Cartilla Campesinado Sin Rostro

Campesinado sin rostro en el desarrollo rural colombiano

Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila Cra. 50 N.° 59-27 [email protected] www.corpenca.org ISBN: 978-958-57774-6-0 Textos: César Augusto Quintero Ramírez Leticia Pérez Correa Corrección de textos: Ángela Rodríguez Rodríguez Diseño, ilustración y diagramación: Carolina Jiménez Franco [email protected] Con el apoyo de: SETEM - Hego Haizea y Gobierno Vasco Impresión Litografía Nueva Era (4) 291 12 13 Medellín, Colombia 2013

Campesinado sin rostro en el desarrollo rural

colombiano

Índice

Introducción 1. ¿Qué es el desarrollo rural? 2. Reformas agrarias

Los intentos de reforma agraria en la Colonia Reforma agraria de 1850 Reforma agraria de 1861 Reforma agraria de 1936 Ley 100 de 1944 Ley 1a de 1968 El desmonte de la reforma agraria Ley 160 de 1994 Reforma agraria sin economía campesina

3. Las mujeres rurales 4. La tenencia de la tierra: un campo sin campesinos/a

Quién es el/la campesino/a colombiano/a Los campesinos no son propietarios La distribución de la propiedad y los usos del suelo: la tierra para el ganado… Desplazamiento campesino: la tierra como botín de guerra El modelo agroexportador: el territorio para la agroindustria

Bibliografía

5 6 11 12 13 14 14 15 17 19 21 23 25 30 31 35 36 38 39 46

Introducción

El presente escrito aborda, de manera sucinta, diferentes aspectos sobre el desarrollo rural y la ruralidad en Colombia, haciendo énfasis en cómo la tenencia de la tierra, por parte de las élites colombianas, es el hilo conductor para la estructuración de un modelo agrario que ha marginado y discriminado a la población campesina pobre y en especial a las mujeres. Este modelo de desarrollo rural se constituyó bajo los mandatos de gobernantes subyugados por los capitales extranjeros, los cuales buscan el beneficio económico que ofrecen la biodiversidad, la riqueza del subsuelo y la riqueza hídrica. El texto parte de la pregunta ¿qué es el desarrollo rural? Luego en un recuento histórico se recogen las reformas agrarias desde la Colonia hasta el presente, se aborda la condición de las mujeres rurales y se analiza la tenencia de la tierra en Colombia y las condiciones de quienes habitan en el campo.

En esta reflexión se tienen presentes tanto la poca valoración que el país ha hecho del campesinado y la falta de políticas y reconocimiento por parte del Estado, como la intención de los sectores neoliberales para acelerar su desaparición, pues en sus métodos, políticas y propuestas está presente la consigna que dice: “Colombia, un campo sin campesinos”. La Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila considera importante motivar inquietudes e interrogantes que contribuyan a profundizar en los diferentes temas que aquí se sintetizan. Con ello busca aportar a la formación del pensamiento crítico de las comunidades que están vinculadas cultural, económica y socialmente a la producción campesina, y a los sueños, propuestas y acciones para construir una sociedad equitativa y democrática.

DESARROLLO

RURAL

1

SECCIÓN 1

¿Qué es el desarrollo rural?

El término desarrollo tiene unos antecedentes que es importante precisar, pues las cuestiones que se analizan en el presente texto están ligadas estrechamente a una concepción y unas ideas fundamentales que han predominado y forman la acción, la vida y el pensamiento de Occidente desde hace siglos. Tales ideas, a su vez, han configurado las bases para conquistar y dominar el planeta.

ilimitados. Hoy vivimos en un capitalismo expandido, global, que multiplica las desigualdades y las justifica como un valor positivo, considerándolas como algo que la sociedad necesita para progresar; esto implica, además, prescindir del Estado, pues se considera que el libre mercado es el epicentro de toda actividad humana y es capaz de regular las relaciones sociales. (Giraldo, 2006).

Con el surgimiento de la burguesía emerge y se expande por el mundo la idea de que el crecimiento ilimitado de la producción y de las fuerzas productivas es la finalidad central de la vida humana. Dicha premisa se soportó y afianzó con las ideas de René Descartes, para quien el buen uso de la Razón es la condición necesaria y bastará para que “nos volvamos dueños y poseedores de la Naturaleza”. A esto le corresponden formas de ser y de hacer, valores, normas, lo que se considera importante y lo que no cuenta; por eso en el capitalismo, “Dicho brevemente, lo que cuenta en lo sucesivo es lo que puede contarse”. (Castoriadis, 1977:193).

Una consecuencia fundamental del proceso de expansión del capital transnacional es la reducción de los Estados de bienestar, por eso la satisfacción de las necesidades colectivas dejó de ser un derecho (servicio) que el Estado le garantiza (concede) a los ciudadanos y pasó a ser una mercancía regulable por medio de la oferta y la demanda. En todos los campos, el mercado debe actuar sin trabas institucionales, imponiéndose la nueva era imperial dominada por los intereses financieros y empresariales representados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En el mundo contemporáneo, la idea de desarrollo que alimenta al neoliberalismo y el capitalismo es la del dominio total de la naturaleza, la omnipotencia de la técnica, pensar que la sociedad está naturalmente destinada al progreso y el crecimiento

En el nuevo escenario, cada país forma parte de las relaciones internacionales y de acuerdo con la posición que ocupe en ese entramado, tendrá una mayor o menor autonomía para dirigir su destino. La defensa del libre mercado 7

SECCIÓN 1 y la globalización no tiene en cuenta que sus consecuencias son diferentes en todos los países, según sean los niveles de desarrollo o dependencia de cada uno; lo real es que se han producido suculentas ganancias para las naciones industrializadas que entraron a la globalización con privilegios y muchas precauciones, mientras en las naciones del Sur se han acumulado pobrezas y conflictos. Un ejemplo de estas diferencias, en el ámbito rural, se manifiesta cuando los países del Norte le otorgan subsidios y medidas proteccionistas a la producción agrícola, pero sancionan y criminalizan a los países del Sur que intenten ejecutar acciones parecidas en sus territorios.

con progreso y bienestar; un balance entre Estado y mercado que privilegia el papel de éste sobre aquel; una apuesta por el gran empresariado como el principal motor del desarrollo; y una preferencia por los subsidios focalizados antes que por la inversión en bienes públicos como herramienta de política pública. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2011:23).

Por ser Colombia parte del mundo globalizado actual, el análisis de su ruralidad* y su problemática agraria está inmerso en ese contexto y en el marco de los cambios ocurridos a partir de los últimos años setenta del siglo XX. Fue durante esta década que el capital A partir de este modelo e ideas, en multinacional emprendió la segunda Colombia el desarrollo se ha entendido colonización o lo que algunos llamaron así: una nueva ola de expansión para buscar la recuperación de los grandes capitales […] como el resultado de: un enfoque después de la crisis del petróleo. que equipara crecimiento económico * ¿De qué se habla cuando decimos ruralidad? No existe una categoría específica que defina lo rural o la ruralidad, lo que hay es una serie de objetos y acciones en el sentido que propone Milton Santos (2000), significaciones, descripciones, relaciones y asociaciones que la hacen posible. En primer lugar, lo rural se presenta como una realidad muy variada, de límites difusos o fronteras borrosas y definiciones imprecisas, algunas veces explicativas por su negación en contraposición a lo urbano, lo cual denota que se trata más bien de una noción que de una categoría conceptual única. En segundo lugar y como derivación de lo anterior, dicha noción no tiene validez universal, ya que los procesos territoriales, tecnológicos y económicos se imbrican con la historia, la cultura y las instituciones de cada país y región, produciendo una gran diversidad de modelos. El profesor José Miguel Santos Preciados dice lo siguiente a propósito de las diferencias en la globalización: “A pesar de que se cree que la globalización tiende a homogeneizar el espacio en todas partes, a menudo se ignora la singularización de los lugares. Hay que recordar que la globalización es selectiva, no impone por igual todos sus objetos y acciones; por eso cada lugar es diferentemente alcanzado por el proceso modernizador, tanto en sus aspectos formales como funcionales: lo global nunca se da como un todo”. (Santos, 2001).

8

SECCIÓN 1 Sin embargo, visto con un enfoque diferente —alternativo— el desarrollo rural no se limita al progreso o el crecimiento económico, él va más allá de tener cultivos productivos, sistemas de comercialización eficientes, una infraestructura básica y suficiente y la presencia del Estado para que garantice el cumplimiento de las normas. El desarrollo rural integra también conceptos de manejo ambiental, distribución equitativa de la tierra, mercados justos y equitativos, equidad de género y generacional, y un alto desarrollo de la asociatividad y la solidaridad entre los productores y productoras rurales. Desde esta perspectiva, en territorios y contextos donde existe una alta concentración de la tierra, la reforma agraria, como garante de su distribución equitativa, es el pilar fundamental del desarrollo rural. La tierra debe ser trabajada por campesinos y campesinas habitantes de los territorios, quienes conocen las prácticas de cultivo y las

formas de conservación ambiental con base en saberes adquiridos durante muchos años. Así, el acceso a la tierra en cantidad suficiente para que una familia campesina tenga un nivel de vida digno, es un requisito indispensable para que pueda haber desarrollo rural. Por el contrario, la alta concentración en pocas manos, como sucede en la actual estructura de tenencia de la tierra en Colombia, es una de las causas del incipiente desarrollo del campo. En consonancia con los modelos de desarrollo implementados en los ámbitos nacional y local, factores productivos como la tierra, el agua, las semillas y el capital de trabajo están cada vez más lejos de ser adquiridos por las comunidades campesinas, dado que las políticas de desarrollo rural aplicadas por la mayoría de los gobiernos favorecen la concentración de estos recursos en manos de grandes inversionistas nacionales y/o extranjeros.

