Conflictos Sociales Por La Minería en Piura

 

 

CONFLICTOS SOCIALES OCASIONADOS POR LA MINERÍA EN PIURA

 

PRESENTACIÓN  A medida que la industria extractiva peruana ha crecido, el sector ha buscado nuevas fronteras y puntos para la extracción de minerales. En el sector minero, Piura ha sido una de estos puntos y desde hace más de una década, la minería y el incremento de la población relacionada a la misma, han aumentado. Este trabajo se enfoca sobre los conflictos ssociales ociales generados en los proc procesos esos de instalación de compañías mineras en sociedades locales. Donde abarcaremos mineras y las consecuencias consecuencias de estas en Piura. Que al igual q que ue en todo el país han desencadenado un sin número de conflictos sociales que han llamado la atención de la opinión pú pública blica regional, nacio nacional nal e incluso incluso internacional y que compromete directamente al Estado y su gobierno. Edwin Loaiza y Armando Galloso señalan señalan que existen 1 339 derec derechos hos mineros al 4 de agosto de 2010, lo que hace un total de 989 703 ha. Se tiene estimado un centenar de pequeñas operaciones mineras artesanales. La minería de la zona se caracteriza porque casi todos los trabajadores son de la Región Piura, entre ellos pobladores de caseríos y comunidades que, por diversos motivos, han cambiado la actividad cotidiana por la minera. Este hecho del cambio de trabajo de la sociedad repercute en la disminución de la producción de otras otras áreas a las cuales estab estaban an dedicados. Cabe señalar que la minería en Piura, tiene legalidad en algunas zonas, mientras que otras trabajan de manera informal. Esto genera diversos conflictos sociales y afecta el ambiente. La inestabilidad generada por estos conflictos plantea, en efecto, serios problemas de gobernabilidad y tiene consecuenc consecuencias ias económicas y sociales que pueden afectar seriamente las perspectivas de desarrollo sostenible del país. En el siguiente trabajo, se analizan los conflictos generados en las ciudades de Tambogrande con la compañía Manhattan, en Huancabamba y Ayabaca con la empresa Río Blanco y en las ciudades de Suyo, Paimas y Las Lomas, pertenecientes a la cuenca del Chira.

 

CAP. I: MINERÍA EN PIURA 

1.1.

MINERA DE TAMBOGRANDE MANHATTAN

Desde mayo de 1999 hasta diciembre 2003, las poblaciones de la colonización

San Lorenzo, del distrito de Tambogrande y del pueblo del mismo nombre, ubicados en el departamento de Piura, mantuvieron un severo conflicto con la empresa canadiense Manhattan Minerals Corporation (MMC), rechazando el ingreso de la minera en su territorio por amenazar el carácter agropecuario del distrito y el desarrollo comercial, agroindustrial y agroexportador de una de las más importantes zonas frutícolas del país. Como en todo conflicto, la divergencia de los intereses enfrentados da pie a interpretaciones diferentes que compiten entre ellas. En primer lugar los que se opusieron al proyecto minero, fueron los pequeños y medianos agricultores del distrito, sostenían que la explotación de la mina era antieconómica, puesto que las ganancias que se generarían no compensarían las pérdidas en la agricultura y que la actividad minera desplazará a la agricultura en el valle Por otro lado un grupo de profesionales que acompañaban a la población en su lucha manifestaron que diversos factores amenazarían la salud ambiental del distrito y de la región. Los que en un inicio se pronunciaron en Piura a favor del proyecto minero, principalmente empresarios de la Cámara de Comercio, profesores de la Universidad Nacional Nacional de Piura (UNP) y de la Universidad Universidad de Piura (UD (UDEP) EP) que realizaron estudios para la empresa, y el sector minería del aparato de Estado, pero sobre todo por sus ventajas para la exportación, al encontrarse a solo 106 kilómetros del puerto de Paita. Respecto a las críticas contrarias, desestimaban el peligro ecológico, puesto que confiaban en que la empresa respetaría las normas ambientales del sector

 

y que utilizaría la tecnología apropiada para contrarrestar en forma adecuada y efectiva los diversos impactos ambientales negativos. El 25 de septiembre, se dio una marcha y un mitin popular en la Plaza de  Armas de Tambogrande. El enfrentamiento con MMC se agudizó rápidamente, produciéndose en varias oportunidades (22 septiembre, 15 octubre y 22 noviembre 1999).  A principios de 2000, se formaliza un acuerdo entre el FDVSLT (Frente de defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande) y la Mesa Técnica de  Apoyo a Tambo grande. grande.  A pesar de que el Frente tenía desde el inicio suficiente suficiente fuerza y legitimidad sus bases reales de apoyo eran relativamente reducidas, principalmente pequeños parceleros de la colonización San Lorenzo, organizados por sector de riego, mientras El  MMC avanza en sus actividades de exploración y concentra su

atención sobre un depósito de óxidos de oro cercano a la superficie, el 21 julio de 2000 presenta su estudio de Línea de Base Ambiental en Tambogrande, afirmando que son estos estudios técnicos y el futuro Estudio de Impacto  Ambiental (EIA) requisito administrativo para pasar de la fa fase se de exploración a la de explotación, los que servirán para determinar la viabilidad del proyecto y establecer las bases para negociar cómo se realiza este, el cual es refutado públicamente con argumentos tantos técnicos y ambientales como jurídicos y constitucionales. Por su lado, la empresa busca transmitir el mensaje de que “minería y

agricultura son perfectamente compatibles” y desarrolla una campaña. Su presencia es cada vez más notoria (contratación de personal, charlas, construcción de las casas modelo para el reasentamiento del pueblo), lo que se traduce en un aumento de las tensiones. La situación se desborda durante el nuevo paro que la población de Tambogrande realiza los días 27 y 28 de febrero de 2001, cuando ya estaba en el poder el gobierno de transición, “en protesta por la pretensión de Manhattan de desarrollar el proyecto a como dé lugar y en contra de la voluntad de la gran mayoría de los pobladores de esta localidad”. 

