CNU. El Terrorismo de Estado Antes Del Golpe.

Daniel Cecchini Alberto Elizalde Leal

Fecha de catalogación:

Diseño de tapa: E. Claudio Avella Diagramación de interior: E. Claudio Avella Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723 Impreso en la Argentina ISBN: Impreso en ________, ____________, en ___________ de 2013.

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PRÓLOGO ACOTADO PARA UNA INVESTIGACIÓN EXTENSA

Puede decirse sin temor a equivocación alguna que la tarea que llevan adelante Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal, cumple con creces los objetivos que se propusieron a inicios de la misma. En efecto, Concentración Nacional Universitaria (CNU), participó del Terrorismo de Estado anterior al golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, desde al menos dos años antes. Una organización de la ultra derecha peronista que terminó siendo parte de la Triple A primero y luego un apéndice de los grupos de tareas “procesistas” donde como todos ellos, secuestraban, torturaban, asesinaban y robaban. Bajo la excusa de la depuración ideológica y siendo conscientes precisamente de que su raquítica concepción en la materia –en la ideologíalos llevaba obligatoriamente a ser violentos para imponer sus objetivos elitistas y racistas a la vez, no dudaron en tratar de imponerlos a sangre y fuego. Antecedentes escritos en la materia pueden encontrarse en su publicación partidaria “Concentración de la Juventud Peronista”, órgano oficial de la CNU –con 4 páginas- que comenzó a salir en septiembre de 1974 (y al menos salieron cuatro números) con un discurso amenazador que intentaba aniquilar a las “guerrillas trosko-marxistas-montoneras”, escrito desde la editorial y firmada como “Santos Vega”. Y en la elección de este nombre hay que detenerse,con el fin de dejar expresado que quien eligió el seudónimo en cuestión libraba quizás sin saberlo, una lucha eterna con su propio inconsciente. El gaucho Santos Vega que anduvo por estas tierras alrededor de 1830 tenía fama de payador invencible entre sus pares y siempre salía airoso en sus contrapuntos llevados a cabo en pulperías y bailongos. Dejó de serlo cuando fue derrotado por otro payador, “Juan sin Ropa” que luego se supo era el Diablo en persona. Mala preferencia o elección de un nombre de fantasía, para un órgano partidario, que quería ser el defensor de la civilización occidental y cristiana y asociaba erróneamente a peronismo con fascismo, falangismo y nazismo, según diera a lugar. Y eso los llevaba de tropelía en tropelía. Saltaron al conocimiento y repudio público, con anterioridad, cuando el 6 de diciembre de 1971 mataron a sangre fría a la alumna de primer año de la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata, Silvia Esther Filler de 19 años de edad, luego de interrumpir a balazos una asamblea estudiantil. Es que visualizaban a la universidad como una institución en crisis, “una crisis congénita y producto de la quiebra que significó el paso de la Edad Media al Renacimiento, momento en el que sur-

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gió desgajada de la tradición grecorromana”, según afirmaba el profesor de latín de la Facultad de Humanidades e ideólogo de la CNU platense, Carlos Disandro. Un disparate por donde se lo mire. O más adelante en el tiempo y siempre en el ámbito universitario cuando el lunes 18 de marzo de 1974, entre 40 y 50 energúmenos de la CNU ocuparon por la fuerza el rectorado de la Universidad de La Plata quemando y sustrayendo documentación, fichas de alumnos y profesores, programas del Curso de Introducción a la Realidad Nacional, retratos del presidente Perón, de Evita, del general San Martín, de Juan Manuel de Rosas y José Hernández. Justificaron su accionar diciendo que encontraron armas pero curiosamente no las exhibieron ni a la policía ni al periodismo y terminaron ellos mismos siendo procesados por la tenencia de las mismas, de las que portaban. También afirmaron que en dependencias del rectorado encontraron drogas y literatura subversiva. Las presuntas drogas eran “específicos” para el tratamiento de afecciones comunes y los libros eran obras de Marx, Lenin y Fidel Castro que daban la impresión de estar impecables, sin uso alguno, ni abiertos hasta la fecha, como si ellos mismos –los atacantes- los hubieron traído para implicar a otros y justificar su accionar depredatorio. En una hemeroteca bien provista –la de la Biblioteca Nacional, por ejemploen el diario “Noticias” del sábado 22 de junio de 1974, págs. 8-9 y bajo el título de “El extraño caso del Torino” podrá verse una foto de uno de los más conspicuos jefes de la CNU, Patricio Augusto Fernández Rivero, sonriente, dejándose abrazar por José Ignacio Rucci. Al lado de ambos, Juan Carlos “Bigote” Gómez, en su momento prófugo del asesinato antes mencionado de Silvia Filler. Una relación fructífera que permitió a las burocracias sindicales hacerse de custodia armada para atornillarse a sus cargos y prebendas. Los autores de este trabajo de investigación, con paciencia de orfebres y metodología de antropólogos forenses van exhumando partes y reconstruyendo segmentos de una historia trágica donde la figura olvidada de la CNU se vuelve paradigma de terror, violencia estatal y cipayismo. Como bien se dice en la “nota de los autores” que rubrican: “su compromiso es poner al descubierto la verdad de los hechos, mantener presente la memoria de las víctimas y contribuir para que finalmente se juzgue y castigue a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad que todavía siguen impunes”. Definitivamente lo logran con creces. Y la definición más acertada para el accionar de esta banda, también la dan ambos periodistas –Cecchini y Elizalde Leal- cuando recuerdan que la CNU “nació como un grupo de matones universitarios de ultraderecha y terminó como apéndice criminal del terrorismo de Estado”. Su relato –el que cobija este libro- lo demuestra fehacientemente. Roberto Baschetti. Octubre de 2013

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El Juez y el Cronista. Sobre el juzgamiento de los crímenes de la CNU y la investigación de Miradas al Sur.

Estas notas nacen en paralelo al expediente. El recorrido de pesquisa y crónica muchas veces se cruza, se comunica y, por momentos, pierde contacto. Una avanza la otra queda. Dicho de otro modo, el tiempo del juez no es el del historiador, tampoco el del cronista. Y eso lo saben Alberto Elizalde Leal y Daniel Cecchini, cuyo relato desveló por varios domingos al ex juez federal Hugo Arnaldo Corazza quien al día siguiente de cada publicación, debía traducir en los expedientes CNU la lógica de lo que leía; al menos ante la angustia de las querellas que se acumulaban en su despacho y él recibía con cara de desconcierto. Más allá de la lentitud del expediente judicial, mientras las crónicas sobre la CNU se publican, en La Plata hay ámbitos que comienzan a caldearse. El comentario de pasillo de los lunes es rumor que incomoda, la basura que sale de la alfombra después de tanto tiempo estar tapada. Hasta los mozos se ponen nerviosos cuando sirven el café a matones de derecha devenidos empleados en la vieja Legislatura Bonaerense. Laderos de senadores, intendentes y sindicalistas, apenas pueden ocultar que son la caterva anticipatoria a la noche más siniestra. El avance de los juicios de derechos humanos viene demostrando que el aparato de dominio estatal con el que se ejecutó un plan de exterminio, es bastante anterior al golpe del 76. Al menos existen pruebas irrefutables que evidencian las formas preparatorias del golpe en los crímenes cometidos en todo el país ejecutados por bandas y escuadrones que actuaban con cobertura estatal y paraestatal. En La Plata y Mar del Plata una de esas bandas es la Concentración Nacional Universitaria (CNU) nutrida de cuadros formados en las Universidades Públicas por docentes como Carlos A. Disandro, mentor intelectual que también arengará la formación de grupos afines, con capacidad operativa para sembrar la muerte. La cadena de asesinatos cometidos por bandas de la CNU contra sectores de amplia radicalización política, en especial cuadros de base, de la “tendencia” y sectores de izquierda, marcará el pulso entre fines del 1973 y comienzos de 1976. Luego vendrá la dictadura, y el nivel de terror se multiplicará en el

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método del secuestro y desaparición. La importancia de poner foco en este período y la concatenación de crímenes es fundamental para abrir discusiones sobre la participación civil previa al golpe, pero especialmente para sacar a relucir el tipo de comunión entre facciones políticas ministeriales, universitarias, sindicales, judiciales, municipales, policiales y hasta clericales que legitimaron a un tipo de perpetrador que la dictadura no tocará, y en democracia sobrevivirá en esos intersticios que le dan amparo. En sus entregas dominicales, Cecchini y Elizalde Leal se meten con pesos pesados del justicialismo local, quienes hasta hoy han mantenido entre sus filas a personajes de los que se rumoreaban eran cómplices del genocidio, y a los que nadie se atrevía a señalar. Por eso más acá del expediente (del juez) y más allá de la nota periodística (del cronista involucrado que interpela a la justicia), de lo que se trata es de ir abriendo el camino que permita fortalecer indicios e hipótesis sobre la ilación y trama CNU, en la comisión de delitos de lesa humanidad; permitiendo –por el hecho de la interpelación- la corroboración posterior de pistas que permitan ingresar a etapas que afiancen cada vez más el proceso de verdad y justicia iniciado hace varios años. Uno de los riesgos que atraviesa hoy la causa del de la CNU La Plata es, justamente, ser un manojo de expedientes dispersos (entre 17 y 18 expedientes), con conexiones conjeturales, y donde –hasta el momento- figuran detenidas dos personas (Castillo y Pomares) sobre la que gira una pesquisa compleja que cuenta más de 60 asesinatos, y donde podrían estar implicadas alrededor de 50 personas. El destino de esas causas parece incierto y es posible que fracase si no se tienen en cuenta varios aspectos problemáticos: a) El bajo impulso procesal que se le ha dado por parte de distintos jueces (uno jubilado y otro subrogando); b) la no conexidad y acumulación de las causas entre juzgados; c) la existencia de un conjunto de pruebas urgentes y esenciales solicitadas por la querella y la fiscalía y que nunca quiso proveer el ahora jubilado juez Corazza; d) la falta de protección y marco de seguridad para que testigos puedan declarar con tranquilidad (miedo imperante especialmente desde que hay muchísimos miembros de la CNU en libertad); e) la ausencia de un respaldo documental como el que poseen las causas de “lesa humanidad”, lo que hace necesario dotar de elementos investigativos a la justicia para imputar autorías mediatas de una estructura de poder funcionando antes del golpe (sin bien los delitos de la CNU se tratan de delitos de lesa humanidad, el tipo de prueba de cargo es más parecida a la lógica de una “causa común” que a una causa de “Lesa”); f) el pronto juzgamiento de los imputados Pomares y Castillo hacen necesario reformular desprendimientos de la causa principal, no sólo para mayor impulso sino también para agregar aquellas pruebas que surjan del eventual juicio oral.

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Este panorama es bastante desalentador, al menos en el momento que esto se escribe; pues sabemos que el tiempo que transcurre favorece a la impunidad, y ello no solo por la vejez y la muerte natural que quita a las víctimas del derecho a la verdad y justicia. Mientras no se resuelvan los escollos probatorios y procesales por decisiones jurisdiccionales fuertes, se dilatan los plazos y entonces la cuestión se torna abstracta y/o funcional al reacomodamiento de los sectores que protegen a los eventuales imputados y generan temor a testigos. Vuelvo a los tiempos del juez y del cronista. La historia de los asesinatos de la CNU escrita por Cecchini y Elizalde Leal, tiene mucho de novela negra y del folletín por tiradas. En estas páginas hay periodismo valiente, crudo y comprometido escrito a salto de mata, intentando descubrir la verdad sobre hechos ocurridos hace 40 años, pero con reminiscencias muy fuertes en el presente, por el tipo de inserción de los sospechados. El relato habla de víctimas luchadores sociales, de sus verdugos intelectuales y matones, de sus coberturas estatales, políticas y sindicales; pero también de paredes, casas, esquinas, edificios, baldíos, rutas, plazas y ministerios. La Plata ya no parece la misma en estos recorridos. La Plata es una ciudad surcada por el terror, una suerte de ciudad museo. La Plata suele ser como un pañuelo para los que ahí vivimos: uno siempre tiene padres, tíos de amigos, o amigos de amigos (conocidos) que aparecerán nombrados en este libro sea como víctimas o como virtuales cómplices de los crímenes. La crónica le deja la punta de los hilos a la justicia para que tire de ellos. Si la justicia no hace nada, allá ella. Todo cronista sabe en el fondo que, si bien no es el juez, la historia se cuenta con afán de justicia. Si la justicia no hace nada, queda entonces el lugar marcado por la complicidad judicial. Esperemos que eso no ocurra, y que tarde o temprano este libro se vuelva a escribir. Y que sea el Juez el que haya marcado el pulso a los cronistas. Julián Axat. Octubre de 2013

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INTRODUCCIÓN

Este no es un libro de investigación periodística en el sentido riguroso de la categoría. Se trata de la recopilación, en orden cronológico, de los artículos publicados en Miradas al Sur de una investigación periodística, que todavía está en curso, sobre el accionar de los grupos de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en la ciudad de La Plata. Al hacerlo de esta manera, la intención de los autores es mostrar al lector cómo fue –y como sigue– avanzando esta investigación, con sus marchas y contramarchas, con sus momentos de descubrimiento de información importante y sus momentos de elaboración. Por eso, los artículos están ordenados uno detrás del otro, con su fecha de publicación y tal como llegaron a los lectores de Miradas al Sur en ese momento, sin comentarios aclaratorios ni información adicional. Deliberadamente no se han corregido errores cometidos en algunas de las notas, que el lector atento encontrará aclarados o subsanados en artículos posteriores. El objeto de la investigación es, como se dijo, el accionar de la CNU en La Plata entre 1974 y 1976, y su objetivo central es demostrar que esa organización de ultraderecha peronista participó del terrorismo de Estado previo al golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976. La Concentración Nacional Universitaria surgió a fines de la década de los 60 en La Plata como una agrupación universitaria de ultraderecha, políticamente alineada con el peronismo y el catolicismo preconciliar, y con un fuerte sesgo antisemita. Si se quisiera hacer una genealogía habría que buscar sus antecedentes en Tacuara y en la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios (UNES), de cuyos militantes se nutrió. La CNU se forjó en el Instituto Cardenal Cisneros, donde su ideólogo, el helenista y latinista Carlos Alberto Disandro, divulgaba su particular concepción del mundo entre los jóvenes universitarios de la clase media platense. Pronto derivó en un grupo de choque de ultraderecha que, bajo la consigna “Delenda est marxisticas universitas”, se dedicó a perseguir e intimidar a militantes de organizaciones revolucionarias y peronistas situadas a su obvia izquierda, principalmente en las ciudades de La Plata y Mar del Plata. Saltó sangrientamente a la fama el 3 de diciembre de 1971, cuando una patota armada atacó a los tiros una asamblea que se estaba realizando en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata y asesinó a uno de sus participantes, la estudiante Silvia Filler, de 19 años. El 20 de junio de 1973, sus integrantes, comandados por Alejandro Giovenco y Patricio Fernández Rivero, participaron de la masacre de Ezeiza junto

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con otros grupos de la ultraderecha peronista apoyados logísticamente por el Ministerio de Bienestar Social de José López Rega y la Policía Federal. En 1974 –después del desplazamiento del gobernador Oscar Bidegain– la CNU se puso a las órdenes del nuevo gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró, y comenzó a operar en el territorio provincial con protección de la Policía Bonaerense, que la apoyó con personal, armas y liberación de zonas para sus acciones criminales. Desde entonces y hasta poco después del golpe sus grupos de tareas cometieron atentados, secuestros y asesinatos amparados por el Estado, en algunos casos de manera conjunta con la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A). A partir de octubre de 1975 también operó bajo las órdenes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Paralelamente, sus integrantes se dedicaron a cometer delitos comunes destinados al enriquecimiento y las venganzas personales. Los grupos de tareas de la CNU platense fueron desactivados en abril de 1976 por orden del jefe del Área de Operaciones 113, coronel Roque Carlos Presti, cuando su accionar, muchas veces indisciplinado, dejó de ser útil para el plan sistemático de exterminio puesto en práctica por la dictadura cívico militar. Hasta entonces, la CNU había sembrado de cuerpos acribillados la ciudad de La Plata y sus alrededores con el objetivo de provocar el terror entre la población. A partir del 24 de marzo de 1976, los genocidas comenzaron a implementar otra política de cuerpos, la de su desaparición. De todo esto tratan los artículos aquí reunidos. También se refieren a cómo muchos de esos asesinos se reciclaron, años después, una vez recuperada la democracia, en los tres poderes del Estado. Algunos de ellos, incluyendo unos pocos que hoy están detenidos o han sido cesados en sus puestos, se reciclaron dentro del aparato del Partido Justicialista y allí operaron durante casi treinta años sin que nadie les pidiera una rendición de cuentas. Todavía quedan muchos escondidos ahí. Los lectores de este trabajo no encontrarán en él un exponente del tan mentado “periodismo independiente”, que no es otra cosa que una manera de practicar un periodismo que encubre los intereses políticos, económicos y comerciales a los que responde. Los autodenominados periodistas independientes tienen como premisa ocultar, bajo el argumento falaz de “la objetividad”, desde dónde, para quién y para qué escriben. Los autores de esta investigación son periodistas comprometidos. Los dos son oriundos de La Plata, ciudad en la que durante parte de la década de los 70 – cuando ocurrieron los hechos que investigan – tuvieron, sin conocerse entre sí, una militancia política activa en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Por aquellos años conocieron a varios de los integrantes de la CNU nombrados en los artículos que se publican y se enfrentaron con ellos. También tienen compañeros de militancia y amigos asesinados por los grupos de tareas de la CNU platense.

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Desde allí es que escriben y su compromiso es poner al descubierto la verdad de los hechos, mantener presente la memoria de las víctimas y contribuir para que finalmente se juzgue y castigue a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad que todavía siguen impunes. Finalmente, los autores quieren agradecer al director editorial de Miradas al Sur, Eduardo Anguita, por brindar generosamente el espacio para publicar esta investigación. A Laureano Barrera y Osvaldo Drozd por las búsquedas en la hemeroteca. A Miguel Russo por sus aportes en la edición de muchas de las notas. A Mariana Cecchini por su cuidadoso trabajo en las desgrabaciones y sus sugerencias a partir de una escucha atenta e inteligente de los testimonios. Y, por supuesto, a todas las fuentes de información, tanto a las que están nombradas en los artículos como a las que prefirieron que sus nombres permanecieran en reserva. Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal. Octubre de 2013

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LOS CRÍMENES DE LA CNU: UNA DEUDA DE LA JUSTICIA 12 de junio de 2011 La detención, el mes pasado en la provincia de Córdoba, del ex jefe del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en La Plata, Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, y la denuncia de un antiguo militante de la JP sobre el accionar de los grupos parapoliciales y paramilitares en San Miguel de Tucumán parecen haber sacado del sueño que dormían desde hace años las investigaciones judiciales sobre los crímenes cometidos por esa banda de la ultraderecha peronista que operó amparada desde el Estado entre 1974 y 1976, proveyó de asesinos a la Triple A y, consumado el golpe, sumó a muchos de sus integrantes a los grupos operativos de la represión ilegal. Una investigación en curso de Miradas al Sur permite reconstruir –a partir de diversas fuentes– los vínculos que, en la ciudad de La Plata, conectaban a la CNU con altos mandos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, los grupos de la Triple A comandados por Aníbal Gordon y dos jefes militares del Regimiento 7 de Infantería, por entonces situado en el centro de la capital provincial. Además, este medio no sólo ha identificado a la mayoría de los integrantes de la banda sino que también ha podido establecer sus participaciones en una serie de atentados, robos a mano armada, secuestros y asesinatos cometidos en La Plata y sus alrededores entre principios de 1974 y el 29 de abril de 1976. La banda.  La Concentración Nacional Universitaria fue creada y adoctrinada por el latinista y profesor de Literatura del Colegio Nacional de La Plata, Carlos Disandro, y por Néstor Beroch, profesor del Industrial Albert Thomas, a fines de la década de los ’60. Se nutrió, en un principio, de integrantes del Movimiento Nacionalista Tacuara (MNT) y de su rama en los colegios secundarios, la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios (UNES). Grupo de choque de la ultraderecha peronista en la Universidad, con una fuerte impronta antisemita, la CNU devino en una organización parapolicial a principios de los ’70. En sus grupos de tareas convivían estudiantes universitarios, policías y lúmpenes de pelaje variopinto. Su primera aparición en los titulares de los diarios ocurrió en diciembre de 1971, cuando un comando de la organización interrumpió a los tiros una asamblea en la facultad de Arquitectura de Mar del Plata y asesinó a la estudiante Silvia Filler. En La Plata, el primer jefe de los grupos de tareas fue Patricio Fernández Rivero, quien también fue custodio de José Ignacio Rucci. Hay fotogra-

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fías que muestran al sindicalista en dos actos de lanzamiento de la CNU a principios de 1970. A Fernández Rivero lo sucedió Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, secundado por El Sordo Arana. La banda estaba integrada, entre otros, por Juan José Pomares (a) Pipi, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Dardo Omar Quinteros, David Masotta (a) Feiño, Gustavo Fernández Supera (a) El Misto, Martín Osvaldo Sánchez (a)  Papucho, José Marcelo López, Ricardo Osvaldo Calvo, Richi Walsh,  El Chino  Causa, y los policías Vicente Ernesto Álvarez, Alfredo Ricardo Lozano (a)  Boxer, y Roberto Antonio Storni. Con ellos colaboraban el chapista Rubén Pacenza y el electricista Carlos Aníbal Giacobone, encargados de reparar los autos operativos y de modificar o reducir los vehículos que robaba la banda, ya fuera para utilizarlos en sus operaciones o para venderlos. Por lo general se movilizaban en dos o tres Ford Falcon y, en ocasiones, también con un Torino. Castillo coordinaba los blancos de los atentados con el jefe de la Unidad Regional La Plata, comisario Masulli. Éste, a su vez, liberaba las zonas para las operaciones de la CNU a través del oficial inspector Garachico y el suboficial mayor Bilardo. La participación de los policías Álvarez, Lozano y Storni cumplía una doble función: por una parte, sumaba tres gatillos más al grupo operativo; por la otra, garantizaba tres “chapas”, que podían mostrar una credencial ante cualquier inconveniente con policías desprevenidos que los detuvieran. A esto, se sumaba otra credencial que identificaba al  Indio  Castillo como teniente del Ejército. Los contactos de Castillo con el Regimiento 7 de Infantería fueron sus sucesivos jefes, los coroneles Mario Sila López Osornio, hasta mediados de 1975, y Roque Carlos Presti, desde octubre de ese año en adelante. A partir del golpe, Presti se transformó en titular del Área 113 y, como tal, controló los campos clandestinos de detención de la zona. Estas conexiones con la Policía Bonaerense y el Ejército ubican a la CNU dentro de la estructura del aparato terrorista del Estado, lo que califica a sus acciones como crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Con la Triple A. Hasta el momento, Miradas al Sur ha podido determinar la existencia de dos operaciones conjuntas del grupo operativo de la CNU con la banda de la Triple A comandada por Aníbal Gordon (a) El Viejo. El primero de ellos fue el fusilamiento de una persona en las afueras de Berisso a principios de abril de 1975. La orden de disparar la dio Gordon y el tiro de gracia estuvo a cargo de Castillo. El segundo, fue el asesinato del médico y militante político platense Mario Gershanik, la madrugada del 10 de abril de ese año. En esa ocasión, los grupos de tareas actuaron con cobertura policial: la calle 50, donde vivía el médico con su familia fue cortada por dos patrulleros. Participaron, entre otros, Aníbal Gordon, Jorge Hugo Dubchak (a)  El Polaco, custodio de Lorenzo Miguel en la UOM,  El Indio  Castillo

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y  El Sordo  Arana. Gershanik fue fusilado con más de cincuenta disparos. Días antes, el 7 de abril, la banda comandada por Castillo había secuestrado y asesinado a la actriz y delegada de los empleados del Hipódromo de La Plata, Luisa Córica, cuyo cadáver apareció cerca de Berazategui. De acuerdo con la información reunida, de ese crimen participaron Castillo, Quinteros, Walsh, Masotta, Sánchez, Jesús, Lozano y Fernández Supera, entre otros. Con estos y/u otros integrantes –que Miradas al Sur ha podido identificar–, la banda también secuestró y asesinó a Emilio Méndez Paz, Enrique Rossi, a los changarines del Mercado Central Leopoldo Luna, Narciso Saavedra y Miño, Ismael Torrilla y Pedro Benítez; a Jorge Lopeire y a José Ruda, entre otros. El cadáver de Ruda fue volado con una carga de trotyl. La lista de víctimas es mucho más extensa. Después del golpe del 24 de marzo de 1976, el accionar muchas veces por la libre de la banda liderada por Castillo dejó de ser conveniente para el plan sistemático de represión ilegal ideado por las tres armas. La política de la CNU y de la Triple A de desparramar cadáveres por doquier marchaba a contramano de la imagen de “orden” que querían transmitir los dictadores, que hicieron un sistema de la desaparición de personas. En abril de 1976, el coronel Presti le hizo una curiosa advertencia al Indio: “Castillo –le dijo–, haga desaparecer a este Castillo de una vez. Al Castillo que se vaya a su casa, lo vamos a dejar tranquilo”. El jefe de la patota de la CNU desoyó la advertencia del jefe militar. Gran parte de la banda pagó las consecuencias poco después, el 29 de abril. Esa noche –en una virtual cama tendida por la policía y el Ejército– muchos de sus miembros fueron detenidos cuando intentaban secuestrar a su último blanco: el militante de la Alianza de la Juventud Peronista Juan Carlos El Vaca Arias.

“DOMÍNGUEZ VA A SER BOLETA” 19 de junio de 2011

La CNU mató a un gremialista que molestaba a Calabró. La orden la dio el futuro secretario privado de Duhalde. El 11 de febrero de 1976, poco después de las cinco de la tarde, Omar Abel Giaccio, delegado del Pabellón de Profesionales del Hipódromo de La Plata, entró a la sede del Partido Justicialista, en la calle 59 entre 6 y 7 de esa ciudad, con una idea fija: avisarle a un hombre que lo iban a matar. Lo vio conversando con otras personas y lo separó del grupo con una excusa que, ahora, no recuerda. –Carlos, tenés que esconderte. Te van a matar –le dijo, en un murmullo,

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como se hablaba por entonces sobre la muerte. –Quedate tranquilo, no pasa nada –respondió el otro. –Te digo que te quieren matar. Me avisaron. Es la gente de Calabró –insistió. –Te digo que no pasa nada. Vos quedate tranquilo, andá a tu casa y no salgas. Carlos Antonio Domínguez, dirigente de los trabajadores del Hipódromo y presidente del PJ platense, sabía que estaba amenazado por la patota del gobernador bonaerense Victorio Calabró. Despidió a Giaccio con un gesto amigable y retomó la conversación que le había interrumpido. Al día siguiente, el cadáver de Domínguez, con más de cuarenta balazos de distintos calibres, apareció en un descampado al costado del Camino Negro, entre Villa Elisa y Punta Lara. Hace apenas diez días –es decir, más de 35 años después–, Omar Abel Giaccio relató estos hechos durante su declaración en el Juzgado Federal platense a cargo de Arnaldo Corazza. Allí también identificó –en fotografías que le mostraron– a los miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Juan José Pomares (a) Pipi y Antonio Agustín Jesús (a) Tony como asalariados del Hipódromo de La Plata e integrantes de un grupo de tareas parapolicial que operaba amparado por Calabró. Una advertencia inútil.  El 11 de febrero de 1976 la cuenta regresiva del golpe estaba en marcha y Calabró ya había abandonado el barco que con brutal impericia intentaba timonear la heredera de Perón. El gobernador bonaerense –hombre del sector más cerril de la derecha sindical peronista– estaba en conversaciones con los conspiradores. Para él, el golpe del 24 de marzo sería apenas un episodio de transición que le permitiría regresar tranquilamente a su casa. Mientras tanto, limpiar el territorio bonaerense de troskos, zurdos e infiltrados en el movimiento era una buena ocupación. La banda de la CNU era uno de los grupos encargados de la tarea. Aquel 11 de febrero, más temprano, Giaccio había recibido una advertencia de su suegro, un hombre de la pata sindical peronista cercano a Calabró, de apellido Morrasca. “La cosa en el hipódromo se está poniendo pesada. Andá a ver al Negro, a ver qué pasa”, le dijo. Si alguien podía tener “la justa” era Alberto El Negro Bujía, secretario privado del Gobernador. De acuerdo con la declaración –tomada en tercera persona, al estilo de los escribas judiciales– brindada por Giaccio el 9 de junio pasado en el juzgado de Corazza, Alberto Bujía lo recibió en la gobernación y Giaccio le preguntó qué iba a pasar, “a lo que éste le responde que se corra del hipódromo, que van a haber ‘boletas’, y que seguramente en el día de la fecha iba a caer un dirigente gremial”. Siempre según la declaración bajo juramento de Giaccio, Bujía le dice que el que iba a caer “seguramente era Domínguez, preguntándole si lo conocía”. El Negro Bujía no hablaba al pedo. Para la pesada, el secretario privado de Calabró era la voz del Gobernador. Cuando daba una orden, nadie ponía en

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duda de dónde venía. Bujía había sabido ganarse la confianza de Don Victorio, como también después se ganó la de otro hombre de Calabró que llegaría muy lejos: Eduardo Alberto El Cabezón Duhalde, por entonces intendente a la fuerza de Lomas de Zamora. Cuando el ex bañero de Lomas se transformó en vicepresidente de la Nación, Alberto Bujía asumió como su secretario privado. Fue ese mismo 11 de febrero de 1976 que, después de hablar con El Negro, Giaccio salió espantado de la gobernación y enfiló hacia la sede del PJ para avisarle a Domínguez que lo iban a matar. Banda en operaciones. En la oscuridad de las primeras horas del 12 de febrero, dos Ford Falcon, con entre ocho y diez personas a bordo, salieron de la casa quinta que El Indio Castillo alquilaba en la calle 4 entre 76 y 77, en las afueras de La Plata. Era un lugar conocido e intocable para la Bonaerense, utilizado como arsenal y base de operaciones por la CNU. Miradas al Sur pudo averiguar que de allí partieron Castillo, Dardo Omar Quinteros, TonyJesús, Martín Osvaldo Sánchez (a) Papucho, Pipi Pomares, Alfredo Lozano (a) Boxer, Ricardo Calvo (a) Richard y otro integrante de la banda a quien por ahora se identificará como El Flaco Blas. El destino había sido indicado por Castillo antes de salir: la casa donde vivía Carlos Antonio Domínguez con su mujer, Silvia Ester. La calle está vacía. Castillo golpea con violencia la puerta al grito de “¡Abran, policía!”, y cuando la mujer se asoma, la empuja hacia adentro. Detrás entran los otros, con las armas empuñadas, menos dos que quedan al volante de los autos. Cinco minutos después salen con Domínguez. Lo lleva El Indio, apoyándole la pistola en la cabeza. El hombre no es lo único que se llevan de la casa. Entre los objetos que se llevan, destacan una máquina de escribir y un redoblante. Con Domínguez en el asiento de atrás del segundo auto, enfilan hacia uno de los lugares preferidos por la banda para terminar sus operaciones. El camino que une Villa Elisa con Punta Lara, donde siempre está oscuro y nunca hay un alma. Lo bajan del auto y Castillo tira primero, a quemarropa, un itakazo. Con el hombre en el suelo, terminan el ritual asesino: al cuerpo caído le disparan todos, cada uno con su arma. En total son más de cuarenta balas. Una máquina de escribir y un redoblante. Esta investigación confirma y llega más lejos que la declaración de Omar Abel Giaccio. En el Juzgado Federal a cargo de Arnaldo Corazza, el ex empleado del hipódromo platense dijo –y en la causa quedó asentado, nuevamente, en tercera persona– que “por lo que se decía, quienes se encargaron de secuestrar y asesinar a Domínguez eran sectores parapoliciales del Gobernador, que era el (sic) CNU, los cuales hoy en día están todos sueltos. Se decía que Domínguez había estado amenazado por sectores de Calabró. Los que supuestamente participaban del (sic) CNU traba-

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jaban en el hipódromo, como por ejemplo Tony Jesús, una persona de apellido Blanco, cree que Richard Calvo, el Chino Causa y otros que no recuerda”. Al finalizar su declaración –aunque todavía bajo juramento–, Giaccio reconoció tres de diez fotografías de integrantes de la CNU que le exhibieron. En ellas identificó a Castillo, a Pomares y a Jesús. De este último agregó espontáneamente: “Es director de un área de la Cámara de Diputados”. Efectivamente,  Miradas al Sur  pudo constatar que Antonio Jesús (a)  Tony  es actualmente director de Referencia Legislativa de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. La participación de la banda de la CNU en el secuestro y muerte de Domínguez queda demostrada, también, por una prueba material. Cuando, después de la detención de la banda a fines de abril de 1976, una partida policial al mando del oficial principal Julio César Garachico allanó la casa del Indio Castillo, se encontró la máquina de escribir robada al gremialista. Silvia Ester Domínguez, su mujer, la reconoció. Lo que nunca más apareció fue el redoblante robado esa misma noche, que pasó a engrosar la colección de instrumentos de la barra brava de Gimnasia y Esgrima La Plata, de la que Tony Jesús era un conspicuo integrante.

GARACHICO, UN POLICÍA DE TEMER 19 de junio de 2011 Por esas perversiones del terrorismo de Estado, el oficial principal de la policía bonaerense Julio César Garachico estuvo a cargo de la patrulla policial que detuvo a la banda liderada por El Indio Castillo el 29 de abril de 1976, cuando el grupo de tareas de la CNU intentaba secuestrar a Juan Carlos El Vaca Arias. Esa noche, el coronel Roque Carlos Presti, comandante del área de Operaciones 113, decidió terminar con las andanzas de una patota paramilitar que se le estaba escapando de las manos y, coordinadamente con la Bonaerense bajo sus órdenes, les tendió una cama a Castillo y sus secuaces. Paradójicamente, Garachico y el suboficial mayor Alberto Juan Bilardo habían sido, entre 1974 y 1976, los encargados –por orden del jefe de la Unidad Regional, comisario Carlos Alberto Masulli– de liberar las zonas para que el grupo de tareas de la CNU pudiera perpetrar sus secuestros y asesinatos. La carrera de Garachico en las filas del terrorismo de Estado no terminó ahí. En 1977 dejó su destino en el Comando Radioeléctrico para integrarse al plantel de la temible Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba). La fundadora de abuelas de plaza de Mayo, Chicha Mariani, lo señaló ante la

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Justicia como uno de los participantes del operativo donde fueron asesinados su nuera, Diana Teruggi, junto a los militantes montoneros Daniel Mendiburu Eliçabe, Juan Carlos Peiris y Roberto Porfirio, en la ciudad de La Plata. En esa ocasión fue secuestrada la hija de Diana, Clara Anahí, a quien Chicha busca infructuosamente desde hace 35 años. También fue acusado por Jorge Julio López como uno de los “picaneadores” bajo las órdenes de la mano derecha del genocida Ramón Camps en la Bonaerense, Miguel Etchecolatz. López relató en el juicio que fue reiteradamente torturado por Garachico en el centro clandestino de detención conocido como El Pozo de Arana.

LA VIRGENCITA 26 de junio de 2011

En enero de 1976, la patota de la CNU voló a dos delegados de Propulsora que molestaban a la UOM. Por decisión del jefe de la patota, o quizás por indicación de quienes lo mandan, esta vez los autos no se dirigen hacia el Camino Negro, donde acostumbran a sembrar cadáveres. Carlos Ernesto Castillo (a)  El Indio  sólo ordena salir de La Plata en dirección a Ignacio Correa, un pueblo de las afueras de la capital provincial. No da ningún tipo de explicaciones. Y nadie se las pide. La madrugada del 13 de enero de 1976, los dos Ford Falcon avanzan lentamente. Van despacio porque llueve mucho, pero también porque quienes los conducen saben que nadie va a detenerlos. Una vez más, está todo arreglado con la Bonaerense: el camino a Correa es zona liberada. Los integrantes del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) son diez, cinco en cada auto. En uno de los Falcon llevan a un hombre apretado en el medio del asiento trasero; en el otro, la víctima viaja encerrada en el baúl. Cuando están lejos de La Plata, a una seña de Castillo, se detienen cerca de un puente. Nadie sabe por qué, pero  El Indio  tiene predilección por los puentes. “Vení”, le ordena al hombre apretado en el asiento trasero. Carlos Scafide, delegado de la comisión interna de Propulsora Siderúrgica, no ofrece resistencia. A nadie se le ocurre desobedecer cuando le están apuntando con una Itaka. Lo paran en la banquina, enfrentando la luz cegadora de los focos de los Falcon. “Juntá las manos, como si estuvieras rezando”, le dice y el hombre vuelve a obedecer, ahora apuntado por otras armas. Le abre las palmas y le pone algo entre ellas. “Apretá”, manda, y cuando lo hace le ata las manos con cinta aisladora. Scafide queda parado frente a los focos, como Castillo quie-

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re, como si estuviera rezando, pero con un bulto apretado entre las palmas. Recién entonces El Indio da otra orden, seca: “Traigan al otro”. Cuando lo sacan del baúl, Salvador El Pampa De Laturi está alerta. Sus secuestradores lo perciben y se ponen tensos. Tiene las manos desatadas pero, lo sabe, ninguna posibilidad de resistencia: son demasiados hombres y demasiadas armas. El Pampa, aunque ya no integra la interna de Propulsora, sigue siendo un dirigente reconocido dentro y fuera de la fábrica. A empujones, lo llevan hacia adelante, donde está el otro hombre, con las manos atadas, iluminado por los faros de los autos. Ahí también lo espera El Indio. Recién cuando lo empujan a su lado, Carlos Scafide reconoce a Salvador De Laturi y le grita, desesperado: –¡Nos van a matar Pampa! Como si el grito fuera una señal, De Laturi reacciona y se le va encima a Castillo, que lo tiene apuntado con la Itaka. Un escarmiento de la UOM. Propulsora Siderúrgica era un dolor de cabeza para Victorio Calabró, el hombre fuerte de la UOM llegado a la gobernación de la Provincia luego de la renuncia obligada del gobernador Oscar Bidegain. Los obreros de la planta de Ensenada resistían a la conducción de la UOM y venían eligiendo, una tras otra, comisiones internas combativas que eran sistemáticamente desconocidas por la burocracia sindical peronista. Después de las jornadas de lucha de junio de 1975, la situación en Propulsora se le había ido totalmente de las manos a la UOM, aliada a la conducción de la empresa. Calabró decidió, entonces, desarticular la resistencia mediante las herramientas que mejor manejaba: el terror, la muerte. Los blancos elegidos fueron Scafide y De Laturi. Carlos Scafide militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores y tenía un gran predicamento dentro de la fábrica. Por eso, aunque el PST no había desarrollado un gran trabajo político en Propulsora, sus compañeros lo eligieron para integrar la comisión interna. Y Carlitos, como lo llamaban, no los había defraudado. A la hora de negociar con la patronal, jamás aflojaba. Salvador De Laturi había nacido en La Pampa y de ahí le venía el apodo. Militante durante años del Partido Comunista, a mediados de 1975, descontento con la actitud negociadora del partido, se había incorporado al Partido Revolucionario de los Trabajadores, de fuerte inserción entre los obreros de la planta de Ensenada. Para fines de 1975 era, junto con El Turco Cherry, la conducción del PRT dentro de la fábrica. “A mí El Pampa se me representaba como un hombre de acero; no sólo por el color de su piel sino por su carácter, serio, firme. Era un carácter que se redoblaba cuando tenía que reunirse con la patronal para negociar. Por lo general, la gente de la empresa hacía un chiste, como para distender el clima, pero al Pampa no se le movía un músculo. También era un gran orador, que se adecuaba a las audiencias, hablaba igual de bien en la fábrica como en la universidad. Y era un gran organizador”, lo

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recuerda Daniel De Santis, ex obrero de Propulsora y dirigente del PRT-ERP. A principios de enero de 1976, la patota de la Concentración Nacional Universitaria recibió la orden de matar a esos dos hombres. Los diez asesinos, uno por uno.  La investigación que está desarrollando Miradas al Sur ha permitido identificar a los diez hombres que, esa noche, integraron el grupo de tareas comandado por Carlos Ernesto Castillo (a)  El Indio  . A sus órdenes estuvieron Dardo Omar Quinteros, Julio Cuber, Gustavo Fernández Supera (a)  El Misto, Alfredo Ricardo Lozano (a)  Boxer, Martín Osvaldo Sánchez (a)  Papucho, Antonio Jesús (a)  Tony, Ricardo Calvo (a)  Richard, Patricio Errecarte Pueyrredón y  El Flaco  Blas. Mientras la causa que investiga los crímenes de la CNU se mueve con llamativa lentitud en el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo de Arnaldo Corazza, todos los integrantes de la patota que actuó la madrugada del 13 de enero de 1976, a excepción de Carlos Ernesto Castillo, no sólo siguen en libertad sino que, ni siquiera, han sido citados a declarar. Lo mismo sucede con otros miembros de la CNU que participaron de otros crímenes. Algunos de ellos, incluso, ocupan notorios cargos en el Estado provincial. Tony Jesús es director de Relaciones Legislativas de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires; Richard Calvo también está a cargo de otra dirección de la Legislatura Provincial; y Juan José Pomares (a) Pipi tiene desde hace tiempo un cargo temporario en un bloque del Senado Provincial donde esta semana fue pasado a Planta Permanente con categoría 13. El Flaco  Blas –a quien Miradas al Sur ya ha identificado– es hombre de confianza de un ex dirigente de la federación que agrupa a los gremios municipales y que ocupó un ministerio nacional durante la presidencia provisional de Eduardo Alberto El Cabezón Duhalde, a quien hoy acompaña dentro del Peronismo Federal. De la mano de este dirigente, Blas obtuvo la concesión de un hotel del gremio, ubicado en la zona de Constitución. Miradas al Sur pudo saber también que El Flaco tiene la imprudente inclinación de jactarse en público de sus andanzas de la época en que se dedicaba “a amasijar zurdos”. Epílogo mortal. El Pampa De Laturi es rápido de reflejos pero no puede ser más veloz que el disparo de una Itaka. Cuando ve que se le viene encima, El Indio Castillo aprieta el gatillo. A Scafide, paralizado, lo mata inmediatamente después. El hombre cae con las manos atadas, sosteniendo, sin quererlo, el bulto que le puso El Indio. El bulto es una carga de trotyl de la que cuelga una mecha larga, lenta. “La Virgencita”, como lo llaman en la banda. Debajo de la lluvia, todos disparan sobre los cuerpos caídos. Patricio Errecarte Pueyrredón vacía el cargador de la .45 que le dieron y se queda mirando, sorprendido, cómo la corredera de la pistola se le queda atrás. “Boludo, es porque te quedaste sin balas”, le dice otro de los asesinos y le pone otro cargador al arma.

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El Indio ordena apilar los dos cadáveres –Scafide abajo, De Laturi encima– y dar vuelta los autos. Enciende la mecha y se sube a uno de los autos. Los dos Falcon arrancan y se alejan en dirección a La Plata. Están a unos doscientos metros cuando escuchan una explosión que parece la de un trueno. Se dan vuelta y alcanzan a ver, entre la tormenta, el resplandor de “La Virgencita”.

ZONA LIBERADA PARA MATAR A UN MÉDICO 3 de julio de 2011

Mario Gershanik fue asesinado en La Plata, la madrugada del 10 de abril de 1975, por un comando conjunto de la Triple A y la CNU. Primero son unos golpes en el portón, insistentes, violentos. Recién después se escucha un grito que es una orden: “¡Policía Federal, abran!”. El doctor Mario Alberto Gershanik está despierto, apenas comienza el 10 de abril de 1975. Son las 0.30 y hace menos de media hora que llegó a la casa, en la calle 50 N° 391, entre 2 y 3, de La Plata, después de asistir a un parto en el Instituto Médico Platense. Gershanik no necesita pensar para decidir que no va a abrirles la puerta. Piensa otras cosas, rápido. Se refugia con su mujer, Graciela, y su hijo Pablo, de menos de un año, en uno de los dormitorios de la casa y disca febrilmente un número de teléfono que sabe de memoria: la guardia del Hospital de Niños. Cuando lo atienden se identifica y dice: –¡Me quieren secuestrar, manden una ambulancia! Dice también que no está en su casa, sino en la de sus padres. Piensa que si la ambulancia llega a tiempo, tal vez los secuestradores se vayan. Intuye que no, que la puerta no puede resistir tanto. Ya nadie grita “¡Policía!” desde la calle, y los puñetazos en el portón han sido reemplazados por los golpes de un hacha. La situación –si no fuera producto del terrorismo de Estado de Isabel, López Rega y Calabró– resultaría insólita: el Departamento Central de la Policía de la Provincia de Buenos Aires está apenas a una cuadra. En el dormitorio, Gershanik abraza a su mujer y espera. Desde el Hospital de Niños Sor María Ludovica, en 14 entre 65 y 66, sale una ambulancia que no llegará a tiempo. Punto de reunión. La patota se había reunido un rato antes en la esquina de 51 y 2, frente al Departamento Central. Son alrededor de 15 hombres. El último en llegar a la cita es el Torino rojo que conduce Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio. Es un auto nuevo, impecable, con una rareza que uno de los integrantes de la banda recordará 36 años después: en lugar de la típica

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palanca al piso, tiene los cambios en el volante. Hay dos autos más: otro Torino, de color oscuro, y un Ford Falcon. El jefe espera a Castillo. La de esa noche no será una operación exclusiva de la Concentración Nacional Universitaria. La patota del Indio actuará junto con un grupo de tareas de la Triple A al mando de Aníbal Gordon (a) El Viejo. Algunos de los asesinos de la CNU ni siquiera saben a quién van a matar. El Viejo está impaciente. La banda de la Triple A intentó encontrar al médico más temprano, pero fracasó dos veces en el intento. Primero, fueron a la casa de Gershanik de 10 y 57, pero no había nadie; después, a la de su hermana, Alicia, en 6 entre 50 y 51, a escasos cincuenta metros de la Casa de Gobierno provincial. La encontraron vacía: desde hacía meses, Alicia y su marido vivían en México. Cuando el Torino rojo estaciona en la esquina de 2 y 51, Gordon reúne a los hombres y da órdenes precisas. Ya sabe que Gershanik está en la casa de sus padres –que viajaron a Europa–, donde también tiene su consultorio. El lugar queda a cien metros. Ahí nomás, a un paso del Departamento Central de Policía. Hasta ahora, la investigación identificó, por sus nombres y/o sus apodos, a ocho de los integrantes del grupo de tareas que va a secuestrar a Gershanik. Además de Gordon y Castillo, desde la esquina del Departamento de Policía parten Ricardo Walsh (a) Richi, Gastón Ponce Varela, Jorge Hugo Dubchak (a) El Polaco –custodio de Lorenzo Miguel–, otro matón sindical apodado El Mudo, El Sordo Arana, y el acompañante de Castillo en el Torino rojo, un individuo llamado Gustavo, sobrino de un ex juez a quien sus colegas en los tribunales bonaerenses llamaban El Chino. A todos ellos, Gordon les da una orden en tono seco: –¡Vamos! Testigos. A las 0.30, los tres autos llegan a la casa del médico, en la calle 50 N° 391. El Torino rojo se detiene frente a la puerta y de él bajan cinco hombres. Cuatro se dirigen hacia el portón mientras el quinto se queda parapetado contra el baúl del auto, empuñando una ametralladora. El otro Torino estaciona a mitad de cuadra: un hombre queda al volante, mientras otros dos se bajan y se paran, también portando armas largas, en el medio de la calzada mirando en dirección a la calle 2. El Ford Falcon se detiene en la esquina de 3 y 50, cortando el paso. Queda con las puertas abiertas mientras dos o tres hombres –su número varía según las fuentes– vigilan la calle 3 hacia el norte y hacia el sur. En la casa de la calle 50 N° 389, el estudiante peruano Andrés Caceda escucha gritos y golpes en la calle y sale a ver qué pasa. Cuando abre la puerta ve a un grupo de hombres que intenta romper el portón de la casa de Gershanik. No tiene oportunidad de ver más. El tipo que está contra el auto lo apunta con la ametralladora y le grita: –¡Policía, métase adentro! Minutos más tarde escuchará insultos y gritos provenientes del interior de

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la casa vecina. Después, a una mujer que grita con desesperación: “¡Por favor, déjenlo!”. Y finalmente una lluvia de balas. Minutos después de las 0.30, un taxi que viene por la avenida 1 con cuatro personas a bordo dobla en la calle 50 en dirección a la calle 2. Lo conduce Raúl Tassi y con él viajan José Garrido, la hermana de éste y Pedro Galíndez. Los cuatro son estudiantes del turno noche en el Colegio Nacional de La Plata, ubicado en 1 y 49. Poco antes de llegar a la calle 2 ven que, en la otra cuadra, hay dos hombres parados en medio de la calle, con armas largas, y más lejos un grupo de tres o cuatro frente a una puerta. “Uno tenía un hacha con la que trataba de romperla”, relató Galíndez a Miradas al Sur 36 años después, ratificando su testimonio en sede judicial el 29 de diciembre de 2009. “Nos quedamos unos minutos mirando, no sé cuántos, hasta que nos dimos cuenta del peligro que corríamos y nos fuimos, doblando por la calle 2”, agregó.En un departamento de la vereda de enfrente, otro estudiante se despierta sobresaltado. En un primer momento cree que lo vienen a buscar a él. Se viste con lo primero que encuentra y huye hacia la terraza. Desde allí observa todo lo que ocurre. Ve a los tres autos y a la patota desplegada en la calle. Ve a un hombre con un arma larga en la terraza de la casa lindera a la del médico. Ve a otros en los techos de las casas vecinas. Ve cómo, luego de romper el portón con el hacha, cuatro hombres entran a la casa. Ve que un policía de a pie se acerca por la calle 3, desde 51 hacia 50, y cómo uno de los hombres del Falcon le da una orden a los gritos, obligándolo a dar media vuelta y alejarse casi a la carrera. Escucha primero gritos y después tiros provenientes de la casa de Gershanik. Y finalmente ve al grupo de tareas subirse a los autos y alejarse por la calle 50 en dirección a la avenida 7, el Falcon adelante haciendo sonar una sirena y los dos Torino detrás.En otra casa de la vereda de enfrente, un miembro del Servicio Penitenciario Provincial escucha el escándalo y, sin dudar, llama al Comando Radioeléctrico. Se identifica e informa lo que sucede. Del otro lado del teléfono le dicen que todo está bajo control. Minutos después escucha el sonido de una sirena que se aleja. A cien metros de allí, en el Departamento Central de la Policía Bonaerense, nadie parece enterarse de la situación. Secuestro fallido y asesinato. La patota demora más de cinco minutos en romper el portón con el hacha. Los cuatro hombres que entran son jóvenes, tienen entre 22 y 30 años. Los cuatro usan anteojos oscuros. Uno de ellos tiene una Itaka; los otros tres empuñan pistolas. Revisan la casa y le gritan al médico que les diga dónde tiene “los remedios pediátricos”. Da toda la impresión de que se refieren a otra cosa. Buscan armas, pero no hay. Después de revolver la casa, el que parece el jefe del grupo le ordena al médico que vaya con ellos, que tiene que reconocer a una persona que está en el auto. Mario Gershanik sabe que vienen a secuestrarlo y se resiste. Tiene 30 años, practica varios deportes, es fuerte. Ni entre tres pueden arrastrarlo.

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Lo golpean y lo patean, pero sigue resistiendo. Graciela, su mujer, trata de ayudarlo pero la empujan. Intentan arrastrarlo una vez más pero no pueden. Gershanik sigue resistiendo, a los golpes, como puede. “¡Judío de mierda, te vamos a matar!”, le gritan una y otra vez. “¡Por favor, déjenlo!”, ruega Graciela un segundo antes de que comiencen a disparar. Y mientras tiran siguen gritando: “¡Judío de mierda, te vamos matar!”. Siguen gritando y ni siquiera se dan cuenta de que ya está muerto. Horas más tarde, el informe que el jefe de Operaciones Policiales, comisario mayor Ignacio García, eleva a sus superiores detalla: “Llevada a cabo la autopsia en la morgue de esta Repartición, se extrajeron al cadáver nueve (9) proyectiles y dos (2) tapones de cartucho presumiblemente de escopeta automática, mientras que en el lugar del hecho se secuestraron catorce (14) vainas 11.25, 17 proyectiles 9 mm., algunos de los cuales se encontraban incrustados en el piso de madera donde cayera la víctima; asimismo, un cartucho intacto ‘Remington 12 C.A. Peters”. Al día siguiente, 36 años después. La violenta muerte de Mario Gershanik fue título de tapa en los diarios platenses. “Un grupo terrorista asesinó a un médico en esta ciudad”, encabezó El Día en su portada. “Acribillaron a un médico de La Plata”, tituló el vespertino La Gaceta. El caso también fue noticia en varios medios nacionales. A pesar de la amplia cobertura, ninguno se preocupó por investigar cómo un operativo comando de esas características y duración –casi quince minutos– pudo ocurrir a una cuadra de la Jefatura de la Bonaerense sin que la Policía interviniera. El matutino El Día fue más allá y terminó inventando una teoría para desestimar la posible existencia de una zona liberada por la Policía para que actuara la patota. “Este lugar (la casa de Gershanik), como se sabe, está a unos 150 metros de la jefatura de Policía, sede que está estrictamente vigilada, en especial en horas de la noche, y en torno a la cual efectúan continuas rondas vehículos patrulleros –escribió el anónimo cronista, para después tirar una hipótesis de inigualable bizarría–. Estas circunstancias deben haber sido perfectamente estudiadas por los extremistas que actuaron en el episodio, ya que pudieron darse a la fuga sin inconvenientes una vez perpetrado el asesinato.” Como si esto fuera poco –y en una flagrante contradicción con su propia definición de lo ocurrido como un ataque “terrorista” o “extremista”–, tanto El Día como La Gaceta publicaron que a Gershanik “no se le conocía actividad política ni gremial”. Omitieron decir que el día anterior a su asesinato había tenido una destacada participación en una asamblea de trabajadores del Policlínico del Turf (actual Hospital Rossi), donde trabajaba, para debatir sobre las malas condiciones laborales. En esa reunión, había condenado expresamente las persecuciones que sufrían los trabajadores del hospital por parte de la burocracia sindical del hipódromo platense, alineada con Calabró.

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Los trabajadores del Policlínico del Turf y del Sor María Ludovica resolvieron un paro total de actividades en repudio al asesinato del Gershanik. La Agremiación Médica Platense, por su parte, decretó una medida similar para todas las actividades médicas públicas y privadas en el área de La Plata. Ese mismo día, después de leer el diario, un integrante de la patota de la CNU que no había participado de la acción le hizo una pregunta a Castillo: –¡Qué quilombo se armó! Decime, Indio, ¿quién era ese tipo? La respuesta de Castillo –que hoy puede parecer críptica pero que por entonces no necesitaba traducción– sonó como un latigazo: –Ese judío de mierda era un “erpio”. Para los jefes de Aníbal Gordon y El Indio Castillo, Mario Gershanik no sólo era un médico con actividad gremial antiburocrática, sino parte de un grupo de apoyo sanitario del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Treinta y seis años después, la causa que investiga el asesinato de Mario Alberto Gershanik –radicada en el Juzgado Federal N° 3, de La Plata, a cargo de Arnaldo Corazza– sigue sin registrar indagados ni detenidos.

CAYÓ PIPI 10 de julio de 2011

Tras las publicaciones de este medio, Juan José Pomares fue detenido por cuatro asesinatos cometidos por la CNU. Dos sobrevivientes lo reconocieron. Durante años pensó que, reciclado en el PJ bonaerense y con un puesto en un bloque del Senado provincial, iba a zafar. Pero no ocurrió. Juan José Pomares (a) Pipi fue detenido el martes a la noche por orden del titular del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, Arnaldo Corazza, en el marco de la causa que investiga los secuestros y asesinatos del sindicalista Carlos Antonio Domínguez, del estudiante de la Universidad Nacional de La Plata Guillermo Miceli, y de la pareja de militantes formada por Graciela Martini y Néstor Hugo Di Noto, todos ellos cometidos por el grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria comandado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio. La CNU platense operaba con total impunidad –en zonas liberadas por la Bonaerense–, amparada primero por el gobierno peronista de Victorio Calabró y luego por el jefe del Regimiento 7 de Infantería, coronel Roque Carlos Presti. Corazza también ordenó la captura del ex policía Roberto Antonio Storni, integrante de la misma patota. Pero al escribirse estas líneas, aún no había sido detenido. Pomares fue indagado el jueves pasado por el juez, quien deberá resolver su situación procesal en los próximos días. Junto con Castillo, son los únicos deteni-

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dos que tiene la causa, que permaneció inmovilizada durante décadas. El resto de los miembros de la banda, involucrados en estos y otros crímenes que Miradas al Sur viene investigando y publicando, aún permanece en libertad. La participación de Castillo y Pomares en los secuestros y asesinatos de Graciela Martini y Néstor Hugo Di Noto fue denunciada por dos sobrevivientes de esa operación (cuyos apellidos este medio mantiene en reserva, pero están en conocimiento de la Justicia), quienes los reconocieron. Esta investigación confirmó su relato de los hechos y –apoyada en otras fuentes– pudo identificar a otros integrantes del grupo de tareas que actuó esa noche. Madrugada del 4 de abril de 1976. El taxi que conduce Daniel P. no se detiene frente a la casa de Graciela Martini, en Villa Elisa. Hay luz en una de las ventanas y la joven no quiere discutir con su padre esa noche. Le pide a Daniel que esperen un rato para estacionar, que siga de largo. A las dos parejas que llegan a Villa Elisa se les hizo tarde comiendo pizza en La Plata. Por suerte, Daniel tiene esa noche el taxi de su abuelo para llevarlos de vuelta. A bordo viajan Daniel P. y su mujer, Adelaida B., Graciela Martini y su novio, Néstor Hugo Di Noto. Preocupados por la luz de la ventana que anuncia problemas, los jóvenes no le prestan atención a los dos autos estacionados cerca de la casa. Cuando pasan por segunda vez por el domicilio de Graciela –donde la luz sigue presagiando un enojo paterno– los dos autos arrancan de golpe. Daniel P. los ve, se asusta y acelera. Entonces, desde uno de ellos, un Peugeot 504, empiezan a dispararles. La persecución es corta. “Nos acribillaron de tal manera que las gomas del coche reventaron y quedamos varados”, recordará Adelaida 35 años después, en su declaración de los Juicios por la Verdad, el 13 de abril pasado. “Los balazos pasaron y quedaron en el tanque de nafta del baúl, por eso no nos dieron”, corroborará Daniel en la misma circunstancia. El taxi queda detenido en el Camino Centenario, a la altura de la calle 422. La patota baja del Peugeot y de otro auto, cuya marca no distinguen. Los sacan del taxi a los empujones, los revisan y los ponen en fila mientras preparan las armas para fusilarlos. Son siete u ocho hombres jóvenes que cargan pistolas e Itakas. Los sobrevivientes de esa noche reconocen a dos de los integrantes del grupo. Son Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a) Pipi. La investigación de Miradas al Sur permite agregar otros nombres: Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Alfredo Ricardo Lozano (a) Boxer, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho y Ricardo Calvo (a) Richard. Más tarde entrará en escena otro personaje. –¡Fuego!– ordena el jefe en la banquina del Camino Centenario. Disparan. Incrédulo de seguir vivo, Daniel P. piensa: “Tiraron al aire. Es un simulacro”. Más tarde sabrá, también, que lo confundieron con su hermano, que no saben que está preso desde 1975. Con Graciela Martini, en cambio, no se equivocan. El que parece el jefe de la patota la mira a los ojos. –¡Te encontramos, rubia hija de puta!

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Los suben a los cuatro, juntos, en el asiento trasero de uno de los autos y parten en dirección a La Plata. “Cierren los ojos”, ordena uno de los secuestradores. No tienen otra alternativa que obedecer. El tipo que les da la orden desde el asiento delantero los está apuntando con una Itaka. “Lo que recuerdo es que yo pude ver a una persona muy joven que estaba hablando con el otro coche por una radio, estaban muy enardecidos. Nosotros, menos mi ex marido, íbamos rezando en voz alta”, relatará 35 años después Adelaida. Cuando el auto se detiene, no saben dónde están. Todo está oscuro. Antes de que comiencen los gritos arrancados por la tortura, Adelaida y Daniel escuchan “sonidos” que identifican como de animales, de diferentes animales. No pueden saberlo, pero están en diagonal 113 y 65, contra los fondos de la Facultad de Agronomía, muy cerca de un predio donde están alojados diversos animales utilizados por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. No saben que ahí funciona una casa operativa de la Concentración Nacional Universitaria donde la patota guarda algunas armas y acostumbra a torturar a quienes secuestra, antes de matarlos. Bajan a Graciela Martini del auto y la meten en la casa. “Siento los gritos de ella, el desgarro total de la tortura que le están infringiendo, los insultos, sus gemidos y su voz que decía: ‘no sé nada, no sé nada’”, recordará Adelaida ante los jueces. Un rato después la sacan casi inconsciente y la meten en el baúl del otro auto. Es el turno de Néstor Hugo Di Noto. Adelaida jamás podrá olvidarlo: “Lo que nunca voy a dejar de recordar es el grito ensordecedor que parecía el bramido de un animal. Después me dijeron que le tajearon los testículos”, relatará. Daniel P. y Adelaida B. piensan que les ha llegado la hora. Cuando creen que van a meterlos dentro de la casa aparece un hombre corpulento, mayor que los otros, y les pregunta los apellidos. Cuando escucha el de Adelaida, le pregunta: –¿Qué relación tiene usted con la familia B.? –Soy la hija menor. Entonces ocurre algo impensado. El gordo le acaricia la cabeza. –Vos sos hermana de alguien que tiene altos valores morales, de una persona recta, de bien. ¿Cómo puede ser que estés con estos asesinos?– le dice y, sin esperar respuesta, se da vuelta y les habla a los otros: –A estos dos chicos no los tocan. Treinta y cinco años después, el sentido de la escena quedará revelado con una explicación de Daniel P. en el Juicio por la Verdad. “El hermano de mi ex mujer era militante nazi, pertenecía a Tradición Familia y Propiedad, era amigo de este hombre”, dirá. Y agregará: “Este hombre también era nazi, tenía una librería muy conocida en la ciudad”. Esta investigación identificó al “librero nazi”: Patricio Errecarte Pueyrredón, también integrante de la CNU, propietario de la desaparecida librería La Barca, de diagonal 79 entre 55 y 56. El Indio Castillo no está muy convencido de liberarlos. La patota de la

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CNU no acostumbra a dejar sobrevivientes en su camino. Les sucedió una vez, por error, cuando un secuestrado se les escapó del baúl de un auto. Pero este no es el caso. Castillo conversa aparte con Errecarte Pueyrredón y vuelve a donde están los dos jóvenes. –De nuestras caras se olvidan, no hablen con nadie de esto, porque son boleta. Ustedes iban al muere y este hecho lo borran de su memoria– les dice. Daniel P. y Adelaida B. reciben la orden de subir de nuevo al Peugeot. “Cierren los ojos”, les dicen. Minutos más tarde los dejan, vivos, en La Plata. Al día siguiente, los cadáveres de Graciela Martini y Néstor Hugo Di Noto aparecen, acribillados, en un descampado de City Bell. Ahora, Pomares, Castillo y los demás deberán responder por esas muertes. Expulsiones y querellas. Como resultado de esta investigación la Secretaría Legislativa de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires exigió la renuncia de dos reconocidos integrantes de esa banda que tenían importantes cargos en la Legislatura. Se trata de Antonio Agustín Jesús (a)  Tony, hasta hace pocos días director de Relaciones Legislativas, y de Ricardo Calvo (a)  Richard, quien tenía a su cargo la Dirección Legislativa de la Cámara. Calvo la presentó el 21 de junio y Jesús el 5 de este mes “Nos enteramos de quiénes eran a partir de la investigación que viene publicando Miradas al Sur y derivamos el tema a la Secretaría Legislativa, que tomó las medidas que creyó necesarias. Esto es administrativo, ahora la Justicia deberá establecer sus responsabilidades en los delitos de los que se los acusa”, dijo a este dominical una alta fuente de la Legislatura bonaerense. Jesús había ingresado a la Cámara como empleado en febrero de 1984 y fue promovido a director en diciembre de 2003, cuando el presidente de la Cámara era Osvaldo Mércuri. Por su parte, Calvo ingresó en mayo de 1984 y fue nombrado director legislativo durante la presidencia de Ismael Pasaglia. Nuevos querellantes. La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, se presentó esta semana como querellante en la causa. Lo mismo hará antes de fin de mes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Por otra parte, Miradas al Sur pudo saber que también iniciarán querellas los familiares de otras tres víctimas de la patota de la CNU: Mario Alberto Gershanik, Salvador De Laturi y Luisa Marta Córica.

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QUIÉN ES QUIÉN EN LA CNU DE LA PLATA 17 de julio de 2011

La Justicia sólo detuvo a dos de los miembros de la banda parapolicial que cometió decenas de crímenes entre 1974 y 1976 en la capital provincial. Hoy, muchos de sus integrantes tienen fuertes contactos políticos. Hasta el momento, Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a) Pipi son los únicos detenidos por los crímenes de lesa humanidad cometidos en La Plata por la patota parapolicial de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) entre 1974 y abril de 1976, cuando fue desactivada. Las causas que los investigan están radicadas en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Arnaldo Corazza, y en el Juzgado Federal N° 1, cuyo titular es Manuel Humberto Blanco. La serie de notas publicadas hasta ahora sacó a la luz el accionar de la banda como grupo de tareas al servicio del gobernador bonaerense Victorio Calabró, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, del Distrito Militar de La Plata –comandado por el teniente coronel Mario Sila López Osornio– y del Regimiento VII de Infantería. También identificó a varios de sus miembros como partícipes de secuestros y asesinatos perpetrados en el marco del terrorismo de Estado previo al golpe del 24 de marzo de 1976. En estas páginas, Miradas al Sur publica los nombres y apodos de varios miembros de la Concentración Nacional Universitaria que participaron en una o más de las operaciones de la banda, o bien actuaron como apoyo y/o informantes para facilitar su accionar criminal: Patricio Fernández Rivero (a) El Manco. Jefe nacional de la Concentración Nacional Universitaria después de la muerte de Alejandro Giovenco. Estaba casado con Hilda Disandro, sobrina del ideólogo de la organización de ultraderecha Carlos Disandro. Perdió el brazo izquierdo en un accidente automovilístico en Buenos Aires, cuando viajaba en un Torino cargado de armas y explosivos junto a su mujer y Juan José Pomares (a)  Pipi. Dirigió también la patota de la CNU en Mar del Plata. Fue detenido el 18 de noviembre del año pasado en Alta Gracia, Córdoba, por orden del juez federal marplatense Rodolfo Pradas, acusado de participar en los asesinatos de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldenberg, ocurridos el 21 de marzo de 1975, y del secuestro y asesinato de María del Carmen Maggi, el 10 de mayo de ese mismo año.

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Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio. Jefe de la patota de la CNU en La Plata. Fue detenido el 16 de mayo de este año, en Villa General Belgrano, Córdoba, por orden del juez federal platense Arnaldo Corazza. Se lo acusa, por el momento, de los secuestros y las muertes del sindicalista del hipódromo platense Carlos Antonio Domínguez, del estudiante Guillermo Miceli y de la pareja de militantes formada por Graciela Martini y Néstor Hugo Di Noto. El 29 de abril de 1976 fue detenido, junto con otros integrantes de la banda, cuando intentaban secuestrar a Juan Carlos Arias. El accionar de la patota se había vuelto ingobernable para los militares, que decidieron sacarla de circulación. Estuvo preso en la U9 de La Plata, de donde salía para participar de operativos ilegales con los grupos de tareas de la Bonaerense conducida por Ramón Camps. Hay testigos que lo identificaron en sesiones de tortura realizadas en la Comisaría Quinta de La Plata y entre los participantes de los secuestros de la Noche de los Lápices. En los 80 participó como apoyo en los levantamientos de los carapintadas y en la década de los ’90 estuvo a las órdenes de Aldo Rico en el Modin. Trabajó en el Congreso Nacional como asesor del diputado carapintada Emilio Morello, que fue vinculado con la causa que investiga el atentado contra la Amia. Castillo estuvo prófugo durante los últimos siete años, sin que nadie lo molestara. Juan José Pomares (a) Pipi. Ladero de Castillo, fue detenido en La Plata por el juez Arnaldo Corazza el pasado 5 de julio, acusado de los mismos crímenes que su jefe. Entre 1974 y 1976 tuvo un cargo en el Ministerio de Economía provincial y estuvo ligado también a la Juventud Sindical Peronista. Lo detuvieron junto a Castillo el 29 de abril de 1976. Con el retorno de la democracia, fue congresal del Justicialismo bonaerense. Trabajaba en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, donde pocos días antes de su detención había sido nombrado en la Planta Permanente con la categoría 13. Miradas al Sur supo que un sector del PJ platense comenzó a juntar firmas –por pedido del juez Corazza y de su secretario Ricardo Botto– para dar un aval moral que permita que Pomares quede en libertad durante el proceso. Antonio Agustín Jesús (a) Tony. Conspicuo integrante de la banda, hasta su detención en 1976 tenía un nombramiento en el Hipódromo de La Plata, de la mano del gobernador Victorio Calabró. El hipódromo platense fue uno de los lugares donde con más saña actuó la patota de la CNU, responsable del secuestro y la muerte de varios delegados sindicales antiburocráticos. En febrero de 1984 entró como empleado a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, donde fue nombrado director de Referencias Legislativas en diciembre de 2003, cuando el presidente de la Cámara era el duhaldista Osvaldo Mércuri. A raíz de estas publicaciones, la Secretaría Legislativa le pidió la renuncia a fines del mes pasado. La presentó el 5 de este mes, un día después de estar en condiciones de tramitar la jubilación. Todavía no fue indagado ni detenido.