9

SECCIÓN 1 El desarrollo empresarial del campo ha sido el gran objetivo de la política pública rural colombiana a lo largo de su historia. A pesar de lo anterior, en varias épocas se han gestado iniciativas de desarrollo rural motivadas por las exigencias que hacen sectores subalternos y campesinos para que se implementen reformas agrarias y políticas rurales. Éstas, no obstante, se han visto frenadas, sometidas y truncadas por decisiones de los gobiernos de turno y por presiones de sectores económicos poderosos que responden más a intereses foráneos que a las necesidades nacionales. Es necesario entonces anotar que el desarrollo rural no está aislado de la sociedad donde se encuentra inmersa la ruralidad y por el contrario es el resultado de políticas públicas —nacionales, departamentales y municipales— que ponen en práctica concepciones e intencionalidades de quienes ejercen el poder político, económico e ideológico. Dichas concepciones e intereses favorecen o perjudican el desenvolvimiento de los elementos necesarios para que se logre el desarrollo. Un ejemplo reciente del alto grado de dependencia nacional con respecto a los vaivenes de los lineamientos de la globalización neoliberal, que muestra el abandono y la desprotección de la ruralidad colombiana, y los acentúa, tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio (TLC) 10

con Estados Unidos y la legislación que de ahí se desprende —Resolución 970 de 2010 emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)—, que criminaliza el uso de semillas autóctonas o nativas e impone penas hasta de siete años de cárcel para quienes cultiven con semillas no certificadas (las semillas certificadas las proveen multinacionales del agro). Esto ha implicado también la destrucción masiva de semillas en algunas zonas del país, efectuada por las autoridades competentes.

REFORMAS

AGRARIAS

SECCIÓN 2

2

Reformas Agrarias

y crearon el modelo hacendario — de haciendas— que le dio origen a los primeros latifundios y por ende al desplazamiento de los indígenas, quienes se tuvieron que ubicar en las laderas de las montañas, en las llamadas “reducciones” a las cuales los españoles les cobraban impuestos. La hacienda modeló el imaginario social colombiano con sus respectivas normas, ética y formas determinadas de ser y hacer sociedad. Los hacendados españoles tenían la misión personal de quedarse con todo, así como pasa con los actuales terratenientes.

En la época de la Colonia ya se ensayaba cómo resolver la cuestión agraria y desde hace más de un siglo en Colombia se han expedido leyes y reformas agrarias que aún no han logrado cambiar las relaciones inequitativas que subsisten en el campo. A continuación se reseñan brevemente las reformas agrarias más importantes, para finalmente preguntar: ¿Qué cambios han ocurrido con las reformas, a quiénes han favorecido, qué papel ha tenido en ellas la economía En el período colonial, la monarquía campesina? intervino para frenar la ambición de los Los intentos de reforma agraria en colonizadores. Felipe II promulgó en 1589 la Ley XX, la primera ley agraria la Colonia con la cual intentó regular la tenencia de la tierra, ejercer un mayor control para Durante la invasión de españoles y obtener beneficios mediante el cobro portugueses, los pueblos indígenas de impuestos e igualmente amparar las fueron expropiados y despojados de sus tierras que tenían producción. Algunos territorios ancestrales. En 1519, el rey autores la denominan “Ley de la tierra Carlos V proclamó el dominio absoluto para el que la trabaja”, pero dicha ley sobre las tierras de América mediante fracasó porque se impuso el famoso una ley que decía: “Por donación de la lema “se obedece pero no se cumple”. santa sede apostólica y otros justos y legítimos títulos somos Señor de las Durante la Colonia los jesuitas crearon en indias occidentales”. (Patiño, 2009:13). los Llanos Orientales un modelo agrario comunitario con las tierras donde se Los españoles adquirieron los territorios asentaban los indígenas, denominadas indígenas mediante Cédulas Reales “reducciones”, y allí trabajaron en miles 12

SECCIÓN 2

de hectáreas los textiles, los frutos tropicales y la ganadería. La próspera economía jesuita chocó con la economía de los terratenientes —economía hacendaria—, que conservaba rasgos de la economía feudal; las haciendas tenían peones y esclavos, hicieron el comercio y decretaron la política. En 1767, Carlos III, asediado por los reclamos de los terratenientes, expropió las haciendas de los jesuitas y los expulsó de América.

y baja mecanización industrial, por eso imitar el modelo era difícil y lo único que pudieron hacer las ex colonias fue comercializar materias primas.

Los liberales pensaban que siendo Colombia un país rico en minerales y exportador de materias primas como el tabaco, el añil y la quina, podían acumular capital para establecer un mercado interno y un modelo industrial que rompiera paulatinamente con el modelo de producción campesino. Este Reforma agraria de 1850 modelo agrario era autosuficiente y no Los fundadores de la república disolvieron tenía división social del trabajo. los resguardos, argumentando que contradicen la libertad y la acción El capitalismo siempre ha requerido individual. Simón Bolívar les devolvió mano de obra —ojalá barata— y por los resguardos a los indígenas, eso a los liberales les estorbaban los reconociéndoles los legítimos derechos resguardos indígenas y la producción campesina, pues necesitaban sobre sus tierras. asalariados. La reforma agraria de 1850 En 1850 los liberales creían que la única consistió en expropiar a los indígenas y forma de progresar es el capitalismo y venderles tierras a los campesinos para por todos los medios intentaron adoptar que produjeran tabaco en sus pequeñas el modelo europeo, entonces a nombre parcelas, con ello se buscaba transformar de las libertades individuales disolvieron las grandes haciendas en empresas de nuevo los resguardos. También capitalistas mediante la supresión promulgaron e impulsaron las ideas del de las parcelas donde trabajaban los libre comercio y la mínima intervención campesinos, para así convertirlos en del Estado en los asuntos del comercio asalariados de las empresas capitalistas y la producción. Inglaterra era el faro agrícolas. La reforma fracasó y lo que que iluminaba sus ideas, pero debido a hicieron los terratenientes fue adquirir la colonización española Colombia tenía más propiedades y continuar utilizando un retraso en la mecanización agrícola las formas de trabajo no libres, de 13

SECCIÓN 2

agregados y aparceros que les vendían a ellos la producción a muy bajo costo. Los resguardos estuvieron enajenados hasta 1931, cuando distintos gobiernos los volvieron a establecer bajo diferentes formas.

Reforma agraria de 1861

de dólares de la época (el 16% del PIB de 1860), resolvió un acuciante problema fiscal y favoreció a los especuladores y financistas de los bonos oficiales con los que se pagaron las propiedades, pero finalmente éstas fueron a engrosar y reforzar la clase de los latifundistas parasitarios. La administración liberal pretendía promover el desarrollo agrícola y la reforma agraria, pero el efecto resultó contrario porque los terratenientes adquirieron los bienes y se incrementó la concentración de la tierra. (Gutiérrez, s.f.:3-5).

En 1861, Tomas Cipriano de Mosquera decretó la expropiación de los bienes de la Iglesia, es decir, desamortizó los bienes llamados de manos muertas —casi en su totalidad controlados por el clero— y pretendió transferirlos a pequeños propietarios. Con la desamortización, Reforma agraria de 1936 Mosquera obtuvo cerca de doce millones La reforma agraria de 1936, sintetizada en la Ley 200 sobre régimen de tierras, la formuló el gobierno del liberal Alfonso López Pumarejo. Las motivaciones se centraron en la explotación económica obligatoria de los predios, otorgando el derecho de dominio sobre los mismos o su restitución al Estado y reconociéndoles a los trabajadores rurales el derecho de dominio sobre las tierras. Esta reforma agraria pretendía impulsar de manera sustancial la debida utilización económica del suelo, su base fue definir cuáles eran los terrenos baldíos para seleccionar las tierras que no se estaban usando y repartirlas entre los cultivadores que carecían de tierra. 14

SECCIÓN 2

Para hacer efectivo este derecho se creó la “extinción de dominio”, una figura que le daba a la nación el poder para expropiar los terrenos que hubieran permanecido abandonados durante diez años, o no se utilizaran correctamente. Así dice el artículo 6º de la Ley 200: “Establécese en favor de la Nación la extinción del derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el Artículo 1 de esta Ley”. (Colombia, Ley 200 de 1936, 1936). Otro propósito de la reforma de 1936 fue mejorar la productividad de las tierras, pero de manera simple porque no se profundizó sobre cómo hacerlo y en cuáles sectores tenían que especializarse los campesinos luego de poseer la tierra. Para implementar la reforma, se crearon jueces de tierras encargados de conocer en primera instancia las demandas que ésta pudiera ocasionar.

Ley 100 de 1944 La Ley 100 de 1944 pretendió establecer los contratos de arrendamiento y aparcería, declarando a los segundos de conveniencia pública. La aparcería es una de las formas más relevantes de sujeción del campesino sin tierra a la propiedad terrateniente, de aislamiento de la mano de obra y de sus productos con respecto a los mercados. Esta ley que fomentaba las relaciones atrasadas de la aparcería se produjo ante el crecimiento de la industria y la oferta deficitaria de alimentos, para algunos analistas fue un retroceso que implicaba renunciar al objetivo central de la Ley 200 de 1936, que era transformar el latifundio. (Mondragón, 2002a:9).

