partir de intereses sociopolíticos. Finalmente, esto me lleva a una breve evaluación de la presidencia de Cárdenas, la cual está formulada en términos de contrafactuales. (Yo diría que estas evaluaciones son siempre, implícitamente, contrafactuales.) Habiendo descrito el papel de Cárdenas, ¿qué podemos concluir respecto a sus logros? Políticamente no puede haber duda de que consolidó el régimen revolucionario y, dentro de éste, el papel de la presidencia y del partido oficial. Lo hizo, en parte, al superar con audacia los retos —el callista, el cedillista—, pero también, y más decididamente, al fortalecer los lazos entre el Estado y la sociedad civil. Logró esto último tanto por su esfuerzo individual (lo que he llamado “el populismo itinerante”) como por su política colectiva, especialmente las reformas agraria, laboral y educativa.109 Tales reformas no eran del todo incluyentes: las reformas agraria y laboral alejaron no sólo a la vieja clase terrateniente, sino, en términos más generales, también a la burguesía y a la clase media. La educación socialista ofendió extremadamente las sensibilidades católicas, y, en ese sentido, obstruyó el avance de la educación básica en general.110 Sin embargo, estas políticas radicales, e incluso divisivas, no fueron impuestas por la fuerza. Cárdenas no era Stalin, ni siquiera era Calles. Una relativa libertad de expresión se permitió en la prensa (que podía ser abiertamente crítica del gobierno);111 el anticlericalismo se suavizó,112 y la reforma agraria no implicaba una sistemática colectivización coercitiva. En resumen, el gobierno de Cárdenas fue menos represivo con la disidencia que sus predecesores, o que muchos regímenes contemporáneos, y no me refiero solamente al totalitarismo europeo, sino por ejemplo, al del Estado Novo de Vargas. Sí hubo, es cierto, una represión selectiva (la turbia elección presidencial de julio de 1940 remató en una serie de incidentes violentos), pero, en general, Cárdenas siempre estuvo a la altura de su imagen pacificadora, aun cuando eso significara frenar el paso de la reforma.113 En las relaciones internacionales, Cárdenas tampoco fue un populista anodino y consensual. Al apoyar a la República española encolerizó a la derecha católica; y, al admitir a Trotsky en México, se enemistó con la izquierda estalinista. Vistas en conjunto, estas políticas daban a Cárdenas una imagen de “comunistófilo” o “comunistoide” y (más justificadamente) una reputación de frentista popular que, si bien atraía a algunos mexicanos, resultaba un anatema para otros.114 De ahí el crecimiento del sinarquismo, el nacimiento del PAN y la proliferación de partidos menores de corte fascista, fascistoide o conservador durante la coyuntura de la sucesión, entre 1939 y 1940.115 Existen pocas dudas de que la elección que hizo Cárdenas de Ávila Camacho sobre Múgica fue una calculada respuesta a estos retos, en especial a la luz del avance del fascismo en Europa y Asia. Irónicamente, el gran triunfo de la expropiación petrolera también contribuyó a que la política virara hacia la derecha: por un lado, la renovada incertidumbre económica alentó un enfoque que privilegiaba la seguridad; y, por otro, el patriótico —pero ¿calculado?— apoyo que los grupos conservadores, sobre todo

la jerarquía católica, dieron al régimen en 1938, suscitó un quid pro quo.116 La reforma disminuyó entonces y los intereses creados —los terratenientes, los mineros, la jerarquía eclesiástica— recibieron garantías del gobierno. Lo que la izquierda creyó que sería una pausa temporal en el programa revolucionario resultó el inicio de un prolongado Termidor, que traería consigo nuevas políticas, nuevos líderes y un nuevo proyecto. Los años de Cárdenas fueron buenos para la economía mexicana. Cárdenas, que no era un economista, no puede exigir mucho crédito por ello, dado que la reactivación económica precedió su llegada al poder (y si alguien merecía el crédito, éste probablemente debiera ser Alberto Pani). Por otro lado, Cárdenas puso gran atención en el trabajo y la producción: en mejorar la infraestructura del país, en impulsar la producción y hacer del ejido una máquina de crecimiento económico, así como de justicia social. El crecimiento fue significativo, aunque dependiente, en parte, de las vicisitudes de la economía estadunidense. Aun cuando la burguesía industrial se quejaba, lo cierto es que le fue bastante bien durante el cardenismo (comparable a la burguesía industrial estadunidense y el Nuevo Trato). La reactivación económica, a la par de una reforma agraria y una eficaz sindicalización, incrementó el salario real y la demanda interna, por lo menos hasta 1937, aunque después el panorama fue variable.117 Contrario al mito, Cárdenas no fue un populista despilfarrador. El gasto gubernamental aumentó significativamente de 1934 a 1937, después de lo cual se impuso un mayor freno. La inflación creció, pero permaneció bajo control. La disciplina fiscal fue mayor en la década de 1930 que en la de 1940; y la mejoría en el salario real y el bienestar fue más marcada. En términos económicos, el cardenismo cumplió mejor que la “revolución preferida” de la década de 1940.118 El cambio político y económico siguió dándose dentro de los límites de una economía capitalista. De nuevo, no hay nada particularmente “utópico” en la economía cardenista. El Plan Sexenal —que antecedió al sexenio— no era un programa para una economía dirigida (command economy). Lo cierto es que el sector estatal creció, como en Estados Unidos y en otras partes del mundo, durante la década de 1930. Además, el gasto estatal bajo Cárdenas (1934-1940) se ubicó en 82 pesos (de 1950) per cápita, comparado con 68 pesos bajo Calles (1924-1928), es decir, creció 21% en 10 años. Sin embargo, bajo Ruiz Cortines (1952-1958) alcanzó 181 pesos, lo que representaba un aumento de 121% en 12 años.119 De forma semejante, el gasto estatal representó 7 y 8% del PIB durante el cardenismo, comparado con 10% en 1955 y un enorme 23% hacia 1980. Cárdenas contribuyó así, junto con la mayoría de los otros presidentes, al aumento progresivo del gasto estatal, que no salió de control sino hasta la década de 1970. El “estatismo” cardenista fue, de hecho, bastante moderado. En su política laboral, que siguió, en términos generales, la “parábola sexenal”,120 la administración buscó corregir el desequilibrio entre obreros y patrones, dando su apoyo —prudente y selectivamente— a los sindicatos. Comparada con las administraciones anteriores y posteriores, ésta fue una postura radical que ayudó a ganar a Cárdenas su reputación de “comunista”. Pero el sector obrero organizado no era un cliente dócil del Estado (ni siquiera de la CTM): el Estado impedía, pero también fomentaba huelgas; su papel esencial, de pacificador y árbitro industrial consistió en una mediación paternalista. Sin duda, la experiencia de la negociación colectiva, la nacionalización y el control obrero alarmaron a los empresarios —con sobrada razón—, ya que ponían en peligro las desmesuradas prerrogativas

patronales heredadas del Porfiriato. Se esperaba, sin embargo, que las nuevas empresas estatales conformaran una disciplina de mercado: por ello, hacia 1938-1940, el régimen se vio involucrado en constantes disputas con sus antiguos aliados, los trabajadores petroleros y ferrocarrileros. La nacionalización tuvo el paradójico efecto de enfrentar a los sindicatos de avanzada con el Estado, quebrantando con ello la coalición cardenista. Es difícil ver qué alternativas existían. Cárdenas y su gabinete nunca se plantearon cabalmente una economía dirigida (es decir, un plan sexenal que siguiera el modelo soviético); incluso la izquierda marxista y “marxizante” de la década de 1930 se apegaba a una teoría de “etapas” de desarrollo que asignaba al imperialismo el papel de enemigo principal, y consideraba un largo periodo de desarrollo nacionalista, en el que esa criatura huidiza que era la burguesía nacional progresista colaboraría con el Estado, el partido y el sector obrero organizado.121 Está de más decir que una socialización completa de los medios de producción hubiera provocado una reacción más negativa aún entre la clase acaudalada de México; hubiera horrorizado a Estados Unidos y hubiera generado presiones insoportables sobre un sector público cuya pericia, eficiencia y probidad resultaban cuestionables. Cuba tomó este camino a partir de 1959, en parte porque se sintió obligada a ello y porque tenía una economía más desarrollada e integrada que la de México 20 años atrás. La Unión Soviética también tomó esta ruta, pero tenía una base industrial considerable —legado del zarismo— y un gran mercado interno. El “socialismo en un solo país” ya era bastante difícil para la Unión Soviética, pero hubiera sido imposible para México. De hecho, se puede sostener —no sin polémica— que la nacionalización del petróleo fue un paso que llegó demasiado lejos. Aunque fue un brillante golpe político —y sentó un orgulloso precedente que otros países en desarrollo seguirían después— trajo consecuencias graves; si las compañías angloamericanas se hubieran quedado en su sitio, por lo menos mientras durara la guerra, podrían haber sido exprimidas aún más tanto por el Estado como por el sindicato petrolero, en confabulación. La coalición cardenista podría haberse mantenido unida de manera más efectiva; el peso podría haber sido más fuerte y la inflación más baja; y el flujo de recursos al empobrecido sector ejidal podría haber sido mayor. Por supuesto, no se habría desatado la euforia nacionalista de marzo de 1938, y se hubiera perdido una fecha conmemorativa en el santoral de logros revolucionarios. Las administraciones posteriores tampoco hubieran tenido la vaca lechera que Pemex ha sido, proveyendo de energía barata a la industria y jugosos empleos a los seguidores del PRI. En pocas palabras, la administración de Cárdenas fue genuinamente radical, dentro de los límites de una economía capitalista subdesarrollada, por la proximidad de Estados Unidos y por la indudable fuerza de los intereses conservadores en el propio México. Ninguna administración, ningún presidente, antes o después, ha logrado un radicalismo equivalente, hasta —quizá— la restructuración neoliberal de la década de 1980 y principios de la de 1990. Esto último fue, desde luego, una restructuración regresiva; en cambio, las reformas cardenistas, a pesar de todas sus fallas, eran progresivas en la medida en que confirieron poder y mejoraron la situación de la gran mayoría de los mexicanos. Como eso era lo que Cárdenas se había propuesto hacer, debemos juzgar su presidencia como un éxito con reservas, por decir lo menos. Aun reconociendo las dificultades económicas a partir de 1937 y la sucia elección de 1940, fue un registro positivo, que se compara favorablemente con la

mayoría de los sexenios subsecuentes. Pero tanto el poder conferido a la población como el mejoramiento de ésta constituyeron un fenómeno coyuntural. Así como a principios de la década de 1930 hubo un cambio considerable en la política mexicana —del cual surgió el cardenismo—, en la década de 1940 se dio una transformación comparable, de la que a su vez surgió el alemanismo, la plataforma para el modelo duradero de las décadas de 1950 y 1960. Aunque por lo general se mantuvo discretamente leal, Cárdenas no aprobaba tales tendencias posteriores. Por tanto, encauzó sus energías y, tal vez, su resentimiento, hacia causas internacionales (Guatemala, Cuba, Vietnam) o regionales (las comisiones del Tepalcatepec y del Balsas). En medio se encontraba el régimen nacional del PRI, cuyas formas y estructuras Cárdenas contribuyó a crear en buena medida, pero cuyas políticas habían tomado nuevas direcciones. Ante dicho régimen mantuvo, por lo general, el silencio de una esfinge, al menos en lo público. Pero la figura y el nombre de Cárdenas se mantuvieron vivos aun después de la muerte del general en 1970, ejerciendo una importante influencia en la política mexicana: una influencia sustentada en las redes de política informales, en minas locales de lealtad y en un mito perdurable, en parte verdadero, en parte fabricado.

* Traducción de Sandra Luna.

* Traducción de Sandra Luna. James, 2000; Castillo, 2000. 2 Pilcher, 2001. No hay biografías exhaustivas y académicas recientes de Calles o de Cárdenas. 3 Womack, 1968; Katz, 1998. A lo anterior debería agregarse, como un valioso volumen complementario, Brunck, 1997. 4 Ankerson, 1994; Falcón, 1984; Martínez Assad, 1990. 5 Krauze, 1976, describe útilmente los antecedentes de Lombardo; sin embargo, las biografías políticas de éste y de otros paladines obreros son obsoletas y poco satisfactorias: por ejemplo, Retinger, 1926; Millon, 1966. Fidel Velázquez es un personaje enorme —pero formidable— que está a la espera de un biógrafo intrépido. 6 Los ocho tomos de la serie Biografía del Poder (por ejemplo, Krauze, 1987a; 1987b); luego en Krauze, 1997b; Lomnitz, Claudio, 1998, texto que reapareció como Lomnitz, Claudio, 2001, pp. 212-227. 7 Carr, 1964, pp. 44-55. 8 Recientemente emprendí una discusión sobre la toma de decisiones y “contrafactuales” [counterfactuals: hipótesis que propone(n) escenarios históricos alternativos] individuales, en el contexto de la Revolución mexicana. Knight, 2000, pp. 35-63. 9 Cosío, 1974; Zaid, 1987. Debo mencionar que no comparto las interpretaciones más vigorosas de la omnipotencia presidencial (véase la nota 13). 10 La “historia de bronce” no sólo connota un enfoque biográfico (del “gran hombre”) de la historia mexicana, sino también un énfasis fuertemente teleológico y conmemorativo. Véase Benjamin, 2000. 11 “Mudos y desconocidos” [Mute inglorious…] es una conocida línea de Elegía en un cementerio rural, del poeta inglés Thomas Gray. [T.] 12 Knight, 1986, t. II, p. 518, cita a Anita Brenner; véanse también pp. 215-216. 13 Knight, 2002, pp. 141-142; Wolf, 2001, pp. 410-411. 14 Knight, 1993, pp. 57-58. 15 Knight 1991, pp. 241-320 ofrece un panorama general. Un análisis más detallado lo ofrecen los cuatro volúmenes de la serie de El Colegio de México, 1979, “Historia de la Revolución mexicana, periodo 1934-1940”, especialmente los dos volúmenes de Luis González: Los artífices del cardenismo y Los días del presidente Cárdenas. 16 Por falta de espacio no dedico mucha atención al periodo posterior a 1940, cuando el ex presidente Cárdenas tuvo una voz leal pero crítica en el PRI. 17 Cárdenas, Lázaro, 1986. 18 Por esta razón —y porque tengo serias reservas acerca de la “psicohistoria” (en todo el sentido freudiano del término) no pretendo hacer una extravagante indagación de la “psique”, el superyó o el subconsciente de Cárdenas. 19 O’Malley para la Foreign Office, 16 de marzo de 1938, en Foreign Office, Public Record Office, en Kew (en adelante FO-PRO), 371/21465, A2865. 20 Suárez, 1987, pp. 101-102. Doña Amalia, sin embargo, recuerda una ocasión en que su marido se conmovió hasta las lágrimas: cuando escuchó las noticias de la masacre de Tlatelolco, en octubre de 1968. Gilly, 1997, pp. 29-30. Sin embargo, su carácter inescrutable podría llevar al observador poco atento a una percepción equivocada: un estadunidense que conoció a Cárdenas en la década de 1950 llegó a la conclusión de que “algunas veces es difícil entender a Cárdenas, a menos que uno concluya que es un comunista”. Notas de T. Leuffer, 31 de marzo de 1954, Dulles Papers, Benson Latin American Collection, la Universidad de Texas en Austin (en adelante DP), IV-61. Esta referencia y las subsecuentes se tomaron de entrevistas realizadas por J. W. Dulles en la década de 1950, como parte de la preparación de su densa obra de narrativa política. Dulles, 1961. 21 Krauze, 1997c, p. 375; Entrevista de Dulles a Antonio Díaz Soto y Gama, 3 de octubre de 1955, DP, IV-28. Cárdenas, sin embargo, no carecía de una suerte de humor campechano; véase Mejía, 1992, pp. 79 y 82-83. 22 Krauze, 1997c, p. 406; Meyer, Jean, 1988, p. 273; Entrevista de Dulles a Marte R. Gómez, 17 de noviembre de 1955, dpiv-19; en ella se menciona la pericia de Calles en el “ámbito económico y financiero”, lo que se confirma suficientemente por la correspondencia en el Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca (en adelante FAPEC-FT ). Santos, 1986, p. 391, considera, plausiblemente, a Calles como “el más preparado intelectual y políticamente de los revolucionarios de entonces”. 23 Así, de acuerdo con Pierre Boal para el Departamento de Estado, 29 de mayo de 1936, State Department Records, Internal Affairs of Mexico (en adelante SDR, IAM ), 812.00/30374, la “posición dominante” de Cárdenas en la política mexicana era producto de las circunstancias más que del mérito: “no resulta de su propia personalidad, habilidad o perspicacia política, sino del equilibrio que logra entre los grupos políticos que se le oponen”. También se contaban chistes sobre el supuesto carácter obtuso de Cárdenas. Mejía, 1992, pp. 68-70. 24 Un ejemplo tomado al azar de una publicación respetable. Barry, 1992, p. 7. 25 Ávila Camacho, citado en Gutiérrez, 1955, en el Archivo Ignacio García Téllez, en el Colegio de México (en adelante IGT ), caja 10, carpeta 7. 26 Roberto Blanco Moheno, en Siempre!, 14 de octubre de 1964 (IGT , caja 10, carpeta 16). 1

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Saragoza, 1988, pp. 170-188; Abascal, 1988-1989; Adler, Larissa, 1987, p. 199. José Alvarado, en Siempre!, 25 de agosto de 1965 (IGt, caja 10, carpeta 2), menciona “enconados ataques” contra Cárdenas que reflejan “viejas diatribas” que han venido sucediendo a lo largo de 30 años. Un notable crítico fue Victoriano Anguiano Equihua: Anguiano, 1950; y Anguiano, 1989. 29 Dejando de lado el caso extremo y poco común de Calles, el Jefe Máximo, la influencia pospresidencial de Cárdenas sólo fue igualada por Alemán que, aunque no logró imponer a su sobrino como sucesor, al igual que Cárdenas, ejerció una influencia perdurable en el PRI, a la vez que estableció una duradera dinastía política. De hecho, a lo largo de las décadas de 1950 y 1960, el PRI tenía dos alas, más o menos divididas en alemanistas y cardenistas. Este fenómeno (pospresidencialista) según el cual los ex presidentes eran respetados, no vilipendiados, reflejaba la estabilidad, la continuidad y —por lo menos en ciertos círculos— la legitimidad del sistema político. En los últimos 20 años, al declinar el sistema, este fenómeno cayó en desuso: los presidentes a menudo dejan su cargo en deshonra, la influencia pospresidencial resulta esquiva y las dinastías desaparecen. 30 Knight, 1994. 31 Cárdenas tenía 39 años cuando llegó a la presidencia en 1934; esto lo hizo el presidente más joven del siglo xx (cuando Salinas asumió el cargo, en 1988, tenía 40 años). 32 Véase Ramos Arizpe, 1994. 33 Cárdenas, Lázaro, 1986, pp. 6 y 14. Sobre Guaracha, véase Moreno García, 1980. 34 Cárdenas, Lázaro, 1986, pp. 21-22 y 37. Sobre Prado, véase Sáenz, 1936, pp. 10-11 y 23-24; y, sobre Regalado, Ochoa, 1989. 35 Suárez, 1987, pp. 32, 109 y 117; Cárdenas, Lázaro, 1986, p. 23, recuerda a un cura amigable (prorevolucionario). Sobre la “mayor tolerancia” de la Iglesia mostrada por la administración de Cárdenas, véase el Informe Schott en Daniels para el Departamento de Estado, 13 de mayo de 1936, SDR, 812. 00/ 30368. Veinte años más tarde, Cárdenas aún expresaba una especie de anticlericalismo pragmático: deploraba el “alcoholismo y la suciedad de los pobres, señalando que si la Iglesia católica predicaba la limpieza del alma, debería empezar por dar a la gente pobre un cuerpo limpio”: entrevista de Dulles a Lázaro Cárdenas, 13 de enero de 1955, DP, IV-69. 36 Cárdenas, Lázaro, 1986, p. 78. 37 Entrevista de Dulles a Frank Tannenbaum, s/f, DP, IV -77. 38 González, Luis, 1981, es la mejor crónica de esos sucesos. 39 Suárez, 1987, p. 17, sugiere que la escritura cursiva fue una adquisición posterior, aunque no especifica cuán posterior. La falta de una educación superior formal, aunada quizá a cierto aire inexpresivo, creaba la (falsa) impresión, al menos para algunos, de que Cárdenas tenía poca inteligencia (“un chacal más pendejo que Pascual [Ortiz Rubio]”, como rezaba un procaz verso): Mejía, 1992, pp. 69-70. 40 Cárdenas, Lázaro, 1986, pp. 8, 12; y Suárez, 1987, p. 126-127, donde vemos a Cárdenas no sólo protegiendo a sus hermanos menores, Dámaso y Alberto, sino también disciplinándolos; por ejemplo, golpeando con su espada a Alberto por causar una pelea de ebrios en un bar de Coatzacoalcos. 41 Suárez, 1987, p. 18. 42 Cárdenas, Lázaro, 1986, pp. 5, 6 y 9. 43 “El presidente Cárdenas no quiere pasar a la historia como sólo otro presidente más, sino como otro Juárez”. G. McCoy, ciudad de México, 3 de noviembre de 1939, US Military Intelligence Reports 1919-1941 (en adelante USM I), microfilme rollo 4, núm. 9244. Yo no confiaría demasiado en la capacidad del agregado militar estadunidense para leer la mente de este presidente inescrutable; su opinión se deriva seguramente de los rumores en la política mexicana, sobre todo los de los funcionarios de alto nivel con quienes el agregado tenía trato. 44 Doña Amalia evoca la preferencia de Cárdenas por la vida hogareña y el entretenimiento sencillo: “Era muy de la casa. Por ejemplo, en las noches siempre estaba platicando con nosotros […] —¿Qué tipo de cosas platicaba? […] A él le gustaba mucho hablar de la Revolución […] de los hombres de la Revolución, de sus méritos, sus cualidades, cómo los veía a cada uno”. Suárez, 1987, p. 44. 45 Estas historias las narra Cárdenas, Lázaro, 1986, p. 15. Para una huida venturosa (a la columna de Cárdenas la salva un venado durante una emboscada en una barranca michoacana), véase p. 28. 46 Para sus encuentros con amigos, camaradas, parientes y paisanos, véase Cárdenas, Lázaro, 1986, pp. 17, 18, 19, 20 y 26. 47 La correspondencia de Cárdenas con Calles en la década de 1920 y principios de la de 1930 está llena de recomendaciones de amigos, clientes y compañeros de armas: FAPEC-FT , Lázaro Cárdenas, gaveta 5-A, exp. 206, 1-9 al 9-9. Treinta años más tarde, Frank Tannenbaum, simpatizante de Cárdenas, en entrevista con Dulles, s/f, DP, IV-77, describe la red de “patrones” o “guías responsables” que Cárdenas concibió para que administraran el proyecto de Tepalcatepec (a partir de 1947); los críticos del proyecto llegaron a la conclusión de que Cárdenas se había propuesto establecer “un auténtico cacicazgo”, incluso un “pequeño principado dentro de la Nación”: Gustavo Ávalos Guzmán, en Todo, 1° de enero de 1953 (IGT , caja 10, carpeta 6). Diez años más tarde, se crearon redes similares al supervisar Cárdenas el proyecto del Balsas (a partir de 1961). Para un análisis positivo, véase Gutiérrez Galindo, 1972-1973. 28

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Townsend, 1952, pp. 43-44. Algunos diplomáticos, apenas cordiales con Cárdenas, enviaron informes en los que daban cuenta de que era “honesto, sin pretensiones y modesto”. Juan de Dios Bojórquez, citado en Norweb para el Departamento de Estado, 15 de mayo de 1934, SDR, 812.00/30049; Murray a la Foreign Office, ciudad de México, 15 de julio de 1935, FO, 371/18707, A6865. 49 Suárez, 1987, p. 112, lo que es confirmado por Santos, 1986, p. 510. 50 Entrevista de Dulles al ingeniero León Salinas, 16 de febrero de 1956, DP, IV-12. 51 Cárdenas, Lázaro, 1986, p. 20. 52 De acuerdo con el agregado militar de Estados Unidos, Cárdenas era “un hombre fuerte, probablemente indígena tarasco en un 75%”, “con una educación deficiente”, pero “un hombre muy valeroso”. G. McCoy, ciudad de México, 28 de agosto de 1939, USM I, núm. 9182. Podemos descartar la aseveración de que era “indígena tarasco en un 75%”, lo cual era un error común (sobre los antepasados reales de Cárdenas, véase González, Luis, 1979, p. 192). A los extranjeros les encantaba descubrir linajes indígenas que supuestamente explicaban el carácter y la conducta de los líderes mexicanos (por ejemplo, Díaz, Huerta o Cárdenas, “cuyo espíritu de moderación [le fue] heredado por una de las tribus indígenas menos crueles, los tarascos”. Townsend, 1952, p. 95). Teniendo presente mi advertencia sobre esta fuente (véase nota 47), podríamos, razonablemente, ver esto como un mero apunte de cuartel. 53 Sobre los choques que no llegaron a serlo, Cárdenas, Lázaro, 1986, pp. 28, 38 y 48; sobre las heridas, Dulles, 1961, pp. 241-242. 54 Citado por José Vasconcelos, en Anguiano, 1989, p. 7. Éste es un texto hostil; para un juicio más favorable sobre la capacidad militar de Cárdenas (en el momento de la revuelta de Escobar, en 1929), véase Santos, 1986, p. 382. 55 Cárdenas, Lázaro, 1986, pp. 82 y 84. El Archivo Calles (véase nota 45) contiene buena evidencia de la relación entre ambos: así, en 1928, Cárdenas acepta su promoción a general de división, observando que “el haber llegado al grado más alto en nuestro ejército lo debo a Ud que siempre me ha distinguido y ayudado y espero guarde Ud la seguridad de que seré siempre de Ud el amigo leal que seguirá guiándose en las ideas revolucionarias y ejemplo de honradez que nos ha señalado Ud”: Cárdenas a Calles, 8 de mayo de 1928, FAPEC-FT-AC, Cárdenas, gaveta 5a, exp. 206, 3-9. 56 Suárez, 1987, p. 124. 57 Ibidem, p. 104; Norweb al Departamento de Estado, 15 de mayo de 1934, SDR, 812.00/30040. En un banquete para militares en el Castillo de Chapultepec, en septiembre de 1935, un Cárdenas “muy jovial” ofreció un corto discurso, que la prensa no registró, en el cual declaró “que consideraba a cada oficial presente como ‘uno de su propia clase’ y que ‘los problemas de uno eran los problemas de todos’”. Marshburn, ciudad de México, 6 de septiembre de 1935, USM I, núm. 5729. 58 “Su elogio hacia el ejército fue marcadamente fuerte”: Marshburn, ciudad de México, 1° de diciembre de 1934, USM I, núm. 5729; Lerner, Victoria, 1979, pp. 134-136. Hernández Chávez, 1979a, pp. 79-105, ofrece un buen análisis de las relaciones de Cárdenas con el ejército. 59 La inteligencia militar estadunidense reportó “críticas duras y considerablemente más abiertas” hacia Cárdenas por parte del ejército hacia 1937; dos años después, el estribillo era similar, aunque con un giro significativo: “los oficiales del ejército, sobre todo los más viejos, odian a Cárdenas”, pero “los oficiales más jóvenes y los soldados rasos han sido adoctrinados considerablemente en las ideas radicales”. Marshburn, ciudad de México, 1° de junio de 1937; McCabe, ciudad de México, 16 de agosto de 1939, USM I, núms. 7972, 9148. 60 Santos, 1986, pp. 444, 487 y 489. 61 Cárdenas mostró una preferencia juvenil (prerrevolucionaria) por la espada en lugar de la pluma (“de escribiente, no, pues… con la pluma no se consigue, no se conquista fama para hacerse temer”); y doña Amalia recuerda que, a lo largo de su vida, “siempre, cuando hablaba del presidente, decía señor presidente, así se refiriera a los que le antecedieron como a los que le sucedieron”: Suárez, 1987. pp. 18, 67 y 70. El respeto de Cárdenas por la autoridad constituida y su repudio de lo que veía como una rebelión gratuita fueron expresados con un sorprendente vigor en el caso del levantamiento de los indígenas yaquis en Sonora. Cárdenas a Calles, 18 de septiembre de 1926, FAPEC-FT-AC, Cárdenas, gaveta 5a, 2-9. 62 Así, en 1915 rompió la tradición al rechazar que su regimiento, el 22° de Caballería, entonces activo en Sonora, recibiera su nombre (optó, en cambio, por el de 22° Regimiento de Caballería Michoacano-Jalisciense. Cárdenas, Lázaro, 1986, p. 73). Veinte años después, como presidente, se negó a prestar su nombre para los sistemas de irrigación, cuando así lo solicitaron los campesinos locales; “él [sugirió] que cada presa se designara según el año de su conclusión”: Taracena, 1967, pp. 39-40. Por supuesto, también pudo haberse tratado de una astuta ambición disfrazada de modestia. 63 Mejía, 1992, p. 79. 64 Véase nota 61. Nótese, además, la aversión de Cárdenas hacia la Universidad Nacional y su apoyo al nuevo Politécnico. Lerner, Victoria, 1979, pp. 148-174. 65 “De natural silencioso, que no antisolemne, alérgico a las verdades que se dicen a gritos.” González, Luis, 1981, p. 123. Incluso como el gran patriarca de la izquierda mexicana, Cárdenas les parecía, a algunos observadores, un tanto tímido, sin comparación con Adolfo de la Huerta en términos de “inteligencia y encanto”. Entrevista de Dulles, 13 de enero de 1955, DP, IV-69. 66 Véase Gilly, 1994: un estudio valioso, centrado en la política exterior cardenista, pero que, desde mi punto de vista, no

justifica su título; aunque ello podría reflejar definiciones encontradas de “utopía”. 67 Dixon, 1994. 68 Santos, 1986, p. 511. 69 Suárez, 1987, pp. 86, 92, sobre la aversión de Cárdenas a las armas de juguete, lo cual es confirmado por el propio Cuauhtémoc. Cárdenas, Cuauhtémoc, 1997, pp. 108-109. 70 Gilly, 1997, p. 21; veáse también pp. 61-62, con una lista diferente y más extensa de retratos y fotos en las paredes del estudio, incluyendo a Juárez, Melchor Ocampo, Francisco Múgica, Narciso Bassols, Pablo Casals, Che Guevara y todos los presidentes mexicanos desde Porfirio Díaz ¡hasta Victoriano Huerta! 71 Vaughan, 1997, pp. 67, 123; Lerner, Victoria, 1979, pp. 93-94; González, Luis, 1981, p. 325; VargasLobsinger, 1999, pp. 152-194; Wilson para el Departamento de Estado, Veracruz, 16, 19 y 25 de abril de 1936, SDR, 812.504/1652, 1653, 1654. 72 José Adame Esparza, corrido sin título, ciudad de México, abril de 1948 (IGT , caja 10, carpeta 1). 73 Falcón, 1986, pp. 324-331; Santoyo, 1995, páginas 118-123. 74 Ésta es una afirmación deliberadamente relativa, que ha de tomarse con reserva. Incluso cuando se le compara con estados “reales” —como lo opuesto a los “tipos ideales”—, México se queda por debajo del monopolio teórico weberiano, principalmente porque la fuerza “ilegítima” (privada, paramilitar, caciquil) ha sido endémica; pero también porque, de tiempo en tiempo, se ha perpetrado violencia de Estado ilegítima (por ejemplo, en 1940, 1952 y 1968). 75 Townsend, 1952, pp. 43-49; Cárdenas, Lázaro, 1986, pp. 207-210 y 250-251; Rubin, 1997, p. 48. 76 Suárez, 1987, p. 113. 77 Ibidem, p. 120. 78 La excepción fue el embajador estadunidense Josephus Daniels, un bautista del sur. Aunque no era abstemio, Cárdenas no tomaba bebidas fuertes e hizo campaña en contra del licor (véase nota 33); tampoco fumaba ni apostaba. El ex presidente De la Huerta —un amigo suyo muy cercano— resumió la idea que de una buena salida nocturna tenía el joven Cárdenas: “las ‘parrandas’ del General Cárdenas [...] consistían en sentarse en una banca en una plaza pública de Hermosillo, beber un refresco o, a lo sumo una cerveza, y escuchar a los mariachis”. Dulles entrevista de De la Huerta, 8 de enero de 1956, DP, IV69. Estos gustos sencillos fueron corroborados por Suárez, 1987, pp. 122-123; pero Santos, 1986, p. 548, recuerda a Cárdenas bebiéndose una botella entera de tokay [vino húngaro] durante un almuerzo privado. Mejía, 1992, p. 81, cuenta la historia de un funcionario que acompañó a Cárdenas en una gira por Oaxaca, ostentando un elegante anillo de diamantes. Esto, observó Cárdenas, “era tan torpe y equivocado como lo sería asistir con sombrero de petate a una recepción de gala en el Palacio Nacional”. Al funcionario se le pidió que se lo quitara o que, de otro modo, volviera a casa. 79 Benjamin, 1989, p. 205; González, Luis, 1972, pp. 191-192. 80 Ginzberg, 1999, es el mejor estudio. 81 Ginzberg, 1997, pp. 55-85. 82 Boyer, 2003, cap. 6; Friedrich, 1987, pp. 139-167. 83 Boyer, 2003, caps. 2-4. 84 Boyer, 2003, cap. 6; Anguiano, 1989, pp. 75-93. 85 Se trata también de una simplificación esquemática, como lo son la mayoría de —¿o todas?— las generalizaciones históricas, pero es un avance respecto a la noción más simple aún de que, alrededor de 1930, los revolucionarios se dividieron claramente en radicales y conservadores. Tiene el mérito de otorgarle sentido a ciertas tendencias demasiado amplias en la política mexicana: por ejemplo, pone en claro la conocida escisión entre callistas y cardenistas; pero también resalta un fenómeno menos sabido: los virajes de los católicos políticos, que inicialmente vieron con agrado la oposición de Cárdenas a Calles (aplaudiendo el repudio del primero al radicalismo cultural), pero pronto rechazaron su aún mayor radicalismo socioeconómico y empezaron a ver a Calles (un conservador socioeconómico) bajo una luz más favorable. Así, un estadunidense apuntó en 1936: “Recientemente he escuchado a hombres que censuraban duramente al general Calles, como los católicos devotos que condenaban su persecución de la Iglesia y la educación socialista, decir que él [Calles] es ahora la única esperanza para el país por su desaprobación de la tendencia comunista”. Bowman para Norweb, 14 de febrero de 1936, SDR, 812.504/76. Este análisis asume, desde luego, que el anticlericalismo es “radical”: consideración convencional y razonable, pero no axiomática. 86 Santos, 1986, pp. 500-501; Rodríguez para Calles, 1° de noviembre de 1936, FAPEC-FT-AC, 179; y Daniels para el Departamento de Estado, 30 de noviembre de 1936, SDR, 812.00/30364fi [sic]. Todos ellos indican que Rodríguez, aunque demostraba deferencia, no fue servil con Calles; de ahí que sus políticas —incluyendo las izquierdistas— no fueran una simple expresión de la voluntad del Jefe Máximo. 87 Santos, 1986, pp. 508-509, ofrece los vívidos retratos que le caracterizan. 88 Sobre la supuesta maleabilidad de Cárdenas: Mejía, 1992, pp. 68-70; Santos, 1986, p. 511, que se refiere a Cárdenas como el “trapeador de pisos” de Calles que finalmente “se la cobró cuando pudo”. 89 González, Luis, 1979, pp. 236-243. 90 Como lo admitió el mismo Cabrera: Mejía, 1992, p. 79.

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Como apuntara el diplomático estadunidense Pierre Boal (de una manera que, tras décadas de presidencialismo, suena extrañamente anticuada): Cárdenas “muestra, cada vez más, una inclinación a centralizar el control en sus propias manos, incluso al punto de interferir en los asuntos ministeriales internos”. Boal para el Departamento de Estado, 29 de mayo de 1935, SDR, 812.00/30374. Este reforzamiento del poder presidencial claramente reflejaba tanto la veneración de Cárdenas por el cargo (véanse notas 59 y 69), como su política deliberada: Cárdenas, Lázaro, 1986, p. 440. 92 Daniels para el Departamento de Estado, 13 de mayo de 1936, SDR, 812.00/30370, describe a Beteta como “un íntimo amigo del presidente Cárdenas […] se cree que está más cerca del presidente que cualquier otro funcionario […] con la excepción del Lic. [Luis] Rodríguez y posiblemente del general Múgica” (Rodríguez era el secretario particular de Cárdenas). 93 De este modo, Cárdenas vetó el reclutamiento del campesinado por parte de la CTM y permitió —¿alentó?— la supervivencia de la CROM y la CGT como contrapesos para la CTM . De acuerdo con el buró político del Partido Comunista Mexicano, “hubo cardenistas que dijeron que Lombardo era un peligro y que había que acabar con él”. Hernández Chávez, 1979a, pp. 162-165. 94 Como lo demuestran dos estudios recientes: Bantjes, 1998; Fallaw, 2001. 95 Saragoza, 1988, pp. 182-184, 189-190; Pansters, 1990, cap. 1. 96 González, Luis, 1981, p. 44. Las bromas también eran reveladoras: se decía que, durante su toma de posesión como presidente en el Estadio Nacional, el 30 de noviembre de 1934, Cárdenas había enviado a alguien con cinco centavos para comprar una copia del periódico El Nacional, y así enterarse de quiénes conformarían su gabinete: Taracena, 1966, p. 309. 97 A medida que la tensión política iba en aumento, Ezequiel Padilla le aconsejó a Calles que platicara con Cárdenas, a lo que “Calles respondió que él había tratado de convencer a Cárdenas personalmente y que no había logrado nada”. Dulles entrevista a Padilla, 7 de mayo de 1956, DP, IV-9. Los ejecutivos de las compañías petroleras angloamericanas hubieran hecho bien en tomar nota de este precedente (pero no lo hicieron). 98 Calles esperaba lo peor: “Me considero su prisionero —dijo al oficial que lo arrestó—, puede usted… ponerme delante de un pelotón”. En cambio, se le pidió que empacara sus cosas y, al amanecer, fue puesto en un vuelo con dirección al norte, mientras que el obligado comprometido estadunidense expedía su visa, permitiéndole de inmediato la entrada a Estados Unidos. González, Luis, 1981, pp. 75-77. 99 Hernández Chávez, 1979a, pp. 92-93; Knight, 1994, pp. 104-105. 100 Véase Cárdenas, Enrique, 1987. 101 Es —y sin duda lo seguirá siendo por mucho tiempo— tema de disputa si el agujero lo hizo Salinas, Zedillo (y Serra Puche), o ambos. 102 Knight, 1993, pp. 42-62. 103 De los presidentes posteriores a 1940 (que no son mi principal tema de estudio en este espacio, desde luego), Alemán era “borbón”, al igual que los dinámicos pero desastrosos presidentes de la década de 1970, Echeverría y López Portillo. Entre el primero y los segundos, durante la pax priista, hubo una serie de “habsburgos” más discretos pero exitosos: Ruiz Cortines, López Mateos y, en primer lugar, Díaz Ordaz. Salinas, como ya he dicho, era un clásico “borbón”, ocupado, innovador. Dos casos son curiosamente ambivalentes: De la Madrid parecía un “habsburgo” sobrio, pero dio inicio a una serie de iniciativas “borbonas” que luego Salinas habría de acelerar; mientras que, a primera vista, Fox parecía e incluso lucía como “borbón”, ha gobernado con un estilo “habsburgo”, restringido e incluso vacilante. 104 El activismo “borbón” se da, en buena medida, en función de las circunstancias así como de las intenciones: Calles y Cárdenas estaban más seguros, y dotados con mayor poder gubernamental, que Obregón, cuya preocupación principal era la supervivencia. Dicho lo anterior, creo que Calles y Cárdenas también fueron temperamental e intelectualmente más visionarios que Obregón, quien hizo del sentido común, el pragmatismo y el realismo, una virtud. Es posible que el éxito del Estado revolucionario se debiera en parte a tener a las personas correctas en el cargo adecuado en el momento justo. 105 Se decía que Cárdenas viajaba incesantemente porque no le gustaba la ciudad de México. Pérez Montfort, 2000, p. 23; sobre las bromas, véase Brenner, 1971, pp. 148-149. Almada, 1943, ofrece una descripción más reverencial de los viajes presidenciales. 106 Otros presidentes latinoamericanos de la década de 1930 aprovecharon los nuevos medios de transporte —automóviles, aviones— para experimentar el populismo itinerante, que no fue privativo de la izquierda: Ubico, el presidente derechistanacionalista de Guatemala de la década de 1930, también recorría su país, algunas veces hasta en motocicleta. 107 Knight, 1998. 108 Vaughan, 1997, es ilustrativo. La administración también “masificó” las peticiones tradicionales al ofrecer comunicación telegráfica gratuita con la presidencia, diariamente, entre las 12 y la una de la tarde. Townsend, 1952, p. 101. 109 Knight, 1994, pp. 83-86. Véase también la nota 83. 110 Resulta significativo que las tasas de alfabetización hayan crecido más rápido en la década de 1940, cuando se abandonó la educación socialista, se consolidaron los avances “no ideológicos” en la escolaridad federal promovidos durante el cardenismo, y arrancó la Campaña de Alfabetización Nacional (1944-1945). Así, entre 1930 y 1940, las tasas de analfabetismo disminuyeron de 66.6% a 58% (es decir, hubo una caída de 8.6%), mientras en la década siguiente descendieron a 42.5% (una caída de 15.5%). Wilkie, 1970, p. 208. Véase también Vaughan, 1997, p. 81.

111

Mejía, 1992, p. 83; Montes de Oca, 1998, p. 63; Novo, 1994, pp. 195-197. Vaughan, 1997, pp. 67, 123; Lerner, Victoria, 1979, pp. 93-94; González, Luis, 1981, p. 325. 113 Sobre 1940, véase Contreras, 1977. Es un punto discutible cuánto puede atribuirse a Cárdenas directa responsabilidad por los abusos en torno a la campaña y la elección presidenciales de 1940. Una circunstancia atenuante de importancia es que el proceso de selección y promoción del candidato del PRM no era entonces tan refinado (como después lo sería bajo el sistema del “destape”), por lo que tanto la selección como la campaña fueron caóticas y desordenadas. Hay evidencia, sin duda, de que el proceso quedó fuera del control de Cárdenas desde una fecha muy temprana. 114 Abascal, 1988-1989, ofrece un punto de vista católico integralista. Desde una perspectiva bastante diferente, Calles —en el exilio, pero en contacto con los sucesos mexicanos— llegó a la conclusión de que “la tendencia comunista del actual régimen cada día se va definiendo con más claridad”. Calles a Abelardo Rodríguez, 14 de septiembre de 1936, FAPEC-FT-AC, exp. 179. Los informes de los diplomáticos británicos y estadunidenses a menudo coincidían con dicha opinión. Santos, 1986, p. 489, refuta categóricamente la idea: “Cárdenas nunca fue un comunista”. Sin embargo, haciendo eco de la opinión de muchos veteranos revolucionarios, agregaba: “Pero sí fue víctima de los comunistas y periodiqueros chantajistas que se le enredaban en los pies como serpientes y lograron presentar una falsa imagen del verdadero Lázaro Cárdenas”. 115 Contreras, 1977; Campbell, 1976, caps. 3 y 4. 116 Knight, 1992, cap. 4. 117 PIB per cápita (en pesos constantes 1960 = 100) y [%] de crecimiento. 112

Tomado de Cárdenas, Enrique, 1987, p. 192. No tengo noticia de una serie confiable sobre el salario para la década de 1930: el mejor análisis, el de Bortz, 1986, comienza en 1939, mientras que los estudios sintéticos de la clase trabajadora en esos años suelen ser altamente políticos y no cuantitativos; por ejemplo, Basurto, 1983; León, 1985. De ahí que mi observación sobre los salarios reales y la demanda interna esté basada en evidencia dispersa e “impresionista”. Espero producir un análisis más completo en otra ocasión. 118 La “revolución preferida” es la etiqueta extrañamente subjetiva que algunos analistas estadunidenses han dado al curso del régimen “revolucionario” mexicano después de 1940. Una indicación es el curso de los salarios reales en el Distrito Federal, que se ubicaba en 1 023 pesos (de 1978) en 1939, cayendo a su nivel más bajo de 508 pesos en 1946. El nivel de 1939 no se recuperó sino hasta 1969. Bortz, 1986, p. 36. 119 Wilkie, 1970, p. 36. 120 Es decir, una secuencia que involucraba una movilización inicial popular (sindical), coincidente con el conflicto CallesCárdenas; un periodo intermedio de reformismo activo, que incluía una estrecha (pero no incondicional) alianza Estadosindicatos; y una fase final de reducción estatal que generó serias presiones sobre esa alianza, como lo reveló la elección de 1940. 121 Como país “semifeudal, semicolonial, con escasa industria y una clase indígena explotada”, México no podía esperar un avance hacia el comunismo; ya que “no es posible saltarse una época”: Lombardo Toledano, anotado en Daniels para el Departamento de Estado, 14 de abril de 1936, SDR, 812.504/1577.

MANUEL ÁVILA CAMACHO: EL PREÁMBULO DEL CONSTRUCTIVISMO REVOLUCIONARIO

RAFAEL LOYOLA DÍAZ Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

A DIFERENCIA de como suele ser tratado por los pocos analistas que le han puesto atención, el gobierno del general Manuel Ávila Camacho fue un eslabón en el que se limaron las asperezas del radicalismo revolucionario —cuya máxima expresión fue el gobierno del general Lázaro Cárdenas (1934-1940)— y se dio entrada, sin mayores fracturas y sin cortes en el oficialismo triunfante posrevolucionario, a la etapa constructiva de la Revolución. Habitualmente y como lugar común, la administración del general Manuel Ávila Camacho es señalada por haber iniciado el entierro de las reformas cardenistas, por haber sofocado la movilización popular y su dinámica de reivindicaciones y por haber sido el primer presidente de la posrevolución en declarar públicamente su fe católica; aunque no tan frecuentemente, también se le llega a recordar por haber tenido un hermano incómodo en la figura de Maximino, quien había sido gobernador del estado de Puebla, y quien forzó su designación como secretario de Comunicaciones en la administración de su hermano el presidente y no ocultaba sus intenciones de sucederlo en el cargo, pretensión que la vida o las luchas de palacio le impidieron al fallecer intempestivamente en 1945. Empero, como se tratará de demostrar a lo largo de este capítulo, la presidencia del general Ávila Camacho no significó un rompimiento con el gobierno predecesor; tampoco fue el régimen que inició el sofocamiento de la dinámica de reivindicaciones y de movilizaciones sociales que databan de la guerra civil, ni fue una pausa entre el gobierno más radical de la posrevolución —el cardenista— y el más conservador —el de Miguel Alemán—, como tampoco es una administración que merezca el desdén de los historiadores. No obstante, se debe reconocer que frente a la intensidad, complejidad y profundidad de la entonces todavía reciente Revolución, y ante la crudeza, las confrontaciones y el drama de los primeros regímenes posrevolucionarios, se puede entender que el gobierno del denominado Presidente Caballero no despierte el mismo atractivo. Por lo mismo, para la historia mexicana del siglo XX, el olor a pólvora, el ruido de los cascos de caballos, la fuerza de la locomotora de vapor, la singularidad y el despertar de la inmensa ruralidad, los atisbos del nuevo siglo para los ojos del rústico y bucólico México profundo, la frescura de los personajes que suscitó la insurrección revolucionaria, las batallas en las que se fue imponiendo un nuevo concepto de país, el fortalecimiento de una identidad nacional ante la arrogancia de los imperios y la construcción de un nuevo sistema político que diera estabilidad y certidumbre al nuevo modelo de nación son los factores que ameritan la atención de analistas e historiadores a esta administración gubernamental. En esta circunstancia, se puede decir que la moderación de la política que caracterizó al gobierno avilacamachista, la creciente institucionalización del conflicto político, la legitimidad social y política que alcanzó, la impetuosa urbanización de la dinámica nacional, la imposición del escenario de la decencia clasemediera ante el desgaste y cansancio de los aguerridos y brutales revolucionarios, el cambio de las charreteras, las cananas y las botas por el corte de casimir y el sombrero Tardán, y la reconciliación de la clase gobernante con sus tradicionales enemigos y adversarios entre los que sobresalían la Iglesia, el imperio del norte y los viejos porfiristas, probablemente hicieron que se desdibujaran la relevancia y la crudeza de la época, siendo posiblemente éstas las razones que expliquen la escasa atención que se le ha puesto a ese periodo de gobierno y a los sucesivos. No obstante, la administración del presidente Ávila Camacho posibilitó la estabilización y

moderación que se buscó desde finales del régimen del presidente Cárdenas, propició la reconciliación de las distintas facciones emanadas del movimiento revolucionario o, al menos, logró su tolerante convivencia; dio lugar al reencuentro y al arreglo con el vecino del norte de los viejos litigios que databan de la guerra civil y dio pie así a la realineación de México con las llamadas democracias; de igual manera, permitió afirmar la legitimidad del régimen revolucionario entre diversos componentes sociales, de la que carecía desde el movimiento armado, y una legalidad que frecuentemente era cuestionada. Asimismo, la presidencia de Ávila Camacho posibilitó restañar las viejas heridas del movimiento armado y sus secuelas, dio pauta no sólo a la reconstrucción de la infraestructura más significativa —vías férreas y comunicaciones, por ejemplo—, sino que también sentó las bases para el despegue económico y el lanzamiento de un modelo de crecimiento que más tarde fue conocido como desarrollo estabilizador. Además, fue el momento en que empezaron a perder vigencia las propuestas y las banderas radicales, y fue una coyuntura para controlar y menguar la fuerza de quienes las sustentaban, particularmente en el medio sindical. En suma, fue el régimen de la continuidad cardenista y de preámbulo al desarrollismo alemanista. Con el propósito de ilustrar el peso, la forma y trascendencia del gobierno del Presidente Caballero, recurriremos a tres acápites; el primero intenta explicar la continuidad de la presidencia de Manuel Ávila Camacho respecto a la administración cardenista; en este sentido, también se puede decir que fue un gobierno bisagra entre el régimen más radical de la posrevolución, el cardenista, y el conservadurismo revolucionario, que tiene en el gobierno de Miguel Alemán a uno de sus más reconocidos exponentes; el segundo está dedicado a ilustrar las repercusiones que tuvo la segunda Guerra Mundial en el curso de los acontecimientos mexicanos; el tercero tiene la pretensión de hacer un balance de algunos de los resultados más significativos del gobierno en cuestión.

UN GOBIERNO DE CONTINUIDAD Y DE CONEXIÓN Tal y como ha sido tratado en este volumen, el gobierno del general Cárdenas se caracterizó, entre otras muchas razones, por haber dado un sustento social al Estado que se formó como resultado del movimiento armado, tanto por el reconocimiento de las viejas demandas del campesinado y de los trabajadores como por su inserción en un partido de Estado, por haber dotado al gobierno de la plena conducción estatal, por haber obtenido para la administración pública y el país los fondos necesarios para el manejo del Estado y el impulso de un proyecto económico, y por haber terminado de cimentar una nueva relación de la nación con el mundo, particularmente con el vecino del norte y con las potencias que habían tenido significativos intereses en México, sobre todo en el ámbito petrolero. Estos avances estuvieron acompañados de confrontaciones o ajustes de cuentas con diversos grupos políticos y de interés que fincaban su legitimidad en el movimiento armado, de la discrecionalidad y el pragmatismo con que se tomaron muchas decisiones de Estado, del predominio que se dio a éste para organizar corporativamente a los diversos grupos sociales, y de ríspidos enfrentamientos con los países afectados por decisiones gubernamentales, fundamentalmente

en materia petrolera y agraria. Empero, el momento de culminación e inflexión de esta política fue el año de 1938. Fue ese año cuando dieron frutos las reformas cardenistas y cuando la política de reforma agraria y la tutela estatal sobre las clases subordinadas —obreros y trabajadores fundamentalmente— alcanzaron sus principales conquistas. También fue el año del radicalismo y de la voluntad de cambio más acentuada con el decreto de expropiación de los bienes de las empresas petroleras extranjeras y de la implantación, en Ferrocarriles Nacionales, de una administración obrera como símbolo de la determinación al cambio frente a los grupos empresariales todavía reticentes a reconocer las reformas sociales consideradas en la Constitución. Para entonces el gobierno del general Cárdenas había alcanzado un gran prestigio popular por haber logrado el desplazamiento del callismo y de su propio líder, el general Plutarco Elías Calles, de la esfera del poder político, sin haber violentado la estructura estatal ni la continuidad del grupo que gobernaba el país desde 1920. También contaba con la simpatía de los sectores obreros por el apoyo otorgado a su proceso organizativo y a sus reivindicaciones laborales, en detrimento de algunos intereses empresariales que se negaban a comprender los nuevos tiempos de la nación. Asimismo, mucho se habló del afán gubernamental por definir nuevas fronteras para la ideología emanada de la Revolución mediante la adopción de tesis socializantes en el terreno de la concepción educativa. Por último, en materia de política exterior, la administración cardenista enfatizó su decisión de consolidar los principios planteados desde la guerra civil consistentes en rechazar las relaciones de corte colonial mediante el reconocimiento, por parte de las otras naciones, de relaciones en términos de igualdad; por lo mismo, en la práctica, la diplomacia antiimperialista asumió perfiles antiestadunidenses, ya que fue ese país el que más presionó a México para subordinarlo a sus intereses políticos y económicos. Sin embargo, la culminación de una voluntad de cambio había exacerbado las tensiones sociales y generado el fortalecimiento de la oposición de los grupos privados, tanto en el campo como en la ciudad; asimismo, con la expropiación de los bienes de las compañías petroleras, las presiones internacionales contra la política del régimen cardenista alcanzaron su máxima tensión. Además, el grupo gobernante fue presa de las opciones políticas que se presentaban al país, experimentando así un proceso de confrontación cuyo punto central de discusión era la pertinencia de mantener una política de reformas, por un lado, o dar entrada a un gobierno moderado que posibilitara consolidar las conquistas sociales y políticas alcanzadas, por el otro. En un aspecto distinto, algunos sectores del oficialismo que habían sido marginados por el gobierno de Cárdenas —particularmente los callistas— consideraron la posibilidad de recuperar las posiciones perdidas, en tanto se fortalecía la oposición conservadora. Por el entrecruzamiento de tales factores, los dos últimos años de gobierno de Cárdenas se caracterizaron por una política de distensión, con el propósito de calmar los ánimos en el grupo gobernante, de neutralizar el descontento de los propietarios rurales mediante la contención de la reforma agraria y de ganar la confianza de los empresarios hacia el Estado, otorgando seguridad a sus inversiones y limitando la amplia combatividad que había caracterizado a los sectores laborales. En política internacional también se volcó la acción

final de la gestión gubernamental del general Cárdenas; en este terreno tuvo que sortear el cúmulo de dificultades generadas por la expropiación de la industria petrolera —boicot económico, cierre de mercados al crudo mexicano, disminución del precio de la plata, amenazas de intervención militar, etc.— que redujeron los márgenes de maniobra en el exterior. La expropiación de la industria petrolera, en 1938, fue el momento de mayor intensidad y radicalismo a que llegó la administración del general Cárdenas, pero también fue cuando la etapa de reformas entró en una fase de moderación: el gobierno atenuó el reparto agrario, fue menos complaciente con las demandas obreras y mostró más interés en consolidar las reformas ejecutadas y en salvaguardar el funcionamiento del aparato económico; en política internacional trató de llegar a un entendimiento con Estados Unidos que relajara las tensiones y presiones a que se vio sometido el país luego de la expropiación, actitud que fue bien recibida por Washington; por ejemplo, en junio de 1940, con Cárdenas todavía en la presidencia, se concretó un programa de 10 millones de dólares para modernizar al ejército mexicano, mismo que se acompañó de un programa de entrenamiento a cargo de 60 expertos del ejército y de la marina estadunidenses.1 Esta rectificación del rumbo hacia la moderación de la política de reformas se explica por la aparición de un nuevo cuadro político-social cuyas aristas principales eran las siguientes: la reforma agraria había provocado reacciones en contra tanto de los propietarios rurales como de grupos de campesinos que no compartían sus modalidades, descontento que cristalizó en las movilizaciones promovidas por la Unión Nacional Sinarquista, heredera directa del movimiento cristero y de la guerra religiosa de la segunda mitad de la década de 1920;2 los sectores urbanos, principalmente los empresarios y entre ellos los de la ciudad de Monterrey, se mantuvieron en actividad constante y alimentaban los movimientos opositores, sobresaliendo en esa época la fundación del Partido Acción Nacional, que tuvo en este descontento y en estos grupos su origen y base social.3 Finalmente, en el oficialismo revolucionario la situación se había complicado por la creciente oposición de los grupos que habían sido desplazados por el cardenismo; sobre todo los cuadros identificados con el callismo, que a esas alturas habían afirmado sus posiciones retardatarias y conservadoras, oponiéndose a las políticas de reforma agraria, al estímulo y reconocimiento de las reivindicaciones planteadas por los obreros y a la política antiestadunidense del gobierno; el general Joaquín Amaro, reconocido como el forjador de la modernización del ejército luego de la Revolución y como una de las figuras prominentes del callismo, fue uno de los líderes de este descontento, y encabezó también uno de los movimientos opositores que más actividad presentó en esos años.4 La sucesión presidencial exteriorizó las tensiones políticas y sociales engendradas por las reformas y los cambios introducidos en la administración del general Cárdenas. Tales tensiones y confrontaciones repercutieron en todo el país, tanto en el oficialismo revolucionario como en las agrupaciones opositoras, pasando por diversas organizaciones sociales. Desde 1938 empezaron a conocerse diversos nombres de posibles sucesores del general Cárdenas. Entre los mencionados figuraron personajes de relieve nacional, como Gildardo Magaña, Joaquín Amaro, Juan Andrew Almazán y Román Yocupicio. En el partido oficial —el recién bautizado Partido de la Revolución Mexicana (PRM)— las opciones

políticas y la confrontación entre las diversas fracciones oficialistas giraron en torno de tres candidatos: Francisco Múgica, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (a quien correspondía la sucesión natural, por su cercanía al presidente y su conocida postura reformista y radical); Rafael Sánchez Tapia, comandante de la primera región militar del país, y Manuel Ávila Camacho, secretario de la Defensa Nacional (estos dos últimos eran vistos como candidatos moderados del cardenismo).5 Por lo que respecta a los grupos opositores, la sucesión presidencial proveyó la coyuntura para manifestarse y organizarse. Hacia el final del periodo se desplegaron numerosas organizaciones políticas de derecha con la intención de disputar el poder al partido oficial y de cuestionar las reformas sociales y políticas emprendidas por el régimen del general Cárdenas. Esta nueva faceta política se ilustra con la aparición de diversas organizaciones — además de la Unión Nacional Sinarquista— como la Confederación de Clase Media, el Frente Constitucional Demócrata Mexicano, la Vanguardia Nacional y las Juventudes Nacionalistas. El Partido Nacional de Salvación Pública, de tintes fascistas y de vocación antisemita, intentó, sin éxito, aglutinar a los agrupamientos derechistas que se habían organizado. Algunos personajes que militaron en el oficialismo revolucionario (como el general Pérez Treviño, ex presidente del partido oficial, que a finales de 1938 anunció la constitución de un Partido Revolucionario Anticomunista) también contribuyeron a la formación de este tipo de organismos. En ese sentido, el general Joaquín Amaro, ex secretario de Guerra, con públicos antecedentes callistas, se movilizó con la intención de formar un amplio frente anticardenista de pronunciados tintes conservadores. En este mismo tenor se situó el general Juan Andrew Almazán, también de antigua y reconocida filiación en los contingentes oficiales, quien asumió la candidatura de oposición más seria y preocupante para el gobierno y el candidato oficial. El general Almazán contó con el apoyo de importantes grupos de terratenientes, sectores medios, empresarios — principalmente regiomontanos— y círculos financieros. También recibió el apoyo del viejo partido callista, comandado por Luis N. Morones, el Partido Laborista Mexicano, y del recién creado Partido Acción Nacional, aunque este último, al igual que los industriales regiomontanos, le retiró su apoyo casi al término de la contienda electoral. Esta candidatura de oposición también contó con la simpatía y el apoyo de amplios sectores populares urbanos, que incluyó a contingentes importantes de trabajadores, destacando grupos de electricistas, e integró un Comité Unificador de Trabajadores de la Industria Eléctrica Pro Almazán. Esta simpatía alcanzó tal magnitud que el Sindicato Mexicano de Electricistas se declaró neutral en la contienda y dejó en libertad a sus agremiados para que votaran por el candidato de su elección. Grupos de ferrocarrileros se pronunciaron en el mismo sentido y fundaron un organismo de apoyo denominado Partido Central Ferrocarrilero Pro Andrew Almazán; con el mismo interés los mineros constituyeron el Partido Minero Almazanista y los tranviarios el Frente Pro Almazán. La oposición al gobierno cardenista y a la hegemonía política del partido oficial surgió para rechazar las reformas políticas y sociales emprendidas durante ese régimen, y, en menor medida, como protesta por el clima antidemocrático que se apoderaba de las organizaciones políticas oficialistas. En el partido oficial, y en los círculos cercanos al poder presidencial, se resolvió la designación del candidato presidencial en medio de grandes tensiones. El general

Manuel Ávila Camacho se impuso por sus posturas moderadas, mismas que garantizaron el apoyo del grueso de los diputados, de las organizaciones corporativas del partido oficial (en particular, la Confederación de Trabajadores de México [CTM]), de los gobernadores y de los principales círculos políticos aglutinados en torno al general Cárdenas. En la consolidación de esta candidatura se desarticuló la opción representada por Francisco J. Múgica, que perdió viabilidad ante el sesgo de moderación que reclamaba el país y ante la violencia y combatividad de la candidatura de Juan Andrew Almazán. Manuel Ávila Camacho articuló y consolidó su candidatura presidencial con un lenguaje conciliador y moderado frente a los sectores medios y los círculos empresariales, los cuales estaban atemorizados por los cambios y la efervescencia social y política del cardenismo. Desde su postulación oficial como candidato del PRM, en febrero de 1939, el general Ávila Camacho entabló las negociaciones pertinentes para asumir el poder en condiciones favorables; su jefe de campaña y futuro secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Alemán, se encargó de restar fuerza al contrincante más peligroso, el general Almazán, mediante exitosas negociaciones con los empresarios regiomontanos; en forma similar, logró un pacto secreto con la Unión Nacional Sinarquista, mediante el cual sus dirigentes se comprometieron a no apoyar al candidato opositor. Al mismo tiempo, Ávila Camacho empezó a delinear un proyecto político moderado, con el interés de restar fuerza a la oposición y apaciguar el turbulento clima social y político de finales del cardenismo. En medio de un proceso electoral difícil y tras una jornada electoral plena de tensiones y de violentos enfrentamientos, se impuso el triunfo del candidato oficial. El general Ávila Camacho fue el representante del sector del oficialismo revolucionario que estaba dispuesto a negociar para neutralizar el descontento existente, estabilizar el panorama político nacional y favorecer el repunte del desarrollo económico.

LA MEJOR TABLA DE SALVACIÓN, LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL En un México confrontado, pleno de tensiones y ajustes de cuentas, con un entorno económico desfavorable y con el asedio de Estados Unidos por la expropiación de la industria petrolera, la segunda Guerra Mundial fue un bálsamo. Permitió relajar las tensiones sociales, aportar el contexto para resolver los diferendos internacionales y reactivar el mercado de las exportaciones; creó condiciones para reanimar el aparato productivo; ofreció las condiciones necesarias para la conciliación entre las tribus revolucionarias y entre los distintos segmentos sociales. Por otra parte, si bien en los últimos dos años de su mandato el general Cárdenas había jugado con los gobiernos de los países del Eje —Alemania, Italia y Japón— para compensar el cierre de los mercados estadunidense y europeo debido al boicot generado por la expropiación petrolera, una vez que estalló el conflicto y que se colocó en el escenario la eventual participación de Estados Unidos en éste, la realineación de México era obligada. No podía ser de otra manera para ambos países; en lo que respecta a México, la guerra prácticamente había cerrado el comercio con Europa, a la vez que la privilegiada frontera con

el vecino del norte garantizaba una salida a las exportaciones sin el riesgo de los mares infestados de acorazados y submarinos; mientras que, por su parte, Washington no se podía dar el lujo de tener un conflicto en el traspatio ni de poner en riesgo un proveedor seguro de materias primas, tan necesarias para la economía bélica, y hasta de mano de obra. Por esta razón, el Departamento de Estado promovió una política de acercamiento con América Latina de la cual no estuvo exento México.6 Los márgenes que impuso la guerra a los dos países fueron debidamente entendidos desde finales de la administración cardenista, como se apuntó líneas arriba, y adecuadamente procesados con la elección de Ávila Camacho a la presidencia, para concluir el sexenio con una positiva transformación de las relaciones entre ambos gobiernos, y de México con las potencias que conformaron el grupo de los aliados. Los siguientes datos muestran este cambio. El 14 de julio de 1941, meses antes del incidente de Pearl Harbor, la Federal Loan Agency, por intermedio de la Metal Reserve Company y de la Defense Supply Corporation, estableció acuerdos para destinar a Estados Unidos y a otros países del hemisferio occidental “los excedentes exportables de los materiales estratégicos y críticos de México —antimonio, cobre, grafito, henequén, plomo, mercurio, tungsteno, estaño y zinc”—. Acuerdos parciales de esta naturaleza desembocaron en un convenio global, fechado el 19 de noviembre, que incluyó los puntos siguientes: México accedió a pagar a Estados Unidos 40 millones de dólares por concepto de viejas reclamaciones agrarias y otras más; la Tesorería de Estados Unidos se comprometió a comprar mensualmente seis millones de onzas de plata mexicana y, por último, el Export-Import Bank adquirió el compromiso de otorgar un crédito de 30 millones de dólares para la construcción de caminos y la rehabilitación de vías de comunicación mexicanas.7 A mediados de 1941, sin mediar el concurso de las compañías petroleras expropiadas, los gobiernos de México y de Estados Unidos entraron en una negociación que desembocó en un arreglo; la base de las discusiones consistió en que las empresas expropiadas no retomarían el control de sus propiedades ni intentarían reclamar derechos en el ramo del petróleo; la liquidación de la indemnización sería diferida, y su monto y forma de pago se establecería de común acuerdo entre ambos países. Sobre esta base, a principios de 1941 se resolvieron las indemnizaciones y las formas de pago a las empresas estadunidenses expropiadas; más adelante, en 1943, el gobierno mexicano también inició negociaciones parecidas con el gobierno de Su Majestad, la Gran Bretaña, que resultaron en un arreglo concluido en agosto de 1947, ya bajo el gobierno de Miguel Alemán.8 El arreglo del litigio petrolero tuvo repercusiones positivas para la economía mexicana; de inmediato se cancelaron el boicot económico y las presiones diplomáticas que había sobre el país, se aseguró que los hidrocarburos mexicanos tuvieran acceso al mercado estadunidense y se allanaron las dificultades que habían obstaculizado la adquisición del equipo necesario para rehabilitar la planta industrial y continuar los proyectos de expansión de Petróleos Mexicanos. A sólo tres años de iniciado el conflicto causado por la expropiación, la situación quedó resuelta en términos favorables para México. Si a finales de 1938 el país se encontraba asediado por las presiones económicas y diplomáticas de las compañías y de los gobiernos afectados, para finales de 1942 el derecho expropiatorio había sido asumido por una de las principales partes del conflicto, la estadunidense. La Guerra Mundial facilitó la consumación

de la expropiación y dio alivio a las finanzas mexicanas, lo que propició su recuperación. Respecto al sector ferroviario, también se alcanzaron acuerdos que permitieron la instrumentación del programa de rehabilitación más ambicioso desde la Revolución, en el entendido de que a los estadunidenses les interesaba la comunicación hacia su frontera para asegurar el tráfico de mercancías. Sin embargo, uno de los acuerdos más significativos consistió en la firma del primer tratado comercial entre ambos países. El 23 de diciembre de 1942 se firmó en Washington el convenio por el cual se otorgaban concesiones arancelarias para la exportación de productos mexicanos considerados estratégicos, tales como zinc, plomo, antimonio, grafito, mercurio, molibdeno, fibra de henequén y cordelería; a los productos agrícolas se les otorgó el mismo estatus. El punto central de la negociación fue la cancelación —formal para ese momento— de las cuotas restrictivas que pesaban sobre el petróleo y el combustible mexicanos desde 1938; en contrapartida, México otorgó concesiones para cerca de 200 productos de exportación estadunidenses, entre los que se pueden mencionar carne, leche, cereales, refrigeradores, radios, etcétera.9 Por otra parte, la guerra fue la ocasión para que el Estado se proveyera de mejores recursos jurídicos a fin de controlar e impedir el reclamo social, legitimar el poder, plantear su acercamiento con los llamados países democráticos y pulir el discurso de la democracia. En esta tesitura, el mismo día que se declaró el estado de guerra contra Alemania, Italia y Japón, el 2 de junio de 1942, se decretó en México la suspensión de las garantías individuales. Más adelante el gobierno promovió y obtuvo reformas legislativas que dotaron al Estado de un mejor andamiaje para reorientar el rumbo y contener la protesta social. Entre estas reformas destacan las siguientes: en el ramo agrario, el beneficio a los pequeños propietarios en los nuevos distritos de riego que se abrieran; en materia laboral, la limitación del derecho de huelga para atacar —como expresó uno de sus promotores— “los efectos socialmente negativos del ejercicio de ese derecho”;10 fue en este paquete de reformas que se incluyó la calificación de “existente” e “inexistente” para tipificar una huelga, y también se incluyó en el código penal el delito de disolución social que permitiría a los gobiernos sucesivos disponer de amplios poderes para controlar y reprimir los grupos y movimientos opositores.11 Gracias a estas reformas el Estado tuvo un mejor control político y logró, igualmente, contener la dinámica y las exigencias de diversos sectores laborales; entre éstas destacaron la liquidación de la administración obrera en Ferrocarriles Nacionales, el sofocamiento de las movilizaciones en ese sector y la toma de control de la aún naciente empresa petrolera estatal.12 Para redondear sobre las repercusiones que tuvo el conflicto mundial, se debe agregar la inclusión de la “unidad nacional” en el ideario del avilacamachismo. Debemos mencionar que esta bandera la izó el general Ávila Camacho desde su campaña presidencial, con el propósito de lograr el restablecimiento y la concordia en las filas del oficialismo revolucionario y, en menor medida, para intentar restañar las heridas sociales y políticas de finales del cardenismo. La Guerra Mundial y la participación de México al lado de las “democracias”, desde mediados de 1942, permitió al Estado promover una política de conciliación nacional y de consenso en torno a las medidas para enfrentar la contingencia del conflicto bélico. Empero, el Estado encontró en la guerra una cobertura favorable para promover acciones de conciliación nacional, tanto entre sectores políticos como entre grupos sociales diversos,

permitiéndole introducir reformas legales destinadas a garantizar el control político nacional. Ya casi al término del conflicto, el gobierno intentó revitalizar la bandera bajo el argumento de que con ese ideario el país podría adecuarse al momento de la posguerra, cuando los vientos del librecambio, promovidos por Washington, amenazaban el esfuerzo de industrialización.

SALDOS FAVORABLES DEL GOBIERNO DE CONCILIACIÓN REVOLUCIONARIA LOS resultados de la administración del general Ávila Camacho fueron muy favorables para el país y benéficos para el régimen político emanado de la Revolución. La política adoptada en consonancia con los acontecimientos mundiales permitió profundizar el apaciguamiento de las pasiones, contener el radicalismo y la dinámica de las demandas de campesinos y obreros y, al mismo tiempo, ofrecer salidas en términos de productividad, de mercados para las exportaciones de materias primas y de opciones de empleo tanto internamente como en el país vecino. En el mismo sentido, fueron posibles y acompañaron la aplicación de la política en curso una exitosa política de conciliación de clases, el fortalecimiento de los civiles en las instancias de dirección, así como la transformación del partido oficial que abrió espacio a los sectores medios y disminuyó la influencia de los militares. Dos de los factores que jugaron a favor del buen comportamiento de la economía fue la política laboral y la consecución de acuerdos entre las organizaciones de trabajadores y los empresarios. Respecto a lo primero, aprovechando su discurso del 1° de mayo de 1942, como parte de los preparativos para declarar y enfrentar el estado de guerra, Ávila Camacho hizo un llamado a la unidad de todas las organizaciones obreras y los sindicatos del país. El exhorto fue seguido de una reunión del presidente con los líderes de las principales agrupaciones laborales, en la cual —tomando como argumento persuasivo la declaración del estado de guerra formulada el día 28 de mayo— les sugirió que se agruparan en una sola organización con la finalidad de “defender sus intereses” y de “respaldar al gobierno” en los momentos difíciles por los que atravesaba el país. Ávila Camacho enmarcó esta sugerencia en una propuesta más amplia en la que dichas organizaciones llegaran a un pacto obreroindustrial que, a su vez, desembocara en la constitución de una comisión nacional tripartita integrada por representantes de patrones, trabajadores y gobierno.13 La iniciativa resultó en la firma de un pacto de unidad suscrito el 4 de junio por la CTM, que era la organización laboral de mayor peso, perteneciente al partido oficial y vinculada al gobierno desde su fundación; la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), situada en el ala conservadora y con una posición contestataria al gobierno desde 1928, cuando, a causa del asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, fue desplazada de la privilegiada posición que tenía en el gobierno del general Calles (1924-1928); la Confederación Proletaria Nacional (CPN), organismo de reciente creación que trató de organizar el descontento sindical en contra de la central oficialista CTM; la Confederación General del Trabajo, organización que se deslizó a posiciones cercanas a la CROM y, por último, el Sindicato Mexicano de Electricistas, organismo de tradición democrática e independiente.

Los organismos firmantes se comprometieron a liquidar o interrumpir las pugnas intergremiales, a cooperar en la política gubernamental de la “batalla por la producción” y a suspender las huelgas y paros. También se pronunciaron porque sus discrepancias con los patrones fueran resueltas por la vía de la conciliación y se comprometieron a constituir un Consejo Obrero Nacional que agrupara al conjunto de las organizaciones laborales y que definiera la política de los trabajadores.14 Este acto tuvo tres significados. En primer lugar, el mérito de reunir bajo un solo organismo cúpula a las principales organizaciones laborales del país, a pesar de que entre ellas existiera una gran rivalidad; por ejemplo, la CTM fue el resultado de la unión de las organizaciones obreras que se formaron entre 1922 y 1934, y de las que en esos años se separaron de la CROM. En este sentido, la CTM tuvo interés en desplegar un tipo de sindicalismo diferente al que había practicado la otra central mayoritaria. De manera similar, la CPN se había constituido bajo la consigna de combatir el sindicalismo y la fuerza política de la CTM, y sus acciones en el medio sindical estuvieron orientadas a debilitar la organización gobiernista. En segundo lugar, con el pacto se aliaron al gobierno el grueso de las organizaciones obreras y se pronunciaron sin cortapisas a favor de su política económica y del fortalecimiento del clima de estabilidad. Finalmente, los dirigentes sindicales se mostraron dispuestos a moderar sus dificultades con los patrones y a optar por la conciliación en los conflictos obrero-patronales. A los pocos días, los firmantes dieron vida al citado Consejo Obrero Nacional, al cual se unieron las organizaciones de mineros y trabajadores textiles, formando así la central de mayor peso en el país conformada por más de un millón de trabajadores. La cooperación y las buenas relaciones entre patrones y organizaciones sindicales tuvieron su momento cumbre el 1° de abril de 1945, ya al término de la guerra, con un acto suscrito por la CTM, la Confederación de Cámaras Industriales y la Cámara de la Industria de Transformación. Estos organismos no representaban ni al conjunto de las organizaciones obreras ni al de las organizaciones patronales, pero tenían el mérito de ser las agrupaciones más influyentes y, sobre todo, se distinguían por su estrecha relación con el gobierno y con el grupo político en el poder. Los firmantes de ese pacto se pronunciaron por la autonomía económica de México, por estimular su desarrollo económico y por elevar el nivel de vida del conjunto de la población. Para alcanzar estos objetivos coincidieron en “buscar la cooperación financiera y técnica de las naciones más industrializadas del continente americano, como Estados Unidos y Canadá”. Acordaron también que “al pueblo y gobierno de México” presentarían un programa de desarrollo económico tendiente “a liquidar la etapa de la economía feudal” mediante el impulso de una agricultura moderna y de una “revolución industrial”.15 Si bien la decisión de la CTM le valió poco después su expulsión del Consejo Obrero Nacional, lo cierto es que significó un quiebre histórico en la política del movimiento obrero tras la guerra civil. Por ello se puede decir que para finales del avilacamachismo había quedado atrás el radicalismo de un movimiento obrero que adoptó posturas anticapitalistas y que, tímidamente, incluso había llegado a delinear el objetivo de una sociedad sin clases. En su lugar se impuso una corriente sindical mayoritaria preocupada por la industrialización del país y por la cooperación con los patrones y el Estado para el logro de este fin.

Esta política colaboracionista tuvo dos expresiones; en un primer momento estuvo dirigida a solicitar la cooperación de los trabajadores con el proyecto económico gubernamental, bajo el argumento de que se le debía apoyar en la defensa del país ante el estado de guerra que se mantuvo durante casi todo el sexenio. Este argumento se reforzó con la tesis de que la participación de México en el conflicto mundial se daría en el terreno económico, particularmente con la exportación de materias primas para la industria bélica estadunidense. La política colaboracionista se renovó a finales del sexenio ahora con el razonamiento de que los trabajadores, en concertación con los industriales y el gobierno, debían participar en la configuración de la política a seguir en el periodo de la posguerra. Para esta etapa, los ideólogos oficiales auguraban una era de gran expansión industrial que permitiría sacar al país de la “economía feudal” que lo ataba al pasado. La mayoría de las organizaciones sindicales —desde las más conservadoras, como la CROM, hasta las cercanas al poder político, como la CTM— aceptó y se sometió a los imperativos de la política de unidad nacional. En los sectores cercanos al oficialismo se observó un gran fervor de los dirigentes sindicales por impulsar y reforzar la colaboración demandada por el presidente; además, entre las diversas posiciones políticas representadas por el mosaico de organizaciones obreras no hubo una confrontación suscitada por el desacuerdo de alguna de ellas respecto a dicha política de unidad; cuando hubo discrepancias, éstas se debieron a la disputa por el liderazgo laboral. La política de colaboración, el favorable contexto de la guerra mundial para la economía nacional y el apaciguamiento de las pasiones arrojaron saldos positivos. En esta circunstancia se ampliaron las exportaciones, se derribaron las barreras que habían restringido el acceso de algunos productos mexicanos al mercado estadunidense y se estimuló un proceso de sustitución de importaciones. Cabe añadir, por otro lado, que México recibió una cantidad importante de capitales europeos que encontraron refugio en el país, así como fondos del vecino del norte que buscaban eludir los impuestos de guerra. A este flujo de capitales se sumaron los préstamos, los subsidios y las inversiones directas realizadas por Estados Unidos como parte de su política hemisférica de defensa. Veamos algunos datos que lo ejemplifican. La tendencia hacia la urbanización es evidente si observamos que, para 1939, el valor de la producción agrícola y ganadera era de 1 115.8 millones de pesos, en tanto que el valor de la producción manufacturera, minera, petrolera y de energía eléctrica representaba un monto de 1 761.3 millones de pesos. En contraste, a finales del gobierno de Ávila Camacho el incremento de las actividades urbano-industriales se había acentuado, y para 1946 su valor era de 5 476.2 millones de pesos, contra 3 976.2 millones de las agropecuarias.16 Los bienes y servicios producidos en el país crecieron considerablemente; a principios del sexenio su monto era de 6 371.7 millones de pesos y tres años después llegó a 11813.1 millones; para 1946 casi se triplicó al alcanzar 24 170.5 millones.17 El comercio representaba 24% en 1940, mientras que en el último año del sexenio era 32%; en los mismos años, la manufactura pasó de 16.1 a 19%. Por el contrario, la agricultura y la ganadería disminuyeron su participación de 19.1 a 16.4% en el mismo lapso.18 En el rubro de las exportaciones, en 1939 se destinó 58.8% a Estados Unidos; el siguiente año se incrementó a 82.3%; a mediados del sexenio fue de 86.9% y en el último año disminuyó

ligeramente a 82.7%. Por el contrario, el comercio con Europa casi se canceló; en 1939 representaba 36.8%, pero en los siguientes años y hasta el final del sexenio no rebasó 1%. En cuanto al comercio con América Latina, hubo un incremento, al pasar de 3 a 12.3%, entre 1940 y 1946.19 En cuanto a las divisas, se registró una cuantiosa acumulación provocada por la llegada de capitales y por la intensificación del comercio exterior; en esta circunstancia, las reservas en dólares en el Banco de México casi se sextuplicaron al pasar de 51 millones en 1942, a 372 en 1946. Sin embargo, estos recursos tuvieron dificultades para traducirse en mercancías o en inversiones, de ahí que en buena medida hubieran permanecido ociosos, o bien, que fueran invertidos en propiedades campestres o suburbanas, en la adquisición de empresas o en la especulación con artículos de primera necesidad, situación que explica el acaparamiento urbano registrado en el periodo y la carestía que resintió la economía popular.20 Estos resultados fueron precedidos por un brusco freno a la reforma agraria, de tal forma que durante toda la administración del general Ávila Camacho se otorgaron 5 286 636 hectáreas, cifra muy por debajo de las 20 074 704 que se entregaron en el gobierno cardenista y que representó poco menos de las repartidas en todas las administraciones revolucionarias anteriores.21 Finalmente, en materia militar se registró un fenómeno similar al de la dinámica económica en el sentido de que se fortalecieron los vínculos con el vecino del norte. Ambos gobiernos acordaron la transferencia de pertrechos militares para la modernización del ejército mexicano; a partir de 1942 empezaron a cruzar la frontera cuantiosos implementos militares y se integró una comisión conjunta de defensa que instrumentó un programa integral para la defensa de México que incluyó la construcción de bases aéreas y la instalación de líneas telefónicas y de estaciones meteorológicas, en el entendido de que el grueso del financiamiento correría a cargo de Washington; con el mismo propósito se acordó el intercambio de información política y militar sobre todos los aspectos relacionados con la defensa común.22 Una nueva era de cooperación internacional, estabilidad política y crecimiento se abría para los gobiernos de la posrevolución.

A MANERA DE CONCLUSIONES El de Manuel Ávila Camacho se puede considerar como un gobierno bisagra entre el radicalismo revolucionario —el gobierno del general Lázaro Cárdenas (1934-1940)— y el conservadurismo modernizador —el gobierno del licenciado Miguel Alemán (1946-1952)—. En esta administración se concluyó el ciclo de las reformas y reivindicaciones sociales del cardenismo, sin haber representado una ruptura en tanto que la corrección del rumbo se dio incluso desde finales del gobierno de Cárdenas, además de que la decisión de su sucesor recayó en el propio general michoacano; como hipótesis se manejó que la administración cardenista fue sensible a la transformación operada a finales de los años treinta en materia social y política en México, así como al cambio en el escenario internacional marcado por el inicio de la segunda Guerra Mundial, situación que provocó el cierre de los mercados

europeos y presionó para una realineación con el vecino del norte. El escenario de la guerra mundial puede ser considerado como un bálsamo que ayudó a resolver los desajustes y las tensiones sociales y políticas existentes a finales del radicalismo revolucionario, permitiendo resolver el delicado diferendo internacional por la nacionalización del petróleo, recuperar la cordialidad de las relaciones con Estados Unidos, inyectar capital a la industria petrolera y restablecer el mercado para la exportación de crudo y otras materias primas, dinamizar la economía —las industrias dedicadas a la exportación llegaron a cubrir hasta tres turnos—, reactivar algunos rubros de la incipiente industria nacional, propiciar la instalación de otros y captar cuantiosos recursos económicos foráneos de los capitales que huyeron de la crisis europea. Además, el conflicto mundial y el alineamiento de México con los países aliados facilitaron la implantación de la moderación política, y sirvieron para restañar las heridas de los viejos enfrentamientos entre las facciones revolucionarias y las del propio oficialismo revolucionario con algunos de los afectados o perdedores del antiguo régimen. Asimismo, la guerra posibilitó la construcción de la escenografía de la democracia mexicana y, por lo mismo, el despliegue del discurso de su “perfeccionamiento”, el cual se extendió hasta la década de 1970. También permitió a México salirse del esquema en que solían ubicarlo las principales potencias —léase Estados Unidos y Gran Bretaña, fundamentalmente—, por sus inclinaciones socializantes y comunistas. El saldo del gobierno avilacamachista se puede ver en los puntos siguientes: se concluyó el radicalismo y se moderó drásticamente la política social del gobierno; se mantuvo y profundizó el freno a la reforma agraria; se estableció la conciliación entre capital y trabajo; los empresarios y los propietarios rurales volvieron a tener un espacio en el discurso y en los programas de gobierno; se canceló el discurso antiimperialista —interprétese como antiestadunidense—; el régimen posrevolucionario adquirió una gran legitimidad y, por último, se sentaron las bases para la etapa desarrollista fundamentada en el proteccionismo y la conducción económica por el Estado.

1

Rivero, 1986. Consúltense: Gill, 1944, y Gill, 1970; Campbell, 1976; Meyer, Jean, 1970. 3 Cf. Loaeza, 1999. 4 Cf. Loyo Camacho, 2003; Contreras, 1978; Medina, 1979. 5 Cf. Garrido, 1982; Contreras, 1978; Torres Ramírez, 1979. 6 Cf. Rivero, 1986; Paz Salinas, 1986; Torres Ramírez, 1986; Daniels, s/f. 7 Hediger, 1943, p. 37; Meyer, Lorenzo, 1968, p. 448; Alemán Velasco, 1977. 8 Loyola Díaz, 1991, pp. 41, 42; Meyer, Lorenzo, 1988. 9 Hediger, 1943; Rivero, 1986. 10 Quintana, 1946. 11 Loyola Díaz, 1991, p. 37. 12 Idem. 13 Memorias CROM , agosto de 1941 a julio de 1943, pp. 31-34. 14 AGN, Unidad Presidentes, Manuel Ávila Camacho, 437-3/165. 15 El Popular, 2 de abril de 1945, p. 9. 16 Datos calculados a partir del cuadro 2 del libro de Ortiz Mena. Raúl, 1953. 17 Idem; de manera parecida se incrementó el producto interno bruto de forma tal que mientras en 1940 fue de 22 889 millones de pesos (de 1950) para 1946 llegó a 32 477 millones. Solís, 1980. 18 Ortiz Mena, Raúl, 1953, cuadro III-1. 19 Beteta, 1951b, cuadro 144. 20 Ibidem, p. 488; Hediger, 1943, p. 36. 21 Eckstein, 1966, cuadro 1. 22 Alamillo, 1946. 2

EL MODELO ECONÓMICO DE LA PRESIDENCIA DE MIGUEL ALEMÁN

MA. ANTONIA MARTÍNEZ Universidad de Salamanca/ Instituto Universitario Ortega y Gasset

LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1946 La política de “unidad nacional” y las estrategias seguidas por Manuel Ávila Camacho respecto a los diferentes sectores sociales del país1 tuvieron como efecto que se neutralizara la polarización social prevaleciente a finales del sexenio cardenista, hecho que resultó decisivo seis años después, ante la cercanía de la sucesión presidencial. En 1945, cuando se empezaron a barajar nombres del posible candidato del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), era evidente que el próximo jefe del ejecutivo debía continuar la política de industrialización por la que se había decantado el gobierno de Ávila Camacho. El proyecto de desarrollo cardenista había sido ya definitivamente abandonado y sustituido por un nuevo tipo de modernización económica. Si bien los actores políticos estaban mayoritariamente de acuerdo con el desplazamiento del modelo, la homogeneidad de opiniones no alcanzaba a cubrir el asunto de quién debía ser el sucesor presidencial. Sin objetarse el nuevo fin de la Revolución —la industrialización—, las divergencias surgían en torno a si el siguiente presidente debía retomar las formas de actuación cardenista o, por el contrario, continuar en la línea política —aunque bajo condiciones internacionales diferentes— iniciada por el gabinete avilacamachista. Lo importante, sin embargo, era que esta oposición no se configuraba, como en 1940, con la fuerza suficiente para provocar una crisis política. Esto era resultado de la política de “unidad nacional” y de la aceptación de que la Revolución había visto modificada, en parte, su naturaleza.2 Ya en 1944 empezaron a manejarse numerosos nombres como posibles candidatos oficiales a la presidencia.3 Miguel Henríquez Guzmán, Javier Rojo Gómez y Miguel Alemán —procedentes todos del seno del PRM— se configuraron como los que tenían mayores posibilidades de acceder a la nominación; los dos primeros estaban apoyados por amplios sectores de la izquierda oficial y el segundo gozaba del favor del presidente. Finalmente, fue Alemán, secretario de Gobernación, quien obtuvo la candidatura en junio de aquel año. El primer sector en nominarlo oficialmente fue la Confederación de Trabajadores de México (CTM), secundada por la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP ), así como el Partido Comunista. Con su elección se puso de manifiesto que la élite política consideraba que los planteamientos del cardenismo, de lo que podía denominarse izquierda oficial, ya no eran válidos y que debía continuarse en la línea iniciada por Ávila Camacho. Junto a Alemán surgieron otros dos candidatos, también procedentes del partido oficial: Ezequiel Padilla —secretario de Relaciones Exteriores en ese sexenio— y el citado Henríquez Guzmán. El primero, inconforme por no haber obtenido la candidatura del PRM, fundó el Partido Democrático Mexicano (PDM). Por su parte, Henríquez Guzmán decidió participar políticamente, pero no en la contienda electoral; para ello fundó la Federación de Partidos del Pueblo (FPP ), bajo la dirección de políticos de filiación cardenista y con la pretensión no de contender en la elección sino de sustraer seguidores de las filas de Padilla.4 En los comicios resultó electo Miguel Alemán con 1 786 901 votos frente a 443 357 de Padilla.5 Durante el periodo previo a la elección, tres sucesos evidenciaron que la correlación de fuerzas se había modificado sustancialmente durante el gobierno de Ávila Camacho,

resultando en un mayor fortalecimiento de la institución presidencial: la elaboración del plan de gobierno para el siguiente sexenio, las modificaciones a la ley electoral y la reforma del PRM. Miguel Alemán rompió con la tradición establecida por los dos gobiernos anteriores de que el Plan Sexenal era elaborado por las instancias partidistas o cercanas al presidente, para después ser asumido por el candidato oficial, quien se comprometía, al menos en teoría, a su puesta en práctica. Siendo precandidato, Alemán elaboró lo que constituiría su programa de gobierno, mismo que posteriormente logró el apoyo del conjunto de sectores del PRM. Además de ser documentos consensuados, en mayor o menor medida los anteriores planes incluían lo que las diversas tendencias revolucionarias consideraban debía ser la futura orientación del gobierno. Estos elementos no estaban presentes en el nuevo programa de gobierno, de cuya elaboración habían quedado excluidos todos los sectores del partido. En el programa alemanista se fijaba que se ahondaría en las líneas económicas y sociales iniciadas por Ávila Camacho. Sin abandonar radicalmente la terminología revolucionaria como base de legitimación, se afianzaba en los presupuestos de la industrialización, de un intervencionismo estatal de bases diferentes, con una mayor presencia del capital extranjero y, sobre todo, con un mayor control del movimiento sindical. Los sectores del partido —sobre todo la CTM, con Vicente Lombardo Toledano al frente— se mostraban de acuerdo en continuar por el camino de la industrialización, si bien se oponían al resto de los planteamientos que el programa recogía. Sin embargo, a pesar de su exclusión de la elaboración del plan de gobierno, consideraban que Alemán precisaba de su apoyo para el desempeño de sus funciones. Pensaban que era posible establecer un gobierno de “unidad nacional” con la participación directa de representantes obreros y campesinos, y que la coalición de fuerzas que se articulaba en torno a la CTM tendría la capacidad suficiente de imponerle a Alemán las condiciones de su apoyo. Pero lo equivocado del análisis de los líderes de la izquierda oficial habría de manifestarse con prontitud. A ello contribuyó, en primer lugar, la reforma de la ley electoral.6 En diciembre de 1945, a iniciativa del presidente de la República, fue presentado un proyecto de ley de reforma de la legislación electoral.7 Los cambios propuestos eran, en parte, una respuesta a los diferentes partidos de oposición que acusaban al gobierno de que, amparándose en la norma existente, permitía el fraude impidiendo así la libre competencia de las agrupaciones partidistas y la consolidación de la democracia. El gobierno deseaba que las próximas elecciones que habían de realizarse no fuesen calificadas de irregulares, como las de 1940. Para el gabinete era necesario que todas las fuerzas, nacionales y extranjeras, considerasen que México era un país democrático, donde se realizaban comicios limpios; es decir, que no se diferenciaba en nada de las democracias con las que se había aliado durante la segunda Guerra Mundial. Pero la reforma electoral, que era presentada como un paso hacia la modernización política, en realidad contribuyó a fortalecer la presencia del Estado en los procesos electorales.8 Con las modificaciones se pretendían dos objetivos: centralizar el proceso electoral y propiciar la creación de partidos políticos de carácter nacional y permanente. Para lograr el primer punto, y al contrario de lo establecido en la ley de 1918, la nueva normativa fijaba la creación de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Ésta se integraba por el secretario de Gobernación, otro miembro del poder ejecutivo, dos del legislativo, dos comisionados de la Suprema Corte de Justicia y dos representantes de los partidos. Lo novedoso era que, mediante esta comisión, se centralizaba por primera vez la

vigilancia del proceso electoral haciéndolo recaer bajo el control del ejecutivo y eliminando la participación e influencia decisiva que, hasta ese momento, habían poseído las autoridades locales. En cuanto a los partidos políticos, la reforma buscaba facilitar la constitución de organismos nacionales estructurados y permanentes, frente a agrupaciones efímeras como hasta entonces había sido la tendencia. En este ámbito, la nueva ley reforzaba el papel del ejecutivo al establecer que la Secretaría de Gobernación otorgaría el registro como partido a una agrupación si ésta cumplía una serie de requisitos. Debía contar al menos con 30 000 afiliados, actuar pacíficamente y sujetar sus actos a la Constitución, adoptar una denominación que no hiciese referencia a asuntos religiosos ni raciales, recoger en su acta constitutiva la prohibición de realizar pactos o acuerdos que pudiesen obligar a su subordinación a organizaciones o asociaciones políticas extranjeras y elaborar un programa en el que se estableciesen con claridad los objetivos que se pretendían alcanzar y los medios que utilizarían para resolver los problemas nacionales.9 El último de los elementos, que se articuló a fines del sexenio, fue la reforma del partido en el gobierno, con lo que concluía el proceso iniciado con la creación de la CNOP y la disolución del sector militar. El PRM había terminado por ser un importante lastre ideológico y, parcialmente, de oposición política para los proyectos de la nueva élite que había llegado al poder con Ávila Camacho pero, sobre todo, con aquel a quien debía convertir en el nuevo presidente. El partido —que, además de factor de modernización, tenía que constituirse en una poderosa maquinaria electoral— había manifestado sus limitaciones en esta última línea durante las cuestionadas elecciones de 1940. Además, el derecho de los sectores a designar candidatos para las diferentes elecciones había resultado en dotar a los dirigentes sectoriales de gran poder político. La suma de estos elementos condujo a que los altos cargos del partido y del gobierno tomaran la decisión de transformar al PRM en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en enero de 1946. Esto, como señala Furtak, “traslucía el hecho de que el partido debía ser visto como una sólida institución del sistema gubernamental mexicano, y estaba […] orientado más bien hacia la conservación del statu quo, que hacia la consecución y el cumplimiento cabal de los postulados sociales inscritos en la Constitución de 1917”.10 Las novedades que el nuevo partido ofrecía estaban relacionadas con el proceso de toma de decisiones, de correlación de fuerzas en su interior y con lo que, hasta esa fecha, constituía su declaración de principios. La estructura del nuevo partido presentaba como órgano soberano a la Asamblea Nacional y, a continuación, al Consejo Nacional, compuesto por tres representantes de cada entidad federativa elegidos por cada uno de los sectores que integraban el partido. La modificación más importante consistía en la sustitución de la afiliación global por la individual y, sobre todo, en la redefinición de las funciones que los sectores desempeñaban en el seno del partido, lo que iba dirigido, esencialmente, a alterar las prácticas sobre la selección de candidatos a los diversos puestos de elección popular. En lugar de que los sectores designaran a las personas que, en cada nivel, concurrirían a las elecciones, se hizo recaer esta facultad en los miembros del partido considerados individualmente y quienes habrían de expresar su voluntad mediante el voto secreto. Este cambio, que aparecía como una continuación de la democratización que ya se establecía en la ley electoral, en la práctica se concretó en que fueran las autoridades centrales del partido las que nombraran a los candidatos, con lo que se fortalecía la estructura centralizadora de la

organización, al mismo tiempo que se debilitaba a las autoridades locales y, sobre todo, a los sectores. Estos últimos, que en 1946 acordaron no luchar entre ellos en las campañas electorales, sino apoyar recíprocamente a sus respectivos candidatos, habrían de recuperar cuatro años después sus anteriores capacidades al hacerse evidente que la lealtad al partido era menor que a las organizaciones que lo conformaban.11 El desplazamiento del poder político de los grupos locales, estatales y sectoriales hacia los órganos centrales del partido había logrado su objetivo: fortalecer la presidencia de la República y disciplinar a los diversos grupos de presión frente a la autoridad y a los proyectos de desarrollo que se elaborasen desde el ejecutivo. La tendencia creciente a que los líderes sectoriales fueran situándose en un marco de dependencia de la presidencia se agudizó a partir de la conversión del partido en el PRI. Cuando, en 1950, los sectores recuperaron su capacidad de decidir candidaturas, el proceso no fue revertido, en realidad, ya que los dirigentes se ocuparían ahora más de obtener y consolidar sus posiciones en el interior de la estructura partidista y gubernamental que de lograr los objetivos revolucionarios.12 El papel que debía desempeñar el partido en cuanto factor de apoyo a la figura y políticas presidenciales, y la disciplina a las autoridades centrales que debían observar los líderes y los miembros de los sectores se pusieron de manifiesto con los cambios introducidos en el corpus ideológico del partido que, como señala Medin, fueron más por omisión que por aclaración expresa.13 El lema del PRM —“Por una democracia de los trabajadores”— si bien no implicaba la asunción del marxismo, aceptaba como objetivo la necesidad de preparar al pueblo para que se lograse dicha forma de gobierno y se reconocía la lucha de clases como un medio para la superación del capitalismo. Junto a la invitación para que los trabajadores se hiciesen con el poder político, se reconocía lo prioritario de la organización colectiva de la agricultura y la nacionalización progresiva de las industrias como base para una transformación del sistema social.14 Estos lineamientos ideológicos, que ya entraban en colisión con las prácticas de desarrollo que habían imperado durante el gobierno de Ávila Camacho, fueron matizados en la declaración de principios del nuevo partido. En relación con la lucha de clases, se reconocía que era un fenómeno inherente al capitalismo pero se abandonaba la idea de que el partido tenía que participar de alguna manera en dicho conflicto. La colectivización del ejido se hacía depender de las circunstancias y de la voluntad de los interesados. En cuanto a la posibilidad de que los obreros controlasen la dirección de las empresas, se supeditaba a que, en un futuro, los trabajadores llegaran al dominio de los conocimientos técnicos necesarios. Finalmente, se adoptó un nuevo lema: “Democracia y justicia social”.15 Todas estas reformas, aprobadas por los representantes de los sectores y que llevaban aparejada la exclusión del programa defendido por la izquierda oficial, fueron posibles sin división alguna de las fuerzas revolucionarias. El nuevo partido parecía estar más acorde con los proyectos de modernización política y económica que propugnaba el todavía candidato Miguel Alemán. A cambio, la CTM y los grupos más radicalizados veían disminuida su influencia. No ocurría lo mismo con el gobierno que así conseguía aumentar su capacidad de maniobra y lograba construir una nueva imagen del partido y de la élite dirigente, que debía ser válida tanto en el interior como en el exterior del país. La sustitución definitiva del pasado cardenista por un nuevo tipo de modernidad económica y política había avanzado

considerablemente con el surgimiento del PRI. Ése fue el momento para que Alemán —a quien hasta entonces sólo habían postulado candidato los sectores pero no la organización partidista — obtuviese el apoyo del PRI para las elecciones a la presidencia del país.

