Fred Block - La Clase Dominante No Domina - Notas Sobre La Teoría Marxista Del Estado

LA CLASE DOMINANTE NO DOMINA: NOTAS SOBRE LA TEORÍA MARXISTA DEL ESTADO Fred Block (1977) A pesar del reciente resurgimiento del interés en ella, la teoría marxista del Estado sigue siendo un lío. [1] Se ha hecho un avance importante al criticarse las formulaciones marxistas ortodoxas que reducen el Estado a un mero reflejo de intereses económicos. Sin embargo, los lineamientos de una teoría marxista alternativa no están claros. En los círculos marxistas esto se expresa de modo notorio en la sostenida popularidad que tienen explicaciones de políticas estatales, o de conflictos al interior del Estado, que son patentemente similares a las formulaciones ortodoxas: tienden a ver el Estado como un reflejo de los intereses de ciertas fracciones de la clase capitalista. Muchos marxistas, por ejemplo, adhirieron a interpretaciones de Watergate como un conflicto entre dos alas distintas de la clase capitalista. [2] Esta brecha entre la teoría y la explicación de eventos históricos demuestra que la crítica a las formulaciones marxistas ortodoxas no ha sido profundizada lo suficiente. Las viejas formulaciones –incluso cuando ya han sido cuidadosamente criticadas y desechadas- vuelven furtivamente en muchos análisis de hoy, pues siguen incrustadas en los mismos conceptos básicos del análisis marxista. Este ensayo propone dos elementos para una teoría marxista alternativa del Estado. El primer elemento es una manera diferente de comprender a la clase dominante y su relación con el Estado. Esta re-conceptualización posibilita el segundo elemento: la elaboración de un marco estructural que especifica los mecanismos concretos que hacen del Estado un Estado capitalista, a diferencia de otras teorías estructurales que han tendido a analizar las estructuras de una manera abstracta y mistificadora. [3] Aunque estos dos elementos no ofrecen una teoría completa marxista sobre el Estado, sí contribuyen a una nueva manera de pensar las raíces de la racionalidad en el capitalismo. Marxistas contemporáneos se han visto forzados a reconocer que, pese a su irracionalidad fundamental, el capitalismo en el mundo desarrollado ha mostrado una capacidad notable para racionalizarse en respuesta a los peligros gemelos de la crisis económica y los movimientos obreros radicales. Puesto que el actual periodo histórico presenta a la izquierda la amenaza de una exitosa racionalización capitalista, comprender las raíces de la capacidad de auto-reforma del capitalismo cobra una importancia política fundamental. La explicación marxista tradicional sobre la racionalidad capitalista ha consistido en ligarla a la consciencia de algún sector de la clase dominante. Bajo este enfoque, la reforma capitalista reflejaría la voluntad consciente y el entendimiento de algún sector de la clase capitalista que ha comprendido la magnitud del problema y se propone diversas soluciones. El marco alternativo que proponemos aquí sugiere que la capacidad del capitalismo para racionalizarse es el resultado de un conflicto entre tres grupos de agentes –la clase capitalista, los administradores del aparato estatal y la clase obrera. (a) La racionalización ocurre “a espaldas” de cada uno de los actores, de modo que la racionalidad no puede ser vista como una función de la consciencia de un grupo en particular. Este argumento y sus implicaciones serán elaborados paso a paso. Primero, pretendo demostrar que las críticas a la teoría marxista ortodoxa del Estado se equivocan al aceptar

la idea de una clase dominante con consciencia de clase. Segundo, planteo que hay una base en el trabajo de Marx para rechazar la idea de una clase dominante con consciencia de clase. Tercero, desarrollo un argumento estructural que sostiene que incluso prescindiendo de una clase dominante con consciencia de clase, los administradores estatales tienen fuertes incentivos para no seguir políticas anti-capitalistas. Cuarto, vuelvo al problema de la racionalidad capitalista entre capitalistas, proletarios y administradores estatales. Finalmente, analizo brevemente las implicaciones de este planteamiento respecto a las dificultades actuales del capitalismo en Estados Unidos. LA CRÍTICA DEL INSTRUMENTALISMO En los últimos años, el mayor desarrollo en la teoría marxista del Estado ha sido la formulación de una crítica al instrumentalismo. Diversos autores han caracterizado como “instrumentalista” la visión ortodoxa del marxismo sobre el Estado, porque comprende el Estado como una simple herramienta o instrumento de los propósitos de la clase dominante. Primero, ignora el rol ideológico del Estado. El Estado juega un rol fundamental en mantener la legitimidad del orden social, y esto requiere que el Estado parezca ser neutral en la lucha de clases. En pocas palabras, incluso si el Estado es un instrumento de los propósitos de la clase dominante, el hecho de que deba disimularlo plantea la necesidad de un marco más complejo para analizar las políticas estatales. Segundo, el instrumentalismo es incapaz de reconocer que para actuar a favor del interés general del capital, el Estado debe tomar acciones contra los intereses particulares de los capitalistas. Medidas como el control de precios o restricciones sobre las exportaciones de capital, por ejemplo, pueden servir al interés general del capital en un periodo en particular, incluso si reducen temporalmente las ganancias de la mayoría de los capitalistas. Para llevar a cabo tales políticas, el Estado debe tener una autonomía mayor respecto al control directo de los capitalistas de lo permitido por concepción instrumentalista Las críticas al instrumentalismo proponen la idea de la autonomía relativa del Estado como un marco alternativo. Para servir los intereses generales del capital, el Estado debe tener cierta autonomía del control directo de la clase dominante. Dado que el concepto de autonomía absoluta del Estado sería no-marxista y falsa, la autonomía es claramente relativa. Sin embargo, la dificultad está en especificar la naturaleza, los límites y las determinaciones de esa autonomía relativa. Algunos autores han intentado argumentar que el grado de autonomía varía históricamente y que el “capitalismo tardío” se caracteriza por la “autonomización del aparato estatal”. Pero estos argumentos tienen un carácter adhoc, y comparten un problema analítico derivado de la idea de “autonomía relativa del control de la clase dominante”. El problema básico en las formulaciones de “autonomía relativa” está en la manera de comprender a la clase dominante. Las teorías de autonomía relativa asumen que la clase dominante responderá efectivamente al abuso estatal de esa autonomía. Pero para que la clase dominante sea capaz de tomar tales acciones correctivas, debe tener cierto nivel de cohesión política, entendimiento de sus intereses generales y un alto grado de sofisticación política. En suma, la teoría requiere que la clase dominante, o una parte de ella, sea consciente como clase, es decir, esté consciente de lo que es necesario para reproducir las relaciones sociales capitalistas en circunstancias históricas cambiantes. Pero si la clase dominante, o una fracción de ella, tuviera consciencia de clase, entonces claramente el

