Carta de Las Naciones Unidas Comentada

September 10, 2017 | Author: Ferchu Cientofante | Category: International Politics, United Nations, Treaty, United Nations Security Council, Nation
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Descripción: Carta de la ONU comentada Derecho internacional público...

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Carta de las Naciones Unidas Comentada, concordada y con citas de jurisprudencia internacional Por Luciano Pezzano

Índice Página

Introducción.............................................................................................................. .

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Historia de la Carta....................................................................................................

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Preámbulo..................................................................................................................

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Capítulo I: Propósitos y Principios (Artículos 1-2)......................................................

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Capítulo II: Miembros (Artículos 3-6)..........................................................................

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Capítulo III: Órganos (Artículos 7-8)...........................................................................

38

Capítulo IV: La Asamblea General (Artículos 9-22)...................................................

40

Capítulo V: El Consejo de Seguridad (Artículos 23-32).............................................

77

Capítulo VI: Arreglo Pacífico de Controversias (Artículos 33-38)..............................

119

Capítulo VII: Acción en Caso de Amenazas a la Paz, Quebrantamientos de la Paz o Actos de Agresión (Artículos 39-51)......................................................................... 134 Capítulo VIII: Acuerdos Regionales (Artículos 52-54)................................................ 170 Capítulo IX: Cooperación Internacional Económica y Social (Artículos 55-60).......... 182 Capítulo X: El Consejo Económico y Social (Artículos 61-72)...................................

216

Capítulo XI: Declaración Relativa a Territorios no Autónomos (Artículos 73-74)......

249

Capítulo XII: Régimen Internacional de Administración Fiduciaria (Artículos 75-85). 256 Capítulo XIII: El Consejo de Administración Fiduciaria (Artículos 86-91)..................

285

Capítulo XIV: La Corte Internacional de Justicia (Artículos 92-96)............................

299

Capítulo XV: La Secretaría (Artículos 97-101)..........................................................

322

Capítulo XVI: Disposiciones Varias (Artículos 102-105)............................................

336

Capítulo XVII: Acuerdos Transitorios Sobre Seguridad (Artículos 106-107).............. 349 Capítulo XVIII: Reformas (Artículos 108-109)............................................................

353

Capítulo XIX: Ratificación y Firma (Artículos 110-111)..............................................

360

Sinopsis de las funciones de los órganos principales de las Naciones Unidas

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Abreviaturas, siglas y referencias usadas en esta obra.......................................

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Bibliografía y fuentes utilizadas..............................................................................

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Carta de las Naciones Unidas

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Introducción

INTRODUCCIÓN La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año, según lo establecido en el Art.110. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta (Art.92). La Carta de las Naciones Unidas es un tratado internacional, es decir, un acuerdo de voluntades celebrado entre sujetos de Derecho Internacional (en lo que nos interesa, Estados), con el objeto de crear derechos y obligaciones. De acuerdo a la definición que da el Art.2.1 inciso a) de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, «se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular». Dentro de la clasificación de los tratados, la Carta se ubica, en razón del número de Partes contratantes, dentro de los tratados multilaterales, pues participan en ella mucho más de dos sujetos; también se trata de un tratado semicerrado, pues los Estados que no son partes pueden llegar a serlo a través de un procedimiento particular, que veremos al comentar el Art.4; por su función corresponde incluirla dentro de los tratados constitutivos de organizaciones internacionales, porque establece un nuevo sujeto distinto de sus miembros, en este caso, la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Es decir, la Carta es un tratado internacional constitutivo de una organización internacional, pero de una muy particular, pues la ONU es la única organización internacional con vocación universal y competencia general, es decir, que está abierta a todos los Estados del mundo (aun con el procedimiento del Art.4) y que puede tratar cualquier tema de la agenda global (conforme al Art.10 dentro de las competencias de la AG). Las demás organizaciones de carácter universal (varias de ellas organismos especializados de las Naciones Unidas, v. Art.57) tienen competencias específicas, y las demás organizaciones con competencia general tienen una composición limitada (se trata de organizaciones de carácter regional como la OEA, v. Capítulo VIII). La especial naturaleza de la Carta, que la pone, conforme al Art.103 en un nivel superior al de otros tratados, ha llevado a sostener a algunos autores que se trata de la “Constitución de la comunidad internacional”. Tal afirmación, dadas las grandes limitaciones de la Organización y del sistema creado por la Carta, no creemos que sea ajustada al grado actual de desarrollo del Derecho Internacional. La Carta es un tratado internacional, particular y con una naturaleza sui generis, pero tratado al fin. Volveremos sobre este tema en el comentario al Art.103. Como decíamos, las organizaciones internacionales son sujetos diferentes de los Estados miembros que las componen. Ello nos lleva a afirmar, sin ninguna duda, que tales organizaciones, la ONU incluida, son sujetos de Derecho Internacional (junto a los Estados y la Santa Sede), pero, a diferencia de los Estados, con una capacidad limitada al cumplimiento de su objeto, conforme a su instrumento constitutivo (que –como dijimos– en el caso de la ONU es la Carta) y a la práctica posterior; eso es lo que se llama “principio de especialidad”, que analizaremos junto a la personalidad jurídica de la ONU en el comentario al Art.104 * *

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La presente obra se estructura siguiendo los Capítulos de la Carta de las Naciones Unidas. Cada artículo (y en el caso de los Arts. 1 y 2, cada párrafo) es comentado en particular, tratando de aclarar sus términos, concordándolos con instrumentos internacionales pertinentes, aportando ejemplos surgidos de la práctica de los órganos de las Naciones Unidas (incluyendo en varios casos, para facilidad del lector, la reproducción 3

Carta de las Naciones Unidas

de las resoluciones de los órganos vinculadas al artículo) y citando, cuando resultó pertinente, jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (al final de la obra consta una lista de las decisiones de la CIJ citadas) y comentarios de la Comisión de Derecho Internacional. Cada comentario contiene referencias a los demás artículos, pues la Carta forma un todo indisoluble que debe ser interpretado en su conjunto; cada una de esas referencias y remisiones está introducida por la expresión “v. Art.x”, que significa “véase el comentario al artículo x”. Asimismo, en los casos en que se consideró relevante, se incluyeron resúmenes de las discusiones relativas a la interpretación del contenido de algunos artículos que tuvieron lugar en el seno de los órganos de las NU. Además, cuando se estimó necesario, se agregaron cuadros con información complementaria relativa al artículo de que se trate. Como anexo, se incluyen cuadros sinópticos sobre las funciones de los órganos de las NU. Para una mejor comprensión, se incluye también, a continuación, una breve historia de la Carta de las Naciones Unidas, basada en la “Historia de la Carta”, publicada por el Departamento de Información Pública de las NU.

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Historia de la Carta

HISTORIA DE LA CARTA Las Naciones Unidas, tal cual lo destaca la doctrina, fueron la culminación de un proceso laborioso en el que se fue preparando la estructura social sobre la que habría de asentarse el instrumento jurídico en que se concretó, y que es el objeto de análisis en este estudio. Aún cuando ya existían organizaciones internacionales desde la segunda mitad del siglo XIX, estas tenían por objeto cooperar sobre cuestiones especificas, y ninguna poseía una competencia general ni estaba facultada para el mantenimiento de la paz. El primer paso en ese sentido lo constituyó la Sociedad de las Naciones, organización concebida durante la primera guerra mundial y establecida en 1919, de conformidad con el Tratado de Versalles, "para promover la cooperación internacional y conseguir la paz y la seguridad". Sin embargo, debió cesar su actividad al no haber conseguido evitar la segunda guerra mundial. El fracaso de la Sociedad hizo que no fuera mencionada como antecedente de las Naciones Unidas, hecho Asamblea de la Sociedad de Naciones por el cual no es citada en ninguno de los documentos que fueron dando origen a la Organización, ni en la propia Carta (aun cuando la referencia al régimen de mandatos que hace el Art.77 y la mención a la Corte Permanente de Justicia Internacional en el Art.92 pueden considerarse como referencias implícitas) . Pero la historia de la Carta de las Naciones Unidas está íntimamente ligada a la Segunda Guerra Mundial. En ella, los países en guerra contra el Eje tomaron diversos pasos que llevarían a la creación de la Organización internacional. Esta es una reseña de esos pasos. La Declaración del Palacio St. James En junio de 1941 nueve gobiernos en exilio tenían sus sedes en Londres. Hacía 22 meses que la capital británica sufría los efectos de la guerra, y en sus calles destrozadas por las bombas alemanas se oía aún, con demasiada frecuencia, el clamor de las sirenas de alarma. El Eje se había apoderado de casi toda Europa, y los barcos que atravesaban el Atlántico, cargados con artículos indispensables, se perdían en el mar con trágica regularidad. Pero la fe en la victoria final no se había extinguido ni en Londres ni entre los gobiernos y los pueblos aliados. Ya entonces se miraba más allá de la victoria militar en busca de un porvenir más estable para los años de la posguerra. "¿Para qué triunfar si hemos de seguir viviendo con el temor de otra guerra? ¿No debiéramos ya trazarnos propósitos más fecundos que los que representa la victoria militar? ¿No sería posible proyectar una mejor existencia para todos los países y así cortar de raíz las causas de la guerra?" Tales eran las angustiosas preguntas que se hacían muchos, no sólo en El palacio de St. James la Gran Bretaña, sino en todos los países aliados. El 12 del mencionado mes se reunieron en el antiguo palacio de St. James los representantes de la Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y la Unión Sudafricana, los de los

Carta de las Naciones Unidas

gobiernos en el exilio de Bélgica, Checoslovaquia, Grecia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia, Yugoslavia y el del general De Gaulle, de Francia, y firmaron una declaración, que expresaba, entre otras cosas: «La única base cierta de una paz duradera radica en la cooperación voluntaria de todos los pueblos libres que, en un mundo sin la amenaza de la agresión, puedan disfrutar de seguridad económica y social; Nos proponemos trabajar, juntos y con los demás pueblos libres, en la guerra y en la paz, para lograr este fin». La Carta del Atlántico Habían pasado dos meses desde la declaración de Londres, cuando, como resultado de la histórica reunión entre el presidente Roosevelt (de los Estados Unidos) y el primer ministro Churchill (del Reino Unido), surgieron nuevas medidas en favor de una organización mundial. En agosto de 1941 el Eje parecía victorioso, y las reuniones entre Hitler y Mussolini, deliberadamente espectaculares, que siempre culminaban en "acuerdos perfectos", hacían presentir un trágico desenlace. Alemania acababa de lanzarse sobre la Unión Soviética; a la sazón La Carta del Atlántico, 1941 el poderío militar del nuevo aliado era todavía una incógnita y los Estados Unidos, aunque contribuían moral y materialmente a la causa aliada, no habían entrado en la guerra. Una tarde llegó la noticia de que el presidente Roosevelt y el primer ministro Churchill se entrevistaban "en algún punto del mar", el mismo mar donde se librara desesperadamente la batalla del Atlántico. El 14 de agosto los dos dirigentes expidieron una declaración conjunta que se conocería en la historia como la Carta del Atlántico. Este documento no era un tratado entre las dos potencias. Tampoco constituía una definición definitiva y oficial de los fines de la paz. Como el mismo documento lo expresa, era una afirmación de «ciertos principios comunes en la política nacional de nuestros países respectivos, en los cuales radican las esperanzas de un mejor porvenir para la humanidad». De los ocho puntos de la Carta del Atlántico, dos se relacionan directamente con una organización mundial. Reza la cláusula sexta: «Después de la destrucción total de la tiranía nazi ellos esperan ver establecida una paz que ofrezca a todas las naciones los medios para vivir seguras dentro de sus fronteras, y que brinde asimismo a sus habitantes la oportunidad de vivir emancipados del temor y de la necesidad». En la cláusula séptima se declara que tal paz deberá garantizar a todos los hombres la libertad de recorrer los mares, y la octava cierra el documento con este bosquejo de una organización para la paz: «Creen ellos que todas las naciones del mundo, material y espiritualmente, deberán renunciar al uso de la fuerza. Puesto que no se podrá asegurar la paz futura mientras haya naciones que continúen empleando armas terrestres, navales o aéreas con fines bélicos fuera de sus fronteras, creen ellos que mientras no se establezca un sistema más estable y amplio de seguridad general, se impone el desarme de tales naciones. Ayudarán también, y alentarán, cualesquiera otras medidas prácticas que alivien a los pueblos que aman la paz del peso aplastante de los armamentos». En otros puntos de la Carta del Atlántico se afirman los principios básicos de la justicia internacional: Nada de expansiones ni cambios territoriales sin el libre y expreso deseo de los pueblos interesados; facultad de cada país para escoger su propio sistema de gobierno, e igualdad de condiciones para todos los países en la adquisición de materias primas. La cláusula quinta también traza el propósito constructivo de una futura organización internacional al declarar que los dos estadistas desean promover la máxima colaboración entre las naciones en el campo económico a fin de que todas puedan 6

Historia de la Carta

conseguir mejores condiciones de trabajo, progreso económico y seguridad social. La Carta del Atlántico, creación de dos grandes dirigentes democráticos de entonces, y que entrañaba además todo el apoyo moral de los Estados Unidos, produjo una profunda impresión entre los aliados. En los países ocupados sirvió como mensaje de esperanza. Se propuso en ella el establecimiento de una organización mundial fundamentada en las verdades eternas de la moral internacional. El hecho de que tuviese poca validez jurídica no le quitaba mérito. Si en último análisis la validez de un tratado se determina por la sinceridad de sus principios, ninguna afirmación común de fe entre dos naciones amantes de la paz podría carecer de importancia. Poco después del regreso del primer ministro Churchill a Londres, después de su entrevista en alta mar, se reunieron en esta ciudad diez gobiernos, que apoyaron los principios de la Carta del Atlántico y prometieron coadyuvar en su cumplimiento en toda la medida de sus fuerzas. El 24 de septiembre, la Unión Soviética firmó esta declaración junto con los representantes de los países ocupados de Europa: Bélgica, Checoslovaquia, Grecia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia, Yugoslavia y el del general De Gaulle, de Francia. La Declaración de las Naciones Unidas El 1º de enero de 1942, el presidente Roosevelt, el primer ministro Churchill, y los señores Maxim Litvinov, de la Unión Soviética, y T. V. Soong, de China, firmaron un breve documento que luego se conocería como la “Declaración de las Naciones Unidas”. Al día siguiente se sumaron los representantes de otras 22 naciones más. En este trascendental documento, los signatarios se comprometían a poner su máximo empeño en la guerra y a no firmar una paz por separado. La alianza completa a que se llegó en esta forma concordaba con los principios enunciados en la Carta del Atlántico, y declaración de las Naciones Declaración de las Naciones Unidas, 1942 Unidas reza que los países signatarios «Habiendo expresado su adhesión a un programa común de propósitos y principios enunciados en la declaración conjunta del presidente de los Estados Unidos de América y del primer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, fechada el 14 de agosto de 1941, y conocida como la Carta del Atlántico; Convencidos de que es esencial obtener una victoria absoluta sobre sus enemigos para defender la vida, la libertad, la independencia y la libre profesión de cultos, así como para preservar los derechos humanos y la justicia tanto en su propio suelo como en otras tierras, y estando al presente empeñados en lucha común contra fuerzas bárbaras e inhumanas que tratan de subyugar al mundo; Declaran: Que cada Gobierno se compromete a utilizar todos sus recursos, tanto militares como económicos, contra aquellos miembros del Pacto Tripartito y sus adherentes con quienes se hallen en guerra. Que cada Gobierno se compromete a prestar su colaboración a los demás Gobiernos signatarios, y a no firmar por separado con el enemigo ni armisticio ni condiciones de paz». La Declaración se dejó abierta a la firma de «otras naciones que estén prestando o lleguen a prestar ayuda material, y que contribuyan a la lucha por derrotar al Hitlerismo». Es de destacar que se trata del primer documento internacional en el cual consta el nombre “Naciones Unidas”, que en la época se usaba para denominar a los países en guerra contra el Eje. Cuando tres años después se iniciaban los preparativos para la conferencia de San Francisco, únicamente se invitó a participar a aquellos estados que, en marzo de 1945, habían declarado la guerra a Alemania y al Japón y que habían firmado la Declaración de las Naciones Unidas. Los 26 signatarios originales fueron: los 7

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Estados Unidos de América, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, China, Australia, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, India, Luxemburgo, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Polonia, República Dominicana, Unión Sudafricana, Yugoslavia. Más tarde se adhirieron a la declaración los siguientes países (en el orden de las firmas): México, Filipinas, Etiopía, Iraq, Brasil, Bolivia, Irán, Colombia, Liberia, Francia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Venezuela, Uruguay, Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Siria y Líbano. La Declaración de Moscú Así, en 1943, todas las principales naciones aliadas estaban comprometidas a lograr la victoria total y, posteriormente, a colaborar en la creación de un mundo que "brinde a sus habitantes la oportunidad de vivir libres del temor y de la necesidad." Empero, no se habían definido aún las bases para una organización mundial. Esta definición surgió de la reunión de los ministros de relaciones exteriores del Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Soviética, que se verificó en octubre de 1943, en Moscú. El 30 de octubre la declaración de Moscú fue firmada por los Sres. Vyacheslav Molotov, Anthony Eden, Cordell Hull y Foo Ping Shen, este último embajador de China en la Unión Soviética. La declaración prometía una acción conjunta más efectiva para lograr la rendición del enemigo, y Conferencia de Moscú, 1943 proclamaba en su cláusula cuarta: «Que ellos [los ministros de Relaciones Exteriores] reconocen la necesidad de establecer, dentro del menor plazo posible, una organización general internacional, basada en el principio de la igualdad soberana de todos los estados amantes de la paz, y a la cual puedan asociarse tales estados, grandes y pequeños, para mantener la paz y la seguridad internacionales». Los signatarios también se comprometieron, «mientras se efectúa el restablecimiento del orden de la ley y la inauguración de un sistema de seguridad general» a consultar entre sí y, según se presente la ocasión, con otros miembros de las Naciones Unidas, con miras a una acción conjunta en representación de la comunidad de las naciones. Afirmaron además que «consultarían y cooperarían entre sí con otros miembros de las Naciones Unidas para obtener un acuerdo general practicable respecto de la regulación de los armamentos en el período de la posguerra». La Conferencia de Teherán En diciembre de 1943, dos meses después de la declaración de las cuatro potencias, Roosevelt, Stalin y Churchill, reunidos por primera vez en Teherán, la capital de Irán, manifestaron que habían concertado los planes para la victoria final. En cuanto a la paz, su declaración dice lo siguiente: «Tenemos la certeza de que, gracias a nuestra armonía, lograremos una paz duradera. Reconocemos que el establecimiento de una paz que pueda granjearse la buena voluntad de la abrumadora mayoría de los pueblos del mundo y que acabe con el flagelo de la guerra por muchas generaciones venideras, es la Conferencia de Teherán, 1943

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Historia de la Carta

suprema responsabilidad nuestra y de las Naciones Unidas». Los tres dirigentes dijeron también: «Buscaremos la cooperación y participación activa de todas las naciones, grandes y pequeñas, cuyos pueblos, estén dedicados, en corazón y mente, al igual que nuestros pueblos, a la eliminación de la tiranía y la esclavitud, la opresión y la intolerancia. Les daremos la bienvenida a medida que decidan integrarse a la familia mundial de las naciones democráticas». La Conferencia de Dumbarton Oaks Así se convinieron los principios de la futura organización mundial. Pero hay mucho camino que recorrer entre la enunciación de los principios y propósitos de un organismo de esta índole, y la ejecución de su estructura. Primero hubo necesidad de preparar un proyecto y lograr que muchas naciones lo aprobaran. Con este objeto, se convocó una conferencia de carácter práctico verificada en una residencia particular de Washington – Dumbarton Oaks– entre los representantes de China, Gran Bretaña, la URSS y los Estados Unidos. Las discusiones terminaron el 7 de octubre de 1944. Las cuatro potencias sometieron a la consideración de todos los gobiernos de las Naciones Unidas, y a los pueblos de todos los países, una propuesta de estructura de la organización mundial, a fin de que la estudiaran y discutieran. De acuerdo con lo propuesto en Dumbarton Oaks, cuatro organismos deberían integrar la organización, que se denominaría Naciones Unidas. Se crearía una Asamblea General compuesta de todos los miembros. Luego seguiría un Consejo de Seguridad, de once miembros. De éstos, cinco serían permanentes y la Asamblea General elegiría a los seis restantes por períodos de dos años. El tercer organismo sería una Corte Internacional de justicia y el cuarto, una Dumbarton Oaks Secretaría. También se establecería un Consejo Económico y Social que funcionaría bajo la autoridad de la Asamblea General. La característica esencial del proyecto consistía en que incumbiría al Consejo de Seguridad la responsabilidad de evitar nuevas guerras. La Asamblea General podría estudiar, discutir y recomendar medidas para promover la cooperación internacional y zanjar situaciones susceptibles de menoscabar el bienestar social. Consideraría en principio los problemas relativos al desarme y a la cooperación en la conservación de la paz y la seguridad. Pero no podría hacer recomendaciones sobre asuntos que estuviesen en manos del Consejo de Seguridad, y tendría que dar traslado a este organismo de todos los asuntos que requiriesen ponerse en trámite. La cuestión, extremadamente importante, del método de votación en el Consejo de Seguridad se dejó pendiente en Dumbarton Oaks para resolverla más tarde. Otro punto descollante del proyecto de Dumbarton Oaks es el relativo a que los estados miembros debían poner fuerzas armadas a disposición del Consejo de Seguridad para impedir guerras y suprimir actos de agresión. Todos estuvieron de acuerdo en que la falta de fuerzas armadas había Conferencia de Dumbarton Oaks, 1944 hecho fracasar a la Sociedad de las 9

Carta de las Naciones Unidas

Naciones en sus intentos de preservar la paz. Los países aliados discutieron a fondo las propuestas de Dumbarton Oaks. El gobierno británico emitió un comentario detallado, y, en los Estados Unidos, el departamento de Estado distribuyó 1.900.000 ejemplares del texto del proyecto y explicó las propuestas en conferencias y por medio de la radio y las películas. Varios gobiernos, entre ellos los de Australia, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Francia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Sudáfrica, la Unión Soviética, Gran Bretaña y los Estados Unidos, hicieron críticas constructivas y comentarios. Las polémicas que se suscitaron sobre esto en la prensa y la radio permitieron a los pueblos aliados juzgar los méritos del nuevo proyecto para la paz. Se recalcaron insistentemente las diferencias entre el nuevo proyecto y el pacto de la Sociedad de las Naciones; pero se convino, en general, en que la medida de proporcionar fuerzas armadas al Consejo de Seguridad constituía un notable adelanto. La Conferencia de Yalta Todavía faltaba por resolver un asunto importante que se había dejado pendiente en Dumbarton Oaks: el procedimiento de votación en el Consejo de Seguridad. Este vacío se llenó en Yalta –Crimea–, donde Churchill, Roosevelt y Stalin se reunieron en una nueva conferencia, con sus ministros de relaciones exteriores y jefes de estado mayor. El 11 de febrero de 1945 la conferencia declaró resuelto este asunto y convocó la conferencia de San Francisco. Los tres dirigentes manifestaron: «Estamos decididos a establecer a la mayor brevedad posible, junto con nuestros aliados, una organización general internacional para la conservación de la paz y la seguridad... Hemos convenido en que se debe convocar Conferencia de Yalta, 1945 una conferencia de las Naciones Unidas en San Francisco, Estados Unidos, el 25 de abril de 1945, con el fin de redactar la carta de dicha organización sobre la base de las conversaciones oficiales de Dumbarton Oaks». Las invitaciones fueron enviadas el 5 de marzo de 1945, y se informó simultáneamente a los invitados acerca de lo concertado en Yalta sobre el procedimiento de votación en el Consejo de Seguridad. Poco después, en los primeros días de abril, murió repentinamente el presidente Roosevelt, cuya política había contribuido tanto a la proyección de la conferencia de San Francisco. Se temió entonces que quizás ésta Los “Tres Grandes” en Yalta, 1945 tuviese que aplazarse; mas el presidente Truman decidió completar los preparativos que ya se habían hecho, y la conferencia se inauguró en el plazo señalado. La Conferencia de San Francisco Cuarenta y cinco naciones, comprendidas las que habían apadrinado la conferencia, fueron invitadas a San Francisco; todas ellas habían declarado la guerra a 10

Historia de la Carta

Alemania y al Japón y habían suscrito la Declaración de las Naciones Unidas. Sólo una Polonia- no concurrió debido a que la formación de su nuevo gobierno no llegó oportunamente a conocimiento de la conferencia. Por tanto, se dejó un espacio en blanco para la firma de dicho país, que se contaba entre los signatarios originales de la declaración. Cuando se reunió la conferencia no existía un gobierno polaco universalmente reconocido, mas, a su advenimiento el 28 de junio de 1945, se allanó este obstáculo, y el 15 de octubre del mismo año dicho país firmó la Carta y se convirtió en uno de los miembros originarios (v. Art.3). Francia propuso que concurrieran Siria y Líbano y se pidió a estos países que asistieran. La conferencia invitó directamente a cuatro estados más: la República Socialista Soviética de Bielorrusia, la República Socialista Soviética de Ucrania, Dinamarca, que acababa de ser liberada, y la Argentina. En esta forma, se reunieron en la gran ciudad californiana los delegados de cincuenta naciones, que representaban un ochenta por ciento de la población total del mundo: gente de todas las razas, religiones y continentes y todos resueltos a establecer una organización que conservara la paz y ayudara a crear un mundo mejor. El temario de la conferencia estaba formado por las propuestas de Dumbarton Oaks, y correspondía a los delegados redactar sobre esta base una carta aceptable para todos los países. Asistieron 850 delegados, que con sus asesores y colaboradores, y el personal de la secretaría, sumaban 3.500. Fueron allá, además, 2.500 Conferencia de San Francisco, 1945 representantes de la prensa, la radio y los noticieros cinematográficos, y observadores procedentes de numerosas organizaciones y sociedades. En suma, la conferencia de San Francisco fue una de las más importantes de la historia, y quizás también la mayor de las reuniones internacionales que jamás se hayan efectuado. Los jefes de delegación de los países que la convocaron, Anthony Eden, del Reino Unido, Edward Stettinius, de los Estados Unidos, T. V. Soong, de China, y Vyacheslav Molotov, de la Unión Soviética, se turnaron en la presidencia de las sesiones plenarias. En reuniones posteriores, lord Halifax reemplazo a Eden, V. K. Wellington a T. V. Soong, y Gromyko al señor Molotov. En conferencias de esta índole, las sesiones plenarias constituyen siempre la etapa final, pues antes de que en ellas se someta a votación cualquier proposición, es necesario realizar una gran suma de trabajo en las comisiones preparatorias. El procedimiento de votación que se empleó en San Francisco es de inusitada importancia, pues cada parte de la Carta tuvo que ser aprobada por una mayoría de dos tercios de los delegados. He aquí cómo pudo la conferencia de San Francisco terminar su gigantesca labor en sólo dos meses: Se formó un "comité de orientación," integrado por los jefes de delegación, que decidía sobre todos los asuntos capitales relativos a principios y normas. Aunque cada estado tenía un solo representante, el comité contaba con 50 miembros -demasiado numeroso para las labores de detalle. Se encargó, entonces, a un comité ejecutivo de 14 jefes de delegación, que sometiese recomendaciones al "comité de orientación." El proyecto de Carta se dividió en cuatro secciones, cada una de las cuales fue estudiada por una "comisión." La primera de éstas se encargó de los propósitos generales de la Organización, sus principios, miembros, la Secretaría y la cuestión de enmiendas de la Carta. La segunda consideró los poderes y responsabilidad de la Asamblea General, mientras que la tercera se hizo cargo de lo relativo al Consejo de Seguridad. La cuarta comisión se ocupó del examen del proyecto de estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que había sido redactado por un comité integrado por jurisconsultos de 44 países que se reunió en Washington en abril de 1945. 11