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Ricardo Osvaldo Calvo (a) Richard. Miembro operativo del grupo de tareas conducido por El Indio, también fue detenido el 29 de abril de 1976 y alojado en la U9. Miradas al Sur señaló su participación en varios crímenes. Fue identificado por el testigo Omar Abel Giaccio como uno de los integrantes de la CNU nombrado por Calabró en el Hipódromo de La Plata. Recuperada la democracia, ingresó a la Cámara de Diputados provincial en mayo de 1984 y fue designado director legislativo durante la presidencia de Ismael Pasaglia. Al tomar estado público su participación en el grupo de tareas paraestatal entre 1974 y 1976, le fue exigida la renuncia al cargo, que efectivizó el 21 de junio pasado. Tampoco fue indagado ni detenido. Néstor Beroch. Era profesor de la Enet n° 1 Albert Thomas, de La Plata. Fue uno de los ideólogos de la CNU y también miembro de la Triple A. Durante la dictadura fue visto en varias ocasiones en el Pozo de Banfield, manejado por la Bonaerense de Camps y Etchecolatz. También colaboraba como informante y torturador en el centro clandestino de detención de la Brigada de Investigaciones de La Plata. Está acusado de integrar el grupo de tareas que secuestró a los estudiantes en la Noche de los Lápices. Está en libertad. Gerardo Rafael Blas (a) El Flaco Blas. Diversas fuentes lo identificaron como operativo de la banda y señalaron su participación en, por lo menos, dos secuestros y asesinatos. Es hombre de confianza de Alfredo Atanasoff, ex Secretario Nacional de los municipales y Ministro de Trabajo durante la presidencia provisional de Eduardo Alberto El Cabezón Duhalde. De la mano de Atanasoff obtuvo la concesión del hotel del gremio ubicado en Brasil 1351, en el barrio de Constitución. Sigue en libertad. Dardo Omar Quinteros. Miembro operativo de la banda. La investigación lo ubica en la mayoría de las acciones de la patota de la CNU. Fue detenido el 29 de abril de 1976, durante el frustrado secuestro de Juan Carlos Arias. Ricardo Walsh (a) Richi. Integrante de la CNU desde los primeros tiempos, se fue alejando de las acciones operativas antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Fue otro de los hombres de la patota designados en el Hipódromo de La Plata por orden del gobernador Victorio Calabró. Jorge Hugo Dubchak (a)  El Polaco.  Estudiante del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, fue uno de los primeros integrantes de la CNU, aunque pronto pasó a formar parte de la custodia de Lorenzo Miguel. La investigación de Miradas al Sur lo identificó como uno de los miembros del grupo de tareas conjunto de la CNU y la Triple A que, a las órdenes de Aníbal Gordon (a) El Viejo, asesinó al médico Mario Alberto Gershanik la madru-

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gada del 10 de abril de 1975. Fue asesinado por sus propios compañeros de la UOM a mediados de ese año. Patricio Errecarte (o Errecalde) Pueyrredón.  Ex integrante del Movimiento Nacionalista Tacuara (MNT) y nazi confeso, aunque no vaciló en hacerse pasar por militante de Tupamaros para cometer una estafa. A pesar de no ser hombre proclive a la acción, participó de los asesinatos de los obreros de Propulsora Siderúrgica Salvador De Laturi y Carlos Scafide. También fue visto en una de las casas operativas de la CNU cuando eran torturados dos secuestrados. Fue propietario de una empresa de música funcional, de un bar y de la librería La Barca, en La Plata. Una fuente señaló a Miradas al Sur que el segundo apellido con el que se daba a conocer, Pueyrredón, no era auténtico y que lo había adicionado para impresionar. Ya fallecido. Alfredo Ricardo Lozano (a)  Boxer.  Agente de Policía Bonaerense, ingresó a la patota a fines de 1974. Esta investigación lo ubica en varias de las acciones de la banda. Fue detenido con Castillo y compañía el 29 de abril de 1976. El mes pasado se presentó en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Arnaldo Corazza, pero se negó a declarar. Sigue en libertad. Roberto Antonio Storni. Ex policía bonaerense, coordinaba la liberación de zonas para que actuara la patota con el oficial principal Julio César Garachico (hoy prófugo) y el suboficial Alberto Juan Bilardo. Participó en varias acciones de la banda. Fue detenido el 29 de abril de 1976 cuando la banda intentaba secuestrar a Juan Carlos Arias. La semana pasada, el juez Corazza ordenó detenerlo, pero al escribirse estas líneas seguía en libertad. Vicente Ernesto Álvarez. Sargento de la bonaerense, detenido en abril de 1976 con gran parte de la banda liderada por Castillo. Fallecido. David Masotta (a) Feiño. Miembro operativo de la banda. Fue detenido con El Indio y compañía el 29 de abril de 1976. Sigue en libertad. Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho. Uno de los primeros miembros de la banda. Participó en el ataque armado a una asamblea de la Facultad de Arquitectura de La Plata en noviembre de 1973. La investigación de Miradas al Sur lo ubica en varios secuestros y asesinatos. Fue otro de los detenidos por la Bonaerense y el Ejército el 29 de abril de 1976. Es abogado y se presentó como candidato a senador por el menemismo en 2003. Gustavo Fernández Supera (a) El Misto. Miembro operativo de la banda. Participó en el asesinato de la delegada del Hipódromo de La Plata Luisa

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Marta Córica, entre otros. También detenido el 29 de abril de 1976. Hace unos meses envió un correo electrónico a los autores de esta investigación, escrito en llamativas mayúsculas, donde niega haber sido “represor” y se identifica como “Afiliado N° 6” del PJ platense. Martín Salas. Uno de los jefes operativos de la banda. Muerto frente al Cine 8 de La Plata, en 1975, por un comando de Montoneros. Gastón Ponce Varela. Compañero de Castillo en el colegio secundario y barra brava de Estudiantes de La Plata. Participó de la masacre de Ezeiza y del golpe de Estado contra el gobernador Obregón Cano en Córdoba. La investigación de Miradas al Sur lo identifica como participante de los secuestros y asesinatos de los dirigentes gremiales de los trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata Rodolfo Achem y Carlos Alberto Miguel, a fines de 1974; de Mario Gershanik y de Luisa Marta Córica, en abril de 1975. Entre familiares y amigos se jactaba de tener en su haber más de 90 muertes y de guardar como souvenir el anillo de Achem. Fue muerto por un comando de Montoneros en junio de 1975. Juan Carlos Gomila (a) El Negro. Miembro operativo de la banda. Varias fuentes lo identifican como empleado del Hipódromo de La Plata durante la gobernación de Calabró. Participa de la comisión platense de homenaje de Juan Domingo Perón. En los recordatorios, su nombre aparece junto a los de Jesús, Calvo y Pomares. Eduardo de Urraza (a) Lobo. Participó de la Concentración Nacional Universitaria y luego integró las filas de los grupos del coronel Jorge Osinde. Es abogado y también participa de la comisión de homenaje a Juan Domingo Perón. Néstor Causa (a)  Chino.  Ex alumno del Colegio Nacional de La Plata, donde dictaba clases Carlos Disandro. Miembro operativo de la banda comandada por Castillo. El día de su casamiento le tiraron una granada por sobre la medianera de la casa, sin causarle heridas. Fallecido. Eduardo Fromigué (a)  Oso.  Miembro operativo de la banda y “culata” (matón) de la Unión Obrera Metalúrgica. Fue muerto en una parrilla de Florencio Varela por sus propios compañeros, en un ajuste de cuentas entre la CNU, que respondía a Calabró, y la patota de Lorenzo Miguel. Tambié fue integrante de la Triple A y participó del comando que asesinó a Víctor Hugo Kein en Mar del Plata. Félix Navazzo. Integrante del grupo de tareas de Castillo. Fue uno de los principales hombres de acción de la CNU hasta su ejecución por un comando

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montonero en la puerta de su casa, en La Plata, el 1º de julio de 1974. Había sido uno de los francotiradores que disparó contra la multitud en Ezeiza. A su destreza y conocimiento de las armas sumaba el dominio de las artes marciales. José Marcelo López. Miembro operativo de la banda. Fue detenido junto a Castillo y otros integrantes del grupo el 29 de abril de 1976. Rubén Pacenza. Chapista. Era apoyo del grupo de tareas y se encargaba de reparar sus autos y reducir vehículos robados por la banda. Fue detenido en los allanamientos posteriores a la detención de Castillo y compañía el 29 de abril de 1976. Carlos Aníbal Giacobone. Electricista de automóviles, también era apoyo de la banda. Fue detenido en abril de 1976. Miradas al Sur está investigando el grado de participación que tuvieron dos familiares del ideólogo de la Concentración Nacional Universitaria, el latinista Carlos Disandro, como integrantes del grupo de tareas o como parte de sus grupos de apoyo. Lo mismo sucede con un médico que, por entonces, dictaba clases en el Colegio Nacional de La Plata; con el hijo de un teniente coronel con destino en La Plata y con otros miembros de la CNU a quienes por el momento se identificará sólo por sus apodos: El Negro Tralamán, Chalo, El Gordo, Abrojo, El Turco, Tomasito, El Demente, el Pelado Alemán, Willy, Bocha, Titi, Pechu y Cicuta. Otra línea de la investigación apunta al papel cumplido por varios preceptores y celadores del Colegio Nacional Rafael Hernández, el Liceo Víctor Mercante, la Escuela de Bellas Artes –los tres dependientes de la Universidad Nacional de La Plata– y de la Escuela Industrial N°1 Albert Thomas, quienes según numerosos testimonios se ocuparon de “marcar” a militantes de diversas agrupaciones para que fueran secuestrados y asesinados, primero por la banda liderada por Castillo –amparada por la Bonaerense, el Ejército y el gobernador Victorio Calabró– y luego por los grupos de tareas de la dictadura.

INDIO DISFRAZADO DE SOLDADO 24 de julio de 2011

El 8 de diciembre de 1975, la patota de la CNU secuestró, torturó y asesinó a un militante a plena luz del día. 37

Hace calor en la tarde del 8 de diciembre de 1975. Un calor machazo, se queja uno de los integrantes de la patota que se apretuja en los dos autos que van hacia Los Hornos por la circunvalación de La Plata. El tipo transpira por algo más que el calor: no le gusta nada eso de ir a levantar gente a las dos de la tarde. Aunque sea feriado y por la calle no haya casi un alma por imperio de la siesta. Pero el dato que tienen es preciso y no es cosa de desperdiciarlo. “Esos zurdos de mierda” ya se les escaparon una vez, por un pelo, el invierno pasado. Les avisaron que en la casa queda uno solo, pero uno es mejor que nada. En la casa de la calle 47 N° 2243, entre 139 y 140, Jorge Rosendo Ruda duerme la siesta sin soñar que su muerte viaja en dos autos. Hace un rato que terminó de almorzar con su madre y una sobrinita y ahora descansa. Por su militancia viene pasando días duros, inciertos. Trabaja en las oficinas centrales del Registro Provincial de las Personas, en 1 y 60, pero su actividad política tiene como eje la Unidad Básica “Carlos Astudillo”, de 50 y 144, a pocas cuadras de la casa donde ahora duerme la siesta. Jorge Rosendo Ruda es un tipo conocido y reconocido en Los Hornos. Y eso, que lo hace tan necesario para la militancia barrial, se ha transformado en un problema. Sabe que se la tienen jurada. Por eso, desde hace algún tiempo, viene poco a la casa y suele dormir en una oficina del Registro Civil por sugerencia de sus propios compañeros de trabajo. Se la tienen jurada a él y también a uno de sus hermanos, Carlos, un oficial de Montoneros que por esos días anda por Buenos Aires. Pero esa tarde del Día de la Virgen, peleándole al calor que sofoca, Jorge Rosendo Ruda logra conciliar la siesta sin sobresaltos. Quizá porque es de día o porque es feriado. Ruda duerme sin saber que la casa está vigilada. Despiertas, en la cocina, están su madre y una sobrinita de pocos años. Alfredo Agüero (a) Lechuza milita en la Alianza de la Juventud Peronista (AJP) y vive en Los Hornos. No es un orgánico de la patota de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) pero tiene buenos vínculos con la banda, de la que sí participa Julio Cúber, su cuñado. El Lechuza le avisa a Cúber que Jorge Rosendo Ruda está en su casa. Vos te venís con nosotros, le dice, y ahora el  Lechuza  viaja también, apretujado entre otros integrantes de la patota, en uno de los dos autos. Pasión por el verde oliva. El primero en bajar de los autos que frenan bruscamente frente a la casa de la calle 47 es un tipo vestido de verde que lleva casco, anteojos negros y una Itaka en la mano. Los pocos vecinos que se asoman a la calle creen que es un oficial del Ejército. Los demás están vestidos de civil y ocultan sus caras con pasamontañas. Portan armas cortas y largas. La investigación de Miradas al Sur pudo determinar que el hombre que comanda el operativo, uniformado como un soldado, es Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, jefe de la patota de la CNU platense. El casco que lleva es auténtico, pero el resto de

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la ropa es falsa: los borceguíes y los pantalones los compró hace poco, y la campera verde la robó del departamento de una de las víctimas recientes de la banda. De los autos también bajan Néstor Causa (a) Chino, Alfredo Lozano (a) Boxer, Dardo Omar Quinteros, David Masotta (a) Feiño, Juan José Pomares (a) Pipi, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Julio Cúber, Ricardo Calvo (a) Richard, Alfredo Agüero (a) Lechuza y Raúl Mendoza (a) Chiche. Mendoza pertenece a la derecha sindical peronista y, con los años, llegará a ser “culata” de un secretario general de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN). Hombre afecto al trago, más de una década después contará con lujo de detalles el accionar de la banda esa tarde del 8 de diciembre de 1975. Uno de sus azorados oyentes recuerda todavía hoy las circunstancias en que escuchó el relato: una noche de 1987, en la confitería Plaza, de 7 y 53, en La Plata, a metros de la Legislatura provincial. Secuestro, tortura y muerte.  El Indio  patea la puerta y entra primero, con la valentía que le da la impunidad asegurada. Detrás, casi toda la patota irrumpe y arrasa. Sólo dos se quedan en la calle, pegados a los autos. Adentro, la madre grita hasta que le apuntan a la cabeza; la nena no para de llorar, desparramada en el piso por el brutal empujón de uno de los asesinos. Lo primero que ve Jorge Rosendo Ruda cuando despierta son las armas que lo están apuntando. A pesar del miedo, no se amilana. –Perdiste, zurdo de mierda –le dice Castillo. –¡Ah, sí! ¿No me digas? –contesta. No puede terminar la frase porque El Indio le da con la culata de la Itaka en la cabeza. Con Ruda en el piso, dan vuelta toda la casa pero sólo encuentran unos volantes de la Juventud Peronista. Entonces saquean todo lo que les gusta, como siempre. Afuera, la calle está desierta, aunque algunos vecinos espían detrás de las ventanas. Ruda tiene la cabeza ensangrentada, los ojos y la boca tapados con cinta adhesiva y las manos atadas atrás con una soga cuando lo meten en el baúl de uno de los autos. Lo llevan a una de las casas operativas de la CNU, en diagonal 113 y 64, detrás de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata. No entran, sin embargo, a la casa. Sacan a Ruda del baúl y lo meten en una carpa que un rato antes armó el padre de El Indio. Era una carpa chiquita, de esas playeras, recordará muchos años después uno de los asesinos. Allí lo torturan, turnándose entre dos o tres, durante casi una hora. No les importa si alguien escucha los gritos. La policía no va a acudir a ningún llamado: el reducto, como siempre, es zona liberada. Cuando lo sacan de la carpa, Ruda está casi inconsciente. El Chino Causa, que se había quedado afuera, no puede evitar un comentario. –Pero, che, este tipo está boleta.

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Con Ruda encerrado de nuevo en el baúl, los dos autos enfilan para la zona de Arana. Van hacia uno de los lugares donde la banda suele completar sus crímenes. Ahí cerca está la División cuatrerismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero Castillo y sus secuaces saben que no van a tener problemas. Se detienen en un camino de tierra, en una zona arbolada, cerca de la intersección de las prolongaciones de las calles 134 y 655. Cuando lo sacan del baúl, Jorge Rosendo Ruda no puede tenerse en pie. Tiene las manos atadas con soga y los ojos vendados con cinta. Tienen que arrastrarlo entre dos para llevarlo cerca de la arboleda y pararlo frente a Castillo. Como siempre, El Indio dispara primero y después, siguiendo el ritual, el resto de la banda acribilla el cuerpo. Lo impactan más de cincuenta disparos de .45, de 9 mm. Y de Itaka. –Pónganlo allá –manda Castillo. Lo arrastran hasta un tronco y lo apoyan encima, boca abajo. El Indio pone una carga de trotyl debajo del árbol caído y les ordena que vuelvan a los autos. Recién después enciende la mecha lenta. Desde unos cincuenta metros, la patota contempla su obra: la explosión y el tronco y el cuerpo fragmentado volando por el aire. La Policía llegará recién al atardecer, luego de que un vecino diera aviso. El hombre tuvo que ir hasta el destacamento, porque el teléfono de la comisaría estaba convenientemente descompuesto. “Después que los peritos de Rastros efectuaron una prolija inspección ocular en el lugar del grave hecho, los restos del desconocido fueron trasladados en una ambulancia a la morgue de la policía”, relatará el vespertino La Gaceta al día siguiente. El cadáver de Jorge Rosendo Ruda fue identificado por las huellas dactilares de la mano derecha, desprendida del cuerpo por la explosión y encontrada a más de 30 metros del tronco. Firmas. Pocos avales para Pipi. En el justicialismo platense no la confirman ni la desmienten, pero la movida de recolección de firmas para brindar un “aval moral” que permita a Juan José Pomares (a) Pipi quedar en libertad durante el proceso que lo investiga por los secuestros y las muertes del sindicalista Carlos Domínguez y los estudiantes Graciela Martini, Néstor Di Noto y Guillermo Miceli, se desarrolla con muchas dificultades. La causa está a cargo del titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, Arnaldo Corazza. La campaña tiene epicentro en la Legislatura provincial, donde la maniobra más común parece ser la de esquivar el papelito y la lapicera. “Hay una paranoia colectiva. Cuando alguien pregunta sobre el tema contestan ambiguamente. Un legislador ofreció plata pero se negó a firmar. La sensación es que hay muchos con temor de quedar pegados”, dijo una fuente de la Cámara de Diputados a Miradas al Sur.

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LA CASA OPERATIVA DE LA CNU 31 de julio de 2011

Una de las viviendas donde el grupo de tareas torturaba a sus víctimas permanece casi intacta 35 años después. Esta semana, el juez Corazza dictó el procesamiento de El Indio Castillo y Pipi Pomares. El martes pasado, finalmente, el juez federal Arnaldo Corazza dictó el procesamiento de Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a) Pipi por considerarlos “prima facie” coautores penalmente responsables “de los delitos de privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio” en el marco del expediente N°9, caratulado “Domínguez Silvia Ester s/denuncia”. Esta causa investiga los secuestros y asesinatos del sindicalista del hipódromo platense, Carlos Antonio Domínguez, y de los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata Guillermo Miceli, Graciela Martini y Néstor Hugo Di Noto cometidos a principios de 1976 por el grupo de tareas paraestatal de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) capitaneado por Castillo. La investigación de Miradas al Sur sobre el accionar de la banda de la CNU identificó a la mayoría de los autores del secuestro y asesinato de Domínguez, perpetrado la madrugada del 12 de febrero de 1976, y de los de Martini y Di Noto, cometidos el 4 de abril de ese año. Entre los elementos de prueba que señalan la participación de Castillo en el asesinato de Domínguez, se encuentra la máquina de escribir robada en la casa del sindicalista la noche de su secuestro y encontrada en una de las casas operativas de la CNU, la quinta alquilada por El Indio en la calle 4, entre ’76 y ’77, en el barrio de Villa Montoro, en las afueras de La Plata. En el caso de Martíni y Di Noto, el juez cuenta con el invalorable testimonio de Daniel Pastorino y Adelaida Barón, secues­trados junto con las víctimas y luego liberados por decisión de Errecarte Pueyrredón. Antes de ser asesinados, Martini y Di Noto fueron salvajemente torturados en otra de las casas operativas de la patota, ubicada en la calle 64 y diagonal 113, detrás de los predios de las facultades de Agronomía y Veterinaria de la UNLP, en la zona sur de La Plata. Aguantadero familiar. La casa de 64 y diagonal 113 ha sufrido pocos cambios en los últimos 35 años, aunque el paisaje que la rodea ya no es el mismo. Por aquellos años fue, durante un tiempo, vivienda de la familia de El Indio Castillo, cuyo padre, ex comisario de la Policía bonaerense, tenía a su cargo la vigilancia de los predios de Agronomía y Veterinaria. Precisamente el trabajo de vigilancia en esas facultades fue la vía por la cual se incorporaron a la banda los policías Alfredo Lozano y Vicente Ernesto Álvarez, captados por El Indio. Por entonces, la facultad de Periodismo, que hoy funciona en la zona, no

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existía, y el actual edificio de la Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) estaba apenas en cimientos. En la década de los ’70, al predio donde se levanta la vivienda se podía ingresar por una calle interna a la que se entraba desde diagonal 113 y por la calle 64, hacia donde por entonces daba la puerta de entrada de la casa, hoy tapiada y antecedida por un alambrado perimetral. La vivienda estaba flanqueada por dos incipientes arboledas, hoy mucho más tupidas, y detrás de una de ellas había una casa rodante en cuyo interior la banda torturaba e interrogaba a algunas de sus víctimas, antes de matarlas. En otras ocasiones, utilizaban una pequeña carpa que levantaban cerca de esa misma arboleda, como ocurrió en el secuestro de Jorge Rosendo Ruda, el 8 de diciembre de 1975, quien fue torturado en la tienda a media tarde, mientras la música de la casa sonaba a todo volumen en un improvisado intento por tapar sus gritos. Se pudieron recoger testimonios coincidentes de viejos vecinos de la zona, quienes dijeron haber escuchado música a todo volumen proveniente de la casa en varias ocasiones durante 1975 y 1976. Semejante impunidad en la utilización del lugar para llevar secues­trados y torturarlos a plena luz del día se explica por la existencia de un radiograma emitido por la jefatura del Área de Operaciones 113, a cargo del coronel Roque Carlos Presti, que declaraba a la casa como “de interés para la lucha antisubversiva”. La existencia de este radiograma fue confirmada a Miradas al Sur por dos fuentes fidedignas. En ese predio, pero dentro de la casa rodante, también fueron torturados Graciela Martini y Néstor Hu­go Di Noto la madrugada del 4 de abril de 1976, luego de haber sido secuestrados en City Bell junto a Daniel Pastorino y Adelaida Barón. En sus declaraciones en los Juicios por la Verdad, brindadas el 13 de abril de este año, Pastorino y Barón recordaron haber escuchado “sonidos de animales” cerca del lugar a donde fueron llevados. Esos “sonidos” provenían del predio de la facultad de Veterinaria. Pastorino relató a Miradas al Sur que, mientras permanecía sin poder ver dentro de uno de los autos, escuchó el chirrido de una puerta cuando, presumiblemen­ te, entraban o sacaban a Gracie­la Mar­tini y Néstor Hugo Di Noto del lugar donde fueron torturados. Pas­to­rino también confirmó a esta publicación que en los próximos días se presentará como querellante en la causa.

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UN INFILTRADO EN LA CNU 7 de agosto de 2011

Enrique Rodríguez Rossi, militante de las FAL 22, tuvo acceso al núcleo duro de la banda hasta que fue asesinado. La edición del 12 de abril de 1975 del diario El Día, de La Plata, llevó una vez más como título de tapa una muerte. El día anterior había encabezado con el asesinato del médico Mario Gershanik, fusilado por una patota armada en la casa de sus padres, ubicada a poco más de una cuadra de la Jefatura de la Policía bonaerense. Ahora el titular decía: “Un estudiante fue muerto a balazos por terroristas” y la bajada de tapa explicaba: “Se trata de Enrique Rodríguez Rossi, hijo del ex titular del Banco Popular que también fue asesinado meses atrás por desconocidos. El joven apareció acribillado dentro de un auto entre Villa Elisa y Punta Lara”. Aunque la manera de actuar de los asesinos coincidía con la de la Triple A o con la del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) que operaban en la zona amparados por el gobierno bonaerense, la policía y el Ejército, los platenses más informados hicieron foco en otro lado: Enrique Rodríguez Rossi, de 22 años, provenía de una tradicional familia ligada a la derecha católica, con estrechos vínculos con el cavernícola arzobispo de La Plata, Antonio Plaza. Su padre, el abogado Ernesto Rodríguez Rossi, había sido una de las cabezas visibles del Banco Popular, cuyo principal accionista en las sombras había sido Monseñor. La entidad financiera quebró en la década de los ’60, dejando un tendal de ahorristas estafados y Rodríguez Rossi padre –quien solía jactarse de su amistad con el dictador Juan Carlos Onganía– había sido asesinado el 22 de agosto de 1974, en confusas circunstancias, en un crimen nunca esclarecido pero que se relacionaba con una serie de negocios turbios conectados con el Hipódromo de La Plata. El asesinato del joven Enrique fue entonces, para muchos, una secuela de aquella otra muerte. Más de 35 años después, la investigación de Miradas al Sur pone al descubierto la trama oculta que llevó al asesinato de Enrique Rodríguez Rossi, perpetrado por la patota de la CNU con la autorización del segundo jefe del Distrito Militar de La Plata, teniente coronel Mario Sila López Osornio. La muerte de Enrique, a quien sus compañeros más cercanos conocían como El Tío, puso final a una audaz operación de infiltración de las Fuerzas Argentinas de Liberación 22 de Agosto (FAL 22) que estuvo a punto de desbaratar el accionar de la CNU y poner al descubierto sus vínculos con el gobierno de Calabró, con las jefaturas del Distrito Militar La Plata y del Regimiento VII de Infantería, y con la Policía bonaerense.

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Oveja negra.  Por relaciones familiares y por su educación en un tradicional colegio de La Plata, Enrique Rodríguez Rossi compartió su adolescencia con algunos de los futuros integrantes de la Concentración Nacional Universitaria, surgida en la ciudad de las diagonales con la dirección ideológica del profesor de literatura y latinista Carlos Disandro, a quien conocía personalmente. A través de su padre también tenía trato cercano con monseñor Plaza, que parecía apreciarlo. “Enriquito era un pibe simpatiquísimo, mimado por la madre, de trato muy agradable que se llevaba bien con todo el mundo salvo con su padre, con quien tenía una relación muy conflictiva. A pesar del ambiente en que se crió, de derecha ultracatólica, tenía inquietudes sociales de otro tipo, aunque no las andaba mostrando en su casa ni con sus compañeros de colegio”, lo recordó Santiago Plaza, sobrino del arzobispo aunque en sus antípodas ideológicas. Esos vínculos infantiles y juveniles lo llevaron de manera casi natural a participar de las reuniones privadas donde Plaza y Disandro bajaban línea a un grupo de entusiastas jóvenes de ultraderecha que se creían llamados a defender la tradición occidental y cristiana de la sociedad argentina de los virulentos ataques a que la sometían el comunismo ateo y la sinarquía internacional. De esos encuentros, participaban, entre otros, Patricio Fernández Rivero –luego jefe operativo nacional de la CNU–, el hijo de Disandro, Jorge; el profesor de literatura Néstor Beroch, Juan José Pomares (a) Pipi, Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Félix Navazzo, Martín Salas, el librero Patricio Errecarte Pueyrredón, de Tradición, Familia y Propiedad; y uno de los fundadores de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios (antecesora de la CNU y de su rama en la secundaria, la Cnes) de apellido Fernández Córdoba. A partir de 1972 o 1973 también solían asistir el segundo jefe del Distrito Militar La Plata, Mario Sila López Osornio, y su hijo mayor. Cuando terminó el colegio secundario, Enrique decidió estudiar Derecho, como su padre, pero rompiendo con la tradición familiar –que lo hubiera llevado a la Universidad Católica–, se inscribió en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, un centro sensible de ebullición política a principios de la década de los ’70. Allí, sin que su familia ni sus antiguos amigos lo supieran, se acercó a los Grupos Revolucionarios de Base GRB, agrupación universitaria de las FAL 22, (Fuerzas Argentinas de Liberación 22 de Agosto) donde empezó a militar, aunque sin mostrarlo públicamente. A pesar de ello, siguió asistiendo a las reuniones de la CNU, que ya había empezado a operar como grupo de tareas parapolicial. El infiltrado. “La idea de la infiltración de Enrique Rodríguez Rossi, a quien en la organización conocíamos como El Tío, surgió de él mismo. Un compañero de los GRB, que lo tenía contactado, viene un día y me dice que teníamos un compañero que conocía a todos en la CNU, que incluso participaba de las

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reuniones, y que estaba dispuesto a pasar información”, dijo a Miradas al Sur un integrante de la dirección nacional de las FAL 22 que prefirió mantener en reserva su nombre y a quien aquí se llamará Zapa. Desde ese momento, Rodríguez Rossi dejó de mostrarse cerca de sus compañeros de los GRB en la facultad y, a través de un enlace, comenzó a pasar información sobre las reuniones de la banda con Plaza, Disandro y López Osornio, y también sobre otras donde el grupo de tareas capitaneado por El Indio Castillo preparaba sus operaciones. “El compañero que funcionaba de enlace recibía la información que le daba El Tío y se la pasaba al responsable de la dirección regional, que era Omar Núñez, que fue armando una carpeta con todos esos datos. Había una lista de nombres de integrantes de la CNU, informes sobre las reuniones e incluso algunas fotos donde estaba monseñor Plaza con ellos. A su vez, Omar le pasaba toda la información a la dirección nacional”, recordó José María Company Céspedes, integrante de la dirección de las FAL 22 que fue capturado por la patota en uno de los operativos desencadenados cuando la CNU descubrió la infiltración de Rodríguez Rossi y que salvó milagrosamente la vida gracias a la aparición de una partida policial que no estaba avisada de la acción. La dirección nacional de las FAL 22 discutió qué hacer con la información que suministraba El Tío pero no tomó ninguna decisión. Para 1974 y 1975, esa organización tenía un fuerte debate interno sobre su accionar. Por otra parte, a pesar de contar con una fuerte inserción política en la Universidad a través de los GRB, su capacidad militar en la zona de La Plata era de muy corto alcance y, en todo caso, insuficiente para encarar una acción contra la patota de la CNU. “Me acuerdo que una de las posibilidades que se discutieron fue la de pasarles la información al ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) o a los montos (Montoneros) para ver si se podía hacer algo conjunto, pero no se llegó a tomar ninguna decisión”, recordó Company Céspedes. La investigación de Miradas al Sur pudo establecer que la información pasada por Rodríguez Rossi incluía la lista casi completa de los integrantes del grupo de tareas de la CNU, fotos de algunas reuniones con monseñor Plaza, minutas sobre las bajadas de línea de Disandro, Plaza y López Osornio al grupo e, incluso, la identidad de algunos blancos de la patota. En diciembre de 1974, El Tío dio aviso de que la banda iba a secuestrar al dirigente del Partido Comunista Revolucionario (PCR) Enrique Rusconi. Por problemas de enlace dentro de las FAL 22, la información demoró en llegar a la dirección. Cuando se intentó dar aviso al PCR, ya era tarde: Rusconi fue asesinado cuando resistía a su secuestro, en su casa del barrio de Tolosa, el 7 de diciembre de 1974. Mientras tanto, la situación de Enrique Rodríguez Rossi se iba complicando día tras día, con grave riesgo para su seguridad. Le resultaba muy difícil seguir participando de las reuniones sin pasar a formar parte del grupo operativo de la banda. “Vengo zafando, pero ya no puedo borrarme sin que sospechen de mí”, le dijo a su enlace a fines de marzo de 1975. Estaba fuera

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de cualquier discusión que para continuar con la infiltración Rodríguez Rossi cometiera asesinatos con la patota. Era imprescindible no sólo sacarlo de las reuniones de la banda sino que pasara a la clandestinidad y se fuera de La Plata, e incluso del país. La dirección de las FAL 22 discutió cómo hacerlo, pero a principios de abril los acontecimientos se precipitaron y ya fue tarde. El asesinato del Tío. A las 3 de la mañana del 11 de abril de 1975, el teléfono sonó ominoso en la casa de la familia Rodríguez Rossi, en la calle 4 N° 117 ½, en la zona norte de La Plata. Atendió la madre de Enrique y una voz que no se identificó preguntó por su hijo. Cuando Enrique llegó al teléfono sí reconoció la voz, aunque no le dijo a su madre de quién se trataba. Era un integrante de la patota que lo citó con una excusa. Enrique también utilizó una excusa para tranquilizar a su madre y pedirle prestado el auto. “Tengo un amigo enfermo”, le dijo antes de subirse al Dodge 1500 celeste acerado patente B-980375 y partir con rumbo desconocido. En su edición del 12 de abril, en el desarrollo del título principal de la tapa, un anónimo cronista del diario El Día describió: “Alrededor de las 8.30 de ayer, un automovilista que ocasionalmente se dirigía de Punta Lara a Villa Elisa por el camino que une esas dos poblaciones, detuvo la marcha al observar, detenido a un costado sobre la banquina derecha, un automóvil Dodge 1500. El vehículo presentaba múltiples perforaciones de bala en la carrocería y los vidrios delanteros deshechos por los impactos. Al acercarse, la referida persona comprobó que en el asiento delantero, caído hacia el lado izquierdo, yacía el cuerpo acribillado de una persona joven. Repuesto de la sorprendente y trágica revelación, el hombre regresó a Punta Lara y se apresuró a informar a las autoridades policiales del lugar sobre lo ocurrido”. El muerto era Enrique Rodríguez Rossi y alrededor del auto se encontraron más de cincuenta cápsulas servidas de pistolas calibre .45 y 9 milímetros. Antes de ser asesinado en uno de los lugares preferidos por el grupo de tareas de la CNU para fusilar a sus víctimas, Enrique Rodríguez Rossi fue conducido por la patota al estudio que había pertenecido a su padre, en diagonal 73 entre 48 y 49, donde presumiblemente fue torturado para que diera información sobre sus contactos con las FAL 22. Al día siguiente, la policía encontró la puerta del estudio abierta con una barreta. Detenidos, muertos y un coronel paranoico. Esta investigación no ha podido establecer todavía la secuencia exacta de los hechos relacionados con el asesinato de Enrique Rodríguez Rossi, pero sí su vinculación. Posiblemente, su infiltración fue descubierta varios días antes de su secuestro y muerte. A partir de allí, Miradas al Sur pudo registrar una serie de acontecimientos. En dos operativos ocurridos en el mismo lugar pero con diferencia de horas, fueron detenidos (primero, ilegalmente y, luego, blanqueados) Omar Núñez

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y José María Company Céspedes, integrantes de la dirección regional, el primero, y de la dirección nacional, el segundo, de las Fuerzas Argentinas de Liberación 22 de Agosto. Núñez y Company Céspedes salvaron sus vidas porque el primero, al irrumpir la patota en la casa, comenzó a gritar y llamó la atención de unas religiosas del convento que había enfrente. Estas llamaron rápidamente a la policía que, sin saber que se trataba de una acción de la banda parapolicial, intervino y, luego de una violenta discusión con el jefe del grupo de tareas, los detuvo a todos. Cuando, horas después, fue capturado Company Céspedes en el mismo lugar, ya había tomado intervención la Policía Federal. A pesar de ello, los dos integrantes de las FAL 22 fueron torturados durante varios días. En ningún momento, durante las sesiones de tortura, se los interrogó sobre Rodríguez Rossi. Luego, fueron trasladados a la Unidad 9, cuyas autoridades no quisieron recibirlos en un primer momento debido a las señales de tortura que presentaban. Sólo lo hicieron cuando la Policía Federal reconoció, en un documento oficial, el estado físico que tenían los detenidos al ser entregados en la unidad penal. La noticia de sus detenciones fue publicada por el diario El Día en su edición del 13 de abril, cuando había ocurrido varios días antes. En la casa de la calle 73 N° 350, donde fueron capturados, los secuestradores encontraron la carpeta que contenía la información reunida por Rodríguez Rossi sobre el accionar de la CNU. Como ya se ha señalado, en esa carpeta había información sobre el subjefe del Distrito Militar La Plata, Mario Sila López Osornio y su relación con el grupo de tareas de la CNU. Al conocer la información, el teniente coronel no se quedó quieto. La tarde del 7 de abril creyó que su casa estaba siendo vigilada y no dudó. Salió con su hijo mayor en su auto, persiguió al presunto sospechoso y lo asesinó en la intersección de las calles 47 y 17. El hombre, identificado como Ricardo Manuel Guerra, de 31 años, iba desarmado y fue fusilado cuando no ofrecía resistencia. Para disfrazar el asesinato a sangre fría como un enfrentamiento, el teniente coronel y su hijo, en complicidad con policías de la Comisaría Primera, le plantaron un revólver 38 corto. El 11 de abril, un grupo de tareas secuestró a Marcelo Adrián Sastre, de 21 años, a la salida de una confitería bailable platense, en la calle 47 entre 8 y 9. Su cadáver apareció horas después, con dos balazos disparados a quemarropa, en una cantera de tierra colorada ubicada en la calle 28, entre 514 y 515, de la localidad de Ringuelet, en las afueras de La Plata. La muerte de Sastre, estudiante del turno noche del Colegio Nacional de La Plata encaja a la perfección en una tabla de doble entrada que la relaciona con el asesinato de Rodríguez Rossi: por una parte, era amigo muy cercano del infiltrado en la CNU; por la otra, estaba haciendo en servicio militar en el Distrito Militar La Plata, bajo las órdenes del teniente coronel Mario Sila López Osornio.

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Tiraron volantes en tribunales y en el Ministerio de Seguridad. Mientras la recolección de firmas para dar un “aval moral” a Juan José Pomares (a) Pipi que le permita transitar en libertad el proceso que se le sigue por los crímenes cometidos por la CNU encuentra pocos amigos dispuestos a escracharse con una rúbrica pública, el jueves a la mañana manos anónimas volantearon pidiendo su libertad. Los volantes –que no fueron repartidos mano a mano sino arrojados por personas que no querían ser vistas– decían, con imperfecta redacción: “LIBERTAD!!! A PIPI POMARES. PRESO POR PERONISTA”. Se los vio esparcidos en los pisos de la sede del Tribunal Federal Nº3, donde se tramita la causa, y en el Ministerio de Seguridad, vieja sede de la Jefatura de la Policía bonaerense, desde donde se liberaban las zonas para que operara el grupo de tareas de la CNU. En el caso del Tribunal, el personal de limpieza recogió rápidamente los papeles que ensuciaban el hall de entrada y otras dependencias.

FIERROS AL POR MAYOR 14 de agosto de 2011

El grupo de tareas de la CNU guardaba armas, explosivos y autos robados en una quinta alquilada por El Indio Castillo. El oficial principal Julio César Garachico la tiene fácil esa mañana, aunque no sin cierto disgusto. Nunca la tuvo tan fácil en un allanamiento: conoce el lugar como si fuera su casa, y sabe dónde están guardadas las armas, los explosivos, las joyas robadas y también los autos. Sabe todo lo que va a encontrar. Y también lo que no quiere encontrar oficialmente. Hay algunas cosas de la quinta de la calle 4 entre 76 y 77 alquilada por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio que quiere llevarse y que no tienen que figurar en las actas del procedimiento. Esta vez El Indio la jodió, piensa Garachico cuando baja del patrullero, a las 11.30 de la mañana del 30 de abril de 1976. Él mismo le había avisado que era momento de obedecer las órdenes y de hacer nada más que lo que le mandaban a hacer desde la Unidad Regional o desde el Regimiento. Si con eso alcanzaba y sobraba. Pero no, El Indio había seguido operando también por la libre. No se dio cuenta de que la dictadura mataba de otra manera, sistemáticamente, con su propio orden. Ni siquiera paró cuando el jefe del Área de Operaciones 13, el coronel Roque Carlos Presti, le dijo que hasta nueva orden se quedara tranquilo en su casa, que ya lo iban a llamar. La habían jodido lindo. Esa misma madrugada, después de robar en una casa de la zona de City Bell, el grupo de tareas de la Concentración Nacional

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Universitaria (CNU) se había mandado con tres autos –dos Ford Falcon y un Fiat 128– a secuestrar a Juan Carlos Arias, también conocido como El Vaca, un integrante de la Alianza de la Juventud Peronista (AJP) al que se la tenían jurada. Todavía llevaban las cosas robadas (joyas, oro, un televisor portátil y hasta un teléfono antiguo) en uno de los Falcon. En la casa del Vaca, en 55 y 25 de La Plata, les había salido todo mal. Cuando intentaban entrar aparecieron de la nada la policía y el Ejército. Nadie se resistió, si todos estaban del mismo lado. A la patota la llevaron detenida a la Comisaría Quinta. Al Vaca, en cambio y ya que estaban, lo encapucharon, lo metieron en un auto y lo tiraron en el centro clandestino de detención de la Brigada de Investigaciones de la Bonaerense, donde estuvo desaparecido durante meses. En 55 y 25, según el parte firmado por el oficial inspector Oscar José Piergiácomi, segundo jefe del Comando Radioeléctrico, fueron detenidos Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, Ricardo Calvo (a) Richard, Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto, Alfredo Ricardo Lozano (a) Boxer, David Claudio Massotta (a) Feiño, y Marcelo José López. Esa misma noche también fueron a parar a una celda, aunque no figuran en el parte, Dardo Omar Quinteros, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, el policía Roberto Antonio Storni, el sargento ayudante Vicente Ernesto Álvarez y Juan José Pomares (a) Pipi. En los días subsiguientes se sumarían a la lista Miguel Castillo, padre de El Indio; Nelly Haydeé Novara de Castillo, la madre; Héctor Castillo, el hermano; Nora Fiorentino de Castillo, esposa de El Indio; el chapista Rubén Pacenza y el electricista Carlos Giacobone, apoyos de la banda; y Osvaldo Mario Cozzolino, encargado de reducir las joyas robadas por el grupo de tareas. Parado frente a la puerta de la quinta de 4 entre 76 y 77, acompañado por otros tres policías, el oficial principal Julio César Garachico se toca la panza prominente y recuerda el descomunal asado –perpetrado y cocinado con una res robada– que compartió con casi todos los miembros de la banda en la fiesta de casamiento de El Indio y Nora. No es ninguna casualidad que el encargado de allanar el lugar donde la CNU guarda su arsenal sea el mismo policía que, hasta hace algunos días, se encargaba de liberar las zonas para que la patota pudiera actuar con total impunidad. Por eso, Garachico sabe muy bien lo que va a encontrar adentro. Armas y explosivos. La investigación de Miradas al Sur tuvo acceso a las tres actas donde Garachico detalla los resultados de los dos allanamientos que realizó en la quinta de Castillo. Aunque dos versiones de diferente origen pero coincidentes señalan que el oficial inspector no incluyó en ellas todo lo que encontró, la lectura de los tres documentos ofrece una idea acabada del poder de fuego con que contaba el grupo de tareas, de los vehículos que utilizaba en sus operaciones y de los objetos de valor que saqueó de las casas de sus víctimas.

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Apenas Nora Fiorentino de Castillo le abre la puerta, Garachico camina sin dudar hacia un galpón que se levanta en el fondo del terreno. Lo acompañan el suboficial principal Manuel Aguiar, los cabos Tomás Rotela y Rogelio Gómez, y los testigos Juan Bautista Gianatti y Miguel Ángel Díaz, vecinos del lugar. Según el acta firmada por todos los nombrados, en la construcción del fondo de la quinta encuentran 140 cartuchos de dinamita fanazul, 20 cartuchos de dinamita común, dos medias libras de trotyl. En una “habitación especial” –así la define Garachico– secuestran dos metros de mecha rápida; seis metros de mecha Bioford; 27 detonadores para sistema eléctrico N°8; dos detonadores para sistema eléctrico N°8 de cobre; cinco detonadores N° 8 lentos; cinco detonadores N° 8 para granadas de mano; cinco granadas de mano, españolas, con la inscripción “Ejército Argentino”, sin detonante. Se trata de explosivos de alta peligrosidad, por lo cual el policía procede “al traslado inmediato del material a la Sección Criminalística”, donde “por razones de comodidad” labra el acta y se la hace firmar a los testigos. En un acta separada, Garachico enumera las armas que encuentra en la casa: tres pistolas calibre 11.25, sin marca ni numeración; 12 cargadores de pistola 11.25 sin numeración; dos cargadores para pistola 9 mm, sin numeración; un revólver Smith & Wesson, calibre 28 especial; un revólver calibre 38 largo, marca Smith & Wesson de cinco tiros; un revólver calibre 22 largo, marca Bisonte, con funda de cintura y proyectiles; un revólver 38 largo, niquelado, marca Tanque; un revólver calibre 44 corto, marca Smith & Wesson, niquelado, con cachas negras; un revólver marca Orbea calibre 44, pavonado, con cachas de madera; un revólver niquelado calibre 38 largo; un revólver calibre 38 niquelado; un revólver calibre 44 corto, marca British Bulldog; un pistolón de dos caños, calibre 14, marca Safari; un rifle Winchester calibre 44 pavonado; una escopeta calibre 16 marca ML; una carabina Mauser modelo Caballería; una carabina marca Halcón calibre 22 largo con cargador; una escopeta de dos caños, calibre 14; un fusil de colección; una pistola Mauser calibre 9 mm, con culatín; una pistola ametralladora Sterling (N de los A: arma idéntica a las que usaba la custodia de López Rega, quién las había importado de Inglaterra) calibre 99 MK5 con cuatro cargadores, y una mira telescópica. También encuentran “un cajón conteniendo proyectiles calibre 11.25, 9 mm, 7.65 mm de fusil, cartuchos 12-70; proyectiles calibre 44, 22, 38 largo, calibre 16 y repuestos para reparación de armas”. A este poder de fuego hay que sumar las armas que portaban los integrantes del grupo de tareas al ser detenidos: tres escopetas tipo High Standard, seis pistolas calibre 11.25, una pistola calibre 9 mm, un revólver calibre 38 largo, y dos revólveres más, pequeños, “armamento que no es posible detallar en forma precisa porque fue llevado por personal militar”, como señaló el oficial de la Bonaerense que rubrica oficialmente las detenciones en 55 y 25. Finalmente, Garachico incluye una lista de más de una página oficio donde

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conviven sables del Ejército y de la Armada, una decena de cuchillos de diferente tipo y un cambalache de objetos robados que incluye relojes de marca, joyas de oro y plata, televisores, un prismático, cámaras fotográficas, lapiceras de lujo, un bombo, y una máquina de escribir que terminará siendo prueba concluyente de la participación de Castillo en el secuestro y asesinato del dirigente sindical Carlos Antonio Domínguez. Parque automotor. Garachico vuelve al día siguiente a la quinta de 4 entre 76 y 77, pero ahora como segundón de otro oficial. Es la hora de los autos que –lo sabe, pero no lo dirá– son en su mayoría robados. El acta describe: Peugeot 504 XSE modelo 1976, patente B-1-310156; Peugeot 504 XC modelo 76 color gris; Peugeot 504 XSE, 1975, color amarillo, patente B-1.081.485. Son tres de los siete que la banda se llevó cuando asaltó a mano armada al conductor del camión que los transportaba, en la ruta 2, cerca del cruce de Etcheverry. Al día siguiente del robo, El Indio apareció con documentación trucha para todos los vehículos. Hay más autos en poder de la patota y Garachico sabe dónde pueden estar. Por eso, desde la quinta de 4 entre 76 y 77 la comisión policial va hasta otra casa operativa de la CNU, en 64 y diagonal 113. Allí encuentran a Héctor Castillo, el hermano de El Indio, abocado a la tarea de desarmar otro Peugeot, en este caso negro, patente C-441.723. No tienen que apretarlo mucho para que les diga que no es de él y que lo está desarmando a pedido de Patricio Errecarte Pueyrredón. Entonces el oficial principal Julio César Garachico procede a detener al padre, a la madre y al hermano de Carlos Ernesto Castillo. Está vez sí que El Indio la jodió, piensa una vez más, mientras sube su voluminoso cuerpo al patrullero.

“BELLA ACTRIZ FUE ACRIBILLADA” 21 de agosto de 2011 “Uy, che! ¿A esa mina vamos a matar?” A Ricardo Walsh (a)  Richi  no le cae bien el blanco que Carlos Ernesto Castillo (a)  El Indio  acaba de definir mientras están sentados alrededor de la mesa del comedor. Tampoco le gustan la hora y el lugar. Es domingo al mediodía y parte de la banda –faltan algunos de los que van a participar de la operación– está reunida en una de sus casas operativas, la quinta de 4 entre 76 y 77, en la zona sur de La Plata. Desde allí, cuando llegue el momento, saldrán en dos autos para el lado del Hipódromo, donde trabaja el blanco que  El Indio acaba de señalar. Algunos de los integrantes del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) también trabajan en el Hipódromo platense o en otras reparticiones públicas. Más precisamente: tienen nombramientos ordenados desde

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el más alto nivel del gobierno bonaerense de Victorio Calabró que les permiten cobrar por sus servicios. En las nóminas, entre otros, están Castillo, Walsh, Gastón Ponce Varela, Ricardo Calvo, Juan José Pomares, Antonio Agustín Jesús, Martín Osvaldo Sánchez, Gustavo Guillermo Fernández Supera, Néstor Causa – que también fue “colocado” como preceptor en uno de los colegios de la Universidad Nacional de La Plata para marcar militantes estudiantiles– y, por supuesto, los policías Alfredo Lozano, Vicente Álvarez y Roberto Storni. El blanco es Luisa Marta Córica, de 31 años, estudiante de la Facultad de Humanidades, actriz ocasional –llegó a tener un bolo en la película Boquitas pintadas que consiguió como conseguía todo, insistiéndole a Leopoldo Torre Nilsson, burrero de ley y habitué de la pelousse–, trabajadora de la Contaduría de la Cámara de Diputados provincial y empleada por reunión en el Hipódromo, donde ha sido elegida delegada gremial por sus compañeros. Por eso varios miembros de la banda que la va a matar la conocen personalmente y tal vez por esa misma razón Richi Walsh acaba de decir: “¡Uy, che! ¿A esa mina vamos a matar?”. Luisa Marta Córica es, además, una mujer muy linda. Nadie le responde a Richi Walsh, a quien, como ya se dijo, no le gustan tampoco ni el lugar ni la hora elegidos para la operación. La van a secuestrar esa misma tarde, a plena luz, cuando termine la reunión hípica y Córica vaya hasta la estación de La Plata, en 1 diagonal 80, para tomar el tren hacia Buenos Aires. Allí la espera su hijo mayor, Ariel, al cuidado de un familiar. Luisa, que está separada, tiene otros dos hijos: Andrea y Christian, que el domingo 6 de abril de 1975 se han quedado en La Plata, con los abuelos. Memoria de una militante. Luisa Marta Córica vivía con sus tres hijos en un departamento de 47 N° 767, entre 10 y 11, de La Plata. Había empezado a militar en la Juventud Peronista en 1970, mientras terminaba la secundaria en el turno noche del Instituto Benito Lynch. Sus compañeros de aquella época coinciden en que “la Flaca era de ir al frente”. En 2001, uno de esos compañeros, Omar, le escribió una carta a Andrea, la hija del medio de Luisa. “Ella era una persona con una posición tomada ante la vida –le contó–. Espontánea y fresca como una adolescente. Alguien que tenía unas ganas de vivir enormes y que no dejaba pasar la vida a su lado, sino que era partícipe de ella, gozándola hasta los últimos instantes… Era muy sensible al arte y a la hermosura. Era una humanista, sin complejos ni prejuicios. Estábamos siempre en la villa de Ringuelet, en el arroyo del Gato, compartíamos muchos trabajos con la gente de allí.” Esa militancia –en la villa, en la Facultad, en el Hipódromo– le costó dos detenciones. La primera, el 30 de abril de 1970. “Fue detenida por infracción a la Ley 17.401 en La Plata, secuestrándosele abundante material de bibliografía comunista. Con fecha del 4 de mayo de ese mismo año, el juez de intervención, doctor Carlos Federico García, dicta su sobreseimiento defini-

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tivo conforme al artículo 437 del Código de Procedimiento en lo Criminal”, dice un informe archivado en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba). Fue detenida por segunda vez el 2 de febrero de 1974, en su domicilio. “Se efectuó un procedimiento en edificio de la calle 47 N° 767, 4to piso, La Plata, ocupado por la causante –dice el parte policial–. Se secuestra material bibliográfico referido a la organización Montoneros y numerosas fotografías artísticas.” Pocos días después fue liberada y siguió militando, con el mismo nivel de exposición que hasta entonces. Para abril de 1975, Luisa Marta Córica era un blanco ambulante. Un cadáver en Los Talas. El domingo 6 de abril de 1975, después de la última carrera, Luisa Marta Córica caminó las pocas cuadras que separan el Hipódromo platense de la estación del Ferrocarril General Roca. Vestía una blusa blanca, pantalón gris, saco beige e iba calzada con mocasines. Entró a la terminal pero no llegó a abordar el tren con destino a Constitución. La patota de la CNU la secuestró en medio de un escándalo. “Eran seis hombres armados, de civil. Mi mamá se agarraba de una de las columnas pero fue en vano. Amenazaron a la gente para que nadie interveniera. Eso lo supe a través de un vecino que era guarda de trenes y presenció el momento”, recuerda su hija Andrea. El vecino que le describió el secuestro nunca se atrevió a declarar. Otro testigo confirmó a  Miradas al Sur que Córica se aferró a una de las columnas de la estación y que, mientras dos secuestradores tiraban de ella, otro le rompió los nudillos a culatazos para que se soltara. Se la llevaron mientras apuntaban con sus armas al resto de los pasajeros que esperaban en el hall y en el andén. La madrugada siguiente, los pescadores de Los Talas, sobre la costa del Río de La Plata, en las afueras de Berisso, escucharon el motor de uno o dos automóviles y luego varios disparos. Pensaron que se trataba de cazadores. Recién a la tarde, dos de ellos descubrieron el cadáver, a unos doscientos metros de la desembocadura de la red cloacal, en un lugar casi intransitable, donde podría haber permanecido varios días sin que nadie lo encontrara. Luisa Marta Córica vestía la misma ropa con que la vieron sus compañeros del Hipódromo, estaba amordazada y tenía las manos atadas con alambre detrás de la espalda. El martes 8, el diario Última Hora –editado por Héctor Ricardo García desde la clausura de Crónica dispuesta por el gobierno de Isabel Perón– describió: “El cadáver, cuyas ropas estaban tintas en sangre, presentaba diversas perforaciones producidas por proyectiles de una arma de fuego”. La nota llevaba un sugestivo titular: “Bella actriz fue acribillada”. Por su parte, el diario platense El Día informó: “Encontraron asesinada a una mujer en la costa de Los Talas. Enigma”. Para los dos medios, los obvios móviles del asesinato eran un misterio. Recién al día siguiente  Última Hora  relacionó el asesinato de Luisa Marta Córica con el accionar de un grupo parapolicial: “Las versio-

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nes indican que, ahora, la pesquisa estaría orientada en otra dirección: Lucía (sic) Marta habría estado detenida en una ocasión y su tendencia ideológica sería de extrema izquierda”, publicó en una nota sin firma. En esa edición, el diario de García también dio más precisiones sobre la causa de la muerte: “Los autores del hecho habrían disparado no menos de siete veces sobre la infortunada mujer, con escopeta Itaka”. Rubén Ángel Puppo, por entonces médico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, no debe haber leído los diarios por esos días. En la autopsia que lleva su firma, definió como “hemorragia aguda” la causa de la muerte de Luisa Marta Córica. De los balazos, ni una palabra. Se intentó en reiteradas ocasiones consultar al médico policial sobre ese documento. Puppo –firmante habitual de autopsias y certificados de defunción relacionados con muertes violentas– no respondió a los llamados realizados por los autores de esta investigación. Muertes en cadena.  La Juventud Peronista de La Plata, en cambio, no tuvo dudas sobre la identidad de los autores de la muerte de Córica. En un volante distribuido al día siguiente, la organización denunció “la impunidad que tienen los asesinos que dirigen, desde el gobierno, Isabel y López Rega. Asesinos de uniforme o sin él”. Dos meses después, un comando de Montoneros mató en la puerta de su casa a Gastón Ponce Varela, uno de los integrantes del grupo de tareas de la CNU que participó en el secuestro y asesinato de Córica. Diez minutos después de esa acción, El Indio Castillo llegó al lugar a bordo de un Ford Falcon color naranja, bajó empuñando una Itaka y, luego de mostrar una credencial y gritar una orden a los policías que estaban allí, entró a la casa de Ponce. Al día siguiente, en las paredes de La Plata aparecieron decenas de pintadas que decían: “Ponce pagó por Córica”. La CNU respondió a principios de julio con otra pintada: “Once por Ponce”. El 8 de julio de 1975, la patota –integrada entre otros por Carlos Ernesto Castillo (a)  El Indio  y Eduardo Fromigué (a) El Oso y amparada por la Policía bonaerense– asesinó a 11 estudiantes universitarios en distintos lugares de la ciudad. Polémica. Tres firmas y un decreto. El presidente en ejercicio de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Federico Carlos Scarabino, no firmó el proyecto de decreto que le presentó el prosecretario administrativo de la Cámara, Jorge Couyoupetrou, para cesar en sus funciones a Juan José Pomares (a)  Pipi. Por el contrario, el presidente mandó a rehacer el texto para reemplazar el “cesa” por una “suspensión”. La decisión causó malestar entre los empleados del Senado, donde los amigos del asesino de la CNU siguen intentando infructuosamente reunir firmas para un “aval moral” que le permita recuperar la libertad durante el proce-

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so que se sustancia en el Juzgado Federal Nº3, a cargo de Arnaldo Corazza, por su participación en cuatro secuestros y asesinatos. Hasta el momento sólo han podido reunir tres, entre ellas la del ex senador Juan Amondarain. En ese contexto, el jueves en la Legislatura provincial y en las calles del centro de La Plata se distribuyó un volante titulado “No a la firma por Pipi Pomares”, que decía: “A punto de ser procesado por asesinato y torturas, Pipi Pomares, quien integró la banda de delincuentes que fue la Concentración Nacionalista Universitaria, (C.N.U.), ahora busca zafar. No nos convirtamos en cómplices, es un engaño firmar el AVAL MORAL a favor de su libertad. Esas firmas permitirán a este asesino de la C.N.U. quedar impune y en libertad, a sabiendas que cometió serios delitos en el marco del terrorismo de Estado. El Pipi Pomares y a quienes lo acompañaron en sus acciones: Carlos Castillo (a) El Indio , Antonio Jesus (a) el Toni, Ricardo Calvo (a) Richard, los hermanos Urraza (a) El lobo y el Chalo, SÓLO MERECEN LA CARCEL”.

EL MISTO NO CONTESTA 28 de agosto de 2011 Apesar de toda la información disponible sobre su participación en el grupo de tareas parapolicial de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto insiste en ser beneficiado con la pensión graciable que la Provincia de Buenos Aires otorga a los presos políticos y las víctimas del terrorismo de Estado. Esa pensión, que le fue otorgada a mediados del año pasado, fue anulada el 9 de septiembre de 2010 al conocerse que su detención, junto con otros miembros de la banda a fines de abril de 1976, no se debió a su supuesta condición de perseguido político por la dictadura –como alegó al hacer el pedido–, sino a su participación en una asociación ilícita cuyos miembros fueron condenados por la Justicia ordinaria a varios años de prisión por la comisión de una gran cantidad de robos. En el dictamen revocatorio de la pensión la Secretaría de Derechos Humanos provincial explica con claridad que la anulación se realiza “en atención a la existencia de una sentencia judicial que señala una causa distinta de privación de la libertad a la alegada por el peticionante”. El informe que la Dirección de Administración Contable de la Secretaría de Derechos Humanos elevó a la titular del organismo, Sara Derotier de Cobacho, consigna que Fernández Supera y otros miembros de la banda fueron condenados el 23 de junio de 1980 en la Causa N° 715 “a la pena de cuatro años de prisión por ser autores responsables del delito de hurto de automotor, tenencia de arma de guerra e infracción del artículo 210 del código penal”. Es decir, por delitos comunes y no por ser perseguidos políticos.

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El 19 de abril de este año, en un nuevo intento de lograr un beneficio que no le corresponde, Fernández Supera presentó una demanda contra el Estado provincial que se tramita en la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Isidro, donde tiene su domicilio legal. Está caratulada como “Fernández Supera Gustavo Guillermo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Proceso sumario de ilegitimidad”. Hace poco más de 15 días fue respondida por la Fiscalía. “La contestación de la demanda consta de dos partes: la primera sobre el aspecto formal de la ilegitimidad del cobro; y la segunda, sobre un aspecto más político, si se quiere, donde como todavía no existe una imputación judicial contra Fernández Supera por su participación en los crímenes de lesa humanidad cometidos por la CNU, se señala su vinculación contra quienes sí están imputados, como  El Indio  Castillo y  Pipi  Pomares”, explicó a  Miradas al Sur un integrante del equipo legal de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Hacete la víctima. Fernández Supera es, hasta ahora, el único integrante de la patota que demandó al Estado para intentar cobrar la pensión. No lo hicieron, en cambio, sus cómplices Carlos Ernesto Castillo, Juan José Pomares, David Massotta, Ricardo Calvo, Juan Pedro Asaro, Martín Osvaldo Sánchez, Dardo Omar Quinteros y Alfredo Ricardo Lozano, quienes también iniciaron trámites para obtener el beneficio. Todos ellos y otros miembros del grupo de tareas de la CNU –menos Asaro– fueron detenidos por la Policía y el Ejército el 29 de abril de 1976 en La Plata, cuando venían de robar una casa en la localidad de City Bell y se aprestaban a irrumpir en el domicilio de Juan Carlos El Vaca Arias, un militante de la Alianza de la Juventud Peronista (AJP), para secuestrarlo. En los fundamentos de la demanda, se victimiza diciendo que estuvo detenido a disposición del Poder Ejecutivo y que su legajo en el Servicio Penitenciario Bonaerense tenía el sello de “subversivo”. Se sabe que tal sello de “subversivo” era todo un clásico en el SPF y que le era adjudicado a una población mucho mayor que la de los perseguidos políticos, incluyendo a muchos presos por delitos comunes. En cuanto a su detención a disposición del PEN, ésta le fue dictada un año después de haber caído preso por robos reiterados y no fue obstáculo para que en diciembre de 1979 le fuera otorgada la excarcelación para que esperara en libertad el dictado de sentencia en la Causa N°715 donde se lo procesó por “asociación ilícita, robos reiterados, privación ilegal de la libertad, falsificación de documento público, lesiones y encubrimiento de homicidio”. Pero lo más llamativo de todo es que Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto asegura en su demanda que no conoció jamás a Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio ni a Juan José Pomares (a) Pipi, con quienes fue detenido en abril de 1976 y compartió tres años y medio en el mismo pabellón carcelario. Además, Fernández Supera asegura que nunca formó parte de la patota, lo cual torna inexplicable que, tanto él como Antonio Jesús (a) Tony, dieran

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el mismo domicilio a la policía: el de la casa de Fernández Supera, en la calle 524 bis N°1074. Extraña coincidencia entre gente que no se conoce. Cuando el cabo Ignacio Lara se apersonó en esa dirección para constatar el dato fue atendido por la madre del Misto, María Esther Supera, quien le aseguró que hacía meses que su hijo no vivía con ella, que lo que decía era totalmente falso, y que Tony no había vivido nunca allí. Esa vieja costumbre de mentir.  Fernández Supera, no sólo fue detenido junto con Castillo, Pomares y otros miembros de la banda sino que esta investigación lo ubica en varias operaciones criminales realizadas por el grupo de tareas bajo las órdenes de Castillo. Entre ellos, los secuestros y asesinatos de Luisa Marta Córica, de los delegados de Propulsora Siderúrgica Salvador De Laturi y Carlos Escafide, y de cinco changarines del Mercado Central de La Plata. En otras palabras, en lugar de víctima del terrorismo de Estado fue parte, junto a Castillo y Pomares, de sus grupos operativos. Además, Fernández Supera y Pomares trabajaron juntos en el Registro de la Propiedad del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, y en 1975 y 1976 integraron el grupo de la CNU que, con cargos de preceptores, se transformó en una suerte de ejército de ocupación en el Colegio Nacional Rafael Hernández, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata. Allí, se dedicaron a reprimir a los estudiantes y a marcar blancos para las operaciones del grupo de tareas. “Supera llegó después de la intervención de Ivanissevich. Era bastante joven, apenas un poco mayor que nosotros, flaquito y rubito. Creo que estaba en el núcleo que dirigía todo. Con los compañeros le decíamos, a sus espaldas claro, ‘Pajarito’. Además de la tensión general que instalaron con su ‘nuevo orden’, recuerdo como situación tensa particular una que me hicieron vivir Supera y otros en una ocasión que, luego de la salida del colegio, me ‘invitaron a subir’, en patota, al auto en que se desplazaban (un Torino rojo si no me falla la memoria) con comentarios sobre qué lindo estaba el día para ir a la Balandra y otras zonas del río, cuando todos sabíamos que por ahí tiraban los cadáveres”, recordó un ex alumno del Colegio Nacional. “A Supera lo recuerdo perfectamente por la cara de pendejo que tenía, y porque al ser tan flaquito el bulto del fierro se le notaba más. Lo llevaba en una sobaquera”, relató otro egresado del Colegio consultado por este dominical. Y agregó: “Me acuerdo perfectamente de un acto que improvisaron en el aniversario del vuelo que fue desviado a las Malvinas para poner una bandera argentina. Sin informar para qué, nos hicieron salir a todos los alumnos de las aulas y nos hicieron formar por división en el patio central. Recuerdo que reinaba un silencio horrible. Como cinco o seis tipos, mostrando que debajo de sus sacos estaban armados, se quedaron en el primer piso, observando a los alumnos. Sentíamos su presencia y la impotencia de saber que todo había cambiado y que ya nada era igual a lo que habíamos logrado, hacer del Nacional,

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un espacio de libertad, de reivindicación, de toma de conciencia. Lo recuerdo a Fernández Supera y creo, que entre los del primer piso, estaba también Richard Calvo”. Otros ex alumnos recordaron a Pomares, a Actis (a) El Loco, a Osses y a otro patotero de apellido Scher como integrantes del grupo de preceptores de la CNU que iban ostensiblemente armados al Colegio Nacional. ¿Yo, señor? ¡No, señor!  Para preguntarle sobre la demanda presentada contra el Estado provincial y sobre la extraña afirmación de que no conoce a Castillo ni a Pomares, uno de los autores de esta investigación llamó al teléfono celular personal de Fernández Supera y registró el siguiente diálogo. –Hola… –¿El señor Fernández Supera? –¿Quién habla? –Lo llamo de Miradas al Sur. –¿De dónde? –De Miradas al Sur. –(Silencio) ¿Por qué? –Para preguntarle sobre la demanda que acaba de presentar contra el Estado para obtener una pensión graciable. –(Largo silencio) Yo no soy el señor Fernández Supera, pero le voy a avisar para que le devuelva el llamado. Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto no volvió a contestar los llamados, ni se comunicó con los autores de esta investigación. FIRMAS. El domingo pasado Miradas al Sur identificó al ex senador Juan Amondarain como uno de los firmantes del “aval moral” en favor de la liberación de Juan José Pomares (a) Pipi, mientras dure el proceso que se le sigue por crímenes de lesa humanidad. Amondarain se comunicó con este medio y aseguró: “Yo no firmé nada, ni siquiera sabía que existía esa lista”. La información publicada les fue confirmada a los autores de esta investigación por tres fuentes, dos de ellas de la Legislatura provincial.