grado de autonomía del Estado sería bastante limitado. En este punto la teoría de la autonomía relativa se desmorona sólo para volver a una versión más sofisticada del instrumentalismo. Las políticas estatales se siguen viendo como un reflejo de los “inputs” de una clase dominante con consciencia de clase. Para superar este nudo teórico y formular una crítica del instrumentalismo que no colapse, se debe rechazar la idea de una clase dominante con consciencia de clase. En lugar del marco de la “autonomía relativa”, la idea clave pasa a ser la división del trabajo entre quienes acumulan capital y quienes administran el aparato estatal. Quienes acumulan capital son conscientes de sus intereses como capitalistas, pero, en general, no son conscientes de lo que es necesario para reproducir el orden social en circunstancias cambiantes. Sin embargo, quienes administran el aparato estatal están forzados, en un mayor grado, a preocuparse por la reproducción del orden social, pues su poder se sostiene en el cuidado del orden político y económico. En este marco, la tarea teórica central consiste en explicar cómo es que, pese a esta división del trabajo, el Estado tiende a servir los intereses de la clase capitalista. Es a esta tarea –a la elaboración de una teoría estructural del Estado- que me abocaré luego de una discusión breve sobre la división del trabajo entre capitalistas y administradores estatales. DIVISIÓN DEL TRABAJO La idea de una división del trabajo entre capitalistas sin consciencia clase y quienes administran el aparato estatal puede hallarse en los escritos de Marx. [4] Dos factores, sin embargo, oscurecen este aspecto de su pensamiento. Primero, Marx no planteó la naturaleza del marco estructural en que la división del trabajo operaba, aunque sugirió la existencia de tal marco. Segundo, la discusión de Marx sobre estos problemas está empañada por su afán polémico de atribuir la responsabilidad de todos los aspectos de la sociedad burguesa en la clase dominante. Incluso cuando Marx reconoce que la clase dominante carece de consciencia de clase, aun así formula su argumento de modo tal que implica que la clase dominante, como un todo, controla conscientemente la situación. Marx apela a la idea de una clase dominante consciente, conductora, a modo de atajo polémico, sustituyendo la elaboración de los mecanismos estructurales mediante los cuales el control sobre los medios de producción lleva al control sobre otros aspectos de la sociedad. Esta tensión en las formulaciones de Marx es más clara en el Dieciocho Brumario, cuando explica por qué la burguesía apoyó el golpe de Estado de Luis Napoleón contra sus propios representantes parlamentarios. Escribe: La masa extraparlamentaria de la burguesía, con su servilismo hacia el presidente, con sus insultos contra el parlamento, con el trato brutal a su propia prensa, empujaba a Bonaparte a oprimir, a destruir a sus oradores y sus escritores, sus políticos y sus literatos, su tribuna y su prensa, para poder así entregarse confiadamente a sus negocios privados bajo la protección de un gobierno fuerte y absoluto. Declaraba inequívocamente que ardía en deseos de deshacerse de su propia dominación política, para deshacerse de las penas y los peligros de esa dominación. [5]

Este pasaje sugiere una división del trabajo y una división de intereses entre la masa extraparlamentaria de la burguesía, fundamentalmente interesada en acumular ganancias, y los representantes parlamentarios y literarios de esa clase, cuyos problemas centrales son otros. Marx apela a la idea de “representación” como sustituto para especificar la relación estructural que sostiene esa división del trabajo. En un pasaje previo, al discutir sobre la pequeña burguesía, Marx plantea lo que encierra la idea de “representación”: Tampoco debe creerse que los representantes democráticos son todos shopkeepers [tenderos] o gentes que se entusiasman con ellos. Pueden estar a un mundo de distancia de ellos, por su cultura y su situación individual. Lo que los hace representantes de la pequeña burguesía es que no van más allá, en cuanto a mentalidad, del modo de vida de los pequeños burgueses; que, por tanto, se ven teóricamente impulsados a los mismos problemas y a las mismas soluciones a las que se ven ellos por el interés material y la situación social. Tal es, en general, la relación que existe entre los representantes políticos y literarios de una clase y la clase por ellos representada. [6] Aquí Marx rechaza el reduccionismo simple tan común entre sus seguidores. Para Marx, la representación era una relación objetiva –uno no necesita ser de una clase para ser su representante. Y, de hecho, representantes y sus clases no siempre se vieron cara a cara, puesto que sus posiciones distintas podían llevar a diferentes perspectivas. En suma, los representantes no son miembros típicos de sus clases, y es un error atribuirle a la clase como un todo la consciencia que muestran sus representantes parlamentarios o intelectuales. La idea de representación de Marx sugiere los lazos estructurales generales entre capitalistas y quienes administran el aparato estatal. Marx reconocía que quienes administran el aparato estatal tienden a tener una visión más amplia de la sociedad que los capitalistas, aunque su visión aún se queda corta respecto a una comprensión general de lo que es necesario para reproducir el orden social. Después de todo, la preocupación de los administradores estatales en la lucha por el poder político distorsiona su comprensión. Esta es la fuente del “cretinismo parlamentario” que hizo de Luis Napoleón un mejor defensor de los intereses de la burguesía que sus propios representantes de clase. Pero si ni la clase dominante ni sus representantes saben lo que es necesario para preservar y reproducir las relaciones sociales capitalistas ¿por qué entonces el Estado tiende a hacer justamente eso? La respuesta es que las políticas emergen de las relaciones estructurales entre administradores estatales, capitalistas y proletarios. MECANISMOS ESTRUCTURALES SUBSIDIARIOS Cuando marxistas plantean una crítica radical de las concepciones instrumentalistas del Estado, en general lo hacen para justificar políticas reformistas. Cuando uno plantea que la clase dominante es difusa, carece de consciencia de clase y de sofisticación política, parece desprenderse que si los socialistas se hicieran del control de las palancas del Estado existente, entonces podrían usar el Estado para realizar una transición al socialismo. La lógica es impecable –si el Estado no es inherentemente una herramienta de la clase

