Caso Practico Lopnna

 

Los adolecentes frente al Derecho Penal 

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Tiene 17 años de edad y siempre ha estado fuera de lugar. El 29 de junio ocurrió ocurrió una tragedia que ni sus familiares ni sus maestros ni alguna autoridad estatal fueron capaces de evitar. Sólo hasta que figuró en las páginas rojas de los diarios como el presunto homicida de dos niños y el intento de violación de otra menor de edad se prestó atención al adolescente que se convirtió en delincuente antes que en adulto.   El crimen ocurrió en la parte alta de El Placer, en el barrio Guacarapa, Guarenas, adonde sólo suben los que deben recorrer una resquebrajada escalinata y saltar  basura y aguas negras para llegar hasta sus casas. En los tres últimos ranchos de zinc vivía el muchacho y su familia. En el más pequeño y precario, él con sus abuelos.   En el del medio y el único con piso de cemento, la madre, su marido y seis hijos. En el tercero, al borde de un barranco, la hermana mayor con su pareja y tres niños. El lugar fue arrasado por la furia de los dolientes de las víctimas que se apresuraron a tomar venganza. Antes que la policía, llegaron, identificaron al presunto presunt o homici homicida da e incend incendiaron iaron las tres vivienda viviendas. s. Los que allí vivían huyeron a Barlovento. Sólo quedó en pie un chamuscado árbol de mamón que el agresor  habría utilizado como anzuelo.   Detrás de El Placer está la montaña que colinda con Ciudad Belén, de donde salieron salier on los tres niños, aproxim aproximadamen adamente te a las 4:00 pm de aquel sábado. Eunice Garc Ga rcía ía,, he herm rman ana a de uno uno de los los ult ultim imad ados os,, se re reffiere iere a la ve vers rsió ión n de la sobreviviente: «El muchacho los interceptó en el camino y los acompañó hasta la mata de mamón. Como se estaba haciendo de noche, los niños le pidieron ayuda para regresar a Ciudad Belén Belén.. Pero, en vez de ayudarl ayudarlos, os, él intentó abusar de la niña. Mi hermano y el otro trataron de defenderla y fue cuando sacó un cuchillo y los apuñaleó a todos. Ella cuenta que se hizo la muerta y cuando el agresor se fue, escapó hasta llegar a Ciudad Belén».   Jorge Martínez, residente de El Placer, asegura que no era la primera vez que esos tres muchachos llegaban mamones y que eran por  el adolescente que arremetió enen subusca contra:de«Todo ocurrió detrás delacechados rancho donde ese tipo vivía con sus abuelos. Allí encontraron ropa ensangrentada y el cuchillo que utilizó. Él se quedó por aquí como si nada. Al día siguiente, cuando vinieron los policías, yo les dije: `El carajito que ustedes andan buscando es ese que está allí sentado».

 

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  En este caso el principio de «prioridad absoluta» establecido en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para asegurar la atención integral de niños, niñas y adolescente ha sido letra muerta. A los fracasos en la familia, la comunidad y la escuela se suman los errores y omisiones del Estado en la efectiva aplicación de la Lopnna, aprobada en 1997.   Los niños hasta los 12 años de edad son inimputables. A los que tienen entre 12 y 18 años de edad se les denomina adolescentes en conflicto con la ley penal y están sometidos sometidos a un régimen de responsa responsabilid bilidad ad diferente al de los adulto adultos. s. Por  más grave que sea el delito, la ley prohíbe aplicarles una sanción mayor a 5 años de reclusión.   Seis meses antes Sus vecinos más cercanos no escatiman expresiones de odio hacia el agresor y su familia: «Hasta entre ellos mismos se caían a puñaladas por cualquier cosa», afirma Tony Romero. A menos de 10 metros vive Diana Martínez, que tiene más razones para repudiar al adolescente: «Él había apuñaleado a mis 2 hijas, de 10 y 11 años de edad», y muestra las cicatrices que tiene en medio del pecho y en el brazo una de las niñas.   «Eso ocurrió el 24 de diciembre del año pasado. Las mandé a comprar unos refrescos. refresc os. En el camin camino, o, él se les acercó e inten intentó tó tocar a la mayorcita mayorcita.. Como no se dejó, agarró el cuchillo y se lo clavó en el pecho y en el brazo. A la más pequeña la hirió en el cuello, a la altura del riñón y varias veces en la espalda», señala.   Martínez lo denunció ante la Fiscalía: «Lo agarraron el 25 de diciembre, pero sólo estuvo preso hasta el 23 de enero. Fui a pedir que lo volvieran a encerrar, pero la fiscal me dijo as que, como era un menor deliaedad, amparaba ley y, además, tenía problemas problem psicol psicológicos. ógicos. Que la fami familia pagólo200 unidadeslatributari tributarias as y que tenía que salir».  