¿LOS INDEMNIZARON POR PARAPOLICIALES? 4 de septiembre de 2011 La investigación de Miradas al Sur sobre el accionar del grupo de tareas paraestatal de la Concentración Nacional Universitaria pudo establecer que por lo menos cinco de sus integrantes, haciéndose pasar como víctimas del terrorismo de Estado, cobraron la indemnización que establece la Ley 24.043, que beneficia a quienes hayan sido juzgados por tribunales militares o hayan es-

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tado detenidos a disposición del Poder Ejecutivo durante la última dictadura cívico-militar. Los “beneficiados” son Carlos Ernesto Castillo (a)  El Indio, – detenido, igual que Juan José Pomares (a) Pipi, por el juez federal de La Plata Arnaldo Corazza, acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad–, Gustavo Fernández Supera (a)  El Misto, Dardo Omar Quinteros, Martín Osvaldo Sánchez (a)  Pucho  y Alfredo Ricardo Lozano (a)  El Boxer. Como ya informáramos, estos seis, junto con otros miembros de la banda, también iniciaron los trámites para cobrar la pensión graciable que establece la Ley 14.042, de la Provincia de Buenos Aires, para las víctimas de la dictadura. En todos los casos, estos beneficiarios de la Ley Nacional 24.043 y aspirantes a la pensión que otorga la Ley Provincial 14.042 aprovecharon la letra de ambas normas ocultando su condición de integrantes del aparato terrorista del Estado para mimetizarse entre sus propias víctimas. Los nombrados, junto a otros miembros de la patota, fueron detenidos el 29 de abril de 1976 por orden del jefe del Área de Operaciones 113, coronel Roque Carlos Presti, no por ser –como sostienen algunos de ellos– militantes peronistas que resistían a la dictadura, sino porque su accionar como grupo parapolicial y paramilitar ya no resultaba útil en el marco del plan sistemático de represión ilegal. Esta detención no impidió que varios de los miembros de la CNU, recluidos en la Unidad 9 de La Plata, salieran de la cárcel para integrarse a los grupos de tareas cuando los jefes militares lo consideraron necesario. Varios testigos reconocieron a Castillo como uno de los represores que participaron de la Noche de los Lápices, en septiembre de 1976. En esas operaciones, también fue visto uno de los ideólogos de la CNU que seguía en libertad, el profesor de literatura Néstor Beroch. Los integrantes de la patota nunca fueron condenados por un tribunal militar y sólo fueron puestos a disposición del PEN un año después de ser detenidos, cuando ya estaban procesados por la comisión de medio centenar de robos de autos, dinero y joyas, por los que fueron condenados por la Justicia Penal Ordinaria en 1980. Que estuvieran a disposición del PEN tampoco impidió que algunos de ellos fueran excarcelados en 1979 y pudieran esperar la sentencia en libertad. Al servicio del terror estatal. La patota de la CNU platense operó bajo las órdenes y al amparo del Estado entre fines de 1974 y mediados de 1976, cuando algunos de sus integrantes se sumaron a los grupos de tareas de las Fuerzas Armadas. La investigación de Miradas al Sur estableció que realizaba distinto tipo de acciones: • Secuestros y asesinatos de disidentes políticos y sindicales ordenados desde el gobierno provincial de Victorio Calabró (el nexo con la banda era el secretario privado del gobernador), Alberto Bujía (a) El Negro, luego mano derecha de Eduardo Alberto El Cabezón Duhalde; desde la jefatura de la UOM platense, a cargo de Rubén Diéguez; desde la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; y desde las jefaturas del Regimiento VII de Infantería y del

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Distrito Militar La Plata (a cargo del coronel Roque Carlos Presti y del teniente coronel Mario Sila López Osornio, respectivamente). Por su naturaleza, estos crímenes deben ser considerados como de lesa humanidad. • Secuestros y asesinatos de militantes políticos, de activistas sindicales y de estudiantes secundarios y universitarios decididos por la propia banda o por el grupo de la Triple A comandado por Aníbal Gordon, que también califican como crímenes de lesa humanidad. • Ajustes de cuentas por cuestiones personales. • Asaltos a mano armada, haciéndose pasar por policías, para lo cual utilizaban automóviles provistos de sirenas y balizas. En todos los casos actuaban en zonas liberadas por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, coordinadas a través del oficial principal Julio César Garachico y el suboficial mayor Juan Bilardo. Represores y chorros.  El 23 de junio de 1980, en el marco de la causa N° 715, Martín Osvaldo Sánchez (a)  Pucho, Gustavo Fernández Supera (a)  El Misto, Dardo Omar Quinteros, Juan José Pomares (a)  Pipi, Antonio Agustín Jesús (a)  Tony, Carlos Ernesto Castillo (a)  El Indio, Alfredo Ricardo Lozano (a)  El Boxer, Marcelo José López y Roberto Antonio Storni fueron condenados a 4 o 5 años de prisión por los delitos de “robo y/o hurto de automotor, tenencia de arma de guerra y robos reiterados y calificados”. Según la información que existe en la causa, entre fines de 1975 y abril de 1976, la banda robó 38 automóviles –la mayoría sobre la Ruta 2– dinero y alhajas. Por esos delitos, entre otros, fueron procesados. Nunca fueron víctimas de la dictadura sino todo lo contrario. Fueron integrantes del aparato terrorista del Estado y, aprovechando esta condición, también cometían delitos comunes. Recién a 27 años de recuperada la democracia, comenzarán a ser juzgados por sus crímenes de lesa humanidad.

TRES FUSILADOS Y UN MUERTO EN EL BAÚL 11 de septiembre de 2011

Una caravana infernal que empezó en La Plata y terminó con un pelotón de fusilamiento en la zona de Ranelagh. Son más de las tres de la mañana del 18 de marzo de 1976 cuando los tres autos se detienen frente al establecimiento Las Hermanas, en una zona despoblada cercana al Barrio Marítimo de Ranelagh. Estacionan, al costado del camino, uno detrás del otro: los dos Ford Falcon adelante y el Fiat 128 último.

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Del asiento trasero del primer auto sacan a un joven corpulento, encapuchado y con las manos atadas con cinta adhesiva. Del segundo Falcon sacan a otros dos, también cegados y maniatados, y los arrastran de los brazos junto al primero. Los tres quedan de pie, sin poder ver, a pocos metros de la banquina. Recién entonces les quitan las capuchas. Es lo primero y lo último que ven: los miembros de la patota –que esa noche son doce o trece– parados frente a ellos, bien cerca, con las armas apuntándoles. Una de las víctimas reconoce a uno de los asesinos y alcanza a gritarle algo. La madrugada retumba con disparos de Itaka, de 11.25 y de 9 milímetros. Ninguno de los integrantes del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria escatima balas. A una orden, uno de los asesinos abre el baúl del primer Falcon y entre dos, forcejeando, sacan otro cuerpo. Lo cargan con dificultad hasta donde yacen los fusilados y lo tiran encima. Finalmente, para consumar el ritual, todos vuelven a disparar, sobre los cuerpos caídos, como si quisieran matar a la muerte. Cuando los tres autos giran en “U” sobre el camino para volver a La Plata, Dardo Omar Quinteros, sentado al volante del primer Falcon, vuelve a tocarse la mejilla –que comienza a amoratársele– y se queja: “¡Qué noche de mierda!”. Dos tiros en la cabeza. Quinteros había cobrado lindo esa noche, durante el primer secuestro. Enrique Rojas, estudiante de Derecho, lo conocía. Apenas lo subieron al Falcon le vio la cara y supo que lo iban a matar. Sin pensar en las armas empezó a repartir puñetazos y codazos a la marchanta. En el despelote astilló la luneta trasera de una patada. No podían pararlo. Alcanzó a bajarse del auto, pero hasta ahí llegó. Lo agarraron entre cuatro y lo llevaron hasta el baúl mientras forcejeaba y pedía auxilio a grito pelado. Siguió pateando y gritando cuando lo pudieron meter. El último grito se le cortó en la garganta cuando Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio le metió dos balazos en la cabeza con una pistola 22: balas chicas, sin orificio de salida, no fuera cosa de dañar la carrocería. Antes de volver a subir al auto, Quinteros le protestó a Castillo: –¡Che, Indio, boludo, me cagó a trompadas! ¡¿Cómo me vas a dejar solo?! El Indio guardó la pistolita y ensayó un gesto vago que pareció una disculpa, pero no le contestó. Ninguno de los dos se dio cuenta de que el baúl había quedado mal cerrado. Todavía les quedaba mucho por hacer esa noche, pero las complicaciones no terminaron ahí. Habían hecho dos o tres cuadras cuando Quinteros vio que la aguja del tablero marcaba que casi no quedaba nafta. –Vamos a cargar –dijo Castillo. –Pero…, ¿y qué hacemos con el fiambre? –No importa, vamos a cargar. La estación de servicio de la calle 1 estaba desierta, y al playero le dio mala espina el Falcon con cuatro tipos que se detuvo junto al surtidor y los otros dos autos que se quedaron sobre la calle, con los motores en marcha. Peor

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fue cuando se abrió el baúl del auto y Quinteros lo cerró de un golpe, puteando. El playero giró la cabeza rápido, como si no hubiera visto nada, como si siempre hubiera estado mirando para otro lado. Ni siquiera miró los billetes cuando le pagó, propina incluida. La investigación de Miradas al Sur identificó a diez de los miembros de la patota de la CNU que operó esa noche. Además de Quinteros y Castillo, participaron Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto, Ricardo Calvo (a) Richard, David Masotta (a) Feiño, Néstor Causa (a) El Chino, y los policías Alfredo Ricardo Lozano (a) Boxer y Vicente Ernesto Álvarez. Caravana infernal.  La segunda parada de la caravana fue en la casa de avenida 66 N° 357, entre 1 y 2, donde secuestraron a Eduardo Julio Giaccio, de 27 años, directivo de la Agrupación Gremial de Empleados por Reunión del Hipódromo de La Plata. Lo metieron en el asiento trasero del primer Falcon y lo llevaron a una de las casas operativas de la patota, en 65 y diagonal 113. El Indio necesitaba información pero no quería perder tiempo. Todavía les quedaba más por hacer esa noche. En lugar de sacarlo del auto y llevarlo hasta la casa rodante que utilizaban para torturar, dijo: “¡Ténganlo!”. Mientras dos integrantes de la patota apretaban a Giaccio contra el respaldo del asiento trasero, Castillo le puso en el cuello una soga con nudo corredizo, sacó el cabo por la ventanilla derecha del Falcon y ordenó que subieran el vidrio hasta dejar apenas una hendija. Entonces, desde afuera, apoyando un pie contra la puerta del auto para hacer mejor fuerza, comenzó a tirar de la soga. –¡Cantá, hijo de puta, cantá! –gritó primero, sin preguntar nada. Giaccio se asfixiaba. –¡Qué querés, qué querés! –alcanzó a balbucear cuando Castillo aflojó el tirón. “Era una cosa de locos, El Indio tiraba de la soga y le preguntaba cosas a los gritos, pero tiraba tanto que el tipo se asfixiaba, no podía hablar. Y cuando aflojó Giaccio se puso a cantar unos versos o algo así… me parece que eran unos versos, qué sé yo, en lugar de hablar. Yo estaba lejos y no lo escuchaba bien. Entonces El Indio se puso como loco y tiró más. Me pareció que lo mataba ahí nomás. De pedo no lo mató”, relató uno de los asesinos, que accedió a hablar con los autores de la investigación a cambio de mantener en reserva su identidad. Eran cerca de las dos y media de la mañana cuando los integrantes de la patota volvieron a subir a los autos para una penúltima parada: la casa de la calle 61 N° 229, donde vivían los hermanos Gerardo y Raúl Arabel, de 24 y 26 años, estudiantes de Medicina y también empleados por reunión en el hipódromo platense. Atados y encapuchados, los subieron al asiento trasero del segundo Falcon. Ya era tarde para volver a la casa operativa, de modo que los interrogaron a los golpes mientras la caravana enfilaba por el camino General Belgrano rumbo a Ranelagh, con un cadáver en el baúl y tres secuestrados que iban a ser fusilados.

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“¡Deciles que no me maten!”. En su edición del día siguiente, 19 de marzo de 1976, el matutino platense El Día titulará: “Un grupo terrorista raptó y asesinó a cuatro jóvenes platenses”. En la bajada precisará: “Las víctimas trabajaban en el hipódromo”. En la nota sólo identificará a Eduardo Julio Giaccio, Gerardo Arabel y Raúl Arabel. Deberán pasar otras 24 horas para que se conozca el nombre de la cuarta víctima, Enrique Rojas, el único que ya está muerto, dentro del baúl del primer Falcon, cuando la caravana se dirige hacia Ranelagh violando con los focos de los autos la oscuridad del camino General Belgrano. Son más de las tres de la mañana cuando bajan de los autos a los tres que todavía están vivos. Apenas le quitan la capucha, Eduardo Julio Giaccio ve las armas que lo están apuntando y reconoce la cara de uno de sus secuestradores. Lo mira a los ojos y le implora. –¡¿Qué me van a hacer?! ¡Deciles que no me maten! La única respuesta que recibe es la de las balas que lo atraviesan. La caravana infernal vuelve a tomar el camino General Belgrano para volver a La Plata. A la altura del cruce con el Centenario, Dardo Omar Quinteros vuelve a acariciarse la mejilla y se queja una vez más. –¡Qué noche de mierda, che, qué noche de mierda! Nadie contesta. EL CASO GERSHANIK. Nuevas revelaciones. En la edición del 3 de julio de este año, la investigación de  Miradas al Sur  sobre el accionar del grupo de tareas platense de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) publicó los nombres de ocho de los autores del asesinato del médico pediatra Mario Alberto Gershanik, ocurrido el 10 de abril de 1975 en la casa de sus padres, ubicada a menos de 150 metros de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Se trató de una operación conjunta de la Triple A con la CNU, a las órdenes de Aníbal Gordon (a)  El Viejo. Hasta ahora,  Miradas al Sur  había identificado a Carlos Ernesto Castillo, Ricardo Walsh, Gastón Ponce Varela, Hugo Dubchak, y a otros tres integrantes del grupo de tareas: El Sordo  Arana, El Mudo y Gustavo. A éstos se suman ahora otros tres nombres: César Enciso (a) Pino, originalmente integrante de la CNU y luego conspicuo miembro de la banda parapolicial de Aníbal Gordon; Eduardo de Urraza (a) Lobo, quien años más tarde sería asesor del coronel (R) Osinde en la Embajada Argentina en Asunción, y otro asesino de la CNU conocido como El Chango Nievas.

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UN COMISARIO LIGADO A LA CNU ES “EJEMPLO” PARA LA BONAERENSE 18 de septiembre de 2011 El 26 de abril de este año, mediante la Resolución 1543, que lleva su firma, el ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el ex penitenciario Ricardo Casal, dispuso que la vieja Escuela de Investigaciones de la Policía bonaerense –situada sobre el camino Centenario, en Berazategui– pasara a llamarse “Escuela de Policía Juan Vucetich, sede Comisario General Jorge Vicente Schoo”. Al elegir ese nombre para un instituto de formación policial, el jefe político de la fuerza de seguridad más grande del país tuvo un gesto de fuerte valor simbólico que reivindica la figura de uno de los promotores del funcionamiento de los grupos parapoliciales de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) de manera coordinada con la Bonaerense y bajo el paraguas protector de sus jefes. En otras palabras, se trata de una reivindicación del terrorismo de Estado. A principios de 1974, luego de que Oscar Bidegain fuera desplazado y reemplazado en la gobernación de la provincia por Victorio Calabró, el entonces inspector general Schoo fue nombrado director de Institutos de la fuerza. Una de las primeras medidas que tomó fue la de convocar a su amigo y mentor ideológico, el helenista y latinista Carlos Alberto Disandro, fundador de la CNU, para que diera clases magistrales en los cursos de Seguridad para oficiales organizados por la Escuela Superior de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, la banda de la CNU capitaneada primero por Patricio Fernández Rivero y luego por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio dejó de funcionar como una organización armada de ultraderecha sin vínculos con el Estado para transformarse en un grupo de tareas parapolicial que realizaba sus acciones y asesinaba a sus víctimas en zonas liberadas por la bonaerense. El comienzo de una larga amistad.  La relación entre Disandro y Schoo databa de fines de la década de los ’50. El latinista y el policía solían compartir veladas en una vieja casa de la calle 115 entre 60 y 61 de La Plata donde a principios de los ’60 funcionaba el Instituto Cardenal Cisneros, que buscaba convocar a estudiantes universitarios para darles formación filosófica y política. Se trataba en realidad de un centro de captación y adoctrinamiento de nuevos adherentes a las teorías de Disandro sobre una Argentina que sufría los ataques de la sinarquía internacional y una Iglesia católica que, luego de la Encíclica Populorum Progressio de Juan XXIII, había caído en manos del judeo-marxismo. Para el fundador de la CNU, el representante en el país de esta peligrosa avanzada era el obispo de Avellaneda, monseñor Jerónimo Podestá. En una carta de puño

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y letra dirigida a Perón en 1965, denunciaba: “La nueva pieza de esta OPERACIÓN DERIVATIVA Y DESTRUCTIVA es monseñor J. Podestá (…) Pero yo ya lo denuncié en 1964, como aliado del judaísmo sionista, de la masonería y otras fuerzas sinárquicas, como Usted podrá ver en mi trabajo Helenismo, Cristianismo, Judaísmo (respuesta a Mons. Podestá) y que lo obligó a replegarse un tiempo”. De esa tendencia participaban, le contaba Disandro al general, “los obispos y clérigos que hacen un planteo marxistoide, bolche, como por ejemplo monseñor Quarracino, Viscovich, el padre Mayol (del grupo bolche Tierra Nueva, y que tiene entrada en la CGT), etc. Coaliga esta tendencia varios grupos izquierdistas. Aquí se pretende captar la voluntad de vastos sectores civiles, incluidos justicialistas, que se inclinan por transformaciones violentas (tipo Yugoslavia, como propugna Viscovich). Por otro lado, obispos y clérigos, que hacen el cuento de la justicia social, sin violencia, y pretenden aglutinar la masa peronista y la conducción local haciendo un remedo interno de Tercera Posición. No le quepa duda, mi general, que Podestá es un agente de la política vaticanista y judía, es decir, representa lo que yo llamo el judeo-cristianismo”. El arzobispo de La Plata, monseñor Antonio Plaza, alentaba al futuro fundador de la CNU a escribir estas cartas. Disandro y su amigo Jorge Schoo publicitaban estas ideas en la revista La Hostería Volante, pero el policía no se conformaba con mantener sus convicciones en el plano de los planteos teóricos, que también incluían la xenofobia y el racismo. Un hecho ocurrido en 1966, cuando era jefe de la Regional La Plata de la Bonaerense, lo pinta de cuerpo entero. El día del santo nacional de Perú, San Martín de Porres, un grupo de estudiantes peruanos había convocado a un acto religioso seguido de una protesta política en la Iglesia San Ponciano. A la salida de la misa, un operativo policial dirigido en persona por Schoo terminó con la detención de algunos de los asistentes. Mientras los uniformados metían a los estudiantes en los celulares, un cronista del diario El Día le preguntó al jefe de la Regional cómo había reconocido a los revoltosos entre tanta gente que salía de la Iglesia. La respuesta de Schoo fue contundente: “Por sus características antropológicas”. Los detenidos fueron deportados a su país de origen por la dictadura de Onganía. Clases magistrales. La investigación de Miradas al Sur pudo recuperar los textos de dos clases dictadas por Disandro, el 18 y el 27 de junio de 1974, en los Cursos de Sucomisarios y Subinspectores de Seguridad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuyos programas fueron redactados por Schoo. En ellas, con el título “Las causas generadoras de la violencia”, el ideólogo de la CNU explicó a los encargados de dirigir las acciones represivas contra el movimiento estudiantil lo que, a su juicio, era el origen de la violencia juvenil, manipulada por las ideologías disolventes de la sinarquía internacional: la ausencia de autoridad, debida al derrumbe de la cultura occidental. “Sin autoridad familiar que cubra el rumbo juvenil –pontificaba Disandro–, sin autoridad pedagógica que subraye el contenido conceptual que se transmite y, finalmente, sin autoridad religiosa que

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selle el contenido del destino personal, las generaciones jóvenes se sienten absolutamente desligadas, se sienten en un estado de falsa liberación. “¿Dónde presiona la ideología?”, se preguntaba trascartón y respondía: “Justamente en este terreno es donde aparece la presión ideológica, favorecida porque no hay marco de contención, no hay autoridad que indique el rumbo y selle el concepto vital”. En este terrible contexto –seguía Disandro– operan las ideologías “más profundas, lesivas y graves. Estas ideologías se inician con Marx en el siglo XIX, partiendo de una noción revolucionaria, hasta el presente que culminan con una ideología de la destrucción y el caos en forma meditada y fría, con un objetivo a cumplir a través de las organizaciones juveniles, y que se resume en la tesis marcussiana: ‘estudiantes del mundo uníos para la destrucción y el caos total’”. Ese era el terrible enemigo infiltrado en la juventud argentina que sus uniformados alumnos debían enfrentar, con todas las armas que tuvieran a su alcance. Entre ellas, claro, las bandas parapoliciales de la Concentración Nacional Universitaria que ya operaban con protección estatal en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Manual para represores. Las ideas de Disandro y Schoo dejaron una fuerte impronta de formación autoritaria en la Bonaerense y siguieron presentes en la formación de los cadetes mucho tiempo después de terminada la dictadura. En 1997, la fuerza editó para uso de los alumnos de sus institutos un Manual de Conducción Policial, que siguió utilizándose por lo menos hasta 2001. La redacción fue encargada a dos policías retirados, el comisario general Jorge Vicente Schoo y el inspector Hugo Ignacio Silva. El prólogo quedó en manos de un activo participante del terrorismo de Estado: el comisario general Rodolfo Alejandro González Conti, titular de la Dirección General de Seguridad de la Bonaerense hasta 1979, donde fue colaborador directo de Ramón Camps. De las páginas del manual se desprende la misma ideología que marcó el camino de las bandas de la Concentración Nacional Universitaria. Para los autores, la conducción ­–objeto central del texto– consta de tres elementos: “El conductor, el conducido y la relación que los vincula (…) La relación puede compararse en la que se da entre jinete y caballo: el jinete conduce a su caballo pero, al mismo tiempo, es ‘llevado’ por su cabalgadura”. Los autores dedican también un capítulo a la mujer, donde destacan: “La mujer conoce predominantemente por vía de la intuición (en tanto que) el hombre también intuye, pero más frecuentemente razona”. Quizás uno de los pasajes más potentes del manual sea el que aborda el tema de la democracia: “Toda autoridad proviene de Dios –escribe Schoo–. Si no proviene de Dios, ¿de dónde podría provenir? (…) El orden sólo puede subsistir en orden. Y el orden roza lo sagrado (…) Después de la Revolución Francesa surgen los regímenes democráticos con una gran carga de resentimiento. La forma monárquica de gobierno es la que ha perdurado más tiempo, históricamente

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hablando. La autoridad era ejercida por la nobleza, apoyada en la religión (…) Su autoridad era respetada”. En cambio, la democracia rompía con todos estos valores sagrados de orden y autoridad: “La democracia –concluye el comisario de la CNU– podía funcionar bien en Atenas (o) en una tribu de cazadores, donde todos los miembros se conocen entre sí y conocen el arte de la caza”. Al rebautizar a una de las sedes de la Escuela Juan Vucetich con el nombre de Jorge Vicente Schoo, el ministro Ricardo Casal rinde homenaje a estas ideas y también a las acciones promovidas por un ideólogo del terrorismo de Estado. Sólo le falta volver a incluir el manual en el plan de estudios de los cadetes.

SE PRESENTARON CINCO QUERELLAS POR LOS CRÍMENES DE LA CNU 25 de septiembre de 2011

Se trata de los casos de Luisa Córica, Mario Gershanik, Sergio García, Horacio Urrera y Daniel Pastorino. Este capítulo que repite información anterior demuestra como ésta, influyó en la judicialización del caso. En los últimos diez días, en dos juzgados federales platenses fueron presentadas cinco querellas relacionadas con los crímenes cometidos por el grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) que operó en la capital provincial entre 1974 y 1976 al amparo del gobierno de Victorio Calabró, de la Policía bonaerense a sus órdenes, y de las jefaturas del Regimiento VII de Infantería y del Distrito Militar La Plata, estas últimas a cargo del coronel Roque Carlos Presti y del teniente coronel Mario Sila López Osornio. Se trata de las querellas por los secuestros y asesinatos de Sergio Julio García, Horacio Salvador Urrera y Luisa Marta Córica, por el intento de secuestro y el asesinato en casa de sus padres del pediatra Mario Alberto Gershanik, y por el secuestro de Daniel Pastorino, quien sobrevivió junto con su ex mujer a una operación de exterminio perpetrada por la patota de la CNU en la que perdieron la vida Graciela Martini y Néstor Hugo Di Noto. La primera de ellas fue presentada en el Juzgado Federal N° 1, a cargo Manuel Humberto Blanco, en tanto que las cuatro restantes están radicadas en el Juzgado Federal N° 3, cuyo titular es Arnaldo Corazza. En todos los casos, los querellantes –representados por el abogado Eduardo Soares– demandan la imprescriptibilidad de los crímenes por tratarse de hechos cometidos al amparo del terrorismo de Estado. Por lo tanto, sostienen, la acción legal no sólo debe alcanzar a los autores materiales, sino también a sus responsables políticos y operativos dentro de la estructura estatal. En la presentación por el secuestro y muerte de Sergio García, el querellante, su hermano

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Miguel, señala: “La existencia de conducción política en cabeza de miembros del Ejecutivo Nacional y provincial y el mando directo de fuerzas y tropas policiales y militares, en conjunto con civiles a los que se proveía material y se cubría logísticamente, hace que el crimen de Sergio se encuadre dentro de lo que se denominan Delitos de Lesa Humanidad y, por tanto, imprescriptibles. Son acciones de genocidio contra grupos determinados (en este caso, juveniles y, particularmente, dentro de la identidad peronista) lo que implica que debe investigarse para arriba la totalidad de la cadena de mandos políticos y ejecutivos. Recién ahí podremos alcanzar el objetivo primario de este fuero, cual es el de buscar y encontrar la verdad histórica y objetiva”. Continuidad de las acciones terroristas. Los cinco crímenes que son objeto de las querellas fueron cometidos por la patota de la CNU (en uno de los casos, en una acción conjunta con la Triple A) entre abril de 1975 y abril de 1976, lo cual pone en evidencia la continuidad de las acciones del grupo de tareas paraestatal comandado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio luego del golpe del 24 de marzo de 1976. Luisa Marta Córica, delegada de los empleados por Reunión del Hipódromo platense, fue secuestrada la tarde del domingo 6 de abril de 1975 en la estación de trenes de La Plata y su cadáver apareció acribillado al día siguiente sobre la costa del Río de La Plata, a la altura de Berisso, en la zona de Los Talas. La investigación de Miradas al Sur sobre el accionar de la patota de la CNU identificó como partícipes del crimen a Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Ricardo Walsh (a) Richi, Gastón Ponce Varela, Ricardo Calvo (a) Richard, Juan José Pomares (a) Pipi, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto, Néstor Causa (a) El Chino, y a los policías Alfredo Lozano (a) Boxer, Vicente Álvarez y Roberto Storni. El médico Mario Alberto Gershanik fue asesinado el 10 de abril de 1975 en el interior de la casa de sus padres –ubicada a poco más de cien metros de la Jefatura de la Policía bonaerense, en La Plata– cuando se resistió a ser secuestrado por un grupo de tareas conjunto de la Triple A y la CNU. Los asesinos se identificaron como policías, utilizaron sirenas y balizas policiales, y cortaron la calle con total impunidad. La investigación de Miradas al Sur identificó a uno de los más conspicuos integrantes de la Triple A, Aníbal Gordon (a) El Viejo, como jefe del operativo. A sus órdenes estuvieron, entre otros, Castillo, Walsh, Ponce Varela, Hugo Dubchak (a) El Polaco, Héctor Arana (a) El Sordo, Eduardo de Urraza (a) El Lobo, César Enciso (a) Pino, Juan José Nievas (a) El Chango, y otros dos asesinos, conocidos como Gustavo y El Mudo. Sergio Julio García –estudiante de Veterinaria en la Universidad Nacional de La Plata e hijo del senador justicialista por La Pampa Justino García– fue secuestrado el 18 de enero de 1976, a las 14.30, mientras tomaba mate con un compañero, Hernán Navarro, en la puerta de la pensión donde vivían, en la calle 47 N° 211. De allí, sus secuestradores –seis individuos que se movían en dos Fiat 128–

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se dirigieron a la vivienda de su hermano Miguel, en 15 entre 73 y 74, a quien no encontraron. Un testigo identificó a Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio como jefe del grupo de tareas. El cadáver acribillado de Sergio García fue encontrado horas después en las inmediaciones del frigorífico Armour, en Berisso. Daniel Pastorino fue secuestrado la madrugada del 4 de abril de 1976 junto con su mujer, Adelaida Barón, y sus compañeros Graciela Martini y Néstor Hugo Di Noto, cuando conducía el taxi de su abuelo en City Bell. Los cuatro fueron sometidos a un simulacro de fusilamiento y luego, encapuchados, fueron llevados a una de las casas operativas de la CNU, en diagonal 115 y 65 de La Plata, donde Martini y Di Noto fueron torturados dentro de una casa rodante que la banda tenía para esos fines en el parque de la casa. Pastorino y su mujer salvaron milagrosamente la vida por intervención de uno de los integrantes de la banda, Patricio Errecarte Pueyrredón, quien conocía a un familiar de Adelaida. La pareja fue liberada en La Plata, mientras que los cadáveres de Martini y Di Noto aparecieron esa mañana en un descampado de City Bell. Pastorino reconoció a Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y a Juan José Pomares (a) Pipi entre sus secuestradores. La investigación de Miradas al Sur aportó los nombres de otros integrantes del grupo de tareas que participaron esa noche: Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Alfredo Ricardo Lozano (a) Boxer, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho y Ricardo Calvo (a) Richard. Horacio Salvador Urrera estudiaba Derecho en la Universidad Nacional de La Plata y había sido delegado de Asociación de Empleados del Registro de Rentas e Inmobiliaria hasta 1974, cuando debió dejar su trabajo en el Registro de la Propiedad. Fue secuestrado por un grupo de 6 ó 7 individuos la madrugada del 20 de abril de 1976 en su domicilio de la calle 47 entre 115 y 116, donde también estaban su madre y su hermano Mario. “El grupo atacante nos despertó a todos con gritos y golpes en la puerta de ingreso identificándose como perteneciente a fuerzas policiales y militares (‘Ejército’ dijeron). Todos fuertemente armados, portaban armas largas (escopetas a repetición) y cortas. Se trataba de un típico operativo de las bandas parapoliciales CNU con apoyo y presencia de personal de fuerzas de seguridad y militares, algo muy común en la Argentina de esos días. Todo el personal interviniente eran masculinos, vestidos de civil, con pelo muy corto y algunos con bigote; uno de ellos bastante excedido en peso”, describe Mario Urrera en el escrito presentado al juez Corazza. El cadáver acribillado de Horacio Urrera apareció al día siguiente a la vera del arroyo Sarandí, en el partido de Avellaneda, junto con los de los estudiantes Carlos Alberto Sathicq y Leonardo Miceli. La querella pide el procesamiento de Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Néstor Causa (a)El Chino, Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto, Juan José Pomares (a) Pipi, Antonio Agustín Jesús (a)Tony y “otras personas aún no identificadas”. La investigación de Miradas al Sur puede identificar a dos de ellas: Dardo Omar Quinteros y el policía bonaerense Alfredo Ricardo Lozano (a) El Boxer. Impresiones en los Tribunales.  En los próximos días, el juez Manuel Humberto Blanco deberá resolver si acepta la querella presentada por la

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muerte de Sergio Julio García, en tanto que Corazza deberá hacer lo mismo con las de Urrera, Gershanik, Córica y Pastorino. Los familiares de víctimas de la CNU que concurrieron a uno u otro juzgado en los últimos tiempos transmitieron a Miradas al Sur impresiones completamente diferentes sobre la recepción que tuvieron en los tribunales. Los que fueron al juzgado de Corazza coincidieron en haber recibido un trato cortés y muy buena atención, pero no observaron mayor involucramiento con el tema. En cambio, los que concurrieron al juzgado de Blanco notaron un profundo conocimiento del tema y mucho interés en investigar.

UNA VÍCTIMA DE LA CNU RECONOCIÓ AL INDIO CASTILLO 2 de octubre de 2011

Se trata de la viuda de Carlos de la Riva, quien fue asesinado por la patota en noviembre de 1974. “Estoy prácticamente segura de que es él.” A pesar del tiempo transcurrido, la mujer recuerda el rostro del hombre que la madrugada del 3 de noviembre de 1974 le apretó la boca de un arma larga contra el estómago y le dijo: “¡Metete adentro! Quedate tranquila que lo llevamos a la Tercera”. Esta semana, 37 años después, en su casa del Distrito Federal mexicano, María Oscos reconoció, en una fotografía enviada por Miradas al Sur, a Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio como el último hombre que salió de su casa cuando una patota de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) secuestró a su compañero, Carlos Alberto de la Riva, de 30 años, estudiante del último año y docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata. El cadáver acribillado de Fabiolo –así llamaban sus allegados a de la Riva– fue encontrado ese mismo día por un empleado del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia sobre una de las márgenes del arroyo Pereyra, en el Parque Pereyra Iraola. Junto al cuerpo se encontraron “alrededor de 75 vainas servidas de grueso calibre”, según consta en el parte firmado por el oficial inspector Amador Alfredo Vilar, jefe de la Subdelegación Gutiérrez de la Comisaría de Berazategui. La Universidad como blanco. En noviembre de 1974, la intervención del fascista Pedro Arrighi trabajaba a tiempo completo para eliminar cualquier vestigio de modernidad académica y convertir a la Universidad de La Plata en un reducto oscurantista al servicio del ministro de Educación de Isabel Perón, Oscar Ivanissevich. Al mismo tiempo, los grupos de tareas de la CNU

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–amparados por el gobernador Victorio Calabró y protegidos por la Policía bonaerense– colaboraban con la tarea sembrando el terror a sangre y fuego. El 8 de octubre, pocos días antes de la intervención, la patota capitaneada por  El Indio  Castillo había dado una señal inequívoca de los tiempos que se venían con dos asesinatos de fuerte impronta política: el del secretario de Supervisión Administrativa de la Universidad, Rodolfo Achem, y el del director central de Planificación, Carlos Alberto Miguel, ambos importantes referentes de la combativa Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP), que respondía a la izquierda peronista. A partir de entonces, la existencia de listas con decenas de blancos para el accionar de la CNU era un secreto a voces. A fines de octubre, Carlos Alberto de la Riva recibió el aviso de que figuraba en una de ellas. Aunque ya no participaba activamente en la política universitaria, los fachos de la Facultad de Arquitectura lo habían marcado por su militancia en el PRT, primero, y luego en la Fracción Roja, un desprendimiento de ese partido. “Unos quince días antes del asesinato estuve en la casa de Lito Concetti, que después fue secuestrado y está desaparecido. Lito me dijo que le pidiera a Fabiolo que se rajara de la casa, porque estaba en una lista de amenazados de muerte que los fachos habían publicado en una de sus revistas. Yo le transmití el mensaje, pero  Fabiolo  me contestó que me quedara tranquila, que había gente más importante que él para matar y que en marzo, una vez que nos recibiéramos, podríamos irnos a España”, recordó María Oscos para Miradas al Sur. A pesar de la amenaza, Carlos de la Riva y María Oscos siguieron viviendo con sus dos pequeños hijos –Magdalena, de tres años, y Joaquín, de siete meses– en el departamento de siempre, en la calle 69 N° 980, entre 14 y 15, en la zona sur de La Plata. Allí estaban, ya acostados, la medianoche del 2 de noviembre cuando los despertó el sonido de una explosión. No podían saber que la patota de la CNU había intentado secuestrar al decano de la Facultad de Arquitectura, Tulio Fornari, y que al no encontrarlo hicieron estallar una bomba en su casa, ubicada en 8 Nº 1853, apenas a diez cuadras de donde ellos estaban. Por entonces, el sonido de las bombas no era un fenómeno extraño en las noches platenses. Volvieron a dormirse. Tampoco podían saber que veinte minutos más tarde los integrantes de la misma patota golpearían violentamente la puerta de su departamento al grito de “¡Abran carajo!”. Diez asesinos y una sola cara. María Oscos es la primera en despertar en el dormitorio del primer piso, sobresaltada por los golpes y los gritos. “¡Abran carajo! ¡Cuando decimos que abran, abran!”, siguen gritando desde abajo. Sale de la cama y mira a través de la persiana que da al pasillo. Ve a unos diez hombres frente a la puerta. –¡Están golpeando acá! –le dice a su compañero.

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–Quedate acá. Yo voy a abrir –le contesta de la Riva y, sin vestirse, baja las escaleras. Todo se desarrolla con la velocidad de un relámpago. Los que entran a la casa son cinco. Cuatro de ellos tienen las caras cubiertas con pañuelos a la nariz, el restante está con la cara descubierta, aunque en ese momento María no alcanza a verle el rostro. “Fue todo muy corto. Fabiolo bajó y enseguida los tipos subieron con él. Mientras unos revisaban toda la casa, otros me agarraron y me encerraron en el cuarto de al lado, que era donde estaban los niños durmiendo. El bebé se despertó y yo lo tomé en brazos tratando de calmarlo. Y al ratito ya oí que se iban. Yo creo que Fabiolo se vistió y lo sacaron de inmediato. Cuando miré por la persianita y vi que lo sacaban, salí disparada hacia abajo. Entonces, el último que quedaba, que iba con la cara descubierta, se volteó, me apuntó con un arma contra el estómago y me dijo: ‘¡Metete adentro! Quedate tranquila que lo llevamos a la Tercera’. Yo me metí, pero su cara me quedó grabada para siempre”, recordó María Oscos desde el D.F. mexicano, desde donde habló con los autores. Además de llevarse a Carlos Alberto de la Riva, la patota robó de la casa tres camperas, una linterna roja y una pistola marca Tala calibre 22 con un cargador completo. En la Comisaría Tercera de La Plata no existen registros de la presencia de Carlos Alberto de la Riva. El habeas corpus presentado por María Oscos nunca recibió respuesta. Recién la noche del 4 de noviembre supo que el cadáver acribillado de Carlos había aparecido a la vera de un arroyo del Parque Pereyra Iraola. La causa N° 39481, que investigaba la “privación de la libertad” de Carlos Alberto de la Riva fue cerrada el 6 de noviembre de 1975 “hasta la aparición de nuevos elementos para proceder a su reapertura”, según dice el escrito firmado por el fiscal en lo Penal Horacio Daniel Piombo. Poco después de la muerte de Fabiolo, Patricio Errecarte Pueyrredón –miembro de Tradición Familia y Propiedad e integrante de la patota de la CNU– se jactó ante los atónitos propietarios de Libraco, una librería platense a la que Carlos de la Riva concurría asiduamente, de haber participado en su asesinato. En febrero de 1976, María Oscos partió al exilio con sus dos hijos. Durante 37 años no olvidó el rostro del hombre que la amenazó apoyándole el cañón de un arma larga en el estómago. Esta semana lo reconoció en una foto que le envió Miradas al Sur. Ahora María Oscos sabe el nombre de otro de los asesinos de su marido: Carlos Ernesto Castillo (a) el Indio.

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INSÓLITO: PIPI POMARES SIGUE EN LA PLANTA PERMANENTE DEL SENADO 2 de octubre de 2011 Pese a estar detenido por la comisión de delitos de lesa humanidad, el ex integrante de la patota de la CNU Juan José Pomares (a) Pipi sigue incluido en la página web del Senado de la Provincia en la nómina de personal permanente de la Cámara (http://www.senado-ba.gov.ar/planta_permanente. aspx?id=6). Allí Pomares figura con el Legajo 1229 y la categoría 13. Consultada por Miradas al Sur, una fuente de la presidencia del Senado cuya identidad pidió que se mantuviera en reserva respondió: “Sigue ahí porque no lo han sacado. Pomares está suspendido, pero sigue formando parte de la planta, porque si lo echan y la Justicia lo declara inocente puede hacerle juicio al Senado. Es algo que ya ha sucedido con imputados por delitos comunes”. Cuando los autores de esta investigación le preguntaron a la fuente si Pomares seguía cobrando su sueldo, ésta respondió: “El salario de Pomares está retenido”. La situación de Pomares en el Senado bonaerense es por lo menos llamativa, ya que contradice los requisitos de la Ley 10.430, que en su artículo 3 impide ingresar a la administración pública a quien “tenga proceso penal pendiente o haya sido condenado en causa criminal por hecho doloso de naturaleza infame, salvo rehabilitación, y el que haya sido condenado en causa criminal por genocidio o crímenes de lesa humanidad o favorecido por las Leyes de Obediencia Debida o Punto Final”.

LA CONTINUIDAD DEL TERROR 9 de octubre de 2011

En el juicio por el Circuito Camps reapareció el nombre del policía Julio César Garachico, pieza clave en la liberación de zonas para el accionar de la CNU. El lunes pasado, cuando declaró como acusado en la causa por el circuito Camps, el represor y genocida Carlos García (a) El Oso aportó, quizás involuntariamente, una información clave para demostrar la articulación de la patota de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), capitaneada por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, con el aparato represivo ilegal antes y después del golpe del 24 de marzo de 1976. En su declaración ante el tribunal presidido por el juez Carlos Rozanski, el ex policía negó haber integrado un grupo de tareas

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parapolicial pero aseguró que “había una patota, la patota de Garachico”, que funcionaba desde la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires. Como ya dijéramos, el oficial principal Julio César Garachico fue, desde fines de 1974, una pieza fundamental para el accionar de la patota de la CNU en La Plata. Bajo las órdenes del jefe de la Unidad Regional, comisario Carlos Alberto Masulli, Garachico y el suboficial mayor Juan Bilardo tenían la misión de coordinar blancos y liberar las zonas en las que operaba la banda. Aunque los autores de esta investigación no han podido comprobar hasta ahora que Garachico y Bilardo hayan participado personalmente de los secuestros y asesinatos cometidos por la banda –como sí lo hicieron los policías Alfredo Lozano (a) Boxer, Vicente Ernesto Álvarez y Roberto Antonio Storni–, sí han reunido información suficiente sobre su papel en la liberación de zonas, incluso para que cometieran delitos comunes, y sobre el grado de intimidad que el entonces oficial principal de la bonaerense tenía con Castillo y sus secuaces. “El Gordo Garachico iba seguido a la quinta que El Indio había alquilado en la calle 4 entre 76 y 77. Iba para arreglar las operaciones pero también a conversar. El Gordo y El Indio se llevaban bien, tanto que cuando El Indio se casó y armó un asado monumental en la quinta, con una res que habíamos robado el día anterior, se pasó todo el día ahí. No me lo voy a olvidar nunca, porque El Gordo no paraba de comer y nosotros lo jodíamos con que iba a reventar”, recordó uno de los integrantes de la patota. Después del golpe del 24 de marzo, El Gordo Garachico siguió liberando zonas para la banda hasta que el jefe del Área Operativa 113, coronel Roque Carlos Presti, decidió que la manera en que El Indio conducía la patota –muchas veces por la libre– no era conveniente para el plan sistemático de represión ilegal. Luego de varias advertencias a la CNU para que se disciplinara, Presti decidió finalmente detener a la mayoría de los miembros del grupo de tareas. Por orden de la superioridad Garachico quedó a cargo de allanar sus viviendas –incluida la quinta de la calle 4– y de la instrucción policial de la causa. A partir de ahí, la carrera de Garachico en el aparato terrorista del Estado fue vertiginosa. En 1977 se integró a la temible Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba). La fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, lo acusó de ser uno de los asesinos de su nuera, Diana Teruggi,y del secuestro de su nieta, Clara Anahí. También fue señalado por Jorge Julio López como uno de los “picaneadores” bajo las órdenes de Miguel Etchecolatz. Terminada la dictadura, retirado como comisario y con el botín de guerra obtenido, Garachico se afincó en Puerto Madryn, donde gerenció una cadena de casinos hasta 2006, cuando fue descubierto luego del segundo secuestro de López. Desde entonces, su paradero es desconocido. Hasta la fecha, el juez Arnaldo Corazza no ha ordenado su detención ni siquiera lo ha citado a

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declarar. Ni por la segunda desaparición de López ni por su participación en el accionar de la CNU.

CRÓNICA DE UN ASESINATO ANUNCIADO 16 de octubre de 2011

La patota de la CNU amenazó de muerte a Horario Urrera en 1974. Dos años después, lo secuestró y lo ejecutó. El 22 de abril de 1976, en una de sus páginas interiores, el matutino platense El Día publicó un pequeño recuadro a una columna de título lacónico: “Tres muertos”. La noticia, de apenas siete líneas, decía: “Buenos Aires (NA).Tres cadáveres fueron rescatados por los bomberos voluntarios de Sarandí de aguas del Arroyo Santo Domingo, según informó esa dependencia. El vocero dijo que los cuerpos fueron trasladados a la morgue del hospital de Avellaneda”. El día anterior, las redacciones de los principales diarios argentinos –entre los que se contaba El Día– habían recibido un comunicado con una orden precisa: “Por directivas de la Junta Militar no se deberán publicar reclamos de familiares de presuntos detenidos que deseen conocer su paradero”. En cumplimiento de esa instrucción, durante los treinta días siguientes El Día no publicó una línea sobre la desesperada búsqueda de los familiares de Horacio Salvador Urrera, Leonardo Guillermo Miceli y Carlos Alberto Satich, secuestrados por la patota de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en tres operativos realizados entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de abril de 1976. Sin embargo, fue un periodista de ese diario –que sabía aunque no pudiera publicar– quien, con la mayor de las reservas, le dijo a la esposa de Miceli que los buscaran en la comisaría cuarta de Avellaneda. Allí les dijeron que no tenían ningún detenido, pero que había cadáveres en la morgue del cementerio. Corría el 21 de mayo de 1976 cuando los identificaron. El Día jamás publicó que los tres cuerpos acribillados que los bomberos habían sacado de las aguas del Arroyo San Antonio eran los de Urrera, Miceli y Satich, víctimas de una de las últimas acciones parapoliciales del grupo de tareas capitaneado por Castillo. Por entonces, la patota de la CNU había pasado de participar del terrorismo de Estado del gobierno de Victorio Calabró a ponerse al servicio de la dictadura genocida en el Área de Operaciones 113, comandada por el coronel Roque Carlos Presti. La orden de matar a Carlos Satich y Leonardo Miceli vino del Batallón 3 de Infantería de Marina, que desde el 24 de marzo se había convertido en una fuerza de ocupación dentro de Propulsora Siderúrgica. Los marinos los

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habían marcado por resistirse a los despidos de los empleados de Limpiolux, una empresa de limpieza contratada por la siderúrgica del Grupo Techint. A Horacio Urrera, en cambio, la patota se la tenía jurada desde hacía más de dos años. Se trataba de una orden que en su momento El Indio Castillo y sus secuaces no habían podido cumplir. Una deuda sin cobrar. Cuando fue secuestrado, Horacio Salvador Urrera tenía 23 años y trabajaba en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en la actual sede del Ministerio de Obras Públicas. Había llegado allí en 1974, luego de pedir el traslado desde la Dirección de Rentas, donde había desarrollado una fuerte actividad sindical como delegado de la Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliaria (Aeri). “Horacio era un tipo muy carismático y frontal. Desde lo ideológico simpatizaba con la Juventud Peronista, pero no militaba políticamente hablando. Lo suyo era lo gremial”, recordó para Miradas al Sur su hermano Mario Urrera, cuatro años menor, hoy querellante en la causa que investiga su muerte, radicada en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, cuyo titular es Arnaldo Corazza. Horacio Urrera había ingresado a Rentas, que funcionaba en la sede del Ministerio de Economía, en 1971. Para 1973, sus posiciones como delegado lo habían llevado a tener fuertes enfrentamientos con varios integrantes de la Concentración Nacional Universitaria que también trabajaban allí, entre ellos Pomares, Fernández Supera y Carlos Chiarizzia, que con el tiempo llegaría a ser secretario general de la seccional La Plata de UPCN. El grupo de choque de la CNU en el Ministerio de Economía operaba bajo el paraguas de un funcionario de apellido Antonioli. En 1974, luego de que el gobernador Bidegain –cercano a la Tendencia Revolucionaria del peronismo– fuera obligado a renunciar, la ultraderecha peronista, que respondía al nuevo gobernador, Calabró, se hizo fuerte en todas las áreas del Estado. Urrera comenzó a sufrir apretadas y amenazas explícitas de muerte, no sólo por parte de Pomares, Fernández Supera y Chiarizzia, sino también de otros integrantes de la CNU que se hicieron asiduos concurrentes al Ministerio de Economía. A pesar del tiempo transcurrido, hay ex compañeros de Horacio que no han olvidado sus nombres: Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Néstor Causa (a) El Chino y Antonio Jesús (a) Tony. “Mi padre había muerto en 1973 y Horacio y yo, luego de nuestros trabajos, compartíamos mucho tiempo en una mueblería que nos había dejado, que tenía más deudas que otra cosa. Aunque Horacio era muy reservado, empezó a contarme las amenazas que recibía y siempre nombraba a esos mismos personajes”, cuenta Mario Urrera. Cuando la situación se hizo insostenible, Horacio pidió el traslado al Tribunal de Cuentas, donde trabajaba su hermano Mario. Pero ya estaba marcado. El aviso se lo dio un familiar, viejo militante de la ortodoxia peronista, que

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lo fue a ver a la casa de su abuela paterna, en los fondos de la mueblería. “¡Horacito, ¿en qué estás metido?! ¡Decime, por favor! ¡Abrite, que te van a reventar!”, le dijo, desesperado, en presencia de Mario. “Este familiar le dijo que estaba en una lista negra, una lista de gente que iban a secuestrar. Le contó también que un comisario conocido era el encargado de chequear esas listas y que, al reconocer el apellido, había echado atrás la orden y le había avisado a él”, relató Mario Urrera a los autores de esta investigación. Corrían los últimos meses de 1974. El golpe del 24 de marzo de 1976 estableció también una nueva cadena de mandos en la estructura de la represión ilegal y la patota de la CNU tuvo vía libre para actuar contra Horacio Urrera. Era cuestión de días que lo fueran a buscar. La procesión de la muerte. La noche del 19 de abril de 1976, el grupo de tareas comandado por El Indio salió en una caravana de tres Ford Falcon a cumplir sus misiones de muerte. Contaba con zonas liberadas y autorización para secuestrar a cuatro personas: Carlos Satich, Leonardo Miceli, el médico Alberto Oscar Bossio –militante de Montoneros y cuñado de Miceli–, y Horacio Urrera. La investigación de Miradas al Sur pudo establecer que esa noche la patota estuvo integrada, entre otros, por Dardo Omar Quinteros, Marcelo López, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto, Ricardo Calvo (a) Richard, David Masotta (a) Feiño, Néstor Causa (a) El Chino, y los policías Roberto Storni, Alfredo Ricardo Lozano (a)  Boxer  y Vicente Ernesto Álvarez. Un grupo de militares no identificados, de civil, actuó como apoyo. Los tripulantes de los tres autos se comunicaban entre sí y con quienes les daban las órdenes mediante handys militares. A las 23.30 secuestraron a Leonardo Miceli en presencia de su mujer, Ana María Bossio. Luego fueron a la casa de Alberto Bossio pero no lo encontraron. Pasada la medianoche, levantaron a Carlos Satich y, finalmente, entre las 0.30 y la una de la mañana, llegaron a la casa donde Horacio Urrera vivía con su madre y su hermano, en 26 N° 1191, entre 56 y 57. “Eran seis o siete tipos jóvenes, de civil, con el pelo cortito, con las caras descubiertas. Uno o dos tenían bigote de tipo castrense y uno era bastante gordo. Golpearon la puerta con mucha violencia, casi la tiran abajo. Se identificaron como Ejército. Mi hermano les franqueó la entrada sin ninguna resistencia. Creo que no se imaginó que fueran a matarlo. Fue todo muy rápido”, relató Mario Urrera. Horacio no dio señales de conocer a ninguno de los integrantes del grupo.  Miradas al Sur  pudo saber que varios integrantes de la CNU, conocidos por él, se quedaron en la calle para que no descubriera de dónde venía la acción y supiera, con seguridad, que iban a ejecutarlo. “Uno o dos se quedaron con mi vieja y conmigo en un dormitorio, donde nos hicieron tirar

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boca abajo sobre la cama. Otros dos se quedaron en el living, con Horacio. El resto, tres o cuatro, recorrieron la casa y arrasaron con todo. Después vimos que se habían llevado adornos, un par de estatuillas, una campera mía y una pistolita calibre 22, con la empuñadura nacarada, de colección”, describió. La acción se desarrolló en menos de diez minutos. Al sacar a Horacio, sus captores cerraron la puerta de calle desde afuera, con llave. “Con mi madre miramos por las persianas y vimos que había toda una movida en la calle, frente a la casa. Eran tres autos grandes, que me parecieron Falcon. Serían unas doce personas, como mínimo”, recordó Mario Urrera, entrevistado por los autores de esta investigación. Los autos no se habían alejado cuando Mario Urrera corrió al teléfono y llamó a la Comisaría Quinta para denunciar el secuestro. Los policías tardaron más de una hora en llegar. Búsqueda desesperada. La patrulla de la Bonaerense llegó cerca de las dos de la mañana a la casa de la familia Urrera. Su jefe se identificó como comisario, lo cual, dada la hora, resultó por lo menos extraño. A Mario Urrera le pareció que sólo estaban cumpliendo con una formalidad, que no iban a hacer nada. Desesperado por el secuestro de su hermano, casi descontrolado por lo que acababa de vivir, le exigió a la policía –ingenuamente, recordó 35 años después– que cerrara las salidas de la ciudad, que transmitiera un aviso, que tomara las huellas digitales de un vaso de agua que uno de los secuestradores le había alcanzado a su madre. Finalmente, el comisario reaccionó y le retrucó: “Entonces, ¿vos también estás en la joda? –y después, dirigiéndose a la madre, le advirtió: –Señora, cuide a su hijo porque le va a pasar lo mismo”. Desde la mañana siguiente y durante un mes, Mario Urrera realizó una búsqueda desesperada de su hermano. Acompañado por un vecino, recorrió varias comisarías de La Plata, empezando por la que tenía jurisdicción en su domicilio, la Quinta. Sin resultados. En el Regimiento VII de Infantería –jefatura del Área de Operaciones 113– lo recibió el coronel Gómez Miguens. “El jefe era el coronel Presti, pero el que atendía a la gente era él”, explicó Urrera. También intentó en el Batallón 3 de Infantería de Marina, en la Escuela de Policía Juan Vucetich, en el Batallón 601 de Comunicaciones. Cada intento terminaba en una nueva frustración. En el Arzobispado platense, reducto de monseñor Antonio Plaza, fue recibido por un abogado de la Curia, de apellido Rosales, quien después de tres o cuatro entrevistas le dijo: “Me ha llegado una información, no es segura, pero me dijeron que tu hermano murió en un enfrentamiento”. En ese recorrido, común a la mayoría de los familiares de las personas que empezaban a desaparecer después del golpe del 24 de marzo, Mario Urrera conoció a Frauro Satich, el padre de Carlos, quien a su vez estaba en contacto con Ana María Bossio, la esposa de Leonardo Miceli. Fue ella quien recibió

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el aviso del periodista del diario  El Día sobre el probable paradero de su marido y las otras personas secuestradas la noche del 19 al 20 de abril en una comisaría de Avellaneda. “Estaba en el trabajo cuando recibí el llamado de Frauro –relató Mario a los autores de esta investigación–. Salí disparado a la calle. Me siguieron dos compañeros que me pararon y se ofrecieron a acompañarme. Fuimos en el auto de uno de ellos. En la Comisaría Cuarta de Avellaneda me mostraron fotos y reconocí a mi hermano. Fue un golpe tremendo, porque uno siempre tiene esperanzas. También reconocí un par de pilchas de Horacio que tenían en una bolsa. De ahí nos mandaron a la morgue del cementerio. Era terrible, había cadáveres baleados por todos lados, con las manos cortadas, para identificación. Allí encontré el cuerpo de Horacio, estaba acribillado. Al día siguiente lo fui a buscar.” Hace más de 35 años que Mario Urrera espera que se haga justicia en el secuestro y asesinato de Horacio. En 1986 declaró en el juicio contra el jefe de la Bonaerense, general Ramón Camps. En esa oportunidad –según consta en un artículo publicado por La Nación el 9 de octubre de ese año– denunció con nombre y apellido a los miembros de la CNU que habían amenazado de muerte a su hermano. Hace unos días, en el escrito que presentó como querellante ante el juez Arnaldo Corazza, volvió a repetirlos: Carlos Chiarizzia, Carlos Castillo, Juan José Pomares, Gustavo Fernández Supera, Antonio Jesús y Néstor Causa.

“ERA EL INDIO CASTILLO” 16 de octubre de 2011

La viuda de Leonardo Miceli lo identificó en una foto que le mostraron en una comisaría de La Plata. Leonardo Guillermo Miceli fue secuestrado por la patota de la Concentración Nacional Universitaria el 19 de abril de 1976 a las 23.30, una hora antes del secuestro de Horacio Salvador Urrera. El 20 de septiembre de 2000, en su declaración en los Juicios por la Verdad, Ana María Bossio, viuda de Miceli, relató lo ocurrido esa noche. Ante los jueces Julio Reboredo y Leopoldo Schiffrin, no sólo reconstruyó el operativo realizado en su domicilio de la calle 122 entre 70 y 71 de La Plata, sino que explicó cómo, días después, la policía le confirmó la existencia de una “zona liberada” para que la patota pudiera perpetrar el secuestro. También declaró que, en una serie de fotografías que le exhibieron en la Comisaría Octava de La Plata, pudo reconocer a Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio como uno de los hombres que irrumpió en su casa. “Mi marido regresaba de la Facultad. Estudiaba Ingeniería Química. Yo me

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encontraba en el dormitorio con mi hijo de un año y medio cuando irrumpen en casa, rompen la puerta de adelante. Era un grupo armado, gente de civil. A mi marido no lo dejan llegar al dormitorio, yo tampoco puedo salir del dormitorio porque me amenazan con armas, con un itakazo rompen la cuna, donde estaba mi hijo durmiendo y se llevan a mi marido. Yo miro por la ventana y veo quedan tres coches en la puerta, todavía... Supongo que lo tenían a mi marido dentro del coche. Entonces, yo salto por los fondos de la casa. Salí a la calle, yo vivía en 122, 70 y 71, yo salté los fondos y aparecí en 121, entre 70 y 71, donde fui a dejar a mi hijo en la casa de unos amigos, para hacer la denuncia y para avisar a mis familiares. Cuando yo voy hacer la denuncia a la Comisaría Novena, que es jurisdicción de esa zona, me dicen que en la zona donde yo vivía estaba declarada ‘zona liberada”’, describió bajo juramento. En los días que siguieron, Ana María Bossio hizo un recorrido similar al de Mario Urrera. Presentó y recurso de habeas corpus y fue a varias comisarías de La Plata buscando noticias de su marido. En el Regimiento VII, igual que a Urrera, la recibió el coronel Gómez Miguens. Luego de interrogarla durante dos horas, preguntándole por los amigos y conocidos de su marido, el militar le mostró una lista y le dijo que ellos no lo tenían, que no lo buscara en 1 y 59, donde funcionaba un centro de detención de la Brigada de Investigaciones de la Bonaerense, porque ahí no estaba. Bossio también intentó obtener noticias en el Arzobispado platense y en la redacción del diario El Día. Finalmente, a principios de mayo de 1976, Ana María Bossio pudo reconocer a Castillo como uno de los secuestradores de su marido. Los autores de esta investigación prefieren reproducir textualmente el relato que Bossio les hizo a los jueces de ese episodio: “Para Mayo del 76 (leí) que una banda, que se hacían pasar por falsos policías, que robaban en los caminos, en las rutas a la gente, que allanaban viviendas, había sido detenida. Y que los damnificados por esos robos podían ir hasta la Regional de Policía que está en 12 y 60 a identificar los objetos robados. Yo como salía de un lado para el otro y no sabía hasta dónde ir, fui hasta la Regional de Policía. Ahí me atendió el comisario general Marcelino Gómez y yo le dije que no iba por cosas robadas, sino que yo iba justamente porque me habían secuestrado a mi marido, y él me dijo ‘bueno, esta gente robaba cosas’, y había ahí un montón de damnificados haciendo cola, haciendo fila para reconocer sus objetos robados, porque incluso había hasta autos robados. (Gómez me dijo) tiene que ir a ver al Comisario Lara a la Comisaría Octava, que es donde está detenida esta banda, que es la CNU. Entonces yo fui hasta la Comisaría Octava. Entre las cosas y los objetos robados que me muestra el Comisario Lara, no había nada que me perteneciera a mí, pero como ese mismo día fueron a la casa de mi hermano, que es Alberto Oscar Bossio, yo encontré cosas que tenía mi hermano, que estaban entre los objetos robados, y el Comisario Lara, yo de tanto pedir y llorar, me mostró las fotos de las personas que estaban detenidas por eso que era la CNU. Entre los que yo reconozco que habían estado en mi casa, en mi

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habitación amenazándome, amenazando a mi hijo y a mí, era el Indio Castillo. Entonces cuando yo le dije que (lo) había reconocido, me dijo ‘sí, señora, recién estaba ahí porque le íbamos a tomar las huellas dactiloscópicas y yo la tape a usted para que no la vean’. Entonces vuelvo a la Regional y le comento al Comisario Marcelino Gómez que yo había reconocido que una de las personas que había estado en mi casa era de esa banda, (y él) me sugirió de forma muy velada que no hiciera nada porque escapaba hasta (a) él mismo la protección que tenía esta gente, y que yo tenía un hijo y estaba embarazada de mi segundo hijo y que corría peligro mi vida, que no dijera nada”. Pocos días después, un periodista de El Día le avisó a Bossio que su marido podía estar en la Comisaría Cuarta de Avellaneda. De allí, igual que a Mario Urrera, la mandaron a la morgue del cementerio, donde finalmente encontró el cadáver acribillado de su marido.

OTRO PATOTERO DE LA CNU QUE VIVE DEL ESTADO 23 de octubre de 2011

Gustavo Fernández Supera (a) El Misto trabaja en el Archivo General de la Nación. Quienes se lo cruzan en las dependencias del Archivo General de La Nación, en Leandro N. Alem 246, y no conocen su pasado suelen definirlo como un tipo amable, de buen trato y propenso a hablar de las alegrías y tristezas - más de éstas de que aquellas en los últimos tiempos - que le ocasiona el club de sus amores, Gimnasia y Esgrima de La Plata. Esa es la imagen que ofrece al mundo Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto, otrora temible pistolero de la patota de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), quien en lugar de estar respondiendo ante la Justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por esa banda parapolicial no sólo sigue en libertad sino que cobra un salario pagado por el Estado argentino. El Misto Fernández Supera se ha reciclado también en un pacífico ciudadano de la localidad de Olivos, donde preside una ONG vecinalista y conduce una agrupación peronista. Empleado público. Algunos de los actuales compañeros de trabajo de Fernández Supera en el Archivo General de la Nación se sorprenden cuando se les habla de su pasado. “Es increíble, no puede ser la misma persona”, dijo uno de ellos a Miradas al Sur. La única constante que parece haber en la existencia de El Misto es la de vivir a expensas del Estado. Su primer empleo público fue en el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos

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Aires, que funcionaba en la sede del Ministerio de Economía bonaerense, en 7 entre 45 y 46 de La Plata. Allí, entre 1973 y 1975, su presencia no pasaba tan inadvertida como hoy en el Archivo. “Andaba siempre con Pomares, que también trabajaba ahí, y eran la encarnación del terror. Los recuerdo como si fuera hoy. Los dos iban vestidos con unos sobretodos oscuros que abrían deliberadamente para que todos pudiéramos ver que iban armados. Andaban por el ministerio como si fuera su casa, intimidando a la gente y apretando a los delegados. Fernández Supera era el que mandaba”, relató a los autores de esta investigación una antigua empleada del Ministerio, hoy jubilada, que pidió que se mantuviera en reserva su nombre. “Allí trabajaba también su madre, María Esther Supera, una señora muy bien que estaba enloquecida por el comportamiento de su hijo y se lo reprochaba”, agregó. “Me acuerdo que no podíamos andar solas por el Ministerio. Los compañeros nos tenían que acompañar al baño porque si íbamos solas esos dos, que sabían que éramos militantes, nos seguían y nos amenazaban o directamente nos pegaban”, relató otra ex empleada del Ministerio que militaba en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP). Por este accionar, la relación de Fernández Supera con su madre se deterioró al punto que El Misto se fue de su casa. Ello no fue obstáculo para que el 29 de abril de 1976, cuando fue detenido junto con otros integrantes de la patota por haberse largado a robar por la libre, diera la dirección de la casa materna, en 524 bis N° 1074, como domicilio. Lo mismo hizo uno de sus cómplices, Tony Jesús. Cuando la policía se presentó en la vivienda, María Esther Supera dijo que a Jesús no lo conocía, que su hijo no vivía allí desde hacía meses y que era un mentiroso. La investigación de Miradas al Sur sobre el accionar de la CNU ubica a Gustavo Fernández Supera (a)  El Misto  como participante en decenas de secuestros y asesinatos cometidos por la banda, entre ellos los de Horacio Urrera, Jorge Ruda, Luisa Marta Córica, Carlos Scafide, Salvador De Laturi, Carlos Satich y Leonardo Miceli. Vecino notable. Hoy Gustavo Fernández Supera asegura que nunca conoció al resto de los integrantes de la CNU, que nunca participó de sus acciones y que estuvo preso por oponerse a la dictadura. La mayoría de sus vecinos de la localidad de Olivos desconocen su pasado. Lo tienen como un vecino preocupado por la comunidad.  El Misto  ha construido cuidadosamente su imagen de buen vecino desde la conducción de la agrupación peronista La Scalabrini Ortiz (http://lascalabriniortiz.blogspot.com/) y desde la ONG Gestión del Puerto de Olivos. Viejo lobo disfrazado de cordero, con esa fachada hasta hoy ha logrado escapar a la acción de la justicia.

