Dominique Wolton. El Espacio Publico

Lectura Nº 2 Wolton, Dominique, “El Espacio Público”, en Pensar la Comunicación. Punto de Vista para Periodistas y Políticos, Capítulo 8, Prometeo Libros, 2007, pp. 171-182. Ensanchar el espacio público 1 (del que puede encontrarse una definición en el glosario) fue un objetivo constante, pero ¿hasta dónde puede existir en él la difusión y la discusión contradictoria de los asuntos de la ciudad? ¿Hasta dónde son compatibles las restricciones de la racionalización y necesariamente de la politización, indispensables para una discusión colectiva de problemas de naturalezas diferentes, con la complejidad social y cultural? ¿Hasta dónde es posible el ideal democrático de favorecer el diálogo sin llevar a una especie de cohabitación burocrática de intereses contradictorios? La cuestión de los límites del espacio público es novedosa porque hasta una fecha reciente el proceso consistía, al contrario, en desear ampliar la esfera pública, rechazar el secreto y favorecer la información. La idea es reintroducir la heterogeneidad, las diferencias, y no extender la transparencia. Dicho de otro modo, pensar los límites del espacio público para salvar ese concepto esencial. 1. La frontera público-privado

Es un problema considerable que ha sido objeto de enfrentamientos culturales y políticos de una violencia inconcebible desde el siglo XVII. Lentamente la filosofía, la antropología y la sociología revelan los conflictos y las relaciones de fuerzas que atravesaron esa violenta batalla. No intentaremos aquí retornar los términos del debate, sino simplemente plantear la cuestión en una perspectiva sincrónica. La victoria de la categoría de lo público mezcla tres factores. Primero, el factor político ligado al movimiento en favor de la democracia que, desde hace más de un siglo, identifica la emancipación con la lucha en contra de un espacio privado dominado por los valores morales y religiosos. En segundo lugar, el factor social: los formidables movimientos sociales que se produjeron en el transcurso de un siglo con el éxodo rural, la urbanización y la transformación de los modos de vida modificaron las fronteras entre esas dos categorías. En último lugar, el factor cultural, donde se mezclan la idea de la emancipación y la generalización de la comunicación, y que favorece una cierta descompartimentalización. La creciente socialización de la vida pública, la multiplicación de las políticas de la familia y luego sanitarias, finalmente el profundo movimiento de liberación de la mujer, acompañado por la evolución de los medios, que contribuyó a que se pueda “hablar de todo”, alteraron las fronteras público-privado, repelieron los territorios del secreto, favorecieron la posibilidad de expresión y facilitaron una realidad hoy en día banal, pero impensable hace cincuenta años: hablamos de todo en el espacio público. Se puede decir y discutir todo, sin tabúes, incluidas la sexualidad y la religión, que fueron durante mucho tiempo los dos últimos bastiones del territorio privado. ¿Hasta dónde puede lo público prevalecer sobre lo privado? Aunque la expresión en público sobre cuestiones privadas estuvo vinculada al movimiento de emancipación, el precio que se debió pagar fue el modo en el cual ésta se organiza. Un modo racional, laico y político. El reconocimiento, luego de numerosas luchas, de “la persona” pasó por una batalla encarnizada por los derechos del individuo que 1

A propósito de la definición y las características del espacio público contemporáneo, véase el glosario. También J. Habermas, L’Espace public, Payot, 1986; Hermès, n° 4, “Le nouvel espace public”, 1989; Hermès, n° 5-6, “Individus et politique”, 1990: Hermès, n° 10, “Espaces publics, traditions et communautés”, 1992; Hermès, n° 11-12, “A la recherche du public, réception, television, médias”, 1993; Hermès, n° 13-14, “Espaces publics en images”, 1994.