dominante, entonces puede convertirse en una herramienta de la clase obrera. Esta concepción reformista comparte con el instrumentalismo un reduccionismo personalista – o la clase dominante controla el Estado personal y directamente o no lo controla en absoluto, en cuyo caso el Estado puede ser usado para otros propósitos. Ninguna de estas concepciones reconoce los mecanismos estructurales que hacen que el Estado sirva fines capitalistas, sin importar si los capitalistas intervienen directa y conscientemente. Sin embargo, una vez que estos mecanismos son comprendidos, es posible desarrollar una crítica del socialismo reformista mucho más poderosa que las críticas que se derivan de la tradición instrumentalista. Antes de considerar los mecanismos estructurales fundamentales, es necesario considerar una serie de mecanismos subsidiarios. El primero de estos incluye todas las técnicas mediante las cuales miembros de la clase dominante pueden influenciar directamente el aparato estatal. Incluso si los miembros de la clase dominante carecen de consciencia de clase, sí están perfectamente conscientes de sus intereses inmediatos como capitalistas y del impacto del Estado en sus intereses. Los capitalistas, individualmente y en grupos, presionan el Estado para lograr distintos tipos de contratos lucrativos, gasto estatal en ciertas áreas, acción legislativa a su favor, reducción impositiva, acción más efectiva para controlar la fuerza laboral, etc. Está demás decir que la búsqueda de estos distintos intereses no implica necesariamente políticas a favor de los intereses generales del capital. Incluso en lo relacionado al control de la fuerza laboral, donde el interés común de los capitalistas es más fuerte, las políticas que los capitalistas exigen pueden no estar acordes a sus propios intereses a largo plazo. Sin embargo, los capitalistas intentan asegurar receptividad por parte del Estado mediante distintos mecanismos, incluyendo contribuciones para campañas, actividades de lobby, así como con favores a políticos y funcionarios. Aunque estas técnicas son usadas primordialmente para aumentar la receptividad estatal a los intereses especiales de capitalistas particulares o de grupos de capitalistas, el efecto general de esta proliferación de canales de influencia consiste en hacer más probable que los administradores estatales rechacen modos de pensamiento y de conducta que entran en conflicto con la lógica del capitalismo. Incluido en esta categoría de canales de influencia, está el reclutamiento de miembros de la clase dominante al servicio público-gubernamental y, en los últimos años, el hacerlos partícipes de distintos grupos privados de elaboración de políticas públicas, las cuales tienen un gran impacto en la formulación de políticas de gobierno. Los instrumentalistas tienden a ver a estos individuos como miembros típicos de su clase, y su impacto sobre el Estado se concibe como el meollo del dominio de la clase capitalista. De partida, miembros de la clase dominante que dedican buena parte de su energía a la elaboración de políticas públicas se convierten en miembros atípicos de su clase, puesto que están forzados a ver el mundo desde la perspectiva de un administrador estatal. Es muy probable que diverjan ideológicamente de la opinión de la clase dominante no comprometida políticamente. Más importante aún, incluso si no hubiera miembros políticamente activos de la clase dominante, aun así hay razones de sobra para creer que el Estado, y los grupos que elaboran políticas, promoverían políticas a favor de los intereses de la clase dominante. La formulación de Marx citada anteriormente deja en claro que uno no necesita ser de la clase dominante para “representarla” políticamente; cuando no hay individuos de la clase

dominante, los individuos de otras clases sociales ansiosamente cumplirán su rol de “representantes”. Todas las técnicas de influencia de la clase dominante, incluyendo la participación directa, constituyen mecanismos estructurales de importancia subsidiaria. Los canales de influencia hacen menos probable que los administradores estatales formulen políticas que entren en conflicto directo con los intereses de los capitalistas. Pero son un mecanismo subsidiario porque incluso en ausencia de ellos, otros mecanismos estructurales hacen extremadamente difícil para los administradores estatales llevar adelante políticas anti-capitalistas. Mientras que los instrumentalistas plantean que la influencia es el eje del control de la clase dominante sobre el Estado, en realidad no es más que la guinda de la torta de la dominación de clase. No puede decirse lo mismo sobre un segundo mecanismo subsidiario – la hegemonía cultural burguesa. El aspecto relevante de la hegemonía cultural es la aceptación generalizada de ciertas reglas implícitas sobre lo que constituye una actividad estatal legítima. Aunque estas reglas cambian con el tiempo, un gobierno que viole las reglas implícitas de un periodo particular podría perder buena parte de su apoyo popular. Esto actúa como una poderosa limitación, desalentando ciertos tipos de acción estatal que pueden entrar en conflicto con los intereses del capital. Sin embargo, invocar simplemente la existencia de la hegemonía cultural burguesa, plantea el problema de explicar cómo es que esa hegemonía se genera. Aquí, también, debe haber mecanismos estructurales específicos que operan para hacer que las “ideas dominantes” sean consistentes con el dominio de clase. Sin embargo, la tarea de explicar estos mecanismos estructurales supera los límites de este ensayo. MECANISMOS ESTRUCTURALES FUNDAMENTALES Una teoría estructural viable del Estado debe hacer dos cosas distintas. Debe elaborar las limitaciones estructurales que operan para reducir la probabilidad de que administradores estatales actúen contra los intereses generales de los capitalistas. Comprender estas limitaciones es particularmente importante para analizar los obstáculos ante estrategias socialistas de corte reformista. Pero una teoría estructural también debe explicar la tendencia de los administradores estatales a implementar políticas que van a favor de los intereses generales del capital. No es suficiente explicar por qué el Estado evita políticas anti-capitalistas: es necesario explicar por qué el Estado ha servido para racionalizar el capitalismo. Una vez que uno rechaza la idea de la consciencia de clase por parte de la clase dominante, se necesita ofrecer una explicación alternativa para los intentos de racionalización. Ambas tendencias pueden derivarse del hecho de que quienes administran el aparato estatal –sin importar su propia ideología política- dependen del mantenimiento de cierto nivel razonable de actividad económica. Esto es cierto por dos razones. Primero, la capacidad del Estado para financiarse mediante impuestos o créditos depende de la situación económica. Si la actividad económica está en caída, el Estado tendrá dificultades para mantener sus ingresos en un nivel adecuado. Segundo, el apoyo púbico a un régimen decaerá agudamente si el régimen preside una caída seria en el nivel de actividad económica, con un aumento paralelo del desempleo y la escasez de bienes claves. Tal caída en el apoyo aumenta la