EL MODELO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DE ALEMÁN En septiembre de 1945, el candidato Miguel Alemán hizo público su programa de gobierno, de cuya elaboración, como ya se dijo, habían quedado excluidos todos los sectores del partido. Como manifestación de una nueva forma de entender y hacer política, Alemán suplió la participación de los diversos grupos en la redacción del plan mediante la realización de las denominadas “mesas redondas”. El principio alemanista de que la política debía quedar supeditada a la técnica16 se concretó en la convocatoria de estas mesas donde, además, se pretendía lograr el consenso de los diversos factores productivos en torno a la modernización económica que, con mayor intensidad, se buscaba impulsar. Este acuerdo debía sustituir al procedente de los grupos revolucionarios. Las mesas redondas17 fueron presentadas como de naturaleza técnica, ajenas a toda índole política, obrero-patronal o intergremial. Su finalidad era “aplicar un método nuevo para elaborar el Programa de Gobierno del próximo sexenio Presidencial, con la colaboración de todos los sectores nacionales y locales que participan en las actividades productivas del país: industriales y obreros, ganaderos, ejidatarios y pequeños propietarios, comerciantes y banqueros”.18 A pesar de lo señalado, el plan tampoco fue una respuesta exacta a los asuntos planteados en las conferencias, debido a que las mesas iniciaron su trabajo en agosto de 1945 y concluyeron hasta junio del siguiente año, mientras que el programa de gobierno oficial fue hecho público en septiembre de 1945. Sin embargo, esto no pareció preocupar demasiado al futuro presidente, más interesado en que el plan de gobierno pudiera “ser respaldado, en el momento de su ejecución, por todas las fuerzas económicas importantes, tomando en consideración que todas ellas han intervenido directamente para formularlo”.19 Era evidente que el discurso alemanista en torno a las conferencias y el plan de gobierno buscaba, en realidad, la legitimación para el momento de su ejecución más que la elaboración de una propuesta realmente consensuada con los grupos económicos. Como se pretendía en su convocatoria —en concordancia con el planteamiento de que los problemas del país que afectaban a los diversos grupos sociales sólo podían ser solucionados a través del desarrollo y la modernización económica—, en las mesas sólo participaron aquellos sectores directamente relacionados con los diferentes niveles de producción, quedando excluidos los representantes políticos y sindicales.20 A pesar de la diversidad temática abordada en las conferencias, se observaba en ellas un doble elemento de coincidencia. Por un lado estaban los factores considerados como un gran lastre para el crecimiento económico: la falta de modernización de los equipos, la falta de capacitación de los trabajadores y la perniciosa conflictividad laboral. Por el otro se encontraban aquellas demandas empresariales que se orientaban a solicitar una mayor ayuda del Estado en los procesos productivos, apoyo que no debía confundirse con intervención, ya que no se planteó que el gobierno se hiciera cargo de

actividades económicas de forma directa, sino que colaborase con la iniciativa privada convocada en las mesas y le concediese crédito barato, simplificación en las leyes, transporte eficiente y de bajo precio, impuestos equitativos y materias primas abaratadas.21 Aun cuando los resultados de estas conferencias no fueron recogidos de forma directa en el programa de gobierno de Alemán, muchas de las demandas allí planteadas coincidían con los presupuestos que sobre la modernización económica, el Estado, los empresarios y el movimiento sindical preconizaba Miguel Alemán. Ningún grupo social mostró su oposición al proyecto que se articulaba. Frente a la plataforma cardenista de atacar el problema social directamente mediante la mejora de los salarios y la distribución de tierras, aunque hubiera una disminución momentánea de la producción, Alemán consideraba que “lo importante era que hubiera más para repartir y [por ello] […] nosotros pusimos el mayor énfasis posible en aumentar la producción, en promover la agricultura, en promover la industrialización”.22 Lo primero era crecer; ya vendría el momento de redistribuir. En el esquema de modernización económica del país, el eje esencial pasaba a depender de la industrialización, a la que se hacía depositaria del logro de la autonomía económica de la nación y del medio para elevar las condiciones materiales de la población. Las reservas acumuladas durante el periodo bélico se destinarían a industrializar al país, reequipar los sectores que se habían desgastado durante la guerra y a desarrollar los iniciados en esa época; equipar y mecanizar la agricultura y adquirir en el exterior los bienes de consumo que se demandaban. El objetivo industrial concreto consistía en potenciar, en primer lugar, aquellas empresas dedicadas a la transformación de materias primas nacionales. Se trataba de apoyar actividades que permitiesen cambiar las exportaciones de productos primarios por manufacturas y, simultáneamente, satisfacer al mercado nacional. El proceso de sustitución de importaciones debía orientarse, sobre todo, a la maquinaria y las herramientas que las actividades industriales y agrícolas del país precisaban para su desarrollo con el fin de que éste no dependiese “exclusivamente del extranjero para su modernización y progreso”.23 El crecimiento de las industrias destinadas a satisfacer las necesidades nacionales se había de completar con el fortalecimiento de las industrias básicas pesadas como la siderúrgica, la química, la eléctrica y la petrolera. Sólo con esta estrategia era posible lograr la modernización del país. Pero para ello era necesario, además, que se mantuviese el espíritu de “unidad nacional”. Si bien se reconocía que los derechos sociales de los trabajadores frente a los empresarios estaban garantizados por el Estado, también se establecía que los obreros debían ser mesurados en sus demandas. Las peticiones obreras debían contenerse y, paralelamente, abocarse al logro de un incremento efectivo de los niveles de productividad. Se recurría a las organizaciones de trabajadores, “base sobre la que se mantendrá y consolidará la unificación nacional”24 —a la que se denominaba su responsabilidad social— para que, en un corolario de la política de unidad, contuvieran las posibles demandas obreras y apoyasen al futuro gobierno en su lógica esencial:25 primero era necesario crecer para después iniciar la distribución de la riqueza, ya que desarrollo y equidad social eran dos objetivos imposibles de conseguir de forma simultánea. La “unidad nacional” era entendida como “factores de la propiedad colectiva que están dispuestos a cooperar entre sí persiguiendo una finalidad superior, a la que todos ellos sirvan con lealtad […] [de forma que] la próxima administración debe contar no sólo con el apoyo de

las mejores fuerzas populares organizadas, sino que debe integrarse con elementos representativos de las fuerzas sociales progresistas del país, a fin de vigorizar la unificación en que debe fundarse”.26 Todo ello estaba orientado al progreso de la nación. En este esquema de desarrollo, a la industria se le continuaba otorgando la función de motor y objetivo. A la agricultura, por el contrario, se le seguía confiriendo un papel auxiliar. La política agraria debía orientarse al logro de un incremento de la producción. Era preciso que suministrara productos abundantes y baratos destinados al mercado interno para conseguir la autonomía alimenticia y contener las demandas obreras, provocadas por la inflación de los precios de los alimentos. Igualmente, debía producir materias primas para la industria nacional, así como productos para la exportación. Al aumentar la producción agrícola se perseguía dejar de importar alimentos, con lo que se disminuiría la salida por ese concepto de divisas, mismas que podrían destinarse a la adquisición de la tecnología y los productos que el país precisaba. A ello debía contribuir la agricultura comercial.27 El Estado se configuraba como el factor de apoyo de la agricultura, proporcionando formación técnica, fertilizantes, más obras de irrigación, etcétera. Sobre todo, sería el garante y potenciador de la agricultura privada. Si bien se continuaba asegurando que los ejidos recibirían patrocinio gubernamental y que se seguiría con el reparto agrario, lo cierto es que se consideraba a la pequeña propiedad28 rural como la única capaz de realizar la función que la agricultura tenía asignada. Por ello, “el Estado aportará los recursos económicos mayores que tenga para asegurar a la pequeña propiedad el crédito que necesite para su desarrollo, y procurará encauzar en ese sentido el crédito privado”.29 Complementariamente, el gobierno se debía comprometer a asegurar la inafectabilidad de la pequeña propiedad, con el objeto de garantizar a los agricultores que sus inversiones no se verían afectadas por las expropiaciones y así pudieran orientarse a aumentar la producción, hecho que hubo de concretarse en las reformas al artículo 27 constitucional y la introducción del amparo agrario.30 Pese a todo ello, el Estado no era considerado el agente sobre el que debía recaer la modernización de las estructuras productivas del país, sino que “el desarrollo económico general es campo primordialmente de la iniciativa privada”.31 Sin embargo, todas aquellas empresas que se consideraran necesarias para el crecimiento y no fuesen atractivas para el capital privado serían desarrolladas por el gobierno. En esta línea, se garantizaban las inversiones privadas, ya fuesen nacionales o extranjeras, de forma que el capital que viniera “a vincularse con los destinos de México, debe gozar libremente de sus utilidades legítimas”.32 Sin alejarse de la idea de que la economía nacional debía contar con el liderazgo del Estado, los planteamientos alemanistas estaban orientados a que el incremento de la producción agrícola e industrial se produjese en el marco de un liberalismo limitado.33 Ya en su programa de gobierno se manifestaban algunas características que marcarían la posterior puesta en práctica de las teorías propugnadas. Se decía que no puede una nación aislarse comercialmente de las otras, estableciendo impuestos prohibitivos sobre la introducción de productos extranjeros; pero, al mismo tiempo, la experiencia de todas las naciones industriales enseña que es difícil que sin tal protección pueda desarrollarse una industria nacional. La norma recta en este caso es, por consiguiente, permitir la mayor libertad al comercio internacional compatible con la necesidad de fomentar la industrialización del país. […] El Estado debe velar, en consecuencia, porque a las industrias nacionales del país no les haga ruinosa o desleal competencia la industria extranjera, pero de ningún modo debe contribuir el Estado mediante su acción protectora a que las industrias nacionales lleguen a crear monopolios, cualquiera que sea su

estructura, para mantener los precios de sus productos a un nivel que signifique la explotación de los consumidores.34

Su defensa de la inhibición estatal se encontraba limitada por lo que se consideraba la necesaria protección de la incipiente industria que se había visto impulsada durante el conflicto bélico. Estos planteamientos chocarían con el fuerte liberalismo pugnado por Estados Unidos en la posguerra y conducirían, finalmente, a que la opción liberal alemanista llevara a un tipo de desarrollo fuertemente impregnado por la presencia estatal, lo que redundó en fortalecer al Estado frente a la sociedad. Durante la Guerra Mundial, todos los países de América Latina, excepto Argentina, con mayor o menor intensidad habían apoyado a los países aliados. Aun cuando sus aportaciones militares fueron modestas, su contribución económica, sobre todo en el suministro de materias primas a precios fijos, orientado a cubrir las necesidades estadunidenses, tuvo una gran importancia.35 Este hecho, extensivo para el caso mexicano, generó que, en palabras de Ramón Beteta, se hiciera un préstamo sin intereses a los Estados Unidos, el que se nos pagó con una cantidad menor de la que nosotros dimos. Nosotros dimos a Estados Unidos mercancías a un precio bajo, y cuando nosotros convertimos esas mercancías en dinero, y ese dinero en nuevas mercancías, estas mercancías americanas habían subido de precio. Así es que en realidad compramos menos de lo que nosotros habíamos dado […] es curioso que un país tan pobre como México pudiera de hecho hacerle un préstamo sin intereses a un país tan poderoso como los Estados Unidos.36

Ello implicó, además, que en la posguerra las relaciones económicas se hicieran más dependientes de Estados Unidos. Al aproximarse el fin de la guerra, la preocupación central del gobierno mexicano y del resto de los países latinoamericanos se contenía en una serie de puntos referentes a la necesidad de establecer mecanismos que limitasen los efectos negativos que, sobre sus economías, había de tener la próxima paz. Se pretendía evitar el desplome de la demanda mundial y de los precios de sus exportaciones, solicitando que Estados Unidos mantuviera sus contratos de adquisición de materiales estratégicos; se propugnaba que dicho país proporcionara la maquinaria necesaria para renovar la existente en esos países, que era vieja y obsoleta; se deseaba establecer acuerdos que les permitiera usar racionalmente las divisas que habían ahorrado durante el conflicto y, a la postre, se buscaba la cooperación estadunidense en su desarrollo económico.37 Con estos planteamientos, los países latinoamericanos concurrieron a la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz —Conferencia de Chapultepec—, celebrada en México en 1945. A pesar de los desacuerdos existentes en la reunión,38 se reconoció cierta coincidencia de intereses políticos que se concretó en la resolución VIII, conocida como Acta de Chapultepec, y en la que, entre otras cosas, se establecía que “todo atentado de un Estado contra la integridad o la inviolabilidad del territorio, o contra la soberanía o independencia política de un Estado americano, será […] considerado como un acto de agresión contra los demás Estados que la firman”.39 Sin embargo, los acuerdos en materia económica —prioritarios para los países del área— estuvieron ausentes en esta conferencia, ya que aunque se adoptó la denominada Carta de las Américas, que contenía numerosos principios, éstos no implicaban nada hasta que no se

trasladasen a la práctica, y todos los temas económicos importantes se dejaban para una reunión que debía realizarse con posterioridad. Pese al interés latinoamericano por convocar una reunión que tratase con prontitud los temas económicos, la oposición de Estados Unidos impidió que éstos se abordaran durante la Conferencia de Río de Janeiro de 1947, donde, por el contrario, se estableció el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Hubo que esperar hasta el año siguiente, en la Conferencia de Bogotá, para que se plantearan los temas de índole económica, pero tampoco en esta reunión hubo acuerdos que respondieran a las peticiones mexicanas y latinoamericanas en general. Respecto a los planteamientos articulados en torno a la necesidad de que se elaborara un Plan Marshall para América Latina, que permitiese y asegurase la estabilidad económica del hemisferio, Estados Unidos, ya sin la urgencia política que lo había impulsado en Europa, los rechazó. El acuerdo económico que se negoció no tomaba en cuenta ninguno de los problemas específicos, los cuales nuevamente se dejaban para una reunión posterior que no llegó a realizarse, si bien en Bogotá se había puesto claramente en evidencia que en los programas de desarrollo, Estados Unidos priorizaba, junto a su defensa de las políticas de librecambio, el papel de la iniciativa privada.40 Estas reuniones tuvieron importantes repercusiones en el diseño de la política económica del gobierno de Alemán. En los sucesivos foros convocados de 1945 a 1947, incluida la Conferencia de La Habana,41 Estados Unidos había dejado claro que el modelo económico que propugnaba no era sino el liberalismo y el establecimiento de mecanismos comerciales como el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT).42 El proyecto económico defendido por Estados Unidos se basaba en el presupuesto de que en la libre circulación de productos y capitales, en la libertad económica, radicaba el logro del desarrollo económico. El análisis se centraba en la idea de que la elevación del nivel de vida de los individuos no dependía del establecimiento de un Estado fuerte, ni de su corolario de medidas proteccionistas, sino de las seguridades legales proporcionadas a los individuos en el desempeño de sus actividades económicas y de la libertad e igualdad de oportunidades. Dado que la inversión de capitales privados era el requisito imprescindible de desarrollo para los países no industrializados, se proponía que las inversiones privadas extranjeras debían quedar protegidas de tratos discriminatorios y de nacionalizaciones. El crecimiento y la industrialización de los países de América Latina no debía depender de ningún plan de ayuda regional otorgado por el gobierno de Estados Unidos, ni tampoco de la actuación prioritaria de organismos internacionales, como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), sino del desempeño de la iniciativa privada. Se planteaban como necesarias la reducción de barreras al comercio internacional, la estabilización de las monedas y la eliminación del nacionalismo económico.43 La aceptación de este modelo por parte de México implicaba la destrucción de toda la infraestructura industrial que se estableció antes y durante la segunda Guerra Mundial, y el regreso a su función de proveedor de materias primas. Ello iba en contra del proyecto por el que el gobierno ya había optado y que se concretaba en la industrialización vía la sustitución de importaciones. Por ello, el gobierno alemanista se oponía a la libertad absoluta en el comercio internacional mediante la supresión de aranceles, pues implicaba la desaparición de su incipiente industria; por tanto, México decidió no participar en el GATT.44 La justificación de este proyecto se articulaba en torno a la idea de que

en teoría todos estamos dispuestos a admitir las ventajas de un mundo equilibrado y armónico en el que cada país produzca aquellas mercancías para las que esté mejor adaptado y, seguro de poder conseguir a cambio de ellas las cosas que necesita, se abstenga de una innecesaria competencia. Sería éste un sistema de completa libertad económica que daría a toda la humanidad una vida más amplia gracias a una producción más fácil y más barata. Por el contrario, se nota una tendencia creciente hacia restricciones cada vez más severas al comercio internacional y hacia una protección nacional ineludible. No sólo se han levantado las barreras protectoras de las tarifas aduanales, sino que se obstaculiza el libre movimiento de mercancías mediante sistemas de cuotas y de permisos de exportación, de importación y con el establecimiento de un control de cambios. Por tanto, el país que inocentemente estuviese dispuesto a depender del resto del mundo para la satisfacción de sus necesidades esenciales, se encontraría en un grave peligro; un peligro que las guerras y la amenaza de las guerras ha venido a incrementar.45

En relación con el tema de las inversiones privadas, los planteamientos del gobierno mexicano se encontraban más cercanos a los estadunidenses. Alemán había declarado que la función motriz del desarrollo del país debía ser desempeñada por los inversionistas privados. Con esto se producía una proximidad de estrategias con Estados Unidos. No obstante, el gobierno alemanista estaba a favor de la creación de un banco interamericano que proporcionase los fondos necesarios para continuar impulsando su visión desarrollista. La negativa de Estados Unidos a establecer instrumentos de esa naturaleza, aunada a la limitada capacidad de inversión de los capitales nacionales y a la percepción positiva de Alemán sobre el potencial de las inversiones extranjeras, condujeron a que estas últimas desempeñaran un papel creciente en la economía mexicana. Si bien estaba de acuerdo sobre el papel que las inversiones extranjeras podían desempeñar en el crecimiento de un país, el gobierno de Alemán no llegó en ningún momento a apoyar el nivel de seguridades que Estados Unidos exigía para sus capitales nacionales en el exterior. En la práctica, éstos recibieron de la administración mexicana continuas directrices de apoyo para su participación en la economía del país. Frente a lo pugnado por Estados Unidos, México defendió la articulación de su propio modelo de desarrollo con dos líneas prioritarias: una, el estímulo a las inversiones privadas extranjeras, y otra, un fuerte proteccionismo. Éste, finalmente, terminó redundando en favor de los capitales estadunidenses, que se vieron beneficiados por los estímulos estatales y por un mercado interno cerrado y sin competencia para sus productos.46 La política de obstáculos a la importación y estímulos a la exportación se enfrentó, en los primeros momentos, con los límites impuestos por el Tratado de Comercio que México había firmado en 1942 con Estados Unidos y que obligaba a no modificar los aranceles sin el consentimiento de la otra parte.47 Como consecuencia de la guerra, ambos países habían congelado las tarifas de un número de productos que constituían parte importante de su comercio y que, en esencia, eran materias primas destinadas al mercado estadunidense y manufacturas hacia México. Este tratado, que se había intentado modificar ya con Ávila Camacho, seguiría vigente hasta 1949. Hasta ese momento, Estados Unidos se opuso a toda modificación o anulación, arguyendo que ello contravenía las directrices librecambistas que defendía. Para México, en cambio, la pervivencia del acuerdo causaba graves problemas para su moneda y su reserva de divisas y, sobre todo, atentaba contra la política proteccionista que respaldaba el gobierno. El gabinete alemanista defendía la denuncia del tratado, a cambio del cual pretendía que Estados Unidos le otorgase el trato de nación más favorecida, hecho que finalmente se concretó. Importante fue que, con la anulación del acuerdo, México avanzara en su política proteccionista, de controles y prohibiciones, de aranceles altos a ciertas

exportaciones, subsidios a otro tipo de exportación y de licencias de importación.48 La opción proteccionista redundó en el fortalecimiento de la función interventora del Estado en la economía y, simultáneamente, de su papel frente a la sociedad. A ello contribuyó en forma decisiva la aprobación, en 1950, de la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo en Materia Económica. En el discurso de presentación del proyecto de ley ante el Congreso de la Unión, Alemán señaló que el país había alcanzado, a través de la industrialización, un evidente progreso y un aumento de la producción orientada al mercado interno. Sin embargo, era preciso realizar importaciones, sobre todo de materias primas y equipos industriales, para completar la demanda interna. A juicio del gobierno, este proceso podía verse obstaculizado por la tendencia de diversos países, principalmente Estados Unidos, a establecer medidas restrictivas a sus exportaciones y a reducir la producción con fines civiles. Se estimaba que el país no podía quedar al margen de las medidas que en otros lugares se elaboraban, siendo necesario establecer “una política económica adecuada para salvaguardar los intereses económicos de México y lograr la coordinación de la economía con la del resto del mundo”. Para ello era preciso contar con una ley que encauzara “jurídicamente la injerencia del Gobierno en las actividades industriales y comerciales de los particulares, en forma tal que, reconociéndose los legítimos derechos de éstos, quede resguardado el interés general de la nación coordinándose y subordinándose los intereses privados a los más altos de la colectividad”.49 Con esta ley lo que se pretendía era contrarrestar las alzas excesivas de precios, la escasez de abastecimientos de materias primas para la industria y la de artículos destinados al consumo general. Con estos objetivos se atribuía al ejecutivo las siguientes funciones:50 determinar, mediante decreto, las mercancías cuya producción o distribución quedaban como objeto de intervención oficial; establecer los precios máximos al mayoreo, así como la congelación de los mismos; ordenar la venta de productos que estuviesen almacenados a los precios máximos fijados con objeto de evitar la especulación; señalar los artículos que debían fabricar preferentemente las industrias, con el fin de adecuar la oferta y la demanda; consolidar por vía legislativa las medidas relativas a las restricciones sobre importaciones y exportaciones; y, finalmente, obligar a los productores de materias primas a producir para el mercado interno y que pudieran exportar sólo los excedentes.51 Esta ley —el instrumento legislativo más importante sobre el intervencionismo económico del Estado en México— afectaba directamente los intereses económicos de industriales y comerciantes, y otorgaba al ejecutivo un considerable control de la economía. La ley, que permitía al presidente dar una orientación definida al desarrollo económico, se imbricaba directamente con la doctrina establecida en la Constitución de 1917, hecho destacado en su exposición de motivos. Aunque en su momento se objetó que esta ley violaba el artículo 28 constitucional al permitir la intromisión del Estado en la vida económica y al crearse un régimen diferente al de la libre empresa que, se dijo, era el único aceptable en una legislación de tipo liberal como la mexicana,52 el gobierno recurrió a lo fijado en otros artículos constitucionales. Se señaló que el ejercicio de la libertad de industria, comercio y trabajo, según disponía el artículo 41, podía vedarse “por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad”. También se

arguyó que, según el artículo 27, frente a los intereses y derechos de los particulares, se señalaba la capacidad que tenía la nación en todo momento “de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”.53 El gabinete alemanista enfrentaba, con recurso a la Constitución, debates desfavorables, ya que esta ley, además de afectar numerosos intereses y derechos preestablecidos, daba al Estado gran capacidad de maniobra. Por ello, aunque en su discurso inicial Alemán insistió en que la función estatal debía limitarse al apoyo de la iniciativa privada, en la práctica, con esta ley, el Estado se erigía en el orientador básico del desarrollo y la modernización económica del país. Las prácticas de industrialización, mediante la sustitución de importaciones, iniciadas en México, vinieron a encontrar la justificación teórica de la que carecían con la elaboración por parte de Raúl Prebisch y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la teoría de la economía periférica. La CEPAL otorgó un papel esencial y determinante a la industrialización mediante sustitución en el logro del desarrollo, con lo que no hacía sino justificar las prácticas que México y otros países del área venían realizando.54 Este modelo industrializador — impulsado en México con gran intensidad en el sexenio de Alemán y que no manifestó sus limitaciones definitivas sino hasta la década de 1980— “supone una organización de la economía en la que el Estado a través de su acción directa como inversionista y de su acción indirecta, a través de su política económica, viene a garantizar una estructura proteccionista y de estímulo a la industrialización como una nueva estrategia de crecimiento”.55 En esta línea, la política económica alemanista se orientó, esencialmente, a proteger el mercado interno; a establecer bajas tasas impositivas; a otorgar exenciones fiscales; a crear infraestructura y proporcionar materias primas y servicios públicos baratos, así como a invertir directamente en la producción de aquellas ramas en las que su participación se consideró indispensable y a otorgar un mayor volumen de crédito a la industria.56 El discurso alemanista consideraba a la inversión privada como el principal agente potenciador del desarrollo económico del país. También se percibía que el Estado debía desempeñar un papel activo en dicho campo. Esto último condujo a la articulación de medidas directas para resolver la falta de capital inversor. En primer lugar, se tomaron medidas tendentes a canalizar los fondos de los bancos privados hacia la industrialización.57 Además de estas medidas indirectas, el gobierno optó por impulsar su presencia en el desarrollo industrial proporcionando fondos a través de instituciones públicas, fundamentalmente Nacional Financiera (Nafinsa).58 Esta actitud estaba justificada en la idea de que la capacidad inversora privada nacional era limitada y de que muchas de las actividades que era necesario iniciar o estimular eran empresas de gran magnitud, con un nivel de aportaciones que no estaban al alcance del capital privado, con una rentabilidad relativamente baja, insegura a largo plazo y que implicaba mayores riesgos.59 De acuerdo con estos planteamientos, Nafinsa debía actuar como intermediaria entre el gobierno, los inversores nacionales y extranjeros, y los individuos y empresas —públicas o privadas— que necesitasen fondos en gran escala. Debido a la escasa disposición de la banca privada hacia la industria y a otorgar un tipo de crédito que no fuese a corto plazo, Nacional Financiera debía proporcionar la financiación a largo plazo a aquellos empresarios que lo demandaran. Desde sus inicios, las actividades de Nafinsa estuvieron legalmente circunscritas para evitar que aparecieran como una amenaza directa para el sector privado y, en la práctica, restringió sus actividades a aquellos casos en

los que los grupos privados no desearan invertir y que eran consideradas áreas prioritarias para la industrialización.60 Finalmente, la actividad de Nafinsa durante el gobierno de Alemán se orientó hacia aquellas zonas geográficas que el gobierno percibía con mayores potencialidades de crecimiento, con lo que, finalmente, no contribuyó a homogeneizar, en términos de desarrollo, al país.61 Con la llegada de Alemán, la política impulsada para lograr una rápida industrialización se ligó a la protección contra la competencia extranjera y como oposición al modelo librecambista prevaleciente —al menos en teoría— en las naciones más desarrolladas. El gobierno de Ávila Camacho emitió un decreto en 1944 por el que se establecía un sistema de permisos a la importación completamente nuevo y se autorizaba al secretario de Economía a elaborar la lista de mercancías para las que era necesario obtener autorización de entrada al país. La justificación de este decreto estaba en el intento de limitar las importaciones a aquellos productos que contribuyeran de forma directa al desarrollo económico del país y, a la vez, racionalizar el uso de las divisas que se habían acumulado durante el periodo bélico.62 En esta misma línea argumental se basaba la promulgación, ya en 1947, de dos decretos relativos a las importaciones. De forma paralela a la recuperación de la capacidad exportadora de los países más industrializados, en México se incrementaba el volumen de importaciones, muchas de las cuales eran productos de lujo y mercancías no esenciales. El primer efecto de esta situación fue que las reservas en oro y dólares que México poseía y que se elevaban a casi 350 millones de dólares, se vieron reducidas, en 1947, a casi 200 millones.63 Por ello, los dos decretos sobre las importaciones terminaron constituyendo dos de las medidas proteccionistas más importantes del sexenio de Alemán. Uno establecía aumentos en diversos impuestos aduaneros y el otro fijaba una ampliación del control directo sobre las importaciones. Mediante el primero se elevó el gravamen de un conjunto de artículos clasificados como de lujo o no esenciales. Aunque no fue muy alto el número de materias afectadas, el incremento sí fue considerable, ya que las tasas impositivas se duplicaron y, en algunos casos, se triplicaron. Con este aumento, el sistema impositivo pasó a ser una combinación de métodos específicos y ad valorem. Con la medida se perseguía conservar un nivel en los ingresos fiscales del gobierno y establecer un mecanismo de ajuste automático entre los aranceles y los precios de los artículos, con el fin de mantener un adecuado grado de protección.64 El segundo decreto establecía el requisito de un permiso específico de importación para las materias que el gobierno determinase. La lista recogía mercancías consideradas de lujo, así como productos semielaborados o terminados que competían con la producción de las industrias mexicanas, sobre todo las que habían ampliado su capacidad productiva durante la segunda Guerra Mundial. Los productos, materias primas o equipo requeridos para la expansión industrial y que debían importarse recibieron del gobierno un trato diferente, ya que se redujeron o, a veces, se eliminaron los gravámenes correspondientes.65 Paulatinamente, el sistema de licencias se constituyó en el principal instrumento del proteccionismo gubernamental, reforzado a consecuencia de las devaluaciones que encarecieron los productos del exterior. Las importaciones disminuyeron casi 30% entre 1947 y 1949, hecho que afectó sobre todo a los bienes de consumo cuyas compras totales en el exterior se redujeron de 26.3 a 17.7%.66 La articulación de estas medidas proteccionistas puso

el mercado interno a disposición de los industriales instalados en el país. El mercado cautivo, los incentivos fiscales, el limitado control sobre la mejora en la calidad de los productos y la inversión en nuevas tecnologías, fueron todos factores que aumentaron los beneficios para los empresarios, nacionales y foráneos.67 Si bien las medidas proteccionistas para las importaciones y, en menor medida para las exportaciones, produjeron efectos positivos —si éstos se miden por el incremento del número de industrias establecidas y el volumen de producción logrado en el periodo—, también ocasionaron una serie de distorsiones en la economía. Una de ellas fue la concentración geográfica68 de la industria, ya que al producir esencialmente para el mercado nacional se situó cerca de los grandes núcleos urbanos y lejos de los centros más vinculados con los mercados internacionales. Más importante aún, el proteccionismo condujo a que la industria nacional fuera ineficiente, poco competitiva y con escasa tradición exportadora.69 Además de aprovechar los beneficios arancelarios de la política de sustitución de importaciones, los empresarios —nacionales y extranjeros— también se vieron favorecidos por las exenciones fiscales promovidas por el gabinete alemanista: Nuestro gobierno, deseoso de que la iniciativa privada tenga el máximo posible de recursos para el desarrollo de sus empresas, la ha ayudado de mil maneras. Los impuestos se han mantenido a niveles sensiblemente bajos, sobre todo si se les compara con los de otros países y ello no obstante que frente a la presión inflacionista uno de los medios más generalmente aconsejados es la elevación de impuestos, particularmente de los directos y los personales. Sin embargo, el señor Presidente Alemán no ha querido proponer al Congreso ese camino con el propósito de que los hombres de negocios mexicanos puedan dedicar la mayor parte de sus utilidades al desarrollo de sus empresas.70

Con su llegada a la presidencia, el gobierno de Alemán declaró que realmente no existía ninguna ley que limitara la participación del capital extranjero a 49%. La argumentación consistió en que el decreto era percibido, más que como normativa obligatoria, como una excepcionalidad, lo que derivaba, en esencia, de la capacidad de discrecionalidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por ello, en 1947 se creó la Comisión Intersecretarial de Inversiones Extranjeras, constituida por un representante de la presidencia de la República y por uno de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Economía y Agricultura y Ganadería. Si bien la tarea de dicha comisión era coordinar la aplicación de las disposiciones legales sobre inversión de capitales nacionales y extranjeros, su actividad fue bastante irregular y, en esencia, se limitó a ampliar el campo de actuaciones donde los empresarios foráneos precisaban de permiso previo.71 La articulación práctica de la normativa sobre inversiones extranjeras puso de manifiesto la cautela con la que el gobierno se movía en relación con dicho tema. Aunque consideraba necesario regular la presencia de los empresarios extranjeros en la actividad económica del país e impulsar el crecimiento de los grupos nacionales, el convencimiento de que estos últimos no podían constituirse en los únicos factores de desarrollo condujo a que las restricciones efectivas al capital foráneo fueran bastante limitadas. Los sectores enlistados como restringidos para las empresas extranjeras eran secundarios y, en muchos casos, se encontraban ya bajo el control estatal. Además, los sectores industriales hacia los que estaban trasladándose las inversiones foráneas desde las actividades primarias, como su base tradicional, no se encontraban sometidos a regulación. En la práctica, el corpus normativo se constituyó, más que en un elemento de regulación efectivo, en un factor disuasorio.72 Mediante

estos instrumentos indirectos, el gobierno alemanista intentó “mexicanizar” las actividades productivas y orientar las inversiones hacia los procesos considerados fundamentales para el crecimiento económico. En relación con el primer punto, lo que se pretendía era posibilitar que los capitales mexicanos ejercieran un mayor control sobre el proceso de toma de decisiones; estimular el desarrollo de los grupos empresariales; acercarlos a las innovaciones tecnológicas y de producción utilizados en las compañías extranjeras y, en último término, situar bajo la égida del Estado la modernización económica. La política de “mexicanización”, nacionalizadora, consistiría en un proceso paulatino que, sin embargo, no debía ser percibido por los inversores extranjeros como contrario a su participación en el desarrollo del país.73 El instrumento en el que se concretaba dicha política era la conformación de empresas mixtas. El segundo hacía referencia a cuál debía ser el destino de las inversiones privadas. Al respecto, Ramón Beteta señala que deben contribuir al incremento del producto nacional, especialmente en aquellas áreas de la economía donde existen importantes deficiencias […] deben orientarse preferentemente hacia aquellas actividades que mejor contribuyan al desarrollo industrial, para hacer posible que México dependa cada vez menos de la producción y exportación de materias primas y de la importación de productos manufacturados.74

Sin embargo, al igual que había ocurrido con las inversiones nacionales, la ausencia de planificación gubernamental, así como la carencia de instrumentos precisos que obligasen a los empresarios a actuar en las ramas que el gobierno requería, provocó que el capital extranjero se orientara hacia aquellos sectores que le podían reportar mayores beneficios y que no tenían por qué coincidir con los prioritarios para el alemanismo. Las medidas tomadas a partir de la segunda Guerra Mundial para fomentar la industrialización nacional originaron un cambio en la estrategia de desarrollo de las empresas extranjeras que condujo a la implantación de filiales en el país. Este sistema permitía el aprovechamiento de las facilidades articuladas por el gobierno para el establecimiento de industrias nuevas y necesarias. Al mismo tiempo, salvaban la alta barrera arancelaria, se beneficiaban de las exenciones fiscales y de los apoyos económicos gubernamentales, y disfrutaban del monopolio casi absoluto del mercado frente a la competencia del exterior.75 Junto a ello hay que destacar que tuvo lugar un desplazamiento de los capitales extranjeros desde las actividades primarias hacia aquellos sectores que contaban con el impulso del gobierno, como era la industria de transformación. Esta movilidad se debió también al mayor desarrollo tecnológico de muchas de las empresas que instalaron en México sus filiales y que terminaron convirtiéndose, más que en centralizadoras de todo el proceso productivo, en oficinas de venta y empresas de montaje final para aprovechar las ventajas del mercado cautivo.76 Pese al considerable incremento de las inversiones extranjeras a lo largo del sexenio y a la importancia que el gobierno les otorgaba en el esquema de desarrollo, Alemán se orientó a obtener importantes volúmenes de crédito internacional. Era necesario lograr la rápida industrialización del país y para ello resultaba un freno la limitada disponibilidad de fondos del capital privado nacional y público. Además, no se tenía seguridad sobre el monto de inversiones extranjeras privadas que iban a llegar al país. La solución era el endeudamiento público externo. A través de esos préstamos, el Estado podría conducir la modernización y, al mismo tiempo, acelerarla. La postura del gobierno estadunidense de primar las inversiones

privadas sobre la política crediticia condujo a que el alemanismo viese denegados algunos de los créditos que solicitó. Sin embargo, obtuvo préstamos destinados al fomento económico procedentes principalmente del Eximbank, el BIRF y, en menor medida, algunas instituciones privadas. Para 1951, la deuda pública exterior total de México era de 506.2 millones de dólares.77 Aunque la Revolución mexicana se inició como un proceso de modernización política, siguiendo a Jesús Reyes Heroles, lo que intuitivamente estaba en la base era el logro de una mejor distribución del ingreso nacional que, al mismo tiempo que extendiera el bienestar, se tradujera en el fomento de la economía nacional. Era en este marco en el que debían entenderse los planes de política social y la solución al problema agrario que se habían ido instrumentando. Por ello el objetivo de la industrialización debía seguir siendo elevar al máximo el bienestar social y el nivel de vida de la población: “No queremos que México se industrialice para que simplemente se pierda la transparencia de su aire con el humo de las chimeneas fabriles. Queremos la industrialización como único método disponible para mejorar las condiciones de existencia del pueblo mexicano haciendo éstas, por lo menos, humanas”.78 Pese a este principio, el ideario modernizador presentó algunas debilidades. El sector agrícola se constituyó en un exportador neto de recursos humanos y monetarios hacia la industria, sin que el proceso fuese revertido en ningún momento. Las políticas de apoyo a la explotación de las áreas consideradas más dinámicas originaron la consolidación de un sector agrícola moderno y otro tradicional, mayoritario y, en gran medida, excluido de los canales de comercialización y abocado a la subsistencia.79 En cuanto a la sustitución de importaciones, el sector industrial buscó básicamente satisfacer las demandas del consumo urbano que por el tamaño del mercado y el tipo de productos, requirió para su expansión de un fuerte proteccionismo frente a la competencia externa y del apoyo del Estado para reducir costos.80 Esto provocó, por un lado, que se impusiera una política arancelaria excesiva en cuanto a la duración y tipos de productos y, por otro, que el Estado asumiera la responsabilidad total en la creación de infraestructuras, así como en el mantenimiento de salarios reales decrecientes por sectores de ocupación. Las consecuencias de esta estrategia modernizadora se concretaron en varios efectos fundamentales. En primer lugar, se creó una estructura industrial anárquica y costosa, al arbitrio de su propia dinámica y preocupada —más que por reinvertir sus ganancias e implantar adelantos que la hicieran competitiva— por asegurarse el control del mercado interno. Además, el Estado tuvo que cubrir los huecos en las áreas poco atractivas para la iniciativa privada y en aquellas otras que eran básicas para el país. El resultado fue que se convirtió en un agente activo del desarrollo, retirando, para ello, fondos de otros campos como los destinados directamente a satisfacer las demandas de bienestar social. A la vez, el gobierno careció de una planificación efectiva y de los instrumentos de orientación económica precisos, con lo que, en la práctica, el Estado renunció a establecer prioridades económicas y sociales. Esto coadyuvó a que la expansión del sector industrial fuera más anárquica y a que se moviese, únicamente, buscando mayores y fáciles utilidades. La ausencia de restricciones sobre las ramas productivas en las que podía invertir, las ventajas fiscales otorgadas, la existencia de un mercado cautivo y la facilidad para repatriar sus utilidades a un tipo de cambio estable, dieron lugar a que el desarrollo industrial de México fuese un destino deseable para el capital extranjero. Todo esto condujo, finalmente, a que los inversionistas

extranjeros impusieran sus patrones de desarrollo a la modernización del país, al mismo tiempo que buscaban beneficiarse de las medidas orientadas a impulsar el crecimiento del empresariado nacional.81 A su vez, el nuevo tipo de desarrollo provocó importantes modificaciones en la estructura ocupacional del país. Uno de los efectos de la reforma agraria cardenista había sido que el medio agrícola retuviera a cientos de miles de campesinos que, de otra forma, se hubiesen visto obligados a emigrar hacia las ciudades. También provocó una redistribución del ingreso y una menor desigualdad de los niveles de vida entre el campo y la ciudad. Por otra parte, las importantes inversiones realizadas durante el periodo en infraestructura rural contribuyeron a disminuir la concentración económica a nivel nacional.82 De 1940 a 1950 se produjo un proceso de urbanización “de tal magnitud que es imposible que vuelva a registrarse”.83 Este proceso fue provocado no por el crecimiento natural sino por el fuerte incremento de la migración del campo a la ciudad. La población urbana, que en 1940 era 35% de la población total, pasó a 42% en 1950.84 Durante los años cuarenta, las oportunidades de empleo en el comercio y la industria absorbieron en buena parte la migración a las zonas urbanas. A medida que el volumen de migración se fue incrementando y los requerimientos de mano de obra calificada aumentaron, un creciente sector de la población no encontró empleo permanente dentro de la estructura ocupacional de las ciudades.85 Hay que considerar, además, las cifras de la emigración a Estados Unidos. A causa de la escasez de mano de obra provocada por la segunda Guerra Mundial, se firmó en 1942 el primero de una serie de convenios entre Estados Unidos y México destinados a proveer trabajadores temporales mexicanos al país vecino. La aplicación del acuerdo resultó altamente problemática debido, sobre todo, al gran número de mexicanos que cruzaban la frontera ilegalmente. Con el gobierno de Alemán, en 1948, se firmó un nuevo acuerdo que recogía, en esencia, los postulados de Estados Unidos sobre el tema y que difería del tratado de 1942. El contratista ya no era el gobierno sino el agricultor estadunidense. Del mismo modo, el primero ya no era el responsable del cumplimiento de los contratos y el reclutamiento sería hecho directamente por el empresario agrícola en colaboración con el gobierno mexicano. Esta situación fue revertida en 1951, al aprobarse en Estados Unidos la Ley 78 por la que aquel gobierno volvía a intervenir directamente en la contratación de braceros mexicanos.86 Lo significativo fue tanto el número de braceros mexicanos como de emigrantes indocumentados, fundamentalmente, que en ese periodo cruzaron la frontera, lo que se configuró como un dato sobre la relativa poca demanda de mano de obra por parte de los sectores productivos mexicanos. Así, en 1945 el número de braceros fue de 120 000 mientras que el de inmigrantes indocumentados devueltos a México fue de 80 760. En 1952 estos datos fueron: 197 100 y 531 719.87 La lógica imperante en este ámbito precisaba que el desarrollo promovido originaría un crecimiento económico importante que, a su vez, provocaría simultáneamente que todos los grupos sociales viesen mejorados sus niveles de vida. Sin embargo, los resultados vinieron a contradecir este planteamiento. Si bien los beneficios afectaron de forma positiva a la reducida clase media y, en mayor medida, a los sectores empresariales, la población más numerosa vio mermadas sus condiciones de vida. El modelo impulsado generó crecimiento pero no desarrollo inclusivo y homogeneizador, ni geográfica ni socialmente. Por ello, dicho modelo modernizador se empezó a percibir ya a fines del sexenio de Alemán como incapaz de

disminuir las diferencias sociales y de lograr justicia y bienestar para el conjunto de la sociedad. Por el contrario, tal modelo se convirtió en factor de exclusión social.88

LAS ORGANIZACIONES PATRONALES En el desempeño de la iniciativa privada en el México posrevolucionario ha sido esencial la tendencia a conformar agrupaciones como vehículos de comunicación con el Estado.89 En este proceso, el activo papel de los sucesivos gobiernos como factor de estímulo y apoyo al surgimiento de dichas asociaciones ha ido dotando, a su vez, de características especiales a la relación entre ambos. La llegada de Miguel Alemán a la presidencia implicó un gran cambio cualitativo y una cordialidad mayor de la que había caracterizado las relaciones entre los grupos empresariales y el Estado en el sexenio de Ávila Camacho. Ello no supuso la desaparición de desacuerdos sobre algunas de las políticas instrumentadas o sobre el carácter intervencionista del Estado. No obstante, la moderación y el proyecto económico del alemanismo hicieron disminuir las presiones de los empresarios hacia el sistema.90 La reforma del artículo 27 constitucional, como proyecto destinado a impulsar la agricultura comercial privada frente a la estructura ejidal, fue justificada por el gobierno como una medida que no atentaba contra los principios revolucionarios. Sin embargo, fue percibida como positiva por los sectores empresariales. Con ella, los empresarios veían alejarse el reformismo cardenista y, al mismo tiempo, observaban cómo se diluía un elemento que habían considerado atentatorio contra la propiedad privada. La progresiva reelaboración de las relaciones entre el gobierno y el movimiento sindical, a pesar de que no abandonó del todo el discurso revolucionario, sí se alejó de la tónica cardenista que había imperado. Este hecho también fue bien recibido por las organizaciones empresariales, que consideraron lejana la época en la que primaba la combatividad sindical y el beneplácito gubernamental hacia ella.91 La conformación del gabinete alemanista fue vista con aprobación por esos grupos, pues la inclusión de varios empresarios establecía una importante distancia respecto a los gobiernos anteriores. La participación directa de algunos de sus miembros en el ejecutivo y en muchos puestos clave para el impulso del nuevo proyecto modernizador supuso una nueva modalidad de la acción política empresarial.92 Estas políticas generaron un acercamiento entre ambas partes —justificado, además, por la necesidad de que la iniciativa privada respondiera activamente al modelo de desarrollo alemanista— y un trato caracterizado por la cordialidad. Sin embargo, aunque el ejecutivo creó una política económica que, como ya ha sido analizado, benefició en mucho al capital privado, éste mantuvo su discrepancia en dos puntos esenciales: las inversiones extranjeras y la presencia del Estado en la economía. En relación con el proteccionismo, durante el periodo alemanista confluyeron los planteamientos defendidos por el gobierno y los expuestos por las organizaciones empresariales. El proyecto de industrialización impulsado durante ese sexenio presentaba a las políticas altamente proteccionistas como un esencial medio de apoyo para que la industria se constituyera en el elemento central de la modernización económica. Ante la creación del GATT y la defensa de los planteamientos del librecambio que los países de más alto nivel de

crecimiento realizaban en los foros internacionales, la opinión de las principales confederaciones empresariales favorecía las tesis proteccionistas que defendía el gobierno. Junto al rechazo a los contenidos del Plan Clayton y a la postura estadunidense en la Conferencia de Chapultepec, las organizaciones de empresarios otorgaron su apoyo a los presupuestos pugnados en dichas reuniones por los delegados mexicanos.93 Desde el inicio del sexenio se mostraron partidarios de lograr una rápida revisión del Tratado de Comercio México-Norteamericano de 1942, considerando que resultaba lesivo para los intereses comerciales e industriales del país, debido a la continua y abundante presencia de artículos estadunidenses en el mercado nacional.94 Ante la proximidad de la Conferencia de La Habana, el conjunto de organizaciones empresariales pasó a desempeñar un papel activo, pues existía la posibilidad de que los contenidos del Plan Clayton fuesen aceptados en dicha conferencia. Los empresarios solicitaron al gobierno que representantes de sus asociaciones fueran incluidos en la delegación mexicana que debía concurrir a la reunión, en un intento de reforzar las posturas gubernamentales; su propuesta finalmente fue aceptada.95 La actitud conciliatoria que caracterizó la defensa del proteccionismo no estuvo en todos los temas. Uno de los asuntos sobre los que giraron las más importantes desavenencias entre empresarios y gobierno fue el relativo al papel que las inversiones extranjeras debían ocupar en el proceso económico nacional. Como ya se ha dicho, desde el comienzo del gobierno alemanista se otorgó una gran importancia a la función que las inversiones foráneas debían realizar en el desarrollo económico del país, sobre todo por lo escaso del ahorro interno. Muchas de las políticas instrumentadas durante su sexenio estuvieron orientadas a incrementar su presencia en la economía nacional, fundamentalmente en la industria, el área prioritaria en su modelo de crecimiento.96 La respuesta de las confederaciones patronales ante esta estrategia no fue homogénea. Mientras la Concanaco se mostraba totalmente partidaria de que se abriera sin restricciones la economía nacional a los capitales foráneos, sobre todo estadunidenses,97 la Concamin apoyaba la presencia de las inversiones extranjeras siempre que éstas tendieran a asociarse con los capitales nacionales y que contribuyeran, con ello, al desarrollo efectivo del país.98 En cambio, la Canacintra manifestaba su oposición. Durante el periodo fue la organización que más atacó la política gubernamental hacia las inversiones extranjeras, a las que consideraba perniciosas para el desarrollo nacionalista de la economía que propugnaba. Sin embargo, no hizo responsable de esta estrategia al presidente Alemán, sino a los expertos económicos que formaban parte de su gobierno: “No es a él [Alemán] a quien puede tacharse de promover inversiones extranjeras. Pero el grupo de técnicos que manejaban la economía siempre aprovechó todas las posibilidades”.99 Su argumentación sostenía que el desarrollo del país debía lograrse sobre la base del capital nacional. Aunque ello no implicaba el rechazo directo a las inversiones extranjeras, se consideraba que éstas podían ayudar al crecimiento del país siempre y cuando se realizaran sobre ciertas bases y sujetas a normas bien determinadas. Coincidiendo con el alemanismo, la Canacintra se pronunciaba por privilegiar los préstamos o inversiones intergubernamentales, en su opinión más positivos para la realización de aquellas obras públicas o inversiones a largo plazo que el país precisaba para su desenvolvimiento económico. En este sentido, se manifestaba totalmente contraria a los “préstamos atados”, es decir, a aquellos capitales que se otorgaban para adquirir cierto tipo

de equipo en determinados países acreedores.100 Su rechazo era aún mayor al tratarse de las inversiones directas. Para la Canacintra, las inversiones extranjeras directas sólo podían ser útiles a la industrialización nacional si cumplían una serie de requisitos, tales como que se sujetaran a la legislación vigente, se asociaran en una posición minoritaria con el capital nacional y, sobre todo, que concurrieran a campos donde no estuviese presente el inversor mexicano. Con esto, su principal oposición se dirigía a aquellos capitales foráneos, en esencia subsidiarios de compañías extranjeras, que al establecerse en el país desplazaban a industrias nacionales con capacidad para satisfacer las necesidades del mercado interno.101 Canacintra defendió durante el sexenio su total rechazo a ese tipo de inversiones que, a su juicio, no eran útiles para el logro de la estabilidad económica, del desarrollo industrial y para la consecución de los objetivos de bienestar social que el país perseguía con su industrialización.102 Los motivos que la orillaban a esta argumentación radicaban en la debilidad de la gran mayoría de las empresas que agrupaba. Debido a su reciente fundación, muchas de ellas estaban lejos de lograr su consolidación, lo que las hacía mucho más vulnerables a la competencia de las compañías foráneas. Y éste era un punto no compartido por los comerciantes de la Concanaco ni por los industriales de la Concamin, al menos durante aquel sexenio, pues englobaban a empresas más consolidadas y, en muchos casos, vinculadas a inversores extranjeros.103 Una manifestación de esta divergencia de opiniones entre las organizaciones empresariales fue la constitución, en 1951, del Comité Mexicano-Norteamericano de Hombres de Negocios, con representantes de la Concamin, la Concanaco y la Asociación de Banqueros de México (ABM).104 El comité, fuertemente cuestionado por la Canacintra, surgió por iniciativa de la Cámara Americana de Comercio de México (Camco),105 como un medio efectivo para lograr una mayor cooperación entre los empresarios mexicanos y estadunidenses y como una respuesta al interés creciente de estos últimos por participar en la economía mexicana, toda vez que se habían alejado los fatasmas de las expropiaciones.106 Su fundación puso de manifiesto las opiniones encontradas sobre los posibles efectos negativos del capital extranjero para el conjunto de la economía nacional: mientras que las confederaciones participantes del comité parecían considerarlos nulos, la Canacintra articuló gran parte de su discurso en torno a sus aspectos perniciosos.107 Por otro lado, si bien las organizaciones empresariales compartían la idea de que la actividad económica correspondía fundamentalmente a la iniciativa privada, diferían respecto a cuál debía ser el papel del Estado en el proceso de desarrollo económico. Sostenían, en esencia, dos posturas contrapuestas. Mientras la Concanaco, la Concamin y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) eran partidarias de un Estado limitado a mantener el orden y las instituciones, realizando, en todo caso, una labor auxiliar para la empresa, la Canacintra lo percibía como un socio necesario para el logro del progreso.108 Todas las agrupaciones estaban de acuerdo en que el Estado debía sostener una política que les hiciera accesible el crédito, que les ofreciera medidas fiscales favorables y que fuera muy activa en la construcción de infraestructuras y en el suministro de energía y materias primas baratas. La Concanaco, la Concamin y la Coparmex limitaban a estos aspectos la intervención del Estado en la economía.109 Si acaso, aceptaban que sustituyera a la iniciativa privada cuando ésta careciera de interés por determinadas áreas de la actividad económica, pero en

ningún momento debía el gobierno constituirse en un competidor de la empresa privada. La Canacintra, aun cuando no justificaba una intervención estatal que desplazara o inhibiera a los empresarios, sí era partidaria de una participación que coordinase las actividades privadas.110 Defendía la constitución de empresas públicas, pero abogaba por la conciliación de los intereses públicos y privados y por evitar que dichas empresas pudiesen quedar vinculadas o controladas por firmas nacionales o extranjeras afines.111 La postura de la Canacintra, en el sentido de que la industrialización del país no podía realizarse sin la colaboración decisiva del Estado,112 la condujo a apoyar activamente la elaboración de la citada Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica. La consideró como una medida coincidente con su propia idea de lo que debía hacer el Estado: coordinar y ordenar el desarrollo económico.113 Vista como uno de los instrumentos más importantes del intervencionismo estatal en la economía, la ley fue percibida muy negativamente por el resto de las organizaciones patronales del país, que llegaron a caracterizarla como un revólver en cuyo gatillo estaba puesto el dedo del gobierno, apuntando a la cabeza de la iniciativa privada; a esto Miguel Alemán respondió que dependía de los propios empresarios que el gobierno lo usara.114 La ley otorgaba al ejecutivo el instrumento preciso para regular los precios, las exportaciones, las importaciones y el stock de los industriales; también le permitía intervenir las empresas con el fin de que éstas produjesen lo que el mercado nacional demandara. El posible recurso de estas capacidades por parte del Estado hizo que la ley fuese calificada como “un avance del fascismo en nuestra economía […]. El poder discrecional no es otra cosa que poder dictatorial dicho en términos amistosos. Una facultad discrecional es omnipotente, una dictatorial también; discrecionalidad y dictatorial son dos nombres distintos para una sola cosa, el gobierno omnipotente”.115 Esta lógica, sustentada por todas las agrupaciones patronales, excepto la Canacintra, llevó a la Concamin a precisar que jamás en la historia de México, ninguna autoridad había tenido tanto poder de derecho como habrá de tenerlo en lo futuro el Ejecutivo Federal, de tal manera que bien podríamos afirmar que la historia del Derecho Constitucional […] de México, tendrá que dividirse en dos periodos, el democrático, fincado en la libertad económica, antes de la aprobación de la Ley y el de economía dirigida […] después de la promulgación de la misma.116

Dicha ley constituyó el principal punto de fricción entre los empresarios y el Estado durante el gobierno alemanista. Defendiendo a ultranza la libertad económica, a la que percibían como el sustrato del sistema democrático, todos los grupos empresariales juzgaron como autoritario al régimen.117 La ley de 1941 consideraba a las organizaciones empresariales como órganos de consulta del gobierno. Durante el sexenio alemanista se impuso un nuevo procedimiento de comunicación entre ambos actores que, en palabras del propio presidente, llevó aparejado el concurso de los empresarios en las decisiones del gobierno.118 El gobierno reconoció la necesidad de mantener el consenso con las agrupaciones patronales, las cuales eran factores imprescindibles para la realización del proyecto de desarrollo económico y elementos precisos para asegurar la estabilidad política. Este nuevo tipo de relaciones se vio acompañado de la aceptación por parte de los grupos empresariales del poder político de los sucesivos gobiernos y de la primacía del Estado. Como se puso de manifiesto en el debate

sobre los aspectos más importantes de la política estatal durante el alemanismo, los empresarios se fortalecerían como interlocutores y grupos de presión en el interior del sistema. Pero, como lo demostró la elaboración de la Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, el Estado contaba con los instrumentos necesarios para imponer el proyecto que, en cada momento, fuera diseñado desde el ejecutivo. Al igual que había ocurrido con otros actores sociales, los empresarios quedaban situados en una relación subordinada con respecto a la organización estatal. Si bien los grupos empresariales gozaron de una gran capacidad de influencia en las decisiones gubernamentales, derivada de su potencialidad económica y del posible recurso a la salida de capitales o a la especulación, poniendo en peligro el éxito del modelo de desarrollo,119 el Estado se configuró como un actor privilegiado. A ello contribuyó tanto la fortaleza económica del propio Estado, que lo convirtió en un apoyo para la expansión de los grupos empresariales, como la divergencia de objetivos entre éstos. Así, el Estado estableció distintos tipos de alianzas en función de sus propios proyectos. Como resultado de todo ello, se consolidó un Estado altamente interventor en todos los niveles de la vida económica, política y social del país, dotado de importantes elementos de concretización de los diferentes modelos de desarrollo que se fueran diseñando y erigido como el principal árbitro en las relaciones entre los distintos actores sociales.

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Véase, en este mismo libro, el trabajo de Rafael Loyola. Medina, 1982, p. 16. 3 De ellos, cuatro eran militares: Miguel Henríquez Guzmán, Enrique Calderón, Francisco Castillo y José Agustín Castro. Cinco eran civiles: Javier Rojo Gómez, Marte R. Gómez, Ezequiel Padilla, Gustavo Baz y Miguel Alemán. Medina, 1982, p. 11. 4 La FPP presentó en 1952 la candidatura de Henríquez Guzmán a la presidencia. El partido estaba formado por militares y ex funcionarios de los gobiernos de Cárdenas y Ávila Camacho y tenía como uno de sus lemas poner fin a la corrupción administrativa que caracterizó el sexenio de Alemán. Defendían retomar los ideales agraristas de los años treinta y seguir participando en la élite política, de la que se sentían excluidos. Pellicer, 1977, pp. 477-489. 5 Medina, 1982, pp. 5-91; Cosío, 1975, pp. 32-41. 6 Medina, 1982, pp. 32-41; Suárez Farías, 1988, p. 308. 7 La ley vigente hasta 1946 fue la Ley para Elecciones de Poderes Federales, que databa de 1918, del gobierno de Carranza. El punto más importante de esta ley se refería a las facultades de los gobiernos estatales y municipales para establecer las divisiones distritales y seccionales, iniciar la elaboración del padrón, determinar los distritos electorales, designar los funcionarios electorales, vigilar el proceso electoral, realizar el recuento de voto, declarar al ganador y entregar la constancia. Este sistema había facilitado el fraude y otorgado un gran poder a los caciques locales, ya que, finalmente, de ellos dependía el triunfo de los diversos contendientes a los puestos de elección. Molinar, 1991, p. 27. 8 Lerner, Berta, 1976, pp. 243-244. 9 Arreola, 1988, pp. 180-182. 10 Furtak, 1974, p. 43. 11 Integrantes de los tres sectores acordaron evitar las luchas entre ellos que podían originarse si se respetaba totalmente la libre y secreta elección como lo establecían los nuevos estatutos. Este pacto establecía, entre otros asuntos, que la designación de los candidatos se regiría por el principio de derecho de las mayorías en cada sector; los sectores eran los depositarios y ejecutores de la voluntad; se coordinarían las actuaciones electorales para evitar conflictos; los sectores intercambiarían los padrones con los que acreditaban el derecho de postulación en las diversas entidades. En la práctica, por tanto, siguieron siendo los dirigentes de los sectores quienes establecían la distribución de candidaturas en función del peso de cada uno de ellos en el lugar de que se tratase. Sin embargo, cada sector tenía que negociar con los demás y a veces recurrir a las autoridades centrales del partido, con lo que su fuerza se debilitaba. Medina, 1982, p. 79; Smith, Peter, 1981, pp. 260-268. 12 Suárez Farías, 1988, p. 308. 13 Medin, 1990, p. 36. 14 Furtak, 1974, pp. 56-57. 15 Cosío, 1975, pp. 99-100; Alemán, 1988a, pp. 270-277. 16 Medina, 1982, p. 91. 17 Del 27 de agosto de 1945 al 17 de junio de 1946 se realizaron 21 de ellas en las regiones económicas más importantes. Las destacables fueron: la de la industria textil en Puebla, la azucarera en Morelos, la del turismo en Guerrero, la petrolera en Tamaulipas, la siderúrgica en Monterrey, la algodonera en Coahuila, la química en Jalisco, la eléctrica en San Luis, la ganadera en Chihuahua, la agrícola en Michoacán. Aunque no todos los grupos económicos estuvieron representados, la convocatoria de las reuniones despertó gran interés entre los empresarios, que las vieron como buen vehículo de comunicación para que el gobierno conociera sus demandas. Lo mismo ocurrió, al parecer, siendo ya presidente Alemán, con la realización de mesas redondas para el estudio de la industrialización que se efectuarían en distintos estados mediante convocatoria de la Canacintra. Archivo General de la Nación, Fondo Alemán (en adelante AGN-FA), 523/1. 18 AGN-FA, 544.3/241: 7. 19 AGN-FA, 544.3/241: 10. 20 Medin, 1990, p. 31. 21 Para mayor información sobre esta serie de demandas y de los planteamientos que se realizaron en esas mesas redondas, véase Conferencias de mesa, 1949. 22 Wilkie, 1969, p. 52. 23 Alemán, 1945, p. 32. 24 Alemán, 1945, p. 32. 25 Alemán, 1988a, pp. 444-445. 26 Alemán, 1945, p. 9. 27 Torres Ramírez, 1984, p. 26. 28 Con la reforma del artículo 27 constitucional, la pequeña propiedad fue definida como la que no excediera 100 hectáreas de riego o humedad o sus equivalentes en otra clase de tierras; las que no sobrepasasen de 200 en terrenos de temporal o de agostadero susceptibles de cultivo; de 150 cuando produjeran algodón; de 300 si producían productos tropicales o vid, olivo, frutales, etcétera. También consideraba pequeña propiedad ganadera la que no excediera de la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente de ganado menor. Ley de reformas al artículo 27, en Alemán, 2

1988a, p. 283. Si bien con esta extensión difícilmente pueden las propiedades ser caracterizadas con el término pequeña propiedad, a lo largo del texto éste es el término que utilizaremos respondiendo, únicamente, a que ése es el nombre que la legislación le otorga. 29 Alemán, 1945, p. 24. 30 El artículo 27 establecía que el presidente de la República es la suprema autoridad en materia agraria, con el mandato expreso de realizar la reforma agraria. Carpizo, 1978, pp. 154-155. El establecimiento del amparo agrario implicaba que los propietarios de tierras afectadas por expropiaciones podían recurrir a los tribunales. 31 Alemán, 1945, p. 16. 32 Idem. 33 Medin, 1990, pp. 31-33. 34 Alemán, 1945, p. 17. 35 En el periodo bélico, los países latinoamericanos enviaron a Estados Unidos más de 50% de sus exportaciones y recibieron de dicho país más de 60% de sus importaciones. Gil, 1975, p. 171. 36 Wilkie, 1969, p. 48. 37 Torres Ramírez, 1984, p. 284; Torres Bodet, 1981, pp. 490-498. 38 En este ámbito los principales problemas estaban relacionados con el hecho de si una organización regional podía tener autonomía en sus decisiones o debía estar vinculada a lo que decidiese el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Era el conflicto entre las posturas universalistas, defendidas por Estados Unidos, y las regionalistas, pugnadas por los países latinoamericanos. Esta conferencia se realizó antes que la de San Francisco, donde se llegó a un acuerdo a favor de las tesis regionalistas, lo cual no estaba en contradicción con el apoyo de Estados Unidos a la organización mundial ni con mantener la defensa hemisférica. En Chapultepec se dieron los primeros pasos que conducirían durante la Conferencia de Bogotá, en 1948, a la creación definitiva de la Organización de Estados Americanos. Gil, 1975, pp. 176-204. 39 Acta de Chapultepec, artículo 3. 40 Gil, 1975, pp. 180-185. 41 Esta reunión, denominada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Empleo, se realizó en La Habana, en 1947, con la participación de 58 países, excluidos la Unión Soviética y los países de su órbita. Se discutió un proyecto que proponía la creación de la Organización Internacional de Comercio. Este documento, conocido como Plan Clayton, recibió fuertes críticas de los grupos gubernamentales, sindicales y empresariales mexicanos. Torres Ramírez, 1984, pp. 295-298. 42 Cepal, 1982, p. 7. 43 Medin, 1990, pp. 148-161. 44 La no participación de México en el GATT se extendió desde la conformación de éste en 1948 hasta la presidencia de Miguel de la Madrid en que se decidió la inclusión en dicho organismo. 45 Beteta, 1955, pp. 53-54. 46 Torres Ramírez, 1984, pp. 285-303. 47 Wilkie, 1969, p. 47. 48 Torres Ramírez, 1984, pp. 226-235; Vázquez, 1989, pp. 180-193. 49 Alemán, 1988b, p. 291. 50 Todas las funciones estarían coordinadas por una Comisión Nacional de Precios, integrada por la Secretaría de Economía, cuyo titular la presidirían representantes de los ministerios de Agricultura y Ganadería, de Comunicaciones y Obras Públicas, del Departamento del Distrito Federal, del Banco de México, de Nacional Financiera, del Banco Nacional de Comercio Exterior, de la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana y de los Ferrocarriles Nacionales de México. Por el sector privado también formaban parte de la comisión la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Participaban, asimismo, organizaciones de obreros y campesinos. La Secretaría de Economía, de acuerdo con la Comisión Nacional de Precios, podía conformar comités especiales por rama de distribución o producción, formados por un representante de los bancos nacionales relacionados con el proyecto de que se tratase y por representantes de las organizaciones privadas y agrupaciones de trabajadores. Ceceña, 1983, p. 95. 51 Alemán, 1988a, pp. 292-295. 52 Cuadra, 1988, p. 605. 53 Citado en Alemán, 1988b, pp. 292 y 293. 54 Köning, 1985, p. 374. 55 Villarreal, René, 1976, p. 51. 56 Aguayo, 1975, pp. 149-180. 57 Un ejemplo de estos intentos fueron los redescuentos selectivos que el Banco de México aplicó con gran intensidad a partir de 1951 sobre préstamos comerciales e industriales. Otro tipo de medidas fueron, por ejemplo, las utilizadas después de la devaluación del peso en 1948, cuando el banco central ordenó que todos los aumentos que hubiera en los saldos bancarios

después de la devaluación debían depositarse en el Banco de México, a menos que se emplearan en préstamos a mediano plazo para industrias y sociedades financieras. Glade, 1959, pp. 66-67. 58 Nafinsa fue creada en 1934, con un capital de 20 millones de pesos, con el propósito de crear un mercado para los bonos emitidos por el gobierno y de financiar programas de obras públicas y de servicio social con los ahorros privados invertidos en valores federales, estatales y municipales. En 1937 se modificó su orientación para, además, poder invertir en acciones bancarias e industriales. En 1940 se reorganizó y se convirtió, sobre todo, en un banco de inversiones del gobierno, siendo su principal actividad los créditos industriales. Su capital era de 20 millones después de que en 1935 había sido de 10 millones de pesos. Con Alemán, el capital pasó en 1947 a 100 millones de pesos, ejemplo de la importancia que el gobierno daba a la presencia del Estado en la industrialización. Carrillo Flores, 1955, p. 31. 59 Torres Gaytán, 1952, pp. 582-583. 60 Benneth, 1979, p. 46. 61 Campos, 1960, p. 420. 62 Mosk, 1951, p. 70. 63 Ibidem, p.66. 64 Torres Ramírez, 1984, p. 96. 65 Mosk, 1951, p. 70. 66 Torres Ramírez, 1984, p. 99. 67 Vernon, 1989, pp. 118-119. 68 Algunos estudios insisten en el tema de la elevada concentración geográfica de la actividad industrial que se produjo y concluyen que el grado de concentración fue muy elevado, lo que contribuyó de forma decisiva a aumentar las disparidades interregionales y a hacer más disímiles los niveles de urbanización. Cepal, 1971, pp. 52-58. 69 Solís, 1975, pp. 55-58. 70 Beteta, 1951a, pp. 23-24. 71 Además de las señaladas en 1945, con el gobierno de Alemán se amplió a las siguientes actividades: transportes marítimos internacionales, transporte marítimo de cabotaje, industria del hule, petroquímica secundaria y minería. Bohrish, 1968, p. 27. 72 Ibidem, pp. 28-29. 73 Aunque no es motivo de estas páginas analizar los límites y alcances de tal política, es interesante señalar algunos elementos que son considerados como efectos negativos de esta estrategia. Al propiciar la creación de nexos entre empresarios nacionales y extranjeros con base en sus intereses comunes, surgieron grupos de presión que no cedieron fácilmente a que el gobierno los sometiera a sus políticas de planificación productiva. Además, esto hizo que los funcionarios públicos negociaran otro tipo de objetivos que no eran el fomento de la participación local en las actividades empresariales. Benneth, 1979, p. 422. 74 Beteta, 1963, p. 152. 75 Ceceña, 1963, pp. 160-161. 76 Benneth, 1979, p. 45. 77 Mosk, 1951, pp. 75-77. 78 Reyes Heroles, 1951, pp. 17-18. 79 Torres Gaytán, 1952. 80 Fajnzylber, 1983, p. 183. 81 Fajnzylber, 1982, pp. 139-148. 82 Stern, 1979, p. 11. 83 Unikel, 1974, p. 257. 84 Trejo, 1989, p. 18. 85 Hewitt, 1977, pp. 20-22. 86 Torres Ramírez, 1984, pp. 236-251. 87 Bustamante, 1976, p. 27. 88 Hewitt, 1977, pp. 20-30; Martínez de Navarrete, 1960, pp. 40-57. 89 Si bien en México han surgido importantes grupos empresariales con mayores niveles de informalidad que las organizaciones patronales, y que podían haberse consolidado como los instrumentos de defensa de sus intereses ante las políticas gubernamentales, la tendencia ha sido que los empresarios recurran a mecanismos institucionales. Como la informalidad ha caracterizado las relaciones entre los empresarios individuales y el Estado, las organizaciones patronales han sido percibidas como el instrumento de presión más efectivo ante el gobierno. Tal tendencia se debe a la obligatoriedad de pertenecer a alguna de estas organizaciones; a la posibilidad financiera de éstas de mantener personal permanente; a que éstas han logrado articular respuestas consensuadas ante ciertas políticas gubernamentales; al desarrollo de canales de comunicación entre sus dirigentes y los funcionarios responsables de las decisiones políticas. Como se ha señalado, 62% de los empresarios encuestados opinaron que una acción eficaz ante cierta política era accesible sólo mediante una institución formal. Smith, Peter, 1981, pp. 245 y 246; Derossi, 1977. Por lo anterior, el análisis de las relaciones entre Estado y empresarios se realizará en

función de las respuestas y los niveles de acomodación entre los presupuestos defendidos por las organizaciones ante las políticas instrumentadas por el gobierno durante el alemanismo. 90 Algunos autores relacionan la disminución de la presión empresarial sobre el sistema con la creciente tendencia de miembros de la clase política a asumir puestos importantes en el ámbito empresarial. Si bien este proceso ya era observable al término de la Revolución, estos autores señalan que en las décadas de 1940 y 1950, al amparo de la industrialización, surgió un grupo empresarial que han denominado Fracción de los Cuarenta, que se benefició directamente de la política estatal de apoyo y fomento a la industrialización. En él figurarían políticos importantes, el más conspicuo de ellos Miguel Alemán, del grupo PagliaiAlemán-Azcárraga. Además, señalan que esta “fracción” terminaría desempeñando una posición central en la Concamin. Concheiro, 1979, pp. 134-142 y 288-289. 91 La actitud favorable de las organizaciones patronales hacia las nuevas relaciones entre el gobierno alemanista y el movimiento sindical se manifiesta en el siguiente comentario, en el marco de la XIII Convención de la Coparmex, una de las confederaciones que más había atacado los vínculos entre el Estado y los sindicatos en los gobiernos anteriores: Es de suma importancia subrayar que, de tiempo atrás, líderes sin escrúpulos al servicio de doctrinas extranjeras y guiados por ambiciones bastardas y mezquinas hicieron, en lugar de una defensa leal y desinteresada del obrero, un engaño, un fraude, una mixtificación asquerosa, en la cual solamente ellos han sido y siguen siendo los aprovechados […]. Esta situación caótica y anárquica ya tiene mucho tiempo de estar imperando y cogió bastante auge en la época cardenista, pues en ese entonces el gobierno la fomentó descaradamente, tomando en cuenta su criterio radical de izquierda […]. Sin embargo, ahora, es bastante halagador que ya no seamos solamente nosotros los que sostenemos esta gran verdad; sino, que es uno de los principales colaboradores del gobierno del Lic. Miguel Alemán, don Antonio Ruiz Galindo, Sro. de Economía, quien en plena Convención Patronal dijo: “Para que haya entendimiento entre patronos y obreros, sin intermediarios para eliminar la desconfianza e incomprensión en el examen de los problemas comunes […] estamos a tiempo de fijar nuevas orientaciones a las relaciones que deben existir entre los hombres de empresa y los trabajadores, si queremos que sea factible la industrialización del país”. Mata, Santiago, 1947, pp. 19-20. 92

La participación de empresarios en el gobierno fue justificada por Alemán en el principio de que la política iba a quedar supeditada a la técnica. Medina, 1982, p. 93. Los industriales que ocuparon puestos gubernamentales fueron Antonio Ruiz Galindo (secretario de Economía), Agustín García López (secretario de Comunicaciones y Obras Públicas) y Antonio Díaz Lombardo (director del Instituto Mexicano del Seguro Social), los tres pertenecientes a la Concamin. Además, participaron el empresario agrícola Nazario Ortiz Garza (secretario de Agricultura) y los banqueros Manuel Gual Vidal (secretario de Educación) y Carlos Novoa (director del Banco de México). Tirado, 1986, p. 219. Ante estos nombramientos, la Concamin declaró: “La Confederación de Cámaras Industriales desea expresar su beneplácito por su singular acierto que ha tenido el señor Presidente de la República al escoger las personas que deben compartir con él las responsabilidades de acción administrativa”. Igualmente manifestaron su apoyo a Ruiz Galindo y al subsecretario Manuel Germán Parra, uno de los encargados de organizar las mesas redondas durante la campaña electoral, “procediendo con ecuanimidad y amplitud de criterio”. Citado por Zabludovsky, 1980, p. 32. 93 Como una manifestación de la lógica con la que las organizaciones patronales elaboraron su oposición a los postulados librecambistas impulsados por Estados Unidos, en enero de 1946 José Domingo Lavín señalaba: Lo que no podemos aceptar es que se nos proponga la desaparición de la protección arancelaria, como un medio de aumentar el comercio internacional, dentro del cual nosotros desapareceríamos rápidamente como compradores, una vez que vomitáramos nuestras pequeñas reservas hechas durante la guerra. No queremos seguir ni aconsejamos seguir ningún otro camino que no fuera el mismo camino por el que los Estados Unidos llegaron a su prosperidad actual. No estamos padeciendo envidias, puesto que reconocemos la debida proporción entre nuestras posiciones económicas; pero es perfectamente legítimo el derecho de aspirar a organizar a México bajo la misma tradición americana, para lograr con el tiempo un desarrollo semejante al de ese gran país. De no seguirse esta tradición tendríamos que entrar a sistemas sociales distintos de los que establece nuestra Constitución. Lavín, 1948, pp. 158-159. 94 Este tratado de comercio entre México y Estados Unidos fue el resultado de la política económica inaugurada con la llegada de Roosevelt a la presidencia estadunidense, que defendía la eliminación mundial de todas aquellas barreras arancelarias consideradas innecesarias. Como un medio para superar la crisis económica se proponía la aceptación de posturas librecambistas. La nueva política, en lo que respecta a América Latina, fue enunciada por el secretario de Estado Cordell Hull en la Conferencia Panamericana de Montevideo de 1933. Sus elementos esenciales debían ser la firma de tratados bilaterales y la reducción de aranceles a nivel mundial, puntos aceptados por los delegados latinoamericanos y que fueron la base de los casi 30 tratados bilaterales de comercio firmados por Estados Unidos, uno de ellos con México, en 1942, que estipulaba la finalización del sistema de cuotas y compromisos de no aumentar los impuestos y respetar el listado de artículos sujetos a libre importación. Lavín, 1948, pp. 13-17. 95 El gobierno autorizó que en dicha delegación participaran seis representantes de las diversas organizaciones empresariales. También participaron, aunque de forma no oficial, varios consejeros de las confederaciones, entre quienes destacó Jesús Reyes Heroles, asesor jurídico de la Canacintra, que en un estudio titulado La Carta de La Habana, recogía la

esencia de los planteamientos defendidos en concordancia por el gobierno y el conjunto de agrupaciones empresariales: “Creemos que, en efecto, la resolución integral de los problemas económicos del mundo —como un todo y en sus componentes — sólo puede derivar de una acción internacional; pero esta acción deberá sujetarse, si no se quiere verla frustrada, a la vigencia de las realidades nacionales. Los partidarios del librecambismo asientan que la división internacional del trabajo viene a hacer innecesario el recurrir por ciertos países a protecciones económicas. Para nosotros, creer que el librecambismo conduzca automáticamente a una división internacional supone un error. Creemos, en cambio, que la experiencia económica mundial aconseja que se practique una planeación internacional, y la realización de ella vendría a significar seguramente un gran adelanto en la resolución de problemas esenciales. Hay dos salvedades al respecto: 1) que esta planeación internacional no venga simplemente a mantener el statu quo económico del mundo sosteniendo la existencia de países productores de materias primas e importadoras de manufacturas… 2) que no se considere que esta planeación internacional viene a hacer innecesaria la práctica de ciertos países de un régimen proteccionista”. Citado en Franco, s/f., pp. 44-45. 96 Torres Ramírez, 1984, p. 216. 97 Medin, 1990, p. 90. 98 Alcázar, 1977, p. 59. 99 Cardoso, 1953, pp. 27-28. 100 Canacintra, 1955, p. 9. 101 A este respecto, los planteamientos defendidos por la Canacintra eran desarrollados bajo la siguiente argumentación: El fenómeno más grave desde el punto de vista de la inversión industrial extranjera a que México se enfrenta […] consiste en el establecimiento de industrias extranjeras en ramas de producción en que ya existen establecidas industrias nacionales con capacidad para satisfacer sobradamente la demanda nacional. Se trata del establecimiento de subsidiarias que disponiendo de mayores recursos que las empresas nativas similares, realizan a éstas una competencia desleal, las eliminan del mercado y adueñándose de éste operan con métodos que perjudican al consumidor y no ayudan al incremento de la riqueza nacional, puesto que permanentemente envían sus utilidades a sus lugares de origen. Peña, 1951, p. 18. 102

Canacintra, 1962, p. 79. Hernández Gutiérrez, 1973, pp. 160-161. 104 Bohrish, 1968, p. 46. 105 La Camco fue fundada en 1917 por un reducido sector de los inversionistas estadunidenses en México representado por pequeñas empresas manufactureras ligadas al mercado interno y por otras procedentes del sector comercial de exportación. Fundada como un medio de participar en la nueva situación política y económica creada por la Revolución, tuvo como preocupación principal establecer relaciones cordiales con los gobiernos mexicanos. Durante los años de formación, sus intereses estuvieron orientados a fomentar las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos y a lograr la promoción y expansión de los intereses privados de aquel país en este. Pero en los primeros años la Camco tuvo una importancia relativa debido a su debilidad económica e institucional y, sobre todo, a que los intereses estadunidenses más importantes en México en esos momentos —empresas mineras y petroleras— no formaban parte de la organización. Sin embargo, a partir de 1940, la Camco entró en un proceso de consolidación como efecto, fundamentalmente, del aumento de inversiones estadunidenses y de su dirección a los sectores industriales. El resultado fue que la Camco se convirtió en un importante intermediario de las operaciones comerciales y financieras entre ambos países y, a su vez, sus relaciones con los empresarios mexicanos se fueron estrechando. González, Guadalupe, 1979, pp. 33-86. 106 Ibidem, p. 97. 107 Además del control que las empresas extranjeras realizaban del mercado nacional con la consiguiente influencia negativa para las industrias locales, la Canacintra insistió en varios puntos. Consideraban que no contribuían a aumentar la tasa de ocupación de los países en los que se instalaban; no utilizaban materias primas o productos semielaborados del país sino que los importaban; se dedicaban, en gran número de casos, a ensamblar las partes del producto, que también eran importados desde otras filiales; sus inversiones implicaban una doble salida de divisas debido a que a lo pagado por sus importaciones de componentes se unía la remisión a sus matrices de las utilidades, regalías o intereses; cuando se producía una crisis política, económica o social repatriaban sus capitales con el consecuente perjuicio para la estabilidad económica del país donde radicaban; constituían grupos de presión para influir en la vida política y económica del país y, frecuentemente, solicitaban el apoyo de sus respectivos gobiernos. Canacintra, 1955, pp. 19-22. 108 Alcázar, 1977, pp. 55-57. 109 Concanaco, 1946, pp. 19-25. 110 Canacintra, 1962, pp. 77-78. 111 Cardoso, 1953, p. 50. 112 Radvanyi, 1951, p. 103. 113 Canacintra, 1966, p. 181. 114 Cordero, 1979, p. 9. 103

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Economicus, 1951, p. 44. Economicus, p. 43. 117 Son muy abundantes los discursos y manifestaciones del descontento de las agrupaciones patronales en relación con la citada ley de atribuciones. En todas ellas se insistía en la imposibilidad de igualar democracia y libertad con intervencionismo estatal. Una muestra de ello son las palabras de Guillermo Guajardo, presidente de la Concamin: “La Democracia es eso: limitar la intervención del Estado en la vida de las personas; entender la autoridad como servicio, y el poder como responsabilidad; y reconocer que el origen del progreso, el bienestar y la seguridad se encuentran en los individuos mismos, actuando en su capacidad privada y respondiendo a su interés y a su juicio moral”. AGN, FA, Guillermo Guajardo, “Discurso en la asamblea anual de la Concamin en marzo de 1950”, 704/439. 118 A este respecto Alemán señalaba que todos esos sectores [los empresariales] tienen acceso a las dependencias del ejecutivo; participan con sugestiones en la formulación de los planes del gobierno que pueden interesarles o afectarlos. Hay un hecho muy interesante en México, dentro de sus procesos democráticos: hay aproximadamente unas 200 000 personas agrupadas en los varios organismos empresariales, que tienen acceso directo a las actividades del gobierno; aún más, participan democráticamente en las decisiones del mismo. Antes de que el gobierno ponga en vigor una ley o cualquier medida impositiva, casi siempre sostiene conversaciones con los dirigentes de tales organismos para cambiar impresiones y conocer sus puntos de vista. De esa manera, cuando una disposición de gobierno sale a la luz pública se tiene prácticamente, si no la seguridad de la aprobación por parte de las agrupaciones interesadas, sí por lo menos la certeza de que es de su conocimiento la medida adoptada. Así es como, en un ambiente por completo democrático, participan en los procesos y las decisiones del gobierno. Alemán, 1975, p. 43. 119 Medin, 1990, p. 93. 116

LOS AÑOS MARAVILLOSOS: ADOLFO RUIZ CORTINES

ARIEL RODRÍGUEZ KURI El Colegio de México

TIEMPO Y PROBLEMAS En este capítulo quiero plantear las condiciones de posibilidad del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines (Veracruz, 1889-Veracruz, 1973), presidente de México entre 1952 y 1958. En la historia de su administración se mezclan inextricablemente elementos políticos y simbólicos. Por elementos políticos entiendo aquellos arreglos, pactos y decisiones explícitos que contribuyen inmediatamente al ejercicio del poder, a la administración del conflicto y a la generación de consensos. Los elementos simbólicos, si bien tienen en general los mismos fines, no necesariamente son explícitos y apelan a los valores (y contravalores) más profundos de la cultura política y del imaginario histórico de la sociedad mexicana. Los factores políticos y simbólicos de un régimen ciertamente no pueden considerarse invariables; ambas dimensiones son históricas, aunque su periodicidad no debe por fuerza coincidir con las definiciones constitucionales de los tiempos políticos. Pero es un hecho notable de la historia mexicana que en el periodo de Adolfo Ruiz Cortines se diera la articulación virtuosa de ambas dimensiones de la política contemporánea. Los años maravillosos de la política en México corresponden en buena medida a los cincuenta, y sobre todo al gobierno de Ruiz Cortines. Por las razones que mostraré en el estudio, aquel periodo parece conciliar crecimiento económico y estabilidad política. Al menos el primer elemento proviene de una coyuntura mundial privilegiada, aunque nunca debe disminuirse el peso del liderazgo político en el desempeño económico. De cualquier forma el milagro mexicano es contemporáneo del milagro europeo occidental y japonés de la segunda posguerra, algo que con frecuencia se olvida. Pero en estas últimas experiencias el crecimiento económico se vio acompañado de un desarrollo social de tal magnitud que algunos historiadores no han dudado en caracterizar el fenómeno como una verdadera revolución social y cultural, sin precedente en la historia moderna del mundo.1 Hay indicadores sólidos que remiten también a las mutaciones de la sociedad mexicana en el periodo. No obstante, en la historiografía de tema mexicano sigue siendo una asignatura pendiente un estudio exhaustivo de la magnitud y profundidad del cambio sociocultural de la segunda posguerra y de sus consecuencias políticas.2 Es probable que varias de las sociedades de la tradición política de Occidente se encontraran exhaustas al iniciar la década de los cincuenta. La desintegración de los imperios europeos y la crisis profunda del liberalismo político a partir de la Gran Guerra, el ascenso de los totalitarismos, la bancarrota mundial de 1929, la segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría son hechos que se sucedieron en la friolera de unos 30 años. Un ruso, un inglés, un francés o un alemán nacido alrededor de 1900 habría sido testigo con plena conciencia de cada uno de esos acontecimientos. Un mexicano nacido en la misma década tendría memoria de una guerra civil y de una constitución, de las esperanzas y ferocidades políticas de la década de 1920, del sentido que el término política de masas adquirió en la década de 1930, de los temores e inquietudes que la segunda Guerra Mundial suscitó en México. Si, como escribió Baudelaire, el héroe moderno es el hombre común, éste, en los cincuenta, era un héroe exhausto. La conducción política en la década estuvo en manos de los republicanos de Eisenhower, de los socialcristianos de Adenauer y de los siempre intachables demócrata-

cristianos italianos, de los conservadores británicos que gobernaron 13 años consecutivos desde 1951, de las dictaduras de Franco y Salazar (bendecidas por la Guerra Fría). “Los aburridos años cincuenta” lo son porque el crecimiento económico y la paulatina construcción del Estado de bienestar eran prioridades para todas las banderías políticas y para casi todos los sectores sociales en Estados Unidos y Europa occidental.3 Como es obligación de todo político, Ruiz Cortines era un hombre de su época. Testigo seguramente atento de todas las grandes conmociones del mundo, y partícipe de las mexicanas, compartió con otros estadistas algunas de las prioridades de su tiempo. Ruiz Cortines sorprende poco si se le mira desde el aire como el timonel austero de la pequeña nave mexicana en los mares dilatados de la posguerra. En otra escala, sin embargo, aparece un perfil más llamativo. En el museo mexicano, Adolfo Ruiz Cortines resume todas las imágenes que dan cuenta de los alcances y complejidades del modelo político de la Revolución. Desde esta mirada casi nada ha quedado al margen de este político extraordinario: frases célebres, respuestas inesperadas ante las demandas de sus interlocutores, el reconocimiento de una cierta grandeza personal incluso de parte de sus adversarios políticos, decisión y contundencia en la toma de decisiones cruciales para el régimen. Ruiz Cortines ha sido el Aleph borgiano de la historia política mexicana: en él se han reunido todos los puntos, todas las vistas, todas las imágenes de la política contemporánea, con excepción de la del patriarca filicida o la del cleptómano. Es difícil y quizá estéril tratar de ir más allá del retrato personal, político y, por decirlo así, idiosincrásico, que han escrito Juan José Rodríguez Prats y Enrique Krauze.4 Ambos registros son esenciales en cuanto el escrutinio minucioso de un político sabio, paciente, valeroso, pero escasamente preocupado por la gran reforma social o económica. Si algo obsesionó a Ruiz Cortines fueron los modos, métodos y caminos disponibles para alcanzar sus ideas de estabilidad, equilibrio y justicia. Ruiz Cortines no fue —ni se lo propuso— un gran reformador (al estilo Cárdenas), ni el demiurgo del marketing modernizador entendido como panacea (al estilo Alemán), ni un conciliador profesional (Ávila Camacho). Ruiz Cortines será algo distinto: el fundador pero sobre todo el gran usufructuario, instantáneo, del mito de la omnipotencia y la omnisciencia presidencial. Como ha señalado Jorge Hernández Campos en un texto crucial, el mito presidencial exige de un fechamiento preciso, casi arqueológico; nada se gana remitiéndolo a la sospecha ontológica, a “la convicción de que se trata de algo intrínseco al ser nacional”.5 Ruiz Cortines es la marca, justo la capa geológica donde se levanta el periodo clásico, los años maravillosos, del sistema político mexicano. Más aún, para el historiador no tiene sentido aceptar la escisión entre mito y realidad en el imaginario político. Hacerlo equivale a una renuncia. Los mitos políticos, sus fundamentos materiales, son también materia del historiador, y más aún en el siglo XX y de manera harto perturbadora.6 Fechar y caracterizar el gobierno de Ruiz Cortines en nuestro tiempo encuentra algunas ventajas inesperadas. Está ya en marcha una revisión historiográfica que ajusta las exageraciones corrientes en la interpretación del presidencialismo y del desempeño de los presidentes en la posrevolución. Con las limitaciones indudables del documento, de cualquier forma ya no es posible atribuir a la Constitución de 1917 un diseño hiperpresidencialista, como en su momento pensó Daniel Cosío Villegas.7 Los estudios sobre la separación y las relaciones del ejecutivo y del Congreso para el periodo que llega hasta mediados de la década

de 1930 muestran en realidad otra imagen: un juego si no óptimo sí razonablemente equilibrado entre los dos poderes.8 Pero incluso para el periodo prolongado que llega hasta la década de 1980 están disponibles interpretaciones que reconocen en la presidencia un actor de primerísima línea, pero no, en absoluto, la causa primera y última de todos los procesos y las decisiones políticas.9 Es hora de entender, además, que la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines puede ser el dato duro y la encarnación e imagen de un problema de índole teórica e historiográfica compleja, casi universal, y cuya discusión se presenta como estratégica en el debate político. Juan J. Linz, a mediados de la década de 1990, y teniendo a la vista la evidencia empírica sobre el funcionamiento de los regímenes políticos en buena parte del mundo, postuló que los regímenes presidencialistas (como el mexicano) eran más rígidos para enfrentar las contingencias de los procesos socioeconómicos y políticos modernos, y por tanto tendían a ser más inestables. En otras palabras, y contrariamente a lo que el prejuicio mexicano postula, los regímenes presidencialistas son más vulnerables a la disrupción del orden constitucional que los regímenes parlamentarios. Linz reconoce los elementos que contribuyen a la rigidez del presidencialismo: la legitimidad (y agrego: soberanía) compartida entre el presidente y el Congreso; las limitaciones usuales a la reelección del presidente; la definición de periodos presidenciales fijos y las dificultades para acortar constitucionalmente esos periodos (lo laborioso y desgastante que resulta todo impeachment); los incentivos a la actuación política no responsable del presidente, que se potencian en el impedimento legal (o en las limitaciones) de la reelección; la lógica según la cual el candidato presidencial triunfante “gana todo”, y el perdedor “pierde todo”; en fin, los particulares estilos personales que el régimen presidencialista exige de los políticos, en comparación con los estilos que demanda el liderazgo parlamentario.10 Es fascinante asumir la extrañeza que resulta de aceptar los criterios de un pensador de la talla de Linz, y de contrastarlos con la forma y el momento en que el presidencialismo al estilo mexicano alcanza su cenit y proyecta a futuro sus mitologías y recursos, justo en la administración de Ruiz Cortines. Pero notemos que la excepcionalidad del modelo mexicano no ha estado nunca en su naturaleza presidencialista (ésta es una superstición de los medios y del comentario político banal), sino en la combinación harto peculiar de recursos constitucionales y metaconstitucionales que han hecho del modelo una cosa autoritaria y estable. Asumido y desdramatizado el diseño constitucional, es menester atender el funcionamiento de la presidencia, sobre todo el despliegue de saberes, habilidades y discursos. Como han reconocido buena parte de los estudios sobre el modelo mexicano, los fundamentos estructurales del régimen posrevolucionario, especialmente a partir de la década de 1930, se encuentran en la sólida jefatura ejercida por el presidente en el interior de su propio partido, en los recursos y mecanismos disponibles para que el ejecutivo controle y promueva ciertos comportamientos de los diputados y senadores, y en los arreglos que permiten la disciplina mínima necesaria en las corporaciones sindicales y campesinas encuadradas en el partido oficial.11 Todos estos pactos y compromisos fueron utilizados a plenitud y con toda parsimonia y decisión por Ruiz Cortines. Su comportamiento desembozado como jefe nato del oficialismo generó durante su administración esa sensación de que el presidente estaba al tanto de todo, y de que nada se

hacía sin que él lo aprobara. Esta apreciación es por supuesto exagerada. Sin embargo, en términos de las percepciones del público y como reflejo poco detallado de un momento particular en las relaciones entre la sociedad, el gobierno y el partido oficial, la imagen no está desenfocada. Ruiz Cortines es el beneficiario de un momento histórico caracterizado por un consenso político amplio en diversos sectores sociales. Esto último es cierto sólo si se asume que el consenso no está en la antípoda del conflicto; con frecuencia éste supone al primero y lo alimenta. En otras palabras, el gobierno de Ruiz Cortines expresa, como quizá ningún otro en la segunda posguerra, el consenso político porque pudo administrar el conflicto, ya sea resolviendo las causas que lo originaban, ya sea difiriendo respuestas de fondo y ofreciendo alternativas de corto plazo, ya sea, en fin, redirigiendo los enconos y expectativas sociales hacia objetivos distintos a su gobierno o su persona.