 

En abril, a solicitud de la MMC, el gobierno peruano le concede a la empresa una extensión del plazo de un año (hasta el 31 de mayo de 2004) para ejercer su derecho de opción en las concesiones de Tambogrande. Sin embargo, fija el 1 de diciembre de 2003 como fecha tope para que la empresa resuelva los aspectos referidos en dicho contrato al estudio de factibilidad y al Plan de Financiamiento del Desarrollo del Proyecto Minero. En los meses siguientes, el Frente concentra sus acciones en torno al Congreso, donde consigue el respaldo de varios congresistas y que se presente el proyecto de Ley N° 5438, que declara la intangibilidad de la agricultura en Tambogrande. El MEM convoca en septiembre, a través del diario oficial El Peruano y otros medios, a las audiencias públicas como parte del proceso de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, debiendo realizarse en Lima el 5 de noviembre, el 6 de noviembre en Piura y el 7 de noviembre en Tambogrande. El Frente, amparándose en los resultados de la consulta popular, rechaza participar en las reuniones de diálogo, talleres informativos y audiencias públicas organizados por el MEM, considerando que, dado que en el Perú ningún EIA había sido desaprobado, la culminación del proceso de revisión del EIA llevaría inexorablemente a la aprobación del proyecto pr oyecto minero. Como consecuencia de las movilizaciones realizadas por la población de Tambogrande y sus aliados en Piura y Lima, las tres audiencias fueron suspendidas antes de que se intenten instalar. Las autoridades del MEM, en el Congreso, en sesión de la Subcomisión de Ecología y Medio Ambiente del 25 de noviembre, indican que estarían pensando en una nueva convocatoria a la audiencia pública, que tendría un carácter especial, y dejan abierta la posibilidad de que el caso se someta a un proceso de arbitraje que podría durar aproximadamente un año. El 11 diciembre de 2003, en forma sorpresiva, la empresa estatal Centromin (Heredera de los derechos de Minero del Perú) comunica mediante nota de prensa que MMC no cumple con los requisitos establecidos en el contrato para el ejercicio de la opción, y por lo tanto pierde su derecho de opción sobre el proyecto minero Tambo Grande. De esta manera se cerraba un capítulo importante de uno de los conflictos más emblemáticos que había enfrentado a la actividad minera con los intereses de una población.

 

Si bien el gobierno central ha decidido que Manhattan se retire del proyecto Tambogrande, formalmente, por no demostrar la capacidad económicofinanciera requerida, “políticamente es un triunfo del pueblo organizado de

Tambogrande y su estrategia de hacer valer la Consulta Vecinal de junio del 2002 frente al procedimiento de las audiencias públicas y al intento de la Defensoría de propiciar una salida negociada”. Sin embargo, el hecho que conviene recalcar es que esta salida al conflicto dejó inconcluso y frustrado el debate sobre los temas de fondo en torno al cual giraba: las implicancias económicas del proyecto minero, su viabilidad ambiental y, más que todo, el inadecuado sistema de participación ciudadana. La cancelación del proyecto minero “Tambo Grande” no significa que el distrito

permanezca como zona protegida contra las actividades mineras. Por el momento, las amenazas contra la “intangibilidad del valle” no parecen provenir

tanto de la gran minería como del reciente, acelerado y anárquico desarrollo de la explotación minero artesanal de oro en los alrededores de la colonización.

1.2.

PROYECTO RIO BLANCO

El proyecto Río Blanco se ubica en el departamento norteño de Piura, en las provincias de Hbba y Ayabaca.  La colina se encuentra en la sierra de Huancabamba, en el distrito de Carmen de la Frontera, próxima al área de expansión agrícola y ganadera de la comunidad de Segunda y Cajas, por donde se accede a la zona, y cuyos caseríos de Pan de Azúcar y Rosarios Bajo son las zonas ocupadas más próximas. El terreno sobre el que se sitúa el yacimiento pertenece a la comunidad de Yanta, ubicada a su vez en el distrito y provincia de Ayabaca.  (Minería y conflicto social / José De Echave, Alejandro Diez, Ludwig Huber, Bruno Revesz, Xavier Ricard Lanata y Martín Tanaka. Lima, CBC, CIPCA, CIE S , IE P, 20 2009 09.. (Minería y S ocied ocieda ad).

El depósito de cobre- molibdeno en rio blanco fue identificado en 1994 por Newcrest Mining de Australia Australia que luego pas pasaría aría a ser propiedad de Mo Monterrico nterrico Metals Plc.

 