probabilidad de que los administradores estatales sean removidos del poder de una manera u otra. E incluso si la caída no es tan marcada, aumentará los desafíos al régimen y disminuirá su capacidad política para tomar acciones efectivas. En la economía capitalista el nivel de actividad económica está fundamentalmente determinado por las decisiones de inversión privada de los capitalistas. Esto significa que los capitalistas, en su rol colectivo como inversores, tienen un poder de veto sobre las políticas estatales en la medida que su negativa a invertir en niveles adecuados puede crear grandes problemas políticos para los administradores estatales. Esto aleja a los administradores estatales de tomar acciones que puedan disminuir seriamente los niveles de inversión. También significa que los administradores estatales tienen un interés directo en usar su poder para facilitar la inversión, puesto que su propio poder descansa sobre una economía saludable. Habrá una tendencia de las agencias estatales a orientar sus distintos programas hacia la meta de facilitar y promover la inversión privada. Al hacerlo, los administradores estatales enfrentan el problema de la inversión desde una perspectiva más amplia que la de los capitalistas individuales. Esto aumenta la probabilidad de que tales políticas vayan de acuerdo al interés general del capital. LIMITACIONES SOBRE LAS POLÍTICAS ESTATALES Esto, por supuesto, es demasiado simple. Ambos lados de la moneda –limitaciones y racionalización- deben ser desarrollados en mayor detalle para que este enfoque sea convincente. Un problema se hace particularmente evidente: si los capitalistas tienen poder de veto sobre las políticas estatales ¿acaso no es esta simplemente otra versión del enfoque instrumentalista? La respuesta a esta pregunta está en un análisis más cuidadoso de las determinaciones de las decisiones de inversión. El concepto más útil es la idea de “confianza empresarial”. Capitalistas individuales deciden su nivel de inversión en un país particular sobre la base de distintas variables específicas tales como el precio de la fuerza de trabajo y el tamaño del mercado para un producto específico. Pero también hay una variable intangible: la evaluación capitalista del clima político/económico general. ¿Es estable la sociedad? ¿Se tiene bajo control a la clase obrera? ¿Es probable que aumenten los impuestos? ¿Interfieren las agencias gubernamentales en la libertad para hacer negocios? ¿Crecerá la economía? Este tipo de consideraciones son críticas para las decisiones de inversión de cada empresa. La suma de todas estas evaluaciones sobre una economía nacional puede definirse como el nivel de “confianza empresarial”. A medida que el nivel de confianza empresarial cae, así también lo hará la tasa de inversión. La confianza empresarial también tiene una dimensión internacional cuando las naciones están integradas en una economía capitalista mundial. Empresas multinacionales, banqueros internacionales y especuladores, también hacen juicios sobre el clima político/económico particular de un país, lo que determina su voluntad para invertir. Esto, a su vez, afectará el nivel interno de confianza empresarial y el nivel de inversión productiva. La confianza empresarial, sin embargo, es muy distinta a la “consciencia de la clase dominante”. La confianza empresarial está basada en una evaluación del mercado que considera los eventos políticos sólo en la medida que repercuten en el mercado. Esto significa que está basada en el interés propio y estrecho del capitalista individual preocupado por la ganancia. La confianza empresarial, especialmente por su componente internacional, no hace evaluaciones sutiles respecto a si el régimen sirve o no los intereses

de largo plazo del capital. Cuando hay agitación política y movilización popular, la confianza empresarial decae, resurgiendo cuando hay una restauración del orden, sin importar cuán brutal. Fue la confianza empresarial la que respondió tan favorablemente al golpe de Estado de Luis Napoleón, porque prometía restaurar las condiciones para el “business as usual”, pese a las implicaciones negativas para los derechos políticos de la burguesía. La crudeza de la confianza empresarial hace del capitalismo un sistema particularmente vulnerable a los regímenes autoritarios que son capaces de actuar contra los intereses generales del capital. (b) La dinámica de la confianza empresarial es una limitación sobre los administradores del aparato estatal. Esto puede ejemplificarse al bosquejar el escenario de lo que sucede cuando gobiernos izquierdistas llegan al poder mediante medios parlamentarios e intentan realizar reformas importantes. El escenario condensa distintas experiencias del siglo XX, incluyendo la de Chile bajo Allende. Desde el momento en que la izquierda gana la elección, la confianza empresarial decae. La expresión más importante de esta caída es un aumento de la especulación contra la moneda del país. Los gobiernos reformistas siempre están bajo sospecha de pretender implementar políticas inflacionarias; una mayor inflación significa que el valor internacional de la moneda decaerá. Tan pronto les sea posible, ante la esperada inflación, los especuladores empiezan a deshacerse de la moneda. Esta asociación entre gobiernos reformistas e inflación no es arbitraria. Políticas reformistas –altos niveles de empleo, redistribución del ingreso hacia los pobres, mejora de servicios sociales- llevan directa o indirectamente a una transferencia del ingreso desde las ganancias hacia la clase obrera. Las empresas intentan resistirla aumentando los precios de modo que los niveles de ganancia no se reduzcan. En suma, la inflación de precios en este contexto es una respuesta de mercado a políticas que tienden a beneficiar a la clase obrera. El gobierno reformista, enfrentado al inicial asalto especulativo contra su moneda, tiene dos opciones. Puede tranquilizar a la comunidad empresarial internacional y doméstica, dejando en claro que su intención es implementar políticas económicas ortodoxas. O puede seguir adelante con su programa de reformas. Si sigue este último camino, es probable un aumento de la inflación y una eventual crisis monetaria internacional. La crisis internacional se genera por la combinación de una sostenida presión especulativa contra la moneda y distintos factores nuevos. La inflación doméstica probablemente afectará adversamente la balanza de comercio del país, llevando a un deterioro de la balanza de pagos. Además, la inflación y la pérdida de confianza en la moneda llevan a la fuga de capital extranjero y local, así como a una mayor reticencia extranjera a prestarle dinero al país. La presión especulativa inicial contra la moneda podía ser tolerada, pero el estallido de una aguda crisis monetaria internacional requiere una respuesta significativa. El gobierno puede renunciar a su reformismo o ceder el poder a una administración más “responsable”. Pero si el gobierno está comprometido con la defensa de su programa, tendrá que aislar su economía de las presiones del mercado internacional, imponiendo alguna combinación de control de precios, de importaciones e intercambio.