CONDICIONES DE POSIBILIDAD Postulo que la imagen y desempeño de Ruiz Cortines como presidente se benefició de las derrotas de sectores que constituían, formal e informalmente, parte sustancial de la base de masas del oficialismo mexicano. Me refiero al sometimiento de los grandes sindicatos nacionales de industria que propició el gobierno de Miguel Alemán en el bienio 1948-1949, y que restringió en la siguiente década la capacidad de interlocución de los trabajadores organizados en el interior del partido oficial y con el gobierno nacional. Me ocuparé, en segundo lugar, del aplastamiento de la disidencia política y electoral de Miguel Henríquez Guzmán en 1952 y de las consecuencias que la derrota de ese movimiento trajo para el futuro inmediato del gobierno de Ruiz Cortines, pero también para la consolidación del modelo político mexicano de los siguientes 30 años. Una tercera problemática atraviesa toda la administración de Ruiz Cortines, y le otorga su peculiar fisonomía. El punto aquí es la capacidad persuasiva de una política, un vocabulario y un estilo justo en medio de las tensiones y alternativas del mundo bipolar de la segunda posguerra. Ruiz Cortines es el presidente de la Guerra Fría, pero en un tono autodefinido como menor.12 Los referentes de moderación y nacionalismo dan sentido a una alineación internacional claramente pronorteamericana, pero sin el recurso obsesivo y paranoico al anticomunismo. Como veterano civil de la Revolución mexicana, sabía que un anticomunismo feroz alcanzaba sus límites ahí donde empezaba a borrar su propia identidad política. Esta actitud se combinó con un diagnóstico del debilitamiento de la demanda política desde abajo que siguió a la campaña presidencial de 1952. El traslape de lo global y lo local coincidió con reacomodos y ajustes dentro y fuera de las grandes familias políticas del oficialismo mexicano y en cierta forma obligó a ellos.13 He aquí otros elementos que proyectan el mito de su persona y de la institución presidencial: sus modalidades discursivas y de toma de decisiones delinean un hombre que parece gravitar sobre el conflicto, que prescribe el recto camino mexicano sin exterminar opositores, que impone recias disciplinas políticas sin generar una diáspora de la clase política y que controla el país sin tener a su vera al coronel Carlos I. Serrano. Un gobierno de las características del de Adolfo Ruiz Cortines sólo es pensable como

resultado de la destrucción y rearticulación del pacto corporativo del gobierno de Miguel Alemán con las organizaciones obreras que gravitaban alrededor del oficialismo. Entre 1947 y 1948 Alemán indujo, forzó y capitalizó un nuevo arreglo político que involucró a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y a los sindicatos nacionales de industria más importantes (petroleros, mineros y sobre todo ferrocarrileros). Ese arreglo redujo dramáticamente la autonomía doctrinal y política de los sindicatos nacionales. Ya los historiadores han abundado en los detalles de las escisiones dentro de la CTM, y han analizado los procedimientos específicos (no ajenos a la violencia gangsteril) para intervenir los sindicatos nacionales de parte del propio gobierno y de sus aliados en los sindicatos.14 Pero es necesario articular una explicación más amplia de las consecuencias políticas del nuevo pacto de la CTM y de los sindicatos charros con el gobierno, tal como se instrumentó a finales de la década de 1940. Estamos ante un hecho notable de la historia política mexicana: el fracaso por implantar un pluripartidismo político que incluyese, también, un juego más intenso, flexible y plural de las centrales y sindicatos alrededor de los partidos, sus programas y sus estrategias. Al respecto debe reconocerse en toda su magnitud lo que también estuvo en juego en el bienio 1947/1948: la permanencia de la CTM en el PRI y las posibilidades reales del Partido Popular (nuevo proyecto de Vicente Lombardo Toledano) para debutar en el escenario nacional sobre una base de masas organizada, capaz de influir en la política mexicana.15 La reafirmación y estrechamiento del control y dominio oficialista sobre la CTM y los sindicatos nacionales hizo del proyecto del partido lombardista una posibilidad dramáticamente disminuida. Ruiz Cortines fue un beneficiario del nuevo arreglo político sindical de finales de los cuarenta, que más allá de las ventajas que representaba en términos de la disciplina propiamente laboral (salarios, contratos, eficiencia), implicaba un debilitamiento casi definitivo del sector obrero organizado como agente político más o menos autónomo. Sin los peligros de la disidencia del voto obrero, las posibilidades electorales del oficialismo en el mediano y largo plazo se ensanchaban. Dado este antecedente, la campaña electoral de 1952 puede ser considerada un hito en la historia política contemporánea de México. Aunque concurrieron cuatro candidatos presidenciales (Adolfo Ruiz Cortines, Miguel Henríquez Guzmán, Efraín González Luna y Vicente Lombardo Toledano) la contienda verdadera se desarrolló entre los dos primeros. Los resultados oficiales reconocieron un poco más de 2 700 000 votos (74% del voto efectivo) al candidato del PRI y un poco menos de 580 000 sufragios (casi 16%) al disidente Henríquez Guzmán.16 Pero la significación de la contienda debe buscarse en otra parte, más allá de los resultados numéricos muy probablemente trucados por el amplio control del oficialismo en cada uno de los pasos del proceso electoral. Con todos los matices y límites en cuanto a personalidad y transparencia política, Henríquez Guzmán significaba una escisión por la izquierda del oficialismo mexicano. Es menos importante saber si el general Henríquez recibió del ex presidente Lázaro Cárdenas un apoyo real y mesurable, que el hecho claro y contundente de que una parte significativa de los contingentes adscritos a la tradición cardenista —dentro y fuera del partido— quisieron ver en él una manera de militar legítimamente contra el discurso, las prácticas y el programa del gobierno de Miguel Alemán. Se ha mostrado de manera amplia y convincente la confluencia de personajes políticos de alta y mediana jerarquía cercanos a Lázaro Cárdenas en la campaña henriquista.17

Los agravios a los futuros compañeros de ruta de Henríquez Guzmán se pueden agrupar en cuatro grandes temas: la desatención que sufrieron los campesinos más pobres durante el alemanismo, ya sea por el cambio de ruta de la reforma agraria, ya por la restricción de créditos y otros apoyos; la sujeción a veces violenta de los sindicatos por líderes controlados por el gobierno; la carestía de los artículos de primera necesidad; y la corrupción rampante en los círculos cercanos al presidente Miguel Alemán. A estos agravios deben agregarse otros más, que preocuparon en su momento hondamente a grupos políticos, y no sólo a los de estirpe cardenista: la sospecha de que Alemán procuró en algún momento perpetuarse en el poder, ya fuese por la vía de una prolongación de su mandato constitucional, ya fuese por la reelección, ya fuese, en fin, por la instauración de una suerte de protectorado político sobre algún personaje proclive a aceptarlo (y se sospechaba de Fernando Casas Alemán, jefe del Departamento del Distrito Federal). Como es característico de la cultura política de la Revolución mexicana, estas ofensas fueron interpretadas por los disidentes en el tono profético de un gran agravio moral: una dimensión básica del “orden natural” en la política mexicana estaba siendo violada, día con día, por políticos ambiciosos y deshonestos. En tanto candidato y luego presidente, Ruiz Cortines entendió que a los agravios políticos interpretados moralmente por los opositores debía responderse en sus propios términos. Por eso al menos los dos primeros años de su gobierno se caracterizan por una campaña estridente contra la corrupción en los círculos oficiales —atribuida implícita o explícitamente al gobierno de Alemán— y al tratamiento de la carestía de la vida —tema crucial en la primera mitad de la década— como un fenómeno no sólo económico sino también moral, donde los comerciantes “malos” eran calificados de inmediato como acaparadores, especuladores, hambreadores. Mucho por temperamento pero mucho también por la experiencia inmediata de lo que el henriquismo significó para su candidatura y la continuidad política de su partido, Ruiz Cortines se convirtió en un oficiante que señaló con dedo flamígero a los funcionarios corruptos y a los profiteers de la inflación mexicana de los cincuenta.18 El henriquismo obligó también a Ruiz Cortines a reflexionar sobre el papel de la violencia para dirimir el conflicto político. Como sabemos por su biógrafos, si bien Ruiz Cortines no fue exactamente un soldado de la Revolución, su vida política estuvo muy cercana a momentos extraordinarios, caracterizados por una enorme conmoción y violencia, al estilo de la batalla de El Ébano (donde participó como pagador del ejército constitucionalista) o de la huida y catástrofe de Carranza después del pronunciamiento de Agua Prieta (cuando le tocó a Ruiz Cortines ser una suerte de guardián del tesoro nacional que acarreaba el presidente asesinado en Tlaxcalantongo).19 Más aún, con esos hechos en la valija de la vida, Ruiz Cortines acompañó asimismo el lento y durísimo proceso de decantamiento político de la familia revolucionaria en la década de 1920 (con un presidente electo y varios generales notables asesinados, y una guerra de orden político religioso cruentísima), y participó en el arduo proceso de institucionalización de las reglas del juego político en los años treinta y cuarenta. Como ha señalado Roderic Ai Camp, Adolfo Ruiz Cortines ha sido la mayor “anomalía” generacional de la posrevolución: llegó con más de 60 años a la presidencia y pudo incorporar las experiencias de la guerra civil al frenesí demográfico, urbanizador e industrializador de la segunda posguerra.20 Dada esa ubicación generacional y vital, no es difícil inferir que Ruiz Cortines sabía de

los alcances y límites de la violencia política. De seguro obtuvo sus propias conclusiones de la represión ejercida contra la oposición henriquista. El estudio más exhaustivo de ese movimiento muestra al menos dos momentos en la estrategia de control de la disidencia electoral: en primer término, el despliegue de todo tipo de argucias obstruccionistas para dificultar la campaña de los opositores; en este sentido, además, el estricto control oficialista de la jornada electoral, inclusive la expulsión de los representantes de casilla de Henríquez y la manipulación de votos, urnas y papelería electoral. La segunda modalidad se inicia justamente al día siguiente de la jornada electoral del 6 de julio de 1952: aquí se recurrió a la represión abierta, violenta, de las concentraciones henriquistas que celebraban su triunfo supuesto (por ejemplo la del mitin del 7 de julio en la Alameda de la ciudad de México) o que reclamaban, en días o semanas subsiguientes, el fraude electoral del gobierno y su partido. Nótese aquí la intervención abierta no sólo de las policías en sus diversas denominaciones sino de unidades del ejército, incluyendo agrupamientos de carros blindados. Al decir de Elisa Servín, la ciudad capital quedó virtualmente en estado de sitio en los días que siguieron al 7 de julio. El gobierno de Alemán, amén de publicar prohibiciones expresas (y anticonstitucionales) de cualquier concentración y manifestación pública después del 6 de julio, hostigó a los dirigentes opositores, ya sea con vigilancia policiaca, ya sea con órdenes de aprehensión e interrogatorios.21 Si se considera que el movimiento de Miguel Henríquez Guzmán constituyó el mayor reto político electoral al oficialismo mexicano hasta la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, la respuesta de Ruiz Cortines en este plano sería ambivalente: la gran propuesta del gobierno fue la concesión del voto a las mujeres, pero en cambio el régimen de partidos experimentó una reforma regresiva, pues se endurecieron los términos para el registro de nuevas organizaciones políticas nacionales y se perfeccionó la prerrogativa del ejecutivo federal, definida por vez primera en la ley electoral de 1946, para decidir por sí y ante sí sobre la vigencia del registro de los partidos existentes.22 De hecho, para 1954 la organización paraguas que había prohijado el movimiento henriquista (la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano [FPPM]), en medio de una campaña de medios intensísima, fue despojada de su registro ante la Comisión Federal Electoral.23 El doble juego consistente en aumentar significativamente el universo electoral con la inclusión del voto femenino, y mantener al mismo tiempo intocadas las estructuras de control del voto popular y debilitado el modelo de competencia de los partidos, es una de las más grandes operaciones políticas de los años maravillosos del autoritarismo mexicano. Ruiz Cortines no respondió a los retos opositores de 1952 liberalizando la competencia electoral; en cambio, hizo mucho por ritualizar las elecciones al ampliar un universo electoral que no decidía sino consagraba. Con el sentido pragmático que lo caracterizaba, Ruiz Cortines debió reconocer que una cosa eran los ciudadanos que votaban y otra los disidentes dentro de la clase política, aquellos personajes adscritos a la familia cardenista que incluía altos oficiales del ejército mexicano; hombres que hacía muy poco tiempo eran diputados, senadores y gobernadores; líderes campesinos y obreros; ex funcionarios medios y altos. Todos ellos corrieron riesgos en absoluto menores al expresar de manera pública sus simpatías por Henríquez y su oposición al candidato del oficialismo. Es probable que desde el pronunciamiento de Adolfo de la Huerta en 1923 no haya habido otro sacudimiento y depuración de la élite política de la amplitud de

la del henriquismo, con la diferencia esencial, eso sí, que en esta oportunidad no se recurrió al asesinato sistemático de los líderes disidentes. La impronta del proceso político alrededor de la elección presidencial de 1952 debe ser revaluada, porque su impacto en la política mexicana de los siguientes 30 años es, por decirlo así, estratégica. Es justo ahí, entre los despojos de la disidencia/oposición vencida en las urnas, en las plazas y en el Congreso, donde se erige el mito del presidente elevado sobre la sociedad y la política, y donde se consagra la leyenda de la imbatibilidad del partido oficial. Otro saldo de la campaña henriquista fue la reactualización de la tradición del pronunciamiento armado como forma de resistencia y negociación con los poderes locales y federales. Al menos hasta 1955, y en el caso de Rubén Jaramillo en Morelos hasta 1958, hay evidencia de reuniones clandestinas para planear acciones violentas, acopio de armas y ataques a instalaciones policiacas y militares.24 Es indudable que la difusión e importancia estratégica de las acciones fue menor y permanecieron ocultas para casi toda la sociedad mexicana. Pero la pregunta que debe abordarse es cómo esa inconformidad fue entendida y procesada —si lo fue— por Ruiz Cortines. Lo primero que debe avanzarse es que la política —en México o en cualquier otra parte— requiere de vínculos y amarres pedestres. En 1952 no bastaba que el presidente de la República fuese ya el jefe indiscutido del oficialismo en las cámaras y en las centrales obreras y campesinas. Las exigencias del momento planteaban materializar alianzas con algunos de los hombres fuertes de las regiones, los cuales no sólo tenían recursos sino el know how para identificar y administrar la demanda política desde abajo. Una buena evidencia de esos vínculos está en las memorias de ese arquetipo del cacique moderno, Gonzalo N. Santos.25 Si alguna vez Alan Knight escribió que Emiliano Zapata era típico pero no único en la revolución agraria en el centro de México, acaso podríamos decir lo mismo de Santos: éste era típico pero no único dentro del sistema de alianzas que construyó Ruiz Cortines. Se han reconocido hasta una docena de hombres fuertes en la década de 1950.26 Es sólo aparente la paradoja de que el hombre que resume los atributos de la concentración del poder y de su ejercicio personalizado deba ser entendido como el artífice y beneficiario de la alianza de la presidencia de la República con lo más granado de la fauna caciquil. Pero justamente de eso se trató el gobierno de Ruiz Cortines: una alianza estrechísima y eficiente entre el presidente y los hombres fuertes regionales (quienes en su mayoría, por cierto, se habían consolidado durante el régimen de Manuel Ávila Camacho), que potenció la eficacia autoritaria del sistema político.27 Pero una consecuencia indeseada para el propio Ruiz Cortines, y que confirma las importantes funciones delegadas en los hombres fuertes, son las ambiciones crecientes y explícitas de los caciques para decidir en su favor la sucesión presidencial de 1958. Santos se inclinó por Ignacio Morones Prieto, secretario de Salubridad, una suerte de ahijado político; Gilberto Flores Muñoz, secretario de Agricultura, y cacique modernizante de Nayarit, creyó mucho tiempo que la designación del candidato presidencial se haría en su persona.28 Pero si Ruiz Cortines se alió a los caciques, también sacó provecho del proceso formativo y de la debilidad relativa de los grupos políticos locales. El presidente se benefició de los procesos de consolidación de una clase política local, que por definición está compuesta por diversos grupos que compiten entre sí por cargos e influencia dentro del oficialismo, y que

tiende a dirimir sus diferencias internas de manera “pacífica” (aunque ésta no es una regla de oro). El lento, accidentado y en absoluto teleológico proceso de gestación y consolidación de la clase política en el Estado de México es un caso paradigmático de al menos dos fenómenos simultáneos: la autonomía relativa de la política local y el esfuerzo continuo de los grupos locales y del gobierno nacional por aumentar su respectiva influencia y capacidad de decisión en la política local.29 El caso del Estado de México es, otra vez, típico pero no único en el México de los cincuenta. Aquí la naturaleza política de los grupos locales les permite evitar la dominación caciquil y entrar a procesos de conflicto/negociación con la presidencia. Podía ganar una u otra de las facciones locales según sus fortalezas intrínsecas, según sus relaciones con el partido, según sus habilidades como gobernantes, según, en fin, sus vínculos con el presidente. No existe hoy día un mapa general de los grupos políticos estatales, ni estudios historiográficos que señalen y distingan sus grados de fortaleza y debilidad. La evidencia disponible, escasa y fragmentaria, tiende a mostrar que el gobierno de Ruiz Cortines disponía de una baraja de posibilidades de intervención: arbitrar las diferencias en el interior de esos grupos; en su caso premiar y castigar a las facciones; evitar el surgimiento de grupos excesivamente fuertes y con veleidades contestatarias al poder central. Dos casos a manera de ejemplos: en Colima los desacuerdos en el oficialismo son intensos desde la campaña henriquista de 1951-1952, y luego durante el gobierno de José González Lugo; en la sucesión de 1955 la decisión de Ruiz Cortines es encontrar un tercer candidato que no responda enteramente al faccionalismo local; en Jalisco, en cambio, Ruiz Cortines sabotea el deseo del gobernador Manuel González Gallo (1947-1953) por instaurar una suerte de continuismo. El presidente impulsa e impone al novelista Agustín Yáñez como el candidato del oficialismo al gobierno de Jalisco, contra los deseos del gobernador.30 Es sabido que Ruiz Cortines promovió la defenestración política de cinco gobernadores: Enrique Pérez Arce, de Sinaloa; Tomás Marentes, de Yucatán; Alejandro Gómez Maganda, de Guerrero; Manuel Bartlett, de Tabasco; y Óscar Soto, de Chihuahua.31 La filiación alemanista de todos debió jugar un papel en la beligerancia del presidente. Pero se olvida un aspecto crucial al perfilarse una explicación tan chata: la solicitud de licencia ante el congreso local o el desconocimiento de poderes por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se dieron en medio de intensas movilizaciones populares contra los gobernadores, especialmente en Chihuahua, Guerrero y Tabasco. La intervención del presidente, amén de beneficiarlo al permitir la salida de gobernadores cuya filiación política no era del todo confiable, perpetúa su papel de árbitro no sólo respecto a las pugnas del oficialismo a nivel local, sino respecto a la demanda política desde abajo.32 Más allá, expulsar gobernadores impopulares o torpes convertía al presidente de plano en juez, en demiurgo de una justicia impredecible pero efectiva. Al menos en ciertos imaginarios políticos, la consagración del presidente omnipotente pasó por la absorción de facto, pero legítima, del ramo de justicia. Este fenómeno presenta varias facetas, que no son necesariamente arcaísmos. Fuese por medio de un plan preestablecido o fuese a partir de intuiciones, Ruiz Cortines dominó el arte de redirigir la irritación popular y las desconfianzas políticas hacia el gobierno en general o hacia el partido oficial; en todo caso su comportamiento tendía a dejar a salvo su persona y liderazgo. Los historiadores han tomado en serio este fenómeno de dislocación según el cual amplios sectores de la sociedad detestan al gobierno y al partido (a los nazis o los comunistas,

por ejemplo) pero mantienen una confianza desproporcionada en el líder político visible (Hitler o Stalin).33 Con toda seguridad no estoy comparando organizaciones ni programas ni personalidades, pero sí llamo la atención de que la política de imagen y propaganda de un gobierno como el de Ruiz Cortines debe ser considerada en este sentido como plenamente moderna, aunque no exactamente democrática.

EL TONO DE LA VIDA (POLÍTICA) A la postre 1957 sería el mejor año en la historia del autoritarismo mexicano. Todas las artes y técnicas de la política mexicana posrevolucionaria han sido ejecutadas con puntualidad y tal vez con maestría. El momento más vulnerable del sistema político desde 1920, es decir, la designación del sucesor del presidente de la República, ha transcurrido esta vez sin rupturas ni disidencias. Estrictamente hablando, 1957 es el año en que se inventa el tapado como fórmula sucesoria, es decir, como una decisión depositada en el dominio del presidente en funciones. Adolfo Ruiz Cortines hizo una obra maestra de la construcción de la candidatura de Adolfo López Mateos. De entrada, el presidente desarmó políticamente a los hombres fuertes de la política mexicana, que hasta el momento de la designación de López Mateos habían sido sus aliados. El presidente utilizó a plenitud, durante todo el sexenio, las virtudes políticas de Gonzalo N. Santos o Leobardo Reynoso para luego, con la designación de López Mateos, dejarlos marcados de manera negativa ante la opinión pública. Por experiencia o por intuición, Ruiz Cortines rectificaba algo de su marcado conservadurismo social en la designación de su sucesor. El mensaje político en el informe presidencial del 1° de septiembre de 1957 brinda claves sobre las ideas personales de Ruiz Cortines acerca de la vida pública en México. El punto de su argumento es “el equilibrio fecundo de libertad y estabilidad” en la política reciente. México ha llegado a un punto de su historia en que nada es reversible pero, ataja el presidente, tampoco tiene sentido experimentar sobre un futuro que no llega ni se vislumbra: “¿resultaría sensato, acaso, querer anticipar [la historia] del año 2000? Imaginar a México desde el pasado significaría abrir las puertas al “rigor de las dictaduras” pero proponer “súbitas y profundas metamorfosis sociales, artificialmente copiadas, implica […] amenazas tangibles para la libertad, para esa libertad que amamos tan hondamente los mexicanos”.34 Es obvio que estamos ante un posicionamiento retórico en el centro político, el cual sería por décadas un dispositivo usual de los políticos herederos del discurso de la Revolución mexicana. Pero hay más: no querer anticipar la historia “del año 2000” es un reconocimiento de que la política es sobre todo el arte del día a día. Aquí Ruiz Cortines, hombre sistemático y previsor como quieren sus apologistas, ha hecho una confesión plena de síntomas: el futuro mediato no existe para la política. Tal renuncia es notable, como veremos. Pero la coyuntura que se abre con el informe presidencial de 1957 sería significativa no sólo por las definiciones doctrinales e inconscientes del presidente Ruiz Cortines, sino porque refleja y alienta una serie de perplejidades y definiciones políticas que provienen de sectores disímiles de la circunstancia política nacional. En mayo de 1957, meses antes del informe,

Salvador Novo desarrollaba una suerte de diálogo (supongo que ficticio) entre un “joven político”, de una parte, y un “economista maduro”, de la otra, con el propio cronista. El político se muestra escéptico y desanimado de la precariedad de la vida política nacional, donde los partidos aparecen débiles, incapaces de concitar entusiasmos, justo en el momento en que los programas y las ideas deben discutirse en público dada la cercanía de la contienda presidencial de 1958. A los mexicanos “nos da muchísima pereza la política”, dice el interlocutor de Novo, y a lo que parece “estamos muy contentos así como estamos, y nos importa poco lo que venga”. La actitud debe preocupar porque implica “una mengua del civismo que equivaldría a una pasiva actitud para tolerar, llegado el caso, cualquier dictadura”. Novo acepta el argumento, pero lo interpreta de una manera muy distinta: no necesariamente hay tal pereza, tal “letargo”; estamos, dice Novo, ante un “equilibrio”. Éste proviene de un lento proceso de maduración, de crecimiento; estamos inmersos en un proceso civilizatorio, remata Novo. La política, sigue, nos importa hoy menos que “el trabajo”: No se trata pues de un letargo de las aptitudes cívicas de los mexicanos frente a una dictadura que les imponga con mano férrea la conformidad. Se trata de un equilibrio venturosamente alcanzado por el trabajo, en la libertad y hacia la prosperidad general, entre una ciudadanía laboriosa y un gobierno satisfactorio. Hemos crecido, madurado. No es fácil, como lo era en el pasado, sembrar discordia ni dividir a los mexicanos.35

El economista maduro, por su parte, plantea el asunto del ritmo e intensidad del desarrollo económico que las realidades sociodemográficas exigen para el país. ¿Crecer con el ahorro propio, que haría muy lento el desarrollo tan necesario y urgente en el país? ¿O bien recurrir a la inversión extranjera, para acelerarlo, pero con las implicaciones peliagudas de esta decisión?36 En el trasfondo de los diálogos de Novo se encuentra la reactivación de los políticos cardenistas, que en la primavera de 1957 comenzaban a reunirse y a plantear públicamente sus posiciones en vistas a la sucesión de 1958. Pero hay una dimensión sustancial en la fantasía de Novo: estamos ante una tematización genuina y en nada cosmética sobre el momento y la naturaleza del consenso político en los años maravillosos del autoritarismo mexicano. Otros testimonios dan cuenta que en medio de la paz ruizcortinista se impone un corte de caja en la vida política mexicana, y se impone también una especulación creativa sobre el futuro inmediato. Rodrigo de Llano, desde la dirección del periódico Excélsior, reconoce en primer lugar la necesidad histórica del PRI, y llama la atención sobre el exceso de críticas en contra de ese partido. No obstante, hay inercias que hacia 1957 deben ser contrarrestadas. De Llano sugiere aumentar la libertad de la ciudadanía en las elecciones locales, de tal manera que la sociedad deje de suponer que los gobernadores y ayuntamientos se designan desde “la metrópolis”. Este fenómeno —la centralización de las decisiones políticas— cumplió un papel importante, dice el periodista, pues fue la herramienta de los presidentes para romper cacicazgos. Pero ha llegado el momento de pasar a otra cosa.37 Un momento crucial en el argumento de Rodrigo de Llano es el reconocimiento, en toda su plenitud, que la designación del próximo candidato del oficialismo recaerá sobre todo en Ruiz Cortines. “La nación tiene fe en Ruiz Cortines”, acota el periodista, pero no obstante considera que la decisión deberá ser tomada después de “una sana auscultación” y apelando siempre a la responsabilidad del presidente en funciones. Las familias políticas del oficialismo

(cardenistas, alemanistas, incluso ruizcortinistas) no son propiamente grupos políticos, sino amigos y colaboradores de los ex presidentes. Su papel será menor y accesorio en la designación del candidato.38 El tono y enfoque en De Llano importa porque, justo al reconocer y elevar el dominio y control de la situación política de parte del presidente Ruiz Cortines, prefigura los riesgos de tal concentración del poder y las decisiones: donde se lee “sana auscultación” podría leerse un día capricho; donde se escucha responsabilidad presidencial podría interpretarse cálculo personal; en fin, donde se asegura la inexistencia de las familias políticas del oficialismo, podrían adivinarse nuevos faccionalismos, nutridos éstos en los arsenales ideológicos de la Guerra Fría. Texto de ocasión, pero bien pensado y estructurado, el de Rodrigo de Llano tiene destinos paradójicos. En tanto folleto político clásico, es una celebración del consenso y el equilibrio, y en todo caso de la conducción personal pero sensata de la política nacional. No obstante se prefiguran situaciones y respuestas menos asimilables al consenso mexicano de los cincuenta. José Revueltas calificó el texto de Rodrigo de Llano como escrito “con tranquila objetividad y un realismo desapasionado, muy en consonancia con el propósito de no engañarse respecto a la naturaleza verdadera de los hechos [políticos]”.39 Pero Revueltas procederá de una manera muy distinta en México: una democracia bárbara (escrito entre octubre y noviembre de 1957 pero publicado en junio de 1958). Para De Llano y para Novo el juicio positivo sobre el desempeño de Ruiz Cortines se basaba en la asunción plena de que el hombre, el mito y la investidura han debido fusionarse como respuesta a la excepcionalidad radical del proceso político mexicano. Una historia tan singular exigía respuestas singulares. En cambio para Revueltas el recurso a la excepcionalidad mexicana es un caso típico de enajenación: es ridícula la insistencia en “lo nacional imponderable, inasible”, en ese conjunto de vaguedades que no son propiamente “una categoría de conocimiento” sino “apenas una percepción psicológica, una sensación”. Mientras Novo duda de la pertinencia de un verdadero juego electoral en México cuando por fin se ha alcanzado un “equilibrio”, y mientras De Llano prescribe una democratización paulatina desde la periferia al centro, Revueltas encuentra un potencial político muy grande en la curiosidad y las pasiones que despierta entre la gente común la sucesión presidencial y los ambientes políticos que surgen en esos momentos. Hay “algo que tiene la virtud de ser lo que más inquieta, apasiona, divierte, exalta, alegra, decepciona y enardece a todos los mexicanos: por supuesto me refiero a la cuestión electoral, a las elecciones venideras de presidente de la República y representantes al Congreso […]”. Esa energía popular que Revueltas adivina en el otoño de 1957 debe ser dirigida a la implantación “de una democracia de tipo occidental — llamémosla así para distinguirla de la democracia bárbara imperante”, remata. Al contrario del razonamiento que apela a la idiosincrasia mexicana en Novo y De Llano, Revueltas utiliza su marxismo para universalizar la necesidad de partidos políticos que expresen intereses de clase y proyectos políticos generales e identificables. Revueltas quiere utilizar el momento culminante del presidencialismo mexicano (en el sentido político y mítico) para dar impulso a la lucha de clases. Al contrario asimismo de Novo y De Llano, ese impulso primigenio para occidentalizar la democracia mexicana no vendrá de Ruiz Cortines, pues éste, con sus “numerosas prendas personales”, no tiene “ni con mucho la de la grandeza histórica”. “El señor presidente”, como recurrentemente lo llama en México: una democracia bárbara, no

debe ser catalogado como “el capitán de la nación”, sino apenas como el “contramaestre concienzudo y sin grandes inquietudes ecuménicas, tal vez harto consciente de sus propias limitaciones personales”.40 Con las diferencias y matices que se perciben sin dificultad, estamos ante sendos testimonios del consenso. Este término, de uso común en los estudios de política, es desde cualquier punto de vista una de las dimensiones más complejas de historiar en el mundo moderno. Definir y ubicar actores y momentos en que partes significativas de la sociedad se muestran obedientes, relativamente disciplinados o en todo caso no contestatarios respecto a la autoridad y al funcionamiento global del poder, es un momento crucial en la definición del campo de la política. Es probable que los indicadores empíricos, las categorías de análisis y la narrativa imprescindibles para dar cuenta del consenso político sean diversos y no articulables con facilidad en un periodo dado. Lo notable de la política mexicana de los cincuenta y del rol jugado por Adolfo Ruiz Cortines fue la articulación virtuosa de procesos disímiles que dieron por resultado la bendita enajenación política que irritaba tanto a José Revueltas. Otra vez la sensibilidad de Salvador Novo nos coloca en uno de los afluentes de la historia del consenso mexicano. En septiembre de 1954 Novo confiesa tener “la curiosa impresión de haber dejado a don Adolfo [Ruiz Cortines] dentro de mi casa, mientras yo vengo al teatro a escribirle a usted esta ‘Carta’ semanal […] Don Adolfo, en efecto, habla en estos momentos dentro del aparato de televisión. Lee su informe, y mi madre, como miles de familias, le escucha con atención e interés”. Novo recuerda luego el estilo de los mensajes presidenciales de septiembre en la radio y las primeras transmisiones por televisión en tiempos de Miguel Alemán. Pero importan sobre todo sus acotaciones sobre los “manierismos personales” de Ruiz Cortines, que “le imparten humanidad, intimidad, a su figura”. Destaca Novo “el modo” como el presidente “subraya con el índice los conceptos o los párrafos importantes”, amén del “tono reposado, antidemagógico, con que lee”.41 El mito político moderno se construye y desarrolla en una dialéctica entre la concreción extrema (que en realidad es una seudoconcreción, Kosik dixit) y una notable ambigüedad y polisemia. El presidente en la sala de la casa provoca una relación que para algunos espectadores puede ser casi personal; la televisión, en todo caso, no transmite la imagen del Estado sino la del hombre que lo encarna, y por tanto las maneras de éste, su poca o mucha simpatía, el carisma como tal, cuentan al momento de comunicar y concitar lealtades y respeto. Pero esa cercanía del hombre, esa concreción es también una mixtificación, pues el presidente está, dice, pero no escucha. No hay intercambio y lo concreto e íntimo de la imagen en la pantalla exige del público más fe que discernimiento, al menos mientras el televidente no conciba y comunique sus propios juicios. Ruiz Cortines no fue, por supuesto, un producto mediático, al menos tal como se entiende el fenómeno en la actualidad; pero es necesario reconocer que uno de los primeros mensajes políticos de la televisión mexicana presentaba a Ruiz Cortines espetando su frase “México al trabajo fecundo y creador”. Esto sucedió apenas después de la devaluación de 1954, que fue abrupta y sorpresiva para la mayor parte del público. En todo caso, la suma de la imagen del viejo sabio y paternal más el artificio tecnológico será otra de las circunstancias concurrentes en la construcción y consolidación del consenso mexicano y del mito presidencial.42

Adolfo Ruiz Cortines fue el presidente sentado en la parte más alta de la ola urbanizadora del siglo XX mexicano. Entre 1940 y 1950 el incremento medio anual de la tasa de urbanización (porcentaje de personas que viven en poblaciones de más de 15 000 habitantes), fue de 3.3%; entre 1950 y 1960, prácticamente igual (3.2%). En 1950 28% de la población del país vivía en localidades de más de 15 000 habitantes; en 1960, casi 39%. La población total del país pasó de poco menos de 26 millones en 1950 a casi 35 millones en 1960, a una tasa de crecimiento anual (para 1951-1960) de 3.1%. Los años de Ruiz Cortines fueron tiempos de grandes números, incluyendo el crecimiento anual promedio del producto interno bruto, que fue del orden de 6.42%.43 En los cincuenta la población no sólo aumenta vertiginosamente, sino que migra a las ciudades en un contexto, no obstante, donde para fortuna de todos crece la economía en general y el empleo urbano en particular. Enrique Krauze encuentra que la estadística era consustancial a la manera de entender la realidad y tomar decisiones del presidente Ruiz Cortines. Más aún, el historiador recuerda que según diversos testimonios el presidente era de una prudencia y autocontrol proverbiales a la hora de gastar los dineros públicos. “Agarrado”, “tacaño”, lo llamaba su amigo y némesis Gonzalo N. Santos.44 La pretensión contemporánea de convertir la investigación e interpretación de la historia en maestra de políticos y ciudadanos hace de aquel rasgo de Ruiz Cortines una virtud sin más. La prudencia en el gasto público, aunada a la manera hábil y decidida de manejar la crisis cambiaria de 1954, durante la cual se estableció esa paridad legendaria en la memoria monetaria de los mexicanos (12.50 pesos por dólar, vigente hasta agosto de 1976), terminó por convertir a Ruiz Cortines en la personalización de la estabilidad macroeconómica: empleo, inflación baja, tipo de cambio fijo.45 En esta perspectiva Ruiz Cortines no sólo ha trascendido como el presidente de los años maravillosos de la política, sino como el soberano de un reino perdido donde el peso era el peso, el trabajo valía, el ahorro era redituable y el futuro podía anticiparse. Esa imagen y la pedagogía que la acompaña deben ser puestas a prueba. En la conducción del Estado moderno no gastar o gastar de manera desequilibrada (no sólo en cuanto al monto total, sino en cuanto a la estructura del gasto) equivale a no invertir y a no comprar lo que todo político está obligado a comprar en el mercado de los ciudadanos: la paz del reino. Ruiz Cortines, con todos los deslindes retóricos respecto a la administración del presidente Alemán, se mueve dentro de sus mismos esquemas en todo aquello referido a las prioridades del gasto federal. El conjunto de gastos sociales del gobierno federal en el sexenio 1953-1958 (como porcentaje del gasto total) no ofrece grandes diferencias con el de Alemán. Su punto más alto lo alcanza en 1958, cuando el gasto social representa 16.4% del presupuesto ejercido, comparado con 51% dedicado al fomento económico y 32.6 % al gasto administrativo. Pero en 1953 y 1954 el gasto social de Ruiz Cortines (como porcentaje del presupuesto ejercido) fue inferior a los dos mejores años de Alemán (1947 y 1948). En una perspectiva más amplia, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho gastaron un porcentaje mayor de sus presupuestos en la política social.46 Pero hay un criterio a mi juicio más sugerente para evidenciar el conservadurismo de Ruiz Cortines respecto al papel del gobierno en el desarrollo social. Según propone James W. Wilkie, desde la mitad de la década de 1930 los presupuestos federales tienden a beneficiarse de un incremento en los ingresos, según avanza el año fiscal, que no está considerado en el

proyecto que aprueban los diputados. En todo caso, éstos autorizaban al presidente a utilizar los ingresos adicionales con una gran libertad. Dado el fuerte incremento en el producto anual durante el periodo de Ruiz Cortines, éste pudo disponer de recursos extras que en el año más bajo fueron del orden de 32% (1953) y en el más alto (1954) de la friolera de 64% del gasto originalmente presupuestado; entre 1954 y 1958 los presupuestos ejercidos por Ruiz Cortines fueron superiores en 50% o más al gasto proyectado y autorizado por los diputados.47 Este fenómeno, sólo explicable por la domesticación plena del Congreso de parte del ejecutivo, redituó en un aumento del gasto total per capita, pero en una disminución inquietante de la participación del gasto social en el gasto total del gobierno. Para todos los años del gobierno de Ruiz Cortines el gasto social proyectado fue superior al gasto realmente ejercido; para todos los años, el gasto proyectado en fomento económico fue menor al gasto de verdad ejercido. El presidente utilizó los ingresos extraordinarios en el fomento económico a costa de la participación del gasto social en el total (y en menor medida, a costa del gasto administrativo). En 1956, por dar un ejemplo, el presupuesto ejercido fue 53.4% superior al autorizado; esto benefició al gasto en fomento, que pasó de un proyectado de 46% del total a un ejercido de 52% del total; el gasto social, en cambio, disminuyó su participación de un 20% proyectado a un 15.5% ejercido; el gasto administrativo resintió menos: 33.4 % el proyectado contra 32.1% el ejercido.48 Si desagregamos el gasto social de Ruiz Cortines, el asunto no mejora. El presupuesto proyectado para educación no superó en ningún año el 14% del presupuesto nacional. Si el presupuesto de egresos en educación mide buenas intenciones, el de Ruiz Cortines es inferior al de Cárdenas (que sólo en 1939 fue menor a 16%) y al de Manuel Ávila Camacho (que tuvo dos años con un proyectado superior a 17%, otro más 16%, y otro más con 15%). El gasto promedio proyectado en educación para el sexenio de Miguel Alemán fue de 11.4% del presupuesto nacional; el de Ruiz Cortines, de 12.7 %. Y si, por otra parte, el gasto ejercido mide voluntades, Alemán dedicó a la educación 8.3% del presupuesto durante su mandato (tres puntos porcentuales por debajo del proyectado); Ruiz Cortines, 8.9% (casi cuatro puntos por debajo del proyectado). Las libertades notables del presidente para manejar el presupuesto (y sobre todo para asignar los ingresos extraordinarios) no las utilizó Ruiz Cortines en beneficio de la educación (ni de la salud ni de la infraestructura sanitaria, por cierto). El per capita por año en el proyectado y en el ejercido en educación apenas varía entre 1953 y 1957, pero de hecho en este último año el proyectado es mayor que el ejercido (17.1 contra 17 pesos, respectivamente). Sólo en 1958 Ruiz Cortines usó sus facultades para elevar el gasto por persona de 17.7 pesos (proyectado) a 19.6 pesos (ejercido).49 Para decirlo en la jerigonza contemporánea, Ruiz Cortines invirtió mucho en fomento económico, entendido éste como infraestructura física, compra de maquinaria, etc.; invirtió poco, muy poco, en capital humano. Buen administrador, no era un visionario; buen contador, no era un estratega de la sociedad ni del Estado moderno. Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública del presidente López Mateos, ha dejado un testimonio dramático del estado de la educación básica en 1958, y que a mi juicio es complementario del desempeño presupuestal en el sexenio de Ruiz Cortines: déficit apremiante de aulas e instalaciones físicas; deserción escolar exorbitante, sobre todo en el campo; descontento sindical de los maestros por motivo de sus salarios.50 Tiendo a creer que, con todos los énfasis y

racionalizaciones de Torres Bodet, la educación básica impartida por el gobierno federal a los niños mexicanos estaba en una bancarrota financiera, política y moral al término del gobierno de Ruiz Cortines. La introducción del libro de texto gratuito y el Plan de Once Años fueron medidas emergentes para refundar desde lo más profundo la promesa de la educación laica, gratuita y universal de la Revolución mexicana.51 Ruiz Cortines estuvo lejos, muy lejos, del espíritu fáustico de Sierra y Vasconcelos. El inmovilismo social de Ruiz Cortines puede explicarse asimismo por su conservadurismo en materia fiscal. Porque si Ruiz Cortines siguió a la letra el patrón de gasto presupuestal de Miguel Alemán, ciertamente no siguió la vocación reformista de este último en materia de impuestos. Don Adolfo heredó una definición fiscal de don Miguel, y la utilizó sin más. Si el ingreso no alcanzaba, recortaba donde le parecía correcto. En su sexenio hay una evidencia temprana de un intento de reforma, en 1953; luego, nada. La oposición empresarial fue intensa, pero las virtudes de viejo lobo de mar de Ruiz Cortines no parecen haberse comprometido con ese proyecto.52 Al contrario de López Mateos, que intentó la reforma fiscal en medio del debate político e ideológico que trajo a México la Revolución cubana, Ruiz Cortines disfrutaba de una situación cómoda desde el punto de vista político. Que él sabía del ejercicio del liderazgo en coyunturas económicas difíciles lo muestra su manejo de la devaluación de 1954. Optó en otro sentido: administró el crecimiento de corto plazo, pero no arriesgó en pro de su sustentabilidad. El arreglo sucesorio de Ruiz Cortines es impecable si le restamos la lucha de clases. No hubo disidencia dentro del oficialismo, y los partidos con registro al estilo del PAN y del PPS dejaron tan sólo su testimonio. El candidato era bueno y sobre todo tenía ideas propias respecto a las grandes prioridades nacionales (por ejemplo, en el terreno educativo). De hecho, y si miramos la designación de López Mateos como un acto de gobierno, Ruiz Cortines habría rectificado, y en buena medida, su conservadurismo político. De cualquier forma, la tendencia gubernamental reciente a inducir el crecimiento económico con muy escasas medidas para redistribuir riqueza y oportunidades hizo del cierre de la administración del veracruzano y de los primeros años del gobierno de López Mateos uno de los periodos más agitados desde la década de 1930. Los paros, huelgas, movilizaciones callejeras y batallas campales de 1958 y 1959 tienen, al contrario de las protestas civiles de la década siguiente, el tono inconfundible de las luchas de obreros y trabajadores descontentos con la dupla asfixiante del control salarial y sindical.53 Es probable que nuestra imagen y las explicaciones sobre los conflictos de maestros y trabajadores ferrocarrileros esperen todavía una reinterpretación profunda. Pero en todo caso una cosa parece cierta: así como la década de 1950 sólo resulta inteligible —a mi juicio— porque entre 1947 y 1948 se evitó la salida de la CTM del partido oficial y porque se subordinaron —por la fuerza incluso— los sindicatos nacionales al gobierno, la década de 1960 debe su peculiar configuración política a la intensidad de las luchas obreras y a la magnitud sin precedente de la represión gubernamental contra los ferrocarrileros en marzo de 1959.

CONCLUSIONES

Aunque la tentación es muy grande, la historia política contemporánea de México ya no puede ser representada sólo como fábula o como parábola. Esa experiencia política debe ser vinculada, para ampliar los alcances de cualquier explicación, al desarrollo de los modelos democráticos y autoritarios de la segunda posguerra en Europa y América. En el caso mexicano, la mitificación del sistema y de sus hombres constituye de por sí un tema de investigación; pero no es ya una explicación exhaustiva de nada. Hay otra tentación, más acotada: convertir la adusta y al mismo tiempo atractiva figura de Ruiz Cortines en una suerte de modelo normativo del político y de la política. Con todas las virtudes atribuidas al veracruzano (la mayor parte de las cuales me parecen fundadas), es innegable que su herencia puede ser interpretada equívocamente. Como presidente de la República administró el presente con pulcritud, eficiencia y gracia. En cambio dejó al futuro en paz. Apuesta arriesgadísima para un jefe de Estado y de gobierno, sin duda. Los 15 o 20 años que le siguieron fueron aciagos para la política hecha en México, pero no sólo porque el estilo autocontenido en el ejercicio del presupuesto fue dejado en el olvido por los titulares del ejecutivo. Ruiz Cortines fue tímido o conservador o francamente omiso respecto a la reforma política, la reforma fiscal y la inversión en educación. Si la ansiedad, la violencia, el prurito de ruptura y la desmoralización individual y colectiva que caracterizaron la vida pública en México después de 1960 no fueron su responsabilidad, tampoco son ajenas a la consagración de una imagen y de unas prácticas del poder —las del propio Ruiz Cortines—. Sin el parricidio simbólico del viejo austero, el alma fáustica del desarrollo y de la libertad política permanece encarcelada.

1

Véase al respecto Hobsbawm, 1998, pp. 260-345 y Marwik, 1998. Existen propuestas esenciales de interpretación en dos clásicos del análisis social que exigen una relectura política: Iturriaga, 2003 (1ª ed. 1951) y González Casanova, 1980a (1ª ed. 1965). 3 Además de los textos mencionados en la nota 1, véase Sasson, 2002, pp. 38 y ss. 4 Rodríguez Prats, 1992; Krauze, 1997, pp. 173-214. 5 Hernández Campos, 1995, pp. 37-44; entrecomillado, 39. 6 Véase al respecto Kershaw, 2003. 7 Cosío Villegas, 1974a, pp. 22-23. 8 Marván, 2002; Nacif Hernández, 2002; Weldon, 2002. 9 Son importantes para reconocer esta nueva mirada sobre la presidencia y su titular estudios como el de Espíndola, 2004; más acotado en su temática pero en la misma lógica, Castañeda, 1999. 10 Linz, 1997, sobre todo pp. 33-62. Aunque disiente en algunos puntos cruciales, Giovanni Sartori también ha mostrado sus reservas respecto al presidencialismo, y acepta los peligros que la rigidez del modelo supone; véase Sartori, 1999, pp. 99-101. 11 He planteado algunas líneas de reflexión en este sentido, para el periodo 1940-1970, en Rodríguez Kuri, 2004. 12 Es interesante constatar además que las más fuertes declaraciones anticomunistas producidas en México en el sexenio, usualmente corrían a cargo del presidente del PRI o de las cadenas periodísticas que, al menos formalmente, no hablaban por el ejecutivo; por lo demás, es importante reconsiderar el peso de México en particular y de América Latina en general, antes de la Revolución cubana, en la estrategia anticomunista norteamericana. Para ambos temas, véase Pellicer y Mancilla, 1980, pp. 85115. Una evaluación somera y poco conclusiva de las políticas norteamericanas respecto a América Latina en los cincuenta, es decir, en plena Guerra Fría, se puede encontrar en Powlaski, 2000, pp. 135 y ss. 13 Esta dinámica es explicada puntualmente por Loaeza, 1999, pp. 191-197. 14 Para detalles sobre la conflictiva obrera entre 1947 y 1951 véanse Basurto, 1984, pp. 115-279; Medin, 1990, pp. 96-103, y Middlebrook, 1995, pp. 107-158. 15 Amén de los textos citados en la nota anterior, deben revisarse Durand Ponte, 1986, pp.181 ss., y Millon, 1966, p. 159. Véase Alonso, 1983, pp. 74-98, quien recupera muy bien el ritmo, el ambiente y las condiciones políticas en que se suscita la intervención gubernamental contra el sindicato ferrocarrilero. 16 Para los resultados globales de la elección véase González Casanova, 1980a, p. 231. La de 1952 fue la última elección presidencial en la cual la lista de electores estuvo integrada sólo por varones. 17 Véanse Pellicer y Reyna, 1981, pp. 44-45, y Servín, 2001, pp. 167-227. 18 Krauze, 1997, p. 175; Pellicer y Reyna, 1981, pp. 13-30. 19 Rodríguez Prats, 1992, pp. 50-53; Krauze, 1997, pp. 178-181. 20 Las implicaciones de esa “anomalía” son muy grandes. Por ejemplo, sus tres predecesores en la presidencia (Cárdenas, Ávila Camacho y Alemán) eran más jóvenes que Ruiz Cortines; Ai Camp, 1996, pp. 74-75. 21 Para una descripción de la jornada electoral y de la represión de los días siguientes, véase Servín, 2001, pp. 329 y ss. 22 Paoli, 1989, pp. 146-152; Fuentes Díaz, 1967, pp. 139-140 23 Sobre la pérdida del registro de la FPPM , Servín, 2001, p. 392. 24 Véanse Servín, 2001, pp. 377 y 393, y Bellingeri, 2003, pp. 45-56. 25 Para la confianzuda e intensa relación del presidente y el cacique véase Santos, 1984, pp. 867-910. 26 Sánchez, 1993, p. 222. Según el autor los caciques de los cincuenta serían los siguientes: Baja California: Abelardo L. Rodríguez y Rodolfo Sánchez Taboada; Campeche: Carlos Sansores Pérez; Hidalgo: Javier Rojo Gómez; Michoacán: Lázaro Cárdenas; Nayarit: Gilberto Flores Muñoz; Puebla: familia Ávila Camacho; Quintana Roo: Margarito Martínez; San Luis Potosí: Gonzalo N. Santos; Tamaulipas: Emilio Portes Gil y Marte R. Gómez; Zacatecas: Leobardo Reynoso. Para entender la articulación de los hombres fuertes en los estados con el poder nacional véase Pansters, 1992. Es en el mismo sentido el estudio de Anderson, 1971, pp. 304-305. 27 Krauze, 1997, p. 190, ha reconocido primeramente la cercanía del presidente con los caciques, pero parece entenderla más en términos de una resignada tolerancia que, no obstante, los mantuvo a raya; en mi caso prefiero enfatizar la idea de pacto o alianza política. 28 Santos, 1984, pp. 900 y 911; Rodríguez Prats, 1992, pp. 121-128. 29 Interpreto en vistas a mi argumento el trabajo, detallado y rico en posibilidades, de Hernández Rodríguez, 1998, pp. 114123. 30 Véanse Serrano, 1997, pp. 46-73, y Sánchez Susarrey y Medina, 1987, pp. 38-53. 31 Crónicas apretadas pero ilustrativas de la caída de estos gobernadores se encuentran en Moncada, 1979, pp. 229-275. 32 Esto es así en los casos que le correspondieron a Ruiz Cortines; pero es probable que la movilización política local contra autoridades o caciques sea una protesta que el gobierno federal ha tomado muy en serio; al menos un autor sostiene que ese tipo de movilización, sobre todo a nivel municipal, y la muerte de uno o varios disidentes en actos públicos reprimidos, sellan el destino de un gobernador, pues significan usualmente el retiro del apoyo del gobierno federal. Cfr. Anderson, 1971, pp. 317-318. 2

Esta perspectiva, que hace más compleja la explicación sobre la caída de gobernadores, se ve sustanciada en el espléndido trabajo de Román, 2003. 33 Es una vez más necesario entender y aclimatar las preguntas y las respuestas que surgen de la historiografía sobre los grandes fenómenos políticos del siglo XX; véanse Kershaw, 2003, y Gallately, 2002, pp. 13-22. 34 González y González, 1985, p. 975. 35 Novo, 1997, vol. III, pp. 84-85. 36 Novo, 1997, vol. III, pp. 86-87. 37 De Llano, 1957, pp. 35-45. 38 Ibidem, pp. 59-65. 39 Revueltas, 1983, p. 63. 40 Gloso y parafraseo a Revueltas, op. cit., pp. 20-21, 27, 29, 39. 41 Novo, 1997, vol. I, pp. 438-439. 42 A principios de la década no había más de 5 000 receptores de televisión en México; esta cifra parece coherente con las dificultades experimentadas por las dos televisoras mexicanas (antes de su fusión) para comercializar la publicidad en ese medio. Véanse Fernández y Paxman, 2000, pp. 57-59, y Mejía, 1998, p. 28. 43 Para todo lo referido a la tasa de urbanización y de aumento total de la población véase Garza, pp. 30-33; para la tasa anual de crecimiento de la población y del PIB véase Ortiz Mena, 2000, pp. 50-51. 44 Krauze, 1997, pp. 179-180. 45 Un diagnóstico de la economía de la década, incluyendo el análisis del contexto de la devaluación de 1954, se encuentra en Cárdenas, 1994, pp. 130-153. 46 Wilkie, 1978, pp. 111, 116, 118 y 119. Gasto social es entendido por Wilkie como las inversiones en infraestructura y edificios (por ejemplo escuelas u hospitales), los salarios (de los profesores, médicos, enfermeras ), y todos los insumos (libros, medicinas, etcétera). Véase Wilkie, 1978, pp. 43 y ss. Para los porcentajes aquí presentados utilizo las columnas de presupuesto ejercido y no las de presupuesto proyectado; Wilkie obtiene el gasto proyectado de la iniciativa del ejecutivo tal como fue aprobado por el Congreso; las cifras de presupuesto ejercido provienen en cambio de la revisión de la cuenta pública; véase Wilkie, 1978, pp. 59-60 y 502-503. 47 Ibidem, p. 59. 48 Wilkie, 1978, pp. 59 y 119. 49 Ibidem, pp. 193-194. En el per capita Wilkie usa pesos de 1950. 50 Torres Bodet, 1981a, pp. 353 y ss.; una visión todavía más deprimente de la burocracia de la Secretaría de Educación Pública en el gobierno de Ruiz Cortines es el testimonio del escritor Ricardo Garibay, a la sazón jefe de prensa de la dependencia. Véase Garibay, 2002, pp. 233-234. 51 La encrucijada en que se encontraba la cuestión educativa al iniciarse la administración de López Mateos, la respuesta intensa de su gobierno, y el amplio conflicto político que desató ésta, son analizados en el trabajo notable de Loaeza, 1999. Debo mucho a ese estudio en mi propia caracterización del gobierno de Ruiz Cortines. 52 Véase Aboites, 2003, pp. 45-51. 53 Dos textos representativos de la manera como entendemos hoy día las movilizaciones de trabajadores entre 1957 y 1959 son Loyo, 1979, y Alonso, 1983.

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ: LAS INSUFICIENCIAS DE LA PRESIDENCIA AUTORITARIA

SOLEDAD LOAEZA El Colegio de México

EN LA memoria colectiva de los mexicanos de principios del siglo XXI, Gustavo Díaz Ordaz representa el lado más oscuro del autoritarismo que se instaló en el país desde los años veinte de la posrevolución. Su responsabilidad en la represión del movimiento estudiantil de la ciudad de México, en 1968, es vista como una de las mayores pruebas de cargo contra un régimen antidemocrático, encabezado por una presidencia omnipotente e impune, que ejercía el poder sin contrapeso significativo, a espaldas y por encima de la opinión pública, apoyándose más en instrumentos opacos e ilegítimos que en la ley. La fijación de los rasgos del autoritarismo presidencialista en la figura de Díaz Ordaz es la otra cara de la consagración de 1968 como una efemérides del proceso de democratización que culminó en la construcción de un régimen pluripartidista y el fin de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La identificación de un gobierno con un solo acontecimiento, una decisión o un estilo personal, que colorea todas sus acciones o les imprime sentido a posteriori, no es excepcional. Así, la expropiación petrolera de marzo de 1938, que es hoy referencia obligada de unidad nacional, ha sepultado el recuerdo de las divisiones y los antagonismos que provocaron otros actos del gobierno de Lázaro Cárdenas: la educación socialista, las purgas anticallistas, la reforma agraria o la hostilidad contra la Universidad Nacional. A su vez, el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz ha pasado a la historia marcado en forma indeleble por la masacre de la tarde del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, en la que murió un número de personas que permaneció secreto durante décadas. El nombre de Díaz Ordaz evoca imágenes de confrontación entre el Estado y la sociedad que han impuesto el anonimato a otras decisiones de su gobierno: el impulso al reformismo electoral y a la oposición partidista, la política exterior de resistencia a las presiones de Estados Unidos, el Tratado de Tlatelolco —que le valió a Alfonso García Robles el Premio Nobel de la Paz—, una Ley Federal del Trabajo favorable a los intereses sindicales, la recuperación de algunos aspectos centrales de la reforma agraria, el mantenimiento de tasas elevadas de crecimiento de la economía, el aumento del gasto en educación básica, media y superior, la instauración de sistemas de planificación gubernamental. Ninguna de estas decisiones está vinculada directamente con el antes o con el después del 2 de octubre de 1968. No obstante, la tarde de Tlatelolco ha condicionado la lectura de la historia del gobierno diazordacista; y, con todo y ser ilustrativa de la esencial intolerancia del autoritarismo, también ha oscurecido el conformismo de muchos, que podía entenderse como apoyo tácito a las decisiones presidenciales. Si buena parte de la población las hubiera rechazado, la continuidad de los gobiernos del PRI no se habría mantenido, ni siquiera en la apariencia, o para sostenerse Díaz Ordaz y sus sucesores hubieran tenido que recurrir a métodos generalizados de represión. Gustavo Díaz Ordaz fue el último presidente de la Revolución. Durante su gobierno se vino abajo el principio político de la supremacía absoluta del Estado sobre la sociedad, que había sido pilar del autoritarismo modernizador de las décadas anteriores. También quedaron al descubierto algunas de sus deficiencias estructurales. En la práctica, el principio de la autonomía del Estado se traducía en decisiones unilaterales del poder ejecutivo que no admitían la intervención de otros actores políticos. La presunción básica del autoritarismo era que el Estado poseía una autoridad inapelable que lo

colocaba por encima de los intereses particulares, porque era el único representante e intérprete legítimo del interés general, que era el de la nación. El Estado era el único responsable de la definición de los objetivos sociales y de las estrategias para alcanzarlos. En consecuencia, la única manera de cumplir sus funciones era a partir de su propia lógica de expansión y continuidad. Este presupuesto hacía innecesaria la existencia de órganos de participación y de representación de intereses distintos a los estatales, de ahí la irrelevancia o debilidad de los partidos políticos, y el papel secundario del poder legislativo. Las movilizaciones de los años sesenta, que culminaron en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, echaron abajo esta interpretación autoritaria de la autonomía del Estado. Los acontecimientos de ese año demostraron que México ya no se podía gobernar en la indiferencia de la opinión pública, y que los conflictos ya no podían resolverse con recursos que eran insuficientes: la cooptación en el partido oficial, el ejercicio personalizado del poder presidencial y la represión. La historia de la presidencia diazordacista no es la de un poder omnipotente. Muy por el contrario, es una historia de restricciones para resolver conflictos o para diseñar estrategias de acción. El objetivo de este capítulo es identificar las restricciones más importantes que orientaron la acción gubernamental en el periodo. Mirar a los presidentes mexicanos desde la perspectiva de lo que no podían hacer —o no pudieron hacer— y ya no exclusivamente desde lo que hicieron nos obliga a revaluar el presidencialismo mexicano en el siglo XX.1 El capítulo está dividido en seis grandes apartados: el primero presenta las hipótesis centrales de la explicación de la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz; el segundo plantea los dilemas y las restricciones que pesan sobre el ejercicio del poder presidencial; el tercero introduce algunos aspectos del statu quo que pretendía preservar Díaz Ordaz cuando llegó al poder; el cuarto apartado está dedicado a la reconstrucción del contexto regional restrictivo en el que se desarrolló la presidencia diazordacista; el quinto reconstruye la ofensiva ideológica de la izquierda mexicana y sus repercusiones en la atmósfera política del país y las movilizaciones del periodo que desafiaron con fuerza variable los mecanismos tradicionales de participación y control; por último, se examinará la crisis de 1968.

LA SOMBRA DE TLATELOLCO Mucho se ha escrito sobre el movimiento estudiantil. El 2 de octubre de 1968 se ha convertido en una fecha que conjura un espíritu de heroísmo: la superioridad moral de la rebeldía del débil, el sacrificio frente a la irracionalidad de la violencia, la lucha por valores universales. Sin embargo, aún está por escribirse lo que fue propiamente la historia del sexenio diazordacista, y del contexto en que se desarrolló la crisis. No sabemos con certeza si lo ocurrido aquella tarde fue una aberración, el resultado exitoso de una estrategia precisa, o una conducta consistente con un patrón institucional. Cabe incluso preguntarse si los trágicos acontecimientos en Tlatelolco fueron un “accidente” en el sentido maquiaveliano, una catástrofe imprevista que encontró una respuesta estúpida y criminal, cuyas consecuencias acarrearon el vuelco radical de una trayectoria hasta entonces predecible.

Buen número de las explicaciones de estos acontecimientos se asientan en narraciones biográficas que enfatizan los rasgos de carácter, la idiosincrasia del presidente Gustavo Díaz Ordaz; desmenuzan su trayectoria personal como si desde sus primeros años hubiera estado enfilada hacia la tarde en Tlatelolco, negando con ello la intervención de lo contingente, del azar, en la vida de cualquier individuo. Dentro de esta línea personalizada y casi anecdótica, se sitúan también las interpretaciones construidas a la luz de la coyuntura política inmediata — la disputa en torno a la sucesión presidencial— y una perversa rivalidad burocrática en la que el movimiento estudiantil no era más que un terreno de batalla entre poderosos, en la que los estudiantes eran simple masa de maniobra. Investigaciones de horizontes más amplios detallan cuidadosamente los objetivos y las demandas estudiantiles, así como las respuestas gubernamentales, pero el eje de explicación de los trabajos son los cambios que había experimentado la sociedad mexicana en el periodo anterior de acelerada industrialización, y el surgimiento de clases medias en expansión, pero insatisfechas con la cerrazón política. Este último enfoque utiliza variables socioeconómicas y ofrece una explicación general de largo alcance de los procesos, fenómenos e instituciones que concurrieron en la crisis. No obstante, esta perspectiva ha sido derrotada por explicaciones personalizadas de la crisis, aquellas que cifran la clave de comprensión de lo que entonces ocurrió en el papel del individuo en el poder, es decir, ven en Gustavo Díaz Ordaz el dato determinante. Este enfoque tiene implicaciones analíticas muy importantes. En primer lugar, sugiere que la crisis de 1968 fue una aberración en términos del comportamiento de los actores políticos de la época y de las instituciones del Estado posrevolucionario. No obstante, la represión del movimiento estudiantil difiere sólo en magnitud de las respuestas de otros presidentes a movimientos de protesta y grupos de oposición; por ejemplo, a los mineros en 1948, a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 1956, a los disidentes del sindicato ferrocarrilero en 1958 y 1959, o a los movimientos de protesta campesina en la década de los cincuenta y al iniciarse los años sesenta. La presidencia de la República y el partido oficial tampoco han sido realmente objeto de un análisis histórico que nos permita entender cómo eran en 1968, cuál era su capacidad de respuesta a los retos de la protesta antiautoritaria. A este propósito ha prevalecido una visión ahistórica que mira a esas instituciones como si hubieran permanecido idénticas en el tiempo, como si el presidente Díaz Ordaz hubiera contado con los mismos instrumentos para gobernar, o la misma latitud de acción que el presidente Cárdenas 30 años antes, o como si el PRI en 1964 fuera lo mismo que en 1952. La segunda implicación analítica de las explicaciones personalizadas de la crisis de 1968 es la descontextualización de las acciones del presidente de la República. El resultado es una visión en la que las decisiones presidenciales se diseñan en una suerte de limbo histórico, en el que no existe el mundo exterior, no hay marco jurídico ni administrativo, ni más actores políticos que el presidente y los estudiantes, como si el conflicto entre el gobierno y los estudiantes se explicara únicamente en sus propios términos. No obstante, cuando se examina con más detenimiento el periodo, saltan a la vista las restricciones que los contextos regional y nacional imponían sobre las decisiones gubernamentales. Por muy poderosa que fuera la presidencia de la República, no podía sustraerse al peso de factores como la exacerbación de

los antagonismos internacionales ni a sus repercusiones sobre la política de Estados Unidos hacia América Latina; y tampoco fue mucho lo que pudo hacer para detener las repercusiones internas de la Revolución cubana, que tuvo profundos efectos divisivos en la sociedad. El tema central de este capítulo no es el movimiento estudiantil de 1968. Aquí se propone mirar esos acontecimientos ya no como evidencia única del juicio sumario que ha pesado sobre el gobierno de Díaz Ordaz desde los años setenta, sino como el doloroso capítulo de una historia compleja en la que intervinieron dinámicas políticas y actores que hasta ahora no han sido considerados; por ejemplo, el contexto internacional o el comportamiento de actores políticos distintos del Estado.

DÍAZ ORDAZ, EL ÚLTIMO PRESIDENTE DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA En la perspectiva aquí utilizada, las circunstancias son un dato central en la explicación de las acciones presidenciales, el tiempo político2 en que se movía el presidente Díaz Ordaz, y que estuvo integrado por la dinámica y los cambios internos y externos que precipitó la Revolución cubana en el hemisferio. La primera dimensión de análisis es la Guerra Fría en América Latina, la política exterior de Estados Unidos hacia la región y el poderoso impacto de la Revolución cubana en el statu quo latinoamericano. La segunda dimensión de análisis es la ofensiva ideológica que emprendió la izquierda en México en esos años, producto de la recomposición interna que se inició desde el XIII Congreso del Partido Comunista Mexicano (PCM), en 1960, y de la reanimación del antiimperialismo que provocó en toda la región latinoamericana la confrontación entre el gobierno de Washington y la revolución de Fidel Castro. Ambas dimensiones encuentran en la Revolución cubana el vértice de los cambios contextuales en los que se ejerció la presidencia diazordacista. El contexto regional que se formó en torno a la Revolución cubana y sus repercusiones en la política interna mexicana configuraron una situación plagada de contradicciones y fragilidades, dominada por el doble temor del gobierno mexicano, por un lado, a las desmedidas reacciones intervencionistas del anticomunismo de Washington, y, por el otro, al colapso de las formas y mecanismos de control político que habían sido la clave del éxito del modelo mexicano. En estas condiciones, el presidente Díaz Ordaz y los funcionarios responsables del orden interno, que carecían de instrumentos suficientes para resolver el conflicto, se refugiaron en una defensa casi desesperada del statu quo, uno de cuyos pilares era la creencia de que la diversidad de opiniones debilitaba la estabilidad interna y restaba al gobierno capacidad de respuesta a las presiones del exterior. Por otra parte, estos cambios pusieron al descubierto la susceptibilidad del sistema político a las presiones e influencias del exterior, así como el hecho de que el arreglo autoritario mexicano no fue sólo resultado de condiciones internas, sino que, contrariamente a la retórica nacionalista de la época, también se había formado en respuesta a las condiciones del entorno internacional. La coyuntura de los años sesenta ya no se prestaba a las pretensiones de unanimidad que sostenía la retórica nacionalista. En el pasado inmediato los gobiernos autoritarios habían logrado estabilizar la política interna y despolitizar a la mayoría de la población recurriendo a

la probada estrategia del llamado a la unidad nacional que se imponía al “peligroso” divisionismo que propiciaban las divergencias políticas. Sin embargo, la Revolución cubana había cancelado esta salida, porque, después de 1960, Washington desconfiaba más que nunca del nacionalismo que, a sus ojos, era una máscara del socialismo. La polarización regional generaba para el gobierno mexicano —al igual que para otros gobiernos del área— el dilema entre reformar el sistema o reforzar los mecanismos de control político. Así, por un lado, reconocía la necesidad de ampliar los canales legales de participación política; pero, por el otro, lo paralizaba el temor a que las consecuencias de esta apertura fueran inmanejables dentro de los equilibrios existentes, o que provocara conflictos incontrolables. En la coyuntura creada por la popularidad de la vía revolucionaria alimentada por la experiencia cubana, una amplia movilización antiautoritaria como la que quería impulsar la ofensiva ideológica de la izquierda hubiera alimentado las suspicacias de Washington sobre el alcance de la supuesta conspiración comunista en México y, peor aún, su desconfianza en cuanto a la capacidad del gobierno mexicano para enfrentar ese desafío. El contexto regional imponía restricciones sobre las decisiones del gobierno en materia económica. Las necesidades de financiamiento del desarrollo justificaban cambios para incrementar los recursos públicos: una reforma tributaria amplia, la reactivación de la reforma agraria o una legislación reglamentaria de la inversión extranjera. Cada una de estas posibilidades fue ponderada por el gobierno e incluso intentada bajo formas moderadas porque en la atmósfera polarizada de la época estas reformas adquirían un aroma de radicalismo que en esos momentos resultaba insoportable para Washington. El hecho de que las opciones del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz fueran limitadas no implica que sus decisiones fueran intrascendentes. Muchas de ellas tuvieron consecuencias que fueron más allá de los límites temporales del sexenio. En este periodo, bajo la apariencia de la normalidad establecida desde la década de los años cuarenta, cobraron forma muchos rasgos de decaímiento del exitoso sistema que se había consolidado después de 1945. Sin embargo, a mediados de los sesenta la élite en el poder no tenía instrumentos para reconciliar sus objetivos de continuidad y preservación de la estabilidad con las presiones encontradas de un contexto internacional adverso, las necesidades de reforma económica y las demandas de una sociedad en pleno proceso de modernización. Ciertamente, la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz concluyó sin que se produjera ninguna discontinuidad institucional. El 1° de diciembre de 1970, su sucesor, Luis Echeverría, miembro de larga data y funcionario distinguido del PRI, y antiguo secretario de Gobernación, asumió la presidencia de la República en una atmósfera todavía crispada por la crisis de 1968, pero sin obstáculos reales. No obstante, desde la campaña electoral se había hecho evidente que algo muy profundo había cambiado en México, y que nada podría volver a ser como antes. La prueba más contundente de que era ésta una percepción generalizada fue el empeño del propio candidato del partido hegemónico en hacer de la autocrítica la piedra angular de su propuesta de gobierno. Como presidente, Echeverría buscó deliberadamente que la ruptura con el pasado fuera el sello de su paso por el poder. Este final es una de las grandes ironías de la historia del siglo XX mexicano. Cuando Gustavo Díaz Ordaz llegó al poder en diciembre de 1964 estaba muy lejos de saber que su gobierno sería el último de su estirpe. Tenía el temor de que así fuera, pero pensaba que para

preservar el legado bastaría con ser un fiel continuador de las tradiciones de la Revolución mexicana. En el corto plazo logró proteger su herencia de la inestabilidad y las fracturas que produjo el contexto regional en otros países; sin embargo, poco tiempo después dicha herencia fue devorada por el cambio social y el presunto restauracionismo revolucionario de Luis Echeverría. La defensa del statu quo resultó ser una empresa imposible frente a las presiones encontradas de los muy particulares factores externos e internos de la coyuntura de los años sesenta. En su empeño por cumplir sus objetivos, el gobierno diazordacista llegó a la situación límite que precipitó el ocaso del Estado posrevolucionario.

OPCIONES LIMITADAS Y DILEMAS PRESIDENCIALES Todo presidente es un “actor político formidable”, afirma Stephen Skowronek, el historiador de la presidencia de Estados Unidos.3 Ya sea que fracasen o tengan éxito, las decisiones de estos personajes tienen un impacto determinante sobre el debate político, los equilibrios entre los diferentes actores y las condiciones de maniobra del gobierno. Esta particularidad es inherente a los regímenes presidenciales; sin embargo, la dimensión política de la institución presidencial no significa que quienes la ocupan dispongan de un número ilimitado de opciones para gobernar; tampoco los libra de dilemas en ocasiones lacerantes, que surgen de la tensión entre continuidad y cambio que es característica de la función gubernamental. En el caso de México, después de la Revolución, la desproporcionada dimensión política de los presidentes se vio magnificada por el tipo de recursos institucionales que estaban a su disposición. En adición a las facultades que le atribuye la Constitución, que en este aspecto no es muy distinta a otras constituciones de regímenes presidenciales,4 el presidente mexicano complementaba las bases de su autoridad con el soporte incondicional de un partido hegemónico que le garantizaba la movilización del apoyo y la desmovilización de la protesta. El binomio presidencia-partido hegemónico generaba instituciones informales; por ejemplo, el jefe del poder ejecutivo, por el simple hecho de serlo, se convertía también en el líder real del PRI, y desde esta posición tenía la prerrogativa de designar a los funcionarios del partido oficial, así como a sus candidatos (léase, legisladores). Cuando ejercía esta facultad para elegir al candidato a la presidencia de la República, en los hechos, dada la posición hegemónica del PRI, estaba seleccionando a su sucesor. En virtud de este arreglo, el presidente mexicano gozaba de una enorme capacidad de influencia, cuando no de control directo y personal sobre un amplia área de la vida pública.5 El efecto más importante de la fórmula presidencialismo-partido hegemónico sobre el poder real del presidente era que generaba un amplio potencial para la discrecionalidad y el ejercicio personalizado del poder, que le permitía manipular a su antojo la aplicación de la ley. Su única limitación era la regla constitucional de la no reelección. Pero aun cuando los presidentes tuvieran a su disposición ese potencial de discrecionalidad, no todos recurrieron a él del mismo modo, ni con la misma frecuencia; más aún, ese potencial tampoco se mantuvo intacto a lo largo del tiempo. Es de presumir que el presidente Cárdenas tuvo más poder que el presidente López Mateos, simplemente porque para gobernar el país en proceso de

modernización de la década de los sesenta se requerían más instrumentos institucionales que 30 años antes, cuando el país era todavía fundamentalmente rural y tenía menos de 20 millones de habitantes. Más aún, esos instrumentos institucionales eran, a su vez, producto de dichos cambios, que al mismo tiempo que daban forma a las decisiones presidenciales, encauzaban y contenían la autoridad presidencial. El potencial de discrecionalidad tampoco se ejercía en forma generalizada, sostenida ni cotidiana. El desarrollo económico de la posguerra trajo consigo una mayor complejidad de la administración pública, de leyes y reglamentos que fueron restringiendo gradualmente —si bien de forma irregular— este potencial, de suerte que se fue reservando para asuntos que eran considerados prioritarios, para situaciones extraordinarias y críticas, o bien para temas muy menores. Es decir, la discrecionalidad inherente a la presidencia autoritaria no fue un obstáculo para que se desarrollaran instituciones que garantizaban una gestión moderna de los asuntos públicos y de los conflictos y las negociaciones políticas. Desde la década de los sesenta la autoridad presidencial se topaba con los límites impuestos por este desarrollo institucional que sustentaba, por ejemplo, las funciones fiscales del Estado, su papel en la promoción industrial o en la expansión del sistema escolar, por mencionar sólo algunas. Asimismo, sindicatos, organizaciones empresariales y campesinas, la Iglesia católica, los inversionistas extranjeros, y más en general, grupos de interés particular formaban parte de este entramado institucional que se fue tejiendo al margen del partido hegemónico y dentro del cual actuaba el presidente. Todos estos actores asumían la superioridad indisputable de la autoridad presidencial; no obstante, su propio funcionamiento —al igual que el de la administración pública— daba forma a las decisiones presidenciales. El gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964) ofrece numerosos ejemplos del tipo de restricciones institucionales que pesaban sobre la acción presidencial. Por ejemplo, las autoridades hacendarias ejercían un firme control sobre las políticas fiscal, monetaria y crediticia con el consecuente impacto sobre el crecimiento económico, y su autoridad en la materia no era cuestionada por el presidente de la República.6 Esto significa que, por muy poderoso que fuera el jefe del ejecutivo, no podía fijar ad libitum las tasas de interés o el tipo de cambio. En 1960, el intento de introducir una reforma tributaria, cuyo propósito era ampliar los recursos públicos y aliviar la persistente desigualdad mediante una discreta política redistributiva, fracasó ante la firme oposición de las organizaciones empresariales, que también bloquearon la modificación parcial del aparato proteccionista de la economía mexicana. La política del gobierno de López Mateos hacia la Revolución cubana y su política educativa estuvieron condicionadas por la resistencia y las presiones de distintos grupos, desde comités de la iniciativa privada hasta la Unión Nacional de Padres de Familia, incluso mucho más que por su relación con Estados Unidos.7 Como ya se ha señalado, sobre el ejercicio de la autoridad presidencial pesaban también las restricciones del medio internacional, y éstas no eran únicamente coyunturales. En un artículo clásico acerca de la relación entre el sistema internacional y los sistemas políticos nacionales, publicado a fines de los años setenta, Peter Gourevitch planteaba la vulnerabilidad de los sistemas políticos en situaciones de aguda inestabilidad internacional en las que la lucha por el poder y la seguridad “total” eran una amenaza para la integridad y la soberanía nacionales. Según él, estas circunstancias inducen a los Estados a formas defensivas de

organización interna. “La guerra es como el mercado: castiga ciertas formas de organización y premia otras.”8 Esta afirmación también es válida para la Guerra Fría, que a partir del antagonismo soviético-estadunidense generó dos modelos de sistema político posibles: democracia y totalitarismo, o capitalismo y socialismo. El sistema político mexicano que se consolidó después de 1946 con la fundación del PRI también se benefició de los estímulos del exterior a que alude Gourevitch, porque el titubeante monopolio del poder que legó el presidente Cárdenas a su sucesor, Manuel Ávila Camacho, quedó incluido en la familia de las democracias por efecto de la alianza militar con Estados Unidos contra las potencias del Eje; es decir, mucho antes de que se hubieran consolidado las instituciones electorales o partidistas del régimen liberal que estipulaba la Constitución. La Guerra Fría prolongó la cooperación con Estados Unidos, así como la pertenencia de México al bloque de las democracias; a cambio, éstas cobijaron un sistema político que garantizaba estabilidad bajo una apariencia democrática. En virtud de esta operación, fundamentalmente geoestratégica, el autoritarismo mexicano pudo ostentar credenciales democráticas, reforzadas por un visible sello anticomunista, que eran incluso más creíbles que las de otros países de América Latina que mal disimulaban sus dictaduras o que estaban afectados por una inestabilidad política endémica. Así, el autoritarismo mexicano contó en la posguerra con el poderoso apoyo de la legitimidad internacional que le extendía el “mundo libre”. El auge del PRI (1946-1970) lleva el sello de la Guerra Fría. El modelo mexicano de partido hegemónico no comunista fue una alternativa activamente promovida por Estados Unidos en estos años entre las antiguas colonias europeas, en Asia y en África. La teoría de la modernización en boga desde mediados de los cincuenta convirtió al PRI en un paradigma, un instrumento ideal de desarrollo político cuyo objetivo primordial no era ni la representación ni la participación. En esos años los partidos únicos o hegemónicos eran bienvenidos porque se les veía como un dique a la posible expansión del comunismo y como instrumentales en la construcción de naciones (nation-building).9 Hasta mediados de los años sesenta Estados Unidos aún aceptaba el nacionalismo como un antídoto al marxismo-leninismo; sin embargo — a ojos de los estadunidenses—, el surgimiento de las guerras de liberación nacional imprimió a las propuestas nacionalistas una carga de peligrosidad inadmisible. Los estudios de modernización publicados en estos años recogen fielmente esta visión. Es probable que la susceptibilidad del sistema político mexicano a los efectos de la Revolución cubana se explique por la dependencia implícita del orden político interno respecto al orden internacional de la posguerra. Es decir, si algunos de los rasgos característicos del autoritarismo después de 1946 pueden atribuirse a las condiciones del sistema internacional, entonces cualquier alteración de éstas tendría repercusiones sobre el statu quo interno. Como se verá más adelante, los acontecimientos cubanos que se desencadenaron con el triunfo de Fidel Castro en enero de 1959 cimbraron los frágiles equilibrios que sostenían la rivalidad soviético-estadunidense de la Guerra Fría. De manera inevitable, también tuvieron un impacto muy poderoso sobre el orden que se había establecido en la región latinoamericana después de 1945, como lo demuestra la persistente inestabilidad de varios países del área durante las décadas posteriores. Muy pocos fueron los que lograron salvar la continuidad institucional de antagonismos internos y suspicacias externas, entre ellos México. Los golpes militares y las dictaduras que se impusieron en muchos países

latinoamericanos pueden ser vistos como consecuencia de la situación relativamente anárquica que precipitó la irrupción de la Revolución cubana en los equilibrios de la posguerra en el hemisferio, y de la confrontación entre el régimen castrista y el gobierno de Washington. En esta perspectiva, la intensificación de los conflictos internos que se registró en México en los años sesenta no fue excepcional, sino parte de una amplia ola de movilización que estalló en Cuba pero afectó prácticamente a todos los países de la región. Ante la complejidad de la situación internacional, el presidente Díaz Ordaz optó por el mantenimiento del statu quo político. Sin embargo, muchas presiones desafiaban este propósito. Entre ellas habría que comenzar por los efectos mismos del ejercicio del poder presidencial. Según Skowronek, dado su alcance, este tipo de poder trastoca naturalmente los equilibrios en el medio político y administrativo; no obstante, las consecuencias perturbadoras de las decisiones presidenciales están reñidas con la función estabilizadora de la institución presidencial. De suerte que cada presidente tiene que reconciliar los posibles efectos disruptivos de sus decisiones y las naturales resistencias que éstas encuentran en las instituciones y en la sociedad. Así, “negociar el cambio” ha sido siempre una de las condiciones propias de la labor presidencial.10 La “negociación del cambio” fue una parte sustantiva del ejercicio presidencial también en México, incluso en el periodo de auge del autoritarismo, cuando los actores políticos que participaban en este proceso eran apenas unos cuantos. Durante décadas, su número, su identidad y la naturaleza del proceso mismo de negociación no fueron representativos ni democráticos o legales, pero cambiaron con el tiempo. Puede pensarse, por ejemplo, que después de los años cuarenta los militares fueron excluidos de los procesos de decisión, y sustituidos por líderes obreros, quienes a su vez fueron desplazados por líderes empresariales y así sucesivamente, dependiendo de su relevancia para los objetivos del presidente o de su capacidad de influencia. Además, fueron muy pocas las imposiciones puras de la voluntad presidencial en decisiones de política económica, laboral o educativa, por ejemplo. En cambio, muchas y muy numerosas fueron las experiencias de negociación detrás de los cambios que acarreó la modernización del país. En general, después de 1946 los presidentes mexicanos estaban comprometidos con el cambio, pero por el temor al regreso de la inestabilidad y de la fragmentación del poder también pusieron gran empeño en subrayar la continuidad como uno de sus grandes logros. Así, la presidencia de la República oscilaba entre las exigencias de reconciliar dos funciones antagónicas: por un lado, tenía que ser una institución que fuera algo así como el ancla del sistema político, un peso estabilizador por su naturaleza constitucional y por su carácter simbólico; en segundo lugar, se pensaba que por esos mismos atributos la presidencia concentraba el potencial de las transformaciones del país. El presidente tenía que ser, simultáneamente, líder del cambio y garante de la continuidad. Las tensiones de esta doble función eran evidentes cuando los presidentes asumían el cargo; pero luego, de manera recurrente, enfrentaban el dilema que se deriva de asumir el cambio como parte deseable y necesaria de su encargo, y, al mismo tiempo, limitarlo para contener sus efectos sobre su capacidad para gobernar. Entre 1964 y 1968 las movilizaciones de protesta se multiplicaron en la capital de la República y en varios estados, en el campo y en las ciudades. Algunas de ellas estaban

relacionadas con las movilizaciones de los años 1958-1959, pero muchas otras involucraban a actores políticos novedosos, grupos de clase media y empresarios, profesionistas, pero también actores tradicionales, como estudiantes y campesinos. Los temas de las protestas también eran diversos. Aun cuando estos movimientos no estuvieran vinculados entre sí, aunque fueran resultado de las reacciones provocadas por la Revolución cubana y de un renovado sentimiento antiimperialista, vistos desde una perspectiva de largo plazo revelaron la existencia de un fermento de inestabilidad activo durante casi una década. La ineficacia de los mecanismos establecidos para resolver conflictos se hizo patente durante todo el sexenio; en contrapartida puede decirse que en todo este periodo quedaron al descubierto los costos de la inexistencia de canales efectivos de participación y representación políticas. En el caso de Díaz Ordaz, el mantenimiento de la estabilidad planteaba un dilema adicional que, visto a una distancia de más de tres décadas, adquiere el aspecto casi de una revancha de los hechos en contra de las apariencias de armonía y continuidad institucional, los atributos de la excepcionalidad mexicana que los sucesivos gobiernos de la posrevolución se habían empeñado en destacar en el conjunto latinoamericano. Durante los seis años anteriores, Díaz Ordaz había tenido a su cargo, como secretario de Gobernación, el resguardo del orden interno en una época marcada por una creciente intranquilidad, dominada por las primeras movilizaciones de la izquierda reorganizada, y las reacciones de grupos de derecha a este impulso, los enfrentamientos entre ambos y brotes de violencia armada en el campo. En la mayoría de los casos el gobierno respondió siguiendo los patrones del autoritarismo intolerante que reprimía oposiciones extrainstitucionales. No obstante, lo hacía sin publicidad; ciertamente, el gobierno advertía la existencia de razones de protesta y algunas de sus manifestaciones, pero trataba de ocultar la profundidad del descontento así como los conflictos que hubieran puesto en entredicho la imagen del exitoso “milagro mexicano”, y la violencia de sus propias respuestas. En el contexto latinoamericano de los sesenta, marcado por los golpes militares, el ascenso de la vía revolucionaria y la extensión de actividades guerrilleras, la “excepcionalidad mexicana” adquiría un valor extraordinario, que el gobierno quiso preservar encubriendo los conflictos y la creciente intervención del ejército en la defensa del statu quo. Esta operación de encubrimiento en la que participaron los gobiernos de López Mateos y Díaz Ordaz fue tan eficaz, que cuando este último quiso establecer ante la opinión pública una línea de continuidad entre el movimiento estudiantil de 1968 y las huelgas ferrocarrileras de 1958-1959, nadie le creyó y sus advertencias a propósito de los peligros que acechaban la estabilidad política del país encontraban oídos sordos.11 De suerte que los sucesos en Tlatelolco fueron vistos exclusivamente desde la perspectiva de la movilización estudiantil iniciada en julio anterior. La negación del conflicto en los años anteriores había conducido a los presidentes a vivir en un mundo de apariencias cuya preservación en la segunda mitad de los sesenta hubiera exigido un control absoluto de la realidad. Cuando pretendieron hacerlo las autoridades responsables de la estabilidad interna, provocaron exactamente lo que querían evitar: la profundización del conflicto.12 La estrategia del gobierno de ocultar o minimizar los conflictos políticos era también una torpe respuesta al dilema que le planteaba la necesidad de responder, por un lado, a las crecientes presiones de Washington, que demandaba seguridades de que se mantendrían el

statu quo y el control sobre las actividades de propaganda y organización de la izquierda, sin ceder, por otra parte, a la responsabilidad exclusiva del gobierno de identificar él mismo a sus enemigos y adversarios, así como los medios para combatir la presunta expansión de la influencia cubana.

EL MÉXICO DEL MILAGRO Y LOS TIEMPOS DIFÍCILES DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Gustavo Díaz Ordaz llegó a la presidencia de la República el 1° de diciembre de 1964, en un momento en que el país era para muchos un ejemplo de optimismo, si no es que un modelo para otros países en “vías de desarrollo”. En el curso de dos décadas había logrado combinar tasas elevadas y sostenidas de crecimiento económico con estabilidad política. Apenas cuatro años antes, en 1960, el gobierno de Adolfo López Mateos había presidido los festejos del cincuentenario de la Revolución y una amplia campaña de promoción de sus logros. Actos cívicos, publicaciones conmemorativas, documentales cinematográficos, maestros, universitarios, periodistas, líderes sindicales coincidían en aplaudir los avances del país. México era ejemplo del éxito de una Revolución que había sabido tornarse en evolución para tranquilidad de sus hijos y de sus vecinos. El prestigio del “milagro mexicano” se sustentaba en la vitalidad de su economía, el progreso de la industria, la robusta tasa de incremento demográfico y de crecimiento urbano, la expansión de las clases medias, los indicadores de salud y educación, y la “lealtad institucional” del ejército. No obstante, ya desde entonces algunos observadores y analistas llamaban la atención sobre las fallas profundas de un modelo de desarrollo que adolecía de graves desequilibrios sociales y regionales, algunas de cuyas manifestaciones más evidentes eran la acentuada desigualdad y la extendida pobreza en el campo y en la ciudad. En 1962 el antropólogo Oscar Lewis publicó Los hijos de Sánchez, un descarnado retrato de la pobreza urbana en la ciudad de México que ponía al descubierto los costos sociales de la modernización; y en 1963 el sociólogo Pablo González Casanova presentó la primera edición de La democracia en México, que denunciaba la existencia de dos países: el de los grupos que se habían beneficiado del desarrollo económico, y el de la gran mayoría de los mexicanos que sobrevivía en penosas condiciones de insalubridad, analfabetismo y pobreza. En esos mismos años, dos obras más apuntaban hacia las fragilidades políticas y económicas de la fórmula mexicana que, en su opinión, comprometían su futuro: Mexican Government in Transition, de Robert E. Scott, y The Dilemma of Mexico’s Development, de Raymond Vernon, publicado el primero en 1959 y el segundo en 1963. Ambos libros coincidían en señalar que, al iniciarse la década, México se encontraba en una encrucijada. Cada autor concluía, desde su propia perspectiva —una política y la otra económica— que para que el país mantuviera la trayectoria ascendente que había iniciado durante la segunda Guerra Mundial tenía que emprender reformas importantes. Uno hablaba de abrir espacios efectivos a la creciente pluralidad política que ya no podía contener el partido hegemónico, y el otro planteaba un reto que resultó intratable: la creciente escasez de recursos para el financiamiento del desarrollo.13 El tono de las conclusiones tanto de Scott como de Vernon era

poco optimista; pero lo más sorprendente de estas obras es que, contrariamente a la idea muy difundida hoy en día de que los presidentes mexicanos eran poderosísimos, ambas apoyaban parcialmente su pesimismo en la debilidad de los sucesores de Miguel Alemán: Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, quienes —en su opinión— eran rehenes de los grupos de interés, así como de su terca determinación de mantener el statu quo a cualquier precio. Ninguno de ellos había estado dispuesto a tomar decisiones que pudieran provocar conflictos; para mantener un falso equilibrio en el que todos estuvieran contentos, habían caído en una peligrosísima parálisis gubernamental.14 Al leer hoy en día los textos arriba citados se entiende el tono grave del discurso del presidente Díaz Ordaz en la ceremonia de su toma de posesión. Desde los primeros párrafos de su presentación, expresó una seria preocupación por la estabilidad política del país, de manera que asumió como compromiso primordial la preservación del statu quo: “Conservar la estabilidad económica y la tranquilidad política es más difícil todavía que haberlas conquistado”.15 Parecía convencido de que su deber fundamental al frente de la presidencia de la República era asegurar la continuidad de las instituciones políticas y económicas que asociaba con la Revolución y con los principios constitucionales. En este aspecto, como en otros que se verán más adelante, Gustavo Díaz Ordaz fue un fiel exponente de la ortodoxia autoritaria que creía en la autonomía del Estado, y en la posición central de éste como agente de la actividad económica y del desarrollo político.

EL MILAGRO SE DESCARAPELA La reiterada insistencia del presidente, el 1° de diciembre de 1964, en emitir un “mensaje de optimismo y de concordia” y en advertir a su auditorio acerca de los riesgos de las divisiones políticas para la estabilidad del país revelan que no estaba tan seguro de que podría cumplir con el compromiso que se había impuesto: “Lo conquistado con tantos años de esfuerzo se puede perder si no lo cuidamos con diario empeño. Si alguna vez se viere amenazado, pensemos todos los mexicanos en todo lo que nos une y comparémoslo con lo poco que nos separa. Repitamos que para el bien de la Nación, debemos abandonar las pasiones que nos dividen (y recordar lo que nos une): la pasión por México”.16 ¿Cuáles eran para Díaz Ordaz los principales peligros que se cernían sobre el país? ¿De dónde provenían las amenazas? El discurso de toma de posesión no contiene ninguna referencia a una supuesta conspiración comunista o a algún plan de subversión que podría esperarse de un presidente que hoy es visto como un feroz anticomunista. Probablemente lo era, pero para Díaz Ordaz el potencial del comunismo en México era sólo el síntoma de problemas sociales profundos como la miseria o la incapacidad del país para generar recursos para el crecimiento económico. Por ejemplo, durante su visita a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en 1966, afirmó: “Los más peligrosos agitadores son el temor, la insalubridad, la falta de pan, de techo, de vestido y de escuela”.17 Aparentemente, ni siquiera al término de su gobierno —esto es, después de los acontecimientos de 1968— creyó que el comunismo tuviera posibilidades de triunfo en

México. En noviembre de 1970, a la pregunta a propósito de ese tema del periodista Ernesto Sodi Pallares, el todavía presidente Díaz Ordaz respondió: “No lo creo [que México llegará a ser comunista]… Por nuestro temperamento somos más individualistas y, por otra parte, creo que la mayor parte de los mexicanos desearíamos seguir viviendo con lo que tenemos […] independientemente de que para pequeñas minorías sí provoca cierta fascinación esa doctrina”.18 El llamado poselectoral de Gustavo Díaz Ordaz a la concordia hubiera sido un lugar común en un país democrático, donde el candidato vencedor invita a sus adversarios y a sus seguidores a hacer a un lado las diferencias de la competencia pasada para sumarse al esfuerzo común. A primera vista, en 1964 nada distinguía este llamado a la unidad nacional de los múltiples mensajes que con este lema habían emitido sus antecesores. Sin embargo, en muchos de quienes lo escuchaban ese día la diferencia con el pasado inmediato era notable, porque es muy probable que ese 1° de diciembre el presidente Díaz Ordaz evocara en su auditorio los numerosos conflictos políticos que habían agitado el sexenio anterior, y que habían incluido una amplia gama de actores políticos: desde la élite del PRI hasta obreros, maestros, empresarios y católicos. Al frente de la Secretaría de Gobernación durante los seis años del gobierno de López Mateos, Díaz Ordaz había reprimido sin pestañear la disidencia sindical organizada por el Partido Comunista Mexicano y por el Partido Obrero Campesino de México (POCM), entre ferrocarrileros y maestros. También le había tocado lidiar con incipientes movilizaciones de clase media, algunas de ellas inspiradas por los primeros ecos de la Revolución cubana en varias universidades del país; asimismo, había enfrentado la rebelión de organizaciones empresariales y católicas que retaron decisiones del gobierno en materia laboral y educativa, así como la creciente polarización ideológica que se instaló en el corazón de las clases medias en estos años; también puso fin al grupo guerrillero que encabezaba Rubén Jaramillo en el estado de Morelos, así como a un conato de insurrección armada en Huajuapan de León, organizada por un ex oficial del ejército en nombre de Dios. Muchas de estas tensiones habían aflorado en los meses previos a la elección del candidato del PRI a la presidencia de la República. El ex presidente Lázaro Cárdenas fue uno de los personajes centrales en la reorganización de la izquierda que había acicateado el entusiasmo por la Revolución cubana; su participación en esta dinámica seguramente despertó en Díaz Ordaz y en muchos priistas el temor de que se repitieran las difíciles experiencias electorales de 1940 y de 1952, cuando poderosas corrientes disidentes del partido oficial pusieron en tela de juicio la unidad de la élite revolucionaria, promoviendo la candidatura de miembros tan distinguidos como Juan Andrew Almazán y Miguel Henríquez Guzmán. El costo de estas defecciones fue menor que el de las violentas respuestas gubernamentales, porque las luchas campales en torno a instalaciones y actos electorales, las denuncias de fraude y de la represión de los opositores, condicionaron en cada caso el ejercicio de la autoridad presidencial durante el sexenio correspondiente. La pesadilla de Díaz Ordaz de que algo por el estilo ocurriera en 1964 había surgido dos años antes, cuando se formó el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) en torno al ex presidente Cárdenas, quien se sumó abiertamente al entusiasmo por la Revolución cubana. Entre 1961 y 1963 dio muestras de su ascendiente sobre una amplia constelación de izquierda

—en cuyas filas militaban antiguos colaboradores de su gobierno, miembros del PRI y del Partido Popular Socialista (PPS)— que se articulaba en muchas de las ideas y argumentaciones de Vicente Lombardo Toledano, y que atrajo a intelectuales, jóvenes, maestros y estudiantes universitarios a unirse a esta formación novedosa que respondía también al nuevo espíritu político que despedían las figuras heroicas surgidas con la Revolución cubana. En esos meses mucho discutió el MLN con la dirigencia del PCM —que recientemente había formado la Central Campesina Independiente (CCI)— la posibilidad de lanzar un candidato de la izquierda unificada a la competencia por la presidencia de la República. La autoridad moral del presidente Cárdenas era de tal consideración que su apoyo a una candidatura distinta de la priista, hacía temer una devastadora división del partido hegemónico y una severa crisis política. No obstante, este peligro desapareció por las desavenencias entre los dirigentes de las distintas organizaciones que pretendían formar el Frente Electoral del Pueblo (FEP ); pero en este fracaso también influyó la lealtad última que el general Cárdenas guardaba a su partido de origen, y que lo llevó a apoyar públicamente la candidatura de Díaz Ordaz. Este gesto pudo ser visto como una prueba adicional de la capacidad del antiguo secretario de Gobernación para desarticular a la oposición de izquierda. Todos estos acontecimientos imprimían un sentido inequívoco al llamado a la concordia y al énfasis que puso Díaz Ordaz en la conveniencia —y necesidad— de superar los antagonismos. En cambio, los resultados de la elección presidencial ofrecían un panorama de amplio consenso que no reflejaba grandes fracturas políticas. Su candidatura había obtenido 88% del voto emitido, frente a 11% que recibió el único candidato de oposición registrado, José González Torres, del Partido Acción Nacional (PAN). El PPS y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) habían apoyado al candidato del PRI. A pesar de estos porcentajes, los comicios habían sido distintos a los anteriores porque, gracias a las reformas que establecieron las diputaciones de partido, la presencia de la oposición partidista en la Cámara de Diputados se había incrementado en forma significativa de 12 en 1961, a 30 en 1964. Por primera vez en la historia reciente, el presidente honró la presencia de los diputados de oposición con una referencia explícita a ellos en los primeros párrafos de su discurso, dirigiéndose a los “diputados de mayorías” y a los de “minorías”, “fruto de un nuevo derecho”.19 Esta deferencia sin precedentes era también una manera de devolver la cortesía política al entonces presidente de Acción Nacional, Adolfo Christlieb Ibarrola, quien por primera vez en la historia de su partido había reconocido en su nombre la derrota y, en forma implícita, la victoria legítima de los candidatos del PRI. El presidente Díaz Ordaz estaba muy orgulloso de las diputaciones de partido que habían dado forma a su fe en el reformismo electoral. En sus Memorias, Luis M. Farías, funcionario de la Secretaría de Gobernación a principios de los sesenta, recuerda haber visto a Díaz Ordaz redactar personalmente el texto a máquina y me leía pedazos de eso; y lo sabía yo por él y porque veía entrar a muchos personajes, como Lombardo Toledano, Christlieb, Martínez Domínguez: gentes que luego figuraron en la Cámara, en esa misma Cámara, la primera de la reforma que encabezó Martínez Domínguez, la reforma política conocida como reforma López Mateos publicada en 1963, pero que no vino a publicarse [sic] hasta el 64.20

En materia electoral Díaz Ordaz tenía una experiencia que se había iniciado en el trienio

1943-1946, cuando fue diputado por Puebla, en una generación de legisladores que llevaba ya el sello del civilismo alemanista y de la confianza en el liderazgo político de los universitarios. Resultado de esta transformación de la élite política mexicana fue el Código Federal Electoral de 1946, que modernizó la legislación en la materia y que le permitió a México ostentarse en el exterior como una democracia pluralista. Entre 1946 y 1952, Díaz Ordaz fue senador por su estado y representante del PRI en la Comisión Federal Electoral, donde participaba con vehemencia en los debates poselectorales. Incluso durante su campaña presidencial expresó su confianza en el desarrollo electoral del país al anunciar una iniciativa para reducir la edad para votar a 18 años, reforma que se votó en 1969. En la primera mitad del sexenio, y pese a que Díaz Ordaz había sido identificado como un “duro” dentro del PRI, mucho se hablaba de él también como un reformista que había abierto espacios a la oposición partidista. Además, había apoyado el proyecto de reforma del PRI de Carlos Madrazo, quien había llegado a la presidencia del partido en noviembre de 1964 y de inmediato había puesto en pie nuevos mecanismos de elección interna que ampliaban la participación de las bases locales del partido. Su propuesta impulsaba una nueva estructura partidista en la que los sectores gremiales pasaban a segundo plano frente a las organizaciones territoriales.21 En diciembre de 1964, el presidente Díaz Ordaz también se comprometió con la continuidad de la política económica, al confirmar como titular de la Secretaría de Hacienda a Antonio Ortiz Mena, a quien conocía bien precisamente porque había sido su compañero de gabinete. Con el arquitecto del “desarrollo estabilizador”, el presidente entrante compartía la creencia de que correspondía al Estado un papel central en la promoción del desarrollo económico; así como la confianza en la viabilidad de la economía mixta, en la relación entre las grandes empresas públicas —Pemex y la Comisión Federal de Electricidad— y la soberanía nacional. Díaz Ordaz también defendía el intervencionismo estatal porque estaba convencido de que la justicia social no podía quedar a merced del libre juego de las fuerzas del mercado. No obstante, en este terreno se topaba con dilemas igualmente intratables que pesarían sobre sus decisiones durante los seis años de su mandato. El presidente asumió que su tarea fundamental era llevar adelante el desarrollo económico, pero reconoció que tenía que salvar obstáculos tan importantes como la insuficiencia de capital, el crecimiento demográfico, el desempleo y la estrechez del mercado interno. En su discurso de toma de posesión se refirió a los desequilibrios entre la industria y las actividades agropecuarias, a la necesidad de promover las exportaciones de estos productos y las inversiones en ese sector, incluso habló de “llevar a sus últimas consecuencias la reforma agraria”.22 En 1964, una de las mayores emergencias era atender la necesidad de incrementar los ingresos del país. Díaz Ordaz propuso tres fuentes de capitalización: el incremento de las exportaciones agropecuarias, el aumento del comercio regional mediante el impulso a la integración latinoamericana y las inversiones extranjeras. Sobre el desarrollo exitoso de estas alternativas pesaba la hipoteca de la relación con Estados Unidos. En sus Memorias, Ortiz Mena lo plantea con toda claridad: “Había que desarrollar una sólida política general de gobierno que preservara y fortaleciera la soberanía del país. Con respecto a Estados Unidos el reto consistía en evitar su injerencia en las decisiones sobre asuntos cuya resolución

correspondía al gobierno mexicano; a la vez era necesario aprovechar las ventajas que ofrecía la vecindad con la economía más grande del país”.23 No obstante, la estabilidad de los precios internacionales de las materias primas y la erosión de los términos de intercambio fueron temas que el gobierno mexicano planteó en forma insistente a Estados Unidos, a cuyo ejecutivo y legisladores trató de convencer en diferentes ocasiones de que si realmente querían conjurar la amenaza del comunismo y de paso ayudar a los países latinoamericanos, tenían que renunciar al principio de reciprocidad comercial y estar dispuestos a que los términos preferenciales de intercambio rigieran el comercio de materias primas. Desde el inicio de su gobierno, Díaz Ordaz dejó en claro que entendía los vínculos entre desarrollo económico y estabilidad política, y autodeterminación: Cuando se acate la regla de que ningún Estado ejerza presión económica o política para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener ventajas, cuando haya un trato verdaderamente justo y equitativo en el comercio internacional, entonces, y sólo entonces, se estarán poniendo los cimientos del progreso perdurable y de la integración de la América Latina y podrá pensarse en un desarrollo económico equilibrado entre las diversas regiones del mundo y en una mayor tranquilidad y paz social.24

Más todavía, el gobierno de Díaz Ordaz, a diferencia de otros en la región, no suscribió acuerdos bilaterales de garantía para las inversiones norteamericanas. Tal y como lo explicó ante los legisladores estadunidenses en 1967: En otros países, la inversión extranjera directa goza hasta de privilegios, en relación con la nacional. Nosotros estamos convencidos de que, cuando los intereses del capitalista extranjero van en contra de los intereses de la nación en que invierte, resultan vanas todas las garantías que le otorguen; la realidad de esa incompatibilidad de intereses determinará fatalmente la cancelación de las aparentes ventajas.25

Tampoco aceptó los así llamados “préstamos concesionales”;26 en cambio buscó financiamiento internacional en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo. Es posible que, para algunos, su terca defensa de la soberanía en estos términos fuera una autolimitación que se sumó innecesariamente a aquellas que se le imponían desde afuera.