En el núcleo del conflicto se haya la relación entre la empresa y las dos comunidades campesinas campesinas Segunda Segunda y Cajas y Yanta en cuyas tierras se ubica el proyecto. En el caso específico de la minería, si bien las comunidades no poseen derechos sobre el subsuelo, los comuneros tienen que dar su aprobación. En un entorno organizativo y administrativo tan complejo obtener el consentimiento para un proyecto minero no es reto fácil, y cuando comenzó sus actividades Monterrico parece que siguió los procedimientos legalmente exhibidos para operar en las tierras de las comunidades campesinas. Tan solo un puñado de líderes, le otorgaron a la empresa el permiso para proceder y, aun así, tan solo para la realización de pruebas sísmicas. No se otorgo el permiso para la exploración minera o el establecimiento de un campamento minero. Posteriormente, las asambleas de ambas comunidades rescindieron el permiso y demandaron el retiro de la empresa. En ausencia de una respuesta remitida al MEN una asamblea de las comunidades dio a la empresa y a l MEN un ultimátum de 15 días. En el 200 2004 4 los ronderos y comuneros marcharon sobre el sitio de la mina, ocasionando una muerte. Se realizó una mesa de concertación, sin embargo no se llegó a ningún acuerdo. En el 2005 se realizó una segunda marcha congregando alrededor de 3mil ronderos de Ayabaca, así como campesinos de Segunda y Cajas, esta marcha ocasionó otro enfrentamiento, muertes y heridos.  Al año siguiente el británico Peru support group organizo una reunión en el parlamento del Reino Unido, donde una activista local y la empresa debatieron el proyecto, pidiendo enviar un comité de investigación para informar sobre el caso lo que en efecto se hizo, al mismo tiempo el defensor del pueblo paso a involucrarse de manera más sustantiva en el conflicto, pidiendo así un informe completo acerca de la presencia de la minera Majas, este informe encontró deficiencias en la forma en la que el MEN había otorgado el permiso a la empresa para explorar en las comunidades de Yanta y segunda y cajas, el fallo fue que solo se había obtenido la aprobación de los lideres de la comunidad y no de los tercios de comuneros exigidos por la ley.

 

  La respuesta del MEN fue indiferente, el informe de la defensoría del pueblo insistia que la empresa debió resolver los problemas legales, afirmando que estaría yendo en contra de la ley. Sin embargo el problema para la defensoría y los activistas era que ésta no tenía poder legal para forzar al gobierno a actuar de acuerdo a sus recomendaciones sino más bien moral. En el año 2007, se empezó con la emisión de dos decretos supremos del ejecutivo que limitaban la participación ciudadana y las potestades municipales para afectar las fases de exploración y explotación de los proyectos mineros. La defensoria del pueblo identifico en un informe publicado, que las políticas del gobierno eran una causa importante de los l os conflictos socioambientales. En medio de este intenso debate, las actividades de exploraciones quedaron a la espera mientras se preparaban un proyecto pr oyecto final. En efecto mientras, el periodo 2003- 2007 había sido uno de creciente tensión y visibilidad pública para el proyecto, el periodo 2008-2010 se convirtió en uno de relativa calma. En el proceso de quietud relativa en Piura, varios de los actores involucrados en el conflicto empezaron a seguir nuevas estrategias. La empresa reavivo sus esfuerzos para obtener el respaldo para su proyecto. El principal instrumento fue la intensificación de los programas de relaciones comunitarias en el área de influencia de la mina. Es importante notar que realizo esas actividades en colaboración con una empresa vinculada a uno de los grupos empresariales más importantes del país. Así esta doble estrategia parecía estar diseñada para ganar tanto el apoyo local como nacional- con la esperanza de que el vínculo con el grupo empresarial peruano le ofreciera la capacidad de movilización necesaria para conseguir la aprobación final del proyecto. En Hbba y Ayabaca, las organizaciones que se enfrentaban a la mina habían explorado la posibilidad de utilizar un Zonificación Ecológica- Económica y un ordenamiento territorial como medios para catalizar los debates sobre las alternativas de desarrollo.

 

Estas iniciativas prosperaron tanto en Ayabaca como en Hbba, la lógica de estas iniciativas era que las autoridades locales tuviesen una visión más clara y estratégica de las formas alternativas de desarrollo local que ellos les gustaría seguir, para así contar con mejor sustento técnico en las discusiones y saber cómo combinar en la región la agricultura, la gestión del agua y la minería. Finalmente a medida que menguo el conflicto abierto, la defensoría del pueblo redujo su participación directa en el caso. La industria sigue resistiéndose a la idea de que la geografía de la minería debe de ser guiada por procesos previos de zonificación y ordenamiento de territorio. Por lo tanto no se puede decir que cualquiera de estas iniciativas haya

culminado

todavía

en

cambios

institucionales

vinculantes.

El

ordenamiento territorial y el derecho a la consulta previa están ahora, sin embargo, mas firmemente establecidos en la esfera del debate público, y existen pocas dudas acerca de que el conflicto en torno a Rio Blanco ha sido crucial en este proceso . (Anthony Bebbington- Conflicto Social e instituciones emerg em erg ent enteses- P iura, Perú)

1.3.

MINERÍA EN LA CUENCA DEL RÍO CHIRA 

Con el aumento del precio del oro, los pequeños mineros, han optado por seguir explotando este mencionado mineral. Las ciudades pequeñas, ricas en territorios en los que abunda este metal, se han visto progresivamente llenas de mineros, en muchos de los casos, informales. La zona de estudio se encuentra en la Región Piura, en las provincias de  Ayabaca, Sullana y Piura, e involucra a los l os distritos de Suyo, Sapillica, Paimas, Lancones, Las Lomas y Piura, además, comprende los cuadrángulos de Las Playas, La Tina y Ayabaca. El estudio tiene como ámbito de influencia de la cuenca media del río Chira, el cual incluye a los ríos Chira, Chipillico y Quiroz, que se encuentran en la zona de actividad minera desarrollada por los trabajadores artesanales del lugar. Según un informe de Ítalo Rodríguez, las unidades que afloran en el

mencionado sector, se componen de rocas volcánicas, lavas y rocas

 

 piroclásticas de composición composición andesítica que corres corresponden ponden a las formacione formaciones s La Bocana y Lancones del Cretácico superior.

Se conoce, según Loaiza, E. & Galloso, A. (2009) que los yacimientos más representativos de estas ocurrencias son Bolsa del Diablo, Alvarado, Chivatos,  Algodonal, Alumbre, Naranjo, Pueblo Nuevo, Guitarras, Chiqueros, Calabazas, Pilares, Potrero, Suyo, Servilleta, Cuchicorral, Pasallal, El Overal, etc., con valores de 3 a 4 onzas de Au por tonelada.