 

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La mujer conserva copia del oficio a través del cual la fiscal auxiliar 18 del Minist Min isterio erio Púb Públic lico, o, Mari Mariell ell Ant Antone onella lla Padr Padrón, ón, sol solici icitó tó al Cic Cicpc pc la exp expert ertici icia a al cuchillo que habría utilizado el adolescente contra sus hijas.   «Todavía estoy esperando por lo que me dijo la fiscal: `Yo te llamo cuando se vaya a realizar la audiencia», se Padrón y Ana Olivier, titular de la Fiscalía 18 del Ministerio Público, se negaron a informar sobre el caso, pero fuentes de la Fiscalía General de la República precisaron que el agresor recuperó su libertad porque le imputaron el delito de lesiones leves en vista de que las heridas no comprometieron órganos vitales y tuvieron un lapso de curación no mayor de 10 días. La Lopnna sólo admite medidas privativas de libertad cuando se trata de lesiones graves o delitos mayores.   Las fuentes consultadas precisaron que ni la Fiscalía 18 ni la jueza Primero de Cont Co ntro roll de Mi Mira rand nda, a, An Ana a Mi Mile lena na Olav Olavar aria ia,, re requ quir irie iero ron n algu alguna na eval evalua uaci ción ón psicológica o psiquiátrica antes de liberarlo. Habrían asumido el asunto como un caso más, en el que no hay muertes que lamentar ni trascendencia en la prensa.   Pero el riesgo se mantuvo intacto «Ese muchacho regresó al barrio como si nada. Y en vez de hacer algo para alejarlo de mis niñas, la fiscal me decía que éramos nosotros los que debíamos mantenernos distantes de él. Llegó a decirnos que agarráramos otro camino para llegar a nuestra casa para no toparnos con ese malandro. Cómo se ve que esa fiscal no ha subido por estos cerros», reclama la madre.   Corresp Corr espon ondí día a al Co Cons nsej ejo o de Pr Prot otecc ecció ión n del mu muni nici cipi pio o Pl Plaz aza a res resgu guard ardar ar la integridad física de esas dos menores de edad, pero ni siquiera se enteró del caso. «Si un fiscal o un juez no nos notifica que han dejado en libertad a un agre ag reso sorr y qu que e exis existe te el ri ries esgo go de qu que e vuel vuelva va a ag agre redi dirr a niño niños, s, niña niñass o adolescentes, ¿qué podemos hacer?», explica la consejera del municipio Milbeth Muñoz.   El proceso judicial quedó en el limbo Los efectos de la impuni impunidad dad se manif manifestaron estaron en poco tiempo y en forma extrema con lo ocurrido a los tres niños de Ciudad Belén.

 

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  La burocracia traba y frustra  A los 15 años y 10 meses de edad, el agresor aprobó el sexto grado en la escuela Rosendo Urpiano Armas, en la calle principal de Guacarapa. «Contamos con muy pocos recursos materiales, pero hacemos lo posible para lidiar con los problemas de los escolares que provienen de familias disfuncionales, sobreviven en pobreza extrema o son víctimas de otros tipos de violencia», afirma la psicopedagoga Reyna Romero.   «Nuestro principal objetivo es que no deserten», insiste y asegura que lo único que diferenciaba al alumno eran sus dificultades de aprendizaje y que, como la mayoría de los hermanos que estudiaron en la misma escuela, era muy retraído: «Él estuvo incorporado al sistema de Aula Integrada. A duras penas aprendió a leer y a escribir. En una oportunidad conversamos con su madre y le sugerimos que le hicieran evaluaciones psicológicas para determinar las causas de su bajo rend re ndim imie ient nto. o. Pe Pero ro en esta estass comu comuni nida dade dess de Gu Guac acar arap apa a las las fami famililias as son son extr extrem emad adam amen ente te po pobr bres es y es casi casi im impo posi sibl ble e qu que e pu pued edan an cost costea earr tale taless evaluaciones. Lo ideal es que recibieran ayuda del Consejo de Protección, pero lo real es que de ninguna manera se les presta la asistencia que necesitan».   Una psicopedagoga no es psicóloga ni psiquiatra Es encomiable el trabajo que hacen estas maestras, pero el muchacho que agredió a las niñas debió recibir atención integral antes de que incurriera en el primer delito», subraya como otra grave omisión Gloria Perdomo, investigadora y docente de la Universidad Católica Andrés Bello.   La especialista destaca el desafío que implicaba la entrada en vigencia de la Lopnna, en 1998: «Era imprescindible que el Estado cambiara. Quince años después, lamentablemente eso no ha ocurrido y la burocracia frustra la efectiva aplilica ap caci ción ón de la lass no norm rmas» as».. Pe Perdo rdomo mo sos sostitiene ene qu que e er era a neces necesar ario io eva evalu luar ar al agresor física y psicológicamente, así como un estudio exhaustivo de su grupo familiar y de su entorno.   Con un dia diagnó gnósti stico co riguros riguroso, o, se debier debieron on act activa ivarr los pro program gramas as necesar necesarios ios:: psicopedagogía, contención de la violencia, orientación de los padres, asistencia