UN PRESIDENTE EN LA GUERRA FRÍA A Gustavo Díaz Ordaz le tocó gobernar el país en un contexto internacional en el que el antagonismo soviético-estadunidense generaba de nuevo inestabilidad e incertidumbre por efecto de la Revolución cubana y del desplazamiento de las rivalidades de la Guerra Fría al mundo en desarrollo. Si bien no había duda respecto a cuál era la filiación ideológica y geoestratégica del gobierno mexicano, las exigencias del gobierno de Washington de adhesiones explícitas fueron en aumento en estos años. No obstante, el presidente Díaz Ordaz consideraba que los frágiles equilibrios internacionales obligaban a una política exterior cautelosa que no comprometiera su capacidad para decidir, con la cabeza despejada, sobre los asuntos propios de la relación bilateral y que tampoco fortaleciera a sus opositores internos, para quienes el antiimperialismo era terreno fértil. De ahí que optara por una línea defensiva que se traducía en el rechazo al intervencionismo, estadunidense o soviético, tratando al

mismo tiempo de mantener invariable la pertenencia de México al mundo occidental. El factor internacional fue determinante de la política del sexenio; así lo informaba Díaz Ordaz cuando se refería a los dilemas y limitaciones que el mundo exterior le imponía. Sin embargo, sus advertencias y explicaciones no encontraban mucho eco en la opinión pública, pues a excepción de unos cuantos y de las minorías simpatizantes con la Revolución cubana, y salvo en momentos de crisis internacionales, la gran mayoría de los mexicanos era indiferente a estos asuntos, por lo que el presidente fracasó en sus repetidos intentos de transmitir a la opinión pública y a otros actores políticos la urgencia de ponderar el impacto de los acontecimientos mundiales sobre los destinos nacionales. Hasta antes del triunfo de la Revolución cubana, América Latina se había mantenido si no al margen de la Guerra Fría, sí al abrigo de algunos de los momentos más graves del conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Aun así, en virtud de la firma en 1947 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también llamado Tratado de Río, toda la región había quedado integrada al sistema de seguridad estadunidense que después de 1950 culminó en la doctrina estratégica del containment. La pertenencia de la región latinoamericana a la esfera de influencia de Estados Unidos era indisputable. Tanto así que el interés de los soviéticos en el área era mínimo, porque pensaban que su destino estaba predeterminado por lo que denominaban “la ley del fatalismo geográfico” que, en su opinión, condenaba a América Latina a la subordinación ante Estados Unidos.27 Tres acontecimientos modificaron esta visión. El primero de ellos fue el fracaso del intento de invasión a Cuba por parte de opositores a Fidel Castro en Bahía de Cochinos, en abril de 1961; el segundo fue la construcción del Muro de Berlín en agosto del mismo año; y el tercero fue la crisis de los misiles, en octubre de 1962. El violento cierre del tránsito entre las dos mitades de Berlín que impuso el gobierno soviético crispó la relación con Washington y la atmósfera política en Europa, en un nivel comparable al que provocó el bloqueo de la misma ciudad en 1948. No obstante, pasado el shock de los primeros días, la brutal decisión del premier Nikita Jruschov fue convirtiéndose en la respuesta a la pregunta “¿qué hacer con Alemania?”, que debatían los antiguos aliados desde 1944. De pronto, la división alemana dejó de ser un obstáculo para la estabilización política de Europa, y pasó a ser el pilar de un statu quo que se prolongó hasta 1989. Una de las consecuencias más importantes de la estabilización del mapa europeo fue el desplazamiento de las tensiones soviético-estadunidenses a regiones extraeuropeas. La multiplicación de conflictos en África, el creciente involucramiento de los estadunidenses en Vietnam y la Revolución cubana fueron el efecto concreto de esta ampliación. Este desarrollo de la Guerra Fría también estuvo acompañado por cambios en la política exterior soviética que lanzaban señales de alarma al gobierno de Estados Unidos. Desde 1956, el premier Jruschov había anunciado que ampliaría sus relaciones con los países en desarrollo y, en consecuencia, la Unión Soviética empezó a comportarse “más como una superpotencia que como un país socialista”.28 La Revolución cubana abrió perspectivas muy prometedoras para la nueva política exterior soviética, al menos así lo entendieron los liderazgos soviético y estadunidense. Esta interpretación del impacto geopolítico del triunfo castrista pudo haberse visto reforzada por lo que, según Henry Kissinger, fue uno de los graves equívocos que plagaron la Guerra Fría. En 1961, el premier Jruschov pronunció un discurso en el que sostuvo

que para su país las guerras de liberación nacional eran “sagradas” y, en consecuencia, tendrían todo su apoyo. De acuerdo con Kissinger, el mensaje iba dirigido al gobierno chino, que reprochaba a los soviéticos su renuncia al compromiso con el internacionalismo proletario. No obstante, para el gobierno de Kennedy fue “una declaración de guerra”.29 Esta percepción tuvo efectos muy profundos sobre la política de Estados Unidos hacia América Latina. En su discurso de toma de posesión, en enero de 1961, el presidente Kennedy advirtió: “Castro es únicamente el principio de nuestras dificultades en América Latina. La gran batalla será tratar de impedir que la influencia de Castro se extienda a otros países”.30

LA GUERRA FRÍA EN AMÉRICA LATINA La relativa indiferencia soviética hacia los países latinoamericanos contrasta en forma notable con la importancia que la Guerra Fría adquirió después de 1945 en la región, donde la rivalidad soviéticoestadunidense incidió profundamente en la política interna de estos países. En muchos de ellos, la denuncia de una supuesta “conspiración soviética” fue utilizada para justificar la instalación de dictaduras militares, la defensa del statu quo frente a posibles reformas económicas o la violenta intolerancia a movilizaciones sindicales o campesinas. El papel del gobierno estadunidense en la caída en Guatemala del presidente democrático Jacobo Arbenz, en 1954, fue una muestra dramática de lo que significaba pertenecer a la esfera de influencia de una superpotencia. Esta experiencia fue un poderoso recordatorio de las restricciones externas que pesaban sobre los gobiernos latinoamericanos, y así lo entendieron los países del área. También fue un ejemplo de cómo podían traducirse en términos internacionales aquellos conflictos internos graves cuya relación con la rivalidad soviéticoestadunidense era, si acaso, tenue. México no había sido la excepción. La presencia de la Guerra Fría en los asuntos internos puede detectarse en repetidas alusiones presidenciales desde el gobierno alemanista. El anticomunismo estuvo detrás de la imposición del control de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) sobre los sindicatos, así como de la represión de la disidencia en las organizaciones de trabajadores de Ferrocarriles Nacionales y de Petróleos Mexicanos, y del apoyo a dirigencias dóciles. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos las discrepancias políticas internas adquirieron perfiles precisos a partir de la referencia a la oposición capitalismo/socialismo, aun cuando en el país ésta fuera una disyuntiva a todas luces falsa.31 No obstante, a diferencia de lo que había ocurrido antes cuando el discurso anticomunista había sido utilizado para perfeccionar el control de los sindicatos —por no mencionar el uso que le dio la Iglesia católica—, al iniciarse la década de los sesenta este antagonismo ideológico precipitó una polarización en el seno de las clases medias que hasta entonces se habían mantenido atentas al debate, pero sin apropiárselo. López Mateos pagó caras las consecuencias de una declaración que hizo a la ligera. A la pregunta que le hicieron en 1960 los periodistas acerca de cuál era la posición ideológica de su gobierno, respondió: “Dentro de la Constitución, mi gobierno es de extrema izquierda”. Sus palabras provocaron una tormenta política que agravó la contracción

de la inversión privada, que había disminuido por la “incertidumbre política” desde 1958, situación que debió ser compensada con un incremento extraordinario de la inversión pública.32 Vista la radicalización de la Revolución cubana desde la perspectiva más amplia de la geopolítica mundial, es más fácil apreciar el golpe que significó para Washington y porque consideró esta evolución como una peligrosa amenaza contra la seguridad de Estados Unidos. Los riesgos que representaba el caso cubano adquirieron dimensiones apocalípticas durante la crisis de los misiles de octubre de 1962, porque la posible instalación de armamento nuclear ofensivo a unos 135 kilómetros del territorio estadunidense tuvo un poderoso efecto psicológico en un país que había vivido en los años cincuenta el red scare del macartismo, pero cuyo territorio nunca había estado realmente involucrado en un conflicto internacional. La sensación de inseguridad que se apoderó de los estadunidenses ante la presencia de una cabeza de playa soviética en Cuba se agravó al mismo tiempo que se afianzó la convicción de que toda la región latinoamericana era un terreno minado para Estados Unidos. En este contexto, la defensa de la soberanía, como la entendían aún los mexicanos en los años sesenta, era un propósito que podía generar severos conflictos con Estados Unidos, derivados del grave dilema que enfrentaba el gobierno: ¿cómo satisfacer las exigencias de pruebas de lealtad de Washington sin perder la capacidad de tomar decisiones conforme a los intereses exclusivamente mexicanos? En su discurso de toma de posesión, el presidente Díaz Ordaz había declarado: “Nacimos bajo el signo del anticolonialismo y en el pasado sufrimos invasiones, agresiones, intervenciones. Está, pues, en la esencia misma de nuestra nacionalidad, condenar cualquier hegemonía de un país sobre otro, sin importar de dónde proceda ni la forma o modalidad que asuma”.33 Todo sugiere que, desde el inicio de su gobierno, Díaz Ordaz percibía la vecindad con Estados Unidos como una espada de Damocles que pendía sobre los intereses de México; esta percepción sugiere que le preocupaba más el intervencionismo de Washington que una improbable conspiración soviética. Las experiencias de Guatemala en 1954, Bahía de Cochinos en 1961, el golpe militar en contra del presidente brasileño João Goulart en 1964 y, a unos cuantos meses de su llegada al poder, en abril de 1965, la invasión de República Dominicana, podían alimentar las peores pesadillas presidenciales. Un penoso incidente periodístico, ocurrido a mediados de 1967, revela el estado de nerviosismo en que vivía el gobierno mexicano. La revista US News and World Report publicó un artículo sobre México que enumeraba la multiplicación de conflictos en el país, así como la creciente inconformidad de los más pobres y de los más ricos y la aparente incapacidad de acción de un gobierno que no encontraba soluciones para atacar la pobreza, pero que tampoco tenía energía para actuar contra la creciente subversión. Según este informe, muchos mexicanos prominentes, así como grupos de clase media, estaban convencidos de que “el Gobierno pedirá a los EU que envíe tropas a través de la frontera para salvar a México del comunismo”.34 El presidente Díaz Ordaz consideró tan grave esta nota, publicada en una revista muy cercana al Departamento de Estado y que bien pudo haber sido un balón de prueba, que le dedicó el discurso que pronunció en la ceremonia del Día de la Libertad de Prensa, el 15 de junio de 1967. En un tono casi de pánico que hoy puede parecer melodramático, el presidente descalificó el informe con el argumento de que era un ataque contra México, que preveía su

muerte “como Estado libre, soberano e independiente”: Por ningún motivo, en ningún caso, en ninguna circunstancia —ni siquiera como último y supremo recurso— el Gobierno pedirá a otra nación que intervenga en nuestros asuntos: preferimos millones de veces la muerte antes que solicitar soldados del exterior para que vengan a imponer el orden interior.35

LA POLÍTICA DE WASHINGTON HACIA AMÉRICA LATINA Esta declaración, que hoy suena exagerada, no lo es tanto leída a la luz de la política de Washington hacia América Latina y del pánico rojo que la Revolución cubana desató en la región. Las administraciones de Eisenhower, Kennedy y Johnson comparten en este asunto una profunda incomprensión de lo que ocurría en los países latinoamericanos en ese momento. Según el historiador Lars Schoultz, en esos años Washington no entendía si la inestabilidad latinoamericana era producto de la incapacidad de estos países para autogobernarse o si eran víctimas de la subversión comunista.36 Durante la inmediata posguerra la estrategia de Estados Unidos en la región estuvo guiada por la convicción de que su propia defensa los “obligaba” a proceder, en caso de que detectaran algún tipo de amenaza. Esta obligación los condujo a adoptar una política tácita pero consistente de intervención en América Latina. La justificación de rutina de los funcionarios del Departamento de Estado en cada episodio en que, por ejemplo, derrocaban —o intentaban derrocar— un gobierno era que se trataba de “una situación excepcional que no sentaba precedentes”. Así lo dijeron en los casos de Guatemala, de Cuba y de la República Dominicana.37 Para cuando Díaz Ordaz llegó al poder, el Departamento de Estado había renunciado a toda esperanza de que el reformismo social y económico que promovía la Alianza para el Progreso (Alpro) conjurara el riesgo de la revolución, y había empezado a concentrar los recursos destinados a la asistencia para el desarrollo del combate a la insurgencia guerrillera. En 1964, la política estadunidense hacia la región estaba guiada por la Doctrina Mann, según la cual el reconocimiento diplomático de Washington dependía de los méritos de los gobiernos en cuestión y no de sus orígenes, y cuyo autor, Thomas N. Mann, había sido embajador en México poco antes. A partir de entonces la presencia de estadunidenses en los campos y las ciudades latinoamericanas estuvo dominada por los “boinas verdes”, que sustituyeron a los miembros de los Cuerpos de Paz, Peace Corps, dedicados al trabajo social; creció el número de oficiales latinoamericanos entrenados en escuelas militares de Estados Unidos, y para 1966, 38% del presupuesto de una de las oficinas de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) estaba destinado a la lucha contrainsurgente. Esta evolución también se explica porque, ante la imposibilidad de entender el origen de los problemas en la región, el gobierno de Washington y el Congreso optaron por la vía que parecía más segura: el uso indiscriminado de la fuerza. Según el senador Gardner Withrow: “Ya no podemos distinguir entre disputas de grupos políticos y lo que conocemos como tácticas del comunismo internacional”.38 Dos acciones del presidente Lyndon Johnson fueron un claro mensaje a los gobiernos

latinoamericanos de que no se toleraría otra revolución en la región. La primera fue el apoyo de Washington a los militares brasileños que en 1964 derrocaron el gobierno democráticamente elegido de João Goulart, quien, además de mantener relaciones con el gobierno cubano, había emprendido un programa de reformas económicas, muchas de ellas consideradas por la Alpro.39 El apoyo de Estados Unidos a los militares brasileños fue abierto e inequívoco desde el principio, pues mantuvo uno de sus buques a la vista de las playas brasileñas, en previsión de algún problema. Apenas cuatro horas después de concluido el golpe, el embajador Lincoln Gordon declaró que había sido “la única y más decidida victoria de la libertad a mediados del siglo XX”.40 La segunda acción con ese mensaje de intolerancia tuvo lugar el año siguiente, en 1965, cuando con el argumento de que la inestabilidad política de la República Dominicana ponía en peligro la vida de ciudadanos estadunidenses, el presidente Johnson ordenó el desembarco de 500 marines en pocos días el personal militar de ocupación había aumentado a 23 000 efectivos, es decir, más de la mitad de las fuerzas estacionadas en ese momento en Vietnam, mientras 10 000 más patrullaban las costas dominicanas.41 No obstante, en esos años la situación mexicana no era motivo de preocupación para Washington. En abril de 1964, la embajada de Estados Unidos en la ciudad de México informaba a su gobierno que el horizonte político mexicano estaba por completo despejado. Juzgaba que, aun cuando Díaz Ordaz no era un candidato popular, el firme control del PRI sobre la vida política garantizaba un proceso electoral tranquilo. Durante su gestión al frente de la Secretaría de Gobernación, continuaba el informe, Díaz Ordaz había logrado poner fin a la agitación comunista y confiaban en que seguiría haciéndolo. También reconocía el informe que los pronunciamientos “socialistas” del candidato priista carecían de contenido y eran apenas una reverencia a los símbolos de la Revolución mexicana; por último, insistía en que las actividades de grupos subversivos eran muy débiles, gracias a la eficacia de la policía y del ejército.42 Aquel informe hablaba de la existencia de centros de subversión, pero relativizaba su importancia porque —argumentaba— estaban localizados en el medio intelectual y cultural, y era asunto de individuos en los medios y en el sistema educativo. No obstante, el documento llamaba la atención sobre el hecho de que, dado que el gobierno mexicano mantenía relaciones con Cuba, el país se había convertido en un punto de tránsito entre Cuba y América Latina y en la “Meca de comunistas centroamericanos y otros exiliados políticos”.43 Añadía el informe de la embajada estadunidense que la geografía mexicana y la tolerancia política eran favorables al tráfico ilegal de armas y que muchas embajadas comunistas (cita la soviética, la checoslovaca, la polaca, la yugoslava y la cubana) en la ciudad de México guiaban y financiaban la subversión, “incluida la actividad dirigida contra los intereses de la seguridad de Estados Unidos”.44 Esta última observación podía modificar la relativa tolerancia de los gobiernos de Kennedy y Johnson hacia la línea mexicana de resistir a las presiones para romper relaciones con la Revolución cubana. Es muy probable que la referencia a “la Meca” de los revolucionarios centroamericanos evocara en la memoria del Departamento de Estado el hecho de que Fidel Castro se había exiliado en México entre 1955 y 1956, desde donde había planeado la insurrección contra el gobierno batistiano y que su pequeña expedición revolucionaria había zarpado de Tuxpan hacia Cuba.

Así, si la estabilidad mexicana no era motivo de alarma para el gobierno estadunidense, en cambio sí podía generar inquietud la “negligencia” de las autoridades frente a las actividades de grupos subversivos cuyo objetivo era Estados Unidos. Sin embargo, hasta el verano de 1968 la embajada en México mantuvo una firme confianza en la capacidad de las autoridades mexicanas para resolver los problemas de seguridad sin necesidad de apoyo externo. El presidente Díaz Ordaz no pudo impedir el colapso del statu quo pero sí logró mantener en manos exclusivamente mexicanas la responsabilidad de resolver los conflictos internos. No fue éste un logro menor en un momento en que la tolerancia de Estados Unidos a cualquier “amenaza de desestabilización” en un país latinoamericano era mínima, cuando el gobierno de Lyndon Johnson desplegó la irresponsable impaciencia que estuvo detrás de su creciente intervencionismo y de la trágica historia de conflicto, golpes de Estado y dictaduras militares de muchos países latinoamericanos.

LA REORGANIZACIÓN DE LA IZQUIERDA MEXICANA La transformación del entorno regional no fue la única fuente de restricciones para el gobierno de Díaz Ordaz. Durante el sexenio anterior habían aparecido las primeras presiones que llevarían a la irrupción de nuevos actores políticos en la lucha por el poder, un proceso que también desafiaba el propósito del presidente de mantener el statu quo. La llegada de Díaz Ordaz a la presidencia coincidió con el cenit de la popularidad de Fidel Castro y de la Revolución cubana en América Latina, así como con lo que el historiador Barry Carr llama el “nacimiento de una nueva izquierda”. El principal rasgo de identidad de esta fuerza política fue que, a diferencia de la anterior, dejó de creer que la construcción del socialismo en México pasaba por la Revolución de 1910 y la Constitución de 1917.45 La importancia de la reorganización de la izquierda estriba en que no afectó únicamente a grupos ajenos al sistema político, sino que involucró a una parte importante de la llamada izquierda oficial. En esta amplia y variada constelación se inscribían los allegados y simpatizantes del ex presidente Cárdenas, que para entonces ya se había convertido en el guardián de la legitimidad de origen del régimen; la izquierda oficial incluía a miembros del PRI, al PPS, y a muchos que reconocían en Vicente Lombardo Toledano a un líder, pero sobre todo a un guía del pensamiento revolucionario en la “excepcionalidad mexicana”. Además de articular a individuos y grupos que se identificaban con una interpretación “pura” de la Revolución en el poder, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas esta izquierda oficial había establecido vínculos más o menos sólidos con los comunistas, que habían aceptado la idea de que la Revolución mexicana era una vía al socialismo, aunque sujeta a ritmos que le eran propios. Así, al inicio de los sesenta, la izquierda en México estaba integrada por diversas identidades políticas más o menos precisas, entre las que también podríamos incluir a grupúsculos de trotskistas y maoístas que gravitaban en torno a objetivos generales como la justicia social, el bienestar de las clases populares y la defensa de la soberanía nacional. En la “nueva izquierda”, los comunistas emprendieron la búsqueda de una identidad distinta de aquellas que ofrecía la Revolución mexicana; no obstante, esta búsqueda los

alejaría de los no comunistas, por ejemplo, los miembros del MLN, que era en esos momentos la expresión contemporánea del cardenismo. A pesar de esta diferenciación, el proceso de separación fue un reto para el sistema de la hegemonía priista, y también fue una pérdida, porque la reorientación de esta corriente significó ruptura con muchas de las tradiciones del pensamiento y la práctica socialistas en México, así como la introducción de nuevas formas de lucha —de auténtica confrontación con el gobierno y su partido— y de nuevos objetivos de proselitismo. Todo ello tuvo repercusiones de largo alcance sobre los equilibrios políticos existentes. El desprendimiento de una corriente de opinión que desde los años treinta había apoyado el pretendido consenso revolucionario dejó al descubierto el flanco del sistema autoritario que hasta entonces había resguardado el cardenismo. Al igual que en muchos países de América Latina, en México el contraste entre la debilidad de los partidos comunistas y la influencia y amplia difusión del pensamiento marxista era notable.46 La presencia de los comunistas había menguado consistentemente, tanto por problemas internos propios como por la sistemática represión a que habían sido sometidos por los sucesivos gobiernos mexicanos. La influencia de Estados Unidos en este respecto había sido importante en la década anterior.47 Según Barry Carr, para finales de los cincuenta, el PCM casi había dejado de existir en ciertas regiones y calcula que su militancia no era superior a 2 000 miembros.48 La distancia entre la presencia del PCM y la influencia del pensamiento marxista y antiimperialista en los medios intelectuales y universitarios no se cerró con el triunfo de la Revolución cubana, que atizó más los sentimientos antiestadunidenses y el antiimperialismo que las urgencias revolucionarias. No obstante, el PCM consideró que el entusiasmo despertado por la victoria castrista entre los universitarios era una oportunidad para consolidar la recomposición que había iniciado en 1960. En mayo de ese año se celebró el XIII Congreso del PCM en el curso del cual se “rectificaron” las líneas de acción,49 se dirimieron los conflictos internos que habían provocado la escisión del Partido Obrero Campesino (POC), que fue readmitido, y se renovó la dirigencia. En palabras del entonces dirigente, Arnoldo Martínez Verdugo, se abrió una nueva etapa en la vida de la organización: “el movimiento revolucionario siguió en un proceso de ascenso derivado de la situación de las masas, el descontento con la política reaccionaria de la burguesía, el aumento de la conciencia política de la intelectualidad y muy especialmente el gran entusiasmo que producían los avances y la consolidación de la Revolución cubana”.50 Las conclusiones de aquel congreso son la clave del desprendimiento de los comunistas de la izquierda oficial, uno de cuyos puntos sobresalientes fue la denuncia del gobierno de Adolfo López Mateos como instrumento de la burguesía y aliado del imperialismo. También ahí se acordó que la acción del PCM estaría orientada de manera fundamental hacia el campo y las universidades. El paso que dieron entonces los comunistas mexicanos hacia una oposición real pudo haber sido la señal de que se liberaban de la pesada hipoteca que les había significado el cobijo de la Revolución mexicana. Sin embargo, no fue completo y tampoco estuvo exento de ambivalencias. En 1961 se llevó a cabo en México la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, que se convirtió en un punto de convergencia de “las fuerzas democráticas y antiimperialistas del país”, que a su vez fue el origen del MLN. No obstante, como quedó constancia en 1964, Lázaro

Cárdenas seguía siendo un miembro de la Revolución institucionalizada, y su vinculación con la nueva izquierda era limitada. Esto significa que el ex presidente Cárdenas no estuvo dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias la incomodidad que le causaban las políticas de sus sucesores, llámese Miguel Alemán o Adolfo Ruiz Cortines. El deslinde de Lázaro Cárdenas y del MLN de los comunistas fue precipitado por la radicalización de estos últimos, cuya estrategia —como en el pasado que intentaban superar— obedecía más a acontecimientos externos, como el ascendente revolucionarismo latinoamericano que promovía la experiencia cubana, que con lo que ocurría en el país. La hipótesis acerca de la preeminencia del referente externo en el diseño de la estrategia de los comunistas mexicanos se confirma si comparamos las declaraciones de Martínez Verdugo en esa época con las conclusiones de la reunión de agosto de 1967 de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), que se celebró en la ciudad de La Habana del 31 de julio al 10 de agosto de ese año, a la que asistieron dos delegados del PCM, Raquel Tibol y Carlos Perzábal. Sus conclusiones fueron un enérgico llamado a la lucha revolucionaria en América Latina. Según el documento, era “deber y derecho de los pueblos de la América Latina a hacer la revolución”, siguiendo las orientaciones del marxismoleninismo. Añadían que la guerrilla era el “embrión” de los ejércitos de liberación y el método más eficaz para desarrollar la revolución. En la declaración general de la conferencia se afirmaba: El triunfo y la consolidación de la Revolución cubana puso de manifiesto que la insurrección armada es el verdadero camino para la toma del poder por el pueblo trabajador y, a la vez, que los ejércitos profesionales pueden ser destruidos, las oligarquías vencidas, el imperialismo yanqui vencido. [...] Esta situación determina y exige que se debata y desarrolle la violencia revolucionaria, en respuesta a la violencia reaccionaria.51

En el XV Congreso del PCM, que se había celebrado en junio, es decir unas cuantas semanas antes de que se dieran a conocer las conclusiones de la OLAS, el primer secretario del partido, Martínez Verdugo, había dicho que, analizando la situación del país y “sus tendencias objetivas, que apuntan ya desde hace tiempo, no hacia la democratización, sino hacia las formas dictatoriales de gobierno. Hay que prever, por tanto, que las acciones legales que hoy son la forma esencial de la lucha de las masas para defender sus derechos, cedan su lugar a la lucha armada, como forma principal de acción revolucionaria”.52 Los recursos muy limitados con que contaban los comunistas en esa época le imprimen a estas declaraciones un tono de irrealidad. No obstante, el clima de la época coloreaba las percepciones públicas de este tipo de posturas y condicionaba las reacciones de las autoridades gubernamentales, que no podían desconocer la virulencia anticomunista de amplios sectores de la opinión, en particular en las clases medias. Cuando el PCM se adhirió a la “línea única” que definió la OLAS, precipitó el estallido de la constelación. Heberto Castillo, entonces dirigente del MLN, declaró: Afirmamos que en México el problema de que se desate o no la violencia revolucionaria es una grave responsabilidad que recae en el gobierno de la República […] El que en México surja una nueva revolución violenta, el que corra sangre de nuestros hermanos, depende en lo fundamental de que se resuelvan o no los grandes problemas nacionales. Y nosotros, desde nuestra posición, pugnamos porque se resuelvan. Debemos recordar que nunca en la historia los verdaderos revolucionarios han optado por la lucha armada sino cuando se han cerrado todos los cauces legales. Con la revolución no se juega.53

En el informe ante el XV Congreso Nacional Ordinario del PCM, Martínez Verdugo hizo referencia a la deserción de la izquierda oficial con palabras demasiado duras: Debe señalarse el daño que causan al movimiento democrático y antiimperialista, del que forman parte el general Lázaro Cárdenas y el licenciado Vicente Lombardo Toledano, en la medida en que la táctica que adoptan favorece a la política general del gobierno, frena el desarrollo del movimiento independiente de las masas y obstaculiza la unidad de las fuerzas interesadas en activar la lucha contra el imperialismo y por la democracia.54

La evolución de la revista Política ilustra esta trayectoria de radicalización de un sector de la izquierda oficial y de los conflictos en el interior de la constelación. El primer número apareció el 1° de mayo de 1960; su director era Manuel Marcué Pardiñas, antiguo miembro del Partido Popular y uno de los exponentes más conspicuos de la izquierda lombardista. Lanzó su proyecto con el auspicio del gobierno de López Mateos. Su objetivo era “devolver a la palabra política su prestigio y su connotación”, y ofrecer un foro a “partidos, escritores, periodistas de las más variadas formaciones y actividades”. En muy poco tiempo, Política se convirtió en una publicación de lectura obligada para los grupos de izquierda amplia y en uno de los ejes de su reorganización. No obstante, la diversidad de los primeros tiempos había desaparecido casi del todo hacia 1965; para entonces las firmas de figuras progresistas no comunistas como Carlos Fuentes, Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, habían sido sustituidas por un número creciente de comunistas como Valentín Campa, Jorge Carrión, Manuel Terrazas, José Luis Ceceña. Asimismo, en sus páginas fueron ganando espacio de manera sistemática documentos oficiales del Partido Comunista Cubano y del Partido Comunista de la Unión Soviética. Como se dijo antes, desde 1963 Política había manifestado su decidida hostilidad al entonces secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz; en ese momento había intentado poner en pie una campaña de oposición a su designación como candidato del PRI. La evolución de la revista se reflejó en el abandono de la idea de que México tenía una posición excepcional en América Latina; en cambio, establecía de continuo la comparación entre la hegemonía del PRI y el presidencialismo, y las dictaduras militares. Así, Política fue la primera publicación que se refirió al presidente como “gorila”, si bien de manera oblicua. No obstante, lo hizo en 1967, haciéndose eco de los documentos del Partido Comunista Cubano, que hablaban de “los gobiernos de gorilas con uniforme o sin uniforme”.55 Ese mismo año, la revista denunciaba a Díaz Ordaz como el peor enemigo de la izquierda, “por sus antecedentes, por su historia política, por afición y temperamento”.56 Esta hostilidad se explica, al menos en parte, por el papel de Díaz Ordaz en la represión del movimiento ferrocarrilero en 1959, en la que 9 000 trabajadores fueron despedidos y más de 100 dirigentes del PCM y del POCM encarcelados, y algunos de ellos permanecieron presos hasta 1970. Hacia 1967, Política apenas lograba superar las penurias causadas por el alza en el precio del papel, las dificultades para obtener información —que en el pasado parece haber fluido casi libremente desde el gobierno o el PRI— o para asegurar su circulación. Lo más seguro es que para entonces se hubiera desvanecido por completo el apoyo que había recibido de fuentes oficiales. Ese año se vio interrumpida la periodicidad quincenal en varias ocasiones, la información era cada vez más escasa y las ediciones más magras. Política publicó su último número en septiembre de ese año.

EL TIEMPO DE LAS ADVERTENCIAS Las advertencias que hizo Gustavo Díaz Ordaz en su discurso de toma de posesión a propósito de las amenazas que se cernían sobre la estabilidad política del país no adquirieron su verdadero significado de inmediato, a pesar de que desde su primera semana en Palacio Nacional se enfrentó a un paro organizado por la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos de las instituciones públicas de salud para protestar contra ciertas decisiones tomadas por las autoridades salientes, que afectaban sus ingresos y condiciones laborales.57 Las protestas de los médicos se prolongaron por 10 meses; en ese lapso se sucedieron distintos episodios, las demandas de los médicos movilizados se modificaron y fueron cambiando las exigencias del gobierno; las actitudes del presidente frente a los médicos también variaron, según el episodio de que se tratara. Cuando lograban entrevistarse con el presidente y exponerle directamente sus demandas, les eran concedidas sus peticiones, sobre todo si eran salariales. No obstante, la protesta tomó un giro en cierta forma inesperado cuando Alfonso Martínez Domínguez, entonces líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), declaró en marzo de 1965, con el apoyo del secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, que las organizaciones médicas que habían nacido en los meses de la protesta tenían que incorporarse a la FSTSE. Muchos vieron en los paros médicos un reto que ponía “a prueba” la capacidad de control político del nuevo gobierno; sin embargo, su prolongación hasta el verano de 1965 no fue el resultado de la debilidad del novel presidente, sino una primera demostración de que habían perdido eficacia los instrumentos que hasta entonces habían servido para mantener la estabilidad política y preservar la autoridad presidencial. Es decir, si acaso el movimiento médico era una muestra de que las advertencias del presidente a propósito de los riesgos de confrontación no eran vanas, también fue un aviso para el gobierno y para el PRI de que era preciso renovar los mecanismos o las fórmulas de solución de conflictos. No obstante, el comportamiento de las autoridades responsables de la estabilidad política —el presidente de la República, su secretario de Gobernación y la dirigencia del PRI— sugiere que su lectura fue distinta. Admitiendo que el movimiento médico representaba una advertencia de los peligros que acechaban la feliz terminación del sexenio, quisieron conjurarlos con el reforzamiento del control sobre la participación y la protesta, en lugar de reformar los canales institucionales existentes o de introducir los que se necesitaran. La confianza que Díaz Ordaz hubiera podido tener en reformas graduales, entre ellas la que estaba poniendo en pie en ese momento el presidente del PRI, Carlos A. Madrazo, sufrió un primer grave descalabro en agosto de 1965, en el Hospital 20 de Noviembre, cuando el personal médico civil que estaba en paro fue expulsado de las instalaciones y sustituido por personal médico militar. La operación la llevó a cabo el ejército, pero la encabezó el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Rómulo Sánchez Mireles. A lo largo de casi 10 meses el recurso a la intervención directa del propio presidente en las negociaciones con los médicos descontentos, la movilización de las organizaciones afiliadas al PRI, o la oferta de inclusión de los médicos —profesión liberal por excelencia—

en la estructura corporativizada del partido oficial, fueron por completo inútiles. Entonces se impusieron los mecanismos represivos del Estado para poner fin al conflicto. Los focos rojos en torno al statu quo se siguieron encendiendo en los tres primeros años del sexenio, y cada vez con mayor intensidad. Durante muchos meses, el presidente parecía enfrentarse a una hidra de conflictos políticos, pues por uno que resolvía surgían dos o tres más. Así, cuando el movimiento médico no acababa de solucionarse, en abril de 1965, el gobierno allanó las oficinas del PCM, con el argumento de que había descubierto un complot para llevar a cabo un levantamiento armado; el 23 de septiembre de ese mismo año un grupo armado, encabezado por Arturo Gámiz, Pablo Gómez y Saúl Chacón, todos ellos miembros del PCM, fue aniquilado en un fallido asalto al cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua, en el que también cayeron un oficial del ejército y varios soldados. En Guerrero, Tabasco y Yucatán se produjeron invasiones de tierras, disturbios campesinos y la rebeldía de organizaciones que se negaban a integrarse al partido oficial. Los años de 1966 y 1967 fueron de creciente activismo entre los estudiantes universitarios, que se movilizaron al menos en 13 estados. Las motivaciones variaban: reformas universitarias, aumento de tarifas del transporte público, conflictos electorales. En algunos casos los conflictos terminaron sólo con la intervención del ejército. Hubo movimientos de protesta en la ciudad de México, Morelia, Sonora, Puebla, Nuevo León y Durango. Uno de los más entusiastas intérpretes del significado de las movilizaciones estudiantiles en México fue el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Leónidas Brezhnev, quien ante el XXIII Congreso de su partido se ufanó de que en los países capitalistas los partidos comunistas estaban formados por “los mejores hijos de la clase obrera” y de la “intelectualidad avanzada”. En su mensaje citó a México, entre países como Italia, Finlandia, Francia, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Guatemala, donde, “los comunistas están al frente de destacamentos guerrilleros y de grupos clandestinos revolucionarios” que incluían a hombres de ciencia y escritores.58 El cambio de tono de la vida política mexicana tampoco pasó desapercibido para la embajada de Estados Unidos, que en octubre de 1967 elaboró un informe muy distinto del que había enviado tres años antes, arriba citado. Este documento describía una situación preocupante en el campo, donde persistía la pobreza a causa del crecimiento demográfico y del agotamiento de tierras productivas; reseñaba los brotes de violencia en Chihuahua, Guerrero y Yucatán; así como la insurrección civil en Sonora provocada por el PRI al designar un candidato rechazado por la población local. El documento también pronosticaba problemas derivados de la expansión de las clases medias, prósperas y urbanas, que habían adquirido un grado importante de sofisticación y que, según preveía el autor del reporte, entrarían en conflicto con un gobierno paternalista.59 Según la embajada, el presidente Díaz Ordaz era consciente de la necesidad de llevar a cabo reformas políticas, y había ido más lejos que sus predecesores en permitir el debate abierto, así como la representación de fuerzas de oposición “sin tomar en cuenta realmente su fuerza electoral”; añadía que también había estimulado la democratización del PRI. No obstante, observaba el informe, estos intentos de reforma habían provocado la irritación de los sectores que se sentían afectados por estas medidas.60 Estas percepciones eran plenamente compartidas por otros; por ejemplo, para los

comunistas, en palabras de Martínez Verdugo, “el incremento de la inconformidad con la política gubernamental” era señal inequívoca de que había que prepararse para el advenimiento de la democracia socialista.61 No sorprende que el presidente Díaz Ordaz viviera en un permanente estado de alerta, según lo revela el creciente tono de alarma de sus informes del 1° de septiembre. En 1966, por ejemplo, además de los conflictos universitarios, hubo varios arrestos de comunistas y trotskistas que fueron acusados de asociación delictuosa y conspiración; de éstos el más escandaloso fue el del periodista Víctor Rico Galán, pero Dionisio Encina y Valentín Campa, entre otros, regresaron a la cárcel. Ese año el presidente hizo ante el Congreso la siguiente reflexión: “La continua aparición de noticias en el interior y en el extranjero, afirmando o comentando la estabilidad económica y política de México, hace indispensable insistir en señalar el peligro del fatuo engreimiento”.62 Afirmó luego que había habido conflictos que “pudimos haber dominado, pero no quisimos hacerlo porque consideramos que conflicto sofocado es conflicto pendiente; problema reprimido es problema diferido”.63 En los informes presidenciales fue aumentando el espacio dedicado a la estabilidad, a la importancia de las libertades que garantizaba el régimen, a los riesgos que acechaban la paz interna y la soberanía nacional. El presidente trataba de explicar los motivos que lo habían llevado a recurrir a la fuerza en los casos del movimiento médico, el PCM, el asalto al cuartel militar de Ciudad Madera, la huelga de 1966 en la Universidad Nicolaíta de Morelia, los disturbios electorales en Sonora, la violencia intersindical en Guerrero. En esta situación de creciente desasosiego, el presidente insistía en que el Estado tenía la obligación de actuar cuando actos antisociales ponían en peligro los bienes públicos. En el informe de 1967, en referencia indirecta a la intervención cada vez más frecuente del ejército en acciones de restablecimiento del orden, Díaz Ordaz afirmó: “Hubiéramos preferido no tener que recurrir a extremos legales, pero hubiera sido peor vernos obligados después a obrar con mayor energía. No ejercer el poder que la Ley confiere al gobernante, es tan nocivo como abusar de él. La ausencia de autoridad induce a la anarquía y ésta lleva inexorablemente a la dictadura”.64 Los informes del 1° de septiembre eran para el presidente una oportunidad de explicar sus razones, exponer las restricciones bajo las cuales actuaba; posiblemente por ese motivo aumentó la frecuencia de las referencias a la riqueza de la Revolución mexicana como experiencia política única, a sus virtudes, a su actualidad y potencial. De uno a otro informe se multiplicaron las alusiones a “las minorías radicalizadas”, los mensajes a la juventud, a la que pedía paciencia y prudencia, la exhortaba a que no se dejara utilizar por otros que “los empujan a acciones que los dañan”. El telón de fondo de la angustia in crescendo de Gustavo Díaz Ordaz era la creciente estridencia de los revolucionarios cubanos y de sus defensores. En 1967, el Comité Central del Partido Comunista Cubano declaró: “La Revolución cubana es sólo el comienzo, el punto inicial de la revolución latinoamericana; hemos comprendido claramente las ideas internacionales del marxismo-leninismo; jamás renunciaremos a los deberes internacionales que nos enseñan. El pueblo cubano ha jurado vencer o morir en defensa de los ideales de todos los trabajadores del mundo”.65 Mientras Régis Debray afirmaba que “los intereses de Cuba son los de una causa, no son los de un Estado” y, por consiguiente, añadía, era inconcebible que se opusieran a los

intereses de la revolución latinoamericana y de la revolución en el mundo subdesarrollado. El hemisferio era el escenario de la rendición latinoamericana del internacionalismo proletario y de la Cominform de los años cuarenta; pero en ella Cuba era la patria regional del socialismo, y su defensa, el deber de todos los revolucionarios latinoamericanos.

LA FATALIDAD DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968 La historia definitiva del movimiento estudiantil, que se desarrolló fundamentalmente en la ciudad de México en el verano de 1968, aún está por escribirse. La bibliografía sobre el tema es muy diversa y en cierta forma episódica porque en más de un caso esos acontecimientos han sido releídos a la luz del presente.66 En 1968 se produjo en México la conjunción catastrófica de la susceptibilidad del gobierno y del sistema político al mundo exterior con las presiones internas que se habían estado acumulando desde 1958 y que después de 1965 se multiplicaban, sin que las autoridades lograran limitar ni encauzar la aparición de los nuevos actores políticos que escapaban al control del PRI. Desde campesinos hasta médicos y estudiantes se lanzaban a una rebeldía que se esparcía por diferentes zonas del país. A pesar de que a lo largo de todo el sexenio el presidente Díaz Ordaz se negó cuanto pudo a atribuir las olas expansivas de esta movilización a un “complot”, en la entrevista con Sodi Pallares, en noviembre de 1970, estableció la relación entre las huelgas de 1958-1959 y el movimiento estudiantil con la explicación de que en aquellos años “los movimientos subversivos” —léase los comunistas— en los sindicatos obreros habían fracasado y que, en consecuencia, se habían orientado hacia los estudiantes, los jóvenes en general, y los campesinos.67 Es muy posible que la previa renuencia del presidente a aceptar esta interpretación obedeciera, una vez más, al deseo de ocultar un problema que ponía en tela de juicio la capacidad de control de los mecanismos establecidos, o bien, se trataba de desechar cualquier suspicacia de parte de Estados Unidos. Lo que hoy en día parece incuestionable es que la inquietud política en el país no era producto de la imaginación del presidente, y tampoco un recuento de falsos motivos. De hecho, Arnoldo Martínez Verdugo describe la acción del PCM en el periodo, casi en los mismos términos en que lo hace Díaz Ordaz: Los diez años transcurridos han sido de ascenso de las luchas de las masas. Después de las huelgas ferrocarrileras aplastadas en 1959, en el país se desplegaron las acciones campesinas independientes, movimientos populares como el de los médicos, luchas estudiantiles y populares como las de Morelia, Sonora, Puebla, Durango, Sinaloa, Nuevo León, el movimiento de los estudiantes por la democracia en 1968.68

No obstante lo anterior, para explicar la represión del movimiento estudiantil en 1968 el dato crucial no son los posibles vínculos entre todas las movilizaciones que se produjeron durante 10 años a partir de 1958, sino la atmósfera que generaron, el sentimiento que provocaron entre funcionarios gubernamentales y miembros del PRI, de que estaban perdiendo el control político del país. Desde esta perspectiva, el movimiento estudiantil no es la etapa culminante de una estrategia opositora, sino el alfileretazo que destruyó el tenue control de los nervios crispados de un gobierno acorralado. De suerte que cuando el ejército patrullaba las

calles del centro de la ciudad, en el verano de 1968, lo que dejaba al descubierto era la debilidad del gobierno y no una fuerza que, por lo visto, había perdido después de una década de lidiar con diferentes tipos de protestas, sin resolver ninguna en forma definitiva. Cuando en 1970 Sodi Pallares le preguntó al presidente Díaz Ordaz por qué en 10 años no se había hecho nada para evitar el movimiento estudiantil, éste respondió: “La prueba quizá más evidente [de que sí se trató de prevenir] es que logró si no evitarse, sí retrasarse por casi un decenio lo que pudo haber explotado mucho antes. Sí fue tratado políticamente, y hasta después, cuando hubo manifestaciones de violencia criminal, entonces hubo necesidad de tomar otras medidas”.69 Lo cierto es que para el gobierno, en el curso de los años sesenta, cada vez era más difícil sostener las apariencias de estabilidad y cuasiunanimidad política en que se había sustentado el prestigio del milagro mexicano. La urgencia de que México proyectara la imagen de un país estable y distinto de sus hermanos latinoamericanos, que en esos precisos momentos enfrentaban también situaciones de movilización y conflicto, adquirió tonos dramáticos en 1968 porque en octubre de ese año debían inaugurarse los XIX Juegos Olímpicos, en cumplimiento de un compromiso adquirido por el gobierno anterior. El entusiasmo del presidente Díaz Ordaz por las Olimpiadas siempre fue leve. La celebración era un motivo de preocupación adicional, dada su percepción de la fragilidad del sistema político. Según Luis Farías, desde 1965 Díaz Ordaz preveía problemas con los Juegos Olímpicos, y a propósito le comentó: “El mundo estará pendiente de nosotros y quién sabe qué maldad nos tengan preparada”.70 En el informe de 1968, el presidente reconoció que en el primer año de su gobierno había enfrentado condiciones económicas tan difíciles que había consultado a distintos “sectores” de la sociedad, “miembros prominentes de partidos políticos, dirigentes obreros, campesinos y patronales; representativos de la banca, la industria, el comercio, la agricultura, la minería y la ganadería; con gente de la capital y de la provincia”, la posibilidad de “declinar” la sede de los Juegos Olímpicos. No obstante, se había llegado a la conclusión de que no podía correrse “el riesgo de cancelar el compromiso: podía perjudicarse gravemente nuestro crédito en los medios bancarios internacionales y deteriorarse nuestra economía interna”, amén del “impacto psicológico del desencanto” que podría provocar semejante decisión en el interior mismo del país, del cual podrían derivarse “imprevisibles y peligrosas consecuencias”.71 A partir de 1965, el nerviosismo de las autoridades mexicanas en relación con la inquietud en los medios universitarios había ido en aumento. Tras la caída del rector de la Universidad Nacional, Ignacio Chávez, se dio a conocer la fundación del Consejo Estudiantil Universitario, vinculado con el PCM. En agosto de 1966 se había fundado la Organización Continental de Estudiantes Latinoamericanos en La Habana, con el objetivo de “promover la solidaridad de los estudiantes del continente en la lucha contra el imperialismo, así como para consolidar los lazos de unión con campesinos y obreros”.72 La efervescencia de los estudiantes universitarios en diferentes ciudades del país es prueba de que la influencia de planteamientos de esta naturaleza estaba presente en las instituciones mexicanas. Sin embargo, al iniciarse el sexenio, en 1964, pocos hubieran considerado que el presidente Díaz Ordaz era un enemigo de la universidad. Se le reconocía como el responsable de la represión a las organizaciones y movilizaciones comunistas. Política se había encargado de difundir la imagen de un hombre que era un instrumento de la Iglesia, al servicio de la

burguesía y del imperialismo estadunidense, y gustaba de explotar su fealdad física, representándolo siempre con actitudes y rasgos gorilescos. Esta caricatura quedaría para siempre marcada sobre el recuerdo de Díaz Ordaz, para evocar más que un perfil o un gesto, toda una carrera política y una forma de entender y ejercer el poder. No obstante, él se enorgullecía públicamente de su condición de universitario, y hacía referencia a ello de continuo, así como a la nostalgia que le inspiraban sus recuerdos en la Universidad de Puebla, donde había sido estudiante, maestro y vicerrector. Dada su imagen como un presidente enemigo de los universitarios, a muchos sorprenderá que Díaz Ordaz inaugurara, “conforme a la tradición”, el ciclo escolar en la UNAM y en el IPN. Así lo hizo en febrero de 1966, unas cuantas semanas antes de que el rector Chávez fuera obligado a renunciar bajo la presión de un grupo de estudiantes que supieron capitalizar la incertidumbre y el descontento que había provocado su programa de reforma universitaria. En este caso, el gobierno desoyó la solicitud de apoyo de las autoridades universitarias, que no contaban con medios para responder a los métodos de fuerza que emplearon los estudiantes en contra del rector y de varios directores de facultades. Para muchos, la caída teñida de violencia del rector Chávez había sido maquinada desde las oficinas gubernamentales;73 lo cierto es que el origen del movimiento siempre fue oscuro y que los vínculos de los estudiantes antichavistas con distinguidos priistas eran más claros que sus ideas.74 Muchas pistas llevaban a los enemigos del rector dentro de la propia universidad y a lo que Chávez llamó “un grupo político externo”, aunque también hizo referencia a los trotskistas y a los maoístas. La actitud del gobierno durante el conflicto universitario de 1966 alimentaba las suspicacias a propósito del involucramiento de altos funcionarios públicos en un asunto que muchos consideraron “vergonzoso”. La autonomía universitaria había servido para justificar la pasividad del gobierno ante los actos de violencia del grupo que había exigido —y obtenido — la renuncia del doctor Chávez; no obstante, unos cuantos meses después tal principio fue por completo ignorado cuando tropas del ejército ocuparon las instalaciones de la Universidad Nicolaíta para poner fin a una huelga. Lo distintivo de este movimiento era la participación de comunistas que, en cambio, habían estado del todo ausentes en la UNAM. El PCM reconoció que había sido ajeno a la caída del rector Chávez, pero la celebró con el argumento de que era un paso adelante de las fuerzas democráticas “mayoritarias de la masa estudiantil”, un “golpe mortal a la burguesía” y la oportunidad para que la universidad superara el retraso en el que había quedado frente a otras universidades “combativas y revolucionarias” en América Latina.75 El penoso episodio de la renuncia del doctor Chávez, que el secretario Echeverría atribuyó a “la pluralidad ideológica” de la universidad, no fue motivo de tensión entre el gobierno y la UNAM. Así, el 10 de febrero de 1967, el presidente Díaz Ordaz inauguró el año académico en el Palacio de Bellas Artes, con la presencia del rector Javier Barros Sierra y el director del Instituto de Investigaciones Sociales, Pablo González Casanova, entre otras autoridades. El entonces director de la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, Enrique González Pedrero, pronunció un discurso en el que reivindicó el estatus diferenciado de la universidad, en tanto que se trataba de una “corporación de los que aprenden y de los que enseñan […] Pacto que supone una liga indisoluble entre los miembros de la comunidad […]

la solidaridad que reúne en aquel fin común (un sistema de conocimientos y una organización de la enseñanza) a profesores y estudiantes”.76 Según él, el poder público debía garantizar la condición corporativa de la universidad. La defensa de la autonomía universitaria en esos momentos era un reconocimiento a la actitud del gobierno en el conflicto del año anterior. El presidente, por su parte, celebró las coincidencias: “Declaro que el Gobierno se solidariza íntegra y cabalmente con los conceptos que contienen esos […] discursos, sin dudas, sin reservas, sin reticencias; gustoso los hubiese suscrito”.77 La sintonía que entonces compartían gobierno y autoridades universitarias en cuanto al papel de la universidad y al significado de la autonomía, era más superficial de lo que ellos mismos percibían en ese momento. De hecho, la crisis de 1968 dejó al descubierto una discrepancia de fondo entre la idea de Díaz Ordaz de que la autonomía universitaria era un concepto limitado a la libertad de cátedra y de enseñanza, y la postura de muchos universitarios que consideraban que la autonomía cubría una amplia gama de actividades. En el informe presidencial del 1° de septiembre de 1968, el presidente reiteró que el Estado estaba comprometido con la defensa de la autonomía universitaria: “Concierne a los universitarios de México, sin intervenciones extrañas, actualizar las universidades e insertarlas en las necesidades de la vida contemporánea del país. Para hacerlo cuentan con la autonomía académica”.78 No obstante, añadió, “no podemos admitir que las universidades, entraña misma de México, hayan dejado de ser parte del suelo patrio y estén sustraídas al régimen constitucional de la Nación”.79 El tema de la universidad como corporación que planteó en su discurso González Pedrero en febrero de 1967 revela una segunda discrepancia de fondo entre estos universitarios y el presidente, pues, tal y como lo había expresado durante el movimiento médico, para este último las corporaciones eran organizaciones de privilegio que obstaculizaban la acción democratizadora del Estado. En 1965 había advertido a los médicos que su gobierno no estaba dispuesto a tolerar la presión de “gremios [que] desde el punto de vista social y de la evolución del movimiento sindical, son una etapa superada. Crearlos ahora sería retroceder, llevaría a la formación de organizaciones aristocratizantes”.80 La idea que Díaz Ordaz tenía y defendía del Estado mexicano era la que le habían legado los liberales de finales del siglo XIX, que lo entendían como el representante supremo del interés general, que no podía permitir la imposición de intereses particulares.81 El conflicto con los universitarios era inevitable, porque ellos, en cambio, entendieron la autonomía más que nunca como condición de excepción; y, en buena medida, inspirados por la Revolución cubana, se vieron a sí mismos, nuevamente, y con toda naturalidad, a la luz de la identidad que les imponía la desigualdad social y el autoritarismo político. Una identidad redentora que está inscrita en la historia de los movimientos universitarios de América Latina: “El carácter excepcional de su situación [de los estudiantes] en regímenes políticos en los que la democracia y la justicia no son la regla, hace del estudiante el salvador del mundo, el campeón del pueblo y el heredero de una tradición revolucionaria en la que abundan los mártires y florece la hagiografía”.82 El estallamiento de las contradicciones que oponían al presidente y a los universitarios parecía inevitable en 1968 porque la agitación estudiantil se había convertido en un fenómeno casi universal, que se extendió desde Alemania occidental y varias grandes universidades en

Estados Unidos a otros países europeos y a América Latina, y era muy difícil que los estudiantes mexicanos se mantuvieran impasibles. Más aún, a unos meses de la inauguración de los Juegos Olímpicos, las autoridades gubernamentales parecían de más en más inciertas de su capacidad para mantener las condiciones de orden interno que demandaba la exitosa realización del gran festejo internacional. Es muy probable que ésta fuera la razón fundamental de la invitación que recibió el presídium del Comité Central del PCM para entrevistarse con el presidente Díaz Ordaz el 7 de mayo de ese año.83 Según uno de los asistentes, Gilberto Rincón Gallardo, la entrevista se realizó a raíz de un telegrama enviado a las oficinas del PCM, en el que el presidente proponía el encuentro. Fue grande la sorpresa de los dirigentes comunistas porque, por primera vez en mucho tiempo, eran reconocidos como líderes de una organización política, y no eran simplemente “un grupo de facciosos” o una “minoría radicalizada”.84 Según Rincón Gallardo, los dirigentes comunistas vieron en el gesto del presidente una buena señal, aunque cuando intentaron plantear el tema de los presos políticos, el presidente los atajó bruscamente negando que en México los hubiera. Aparentemente, a Díaz Ordaz le interesaba hablar sobre todo de la vulnerabilidad del país a las presiones del exterior. Así que les expresó su preocupación por las divisiones internas que, desde su punto de vista, eran una gran debilidad porque nuestro vecino, Estados Unidos, se comportaba como “un elefante loco”.85 Al término de la reunión, el PCM emitió un comunicado en el que hablaba de una “amplia conversación entre el presidente” y los integrantes del presídium, donde habían tratado temas de política interna e internacional. Se congratulaban de que el presidente hubiera expresado su disposición a intercambiar opiniones con todas las corrientes políticas que actuaban en la vida nacional. Y, concluía el comunicado, “la dirección del Partido Comunista Mexicano considera que el diálogo iniciado ayer entre sus representantes y el C. presidente de la República constituye un hecho nuevo e importante que puede influir positivamente en la vida política del país”.86 No obstante, este esfuerzo de Díaz Ordaz parecía estar mal dirigido, porque el desarrollo del movimiento estudiantil demostró que el PCM no era el interlocutor indicado cuando se trataba de los estudiantes de la UNAM. En 1970, el propio Arnoldo Martínez Verdugo, al hacer un balance de la década anterior, reconocía que a su partido sólo le había tocado apoyar los movimientos de protesta, “sin vacilaciones y se esforzó por asegurar su victoria […] Pero es indudable que ni el Partido ni la JC lograron tener en estos movimientos una influencia determinante”.87

EL VERANO DE 1968: EL COSTO DE LA SIMULACIÓN El boquete que abrieron en el portón colonial de la preparatoria de San Ildefonso los soldados que el 30 de julio de 1968 dispararon la bazuca contra el edificio universitario, desencadenando el movimiento estudiantil, también destrozó lo que ya para entonces eran las tambaleantes apariencias de la eficacia del modelo mexicano. Desde entonces y hasta el 2 de octubre, cualquier intento por restablecer las imágenes del pasado se toparía con restricciones

derivadas de la naturaleza autoritaria del sistema, en particular, la ausencia de instituciones que canalizaran el conflicto. De manera que entre el presidente de la República —la autoridad política máxima del país— y los estudiantes movilizados no había instancia alguna de mediación, filtro ni amortiguador que desactivara las tensiones. El PRI, el partido hegemónico que hasta entonces muchos habían aplaudido como el pilar de la estabilidad mexicana, porque era el terreno donde se resolvían conflictos y luchas de poder, hizo una sola aparición —por cierto catastrófica— con la organización de un acto de “desagravio” a la bandera en el Zócalo, para el que movilizó a grupos de burócratas que gritaban a todo pulmón “somos acarreados”. Los demás partidos carecían de credibilidad. En la sesión inaugural del Congreso, en septiembre, el movimiento estudiantil fue un tema recurrente de debate entre los diputados de la mayoría priista y las minorías opositoras. Representantes del PAN y del PPS reprocharon al gobierno el tratamiento del problema desde diferentes ángulos, pero ni el presidente Díaz Ordaz ni los estudiantes atribuyeron al poder legislativo un papel en la mediación en el conflicto; si acaso, se recurrió a la intervención de “representantes personales” del presidente. Hasta mediados de 1968 seguían activos los grupos armados que habían hecho su aparición en el campo —fundamentalmente en Guerrero—, continuaron los incidentes de orden público en la capital de la República y en los estados, y la inquietud en el medio universitario, a pesar de que se habían utilizado desde la cooptación hasta la represión para ponerle fin. La persistencia de los conflictos minaba la confianza de las autoridades en su capacidad para mantener las condiciones de orden interno que demandaba el desarrollo exitoso de los Juegos Olímpicos, y es muy probable que el nerviosismo los haya traicionado cuando la movilización estudiantil logró llevar a las calles de la capital de la República a miles de manifestantes, apenas unas cuantas semanas antes de la fecha de inauguración de los Juegos. El conflicto entre el gobierno de la República y los estudiantes de la UNAM y del IPN, que se desarrolló entre el 26 de julio y el 2 de octubre de 1968, ilustra en forma dramática cómo las atmósferas cargadas ideológicamente generan situaciones políticas crispadas, y éstas, a su vez, distorsionan las voces, deforman la realidad hasta hacerla irreconocible en las imágenes de quienes viven en una incertidumbre como la que ese verano se apoderó del gobierno y de los estudiantes. La inexistencia de transmisores válidos y estables de los mensajes que intercambiaban generó un clima de ansiedad y confusión que nubló su capacidad de juicio, oscureció sus intenciones y magnificó sus reacciones. Así, por ejemplo, hasta ahora no hay una respuesta satisfactoria al porqué del bazucazo que, todos concuerdan, fue una respuesta desmesurada a líos callejeros que eran más o menos habituales. Según Luis Farías, el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, tomó la decisión en ausencia del presidente Díaz Ordaz —quien estaba en la ciudad de Guadalajara— pero involucró en el diseño al general Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal; al secretario de Defensa, Marcelino García Barragán; al secretario de Educación, Agustín Yáñez, y al secretario de la presidencia, Emilio Martínez Manautou.88 Es probable que la intención fuera poner fin a los disturbios de una vez por todas con una operación enérgica del ejército. Lo indudable fue que imprimió al conflicto nuevas dimensiones. La importancia de esta decisión en particular estriba en que revela que hasta ese momento

el gobierno pretendía tratar el problema como un asunto de orden público, aunque la intervención de los secretarios de Estado sugiere que los incidentes protagonizados por estudiantes empezaron a ser mirados de otra manera. De hecho, en mayo del año anterior se habían producido incidentes muy similares: estudiantes de escuelas preparatorias rivales habían protagonizado un gran pleito a golpes en el centro de la ciudad, habían secuestrado camiones y cometido distintos actos de vandalismo. Entonces, el jefe de la policía del Distrito Federal, general Luis Cueto Ramírez; el subjefe de la policía preventiva, general Raúl Mendiolea Cerecero, y el procurador del Distrito Federal, Gilberto Suárez Torres, habían asumido la solución del problema. Advirtieron a los revoltosos que no tolerarían ese comportamiento y que, de repetirse, serían consignados a un juez penal de Lecumberri. En esa ocasión algunos fueron detenidos durante 24 horas, pero liberados después de firmar “el compromiso de que aceptarían ser consignados la siguiente vez que ‘incurran en el mismo delito’”.89 El procurador Suárez Torres declaró que, en el futuro, “ningún ruego ni influencias valdrán para evitar que sobre esa persona —el estudiante en falta— se aplique la ley con todo rigor”.90 Las diferentes reacciones de las autoridades en 1967 y en 1968 podrían explicarse porque después de otro año de inquietud y bajo la presión de la inminencia de los Juegos Olímpicos y del tiempo que se acababa, ya no les era posible discernir entre un problema de orden público y un plan de desestabilización política del país. El presidente Díaz Ordaz aludió por primera vez públicamente a la posible existencia de un plan de este tipo en el informe del 1° de septiembre de 1968, cuando al describir los preparativos para la Olimpiada hizo alusión a “informaciones” que había recibido el gobierno de que se “pretendía estorbar los Juegos”.91 No obstante, no especificó el contenido de esas informaciones; tampoco atribuyó a una ideología o a un grupo político en particular la responsabilidad de los disturbios. Habló de un estado de confusión que habían aprovechado “varias tendencias”, de algunos que intentaron aprovechar la movilización “con fines ideológicos y políticos”, de otros que quisieron “sembrar el desorden, la confusión y el encono”; se refirió también a la influencia de acciones similares en el resto del mundo, del afán de imitación de los estudiantes mexicanos, pero no mencionó plan antipatriótico ni conjura alguna. Al término del recuento que hizo del conflicto con los estudiantes, Díaz Ordaz concluyó que el “verdadero problema de fondo” era la “urgencia de una reforma educacional”. El de 1968 había iniciado como un año difícil. Bajo la presión de los Juegos Olímpicos, el gobierno había tenido que lidiar con los efectos de la inestabilidad financiera internacional, que culminó con la devaluación del dólar y de la libra esterlina, y sus consecuencias sobre el peso mexicano; los gastos del evento deportivo representaban un esfuerzo enorme para un presupuesto público que no había resuelto el problema de la escasez de recursos fiscales. En su informe al Congreso, el presidente reconoció de manera oblicua que el gasto público que demandaba el cumplimiento del gran compromiso internacional de México había impuesto prioridades y crueles limitaciones a la inversión gubernamental en actividades agropecuarias. Más de la mitad del informe presidencial de ese año estuvo dedicada al conflicto del gobierno con los estudiantes, a describirlo y a responder al pliego petitorio que se había convertido en la bandera de la movilización antiautoritaria.92 La atención presidencial era una medida de la importancia que atribuía a la movilización. Así lo imponía el giro que había

tomado a partir de la magna manifestación que encabezó el rector Barros Sierra el 1° de agosto para protestar contra la violación a la autonomía universitaria que representó el bazucazo. De ahí que el presidente intentara una vez más explicar las restricciones que pesaban sobre el gobierno, tanto las de índole política como las que imponía el orden jurídico que obligaba a la autoridad a hacer respetar “los principios esenciales en que se sustenta[ba] toda nuestra organización política”; a “cuidar los bienes supremos que me han sido confiados”. Díaz Ordaz trató, en septiembre de 1968, de razonar en público y en voz alta el porqué de sus acciones; quiso responder punto por punto a las demandas del pliego petitorio; incluso sugirió que la intervención de la policía en la solución de los disturbios estudiantiles le planteaba al gobierno un dilema, cuya solución —decía— estaba inscrita en el orden jurídico, aunque era un recurso de última instancia: “La policía, pues, debe intervenir en todos los casos que sea absolutamente necesario; proceder con prudencia, sí, pero con la debida energía. Las autoridades siempre que sea preciso la harán intervenir”.93 No obstante, como quedó demostrado en las semanas posteriores con la ocupación de las instalaciones universitarias por el ejército y la violencia del 2 de octubre en Tlatelolco, el presidente no tenía interlocutores reales, porque los estudiantes —que eran los destinatarios del mensaje— no lo registraron. Las únicas palabras del informe que escucharon fueron las relativas a la determinación del gobierno de mantener el orden público a costa, incluso, de medidas antipopulares. Asimismo, podría decirse que los estudiantes tampoco lograron hacerse escuchar por el presidente.94 El propio presidente reconoció en 1968 la imposibilidad del diálogo. A la insuficiencia institucional había que añadir las limitaciones que le imponía un físico poco amable y la imagen de intransigencia y brutalidad que se había propalado en la opinión pública. Así quedaba descartada la opción de una solución de presidencialismo paternalista —como tantas se habían ensayado en el pasado— que resultara de encuentros personales y directos entre Gustavo Díaz Ordaz y los líderes estudiantiles, o con los estudiantes movilizados. La comunicación efectiva también era impensable por la asimetría de los protagonistas del conflicto: no había manera de que la institución presidencial concluyera acuerdos con un movimiento de protesta, por naturaleza inestable y efímero. Habría que tratarlo más como una circunstancia que como un actor político. De ahí que todavía después del prolijo informe del 1° de septiembre de 1968 la movilización estudiantil se prolongara, el ejército ocupara las instalaciones universitarias y la manifestación de Tlatelolco terminara en la imperdonable violencia que selló la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. La incapacidad del presidente para defender de manera convincente sus decisiones en relación con el conflicto estudiantil revela que la clave de la debilidad del gobierno y del presidente Díaz Ordaz en 1968 no era de índole económica, sino más profunda. El alcance político del movimiento estudiantil estriba en que obligó al presidente mexicano a enfrentar el dilema que para todo gobernante —democrático o no— supone el recurso del uso de la fuerza en la solución de conflictos políticos. El hombre en el poder sabe que el manto del orden jurídico que acoge la decisión de recurrir al monopolio de la violencia siempre será insuficiente; de ahí que, salvo en las más primitivas dictaduras, aunque el uso de la violencia sea un recurso legítimo del Estado, normalmente sea un recurso de última instancia. La

insuficiencia del orden jurídico para legitimar decisiones que pueden ser perfectamente legales es todavía mayor en los sistemas políticos en los que la discrecionalidad condiciona la aplicación de la ley. Así, paradójicamente, cada vez que el presidente Díaz Ordaz machaconamente invocaba el orden jurídico para apoyar sus decisiones, exhibía la escasa legitimidad sobre la que se asentaba su autoridad; y, en lugar de que el llamado al imperio de la ley aumentara la confianza de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales, la desconfianza se acrecentaba porque las leyes eran vistas sobre todo como un instrumento más para el ejercicio de un poder autoritario. En estas condiciones el presidente se encontraba con las manos vacías para gobernar, y en la historia de su gestión quedó únicamente la huella de cientos de presos y un número impreciso de heridos y muertos, como el saldo doloroso de su terco empeño por defender la estabilidad de un milagro que en 1970 era mucho menos que un recuerdo.

CONCLUSIONES Del informe presidencial del 1° de septiembre de 1968 se desprende un tono de desamparo que habla de un presidente derrotado. Como si Gustavo Díaz Ordaz supiera ya que buena parte de la complicada situación en la que se encontraba en esos momentos era resultado de la insuficiencia de instrumentos para resolver los conflictos que había estado enfrentando desde la Secretaría de Gobernación primero, y la presidencia de la República después, apeló al pluripartidismo como la salida deseable para la creciente pluralidad política de la sociedad que, de manera sorprendente, también admitió en ese discurso. Tras anunciar que sometería a la Cámara la iniciativa de reformas al artículo 34 constitucional para reducir la edad para votar de 21 a 18 años, con el fin de que los jóvenes cumplieran sus deberes ciudadanos “honrosamente”, afirmó que a los partidos políticos “incumb[ía] una función primordial y una grave responsabilidad” en el “perfeccionamiento de nuestra democracia”. En consecuencia, los exhortó a que contribuyeran al respeto a la ley, a la selección de los “mejores hombres”, a la elaboración de programas de gobierno y al acatamiento de la decisión de las mayorías. “El juego de los partidos políticos dentro de la Ley robustece las libertades y la confianza del pueblo en su representación.”95 Esta invitación parecía entonces completamente fuera de lugar. No obstante, es en cierta forma la confesión de un fracaso personal, y sugiere que Díaz Ordaz había salido perdedor en la negociación del cambio político que había iniciado desde la Secretaría de Gobernación, cuando había elaborado las reformas que introdujeron las diputaciones de partido. Su proyecto había sido derrotado por un contexto adverso a toda reforma, dominado por las reacciones encontradas de entusiasmo y temor que inspiraba la experiencia revolucionaria cubana en México y en toda la región. La lectura del informe presidencial de 1967 abona esta hipótesis de que Díaz Ordaz se vio obligado por las circunstancias a admitir que los tiempos no estaban para aperturas políticas, ni siquiera tan moderadas como podían ser las electorales. En ese documento no se refiere a los comicios federales que tuvieron lugar en julio anterior; no los menciona. En cambio, habla

con satisfacción de la legislatura anterior, en la que habían estado representadas las minorías de oposición. El silencio a propósito de los comicios recientes es revelador, porque sugiere que el presidente no veía en la nueva legislatura el espíritu de pluralidad que le atribuía a la precedente. Contrariamente a lo que hubiera deseado, el área de elecciones y partidos no fue motivo de orgullo para el presidente Díaz Ordaz, ni para sus correligionarios, como tampoco lo fueron las soluciones que se aplicaron para restablecer el orden político interno. No obstante, muchos de sus compañeros de partido, muy poderosos, desconfiaban de una apertura de este tipo y en 1970 optaron por una fórmula en apariencia más popular y en el fondo más autoritaria. Así, Luis Echeverría quiso suplir las insuficiencias de la presidencia autoritaria con más presidencialismo y menos instituciones. El efecto de esta estrategia sobre el desarrollo político del país fue profundamente regresivo. La experiencia del gobierno diazordacista es prueba de que la historia de la presidencia autoritaria mexicana no es un continuum, sino un proceso marcado por rupturas, uno de cuyos episodios concluyó en 1970, con la abrupta terminación de patrones de desarrollo administrativo y político establecidos en la década de 1940. De tal suerte que el episodio de la presidencia populista que encabezó Luis Echeverría hasta 1976, y que José López Portillo (1976-1982) retomó, sostuvo una continuidad sólo aparente con el pasado. El énfasis que ambos pusieron en la personalización de la autoridad presidencial tuvo consecuencias disruptivas profundas sobre el proceso de construcción institucional del país. A los tres últimos gobiernos del siglo XX mexicano, encabezados por Miguel de la Madrid (1982-1988), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), respectivamente, tocó restablecer patrones de diseño institucional; sin embargo, lo hicieron a partir de parámetros completamente distintos de los que gobernaron la presidencia autoritaria del periodo prepopulista. Para los tres últimos presidentes del siglo XX el Estado ya no era el eje de la actividad económica o de la participación política. Las reformas liberalizadoras que emprendieron tenían por objeto limitar el intervencionismo estatal; de manera inevitable también modificaron las fronteras del liderazgo presidencial, desdibujaron el perfil de la institución, cuya capacidad de cambio y de gobierno también se transformó en respuesta a poderosas restricciones externas e internas. La diferencia entre De la Madrid y Zedillo, por una parte, y Salinas de Gortari, por la otra, estriba en la habilidad de este último para convertir las limitaciones en oportunidades. Las reformas liberalizadoras, que condujeron finalmente a la democratización del sistema político, fueron criticadas por muchos que veían en ellas una política de desmantelamiento del Estado. Sin embargo, también fueron una respuesta a las insuficiencias y al deterioro de un aparato estatal que había perdido capacidad de iniciativa y de respuesta, que había dejado de ser el referente central de la actividad económica y de los equilibrios políticos y sociales. Como todo punto en el tiempo, la fecha 1968 es un final y un principio: marca el agotamiento de una fórmula presidencialista que inauguró Miguel Alemán (1946-1952) y es el inicio de una transición de la presidencia autoritaria que gradualmente culminó en la consolidación de la partidocracia en el año 2000.

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Este trabajo presenta las primeras hipótesis y resultados de una investigación más amplia sobre el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. La revisión de archivos y de fuentes secundarias, así como las entrevistas que se harán en el futuro podrán modificar estos primeros planteamientos. 2 La noción de political time ha sido propuesta por Skowronek, 1997, como instrumento para estudiar la presidencia de Estados Unidos. Aquí se tratará de aplicar este modelo a la experiencia mexicana. 3 Skowronek, 1997, p. 3 4 Casar, 1996, p. 75, sostiene que “México se ajusta bien a los parámetros formales a partir de los cuales se definen los regímenes presidenciales” y no resulta peculiar ni constituye una excepción. 5 Idem. 6 Cárdenas, Enrique, 1996. 7 Loaeza, 1988. 8 Gourevitch, 1978, p. 896. 9 Véase, por ejemplo, La Palombara, 1966. El entusiasmo de Samuel Huntington por el modelo mexicano de la época se inscribe dentro de esta escuela de la teoría de la modernización. Véase Huntington, 1968. 10 Skowronek, 1997, p. XV. 11 Sodi, 1970, p. 106. 12 El presidente Lyndon Johnson se encontró en una situación análoga en relación con la guerra de Vietnam. Skowronek, 1997, p. 351. 13 Scott, 1959; Vernon, 1963. 14 Véase Scott, 1959, p. 310. 15 Díaz Ordaz, 1964, p. 14. 16 Díaz Ordaz, 1964, p. 14. 17 Díaz Ordaz, 1967a, p. 50. 18 Sodi, 1970, p. 94. 19 Sodi, 1970, p. 94. 20 Farías, 1992, p. 93. 21 Véase, por ejemplo, Segovia, 1970. 22 Díaz Ordaz, 1964. 23 Ortiz Mena, Antonio, 1998. 24 Ibidem, p. 23 25 Díaz Ordaz, 1967a, p. 49. 26 Torres Ramírez, 2000, p. 187 27 Miller, 1989, p. 7. 28 Miller, 1989, p. 7. 29 Kissinger, 1994, p. 644. 30 Citado en Schoultz, 1998, p. 356. 31 Para una descripción de este proceso véase Loaeza, 1988. 32 Ibidem, passim. 33 Díaz Ordaz, 1964, p. 23. 34 “El gobierno pedirá tropas a los EU para salvar a México del comunismo”, en Política, 15-31 de mayo de 1967, p. 24. 35 “¿Libertad de prensa?”, en Política, 1-14 de junio de 1967, núm. 170, p. 7. 36 Schoultz, 1998. 37 Smith, Peter, 2000, p. 165. 38 Citado en Schoultz, 1998, p. 358. 39 Wright, 1991. 40 Citado en ibidem, p. 75. 41 Smith, Peter, 2000, p. 153. 42 Lyndon B. Johnson Library (en adelante LBJL), USA Embassy in Mexico, 1° de abril de 1964, OCI, núm. 1063/64. 43 Ibidem. 44 Ibidem. 45 Así llama Carr, 1996, p. 229, los cambios en el seno de esta corriente política entre 1960 y 1975. 46 Miller, 1989, p. 42. 47 “A través de su agregado de asuntos laborales y de un amplio programa de relaciones públicas, la embajada de Estados Unidos en la ciudad de México se esforzó por ‘alejar a los dirigentes obreros mexicanos del comunismo’ y por ‘disminuir el

prestigio de Vicente Lombardo Toledano y otros dirigentes obreros de inclinaciones comunistas’.” Carr, 1996, p. 197. 48 Ibidem. 49 Martínez Verdugo, 1971, pp. 51-52. 50 Ibidem, p.52. 51 “Declaración general de la conferencia de la OLAS. 31 de julio al 10 de agosto de 1967. Líneas fundamentales para el desarrollo de la revolución fundamental”, en Política, 15-31 de agosto de 1967. 52 Martínez Verdugo, 1967. 53 Política, 15 de septiembre-14 de octubre de 1967, núms. 176-177. 54 Martínez Verdugo, 1967. 55 “Declaración del CC del PC de Cuba: Los gobiernos de gorilas con uniforme o sin uniforme, deben ser barridos por los pueblos”, en Política, mayo de 1967, año VII, núm. 169. 56 Marcué, 1967. 57 Véase Pozas, 1993. 58 “Informe del CC del PCUS al XXIII Congreso del Partido. Documento de la quincena”, en Política, año VII, núm.145, 1° de mayo de 1966, p. v. 59 LBJL, Embajada de Estados Unidos en México, “Mexico: The Problems of Progress”, 20 de octubre de 1967. 60 LBJL, Embajada de Estados Unidos en México, “Mexico: The Problems of Progress”, 20 de octubre de 1967. 61 Martínez Verdugo, 1971, p. 60. 62 Díaz Ordaz, 1966, p. 87. 63 Ibidem, p.91. 64 Díaz Ordaz, 1967b, p. 69. 65 “Discurso de Juan Almeida, miembro del Buró Político del CC del Partido Comunista de Cuba”, en Política, 1-14 de mayo de 1967. 66 La bibliografía sobre el tema es muy abundante y de distinta naturaleza. Se han escrito novelas, memorias, crónicas, análisis sociológicos, informes periodísticos. Se ha publicado una gran cantidad de entrevistas, opiniones, reportajes; son pocos los estudios históricos. En este sentido, destaca el artículo de Herbert Braun, por su muy provocativa interpretación, que pone en tela de juicio las intenciones modernizadoras y democratizadoras atribuidas a los estudiantes; también ofrece un muy buen análisis de la bibliografía sobre el tema aparecida hasta la segunda mitad de los años noventa. Véase Braun, 1997, pp. 511-549. 67 Sodi, 1970, p. 106. 68 Martínez Verdugo, 1971, p. 63. 69 Sodi, 1970, p. 106. 70 Jáquez, 1993, p. 7. 71 Díaz Ordaz, 1968, p. 75. 72 Citado en Meyer, Jean, 1969, p. 740. 73 Véanse, por ejemplo, Meyer, Jean, 1969, y Segovia, 1970. 74 Entre los estudiantes involucrados en este vergonzoso episodio de la historia de la UNAM estaba Leopoldo Sánchez Duarte, hijo del entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis, que fue uno de los más feroces adversarios del proyecto de reforma del PRI propuesto por Carlos Madrazo. 75 “Estalla la crisis”, en Política, año VII, núm. 145, 1° de mayo de 1966, p. 9. 76 “UNAM ”, en El Gobierno Mexicano, publicación mensual de la Dirección General de Difusión y Relaciones Públicas de la Presidencia de la República, núm. 27, 1-28 de febrero de 1967, pp. 61-68, p. 64. 77 “Posición del gobierno”, ibidem, p.69. 78 Díaz Ordaz, 1968, p. 78 79 Ibidem. 80 Citado en Testelli, 1985, p. 86. 81 Loaeza, 1989. 82 Meyer, Jean, 1969, p. 742. 83 Según el informe de la presidencia de la República, los asistentes fueron: Arnoldo Martínez Verdugo, Ramón Danzós, Alejo Méndez, Antonio Moreno, J. Encarnación Pérez, Hugo Ponce de León y Manuel Terrazas. “Otras intervenciones y audiencias: Partido Comunista Mexicano”, en El Gobierno Mexicano, 1-31 de mayo de 1968, núm. 42, p. 28. 84 Entrevista con Gilberto Rincón Gallardo, ciudad de México, 20 de mayo de 2001. 85 Ibidem. 86 “Otras intervenciones y audiencias: Partido Comunista Mexicano”, doc. cit. 87 Ibidem, p.64. 88 Jáquez, 1993.

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“Policía contra estudiantes”, en Política, 1-14 de mayo de 1967, año VIII, núm. 169. Citado en ibidem, p.18. 91 Díaz Ordaz, 1968, p. 75. 92 Los seis puntos del pliego petitorio de los estudiantes eran: 1. Libertad de los presos políticos; 2. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea Cerecero; 3. Extinción del cuerpo de granaderos y compromiso de que no se crearían cuerpos semejantes; 4. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, relativos a los delitos de disolución social; 5. Indemnización a las familias de los estudiantes muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el 26 de julio en adelante; 6. Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y de vandalismo de las autoridades, a través de la policía, los granaderos y el ejército. “Desplegado de la Comisión Organizadora de la Manifestación del 5 de agosto de 1968”, en Ramírez, Ramón, 1969, t. II, Documentos, p. 38. 93 Díaz Ordaz, 1968, p. 84. 94 Braun, 1997. 95 Braun, 1997. 90

LAS MUJERES DETRÁS DE LA SILLA PRESIDENCIAL MEXICANA EN EL SIGLO XX

SARA SEFCHOVICH

CUANDO Madero llegó a la presidencia de la República iba acompañado de una mujer excepcional: su esposa, Sara Pérez. Por primera vez en la historia de México, se daba la situación de una pareja que públicamente compartía los sueños e idealismos y también la pesada carga de trabajo que implicaba la labor de promover el cambio político. Sara no fue ama de casa ni madre de familia sino una colaboradora y amiga, al punto que ella y su marido se consideraban a sí mismos “hermanos” dedicados en cuerpo y alma —se dice que incluso con voto de castidad— a lo que era “su misión”. Lo acompañaba a todos lados, por igual a los campamentos de soldados y a los mítines políticos, que a los viajes por caminos difíciles (incluida su gira electoral, “la primera que se hizo en México y llena de peligros reales”)1 y a la hora de los discursos y de las negociaciones. Pero además, ella desempeñaba sus propias tareas, como arengar a las tropas, organizar actos proselitistas o festivales en pro de las víctimas del movimiento armado, ir a las reuniones con los obreros y recibir a las organizadoras de los clubes políticos (como las antirreeleccionistas Hijas de Cuauhtémoc) y a comisiones que le presentaban toda clase de problemas. Presidía el club Caridad y Progreso, cuyo nombre indicaba los dos puntos esenciales del programa maderista; fundó la Cruz Blanca Neutral por la Humanidad y desarrolló una intensa actividad benéfica que “sostenía a huérfanos, becaba a estudiantes, creaba escuelas, instituciones de caridad, hospitales y comedores populares”.2 Y por supuesto, también cumplía con las labores típicas de las esposas, de atender al marido y olcuparse de sus necesidades personales: se alojó con él en hoteles de paso porque ninguno de los decentes le quiso dar cabida, dada su fama de “alterador del orden”; alquiló una habitación frente a la cárcel cuando lo metieron preso, lo consoló y le dio cariño y serenidad. Así lo reconoció él en una carta que le escribió: Me siento llevado por el destino, guiado por un deber, alentado por lo noble de nuestra causa […]. Tengo fe en el triunfo […]. Sé que adondequiera que vaya irán conmigo tus tiernas y fervientes oraciones y que esos pensamientos […] formarán a mi rededor una atmósfera de bienestar que me protegerá siempre […]. Tu amor lo llevo siempre en mi corazón.3

El día del cuartelazo, Sara se lanzó a buscar al embajador de Estados Unidos —el mismo con el que el presidente había recorrido las calles a la hora del triunfo y al que había sentado cerca de él en los banquetes— para pedirle que intercediera por la vida de Madero. “Ésta es una responsabilidad que no puedo echarme encima —le respondió Henry Lane Wilson—, usted sabe, señora, que su esposo tenía ideas muy peculiares.” Indignada, la señora le espetó una frase que daba la medida de su fe en su marido y de cómo compartía su pensamiento: “Señor embajador, mi esposo no tiene ideas peculiares sino altos ideales”.4 Ninguna otra esposa sería así, ni volvería a darse el caso durante todo el siglo XX de una pareja que compartiera de esa manera los ideales y el trabajo político. Aunque eso sí, todas compartirían el mejor o peor destino de sus cónyuges: la propia Sara Pérez, que sería escarnecida como el “perro faldero” y el “sarape” de Madero; Virginia Salinas, abandonada por Carranza, que tenía otras tres familias; María Tapia, que soportaría la hipocondria de Obregón, y Esther Zuno, que compartiría la megalomanía de Echeverría; Natalia Chacón, que recibiría honores de Estado después de muerta, pero no para ella sino para halagar a Calles; Amalia Solórzano, que recibiría la admiración tributada a Cárdenas, y Cecilia Occelli, que

recibiría los abucheos dirigidos a Salinas a pesar de que la abandonó; Carmen García, que acompañaría a Portes Gil a viajar por todo el mundo, y María Izaguirre, que no conseguiría mover a Ruiz Cortines de Veracruz; Aída Sullivan, que disfrutaría las enormes riquezas de Rodríguez, y Clara Oriol, que soportaría por años la dura pobreza de De la Huerta; Emilia Águila, que iría al exilio con el dipsómano de Huerta, y Petra Treviño, que se vería obligada a atravesar el país en la huida con González; Josefina Ortiz, Soledad Orozco y Paloma Cordero, que mantendrían buenas relaciones con Ortiz Rubio, Ávila Camacho y De la Madrid, mientras Beatriz Velasco, Eva Sámano, Guadalupe Borja y Carmen Romano se humillarían con las infidelidades públicas de Alemán, López Mateos, Díaz Ordaz y López Portillo. Y todas, que soportarían el engolosinamiento con el poder de sus señores maridos y su descuido del hogar y la familia.5 Es un lugar común decir que el siglo XX empezó en México con la Revolución. Pero, al menos en el caso de las primeras damas, esto es muy cierto, en el sentido de que de verdad cambió el papel público que ellas venían desempeñando, no solamente porque empezaron a existir como acompañantes oficiales de sus maridos sino también porque se vieron obligadas a cumplir un trabajo que dejó de ser el de caridad voluntaria para convertirse en el de prodigadoras obligadas de asistencia social. La Revolución rusa y la primera Guerra Mundial cambiaron para siempre al mundo: los imperios de Europa se derrumbaron mientras Estados Unidos se convertía a pasos agigantados en potencia. Como nunca antes, salieron a la luz grupos sociales en los que antes nadie reparaba: niños, mujeres, ancianos, inválidos y discapacitados.6 De repente, resultaba necesario a los gobiernos intervenir para atenderlos y México no se pudo librar de esa moda que, por lo demás, se adaptaba bien a la vieja tradición católica de la caridad y a los postulados sociales de la muy reciente Revolución. A ello se aunaba el hecho de que en Estados Unidos, “ese maravilloso animal colectivo que vive junto a nosotros”, como había dicho Justo Sierra,7 hacía más de un siglo que las llamadas “primeras damas” tenían un lugar social y unas funciones que cumplir y la opinión pública se interesaba por sus actividades. ¿Cómo no hacer lo mismo aquí si tanto queríamos parecernos a ellos y “engancharnos a su locomotora”, como también dijo Sierra? Así fue como esos generales bebedores y parranderos, a quienes no les gustaba que sus mujeres abandonaran el hogar y menos todavía que salieran a la luz pública, y que acostumbraban dejarlas en casa mientras iban con las artistas y vedettes, empezaron a llevarlas como acompañantes oficiales y a enviarlas a cumplir con ciertas actividades. Se había terminado para las esposas de los gobernantes la posibilidad de permanecer encerradas en “la dulce penumbra del hogar”.8 Virginia Salinas de Carranza, mujer enjuta y fea que fungía como la esposa oficial de don Venustiano, tuvo que hacer repartos de ropa y juguetes a los menesterosos,9 y María Tapia de Obregón tuvo que participar en actos protocolarios y ceremonias, asistir a banquetes y recepciones, atender a las esposas de los diplomáticos, ir a comidas con los diputados, presidir torneos deportivos, entregar premios, visitar casas-cuna, escuelas, hospicios y orfanatorios y repartir juguetes entre los niños pobres. En septiembre de 1921, hizo los honores de la casa para recibir a los invitados especiales para las fiestas del centenario de la consumación de la Independencia en las que hubo bailes, desfiles, exposiciones y funciones de teatro.10

En cambio, Natalia Chacón de Calles, aunque organizó alguna reunión: “El jueves di la recepción a los diplomáticos, salió muy bonita, vino muchísima gente, bailaron en las terrazas del castillo y se acabó hasta la una”,11 y asistió a alguna inauguración —de la primera red de comedores infantiles de México—, en realidad hizo muy poco, pues estaba siempre enferma “y desgastada por calenturas y miles de achaques e insomnios”.12 Murió a los 48 años y, por ser la esposa del presidente en funciones, la trajeron desde el hospital en que había estado internada, en Estados Unidos, en el tren del ejecutivo, se le rindieron honores y se le mandó levantar un monumento en el panteón de Dolores que, según Guillermo Gómez, es de “grandes proporciones”.13 En la libreta que se abrió para recibir los pésames, se llenaron nueve páginas con firmas de condolencias, y a partir de entonces, el papel de acompañante oficial del presidente lo cumplió su hija mayor, Hortensia. Según el biógrafo de Calles: “A decir verdad, como esposa [la señora Natalia] nunca fue un factor esencial que hiciera las veces de consejera o cómplice para que Calles cobrara aliento en sus ambiciosas empresas. Plutarco no la enteraba de las incidencias de su trabajo y no solía confiarle las situaciones que lo hicieran parecer débil, sensible o en exceso preocupado”.14 Por el contrario, la señora Josefina Ortiz de Ortiz Rubio sí estaría muy cercana a su marido: “Los esposos evidenciaron en sus epístolas influencia recíproca y constante compañía”,15 por lo cual ella pudo pasar por encima de las prohibiciones oficiales y educar a sus hijos de acuerdo con su fe católica y celebrarles sus primeras comuniones y, más todavía, consiguió el permiso presidencial para traer un órgano monumental para la basílica de Guadalupe.16 A la muy joven señora Carmen García de Portes Gil, su marido le pidió “que le ayudara con los pequeños desvalidos”,17 para lo cual se reunió con un grupo de amigas y esposas de los colaboradores del presidente y creó y presidió el Comité Nacional de Protección a la Infancia, cuyas oficinas estuvieron en el castillo de Chapultepec, donde habitaban en aquel entonces los presidentes de la República. Sus objetivos eran: “proteger al niño desde el punto de vista físico, social y moral creando centros de higiene para mujeres embarazadas, casas de maternidad, casas de niños semiabandonados en las edades de preescolar y escolar, colonias de vacaciones, campos de juegos y demás servicios adecuados”.18 Sin embargo, de esos propósitos se cumplieron solamente dos: la fundación de 10 hogares infantiles en barrios pobres de la capital, en los que se dio atención a 1 200 niños de madres de escasos recursos que los dejaban allí mientras iban a trabajar (como lo había hecho la Casa Amiga de la Obrera, en tiempos de Carmelita Romero Rubio de Díaz), y la distribución de desayunos escolares a través del programa “La Gota de Leche”, que se sostenía con dinero del gobierno y con donativos de particulares, y que para 1932 ya repartía 500 raciones diarias.19 Según Gustavo Casasola, la señora “demostraba voluntad, paciencia y cariño por la niñez así como por las mujeres en estado de gravidez carentes de recursos económicos”.20 Vestida a la moda de la época, con el entonces revolucionario cabello corto, estaba siempre en acción, presidiendo actos deportivos —tablas gimnásticas con decenas de jovencitos vestidos de blanco que hacían pirámides unos sobre otros— y festivales, recibiendo peticiones o repartiendo ropa y juguetes, visitando hospitales, hospicios, escuelas y los llamados “centros de higiene” a los que acudía “para decir frases de aliento y palabras de consuelo” o para “regalar un obsequio”.21 Ella fue la primera esposa que en el siglo XX acompañó a su marido

en la ceremonia de toma de posesión y la primera que salió al balcón central del Palacio Nacional la noche del 15 de septiembre,22 y también en ocasión de la campaña contra el alcoholismo, que en ese momento se consideraba uno de los males más graves del país. Con todos estos esfuerzos, la beneficencia empezaba a dejar de tener un carácter de voluntad personal y pretendía convertirse en actividad asistencial organizada y dirigida desde el gobierno. Después de Portes Gil y de Ortiz Rubio, tomó posesión de la presidencia de la República Abelardo L. Rodríguez, cuya esposa, Aída Sullivan, tenía tan mal genio que la llamaban “la generala”.23 Ella también aparecería al lado de su marido en ceremonias y fiestas, aunque no le gustaba hacerlo y sólo asistía “si era indispensable su presencia dentro del protocolo oficial”.24 Dos causas hizo suyas esta señora: la primera, la de adoptar en México la bandera de las Américas, idea que por aquel entonces había surgido en el sur del continente y que proponía ondearla y reverenciarla en todos los países hispanoamericanos. Al secretario de Educación Pública le escribió: “Tenemos la obligación moral de estrechar los vínculos de amor entre esa constelación de repúblicas hermanas que se extienden en nuestro continente. Por esto necesitamos no solamente operar a través de la frialdad diplomática sino ir derecho al corazón”.25 La segunda, la de traer a nuestro país los métodos más modernos en puericultura, una materia que entonces se ponía de moda en los países desarrollados y que tenía que ver con el cuidado de los niños, su alimentación e higiene. “Impresionada por la fuerte mortalidad infantil que se registra en México y ante la realidad imperiosa de inyectar a nuestra raza una pujante energía vital”, la señora mandó a escribir un Libro para la madre mexicana que se distribuyó gratuita y masivamente en 1933, con la intención de “liberar a las madres de consejas y supersticiones y enseñarle a saber las cosas correctamente”.26 Sin embargo, los consejos que se dan en ese texto eran imposibles de seguir para la mayoría de las madres mexicanas que eran muy pobres: “vivir en habitaciones amplias, bien ventiladas, asoleadas y limpias” (p. 9), alimentarse con “leche, verduras, cereales, frutas y huevos” (p. 10), “contar con un marido que la apoye” (p. 24), “bañarse diariamente” (p. 67), “hacer ejercicio y pasear” (p. 108), etc. Pero en nuestro país siempre el discurso oficial construye su propia realidad, ajena a la que vive cotidianamente la gente. Instalada en la punta del cerro del Chapulín, en ese castillo de enormes habitaciones, lleno de objetos europeos y vajillas de porcelana importada, ¿qué podía saber la señora del mundo de allá abajo? Del gobierno de Lázaro Cárdenas llama la atención que siendo como fue, tan atento a las clases populares, y que dedicó grandes esfuerzos a la asistencia social —cuyo punto de partida modificó al afirmar que “los desamparados o desvalidos no tienen por qué pedir por favor que se les atienda, sino que tienen el derecho a solicitarlo y el Estado debe acudir en su ayuda”27—, durante los primeros años la señora Amalia Solórzano no participara para nada en actividades públicas. Ni siquiera asistió a la toma de posesión de su marido y se excusaba en los festivales del día de las madres, que para entonces ya se realizaban. En sus propias palabras, ello se debió a que: “El general pensó que yo, en mi participación social, debería mantener una actitud discreta, no aparecer mucho, para que él trabajara libremente”.28 Ella respetó esa opinión, según la cual el papel que le correspondía como esposa del primer mandatario era el mismo que cumplían todas las mujeres: el de atender su hogar y cuidar a su

familia, modelar el espíritu de sus hijos para que sean buenos ciudadanos. Por eso nunca aceptó que se le considerara primera dama de la nación: “El general me acostumbró a no sentirme Primera Dama. Tú no puedes usar un título para adornarte —decía— porque el pueblo ha elegido al primer mandatario pero no a su esposa. Por lo demás, Primeras Damas somos todas las mujeres de este país porque nos desempeñamos en nuestros hogares como compañeras, amigas y consejeras de los maridos”.29 De todos modos y a pesar de las declaraciones, conforme avanzaba el sexenio Amalia no se pudo librar del todo de los deberes públicos: “Para entonces yo ya había contraído algunas obligaciones, ya era otra cosa la vida”.30 Tuvo que presidir algunos actos femeninos, mítines sindicales y asambleas de intelectuales (de “acentuada tendencia izquierdista”, según Guillermo Gómez) e incluso estableció una oficina desde la cual llevaba correspondencia con mujeres de todo el país para conocer sus problemas. Además, formó dos asociaciones de asistencia a la infancia: la Asociación del Niño Indígena y el Comité de Ayuda a los Niños Españoles que llegaron a México en calidad de refugiados. Y es que, en junio de 1937, llegó a las costas de Veracruz un barco procedente de Europa, en el que venían 500 niños hijos de españoles cuyos padres los habían mandado a México con la esperanza de salvarlos de la guerra que había en su país. Un grupo de damas mexicanas, que según el general Cárdenas fueron quienes tuvieron la idea de traerlos, los recibió en el puerto, y otro, encabezado por la esposa del presidente, en la estación de ferrocarril de la capital. De allí los mandaron a Morelia, donde se les dio techo, sustento y educación. El general y la señora los visitaban periódicamente y en alguna ocasión invitaron a los que obtenían mejores calificaciones a la capital para pasar el día en la residencia de Los Pinos y almorzar con ellos. Pero la participación pública más importante de Amalia fue la que se dio a raíz de la expropiación petrolera. Así lo cuenta ella misma: No fue sino hasta muy avanzado su gobierno que yo empecé a participar en forma activa en la vida de mi esposo como presidente. Esto sucedió en el año 1938, en el momento trascendental en que se decidió el decreto de la expropiación petrolera [...] cuando se hizo el llamado para pedir la ayuda popular.31 El general me dijo: “Chula, creo se debe invitar a la mujer a una participación directa y motivarla en este momento en que es urgente la presencia de todos los mexicanos. Hay que hacer labor en las escuelas, en las familias, en fin, un llamado nacional”.32

Y Amalia encabezó un comité femenino y presidió en el Palacio de Bellas Artes la colecta pública destinada a reunir fondos para el pago de la deuda. Como decía un diario de la época: “Espontánea y patrióticamente se prestó a colaborar en el Programa de Redención Nacional ideado por su esposo”.33 En el último día del gobierno del general, la señora lo acompañó a la Cámara de Diputados, donde le tributaron una fuerte ovación que mucho la emocionó. Y sintió gran tristeza cuando entregó el poder a su sucesor: “¡Quería gritar y la posición me lo prohibía! ¡Quería llorar y un prejuicio me detenía!”34 Según el investigador estadunidense Robert C. Scott, en México se había vuelto costumbre que se alternaran para la presidencia “un joven y dinámico líder que efectúa grandes cambios, con un administrador que llega al puesto para consolidar los hechos”.35 Eso mismo parecía ser cierto para las primeras damas: a una de bajo perfil le seguía una a la que le encantaban los reflectores. Es el caso de la señora Soledad Orozco de Ávila Camacho, quien “acompañó a su

esposo en la casi totalidad de recepciones y en la mayor parte de los actos oficiales de carácter público que se celebraron en México y participó en varias jiras [sic] y viajes al lado del presidente”.36 Y es que a ella le gustaba mucho figurar y aparecer en las nuevas secciones de sociales de los periódicos, así que a partir del segundo informe de gobierno de su esposo, ocupó ya su lugar fijo en la Cámara de Diputados, siendo la primera vez que eso sucedía. En particular, se le recuerda en ese momento significativo que fue la visita a México, en 1943, del presidente de Estados Unidos y su esposa, los señores Roosevelt, que vinieron aquí para terminar con una larga historia de agresiones y dar inicio a una época de cooperación y cordialidad entre las dos naciones. Esta acción estaba motivada por la guerra y el deseo estadunidense de conseguir el apoyo de nuestro país para la causa de los aliados. Además de las típicas visitas a guarderías, escuelas y hospitales, la señora participó en varias campañas importantes como la de alfabetización, la de legalización de matrimonios y la de educación vial para los escolares. Pero, sobre todo, le encantaba organizar y presidir repartos de regalos a soldados, niños y madres humildes. De hecho, fue a partir de entonces que la gente se acostumbró a esperar que el gobierno le hiciera regalos en los días festivos: navidad, día del niño, día de la madre. El paternalismo gubernamental que se manifestaba en las políticas hacia los obreros y campesinos, ella lo puso en práctica con los más pobres, sobre todo con niños y mujeres que salían a la calle y acudían a los actos a aplaudir para ver si les tocaba algo. Hay muchas fotografías en las que cientos de personas esperan durante horas para recibir de la primera dama —labios y uñas de color rojo intenso, sombrero y abrigo de piel37— algún juguete, alguna ropa o algún alimento. Doña Chole reforzó e institucionalizó lo que había sido una iniciativa del periódico Excélsior en 1922, de dedicar un día del año —el 10 de mayo— a celebrar a las madres. En aquella ocasión, Rafael Alducín había invitado a los mexicanos a “hacer un monumento de amor y de ternura a la que nos dio el ser, a manifestar en una palabra que todos los sacrificios, que todas las infinitas ansiedades de que es capaz el corazón de la mujer cuando se trata de sus hijos sean valorados por éstos”,38 y desde que era candidato, Ávila Camacho había retomado la idea de este señor de organizar una campaña de veneración, de respeto a la madre. La idea copiaba una costumbre de otros países y aprovechaba el sentimentalismo de los mexicanos, y de paso servía para combatir la fuerza que estaban adquiriendo los movimientos feministas en favor del voto para las mujeres, insistiendo en el argumento de fortalecer a la familia.39 Por eso contó con el apoyo de la “buena sociedad” y de la Iglesia. El arzobispo de México declaró que le parecía una bellísima idea y pronto muchos grupos e instituciones se adhirieron a la propuesta y la primera dama terminó encabezando los festejos. En ese día, la esposa del presidente de la república regalaba útiles obsequios a las madres humildes, tales como estufas (de petróleo) o planchas (de carbón), y en una ocasión, el gobierno pagó las boletas de empeño en el Monte de Piedad a fin de que se devolvieran cientos de máquinas de coser a mujeres que por necesidad económica las habían dejado en prenda. Éstas le agradecieron con emoción y el hecho causó gran revuelo. Julio Sesto manifestó en un artículo su admiración por la señora Ávila Camacho, quien según él: “Dio pruebas de tener un corazón enorme y ese gesto insólito será imborrable en los anales del

sentimiento mexicano”.40 Por eso un año después “repitió el generoso acto restituyendo gratuitamente todas las prendas empeñadas que no sean de lujo, hasta de veinticinco pesos”.41 Pero el trabajo que más se le reconoce a la esposa de Ávila Camacho es el que realizó tras bambalinas para zanjar el pleito entre el gobierno y la Iglesia. Así como Carmelita Romero Rubio lo hizo en su momento en estrecha relación con el obispo Eulogio Gillow, así Chole consiguió que el arzobispo Luis María Martínez tuviera acceso al oído del presidente. Según Guillermo Gómez: “El pueblo católico de México no esconde su gratitud hacia la distinguida dama por lo mucho que ella hizo en defensa de la libertad de expresión religiosa. Se cree que la tolerancia religiosa observada durante el gobierno del general Ávila Camacho no es extraña a los sentimientos católicos de doña Soledad Orozco de Ávila Camacho”.42 Esos mismos sentimientos la hacían, sin embargo, tener una idea tan rígida de la moral que ¡mandó ponerle taparrabos a la estatua desnuda de la Diana Cazadora que por aquel entonces había hecho el escultor Juan Olaguíbel, el favorito del régimen, para adornar una de las principales avenidas de la ciudad de México! Cuando Miguel Alemán llegó a la presidencia de la República, lo primero que hizo su esposa Beatriz Velasco fue redecorar la residencia oficial con tapetes persas y chinos, sillones Luis XV y Luis XVI, cómodas de Boulle, porcelanas de Sévres y Limoges, candiles de Baccarat y jarrones de Meissen, esculturas de bronce y mármol. Para entonces y por decisión de Lázaro Cárdenas, los presidentes ya no vivían en el castillo de Chapultepec sino en un lugar conocido como Los Pinos. Y aunque la razón de Cárdenas para mudarse había sido su deseo de que el mandatario viviera de manera menos ostentosa y más acorde con los principios republicanos, para ese momento ya no era así, y la casa presidencial era un vasto conjunto con “las comodidades y prestancia adecuadas a su función, que no era sólo la de habitación para la familia del presidente sino también de oficinas y de lugar de recepción para visitantes extranjeros distinguidos”.43 Ella fue la primera esposa de un presidente en 50 años en dar a luz durante el mandato de su marido. Eso sucedió precisamente cuando vino a México en visita oficial el presidente de Estados Unidos Harry S. Truman, en un viaje de amistad y buena voluntad al país que había sido su aliado durante la guerra. La señora Besse no lo acompañó puesto que la señora Alemán se encontraba hospitalizada después del parto y la primera dama estadunidense no quiso complicar las rígidas cuestiones del protocolo. Tampoco pudo la señora Beatriz ir con su marido a la visita oficial que en reciprocidad hizo éste poco después a Washington y en la que fue recibido con grandes honores. Durante este gobierno, de acuerdo con las políticas mundiales destinadas a crear un nuevo orden internacional después de la segunda Guerra Mundial, la asistencia social dejó de ser importante para el gobierno y se redujo a los sectores económicos más débiles, porque se decidió crear en su lugar instituciones de seguridad social para los sectores productivos y organizados de la sociedad.44 Y aun así, la señora Alemán apenas se ocupó de lo mínimo: creó una Asociación Pro Nutrición Infantil que repartía 1 000 desayunos diarios, actividad que se mantenía tanto con recursos del gobierno como de organismos internacionales y donativos de particulares; hizo algunos repartos de ropa, juguetes y dulces, así como algunas casas los días 10 de mayo y fundó un club de tejido y costura “en el cual las esposas de los funcionarios del gobierno preparaban canastillas que donaban al Hospital General de México”.45