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EL ARSENAL DE DIOS 30 de octubre de 2011 La Concentración Nacional Universitaria guardaba sus armas en la Parroquia San Roque de La Plata. La Parroquia de San Roque, en 7 entre 39 y 40, es la única iglesia ubicada sobre la avenida más importante de La Plata. Allí, durante más de tres décadas, desarrolló sus actividades un cura extraño que combinaba su pasión por la música sacra –era un verdadero erudito– con encendidos sermones que, por lo general, se centraban en advertir a la feligresía sobre el riesgo que encarnaba la mujer para la salvación de las almas de los santos varones. El padre Enrique Eugenio Bartolomé Lombardi –vástago de un matrimonio cuyos tres hijos varones habían abrazado la vocación sacerdotal y sus tres hijas mujeres se habían hecho monjas– era un cura de convicciones firmes. Hombre cercano al arzobispo de La Plata, monseñor Antonio Plaza, Lombardi consideraba que el Concilio Vaticano II era una conspiración diabólica contra la Santa Madre Iglesia y que la misa como Dios manda debía pronunciarse en latín. En eso coincidía no sólo con su arzobispo, sino también con el latinista Carlos Alberto Disandro, que bajaba la misma línea en el Instituto Cardenal Cisneros, donde captaba a jóvenes estudiantes para enrolarlos en la lucha contra la sinarquía internacional que se estaba apoderando de Occidente, en general, y de la Argentina en particular. Allí, en el Instituto Cisneros, a fines de la década de los ’60, Disandro pariría una de las unidades de ese ejército llamado a salvar a la civilización occidental y cristiana, la Concentración Nacional Universitaria (CNU). Plaza, Disandro y el padre Lombardi coincidían también en unas sombrías tertulias donde el purpurado y el latinista –luego se les sumaría el jefe del Distrito Militar La Plata, coronel Mario Sila López Osornio– adoctrinaban a jóvenes integrantes del núcleo duro de la CNU como Patricio Fernández Rivero, Martín Salas, Félix Navazzo y Juan José Pomares (a) Pipi sobre la guerra santa que era necesario librar contra la conspiración judeo-marxista internacional. Claro que para librar cualquier guerra –más aún si es santa– son necesarias las armas. El padre Enrique Lombardi sería uno de los encargados de custodiarlas. Armas en la Iglesia. A principios de los ’70, de aquellas tertulias participaba también otro joven proveniente de una familia ultracatólica muy cercana a monseñor Plaza, tanto que el padre del joven había sido socio y testaferro del arzobispo en el Banco Popular de La Plata, una institución financiera que cerró sus puertas de un día para el otro y se quedó con los dineros de los incautos ahorristas que habían confiado en el banco de monseñor. Poco después fue asesinado en el marco de un confuso negociado con el equipamiento

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del Hospital del Turf. Enrique Rodríguez Rossi, el joven en cuestión, aunque no lo decía, pensaba de manera muy diferente que los otros participantes de las tertulias. Estaba allí con una misión precisa: obtener toda la información posible sobre el accionar de la CNU para pasársela a la dirección regional de las Fuerzas Argentinas de Liberación 22 de agosto (FAL 22), organización revolucionaria en la que militaba sin que nadie de su entorno lo supiera. Fue Enrique Rodríguez Rossi –a quien sus compañeros conocían como El Tío– quien, luego de una reunión con otros integrantes de la CNU en San Roque, avisó que Lombardi guardaba parte del arsenal de la banda en una habitación cercana a su despacho parroquial. Con ese dato, a mediados de 1974 las FAL 22 montaron un operativo de vigilancia sobre la iglesia, con la intención de planificar su “expropiación”. “A mí me tocó, junto con otros, hacer el relevamiento de los movimientos de la iglesia. Qué autos llegaban, quiénes venían en ellos, a qué hora. Teníamos también la información de que allí también los miembros de la CNU hacían reuniones, pero yo personalmente no los vi ”, recordó para Miradas al Sur una ex militante de la organización. La operación de “expropiación” fue finalmente abortada. En abril de 1975, la CNU descubrió que Enrique Rodríguez Rossi era en realidad un infiltrado y lo asesinó. Su cadáver acribillado apareció en el camino que une Villa Elisa con Punta Lara. Poco después, las armas de la iglesia fueron trasladadas a la quinta de Castillo, en 4 entre 76 y 77. Algunas de ellas fueron encontradas durante el allanamiento realizado el 30 de abril de 1976. Lombardi, entretanto, seguía pronunciando sus sermones. Durante la dictadura se incorporó a la Bonaerense con el grado de oficial subinspector. Su legajo lleva el número 14.017. A principios de este siglo –ya octogenario– seguía revistando en la fuerza, como capellán de Bomberos, con el grado de oficial inspector.

LA CARRERA DELICTIVA DEL MISTO NO CONOCE FRONTERAS 6 de noviembre de 2011

Gustavo Fernández Supera fue patotero de la CNU en los ’70 y estafó al Estado en los ’90 Hace 15 días, este medio informó que Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto, conspicuo integrante del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria comandado por El Indio Castillo, tenía un contrato de locación de servicios del Ministerio del Interior a pesar de haber sido señalado como autor de decenas de secuestros y asesinatos entre 1974 y 1976, en el

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marco del terrorismo de Estado, perpetrados durante el gobierno bonaerense de Calabró y los primeros meses de la última dictadura cívico militar. El mencionado contrato, que lleva el número 0208B2011, con vigencia entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de este año, le permite a Fernández Supera desempeñar tareas en el Archivo General de la Nación. Ahora, se ha podido establecer que Fernández Supera no sólo vive a expensas del Estado sino que está procesado como “partícipe necesario” del delito de “peculado” en la asignación irregular de frecuencias radioeléctricas de alta densidad para luego revenderlas, delitos cometidos durante la gestión del menemista Germán Kammerath en la Secretaría de Comunicaciones de la Nación. Ingeniería para la estafa. La causa se inició en el año 2000 por una denuncia que la Oficina Anticorrupción realizó basándose en una investigación de los entonces diputados del Frepaso Graciela Ocaña y Atilio Tazioli, quienes revelaron el presunto otorgamiento gratuito de frecuencias comprendidas entre los 20 y los 40 Ghz a sociedades formadas por amigos y familiares de Kammerath, quienes posteriormente las habrían vendido a empresas del sector, ocasionándole al Estado un perjuicio estimado en alrededor de 200 millones de dólares. En junio de 2004, la jueza María Servini de Cubría dictó la falta de mérito en la causa y sobreseyó a los inculpados, medida que la Cámara Federal ratificó un año después. Sin embargo, en un fallo firmado el 4 de agosto de 2009, los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal, revocaron el sobreseimiento que había dictado Servini de Cubría y decidieron procesar a Kammerath y su segundo en la secretaría, Alejandro Cima, como “autores”, y a Marcos Aurelio Álvarez (cuñado de Kammerath), Gustavo Fernández Supera (presunto testaferro), Miguel Angel Cappa, Raúl Corletti, y los hermanos Carlos, Pedro y Roberto Castoldi como “partícipes necesarios”, por entender que habían montado “un esquema de asignación de bandas a demanda que buscaba beneficiar a personas de su círculo íntimo para que luego éstas pudieran lucrar con su venta o asociación posterior con interesados en intervenir en el sector”. Los magistrados destacaron que los beneficiados por esas licencias de frecuencias de alta densidad y los funcionarios Kammerath y Cima “tenían relaciones de conocimiento y comerciales entre sí”. De acuerdo con el fallo, los procesados habían conformado las sociedades anónimas Macrocom, Fastcom, Cosutel y Corletti, a las que la secretaría otorgó gratuitamente varias frecuencias sin que cumplieran con los requisitos necesarios. Una vez obtenidas, y sin hacer inversión alguna, estas sociedades anónimas las vendieron. “Conforme puede colegirse de la distinta prueba incorporada a la investigación, resulta evidente que tanto Kammerath como Cima, mediante el entramado diseñado por Marco Aurelio Álvarez, secundado por Cappa y Fernández Supera, otorgaron licencias de frecuencias de alta densidad para que luego quienes las recibieron lucraran con la venta

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de tales licencias por el valor de mercado real –señalaron los jueces–. Mediante dicho accionar sustrajeron dichas frecuencias del patrimonio que administraban.” A continuación, los jueces detallaron el papel jugado por cada uno de los imputados en el armado societario y los papeles que cumplieron para perpetrar la estafa. La investigación demostró que Fernández Supera actuó en varias oportunidades como “representante de Mocrocom S.A.”, fue uno de los adquirentes del paquete accionario de Fastcom S.A. el 17 de junio de 1997; fue receptor del otorgamiento de una licencia a la firma Cosultel S.A.; se presentó como presidente y accionista de Fastcom S.A. y como apoderado y representante en la Argentina, y luego como presidente, de la firma uruguaya Sametown S.A.; figuró como gerente de Mobitex S.A., y apareció como gerente personal de la empresa Radioexpress S.A., de la cual eran directores la hermana del secretario de Comunicaciones, Rosa María Kammerath, y su cuñado, Marco Aurelio Álvarez. “A la luz del marco fáctico que se tiene por probado –dice el fallo de la Cámara–, el Tribunal sostiene que las características de las actividades de Germán Kammerath y Bernardo Cima (autores), y Marcos Aurelio Álvarez, Gustavo Fernández Supera, Miguel Ángel Cappa, Carlos Alberto Castoldi, Pedro Francisco Castoldi, Pedro Horacio Castoldi y Raúl Jorge Eduardo Corletti (partícipes) satisfacen los elementos requeridos por la figura de peculado (artículo 261 del Código Penal), que prohíbe la conducta del funcionario que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”. La carrera delictiva de Fernández Supera no sabe de fronteras. De partícipe del terrorismo de Estado en los ’70 pasó a estafador en perjuicio del Estado en los ’90. Hoy, paradójicamente, es ese mismo Estado quien le paga su salario, como empleado del Ministerio del Interior en el Archivo General de la Nación.

EL DÍA QUE LA CNU RECIBIÓ ÓRDENES DEL EJÉRCITO 13 de noviembre de 2011

En 1984, Orestes Estanislao Vaello, un suboficial del Batallón 601 de Inteligencia, reveló ante la Conadep la estructura y el funcionamiento de la banda parapolicial. Años después se contradijo y afirmó que le habían pagado para hablar.

Corrían los primeros días de febrero de 2004 cuando el periodista de Misiones on line Marcelo Ameri llegó casi a la carrera a la redacción del diario digital, se zambulló frente a una computadora, abrió la página de Google y tipeó un nombre: Orestes Estanislao Vaello. Hacía apenas un rato, en la casa de un amigo común, el hombre al que durante más de dos años había tratado como el doctor

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Orestes Ferreyra, asiduo participante de las reuniones de las organizaciones ambientalistas de la región, le había mostrado una credencial del Ejército Argentino que llevaba su fotografía pero que, en lugar del nombre por el cual Ameri lo conocía, lo identificaba con el que ahora escribía a toda velocidad en el buscador. El resultado de la búsqueda confirmó lo que Ameri sospechaba: el suboficial mayor Orestes Estanislao Vaello era un ex agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército cuyo nombre figuraba en innumerables causas relacionadas con crímenes de lesa humanidad cometidos durante la década de los 70. Ameri averiguó también que, entre junio y septiembre de 1984, Vaello había declarado en varias oportunidades ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) y había revelado parte del organigrama del aparato de represión ilegal que operó en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Isabel Perón y luego del golpe del 24 de marzo de 1976. Con esta información, Ameri publicó dos notas en Misiones on line y, en septiembre de 2005, viajó a La Plata para prestar testimonio en los Juicios por la Verdad. Puesto al descubierto, Vaello también se presentó a declarar en los Juicios por la Verdad en septiembre de 2006 pero, cuando se esperaba que confirmara la información que había brindado a la Conadep, sorprendió a todos con una declaración confusa y contradictoria, durante la cual aseguró a los jueces Alberto Durán, Leopoldo Schiffrin y Julio Reboredo que había sido amenazado y que, en 1984, le habían pagado para que dijera lo que dijo. Después de eso, dejó de mostrarse en los lugares que solía frecuentar, tanto en Misiones como en Encarnación del Paraguay. La CNU, el Ejército y la Bonaerense. La declaración de Vaello ante la Conadep –a la que tuvo acceso Miradas al Sur– pone en blanco sobre negro cómo los grupos de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), que venían operando bajo las órdenes del gobierno de Victorio Calabró en la provincia de Buenos Aires, pasaron también a realizar secuestros y asesinatos ordenados por el Ejército y la Armada. Entre esos grupos de tareas se encontraba el que actuaba en La Plata y su zona de influencia, capitaneado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio. Vaello explicó ante la Comisión que, a fines de 1975, el coronel Alejandro Arias Duval –jefe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, dependiente del Área Operacional 113, comandada por el coronel Roque Carlos Presti– le ordenó contactar al coordinador general de Prensa y Difusión del Ministerio de Bienestar Social, Miguel Ángel Tarquini, quien también era jefe de la Zona Sur de la CNU, para informarle que la banda parapolicial pasaría a depender, a partir de ese momento, del Batallón de Inteligencia y que debía cumplir con las órdenes del Ejército que les transmitiría el propio Vaello. Tarquini, que ya estaba avisado, llevó a Vaello hasta la sede del Sindicato de Papeleros en Bernal, donde funcionaba el Comando de la CNU para que se re-

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uniera con sus miembros. Allí, Tarquini abrió la reunión informando al Comando que esa nueva manera de operar contaba con la aprobación del jefe nacional de la CNU, Patricio Fernández Rivero (a)El Manco. Según declaró Vaello, de la reunión participaron entre otros José Díaz (a) El Petiso, hombre de confianza del sindicalista papelero Fernando Donaires; Oscar Leiva (a) El Negro, Carlos Cardoso (a) Carlitos o Capicúa, Eduardo Saavedra (a) Cato, varios suboficiales de la Bonaerense, uno del Ejército y otro de Prefectura, y el comisario mayor Alberto Pacheco (a) El Mono, por entonces encargado desde la Bonaerense de bajar las órdenes a la banda platense de la CNU comandada por el Indio Castillo. Vaello, por su parte, les informó que debían darle “sus datos filiatorios completos para proveerlos de credenciales y armamentos”, a lo que Tarquini le respondió que el Comando ya estaba “perfectamente armado y que inclusive contaba con tres ametralladoras con silenciador marca Sterling”, compradas con dólares provenientes del Ministerio de Bienestar Social antes de la salida de José López Rega (a) El Brujo. Nueva cadena de mandos. A partir de la reunión de Vaello con Tarquini y el Comando de la Zona Sur se modificó la línea de mandos para las operaciones de los grupos de tareas de la CNU. Según Vaello, hasta octubre de 1975, “toda la cobertura operativa de los Comandos Quilmes y La Plata de la CNU era el Ministerio de Bienestar Social por intermedio de la organización Tres A”, a cargo de Aníbal Gordon (a) El Viejo. “Después de esa fecha –declaró Vaello ante la Conadep– es cuando Ejército arregla directamente con los citados Tarquini y Fernández Rivero, jefe de la CNU, la operativa militar de la organización bajo supervisión de Inteligencia del Ejército”. De acuerdo con la nueva cadena de mandos, el grupo de tareas capitaneado por El Indio Castillo –cuyo accionar se desarrollaba fundamentalmente en La Plata, Berisso, Ensenada y City Bell–, debería operar en coordinación no sólo con la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Infantería y Brigadas Policiales), sino también con el Ejército (Regimiento 7 y Distrito Militar La Plata, este último a cargo del teniente coronel Mario Sila López Osornio) y la Marina (Batallón de Infantería de Marina 3). Para coordinar las acciones de la CNU con esta última fuerza, Vaello, Castillo, Arias Duval y El Mono Pacheco mantuvieron una reunión con “el contraalmirante Martínez Zubiría”. En su declaración, Vaello destaca que “ese vínculo establecido con Marina por parte de la CNU significó buenos frutos para dicha organización, pues recibieron de Marina armamento y municiones, y comenzaron a operar (mediante enlace) en el desprendimiento de cuerpos tirados en medio del Río de La Plata, por intermedio de una lancha de Prefectura N° 48, que en la jerga de la Marina se llamaba Gold Charlie”.

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La patota de Castillo. En el folio 30 de la declaración, Vaello identifica a varios de los miembros del grupo de tareas de la CNU platense que comandaba Castillo “hasta mayo de 1976”. Según Vaello, Castillo estaba bajo las órdenes directas del comisario mayor Alberto Pacheco (a) El Mono, y entre los integrantes de la banda se encontraban Héctor Arana (a)  El Sordo  (lo identifica erróneamente como El Zorro), Néstor Beroch, Antonio Jesús, los hermanos Masotta, Dardo Omar Quinteros, Gerardo Rafael Blas,  El Turco Tralamán, un suboficial de policía de apellido Fernández (posiblemente se trate del sargento Vicente Ernesto Álvarez) y El Conejo Lofeudo. Vaello también identifica a la quinta de la calle 4 entre 76 y 77 como vivienda de Castillo y señala la existencia de dos centros operativos de la banda: uno de ellos ubicado en el predio “de Agronomía” (se trata de la casa de 64 y diagonal 113) y otro en un “viejo frigorífico” sobre la calle 44, sin determinar entre qué calles, en las afueras de La Plata. Realizada hace 27 años, la declaración de Orestes Estanislao Vaello ante la Conadep revela con claridad cómo los grupos de tareas de la CNU funcionaron como parte del aparato represivo del Estado terrorista –y en coordinación con las Fuerzas Armadas y de Seguridad– durante los últimos meses del gobierno de María Estela Martínez de Perón y luego de consumado el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Una prueba más de que los crímenes cometidos por sus integrantes deben ser calificados como de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

LOS ASESINATOS DE ACHEM Y MIGUEL SIGUEN IMPUNES 27 de noviembre de 2011

El 8 de octubre de 1974 la CNU secuestró y fusiló por la espalda a dos importantes dirigentes de ATULP. Fue el primer paso del proyecto para instaurar el terrorismo de Estado en la Universidad Nacional de La Plata. Son poco más de las siete y media de la mañana cuando un compañero les avisa que llegó el auto que los tiene que llevar a Buenos Aires. El Turco Rodolfo Achem y el Gordo Carlos Miguel apuran los últimos mates de la rueda que vienen compartiendo desde hace un rato en la sede de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP), en 44 entre 9 y 10. Ninguno de los dos ha dormido bien en las camas improvisadas en una de las oficinas del gremio, pero no había más remedio. El clima político del país, de la ciudad y de la Universidad se viene enrareciendo desde hace rato, la avanzada de los fachos –apuntalada desde el gobierno nacional de Isabel

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Perón y el provincial de Calabró– ya es desembozada, y tanto el Turco como el Gordo cargan sobre sus espaldas una colección de amenazas. Ese 8 de octubre de 1974 se cumplen siete años de la captura de Ernesto Guevara en la sierra boliviana, antes de ser asesinado en La Higuera. También sería un nuevo cumpleaños de Juan Domingo Perón si no fuera porque hace tres meses que Perón está muerto. Achem y Miguel –fundadores de la Federación Universitaria para la Revolución Nacional (FURN), una agrupación donde también había dado sus primeros pasos militantes un joven estudiante de Derecho venido desde Santa Cruz llamado Néstor Kirchner– tienen presente la carga simbólica de los aniversarios, pero sus preocupaciones son más inmediatas esa mañana: van a participar de una reunión en la Federación Universitaria de Buenos Aires. El temario previsto es variado, pero en el fondo se trata de una sola cosa: coordinar con representantes de otras universidades la resistencia contra la política represiva y oscurantista que impulsa el ministro de Educación de Isabel, Oscar Ivanissevich. Por eso, mientras se preparan para salir de la sede de ATULP, el Turco y el Gordo no piensan en esos dos aniversarios. Tampoco saben, todavía, que el 8 de octubre se transformará también en el aniversario de sus muertes. Militantes y dirigentes. Rodolfo Francisco Achem tiene 33 años y es un sanjuanino que llegó a La Plata para estudiar Derecho. En octubre de 1974 le faltan muy pocas materias para terminar la carrera. Pero en su horizonte, desde hace tiempo, hay proyectos mucho más importantes que ese título universitario. Identificado con el peronismo, se incorporó a la Juventud Peronista junto con todos sus compañeros de la Furn. Además de ser uno de los principales dirigentes de ATULP, el gremio de los no docentes de la Universidad de La Plata, conducido por la izquierda peronista, desde el 30 de mayo de 1973 ocupa el estratégico cargo de secretario administrativo de la Universidad. Carlos Alberto Miguel, de 31 años, es médico veterinario y, como Achem, notorio dirigente de la Juventud Peronista platense. Pocos días después de que Héctor Cámpora asumiera la presidencia de la República se hizo cargo de la Secretaría de Asuntos Académicos de su Facultad hasta que, el 30 de marzo 1974, fue convocado para dirigir el Departamento Central de Planificación de la Universidad. El Turco y el Gordo se conocen bien y se aprecian más. Su amistad se fue construyendo al calor de la lucha política. Juntos participaron en la elaboración de los documentos Bases para la Nueva Universidad y La participación de los Trabajadores en la Conducción de la Universidad, que habían establecido los lineamientos básicos del proyecto de Universidad Nacional y Popular puesto en marcha en mayo de 1973 y cuyos logros ahora pretendía destruir la derecha. “Este proyecto planteaba, entre otras cosas, la modificación sustancial de la orientación de las carreras, para que dejaran de servir a

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las grandes empresas y centros imperiales para servir a la Nación. Se ponía la capacidad técnica y humana que la Universidad tenía, al servicio de los organismos del Estado, a través de convenios de asistencia recíproca para la elaboración y ejecución de proyectos científicos y tecnológicos”, destacaría, muchos años después, el documento fundacional de la Cátedra Pensamiento Nacional y Popular de la UNLP, que lleva los nombres de Achem y Miguel. Ese es el proyecto que el  Turco  y el  Gordo  siguen defendiendo cuando suben al auto que ha ido a buscarlos a la sede de ATULP la mañana del 8 de octubre de 1974. Es también por su amistad con Rodolfo Achem que Carlos Miguel se sube al auto para compartir el viaje a Buenos Aires. En un principio, quien debía asistir a la reunión en la FUBA junto con el Turco era otro integrante de la comisión directiva de ATULP, Héctor Pettirossi. La preparación de un inminente viaje a Cuba lo había obligado a cambiar los planes. Fue entonces cuando el Gordo le dijo a Achem: –No vas a ir solo, Turco. Yo te acompaño. Amenazas de la CNU y la Triple A. No hay un solo policía uniformado en las inmediaciones de la sede de ATULP, en 44 entre 9 y 10, que no tiene custodia. Y los que no son policías no prestan atención a la presencia de tres autos sin patentes estacionados en diferentes lugares de la cuadra. Tampoco los descubren Achem y Miguel cuando el vehículo al que suben arranca y emprende la marcha por 44 en dirección a la avenida 13, para salir de La Plata rumbo a la Capital Federal. Es un descuido para dos personas que han sido amenazadas de muerte. Tanto el Turco como el Gordo vienen recibiendo desde hace tiempo llamadas silenciosas o insultantes en sus casas. El leit motiv del otro lado del teléfono es el verbo “matar”. La Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), coordinada –entre otros sectores– por el de José López Rega, los ha incluido en una lista de condenados a muerte, en la que también figura el rector normalizador de la Universidad, Francisco Camperchioli Masciotra. Al Turco, incluso, tres integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) lo han amenazado en la cara diez días antes, durante una asamblea en la galería del segundo piso del Rectorado de la Universidad, delante de decenas de personas. “Los veo como si fuera hoy. Era un día lluvioso y el Turco estaba hablando delante del micrófono. Éramos muchos, un montón, los que estábamos ahí. Los tres tenían impermeables largos y se fueron acercando de a poquito, entre la gente, hasta llegar cerca de donde estaba el Turco, que seguía hablando. Yo vi a tres, pero seguro que eran más. Y entonces gritaron: ‘¡Turco, traidor, a vos te va a pasar lo que le pasó a Vandor!’. Estaban tan cerca del micrófono y del Turco que el grito salió por los parlantes. Fue una provocación, entre toda la gente. Le gritaron al Turco y se fueron yendo despacito.

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Cuando algunos compañeros trataron de pararlos, les mostraron los fierros que llevaban debajo de los impermeables. Bajaron por las escaleras y se fueron, con total impunidad. Los tres que yo reconocí son Pipi Pomares, el Misto Fernández Supera y Gastón Ponce Varela”, relato a Miradas al Sur Raquel La China Barreto, actual vice embajadora argentina en Bolivia y uno de los pocos sobrevivientes de aquella dirección de ATULP. A pesar de las amenazas, Rodolfo Achem no había querido irse, como propuso parte de la dirección después de lo ocurrido en el Rectorado. Los primeros días de octubre, el gremio había convocado a una asamblea en el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ciencia Exactas de la Universidad, para decidir si el  Turco  debía quedarse o irse del país. La presidió el secretario general de ATULP, Ernesto Semilla Ramírez, y también habían participado representantes de la Asociación Peronistas de Docentes Universitarios de La Plata (APDUL), que trabajaba de manera coordinada con el gremio no docente. Antes del comienzo de la asamblea, el Turco llamó aparte a la China Barreto. –Negra, vos votá para que me quede– le pidió. –¡Turco, yo no puedo votar eso. Te tenés que ir! –Vos votá para que me quede, porque igual no me voy a ir. La China Barreto votó lo que el Turco le había pedido y todavía hoy se siente culpable, aunque la asamblea había resuelto por amplia mayoría que Achem se tenía que ir. Fue, de todos modos, una votación inútil: la mañana del 8 de octubre de 1974, sin hacer caso de la resolución de sus compañeros, Rodolfo Achem sigue en La Plata y acaba de abordar junto a Carlos Miguel un auto con la intención de ir a Buenos Aires para participar de una reunión en la FUBA. “Todos tiros por la espalda.” Sobre la avenida 44, a la altura de la calle 12 –apenas a dos cuadras de la sede de ATULP–, uno de los autos sin patente encierra al que lleva a Achem y Miguel. Otro de los vehículos se le clava atrás, para que no pueda retroceder. El grupo de tareas actúa rápido, con total impunidad, en pleno centro platense y sin ningún policía a la vista. Los bajan del auto a empujones y culatazos, los palpan de armas, los separan y los suben en vehículos diferentes. Los dos primeros autos –con un secuestrado a bordo de cada uno– salen disparados por 44, mientras el tercero les cubre la retirada. A esa hora y en ese lugar, la existencia de una zona liberada por la policía es evidente. La noticia del secuestro tomó estado público en pocos minutos y conmocionó a la ciudad. “Yo me enteré a eso de las ocho y media, cuando me llamaron para avisarme. Estaba en Ingeniería, porque era directora de Personal. Me metí en el baño de hombres a llorar. Era como la crónica de una muerte anunciada”, dirá muchos años después la China Barreto a los autores de esta investigación. De inmediato, la comisión directiva de ATULP decidió, en una reunión de emergencia, la suspensión de todas las actividades en toda la Universidad

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“hasta que aparezcan los compañeros raptados”. Apenas dos horas después, recibieron la noticia de que los cadáveres acribillados de Achem y Miguel habían aparecido en Sarandí. “Aproximadamente a las 10.30 se tuvo conocimiento en forma oficial del hallazgo de dos cadáveres en la zona costera de Sarandí, con varios impactos en distintas partes del cuerpo y las manos atadas a la espalda. Por la descripción que formularon los efectivos policiales de la seccional cuarta que concurrieron de inmediato al lugar se tuvo la presunción de que podría tratase de las dos personas secuestradas en nuestra ciudad –relataría el matutino El Día del 9 de octubre–. Oficialmente se confirmó que ambos cuerpos presentaban más de 50 disparos.” El secretario general de ATULP, Ernesto Semilla Ramírez, acompañado por Raquel Barreto y otros compañeros de la comisión directiva reconocieron los cuerpos en la comisaría cuarta de Sarandí, una seccional que sería emblemática del accionar de la CNU. Lo primero que notaron fue que Achem y Miguel habían sido fusilados por la espalda. La China se descargó a los gritos con el comisario. –¡Hijos de puta, ustedes matan siempre por la espalda! –¡Para, China, pará– trató de calmarla Ramírez, inútilmente. La investigación de la Bonaerense no avanzó un solo paso. “La policía inició las averiguaciones del caso para dar con los responsables de los asesinatos, pero hasta el momento las investigaciones efectuadas no habían arrojado resultado positivo”, informó el diario El Día del 9 de octubre. Treinta y siete años después, la frase puede ser reproducida sin necesidad de cambiarle una coma. La patota de la CNU platense comandada por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio acababa de inaugurar un modus operandi que se volvería habitual. Durante los meses siguientes, hasta el día de su muerte a manos de Montoneros, Gastón Ponce Varela contaría una y otra vez cómo se habían cargado a “esos zurdos de mierda”. “El hijo de puta se jactaba de guardar como souvenir la alianza de casamiento de Achem”, relató a Miradas al Sur Marcelo Ponce, primo de ese integrante de la patota de la CNU, aunque ubicado en las antípodas políticas. Esta afirmación fue confirmada por otra fuente a los autores de esta investigación. Y después, la intervención. Rodolfo Francisco Achem y Carlos Alberto Miguel fueron velados en el Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, desde donde una multitud acompañó sus restos hasta el cementerio de la ciudad, en una larga y tensa marcha bajo la amenazante presencia de las fuerzas de asalto de la Policía Bonaerense. Sus asesinatos formaron parte de un plan orquestado desde los gobiernos nacional y provincial para destruir a la conducción de ATULP –acérrima opositora de la gestión de Victorio Calabró en la provincia y del proyecto oscurantista del ministro de Educación de la Nación, Oscar Ivanissevich– e intervenir una Universidad que resistía al proyecto represivo y retrógrado de la derecha peronista en el poder.

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A principios de noviembre, la Bonaerense reprimió de manera brutal una manifestación estudiantil, docente y no docente en apoyo al rector. La mayoría de los manifestantes –entre ellos un estudiante herido por una granada de gas lacrimógeno que le fue disparada deliberadamente a la cabeza– quedó encerrada en el rectorado de la Universidad durante horas, mientras desde el exterior la policía amenazaba con entrar. Poco después se consumó la intervención ultraderechista, que borró de un plumazo el proyecto de Universidad Nacional y Popular que se había puesto en marcha el 25 de mayo de 1973. En uno de sus primeros discursos, el interventor nombrado por Ivanissevich, el fascista Pedro Arrighi, denunció a sus predecesores de haber dirigido “inteligentemente una ingeniosa penetración marxista” en la Universidad. Al mismo tiempo, los grupos de tareas de la Concentración Nacional Universitaria se trasformaron en fuerzas de ocupación en todas las facultades y los tres colegios universitarios. El 6 de marzo de 1975, al atardecer, un grupo de tareas de la CNU encabezado por Héctor Darío Alessandro y Carlos Ernesto Castillo llegó en varios automóviles a la sede de ATULP y ocupó las instalaciones para consumar la intervención del gremio. Destruyeron todo lo que encontraron, e incluso levantaron todos los pisos de pinotea con la excusa de “buscar armas escondidas”. Quienes en realidad estaban armados eran los integrantes de la patota, que entraron al edificio apuntando a los presentes con escopetas Itaka y pistolas .45 y 9 milímetros. Además de a Castillo y Alessandro, varios testigos reconocieron entre los ocupantes armados a Gastón Ponce Varela, Gustavo Fernández Supera, Juan José Pomares, Carlos Chiarizzia, Néstor Causa Antonio Agustín Jesús, Ricardo Calvo, Ricardo Walsh y Eduardo de Urraza. La Universidad Nacional de La Plata se había transformado en un escenario privilegiado del terrorismo estatal. Más de 35 años después de sus asesinatos, el Turco y el Gordo están presentes en la memoria viva de la Universidad a través de la Cátedra Libre Rodolfo Achem - Carlos Miguel. Sus asesinos, en cambio, siguen siendo ignorados por la Justicia que debe investigar y castigar los crímenes que cometieron.

OPERACIÓN CONJUNTA EN MAR DEL PLATA 11 de diciembre de 2011

Patotas platenses y marplatenses de la Concentración Nacional Universitaria secuestraron y asesinaron al militante del peronismo revolucionario Víctor Hugo Kein y al adolescente Jorge Del Arco el 12 de junio de 1975. 94

La presentación de una querella por el secuestro y el asesinato de un militante de la Juventud Peronista en Mar del Plata obligará a la Justicia a investigar, por lo menos en un caso, las conexiones operativas entre los grupos de tareas platenses y marplatenses de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), unificados por la misma dirección política, actuando en zonas liberadas por la Policía Bonaerense y amparados por el gobierno nacional de María Estela Martínez de Perón y el provincial del sindicalista Victorio Calabró. Se trata de la presentación realizada por Susana Ure -patrocinada por el abogado Eduardo Soares –por la muerte de su marido, Víctor Hugo Kein, secuestrado el 12 de junio de 1975, cuando tenía 28 años, junto con el adolescente Jorge Del Arco en un estudio de arquitectura de la ciudad atlántica por un comando conjunto de la CNU platense y marplatense. Sus cadáveres acribillados aparecieron la madrugada siguiente en diferentes lugares de las afueras de Mar del Plata. Un militante inquebrantable.  El  Flaco  Víctor Hugo Kein era un reconocido cuadro de la Juventud Peronista de La Plata. Con su compañero y amigo Néstor Sala había sido, en 1966, uno de los miembros fundadores de la primera agrupación peronista que funcionó en la Universidad Nacional de La Plata, cuyo núcleo original se formó en la Facultad de Arquitectura. Poco después, en 1968, con la orientación ideológica del latinista Carlos Alberto Disandro, la conducción operativa de Alejandro Giovenco (Buenos Aires), Patricio Fernández Rivero (La Plata) y Ernesto Piantoni (Mar del Plata), y la participación de antiguos integrantes del Movimiento Nacionalista Tacuara haría también su aparición pública la ultraderechista Concentración Nacional Universitaria (CNU). Por su actuación en la resistencia a las dictaduras de Onganía, Levingston y Lanusse, el Flaco Kein fue detenido y torturado en 1971, y estuvo preso hasta que fue liberado por la amnistía resuelta por el gobierno de Héctor J. Cámpora el 25 de mayo de 1973. Para entonces, el enfrentamiento entre las agrupaciones del peronismo revolucionario y la derecha peronista –con fuerzas de choque formadas por las patotas sindicales y las bandas de la CNU que pronto serían amparadas y dirigidas desde el Estado– ya eran abiertos y declarados. “Ese año se fue a vivir a Mar del Plata. El 20 de febrero de 1974 nos casamos y yo me fui a vivir con él. Continuó con su militancia política, participó de todos los grandes actos y movilizaciones, y es factible que los grupos de la derecha marplatenses lo empezaran a identificar, o que ya lo conocieran por los estudiantes marplatenses de la CNU que estaban en La Plata, como Eduardo Cincotta y Gustavo Demarchi. Los grupos derechistas de La Plata sí lo conocían bien, y con ellos había tenido más de un enfrentamiento por su condición de militante del peronismo revolucionario y por su apellido de origen judío”, recordó Susana Ure.

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Se instalaron en un departamento de Santiago del Estero 2097, que consiguieron a través de un amigo platense, Domingo Toti Barilaro, que tenía un estudio de arquitectura en la ciudad. En los primeros meses de 1975, Kein comenzó a trabajar en una Empresa Constructora marplatense. Por la mañana iba a la oficina o a visitar obras, y por la tarde se dedicaba a la política. A fines de 1974, Néstor Sala y su mujer, Mirta Clara, también se mudaron a Mar del Plata, por razones de seguridad. La situación en La Plata se había vuelto insostenible. “La CNU de La Plata, comandada por Patricio Fernández Rivero, nos empezó a perseguir. En los primeros días de diciembre, una patota armada fue a buscarlo a Néstor a su trabajo en la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Educación. Ese día se salvó porque llegó tarde a trabajar, pero sabíamos que volverían. Ya habían asesinado a (Rodolfo) Achem y a (Carlos) Miguel. Tuvimos que dejar nuestra casa porque no sabíamos cuánta información exacta manejaban sobre nosotros. Nos fuimos a la casa de mi padre, en Mar del Plata”, relató Mirta Clara a Miradas al Sur. Los fachos salen de cacería. Mar del Plata no sería una ciudad segura para Kein, Sala y sus compañeras. El 16 de abril de 1975, a las 8 de la mañana, cuatro hombres con armas largas redujeron a una empleada que limpiaba la vereda e irrumpieron en el consultorio del doctor Fernando Clara, padre de Mirta, en 14 de Julio N° 1012. Un quinto hombre se quedó en la calle, al volante de un Peugeot 505 amarillo. Por una puerta interna pasaron a la casa, donde Mirta Clara estaba dándole la mamadera a Mariana, su hija de pocos meses. “Un joven robusto, de cabello castaño claro, de unos 25 años y aproximadamente de 1, 70 de alto, nos apuntó con un arma larga y me fue llevando hasta el comedor de la casa, preguntándome a los gritos por ‘Ricardo Sala’ y por Víctor Hugo Kein. Tartamudeando, le contesté no había ningún Ricardo Sala y que a la otra persona no la conocía. El que dirigía el operativo se identificó como del Ministerio de Defensa, mostrándome un plástico amarillento donde no se podía leer bien a quién pertenecía. Los demás también eran de cuerpos robustos, más altos que yo, de aproximadamente 1,70 o 1,75, tez blanca y cabellos castaños. Siempre apuntándome, el hombre me dijo que iba a recorrer la vivienda para ver quiénes estaban, dónde estaban las armas y los volantes. Me hizo subir primero con mi hija Mariana en brazos y él detrás, sin dejar de apuntarme. Los demás quedaron abajo, en el comedor de la casa que daba a la otra puerta de ingreso en calle Libertad 3638, buscando gente y cosas en cada uno de los ambientes de la casa”, recordó Mirta Clara más de 35 años después. La patota permaneció más de media hora en la casa. Antes de irse, el jefe de la patota le advirtió que no hablara por teléfono, porque lo había cortado. Néstor Sala llegó poco después de que se fueran. Una de sus primeras reacciones fue avisarle a Víctor Hugo Kein. “Yo estaba en La Plata, porque mi padre se casaba y yo era testigo del civil. Hugo me llamó

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por teléfono y me pidió que me quedara unos días, que había sucedido algo”, dijo Susana Ure a los autores de esta investigación. Menos de un mes más tarde, otro grupo de tareas de la CNU llegó en varios autos, que permanecieron en marcha en la calle, y entró violentamente en la casa de Bartolomé Sala, padre de Néstor, en Alberdi N° 168 de Berazategui. La patota estaba integrada por una docena de hombres, vestidos con uniformes azules y armas largas, inclusive ametralladoras. Amenazaron a toda la familia y preguntaron por Néstor. Hugo, el hermano, respondió que no vivía allí, que estaba viviendo muy lejos. Entonces, uno de los integrantes del grupo de tareas al que los otros llamaban el Alemán gritó una frase que revela que contaban con información obtenida mediante amenazas o torturas: –¡Esa hija de remilputas nos mintió! La investigación de Miradas al Sur intentó identificar al Alemán. Se trataría de Jacek Piechocki (a) El Alemán o El Polaco. Notorio integrante de la patota de la CNU platense. Una semana después otro grupo volvió a la casa del doctor Clara en Mar del Plata. “Una mujer que ayudaba en la casa les mostró una libreta con direcciones viejas. Robaron todas las botellas de vino añejo de mi padre, valijas nuevas donde colocaron objetos de valor de la casa, instrumentos de medicina y otros insumos de uso profesional. Partieron a buscarnos quién sabe dónde”, recordó Mirta. Néstor Sala y su compañera se fueron a vivir a Resistencia, Chaco. Néstor Sala pudo eludir la condena a muerte que la CNU le había dictado, pero fue asesinado por el aparato terrorista del Estado durante la dictadura, en la masacre de Margarita Belén. A pesar de los riesgos, Susana Ure y Víctor Hugo Kein se quedaron en Mar del Plata. 11 y 12 de junio de 1975. El Flaco Kein llegó alrededor de las dos de la tarde del 11 de junio al estudio de Toti Barilaro, en el décimo piso de Rivadavia 2671, de Mar del Plata. Tenía que terminar, sí o sí, una perspectiva y le había pedido a su amigo que le permitiera usar el tablero grande. Poco después llegó un joven estudiante de Arquitectura oriundo de Pehuajó, de apenas 17 años, Jorge Del Arco, que trabajaba para Barilaro. Entre las 6 y las 7 de la tarde, luego de trabajar, Susana Ure fue a visitar a su compañero. Ninguno de los tres vio a los autos que, cargados de hombres, montaban guardia estacionados en diferentes lugares de la calle. Susana Ure reconstruyó así esa tarde para  Miradas al Sur: “Encontré a Hugo (así sigue llamando a Víctor Hugo Kein) trabajando, a dos chicas que deberían ser las dos amigas de la mujer de Barilaro y a otro chico más joven. No conocía a ninguno de los tres. Me quedé charlando y tomando mate, hasta que le dije a Hugo de irnos a casa. Me dijo que no, que se iba a quedar hasta terminar el trabajo para poder entregarlo al día siguiente, fuese la hora que fuese.

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Jorge Del Arco le dijo que se quedaba a acompañarlo y cebarle mate porque no tenía nada que hacer. Yo dudé, pero Hugo insistió en que me fuera a descansar. Yo estaba embarazada de siete meses. Me despedí y me fui caminando porque vivíamos cerca de ahí. En esa época teníamos normas de seguridad porque era peligrosa la vida en la ciudad por el accionar de las bandas parapoliciales. Una de ellas era no andar solos en la noche, llegar temprano a nuestras casas y tener una hora límite de llegada. Como Hugo me había dicho que se iba a quedar en el estudio hasta terminar el trabajo, yo no me preocupé por su tardanza. Sin embargo, dormí mal y me desperté durante toda la noche”. A la 1 de la mañana, mientras Susana Ure dormía con dificultad, una patota de alrededor de 15 hombres entró al edificio y subió, piso por piso, entrando en todas las oficinas que tenían las luces encendidas. En el séptimo piso encontraron una reunión de jugadores de rugby. Los amenazaron y los obligaron a tirarse en el suelo, boca abajo. Finalmente, en el décimo, encontraron a Del Arco y a Kein. Ambos resistieron a los golpes, hasta que pudieron reducirlos. Los metieron en autos separados, los torturaron y los fusilaron. El operativo fue escuchado por el portero y otras dos personas que salían del edificio en ese momento. Susana Ure se despertó alrededor de las 8 de la mañana, ahora sí preocupada por la ausencia del Flaco. Decidió ir a buscarlo. Apenas tocó la puerta del estudio, ésta se abrió. “Todo estaba revuelto, tirado, destrozado, con manchas de sangre. En las paredes habían pegado tapas de la revista El Descamisado donde se leía ‘Montoneros’. Recorrí el estudio, que era grande y de un solo ambiente, y pregunté: ‘¿Qué pasó acá?’. En el silencio total, mi voz tenía eco. Salí a buscar a Toti. No encontré a nadie. Quería buscar a Hugo. Pensaba que podía estar herido en alguna parte, en una comisaría, un hospital”, relató a los autores de esta investigación. Volvió a su casa y armó un bolso. No podía quedarse ahí. El cadáver de Víctor Hugo Kein, con más de treinta balazos y signos de tortura, apareció esa madrugada, en un descampado detrás de Parque Camet. El de Jorge Del Arco, también acribillado y con las manos quemadas, fue encontrado sobre la ruta 226, que une Mar del Plata con Balcarce. El joven no tenía militancia política, pero la patota decidió no dejar testigos. Fueron reconocidos la noche siguiente por Domingo Barilaro, en la morgue. Poco después, Eduardo Fromigué (a) el Oso, conspicuo militante de la CNU platense y amigo de la familia de Barilaro, visitó a un primo de Toti y le devolvió un documento de identidad que había desaparecido del estudio. “Me lo llevé para que no lo buscaran y lo mataran”, le dijo. También se habían llevado una chequera, que nunca le fue devuelta. Durante meses, Barilaro debió responder llamados de personas indignadas porque no habían podido cobrar cheques que, supuestamente, llevaban su firma. Fromigué fue asesinado ese mismo año, en una parrilla de Florencio Varela, durante un tiroteo entre patotas rivales de la ultraderecha peronista.

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Víctor Hugo Kein y Jorge Del Arco fueron secuestrados a pocas cuadras de la Comisaría 1ª de Mar del Plata. La patota conjunta de la CNU platense y marplatense no habría podido actuar de no mediar una zona liberada por la policía, en el marco del terrorismo de Estado implementado por el gobierno peronista. El primer fiscal de la causa fue Gustavo Demarchi, miembro de la CNU marplatense y acérrimo enemigo de Sala y Kein. Nunca llamó a declarar a los testigos y cajoneó impunemente el proceso. Ahora, con la presentación de la querella de Susana Ure, la Justicia está obligada a investigar lo que no investigó durante más de 35 años.

VÍCTIMAS QUE ESPERAN JUSTICIA 24 de diciembre de 2011

Hasta ahora se identificó a 58 personas asesinadas por el grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) comandado por El Indio Castillo. La investigación que Miradas al Sur viene publicando desde junio pasado sobre el accionar del grupo de tareas platense de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) ha permitido, hasta ahora, reconstruir una lista –seguramente incompleta– de 58 víctimas y establecer de qué manera operó, entre 1974 y marzo de 1976, como instrumento del aparato terrorista de Estado del gobierno nacional de María Estela Martínez de Perón y del provincial de Victorio Calabró, para continuar actuando luego del golpe del 24 de marzo a las órdenes del Ejército y la Armada. La Concentración Nacional Universitaria, creada en La Plata en 1968, funcionó como grupo de choque de la derecha peronista en las universidades de La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata hasta principios de 1974 cuando, con la llegada de Victorio Calabró a la gobernación pasó a operar al amparo del Estado, con logística y apoyo de la policía bonaerense y en contacto con el Ejército a través del subjefe del Distrito Militar La Plata, teniente coronel Mario Sila López Osornio –uno de cuyos hijos participó de algunas de las acciones de la banda–, y del jefe del Regimiento 7 de Infantería, coronel Roque Carlos Presti. A partir de su incorporación al aparato terrorista del Estado en febrero de 1974, los grupos de tareas de la CNU no participaron de ningún enfrentamiento armado. Siempre actuaron sin correr riesgos. Todas sus víctimas fueron personas indefensas, la mayoría de las veces secuestradas de sus casas, de madrugada, y asesinadas en diferentes lugares de las afueras de La Plata. “Nunca nadie se nos resistió con armas. Es más, por la manera que tenía

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El Indio de entrar a las casas, pateando las puertas, si uno sólo se hubiera resistido a tiros, aunque fuera con un revólver chiquito, se hubiera llevado a dos o tres de nosotros con él antes de que lo agarráramos. Yo, por eso, nunca entré en la primera línea”, confesó a los autores de esta investigación un integrante de la banda. Miradas al Sur pudo establecer que sólo en dos de las casas en las que irrumpió el grupo de tareas había algún arma: una de ellas era una pistola calibre 22 de colección, en condiciones que hacían imposible su uso; la otra, una pistola del mismo calibre. Víctimas identificadas. La investigación de Miradas al Sur lleva identificadas 58 víctimas del grupo de tareas comandado por Castillo entre agosto de 1974 y abril de 1976, cuando la banda fue desactivada por orden del Área de Operaciones 113 y varios de sus miembros fueron detenidos debido a que se habían vuelto ingobernables para los estrategas de la represión ilegal de la dictadura cívico militar. Gastón Ponce Varela, uno de los más conspicuos integrantes de la banda –ejecutado por Montoneros a mediados de 1975–, solía jactarse delante de testigos de haber asesinado a “más de noventa zurdos”, al tiempo que le adjudicaba a Castillo por lo menos ciento diez muertes. La siguiente lista es, por lo tanto, necesariamente incompleta. Agosto de 1974. Fueron secuestrados y asesinados el dirigente sindical Carlos Ennio Tito Pierini, el dirigente peronista Horacio Chávez y su hijo Rolando, y Luis Macor de la JUP. Octubre de 1974. Una patota de la CNU, a bordo de tres autos, secuestró en pleno centro platense al secretario administrativo de la Universidad Nacional de La Plata, Rodolfo Achem, y al director de Planificación de esa casa de estudios, Carlos Alberto Miguel. Sus cadáveres acribillados por la espalda aparecieron en Sarandí. Noviembre de 1974. La banda comandada por Castillo secuestró y asesinó a Carlos Alberto Fabiolo de la Riva, estudiante de arquitectura de la UNLP y militante de un desprendimiento del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Diciembre de 1974. El 7 de ese mes fue asesinado en La Plata Enrique Rusconi, reconocido dirigente del Partido Comunista Revolucionario (PCR). Enero de 1975. Un grupo de tareas de la CNU secuestró y asesinó a Guillermo Savloff, docente de la Universidad Nacional de La Plata. Marzo de 1975. En distintas acciones, el grupo de tareas de Castillo asesinó a los militantes de la Tendencia Revolucionaria del peronismo Rodolfo El Rusito Ivanovich, Mirta Aguilar y Roberto Basile, estos dos últimos amigos del ex presidente Néstor Kirchner. También secuestraron en la casa de sus padres y asesinaron a Hernán Roca, hermano de Marcelo, militante de la Fracción Roja del PRT que buscaban en ese operativo. Abril de 1975. Un comando conjunto de la CNU y la Triple A asesinó en La Plata al médico Mario Gershanik en la casa de sus padres, a sólo una cua-

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dra de la Jefatura de Policía. En distintas acciones, la CNU también secuestró y asesinó a la militante de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y empleada por reunión del Hipódromo, Luisa Marta Córica; a los militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) Nélida Villarino y Julio Urtubey; a Enrique Rodríguez Rossi, un militante de las Fuerzas Argentinas de Liberación 22 de Agosto (FAL 22), que había logrado infiltrarse en el nivel más alto de la patota, y al conscripto Marcelo Adrián Sastre, por el solo hecho de ser amigo de Rodríguez Rossi. Junio de 1975. Un comando conjunto de la CNU platense y marplatense secuestró y asesinó en Mar del Plata al militante del peronismo revolucionario Víctor Hugo Kein y al adolescente Jorge Del Arco, de 17 años, quien acompañaba a Kein en el momento de su secuestro. Julio de 1975. En una cadena de atentados, los primeros días del mes, la CNU asesinó a los militantes de la JUP Mario Cédola, Pablo Del Rivero y Jorge Rivas; a los militantes del Grupo Universitario Socialista (GUS) Roberto Antonio Rocamora y Norberto Juan Rolando, y al estudiante de la UNLP Guillermo Oscar Codino. Estas muertes formaron parte de la operación “Once por Ponce”, montada por la patota de Castillo en represalia por la muerte de Gastón Ponce Varela, ejecutado por Montoneros pocos días antes. Ninguna de las víctimas tenía relación alguna con los autores de la muerte de Ponce. A fin de mes, otro grupo de la CNU asesinó a Ricardo Carrera y Eduardo Lascano, integrantes de la organización espiritualista Silo. Septiembre de 1975. Los primeros días del mes, un grupo comando de la CNU secuestró y asesinó a ocho militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST): Adriana Zaldúa, Hugo Frigerio, Roberto Loscertales, Ana María Guzner, Lidia Agostini, Carlos Povedano, Patricia Claverie y Oscar Lucatti. Diciembre de 1975. La CNU asesinó a Jorge Lopeire. En otro operativo, a plena luz del día, la banda de Castillo secuestró y asesino al militante de la Juventud Peronista Jorge Ruda. También fueron secuestrados y asesinados los changarines del Mercado de Abasto de La Plata Leopoldo Luna, Narciso Saavedra y Miño, Ismael Torrilla y Pedro Benítez. La noche del 24 de diciembre secuestraron en la casa de sus padres –cuando no encontraron a su hermano, militante de Montoneros– y asesinaron a Arturo Patulo Rave, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), de 19 años. Enero de 1976. Por orden del Batallón de Infantería 3, un grupo de tareas de la CNU secuestró de sus casas y asesinó en las afueras de La Plata a los delegados de Propulsora Siderúrgica Carlos Scafide (integrante del PST) y Salvador Pampa De Laturi (militante del frente gremial del PRT). En otra acción, la patota de Castillo secuestró y fusiló al militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) Sergio García, hijo de un dirigente justicialista de La Pampa. Febrero de 1976. Por orden directa del gobernador Victorio Calabró, la CNU secuestró y asesinó Carlos Domínguez, dirigente justicialista platense

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y gremialista del hipódromo de esa ciudad. También asesinó al estudiante Alcides Emilio Méndez Paz. Marzo de 1976. En un solo operativo, el grupo de tareas comandado por Castillo secuestró y asesinó a cuatro trabajadores del hipódromo de La Plata: Eduardo Julio Giaccio, Enrique Rojas, y los hermanos Gerardo y Raúl Arabel. En otra acción, asesinó al militante de una agrupación del peronismo ortodoxo no derechista Máximo Leonardo Agoglia, hijo de un ex interventor de la Universidad Nacional de La Plata, éste sí ligado a la Tendencia Revolucionaria del peronismo. Abril de 1976. En una misma noche, la CNU secuestró y asesinó a dos delegados gremiales de una empresa contratista de Propulsora Siderúrgica, Guillermo Miceli y Carlo Satich, y al activista gremial del Ministerio de Economía de la Provincia Horacio Urrera. En otra acción, interceptaron el taxi en que viajaban los militantes peronistas Graciela Martini, Néstor Di Notto, Adelaida Barón y Daniel Pastorino. Martini y Di Notto fueron asesinados luego de ser torturados en una casa operativa de la banda, en tanto que Pastorino y Barón salvaron milagrosamente la vida por la intervención de Patricio Errecarte Pueyrredón, integrante de la patota que conocía a los familiares de Barón. Los testimonios de los dos sobrevivientes obligaron al juez Arnaldo Corazza a encarcelar a Juan José Pomares (a) Pipi, a quien reconocieron como uno de los participantes de la acción. La Justicia dormida. Durante más de 35 años, la mayoría de los integrantes de la patota platense de la Concentración Nacional Universitaria siguió sus vidas con toda normalidad. Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio fue un estrecho colaborador del carapintada Aldo Rico y siguió en libertad hasta mayo de este año, cuando fue detenido en Córdoba, acusado de narcotráfico. Esa detención obligó al juez Arnaldo Corazza a dictar su procesamiento por los crímenes cometidos por la CNU. Juan José Pomares (a) Pipi se incorporó al Partido Justicialista y, desde 1984 en adelante, ocupó diversos cargos partidarios. Fue detenido por Corazza –luego de que fuera señalado por testigos de un secuestro y asesinato– en julio de este año, cuando tenía un cargo de asesor en el bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Su ex mujer, Susana Gordillo, es colaboradora de la intendencia de La Plata. La investigación de Miradas al Sur obligó a las autoridades de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a separar de sus cargos a otros dos notorios miembros de la banda, señalados como autores de varias decenas de crímenes. Hasta hace pocos meses, Ricardo Calvo (a) Richard era director Legislativo de esa Cámara, mientras que Antonio Agustín Jesús (a) Tony estaba a cargo de la Dirección de Referencia Legislativa. Hasta el momento, ni Calvo ni Jesús, igual que el resto de los integrantes de la patota de la CNU identificados por la investigación, han sido citados a de-

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clarar por los jueces que tienen a su cargo las causas: Arnaldo Corazza, titular del Juzgado Federal 3 de La Plata, y Manuel Humberto Blanco, magistrado del Juzgado Federal 1 de la misma ciudad. Sólo uno de los miembros del grupo de tareas, el ex policía bonaerense Alfredo Lozano (a) Boxer, se presentó espontáneamente en el Juzgado de Corazza, pero se negó a declarar por recomendación de la defensora oficial que le fue asignada. También un miembro de la patota declaró –y su declaración fue grabada en video– ante un funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación, que conduce Julio Alak. Hasta la fecha, Corazza no pidió ese testimonio, así como tampoco llamó a declarar a los autores de esta investigación, a pesar de la información contenida en la serie de notas publicada hasta ahora. Como ya señalaron los autores de esta investigación en reiteradas ocasiones, las víctimas de la Concentración Nacional Universitaria platense esperan justicia desde hace más de 35 años. Sus familiares, compañeros y amigos también. Es mucho tiempo, demasiado, incluso para la Justicia más lenta. Se trata de crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado y, por lo tanto, calificados como de lesa humanidad. No prescriben ni prescribirán.

UN POLICÍA COMPLICE DE LA CNU VIVE TRANQUILO EN MAR DEL PLATA 8 de enero de 2012

Julio Garachico liberaba las zonas para la patota del Indio Castillo, pero ni la Justicia ni el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se ocupan de él. El paradero del ex policía Julio César Garachico, identificado como uno de los integrantes de la Bonaerense encargados de liberar zonas para el accionar impune del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en La Plata, parece ser un misterio para el Juzgado Federal de Arnaldo Corazza, que debe investigar esos crímenes. Sin embargo, esa es una falsa impresión, ya que el juez cuenta información certera que ubica a Garachico en la ciudad de Mar del Plata, donde adquirió una vivienda y un lote en la calle Nápoles 3626. Esos datos fueron obtenidos y suministrados al juez por organismos de derechos humanos en el marco de la causa que investiga la desaparición de Jorge Julio López, quien lo mencionó como uno de los integrantes del grupo de tareas que lo secuestró durante la dictadura. En octubre de este año, durante el juicio a los represores de la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense, el ex policía fue señalado por el genocida Carlos García (a) El Oso, en una declaración clave que lo conecta con la re-

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presión ilegal antes y después del 24 de marzo de 1976. “Yo no estaba en una patota, pero había una patota, la patota de Garachico”, declaró García, quien también precisó que tenía como base de operaciones la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En varios artículos publicados en Miradas al Sur, los autores de esta investigación han ubicado a Garachico, al comisario Carlos Alberto Masulli y al suboficial mayor Juan Bilardo tres piezas clave para el accionar coordinado de la CNU con la Bonaerense. Asimismo, fue identificado como uno de los participantes del ataque a la casa de la calle 30 entre 55 y 56, el 24 de noviembre de 1976, donde fue secuestrada la niña Clara Anahí Mariani, a quien todavía busca su abuela, Chicha Mariani, fundadora de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Años de impunidad protegida. Terminada la dictadura, Garachico se radicó en la provincia de Chubut, donde regenteó un casino y vivió apaciblemente hasta que fue reconocido por una vecina como uno de los hombres de la Bonaerense que habían sido acusados del primer secuestro de Jorge Julio López. Desde entonces, la Justicia pareció perderle el rastro mientras el Ministerio de Seguridad Bonaerense mostraba una llamativa reticencia a aportar datos sobre su persona. Un año después de la desaparición de López, en una presentación ante el juez Corazza, varios organismos de derechos humanos señalaban: “Aunque se solicitó también en forma reiterado la localización e información sobre Julio César Garachico, esta prueba parcialmente y sólo luego de insistentes pedidos fue aportada por el Ministerio de Seguridad. Consta a fojas 1367 y siguientes que su teléfono es 02965-47-5707, que el teléfono de su domicilio fiscal es 0294545-0444 (Casino Esquel) y también los teléfonos de sus domicilios alternativos 02965-47-1337. El domicilio de La Plata, en calle 35 N° 1175 carece de teléfono, aunque una simple consulta en guía informa que existen dos números en el lugar, uno correspondiente a la planta baja y otro al primer piso”. El Ministerio de Seguridad de la Provincia nunca suministró el domicilio de Garachico en Mar del Plata, que fue descubierto y aportado a la causa por los organismos de derechos humanos luego de hacer una simple consulta al Registro de la Propiedad. Los organismos también informaron al juez nuevos números de teléfono del ex policía y de su hijo. En esa presentación, los organismos agregaban: “Asombra entonces que el Ministerio de Seguridad, con toda su estructura y el supuesto empeño puesto en esta investigación, no pueda al día de hoy informar esto en el expediente, y mucho menos informar, de una vez por todas, lo que se le requiere hace un año: el listado de llamadas entrantes y salientes de esta persona, sobre la que, recordemos, pesa un requerimiento de instrucción”. La comparecencia de Julio César Garachico ante la Justicia es fundamental para por lo menos cuatro investigaciones: la del primer secuestro y desaparición forzada de Jorge Julio López, la de su segunda desaparición, la del

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secuestro de Clara Anahí Mariani, y la del accionar de los grupos de tareas platenses de la Concentración Nacional Universitaria. Sin embargo, el represor sigue viviendo impune en Mar del Plata, sin que la Justicia ni el Ministerio de Seguridad bonaerense se ocupen de él.

TERROR REPRESIÓN Y MUERTE EN EL LICEO VÍCTOR MERCANTE 22 de enero de 2012

En 1975, la CNU se convirtió en una fuerza de ocupación en los colegios de la Universidad Nacional de La Plata. Por decisión del gobierno provincial de Victorio Calabró y de la intervención fascista en la Universidad Nacional de La Plata, los colegios universitarios de esa ciudad se transformaron, a partir del inicio del año lectivo de 1975, en área de operaciones y fuente de ingresos –mediante contratos docentes– para la Concentración Nacional Universitaria (CNU), integrada desde el año anterior al aparato terrorista del Estado. La presencia de conspicuos integrantes de esa organización y de familiares de sus ideólogos y mandantes en uno de esos colegios, el Liceo Víctor Mercante, no sólo muestra cómo la vigilancia y la represión de los estudiantes secundarios ocupó un lugar central en el accionar de la CNU platense sino que revela, a partir de una serie de legajos a los que tuvo acceso Miradas al Sur, una red de relaciones personales y familiares que conecta a los integrantes del grupo de tareas capitaneado por Carlos Ernesto Castillo con el ideólogo de organización, el profesor de latín y literatura Carlos Alberto Disandro, con la Policía Bonaerense y con el subjefe del Distrito Militar La Plata, teniente coronel Mario Sila López Osornio, por entonces contacto de la CNU con el Ejército. El desembarco de la fuerza de tareas de la CNU en el Liceo fue comandado por el médico policial Miguel Ángel Maldonado (a) El Cacique, primero como “asesor médico”, un cargo diseñado para incorporarlo al colegio y luego como rector. Con él llegaron Jorge Marcos Disandro, hijo de Carlos Alberto Disandro; Marila Rut López Osornio, hija del teniente coronel; Nora Raquel Fiorentino de Castillo, mujer de Carlos Ernesto Castillo; Ana María Fromigué, hermana del asesino Eduardo Fromigué, y varios integrantes de la patota de Castillo, entre otros, Néstor Causa, Ricardo Walsh y Guillermo Visciglia. El doctor muerte. Miguel Ángel Maldonado (a) El Cacique, nacido en 1941 (L.E. 5.193.705), “doctor en Medicina, especialista en psicología médica y

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psiquiatría” –como se define de puño y letra en el legajo N° 1045 del Liceo Víctor Mercante– se desempeñaba por entonces como médico de la Policía Bonaerense y docente en el Colegio Nacional “Rafael Hernández”, también dependiente de la Universidad Nacional de La Plata. Los alumnos de este último establecimiento lo tenían identificado, desde los tiempos de la dictadura autodenominada Revolución Argentina, como un médico estrechamente ligado a la represión policial. Uno de los autores de esta investigación, que lo padeció como profesor de Higiene en quinto año, fue testigo de un episodio que revela su personalidad. Corría 1973 y Maldonado estaba dando clase en una división de quinto año. Por lo general eran clases distendidas, ya que –para los no avisados– se mostraba generalmente como un tipo simpático, que permitía fumar en clase, menos afecto a desarrollar su asignatura que a conversar en confianza con sus alumnos, como manera solapada de sondear sus posiciones políticas. En medio de una de esas charlas descubrió (sucedió por el comentario desafortunado de un compañero de clase, que dijo: “Mire, profesor, lo que tiene fulano”) que uno de los alumnos había llevado al colegio un poster del Che Guevara. De pronto, el docente simpático y confianzudo se transformó en un tipo amenazante que miró fríamente a los ojos al desafortunado poseedor de la imagen y le advirtió con dureza, usando una triste frase de Juan Domingo Perón: “¡Tenga cuidado, señor, no saque los pies del plato!” Uno de los alumnos de esa división del Colegio Nacional, Roberto Rocamora, fue asesinado por la CNU en julio de 1975. Maldonado ya era por entonces un hombre que participaba de la represión casi por un mandato hereditario. Su padre, portador del mismo nombre y también psiquiatra, había hecho de ella un culto. Luego del golpe del 24 de marzo de 1976, Miguel Ángel Maldonado (padre) fue nombrado director de la Escuela de Técnicos dependiente del Ministerio de Salud provincial. Desde el mismo día de su asunción, puso en práctica una política de terror con alumnos y empleados. A partir de varios testimonios, se pudo establecer que todas las mañanas, cuando llegaba a su despacho, obligaba a entrar primero a su secretaria o a algún otro empleado y los obligaba a revisar todos los cajones de la oficina, para ver “si hay una bomba”. Si había, que volaran ellos. También hizo correr su escritorio, que daba la espalda contra una ventana, para evitar que le dispararan “francotiradores subversivos”. Durante su gestión al frente de la escuela desaparecieron por lo menos siete personas que trabajaban allí, entre ellas tres enfermeras que también se desempeñaban en la Cruz Roja. Tras la intervención de la Universidad Nacional de La Plata, a fines de 1974, Maldonado (hijo) fue nombrado vicerrector del Colegio Nacional como parte de la avanzada ultraderechista en los claustros. En marzo de 1975, sin abandonar ese cargo, también fue asignado al Liceo Víctor Mercante, como “asesor médico”. En septiembre de 1975, el rector de la universidad, el fascista Pedro Arrighi, decidió dejar de lado ese cargo

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de ficción y lo puso oficialmente al frente del colegio, como rector. Durante su gestión fue secuestrada y asesinada por lo menos una alumna. Llegada la dictadura, Miguel Ángel Maldonado (a) El Cacique siguió trabajando como médico de la Policía bonaerense. Con la recuperación de la democracia se recicló en el justicialismo, partido por el cual fue precandidato a intendente de la ciudad de La Plata. Hoy se presenta como psiquiatra forense y consultor en psiquiatría y psicología médica, en cuyo carácter participa de programas televisivos y se desempeña como perito en causas judiciales. Quizá su actuación más recordada sea la que cumplió como perito de la defensa del odontólogo Ricardo Barreda –asesino de su mujer, sus dos hijas y su suegra–, causa en la que opinó que el acusado debía ser declarado “inimputable”. Retrato de patota con familiares. Maldonado hizo entrar el terror por las puertas del Liceo Víctor Mercante y la CNU se transformó en una fuerza de ocupación dentro del colegio, que reprimía cualquier intento de actividad política y marcaba militantes. “Entraron al Liceo como bestias, pisando duro, con pata fuerte. Por entonces, todavía se podía resistir y lo hicimos. Hubo una rebelión, en marzo o abril de 1975, encabezada por militantes del Grupo de Estudiantes Secundarios Socialistas (GRESS), con el apoyo de otras agrupaciones. Incluso paramos las clases por unos días y hubo una asamblea donde también hubo muchos padres que nos apoyaron. Pero después todo se fue diluyendo. Ellos fueron más solapados y la resistencia estudiantil fue aflojando, por desgaste y por temor”, relató un ex alumno del Liceo. Esta investigación identificó a varios de los integrantes de la CNU en el Liceo Víctor Mercante: -Jorge Marcos Disandro (DNI 10.065.067, Legajo N° 1065), hijo del creador e ideólogo de la Concentración Nacional Universitaria, Carlos Alberto Disandro. Ingresó como preceptor a principios de 1975 y terminó desempeñándose en el estratégico cargo de Jefe de Disciplina hasta 1980, ya instalada la dictadura. No era activo participante de las acciones del grupo de tareas comandado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, pero testimonios coincidentes de ex alumnos del Liceo lo definen como una pieza estratégica de la represión dentro del colegio. -Néstor Causa (a) El Chino (Legajo N° 1025), ingresó al cuerpo de preceptores del Liceo el 1° de marzo de 1975. Conspicuo integrante de la patota de la CNU, la investigación de Miradas al Sur lo ubica en varias acciones de la banda, entre ellas el secuestro y asesinato del militante barrial peronista Jorge Ruda. En su legajo, denuncia que tiene otro empleo en el Hipódromo platense, otro escenario de las operaciones de la CNU por orden del gobernador Victorio Calabró. -Guillermo Osvaldo Visciglia (DNI 10.679.774, Legajo N° 1041), ladero de Jorge Disandro, ingresó como auxiliar docente en marzo de 1975 y también fue reconocido por varios ex alumnos como integrante del aparato re-

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presivo montado en el cuerpo de preceptores. Su hermana Ana Rita también fue preceptora del Liceo en 1975. -Ricardo Walsh (a) Richi (DNI 10.353.747, Legajo N° 1042), fue nombrado preceptor el 1° de marzo de 1975. En septiembre de ese año, Miguel Ángel Maldonado lo ascendió a “coordinador asistente del rector”, es decir, lo transformó en su nexo con el grupo de tareas que operaba dentro del colegio. Walsh participó de decenas de operaciones de la banda liderada por Castillo, entre ellas, el secuestro y asesinato de la delegada de los empleados de reunión del Hipódromo de La Plata y militante de la Juventud Peronista Luisa Marta Córica. -Nora Raquel Fiorentino (DNI 10.353.781, Legajo N° 1027), viuda del CNU Martín Sala y por entonces mujer de Castillo. Ingresó como auxiliar docente el 1° de marzo de 1975. Trabajaba también en la Fiscalía de Estado y fue cesanteada en mayo de 1976, después de ser detenida cuando el grupo de tareas comandado por su marido fue desactivado por orden del jefe del Área de Operaciones 113 del Ejército, coronel Roque Carlos Presti. Entre los nombramientos de auxiliares docentes de marzo de 1975, la investigación de Miradas al Sur encontró otro que resulta muy significativo. Se trata de la incorporación de Marila Rut López Osornio, hija del subjefe del Distrito Militar La Plata y contacto del Ejército con el grupo de tareas de la CNU, teniente coronel Mario Sila López Osornio. Este militar, junto con su hijo mayor, está relacionado directamente con por lo menos dos crímenes cometidos por la patota de la CNU: los asesinatos de Enrique Rodríguez Rossi y el conscripto Marcelo Adrián Sastre, que revistaba en el Distrito Militar La Plata, ambos perpetrados en abril de 1975. Por esos días, López Osornio y su hijo también asesinaron a sangre fría, en plena calle, a Ricardo Manuel Guerra, de 31 años, un transeúnte que les pareció que los estaba vigilando. Como el hombre iba desarmado, le plantaron un revólver 38 corto y fraguaron un falso enfrentamiento en complicidad con policías de la Comisaría Primera de La Plata. Chicas muertas. El sábado 11 de octubre de 1975, en una de sus páginas interiores, el matutino platense El Día publicada un artículo titulado “Una joven fue hallada asesinada a balazos en la zona de Punta Lara”. En el texto se informaba que el cuerpo había sido encontrado por cazadores furtivos en el camino que une Villa Elisa con Punta Lara y que no se conocía la identidad de la víctima. “Se estima, según la rigidez que presentaba el cuerpo, que el asesinato se cometió alrededor del mediodía (del viernes 10), seis horas antes del hallazgo”, escribía un anónimo cronista. Recién el lunes 13 El Día dio a conocer la identidad de la víctima: Graciela René Astorga, de 20 años, alumna de quinto año del Colegio Nacional Mixto de Ensenada. También precisaba que la joven había sido asesinada mediante “disparos en la cabeza”, sin precisar el número. La policía, decía el artículo, no tenía pistas concretas para resolver el crimen.