La

población

directamente

involucrada

en

el

estudio

corresponde

fundamentalmente a los distritos de Suyo, Sapillica y Paimas que conforman una población mayormente rural de alrededor de 32 147 habitantes mayormente hombres. El distrito de Suyo tiene una tasa de crecimiento poblacional intercensal de 1,6% y 3,8% en Paimas. La población con mayor tasa de analfabetismo es Sapillica con 13,5%, mientras que Suyo tiene 6% y Paimas 8,8%. El índice de incidencia de pobreza total en Suyo es de 68%; en Paimas, de 72% y en Sapillica, de 92%. La mayoría de la población ocupada se dedica a la agricultura, sin embargo, en estos últimos tres años, quienes atienden la agricultura han diversificado su actividad con la minería. Casi el total de los mineros artesanales de la zona de estudio son de Piura, incluso de los caseríos, un pequeño porcentaje significativo es proveniente del Sur (Ica,  Arequipa). La población que sirve como punto de encuentro para los servicios es el poblado de Las Lomas, donde se pueden encontrar todo tipo de servicios logísticos para la minería, además de alimentos y hospedajes. La distancia muy próxima que hay de Las Lomas a Sullana hace posible que las necesidades y faltantes puedan ser superados de manera rápida. Los mineros del ámbito de estudio tienen representación en un gremio de Carácter Nacional: la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú. Cada grupo ha desarrollado una forma de trabajo de acuerdo a sus propias experiencias, tomando en consideración aspectos económicos, técnicos y sociales. La operación propiamente dicha se realiza de forma individual o en pequeños grupos integrados por tres a diez personas, quienes generalmente son socios.

 

El minero artesanal de la zona de estudio extrae el mineral por el método de «circado» o minado selectivo, que consiste en la extracción de la roca caja piso, con perforación y voladura, si fuera el caso, para posteriormente solo beneficiar la estructura mineralizada económica. Dentro de los sectores del área ár ea que ocupan principalmente Suyo, Paimas y Las Lomas, podemos encontrar los siguientes: Sector Servilleta, Cuchicorral, Roca Rajada, San Sebastián, Pampa Larga, Jambur. Y estos sectores a su vez, presentan labores mineras. Que entre las legales destacan, por sector, las siguientes: -

Sector Servilleta: Veta Leoncio, Labor Medina, Veta Los Vilela, Labor Isolina, Labor Española, Los pájaros.

-

Sector Cuchicorral: Veta Rambo, Veta Franco, Veta de Cuarzo, Labor Cuchicorral.

-

Sector Roca Rajada: Veta Chan, Cerro Pichilingüe-Huásimo. Sector San Sebastián: El Overal y El Overal 1

-

Sector Pampa Larga: Alvarado y Cerro El Pasallal

-

Sector Jambur: Veta Chorrera, Zona Jambur- Cascajal.

Estas labores mineras en su mayoría extraen el oro nativo, cobre, hierro y otros óxidos. A pesar de que las labores aún son artesanales en estas zonas, la extracción minera genera muchas desventajas para la naturaleza. Las alteraciones que, con carácter general, pueden ocasionar las pequeñas operaciones mineras, pero explotadas de manera intensiva, están relacionadas a alteraciones en la atmósfera, en las aguas, en la flora y en la fauna, en los suelos, en los procesos físicos de la morfología del terreno y del paisaje, y alteraciones del ámbito sociocultural. (Loaiza, E. & Galloso, A. (2009))

Piura tiene alrededor de 1 339 derechos mineros al 4 de agosto de 2010, que representan a 989 703 ha. La cantidad de solicitudes de derechos mineros ha incrementado en los últimos años fundamentalmente en la zona donde actualmente se ubican los mineros artesanales. Esto ha generado diversas corrientes de opinión por parte de los pobladores de la cuenca media y baja, donde están instalados los agricultores. En la zona se sostiene el paradigma de

 

que las pequeñas operaciones perjudican menos que las grandes, lo que aparentemente suena muy lógico. Este análisis es respaldado por información publicada respecto de la zona, donde se manifiesta que la población no descarta que los mineros artesanales del distrito sigan operando, pero que primero se formalicen, se capaciten y se verifique que no haya contaminación ambiental.

 

Cap. II Conflictos sociales

2.1. ORIGEN DEL CONFLICTO Los conflictos presentes en el sector minero peruano tienen una serie de orígenes.  



Las comunidades locales perciben escasos beneficios provenientes de

la actividad minera. Los conflictos recientes alrededor alrededor de la minería reflejan reclamos históricos por parte de comunidades rurales que siempre se han sentido excluidas de los beneficios derivados de las riquezas naturales del país. El Perú, es una sociedad tremendamente desigual en la cual existen vastas diferencias en cuanto a riqueza y condiciones de vida, entre las elites urbanas) y las poblaciones mayoritarias indígenas y campesinas que tienden a vivir cerca de donde operan las minas. El auge minero que experimenta el país puede estar exacerbando estas desigualdades, pese a que la ley peruana establece que la mitad de los ingresos por actividades mineras deben retornar a las zonas de extracción. En la práctica, las comunidades locales ven muy poco de este beneficio.  



Las comunidades no confían que el gobierno abordará sus inquietudes y

les protegerá efectivamente de la contaminación y otros riesgos que la industria minera puede causar.  