Para cuando Ruiz Cortines tomó posesión de la presidencia de la República, al iniciarse los años cincuenta, la costumbre había quedado establecida sobre el papel que debían desempeñar las primeras damas, y su esposa María Izaguirre lo cumplió correctamente, sin ir más allá de lo debido pero tampoco menos: presidió actos de asistencia social en un esfuerzo simultáneamente dirigido a publicitar al gobierno de su marido y a hacer acciones remediales para los niños y sus madres: “La señora de Ruiz Cortines regaló dulces y ropa a treinta mil niños pobres elegidos en veintidós colonias proletarias del Distrito Federal”,46 fue un encabezado de periódico el 6 de enero de 1954, modelo que se repetiría idéntico durante todo el sexenio: “Cuarenta mil familias humildes recibieron, con motivo del día de la madre, seiscientas toneladas de víveres que en seis rumbos de la ciudad les entregó la Primera Dama de la Nación”.47 Además, como le encantaba ir al teatro, en varias ocasiones las funciones se dedicaron a obras de beneficio social y las señoras de sociedad organizaron actividades para juntar fondos para la causa que ella quisiera.48 María Izaguirre era muy devota y tuvo mucho que ver con las buenas relaciones entre el gobierno y la Iglesia. A pesar de que el país y su marido eran laicos, ella tomó parte activa en ceremonias y actos de tipo religioso, encabezó el patronato de ayuda a las obras de la Basílica de Guadalupe y aceptó estar en la inauguración de la corona colocada en el pórtico, y año con año les regalaba autos de lujo a los obispos, comprados con dinero del erario.49 Su último acto público fue asistir a las urnas para votar por el sucesor de su marido. Era la primera vez que las mujeres podían votar en elecciones presidenciales pues apenas en ese sexenio se les concedió el voto, o como decía un diario de la época, “los derechos políticos plenos”.50 Eva Sámano de López Mateos emprendería, en la segunda mitad de los años cincuenta, la labor más decisiva, intensa y organizada de asistencia social que jamás se había realizado en nuestro país; en adelante, gracias a ella, quedaría establecido que dicha tarea ya no sólo dependería de las ganas, la voluntad o el esfuerzo personal de la primera dama, sino que estaría institucionalizada y contaría con un presupuesto específicamente asignado por el Estado. Por eso Luis G. Basurto la llamó “una Primera Dama de primera”.51 Claro que si pudo llevar a cabo todo esto, es porque la época le permitió la feliz conjunción de las ideas en boga sobre la familia, con su vocación de maestra y su enorme capacidad de trabajo, aunadas a un momento económico en el que había recursos para ello y a un momento político de concordia nacional, en el cual se pudo dar un nuevo impulso al reformismo social, para lo cual, como afirmó Robert C. Scott, “lo efectivo era tener una esposa que se interesara en los asuntos públicos”.52 La señora Sámano se propuso “responder vigorosamente al imperativo social y moral de proteger a la niñez por todos los medios”53 y encabezó el esfuerzo retomando y afianzando a la Asociación de Protección a la Infancia, aquella institución que existía desde 1929 y a la que le mandó construir un edificio cuya primera piedra colocó ella misma el 30 de noviembre de 1959.54 Dicho organismo se convirtió, en febrero de 1961 y por decreto presidencial, en el Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI), cuyo objetivo era proteger a la niñez de manera integral, es decir, en su salud física y mental. A tono con el modo de pensar de los años cincuenta, la señora Sámano afirmaba que la miseria económica se origina en la miseria moral […]. Cuando hay moral —en el amplio sentido de vigor interior

orientado permanentemente a un conjunto de fines valiosos— no hay decaimiento ante los demás problemas de la vida por diversos que se presenten. Con moral hay fuerza para el trabajo y sabiduría para la eficaz distribución del ingreso.55

La actividad más importante del INPI consistió en reforzar y ampliar el programa de reparto de desayunos escolares nutritivos y balanceados que, además, se hacía extensivo a todo el sistema educativo público nacional, a fin de que “la población infantil esté más apta para asimilar la instrucción primaria y defenderse de las enfermedades”.56 Para la primera dama “los niños no deben quedarse sin ir a la escuela y sin recibir su desayuno. Que no pidan limosna”.57 Poco después se pusieron en marcha institutos y centros regionales a fin de que el programa abarcara todo el país y se instalaron plantas para la elaboración de los alimentos y para la rehidratación de la leche. Durante el sexenio llegaron a repartirse millones de desayunos cada día, tres según las cifras oficiales, uno y medio según una estudiosa.58 En cualquier caso, la cantidad es impresionante y por mucho superior a la de los sexenios anteriores. El dinero para llevar a cabo este trabajo lo aportaba completamente el gobierno, el cual elevó el gasto social hasta casi 20% del presupuesto. Esta actividad no fue la única que desempeñó el instituto. También creó guarderías para dar servicio a lactantes y a niños en edad preescolar, algunas en coordinación con el Instituto Nacional Indigenista, precisamente para prestar servicios a los niños indígenas; abrió clínicas para atención a la salud y para dar servicios de orientación nutricional, y dio inicio a la investigación sobre problemas de salud y nutrición. Doña Eva era una mujer muy activa. Según su hija, era insomne, se levantaba de madrugada y se ponía a despertar a sus colaboradores para ponerlos a trabajar. Por supuesto, también hizo los repartos de ropa y de juguetes que ya eran tradicionales, llevó ayuda a damnificados cuando los hubo por algún desastre natural, y viajó mucho, tanto al extranjero acompañando al presidente en todos sus encuentros con diversos mandatarios en las giras de trabajo que emprendió por Oriente, Europa y Sudamérica (que fueron tantas que se le llegó a llamar López “Paseos”), como llevando la voz de México a foros internacionales sobre problemas de nutrición, salud y asistencia social infantil. Dentro del país también se movió mucho, pues en cada pueblo llegó a existir una escuela que llevaba su nombre y la señora las fue a inaugurar personalmente, aunque tuviera que ir en burro o a pie hasta los rincones más apartados.59 Además, se involucró en la campaña para impulsar y defender el libro de texto gratuito al que se oponían muchos grupos tradicionalistas. Y estuvo presente en las ceremonias oficiales que como primera dama le correspondían: la fría mañana del lunes 1° de diciembre de 1958 llegó con su hija al Palacio de Bellas Artes, el recinto donde se efectuaría la toma de posesión de su marido, presidió las recepciones del 15 de septiembre y asistió a las que se ofrecían a los altos dignatarios visitantes, ocupándose de atender a sus esposas y mostrarles el trabajo que se hacía en materia de asistencia social. De todas, la visita más llamativa fue la de los esposos Kennedy, que recorrieron el Paseo de la Reforma en un auto descubierto, entre los aplausos de la gente, pero quien de verdad se hizo amiga de doña Eva, fue la reina Juliana de Holanda, al punto que su nieta se llamaría como ella en su honor. Nunca hasta entonces una primera dama había hecho un trabajo de esa magnitud. Para la señora López Mateos, la asistencia social no fue el cumplimiento de un ritual para la pura

fachada, sino un verdadero esfuerzo destinado a cambiar la situación de los niños sin recursos. Según su hija, doña Eva fue una mujer idealista que “pensó que podía componer el mundo entero” y, aunque eso no fue cierto porque no podía serlo, “sin duda hizo mucho”.60 Por el contrario, Guadalupe Borja de Díaz Ordaz era una mujer de su casa, a quien le gustaba pasar la tarde con su nieto viendo la televisión. Y sin embargo, no tuvo más remedio que continuar con la labor de asistencia social que ya era tradicional para las primeras damas y que su antecesora había convertido en profesional. Por eso, en diciembre de 1964, el presidente de la República le dio posesión del cargo de presidenta del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, desde donde se siguieron repartiendo los desayunos escolares y atendiendo la salud de los niños. En 1968, la señora consiguió el apoyo de su marido para la creación de un nuevo organismo oficial: la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez, del que también fue nombrada presidenta. Los objetivos de este nuevo organismo eran muy parecidos a los del anterior: “Velar por el bienestar de los niños huérfanos, abandonados o enfermos y buscar, en coordinación con organismos públicos y privados, disminuir los problemas de abandono, explotación e invalidez de menores”.61 ¿Qué necesidad había de levantar otra estructura burocrática tan cara y compleja siendo que sus propósitos eran similares a los de la que ya existía? La razón fue la enemistad entre las señoras Díaz Ordaz y López Mateos, tan fuerte que la primera dama nunca volvió a invitar a su antecesora a ningún acto oficial (aunque sí asistieran otras ex primeras damas) y cada vez que la encontraba en algún lugar subía la voz pidiendo que la sacaran de allí. La decisión de crear una institución nueva tenía que ver con su deseo de que su trabajo no tuviera ninguna relación ni identificación con el de la señora Sámano y lo que llama la atención es que los recursos de la nación pudieran usarse así para satisfacer los caprichos personales de quienes tienen el poder y por lo visto, las esposas de los presidentes de la República lo tenían cuando sus maridos las apoyaban. Lo demás fue lo de siempre: inauguraciones y visitas a planteles educativos, casas-hogar, asilos, hospitales y clínicas, guarderías y salones de costura; recibir a los niños aplicados de todo el país instándolos a seguir adelante; legalizar uniones matrimoniales; recibir nombramientos honorarios; encabezar los festejos por el día de la mujer; atender a visitantes extranjeros, entre ellos —pues ya se había vuelto costumbre— al presidente de Estados Unidos y a su esposa, la señora de Lyndon B. Johnson; dar donativos a instituciones privadas de asistencia y organizar los tradicionales festivales con reparto de ropa y juguetes para niños en los días de Reyes, y de utensilios domésticos para mujeres humildes en el día de las madres.62 Los sucesos de 1968 y las críticas a su esposo que le siguieron le produjeron serias alteraciones nerviosas, pues a todas partes a donde llegaban ella y su familia los abucheaban, y además, porque mucho temía por la seguridad de los suyos.63 Aquel año, en la celebración del grito de la independencia, se le vio temblorosa e inestable cuando salió al balcón central del Palacio Nacional. En adelante, su hija acompañaría al presidente en los actos oficiales y cumpliría con las labores de primera dama sustituta, como había sucedido 40 años antes con Calles y su hija Hortensia. María Esther Zuno de Echeverría fue también una primera dama de alto perfil y que hizo mucho trabajo público. Mujer que descendía de una familia de estirpe liberal, consciente de

las enormes carencias y de las grandísimas desigualdades sociales en el país, había sido, según Julio Scherer, “una luchadora social”.64 Y, sin embargo, su tarea principal fue la misma que la de sus antecesoras: la de ser ante todo esposa: “Mi tarea ha sido la de sostener al hombre que ejerce el poder y eso que no se ve ni se sabe es lo más importante”.65 Esto lo reconocía el propio Echeverría: “Sin duda alguna su ayuda ha sido esencial en mi vida política”; “ha sido una mujer muy a la mexicana, siempre con el gran espíritu de solidaridad de nuestras mujeres”.66 Nada más empezó el sexenio de su marido y la señora estuvo (igual que él) siempre en movimiento y acción, llena de energía, ajena al tiempo, “iba y venía como si se le acabaran las horas para salvar al país”.67 Mientras él hacía sus discursos antimperialistas y tercermundistas, ella sometía las costumbres sociales a una intensa mexicanización, desde reformar por completo la residencia oficial de Los Pinos —se sacaron candiles, tibores, vajillas, vitrinas, cómodas y muebles afrancesados que fueron entregados al Museo Nacional de Historia, para meter en su lugar lámparas de vidrio soplado, equipales de cuero, tapetes de lana, jarrones de barro, cortinas de manta y mesas de madera hechas por los mejores artesanos mexicanos— hasta obligar a las esposas de los secretarios de Estado a vestir atuendos típicos de las distintas regiones de México y servir en los banquetes platillos de la cocina nacional como crepas de huitlacoche —que había inventado Salvador Novo—, sopa de tortilla y postres hechos a base de mango y otras frutas tropicales, y en lugar de vinos, aguas frescas de chía, horchata y jamaica. Ese gusto por lo propio se extendió más allá de su hogar hasta convertirse en un esfuerzo a nivel nacional para el rescate de las artesanías y de los bailables, creando organismos que los protegieran y estimularan. Cuando se le preguntaba sobre esto, la señora Echeverría respondía: “Lo hago no solamente por mi inclinación y gusto personal sino por el valor político, porque pienso que los pueblos que no defienden sus tradiciones culturales rompen sus raíces y pierden firmeza en su vida colectiva”.68 Este modo de ser provocó lo mismo burlas que admiración. Hubo una colaboradora que dijo: “Me vestí de Adelita y me sentí como transportada a otra época, me sentí más mexicana que nunca”; mientras que otras de plano no aceptaron “disfrazarse”: “Esa corte fascinada con estar en las páginas de sociales con el último modelito, tuvo que dejar en la caja fuerte el brillante de veinte kilates que quería llevar a la fiesta ofrecida a la reina Isabel II de Inglaterra para vestir el traje de yalalteca”.69 Lo que más revuelo causó fue que pidió a las esposas de los funcionarios que se presentaran en las recepciones oficiales sin joyas y si alguna las llevaba, se le recogían a la entrada y se le devolvían a la salida, aunque en ocasiones se les pedía que las dejaran como donativo “voluntario” para alguna causa. Algunas esposas de los funcionarios de más alto nivel definitivamente se negaron a hacerlo e incluso corrió el rumor de que, a la hora de la sucesión, tuvo mucho peso para que no se eligiera como candidato a un determinado secretario de Estado, el hecho de que su cónyuge nunca quiso vestirse como le pedía la primera dama y que en una ocasión en que ésta le solicitó que donara sus aretes, se rehusó a ello. Por lo que se refiere a la asistencia social, se le dio fuerte impulso a las acciones. En 1974 se cambió el nombre de las instituciones existentes y nació el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, que continuó con los programas en favor de los niños y los amplió considerablemente: los desayunos escolares no sólo crecieron en número sino en alcance y

llegaron hasta zonas marginales y en ellos se incluyeron dos galletas creadas especialmente para tal efecto y que eran un complemento alimenticio, una se llamaba Nutrimpi y tenía un alto contenido de proteínas y la otra, Yemita, era un concentrado de huevo.70 Además, se impulsó una concepción de la asistencia social según la cual no era posible atender al niño sin atender a toda la familia, cuyo pilar es la mujer (“la mujer es el grupo más revolucionario que existe en México y hasta ahora el que ha estado más desperdiciado” y “si se educa a una mujer se educa a un pueblo”, decía la señora Echeverría),71 y aprovechando las tradiciones comunitarias. Por eso se echaron a andar programas de capacitación, como el de orientación familiar, que funcionó en comunidades con menos de 2 500 habitantes a las cuales no llegaban los servicios del gobierno federal, y con el que se proponía mejorar casas habitación, limpiar los lugares públicos, arreglar las calles, reparar las escuelas y el mobiliario escolar, organizar el acarreo de agua, construir bordos y zanjas, abrir caminos y combatir plagas, y en el que de paso se aprovechó para alfabetizar, iniciar a algunas mujeres en el liderazgo político y preparar parteras empíricas. Miles se capacitaron, con lo que muchas mujeres que ya de todos modos ejercían esta labor tan necesaria, fueron adecuadamente preparadas no sólo para desempeñar mejor su trabajo sino también para que aprendieran los elementos básicos de la detección de enfermedades, tal que de paso y de una vez, se convirtieran en promotoras de la salud. Tres millones de mujeres campesinas, un millón de promotoras y más de 30 000 comunidades en todo el país, hicieron de este programa el más importante que se desarrolló en ese periodo. Pero no fue el único, porque a la señora Echeverría le dio por capacitar a todo el que se dejara y para cualquier cosa. Y entonces surgieron otros como el de construcción de vivienda, de huertos y empresas productivas familiares, de reforestación, de combate a la farmacodependencia, de atención psicológica, de educación especial, de fomento al deporte, y el de “barrer la República”, que fue su gran orgullo: “Tener la República barrida es señal no sólo de limpieza sino de orden”.72 Uno de los programas más importantes fue el de paternidad responsable, con el cual por medio de conferencias, obras de teatro, reparto de volantes y publicidad se trató de despertar conciencia entre los padres de familia para lograr dos objetivos: la planificación familiar y “generar un comportamiento adecuado de los padres en relación con sus hijos”.73 Y es que, por primera vez en la historia de México, había preocupación por la alta tasa de crecimiento demográfico y por el riesgo de que no alcanzaran los recursos, servicios y empleos para satisfacer la demanda de una población que aumentaba a ritmo exponencial y que era cada vez más joven. La campaña “La familia pequeña vive mejor” tuvo el propósito de que la gente se diera cuenta de esta situación y empezara a cambiar el hábito de tener “todos los hijos que Dios mande”. Al mismo tiempo, se emprendieron campañas de legalización de matrimonios y de hijos, en escala nunca antes vista, y desaparecieron, por iniciativa de la primera dama, las diferentes denominaciones que calificaban —o más bien descalificaban— a los vástagos como ilegítimos. Pero no sólo a las campesinas puso a trabajar la primera dama. Con ella se volvió obligatoria la participación de las esposas de los gobernadores, los presidentes municipales, los miembros del gabinete y funcionarios de todo rango y nivel, incluidas las esposas de los altos mandos del ejército y hasta las de los embajadores. A todas las organizó y las puso a

trabajar en lo que paradójicamente se llamó la Red de Servicio Social Voluntario, que fue “un movimiento sin precedente”: “Este ejército de señoras —cerca de 90 000 mujeres movilizadas — lidereado por la esposa del presidente, fue el vínculo de comunicación e intercambio entre diversas dependencias y niveles de gobierno y entre empresas y organismos descentralizados con organizaciones privadas”.74 En cuanto al cumplimiento del protocolo que ya era tradicional para las esposas del ejecutivo, María Esther Zuno lo hizo con todo rigor: estuvo presente, como todas las primeras damas que la antecedieron, en los actos y ceremonias oficiales; le dio dos vueltas completas a la tierra, pues emprendió con su marido los viajes al extranjero que lo hicieron célebre por sus excesos y dispendios, y también hizo sola varias salidas, igualmente derrochadoras, para difundir los bailes populares mexicanos que tanto le gustaban. Pero, sobre todo, hizo muchas giras por el país: “De cada treinta días, diez los pasábamos afuera de la capital”, afirmó una de sus colaboradoras.75 Iba a todas partes, hasta los rincones de difícil acceso, y se involucraba con la gente, les daba de comer a los bebés, abrazaba a las señoras, entraba en sus casas. Por supuesto, quería que esto se notara y siempre había a la mano quién lo pudiera fotografiar para la posteridad, porque la señora, al igual que su marido, combinaba una aparente sencillez y humildad con un enorme deseo de reconocimiento y adulación. Con su modo de plantear las cosas, la primera dama cambiaba la esencia misma de la asistencia social que se venía realizando en nuestro país desde hacía más de un cuarto de siglo: ésta pretendía dejar de ser un deber solamente del Estado y se convertía también en responsabilidad de sus receptores, quienes se preparaban para ayudarse a sí mismos y dejar de ser pasivos y de esperar todo del gobierno. Cuando la señora Carmen Romano de López Portillo se convirtió en primera dama, los equipales, el vidrio soplado, las mantas y el barro de la residencia oficial fueron a dar a las bodegas y en su lugar aparecieron muebles a la moda del momento e incluso algunos diseñados por ella misma, como las mesas con tres cabeceras. Y es que la señora era una mujer caprichosa, excéntrica y derrochadora,76 pero apasionada de la música. Por eso, como afirmó una de sus colaboradoras, “calló el himno campesino y nos fuimos todas a Bellas Artes”.77 El estímulo a la cultura fue la marca de su trabajo y fue lo que su marido la dejó hacer: Un día al regresar a Los Pinos quise platicárselo de inmediato al presidente para que nos diera su apoyo. Lo encontré en el elevador esperando la visita del embajador americano y le pedí hablar con él. No te voy a quitar el tiempo, le dije, tengo una idea. Inmediatamente se fue a sentar a su escritorio del despacho presidencial y me contestó: No me siento por lo que te vayas a tardar sino que me siento porque con tantas ideas que se te ocurren no vaya a ser que me quites de la silla, por eso me agarro bien de ella.78

Así nació el Fondo Nacional para Actividades Sociales (Fonapas), un “organismo que tiene a su cargo la promoción y difusión de la cultura para que ésta llegue indistintamente a todos los estratos de la población nacional”.79 El Fonapas patrocinó casas de cultura en todo el país, donde se desarrollaban actividades literarias, musicales, artísticas y teatrales para niños y adultos. Además se dio especial impulso al tradicional Festival Internacional Cervantino que se realizaba año con año en la ciudad de Guanajuato, y para el cual se trajo a los mejores intérpretes y grupos de todo el

mundo, sin importar los costos (eran los años en que el petróleo nos hacía sentir muy ricos), se crearon dos orquestas, una de jóvenes y otra, la Filarmónica de la Ciudad de México, cuyo objetivo era estimular la difusión de la música mexicana; en 1978, se fundó la Escuela de Perfeccionamiento Vida y Movimiento, con el propósito de “crear músicos de alto nivel que a su vez se conviertan en maestros de las nuevas generaciones y encauzar la reparación, construcción y afinación de instrumentos musicales”.80 Para albergar la escuela se construyó un edificio en el sur de la ciudad de México, que era al mismo tiempo un conjunto cultural con sala de conciertos, sala de exposiciones, aulas para impartición de cursos y venta de libros y discos. En mayo de 1979, la primera dama creó el Premio Internacional Literario Ollin Yoliztli, para “ponderar los méritos de los escritores de habla española”, y que inmediatamente se constituyó en el más importante de su género en América Latina por el monto acordado (100 000 dólares) y que desaparecería tan pronto como su promotora dejara de tener el poder y los cuantiosos recursos. Por supuesto, la señora López Portillo cumplió también con las actividades tradicionales que correspondían como esposa del presidente, tales como acompañarlo en ceremonias, emprender giras de trabajo, inaugurar obras, asistir a festivales, recibir al cuerpo diplomático y a los funcionarios después de la celebración anual del grito de independencia, encabezar las colectas para la Cruz Roja, representar a México en actos oficiales en distintos países del mundo (como la toma de posesión del presidente de Estados Unidos James Carter) y en foros internacionales (como las mesas redondas sobre refugiados organizadas por la ONU en Ginebra, Suiza; el Coloquio Internacional sobre Protección a la Infancia en Tánger, Marruecos; la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y reuniones en Argelia, Egipto y otros países), así como recibir a las personalidades que nos visitaban. También cumplió con el trabajo de asistencia social, el cual, de acuerdo con la lógica de la articulación de los esfuerzos públicos y de planificación que dominó el sexenio, consistió en presidir al organismo que aglutinó a las instituciones encargadas de la infancia y la familia y que, como novedad, también coordinaría la asistencia social privada. La primera dama explicó: “Era absurdo que hubiera dos instituciones que tenían objetivos coincidentes y cuya Presidencia además se manejaba por la misma persona”.81 Fue así como el 10 de enero de 1977 nació el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cuyos objetivos eran promover el bienestar social, fomentar la nutrición y prestar servicios asistenciales. Además, en julio de ese mismo año, se dio a conocer el Plan Nacional de la Promoción Social Voluntaria que creaba el Patronato Nacional de Promotores Voluntarios con el fin de institucionalizar la labor de las señoras que colaboraban con la primera dama. La señora Carmen disfrutó mucho su tiempo en el poder. Por eso, aunque la costumbre dictaba que unos tres meses antes del fin de su mandato, la familia del presidente saliera de la residencia oficial para dar oportunidad a sus futuros residentes de ordenar los arreglos y cambios que consideraran adecuados, ella no se quería ir de Los Pinos. Permaneció allí hasta el último momento, y apenas la madrugada anterior a la toma de posesión de Miguel de la Madrid permitió que las mudanzas cumplieran con su cometido. Los derroches y desplantes de la señora López Portillo —y de los demás familiares del presidente, incluidas su madre y hermanas— habían dejado un mal sabor de boca entre la población. Eso hizo que la siguiente primera dama, Paloma Cordero de De la Madrid,

decidiera mantener un perfil bajo, lo cual además iba acorde con su carácter pues era una mujer “poco adicta a la publicidad”.82 Con De la Madrid hubo un cambio en las políticas de bienestar social. Por una parte, se canalizaron menos recursos a las instituciones de salud y, por otra, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se constituyó en un brazo especializado, autónomo y desconcentrado del sector salud, cuyos grupos de atención debían incorporar, además de los sectores tradicionales de niños y mujeres, a los jóvenes, a los discapacitados y a los viejos. A todo esto se le llamó Sistema Nacional de Asistencia Social, de acuerdo con la ley aprobada en 1986.83 Con esa restructuración se inició también el proceso de descentralización de la institución, consistente en el establecimiento de los DIF estatales y municipales, lo cual cumplía un doble objetivo: ampliar la cobertura y disponer de más recursos (dado que el dinero para ellos ya no sólo provenía de la federación sino también de cada gobierno estatal, y los DIF municipales eran incluso autosustentables o autofinanciables con un porcentaje fijo del total de sus recursos) y de paso, como afirma Victoria Rodríguez, ganar lealtad y apoyo políticos para el gobierno.84 La descentralización vino acompañada de un cambio en la organización de la propia institución: se crearon un comisariado y una junta de gobierno que concentraban la autoridad formal, y se modificó la naturaleza del patronato que encabezaba la esposa del presidente de la república, para convertirlo en un órgano de consulta y recomendación cuya tarea principal sería la obtención de recursos. Atrás quedaban los tiempos del liderazgo de las señoras, tal como lo habían ejercido desde Eva Sámano y Guadalupe Borja hasta Esther Zuno y Carmen Romano; en adelante, la presidenta del DIF quedaba fuera de las decisiones: “No tenía por qué arriesgarse en terrenos que no conocía como los de administración y mejor que se ocupara de supervisar los trabajos y escuchar las demandas, es decir, de ser la mano amable del poder”.85 Esa mano amable, sin embargo, pudo ejercer alguna influencia para que se diera especial atención a la rehabilitación de los discapacitados y la atención a los ancianos, que le interesaban particularmente a la señora.86 Y cuando los temblores de 1985 devastaron la ciudad de México, visitó las zonas afectadas y recibió aportaciones y ayuda de varios países del mundo, incluido un millón de dólares de regalo de la primera dama de Estados Unidos, Nancy Reagan, para el Fondo Nacional de Reconstrucción. La señora Cecilia Occelli de Salinas fue la primera en reconocer que llegaba al cargo de primera dama “con temor”: No tenía ni idea de las responsabilidades que me esperaban. La señora Paloma me llamó a una reunión en Los Pinos con los directores del DIF y del Voluntariado, quienes me explicaron todo. Luego yo me puse a estudiar al DIF. Lo que más me impresionó al irlo conociendo es que se trataba de instituciones muy serias y sus programas eran buenos y necesarios.87

Pero cumplió bien con las tareas que por tradición le correspondían a la esposa del presidente: desde acompañar a su marido en las ceremonias oficiales que exigía el protocolo, recibir a los dignatarios extranjeros y atender a sus esposas y representar a nuestro país en diversas partes del mundo (por ejemplo, en las exequias del emperador Hirohito del Japón), hasta las asistenciales.

Claro que para cuando ella asumió el cargo de presidenta del patronato del DIF, la asistencia social ya estaba inserta en un plan de dimensiones nacionales y la institución formaba parte del sector salud, lo que significaba que había cambiado el lugar de las señoras y su función en la realización de las tareas. Ya no eran los tiempos en que podían decidir, ahora sólo se podían sumar. Cuando doña Cecilia se integró para participar, contrató a profesionales capacitados para desempeñar ciertos trabajos —principalmente de tipo administrativo— y encabezó a las esposas de los secretarios de Estado, gobernadores y presidentes municipales, “señoras muy comprometidas”, como decía ella, que aprovecharon sus posiciones para concertar con las autoridades a fin de que se resolvieran asuntos de servicios (basura, agua, drenaje, vigilancia) en las comunidades de menores recursos, tanto en la capital como en los estados. La señora Salinas siguió adelante con los programas que estaban en marcha, consistentes en “brindar en forma permanente ayuda alimentaria y de desarrollo integral a niños, mujeres, ancianos, discapacitados y personas de escasos recursos” que incluían, por supuesto, los tradicionales programas de abasto de leche y de desayunos escolares, más otros de entrega directa de alimentos, así como las campañas de fomento al cuidado de la salud, de vacunación y vitaminación, tratamientos contra parásitos e infecciones y combate a epidemias —polio, tuberculosis, difteria, paludismo, tos ferina, tétanos y sarampión. Y también participó en otros de nueva creación: el de Desarrollo Integral del Adolescente, para jóvenes entre 12 y 19 años, que les permitiría no quedarse sin apoyo entre la niñez y la edad adulta; el de las Escuelas para Padres que les enseñarían a éstos a tener mejor comunicación con sus hijos y a no maltratarlos; el de las casas de cuidado diario en las que se capacitaba a mujeres para que atendieran a los hijos de madres trabajadoras mientras éstas iban a sus labores; el de “La salud comienza en casa” en el que se explicaban de modo sencillo fórmulas de higiene, alimentación y cuidado; el de salud reproductiva para que las mujeres pudieran espaciar sus embarazos y tener menos hijos; y el consentido de la señora: el de las cocinas populares comunitarias que mejoraban el sistema de desayunos escolares porque daban a los niños una alimentación fresca y más parecida a la de su hogar y permitían al gobierno ahorrar dinero, ya que “resultaba más caro mandar los paquetes con las galletas Nutrimpi a todo el país que preparar en cada lugar los alimentos y las papillas”. Esas cocinas funcionaban con materia prima pagada por el gobierno y con cuotas simbólicas que se le pedían a la comunidad y permitían alimentar no sólo a los pequeños sino también a los ancianos y a muchos adultos.88 A Nilda Patricia Velasco de Zedillo, la simple idea de ser esposa de un candidato a la presidencia de la República le provocó enojo y miedo. Así que, a diferencia de sus antecesoras, que habían hecho pública (aunque muchas veces no fuera cierta) su alegría cuando su marido había sido elegido y llegado al cargo más alto, ella se mostró tensa y molesta, como si hubiera hecho suya aquella frase de Martha Washington: “Soy más un prisionero de Estado que otra cosa”.89 Ello se debía, por una parte, al momento histórico tan difícil en el que esto había sucedido y, por otra, a su timidez natural y su inexperiencia en el trato con la opinión pública. Los medios de comunicación, copiando el estilo norteamericano que se ponía de moda, empezaron a perseguirla queriendo saber todo de su vida privada. La señora Nilda les respondió con candor. En una reunión con un grupo de mujeres periodistas defendió el rol de la mujer como madre y reivindicó el trabajo doméstico: “Creo que las

mujeres deberían darse la oportunidad de atender a sus hijos. Muchas trabajan sólo para gastar el dinero que ganan en medias y combis. Nunca están en su casa y cuando llegan, pues no hay comida y entonces se llevan a los niños a comer a McDonald’s”.90 Inmediatamente las feministas la acusaron de no tomar en cuenta las vidas increíblemente difíciles de las mujeres pobres, marginadas y sin alternativas que necesitan salir a trabajar: su desconocimiento de la situación de las mujeres trabajadoras le hizo polarizar entre las buenas madres que atienden a la familia y las malas que por trabajar la desatienden […]. Atender a la familia no es la opción moralmente más alta, pero además de eso, las mujeres en su mayoría, ni siquiera pueden elegir su opción.91

Tampoco resultó muy afortunado su relato del estilo de pareja que mantenía con su marido, en el que aparecía como una familia tradicional con la mujer subordinada a él: “Cuando intenté trabajar fuera de casa noté que esto le preocupaba a Ernesto. Me checaba más a menudo y consideré que él es el tipo de persona que, para trabajar más a gusto, necesitaba tenerme en casa.92 Durante varios meses, la señora fue objeto de críticas: si iba o no iba, si decía o callaba, si hacía o no hacía. La más persistente fue porque no sonreía en público: “Mujer de mirada distante, sonríe poco, no cede a ningún comentario de humor”, escribió Teresa Weiser; Gaby Vargas le criticó lo que llamaba “su actitud”; y Guadalupe Loaeza le pidió “una sonrisita por favor, porque eso reconfortaría a los mexicanos”.93 Por toda respuesta a esos comentarios, hizo un “voto de silencio” que no rompió durante el sexenio, pues no volvió a conceder entrevistas. La política social del gobierno zedillista estuvo marcada por la falta de recursos, porque las prioridades fueron el pago de la deuda y el rescate de la banca, de modo que era muy poco lo que quedaba para enfrentar los compromisos internos. Por lo demás, los funcionarios eran neoliberales ortodoxos en materia económica, de modo que ni creían en los modelos seguidos por los gobiernos posrevolucionarios ni tampoco en el populismo neoliberal del sexenio anterior, más aún, no les interesaba el rubro de las acciones sociales. Así que no sólo disminuyeron considerablemente lo que se destinaba al gasto social, sino que cambiaron incluso su forma de asignarlo. Estos recursos se fueron principalmente al estado de Chiapas, donde el conflicto armado que había estallado a principios de 1994 y los riesgos de que la insurrección se extendiera a otras regiones llevaron al gobierno a decidirse por una política de combate a la pobreza estrechamente ligada a la estrategia de seguridad nacional y a la lucha contrainsurgente. En cambio, las instituciones de seguridad social recibieron tan poco dinero, que los ciudadanos se quejaron reiteradamente de la falta de atención y hasta de medicinas.94 La asistencia social se redujo a lo puramente alimentario, dado que este rubro era imposible de eliminar del todo por razones tanto históricas como simbólicas, y aun así, los programas que había se compactaron en uno solo: “La política del mínimo minimorum es la pauta central de la reforma social del gobierno de Ernesto Zedillo”, afirmó Teresa Incháustegui.95 Al DIF se le redujo tanto el subsidio que “novecientos mil niños dejarán de recibir leche y un millón de personas dejarán de recibir tortillas”, afirmó su director, quien agregó: “La Secretaría de Hacienda no se da cuenta de la importancia que tiene apoyar a las familias en lugar de luego tener que dar más dinero para el combate contra la delincuencia y la violencia intrafamiliar”.96 La suerte de la institución era incierta y, como señaló Incháustegui, “se advierte un proceso

acelerado de debilitamiento institucional que raya en su desmantelamiento”.97 Y como no hubo una primera dama que defendiera este campo, dado que la señora Nilda mostró total indiferencia respecto a la asistencia social, prácticamente se la abandonó. Si no murió del todo, fue porque, por un lado, estuvo el peso de la costumbre y, por otro, el hecho de que algunas personas (entre ellas el director de la institución y algunas esposas de mandatarios estatales) hicieron hasta lo imposible por mantenerla viva. El hecho de que la señora Nilda no se interesara por el DIF —ni por ninguna otra causa social— provocó muchos problemas. Porque en esta institución sucedía lo que en ninguna otra: que, a pesar de las reformas relativas a la toma de decisiones, existía una doble fuente de autoridad, la del director y la de la esposa del jefe del ejecutivo. Entonces, si la señora no daba línea, nadie sabía qué hacer. Incluso quienes dirigían los DIF estatales y municipales, si bien disponían de bastante libertad en cuanto al manejo de sus recursos, seguían guiando sus acciones por las directivas del centro y si éstas no llegaban, quedaban en blanco. Lo mismo sucedió con el Voluntariado Nacional, que terminó por desaparecer. Es que a la señora Nilda, como escribió una periodista, “no se le ha visto ninguna función que no sea al lado de su esposo. No la vemos ni en el DIF ni en el Insen. Pero al lado del presidente Zedillo está en todo”.98 Y aun en las pocas ocasiones en que no le quedó más remedio que cumplir con las funciones acostumbradas, la señora no parecía conocer bien las políticas del gobierno de su marido. Por ejemplo, cuando en 1998 aceptó encabezar la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana en la residencia oficial de Los Pinos, era el momento en que el más alto directivo de esa institución se había manifestado en contra del uso del condón como forma de control natal y para la prevención del sida, posición contraria a la del gobierno mexicano que desde los años setenta venía promoviendo la planeación familiar y el combate a esa enfermedad, considerada como un problema de salud pública y no de moral.99 La única actividad pública que sí le gustaba hacer y que hizo año con año, fue poner en la residencia oficial un nacimiento de casi 2 000 figuras y ella misma llevaba a visitarlo a grupos de estudiantes, personas de la tercera edad, enfermos, discapacitados, promotoras y trabajadores.100 Ser primera dama no es un título que una mujer gana por sí misma ni el suyo es un lugar al que llega por interés o por mérito propio, sino que lo adquiere por ser esposa de quien lo tiene.101 Se trata, pues, de una posición difícil, situada en la incierta frontera entre lo público y lo privado y cuyos límites, reglas de funcionamiento, obligaciones y derechos nadie conoce a ciencia cierta. La primera dama no existe oficialmente ni su quehacer está marcado y definido por ninguna ley. Pero al mismo tiempo, por usos y costumbres no se concibe que no exista la figura y que no cumpla con las tareas que la tradición le ha asignado. Éstas consisten en dos actividades principales, que no han cambiado a través del tiempo aunque se modernice su forma de llevarlas a cabo: por una parte, el apoyo total e incondicional a su marido,102 de acuerdo con las convenciones sociales del momento histórico de que se trate (lo que incluye además no tener ningún interés propio y sí tener lo que se considere como una conducta ejemplar103) y, por otra, el trabajo en la asistencia social, que consiste en hacer extensivas al ámbito público las mismas ocupaciones que desempeña en su hogar, que son las de atender a los niños, enfermos, desvalidos y viejos, y para las que se considera que está preparada por el solo hecho de ser mujer.104

En las páginas anteriores hemos visto algo de lo que ellas han hecho y podido hacer en estos terrenos, un poco por sus propias capacidades y un mucho por las posibilidades que les ha dado tanto la situación económica, social, cultural e ideológica en que han vivido, como su relación particular de pareja con su esposo. Así, las hemos tenido que han convertido su pasión por la costura o por la educación o por las artesanías o por la música en políticas nacionales aunque sea de corto plazo (y aunque nos cuesten demasiado dinero porque se ocupan más de lo necesario del culto a la personalidad), y las hemos tenido al contrario, que no quisieron asumir los compromisos y hasta dejaron caer a las instituciones echando por tierra el trabajo de muchos años.105 De todos modos, lo que queda claro una vez completado el breve recorrido por el siglo XX mexicano es que por más que se haga y que las cifras ofrecidas sean enormes y suenen tan impresionantes, la asistencia social no ha redundado en un cambio efectivo de la situación de pobreza de la mayoría de los ciudadanos mexicanos106 y también, que el trabajo de estas mujeres ha significado muy poco para el país en términos de beneficios reales y a largo plazo.

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Daniel Cosío Villegas citado en Cuevas, 2000, p. 74. Krauze, 1987a, p. 15; Suárez Farías, 1992, pp. 271-276. 3 Francisco I. Madero citado en Krauze, 1987a, p. 58. 4 Sara Pérez de Madero entrevistada por Robert H. Murray el 15 de agosto de 1916, en Nuestro México: la decena trágica, núm. 4 (Universidad Nacional Autónoma de México, 1983), pp. II-III. 5 Este párrafo resume los contenidos de Sefchovich, 1999. 6 Valverde, 1980, pp. 248-278. 7 Justo Sierra, citado en Zea, 1981, p. 279. 8 Gómez, Guillermo, 1947, p. 29. 9 Fotografía de Virginia Salinas de Carranza en Sefchovich, 2002, p. 214, y entrevista telefónica de Sara Sefchovich a Martha Carranza de Astorga, 7 de marzo de 1998. 10 Sefchovich, 2002, pp. 223-224, y entrevista telefónica de Sara Sefchovich a María Mona Obregón Tapia viuda de Vargas, 8 de febrero de 1999. 11 FAPEC-FT , serie 010901, exp. 52, ff. 17-18. 12 Carta de Natalia Chacón a Plutarco Elías Calles en Calles, 1994, p. 408. 13 Gómez, Guillermo, 1947, p. 29. 14 Macías, 1994, pp. 275-276. 15 Ibidem, p.197. 16 Entrevista de Sara Sefchovich a Pascual, Eugenio y Ofelia Ortiz Rubio, 2 de marzo de 1998. 17 Entrevista de Sara Sefchovich a Rosalba y Carmen Portes Gil, 8 de febrero de 1998. 18 Entrevista de Sara Sefchovich a Hortensia Calles de Torreblanca, 3 de julio de 1982; Fuentes, 1998, p. 98. 19 Sefchovich, 2002, pp. 244-246. 20 Casasola, 1965, t. III, p. 1959. 21 Casasola, 1965, t. III, p. 1959. 22 Garza, 1954, p. 707. 23 Entrevista telefónica de Sara Sefchovich a Hortensia Rodríguez Pla, 11 de marzo de 1998. 24 Parodi, 1967, p. 7. 25 Carta de Aída Sullivan de Rodríguez citada en ibidem, p.15. 26 Martínez Báez, 1933; libro sugerido por la señora Aída Sullivan de Rodríguez y escrito por Manuel Martínez Báez, con ilustraciones de Salvador Pruneda. 27 Incháustegui, 1997, pp. 155-184; Fuentes, 1998, p. 100. 28 Suárez, 1987. 29 Entrevista de Sara Sefchovich a Luis Prieto, 6 de junio de 1982. 30 Solórzano, 1994, p. 7. 31 Amalia Solórzano de Cárdenas citada en Muñoz, 1988, p. 141. 32 Solórzano, 1994, p. 161. 33 Gómez, Guillermo, 1947, p. 30. 34 Solórzano, 1994, p. 69. 35 Scott, 1964, p. 123. 36 Gómez, Guillermo, 1947, pp. 30-31. 37 Castro, Rosa, 1950, p. 2. 38 Rafael Alducín citado en Acevedo, 1982, p. 9. 39 Cano, 1995, p. 105. 40 Sesto, 1942, pp. 52-54. 41 El Universal, 11 de mayo de 1943. 42 Gómez, Guillermo, 1947, p. 31. 43 Beatriz Alemán de Girón citada en Muñoz, 1988, p. 170. 44 Incháustegui, 1997, p. 191. 45 Un rayo de luz; Biografía de la señora Alemán, p. 6; Otranto, 1951, p. 3. 46 Excélsior, 7 de enero de 1954. 47 Ibidem, 10 y 11 de mayo de 1954. 48 Entrevista de Sara Sefchovich a María Teresa González Salas de Franco, 27 de agosto de 1995; Novo, 1996, t. I, pp. 7 y 13; t. II, p. 119. 49 Casasola, 1965, t. VIII, p. 2870; entrevista de Sara Sefchovich a Antonio Roqueñí, 22 de agosto de 1997; entrevista de 2

Sara Sefchovich a Juan José Rodríguez Prats, 26 de noviembre de 1997. 50 Tiempo de México, 1984, p. 1. 51 Luis G. Basurto citado en Pérez Montfort, inédito, s. p. 52 Scott, 1964, p. 220. 53 “Instituto Nacional de Protección a la Infancia”, en Enciclopedia de México. 54 Casasola, 1965, t. v, p. 2924. 55 El Universal, 6 de junio de 1964. 56 Ibidem, 15 de junio de 1963. 57 Casasola, 1965, t. V, p. 2925. 58 Instituto Nacional de Protección a la Infancia, s. f.; Incháustegui, 1997, pp. 120-122. 59 Entrevista de Sara Sefchovich a Alicia Capdevielle de Treviño, 19 de marzo de 1998. 60 Eva Leonor López Sámano de Zolla citada en Márquez, 1996, p. 65. 61 “Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez”, en Enciclopedia de México. 62 Gustavo Díaz Ordaz, “Segundo Informe de Gobierno”, en El Universal, 1966; Fuentes, 1998, p. 145. 63 Entrevista de Enrique Krauze a Gustavo Díaz Borja, en Krauze, 1997a, p. 354. 64 Scherer, 1986, p. 12. 65 Entrevista de Sara Sefchovich a María Esther Zuno de Echeverría, 14 de julio de 1982. 66 Suárez, 1979, p. 72; Luis Echeverría, en El Universal, 9 de diciembre de 1999. 67 Scherer, 1986, p. 14. 68 Suárez, 1979, p. 72; entrevista telefónica de Sara Sefchovich a María Esther Echeverría Zuno, 12 de mayo de 1999. 69 Márquez, 1996, p. 67. La primera es una informante anónima; la segunda es la señora Marcela de Moya Palencia, ambas citadas en ibidem. 70 Entrevista de Sara Sefchovich a María Esther Zuno de Echeverría, 14 de julio de 1982. 71 Idem. 72 Entrevista de Sara Sefchovich a María Esther Zuno de Echeverría, 14 de julio de 1982. 73 Luis Echeverría Álvarez, “Cuarto Informe de Gobierno”, en El Universal, 1974. 74 Incháustegui, 1997, p. 221. 75 Entrevista de Sara Sefchovich a Gloria Abella, 14 de julio de 1982. 76 Las anécdotas sobre esto darían para un libro entero. López Portillo, 1988, t. I, pp. 241-242; Fuentes Mares, 1986, pp. 125-126; entrevista telefónica de Sara Sefchovich a Samuel Schmidt, 12 de septiembre de 1997; entrevista de Sara Sefchovich a María Eugenia López Brun, 7 de diciembre de 1997; entrevista de Sara Sefchovich a José Manuel Villalpando, 16 de diciembre de 1997. 77 Declaraciones de Tere Márquez a Proceso, 23 de febrero de 1997. 78 Carmen Romano de López Portillo citada en Muñoz, 1988, p. 250. 79 Excélsior, 7 de junio de 1978. 80 El Nacional, 1° de julio de 1977. 81 Según Patricia Clark de Flores, citada en Márquez, 1996, p. 69. 82 Carta de Miguel de la Madrid Hurtado a Sara Sefchovich, 10 de agosto de 2001. 83 Entrevista de Sara Sefchovich a Miguel de la Madrid Hurtado, 28 de agosto 2001; Incháustegui, 1997, p. 233. 84 Victoria Rodríguez citada en Incháustegui, 1997, p. 234. 85 Entrevista de Sara Sefchovich a Miguel de la Madrid Hurtado, 28 de agosto de 2001. 86 Álvarez, 2001, p. 36. 87 Entrevista de Sara Sefchovich a Cecilia Occelli González de Salinas, 26 de septiembre de 1997. 88 Todos los entrecomillados en Entrevista de Sara Sefchovich a Cecilia Occelli González de Salinas, 26 de septiembre de 1997. 89 Martha Washington citada en Mayo, 1994, p. 63. 90 Nilda Patricia Velasco de Zedillo, en El Financiero, junio de 1994. 91 Marta Lamas, en La Jornada, julio de 1995. 92 Nilda Patricia Velasco de Zedillo, en El Financiero, junio de 1994. 93 Teresa Weisser, ibidem; anónimo, en La Jornada, febrero de 1997; Guadalupe Loaeza, en Reforma, abril de 1997; Gaby Vargas citada en Cecilia González, “Nilda Patricia”, inédito, p. 2. 94 Las quejas se manifestaron reiteradamente durante 1998 a través del programa Monitor de Radio Red. 95 Incháustegui, 1997, p. 138. 96 Entrevista de Sara Sefchovich a Mario Luis Fuentes, 5 de diciembre de 1998.

97

Incháustegui, 1997, p. 318. Tere Márquez, Proceso, art. cit. 99 Sefchovich, 1998. 100 Reforma, 24 de diciembre de 1998; Sefchovich, 2000. 101 Claudia “Lady Bird” Johnson citada en Anthony, 1991, t. I, p. 109. 102 Eleanor Roosevelt citada en ibidem, t. I, p. 450. 103 Mayo, 1994, p. 8; Greer, 1995, p. 22. 104 Entrevista de Sara Sefchovich a Clara Scherer, 26 de agosto de 1999. 105 Entrevista de Sara Sefchovich a Clara Scherer, 12 de julio de 2001. 106 Compárense datos en Madrid, 1984-1988, t. I; carta ya citada de Miguel de la Madrid Hurtado a Sara Sefchovich; Farfán, 1987, p. 103. 98

JOSÉ LÓPEZ PORTILLO: LA RUPTURA DEL PACTO REVOLUCIONARIO

GERMÁN PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM

* LA PERCEPCIÓN popular sobre los acontecimientos históricos es siempre emocional y encuentra con envidiable facilidad a los héroes, pero también a los villanos de la historia, responsables de las acciones y decisiones que a la postre nos han conducido reiteradamente a escuchar y vivir bajo la palabra crisis. En el caso de José López Portillo es frecuente que la percepción social olvide acciones y acontecimientos exógenos o estructurales. Más bien se tiende a concentrar en su sola persona las culpas y los errores, la ira y el resentimiento, olvidando, en todo caso, la presencia de otros actores que, por su posición, acciones e intereses, coadyuvaron a la catástrofe de 1982. Contrariamente a la interpretación del responsable solitario, causante de los malos manejos y del enojo popular, los hechos indican que en ese sexenio otros agentes —extranjeros, iniciativa privada, clases medias y organizaciones obreras, entre otros— conocieron, consintieron y, la mayoría de las veces, participaron del proyecto de López Portillo, que desajustó en gran medida la maquinaria social. De ninguna manera se trata de restar responsabilidad a López Portillo, de justificar su trivialidad, banalidad o nepotismo. Simplemente, este artículo parte del hecho de que la historia no la escribe un solo individuo. Alianzas, intereses y fenómenos endógenos y exógenos colaboran, consienten, impulsan o se oponen a las políticas y planes, por lo que, pese a la cercanía de los hechos, nos proponemos realizar un análisis equilibrado que evite la tradición según la cual el desarrollo de toda una nación está determinado por la inteligencia o estupidez de un individuo. José López Portillo no tuvo una visión de estadista. En 1976, recordemos, Europa y Estados Unidos vivían un claro fenómeno, que entonces se conoció como la novedosísima “estanflación”, esto es, recesión con inflación. Era la crisis del keynesianismo, de la intervención estatal, de la política de pleno empleo y del Estado-céntrico. Si bien la intervención estatal en la economía había sacado de la crisis a Europa (Plan Marshall) y a Estados Unidos (New Deal), ésta había llegado a su fin. Se había tornado no funcional al producir “crisis fiscales”, demandas sociales desproporcionadas, deslegitimación de gobiernos y movimientos sociales en crecimiento. En América Latina, el populismo hizo igualmente estragos a la postre. El gasto excesivo de los gobiernos era insuficiente porque se traducía en subsidios generalizados, obras mal planeadas, suntuosas o francamente inútiles; corrupción y culto a la autoridad. Aunque, desde luego, mucho de ese gasto se canalizó bien en educación, salud, servicios e infraestructura. Al déficit le siguió la creación de dinero (inflación o endeudamiento). En México, la experiencia y el fracaso de Luis Echeverría Álvarez no debió haber dejado dudas. Sin embargo, tanto en ese sexenio como en el de López Portillo las crisis se politizaron y fueron vistas como un problema de “caja” o abiertamente de lucha Estado-empresarios, y no como un conflicto consigo mismo, de gobiernogobierno, de ingreso-gasto, esto es, como un problema técnico-estructural. El gobierno de López Portillo hizo las veces de gozne entre el viejo sistema intervencionista y el nuevo, neoliberal; entre un Estado que resolvía salarios, empleo, producción, crecimiento industrial, y otro Estado, “mínimo”, con funciones acotadas a seguridad pública, educación, salud y respeto a la propiedad privada. El cambio no era fácil; implicaba renunciar a la tradición revolucionaria, al Estado protector de obreros y campesinos pero, fundamentalmente, a sus formas de legitimación corporativas y populistas. Como todo momento complejo de la historia, el sexenio de López Portillo requiere de un

análisis profundo de las circunstancias y de los actores: sus acciones y omisiones. Es por esto que en las páginas siguientes se procura presentar los mecanismos de interacción del Estado y la sociedad civil, las políticas de conciliación y las formas de concertación, la recomposición del maltrecho pacto social cuando José López Portillo llegó al poder; la alianza entre empresarios, obreros y Estado; la racionalización presupuestaria hasta 1979; los años de auge, con el petróleo y la petrolización, con el incremento del producto interno bruto, la creación de empleos y, sí, el indudable consenso y beneplácito de las clases medias, los empresarios, los obreros e, incluso, la inteligencia, respecto a las políticas desarrollistas instrumentadas en aquel entonces. También se analizan los meses de la descomposición: de junio de 1981 a septiembre de 1982, tiempos en los que la cordialidad se tradujo en conflicto, el consenso en desconfianza, la credibilidad en suspicacia, la bonanza en crisis y la racionalidad en locura. Para comprender el sentido y significado del sexenio 1976-1982 es necesario tener en cuenta su contexto. De este modo, debemos decir que: a) El gobierno de José López Portillo estuvo fuertemente marcado por el agotamiento, en ese momento claro para muchos autores, de las políticas económicas keynesianas diseñadas a partir de la segunda Guerra Mundial, que ya habían mostrado sus límites y empezaban a tornarse abiertamente ineficientes e, incluso, riesgosas. b) Las clases medias, en crecimiento acelerado, no cabían en las formas tradicionales corporativas de representación de intereses, que habían probado su eficiencia para controlar a los agentes sociales y también para vincular a la sociedad con el Estado; aunque producto del sistema, sucedió que las clases medias no sólo no pudieron ser corporativizadas, sino que obedecieron mucho más a una lógica individual-privatizante que a los principios ordinarios derivados de la ideología de la Revolución mexicana. Como efecto del crecimiento económico, de la cobertura en educación, de la paulatina apertura de los medios de comunicación y de la urbanización, las clases medias crecieron significativamente y la negociación con ellas se volvió muy complicada. Movimientos urbano-populares, ecologistas, feministas, estudiantiles —casi todos representantes de las clases medias— obligaron al gobierno de Luis Echeverría Álvarez, pero sobre todo al de José López Portillo, a considerar cambios en la estrategia tradicional de negociar lo político. Esto, a la postre, afectó en sus raíces al pacto social posrevolucionario. c) Otro actor fundamental, la clase empresarial —vieja aliada del proteccionismo a la mexicana—, se sintió suficientemente fuerte como para desprenderse de la tutela estatal. Al autorrecriminarse porque al defender sus intereses económicos descuidó la actuación política del Estado, la clase empresarial optó por una posición más agresiva, política y no sólo económica, frente al estatismo: por la libertad frente a la arbitrariedad y por la libre empresa frente al intervencionismo estatal, lo que se oponía a los principios que hasta finales de la década de los ochenta sustentaron los gobiernos de la posrevolución. Al tiempo que la política económica mostraba signos de agotamiento, ambas clases, la media y la empresarial, desprendidas del Estado y sin canales adecuados de representación, orillaron a éste a buscar nuevas formas de legitimación política. Por ello, es en este contexto donde debe considerarse el esfuerzo gubernamental por alentar opciones de representación formal, como un apoyo fundamental para sostener la legitimidad del sistema. En este sentido, no debe olvidarse que José López Portillo fue candidato único, por lo que era preciso que

hiciera hincapié justamente en su legitimidad como presidente electo en un proceso “democrático”, más que en función de su herencia e ideología revolucionarias. Ya a partir de los movimientos estudiantiles de 1968, el gobierno propuso una serie de modificaciones legales para incluir a los jóvenes en la vida política institucional (disminuyendo la edad para el voto activo y pasivo) y aumentando la representación política de la oposición en la Cámara de Diputados a través de los llamados “diputados de partido”. En realidad, las reformas a la Ley Electoral de 1971 y la apertura democrática de 1973 no sirvieron de mucho. Por el contrario la reforma política a través de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), en 1977, fue importante para canalizar ciertos grupos armados o de izquierda radical hacia la institucionalización a través de la aparición del Registro Condicionado. Sin embargo, hasta 1976 la alquimia electoral, la ausencia de una cultura político-democrática en la sociedad mexicana (aún en ese tiempo buena parte de la izquierda creía en la revolución armada como forma de acceso al poder) y, sobre todo, los errores de los líderes de la oposición (no olvidar que en 1976 el PAN no postuló candidato para la presidencia de la República por conflictos internos) y el autoritarismo sistémico, hicieron de los partidos políticos entes sin raíces populares. Al mismo tiempo, los movimientos sociales, especialmente los sindicatos, privilegiaron la negociación directa con el ejecutivo y sus diversas instancias administrativas, minando la representación formal a través del legislativo. La Alianza para la Producción, en 1977, por ejemplo, fue un pacto eminentemente tripartita y corporativo entre sindicatos, empresarios y gobierno. La aparición de nuevos sujetos sociales, el fortalecimiento del empresariado y, sobre todo, lo incalculable de las políticas económicas, en un contexto de crisis internacional que sin duda contribuyó a desorientar y desajustar la política económica, conforman un escenario sin el cual resulta absolutamente imposible entender los cambios en el interior de un sexenio que vivió momentos de alianzas —Alianza para la Producción—, de contención del gasto público, de recuperación económica, de tendencia a una explotación exacerbada del crudo, de endeudamiento y gasto público temerario —por decir lo menos— y también de fractura con agentes sociales imprescindibles en todo Estado moderno: las clases medias y los empresarios. Por lo anterior, en las páginas siguientes se procurará señalar los elementos que hicieron del gobierno de José López Portillo uno profundamente fracturado en su lógica interna, contradictorio en sus alianzas; escindido entre su decir y su ser, entre sus proyectos y sus obras, entre sus palabras y sus hechos, entre su administración de la abundancia y su falta de control en la crisis; en fin, entre sus primeros años de gobierno y sus tiempos finales de desgobierno.

LA HERENCIA Cuando López Portillo accedió a la silla presidencial, en 1976, el país sufría una crisis económica y política en la que se combinaban algunos de los elementos que habrían de repetirse en los últimos meses de su sexenio: inflación creciente (que alcanzó un promedio de

14.3% en el sexenio anterior);1 en 1976 hubo una drástica reducción de la inversión en la producción en todas las áreas de la economía y un enorme déficit gubernamental (que en ese año alcanzó 99 000 millones de pesos, representando 8% del PIB);2 una deuda pública externa (cuyo incremento medio anual entre 1971 y 1976 fue de 29.8% alcanzando los 19 600 millones al finalizar el sexenio);3 un grave desequilibrio con respecto al sector externo (que llegó a casi 23 000 millones de dólares en 1977),4 que se quiso corregir mediante la devaluación de la moneda en casi 100%; una abierta especulación y una descarada fuga de capitales por parte de los sectores más pudientes del país. Estos elementos coincidieron, además, con la crisis del sistema político, cuya legitimidad se había venido deteriorando, manifestándose en una casi total pérdida de la confianza en el gobierno por parte de distintos sectores sociales. Este sentimiento, aun cuando era compartido por diversos grupos, se concentró, sobre todo, en las clases medias urbanas que veían amenazados sus intereses.5 Naturalmente críticas, las clases medias —que durante el desarrollo estabilizador se habían visto muy favorecidas por una política estatal de franco apoyo a renglones como urbanización, educación y salud, y también por el crecimiento inusitado de la burocracia— resintieron los efectos de la crisis económica, se consolidaron como un sector incontrolable dentro de las formas tradicionales de negociación corporativa entre el Estado y la sociedad y, mediante alianzas con los más diversos grupos, tuvieron la capacidad de minar el margen de acción del gobierno. El sector obrero, por su parte, tuvo entre 1973 y 1976 un importante crecimiento en el sistema político y económico, y pudo imponer sus condiciones a través del PRI, la CTM y del recién creado Congreso del Trabajo.6 La presencia de los sectores sociales corporativistas fue de tal modo contundente que el Estado fundó, como instancia de mediación, la Comisión Nacional Tripartita7 (obreros, empresarios y gobierno) que, con el respaldo de Luis Echeverría Álvarez, resultó fundamental para determinar los cauces que seguiría el desarrollo nacional. Otro de los actores que debemos considerar, el sector empresarial, estuvo descontento con el gobierno de Luis Echeverría por su carácter populista y tercermundista, su constante denuesto del empresariado, pero, sobre todo, por la creciente participación estatal en la economía8 (aumento de la participación del Estado en el PIB, preponderancia de lo público sobre lo privado).9 Hacia finales de su gestión, Echeverría decretó la expropiación de 100 000 hectáreas en el Valle de Sonora, rompiendo con ello las ya de por sí tensas relaciones entre el Estado y el capital. La respuesta de los representantes de la iniciativa privada provocó una relativa desestabilización política que se tradujo en una crisis de confianza y eficacia de los canales de participación establecidos. A pesar de la llamada “apertura democrática”, diversos grupos fueron organizándose al margen de las instituciones de participación política: estudiantes, guerrilleros y campesinos. Al mismo tiempo, el partido oficial, que pasaba por una crisis interna, perdía adeptos mientras el entonces recién formado Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los nuevos partidos de izquierda adquirían mayor presencia. El desprestigio del gobierno afectó también las relaciones exteriores, sobre todo con

Estados Unidos. Los organismos financieros internacionales suspendieron sus apoyos crediticios, en tanto que el endeudamiento externo, el déficit gubernamental y los movimientos especulativos de capital provocaron la devaluación y la agudización de la crisis que, finalmente, obligó al gobierno entrante de López Portillo a la firma de un acuerdo de estabilización con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que exigía la adopción de una política restrictiva para el periodo 1977-1979. A cambio de una línea de crédito al Banco de México de 12 000 millones de dólares,10 esta política incluía la reducción del déficit en el sector público, la limitación del endeudamiento público externo, el aumento de precios en los bienes y servicios públicos, el freno a la ampliación del empleo en el sector público, la ausencia de un control de cambios, la apertura económica hacia el exterior y el establecimiento de topes salariales, entre otras exigencias. El Estado se mostró ineficiente para satisfacer las necesidades económicas y políticas de la sociedad civil y, al mismo tiempo, padecía una insuficiencia presupuestaria que lo debilitaba en sus negociaciones, lo tornaba más dependiente del exterior y lo obligaba a frenar drásticamente su política expansionista. Para 1976 era obvio que el país ya no cabía en el PRI; la crisis de ese año dejó ver claras fisuras e incongruencias, tales como la desarticulación de la clase política, y las evidentes muestras de incompetencia del partido oficial como órgano integrador y hegemónico. El auge alcanzado por los sindicatos independientes y las movilizaciones campesinas alentadas por los partidos de izquierda fueron claras muestras de ello. En este contexto, desde su campaña electoral como candidato único, José López Portillo manifestó su interés por superar la crisis de legitimidad que enfrentaba el Estado, recuperar la conducción del país y consolidar su propio liderazgo. En suma, López Portillo se encontraba en un difícil escenario, caracterizado, entre otras cosas, por la falta de confianza de las clases económicamente poderosas, el desprestigio del gobierno de Luis Echeverría como administrador y los conflictos entre los grupos sociales. Sin embargo, por grande y sorpresiva que haya sido la crisis de 1976, la pérdida del consenso se limitó a una administración y no afectó al sistema en su conjunto, por lo que era verdaderamente importante dejar por sentado que habría una rectificación del rumbo: era urgente acabar con la incertidumbre, recuperar la confianza en el proceso institucional, relegitimar el régimen, acabar con la desestabilización política y, además, resolver la crisis económica.

EL INICIO Una de las primeras acciones fue deslindar políticas y estilos. Se hizo evidente que la conservación de la estabilidad política y la recuperación implicaban un proyecto muy diferente al de Echeverría Álvarez, que se instrumentaría, además, lejos de su influencia. Al tomar posesión como presidente, López Portillo —siguiendo la lógica de sus actos de campaña, en los que manifestó su claro interés por tranquilizar a la sociedad en su conjunto y buscar la reconciliación con grupos con los que Echeverría se había enfrentado— afirmó: “Entendamos que la agonía de la estrategia económica seguida por México desde la segunda

Guerra Mundial reveló insuficiencias para estimular la producción y la capacidad de inversión. Reclamo ahora delinear nuevas políticas”.11 Y, en su primer informe de gobierno, manifestó: “A la larga, la peor política es la economía en utopía. El populismo no resuelve sino enreda y agrava los problemas. O los tomamos por donde se debe o iremos de mal en peor por indecisión o vano afán de publicidad”.12 Las primeras acciones gubernamentales obedecieron a una típica estrategia del sistema político mexicano: extrapolar posiciones mediante la llamada “política de contraste”. La crisis había situado al gobierno ante la necesidad de replantear su relación con la sociedad civil. En particular se estableció una buena comunicación con los empresarios, lo que condujo a negociaciones que, a su vez, dieron lugar a los llamados “convenios de concertación”, que resultarían, posteriormente, en la Alianza para la Producción. Por otra parte, la capacidad de negociación con el exterior también estaba muy mermada, por lo que se buscó con gran interés la reconciliación, particularmente con Estados Unidos y con los organismos financieros internacionales. Parecía que el rumbo sería efectivamente corregido con la adopción de estrategias y mensajes de diferenciación con respecto al régimen anterior. Planificación, control del gasto público, búsqueda de racionalidad administrativa y, destacadamente, la reforma política, fueron, en gran medida, acciones derivadas de la situación social, política y económica heredada del gobierno de Luis Echeverría. En esta lógica, López Portillo ofreció en su discurso de toma de posesión: planeación frente al derroche fiscal y el endeudamiento, ley de responsabilidades frente a la corrupción, reforma administrativa frente al desgobierno anterior, reforma fiscal frente al déficit gubernamental y reforma política frente a la deslegitimación. Sin embargo, la distancia entre los planteamientos y las acciones de los primeros años y los hechos acaecidos en los últimos se haría evidente tiempo después. La nueva estrategia incluía numerosos planes, reformas y programas, y estaba delineada por dos objetivos prioritarios dentro de la estrategia económica: la producción de alimentos y de energéticos. Más adelante se añadirían empleo, educación, producción de básicos y la eliminación de los llamados “cuellos de botella”.13 López Portillo supo, desde un principio y con razón, que cualquier estrategia de impulso al desarrollo debía ir precedida necesariamente de una mínima consolidación política. Asimismo, se planteó que el logro del equilibrio social se daría fundamentalmente mediante la generación de excedentes, bajo la vieja lógica desarrollista de crecer para distribuir. Las políticas de salarios, precios y utilidades, más que procurar la justicia social, tendieron a lograr un cierto equilibrio entre los factores de la producción que habría de posibilitar la reactivación económica del país que era fundamental para la administración entrante. Así, pues, la primera propuesta consistió en una tregua que permitiera al gobierno una mínima movilidad. “Lo primero es calmar el movimiento nervioso, lleno de pánico. De éste sí hay que temer, rechacémoslo. Hagamos una tregua inteligente para recuperar serenidad y no perder rumbo. Tregua que no sea renuncia o claudicación sino oportunidad de reencuentro y de reconciliación.”14 Con esta propuesta en la mano, el gobierno atacó los frentes más sensibles ideológica y funcionalmente, tanto entre la opinión pública como entre los factores de la producción, ganando tiempo para esgrimir estrategias de desarrollo, control y expansión a mediano y largo plazos, en los terrenos económico, político y social. El descontento y las amenazas eran generales y, por lo tanto, la estrategia debía satisfacer

a todos los grupos. La Alianza para la Producción, que para López Portillo implicaba “ofrecer a todos alternativas viables que permit[ieran] conciliar los objetivos nacionales de desarrollo y justicia social, con las demandas específicas de los diversos factores de la economía”,15 fungió como un primer punto de cohesión entre contrarios y sirvió para conciliar los intereses de los distintos factores sociales y del Estado mismo. Ello significó que la Alianza adoptara nuevamente la estrategia tripartita como punto nodal. En realidad, la evidente escasez de recursos que enfrentaba el Estado hizo que se privilegiaran las alianzas con grupos específicos a costa de otros. La Alianza para la Producción tuvo como primer efecto la restructuración de las relaciones entre el gobierno y los sectores sociales; sin embargo, el más favorecido fue el sector empresarial, en detrimento de los obreros: el Estado era consciente de la importancia de la iniciativa privada para la superación de la crisis, por lo que se recurrió al otorgamiento de no pocas garantías, apoyos, estímulos e incentivos para recuperar la confianza del capital. En el ámbito de la producción, la Alianza significó un replanteamiento de las reglas del juego, donde las relaciones entre Estado, empresarios y obreros, estarían tuteladas bajo la rectoría económica del primero. Al mismo tiempo, el Estado reduciría su participación directa en la comercialización, comenzando con la limitación del proyecto Conasupo.16 Se incluyó, también, una política de liberación de precios y topes salariales que, aunque insuficiente, fue aceptada por los sindicatos oficiales. En suma, la Alianza para la Producción buscó sentar las bases para una reforma económica; sin embargo, a la vuelta de los años puede apreciarse que esa medida coyuntural y de escasa duración sirvió para ofrecer una tregua que permitiera la estabilidad necesaria para la instrumentación de un nuevo proyecto nacional más que para, finalmente, redundar en la consolidación de un pacto social nuevo, eficiente y duradero. De hecho, después de unos meses, la viabilidad del proyecto fue cuestionada por los sectores empresariales debido a la combinación del descontrol inflacionario y la política de topes salariales que, desde luego, amenazaba con desequilibrar la “relación cordial” entre los factores productivos. Por otra parte, aun cuando la Alianza para la Producción fue el eje de la política económica al inicio del sexenio, es necesario distinguir las estrategias para recuperar la gobernabilidad y la confianza de otras que sirvieron para instrumentar planes de largo alcance. Entre estos últimos destaca la reforma administrativa, que intentó reorganizar todo el aparato estatal, incluidas las instancias gubernativa, legislativa y judicial, con el fin de adaptarlas a las nuevas estructuras sociales,17 pues su ineficiencia y desorden característicos se habían agravado a causa del enorme crecimiento del sector público y paraestatal durante el sexenio anterior. Al mismo tiempo, la reforma administrativa buscaba responder, por una parte, a las críticas del empresariado, que consideraba excesiva la participación del Estado en la producción de bienes y servicios —“no más expansión del gobierno”— y, por otra, a los grupos sindicales y la izquierda en general, que demandaban una actuación del Estado más decidida en el terreno económico. Esta reforma definiría los alcances tanto de la intervención del Estado como de la propia administración pública. La actuación estatal y su intervención en la economía se regirían de ahora en adelante por un modelo administrativo basado en la programación, que hiciera posible la “correspondencia permanente entre los objetivos y las

estrategias, entre los fines y los medios”.18 Ahora bien, la reforma administrativa se vio amenazada, desde sus inicios, por el fantasma de la corrupción. En realidad la lucha contra la corrupción tuvo efectos casi nulos; más bien fue usada por López Portillo para lograr excluir de la administración pública a los funcionarios más identificados con el gobierno de Echeverría, facilitando así la reconciliación con los grupos a los que éste se había enfrentado y a quienes había agraviado. Por su parte, la reforma política, quizá uno de los proyectos más importantes del sexenio de López Portillo, planteaba la renovación de las relaciones Estado-sociedad en un momento de crisis en el que los mecanismos tradicionales de control estatal sobre los sectores sociales se habían tornado francamente inviables. Con esta reforma buscaba fortalecer al Estado al promover una mayor vinculación con la sociedad civil. Hubo una apertura a opciones de consenso y legitimidad, para evitar una fractura del régimen, pero aún dentro de la lógica de conservar la estructura de control a través del partido oficial, en un momento en que los movimientos disidentes tomaban cada día más fuerza. La reforma política reconoció por primera vez el pluralismo político, trajo consigo la legalización de grupos de oposición y asociaciones políticas, fundamentalmente de izquierda, institucionalizándolos y sujetando su actuación a un marco legal y normas precisas; así se respondía a la necesidad de incorporar al sistema a los nuevos actores emergentes. Del proceso emprendido por Jesús Reyes Heroles — artífice de la reforma— de audiencias públicas con los distintos grupos sociales (partidos políticos legalizados, organizaciones políticas no reconocidas, instituciones académicas y personalidades científicas, entre otros)19 surgió la LFOPPE, aprobada por el Congreso el 27 de diciembre de 1977. La LFOPPE significó, sin duda, el inicio de la apertura, en términos de O’Donnell, de un sistema autoritario. Por primera vez desde los años cuarenta, el Partido Comunista, gracias a la invención de la figura del registro condicionado, participaría abierta y legalmente en la contienda electoral. El registro condicionado facilitó, además, en un lapso de 10 años, la entrada en escena del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), el Partido Demócrata Mexicano (PDM), el Partido del Frente Democrático de Reconstrucción Nacional (PFDRN), el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el Partido del Trabajo (PT) y, finalmente, el Frente Democrático Nacional (FDN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que entre 1978 y 1990 modificaron el escenario político del país. Si bien el régimen de López Portillo se caracterizó, antes que nada, por su intento de conciliación, el origen de su gobierno —es decir, el haber sido candidato único en las elecciones de 1976— le llevó a poner un especial énfasis en el discurso sobre la legalidad como fuente de su legitimidad. Fue el primer ejecutivo de la posrevolución que no buscó su fundamento en el carácter revolucionario del Estado mexicano, sino en su actuación en el marco del Estado de derecho. Esto ocurrió, en gran medida, como respuesta a los problemas estructurales y a la lucha política que se vivía, así como por el tácito abandono por parte de López Portillo de cualquier destello populista que lo pudiera identificar con su antecesor. El legalismo le otorgó al presidente una imagen de racionalidad, tecnicismo y mesura a la vez que permitió un mayor margen de negociación del pacto social. Esta imagen, a su vez, hizo posible la construcción de un aparato legal de apoyo. Antes de terminar el primer año, el

presidente propuso con éxito 27 reformas constitucionales al legislativo. Por otra parte, este marco legal dio lugar a la conformación de grandes planes de desarrollo que permitieron restaurar una economía en severa crisis y dar paso al mayor crecimiento que se haya conocido hasta entonces en la historia reciente del país. Además de recuperar el control, en muy poco tiempo esta administración logró que el país reencontrara el rumbo de la negociación y el entendimiento.

LA RECUPERACIÓN La recuperación de la confianza resultó real y sorpresiva. Ello fue condición suficiente para impulsar la producción y establecer nuevas y mejores relaciones entre el Estado y la sociedad. En ese momento, la administración de López Portillo tuvo la capacidad y la potencia suficientes para iniciar un proceso de impulso a innumerables proyectos que los regímenes de la Revolución habían dejado inconclusos hasta entonces. Durante los primeros años, el gobierno se consolidó como un Estado hegemónico, creciendo, absorbiendo e incorporando dentro de sí múltiples y diversos ámbitos económicos, políticos y sociales frente a la mirada desconcertada pero complaciente de la sociedad civil. La estrategia constaba de tres etapas. La primera de ellas, la superación de la crisis, se logró antes de lo previsto, con base en la consolidación de la estabilidad política del sistema y en el crecimiento inusitado de los recursos del Estado, sobre todo por los descubrimientos de petróleo y el consiguiente acceso a empréstitos del exterior. López Portillo había decidido hacer del petróleo el eje no sólo de la economía sino del desarrollo nacional. Los recursos petroleros descubiertos permitieron adelantar el pago de sus deudas con el exterior20 y obtener recursos frescos en los mercados internacionales. Se autorizó la expansión masiva de la inversión pública para desarrollar la plataforma petrolera, mediante el endeudamiento externo. Los recursos obtenidos de la venta de crudo se canalizarían principalmente hacia el sector productivo, buscando sostener una tasa de crecimiento del PIB de 8% anual, generar empleo, redistribuir el ingreso así como pagar el servicio de la deuda externa. Dentro de una concepción keynesiana del pleno empleo —en cuatro años se crearon más de cuatro millones de empleos, reduciendo el índice de desempleo abierto de más de 8% a casi la mitad—, esta política habría de posibilitar, como sucedió, el desarrollo acelerado, la expansión de la demanda y, para la población trabajadora, el aumento del ingreso familiar, aunque no del individual. Se pensó, por tanto, que la intervención directa del Estado en la economía era fundamental para reactivarla; hablar de expansión del empleo significaba necesariamente expansión de la industria y aumento de la inversión productiva, sobre todo de la estatal, lo que condujo a un crecimiento inusitado de la inversión y el gasto públicos, y del sector gubernamental en general.21 Sin embargo, al no existir mecanismos adecuados de control, supervisión y ejecución, el creciente aparato productivo estatal no sólo resultó ineficiente en su objetivo de cubrir la

enorme demanda derivada del aumento del empleo, sino que se hizo ingobernable y propenso a la corrupción. Aun así, en los años de bonanza pudo asumir las riendas del proyecto de desarrollo nacional y consolidar su “voluntad organizadora”.22 En buena medida debido al descubrimiento y conformación de la riqueza petrolera, se pudo llevar a cabo una estrategia económica en la que el sector público tuviera el control. Lo que estaba verdaderamente en juego era la capacidad para dirigir a la sociedad en su conjunto, posición sin duda también deseada por los empresarios. Confianza, petróleo, crecimiento, inversión, empleo, rectoría estatal fueron elementos que permitieron hablar de funcionalidad del sistema y esconder los límites estructurales y, finalmente, la perversión del modelo aplicado o, por lo menos, retrasar su manifestación. Sin embargo, las reacciones no tardaron en aparecer.

EL AUGE En un contexto de reconciliación que ocultaba la competencia por el control, la actuación del Estado y su creciente participación obligaron de alguna manera a los distintos actores a replantear sus propios proyectos, al mismo tiempo que hicieron surgir nuevos conflictos y tensiones que alcanzarían su clímax durante 1982. El proyecto gubernamental implicaba la concertación. Y, ciertamente, fue ahí donde la administración resultó más exitosa, logrando una favorable reacción en términos económicos y que, recuperada la confianza, algunos capitales de la nacionalista burguesía mexicana regresaran al terruño y a la producción, alentados, en buena medida, por un modelo estatal de fuertes incentivos para la iniciativa privada. En 1977 la banca disfrutó uno de sus mejores años en cuanto a captación de recursos. Las tasas de interés se elevaron incluso por encima de las vigentes en el exterior, a la vez que una política de irrestricta libertad de cambios garantizaba al ahorrador la convertibilidad en cualquier momento. El Estado ordenaba, organizaba y planificaba. Promotor de la demanda y oferente de insumos baratos a la industria y de subsidios a algunos servicios para reducir el costo de la fuerza de trabajo, el Estado fue haciendo más evidente su consolidación bajo un modelo intervencionista y regulador de lo privado. Si bien el empresariado nacional consideraba que las medidas limitaban las tendencias del libre mercado, la certeza de que la marcha económica era sólida propició una política de expansión industrial. De este modo buscaron recursos externos y crearon alianzas transnacionales, lo que resultó en el incremento significativo de la inversión, pero también de la deuda privada. Los empresarios consideraron que el crecimiento de la autonomía financiera del Estado era inversamente proporcional a su propia capacidad de sobrevivir con independencia del gobierno, disminuyendo con esto sus posibilidades de presión y negociación frente al Estado. Fue entonces cuando los industriales advirtieron que los riesgos de un desarrollo fundamentado en el petróleo se traducirían en su paulatino sometimiento a los planes gubernamentales. Sus reticencias se transformaron en oposición abierta cuando quedó al descubierto que la política económica no resultaría en el fortalecimiento del sector industrial, sino a condición de que su desarrollo económico produjera mayores índices de empleo.

Los industriales se encontraban entre las enormes inversiones y gastos públicos —que, al transformarse en demanda, producción y empleo, representaban claras ventajas para la empresa privada— y el consecuente retroceso del capital privado nacional. El Estado creció desmesuradamente y la iniciativa privada, como quedó demostrado, no tuvo la capacidad, o la voluntad, de responder a las expectativas de producción y de oferta del momento. Por ello, el Estado intentó estabilizar la industria a través de la inversión productiva y la compra de industrias privadas, ensanchándose y controlando cada vez más áreas de la economía nacional. Quedó claro que el Estado permitiría al sector privado enormes ganancias, a condición de que su inversión y producción se orientaran a lo que él mismo juzgara prioritario y en las áreas reservadas para ello. El descontento de los empresarios se manifestó con el argumento de que el mercado, por sí mismo, podía regular la economía. Sin embargo, a diferencia de 1976, ahora se enfrentaban a un Estado fuerte, capaz de responder a las presiones ofreciendo estímulos, concesiones, obras públicas, subsidios, etcétera, a sectores empresariales específicos, lo que restó liderazgo al sector radical (la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Consejo Nacional de Hombres de Negocios, entre otros). Los planes y estrategias del gobierno tenían como base la objetiva fuerza económica del Estado. La razón fundamental que puede explicar el fracaso de los reclamos empresariales es la habilidad del gobierno para crear bases sólidas de legitimidad y consenso, en lo económico y en lo político. En ambos rubros, el Estado mexicano se mostraba eficiente y racional. Por otra parte, es importante destacar el esfuerzo de la administración de López Portillo por diseñar programas para atraer a la dinámica del siglo XX tanto a los marginados como al campesinado nacional, con quienes el Estado expandió sus espacios de negociación. Dos programas resultaron clave para ello: el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y la Coordinación General del Plan de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar).23 Con fuerza negociadora, el Estado pudo sortear los diversos problemas surgidos en su relación con el movimiento obrero. La estrategia consistía en un keynesianismo: mayor expansión del empleo pero sin aumento real del salario, bajo la lógica de que a mayor empleo, mayor demanda y, por tanto, mayor producción, contra la fórmula de que a mayor salario, mayor inflación. La distribución del ingreso se llevaría a cabo mediante la creación de fuentes de trabajo estimulada a su vez por el propio crecimiento, protegido mediante la compra de empresas con dificultades financieras. Solicitar créditos para una empresa y después declararla en quiebra se fue convirtiendo en un buen negocio, pues se sabía que para proteger el empleo, el Estado terminaría por rescatarla absorbiendo la deuda. Esto significaba que, a pesar del repunte de la economía, los salarios seguirían siendo castigados. Bajo la política de “topes salariales” impuesta por el FMI y continuada incluso más allá del propio acuerdo, el Estado ofrecía a los trabajadores incrementos salariales insuficientes con respecto a los índices de inflación; esta reducción significativa y sistemática de su nivel de vida tuvo importantes repercusiones en la relación Estadomovimiento obrero, lo que resultó en debilitamiento de los controles estatales sobre los trabajadores y su burocracia sindical. A sabiendas de que el gobierno no podía prescindir del sector obrero para instrumentar su proyecto de nación, este último exigía mejoras en el salario real y la eliminación de los topes salariales. En términos generales, demandaban mejores condiciones de vida. Para 1978, el

movimiento obrero fue consolidando una posición más o menos homogénea frente a la situación económica nacional, que habría de encontrar su forma más acabada en la propuesta de reforma económica que presentaron diversas organizaciones de trabajadores, entre las que destacan la CTM, el Congreso del Trabajo y algunos sindicatos independientes. Con la reforma económica, las organizaciones obreras buscaban modificar la existente correlación de fuerzas para lograr —siempre bajo la tutela del Estado— mejores condiciones y mayor participación de su sector en la vida nacional, recuperando los espacios amenazados por la reforma política y también por la legitimidad perdida frente a algunos sindicatos independientes. En concreto, esta reforma identificó a la iniciativa privada como el enemigo común y buscó reafirmar la alianza con el Estado, sustentándola en nuevos términos, permitidos, entre otras cosas, por los nuevos espacios de negociación instaurados por la reforma política.24 Aun cuando el avance del Estado en el terreno económico sembró potenciales conflictos en la relación sociedad civil-Estado, los éxitos de la reforma política, la política de empleo y el desarrollo basado en inversión, gasto público y servicios, contrarrestaron las reticencias de empresarios, obreros y grupos sociales. La administración había logrado un crecimiento económico acelerado y un aumento de los niveles de empleo. En 1977, mientras el mundo capitalista padecía una de sus peores crisis, la economía mexicana crecía inusitadamente y la estabilidad política se mantenía firme. José López Portillo había logrado sentar tanto las bases de negociación y control político, como los principios de un modelo que hasta entonces estaba dando resultados.

RUPTURA INTERNA Mientras hubo recursos, entre 1977 y 1980, el gobierno de López Portillo hizo esfuerzos razonables por “administrar la abundancia”. Cuidando los asuntos coyunturales, había que establecer las prioridades del desarrollo y procurar su consecución. Esto significaba que, además de contener la inflación, regularizar la balanza comercial, elevar los índices de crecimiento y controlar la deuda externa —como se logró en los hechos—, se debía fomentar el desarrollo de los sectores prioritarios: alimentos, empleo, educación y, desde luego, energéticos. Fue en este contexto que surgieron el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario, el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, el Plan Nacional de Turismo y el Programa Nacional de Empleo como estrategias conducentes a un reordenamiento que permitiera, entre otras cosas, el uso de nueva tecnología y el mayor aprovechamiento de recursos productivos y la generación de empleos. Otros planes de gran trascendencia fueron el Plan Global de Desarrollo (PGD),25 elaborado, entre otros, por Miguel de la Madrid, y el Plan Nacional de Desarrollo Industrial (PNDI),26 que coincidían en la meta de un crecimiento acelerado, pero diferían en los medios para alcanzarlo. El PGD buscaba reforzar la independencia del México democrático en los campos económico, político y cultural, la satisfacción de las necesidades de la población en lo referente al empleo y a un mínimo de bienestar (por ejemplo, alimentación, educación, salud y

vivienda), un crecimiento sostenido, elevado y suficiente y una mejor distribución del ingreso entre personas, factores de producción y regiones geográficas. Su objetivo fundamental fue controlar la inflación, resolviendo el problema del empleo con el aumento de la producción. Esto es, en el PGD ya se vislumbraban los elementos de la política económica monetarista neoliberal que, años después, alcanzaría vigencia plena. El PNDI, por su parte, estaba enclavado en un esquema nacionalista y keynesiano que pretendía acabar en el mediano plazo con el problema del desempleo y subempleo, elevar los niveles de vida a un mínimo de bienestar mediante el incremento de las tasas de crecimiento económico como resultado de hacer del petróleo el principal generador de desarrollo. Su palanca consistiría en el gasto público. Sus planteamientos obedecían a grupos en el poder y José López Portillo los utilizó para, alternativamente, maniobrar con ellos, así como con los empresarios y el movimiento obrero. Para cumplir los objetivos propuestos, se diseñó una estrategia económica basada en la reorientación de la producción hacia bienes de consumo básico, el desarrollo de ramas de alta productividad, la mayor integración de la estructura industrial, la desconcentración territorial de la actividad económica y el equilibrio de las estructuras del mercado. Contradictoriamente, esta estrategia se sustentaba por un lado en la racionalización de los recursos y, por otro, en el gasto público, principalmente. Para incentivar la participación empresarial en este proyecto se diseñaron mecanismos de apoyo financiero, concesiones fiscales, protección de la planta industrial, transferencia y desarrollo de tecnología, promociones y enormes subsidios. Sin embargo, nuevos tiempos de crisis afectarían los planes de este gobierno, evidenciando un conjunto de problemas cuyo centro fue el creciente déficit fiscal. Estos años, entre 1978 y 1980, fueron de auge. Con el control político y económico de su lado, López Portillo mostró cada vez más otra cara, frívola y cínica, de su personalidad y su gobierno. Muchos de los presidentes del país, se sabía, tuvieron relaciones extramaritales durante sus mandatos, pero nunca, hasta ese momento, las relaciones personales se habían mezclado con la función pública. López Portillo cometió el error de hacerlo y algunas de sus amantes fueron designadas para ocupar altos cargos públicos. De igual manera, su tendencia a otorgar puestos de gran relevancia a familiares y amigos —como la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) para su hermana Margarita o el nombramiento como subsecretario de su hijo, a quien llamó, expresando un ilimitado cinismo, “el orgullo de mi nepotismo”— causó una inconformidad social que se manifestó con toda intensidad en el momento de la crisis de 1981-1982.

LA CRISIS La crisis de 1981 obligó al gabinete de López Portillo a adoptar una política contraccionista. La búsqueda de un desarrollo económico acelerado, con los riesgos implícitos conocidos por la administración, resultó en inflación y exceso de demanda, dejando ver el fracaso de una estrategia expansionista. En un principio se consideró que la inflación podría controlarse mediante el aumento de la producción; sin embargo se creyó, equivocadamente, que la

industria nacional incrementaría su producción en relación directa con el crecimiento del empleo y de la demanda. Esto condujo a un razonamiento, también errado, que partía del hecho de que la demanda sería temporalmente mayor que la capacidad de producción, y que para reducir los efectos inflacionarios de este fenómeno sería necesario flexibilizar las políticas de importación, cuyo costo sería contrarrestado con los ingresos del petróleo. Las cosas, a largo plazo, no resultaron así. La demanda aumentó efectivamente y propició un incremento en los precios. Así, la entrada de innumerables productos de consumo y de capital extranjeros mitigó temporalmente (hasta 1981) las presiones inflacionarias. La flexibilidad en las importaciones fue, como afirmó Vladimiro Brailovsky,27 uno de los errores del Estado, pues si bien coadyuvó en la reducción —ficticia y temporal— de la inflación, también desniveló de manera drástica la balanza comercial mexicana. La solución, como se supo posteriormente, no estaba en el control de la inflación a través de las importaciones, sino en la restricción de la demanda misma, lo que implicaba una política de contracción económica cuyo costo político nunca se quiso asumir.

FUENTE: García Alba, 1984, p. 38. Por el contrario, se buscaron fuentes alternativas de financiamiento para sostener el déficit en el gasto público. El encaje legal y el endeudamiento público se convirtieron en las principales fuentes de financiamiento. Si bien es cierto que se recuperó el ritmo de producción, esto ocurrió en el sector de artículos destinados a los sectores medios y altos de la población. La producción de básicos siguió deprimida y la producción agropecuaria resintió el abandono. La sobreutilización del crédito externo sin duda contribuyó a agravar y acelerar los problemas económicos del país. Los primeros síntomas de crisis empezaban a mostrarse hacia fines de 1981 y, como generalmente sucedía, la legitimidad del Estado y la credibilidad en el gobierno comenzaron a decrecer. El caos en las finanzas, el crecimiento incontrolable de la deuda, la pérdida de legitimidad y credibilidad se tradujeron, entonces, en dolarización, fuga

de capitales y especulación. En 1981 dio inicio una de las peores crisis que haya vivido México, en cuanto a sus repercusiones y los ámbitos que se vieron afectados. Se trataba de problemas estructurales inherentes al propio modelo de desarrollo. El extraordinario crecimiento del aparato estatal, con sus correspondientes gastos, y la acelerada expansión económica que condujo al aumento inusitado de la demanda y la falta de respuesta en términos de producción fueron factores, en fin, que evidenciaron y provocaron grandes desequilibrios. El desarrollo industrial requirió de medidas que contuvieran la inflación, como la liberalización de importaciones, lo que provocó que la planta productiva creciera sin consolidación. El crecimiento del mercado interno, que quiso impulsar la industria nacional, favoreció la demanda de productos externos, provocando un déficit en la balanza comercial, salida de divisas y financiamiento con crédito exterior, con el consecuente aumento de la deuda y el pago de sus servicios. Asimismo, la confianza casi ciega en el petróleo como garantía, sostén y escudo contra todo nunca consideró la caída de su precio en los mercados internacionales, lo que evidenció la real vulnerabilidad y dependencia del exterior en términos financieros, tecnológicos y comerciales. El 3 de junio de 1981, Pemex anunció la reducción del precio del petróleo en cuatro dólares, debido a la saturación del mercado mundial. Así, el ingreso por exportaciones petroleras se redujo drásticamente, provocando un impacto fiscal negativo cercano a 36 000 millones de pesos. Hubo, además, importantes caídas en los precios de productos clave de exportación: plata, café, camarón y plomo. Ello contribuyó significativamente al descenso de los ingresos para el país, con lo que la política económica del gobierno revelaba su fracaso. El sobrecalentamiento de la economía, lejos de traducirse en crecimiento real, se convirtió en inflación y en una deuda que súbitamente se vio acrecentada por elementos externos imprevisibles. A nivel mundial se padecía una terrible recesión, las economías centrales elevaron las tasas de interés de los préstamos y México, al tener contratada la mayor parte de la deuda externa a tasa variable, sufrió el incremento en el servicio de la misma. Por gastos financieros, el país pagaba 2 600 millones en 1977, cifra que aumentó a 8 200 en 1981.28 Por otra parte, las altas tasas de interés en Estados Unidos resultaban atractivas para los inversionistas mexicanos, que advertían ya los síntomas de una espiral inflacionaria; dada la política de libertad cambiaria, la fuga de capitales resultó incontrolable y cada vez mayor. Durante la crisis, las voces que habían sido acalladas con dádivas surgieron con fuerza y se hicieron escuchar. En julio de 1981, en un intento por ajustar el camino a las nuevas circunstancias, el gobierno adoptó una serie de medidas tendientes, fundamentalmente, a equilibrar la balanza de pagos y a reducir el déficit gubernamental. Se anunció la reducción del presupuesto gubernamental en 4% anual, lo que significó 8% para el segundo semestre; se limitaron las importaciones y se fomentaron las exportaciones a través de apoyos y subsidios; se aceleró el ritmo de aumento de las tasas de interés y para febrero de 1982 se depreció el peso frente al dólar, pese a que unos meses antes el presidente afirmó que lo defendería como “perro”. La situación se agravó por la decisión de mantener el crecimiento económico, ya que todos los recursos disponibles siguieron canalizándose a financiar el gasto público que había sostenido

el crecimiento de los últimos años. Finalmente, dicho gasto excedió en 18.4% lo presupuestado originalmente. La inflación no pudo ser contenida. El alza de las tasas de interés para depósitos en moneda nacional y la aceleración de la depreciación tuvieron el efecto contrario a lo pretendido, pues alentaron el incremento de la deuda pública interna, la creciente dolarización, el desaliento de la inversión productiva y la fuga de capitales. La administración de López Portillo, creyendo que la voluntad política del Estado bastaba para mantener el crecimiento, decidió no hacer un ajuste radical a partir de la caída de los precios del petróleo. El uso del gasto público para financiar recursos internos y externos favoreció políticas monetarias y financieras que promovieron e incrementaron la especulación, agravando con ello la situación. El anuncio de Miguel de la Madrid como candidato presidencial del PRI creó un vacío de poder que minó la imagen y la fuerza cohesionadora del propio presidente y, al mismo tiempo, generó fracturas dentro del grupo gobernante y descontento de los actores que tradicionalmente coparticipaban de tal decisión y que en esta ocasión sólo fueron ejecutores. Así, el sector obrero condicionó su apoyo a Miguel de la Madrid Hurtado por ser éste el defensor de políticas “neoliberales”. En 1982 fue puesto en marcha un nuevo programa de ajuste económico, encaminado a frenar la inflación, sanear las finanzas públicas y mejorar las relaciones con el exterior. Sin embargo, la confianza en México, en el grupo gobernante y en el presidente se diluyeron junto con el sueño del petróleo. Los primeros en actuar fueron los grandes empresarios, seguidos de quienes pudieron, esto es, los sectores medios. La compra de dólares y la especulación favorecieron a diversos actores que se habían beneficiado de las políticas del sexenio. En realidad, tomaron ventaja todos aquellos núcleos que contaban con capital líquido y que pudieron proteger sus ahorros convirtiéndolos en moneda extranjera, al tiempo que las reservas del Banco de México, utilizadas para mantener la paridad con el dólar y el esquema de libre convertibilidad, se vieron notablemente reducidas. Así, cuando los rumores sobre el monto y la fecha de la devaluación aumentaron, fue inevitable modificar la paridad cambiaria. Sin embargo, la devaluación de febrero de 1982 fue claramente insuficiente, por lo que, lejos de solucionar problemas como la fuga de capital, la dolarización y la especulación, sirvió para agravarlos. Esto ocurrió, cuando menos por dos razones: la devaluación fue menor de lo que se requería y la medida contribuyó a incrementar la desconfianza, dando fundamento a los temores que se habían estado incubando. Todos buscaron protegerse y, desde luego, la especulación se socializó. La devaluación también tuvo fuertes impactos en el esquema presupuestal por sus efectos sobre el servicio de deuda externa y por la inevitabilidad de un ajuste salarial. Dada la situación, tuvo que aceptarse de manera oficial que los problemas y dificultades eran verdaderamente graves. El 9 de marzo se dio a conocer el llamado Programa de Ajuste de la Política Económica de México, que establecía la reducción del gasto público en 3%. Para 1982, el reforzamiento del control de precios y el apoyo a Conasupo y Coplamar, y la producción de básicos, el mantenimiento de la fabricación interna de bienes de capital estratégicos, la reducción de aranceles, una política de tasas de interés más flexibles (fomento de ahorro, desaliento de la dolarización e impedimento de la fuga de capitales), fortalecimiento del mercado de valores y nueva emisión de petrobonos, como recursos

frescos. Aun con estos intentos, con los estímulos, apoyos y discursos que afirmaban el restablecimiento de la normalidad, la situación siguió empeorando con los días. Mientras en el interior del país se afirmaba que la situación estaba controlada, los organismos financieros internacionales decretaron la suspensión de créditos por su alto riesgo. Las recomendaciones del FMI, la crítica situación y la pérdida de la legitimidad que López Portillo había buscado — y en buena medida conseguido— provocaron una nueva devaluación. En 1982 se estableció el uso temporal de dos tipos de valorización del dólar, uno preferencial, regulado por el Banco de México y utilizado exclusivamente para las importaciones de bienes básicos aprobadas por la Secretaría de Comercio, y un tipo de cambio libre fijado por la oferta y la demanda. Los llamados del presidente a la serenidad no tuvieron efecto: la especulación y la fuga de capitales continuaron y surgió el mercado negro, donde el dólar se cotizaba hasta en 250 pesos. En agosto se logró la firma del Convenio de Facilidad Ampliada con el FMI, que daba 3 600 millones de dólares a cambio de la reducción del gasto público y la fijación de un límite a la concertación de nuevos créditos externos.29 Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La deuda se duplicó en unos meses y los préstamos, en vez de destinarse a la actividad productiva lo hicieron al mercado monetario con el fin de mantener la libertad cambiaria y lograr una paridad controlada, aunque en deslizamiento. La política estatal estaba siendo atacada desde dos frentes y a ambos debía responder. Por una parte, a nivel internacional se vivía una grave crisis económica que hizo al gobierno mexicano elevar las tasas de interés para atraer capital y adquirir recursos; sin embargo, se desalentó la inversión productiva y se privilegió al sector financiero, debido a la transferencia masiva de capitales. El otro frente lo constituían los grupos de poder internos: empresarios y trabajadores, que atacaban distintos puntos; unos pedían más Estado, los otros más libertad. Ante la debilidad gubernamental, se gestaba un vacío de poder. En esta situación, los obreros fueron los más afectados, tanto por las medidas estatales como por las reacciones de los empresarios frente a ellas: decremento salarial y desempleo. Al mismo tiempo, no había un control de precios que les permitiera sentirse al menos un poco protegidos. Hasta antes de 1982, los sectores obreros habían perdido, además de nivel de vida, capacidad de organización. Esto último hizo posible que el Estado los contuviera. No obstante, al avanzar los problemas económicos, los sectores asalariados mostraron su descontento y las manifestaciones fueron cada vez más frecuentes y relevantes. El movimiento obrero independiente demandó mejoras salariales para restituir el poder adquisitivo. El sector obrero organizado, por su parte, se mantuvo fiel a las disposiciones del ejecutivo y, a cambio de reducir sus demandas y apoyar las decisiones de austeridad, obtuvo un alza salarial. Sin embargo, los precios siguieron subiendo. Por otra parte, el Estado perdió poder negociador frente a determinados sectores de la burguesía, que estaban conscientes de su capacidad real para presionar. Aun cuando la administración de José López Portillo siempre buscó y promovió una relación positiva con la iniciativa privada, ésta supo canalizar la crisis en su favor y aprovechar la situación para retomar su profunda y vieja diferencia: los empresarios desataron una ola de reproches y desprestigios contra las políticas económicas del gobierno, con el propósito de demostrar que

las riendas de la economía no debían estar en manos del Estado. La iniciativa privada criticaba y atacaba abiertamente al gobierno, responsabilizándolo totalmente de la situación del país, al mismo tiempo que pretendía instaurar un proyecto económico totalmente dirigido por ella.30 Los empresarios, desde luego, aceptaban la necesaria participación del Estado para estimular el desarrollo, pero la limitaban a apoyar el buen desempeño de la iniciativa privada. Las nuevas relaciones que José López Portillo había logrado establecer con los diversos actores sociales, incluidos los empresarios, estaban llegando a su fin y muchos quisieron redefinirlas. Nuevamente, el Estado respondió con prebendas y concesiones al empresariado, al sostener sus ganancias mediante subsidios y, de paso, alentar el empleo. Sin embargo, la crisis había disminuido las capacidades rectoras del Estado en la economía y su vulnerabilidad se evidenció frente a los ataques de la empresa privada, fundamentalmente de Monterrey, y del sector financiero. De un momento a otro, la alianza se tornó enfrentamiento abierto. La nacionalización de la banca fue el último intento del Estado por detener la embestida empresarial y los problemas económicos. Se buscó, con el apoyo del movimiento obrero organizado, recuperar la fuerza del Estado y, a partir de ahí, replantear las relaciones, recuperando terreno, con otros actores sociales. Al momento de la nacionalización las reservas del Banco de México eran prácticamente inexistentes, los ingresos por exportaciones petroleras insuficientes; el gobierno aumentaba su déficit para dar subsidios; la desconfianza de los ahorradores redujo la captación bancaria y la inflación alcanzaría tres dígitos. La relación Estado-empresarios no mejoraba; la imagen del presidente era mala. En este contexto, la nacionalización de la banca se presentó como la “confesión de un mutuo fracaso: el reconocimiento de que había dejado de funcionar un trato histórico con el capital financiero”.31 La nacionalización de la banca, en este sentido, ayudaba a replantear las relaciones, devolvía al Estado su capacidad de mando político y de gobierno y restituía en parte la autoridad presidencial. “Fue la actuación de un Estado-nación, en el sentido más amplio, que reclamó para sí la custodia de intereses generales aun sobre los grupales.”32 El Estado buscó fortalecerse en medio de la crisis, y se hizo de nuevos recursos para salvar algunas de las condiciones políticas más apremiantes. Asimismo, y por última ocasión, recuperó su capacidad rectora, terminó con el papel protagónico de la banca en el financiamiento público, atacó la falta de credibilidad en el gobierno y en el grupo gobernante, y respondió a la agresiva inconformidad de la iniciativa privada. A su vez, la figura presidencial renacía con el apoyo de los sectores populares, sindicatos y organizaciones campesinas. La izquierda se volcó en favor de la medida y demandó, momentáneamente, nuevas nacionalizaciones. El empresariado, por su parte, hizo frente común: tuvo entonces, y tendrá por mucho tiempo, un poder de veto que ya había sido impuesto al gobierno de muchas maneras. Su ofensiva ideológica adquirió un sentido nacional y se presentó como la defensa de las tradiciones liberales y democráticas. Las consecuencias de la nacionalización tendrían efectos permanentes durante el sexenio de Miguel de la Madrid, y las protestas no cejaron hasta que, con Carlos Salinas, se logró su reprivatización. Hoy, 90% de la banca del país está en manos de consorcios extranjeros. Al igual que en 1976, el empresariado buscó desdeñar al presidente saliente para negociar

de mejor manera con el entrante. Sin embargo, sabían que los dos meses restantes de mandato impedían atacar a fondo. López Portillo amenazó y les recordó que “el Estado es siempre la última instancia en la solución de los conflictos”. José López Portillo no sostuvo, hasta 1982, políticas antiempresariales. Como todo gobierno autoritario, a cambio de que se sumaran a los planes rectores, les otorgó todo lo dable; su intención discursiva y política con ellos fue siempre clara. El Estado brindaría descuentos en energéticos y productos petroquímicos básicos, ventajas fiscales, subsidios y contención salarial, todo ello a cambio de una alianza que no se logró consolidar porque el empresariado, con una visión a futuro, nunca aceptó la rectoría del Estado. Estos apoyos no mermaron durante la crisis ni tampoco después de la fractura que provocó la nacionalización de la banca. En el momento culminante de la crisis, y ya con la banca en sus manos, el Estado estuvo nuevamente en condiciones de negociar y, en cierta medida, comprar la paz social, pues se hizo no sólo de la banca, sino también de innumerables empresas, cuya devolución y montos de indemnización tendrían que negociarse y sujetarse a ciertos pactos. Finalmente, el Consejo Coordinador Empresarial se “replegó” para no afectar sus intereses y mantener una mejor relación con el presidente electo. Las medidas económicas permitieron al Estado ganar espacios en lo inmediato. En el largo plazo, en cambio, la nacionalización de la banca significó exactamente lo contrario, pues, en un mundo ya en vías francas de globalización, el país no tuvo otro camino que integrarse, con su banca y, eventualmente, sus energéticos incluidos. Pero en ese momento el gobierno apostó por la viabilidad del sistema bajo parámetros fuera de la racionalidad histórica y aun así consolidó su posición de fuerza, amplió sus márgenes de legitimidad y consenso, e hizo un último intento, secundado por Miguel de la Madrid, por mantener la rectoría económica. Sin embargo, dado que no quedó tiempo para definir el funcionamiento de la banca pública, las necesidades nacionales de crédito fueron una “tierra de nadie” donde no pudieron instrumentarse los grandes proyectos que apenas empezaban a delinearse y que no lograron siquiera detener la caída de la captación bancaria. Naturalmente, después del cambio de gobierno, “la banca se regiría con criterios bien distintos de los que inspiraron su nacionalización”.33

CONCLUSIÓN Hasta los tiempos de José López Portillo y durante gran parte del siglo XX, los distintos gobiernos estuvieron convencidos de que el Estado debiera tener un papel protagónico en la promoción del desarrollo y en el control de los grupos. Esta idea, apoyada masivamente por la sociedad, permitió una larga época de estabilidad. Desde la década de los cuarenta, efectivamente el Estado fue promotor del desarrollo industrial, con un alto grado de intervención en la vida económica, en concordancia con la política de pleno empleo de la Escuela de Cambridge; pero las cosas cambiaron con las recurrentes crisis económicas (1973) en Europa y Estados Unidos. La llegada al poder de Margaret Thatcher y, posteriormente, de Ronald Reagan, puso fin a una época caracterizada

por la estatización, y cambió el rumbo económico y político de Occidente. Este viraje significó la desaparición del Estado céntrico y la refuncionalización de la política. A partir de la apertura del comercio y la internacionalización de los flujos financieros, el Estado ya no fue capaz de controlar variables económicas como sí lo había hecho en un mercado cerrado. La batalla de José López Portillo por la rectoría económica del Estado estaba perdida de antemano, aunque él y la parte más influyente de su equipo no lo percibieran de esa manera. Hoy lo vemos con claridad, pero en ese momento el debate en México apenas se iniciaba. El cambio no sería fácil. Lo que finalmente estaba en juego eran la ideología y el pacto social de la posrevolución, la política de masas, la alianza con los obreros y los campesinos. Adoptar el modelo correcto no fue sencillo para Miguel de la Madrid, quien por su inclinación hacia el liberalismo sufrió una dura escisión en el PRI, ni para Salinas de Gortari, quien en 1994 pagó la factura de su política modernizadora, ni tampoco para Ernesto Zedillo quien, debido en buena medida a sus políticas recesivas, fue finalmente derrotado, junto con su partido, en el año 2000.