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El miércoles 15, el mismo matutino informó sobre el hallazgo del cadáver de otra joven, en este caso una adolescente, en la misma zona. La víctima fue identificada como Susana Aurora Zanandrea, de 17 años, alumna de quinto año del Liceo Víctor Mercante. “El crimen corresponde al mismo episodio del que fue víctima Graciela René Astorga. Ambas eran amigas”, precisaba  El Día  en la bajada del título. El cuerpo también presentaba impactos de bala en la cabeza. Más de 35 años después, los autores de esta investigación han podido establecer, gracias a los testimonios de ex alumnos del Liceo cuyos nombres permanecerán en reserva, que Graciela René Astorga y Susana Aurora Zanandrea no sólo eran amigas, sino que ambas mantenían relaciones afectivas con sendos integrantes de la Concentración Nacional Universitaria que por entonces formaban parte del plantel de auxiliares docentes del Liceo Víctor Mercante. “Zanandrea estaba saliendo con uno de los preceptores, de los de la CNU, pero no se había dado cuenta de cómo venía la mano con esos tipos. Cuando algunos compañeros la avivaron, se abrió y cortó con él. Fue pocos días antes de que la mataran. A ella y a la otra chica”, relató a Miradas al Sur uno de esos ex alumnos del Liceo. Otra fuente, también del Liceo Víctor Mercante, dio otra versión a los autores de esta investigación: “Después del asesinato de las chicas, uno de los preceptores de la CNU se acercó a un grupo de estudiantes, entre los cuales había algunos militantes de izquierda que estábamos perfectamente identificados por ellos, y nos preguntó si sabíamos algo sobre el asesinato de Susana (Zanandrea). Estaba preocupadísimo y pensaba que podía haber sido algo preparado por una organización de izquierda, lo cual era ridículo. Después empezó a correrse la bola de que el secuestro y asesinato de las chicas tuvo que ver con un ajuste de cuentas de una patota sindical de Buenos Aires con la CNU platense, y que les habían pegado ahí, donde les podía doler”, explicó. La Justicia jamás investigó estos dos crímenes. Listado. El 24 de diciembre pasado, los autores de esta investigación publicaron en Miradas al Sur un listado provisorio de 58 víctimas del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) platense, comandado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio. Hoy, menos de un mes después de la publicación, a aquella lista se deben agregar otros tres nombres. Los nombres que se suman son los de Susana Aurora Zanandrea, de 17 años, alumna de quinto año del Liceo Víctor Mercante, y de Graciela René Astorga, de 20 años, estudiante del quinto año del Colegio Nacional Mixto de Ensenada . A ellos hay que agregarle el del por entonces intendente de la Ciudad de La Plata, profesor Rubén Cartier, asesinado el 14 de julio de 1975. Con estas tres víctimas, la lista suma 61 muertos, pero aún dista mucho de estar completa.

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LLUVIA DE BALAS PARA UN INTENDENTE QUE MOLESTABA 5 de febrero de 2012

El 14 de julio de 1975, la CNU asesinó al jefe comunal de La Plata, Rubén Cartier, por orden del gobernador Calabró. Poco a poco, la calefacción del Dodge Polara le ha devuelto el calor al cuerpo todavía vivo del intendente de La Plata, Rubén Cartier. El reloj que lleva en la muñeca izquierda marca las 20.45 y el frío de la noche del 14 de julio de 1975 es feroz. Los informes meteorológicos aseguran que forma parte de una ola que se prolongará por varios días. Cartier y sus acompañantes –su secretario privado, Alfredo Otero, y el director de Tránsito de la Comuna, Manuel Balverde– no hablan del frío, sino de un tema cada día más caliente: el enfrentamiento entre la ortodoxia política del Justicialismo, a la cual pertenece el intendente, con el gobierno bonaerense de Victorio Calabró, cuyos contactos con sectores golpistas ya son un secreto a voces. De eso tratará la reunión a la que Cartier tiene previsto concurrir en el Hotel República de la Capital Federal, donde lo espera el gobernador de una provincia del norte argentino, también enfrentado al sindicalismo y alineado con Isabel Perón. El chofer Edgardo Villalba conduce con pericia, aunque un poco ausente. Es casi un reflejo que tiene para no distraerse con las conversaciones que el intendente suele mantener en el auto con sus ocasionales acompañantes. Ninguno de ellos sabe que esa tarde Alberto Bujía (a) el Negro, mano derecha de Calabró, ha salido con una orden precisa de la residencia donde el gobernador bonaerense se repone de una gripe. Tampoco que, por imperio de esa orden, un grupo de tareas integrado por culatas sindicales y miembros de la patota de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) ha abordado dos vehículos, una camioneta Chevrolet último modelo y un Ford Falcon 1974, para salir hacia Buenos Aires detrás del auto del intendente. La orden que han recibido es clara: tienen que hacerlo en el camino, lejos de La Plata. Poco antes de las 21, el Dodge Polara ingresa a la avenida Mitre, última parte del trayecto a Buenos Aires. Entonces, los otros dos vehículos, que lo han seguido a más de cien metros, acortan la distancia. La camioneta –amarilla, con llamativas rayas rojas– encabeza la marcha, el Ford Falcon va atrás, como apoyo. Los asesinos no actúan todavía. Están esperando a que el auto del intendente entre en la jurisdicción de la comisaría de Sarandí, a la cual se le ha dado la orden de liberar la zona. No es una orden extraña para los policías, que se han acostumbrado a recoger los cadáveres acribillados que les deja la banda del Indio Castillo.

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Faltan pocas cuadras para que el Dodge llegue al puente Sarandí cuando el conductor de la camioneta aprieta el acelerador y se pone a la par del auto del intendente. Nadie, dentro del Polara, presta atención a la maniobra. Villalba cree que la camioneta simplemente quiere adelantarse. Por eso, la lluvia de plomo que escupe la camioneta los sorprende. Son balas de ametralladora y de Itaka. Decenas de balas, que la CNU no acostumbra a economizar cuando se trata de matar. La mayoría se concentra en el asiento trasero del Dodge, donde están sentados Cartier y Balverde. El intendente muere instantáneamente; el director de Tránsito queda herido de gravedad y agonizará durante horas, antes de morir en el Hospital de Avellaneda. En el asiento delantero, Otero recibe heridas leves; el chofer Villalba demorará minutos en convencerse de que está milagrosamente ileso. El Dodge, perforado por las balas, queda detenido a un costado de la avenida Mitre. La camioneta y el Ford Falcon se pierden en dirección a Buenos Aires, con la misión cumplida. Lavado de manos. Desde un primer momento, el gobierno de Victorio Calabró intentó endosarle el atentado a la izquierda peronista. La versión resultaba difícil de creer, ya que el intendente platense, aunque enrolado en la ortodoxia peronista e incondicional del gobierno nacional, no era un objetivo lógico para Montoneros. El gobernador, a través del secretario general de la gobernación, Juan De Stéfano, repudió el atentado. La CNU platense intentó despegarse del asesinato con un comunicado donde expresaba su “más enérgico repudio por este nuevo hecho de sangre que enluta al país y que, como muchos anteriores, forma parte de la estrategia del enemigo sinárquico, cuyos objetivos son la destrucción del Movimiento Nacional Justicialista y de la Nación Argentina”. Como la versión del atentado por izquierda no cuajó, el gobierno bonaerense hizo llegar a periodistas de confianza otro rumor: que se trataba de un ajuste de cuentas por cuestiones de dinero y que, al ser asesinado, Cartier se dirigía a Buenos Aires llevando consigo una fuerte suma en pesos argentinos, dólares y pesos mexicanos con la intención de irse del país. Esta versión también era completamente falsa. Cuando fue asesinado, Cartier iba a Buenos Aires para reunirse con el gobernador de La Rioja, Carlos Menem, quien se encontraba en la Capital Federal para participar de una reunión de gobernadores para elaborar un documento con dos ejes centrales: el apoyo a la gestión de Isabel Perón y un pedido de reorganización interna del Justicialismo. El documento –de más de mil palabras– fue dado a conocer el 15 de julio, con la firma de todos los gobernadores provinciales a excepción de uno: el bonaerense Victorio Calabró, quien según informaron los diarios del día siguiente, no había podido ser ubicado por sus colegas ni siquiera telefónicamente. Muchos años después, en 2008, Carlos Menem confirmaría en una entrevista realizada por Pacho O’Donnell y publicada por la revista Gente, que Cartier iba a Buenos Aires para reunirse con él. “Eran tiempos de la ominosa Triple A.

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No tardaron en hacerme saber que me iban a matar. No le di mayor importancia –relató, canchereando, para luego seguir-. Había combinado una entrevista con el intendente de La Plata, Rubén Cartier, y lo esperé en mi habitación del Hotel República. Pero quienes llegaron fueron el gordo Gostanián y otros amigos, muy alterados, con la noticia de que a Cartier lo habían asesinado mientras se dirigía a nuestro encuentro. Entonces me trajeron a esta quinta (la de Gostanían, donde se realizó la entrevista con Pacho O’Donnell), tirado en el piso del auto, custodiado por algunos de la Federal que me eran leales y después, en cuanto se pudo, viajé a La Rioja, donde estaba más seguro.” La ofensiva de Calabró. “El asesinato de Cartier fue consecuencia de la lucha política de la vieja ortodoxia justicialista con el sector gremial que había irrumpido en la dirección del Movimiento y que representaba a lo más rancio del viejo vandorismo. Calabró, además, ya estaba teniendo contactos con los militares golpistas. Cartier, que estaba alineado con Isabel, lo enfrentaba y lo resistía desde la intendencia de la capital provincial. Calabró utilizaba a la CNU para sacarse de encima a quienes lo enfrentaban; el atentado contra Cartier hay que leerlo en ese contexto”, dijo a  Miradas al Sur  un dirigente peronista que era concejal platense en 1975. Muerto Rubén Cartier, la intendencia de La Plata quedó a cargo del presidente del Concejo Deliberante, Juan Pedro Brun, un dirigente del gremio platense del Turf. Desde que había asumido como gobernador –tras el desplazamiento de Oscar Bidegain-, Calabró había desplegado fuerzas en el Hipódromo de La Plata, que utilizaba para hacer caja. Como parte de esa ofensiva, había nombrado allí a varios notorios integrantes de la CNU. La primera directiva que el flamante intendente Brun recibió de Calabró fue casi una amenaza. De acuerdo con el reglamento, la presidencia del Concejo Deliberante debía quedar a cargo de su vicepresidente 1°, Babi Práxedes Molina, un dirigente que pertenecía a la izquierda peronista. “Si asume Molina, intervengo la intendencia”, le dijo Calabró a Brun. Para evitar la intervención, Molina renunció a la vicepresidencia del cuerpo y en su lugar asumió la concejal Centenari Heredia, afín al gobernador.

MATAR A UNA NOVIA 12 de febrero de 2012

El asesinato de Susana Zanandrea, entre la represión fascista en el Liceo Víctor Mercante y un ajuste de cuentas de la CNU. No puedo venir más al colegio. No voy a poder terminar.” La voz de Susa-

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na Aurora Zanandrea les sonó apagada esa mañana a las dos compañeras de quinto año del Liceo Víctor Mercante que la escucharon. Corrían los primeros días de octubre de 1975 y estaban en el patio. No recuerdan (las dos que están vivas) si tenían hora libre o se habían rateado de una clase, pero sí que las tres se habían sentado en el alfeizar de una ventana y que les dijo, cuando les faltaban apenas dos meses para recibirse de bachilleres, que no iba a poder ir más al colegio. Susana venía faltando seguido en los últimos tiempos, sin dar explicaciones. Algunos de sus compañeros –no muchos– sabían que Susana era huérfana de padre y que tenía problemas en la casa. No de ahora, sino desde hacía mucho tiempo. Por eso las dos compañeras que esa mañana conversaron con ella en el patio pensaron que la cosa venía por el lado familiar, que podían darle una mano. –Susana, falta poco. Si seguís faltando vas a quedar libre. Dale, no aflojés, nosotras te ayudamos con las materias –le dijo una de ellas. -No, no es por eso –les respondió. Susana no dijo nada más y ellas, quizás para no incomodarla, tampoco insistieron. “Ella no decía nada y nosotras interpretamos eso, que era porque tenía problemas en la casa. Después, siempre nos dijimos que si ella nos hubiera dicho que la estaban por matar hubiésemos juntado plata para que se fuera. Yo creo que en esa época si se iba a Córdoba se solucionaba, pero no sabíamos nada. Aunque no éramos ingenuas, no nos dio para pensar otra cosa”, recordó más de 35 años después una de esas compañeras. Los testimonios incluidos en esta nota pertenecen a once ex alumnos –siete mujeres y cuatro varones, cuyos nombres permanecerán en reserva– que cursaron en 1975 quinto año en el Liceo Víctor Mercante, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata. La CNU en el liceo. Eran tiempos difíciles en el país, en la ciudad y en el Liceo Víctor Mercante. El año anterior las clases habían terminado abruptamente en el colegio, a mediados de octubre, luego de que una bomba colocada por un grupo de ultraderecha, con apoyo policial, explotara en una de las dependencias de la Facultad de Ciencias Económicas, lindante con el Liceo. Cuando se inició el año lectivo de 1975, los alumnos se encontraron con que la directora había sido reemplazada por una interventora, María Concepción Garat, una vieja profesora de estilo autoritario a la que pronto algunos alumnos bautizaron como La Momia. Los antiguos preceptores también habían sido cambiados por otros, la mayoría de ellos pertenecientes a la Concentración Nacional Universitaria (CNU). Para octubre, cuando Susana Aurora Zanandrea les dijo a sus compañeras que no podía seguir yendo al colegio, los alumnos del Víctor Mercante ya habían identificado claramente a los represores puestos por la intervención. Les temían y también, a pesar del miedo, los resistían. Muchos ya habían

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sido sometidos a presiones y vejaciones. Cinco de ellos, amenazados abiertamente de muerte, habían tenido que dejar el colegio para salvar sus vidas. Sin embargo, a nadie se le ocurrió pensar que Susana podía estar en peligro. Según sus compañeros, no tenía militancia política alguna ni tampoco era particularmente rebelde. Pero, por sobre todas las cosas, tenía un vínculo que parecía hacerla intocable: desde hacía meses mantenía una relación afectiva con uno de los preceptores más pesados, Ricardo Walsh. Otras de las alumnas de quinto año, María Marta Aragón, estaba de novia con otro miembro de la patota de Castillo, Néstor Causa. Fuerza de ocupación. Los preceptores de la CNU entraron pisando fuerte al colegio, para que no hubiera dudas de quiénes mandaban. El año empezó con una serie de medidas represivas, muchas de ellas recortando libertades obtenidas en los años anteriores por los alumnos del Liceo. Las minifaldas de las mujeres (a las que calificaban de “putas y drogadictas”) debieron dejar paso a las polleras hasta las rodillas, los varones tuvieron que cortarse el pelo y se prohibió fumar en los patios. Todas medidas sostenidas no sólo por el nuevo “reglamento” sino con violencia. Cuando un preceptor entraba al aula, los alumnos debían ponerse de pie y saludarlo con un “buen día, señor”. Si hacían ruido con los bancos al levantarse, debían repetir la operación y el saludo hasta que los caprichosos oídos del preceptor de turno no percibieran sonido alguno. Entraban en los baños, incluidos los de mujeres, sin aviso, con la excusa de vigilar si estaban fumando a escondidas o para descubrirlos pintando las paredes con consignas contrarias a las autoridades. “La mayoría de las pintadas de los baños no eran de agrupaciones políticas sino de estudiantes independientes, como muchos de nosotros, que no tolerábamos la situación. Las firmábamos como ‘estudiantes independientes en lucha’ y reclamábamos por nuestras libertades o denunciábamos a profesores y preceptores autoritarios”, recordó una de las ex alumnas. En por lo menos una ocasión, a raíz de esas pintadas en los baños, los preceptores obligaron a todos los alumnos de quinto año a salir de las aulas, los pusieron contra la pared –a algunas divisiones al estilo policial, todos en fila, apoyando las manos contra el muro y abriendo las piernas– mientras les revisaban carpetas y cuadernos para “hacer una pericia caligráfica” que permitiera descubrir a los autores de la pintada. A varios alumnos varones, mientras permanecían contra la pared, los preceptores les patearon los tobillos. Las amenazas e intimidaciones se multiplicaron: “Richi  Walsh y  El Chino Causa iban armados al colegio. Walsh, al que en voz baja habíamos bautizado como Quasimodo, directamente no ocultaba el fierro, más bien que lo ostentaba”, relató a Miradas al Sur un ex alumno. Otros coincidieron en la apreciación. También, aseguran algunos de ellos, había armas guardadas en la preceptoría del Liceo, que funcionaba como base de operaciones de la CNU. La situación estalló en abril cuando uno de los preceptores golpeó a uno de

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los pibes, en el patio, frente a sus compañeros. Para castigarlo por una supuesta falta –apenas un sonoro eructo–, El Chino Causa lo hizo poner firme frente a un grupo de preceptores y lo golpeó. Luego lo amenazó de muerte: “Te voy a meter siete tiros en la cabeza”, le dijo. Los alumnos denunciaron lo ocurrido y, al día siguiente, un grupo de padres intentó dialogar con la interventora. María Concepción Garat no los recibió y huyó del colegio –acompañada por su hermana, profesora de Arte– por una puerta lateral. “Eso desató un escándalo, porque muchos de los padres de los alumnos del Liceo eran profesionales reconocidos de la ciudad, algunos de ellos con fuertes vinculaciones con la universidad, el poder político y el poder judicial. Las hermanas Garat no volvieron a aparecer por el Liceo y los de la CNU aflojaron un poco, pero no mucho, la represión. Poco después asumió Maldonado como rector y se quiso hacer el más flexible y simpático, pero en realidad era un cambio de imagen, nada más, porque, aunque de manera un poco más velada, nos seguían amenazando y reprimiendo. Incluso fue peor”, relató otra ex alumna a Miradas al Sur. La identificación de militantes de agrupaciones de izquierda y de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) era un objetivo central del cuerpo de preceptores. Si tenían apellidos judíos, todavía más. La práctica habitual era revisar los bolsos y portafolios de alumnas y alumnos en busca de volantes o cualquier otro material político. Así descubrieron a varios, que a partir de entonces vivieron en estado permanente de amenaza. En el caso de una alumna de quinto año que fue descubierta con volantes en su portafolio, el propio Miguel Ángel Maldonado tomó cartas en el asunto. Llamó por teléfono al padre de la alumna, a quien conocía por razones profesionales, ya que también era médico, y le dijo sin anestesia: “¡Saque a sus hijas del país, porque están marcadas!”. La adolescente, de 17 años, debió abandonar el colegio a pocos meses de obtener su título de bachiller y poco después –tras la irrupción de una patota conjunta de policías e integrantes de la CNU en su casa– partió junto con su hermana al exilio. Por lo menos otros cuatro alumnos sufrieron situaciones similares y tuvieron que dejar el colegio. Nada de eso le ocurría a Susana Aurora Zanandrea, que continuaba su noviazgo con el CNU Richi Walsh. Sin embargo, algunos de sus compañeros, que la apreciaban, comenzaron a advertirle que se alejara del coordinador de preceptores, porque se estaba poniendo en peligro. No los escuchó. Mientras tanto, María Marta Aragón –que cursaba también quinto año, pero no en la misma división que Zanandrea– anunciaba su compromiso con  El Chino Causa. A ella ya hacía rato que la mayoría de sus compañeros le habían hecho el vacío por esa relación. Compromiso con granada de mano. La fiesta de compromiso de Néstor Causa con María Marta Aragón terminó de manera explosiva. La celebraron a mediodía con un gran asado que los comensales no alcanzaron a probar

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porque, mientras se iba haciendo a fuego lento en el patio de la casa elegida para el festejo, alguien arrojó una granada por sobre la pared. La explosión mató a un tío del Chino y pasó a mejor vida a un perro que merodeaba la carne. Otros invitados –entre los que se encontraba la patota del Indio Castillo a pleno– resultaron con heridas leves. Esa noche, el grupo de tareas de Castillo perpetró una represalia que tuvo como blanco las casas de cuatro alumnos de quinto año del Liceo Víctor Mercante. Con su modus operandi habitual, la patota golpeó las puertas identificándose a los gritos como una partida policial y, una vez adentro, redujo a los miembros de las familias a punta de armas largas y los reunió en alguna de las habitaciones de las casas. Luego destrozaron muebles y otras pertenencias y robaron cuanto objeto de valor tuvieron a su alcance. Sin embargo, esa noche y contra sus costumbres, no secuestraron ni asesinaron a nadie. “Fue una acción claramente intimidatoria, tal vez pensando que algún militante de la UES del Liceo había pasado el dato del compromiso del Chino. Tal vez porque no estaban seguros de que hubiera sido así no mataron a nadie”, evaluó un ex alumno del Liceo que fue entrevistado para esta investigación. “Al día siguiente, cuando llegamos al colegio y nos enteramos de lo que había pasado, mirábamos a los preceptores y nos preguntábamos cuáles de ellos habían sido. Estábamos aterrorizados, pensando que cualquier noche nos podía pasar también a nosotros”, agregó. La versión que corrió por esos días fue que el ataque contra la fiesta de compromiso de Causa había sido obra de Montoneros, aunque esa organización nunca se adjudicó la autoría de la operación. A la luz de una serie de acontecimientos que ocurrirían con el correr de los días y que pudimos reconstruir, es posible plantear otra hipótesis: que ese atentado –como otros dos hechos registrados con diferencia de días– fue resultado de un enfrentamiento entre dos grupos de tareas de ultraderecha que hasta poco antes habían jugado para el mismo lado. La división se produjo a partir de la distancia que Calabró, había comenzado a tomar del gobierno nacional de Isabel Perón, al tiempo que se acercaba a los militares golpistas. Ese enfrentamiento, incluso, puso en veredas opuestas a algunos asesinos que, hasta no hacía mucho, habían actuado juntos en las patotas de la Concentración Nacional Universitaria. Víctima de un ajuste de cuentas. Aquella mañana de principios de octubre en el patio del Liceo Víctor Mercante fue la última vez que sus compañeros vieron a Susana Aurora Zanandrea. La joven, de 17 años, dejó de ir al colegio. Una semana después, el sábado 11 de octubre de 1975, el diario platense El Día dio la noticia del hallazgo del cadáver de una joven, con cuatro balazos en la cabeza, en el camino que une las localidades de Villa Elisa con Punta Lara, dos localidades aledañas a La Plata. El cuerpo pudo ser identificado recién dos días después: se trataba de Graciela René Astorga, alumna

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de quinto año del Colegio Nacional Mixto de Ensenada, que vivía con sus padres en la calle Gerez 709, de esa localidad, también cercana a La Plata. Lo que El Día no publicó en ese artículo fue que Astorga era amiga de Susana Aurora Zanandrea y que, como ella, mantenía una relación afectiva con uno de los integrantes de la patota de la CNU. El matutino platense tampoco informaba que Susana Zanandrea había salido de su casa el jueves a la noche para encontrarse con Astorga y que, desde entonces, estaba desaparecida y su familia la buscaba. Su cadáver fue encontrado recién el martes 14, con dos balazos en la cabeza, a poca distancia del lugar donde había sido hallada su amiga. En su edición del miércoles 15, El Día informó: “De acuerdo a los antecedentes conocidos (la amistad entre ambas víctimas, el encuentro de ambas la noche del jueves y el estado en que se encontraban los restos de Susana Aurora), induce a suponer a los investigadores que las jóvenes fueron llevadas en automóvil y asesinadas a balazos por quienes previamente las habrían secuestrado en un sector de nuestra ciudad. Susana Aurora, según determinose (sic) por la autopsia, presentaba dos perforaciones de bala de calibre 22 o 38 largo en la cabeza. Hasta el momento, la policía carece del menor indicio para encauzar la investigación del doble asesinato”. A los investigadores policiales no se les ocurrió siquiera interrogar a los compañeros de colegio de Zanandrea y Astorga. Tampoco establecieron sus vínculos con dos reconocidos integrantes de la patota de la CNU, a la que la policía bonaerense liberaba las zonas para que realizaran sus operaciones. Tampoco pareció llamarles la atención que los cuerpos aparecieran en uno de los lugares preferidos por la banda de Castillo para sembrar los cadáveres de sus víctimas. Al día siguiente del hallazgo los compañeros de Susana Zanandrea llegaron al Liceo consternados y aterrorizados. “Estábamos seguros de que las habían matado ellos. Los mirábamos, sobre todo a Richi, y pensábamos: ‘¿Habrá sido él?’”, recordó una ex alumna. En un primer momento se negaron a entrar al colegio, pidiendo que se decretara día de duelo, pero las presiones de Maldonado y los preceptores, sumadas al terror que sentían, terminaron quebrando todo intento de protesta. En ese contexto nadie reparó en otros dos asesinatos ocurridos la noche del 12 de octubre, en Florencio Varela. El oso por el polaco y algo más. La noche del domingo 12 de octubre de 1975 un grupo de tareas de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A) irrumpió en la parrilla Mi Estancia, de la localidad de Florencio Varela, donde Eduardo Fromigué (a) El Oso y Juan Carlos Acosta estaban comiendo con sus respectivas mujeres. El grupo, que respondía a las órdenes de Aníbal Gordon (a) El Viejo y estaba integrado entre otros por Alejandro César Enciso (a) Pino y el Indio Castillo, ametralló la mesa donde estaban las

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dos parejas. Sólo sobrevivió la mujer de Fromigué, Silvia Rodríguez, quien reconoció a esos y otros atacantes. Por entonces, Fromigué era custodio del secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Lorenzo Miguel, pero había participado en varias acciones de la patota de la CNU comandada por el Indio Castillo. Fromigué y la banda de la CNU se distanciaron a partir del asesinato, poco después del operativo “Once por Ponce”, de otro notorio integrante de la CNU platense devenido también culata de Lorenzo Miguel, Hugo Dubchak (a) El Polaco. Los pormenores de este último asesinato exceden el contenido de esta investigación. Basta con decir que Fromigué y Acosta estaban entre quienes mataron al Polaco y que eso no se les perdonó. La participación de Castillo –y posiblemente de otros miembros de la patota de la CNU platense– en el asesinato de Fromigué pocos días después del ataque contra la fiesta de compromiso del Chino Causa y apenas dos días después de los asesinatos de Zanandrea y Astorga (vale repetirlo, parejas de dos laderos del Indio) no puede ser pasada por alto. Más aún, da fuerza a la hipótesis que propone a todos esos hechos como parte de ajustes de cuentas cruzados en el marco del enfrentamiento entre dos bandas paraestatales de ultraderecha cuyos integrantes se conocían muy bien. Y también arroja nueva luz sobre los asesinatos de las dos jóvenes. Mientras tanto, por esos días, en el patio del Liceo Víctor Mercante, el rector interventor del establecimiento, Miguel Ángel Maldonado (a) El Cacique, se acercó a un grupo de compañeros de Zanandrea y les dijo, con un tono que en aquel momento les resultó difícil de precisar: –¡Qué cosa lo de esta chica! ¿Ustedes sabían si andaba en algo raro? A mí siempre me pareció un poco ligerita… Nadie se atrevió a contestarle.

UNA MÁQUINA DE DORMIR CAUSAS 26 de febrero de 2012

Arnaldo Corazza, el magistrado que investiga a la CNU, enfrenta una queja por “retardo de justicia”.

Las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Justicia Ya y Abuelas de Plaza de Mayo de La Plata están evaluando la posibilidad de presentar ante la Cámara Federal un recurso de queja por retardo de justicia contra el titular del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, Arnaldo Corazza –quien tiene a su cargo el grueso de las causas por los crímenes cometidos por el grupo de tareas platense de la Concentración Nacional Universitaria (CNU)–, en otras tres causas relacionadas con crímenes de lesa humanidad.

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La presentación del recurso se debe a las tardanzas del magistrado en dictar las medidas solicitadas por los querellantes y por los fiscales (básicamente citaciones y procesamientos de policías identificados como integrantes de patotas represivas) en las causas que investigan los crímenes cometidos en los centros clandestinos del Pozo de Quilmes, el Pozo de Banfield y la Brigada de San Justo. Según fuentes judiciales, en estos tres casos, además de no responder a los pedidos e ignorar las solicitudes de pronto despacho presentados en abril y en diciembre de 2011, el juez corrió vista a la Fiscalía y a las querellas para cerrar la instrucción y elevar las causas a juicio en las condiciones actuales, en las que prácticamente no hay detenidos ni procesados, más allá de un grupo de policías ya condenados o procesados por otros delitos. “En todas las causas importantes (Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, comisarías de San Justo y Lanús) y en las residuales de Arana, Comisaría Quinta de La Plata y Brigada de Investigaciones, los acusados son siempre los mismos: un copy-paste de los ocho comisarios que aparecen en las causas madres de Camps y Etchecolatz. “En realidad ahora son siete porque uno de ellos falleció”, explicó a Miradas al Sur  un abogado cercano a las querellas. “Según la jurisprudencia deben darse dos condiciones básicas para que proceda un recurso por retardo de justicia: la primera es que la causa objeto del recurso esté en condiciones de que se dicten los pronunciamientos solicitados y la segunda es que los plazos legales estén vencidos. Para las querellas ambos requisitos estarían plenamente acreditados para interceder el recurso que, de prosperar, permitiría la intervención del tribunal superior para eventualmente obligar al Juzgado a resolver favorablemente las solicitudes de los querellantes y las requisitorias fiscales”, agregó. En este contexto, pudimos saber que el accionar del juez Corazza y de su secretario, Ricardo Botto, también provoca preocupación entre las querellas de las causas que deben investigar el accionar del grupo de tareas de la CNU platense. Se trata de una preocupación que no carece de fundamentos, no sólo porque estos procesos avanzan con llamativa lentitud, sino debido a una serie de actitudes que viene tomando el secretario Botto ante querellantes y testigos. El amanuense funcional. Nombrado por Corazza como titular de la Secretaría Especial del Juzgado, Ricardo Botto es el hombre de confianza del juez. “La Secretaría Especial está conformada por Botto, Mariano Pérez y Pablo Schapiro. Pero es evidente que todo el poder sobre la operación cotidiana y los procedimientos procesales recae sobre Botto, quien es el que concede audiencias, organiza reuniones, sugiere cursos de acción, y ordena o desestima las medidas y procedimientos”, nos describió una fuente del juzgado platense. Ricardo Botto trabajó en la década de los ’90 y principios de 2000 en el juzgado de Corazza como empleado común, sin cargos o responsabilidades importantes. En 2007 pasó a la Cámara de Apelaciones donde llegó a ser prosecretario. Estuvo poco tiempo. “Lo eyectamos por inútil”, dijo a este domini-

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cal un abogado que se desempeña en la Cámara. Volvió entonces al Juzgado Federal Nº3 de La Plata donde –con el egreso casi simultáneo de dos antiguos secretarios, Juan Martín Nogueira y Edgardo Salatino a fines de 2009– fue designado por el juez en la Secretaría Especial. El procedimiento para los nombramientos del personal que no concursa es absolutamente discrecional: los jueces y camaristas designan prácticamente “a dedo” sus colaboradores con el sólo requisito formal del título de abogado para secretarios y prosecretarios. “El nombramiento de Botto muestra los resultados de este proceder, que deja mucho margen para que la carrera judicial de cualquier ingresante se construya en base a relaciones de parentesco, amistad, afinidad política, religiosa o simple azar. Corazza eligió a Botto por considerarlo fiel, pero se trata de un hombre que no tiene ninguna formación jurídica sólida, ni en los fundamentos filosóficos ni en los vericuetos procesales”, explicó a Miradas al Sur un abogado penalista que suele fatigar los pasillos del Juzgado platense. La impresión unánime de varios abogados querellantes consultados por los autores de esta investigación es que su falta de conocimientos, su impericia y cierta animosidad o displicencia en el trato con letrados, querellantes y testigos resultan en un perjuicio objetivo en la marcha de los juicios. “Cuando los abogados discuten con él sobre las causas, es evidente que las conoce apenas superficialmente, no sabe los detalles, no recuerda nombres de acusados, detenidos o prófugos, no expone claramente líneas de investigación a seguir y, sobre todo, no avanza en la citación e indagatoria de personal policial denunciado por las querellas”, precisó uno de ellos. Botones para una muestra. Sin embargo, Botto no puede hacer nada sin la anuencia de Corazza. “Quien imparte justicia es el juez. El secretario es un funcionario que no tiene poder de decisión. Y si hay un planteo que no fue resuelto en un juzgado cuando debería haber sido resuelto (por ejemplo, un pedido de excarcelación o un habeas corpus, que son presentaciones que sí o sí deben ser resueltas, por la negativa o por la positiva), el retardo de justicia se presenta ante la inacción del magistrado. En todo caso, si existe alguna responsabilidad del secretario, que sólo da fe de la actuación del magistrado, el juez deberá promover un sumario administrativo para deslindar su responsabilidad. Pero en el proceso en sí, el que manda y el que es responsable es el juez”, explicó el penalista Rodolfo Yanzón. La investigación de Miradas al Sur recogió algunos ejemplos del accionar del tándem Corazza-Botto. Causa Brigada de investigaciones de La Plata: la Fiscalía emitió requisitorias para el procesamiento de 29 represores. Fueron procesados 12, sólo seis de ellos continúan detenidos y algunos con prisión domiciliaria. Aquí corre también la impunidad biológica: de los 29 solicitados, cuatro murieron sin ser citados. Causa Pozo de Banfield: en el inicio de la causa, cuando se discutía el camino a seguir y los probables enjuiciamientos de personal policial, Botto –hablando del titular de la Brigada sede del centro de detención– manifestó: “Yo no sé

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si este comisario sabía que en la comisaría funcionaba un centro clandestino”. Es como decir que Chamorro no sabía que funcionaba un centro clandestino en la Esma. Los querellantes tenían identificados a 32 represores de los cuales ninguno ha sido citado a declarar, ni siquiera en calidad de testigos. Causa Pozo de Quilmes: están identificados en detalle 41 represores. No hay imputaciones ni citaciones. Causa Comisaría Quinta: las requisitorias fiscales solicitaron 30 procesamientos. Se concretaron sólo nueve, de los cuales hay tres en prisión y –otra vez la biología– dos fallecidos. Escuela Naval de Río Santiago: en diciembre de 2010 el juzgado ordenó una inspección ocular de las instalaciones. En ese acto, varios ex detenidos reconocieron con precisión las características del lugar. Se solicitó –y finalmente se logró– que el Juzgado dicte medida de no innovar sobre esas instalaciones a fin de preservar su estado actual. Botto se opuso férreamente a la medida argumentando que no “se le podía hacer eso a una institución como la Marina”. No sería ajena a esa postura su amistad con un abogado que defiende los intereses de la Armada. “A full con la CNU.” Los autores de esta investigación han señalado en reiteradas ocasiones la lentitud con que avanzan las causas por los secuestros y asesinatos cometidos por la banda de la CNU platense radicadas en el juzgado de Corazza. Hasta ahora hay solamente dos detenidos: Carlos Ernesto Castillo (a) el Indio y Juan José Pomares (a) Pipi. Varios de los querellantes se han quejado a Miradas al Sur por lo que consideran maltratos, intimidaciones y muestras de negligencia por parte del secretario especial de ese Juzgado, Ricardo Botto. Aquí van algunos ejemplos: –Durante una reunión con un funcionario provincial, en la oficina de Botto, el secretario salió de su despacho y dejó la puerta abierta. Mientras lo esperaba, el atónito funcionario vio circular por el pasillo, sin esposas, a Carlos Ernesto Castillo. Lo vivió como una intimidación. –En el momento que familiares de una de las víctimas de la patota de la CNU estaban dialogando con uno de los auxiliares de Botto, éste entró a la oficina y, sin mirarlos, se dirigió a su subordinado. “Fulano (mantendremos este nombre en reserva) vino como querellante y tuvo que irse como testigo protegido”, le dijo sin que viniera a cuento. –A principios de este mes, otro querellante, cuyo hermano fue asesinado por la CNU en 1975, se presentó en el Juzgado para aportar el domicilio de un integrante de la patota de Castillo. Lo atendió Botto. “No le prestó ninguna atención a la información. Ni siquiera quiso revisar el número de la causa. Sin embargo, nos dijo que uno de los canas que había sido miembro de la CNU de La Plata, que le había ofrecido entregarle a todos los miembros de la patota a cambio de su inmunidad, confesó haber participado de muchas de las operetas de la patota, y que se los quería entregar porque era el único

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que había quedado fuera de la repartija. Y nos explicó que por ‘razones de ética’ había rechazado el acuerdo. Lo extraño es que a pesar de que  este hombre le confesó su participación, no fue detenido ni en ese momento ni nunca”, relató a los autores de esta investigación. Mientras tanto, ante abogados de otras querellas que se quejan por la lentitud del Juzgado, Ricardo Botto defiende su inoperancia –y la de su jefe, Arnaldo Corazza– con una frase sorprendente: “Lo que pasa es que estamos a full con la causa CNU”.

EL DISCRETO ENCANTO DE SER FACHO 11 de marzo de 2012

La breve y opaca historia de Carlos Alberto Disandro, mentor ideológico de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), el grupo de la ultraderecha peronista que se puso al servicio del terrorismo de Estado. Es noviembre de 1966 y en la puerta del local del Sindicato de Obreros y Empleados del Ministerio de Educación de la Provincia de Bs As., en la calle 13, hay un cartel que anuncia –a las 19 horas– una disertación del profesor Carlos Alberto Disandro auspiciada por el Instituto de Cultura Clásica Cardenal Cisneros, la revista La Hostería Volante y la editorial Montonera. En el salón de actos, un lugar no demasiado grande, desafiando el calor y la humedad platense, se agrupan algunas decenas de personas, la mayoría jóvenes. Es fácil reconocer a los pertenecientes a Tacuara o a la Unes (Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios) por el pelo cuidadosamente engominado, las camisas color kaki, sacos y camperas negras y, en general, por una actitud entre marcial y adusta que encaja perfectamente en un escenario austero, de pobre iluminación y una simple mesa recubierta con un paño verde. A esa mesa se sienta, solo, el profesor Disandro y comienza su alocución que titula “Respuesta de un aborigen a Toynbee”. Es el largo recorrido por un texto que, si bien lee, da la impresión de saber de memoria. Arnold Toynbee es un historiador inglés que recorre América latina “vendiendo” su teoría de la necesidad de un gran acuerdo EE.UU.-URSS para salvar a la Humanidad del cataclismo nuclear. El denso ensayo-respuesta que Disandro lee con voz monocorde ahonda en sus temas dilectos: la Patria como suma de Tierra, Pueblo, Nación y Estado, su defensa como deber y derecho ante el embate combinado de la sinarquía y los poderes imperiales comunistas y capitalistas, la continuidad espiritual con un Occidente helénico, católico preconciliar y respetuoso de la tradición hispánica, y la necesidad imperiosa de combatir por todos los medios al inva-

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sor furtivo que intenta conquistar a “la juventud, los institutos de formación de las FFAA y los estamentos intelectuales y religiosos.” Para Disandro: “El poder de EE.UU. constituye un pseudoimperio, cuya trama capitalista pretende una conducción tecnocrática sobre las viejas y derruidas manifestaciones del liberalismo. El poder soviético, a su vez es otro pseudoimperio, cuya trama socialista-comunista se ha erigido sobre los nefastos resultados de guerras inicuas y de planes siniestros. En ninguno de esos poderes puede confiar en ningún sentido nuestra sufrida tierra; nuestro deber, en cambio, es preservarla, protegerla y transmitirla incólume, como un bien sagrado e intocable.” Y para preservar, proteger, y transmitir, el texto clama por una “guerra total al invasor, consolidación de la justicia entitativa de la Nación, instauración de un estado fundacional, forjado por los argentinos, con la alegre consagración de la tierra argentina.” Son las palabras finales, alzando por primera vez la voz y acomodándose los anteojos de marco negro, Disandro, cordobés de la Hélade, como se autodesigna en el texto, dice en griego clásico: nun híper pantón agón. Ahora la lucha es el todo por el todo. Suenan los aplausos, algunas personas se levantan para felicitar a Disandro que –evidentemente poco adicto a las manifestaciones afectivas– agradece con leves inclinaciones de cabeza y algún rápido apretón de manos. Entre los que se acercan a la mesa está Patricio Fernández Rivero, destacado miembro de Tacuara, estudiante de Letras y novio de Hilda Disandro, sobrina del profesor. También está Félix Navazzo, hombre de acción, de aspecto inofensivo con sus lentes de aumento de marco metálico. No falta el metro noventa de Martín Sala con su infaltable camisa kaki y sus ojos saltones brillantes de admiración por el maestro que acaba de tensar aún más la cuerda de un nacionalismo antiliberal, anticomunista y filoperonista que muchos jóvenes platenses de clase media comienzan a abrazar en un escenario político congelado por la dictadura de tintes corporativistas del general Onganía. Pero, ¿quién es este profesor universitario que deslumbra e inspira a jóvenes militantes de la ultraderecha platense? Biografía del bodeguero. Carlos Alberto Disandro nació en La Plata el 26 de agosto de 1919, pero cursó sus estudios en el tradicional colegio Monserrat de Córdoba, donde conoció al filósofo Nimio de Anquín, profesor de Lógica y Moral. Destacado representante del integrismo católico cordobés, de Anquín fundó en 1936 la Unión Nacional Fascista para luchar contra el laicismo, el liberalismo y el reformismo universitario. Para él, el nacionalismo “propicia el encaminamiento de la Nación… por el orden y la unidad, religados en autoridad.” Enemigo acérrimo de la democracia liberal, afirma que el Estado argentino no puede revestir forma democrática porque ello implicaría una crisis autodestructora y el abismo de la anarquía o –peor aún– el comunismo.

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Con ese bagaje ideológico a cuestas y ya recibido de bachiller, Disandro volvió a La Plata donde se recibió de Profesor en Letras en la UNLP. Después de acceder al doctorado fue nombrado profesor de Lenguas clásicas, cargo que concursó definitivamente en 1947, para recibir el diploma de manos del coronel Perón. También trabajó en la Secretaría de Trabajo y Previsión y fue un activo colaborador en el proceso de reforma universitaria que culminó con la Ley 13.031 en 1947. Esta ley establecía la designación por decreto del Ejecutivo de todo el corpus dirigente y docente de las universidades nacionales, liquidaba la autonomía, prohibía expresamente la actividad política en los claustros y eliminaba la representación estudiantil en los consejos. En la práctica, también se exigían certificados de buena conducta a los alumnos. En ese ambiente académico y político, Disandro adhirió al peronismo y, como expresa en su excelente ensayo  El Papa blanco y sus heraldos negros  el abogado y escritor platense Julián Axat, cuyos padres fueron desaparecidos por la dictadura en 1977: “A diferencia de su maestro Nimio de Anquín, de origen claramente aristocrático pero insinuando posturas clericales populistas, el fervor con el que Disandro asume la causa peronista –seguramente– se halla asociado a un genuino origen plebeyo que hasta entonces negó con erudición latina; de allí que le sirva para asumir, legitimar o hacerse reconocer con capacidad para engendrar un pensamiento nacional-popular que cruza lo culto-popular bajo la tríada: a) el clericalismo ultrapatrióticopopulista- antisemita (Nimio de Anquín), b) el estudio de las letras clásicas (Marasso) como necesidad de un cristianismo que abreva en los padres griegos (tomismo), c) pensamiento político filosófico del primer peronismo, es decir, La comunidad organizada. Dejado cesante por la Revolución Libertadora en 1955, Disandro se refugió en la producción intelectual, básicamente en tres planos: el político-filosófico panfletario, el literario y el poético (Axat, op. Cit.). Para difundir su ideario, fundó en 1959 el Instituto de Cultura Clásica Cardenal Cisneros en una vieja casona de la calle 115 entre 60 y 61, donde reunía a sus seguidores y dictaba cursos sobre historia, filosofía, religión y política. Uno de los activos participantes y colaboradores en el Instituto fue el comisario de la Policía Bonaerense Jorge Vicente Schoo, con quien cultivó una amistad pródiga en la producción y difusión de contenidos de formación para universitarios, sindicalistas, militares y policías. Precisamente, Disandro daría conferencias en la Escuela de Policía y años más tarde Schoo participaría en la redacción de un manual de Conducción Policial que estuvo vigente hasta 1997. Fundó también la revista La Hostería Volante, una (mala) traducción del título de la novela The Flying Inn de Chesterton. Allí, Disandro firmaba sus editoriales con el seudónimo de El Bodeguero. Al igual que el antropólogo nazi de origen francés Jacques de Mahieu, que huyó de Francia para no ser juzgado por colaboracionista y recaló en la Argentina, donde fue mentor de Alberto Ezcurra, fundador de Tacuara y llegó

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a ser miembro de la Escuela Superior de Conducción del Movimiento Nacional Justicialista, Disandro se relacionó fuertemente con el peronismo y logró visitar a Perón en Puerta de Hierro e intercambiar correspondencia con el General para discutir temas como la sinarquía, el papel de la Iglesia postconciliar, los infiltrados en el Movimiento y la política internacional. Fachos de terror. Después de la fundación de la CNU (Concentración Nacional Universitaria) a fines de los ’60 con la jefatura de Patricio Fernández Rivero, los planteos teóricos y filosóficos de Disandro tocan tierra y comienzan a tomar un cariz siniestro: en 1971 una patota de la CNU asesina en Mar del Plata a la estudiante Silvia Filler durante una asamblea universitaria. El 20 de junio de 1973, sus principales dirigentes participan, armas en mano, de la masacre de Ezeiza. En La Plata, comienzan y se multiplican los ataques a los centros de estudiantes, las intimidaciones a los militantes, las amenazas en las asambleas, especialmente a partir de la intervención de la UNLP encabezada por Pedro Arrighi. Para ese entonces, Disandro participaba de reuniones con el arzobispo de La Plata, monseñor Plaza, en las que bajaban línea a varios integrantes de la CNU. No es menor el hecho de que a partir de 1973, participara también de esas reuniones el segundo jefe del Distrito Militar La Plata, teniente coronel Mario Sila López Osornio, uno de los nexos de la CNU con el Ejército. Por entonces ya resultaba evidente el proceso de transformación del grupo original de jóvenes tacuaras de mentalidad fascista y sus mentores espirituales e ideológicos en una banda parapolicial al servicio del terrorismo de Estado. Finalmente, la “lucha del todo por el todo” anunciada por Disandro en su respuesta a Toynbee, se convertiría en la caza despiadada y sin cuartel de activistas y militantes populares. En La Plata, el grupo de tareas comandado por Carlos Ernesto Castillo cumpliría esa tarea hasta las últimas consecuencias. Advocación. Con María y a los tiros. En diciembre de 1972, Patricio Fernández Rivero era el jefe operativo de la CNU en La Plata y uno de los miembros de la conducción nacional de la organización de la ultraderecha peronista. En ese carácter –y en coincidencia con la celebración del Día de la Ascensión de María– fue convocado a disertar en el Instituto Cardenal Cisneros para explicar “las excelencias de la historia de la Patria por las excelencias de María Santísima”. La breve exposición, reproducida en el número 30 de La Hostería Volante con el título de “El mysterio (sic) de María y la Patria”, es un claro ejemplo de la justificación delirante de la violencia de la banda desde la visión del integrismo católico. “Debo ser breve y simple, porque así cuadra también al misterioso regir de la Virgen en nuestra historia –dice allí Fernández Rivero–; presencia cierta y ostensible, presencia imbatible y oculta. No podíamos celebrar esta fiesta sin recordar las fases en que nace la Patria, protegida por el manto de la Virgen. Ella, claro

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está, es donación de España a América, pero es donación particularísima para la Argentina inmortal. (…) La Patria Argentina es pues fundación de María”. Más adelante señala: “No sólo es motivo sugerente la advocación de Luján, salida de las entrañas hispánicas, afincadas según el piadoso tenor de los recuerdos, en la entraña de tierra americana: la imagen poderosa quiere esta tierra poderosa. (…) Es una nueva conjunción de María con esta tierra incógnita, como algo que la liga en las fases inesperadas de su protección incomparable. En fin, no es sólo la presencia en los ejércitos de Belgrano, San Martín y tantos otros; es la unión sagrada de milicia y religión que halla en María Santísima la justa medida de una guerra justa, la sabia dispensación de una Patria que nace ya gloriosa. Gloriosa, porque querida por María”. Centenares de víctimas asesinadas impunemente por las patotas de la Concentración Nacional Universitaria puesta al servicio del terrorismo de Estado fueron el saldo de esa “guerra justa” que, según Fernández Rivero, “halla en María su justa medida”.

EL SECUESTRO DE LEONARDO MICELI Y EL TRISTE CABARET DEL FLACO VELA 8 de abril de 2012 Boludita, ¿dónde trabaja tu marido, decime?”, le pregunta el hombre al que luego reconocerá como Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio. Ana María Bossio, embarazada de ocho meses, está tirada boca abajo en la cama del dormitorio, donde trata de proteger con su cuerpo a su hijo de un año y medio. Hay otros dos tipos en la habitación, a la que acaban de entrar apuntando hacia todos lados con armas cortas y largas. Dan vuelta todo y cargan los pocos objetos de valor que encuentran. Lo demás lo tiran al piso. Ana María Bossio alcanza a ver cómo uno de ellos rompe la cuna de su hijo de un culatazo de Itaka. Mientras tanto, el hombre al que identificará como Castillo le repite la pregunta: –¿Dónde trabaja tu marido, boludita? El marido de Ana María Bossio se llama Leonardo Guillermo Miceli y trabaja en Limpiolux, una empresa contratada para realizar la limpieza en la planta de Propulsora Siderúrgica, del Grupo Techint. También estudia Ingeniería Química y milita en Montoneros. Pero en ese momento, los primeros minutos del 20 de abril de 1976, otros integrantes del grupo de tareas lo tienen reducido a punta de pistola y escopeta en otra habitación de la casa. Mientras siguen revisando la casa, lo interrogan y lo golpean. Ana María Bossio estaba en el dormitorio con su hijo cuando vio que una luz muy potente iluminó el frente de la casa. Escuchó gritos y órdenes antes

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de que la patota derribara a golpes la puerta de entrada. Leonardo Guillermo Miceli había intentado llegar hasta el dormitorio, en un reflejo inútil por protegerlos. Los invasores –más de una decena de hombres jóvenes, de civil, que actúan a cara descubierta– se lo impidieron. Boca abajo en la cama, Ana María Bossio aguza el oído, tratando de adivinar que sucede con Leonardo. Escucha el ruido de armas al ser amartilladas y luego una voz, deformada por un Handy, que ordena: “Móvil uno a móvil dos, ¡tiren al bulto y retírense!”. Cierra los ojos esperando escuchar los disparos, pero éstos no llegan. “¡Vamos!”, grita alguien desde la otra habitación. “¡Nos vamos!”, repite El Indio Castillo dentro del dormitorio, pero antes de salir, le dice: –Boludita, si querés saber algo de tu marido, andá mañana en horario de oficina al Regimiento 7 y preguntá por él. Apenas salen del dormitorio, Ana María Bossio se levanta de la cama y mira por la ventana. Alcanza a ver cómo el grupo se reparte para subir a tres autos grandes con los motores en marcha. Los mira hasta que los pierde de vista. En uno de ellos llevan a su marido. Está aterrorizada pero no se paraliza. Con su hijo en brazos, corre hacia los fondos de la casa y, a pesar de la panza de ocho meses, salta una tapia y llega a la calle 121. Sigue corriendo, ahora hacia la casa de unos amigos que viven cerca. A ellos les dejará el bebé para poder salir a buscar a su marido. Todavía no sabe que, esa misma noche, el grupo de tareas que acaba de irse de su casa –integrado por patoteros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), policías y militares del Regimiento 7 de Infantería– había intentado secuestrar a su hermano, el militante montonero Alberto Oscar Bossio, pero no lo habían encontrado. Tampoco sabe que, esa misma noche, la misma patota secuestrará a Horacio Urrera, un militante de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) a quien la CNU se la tiene jurada desde hace más de un año, y a Carlos Satich, compañero de su marido en Limpiolux. Búsqueda y revelaciones. Hay muchas cosas que Ana María Bossio ignora la madrugada del 20 de abril de 1976, cuando sale de la casa de sus amigos, donde acaba de dejar a su hijo de 18 meses, para recorrer comisarías y cuarteles en busca de su marido. No sabe que el cuerpo acribillado de Leonardo Guillermo Miceli aparecerá, junto con los de Satich y Urrera, a la vera del arroyo Santo Domingo, en Sarandí, en jurisdicción de la Comisaría Cuarta de Avellaneda, una de las zonas liberadas por la policía para que la CNU siembre los cadáveres de sus víctimas. No sabe que deberá esperar casi 25 años, hasta septiembre de 2000, para poder relatar los hechos de que fue víctima ante la Justicia, en los Juicios por la Verdad. No sabe que pasarán casi 36 años antes de presentar, hace unos días, la querella por el asesinato de su marido en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Arnaldo Corazza, donde muchas de las causas relacionadas con los crímenes

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de lesa humanidad cometidos por la CNU platense caminan a paso de tortuga, cuando no duermen, en un estante, la pesadilla de la injusticia. Esa misma noche y los días subsiguientes, sin embargo, hará algunos descubrimientos significativos e, incluso, podrá identificar a uno de los asesinos de su marido. Su primer destino es la Comisaría Novena de La Plata, en cuya jurisdicción está la casa de 122 entre 70 y 71. Cuando le relata el secuestro de Miceli al oficial que la atiende –y que no se identifica– éste le responde: –¿Sabe qué pasa, señora? Esa zona fue liberada esta noche. Yo no puedo darle ninguna información. Si quiere saber algo de su marido vuelva esta tarde. Horas después, cuando regrese a la Novena, otro oficial le leerá detalladamente los antecedentes de Miceli, como justificando los hechos, pero le dirá que allí no lo tienen ni saben dónde está. Pero antes, esa misma madrugada del 20 de abril, al salir de la Comisaría, Ana María Bossio continúa la búsqueda. Su segundo destino es el Regimiento 7 de Infantería de La Plata, donde la recibe un oficial que se presenta por el apellido, Gómez Miguenz. En lugar de darle respuestas, la interroga sobre las actividades de Miceli, sobre su trabajo y su filiación política. Finalmente, le dice que regrese al día siguiente. Será entonces cuando le diga: –Leonardo Miceli no está entre los detenidos en esta Unidad. La querella presentada esta semana por Ana María Bossio –representada por el abogado Eduardo Soares– señala “la imposibilidad absoluta de que un grupo armado pueda desplazarse con tanta tranquilidad por la ciudad, allanar con veinte personas un domicilio, permanecer media hora y que todo esto no pueda ser detectado por la Policía, el Ejército y otras fuerzas de seguridad. Se trató de una cacería, implementada por sectores fascistas y ultraderechistas del peronismo con la cobertura de las Fuerzas Armadas y la Policía”. Por ello solicita al juez que se recabe “la lista completa de todo el personal policial que prestó servicios el día de los hechos en la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y también en la comisaría de La Plata con jurisdicción en el domicilio indicado como lugar del secuestro”. La noche del 21 de abril de 1976, un periodista del diario platense El Día a quien Ana María Bossio había consultado la llamó y le dijo que buscara a su marido en la Comisaría Cuarta de Avellaneda. Al día siguiente, Bossio reconoció el cadáver de Miceli en la morgue de esa localidad. Lo mismo hicieron el padre de Carlos Satich, Frauro, y el hermano de Horacio Urrera, Mario. Relax en “Amoa”. Héctor Bossio, tío de Ana María, era lo que se dice un hombre de la noche. En el ambiente lo habían apodado el Flaco Vela, por su nariz irremediablemente goteante, que vivía aspirando no sin cierto ruido. En abril de 1976, era propietario de Amoa, un cabaret de copas ubicado en la esquina de 7 y 70, donde solían recalar todo tipo de personas a tomar un trago de madrugada. Entre policías, chorros, coperas y noctámbulos, también

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se dejaban caer por ahí los integrantes de la patota de la CNU. Como todo propietario de cabaret que se precia de serlo –y que, más que nada, cuida por el funcionamiento del negocio–, el Flaco Vela hacía la vista gorda y oídos sordos a muchas de las cosas que veía y escuchaba de sus parroquianos. A Castillo lo conocía bien, igual que a Pomares a Antonio Jesús a Ricardo Calvo, a Fernández Supera, a Néstor Causa, a Dardo Quinteros, a Martín Sánchez y a Marcelo López, todos integrantes de una banda que él sabía perfectamente que estaba apañada por la policía. Conocía también a un tal Gil Montenegro, que andaba alrededor del Indio y sus secuaces cuando paraban en el boliche, pero a quien éstos lo usaban y lo ninguneaban. Pero, como ya se dijo, el Flaco Vela sabía hacer oídos sordos y la vista gorda con ellos, como con tantos otros. Más si estaba la Bonaerense de por medio. A los canas, sus negocios y sus mañas los conocía bien, ya que había estado un año y medio en la Policía, hasta que logró que lo jubilaran haciéndose pasar por loco. Cuando se enteró de que El Indio Castillo había sido uno de los asesinos del marido de su sobrina y que probablemente también había intentado secuestrar a su sobrino Alberto, el Flaco Vela le dijo a Ana María que trataría de sacarles información. Esperaba que cayeran cualquier noche de esas, como casi siempre, a eso de las dos o las tres, para relajarse después de sus operaciones. No tuvo suerte: gran parte de la banda de la CNU fue detenida pocos días después y el resto de sus miembros dejó de frecuentar los lugares que solían frecuentar. Pero el Flaco estaba decidido, no iba a aflojar. Poco después se enteró por sus contactos policiales que algunos de los miembros de la patota estaban detenidos en la Comisaría Tercera de Berisso, una localidad cercana a La Plata, y no dudó: fue al cabaret que un amigo de la noche tenía ahí, armó quilombo y se hizo detener. Su intención era que lo metieran en la Tercera, donde estaban presos los fachos, para hablar con ellos, pero la suerte le fue esquiva y terminó en la Comisaría de El Carmen, donde no había ninguno. Cuando se dio cuenta de que no iba a conseguir nada empezó a gritar desde su celda: “Soy el Flaco Vela, ¡sáquenme de acá!”. Lo liberaron a la mañana. A pesar del fracaso, Héctor Bossio, el Flaco Vela, le contó a su sobrina Ana María dos datos (uno de ellos de gran importancia) que la Justicia deberá tener en cuenta. Primero, que la patota de la CNU se repartía el producto de sus saqueos (dinero, relojes, anillos y otras joyas) alrededor de una de las mesas de Amoa; segundo (y fundamental para encuadrar sus crímenes en el marco del terrorismo de Estado), que sus integrantes recibían el pago por los secuestros y asesinatos que cometían contra la presentación de los documentos de identidad de sus víctimas. La querella de Ana María Bossio por el secuestro y asesinato de su marido, Leonardo Guillermo Miceli, fue presentada hace unos días en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, cuyo titular es Arnaldo Corazza. Lo único que espera con esta presentación, a casi 36 años de los hechos, es que se haga justicia.

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En otras palabras: que su señoría –o su mano derecha, el mediocre secretario del Juzgado, Ricardo Botto– no la manden a dormir, como es su inveterada costumbre con las causas relacionadas con los crímenes cometidos por la Concentración Nacional Universitaria.

EL GORDO GARACHICO, ENTRE REJAS 15 de abril de 2012

Era oficial de la Policía Bonaerense, respondía a Inteligencia del Ejército y liberaba zonas para los grupos de tareas de la CNU. Se investiga si se apropió de una hija de desaparecidos. Luego de haber sido instado por la Cámara Federal para que diera pronto despacho a medidas procesales solicitadas por la Fiscalía y las querellas en varias causas relacionadas con violaciones de los derechos humanos, el titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, Arnaldo Corazza, detuvo finalmente esta semana a los ex policías Tomás Rotella (a) El Negro y Julio César Garachico (a) El Gordo, integrantes de un grupo de tareas de la Policía Bonaerense que estuvo activo antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Garachico, además, ha sido señalado por los autores de esta investigación como uno de los policías encargados de liberar zonas para que, entre mediados de 1974 y fines de abril de 1976, la banda de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), pudiera operar con total impunidad en La Plata y sus alrededores. Julio César Garachico (a) El Gordo fue detenido en su casa de Mar del Plata en el marco de la causa que investiga las muertes de los estudiantes y militantes de la izquierda peronista Marcelo Bettini y Luis Eduardo Bearzi, ocurridos en la localidad de Tolosa el 9 de noviembre de 1976. Bearzi fue asesinado de varios disparos en la cabeza, en tanto que Marcelo Bettini, al ser capturado, se suicidó ingiriendo una pastilla de cianuro. La Sala III de la Cámara Federal de La Plata consideró que la muerte de Bettini, a pesar del suicidio, debía ser considerada un crimen de lesa humanidad. “Bettini actuó coaccionado como consecuencia de los medios violentos –e ilegales– desplegados por parte de las fuerzas represivas durante el operativo, quedando su intervención circunscripta a decidir entre el suicidio o a ser, muy presumiblemente, detenido por la Policía provincial e ingresado al circuito represivo que se encontraba activo en la época”, dijeron los jueces. Poco después de la muerte de Bettini, muchos de sus familiares –entre ellos su cuñado, el teniente de navío Jorge Devoto– fueron secuestrados y asesinados por el terrorismo de Estado. En esa causa también está imputado el jefe de la patota platense de la CNU, Carlos Ernesto Castillo, quien habría participado de la operación parapolicial a pesar de que, por entonces, se encontraba detenido.

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Tomás Rotella (a)El Negro está imputado en la causa 208, un proceso residual de la Brigada de Investigaciones de La Plata y del centro clandestino de detención conocido como el Pozo de Arana. Coincidentemente, en varios procedimientos fueron detenidos otros acusados en esa causa. Todas esas detenciones fueron solicitadas por las querellas y el integrante de la Unidad Fiscal para delitos de lesa humanidad de La Plata, Hernán Schapiro. El juez Corazza resolvió concretarlas luego de que la Cámara Federal recibiera una queja por “retardo de justicia” de parte de las querellas y le exigiera al magistrado que diera “pronto despacho” a esas medidas. Luego de ser indagados en el Juzgado, Garachico y Rotella fueron trasladados al Penal de Marcos Paz. La carrera de un represor gordo. Como ya señalamos, la carrera de Garachico al servicio del terrorismo de Estado se inició mucho antes del golpe del 24 de marzo de 1976 y conoció varios destinos, cada uno de ellos de mayor importancia dentro de la estructura de la represión ilegal. Lo que sigue es una apretada síntesis de sus actividades más relevantes. Desde mediados de 1974, cuando revistaba en el Comando Radioeléctrico con el grado de oficial principal, fue el encargado de coordinar desde la Policía de la Provincia de Buenos Aires la liberación de zonas para que el grupo de tareas de la CNU pudiera realizar sus secuestros y asesinatos sin ningún tipo de interferencias. En esa tarea, su contacto con la Jefatura de la Bonaerense era el comisario Carlos Alberto Masulli, y entre sus segundones se encontraba el suboficial mayor Juan Bilardo. Su relación con la patota de la CNU llegó a ser tan estrecha que fue uno de los invitados de honor a la fiesta de casamiento del Indio Castillo con Nora Fiorentino. En abril de 1976, cuando la banda de la CNU dejó de ser funcional a los intereses de la represión ilegal y varios de sus miembros fueron detenidos y acusados de delitos comunes por orden del jefe del Área de Operaciones 113, coronel Roque Carlos Presti, El Gordo Garachico fue el jefe de la comisión policial encargada de allanar las viviendas de los integrantes de la patota. La misión le fue encargada con un objetivo preciso: seleccionar qué elementos serían “blanqueados” y qué otros no, de todo lo encontrado en esos operativos. Al margen de su papel de nexo con la CNU, integró también una patota exclusivamente policial. Esto fue denunciado en octubre del año pasado durante el juicio a los represores de la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense. En su declaración, el represor Carlos García (a) El Oso señaló: “Yo no estaba en ninguna patota, pero había una que era la de Garachico”. Esa patota dependía directamente de la Jefatura de la Bonaerense, a las órdenes del genocida Miguel Etchecolatz. Además de Garachico, la integraban, entre otros, los policías Manuel Aguiar (a) Manolo y Tomás Rotella (a) El Negro. En su declaración en el juicio por el circuito Camps, en 2006, Jorge Julio López señaló a Garachico como uno de los integrantes del grupo de tareas

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que lo secuestró por primera vez. Como se sabe, poco después de esta declaración, López sufrió un segundo secuestro y todavía está desaparecido. En el anexo del legajo de Garachico que se encuentra en la causa que investiga las muertes de Marcelo Bettini y Luis Bearzi hay un documento de la Jefatura de la Policía Bonaerense de fines de junio de 1976 que indica que a partir del 1° de julio de ese año El Gordo “continúa adscripto al Destacamento de Inteligencia 101 hasta nueva orden”. El mencionado destacamento formaba parte de la estructura de inteligencia del Ejército puesta al servicio de la represión ilegal. Estaba a cargo del coronel Alejandro Arias Duval, quien junto a otros quince represores acaba de ser procesado por el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, a cargo de Manuel Humberto Blanco, en la causa por el centro clandestino de detención conocido como La Cacha. El verbo “continúa” utilizado en el documento indica que Garachico formaba parte de esta estructura desde antes de esa fecha y, posiblemente, desde antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Pese a todas estas imputaciones y hasta su detención a principios de esta semana, Julio César Garachico jamás había sido siquiera citado a declarar como testigo. Luego del retorno de la democracia se instaló en Puerto Madryn, donde llegó a gerenciar durante años el casino de esa ciudad. Luego de que Jorge Julio López lo mencionara en su declaración de 2006 fue reconocido por algunos vecinos de Puerto Madryn, por lo que decidió trasladarse a Mar del Plata, donde vivió abierta y tranquilamente en una casa de la calle Nápoles 3626 hasta que finalmente fue detenido. La dirección de esta vivienda fue publicada por Miradas al Sur hace más de tres meses, sin que nadie se molestara en ir a buscarlo. En otro alarde de impunidad, su cómplice Tomás Rotella (a) El Negro se desempeñó durante años con un alto cargo en el área de Seguridad de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. ¿También apropiador? Julio César Garachico (a) El Gordo fue señalado además como participante del operativo realizado el 24 de noviembre de 1976 en La Plata contra una casa operativa de Montoneros donde, entre otros militantes muertos en esa ocasión, se encontraba Diana Teruggi, la nuera de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo Chicha Mariani. Diana estaba con su hija de apenas dos meses, Clara Anahí, cuyo paradero se desconoce desde entonces. Miradas al Sur pudo saber que la Justicia sospecha que la participación de Garachico en ese episodio fue mucho más allá del ataque contra la casa y que, hace poco más de un mes, el fiscal Hernán Schapiro, de la Unidad Fiscal Federal sobre crímenes de lesa humanidad de La Plata, realizó una presentación en el Juzgado de Corazza para que se compare el ADN de una hija del ex policía con las muestras de familiares de desaparecidos que se encuentran en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Fuentes de la Justicia Federal platense confirmaron que se sospecha que podría tratarse de Clara

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Anahí Mariani Teruggi, la nieta que Chicha aún sigue buscando. Esta hija de Garachico tiene aproximadamente la misma edad que tendría Clara Anahí, y fue anotada por el policía como hija propia el 27 de enero de 1977. Este medio también pudo saber que en la Justicia Federal de Mar del Plata, último domicilio de Garachico, se están dando los primeros pasos de una investigación en ese mismo sentido. Fuentes judiciales informaron a los autores de esta investigación que la Fiscalía marplatense realizará en pocos días más una presentación similar a la de Schapiro en el Juzgado Federal N° 3 de esa ciudad, a cargo de Santiago Inchausti. Esta aparente superposición de presentaciones similares en dos jurisdicciones diferentes no se debe a una falta de coordinación judicial, sino a una razón concreta: conocida la inveterada costumbre de Corazza de dormir las causas que le parecen más comprometidas, se pensó en acudir, teniendo en cuenta que la radicación de Garachico en Mar del Plata brindaba un motivo jurisdiccional, a otro Juzgado que podría actuar con mayor celeridad. Mientras todo esto ocurre, Julio César Garachico (a) El Gordo hace ahora vida social con sus colegas genocidas detenidos en Marcos Paz. Hubo que esperar casi tres décadas desde la recuperación de la democracia para que esto ocurriera.