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Todo esto parecerá demasiado elaborado –especialmente porque las cuatro comisiones se subdividieron a su vez en doce comités técnicos – pero, en realidad, fue la forma más expedita de conseguir una discusión a fondo de las cuestiones. Hubo sólo diez sesiones plenarias, y casi 400 reuniones de comités, en que se discutieron hasta los detalles más insignificantes. Se tropezó muchas veces con choques serios de opinión y hubo discrepancias y hasta una que otra crisis, todo lo cual hizo temer a algunos observadores el fracaso de la conferencia. Véase, por ejemplo, el problema de las "organizaciones regionales." Muchos países tienen sus propios acuerdos de defensa regional y de ayuda mutua. El sistema interamericano y la liga árabe son casos típicos. ¿Qué papel pueden desempeñar estos acuerdos en relación con la organización mundial? La conferencia decidió conferirles el derecho a intervenir en arreglos pacíficos y también, en circunstancias especiales, en la aplicación de medidas siempre que los fines y actividades de esos grupos sean compatibles con los propósitos y principios de las Naciones Unidas. La Sociedad de las Naciones había contado con un organismo para la revisión de tratados entre sus miembros. ¿Deberían las Naciones Unidas adoptar un sistema análogo? La conferencia finalmente acordó que los tratados verificados con posterioridad a la creación de las Naciones Unidas sean registrados en la Secretaría para su publicación. En cuanto a revisiones, no se hizo ninguna declaración expresa, pero la Asamblea General tiene poderes para recomendar cualquier revisió n cuando lo estime conveniente para la investigación de una situación que requiera una solución pacifica. La conferencia agregó todo un nuevo capítulo sobre un tema que no estaba incluido dentro de las propuestas de Dumbarton Oaks: el de crear un sistema especial para los territorios bajo la administración fiduciaria de las Naciones Unidas. Este asunto ocasionó muchos debates. ¿Debería el objetivo de la administración fiduciaria definirse como "independencia" o como "gobierno propio" para los pueblos de estas zonas? Si independencia, ¿qué hacer en el caso de las zonas demasiado pequeñas para defenderse por sí solas? Finalmente se recomendó que se promoviera el desarrollo progresivo de los pueblos de los territorios en fideicomiso de manera que éstos se encaminaran hacia la "independencia" o el "gobierno propio." También debatió largamente sobre la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y la conferencia decidió que los estados miembros no están obligados a reconocer la jurisdicción de esta Corte, pero pueden voluntariamente declarar su sometimiento a ella. Asimismo, se dedicó mucha atención al asunto de las futuras enmiendas de la Carta, y este punto quedó resuelto satisfactoriamente. El derecho al "veto" de cada uno de los "cinco grandes" en las actuaciones del poderoso Consejo de Seguridad, sobre todo, ocasionó largos y acalorados debates. Hubo un momento en que las discrepancias sobre esta cuestión amagaron acabar con la conferencia. Las potencias menores temían que si uno de los "cinco grandes" asumía una conducta que amenazara la paz, el Consejo de Seguridad quedaría en la imposibilidad de intervenir, mientras que en el caso de un conflicto entre dos países que no fueran miembros permanentes del Consejo, los "cinco grandes" podrían proceder en forma arbitraria. Por tanto, quisieron reducir el Carta de las Naciones Unidas, 1945 alcance del "veto." Pero las grandes potencias insistieron unánimemente en que esta disposición era vital, recalcando la 12

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circunstancia de que a ellas correspondía la mayor responsabilidad en el mantenimiento de la paz mundial. Finalmente, las potencias menores cedieron en bien de la organización mundial. Este y otros problemas se resolvieron gracias a que cada nación estaba determinada a triunfar en el empeño de establecer, si no una organización internacional perfecta, por lo menos la mejor que fuese posible. El 25 de junio los delegados se reunieron en sesión plenaria por última vez en la ópera de San Francisco. Lord Halifax la presidió, y, al someter el texto final de la Carta a la aprobación de la Asamblea, dijo: «La cuestión que estamos a punto de resolver con nuestro voto es la más importante que podrá ocurrir en nuestras vidas». En vista del significado universal de la ocasión, propuso que, apartándose del método acostumbrado de votar alzando la mano, se procediera en forma mas adecuada. Planteada la cuestión, cada uno de los delegados se levantó y permaneció de pie. Lo mismo hicieron todos los presentes -el personal adjunto, los periodistas y unos tres mil espectadores. Culminó esto en una magna ovación que resonó en el recinto tan pronto como el presidente hubo anunciado que la Carta había sido aprobada por unanimidad. Al día siguiente, en el auditorio del edificio Firma de la Carta, 26 de junio de 1945 conmemorativo de los veteranos (Veteran's Memorial Hall), los delegados desfilaron uno por uno ante una gran mesa redonda donde figuraban dos históricos documentos: la Carta y el estatuto de la Corte Internacional de Justicia. A espaldas de los delegados, ante un semicírculo multicolor formado por las banderas de cincuenta naciones, se colocaron los otros miembros de cada delegación. Entonces, bajo el raudal de luz de poderosos reflectores, cada delegado firmó por su país. A China, primera victima de una potencia del Eje, correspondió el honor de estampar la primera firma. Las demás naciones la siguieron hasta completarse las 153 firmas que aparecen en el documento. «La Carta de las Naciones Unidas que acabáis de firmar -dijo el presidente Truman en su discurso de la sesión de clausura- es una base sólida sobre la cual podremos crear un mundo mejor. La historia os honrará por ello. Entre la victoria en Europa y la victoria final, en la más destructora de todas las guerras, habéis ganado una batalla contra la guerra misma... Gracias a esta Carta, el mundo puede empezar a vislumbrar el día en que todos los hombres dignos podrán vivir libre y decorosamente». Luego el presidente Truman declaró que la Carta sólo tendría valor si los pueblos del mundo se resolvían a hacerla cumplir. «Si no nos valemos de ella -concluyó-, habremos traicionado a los que sacrificaron sus vidas por que nos fuese posible reunirnos aquí, segura y libremente, para forjarla. Si intentásemos servirnos de ella con egoísmo -en provecho de una sola nación o de un grupo pequeño de naciones-, seríamos igualmente culpables de esa traición». La existencia de las Naciones Unidas no se inició al firmarse la Carta. En muchos países ésta tuvo que ser sometida a la aprobación de sus respectivos congresos o parlamentos. Se había convenido en que la Carta entraría en efecto cuando la hubiesen ratificado los gobiernos de China, Francia, Gran Bretaña, la Unión Soviética, los Estados Unidos y la mayoría de los demás países signatarios, y cuando estos hubiesen notificado del hecho al departamento de estado de los Estados Unidos. El 24 de octubre de 1945 se habían llenado los requisitos, y las Naciones Unidas comenzaron a funcionar. Los proyectos de cuatro años y las esperanzas de muchos siglos acababan de cristalizar en una organización internacional encaminada a acabar con la guerra y promover la paz y la 13

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justicia y una vida mejor para toda la humanidad. Comenzaba así otra historia, que en los comentarios siguientes trataremos de ilustrar, a través de la práctica de los órganos de las Naciones Unidas y su aplicación de la Carta.

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CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS Firmada en San Francisco el 26 de junio 1945 Entrada en vigor: 24 de octubre de 1945, de conformidad con el artículo 110

Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todas los pueblos, hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas. Desde el inicio, los redactores de la Carta buscaron diferenciarla del Pacto de la Sociedad de Naciones, pues el Preámbulo de éste comenzaba con la tradicional fórmula: “Las Altas Partes Contratantes...”. El Preámbulo de la Carta, en cambio, claramente expresa: “Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas”. Ello no quiere significar que se les reconozca a los pueblos el carácter de sujetos de Derecho Internacional, ni que la Organización esté integrada por los pueblos. La ONU es una organización intergubernamental, y el Art.4 es claro que para ser Miembro hay que ser un Estado, pero, como bien lo destacan algunos autores, la introducción de la expresión “pueblos” representa un elemento ideológico de los redactores de la Carta, que se vería completado por las referencias a la libre determinación en los Arts. 1.2 y 55, la creación de un régimen de admin istración fiduciaria (v. Cap.XII) y la declaración sobre los territorios no autónomos (v. Cap.XI). El Preámbulo enumera de forma sucinta el programa de trabajo de la Organización, en el cual ocupa el lugar primordial –como lo veremos en el comentario al Art.1.1– el mantenimiento de la paz y

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la seguridad internacionales, de ahí las referencias a “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra” y a “unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”. Sin embargo, también se refiere a “emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todas los pueblos”, a “elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad” y a “reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana”, propósitos que encontraremos enunciados en el Art.1.3 y desarrollados en el Cap.IX. El Preámbulo también hace referencia a los principios de la Organización, enunciados en el Art.2; así, la igualdad de derechos “de las naciones grandes y pequeñas” se corresponde con el principio de la igualdad soberana (Arts. 1.2 y 2.1); las “condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional” se corresponden con el principio de la buena fe (Art.2.2); “practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos” está estrechamente vinculado al arreglo pacífico de controversias (Art.2.3 y Cap.VI); final mente, “asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común” nos introduce al principio de la abstención del uso de la fuerza contenido en el Art.2.4, así como a sus excepciones, que veremos en los Arts. 24, 42 y 51. El Preámbulo, si bien tiene la misma validez jurídica que el resto del articulado, carece de obligatoriedad, tal cual lo indicó la CIJ en 1966: «... el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas constituye la base moral y política de las disposiciones jurídicas que se enuncian a continuación. Tales consideraciones, sin embargo, no son de suyo reglas de Derecho» (CIJ: “Caso relativo al África Sudoccidental”, segunda fase, sentencia de 18 de julio de 1966) . De modo que, como trasfondo de la Carta, el Preámbulo será siempre un elemento significativo a los efectos de la interpretación de su texto, cuando ello sea necesario. Es menester tener presente en este sentido lo estipulado por la Convención de Viena de 1969, particularmente su Art.31.1, que señala que «Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin», y su Art.31.2 que claramente dispone que a los efectos de la interpretación de un tratado «el contexto comprenderá, además del texto, [...] el preámbulo y anexos» (el subrayado es nuestro). No obstante ello, es necesario destacar que una parte del Preámbulo sí es obligator ia, la referente a la denominación de la Organización, como homenaje al Presidente Franklin D. Roosevelt, quien así llamó a los aliados en la guerra contra el Eje (como vimos en la Historia de la Carta).

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Capítulo I – Propósitos y Principios

CAPITULO I PROPOSITOS Y PRINCIPIOS Artículo 1 Los Propósitos de las Naciones Unidas son: Los propósitos no son otra cosa que los objetivos tenidos en cuenta por los fundadores de la Organización para que ésta realizara. En la Conferencia de San Francisco, se dijo: «Los “Propósitos” constituyen la razón de ser de la Organización. Son el conjunto de los fines comunes en los que han convergido nuestras mentes, y por ello, la causa y el objeto de la Carta...».

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz; El objetivo prioritario y esencial de las Naciones Unidas (pero no el único) es mantener la paz y seguridad internacionales. Tanto es así, que los demás propósitos están orientados en función de él. El calificativo de “internacionales” se refiere a que la Organización no pretende inmiscuirse en los conflictos internos (v. Art.2.7), excepto que pongan en peligro la paz internacional. El propio párrafo se encarga de decirnos cómo se mantendrá la paz: tomando medidas colectivas para prevenir y eliminar amenazas y quebrantamientos a la paz (v. Cap. VII) y lograr por medios pacíficos el arreglo de controversias (v. Art.2.3 y Cap. VI). En relación a la última parte del párrafo, dice la “Declaración sobre la prevención y la eliminación de controversias y de situaciones que puedan amenazar la paz y la seguridad internacionales y sobre el papel de las Naciones Unidas en esa esfera” (A/RES/43/51): «Los Estados deberían actuar de manera que prevengan en sus relaciones internacionales el surgimiento o la agravación de controversias o situaciones, en particular, cumpliendo de buena fe sus obligaciones con arreglo al derecho internacional», para luego formular recomendaciones sobre cómo puede lograrse ese objetivo. El propósito fue reafirmado en varias resoluciones de la AG; así, en la 2734 (XXV), titulada “Declaración sobre el fortalecimiento de la seguridad internacional”, «Reafirma solemnemente la validez universal e incondicional de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas como base de las relaciones entre los Estados, cualesquiera sean su extensión, ubicación geográfica, nivel de desarrollo o sistema político, económico y social, y declara que el quebrantamiento de estos principios no puede justificarse en ninguna circunstancia», luego repasa todos los principios de la Carta, y recomienda, entre otras cosas, «que todos los Estados contribuyan a los esfuerzos para asegurar la paz y la seguridad de todas las naciones y establecer, de conformidad con la Carta, un sistema eficaz de seguridad colectiva universal sin alianzas militares»; en la 50/6, “Declaración con motivo del cincuentenario de las Naciones Unidas”, se expresó: «reconociendo que toda medida encaminada a alcanzar la paz, la seguridad y la estabilidad en el mundo será inútil a menos que se aborden las necesidades económicas y sociales de los pueblos, nos comprometemos a: Promover métodos y medios para lograr el arreglo pacífico de controversias de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y aumentar la capacidad de las Naciones Unidas en la prevención de conflictos, la diplomacia preventiva y el mantenimiento y la consolidación de la paz; Respaldar enérgicamente las actividades de las Naciones Unidas y las actividades nacionales y regionales en lo que respecta al control y la limitación de armamentos, el desarme y la no proliferación [...]; Seguir reafirmando el derecho de todos los pueblos a la libre determinación [...]; Actuar juntos para conjurar las amenazas que el terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, la delincuencia transnacional organizada, el comercio ilícito de armas y la producción, el consumo y el tráfico de drogas ilícitas hacen pesar sobre los Estados y las persona s; Fortalecer las consultas y la cooperación entre acuerdos u organismos regionales y las Naciones Unidas en la esfera del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.»; similares conceptos encontramos en la 55/2, “Declaración del Mileno”, y en la 60/1, “Documento final de la Cumbre 2005”, que agrega, entre otras cosas: «reafirmamos nuestro compromiso de tratar de alcanzar un consenso en materia de seguridad basado en el reconocimiento de que muchas de las amenazas están interrelacionadas, de que el desarrollo, la paz, la seguridad y los derechos humanos se refuerzan mutuamente, de que la mejor manera en que un Estado se puede proteger no es nunca

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actuando completamente aislado; y de que todos los Estados necesitan un sistema de seguridad colectiva eficaz y eficiente, de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta».

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal; Fomentar relaciones de amistad entre los Estados es una de las formas de mantener la paz, la cual se manifiesta en especial en la cooperación en el ámbito político (v. Art.13.1, inc. a) y en el arreglo de aquellas situaciones que “puedan perjudicar el bienestar general o las relaciones amistosas entre naciones” (v. Art.14). Ello se basa en dos principios: la igualdad de derechos (v. Art. 2.1) y la libre determinación. Este último principio, si bien no se encuentra enumerado en el Art. 2 (la única referencia en la Carta además de la contenida en este párrafo está en el Art. 55), fue posteriormente desarrollado por la Asamblea General en diversas resoluciones y declaraciones, siendo el fundamento de la gran obra de descolonización realizada por las Naciones Unidas (v. Cap. XI). La resolución 1514 (XV) dice: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.” Este concepto se encuentra repetido en el Art.1 del PIDCP y del PIDESC, y dada su ubicación sistemática en ambos pactos, ha sido indicado por la doctrina como “el primer derecho humano”. Queda claro entonces, que este es un derecho cuyo ejercicio corresponde a todos los pueblos. Pero, ¿qué debe considerarse como “pueblo”?. En general, podemos decir que pueblo es, en este sentido, la población nativa de un lugar, es decir, no introducida desde el exterior, con cierta homogeneidad étnica, histórica y cultural. Son formas de ejercicio de este derecho, de acuerdo al principio VI de la resolución 1541 (XV): el establecimiento de un Estado independiente y soberano; la libre asociación con un Estado independiente; la integración con un Estado independiente. La resolución 2625 (XXV) (Anexo: IV Principio) agrega “la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo”. Es esta misma resolución que consagra como un deber de todo Estado el respetar el derecho a la libre determinación. Así, determina: “todo Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, la aplicación del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de conformidad con las disposiciones de la Carta, y de prestar asistencia a las Naciones Unidas en cumplimiento de las obligaciones que se le encomiendan por la Carta respecto de la aplicación de dicho principio, a fin de: a) Fomentar las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados, y b) Poner fin rápidamente al colonialismo, teniendo debidamente en cuenta la voluntad libremente expresada de los pueblos de que se trate; y teniendo presente que el sometimiento de los pueblos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una violación del principio, así como una denegación de los derechos fundamentales, y es contraria a la Carta. [...] Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que prive a los pueblos antes aludidos en la formulación del presente principio de su derecho a la libre determinación y a la libertad y a la independencia. En los actos que se realicen y en la resistencia que opongan contra esas medidas de fuerza con el fin de ejercer su derecho a la libre determinación, tales pueblos podrán pedir y recibir apoyo de conformidad con los propósitos y principios de la Carta”. Esta última disposición es de particular importancia, pues consagra un verdadero derecho de resistencia a los pueblos frente al Estado opresor, pudiendo recurrir para ello incluso a la fuerza, pues ellos no están alcanzados por la prohibición del Art.2.4; es decir –tal cual lo veremos en el comentario al Art.2.4– la utilización de la fuerza por parte de un pueblo en ejercicio de su derecho a la libre determinación no es una excepción al principio del Art.2.4, sino de un supuesto diferente. Sin embargo, la resolución 2625 (XXV) también contiene reglas que protegen la integridad territorial de los Estados, al establecer: «Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descrito y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color.» La misma norma establece, que, para gozar de esa protección, los Estados deberán conducirse conforme al principio de libre determinación, y brinda en su parte final un indicio para conocer cuándo se está conduciendo se esa manera. Sobre la libre determinación, ha dicho la CIJ: «el derecho de los pueblos a la libre determinación es ahora un derecho erga omnes» (CIJ: “Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado”, opinión consultiva de 9 de julio de 2004).

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Capítulo I – Propósitos y Principios

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y Se trata, en definitiva, de cooperar para el progreso, es decir, el incremento del bienestar de la población de cada Estado (del cual habla el Preámbulo: «promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad» y «emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todas los pueblos»). Es interesante la utilización de la palabra “cooperación”, pues ello habla de un profundo respeto a la soberanía de los Estados, para lo cual siempre se requerirá su consentimiento, por tratarse de materias que generalmente hacen a los asuntos internos de cada Estado. Esta cooperación se manifiesta de dos formas: por un lado, las materias enumeradas en forma ejemplificativa en el artículo (lo que en la práctica de la Organización ha pasado a integrar el objetivo global del desarrollo) y el respeto de los derechos humanos (es la primera vez que la expresión aparece nombrada en la Carta; el Preámbulo habla de “derechos fundamentales”), sin hacer distinciones (conceptos reiterados en los Arts. 8 y 55). (Sobre la relación de este párrafo con otras disposiciones de la Carta, v. Art.55; sobre la obra de las NU en este ámbito, v. Caps. IX y X.)

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. Se trata, según la doctrina, de un propósito instrumental, y lógico corolario de los demás, ya que establece cómo y dónde se deben alcanzar los demás propósitos: armonizando los esfuerzos dentro de la propia Organización. Al respecto, dijo la CIJ en su opinión consultiva de 11 de abril de 1949: «La Carta no se ha limitado a hacer de la Organización un centro de armonización de los esfuerzos de las naciones hacia los propósitos comunes definidos. Le ha dado órganos; le ha asignado una misión propia». (CIJ, “Reparación de los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas”, opinión consultiva de 11 de abril de 1949).

Artículo 2 Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios: Los principios son las grandes líneas directrices, el marco general de obligaciones, las pautas de conducta que orientan la actuación de los órganos y de los miembros de las Naciones Unidas (tanto, que su incumplimiento por parte de los Miembros puede acarrear su expulsión, Art.6; asimismo, funcionan como límite a la potestad del CS, Art.24, y deben ser cumplidos por los organismos regionales, Art.52.1). Estos principios han sufrido con el transcurso del tiempo una doble ampliación: vertical y horizontal. Vertical pues la mayor parte de ellos se ha convertido en principios fundamentales del orden internacional, tal como lo reconoció la CIJ, en su sentencia de 27 de junio de 1986 sobre las “Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua” (Nicaragua c. Estados Unidos). Horizontal, porque se han desarrollado y ampliado su contenido. En ello resultó muy importante la resolución 2625 (XXV) de la AG, titulada “Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”, que será citada en varias oportunidades, la cual no sólo desarrolla los principios de este Art.2, sino que incluye otros como la el de no intervención (v. Art.2.7) y el de la libre determinación de los pueblos (v. Art.1.2). La misma resolución se encarga de decir: «Los principios de la Carta incorporados en la presente declaración constituyen principios básicos de Derecho Internacional y, por consiguiente, insta a todos los Estados a que se guíen por esos principios en su comportamiento internacional, y a que desarrollen sus relaciones mutuas sobre la base del estricto cumplimiento de esos principios».

1. La Organización esta basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros.

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La igualdad a la que se refiere el párrafo es de derecho, no de hecho (el propio Preámbulo reconoce que hay “naciones grandes y pequeñas”), lo cual significa que, dentro de la Organización, todos los miembros tienen los mismos derechos. Sin embargo, lo establecido en los Arts. 23.1 (la existencia de miembros permanentes del CS), 27.3 (el derecho de veto de los miembros permanentes) y 108 (la necesidad de la ratificación de los miembros permanentes para la reforma de la Carta) parece ir en contradicción con este párrafo. La norma también nos introduce la noción de soberanía, en el sentido de que los Estados no la pierden al ingresar en la Organización, y que esta no es una especie de “Superestado” o “Gobierno Mundial”. Esta noción está sufriendo modificaciones actualmente, aunque persiste, prueba de ello es la prohibición para la Organización de intervenir en los asuntos internos de los Miembros (Art.2.7). La resolución 2625 (XXV) (Anexo: 5º principio) dice al respecto: «Todos los Estados gozan de igualdad soberana. Tienen iguales derechos e iguales deberes, y son por igual miembros de la comunidad internacional, pese a las diferencias de orden económico, social, político o de otra índole. En particular, la igualdad soberana comprende los elementos siguientes: a) Los Estados son iguales jurídicamente; b) Cada Estado goza de los derechos inherentes a la plena soberanía; c) Cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás Estados; d) La integridad territorial y la independencia política del Estado son inviolables; e) Cada Estado tiene el derecho de elegir y a llevar adelante libremente un sistema político, social, económico y cultural; f) Cada Estado tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe sus obligaciones internacionales y de vivir en paz con los demás Estados.»

2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta. La buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales implica actuar con rectitud y honestidad, en respeto a la confianza que ha sido depositada por la/s contraparte/s (si se trata de obligaciones nacidas de un tratado) o en respeto a la comunidad internacional (si se trata de obligaciones de otras fuentes). El principio ha sido receptado en la resolución 2625 (XXV) (Anexo: 6º principio), al establecer el deber de todo Estado de cumplir de buena fe: «las obligaciones que ha contraído en virtud de la Carta», «las obligaciones contraídas en virtud de los principios y normas de derecho internacional generalmente reconocidos», «las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionalmente válidos con arreglo a los principios y normas de derecho internacional generalmente reconocidos», y en el Art. 26 de la Convención de Viena: «Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe». Destaca la doctrina que la buena fe constituye un límite a la discrecionalidad de los Estados, y que opera, pese a la redacción del artículo, no sólo en el cumplimiento de sus obligaciones, sino también en el ejercicio de sus derechos, el cual no debe ser abusivo. Dijo la CIJ en 1974: «Uno de los principios básicos que rigen el establecimiento y el cumplimiento de las obligaciones jurídicas, cualquiera que sea su fuente , es el principio de la buena fe. La fe y la confianza son inherentes a la cooperación internacional, particularmente en una época en que cada vez resulta más esencial la cooperación en muchas esferas» (CIJ: “Pruebas nucleares”, fallo de 20 de diciembre de 1974).

3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. Una controversia, según la doctrina, se da cuando “una de las partes en la misma hace valer frente a las otras pretensiones opuestas, o cuando una de dichas partes pretende de la otra una pretensión a la que esta última no se somete”. Por su parte, la Corte Permanente de Justicia Internacional (antecesora de la CIJ), la definió como: «un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una contradicción de tesis jurídicas o de intereses entre dos personas» (CPJI: “Asunto de las concesiones Mavrommatis en Palestina”). Según la CIJ, una controversia tiene existencia objetiva, independientemente del reconocimiento formal o la negativa de su existencia por una de las partes (CIJ: “Asunto de los tratados de paz”, “Asunto del África Sudoccidental”). En definitiva, la controversia surge cuando un sujeto internacional hace valer ante otro una reclamación concreta basada en un incumplimiento de una obligación y la parte a la que va dirigida la rechaza. Es claro

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Capítulo I – Propósitos y Principios

que el párrafo se refiere a las controversias “internacionales”, es decir, entre sujetos internacional es (no sólo los Estados, sino también las organizaciones internacionales, tal cual lo reconoció la CIJ en sus opiniones consultivas “Reparación de los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas” y “Aplicabilidad de la obligación de arbitraje”), lo cual excluye, en principio a los conflictos internos. Sin embargo, la práctica de la Organización de los últimos años ha llevado al CS a intervenir en numerosos de estos conflictos (v. Art.36.1). El párrafo establece que los medios para el arreglo de controversias entre los Miembros deberán ser pacíficos. Aunque parezca una perogrullada, es necesario recordar que hasta 1928 (con el Pacto Briand-Kellog) la guerra fue considerada como un medio lícito de arreglo de controversias (de hecho, el Pacto de la Sociedad de las Naciones sólo estableció limitaciones al respecto, mas no la prohibió). Además, no deberán poner en peligro la paz, la seguridad, ni la justicia. Esta última referencia recuerda el tristemente célebre Pacto de Munich de 1938, que pese a ser una forma pacífica, fue a todas luces injusto, pues permitió la expansión de Hitler por Europa Central con la anuencia de las potencias occidentales. La resolución 2625 (XXV) (Anexo: 3º principio) establece: «Los Estados procurarán llegar a un arreglo pronto y justo de sus controversias internacionales mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a los organismos o sistemas regionales u otros medios pacíficos que ellos mismos elijan. Al procurar llegar a ese arreglo las partes convendrán en valerse de los medios pacíficos que resulten adecuados a las circunstancias y a la naturaleza de la controversia. Las partes en una controversia tienen el deber, en caso de que no se logre una solución por uno de los medios pacíficos mencionados, de seguir tratando de arreglar la controversia por otros medios pacíficos acordados por ellos. Los Estados partes en una controversia internacional, así como los demás Estados, se abstendrán de toda medida que pueda agravar la situación de modo que ponga en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y obrarán en conformidad con los propósitos y principios de las Naciones Unidas. El arreglo de controversias internacionales se basará en la igualdad soberana de los Estados y se hará conforme al principio de libre elección de los medios. El recurso a un procedimiento de arreglo aceptado libremente por los Estados, o la aceptación de tal procedimiento, con respecto a las controversias existentes o futuras en que sean partes, no se considerará incompatible con la igualdad soberana». La resolución establece, entre otras cosas, dos obligaciones fundamentales: una de hacer, “llegar a un arreglo pronto y justo de sus controversias”, y una de no hacer, abstenerse de “toda medida que pueda agravar la situación de modo que ponga en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad”; tanto el CS (v. Art.36.1) como la CIJ (en sus providencias sobre medidas provisionales, Art.41 ECIJ) insisten particularment e sobre este deber de abstención. La “Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales” (aprobada por A/RES/47/10) reafirma lo expresado, poniendo énfasis también en la prevención al decir: «Todos los Estados obrarán de buena fe y de conformidad con los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas con miras a evitar controversias entre ellos que puedan afectar a las relaciones amistosas entre los Estados, contribuyendo de tal modo al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. Convivirán en paz como buenos vecinos y se esforzarán por adoptar medidas efectivas para fortalecer la paz y la seguridad internacionales. [...] Los Estados partes en una controversia seguirán observando en sus relaciones mutuas sus obligaciones de acuerdo con los principios fundamentales de derecho internacional relativos a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de los Estados y con otros principios y normas generalmente reconocidos de derecho internacional contemporáneo. [...] Los Estados deberían considerar la posibilidad de concertar entre ellos acuerdos sobre el arreglo pacífico de las controversias. Deberían también incluir, según correspondiera, en los acuerdos bilaterales y las convenciones multilaterales que concertasen, disposiciones eficaces para el arreglo pacífico de las controversias a que pudiesen dar lugar la interpretación o la aplicación de tales instrumentos. [...] Los Estados, de conformidad con el derecho internacional, cumplirán de buena fe todas las disposiciones de los acuerdos concertados por ellos para el arreglo de sus controversias». (Sobre los medios de arreglo, y la libertad de elección, v. Art.33 y el resto del Cap. VI.)

4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas. Éste es uno de los principios fundamentales de la Organización, y principio general del Derecho Internacional según la CIJ, extendido a todos los Estados (no sólo a los miembros de las Naciones Unidas) por las resoluciones 2625 (XXV) (Anexo, 1º principio) y 42/22 (Anexo) de la AG.