* Este artículo tiene como antecedentes algunos textos publicados por mí en distintos momentos, por lo que en éste he tratado de evitar atiborrar al lector con cifras y datos. En este ensayo me propuse escribir un texto eminentemente interpretativo, explicativo más que un relato del periodo en cuestión. Que lo haya logrado es otro asunto. 1 García Alba, 1984, p. 38. 2 Guillén, 1984, p. 47. 3 “Información sobre gasto público 1969-1978”, ibidem, p.50. 4 Ramírez Brun, 1984, p. 76. 5 Pereyra, 1979, pp. 289-362. 6 Diario Oficial de la Federación, 14 de febrero de 1972. 7 Ramírez, Diego, 1979, p. 13. 8 Millán, 1985. 9 Rivera Ríos, 1986, pp. 74-75. 10 Guillén, 1984, pp. 54-58; Revel, 1980. 11 “Discurso de toma de posesión” en López Portillo, 1982a, p. 12. 12 “Primer informe de Gobierno en ibidem, p.43. 13 López Portillo, 1982a, p. 27 14 “Discurso de toma de posesión”, ibidem, p.23. 15 Ibidem, p.14. 16 La Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) fue creada por el gobierno federal en marzo de 1961. Entre sus funciones básicas destacan la compra, el almacenamiento y la distribución de los productos básicos provenientes del campo, así como la regulación de precios y reservas de artículos de primera necesidad, para proteger el poder adquisitivo de las clases populares. 17 Basáñez, 1981, p. 166. 18 “Primer informe” en López Portillo, 1982a, p. 29. 19 Flores, 1987. 20 Revel, 1980, pp. 3-4. 21 “Sexto informe” en López Portillo, 1982a. 22 Segovia, 1976, p. 64. 23 El SAM perseguía la “autosuficiencia alimentaria a través de acciones en el ámbito de la producción y del consumo, lo que involucra la producción agropecuaria y pesquera, la industria alimentaria, la tecnología de alimentos, la comercialización, distribución y el consumo, así como sus relaciones con el resto de la economía y las modalidades de su inserción con el sistema alimentario internacional”. El Coplamar, por su parte, pretendía “coordinar las actividades tendientes a solucionar los problemas más apremiantes de los grupos y zonas rezagadas del país integrándolos a un proceso autosostenido y autogestante de desarrollo económico y social”. “Sistema Alimentario Mexicano”, en López Portillo, 1982b, t. III, pp. 105, 194. 24 Pérez del Castillo, 1987, pp. 11-33. 25 El Plan Global de Desarrollo 1980-1982 se aprobó el 17 de abril de 1980. Véanse, “Plan Global de Desarrollo”, en López Portillo, 1982b, p. 174, y Sánchez, 1984, p. 174. 26 Presentado en la Segunda Reunión de la República. Acapulco, 5 de febrero de 1979. Véase El Día, 6 de febrero de 1979, y Razones, marzo de 1980, p. 23. 27 Brailovsky, 1983, pp. 13-23. 28 “Sexto informe” en López Portillo, 1982a, p. 216. 29 Unomásuno, 15 de agosto de 1982, p. 1. 30 La manifestación empresarial más importante en este sentido se presentó en la reunión denominada “Atalaya 82” que, con Milton Friedman a la cabeza, hizo duros cuestionamientos a la intervención estatal, desde la perspectiva floreciente del neoliberalismo. 31 Aguilar Camín, 1982, p. 13. 32 Mirón, 1988, p. 156. 33 Mirón, 1988, pp. 172-173.

RENOVACIÓN MORAL Y CAMBIO ESTRUCTURAL. LA PERSISTENCIA DE LA CRISIS EN LA PRESIDENCIA DE MIGUEL DE LA MADRID

JOSÉ FRANCISCO PARRA Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Madrid

EL SEXENIO de Miguel de la Madrid Hurtado pasará a la historia como la presidencia que inició las grandes reformas en la economía y la política mexicanas, cambios relevantes después de 60 años de dominio del binomio ideológico “nacionalismo revolucionario” emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).1 Sin embargo, el gobierno delamadridista no fue el único en Latinoamérica que emprendió reformas estructurales o “neoliberales”: durante los años ochenta casi la totalidad de la región estuvo sumergida en una profunda crisis económica sin precedentes en la historia reciente, que orilló a otros gobiernos a implantar planes de ajuste ortodoxos con un alto costo social. Fueron años difíciles que se conocen como “la década perdida”, en la que las reformas económicas estuvieron condicionadas por un contexto internacional desfavorable para los países en desarrollo. Por esta razón, la presidencia de Miguel de la Madrid tiene que ser examinada con la lente del contexto económico internacional. Si se trata de un análisis objetivo y serio, no se puede juzgar la gestión delamadridista omitiendo lo anterior, pero esta objetividad también implica señalar las omisiones, los excesos y los errores de un grupo de funcionarios tecnócratas encabezados por Miguel de la Madrid, que decidieron tomar el reto de transformar al país desde el poder ejecutivo; un grupo homogéneo y cohesionado que actuó amparado con la cobertura política del PRI. Lo anterior significó que el grupo delamadridista actuara bajo las reglas no escritas del sistema político mexicano y haciendo uso del ejercicio autoritario del poder desde la presidencia de la República; el grupo, por otra parte, supo aprovecharse de la nomenclatura burocrática mexicana para ocultar los errores cometidos en la gestión pública. Tal fue el trato de Miguel de la Madrid con el resto de los poderes de la Unión, en particular con el Congreso, con el que sostuvo una relación que se suscribió a un régimen presidencialista en un sistema con presidencialismo. Un régimen en el que las leyes otorgan una supremacía al ejecutivo por encima de los otros dos poderes, y un sistema con leyes no escritas que confieren al presidente poderes metaconstitucionales. Esta peculiar composición es el resultado de la propia historia política del país y surge de la necesidad que tiene una comunidad de otorgar al presidente poderes extraordinarios en la búsqueda de la salvación de la patria. Como comenta Will Fowler, un tlatoani acotado por el marco legal que le impide la reelección, una figura sincrética de la que se esperan milagros, pero sin que cometa excesos. El objetivo de esta colección es dar a conocer México a través de sus presidentes, entonces, ¿qué comportamientos podemos observar en el presidente durante el periodo comprendido entre 1982 y 1988?, y ¿qué pistas debemos seguir para entender esa etapa de la historia de México? En primer lugar, y siguiendo uno de los hilos conductores de esta obra conjunta, tendríamos que clasificar a Miguel de la Madrid en un término medio entre un presidente “servidor de la nación” y un mandatario “hombre fuerte”, ya que nadie puede negar que fue un personaje que puso toda su voluntad al servicio del país; al mismo tiempo, sin embargo, su actos estuvieron marcados por las tradiciones despóticas priistas: no escuchó al Congreso y menospreció las sugerencias de otros actores políticos mexicanos. En todo caso, Miguel de la Madrid fue un reformista cauteloso que actuó obligado por la difícil situación económica, pero limitado por las constricciones de un sistema político autoritario. Ante los constantes señalamientos de errores y excesos en su administración, el propio De la Madrid se justificaba: “[…] es mi equipo, y no puedo desconfiar, el día que ello suceda, estoy perdido

como presidente”. En segundo lugar, en 1982 la coyuntura económica de México representaba una tarea difícil para cualquier personaje que se hubiera decidido a tomar las riendas del país. Pero ello tampoco era algo nuevo para un presidente; es decir, la historia de México ha estado indefectiblemente ligada a una espiral de crisis recurrentes que ni siquiera el vanagloriado “desarrollo estabilizador” pudo evitar. Una vez más, México se enfrentaba al reto de superar una crisis dominada por la inflación, el endeudamiento, el desempleo, el déficit de la balanza comercial, el deterioro de la relación con los distintos agentes económicos (los empresarios, los banqueros, el capital extranjero, los trabajadores y sindicatos), y una población enardecida por la agudeza de la crisis. Ante esta coyuntura, el hombre elegido por el PRI para paliar la situación resultaba ser un tipo frío, calculador, formado en las entrañas de la burocracia mexicana. Al mismo tiempo, sin embargo, se distinguía por ser un funcionario congruente con sus ideas y sus actos, con un pensamiento económico mesurado, y una soberbia ilustrada de sentirse por encima de los demás. Con el paso de los años, Miguel de la Madrid ha reconocido que la situación de México lo superó (incluido su equipo), que subestimó la gravedad de la crisis heredada, por lo que el diagnóstico económico fue errado; la razón: simplemente la arrogancia de sentirse con la verdad absoluta.2 En tercer lugar, el sexenio de Miguel de la Madrid ha tenido efectos importantes en el ámbito de la política mexicana. Es el último presidente egresado de la carrera de derecho y eso es algo sintomático del cambio en el perfil de los últimos gobernantes de México. Su formación técnica y su disciplina política lo convirtieron en un presidente respetuoso de las reglas no escritas del sistema presidencial mexicano: fue un presidente reformista en la economía, pero un conservador en la política. Miguel de la Madrid utilizó la mayoría de los gestos, el trato y el comportamiento de la clase priista mexicana. Sin embargo, eso no fue suficiente para mantener la hegemonía dentro del PRI; exigido por una sociedad civil azotada por la crisis económica y una clase priista inconforme, de la Madrid tuvo que sortear el difícil reto de las elecciones más competidas de la historia reciente del país. El proceso electoral de 1988 marcó un hito en la política de México; primero, por las sospechas de fraude electoral en favor del candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari; y segundo, porque marcó el surgimiento de la oposición cardenista y la aparición del Partido de la Revolución Democrática, elementos que desencadenaron la transición política mexicana consumada años más tarde. En cuarto lugar, el contexto internacional, es decir, el presidente Miguel de la Madrid tuvo que enfrentarse a una época bastante complicada en su relación con Estados Unidos, ya que coincidió con el arribo del ala más reaccionaria de la élite política estadunidense: los ortodoxos conservadores en torno al presidente Ronald Reagan; éstos no sólo se encontraban en el Partido Republicano: los reaganomics ocuparon los principales espacios de la política estadounidense. Lo anterior coincidió con el final de una política exterior mexicana muy activa en América Latina, especialmente en Centroamérica, y en foros internacionales como el de los No Alineados. Esta libertad de actuación fue tolerada de alguna manera por Estados Unidos, pero con Ronald Reagan en el poder las cosas cambiaron drásticamente para perjuicio de México. El gobierno mexicano fue cuestionado por antidemocrático y desde Estados Unidos se apoyó al PAN; al mismo tiempo, la administración delamadridista fue acusada de corrupta y de estar vinculada con el narcotráfico. En esta ofensiva estadunidense, uno de los blancos

predilectos fue el propio presidente De la Madrid. Estos elementos son vitales para entender la presidencia de Miguel de la Madrid (19821988). Por esa razón, este capítulo se divide en cuatro apartados: la primera parte hilvana la carrera de Miguel de la Madrid y el ascenso al poder; la segunda aborda la difícil tarea de la gestión económica, la instauración de las reformas sugeridas por los organismos internacionales, en las cuales Miguel de la Madrid fue un fiel creyente, lo que derivó en los cambios estructurales más importantes de la historia moderna del país; la tercera parte está dedicada al contexto político y social, es decir, el presidente se apoyó en la estructura autoritaria del PRI para poner en marcha las reformas económicas sin considerar a la oposición; sin embargo, los costos fueron altos y las reformas empujaron al cisma del PRI y a las conflictivas elecciones de 1988. Por último analizamos la importancia de las relaciones con Estados Unidos y la incidencia que éstas tuvieron en las decisiones tomadas por Miguel de la Madrid, y por su efecto en el sistema político en general. Por último, en las conclusiones realizamos un breve esbozo de los principales temas y elementos de este capítulo.

EL CAMINO Para la historiografía siempre será interesante conocer el pasado de los políticos y los gobernantes. Indagar sobre ciertas circunstancias y hechos ocurridos de tal manera que nos ayuden a comprender el presente, máxime si se trata de un hecho político como ocupar la presidencia. Es decir, ¿qué factores incidieron para que Miguel de la Madrid alcanzara la presidencia de la República? Para responder lo anterior vamos a dividir este apartado analizando dos tipos de factores: los originarios y los del proceso político. Para explicar los factores originarios utilizaremos el esquema planteado por Roderic Ai Camp en su estudio sobre la formación de un político mexicano,3 es decir, muchas de las pistas las encontraremos si nos planteamos lo siguiente: a) ¿qué influencia tuvo la familia sobre su vocación profesional?, b) ¿qué peso tuvieron la universidad y los profesores en la formación del político?, c) ¿qué relación hay entre la experiencia educativa y el comportamiento del político?, y d) ¿cómo influyó el círculo de amigos y el equipo de trabajo en el éxito del político? Estos factores originarios nos ayudarán a entender cómo llegó Miguel de la Madrid a la antesala de la presidencia. Una vez en este punto, el siguiente paso será analizar los factores del proceso político, que no son otra cosa que la propia dinámica de la sucesión presidencial, el meollo del mecanismo sucesorio, como lo llama Jorge G. Castañeda. En dicho proceso, en el que indiscutiblemente se impone la voluntad del presidente de la República para designar a su sucesor, la principal actividad la desarrollan los distintos grupos dentro del PRI4 que buscan influir y convencer al presidente de que tienen al mejor candidato, al más fiel, al más seguro y al más idóneo para la coyuntura política y económica del país.5 En el proceso, o la “grilla”, el grupo o el candidato emplean un sinnúmero de estrategias para alcanzar la presidencia de la República, entre las que caben la adulación, la traición e incluso el engaño. En este sentido, el primer factor originario es elemental para entender el camino trazado

por un político. Al respecto podemos decir que el entorno familiar fue un factor de gran importancia, que determinó el camino seguido por Miguel de la Madrid en su vocación profesional, primero como abogado y después como servidor público. Nacido en 1934 en el seno de una familia acomodada de la ciudad de Colima, De la Madrid procedía de una clase media educada en la que el padre se desempeñaba como abogado de pequeños propietarios de la entidad colimense, además de familiares que ocuparon cargos en la administración pública local, el ejército y otras actividades de tipo profesional.6 Es decir, la socialización de los primeros años de Miguel de la Madrid contribuyó a que más tarde, una vez en la ciudad de México, se decidiera a ingresar a la Facultad de Derecho de la UNAM, que acogía a los jóvenes de la clase política y pudiente de México.7 Por esa razón, la universidad —la UNAM— fue otro factor originario estratégico para De la Madrid, no sólo por los estudios de derecho que realizó, al igual que la gran mayoría de los jóvenes con aspiraciones políticas y de servicio público, sino porque precisamente en las aulas de la Facultad de Derecho conoció a la persona que le cambió el futuro: José López Portillo, entonces profesor de la clase de teoría del Estado y con responsabilidades políticas en el PRI. Respecto a este hecho, Miguel de la Madrid llegó a comentar: “Lo conocí cuando yo era estudiante de la Facultad de Derecho […] en el año 1953 tomé clases con él y saqué 10, o sea que le dejé buena memoria, ¿no?”8 Adicionalmente, el perfil técnico-burócrata con el que se dio a conocer Miguel de la Madrid ya se vislumbraba en 1957, cuando presentó la tesis de licenciatura “La dimensión económica de la Constitución de 1857”. Para consolidar aún más su formación técnica y con el apoyo de destacados profesores y militantes del PRI, como Mario de la Cueva y el propio José López Portillo, De la Madrid compaginó labores docentes en la Facultad de Derecho de la UNAM con un puesto en el Banco de México, institución financiera que en 1964 le otorgó una beca para realizar estudios de posgrado en administración pública en la Universidad de Harvard. Lo anterior fue relevante no sólo porque el Banco de México fue una segunda escuela para Miguel de la Madrid, sino porque tuvo la oportunidad de establecer amistad con otros funcionarios medios que más tarde consolidarían un grupo cohesionado de economistas y tecnócratas que lo acompañarían en los distintos cargos que fue ocupando, como el caso de Jesús Silva Herzog y de Miguel Mancera.9 Un año antes, y con la certeza de que la formación académica no era suficiente para escalar peldaños en la burocracia, Miguel de la Madrid se afilió al PRI. El tercer factor originario fueron sus estudios de posgrado en el extranjero, ya que a su regreso de la Universidad de Harvard se le presentaron oportunidades de empleo en la rama económica del sector público, y éstas a su vez le permitieron a Miguel de la Madrid un ascenso meteórico: de 1965 a 1970 fue subdirector general de crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP ); de 1970 a 1972 fue subdirector de finanzas de Petróleos Mexicanos (PEMEX); de 1972 a 1975 retornó a la SHCP como director general de crédito bajo las órdenes directas del secretario del ramo, José López Portillo. Para 1975, año del destape y la campaña presidencial de López Portillo, De la Madrid pasó a ocupar el cargo de subsecretario de Hacienda, puesto en el que fue ratificado una vez iniciado el sexenio lopezportillista. Hasta ese momento las aspiraciones futuras de De la Madrid no estaban en la presidencia de México; por el contrario, se limitaban a una secretaría de Estado. Sin embargo, las cosas cambiaron a su favor cuando en mayo de 1979 López Portillo lo designó titular de la

Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP ). Años más tarde el propio De la Madrid comentaría: “Bueno, con esto ya me dieron boleto”.10 Este hecho ha marcado la historia reciente de México por ser el arribo y la consolidación del grupo tecnócrata en el poder, ya que la SPP fue la cuna de los últimos tres ex presidentes priistas. El cuarto factor originario también fue importante, ya que para el año de 1979 Miguel de la Madrid contaba con un equipo de trabajo cohesionado y homogéneo, en el que la mayoría de sus integrantes se identificaban por un origen común básico: la clase, además del tipo de formación académica y, sobre todo, que no se trataba de un grupo ideológico dentro del PRI, sino de un grupo que coincidía en el método, en la manera de esquematizar los problemas del país y en la solución desde la administración pública, de preferencia desde la presidencia de la República. En el equipo de De la Madrid destacaban tecnócratas y políticos que todavía en la actualidad continúan activos: Carlos Salinas, Manuel Bartlett, Manuel Camacho, Francisco Labastida y Jesús Silva Herzog; y otros de menor peso como Bernardo Sepúlveda, Miguel González Avelar, Jorge de la Vega, Adolfo Lugo Verduzco, entre otros. Con estos factores originarios entramos en el análisis del proceso de la sucesión presidencial, auténtico escaparate para mostrar las habilidades de la “grilla” mexicana. Una de las primeras estrategias utilizadas por Miguel de la Madrid fue incorporar a su equipo de trabajo en la SPP al propio hijo de José López Portillo: José Ramón. Para nadie es un secreto que éste fue un factor determinante en la carrera de Miguel de la Madrid hacia la presidencia de la República. Como también lo fue que De la Madrid reverenció el trabajo de Rosa Luz Alegría en una de las subsecretarías de la SPP , funcionaria para entonces relacionada sentimentalmente con López Portillo. Estas tácticas, que formaban parte del juego palaciego de la sucesión presidencial en México, rayaban en la irresponsabilidad política. Por sólo citar dos ejemplos: por una parte, Miguel de la Madrid llegó a mencionar que José Ramón López Portillo simpatizaba con su candidatura y que se lo hacía saber a su padre, entonces presidente de la República; por la otra, José López Portillo llegó a decir que Miguel de la Madrid le propuso hasta en dos ocasiones nombrar a José Ramón subsecretario de la SPP . La segunda vez, y ante la insistencia de Miguel de la Madrid, el presidente se rindió ante la adulación y accedió a la petición. Este último pasaje de la historia ha sido comentado en innumerables ocasiones y se ha hecho famoso por la frase pronunciada por José López Portillo respecto al nombramiento de José Ramón como subsecretario: “es el orgullo de mi nepotismo”.11 Otro factor del proceso político determinante en la carrera de Miguel de la Madrid fue la encomienda de López Portillo de sacar adelante el Plan Global de Desarrollo (PGD). Este acontecimiento lo metió de lleno en la carrera de la sucesión presidencial, ya que el PGD fue una de las obsesiones mesiánicas y grandilocuentes de López Portillo, y había sido la tumba política de otros funcionarios con aspiraciones presidenciales como Carlos Tello, uno de los protegidos de López Portillo y, al mismo tiempo, adversario de los secretarios David Ibarra (SHCP ) y José Andrés de Oteyza, que entonces se desempeñaba en la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial (SPFI).12 Se puede decir que el PGD fue la plataforma de lanzamiento a la presidencia de Miguel de la Madrid, ya que después de un año de trabajo el PGD fue presentado como un plan transexenal cuya meta consistía en alcanzar una tasa de crecimiento anual sostenido de 8%. Sin duda una pretensión ambiciosa que no compartían otros miembros del gabinete económico, como el propio David Ibarra. Finalmente, la propuesta de Miguel de

la Madrid se vio favorecida por López Portillo, ya que De la Madrid, hábilmente, le presentó al presidente justo lo que deseaba escuchar, aunque las cifras no fueran reales. Además, otra controversia entre David Ibarra (SHCP ) y el propio De la Madrid (SPP ) se resolvió a favor del segundo: la disputa por la presentación del déficit de 1981. Pasados los años, todo parece indicar que López Portillo fue engañado con las cifras optimistas que le presentaron De la Madrid y su equipo, en el que ya destacaba Carlos Salinas como principal operador. A este hecho también contribuyó que el principal asesor de López Portillo, y alter ego, Rafael Izquierdo, estaba a favor de la candidatura de Miguel de la Madrid. Incluso el propio López Portillo llegó a decir que se sintió engañado con la presentación de las cifras del déficit, pero no reconocía que esa actitud obedeciera a un acto ligado a la sucesión presidencial.13 Es obvio que con los datos falsos del déficit se benefició a De la Madrid y se perjudicó al otro precandidato: David Ibarra. Aunque López Portillo nunca creyó en la malicia, lo que sí queda claro es que los datos con las cifras maquilladas del déficit salieron de los despachos de la SPP ; a pesar de no ser directamente el autor de la manipulación de los números, De la Madrid sí tiene responsabilidad política por estos hechos, sobre todo cuando las sospechas recaen en colaboradores cercanos de su equipo de trabajo, incluido el propio Carlos Salinas. Después de que Jorge Díaz Serrano se quedara en el camino, a pesar de la amistad con López Portillo y su situación de director general de Pemex,14 en la lucha final por la candidatura del PRI a las elecciones de 1982 se quedaron sólo dos contendientes: Miguel de la Madrid y Javier García Paniagua. En palabras de José López Portillo, la decisión fue tomada valorando el contexto nacional; es decir, si las cosas se hubieran puesto complicadas en el ámbito político, el elegido hubiera sido García Paniagua; si la urgencia estaba en la economía, el indicado sería De la Madrid. La decisión estaba en esas dos opciones y a pesar de que López Portillo insistió que la diferencia en la balanza fue tan sólo de “el peso de un cabello”, lo cierto es que muchos factores del proceso político habían inclinado la decisión a favor de uno de ellos.15 Fue así como finalmente, y con argumentos de orden financiero, López Portillo inclinó la balanza a favor de Miguel de la Madrid. Para justificar su elección, López Portillo argumentaba que la experiencia política se fabrica, los conocimientos técnicos no. En esta decisión de López Portillo coincidió una serie de circunstancias a favor de Miguel de la Madrid; por una parte, la misma obsesión de López Portillo por las políticas del desarrollo y la planeación de la “abundancia”; para eso había creado la SPP ; por la otra, las consecuencias económicas de la caída del precio del petróleo, las altas tasas de interés y el endeudamiento. Finalmente, el 25 de septiembre de 1981 De la Madrid fue destapado por los tres sectores del PRI como candidato a la presidencia en las elecciones presidenciales de 1982. En la jornada electoral del 4 de julio, Miguel de la Madrid obtuvo 74% de los sufragios emitidos en el país, dejando muy por detrás al candidato del PAN, Pablo Emilio Madero. A pesar de la victoria de Miguel de la Madrid, el porcentaje de votos fue el más bajo para un candidato priista desde la elección de Adolfo Ruiz Cortines. Además, esta fecha marcó el inicio del desplome del PRI; fue un momento crucial; a partir de ahí las cosas empezaron a cambiar en México, de tal manera que la otrora hegemonía del PRI empezó a menguar. Al confirmar su gabinete, Miguel de la Madrid dejó claro que se trataba de un grupo hegemónico y compacto, con escasos resquicios para opiniones contrarias al método elegido.16

Al mismo tiempo, el nuevo presidente repetía la tradición de sus antecesores en el cargo: en el momento que colocó a sus piezas en el gabinete abrió la caja de Pandora de la sucesión presidencial, como más tarde se pudo comprobar. Los que sacaron “boleto” el 1° de diciembre fueron: Manuel Bartlett (Gobernación), Jesús Silva Herzog (Hacienda y Crédito Público), Carlos Salinas de Gortari (Programación y Presupuesto), Francisco Labastida Ochoa (Energía y Minas e Industria Paraestatal) y Francisco Rojas Gutiérrez (Contraloría General de la Federación). En un segundo orden, y sin posibilidades, quedaron: Jesús Reyes Heroles (Educación Pública), Bernardo Sepúlveda Amor (Relaciones Exteriores), Héctor Hernández Cervantes (Comercio y Fomento Industrial), Eduardo Pesqueira (Agricultura y Recursos Hidráulicos), Rodolfo Félix Valdés (Comunicaciones y Transportes), Guillermo Soberón Acevedo (Salubridad y Asistencia), Arsenio Farell Cubillas (Trabajo y Previsión Social) y Luis Martínez Villicaña (Reforma Agraria). Un gabinete equilibrado con jóvenes tecnócratas en las posiciones claves y políticos con experiencia en el resto de las dependencias.

REFORMAS ECONÓMICAS Y CAMBIO ESTRUCTURAL En el capítulo dedicado a José López Portillo, Germán Pérez del Castillo analiza claramente los distintos factores que en 1982 llevaron al país a un estado de crisis generalizada. Una de las principales observaciones que hace Pérez del Castillo, con referencia a López Portillo, es que no se trataba de un estadista con capacidad para visualizar los cambios que estaban ocurriendo en la economía mundial; por esa misma razón no estaba en condiciones de encabezar el cambio técnico estructural que el país necesitaba. Sin embargo, y a pesar de esas limitaciones, López Portillo fue gozne entre el viejo sistema nacional revolucionario y la corriente neoliberal en ascenso.17 La gravedad de la crisis, aunada al juego de estrategias empleado por el equipo de Miguel de la Madrid, empujó a López Portillo a decidirse por ese candidato, en la creencia de que De la Madrid poseía los conocimientos técnicos suficientes para encabezar el cambio. Tal vez López Portillo era consciente, mas no lo reconocía, de que él fue incapaz de encabezar el cambio por sus limitaciones técnicas, capacidad que sí veía en De la Madrid. Como también pudimos corroborar en el capítulo dedicado a Miguel Alemán,18 el milagro económico mexicano conocido como desarrollo estabilizador estuvo basado en la rectoría económica del Estado y un mercado cerrado al exterior. Después de la segunda Guerra Mundial, en la mayoría de los países latinoamericanos el modelo utilizado fue el de sustitución de importaciones y México se distinguió por tener una de las economías más cerradas y dirigidas. La principal característica del modelo de sustitución de importaciones fue el crecimiento económico, alentado por una economía cerrada y un contexto internacional de alto crecimiento, baja inflación y escasa movilidad de capitales; con estas características, la política económica de los países latinoamericanos —principalmente México, Brasil y Argentina— no planteaba mayores complicaciones.19 Sin embargo, a partir de los años setenta las condiciones antes descritas cambiaron de manera drástica. El modelo de sustitución de importaciones simplemente llegó a su fin, ya que

el incremento de los precios del petróleo y las materias primas aumentó la inflación y las tasas reales de interés a nivel internacional. Ante este nueva realidad, la respuesta del gobierno de México fue contraria a las recomendaciones de los distintos organismos internacionales. Tanto Luis Echeverría como José López Portillo enfrentaron el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones manteniendo una tasa de crecimiento elevada, decisión que fue financiada con un déficit creciente en la balanza de pagos y que tuvo como aval el auge petrolero. Una auténtica “economía de ficción”, como algunos economistas la han llamado.20 Fue así como durante 1981 y principios de 1982 se produjo en nuestro país un desequilibrio fiscal de gran magnitud y un uso desmedido de la deuda para financiarlo. La incertidumbre y la salida de capital hacia el exterior finalmente condujeron a una devaluación del tipo de cambio en febrero de 1982. Éste fue el escenario económico que heredó Miguel de la Madrid. Una crisis económica con desequilibrios macroeconómicos generalizados: déficit fiscal de enormes proporciones; subsidios desmedidos de los precios y las tarifas de los servicios públicos; contracción del sector externo; deuda externa disparada y dudas sobre la capacidad para realizar los pagos de su servicio; desempleo y contracción de la actividad económica; inflación desbocada; desintermediación financiera; y encono entre los sectores privado y gubernamental.21 A pesar de reconocer la gravedad de la crisis, Miguel de la Madrid y su equipo económico fallaron en dimensionar la situación real de la economía y la magnitud del problema, en parte por desconocimiento o incapacidad y también por soberbia intelectual.22 Es decir, los diagnósticos realizados por el equipo económico del presidente De la Madrid fueron superados por la realidad: obligaciones onerosas de la deuda; repercusiones de la inflación reprimida; efectos en el desempleo y el déficit del sector público. Por citar sólo algunos ejemplos: las transferencias al exterior por concepto de deuda implicaban 14.4% del PIB en 1983, mientras que para 1984 representaban 10.7% del PIB de ese año; la represión de la inflación fue otro claro signo de la mala gestión, ya que para 1981 la inflación debió alcanzar 79.9%, pero se decidió artificialmente que fuera de sólo 27.9%; el tipo de cambio también estaba sobrevaluado, pese a que las depreciaciones del peso en 1982 alcanzaron un acumulado de 470%. Otro problema fue la disminución de la actividad económica; por ejemplo, el aumento de casi 500% en el costo financiero externo de las empresas provocó un notable descenso en la actividad industrial. Como consecuencia de lo anterior, el desempleo abierto se duplicó en 1982 por el cierre generalizado de empresas por la contracción del mercado. Por otra parte, el elevado déficit público exigía aumentar los impuestos y otros ingresos públicos, además de disminuir los gastos, o bien reacondicionar tasas de interés más altas para colocar bonos públicos entre ahorradores nacionales y para atraer capitales del exterior. Ante este panorama sombrío, la capacidad de elección del nuevo presidente se reducía a muy pocas opciones. En su investidura como presidente, Miguel de la Madrid anunció el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE),23 cuyos principales objetivos consistían en combatir los problemas macroeconómicos, pero protegiendo la planta productiva nacional. Un “realismo económico” que se enfocaba a reducir la intervención estatal. Los instrumentos macroeconómicos y la política económica fueron las herramientas para modificar esa política. Sin embargo, el gobierno de Miguel de la Madrid tuvo que enfrentar factores externos que

impidieron, junto a condicionantes internos y errores del propio gabinete económico, una buena gestión de la crisis económica.24 Lo cierto es que el fracaso fue evidente: si las metas trazadas fueron estabilizar y alcanzar nuevamente el crecimiento económico, los objetivos buscados no se consiguieron. Pero antes de resolver el problema de la estabilidad y el crecimiento, el gobierno delamadridista tuvo que enfrentar el problema de la deuda externa, sobre todo porque existía la creencia de que para pagar había que crecer y con las condiciones de enero de 1983, aquello resultaba imposible. De esta manera, Miguel de la Madrid empezó a renegociar la deuda con los acreedores internacionales, tarea que dejó en manos del secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, cuya primera encomienda fue transmitir un mensaje de confianza sobre la intención de negociar la deuda y no declarar la moratoria.25 Sin embargo, el argumento utilizado por el gobierno delamadrista a los bancos fue explicar que la falta de liquidez imposibilitaba que México pudiera importar bienes básicos para reactivar el crecimiento económico. Sin crecimiento se volvía prácticamente imposible cumplir con las obligaciones de la deuda, ni siquiera para el pago de los intereses, ya ni hablar del principal. Fue así como uno de los principales logros, insuficiente si se observa de manera global, fue alcanzar la carta de intención para un Convenio de Crédito Ampliado por 4 500 millones de dólares para el periodo de enero de 1983 a diciembre de 1985. En estas negociaciones se estableció por primera vez el financiamiento del FMI condicionado al compromiso del préstamo de bancos comerciales por 5 000 millones de dólares.26 Sin embargo, el gobierno de Miguel de la Madrid planteó que se requería un enfoque más radical al problema de la deuda y que era indispensable retomar el crecimiento. Estas ideas fueron recogidas por el gobierno estadunidense, que dio a conocer el Plan Baker en la reunión anual del FMI y el Banco Mundial de octubre de 1985. En él se aceptaba la necesidad de solucionar de manera integral la crisis de la deuda, se decía que resultaba necesario que los países crecieran para poder pagar; al mismo tiempo, el Plan recomendaba la reactivación de la línea de créditos de organismos como el Banco Mundial y el BID.27 También hacía hincapié en la necesidad de una revisión en las condiciones de pago del servicio de la deuda, ya que la transferencia de recursos reales al exterior representaba para México 6% del PIB. No era difícil imaginar que estas condiciones en el pago de la deuda condenaban al país al estancamiento económico por las altas tasas de interés que se pagaban.28 Pero las negociaciones en torno a la deuda se complicaron una vez que se condicionaron nuevos créditos a cambio de la aceptación de un programa con el FMI centrado en los aspectos fiscales y monetarios; a su vez, el FMI condicionaba su asesoría técnica si se aplicaban las recomendaciones sobre el cambio estructural hechas por el Banco Mundial, sugerencias tales como: la apertura comercial, la desregulación de la inversión extranjera directa, la reducción del gasto público y las privatizaciones. El ímpetu de la trilogía —Bancos, FMI y Banco Mundial— respecto a las reformas estructurales fue tal que incluso el propio Miguel de la Madrid comentaba que los acreedores llegaron al límite de lo permitido al recomendar la venta de Pemex para satisfacer los términos de la renegociación de la deuda. Para junio de 1986, y ante la dificultad de llegar a un acuerdo, el presidente De la Madrid pronunció un discurso en Hermosillo insinuando, por primera vez, la posibilidad de una suspensión de pagos y de la moratoria: “No hay pagadores muertos ni clientes quebrados”.29

Para mediados de 1986, un factor de política interna fue determinante para negociar una nueva carta de intención con los acreedores internacionales: la renuncia de Jesús Silva Herzog en la SHCP .30 Como efecto de lo anterior, se presentó el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC), cuyo principal diseñador fue Carlos Salinas, titular de la SPP . En principio, el PAC desechaba el crecimiento cero planteado por Silva Herzog, y ofrecía una tasa de crecimiento moderada con la cooperación de los acreedores internacionales. Lo cierto es que con la renuncia del Silva Herzog y el afianzamiento del gabinete económico en torno de Carlos Salinas, el propio De la Madrid ya iniciaba el juego de la sucesión presidencial.31 Por otra parte, los propios actores internacionales se congratularon con la renuncia de Silva Herzog y el afianzamiento de la política económica en torno a Carlos Salinas.32 Es así como se empezó a configurar el futuro pacto entre la tecnocracia mexicana y los capitales internacionales, eje principal de las reformas económicas del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.33 Mientras la deuda externa se renegociaba, en el plano interno se aplicaban las medidas ortodoxas tendientes a recomponer el desequilibrio macroeconómico, ya mayúsculo en 1982. El programa de choque se enmarcaba en el Plan de Ajuste para los años 1983-1985, y en él se incluían las principales recomendaciones realizadas por el FMI y el BM. Lo cierto es que el presidente De la Madrid y la élite tecnócrata mexicana acogieron estas medidas como propias, e incluso fueron más allá de las sugerencias realizadas. Es decir, tanto las reformas económicas como el cambio estructural contaron con dos alicientes vitales durante el gobierno delamadridista: por un lado, el contexto externo, que empujaba para liberar las nuevas líneas de crédito; y por el otro, el propio equipo de trabajo de Miguel de la Madrid, un grupo homogéneo en el que muchos contaban con estudios de economía en universidades de Estados Unidos y de alguna manera coincidían en el método. Por esta razón, hay que reconocer que el llamado Consenso de Washington no fue una imposición unilateral; lo más probable es que el propio gobierno mexicano hubiera decidido implementar medidas ortodoxas tendientes a reducir el aparato productivo en manos del Estado; eliminar los subsidios; adecuar el precios de las tarifas y servicios; instrumentar la apertura comercial y reducir el proteccionismo; abrir la inversión a los capitales externos y adecuar las tasas de interés.34 Así, desde la investidura presidencial de Miguel de la Madrid se habían iniciado los cambios estructurales en dos direcciones: primero, reducir el tamaño y complejidad del sector público; y segundo, abrir la economía a la competencia del exterior. Estas medidas representaban el final de tres décadas dedicadas a priorizar la estabilización y el crecimiento. Por primera vez en muchos años, el gobierno mexicano se veía obligado a ajustar los precios y las tarifas del sector público, a reducir los subsidios y los egresos gubernamentales, a detener la inversión pública y el gasto social, a modificar la política de cambio ajustando un tipo de cambio real estable mediante devaluaciones nominales, y sobre todo, una política de contracción salarial. Es decir, en la primera fase del plan de ajuste, la política económica se orientó al saneamiento fiscal primario y la generación de un excedente comercial que permitiera servir la deuda externa pública y privada. Para conseguir el saneamiento fiscal y la estabilización macroeconómica, el presidente De la Madrid se enfocó en la reforma tributaria y las privatizaciones para alcanzar el primer objetivo; mientras que se valió de la liberación del comercio exterior, la desregulación y la liberación financiera interna y externa para lograr el segundo objetivo. En este sentido, la

liberación del comercio inició el proceso de apertura comercial, eliminando las restricciones al comercio exterior, primero con una reducción gradual de los aranceles,35 y más tarde con el ingreso de México al GATT (1985).36 Adicionalmente, el gobierno instrumentó varias políticas públicas para incentivar la actividad exportadora con la creación del Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX). Es paradójico, pero con la apertura comercial, una parte importante de la planta productiva nacional, protegida durante tres décadas, prácticamente estaba sentenciada a desaparecer, cosa que a la postre ocurrió. Con respecto a la apertura de la cuenta de capitales, se puede decir que el petróleo la abrió de facto. A partir de 1984 se dio una clara tendencia hacia la flexibilización con la promulgación de nuevos lineamientos y decretos por parte de la Comisión Nacional para la Inversión Extranjera (CNIE). Un organismo regulador establecido por la ley y autorizado, cuando consideraba que la inversión resultaba beneficiosa para la economía, a modificar el límite de 49% impuesto a la participación extranjera en las actividades no reservadas a limitaciones específicas.37 A partir de 1986 se procedió a reducir el número de productos clasificados con el ánimo de ampliar la inversión extranjera, entre los que se incluyó la petroquímica básica. Por otra parte, se inició la apertura de los mercados financieros a la inversión de cartera, a través del régimen de inversión neutra. Mientras estos instrumentos de política económica operaban en todas las ramas del país, paralelamente empezaron las privatizaciones. La desincorporación de entidades públicas ocupó un lugar importante en el proceso de ajuste y cambio estructural de la economía mexicana. Por ejemplo, para 1983 el Estado administraba un total de 1 155 empresas, que participaban en 63 de las 73 ramas de la actividad económica, y contribuían con 18.5% del PIB nacional y 10% del empleo.38 En la política de desincorporación había varias opciones: liquidación, fusión, transferencia y venta. La desincorporación enfrentó a varios grupos laborales y sindicales, pero al estar controlados por el PRI no tuvieron demasiado éxito en ese momento. Así, hacia finales del sexenio de Miguel de la Madrid, el Estado sólo administraba 412 empresas. En la mayoría de los casos, las entidades estatales fueron liquidadas y sólo 204 consiguieron privatizarse; esto último representó para el gobierno un ingreso exiguo cercano a 500 millones de dólares.39 En lo concerniente a la reforma tributaria, entre 1983 y 1986 la preocupación central de las reformas fue detener el deterioro del déficit fiscal mediante incrementos en algunas tasas impositivas: la tasa general del IVA se incrementó de 10 a 15% y la de los bienes suntuarios subió a 20%. Se restringió la tasa cero a los alimentos no procesados y los procesados fueron gravados 6%; se introdujo un derecho de 26.8% al petróleo crudo, y en materia de impuestos directos se introdujo una tasa adicional respecto a las tasas marginales de los contribuyentes con ingresos mayores a cinco salarios mínimos. Estas reformas ocasionaron grandes sacrificios económicos para los mexicanos entre 1983 y 1985. Sin embargo, estos esfuerzos impuestos a la población fueron insuficientes para detener el desequilibrio externo, por lo que los objetivos del PIRE quedaron obsoletos.40 Por una parte, las transferencias al exterior por concepto de pago de la deuda externa obligaron al gobierno delamadridista a seguir emitiendo moneda que generó una escalada inflacionaria sin precedentes. Sumado a lo anterior, la situación económica se vio agravada por la reducción en

los precios internacionales del petróleo; también, por la debilidad de los mercados de las materias primas no petroleras que México exportaba, así como la carrera alcista del dólar. Por si esto fuera poco, la situación se complicó con el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Los cálculos oficiales difieren de otras fuentes, de tal manera que la cifra de muertos oscilaba entre 4 000 y 40 000; mientras que el número de viviendas destruidas alcanzó 30 000 sólo en el Distrito Federal y los daños y pérdidas se calcularon entre 2.1 y 2.6% del PIB de ese año.41 Aun con los costos de la crisis, la inconformidad no se tradujo en pérdidas electorales para el PRI, que ganó las elecciones intermedias de 1985 con relativa calma, no sin recibir las impugnaciones de la oposición por prácticas fraudulentas del PRI-gobierno. Para febrero de 1986 el precio del crudo mexicano cayó 50%, y con ello retornó el saldo deficitario en las cuentas corrientes; las reservas de divisas descendieron a un nivel peligroso; el peso entró en caída libre con respecto al dólar y el crecimiento para el conjunto del año fue ampliamente negativo, –3.8% del PIB. México experimentó por enésima vez las consecuencias de mantener su estructura económica inscrita en el ciclo perverso del petróleo, que obligaba a endeudarse y a desequilibrar gravemente la balanza de pagos y la balanza comercial para adquirir capitales y tecnologías de explotación que el país no tenía. Ante esta situación catastrófica de la economía mexicana, De la Madrid inició el año de 1987 con más dudas que certezas sobre la gestión de la crisis, un año marcado por la sucesión presidencial dentro del PRI, en que el presidente se veía obligado a allanar el camino a su sucesor, alguien que asegurara la continuidad de las reformas iniciadas apenas unos años atrás.42 Fue así como el 4 de octubre el presidente Miguel de la Madrid comunicó a los distintos sectores del PRI que el candidato a las elecciones de 1988 sería Carlos Salinas de Gortari, titular de la SPP , al igual que De la Madrid en su momento.43 Ante esta decisión, los distintos agentes económicos reaccionaron favorablemente, incluso la propia Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que el día 5 de octubre tuvo una jornada histórica. Sin embargo, la euforia fue solamente momentánea, ya que en los días siguientes la dinámica especulativa inició un proceso incontrolado de ventas que hizo perder a la BMV 50% de su volumen de capitalización. Con el tiempo, el origen de esta caída de la BMV se ha imputado a la decisión de crear artificialmente una burbuja económica y financiera favorable a la candidatura de Carlos Salinas, pero el propio De la Madrid desmintió esa argumentación y en cambio señaló que el desplome de la BMV fue resultado del crack de la Bolsa de Nueva York. Como consecuencia de la fuga de capitales y el desplome de la BMV, el gobierno de Miguel de la Madrid se apresuró a tomar medidas para corregir el desajuste ocasionado, pero ya con los tiempos políticos cumplidos y con la candidatura de Carlos Salinas amarrada. En noviembre de 1987 el gobierno delamadridista dispuso una devaluación del peso de 55% y el tipo de cambio intervenido se fijó en 2 278 pesos por dólar, haciéndolo coincidir con el tipo de cambio libre; al principio de sexenio, la moneda mexicana tenía una paridad de 150 pesos por un dólar. Tan sólo de enero a diciembre de 1987, la moneda mexicana había perdido 192% de su valor tras sucesivas depreciaciones y la inflación para los 12 meses registró la tasa de 160%.44 Ante la urgencia de medidas dirigidas a detener la caída de la economía provocadas por la fuga de capitales, la caída de la BMV y la devaluación del peso, el gobierno de Miguel de la Madrid instrumentó un programa heterodoxo y tripartito conocido como Pacto de Solidaridad

Económica (PSE).45 Con el propósito de blindar la candidatura de Carlos Salinas, el PSE tuvo como principales objetivos reducir la inflación, congelar los precios y los salarios, y estabilizar el tipo de cambio. Sin embargo, la reacción de una parte de la sociedad mexicana fue la movilización y la protesta, sobre todo del sindicalismo independiente y otras organizaciones surgidas del sismo de 1985. Fue en ese momento que los distintos actores sociales se activaron, después de haberse estado incubando a lo largo de los cinco años de ajuste económico a expensas de la clase trabajadora. A ello se uniría una demanda cada vez más recurrente de la sociedad mexicana, la apertura democrática del sistema político que pusiera fin a décadas de excesos demagógicos, de corrupción, de clientelismo, de ineptitud burocrática y, en definitiva, de todos los vicios e inercias de un sistema que mostraba el inicio de su desplome. En definitiva, el gobierno de Miguel de la Madrid pudo instrumentar los distintos programas ortodoxos de ajuste económico gracias al control autoritario que el PRI y la presidencia ejercían sobre el sistema político mexicano. Si el control autoritario no hubiera existido, difícilmente el plan de ajuste se habría instrumentado, simple y sencillamente porque hubiera encontrado oposición en la movilización social. En eso tiene razón Will Fowler: aunque nos guste o no, una sociedad tiene a los políticos que se merece, y en ello la sociedad mexicana fue condescendiente y a la vez corresponsable de la situación. Sin embargo, el máximo responsable fue el gobierno de Miguel de la Madrid, que fracasó al no cumplir con los principales objetivos de su presidencia. Tan sólo algunos indicadores finales: el déficit del sector público estaba en niveles similares a 1982; la inflación, que en 1982 llegó a casi 100%, para finales de 1987 registró un nivel histórico de 131.8%; y la deuda externa continuó aumentando hasta alcanzar 107470 millones de dólares en 1987.46

CAMBIO POLÍTICO Y CONFLICTO SOCIAL La relación del presidente Miguel de la Madrid con el Congreso mexicano se limitó a reproducir el modus operandi del sistema político mexicano emanado de la Revolución de 1910 y operado a lo largo de 60 años por el PRI. Así, entre 1982 y 1988, la relación de la presidencia con el poder legislativo estuvo determinada por la estructura del entramado institucional, tanto las formales (régimen), como las informales (sistema).47 De acuerdo con varios autores, el sistema político y la división de poderes en México han estado determinados por cuatro características básicas, donde el presidencialismo omnipresente y encarnado en el poder ejecutivo ha jugado un papel hegemónico y sustancial. Así, la primera característica es el propio diseño de la Constitución mexicana, la cual establece una forma de gobierno presidencialista clásico, con separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y en la cual el presidente tiene una serie de atribuciones legales que lo favorecen sobre los otros dos,48 situación aminorada con varios contrapesos que no siempre funcionan, como el veto, el juicio político, entre otros.49 Las otras tres características han sido de facto y se han desarrollado fuera del marco legal (metaconstitucionales). Éstas han estado supeditadas a las interacciones entre los organismos

institucionales, la coalición ganadora encabezada por el presidente, y el resto de los actores políticos. Es decir: 1) el estilo y personalidad del presidente en turno, en este caso Miguel De la Madrid; 2) el juego de intereses de la coalición dominante en el poder burocrático, en este caso el grupo tecnócrata neoliberal; 3) el papel desempeñado en el interior del partido, el PRI, y la relación con los otros poderes. En este sentido, en el sexenio de Miguel de la Madrid la relación de éste con el Congreso estuvo determinada por la tres condicionantes extraconstitucionales señaladas, que una vez puestas en práctica le ofrecieron al presidente un contexto favorable: a) la existencia del gobierno unificado, donde las Cámaras Baja y Alta estaban controladas por el mismo partido que ocupaba la presidencia: el PRI; b) la disciplina del partido en el poder, que prevaleció al no existir desencuentros entre la dirigencia y sus representantes en el Congreso; y c) la función del presidente de aparecer tanto como titular del ejecutivo como “jefe nato” de su partido.50 Respecto a la primera condicionante, podemos decir que las consecuencias políticas y electorales de la reforma de 1977, impulsada por José López Portillo, se manifestaron en la integración multipartidista de la Cámara de Diputados de 1982; pero a pesar de lo anterior, se mantuvo la inercia del equilibrio basado en el presidencialismo. A pesar de que la nueva ley electoral abrió el recinto legislativo a los partidos de oposición, la presencia de los grupos opuestos al PRI, y por ende a la presidencia de la República, se dejaban escuchar muy poco. De esta manera, se entiende que Miguel de la Madrid prácticamente no tuviera oposición en el Congreso para implementar las reformas económicas.51 Para la LII Legislatura (1982-1985), en la etapa inicial de las reformas, el PRI contaba con mayoría en la Cámara de Diputados, ya que tenía 299 diputados de mayoría relativa de los 300 distritos en disputa, mientras que el resto de las 100 diputaciones de representación proporcional se repartieron entre los demás partidos con representación en la Cámara. Lo mismo sucedió para la LIII Legislatura (19851988), en la que el PRI y el presidente Miguel de la Madrid controlaban la Cámara de Diputados con 289 diputados de mayoría relativa; es decir, 10 diputados menos que en las pasadas elecciones pero sin relevancia para la práctica legislativa, ya que el PRI controlaba más de las dos terceras partes necesarias para realizar cambios a la Constitución, entre los que se incluyeron las reformas económicas y de cambio estructural (cuadro 1). CUADRO 1. Diputados de mayoría y representación proporcional (RP) LII y LIII Legislaturas (1982-1988)

NOTA: Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Popular Socialista (PPS), Partido Demócrata Mexicano (PDM), Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). Con datos de Gómez Tagle, 1989, pp. 267-284. La segunda regla extraconstitucional, la disciplina de partido, no había cambiado desde que en 1929, con la creación del PRI, los distintos caudillos regionales fueron sometidos a la estructura del partido; ya fuera con las siglas del PNR, PRM o PRI, la institucionalización de la vida interna dio paso al control de las distintas fuerzas desde la presidencia. Es así como las distintas corporaciones sectoriales en el interior del PRI (CTM, CNC y CNOP ) siguieron controlando la selección de candidatos a puestos de elección popular (diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, diputados locales). Una vez confeccionadas las listas de diputados por sector, se presentaban al presidente de la República para que “palomeara” al aspirante; sin embargo, la principal herramienta de control para el presidente estaba en la prohibición de la reelección inmediata.52 A lo anterior, también hay que sumar la permisiva corrupción de los líderes sindicales tolerada por el gobierno a cambio de lealtad, sobre todo en situaciones delicadas como las reformas económicas de Miguel de la Madrid, que afectaron directamente a la clase trabajadora. La tercera y última regla no escrita que prevaleció durante el sexenio de Miguel de la Madrid fue la diarquía del titular del ejecutivo y el jefe de partido. Es un hecho relevante que la presidencia delamadridista empezó un proceso de distanciamiento entre la élite tecnócrata en la presidencia y el partido que legitimaba los triunfos en las urnas: el PRI. Este proceso, sin duda, ha sido uno de los detonantes del cambio en el país, camino que siguieron Carlos Salinas y Ernesto Zedillo en años posteriores. Sin embargo, Miguel de la Madrid fue un presidente que actuó con mano firme cuando se trataba de imponer su voluntad al PRI; en ningún momento dudó que el control sobre el PRI era necesario para la gobernabilidad de su mandato; basta con estudiar la compleja telaraña que tejió en torno a la sucesión presidencial para darse cuenta de que fue meticuloso en el control de los factores que actúan dentro del PRI. Al mismo tiempo, De la Madrid fue respetuoso de las reglas no escritas y, por lo tanto, no traspasó ninguna barrera no permitida aunque se tratara del presidente; por ejemplo, la buena relación con las distintas personalidades del priismo tradicional, como Fidel Velázquez, líder histórico de la CTM y auténtico “dinosaurio” del sistema político mexicano. Si englobamos todo lo anterior, podemos construir un modelo analítico (cuadro 2)53 que muestra cómo en las dos legislaturas de Miguel de la Madrid las tres condiciones metaconstitucionales se cumplieron: gobierno unificado, alta disciplina del PRI y diarquía unificada. A esto podemos agregar que dichas condiciones permitieron a Miguel de la Madrid aprobar, prácticamente sin oposición, las reformas económicas y el cambio estructural entre 1982 y 1988. Lo anterior no quiere decir que no existiera oposición a las reformas neoliberales; por el contrario, numerosas expresiones de descontento se hacían eco en la capital de la República y otras ciudades del país, pero aquí nos referimos a la capacidad real de la oposición para enfrentar al gobierno, es decir, en el Congreso de la Unión. Con esto podemos afirmar que las tres condiciones metaconstitucionales —gobierno

unificado, alta disciplina y diarquía unificada— se convirtieron en la pieza clave para la aprobación de las reformas económicas en México de 1982 a 1988. Este control autoritario de la presidencia también tuvo efectos en lo concerniente a las leyes electorales durante la LIII Legislatura (1985-1988). Ante un clima de incertidumbre por los constantes fraudes electorales y el cisma en la cúpula priista,54 Miguel de la Madrid, y la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados, aprobaron por mayoría calificada de 73% la reforma electoral de 1986. Reforma que ampliaba de 100 a 200 el número de escaños de representación proporcional aumentando a 500 el total de diputados en la Cámara Baja. A pesar de la ampliación de diputados de representación proporcional, la reforma de Miguel de la Madrid tenía la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 1988 y, sobre todo, en conservar las tres condiciones metaconstitucionales. Evidentemente, los cambios favorecían al candidato del PRI y sucesor de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, sobre todo por una cláusula de gobernabilidad que implicaba que en el caso de que ningún partido obtuviera más de 50% de los votos se otorgaría al partido mayoritario el número de escaños proporcionales suficientes para alcanzar la mayoría absoluta. Al mismo tiempo, esta reforma incluía una disposición que impedía las alianzas electorales, cerrando así el camino a Cuauhtémoc Cárdenas. A cambio, y para maquillar algo el fondo de la reforma, se creó el órgano legislativo del Distrito Federal (Asamblea de Representantes), así como la concesión de ciertas ventajas a los partidos pequeños al suprimirse el registro condicionado. CUADRO 2. Escaños del PRI en el Congreso, condiciones metaconstitucionales del

presidencialismo y reformas electorales 1976-1988 (%)

En este clima de incertidumbre política y descontento social llegaron las esperadas elecciones del 6 de julio de 1988. Carlos Salinas, el candidato de Miguel de la Madrid, se enfrentaba a otro priista exiliado en la oposición por diferir con la autoridad del presidente. Cuauhtémoc Cárdenas encabezaba el Frente Democrático Nacional (FDN), una coalición integrada por antiguos partidos satélites del PRI, como el PARM, el PPS y el PST; y otros de la izquierda tradicional como el Partido Mexicano Socialista (PMS), sucesor del PMT. Pero las

cosas no salieron como el presidente Miguel de la Madrid y Carlos Salinas esperaban: los resultados preliminares del mismo domingo 6 de julio apuntaban a una significativa ventaja del candidato opositor Cuauhtémoc Cárdenas. En ese momento, aunque él no lo reconozca abiertamente, el presidente De la Madrid decidió consumar el fraude electoral más importante de la historia moderna de México.55 La negativa de Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, a ofrecer los resultados preliminares alegando la “caída del sistema informático” fue una decisión que se tomó desde Los Pinos; en ese momento ninguna otra persona, salvo el presidente Miguel de la Madrid, tenía la capacidad de suspender el conteo de los votos. Cualquier otra explicación no reúne los elementos necesarios para ser medianamente creíble. Miguel de la Madrid decidió llevar hasta las últimas consecuencias el proceso electoral del 6 de julio de 1988, y autorizó que el 13 de julio la Comisión Federal Electoral anunciara el triunfo de Carlos Salinas. Las cifras oficiales dieron al vencedor 50.4% de los votos; mientras que a Cuauhtémoc Cárdenas le adjudicaron 31.1% y 17% al panista Manuel J. Clouthier. Esta desaseada elección fue uno de los últimos reflujos antidemocráticos de un partido en decadencia, que en lo sucesivo ya no podría llamarse hegemónico, sino más bien predominante o mayoritario. Lo que quedó certificado fue que De la Madrid, acaso un líder de transición en la transformación económica de México, no lo había sido en la reforma política. Finalmente, el 1° de diciembre de 1988, Miguel de la Madrid entregó la banda presidencial a Carlos Salinas de Gortari, con las consecuencias que todos conocemos y que son parte del siguiente capítulo de este libro.

ASIMETRÍA Y DEPENDENCIA EXTERNA: LA RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS Al llegar a la presidencia Miguel de la Madrid en 1982, las relaciones de México y Estados Unidos no estaban en su mejor momento. Por una parte, para Estados Unidos la política exterior de José López Portillo resultaba incómoda y no dejaba de preocuparles la grave situación económica de sus vecinos de la frontera sur. Para Miguel de la Madrid, la situación era mucho más que clara, sobre todo porque fue conciente que la interdependencia asimétrica entre México y Estados Unidos, y su gran diferencial en el desarrollo económico, requería que cualquier programa que se adoptara tomara necesariamente en cuenta a Estados Unidos. Es así como Miguel de la Madrid se planteó como imperativo la redefinición del trato entre los dos países vecinos, que en los dos últimos gobiernos alcanzó niveles altisonantes, particularmente por la acción internacional de México en la región centroamericana. En esos momentos de crisis económica aguda y con los acreedores internacionales exigiendo garantías al pago de la deuda, la pretensión de Miguel de la Madrid pasaba por mejorar sus relaciones con Estados Unidos. Para ello fue necesario reorientar la postura de México en la región centroamericana, postura evidentemente molesta para Estados Unidos, pero sin dar la impresión de que México renunciaba a su capacidad soberana y a su libertad de movimiento. La estrategia de De la Madrid, a través de su canciller Bernardo Sepúlveda, fue desactivar la acción directa, el apoyo de país a país, o más bien, de gobierno a gobierno,

como había sucedido en el caso de López Portillo y el gobierno sandinista de Nicaragua; y se pasó a la acción multilateral con la creación del grupo Contadora en enero de 1983, junto con Venezuela, Colombia y Panamá. El propósito de dicho plan fue desactivar el malestar de Estados Unidos y no quedar mal con América Latina al servir como intermediarios para alcanzar la paz entre los países de Centroamérica. De esta manera Contadora tranquilizó momentáneamente a Estados Unidos, incluso contó con su apoyo. Sin embargo, muy pronto Miguel de la Madrid supo que la situación no era tan sencilla, a pesar del cambio de perfil, ya que en muchos medios estadunidenses México continuaba siendo aval de regímenes considerados comunistas y contrarios a los intereses de Estados Unidos. Es importante resaltar la visión ideológica de la clase política en la administración del presidente Ronald Reagan, y de alguna manera, de la derecha conservadora estadunidense. Por un lado, las percepciones estadunidenses sobre la política centroamericana incluían variables distintas a la de James Carter; la administración Reagan asignaba a Centroamérica una importancia desmedida, lo cual hacía más notable la posición mexicana; por otro lado, los supuestos que favorecían la tolerancia estadunidense hacia la disidencia diplomática mexicana (el consenso interno y el papel legitimador de la política exterior) ya no existían. De ahí que aquello que antes era aceptado como marco útil a la relación bilateral, en 1982 se convirtió en tema del mismo. Es decir, la “disidencia” mexicana en política exterior ya no cumplía una función legitimadora para Estados Unidos, cosa que la administración de Reagan, menos tolerante, no estaba dispuesta a continuar.56 De cualquier manera, el punto de partida de la ofensiva del gobierno de Estados Unidos para remodelar su relación bilateral con México lo encontró en la crisis económica de 1982. Dada la gravedad de la crisis, la situación mexicana se consideraba una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que esta nación estaba decidida a presionar a un “México en crisis”, pero al mismo tiempo rescatarlo del abismo. Para 1982, la percepción de los analistas estadunidenses sobre la situación de México había cambiado drásticamente con respecto a otros años; se consideraba que el origen de la crisis no estaba en el modelo capitalista, sino en los “malos manejos” de la administración de los gobiernos mexicanos. Es decir, para Estados Unidos el origen de la crisis estaba en los presidentes de México y en la clase política priista. Al deterioro de la imagen del político mexicano, principalmente del presidente de la República, se agregaban otros elementos punibles a la clase política como la propia corrupción del aparato burocrático, la concentración de poder en manos del titular del ejecutivo, y de todo esto, las crecientes dudas sobre el supuesto que por muchos años prevaleció en los analistas estadunidenses: la capacidad de autocontrol del sistema político mexicano, que lo volvía fiable en términos geoestratégicos. Es así como el gobierno de Estados Unidos, a través de los medios de comunicación estadunidenses, presentaba un sistema político centralizado y autoritario, con una presidencia omnipotente y una política económica entrampada en la corrupción y la ineficiencia. La percepción estadunidense sobre el origen de la crisis económica mexicana recaía principalmente en una persona: el presidente.57 A pesar de que la estrategia de Miguel de la Madrid nunca fue la confrontación y sí la negociación, como por ejemplo en el caso de la deuda, Estados Unidos sumó a la crisis

económica la crisis política y actuó en consecuencia. Sobre todo, ante la incapacidad del gobierno de México de resolver sus problemas, Estados Unidos empezó a ver con mayor preocupación la repercusión dentro de sus fronteras. Es en este momento que se desata una verdadera paranoia respecto a México, que pasa de ser el admirado país petrolero de los años de López Portillo a estar en el banquillo de los acusados. “De esa manera, la preocupación por la estabilidad mexicana y por el daño que México pudiera infligir a la sociedad estadunidense, a través de una mala administración de su economía, su supuesta tolerancia al tráfico ilícito de drogas, y la migración ilegal a Estados Unidos, determina la actitud de este país con respecto a México.”58 La línea dura hacia los mexicanos empezó a golpear al país desde mediados de 1984, y ocurrió algo insólito: Estados Unidos amplió la agenda de conflictos incluyendo lo que antaño fue visto como preocupaciones domésticas de cada país, como los procesos electorales y la corrupción de las autoridades.59 En este sentido, un instrumento de los círculos de poder estadunidenses fue aprovechar las visitas de los presidentes mexicanos a Estados Unidos para atacar al ejecutivo federal, con el objeto de crear una atmósfera adversa a la agenda del mandatario mexicano. Un ejemplo de lo anterior fue la visita de Miguel de la Madrid a Washington, D. C., aprovechada por el Washington Post para publicar que el mandatario mexicano tenía depósitos por más de 162 millones de dólares en una cuenta suiza, información que aparentemente procedió de una fuente gubernamental. El artículo fue desmentido por las distintas oficinas del gobierno estadunidense, pero el efecto ya había dado los resultados esperados.60 Durante la presidencia de Miguel de la Madrid se desarrolló una agenda informal entre México y Estados Unidos cuyos canales no fueron los oficiales y los tradicionales, sino que el debate se libró principalmente en los medios de comunicación, en particular la prensa escrita estadunidense, para posteriormente trasladarse a la opinión pública en general y los círculos financieros y comerciales de ese país. México se encontraba incapacitado para responder, ya que consideraba de competencia estrictamente interna los asuntos debatidos en Estados Unidos. Así pues, la batalla ya no la libró la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que el mérito de revertir la situación correspondió a las instancias encargadas de la prensa extranjera y relaciones públicas del país que en otras palabras, realizaron una ardua labor de cabildeo. Tarea sumamente difícil si se toma en cuenta el papel jugado por el embajador de Estados Unidos en México, John Gavin, quien desde el principio de su misión en el país se distinguió por sus constantes críticas al sistema político mexicano. Fue él precisamente quien llamó la atención sobre los procesos electorales, en particular las elecciones municipales de Sonora, calificándolas de fraudulentas; además convirtió un asunto de policía, la muerte de un agente de la Drug Enforcement Administration (DEA), en un asunto de Estado, en un problema de carácter internacional, en un asunto de gobierno a gobierno. No conforme con obligar al gobierno a dar una respuesta pronta al problema mediante diversas presiones, acusó a varios funcionarios de corrupción y puso en la mira las elecciones que se realizarían en julio de 1985. Sus palabras tuvieron eco y entre el 21 de febrero y el 13 de abril de 1985 sólo el New York Times dedicó 34 artículos a México, en los que subrayaba la corrupción de la policía, el aparato judicial e incluso el ejército. En tono menor, pero no por ello menos dañino, se desató una ola de noticias en torno a la inseguridad

de los viajeros estadunidenses en las carreteras de México, incluso se consideró seriamente la idea de hacer la advertencia turística del peligro que implicaba visitar México.61 Una vez más, dada la vulnerabilidad del sector externo de la economía mexicana, se presionaba al país para que corrigiera sus políticas. Por otra parte, los debates electorales de 1985 y 1986 simplemente endurecieron aún más las percepciones de la élite estadunidense sobre el sistema político mexicano, al presentarlo como un sistema en decadencia, incapaz de garantizar una tasa adecuada de crecimiento económico y por lo tanto destinado a perder una parte del sustento popular y la legitimidad. Un régimen que pudiera verse obligado a recurrir una vez más a la coerción, “[…] para mantener la paz era presa fácil del aventurismo soviético […]” tal como lo advertía el Wall Street Journal en su edición del 26 de noviembre de 1986. Todas estas impresiones se recogieron y se exageraron todavía más durante las audiencias presididas por el senador Jesse Helms en el Congreso de Estados Unidos sobre el “problema mexicano”.62 Resultado de estas audiencias fue la resolución senatorial número 437, que condenaba expresamente como fraudulentas las elecciones de 1986 en el estado de Chihuahua, y se sugería que el presidente Miguel de la Madrid debía dimitir de su cargo. En resumen, la relación entre Ronald Reagan y Miguel de la Madrid estuvo marcada por la tensión. Congreso y gobierno estadunidenses denunciaron públicamente la corrupción en México y las ligas entre narcotraficantes y políticos. Asimismo, miembros del PAN fueron recibidos por las altas autoridades del gobierno estadunidense. Al mismo tiempo, los procesos de certificación de la lucha antinarcóticos se convirtieron en una confrontación abierta. En el mismo tono, el embajador John Gavin no dejó de hablar y de criticar al gobierno mexicano, sobre todo no dejó de insinuar que la responsabilidad recaía en el presidente De la Madrid. La tensión disminuyó con el nombramiento de Charles Pilliod como nuevo embajador, en sustitución del polémico John Gavin.

CONCLUSIONES Para concluir podemos señalar que Miguel De la Madrid fue un presidente renovador en el ámbito económico pero profundamente conservador, e incluso autoritario, en la esfera política. La respsonsabilidad que le tocó asumir a De la Madrid no fue una decisión impuesta por extraños, sino una de carácter personal que sólo él construyó a través de los años para alcanzar la presidencia de México. Por esa razón, el ex presidente mexicano no puede alegar inocencia en la gestión de la crisis mexicana entre 1982 y 1988, menos cuando él fue un protagonista importante, si no el máximo responsable, como secretario de Programación y Presupuesto. Sobre todo porque Miguel de la Madrid conocía los datos sobre la magnitud de la crisis; también es cierto que el equipo delamadridista manipuló las cifras del déficit de 1981 para proteger la precandidatura de su jefe y engañar al presidente José López Portillo. En este sentido, De la Madrid sí es responsable de lo que aconteció en aquellos años; tal vez su nombre no ocupe el mismo lugar que otros denostados ex presidentes mexicanos, pero eso es una cosa distinta al análisis objetivo de la historia.

Miguel de la Madrid fue un estadista serio y comprometido con los ideales que defendía, un hombre aparentemente gris y poco comunicativo, pero determinante en sus decisiones. Todos y cada uno de los episodios que le tocó sortear como presidente de la República los resolvió con la convicción de que hacía lo correcto, una soberbia desmedida que le impidió ver la realidad sobre ciertos acontecimientos en torno a los problemas del país, o incluso respecto a los errores y los excesos de su equipo de trabajo. Sin duda en la formación de su carácter contribuyó el origen familiar; descendiente de una clase media y acomodada, pero también educada y nacionalista. Por otra parte, su paso por la Facultad de Derecho de la UNAM marcó su futuro político, porque fue precisamente allí donde conoció a José López Portillo. Asimismo, la oportunidad de estudiar en ese recinto educativo le permitió ingresar al grupo más selecto de la administración pública: el área económica, que le catapultó a las esferas más altas de la burocracia federal y le permitió estudiar en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos: la Universidad de Harvard. Pero la capacidad política de Miguel de la Madrid quedaría de manifiesto durante la sucesión presidencial que le llevó a la presidencia. Tal vez su aspecto frío y espeso hicieran pensar a muchos adversarios políticos en la inocuidad de su conducta. Lo cierto es que Miguel de la Madrid elaboró una cuidadosa estratagema que hizo creer a José López Portillo que su colaborador en la SPP era la persona idónea para sucederlo en el cargo. Para ello fue eliminando a cada uno de sus adversarios políticos e incluso amigos de López Portillo. Sabemos que el juego palaciego del “tapado” es una competición ruda donde las reglas de caballeros no se respetan; por esa misma razón, De la Madrid fue otro de los personajes de la vida de Los Pinos que cayó en la tentación de la política. Esos individuos aparentemente normales, pero que en el interior son dominados por el fuego de la ambición, el poder, la fama y la gloria; como diría Cosío Villegas, “mordidos por la serpiente de la política”. Con estas vivencias de su carrera política, Miguel de la Madrid enfrentó la difícil situación de resolver la crisis económica de 1982. Para nadie es un secreto que las reformas económicas eran obligadas una vez agotado el modelo de desarrollo con la sustitución de importaciones; no había otro camino que las reformas estructurales para revertir el desequilibrio macroeconómico. Sin embargo, la respuesta a la crisis por parte del gobierno de De la Madrid fue mucho más allá que las condiciones impuestas por los acreedores internacionales; eso significó unos planes de ajuste profundamente lesivos para la población, que sufrió altos índices de inflación, desempleo, devaluaciones recurrentes, reducción del poder adquisitivo, entre otras variables negativas. El fracaso de las políticas de Miguel de la Madrid no se debe únicamente a un contexto desfavorable a nivel internacional; por el contrario, en parte el fracaso se explica por la incapacidad del sistema autoritario priista, que cegó a los presidentes y los convirtió en autómatas de la verdad, de su propia verdad, donde la soberbia intelectual se imponía a la palabra de los interlocutores. En el plano político, Miguel de la Madrid fue un presidente impositivo y poco receptivo con la oposición política, sobre todo aquella con representación en el Congreso. Sin embargo, la situación del país había cambiado y no era la misma que en los años anteriores, cuando De la Madrid estaba en su etapa de formación burocrática y política. Por una parte, la sociedad mexicana cosechaba la experiencia de los movimientos políticos de 1968 y la convulsionada década de los setenta, como una preparación para canalizar algunas de las expresiones más

demandadas por la ciudadanía. Sin embargo, el agotamiento del modelo económico fue el principal detonador de la movilización de la ciudadanía; el rigor de la crisis empujó a miles de mexicanos a manifestar su repudio en las calles y en las urnas. Fue así como el 6 de julio de 1988, Miguel de la Madrid fue responsable del mayor escándalo de fraude electoral que registre la historia moderna del país. Estas razones explican el éxito político de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y el posterior desenvolvimiento de la izquierda mexicana en torno al PRD. Pero igual que otros presidentes de México, Miguel de la Madrid tuvo que lidiar con la difícil relación con Estados Unidos. Fue una relación complicada que estuvo dominada por el estilo de gobernar de Ronald Reagan y su grupo conservador en Washington. Pero México, y sobre todo De la Madrid, fueron víctimas de sus propios errores y circunstancias. Porque uno de los flancos más explotados por Estados Unidos fue hostigar al gobierno mexicano por antidemocrático, corrupto, manipulador, etc. Desafortunadamente, el gobierno de Miguel de la Madrid no pudo negar la mayoría de las acusaciones imputadas, no sólo porque se trataba del país más poderoso del planeta, sino porque lamentablemente las denuncias eran verdaderas. El gobierno mexicano finalmente accedió a la mayoría de las peticiones estadunidenses interesadas en las reformas económicas, por así decirlo; Miguel de la Madrid abrió las puertas a la integración económica, pero al mismo tiempo dejó que se impusieran los intereses del capital estadunidense. Finalmente, podemos terminar diciendo que De la Madrid es el precursor del México moderno. Un país con una economía abierta al mundo, pero incapaz de ofrecer a la mayoría de sus ciudadanos y habitantes una vida digna. Asimismo, es corresponsable del proceso de transición política que ha experimentado el país en los últimos 15 años. Una corresponsabilidad pasiva e indirecta, ya que nunca estuvo de acuerdo en la disidencia política y mucho menos fuera del PRI.

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Nos referimos al PRI por ser esta la última denominación que adopta ese instituto político que nace en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR), para posteriormente cambiar su nombre por Partido de la Revolución Mexicana (PRM ). De cualquier manera, lo que se pretende decir con el binomio ideológico “nacionalismo revolucionario” es una referencia al legado político y económico de la Revolución mexicana de 1910 y la Constitución de 1917. 2 En Cambio de rumbo, Miguel de la Madrid reconoce los fallos cometidos por el equipo de gobierno que él encabezó a partir de 1982. En el transcurso de los hechos comentados en primera persona a lo largo de todo el libro, en repetidas ocasiones De la Madrid reconoce que el diagnóstico de la crisis económica fue errado porque la magnitud fue mayor de la que ellos (el equipo) pudieron imaginar. Una de las razones que el propio De la Madrid comentó fue la soberbia intelectual, circunstancia que reconoce con otras situaciones ocurridas en su sexenio, como subestimar a Cuauhtémoc Cárdenas, o menospreciar a los partidos PARM , PST, PRT , entre otras muestras de soberbia. Véase Madrid, 2004. 3 Roderic Ai Camp se refiere a la conjugación de las posibles respuestas como la “comunidad de ubicación” de un político, es decir, la socialización que tuvo en su juventud y el ambiente de influencia que lo animó a entrar en la política. Originalmente, el estudio se circunscribía a la élite política mexicana surgida de la Revolución mexicana de 1910 y desarrollada en torno al PRI, de tal manera que Ai Camp formuló varias preguntas básicas: ¿por qué estas mujeres hicieron carreras públicas y no privadas?; ¿cuál fue la influencia de sus padres sobre la selección de sus carreras y de sus valores?; en relación con otras fuentes de influencia, ¿qué tanta importancia tuvieron los acontecimientos históricos de las agitadas tres primeras décadas de este siglo?; y, ¿qué efectos tuvo el ambiente educativo de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Universidad Nacional sobre los valores y las ideas de este grupo?, ¿quiénes eran esas personas y cuáles sus opiniones? Véase Camp, 1981, pp. 11-17. 4 Sobre todo nos referimos a la conformación de grupos de interés dentro del PRI. Véase en este mismo libro el trabajo de Rob Aitken sobre Carlos Salinas de Gortari (p. 423). 5 A este proceso, el propio Miguel de la Madrid lo esquematiza como el juego de los tres factores que determinan la sucesión presidencial que son: la relación del precandidato con el presidente, la relación del precandidato con el resto del gabinete y la presencia del precandidato en la opinión pública. Madrid, 2004, pp. 25-26. 6 Se dice, aunque no se haya podido corroborar, que entre los antepasados de Miguel de la Madrid hubo varios gobernantes, alcaldes y militares que sirvieron a la República. 7 Es vital decir que para la década de los años cincuenta sólo las clases medias acomodadas podían pagarse estudios universitarios en la UNAM ; de hecho existía una rivalidad de clase entre la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, este último creado dos décadas atrás por Lázaro Cárdenas. 8 Castañeda, 1999, p. 171. 9 Madrid, 2004, p. 29. 10 Castañeda, 1999, p.164. 11 El juego palaciego llegó a ser de tal magnitud que López Portillo menciona que sus colaboradores le advertían que Miguel de la Madrid acudía al psicólogo antes de reunirse con él, en un intento por tratar de entender y adivinar lo que el presidente deseaba o quería. Esta acción enfermiza y patética, antes de parecerle negativa a López Portillo, le representaba una virtud de Miguel de la Madrid y un halago a su persona. Castañeda, 1999, p.104. 12 Madrid, p. 26. 13 Castañeda, 1999, p. 142. 14 Aquí hay otro episodio oscuro de Miguel de la Madrid respecto al trabajo sucio realizado desde la SPP que provocó la salida de Díaz Serrano de la contienda por la presidencia. En concreto se trata de una auditoria realizada por la SPP a Pemex y que fue filtrada a la prensa. Miguel de la Madrid era el responsable de esa acción como titular de la SPP; sin embargo, quien decidió cargar con la culpa de ese acto fue José Ramón López Portillo, a sabiendas que el indulto por la falta estaba asegurado por tratarse del hijo del presidente. Ibidem, pp. 186-187. 15 Ibidem, p.99. 17 Véase en este mismo libro, el trabajo de Germán Pérez del Castillo. 16 Madrid, 2004, p. 40. 18 Véase en este mismo libro el trabajo de María Antonia Martínez. 19 Eduards, 1995, pp. 1-13. 20 De hecho, Nora Lustig señala que el origen de la crisis de 1982 no fue el modelo de sustitución de importaciones propiamente dicho, sino la mala gestión de las crisis suscitadas durante los gobiernos de Echeverría y López Portillo. Lustig, 1998, pp.14-27. 21 Cárdenas, 1996, p.118. 22 Respecto al desconocimiento real de la situación económica por parte del Miguel de la Madrid y su equipo, se puede decir, aunque ello no lo exente de las responsabilidades en la gestión de la crisis, lo que Sebastián Eduards señala: que los propios organismos internacionales como el Banco Mundial no evaluaron correctamente el problema de liquidez de México y otros países de América Latina. Eduards, 1995, pp. 18-19. 23 Madrid, 2004, p. 37.

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Lustig, 2000, p. 4. Madrid, 2004, p. 38. 26 A lo largo de la década, las negociaciones de México (que marcaron el camino para otros países en desarrollo) tuvieron un carácter claramente evolutivo. En cada paso se fue avanzando con gran dificultad sobre la etapa anterior. La negociación de la deuda tuvo, pues, el detonador, agosto-diciembre de 1982; la primera etapa, 1982-1983; la segunda, 1984-1985; la tercera, 1986-1987, y la final, 1988-1990. 27 Madrid, 2004, p. 501. 28 Lustig argumenta que los factores externos condicionaron drásticamente la recuperación económica de México una vez iniciadas las reformas económicas por Miguel de la Madrid en 1983. Lustig menciona específicamente tres factores externos condicionantes: 1) el miedo de los capitales externos para otorgar nuevos créditos, 2) las desfavorables condiciones en el intercambio comercial y 3) las altas tasas reales de interés que se pagaba a nivel internacional. Lustig, 1999, p. 4. 29 Madrid, 2004, p. 585. 30 Con esta carta de intención se llegó a un nuevo acuerdo con el FM I sobre un crédito contingente con vigencia de noviembre de 1986 a abril de 1988, que implicaba desembolsos por 1 700 millones de dólares, en tanto que el BM se comprometió a desembolsar 2 300 millones de dólares, y la banca comercial 6 000 millones. 31 Madrid, 2004, pp. 595-597. 32 Ibidem, pp. 597-599. 33 Véase el trabajo de Rob Aitken, en este mismo libro. 34 Según Nora Lustig, el gobierno de México fue mucho más allá que las propias expectativas de los organismos financieros internacionales como el FM I y el BM . Es decir, desde 1985 el gobierno de México intensificó su estrategia de cambio estructural, por propia determinación. Lustig, 1995, p. v. 35 Los permisos previos de importación se empezaron a eliminar a partir de 1984; sin embargo, a partir de 1985 se empezó una apertura masiva. De 83.5% de importaciones controladas en 1984 pasó a 30.9% en 1985; para compensar se incrementaron los aranceles promedio y promedio ponderado. Clavijo y Valdivieso, 2000, p. 21. 36 Madrid, 2004, pp. 499-506. 37 Clavijo y Valdivieso, 2000, p. 32. 38 Ibidem, p.36. 39 Ibidem. 40 Lustig calcula que el ingreso per capita real cayó 5% anual entre 1983-1988. Lustig, 1999, p. 2. 41 García de Alba, 1993, pp. 230-234. 42 Castañeda, 1999, pp. 213-215. 43 Madrid, 2004, pp. 737-760. 44 Si observamos en términos globales el sexenio delamadridista (1982-1988), la moneda mexicana sufrió una depreciación respecto al dólar de 3 270%. 45 Nos referimos a gobierno, empresarios y trabajadores. 46 Cárdenas, 1999, p. 119. 47 Para una discusión interesante sobre régimen y sistema político en México, se recomienda la obra de Medina Peña, 2005, pp. 11-23. 48 En 1978 se publicó el libro de Jorge Carpizo El presidencialismo mexicano y recientemente el autor realizó una interesante revisión en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM , con motivo de la alternancia en el poder presidencial de México. En él, Carpizo resaltaba las características principales del sistema político mexicano basado en el presidencialismo: 1) el presidente como jefe del partido “[…] es el jefe del partido predominante, partido que está integrado por las grandes centrales obreras, campesinas y profesionales […]”; 2) la división de poderes “[…] el debilitamiento del Poder Legislativo, ya que la gran mayoría de los legisladores son miembros del partido predominante y saben que si se oponen al presidente, las posibilidades de éxito que tienen son casi nulas y que seguramente están así frustrando su carrera política […]”; en cuanto al Poder Judicial “[…] la integración, en buena parte, de la Suprema Corte de Justicia por elementos políticos que no se oponen a los asuntos en los cuales el presidente está interesado […]”; 3) facultades económicas, el ejército y los medios de comunicación masiva “[…] la marcada influencia en la economía a través de los mecanismos del banco central, de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal, así como las amplias facultades que (el presidente) tiene en materia económica […]”, “[…] la institucionalización del ejército, cuyos jefes dependen de él […]”, “[…] la fuerte influencia en la opinión pública a través de los controles y facultades que tiene respecto a los medios de comunicación masiva […]”; 4) sistema federal, facultades metaconstitucionales y aspectos internacionales “[…] la concentración de recursos económicos en la Federación, específicamente en el Ejecutivo […]”, “[…] las amplias facultades constitucionales y extraconstitucionales, como son la facultad de designar a su sucesor y a los gobiernos de las entidades federativas […]”, “[…] la determinación de todos los aspectos internacionales en los cuales interviene el país, sin que para ello exista ningún freno en el senado […]” y 5) el gobierno del Distrito Federal y aspectos psicológicos “[…] el gobierno directo de 25

la región más importante, con mucho, del país, como lo es el Distrito Federal […]”, “[…] un elemento psicológico: que en general se acepta el papel predominante del Ejecutivo sin que mayormente se le cuestione […]”. Carpizo, Jorge, 2001, “Veintidós años de presidencialismo mexicano: 1978-2000. Una recapitulación”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM , en internet: www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/100/art/art3.htm 49 Casar, 2002, pp. 49-56; Alcántara Sáez, 1999, página 45. 50 Nava, Weldon y Yáñez, 2000, p. 86. 51 En todo caso, existían otros factores de más peso que los propios partidos, como los sectores afiliados al PRI: la Confederación de Trabajadores de México (CTM ), la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Sin embargo, la cooptación histórica de los líderes gremiales fue una de las características de la hegemonía del PRI, de tal manera que cada sector tenía su cuota de diputados en la Cámara, de modo que las divergencias con las organizaciones afiliadas al PRI se reducían a cuotas de poder y prebendas, y no a defender los derechos de los agremiados ante las consecuencias de las reformas económicas aplicadas por De la Madrid. 52 Nacif, 2002, pp. 81-86; Carbonell, 2000, p.105. 53 Nava, Weldon y Yáñez, 2000, pp. 85-88. 54 El cisma en la cúpula priista en 1986 ocurre cuando Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y un grupo nutrido de militantes deciden fundar la Corriente Crítica en el seno del PRI, ante la hostilidad del grupo dominante en el partido y en la presidencia de la República; éstos deciden abandonar el PRI para presentarse a las elecciones federales de 1988.Véase el trabajo de Rob Aitken, en este mismo libro. 55 Castañeda, 1999, pp. 221-224. 56 Sosa, 1985, p. 23. 58 Coornelies, 1988, p. 213. 59 Ojeda, 1986, p. 26. 60 Castañeda y Pastor, 1989, p. 91. 57 Sosa, 1985, p. 22. 61 Meyer, 1990, pp. 26 y 29. 62 González, 1988, pp. 5-20.

CARLOS SALINAS DE GORTARI

ROB AITKEN Universidad de York

* EL ASCENSO a la presidencia de Carlos Salinas de Gortari estuvo determinado por dos crisis y por la forma en que éstas fueron interpretadas. La caída del mercado accionario en 1987 agravó la situación económica que México venía padeciendo desde 1982. La élite rectora percibió esta crisis en términos económicos y técnicos, pese a sus serias consecuencias políticas y sociales.1 Ello reforzó la visión de que el nuevo presidente tendría que ser economista y fortaleció la primacía de Salinas, cuyo papel había sido fundamental en los planes económicos y en las medidas de austeridad del sexenio de Miguel de la Madrid. La selección de Salinas no fue bien vista por muchos políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ni entre la población.2 La segunda crisis fue resultado, en parte, de la primera y de las acciones ejecutadas para afrontarla —neoliberalismo, medidas de austeridad y la selección de Salinas como candidato del PRI a la presidencia—. Cuauhtémoc Cárdenas, líder de la Corriente Democrática e hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas, declaró que él se enfrentaría en las elecciones presidenciales a Salinas.3 La mayoría de quienes integraban la Corriente Democrática dejaron el partido para apoyarlo y también obtuvo el respaldo de partidos pequeños tradicionalmente leales al PRI, así como de la mayoría de las organizaciones políticas y movimientos sociales de izquierda. Lo que parecía fractura menor en el PRI devino reto mayor para el sistema político conforme la campaña de Cárdenas reunía enormes multitudes a lo largo del país. Por tradición, el fraude electoral había sido parte de las elecciones mexicanas, pero nunca fue tan necesario para garantizar la victoria del PRI como en 1988. Cuando los resultados preliminares mostraron que Cárdenas aventajaba a Salinas, toda la alquimia del PRI fue puesta a trabajar para asegurar la victoria de este último.4 Los resultados oficiales le dieron a Salinas 50.4% del voto, el resultado total más bajo del partido en el gobierno jamás obtenido, y una estrecha mayoría priista en el Congreso.5 Una prolongada crisis política se presentó entre julio y diciembre a causa de los cuestionamientos que realizó la oposición a la elección de Salinas y al derecho de éste de asumir la presidencia. El PRI no había enfrentado semejante crisis de legitimidad en décadas. En respuesta a lo que fue percibido como una amenaza mortal al dominio priista sobre el sistema político, la mayoría del partido cerró filas en torno a Salinas, a pesar de que inicialmente no apoyó su candidatura. El ascenso al poder de Salinas dependió, entonces, de dos factores diferentes. Por una parte, su selección como candidato presidencial se basó en su posición como tecnócrata y economista de primera línea dentro del gobierno y en las alianzas que había forjado con otros segmentos de la burocracia. También estaba basada en la percepción en el interior de la élite rectora de que la crisis que enfrentaba el país era económica y requería soluciones técnicas. Por otra parte, dicho ascenso descansaba en la maquinaria política del PRI. A pesar de que sus sectores corporativos no lograron generar los millones de votos que habían prometido, la elección de 1988 necesitó todas las maquinaciones al viejo estilo priista para garantizar que Salinas realmente pudiera asumir la presidencia. Estas dos crisis también generaron dos retos para el gobierno entrante. El crecimiento económico necesitaba ser reactivado tras la “década perdida” de los años ochenta. Como Salinas era el candidato de la continuidad, elegido para mantener las medidas de austeridad y las reformas económicas de De la Madrid, no habría ninguna salida radical, como el desconocimiento de la deuda. De modo que el gobierno de Salinas necesitaría ganarse al

sector privado y a los mercados internacionales para obtener acceso al capital requerido para restructurar la economía mexicana. Al mismo tiempo, necesitaría crear cierta estabilidad política y reconstruir las bases del apoyo político, luego de que los viejos mecanismos del PRI fracasaron tan desastrosamente en 1988. Se requeriría cierta reforma política para conseguirlo, pero las prioridades del gobierno eran, claramente, la reforma económica y la reconstrucción del apoyo político, más que la democratización misma.

CÍRCULO POLÍTICO Y ESTILO El gabinete de Salinas fue de composición ciertamente heterogénea, al menos si se le compara con el de su predecesor, Miguel de la Madrid, que se rodeó de gente como él. No obstante, Hernández Ramírez divide a los miembros del gabinete de Salinas en dos grupos: los del círculo cercano al presidente y los que no tenían el mismo acceso a éste. Hay claras diferencias entre ambos grupos, que en parte son generacionales (en promedio, los primeros tenían en la política la mitad del tiempo que los segundos), pero también reflejaban distintas trayectorias profesionales (el círculo cercano al presidente se había desarrollado casi enteramente en puestos administrativos mientras que el segundo grupo había ejercido puestos de elección y de partido).6 Los mexicanos estaban acostumbrados desde hacía tiempo a una terminología que dividía a la élite política en “técnicos” y “políticos”, de modo que los conflictos internos del PRI en ese entonces eran abordados a menudo en esos términos. Pero la división entre el círculo próximo al presidente y el resto del gabinete no era sólo cuestión de “técnicos” contra “políticos”. Los miembros cercanos eran “técnicos” en el sentido de que habían hecho sus carreras dentro de la burocracia más que en el PRI o en cargos de elección, tenían un alto nivel de educación, la mayoría contaba con posgrados en economía. De cualquier forma, representaban un tipo particular de burócratas educados, como se verá más adelante. Al mismo tiempo, en el segundo grupo había un buen número de “técnicos” incluidos debido a sus áreas de especialidad, lo mismo que “políticos” que se habían desarrollado más bien en la arena política. Sin embargo, estos últimos no representaban a todos los tipos de “políticos”, pues excluían específicamente a aquellos denostados como “dinosaurios”. Centeno y Maxfield aportan una categorización más compleja de la élite política de las décadas de 1970 y 1980, basada en un análisis de las trayectorias profesionales y que resulta útil para entender estas divisiones.7 Ellos diferencian entre “políticos”, “burócratas políticos”, “técnicos” y “tecnócratas”.8 La distinción entre políticos y burócratas políticos reside en si la carrera personal se desarrolló dentro de organizaciones regionales o corporativas del PRI, o bien, en el partido a nivel nacional. Estos últimos eran los burócratas políticos, es decir, gerentes políticos, responsables de la estabilidad política quienes a menudo saltaban entre puestos de partido y puestos gubernamentales, estaban en control de las secretarías asociadas al control político, especialmente la de Gobernación. Todo ello les dio una posición de dominio dentro del sistema político hasta la década de 1970. Los mismos autores dividen la categoría tradicional de “técnicos” en dos más, en función de la trayectoria profesional.