 

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socioeconómica. «No hay recetas preestablecidas. La idea es disponer de la mayor variedad de opciones y articularlas de acuerdo con las particularidades del caso», explica.   En relación con las dos niñas agredidas, considera que debieron ser remitidas a centros de atención especializados, pero advirtió que el único establecimiento de ese tipo en el Área Metropolitana de Caracas es la Fundación Oficina Nacional de Denuncia del Niño Maltratado. «Las donaciones no han sido suficientes para impedir su progresivo debilitamiento. No tienen con qué pagar al personal y apenas dan algunas charlas», asegura.   Idenna y Fiscal Fiscalía, ía, dos respons responsables. ables. «La presidenta (Litbell Díaz Aché) manda a decir que eso no es competencia nuestra, sino del Ministerio de Relaciones Interiores», fue la respuesta oral de la oficina de prensa a las preguntas que El Naci Na cion onal al fo form rmul uló ó po porr es escr critito o a la máxi máxima ma au auto tori ridad dad de dell In Inst stititut uto o Au Autó tóno nomo mo Cons Co nsej ejo o Na Naci cion onal al de Derech Derechos os de Ni Niño ños, s, Niña Niñass y Ad Adol oles esce cent ntes, es, so sobr bre e la organ org aniz izac ació ión n y fu funci ncion onam amie ient nto o de dell sist sistem ema a pe pena nall de res respo pons nsab abililid idad ad de dell adolescente.   El artículo 137 de la Lopnna establece que es deber del Consejo Nacional de Dere De rech chos os coor coordi dina narr las las inst instan anci cias as del del sist sistem ema. a. «E «Ell Iden Idenna na no se pu pued ede e desentender del asunto», reclama Perdomo.   Durante mucho tiempo nadie quiso asumir la coordinación del sistema penal de responsabilidad del adolescente, explica Carla Serrano, también investigadora de la UCAB. Hace año y medio se atribuyó al Ministerio para el Servicio Penitenciario lo relativo a medidas de reclusión y medidas alternativas a la privación de libertad. «La duda es si el nuevo ministerio, que no ha podido con las cárceles de adultos, podrí pod ría a ad admi mini nist strar rar co con n éx éxitito o lo loss ce cent ntros ros de re recl clus usió ión n de adol adolesc escen ente tess y la lass medida med idass altern alternati ativas vas», », advi adviert erte. e. Ana Anahí hí Ari Arisme smendi ndi,, vic vicemi eminis nistra tra de Atenci Atención ón al  Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, tampoco estuvo disponible para informar cómo ha afrontado el reto.   Serrano advierte que el sistema está condenado al fracaso si todas sus instancias no funcionan coordinadas: «Todo comienza por la inexistencia de cuerpos de investigación y servicios forenses especializados en niñez y adolescencia. Una niña víctima de abuso nos decía que lo que más recordaba del Cicpc es el mal

 

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olor. Se refería al vaho que emiten los cadáveres de la morgue de Bello Monte, donde tuvo que esperar varias horas para ser evaluada y obtener la certificación médica de los daños sufridos».   De la agresión contra las dos niñas de El Placer, la académica reprocha al Ministerio Público: ¿cómo las fiscales subestimaron el asunto como un simple caso de lesiones leves sin considerar que las víctimas eran menores de edad y una de ellas fue herida en el pecho con un cuchillo?, ¿cómo permitieron que el agresor volviera a estar cerca de sus víctimas? «Es sencillamente una mala praxis  judicial. El problema no está en la ley ni en el sistema penal de responsabilidad del adolescente sino en las personas que la ejecutan», denuncia.   Como un preso común El 27 de julio su hijo cumplía casi un mes de reclusión en el calabozo de la subdelegación del Cicpc de Guarenas, junto con aproximadamente 30 adultos. Los reclusos pueden hablar con sus familiares una vez a la semana, a 2 metros de distancia, sin tocarse, separados por una reja, sin privacidad alguna y por no más de 10 minutos.   «Llegué tarde porque le estaba comprando un cuaderno  Allí también está preso queellotrabajo va a poner a hacer tareas», explica la mujer que comparte conunsuprofesor hija mayor de trasladarse de Barlovento a Guarenas todos los días para llevarle comida y ropa al agresor. Repetidamente manifiesta otra angustia: «Lo peor que me puede pasar es que me boten del trabajo que tengo como obrera de la Policía de Plaza. He tenido que guapear  sola sola,, a mí na nadi die e me ha ayud ayudad ado o nu nunc nca, a, ni siqu siquie iera ra el pa papá pá de mi miss hijo hijos. s. Humildemente, les doy lo que puedo, pero a veces no tenemos ni para comer». Ni lo loss fa fami mililiar ares es ni el det deten enid ido o en entitiend enden en el pr proc oceso eso ju judi dici cial al en el que que está están n involucrados.   La hermana asegura que no les han dicho exactamente de qué lo acusan, ni en qué estado está el proceso, y queasistiendo. lo último que supieron es que hubo un relevo del defensor público que lo estaba  