La escalada en los intentos del gobierno por controlar el mercado gatilla una nueva cadena de eventos. Estos nuevos controles involucran amenazas a capitalistas individuales. El control de precios significa que las empresas pierden la habilidad de manipular uno de los mayores factores del nivel de ganancias. El control de importaciones significa que la empresa ya no puede importar bienes críticos para su negocio. El control de intercambio significa que la empresa y los individuos ya no pueden mover sus activos libremente para asegurar refugios internacionales. El hecho de que los activos estén atrapados en una moneda de rápida inflación, plantea la posibilidad de que sus grandes fortunas se pierdan. Estos son los ingredientes para una aguda caída de la confianza empresarial local ¿por qué los dueños de empresas seguirían invirtiendo si deben operar en un ambiente en que el gobierno viola las reglas fundamentales de una economía de mercado? Una caída aguda en la confianza empresarial lleva paralelamente a una caída económica. Altos niveles de cesantía coexisten con una escasez de mercancías fundamentales. La popularidad del régimen cae estrepitosamente. La única alternativa a la capitulación – eliminar controles y reformas iniciales- es un movimiento brusco hacia adelante para socializar la economía. El gobierno podría poner a la gente de vuelta a trabajar y aliviar la escasez tomando en sus manos las empresas privadas. Sin embargo, la base política para este tipo de acción no existe, incluso cuando los líderes del gobierno están comprometidos retóricamente con el objetivo socialista. En general, el gobierno reformista no ha preparado a su base de apoyo electoral para una acción extrema: todo su programa se ha basado en la premisa de una transición gradual. Es más, los mismos líderes gubernamentales se hacen parte de la cultura política del aparato estatal, militando en contra de un quiebre radical con el statu quo. El resultado de este impasse es trágicamente familiar. El gobierno cae por la vía parlamentaria –perdida de una elección, renuncia de parte de su apoyo parlamentario- o es removido militarmente. Las acciones militares que violan la constitucionalidad encuentran grandes obstáculos en países capitalistas liberales, pero cuando el caos económico desploma la legitimidad de un régimen, las probabilidades de un golpe militar aumentan. Cuando los militares intervienen no lo hacen como herramienta de la clase dominante. Actúan de acuerdo a sus propias ideas sobre la necesidad de restaurar orden político y velando por sus propios intereses. Naturalmente, la remoción del gobierno reformista lleva a un rápido resurgimiento de la confianza empresarial, simplemente porque el orden se ha reestablecido. Sin embargo, debe enfatizarse que este resurgimiento de la confianza empresarial puede no sostenerse, puesto que puede haber importantes conflictos entre los intereses de los militares y de los capitalistas. El punto fundamental en este escenario es que la cadena de eventos puede desplegarse sin que ningún miembro de la clase dominante decida de modo consciente actuar “políticamente” contra el régimen en el poder. Por supuesto, en general, un escenario así está lleno de editoriales contra el régimen en la prensa burguesa, mucha queja entre las clases superiores, e incluso cierta actividad conspirativa. Pero el punto es que las conspiraciones para desestabilizar el régimen son básicamente superfluas, puesto que las decisiones tomadas por capitalistas individuales de acuerdo a su propia y estrecha racionalidad económica son suficientes para paralizar el régimen, creando una situación donde su caída es la única posibilidad.

RACIONALIZACIÓN La dinámica de la confianza empresarial ayuda a explicar por qué los gobiernos están impedidos de implementar políticas anti-capitalistas. Pero queda explicar por qué los gobiernos tienden a actuar a favor de los intereses generales del capital. Parte de la respuesta ya ha sido sugerida. Dado que los administradores estatales son tan dependientes del proceso de acumulación de inversiones, es natural que quieran echar mano a cualquier recurso disponible para contribuir a ese proceso. Al administrar un programa de bienestar, por ejemplo, lo organizarán para ayudar al proceso de acumulación, quizá al garantizar a ciertas industrias un suministro barato de fuerza de trabajo. A diferencia del capitalista individual, los administradores estatales no tienen que operar sobre la base estrecha de la racionalidad de maximización de ganancias. Son capaces de intervenir la economía sobre la base de una racionalidad más general. En suma, su posición estructural les da tanto el interés como la capacidad de ayudar al proceso de acumulación de inversiones. Hay un gran problema con esta formulación: explicar la dinámica mediante la cual se implementan reformas que aumentan la racionalidad del capitalismo. Casi todas estas reformas implican una ampliación del rol del Estado en la economía y sociedad, sea en su capacidad regulatoria, sea en la provisión de servicios. La dificultad está en que la confianza empresarial ha sido retratada como algo tan cortoplacista que es probable que disminuya ante la mayoría de los esfuerzos de extender domésticamente el rol del Estado puesto que tales esfuerzos amenazan con restringir la libertad de los capitalistas individuales y/o de aumentar los impuestos sobre los capitalistas. Si el Estado no está dispuesto a arriesgar una caída en la confianza empresarial ¿Cómo es que entonces el rol del Estado se ha expandido inexorablemente a lo largo del siglo veinte? La mayoría de los teóricos escapan de este problema rechazando la idea de que los capitalistas sean tan cortoplacistas como sugiere la idea de la confianza empresarial. Incluso si muchos miembros de la clase comparten las nociones retrógradas implícitas en la idea de confianza empresarial, habría supuestamente una fracción importante de la clase que mira con buenos ojos y reconoce el valor de extender el poder estatal. Los teóricos del liberalismo empresarial han intentado relacionar muchas de las ampliaciones más importantes del poder estatal del siglo XX en Estados Unidos con la influencia de fracciones “previsoras” de la clase dominante. Sin embargo, finalmente, la posición de estos teóricos requiere atribuirle un alto nivel de consciencia y entendimiento a la clase dominante, o a una fracción de ella, asumiendo una visión instrumental del Estado, en donde las políticas estatales pueden reducirse al “input” de ciertas fracciones de la clase dominante. [7] Sin embargo, hay un planteamiento alternativo, coherente con la idea de clase dominante y del Estado que se ha planteado hasta ahora en este ensayo. Depende de la existencia de otro mecanismo estructural –la lucha de clases. Cualquiera sea el rol de la lucha de clases en contribuir al desarrollo de la consciencia revolucionaria, la lucha de clases entre el proletariado y la clase dominante tiene otra función importante en la visión de Marx. Acicatea el desarrollo del capitalismo –acelerando el proceso mediante el cual el capitalismo desarrolla las fuerzas productivas. Esto es conservador en el corto plazo, pero progresivo en el largo plazo; acerca el momento en que el capitalismo agotará su capacidad de desarrollar las fuerzas productivas y estará maduro para su derrocamiento. La lucha de