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Carta de las Naciones Unidas

Dice la resolución 2625 (XXV): «Todo Estado tiene el deber de abstenerse, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Tal amenaza o uso de la fuerza constituye una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y no se empleará nunca como medio para resolver cuestiones internacionales. Una guerra de agresión constituye un crimen contra la paz que, con arreglo al derecho internacional, entraña responsabilidad. Conforme a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, los Estados tienen el deber de abstenerse de propaganda a favor de las guerras de agresión. Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para violar las fronteras internacionales existentes de otro Estado o como medio de resolver controversias internacionales, incluso las controversias territoriales y los problemas relativos a las fronteras de los Estados. Asimismo, todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para violar las líneas internacionales de demarcación , tales como las líneas de armisticios, que se establezcan por un acuerdo internacional del que sea parte o que esté obligado a respetar por otras razones, de conformidad con ese acuerdo. [...] Los Estados tienen el deber de abstenerse de actos de represalia que impliquen el uso de la fuerza. Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que prive de su derecho a la libre determinación y a la libertad y a la independencia de los pueblos. Todo Estado tiene el deber de abstenerse de organizar o fomentar la organización de fuerzas irregulares o de bandas armadas, incluidos los mercenarios, para hacer incursiones en el territorio de otro Estado. Todo Estado tiene el deber de abstenerse de organizar, instigar o ayudar o participar en actos de guerra civil o en actos de terrorismo en otro Estado o de consentir actividades organizadas dentro de su territorio encaminados a la comisión de dichos actos, cuando los actos a que se hace referencia en el presente párrafo impliquen el recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. El territorio de un Estado no será objeto de ocupación militar derivada del uso de la fuerza en contravención de las disposiciones de la Carta. El territorio de un Estado no será objeto de adquisición por otro Esta do derivada de la amenaza o el uso de la fuerza. No se reconocerá como legal ninguna adquisición territorial derivada de la amenaza o el uso de la fuerza.» Esto claro, son necesarias algunas puntualizaciones: la prohibición va dirigida a los Estados (y grupos de Estados, según la resolución 3314, Anexo, Art.1), no a los pueblos, los cuales pueden hacer uso de la fuerza en ejercicio de su derecho de libre determinación (Art.2.1), tal cual se reconoce en la resolución 3314 (XXIX), Anexo, Art.7: «Nada de lo establecido en esta Definición, y en particular en el artículo 3, podrá perjudicar en forma alguna el derecho a la libre determinación, la libertad y la independencia, tal como surge de la Carta, de pueblos privados por la fuerza de ese derecho, a los que se refiere la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, en particular los pueblos que están bajo regímenes coloniales y racistas u otras formas de dominación extranjera; ni el derecho de esos pueblos a luchas con tal fin y pedir y recibir apoyo, de acuerdo con los principios de la Carta y en conformidad con la Declaración antes mencionada.» (en similares términos, la resolución 42/22); ello significa –como adelantáramos en el comentario al Art.1.2– que el hecho que los pueblos puedan hacer uso de la fuerza en ejercicio de su derecho a la libre determinación no constituye una excepción a este principio, pues los pueblos no están sometidos a la obligación que emana del párrafo sub examine, lo cual nos ubica ante un supuesto diferente. Por su parte, los organismos o acuerdos regionales están sometidos al Art.53. En cuanto al contenido de la prohibición, la misma se refiere a los casos de uso de la fuerza armada (las coacciones de otra naturaleza están alcanzadas por el principio de la no intervención, v. Art.2.7), entre los cuales se considera especialmente grave la comisión de actos de agresión (definida por la resolución 3314 [XXIX], Anexo, Art.1, como «el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas») –calificados como crímenes contra la paz–, así como los actos de represalia, la organización de bandas armadas o la participación en actos de guerra civil (la resolución 3314, Anexo, Art.3, enumera otros supuestos de uso de la fuerza, que son analizados en el Art.39) y también la amenaza del uso de la fuerza y la propaganda de la guerra de agresión. Es de interés que la resolución 2625 (XXV) también mencione como acto prohibido la adquisición de territorio por medio de la fuerza, la cual fue aplicada por el CS, por ejemplo, en su resolución 242 (1967), relativa al conflicto de Medio Oriente, en la que insistió «en la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por medio de la guerra». Ahora bien, existen casos en que el uso de la fuerza es lícito: cuando se trata de una medida colectiva decidida por el Consejo de Seguridad destinada a mantener la paz y la seguridad internacionales (v. Art.42) o en el supuesto de legítima defensa (v. Art.51). Éstas, según gran parte de los autores, serían las únicas excepciones al principio que estudiamos (el uso de la fuerza por parte de un pueblo en ejercicio de su derecho a la libre determinación no constituye en realidad – reiteramos– una excepción al principio, por no estar estos obligados a su cumplimiento).

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Capítulo I – Propósitos y Principios

La resolución 42/22 de la AG, que contiene la “Declaración sobre el mejoramiento de la eficacia del principio de la abstención de la amenaza o de la utilización de la fuerza en las relaciones internacionales”, además de reiterar los conceptos ya expuestos, establece que el principio: «es universal en su carácter y obligatorio para todos los Estados, cualesquiera que sean su sistema político, económico, social o cultural o sus relaciones de alianza. No podrá hacerse valer consideración de naturaleza alguna para justificar la amenaza o al uso de la fuerza en violación de la Carta». Sobre el principio, ha dicho la CIJ: «El principio de la prohibición del uso de la fuerza [...] puede considerarse un principio de derecho internacional consuetudinario». (CIJ: “Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua”, sentencia de 27 de junio de 1986)

5. Los Miembros de la Organización prestarán a ésta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva. El principio, llamado “de la asistencia a las Naciones Unidas”, genera dos tipos de obligaciones para los Estados. Una obligación de hacer: prestar ayuda en cualquier acción que la Organización ejerza (y que la misma Carta especifica en varias normas, Arts.48 y 49 en el caso del mantenimiento de la paz o Art.56 para la cooperación para el desarrollo); y una obligación de no hacer: abstenerse de prestar ayuda a un Estado contra el cual se ejerza una acción preventiva o coercitiva. El fundamento de esta última obligación radica en que es necesaria la cooperación de los Miembros para dotar de real eficacia a las decisiones de los órganos, pues no se debe olvidar que, dada la relativa falta de coactividad en el sistema (salvo el caso del CS, Art.25, aunque de todos modos no puede ser equiparable a un Estado), el mismo se basa en la cooperación. La doctrina cuestiona los términos del artículo, pues, al referirse a la primera de las o bligaciones habla de “cualquier” acción, y al referirse a la segunda, se refiere específicamente a “acción preventiva o coercitiva” (en cuanto al significado de estos términos, v. comentario al Art.5).

6. La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales. Este principio carece en la actualidad de importancia práctica, desde el momento en que todos los Estados soberanos del mundo están representados en la Organización, pero fue aplicado en muchísimas ocasiones en el pasado, como muestra de la vocación universal y la razón de ser de la Organización. Constituye una excepción a lo establecido en el Art.34 de la Convención de Viena («Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento») ya que se estarían aplicando las disposiciones de la Carta a Estados que no la han aceptado (lo cual es criticado por algunos autores; sobre la particular naturaleza de la Carta, v. Art.103). La norma va dirigida a los “Estados que no son miembros”, mas los principios les serán aplicados con un límite, que el propio artículo establece: “en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales”. En la práctica de la Organización, encontramos tres maneras en que los órganos de las NU han dado aplicación a este párrafo, aun sin citarlo expresamente: cuando han recomendado o decidido medidas relativas a un Estado que no era Miembro, por ejemplo, durante el conflicto en la ex-Yugoslavia, el CS dictó reiteradas resoluciones relativas a la República Federativa de Yugoslavia, que llegaron incluso a la imposición de las medidas del Art.41 (S/RES/743 [1992], S/RES/757 [1992], S/RES/808 [1993], S/RES/827 [1993], S/RES/1160 [1998], S/RES/1199 [1998], S/RES/1203 [1998], S/RES/1239 [1999], S/RES/1244 [1999], entre muchas otras) aunque no era miembro de las Naciones Unidas (S/RES/777 [1992] y A/RES/47/1, v. Art.3); cuando han reco mendado o decidido medidas a cumplir por los “Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas”, o cuando lo han hecho en relación a “todos los Estados”, en estos dos últimos casos, tal fórmula se utilizó en la imposición de medidas del Art.41 (v. Art.48).

7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a 23

Carta de las Naciones Unidas

la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII. Este principio, denominado como la excepción de la jurisdicción interna de los Estados, no debe ser confundido con el principio de la no intervención, que reúne características diferentes. El primero se fundamenta en la existencia de una esfera de materias en las que, en virtud de la soberanía estatal, no puede penetrar la actuación de los órganos internacionales. Tal es así, que la prohibición del párrafo va dirigida a la Organización, no a los Estados, mas esta prohibición reconoce una excepción: las medidas tomadas en virtud del Cap. VII (V. Cap.VII). En la práctica de la Organización, fueron muchos los Estados que se valieron del principio para evitar que se trataran algunas cuestiones, en general vinculadas a las materias enumeradas el Art.1.3. Sin embargo, se ha considerado que la intervención de la Organización sería legítima si se tratara de asuntos regidos por el derecho internacional a consecuencia de las obligaciones contraídas por los Estados con relación a la Carta, o incluso de temas relativos a los derechos humanos. La práctica también registra casos en los cuales algunos órganos actuaron pese a la existencia de oposiciones fundadas en este artículo (p. Ej., los citados en el Suplemento Nº3, Vol. I, Pág. 127 del “Repertorio de la Práctica seguida por los Órganos de las Naciones Unidas”). El tema de los derechos humanos frente a este principio reviste singular importancia, pues, ¿se debe considerar a tal cuestión como “de la jurisdicción interna” de los Estados?, o, por otro lado, si existen graves violaciones a los derechos humanos, ¿justifican una intervención de las NU? Durante los debates sobre la cuestión, varios representantes dieron por sentada la premisa de que las disposiciones de la Carta sobre derechos humanos, en particular, los Arts. 1.3, 55 y 56 creaban obligaciones internacionales para los Estados Miembros. La mayoría de estos representantes sostuvieron que, desde que los derechos humanos son regidos por obligaciones internacionales, caen bajo la jurisdicción de las NU, y no bajo la jurisdicción interna de sus Miembros. Otros establecieron una distinción entre violaciones accidentales de los derechos humanos, que afectaran a individuos o pequeños grupos, y violaciones sistemáticas con repercusión internacional; las primeras caerían bajo la jurisdicción interna, las otras, no. Hubo otros representantes que rechazaron tal argumento, afirmando que la Carta no impone obligaciones internacionales respecto de los derechos humanos y, por lo tanto, no removía la cuestión de la jurisdicción interna de los Estados, y que las actas de la Conferencia de San Francisco mostraban que el Cap.IX, incluidos los Arts. 55 y 56, no tenían por objeto autorizar a las NU a intervenir en la jurisdicción interna de los Estados Miembros (sobre el significado de los términos del Art.56, v. Art.56). Como podemos observar, la cuestión no ha tenido una solución definitiva, pero a lo largo de la historia de las NU, la práctica demuestra que los órganos se han inclinado por considerar que las cuestiones de derechos humanos no son de la jurisdicción interna de los Estados, aunque sin la opinión unánime de los Miembros. El principio de no intervención, por su parte, encuentra su formulación en la resolución 2625 (Anexo, 2º ppio.; también aparece en A/RES/2131 (XX), titulada “Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su soberaní a” y A/RES/36/103, “Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención y la injerencia en los asuntos internos de los Estados): «Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del Derecho Internacional. Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derec hos soberanos y obtener de él ventajas de cualquier orden. Todos los Estados deberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en las luchas interiores de otro Estado. El uso de la fuerza para privar a los pueblos de su identidad nacional constituye una violación de sus derechos inalienables y del principio de no intervención. Todo Estado tiene el derecho inalienable de elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado.». Podemos definir “intervención” como “el empleo de una coacción objetivamente capaz de limitar el libre ejercicio de los derechos soberanos de un Estado sin el consentimiento de éste”. La resolución 36/103 hace una enumeración bastante exhaustiva (aunque no completa) de casos de intervención o injerencia, entre los cuales es interesante destacar «explotar y deformar las cuestiones de derechos humanos como medio de injerirse en los asuntos internos de los Estados, de ejercer presión sobre otros Estados, o de crear desconfianza y desorden dentro de los Estados o grupos de Estados o entre ellos.». El fundamento de este principio de la no intervención debe hallarse, tal como quedó dicho, no en el párrafo 7 del Art.2, sino en la igualdad soberana (Art.2.1) y en la abstención del uso de la fuerza (Art.2.4).

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Capítulo I – Propósitos y Principios

Como quedó dicho, la prohibición en el principio de no intervención va dirigida a los Estados (o grupos de Estados), a diferencia del principio consagrado en este párrafo, que se dirige a la Organización. Sobre el principio, dijo la CIJ en el citado caso de “Nicaragua c. Estados Unidos”: «El principio de no intervención implica el derecho de todo Estado soberano a conducir sus asuntos sin injerencia externa. Aunque los ejemplos de vulneración del principio no sean escasos, la Corte considera que forma parte e integra el derecho internacional consuetudinario.» (CIJ: “Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua”, sentencia de 27 de junio de 1986)

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Carta de las Naciones Unidas

CAPÍTULO II MIEMBROS Artículo 3 Son Miembros originarios de las Naciones Unidas los Estados que habiendo participado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional celebrada en San Francisco, o que habiendo firmado previamente la Declaración de las Naciones Unidas de 1 de enero de 1942, suscriban esta Carta y la ratifiquen de conformidad con el Artículo 110. El estado de Miembro de las Naciones Unidas supone gozar de todos los derechos y estar sometido a todas las obligaciones que surgen de la Carta. La Carta clasifica a los miembros en originarios y admitidos, aunque no consagra ningún tipo de diferencia en cuanto a sus derec hos (la diferencia nace de otras razones, v. Art.2.1 y los allí citados). Los miembros originarios son 51: los 50 participantes de la Conferencia de San Francisco y Polonia, que pese a no haber participado era firmante de la Declaración de 1942 citada por el artículo (v. Historia de la Carta). Una de las pocas aplicaciones prácticas del artículo ocurrió en 1961, cuando Siria, quien se había fusionado en 1958 con Egipto en un único Estado, la República Árabe Unida, solicitó –tras separarse de Egipto– su reincorporación a la Organización, invocando su calidad de miembro originario, y evitando así el procedimiento del Art.4. Tras celebrar algunas consultas con los miembros y no encontrar objeciones, el Presidente de la Asamblea General comunicó el 2 de septiembre de 1961 que se habían «tomado las medidas necesarias y la República Árabe Siria ha ocupado ya su asiento en esta sala como Miembro de las Naciones Unidas, con todos los derechos y obligaciones inherentes a tal situación». Una situación similar se dio en 1991, tras la disolución de la URSS, ya que tanto Ucrania como Belarús eran miembros originarios, por lo cual no tuvieron que presentar su solicitud de admisión como sí hicieron las otras ex-repúblicas soviéticas (para el caso de la Federación de Rusia, v. Art.23). Lo mismo pretendió alegar la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), al considerarse sucesora de la República Federativa Socialista de Yugoslavia (que era miembro originario); sin embargo, el CS en su resolución 777 (1992) dij o: «que el Estado conocido anteriormente con el nombre de República Federativa Socialista de Yugoslavia ha dejado de existir», y que «la reivindicación de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) de asumir automáticamente el lugar de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia como Miembro de las Naciones Unidas no ha tenido aceptación general», por lo que consideró que «la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) no puede asumir automáticamente el lugar de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia como Miembro de las Naciones Unidas y, por lo tanto, recomienda a la Asamblea General que decida que la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) deberá presentar una solicitud de admisión como Miembro de las Naciones Unidas y no participará en los trabajos de la Asamblea General». La AG adoptó esa recomendación en su resolución 47/1. Estos son los Miembros originarios de las Naciones Unidas, acompañados de la fecha de la ratificación de la Carta (salvo aquellos que la hayan ratificado con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, en cuyo caso figura esta fecha: 24 de octubre de 1945, de conformidad con el Art.110): MIEMBROS ORIGINARIOS Arabia Saudita Argentina Australia Bélgica Bielorrusia1 Bolivia Brasil Canadá Chile China Colombia Costa Rica Cuba Checoslovaquia2 Dinamarca

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FECHA DE RATIFICACIÓN 24 de octubre de 1945 24 de octubre de 1945 1 de noviembre de 1945 27 de diciembre de 1945 24 de octubre de 1945 14 de noviembre de 1945 24 de octubre de 1945 9 de noviembre de 1945 24 de octubre de 1945 24 de octubre de 1945 5 de noviembre de 1945 2 de noviembre de 1945 24 de octubre de 1945 24 de octubre de 1945 24 de octubre de 1945

Capítulo II - Miembros

MIEMBROS ORIGINARIOS Ecuador Egipto4 El Salvador Etiopía Estados Unidos de América Filipinas Francia Grecia Guatemala Haití Honduras India Irán Iraq Líbano Liberia Luxemburgo México Nueva Zelanda Nicaragua Noruega Países Bajos Panamá Paraguay Perú Polonia Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte República Árabe Siria3 República Dominicana Sudáfrica Turquía Ucrania Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas4 Uruguay Venezuela Yugoslavia5

FECHA DE RATIFICACIÓN 21 de diciembre de 1945 24 de octubre de 1945 24 de octubre de 1945 13 de noviembre de 1945 24 de octubre de 1945 24 de octubre de 1945 24 de octubre de 1945 25 de octubre de 1945 21 de noviembre de 1945 24 de octubre de 1945 17 de diciembre de 1945 30 de octubre de 1945 24 de octubre de 1945 21 de diciembre de 1945 24 de octubre de 1945 2 de noviembre de 1945 24 de octubre de 1945 7 de noviembre de 1945 24 de octubre de 1945 24 de octubre de 1945 27 de noviembre de 1945 10 de diciembre de 1945 13 de noviembre de 1945 24 de octubre de 1945 31 de octubre de 1945 24 de octubre de 1945 24 de octubre de 1945 24 de octubre de 1945 24 de octubre de 1945 7de noviembre de 1945 24 de octubre de 1945 24 de octubre de 1945 24 de octubre de 1945 18 de diciembre de 1945 15 de noviembre de 1945 24 de octubre de 1945

1

El 19 de septiembre de 1991, Bielorrusia informó a las Naciones Unidas de que había cambiado su nombre por el de Belarús 2 En una carta fechada el 10 de diciembre de 1992, su Representante Permanente informó al Secretario General que la República Federal Checa y Eslovaca dejaría de existir el 31 de diciembre de 1992 y que la República Checa y Eslovaquia, como estados sucesores, requerirían una inscripción formal de membresía a las Naciones Unidas. 3 Sobre la República Árabe Unida, v. comentario al Art.3. 4 Sobre la URSS y Rusia, v. Art.23.1 5 La República Federativa Socialista de Yugoslavia fue uno de los Miembros originales de los Naciones Unidas, y como tal firmó la carta el 26 de junio de 1945 y la ratificó el 19 de octubre de 1945, hasta su disolución tras el establecimiento y posterior admisión como nuevos miembros de Bosnia y Herzegovina, la República de Croacia, la República de Eslovenia, la ex República yugoslava de Macedonia, y la República Federativa de Yugoslavia.

Artículo 4 1. Podrán ser Miembros de las Naciones Unidas todos los demás Estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta Carta, y que, a juicio de la Organización, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo. 27

Carta de las Naciones Unidas

2. La admisión de tales Estados como Miembros de las Naciones Unidas se efectuará por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. El artículo se refiere a los miembros admitidos, para los cuales fija cinco requisitos y un procedimiento complejo, ya que intervienen dos órganos (el CS y la AG). Los requisitos son: ser un Estado, es decir, reunir los cuatro caracteres constitutivos de tal situación: territorio, población, gobierno y soberanía; ser amante de la paz, término que trajo no pocas polémicas en la época de la Guerra Fría (ya que la Carta no define qué debe entenderse por “amante de la paz”, aunque la AG en su resolución 32 [I] declaró no admisibles los Estados «cuyos regímenes han sido establecidos con la ayuda de fuerzas militares de los países que han luchado contra las Naciones Unidas, mientras esos regímenes permanezcan en el poder», en clara referencia a la España de Franco, la cual, de todos modos, terminó siendo admitida), aunque en la actualidad esta expresión carece de la relevancia que se le asignó en aquellos tiempos; aceptar las obligaciones de la Carta (lo cual se cumple a través de un instrumento de aceptación, el cual está redactado, en general, en los siguientes términos: «En relación con la solicitud de admisión de [nombre del Estado] como miembro de las Naciones Unidas, en nombre de [nombre del Estado] y en mi calidad de [autoridad estatal facultada para la relaciones exteriores], tengo el honor de declarar que [nombre del Estado] acepta las obligaciones consignadas en la Carta de las Naciones Unidas y se compromete a cumplirlas»); estar capacitado para cumplir esas obligaciones, requisito subjetivo que deberá ser evaluado por los órganos competentes (“a juicio de la organización”, dice el artículo; sobre este punto, la AG estableció en su momento, a través de la resolución 506 [VI], que la Organización «debe basarse sobre hechos tales como el mantenimiento de relaciones amistosas con los otros Estados, el cumplimiento de las obligaciones internacionales y la constancia de la voluntad del Estado respectivo de someter las reclamaciones o controversias internacionales a los medios pacíficos de arreglo establecidos por el derecho internacional, y de su disposición actual de hacerlo así» ); y, por último, estar dispuesto a cumplirlas, requisito también subjetivo. Estas son las únicas condiciones de admisión que la Carta impone a los Estados que deseen ser miembros. Sin embargo, en los primeros tiempos de la Organización, un miembro del CS –la URSS– hacía valer otras condiciones. Ello llevó a que la AG, en 1947, y a través de su resolución 113 B (II), pidiera una opinión consultiva a la CIJ sobre: «Un miembro de las Naciones Unidas llamado, en virtud del Artículo 4, a pronunciarse por su voto en el Consejo de Seguridad o en la Asamblea General sobre la admisión de un Estado en las Naciones Unidas, ¿está jurídicamente facultado para hacer depender su asentimiento, a esta admisión, de condiciones no expresamente previstas en el párrafo 1 del citado Artículo? En especial cuando tal Miembro reconoce que las condiciones fijadas en dicha disposición se cumplen por el Estado interesado, ¿puede subordinar su voto afirmativo a la condición adicional de que, al mismo tiempo que al Estado de que se trata admita otros Estados como Miembros de las Naciones Unidas?». El 28 de mayo de 1948, la CIJ emitió su opinión, diciendo: «Los términos “Podrán ser Miembros de las Naciones Unidas todos los demás Estados amantes de la paz que...”, indican que los Estados que cumplan las condiciones establecidas satisfacen los requisitos necesarios para la admisión. Por lo tanto, las condiciones enumeradas en el Art. 4 parágrafo 1 deben considerarse, no sólo como necesarias, sino también como suficientes. No puede pretenderse que esas condiciones constituyan un mínimo indispensable, y que podrían superimponerse otras consideraciones políticas para negar la admisión de un candidato que las llenara. Tal interpretación sería contraria a los términos del Art. 4 párrafo 2, y conduciría a reconocer a los Estados Miembros un poder discrecional indeterminado y sin límites. Tal poder sería incompatible con el carácter de una reglamentación que establece un estrecho vínculo entre la calidad de Miembro y la observación de principios y obligaciones de la Carta. [...] La segunda parte de la consulta se refiere a la exigencia por la que un Miembro haga depender su consentimiento para admitir un candidato a que se admitan otros candidatos. Sobre la base de la interpretación que la Corte da al Art. 4, esa exigencia representa, evidentemente, una condición nueva, sin relación con las condiciones establecidas en dicho artículo. Sería además totalmente incompatible con el espíritu y la letra del artículo, ya que subordinaría la admisión no a condiciones exigibles a los candidatos, sino a consideraciones extrínsecas, concernientes a otros Estados distintos que el Estado candidato.» En consecuencia, la CIJ resolvió: «es de Opinión que un Miembro de Naciones Unidas que deba pronunciarse en virtud del artículo 4 de la Carta mediante su voto, sea en el Consejo de Seguridad, sea en la Asamblea General, sobre la admisión de un Estado como Miembro de la Organización, no está jurídicamente autorizado a hacer depender su consentimiento de condiciones no previstas expresamente en el parágrafo 1 de dicho artículo; que, en particular, un Miembro de la Organización no puede, al reconocer que las condiciones exigidas por el artículo 4 son cumplidas por el Estado candidato, subordinar su voto afirmativo a la condición que, al mismo tiempo que dicho candidato, sean admitidos otros Estados como Miembros de las Naciones Unidas.» (CIJ:

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Capítulo II - Miembros

“Condiciones de admisión de un Estado como Miembro de las Naciones Unidas”, opinión consultiva de 28 de mayo de 1948). Es de destacar que el artículo dice que podrán ser Miembros “todos los Estados”, referencia que hizo que desarrollara en la práctica de las NU el denominado “principio de la universalidad”, según el cual todos los Estados del mundo están llamados a ser Miembros de las NU. Tal principio fue reiterado en varias resoluciones de la AG, en las que instó al CS a evitar el uso abusivo del veto en esta cuestión (sobre el bloqueo del CS, v. infra). En cuanto al procedimiento, como se mencionó, es complejo, pues requiere de la intervención de dos órganos, de acuerdo al párrafo 2 del Art.4: el CS (que “recomienda”) y la AG (que “admite”). Los reglamentos de ambos órganos contienen disposiciones relativas a la admisión de nuevos miembros. Así, el Art.58 RPCS establece: «Todo Estado que desee ser Miembro de las Naciones Unidas deberá presentar una solicitud al Secretario General. Esta solicitud deberá contener la declaración, hecha en instrumento en debida forma, de que el Estado solicitante acepta las obligaciones consignadas en la Carta» (ya explicamos supra la forma de esta declaración); el Art.59 RPCS dispone: «El Secretario General pondrá inmediatamente la solicitud de admisión en conocimiento de los representantes en el Consejo de Seguridad. Salvo acuerdo en contrario del Consejo de Seguridad, el Presidente referirá la solicitud a una comisión del Consejo de Seguridad en la cual estarán representados todos los miembros del Consejo de Seguridad. La comisión examinará toda solicitud de admisión que le sea referida y presentará al Consejo sus conclusiones al res pecto, por lo menos treinta y cinco días antes de la apertura de un período ordinario de sesiones de la Asamblea General, o si se convoca a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, por lo menos catorce días antes de la apertura de ese período de sesiones», introduciendo, tal cual se desprende de su texto, un órgano subsidiario del CS: el Comité de Admisión de Nuevos Miembros, quien debe estudiar la solicitud e informar al respecto al CS; finalmente, el Art.60 RPCS establece: «El Consejo de Seguridad decidirá si, a su juicio, el Estado solicitante es un Estado amante de la paz, si está capacitado para cumplir las obligaciones consignadas en la Carta y dispuesto a hacerlo, y si el Consejo debe, en consecuencia, recomendar la admisión del Estado solicitante en las Naciones Unidas. Si el Consejo de Seguridad recomienda que el Estado solicitante sea admitido como Miembro, transmitirá su recomendación a la Asamblea General, acompañada del acta completa de la discusión. Si el Consejo de Seguridad no recomienda la admisión del Estado solicitante o aplaza el examen de la solicitud, presentará a la Asamblea General un informe especial acompañado del acta completa de la discusión. Con el fin de asegurar el examen de su recomendación por la Asamblea General en el siguiente período de sesiones que celebre la Asamblea después de recibida la solicitud, el Consejo de Seguridad presentará su recomendación, cuando menos veinticinco días antes de la apertura de un período ordinario de sesiones de la Asamblea General o por lo menos cuatro días antes de la apertura de un período extraordinario de sesiones. En circunstancias especiales, el Consejo de Seguridad puede decidir presentar una recomendación a la Asamblea General respecto de una solicitud de admisión con posterioridad a la expiración de los plazos fijados en el párrafo anterior». A su vez, el Art.134 RAG, en consonancia con el Art.58 RPCS establece: «Todo Estado que desee ser Miembro de las Naciones Unidas habrá de presentar una solicitud al Secretario General. Esta solicitud irá acompañada de la declaración, hecha en un instrumento formal, de que dicho Estado acepta las obligaciones consignadas en la Carta»; el Art.135 RAG dispone: «El Secretario General enviará, a título de información, copia de la solicitud a la Asamblea General o a los Miembros de las Naciones Unidas si la Asamblea no está reunida en período de sesiones»; el Art.136 RAG determina la acción de la AG una vez obtenida la recomendación del CS: «Si el Consejo de Seguridad recomienda la admisión del Estado solicitante, la Asamblea General examinara si el solicitante es un Estado amante de la paz, si está capacitado para cumplir las obligaciones consignadas en la Carta y si se halla dispuesto a hacerlo, y decidirá, por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, respecto a la solicitud de admisión»; en caso negativo, el Art.137 RAG dispone: «Si el Consejo de Seguridad no recomienda la admisión del Estado solicitante o aplaza el examen de la solicitud, la Asamblea General podrá, después de examinar a fondo el informe especial del Consejo de Seguridad, volver a enviar la solicitud al Consejo, acompañada del acta completa de la discusión en la Asamblea, a fin de que el Consejo proceda a un nuevo examen y formule su recomendación o informe»; finalmente, el Art.138 RAG establece: «El Secretario General comunicará la decisión de la Asamblea General al Estado solicitante. Si la solicitud es aprobada, la admisión tendrá efecto a partir de la fecha en que la Asamblea General haya tomado su decisión sobre la solicitud». Para tener una idea más acabada del procedimiento descrito, lo ilustraremos con el utilizado con el último miembro admitido de las Naciones Unidas: la República de Montenegro. El primer paso es la presentación formal del instrumento de aceptación de las obligaciones contenidas en la Carta (a través de una carta dirigida al SG, S/2006/409), que es sometido al examen del CS, quien lo deriva al Comité de Admisión de Nuevos Miembros, para su análisis (S/PV.5471). Una vez examinada la cuestión, el Comité somete un informe con su recomendación (S/2006/425) para que el CS decida