Cabe recordar que en Colombia se estaba gestando la Violencia que se expandió por todo el territorio nacional —principalmente en el campo— después del asesinato de líder liberal Jorge La aplicación de la Ley 200 de 1936 Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Así fracasó porque las clases adineradas del la describe Salomón Kalmanovitz: país rechazaron la medida, en particular El campo cruje bajo el peso de las los terratenientes. Además, la reforma hordas que organizan terratenientes se agotó rápidamente en la solución de y gamonales conservadores, además los conflictos agrarios, la aclaración de de las mismas fuerzas oficiales, que los derechos de propiedad y la apertura recurren a las regiones más atrasadas de vías de acceso a la propiedad rural por del país para reclutar adeptos, los que parte de los distintos actores económicos serán llamados “chulavitas” y pájaros y sociales. (Franco y Ríos, 2011). 15

SECCIÓN 2

por la población perseguida. Se impone un verdadero reino de terror en el campo. Las propiedades de los terratenientes liberales son asoladas, haciendo fugar a sus arrendatarios y aparceros o a los campesinos parcelarios no definidos como conservadores, por medio de la funesta “boleta”, que es un ultimátum de asesinato para los que no abandonen rápidamente la región. Los mayordomos de las haciendas cumplen un papel destacado en la represión y muchos se enriquecen en base a los despojos de muertos y emigrados. En la región cafetera, que es base de masas del Partido Conservador, las fuerzas políticas se polarizan aún más que en otras regiones, lo cual da lugar a un verdadero baño de sangre. La Iglesia, que es uno de los más importantes soportes ideológicos de las relaciones serviles, interviene en favor de los conservadores y esto resquebraja su credibilidad, por lo menos frente a parte importante del campesinado liberal. Las “sanas” costumbres de los agregados y aparceros que son a la vez indicativos del carácter servil de sus relaciones con sus patronos, se corroen en el proceso de guerra abierta y cuando ésta culmine será difícil reproducir las antiguas relaciones. (Kalmanovitz, 1997:220). 16

Kalmanovitz menciona la expulsión de campesinos de las zonas de violencia y estima que puede haber sido tres o cuatro veces más cuantiosa que la cifra de muertos, calculada entre 200.000 y 300.000 personas. Esta expulsión afectó el precio de la tierra: En regiones de pequeña propiedad, y aún de gran propiedad, la tierra se da barata y rápidamente, más barata aún por parte de los boleteados que deben abandonar precipitadamente una determinada región, un poco menos para los propietarios ausentistas que no osan volver a organizar sus fincas y optan por vender a menos precio. La persecución sistemática desata una creciente resistencia liberal y comunista de base. Los hombres huyen al monte, consiguen armas y primero se defienden para luego empezar a contra-atacar a las bandas armadas conservadoras y a la policía. Las guerrillas liberales se organizan cada vez mejor y establecen comandos, como los de los Llanos Orientales y los de las zonas con tradición de lucha campesina, organizados por el Partido Comunista, los cuales se dotan de un programa de reforma política y agraria y avanzan a nuevas regiones, donde hasta el momento se han desarrollado bandas armadas que se dedican al bandolerismo retaliatorio contra los conservadores, sin tener una visión política de la situación. (Ibíd.:20-21).

SECCIÓN 2

Reforma agraria de 1961

Para hacer la reforma agraria colombiana se tuvieron en cuenta los análisis realizados por el Banco Mundial en 1950, bajo la coordinación de Lauchlin Currie, cuyo diagnóstico y propuestas fueron ratificados por la Misión de 1956. Igualmente, se consideraron los informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) elaborados en los años cincuenta y el informe de la Misión Economía y Humanismo dirigida por Louis Joseph Lebret en 1958.

La Ley 135 de 1961 —sobre reforma social agraria— se dictó ante presiones del contexto internacional, en un momento en que estaba en auge la revolución cubana y había exigencias del programa hemisférico denominado Alianza para el Progreso. Este programa de cooperación emprendido por Estados Unidos presionó a los países latinoamericanos a hacer reformas agrarias y tributarias, ante la amenaza que significaba el avance de los movimientos sociales y las rebeliones en América Latina, cuya base era un Según dice Absalón Machado, también profundo descontento con las situaciones influyeron situaciones internas que explica de la siguiente manera: de inequidad e injusticia social.

17

SECCIÓN 2

1. La pérdida del control político del Estado sobre las masas campesinas y la población rural se hizo evidente en el período de la Violencia, el control lo ejercieron los liberales y los comunistas organizados en guerrillas y de ahí surgieron en 1965 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta guerrilla formuló una plataforma agraria donde la redistribución de la propiedad era una de las principales reivindicaciones del movimiento campesino. 2. El orden económico y social que se había alterado durante la Violencia bipartidista lo debía restablecer el Frente Nacional. Ante la ineficiencia del Estado para responder con programas de parcelación y colonización, las luchas campesinas se orientaron hacia la toma de tierras. 3. El interés de las élites en agilizar el proceso de sustitución de importaciones, con tasas de crecimiento mayores en el mercado interno, requería del sector agropecuario una respuesta adecuada con materias primas, alimentos y exportaciones que sustentaran los procesos de acumulación social de capital. Era urgente dinamizar el desarrollo del capitalismo en el campo y para lograrlo se necesitaba remover los obstáculos que imponía una estructura agraria bimodal (latifundio-minifundio) atrasada. 18

4. Los ministros de agricultura informaban sobre las precarias condiciones del campo y la injusta distribución de la propiedad rural. Con la creación del Frente Nacional se emitieron decretos para avanzar en las parcelaciones, la colonización y la entrega de tierras a los desplazados por la Violencia y a campesinos sin tierra, pero tales medidas fracasaron. 5. El censo agropecuario de 1960 mostró una alta desigualdad en la tenencia de la tierra, aunque la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) argumentaba que el problema residía en el minifundio y no en el latifundio. (Machado, 2011:10-11). El profesor Jairo Hernando Pulecio muestra cuáles fueron las instancias que se establecieron mediante la Ley 135 de 1961 y sus fundamentos: […] se creó el Comité Nacional Agrario, conformado por representantes de los partidos políticos, del Congreso, la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas, se fundamentaba en tres lineamientos estratégicos para adelantar el proceso de reforma agraria en Colombia: a. dotación de tierras a campesinos carentes de ellas; b. adecuación de tierras para incorporarlas a la producción, y

SECCIÓN 2

c. dotación de servicios sociales básicos y otros apoyos complementarios. Se crea el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), como establecimiento público encargado de la gestión en la materia, organismos como el Consejo Nacional Agrario, el Fondo Nacional Agrario (FNA) y la figura de los Procuradores Agrarios. (Pulecio, 2006:2). Para Absalón Machado, éstas son algunas de las razones que hicieron fracasar la reforma agraria de 1961: 1. Las élites del campo no estaban dispuestas a abandonar sus privilegios. 2. En la reforma no participaron los campesinos, los cuales eran ignorados por las élites y no se tenían en cuenta para el proceso de modernización. Además, al campesinado se le identificaba con el movimiento guerrillero que se tenía que eliminar por la fuerza y no con desarrollo rural. 3. Ningún partido o movimiento defendió la reforma agraria que se propuso. 4. La burguesía urbana-industrialfinanciera fue ajena a los problemas rurales, pese a la conveniencia de cambiar las estructuras agrarias. 5. El Estado y la institucionalidad pública eran precarios y con poca

capacidad política para emprender cambios estructurales. (Machado, 2011:13-14).

Ley 1ª de 1968 La Ley 1ª de 1968, que modificó la Ley 135 de 1961 sobre reforma social agraria, también se llamó ley de arrendatarios y aparceros. Durante la presidencia de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) se le dio un nuevo impulso a la reforma agraria, se organizó el movimiento campesino oficial y se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), cuya finalidad era agilizar y multiplicar los servicios del Estado en lo concerniente a la reforma. La ANUC se creó para servirle a los fines electorales del liberalismo, pero se politizó y enarboló las reivindicaciones que surgieron después de siglos de opresión política y expropiación económica. Tales reivindicaciones se expresaron en las consignas “reforma agraria ya”, “la tierra para el que trabaja”, “tierras sin patronos”, “expropiación sin indemnización” y “eliminación de intermediarios y usureros”; estas consignas tuvieron impacto en todo el país y hoy se puede decir que el movimiento campesino de los años setenta hizo exigencias para la transformación social con un contenido muy profundo. 19

SECCIÓN 2

Por ley se estableció la inscripción obligatoria de los pequeños arrendatarios, los cuales quedaron bajo la jurisdicción del Incora. El resultado de la ley de arrendatarios y aparceros fue poner sobre aviso a los terratenientes, para que lanzaran a las familias que estaban en sus haciendas en condición de dependientes y de este modo impedir la adjudicación de las tierras que los campesinos detentaban precariamente. De acuerdo con las estadísticas oficiales, entre 1968 y 1975, se inscriben 76.000 pequeños arrendatarios dentro de un área de 545.000 hectáreas en las alcaldías. Sin embargo, el balance final de otorgamiento de los fundos antes arrendados en propiedad sólo alcanza a 2.400 campesinos o sea menos del 2% de los que figuraban como pequeños arrendatarios en el Censo Agropecuario de 1970. (Kalmanovitz, 1997:229-230). En 1971, bajo el gobierno del conservador Misael Pastrana Borrero, la ANUC hizo su primer congreso y se dotó de un programa democrático llamado “Primer Mandato Campesino”. En este programa la organización recogió los objetivos y las principales reivindicaciones del movimiento campesino: 1. Eliminar el monopolio sobre la tierra y el latifundio. 20

2. Prohibir los sistemas que ponen a las familias campesinas en condiciones serviles, como aparceros, agregados, vivientes y figuras similares. 3. Entregar tierras de manera rápida y gratuita a los que trabajan la tierra o la quieren trabajar. 4. Establecer un modelo de cooperativas de autogestión para proteger a los pequeños y medianos propietarios que explotan directamente sus predios.

SECCIÓN 2

La ANUC lanzó en 1972 una campaña nacional de toma e invasión de tierras de latifundios y con esa oleada el campesinado logró tomarse 200.000 hectáreas que el Incora no había sido capaz de otorgarle en sus catorce años de existencia. La toma de tierras alarmó a las clases dominantes del país, que se unieron para detener las pretensiones reformistas del movimiento campesino.

de tierras se volvió tan compleja que, además de hacer dispendiosa su recopilación, establecía que casi todos los predios estaban adecuadamente explotados. En la práctica, esta norma diluyó las posibilidades de hacer una reforma agraria en Colombia.