clases produce este resultado más claramente en el conflicto salarial. Cuando los proletarios logran ganar aumentos salariales, aumentan sobre los capitalistas la presión por encontrar sustitutos de máquina para el hombre. Como describe Marx este ciclo, los aumentos salariales son seguidos por un periodo intenso de mecanización a medida que los empleadores intentan aumentar la tasa de explotación. La consecuencia es un aumento del tamaño del ejército de reserva industrial, a medida que las maquinas reemplazan a los proletarios. Esto, a su vez, disminuye la capacidad de los proletarios para ganar aumentos salariales, hasta que el auge económico nuevamente crea escasez de mano de obra. Aunque esta descripción aplica particularmente al capitalismo competitivo, el punto es que las luchas proletarias en la teoría de Marx juegan un rol importante al acelerar el ritmo de las innovaciones tecnológicas. La lucha de clases es responsable por buena parte del dinamismo económico del capitalismo. Este patrón va más allá de la lucha por salarios. Desde los inicios del capitalismo, los proletarios han luchado por mejorar sus condiciones de vida, lo que también significa mejorar su potencial como fuerza de trabajo. Por ejemplo, el capitalismo temprano y desembozado, mediante el trabajo infantil y jornadas laborales horrorosamente extensas, amenazaba con destruir la capacidad de la clase obrera para reproducirse a sí misma –un resultado en contra de los intereses a largo plazo de los capitalistas. Es por esto que las luchas de la clase obrera contra el trabajo infantil, contra estándares increíblemente bajos de salud pública y de vivienda, y por una jornada laboral más corta, hicieron posible para la clase obrera reproducirse a sí misma, ofreciendo al capitalismo una nueva generación de obreros. En cada periodo histórico, la clase obrera lucha por reproducirse a un nivel mayor de existencia. Los proletarios han jugado un rol importante, por ejemplo, exigiendo mayor educación pública. La educación pública, a su vez, contribuyó a crear la fuerza de trabajo educada que el capitalismo en desarrollo requería. Obviamente no toda demanda obrera contribuye al avance del capitalismo, pero sería estúpido ignorar esta dimensión de la lucha de clases. En sus luchas por protegerse de los estragos de una economía de mercado, la clase obrera ha jugado un rol fundamental en la sostenida expansión del rol del Estado en las sociedades capitalistas. Presiones de la clase obrera han contribuido a la ampliación del rol estatal en la regulación de la economía y en la provisión de servicios. La clase obrera no ha sido la única fuerza detrás de la expansión del rol del Estado en estas áreas. Puede citarse ejemplos de capitalistas que han apoyado una expansión del rol estatal en cierta área, sea por estrecho interés propio –acceso a contratos gubernamentales o porque la regulación estatal se la pone difícil a su competencia- o por un reconocimiento estratégico de la necesidad de cooptar a la clase obrera. Sin embargo, el mayor ímpetu por la extensión del rol estatal ha venido de la clase obrera y de los administradores del aparato estatal, cuyos propios poderes se expanden con un Estado en crecimiento. Una vez que las presiones de la clase obrera logran ampliar el rol estatal, otra dinámica empieza a desenvolverse. Quienes administran el aparato estatal tienen interés en usar los recursos estatales para facilitar un flujo fluido de inversiones. Habrá una tendencia a emplear el rol extendido del Estado para los mismos propósitos. La capacidad del Estado para imponer una mayor racionalidad en el capitalismo se amplía a nuevas áreas como resultado de presiones de la clase obrera. Las presiones, por ejemplo, pueden llevar a una

expansión de los recursos educativos disponibles para la clase obrera, aunque hay una alta probabilidad de que el contenido de la educación esté orientado a las necesidades de acumulación –la producción de una fuerza de trabajo dócil con un nivel apropiado de capacidades. O, del mismo modo, las presiones de la clase obrera pueden forzar al gobierno a intervenir en el libre mercado para producir mayores niveles de empleo, pero el gobierno usará sus poderes ampliados de intervención para contribuir más generalmente al proceso de acumulación. Este patrón no es un proceso funcional que funcione fluidamente produciendo siempre el mismo resultado. En primer lugar, los movimientos obreros a menudo han estado conscientes del peligro de hacer demandas que, en última instancia, fortalezcan un Estado percibido como hostil. Por esta misma razón, los movimientos socialistas han tendido a demandar que los servicios sociales ampliados estén bajo control obrero. Sin embargo, las demandas obreras rara vez son concedidas en su forma original. A menudo, los elementos más radicales del movimiento son reprimidos, al mismo tiempo que se hacen concesiones. En segundo lugar, puede haber un importante rezago entre las concesiones a la clase obrera y el descubrimiento de maneras en que la extensión del poder estatal puede ser usado para ayudar al proceso de acumulación. Puede haber, de hecho, continuas tensiones en un programa gubernamental, entre su intento integrador/cooptador y su rol en el proceso de acumulación. Finalmente, algunas concesiones hechas ante la presión de la clase obrera pueden no ofrecer beneficios potenciales para la acumulación, sino simplemente tensionar la economía privada. Si estas tensiones son inmediatas, uno puede esperar esfuerzos importantes por revocarlos o por neutralizar las reformas. Si las tensiones suceden a largo plazo, entonces el capitalismo enfrentará serios problemas, porque se hará cada vez más difícil acabar con concesiones que se han mantenido durante cierto tiempo. (c) Estos puntos sugieren que la tendencia de la lucha de clases a racionalizar el capitalismo ocurre con bastantes fricciones y con la continua posibilidad de que ocurran otros resultados. Sin embargo, la tendencia existe por los intereses particulares de los administradores estatales. Allí donde hay gran presión popular a favor de una expansión de los servicios sociales, o por una mayor regulación de los mercados, los administradores estatales consideran tres factores. Primero, no quieren dañar la confianza empresarial, la que generalmente responde de modo desfavorable a una expansión del rol gubernamental en la provisión de servicios sociales o en la regulación del mercado. Segundo no quieren que los antagonismos de clase escalen a un nivel que ponga en peligro su propio dominio. Tercero, reconocen que su propio poder y recursos crecerán si el rol del Estado se expande. Si los administradores estatales deciden responder ante la presión con concesiones, tenderán a elaborar sus concesiones de modo que ofendan lo menos posible la confianza empresarial y de modo que más expanda su propio poder. (d) Estas dos restricciones aumentarán la probabilidad de que las concesiones finalmente sirvan para racionalizar el capitalismo. GRANDES REFORMAS Este enfoque sugiere que aunque se puedan hacer algunas concesiones a la clase obrera, el peligro de una caída en la confianza empresarial bloqueará esfuerzos de mayor envergadura por racionalizar el capitalismo. Puesto que la confianza empresarial es cortoplacista, se opondrá incluso a programas de reformas pro-capitalistas si tales programas prometen un

