Conflictos Socioambientales en La Provincia de Huancabamba

 

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA PIURA.

Los conflictos socioambientales se han incrementado durante los últimos años, logrando despertar el debate e involucrar a un creciente número de actores comunitarios, nacionales e internacionales que desde diversas posiciones demandan soluciones.

Desde el año 2002, la empresa Minera Majaz S.A. con su proyecto Río Blanco, pretende explotar un yacimiento minero de cobre y molibdeno en la parte más elevada de la provincia de Huancabamba, generando un malestar en la población. Los campesinos de la comunidad de Segunda y Cajas, temen por los impactos que pueden producir las actividades mineras en los frágiles bosques de neblina y páramos, ubicados en las zonas altas y que con ellos se afecten las fuentes de agua, que tienen una implicancia directa en las actividades productivas agrícolas y pecuarias de la población.

Estos conflictos socioambientales que se vienen suscitando en contra de la actividad minera, en la provincia de Huancabamba, se desencadenan a partir del otorgamiento del estado de una concesión a la empresa minera Majaz, para la exploración y explotación de estos minerales, sin haber puesto de conocimiento ni consultado previamente

a

la

población

sobre

este

proyecto;

produciéndose

sucesivas

movilizaciones, protestas y enfrentamientos entre las comunidades y policía nacional; entre quienes están a favor y quienes se oponen al desarrollo de la minería en dicha zona. Estos conflictos se manifiestan a través de bloqueos de caminos y carreteras, agresiones, amenazas, denuncias, encarcelamientos, difamaciones y hostigamiento contra líderes y dirigentes comunales, representantes de instituciones, miembros de la iglesia, etc.

El 2003 el MINEM (Ministerio de Energía Y Minas) aprobó la Evaluación Ambiental presentada por Minera Majaz, documentación que describe cómo manejará los efectos ambientales y algunos efectos sociales de la fase de exploración. Con esta aprobación la empresa inició la exploración de estos recursos minerales; cuya legitimidad ha sido desde entonces cuestionada por un informe de la Defensoría del Pueblo del 2006. Hallando cuatro fallas en el proceso por el cual el MINEM otorgó su autorización a la empresa para explorar en las comunidades de Yanta, y Segunda y Cajas.

 

a) Concluyó que el MINEM se tomó un plazo mayor a los 40 días estipulados para conceder el permiso a la empresa. b) Encontró que los avisos publicados invitando a las comunidades a comentar la «Evaluación Ambiental» de la empresa habían consignado erróneamente el nombre del área en la cual proponía hacer exploración. Los avisos públicos se referían al distrito de Huarmarca (mal escrito pues el nombre correcto es Huarmaca) en la provincia de Huancabamba, cuando en realidad debía solicitarse permiso para exploración en el distrito de Carmen de la Frontera. La Defensoría sostiene que esto podría haber sido un obstáculo para la participación pública en el proceso, señalando que efectivamente el MINEM no había recibido observación alguna sobre el proyecto de

exploración

propuesto.

c) Halló que aun cuando la ley requiere que las actividades de exploración obtengan la aprobación ex ante de los dueños de los derechos superficiales del terreno donde se realizará la exploración, el MINEM cometió el error de no incluir este punto en la guía sobre los documentos que deben presentar las empresas que solicitan la aprobación de sus Evaluaciones Ambientales, lo cual podría significar que ellas no busquen obtener este permiso. d) Señaló que allí donde el propietario de la superficie del terreno es una comunidad campesina, la Ley 26505 establece que el permiso para la exploración requiere la aprobación, en una asamblea general comunal, de dos tercios de los miembros de la comunidad. Minera Majaz solo obtuvo la aprobación de líderes comunales. Las personas que se oponen a la minería en Huancabamba, Huancabamba, aseguran que el proyecto tendría un impacto negativo en las actividades productivas agrícolas y pecuarias de las comunidades campesinas de la zona y de las poblaciones de las partes bajas, ya que las operaciones de la minera y otras concesiones concesiones mineras adyacentes, están ubicadas en las nacientes de cuenca de ríos importantes para la región. Los habitantes de ésta comunidad, sienten que sus derechos vienen siendo vulnerados por parte del estado, que no consultaron a la población la explotación de los recursos minerales antes de dar a concesión dichas tierras, que la empresa minera Majaz, solo había obtenido permiso de unos cuantos lideres en lugar de los dos tercios de los miembros de la comunidad, como lo requiere la ley, y que estos líderes solo habían otorgado permiso para pruebas sísmicas, y no para una exploración minera. Estas comunidades en asambleas posteriores rescindieron todo permiso que sus representantes otorgaron a la empresa para operar y exigen el retiro de la empresa minera de sus territorios comunales por carecer de consentimiento, y por no obtener la

 

licencia social requerida para la explotación de los recursos minerales que existen en esta zona.

 Ante ello las comunidades comunidades y gobiernos locales de los distritos de Ayabaca, Pacaipampa y, Carmen de la Frontera, realizaron una consulta comunal y/o distrital como el mecanismo de expresión democrática y legitima de su posición frente a la minería sobre el proyecto minero Río Blanco. En esta consulta vecinal realizada en estas localidades, participaron diferentes instituciones nacionales e internacionales como observadores, que dio como resultado mas del 94% de la población electoral no acepte incorporar la actividad minera en su opción de desarrollo sostenible, expresando su rechazo a la empresa minera Majaz para continuar con dicho proyecto.

En consecuencia, los conflictos entre comunidades y empresas mineras evidencian de manera cada vez más frecuente la necesidad de reforzar la participación ciudadana y las consultas directas de la población donde se va a realizar un proyecto minero, con el involucramiento de las comunidades en las actividades mineras desde su inicio.

Estos conflictos socioambientales que se presentan entre la comunidad y la empresa minera ha producido perdida de capital, perdidas en sectores productivos de la economía en la inversión pública y privada, un incremento de gastos no programados, así como también la paralización a la explotación de los recursos minerales, generando un impacto negativo en acciones en la bolsa de valores para dichos accionistas.

Frente a este problema se nota una ausencia del estado, hay falta de apoyo por parte del gobierno central, intereses políticos de parte de algunas autoridades que promulgan leyes y políticas de estado diseñadas y ejecutadas para beneficiar a las empresas mineras, hay una incapacidad del estado para supervisar y fiscalizar la actividad minera, de manera que se respeten los derechos de la población.

En la actualidad, a pesar de los problemas en contra de la minería, la empresa minera Río Blanco Copper S.A viene realizando diferentes actividades en beneficio de la población, generando empleo, a través de construcción de escuelas, postas, capillas, agua potable para algunos caseríos instalación de viveros, talleres textiles, mejoramiento de viviendas, mantenimiento de caminos y carreteras, proyectos

 

productivos, etc. invirtiendo miles de dólares en la realización de dicho proyecto minero.