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mezclaba la vida privada y la vida pública (duración del trabajo, escuela, salud, educación, jubilación...). La condición y el precio que hubo que pagar por esta batalla fueron la laicización y la politización de los vocabularios. ¿Cuál fue el resultado? Hoy en día, toda defensa de la esfera pública remite a la idea de emancipación y toda defensa de la vida privada a una concepción “conservadora”. Esta distinción no es válida puesto que las categorías “públicas” ganaron y surgen nuevos problemas ligados a la procreación asistida, especialmente la condición del embrión. Todo lo que está en juego, por ejemplo, en los confines de lo viviente no puede evocarse primero por medio de categorías políticas. El cambio consistirá en abandonar ese vocabulario dicotómico para abordar de otra manera la problemática sumamente complicada de la relación público-privado en las sociedades en las que domina la publicidad, en el sentido etimológico. El vocabulario público social y político no puede ser más el único modo de cualificación y de descripción de las realidades “privadas”, a riesgo de provocar un verdadero empobrecimiento. Éste es el peligro mayor. Defender la frontera público-privado consiste, más allá de las cuestiones antropológicas y ontológicas, en afirmar el derecho a la coexistencia sin una jerarquía de referencias diferentes. Preservar esta distinción es, en primer lugar, admitir la multiplicidad de los discursos, sin temor a que una mayor tolerancia hacia los discursos morales, espirituales y religiosos provoque un “retorno a la Edad Media”... Dicho de otro modo, preservar la función de debate, inherente al espacio público, obliga hoy en día a reintroducir, en el seno de éste, vocabularios y referencias que fueron excluidos debido a los enfrentamientos ideológicos de antaño, y admitir, a su lado, la presencia de otros códigos lingüísticos y simbólicos. Los otros sistemas de interpretación y los antiguos valores no están “de más” para abordar los nuevos problemas de la sociedad, muchos de los cuales se relacionan con la definición de la vida, de la muerte y de la libertad individual. Las sociedades laicas, igualitarias, individualistas y de masas enfrentan contradicciones para las que carecemos dramáticamente de herramientas conceptuales. Si se quiere salvar uno de los logros del modelo democrático, que es la capacidad de deliberación, la de ser a través de la coexistencia con otros sistemas de referencias y de valores. Para resumir, el espacio público no es más tal vez el único lugar donde pensar la legitimidad de la sociedad democrática. Ésta había conseguido circunscribir en el espacio público las principales categorías de vocabulario y de referencias para pensar la sociedad moderna; la supervivencia del modelo requiere una reapertura de ese espacio a otros sistemas de valores. Un ejemplo: el debate sobre la definición de la vida y de la persona. Evidentemente, son los conceptos esenciales de libertad, de persona, de ética, de norma y de convención, por un lado, y los progresos del conocimiento del genoma y de la célula en neurobiología, por el otro, los que obligarán a una redefinición de la vida y de la conciencia. La complejidad de estos problemas, en donde chocan de frente las categorías filosóficas, religiosas y sociales, implicará, de rebote, una reflexión más general sobre las relaciones público-privado y sobre la categoría de lo privado. Las reacciones perceptibles en contra de los excesos de la socialización son los factores favorables a un reexamen de la manera de pensar la relación público-privado. Así como los progresos de la biología y de la medicina lo son para las ciencias. Es, tal vez, la conjunción de estos dos movimientos, de naturalezas diferentes, lo que permitirá una reanudación del debate teórico y normativo sobre las relaciones público-privado, que están en la base de toda problemática del espacio público. 2. Recrear las distancias

El precio a pagar por el modelo de la democracia fue una cierta racionalización de las maneras de pensar y de nombrar los problemas de la sociedad. Y esto a través de la afirmación progresiva y conflictiva de dos valores esenciales, la libertad y la igualdad. No existe espacio público sin libertad e igualdad de los