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Carta de las Naciones Unidas

(S/PV.5473), en una votación considerada de sustancia (lo cual significa que está permitido el veto, Art.27.3). Si no se decide la recomendación, se limita a notificarlo a la AG a través de un informe especial (previsto en el Art.24.3 in fine y en el Art.60 RPCS) y el procedimiento culmina en ese punto. Si decide recomendar al Estado (S/RES/1691), lo transmite a la AG (A/60/902), quien discute la cuestión bajo la forma de un proyecto de resolución (A/60/L.58), que requiere para su aprobación la mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes (v. Art.18.2). Si se aprueba, se declara admitido al Miembro (A/RES/60/264) y se lo invita a ocupar su lugar en la Asamblea General (A/60/PV.91). Es de destacar que en los primeros años de la práctica de la Organización, en las resoluciones de ambos órganos sobre el tema, se incluía un párrafo que decía: «Decide que, a su juicio, [nombre del Estado] es un Estado amante de la paz, que está capacitado para cumplir las obligaciones consignadas en la Carta y se halla dispuesto a hacerlo». Este párrafo se dejó de incluir hacia 1954. También en los primeros tiempos de la Organización se produjo un bloqueo en el CS con relación a esta cuestión por el ejercicio abusivo del derecho a veto (v. Art.27.3); entre 1946 y 1955, la URSS vetó 43 solicitudes, correspondientes a 15 Estados, y del resto de los miembros permanentes, sólo uno, China, ejerció el derecho en la cuestión, al vetar el ingreso de Mongolia en 1955; es en este año, precisamente el 14 de diciembre que, con la aprobación de la resolución 109 (1955), que se produce el llamado “desbloqueo” del CS en este aspecto, ya que se recomendó la admisión de 16 Estados, lo que constituyó el primer ingreso “masivo” a la Organización. En la resolución 109 (1955), el CS tiene presente la resolución 918 (X) de la AG, que pidió al CS «que, habida cuenta de la opinión general expresada a favor de que la Organización de las Naciones Unidas esté integrada por el mayor número posible de Miembros, examine las solicitudes de admisión pendientes que han sido presentadas por todos los dieciocho países respecto de los cuales no se plantea ningún problema de unificación». Durante el bloqueo del CS, se discutió durante un tiempo si la Asamblea podía admitir a un miembro sin la recomendación del Consejo de Seguridad, discusión que llevó a que la AG pidiera otra opinión consultiva de la CIJ, en 1949, por resolución 296 J (IV) sobre: «La admisión de un Estado como Miembro en las Naciones Unidas, con arreglo al párrafo 2 del Artículo 4 de la Carta, ¿puede efectuarse mediante una decisión de la Asamblea General, cuando el Consejo de Seguridad no ha hecho recomendación alguna para la admisión, bien porque el candidato no ha obtenido la mayoría necesaria o porque un miembro permanente ha emitido un voto negativo respecto a un proyecto de resolución encaminado a hacer tal recomendación?». El 3 de marzo de 1950, la CIJ emitió su opinión, en la que expresó: «un Estado no puede ser admitido como miembro de las Naciones Unidas en virtud del párrafo 2º del artículo 4 de la Carta, por decisión de la Asamblea General cuando el Consejo de Seguridad no ha recomendado su admisión» (CIJ: “Competencia de la Asamblea General para admitir a un Estado como Miembro de las Naciones Unidas”, opinión consultiva de 3 de marzo de 1950). Analizaremos a continuación algunos casos particulares referidos a la unificación, separación y disolución de Estados. Así, como ejemplo de unificación tenemos a la República Árabe del Yemen y la República Democrática Popular del Yemen, que se unificaron el 22 de mayo de 1990, y la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana, que se unificaron el 3 de octubre del mismo año; en ambos casos, no fue necesaria la presentación de la solicitud de admisión porque ya habían sido admitidos como miembros individualmente, estableciéndose como fecha de admisión la más antigua. En los casos de separación, como ocurrió con Bangladesh (que se escindió de Pakistán, el cual a su vez se había separado de la India), Singapur (que se escindió de Malasia) o Eritrea (que se escindió de Etiopía), el nuevo Estado debe invariablemente presentar su solicitud, conservando su calidad de miembro el Estado objeto de la separación o escisión. En el caso de disolución de Estados, como en el caso de Yugoslavia y Checoslovaquia, todos los Estados formados tras la desaparición del Estado predecesor deben presentar su solicitud de admisión (el caso de la Unión Soviética fue particular, v. Art.3 en relación a Ucrania y Belarús, y el Art.23 en relación a Rusia, pero el resto de los Estados debió presentar su correspondiente solicitud). Un caso muy especial sucedió en 1960 con la Federación de Mali, que nucleaba a Mali y Senegal, y se había formado en 1959, declarando la independencia el 20 de junio de 1960: en ese mismo mes, presentó su solicitud de admisión y el CS la recomendó por su resolución 139 (1960); la AG no tomó ninguna decisión por no estar reunida y el 20 de agosto Senegal decide retirarse de la Federación, que tomó el nombre de República de Mali; en septiembre, ambos Estados volvieron a presentar sus solicitudes en forma individual, las cuales fueron aprobadas por ambos órganos (ver cuadro), constituyendo el único caso registrado de un Estado cuya admisión fue recomendada por el CS pero no fue admitido por la AG por haber dejado de existir. Es importante destacar que, junto a los Miembros (que –como vimos– sólo pueden ser Estados), la práctica de la Organización ha llevado a reconocer la calidad de “observador” a determinadas entidades. En el curso de los años se han desarrollado ciertas pautas que rigen la concesión de la condición de observador. Se puede otorgar tal condición en la AG a cuatro tipos de

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Capítulo II - Miembros

entidades: Estados que no son miembros de las NU, movimientos de liberación, organizaciones intergubernamentales y organismos especializados. El proceso es diferente en cada caso. Cuando un Estado que no es Miembro quiere ser observador, presenta su solicitud al SG. El precedente fue establecido en 1948 por Suiza (hoy miembro), que solicitó la condición de observador en los debates de la AG. Hay otra entidad que hoy en día goza de la misma condición: la Santa Sede, que no es un Estado pero sí un sujeto del Derecho Internacional. Dos movimientos de liberación a los que otorgó la condición de observador son la Organización de Liberación Palestina (actualmente Palestina en la terminología de las Naciones Unidas, según la A/RES/57/250), en 1974, y la Organización Popular del África Sudoccidental (SWAPO), en 1976, la SWAPO fue reconocida por la AG como único representante del pueblo namibiano hasta las elecciones en Namibia en 1989 (sobre la cuestión de Namibia, v. comentario al Art.80). Las organizaciones intergubernamentales que tienen la condición de observador pueden ser de índole regional y política, como la Organización de la Unidad Africana, la Unión Europea y la Organización de la Conferencia Islámica, o tener un campo de acción más amplio, como el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Comité Jurídico Consultivo AsiáticoAfricano. Todos los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, así como el Organismo Internacional de Energía Atómica, tienen derecho a ser observadores en la AG. Las NU, a su vez, tienen derechos de observador en cada organismo especializado (v. Art.63). Actualmente, son observadores permanentes ante la AG: Asociación de Estados del Caribe, Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional, Asociados para la Población y el Desarrollo, Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, Centro Internacional de Formulación de Políticas Migratorias, Comité Internacional de la Cruz Roja, Comunidad Andina, Comunidad de Estados del Sahara y del Sahel, Comunidad de Estados Independientes, Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, Comunidad del África Meridional para el Desarrollo, Comunidad del África Oriental, Comunidad del Caribe, Comunidad Económica de Eurasia, Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, Comunidad Económica de los Estados del África Central, Comunidad Europea, Consejo de Cooperación Aduanera, Consejo de Europa, Corte Penal Internacional, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, y de la Media Luna Roja, Foro de las Islas del Pacífico, Grupos de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, GUUAM, Instituto Internacional de Democracia y Asistencia Electoral, Instituto Internacional de Derecho del Desarrollo, Liga de los Estados Árabes, Orden Soberana y Militar de Malta, Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, Organización Consultiva Jurídica Asiático-Africana, Organización de Cooperación de Shanghai, Organización de Cooperación Económica, Organización de Cooperación Económica del Mar Negro, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Organización de Estados del Caribe Oriental, Organización de la Conferencia Islámica, Organización de los Estados Americanos, Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, Organización Hidrográfica Internacional, Organización Internacional de la Comunidad de Habla Francesa, Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), Organización Internacional para las Migraciones, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Palestina, Parlamento Latinoamericano, Santa Sede, Secretaría del Commonwealth, Sistema de la Integración Centroamericana, Sistema Económico Latinoamericano, Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Tribunal Permanente de Arbitraje, Unión Africana, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos y Unión Interparlamentaria. Estos son los Miembros admitidos en las Naciones Unidas, acompañados de la fecha de admisión: MIEMBRO

FECHA DE ADMISIÓN

Afganistán Albania Alemania1 Andorra Angola Antigua y Barbuda Argelia Armenia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahrein Bangladesh Barbados

19 de noviembre de 1946 14 de diciembre de 1955 18 de septiembre de 1973 28 de julio de 1993 1 de diciembre de 1976 11 de noviembre de 1981 8 de octubre de 1962 2 de marzo de 1992 14 de diciembre de 1955 2 de marzo de 1992 18 de septiembre de 1973 21 de septiembre de 1971 17 de septiembre de 1974 9 de diciembre de 1966

RECOMENDACIÓN DECISIÓN AG CS S/RES/8 (1946) A/RES/34 (I) S/RES/109 (1955) A/RES/995 (X) S/RES/335 (1973) A/RES/3050 (XXVIII) S/RES/848 (1993) A/RES/47/232 S/RES/397 (1976) A/RES/31/44 S/RES/492 (1981) A/RES/36/26 S/RES/176 (1962) A/RES/1754 (XVII) S/RES/735 (1992) A/RES/46/222 S/RES/109 (1955) A/RES/995 (X) S/RES/742 (1992) A/RES/46/230 S/RES/336 (1973) A/RES/3051 (XXVIII) S/RES/296 (1971) A/RES/2752 (XXVI) S/RES/351 (1974) A/RES/3203 (XXIX) S/RES/230 (1966) A/RES/2175 (XXI)

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Carta de las Naciones Unidas

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25 de septiembre de 1981 20 de septiembre de 1960 21 de septiembre de 1971 22 de mayo de 1992 17 de octubre de 1966 21 de septiembre de 1984 14 de diciembre de 1955 20 de septiembre de 1960 18 de septiembre de 1962 16 de septiembre de 1975 14 de diciembre de 1955 20 de septiembre de 1960 12 de noviembre de 1975 10 de septiembre de 2002 20 de septiembre de 1960 20 de septiembre de 1960 22 de mayo de 1992 20 de septiembre de 1960 20 de septiembre de 1960 20 de septiembre de 1977 18 de diciembre de 1978 9 de diciembre de 1971 28 de mayo de 1993 19 de enero de 1993 22 de mayo de 1992 14 de diciembre de 1955 17 de septiembre de 1991

RECOMENDACIÓN CS S/RES/491 (1981) S/RES/147 (1960) S/RES/292 (1971) S/RES/755 (1992) S/RES/224 (1966) S/RES/548 (1984) S/RES/109 (1955) S/RES/149 (1960) S/RES/173 (1962) S/RES/372 (1975) S/RES/109 (1955) S/RES/133 (1960) S/RES/376 (1975) S/RES/1426 (2002) S/RES/152 (1960) S/RES/150 (1946) S/RES/753 (1992) S/RES/151 (1960) S/RES/155 (1960) S/RES/412 (1977) S/RES/442 (1978) S/RES/304 (1971) S/RES/828 (1993) S/RES/800 (1993) S/RES/754 (1992) S/RES/109 (1955) S/RES/709 (1991)

A/RES/36/3 A/RES/1481 (XV) A/RES/2751 (XXVI) A/RES/46/237 A/RES/2136 (XXI) A/RES/39/1 A/RES/995 (X) A/RES/1483 (XV) A/RES/1749 (XVII) A/RES/3363 (XXX) A/RES/995 (X) A/RES/1476 (XV) A/RES/3385 (XXX) A/RES/57/1 A/RES/1486 (XV) A/RES/1484 (XV) A/RES/46/238 A/RES/1485 (XV) A/RES/1489 (XV) A/RES/32/1 A/RES/33/107 A/RES/2794 (XXVI) A/RES/47/230 A/RES/47/222 A/RES/46/236 A/RES/995 (X) A/RES/46/4

8 de abril de 1993

S/RES/817 (1993)

A/RES/47/225

13 de octubre de 1970 14 de diciembre de 1955 20 de septiembre de 1960 21 de septiembre de 1965 31 de julio de 1992 8 de marzo de 1957 17 de septiembre de 1974 12 de diciembre de 1958 17 de septiembre de 1974 12 de noviembre de 1968 20 de septiembre de 1966 14 de diciembre de 1955 28 de septiembre de 1950 14 de diciembre de 1955 19 de noviembre de 1946 17 de septiembre de 1991 19 de septiembre de 1978 11 de mayo de 1949 14 de diciembre de 1955 14 de diciembre de 1955 18 de septiembre de 1962 18 de diciembre de 1956 14 de diciembre de 1955 2 de marzo de 1992 16 de diciembre de 1963 2 de marzo de 1992 14 de septiembre de 1999

S/RES/287 (1970) S/RES/109 (1955) S/RES/153 (1960) S/RES/200 (1965) S/RES/763 (1992) S/RES/124 (1957) S/RES/352 (1974) S/RES/131 (1958) S/RES/356 (1974) S/RES/260 (1968) S/RES/223 (1966) S/RES/109 (1955) S/RES/86 (1950) S/RES/109 (1955) S/RES/8 (1946) S/RES/704 (1991) S/RES/433 (1978) S/RES/69 (1949) S/RES/109 (1955) S/RES/109 (1955) S/RES/174 (1962) S/RES/121 (1956) S/RES/109 (1955) S/RES/732 (1992) S/RES/185 (1963 S/RES/736 (1992) S/RES/1248 (1999) Decisión de 14/5/1963

A/RES/2622 (XXV) A/RES/995 (X) A/RES/1487 (XV) A/RES/2008 (XX) A/RES/46/241 A/RES/1118 (XI) A/RES/3204 (XXIX) A/RES/1325 (XIII) A/RES/3205 (XXIX) A/RES/2384 (XXIII) A/RES/2133 (XXI) A/RES/995 (X) A/RES/491 (V) A/RES/995 (X) A/RES/34 (I) A/RES/46/3 A/RES/33/1 A/RES/273 (III) A/RES/995 (X) A/RES/995 (X) A/RES/1750 (XVII) A/RES/1113 (XI) A/RES/995 (X) A/RES/46/224 A/RES/1976 (XVIII) A/RES/46/225 A/RES/54/1

MIEMBRO

FECHA DE ADMISIÓN

Belice Benin Bhután Bosnia y Herzegovina2 Botswana Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi Cabo Verde Camboya Camerún Comoras Confederación Suiza Congo Côte d'Ivoire Croacia3 Chad Chipre Djibouti Dominica Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia4 Eslovenia5 España Estonia ex República Yugoslava de Macedonia6 Fiji Finlandia Gabón Gambia Georgia Ghana Granada Guinea Guinea Bissau Guinea Ecuatorial Guyana Hungría Indonesia Irlanda Islandia Islas Marshall Islas Salomón Israel Italia Jamahiriya Árabe Libia Jamaica Japón Jordania Kazajstán Kenya Kirguistán Kiribati Kuwait

14 de mayo de 1963

DECISIÓN AG

A/RES/1872 (S-IV)

Capítulo II - Miembros

17 de octubre de 1966 17 de septiembre de 1991 18 de septiembre de 1990 17 de septiembre de 1991 20 de septiembre de 1960 17 de septiembre de 1957 1 de diciembre de 1964 21 de septiembre de 1965 28 de septiembre de 1960 1 de diciembre de 1964 12 de noviembre de 1956 24 de abril de 1968 27 de octubre de 1961

RECOMENDACIÓN CS S/RES/225 (1966) S/RES/710 (1991) S/RES/663 (1990) S/RES/711 (1991) S/RES/140 (1960) S/RES/125 (1957) S/RES/195 (1964) S/RES/212 (1965) S/RES/159 (1960) S/RES/196 (1964) S/RES/115 (1956) S/RES/249 (1968) S/RES/167 (1961)

A/RES/1111 (XI) A/RES/2371 (XXII) A/RES/1631 (XVI)

17 de septiembre de 1991

S/RES/703 (1991)

A/RES/46/2

28 de mayo de 1993 27 de octubre de 1961 28 de junio de 2006 16 de septiembre de 1975 19 de abril de 1948 23 de abril de 1990 14 de septiembre de 1999 14 de diciembre de 1955 20 de septiembre de 1960 7 de octubre de 1960 7 de octubre de 1971 30 de septiembre de 1947 15 de diciembre de 1994 10 de octubre de 1975 14 de diciembre de 1955 21 de septiembre de 1971 20 de septiembre de 1960 19 de enero de 1993 17 de septiembre de 1991

S/RES/829 (1993) S/RES/166 (1961) S/RES/1691 (2006) S/RES/374 (1975) S/RES/45 (1948) S/RES/652 (1990) S/RES/1249 (1999) S/RES/109 (1955) S/RES/148 (1960) S/RES/160 (1960) S/RES/299 (1971) S/RES/29 (1947) S/RES/963 (1994) S/RES/375 (1975) S/RES/109 (1955) S/RES/297 (1971) S/RES/154 (1960) S/RES/801 (1993) S/RES/702 (1991)

A/RES/47/231 A/RES/1630 (XVI) A/RES/60/264 A/RES/3365 (XXX) A/RES/188 (S-2) A/RES/S-18/1 A/RES/54/2 A/RES/995 (X) A/RES/1482 (XV) A/RES/1492 (XV) A/RES/2754 (XXVI) A/RES/108 (II) A/RES/49/63 A/RES/3368 (XXX) A/RES/995 (X) A/RES/2753 (XXVI) A/RES/1488 (XV) A/RES/47/221 A/RES/46/1

27 de septiembre de 2002

S/RES/1414 (2002)

A/RES/57/3

20 de septiembre de 1960

S/RES/142 (1960)

A/RES/1480 (XV)

14 de diciembre de 1955

S/RES/109 (1955)

A/RES/995 (X)

2 de marzo de 1992

S/RES/739 (1992)

A/RES/46/223

17 de septiembre de 1991

S/RES/702 (1991)

A/RES/46/1

14 de diciembre de 1961

S/RES/170 (1961)

A/RES/1667 (XVI)

14 de diciembre de 1955 18 de septiembre de 1962 23 de septiembre de 1983 15 de diciembre de 1976 2 de marzo de 1992 18 de septiembre de 1979 16 de septiembre de 1975

S/RES/109 (1955) S/RES/172 (1962) S/RES/537 (1983) S/RES/399 (1976) S/RES/744 (1992) S/RES/453 (1979) S/RES/373 (1975)

A/RES/995 (X) A/RES/1748 (XVII) A/RES/38/1 A/RES/31/104 A/RES/46/231 A/RES/34/1 A/RES/3364 (XXX)

16 de septiembre de 1980

S/RES/464 (1980)

A/RES/35/1

28 de septiembre de 1960 1° de noviembre de 2000 21 de septiembre de 1976 27 de septiembre de 1961

S/RES/158 (1960) S/RES/1326 (2000) S/RES/394 (1976) S/RES/165 (1961)

A/RES/1490 (XV) A/RES/55/12 A/RES/31/1 A/RES/1623 (XVI)

MIEMBRO

FECHA DE ADMISIÓN

Lesotho Letonia Liechtenstein Lituania Madagascar Malasia7 Malawi Maldivas Malí Malta Marruecos Mauricio Mauritania Micronesia(Estados Federados de) Mónaco Mongolia Montenegro8 Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal Níger Nigeria Omán Pakistán Palau Papua Nueva Guinea Portugal Qatar República Centroafricana República Checa9 República de Corea República Democrática de Timor Oriental República Democrática del Congo10 República Democrática Popular Lao República de Moldova República Popular Democrática de Corea República Unida de Tanzanía11 Rumania Rwanda Saint Kitts y Nevis Samoa San Marino Santa Lucía Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal Serbia12 Seychelles Sierra Leona

DECISIÓN AG A/RES/2137 (XXI) A/RES/46/5 A/RES/45/1 A/RES/46/6 A/RES/1479 (XV) A/RES/1134 (XII) Decisión de 1/12/64

A/RES/2009 (XX) A/RES/1491 (XV) Decisión de 1/12/64

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Carta de las Naciones Unidas

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MIEMBRO

FECHA DE ADMISIÓN

Singapur Somalia Sri Lanka Sudán Suecia Suriname Swazilandia Tailandia Tayikistán Togo Tonga Trinidad y Tobago Túnez Turkmenistán Tuvalu Uganda Uzbekistán Vanuatu Viet Nam Yemen13

21 de septiembre de 1965 20 de septiembre de 1960 14 de diciembre de 1955 12 de noviembre de 1956 19 de noviembre de 1946 4 de diciembre de 1975 24 de septiembre de 1968 16 de diciembre de 1946 2 de marzo de 1992 20 de septiembre de 1960 14 de septiembre de 1999 18 de septiembre de 1962 12 de noviembre de 1956 2 de marzo de 1992 5 de septiembre de 2000 25 de octubre de 1962 2 de marzo de 1992 15 de septiembre de 1981 20 de septiembre de 1977 30 de septiembre de 1947

RECOMENDACIÓN CS S/RES/213 (1965) S/RES/141 (1960) S/RES/109 (1955) S/RES/112 (1956 S/RES/8 (1946) S/RES/382 (1975) S/RES/257 (1968) S/RES/13 (1946) S/RES/738 (1992) S/RES/136 (1960) S/RES/1253 (1999) S/RES/175 (1962) S/RES/116 (1956) S/RES/741 (1992) S/RES/1290 (2000) S/RES/177 (1962) S/RES/737 (1992) S/RES/489 (1981) S/RES/413 (1977) S/RES/29 (1947)

Zambia Zimbabwe

1 de diciembre de 1964 25 de agosto de 1980

S/RES/197 (1964) S/RES/477 (1980)

DECISIÓN AG A/RES/2010 (XX) A/RES/1479 (XV) A/RES/995 (X) A/RES/1110 (XI) A/RES/34 (I) A/RES/3413 (XXX) A/RES/2376 (XXIII) A/RES/101 (I) A/RES/46/228 A/RES/1477 (XV) A/RES/54/3 A/RES/1751 (XVII) A/RES/1112 (XI) A/RES/46/229 A/RES/55/1 A/RES/1758 (XVII) A/RES/46/226 A/RES/36/1 A/RES/32/2 A/RES/108 (II) Decisión de 1/12/64

A/RES/S-11/1

El 3 de octubre de 1990, la República Democrática Alemana y la República Federal de Alemania se unieron para formar un sólo Estado Miembro con el nombre de República Federal de Alemania. 2 La República de Bosnia y Herzegovina fue admitida como Miembro de las NU en virtud de la resolución 46/237 de la AG, de 22 de mayo de 1992 (v. nota 12). 3 La República de Croacia fue admitida como Miembro de las NU en virtud de la resolución 46/238 de la AG, de 22 de mayo de 1992 (v. nota 12). 4 Checoslovaquia fue un Miembro originario de las NU desde el 24 de octubre de 1945. En una carta fechada el 10 de diciembre de 1992, su Representante Permanente informó al SG que la República Federal Checa y Eslovaca dejarían de existir el 31 de diciembre de 1992 y que la República Checa y Eslovaquia, como estados sucesores, requerirían una inscripción formal de membresía a las NU. La República Checa y Eslovaquia fueron admitidos como Estados Miembros el 19 de enero de 1993 5 La República de Eslovenia fue admitida como Miembro de las NU en virtud de la resolución 46/236 de la AG, de 22 de mayo de 1992 (v. nota 12). 6 Mediante resolución 47/225, de 8 de abril de 1993, la AG decidió admitir como Miembro de las NU al Estado que, a todos los efectos dentro de las Naciones Unidas, es designado provisionalmente "la ex República Yugoslava de Macedonia" hasta tanto se llegue a un arreglo sobre la diferencia que ha surgido con respecto al nombre del Estado (v. nota 12). Ver también S/25545 . 7 La Federación de Malaya se incorporó a las NU el 17 de septiembre de 1957. El 16 de septiembre de 1963 cambió su nombre por el de Malasia, después de que se hubiera admitido en la nueva federación a Singapur, Sabah (Borneo Septentrional) y Sarawak. Singapur se independizó el 9 de agosto de 1965 y fue admitido como Miembro de las Naciones Unidas el 21 de septiembre de 1965). 8 La República de Montenegro fue admitida como Miembro de las NU el 28 de junio de 2006 (v. nota 13) 9 V. nota 4 10 Zaire se incorporó a las NU el 20 de septiembre de 1960. El 17 de mayo de 1997, su nombre cambió al de República Democrática del Congo. 11 Tanganyika se incorporó a las NU el 14 de diciembre de 1961, y Zanzíbar lo hizo el 16 de diciembre de 1963. Tras haberse ratificado el 26 de abril de 1964 el Convenio de Unión entre Tanganyika y Zanzíbar, la República Unida de Tanganyika y Zanzíbar continuaron como un solo Estado Miembro, y el 1 de noviembre de 1964 cambiaron su nombre por el de República Unida de Tanzania. 12 La República Federativa Socialista de Yugoslavia fue uno de los Miembros originarios de las NU, y como tal firmó la carta el 26 de junio de 1945 y la ratificó el 19 de octubre de 1945, hasta su disolución tras el establecimiento y posterior admisión como nuevos miembros de Bosnia y Herzegovina, la República de Croacia, la República de Eslovenia, la ex República yugoslava de Macedonia, y la República Federativa de Yugoslavia. La República Federativa de Yugoslavia fue admitida como Miembro de las NU en virtud de la resolución 55/12 de la AG, de 1 de noviembre de 2000. En 2003, modificó su nombre por el de Serbia y Montenegro. El 3 de junio de 2006, tras la declaración de independencia aprobada por la Asamblea Nacional de Montenegro, la Unión de los Estados de Serbia y Montenegro dejó de existir. También el 3 de junio de 2006, el Secretario General recibió una carta en la que se le informaba de que a Serbia y Montenegro le sucedería en su calidad de Miembro de las Naciones Unidas la República de Serbia

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Capítulo II - Miembros 13

El 30 de septiembre de 1947 la AG decidió admitir como Miembro de las Naciones Unidas al Estado de la República Árabe de Yemen. El 14 de diciembre de 1967 la As amblea General decidió admitir como Miembro de las Naciones Unidas al Estado de la República Democrática Popular de Yemen. El 22 de mayo de 1990 se unieron para formar un sólo estado con el nombre de Yemen.

Artículo 5 Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya sido objeto de acción preventiva o coercitiva por parte del Consejo de Seguridad podrá ser suspendido por la Asamblea General, a recomendación del Consejo de Seguridad, del ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a su calidad de Miembro. El ejercicio de tales derechos y privilegios podrá ser restituido por el Consejo de Seguridad. El artículo prevé la suspensión de los derechos y privilegios a los miembros, pero no de sus obligaciones. El requisito exigido es que el miembro que sea suspendido haya sido objeto de acción preventiva o coercitiva por parte del CS (ya que es el único capacitado para ello, Cap. VII). Existe una discusión en cuanto a qué debe entenderse por “acción preventiva o coercitiva”, ya que la Carta no lo define, pese a referirse a tales acciones en este artículo, y en los Arts. 1.5 y 50. Sin embargo, el Art.45 hace referencia a una “acción coercitiva” y como éste se refiere a acciones del Art.42, podemos concluir que, cuando la Carta habla de acción preventiva o coercitiva, debe tratarse sin duda de las medidas contempladas en los Arts.41 y 42. La decisión es tomada por la AG (con mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, Art.18.2) a recomendación del CS (con votación de sustancia, Art.27.3), pero este último puede por sí mismo restituir al miembro sus derechos, lo cual se explica porque es el órgano que decide la adopción y cese de las medidas preventivas o coercitivas. El artículo no se ha aplicado nunca en la práctica de las Naciones Unidas, aún cuando fue invocado por varios Estados. Así, fue invocado contra Portugal con relación a la situación en los territorios bajo administración portuguesa; contra Israel por la situación en los territorios árabes ocupados, la cuestión de Palestina y la situación en el Oriente Medio; contra Sudáfrica por persistir en su política de apartheid y por su abierta actitud de desafío a las decisiones del CS y las resoluciones de la AG (sobre Sudáfrica, v. comentario al Art.80). Es interesante tener presente que en dos casos se hicieron referencias a los términos del artículo 5, en virtud del cual la acción preventiva o coercitiva por parte del CS contra un Estado Miembro se considera un requisito indispensable para la suspensión del ejercicio de los derechos y privileg ios inherentes a su calidad de Miembro. Durante el examen por el CS de la cuestión relativa a los Territorios bajo administración portuguesa, se señaló que no se había cumplido ese requisito. Se señaló asimismo que el CS, al no haber adoptado una "acción preventiva o coercitiva" contra Portugal en relación con la totalidad de los Territorios bajo su administración, no podía recomendar a la AG la medida prevista en el artículo 5. Respecto de la cuestión de la política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica se sostuvo en el CS que, al aprobar su resolución 181 (1963), de 7 de agosto de 1963, por la que se pedía un embargo total sobre la venta y envío de armas a Sudáfrica, el CS había adoptado en efecto una acción "preventiva", y, puesto que Sudáfrica no había tomado ninguna medida concreta para corregir la situación que había conducido a la aprobación de la resolución mencionada, se debería invocar el artículo 5 contra ese Estado. La CIJ se refirió también al artículo, junto con el Art.6, en su opinión consultiva de 20 de julio de 1962; en lo que hace a las relaciones prescritas por la Carta entre la AG y el CS, la Corte observó, respecto de la suspensión de los derechos y privilegios de la calidad de Miembro y de la privación de esa calidad de conformidad con los Arts. 5 y 6, que «el Consejo de Seguridad era el único facultado para efectuar recomendaciones y que la Asamblea General era la que decidía, decisión que determinaba la situación, si bien existía una estrecha colaboración entre ambos órganos. Esos poderes de decisión de la Asamblea General de conformidad con los Artículos 5 y 6, añadía la Corte, se referían específicamente a las medidas preventivas o coercitivas» (CIJ: “Ciertos gastos de las Naciones Unidas, opinión consultiva de 20 de julio de 1962). .

Artículo 6 Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los Principios contenidos en esta Carta podrá ser expulsado de la Organización por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. 35

Carta de las Naciones Unidas

La condición que exige el artículo es que el miembro que vaya a ser expulsado (máxima sanción que prevé la Carta) haya violado repetidamente los principios de la Carta, es decir, no se requiere que el CS haya tomado medidas como prevé el Art.5, por lo cual se dice que ésta es una sanción autónoma, en cambio la del Art.5 es complementaria. El procedimiento es similar al del Art.5, con las mismas mayorías exigidas en el CS (Art.27.3) y en la AG (Art.18.2). Es interesante ver que los órganos legitimados para la expulsión de un miembro, son los mismos que para su admisión, e incluso el procedimiento y mayorías exigidas son similares. Del mismo modo que el Art.5, el supuesto tampoco ha sido aplicado en la práctica, sin embargo, se planteó su aplicación en el CS en dos oportunidades. El primer caso se dio en la 709ª sesión (22 de diciembre e 1955), cuando se presentó al CS un proyecto de resolución por el cual el CS decidía «expulsar a Israel de las Naciones Unidas en virtud del Artículo 6 de la Carta por su persistente violación de los principios de la Carta»; tal proyecto no fue votado por el CS. El segundo caso se dio en la 1802ª sesión (25 de octubre de 1974), cuando el CS examinaba las relaciones entre las NU y Sudáfrica, en la que se sometió a su consideración un proyecto de resolución (S/11543), copatrocinado por Kenya, Mauritania, la República Unida del Camerún y, posteriormente, Iraq, cuyo texto es el siguiente: «El Consejo de Seguridad, Habiendo examinado la resolución 3207 (XXIX) de la Asamblea General, de 30 de septiembre de 1974, en la que la Asamblea pidió al Consejo de Seguridad que examinara “las relaciones entre las Naciones Unidas y Sudáfrica teniendo en cuenta la continua violación por esta última de los principios de la Carta y de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, Habiendo oído las declaraciones de las personas invitada a dirigirse al Consejo sobre esta cuestión, Tomando nota el informe del comité del apartheid sobre “Violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y de resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad por el régimen de Sudáfrica (S/11537), Teniendo presentes las disposiciones de la Carta con respecto a los derechos y obligaciones de los Estados Miembros, en particular los Artículos 1, 2, 6, 55 y 56, Recordando sus resoluciones 134 (1960) de 1º de abril de 1960, 181 (1963) de 7 de agosto de 1963, 182 (1963) de 4 de diciembre de 1963, 190 (1964) de 9 de junio de 1964, 282 (1970) de 23 de julio de 1970 y 311 (1972) de 4 de febrero de 1972 sobre la cuestión de la política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica, Reafirmando que la política de apartheid es contraria a los principios y propósitos de la Carta e incompatible con las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como con las obligaciones de Sudáfrica conforme a la Carta, Recordando que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad han condenado más de una vez al Gobierno de Sudáfrica por su persistente negativa a abandonar su política de apartheid y cumplir con las obligaciones que le impone la Carta, según lo han pedido el Consejo y la Asamblea, Observando con preocupación que Sudáfrica se niega a retirar sus fuerzas policiales y militares y su personal civil del Territorio de Namibia bajo Mandato y a cooperar con las Naciones Unidas para que el pueblo de Namibia en su totalidad pueda alcanzar la libre determinación y la independencia, Observando además que, en violación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, particularmente de la resolución 253 (1968), de 29 de mayo de 1968, Sudáfrica no solamente ha prestado apoyo al régimen ilegal de Rhodesia del Sur, sin que también ha enviado a ese Territorio personal militar y policial con el propósito de reforzar a ese régimen en su tentativa de impedir que el pueblo del Territorio ejerza sus derechos inalienables, Considerando que deben tomarse medidas eficaces para resolver la situación actual resultante de la política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica, Recomienda a la Asamblea General que expulse inmediatamente a Sudáfrica de las Naciones Unidas en cumplimiento del Artículo 6 de la Carta»; al presentar el proyecto de resolución en la 1806ª sesión (29 de octubre de 1974), uno de los patrocinadores manifestó que la política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica era a todas luces incompatible con sus obligaciones como Estado Miembro de las NU y que el CS había expresado reiteradamente su profunda preocupación por la grave amenaza que la situación existente en Sudáfrica entrañaba para la paz y la seguridad en la región; recordó también que Sudáfrica había desafiado repetidamente las decisiones de las NU en violación del Art.25 de la Carta; en vista de las circunstancias, Sudáfrica no merecía otra cosa que la expulsión de la Organización con arreglo al artículo 6; rechazó el argumento de que tal medida violaría el principio de universalidad, ya que si Sudáfrica continuaba siendo Miembro de las NU quedaría en entredicho la Carta y por ende se socavarían las bases de la Organización. Otro representante opinó que el CS debía recomendar la suspensión de Sudáfrica como Miembro de las NU en cumplimiento del Art.5, fijando al mismo tiempo la fecha en la que el Gobierno de Sudáfrica debería comenzar a cumplir determinadas medidas provisionales en relación con su retirada de Namibia, establecidas con arreglo al Art.40. Algunos representantes plantearon un tercer argumento y alertaron en contra de la aplicación del recurso de expulsión previsto en el artículo 6 en las circunstancias reinantes, ya que la expulsión debía considerarse como la última opción si todas las demás medidas habían fracasado; se opusieron a la presión que ejercía la AG sobre el CS al respecto y recalcaron que era responsabilidad exclusiva del CS dirigir a la AG una recomendación relativa a la expulsión de un Estado Miembro; insistieron además en que se debía observar cuidadosamente el principio de la universalidad en cuestiones relativas a los Miembros. En la 1808ª sesión, celebrada el 30 de octubre

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Capítulo II - Miembros

de 1974, se sometió a votación el proyecto de resolución, que obtuvo 10 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. No fue aprobado por los votos negativos de 3 miembros permanentes (Estados Unidos, Francia y el Reino Unido; v. S/PV.1808). La Carta no prevé el supuesto de la retirada voluntaria de la Organización (aún cuando en la Conferencia de San Francisco se había hecho una declaración interpretativa al respecto, la que no preveía ninguna cuestión práctica), hecho que ocurrió en una oportunidad. En efecto, por carta de 20 de enero de 1965, el Viceprimer Ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia informaba al Secretario General de que su gobierno «en este momento y en vista de las actuales circunstancias, ha decidido retirarse de las Naciones Unidas » (esas circunstancias era la elección de Malasia como miembro no permanente del CS, Estado que no era reconocido por Indonesia). La AG y el CS no tomaron ninguna decisión al respecto, pero a partir del 1 de marzo de 1965, Indonesia dejó de contribuir a los gastos de la Organización, de figurar en la lista de miembros y su bandera y la placa con su nombre fueron retiradas de la Sede. El 19 de septiembre de 1966, Indonesia anunció por telegrama su decisión de «reanudar su plena cooperación con las Naciones Unidas, así como participar en sus actividades». El 28 de septiembre, el Presidente de la AG, luego de hacer una exposición explicando todas las circunstancias del caso, formuló esta declaración: «Los miembros de la Asamblea General recordarán que el telegrama de fecha 19 de septiembre de 1966 se refiere a la decisión del Gobierno de Indonesia de “reanudar su plena cooperación con las Naciones Unidas”. En consecuencia, parecería que el Gobierno de Indonesia considera que su reciente ausencia de la Organización no se basaba en un retiro de las Naciones Unidas, sino en una cesación de cooperación. Las medidas adoptadas hasta el momento por las Naciones Unidas en lo atinente a esta cuestión no parecerían descartar tal opinión. Si esta es también la opinión general de los Miembros de la Organización, el Secretario General dará instrucciones para que se adopten las medidas administrativas requeridas a efectos de que Indonesia vuelva a participar en las labores de la Organización. Cabe presumir que Indonesia, desde el momento en que reanude su participación, ha de satisfacer en forma total sus obligaciones presupuestarias. Si la opinión general es que la condición de Miembro ha seguido existiendo durante todo el período de no participación, el Secretario General tendría intenciones de negociar con los representantes de Indonesia un pago adecuado para dicho período […]. De no haber objeciones, daré por sentado que es voluntad de los Miembros de las Naciones Unidas que Indonesia reanude su plena participación en las actividades de la Organización […]. No habiendo objeciones, invito a los miembros de la delegación de Indonesia a que ocupen su lugar en la Asamblea General.» La decisión de Indonesia plantea el problema de si se trató de un verdadero retiro de la Organización o sólo la “suspensión de la cooperación”, supuesto este último que parecería ser el adecuado dado su regreso, pero algunos autores piensan que “es insoslayable que se retiró al menos temporalmente” (Diez de Velazco, “Las Organizaciones Internacionales”).

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Carta de las Naciones Unidas

CAPÍTULO III ORGANOS Artículo 7 1. Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas: una Asamblea General, un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, una Corte Internacional de Justicia y una Secretaría. 2. Se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones de la presente Carta, los órganos subsidiarios que se estimen necesarios. El párrafo primero establece seis órganos principales, que se corresponden con la clasificación de los órganos de las organizaciones internacionales: un órgano deliberativo, la AG (v. Cap.IV), de composición amplia (Art.9.1) con competencia general (Art.10); un órgano decisorio, el CS (v. Cap.V), de composición restringida (Art.23), competencia limitada (Art.24), cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio (Art.25); dos órganos consultivos, el ECOSOC (v. Cap.X) y el CAF (v. Cap.XIII), con competencia especializada (Arts. 62 y 87, respectivamente); un órgano jurisdiccional, la CIJ (v. Cap.XIV y ECIJ); y un órgano administrativo, la Secretaría (v. Cap.XV). Cada uno de ellos tiene una competencia delimitada por la Carta. Se discute si los seis órganos están en pie de igualdad, o existe algún grado de subordinación entre ellos. Así, se sostiene (cfr. Diez de Velasxo, op. cit.) que la AG, el CS y la CIJ son órganos autónomos, ya que en el ejercicio de sus competencias son independientes de cualquier otro. La autonomía del ECOSOC y del CAF es dudosa, ya que ejercen sus competencias “bajo la autoridad de la Asamblea” (Arts. 60 y 85.2, respectivamente). Por último, el SG tiene una autonomía limitada, ya que es el secretario de la AG y de los tres consejos y “desempeñará las demás funciones que le encomienden dichos órganos” (Art.98). Los redactores de la Carta dotaron a la Organización de un número reducido de órganos, pero previeron la posibilidad de que su estructura se ampliase, autorizando la creación de órganos subsidiarios, que son aquellos que dependen del órgano principal que los crea. El párrafo segundo nos dice que podrán establecerse aquellos “que se estimen necesarios”, norma que se ha interpretado con gran amplitud. Así, la AG (Art.22), el CS (Art.29), el Comité de Estado Mayor (Art.47.4, pese a que también es un órgano subsidiario del CS), el ECOSOC (Art.68) y el CAF (Art.66 de su reglamento) están autorizados por la Carta a crear órganos subsidiarios, cosa que han hecho con profusión, transformando al sistema de las NU en la organización internacional más compleja que se haya visto. También el SG los ha creado con o sin petición de otro órgano principal. Incluso algunos órganos subsidiarios han sido autorizados a crear órganos dependientes de ellos. Los caracteres comunes de los órganos subsidiarios son: el ser creados bajo la autoridad de un órgano principal (o de otro órgano subsidiario, según el caso), el hecho de que sus miembros, estructura, funciones y poderes sean establecidos y modificados por un órgano principal, y la posibilidad de ser disueltos por decisión del órgano que los haya creado. Estos órganos, en tanto que son creados por una decisión de uno de los órganos autorizados por la Carta, no deben ser confundidos con los organismos especializados (v. Art.57) que son verdaderas organizaciones internacionales creadas por tratados, que están vinculados a las NU por acuerdos especiales (v. Art.63). Sin embargo, pueden existir también órganos subsidiarios creados no por decisión de un órgano principal, sino por un tratado (sin por ello ser un organismo especializado), en cuyo caso, su naturaleza derivará de los términos del tratado, los cuales establecerán a qué otro órgano estará subordinado; así sucede con varios de los Comités de Derechos Humanos establecidos por los tratados de la materia (PIDCP, CAT, CERD, CEDAW y CRC, por ejemplo; v. Art.55). En los comentarios a los Arts. 22, 29, 68 y 90 mencionaremos algunos de los órganos subsidiarios de la AG, el CS, el ECOSOC y el CAF, respectivamente.

Artículo 8 La Organización no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres para participar en condiciones de igualdad y en cualquier carácter en las funciones de sus órganos principales y subsidiarios. La norma es concordante con lo establecido en el Preámbulo sobre la “igualdad de derechos de hombres y mujeres”, y constituye una aplicación práctica del principio de no discriminación, que

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Capítulo II - Miembros

fue consagrado con posterioridad en la DUDH (Art.7), el PIDCP (Art.3), PIDESC (Art.3), y en la CEDAW. Asimismo, el Art.7, inc. a), ap. i) del PIDESC dice: «debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con s alario igual por trabajo igual». La CEDAW contiene varias disposiciones al respecto, como el Art.11, que consagra sus derechos laborales y, en especial, el Art.8, que dice «Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales.». Asimismo, en el párrafo 193 de la Plataforma de Acción de Beijing, aprobado en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, se expresó que las NU debía tomar, entre otras medidas, las siguientes: «a) Aplicar las políticas y medidas existentes y adoptar otras nuevas en materia de empleo y categorías superiores a fin de lograr una igualdad general de mujeres y hombres, especialmente en el cuadro orgánico y categorías superiores, para el año 2000, teniendo debidamente en cuenta la importancia de contratar personal con arreglo a una distribución geográfica lo más amplia posible, de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas; b) Desarrollar mecanismos para presentar a mujeres como candidatas para el nombramiento a puestos superiores en las Naciones Unidas, los organismos especializados y otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas» (A/CONF.177/20/Rev.1). La AG incluyó en su programa un tema vinculado a este artículo, titulado “Mejoramiento de la situación de la mujer en el sistema de las Naciones Unidas”, y aprobó varias resoluciones, como la 55/69, la 56/127, la 57/180, la 58/144 y la 59/164, en las que, invocando expresamente este artículo 8, afirma, entre otras cosas, «el objetivo urgente de que las mujeres ocupen el 50% de los puestos de todas las categorías de puestos dentro del sistema de las Naciones Unidas, especialmente en las categorías superiores y directivas, respetando plenamente el principio de la distribución geográfica equitativa, de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas» (v. Art.101). También la Comisión de Derechos Humanos (v. Art.68) se ha referido a esta cuestión, en el marco de la denominada “perspectiva de género”, cuyo objetivo, según la misma Comisión lo expresó en su resolución 2005/42, es: «alcanzar la igualdad del hombre y la mujer y que ello incluye garantizar que en todas las actividades de las Naciones Unidas, con inclusión de las conferencias, períodos extraordinarios de sesiones y reuniones en la Cumbre de la Organización, se incorporen los derechos humanos de la mujer»; en la misma resolución instó «a los órganos, organismos e instituciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a que tengan presente, incluso en la contratación de personal, la necesidad de conocimientos especializados y de formación sistemática de todo el personal de las Naciones Unidas en materia de igualdad de género e incorporación de la perspectiva de género en todas las actividades de la Organización, incluidas la prevención de conflictos, las operac iones de mantenimiento y consolidación de la paz y las misiones humanitarias y de protección de los derechos humanos».

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CAPITULO IV LA ASAMBLEA GENERAL Composición Artículo 9 1. La Asamblea General estará integrada por todos los Miembros de las Naciones Unidas. 2. Ningún Miembro podrá tener más de cinco representantes en la Asamblea General. La AG es el órgano principal deliberativo de las Naciones Unidas y se encuentran representados en ella todos los Estados Miembros, en pie de igualdad (v. Art.2.1), tratando de realizar así el principio de la universalidad en la Organización. Los representantes de los Estados no pueden ser más de cinco, con igual número de suplentes. Estos representantes pueden participar en la labor de todos los órganos subsidiarios en los que el Estado actúe, pero sólo los titulares pueden acceder a los cargos directivos de los mismos. Así, el Art.25 RAG establece: «La delegación de cada Miembro se compondrá de cinco representantes y cinco suplentes, como máximo, y de tantos consejeros, asesores técnicos, expertos y personas de categoría similar como juzgue necesarios la delegación»; por su parte, el Art.26 RAG dispone: «Los suplentes podrán actuar como representantes, por designación del jefe de la delegación». Con relación a los poderes de los representantes, que son los documentos emanados de los órganos competentes de sus correspondientes Gobiernos que los autorizan a actuar en nombre y representación de los Estados, el Art. 27 RAG establece que «Las credenciales de los representantes y los nombres de los miembros de cada delegación deberán ser comunicados al Secretario General por lo menos una semana antes de la apertura del período de sesiones. Las credenciales deberán ser expedidas por el Jefe del Estado o del Gobierno, o por el Ministro de Relaciones Exteriores.» El Art.28 RAG establece un órgano encargado de controlar las credenciales: «Al principio de cada período de sesiones se nombrará una Comisión de Verificación de Poderes. Estará integrada por nueve miembros, nombrados por la Asamblea General a propuesta del Presidente. La Comisión elegirá su propia mesa. Examinará las credenciales de los representantes e informará inmediatamente». El informe de la Comisión de Verificación de Poderes es sometido a la AG, quien lo considera y lo aprueba mediante una resolución. El examen de las credenciales, y la existencia de defectos formales en ellas, fue utilizado durante la Guerra Fría como pretexto para impedir la participación de algunos Estados.

Funciones y Poderes Artículo 10 La Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos o cuestiones dentro de los límites de esta Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por esta Carta, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12 podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los Miembros de las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquellos. Dos cuestiones entraña este artículo, las que analizaremos a continuación: la primera es la competencia de la AG, y la segunda, el alcance de la palabra “recomendaciones” y la forma en que estas se exteriorizan. La competencia de la AG es muy amplia, según surge de este artículo, pudiendo discutir cualquier asunto o cuestión, y hacer recomendaciones sobre ello a los miembros, al CS o a ambos. Sin embargo tiene dos limitaciones: primero, como establece el artículo “los límites de la Carta”, y la establecida en el Art.12 (v. Art.12). Así, por ejemplo, los temas relativos al medio ambiente y al desarrollo sostenible, si bien no están enumerados en la Carta, han merecido una atención más que considerable por la AG, pues caen en las previsiones del artículo. Aún cuando el mismo artículo deja en claro la competencia general de la AG, la Carta puntualiza algunas funciones en los Arts. 11 a 17, con el sólo efecto de clarificar algunas cuestiones, pues –no está de más reiterarlo– su competencia es general. Así, los Arts.11 y 12 se refieren a los poderes de la AG en el mantenimiento de la paz y la

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Capítulo IV – La Asamblea General

seguridad internacionales; el Art.13, a la cooperación internacional en el campo político, jurídico, económico y social; el Art.14, a la solución de situaciones que perjudiquen las relaciones amistosas entre los Estados; el Art.15, a la recepción de informes de los otros órganos; el Art.16, al régimen internacional de administración fiduciaria; el Art.17, a las cuestiones presupuestarias. Sin embargo, la AG tiene en algunas cuestiones facultades concurrentes con el CS: en lo relativo a la admisión, suspensión y expulsión de miembros (Arts. 4, 5 y 6); la elección de los miembros de la CIJ (Arts. 4 a 12 ECIJ); y la designación del SG (Art.97). Asimismo, el artículo también faculta a la AG a discutir y hacer recomendaciones sobre cualquier asunto o cuestión “que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por esta Carta”. Sobre ello se hace necesaria una aclaración, vinculada a la autonomía de los órganos principales sobre la que nos hemos referido en el comentario al Art.7; así, la AG podrá discutir y hacer recomendaciones sobre la funciones de cualquiera de los órganos principales, pero tales recomendaciones sólo podrán tener efecto obligatorio en aquellos órganos que no sean completamente autónomos. Es decir, en el caso del CS y la CIJ (los cuales dijimos que son órganos autónomos), la AG sólo puede hacer recomendaciones (como ha hecho, por ejemplo, en el caso del procedimiento de votación del CS –v. Art.27– o de la admisión de nuevos miembros –v. Art.4–) sin efecto obligatorio alguno para los órganos involucrados, fundadas en este artículo 10; en el caso del ECOSOC y del CAF, en cambio, sí puede la AG tomar medidas obligatorias, puesto que ambos órganos actúan bajo su autoridad (Arts. 60 y 85.2); finalmente, en el caso del SG, también puede tomar medidas obligatorias, puesto que este está llamado a desempeñar las funciones que le encomienden los demás órganos (Art.98). La voluntad de la AG se materializa a través de “resoluciones”, las cuales son expresiones formales de la opinión o de la voluntad de los órganos de las NU; generalmente consisten de dos partes claramente definidas: un preámbulo y una parte operativa; el preámbulo generalmente nombra las consideraciones de cuyas bases se toman las acciones, se expresa una opinión o se da una instrucción y la parte operativa declara la opinión del órgano o la acción a ser tomada. Es necesario destacar el alcance de estas recomendaciones. Las mismas, por ser precisamente meras recomendaciones, no poseen fuerza vinculante ni generan efectos jurídicos para los miembr os, salvo aquellas que, como dice el artículo “se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por esta Carta”, cuyo cumplimiento sí es obligatorio por algunos órganos (tal cual lo vimos supra) y los miembros, por evidentes razones de organización. Se discute qué ocurre en cuanto a sus efectos, con aquéllas resoluciones de la AG que adoptan la forma de una solemne declaración, mas no parece correcto afirmar que posean efectos jurídicos, aún cuando sí tengan una fuerza moral mucho mayor que las demás, por representar la opinión de la mayoría de los miembros de la comunidad internacional. Algunos autores (Diez de Velazco, “Instituciones de Derecho Internacional Público”) destacan los efectos que algunas resoluciones de la AG producen en la formación del Derecho Internacional, pese a no ser obligatorias, declarando, cristalizando, o hasta constituyendo normas consuetudinarias; es decir, para estos autores, habría una suerte de interacción entre las resoluciones de la AG y la práctica de los Estados en la formación de la costumbre internacional, que, como sabemos, es la principal fuente del Derecho Internacional. La CIJ se ha pronunciado sobre las resoluciones de la AG: «La Corte observa que las resoluciones de la Asamblea General, aunque no son vinculantes, pueden a veces tener valor normativo. En ciertas circunstancias pueden proporcionar pruebas importantes para determinar la existencia de una norma o la aparición de una opinio juris. Para saber si una determinada resolución cumple ese recaudo, hay que examinar su contenido y las condiciones en que se aprobó; también hay que ver si existe una opinio juris en cuanto a su carácter normativo. Puede ocurrir asimismo que una serie de resoluciones muestre la evolución gradual de la opinio juris necesaria para el establecimiento de una nueva norma» (CIJ: “Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares”, opinión consultiva de 8 de julio de 1996). (Sobre el significado de la “opinio juris”, v. comentario al Art.51, in fine).

Artículo 11 1. La Asamblea General podrá considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos, y podrá también hacer recomendaciones respecto de tales principios a los Miembros o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquellos. 2. La Asamblea General podrá discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier Miembro de las Naciones 41

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Unidas o el Consejo de Seguridad, o que un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas presente de conformidad con el Artículo 35, párrafo 2, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12, podrá hacer recomendaciones acerca de tales cuestiones al Estado o Estados interesados o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquellos. Toda cuestión de esta naturaleza con respecto a la cual se requiera acción será referida al Consejo de Seguridad por la Asamblea General antes o después de discutirla. 3. La Asamblea General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. 4. Los poderes de la Asamblea General enumerados en este Artículo no limitarán el alcance general del Artículo 10. El primero de los artículos que se refiere a una de las competencias específicas de la AG es coherente con el primer propósito de la Organización (v. Art.1.1): así, este artículo se refiere a las facultades de la AG en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Pese a que el órgano que tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz es el CS (v. Art.24), la competencia de la AG al respecto surge de este artículo y de su competencia general según el Art.10. El párrafo 1 establece que la AG puede considerar los principios generales sobre mantenimiento de la paz y hacer recomendaciones sobre ellos a los miembros y/o al CS. Es en virtud de este párrafo que la AG ha aprobado diversas declaraciones (algunas ya citadas), como la “Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas” (A/RES/2625 [XXV]), la “Declaración sobre el fortalecimiento de la seguridad internacional” (A/RES/2734 [XXV]), la Definición de la agresión ( A/RES/3314 [XXIX]), la “Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales”(A/RES/37/10), la “Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz” (A/RES/39/11), la “Declaración sobre el mejoramiento de la eficacia del principio de la abstención de la amenaza o de la utilización de la fuerza en las relaciones internacionales” (A/RES/42/22), la “Declaración sobre la prevención y la eliminación de controversias y de situaciones que puedan amenazar la paz y la seguridad internacionales y sobre el papel de las Naciones Unidas en esa esfera” (A/RES/43/51), la “Declaración sobre la determinación de los hechos por las Naciones Unidas en la esfera del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales” (A/RES/46/59), la “Declaración sobre el mejoramiento de la cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (A/RES/49/57) y las “Normas Modelo de las Naciones Unidas para la conciliación de controversias entre Estados” (A/RES/50/50), entre otras. También podemos enumerar a título de ejemplos algunas de las cuestiones relacionadas con este párrafo (aún cuando el artículo no haya sido invocado en forma expresa) que la AG ha examinado en los últimos años: “Los diamantes como factor en los conflictos: romper el vínculo entre el comercio ilícito de diamantes en bruto y los conflictos armados a fin de contribuir a la prevención y solución de los conflictos” (resoluciones 55/56, 56/263, 57/302, 58/290, 59/144, 60/182, 61/28); “Medidas para eliminar el terrorismo internacional” (resoluciones 50/53, 51/211, 52/195, 53/108, 54/110, 55/158, 56/88, 58/81, 59/46, 60/43, 61/40; hay que destacar que, con relación a este tema, la AG aprobó la “Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo”, por resolución 60/288); “La promoción de la paz como requisito fundamental para el pleno disfrute de todos los derechos humanos por todos” (resoluciones 58/192 y 60/163); “Cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos” (resoluciones 52/56, 54/67, 56/51, 57/116, 58/89, 59/116, 60/99, 61/111); “Información objetiva sobre cuestiones militares, incluida la transparencia de los gastos militares” (resoluciones 52/32, 53/72, 54/13, 56/14, 58/28, 60/44); “Prevención de conflictos armados” (resoluciones 55/281, 56/512, 57/337, 60/284); “Prevención de la desintegración violenta de Estados” (resoluciones 51/55, 53/71); “Prevención y solución pacífica de controversias” (A/RES/57/26). Es interesante la mención que hace el párrafo 1 a “los principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos”, pues las funciones relativas a estas cuestiones correspondían, en el sistema de la Carta, al CS (Art.26), por ser éste el órgano encargado del mantenimiento de la paz (Art.24.1), pero debido a las grandes diferencias entre los miembros permanentes, casi nada se pudo avanzar al respecto. Es por eso que la actuación de la AG en este campo ha sido por demás prolífica, incluso desde los primeros tiempos, ya que su propia resolución 1 es relativa al uso de la energía

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atómica (recordemos que las primeras bombas atómicas se habían detonado sólo cinco meses antes). Así, bajo el gran título de “Desarme general y completo”, ha tomado medidas tanto sobre armas de destrucción masiva, como sobre las convencionales. En relación a las armas nucleares, declaró que su uso «es contrario al espíritu, a la letra y a los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y, por tanto, constituye una violación directa de la misma; [...] excedería aún los fines mismos de la guerra y causaría a la humanidad y a la civilización sufrimientos y estragos sin distinciones y, por tanto, es contrario a las normas del derecho internacional y a las leyes de la humanidad; [...] significaría una guerra dirigida no sólo contra uno o varios enemigos, sino contra la humanidad en general...» (A/RES/1653 [XVI]), y que «existe la obligación de emprender de buena fe y concluir negociaciones encaminadas al desarme nuclear en todos sus aspectos, bajo un estricto y eficaz control internacional» (A/RES/61/83). Sobre el desarme nuclear en particular, ha establecido «que el desarme nuclear y la no proliferación de armas nucleares se relacionan substantivamente y se refuerzan mutuamente, que los dos procesos deben avanzar a la par y que es verdaderamente necesario que haya un proceso sistemático y progresivo de desarme nuclear; [...] alienta las iniciativas para crear nuevas zonas libres de armas nucleares en diferentes partes del mundo [así, ha auspiciado la concreción de estas zonas en África, resoluciones 56/17, 58/30 y 60/49; en América Latina y el Caribe, resoluciones 56/30, 58/31 y 60/50; en Asia Central, resoluciones 55/33 W y 61/88; y continuamente insta a que se cree una zona libre en el Oriente Medio, resoluciones 31/71, 32/82, 34/77, 35/147, 36/87 A y B, 37/75, 38/64, 39/54, 40/82, 41/48, 42/28, 43/65, 44/108, 45/52, 46/30, 47/48, 48/71, 49/71, 50/66, 51/41, 52/34, 53/74, 54/51, 55/30, 56/21, 57/55, 58/34, 59/63, 60/52, 61/56, entre otras] en virtud de acuerdos o arreglos libremente concertados entre los Estados de las regiones de que se trate, lo cual constituye una medida eficaz para limitar la propagación geográfica de las armas nucleares y contribuye a la causa del desarme nuclear; [...] que existe una auténtica necesidad de reducir la importancia del papel de las armas nucleares en las doctrinas estratégicas y las políticas de seguridad a fin de reducir al mínimo el riesgo de que dichas armas lleguen a usarse alguna vez y de facilitar el proceso de su eliminación total; [...] Insta a los Estados poseedores de armas nucleares a poner término inmediatamente al mejoramiento cualitativo, el desarrollo, la producción y el almacenamiento de ojivas nucleares y sus sistemas vectores, [...] a que, como medida provisional, retiren sus armas nucleares del estado de alerta y las desactiven inmediatamente, y a que adopten otras medidas concretas para reducir aún más el estado operacional de sus sistemas de armas nucleares; [...] que lleven a cabo una reducción escalonada de la amenaza nuclear y pongan en práctica medidas efectivas de desarme nuclear con miras a lograr la eliminación total de esas armas; [...] a que, en espera de la eliminación total de las armas nucleares, acuerden un instrumento de alcance internacional y jurídicamente vinculante por el que contraigan conjuntamente el compromiso de no ser los primeros en utilizar armas nucleares, y exhorta a todos los Estados a que concierten un instrumento de alcance internacional y jurídicamente vinculante para dar garantías a los Estados que no poseen armas nucleares de que no se emplearán contra ellos armas nucleares ni se amenazará con hacerlo; [...]a que, en su debido momento, entablen negociaciones plurilaterales acerca de nuevas reducciones sustanciales de las armas nucleares como medida eficaz de desarme nuclear; Subraya la importancia de que se aplique el principio de la irreversibilidad al proceso de desarme nuclear y a las medidas de limitación y reducción de las armas nucleares y otras armas conexas» (resoluciones 50/70 P, 51/45 O, 52/38 L, 53/77 X, 54/54 P, 55/33 T, 56/24 R, 57/79, 58/56, 59/77, 60/70, 61/78), y también destacó « que el objetivo final de los esfuerzos que despliegan los Estados en el proceso de desarme es el desarme general y completo bajo un control internacional eficaz» (resoluciones 50/70 C, 51/45 G, 52/38 K, 53/77 U, 54/54 D, 55/33, 56/24 N, 57/78, 58/59, 59/76, 60/65, 61/74). Ta mbién ha auspiciado la celebración de tratados sobre desarme y no proliferación nuclear, como el Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares (A/RES/2373 [XXII]), o el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares (A/RES/50/245), sin mencionar los tratados bilaterales de limitación y reducción de armamentos (SALT y START), ni los de creación de zonas libres de armas nucleares (tratados de Tlatelolco, Pelindaba, Bangkok y Rarotonga), ni aquellos que contienen disposiciones sobre la materia (como el Tratado Antártico o el Tratado sobre la utilización del espacio ultraterrestre); actualmente, la AG pidió a la Conferencia de Desarme que se comiencen las negociaciones para la concreción de una Convención sobre la Prohibición de la utilización de las armas nucleares (A/RES/59/102). En lo que respecta a las armas químicas, la AG declaró que «la posibilidad de que se utilicen armas químicas constituye una grave amenaza para la humanidad» (A/RES/2454 A [XXIII]), y se ha mostrado «decidida a lograr la prohibición efectiva del desarrollo, la producción, la adquisición, la transferencia, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y su destrucción» (resoluciones 55/33 H, 56/24 K, 57/82, 58/52, 59/72, 60/67, 61/68, entre otras), «convencida de la necesidad urgente de una prohibición total de las armas químicas, de forma de abolir toda una categoría de armas de destrucción en masa y eliminar así el riesgo para la humanidad de que vuelvan a emplearse estas armas inhumanas» (A/RES/47/39), todo lo cual llevó a la aprobación en 1992 de la “Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el

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empleo de armas químicas y sobre su destrucción” (A/RES/47/39). Sobre armas biológicas, la AG se manifestó «decidida, en bien de toda la humanidad, a excluir completamente la posibilidad de que los agentes bacteriológicos (biológicos) y las toxinas se utilicen como armas» (A/RES/2826 [XXVI]); fue por ello que auspició, en 1972, la firma de la “Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción” (A/RES/2826 [XXVI]). Pero la acción de la AG sobre el desarme no acaba allí, también actúa en lo que respecta a las armas convencionales: así, sobre las minas antipersonales ha afirmado «su determinación de poner fin a los sufrimientos y de evitar las víctimas que ocasionan las minas antipersonal, que matan o mutilan a cientos de personas cada semana, en su mayoría civiles inocentes e indefensos, especialmente niños, obstaculizan el desarrollo económico y la reconstrucción, impiden la repatriación de los refugiados y de los desplazados internos, y tienen otras consecuencias graves durante muchos años después de su emplazamiento, estimando necesario que se haga todo lo posible para contribuir de manera eficaz y coordinada a la difícil tarea de remover las minas antipersonal emplazadas en el mundo y de asegurar su destrucción» (resoluciones 55/33 V, 56/24 M, 57/74, 58/53, 59/84, 60/80, 61/84, entre otr as), y auspició la firma de la “Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción”, en 1997 (A/RES/52/38 A); sobre el tráfico de armas pequeñas y armas ligeras, reconoció «los sufrimientos causados por el tráfico ilícito de armas pequeñas y el hecho de que los gobiernos tienen la responsabilidad de redoblar sus esfuerzos al respecto poniéndose de acuerdo sobre los distintos aspectos del problema y determinando medidas prácticas para resolverlo, teniendo presente la relación entre la violencia, la delincuencia, el tráfico de drogas, el comercio ilícito de diamantes, el terrorismo y el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras» (resoluciones 55/33 Q, 54/54 R, entre otras), y convocó (A/RES/54/54 V) a una “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Armas Ligeras en todos sus aspectos”, en julio de 2001 (v. A/CONF.192/15); sobre el empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, se manifestó «deseosa de reforzar la cooperación internacional en materia de prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales y, en particular, para la limpieza de campos de minas y la remoción de minas y armas trampa» y «reafirmando su convicción de que un acuerdo general y verificable sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales reduciría apreciablemente los sufrimientos de la población civil y de los combatientes» (resoluciones 48/79, 49/79, 50/74, 51/49, entre otras) y auspició la firma en 1980 de la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados” (A/RES/35/154). Además, la AG ha celebrado tres períodos extraordinarios de sesiones (v .Art.20) dedicados al desarme, en 1978, 1982 y 1988; sin embargo, sólo el primero llegó a aprobar un Documento Final (A/RES/S-10/2) en el cual se expresó un consenso más o menos amplio sobre el desarme, conteniendo una Declaración y un Programa de Acción, en los que se expresa, entre otras cosas, que «el desarme se ha convertido en una tarea imperativa y urgentísima que tiene ante sí la comunidad internacional. [...] El objetivo final de los esfuerzos de los Estados en el proceso de desarme es el desarme general y completo bajo un control internacional eficaz. Los objetivos principales del desarme consisten en asegurar la supervivencia de la humanidad y eliminar el peligro de una guerra, en particular de una guerra nuclear, y en lograr que la guerra deje de ser un instrumento para solucionar controversias internacionales y que se elimine de la vida internacional el uso y la amenaza de la fuerza como se prevé en la Carta». Asimismo, la AG proclamó el decenio de 1970 como “Primer Decenio para el Desarme” (A/RES/2602 (XXIV), sin embargo, el mismo finalizó sin que sus objetivos se lograran, tal cual lo destacó la AG en su resolución 35/46, al proclamar el decenio de 1980 como “Segundo Decenio para el Desarme”; por la A/RES/45/62 A, se proclamó al decenio de 1990 como “Tercer Decenio para el Desarme”. Dada esta gran actividad, son numerosos los órganos subsidiarios (v. Arts. 7.2 y 22) que la AG ha creado, de entre los cuales merecen ser destacadas la Comisión de Desarme y la Conferencia de Desarme. La AG, en virtud de su resolución 502 (VI) de enero de 1952, creó la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas bajo la órbita del CS con un mandato general sobre cuestiones de desarme. Sin embargo, a partir de 1959 sólo se reunió ocasionalmente. En junio de 1978, por resolución S-10/2, estableció una Comisión de Desarme sucesora como un órgano subsidiario de la AG, compuesto por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Fue creada como un órgano de deliberación, con la función de considerar diferentes problemas en la esfera del desarme y hacer recomendaciones al respecto y con la de dar seguimiento a las decisiones y recomendaciones pertinentes del periodo extraordinario de sesiones. Esta Comisión presenta un informe anual a la AG. A la luz de su función, la Comisión de Desarme se centra en un número limitado de temas del programa en cada sesión. La Comisión de Desarme, que se reúne durante tres semanas en primavera, funciona mediante sesiones plenarias y grupos de trabajo, y el número de estos últimos depende de la cantidad de temas sustantivos del programa. Los cinco grupos geográficos se turnan para asumir la presidencia de la Comisión de Desarme, mientras que

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los presidentes de los grupos de trabajo son elegidos de acuerdo con el principio de distribución geográfica equitativa. A lo largo de los años, la Comisión de Desarme ha formulado principios, directrices y recomendaciones de consenso (v. A/51/182 y A/51/182/Rev.1) en un amplio número de asuntos que han sido aprobados por la AG. La Conferencia de Desarme (CD), fue establecida en 1979 como el único foro multilateral de negociación sobre el desarme de la comunidad internacional, como resultado del período extraordinario de sesiones de 1978. Fue sucesora de otros foros de negociación, como el Comité de diez naciones sobre el Desarme (1960), el Comité de dieciocho naciones sobre el Desarme (1962-68, A/RES/1722 [XVI]), y la Conferencia del Comité de Desarme (1969-78). El Director General de la UNOG (Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra) es el Secretario General de la Conferencia y Representante Personal del SG en la CD. Los asuntos bajo su competencia incluyen prácticamente todo los referidos al control de armas y al desarme. Actualmente la CD enfoca su atención principalmente en los siguientes problemas: el cese de la carrera de armamentos y el desarme nuclear; la prevención de la guerra nuclear, incluyendo todas las cuestiones relacionadas; la prevención de una carrera armamentística en el espacio exterior; arreglos internacionales eficaces para asegurar a los Estados no poseedores de armas nucleares contra el uso o amenaza de armas nucleares; los nuevos tipos de armas de destrucción de masa y los nuevos sistemas de tales armas, incluyendo las armas radiológicas. Cuando se constituyó, la CD tenía 40 miembros, ampliándose gradualmente hasta llegar a 65 en 2003. La CD tiene una relación especial con las Naciones Unidas; adopta su propio Reglamento y su propio programa, teniendo en cuenta las recomendaciones de la AG y las propuestas de sus Miembros. Informa anualmente a la AG. La CD y sus predecesores han negociado la mayoría de los tratados sobre desarme antes referidos. De las Comisiones Principales de la AG, es la Primera (Desarme y Seguridad Internacional), la encargada de estas cuestiones. El párrafo 2 faculta a la AG para discutir toda cuestión presentada por un miembro y hacer recomendaciones a los Estados interesados, al CS, o a éste y aquellos, pero si tal cuestión requiere acción, debe elevarla al CS (párrafo 2), por ser el único órgano competente para ello (v. Art.24 y Cap.VII). Es interesante lo que al respecto dijo la CIJ, en su opinión consultiva de 20 de julio de 1962, acerca de qué significa el término “acción”: «La Corte considera que la acción de que trata el párrafo 2 del Artículo 11 es una acción coercitiva. En virtud de la primera frase de este párrafo, que se aplica no sólo a cuestiones generales referentes a la paz y a la seguridad, sino también a casos concretos sometidos por un Estado a la Asamblea General con arreglo al Artículo 35, la Asamblea queda facultada para organizar operaciones de mantenimiento de la paz por medio de recomendaciones dirigidas a Estados, al Consejo de Seguridad o a ambos, y a petición de los Estados interesados o con su consentimiento. Este poder de la Asamblea General es un poder especial que no menoscaba en modo alguno sus poderes generales conforme a los Artículos 10 o 14, con la salvedad indicada en la última frase del párrafo 2 del Artículo 11. Esta última frase dice que cuando se requiera “acción”, la Asamblea General referirá la cuestión al Consejo de Seguridad. La palabra “acción” debe significar una acción de la competencia exclusiva del Consejo de Segur idad. [...] La “acción” que es de la exclusiva competencia del Consejo de Seguridad es la que está indicada por el título del Capítulo VII de la Carta, es decir “Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión”. Si la palabra “acción” del párrafo 2 del Artículo 11 se interpretara en el sentido de que la Asamblea General sólo puede hacer recomendaciones de carácter general que afecten abstractamente la paz y la seguridad, y no recomendaciones sobre casos concretos, entonces en ese párrafo no se habría indicado que la Asamblea General puede hacer recomendaciones sobre las cuestiones que sean presentadas a su consideración por Estados o por el Consejo de Seguridad. Por consiguiente, la última frase del párrafo 2 del Artículo 11 carece de aplicación si la acción que se requiere no es una acción coercitiva. La práctica de la Organización a lo largo de su historia corrobora la aclaración que acaba de hacerse de la palabra “acción” que figura en la última frase del párrafo 2 del Artículo 11.» (CIJ: “Ciertos gastos de las Naciones Unidas”, opinión consultiva de 20 de julio de 1962). Los siguientes son algunos de los asuntos que la AG discutió en los últimos años en virtud de las facultades que le son conferidas por el párrafo 2: el Golán sirio ocupado (resoluciones 51/28, 51/135, 52/54, 52/68, 53/38, 53/57, 54/38, 54/80, 55/51, 55/134, 56/32, 56/63, 57/112, 57/128, 58/23, 58/100, 59/33, 59/124, 60/40, 60/108, 61/27, 61/120); la situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y la seguridad internacionales (resoluciones 50/88, 51/195, 52/211, 54/181, 55/174, 56/220, 57/113, 58/27, 59/112, 60/32, 61/18); el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina (resoluciones 50/84, 51/26, 52/52, 53/42, 54/42, 55/55, 56/37, 57/110, 58/21, 58/292, 59/31, 60/39, 61/25); la cuestión de Timor Oriental (resoluciones 56/282 y 54/194); la situación en Bosnia-Herzegovina (resoluciones 51/203, 52/150, 53/35, 54/119, 55/24, 56/215); las causas de los conflictos y la promoción de la paz duradera y el desarrollo sostenible en África (resoluciones 53/92, 54/234, 56/37, 57/296, 58/235, 59/255, 60/223, 61/230); la paz, la seguridad y la reunificación en la península de Corea (A/RES/55/11); la situación en Centroamérica (resoluciones 50/132, 52/116, 53/99, 54/118, 55/178); el mantenimiento de la seguridad internacional: buena vecindad, estabilidad y desarrollo en Europa sudoriental (resoluciones 50/80 B, 51/55, 52/48, 53/71, 54/62, 55/27, 56/18, 57/52, 59/59, 61/53); la buena vecindad

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entre los Estados balcánicos (A/RES/52/48); la situación y el proceso de paz en el Oriente Medio (resoluciones 51/29, 50/22, 50/21); la situación en Burundi (A/RES/50/59). El párrafo también guarda relación con las facultades que los párrafos 1 y 3 del Art.35 le otorgan en relación con el arreglo pacífico de controversias, pues cualquier miembro puede llevar a su atención una controversia o situación (v. Art.35). Mención especial merece la cuestión sobre cuál órgano tiene competencia para crear operaciones de mantenimiento de la paz (v. Art.29). La discusión sobre el punto surgió con la creación, en 1956, de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (FENU), por parte de la AG (A/RES/1000 [ES-I]), quien actuaba en cumplimiento de la resolución 377 (V) (v. Art.12), ya que algunos Estados se negaban a contribuir al financiamiento de la FENU argumentando que la AG no tenía competencia para crearla (sobre la cuestión financiera, v. Art.17). Todo ello motivó que fuera creado un Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, para que iniciara un examen amplio de la cuestión y formulara las recomendaciones pertinentes a la AG (A/RES/2006 [XIX]), y también el Presidente de la AG y el SG formularon unas orientaciones generales (A/5915 y Add.1), las que establecen, entre otras cosas: «La responsabilidad primordial que en lo referente al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales ha sido conferida al Consejo de Seguridad por los Miembros de las Naciones Unidas con el fin de asegurar la acción rápida y eficaz de la Organización, aconseja que toda cuestión que entrañe o pueda entrañar operaciones de mantenimiento de la paz sea examinada por el Consejo de Seguridad a fin de que éste pueda tomar una decisión apropiada con la mayor rapidez posible. Si, por cualquier mo tivo, el Consejo de Seguridad no puede adoptar decisiones en ejercicio de su responsabilidad primordial de mantener la paz y seguridad internacionales, nada impide que la Asamblea General considere el asunto inmediatamente y formule recomendaciones apropiadas conforme a las responsabilidades que le incumben y a las disposiciones pertinentes de la Carta.» También la CIJ emitió su opinión al respecto: «la actuación de la Asamblea General puede surgir conforme al Artículo 11 o al Artículo 14, pero la ejecución de sus recomendaciones sobre establecimiento de comisiones u otros órganos constituye una actividad de organización –es decir, acción– en relación con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. [...] Tales comités, comisiones u otros órganos o personas constituyen en ciertos casos órganos auxiliares establecidos con arreglo al Artículo 22 de la Carta. Entre las funciones de la Asamblea General para las que ésta puede establecer esos órganos auxiliares figuran, por ejemplo, las de investigación, observación y supervisión, pero la forma en que se utilicen tales órganos depende del consentimiento del Estado o los Estados interesados» (CIJ: “Ciertos gastos de las Naciones Unidas”, opinión consultiva de 20 de julio de 1962). De estas afirmaciones surge que también la AG tendría competencia para crear operaciones de mantenimiento de la paz. Sin embargo, la solución se alcanzó a mediados de la década de 1960, llegándose a un compromiso que consistió en otorgar al CS la facultad exclusiva para la creación de las operaciones, sin perjuicio de la facultan de la AG de considerar la cuestión en virtud del párrafo 1 del artículo 11, bajo el título “Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos” (resoluciones 2053 [XX], 50/30, 51/136, 52/69, 53/58, 54/81, 55/135, 56/241, 57/336, 58/315, 59/281, 60/263, entre muchas otras), con la ayuda del comité mencionado (v. A/C.4/55/6, A/55/1024, A/57/767, A/58/19, A/59/19, A/60/19, A/61/19, entre otros). Según el párrafo 3, puede señalar al CS la existencia de situaciones que puedan amenazar la paz y la seguridad internacionales (párrafo 3). Puede considerarse como primera aplicación de este párrafo, aunque implícita, la contenida en la resolución 181 (II), de la AG, sobre el futuro Gobierno de Palestina, en la que pidió al CS que adoptara «las medidas necesarias previstas en el Plan [de partición de Palestina] para la ejecución del mismo», que determinara, «en caso de que las circunstancias lo exijan durante el período de transición, si la situación en Palestina constituye una amenaza contra la paz», y que considerase «como amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, con arreglo al Artículo 39 de la Carta, toda tentativa encaminada a alterar por la fuerza el arreglo previsto por la presente resolución». Fue invocado explícitamente en la resolución 1663 (XVI), sobre la “Cuestión del conflicto racial en el África del Sur resultante de la política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica”, en la que señaló «a la atención del Consejo de Seguridad la disposición del párrafo 3 del Artículo 11 de la Carta» (dicha cuestión fue señalada a la atención del CS en muchas oportunidades sin invocar expresamente el párrafo 3); en la resolución 3061 (XXVIII), sobre la “Ocupación ilegal por las fuerzas militares portuguesas de ciertos sectores de la República de Guinea-Bissau y actos de agresión cometidos por dichas fuerzas contra el pueblo de la República”, señaló «a la atención del Consejo de Seguridad, de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 11 de la Carta de las Naciones Unidas, la crítica situación creada por la presencia ilegal de Portugal en Guinea-Bissau y la urgente necesidad de adoptar con carácter prioritario todas las medidas eficaces adecuadas para restablecer la integridad territorial de la República»; en la resolución 3485 (XXX), sobre la cuestión de Timor, señaló «a la atención del Consejo de Seguridad, de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 11 de la Carta, la situación crítica en el Territorio del Timor portugués y le recomienda que adopte medidas urgentes para proteger la integridad territorial

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del Timor portugués y el derecho inalienable de su pueblo a la libre determinación» (fue reiterada en las resoluciones 31/53, 32/34 y 33/39). Además de estas resoluciones, en muchas otras la AG señaló situaciones a la atención del CS sin invocar expresamente el párrafo 3, por ejemplo, la resolución 1596 (XVI) sobre la cuestión del África Sudoccidental (reiterada en numerosas resoluciones). Todas las funciones de la AG en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales se ejercen con la limitación del Art.12 (v. Art.12). No se puede dejar de destacar que todas las medidas que tome la AG en virtud de este artículo deben obtener los votos afirmativos de dos tercios de los miembros presentes y votantes (v. Art.18.2).

Artículo 12 1. Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna esta Carta con respecto a una controversia o situación, la Asamblea General no hará recomendación alguna sobre tal controversia o situación, a no ser que lo solicite el Consejo de Seguridad. 2. El Secretario General, con el consentimiento del Consejo de Seguridad, informará a la Asamblea General, en cada periodo de sesiones, sobre todo asunto relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que estuviere tratando el Consejo de Seguridad, e informará asimismo a la Asamblea General, o a los Miembros de las Naciones Unidas si la Asamblea no estuviere reunida, tan pronto como el Consejo de Seguridad cese de tratar dichos asuntos. El artículo sienta las bases que fija la Carta en cuanto a la distribución de competencias de la AG y el CS en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. La limitación de l párrafo 1 tiene su fundamento en que es al CS a quien le corresponde la “responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales” (Art.24.1), y la AG no puede invadir las competencias que son privativas de aquél, a menos que le sea solicitado. Sin perjuicio de volver sobre este tema en el comentario al Art.24, debemos adelantar que en el campo del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tanto el CS como la AG con competentes en virtud de las disposiciones de la Carta. Como dijo la CIJ: «La responsabilidad conferida es “primordial” y no exclusiva. Según el Artículo 24, esta responsabilidad primordial se confiere al Consejo de Seguridad “a fin de asegurar acción rápida y eficaz”. Para ello, se otorga al Consejo de Seguridad el poder de imponer la obligación explícita de obedecer a las órdenes o mandatos que dicte en cumplimiento del Capítulo VII, por ejemplo a un agresor. Sólo el Consejo de Seguridad puede exigir la ejecución de una acción coercitiva contra un agresor» (CIJ: “Ciertos gastos de las Naciones Unidas”, opinión consultiva de 20 de julio de 1962). Es decir, también la AG es competente en el mantenimiento de la paz (Arts. 10 y 11), pero su actuación estará limitada por el Art.11.3 (v. comentario a ese artículo) y por este artículo 12. La interpretación del párrafo 1 de este artículo 12 ocasionó varios debates en la práctica de la Organización con respecto a tres cuestiones: el alcance de la palabra “recomendación”, el significado de la frase “Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna esta Carta con respecto a una controversia o situación”, y las peticiones del CS a la AG de conformidad con la última parte del párrafo. La primera cuestión surgió en el cuarto período de sesiones de la AG, con respecto a la cuestión de Indonesia, que también estaba siendo tratada por el CS; al presentarse dos proyectos de resolución, el Presidente de la Comisión Política Especial solicitó a la Comisión que se pronunciara sobre si alguno de los proyectos contenía una recomendación en el sentido del artículo 12, resultando de la misma que el proyecto que acogía con beneplácito el acuerdo al que habían llegado las partes (los Países Bajos e Indonesia), felicitaba a la Comisión de las NU para Indonesia por su labor y celebraba la constitución de Indonesia como un Estado independiente no contenía recomendaciones en el sentido de este artículo 12.1, y que el proyecto que disponía que se tomaran medidas tales como el retiro de las fuerzas neerlandesas, la liberación de los prisioneros políticos y la creación de una nueva Comisión de las NU para Indonesia, sí contenía recomendaciones en el sentido el artículo 12.1 y por lo tanto no podía ser sometido a votación. La segunda cuestión se trata de determinar cuándo el CS está “desempeñando las funciones que le asigna esta Carta”, momento en que opera la limitación establecida por este párrafo 1; sobre el particular, se produjeron numerosos debates, tanto en el CS como en la AG, los cuales no aportaron mucha claridad a la cuestión, pero ya desde los primeros tiempos de la práctica de la Organización se entendió que lo único que la AG tiene prohibido es hacer recomendaciones,

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mas no “considerar” o “discutir” las cuestiones, en términos del Art.11; sin embargo, ello no ayuda a determinar cuándo el CS está “desempeñando las funciones” que le asigna la Carta; podría entenderse que lo hace cuando una cuestión está incluida en la “Notificación hecha por el Secretario General en virtud del párrafo 2 del Artículo 12 de la Carta de las Naciones Unidas”, que el SG debe presentar a la AG conforme al párrafo 2 de este artículo (v. infra), pero existen asuntos en esa lista que el CS no ha tratado en años y, además, se han dado reiterados casos en que la AG igualmente efectuó recomendaciones sobre asuntos en que los que el CS “estaba desempeñando sus funciones”. El “Repertorio de la práctica seguida por los Órganos de las Naciones Unidas”, contiene numerosos casos en que se debatieron estas cuestiones. También la CIJ se refirió a la interpretación de este artículo: «En lo que respecta a la práctica de las Naciones Unidas, inicialmente tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad interpretaron y aplicaron el Artículo 12 en el sentido de que la Asamblea no podía formular una recomendación sobre una cuestión relacionada con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales mientras el tema estuviera en el orden del día del Consejo. Por lo tanto, la Asamblea, en su cuarto período de sesiones, se negó a recomendar ciertas medidas sobre la cuestión de Indonesia fundándose, entre otras razones, en que el Consejo seguía ocupándose de la cuestión (Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto período de sesiones, Comisión Política Especial, Actas resumidas de las sesiones, 27 de septiembre a 7 de diciembre de 1949, 56ª sesión, 3 de diciembre de 1949, pág. 339, párr. 118). El Consejo, por su parte, eliminó temas de su orden del día en varias ocasiones para que la Asamblea General pudiera mantener deliberaciones al respecto (por ejemplo, en el caso de la cuestión de España (Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, primer año: segunda serie, No. 21, 79ª sesión, 4 de noviembre de 1946, pág. 498); en relación con los incidentes en la frontera griega (Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, segundo año, No. 89, 202ª sesión, 15 de septiembre de 1947, págs. 2404 y 2405), y con respecto a la Isla de Taiwán (Formosa) (Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, quinto año, No. 48, 506ª sesión, 29 de septiembre de 1950, pág. 5)). En el caso de la República de Corea, el 31 de enero de 1951 el Consejo decidió eliminar el tema respectivo de la lista de asuntos de los que se estaba ocupando para que la Asamblea pudiera deliberar sobre esa cuestión (Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, sexto año, S/PV.531, 531ª sesión, 31 de enero de 1951, págs. 11 y 12, párr. 57). Sin embargo, esa interpretación del Artículo 12 fue evolucionando posteriormente. En efecto, la Asamblea General consideró que tenía facultades para adoptar recomendaciones, en 1961 sobre la situación en la República del Congo (resoluciones 1599 (XV) y 1600 (XV)), y en 1963 con respecto a las colonias portu guesas (resolución 1913 (XVIII)), mientras esos casos continuaban figurando en el orden del día del Consejo, pero el Consejo no había aprobado ninguna resolución reciente en relación con ellos. En respuesta a una pregunta planteada por el Perú durante el vigésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General, el Asesor Jurídico de las Naciones Unidas confirmó que la Asamblea interpretaba las palabras “esté desempeñando las funciones”, que figuraban en el Artículo 12 de la Carta, en el sentido de que “esté desempeñando las funciones en este momento” (vigésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, Tercera Comisión, 1637ª sesión, A/C.3/SR.1637, párr. 9). En efecto, la Corte observa que, con el tiempo, ha habido una tendencia cada vez mayor de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad a ocuparse en forma paralela de los mismos asuntos relacionados con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (véanse, por ejemplo, las cuestiones relativas a Chipre, Sudáfrica, Angola, Rhodesia del Sur y, más recientemente, Bosnia y Herzegovina y Somalia). Sucede con frecuencia que, mientras el Consejo de Seguridad tiende a centrarse en los aspectos de dichas cuestiones, que se relacionan con la paz y la seguridad internacionales, la Asamblea General adopta un enfoque más amplio y considera también sus aspectos humanitarios, sociales y económicos. La Corte estima que la práctica aceptada de la Asamblea General, tal como ha evolucionado, es compatible con lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 12 de la Carta» (CIJ: “Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado”, opinión consultiva de 13 de julio de 2004). Las sucesivas discusiones sobre la cuestión y el ejercicio abusivo del derecho de veto (v. Art.27.3) motivaron, el 3 noviembre de 1950 –en plena guerra de Corea– la aprobación de la resolución 377 (V), titulada “Unión pro paz” (también conocida como “resolución Acheson”, en memoria del Secretario de Estado de los Estados Unidos Dean Acheson, que propuso su contenido), por la que la AG, luego de recordar los dos primeros propósitos de la Carta: «Reafirmando que sigue siendo deber primordial de todos los Miembros de las Naciones Unidas, en caso de hallarse envueltos en una controversia internacional, buscar el arreglo de tal controversia por medios pacíficos siguiendo los procedimientos establecidos en el Capítulo VI de la Carta, y teniendo presentes los éxitos alcanzados por las Naciones Unidas a este respecto en varias ocasiones, Encontrando que existe tensión internacional en grado peligroso, Recordando su resolución 290 (IV) titulada “Bases esenciales de la paz”, según la cual el menosprecio de los principios de la Carta de

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las Naciones Unidas es la causa principal de que continúe la tensión internacional, y deseando aportar una nueva contribución encaminada a la realización de los objetivos de dicha resolución, Reafirmando cuán importante es que el Consejo de Seguridad desempeñe su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y el deber que tienen los miembros permanentes del Consejo de procurar que haya unanimidad entre ellos y de obrar con moderación en cuanto al ejercicio del derecho de veto, [...] Consciente de que el hecho de que el Consejo de Seguridad no cumpla con las responsabilidades que le incumben en nombre de todos los Estados Miembros [...] no exime a los Estados Miembros de la obligación que les impone la Carta, ni a las Naciones Unidas de la responsabilidad que tienen en virtud de la misma, de mantener la paz y la seguridad internacionales, Reconociendo, en particular, que dicho incumplimiento no priva a la Asamblea General de los derechos que tiene en virtud de la Carta, ni la ex ime de las responsabilidades que le impone la misma respecto del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, Reconociendo que para que la Asamblea General pueda cumplir con sus responsabilidades al respecto, es preciso que exista la posibilidad de realizar una labor de observación que permita comprobar los hechos y desenmascarar a los agresores; que existen fuerzas armadas susceptibles de ser utilizadas colectivamente; y que exista la posibilidad de que la Asamblea General dirija, en todo momento oportuno, recomendaciones a los Miembros de las Naciones Unidas con miras a emprender una acción colectiva que, para ser eficaz, deberías ser rápida, 1. Resuelve que si el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes, deja de cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales en todo caso en que resulte haber una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, la Asamblea General examinará inmediatamente el asunto, con miras a dirigir a los miembros recomendaciones apropiadas para la adopción de medidas colectivas, inclusive, en caso de quebrantamiento de la paz o acto de agresión, el uso de fuerzas armadas cuando fuere necesario, a fin de mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales. De no estar a la sazón reunida, la Asamblea General puede reunirse en período extraordinario de sesiones de emergencia dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de una solicitud al efecto. Tal período extraordinario de sesiones de emergencia será convocado si así lo solicita el Consejo de Seguridad por el voto de siete cualesquiera de sus miembros, o bien la mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas». Algunos miembros cuestionaron la legalidad de la resolución a la luz del artículo bajo estudio, sin embargo, ha sido aplicada en reiteradas oportunidades, de acuerdo a las diferentes modalidades previstas en la resolución, es decir, convocada por el CS o a solicitud de la mayoría de los miembros, en períodos ordinarios de sesiones, o en los llamados “períodos extraordinarios de sesiones de emergencia”. La AG examinó en períodos ordinarios las cuestiones de Corea (1950), India-Pakistán (por S/RES/303 [1971]), Libia (1986), Nicaragua (1986), Bosnia-Herzegovina (1992); los períodos extraordinarios de sesiones serán analizados en el Art.20. Tal cual surge de la resolución, el presupuesto objetivo del mecanismo, es que el CS “por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes, deja de cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales”, es decir, que no se haya alcanzado una resolución por haberse ejercido el derecho de veto. Es necesario destacar que las resoluciones de la AG dictadas en virtud de la resolución 377 (V), no pierden su naturaleza de meras recomendaciones, aún cuando versen acerca de materias referidas en las cuales el CS pueda tomar medidas o decidir acciones; ello es así, por cuanto sólo las decisiones del CS son obligatorias para los miembros (Art.25, y en determinados casos, para los no miembros, Art.2.6), estando facultado para tomar las medidas necesarias para lograr su cumplimiento (Arts. 41 y 42), y ninguna de estas atribuciones pueden ser ejercidas por la AG. Aún así, en virtud de este mecanismo la AG ha realizado actos de calificación en los términos del Art.39, determinando la existencia de una “agresión” en el caso de Corea (A/RES/410 [V]) y del Golán (A/RES/ES-9/1, donde invocó expresamente el Art.39), de una «amenaza continua para la paz y la seguridad internacionales» (ídem); instó a las partes a un cese del fuego (A/RES/997 [ES-I], sobre la crisis de Suez), a respetar las líneas de armisticio (ídem); pidió «el retiro inmediato, incondicional y total de las tropas extranjeras» (A/RES/ES-6/2, sobre Afganistán); creó una fuerza internacional de emergencia (la FENU, A/RES/1000 [ES-I], sobre Suez); declaró nulas las medidas tomadas por Israel en los territorios ocupados (A/RES/2253 [ES-V], sobre la situación en el Oriente Medio, A/RES/ES-9/1, sobre el Golán, y A/RES/ES-10/2, sobre la situación en los territorios árabes ocupados); exhortó a Israel a «retirarse completa e incondicionalmente de todos los territorios palestinos y demás territorios árabes ocupados» (A/RES/ES-7/2, sobre la cuestión de Palestina, A/RES/ES-9/1, sobre el Golán); recomendó el cese de «todas las formas de asistencia y apoyo a las actividades ilegales israelíes en el Territorio Palestino Ocupado» (A/RES/ES-10/6); recomendó tomar medidas similares a las del Art.41: embargo de armas (A/RES/1474 [ES-IV], sobre la situación en el Congo), embargo total (A/RES/500 [V], sobre Corea), sanciones «amplias y obligatorias de conformidad con las disposiciones de la Carta» (A/RES/ES-8/2, sobre Namibia), poner fin «individual y colectivamente, a todo trato con Sudáfrica a fin de aislarla completamente en el plano político, económico, militar y

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cultural» (ídem, y también respecto de Israel, A/RES/ES-9/1) y medidas múltiples, como en la A/RES/ES-9/1 (ya citada), donde exhortó «a todos los Estados Miembros a que apliquen las siguientes medidas: a) No suministrar a Israel ningún tipo de armas o equipo conexo y suspender toda la asistencia militar que Israel esté recibiendo de ellos; b) No adquirir ningún tipo de armas o equipo militar de Israel; c) Suspender la asistencia económica, financiera y tecnológica a Israel y la cooperación con Israel; d) Romper las relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con Israel» (en esta resolución, la AG, además de calificar de agresión los actos de Israel y recomendar la adopción de medidas tan graves, fue más allá al declarar «que los antecedentes y los actos de Israel confirman que no es un Estado Miembro amante de la paz y que no ha cumplido ni las obligaciones que le impone la Carta ni el compromiso que contrajo con arreglo a la resolución 273 [III]», que es la resolución que determinó su admisión). Dada su falta de coactividad, tal cual fue destacado, el cumplimiento de estas resoluciones fue escaso, y sólo en el caso de Corea tuvo consecuencias prácticas. En cuanto a la tercera cuestión, es decir, la aplicación de la última disposición del párrafo 1, que se refiere a la solicitud del CS a la AG que considere y haga recomendaciones sobre alguna controversia o situación, la misma ha sido más bien escasa, generalmente vinculada a la aplicación de la resolución 377 (V), que vimos supra y veremos para el caso de los períodos extraordinarios de sesiones de emergencia en el comentario al Art.20. Sin embargo, hubo algunos intentos en el CS de aprobar proyectos de resolución –anteriores a la resolución 377 (V)– que remitían cuestiones a la AG (por ejemplo, sobre la cuestión de España, en las sesiones 45ª a 47ª), mas todos con resultado fallido. Sí se logró, en cambio, aprobar proyectos de resolución o decisión para retir ar asuntos de la consideración del CS, lo cual levantó la limitación de este artículo 12 con respecto a la AG (por ejemplo, la resolución 10 [1946], sobre la cuestión de España, la resolución 34 [1947], sobre la cuestión de Grecia, o la resolución 90 [1951], sobre el cargo de agresión contra la República de Corea). Lo dispuesto en el segundo párrafo (y en el Art.49 RAG, que reproduce textualmente al párrafo 2) se cumple mediante notificaciones periódicas del SG a la AG, tituladas “ Notificación hecha por el Secretario General en virtud del párrafo 2 del Artículo 12 de la Carta de las Naciones Unidas”; en tales notificaciones, el SG enuncia la lista de los asuntos sometidos a su consideración que el CS ha examinado en el período que se informa, los asuntos no examinados por el CS y los asuntos que se suprimen de la lista (v., por ejemplo, A/58/354, A/59/335, A/60/352). Estas notificaciones están basadas en la “Relación sumaria comunicada por el Secretario General en la que se indican los asuntos que se hallan sometidos al Consejo de Seguridad y la etapa alcanzada en su estudio”, en la que se resumen las cuestiones sometidas al CS y su tratamiento, de acuerdo a lo establecido en el Art.11 del Reglamento Provisional del CS: «El Secretario General comunicará cada semana a los representantes en el Consejo de Seguridad una relación sumaria que indique los asuntos que se hallan sometidos al Consejo de Seguridad y la etapa alcanzada en su estudio». En la práctica, consiste en un primer informe que contiene la lista completa de los asuntos que se hallan sometidos al CS (por ejemplo, S/2004/20, S/2005/15 y S/2006/10), y en suplementos semanales que contienen las relaciones sumarias de la consideración de cada asunto por el CS (por ejemplo, S/2004/20/Add.1 a 52, S/2005/15/ Add.1 a 52, S/2006/10 Add.1 a 52). De conformidad con la nota el Presidente del CS de 29 de agosto de 1996 (S/1996/704), los asuntos que figuren en la lista y no hayan sido considerados por el CS en un período de cinco años, serán retirados de la misma, a menos que un Miembro se oponga, en cuyo caso permanecerán por un año más. Los asuntos de que se ocupa el CS se clasifican en la notificación, desde 1951, en dos categorías: a) asuntos de que se ocupa el CS y que se examinaron durante el período transcurrido desde la última notificación, y b) asuntos de los que se sigue ocupando el CS, pero que no se han examinado desde la última notificación. Desde 1947, el consentimiento del CS que exige el párrafo 2 se ha obtenido por medio de la distribución por el SG a los miembros del CS de copias de los proyectos de notificación.

Artículo 13 1. La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines siguientes: a. fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación; b. fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 50

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2. Los demás poderes, responsabilidades y funciones de la Asamblea General con relación a los asuntos que se mencionan en el inciso b del párrafo 1 precedente quedan enumerados en los Capítulos IX y X. Tal cual lo establece el Art.1, el mantenimiento de la paz no es el único propósito de las Naciones Unidas, y este artículo enumera (de forma enunciativa, ya que su competencia es general, Art.10), otras cuestiones sobre las que puede actuar la AG. El párrafo 1 establece que la AG “promoverá estudios y hará recomendaciones”, para fomentar la cooperación internacional en los campos político (inciso a), económico, social, cultural, educativo y sanitario (inciso b); impulsar el desarrollo progresivo del DI y su codificación (inciso a); ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y libertades fundamentales de todos sin distinciones (inciso b). La cooperación en el campo político es una manera de fomentar las relaciones de amistad entre los Estados (Art.1.2). En virtud de esta facultad, la AG, ha aprobado diversas declaraciones, además de las citadas en el Art.11, como la “Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía” (A/RES/2131 [XX]), la “Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención y la injerencia en los asuntos internos de los Estados” (A/RES/36/103). Es dentro de este inciso donde podemos incluir las medidas tomadas por la AG sobre los siguientes temas: “Prevención de las prácticas corruptas y la transferencia de activos de origen ilícito y lucha contra ellas y repatriación de esos activos a los países de origen” (resoluciones 54/205, 56/186, 57/244, 58/205, 59/242, 60/207, 61/209, entre otras); “Promoción de un orden internacional democrático y equitativo” (resoluciones 55/107, 56/151, 57/213, 59/193, 61/160); “Cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional” (resoluciones 59/157, 58/135, 56/120); “Eliminación de las medidas económicas coercitivas unilaterales extraterritoriales utilizadas como instrumento de coacción política y económica” (resoluciones 51/22, 53/10, 55/6, 57/5); “Medidas económicas unilaterales como medio de ejercer presión política y económica sobre los países en desarrollo” (resoluciones 44/215, 46/210, 48/168, 50/96, 52/181, 54/200, 56/179, 58/198, 60/185); “Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los gobiernos para la promoción y la consolidación de las democracias nuevas o restauradas” (resoluciones 49/30, 50/133, 51/31, 52/18, 53/31, 54/36, 55/43, 56/96, 56/269, 58/13, 60/253, 61/226); “Fortalecimiento de la función de las Naciones Unidas para mejorar la eficacia del principio de elecciones periódicas y genuinas y la promoción de la democratización” (resoluciones 56/159, 58/180, 60/162); “Fortalecimiento del Estado de Derecho” (resoluciones 53/142, 55/99, 57/221, 61/39); “Promoción y consolidación de la democracia” (A/RES/55/96). También aprobó tratados relacionados con estas cuestiones, como la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” (A/RES/55/25) y la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” (A/RES/58/4). La necesidad de “impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación” surge del carácter de derecho en formación del DI, y cuya principal fuente –la costumbre– es una fuente no escrita. Para asistirla en esta importantísima función, la AG se dotó en 1947 de un órgano subsidiario (v. Art.22): la Comisión de Derecho Internacional (CDI), creada por la resolución 174 (II), que establece: «Reconociendo la necesidad de dar efectividad al Artículo 13, (párrafo 1, inciso a) de la Carta [...] Resuelve instituir una “Comisión de Derecho Internacional” [...] que será constituida y ejercerá sus funciones en conformidad con las disposiciones del estatuto anexo.» Tal estatuto (con las reformas introducidas por las resoluciones 485 (V), 984 (X), 985 (X) y 36/39), fija su objeto en el Art. 1: «Impulsar el desarrollo progresivo del Derecho internacional y su codificación. La Comisión se ocupará principalmente del derecho internacional público, sin que esto le impida abordar el campo del derecho internacional privado»; la organización en los Arts. 2 a 14: se compone de 34 miembros «de reconocida competencia en derecho internacional», sin que pueda haber dos de la misma nacionalidad (Art.2, nótese que se trata de especialistas), elegidos por la AG (Art.3) y tiene su sede en Ginebra (Art.12); las funciones en los Arts. 15 a 24, dividiéndolas en “Desarrollo progresivo del derecho internacional” (Arts. 16 a 17), y “Codificación del derecho internacional” (Arts. 18 a 24), de acuerdo a lo establecido en el Art.15: «la expresión “desarrollo progresivo del derecho internacional” es utilizada para designar la elaboración de proyectos de convenciones sobre temas que no hayan sido regulados todavía por el derecho internacional o respecto a los cuales los Estados no hayan aplicado, en la práctica, normas suficientemente desarrolladas. Del mismo modo, la expresión “codificación del derecho internacional” se emplea para designar la más precisa formulación y la sistematización de las normas de derecho internacional en materias en las que ya exista amplia práctica de los Estados, así como precedentes y doctrinas»; y la cooperación con otras entidades (Art.25). En su labor, la CDI suele servirse de relatores, quienes preparan los anteproyectos de convención, con sus respectivos fundamentos. La

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CDI presenta anualmente un informe a la AG sobre sus actividades (la signatura del informe siempre corresponde al Suplemento Nº10 de los “Documentos Oficiales de la Asamblea General”, es decir A/[período de sesiones]/10). La labor de la CDI dio nacimiento a numerosos tratados internacionales, como por ejemplo: Tratado

Aprobado por Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Estatuto de Roma de la Corte Penal Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal Internacional (A/CONF.183/9) internacional (Roma, julio de 1998) Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Supresión o la Convención para reducir los casos de Reducción de la Apatridia en el porvenir (Nueva York, agosto apatridia de 1961 Convención sobre el derecho de los usos de agua internacionales para fines distintos de A/RES/51/229 (21 de mayo de 1997) la navegación Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua Convención sobre la Alta Mar Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Convención sobre Pesca y Conservación de Mar (Ginebra, febrero de 1958) los Recursos Vivos de la Alta Mar Convención sobre la Plataforma Continental Convención de Viena sobre Relaciones Conferencia de las Naciones Unidas sobre relaciones e Diplomáticas inmunidades diplomáticas (Viena, marzo - abril de 1961) Convención de Viena sobre Relaciones Conferencia de las Naciones Unidas sobre relaciones Consulares consulares (Viena, marzo - abril de 1963) Convención sobre las Misiones Especiales A/RES/2530 (XXIV) Convención de Viena sobre el Derecho de Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los los Tratados Tratados (Viena, marzo-mayo 1968 y abril-mayo 1969) Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas A/RES/3166 (XXVIII) internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos Convención de Viena sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Representación Representación de los Estados en sus de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones Relaciones con las Organizaciones Internacionales (Viena, febrero - marzo de 1975) Internacionales de Carácter Universal Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Sucesión de Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en materia de Tratados (Viena, abril-mayo de 1977, Estados en materia de Tratados julio-agosto de 1978) Convención de Viena sobre la Sucesión de Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Sucesión de Estados en materia de Bienes, Archivos y Estados en materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado Deudas de Estado (Viena, marzo-abril de 1983) Convención de Viena sobre el Derecho de Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los los Tratados entre Estados y las Tratados entre Estados y las Organizaciones Internacionales Organizaciones Internacionales o entre o entre Organizaciones Internacionales (Viena, febrero-marzo Organizaciones Internacionales de 1986) Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los A/RES/59/38 Estados y de sus Bienes Tal cual surge del Art.1 del Estatuto de la CDI, ésta se dedica principalmente al DI público. Es por eso que la AG decidió crear, en 1966 un órgano subsidiario especialista en un área del derecho privado: el derecho mercantil; así es como fue creada la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI, o UNCITRAL por sus siglas en inglés), por A/RES/2205 (XXVI), que estableció como objeto: «promover la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional, mediante: [...] la preparación o el fomento de la aprobación de nuevas convenciones internacionales, leyes modelo y leyes uniformes, así como el fomento de la codificación y una aceptación más amplia de las condiciones, disposiciones, costumbres y prácticas comerciales internacionales, en colaboración, cuando corresponda, con las organizaciones que actúen en esta esfera; el fomento de métodos y procedimientos para asegurar la interpretación y aplicación uniformes de las convenciones internacionales y de las leyes uniformes en el campo de l

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derecho mercantil internacional...». Es interesante destacar, tal cual surge del texto, que no sólo elabora proyectos de convenciones, sino también de leyes modelo, las cuales no son tratados internacionales (lo que significa que no son firmadas ni ratificadas), sino propuestas de regulación de determinadas cuestiones que los Estados pueden adoptar para su legislación interna, o bien utilizarla como fuente para armonizar sus propias leyes al respecto. La CNUDMI tiene su sede en Viena y presenta anualmente un informe a la AG sobre sus actividades. Estos son algunos de los instrumentos emanados de la CNUDMI:

Instrumento

Aprobado por Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Convención sobre la prescripción en materia de compraventa prescripción en la compraventa internacional internacional de mercaderías de mercaderías (Nueva York, junio de 1974) Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Transporte Marítimo de Mercaderías Marítimo de Mercaderías (Hamburgo, marzo de 1978) Conferencia de las Naciones Unidas sobre Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Compraventa Internacional de Mercaderías Internacional de Mercaderías (Viena, 1980) Normas uniformes sobre cláusulas contractuales por las que se establece una suma convenida en razón de la falta de A/RES/38/135 cumplimiento Ley modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil A/RES/40/72 Internacional Convención de las Naciones Unidas sobre letras de cambio A/RES/43/165 internacionales y pagarés internacionales Ley Modelo sobre la contratación pública de bienes y de obras de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho A/RES/48/33 Mercantil Internacional Convención de las Naciones Unidas sobre Garantías A/RES/50/48 Independientes y Cartas de Crédito Contingente Ley Modelo sobre Comercio Electrónico aprobada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil A/RES/51/162 Internacional Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la insolvencia A/RES/52/158 transfronteriza Convención de las Naciones Unidas sobre la cesión de A/RES/56/81 créditos en el comercio internacional Ley Modelo sobre las Firmas Electrónicas de la Comisión de A/RES/56/80 las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional Ley Modelo sobre la Conciliación Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil A/RES/57/17 Internacional Disposiciones Legales Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para le Derecho Mercantil Internacional sobre A/RES/58/76 Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las A/RES/60/21 Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales

Existen numerosos tratados más que fueron concretados por las Naciones Unidas, ya sea a través de sus órganos principales, o bien, por conferencias celebradas al efecto. A continuación, al sólo efecto informativo, se enumeran algunos de los aprobados por la AG: Tratado Aprobado por Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las A/RES/61/177 desapariciones forzadas Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad A/RES/61/106

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Tratado Convenio Internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear Convenio Internacional para la represión de la financiación del Terrorismo Convenio Internacional para la represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes Convención Internacional contra la Toma de Rehenes Acuerdo que debe regir las Actividades de los Estados en la Luna y otros Cuerpos Celestes Convención sobre la Prohibición de utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con fines militares u otros fines hostiles. Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales Tratado sobre Prohibición de Emplazar Armas Nucleares y Otras Armas de Destrucción en Masa en los Fondos Marinos y Oceánicos y su Subsuelo Acuerdo sobre el Salvamento y la Devolución de Astronautas y las Restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre Tratado sobre los Principios que deben regir las Actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena

Aprobado por A/RES/59/290 A/RES/54/109 A/RES/52/164 A/RES/49/59 A/RES/45/458 A/RES/44/34 A/RES/40/34 G A/RES/34/146 A/RES/34/68 A/RES/31/72 A/RES/2777 (XXVI) A/RES/2660 (XXV) A/RES/2345 (XXII) A/RES/2222 (XXI) A/RES/1763 A (XVII) A/RES/1040 (XI) A/RES/317 (IV)

a(Los tratados sobre desarme son analizados en el Art.11 y los de Derechos Humanos en el Art. 55) El inciso b de este párrafo 1 establece que la AG promoverá estudios y hará recomendaciones sobre el fomento de la cooperación internacional en los campos, económico, social, cultural, educativo y sanitario y la ayuda para hacer efectivos los derechos humanos y libertades fundamentales de todos. Esta facultad le corresponde, como dijimos, en virtud del Art.10 y por la expresa disposición del Art.60, que dice: “La responsabilidad por el desempeño de las funciones de la Organización [en la cooperación internacional económica y social] corresponderá a la Asamblea General”. No tenemos que olvidar que este artículo, al establecer estas cuestiones dentro de la órbita de competencia de la AG, está materializando el propósito del Art.1.3 (sobre la relación entre todas estas disposiciones, v. Art.55). El párrafo 2 dispone que los demás poderes, responsabilidades y funciones de la AG en este ámbito están enumerados en los Caps. IX y X, a los que nos remitimos para analizar cuál ha sido la obra de la AG en estas importantes cuestiones, dada tal remisión expresa.

Artículo 14 Salvo lo dispuesto en el Artículo 12, la Asamblea General podrá recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones, sea cual fuere su origen, que a juicio de la Asamblea puedan perjudicar el bienestar general o las relaciones amistosas entre naciones, incluso las situaciones resultantes de una violación de las disposiciones de esta Carta que enuncian los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas.