Por su lado, la Ley 5ª de 1973 definió las líneas de crédito para los empresarios y grandes propietarios. La financiación En la pequeña población del Tolima al campesinado mediante el crédito se llamada Chicoral se reunieron los reorientó hacia la asistencia técnica. representantes “del capital y la renta del suelo” (Kalmanovitz, 1997:230), los La Ley 6ª de 1975 legalizó nuevamente la terratenientes se comprometieron a aparcería como sistema de contratación pagarle los impuestos al Estado y a cambio en el campo, asimilándola a la sociedad se les garantizó la no expropiación o los de hecho; aunque buscaba modernizar pagos inmediatos y de contado en el caso los esquemas de la relación entre remoto en que el Incora los expropiara, el propietario y aparcero, mantuvo su Estado también adquirió el compromiso esencia en cuanto el trabajador está de reforzar los créditos y para ello creó sujeto a las labores del campo sin una el Fondo Financiero Agropecuario. Todos relación laboral garantizada. Esta ley, estos acuerdos se concretaron en las sin embargo, a pesar de sus intenciones leyes 4ª y 5ª de 1973, con el Pacto de afortunadamente no logró reavivar la Chicoral se dio un profundo cambio en aparcería en la mayor parte del país. las políticas estatales hacia el campo colombiano y se abortó un incipiente y A partir de 1975 se ejecutaron acciones prometedor proceso de reforma agraria. estatales dirigidas a atenuar los efectos del atraso en el campo, pero sin afectar El desmonte de la reforma agraria el sistema de propiedad del suelo. Se implementaron el Programa de La Ley 4ª de 1973 obstaculizó las Desarrollo Rural Integrado (DRI) y el expropiaciones consignadas en la Ley Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), 135 de 1961, la expropiación o adquisición y la asistencia en términos de desarrollo 21

SECCIÓN 2

se dirigió a sectores con potencial de acumulación e inmersión en los mercados de alimentos, materias primas y mano de obra. Hacia estos sectores se desplegaron especialmente las acciones de crédito, investigación, capacitación, difusión y transferencia de tecnología, estabilidad de precios y construcción de vías de penetración. La adquisición de tierras por parte del Incora alcanzó su nivel más bajo durante los gobiernos de Alfonso López Michelsen (1974-1978) y Julio César Turbay Ayala (1978-1982), pero resurgió con la Ley 35 de 1982. De 4.400 hectáreas adquiridas en 1981, se pasó a 25.111 en 1985 y a 54.704 en 1987, una cifra que no se había superado desde la adquisición de 73.183 hectáreas en 1971. Con la Ley 35 se fortalecieron las acciones del Incora en zonas de violencia, articuladas al Plan Nacional de Rehabilitación (PNR). (Mondragón, 2002b:38). El Incora volvió a adquirir predios, pero con avalúos comerciales, determinándose a veces precios de compra superiores a los demás del país. Eso generó una sobreoferta no compensada por la capacidad de compra del Instituto. Se redujeron las pocas expropiaciones […], hasta eliminarlas desde 1986. Se confundió la reforma agraria con una simple compra-venta de tierras. (Ibíd.). 22

En 1987 se intensificaron de nuevo las marchas campesinas y las tomas de tierras, coincidiendo con el fortalecimiento de la Unión Patriótica (UP) y otras organizaciones políticas alternativas como A Luchar y el Frente Popular, también de organizaciones gremiales campesinas como la Federación Nacional Sindical Agropecuaria (FENSA), la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas (ANTA) y sectores de la ANUC. Una parte de los miembros de la ANUC se reagruparon en la organización oficial y otros constituyeron la ANUC Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR), la cual protagonizó grandes marchas campesinas en el nororiente del país y tomas de tierras. (Mondragón, 2002a:13). En 1988, el gobierno de [Virgilio] Barco expidió la Ley 30, que tuvo como propósito esencial transformar la Reforma Agraria como mecanismo de redistribución de las tierras agrícolas incultas o inadecuadamente explotadas en un mecanismo de mera comercialización de la tierra. De hecho, en esta ley se sustituyó el concepto inicial de necesidad de tierra por parte de los campesinos, que animaba el espíritu de la Reforma Agraria, por el de la oferta de tierras por parte de los propietarios. Además creó para las tierras un avalúo cada vez más alto a favor de los propietarios, lo

SECCIÓN 2

cual efectivamente disparó la oferta Intensas movilizaciones presionaron para de tierras. (Asociación Campesina de que se establecieran las Zonas de Reserva Antioquia, 2007). Campesina, la única figura jurídica que le reconoce el campesinado su derecho Entre 1988 y 1994 se presentó la mayor a la tierra y provee de alternativas para dinámica en la adquisición de tierras, pues permanecer en el territorio. Las reservas en siete años el Fondo Nacional Agrario campesinas son una herramienta para obtuvo 575.756 hectáreas, el 80% de ellas combatir el latifundio y una apuesta por bajo la modalidad de compra, mientras la soberanía y la autonomía alimentarias. se redujeron de manera considerable las expropiaciones y cesiones de predios. Reforma agraria sin economía Durante estos años se beneficiaron con campesina tierras 33.670 familias. (Balcázar et al., 2001:16). El agro colombiano es un campo de La Ley 160 de 1994 creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, estableció un subsidio para la adquisición de tierras y reformó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA). El principal cambio fue dinamizar la redistribución al introducir el concepto de propiedad asociándolo al mercado de tierras, mediante un subsidio para la compra directa por parte de los campesinos. El énfasis institucional se orientó a facilitar la negociación directa entre propietarios y campesinos, pero también otorgó garantías en cuanto a condiciones y oportunidades para la participación equitativa de las mujeres campesinas e indígenas en los planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario.

batalla donde los verdaderos perdedores han sido los campesinos y campesinas. Las diferentes guerras civiles, la violencia política entre liberales y conservadores y el conflicto armado que ha persistido durante más de cuarenta años, le hicieron perder sus tierras a un gran número de

23

SECCIÓN 2

familias campesinas que se tuvieron que desplazar a las ciudades para convertirse en mano de obra barata o migraron a la periferia del país como colonizadoras. Las casi 40’000.000 de hectáreas que Colombia tiene destinadas a la ganadería en la zona rural, son el producto de la ampliación de los latifundios por medio de la guerra.

de la tierra, las leyes se formulan para defender los privilegios de las élites, los terratenientes y los narcotraficantes, pero carecen de instrumentos y soportes para el desarrollo de la equidad y la economía campesina. Los gamonales y narcotraficantes utilizan la concentración de la propiedad como una fuente de poder político local, que generalmente vulnera los derechos democráticos de las Los nuevos modelos de desarrollo rural comunidades. empresarial, que facilitan la concentración de inmensas áreas de tierra adquiridas en El movimiento campesino no ha podido forma ilegal por inversionistas nacionales lograr el posicionamiento político de sus o extranjeros con altas capacidades reivindicaciones, pues el Estado y los económicas, provenientes especialmente grupos armados paramilitares siempre lo de los sectores financiero e industrial, son han sindicado de ser parte de las guerrillas, continuadores del modelo que permitió la criminalizando de esta manera las ganaderización del país, cuya visión del justas demandas del campesinado pobre desarrollo desprecia al campesino y a la colombiano. Tal valoración ha contribuido economía campesina. Eficiencia, eficacia, al desplazamiento forzado, la persecución, productividad y rentabilidad son los el encarcelamiento y el asesinato de términos que prefieren los políticos para campesinos y campesinas. definir el modelo agroinversionista como la manera de desarrollar la ruralidad La globalización y el neoliberalismo colombiana, desconociendo la capacidad establecieron el modelo industrial como de producir alimentos que durante parámetro del desarrollo económico del muchos años ha demostrado la economía campo y en consecuencia la reforma campesina, aunque nunca tuvo las agraria se ha orientado a la compra de condiciones y oportunidades mínimas para tierras y la venta de bienes primarios. desarrollar la producción y los mercados. Esto afecta de manera alarmante las condiciones ambientales y el futuro de Las reformas agrarias apenas han los bienes comunes para la población rasguñado la estructura de la propiedad colombiana 24

MUJERES RURALES

SECCIÓN 3

3

Las Mujeres Rurales

El modelo de desarrollo rural que existe en Colombia discrimina e invisibiliza a las mujeres del campo, que son la mitad de su población. La institucionalidad ha ignorado la desproporción en que las inequidades rurales afectan a las mujeres y no se esfuerza lo necesario para incorporar la perspectiva de género, de modo transversal, a todas las políticas públicas que afectan específicamente a las mujeres del campo y en particular para incluirla en las leyes de desarrollo rural. Las mujeres rurales son discriminadas por ser mujeres en una sociedad marcada por las relaciones patriarcales, e incluso la discriminación se acentúa frente a los otros miembros de la familia. También padecen discriminación social por ser campesinas y por el impacto excesivo que tiene en sus vidas la violencia, tanto la intrafamiliar como la que provoca el conflicto armado. Los actores armados, legales e ilegales, han convertido el cuerpo de las mujeres en botín de guerra y territorio en disputa, para amenazar, humillar y someter al enemigo.

26

El Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se titula “El campesinado. Reconocimiento para construir país” (PNUD, 2012), y en particular los trabajos hechos por investigadoras feministas, muestran la debilidad de las políticas públicas para las mujeres rurales y sus enormes desventajas con respecto a los hombres. Si se considera que los sectores marginados del país incluyen al campesinado que no se nombra porque la categoría “campesino” no existe en la Constitución Política y tampoco aparece en las encuestas o la información oficial —lo que afecta las posibilidades de conocer la situación de esta población y la manera de atenderla—, se puede apreciar el grado de invisibilidad y olvido en que se hallan los intereses y necesidades de las mujeres rurales. Una de las visiones más frecuentes y estereotipadas sobre el papel de las mujeres en la agricultura está dominada por la idea de una producción campesina familiar, donde el hombre es el jefe del hogar y principal agricultor, y la mujer es la “ayudante”. Esto se entiende así, al margen de la cantidad de tiempo que ellas le dediquen a las faenas destinadas a la producción agrícola y pecuaria.