mayor aumento de impuestos o un mayor aumento de la capacidad gubernamental para regular los mercados. Esto nos presenta el problema de explicar los aumentos dramáticos del rol del Estado que han ocurrido en todos los países capitalistas desarrollados durante el curso de este siglo. La explicación es que hay ciertos periodos -durante tiempos de guerra, grandes depresiones y periodos de reconstrucción de posguerra- en que la caída de la confianza empresarial no funciona como veto sobre las políticas gubernamentales. Estos son periodos en que han ocurrido ampliaciones importantes en el rol del Estado. En guerras que requieren grandes movilizaciones, la confianza empresarial pierde su filo por distintas razones. En primer lugar, la confianza empresarial internacional se torna menos importante, puesto que los flujos internacionales de capital tienden a ponerse bajo control gubernamental. En segundo lugar, en cuanto a la mantención de altos niveles de actividad económica, la inversión privada pasa a un segundo lugar en relación a la producción militar. En tercer lugar, en el clima patriótico general, sería peligroso para la comunidad empresarial obstaculizar la economía mediante acciones negativas. El resultado es que los administradores estatales tienen la oportunidad de expandir su propio poder con la justificación irrefutable de que tales acciones son necesarias para el esfuerzo de guerra. Algunas de estas medidas en tiempos de guerra serán revertidas una vez que la paz regrese, pero otras se harán parte del paisaje. Durante depresiones severas y periodos de reconstrucción de posguerra, las dinámicas son algo diferentes. Bajos niveles de actividad económica significan que pierde su poder la amenaza de una caída en la confianza empresarial, al mismo tiempo que las demandas populares por un resurgimiento económico son fuertes. En periodos así, los administradores estatales pueden prestar menos atención a la opinión empresarial y concentrarse en responder a la presión popular, a la vez que expanden su propio poder. Sin embargo, aun así hay restricciones sobre los administradores estatales. Su dominio sostenido depende de su capacidad de reavivar la economía. A medida que las acciones gubernamentales prueban ser efectivas en la reducción del desempleo, la redistribución del ingreso o la expansión de la producción, la balanza política se desplaza. La presión desde abajo probablemente disminuirá; la confianza empresarial reemerge como fuerza una vez que comienza la recuperación económica. En suma, las reformas exitosas desplazarán la balanza de poder de vuelta a un punto en donde los capitalistas vuelven a tener veto sobre las ampliaciones del poder estatal. La capacidad ampliada de los administradores estatales para intervenir en la economía durante estos periodos no racionaliza automáticamente el capitalismo. Los administradores estatales pueden cometer todo tipo de errores, incluyendo concesiones excesivas a la clase obrera. Los administradores estatales no tienen un conocimiento privilegiado sobre lo que es necesario para que el capitalismo sea más racional; ellos ensayan acciones lo mejor que pueden dentro de ciertas restricciones políticas y con las teorías económicas disponibles. El punto, simplemente, es que la racionalización puede emerger como un subproducto del interés dual de los administradores estatales por ampliar su propio poder y asegurar un nivel razonable de actividad económica. Mientras más poder posea el Estado para intervenir en la economía capitalista, mayor es la probabilidad de que puedan tomarse acciones efectivas para facilitar la inversión.

No toda extensión del poder estatal sobrevivirá más allá de aquellos periodos en que los administradores estatales tienen oportunidades especiales para ampliar el rol estatal. Luego de una guerra, depresión o periodo de reconstrucción, la comunidad empresarial probablemente hará campaña por restaurar el statu quo ante. Los administradores estatales en estos nuevos periodos estarán forzados a hacer algunas concesiones a la comunidad empresarial para así evitar la caída de su confianza. Sin embargo, los administradores estatales también quieren evitar la eliminación de ciertas reformas importantes para la estabilización de la economía y la integración de la clase obrera. El interés propio también los lleva a resistir la completa eliminación de los poderes ampliados del Estado. La consecuencia de esto es una un proceso de selección mediante el cual los administradores estatales abandonan ciertas reformas para mantener otras. En este proceso, las reformas que son más beneficiosas para el capitalismo serán mantenidas, mientras que aquellas cuyos efectos son más cuestionables serán eliminadas. Nuevamente, la consecuencia final está determinada por una intensa lucha política. CONCLUSIÓN El propósito de este ensayo ha sido plantear que una teoría marxista viable sobre el Estado depende de rechazar la idea de una clase dominante consciente, políticamente conductora. Al regresar a las sugerencias de Marx de que el proceso histórico se desenvuelve “a espaldas” de los actores mismos (incluyendo los actores de la clase dominante), es posible hallar los mecanismos estructurales que moldean el funcionamiento del Estado capitalista. Estos mecanismos operan independientemente de toda consciencia política por parte de la clase dominante. En lugar de ello, la racionalidad capitalista emerge como una relación trilateral entre capitalistas, proletarios y administradores estatales. La posición estructural de los administradores estatales los fuerza a tener alguna consciencia de lo que es necesario para mantener la viabilidad del orden social. Es esta consciencia la que explica tanto la reticencia de los administradores estatales a ofender la confianza empresarial, como su capacidad para racionalizar la sociedad capitalista. Sin embargo, esta consciencia no implica tener control sobre el proceso histórico. Los administradores estatales son capaces de actuar sólo en el terreno delimitado por la intersección de dos factores –la intensidad de la lucha de clases y el nivel de actividad económica. Este marco tiene implicaciones para una amplia gama de problemas teóricos y políticos. Uno de los problemas más críticos es la capacidad del capitalismo para superar sus actuales dificultades económicas. Analistas de izquierda han predicho que la fracción “con altura de miras” de la clase dominante estadounidense favorecerá una mayor ampliación del rol del Estado para regular la economía, como un medio de resolver los problemas de estanflación. [8] Esta perspectiva exagera la capacidad del capitalismo para reformarse a sí mismo en periodos “normales”; y no puede de dar cuenta, por ejemplo, de la incapacidad del capitalismo británico para racionalizarse durante el largo periodo de declive a partir de los cincuentas. El marco desarrollado acá predice que aunque la clase obrera y los administradores estatales mismos pueden favorecer la expansión de la intervención estatal, la confianza empresarial vetará efectivamente tales cambios. Por lo tanto es bastante posible que la economía estadounidense se mantenga en su actual estado de crisis por muchos años.