Reservan el término “técnico” para aquellos cuya carrera dependía de su área de especialización, usualmente la economía o la ingeniería, y que, en general, mostraban un nivel menor de movilidad hacia secretarías no asociadas con su área, al tiempo que desdeñaban los “juegos sucios” de la política. En contraste, los “tecnócratas” eran una generación de burócratas con altos grados de educación, que presentaban un mayor movimiento entre diferentes áreas de la burocracia y una mayor propensión a involucrarse en la política. Esta nueva generación de tecnócratas llegó a dominar la política en los años ochenta y noventa. Eran bastante homogéneos entre sí en lo que se refiere a su nivel de educación y a un origen común profesional o de élite social, aunque no necesariamente de la élite política. Era más factible que hubieran estudiado en universidades privadas o en Estados Unidos que otros sectores de la élite política y, por lo general, ostentaban títulos de posgrado, especialmente en economía. Habían entrado al sistema político en niveles bastante altos e hicieron sus carreras en las organizaciones de planificación del partido y del gobierno.9 Desde el punto de vista de Centeno, esta élite tecnócrata no estaba unida por la ideología, sino por el método. Veían el mundo en términos de problemas técnicos y buscaban las soluciones óptimas utilizando metodologías derivadas de la economía. Su educación y entrenamiento los hizo expertos calificados para determinar las soluciones óptimas, mismas que justificaban en términos técnicos.10 El propio Salinas fue miembro arquetípico de esta nueva élite tecnócrata, a pesar de provenir de una familia política establecida.11 Tras estudiar economía en la UNAM se fue a Harvard con una beca gubernamental. Entró al sistema político en un nivel alto, como asistente del líder legislativo del PRI. Más aún, su carrera no sólo la hizo en las secretarías tradicionalmente dominadas por los “técnicos”, como Hacienda y Comercio, sino que participó más directamente en papeles políticos. Trabajó en el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del PRI y luego en la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP ), con su padrino político, De la Madrid, cuya campaña presidencial manejaría en 1982. Más tarde fue secretario de la SPP en el gabinete de éste. El círculo de ministros más cercano a Salinas pertenecía, en su mayoría, a esta nueva élite tecnócrata.12 Generalmente contaban con posgrados de universidades estadunidenses y habían hecho su carrera burocrática en las áreas de finanzas o de planeación. La mayoría ascendió rápidamente en ese ámbito de asesores y asistentes a secretarios de segundo nivel durante el gobierno de De la Madrid, y después a miembros del gabinete. En el círculo íntimo, sólo Chirinos y Colosio habían ocupado previamente un puesto de elección popular, si bien Camacho también había tenido algunos contactos con la política. Los secretarios clave del gabinete de Salinas (Aspe, Serra, Zedillo, Camacho y Colosio) eran todos economistas con maestrías o doctorados en universidades de Estados Unidos. Las aptitudes de este círculo cercano al presidente no pueden ponerse en duda: gozaban de alta educación y habían ascendido rápidamente en un sistema burocrático competitivo.13 Sin embargo, no fue sólo la calificación educativa o la experiencia burocrática lo que les ganó un lugar en el gabinete —hacia finales de los ochenta había un gran número de tecnócratas similares a ellos en la burocracia mexicana—. Lo que vinculaba al círculo próximo a Salinas y a los demás miembros del gabinete era la pasada colaboración con él y entre ellos mismos. Tres de ellos habían estado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al

mismo tiempo que Salinas, incluido su mejor amigo, Manuel Camacho; Salinas trabajó con ocho de ellos en la campaña presidencial de De la Madrid y con 11 durante su ascenso a la presidencia. El periodo de Salinas en la SPP fue muy importante en la formación de su camarilla, que dominaría durante su presidencia. Aspe, Camacho, Colosio, Zedillo, Chirinos, Córdoba, Moreno y Vázquez Nava habían todos trabajado en la SPP bajo sus órdenes durante el sexenio de De la Madrid.14 La principal característica del círculo íntimo eran no sólo sus credenciales académicas o su experiencia, sino su lealtad personal a Salinas. Así, Salinas se rodeó de un reducido pero homogéneo grupo de asesores cercanos, el cual recibió el control de áreas decisivas a las que el presidente planeaba reformar —la economía y las bases del apoyo político—. Aspe, Serra y Zedillo controlaron las carteras económicas: Hacienda, Comercio y la SPP , respectivamente, mientras que a Camacho y Colosio se les encomendó el reto de reconstruir las bases del apoyo político tras el desastre de la elección de 1988. Colosio fue puesto a cargo del PRI y Camacho fue nombrado regente del Distrito Federal, demarcación donde Salinas perdió frente a Cárdenas. Una característica clave de la presidencia de Salinas fue el estrecho control que su reducido círculo mantuvo en la toma de decisiones, interviniendo a menudo en áreas ajenas a su jurisdicción formal. La inclusión de un segundo grupo de políticos en el gabinete, sumado al círculo íntimo de tecnócratas, tenía significación política. A pesar de que algunos de ellos podrían considerarse técnicos debido a su especialización, la mayoría eran, en términos de Centeno, burócratas políticos, es decir, gerentes políticos especializados en control político.15 Durante el sexenio anterior, Salinas forjó alianzas que fueron más allá de su propia secretaría y, una vez en el poder, recompensó a algunos de quienes lo apoyaron en su carrera por la candidatura. También tuvo que sanar algunas divisiones dentro del PRI, creadas merced al desplazamiento de los políticos de más edad por los tecnócratas más jóvenes durante el sexenio de De la Madrid; estas divisiones contribuyeron a la formación de la Corriente Democrática y la salida de ésta del PRI para formar el Frente Democrático Nacional (FDN) y apoyar la campaña de Cárdenas. Políticos mayores como Jorge de la Vega, Enrique Álvarez del Castillo, Víctor Cervera, Fernando Gutiérrez Barrios y Manuel Bartlett fueron atraídos nuevamente hacia el gobierno y Arsenio Farell fue retenido como secretario del Trabajo. Todos eran, en términos de Centeno, burócratas políticos.16 Con excepción del secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, este grupo tuvo escaso poder real dentro del gobierno. Quizá sea Hank González quien mejor personifique su inclusión simbólica. Primero fue secretario de Turismo, puesto para el cual tenía poca experiencia y que no reflejaba sus aptitudes; después fue secretario de Agricultura, cargo en el que se le negó incluso la facultad de poder designar a sus subsecretarios.17 Del mismo modo, Manuel Bartlett Díaz fue nombrado secretario de Educación, lo que muchos vieron como una recompensa por su desempeño como secretario de Gobernación al dirigir la elección de 1988 y asegurar la victoria de Salinas.18 Sin embargo, tuvo muy poca influencia en la política de esa secretaría y ni siquiera tuvo un papel central en las negociaciones con las secciones disidentes del sindicato magisterial.19 Gutiérrez Barrios, como secretario de Gobernación, fue quizá el único político veterano que ejerció una influencia real. Figura clave en los servicios de seguridad de los años sesenta, se le vinculó con las represiones de 1968 y de 1971. Se le veía como un hombre fuerte cuya inclusión en el gabinete se debía al temor del régimen a la

oposición, a pesar de que en la práctica se había ganado una reputación como persona con disposición a escuchar y a respetar los compromisos hechos. Con todo, incluso algunas de las negociaciones con la oposición y la solución de conflictos decisivos que hubieran tenido lugar en Gobernación, eran manejados por los tecnócratas de la presidencia o del Distrito Federal. Con la sustitución, en enero de 1993, de Gutiérrez Barrios por Patrocinio González Garrido, un político de línea mucho más dura y vinculado a Salinas de tiempo atrás, salió del gabinete el último político ajeno al círculo íntimo del presidente que hubiera podido tener una influencia importante.20 Pese a que la influencia de estos viejos políticos fuese limitada, su participación en el gabinete indicaba una alianza entre los tecnócratas de Salinas y los burócratas políticos, especializados en el control político. Como era de esperar, esta alianza no incluía a todos los priistas. Aquellos que no lograron generar el apoyo político prometido al candidato en la elección de 1988, especialmente los políticos de los sectores corporativos del PRI, pero también los gobernadores de aquellos estados donde Salinas perdió frente a Cárdenas, fueron excluidos o retirados de cargos públicos, o denostados como “dinosaurios” que se oponían a las transformaciones que requerían la economía mexicana y el sistema político. Al mismo tiempo, los tecnócratas eran transferidos a cargos tradicionalmente asociados con políticos o con burócratas políticos. Quizá el ejemplo más emblemático de esto fue la imposición de Colosio como nuevo líder del PRI. Además, tecnócratas y empresarios fueron impuestos como gobernadores a las renuentes maquinarias políticas estatales. Resulta tentador decir que la presidencia de Salinas vio el ascenso al poder de una nueva élite tecnócrata en México; sin embargo, los tecnócratas —particularmente aquellos cuyas carreras habían iniciado en finanzas y planeación— dominaban la burocracia mexicana desde el sexenio anterior, al controlar las carteras clave de economía y planeación. En el sexenio salinista, los tecnócratas expandieron su dominio hacia áreas más ligadas al control político que a la pericia técnica, y sin duda intentaron cambiar las bases del control y el apoyo político en México.21 Hicieron esto mediante alianzas con sectores de la burocracia y la maquinaria política que se distinguían por su control político y represión. En esa administración habría de venir una transformación de la élite política en México pero no se trataba tanto de que una nueva élite tomara el poder sino más bien de un reforzamiento de los vínculos y, hasta cierto punto, de una fusión entre los burócratas tecnócratas, algunos priistas a la vieja usanza y ciertos segmentos de la élite del sector privado, especialmente aquellos asociados al capital financiero. Al mismo tiempo, grandes fracciones de la antigua alianza del PRI, incluidas formalmente a través de los sectores corporativos, fueron excluidas progresivamente.22 El gabinete de Salinas y el círculo que le rodeaba ejemplificaban el estilo político de su presidencia. Primero, en el núcleo del gobierno estaba un pequeño grupo de jóvenes tecnócratas, principalmente economistas, todos los cuales habían trabajado antes con Salinas. Todas las decisiones fundamentales de la política de gobierno se mantenían dentro de ese grupo cohesivo y compacto. No era sólo una preferencia de Salinas por trabajar con amigos, sino una estrategia política. Su grupo veía el viejo estilo de la política mexicana —en el que había negociaciones y compromisos entre diferentes grupos de interés, ya institucionales ya sociales— no sólo como fuente de corrupción y feudos, sino como un obstáculo para lograr soluciones óptimas en las políticas de gobierno. Según las teorías elitistas elaboradas por

Manuel Camacho en su etapa de investigador de El Colegio de México, la mejor esperanza de transformación del sistema político residía en que un pequeño grupo compacto y unido tomara el poder. Dicho grupo se mantendría aislado de las presiones de los intereses de grupo y, por tanto, podría imponer soluciones técnicas óptimas a los problemas de política.23 En segundo lugar, el gabinete personificaba una alianza de este grupo tecnócrata con los “burócratas políticos” especializados en control político. Si bien el grupo de Salinas solía ser dogmático en cuestiones de política económica, sus integrantes también eran políticos pragmáticos. Reconocían la necesidad de forjar alianzas y estaban dispuestos a negociar y hacer compromisos, siempre que no se pusiera en peligro su proyecto económico y la reforma política. También veían la necesidad de un Estado y un ejecutivo fuertes para imponer sus reformas. Aunque eran economistas neoliberales, no tenían en la mira un Estado minimalista. El poder se concentraría en un pequeño círculo en torno al presidente, pero estaban dispuestos a usar ese poder y aun la fuerza para conseguir sus metas. Necesitarían mantener la estabilidad política para ejecutar su proyecto reformista. Por ello forjaron una alianza con algunos políticos veteranos relacionados con el poder político e incluso con la represión. El gabinete de Salinas se semejaba mucho a un “matrimonio entre las finanzas y el orden”.24

RECUPERANDO EL CONTROL Al asumir el poder, el 1° de diciembre de 1988, Salinas parecía estar en la posición más débil de un presidente en décadas. El partido gobernante había sufrido su más importante fractura desde su formación y sus organizaciones corporativas no habían logrado generarle el prometido apoyo electoral en las recientes elecciones. La crisis económica y las medidas de austeridad impuestas en el sexenio de De la Madrid habían minado la legitimidad del sistema político y dividido al PRI. Las divisiones internas continuaban resquebrajando al partido gobernante, con todo y que éste se había unido en torno a Salinas para asegurarse de su triunfo. La impugnación de la elección misma planteaba una crisis de legitimidad sin precedentes y confrontaba a Salinas con partidos de oposición —lo mismo de derecha que de izquierda— que habían cobrado más firmeza. El nuevo presidente tenía claro que necesitaba actuar con rapidez y decisión.25 La cuestión no era ganar legitimidad, ya que ésta no se obtendría en el corto plazo sin que mediara otra elección, sino en ganar credibilidad.26 Se movió de prisa para imponerse, lo mismo ante el PRI que ante la oposición, utilizando todos los poderes constitucionales y metaconstitucionales de la presidencia. Las acciones de Salinas durante su primer año en el cargo constituyeron un paquete cuidadosamente confeccionado de jugadas rudas contra sus adversarios y de reformas que reconstruyeran su apoyo político. A principios de 1989, Salinas envió al ejército a capturar al líder del sindicato petrolero, Joaquín Hernández, conocido como la Quina, a quien se acusaba de corrupción y posesión de armas y quien pasaría el resto del sexenio en la cárcel.27 Esta acción era parte de una ofensiva anticorrupción que los presidentes mexicanos acostumbran realizar al inicio de sus periodos.28 Pero la manera en que la Quina fue arrestado y la elección como blanco de uno de los líderes sindicales más poderosos envió la señal de que, si bien era un economista y un burócrata,

Salinas sería un líder fuerte. “Había un líder en Los Pinos. Tenía ‘huevos’.”29 Se dispuso luego a urdir la remoción de Carlos Jongitud Barrios, quien no había logrado llegar a un arreglo con el movimiento magisterial disidente. Sin embargo, la salida de algunas cabezas no significaba un asalto total contra los líderes gremiales ni la intención de democratizar el movimiento sindical; en ambos sindicatos, los líderes impuestos para sustituir a los depuestos fueron elegidos personalmente por Salinas. No se remplazó a todos los jefes sindicales, aunque se hubiesen opuesto a la candidatura de Salinas: éste reconocía que necesitaba al PRI, al menos en el corto plazo, pero quería que esta cooperación se diera en sus términos. Salinas también actuó para quitar de sus puestos a los gobernadores que no lograron contener a la oposición en sus estados durante la elección de 1988: Luis Martínez Villicaña, en Michoacán, salió en diciembre de 1988; Xicoténcatl Leyva, en Baja California, lo hizo en enero de 1989, y Mario Ramón Beteta dejó el Estado de México ese mismo año, acciones que eran preparativos para las elecciones en Michoacán y Baja California por realizarse en julio de 1989, y en el Estado de México en noviembre de 1990. Las elecciones de Michoacán y Baja California se realizaron el mismo día, pero arrojaron resultados muy distintos. En Michoacán, la tierra de Cárdenas, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) parecía haber ganado con una ventaja abrumadora las elecciones para el congreso estatal.30 Estos resultados se daban al mismo tiempo que se conocía que el Partido Acción Nacional (PAN) había ganado la elección a la gubernatura de Baja California, con lo que surgía el primer gobernador no priista. La victoria del PAN en Baja California fue rápidamente reconocida por el presidente del PRI, Luis Donaldo Colosio, y por el presidente Salinas, con la oposición férrea del PRI bajacaliforniano. Los priistas de ese estado jamás perdonarían ni al régimen ni a Colosio esa humillación. En contraste, en Michoacán se cometió un calculado y masivo fraude para evitar que el PRD tuviese el control del estado.31 Lo anterior provocó manifestaciones y la ocupación de varios ayuntamientos, lo que se prolongó hasta las elecciones municipales de diciembre del mismo año y finalmente quedó “resuelto” cuando Salinas envió al ejército con tanques a Michoacán para retirar a los perredistas de los ayuntamientos que mantenían ocupados. Las elecciones en Michoacán y en el vecino estado de Guerrero, que también era un baluarte del PRD, se caracterizaron por el fraude, la violencia y un clima de miedo alentado por la propaganda gubernamental. Numerosos perredistas murieron en los conflictos electorales de ambos estados.32 Así se fijó el patrón del sexenio, según el cual los resultados de las elecciones eran decididos por un círculo cercano a Salinas en función de las cifras oficiales, de la dimensión de las protestas y sus propias necesidades estratégicas. Reconocer la victoria del PAN en Baja California permitió al gobierno de Salinas proclamar que el país se estaba democratizando, que contaba con el primer gobernador de oposición, al tiempo que se distraía la atención del fraude cometido en Michoacán. Esto permitía al presidente recompensar a la oposición “responsable” del PAN y castigar al PRD por su postura más intransigente. Al resolver las disputas electorales, a menudo se ignoraban los deseos de los votantes, o hasta de los mismos priistas locales. Este patrón se mantuvo hasta las elecciones de 1991 en Guanajuato y San Luis Potosí. En ambos casos, los priistas que oficialmente habían ganado las elecciones fueron obligados a renunciar, en vista de las protestas masivas, y se designó a gobernadores interinos. En el caso de Guanajuato, el gobernador interino fue por primera vez un panista, pero en San

Luis Potosí se les negó el poder a los navistas, que habían sido apoyados tanto por el PRD como por el PAN, y se les impuso a un priista. Este doble acercamiento a la oposición fue característico del gobierno de Salinas. Aquellos que demandaban “intransigentemente” la democratización total, proponían políticas “irreales” y “populistas”, y no apoyaban las reformas económicas de Salinas, podían esperar el ataque con todos los recursos disponibles de la maquinaria política: la calumnia, el fraude y, en ocasiones, la represión. Por otra parte, los sectores de la oposición que eran “realistas” y aceptaban el poder de Salinas y su proyecto podían esperar negociaciones e incluso algunas concesiones. El PAN fue el principal beneficiario de ello. Muchas de sus victorias electorales fueron reconocidas y con ello adquirió experiencia en gobernar estados y también pudo entrar en negociaciones con el gobierno de Salinas respecto a su programa legislativo, particularmente en la reforma electoral. Esta estrategia de concertacesión se extendió también a movimientos sociales y a partidos pequeños de izquierda, dispuestos a marcar distancia del PRD y llegar a acuerdos con el gobierno.33 En su primer año, Salinas se movió con velocidad para imponerse al PRI y a la oposición. Su golpe a la Quina y su ofensiva en las disputas electorales en Michoacán y Guerrero lo presentaron como un líder fuerte y decidido, capaz de utilizar los poderes metaconstitucionales de la presidencia, e incluso al ejército, para imponer su voluntad sobre aquellos que se le opusieran. Pero si bien el fraude y la violencia utilizados contra el PRD en Michoacán y Guerrero, en 1989, constituyeron una medida a corto plazo para contener al que se percibía como un peligroso enemigo, lo cierto es que no ofrecían la estabilidad política que el proyecto de Salinas requería. En el largo plazo, se necesitaron estrategias nuevas para reconstruir el apoyo a la élite política y gubernamental, así como para el control de la oposición. Salinas también actuó con rapidez en este asunto al reconocer públicamente que los días de partido único habían terminado, incluso antes de que él asumiera el poder. La reforma política había estado siempre en la agenda del gobierno de Salinas, pero era vista por los tecnócratas más en términos de reconstruir las bases del apoyo político hacia la élite y su proyecto que de la democratización como tal. Ciertamente, no se permitiría que la democracia dañara el proyecto de reforma económica, como quedó demostrado con las fuertes medidas tomadas contra el PRD.34 Sin embargo, una imagen reformista era importante y se necesitaba cierta transformación del sistema político para restaurar la credibilidad tras el descalabro de 1988. Las elecciones de aquel año habían dejado al PRI con una escasa mayoría en el Congreso, pero no con los dos tercios requeridos para una reforma constitucional. Para dar credibilidad a las reformas electorales, también sería necesario el apoyo de al menos una parte de la oposición. Salinas buscó, por lo tanto, dividir a la oposición. Abrió el diálogo con el líder nacional del PAN. Se aprobaron cambios constitucionales en algunos puntos con los que el PAN se mostraba favorable, tales como permitir la privatización de la banca, reformar las relaciones con la Iglesia y modificar el artículo 27, para poner fin a la reforma agraria y permitir que los ejidos se convirtiesen en propiedad privada. También se sostuvieron negociaciones con el PAN en torno a la reforma electoral. La reforma del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) fue finalmente aprobada en 1990 con apoyo de todos los partidos, excepto el PRD. Esta reforma fue un gran éxito para Salinas. Con ella aisló al PRD y lo mostró como intransigente, y le dio

mayor credibilidad a las elecciones sin que el PRI perdiera por completo el control del proceso electoral. Aunque la reforma electoral mejoró la imparcialidad del proceso electoral al hacer al Instituto Federal Electoral (IFE) formalmente autónomo del gobierno, en la práctica el PRI mantenía el control. La nueva ley también ilegalizaba impugnar los resultados de las elecciones cuando los procesos oficiales de apelación habían sido desahogados por el nuevo Tribunal Electoral. La reconstrucción del apoyo político a la elite y su proyecto necesitaría, sin embargo, no sólo una reforma del Estado sino también una reforma de sus bases políticas. La vieja estructura corporativista del PRI les había fallado en 1988. El ideal de los tecnócratas cercanos a Salinas era, al parecer, la transformación gradual del PRI de un partido basado en sectores corporativos dominados por caciques y prácticas clientelares, a un partido de ciudadanos individuales. Se creó el Movimiento Territorial, una organización territorial de miembros individuales, pero su papel nunca estuvo claro y los sectores corporativos continuaron funcionando de manera paralela. La XIV Asamblea Nacional del PRI, en septiembre de 1990, hizo que la afiliación al partido fuese individual y gratuita, en vez de la membresía automática de los agremiados a los sindicatos afiliados.35 No obstante, dada la naturaleza de dichos sindicatos, es probable que la mayoría de sus miembros siguiera incorporándose al PRI “voluntariamente”. Para los tecnócratas, su concepción de reforma del PRI pudo haber tenido menos que ver con democratización interna del PRI que con un cambio en su actitud hacia los poderosos grupos que estaban fuera de sus organizaciones corporativas.36 Hubo, sin embargo, intentos de poner fin al “dedazo”, por el que las élites partidistas seleccionaban a los candidatos que después eran aclamados en los mítines del partido. Pero cuando se hicieron experimentos de selección democrática de candidatos en niveles locales y estatales, discretamente se les puso de lado. Además, la selección democrática podría no haber producido el tipo de candidatos que Salinas deseaba. Él no se mostraba reacio a usar el “dedazo” para imponer candidatos a gobernador a un renuente PRI en cada estado. Este cambio del personal político fue, quizá, uno de los principales cambios en ese partido, pues tecnócratas y empresarios, con o sin experiencia electoral previa, fueron impuestos como candidatos a gobernador, tornándose así en líderes reales del PRI a nivel estatal.37 De modo similar, la remoción de líderes sindicales como la Quina y Jongitud permitió que, en su lugar, fuesen colocados líderes más dóciles, aunque esto no implicaba una reforma de las estructuras o de las prácticas sindicales. La transformación de las estructuras regionales del PRI no se limitó a la imposición de tecnócratas. Algunos políticos tradicionales lograron transformar sus cacicazgos al cultivar vínculos con la nueva elite y con el capital financiero. El de Roberto Madrazo es un caso en el que un cacicazgo basado en viejas camarillas políticas se modernizó y desarrolló con éxito relaciones con empresarios financieros asociados al sexenio de Salinas, tales como el banquero Carlos Cabal Peniche, quien más tarde tuvo que huir del país.38 Del mismo modo, el antiguo y “tradicional” cacicazgo de Rubén Figueroa en Guerrero actualizó sus bases económicas al mudarse hacia la industria turística.39 Víctor Cervera Pacheco dominó la política en Yucatán mediante una combinación de políticas caciquiles tradicionales y una alianza neoliberal con grupos empresariales.40 Al final, las reformas en el PRI se llevaron a medias y no llegaron a concluirse por encarar la oposición de buena parte del partido. Como Krauze comenta: “Un PRI integrado por

ciudadanos, un PRI con elecciones internas, no era el PRI”.41 Más que confrontar la oposición interna a la reforma, Salinas y su grupo se limitaron a colocar a algunos de los suyos en posiciones de poder y a lograr arreglos con líderes de las organizaciones corporativistas y con algunos caciques regionales que modernizaron sus cotos de poder al vincularse con las élites tecnócratas y financieras. El acercamiento logrado en el interior del PRI se simbolizó con el “abrazo de Mérida”, en julio de 1990, cuando los líderes sindicales y el nuevo liderazgo del partido finalmente acordaron vivir los unos con los otros.42 No obstante, al menos en los estados cruciales, el PRI fue revisado para hacer de él una maquinaria política efectiva en el nuevo contexto de la competencia electoral. Ya no confió más en las promesas de los líderes sindicales de proveer el voto corporativo de millones de trabajadores, sino más bien se acercó a los electores como individuos. Se reclutó a miles de “promotores del voto” particularmente en estados donde la oposición había triunfado en 1988.43 Ellos eran responsables de los vecindarios locales y harían un sondeo del apoyo y reunirían información de simpatizantes potenciales para garantizar una votación alta para el PRI.44 El día de la elección, los promotores visitarían a la gente de sus listas y la acompañarían a la casilla electoral.45 Así, aunque el PRI no fue democratizado de manera significativa con Colosio, sí se desarrolló una red eficaz de activistas para obtener votos. Al mismo tiempo, Salinas construyó una nueva base para conseguir apoyo político y clientelar a través de su proyecto de asistencia social, Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), anunciado en su discurso de toma de posesión. Este programa era dirigido directamente por la oficina presidencial y pasaba por encima de las estructuras corporativas del PRI (véase más adelante). El primer año de Salinas en el cargo se caracterizó por sus acciones para reafirmar su autoridad lo mismo sobre el PRI que sobre la oposición. Esto fijó el tono de su sexenio. Salinas quería ser un líder fuerte y tener todo bajo control. No temía usar la fuerza, si era necesario, para imponer su voluntad. La toma de decisiones se centralizó exageradamente. Esto supuso un presidencialismo acrecentado en un país ya conocido por el poder del primer mandatario. A lo largo de su sexenio, Salinas intervino continuamente, y sin precedentes, en los asuntos de los estados. Él decidía, en efecto, los resultados de las elecciones y retiró de su cargo a más gobernadores que ningún presidente desde Lázaro Cárdenas.46 No obstante, hubo espacios para negociar con la oposición y se podían otorgar concesiones siempre que no se pusieran en entredicho los postulados básicos de la élite tecnócrata salinista: la necesidad de una reforma económica neoliberal y su propio derecho a gobernar. La reforma política era un elemento importante en el sexenio de Salinas, pero su propósito era transformar el apoyo de las bases políticas a la élite tecnócrata sin arriesgar pérdida alguna del control. La reforma del PRI, en la medida que se llevó a cabo, no derivó en su democratización. Hubo, sin embargo, importantes cambios en la élite que controlaba al partido. No fue un simple asalto tecnócrata a costa de los políticos a la vieja usanza y de los caciques regionales, si bien algunos tecnócratas fueron impuestos como gobernadores de ciertos estados. También hubo cada vez más vínculos entre los tecnócratas y algunos políticos regionales que usaron sus conexiones con las élites financieras y tecnócratas para fortalecer sus bases de poder. La democracia sería deseable, pero el control político y las reformas económicas tendrían prioridad sobre cualquier reforma política en el sexenio de Salinas.

LA REFORMA ECONÓMICA Los problemas económicos que enfrentó la administración de Salinas al entrar eran enormes. En 1987 la inflación llegó a 159%, el producto interno bruto per capita estaba a la baja desde años atrás, la deuda externa rebasó los 100 000 millones de dólares y los pagos a los servicios de las deuda interna y externa consumían más de 60% del presupuesto. Sin embargo, nadie tenía duda alguna de la forma que tomaría el programa económico de Salinas. Era el candidato de la continuidad que llevaría a su conclusión las medidas de austeridad y liberalización de la economía iniciadas por el gobierno de De la Madrid. No se trataba de un programa liberal ortodoxo, ya que combinaba acciones para liberalizar el comercio y restructurar la economía, con pactos corporativistas para combatir la inflación. Habría también cierta manipulación de las políticas financieras para subsidiar a grupos sociales importantes por razones políticas. Esto incluía no sólo recompensas a grandes empresas, sino que se dirigía también a conservar el apoyo político entre las clases medias y bajas.47 El primero de los pactos entre gobierno, empresarios y sindicatos, el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), se sacó a la luz en enero de 1988 durante la campaña electoral de Salinas. Además de tratar de limitar la inflación al restringir el alza de precios y salarios, el pacto marcaba un aceleramiento de las medidas liberales y reforzaba una tendencia que había considerado la inclusión de la mayor parte de la élite del sector privado, a través del Consejo Coordinador Empresarial, y una relativa exclusión de las pequeñas y medianas empresas.48 Esta estrecha relación entre el Estado y las grandes empresas, en detrimento del resto, fue una característica del sexenio de Salinas.49 Durante la administración de De la Madrid, México pagaba cada año unos 10 000 millones de dólares a los bancos internacionales por concepto de intereses y prácticamente no recibía inversión extranjera. En lugar de invertir en el desarrollo industrial, el gobierno tomaba recursos de la sociedad mexicana para enviarlos fuera del país y con ello asegurar su aceptación en los mercados internacionales. Como resultado de esta política, la deuda interna aumentó. Hacia 1988, el servicio de la deuda (externa y nacional) sumaba 60% del presupuesto público; otras áreas de gasto fueron recortadas drásticamente en términos reales. Como se rechazaba una moratoria del pago de la deuda por considerarla irresponsable, y dado que la restructuración de la economía requería cantidades enormes de capital de que carecía el país, el gobierno de Salinas tuvo que reducir el costo del pago de la deuda, tranquilizar a los mercados internacionales y atraer capital extranjero para reactivar el crecimiento. En 1990, el gobierno anunció un nuevo acuerdo de la deuda bajo el Plan Brady. Esto supuso una reducción de 10% del monto de la deuda y disminuyó los pagos en casi 1 000 millones de dólares al año; además, nuevamente otorgó acceso a México a los mercados monetarios internacionales. También se obligaba a México a repagar la deuda mediante el depósito de fondos en el extranjero para cubrir los pagos de la deuda en caso de que México incumpliera otra vez. Esto no resolvió la crisis de la deuda, como lo asegurara el gobierno, puesto que no atendía en absoluto la deuda interna (mayor que la externa) y los pagos constituían en 1990 más de 10% del PIB. Sin embargo, sí tranquilizó a los mercados internacionales y el flujo de capital al país creció rápidamente durante el sexenio de Salinas,

con la repatriación de 8 000 millones de dólares y nuevos créditos que sumaban un total de 20 000 millones de dólares más.50 El gobierno de Salinas aceleró la privatización de las compañías paraestatales iniciada en el sexenio anterior. No era una mera venta de empresas que estaban en números rojos para reducir la carga al erario público, sino que incluyó sectores estratégicos de la economía e incluso empresas que sí eran redituables: la banca, Teléfonos de México y otras industrias manufactureras y de servicios.51 La privatización puede generar una mayor eficiencia a través de la libre competencia, pero también puede suponer una transferencia de la riqueza y del poder del Estado a sectores particulares de la sociedad.52 En México, los beneficiarios evidentes fueron los grandes grupos del sector privado que ganaron el control de la mayoría de estas industrias. En el caso de las dos privatizaciones más importantes, la de la banca y la de Teléfonos de México, se les garantizó a los compradores protección en contra de la competencia, lo que redujo cualquier posible beneficio de la privatización.53 La protección que se dio a la banca privatizada respecto a la competencia extranjera tuvo motivaciones políticas.54 En primer lugar, se recompensó a aliados clave. De los 18 bancos privatizados entre junio de 1991 y julio de 1992, 14 se vendieron a corporativos financieros o a casas de bolsa que habían hecho su capital con las utilidades que les dejaron los préstamos públicos de la década anterior.55 Su adquisición de los bancos, así como la deuda interna aumentaron, sin duda, el poder de estos grupos. La segunda razón para proteger al sector bancario fue que el gobierno necesitaba potenciar al máximo los recursos provenientes de la venta de los bancos para financiar el gasto social y mantener el apoyo político al PRI con vistas a la competencia electoral.56 La venta de los bancos se hizo mediante reñidas subastas cuyo objetivo era maximizar los ingresos para el gobierno, por lo que alcanzaron precios muy altos.57 Los nuevos dueños de los bancos sólo podrían obtener utilidades de su inversión si se les garantizaba un periodo de protección. Dicha protección fue incluida por México en el Tratado de Libre Comercio (TLC).58 Los recursos obtenidos de la privatización pagaron indirectamente el Pronasol. No obstante, el efecto de esta protección para los nuevos banqueros fue que mantuvieron tasas de interés muy altas, lo que contribuyó posteriormente a una crisis financiera.59 La liberalización comercial era un compromiso clave del gobierno salinista. La administración se proponía continuar acciones encaminadas al libre comercio —iniciadas con la adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) en 1985— e incrementar el comercio internacional del país. Durante el primer año, el gobierno de Salinas buscó diversificar el comercio estableciendo mejores vínculos con Japón y Europa. Sin embargo, el gobierno parece haber aceptado lo inevitable de una estrecha alianza con Estados Unidos, su mayor socio comercial, y comenzó a buscar un acuerdo de libre comercio en 1990. Las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México comenzaron formalmente en 1991 y continuaron a lo largo de 1992. Estas negociaciones consolidaron la alianza entre el grupo tecnócrata en control del Estado y las grandes empresas, que participaron de cerca en las negociaciones.60 La ratificación final del TLC por parte del Congreso de Estados Unidos, en noviembre de 1993, fue un triunfo para Salinas y para su secretario de Comercio, Jaime Serra Puche. Este hecho, junto con la admisión de México al prestigiado grupo de países industrializados,

permitió que Salinas declarara que México estaba entrando al Primer Mundo. La combinación de reducción de la deuda del Plan Brady, el programa de privatización y el TLC ayudaron a que México recuperara su carácter de sujeto de crédito ante los inversionistas nacionales y extranjeros. La inversión privada creció a su nivel más alto desde 1970, alcanzando su punto mayor en 1992 para luego establecerse en alrededor de 16% entre 1993 y 1994. Enormes cantidades de capital nuevo, mucho del cual era extranjero, fluyeron a México. Entre 1989 y 1993 la inversión extranjera neta se quintuplicó. Buena parte de ella tomó la forma de inversiones en el mercado de acciones y de dinero. Hacia 1993, más de 80% de la inversión extranjera en México estaba en dicho mercado.61 Las reformas económicas emprendidas generaron una dramática mejora en las cifras macroeconómicas de México durante el sexenio de Salinas. La inflación cayó de su máximo nivel de 159% en 1987 a 7% en 1994, y el crecimiento se reactivó luego de la “década perdida” de 1980, hasta alcanzar 4.56% real del PIB en 1994.62 El déficit del sector público, que alcanzó 17% del PIB en 1987, se había convertido en superávit hacia 1991.63 La estrecha relación con el gran capital se tradujo en resistencia por parte de las principales organizaciones empresariales a las reformas fiscales, cuyo propósito era garantizar que todas las empresas pagaran ciertos impuestos y llenar algunas lagunas en el impuesto sobre la renta. Estas reformas permitieron que el porcentaje del PIB captado por el Estado por la vía fiscal aumentara de 8.5% en 1987 a 10.8% en 1991.64 Sin embargo, por razones políticas se optó por medidas como la protección de los bancos de la competencia y una sobrevaluación artificial del peso mediante intervenciones en la tasa cambiaria, lo que ofreció oportunidades de rentabilidad al sector privado, pero minó la disciplina del mercado y la estabilidad económica.65 Al mismo tiempo, el rápido desmantelamiento de las barreras proteccionistas produjo un flujo de importaciones al mercado mexicano. Esto afectó a las pequeñas y medianas empresas, y a muchos campesinos y productores del sector agrícola privado. Esto, junto con la privatización del crédito agrícola estatal y los planes de las aseguradoras, llevó a muchos campesinos a abandonar la producción de cultivos comerciales. El flujo de importaciones también creó un enorme déficit comercial que sólo podía ser financiado con la entrada de capital extranjero, el cual requería tasas de interés alto y ello, a su vez, reduciría las tasas de crecimiento.66 Esto también hizo al país vulnerable a cualquier cambio en la confianza de los inversionistas. De este modo, el sexenio de Salinas vio la creación de una estrecha alianza entre la élite tecnócrata en control del Estado con las grandes empresas y el capital extranjero. La restructuración de la economía trajo beneficios para la población en general, en particular en la reducción de la inflación. Sin embargo, se benefició sobre todo a los más pudientes e implicó costos significativos para la mayoría de la población. Los niveles de los salarios, que habían caído dramáticamente durante el sexenio de De la Madrid, no se recuperaron. La desigualdad continuaba en aumento. La reducción de los subsidios a los bienes de consumo básico ocasionó que sus precios aumentaran mucho más rápido que el nivel oficial de la inflación. La respuesta del gobierno de Salinas fue un prominente y muy publicitado “programa antipobreza”, el Programa Nacional de Solidaridad.

REFORMA DE LA BENEFICENCIA SOCIAL La crisis de la deuda y las medidas de austeridad de la década de 1980 tuvieron costos sociales dramáticos. Cientos de miles de empleos se perdieron y aumentaron el desempleo y el subempleo. Los salarios mínimos reales cayeron entre 40 y 50% en el lapso 1982-1988. El salario promedio diario cayó a menos de dos terceras partes del de 1970. Los niveles de vida de la gente disminuyeron significativamente, y al inicio de la década de 1990 seguían por debajo de los de 1980. También, pese a los esfuerzos por proteger el presupuesto para el desarrollo social, las medidas de austeridad hicieron que el gasto social disminuyera 35% en el sexenio de De la Madrid.67 En respuesta a todo ello, los tecnócratas salinistas no consideraban hacer ninguna restructuración de la sociedad para reducir la desigualdad. Para la nueva élite, las jerarquías y las inequidades sociales eran algo natural.68 La reducción de la desigualdad se lograría mediante la promoción del crecimiento y el empleo más que a través de la redistribución del ingreso nacional. Esto no significaba que quisieran soslayar por completo el asunto de la pobreza. Pero sus respuestas serían distintas a la negligencia benigna de los años del desarrollo estabilizador o al populismo del sexenio de Echeverría. El populismo y el estatismo de la década de 1970 eran vistos como algo ineficiente, que distorsionaba el mercado y beneficiaba, en primer término, a las clases medias al apoyarse en subsidios a los precios y panaceas, más que en atender específicamente a los pobres. Bajo el régimen de Salinas el gasto social del Estado estaría mejor dirigido y se aplicaría con mayor eficacia. Sin embargo, hubo otro importante elemento en la planeación de la política de asistencia social del salinismo. Los sectores empobrecidos urbanos y rurales eran vistos como un obstáculo a la modernización de México. No tenían cabida en el proyecto económico de los salinistas. De acuerdo con esa élite tecnócrata, el país necesitaba agricultura comercial, no campesinos de la reforma agraria. La mayor parte de la población rural estaba de más para las exigencias del país. La ruta populista habría sido invertir en comunidades con reforma agraria y ampliar ésta para aliviar su sufrimiento, pero el país no podía costearlo. En lugar de eso, ellos serían “realistas” y reconocerían que este sector no tenía futuro a largo plazo. Sin embargo, tampoco podían ser soslayados. Mediante programas de ayuda social dirigidos especialmente a ellos se les ayudaría a sobrevivir en el corto plazo y con ello se mantendría la estabilidad política. También se podría apoyar a sus hijos a competir en la economía capitalista a través de becas escolares. Las nuevas políticas sociales se proponían, por tanto, promover la competitividad y la productividad mejorando las capacidades de los más pobres para participar en una economía competitiva. La atención se puso en los individuos y en la paternalista idea de mejorarlos, más que en las comunidades o grupos sociales.69 El principal vehículo de estas nuevas políticas sociales fue el Programa Nacional de Solidaridad, anunciado en la asunción de Salinas, en diciembre de 1988. Pronasol era “una organización tipo sombrilla destinada al desarrollo de la salud, la educación, la nutrición, la vivienda, el empleo, la infraestructura y otros proyectos productivos para beneficiar a 17 millones de mexicanos que vivían en la pobreza extrema”.70 Para 1992, más de la mitad del gasto total del gobierno en desarrollo social estaba bajo esta muy visible sombrilla.71

Pronasol ha sido criticado como neopopulista y como una clásica estrategia priista de distribuir el subsidio y cooptar a los grupos de oposición.72 Sin embargo, Pronasol se diseñó para distinguirse del populismo de distintas formas.73 En primer lugar, más que dirigirse a la clase trabajadora o, para el caso, cualquier otra clase o grupo organizado, este programa se dirigía a la gente como ciudadanos individuales y consumidores. En segundo lugar, era requisito que la gente participara de dos maneras: cada proyecto tomaba en cuenta la formación de un “comité de Solidaridad” que lo propusiera y le diera seguimiento.74 Luego se requería que los beneficiarios aportaran parte del costo del proyecto, ya fuera en efectivo, con trabajo o materiales. Esto permitía —se argüía— un uso más eficiente de los limitados recursos del Estado, que así podría atender las demandas sociales sin romper las restricciones fiscales al hacer que cada peso rindiera más. De cualquier forma, Centeno argumenta que esta dirección de los recursos y el requisito de participación tenían un propósito político. La tesis doctoral de Salinas, que proponía un programa semejante al Pronasol, era sobre cómo los servicios sociales podían traducirse en apoyo político, y no sobre la efectividad de la entrega de la beneficencia o del alivio de la pobreza.75 Una última característica del diseño del Pronasol fue que hizo más eficiente a su burocracia y centralizó las decisiones en el ejecutivo. Esto seguía una tendencia tecnócrata hacia la racionalización de la burocracia y se decía que reduciría el traslape entre organismos y permitiría un programa de administración más descentralizado y flexible.76 Inicialmente, el programa se localizaba en la presidencia, con Salinas como su titular. Se crearon nexos directos entre la presidencia y las administraciones locales del programa para brincarse las intrincadas redes clientelares del PRI. Aun cuando el programa se convirtió en la pieza maestra de la nueva Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encabezada por Luis Donaldo Colosio, Salinas siguió estrechamente involucrado y mantuvo el control sobre las decisiones de asignación, particularmente a nivel estatal. El control discrecional de los recursos del Pronasol por parte del ejecutivo trajo consigo acusaciones de que el programa se estaba utilizando con propósitos electorales para favorecer a los candidatos priistas. No había, sin embargo, un uso incondicional de esos recursos en apoyo del PRI. Si bien éstos se destinaron a algunos estados en elecciones cruciales (por ejemplo, Michoacán en 1989) y pudieron haberse utilizado para apoyar a candidatos priistas cercanos al círculo salinista, también es cierto que las redes tradicionales de subsidio de muchos políticos del PRI fueron pasadas por alto. Gran parte de la efectividad política del Pronasol se debió al hecho de que no fue administrado de manera puramente partidista. Algunos movimientos sociales fueron arrebatados a la oposición al ser reconocidos por los comités de Solidaridad y, con ello, recibir acceso a los recursos.77 Con tal de obtener fondos para proyectos locales, los políticos de la oposición y los gobiernos municipales tuvieron que tomar parte en un proyecto estrechamente vinculado a Salinas y que utilizaba los mismos colores que el PRI (los de la bandera nacional); temían, por ello, que el crédito político fuera para Solidaridad y Salinas, incluso si el proyecto hubiera sido impulsado por la oposición.78 El gasto social en general sí aumentó significativamente durante el sexenio de Salinas. El porcentaje del presupuesto dedicado a salud, educación y seguridad social aumentó de 14.9% en 1987 a 26.5% en 1992.79 Sin embargo, estos nuevos gastos no fueron pensados para eliminar la pobreza, sino para proveer la estabilidad política necesaria para las reformas

económicas de Salinas. Aliviaron, sin duda, algunos de los efectos de dichas reformas, aunque las peores consecuencias ya habían ocurrido durante el sexenio de De la Madrid. El programa también dio a algunos sectores marginados de la población acceso a los recursos del Estado y a servicios hasta entonces inexistentes. Mucho de esto se logró, pero de manera paternalista: Salinas visitaba los barrios pobres y las áreas rurales repartiendo títulos de propiedad y beneficios más como un monarca que como un político moderno.

SALINAS TRIUNFANTE En las elecciones legislativas de 1991, el PRI logró una recuperación sobresaliente luego del desastre de 1988. Ganó más de 60% de los votos, 310 escaños en la Cámara de Diputados y todos los del Senado, menos uno, en unas elecciones mucho más limpias que las de 1988, aunque de ningún modo perfectas.80 Esto fue un triunfo personal de Salinas, cuya popularidad era, además, alta en extremo. Hacia el otoño aparecieron rumores y peticiones de que la Constitución fuese cambiada para que Salinas pudiera contender de nuevo.81 Si bien nada resultó de esto, la popularidad de Salinas se mantuvo notablemente elevada hasta finales de 1994. A la luz del triunfo del PRI en 1991, muchos analistas identificaron al Pronasol como el factor clave en la recuperación electoral del PRI.82 El Pronasol constituyó un triunfo mayor para Salinas. Demostró su tesis de que podía generarse apoyo político a partir de destinar el gasto social a grupos específicos. Este éxito político se debió en parte a la estructura clientelar del programa, ligada directamente a la presidencia, y al uso de criterios políticos y electorales en la asignación de recursos.83 No se trató de un programa apolítico destinado exclusivamente a aliviar la pobreza.84 Sin embargo, su importancia en la recuperación electoral del PRI, si se le compara con otros factores tales como las reformas económicas y la popularidad del presidente, es discutible. Con base en un análisis del gasto estatal del Pronasol, Bruhn argumenta que éste no explica por sí mismo los cambios en la votación recibida por el PRI o por la oposición entre 1988 y 1991.85 La espectacular recuperación del PRI en antiguos bastiones cardenistas, como Michoacán, fue resultado de una amplia estrategia de movilización política que incluyó a los miles de promotores del voto que se habían reclutado. Los recursos de Pronasol se usaron para persuadir a la gente de que votara por el PRI, pero ésa fue sólo una de las presiones o inducciones de que se dispuso. Esta activa estrategia de movilización del PRI, bajo la dirección de Colosio, no parece haber persuadido de volver al PRI a quienes habían votado por Cárdenas, sino que más bien se reclutó a una nueva base de apoyo político para el PRI entre los que antes se abstenían de votar o no estaban empadronados.86 El Pronasol fue, sin embargo, importante en la creación de una imagen positiva del presidente, del gobierno e, indirectamente, del PRI. El Pronasol estaba bien ligado a Salinas. Los administradores locales del programa sí intentaron asociar, a menudo, sus beneficios con el presidente y con el PRI. La entrega efectiva de servicios en cualquier área particular pudo haber sido, no obstante, menos importante que el Pronasol mismo como una herramienta

propagandística más general. La publicidad dada a los prominentes proyectos del Pronasol presentaba la imagen del presidente como un líder efectivo y con decisión que atendía los problemas de los pobres. Los logros económicos de su gobierno también contribuyeron a esta imagen de líder competente y decidido. El éxito económico constituye otra explicación de fondo de la popularidad de Salinas y de la recuperación del PRI. Pero las mejoras económicas eran modestas; se controló la inflación, si bien las mejoras en los niveles de vida de mucha gente aún no se hacían notar. La percepción pública pudo ser moldeada no tanto por mejoras reales en la situación económica como por las expectativas creadas por las iniciativas políticas del gobierno y la propaganda. En un análisis de encuestas de opinión pública realizadas en la ciudad de México entre 1990 y 1994, Villarreal plantea que la percepción del público sobre los indicadores económicos básicos, como inflación, valor neto de los salarios y nivel de desempleo, aportaba sólo una explicación parcial de las opiniones que sobre la economía tenían los habitantes de la ciudad de México. Sin embargo, las opiniones sobre las iniciativas económicas de Salinas — incluidos el TLC, la privatización, la reforma fiscal, la inversión extranjera, el pacto económico y el Pronasol— influían fuertemente en la opinión del presidente. Iniciativas políticas como el TLC tenían escaso efecto en la situación económica, pero creaban expectativas de mejoras económicas en el futuro. Villarreal concluye: Los índices inusualmente altos de aprobación de Salinas parecen haber resultado de una combinación de expectativas creadas por políticos audaces, una extraordinariamente hábil campaña de relaciones públicas para promoverlas y comportamientos de la economía que, aunque lejos de lo ideal, hacían esperar una mejora respecto a la “década perdida” de los ochenta y daban al presidente cierta credibilidad.87

Las audaces iniciativas políticas y la propaganda de Salinas vendieron con éxito el sueño de que México estaba por entrar al Primer Mundo. Mejoras económicas relativamente modestas, pero reales, daban credibilidad a estas afirmaciones. Sin embargo, las expectativas creadas habrían de verse truncadas, tristemente, al finalizar el sexenio.

LA SUCESIÓN El periodo comprendido entre 1990 y 1993 vio a Salinas en el cenit de su poder y popularidad.88 Había logrado ejecutar reformas radicales en la economía y reconstruir la base política del PRI. El proyecto salinista había sido emprendido por un grupo compacto de colaboradores cercanos a Salinas. La intención era que este grupo mantuviera su poder y continuara el proyecto. No tenían intenciones de permitir rotación alguna de poder con otras facciones del PRI, y mucho menos con otro partido. No obstante, aunque estuvieran de acuerdo en que el grupo debiera conservar el poder, uno de ellos tendría que ser elegido como candidato presidencial. Cualquier cambio en el gabinete durante la segunda mitad del sexenio se examinaba minuciosamente en busca de señales sobre quién sería el sucesor. Salinas modificó su gabinete en varias ocasiones entre 1992 y 1993. Sin embargo, los cambios más importantes fueron las

reorganizaciones administrativas de 1992. Primero, la SPP fue fusionada con Hacienda, bajo la dirección de Pedro Aspe, quien así tuvo el control tanto de la política financiera como del presupuesto, y con ello fortaleció su postura como posible sucesor. Zedillo, quien había estado a cargo de la SPP , fue trasladado a la Secretaría de Educación y, así, quedó fuera de la sucesión. Salinas creó entonces una nueva secretaría, la de Desarrollo Social (Sedesol), que incluía al Pronasol y la cual fue confiada a Luis Donaldo Colosio. En control de los recursos del Pronasol, Colosio viajó por todo el país repartiendo patrocinios. Esto le dio una plataforma popular adicional a los vínculos con priistas de todo el país, que había forjado cuando fue presidente del PRI. Ningún otro de los “presidenciables” tenía una red semejante de alianzas que lo apoyara.89 Manuel Camacho era el mejor amigo de Salinas y contaba con respaldo considerable de la élite política, incluyendo a la mayoría de los responsables del control político. Pero había pasado la mayor parte del sexenio en el Distrito Federal y carecía de una red nacional de apoyo. Además, considerando el deseo de Salinas de gobernar tras el trono, Camacho representaba un riesgo. Podría tomar su propio camino y romper con el salinismo.90 Aspe dominaba las áreas financieras de las cuales habían surgido los presidentes anteriores y contaba con el apoyo de buena parte de la iniciativa privada y de los acreedores internacionales, pero carecía de apoyo entre la burocracia política y el público. Además los problemas que enfrentaría la siguiente administración no parecían ser económicos sino políticos, asociados a las demandas de una reforma política y una democratización más profundas. La discusión se centró entonces en la elección que debía hacer Salinas entre su “hijo” Colosio y su “hermano” Camacho. Krauze argumenta que Salinas se vio ante la decisión de seguir el sendero de Plutarco Elías Calles, o bien el de Lázaro Cárdenas. Es decir, podía optar entre tratar de crear un “salinato” al elegir a Colosio —que debía su trayectoria a él y a sus programas, y que seguramente protegería su legado y le permitiría supervisarlo— o podría retirarse de la política y conservar una supremacía moral al elegir a Camacho, quien podría impulsar reformas políticas y romper con él.91 El 17 de noviembre de 1993, el Congreso de Estados Unidos finalmente ratificó el TLC. Esto hizo parecer que el mayor obstáculo a una tersa sucesión presidencial se había superado. Con toda confianza, Salinas podría entregar el poder al sucesor que él mismo escogiera. Saboreando la gloria de su éxito, Salinas develó unos días después a su elegido: Luis Donaldo Colosio.

CAÍDA A finales de 1993, parecía que Salinas podría entregar el poder al sucesor que había elegido y continuar supervisándolo mientras se procuraba una carrera en el escenario internacional. Sin embargo, estos planes y el legado político de Salinas habrían de hacerse añicos por cuatro sucesos ocurridos en 1994: la rebelión zapatista en enero, los asesinatos del candidato priista Luis Donaldo Colosio, en marzo, y del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, en septiembre, y, finalmente, la “crisis del peso” en diciembre. Lo primero obtuvo,

sin duda, la mayor cobertura periodística internacional, pero parece haber tenido un éxito muy limitado en su intento por transformar al Estado mexicano y al lugar que en él tienen los indígenas. Lo segundo arruinó las posibilidades de Salinas de establecer un “salinato”, pues se eliminó a su sucesor designado. Sin embargo, fueron los dos últimos sucesos los que destruyeron su reputación tras dejar el cargo, causaron una agria disputa con su sucesor y lo llevaron hacia un exilio autoimpuesto. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció su existencia en las primeras horas del 1° de enero de 1994, el día en que el TLC entró en vigor, al ocupar San Cristóbal de las Casas y otras poblaciones de Chiapas. El EZLN demandaba justicia social y democracia. Con ello ponía en entredicho la legitimidad de Salinas justo cuando éste se encontraba en el pináculo de su poder. Mientras el presidente proclamaba que México se había unido al Primer Mundo, los zapatistas atraían la atención internacional sobre la permanente pobreza y la violencia en las vidas de los indígenas. Clamaban por una democracia efectiva que les otorgara poder a los indígenas y por un desarrollo que les permitiera tomar control de su propio destino, en lugar de la limitada democracia electoral y la continuidad del caciquismo que Salinas ofrecía y de las políticas económicas neoliberales que se les impusieron sin consultarles. El EZLN era producto de las muy particulares condiciones de una parte de Chiapas.92 Sin embargo, la rebelión zapatista sacó a la luz la amplia oposición al proyecto de Salinas existente en la sociedad mexicana. Grupos indígenas, organizaciones campesinas, movimientos urbanos populares, algunos grupos de la clase media y de intelectuales hicieron escuchar sus voces de simpatía por las demandas zapatistas.93 El gobierno respondió a la insurrección armada del EZLN con el envío del ejército a Chiapas. Las versiones oficiales intentaban presentar la rebelión como algo injustificado, producto de la interferencia extranjera por parte de “profesionales de la violencia”.94 Pero el hábil manejo de los medios de comunicación por parte del EZLN y las protestas en su apoyo por parte de un segmento sustancial de la población llevaron a un cese al fuego y a que se solicitara la negociación tras unos días de combate. Salinas nombró a Manuel Camacho comisionado para la paz por parte del gobierno para conducir las negociaciones con los zapatistas. Esta nueva plataforma le permitió a Camacho articular un discurso de democracia y reforma. Parecía la única persona capaz de negociar la paz en Chiapas. De pronto Camacho estaba en el centro de la atención mediática en un momento en que el candidato del PRI tendría que haber dominado la cobertura informativa. Krauze afirma que Colosio estaba indeciso sobre cómo responder a la rebelión y que cayó en una depresión profunda. Se sentía abandonado por el presidente e incluso consideró la posibilidad de renunciar a la candidatura.95 Se especulaba en torno a si Camacho remplazaría a Colosio como candidato del PRI. Finalmente, el 6 de marzo de 1994, Colosio pronunció un discurso en el que se distanciaba de Salinas y prometía una reforma política. Dos semanas después fue asesinado en un mitin electoral en Tijuana. Las cámaras de televisión estaban presentes en el suceso, de modo que todo México pudo ver el trágico instante en cámara lenta y especular sobre si el personal de seguridad habría permitido el acceso al asesino. La impresión repercutió en la sociedad mexicana: ¿llevaría la ruptura del dominio del PRI no a la democracia sino a la “colombianización” del país, con revueltas y asesinatos como cosa ordinaria? No había habido ningún asesinato de políticos de

alto nivel desde la muerte de Obregón en 1928. La especulación de la prensa y el rumor popular sobre el deceso de Colosio se centró en si murió a manos de un asesino solitario, tal como asentaban las versiones oficiales, o bien, si fue ejecutado por órdenes políticas. Las teorías principales de una conspiración decían que los priistas de Baja California lo habrían matado en venganza a su traición de 1989, o que habría sido asesinado por órdenes de los políticos priistas agraviados por el continuo dominio de los tecnócratas, o bien, que Salinas ordenó su ejecución por haber roto con él. Esto último es improbable, ya que Salinas no tenía un candidato obvio para remplazarlo; sin embargo toda esta especulación lo dañó tanto a él como al PRI. El asesinato de Colosio generó una crisis política. Las fechas previstas para que un candidato renunciara a sus cargos públicos habían pasado ya. La mayoría de los presidenciables había permanecido en el gabinete una vez que Colosio fue develado como candidato. Sólo Camacho y Zedillo eran elegibles, puesto que ambos habían dejado el gabinete: el primero para convertirse en comisionado para la paz en Chiapas y el segundo para dirigir la campaña de Colosio. El PRI abrazó a éste como mártir y como uno de los suyos, puesto que había sido presidente del partido hasta 1993. Camacho fue visto como un crítico de Colosio en los meses anteriores e incluso se rumoraba que había conspirado contra él a fin de sustituirlo. Camacho era inaceptable para el PRI. Salinas consideró reformar la ley para que uno de sus ministros remplazara a Colosio, pero al final apoyó a Ernesto Zedillo, quien no pareció ser un candidato viable en 1993 y que, además, carecía de una base propia de apoyo político. Las elecciones presidenciales de 1994 fueron mucho más limpias que las anteriores y fueron ganadas cómodamente por Zedillo. Krauze argumenta, sin embargo, que se trató más de un voto contra la violencia que uno a favor del PRI.96 El asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, en septiembre siguiente, aumentó nuevamente el temor de una “colombianización” de México; aunque el hecho tuvo en ese momento escasas repercusiones, después desempeñaría un papel importante en la caída de la familia Salinas. El presidente logró entregar el mandato a Zedillo sin las protestas que acompañaron su propia toma de posesión. Pero ésta no sería una sucesión presidencial sin crisis. El gobierno mexicano había estado apoyando al peso todo el año. Hacia el 19 de diciembre las reservas habían caído a niveles peligrosamente bajos. El 20 de diciembre, el nuevo secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, anunció una ampliación de la banda de fluctuación permitida al peso. La presión contra esta moneda creció y las reservas del gobierno continuaron su descenso. El 22 de diciembre el gobierno permitió la libre flotación de la moneda. Su valor se colapsó al evaporarse la confianza de los inversionistas. Éstos temían que el gobierno mexicano no tuviese suficientes reservas internacionales para cumplir con el pago de sus deudas.97 El capital huyó del país a un ritmo alarmante y la economía cayó en un sumidero. Salinas culpó de la crisis al gobierno entrante por no haber sabido manejar la devaluación del peso. Zedillo, a su vez, culpó a la administración saliente de haber mantenido sobrevaluada esta moneda durante demasiado tiempo y de haber equivocado la política fiscal en sus últimos meses. Esto abrió un profundo abismo entre ambos hombres. Sin embargo, las semillas de esta crisis se remontan mucho más atrás de los hechos de 1994 y se encuentran en el centro de las políticas salinistas. La política cambiaria congelada

que Salinas defendió tenazmente a lo largo de su sexenio, como clave para la estabilidad macroeconómica, hoy se reconoce ampliamente como la principal causa de la crisis del peso de 1994.98 La estrecha alianza que la élite tecnócrata forjó con el gran capital también contribuyó a los sucesos que desembocaron en la crisis.99 La política de tasa cambiaria fija, que sólo permitió al peso deslizarse frente al dólar lentamente, derivó en un peso cada vez más sobrevaluado. Ello, unido a la liberalización del comercio, resultó en un enorme déficit comercial. Para cubrir esta brecha, el gobierno buscó más capital foráneo, y como necesitaba mantener esta entrada de capital, tomó medidas para asegurar los activos. La tasa fija cambiaria fue importante para prevenir que las acciones de los inversionistas se depreciaran ante cualquier devaluación monetaria y para mantener su confianza. Sin embargo, el gobierno también autorizó la creación de instrumentos “evasivos” que eliminaran los riesgos de cualquier ajuste macroeconómico futuro. El capital extranjero sí entró a México, pero lo hizo sobre todo en forma de portafolio de flujos de capital, más que como inversión directa. La relación entre el déficit comercial y la tasa cambiaria se convirtió en un círculo vicioso. La lenta tasa fija continuó inflando al peso, lo que hizo que las importaciones fuesen más asequibles, incrementando con ello el déficit comercial y los requerimientos de más capital extranjero. Para mantener esta entrada de inversión extranjera el gobierno tuvo que continuar sosteniendo el valor del peso. Cualquier afectación de la confianza del inversionista haría que esta dinámica fuese inestable. En 1994, la rebelión zapatista y los asesinatos políticos coincidieron con el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, por lo que los inversionistas comenzaron a retirarse de México.100 La política de la tasa cambiaria benefició lo mismo a la élite tecnócrata en control del Estado, que a sus aliados de las grandes empresas. Muchos empresarios participaron en las actividades de especulación financiera relacionadas con el portafolio de capitales.101 Más importante aún, los líderes del sector privado consideraron que los beneficios de mantener la confianza y una moneda estable superaban los peligros de una sobrevaluación. Si bien, en teoría, un peso sobrevaluado hacía menos competitivas a las empresas mexicanas, muchas de las grandes firmas dependían de materias primas importadas y de préstamos extranjeros para su financiamiento, por lo que resultaba más barato tener un peso sobrevaluado.102 El gobierno también se benefició políticamente de un peso sobrevaluado. La entrada de capital extranjero ayudó a pagar sus programas de gasto social, a controlar los precios (asunto importante para los sindicatos obreros), y aumentó el poder de compra de la clase media. Todos estos grupos eran vitales para el futuro político del PRI.103 La culpa de la crisis del peso de 1994 y la profunda depresión que ésta trajo consigo en México puede ser endosada sin duda a Salinas y su equipo económico. Sus reformas políticas crearon un círculo vicioso de crecientes déficits comerciales e hicieron extremadamente vulnerable a la economía mexicana respecto a la confianza del inversionista extranjero. No obstante, Zedillo no puede deslindarse de estas políticas, puesto que él formó parte del equipo económico de Salinas.104 El abismo entre Salinas y Zedillo creció aún más con el proceso penal en contra del hermano del primero, Raúl, por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Inicialmente, Raúl fue arrestado en Estados Unidos por no haber declarado el efectivo que llevaba consigo al entrar al país.105 Tras su arresto se descubrieron cuentas bancarias secretas de cientos de

millones de dólares, lo que levantó la tapa de la corrupción en el corazón mismo de la administración de Salinas. Se acusó a Raúl de haber ordenado el asesinato de Ruiz Massieu en septiembre de 1994, ya que éste estaba a punto de ser incorporado al gabinete de Zedillo y estaba por hacer pública la corrupción durante el régimen de Salinas, en la cual Raúl Salinas era, aparentemente, pieza central.106 Carlos Salinas había tenido la esperanza de controlar a su sucesor tras bambalinas y convertirse en el primer secretario general de la Organización Mundial de Comercio. Hacia 1995, sin embargo, la crisis financiera y las acusaciones de asesinato, corrupción y tráfico de drogas que pesaban contra su familia hicieron añicos su reputación. Salinas pasó la mayor parte del sexenio de Zedillo en Irlanda.

CONCLUSIONES Salinas fue el último de los presidentes al viejo estilo priista que podía usar los poderes metaconstitucionales de su posición como presidente y como líder indiscutible del PRI. Usó esa posición para impulsar una agenda de reformas que transformaron el sistema político y la sociedad. Su régimen logró de manera considerable la liberalización y modernización del país, pero lo hizo mediante el uso de muchas de las prácticas tradicionales del PRI. En el núcleo de su gobierno estaba un grupo compacto y cerrado de tecnócratas que mantuvo un estrecho control de todas las decisiones políticas de importancia. En el sexenio se centralizó el poder y se redujo la élite. Al mismo tiempo, sin embargo, para mantener y reafirmar el control, el grupo de Salinas se alió con políticos expertos en el control político, y no se opuso al uso de los viejos mecanismos del PRI para hacer valer su voluntad. Hubo también una liberalización de la economía y, en menor medida, de la política, pero estos cambios se consiguieron, al menos en parte, mediante el clientelismo, el compadrazgo político, el fraude electoral y el uso de los poderes metaconstitucionales del presidente, el cual fue mayor que el ejercido en sexenios anteriores. El proyecto clave de Salinas fue la liberalización y la restructuración de la economía. Las reformas económicas radicales que se sacaron adelante se sumaron a las reformas que el propio Salinas diseñó durante la presidencia de De la Madrid. Esto trajo consigo una enorme mejora de las cifras macroeconómicas, si bien continuaron los problemas subyacentes. Las reformas económicas dependían de una estrecha alianza entre la élite tecnócrata, las grandes empresas y las finanzas extranjeras. El modelo financiero que siguió la administración de Salinas finalmente resultó imperfecto en parte por la manipulación política de estrategias financieras encaminadas a beneficiar a sus amigos en las grandes empresas y a comprar el apoyo político. La dependencia en el portafolio del flujo entrante de capitales demostró ser muy costosa. Con todo, las reformas sacadas adelante por Salinas se mantienen. Durante su administración no sólo se restructuró la economía, sino que se forjó una nueva alianza en favor del libre comercio entre la élite tecnócrata y las grandes empresas. Los elementos de la precedente coalición del PRI —sindicatos obreros, campesinos y también empresas medianas y pequeñas— fueron excluidos crecientemente no sólo del poder, sino de toda consideración. La

citada alianza sigue dominando a México hasta hoy, aun después de que el PRI ha perdido el poder. Sí ocurrió, al mismo tiempo, una liberalización política real, pero se quedó corta en términos de una democratización total. La era del sistema casi unipartidista pasó a mejor vida. Las competidas elecciones multipartidistas llegaron para quedarse. Se reconocieron algunas victorias de los partidos de oposición y llegó al poder el primer gobernador de oposición. Las reformas electorales hicieron que las elecciones fuesen más limpias, aunque no completamente “libres y justas”. Esto sentó las bases para una mayor democratización bajo su sucesor. La reputación de Salinas quedó destruida después de que dejó el cargo, por una combinación de la crisis financiera causada por sus políticas y por la corrupción en el corazón de su régimen. Si bien un retorno no puede ser descartado, de momento es difícil verlo rehabilitado en la política mexicana. No obstante, para bien o para mal, Salinas debe ser reconocido como el padre del actual sistema económico y político de México.

* Traducción de María José García Gómez. Es importante hacer notar que, debido a la caída de los niveles de vida, la crisis de la década de 1980 podía haberse interpretado lo mismo como una crisis de legitimidad que como una social. Estas interpretaciones habrían producido políticas muy distintas. 2 Centeno, 1994, p. 12, n. 20. 3 La Corriente Democrática fue formada por los políticos más tradicionales y populistas del PRI para oponerse a las soluciones neoliberales de los tecnócratas que estaban en control del gobierno y a su dominio del sistema político; pugnaba también por la democratización del PRI y de la selección de su candidato. 4 Como bien se sabe, el sistema computarizado de la cuantificación de votos “se cayó” durante el conteo. Al reactivarse, de acuerdo con algunos de los trabajadores, los votos habían sido alterados; cf. Proceso, núm. 923, 11 de julio de 1994. También se hallaron, en basureros de todo el país, boletas quemadas que eran favorables a los candidatos de oposición; Proceso, núm. 611, 18 de julio de 1988. 5 Salinas no recibió, claramente, 50% de la votación total. Si ganó fue por un margen mucho menor y es posible que Cárdenas haya vencido, como lo proclamaba. De acuerdo con el análisis de los resultados de la elección que realizó el Frente Democrático Nacional, Cárdenas recibió 42% de los votos y Salinas 36%. Cf. Barberán, 1988. El gobierno de Salinas quemó más tarde las boletas electorales para prevenir cualquier recuento futuro. 6 Hernández Rodríguez, 1994. 7 Centeno, 1992; Centeno, 1994, pp. 103-107. 8 Centeno, 1992, nombra a estas categorías: “políticos”, “buro-políticos”, “técnicos” y “tecnoburócratas”. Aquí utilizo los términos empleados por Centeno en un libro posterior. 9 Centeno, 1994, pp. 103-107. 10 Ibidem, pp. 211-213. 11 Su padre, Raúl Salinas Lozano, fue miembro del gabinete de Adolfo López Mateos y formó parte de una importante camarilla que dominó por largo tiempo la política económica mexicana. El contacto con la política desde el hogar y el conjunto de conexiones personales con una generación anterior de ministros y políticos que de ello resultó, indudablemente ayudaron a Salinas en su carrera. El arribo de Salinas de Gortari a la presidencia fue, por tanto, un triunfo familiar y una reivindicación de la familia, ya que Salinas Lozano había visto frustradas sus ambiciones presidenciales. 12 Hernández Rodríguez, 1994, p. 198, enumera a los siguientes miembros del gabinete como parte del círculo íntimo de Salinas: Pedro Aspe, Manuel Camacho, Jorge Carpizo, Patricio Chirinos, Luis Donaldo Colosio, Emilio Gamboa, Emilio Lozoya, Ignacio Morales, María de los Ángeles Moreno, Jaime Serra, Diego Valadés, María Elena Vázquez y Ernesto Zedillo. Centeno, 1994, p. 141, n. 73, incluye a todos ellos excepto a Carpizo, Morales y Valadés en su lista de “tecnócratas” del gabinete de Salinas; también añade a Fernando Solana y a los asesores José Córdoba y Héctor Aguilar Camín. 13 Krauze, 2002, p. 457, describe a Aspe como uno de los más brillantes economistas de su generación y como un líder natural y, ciertamente, todos los miembros del círculo íntimo tenían carreras deslumbrantes. 14 Ramos Esquivel, 1993, p. 28. 15 Hernández Rodríguez, 1994, p. 198, incluye en su segundo grupo de secretarios externo al círculo íntimo a Enrique Álvarez del Castillo, Manuel Bartlett, Andrés Caso, Víctor Cervera, Arsenio Farell, Patrocinio González Garrido, Fernando Gutiérrez Barrios, Carlos Hank González, Fernando Hiriart, Guillermo Jiménez M., Pedro Joaquín Coldwell, Jesús Kumate, Miguel Montes G., Fernando Solana y Jorge de la Vega. Todos, excepto Coldwell, Kumate, Montes y Solana, están incluidos en la lista de “burócratas políticos” del gabinete de Centeno, 1994, p. 142, n. 76. 16 Hernández Rodríguez, 1994, p. 198. 17 Hernández Rodríguez, 2002. En la política mexicana era normal que los secretarios trajeran consigo al equipo con el que habían trabajado anteriormente. 18 Su inclusión también reflejó el apoyo que dio a la campaña de Salinas por obtener la candidatura del PRI. 19 Centeno, 1994, p. 143, n. 77. 20 Hernández Rodríguez, 1994, p. 197; Centeno, 1994, pp. 142-143. 21 La imposición de Colosio como el nuevo líder del PRI simbolizó esto de la mejor manera. No obstante, también se impuso tanto a tecnócratas y empresarios como a gobernadores ante las reticentes maquinarias políticas de los estados. 22 Los sectores corporativos del PRI carecían de poder real desde tiempo atrás. Sin embargo, incluso la frecuencia con que eran consultados o tomados en cuenta también fue aminorada por el gobierno de Salinas. Esta creciente exclusión afectaba no sólo a trabajadores y campesinos, sino también a empresas pequeñas y medianas. 23 Ramos Esquivel, 1993, pp. 16-17; Centeno, 1994, p. 216. 24 Centeno, 1992, usa la frase para caracterizar los cambios más generales en la élite política de México en los ochenta, aunque también se adecua a la élite del gobierno de Salinas. 25 Pastor, 1990, p. 4, comenta que en la víspera de la toma de posesión, “sugerí a Salinas que leyera la descripción de los primeros cien días de Roosevelt, de Arthur M. Schlesinger. Con una sonrisa maliciosa me respondió que ya la había re-leído. No 1

estaba bromeando”. 26 Krauze, 2002, p. 457. 27 Si bien la Quina era, sin duda, un líder sindical corrupto y déspota, se rumoraba que la razón por la que mereció semejante trato era más bien personal. Se sospechaba que la Quina financió la publicación del libro Un asesino en la presidencia, en el que se acusaba a Salinas y a su hermano de haber disparado accidentalmente a una sirvienta cuando eran niños. Centeno, 1994, p. 166, n. 72; Krauze, 2002, p. 457. También se pensaba que la Quina simpatizaba con la candidatura de Cárdenas y que no había hecho lo suficiente para obtener el voto de los trabajadores petroleros para Salinas. 28 Las acciones anticorrupción suelen resultar en el encarcelamiento de enemigos del presidente entrante o de funcionarios particularmente corruptos sin vínculos con él. En este sentido, el arresto de la Quina y de ex jefes policiacos y funcionarios, como José Antonio Zorrilla Pérez, Eduardo Pesqueira y Emilio Ocampo Arenal, no estaba fuera de lo acostumbrado. Lo que resultaba inusual en el arresto de la Quina por parte de Salinas fue el uso evidente del ejército. 29 Krauze, 2002, p. 457. 30 Con base en el conteo inicial de los votos, el PRD ganó por lo menos 11 y quizá incluso 14 o más de los 18 distritos. Véase Rivera Velázquez, 1994b, p. 178, n. 45, y Zepeda, 1991, pp. 169-170. 31 Véase Rivera Velázquez, 1994b; Zepeda, 1989. 32 Calderón, 1994. 33 El término concertacesión se forma al unir las palabras concertación (negociación) y cesión (concesión), e implica que se otorgan a los grupos opositores las victorias electorales y los recursos del Estado no como un derecho, sino como una concesión del gobierno tras entablar negociaciones con él. Uno de los primeros beneficiarios de esta política fueron los Comités de Defensa Popular de Durango, véase Haber, 1993. Esta política sí otorgó nuevas oportunidades a aquellos movimientos sociales dispuestos a negociar con Salinas, ya que había dejado de ser requisito afiliarse al PRI para beneficiarse de los recursos del Estado, sino que bastaba con aceptar ciertos límites a su oposición. 34 Centeno, 1994, pp. 222-228. 35 Proceso, núm. 723, 10 de septiembre de 1990, pp. 24-27. 36 Centeno, 1994, p. 223. 37 Ejemplos de salinistas impuestos como candidatos en estados reticentes pueden ser Patricio Chirinos (Veracruz), Sócrates Rizzo (Nuevo León) y Otto Granados (Aguascalientes). Entre los empresarios con muy poca experiencia política impuestos por Salinas como candidatos podría mencionarse a Jesús Macías (Chihuahua) y Eduardo Villaseñor (Michoacán). No obstante, Macías perdió la elección y Villaseñor fue obligado a renunciar ante las protestas masivas del PRD, de modo que ninguno de los dos logró imponerse al PRI local de su respectivo estado. 38 Gledhill, 1998. Carlos Cabal Peniche huyó del país por sospecha de corrupción. 39 Idem. 40 Demmers, 1999. 41 Krauze, 2002, p. 459. 42 Después hubo rumores de que Salinas abandonaría al PRI para crear un nuevo partido a su propia imagen, pero nada de esto ocurrió y los tecnócratas contenderían en la elección de 1994 utilizando todavía al PRI como su vehículo electoral. 43 En 1991 se reportó que existían 48 000 promotores del voto en Michoacán, y de 36 000 a 48 000 en el Distrito Federal. Bruhn, 1996, p. 165. 44 En el caso de Michoacán, Rivera Velázquez, 1994a, hace notar que el PRI usó diversos métodos para alcanzar esta meta: “De acuerdo con las circunstancias, en cada localidad usarían la persuasión personal de un vecino, la promesa condicionada de obra pública, el obsequio de bienes domésticos o materiales de construcción, la cooptación del líder natural, los esfuerzos del candidato para obtener que se introdujesen servicios públicos o incluso el pago en efectivo a cambio del voto” (p. 157). Los simpatizantes del PRD y del PAN también sospechaban que la información de los promotores era utilizada para “rasurar” del padrón electoral a aquellos que apoyaban a la oposición. 45 Bruhn, 1995; Bruhn, 1996, p. 165. 46 Hernández Rodríguez, 1994, pp. 204-210. 47 Kessler, 1998, pp. 36-66. 48 Thacker, 1999, p. 61; Hernández Rodríguez, 1990. 49 Thacker, 1999, también argumenta que las negociaciones del PSE sellaron la formación de una coalición de libre comercio entre los intereses financieros y de planeación del Estado (SPP, Hacienda y el Banco de México), que había tomado el control de la política de comercio, y el gran capital, que empezaba a incorporarse institucionalmente en la política de comercio (pp. 61-62). 50 Centeno, 1994, p. 16. 51 En total, se privatizaron más de 2 000 compañías. Kessler, 1998, p. 51. 52 En el Reino Unido de la década de 1980, Margaret Thatcher vendió al público en general acciones de las industrias nacionalizadas a precios que garantizaban una rápida utilidad para que un amplio sector de la población se beneficiara de los frutos económicos de la privatización. En México, la privatización no tuvo este amplio conjunto de beneficiarios.

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Kessler, 1998. Idem. 55 Ibidem, p.46. 56 Ibidem, pp. 50-53. 57 Los bancos se vendieron en más de 3.5 veces su valor en libros. En Estados Unidos y Europa se acostumbra que los bancos se vendan a 2.2 veces su valor en libros. La venta de los bancos se tradujo en ingresos netos para el gobierno mexicano por un total de 12 000 millones de dólares. Kessler, 1998, p. 46. 58 El capítulo XIV del TLC estipulaba que a ningún banco estadunidense o canadiense se le permitiría comprar un banco mexicano hasta 1998 e incluso entonces se les restringiría a adquirir los bancos pequeños. Otra previsión evitaba que los bancos extranjeros entraran al mercado mexicano: la dificultad de que los bancos mexicanos requirieran un alto nivel de capitalización mínima. Kessler, 1998, pp. 48-50. 59 Ibidem, p. 53. 60 Los intereses del sector privado estaban representados, principalmente, por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y por la Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior (COECE), que se creó para las negociaciones. A pesar de que estos grupos representaban oficialmente a todos los empresarios y negocios mexicanos, el CCE estaba dominado por los intereses de las grandes empresas y de los financieros. Representantes de las empresas grandes o de las corporaciones de negocios también dominaron la COECE. Las empresas de pequeña y mediana escala sólo estuvieron representadas a través de las asociaciones empresariales y de las cámaras (principalmente la Canacintra) y encontraron que sus puntos de vista fueron rebasados por los de las grandes empresas. Thacker, 1999, pp. 62-72. 61 Thacker, 1999, p. 73. 62 Ibidem, p. 75, tabla 2. 63 Centeno, 1994, p. 16. Esto fue en parte debido a la ganancia inesperada que trajo consigo la privatización. La venta de los bancos generó para el gobierno un ingreso neto de 12 000 millones de dólares, mientras que la de Teléfonos de México produjo otros 2 000 millones de dólares. Kessler, 1998, p. 52. 64 Elizondo, 1994, pp. 159-190. 65 Kessler, 1998, pp. 36-66. 66 Centeno, 1994, p. 17, n. 39. 67 Centeno, 1994, p. 207. 68 Ramos, 1987, p. 15. 69 Centeno, 1994, pp. 208-210. 70 Dresser, 1991, p. 1. 71 Bruhn, 1996, p. 155. 72 Dresser, 1991; Centeno, 1994, p. 66. 73 Bruhn, 1996, pp. 155-156. 74 Se decía que ésta era una medida para transformar las relaciones entre Estado y sociedad, al permitir a ésta decidir sus prioridades y proponer soluciones al Estado. En la práctica, los comités de Solidaridad sólo podían elegir entre una lista de áreas de financiamiento definidas por el Estado. 75 Centeno, 1994, p. 207. 76 Bailey, 1994, pp. 102-103; Bruhn, 1996, p. 156. 77 Véase, por ejemplo, Haber, 1994. 78 Bruhn, 1996, p. 156. 79 Centeno, 1994, p. 207. No obstante, en 1992 el Pronasol sólo acreditó 7.7% del gasto social total y 4% del gasto total programable del gobierno; Bruhn, 1996, p. 155. 80 No hubo evidencia de la alteración masiva del voto que ocurrió en 1988, y en Michoacán en 1989. Sí la hay, sin embargo, del uso de los recursos del Estado con fines políticos para beneficiar al PRI. 81 Centeno, 1994, p. 1. 82 Baer, 1993, p. 258; Dresser, 1991, pp. 1, 24. 83 Se ha argumentado ampliamente que el gobierno destinó los recursos del Pronasol a las áreas que votaron por Cárdenas en 1988, con el propósito de minar a la izquierda. Dresser, 1991; Morris, 1992. Los primeros proyectos del Pronasol apuntaron, en efecto, a Michoacán y Chalco, Estado de México, donde se votó nutridamente a favor de Cárdenas en 1988; el PRI recuperó ambas regiones en 1991. Sin embargo, no hay una relación simple entre el voto de la izquierda en 1988 y el gasto del Pronasol en un estado determinado; no se trató simplemente de recuperar los votos otorgados a Cárdenas. Bruhn, 1996, pp. 157-160. 84 Bruhn, 1996, pp. 159-160; Molinar, 1994. 85 Los altos niveles de gasto no produjeron, necesariamente, altos sesgos en la votación. De modo que el Pronasol no explica, por sí mismo, por qué el PRI se recuperó más en unos estados que en otros, o por qué el voto por la izquierda declinó más. Bruhn, 1996, p. 166. 54

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Para el análisis de la recuperación del PRI en Michoacán, véase Aitken, 1999, pp. 189-199; Rivera Velázquez, 1994a; Bruhn, 1996, pp. 165-166. 87 Villarreal, 1999, p. 150. 88 Por supuesto, este periodo no fue de éxito total, pero el alcance de los logros lo llevó a cierta arrogancia y a intentar ir más lejos en sus reformas de la sociedad y la historia mexicanas. Su fracaso en reformar al PRI, o de abandonarlo y formar otro partido a su propia imagen, dejó ver los límites de su poder. La discusión sobre un posible segundo periodo tocaba una piedra angular de la Revolución, aunque nada resultó de ello. Salinas ya había ido demasiado lejos en su desafío a la ideología revolucionaria al declarar el fin de la reforma agraria, aunque su pretensión de apropiarse de la imagen de Zapata no fue del todo exitosa. Su intento de crear una nueva ideología, el liberalismo social, para remplazar la ideología de la Revolución tuvo mucha publicidad pero escaso éxito. Por otro lado, el plan de reescribir los libros de texto generó una acalorada respuesta. 89 No existía una lista definitiva de presidenciables, como tampoco se anunció una lista de precandidatos. Ramos Esquivel, 1993, habla de tres favoritos en 1993 (Pedro Aspe, Manuel Camacho y Luis Donaldo Colosio) y de cuatro “caballos negros” (Ernesto Zedillo, Emilio Lozoya, Emilio Gamboa y Patrocinio González Garrido) (pp. 191-217). Otros dos miembros del círculo íntimo de Salinas, José Córdoba y Jaime Serra Puche, estaban impedidos constitucionalmente para acceder a la presidencia. 90 Krauze, 2002, p. 474. 91 Ibidem, pp. 473-474. 92 En la interpretación de las causas de la revolución zapatista se ha mencionado la pobreza rural, la escasez de tierras, las migraciones y la formación de nuevas comunidades en la Selva Lacandona, la reorganización política y religiosa de las comunidades indígenas y la rearticulación de las identidades indígenas. Véase, por ejemplo, Harvey, 1998. 93 Resultaría mucho más difícil formar una coalición coherente a partir de todos estos grupos diversos, y la influencia de los zapatistas en el sistema político mexicano como un todo se ha limitado hasta ahora a incluir en la agenda política los derechos de los indígenas, tema sobre el que no se ha alcanzado ningún acuerdo. 94 Las versiones iniciales trataron de mostrar la acción del EZLN como una incursión de las guerrillas de Centroamérica. Después, las versiones hicieron hincapié en la pasada organización de la diócesis católica y en el pasado socialista y mestizo del subcomandante Marcos y de otros líderes del EZLN. Véase, por ejemplo, Tello, 1995. 95 Krauze, 2002, pp. 481-482. 96 Krauze, 2002, p. 484. El PRD sería el que padecería esto en la elección, pues su apoyo a las demandas de los zapatistas lo vinculaba, en opinión de algunos, a la violencia. 97 Springer, 1995, pp. 57-81. 98 Kessler, 1998, p. 56. 99 Thacker, 1999, p. 75. 100 Kessler, 1998, pp. 55-57. 101 Thacker, 1999, p. 75. 102 Kessler, 1998, pp. 60-63. 103 Ibidem, pp. 60-62. 104 También debe advertirse que muy pocos líderes empresariales o políticos de oposición habían manifestado su inconformidad con la política de tasa fija cambiaria. Kessler, 1998, pp. 62-63. 105 De acuerdo con las leyes de Estados Unidos, al ingresar a ese país debe declararse cualquier cantidad superior a 10 000 dólares, ya sea en efectivo o en documentos, cosa que Raúl Salinas no hizo. 106 Se ha dicho también que Raúl Salinas fue pieza clave en las relaciones entre los narcotraficantes y el gobierno, aunque es más probable que el dinero haya provenido de una relación corrupta entre la élite política y los banqueros y financieros, algunos de los cuales también tuvieron que huir al exilio.

ERNESTO ZEDILLO: LA PRESIDENCIA CONTENIDA

ROGELIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ El Colegio de México

* LA PRESIDENCIA de Ernesto Zedillo tiene el enorme significado de ser la última que encabezó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), después de más de 70 años de gobernar sin interrupción. El hecho es sin duda importante porque es quizá el último sistema autoritario que transita a la democracia (en su particular y valorada versión de alternancia partidaria) y, además, lo consiguió por medio de elecciones y sin que hubiera amenaza a la estabilidad política. Las interpretaciones sobre este acontecimiento son variadas, pero mientras que en todas se subraya el cansancio social contra el PRI, la competitividad electoral, la fortaleza de los partidos antes de oposición y, en contraste, el debilitamiento del PRI, en algunas se desliza la idea de que en su desenlace intervino la voluntad presidencial. En esta versión, Zedillo habría seguido una política consistentemente programada y que buscaba con claridad la democracia. Así, lo que para algunos observadores fue sólo una política de circunstancia, plagada de errores e inexperiencia, para otros fue el resultado de una acción consciente que se propuso modernizar las condiciones de competencia, enfrentar el conservadurismo político del PRI y alcanzar la alternancia. Objetivos que, por cierto, al menos dos de sus antecesores en la presidencia también dijeron perseguir. No es fácil determinar cuánta voluntad y claridad tuvo el presidente Zedillo en la aplicación de los objetivos de su política, pero lo que sí es indudable es que sus acciones influyeron determinantemente en los resultados. Sin embargo, como bien lo saben los historiadores políticos, no todas las consecuencias, positivas o negativas, son imputables a una política ni menos aún pueden considerarse objetivos deliberadamente propuestos. Zedillo y su presidencia no son la excepción. Después del 2 julio de 2000, su gobierno parece responsable únicamente de la alternancia, no de múltiples conflictos que tal vez pudieron solucionarse en su momento con un mínimo de voluntad y que exhiben no sólo la falta de una política clara, sino la falta de experiencia en la materia. Naturalmente que hubo política durante aquella administración, pero fue errática, más de una vez contradictoria y carente de un programa o proyecto que les permitiera a él y a su equipo de colaboradores, poner en práctica medidas coherentes que fuesen alcanzando objetivos precisos. Porque fue contradictoria tuvo consecuencias diversas, unas que parecen responder a un auténtico compromiso democrático (como el esfuerzo por un acuerdo nacional entre los partidos o el distanciamiento con el PRI), y otras que cuestionan tanto su voluntad como sus habilidades (como los enfrentamientos con algunos gobernadores o su trato con la guerrilla de Chiapas, por no mencionar su actitud frente al conflicto que paralizó a la Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM] casi un año). En realidad, su política fue reactiva y circunstancial: trataba de alejarse del pasado inmediato y, ante todo, de probar su compromiso con unas prácticas modernas y democráticas que más de una vez lo llevaron a la pasividad y la inacción. Como se verá adelante, Zedillo tuvo limitaciones básicas, la mayoría fuera de su control, que condicionaron su visión de la política nacional y, sobre todo, su capacidad (personal, pero también de su equipo) para enfrentar las agudas contradicciones sociales y políticas que se incubaron durante el sexenio de Carlos Salinas. Hubo condicionamientos que determinaron, en general, el comportamiento de la presidencia de Zedillo, pero no son suficientes para explicar algunas medidas y decisiones que, en la práctica, significaron una renuncia a intervenir. En esos casos el condicionamiento social es sólo una referencia. En el fondo, se trató de la falta de una auténtica vocación

política, para decirlo con Weber, o de la carencia de juicio político, en palabras de Berlin.1 El político, decía el primero, es el que aspira al poder, que vive para la política porque goza con ella, porque disfruta con su desempeño y le apasiona la lucha política. A quien solamente le preocupa el buen funcionamiento del gobierno y que se mantiene lejos de las disputas por el poder, es un buen administrador, un funcionario especializado. Interés y disposición, pero que tampoco bastan para un buen juicio político. Para Berlin, esto resulta de una combinación difícil de conseguir entre el talento personal, el conocimiento de los principios de la política y, especialmente, de la experiencia que enseña al político a entender las singularidades de cada situación para no imponer soluciones únicas o “predicar precisión mecánica”.2 Al final, dice Berlin, al político se le reconoce juicio y habilidad cuando demuestra eficacia para resolver los problemas que se presentan. Justo lo que ostensiblemente faltó en esa última administración priista. Bastarían estas referencias para mostrar que esas cualidades estuvieron ausentes de la presidencia que encabezó Zedillo y que, vale la pena subrayarlo, no se oponen al talento personal. Como se verá después, ni Zedillo ni la mayoría de sus colaboradores tuvieron el tiempo y las posibilidades para adquirir la experiencia y la pasión por la política. Por el contrario, sus cualidades y su preparación se dirigieron apenas a manejar con pulcritud la administración gubernamental.

LOS CONDICIONAMIENTOS DE UN PRESIDENTE Las circunstancias en que Zedillo fue seleccionado como candidato a la presidencia por el PRI no sólo condicionaron algunas de sus medidas más importantes sino la visión con las que fueron decididas. Las características de los hombres y mujeres que integraron su gabinete, sus relaciones con el PRI y la definición del papel de la presidencia en los conflictos políticos, tienen mucho de su origen en aquellas condiciones históricas. Ha sido frecuente señalar como determinante de su conducta la traumática coyuntura de marzo de 1994, cuando Luis Donaldo Colosio fue asesinado y se desataron fuerzas políticas que parecían hasta entonces bien controladas. Estos hechos fueron decisivos, pero no fueron los únicos. Zedillo fue afectado por esa circunstancia pero la visión más general sobre la política y el futuro del país se configuró a lo largo del gobierno de Carlos Salinas, durante el cual él realizó la parte más importante de su carrera político-administrativa. En rigor, la única experiencia que logró obtener Zedillo del sistema y la política en México se restringió a los 12 años de Miguel de la Madrid y Salinas, el largo periodo de transformación económica y política del país. Con todo, el lugar que ocupó entre 1982 y 1987 lo mantuvo al margen de conflictos, lo que no se repitió en el periodo de Salinas, donde compartió como su secretario de Educación muchos de los graves problemas que con su peculiar estilo enfrentó el presidente. Tan determinante sería esta última influencia que Zedillo desarrolló un gobierno con un franco intento de diferenciación y distanciamiento de la política de su antecesor inmediato. Si bien Zedillo trabajó como analista en el Banco de México durante algunos años de la década de los setenta, sus estudios de doctorado lo alejaron un largo tiempo de la

administración pública. Al concluirlos, Zedillo regresó al Banco de México para encargarse de un fideicomiso recientemente creado para resolver algunos de los graves efectos de la devaluación: el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca). En esa posición, eminentemente técnica, Zedillo pasaría casi todo el sexenio de Miguel de la Madrid hasta que en 1987, cuando Salinas fue designado candidato presidencial, el nuevo secretario de Programación y Presupuesto, Pedro Aspe, propuso a Zedillo para ocupar la importante Subsecretaría de Planeación y Control Presupuestal, la misma que Aspe había desempeñado la mayor parte del periodo y que se convirtió en la instancia central de la secretaría para el exitoso control del gasto público.3 De esas posiciones, de las cuales sólo el Ficorca es en realidad importante, toda vez que la subsecretaría apenas la desempeñó por un año, Zedillo pasó a ser secretario de Programación y Presupuesto (1988-1992) y, en un cambio que sería premonitorio de lo que él como presidente haría con algunos de sus secretarios de Estado, sin antecedente alguno se convertiría en secretario de Educación Pública (1992-1993). Importantes responsabilidades, porque desde ellas Zedillo participaría en algunas medidas centrales del gobierno de Salinas e incluso se vería envuelto en un conflicto que, al decir de muchos, lo puso fuera de la competencia por la candidatura presidencial, que finalmente conseguiría Colosio. Zedillo fue el último titular de una secretaría que en su momento representó una alternativa administrativa y económica frente al enorme poder que la Secretaría de Hacienda había alcanzado en el gobierno federal. La SPP pasó de ser la instancia que promovía la planeación y programación del gasto en los años de José López Portillo, al más severo vigilante del gasto público y, en los hechos, encargado de su restricción. Una vez alcanzada la estabilidad, fortalecidas las finanzas públicas y reiniciado el crecimiento, esa secretaría desapareció para reforzar el papel de Hacienda. Mientras Zedillo preparaba su desintegración, el verdadero responsable de la economía nacional fue Aspe, al frente de Hacienda. En rigor, la secretaría que encabezó Zedillo ya estaba desprovista de funciones sustantivas cuando alcanzó su titularidad. Con esas limitadas experiencias, Zedillo se hizo cargo de la especializada Secretaría de Educación Pública, por la que en su mayoría habían pasado políticos avezados o reconocidos intelectuales. Algunas de sus decisiones lo llevaron a conflictos delicados. La más importante fue promover unos nuevos libros de texto para educación básica en los que la historia nacional fue revisada profundamente y, en una demostración de modernidad, desaparecieron acontecimientos y actores para dar lugar a interpretaciones y análisis que, entre otros importantes sujetos, afectaron al ejército al responsabilizarlo de los asesinatos de 1968 en Tlatelolco. Lo mismo el ejército que muchos intelectuales y académicos criticaron no tanto al equipo que redactó los libros, sino al secretario que los auspició y, en última instancia, los aprobó. Aunque los textos fueron finalmente retirados, la imagen del secretario resultó muy afectada en un periodo decisivo para la selección del candidato presidencial. Si en la SPP Zedillo mostró su capacidad administrativa, en la SEP propició un innecesario conflicto que exhibió sus escasas habilidades políticas.4 A esta experiencia directa Zedillo sumó la de ser testigo de una administración en la que los problemas políticos fueron acompañados de una excesiva intervención presidencial que en más de una ocasión derivó en arbitrariedades que dañaron severamente las instituciones del sistema. Como nunca antes en la historia moderna de México, en los años de 1988 a 1994 se

desarrollaron conflictos que amenazaron la estabilidad política del país. A pesar de contarse con nuevas reglas, instituciones y procedimientos, que no fueron respetados ni por los partidos de oposición ni por el propio presidente, se suscitaron conflictos electorales que, en la práctica, sustituyeron los comicios por negociaciones postelectorales en las que se decidieron lo mismo gobernadores que presidentes municipales. Si esta práctica anuló las elecciones como mecanismo regulador de la competencia partidaria, el respeto a las preferencias de los ciudadanos y, por consecuencia, su papel legitimador de las autoridades, la excesiva remoción de gobernadores, unas veces por conflictos locales que rebasaron las capacidades de los mandatarios, otras por presiones de los partidos de oposición, otras más por desavenencias políticas con el presidente, e incluso porque Salinas los retiró para llenar vacantes en el gobierno federal, anuló las funciones intermediadoras de las gubernaturas.5 Salinas también promovió la más ambiciosa reforma dentro del PRI, en la que formalmente buscaba implantar prácticas internas democráticas. Al margen de los objetivos, la reforma propició una revuelta de los militantes que estimuló la autonomía del partido y su distanciamiento con el liderazgo presidencial que, sumado a las negociaciones postelectorales y al retiro de gobernadores, debilitó las funciones políticas que tradicionalmente desempeñó el PRI al lado del gobierno. Estos y otros acontecimientos provocaron un grave proceso de desinstitucionalización del sistema que afectó su capacidad para regular el conflicto social. Al final, se crearon las condiciones para que surgieran graves fenómenos que, en apariencia, pertenecían a un pasado ya superado, como los asesinatos del candidato Colosio y el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, así como la aparición de la guerrilla en Chiapas, que al principio se propuso destruir el sistema y —al mejor estilo de los años setenta—, la toma revolucionaria del poder, y días después convirtió a los indígenas en su bandera política.6 Esas experiencias sin duda fueron determinantes para Zedillo. La presidencia de Salinas se mostró como el punto más alto de la arbitrariedad, el autoritarismo y, sobre todo, la carencia de mecanismos legales y políticos que contuvieran al presidencialismo exacerbado y que, al final, habían no sólo debilitado al propio ejecutivo sino que lograron anular muchas de las instituciones básicas del sistema. Si algo le quedó claro al secretario Zedillo fue el hecho incontrovertible de que los excesos solamente habían propiciado el regreso de la política caciquil, personalizada y carente de normas y reglas civilizadas. Años después el presidente Zedillo intentaría afanosamente distanciarse del fantasma de Salinas y su inocultable herencia, de la cual había participado desde posiciones importantes. Ésta será la razón por la cual Zedillo identificará presidencialismo con autoritarismo y hará de la formalidad legal (que convirtió a la Constitución en manual y justificación) en sinónimo de “presidencia democrática y republicana”7 que, en la práctica, fue en los momentos más delicados sorprendentemente ineficaz. Si entre 1988 y 1993 Zedillo presenció excesos presidenciales, entre noviembre de 1993 y noviembre de 1994 vivió de cerca la descomposición del régimen al que había pertenecido y el profundo desprestigio del PRI. Ambos factores determinarían tanto la conformación y renovación de su gabinete como el conflictivo trato con el PRI que desembocaría en una candidatura presidencial descalificada para enfrentar a una fortalecida oposición. La historia es conocida. Colosio, después de una trayectoria cuidada escrupulosamente por el presidente

Salinas, se convirtió en candidato del PRI a la presidencia. Si bien Zedillo aspiró al cargo8 y por lo tanto conoció las luchas internas para obtener la designación, tendría una inmejorable oportunidad para participar en ellas al convertirse en coordinador de la campaña de Colosio. El mismo día que Colosio supo de su postulación por el PRI, solicitó a Carlos Rojas para esa delicada responsabilidad. Ante el rechazo de Salinas propuso a Zedillo, es decir, como segunda opción, a la cual el presidente no se negó.9 No deja de llamar la atención que Colosio, que había sido coordinador de la campaña de Salinas desde la oficialía mayor del PRI y que, por tanto, conocía la necesidad de contar con un político experimentado, llevara a esa posición a Zedillo.10 Desde ese cargo privilegiado, Zedillo participó en la organización de la campaña, en los obstáculos que encontró en Manuel Camacho y la tolerancia de Salinas, en las dificultades y la capacidad operativa del PRI, y en las luchas entre priistas y cercanos colaboradores del candidato, que terminaron por marginarlo. En marzo, cuando ya los obstáculos parecían haberse superado, Colosio había decidido hacer modificaciones en su equipo de campaña que le permitieran reorientarla y fortalecerla. Entre las modificaciones se encontraba retirar a Zedillo de la coordinación y pedir al presidente que lo nombrara regente del Distrito Federal o subdirector del Banco de México.11 Más allá de la frustración personal, lo importante es que el futuro presidente sería retirado por no coincidir con los intereses y propósitos del candidato, es decir, por su enfrentamiento con el PRI y el equipo de Colosio, por los problemas de coordinación entre la maquinaria tradicional y un proyecto personal. Esta imagen empeoraría aceleradamente. El asesinato de Colosio no sólo probó la debilidad institucional del sistema sino que involucró al PRI al considerarse el crimen como una conspiración política de priistas descontentos. El mismo proceso de sustitución del candidato pondría de manifiesto que en el partido existían grupos fuertes y con variados intereses que en cualquier oportunidad podrían hacerse del control de la organización. Pocos meses después otro asesinato convertiría al PRI en un organismo mafioso, además de corrupto. Las acusaciones de Mario Ruiz Massieu, hermano del líder asesinado, a los principales dirigentes del partido, la probada participación de un diputado y su secretario particular, ambos miembros del PRI, así como las investigaciones de diputados y conocidos políticos, provocaron enorme desprestigio al PRI que compartieron la sociedad y el mismo presidente electo.12 Esas experiencias finales condicionaron la percepción del presidente Zedillo acerca tanto de las funciones que desempeñaba el partido como de la conducta que debería mantener con él. Naturalmente, eso también ayuda a explicar en parte las razones que lo llevaron a integrar su gabinete; no obstante, en este aspecto existe una circunstancia decisiva. La tradición política del sistema mexicano había determinado que los aspirantes a la presidencia, siempre secretarios de Estado, construyeran grupos de apoyo con funcionarios y políticos activos, que al principio contribuyeran a ganar la candidatura y, al conseguirla, se convirtieran en miembros del gabinete. En realidad, el presidente llegaba a serlo después de un largo proceso en el que debía competir y enfrentar a otros equipos. No era un candidato solitario. En 1993 Colosio construyó su grupo de apoyo, no Zedillo, que, si acaso, era miembro, no dirigente de él. Con el asesinato de Colosio el equipo se desintegró y, lo más delicado, el candidato sustituto llegó a serlo sin contar con un grupo integrado.