SECCIÓN 3

La evidencia muestra la contribución real de las mujeres a las labores agrícolas y su participación activa en todo el ciclo de la producción: siembra, cosecha, poscosecha y comercialización, y además el cuidado de la huerta familiar. Las mujeres tienen una función significativa en las actividades pecuarias, ellas comparten con los hombres el cuidado y manejo de grandes y pequeñas especies, y asumen mayores responsabilidades con estas últimas. A pesar del tiempo y la energía que invierten, la visión discriminadora por la condición de género considera el trabajo de las mujeres como labores domésticas, es decir, invisibles y sin valor económico.

que los varones, está marcada por la discriminación de las mujeres a causa de su condición de género. En las reformas agrarias anteriores a 1988, las mujeres carecían de nombre y de voz, cuando se hablaba de entregar tierras a campesinos se reconocía solamente a los hombres como sujetos de estos derechos y por lo tanto sólo ellos podían acceder a los títulos de propiedad sobre las tierras. Se suponía que la idea de lo “familista” incluía a las mujeres, pero no era cierto porque los títulos de propiedad estaban a nombre de los varones como jefes del hogar y cuando las mujeres enviudaban perdían el derecho a la posesión de la tierra.

Con esta carga cultural, las reformas agrarias en Latinoamérica y en Colombia no incluyen a las mujeres campesinas, se legisla para los hombres pues la agricultura se considera una ocupación masculina aunque las mujeres trabajen en el campo. El tiempo que ellas le dedican a las labores agrícolas es invisible porque se considera que es una ayuda al jefe del hogar, un trabajo secundario, de menor valor o simplemente complementario.

Es importante que las mujeres tengan títulos de propiedad sobre la tierra porque esto les otorga capacidad de negociación en sus comunidades y les facilita el acceso al crédito, pero también pueden deshacer más fácilmente los vínculos de pareja que resultan inaceptables o tomar decisiones en pareja sobre la distribución de los ingresos en el hogar. Las mujeres propietarias de la tierra y la producción pueden disfrutar de un mayor bienestar, pero también ser dueñas de bienes y La normativa que regula el acceso a la ejercer un control sobre sus ingresos tierra, el crédito y en general los beneficios contribuye a que tengan autonomía para que les permitan a las mujeres rurales tomar decisiones. (León y Deere, 1997:2). disfrutar de las mismas condiciones 27

SECCIÓN 3

En la actualidad, el incipiente reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales en Colombia se inscribe en el contexto de los avances logrados por las convenciones y protocolos internacionales para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, los cuales ha ratificado el país. En 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que entró en vigencia como tratado internacional a partir del 3 de septiembre de 1981. Además, las conferencias internacionales sobre la mujer, comenzando por la que se celebró en México D. F. en 1975 y siguiendo con las

28

de Copenhague en 1980, Nairobi en 1985 y Beijing en 1995, examinaron el tema de los derechos de la mujer a la tierra y a la propiedad, y comprometieron a los Estados a tomar medidas concretas que tiendan a lograr la igualdad de género. Las organizaciones comunitarias de mujeres rurales e indígenas y el movimiento social de mujeres han tenido que presionar a los Estados para que firmen los tratados, los incorporen a su respectiva Constitución Política y los apliquen. En 1985, la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia (ANMUCIC) comenzó a exigir que se revisaran las disposiciones establecidas por la Ley 135 de 1961, que

SECCIÓN 3

les negaban todos los derechos sobre la propiedad, y además exigieron que se formularan políticas para la inclusión de los intereses y los derechos de las mujeres rurales e indígenas. Colombia reconoció por primera vez el derecho de las mujeres a la tierra en la reforma agraria de 1988, con la Ley 30, la cual obligó a que la titulación y adjudicación de tierras se hiciera a nombre de la pareja, independientemente de la calidad de su situación marital. También se incluyeron disposiciones para las jefas de hogar, dándoles acceso prioritario a baldíos, y se estableció la inclusión paritaria de mujeres en las empresas comunitarias y los comités regionales que se crearon en el contexto de la reforma agraria.

mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, dándole prioridad a las de bajos recursos. La norma prevé el diseño de medidas específicas dirigidas a encontrar la equidad de género, pero su aplicación no ha sido efectiva y por eso algunas organizaciones sociales, mediante acciones de cumplimiento, intentan que se ejecute debidamente. Aún así, las medidas continúan siendo infructuosas.

Las mujeres están presentes en todas las luchas sociales y por supuesto en las luchas agrarias, pero sus intereses han quedado en la sombra porque la dirección de los movimientos agrarios está en manos de los hombres. En la lucha por el cumplimiento de las normas, las mujeres han tenido que enfrentarse a los varones de sus organizaciones e incluso desarrollar conflictos con ellos La Ley 160 de 1994, que está vigente, en los comités de adjudicaciones de las implicó un cambio de paradigma en entidades públicas donde tienen asiento. cuanto aportó elementos para eliminar la tradicional invisibilidad de las mujeres. Esta ley rompió con el enfoque familista por el cual se otorgaban titulaciones de tierras sólo a los varones jefes de hogar y reconoció las condiciones particulares de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres. (PNUD Colombia, 2011:68). También se encuentra vigente la Ley 731 de 2002 que tiene como propósito 29

LA TENENCIA DE LA TIERRA

SECCIÓN 4

4

La Tenencia de la Tierra: Un Campo sin Campesinos/as

Quién es el/la colombiano/a

campesino/a

Para comprender el desarrollo rural y las tensiones y conflictos que han existido en la historia de la vida campesina en Colombia, es importante esbozar algunas ideas sobre el origen del campesinado. La singularidad campesina o campesinado no es fácil de definir, ya que el concepto se relaciona con el hacer rural o el trabajo destinado a la producción de alimentos, bienes o servicios que se originan en el campo. Sin embargo, ésta es una singularidad que se diluye fácilmente con el cambio de oficio, pues cuando el campesino migra a la ciudad y se integra a las actividades urbanas, se convierte en obrero o en desempleado. Esa misma pérdida de identidad no ocurre en otras singularidades como, por ejemplo, la indígena o la afro: el asunto étnico les confiere un fuerte referente identitario a estas dos poblaciones y eso las aparta de perder la identidad cuando se pierde

el quehacer tradicional de sus gentes. El campesinado colombiano aparece en los albores del siglo XX, cuando por diferentes procesos de modernización del campo se liberan grupos de aparceros, arrendatarios y agregados de las grandes haciendas latifundistas que se habían conformado en la Colonia y durante los primeros cincuenta años de vida republicana. Aquí se sienta una diferencia entre el campesino y el trabajador rural, pues ser campesino entraña una connotación de libertad económica basada en el acceso directo a la tierra que se trabaja, como propietario y único responsable de las decisiones productivas que se tomen en el predio; el campesino, a diferencia del trabajador de la hacienda o el jornalero rural, es dueño de la vocación productiva que plasma con el trabajo familiar en la parcela de su propiedad o a la que accede. El campesino es un sujeto social, económico y político, en síntesis, un sujeto de cambio de los sistemas sociales y de producción. El siguiente relato de Salomón Kalmanovitz aporta elementos para identificar el surgimiento de la clase campesina en el país: El resto de la economía campesina, a diferencia de la de colonización antioqueña, está conformada por 31

SECCIÓN 4

indígenas mestizos, pero al igual que ella es un conquistar de montaña. Surge en términos generales como sitio de refugio para los campesinos que rehúsan la servidumbre de las haciendas, aunque sólo se verán completamente libres de ella si están muy retirados de su área de influencia. Si este no es el caso, los terratenientes los utilizarán como jornaleros ocasionales, a veces en forma forzosa, como la “matrícula” que se da en amplias regiones de la costa, o son también obligados a trabajar en “obras públicas”, que no lo son tanto porque benefician exclusivamente las haciendas o son enganchados a la fuerza por el flamante Ejército Nacional, que ha reemplazado las milicias de los terratenientes y los ejércitos departamentales después de la guerra de los mil días que culmina en 1902, costumbre de reclutamiento que no se ha perdido hasta el día de hoy. Las condiciones de existencia de estos campesinos parcelarios son precarias, pues las tierras que ocupan se erosionan fácilmente y deben estar cambiando de terreno o combinando diminutas parcelas alejadas las unas de las otras; sus magros productos tienen poca salida hacia los mercados, aunque su acceso a las ciudades irá 32

mejorando paulatinamente con el desarrollo de una red vial nacio¬nal que se empieza a completar en los años 40 y jugará un papel de primera importancia en el abastecimiento de alimentos para la población urbana que se alarga hasta hoy pero en proporción decreciente. (Kalmanovitz, 1997:209). La economía campesina es el conjunto de funciones, actividades, vocaciones y potencialidades que la población campesina desarrolla en un territorio o territorios determinados. Los territorios habitados por campesinos, donde se desarrolla la economía campesina, constituyen la propuesta de gestión social, económica y ambiental más democrática, productiva y sostenible que ha tenido la ruralidad colombiana en su historia; en contraparte, los territorios donde ha sido derrotada la propuesta campesina muestran la pérdida de territorio rural para la economía, el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Casos como las casi 40’000.000 de hectáreas de la cobertura de suelos en Colombia destinadas a la ganadería extensiva, le niegan a casi medio país el desarrollo equitativo y democrático de la sociedad rural, con nefastas implicaciones en la conservación de los bosques y la consolidación de un proyecto social económicamente sostenible.

SECCIÓN 4

Sobre el desarrollo de la economía campesina y el impacto que ésta tiene en la incipiente economía colombiana, Salomón Kalmanovitz dice lo siguiente: En la región antioqueña el único obstáculo que tiene la expansión cafetera es el número de campesinos libres, que además están positivamente incentivados para aumentar la productividad, ya que la comparten o el aumento es todo de ellos; distinto es el caso de las haciendas, en las que el incentivo para el agregado es sabotear la producción, puesto que no le queda nada de un aumento de la productividad y el trabajo en el cafetal se contrapone al trabajo para sí de la parcela. Así mismo, la región de la colo¬nización antioqueña tiene una población que se expande a un ritmo mucho mayor que el resto del país, lo cual corrobora que las condiciones de existencia de la economía campesina libre son mejores que las que vive la población bajo la dominación de la hacienda. La ventaja de la economía campesina libre se expresa en la estadística exportadora de la siguiente manera: en 1880 las regiones libres ocupan un 2.2% de la producción cafetera nacional, pero en 1930 tienen el 47%, porcentaje que seguirá subiendo con el tiempo. (Kalmanovitz, 1997:208-209). 33

SECCIÓN 4

En la historia política colombiana se puede ver que el campesino es, contradictoriamente, el foco de atención de los principales conflictos internos. Los intentos para reconocer las potencialidades de la vida y la economía campesinas, los han interrumpido procesos de violencia política generados por los gobernantes de turno quienes, a partir de contrarreformas en lo jurídico y acciones de guerra en lo militar, aplastan sistemáticamente los caminos del desarrollo campesino, la única posibilidad de construcción democrática en la ruralidad colombiana.

dinámica contemporánea, en el Cuaderno del Informe de Desarrollo Humano. Colombia 2011 del PNUD, Absalón Machado dice: La situación del campesinado colombiano no puede entenderse sin una comprensión del conflicto armado y la violencia. En palabras de líderes campesinos, estas realidades se concretan en que su vida ha estado marcada por el miedo a: la expulsión o desplazamiento, la discriminación, no tener derechos, la incriminación, la coerción y el oprobio. El campesinado se ha formado en esta dinámica, no es un sujeto extraño a ella, sin embargo gracias a su capacidad de innovación y adaptación continúa siendo un actor relevante en el campo. (PNUD, 2012:26).