 

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Destino incierto Mary Carmen Rondón, ex coordinadora coordinadora del área penal de la Dirección de Familia del Ministerio Público, explica que, en la mayoría de los casos, es imposible que la Fiscalía recabe suficientes elementos de convicción que le permitan fundamentar  un acto conclusivo en los reducidos lapsos que establece la Lopnna. «El riesgo es que se produ produzc zca a un una a exces excesiv iva a pr prol olon onga gaci ción ón de la de dete tenci nción ón pr prev event entiv iva a de dell adolescente y, como en este caso, en un lugar inadecuado y junto con adultos. Esta historia revela que el Estado nunca ha sabido qué hacer con este muchacho. No lo hizo cuando se le imputó por la agresión de dos niñas que eran sus vecinas. No lo está haciendo ahora que lo mantiene en el calabozo de una sede judicial. Y probablemente probabl emente no sabrá qué hacer cuando el juez de control decida su desti destino», no», señala.   El adolescente podría ser eximido de toda responsabilidad penal si se verifica que pade- ce perturbación mental, de acuerdo con lo establecido en el artículo 619 de la Lopnna. Fuentes del Ministerio Público informaron que sería sometido a una segu se gunda nda ev eval aluac uació ión n psiqu psiquiát iátri rica ca.. Zena Zenaid ida a Or Orte tega ga,, pr prof ofeso esora ra de Pr Prot otec ecci ción ón Jurídica a la Niñez y la Adolescencia en la Universidad Central de Venezuela, resume otra falencia del sistema: «En todo el país no existe una institución con los recurs rec ursos os y el perso persona nall ad adecu ecuado ado para para alber alberga garr a un mu mucha chach cho o co con n est estas as características, y eso no se construye de la noche a la mañana».   Hace dosquizás mesespermanezca está detenido; mescalabozo cumple policial. 18 añosNo depodría edad yir para entonces en eleste mismo a un centro de reclusión para adolescentes ni a una prisión para adultos. «En el país no se ha creado un programa para jóvenes adultos en conflicto con la ley penal que dé respuesta adecuada a esta circunstancia.   En definitiva, de comienzo a fin, este caso deja en evidencia los fracasos del Estado y de toda la sociedad venezolana en el intento de proteger a nuestros niños y adolescente», concluyó Perdomo.

Las características familiares más comunes entre los adolescentes y jóvenes infractores halladas en divers div ersos os estudi estudios os son son:: desest desestruc ructur turaci ación ón y clima clima famili familiar ar neg negati ativo, vo, per permis misivi ividad dad,, falta falta de imposición de reglas y normas, o, por el contrario, un estilo autoritario excesivo. Los factores de alta significanci significanciaa serían serían los vínculos afectivos afectivos débiles, débiles, falta de control control de los progenitores progenitores o cuidadores y poca o nula supervisión, antecedentes de delincuencia y consumo de Sustancias

 

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8 Psicoactivas (spa) y un estatus socioeconómico familiar bajo (Sobral et al., 2000; Torrente, 2005). A nivel sociocultural se identifican como factores asociados pertenecer a grupos con antecedentes de delincuencia y consumo de spa, escasos recursos económicos y contexto barrial de estrato Cap. Crim. Vol. 31, Nº 1 (Enero-Marzo 2003) 23-60 

socioeconómico bajo, contexto escolar negativo así como la naturalización o legitimización de la violencia y la delincuencia, entre otros (Sobral et al., 2000; Acero et al., 2007). Aunque estos resul res ultad tados os han sido sido va valio liosos sos,, se ins insis iste te en la pertin pertinenc encia ia de ident identifi ificar car las caract caracterí erísti sticas cas y dinámicas particulares de los jóvenes en su contexto, de tal manera que se dé respuesta de manera diferenciada. En consecuencia, se realizó una investigación con el propósito de identificar las características psicosociales del adolescente infractor de la ley penal