LOS DOS “ALEMANES” DE LA CNU 13 de mayo de 2012

Jacek y Cristóbal Piechocki eran –y son– de origen polaco, pero en la patota de la Concentración Nacional Universitaria, quizá por esa vocación de exterminio de la diferencia, se los conocía como los “alemanes”. A uno y a otro los apodaban El Alemán, aunque su apellido es de conspicuo origen polaco. A mediados de la década de los ’70, además y a pesar de la diferencia de edad, los hermanos Jacek y Cristóbal Piechocki eran muy parecidos. Tanto que en algunos casos llegaron a confundirlos. “Eran como dos gotas de agua”, señaló muy gráficamente, aunque sin hacer gala de originalidad, una de las fuentes consultadas. Hace ya más de un año que los autores de esta investigación identificaron a los dos hermanos Piechocki como integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) platense, aunque el parecido entre Jacek y Cristóbal planteó dificultades para relacionar con precisión a uno y a otro con las actividades de esa organización. En la actualidad, Jacek, el mayor, es titular del estudio jurídico Piechocki & Asociados, con oficinas en La Plata, cuyos letrados están especializados, según explican en su página web, “en derecho de daños, específicamente, nos dedicamos a los daños derivados de accidentes de tránsito. Nuestra ex-

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periencia está adquirida principalmente y en una etapa inicial, como letrados externos de compañías aseguradoras del ramo automotor y, posteriormente, en el desarrollo como abogados litigantes gestionando indemnizaciones por siniestros en la misma especialidad y en nuestro propio Estudio Jurídico. En este decurso de más de veinte años, hemos tramitado exitosamente más de dos mil asuntos de todo tipo”. Según la misma página, el estudio liderado por Jacek tiene como inspiración en sus actividades la máxima latina “alterum non laedere”, que en buen cristiano significa “no dañar a otro”, una premisa que, como se desprende de esta investigación, Jacek (a) Pablo o El Alemán no tenía muy presente cuando integraba las patotas de la CNU. Cristóbal, el menor, es conocido por sus traducciones del alemán al español. Algunas de las obras que pasaron por sus manos son la novela romántica Demasiado amor, de Marie Louise Fisher, y No hay aplausos para Podmanitzki,de Epharim Kishon, un relato que “presenta una divertida imagen de la vida teatral no limitándose sólo al teatro, sino a sus derivaciones modernas: la radio, el cine y la televisión. Hay varios personajes constantes en los diversos episodios, como el veterano actor israelí Podmanitzki, que más que héroe es la víctima de muchos de los jocosos sucesos que ocurren en el libro”, según consigna la contratapa de la edición de Emecé. Pero quizá la traducción que más placer le haya causado es la del Diccionario de la ópera, de Kurt Pahlen (Emecé, 2004), dada su pasión por la lírica, una pasión que causó no pocos trastornos a los alumnos Liceo Víctor Mercante que lo padecieron como profesor de coro en 1975, cuando ingresó junto con otros integrantes de la CNU al cuerpo docente de ese colegio. Pablo Pichosky o Pan de leche. A mediados de los ’70, Jacek Piechocki se presentaba como Pablo, omitiendo su verdadero nombre de pila. Esta costumbre, sumada a la fonética de su apellido, llevó a que varias de las fuentes consultadas para establecer su participación en la Concentración Nacional Universitaria lo identificaran como “Pablo Pichosky”. También, por algunas de sus características físicas –rubio y muy blanco–, los integrantes de algunas agrupaciones de la izquierda universitaria de la época lo apodaban Pan de leche. “Jacek Piechocki o Pichosky, como le decíamos nosotros, andaba siempre con traje gris. Era un gran provocador y guía de la cana en algunas represiones. Efectivamente tenía pinta de alemán y era un tipo realmente muy jodido. Fue uno de los que participó, a fines de 1973, del ataque armado de la CNU a una asamblea de la Facultad de Arquitectura. Ese día les fue mal y tuvieron que salir rajando”, señaló a Miradas al Sur un ex alumno de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata al que se identificará como Joaquín A. La presencia de Jacek Piechocki en el grupo agresor fue confirmada a los autores de esta investigación por otros tres ex alumnos que se encontraban en esa asamblea. “El Polaco era un patotero nato, que vivía gritando ‘Bolches a Moscú’.

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Fue uno de los que entraron a Arquitectura armados cuando fue el tiroteo en la época que Fornari era decano. En el tiroteo les fue muy mal. Se la tenía jurada, igual que otros de la CNU, a Fabiolo de la Riva”, agregó uno de ellos. En abril de 1975, después de no encontrar al militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) Néstor Sala en la casa de sus suegros, en Mar del Plata, un grupo de tareas de la CNU irrumpió en la casa de los padres de Sala, en Berazategui. “Primero vinieron a Mar del Plata y preguntaron por El Flaco (Sala) y por Hugo (Víctor Hugo Kein, asesinado por la CNU en 1975). Posteriormente fueron a la casa de mi suegro, en Berazategui. Según me contaron, en el grupo que entró había uno al que llamaban El Alemán. Era un tipo de pelo claro, fornido, que se presentó con uniforme azul policial y ametralladora con silenciador. Fue el que rompió la puerta e ingreso con otros. Preguntó por El Flaco Sala a mi suegro y como el papá le decía que no estaba, se llevó arrastrando de los pelos al hermano menor del Flaco, Hugo, muy parecido físicamente. Cuando estaban llegando a la puerta, Hugo le dijo: ‘Mi hermano está en Mar del Plata’. Entonces El Alemán rugió: ‘Esa hija de mil putas que nos mintió’ (se refería a mí). Lo dejaron a Hugo y fueron a buscarnos de nuevo a Mar del Plata”, relató Mirta Clara, la viuda de Sala. La descripción que los familiares de Sala hicieron del patotero al que sus cómplices llamaban Alemán corresponde con la de Jacek Piechocki a mediados de los ’70. Vínculos con la Federal. Jacek Piechocki también fue visto, en una situación que no admite dobles interpretaciones, dentro de la delegación de la Policía Federal en La Plata. Fue en abril de 1975, cuando allí permanecían secuestrados ilegalmente –más tarde serían blanqueados y trasladados a la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Provincial– y sometidos a salvajes torturas, los dirigentes de las Fuerzas Argentinas de Liberación 22 de Agosto José María Company Céspedes y Omar Núñez (este último ya fallecido). “Se metió en la celda de la Federal (yo aún no sabía dónde estaba). Fue el primero que apareció a cara descubierta y con una pistola en la cintura. Me fue a provocar haciendo ostentación del arma, pero no entré en su juego y no lo volví a ver. A los que me torturaron allí no los pude ver. No descarto que haya estado durante las sesiones de tortura, pero no lo sé”, relató el primero a los autores de esta investigación. Otro integrante de la dirección nacional de las FAL22, Héctor Luis Simón, también identificó la foto de Jacek Piechocki de la siguiente manera: “Sin duda, era el facho Pan de leche, de la CNU”. La pertenencia de Jacek Piechocki a la CNU y sus vinculaciones con la Federal también fueron confirmadas por el actual diputado nacional (FpV) Jorge Pampa Álvaro, reconocido dirigente de la JUP platense a mediados de la década de los ’70. “Rubio, germánico, con deliberada pinta de nazi, era un CNU explícito, pero me parece que de segunda o tercera línea. Por aquella época estudiaba Arquitectura. Me acuerdo bien porque cuando mataron a

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Silvia Filler yo lo había toreado públicamente en la facultad”, describió. “Un tiempo después, creo que por agosto del ’74, me denunció a mí en la Justicia Federal por un apriete. Que por supuesto ocurrió. Fue una respuesta nuestra a un ataque armado que hizo la CNU en la Facultad de Medicina. Entraron a los tiros. Caído yo y estando en la delegación de la Federal en La Plata me reconoció en rueda de presos allá por el 14 o 15 de noviembre de 1974. La causa quedó radicada en el juzgado federal Nº 3 de La Plata. No sé que pasó, porque nunca fui condenado por esto, pero este fulano era el denunciante. Tenía domicilio en Quilmes”. Los autores de esta investigación pudieron confirmar que Jacek Piechocki vivía entonces –y todavía vive– en la localidad de Quilmes. Los lieder del Alemán chico. A principios de 1975, cuando parte de la patota de la CNU desembarcó en el Liceo Víctor Mercante para “disciplinar” a los estudiantes del colegio –considerado un foco de infiltración marxista–, junto con los nuevos preceptores, los personeros de esa intervención nombraron al menor de los Piechocki, Cristóbal, con el cargo de profesor. Fue designado por la resolución 360, del 1° de marzo, firmada por Pedro Arrighi, interventor de la Universidad, para dictar “seis horas de coro” a los alumnos de tercer año. Una beca para un facho convencido. Muy pronto, Cristóbal se hizo famoso por su estilo autoritario frente a los cursos y por sus evidentes vinculaciones con el grupo de preceptores de la CNU que conducían Ricardo Walsh (a) Richi y Néstor Causa (a) El Chino. En la primera clase aclaró a quien quisiera escucharlo que su apellido no era de origen alemán sino polaco, pero que era un gran admirador de la lírica alemana. Sus alumnos no tardarían en sufrir las consecuencias de esa pasión. Aunque en el Liceo no se estudiaba alemán (los idiomas del programa de estudios eran el inglés y el francés), Piechocki los obligó a aprender por fonética y de memoria algunos de sus lieder preferidos, que debían cantar a capella en casi todas las clases. Treinta y siete años después, una ex alumna de ese curso –actualmente con un importante cargo docente en la Universidad Nacional de La Plata– sorprendió a los autores de la investigación recitando de memoria las dos primeras estrofas de uno de ellos,  Der Lindenbaum, con música de Franz Schubert y letra de Wilhelm Müller: “Am Brunnen vor dem Tore / Da steht ein Lindenbaum / Ich träumt in seinem Schatten / So manchen süßen Traum / Ich schnitt in seine Rinde / so manches liebes Wort / Es zog in Freud und Leide / |: Zu ihm mich immer fort :| / Ich mußt auch heute wandern / Vorbei in tiefer Nacht / Da hab ich noch im Dunkel / Die Augen zugemacht / Und seine Zweige rauschten / Als riefen sie mir zu: / Komm her zu mir, Geselle / |: Hier findst du deine Ruh :|”. (“Cerca de la fuente, en la puerta de la ciudad, / se levanta un tilo; / en su sombra, / hice tantos dulces sueños. / En su corteza, / grabé tantas palabras de amor; / la alegría como la pena / siempre me con-

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dujeron a él. / Pero aún hoy he debido partir /en la noche profunda; /entonces en la oscuridad, /he vuelto nuevamente a cerrar los ojos / y sus ramillas murmuraban /como para llamarme: / “Ven pues hacia mí, compañero / aquí, tu puedes encontrar descanso! “ / Los vientos fríos / me golpearon el rostro, / mi sombrero se voló, / pero no volví sobre mis pasos. /Hoy, me encuentro / a tantas horas de este lugar, /pero continúo escuchando ese murmullo: / “Allá encontrarás tu descanso!”). Traducción libre al español de un hermoso poema que –mediado por una traducción al francés– que Cristóbal Piechocki no aprobaría (seguramente con razón, pero este libro no trata de traducciones). El problema, para Cristóbal Piechocki, no eran las traducciones, sino las resistencias. Porque, llegado el momento, después de una decena de cantos mecánicos (destinados a aprobar: la mayor ambición de cualquier chico de 15 años que cursa el tercer año del bachillerato), la cosa se le puso fea y los pibes no quisieron cantar más en alemán. Hoy, una situación como ésta sería tema de profundo y muy deliberativo tratamiento en una reunión de autoridades, padres, profesores y representantes de los alumnos, pero por entonces no. Para Cristóbal fue un agravio y buscó un chivo expiatorio entre los pibes. El testimonio de otro ex alumno de tercer año del Liceo Víctor Mercante en 1975, va entero, casi sin editar (cualquier edición lo echaría a perder): “Voy a contar dos historias. La primera tiene que ver con otro compañero nuestro, Orlando Eijo. Resulta que este Orlando, al que todos conocemos como Kico, era bastante revoltoso (quilombero sería el término exacto) y un buen día este señor Piechocki le dijo que si persistía en su actitud lo iba a hacer echar del colegio. Obviamente se lo dijo en privado, pero él nos lo conto a todos. La división completa decidió llevar a cabo una medida de repudio ante esta amenaza. Así fue que en la próxima clase donde este sujeto nos hacia cantar (en alemán) se paró frente a la clase como lo hacia siempre, movió su mano al estilo del que está solfeando y empezó con la primer estrofa de ‘Der Lindenbaum’. Y entonces... silencio absoluto. Nadie abrió la boca. Cuando digo nadie es Nadie, de los 30 que éramos en esa división. Visto ahora, 35 años después, me emociona pensar en lo inconscientes que éramos, y también en el sentido de grupo y de solidaridad, pese a que podíamos estar jugándonos, sin darnos cuenta del todo, la vida. Insistió un par de veces y nada. El tipo no lo podía creer, estaba sacado. Acto seguido (y mostrando su perversidad) eligió sólo una fila y dijo: ‘A ver, ustedes, ¡canten!’. Y los siete u ocho de la fila elegida... nada. Silencio. El tipo cada vez más sacado. Después fue por más. Empezó de a uno. Primero eligió a Aníbal Viguera y le dijo: ‘A ver usted, Viguera, ¡cante!’. Aníbal (un genio) le dijo que no podía porque estaba mal de la garganta. Ahí nos pegó unos gritos y dijo que iba a buscar a la preceptora para ponernos una sanción colectiva. Es notable el ‘método’ del tipo. Impresiona el paralelismo con los torturadores. No hablás vos y torturo a tu hijo a ver si hablás. Esto es igual. No cantan, voy por vos a ver si te aprieto y los demás arrugan”.

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“La segunda historia me paso a mí personalmente –siguió contando otro ex alumno a los autores de esta investigación–. Otro día cualquiera el tipo llega y nos hace cantar (de nuevo en alemán). Mientras la clase canta, yo, pendejo pelotudo, canto La Bamba, todo el tiempo. Termina la clase y el tipo me llama afuera, solo, y me dice: ‘A vos, hijo de mil putas, te voy a hacer echar a la mierda’. Yo, como un boludo que era, salí cagándome de risa y entré al aula y les dije a todos: ‘¡Piechocki me reputeó!’. En el recreo llamé a la celadora y le conté lo que me había pasado. La chica, que no era de la CNU sino que simplemente laburaba en el colegio, me contestó: ‘No hagamos nada, porque vamos a terminar los dos con un tiro en la cabeza’.” Si la historia no quedó clara, basta con releer el relato, sobre todo sus últimas líneas. No hay nada que explicar en ese contexto. Jacek y Cristóbal Piechocki, los hermanos alemanes que en realidad eran (son) de origen polaco, hoy transitan por la vida como ciudadanos que –cada uno en su medida y en su especialidad– pueden exhibir sus logros profesionales. Uno, como abogado especialista en pescar víctimas de accidentes y dirigente de la comunidad polaca; el otro, como traductor de su amado alemán de polaco converso. Ninguno de ellos, sin embargo, anota en su historia pública actual su pertenencia a la banda del peronismo de ultraderecha, incorporada al terrorismo de Estado, autodenominada Concentración Nacional Universitaria. En otras palabras, que eran fachos de la CNU.

DE LA CNU A LA UNIÓN POLACA 20 de mayo de 2012 La publicación, de la nota “Los dos ‘alemanes’ de la CNU” provocó conmoción en la comunidad polaca de la localidad de Berisso. Sucede que uno de los dos “alemanes” identificado por este medio como miembro de la Concentración Nacional Universitaria integra una de las listas que disputarán, el próximo domingo, las elecciones para elegir nuevas autoridades en la Unión Polaca de Berisso. Se trata de Jacek Piechocki (a) El Alemán, Pablo o Jorge, reconocido por diferentes testigos como participante de algunas acciones de la banda. Piechocki, que actualmente es “secretario de actas en castellano” de la Unión de los Polacos de la República Argentina (la entidad que agrupa a las asociaciones polacas en el país), se presenta como candidato a secretario de actas de la Unión Polaca de Berisso por la “Lista de Unidad”, opositora a la actual conducción. “Nos enteramos el lunes pasado, cuando leímos la nota de Miradas al Sur y la verdad es que la noticia no cayó nada bien. Nadie en la Unión Polaca conocía esta parte del pasado de esta persona. Fue una sorpresa mayúscula y, a la vez, un golpe terrible saber que Piechocki tiene estos antecedentes. Más todavía porque en el artículo hay testimonios con nombre y apellido, incluso de un

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diputado. Estamos realmente preocupados”, señaló a los autores de esta investigación un integrante de la actual conducción de la Unión Polaca de Berisso. La nota de Miradas al Sur también fue publicada en un grupo de facebook ligado a la institución, pero uno de sus responsables –integrante de la misma lista que postula a Piechocki– la bloqueó a las pocas horas de haber sido “colgada”. Preocupados por la información, otros socios de la Unión Polaca de Berisso se dirigieron a la Comisión Provincial por la Memoria para averiguar si Piechocki tiene antecedentes, pero la gestión resultó infructuosa debido a que el reglamento del Archivo impide a terceras personas acceder a los archivos personales. Decidieron intentar esta búsqueda debido a que los estatutos de la Unión impiden ocupar cargos institucionales a personas con antecedentes penales. La investigación identificó a Jacek Piechocki como uno de los integrantes del grupo armado de la Concentración Nacional Universitaria que intentó interrumpir a los tiros una asamblea en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata a fines de 1973. Otros testimonios lo señalan como parte del grupo de tareas que irrumpió en la casa de los padres del militante montonero Néstor Sala a mediados de 1975. Asimismo, en abril de ese mismo año, José María Company Céspedes, por entonces miembro de la conducción nacional de las FAL “22 de agosto”, lo reconoció como el individuo que entró armado a la celda de la delegación platense de la Policía Federal donde permanecía detenido ilegalmente y sometido a torturas. La elección de autoridades de la Unión Polaca de Berisso se realizará el próximo domingo y todo indica que Jacek Piechocki participará de ella. “Los socios deberán decidir si quieren realizar alguna acción. Hasta ahora no ha habido ninguna presentación para impugnar la candidatura de Piechocki ni tampoco la lista en general. Más allá de eso, lo terrible de esta situación es descubrir, después de tantos años, que convivimos con una persona que tiene semejante historia”, nos dijo otro socio de la institución.

DISPAREN CONTRA SILO 10 de junio de 2012

La medianoche del 23 de julio de 1975, un desprendimiento de la CNU asesinó a dos miembros de la organización espiritualista. Julio de 1975 fue un mes de intensa actividad para el grupo de tareas platense de la Concentración Nacional Universitaria. A principio de mes, en un raid sangriento de menos de 24 horas, la banda parapolicial asesinó a los militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) Mario Cédola, Pablo Del Rivero y Jorge Rivas; a los militantes del Grupo Universitario Socialista

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(GUS) Roberto Antonio Rocamora y Norberto Juan Orlando, y al estudiante de la UNLP Guillermo Oscar Codino. Estas muertes formaron parte de una operación bautizada “Once por Ponce”, montada como represalia por la muerte de Gastón Ponce Varela, integrante de la patota de la CNU, ejecutado por Montoneros pocos días antes. Ninguna de las víctimas tenía relación alguna con los autores de la muerte de Ponce. Gustavo Rivas agonizó dos días, luego de ser acribillado junto a sus dos compañeros por dos individuos que les dispararon con ametralladoras desde la caja de una camioneta encapotada. Antes de morir nombró a los dos atacantes, a quienes había reconocido: Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Eduardo Fromigué (a) El Oso. Según la información reunida por los autores de esta investigación, ésa fue la última acción que El Oso y El Indio perpetraron juntos. Ese mismo mes, la interna del peronismo de derecha que enfrentaba al gobernador bonaerense, Victorio Calabró, con el jefe de las 62 Organizaciones, Lorenzo El Loro Miguel, los puso en veredas opuestas. Castillo siguió capitaneando el grupo de tareas platense que respondía al gobernador, en tanto que Fromigué se alejó de la patota para poner sus armas al servicio del Loro. Poco después, el 12 de octubre, Fromigué murió fusilado mientras cenaba en la parrilla La Estancia de Florencio Varela. La viuda del Oso y única sobreviviente del atentado, Silvia Rodríguez, denunció a Aníbal Gordon (a) El Viejo, Alejandro Enciso (a)  Pino  y al  Indio  Castillo como integrantes del grupo agresor. Desde hacía algunos meses, Fromigué y otros “culatas” de Lorenzo Miguel –algunos de ellos ex integrantes de la CNU– venían sembrando muerte en el territorio bonaerense, con epicentro en La Plata y sus alrededores, con el fin de desestabilizar al gobierno de Calabró y provocar la intervención de la Provincia. A fines de julio de 1975, en una de esas acciones, fueron asesinados Eduardo Daniel Lascano y Ricardo Raúl Carreras, militantes de la organización espiritualista Silo. “El doble crimen de 7 y 39.” Cerca de la medianoche del 23 de julio de 1975, Eduardo Lascano y Ricardo Carreras caminaban por la vereda de los números impares de la avenida 7 de La Plata rumbo a la casa de un amigo. A dos cuadras de distancia, otros dos integrantes de Silo, Tomás Trincheri y Gustavo Segarra, iban en la misma dirección. Al llegar a la intersección de 7 y la calle 39, Carreras y Lascano se sobresaltaron por la brusca frenada de un Ford Falcon Sprint color anaranjado, con bandas negras en los laterales. Al día siguiente, en una portada, el diario platense El Día  relataría que “del automóvil descendieron dos individuos que les dispararon a boca de jarro con ametralladoras. Los jóvenes, que recibieron numerosos impactos de balas de 9 mm, murieron en el acto. Los agresores huyeron de inmediato con rumbo desconocido”. Y agregaba: “De acuerdo con algunos testimonios de circunstanciales testigos del grave episodio, el doble crimen se desarrolló

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con vertiginosa rapidez (…) Los agresores, personas jóvenes correctamente vestidas, accionaron sus armas dirigiendo los disparos de arriba hacia abajo, alcanzando a las víctimas con disparos desde la cabeza hasta las piernas”. Segundos después, Trincheri y Segarra llegaron al lugar y descubrieron los cadáveres de sus amigos en la vereda. Fueron ellos quienes dieron aviso a los padres de las víctimas. Días después, los compañeros de las víctimas habían identificado a tres de los cuatro ocupantes del Ford Falcon: Eduardo Fromigué (a) El Oso, Alejandro Mazzola y otro individuo de apellido Vicente, apodado El Negro. Delirio anticomunista. A primera vista, la elección de dos militantes de Silo como “blanco” resultó desconcertante. Por lo general, los objetivos de la CNU y de otros grupos operativos de la ultraderecha del peronismo eran militantes de la izquierda peronista, de organizaciones marxistas y dirigentes sindicales de base. Sin embargo, la lógica delirante de la CNU –y del Oso Fromigué como ex integrante de ella– permite ubicar estos crímenes en el marco de su enfrentamiento con la “sinarquía internacional”. Mario Rodríguez Cobos, más conocido como Silo, líder de la organización espiritualista, había sido encarcelado durante la dictadura de Lanusse por supuestas vinculaciones con el comunismo internacional. La ultraderecha peronista había ido más lejos e identificaba a Silo como una organización que respondía encubiertamente al PRT-ERP. Poco antes de los asesinatos de Lascano y Carreras, la revista El Caudillo había denunciado esta supuesta vinculación. El encargado de hacerlo fue Salvador Nielsen, en su sección “¡Oíme!”, donde solía señalar con dedo acusador a los enemigos de la patria. “Nielsen estaba obsesionado con la ‘invasión sionista’ y el ERP. Sobre el grupo guerrillero, incluso, había concebido una extraña teoría: sostenía que el ERP había estrechado vínculos con los terroristas vascos de ETA a través de Silo, el líder del Movimiento Humanista. No tenía pruebas, pero igual escribió un artículo sobre el tema, reforzado con toques antisemitas”, relata el periodista Adrián Murano en su artículo “Los intelectuales del Brujo”, publicado en 2007 por la revista  Veintitrés. En La Plata, los integrantes de Silo venían siendo sistemáticamente acosados por la CNU. “Trataban de meternos miedo diciéndonos ‘los zurdos’. Me acuerdo de algunos, como El Chino Causa. Me dieron una paliza entre 15. Me agarraron después de un discurso de Isabelita por la tv y salieron a hacer un operativo. Fue a principios del ’75. En la calle 8 me dieron tremenda paliza con manoplas, pistolas. De ese grupo de 15 no me acuerdo de ninguno porque fue muy violento. Ese mismo día también les pegaron a dos compañeros, Ricardo y Gustavo Cabarrou”, recuerda Roberto Rojas, ex miembro de Silo que fue detenido durante la dictadura. Eduardo Fromigué fue detenido pocos días después de los asesinatos de Lascano y Carreras. Los autores de esta investigación no han encontrado docu-

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mentación relacionada con esta detención que, por otra parte, fue breve. En una carta de lectores publicada el 11 de mayo de 2007 en la revista Infu, el ex integrante de Silo, Gustavo Cabarrou, se refiere a ella y acusa a Fromigué de la muerte de sus compañeros y también de los tres militantes de la JUP asesinados a principios de julio de 1975. “Pablo del Rivero fue asesinado en La Plata junto a sus amigos Mario Cédola y Gustavo Rivas en julio de 1975 cuando circulaban en moto por el barrio de Tolosa. El asesino fue el señor Fromigué, ex miembro de la CNU y luego matón a sueldo de Lorenzo Miguel (…) Días más tarde asesinó a Eduardo Lascano y Ricardo Carreras, siloístas, en la esquina de 7 y 39, La Plata. A las pocas horas de ser detenido, Fromigué fue puesto en libertad a través de una negociación entre la Policía Bonaerense (en ese momento a cargo del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, señor Calabró) y el “jefe de Fromigué, o sea Lorenzo Miguel”, escribió.

DIEZ ACUSADOS POR DOS MUERTES 24 de junio de 2011 Un ex integrante del grupo de tareas identificó a los asesinos de Mario Gershanik en 1975 y de Horacio Urrera en 1976. Al publicarse este artículo, el titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, Arnaldo Corazza, tiene sobre su escritorio una declaración prestada ante escribano público por un testigo que incrimina a diez integrantes del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) platense en dos asesinatos cometidos por esa banda parapolicial, el primero de ellos en abril de 1975, y el segundo, en abril de 1976. El declarante, cuya identidad Miradas al Sur mantendrá momentáneamente en reserva, es un miembro de la patota que fue testigo directo de esos dos crímenes, por lo cual su declaración –que tiene valor legal al estar certificada por un escribano público, pero que puede ser ampliada si su señoría, como debe, decide interrogarlo en sede judicial– puede significar un avance de singular importancia en la causa, que por el momento permanece en estado letárgico por la inacción del juzgado. La mayoría de los individuos nombrados por el testigo como participantes de esos crímenes ya habían sido identificados en estas páginas por los autores de esta investigación. Se trata de Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Martín Sánchez (a) Pucho, Dardo Omar Quinteros, Juan José Pomares (a) Pipi, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, David Masota (a) Feiño, Jacek Piechocki (a) El Alemán o El Polaco o Pablo, Ricardo Walsh (a) Richi, Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto, y Néstor Causa (a) El Chino. De ellos, sólo Castillo y Pomares están detenidos por otras acciones criminales cometidas por la CNU.

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Los asesinatos a los que se refiere son los del médico Mario Alberto Gershanik, perpetrado el 10 de abril de 1975, y del militante gremial Horacio Salvador Urrera, secuestrado la noche del 19 de abril de 1976 y asesinado pocas horas después junto a otras dos personas. Un testigo fundamental. La declaración del testigo, certificada por escribano público, fue presentada por el abogado Eduardo Soares, representante legal de las querellas entabladas por los familiares de Mario Gershanik y Horacio Urrera. Los autores de esta investigación están en condiciones de afirmar que se trata de un documento de vital importancia para el esclarecimiento de estos dos asesinatos y el avance general de las causas relacionadas con el accionar de la patota paraestatal de la CNU platense. El testigo es un ex integrante de ese grupo de tareas, del que participó activamente entre noviembre de 1974 y fines de abril de 1976. Se trata de la misma persona que se presentó espontáneamente en el juzgado a cargo de Corazza en el segundo semestre de 2010 con la intención de prestar declaración ante el juez, pero fue disuadido de hacerlo en circunstancias que, por lo menos, cabe calificar de confusas. Es también el mismo individuo al que se refirió el inefable secretario de Corazza, Ricardo Botto, en un diálogo que mantuvo con el hermano de una de las víctimas de la patota. Las víctimas y los asesinos. En su declaración ante el escribano público Esteban Rafael Morcillo, el testigo se refirió específicamente a los asesinatos de Mario Alberto Gershanik y Horacio Urrera. Los autores de esta investigación pueden asegurar que si Corazza le toma declaración en sede judicial –y lo interroga a conciencia– no sólo logrará que amplíe sus dichos sobre esos dos casos, sino que estará en condiciones de obtener información de primera mano sobre por lo menos otros veinte crímenes cometidos por el grupo de tareas capitaneado por Carlos Ernesto Castillo. Mario Alberto Gershanik fue asesinado la madrugada del 10 de abril de 1975, cuando se resistía a ser secuestrado en la casa de sus padres, por un grupo de tareas conjunto de la CNU y la Triple A, comandado por Aníbal Gordon (a) El Viejo. Ahora, en su declaración notarial, el testigo identifica a nueve de los autores de ese asesinato. Se trata, según el escrito que acompaña a la declaración, de: “Carlos Ernesto Castillo (alias ‘El Indio’), Martín Sánchez (alias ‘Pucho’), Dardo Quinteros, Juan José Pomares (alias ‘Pipi’), Antonio Jesús (alias ‘Tony’), David Masotta (alias ‘Feiño’), y a Jucek Piechocki (alias ‘El Polaco’ o ‘Pablo’) y Ricardo Wolf (alias ‘Richi’)”, y de otro individuo al que sólo identifica como “‘El Chino’ Causa”. Miradas al Sur está en condiciones de aclarar que el mencionado “Jucek Piechocki” es el abogado Jacek Piechocki, y que “Ricardo Walsh” es en realidad Ricardo Wolf. En cuanto al individuo

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identificado como “‘El Chino’ Causa”, se trata de Néstor Causa (a) El Chino, conspicuo integrante de la banda. Horacio Urrera fue secuestrado de la casa familiar la medianoche del 19 de abril de 1976, en una de las últimas de las acciones de la banda paraestatal antes de ser desactivada. Esa misma noche fueron también secuestrados Leonardo Guillermo Micheli y Carlos Alberto Satich. Pocas horas después, los cadáveres acribillados de las tres víctimas fueron hallados en las aguas del Arroyo San Antonio, en la localidad de Sarandí. Al referirse a este crimen en su declaración ante escribano público el testigo identifica a ocho de los autores: “Carlos Ernesto Castillo, Juan José Pomares, Gustavo Fernández Supera, David Massotta, Antonio Jesús, Dardo Quinteros, Martín Sánchez, y a quien debe identificarse como ‘El Chino’ Causa”, según consta en el escrito presentado por el abogado Eduardo Soares. Pedidos de detención. En la presentación que acompaña a la declaración notarial del testigo, las querellas solicitan la indagatoria de todos los nombrados. En la mayoría de los casos, el juez Corazza no debería tener dificultades para encontrarlos y tomarles declaración. Como se dijo, Castillo y Pomares ya se encuentran tras las rejas y a disposición del juzgado por otros crímenes. Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto vive en la localidad de Olivos, donde también conduce la agrupación peronista “La Scalabrini Ortiz”. Por lo menos hasta el 31 de diciembre del año pasado figuraba como personal contratado en el Archivo General de la Nación (Contrato 0208B2011, del Ministerio del Interior). Los autores de esta investigación no han podido establecer todavía si este contrato fue renovado. Antonio Agustín Jesús (a) Tony revistó como director de Referencia Legislativa de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires hasta mediados del año pasado, cuando debió renunciar (en realidad se acogió a una jubilación anticipada) debido a los artículos publicados por Miradas al Sur sobre su participación en la banda paraestatal de la CNU. Actualmente, goza de sus días libres en su casa de la localidad de City Bell, en las afueras de La Plata. Jacek Piechocki (a) El Alemán o El Polaco o Pablo vive en Quilmes y dirige un estudio especializado en víctimas de accidentes de tránsito con sede en La Plata. Por tratarse de un abogado y para evitar errores de procedimiento, el escrito presentado por el abogado Soares ante el juez Corazza dice con claridad: “Pido en consecuencia la detención de Jucek Piechocki a los fines ya mencionados arriba, estableciendo expresamente la salvedad de que –para el caso que se resuelva la detención en su Estudio Jurídico– se informe previamente al Colegio de Abogados donde se encuentre matriculado a fin de evitar posteriores nulidades”.

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La CNU y la Bonaerense. Por otra parte, los querellantes le pidieron al juez Arnaldo Corazza que libre los oficios necesarios para que la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires informe si en la estructura de la ex Regional La Plata de esa fuerza revistaron, entre 1974 y 1976, las siguientes personas: “Un comisario de apellido González”, “un comisario de apellido Masuli”, “un personal con grado de oficial inspector de apellido Garachico”, y “un personal con el grado de oficial mayor de apellido Bilardo”. Los autores de esta investigación están en condiciones de identificar al “comisario González” como el encargado de reclutar para el grupo de tareas de la CNU comandado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, a los policías Alfredo Lozano (a) El Boxer, Vicente Ernesto Álvarez y Roberto Antonio Storni. A fines de 1974, les ofreció a estos tres policías tener un segundo empleo como personal de seguridad de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata, a cuyo cargo estaba el padre del Indio Castillo. Revistando en ese empleo fueron incorporados al grupo de tareas de la CNU. El “comisario Masuli” es en realidad el ex jefe de la Unidad Regional La Plata de la Policía Provincia de Buenos Aires, comisario Carlos Alberto Masulli, encargado de coordinar desde la Bonaerense la liberación de zonas para que el grupo de tareas de la CNU pudiera perpetrar sus crímenes sin ningún tipo de interferencia. El “oficial inspector de apellido Garachico” revistaba en 1974 y 1975 como oficial principal y su nombre completo es Julio César Garachico (a) El Gordo. Era el nexo entre la patota comandada por El Indio Castillo y la Policía Bonaerense para coordinar la elección de “blancos” y la liberación de zonas. Actualmente, se encuentra detenido a disposición del juez Corazza por su participación en los asesinatos de los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata y militantes montoneros Marcelo Bettini y Luis Eduardo Bearzi, perpetrados en Tolosa en noviembre de 1976. El “oficial mayor de apellido Bilardo” tenía en 1975 el grado de suboficial mayor y su nombre completo es Alberto Juan Bilardo. Era el segundón del Gordo Garachico en la coordinación de acciones con la CNU. La hora del juez. Como señala el escrito presentado por la querella, ahora el titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata “tiene una oportunidad inmejorable para avanzar en la causa, requerir indagatorias con elementos concretos y llevar adelante medidas de pruebas a partir de datos e informaciones ingresadas a la causa en forma directa y legítima, sin que puedan cuestionarse de ninguna manera”, así como de “despejar cualquier duda –si las hubiere tanto por parte de la prensa como de algún sector de la opinión pública– respecto de la actuación del Tribunal en relación a la celeridad del proceso como así también en traer al estrado a declarar como imputados a quienes corresponda con estricto resguardo de sus derechos y garantías”. Los crímenes que se investigan fueron cometidos hace más de 35 años, pero no hay prescripción posible para ellos, ya que se trata de delitos de lesa humanidad por

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haber sido cometidos al amparo del Estado. Con este testimonio en sus manos, el juez Arnaldo Corazza –cuyo accionar en las causas relacionadas con la CNU viene siendo duramente cuestionado– tiene muchas medidas para tomar.

“JUZGAR A LA CNU ES MÁS DIFÍCIL QUE A LOS MILITARES” 8 de julio de 2012

El juez federal Roberto Falcone precisa las causas que demoran el procesamiento de los crímenes cometidos antes del golpe de 1976. Roberto Atilio Falcone es marplatense de pura cepa. Estudió y se recibió de abogado en la UNMP y fue nombrado juez federal en 1994, “en pleno menemismo”, como le gusta remarcar. Es integrante del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que investiga los crímenes cometidos por la CNU en esa ciudad. A diferencia de la pobre actuación del Juzgado Federal 3 de La Plata, que pese a la abundancia testimonial ha dictado solamente dos procesamientos de miembros de la CNU local, el tribunal marplatense ha avanzado decididamente en la causa, con una veintena de procesados –algunos cumpliendo prisión preventiva– por homicidios calificados y asociación ilícita. –En el año 2009, usted afirmó que había poco progreso en los juicios por el terrorismo de Estado por falta de compromiso, o de compromiso ético de los jueces. ¿Cómo ve esa situación hoy, se ha avanzado, se ha retrocedido? –Se ha avanzado mucho, pero por esfuerzos individuales. Sigue existiendo un freno, en algunos sectores del Poder Judicial de Mar del Plata, a la investigación de los crímenes de la CNU. Por una cuestión lógica: la Justicia Federal de Mar del Plata comenzó a funcionar en octubre de 1974 y fue armada con cuadros de la CNU. Más aún, integraban la administración de Justicia personajes que habían estado detenidos por el asesinato de Silvia Filler en 1971. La Justicia Federal de Mar del Plata, por más compromiso progresista que pueda existir de parte de algunos jueces, no ha conseguido liberarse del todo de los sectores de extrema derecha. –A partir de la investigación de Miradas sobre la CNU, hemos comprobado que en La Plata hay importantes demoras en la investigación y el eventual juzgamiento de estos crímenes. ¿A qué lo atribuye? –Es mucho más fácil hoy investigar el terrorismo de Estado cometido luego del golpe, porque en un aparato organizado de poder, cuyo funcionamiento ha sido acreditado ya en la sentencia de la causa de los ex comandantes, hay una especie

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de responsabilidad de tipo funcional. Eso es mucho más sencillo que llevar a juicio a personajes que han venido escalando posiciones en la sociedad o que detentaron y detentan posiciones expectantes. Eso lo que ha generado es una mayor dificultad, porque no son personajes que se han quedado quietos. Articulan desde muchos sectores. Usted fíjese que los jueces que investigan a la derecha son los jueces más vilipendiados, los jueces más calumniados, donde hay campañas de todo tipo, porque estos imputados no se van a entregar fácilmente. Van a poner todo lo que haya que poner para poder eludir la persecución penal. –Esa demora y esa morosidad de algunos jueces, ¿usted las ve más como una cuestión corporativa, un reflejo de temor o una complicidad ideológica con respecto a los hechos? –En algún caso hay algún componente ideológico, y no necesariamente porque tengan vínculos con estos personajes, sino que las designaciones que se han hecho durante todos estos años no son, en su mayoría, designaciones que puedan acompañar el tipo de revisionismo judicial que se está haciendo en este momento. Y si bien el Consejo de la Magistratura ha apoyado estas investigaciones, a mi criterio no ha seguido de cerca las denuncias que han hecho las víctimas por las paralizaciones y por las contramarchas que se producen. –Volviendo a la CNU, hay una gran diferencia en cuanto a la dinámica de investigación y procesamiento: en Mar del Plata hay una veintena de procesados y en La Plata hay dos… –Sin duda. Es que en el año 2000, en el mes de septiembre, presentamos el Juicio por la Verdad. Pero nosotros no dispusimos la agenda. A nosotros nos hizo una demanda colectiva toda la sociedad de Mar del Plata: Universidad, Colegio de Abogados, gremios, ONG, organismos de Derechos Humanos, etc., etc., y empezamos el Juicio por la Verdad, y los testigos, los primeros testigos, venían a relatar los horrores sufridos durante la dictadura, pero también la persecución y los asesinatos de la CNU. Entonces, desde el primer día empezamos nuestras averiguaciones acerca de lo que había acontecido en el terrorismo de Estado, pero sin poner ese mojón en el 24 de marzo del ’76, porque para nosotros también todos los crímenes de la CNU son delitos de lesa humanidad y fueron cometidos al amparo del poder del Estado. –Es una diferencia notoria, porque en La Plata, en el caso específico de la CNU, nunca hubo una presentación colectiva, y recién ahora un puñado de militantes y de abogados junto a familiares de las víctimas, están empezando a presentar querellas... –Lo que ocurrió en Mar del Plata es que venían muchos testigos... familiares, esposas, hijos que nos contaban todo lo que habían sufrido. Cuando solicitamos los expedientes vimos que estaban anémicos de diligencias probatorias, que no se había hecho nada. Empezamos a colectar testimonios, documentos. Hemos secuestrado documentos que tienen 35 años, con un valor incriminatorio grave. Y luego, todos esos elementos de juicio, el tribunal no se los derivó

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al juez federal de Primera Instancia. El tribunal los clasificó, los relacionó con cada uno de los hechos delictivos, hizo una valoración provisional y mandó al juez federal de primera instancia una instrucción casi completa. Con lo cual el juez federal de primera instancia lo único que tuvo que hacer fue seguir el camino que se había iniciado. Hay que sentarse frente a las víctimas que hace 30 años están reclamando justicia y creen que usted los puede ayudar. Entonces, uno adquiere un compromiso, sin violar ninguna garantía, sin torcer ningún elemento de prueba, sin valorarlo arbitrariamente, pero uno asume un compromiso que muchos no han querido tomar. Esa es la diferencia.

EL TESTIMONIO DEL BOXER FUE REMITIDO A LA FISCALÍA 15 de julio de 2012 El titular del Juzgado Federal en lo Correccional Criminal N° 3 de La Plata, Arnaldo Corazza, resolvió remitir a la Fiscalía la declaración testimonial prestada ante escribano público por un ex integrante del grupo de tareas platense de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), donde este testigo incrimina a diez miembros de la banda en los asesinatos del pediatra Mario Alberto Gershanik, ocurrido en abril de 1975, y del dirigente gremial Horacio Urrera, perpetrado en abril de 1976. Miradas al Sur, que tuvo acceso exclusivo a esa declaración –sobre la cual informó en su edición del 24 de junio aunque sin revelar el nombre del testigo–, está en condiciones de informar que el “arrepentido” que imputa a sus ex compañeros de andanzas criminales es el ex policía Alfredo Ricardo Lozano (a) El Boxer, quien integró la banda capitaneada por El Indio Castillo, entre noviembre de 1974 y abril de 1976. Los señalados como autores de uno o ambos crímenes son: el propio Castillo, Martín Sánchez (a) Pucho, Dardo Omar Quinteros, Juan José Pomares (a) Pipi, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, David Massotta (a) Feiño, Jacek Piechocki (a) El Alemán o El Polaco o Pablo, Ricardo Walsh (a) Richi, Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto, y Néstor Causa (a) El Chino. Sólo Castillo y Pomares están actualmente detenidos. El testimonio, certificado ante escribano público, fue presentado en el juzgado por el presidente de la Asociación Gremial de Abogados, Eduardo Soares, en su carácter de patrocinante de las querellas iniciadas por las familias de Gershanik y Urrera. A mediados del año pasado, El Boxer Lozano se había presentado espontáneamente en el Juzgado de Corazza con la intención de prestar declaración pero, como oportunamente informamos, fue llamativamente disuadido de hacerlo por personal de ese tribunal.

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Ahora, en lugar de hacer lugar a los pedidos realizados por la querella en el escrito que acompaña a la declaración testimonial de Lozano, Corazza –en lo que Soares entiende como “otra maniobra dilatoria del juez”- decidió remitirla a la Fiscalía. En el escrito se solicitaba, por un lado, la declaración indagatoria de los diez ex miembros de la banda imputados por Lozano, y por el otro, una serie de medidas de carácter informativo, entre ellas, que se librara oficio a la Policía de la Provincia de Buenos Aires para que informe sobre la situación de revista en esos años de los policías González, Masuli, Garachico y Bilardo, señalados en la declaración de El Boxer como relacionados con el accionar de la CNU. La decisión de Corazza de dar traslado al fiscal federal fue evaluada de manera negativa por la querella. “No sólo es un paso innecesario y procesalmente improcedente, sino una falta más del Juzgado, que se suma a otras trabas y dilaciones previas. Si tengo que resumir la situación tengo que decir que el Juzgado, hasta ahora, no ha hecho absolutamente nada”, dijo Soares al ser consultado.

A LOS TIROS Y A MANSALVA 15 de julio de 2012 El 26 de noviembre de 1973, un comando de la CNU irrumpió en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata y desató el terror. El ataque fue la antesala de una escalada de violencia de ultraderecha. Son poco más de las seis de la tarde del lunes 26 de noviembre de 1973 y la primera jornada de la elección para renovar el Centro de Estudiantes transcurre con total normalidad en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata. Los comicios, que se desarrollarán durante toda la semana para permitir que vote la mayor cantidad de alumnos posible, son seguidos con especial atención y entusiasmo por la militancia universitaria. No es para menos: son los primeros en la Universidad desde la recuperación de la democracia, el 25 de mayo, cuando Héctor J. Cámpora asumió la presidencia, y Arquitectura es la primera facultad de la UNLP en realizarlos. Los resultados, a pesar de que habrá que esperar cinco días para contar los votos, están casi cantados: se espera que la Lista Azul y Blanca, orientada por la Juventud Universitaria Peronista (JUP), gane por amplia mayoría y desplace al Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda (FAUDI), que responde al Partido Comunista Revolucionario (PCR), de la conducción del Centro. La de Arquitectura es una suerte de prueba piloto, que marcará la tendencia predominante en el resto de las facultades. Los tiempos, sin embargo, no son los mejores. Aunque la izquierda peronista todavía se niega a aceptarlo, la puja política dentro del movimiento –y del Gobierno– ya tiene, también, un ganador. La masacre de Ezeiza, que tiñó de sangre el regreso definitivo de Juan Domingo Perón a la Argentina,

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mostró que resortes claves del aparato del Estado –más allá de la voluntad de Cámpora– estaban en manos de la derecha, que los utilizó para sembrar muerte entre la multitud. El Tío había renunciado a la presidencia y Perón había asumido el 12 de octubre, con más de siete millones de votos en las urnas. El vuelco hacia la derecha del viejo general todavía no muestra toda su magnitud, pero sobran síntomas en ese sentido. En este contexto, las universidades siguen siendo bastiones de la izquierda peronista, que resiste. En la Universidad Nacional de La Plata, la ultraderecha peronista, encarnada por la Concentración Nacional Universitaria (CNU), carece de adhesión estudiantil. Los fachos no participan de las elecciones, pero no por eso dejan de hacerse sentir. Para ellos, la Universidad en general –y Arquitectura en particular– son “nidos de zurdos que hay que destruir”. “La CNU no tenía existencia visible en la facultad como agrupación. No iban a armar una mesa nunca. Lo que sí hacían eran pintadas en la facultad. Había una con aerosol en un aula que decía: ‘Ojo Bolches, CNU vigila’. Y después había otra en latín, en una de estas aulas chicas, que decía: ‘Delenda est marxistica universitas” (N. de la r.: algo así como “ es preciso destruir la universidad marxista’)”, recordó casi cuarenta años después un estudiante de aquella época. Para esta investigación, Miradas al Sur entrevistó a nueve ex estudiantes y/o docentes que estaban en la Facultad la tarde del 26 de noviembre de 1973. Sus nombres se mantendrán en reserva. Patota a los tiros. A las seis y cuarto de la tarde, el patio de la Facultad está poblado de estudiantes. Muchos otros se reparten en diferentes aulas, donde se está cursando, como todos los lunes, Materiales. De pronto, a través de la entrada principal, que da a la calle 47, irrumpe un grupo de unas quince personas al grito de “¡Ni yanquis ni marxistas, peronistas!”. La patota ocupa la parte norte del patio y empieza a disparar. Todos llevan armas cortas. “En ese entonces, la facultad tenía dos grandes naves, el patio, otras naves pequeñas, el bar y, arriba, el anfiteatro. Era como una U. Se desplegaron en semicírculo en el patio y dispararon”, relató a Miradas al Sur uno de los entrevistados. “Se desplegaron en abanico y comenzaron a tirar contra todo lo construido. Por un lado, a los talleres grandes; por el otro, a los talleres chicos, al bar y a las aulas”, confirmó otro. El ataque ocurre por sorpresa, al principio nadie entiende qué está pasando. Los alumnos que están en el patio buscan refugio o se tiran al piso, tratando de evitar las balas. En la mesa de votación, instalada cerca de la puerta del bar, una alumna se retuerce de dolor: un disparo acaba de rozarle una pierna. Se llama “Coni” Almeida y es la única herida durante el ataque. “Tiraron a matar. Si no hubo muertos no fue porque no se lo propusieran. El ataque, que fue corto aunque en ese momento a mí me pareció larguísimo, fue salvaje y sin ningún control”, contó otro de los presentes.

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Parte del grupo asaltante avanza por el patio hacia la mesa de elecciones. Uno de los atacantes porta un hacha. “Yo estaba en el bar con un grupo de gente. Los vi desde ahí. Entraron a las corridas y se treparon en un cartel que había del Che Guevara, creo que era de los Grupos Revolucionarios de Base, e intentaron tirarlo abajo. Tenían un hacha. Un compañero se puso a pelear con uno de ellos ahí y agarró una botella pequeña de Coca Cola y le quiso dar al tipo en la cabeza. En ese momento lo tomé como algo natural, pero ahora que lo veo a la distancia me parece una cosa totalmente inconsciente. Era una locura”, relató un ex alumno, hoy arquitecto. En las aulas todo es confusión. “La sensación que yo tengo es de incredulidad. Yo pensaba que eran cohetes. Me asomo y veo por la ventana que están corriendo. Hasta que escucho un disparo y veo una puerta que se rompe. Tardamos en darnos cuenta. Había un clima muy distendido. Las elecciones iban sin quilombos”, explicó otro ex alumno que estaba en una de las aulas. “El día del tiroteo estábamos en clase de Materiales en el aula chica con un ayudante que se llamaba Poletti, que era grande como un ropero. Ingenuamente volcamos los tableros como para cubrirnos. Nos tiramos todos al piso, menos él. Desde abajo yo le decía que se cubriera y él decía que no iban a entrar. Ellos no, pero las balas sí. Lo empujé y cayó de rodillas. Al otro día me agradeció, con las rodillas a la miseria por el golpe que se dio cuando lo tiré”, agregó otro ex estudiante. Fachos identificados. Pacífico Díaz era ayudante de la materia Arquitectura y un reconocido dirigente de los docentes agrupados en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP). En el momento del ataque estaba parado junto a la puerta de uno de los talleres y, desde allí, no sólo reconoció a Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto entre los integrantes de la patota sino que pudo ver cómo le disparaba. “Pacífico estaba en la galería y pasado el tiroteo se apoyó en la puerta del taller grande, sacó su tiza del bolsillo de la camisa y, de espaldas a la pared, se dibujó el perfil de su cuerpo. Ahí pudimos ver el rastro de una bala que estaba a centímetros de la silueta que acababa de dibujar. No había duda de que le habían tirado a él. Nunca lo había visto enojado a Pacífico, que tenía una sonrisa permanente. Estaba recaliente. Aseguraba que esa bala era para él y juraba que había venido del Misto, que era alumno de una comisión en la que Pacífico era ayudante. También juraba que lo esperaba para hacerlo mierda... en la materia. Hasta hace poco la huella de la bala estuvo a la derecha de la puerta”, relató un militante de la JUP que estaba con él en ese momento. En diciembre de 1976, Pacífico Díaz fue secuestrado en La Plata por un grupo de tareas de la dictadura. Sus restos fueron identificados el año pasado y hoy descansan en su Concordia natal. “No sé si El Misto entró con el grupo o ya estaba adentro, pero es seguro que estaba. Después del ataque no volvió a la Facultad”, agregó otros de los entrevistados por los autores de esta investigación.

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En base a los testimonios obtenidos, hasta el momento Miradas al Sur ha podido identificar a cuatro de los integrantes de la patota de la CNU que irrumpió a los tiros en la Facultad la tarde del 26 de noviembre de 1973: Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto, Néstor Causa (a) El Chino, otro facho de apellido Pascua (a) Tito, todos ellos estudiantes de Arquitectura, y Jacek Piechocki (a) Pablo o El Polaco o El Alemán, por entonces estudiante de Derecho. Después del ataque, Pascua, Fernández Supera y Causa dejaron de asistir a la Facultad, seguramente por temor a haber sido identificados. Recién volvieron en 1975, cuando la Universidad de La Plata ya había sido intervenida por orden del ultraderechista Oscar Ivanissevich, ministro de Educación de Isabel Perón. En cambio, poco más de una semana después del tiroteo, Jacek Piechocki no sólo volvió a la escena del crimen sino que protagonizó una insólita provocación. “Creo que fue la semana siguiente, cuando ya había terminado la toma de la Facultad. Yo iba caminando por la calle 47 y vi a Piechocki que se bajaba de un Renault 6 a unos veinte metros de la entrada de la Facultad. Se bajó y se acomodó un fierro en la cintura, que me pareció que había sacado de la guantera. Entró a la facultad solito y se fue para el bar. Yo entré por atrás y les avisé a los compañeros. Muchos ni lo conocían, porque El Polaco estudiaba Derecho, no era de la Facultad. Era evidente que venía a desafiarnos. Nosotros lo vigilamos de cerca, pero no hicimos nada porque sabíamos que estaba armado”, relató un arquitecto que por entonces militaba en la JUP de Arquitectura. Asamblea y toma. Inmediatamente después del ataque, la JUP y todas las agrupaciones de izquierda con presencia en la Facultad convocaron a una asamblea que se realizó esa misma tarde. Pese al terror desatado por la balacera, hubo una masiva presencia estudiantil. Otro ex militante de la JUP la reconstruyó así: “Recuerdo una asamblea muy grande ese día. Creo que en ese mismo momento la policía científica estaba haciendo peritaje de las balas que estaban incrustadas en las paredes. Ahí se decide la toma de la facultad. En esa asamblea estaban casi todas las agrupaciones, pero impusimos nuestra posición. Apelando a la cuestión de que el gobierno universitario era nuestro, decidimos no militarizar la Facultad”, relató. De todos modos, la no militarización de la toma fue relativa, ya que un comando de Montoneros permanecía alerta en las inmediaciones de la Facultad. “La cosa consistía en tomar el acceso principal de la calle 47 y poner un control donde se revisaba. La JUP estaba armada mínimamente. Nuestra consigna era llamar por teléfono. Teníamos una pistola en un bolso pero lo que hacíamos era llamar a los muchachos. Teníamos la Secretaría Académica abierta y un teléfono a mano. Los muchachos estaban en algún lado y vendrían a dar la respuesta si había otra agresión. La toma duró aproximadamente una semana”, agregó el mismo entrevistado. Al resto de las agrupaciones –entre ellas los Grupos Revolucionarios de

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Base (GRB) y la Fracción Roja del PRT, ambas con fuerte inserción en Arquitectura– se les encomendó el control de la entrada trasera y el resto del perímetro de la Facultad. “Hubo una suerte de negociaciones donde la izquierda se bancó que nosotros controlábamos el acceso y ellos cuidaban todas las partes de las vías. Eran el PRT y otras. Era fuerte la Fracción Roja. En realidad ellos habían armado para estar esos días un galpón prefabricado que tenía la facultad al fondo. Era de la época de la guerra de Corea, era una carpa modular de chapa gigante. Nosotros íbamos a chusmear y había un flaco armando y desarmando un Fal y como treinta pibes mirando como si fuera una clase. Ellos tomaron la parte de atrás de la facultad que daba a las vías y a los campos del Colegio Nacional”, explicó un tercer ex integrante de la JUP entrevistado para esta nota. Mentiras en el diario. Al día siguiente, el matutino platense El Día publicó la noticia en su portada. El artículo, titulado “Hubo ayer un serio incidente en la Facultad de Arquitectura”, hacía una crónica oscura que falseaba los hechos. “Cuando gran cantidad de alumnos asistía a clase en sus respectivas aulas, se produjo ayer a la tarde un grave y confuso episodio en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata”, comenzaba el artículo y luego desarrollaba una curiosa versión de lo ocurrido: “En un determinado momento se suscitó un entredicho entre militantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), agrupación peronista de derecha, y de otras fracciones enroladas en sectores de izquierda. El hecho derivó en disparos de armas de fuego. Los proyectiles, de grueso calibre, impactaron en distintos sitios del establecimiento, especialmente en el aula 6 y en el bar. En el suceso no se registraron víctimas”. Así, para El Día, el ataque a los tiros por parte de la CNU era “un entredicho (…) que derivó en disparos de armas de fuego”. Por aquellos días era habitual observar en las paredes platenses una pintada que decía: “El Día miente”. La crónica publicada no hacía más que confirmar esa afirmación. Más adelante, el diario reproducía un comunicado que le había hecho llegar la CNU. “Por su parte –decía El Día–, una declaración de la CNU reconoce que sus dirigentes estuvieron en la Facultad ‘para entregar una nota de protesta al delegado interventor’, pero sostiene que al retirarse con las consignas de la ‘Patria Peronista’ y la marcha partidaria, fueron agredidos a puñetazos y tiroteados por integrantes del ERP, apoyados por militantes de la Ters, Faudi, JSA, GRB y otros. Ante estos hechos –declara la Concentración–, los compañeros optaron por retirarse.” Para cualquiera que conozca mínimamente el posicionamiento y el accionar de las agrupaciones nombradas resulta –y resultaba más aún entonces– evidente la falsedad de la versión de la CNU. Era imposible que la Ters y la JSA apoyaran una acción del ERP. Mucho menos el Faudi –orientado por el PCR–, que había comenzado un giro ideológico que pronto lo llevaría a apoyar al go-

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bierno de Isabel Perón y López Rega “contra el golpe ruso o yanqui”. En el párrafo siguiente, El Día continuaba: “(Los dirigentes de la CNU) afirman que ‘una célula armada del ERP tiene tomada la Facultad desde hace más de dos meses, difundiendo su propaganda subversiva, haciendo ostentación de armas, interrumpiendo las clases para difundir su doctrina apátrida y amenazando de muerte a los militantes de este nucleamiento. Ese fue el objeto de nuestra visita de ayer: protestar ante el delegado interventor por la situación y las agresiones continuas de nuestros compañeros’, agrega el comunicado de la CNU”. La declaración es tan delirante que no merece siquiera ser analizada. Sin embargo, como simple curiosidad, vale la pena detenerse en el fallido cometido por el redactor del comunicado. En lugar de hablar de las agresiones a “nuestros compañeros”, como seguramente quiso decir, escribió: “las agresiones continuas de nuestros compañeros”. Un sincericidio de puño y letra. La crónica del matutino platense terminaba diciendo que, al cierre de la edición, el delegado interventor, Tulio Fornari, “estaba en la regional de la Policía Federal para denunciar el hecho”. Ensayo general del terror. El ataque de la Concentración Nacional Universitaria a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP fue la primera acción armada de envergadura realizada por esa organización ultraderechista en la ciudad de La Plata. El modus operandi fue el mismo que, dos años antes, había utilizado en la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata, cuando otra patota irrumpió a los tiros en una asamblea y asesinó a la estudiante Silvia Filler. En enero de 1974, tras la renuncia de Oscar Bidegain a la gobernación bonaerense, la CNU se incorporaría activamente al aparato terrorista de Estado dirigido en la provincia por el nuevo gobernador, Victorio Calabró. Para entonces, la escalada desatada por la CNU ya estaba en pleno desarrollo. Visto en perspectiva, el ataque armado del 26 de noviembre de 1973 a la Facultad de Arquitectura fue, simplemente, un ensayo general para la puesta a punto de la maquinaria del terror.

PIPI, AFUERA DEL SENADO 22 de julio de 2012

El ex integrante de la CNU, hoy preso en en la cárcel de Marcos Paz, fue cesado por un decreto del vicegobernador Mariotto. Mediante un decreto que lleva la firma del vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, se puso fin a la situación irregular por la cual el ex integrante de los grupos de tareas platenses de la Concentración Nacional Universitaria (CNU)

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Juan José Pomares (a) Pipi permanecía, aunque en la condición de “suspendido”, en la planta de personal del Senado de la Provincia de Buenos Aires, donde tenía un nombramiento como “asesor” del bloque del Frente para la Victoria. Pomares había accedido a ese puesto el 1° de junio de 2011 por decreto del entonces vicepresidente en ejercicio de la presidencia del Senado provincial Federico Carlos Scarabino. Según la investigación realizada por las actuales autoridades del cuerpo, Pipi nunca cumplió las funciones para las que había sido designado. Como ya informó oportunamente Miradas al Sur, Pomares fue detenido el 26 de julio del año pasado por orden del titular del Juzgado Federal N° 3, Arnaldo Corazza, imputado como autor material en la causa que investiga el secuestro y asesinato a manos de la CNU del gremialista del Hipódromo y dirigente del Partido Justicialista platense Carlos Antonio Domínguez, perpetrado en febrero de 1976 por orden del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Victorio Calabró. Pomares también está acusado del secuestro de los militantes de la Tendencia revolucionaria del peronismo Graciela Martini, Néstor Hugo Di Notto, Adelaida Barón y Daniel Pastorino, y el asesinato de los dos primeros, ocurridos en abril de 1976. Uno de los sobrevivientes de ese operativo identificó a Pipi Pomares y a Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio como integrantes del grupo de tareas que los secuestró en la localidad de Villa Elisa. También identificó a Patricio Errecarte Pueyrredón como el hombre que se hizo presente en la casa operativa de la CNU mientras permanecían secuestrados y habló con ellos. Reciclado en el PJ. A pesar de estos notorios antecedentes criminales, en 1984, con el retorno de la democracia, Juan José Pomares se recicló dentro del Partido Justicialista platense, sin que a nadie parecieran importarles los delitos de lesa humanidad que había cometido mientras integraba la CNU. Ese año ingresó como empleado de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires de la mano de Herminio Iglesias. Posteriormente, revistó durante años como funcionario en el Área de Desarrollo Humano de la Municipalidad de La Plata. Integró listas internas del justicialismo en varias oportunidades y fue elegido congresal provincial de ese partido en dos ocasiones. Finalmente, llegó al Senado bonaerense durante la gestión en la presidencia interina de la Cámara de Federico Scarabino. Fuentes del justicialismo de la provincia de Buenos Aires coincidieron en señalar a los autores de esta investigación que el ingreso de Pomares en la Cámara alta se debió a gestiones realizadas por el ex senador Juan José Amondarain. Pipi no alcanzó a ocupar efectivamente su puesto, ya que fue detenido por orden de Corazza poco después de recibir su nombramiento. Hoy está en el penal de Marcos Paz a la espera de ser juzgado por sus crímenes. Debido a su detención –y al tomar estado público su participación en el terrorismo de Estado a través de la investigación de Miradas al Sur–, el Senado lo suspendió

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de sus funciones el 9 de agosto de 2011, aunque no lo separó definitivamente de su cargo. Ahora, el decreto firmado por Mariotto puso fin a esta situación. En los considerandos del decreto, además de señalar las cuestiones administrativas (fundamentalmente el no cumplimiento de sus funciones) que justifican el cese definitivo de Pomares como personal del Senado, se señala: “(…) Es necesario tener en cuenta el artículo 3° de la Ley 10.430, el cual enumera taxativamente las causas que imposibilitan el ingreso a la Administración, cuyo inciso b) establece que no podrá ingresar a la Administración quien ‘… tenga proceso penal pendiente o haya sido condenado en causa criminal por hecho doloso de naturaleza infame, salvo rehabilitación, y el que haya sido condenado en causa criminal por genocidio o crímenes de lesa humanidad o favorecido por las leyes de Obediencia debida o Punto final’”, por lo que “de lo informado por el señor juez de la causa que deriva en el procesamiento y detención del Sr. Pomares, se concluye que el agente se encuentra comprendido en la causal de imposibilidad de ingreso por tener causa penal pendiente”. Como la detención le impidió a Pomares ocupar efectivamente su cargo el mínimo de seis meses que establece la ley para que el nombramiento tenga carácter definitivo, el decreto que lo cesa en sus funciones está en un todo de acuerdo con la legislación vigente.

BAUTISMO DE FUEGO PARA CUATRO CANAS DE LA CNU 5 de agosto de 2012

En agosto de 1974, El Indio Castillo asumió la jefatura militar de la banda y reclutó a policías para aumentar su poder de fuego. Para septiembre de 1974, la Concentración Nacional Universitaria (CNU) platense necesita aumentar su poder de fuego. La intervención de la Universidad es inminente y los fachos preparan una escalada de violencia destinada a la eliminación física de “infiltrados marxistas” y a sembrar el terror entre los docentes y los estudiantes. El objetivo viene siendo planteado desde hace tiempo en las páginas de La hostería volante, la revista que dirige el mentor ideológico de la organización, Carlos Alberto Disandro, con una consigna escrita en latín:  “Delenda est marxistica universitas”. El golpe inicial lo darán un mes más tarde, el 8 de octubre, con el secuestro y los asesinatos del Turco Rodolfo Achem, secretario administrativo de la UNLP y dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP), y de Carlos Miguel, notorio referente de la Juventud Peronista y director del Departamento Central de Planificación de la Universidad.