La decisión del gobierno de criminalizar las protestas contra la actividad

minera, y de satanizar a las organizaciones ambientalistas y de pueblos indígenas, presentándoles como los nuevos “comunistas”, sólo ha servido para

incrementar las tensiones. Las compañías mineras han cometido en ocasiones graves errores en su relación con las comunidades locales. En las etapas iniciales del auge minero en el Perú, ello se atribuyó parcialmente a la inexperiencia de ciertas compañías mineras para operar en un contexto

post-conflicto

y

en

una

 

sociedad tradicional como la peruana. Algunas compañías emplearon a personal que ostentaba actitudes desdeñosas o incluso racistas hacia las comunidades campesinas locales. Las compañías también trataron de operar en áreas que eran claramente inviables.  (Conflictos Mineros en el Perú: Condición C rítica M Marzo arzo 2009 2009-- informe de OXFA M América) 

2.2. ACTORES INVOLUCRADOS Cada conflicto reúne su propio universo fluctuante de actores, en posiciones particulares, en diversos grados de alianza, concertación o negociación o, en su defecto, en tensión y roce y, eventualmente, en enfrentamiento y oposición.

2.1.1. Las empresas mineras Los conglomerados que componen las empresas mineras se articulan alrededor del objetivo de la implementación del proyecto y de las ganancias generadas por este. Desde dicha perspectiva, esperan contar con reglas de  juego claras y estables que les garanticen la seguridad de su inversión. Sus vínculos con las comunidades locales, enmarcados en el mejor de los casos en las lógicas de la responsabilidad social, transitan bajo criterios de buena vecindad y de buena voluntad de las empresas y no son en absoluto forzosos ni regulados. Sus actividades de responsabilidad social pueden eventualmente orientarse al desarrollo local, pero pocas veces se incluyen en las discusiones locales sobre planificación y presupuesto y están, al menos en parte, orientadas a minimizar el descontento de la población local. Para ello, buscan convencer e informar a la población local de los beneficios que trae la actividad minera al mismo tiempo que aseguran respetar los códigos del medio ambiente (dentro de los estándares establecidos) y no competir con la población local por los recursos de la zona. La mayor parte de las empresas sabe que una nueva operación minera puede generar protestas y que para operar, además de los permisos y autorizaciones legales, es necesario contar con una “licencia social” para hacerlo. Por ello,

parte de sus acciones de responsabilidad social y de relaciones públicas está

 

orientada a disminuir las tensiones existentes y a reducir la eventualidad de una protesta. Sin embargo, una vez producida esta, se ven en la imperativa necesidad de aquietarla y sus acciones oscilan entre los reclamos hacia el control de la situación, la participación en instancias de concertación o mesas de diálogo y la implementación de campañas para generar una opinión pública favorable a su posición. Existen también acusaciones sobre acciones de intimidación, de difamación y de presión judicial contra algunos activistas y dirigentes contrarios a su posición en el conflicto. En suma, las acciones de las empresas parecen transitar en cierta búsqueda del control de las situaciones locales, en un marco de actividad responsable, pero voluntaria y libremente determinada, con un mínimo de marcos legales que regulan dicha actividad.

2.2.2. Las comunidades locales Las comunidades se ven involucradas en conflictos ante proyectos mineros llegados “de afuera”, que terminan alterando sus vidas y comprometiendo su

futuro hacia vías que, por lo general, no habían considerado ni evaluado anteriormente. Frente a esta circunstancia, los casos de conflicto analizados y las posiciones de las colectividades locales implicadas se sitúan frente a dos situaciones diferentes. De un lado, aquellas en las que ya se implementó un proyecto minero, planteándose el conflicto en términos de la afectación y de la participación de los beneficios de la actividad y, del otro, aquellas en las que se pretende iniciar una operación o ampliar las áreas de operación ya existentes, en donde los reclamos se orientan a la conveniencia o no de dicha actividad, por múltiples consideraciones consideraciones.. Frente a los efectos generados por empresas en operación, las comunidades locales interponen una serie de reclamos. Estos son eventualmente manifestaciones de un malestar más general, originado en el cambio acumulado sobre la forma de vida anterior a las operaciones mineras, agravado muchas veces por la naturaleza de las relaciones establecidas con sus representantes y la sensación de desgobierno sobre el propio destino, sumada

 

muchas veces a la sensación, más que al cálculo, sobre la relación costobeneficio.  Al respecto, las colectividades locales locales solicitan y reclaman a las empresas empresas tanto empleo como obras. Pero dadas las características de la minería moderna, la oferta de trabajo es siempre insuficiente. La relación entre las colectividades locales y las empresas (y también con el Estado) está marcada por las mutuas desconfianzas y la escasa credibilidad en las acciones y promesas del otro. Detrás de esta actitud hay herencias históricas, constataciones más recientes, pero también problemas de comunicación intercultural e incomprensión mutua. En general, las colectividades locales se enfrentan a la problemática desde una posición estructural de debilidad económica, técnica-legal e incluso cultural.

2.2.3. El Estado En los conflictos mineros el Estado peruano supone muchos actores. Sus diversas instancias y agencias, lejos de comportarse bajo un principio ordenado de subsidiaridad, muestran diversas estrategias, acciones y propósitos y exhiben un marcado contraste entre sus funciones reconocidas en la Constitución y los reclamos de las comunidades locales frente a su comportamiento en el desarrollo de los conflictos. En general, la preocupación central del Estado frente a los conflictos mineros parece enfocarse, por un lado, en el mantenimiento del orden público y, por el otro, en evitar que las protestas desalienten la inversión minera. Para ello, más que la represión, busca lograr el consentimiento de la población y su conformidad, para lo que está dispuesto a mediar y a proporcionar información, pero poco dispuesto a un diálogo que suponga la posibilidad de que un proyecto minero no llegue a ejecutarse . (MINERÍA Y CONFLICTO SOCIAL - Martín Ta Tana naka ka y L udwig Huber  – IE P, B runo Revesz y A le leja jandro ndro Diez  – CIPCA, Xavier Ricard y  J os é de EEch chave ave – C B C )  

 

2.3. LO QUE ESTÁ EN JUEGO

En las siguientes líneas se analizará los elementos centrales en los conflictos mineros que se ha encontrado, es decir, lo que está en juego para los diferentes actores. Por razones analíticas, estos elementos se presentan de manera separada, aunque en la cotidianidad de los conflictos a menudo se cruzan, se superponen y hasta se contradicen de alguna manera.