La historia del campesino como objeto de guerra y su territorio como botín, se repite en todos los procesos de violencia que ha vivido el país desde su independencia. La situación en el siglo XXI no difiere mucho Y más adelante, Machado concluye: de lo que aconteció a comienzos del siglo XX, pues en últimas la esencia del […] hay una herencia compleja en problema es similar. Los territorios en los términos de justicia de los modelos que se desarrolla la economía campesina de desarrollo industrial, las políticas son requeridos bien sea por la expansión agrícolas y los intentos de configurar de los terratenientes nacionales o por un modelo de desarrollo rural, que han las necesidades de tierras y de recursos tenido implícita una desvalorización naturales que tiene el capital extranjero, el relativa del campesinado, no solo cual se expresa en las multinacionales de porque no lo han estimado como sujeto la minería, el agua, el sector agropecuario activo para el desarrollo, sino porque a o la producción de servicios ambientales. una alta proporción se le ha asignado un papel subsidiario, como peón de A propósito de la relación violenciabrega sin derechos ni garantías en campesino, desde su origen y como la apertura de nuevas tierras, como 34

SECCIÓN 4

jornalero, cortero o prestador de Por otro lado, aproximadamente 1’200.000 servicios. (Ibíd.:38-39). predios rurales no tienen formalizados los derechos de propiedad y esto impide el Los campesinos no son propietarios acceso de muchas familias campesinas a Según el censo de población de 2005, los servicios del Estado. en Colombia habitan 11’000.000 de campesinos que producen el 70% de los alimentos que consume el país. El 57.3% de los propietarios poseen el 1.7% de las tierras, con fincas en promedio inferiores a tres hectáreas, mientras el 0.4% de los propietarios son dueños del 61.2% de las tierras y tienen fincas con más de quinientas hectáreas, siendo el área total colombiana de 114’000.000 de hectáreas.

En 2010 el índice Gini de concentración de la propiedad de la tierra en Colombia fue 0.89, de manera que el país se ubica entre los más inequitativos del mundo en cuanto se refiere a la distribución de la tierra. La Tabla 1 muestra la dinámica de la tenencia de la tierra entre 1960 y 1997, y permite observar que un número cada vez menor de propietarios tienen más tierras.

Tabla 1: Distribución de propietarios y superficie de la tierra rural en Colombia según tamaños (%) Propietarios Pequeños Medianos Grandes Total

1960 87.04 12.52 0.44 100

1970 84.63 14.86 0.51 100

1984 85.23 14.32 0.45 100

1997 86.07 13.57 0.36 100

Superficie Pequeños Medianos Grandes Total

1960 17.88 53.14 28.98 100

1970 15.56 55.34 29.10 100

1984 14.94 52.47 32.59 100

1997 9.25 30.26 60.49 100

Fuente: Cálculos basados en Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia (Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC] et al., 2012) y Distribución de la propiedad rural en Colombia 1960-1984 (Lorente, Salazar y Gallo, 1985:66).

35

SECCIÓN 4

El investigador Alejandro Reyes Posada, sintetizando el tema de la concentración de la propiedad de la tierra en Colombia, dice así:

tienen aptitud agrícola, es decir, sólo el 22.7% de la superficie con vocación agrícola se utiliza para establecer cultivos. Lo contrario sucede con la ganadería, a la cual se dedican 39’200.000 hectáreas En el año 2000 tres millones de para mantener el hato, mientras sólo el pequeños propietarios de predios 53.8% del área que se utiliza tiene aptitud inferiores a 20 has poseían en conjunto para desarrollar esta actividad. un poco menos de 7 millones de has, 442.000 medianos propietarios de Como producto de este modelo de predios entre 20 y 200 has poseían casi crecimiento, tras siete décadas de 17’000.000 de has y 47.000 grandes desarrollo “moderno” de la economía propietarios de predios superiores a colombiana, sólo se usan cerca de 200 has tenían 51.4 millones de has. 5’000.000 de hectáreas en agricultura, En los dos extremos de la pirámide sobre un potencial de 21’500.000 rural las cifras son más reveladoras. hectáreas según datos del IGAC. En 2’000.000 de minifundistas, con 2008, la pobreza cubría al 65.9% de la predios inferiores a una ha, poseían población del campo, frente al 39.8% 1.3 millones de has mientras 220.000 de los habitantes de las cabeceras; por [propietarios] de predios superiores a su parte, el 32.6% de la población rural 2.000 has tenían 39 millones de has. estaba en la indigencia, frente al 13.1% (Reyes, 2009:366). de la población urbana.

La distribución de la propiedad y los usos del suelo: la tierra para el ganado De acuerdo con información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para 2009, en la estructura productiva se identifica un fenómeno de gran subutilización de la tierra apta para cultivos. En efecto, la superficie dedicada a actividades agrícolas y silvoagrícolas asciende a 4’900.000 hectáreas, aunque se estima que 21’500.000 hectáreas 36

SECCIÓN 4

En la actualidad el uso de la tierra en Colombia adolece de planificación, ya que el 32.7% está sobreutilizada, el 29.7% subutilizada y sólo el 37.6% se utiliza correctamente según datos que se refieren a las tierras intervenidas por el hombre, es decir, el 51.2% del territorio

colombiano. En la Tabla 2 se puede ver, de manera comparada, el uso actual y el uso potencial del suelo en Colombia. De lo anterior se deduce que en Colombia la ganadería ocupa casi tres veces el área que debería estar dedicada a esa actividad, a costa de la agricultura

Tabla 2: Colombia, uso actual y uso potencial del suelo Actividad Agricultura Ganadería Forestal Otros Total

Uso potencial (ha) 14´500.200 19´181.400 70´201.600 10´291.600 114´174.800

% 12.7 16.8 61.5 9.0 100.0

Uso actual (ha) 5´317.900 40´083.200 55´939.500 12´834.200 114´174.800

% 4.7 35.1 49.0 11.2 100.0

Fuente: Cálculos basados en Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia (Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC] et al., 2012) y Distribución de la propiedad rural en Colombia 1960-1984 (Lorente, Salazar y Gallo, 1985:66).

campesina y los bosques nativos, protectores de los suelos y de las fuentes de agua. Históricamente, la ganadería extensiva ha sido el modelo de ocupación y de uso del suelo en la ampliación de la frontera agrícola, como lo relata Salomón Kalmanovitz: La gran ocupación territorial que hacen unos cuantos individuos durante la etapa colonial, pero sobre todo durante el republicano siglo XIX en la mayor parte del país, se hace sobre la base de una ganadería extensiva en

tierras de amplia capa vegetal, aguas abundantes y climas relativamente benignos. Aquí pasta un ganado semicimarrón que, paradójicamente, se expande más rápidamente en la medida en que se contraiga el mercado, porque la saca de hembras determina el ritmo de producción del hato y si ésta se contrae aumenta el número de nacimientos. Los ganaderos cuentan además con un indisputable dominio de muy extensas regiones y sus animales por lo general expulsan a los hombres que quieren colonizar, 37

SECCIÓN 4

entablándose una sórdida lucha que Las tierras arrebatadas a campesinos/ alcanzará resonancia nacional durante as mediante el desplazamiento han los años 20. (Kalmanovitz, 1997:209). sido ocupadas posteriormente por inversionistas nacionales o extranjeros, quienes se las compran a los ejércitos Desplazamiento campesino: mafiosos y/o paramilitares usurpadores. la tierra como botín de guerra Según plantea Alejandro Reyes Posada, consecuencias demográficas En la historia política colombiana cada “Las gobierno de turno ha propiciado, en mayor o principales de la violencia actual han menor medida, que avancen los proyectos sido el despoblamiento de grandes del capital en oposición a la permanencia regiones campesinas y la migración de la vida campesina. Estrategias acelerada y caótica a las ciudades, con políticas como el abandono sistemático un gran potencial desestabilizador”. del sector rural mediante un olvido en las (Reyes, 2009:366). A propósito del tema, agendas de gobierno y una ausencia en la columnista María Jimena Duzán los planes de inversión durante décadas, dice: “Las tierras de los narcos y de los así como la conformación de ejércitos paramilitares no han sido incautadas paramilitares con objetivos claramente por el Estado sino que están siendo definidos de exterminar a líderes y compradas por grandes empresarios. lideresas campesinos, han generado De esa forma los narcos consiguen desplazamientos masivos de grandes lavar su rastro sangriento y los grandes grupos poblacionales que desocuparon empresarios acaparan más tierras”. vastos territorios estratégicamente (Duzán, 2013). ubicados en la geografía nacional, seguramente con una inmensa riqueza de minerales en el subsuelo. Se estima que en los últimos quince años han sido desplazados 4’900.000 campesinos y campesinas en Colombia, y que solamente en Antioquia, entre 1997 y 2007, 309.815 personas fueron obligadas a abandonar 97.482 hectáreas de tierra rural. (Centro de Seguimiento para los Desplazados Internos (IDMC), citado por Univisión Noticias, 2013). 38

Si se revisa el mapa del conflicto armado colombiano, se aprecia que éste ocurre en las zonas del país que son más ricas en recursos naturales como petróleo, minerales con una alta valoración en el mercado internacional, agua, bosques ricos en biodiversidad, llanuras de tierra fértil y territorios con un alto valor geoestratégico en la política continental. La ubicación del conflicto en estos territorios busca dejarlos sin gente para

SECCIÓN 4

que los ejércitos armados ilegales se apropien de las tierras, bien sea para quedarse con ellas mediante el uso de testaferros, legalizarlas amparados en leyes que se dictan específicamente para su beneficio y el de los políticos que las generan, o venderlas directamente a inversionistas que provienen de la esfera del capital legal. Los negocios de tierras se hacen utilizando hábiles maniobras en apariencia “legales”, que mediante una gran trama jurídico-administrativa

logran apropiarse, con títulos legales, de inmensas extensiones de tierra, pero estas transacciones desbordan todos los límites de la propiedad autorizados por la red de disposiciones que conforman la legislación sobre la propiedad en Colombia. En el país se les han concedido 30’000.000 de hectáreas a las multinacionales de la megaminería y solamente en Antioquia se han otorgado 1.500 títulos mineros, hay una coincidencia geográfica entre el mapa del conflicto armado y la ubicación de los títulos mineros en Colombia.