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individuos. Las dos batallas fueron muy difíciles porque oponían, y aún oponen, sistemas de pensamiento y visiones del mundo que podemos llamar, para abreviar, la derecha y la izquierda. Si la derecha defiende la libertad, la izquierda, desde hace un siglo, le responde: no existe libertad sin igualdad. Progresivamente, fue este concepto de igualdad el que se impuso como perspectiva, aunque no como realidad, de las sociedades individualistas de masas, al punto que el modelo social-demócrata, que es su traducción, se volvió el modelo cultural dominante en Europa. Incluyendo los regímenes políticos conservadores. “Yo tengo el derecho” es hoy el concepto central de nuestras sociedades, a punto tal que eclipsó la problemática de la libertad, considerada ya adquirida, y la de los deberes, considerada mucho menos importante. En cuanto al concepto de igualdad, pasó al vocabulario común y pertenece a todas las familias políticas. El resultado es evidentemente una inmensa socialización de los vocabularios. Debido a que las sociedades estaban disociadas de una referencia trascendente, era necesario un vocabulario que fuera capaz de dar cuenta de los hechos sociales por lo que son. Y en esa batalla, donde la lucha por los conocimientos era contemporánea de la lucha por la democracia, incluso por el socialismo, el vocabulario de las ciencias sociales, marcado por la laicización; la racionalidad y la igualdad, desempeñó un papel esencial. Ocurrió entonces una suerte de adecuación entre el pensamiento de las ciencias sociales y el vocabulario político. El vínculo es mucho más visible dado que durante mucho tiempo las fuerzas políticas conservadoras fueron poco favorables e incluso hostiles a las ciencias sociales, mientras que las “fuerzas progresistas”, en cambio, deseaban promoverlas. Si hay, entonces, una palabra que caracteriza el funcionamiento del espacio público democrático, ésta es la de igualdad. ¿Por qué esta digresión acerca de la igualdad para comprender la necesidad de las distancias que deben introducirse en el funcionamiento del espacio público? Porque este soberbio movimiento en favor de la igualdad reduce peligrosamente la legitimidad y el lugar de las “distancias”. Éstas son sospechosas. No obstante, no existe sociedad sin distancia. Pero, hoy en día, en un contexto dominado por el paradigma de la igualdad, reivindicar las distancias es una manera indirecta de justificar, incluso rehabilitar, la jerarquía, y por lo tanto de combatir el ideal de igualdad. Por otra parte, los trabajos de filosofía política y de sociología política y antropológica sobre el tema son poco numerosos. Es esta consecuencia lógica, pero diabólica, lo que debería ponerse en cuestión. Admitir que el concepto de democracia de masas no puede subsistir más que a condición de preservar las distancias entre las experiencias, los vocabularios y los símbolos. Pero esto supone una verdadera revolución mental, la misma que la que intenta poner en cuestión los efectos de nivelamiento operados por la sociedad igualitaria. Es la ecuación de la reivindicación de las distancias como sinónimo de una perspectiva conservadora y jerárquica de la sociedad lo que es necesario criticar. Al igual que es necesario admitir que la reivindicación del derecho a las diferencias no lleva forzosamente al diferencialismo, al cuestionamiento del universalismo o a la instalación de un modelo de sociedad “políticamente correcto”. ¿Cuál es la elección para el espacio público? Seguir siendo el lugar de los debates, de los valores contradictorios o volverse progresivamente el espacio de reificación de los valores igualitarios, racionalistas y democráticos. Como el espacio público se constituyó en nombre de la igualdad de los puntos de vista, el riesgo es que esta condición normativa de partida se vuelva simplemente la norma ideológica, es decir, la ley y el orden. Es un poco lo que ya ocurre. Cuidado con aquel que, en nuestras sociedades, no piensa de manera laica, científica, racional e igualitaria. Esto explica la necesidad imperativa de reintroducir otros sistemas de valores y por lo tanto, más tolerancia hacia las categorías religiosas, pero también científicas, médicas y estéticas. No se trata de que esas categorías se opongan firmemente a los valores dominantes en el sistema democrático, sino que no se reducen a ellos. Su lógica es más compleja que la del espacio público democrático. Los sacerdotes pueden expresarse públicamente y debatir, los científicos pueden exponer las grandes opciones, los médicos plantear los problemas sociales y humanos de la salud... Pero, simultáneamente, todos saben bien que lo esencial del discurso religioso, científico, médico o estético no