El medio ambiente y las l as diferentes percepciones del riesgo Según el informe de una consultoría encargada por el Banco Mundial sobre las dimensiones ambientales y sociales de la minería en el Perú, la mayoría de los conflictos sociales surge de preocupaciones medioambientales. También la Defensoría del Pueblo, en un reciente informe, identifica como una de las causas de los conflictos socioambientales al “temor justificado de la población a la potencial contaminación que pueden ocasionar las actividades extractivas”.

Es reconocido por las mismas empresas que un proyecto minero afecta inevitablemente al medio ambiente.

La competencia por los recursos naturales como sustento económico Las disputas por recursos naturales es el aspecto más recurrente en los conflictos mineros. Sin embargo, aunque este es el aspecto que más interesa a las organizaciones ecologistas, las comunidades rurales consideran el tema ambiental también  –y probablemente más – en términos de derechos al acceso a la tierra y al agua, es decir, los medios que constituyen el fundamento de su economía familiar. En otras palabras, en cuanto a recursos naturales, las empresas y las comunidades compiten también por los mismos recursos económicos. A pesar de los esfuerzos de algunas empresas para compensar adecuadamente a la población afectada por sus pérdidas.

La distribución de los beneficios económicos Un tercer elemento que sigue causando conflictos entre empresas y comunidades se refiere a la distribución de los beneficios económicos generados por la actividad minera. La presencia de la minería no solo ha

 

causado rechazo, sino también grandes expectativas económicas en partes de la población. El Estado peruano ha creado algunos mecanismos legales para redistribuir parte de los ingresos que provienen de la minería a las regiones afectadas, como el canon minero y las regalías. Sin embargo, ninguno ha logrado cumplir del todo con las expectativas de la población, en buena medida debido a las deficiencias en su aplicación. Una razón evidente para la insatisfacción es que a pesar de las medidas estatales y de las contribuciones de las empresas, el nivel de vida de la población en las zonas zonas mineras no h ha a mejorado sustancialmente. sustancialmente. La pobreza y la exclusión social de las comunidades ubicadas en los alrededores de las minas se encuentran así, en una contradicción abismal con la riqueza y el poder de las empresas.

La defensa de la autonomía y la cuestión del poder Un aspecto que de cierta manera atraviesa a los demás factores hasta ahora señalados es la defensa de la autonomía comunal. Para las comunidades, la presencia de las mineras significa la intrusión de un actor externo que trae como consecuencia una variedad de agresiones que incluye la privación de recursos y la reubicación de la población. En esta situación, la defensa del territorio expresa también la preocupación por mantener el control sobre el modo de vida local con su respectiva organización social, económica económica y política. Una vez más, las implicancias políticas son evidentes, pues en los reclamos por la autonomía se expresa la tensión entre los derechos de una comunidad por mantener su integridad y los derechos de una compañía que hace inversiones.

 

  ALTERNATIVAS DE SOLUCION SEGÚN DIFERENTES AUTORES

onflictos ictos Mineros en el Perú: C ondición C rítica Ma Marzo rzo 2009 Oxfa Oxfam m Según el informe (C onfl  – A méri mérica) ca)  QUEBRANDO

EL CICLO DEL CONFLICTO

Para quebrar el ciclo de violencia y conflicto en el sector miner minero o en el Perú, el gobierno peruano, las compañías mineras, los donantes internacionales y la sociedad civil deben dar pasos inmediatos. Oxfam Internacional recomienda a todos los actores en el sector las siguientes acciones:

El Gobierno Peruano  1. Permitir que el Ministerio del Ambiente regule la actividad minera. La decisión de colocar la actividad minera fuera de la competencia del recientemente creado Ministerio del Ambiente, fue una medida política que socavó la credibilidad del Ministerio. El Ministerio de Energía y Minas no debe seguir siendo “juez y parte” de esa industria. Deben aplicarse las regulaciones

sociales y ambientales ambientales para para recuper recuperar ar la confianza en el sector. Para tal fin, el gobierno debe fortalecer la independencia del Ministerio

del

Ambiente

y

asegurar que éste pueda operar operar sin una influencia política indebida. indebida. 2. Revertir la criminalización de las protestas sociales en torno a operaciones mineras. Deben derogarse inmediatamente los decretos que criminalizan las protestas sociales contra proyectos mineros. En una sociedad democrática, los ciudadanos tienen derecho a expresar expresar en en forma pacífica pacífica sus opiniones sobre las decisiones decisiones vincula vinculadas das al desarrollo. 3. Reconocer el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Las comunidades locales tienen el derecho a otorgar o negar su consentimiento a proyectos mineros. Éste es un derecho de los pueblos indígenas que se encuentra firmemente establecido dentro de la legislación internacional. El gobierno peruano y las compañías mineras deben respetar tal derecho. Hacerlo ayudará a que las compañías traten de evitar operar en áreas donde haya amplia oposición a su presencia.

 

4. El gobierno debe designar áreas donde la minería pueda ser aceptable, y zonas donde claramente no lo sea por razones sociales, económicas, ambientales o de otro tipo.La zonificación del país ayudará a las compañías a evitar áreas donde es probable que aparezcan conflictos y/o donde otra actividad como la agricultura sea más rentable rentable económicamente. económicamente.