Mapas del conflicto armado colombiano

Fuente: https://www.google.com.co/search?q=mapa+del+conflicto+armado+colombia

39

SECCIÓN 4

Al desplazamiento ocasionado por los paramilitares se refiere el investigador Alejandro Reyes:

masacres a campesinos o pobladores de pequeños municipios, se debe en buena medida a las organizaciones paramilitares financiadas con tales dineros. La estrategia política de los narcotraficantes es enraizarse como grandes propietarios y revivir los momentos estelares de los señores de la tierra, buscando alianzas con las derechas en las que militan muchos hacendados y algunas fuerzas del orden. (Kalmanovitz, 1997:234).

[…] los que comenzaron como ejércitos privados contra guerrilleros evolucionaron hasta convertirse en mafias aliadas con empresarios, políticos, alcaldes, gobernadores, congresistas y contratistas, de manera que articularon en una sola organización regional los negocios del narcotráfico, venta de protección, extorsión, asalto El conflicto armado ha hecho que se al tesoro público y robo de tierras a produzcan constantes modificaciones desplazados. (Reyes, 2009:10). en el territorio rural, como una mayor concentración de la propiedad de la La expropiación de tierras campesinas tierra, un acelerado desplazamiento de por medio del conflicto armado la explica los campesinos y un aumento significativo Salomón Kalmanovitz así: del uso de la tierra para la ganadería Una inclinación de las mafias ha sido la de extensiva. A consecuencia de todo esto se adquirir tierras en grandes cantidades, han disminuido fuertemente la cultura, la que según algún articulista pueden vida y la economía campesinas. llegar al millón de hectáreas, cifra que es El modelo agroexportador: el territorio apreciable sobre todo porque resultan para la agroindustria ser de buena calidad o en regiones que estaban siendo disputadas por la La discusión sobre el problema del campo guerrilla. En términos geopolíticos, los se aborda en el país preguntándose cuál narcotraficantes estrecharon el área es el modelo económico necesario para de influencia del EPL en Anti¬oquia, jalonar el desarrollo rural colombiano Urabá y Córdoba y rompieron la en el siglo XXI. En ese contexto entran continuidad de líneas de las FARC en el las propuestas de economía verde, vasto territorio del Magdalena medio. competitividad y productividad de la agropecuaria, buscando La multiplicación de la violencia en producción tales regiones, la generalización de insertarse en el mercado internacional 40

SECCIÓN 4

por la vía de la comercialización que La situación actual del sector posibilitan los tratados de libre comercio agropecuario colombiano es de (TLC). quiebra por las masivas importaciones provenientes de los países con los cuales Desde 1990, los gobiernos neoliberales le se firmaron los tratados, en 2012 se calcula apuestan todos los recursos del Estado a que ingresaron 10’000.000 de toneladas un modelo de desarrollo económico que de alimentos. Se están importando más se basa en el libre mercado, aduciendo del 30% del fríjol, el 98% del trigo, casi que las fuerzas económicas mundiales toda la cebada, una proporción inmensa jalonan el desarrollo nacional y no del maíz y 90% de arveja seca, lentejas suscribirse a ellas implica condenar al y garbanzos. Todos estos productos país a un permanente subdesarrollo. son claves en la dieta básica del país y En atención a esta ideología, los últimos por eso con las importaciones masivas cinco presidentes han suscrito acuerdos se debilita gravemente la soberanía de libre comercio con países que tienen un alimentaria nacional. aparato productivo con mayor desarrollo tecnológico que el colombiano, de modo Varios empresarios importantes de que le han abierto el mercado interno a Colombia tienen grandes inversiones en los productos industriales y agrícolas el Vichada y la altillanura colombiana, de esos países, con la promesa de que con modalidades de negocio diferentes ellos también le abran sus mercados a la e inversiones que sumadas alcanzaron producción colombiana. más de mil millones de dólares en 2012. Estos son algunos ejemplos de cómo se Los tratados de libre comercio, a pocos mueven los grandes inversionistas en los meses de estar en ejecución, ya muestran negocios de la tierra: nefastos resultados: la quiebra sistemática del sector agropecuario campesino y Riopaila-Castilla crea el proyecto empresarial ante la imposibilidad de Veracruz y a través de 27 SAS compra competir con sistemas de producción 35.500 hectáreas. En estos negocios más desarrollados en lo tecnológico y en es muy común el uso de las SAS o muchos casos con producción subsidiada Sociedades Anónimas Simplificadas, a por los gobiernos. En 2013, el subsidio través de las cuales compra Riopaila 42 a la agricultura en Estados Unidos pasó predios por un valor de 41 mil millones de 50.000 a 90.000 millones de dólares al de pesos. Cargill, probablemente la año, por citar sólo un caso. empresa agrícola más grande del 41

SECCIÓN 4

mundo, crea 40 SAS y compra 43 predios, que suman 61 mil hectáreas, con una inversión de 60 mil millones de pesos. Corficolombiana, perteneciente al Grupo Aval, del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, mediante 7 SAS compra 14 predios y acumula 6.000 hectáreas. Mónica Semillas, empresa brasileña, mediante 6 empresas adquiere 9 predios por 8.800 hectáreas. Poligrow, otra trasnacional, compra tres predios, mil hectáreas, y se sabe que anda tras la caza de otras 70.000 hectáreas en Mapiripán. La Fazenda, consorcio conformado por 16 empresas, 16 predios y 22.700 hectáreas. Timberland, 11 SAS, 11

42

predios y 13.000 hectáreas, todo en los Llanos Orientales. Y aparece también con acumulaciones ilegales de tierras en Pivijay, Magdalena, la empresa Merhav, una trasnacional israelita, comprando 19 predios por mil hectáreas. Lo que pasa es que allí la UAF es bastante más pequeña. Y el Fondo Ganadero de Córdoba aparece comprando en Urabá 106 predios para 4.000 hectáreas. (Robledo, 2013:4). La unidad agrícola familiar (UAF), que en sus orígenes fue una herramienta administrativa de la reforma agraria y luego pasó a ser una unidad de área que cambia según la región, es la medida

SECCIÓN 4

que se utiliza para hacer los grandes negocios de compraventa de tierras rurales en todo el país. La UAF se define como un fondo de explotación agrícola, pecuaria, forestal o acuícola que depende directa y principalmente de la vinculación de fuerza de trabajo familiar, con una extensión variable según las condiciones agroecológicas y los sistemas de producción representativos de la zona donde esté ubicada. El gobierno utiliza la UAF para dirigir los servicios institucionales de crédito, las políticas de reforma agraria, la prestación de servicios de transferencia, extensión y asistencia técnica, así como la planeación y adecuación de tierras e infraestructura de apoyo a la producción. (IGAC et al., 2012:51). De acuerdo con la Ley Agraria 160 de 1994, el baldío que entrega el Estado no puede superar la extensión de la llamada unidad agrícola familiar (UAF), cuya área depende de la región y el tipo de suelo, pero debe bastar para que una familia campesina tenga una vida digna. En zonas muy fértiles las UAF tienen pocas hectáreas y en otras, como la Orinoquia, pueden alcanzar hasta 1.500 hectáreas. Los proyectos agropecuarios que ocupan grandes extensiones de tierra, como la siembra de palma de aceite y caña de azúcar para producir biocombustibles,

junto con la reforestación de inmensas áreas con especies exóticas y caucho, son los únicos proyectos productivos que le dejan utilidades al país en el marco de la competitividad de los mercados internacionales. Aunque este modelo de desarrollo replica el viejo esquema de la división internacional del trabajo, es el que los gobernantes colombianos acogieron plenamente desde 1990. La política que se practicó en la década de los años 2000-2010 se inscribe en la lógica de configurar un modelo de desarrollo rural y por eso se tendió a desestructurar los territorios para reconfigurarlos de acuerdo con los nuevos intereses, se les abrió espacio a los bienes y cultivos que interesaban a la política, como la explotación minera, el uso intensivo de los bosques, el agua, el paquete de oferta para la exportación y la infraestructura. Para el efecto se expidió el Estatuto de Desarrollo Rural, que a juicio de varias organizaciones se enmarca en una lógica modernizante, empresarial y productivista; dicho estatuto promueve el no reconocimiento de otras formas de producción, desconoce el valor estratégico de las economías campesinas, afro e indígenas, y valora poco el papel del mercado interno. El gobierno de Álvaro Uribe se la jugó por proyectos rentables y subsidios 43