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se agota en esa dimensión pública. Existen otros orígenes, valores, referencias y objetivos en cada uno de los cuatro discursos. Y, salvo que se tenga una visión estrechamente sociologizante de la realidad, nadie puede seriamente reducir al sacerdote, al científico, al médico, al artista y a otros al discurso que mantienen en el espacio público. Pero la tolerancia a esta “otra dimensión de su discurso” no es fuerte en nuestras sociedades democráticas. Nos resulta normal que los sacerdotes se ocupen de los pobres, esto corresponde a la definición “sociológica” de su papel, no toleramos bien que emitan dogmas que contradigan el dogma laico, racional y democrático dominante acerca de la vida, la familia o la persona. Hasta la Iglesia está tentada, para hacerse comprender mejor, de presentar un discurso más sociológico, al riesgo de quedar totalmente absorbida en esa lógica y no poder defender el resto de su sistema de valores y de interpretaciones, exterior al paradigma sociológico dominante. No se tolera tampoco que los científicos, cualquiera sea su dominio, realicen, a propósito de la atmósfera, de la Tierra, de los océanos, del ambiente, de la sociedad..., razonamientos opuestos a los valores dominantes. Tampoco se escucha al médico cuando modifica la problemática actual del modo de ver la vida y la muerte. No se trata del conflicto clásico que existe en toda sociedad entre los conocimientos del momento y la resistencia a la innovación. Se trata de un rechazo más violento que excluye los discursos y las visiones del mundo que no corresponden a los discursos dominantes del espacio público laico y democrático. Éste, al triunfar, está amenazado por la misma desviación que observamos en la primera parte del libro a propósito de la transición de la modernización a la modernidad. Así como al triunfar la modernización arriesga crisparse en modernidad, el espacio público democrático arriesga tolerar aún menos los discursos que no responden al sistema de valores dominante. O, para decirlo de otro modo: el precio que se debió pagar por la constitución de ese inmenso espacio discursivo accesible a todos, y sobre todo comprensible a todos, fue evidentemente la racionalización y la reducción del número de discursos y de referencias. Es así que el objetivo democrático de reducir las distancias y las jerarquías lleva a un espacio público donde el número de sistemas de valores y de referencias en cohabitación es demasiado estrecho. De la igualdad al conformismo y luego a la estandarización, no hay más que un paso. Es esto lo que amenaza hoy en día el espacio público democrático, con el handicap suplementario de que se tiene la sensación de hacerlo en nombre de la referencia democrática. La mayoría no siempre tiene razón, aunque surja de una elección democrática. La gran dificultad para la sociedad actual es encontrar el equilibrio justo. ¿Cómo evitar que la legitimidad acordada en razón del número se transforme en conformismo o incluso en dogmatismo? Antiguo problema ya planteado por Tocqueville en el siglo XIX, pero que, con la extensión de la democracia, adquiere aún más importancia. De hecho, existe en la actualidad una confusión entre el espacio público, lugar de expresión y lugar de mediación, y lugar de jerarquización normativa. Este espacio, que tiene vocación para recibir todos los discursos emitidos públicamente y asegurar la mediación, no tiene —en teoría— vocación para transformarse en un sistema normativo de jerarquización de buenos y malos discursos. La cuestión es saber si el espacio público debe seguir siendo un espacio de expresión y de mediación, y por lo tanto de conflictos, entre representaciones y símbolos contradictorios, o si la legitimidad creciente del paradigma democrático refuerza el tema del espacio público como lugar de normatividad. El espacio público democrático no puede ser el juez, y la palabra fue escogida con toda intención, del conjunto de situaciones sociales y culturales. Separar los órdenes simbólicos y aceptar la existencia de jerarquías entre las diferentes funciones no es contradictorio con el modelo democrático. 3. El espacio público contra comunidades parciales

La historia del espacio público es la del tránsito de un modelo de sociedad donde cohabitan de

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manera jerárquica diversas comunidades a un modelo de sociedad donde las comunidades parciales perdieron su importancia en beneficio de ese espacio más universal. Por comunidad parcial, o restringida, debe entenderse las comunidades religiosas así como las científicas, médicas, militares, artísticas:.. En síntesis, todos los ambientes estructurados por reglas y normas. Éstas están ligadas a la adhesión a un mismo cuerpo de conocimientos para la religión; a las reglas que definen lo verdadero y lo falso para la comunidad científica; a la definición de la vida, de la muerte y a la obligación de atención para la medicina... Es decir, las comunidades definidas a la vez por reglas estrictas de funcionamiento, por un sistema de autocontrol y de autolegitimación así como por reglas de reconocimiento mutuo. Estas comunidades parciales son muy antiguas. Aunque algunas perdieron su poder social, como las comunidades religiosas, otras, en cambio, obtuvieron en dos siglos una legitimidad muy real, como la comunidad científica. Ellas traducen relaciones muy antiguas, y a veces mutuamente antagónicas, con la realidad. Toda la historia de la sociedad moderna consistió en reducir el peso y la legitimidad de esas comunidades parciales en beneficio del surgimiento de un espacio público universal. Fue el caso, en nombre de la lucha contra la influencia política de las religiones, de la separación de los poderes temporal y espiritual, la laicización del Estado y, finalmente, del poder. Luego, a partir del siglo XVIII, esta batalla se transformó, en nombre de los ideales de la Revolución, en favor de la constitución lenta y difícil de un espacio público como espacio de expresión y de deliberación de ciudadanos libres e iguales en sus derechos. Se trató luego de integrar en ella la idea de justicia económica; y finalmente, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la batalla consistió en querer reducir las desigualdades sociales. La idea del espacio público es entonces una conquista en contra de los poderes de esas comunidades restringidas, cuya autoridad iba ayer mucho más allá de sus reglas profesionales, puesto que definían reglas morales, valores y jerarquías para la sociedad en su conjunto. Además la pérdida progresiva de autonomía y de poder de esas comunidades se hace en beneficio de la consolidación y de la ampliación del espacio público. Se puede incluso decir que los dos movimientos fueron simultáneos, pero en sentido contrario. Siempre hubo, entonces, una relación de fuerzas entre los conceptos de espacio público y de comunidad parcial. ¿Cuál es hoy el problema? La relación de fuerzas se invirtió de tal modo que las comunidades restringidas no tienen ya ninguna autonomía en la gestión de su sistema de referencias y de símbolos, y están cada vez más sometidas a las reglas que rigen el espacio público. Pero una sociedad no puede basarse en la legitimidad y la autoridad de un solo sistema de valores, aun cuando éste sea el sistema de valores democráticos; y esta problemática no agota el sentido de todas las actividades humanas, se trate de la religión, de la ciencia, del arte militar, de la medicina, de las artes... El problema no es el derecho a la expresión de cada una de estas comunidades, sino el lugar acordado a estos sistemas simbólicos heterogéneos en relación con las reglas democráticas dominantes del espacio público. Dos problemas teóricos diferentes, pero complementarios, resultan de esta situación de hegemonía del espacio público democrático. 1) Primero, los riesgos de una sociedad sin mediación, es decir, de una “sociedad en directo”. La sociedad de ayer era la de los intermediarios, pero la batalla democrática consistió en luchar contra ellos, en nombre de la igualdad. Resulta de esto una sociedad sin intermediarios, donde los únicos principios de jerarquía son los vinculados al saber y a la elección. Con exclusión de cualquier otro. Vemos los logros democráticos, ¡adivinamos también sus excesos! Aunque se suprimen los intermediarios por un lado, en nombre de la igualdad, los riesgos de verlos retornar apoyándose en valores mucho más “jerárquicos” son reales. Luego, las sociedades tienen necesidad de mediaciones de todo tipo. Hoy en día, nuestras sociedades carecen de mediación más que de mediatización. La mediatización no reemplaza la mediación humana, es decir, el conjunto de contratos, ritos y códigos indispensables para la comunicación social y la vida cotidiana. Cuanto más información y comunicación, transparencia e inmediatez hay, más necesario es

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reintroducir las mediaciones. Los filtros cognitivos. Es en esto que el encuentro de los dos movimientos de extensión de la lógica del espacio público y de la información y de la comunicación es “diabólico”. Refuerzan el movimiento de racionalización, mientras que sería necesario, en cambio, compensar el modelo de una “sociedad en directo” con más intermediarios. Por un lado se desvaloriza a los intermediarios y, por el otro, se valoriza el “hágalo usted mismo” con la formulación de técnicas que le permiten hacerlo todo usted mismo desde su casa, por computadora, tanto en el trabajo como en la formación profesional, en las relaciones con su banco, en la educación y en el ocio... La consecuencia es que el individuo es libre, se liberó de intermediarios inútiles, pero está solo frente al mundo y en el marco de redes de las que nadie plantea la pregunta de las rigideces que ellas crean... A causa de esto, nos deslizamos fácilmente de la idea de libertad, debido a la ausencia de intermediarios, a la ideología de la inmediatez. Todo es público e inmediato. Pero, ¿puede haber una sociedad que deje al individuo, al ciudadano, al trabajador, al consumidor solo, sin intermediarios, frente al mercado, al Estado y a la política, y, por lo tanto, mucho más débil? Volvemos a encontrar aquí la cuestión de las distancias: ya no hay más distancia entre lo próximo y lo lejano, todo es “legal y democrático”, en un presente inmediato. El riesgo es, evidentemente, el incremento de un doble problema, el de una homogeneización excesiva, vinculada al desmoronamiento de las comunidades parciales, y el complementario, una anomia de los sujetos, vinculados a la sociedad sólo por los hilos del tejido democrático. He aquí, sin duda, uno de los problemas antropológicos más complicados surgido del triunfo del modelo de la sociedad democrática, dominada por el espacio público. Uno de los efectos paradójicos que surge del modelo cultural de sociedad sin jerarquía, sin intermediarios y en directo es la valorización extrema del poder del experto. Se trata aquí de un principio de jerarquía mucho más difícil de impugnar que los otros, porque se apoya en la legitimidad democrática del saber. He aquí la paradoja, a la que volveré en la parte siguiente. La sociedad igualitaria, individualista y sin intermediarios refuerza el poder del experto, tal vez uno de los más jerárquicos y menos impugnados hoy en día. 2) El segundo problema teórico ligado a la hegemonía del espacio público democrático es el del status del papel y del valor de las comunidades restringidas. Las comunidades parciales (arte, religión, ciencia, medicina, Fuerzas Armadas) no sólo son portadoras, por su existencia, de historias más antiguas que las de la democracia, sino que sus sistemas de valores y de referencias carecen, la mayoría de las veces, de una relación directa con el modelo dominante del espacio público laico y democrático. Siendo así, se constituyen en ardides que permiten evitar los estragos de la sociedad en directo. También tienen otros dos papeles esenciales. Preservar un principio de jerarquía, no ligado al sistema eleccionario, y mantener principios de competencia independientes del modelo democrático. En síntesis, preservan las fuentes de alteridad frente a los valores democráticos. Son, sin duda, la mejor defensa contra el surgimiento de otros principios de movilización: las sectas, las paraciencias o las medicinas paralelas, cuyo prestigio crece proporcionalmente a las dificultades de las Iglesias, de la ciencia y de la medicina. Dicho de otro modo, la valorización de las comunidades parciales ligadas al patrimonio cultural de nuestras sociedades es probablemente el mejor modo de evitar que la necesidad creciente de mediación, y de lugares para realizarla, favorezca el ascenso de movimientos comunitarios más o menos hostiles al espacio público democrático: La necesidad para el individuo de escapar a las “soledades interactivas” refuerza el deseo de adherir a las comunidades. Si no se valorizan las comunidades parciales tradicionales, se impondrán otras nuevas, mucho más radicales y mucho más próximas a una impugnación del espacio público democrático. Reconocer el papel central de las comunidades restringidas en el espacio público democrático evita reducir la ciencia, la religión, la medicina, las costumbres, las Fuerzas Armadas, la cultura, la escuela, a problemas de opinión. Sí a la democratización de la sociedad; no a la igualdad de los saberes, de las opiniones, de los símbolos y de las representaciones, fuera de aquellos ligados al

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ejercicio de la legitimidad política. No a la encuesta como modo “universal” de acceso a las representaciones, símbolos y creencias que responden a otros sistemas cognitivos. Por otra parte, la generalización de las encuestas al conjunto de las prácticas sociales, bajo el mismo modelo de la encuesta política, contribuye a esta ideología de la igualdad y del paradigma único. En nombre de la “igualdad” de la opinión pública, hacemos encuestas sobre el Primer Ministro, el Papa, la anticoncepción, las “vacas locas”, la conquista del espacio, la homosexualidad, el matrimonio de sacerdotes, la manipulación genética... Volvemos a encontrar el problema que la democracia de masas enfrenta: la confusión de los planos en materia de igualdad. La igualdad política y la referencia igualitaria, visibles en la mayor parte de las esferas sociales, no autorizan, sin embargo, un concepto de igualdad válido para todas las prácticas sociales y todos los espacios cognitivos. Plantear este problema no significa adherir a un modelo antiguo, jerárquico, ni tener nostalgias del pasado. Sólo significa subrayar una de las mayores contradicciones del espacio público triunfante. En otras palabras, es esencial valorizar el papel y la legitimidad de las comunidades parciales; ellas son un complemento normativo indispensable. En cuanto a creer que esas comunidades podrían poner en peligro los valores democráticos, es tener poca confianza en el triunfo de esos valores... Dicho de otro modo, es el propio triunfo del espacio público ampliado y mediatizado el que obliga a revalorizar el lugar y el valor de los otros espacios simbólicos y culturales de las comunidades parciales. Es el modo de la democracia de masas de andar sobre sus dos piernas. Si la relación de fuerzas se volviese demasiado desfavorable para las comunidades restringidas, algunos abandonarían tal vez sus referencias universales para cerrarse y unirse entonces a la lógica del irredentismo comunitario. Existe un verdadero riesgo de empobrecimiento simbólico del espacio público democrático mediatizado; y si se quiere salvar este concepto esencial para la democracia, es necesario limitar su extensión sobre el modo político, racional y laico. Limitar la extensión, es también volver a darles su lugar y su legitimidad a los otros sistemas de valores para evitar un seguro empobrecimiento de la esfera pública. En síntesis, recrear las distancias, mientras que el movimiento democrático se esfuerza, desde hace dos siglos, por reducirlas. Bibliografía 1. Arcy, F. d’ (comp.), La Représentation, Economica, París, 1985. 2. Badie, B., Culture et politique, Economica, París, 1990. 3. Balandier, G., Le Pouvoir sur scènes, Balland, París, 1992. 4. Berger, P. y Luckmann, Th., La construcción social de la realidad, Martínez Murguía, Madrid, 1986. 5. Bergounioux, A. y Grunberg, G., L’Utopie à l’épreuve: le socialisme européen au XX e siècle, Ed. de Fallois, París, 1996. 6. Besnier, J.-M., Tocqueville et la démocratie: égalité et liberté, Hatier, París, 1995. 7. Boudon, R., La logique du social, Hachette, col. “Pluriel”, París, 1979. 8. C.U.R.A.P.P., La Société civile, PUF, París, 1986. 9. Canetti, E., Masa y poder, Alianza, Madrid, 1997. 10. Dacheux, E. y Rosso, R., La Communication entre associations et élus en Ile-de-France. Etude de cas, L’Harmattan, París, 1996. 11. Dahlgren, P., “L’espace public et les médias: une nouvelle ère?”, Hermès, nos 13-14, “Espaces publics en images”, Ed. du CNRS, París, 1994. 12. Debray, R., L’Etat séducteur: les révolutions médiologiques du pouvoir, Gallimard, París, 1993. 13. Delmas-Marty, M., Vers un droit commun de l’humanité. Entretien avec P. Petit, Seuil, París, 1996. 14. Elias, N., La sociedad de los individuos, Península, Barcelona, 1990. 15. Finkielkraut, A., La humanidad perdida: ensayo sobre el siglo XX, Anagrama, Barcelona, 1998. 16. Foucault, J.-B. de, La Société privée de sens, Seuil, París, 1995. 17. Friedberg, E., Le Pouvoir et la règle, Seuil, París, 1993. 18. Gauchet, M., La Révolution des pouvoirs. La souveraineté, le peuple et les représentations 1789-1799, Gallimard, París,

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