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Pero en agosto, la banda está todavía en un proceso de preparación, que incluye el reclutamiento de nuevos “gatillos” para aumentar su poder de fuego. Desde hace unos días tiene un nuevo jefe militar. Se trata de un tipo que es poco más que un lumpen, hijo y nieto de policías, que nunca pisó un aula universitaria. Su nombre es Carlos Ernesto Castillo y se lo conoce por un apodo que quiere denotar salvajismo,  El Indio. Su lugarteniente es un individuo de aspecto siniestro: Héctor Arana (a)  El Sordo. La investigación de Miradas al Sur ha podido determinar que Castillo llegó a esa posición –de la mano de la Policía bonaerense– luego del desplazamiento del anterior jefe de seguridad de la CNU, Emilio Jorge Centeno Quiroga, ocurrido tras la muerte de otro notorio dirigente de la banda de ultraderecha, Martín Sala, baleado ese mismo mes por un comando de Montoneros. La jefatura militar del Indio marca el inicio de una nueva etapa en el accionar de la CNU platense, caracterizada por la coordinación de sus operaciones con la jefatura de la Policía provincial y su integración lisa y llana al terrorismo de Estado del gobierno bonaerense que encabeza Calabró. Un laburo extra. Por esos días, cuatro policías bonaerenses reciben de parte de uno de sus jefes la oferta de ganarse unos pesos extra haciendo trabajos de seguridad por la noche en el predio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata. Son el sargento Vicente Ernesto Álvarez (a) El Gallego, los agentes Alfredo Ricardo Lozano (a) El Boxer y Roberto Antonio Storni, y un cuarto uniformado a quien Miradas al Sur llamará D.M. para preservar su identidad. El negocio de vigilancia en la Facultad está en manos de un comisario de la Bonaerense, de apellido González, y de un ex policía, Miguel Castillo, padre de Carlos Ernesto Castillo (a)  El Indio. Miguel Castillo vive a pocos metros de su lugar de trabajo, en una casa de diagonal 113 y 65, detrás del predio de Agronomía. Por encima de ellos –aunque maneja el negocio a distancia y pronto manejará también el terror– está un alto jefe de la Unidad Regional La Plata de la Bonaerense, el comisario Juan Carlos Masulli. La oferta laboral es, en realidad, una operación de reclutamiento para reforzar el grupo de tareas de la CNU. Pasada la primera semana en el trabajo, uno de los policías ve entrar un Ford Falcon por la puerta principal del parque de la Facultad y le da la voz de alto. El auto –con cinco personas en su interior– se detiene. -¿Qué buscan? –pregunta el policía. Sin decir una palabra, el conductor le extiende una credencial que lo identifica como teniente del Ejército. Recién después, responde con otra: –¿Está González? –Sí, ahí en el fondo. Les muestro… –dice el policía y los conduce hacia el estrecho recinto donde está el jefe. Además de Castillo, del Falcon bajan Juan José Pomares (a) Pipi, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto, y

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David Masotta (a) Feiño. Pero los policías no les prestan atención a ellos, sino al arsenal que llevan encima: una ametralladora, dos Itakas y varias pistolas que muestran ostensiblemente. González sólo les presenta a uno de ellos. –Castillo, teniente del Ejército –les dice y a continuación les ordena: –Ahora déjennos solos que tenemos que hablar. Media hora después, el Falcon se va por donde vino y uno de los policías le pregunta a González: –¿Quiénes eran esos, jefe? –Unos amigos. Cuando los vean, déjenlos pasar. La operación de reclutamiento estaba en marcha. Refuerzos para El Indio. Días después, González reúne a su gente. Les habla con naturalidad, como si se tratara de una tarea más de vigilancia en la Facultad. –Dentro de un rato va a venir Castillo, El Indio. Precisa gente de refuerzo para esta noche y me preguntó si ustedes quieren ir. –¿Refuerzos para qué? –pregunta uno de los policías. –No sé. Tiene que hacer un trabajo y necesita gente –responde el jefe. Los cuatro policías aceptan, aunque ninguno sabe de qué se trata el “trabajo”. Castillo llega cerca de medianoche, con otros cinco hombres fuertemente armados, distribuidos en dos Ford Falcon. Habla un momento con González y luego reúne a los policías. –Suban que nos vamos –ordena. Los cuatro policías se distribuyen en los dos autos, que enfilan por 60 hacia 122. –¿A dónde vamos? –pregunta uno de los que viaja en el Falcon que va adelante, conducido por Castillo. –Hasta Berisso. No te calentés, que esto es fácil, no pasa nada –responde El Indio. Minutos después llegan a una villa y se detienen en una de las calles que está casi en los límites. –Es ésa –dice Castillo señalando una casilla que tiene un cartel que anuncia: “Sala de primeros auxilios”. –¿Qué hay que hacer? –pregunta uno de los policías. –Hay que entrar y romperla toda. Y después la quemamos. ¡Vamos! Los once hombres se despliegan. Mientras cuatro de ellos se quedan afuera, con armas largas, el resto entra a la casilla luego de derribar la puerta a patadas. Una vez adentro rompen las vitrinas, desparraman los medicamentos y revuelven todo. Después, uno de los civiles de la banda trae un bidón con nafta y rocía el interior. Durante unos minutos se quedan parados alrededor de los autos, viendo como la casilla –de madera y cartón– arde. Algunos vecinos se asoman, pero vuelven a meterse en sus casillas, asustados por las armas. Durante el viaje de vuelta, sorprendido por lo que acaba de hacer, otro de los policías interroga a uno de los integrantes de la patota. –¡Che, era una salita de primeros auxilios! ¿Por qué la quemamos?

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–Porque es de los montos –es la respuesta. Los dos Ford Falcon dejan a los policías en la entrada de la Facultad de Ciencias Agrarias y se alejan en dirección a la calle 1. Cuando los cuatro hombres regresan a sus puestos de trabajo, González no les pregunta nada. Ya están adentro. Todos menos uno, porque D.M. –que seguirá trabajando en la vigilancia de la Facultad– les dice a sus compañeros: –Esto no es para mí. No me gusta. Yo me abro. Autos para la patota. Una semana después, poco después de las 9 de la noche, El Indio vuelve a la Facultad para proponerles “otro trabajo”. Storni, Álvarez y Lozano aceptan y los dos Ford Falcon enfilan por el Camino Centenario rumbo a Buenos Aires. Al volante del primero está Dardo Omar Quinteros. Con él están El Indio y Feiño. A bordo del segundo van Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto, Juan José Pomares (a) Pipi, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, el policía restante y otro integrante de la patota a quien aquí se identificará como El Flaco. Los dos autos se desvían a la altura de Sarandí y, luego de recorrer algunas calles, se detienen frente a una cochera. –Esperen acá –ordena Castillo a los dos policías, y baja acompañado por Quinteros y Masotta. Del otro Falcon bajan otros tres hombres. Los seis entran a la cochera. Cinco minutos después, Quinteros se asoma y llama a los tres policías. Adentro, el sereno –un viejo corpulento– está atado y amordazado. El Indio  y Quinteros recogen las llaves del tablero de la oficina del sereno y empiezan a probarlas en las puertas de los autos. Finalmente, eligen cinco Fiat 128 Europa, un vehículo de moda en esos tiempos. Los tres policías y dos de los integrantes de la patota reciben el encargo de llevarlos hasta La Plata, a la casa del padre del Indio, detrás de la Facultad. El resto volverá en los dos Ford Falcon. Antes de salir, Castillo les pregunta a los policías: –¿Tienen credenciales ustedes? Los tres responden que sí. –Bueno, ustedes van a llevar tres de los autos. Ojo que no tienen papeles. Acá en Sarandí no van a tener ningún problema con la policía, pero si los paran en Gutiérrez van a tener que chapear, porque no están avisados. Así que cualquier cosa chapeen. No hizo falta. A la madrugada los cinco autos ya están estacionados en el parque que rodea la casa de Miguel Castillo. Al día siguiente, los tres policías y otros dos integrantes del grupo de tareas los llevarán al taller de Carlos Aníbal Giacobone y el chapista Rubén Pacenza, para que los “arreglen”. En los meses siguientes, algunos de esos Fiat 128 Europa serán utilizados en algunas operaciones de la banda. Los policías Alfredo Ricardo Lozano (a) El Boxer, Roberto Antonio Storni

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y Vicente Ernesto Álvarez (a) El Gallego quedaron definitivamente incorporados al grupo de tareas de la CNU. Uno de sus próximos “trabajos” será un secuestro seguido de asesinato perpetrado en una zona liberada por la Bonaerense. La estructura militar de la CNU platense, ahora capitaneada por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, está lista para desatar su escalada de terror.

EL EXTRAÑO CASO DEL TORINO VOLCADO 26 de agosto de 2012

El 20 de junio de 1974, Patricio Fernández Rivero y otros cuatro miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) sufrieron un accidente en un auto robado y cargado con armas. La Policía Federal los encubrió. Un accidente automovilístico en Palermo con un saldo de dos muertos y tres heridos, un auto robado con patentes de otro vehículo también robado y un arsenal en el baúl, un sumario policial y una carátula judicial muestran cómo en junio de 1974, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, la organización de ultraderecha peronista Concentración Nacional Universitaria (CNU) ya contaba con protección de la Policía Federal, por entonces conducida por el comisario general Alberto Villar. El 20 de junio de 1973, exactamente un año antes de esa noche, Patricio Fernández Rivero había comandado junto con Alejandro Giovenco los grupos de la CNU que habían participado de la masacre de Ezeiza. Ahora, a las 20.30 del 20 de junio de 1974, viaja a bordo de un Torino disparado a 180 kilómetros por hora por la Avenida Lugones, desde la General Paz en dirección a Palermo. Al volante del auto está Alberto Fiscina, de 22 años, que no afloja el pie que aprieta el acelerador. Los otros tres ocupantes del auto son Carlos Alberto Iriarte, también de 22 años; Juan José Pomares, y la pareja de Fernández Rivero, Hilda Disandro, de 22 años, sobrina del latinista Carlos Alberto Disandro, ideólogo de la CNU. Los cinco son oriundos de La Plata, la ciudad cuna de ese grupo de choque fascista. El Torino vuela figuradamente por la avenida Lugones hasta que, por causas desconocidas según los diarios de la época, en una curva empieza a volar literalmente por el aire, pega tres o cuatro tumbos y termina volcado sobre el asfalto con las ruedas hacia arriba, todavía girando. Alberto Fiscina muere casi sin darse cuenta: su cráneo está partido y sus sesos quedan esparcidos en el interior del auto y sobre el pavimento. Patricio Fernández Rivero, con un brazo destrozado, Carlos Iriarte y Juan José Pomares siguen atrapados dentro del amasijo de fierros en que quedó convertido el Torino. Hilda Disandro al-

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canza a salir por una ventanilla y trata de alejarse del auto. Alcanza a caminar unos ochenta metros antes de caer desvanecida. Un automovilista la carga en su vehículo y la lleva a la guardia del Hospital Fernández. En su edición del 22 de junio, en las páginas de la sección Policiales del diario Noticias, cuyo editor era Rodolfo Walsh, se relata lo sucedido. La crónica, titulada “El extraño caso del Torino”, dice: “Los demás heridos y el muerto también fueron llevados al Hospital Fernández. Ayer se supo que a Fernández Rivero le fue amputado el brazo izquierdo. Está internado en la sala de Traumatología con pronóstico reservado. Oficiosamente los médicos (que lo tienen) a su cargo reconocieron que su vida no corre peligro. Juan José Pomares, que también ingresó con pronóstico reservado, estaba ayer en la sala de clínica general, con traumatismo de cráneo. Carlos Iriarte, con pronóstico reservado, se hallaba ayer en estado ‘desesperante’. Le estallaron el hígado, el bazo y la vejiga. Confidencialmente se supo que tuvo que ser conducido a terapia intensiva. Es casi imposible que se salve”. Iriarte murió dos días después. En el párrafo siguiente, el diario también informa sobre el estado de Hilda Disandro: “(…) la información oficiosa del hospital sólo dice que una mujer, cuyo nombre no se registró en la guardia, ingresó junto con los demás heridos, víctima de un shock nervioso del que se recuperó. Tiene escoriaciones leves”, dice la crónica. Fierros, autos y patentes. Además del auto volcado, el muerto y los heridos, los agentes de la Comisaría 23ª que llegaron al lugar del accidente se encontraron con otro espectáculo: el de un verdadero arsenal repartido entre el baúl y los asientos del Torino. Las crónicas de la época hablan de granadas, proyectiles, armas cortas, una ametralladora y una escopeta Itaka. Esta información trascendió porque uno de los agentes habló informalmente con varios periodistas. Según Crónica, la policía encontró “una escopeta Itaka, granadas y proyectiles”. La Nación, por su parte, consignó que “cuando los policías auxiliaban a los heridos, encontraron en la parte de atrás del vehículo varias armas largas –una de ellas, trascendió, es una ametralladora– y un portafolio y un paquete con explosivos”. La Prensa dijo que se trataba de “una pistola, una ametralladora y varias granadas”. Poco después se estableció también que el Torino en el que viajaban los integrantes de la Concentración Nacional Universitaria era robado y que le habían cambiado las chapas patentes por las de otro vehículo también robado: B030176, correspondientes a un Citröen cuyo robo había sido denunciado semanas antes. Maniobra de encubrimiento. Debido al hallazgo de las armas, en un primer momento los heridos fueron considerados detenidos por la Seccional 23 de la Policía Federal, que incluso dispuso a varios agentes para su custodia en el Hospital Fernández. Después de ser atendida por su estado de shock,

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Hilda Disandro fue trasladada a esa comisaría, también en calidad de detenida. La situación de los integrantes de la CNU se complicó aún más cuando, al consultar el registro de propiedad automotor, la policía descubrió que el Torino llevaba patentes que correspondían a otro automóvil. Sin embargo, al día siguiente todo había cambiado. Al margen de las filtraciones, la Policía Federal no dio información oficial sobre las armas ni sobre el vehículo. Tampoco confirmó que Hilda Disandro –que quedó libre pocas horas después– había sido detenida. A partir de entonces fue como si nunca hubiera existido otra cosa que un lamentable accidente sufrido por cinco pacíficos ciudadanos que viajaban en un auto. Todos los intentos periodísticos por obtener información oficial en la Comisaría 23ª y en la Jefatura de la Policía Federal resultaron infructuosos. En el sumario elevado a la Justicia, la Federal tampoco consignó que el auto era robado ni mencionó la existencia de armas. Por esa razón, el juez Alfredo Muller, que quedó a cargo de la causa, la caratuló simplemente como “accidente fatal y lesiones”. Una vez recuperados de sus heridas, Fernández Rivero y Pomares volvieron tranquilamente a sus casas. La Justicia nunca los llamó siquiera a declarar en calidad testigos, a pesar de que la existencia de armas y un vehículo robado habían tomado estado público por filtraciones a la prensa. La operación de encubrimiento montada desde los más altos niveles de la Policía Federal comandada por Alberto Villar fue todo un éxito. La única huella de lo ocurrido que nunca pudo ser borrada fue –y es– el brazo ausente del jefe de la CNU, Patricio Fernández Rivero. Dos meses más tarde, Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, convertido en nuevo jefe militar de la CNU platense, entraría a bordo de un Ford Falcon a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata y, luego de mostrar a los policías de custodia una credencial que lo acreditaba como teniente del Ejército, reclutaría a cuatro de esos policías para integrarlos a la banda. Amparada desde el gobierno provincial y en estrecha relación con la Bonaerense, la CNU se integraría entonces plenamente a la maquinaria del terrorismo de Estado.

UNA IMPUTACIÓN BIEN GORDA Domingo 2 de septiembre de 2012

La Cámara Federal de La Plata confirmó el procesamiento de El Gordo Garachico por dos crímenes. Sin embargo, sigue sin ser imputado por el accionar de la CNU. 162

El ex policía Julio César Garachico (a) El Gordo sigue sin ser procesado por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU), organización para la que liberaba zonas desde la Policía Bonaerense. Sin embargo, esta semana, la Cámara Federal de La Plata lo imputó como “autor mediato” de las muertes de los militantes montoneros Luis Eduardo Sixto Bearzi y Marcelo Gabriel José Bettini, ocurridas el 9 de noviembre de 1976 en la localidad de Tolosa, cerca de La Plata. Los jueces Antonio Pacilio, Carlos Nogueira y Carlos Vallefí, integrantes de la Sala III de la Cámara, confirmaron el fallo dictado por el juez de primera instancia Arnaldo Corazza –quien también tiene a su cargo el grueso de las causas por los crímenes de la CNU– y dispusieron el procesamiento de Garachico por considerarlo “prima facie responsable del delito de homicidio, en dos oportunidades... modificando su calidad de partícipe necesario por la de autor mediato”. En el fallo, se le imputa a Garachico “el haber participado, en su calidad de numerario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en los homicidios de los que fueron víctimas Marcelo Gabriel José Bettini y Luis Eduardo Sixto Bearzi que se produjeron en el marco de un operativo llevado a cabo por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires el 9 de noviembre de 1976, en el barrio de Tolosa de la Ciudad de La Plata”. Durante ese operativo, Bearzi fue asesinado a tiros, en tanto que Bettini se suicidó ingiriendo una pastilla de cianuro. Sin embargo, los jueces consideraron esta última muerte también como producto del terrorismo de Estado. En el fallo señalaron que el suicidio es “un resultado posible, ya que ese tipo de reacción era harto frecuente entre los perseguidos políticos de la dictadura, ante la posibilidad de ser sometidos a tratos crueles por parte del personal de las fuerzas de seguridad”. Por lo tanto, agregaron que Bettini “actuó coaccionado como consecuencia de los medios violentos –e ilegales– desplegados por parte de las fuerzas represivas durante el operativo, quedando su intervención circunscripta a decidir entre el suicidio o a ser, muy presumiblemente, detenido por la Policía provincial e ingresado al circuito represivo que se encontraba activo en la época”. En su declaración, El Gordo Garachico negó haber sido autor material de las muertes de Bettini y Bearzi pero reconoció que “nosotros íbamos como auxiliares. Esto significa que no íbamos con la tropa que iba al blanco, sino que nuestra función era cortar las calles para que ninguna persona ajena pudiera salir herida. La función del Servicio Externo era brindar apoyo a las comisarías de la jurisdicción”. En otras palabras, lo que Garachico reconoció ante los jueces es haber liberado una zona para que el grupo de tareas actuara sin interferencias, una práctica que venía realizando –con otras modalidades– desde antes del golpe, para facilitar el accionar de la patota de la CNU capitaneada por Castillo. Como ya señalamos, la carrera de Garachico conoció varios destinos, cada

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uno de ellos de mayor importancia dentro de la estructura de la represión ilegal. Desde mediados de 1974, cuando revistaba en el Comando Radioeléctrico con el grado de oficial principal, fue el encargado de coordinar desde la Policía de la Provincia de Buenos Aires la liberación de zonas para que el grupo de tareas de la CNU pudiera realizar sus secuestros y asesinatos sin ningún tipo de interferencias. Con posterioridad al golpe, Garachico integró un grupo de tareas que dependía directamente de la Jefatura de la Bonaerense, por entonces a cargo de Ramón Camps y su ladero, Miguel Etchecolatz. También fue señalado por Jorge Julio López como uno de los integrantes del grupo paramilitar que lo secuestró en 1976.

“5 X 1” En agosto de 1974, el grupo de tareas platense de la CNU inició su accionar con protección policial y bajo la conducción de la Triple A. La fecha puede definirse con precisión. Los primeros días de agosto de 1974 los grupos de choque de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) platense, con Castillo como nuevo jefe militar, se incorporaron definitivamente al aparato terrorista de Estado que, en la provincia de Buenos Aires, tenía como cabeza política al sindicalista que pocos meses antes había desplazado a Bidegain en la gobernación bonaerense: Victorio Calabró. La investigación de Miradas al Sur estableció que la primera operación de esta nueva etapa de esa organización, realizada entre el 6 y 7 de agosto de ese año, tuvo las siguientes características: 1) fue planificada como un simbólico “5 por 1” que resultó parcialmente fallido. El “uno” por el cual decidieron asesinar a cinco personas era el dirigente de la CNU Martín Salas, ejecutado por un comando de Montoneros pocos días antes; 2) la CNU estuvo a cargo de las tareas de inteligencia previas, pero en los secuestros y asesinatos actuó en conjunto con un grupo de tareas de la Triple A bajo las órdenes de Aníbal Gordon (a) El Viejo; 3) en todos los casos, el grupo de tareas actuó en zonas liberadas por la policía y con el apoyo de vehículos con identificación policial; 4) la lista original de “blancos” anticipaba el perfil de los “zurdos” e “infiltrados en el movimiento” que, desde entonces, la CNU se dedicaría a eliminar. El sindicalista combativo. Pasada la medianoche del 7 de agosto de 1974, el timbre comenzó a sonar insistentemente en la casa de la calle 115 N° 1427, entre 61 y 62, de La Plata, donde vivía el gremialista del Sindicato Único de Petroleros del Estado (SUPE) Carlos Ennio Pierini, de 53 años, con su mujer y también gremialista Celia Pilar Cambero Pastor –a quien todos conocían

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como Pirucha– y el hijo menor de ambos, Flavio, que acababa de cumplir 14 años. “Mi esposo dormía plácidamente. Estábamos acostados. Tocaron el timbre y rápidamente gritaron ‘policía, policía’. Mi casa tenía un garaje y allí arriba había un balcón. Rompieron la puerta y entraron por ahí. Después bajaron por las escaleras. La puerta que daba a la calle del garaje estaba cerrada pero la que daba al patio no. Cuando tocaron el timbre, ya estaban dentro de la casa. Los que habían entrado les abrieron a los otros por el garaje”, cuenta Pirucha Pierini a Miradas al Sur. Carlos Ennio Pierini estaba acostumbrado a vérselas con la policía. Hombre de la resistencia peronista y sindicalista combativo había sido detenido más de una vez. La última, en diciembre del año anterior, secuestrado por un grupo parapolicial, salvajemente torturado y luego abandonado en Palermo. Pirucha –cuyo archivo en la Dirección de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBBA) la definía como “agitadora marxista”– siempre estuvo a su lado. En 1968, cuando la dictadura de Onganía detuvo a su marido, Pirucha se había parado frente al patrullero para que no se lo llevaran y fue sacada por la fuerza. Ambos estaban bien curtidos en eso de enfrentar a la represión, pero la madrugada del 7 de agosto de 1974 las cosas fueron diferentes. “Los que entraron eran cinco. Años después, por fotos, reconocí a tres de ellos. El que mandaba era Aníbal Gordon. Los otros dos eran Pino Enciso y Ruffo (se refiere a Alejandro Enciso y Eduardo Ruffo, laderos de Gordon en la Triple A). Cuatro, tenían armas largas. Gordon no. Estaban de civil, aunque al entrar dijeron ‘policía, policía’ y luego que eran de la Federal. Una vez adentro, sacaron a mi marido del dormitorio. Yo me tiré de la cama y me dejaron llegar hasta la puerta. Ahí me empujaron y me pisaron. A mi hijo lo taparon con una frazada y le apuntaron al cuerpo con una ametralladora”, relata Pirucha. A pesar de las armas, Pirucha no se amilanó y discutió con El Viejo: “Pasaron unos segundos y cuando me asomé a la puerta de la habitación donde tenían a mi marido, vi que se estaba vistiendo. Entonces le pregunté a Gordon, sin saber quién era, si tenía familia e hijos y él me contesta que sí. Entonces le dije que sus hijos y su mujer nunca estarían orgullosos de él como lo estábamos nosotros de mi marido. Ahí es cuando me empujaron, y Gordon me pegó un pisotón sobre mis pies descalzos. Mientras se lo llevaban, lo último que me dijo mi marido fue que cuidara a Flavio”, recuerda. Todavía hoy revive la desesperación que sintió al ver que, junto con su marido, se llevaban también a su hijo. “En un momento empiezan a empujar a Flavio, que estaba conmigo en otra habitación. Ahí fue que les dije que por qué se llevaban a un chico de 13 años y Flavio, que recién había cumplido años, me dijo, mientras lo tenían agarrado de un brazo: ‘¡Catorce, mamá!’, como si lo hubiera ofendido. Entonces Gordon hizo un gesto de que lo soltaran”, cuenta. El cadáver de Carlos Ennio Pierini, con más de cincuenta balazos, fue encontrado esa misma madrugada al sur de La Plata, cerca de una tranquera,

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a la vera de la prolongación de la Avenida 7, pasando el Aeropuerto. Al día siguiente, en la Comisaría 8va –que tenía jurisdicción en la zona donde hallaron el cuerpo de su marido–, Pirucha, en un descuido del policía que la atendía, pudo ver las fotos que habían tomado los forenses. Tal vez para consolarla, el policía le dijo que Carlos no había sufrido: “Me pidió que no me afligiera, que no había sufrido, que lo mandaron bajar y le tiraron una ráfaga y por eso tenía tantos disparos. Que había muerto en el acto. La cabeza ni se sostenía. Cuando me dieron su ropa, vi que en la espalda tenía un boquete grande. Le habían pegado el tiro de gracia a quemarropa. Le habían robado el reloj, el sobretodo y hasta los zapatos”. En los días siguientes, Pirucha Pierini realizó una serie de averiguaciones. Por relatos de los vecinos, supo que del operativo habían participado por lo menos dos autos: un patrullero y un Torino sin identificación. También se enteró, por testimonios de un sastre de apellido Calabrese que tenía un kiosco cerca de su casa, que los días previos al secuestro, durante varias noches, un Torino oscuro con varias personas se estacionaba sobre la calle 62 y que sus ocupantes se turnaban para vigilar la casa desde la esquina. Más tarde, por contactos con un sindicalista de la derecha peronista –que, aunque enfrentado con él, apreciaba a Pierini–, supo que entre los que participaron de la vigilancia habían estado Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a) Pipi. Ese relevamiento no sólo sirvió para hacer la inteligencia previa al secuestro y asesinato de Carlos Ennio Pierini, sino que también le resultó fatal a Luis Macor. El estudiante militante. El asesinato de Pierini fue el último del operativo “5 por 1” perpetrado por la Triple A y la CNU entre el 6 y el 7 de agosto de 1974. La primera víctima había sido Luis Norberto Macor, catamarqueño de 21 años, licenciado en ciencias de la comunicación, militante montonero y ex integrante del equipo de la Secretaría de Prensa durante la gobernación de Oscar Bidegain. Por estas últimas dos razones, la CNU lo había marcado como “blanco” de esa cadena de secuestros y asesinatos. No fue sencillo ubicar a Macor, que vivía con otros compañeros en una casa de la zona norte de La Plata cuya ubicación exacta era desconocida para casi todos los que, por una u otra razón, se relacionaban con él. Después del desplazamiento de Bidegain, dado su grado de exposición en el área de prensa, el joven se movía en una suerte de semiclandestinidad. Sin embargo, algo falló en sus prudentes medidas de seguridad. El error de Macor radicó en frecuentar la casa de Pierini sin saber ni darse cuenta de que estaba siendo vigilada. “Luis estaba pasando estrecheces –explica Pirucha– y, dos o tres noches por semana, se venía a comer a casa, donde siempre era bien recibido. Después de cenar, mi marido lo llevaba en el auto hasta cerca de donde vivía, aunque nunca supo la dirección exacta de la casa, ya que Luis le pedía que lo dejara en alguna esquina y después caminaba varias cuadras hasta llegar. Mi

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marido, por supuesto, ni siquiera miraba en qué dirección se alejaba.” Lo que nunca supieron Carlos Pierini ni Luis Macor fue que, por lo menos una de esas noches, el Peugeot en el que viajaban fue seguido por el Torino desde el cual se hacía la inteligencia previa al secuestro de gremialista. Y que así el grupo de tareas de la CNU había descubierto el domicilio del militante de Montoneros. La madrugada del 6 de agosto de 1974, Luis Norberto Macor fue secuestrado cuando estaba solo en su departamento. El grupo que irrumpió en la vivienda estaba integrado por cinco individuos que bajaron de un Ford Falcon. En la esquina, como apoyo, había un patrullero. Su cadáver acribillado –un sello que sería emblemático de las operaciones de la CNU– fue encontrado en las inmediaciones del Arroyo El Gato, entre La Plata y Punta Lara. El histórico y el referente. Ese mismo martes 6, pero a las 23.30, cinco individuos fuertemente armados habían irrumpido en la casa de Horacio Chaves, cuando el hombre cenaba acompañado por su mujer y tres de sus hijos. La patota, que llegó en un Ford Falcon celeste, apoyada por un patrullero, se identificó como “Policía Federal”. Redujeron a toda la familia a punta de ametralladoras, revolvieron y destruyeron prácticamente toda la casa mientras su jefe exigía que le dijeran dónde estaban “las armas”. Horacio Chaves, que había sido elegido secretario general del PJ platense, era un histórico referente de la Resistencia Peronista y de él se contaba una anécdota casi mítica. Durante el levantamiento del general Valle, el 9 de junio de 1956, había tomado, junto con otros compañeros, un puesto de guardia del Regimiento 7 de Infantería. Una operación audaz, sin duda, pero que adquirió ribetes extraordinarios cuando se supo que Chaves lo había logrado apuntando a los soldados con una temible ametralladora… de madera. Desde entonces, había estado preso durante todos los gobiernos que siguieron a la caída de Perón y más de una vez había sido torturado sin contemplaciones. “Después de un tiempo te acostumbrás a la corriente. Ni la sentís”, solía decir. Militante de toda la vida, en los ’70 se había alineado claramente con la izquierda peronista. Desde hacía tiempo estaba amenazado de muerte. Horacio Chaves fue el segundo blanco de la operación “5 por 1” montada por la Triple A y la CNU, pero no él único que esperaban encontrar en esa casa. También buscaban a su hijo Gonzalo, uno de los principales referentes de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) en la ciudad de La Plata. Gonzalo –que hoy es un reconocido historiador– no estaba. Por equivocación, o por simple venganza, el grupo de tareas no sólo secuestró a Horacio sino que se llevó también a uno de los hermanos de Gonzalo, Rolando, de 28 años, que no tenía militancia activa en el peronismo. El cuerpo acribillado de Horacio Chaves fue arrojado frente a un local de la Juventud Peronista ubicado en la calle 12 entre 45 y 46. El cadáver de Rolando, también perforado por decenas de balas, fue hallado en 66 y 190, en las

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afueras de La Plata, cerca de una tranquera. Vecinos del lugar llamaron a la policía luego de escuchar gritos de auxilio seguidos de balazos. Miradas al Sur confirmó la participación de Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y otros integrantes de la CNU en el secuestro de Horacio y Rolando Chaves a través de una fuente que acordó con las averiguaciones realizadas en ese sentido por Pirucha Pierini. En mayo de 1976, ya instalada la dictadura cívico-militar, dos militantes de superficie de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) que estaban detenidos-desaparecidos en la Comisaría 2da de La Plata permanecieron durante varios días en una celda junto a otros dos hombres jóvenes. Eran Marcelo López y Dardo Omar Quinteros, integrantes del grupo de tareas de la CNU comandado por El Indio Castillo, que habían sido detenidos la noche del 29 de abril de 1976 –junto con buena parte del núcleo duro de la patota– cuando el Ejército decidió desactivar a la banda. “Al principio no sabíamos quiénes eran, pero se notaba la diferencia en el tratamiento. A ellos les daban de comer mucho mejor que a nosotros, que estábamos casi muertos de hambre. Con el correr de los días, supimos sus nombres y, quizás por compartir una situación de mierda, uno de ellos, López, se sinceró con nosotros. Dijo que era de la CNU y nos relató alguno de los hechos en los que había participado. Cuando le pregunté por Chaves me dijo que no, que él no había participado porque lo habían herido de bala algunos días antes, pero que El Indio y los demás habían estado en los operativos de esa noche”, relató a Miradas al Sur uno de esos dos militantes de la JUP cuyo nombre se mantendrá en reserva. La decana de humanidades. A las dos de la mañana del 7 de agosto, el operativo “5 por 1” de la Triple A y la CNU contaba en su haber con cuatro muertos, aunque uno de ellos, Rolando Chaves, no era un “blanco” originalmente definido. A esa hora, la patota irrumpió en una casa de la calle 73, entre 116 y 117, en la zona sur de La Plata, donde vivía la última víctima elegida: Reina Diez, decana de la Facultad de Humanidades de la UNLP, quien venía siendo amenazada desde hacía tiempo por la CNU con pintadas e incluso figuraba en una lista de condenados a muerte publicada en la revista El Caudillo, del peronismo de ultraderecha. Reina Diez había llegado al decanato de la mano de la JUP, pero era respetada por todas las agrupaciones estudiantiles del campo popular. Sus hijos Perla y Rolo militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Su hija menor, Diana, por entonces una adolescente, sería secuestrada en 1977, cuando militaba en la Juventud Guevarista. Aún continúa desaparecida. La madrugada del 7 de agosto, Reina Diez no estaba en su casa. Había viajado a Los Toldos, su ciudad natal, donde años antes había fundado la primera escuela secundaria del pueblo. Tampoco encontraron a Perla ni a Rolo. Sólo estaban la madre de Reina y la adolescente Diana. “Por testimonios de

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los vecinos supe que del operativo participaron más de una docena de tipos que llegaron en tres o cuatro autos. Una vez adentro, amenazaron a mi abuela y a Diana, y les preguntaron por ‘la yegua’, refiriéndose a mi madre. Precisamente así, ‘la yegua’, era como se la llamaba en las pintadas amenazantes de la CNU en la Facultad, con dibujos de una horca. Revolvieron toda la casa, pero no se llevaron nada. Al final se fueron”, relata Perla Diez. La quinta víctima del “5 por 1” se les había escapado. La elección de los “blancos” para la primera operación del grupo de tareas de la CNU platense prefiguró los perfiles que poblarían la larga lista de víctimas de ese grupo de tareas entre agosto de 1974 y fines de abril de 1976. Durante ese período se repitieron los asesinatos de docentes universitarios, militantes marxistas o de la izquierda peronista, referentes históricos del peronismo combativo y delegados de base. Pero más allá de sus distintos ámbitos de lucha, todas las víctimas de la CNU platense tuvieron algo más en común que su pertenencia al campo popular: cuando fueron atacadas impunemente por hombres fuertemente armados que actuaban con protección policial, ninguna de ellas tenía un arma. El grupo de tareas de El Indio Castillo jamás participó de un enfrentamiento armado. En todos los casos secuestró y asesinó a personas indefensas.

PROCESAMIENTO FIRME PARA DOS ASESINOS DE LA CNU Domingo 7 de octubre de 2012

Se trata de Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a) Pipi, imputados por secuestros y asesinatos cometidos al amparo del Estado. Los asesinos Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a) Pipi sufrieron un duro revés en sus intentos por evitar el castigo que merecen por los crímenes cometidos mientras formaban parte del grupo terrorista paraestatal Concentración Nacional Universitaria (CNU), entre mediados de 1974 y fines de abril de 1976. La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, con la firma de los jueces Carlos Román Compareid y Julio Víctor Reboredo, confirmó sus procesamientos por los secuestros y asesinatos de gremialistas y militantes populares cometidos en tres operativos parapoliciales realizados en febrero y abril de 1976. En el fallo, los camaristas consideraron probada prima facie la participación de Castillo en los hechos que tuvieron como víctimas a Carlos Antonio Domínguez (secuestrado y asesinado), Roberto Fiandor (secuestrado que logró escapar), Leonardo Guillermo Miceli (secuestrado y asesinado), Néstor

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Hugo Dinotto (secuestrado, torturado y asesinado), Graciela Herminia Martini (secuestrada, torturada y asesinada), Daniel Hugo Pastorino y Adelaida Úrsula Barón (secuestrados, sometidos a un simulacro de fusilamiento y liberados). Pomares, por su parte, está procesado por los últimos cuatro casos. Además, al confirmar el procesamiento, los jueces Reboredo y Compareid enmarcaron los crímenes cometidos por Castillo y Pomares –junto con otros integrantes de la CNU cuyos nombres ya han sido publicados por la investigación de Miradas al Sur– como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. “Existen razones generadas por la prueba reunida en esta causa –a la cual se ha referido extensamente el señor juez de grado (se refieren a Arnaldo Corazza)– para pensar que integrantes de uno de estos grupos paraestatales ilegales, posiblemente de la CNU, tuvieron intervención en los delitos investigados, los cuales fueron cometidos de manera planificada y de acuerdo con una política de persecución y eliminación de personas alentada o tolerada por el propio Estado”, señalaron. Asesinato de un gremialista. Carlos Antonio Domínguez, presidente de la Agremiación de Empleados por Reunión del Hipódromo de La Plata, fue secuestrado por la CNU la madrugada del 12 de febrero de 1976 en su domicilio de la calle 12 N° 533, de esa ciudad. Poco antes, el mismo grupo de tareas había irrumpido en la casa de Roberto Fiandor, vocal del gremio, quien luego de ser reducido por imperio de las armas fue encerrado en el baúl de uno de los dos Ford Falcon utilizados en el operativo. Con sus dos víctimas a bordo, la caravana se dirigió a la ruta provincial que conduce a la localidad de Magdalena, ubicada al sur de La Plata. En un punto del trayecto, Fiandor logró forzar desde adentro la cerradura del baúl del segundo Ford Falcon y arrojarse al pavimento. Milagrosamente ileso, emprendió una rápida carrera a campo traviesa sin ser alcanzado por las balas disparadas por varios integrantes del grupo parapolicial. A partir de entonces, vivió oculto y atemorizado, sin hablar del hecho durante décadas. Domínguez, trasladado en el asiento trasero del primero de los autos, no tuvo oportunidad. Su cadáver fue hallado a las 11 de la mañana cerca del paraje conocido como “La Viruta”, a la vera de la ruta provincial 20, que une La Plata con Magdalena. Según pudo reconstruir Miradas al Sur, fue asesinado con un disparo de Itaka por la espalda realizado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio. Luego, el resto de la banda descargó sus armas sobre el cuerpo ya inerte del gremialista. En la autopsia se señaló que había sido impactado por más de 50 balas. Los autores de esta investigación han identificado a la mayoría de los participantes del operativo de la madrugada del 12 de febrero de 1976. Además de Castillo y Pomares, el grupo de tareas de la CNU estuvo integrado, entre otros, por Dardo Omar Quinteros, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, Alfredo Ricardo Lozano (a) El

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Boxer, Ricardo Calvo (a) Richard y Gerardo Blas (a) El Flaco. La participación de Castillo está además probada por un elemento material. Al secuestrar a Domínguez, la patota también robó una serie de bienes del gremialista, entre ellos una máquina de escribir marca Engadinne 44 de 90 espacios, número de serie C94874. El 30 de abril de 1976, esa máquina fue hallada por la policía en la quinta que habitaba El Indio en la zona sur de La Plata, durante un allanamiento realizado luego de que la banda de la CNU fuera desactivada y varios de sus miembros detenidos por orden del jefe del Área de Operaciones 113, coronel Presti, a quien el accionar por momentos indisciplinado de Castillo y sus hombres dejó de convenirle. Cuatro militantes secuestrados. Néstor Hugo Dinotto, Graciela Herminia Martini, Adelaida Úrsula Barón y Daniel Hugo Pastorino fueron secuestrados la madrugada del 4 de abril de 1976, cuando circulaban por Villa Elisa, al norte de La Plata, en un taxi conducido por el último de ellos. El taxi fue interceptado por dos o tres autos, desde los cuales los integrantes de la CNU dispararon contra las cubiertas para detenerlo. Los cuatro militantes de la izquierda peronista fueron obligados a subir a uno de los automóviles, un Peugeot 504 robado, en el que los condujeron a la esquina del Camino Centenario y la calle 422, donde se los sometió a un simulacro de fusilamiento. “Después de ello –describe el fallo de los camaristas–, fueron llevados hasta una zona rural, en donde los secuestradores los amenazaron y sometieron a torturas a Dinotto y Martini, a quienes interrogaron sobre sus actividades políticas.” Delitos de lesa humanidad. El fallo de los camaristas Carlos Román Compareid y Julio Víctor Reboredo es claro al definir como de “lesa humanidad” los crímenes por los que están procesados Castillo y Pomares. Se trata de un encuadramiento fundamental para que, finalmente, pueda hacerse justicia, ya que se trata de delitos imprescriptibles. En los fundamentos, los jueces citan una serie de decretos del gobierno de María Estela Martínez de Perón –es decir, previos al golpe del 24 de marzo de 1976– que propiciaron el accionar de grupos paraestatales como la Triple A, el Comando Libertadores de América (que operó básicamente en la provincia de Córdoba) y la Concentración Nacional Universitaria (principalmente, en La Plata y en Mar del Plata). Entre ellos hay tres que resultan claves para identificar las operaciones de la CNU como parte del aparato terrorista de Estado durante el gobierno peronista. Se trata de los decretos 2770, 2771 y 2772 del 6 de octubre de 1975, que establecen expresamente que las Fuerzas Armadas podrán “ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”. La investigación de Miradas al Sur pudo establecer que unos pocos días después de la firma de estos decretos la Concentración Nacional Universi-

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taria pasó a depender operativamente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Hasta entonces, el grupo de tareas de Carlos Ernesto Castillo había respondido a una cadena arbórea de mandos que incluían al gobernador de la provincia Victorio Calabró, y a la Triple A, a través de Aníbal Gordon. Sin embargo, tras la firma del decreto, en una reunión realizada en la sede del Sindicato de Papeleros de Bernal y relatada mucho después por uno de sus participantes, el suboficial de Inteligencia Omar Orestes Vaello, “el Ejército arregla directamente con los citados Miguel Angel Tarquini (jefe de la Zona Sur de la CNU) y Patricio Fernández Rivero (a) El Manco, jefe nacional de la CNU, la operativa militar de la organización bajo supervisión de Inteligencia del Ejército”. En otras palabras, el gobierno de Isabel le transfirió a las Fuerzas Armadas el comando de una de sus organizaciones terroristas que sostenía desde el aparato del Estado. Volviendo al fallo de los camaristas, Reboredo y Compareid se explayan en las características del accionar de la CNU que muestran sin equívocos que forman parte de un aparato terrorista montado desde el Estado. “Cabe destacar que en los tres casos sometidos a la revisión de esta Alzada, los operativos fueron practicados por hombres vestidos de civil, fuertemente armados, que irrumpieron en las casas de las víctimas o interceptaron sus vehículos con la finalidad de llevarse a las personas previamente individualizadas, quienes a las pocas horas aparecieron muertas en lugares alejados de la ciudad. En los casos de Domínguez y de Fiandor se trató de un ataque conjunto practicado en la misma noche”, explican. Y agregan: “También se presentan en autos otras características comunes a este tipo de delitos, como son el gran número de hombres que intervienen en ellos, la utilización de varios automóviles y de poderosas armas de fuego, la garantía de impunidad dada por la liberación de zonas para actuar sin interferencia de las fuerzas de seguridad y la escasa actividad judicial”. Además de confirmar los procesamientos de Pomares y Castillo, el fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata tiene, por extensión, una importancia que trasciende ampliamente los crímenes a los que se refiere de manera específica. Al caracterizar el accionar de la CNU como parte del aparato terrorista de Estado, antes y después del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, define la imprescriptibilidad –por tratarse de delitos de lesa humanidad– de todos los crímenes cometidos por esa organización.

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INTELIGENCIA PREVIA PARA ASESINAR A UN MILITANTE Domingo 21 de octubre de 2012

En agosto de 1974, la Policía Federal allanó la casa de cuatro militantes. Pocos días después, un grupo de tareas conjunto de la Triple A y la CNU secuestró en esa misma casa al militante peronista Luis Norberto Macor. Los testimonios de cuatro compañeros de militancia de Luis Norberto Macor permitieron a los autores de esta investigación confirmar la participación de la Policía Federal en la inteligencia previa a su secuestro y asesinato, perpetrado por un grupo de tareas conjunto de la Triple A y la Concentración Nacional Universitaria, la madrugada del 6 de agosto de 1974 en la ciudad de La Plata. La muerte del Chango Macor, como se lo conocía, fue la primera cometida en esa ciudad por la banda de la CNU capitaneada por Castillo – aunque en este caso bajo las órdenes de Aníbal Gordon– y marcó el comienzo de una escalada de terror sobre la militancia platense que se prolongaría hasta después del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Para mediados de 1974, El Chango compartía la casa de la calle 2 N°313, en la zona norte de La Plata, con otros tres compañeros de la izquierda peronista: Juan Carlos Ferrari y Hugo Dellasoppa, ambos también egresados de Periodismo, y Sergio López, que había estudiado Diseño en Bellas Artes. “De nuestro grupo de estudio y militancia en Periodismo, El Chango Luis Macor era el menor, el pibe llegado de su Catamarca natal con todo el cielo en los ojos. Su edad y dulzura de carácter hicieron que varios lo adoptáramos como a un hermano a cuidar y querer mucho”, lo evoca Raúl Artola, otro compañero de la Tendencia Revolucionaria del peronismo. Por esos días, la situación se había vuelto complicada. “La renuncia del doctor Oscar Bidegain como gobernador de la provincia de Buenos Aires fue, después de la masacre de Ezeiza, otro jalón de persecución y muerte para los militantes de la Tendencia Revolucionaria peronista. Muchos militantes fuimos parte de ese gobierno y, entre ellos, ese grupo de egresados y estudiantes de Periodismo de la UNLP. Todos militábamos y trabajábamos y, por las características de la misma ciudad, podría decirse que convivíamos con las patotas de derecha de los sindicatos y las agrupaciones como la CNU, Facundo Quiroga y otras de la derecha peronista. Su lugar preferido de reunión era una librería en diagonal 79, casi esquina 5, propiedad de Patricio Errecalde Pueyrredón, que lucía en la vidriera un ejemplar de Mi Lucha, de Adolf Hitler, y una bandera con la cruz esvástica”, recuerda Juan Carlos Ferrari.

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Una casa marcada. A pesar del avance de la derecha y su escalada represiva, ninguno de los compañeros de Macor –como tampoco El Chango– imaginaba por ese entonces hasta dónde llegaría. Para todos sus habitantes, la casa de la calle 2 era todavía un lugar seguro. “Era el departamento del fondo por el pasillo, supongo que sería el B. Lo habíamos alquilado en los últimos tiempos de la alegría. Yo ya había dado por terminada mi vida de estudiante, ellos ya se habían recibido de periodistas. Era un domicilio oficial, no se hacían ahí reuniones políticas, tampoco se tenían materiales complicados. Sí recuerdo algunas juntadas festivas, en las que el intrincado patio se pobló de desconocidos amigos de amigos no muy conocidos, en las que el vino y la euforia nos puso a cantar, a gritar consignas, y a decir nombres en voz demasiado alta”, dice Sergio López. Lo que ninguno de los compañeros de El Chango podía saber era que, para fines de julio de 1974, la casa ya había sido marcada. La investigación de Miradas al Sur pudo establecer que fue descubierta casi de manera fortuita, a partir de la vigilancia montada por el grupo de tareas de la CNU sobre la vivienda del sindicalista combativo Carlos Ennio Pierini, que sería asesinado pocas horas después que Macor. El Chango –como relató la viuda de Pierini a los autores de esta investigación– solía ir a cenar a la casa del sindicalista, donde siempre era bien recibido. Luego de comer, Pierini lo acercaba a la zona norte de La Plata en su automóvil, aunque nunca lo llevó hasta la puerta de la casa de la calle 2, por razones se seguridad. Una de esas noches fueron seguidos –sin que se dieran cuenta– por el grupo de tareas que montaba la vigilancia. Cuando Macor se bajó del auto para continuar su camino a pie, siguió bajo vigilancia hasta que llegó a la casa. Poco después, en pleno día, un comando que se identificó como perteneciente a la Policía Federal allanó la vivienda. En ese momento, el único ocupante era Hugo Dellasoppa. “A principios de agosto un grupo armado allanó la casa de la calle 2, entre 38 y 39. A la hora de la mañana en que se produjo la irrupción el único que estaba en la casa era yo, a punto de salir para mi trabajo de no docente en la Universidad de La Plata. Después de revolver nuestras pertenencias sin encontrar ningún elemento comprometedor, me trasladaron hasta la delegación de la Policía Federal, a pocos metros de la Plaza Moreno. Allí me interrogaron acerca de mis actividades y mi filiación política, para dejarme en libertad cerca del mediodía”, relata para Miradas al Sur. Por entonces, todavía se conservaban algunos resabios de legalidad en la represión, por lo que otro de los inquilinos de la casa de la calle 2 decidió averiguar por dónde venía el allanamiento. “Recuerdo que ante este hecho junto con Manuel Urriza, amigo, abogado y profesor de Opinión Pública II en Periodismo y un concejal de apellido Casajús, nos presentamos en la Delegación de la Policía Federal de La Plata para preguntar si existía sobre nosotros alguna orden de detención. El comisario de entonces nos negó toda

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intervención policial en el hecho (a pesar de que a Dellasoppa lo habían llevado detenido a esa delegación) y nos aconsejó que tuviéramos ‘cuidado’, dejando entrever que operaban en La Plata personas de otras jurisdicciones. También recuerdo que el doctor Urriza presentó un recurso de hábeas corpus en la Justicia. Pero la advertencia estaba hecha y decidimos ‘levantar’ la casa”, relata Ferrari. Secuestro y muerte. Sin embargo, violando las normas de seguridad, El Chango Luis Norberto Macor volvió una noche a dormir a la casa de la calle 2 y le resultó fatal. Fue la noche del domingo 5 de agosto de 1974, al volver de Avellaneda, donde había ido con otro compañero a ver el partido de Independiente, el equipo de sus amores. El Chango tenía sus razones para volver. “Una tarde, pasados unos días del allanamiento, me encuentro con Luis en la Escuela Superior de Periodismo, donde El Chango era ayudante de cátedra y yo estudiaba y trabajaba; y es allí donde me plantea que quiere regresar a la casa, porque desde su sinceridad de pibe del interior sentía que podía ser una molestia o representar un peligro para quienes le habían dado albergue. Ante el clima de inseguridad desatado, traté de que cambiara de parecer. Me contestó que lo iba a pensar antes de tomar una decisión definitiva. Fue la última vez que nos vimos”, recuerda Dellasoppa. La madrugada del 6 de agosto de 1974, Luis Norberto Macor fue secuestrado cuando estaba solo en el departamento. El grupo que irrumpió en la vivienda estaba integrado por cinco individuos que bajaron de un Ford Falcon. Entre los que entraron a la casa estaban Aníbal Gordon (a) El Viejo y Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio. Según el testimonio de varios vecinos, la calle había sido cortada en la esquina por un patrullero. “Fue pura mala leche que encontraran a alguien, la casa debía haber estado vacía. Pero también es probable que esa noche, El Chango no hubiese tenido otra opción que ir a dormir al departamento de la calle 2. Eran días de desbande”, dice 38 años después Sergio López. El cuerpo de El Chango Luis Norberto Macor fue encontrado al día siguiente cerca del Arroyo El Gato, entre La Plata y el balneario de Punta Lara. Estaba perforado por más de cincuenta balas, una manera de matar que sería emblemática de las operaciones de la CNU. Lo llevaron a la comisaría de El Dique. “No pudimos despedirlo. El departamento de la calle 2 N°313 quedó abandonado y se inició la diáspora. También faltó el abrazo entre varios amigos que íbamos dejando la ciudad para iniciar el camino hacia aquella la larga y oscura noche de la Argentina”, dice Ferrari.

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OTROS DOS DETENIDOS DE LA CNU Domingo 20 de enero de 2013.

Los capturaron en España, a pedido de la Justicia marplatense. Los Tribunales de La Plata siguen demorando las causas. La detención, esta semana, de dos ex integrantes de la organización terrorista paraestatal Concentración Nacional Universitaria (CNU) marplatense en España vuelve a poner en evidencia el contraste entre las actuaciones de la Justicia Federal de esa ciudad atlántica y su par de La Plata cuando se trata de detener y juzgar a los asesinos que participaron del terrorismo de Estado previo al golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976. Los detenidos en España a pedido de la Justicia marplatense son Beatriz María Arenaza y Daniel Alejandro Ullúa. La primera fue capturada de La Coruña, en tanto que el segundo fue detenido en Palma de Mallorca. Ambos están acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en 1975, cuando integraban las bandas parapoliciales de la CNU. Ambos tenían en vigor Ordenes Internacionales de Detención a fines de Extradición en el marco de la causa CNU –causa 13.793–, que investiga más de medio centenar de asesinatos. Estas detenciones se suman a las ya concretadas de Gustavo Demarchi, Juan Carlos Gómez, Oscar Corres, Mario Durquet, Marcelo Arenaza, Nicolás Caffarello, Piero Asaro, Juan Carlos Asaro, José Luis Granel, Roberto Coronel, Roberto Justel, Ricardo Oliveros, Fernando Otero y Raúl Moleón. Por el contrario –y como los autores de esta investigación vienen señalando reiteradamente–, la Justicia Federal platense ha concretado hasta ahora sólo dos detenciones en el marco de las múltiples causas abiertas por los crímenes cometidos por la CNU en la capital provincial. Hasta ahora están entre rejas y procesados Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, y Juan José Pomares (a) Pipi. También está detenido Julio César Garachico (a) El Gordo, uno de los policías encargados de liberar zonas para la banda, pero no está procesado por esos crímenes sino por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El contraste entre las actuaciones de las justicias marplatense y platense en lo que a las causas relacionadas con la CNU se refiere es cada vez más notorio. En la ciudad de La Plata, la mayoría de esos procesos están radicados en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Arnaldo Corazza, quien ya ha sido señalado como responsable de “retardo de justicia” en otras causas abiertas por delitos de lesa humanidad. Los autores de esta investigación han señalado también en varias ocasiones que muchos de los exmiembros de la CNU platense cuentan con una intrincada red de protección en la estructura del Partido Justicialista de esa ciudad, al punto que varios de ellos tenían hasta hace poco notorios puestos en la estructura

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del Estado provincial. Por ejemplo, Juan José Pomares (a) Pipi fue hasta su detención asesor del bloque de senadores del FPV en la Legislatura provincial; Ricardo Calvo (a) Richard y Antonio Agustín Jesús (a) Tony tenían a su cargo dos estratégicas direcciones de la Cámara de Diputados provincial, hasta que fueron desplazados de sus cargos luego de ser denunciados por los autores de la investigación de Miradas al Sur. Otros integrantes o satélites de ese grupo de tareas todavía siguen enquistados en la estructura del Estado. La impunidad y el descaro con que se movían –y en algunos casos todavía se mueven– los ex integrantes de la CNU platense quedan pintados de cuerpo entero en el relato de un solo hecho, ocurrido en los últimos meses de 2010. El entonces director de Derechos Humanos de la municipalidad de Berisso, Miguel López Muntaner, recibió un pedido de audiencia de un dirigente del Movimiento Octubres que pretendía hacerle una propuesta para el área de Derechos Humanos. La entrevista se frustró cuando un sorprendido López Muntaner descubrió quién era el acompañante de la persona que había solicitado la audiencia: Juan José Pomares (a) Pipi. En 2013, la investigación de Miradas al Sur sobre el accionar de la CNU platense entrará en una nueva etapa con el objetivo de revelar la red de relaciones y protecciones que los miembros de esa organización terrorista paraestatal todavía cuentan en la estructura del Partido Justicialista y el Estado provincial.

EL DÍA QUE PIPI POMARES QUISO SER DERECHO Y HUMANO Domingo 27 de enero de 2012 El ex director del área de Derechos Humanos de la Municipalidad de Berisso Miguel López Muntaner desmintió el lunes pasado la información publicada por los autores de esta investigación, donde se señalaba que cuando López Muntaner ocupaba ese cargo se había negado a recibir en su despacho al ex integrante de ese grupo de tareas paraestatal Juan José Pomares (a) Pipi, quien se había presentado acompañado por un militante del movimiento Octubres. En declaraciones al portal Berisso Ciudad, el dirigente dijo: “Voy a desmentir que en tiempos de haber sido director de Derechos Humanos de la ciudad de Berisso, nunca un militante de Octubres trajo a un dirigente del CNU a mi oficina. Y desmiento que le haya prohibido la entrada; no lo podría haber hecho porque ese hecho no se produjo nunca”. Agregó también que “nosotros nunca tuvimos un vínculo con la gente del CNU y nunca un militante de Octubres trajo a mi oficina a un dirigente de ahí”. Además, López Muntaner precisó que nunca el referente del movimien-

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to Octubres en Berisso Julio César Córdoba llevó a la oficina de Derechos Humanos a Pipi Pomares. Esta última aseveración es completamente cierta y Julio César Córdoba nunca fue mencionado en el artículo publicado el domingo pasado en Miradas al Sur. “Nunca me sentí aludido por la nota publicada por ustedes”, dijo Córdoba a los autores de esta investigación. En cambio, los autores de esta investigación reiteran que el episodio que involucra a López Muntaner y Juan José Pomares (a) Pipi efectivamente ocurrió y que el ex director de Derechos Humanos de Berisso se negó a recibir al ex integrante de la CNU, quien hoy está detenido por los crímenes cometidos cuando formaba parte de ese grupo de tareas paraestatal. La frustrada reunión fue confirmada a Miradas al Sur por tres fuentes diferentes, dos de ellas pertenecientes al entorno de Miguel López Muntaner. Pomares llegó a la oficina de Derechos Humanos municipal de la mano del integrante del movimiento Octubres Esberto Ariel Lallera (a) Ariel Layera (como se autodenomina), quien tiene una relación cercana con López Muntaner y también la tenía con el asesino de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) Juan José Pomares (a) Pipi, hasta que éste último fue detenido por orden del titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Arnaldo Corazza. El vínculo de Lallera (a) Layera con Pomares (a) Pipi es tan estrecho que los dos individuos son compadres. Esberto Ariel Lallera (a) Ariel Layera es un lumpen de la política marplatense cuyo pasado es difícil de precisar. Si se da crédito a la versión de su historia que él mismo cuenta tuvo una fuerte militancia en el peronismo revolucionario en la década de los ’70. Sin embargo, esta militancia no pudo ser confirmada por los autores de esta investigación, quienes consultaron sobre ese supuesto pasado de Lallera (a) Layera a un extenso número de ex integrantes de la organización Montoneros en Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata. La versión tampoco se sostiene por razones cronológicas: en marzo de 1976, Lallera o Layera tenía 15 años recién cumplidos. Esa improbable militancia en la izquierda peronista de los ’70 no se condice además con su probada amistad con Pomares, quien cuando integraba el grupo de tareas de la CNU capitaneado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio secuestró y asesinó a decenas de militantes del peronismo revolucionario y otras organizaciones de izquierda. “En realidad, este tipo es un vendedor de humo, que milita para ver si puede conseguir un contrato político y hacer algún negocio”, lo describió a los autores de esta investigación un dirigente de Octubres que lo conoce muy bien. A principios de este año, Esberto Ariel Lallera (a) Ariel Layera fue objeto de una denuncia por violencia de género en la Comisaría de la Mujer de la Ciudad de La Plata. Uno de los autores de esta investigación accedió a esa denuncia y también a más de un centenar de correos electrónicos y mensajes telefónicos de texto en los que Lallera (a) Layera amenazaba e insultaba a su víctima. Todos esos correos fueron enviados desde la dirección de correo electrónico del individuo, y los mensajes de texto partieron de su propio telé-

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fono. Todas estas pruebas serán incorporadas a la causa judicial. La publicación sobre el frustrado intento de Juan José Pomares (a) Pipi de reunirse con Miguel López Muntaner tuvo fuertes repercusiones entre los integrantes del Movimiento Octubres de La Plata y Berisso. “Octubres es una organización nacional con un perfil ideológico que no admite esa clase de amistades. Claro que en una organización tan grande muchas veces no podemos saber lo que hacen todos sus integrantes con sus vidas”, dijo Julio César Córdoba a Miradas al Sur. Y agregó: “Si alguien de Octubres hizo lo que dice Miradas se tomarán las medidas pertinentes”. Más allá del accionar de Lallera (a) Layera, los autores de esta investigación no encontraron ningún vínculo del movimiento Octubres con Pomares o cualquier otro ex integrante de la Concentración Nacional Universitaria. Por su parte, el diputado nacional por Nuevo Encuentro y referente nacional del movimiento Octubres Gastón Harispe explicó que “Lallera no es dirigente de Octubres ni tampoco participa en las reuniones orgánicas. Si simpatiza con Octubres es una cuestión personal de él, pero reitero que no es dirigente del movimiento”. Harispe desmintió así a Lallera (a) Layera, quien se presentó como dirigente de Octubres a uno de los autores de esta investigación. Miradas al Sur pudo saber también que en más de una ocasión –y para sorpresa de otros militantes de Octubres– se ha presentado como secretario privado del diputado de Nuevo Encuentro. Los autores de esta investigación están en condiciones de asegurar que Lallera (a) Layera no es ni fue secretario privado de Harispe. Para terminar, los autores no pueden dejar de hacer notar un hecho que no consideran casual sino de fuertes connotaciones ideológicas: que la investigación sobre ex miembros de la CNU y sus actuales relaciones políticas tenga como efecto secundario el descubrimiento de situaciones de violencia de género.

LOS INFORMES SECRETOS DE LA BONAERENSE SOBRE LA CNU Domingo 17 de febrero de 2013

Existen partes de la Dirección de Inteligencia de la Policía provincial que revelan los vínculos de los grupos de tareas de esa organización con la represión ilegal antes y después del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976. Una serie de informes elaborados entre 1971 y 1985 por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) sobre el accionar de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en las ciudades de Mar del Plata y La Plata –a los que tuvo acceso la investigación de

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Miradas al Sur – no sólo identifican a gran parte de los integrantes de esa organización de ultraderecha peronista integrada al terrorismo de Estado y permiten reconstruir su historia operativa, sino que ponen en evidencia la estrecha conexión de la CNU con la Policía Bonaerense y, con posterioridad a octubre de 1975, con el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Se trata de informes producidos por las Mesas (centros de reunión de información) denominadas “A” de Mar del Plata y La Plata de la DIPPBA, dedicadas a hacer inteligencia en las universidades de esas ciudades. De la lectura de los informes se desprende también cómo, fundamentalmente en Mar del Plata –y no así en La Plata, donde la CNU siguió operando activamente como tal–, la declinación del accionar de la organización fue coincidente con el incremento de la actuación de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A), a la cual se incorporaron como operativos varios de sus integrantes. Asimismo queda claro cómo después del 24 de marzo de 1976 algunos miembros de la CNU pasaron a formar parte de los grupos de tareas del terrorismo de Estado de la dictadura cívico militar y otros cumplieron funciones públicas. Orígenes y vínculos represivos. Como ya sabemos, la Concentración Nacional Universitaria nació durante 1967 en el Instituto Cardenal Cisneros de La Plata, conducido por Carlos Disandro, y se nutrió en un principio con ex integrantes del Movimiento Nacionalista Tacuara (MNT) y de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios (UNES). Para la DIPPBA, la primera aparición pública de la CNU ocurrió el 28 de agosto de 1968 mediante un panfleto de adhesión al “acto patriótico realizado por un grupo de jóvenes en las Malvinas”. En ese mismo informe, se la define como una organización que “agrupa a profesionales y universitarios, desplegando amplia actividad en las ciudades de La Plata y Mar del Plata. En ambos lugares ligados a la prédica del Dr. Carlos Disandro, de ideología nacionalista peronista, Dr. de Filosofía y Docente de las Universidades de La Plata y Buenos Aires”. De acuerdo con un parte de inteligencia integrado al Legajo N° 68 –elaborado por la Mesa A, Factor Estudiantil–, el lanzamiento oficial de la organización en Mar del Plata ocurrió en agosto de 1971, durante un acto público realizado en el Teatro Alberdi con la presencia del propio Disandro y el sindicalista José Ignacio Rucci. En ese mismo parte, la DIPPBA identifica a los principales dirigentes de la CNU en la ciudad: “Dr. Ernesto Piantoni (h), Fernando Delgado, Raúl Viglizzo, Juan Carlos Gómez (h), Alberto Dalmasso, Jorge de Urquiza, Dr. Raúl Cuence, Arquitecto Arturo Adriani, Humberto Crivelli y Carlos González, todos conocidos como de orientación nacionalista y estrechamente vinculados al movimiento peronista de cuya juventud es dirigente el nombrado Vigliano (sic), quien se desenvuelve en el ámbito estudiantil universitario”. Poco después, a principios de diciembre de 1971, la CNU saltó sangrientamente a la primera plana de los diarios cuando varios de sus integrantes inte-

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rrumpieron a los tiros una asamblea que se estaba realizando en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata y asesinaron a la estudiante Silvia Filler, de 19 años. Entre los atacantes fueron identificados dos policías bonaerenses: el oficial subayudante Héctor Oscar Corres, que cumplía tareas en la Unidad Regional, y el agente Juan Carlos Gómez, ambos integrantes de la CNU. Pero no es sólo la presencia de dos policías bonaerenses en el grupo de tareas lo que pone al descubierto la vinculación de la CNU con esa fuerza de seguridad, sino la utilización que la DIPPBA le da a la información que Corres brinda durante su declaración ante la policía el 8 de diciembre de 1971. En lugar de dar detalles sobre el crimen –un aspecto que no parece interesar al interrogador–, Corres hace una minuciosa radiografía de las organizaciones de la izquierda marxista y peronista que actúan en la Facultad e identifica a sus principales referentes. Esa descripción será incorporada casi como un parte de inteligencia elaborado por el propio Corres a los informes de inteligencia de la Mesa A, Factor Estudiantil, de la DIPPBA marplatense. En el informe de inteligencia del 13 de diciembre de 1971, firmado por el comisario Jorge Hermondari e incorporado al Legajo N° 44, el autor expresa claramente qué se hizo con la información elaborada por Corres: “Asimismo cabe agregar que el suscrito requirió al Delegado del SIPBA los antecedentes que pudieran registrar las personas, grupos y entidades mencionadas por CORRES, como así también una evaluación de lo expresado por el mismo, informando al Jefe lo siguiente: Los nombres de alumnos y profesores mencionados por el imputado CORRES, dentro de la línea izquierdista, que actúan en las distintas Facultades locales, en su mayoría coinciden con los antecedentes obrantes en la Delegación y, particularmente, en el caso de los primeros, la nómina de activistas es mucho más amplia. Sobre las organizaciones mencionadas y sus integrantes, siempre de orientación izquierdista, la información resulta útil porque permite ubicar con mayor precisión a cada uno de los elementos en los grupos que actúan”. En otras palabras, el objetivo de la Bonaerense no es el esclarecimiento del asesinato de Silvia Filler sino la identificación de militantes de izquierda. Antes del golpe. La participación de los grupos de tareas de la Concentración Nacional Universitaria con el terrorismo de Estado, ya ha sido extensamente de­sarrollada por los autores de esta investigación. También como, a partir de la intervención de las universidades de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, ocurridas luego de la llegada de Oscar Ivanissevich al Ministerio de Educación de la Nación, en la segunda mitad de 1974, la CNU multiplicó su accionar terrorista contra docentes y estudiantes con el aval y la complicidad de las nuevas autoridades universitarias. Un parte de inteligencia del 25 de septiembre de 1975, incorporado al Legajo N° 154 de la Mesa A de la DIPPBA, reafirma las vinculaciones de la CNU con los intervento-

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res universitarios, aun por la negativa. El informe señala que la CNU “ha entrado en franca decadencia” y explica las razones: “Otro de los factores determinantes del repliegue producido a partir de estos últimos tiempos, se le puede considerar el cambio efectuado en las diversas facultades por parte del Poder Ejecutivo, para consignar un caso, el cambio de Rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Dr. OTTALAGANO, quien evidentemente se hallaba en cierta forma identificado con los postulados de la C.N.U. [...] En la Provincia no escapa a la atención de los observadores, la actividad del Rector REMUS TETU, que al cumplir con su gestión, es cuestionado por el estudiantado de esa Casa de Altos Estudios, por su política, al parecer anti-izquierdista que lleva a cabo en ese ámbito, solidarizándose con éste la C.N.U. y otros grupos denominados de derecha. Por su parte la C.N.U en su momento se identificó totalmente con la política llevada a cabo a nivel nacional por el entonces Ministro de Cultura y Educación de la Nación, Sr. Oscar IVANISSEVICH, para esto cabe recordar que en la gestión de este funcionario se suprimió el ingreso irrestricto a las Facultades, se procedió al despido de numerosos trabajadores y docentes de distintas facultades del país, especialmente quienes integraban gremios de los denominados ‘combativos’, política que con algunos cambios sustenta para la vida universitaria la CONCENTRACIÓN UNIVERSITARIA NACIONALISTA (sic)”. Algunos datos ayudan a complementar esta información. El 14 de abril de 1975, el CNU Eduardo Cincotta fue nombrado secretario general de la Universidad de Mar del Plata por la intervención ultraderechista. Por otra parte, un informe de inteligencia elaborado por la Mesa A, Estudiantil, Bahía Blanca, de la DIPPBA sirve para constatar cuál fue la carrera de Héctor Oscar Corres, uno de los asesinos de Silvia Filler, durante la intervención ultraderechista en la Universidad de Nacional del Sur, con sede en Bahía Blanca. “El 30 de octubre de 1975, por resolución emitida por el Interventor normalizador de la Universidad Nacional del Sur, Dr. Julio REYNOSO, fue designado como Director del Departamento de Enseñanza Media, el Dr. Héctor Oscar CORRES”. Otro informe de inteligencia señala que Héctor Oscar Corres fue nombrado, el 7 de enero de 1976, director del Departamento de Ciencias Sociales de la misma casa de estudios. Apenas dos botones para una muestra mucho más extensa. Después del golpe. La incorporación de muchos de los integrantes de la CNU a los grupos de tareas de las Fuerzas Armadas no fue producto de una decisión tomada por los estrategas del terrorismo de Estado después del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976. Las declaraciones del ex agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Orestes Vaello y varios documentos a los que han tenido acceso los autores de esta investigación permiten precisar que la Concentración Nacional Universitaria pasó a operar bajo las órdenes del Ejército a partir de

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octubre de 1975 (ver nota del 13 de noviembre del 2011). La patota de la CNU platense operó desde esa fecha y hasta después del golpe bajo las órdenes del jefe del Área de Operaciones 113, coronel Carlos Roque Presti. Los partes de inteligencia de la DIPPBA permiten ahora determinar cómo la CNU marplatense –o, por lo menos, varios de sus miembros– se integró también a la represión ilegal de la dictadura. Un informe producido por la Mesa “DS” el 22 de mayo de 1977 e incorporado a la “Carpeta Varios N° 9074” revela la mecánica de incorporación. Allí, un memorando firmado por el jefe de la DIPBBA marplatense, comisario inspector Juan Carlos Ortiz Costa, se refiere a un atentado sufrido por Nicolás Miguel Cafarello, a quien identifica como “perteneciente al Servicio de Informaciones del Ejército”. En uno de los párrafos dice: “El causante (N. de la R.: es decir, Cafarello) fue simpatizante del C.N.U. local de línea extrema derecha. Luego de la asunción del actual gobierno, los integrantes de esta agrupación considerados ‘recuperables’ fueron integrados al Servicio de Informaciones del Ejército y en tales condiciones se encontraba en oportunidad descripta. En el mes de diciembre de 1976 conjuntamente con otro integrante de ese Servicio de Informaciones, detuvieron en la ciudad de Buenos Aires a Raúl MONTES [ROAL MONTES], a) “Pájaro”, integrante de MONTONEROS donde revistaba con carácter de oficial y perteneciente a la columna La Plata”. Otro parte de inteligencia de la DIPBBA, producido después de la recuperación de la democracia por la Mesa “DS”, Factor Varios, con el número 23147, identifica a varios ex integrantes de la CNU que participaron en la represión ilegal durante la dictadura. “Después del golpe de marzo del 76, algunos colaboraron con el Ejercito en la lucha anti-subversiva, como (Eduardo) Cincotta, (Jorge) De la Canale, (Eduardo) Ullua, y (Mario) Dourquet. Posteriormente y en razón de que se sospechaba eran autores de diversos delitos, comienzan a ser investigados y algunos se van del país, tal el caso de Dourquet”, dice el informe. Acá están, éstos son. No es el único aporte que hace el informe 23147 de la Mesa “DS” de la DIPBBA. Fechado el 3 de mayo de 1985, con la carátula “Información relativa a la Concentración Universitaria Nacional (C.N.U.) obrante en esta Dirección General”, este parte de inteligencia brinda uno de los listados más exhaustivos que existen de los integrantes de la CNU marplatense. La lista es la siguiente: “Raúl Viglizzo, Ernesto PIANTONI (h), Alberto Dalmasso, Juan Carlos Gómez (h), Jorge de Urquia, Raúl Cuence, Arturo Abriani, Roberto Crivelli, Carlos González, Jorge de la Canale, Eduardo Salvador Ullua, Eduardo Cincotta, Oscar Corres, Mario Dourquet, Gustavo Demarchi, Marcelo Arenaza, Beatriz María Arenaza, Horacio Luis Raya, Roberto Antonio Faran, Jorge Aguilera, Beltrán Laguyas, Roberto Coronel, Alberto Meriondo, Horacio Garaguzo, Juan Carlos Fantoni, Eduardo Benoris, Jorge Garrica, Eduardo Botte, José Luis

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Granel, Fernando Catuogno, Juan Carlos Rentería, José María Lorenzo, José Luis Piatti, Horacio Rolón, Roberto Justel, Miguel Landi, Miguel Famularo, Ricardo Gulminelli, Ordoner Renato Redi y Osvaldo Maidal”. Al escribirse estas líneas, algunos de ellos han muerto, otros están detenidos, otros esperan en el exterior que se resuelvan los pedidos de extradición de la Justicia argentina, otros siguen prófugos y más de uno sigue viviendo tranquilamente en Mar del Plata sin que se le haya pedido todavía una rendición de cuentas por los crímenes cometidos como parte de la maquinaria del terrorismo de Estado, antes y después del golpe.

LA HERENCIA QUE DEJA CORAZZA Domingo 24 de febrero de 2013

Las causas sobre la CNU están paralizadas. El testimonio de Alfredo Ricardo Lozano (a) El Boxer. La renuncia, para acogerse a la jubilación, del titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, Arnaldo Hugo Corazza, cierra una etapa oscura de la investigación judicial de los crímenes cometidos por los grupos de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en esa ciudad y abre un interrogante sobre el desarrollo futuro de las la mayoría de las causas por secuestros y asesinatos que involucran a la banda paraestatal de ultraderecha. Desde hacía varios años, Corazza venía siendo cuestionado por la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia Ya y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo por su manejo de las causas por crímenes de lesa humanidad, situación que se agravó el año pasado, cuando los organismos presentaron contra el magistrado un recurso por denegación de justicia, debido a la demora en la tramitación de los procesos. En el mismo sentido se quejó la Fiscalía federal y, luego de la fuga de uno de los acusados por la Noche de los Lápices a quien le había otorgado la prisión domiciliaria, las Abuelas pidieron su juicio político. Corazza fue también el primer juez que instruyó la causa por la apropiación de Papel Prensa por parte de los dueños de Clarín, La Nación y La Razón, la cual se sacó literalmente de encima apelando a cuestiones jurisdiccionales para justificar su incompetencia. En cuanto a las causas que investigan los crímenes de la CNU, los autores de esta investigación han denunciado en varios artículos la reticencia del juez y, fundamentalmente, de su secretario, Ricardo Botto, para avanzar en la instrucción. Una reticencia que, en el caso de Botto, ha llegado al extremo del maltrato de testigos y de familiares de las víctimas, quienes se han que-

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jado en reiteradas ocasiones de su actitud. Hasta el momento de su renuncia, Corazza sólo había detenido a dos integrantes del grupo de tareas, Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a) Pipi, luego de que la acumulación de testimonios y pruebas materiales no le dejaran otra alternativa. Un tercer integrante de la CNU, el policía liberador de zonas para la banda, Julio César Garachico (a) El Gordo, no está relacionada con estas causas sino con el asesinato de dos militantes de Montoneros durante la dictadura. Una de las pocos trámites que realizó Corazza en favor del avance de las causas fue tomarle declaración –en calidad de testigo– a otro policía integrante del grupo de tareas paraestatal, el ex policía Alfredo Ricardo Lozano (a) El Boxer. Lozano quería declarar desde hacía alrededor de dos años, pero en un principio fue disuadido de hacerlo incluso cuando ya se había presentado en el juzgado, dispuesto a contar parte de lo mucho que sabe. Posteriormente Lozano hizo una declaración ante escribano público, que debió ser incorporada a las causas, hasta que finalmente –y ante la insistencia de la Fiscalía y de los querellantes–, Corazza accedió a tomarle declaración. El testimonio –que ratifica lo dicho ante escribano público– es fundamental para el avance en la investigación de los asesinatos del médico Mario Alberto Gershanik, perpetrado el 10 de abril de 1975, apenas a una cuadra de la Jefatura de Policía de La Plata, por un comando conjunto de la Triple A y la CNU; y del secuestro y asesinato del militante gremial Horacio Salvador Urrera, secuestrado la noche del 19 de abril de 1976 y asesinado pocas horas después junto a otras dos personas. La mayoría de los individuos nombrados por Lozano como participantes de esos crímenes ya habían sido identificados en las páginas de Miradas al Sur por los autores de esta investigación. Se trata de Aníbal Gordon (a) El Viejo, Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Martín Sánchez (a) Pucho, Dardo Omar Quinteros, Juan José Pomares (a) Pipi, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, David Masota (a) Feiño, Jacek Piechocki (a) El Alemán, Ricardo Walsh (a) Richi, Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto, y Néstor Causa (a) El Chino. Para el reemplazo definitivo de Corazza será necesaria la realización de un concurso, para el cual no hay plazos estipulados. Mientras tanto, la Cámara puede nombrar un reemplazante en consulta con el Consejo de la Magistratura, que puede salir del listado de conjueces o ser un juez jubilado. A todo esto, Botto sigue en el juzgado y las causas que investigan a la CNU están paralizadas.

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EL INDIO GANÓ UNA CONDENA, EL MISTO PERDIÓ UNA PENSIÓN Domingo 3 de marzo de 2013

Castillo recibió dos años y ocho meses por falsificación de documento público. La Justicia falló en contra de un reclamo de Fernández Supera, que quiso pasar por víctima de la dictadura. La que termina fue una semana de reveses judiciales para dos de los integrantes del grupo de tareas paraestatal de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) platense, aunque ninguna de las causas en las que tuvieron fallos adversos signifique un avance en el juzgamiento y castigo de los secuestros y asesinatos que cometieron entre 1974 y 1976 como parte de la maquinaria del terrorismo de Estado previo y posterior al golpe cívico-militar. En Córdoba, Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, fue condenado a dos años y ocho meses de prisión por adulteración de documento público, mientras que en San Isidro, el Juzgado N° 1 en lo Contencioso Administrativo rechazó una demanda de Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto, quien reclamaba a la provincia de Buenos Aires el pago de una pensión graciable por haber estado detenido a disposición del Poder Ejecutivo durante última la dictadura. Indio condenado. La causa en la que fue condenado Castillo se inició en 2011 cuando, al detenerlo en Villa General Belgrano, Córdoba, por los crímenes cometidos en La Plata, la Policía Federal encontró en su poder un DNI, una licencia de conducir y otros documentos personales falsificados. El Indio se había ocultado en Córdoba para eludir una orden internacional de detención librada a fines de 2010 por el juez federal de La Plata, Arnaldo Hugo Corazza, quien lo requería por los secuestros y asesinatos del estudiante Leonardo Miceli y del sindicalista Carlos Antonio Domínguez, cometidos por el grupo de tareas de la CNU. Como ya relató Miradas al Sur, Domínguez fue secuestrado y asesinado el 12 de febrero de 1976 por decisión del entonces gobernador de la provincia, Victorio Calabró, quien transmitió orden al grupo de tareas de la CNU a través de su secretario privado, Alberto Bujía (a) El Negro, quien con los años se transformaría en uno de los más estrechos colaboradores del por entonces intendente de Lomas de Zamora, Eduardo El Cabezón Duhalde. En julio de 2011, los autores de esta investigación publicaron una lista casi completa de los integrantes de la patota que secuestró y asesinó a Domínguez, secretario general del gremio de trabajadores del Hipódromo de La Plata y secretario del Partido Justicialista de esa ciudad. A las órdenes de

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Castillo actuaron, entre otros, Dardo Omar Quinteros, Antonio Agustín Jesús, Martín Osvaldo Sánchez, Juan José Pomares, Alfredo Lozano, Ricardo Calvo y Gerardo Blas. Para el avance de la causa que investiga la muerte del sindicalista resultaron fundamentales las declaraciones de su mujer, Silvia Ester, y de Omar Abel Giaccio, quien advirtió a Domínguez que iban a matarlo. En su testimonio ante el juez Corazza, señaló: “Quienes se encargaron de secuestrar y asesinar a Domínguez eran sectores parapoliciales del gobernador, que era el (sic) CNU, los cuales hoy en día están todos sueltos. Se decía que Domínguez había estado amenazado por sectores de Calabró. Los que supuestamente participaban del (sic) CNU, trabajaban en el hipódromo, como por ejemplo Tony Jesús, una persona de apellido Blanco, cree que Richard Calvo, el Chino Causa y otros que no recuerda”. Por su parte, la mujer de Domínguez identificó como perteneciente a su marido una máquina de escribir robada de su casa la noche del secuestro y que fue encontrada en la quinta de Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, cuando ésta fue allanada a fines de abril de 1976. Leonardo Miceli fue secuestrado por el grupo de tareas de la CNU –apoyado por efectivos del Ejército vestidos de civil– el 20 de abril de 1976. Entre los integrantes de la patota que entró violentamente a su casa, la mujer de Miceli, Ana María Bossio, identificó sin ninguna duda al Indio Castillo. Fue esta identificación la que finalmente hizo que el juez Corazza librara la orden de captura internacional que terminaría con la detención de Castillo. La causa contra Castillo por falsificación de documento público se originó a raíz de esta detención, momento en el que exhibió a la policía documentación que lo identificaba como otra persona. El fiscal federal Mariano Hairabedian había solicitado a los jueces una condena de tres años y tres meses de prisión. El tribunal integrado por José María Pérez Villalobo (presidente), Carlos Julio Lascano y Fabián Asís finalmente fijó una pena de dos años y ocho meses de cárcel. Mientras tanto, las causas por crímenes de lesa humanidad que lo tienen como acusado están paralizadas en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, cuyo titular, Arnaldo Corazza, renunció hace unas semanas para jubilarse. Misto caradura. Esta semana, también, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de San Isidro, José Abelardo Servin, rechazó “la demanda interpuesta por el señor Gustavo Guillermo Fernández Supera contra la provincia de Buenos Aires” y le impuso las costas del juicio. El Misto había iniciado la acción judicial porque pretendía cobrar la pensión graciable prevista por el artículo 1° de la Ley 14.042, que otorga ese beneficio a los detenidos por razones políticas durante la última dictadura. Fernández Supera basaba su pedido en que había sido detenido –y puesto a disposición del Poder Ejecutivo– debido a su condición de “peronista”. Sin embargo, no hay prueba de que su detención haya ocurrido por ese mo-

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tivo, sino todo lo contrario. El Misto fue detenido el 29 de abril de 1976 junto a Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Juan José Pomares (a) Pipi, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Dardo Omar Quinteros, David Masotta (a) Feiño, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, José Marcelo López, Ricardo Osvaldo Calvo (a) Richard y los policías Vicente Ernesto Álvarez, Alfredo Ricardo Lozano (a) Boxer, y Roberto Antonio Storni, todos integrantes del grupo de tareas de la CNU platense. En el momento de su detención intentaban secuestrar –con la zona liberada por la Bonaerense– a un militante peronista, Juan Carlos El Vaca Arias, en su domicilio de La Plata. La zona estaba efectivamente liberada, pero no para que actuara la banda sino para detenerla con las manos en la masa. Se trató de una cama preparada por orden directa del jefe del Área de Operaciones 113, coronel Roque Carlos Presti, para desactivar el accionar del grupo de tareas de la CNU, que operaba bajo sus órdenes pero que se le había ido de las manos, ya que aprovechaba su impunidad al amparo del terrorismo de Estado para cometer robos y todo tipo de delitos comunes. Por éstos últimos fueron procesados El Misto y compañía. El Misto y sus cómplices fueron procesados y condenados por un juez natural en la Causa 715, por “asociación ilícita, robos reiterados, calificados, privación ilegal de la libertad, falsificación de documento e instrumento público, lesiones y encubrimiento de homicidio”. En los allanamientos relacionados con el proceso judicial fueron hallados en su poder gran cantidad de objetos y automóviles robados. Todos delitos comunes. En 2010, Fernández Supera y varios de los otros condenados por esa causa intentaron acogerse al beneficio que otorga la Ley provincial 14.042, dictada para reparar “a aquellas personas que durante la última dictadura militar se vieron perseguidas, encarceladas y condenadas por motivos ideológicos, viendo vulnerados derechos consagrados en la Constitución Nacional, como el principio del juez natural y la defensa en juicio”. Cuando los ex integrantes de la CNU iniciaron el trámite ante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, esta situación fue denunciada por Miradas al Sur. A raíz de esta denuncia, varios de esos trámites fueron rechazados, y algunos beneficios que acababan de ser otorgados, como en el caso de Fernández Supera, fueron revocados. Ninguno de sus compañeros insistió, entendiendo que era mejor guardar violín en bolsa. Por entonces, los autores de esta investigación no habían comenzado a publicar sus artículos y el accionar de la CNU platense parecía una historia enterrada en lo más profundo del pasado. El Misto –caradura hasta el final– fue el único que inició una acción judicial contra el Estado provincial para que se reviera la anulación del beneficio. Ahora perdió. Sin embargo, la Justicia argentina todavía mantiene una enorme deuda con él y varios de sus cómplices: procesarlos y condenarlos

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por los delitos de lesa humanidad cometidos por la CNU platense al amparo del terrorismo de Estado entre mediados de 1974 y abril de 1976. Una deuda que todavía no pudo ser cobrada.

“A PATULO LO HICIMOS NOSOTROS” 31 de marzo de 2013

La madrugada del 24 de diciembre de 1975, grupos de tareas del Ejército y la CNU secuestraron y asesinaron a Ricardo Arturo Rave, un militante de la UES de 19 años. El blanco fue elegido por la banda del Indio Castillo. La noche del 23 de diciembre de 1975, La Plata era una ciudad sitiada, zona liberada para el accionar de los grupos de tareas del terrorismo de Estado. Horas antes, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) había fracasado en su intento de tomar el Batallón de Arsenales 601 “Domingo Viejobueno”, en la localidad de Monte Chingolo, en la zona sur del Gran Buenos Aires, durante lo que pasaría a la historia como la mayor operación militar –y la peor derrota– protagonizada por una organización guerrillera en la Argentina. La represión desatada luego de la intentona fue sangrienta y no se limitó a las inmediaciones de la unidad militar sino que se replicó en otros puntos de la provincia de Buenos Aires, como Florencio Varela, Berazategui y La Plata, a modo de represalia. En la capital provincial, las operaciones fueron dirigidas personalmente por el jefe del Área de Operaciones 113, coronel Roque Carlos Presti, quien se puso al frente de los grupos de tareas integrados por militares, policías bonaerenses y miembros de la CNU, esta última determinante a la hora de seleccionar los blancos de los operativos. A las 23.30 de esa noche, María Juana Rivas de Rave, maestra, conocida por todos como Marucha, leía en el hall de su casa tipo chorizo de la calle 8 N° 532 de La Plata. Más adentro dormían su marido, Luis Homero, y sus cuatro hijos menores, Federico, Mariana, Miguel y Verónica. Los cinco mayores no vivían en la casa. Uno de ellos, Luis, era un dirigente sindical y militante del Peronismo de Base; otros tres, Marcelo, Gustavo y Guillermo (este último por entonces detenido ilegalmente y más tarde blanqueado en la provincia de San Juan), militaban en Montoneros; y el menor de los más grandes, Ricardo Arturo, a quienes su familia y amigos llamaban  Patulo, integraba la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Tenía 19 años. Poco antes de la medianoche, Marucha escuchó la llegada de una moto y le abrió la puerta de calle a Ricardo, que venía de comer en la casa de sus compañeros y amigos Joaquín Areta y Adela Segarra. “Estuvimos charlando

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un rato. Patulo me dijo que esa noche se quedaría a dormir con nosotros y me pidió que le dijera a su papá que cuando se despertara para ir a trabajar lo llamara para poder despedirse de él, porque se iba a Villa Gesell, donde estaba su novia, María José Noriega”, recuerda más de 35 años después Marucha, entrevistada por los autores de la investigación de  Miradas al Sur. Poco después, madre e hijo se fueron a acostar. Esa noche hacía un calor húmedo, agobiante, insoportable. “Nos llevamos a éste”. Poco después de las dos de la mañana, unos golpes violentos en la puerta despertaron a todos los habitantes de la casa. Luis Homero, vestido apenas con un calzoncillo y una musculosa, fue a ver quién era. Cuando abrió se encontró con un grupo de hombres armados, vestidos con uniformes sin identificación. Uno de ellos con una pistola, el resto con armas largas. “Lo pusieron mirando contra la pared del hall, con los brazos en alto. “Alcancé a ponerme un deshabillé y a meterme en el bolsillo una carta que le había escrito a Gustavo. El que mandaba la patota me hizo acostar boca abajo en mi cama, con los brazos cruzados en la nuca. Cuando vi que entraban al cuarto de al lado, donde dormían mis hijas, salté de la cama y corrí hacia ahí. El que mandaba me vio y me apuntó en la cabeza. ‘¡Qué hace acá!’, me gritó. Yo agarré a Verónica y a Mariana de las manos y las llevé a mi cuarto, donde nos pusieron a las tres boca abajo sobre la cama”, relata Marucha. Mientras esto ocurría, otros integrantes del grupo de tareas llevaron a tres de los hermanos al patio. “Entraron al cuarto del fondo, donde estábamos, y nos sacaron a Patulo, a Miguel y a mí apuntándonos a las cabezas con los FAL”, cuenta Federico Rave. En el patio, a los empujones, los tiraron al piso. La madre no podía verlos, pero escuchaba. El que sí observó lo que ocurría fue el padre, desde el hall. Cuando vio cómo los tiraban al suelo y los pateaban, reaccionó: –¡¿Tienen necesidad de patearlos?! ¡¿No ven que son criaturas?! –se quejó, y dejaron de pegarles. El resto del grupo se repartió por toda la casa. “Revolvieron todo, tiraron abajo todo lo que había en los placares. Decían que buscaban armas, que no había. Robaron muchas cosas. Como estábamos por mudarnos, porque habíamos comprado una casa, tenía una copia de la escritura sobre la cómoda y la rompieron. Se llevaron unos dólares que mi marido guardaba en la mesa de luz. Después, con una maza, rompieron todo lo que pudieron”, dice Marucha. Al mismo tiempo, eran interrogados por el jefe de la patota. Preguntaba por Marcelo y por Guillermo. Recuerda que respondió, indignada a pesar del miedo que sentía: “Ustedes sabrán dónde está Guillermo (por entonces desaparecido), porque lo tienen ustedes”. Finalmente, otro integrante del grupo obligó a Patulo a levantarse y dijo:

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–Es éste. Éste es uno de los que anda jodiendo. Y le ordenaron: –Andá a vestirte y agarrá los documentos que te venís con nosotros. Minutos más tarde se iban, dejando una familia aterrorizada en una casa destrozada. Ninguno de los miembros de la familia Rave pudo ver el operativo que habían desplegado afuera, pero hubo testigos entre los vecinos. Y también otro testigo clave, secuestrado poco antes por la misma patota. El último Peugeot. Alrededor de las 2 de la mañana, en el primer piso del edificio ubicado frente a la casa de la familia Rave, una mujer despertó sobresaltada por el llanto de su bebé. El calor era insoportable y decidió sacarlo al balcón para tratar de calmarlo. Estaba allí, acunando a su hijo cuando vio que una moto policial cortaba la esquina de 8 y 43. Al mismo tiempo, cinco autos entraron a la calle 8 desde 42 y, detrás de ellos, otra moto que cortaba el tránsito en esa esquina. De los primeros cuatro autos, en su mayoría Peugeot 504, bajaron una veintena de hombres que se apostaron en la calle apuntando hacia la casa de los Rave. De ellos se desprendió un grupo, cuyo jefe golpeó la puerta con fuerza. La mujer se quedó petrificada en el balcón, observando. Del último Peugeot –la testigo cree que era de color celeste–, sólo se bajaron dos hombres por las puertas delanteras. Al encenderse las luces interiores del auto, la mujer creyó ver a tres personas en el asiento de atrás. Allí, custodiada por dos integrantes del grupo de tareas, había una mujer que no podía ver nada, pero sí escuchar. La habían secuestrado una hora antes, de la casa de sus padres, donde estaba de visita con su pareja. Aquí se la identificará como V.R., mientras que a su compañero se lo llamará E.C. Ambos habían militado hasta hacía poco en las Fuerzas Argentinas de Liberación 22 de agosto (FAL22) y provenían del frente universitario. V.R. había estudiado en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, un dato significativo para la investigación de este caso, ya que por esa militancia había sido marcada hacía tiempo por la CNU. El secuestro de V.R. se produjo en un operativo de las mismas características que el de Patulo Rave. La casa desde donde se la llevaron quedaba en la zona norte de la ciudad y la calle fue cortada también por dos motos de la policía provincial. El grupo que entró a la vivienda también vestía de fajina. Una vez adentro, les preguntaron los nombres a todos y el jefe del grupo consultó una lista. El nombre de V.R. estaba en ella; el de E.C., no, aunque era un militante tan comprometido como ella. No lo conocían, no lo tenían marcado. Desde el asiento trasero del último Peugeot V.R. no pudo ver nada, pero escuchó el desarrollo del operativo en la casa de Rave. Los gritos, los golpes y, más tarde, cómo arrancaban los autos que iban delante. Finalmente, el último Peugeot también arrancó. Minutos más tarde, no puede precisar cuántos,

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V.R. escuchó que uno de los tripulantes del auto decía: “¡Pará, que ahí hay un teléfono!”. El auto se detuvo y bajó el hombre que viajaba en el asiento del acompañante. No demoró mucho en volver y el auto volvió a ponerse en marcha. Esa llamada parece haber cambiado el destino de V.R., porque poco después, el mismo hombre que había bajado le dijo: “Esta vez te vamos a dejar ir, pero dejate de joder” y, después de una pausa, agregó: “En el auto de adelante llevamos a Patulo Rave. Fijate mañana en los diarios, porque lo que le va a pasar a él es lo mismo que te iba a pasar a vos”. Un rato más tarde, la abandonaron en una calle de la zona sur de La Plata. Más de 35 años después, V.R. no puede precisar cuál, pero asegura que el lugar no quedaba lejos de las vías del ferrocarril provincial, en la calle 71. Nunca pudo saber a quién habían llamado sus captores. Su pareja, E.C. –ya fallecido– tenía parentesco con un oficial de la Armada, a quien intentó llamar apenas el grupo de tareas abandonó la casa. V.R. no sabe si esa llamada –que no recuerda si se concretó o no– tuvo que ver con su liberación. Algunos miembros del grupo de tareas –posiblemente los integrantes del CNU– no parecieron estar conformes con esta decisión: menos de dos meses más tarde el frente de la casa de los padres de V.R. fue destruido por un explosivo de alto poder. Hace unos meses, V.R. prestó declaración en la causa abierta ante el Juzgado Federal 3 de La Plata por el secuestro y asesinato de Ricardo Arturo Rave. Allí repitió este relato. En la mira de la CNU.  A principios de julio de 1975, un comando de Montoneros ejecutó a Gastón Ponce Varela en la puerta de su casa, cuando estaba a punto de entrar con su mujer. Conspicuo integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y amigo íntimo del jefe de su grupo de tareas, El Indio Castillo, Ponce Varela solía jactarse provocadoramente ante sus amigos y en reuniones familiares de los muertos que cargaba. “Una vez dijo delante mío, sabiendo que yo estaba en sus antípodas políticas, que ya llevaba como noventa muertos, pero que El Indio le ganaba, porque había matado como a ciento diez. También se jactaba de haber participado de la Masacre de Ezeiza y del derrocamiento de Obregón Cano y Atilio López, en Córdoba”, relató a Miradas al Sur uno de sus primos, Marcelo Ponce. Gastón Ponce Varela y los mayores de los Rave se conocían desde chicos. Habían jugado juntos en la infancia, pero por entonces estaban en veredas diametralmente opuestas. Marcelo y Guillermo Rave eran montoneros; Ponce Varela integraba una patota platense del terrorismo de Estado. Los autores de esta investigación pudieron establecer que la CNU platense culpaba a Marcelo Rave (luego asesinado por la dictadura) de haber participado de la ejecución de Ponce Varela. Y quería venganza. El 7 de julio de 1975, el grupo de tareas de la CNU asesinó indiscriminadamente a seis militantes de superficie de organizaciones de izquierda y de la

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tendencia revolucionaria del peronismo. El operativo criminal fue bautizado “once por Ponce”. Sin embargo, entre los blancos de ese día no estuvo ningún miembro de la familia Rave. Eso vendría poco después. Secuestro infantil y atentados.  Miguel es el menor de los hermanos Rave. Todavía cursaba la primaria cuando el 4 de agosto de 1975, a las ocho menos cuarto de la mañana, fue secuestrado por un grupo de tareas de la CNU cuando iba a la escuela. “Es el único caso de un chico que secuestraron solo. Salió a las ocho menos cuarto para la escuela y lo levantaron en la esquina de 9 y 42, a una cuadra y media de casa, en pleno día. Con su guardapolvo blanco y su portafolio. Recién apareció al día siguiente”, relata Marucha Rave. “Lo que él contó –agrega– es que le taparon los ojos con una cinta negra, que no vio nada y que le preguntaban por Marcelo”. Miguel no sabía dónde estaba su hermano y nada les pudo decir. El 24 de agosto, otro grupo de tareas colocó una bomba de fabricación casera en el frente de la casa de 8 entre 42 y 43. El objeto, inconfundible, fue descubierto a tiempo y, en un acto tan valiente como irresponsable, un vecino de los Rave, el comisario Martín Arzuaga, que trabajaba en la imprenta de la Jefatura de Policía, la desactivó. “Después nos dijeron que estaba armada con dinamita y gelamón. Cuando finalmente vino la policía de la Comisaría 2°, que era la del barrio, le dijeron que estaba loco, que cómo se le había ocurrido desarmarla, que podía haber volado en pedazos. Arzuaga no era experto en explosivos sino que era casi personal civil de la policía y así y todo la desarmó”, recuerda Marucha. Dos días después, el 26 a la noche, la CNU colocó otra bomba en el frente de la casa de la calle 8. Esta vez no la descubrió nadie y estalló. La onda expansiva fue más para la vereda opuesta que hacia la casa, cuyo frente quedó de todos modos destruido. Sin embargo, los mayores daños se registraron en un instituto de radiología que había en la vereda opuesta, cuyo frente también quedó destruido, así como valiosísimo material médico. Estallaron casi todos los vidrios de la cuadra y algunos de casas ubicadas a más de cien metros de distancia. No hubo víctimas. La próxima sería Patulo. Colgado sobre las vías. Con las primeras luces del 24 de diciembre, un empleado ferroviario que transitaba por las vías del Ferrocarril Provincial, a la altura de la calle 30, hizo un horrendo descubrimiento. Colgado con alambre de un puente de hierro que pasaba por encima de los rieles se bamboleaba el cuerpo de un joven, casi adolescente. El hombre dio aviso en la Comisaría 5° y el cadáver fue trasladado a la morgue de la policía. Según el diario El Día del 26 de diciembre, “en el lugar se encontraron cápsulas servidas de calibre 9, 45 y de escopeta Itaka, precisándose que Rave presentaba múltiples heridas producidas por proyectiles de esas características”. Una ejecución con la

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marca distintiva de la patota de la CNU. La autopsia precisó que Rave había sido duramente golpeado a patadas, posiblemente hasta la muerte, y luego baleado. Finalmente, el cadáver fue colgado del puente mediante alambres. La familia Rave, que no tenía teléfono, supo algo de su hijo secuestrado recién a las 9 de la noche del 24 de diciembre, en vísperas de Navidad. Fue a raíz de un llamado de la Policía recibido por una tía de Marucha que vivía a la vuelta de la casa de los Rave. El mensaje decía que Ricardo estaba en la Jefatura, sin precisar si vivo o muerto. Pensando que estaba detenido, Luis Homero, acompañado por su vecino, el comisario Martín Arzuaga, se dirigió al edificio de 2, entre 51 y 53. Recién allí supo que lo habían asesinado. “Nos lo entregaron a las 9 de la mañana del 25 de diciembre, en una funeraria, y antes de las 12 teníamos que enterrarlo por ser Navidad –recuerda  Marucha–. Esa nochebuena discutí con mi marido porque él me dijo que iba a ir sólo al cementerio, que no quería que viéramos en qué estado habían dejado a Patulo. Le dije que fuera solo si quería, pero que yo iba a ir, que nadie me iba a impedir verlo. No puedo olvidar ese viaje hasta el cementerio. Adelante, el coche fúnebre que llevaba los despojos de mi hijo, y el único acompañamiento era el auto donde viajaba lo que quedaba de la familia. Al llegar, lo pusimos en tierra. La fosa ya estaba cavada. Nos quedamos un rato y volvimos a casa. Pasaron más de 35 años, pero hay cosas que están grabadas a fuego en la memoria del corazón”. Fachos, canas y milicos. La participación de tropas del Regimiento 7 de Infantería en la represión ilegal de la madrugada del 24 de diciembre de 1975 en La Plata fue confirmada por una fuente militar acercada a los autores de esta investigación por el periodista Ricardo Ragendorfer. El ex oficial del Ejército señaló: “En dos allanamientos realizados en La Plata participaron tropas del Regimiento 7 de Infantería, un pelotón completo, encabezado por su jefe, el coronel Roque Carlos Presti”. Al preguntársele sobre la ubicación de las casas allanadas y si había habido muertos o heridos, la fuente se negó a dar precisiones. En cambio, explicó que esos operativos realizados en La Plata formaron parte de un plan represivo más amplio, que incluyó también las localidades de Florencio Varela y Berazategui. Los autores de esta investigación han señalado que, para esa fecha, los grupos de tareas de la CNU platense ya estaban operando bajo la supervisión del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, con sede en La Plata, y a las órdenes del coronel Roque Carlos Presti, jefe del Área de Operaciones 113. Esta línea de mandos sobre la patota capitaneada por Castillo se mantendría después del golpe, hasta el 29 de abril de 1976, cuando el grupo fue desactivado por orden de ese jefe militar. Tanto V.R. como la familia Rave eran blancos señalados desde hacía tiempo por el grupo de tareas del  Indio  Castillo. Ninguna de las dos víctimas

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pertenecía al PRT-ERP, objetivo natural de la operación represiva luego del intento de copamiento del Batallón de Arsenales de Monte Chingolo. Los autores de esta investigación no tienen dudas de que las víctimas de los secuestros de la madrugada del 24 de diciembre de 1975 en La Plata fueron elegidas por la CNU. Los operativos fueron realizados, en zonas liberadas por la Policía Bonaerense, por tropas del Ejército guiadas y apoyadas por miembros de esa organización integrada al terrorismo de Estado. A fines de 1975, la CNU utilizaba para sus operaciones la flota de Peugeot 504 robados que guardaba en la quinta del Indio Castillo y en la casa operativa ubicada detrás de la Facultad de Agronomía. La causa por el secuestro y asesinato de Ricardo Arturo Rave se encuentra radicada desde el 3 de mayo del año pasado en el Juzgado Federal 3 de La Plata, por entonces a cargo del ahora renunciante Arnaldo Corazza. Hasta el momento prestaron declaración la madre de Patulo, –representada por el abogado Pablo Llonto– y la sobreviviente del otro secuestro de esa noche, V.R. Poco después del asesinato de Patulo, el librero nazi Patricio Errecarte Pueyrredón, integrante del grupo de tareas de la CNU y hombre compulsivamente suelto de lengua, se jactaría ante un conocido: “A Rave lo hicimos nosotros”. Esta persona –que no tenía vínculo alguno con la banda– hizo correr ese dato para que le llegara a la familia de la víctima.

EL REGRESO DE LOS MUERTOS VIVOS 21 de abril de 2013

Cómo varios ex integrantes de la CNU platense se reciclaron en el justicialismo y el Estado apenas recuperada la democracia. Por lo menos tres partes de inteligencia de la Dirección de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBBA), producidos en 1985, dan cuenta de las actividades de ex integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) platense y de su inserción en diversos estamentos del Estado luego de la recuperación de la democracia, en diciembre de 1983, así como de un intento de rearmado de esa organización. Se trata de los documentos identificados como: Legajo Mesa “DS” 22.300. Asunto: “Reorganización de integrantes del ex CNU La Plata”, fechado en enero de 1985. Legajo Mesa “DS” 22.381. Asunto Militantes del CNU, Carlos Ernesto Castillo y otros”, sin fecha. Legajo Mesa “DS” 30.434 “CNU (Concentración Nacional Universitaria)

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La Plata”, fechado el 23 de julio de 1985. Las copias de estos tres partes de inteligencia se encuentran –junto con muchas otras– incorporadas a la causa “Domínguez Silvia Ester/su denuncia”, que investiga el asesinato del sindicalista Carlos Domínguez, perpetrado por un grupo de tareas de la CNU platense a principios de 1976, radicada en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata. La investigación de Miradas al Sur pudo establecer que por lo menos cinco ex integrantes del grupo de tareas de la CNU platense se incorporaron, una vez recuperada la democracia, a la estructura del Partido Justicialista de La Plata y que ocuparon diversos cargos o tuvieron contratos en el Estado provincial y, en algunos casos, en la Municipalidad de la Ciudad de La Plata. Lo mismo hicieron otros ex miembros de la CNU que, aunque no participaron activamente de la banda, pertenecieron a la organización cumpliendo otro tipo de tareas, como en el caso de Darío Alessandro. Los asesinos “reciclados” son Juan José Pomares (a) Pipi, Martín Osvaldo Sánchez (a)  Pucho, Carlos Ernesto Castillo (a)  El Indio, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, y Ricardo Oscar Calvo (a) Richard, todos ellos miembros del núcleo duro de esa banda parapolicial asociada al terrorismo de Estado antes y después del golpe del 24 de marzo de 1976. Los autores de esta investigación desarrollarán en próximos artículos cómo cada uno de ellos contó con contactos y protección política para “reinsertarse” en el justicialismo platense y cómo a su alrededor –sobre todo en el caso de Pomares– se formaron grupos de colaboradores que, aun conociendo el tenebroso pasado de sus jefes, no dudaron en ponerse a sus órdenes a cambio de contratos, ventajas políticas u otras prebendas. “Apenas volvió la democracia, la gente de la CNU hizo como un ghetto, con una gran vocación de negar todo y una gran fuerza para entremezclarse en la política y llegar a lo más alto de algún cargo posible, con una buena relación con la Iglesia, con monseñor Plaza. Intentaron deshacer todo su pasado y mimetizarse con la política que venía, primero con Herminio Iglesias y después con la Renovación. Cuando Cafiero le ganó a Herminio, se pasaron todos, algunos con mayor suerte que otros”, relató a Miradas al Sur un militante histórico del ala izquierda del peronismo que debió convivir con ellos en la etapa de reestructuración del PJ platense. El nombre de esta fuente se mantendrá por el momento en reserva, aunque se consignará que en 1989 sufrió un atentado con explosivos contra su casa cuya autoría intelectual adjudica al Indio Castillo. En 1984, Antonio Agustín Jesús (a) Tony y Ricardo Oscar Calvo (a) Richard ingresaron a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires con contratos administrativos. Hicieron carrera allí durante más de 25 años y llegaron a ocupar dos estratégicas direcciones de la Cámara, la Legislativa y la de Referencia Legislativa. Fueron desplazados de sus cargos luego de que

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la investigación de Miradas al Sur revelara a la opinión pública su participación en el terrorismo de Estado. Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio respondió a varios jefes políticos dentro del justicialismo platense y luego se incorporó a las huestes de Aldo Rico. Juan José Pomares (a) Pipi y Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho se integraron al PJ platense, donde Pomares llegó a ser congresal. En 1991, cuando el peronismo obtuvo la intendencia de La Plata, participaron de la gestión. Pomares con un alto cargo en la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad. “Al contrario de los otros ex CNU, que consiguieron acomodarse superestructuralmente,  Pipi  tenía trabajo en los barrios de La Cumbre y San Carlos. Por eso, Alberto Delgado, que tenía a cargo Desarrollo Social, lo llamó sin importarle su pasado. Pipi tenía base territorial y además era un duro, capaz de tratar con los punteros, por eso lo llamó, y Pipi armó un equipo con muchos impresentables”, dijo a Miradas al Sur el militante histórico del peronismo citado más arriba. Juan José Pomares (a) Pipi terminó su carrera política en el Senado bonaerense, donde tenía un cargo de asesor en el Bloque del Frente para la Victoria cuando fue detenido a mediados de 2011, acusado de secuestros y asesinatos cometidos por la CNU. El vicegobernador Gabriel Mariotto lo cesó en su cargo el año pasado.

BUSCAN UNIFICAR LAS CAUSAS POR LOS CRÍMENES DE LA CNU 11 de agosto de 2013

La Fiscalía Federal de La Plata, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y varios querellantes intentan, de esta manera, lograr una mayor celeridad y eficacia para que se logre hacer justicia. La Fiscalía Federal de La Plata y un significativo número de querellantes en las causas que se instruyen por los crímenes de lesa humanidad cometidos, ente 1974 y 1976, por los grupos de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en esa ciudad vienen analizando desde hace algunas semanas la posibilidad de unificar algunas de las causas con el objeto de acelerar y hacer más eficaces esos procesos judiciales que, como ya se ha señalado en varias oportunidades desde estas páginas, avanzan con llamativa lentitud. Esto ocurre en un momento clave, ya que se acaban de cumplir dos años de la detención de uno de los integrantes de ese grupo de tareas, Juan José Pomares (a) Pipi, con lo cual está en condiciones de solicitar su libertad a la espera del juicio. De todos modos, se descarta que, en su caso, la prisión

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preventiva –que cumple en el penal de Marcos Paz– será prorrogada por un año más. El otro integrante de la CNU que está detenido es el jefe de la patota, Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio. En su caso, además de cumplir la prisión preventiva por crímenes cometidos por la banda parapolicial, está cumpliendo una condena efectiva por falsificación de documento público. “Se abre otra etapa y no podemos darnos el lujo de que salgan en libertad”, dijeron a los autores de esta investigación fuentes cercanas a la Fiscalía. Miradas al Sur  pudo saber que, en lo que a la intención de unificar las causas se refiere, existen tres posiciones que no son necesariamente contrapuestas. Por una parte, la fiscalía Federal pidió la unificación de sólo dos de ellas, las causas 9 y 244. La primera investiga los secuestros seguidos de muerte del sindicalista del hipódromo platense Carlos Domínguez y del estudiante y trabajador de la empresa Limpiolux (encargada de la limpieza de la planta de Propulsora Siderúrgica) Leonardo Miceli. La 244 está relacionada con el secuestro y la muerte de Horacio Urrera, empleado del Ministerio de Economía provincial y militante de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP). Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos provincial propone que a las dos ya mencionadas se sumen otras que tienen conexidad tanto subjetiva como objetiva con ellas. Los autores de esta investigación pudieron averiguar que entre las causas que se busca incorporar están las relacionadas con la muerte del médico Mario Gershanik, los secuestros de Daniel Pastorino y Úrsula Barón –quienes salvaron sus vidas de manera casi milagrosa–, y el secuestro y asesinato de Arturo Rave. Aún con esta posición, desde la Secretaría de Derechos Humanos consideran atendibles las razones que esgrime la Fiscalía para la unificación más restringida: “Las razones de la Fiscalía para restringir son estratégicas y entendibles, porque hay causas que tienen diferentes tiempos procesales. Sin embargo, nosotros creemos que hay otras causas que podrían agregarse sin mayores problemas, porque son muy similares, están también avanzadas y tienen coincidencias con las anteriores por las fechas en que ocurrieron los crímenes y por el modus operandi”, explicó a Miradas al Sur una fuente de la Secretaría que conduce Guido Carlotto. Una última posición, sostenida por otros querellantes, propone la unificación de un número muy superior de causas. “El reclamo general en casi todo el país es que las causas en instrucción no se fragmenten. Es decir, que ante la misma identidad de imputados o grupo de tareas, tratemos de que todos los casos de víctimas de ese grupo de genocidas, tengamos si es posible un solo juicio oral. Evitando así parte uno, parte dos, parte tres, que alarga enormemente la duración de los juicios impidiendo justicia rápida y la menor concurrencia reiterada de testigos. Además favorece la investigación ya que la prueba de un caso suele ayudar a la prueba de otro caso”, explicó Pablo Llonto, abogado querellante en la causa por la muerte de Arturo Rave.

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Causas conexas. La mayoría de los procesos por los crímenes cometidos por los grupos de tareas platenses de la Concentración Nacional Universitaria están radicados en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, que hasta principios de este año estuvo a cargo del ahora jubilado Arnaldo Corazza. Hasta que se designe un nuevo magistrado en su reemplazo, el juzgado está siendo subrogado por el juez Humberto Blanco, titular del Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, donde también hay radicadas causas vinculadas con la CNU. La Causa 9, sobre los secuestros y asesinatos de Carlos Domínguez y Leonardo Miceli es la más antigua de las relacionadas con el accionar de la CNU. Domínguez, secretario general del PJ Platense y gremialista del Hipódromo estaba abiertamente enfrentado al entonces gobernador Victorio Calabró. La madrugada del 12 de febrero de 1976 fue secuestrado y asesinado por el grupo de tareas de la CNU encabezado por Castillo. Leonardo Miceli fue secuestrado de su casa de la calle 122 entre 70 y 71, la madrugada del 20 de abril de 1976 por el grupo de tareas de Castillo en una zona liberada por la policía bonaerense y el Ejército. Su viuda, Ana María Bossio, reconoció a Castillo como el jefe de la patota que entró a su casa. El cadáver de Miceli fue encontrado horas después en Sarandí, juntos con los de su compañero en Limpiolux, Carlos Satich, y el militante gremial peronista Horacio Urrera. Precisamente es la 244 la causa que investiga el secuestro seguido de muerte de Urrera, que para la Fiscalía fue presumiblemente cometido por el mismo grupo de tareas. Por esa conexidad es que se busca unificar las causas. Daniel Pastorino fue secuestrado la madrugada del 4 de abril de 1976 junto con su mujer, Adelaida Barón, y sus compañeros Graciela Martini y Néstor Hugo Di Noto. Los cuatro fueron sometidos a un simulacro de fusilamiento y luego, encapuchados, fueron llevados a una de las casas operativas de la CNU, en diagonal 115 y 65 de La Plata, donde Martini y Di Noto fueron torturados dentro de una casa rodante que la banda tenía para esos fines. Pastorino y su mujer salvaron milagrosamente la vida por intervención de Patricio Errecarte Pueyrredón, quien conocía a un familiar de Adelaida. La pareja fue liberada en La Plata, mientras que los cadáveres de Martini y Di Noto aparecieron esa mañana en un descampado de City Bell. Pastorino reconoció a Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y a Juan José Pomares (a) Pipi entre sus secuestradores. La investigación de Miradas al Sur aportó los nombres de otros integrantes del grupo de tareas que participaron esa noche: Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Alfredo Ricardo Lozano (a) Boxer, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho y Ricardo Calvo (a) Richard. Arturo  Patulo  Rave, de 19 años, era militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES); fue secuestrado de la casa de sus padres la madrugada del 24 de diciembre de 1975 por un grupo de tareas conjunto de la CNU y el Ejército, en una zona liberada por patrulleros de la Bonaerense que cortaron el tránsito mientras se realizaba la operación paramilitar. Su cadáver apareció horas después acribillado y colgado de un puente sobre las vías del ferrocarril. La

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participación de la CNU en este operativo fue confirmada ante la Justicia y a los autores de esta investigación por otra militante que también fue secuestrada esa noche pero que fue liberada sin explicaciones horas después. En todos estos casos, los crímenes tienen conexidad por varias razones. En primer lugar, por las fechas: todos ocurrieron entre diciembre de 1975 y abril de 1976, cuando el grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria ya operaba bajo las órdenes del Batallón 601 del Ejército. Además, el modus operandi fue similar en todos los casos, a excepción de los secuestros de Pastorino, Barón, Di Noto y Martini. El médico Mario Alberto Gershanik fue asesinado el 10 de abril de 1975 en el interior de la casa de sus padres –ubicada a poco más de cien metros de la Jefatura de la Policía bonaerense, en La Plata– cuando se resistió a ser secuestrado por un grupo de tareas conjunto de la Triple A y la CNU. Los asesinos se identificaron como policías, utilizaron sirenas y balizas policiales, y cortaron la calle con total impunidad. La investigación de Miradas al Sur identificó a uno de los más conspicuos integrantes de la Triple A, Aníbal Gordon (a) El Viejo, como jefe del operativo. A sus órdenes estuvieron, entre otros, Castillo, Ricardo Walsh (a) Richi, Gastón Ponce Varela, Jacek Piechocki (a) El Alemán o El Polaco, Héctor Arana (a) El Sordo, Eduardo de Urraza (a) El Lobo, César Enciso (a) Pino y Juan José Nievas (a) El Chango.  La causa que investiga el asesinato de Mario Alberto Gershanik es la número 67. En este caso, la conexidad con los casos mencionados anteriormente está dada por el modus operandi. Consultada por los autores de esta investigación, la mayoría de las querellas mostró optimismo en cuanto a la posibilidad de unificar varias de estas causas, lo que permitiría acelerar los procesos, evitar la desgastante repetición de los testimonios y lograr finalmente que se haga una ya largamente postergada justicia.

OPERACIÓN “ONCE POR PONCE” 15 de septiembre de 2013

El 7 y el 8 de julio de 1975, la CNU asesinó a seis estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata como represalia por la muerte de uno de sus integrantes. La masacre fue parte de la política represiva del gobierno de Isabel frente a las crecientes movilizaciones populares contra el Rodrigazo. La masacre, que venía siendo anunciada desde días antes con pintadas en las paredes de La Plata, fue bautizada “Once por Ponce” por la Concentración Nacional Universitaria (CNU), pero los asesinados del 7 y 8 de ju-

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lio de 1975 fueron seis. En esas fechas, en tres operaciones diferentes, el grupo de tareas parapolicial asesinó a los estudiantes universitarios Mario Marcelo Cédola, Pablo del Rivero, Gustavo Jorge Rivas, Guillermo Oscar Codino, Norberto Juan Orlando y Roberto Antonio Rocamora. Los cuatro primeros fueron fusilados en la calle, a plena luz del día, con aviso a la Policía de la Provincia de Buenos Aires para que no interviniera, en tanto que Orlando y Rocamora fueron acribillados la madrugada siguiente, luego de que la patota irrumpiera en la casa donde vivían, en los límites de La Plata con la localidad de Berisso, en una zona previamente liberada por la Bonaerense. Cinco de las seis víctimas eran militantes de superficie de diferentes agrupaciones universitarias. Ninguno de ellos estaba armado. La investigación de Miradas al Sur pudo establecer que estas acciones criminales de la CNU, realizadas al amparo del Estado, tuvieron dos objetivos complementarios. Por una parte, sembrar el terror entre la población –y, en particular, en el estudiantado universitario– para frenar las crecientes protestas y movilizaciones obreras y estudiantiles contra la política económica del gobierno de Isabel, cuya cara visible era el ministro de esa cartera, Celestino Rodrigo. Por la otra, vengar la muerte de uno de los más conspicuos miembros de la banda parapolicial, Gastón Ponce Varela, ejecutado por la organización Montoneros el mes anterior. El asesino Gastón Ponce Varela.  La patota de la CNU platense venía operando impunemente, con protección de Calabró y de la intervención fascista de la Universidad Nacional de La Plata, desde los últimos meses de 1974. Sin embargo, esa impunidad que le permitía secuestrar y asesinar, con apoyo policial, a militantes indefensos había empezado a resquebrajarse. A principios de junio de 1975, un comando de Montoneros ejecutó a Gastón Ponce Varela en la puerta de su casa, cuando estaba a punto de entrar con su mujer. Conspicuo integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y amigo íntimo del jefe del grupo de tareas, Carlos Ernesto Castillo, Ponce Varela solía jactarse provocadoramente ante sus amigos y en reuniones familiares de los muertos que cargaba. Los autores de esta investigación pudieron establecer que la CNU platense culpaba a Marcelo Rave (un oficial montonero que luego fue asesinado por la dictadura) de haber participado de la ejecución de Ponce Varela. Y quería venganza. Pero un oficial montonero no era un blanco fácil para la CNU. La posible resistencia de un cuadro con entrenamiento militar que seguramente estaría armado resultaba altamente riesgosa para los miembros de la patota, acostumbrados a asesinar a personas indefensas. Por eso, en los meses siguientes, la CNU hostigaría de manera constante a los familiares de Marcelo Rave. Finalmente, la noche del 23 de diciembre, en una operación conjunta realizada con tropas del Ejército y la Policía Bonaerense, la CNU secuestraría y asesinaría a otro de los hermanos de Marcelo Rave, Arturo

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–conocido por todos como  Patulo–, un militante de la UES de 19 años. Pero a principios de julio de 1975 todavía nada de eso había ocurrido. La CNU necesitaba dar una señal y decidió hacer ver como su venganza por la muerte de Gastón Ponce Varela el raid asesino que les costaría la vida a seis estudiantes universitarios indefensos. A plena luz del día. El primer asesinato lo perpetraron por la mañana, en la Plaza Moreno, ubicada en el centro geográfico de la ciudad de La Plata. La víctima fue Guillermo Oscar Codino, que fue baleado por la espalda cuando caminaba solo por el lugar. La información publicada por el diario platense El Día reconstruye así los hechos: “El nombrado (Codino) fue alcanzado en la espalda por una ráfaga de ametralladora que accionó un sujeto joven, que momentos antes había descendido de un automóvil y en el que, una vez consumados sus designios, escapó junto con otros sujetos”. El de Guillermo Oscar Codino fue el primer crimen que la CNU platense cometió a plena luz del día, en la calle, modificando el modus operandi de secuestros nocturnos y fusilamientos en las afueras de la ciudad que la había caracterizado hasta ese momento. Este cambio en el accionar sólo pudo ocurrir con aprobación de las autoridades que brindaban protección y liberaban las zonas para que la banda pudiera operar sin inconvenientes. El objetivo quedó claro ese mismo día: dar un paso más en la escalada de terror. Seis horas más tarde, Mario Marcelo Cédola, Pablo del Rivero y Gustavo Jorge Rivas fueron baleados con armas largas desde un vehículo cuando transitaban en moto por la zona norte de La Plata. El diario El Día relató así los hechos: “El atentado tuvo como escenario la calle 9 entre 530 y 531 de Tolosa, cuando las víctimas se conducían en motocicletas hacia las afueras de la ciudad. En esos instantes fueron atacados a balazos por un grupo de individuos que viajaban en un automóvil. Cédola y Del Rivero perecieron instantáneamente mientras que el otro joven fue auxiliado por los vecinos”. Gustavo Rivas agonizó durante dos días en el Hospital Español de La Plata. Poco antes de morir le dijo a un familiar que había reconocido claramente a dos de sus asesinos. Rivas y Del Rivero eran estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata y reconocidos militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Compartían con Mario Cédola la pasión por las motos y solían salir juntos en las máquinas que ellos mismos acondicionaban. Tanto Rivas como Del Rivero estaban en la mira de la CNU, pero Cédola también. Los autores de esta investigación pudieron establecer a través de una fuente altamente confiable que días antes había sido identificado por miembros de la CNU cuando sacaba fotografías de un incidente en el cual estaban participando. Algunos de estos integrantes de la CNU lo conocían muy bien, ya que no hacía mucho había tenido un enfrentamiento con ellos. “Cédola había tomado

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–desde la terraza de su casa, en 4 y 44– imágenes de los incidentes ocurridos días antes frente a la sede de la UOCRA en los que participaron integrantes de la banda. Su acción fue advertida por algunos de los miembros de la CNU, por lo que su muerte pudo haber sido una forma de evitar que esas imágenes se hicieran públicas”, señaló la fuente. Y agregó: “A Cédola, a Del Rivero y a Rivas los de la CNU los conocían muy bien, y no sólo se las tenían jurada por razones políticas. Poco antes de que los mataran, en una confitería llamada Tabac, que estaba en 45 entre 6 y 7 y a la que los de la CNU iban seguido, se habían agarrado a las piñas y los botellazos con ellos porque uno de los fachos había querido pasarse con una de las chicas que iba en el grupo de Cédola. En la pelea, los fachos llevaron la peor parte”. Acribillados de noche. Roberto Antonio Rocamora y Norberto Juan Orlando estudiaban en la Universidad Nacional de La Plata y militaban en el Grupo Universitario Socialista (GUS), una agrupación que respondía a la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). Hacía poco tiempo que se habían mudado a una casa ubicada en 127, cerca de la Universidad Tecnológica Nacional, en los límites de La Plata con Berisso. La patota de la CNU llegó allí la madrugada del 8 de julio y derribó la puerta. El Día relató: “En el último de los hechos, ocurrido en una finca de Berisso, intervinieron varios terroristas que ingresaron al inmueble sorprendiendo a sus moradores, los citados Orlando y Rocamora. Éstos fueron obligados a permanecer de cara a la pared y en un rincón, y al recibir la descarga de armas automáticas ambos se abrazaron, y en esas condiciones fueron hallados posteriormente sus cadáveres por la policía”. Roberto Rocamora era un reconocido y respetado militante en la Facultad de Ciencias Naturales, donde integraba el centro de estudiantes como representante de la Lista de Base, conformada por el GUS y los Grupos Revolucionarios de Base (GRB), la agrupación universitaria de las FAL22. La CNU, algunos de cuyos integrantes hacían inteligencia y acciones intimidatorias casi cotidianas en el Museo, lo tenía identificado. Eso pudo haber determinado que se lo eligiera como una de las víctimas de la operación “Once por Ponce”. Lo que ni Rocamora ni Orlando sabían era que la casa que habitaban desde hacía poco tiempo no era segura. La investigación de Miradas al Sur pudo establecer que, a principios de 1975, antes de que la alquilaran y se mudaran, esa vivienda había sido objeto de un ataque de la patota de la CNU, que buscaba –con intención de secuestrarlos y matarlos– a dos militantes, hoy desaparecidos. José Raúl Díaz, también conocido como El Negro Sugus, y Eduardo Dito Priotti, provenían de las FAL22 y en ese momento militaban en el PRT (Priotti se integraría a Montoneros meses después del golpe del 24 de marzo de 1976). A principios de ese año habían salvado sus vidas porque la noche que la patota fue a buscarlos no estaban en la casa. Díaz era morocho, como Rocamora, y Priotti era rubio, como Orlando.

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En marzo o abril de 1975, uno de los autores de esta investigación, que militaba en el PRT, fue citado con urgencia por Eduardo Priotti el día posterior al allanamiento para que lo acompañara a la casa, mientras otros compañeros del ERP montaban vigilancia, para ver si se podía recuperar algo. Encontraron todo dado vuelta. A ese lugar se mudarían poco tiempo después, sin saber nada de lo ocurrido, Roberto Rocamora y Norberto Orlando. Y allí serían asesinados por el grupo de tareas de la CNU. Asesinos identificados. Gustavo Rivas reconoció a dos de los asesinos que viajaban en el auto desde el cual lo balearon. Mientras estaba, agonizante, en una cama de la sala de terapia intensiva del Hospital Español de La Plata, pudo decir sus nombres a un familiar muy cercano. Después de la muerte de Rivas, este allegado dio esos nombres a un familiar de Mario Cédola que por entonces era un marino de alta graduación en actividad. Los asesinos identificados por Rivas son Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Eduardo Fromigué (a) El Oso, dos conocidos integrantes de la Concentración Nacional Universitaria. La participación de Fromigué en la masacre de “Once por Ponce” también fue señalada muchos años después por un militante de Silo en una carta de lectores publicada por el diario La Nación. El autor de la carta, fechada el 11 de mayo de 2007, es Arturo Gustavo Cabarrou y en ella dice: “Quisiera hacerle llegar una aclaración con respecto a una solicitada sobre ‘deportistas desaparecidos durante la dictadura militar’. En la solicitada de la Presidencia de la Nación publicada el 24 de marzo del 2007 en diferentes medios de prensa argentinos se incluye el nombre de Pablo del Rivero (rugby), cuando el mismo no fue ‘desaparecido’ sino directamente asesinado en julio de 1975 por el señor Fromigué, durante el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. Pablo del Rivero fue asesinado en La Plata junto a sus amigos Mario Cédola y Gustavo Rivas en julio de 1975, cuando circulaban en moto. Fromigué no sólo asesinó a Pablo del Rivero y sus amigos, sino que días más tarde asesinó a Eduardo Lascano y a Ricardo Carreras, siloístas, en la esquina de 7 y 39, La Plata”. Eduardo Fromigué fue miembro operativo de la CNU y “culata” de la Unión Obrera Metalúrgica. También fue integrante de la Triple A y participó del comando de la CNU que asesinó a Víctor Hugo Kein en Mar del Plata (un crimen que podría considerarse como parte de la misma operación). El Oso fue acribillado poco después de la operación “Once por Ponce” en un confuso episodio en una parrilla de Florencio Varela, durante un presunto ajuste de cuentas entre la CNU, que respondía a Calabró, y la patota de Lorenzo Miguel. Cuando supo de esa muerte, el alto jefe naval que era familiar de Mario Cédola dijo: “Ahora voy a poder dormir tranquilo”. Por entonces la Armada ya tenía bajo sus órdenes a varios de los grupos parapoliciales que operaban en La Plata y su zona de influencia.

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SEMBRAR EL TERROR 15 de septiembre de 2013

La represión parapolicial como herramienta para detener las protestas obreras y estudiantiles. La operación “Once por Ponce” fue parte de una escalada represiva desatada desde el Estado para frenar las crecientes protestas obreras y estudiantiles contra la derechización manifiesta del gobierno peronista. El 7 de julio de 1975 fue un día de paro general en la Argentina, convocado por la conducción de la Confederación General del Trabajo, obligada por la presión de las bases sindicales y las comisiones internas de las fábricas. La resistencia al plan económico de Celestino Rodrigo, conocido como “El Rodrigazo”, venía generando protestas y movilizaciones en diferentes puntos del país. Fueron las últimas movilizaciones populares en las que la clase obrera industrial de los grandes centros urbanos –especialmente del Área Metropolitana, la ribera del Paraná y el Gran La Plata– fue la gran protagonista, acaudillando a sectores asalariados no proletarios, empleados estatales y estudiantes en masivas jornadas de lucha que produjeron efectos políticos significativos en la tambaleante estructura del gobierno de Isabel Perón. Después de la muerte de Perón, en julio de 1974, la crisis del peronismo y el aumento de las tensiones sociales corrían paralelas y se potenciaban mutuamente con el deterioro económico. El crecimiento de las organizaciones revolucionarias, su penetración en no pocos sectores de masas y el aumento de las luchas reivindicativas eran respondidos con un fuerte incremento de la violencia represiva estatal y paraestatal. En noviembre de 1974 se había instaurado el estado de sitio, las cárceles se poblaban con presos políticos, la CNU, el Comando Libertadores de América y otros grupos parapoliciales y paramilitares operaban asesinando militantes populares y –a partir de febrero de 1975– el propio Ejército, que ya controlaba y coordinaba las bandas paraestatales, comenzaba a operar abiertamente en Tucumán donde se instalaban los dos primeros campos de concentración del país: la Jefatura de Policía y la Escuelita de Famaillá. En el área del Gran La Plata, Berisso y Ensenada la resistencia popular al gobierno peronista se desarrollaba con particular intensidad. La experiencia en las luchas reivindicativas que venían manteniendo los trabajadores de las grandes fábricas y los empleados estatales habían generado una amplia capa de dirigentes y militantes que gradualmente reemplazaban en las comisiones internas y cuerpos de delegados a las direcciones que respondían a las burocracias sindicales, enemigas de la profundización y extensión de las luchas y organización democrática de los trabajadores. Esta enemistad no era mera-

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mente discursiva: están comprobadas las estrechas relaciones de la UOM con la AAA y la CNU, por ejemplo. También el Estado se poblaba con personajes abiertamente fascistas, como el delegado en La Plata del Ministerio de Trabajo, Emilio Jorge Centeno Quiroga, y su secretario, Darío Alessandro. La Plata fue uno de los bastiones de un proceso de crecimiento de opciones de conducción de masas orientadas por sectores combativos y revolucionarios. A modo de ejemplo: la comisión interna de Propulsora Siderúrgica estaba formado por dos trabajadores encuadrados en la JTP (Montoneros), uno del Peronismo de Base, uno del Partido Comunista (que luego migraría al PRT) y uno del PRT. Esta composición política primaba en casi todas las conducciones de los grandes nucleamientos proletarios y de trabajadores estatales y explica que a mediados de 1975, desafiando la represión y los aprietes de la burocracia sindical, se constituyera la Coordinadora de Gremios en Lucha, organismo que pasando por encima a la estructura sindical tradicional conduciría las históricas movilizaciones de julio de 1975 que enfrentaron y derrotaron el intento del gobierno de Isabel de imponer un plan de ajuste basado en las recetas clásicas de liberalismo económico: aumento de combustibles y tarifas, devaluación del 100%, liberación de las tasas de interés y topes a los aumentos de salarios mediante la homologación de los acuerdos logrados en paritarias y fijación de los mismos por decreto, desconociendo los acuerdos logrados y congelando las paritarias. Este plan, pergeñado por el ministro de Economía Celestino Rodrigo, que había asumido el 2 de junio de 1975, no sólo naufragó en pocos días por la intensa resistencia y movilización obrera y popular que se volcó a las calles en columnas organizadas de miles de trabajadores, sino que forzó cambios en el gabinete de Isabel. A partir de que la CGT, obligada por la masividad de las movilizaciones, declarara el paro general de ese 7 de julio, se produjeron las renuncias de los ministros de Interior, Alberto Rocamora; de Defensa, Adolfo Sabino, y de Economía, Celestino Rodrigo, y también la de José López Rega, formalmente ministro de Bienestar Social y en realidad uno de los jefes de la AAA y superministro detrás del trono. Al Ejecutivo no le quedó más remedio que retroceder en sus intenciones, restableciendo la vigencia de las paritarias y homologando los acuerdos logrados en las negociaciones salariales de meses anteriores. En ese contexto, el 7 y 8 de julio de 1975, el grupo de tareas platense de la Concentración Nacional Universitaria, con apoyo de la Policía Bonaerense, cometió la masacre que venía anunciando con el nombre de “Once por Ponce”.

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A MODO DE EPÍLOGO

Como la célebre leyenda en el cuadro de Magritte que afirma, insolente, “esto no es una pipa”, destacando la ambigüedad (¿y la fatuidad?) de toda afirmación taxativa, bien podría decirse de estas últimas líneas “esto no es un epílogo”. No lo es porque, según los diccionarios y las etimologías, epílogo es lo que se dice al final o a modo de resumen, o como cierre de un texto o composición musical y los autores ya han dicho en el prólogo que lo hasta aquí expuesto no es un libro sobre periodismo que empieza y termina, cerrando(se) en un círculo de consideraciones teóricas o exponiendo tesis y enfoques sobre el oficio. Lo escrito es el resultado de un compromiso con la (nuestra) historia, un compromiso con las víctimas del terrorismo anterior a 1976, la exteriorización casi cinematográfica de los resultados de una investigación que aún no ha concluido, la puesta en escena de una crónica del horror que lleva más de dos años de trabajo, de paciente consulta de archivos, de entrevistas con familiares de víctimas, de preguntas a militantes, activistas y funcionarios, de interminables conversaciones telefónicas, de viajes a La Plata y Mar del Plata, de escribir y reescribir decenas de notas en Miradas al Sur con la convicción de estar haciendo lo correcto y la irritante certeza de que el sistema judicial platense tomaría a regañadientes, morosamente, sin interés, solo alguno de los casos investigados para abrir causas sobre crímenes que llevan casi cuarenta años de cometidos, cuarenta años de impunidad e injusticia. Pero la pesadez de la burocracia judicial no es el único y ni siquiera el principal obstáculo para que los responsables de la actividad criminal de la CNU sean juzgados y condenados en sede judicial, con todas las garantías del debido proceso, como ya han sido condenados centenares de represores a lo largo y ancho del país. Incluso en Mar del Plata, otra ciudad que fue asolada por la CNU, la justicia federal local tomó cartas en el asunto con energía y decisión y logró detener y procesar a un numeroso grupo de criminales de esa banda. La notable diferencia con respecto a La Plata fue muy bien sintetizada por el camarista federal marplatense Roberto Falcone, cuando en una entrevista de Miradas al Sur afirmó que “es mucho más fácil hoy investigar el terrorismo de Estado cometido luego del golpe, porque en un aparato organizado de poder… hay una especie de responsabilidad de tipo funcional. Eso es mucho más sencillo que llevar a juicio a personajes que han venido escalando posiciones en la sociedad o que detentaron y detentan posiciones

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expectantes”. La frase de Falcone es una descripción perfecta de lo sucedido en La Plata, donde varios de los integrantes de la CNU, después de haber pasado algunos años durante la dictadura detenidos en la U. 9 del SPB por los delitos comunes que cometían en provecho propio como “complemento” de su actividad criminal, pudieron reciclarse personal y políticamente, ya en democracia, en los pliegues de las estructuras políticas del peronismo platense. Amparados en las conveniencias políticas, en un equívoco pragmatismo o la simple desidia, algunos siniestros personajes de la banda que nació como un grupo de matones universitarios de ultraderecha y terminó como apéndice criminal del terrorismo de estado comenzaron a pasearse, libres, impunes y desafiantes por los ámbitos de la militancia peronista y los pasillos de la Legislatura y la Municipalidad, no sólo bendecidos por dirigentes y funcionarios sin memoria sino beneficiados por cargos oficiales que consolidaron su proceso de “reinserción” y la legitimación perversa de su pasado criminal. En Mar del Plata, decía el juez Falcone en la misma nota, “hubo una demanda colectiva de toda la sociedad de: Universidad, Colegio de Abogados, gremios, ONGs, organismos de Derechos Humanos….empezamos el Juicio por la Verdad, y los testigos, los primeros testigos, venían a relatar los horrores sufridos durante la dictadura, pero también la persecución y los asesinatos de la CNU”. En La Plata, en cambio, todo está por hacerse: un puñado de causas que cuentan con familiares querellantes patrocinados por un grupo de comprometidos abogados con escaso apoyo estatal hasta la fecha, recién han abierto la brecha en el muro de silencio judicial. La cesantía – luego de que trascendieran las notas de la investigación- de los dos últimos CNU que trabajaban en la Legislatura y el procesamiento y detención de su jefe máximo y uno de sus laderos permiten pensar que, lentamente, la situación de impunidad puede empezar a revertirse. La investigación periodística, entonces, no está terminada porque hay aún decenas de casos por esclarecer, responsabilidades que establecer, tramas que develar y complicidades que denunciar. Por lo tanto, los autores quedan en deuda por un verdadero epílogo que cierre definitivamente esta historia con el único final aceptable: el esclarecimiento de los crímenes, el juzgamiento y condena de los responsables y la condena social y política de quienes permitieron, por acción u omisión, una imperdonable impunidad.

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