Como se verá adelante, Zedillo prácticamente no recuperó a ningún miembro destacado del equipo de Colosio, en buena medida porque se había enfrentado a él en el tiempo en que coordinó la campaña. Pero en su aislamiento tampoco buscó la ayuda del PRI y los políticos tradicionales porque, como bien lo señalara Pichardo, líder del PRI durante la campaña de Zedillo, había una recíproca y profunda desconfianza entre el partido y el nuevo candidato.13 Zedillo buscó protección y, ante todo, control de su gabinete en un manifiesto intento de alejarse del PRI y de su desprestigio. Su gabinete mostrará tanto a un grupo cerrado que rodea al mandatario y con poca experiencia política, como a un equipo que se aleja del PRI y de sus tradiciones, con jóvenes tecnócratas, no militantes de partido alguno o abiertamente miembros de la oposición. La falta de experiencia y de coincidencia política llevará a que ese gabinete sea el más inestable de toda la época moderna de México y, lo más grave, incapaz de renovarse. En rigor, el gabinete de Zedillo representa el punto final de llegada de aquella nueva élite política que llegó al poder con De la Madrid en 1982, presentando sus dotes técnicas como ejemplo de política moderna.

UNA ÉLITE EN AGOTAMIENTO El gabinete de Zedillo estuvo integrado por 34 funcionarios, de los cuales 15 tuvieron trayectorias exclusivamente administrativas y siete ocuparon un solo cargo en el partido, circunstancialmente en campañas presidenciales o en el antiguo Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) (cuadro 1). Frente a esta abrumadora mayoría de funcionarios, solo nueve transitaron por las tres áreas formativas, hasta entonces únicas (administrativa, electoral y partidaria); dos más nunca antes tuvieron alguna experiencia pública y uno, sorprendentemente, era diputado federal del PAN. Un gabinete numeroso, complejo y con evidente falta de integración. Como los diferentes estudios sobre la élite política lo evidenciaron, el predominio de la formación administrativa en los políticos mexicanos es una característica distintiva al menos desde el gobierno de Miguel Alemán,14 así que el de Zedillo no se aparta de esa norma. Sin embargo, igual que sus dos inmediatos antecesores lo hicieran, Zedillo no sólo integró funcionarios con carreras en el sector público sino con mínima experiencia de trabajo: 11 tenían no más de 13 años de servicio activo (es decir, apenas los dos sexenios anteriores, lo que demuestra sin lugar a dudas su origen e identidad con esa nueva élite), ocho entre 14 y 18 años, y 13 más de 20 años de experiencia política. Llama la atención que en los dos primeros grupos de edad se concentren los funcionarios con carreras exclusivamente administrativas y que los que cubrieron las tres áreas políticas se ubiquen en su mayoría (seis de nueve) en el grupo de más de 20 años de trayectoria. Una observación más detenida muestra el origen de la relación personal del presidente con ese equipo poco experimentado. Con la excepción de Carabias, De la Fuente y Lozano, 17 de los 31 funcionarios restantes hicieron sus carreras en el sector financiero del gobierno federal, en las secretarías de Hacienda, Programación y Presupuesto, Comercio o el Banco de México. Incluso secretarios con largas trayectorias o que transitaron por las áreas de elección y partido, como Carrasco, González Fernández o Arroyo, cubrieron una parte sustantiva de sus

carreras en ese privilegiado sector financiero. Si se recuerda que la carrera completa del mismo Zedillo apenas alcanzaba 12 años, de los cuales 11 los pasó en el Banco de México y en la SPP , se vuelven transparentes las relaciones del presidente con su principal equipo de colaboradores: con ellos compartía la experiencia directa de trabajo, desde las mismas dependencias y con la misma visión del país y de los problemas por atender. Esa visión, sin embargo, además de parcial era indudablemente limitada a los 12 años anteriores de gobiernos conducidos por esa nueva élite convencionalmente llamada tecnocrática. Los 14 secretarios restantes, con carreras más largas, en contacto con las áreas electoral y partidaria, procedían de los sectores de la administración pública especializados en los aspectos sociales (Trabajo, Educación) o políticos (Gobernación). Todos, empero, tuvieron poca influencia en los asuntos medulares del sexenio o estuvieron poco tiempo en el gabinete, como lo prueban los casos de Farell, Pichardo, Samaniego o Bonilla. La verdadera conducción del gobierno estuvo a cargo de aquellos funcionarios de cortas carreras financieras. Al final, del mismo modo que hicieron De la Madrid y Salinas, Zedillo constituyó un gabinete cerrado, con funcionarios a los que conocía y en los cuales confiaba. Como Salinas hiciera (lo cual conocía Zedillo toda vez que formó parte de su gabinete), abrió parte del equipo de gobierno a políticos experimentados pero, al igual que su antecesor, sin concederle a la mayoría oportunidades reales de intervenir en los asuntos fundamentales. A todo ello Zedillo añadió dos novedades: integró funcionarios surgidos de la academia (Carabias y De la Fuente) y por primera vez en un gabinete priista, a un destacado militante del PAN, el partido de oposición más importante. Las designaciones tuvieron el propósito de mostrar pluralidad y, naturalmente, el distanciamiento con el PRI y su desprestigio político. Si los nombramientos de Carabias y De la Fuente buscaban un acercamiento con la UNAM (del cual no estaba exento un mensaje a la izquierda, en la que había militado Carabias años atrás) el nombramiento de Antonio Lozano Gracia fue una clara manifestación de desconfianza al PRI y, de paso, una manera de probar el compromiso presidencial con la imparcialidad en las investigaciones de los asesinatos de 1994.15 Un gabinete con estas características no podía ser duradero. Ya desde los años de Luis Echeverría la inestabilidad en los gabinetes fue una constante que revelaba la falta de integración con las decisiones presidenciales y el significativo aumento de las presiones políticas y sociales que padecía el régimen. El gabinete echeverrista sufrió 11 cambios de sus 16 titulares (68.8%), frente a una tasa de 12.5% con López Mateos y 31.3% con Díaz Ordaz. La cifra se elevó sensiblemente con López Portillo a 94%, para descender a 68.4% con De la Madrid. Los problemas se agravaron con Salinas, quien alcanzó una cifra de 131.6%, para llegar a la más alta tasa de inestabilidad con Zedillo, quien realizó 25 cambios en su gabinete, lo que significa una tasa de 138.9%. No sólo es el mayor porcentaje desde los años de Alemán, sino que revela una falta total de control e integración de los secretarios y las dependencias que estuvieron bajo su cargo. De las 18 secretarías que formaron el ejecutivo de Zedillo, solamente dos (Comercio y Ecología) mantuvieron al mismo titular, en el resto no sólo hubo cambios sino que algunas dependencias tuvieron tres y cuatro secretarios, entre las cuales se encuentra, significativamente, Gobernación, la dependencia encargada de la política interna (cuadro 2). Podría pensarse que se trató simplemente de un sexenio sometido a presiones extremas, pero más allá de eso lo

importante es el ritmo de cambios y la peculiar manera con la que el presidente resolvió las sustituciones. Como se observa en el cuadro 3, el gabinete tuvo que ser modificado constantemente a lo largo de todo el periodo. No se trató, como en otras administraciones, de ajustes inmediatos provocados por las transiciones de gobierno o que fueran preparatorios de la sucesión. Sólo en el año final (2000) no se registró ningún cambio, pero la falta de integración del gabinete fue de tal magnitud que en los primeros 28 días del gobierno se realizaron dos cambios de titulares.16 Un ritmo que no puede explicarse únicamente por las presiones sociales sino por la incompetencia y falta de resultados satisfactorios, como lo demostró precisamente ese sorpresivo cambio a fines de diciembre de 1994.17 A la rapidez de los cambios se agregaría el agotamiento y estrechez de opciones que ofrecía el equipo en el que confiaba Zedillo, otro elemento característico del periodo. Hasta ese gobierno, los presidentes sustituían a los secretarios renunciantes con subalternos inmediatos o con políticos provenientes de otras áreas o dependencias afines. Con el primer recurso se garantizaba la continuación de los proyectos y la eficiencia en su desempeño, en la medida que conocían ya el funcionamiento de la dependencia o área, pero con el segundo renovaban a la élite política, inyectaban dinamismo al gabinete y, naturalmente, ampliaban la competencia interna. A pesar de todas las diferencias entre la élite tecnocrática y la tradicional, ni De la Madrid ni Salinas se encerraron en su equipo para cubrir las denuncias. Zedillo, en una comprobación más de su desconfianza en la élite priista, convirtió su gabinete en un grupo exclusivo que circulaba sus secretarios prácticamente a cualquier puesto disponible. De los 25 cambios que tuvo que enfrentar, en nueve recurrió a los mismos funcionarios que lo mismo pasaron de Comunicaciones y Transportes y Relaciones Exteriores a Hacienda; de Agricultura a Gobernación; de Reforma Agraria a Educación Pública; de la Procuraduría de Justicia a Trabajo o Salud.18 Esto es un indicador de que la nueva élite no fue capaz de renovarse para alimentar los gobiernos que pretendían la modernización. Por un lado, su falta de experiencia los hizo presas fáciles de las presiones sociales y políticas (el caso ejemplar sería Serra, el amigo de Zedillo) y por otro, no tuvieron la capacidad de ofrecer nuevos personajes que aprendieran de sus antecesores y prepararan el camino para su supervivencia. Por eso tampoco pudieron asegurarse la candidatura presidencial del PRI y, acaso, la victoria electoral. Como se verá adelante, en ese fracaso fue determinante la desastrosa relación que el presidente mantuvo con el PRI, pero también tuvo un papel destacado la falta de opciones generacionales. La élite que tomó el poder en 1982, que sistemáticamente desplazó a la tradicional y que logró mantenerse durante dos sexenios más, se extinguió en la misma medida que controló la presidencia. Como una cruel ironía, un representante de ese grupo inicial que se apoderó del ejecutivo en 1982, como Francisco Labastida, sería el candidato que llevaría al PRI a su histórica derrota.

EL PRI: LA CONVENIENTE DISTANCIA Si algo fue característico de la relación de Zedillo con el partido que lo llevó al poder fue su

distanciamiento que, al menos en la opinión expresada por el presidente, no era alejamiento real sino separación de funciones. Lo que ambiguamente Zedillo llamó “sana distancia” consistía, según sus palabras, en que el PRI no tuviera ningún privilegio fuera de la ley, menos aún concedido por el gobierno, pero sin que ello significara su renuncia personal a la identificación ideológica con el partido, al cual, por el contrario, le pedía “un razonable apoyo” a su gobierno.19 Con el tiempo transcurrido y de acuerdo con las verdaderas relaciones que Zedillo mantuvo con el PRI, lo que impuso el presidente fue una conveniente distancia que le permitió obligar al partido a apoyar sus difíciles y, en más de una ocasión, impopulares decisiones de gobierno, y al mismo tiempo alejarse de él por considerarlo el mayor obstáculo para la modernización del país. Al final, tanto en uno como en otro caso, el PRI fue un referente para el proyecto personal de gobierno de Zedillo. El distanciamiento del presidente estuvo fundado en una opinión sobre el partido largamente enraizada en Zedillo. Como se señaló en los apartados anteriores, el presidente conoció de cerca las relaciones que el PRI mantuvo con Salinas y los resultados de la fallida reforma de 1990. Pero también y decisivamente tuvo un directo contacto con el PRI como coordinador de la campaña de Colosio. Como más tarde lo confirmaría Pichardo, los problemas que Zedillo tuvo con el equipo personal de Colosio y con el aparato formal del partido lo convencieron de separarse de él.20 Si bien Zedillo aceptó la presencia de Pichardo en el PRI, lo que técnicamente lo convertía en el coordinador de su campaña, en realidad no le permitió ninguna participación significativa en ella. A tal grado fue el marginamiento del partido que sus dirigentes no prepararon las giras del candidato e incluso llegaron a conocer los detalles después de realizados los actos.21 La campaña presidencial estuvo a cargo del propio candidato y la relación formal con el PRI fue intermediada por Esteban Moctezuma, hombre de toda la confianza de Zedillo. El PRI, de acuerdo con Pichardo, de lo único que se encargó fue de las campañas de diputados y senadores, que no tuvieron ninguna importancia para el candidato presidencial. Zedillo, durante todo el proceso, no ocultó el desagrado que le causaba el partido, y lo manifestó, notablemente, el 29 de agosto de 1994, una vez que el IFE lo declaró triunfador de las elecciones. En su discurso ante la dirigencia nacional y las locales, así como con diputados y senadores electos, Zedillo criticó las ventajas electorales del PRI y declaró que él se comprometía a mejorar la competencia partidaria. Precisamente en el discurso que serviría para festejar su triunfo y el del partido (que le dio la última mayoría en el Congreso, tan útil para sus decisiones gubernamentales), Zedillo lo empleó para criticarlo.22 Para el presidente, el PRI era burocrático, dispendioso, objeto de privilegios electorales y gubernamentales, y nada democrático. En su visión del futuro moderno de México, el PRI era uno de los principales obstáculos, exactamente el mismo punto de vista del PAN y del PRD. En su proyecto de modernización política Zedillo no buscó por principio ideológico a su partido, sino a los de oposición, a los que consideró más confiables. En ese proyecto, el PRI no era parte o colaborador sino objeto de cambio. El partido debía tener otra función: la de apoyar incondicionalmente las medidas gubernamentales incluso cuando estuvieran dirigidas en su contra, como las mismas negociaciones electorales. Dicho en otras palabras, en esa relación el partido sólo tenía responsabilidades que, naturalmente, determinaba el presidente. Zedillo no se apartó siempre del PRI, por el contrario, se acercó estrechamente cuando lo

necesitaba. Si en el discurso del 10 de septiembre de 1994 ante la Comisión de Ideología del PRI pidió una reforma que fortaleciera su independencia frente al gobierno,23 a fines de diciembre, cuando la Secretaría de Hacienda precipitó la fuga de capitales y la devaluación, Zedillo obligó a los diputados y senadores del PRI a aprobar, en contra de la calculada oposición del PAN y el PRD, un aumento de 50% en el impuesto al valor agregado que si bien mejoraba las finanzas públicas, al PRI le acarrearía enormes costos electorales. Tampoco se alejó de él cuando lo obligó a aceptar condiciones desiguales para negociar la reforma política con la que se comprometió como presidente electo. Con ella no sólo intentaba separarse de las prácticas políticas de Salinas, sino comprobar su compromiso democrático, para lo cual le era indispensable satisfacer prioritariamente las demandas de una oposición que al margen de sus diferencias particulares, compartía el objetivo de debilitar al PRI. En enero de 1995, sin que se hubieran apagado las críticas al partido dominante por votar el impopular aumento al IVA, Zedillo lo llevó a firmar un acuerdo con los partidos de oposición para alcanzar una reforma electoral que intentaba ser definitiva. Pero las negociaciones no se efectuaron en el Congreso, como indicaba la importancia de la reforma, sino en una oficina alterna de la Secretaría de Gobernación en la que tomaban parte solamente los dirigentes de los tres partidos más importantes y el Partido del Trabajo, en ese entonces el más destacado de los minoritarios. Mantener las negociaciones fuera del Congreso y bajo el arbitraje directo del ejecutivo tenía solamente el propósito de anular el dominio del PRI, plenamente confirmado en las elecciones de agosto de 1994, para colocarlo en desventaja frente a los tres partidos unidos en su contra para aceptar una reforma promovida por el presidente, de especial interés político y en medio de la crisis económica propiciada por su gobierno, pero condicionada totalmente por los partidos de oposición. La falta de definiciones presidenciales en torno a las metas de la reforma no fueron solamente el resultado de la inexistencia de un proyecto claro, sino del interés en buscar la colaboración de los partidos opositores para conseguir credibilidad interna y externa a su compromiso democrático. Las condiciones del acuerdo original y los términos de la reforma conseguida revelan claramente este interés presidencial. Si en el primer acuerdo se condicionaba la firma del PRD a que el presidente retirara de su cargo a los gobernadores de Tabasco y Chiapas (lo que sólo se obtuvo parcialmente con la renuncia de Robledo Rincón y que, como se verá en el siguiente apartado, provocó una revuelta local en Tabasco que puso en evidencia la debilidad presidencial), durante las negociaciones el PAN se retiró por un largo periodo a cambio de que se le otorgara un triunfo electoral en Huejotzingo, Puebla, que no había conseguido en las urnas. Al final, sin justificación doctrinaria o constitucional alguna, pero basados en la desconfianza de los partidos, la reforma de 1996 retiró al poder ejecutivo del IFE y convirtió a su consejo general, máximo órgano de decisión interna, en objeto de negociaciones para que sus integrantes fueran afines a las posiciones de cada partido.24 El PRI no fue un actor que impusiera condiciones o fijara objetivos. Fue, como siempre lo había sido, una instancia al servicio del presidente en turno, con la diferencia de que esta vez los intereses del presidente no eran los del partido. La ambigua distancia propuesta por Zedillo se convirtió en un profundo enfriamiento de las relaciones con el PRI que cada vez veía más al presidente como enemigo. Esta situación tuvo manifestaciones decisivas. A fines de 1996 se realizó la XVII Asamblea Nacional del PRI, que aunque prevista desde 1995 no pudo

realizarse porque las negociaciones de la reforma política le urgían al presidente y hasta que no se consiguiera no sería posible realizarla.25 Aquella reunión recuperó el espíritu y la práctica de la histórica XIV Asamblea que se rebelara contra Colosio y Salinas. En 1996 el PRI recuperó su nacionalismo revolucionario, importante no por su contenido sino porque había sido sustituido por el “liberalismo social” de Salinas. Pero más significativo fue que los delegados impusieran condiciones para la postulación de candidatos a gobernador y especialmente a la presidencia. A partir de entonces el aspirante debía contar con la calidad de cuadro, haber sido dirigente, haber desempeñado un puesto de elección popular y tener al menos 15 años de militancia comprobada. Los acuerdos fueron una contundente respuesta a las indefiniciones presidenciales que, además, le impidieron definitivamente elegir un candidato con el mismo perfil de él y sus dos inmediatos antecesores. Tanto en su discurso del 10 de septiembre de 1994 como en el del 78 aniversario de la Constitución, Zedillo había declarado que la “sana distancia” debía permitir la absoluta autonomía del partido para decidir sus reformas y el respeto a ellas por el presidente y su gobierno. En 1996 la posición de Zedillo estuvo lejos de ese deseo. Su desagrado por las resoluciones fue de tal magnitud que retiró al presidente del comité ejecutivo nacional (CEN), Santiago Oñate, a quien había designado un año antes para facilitar las negociaciones con el PAN y el PRD, y al secretario técnico del Consejo Político Nacional (CPN), César Augusto Santiago, principal responsable de la organización de la asamblea. En sus lugares Zedillo designó a dos fieles seguidores: Humberto Roque, que fuera el líder de la bancada de diputados que aprobó el aumento al IVA en 1994, y a Moctezuma, su primer secretario de Gobernación, que tuvo que abandonar el cargo tras una manifiesta incapacidad política. La respuesta del PRI no se explica nada más por la tensión en las relaciones con el presidente, sino por la enorme fuerza que habían alcanzado los gobernadores en su estructura directiva y que se remontaba a la XIV Asamblea de 1990. En aquella ocasión, Colosio construyó un discurso en el que se alentaba la democracia interna y se buscaba eliminar el control que ejercían las tradicionales corporaciones en la dirección del partido. Tanto en el discurso como en la práctica, Colosio estimuló la presencia de los militantes y dirigentes locales, pero su inexperiencia no le permitió advertir que las dirigencias locales del PRI, desde las seccionales hasta las estatales, son controladas por los gobernadores porque fueron tradicionalmente los instrumentos que les sirvieron para asegurar los triunfos electorales y la estabilidad política de los estados. Al convocar a las instancias locales, Colosio en realidad estaba abriendo la puerta a los gobernadores. El CPN que se integró en 1990 (y que sustituyó al viejo Consejo Nacional) se creó como órgano colegiado con representantes de los sectores (de acuerdo con el número de sus afiliados), los presidentes de todos los comités directivos estatales (incluido el capitalino) y algunos municipales, legisladores federales y locales, cuadros distinguidos y los miembros del comité ejecutivo nacional. Si en ella se diluía la representación sectorial, aumentaba la influencia de los gobernadores bajo cuyo control se encontraban los representantes estatales y que, además, podían intervenir en la selección de los delegados a la asamblea. Esta composición también sufriría cambios en la asamblea de 1996, pero para fortalecer aún más la presencia de los mandatarios. El CPN se constituyó en el órgano supremo del partido, incluso

por encima de la Asamblea Nacional, al asumir mayores responsabilidades en su control interno (manejo de los recursos financieros, del patrimonio inmobiliario y el nombramiento tanto del presidente como del secretario general del CEN), pero incrementó la representación local e incluso aceptó la participación directa de los mandatarios, pues a los comités directivos estatales se añadieron todos los directivos municipales y distritales, dos presidentes municipales y cinco gobernadores de acuerdo con la circunscripción plurinominal electoral.26 De esta manera, al margen de la voluntad del CEN y el presidente Zedillo, eran los mandatarios los que podían determinar el rumbo del partido. Era natural que ellos trataran de separar al PRI de las vacilaciones presidenciales. No sólo ellos habían padecido el crecimiento de la competencia electoral sino que habían sido objeto de presiones y arbitrariedades del presidente. Si durante el salinismo las gubernaturas fueron manipuladas al arbitrio presidencial, en el primer mes de gobierno de Zedillo dos gobernadores fueron negociados con la oposición para conseguir un acuerdo vital para el presidente y en los dos años siguientes algunos triunfos electorales locales fueron invalidados como en el sexenio anterior. Además, gracias a una reforma presupuestal de Zedillo que eliminó al Pronasol, los gobernadores obtuvieron mayores recursos fiscales y mayor autonomía para asignarlos a los municipios.27 En 1996, cuando finalmente se logró realizar la asamblea del PRI, el presidente había provocado una profunda separación con el partido y había dejado demasiadas heridas con el grupo que dominaba su estructura. Los condicionamientos que se impusieron al futuro candidato presidencial fueron un cerrojo a las aspiraciones de Zedillo para prolongar el reinado de su élite y una vuelta del partido a sus militantes que se ratificó con el aumento de la representación de los gobernadores en el CPN. Si desde 1990 quedaba claro que en el partido existían dos estructuras que se disputaban el control, el CEN y el CPN, desde 1996 se confirmó que el presidente de la República solamente controlaría al órgano ejecutivo, pero las decisiones fundamentales estarían en manos de los gobernadores. Por eso Zedillo no logró recuperar el control del PRI, a pesar de haber cambiado a Oñate y más tarde sustituir al mismo Roque por Palacios Alcocer, González Fernández y Dulce María Sauri. En el PRI, al igual que en su gabinete, Zedillo no pudo conseguir la mínima estabilidad en su dirección. No obstante, ninguna de las dos partes fue lo bastante poderosa para vencer al adversario. Ni el presidente tuvo la suficiente fuerza para dar marcha atrás a las resoluciones y recuperar su dominio para imponer a un posible sucesor, ni el PRI fue capaz de obligar a Zedillo a aceptar a un gobernador como candidato. La historia es conocida. Hacia 1999 el equilibrio de fuerzas entre Zedillo y el PRI obligó a buscar un acuerdo que, al final, favoreció al presidente. La militancia del PRI auspició las precandidaturas de Roberto Madrazo y Manuel Bartlett, ambos gobernadores y protagonistas de enfrentamientos con el jefe del ejecutivo, y Zedillo, impedido para promover a un personaje de su equipo personal, apoyó al único funcionario posible, al secretario de Gobernación, Labastida. Aunque sus simpatizantes han querido presentarlo como un auténtico político, distinto de la élite tecnocrática que creó a Zedillo, Labastida es en realidad uno de sus más representativos miembros. Su carrera está vinculada estrechamente a Miguel de la Madrid, fundador de esa generación, una década antes de que éste se convirtiera en secretario de Programación y Presupuesto en 1979. Labastida siguió de cerca a De la Madrid desde Hacienda y siempre

como su subordinado. Cuando se convirtió en titular de la SPP , De la Madrid designó a Labastida subsecretario de Programación, puesto en el que terminaría el sexenio 1976-1982. Al comenzar el nuevo gobierno, Labastida sería secretario, pero no de la SPP , cuya titularidad no alcanzó ni siquiera para terminar el periodo cuando De la Madrid se convirtió en candidato presidencial, sino de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP ). Sus diferencias con Carlos Salinas, el secretario de la SPP y verdadero artífice de la política económica del sexenio, y los preparativos de la sucesión presidencial (su salida de la SEMIP abriría el espacio para que Alfredo del Mazo se convirtiera en un precandidato) llevaron a Labastida a la gubernatura de Sinaloa y con ella a obtener el vital cargo de elección popular. Será esta responsabilidad y la edad lo único que diferencie a Labastida de Zedillo. En rigor, ambos formaron parte de la misma élite que gobernó al país desde 1982, que compartió un proyecto económico y la misma distancia del PRI. La selección de Labastida está preñada de paradojas. Contra las reiteradas declaraciones de Zedillo sobre la autonomía del PRI, apoyó su postulación frente a los dos gobernadores, Madrazo y Bartlett. Aprendida la lección de la asamblea y reconocida la decisiva influencia de los gobernadores, cambió presidentes del CEN hasta encontrar a uno, González Fernández, que lograra convencer al resto de gobernadores para diseñar un mecanismo de selección que fuera controlado por ellos. Así se llegó a la elección primaria, organizada por distritos, según la cual quien obtuviera la mayoría de ellos ganaría la candidatura, al margen de la mayoría nacional. Fue la coincidencia de los gobernadores con el presidente lo que llevó a Labastida, miembro de su élite, a la candidatura presidencial que perdería el PRI en 2000.

LA RENUNCIA A LA AUTORIDAD Con mucha frecuencia Zedillo declaró que estaba comprometido con observar rigurosamente la ley y que su presidencia no rebasaría nunca los límites impuestos por la Constitución. Ni la insistencia ni menos aún los momentos en que expresó esa idea fueron obra del azar. En realidad su autoridad como presidente se vio seriamente cuestionada durante toda su administración. Desde principios de su gobierno y prácticamente hasta su fin, Zedillo fue criticado con severidad por su falta de voluntad y determinación, no sólo para intervenir políticamente sino para aplicar la misma ley que decía respetar. Durante su primer año, Zedillo enfrentó tanto las críticas como las demandas, veladas y directas, para que renunciara a la presidencia, en medio de una profunda impopularidad que se reflejaba claramente en las encuestas. Hacia diciembre de ese primer año, 69% de los entrevistados en una de las pocas encuestas que se aplicaron sistemáticamente a lo largo de toda la administración, señalaba que no confiaba en el presidente, y el promedio de calificación de su desempeño apenas alcanzaba 5.2.28 Es verdad que diciembre de 1994 y todo 1995 fueron meses de continuos problemas (el enfrentamiento con el gobernador Madrazo, la crisis económica de diciembre, el conflicto con el ex presidente Salinas por la encarcelación de su hermano Raúl) que encontraron a un presidente inexperto, pero en los años siguientes volvería a encarar crisis políticas solamente

con declaraciones de legalidad y apego constitucional, como los desafíos de los gobernadores Rubén Figueroa y Jorge Carrillo Olea, o ante el evidente asalto a la UNAM por un grupo de estudiantes y profesores que la paralizó cerca de un año y que cometió innumerables tropelías y delitos ante la impasibilidad del presidente. Al presentar su último informe de gobierno, Zedillo reiteró que se propuso “ejercer una presidencia democrática y republicana, rigurosamente atenida a […] la Constitución y las leyes” para lo cual renunció “a utilizar todo poder extraconstitucional antes asociado con la presidencia”.29 La idea puede completarse con una declaración de 1997 cuando señaló que quienes criticaban su falta de autoridad “están tratando de decir que el presidente no asume el protagonismo de otros tiempos”.30 Dicho en otras palabras, una intervención que no se ciñera ni explicara por las atribuciones legales era una manifestación de autoritarismo.31 Esta asociación sólo puede entenderse por el recuerdo del salinismo que persiguió a Zedillo durante todo su gobierno. Fue la extrema intervención del ex presidente Salinas en todos los asuntos y todas las demandas, lo que llevó a Zedillo a sustituir las facultades políticas de la presidencia por las atribuciones constitucionales. Zedillo supuso que cualquier medida política, normalmente nunca escrita en ninguna ley ni reglamento, pero útil para corregir desmanes y restaurar la estabilidad, era una arbitrariedad de la que debía apartarse. El resultado de esta equívoca convicción fueron la debilidad y las vacilaciones en el ejercicio de esa “presidencia democrática”. Al igual que ocurriera con el PRI, del que se alejaba o acercaba según lo requirieran sus programas de gobierno, intervino a discreción para conseguir algunos resultados políticos o se protegió en la Constitución para dejar correr otros problemas que podrían afectar su imagen democrática. El mejor ejemplo lo constituye el enfrentamiento con el gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, en diciembre de 1994. La elección estatal, que fue paralela a la presidencial de Zedillo, fue cuestionada sistemáticamente por el PRD y, siguiendo la estrategia empleada con Salinas, Zedillo fue presionado para negociar el resultado y la presencia de Madrazo. Las presiones se hicieron al ya presidente electo y se presentaron como una condición para que ese partido accediera a negociar una nueva reforma política que el presidente buscaba afanosamente. A esta petición se sumó también la renuncia de Eduardo Robledo Rincón, gobernador de Chiapas, igualmente cuestionada por el PRD pero en especial por la guerrilla recién surgida. De acuerdo con las evidencias disponibles, Zedillo aceptó removerlos para llevar al PRD a la mesa de diálogo, sin preocuparse mucho por las justificaciones constitucionales.32 En otros tiempos, en particular durante el salinismo, el objetivo se habría cumplido, pero precisamente por sus antecedentes y las circunstancias en que fue seleccionado Zedillo como candidato del PRI, la capacidad del ejecutivo federal para intervenir se vio limitada. Al tiempo que la Secretaría de Gobernación, encabezada por Moctezuma, retenía a Madrazo en el Distrito Federal y enviaba a funcionarios federales al congreso de Tabasco con la solicitud de licencia del gobernador, el PRI local logró organizar una revuelta social en contra de la medida que detuvo los intentos por removerlo. Madrazo y el PRI tabasqueño consiguieron anular al presidente demandando lo mismo que Zedillo había propuesto: el respeto a la ley, a la voluntad de los ciudadanos y a la soberanía de los estados. Paradójicamente, a Zedillo lo acusaban de continuar con las prácticas salinistas que removieron a varios mandatarios. Al final, sorprendido por la respuesta tabasqueña y por las acusaciones que lo ponían en el

mismo lugar que a su antecesor, Zedillo no pudo retirar a Madrazo y, por el contrario, su fracaso fortaleció al gobernador frente a la militancia priista. El caso de Madrazo es singular por varios motivos. El gobernador no sólo demostró tener un control indiscutible del PRI y la élite política locales, sino que advirtió tempranamente que el punto débil del nuevo presidente era su convocatoria a la legalidad que le ataría las manos para tomar decisiones políticas, necesarias pero siempre discutibles. Madrazo, en ese y otros casos (más tarde sería demandado penalmente por el PRD por exceso de gastos en su campaña, a lo cual respondió el gobernador con una controversia constitucional para determinar las facultades del ejecutivo federal para intervenir en el gobierno de Tabasco) siempre mantuvo una posición absolutamente apegada a la ley, lo que le permitió tanto mantener alejado al ejecutivo federal como criticarlo sin temer a una represalia política. Madrazo ganó la batalla y se convirtió en un ejemplo de liderazgo para el priismo, a grado tal que compitió por la candidatura presidencial del partido. El resultado fue demoledor para Zedillo, que fue considerado un presidente débil y temeroso.33 Al margen de las razones que motivaron el retraimiento del presidente, lo cierto es que el caso Tabasco sentó un precedente que fue oportunamente explotado por otros mandatarios, que lo mismo lo aprovecharon para imponer políticas alternativas a las federales (incluso favorables electoralmente al PRI), que para protegerse de la acción penal por la posible comisión de delitos. En el primer caso se encuentra el gobernador de Puebla, Manuel Bartlett, otro competidor en 1999 por la candidatura presidencial del PRI, que logró promulgar una ley estatal que distribuye de manera diferente los recursos federales entre los municipios y que resistió presiones del PAN y el ejecutivo para rectificar triunfos electorales. Si bien en esto último el éxito fue escaso, en la ley presupuestal fue total. En 1998 Bartlett propuso al congreso local, dominado por el PRI, una ley que haría posible distribuir los fondos federales asignados para enfrentar la pobreza de acuerdo no con el criterio presidencial del número de habitantes sino con el grado de pobreza de los municipios. No hay duda de que la medida afectaba al PAN porque los municipios más poblados son urbanos, donde crecen sus preferencias, y que favorecía las áreas rurales, más afines al PRI, pero tampoco podía cuestionarse que la medida atendía con más eficacia la pobreza al dirigirse a las zonas marginadas. Este hecho y la legalidad que consiguió ser apoyada por el congreso local, le dio a la ley una notable vigencia que fue reconocida por el propio ejecutivo federal mediante la Procuraduría General de la República, que no consideró la ley contraria ni a las leyes hacendarias ni a la Constitución. A la postre, esta declaración sería vital para que Bartlett ganara la controversia interpuesta por el PAN ante la Suprema Corte de Justicia. El mandatario poblano, lo mismo que el de Tabasco, se apegó a la ley para contravenir una disposición particularmente importante para el presidente, quien tuvo que resistir, una vez más, las presiones del PAN.34 Otros gobernadores desafiaron la autoridad presidencial pero no para presentar políticas alternativas sino para proteger sus intereses. El punto es que Zedillo igual se abstuvo de intervenir porque los mandatarios apelaron continuamente a la ley. La diferencia es que mientras en los casos de Tabasco y Puebla no se afectaba la estabilidad política sino tan sólo se contrariaban las medidas presidenciales, en los casos de Guerrero y Morelos la pasividad del ejecutivo alentó la ingobernabilidad de ambas entidades. En 1995 fueron asesinados por

policías estatales varios campesinos en un poblado de Guerrero cuando se dirigían a la capital del estado y en 1998 se comprobó la participación del procurador de Justicia y el director de la policía judicial de Morelos en varios secuestros. Si bien en ambos casos fue indudable la responsabilidad de funcionarios de los gobiernos locales, no se encontraron evidencias que comprometieran a los mandatarios Rubén Figueroa y Jorge Carrillo Olea, pero la presunción de partidos y organizaciones civiles de que los dos gobernantes al menos habían encubierto o tolerado los delitos, derivó en constantes exigencias para que renunciaran. Pese a la presión social, Figueroa y Carrillo Olea se negaron a presentarlas precisamente por la falta de evidencias legales que justificaran las separaciones. Tanto en uno como en otro caso se llegó a un punto muerto en el que era evidente la falta de justificaciones legales que obligaran a los retiros o que protegieran la intervención presidencial. La única solución debía provenir de la acción directa del presidente, una acción que en otros tiempos se aplicaba sin vacilaciones siempre que la estabilidad de los estados estuviera amenazada. Éste es, tal vez, el mejor ejemplo de cómo la presidencia podía intervenir institucionalmente no porque tuviera justificaciones legales sino porque la estabilidad política lo obligaba. En el caso de los poderes locales la ley presenta varias lagunas que, quizá con el propósito de proteger las soberanías de los estados, en realidad propician la arbitrariedad. El retiro de gobernantes solamente es posible mediante la desaparición de poderes o por la solicitud de licencia. El problema es que en el primer caso, el único que constitucionalmente permite la intervención de los poderes legislativo y ejecutivo federales, no se señala cómo, cuándo, quién y bajo qué criterios se establece la desaparición de poderes. Solamente cuando esta situación “existe” o, con mayor claridad, se reconoce por el Senado, el gobernador es retirado y el presidente propone al sustituto.35 Aunque la imprecisión jurídica permitió que los presidentes emplearan la ambigüedad para retirar a algunos mandatarios incómodos, a pesar de la facilidad que ofrecía, el recurso fue empleado con cautela porque presentaba serias fallas legales, a grado tal que desde los años setenta no volvió a utilizarse. Las renuncias quedaron como la única vía posible pero, formalmente, son voluntarias y por ende sólo el ejecutivo federal podía “convencer” a los mandatarios de su necesidad. Ésta es, evidentemente, una intervención política y no constitucional que quedó abierta al criterio de los presidentes. La falla legal, sin embargo, no justifica la pasividad del ejecutivo ante patentes muestras de ingobernabilidad que, por el contrario, en otros tiempos fueron las razones para remover gobernadores. De nuevo, el problema aparece por las prácticas de Salinas, quien, sin modificar la ley, se extralimitó al destituir mandatarios a su arbitrio. En rigor, para Zedillo el punto no estaba en las fallas legales, sino en las prácticas políticas de su antecesor de las que, obsesivamente, trataba de alejarse. En medio de esas confusiones, Zedillo recurrió a la formalidad jurídica y se negó a tomar decisiones que obligaran a Figueroa y Carrillo Olea a solicitar licencias. La negativa sólo produjo meses de tensión política en ambos estados paulatinamente puso el acento ya no en la responsabilidad de los mandatarios, sino en la parálisis presidencial, que respondía más al cuidado de su imagen comprometida con la ley que a la obligación de mantener la estabilidad. El temor de Zedillo de que sus actos fueran interpretados como arbitrariedades autoritarias lo llevó a extremos delicados. En Guerrero, por ejemplo, movido por la presión social, se apoyó

en el artículo 97 constitucional para solicitar a la Suprema Corte de Justicia una averiguación formal sobre los posibles delitos cometidos por el gobernador del estado. En el fondo, el presidente pretendía que la Corte le proporcionara el respaldo que justificara su intervención en el caso, pero los resultados fueron desastrosos porque los magistrados no encontraron más que presunciones y no evidencias sustantivas. El resultado fue el fortalecimiento del gobernador y el aumento de las críticas del presidente, y ahora al poder judicial, al que innecesariamente se le involucró.36 En sus vacilaciones el presidente Zedillo no dudó en comprometer a otros poderes con tal de que sus acciones no fuesen criticadas. En la espera de los recursos legales, Zedillo simplemente aguardó a que las protestas sociales obligaran a los gobernadores a presentar las licencias, lo cual finalmente ocurrió pero con un alto costo político no solamente para el país sino para la propia imagen del presidente que minaría más su autoridad. Ese mismo formalismo legal puso en peligro a la Universidad Nacional. Los asedios a la UNAM y la tradicional pasividad gubernamental merecen una investigación de largo aliento que por supuesto no se encuentra en este ensayo,37 pero el asalto que sufrió en 1999 sirve para completar las renuncias políticas del presidente Zedillo. En ese año, un grupo de estudiantes y profesores de evidente compromiso con la izquierda más radical y atrasada, que sólo podían encontrar refugio en los pasillos universitarios, paralizó la universidad demandando la anulación de todo tipo de cobros por inscripción, trámites, servicios, equipo y materiales; el irrestricto pase automático; el respeto a la permanencia indefinida en las carreras universitarias y la realización de un congreso donde los huelguistas decidieran una nueva legislación para la universidad. Peticiones todas racionalmente inaceptables. Ante la incapacidad legal y material de la UNAM para defenderse de este tipo de atentados, como siempre ha ocurrido, tuvo que esperar la única solución posible, que debía imponerla el gobierno federal. En 1999 no se trataba de un conflicto estrictamente universitario, académico, sino de la comisión de delitos evidentes, perseguidos de oficio. No obstante, el presidente se mantuvo, una vez más, al margen de los acontecimientos a pesar del daño que se provocaba a la institución. El formalismo y las vacilaciones también aparecieron en este caso. En agosto de 1999 el presidente declaró que podría recurrirse al uso de “medios legítimos del Estado” para poner fin a la intransigencia de los huelguistas, pero para hacerlo esperaría “el preciso mandato democrático de la mayoría universitaria”, es decir, de nuevo la búsqueda de justificaciones y protecciones sociales a su obligada responsabilidad. Aun así, Zedillo no mantuvo su propuesta. Un mes después se negaría a hacerlo porque la aplicación de la ley “implícitamente incluiría la represión”. Para él, pese a sus declaraciones, la solución al conflicto tenía que ser “política”, es decir, al margen de la ley.38 Sólo cuando las autoridades universitarias organizaron una consulta abierta a toda la comunidad, que contundentemente reprobó la huelga, el presidente Zedillo aceptó desalojar a los huelguistas. Puede pensarse que Zedillo fue en extremo celoso de cumplir con la ley y apartarse de los abusos de sus antecesores, especialmente de Salinas. Puede pensarse, más aún, que su pasividad no fue más que una estrategia que cumpliera con un proyecto claro de modernidad política. Sin embargo, sobran ejemplos de cómo intervino cuando lo consideró necesario sin detenerse a pensar en el marco constitucional. Naturalmente que existe otra interpretación: la

inexperiencia política de Zedillo, su denodado esfuerzo por tomar distancia de Salinas, su manifiesto desagrado con el PRI y los políticos, así como su temor a usar las facultades institucionales de la presidencia lo llevaron al formalismo legal y a la manifiesta ineficacia presidencial para resolver conflictos y, por encima de todo, a imponer una conducta racional y objetiva a su administración. El apego jurídico fue más bien una manera de justificar la debilidad de un mandatario y su falta de objetivos.

LOS SALDOS DE UNA PRESIDENCIA VACILANTE Eficacia, dice Berlin, es lo que caracteriza a un buen político. López Portillo diría al final de su mandato que tarde comprendía que lo importante para el juicio de un presidente no son las intenciones sino los resultados. En el caso de la presidencia de Zedillo la evaluación a largo plazo parece favorecerlo como un hábil y juicioso mandatario que condujo al país a la democracia y la modernidad. Entre sus indiscutibles logros pueden contarse la exitosa reforma electoral que, sin detenerse en algunos errores de diseño, dotó al IFE de credibilidad e imparcialidad que serían decisivas para abrir la puerta a la alternancia; la voluntaria renuncia a nombrar al procurador general de la República, que desde 1995 es designado por la Cámara de Senadores a propuesta del ejecutivo, medida con la cual no sólo el presidente perdió una facultad directa sino que permitió que el Congreso tomara parte en la designación de al menos un miembro del gabinete, y la iniciativa, también de 1995, con la que Zedillo promovió la reforma del poder judicial para que fuera el Consejo de la Judicatura y ya no la Suprema Corte de Justicia el órgano rector que designara a los ministros de circuito y de distrito. Decisiones que, sin lugar a dudas, liberalizaron algunas instituciones y rompieron diversos condicionamientos que, directa o indirectamente, aumentaban el poder discrecional del presidente. Si todavía hubiera alguna duda acerca de ese inicial juicio sobre el desempeño de Zedillo, bastaría recordar el 2 de julio de 2000 que atestiguó la derrota histórica del PRI y la esperada alternancia. Sin embargo, estos aciertos no eliminan las diversas sospechas que un recuento detallado de su administración deja acerca de su real compromiso y, sobre todo, de la claridad de su proyecto y la voluntad para llevarlo a cabo. En realidad, su presidencia estuvo preñada de vacilaciones, de renuncias conscientes y en especial de un, a veces, obsesivo deseo no de alcanzar la alternancia como fin democrático sino de mostrarse ajeno al priismo y al salinismo. Aunque parecen iguales, uno y otro objetivos son distintos. La alternancia no resultó de la voluntad presidencial sino que fue el punto de llegada de un largo proceso de cambio que abrió paulatinamente el poco flexible sistema político. Pero también fue resultado de la descomposición de algunas instituciones del mismo sistema, de su élite tradicional y, paradójicamente, de la tecnocrática que la desplazó; del presidencialismo en apariencia omnipotente que todo resolvía y de otras instituciones que en conjunto servían para regular los conflictos sociales. Lo interesante es que esto último no siempre respondió a las demandas sociales sino que fue resultado de la inexperiencia de la élite que se apoderó del gobierno en 1982.

El azar de la política hizo a Zedillo el candidato del PRI y las elecciones y el voto ciudadano lo llevaron a la presidencia. Zedillo no fue un candidato preparado para esa empresa y por eso no pudo diseñar un programa de gobierno consistente. En realidad gobernó, al igual que su antecesor, con rigor en la economía pero sin claridad en la política. En ella se condujo no por convicciones sino por definiciones basadas en su experiencia inmediata en las que la política no tenía muchas bases. En ocasiones ocupó el papel del actor pricipal, impuso condiciones y desarrolló estrategias, pero en muchas otras simplemente fue un espectador que dejó hacer y pasar aun cuando él mismo resultara perjudicado. Al final actuó como un presidente contenido, que renunció a sus facultades institucionales para no ser acusado de arbitrario, pero que no pudo resolver los serios problemas que se presentaron durante su administración ni tampoco renovar la élite de la cual surgió. La crisis del sistema político que llevó a la derrota del PRI fue alimentada por muchos factores, las más de las veces ajenos a la voluntad de los gobiernos. Con todo, puede observarse una diferencia notable entre las medidas tomadas cuando las presiones sociales aparecieron en las décadas de los sesenta y setenta, y las que tomó la generación tecnocrática. En los primeros casos los dirigentes eran convencidos priistas que promovieron cambios que paulatinamente abrirían el sistema político y en los que siempre el PRI fue un instrumento para fijar el rumbo. Pero a partir de 1982 la nueva élite fue mucho más voluntariosa que la anterior porque creyó que la simple aspiración a la modernidad permitiría conseguirla. Esa generación tuvo más deseos que objetivos políticos y por eso no logró nunca diseñar un plan que pudiera consistentemente alcanzar las metas deseadas. Sus acciones en política fueron coyunturales y en ellas ni el PRI ni las instituciones básicas del sistema político fueron consideradas partes útiles para promover el cambio. Por el contrario, fueron vistos como obstáculos que se debían destruir y no necesariamente sustituir. En realidad, la generación que tomó el poder en 1982 y de la cual la presidencia de Zedillo, en un ejemplo destacado, contribuyó al cambio más por los errores cometidos como resultado de su inexperiencia y sus prejuicios, que por deliberado propósito. En la crisis sistémica que llevó a la alternancia, la administración de Zedillo fue una parte sustantiva, no un factor que determinara el proceso. CUADRO 1. Gabinete de Ernesto Zedillo

CUADRO 2. Secretarías con más de un titular

CUADRO 3. Gabinete. Cambios por año

* Este trabajo fue publicado primero en Foro Internacional, núm. 171 (enero-marzo de 2003), pp. 39-70. Se reproduce aquí con el amable permiso del autor y del director de dicha revista, doctor Carlos Alba Vega. 1 Weber, 1999; Berlin, 1998. 2 Berlin, 1998, p. 96. 3 Salinas, 2000, p. 944. No es clara la relación entre Aspe y Zedillo porque sus carreras no tuvieron relaciones directas. Es probable que influyera en ellas José Córdoba, para entonces director general de Política Económica y Social de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) y cercano colaborador de Salinas, o Leopoldo Solís, con quien trabajara Zedillo en el banco central desde sus años de analista. 4 Miguel de la Madrid, entrevista con Jorge G. Castañeda, en Castañeda, 1999, p. 226. El mismo Castañeda llega a esa conclusión basado en otros testimonios. Ibidem, p. 468. 5 Los detalles son elocuentes: Salinas removió a 17 mandatarios, la cifra más alta en la historia moderna del país, sólo superada por Lázaro Cárdenas en 1935 en su conflicto con Calles. Con esas medidas se afectaron 12 entidades, cinco de ellas en dos ocasiones. Hernández Rodríguez, 1994. 6 El periodo de Carlos Salinas está analizado en varios ensayos, en particular en el ejemplar especial de Foro Internacional, núms. 143-144, enero-junio de 1996, y en Prud’homme, 1999. 7 Zedillo, 2000. 8 Salinas, 2000, p. 889; Castañeda, 1999, p. 468. 9 Salinas, 2000, p. 760; Castañeda, 1999, pp. 297-298. 10 Castañeda, según el testimonio de algunos colaboradores de Colosio y de su viuda, concluye que no fue él quien pensó en Zedillo sino que fue una sugerencia de José Córdoba que Colosio aceptó porque sabía de las buenas relaciones que el secretario de Educación Pública mantenía tanto con Córdoba como con Salinas y que le serían útiles para desarrollar sin contratiempos su campaña. Ibidem. p. 484. 11 Salinas, 2000, p. 919; Castañeda, 1999, pp. 492-495, 516. 12 La trama de esta singular historia se encuentra en Pichardo, 2001, pp. 219-307. 13 Ibidem, pp. 80-81. 14 Smith, 1981; Camp, 1984; Hérnández Rodríguez, 1985. 15 Zedillo confirmaría esto último a fines de 1995, en medio de fuertes críticas a su desempeño presidencial. En una larga entrevista diría que la designación de Lozano respondió a la crisis de credibilidad que padecía la Procuraduría General de la República después de los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu, que algunas hipótesis presumían provocados por el sistema; por las críticas de Mario Ruiz Massieu, subprocurador, fiscal especial y hermano de José Francisco, y porque nadie creía en la imparcialidad del PRI (Ernesto Zedillo, entrevista con Fidel Samaniego, Joaquín López Dóriga, León García Soler, Raúl Trejo, Jorge Fernández, Elena Gallegos y Sergio Sarmiento, El Universal, 6 de octubre de 1995). El experimento fue un fracaso porque además de las críticas que desató ese nombramiento, Lozano sería removido por el propio presidente Zedillo en 1996 después del escándalo de la osamenta encontrada en una propiedad de Raúl Salinas, que más tarde se comprobaría fue enterrada deliberadamente por funcionarios bajo las órdenes directas del procurador, con el fin de encontrar una prueba contundente en contra del hermano del ex presidente. 16 En realidad tres, si se toma en cuenta que Carlos Ruiz Sacristán, el relevo de Ortiz en Comunicaciones y Transportes (quien a su vez sustituyó a Serra Puche en Hacienda), era desde el 1° de diciembre director general de Pemex. 17 Aunque no es el tema central de este ensayo no puede dejarse de anotar que el llamado “error de diciembre” se convirtió en un tema obsesivo para el gobierno de Zedillo con el que intentó por todos los medios responsabilizar al gobierno de Salinas de la crisis económica y con ello evitar las críticas a su administración. Las declaraciones oficiales provocaron respuestas tanto del ex presidente como del que fuera secretario de Hacienda en ese periodo, Pedro Aspe, que demostraban que independientemente de las dificultades económicas, tanto Zedillo como su secretario de Hacienda, Serra Puche, conocían las alternativas para controlarlas y evitar la crisis. Salinas, 2000, pp. 1071-1174, y Pedro Aspe, carta publicada simultáneamente en el Wall Street Journal y El Economista, 14 de julio de 1995. 18 Sería más amplio si se consideraran otros cargos fuera del gabinete como Pemex (Ruiz Sacristán), el Banco de México (Ortiz), o el PRI (González Fernández y Palacios Alcocer). 19 Zedillo, 1995. 20 Pichardo, 2001, p. 77. 21 Ibidem, p.78. 22 Ibidem, pp. 202-204. 23 El discurso, resumido, aparece en el libro de Pichardo, 2001, pp. 205-207. 24 Prud’homme, 1998, y Schedler, 1999. 25 Declaraciones de Santiago Oñate, presidente del PRI, El Universal, 1° de junio de 1996. 26 PRI, Estatutos, 1990 y 1996. Esa participación alcanzó al propio CEN, que incorporó a los mismos cinco gobernadores como secretarios regionales, encargados de coordinar los trabajos de los comités directivos estatales.

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Ward y Rodríguez, 1999. Grupo Reforma, encuesta trimestral, Reforma, 1° de marzo de 1999. Aunque la confianza en el presidente se elevó, en especial durante 1997, en su último año apenas confiaba en 37% de los entrevistados. La calificación a su desempeño solamente en algunas coyunturas rebasó el promedio de siete y se mantuvo en 6.6. 29 Zedillo, 2000. 30 El Universal, 6 de enero de 1997. 31 Así lo interpretó Emilio Chuayffet, secretario de Gobernación en junio de 1996, cuando defendió al presidente de las críticas sobre la falta de su liderazgo diciendo que en realidad extrañaban “el viejo presidencialismo autoritario”. El Universal, 7 de junio de 1996. 32 Así lo reconocieron Jesús Ortega, coordinador de la diputación federal del PRD, y más tarde el mismo Andrés Manuel López Obrador, principal opositor de Madrazo. El Universal, 19 de enero de 1995 y Novedades, Villahermosa, Tabasco, 7 de mayo de 1995. 33 Eisenstadt, 1999. Para el PRD fue otra razón la que llevó a Zedillo a rectificar. Los gastos de campaña del gobernador formaron parte de los que se emplearon, mayoritariamente, en la campaña del mismo Zedillo, de tal forma que la aceptación del exceso en los gastos autorizados por el IFE invalidaría no sólo la elección para el gobernador. Para el PRD Zedillo se protegía al permitir que Madrazo continuara en el poder. 34 Vanderbush, 1999. 35 González Oropeza, 1987. 36 El artículo 97, si bien permite la participación del poder judicial, no deja de tener lagunas que cuestionan su legalidad. Un análisis del artículo y de la convocatoria de Zedillo se encuentra en Arroyo Moreno, 1977. 37 Existen, sin embargo, valiosos análisis, como los de García Cantú, 1988 y 1987. 38 Discursos del 27 de agosto y 29 de septiembre de 1999, El gobierno mexicano, Presidencia de la República, México, núms. 57 (agosto) y 58 (septiembre), 1999, pp. 74 y 70, respectivamente. 28

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ÍNDICE ONOMÁSTICO Y TEMÁTICO

Acta de Chapultepec: 240 Acta de San Agustín Yataremi: 100 Acevedo, Jesús: 100 Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT): 241, 255, 406, 441 Acuña, Jesús: 75n-76 Agencia para el Desarrollo Internacional (AID): 313 Agua Prieta, Plan de: véase Plan de Agua Prieta Agua Prieta, rebelión de: 83-84, 88, 90, 94-95, 99, 101, 137, 140, 154, 163n, 177n Aguascalientes: 117, 437n Aguascalientes, Convención de: véase Convención de Aguascalientes Agüeros, Victoriano: 32n Águila (de Huerta), Emilia: 52, 92, 340 Aguilar, Cándido: 69n, 77n, 121n, 200 Aguilar, Higinio: 69n, 71 Aguilar Camín, Héctor: 428n Alducín, Rafael: 346 Alegría, Rosa Luz: 399 Alemán Valdés, Miguel: 185n, 201-202n, 203, 211-212, 217, 219, 225, 229-261, 267, 269273, 281, 283-285, 302, 317, 335, 340, 347, 466-467 Alemania: 82-83, 144, 164n, 171, 218-219, 309, 328 Alessio Robles, Vito: 103, 166-167 Alianza de Partidos Socialistas: 152 Alianza para el Progreso (Alpro): 312-313 Alianza para la Producción: 370, 373-375 Almada, Pedro J.: 177 Almazán, Juan Andrew: 97, 168, 174, 192, 199, 215-217, 304 Altamirano, Manlio Fabio: 164n Alvarado, Salvador: 77, 91, 95, 135, 138, 155 Álvarez del Castillo, Enrique: 429n-430 Amaro, Joaquín: 116n, 147, 167, 173n-174, 176, 178, 192, 215-216 América Latina: 108, 110, 125, 131, 172, 187, 218, 224, 239, 240-241, 245, 255n, 292, 293, 309, 312, 314, 316, 328, 356, 367, 395, 403n, 416 anarquismo, anarquistas: 35, 74, 90, 126 Ángeles, Felipe: 41, 59, 68, 74, 116

Anguiano Equihua, Victoriano: 185n antirreeleccionismo: 29-31, 41, 67, 79n, 152, 164 Antirreeleccionista, El: 32 Araoz, Manuel: 34n Arenas, Cirilo: 70, 74 Arenas, Domingo: 70, 74 Argentina: 62, 239, 321, 402 Arroyo, Románico: 466 Asociación de Banqueros de México (ABM): 258 Asociación de Protección a la Infancia: 349 Asociación del Niño Indígena: 344 Asociación Pro Nutrición Infantil: 348 Aspe, Pedro: 428n-429, 448-449, 461-462, 468n Ávila Camacho, Manuel: 153, 184, 201, 205, 211-226, 229-230, 232, 234, 242, 246, 253, 267, 272n, 275, 283-284, 297, 340, 346-347 Ávila Camacho, Maximino: 211 Ayala, Plan de: véase Plan de Ayala Baca Calderón, Esteban: 137 Baja California: 101-102, 139, 170, 275n, 433, 451 Bajío: 115-117 Banco Interamericano de Desarrollo (BID): 308, 404 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF): 241, 250 Banco de Londres y México: 80 Banco de México: 130, 145-146, 156, 224, 243n, 245n, 254n, 372, 385-387, 397, 439n, 461, 464, 466, 469n Banco Mundial: 308, 403n-405, 406n Banco Nacional de México: 80 Banco Nacional de Comercio Exterior: 243n Banco Nacional de Crédito Ejidal: 146, 199 Barragán, Juan: 73, 77n, 95, 123 Barros, José: 58 Barros Sierra, Javier: 327, 332 Bartlett, Manuel: 276, 398, 401, 415, 429n-430, 474, 477-478 Basave del Castillo Negrete, Carlos: 80 Basave y Piña, Agustín: 97 Bassols Batalla, Narciso: 111, 114, 124, 193n Batallones Rojos: 119 Baz, Gustavo: 229n Becerra Fabre, Rómulo: 59

Beltrán Joaquín: 55 Bernal, Francisca: 137 Beteta, Mario Ramón: 433 Beteta, Ramón: 192, 198, 239, 249 Blanquet, Aurelio (Aureliano): 44-45, 59-60, 62, 71-72 Bonilla, Javier: 467 Bonilla, Manuel: 34, 59 Bonillas, Ignacio: 68n, 84n, 123n, 140, 177n Borja de Díaz Ordaz, Guadalupe: 340, 351, 358 Bracho, Francisco: 59 Brady, Plan: véase Plan Brady Braniff, Óscar: 34n Brasil: 62, 165, 321, 402 Bravo, Carlos: 100 Bravo, Ignacio: 59 Breceda, Alfredo: 68n, 73n, 77n Brezhnev, Leónidas: 321 Bucareli, tratados de: véase Tratados de Bucareli Bulnes, Francisco: 32n Cabal Peniche, Carlos: 437 Caballero, Luis: 77n Cabrera, Alfonso: 77n Cabrera, Luis: 34, 38, 43, 56, 68, 77n, 79-80, 122, 125, 191, 198 Cajeme: 126n Cal y Mayor, Rafael: 98 Calderón, Enrique: 229n Calles, Hortensia: véase Elías Calles, Hortensia Calles, Plutarco Elías: véase Elías Calles, Plutarco Calles, Rodolfo: véase Elías Calles, Rodolfo Camacho Solís, Manuel: 398, 428-429, 432, 449-451 Cámara Americana de Comercio de México (Camco): 258 Cámara de Diputados: 31-32, 55-59, 61-62, 76, 81n, 136, 155, 167, 169, 175-176, 305, 334, 345, 369, 411-413, 446 Cámara Obrera: 88 Cámara de Senadores: 54-56, 59-62, 90, 124n, 167, 169, 176, 411, 446, 479, 481 Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México: 244n Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra): 222, 235n, 244n, 256260, 442n Campa, Valentín: 319, 322

Campeche: 59, 90, 165n, 170, 275n Campillo Seyde, Arturo: 167n Canadá: 222 Cananea: 35, 112, 114, 116 Cantú, Esteban: 101-102 Cantú, José: 102 Capistrán Garza, René: 136 Carabias, Julia: 466-467 Cárdenas, Cuauhtémoc: 184, 189, 273, 394n, 413n-415, 421, 425-426n, 429-431, 433-434, 446n-447 Cárdenas, Lázaro: 101, 108-109, 150, 153, 156, 163n, 168, 173-174, 176-177, 181-208, 211217, 225, 230n, 267, 271-272n, 275n, 283-284, 289, 292, 296, 304-305, 315, 317-318, 340, 344-345, 347, 397n, 425, 438, 449, 463n Carpizo, Jorge: 428n Carranza, Venustiano: 38, 43, 63, 67-84, 87-89, 91-92, 95, 99-100, 107-108, 114-115, 118124, 126-127, 135, 138-141, 153, 155, 171n, 182, 231n, 272, 341 Carrasco, Diódoro: 466 Carrillo Olea, Jorge: 475, 478-479 Carrillo Puerto, Felipe: 121 Carrión, Jorge: 319 Carta de las Américas: 240 Carter, James: 416 Carvajal, Francisco S.: 62 Casa Amiga de la Obrera: 342 Casa del Estudiante Indígena: 148 Casa del Obrero Mundial: 35, 116, 119-120, 125 Casals, Pablo: 193n Casas Alemán, Fernando: 272 Caso, Andrés: 429n Caso, Antonio: 125 Casso López, Arnoldo: 40 Castillo, Francisco: 229n Castillo, Heberto: 318 Castillo Calderón, Rafael del: 52 Castillo Lanz, Ángel: 165n Castro, Cesáreo: 68n-69n Castro, Fidel: 293, 298, 309, 314-315 Castro, Jesús Agustín: 95, 98 Castro, José Agustín: 229n caudillismo: 29, 38, 43, 83, 107-108, 110-111, 113, 117, 123-124, 135, 141-142, 144-145,

152, 163, 181, 193 Ceceña, José Luis: 319 Cedillo, Magdaleno: 42, 70, 74, 91, 95 Cedillo, Saturnino: 42, 70, 95, 174-175, 181, 191-193, 197, 199 Cejudo, Roberto F.: 97 Central Campesina Independiente (CCI): 304 Cervera Pacheco, Víctor: 429n-430, 437 científicos: 29-30, 38-39, 67, 78-79 Ciudad Juárez, Tratados: véase Tratados de Ciudad Juárez Ciudadela, Pacto de la: véase Pacto de la Embajada Clayton, Plan: véase Plan Clayton Clouthier, Manuel J.: 415 Club Liberal Benito Juárez: 100 Coahuila: 42, 67, 76n-78, 82, 96, 107, 138, 235n Coldwell, Pedro Joaquín: 429n-430n Colima: 152, 276 Colombia: 321, 416 Colosio, Luis Donaldo: 428-429, 431, 434, 438, 445, 447-449, 451, 461-465, 467n, 469, 472 Columbus (Nuevo México): véase expedición punitiva Comisión Económica para América Latina (CEPAL): 245 Comisión Federal Electoral: 273 Comisión Federal de Vigilancia Electoral: 231 Comisión Nacional Agraria: 34, 79 Comisión Nacional de Precios: 243n Comisión Nacional Tripartita: 372 Comité de Ayuda a los Niños Españoles: 344 Comité Internacional de Banqueros con Intereses en México: 129, 169n Comité Mexicano-Norteamericano de Hombres de Negocios: 258 Comité Nacional de Protección a la Infancia: 170, 342 Comité Unificador de Trabajadores de la Industria Eléctrica Pro Almazán: 216 Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo): 374, 385 Confederación de Cámaras Industriales (Concamín): 244n, 253n-254n, 256, 258-260 Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco): 243n, 256-259 Confederación de Clase Media: 216 Confederación General del Trabajo (CGT): 90, 221 Confederación Nacional Campesina (CNC): 199, 229, 411n-412 Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP ): 229, 411n-412 Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex): 254n, 258-259, 379 Confederación Proletaria Nacional (CPN): 221-222 Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM): 82, 90, 120, 140, 146-147, 199n, 221-223

Confederación de Trabajadores de México (CTM): 198-199, 207, 217, 221-223, 229-231, 234, 270, 286, 310, 371, 380, 411n-413 Conferencia de Bogotá: 240 Conferencia de Chapultepec: 239, 255 Conferencia de La Habana: 240, 255-256n Conferencias de Niagara Falls: 62 Conferencia Panamericana de Montevideo: 255 Conferencia de Río de Janeiro: 240 Congreso: 56, 60, 74-75, 87, 90, 135, 141, 144, 155-156, 163, 198, 243, 267, 274, 283, 330, 332, 393-394, 410-411, 413, 420, 425-426, 436, 470, 471 Congreso Constituyente: 75-76, 118, 120, 128, 163, 169, 171n, 173-178 Congreso del Trabajo: 371, 380 Consejo Coordinador Empresarial (CCE): 371, 388, 439, 441n Consejo Estudiantil Universitario: 325 Consejo Nacional de Hombres de Negocios: 379 Consejo Obrero Nacional: 221-222 Constitución: 31, 56, 58, 60, 67, 74-75, 128, 186, 193, 213, 232, 253, 255, 295, 297, 310, 410-411, 446, 463 Constitución de 1857: 33, 56, 99, 112, 114 Constitución de 1917: 69-70, 75, 79, 81-83, 88, 100, 118, 122, 128, 132, 140, 149-151, 177, 244, 267, 315, 472, 475-476, 478 constitucionalismo, constitucionalistas: 49, 62-63, 68, 70-72, 78, 95, 107, 114-115, 119, 139140 Convención de Aguascalientes: 117-118 convencionistas: 68, 74, 78-79n Coolidge, Calvin: 150 Coordinación General del Plan de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar): 379, 385 Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior: 441n-442n coras: 89 Cordero de De la Madrid, Paloma: 340, 357-358 Córdoba Montoya, José: 428n-429, 449n, 461n, 464n Corona del Rosal, Alfonso: 330 Corral, Ramón: 30, 112 Corriente Democrática: 425, 430 Coss, Francisco: 68n Cossío Robelo, Francisco: 69n Cravioto, Alfonso: 68n, 75n cristeros: véase guerra cristera Cruz Roja Mexicana: 356, 362

CTM: véase Confederación de Trabajadores de México

“Cuadrilátero, El”: 32n, 56, 59 Cuba: 95, 122, 128, 207-208, 298, 309, 311-312, 314, 323 Cuéllar, Rómulo: 59 Cueto Ramírez, Luis: 331-332n Cueva, Mario de la: 397 Chacón, Saúl: 321 Chacón de Calles, Natalia: 137, 155, 340-342 Chávez, Ignacio: 325-327 Chávez García, José Inés: 70, 74 Chiapas: 59, 72, 95, 98, 99, 148, 195, 197, 361, 450-451, 460, 463, 471, 476 Chihuahua: 30, 35, 41-42, 52, 54, 69, 96, 114-115, 118, 121, 127, 185, 235n, 276, 321, 419, 437n Chile: 62, 321 Chirinos, Patricio: 428-429, 437n Christlieb Ibarrola, Adolfo: 305 Chuayffet, Emilio: 476n Daniels, Josephus: 192, 194n Danzós, Ramón: 328n Dato, Gustavo: 103 Dávila, José Inés: 72, 74 De la Huerta-Lamont, tratado de: véase Tratado De la Huerta-Lamont Decena Trágica: 50, 55, 97, 138 deuda: 79, 91-92, 104, 126, 128-130, 145-146, 149, 169, 402, 404-405, 407, 415, 439-440, 442-443, 452 Diario de la Tarde: 34n Díaz, Félix: 39, 44-45, 49-50, 56, 60, 69n, 71, 92, 97-98, 100 Díaz, Porfirio: 29-31, 33, 36-39, 41-42, 45, 50-52, 54, 59, 63, 67, 91, 97, 112, 137, 182, 186, 189n, 193n Díaz Babío, Francisco: 165n, 169, 174 Díaz Lombardo, Antonio: 254n Díaz Mirón, Salvador: 30n Díaz Ordaz, Gustavo: 202n-203, 289-335, 340, 467 Díaz Serrano, Jorge: 400 Diéguez, Manuel M.: 137 DIF: véase Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Distrito Federal: 33, 55, 59, 63, 87, 100-101, 107, 115, 118-119, 122, 124, 137, 273, 313314, 316n, 321, 348, 356, 408, 410n, 413-414, 438n, 449, 464, 476

División del Norte: 63, 96, 115 Doctrina Carranza: 83 Doctrina Estrada: 172 Doctrina Mann: 312 Doctrina Monroe: 172 Dohehy, Edward: 128 Domínguez, Belisario: 56, 59-60 Dr. Atl: véase Murillo, Gerardo Durango: 35, 42, 98, 114-115, 321, 324, 435n Duret, Fernando: 34n Echeverría Álvarez, Luis: 201-202n, 294-295, 320, 327, 330, 335, 340, 368-369, 371-373, 402, 443, 467 Eisenhower, Dwight D.: 266, 312 Ejército Constitucionalista: 114, 116, 118, 126, 138, 163n Ejército del Noroeste: 87, 114, 118 ejército federal: 39-45, 52-53, 55, 59-60, 69-71, 73-74, 76, 81, 84, 87, 89, 91, 101-103, 163n, 195, 215, 274, 333, 410n, 462 Ejército Libertador del Sur: véase Ejército zapatista Ejército pelaecista: 71 Ejército villista: 67, 69, 96, 115-117 Ejército zapatista: 63, 67, 69, 88, 115 Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN): 450 Elías Calles, Hortensia: 342, 352 Elías Calles, Plutarco: 87-88, 97, 102-104, 108-109, 114, 116n, 121n-122, 131, 135-159, 163n-164, 166-168, 170-175, 177-178, 181-182, 184-186, 192-194, 196-197, 200, 202, 204, 206n, 213, 221, 340, 342, 352, 449, 463n Elías Calles, Rodolfo: 197 Embajada, Pacto de la: véase Pacto de la Embajada Empacadora, Plan de la: véase Plan de la Empacadora Enmienda Pani: véase Tratado Pani-Lamont España: 171 Espinosa Mireles, Gustavo: 77n, 82 Esquivel Obregón, Toribio: 79n Estado de México: 90, 165n, 275, 433-434, 446n Estados Unidos: 43, 62, 71, 82, 91-95, 96, 101, 109, 112-114, 127-128, 131, 136, 138, 141142, 149-150, 153, 155-156, 164n, 171-172, 186, 192, 198, 201, 206-208, 214, 217-218, 222-225, 239-243, 252, 255, 258n, 266, 289, 293, 295, 297-298, 303, 307-309, 311-314, 316, 321, 324, 328-329, 340-341, 345-347, 351, 356, 367, 371, 373, 384, 389, 395-396, 406, 415-418, 420-421, 428, 441, 449, 453-454n

Estrada, Genaro: 171-172, 174 Estrada, Roque: 135 Estrada Cajigal, Vicente: 175 Europa: 38, 82-83, 95, 109, 155-156, 164n, 167, 218, 224, 240, 266, 286, 309, 340, 344, 350, 367, 389, 441 Excélsior: 279, 346 expedición punitiva: 68-69, 72, 127 Export-Import Bank: 218 expropiación petrolera: 186, 200, 205, 213-214, 217-219, 289, 345 Fabela, Isidro: 32n-33n, 56, 68 Farell Cubillas, Arsenio: 401, 429n-430, 466 Farías, Luis M.: 305, 325, 330 Federación de Partidos del Pueblo (FPP ): 230, 273 Fernández, José Diego: 59 Fernández Ruiz, Tiburcio: 72, 98-99 Ferrocarriles Nacionales: 52, 79n-80, 124, 146, 169n, 198, 213, 219-220, 243n, 310 Figueroa, hermanos: 40 Figueroa, Rubén: 437, 475, 478-479 Filippi, monseñor: 151 Flores, Ángel: 135-136, 139, 151, 155 Flores, Daniel: 167n Flores Magón, hermanos: 32n, 125 Flores Magón, Ricardo: 29, 125 Flores Muñoz, Gilberto: 275n Flores Olea, Víctor: 319 Fondo Monetario Internacional (FMI): 371-372, 380, 386, 404-406n Fondo Nacional de Reconstrucción: 358 Fondo Nacional para Actividades Sociales (Fonapas): 356 Fox Quesada, Vicente: 201-202n Francia: 171-172n, 321 Frente Constitucional Demócrata Mexicano: 216 Frente Democrático Nacional (FDN): 414, 426n, 430 Frente Electoral del Pueblo (FEP ): 305 Frente Pro Almazán: 216 Fuente, Juan Ramón de la: 466-467 Fuentes, Carlos: 319 Funston, Frederick: 127

Gabay, Pedro: 97 Gamboa, Emilio: 428n, 449n Gamboa, Federico: 58 Gamio, Manuel: 125 Gámiz, Arturo: 321 García, Bartolomé: 164n García Aragón, Guillermo: 189 García Barragán, Marcelino: 331 García Cabral, Ernesto: 32n García Contreras, Benito: 174n García López, Agustín: 254n García Naranjo, Nemesio: 32n, 49, 54, 56, 58 García Paniagua, Javier: 400 García de Portes Gil, Carmen: 340, 342 García Robles, Alfonso: 289 García Vigil, Manuel: 75n, 81n, 100 Garrido Canabal, Tomás: 195, 197 Garza Aldape, Manuel: 61 Gasca, Celestino: 90 GATT: véase Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio Gavin, John: 418-419 Gaxiola, Javier: 176 Gayol, Roberto: 34n Gillow, Eulogio: 347 Gómez, Arnulfo R.: 101, 152-154 Gómez, Marte R.: 165n, 167n, 229n, 275n Gómez, Pablo: 321 Gómez, Salvador: 59 Gómez Maganda, Alejandro: 276 González, Abraham: 30, 42 González, Manuel: 52 González, Pablo: 43, 68, 91, 103, 114, 121n-122, 127, 140, 340 González, Porfirio: 116 González Avelar, Miguel: 398 González Casanova, Pablo: 319, 327 González Fernández, José Antonio: 466, 469n, 474 González Gallo, Manuel: 276 González Garrido, Patrocinio: 429n-430, 449n González Garza, Roque: 68 González Lugo, José: 276

González Luna, Efraín: 271 González Pedrero, Enrique: 327-328 González Salas, José: 42 González Torres, José: 305 Grajales, Francisco J.: 114 Gran Bretaña: véase Inglaterra Gran Liga Obrera Mexicana: 36 Granados, Otto: 437n Grupo Pagliai-Alemán-Azcárraga: 253n Guajardo, Guillermo: 260n Gual Vidal, Manuel: 254n Guanajuato: 90, 114-115, 117-118, 151-152, 167n, 434 Guatemala: 170, 202n, 208, 310, 312, 321 guerra cristera: 145, 149, 151, 170, 195, 215 Guerra, Donato: 51 Guerra Fría: 266, 269, 279, 293, 297-298, 308-310 Guerrero: 52, 54, 115, 122, 148, 235n, 276, 321-322, 330, 434-435, 437, 478-479 Guevara, Ernesto Che: 193n Gurrión, Adolfo C.: 56 Gutiérrez, Luis: 77n Gutiérrez Barrios, Fernando: 429n-430 Gutiérrez Zamora, Manuel: 59 Guzmán, Martín Luis: 144 Hank González, Carlos: 429n-430 Harding, Warren G.: 128 Hay, Eduardo: 69n, 75n-76 Henríquez Guzmán, Miguel: 229-230, 269, 271, 273-274, 304 Hernández Cervantes, Héctor: 401 Hernández Galicia, Joaquín la Quina: 433, 435, 437 Herrero, Rodolfo: 122-123 Hidalgo: 59, 166, 275n Hidalgo, Cutberto: 95n Hill, Benjamín: 69n, 97, 114, 121n, 138 Hiriart, Fernando: 429n Hirohito, emperador: 358 Huasteca: 71, 89, 194 Huerta, Adolfo de la: 77, 87-104, 108, 114, 121-122, 124, 130, 135-141, 155, 192n, 194n, 200, 274, 340 Huerta, Victoriano: 40, 42-45, 49-63, 67, 69, 74, 79, 87, 92, 101, 108, 114, 138, 154, 182,

189, 192-193n, 340 huicholes: 51, 89 Hull, Cordell: 255n Ibarra, David: 399-400 Ibarra, Isaac M.: 100 Ibarra González, Ramón: 170 Iglesia: 72, 92, 119, 147, 150, 152, 186, 192-193, 195-196, 197n, 212, 296, 326, 346-348, 436 Iglesias Calderón, Fernando: 59, 93 Imparcial, El: 33 Informe Fall: 92 Inglaterra: 71, 171-172n, 219, 225, 440n Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez: 351 Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES): 428, 466 Instituto Federal Electoral (IFE): 436, 470-471, 477n, 481 Instituto Mexicano del Seguro Social: 254n Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia: 353 Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI): 349, 351 Instituto Nacional Indigenista (INI): 350 Instituto Politécnico Nacional (IPN): 191n, 292, 326, 330, 397n Intervención francesa: 112 Irlanda: 454 Italia: 171-172n, 218-219, 321 Iturbe, Ramón: 77n Izaguirre de Ruiz Cortines, María: 340, 348 Izquierdo, Rafael: 400 Jalisco: 51, 59, 90, 136, 152, 176, 187, 235n, 276 Japón: 83, 171, 218-219, 358, 441 Jara, Heriberto: 75n Jaramillo, Rubén: 274, 304 Jefe máximo: véase maximato; Elías Calles, Plutarco Jiménez M., Guillermo: 429n Johnson, Lyndon B.: 312-314, 351 Johnson, Claudia (Lady Bird): 351 Jongitud Barrios, Carlos: 433, 437 Jruschov, Nikita: 309 Juárez, Benito: 187, 193n

Juegos Olímpicos: 325, 328, 330-332 Kellog, Frank B.: 150 Kemmerer, Edwin: 80n Kennedy, John F.: 309, 312, 314, 350 Kumate, Jesús: 429n-430n Labastida Ochoa, Francisco: 398, 401, 469, 474-475 Lamont, Thomas W.: 130 Lascuráin, Pedro: 56 Lavín, José Domingo: 255n Lecumberri, prisión de: 45, 331 León, Luis L.: 156, 164n-165n, 167, 175 León de la Barra, Francisco: 29, 36, 54, 101 León Toral, José de: 109, 152, 155 Lewis, Oscar: 301 Leyva, Xicoténcatl: 433 Liga de Naciones: 171n Liga Defensora de la Libertad Religiosa (LDLR): 151 Liga Política Nacional: 136 Limantour, José Yves: 54, 58, 79 Linz, Juan J.: 267-268 Llave, Gaudencio de la: 69, 71 Lombardo Toledano, Vicente: 181, 198-199, 230, 271, 304-305, 315-316n, 318 López de Lara, César: 77n López Mateos, Adolfo: 202n, 277, 285, 296-297, 300-302, 304-305, 310, 316, 318, 340, 428, 467 López Obrador, Andrés Manuel: 476n López Portillo, José: 107n, 201-202n, 335, 340, 367-389, 397-398, 400-402, 411, 414-417, 419-420, 462, 467, 481 López Portillo, José Ramón: 399, 400n López de Santa Anna, Antonio: 125 López Sierra, Benigno: 137 Lozano, José María: 32n, 56, 61 Lozano Gracia, José Antonio: 466-467 Lozoya, Emilio: 428n, 449n Lugo Verduzco, Adolfo: 398 Luján Rodríguez Abelardo: véase Rodríguez, Abelardo L.

Macías, Jesús: 437n Macías, José Natividad: 68 Madero, Ernesto: 36, 79n Madero, Francisco I.: 29-45, 49-50, 54, 56, 60, 67, 79, 87, 97, 108, 113-114, 137-138, 166, 182, 339-340 Madero, Gustavo: 45 Madero, Pablo Emilio: 401 Madero, Raúl: 135 Madrazo, Carlos A.: 306, 320, 326n Madrazo, Roberto: 437, 474, 475-477 Madrid Hurtado, Miguel de la: 202n, 241n, 335, 340, 357, 381, 384-385, 388-389, 393-421, 426, 428-430, 432, 439, 443, 446, 454, 461, 465, 467-468, 474 Magaña, Gildardo: 115, 121, 215 Mancera, Miguel: 398 Manrique, Aurelio: 75n Mañana, El: 32n Marcué Pardiñas, Manuel: 318 Marentes, Tomás: 276 Marroquín Rivera, Manuel: 34n Marshall, Plan: véase Plan Marshall Martínez, Eugenio: 96-97, 103 Martínez, Luis María: 347 Martínez, Margarito: 275n Martínez, Severino: 95 Martínez Domínguez, Alfonso: 305, 320 Martínez de Escobar, Rafael: 75n Martínez Manautou, Emilio: 331 Martínez Verdugo, Arnoldo: 316-318, 322, 324, 328n-329 Martínez Villicaña, Luis: 401, 433 maximato: 153, 155, 164, 167-168, 170, 172-178, 185n, 196-199 mayos: 89, 112, 114, 121, 126 Maytorena, José María: 30, 38, 92, 113, 123, 137-138 Mazo, Alfredo del: 474 Medina, Hilario: 76 Meixueiro, Guillermo: 72, 100 Méndez, Alejo: 328n Mendiolea Cerecero, Raúl: 331-332n Michoacán: 70, 90, 152, 174, 185-189, 194-195, 197, 202, 235n, 275n, 433-435, 437n-438n, 445-446n, 447 Mier, José María: 59

1968, 2 de octubre de: véase movimiento estudiantil de 1968 Moctezuma, Esteban: 470, 472, 476 Moheno, Querido: 32n, 49, 56, 58, 61 Molina Enríquez, Andrés: 125 Mondragón, Manuel: 50, 60 Moneda, Eduardo: 90 Monroy, Néstor: 56 Montaño, Otilio: 40 Montes de Oca, Luis: 167, 174 Montes G., Miguel: 429n-430n Mora, Ignacio de la: 176 Mora y del Río, José: 151 Morales, Francisco de P.: 71 Morales, Ignacio: 428n Morelos: 30, 40-42, 54, 59-60, 70, 115, 186, 195, 235n, 274, 304, 478 Moreno, Antonio: 328n Moreno, María de los Ángeles: 428n-429 Morgan, J. P.: 130, 150 Morones, Luis Napoleón: 90, 120, 146-147, 156, 181, 216 Morrow, Dwight W.: 150, 171 Movimiento de Liberación Nacional (MLN): 304, 315, 317-318 movimiento estudiantil de 1968: 183n, 289-292, 300, 323-324, 327-328, 330-333, 352, 369, 420, 462 movimiento territorial: 436 Múgica, Francisco J.: 75n-76, 193n, 196-198, 205, 215, 217 Muñoz Ledo, Porfirio: 413n Multicolor: 32n Murillo, Gerardo (Dr. Atl): 119 Nacional Financiera (Nafinsa): 243, 245-246 Naciones Unidas: véase Organización de las Naciones Unidas nation-building: 113, 298 Nayarit: 89, 139, 275 Neri, Canuto: 52 New Deal: véase Nuevo Trato New York Times, The: 123, 418 Nicaragua: 150, 416 Nieto, Rafael: 79-80 Novoa, Carlos: 254n Novoa, Jesús: 116

Nueva Era: 33 Nuevo León: 53, 77n, 90, 174, 321, 324, 437n Nuevo Trato (New Deal): 205, 367 O, Genovevo de la: 115 Oaxaca: 35, 72, 95, 98-99, 121, 136, 148, 170, 194n Obregón, Álvaro: 43, 61, 63, 68, 69n, 73, 76-77n, 83-84, 87-88, 91, 94-95, 97, 101-104, 107132, 135-138, 140-144, 146-147, 149, 152-153, 155, 163, 171n, 182, 184-186, 192-193, 196, 202, 221, 340, 451 Ocampo, Melchor: 193n Ocampo Arenal, Emilio: 433n Occelli de Salinas, Cecilia: 340, 358-359 octubre de 1968, véase movimiento estudiantil de 1968 Olaguíbel, Francisco M. de: 32n, 56 Olaguíbel, Juan: 347 olimpiadas: véase juegos olímpicos Oñate Laborde, Santiago: 472, 474 Organización de Estados Americanos: 240n Organización Internacional de Comercio: 240n Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS): 317-318 Organización Mundial de Comercio (OMC): 454 Organización de las Naciones Unidas (ONU): 240n, 356 Oriol de De la Huerta, Clara: 340 Orozco, David: 164n Orozco, José Clemente: 193 Orozco, Pascual: 40-42, 55, 113, 138, 154 Orozco, Wistano Luis: 125 Orozco de Ávila Camacho, Soledad: 340, 345-347 Ortega, Jesús: 476n Ortega, Melchor: 156, 165, 175 Ortiz, Eulogio: 174n Ortiz, Guillermo: 468n Ortiz Garza, Nazario: 254n Ortiz Mena, Antonio: 306-307 Ortiz de Ortiz Rubio, Josefina: 340, 342 Ortiz Rubio, Francisco: 175 Ortiz Rubio, Pascual: 77, 156, 163-178, 187n, 197, 200, 202, 340, 343 Ostos, Francisco M.: 57 Oteiza, José Andrés de: 399

Pacto de la Embajada: 45, 51 Pacto de Solidaridad Económica: 409, 439 Padilla, Ezequiel: 200n, 229n-230 Padrés, Gustavo: 91 País, El: 32n, 56n Palacios, Leopoldo: 34n Palacios Alcocer, Mariano: 469n, 474 Palavicini, Félix: 32n, 68 Palomar y Vizcarra, Manuel: 136 Panamá: 416 Pani, Alberto J.: 68n, 79-80, 81n, 130, 145, 164n, 178, 205 Pani-Lamont, Tratado de: véase Tratado Pani-Lamont Paredes, Eugenio: 92 Parra, Manuel Germán: 254n Partido Acción Nacional (PAN): 205, 215-216, 285, 305, 330, 369, 395, 401, 412, 419, 434436, 466-467, 470-472, 477-478, 481 Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM): 305, 394n, 412, 414 Partido Católico Nacional: 31 Partido Central Ferrocarrilero Pro Andrew Almazán: 216 Partido Comunista: 229, 376 Partido Comunista Mexicano (PCM): 167n, 199n, 293, 304, 316-319, 321-322, 324-325, 327329 Partido Constitucional Progresista: 31 Partido Demócrata Mexicano (PDM): 43, 376, 412 Partido Democrático Mexicano (PDM): 230 Partido Evolucionista: 31 Partido del Frente Democrático de Reconstrucción Nacional (PFDRN): 376 Partido Laborista: 143 Partido Laborista Mexicano (PLM): 121, 146, 216 Partido Liberal: 31 Partido Liberal Constitucionalista (PLC): 68-69n, 75-76, 100, 121 Partido Liberal Nacionalista: 84n Partido Mexicano Socialista: 415 Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT): 412, 415 Partido Minero Almazanista: 216 Partido Nacional Agrarista (PNA): 88, 121, 143 Partido Nacional Antirreeleccionista: 29, 31, 166 Partido Nacional Cooperatista (PNC): 121 Partido Nacional de Salvación Pública: 216 Partido Nacional Revolucionario (PNR): 108, 153, 156, 164, 166-169, 172-173, 175-176, 178,

195-199, 393n, 412 Partido Obrero Campesino (POC): 304, 316 Partido Obrero Campesino de México (POCM): 319 Partido Popular Socialista (PPS): 285, 304-305, 315, 330, 412, 414 Partido de la Revolución Democrática (PRD): 376, 395, 421, 434-436, 438n, 470, 472, 476477n Partido de la Revolución Mexicana (PRM): 199, 203, 215, 217, 229-230, 232-233, 393n, 412 Partido Revolucionario Anticomunista: 216 Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT): 376, 394n, 412 Partido Revolucionario Institucional (PRI): 107-108, 183n, 185n, 187, 208, 232-234, 269n270, 279, 289, 292, 294-295, 297-298, 304-305, 313, 315, 319-322, 324, 326n, 330, 371372, 385, 389, 393, 395-398, 400-401, 407-408, 410-414, 421, 425, 427-434, 435n-438, 445-449, 451, 454-455, 459, 461, 463-465, 467, 469-474, 476-477, 480, 482 Partido Socialista de los Trabajadores (PST): 394n, 412, 415 Partido Socialista Unificado de México (PSUM): 412 Partido Socialista Yucateco: 121 Partido del Trabajo (PT): 471 Pastelín, Edmundo: 56 Patronato Nacional de Promotores Voluntarios: 357 Paz, Octavio: 109, 124 Peláez, Manuel: 71, 100-101 Peña, Francisco de la: 57 Pérez, J. Encarnación: 328n Pérez Arce, Enrique: 276 Pérez de Madero, Sara: 339-340 Pérez Treviño, Manuel: 164n, 166n-167n, 168, 173n, 176, 197, 216 Perrusquía, Ernesto: 77n Pershing, John J.: 127-128 Pesqueira, Eduardo: 401, 433n Pesqueira, Ignacio L.: 138 Pesqueira, Roberto V.: 93-94 petróleo: 71, 83, 92-93, 100-101, 126, 128-130, 149-150, 186, 188, 194, 198, 200-201, 205, 207, 214, 217-219, 225, 236, 258n, 368, 377-378, 400, 407-408 Petróleos Mexicanos (Pemex): 208, 306, 310, 383, 398, 400, 405, 468n-469n Pichardo Pagaza, Ignacio: 465-466, 469-470 Pineda, Rosendo: 49 Pineda Ogarrio, Alberto: 72, 98-99 Pino Suárez, José María: 31, 45, 56, 60, 97, 138 Plan de Agua Prieta: 87, 100, 122, 155, 272 Plan de Ayala: 35, 40, 42, 137

Plan Brady: 440, 442 Plan Clayton: 240n, 255 Plan de la Empacadora: 34, 42 Plan Marshall: 240, 367 Plan Nacional de la Promoción Social Voluntaria: 357 Plan de Once Años: 285 Plan de San Luis: 40, 137 Plan de la Soledad: 39 Política, revista: 318-319, 326 Ponce de León, Hugo: 328n Porfiriato: 29-31, 34-35, 72, 75-76n, 80, 95, 207 Portes Gil, Emilio: 152, 155, 164-165, 167-168, 171n, 174, 176-177, 275n, 340, 343 Prado, Ernesto: 186, 195 Prensa, La: 32n Primer Jefe: 67-68, 71, 95, 118, 127, 139-140; véase también Carranza, Venustiano primera Guerra Mundial: 71-72, 79-80, 82, 128, 265, 340 Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol): 438, 441, 443-447, 473 Puebla: 52, 71, 77n, 90, 98, 115, 121, 123, 141, 155, 170, 189, 194, 211, 235n, 275n, 306, 321, 324, 326, 471, 477-478 Puig Casauranc, José Manuel: 167, 175-176 Querétaro: 69n, 77n, 90, 118 Quintana Roo: 52, 170 Rábago, Jesús: 32n Rabasa, Emilio: 98 Ramírez Garrido, José Domingo: 76 Reagan, Nancy: 358 Reagan, Ronald: 389, 395, 416, 419, 421 rebelión zapatista: 449-450, 453 Reforma: 99, 112 reforma agraria: 82, 88n-89, 118, 125, 142, 146, 151, 170-171, 193, 195, 196, 198, 201, 204, 206, 213, 215, 238n, 251, 289, 306, 436, 444, 448n Regalado, José Trinidad: 186 Regeneración: 32n, 125n Rellano, batalla de: 42 Rendón, Serapio: 56 Revolución cubana: 269n, 285, 293, 297-298, 304, 308-310, 312, 314-316, 323, 328, 334 Revolución mexicana: 40, 50, 63, 67, 71-72, 84, 87, 96, 107-109, 113-115, 117-118, 120, 123, 125-126, 131, 135, 137-139, 142-143, 145, 152, 163, 165n-166n, 170-171, 177, 181-186,

188, 194-195, 202n, 211, 213, 215, 220, 229, 250, 258n, 266, 269, 272, 278, 285, 290, 292, 295, 301, 314, 316-317, 323, 340-341, 368, 377, 410, 448n Reyes, Alfonso: 125 Reyes, Bernardo: 29, 31, 38-39, 44-45, 53-54, 182 Reyes, Rodolfo: 38, 45, 49-50, 57 Reyes Heroles, Jesús: 250, 256n, 376, 401 Reynoso, Leobardo: 275n, 277 Ricaut, Alfredo: 77n Rincón Gallardo, Gilberto: 329 Rincón Gallardo, Pablo: 30 Río Blanco: 35 Río, Tratado de: véase Tratado de Río (TIAR) Ríos, Juan José: 116, 178 Riva Palacio, Carlos: 165n, 176-177, 197 Rizzo, Sócrates: 437n Robledo Rincón, Eduardo: 471, 476 Robles, Carlos: 34n Robles, Juvencio: 40, 60 Robles Domínguez, Alfredo: 68 Rodríguez, Abelardo L.: 102-103, 156, 175, 178, 197, 275n, 340, 343 Rodríguez, Luis: 198n Rodríguez Triana, Pedro: 167n Rojas, Carlos: 464 Rojas Gutiérrez, Francisco: 401 Rojo Gómez, Javier: 229, 275n Romano de López Portillo, Carmen: 340, 355-358 Romero Rubio de Díaz, Carmelita: 342-343, 347 Roosevelt, Eleanor: 346 Roosevelt, Franklin D.: 255n, 346 Roque Villanueva, Humberto: 472, 474 Rouaix, Pastor: 79 Ruiz, Fausto: 99 Ruiz Cortines, Adolfo: 201-202n, 206, 265-286, 302, 317, 340, 348, 401 Ruiz Galindo, Antonio: 254n Ruiz Massieu, José Francisco: 450, 452-454, 463, 467n Ruiz Massieu, Mario: 465, 467n Ruiz Sacristán, Carlos: 468n-469n Sáenz, Aarón: 120, 164n-165, 171, 174 Sáenz, Moisés: 148

Salazar, Luis M.: 103 Salinas, Emilio: 77n Salinas de Carranza, Virginia: 340-341 Salinas de Gortari, Carlos: 185n, 201-203, 335, 340, 388-389, 395-396n, 398, 400-401, 405, 408-409, 413-415, 425-455, 460, 461, 463n-464, 467-469, 471-472, 474-476, 480 Salinas de Gortari, Raúl: 453-454, 467n, 475 Salinas Lozano, Raúl: 428n Samaniego, Norma: 467 Sámano de López Mateos, Eva: 340, 349-351, 358 San Juan de Ulúa: 52, 116n San Luis Potosí: 35, 42, 70, 77n, 89-90, 191, 197, 235n, 275n, 434 San Luis, Plan de: véase Plan de San Luis Sánchez, Guadalupe: 98 Sánchez Celis, Leopoldo: 326n Sánchez Duarte, Leopoldo: 326n Sánchez Mireles, Rómulo: 320 Sánchez Pontón, Luis: 75n Sánchez Santos, Trinidad: 32n Sánchez Tabeada, Rodolfo: 275n Sánchez Tapia, Rafael: 215 Sansores Pérez, Carlos: 275n Santiago, César Augusto: 472 Santos, Gonzalo N.: 152, 165n, 176, 191-192, 274-275n, 277, 282 Sarabia, Juan: 58 Sauri, Dulce María: 474 Scott, Hugh L.: 127 segunda Guerra Mundial: 212, 217, 219-220, 225, 231, 239, 241, 247, 249, 252, 266, 302, 348, 368, 372, 402 Senado: véase Cámara de Senadores Sepúlveda Amor, Bernardo: 398, 401, 416 Serra Puche, Jaime: 201n, 428n-429, 442, 449n, 452, 468n-469 Serrano, Carlos I.: 270 Serrano, Francisco R.: 97, 152-153 Serrato, Benigno: 196, 197 Sheffield, James R.: 150 Sierra, Justo: 285 Silva Herzog, Jesús: 398, 401, 404-405 Sinaloa: 34n, 52, 59, 77, 89, 136, 139, 276, 324, 474 Sindicato Nacional de Agricultores: 136 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF): 357-358, 361

Siurob, José: 75n Soberón Acevedo, Guillermo: 401 Sociedad de Naciones: 171-172 Solana, Fernando: 428n-430n Soledad, Plan de la: véase Plan de la Soledad Solís, Leopoldo: 461n Solórzano de Cárdenas, Amalia: 183, 188n, 191n, 340, 344-345 Sonora: 31, 34n, 42, 77, 87, 88-89, 94, 108, 112-114, 120-123, 125, 137-141, 146, 154, 156, 182, 186, 191n, 194, 197, 199, 321-322, 324 Soriano, Cesáreo: 139 Soto, Óscar: 276 Suárez Torres, Gilberto: 331 Sullivan de Rodríguez, Aída: 340, 343 Suprema Corte de Justicia: 31, 57, 59, 129, 231, 478-479, 481 Tabasco: 59, 98-99, 195, 197, 276, 321, 471, 476-478 Tamariz, Eduardo: 58 Tamaulipas: 71, 77, 90, 98, 235n, 275n Tapia de Obregón, María: 340-341 Tejeda, Adalberto: 193, 195-197 Teléfonos de México: 440, 442n Tello, Carlos: 399 Terrazas, clan de los: 30 Terrazas, Manuel: 182, 319, 328n Thatcher, Margaret: 389, 440n Tiempo, El: 32n Tlatelolco, sucesos de: véase movimiento estudiantil de 1968 Tlatelolco, Tratado de: véase Tratado de Tlatelolco Tlaxcala: 35, 70 TLC: véase Tratado de Libre Comercio de Norteamérica Torres Bodet, Jaime: 284-285 Torres Díaz, Álvaro: 93 Tratado de Comercio México-Norteamericano (1942): 242, 255 Tratado De la Huerta-Lamont: 129 Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR): 240, 308 Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC): 441-442, 447, 449-450 Tratado Pani-Lamont: 129 Tratado de Tlatelolco: 289 Tratados de Bucareli: 94, 129-130 Tratados de Ciudad Juárez: 29

Treviño, Jacinto B.: 68n, 75n, 122 Treviño de González, Petra: 340 Tribuna, La: 32n Truman, Harry S.: 347 Tuxtepec, rebelión de: 51 Unión Nacional de Padres de Familia: 297 Unión Nacional Sinarquista: 215-217 Unión Soviética: 130, 207, 240n, 308-309 Universidad Nacional Autónoma de México: 107, 191n, 289, 325-327, 329-330, 396n-397, 419, 428-429, 460, 467, 475, 480 Urquizo, Francisco L.: 114 Urrutia, Aureliano: 57 Urueta, Jesús: 76 US News and World Report: 311 Vadillo, Basilio: 75n, 164n, 168 Valadés, Diego: 428n Valdés, Rodolfo Félix: 401 Vasconcelos, José: 32n, 147-148, 166-167n, 285 Vázquez Gómez, Emilio: 41 Vázquez Gómez, Francisco: 31, 68 Vázquez Nava, María Elena: 428n-429 Vega Domínguez, Jorge de la: 398, 430 Velasco, Refugio: 59 Velasco de Alemán, Beatriz: 340, 347 Velasco de Zedillo, Nilda Patricia: 359, 361 Velázquez, Fidel: 181, 413 Venezuela: 416 Vera Estañol, Jorge: 49 Veracruz: 39, 52, 54, 62, 71, 77n, 90, 97-98, 115-116, 121-122, 136, 140, 193, 196, 197, 265, 340, 344, 437n Villa, Francisco: 43, 63, 68-69, 74, 91, 96-97, 99, 113-119, 121, 126-127, 132, 139, 181-182 Villar, Lauro: 44 Villarreal, Antonio I.: 135 Villaseñor, Eduardo: 437n villismo, villistas: 49, 68-70, 72, 82, 95, 97, 117, 119, 132, 154 Voluntariado Nacional: 361 Voto, El: 57 Voz de Juárez, La: 57

Wall Street Journal: 418 Washington: 83, 111n, 127, 130-131, 214, 218-220, 225, 293-294, 298, 301, 308-309, 311313, 348, 417, 421 Washington, Martha: 359 Wilson, Henry Lane: 45, 62, 138, 340 Wilson, Woodrow: 62, 82-83, 92, 127 Yañez, Agustín: 276, 331 yaquis: 87, 89, 94, 112, 114, 121, 126, 191n Yocupicio, Román: 215 yoris: 94 Yucatán: 35, 52-53, 55, 77, 90, 95, 170, 185, 199, 276, 321, 437 Yúdico, Samuel: 90 Zacatecas: 42, 90, 275n Zambrano, Nicéforo: 77n, 79 Zapata, Emiliano: 40, 63, 68-69, 74, 88, 115, 118-119, 121, 181, 275, 448n zapatismo, zapatistas: 35, 37, 41-42, 49, 62-63, 69-70, 82, 88, 95, 98, 115, 119-122, 126, 137 Zedillo Ponce de León, Ernesto: 201, 335, 360-361, 389, 413, 428n-429, 448-449n, 451-454, 459-487 Zetina, Carlos B.: 135-136 Zimmerman, Arthur: 82 Zorrilla Pérez, José Antonio: 433n Zuckermann, Conrado: 175 Zuno de Echeverría, Esther: 340, 352-355, 358