REFERENCIAS (a) Cada una de estas categorías requiere cierta definición: “clase capitalista” o “clase dominante” se emplea para referir a los individuos y familias que poseen o controlan cierta cantidad de capital. El punto de delimitación podría variar por país o periodo, y sería necesariamente algo arbitrario, pero el punto está en distinguir entre pequeños negocios y grandes empresas capitalistas. Los “administradores del aparato estatal” incluyen a las figuras dirigentes tanto de la rama legislativa como ejecutiva. Esto incluye a los altos funcionarios públicos, así como a los políticos electos y asignados. “Clase obrera” se emplea en un sentido amplio. Incluye a la mayoría que vende su fuerza de trabajo por un salario, a obreros sin salario y a los desempleados. (b) Va más allá de los límites de este ensayo explorar las dinámicas del dominio autoritario en sociedades capitalistas. Sin embargo, es importante darle cierto contenido a la conocida tesis marxista de que el dominio autoritario es sólo una solución secundaria para el capitalismo, en comparación al parlamentarismo, y sólo se recurre a él cuando hay una amenaza revolucionaria más o menos seria. Parte de la respuesta está en que los regímenes autoritarios son menos confiables en su promoción de los intereses generales del capital, puesto que los mecanismos estructurales descritos acá no operan de la misma manera en ausencia del parlamentarismo. (c) Un ejemplo obvio es el compromiso de mantener “pleno empleo”. Esta fue una concesión hecha a la clase obrera luego de la Gran Depresión, pero probó ser cada vez más costosa para los países capitalistas desarrollados. (d) También tienen la opción de responder a las presiones con fuerte represión. Los administradores estatales optan entre concesiones y represión en base a su percepción del ambiente general y sus orientaciones políticas.

1. Para dos estudios sobre trabajos marxistas recientes respecto al Estado –uno polémico y otro desapasionado- ver Alan Wolfe, “New directions in the Marxist Theory of Politics,” Politics and Society, vol.4, num. 2 (1974), y David Gold, Clarence V.H. Lo. Y Erik Olin Wright, “Recent Developments in Marxist Theories of the Capitalist State,” parte 1 y 2, Monthly Review, octubre y noviembre de 1975. 2. Para críticas de estas intepretaciones de Watergate, ver Steve Weissman, “Cowboys and Crooks”,” en Steve Weissman, ed., Big Brother and the Holding Company: The World behind Watergate (Palo Alto, Calif., Ramparts Press, 1974), pp. 297-310; y Stephen Johnson, “How the West Was Won: Last Shootout for the Yankee-Cowboy Theory,” Insurgent Sociologist, invierno de 1975, pp.61-93. 3. Mi análisis ha sido influenciado por los planteamientos de Nicos particularmente en “Problemas del Estado Capitalista,” New Left Review 58 diciembre 1969). Sin embargo, mi análisis difiere del de Poulantzas en importantes. Él tiende a atribuirle consciencia a fracciones particulares

Poulantzas, (noviembredos puntos de la clase

dominante y es incapaz de explicar adecuadamente los mecanismos mediante los cuales el Estado es estructuralmente un Estado capitalista. Al respecto, mi posición es más cercana a distintos artículos de Claus Offe, incluyendo “Structural Problems of the Capitalist State,” en Klaus von Beyme, ed., German Political Studies (Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1976); y Claus Offe y Volker Ronge, “Theses on the Theory of the State,” New German Critique 6 (otoño de 1975). 4. En La Ideología Alemana, Marx y Engels hablan sobre la división del trabajo y de intereses entre capitalistas y los productores de ideología burguesa: “De tal modo que una parte de esta clase se revela como la que da sus pensadores (los ideólogos conceptivos activos de dicha clase, que hacen del crear la ilusión de esta clase acerca de sí mismo su rama de alimentación fundamental), mientras que los demás adoptan ante estas ideas e ilusiones una actitud más bien pasiva y receptiva, ya que son en realidad los miembros activos de esta clase y disponen de poco tiempo para formarse ilusiones e ideas acerca de sí mismos.” En Robert C. Tucker, ed., The Marx-Engels Reader (New York; Norton 1971), pp. 136-137. Esto sugiere una análoga división del trabajo entre capitalistas y administradores estatales. Sin embargo, en ambos casos tratar a los ideólogos o administradores estatales como parte de la clase dominante viola la idea de que la clase está determinada por la relación de uno con los medios de producción. Marx y Engels en este pasaje están apelando a la noción de clase dominante en un sentido polémico. 5. “El dieciocho Brumario,” en ibid., p.502. 6. Ibid., p.502. 7. Para una crítica de la teoría empresarial liberal, ver Fred Blok, “Beyond Corporate Liberalism,” Social Problems, próxima publicación. 8. Ver, por ejemplo, Stanley Aronowitz, “Modernizando el Capitalismo,” Social Policy, mayo-junio 1975; y James Crotty y Radford Boddy, “Who will Plan the Planned Economy?” The Progressive, febrero de 1975. Estos análisis tienden a asumir que las contradicciones del capitalismo avanzado pueden resolverse o aliviarse efectivamente mediante la acción estatal. La posibilidad existe, pero este no es el caso. Aunque es virtualmente imposible llegar a una conclusión sobre ese problema, uno puede debatir sobre si acaso tal intervención estatal ampliada será siquiera intentada.