COMPAÑÍAS MINERAS: 

1. Respetar el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Las compañías deben operar únicamente en áreas donde puedan obtener el consentimiento de las poblaciones potencialmente afectadas. Tratar de forzar operaciones en áreas que presentan oposición de la comunidad es una receta para el desastre. Las compañías deben respetar el derecho de las comunidades a dar su consentimiento a los proyectos, y considerarlas como socias en el proceso de desarrollo del proyecto. Como socias, las comunidades locales deben recibir información adecuada e independiente sobre

los

potenciales costos y beneficios de un proyecto, proyecto, y contar con ssuficiente uficiente tiempo para decidir si apoyan un proyecto propuesto. Respetar el derecho de consentimiento de la comunidad también significa que las compañías no no deben tratar de revocar ordena ordenanzas, nzas, declaraciones declaraciones u otras expresiones de la comunidad o gobierno local sobre potenciales proyectos.  Adicionalmente, las compañías compañías deberían: • 

Dar a conocer cabalmente cuánto pagan al gobierno peruano en

regalías, impuestos y otros derechos, así como los contratos en base a los cuales se realizan dichos pagos. Esta revelación puede ayudar a evitar la frustración de las comunidades sobre las compañías y crear una base para el diálogo con el gobierno, que en última instancia es el responsable por garantizar el desarrollo económico local.

 

• 

Permitir a las comunidades el acceso a registros de monitoreo ambiental

y otro tipo de información que permitirá a las comunidades tener una mejor comprensión de la cabal naturaleza del impacto ambiental y social generado por un proyecto. • 

Divulgar los planes de cierre de minas, incluyendo provisiones para

mantener beneficios para la comunidad si la mina mina cierra debido debido a una caída en el precio de los metales. 3. Facilitar que las

comunidades cuenten con

asesores y expertos

independientes. Dada la limitada capacidad y voluntad del gobierno para proteger los intereses locales, las comunidades a menudo son dejadas solas para defender sus derechos frente a las compañías mineras multinacionales. Para superar este tremendo desbalance de poder, las comunidades deben tener acceso a expertos independientes que puedan asesorarlos sobre sus derechos y ayudarlos a entender documentos técnicos sobre los impactos sociales y ambientales. Las compañías deben establecer fondos que puedan ser manejados con total independencia de éstas, y que las comunidades puedan emplear para contratar a sus propios expertos y consultores para asesorarles en sus procesos de toma de decisiones. 4. Asegurar que cuentan con personal adecuado. En una serie de casos, las tensiones entre compañías y comunidades locales han empeorado debido a las actitudes de empleados de las compañías. Éstas deben seleccionar a su personal para asegurar la contratación sólo de empleados que estén plenamente comprometidos con la construcción de relaciones positivas con las comunidades. Ello es particularmente importante en el caso de personal que trata directamente con las comunidades de manera cotidiana. 5. Condenar todo acto de intimidación y amenaza contra organizaciones de la sociedad civil. Las compañías mineras deben condenar públicamente cualquier acto de intimidación, amenaza u otra forma de acoso contra organizaciones de la sociedad civil que buscan proteger los derechos de las comunidades locales y cuidar del medio ambiente de manera pacífica. asimismo distanciarse públicamente de medios

Las de

compañías prensa

que

deben lanzan

acusaciones injustificadas contra líderes y organizaciones de la sociedad civil.

 

Donantes internacionales 1. Fortalecer a las instituciones.  En el Perú, todas las instituciones gubernamentales (ambientales, judiciales, técnicas) involucradas en el sector minero sufren de d debilidades ebilidades significativas. Las ag agencias encias donantes deb deben en apoyar esfuerzos por parte del gobierno para contratar y capacitar al personal adecuado que asegure el cumplimiento de las regulaciones sociales y ambientales, y que responsabilice a quienes las violen. 2. Insistir en la transparencia. Los donantes internacionales deben exigir la plena divulgación de los ingresos que perciben el gobierno peruano y aquellas instituciones, como el IFC y la banca privada, que invierten en proyectos mineros. 3. Apoyo a la sociedad civil.  Algunos Algunos funcionarios de la industria y del gobierno a menudo emiten juicios de opinión negativos contra las organizaciones de la sociedad civil en el Perú, que trabajan para vigilar el cumplimiento de los más altos estándares ambientales y el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas mineras.

Sociedad Civil 1. Incrementar competencias técnicas. Las ONGs locales deben desarrollar habilidades técnicas sobre te temas mas de minería e impacto impacto ambiental y social. social. Ello les permitiría interpretar mejor la información técnica producida por las compañías mineras, mineras, e incidir de manera más efectiva sobre las reformas y regulaciones relacionadas a la minería. Una mayor competencia técnica podría también ayudar a establecer un contrapeso con la industria minera ante el gobierno peruano.

2. Educar a la ciudadanía.  La opinión pública en las áreas urbanas de la costa del Perú a menudo no es favorable a las preocupaciones de las comunidades afectadas por la minería. Ello puede facilitar que el gobierno y la industria asuman posturas de línea dura hacia los conflictos que tienen lugar en las comunidades mineras. La sociedad civil puede hacer más por educar al público peruano más amplio sobre los costos y beneficios de la minería, y sobre la

 

necesidad de acciones urgentes y pac pacíficas íficas para ayudar al país a escapar del ciclo de conflicto actual.