SECCIÓN 4

que le generaron grandes problemas, como los escándalos de Carimagua y de Agro Ingreso Seguro. El gobierno de Juan Manuel Santos considera que Vichada y el Meta tienen el potencial de convertirse en un gran polo de desarrollo. Por eso incluyó en el Plan de Desarrollo la idea de permitir que los adjudicatarios de baldíos pudieran venderlos a compradores que requirieran grandes extensiones para proyectos en los que se compruebe idoneidad y se demuestre la creación de empleo, la productividad y la calidad en la producción agrícola. (Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga en Semana, 2012, Así es la Colombia rural). En conclusión, el modelo neoliberal propuesto para Colombia con base en el consenso de Washington de 1989, plantea que el sector agropecuario colombiano debe ser una gran fuente de producción de biocombustibles, maderas exóticas, agua, energía hidráulica, minería y bienes y servicios ambientales. También propone la importación de alimentos desde los países desarrollados, con modelos de agricultura “sólida”, los cuales a su vez demandarían los recursos energéticos y naturales producidos en Colombia. En este esquema sobran los campesinos, los mismos que la guerra paramilitar, narcotraficante y guerrillera han expulsado 44

sistemáticamente de los territorios que se requieren para consolidar este modelo de desarrollo rural neoliberal. Los campesinos y campesinas en Colombia tradicionalmente han producido los alimentos que consume el país y aún en la actualidad producen el 63% del total, una cantidad estimada en 25’000.000 de toneladas. (“Agro en Colombia ¿Razones para la esperanza?” en Desde Abajo, 2011). La población campesina garantiza la conservación de los ecosistemas estratégicos de la mediana montaña y es la fuente del poblamiento de los pequeños pueblos que han nacido en la ladera andina colombiana. Sin esta población campesina, conservadora de los recursos naturales y potenciadora del desarrollo regional, el país sólo tendría el panorama de un paisaje urbano superpoblado, atiborrado de grandes urbes crecidas sin planificación en el tiempo y sin espacio físico, mientras en el campo habría un paisaje rural plantado con palma de aceite, caña de azúcar, caucho y pinos, sin gente pero con hidroeléctricas, sin comida pero con agrocombustibles, sin biodiversidad pero con inmensas ganancias para los dueños de los poderes político y financiero.

BIBLIOGRAFÍA

Castoriadis, Cornelius, (1977), “Reflexiones sobre el «desarrollo» y la «racionalidad»”, en: Jacques Attali et al., (1977), El mito del desarrollo, Barcelona, Kairós, pp. 183-222.

León, Magdalena y Carmen Diana Deere, (1997), “La mujer rural y la reforma agraria en Colombia”, en: Cuadernos de Desarrollo Rural, Santa Fe de Bogotá, nos 38-39 (primero y segundo semestres), pp. 7-23.

Lorente, Luis, Armando Salazar y Ángela Gallo, (1985), Distribución de la

propiedad rural en Colombia 1960-1984, Bogotá, CEGA/Ministerio de Agricultura.

Reyes Posada, Alejandro, (2009), Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia, Bogotá, Norma/Fescol.

Santos, Milton, (2000), La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo, razón y emoción, Ariel, España.

46

CIBERGRAFÍA

Acosta Contreras,

Israel, (2004), “Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina”, Informe Nacional Colombia, (Documento de trabajo), Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF)/Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Roma, Depósito de Documentos de la FAO, en: http://www.fao.org/docrep/007/j4192s/j4192s06.htm

Asociación Campesina de Antioquia, (2007), “Estatuto de Desarrollo Rural”, Boletín, nº 4,

mayo, en: http://www.acantioquia.org/index.php?option=com_content&view=article&id =56:estatuto-de-desarrollo-rural&catid=104:despojo&Itemid=543

Balcázar, Álvaro et al., (2001), “Colombia: alcances y lecciones de su experiencia en reforma

agraria”, Santiago de Chile, Naciones Unidas, Cepal, (Desarrollo productivo), nº 109, septiembre, en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/3/8393/lcl1602p.pdf

Centro de Seguimiento para los Desplazados Internos (IDMC), citado por Univisión Noticias,

(2013), “Colombia, el país con más desplazados en el mundo”, abril 29, en: http:// noticias.univision.com/america-latina/colombia/article/2013-04-29/colombia-el-paiscon-mas-desplazados-en-el-mundo#axzz2chIC6C4r

Colombia, Leyes, (1936), “Ley 200 de 1936. Sobre régimen de tierras”, diciembre 16, en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16049

Desde Abajo, (2011), “Agro en Colombia ¿Razones para la esperanza?”, Bogotá, video, en: http://www.desdeabajo.info/

Duzán, María Jimena, (2013), “El caso Manuelita”, en: Semana, agosto 17, en: http://www. semana.com/opinion/articulo/el-caso-manuelita/354366-3

Franco Cañas, Angélica María e Ignacio de los Ríos Carmenado, (2011), “Reforma agraria

en Colombia: evolución histórica del concepto. Hacia un enfoque integral actual”, en Cuadernos de Desarrollo Rural, Bogotá, vol. 8, nº 67, julio-diciembre, en: http://www. scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-14502011000200005&script=sci_arttext; consultado en julio de 2013.

Giraldo Isaza, Fabio, (2006), “El mito del desarrollo: economía y significación imaginaria del capitalismo”, en: articulos/0120-3053/1/2.pdf

http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/

47

CIBERGRAFÍA

Gutiérrez, Laura, (s.f.), “La hegemonía liberal en Colombia 1850-1880: logros y desafíos”, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, en: http://www.humanas.unal.edu.co/ eristica/Liberalismo%20en%20el%20siglo%20XIX.pdf; consultado en julio de 2013.

Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, (2012), “Los pilares olvidados de a tierra”, en: Semana, (Así es la Colombia rural), en: http://www.semana.com/especiales/ pilares-tierra/asi-es-la-colombia-rural.html

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) et al., (2012), “Atlas de la distribución de la

propiedad rural en Colombia”, Bogotá, Imprenta Nacional de Colombia, en: http://www. igac.gov.co/wps/wcm/connect/8beae7804dc8d75abb1efb36b39898f6/1_notas_sobre_ la_evolucion_historica_con_cubierta_1.pdf?MOD=AJPERES

Kalmanovitz, Salomón, (1997), [1978], “El desarrollo histórico del campo colombiano”, en: Jorge Orlando Melo González (Coordinador), Colombia Hoy, Bogotá, Banco de la República, Biblioteca Luis Ángel Arango, capítulo 6, pp. 201-239 en: http://www. comunidadandina.org/BDA/docs/CO-CA-0001.pdf; consultado en julio de 2013.

Machado Cartagena, Absalón, (2011), “La reforma agraria en la Alianza para el Progreso”,

en Seminario Internacional 50 años de la Alianza para el Progreso en Colombia: lecciones para el presente, Bogotá, Centro de Estudios Estadounidenses (Colombia), septiembre 7-9, en: http://www.ceecolombia.org/ckfinder/userfiles/files/La%20alianza%20para%20 el%20progreso%20y%20la%20reforma%20agraria%20(Absal%C3%B3n%20Machado). pdf

Mondragón, Héctor, (2002a), “Colombia: o mercado de tierras o reforma agraria”, ANUC-

UR, en: http://www.acantioquia.org/documentos/prob_agraria/mercado_tierras_ reforma_agraria.pdf; consultado en julio de 2013.

________________, (2002b), “La organización campesina en un ambiente de terror”, Bogotá, en: http://www.kus.uu.se/CF/Oganizacion_campesina.pdf

Patiño Jurado, Nallely, (2009), “La inconstitucionalidad del primer párrafo del artículo 31 de

la ley agraria en relación con la asistencia y firma de los ejidatarios”, Morelia (Michoacán), Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, tesis de grado, abril, en: http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/jspui/ bitstream/123456789/2397/1/ LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 31 DE LA LEY AGRARIA EN RELACION CONLA ASISTENCIA Y FIRMA DE LOS EJIDATARIOS.pdf

48

CIBERGRAFÍA

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), (2011), Absalón Machado

Cartagena (Director académico), “Colombia rural. Razones para la esperanza”, Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, Resumen ejecutivo, Bogotá, septiembre, en: http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Colombia/Colombia_NHDR_2011_resumen.pdf

________________, (2012), Absalón Machado Cartagena (Director académico), “El campesinado. Reconocimiento para construir país”, Cuaderno del Informe de Desarrollo Humano. Colombia 2011, Bogotá, Colección Cuadernos INDH 2011, mayo, en: https:// www.dropbox.com/s/sw31w352myglw43/cuaderno_campesinado.pdf ________________ Colombia, (2011), “Mujeres rurales gestoras de esperanza”, en: http:// www.pnud.org.co/sitio.shtml?x=66212

Pulecio

Franco, Jairo Hernando, 2006, “La reforma agraria en Colombia: ¿Una tarea inconclusa?”, en: Observatorio de la Economía Latinoamericana, nº 61, en: http://www. eumed.net/cursecon/ecolat/co/06/jhpf.htm

Robledo, Jorge Enrique, (2013), “Las compras ilegales de tierras: un modelo de corrupción en la cúspide del poder”, Debate en la plenaria del Senado, agosto 13, en: http://db.tt/ DwP0ULLR

Santos Preciados, José Miguel, (2001), “El proceso de distribución espacial de la población

en las periferias metropolitanas españolas (1960-1996)”, en: Universidad Complutense, Anales de Geografía de la Universidad Complutense, Madrid, nº 21, pp. 139-181, en: http://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/view/AGUC0101110139A/31250

49

La economía campesina es el conjunto de funciones, actividades, vocaciones y potencialidades que la población campesina desarrolla en un territorio o territorios determinados. Los territorios habitados por campesinos, donde se desarrolla la economía campesina, constituyen la propuesta de gestión social, económica y ambiental más democrática, productiva y sostenible que ha tenido la ruralidad colombiana en su historia; en contraparte, los territorios donde ha sido derrotada la propuesta campesina muestran la pérdida de territorio rural para la economía, el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Casos como las casi 40’000.000 de hectáreas de la cobertura de suelos en Colombia destinadas a la ganadería extensiva, le niegan a casi medio país el desarrollo equitativo y democrático de la sociedad rural, con nefastas implicaciones en la conservación de los bosques y la consolidación de un proyecto social

50

Realizado por: Corporación Cultural y Ecológica Penca de Sábila

Con el apoyo de: