El Poder Judicial Peruano en La Historia

 

HISTORIA DEL PODER JUDICIAL

1.

PODER JUDICIAL EN LA REPUBLICA 

En la república se planteaba la necesidad de una clara separación de Poderes dentro del Estado y un respeto de los derechos del ciudadano, cualquiera que fuera su clase o condición social. En el Perú estas ideas fueron tomadas, así la idea de la separación de poderes ha sido aceptada y proclamada por todos los juristas en el Perú desde los inicios de la República. San Martín reconoció la independencia absoluta del Poder Judicial, D. José Sánchez Carrión, al instalar la primera Corte Suprema de Justicia, declaró: “...de hoy en adelante queda levantado un muro entre la potestad directiva del Estado y la que va a pronunciarse sobre los desagravios de la Justicia”.  Justicia”.   A partir de entonces, todas las Constituciones han reconocido la independencia del Poder Judicial. La Constitución de 1993 elevó a nivel de rango constitucional una norma que antes se encontraba en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se establece que “Ninguna autoridad puede pue de abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias sentencias ni retardar su ejecución...”. Los tratadistas y escritores jurídicos han defendido siempre el principio de la autonomía del Poder Judicial. Como

Francisco

García

Calderón,

Manuel

Atanasio

Fuentes,

el

Presidente de la Corte Suprema, Dr. Anselmo Barreto, Pero en la práctica, las cosas han sido diferentes a medida que avanzaba la historia, el Poder Judicial fue perdiendo su institucionalidad primero por los asaltos del Ejecutivo y, más tarde, por la mediocridad y la corrupción que predominó y que aún predomina hasta hoy en este medio.

 

En 1828, el Congreso aprueba una ley que permite remover a los magistrados de la Corte Suprema. Pero, con fecha 26 de abril, la Corte logra detener esta medida con una nota que dirige al Poder Ejecutivo haciéndole presente que esa ley “se ha expedido de modo tumultuario, sin informe de la Comisión, sin la previa triple lectura, sin discusión y aun sin el expediente original”. Pero el 29 de octubre de 1844, el Prefecto del Departamento de Lima ordenaba que fueran separados de sus cargos varios vocales de la Corte Suprema y algunos otros de la Corte Superior; quiero destacar que quien toma una decisión tan grave no pertenecía al Poder Judicial. Como se aprecia se olvidémonos de la independencia de poderes. Lamentablemente, estas taras de nuestro Poder Judicial no eran percibidas solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional. A comienzos del siglo XX, el Subsecretario de Negocios Extranjeros de la Gran Bretaña, Mr. Layard, dijo en la Cámara de los Comunes -refiriéndose a una reclamación de un súbdito británico ante el Poder Judicial peruanoque ese inglés “había tenido la desgracia de caer en las garras de lo que sólo por cortesía puede llamarse Corte de Justicia”. Justicia”.   Para gran parte de la opinión pública de la época, el poder judicial republicano nació corrupto en Perú.

2.

COMENTARIO COMENTARIO  

La Historia nos enseña que somos consecuencia de un pasado y somos el resultado de las decisiones que se han tomado.

El Poder Judicial es una institución indispensable, actualmente hay una gran preocupación por los altos índices de corrupción. Como se ha visto en líneas anteriores el problema no es de ahora sino el resultado de las malas y deficientes defi cientes decisiones. Si bien hubo voluntad de crear un Poder judicial autónomo con garantías este fracaso, debido a las carencias materiales que afectaron la instalación de la burocracia judicial las que alentaron las constantes acusaciones que se hacían contra los jueces y funcionarios judiciales.

 

 Ante un Estado incapaz de dotar a la judicatura de las condiciones mínimas que garantizaran su independencia, la cotidianidad que los  jueces enfrentaron nos muestra que el intersticio entre voluntad y práctica pudo formalizar conductas que permitieran que esa burocracia judicial terminara institucionalizando intereses privados, en vez de institucionalizar el poder del Estado.  A fin de cuentas, las carencias materiales minimizaron el poder ritual de la ley, presentando una imagen debilitada de una judicatura que la sociedad entendió, ya no como intérpretes de la ley en beneficio de la colectividad, sino como agentes vulnerables que dejaron entrever su propia voluntad a través de sus dictámenes.  Ante tal situación se exige un Poder Judicial con jueces de primer nivel, honestos y autónomos; pero también se exige el respeto de los propios  jueces a su función y a su propia persona.