Según el libro

“MINERIA Y CONFLICTO SOCIAL”Martín Tanaka y Ludwig Huber – IEP,

B runo Revesz y A lejan lejandro dro Diez – CIP CA , Xa Xavier vier Ri ca card rd y J osé de E cha chave ve – C B C

Los hitos para una nueva agenda minera serían: Ordenamiento territorial En el Perú carecemos en la actualidad de una política pública de ordenamiento territorial y el punto de partida es la elaboración de una Zonificación Ecológica Económica (ZEE) como instrumento técnico y orientador del proceso que ya está inscrito en el planeamiento de diversas regiones y provincias. No es posible resolver el conflicto minero, por lo tanto, sino ensanchado la discusión al problema mayor del ordenamiento del territorio: distribución de actividades económicas, planes de expansión urbana, sistemas de infraestructura vial, etc. Es solo de esta manera que las poblaciones directamente concernidas por los proyectos mineros podrán evaluar la pertinencia de la reconversión productiva de sus territorios (una reconversión que no solo debería contemplar la explotación minera, sino también el cierre de la mina y sus posteriores consecuencias) y las oportunidades de reorientación de sus vidas que esta reconversión implicaría. La actividad minera en el Perú tiene que ser parte de un proyecto pr oyecto colectivo, que cobije las peculiaridades territoriales y sociales del país y que brinde la oportunidad para cambios sociales deseados y no impuestos.

La autoridad ambiental autónoma y la gestión transectorial La puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión ambiental sigue siendo un tema pendiente que aparece como un aspecto clave en la agenda minera. Todo indica que el camino a seguir apunta a la creación de una autoridad autónoma, a fin de independizar el sistema de gestión ambiental del Ministerio

 

de Energía y Minas, que terminó por debilitar las primeras normas ambientales del país. En todas las experiencias estudiadas prima el criterio de autoridades independientes, con peso específico propio y verdadera influencia en la toma de decisiones, que cuentan, además, con una adecuada capacidad operativa y que desarrollan un enfoque de gestión ambiental transectorial. Por lo tanto, el objetivo de contar con una verdadera autoridad ambiental autónoma sigue siendo prioritario. Es importante que la nueva autoridad ambiental autónoma esté dotada de la más alta jerarquía política para que pueda asumir las funciones de fiscalización, de prevención de impactos y de control de las diferentes actividades de carácter nacional vinculadas a sectores productivos como el minero.

Fortalecer la participación ciudadana La revisión de los casos permite confirmar que ni el marco legal ni la institucionalidad estatal ni los mecanismos voluntarios de las empresas han podido crear condiciones adecuadas para que se instalen procesos que permitan abordar los aspectos centrales que están a la base de los conflictos entre poblaciones y empresas. Uno de los problemas más graves es que se continúa generando mecanismos de participación ciudadana de “baja intensidad” que no son útiles para influir en

la toma de decisiones, razón por la que no gozan de una mayor credibilidad en las poblaciones. Las características esenciales de una real y efectiva participación part icipación ciudadana en el desarrollo de la actividad minera parecen ser las siguientes: • Participación informada. El control de la información, de sus contenidos y de

su circulación, es uno de los principales atributos de poder. Es ffundamental undamental que el Estado ponga a disposición de estas poblaciones la información total disponible y que lo haga además de una forma eficaz y culturalmente adecuada.

 

• Participación oportuna.  Los procesos de información y consulta deben

realizarse a tiempo y en diferentes tiempos. Es necesario definir mecanismos transparentes y criterios compartidos para poder fijar el momento y los plazos de la fase de consulta. • Participación influyente.  Las decisiones tomadas en el marco de las

consultas públicas deben generar derechos y deberes de todos, en función de criterios y procedimientos transparentes. El Estado debe garantizar que los grupos humanos principalmente afectados tengan influencia efectiva en la decisión sobre la viabilidad de los proyectos mineros. • Participación culturalmente adecuada.   Todos los mecanismos de

participación anteriormente mencionados tienen que ser culturalmente adecuados. Se debe respetar las formas de transmisión de información, de negociación política, de sanción, culturalmente asentadas en los espacios locales, en particular en los campesino-indígenas. NUESTRAS IDEAS -

Consideramos que el gobierno peruano, debe incrementar su capacidad para regular la industria minera y para asegurar el respeto a los derechos de las comunidades y la protección del medio ambiente

 Asimismo, debe fortalecer a la Defensoría del Pueblo para asegurar que ésta oriente de manera oportuna y transparente los reclamos relacionados r elacionados a la minería, monitoreando los acuerdos entre los actores. -

La comu comunidad nidad y las empresas empresas en en general deben cconocer onocer u un n orden territorial y las zonas económicas y ecológicas. Pues o todas las áreas del país resultan adecuadas para la minería, aunque contengan depósitos minerales económicamente viables.

-

Debe haber un diálog diálogo o directo y continuo entre la comu comunidad nidad y la empresa, estas deben divulgar plenamente información sobre los costos y beneficios de los proyectos.

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Desarrollar capac capacidades idades par para a el diálogo. Las organizaciones de la sociedad civil deben trabajar con las comunidades para fortalecer sus capacidades para participar efectivamente en el diálogo con las

 

compañías y agencias del gobierno. Es importante articular claramente las inquietudes y los intereses de las comunidades, y construir consensos alrededor de éstos para asegurar que sean atendidos. De estas maneras se podrá cambiar progresivamente en las comunidades con economías de extracción y la interacción redundará en el progreso y desarrollo local y nacional.

BIBLIOGRAFÍA: -

Loaiza, E. & Galloso, A. (2009) - Actividad minera artesanal en

la cuenca del río Chira (Suyo, ( Suyo, Paimas, Lomas) región Piura. INGEMMET, Boletín, Serie E: Minería, 8, 108 p., 15 mapas. -

RODRÍGUEZ, Italo ; VILLARREAL, Eder Y Otros (2002) Geología De

 Yacimientos Auríferos Auríferos Del Distrito De Suyo  – Piura - Perú