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Capítulo IV – La Asamblea General

Para analizar el artículo se debe necesariamente delimitar su contenido: se trata del arreglo pacífico de “situaciones” en sentido amplio, las que pueden implicar controversias o no, que puedan “perjudicar el bienestar general o las relaciones amistosas entre naciones”, destacando que esta condición de ser perjudiciales queda librada al exclusivo juicio de la AG, es decir, no requiere ninguna calificación previa de otro órgano; pero si esas situaciones ponen en peligro la paz y la seguridad internacionales, corresponde la aplicación del capítulo VI, que otorga facultades al CS (Art.34) y a la AG (Art.35.1), pero en este caso, ésta actúa no ya en virtud del Art.14, sino del Art.11, según surge del Art.35.3. Como la AG no suele especificar en virtud de qué artículo está actuando, se vuelve necesario analizar el artículo 14 conjuntamente con el Art.11, tal cual lo hizo la CIJ en su opinión consultiva de 20 de julio de 1962, donde dice: «Los poderes que incumben a la Asamblea General en virtud del Artículo 14 no están sujetos a la salvedad de lo dispuesto en el Artículo 11, sino sólo del Artículo 12. [...] Dado que en las resoluciones de la Asamblea General [...] no se menciona el artículo en que se basan, y habida cuenta de que la terminología que se emplea en la mayoría de ellas podría suponer una referencia tanto al Artículo 14 como al Artículo 11, no cabe excluir que se basen en uno u otro artículo» (CIJ: “Ciertos gastos de las Naciones Unidas”, opinión consultiva de 20 de julio de 1962). Por ello, procederemos al análisis de algunas resoluciones, que si bien ya han sido citadas en el Art.11, también se refieren a las funciones de la AG de acuerdo a este artículo. En la “Declaración sobre el fortalecimiento de la seguridad internacional” (A/RES/2734 [XXV]), reafirmó «su competencia, según la Carta, para examinar y recomendar medidas para el ajuste pacífico de cualquier situación que, a su juicio, pueda obstaculizar el bienestar general o las relaciones de amistad entre los Estados»; en la “Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales”(A/RES/37/10) estableció: «Los Estados Miembros reafirman el importante papel atribuido a la Asamblea General por la Carta de las Naciones Unidas en la esfera del arreglo pacífico de controversias y subrayan la necesidad de que la Asamblea General desempeñe eficazmente sus funciones. En consecuencia, deberían: a) Tener presente que la Asamblea General puede discutir cualquier situación, sea cual fuere su origen, que a su juicio pueda perjudicar el bienestar general o las relaciones amistosas entre naciones y, con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 12 de la Carta, recomendar medidas para su arreglo pacífico; b) Considerar la conveniencia de hacer uso, cuando lo juzguen oportuno, de la posibilidad de llevar a la atención de la Asamblea General toda controversia o toda situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia». El artículo 14 es expresamente invocado en otras resoluciones; así, en la resolución 721 (VIII), sobre “La cuestión del conflicto racial en el África del Sur resultante de la política de segregación racial (apartheid) del Gobierno de la Unión Sudafricana”, la AG observó que la Comisión de las NU para estudiar la situación racial en la Unión Sudafricana había concluido «Que la continuación de esta política hará cada vez más difícil llegar a soluciones pacíficas y pondrá en peligro las relaciones amistosas entre las naciones» y pidió a la Comisión que siguiera estudiando la situación «en relación con las disposiciones de la Carta y, en particular, con las del Artículo 14»; en la resolución 47/120 B, sobre “Un programa de paz”, la AG resolvió «emplear plena y efectivamente las funciones y los poderes enunciados en los Artículos 10 y 14 de la Carta de las Naciones Unidas, de conformidad con otras disposiciones pertinentes de la Carta» y decidió «considerar la posibilidad de utilizar el mecanismo existente o nuevos mecanismos, incluidos los órganos subsidiarios establecidos con arreglo al Artículo 22 de la Carta, para facilitar el examen de cualquier situación comprendida en el ámbito del Artículo 14 de la Carta con miras a recomendar medidas para resolverla por medios pacíficos». en el anexo de la resolución 57/337, sobre “Prevención de conflictos armados”, se expresa sobre el papel de la AG en la prevención: «Expresa su determinación de utilizar más eficazmente las facultades que le confieren los Artículos 10, 11, 13, 14, 15 y 17 de la Carta de las Naciones Unidas para la prevención de conflictos armados; Manifiesta su intención de recurrir en mayor medida al Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas; Decide examinar las formas de intensificar su interacción con otros órganos de las Naciones Unidas, especialmente el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social, y con el Secretario General para la elaboración y aplicación de medidas y estrategias, de largo y corto plazo, con el fin de prevenir conflictos armados». En otras resoluciones, si bien no invocó expresamente al artículo 14, citó algunos de sus términos; así, en la resolución 44 (I), sobre “Trato a los indios en la Unión del África del Sur”, declaró «que a causa de ese trato se han alterado las relaciones amistosas entre los dos Estados Miembros de las Naciones Unidas [Sudáfrica y la India]»; en la resolución 181 (II), sobre “Futuro Gobierno de Palestina”, consideró «que la actual situación de Palestina es susceptible de menoscabar el bienestar general y las relaciones amistosas entre las naciones»; en la resolución 427 (V), sobre “Medidas para la solución pacífica del problema de los prisioneros de guerra”, actuó «considerando que a Asamblea General puede recomendar medidas para el arreglo pacífico de toda situación, sea cual fuere su origen, que a su juicio pueda perjudicar el bienestar general o las relaciones amistosas entre naciones»; en la resolución 509 (VI), sobre “Denuncia de actividades hostiles contra Yugoslavia por parte del Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de los Gobiernos de Bulgaria, Hungría, Rumania y Albania, así como de los Gobiernos de

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Checoslovaquia y de Polonia”, actuó «Teniendo presente que la Asamblea General puede “recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones, sea cual fuere su origen, que a juicio de la Asamblea puedan perjudicar el bienestar general o las relaciones amistosas entre naciones»; en la resolución 1497 (XV), sobre “La condición jurídica de la población de habla alemana en la Provincia de Bolzano (Bozen)”, la AG, «Deseosa de evitar que la situación creada por la controversia pueda perjudicar las amistosas relaciones entre los dos países» (Austria e Italia), recomendó que las partes «se abstengan de cualquier acción que pudiera perjudicar sus amistosas relaciones». También guardan relación con este artículo las resoluciones 1236 (XII) y 1301 (XIII), en las que la AG exhortó «a todos los Estados a hacer cuanto esté a su alcance para fortalecer la paz internacional, fomentar relaciones de amistad y cooperación y resolver sus controversias por medios pacíficos», y a «adoptar disposiciones efectivas tendientes a la realización de principios de relaciones pacíficas y de buena vecindad». El artículo dice que, con la limitación del Art.12 (v. Art.12), la AG puede recomendar medidas para el arreglo pacífico de las situaciones, por ejemplo: instó a las partes a iniciar o reanudar negociaciones (A/RES/61/27, sobre el Golán; A/RES/53/95, sobre la situación en Haití; A/RES/49/18, sobre la cuestión de la isla comorana de Mayotte; A/RES/43/25, sobre las Islas Malvinas; A/RES/37/253, sobre la cuestión de Chipre); apoyó procesos de paz ya iniciados (resoluciones 51/29, 50/21, sobre el proceso de paz en el Oriente Medio); respaldó acuerdos (A/RES/42/1, sobre la situación en Centroamérica, A/RES/51/203, sobre la situación en Bosnia y Herzegovina); instó al cumplimiento de acuerdos ya alcanzados (A/RES/51/203, sobre la situación en Bosnia y Herzegovina, A/RES/60/39, sobre el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina); instó a superar los obstáculos del proceso de paz (A/RES/43/24, sobre la situación en Centroamérica); promovió la cooperación en todas las esferas, exhortó a la promoción de relaciones de buena vecindad e instó a normalizar las relaciones entre los Estados (A/RES/52/48, sobre el desarrollo de relaciones de buena vecindad entre los Estados balcánicos); exhortó a utilizar medios pacíficos de arreglo de controversias (A/RES/41/38, sobre el ataque de los Estados Unidos a Libia); destacó «la importancia de la buena vecindad y el establecimiento de relaciones de amistad entre los Estados», hizo «un llamamiento a todos los Estados para que resuelvan sus controversias con otros Estados por medios pacíficos, de conformidad con la Carta» e instó «a que se fortalezcan las relaciones entre los Estados de Europa sudoriental sobre la base del respeto del derecho internacional y los acuerdos internacionales, de conformidad con los principios de la buena vecindad y del respeto mutuo» (A/RES/61/53, sobre la buena vecindad, estabilidad y desarrollo en Europa sudoriental).

Artículo 15 1. La Asamblea General recibirá y considerará informes anuales y especiales del Consejo de Seguridad. Estos informes comprenderán una relación de las medidas que el Consejo de Seguridad haya decidido aplicar o haya aplicado para mantener la paz y la seguridad internacionales. 2. La Asamblea General recibirá y considerará informes de los demás órganos de las Naciones Unidas. Dado que en la AG se encuentran representados todos los miembros, es lógico que aquellos que no integran los demás órganos tengan derecho a conocer qué temas se discuten en ellos. Este derecho también es un deber, pues los términos del artículo (“recibirá” y “considerará”) son imperativos y no meramente facultativos. El párrafo 1 establece que la AG debe recibir y considerar informes anuales y especiales del CS, que comprendan una relación de las medidas que “haya decidido aplicar o haya aplicado para mantener la paz y la seguridad internacionales”, lo cual sólo se aplica a los informes anuales, no así a los especiales, los que han tenido poca aplicación práctica, reduciéndose a los informes sobre admisión de nuevos miembros, de conformidad al Art.4. Merece destacarse la cuestión que se suscitó desde los primeros tiempos de la Organización, en cuanto a si los términos de este artículo (“recibir” y “considerar”) faculta a la AG para ejercer una suerte de “contralor” sobre la actividad del CS, o sólo se limita a tomar conocimiento de su accionar. La práctica de la AG demuestra que es la última la interpretación asumida, pues la AG se limita a “tomar nota” de los informes, sin formular observaciones; de lo que no cabe duda, es de la obligación del CS de remitir los informes, tal cual le es impuesto por el Art.24.3 (por otro lado, una interpretación contraria a la expuesta llevaría a la conclusión de que existiría una subordinación del CS a la AG y ése no parece ser lo que surge de la Carta; sobre la autonomía de los órganos principales, v. Art.7.1). Ello es así en cuanto a los informes anuales, mas los informes especiales, reducidos como vimos a la admisión de nuevos miembros, han merecido un tratamiento distinto, pues al estar relacionados con el Art.4, que faculta a la AG a “decidir” sobre la recomendación del CS, es lógico que tenga amplios poderes para examinar los.

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Capítulo IV – La Asamblea General

Ello ha motivado que la AG haya insistido en reiteradas oportunidades al CS para que reconsiderara solicitudes de admisión rechazadas (sobre la relación del CS y la AG en la admisión de miembros, v. Art.4). El párrafo 2 también permite a la AG considerar y recibir informes de los demás órganos principales: el ECOSOC, el CAF (Art.88), la CIJ, y el SG (Art.98). En cuanto a la práctica de la Organización, estos informes tienen un lugar asignado dentro de la documentación de la AG: así, la “Memoria del Secretario General sobre la labor de la organización” es el suplemento Nº1 de los “Documentos Oficiales de la Asamblea General” (A/[período de sesiones]/1, por ejemplo: A/61/1); el informe del CS es el suplemento Nº2 (A/[período de sesiones]/2, por ejemplo: A/61/2); el informe del ECOSOC es el suplemento Nº3 (A/[período de sesiones]/3, por ejemplo: A/61/3); el informe de la CiJ es el suplemento Nº4 (A/[período de sesiones]/4, por ejemplo: A/61/4). Además, la AG recibe y considera informes de sus órganos subsidiarios (v. Art.22), de los organismos especializados (v. Arts. 57 y 63) y de algunas organizaciones internacionales vinculadas por un acuerdo especial (por ejemplo, el OIEA).

Artículo 16 La Asamblea General desempeñará, con respecto al régimen internacional de administración fiduciaria, las funciones que se le atribuyen conforme a los Capítulos XII y XIII, incluso la aprobación de los acuerdos de administración fiduciaria de zonas no designadas como estratégicas. El artículo es concordante con el Art.85.1, que establece que “las funciones de la Organización en lo que respecta a los acuerdos sobre administración fiduciaria relativos a todas las zonas no designadas como estratégicas, incluso la de aprobar los términos de los acuerdos y las modificaciones o reformas de los mismos serán ejercidas por la Asamblea General”. La salvedad con respecto a las zonas designadas como estratégicas se explica porque las mismas son competencia del CS (Art.83). El desarrollo y análisis de estas funciones se harán en los Ca ps. XII y XIII.

Artículo 17 1. La Asamblea General examinará y aprobará el presupuesto de la Organización. 2. Los miembros sufragarán los gastos de la Organización en la proporción que determine la Asamblea General. 3. La Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y presupuestarios que se celebren con los organismos especializados de que trata el Artículo 57 y examinará los presupuestos administrativos de tales organismos especializados con el fin de hacer recomendaciones a los organismos correspondientes. La AG es el órgano financiero de la Organización y posee competencia exclusiva en este aspecto, tal cual surge de este artículo, y de la competencia general del Art.10. El párrafo 1 es relativo al presupuesto de la Organización. El Art.153 del Reglamento de la AG la faculta a dictar el Reglamento Financiero de las Naciones Unidas (ST/SGB/Financial Rules/1/Rev.3), según el cual el presupuesto es bianual, preparado por el SG, quien debe someterlo a la AG para su consideración (Art.3 RF). Este proyecto es analizado por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (órgano subsidiario establecido por el Art.155 del RAG), quien tiene a su cargo el examen técnico del presupuesto por programas y ayuda en sus tareas a la Quinta Comisión de la AG (Art.157 RAG). La Comisión Consultiva debe presentar a la AG un informe detallado sobre el proyecto de presupuesto (Art.3.6 RF y Art.157 RAG). Este proyecto (junto al informe de la Comisión Consultiva es considerado y discutido por la Quinta Comisión (Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios), de acuerdo a lo establecido en la resolución 45/248 B, donde la AG reafirmó «que la Quinta Comisión es la Comisión Principal de la Asamblea General responsable de las cuestiones administrativas y presupuestarias». En la Comisión, si el proyecto de presupuesto es aprobado por mayoría simple, adquiere el carácter de proyecto de resolución y es sometido al Plenario de la AG, donde deberá obtener una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, por ser una “cuestión importante” (Art.18.2, in fine). El presupuesto se expresa

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en dólares estadounidenses; el previsto para 2006-2007 es de 3.798.912.500 dólares (A/RES/60/247 A). El párrafo 2 es claro al establecer que los gastos de la Organización deben ser sufragados por los Miembros “en la proporción determinada” por la AG, quien, como vimos, goza de facultades exclusivas en ese sentido. Para ello, el Reglamento de la AG establece en su Art.158 una Comisión de Cuotas, cuyas funciones indica en el Art.160: «asesorará a la Asamblea General respecto al prorrateo de los gastos de la Organización entre los Miembros, previsto en el párrafo 2 del Artículo 17 de la Carta, que corresponderá aproximadamente a su capacidad de pago. La escala de cuotas, una vez establecida por la Asamblea General, no estará sujeta a revisión general durante tres años por lo menos, salvo en casos en que sea evidente que se han producido cambios fundamentales en la capacidad relativa de pago de los Estados. La Comisión asesorará también a la Asamblea General respecto a las cuotas que hayan de asignarse a los nuevos Miembros, a las peticiones de los Miembros encaminadas a obtener modificaciones en sus cuotas y a las medidas que hayan de adoptarse para la aplicación del Artículo 19 de la Carta.» (sobre esta última cuestión, v. Art.19). La Comisión de Cuotas presenta anualmente un informe a la AG (por ejemplo, A/55/11, A/56/11, A/57/11, A/58/11, A/59/11, A/60/11 o A/61/11) donde consta, entre otras cosas, el proyecto de “escala de prorrateo de cuotas”, y la metodología usada para confeccionarlo, que parte, como vimos de la capacidad de pago de cada Estado, medida según diversos indicadores, que parten del ingreso nacional (la evolución de la metodología empleada para el cálculo de las cuotas puede encontrarse en A/58/11, anexo II). La escala de cuotas para el período 2007-2009 (según A/RES/61/237) es la siguiente (ordenadas de mayor a menor, teniendo un máximo del 22% del presupuesto de la Organización y un mínimo de 0,001%): Estado Miembro Estados Unidos de América Japón Alemania Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Francia Italia Canadá España China México República de Corea Países Bajos Australia Suiza Federación de Rusia Bélgica Suecia Austria Brasil Noruega Arabia Saudita Dinamarca Grecia Finlandia Portugal Polonia India Irlanda Israel Turquía Singapur Argentina Emiratos Árabes Unidos Sudáfrica República Checa

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Porcentaje 22,000% 16,624% 8,577% 6,642% 6,301% 5,079% 2,977% 2,968% 2,667% 2,257% 2,173% 1,873% 1,787% 1,216% 1,200% 1,102% 1,071% 0,887% 0,876% 0,782% 0,748% 0,739% 0,596% 0,564% 0,527% 0,501% 0,450% 0,445% 0,419% 0,381% 0,347% 0,325% 0,302% 0,290% 0,281%

Capítulo IV – La Asamblea General

Estado Miembro Nueva Zelanda Hungría Venezuela Malasia Tailandia Kuwait Irán (República Islámica del) Chile Indonesia Colombia Eslovenia Egipto Luxemburgo Argelia Qatar Filipinas Perú Omán Rumania Eslovaquia Jamahiriya Árabe Libia Pakistán Cuba Croacia Nigeria Ucrania Chipre Marruecos Islandia Líbano Bahrein Costa Rica Guatemala Lituania Túnez Kazajstán Trinidad y Tobago Uruguay Brunei Darussalam República Dominicana Viet Nam Panamá Ecuador Serbia Belarús Bulgaria El Salvador Letonia Malta Bahamas Estonia República Árabe Siria Sri Lanka Iraq Botswana

Porcentaje 0,256% 0,244% 0,200% 0,190% 0,186% 0,182% 0,180% 0,161% 0,161% 0,105% 0,096% 0,088% 0,085% 0,085% 0,085% 0,078% 0,078% 0,073% 0,070% 0,063% 0,062% 0,059% 0,054% 0,050% 0,048% 0,045% 0,044% 0,042% 0,037% 0,034% 0,033% 0,032% 0,032% 0,031% 0,031% 0,029% 0,027% 0,027% 0,026% 0,024% 0,024% 0,023% 0,021% 0,021% 0,020% 0,020% 0,020% 0,018% 0,017% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,015% 0,014%

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Estado Miembro Jordania Mauricio Bangladesh Jamaica Kenya Liechtenstein Sudán Barbados Camerún Côte d’Ivoire Andorra Gabón Uzbekistán Zimbabwe República Popular Democrática de Corea Yemen Albania Bolivia Bosnia y Herzegovina Namibia República Unida de Tanzania Turkmenistán Azerbaiyán ex República Yugoslava de Macedonia Honduras Myanmar Paraguay Ghana Senegal Angola Etiopía Fiji Georgia Mónaco Nepal República Democrática del Congo San Marino Uganda Antigua y Barbuda Armenia Burkina Faso Guinea Ecuatorial Haiti Madagascar Nicaragua Papua Nueva Guinea Swazilandia Afganistán Belice Benin Bhután Burundi Cabo Verde Camboya Chad

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Porcentaje 0,012% 0,011% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,009% 0,009% 0,009% 0,008% 0,008% 0,008% 0,008% 0,007% 0,007% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,004% 0,004% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001%

Capítulo IV – La Asamblea General

Estado Miembro Comoras Congo Djibouti Dominica Eritrea Gambia Granada Guinea Guinea-Bissau Guyana Islas Marshall Islas Salomón Kirguistán Kiribati Lesotho Liberia Malawi Maldivas Malí Mauritania Micronesia (Estados Federados de) Mongolia Montenegro Mozambique Nauru Níger Palau República Centroafricana República de Moldova República Democrática Popular Lao Rwanda Saint Kitts y Nevis Samoa San Vicente y las Granadinas Santa Lucía Santo Tomé y Príncipe Seychelles Sierra Leona Somalia Suriname Tayikistán Timor Oriental Togo Tonga Tuvalu Vanuatu Zambia Total general

Porcentaje 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 100,000

En la década del ’60, la financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz en Medio Oriente y en el Congo (FENU y ONUC) suscitó una discusión entre los miembros (ya referida en el Art.11, en cuanto al órgano competente para crearlas) acerca de que si constituían o no “gastos de la organización”, de acuerdo al párrafo 2 del artículo examinado, lo cual motivó que la AG solicitara una opinión consultiva a la CIJ, por resolución 1731 (XVI) en los siguientes términos: «¿Constituyen “gastos de la Organización”, en el sentido del párrafo 2 del Artículo 17 de la Carta las Naciones

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Carta de las Naciones Unidas

Unidas, los gastos autorizados en virtud de las resoluciones de la Asamblea General [...] relativas a las operaciones de las Naciones Unidas den el Congo [...], así como los gastos autorizados en virtud de las resoluciones de la Asamblea General [...] relativas a las operaciones de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas...?». La CIJ se expidió el 20 de julio de 1962, y opinó, por nueve votos contra cinco, que los gastos autorizados por la Asamblea General con respecto a las operaciones de las Naciones Unidas en el Congo y en el Oriente Medio constituían “gastos de la Organización” en el sentido del párrafo 2 del Artículo 17 de la Carta. La CIJ, «habiendo señalado así, por una parte, que del texto del párrafo 2 del Artículo 17 de la Carta podía llegarse a la conclusión de que los gastos de la Organización eran las sumas pagadas ara sufragar los desembolsos relacionados con la realización de los propósitos de la Organización y, por otra parte, que el examen de las resoluciones por las que se autorizaban los gastos mencionados en la solicitud de opinión consultiva había llevado a la conclusión de que se habían contraído con ese fin; y habiendo, además, analizado y visto que carecían de fundamento los argumentos aducidos contra la conclusión de que los gastos de que se trataba debían considerarse gastos de la Organización en el sentido del párrafo 2 del Artículo 17», resolvió que debía darse una respuesta afirmativa a la cuestión que le había planteado la AG. La AG aceptó la opinión de la C IJ por resolución 1854 (XVII), de 9 de diciembre de 1962. Sin embargo, los Estados que se habían opuesto en primer lugar continuaron en su posición, y la discusión no se solucionó hasta haberse alcanzado el compromiso político sobre el órgano competente para la creación de las operaciones de mantenimiento de la paz (v. Art.11). Actualmente rige una escala de cuotas paralela para las operaciones de mantenimiento de la paz, similar a la escala regular, con ligeras variaciones. El párrafo 3 contempla dos funciones distintas de la AG. Por un lado, debe considerar y aprobar los arreglos financieros y presupuestarios que se celebren con los organismos especializados, lo cual surge de su carácter de órgano financiero, y de las facultades que le confiere el Art.63 de aprobar los acuerdos con los citados organismos. Por el otro, puede examinar los presupuestos administrativos de los organismos y hacer recomendaciones, que no son vinculantes, dada la autonomía de que gozan los organismos especializados, al tratarse –como dijimos en el comentario del Art.7– de organizaciones internacionales independientes y distintas a las NU (sobre los organismos especializados, v. Arts. 57 y 63). Son precisamente los acuerdos con los organismos los que reglamentan la forma en que se aplicará este párrafo; así, el Art. XVI del Acuerdo con la UNESCO establece: «1. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura reconoce la conveniencia de establecer una estrecha relación presupuestaria y financiera con las Naciones Unidas, a fin de que los trabajos administrativos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados se efectúen del modo más eficaz y económico posible y de que se obtenga la máxima coordinación y uniformidad en dichos trabajos. 2. Las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura convienen en cooperar en la mayor medida posible para el logro de estos objetivos, y especialmente en consultarse con objeto de concertar las disposiciones adecuadas para que el presupuesto de la Organización quede incluido en el presupuesto general de las Naciones Unidas. Estas disposiciones se definirán en un acuerdo complementario entre ambas organizaciones. 3. En tanto no se llegue a concertar ese acuerdo, las relaciones presupuestarias y financieras entre las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se regirán por las disposiciones siguientes: a) La Organización de las Naciones Unidas para la Educa ción, la Ciencia y la Cultura consultará a las Naciones Unidas durante la preparación de su presupuesto; b) La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura conviene en comunicar anualmente a las Naciones Unidas su proyecto de presupuesto al mismo tiempo que lo comunique a sus miembros. La Asamblea General examinará el presupuesto o el proyecto de presupuesto de la Organización y podrá hacer a ésta recomendaciones respecto a cualquier partida de dicho presupuesto; c) Los representantes designados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura tendrán derecho a participar, con voz y sin voto, en los debates de la Asamblea General o de sus comisiones cuando se discuta el presupuesto de la Organización o cuestiones generales de orden administrativo o financiero de interés para ésta; d) Las Naciones Unidas podrán encargarse de recaudar las contribuciones de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que sean Miembros de las Naciones Unidas, de conformidad con las disposiciones que se estipulen, si procede, en un acuerdo ulterior entre las Naciones Unidas y la Organización; e) Las Naciones Unidas tomarán, ya sea por iniciativa propia o a petición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, disposiciones para que se hagan estudios sobre cuestiones financieras y fiscales de interés para la Organización y los demás organismos especializados, con objeto de establecer servicios comunes y conseguir la uniformidad en esas esferas; f) La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura conviene en atenerse, dentro de lo posible, a las prácticas y normas uniformes recomendadas por las Naciones Unidas» (en similares términos, Art.XIV del Acuerdo con la OIT, Art.XIV del Acuerdo con la FAO; Art.XV del Acuerdo con la

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Capítulo IV – La Asamblea General

OMS, Art.XIII del Acuerdo con la OMI; Art.XII del Acuerdo con la OMM; los dos primeros párrafos son similares en el Art.VII del Acuerdo con el FIDA, que además incluye: «De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas, el Fondo transmitirá su presupuesto administrativo anual a las Naciones Unidas, a fin de que la Asamblea General de las Naciones Unidas pueda examinarlo y formular recomendaciones»); por su parte, el Art.X del Acuerdo con la UPU establece: «El presupuesto anual de la Unión será comunicado a las Naciones Unidas y la Asamblea General podrá hacer a su respecto recomendaciones al Congreso de la Unión»; el Art.XI del Acuerdo con la UIT dispone: «1. El presupuesto o el proyecto de presupuesto de la Unión será comunicado a las Naciones Unidas al mismo tiempo que sea transmitido a los miembros de la Unión, y la Asamblea General podrá hacer a su respecto recomendaciones a la Unión. 2. La Unión tendrá derecho a enviar representantes para que participen, sin voto, en las deliberaciones de la Asamblea General, o de cualquiera de sus comisiones, cuando examine el presupuesto de la Unión»; El Art.X.3 del Acuerdo con el BIRF establece: «El Banco suministrará a las Naciones Unidas cierto número de ejemplares del informe anual y de los estados financieros trimestrales preparados por el Banco [...]. Las Naciones Unidas convienen en que, al interpretar el párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas, tendrán en cuenta que el Banco, para su presupuesto anual, no está ligado por las contribuciones de sus miembros, y que las autoridades competentes del Banco gozan de plena autonomía para decidir respecto a la forma y el contenido de tal presupuesto» (en similares términos, Art.X.3 del Acuerdo con el FMI); el Art.16 del Acuerdo con la OMPI dispone: «a) La Organización reconoce la conveniencia de establecer estrechas relaciones presupuestarias y financieras con las Naciones Unidas a fin de que las operaciones administrativas de las Naciones Unidas y de los organismos del sistema de las Naciones Unidas se efectúen de la manera más eficaz y económica posible y que se asegure la mayor coordinación y uniformidad de tales operaciones. b) La Organización conviene en ajustarse, en la medida de lo posible y lo adecuado, a las prácticas y reglas uniformes recomendadas por las Naciones Unidas. c) En la preparación del presupuesto de la Organización, su Director General consultará con el Secretario General de las Naciones Unidas para lograr, en la medida de lo posible, la uniformidad en la presentación de los presupuestos de las Naciones Unidas y de los organismos del sistema de las Naciones Unidas con el objeto de que puedan servir de base para comparaciones. d) La Organización conviene en transmitir a las Naciones Unidas sus proyectos de presupuesto trienal y anual a más tardar en la fecha en que los transmita a sus miembros de modo que dé a la Asamblea General tiempo suficiente para examinar esos proyectos de presupuesto o presupuestos y formular las recomendaciones que juzgue procedentes. e) Las Naciones Unidas podrán tomar disposiciones para que se hagan estudios sobre cuestiones financieras y fiscales que interesen tanto a la Organización como a los otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, a fin de establecer servicios comunes y de asegurar la uniformidad en tales materias»; el Art.17 del Acuerdo con la OMT establece: «1. La Organización Mundial del Turismo reconoce la conveniencia de entablar con las Naciones Unidas estrechas relaciones en cuestiones presupuestarias y financieras a fin de que las operaciones administrativas de éstas y de los organismos del sistema de las Naciones Unidas se lleven a cabo de la manera más eficiente y económica posible y de que se asegure la máxima coordinación y uniformidad en esas operaciones. 2. La Organización Mundial del Turismo conviene en aceptar el estatuto de la Dependencia Común de Inspección. 3. La Organización Mundial del Turismo conviene en aplicar, en la medida en que sea posible y procedente, las prácticas y los formularios estándar que recomienden las Naciones Unidas. 4. Los arreglos financieros y presupuestarios que concierten las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Turismo serán aprobados de conformidad con sus respectivos instrumentos constitutivos. 5. En la preparación del presupuesto de la Organización Mundial del Turismo, su Secretario General celebrará consultas con el Secretario General de las Naciones Unidas para lograr, en la medida de lo posible, la uniformidad en la presentación de los presupuestos de las Naciones Unidas y de los organismos del sistema a fin de facilitar la comparación de los diversos presupuestos, sin perjuicio de que cada organización utilice monedas diferentes al preparar su presupuesto. 6. La Organización Mundial del Turismo conviene en transmitir sus proyectos de presupuesto a las Naciones Unidas a más tardar en la fecha en que los transmita a sus miembros para que la Asamblea General de las Naciones Unidas los pueda examinar y formular recomendaciones de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas. 7. Los representantes de la Organización Mundial del Turismo estarán facultados para participar, sin derecho de voto, en las deliberaciones de la Asamblea General o de cualquier comité o comisión establecido por ésta cuando quiera que se examine el presupuesto de la Organización Mundial del Turismo o cuestiones financieras o administrativas generales relativas a ella» (en similares términos, Art. 17 del Acuerdo con la ONUDI).

Votación Artículo 18 63

Carta de las Naciones Unidas

1. Cada Miembro de la Asamblea General tendrá un voto. 2. Las decisiones de la Asamblea General en cuestiones importantes se tomarán por el voto de una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes. Estas cuestiones comprenderán: las recomendaciones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, la elección de los miembros del Consejo Económico y Social, la elección de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria de conformidad con el inciso c, párrafo 1, del Artículo 86, la admisión de nuevos Miembros a las Naciones Unidas, la suspensión de los derechos y privilegios de los Miembros, la expulsión de Miembros, las cuestiones relativas al funcionamiento del régimen de administración fiduciaria y las cuestiones presupuestarias. 3. Las decisiones sobre otras cuestiones, incluso la determinación de categorías adicionales de cuestiones que deban resolverse por mayoría de dos tercios, se tomarán por la mayoría de los miembros presentes y votantes. En virtud del párrafo 1 de este artículo (y del Art.82 del RAG), en la AG rige el principio de “un miembro, un voto” (párrafo 1), y todos los votos tienen el mismo valor (no así en el CS, v. Art.27.3). El artículo diferencia las “cuestiones importantes” (párrafo 2), de las “otras cuestiones” (párrafo 3) para el cálculo de las mayorías. Así, el párrafo 2 (y el Art.83 del RAG) determina las decisiones en cuestiones importantes se toman por el voto de una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes (es decir, por una mayoría calificada del 66,66%). Son “cuestiones importantes”: las recomendaciones relativas al mantenimiento de la paz (Art.11); las elecciones de los miembros del CS (Art.23.1), del ECOSOC (Art.61.1) y del CAF (Art.86.1, inc. c); la admisión (Art.4), suspensión de derechos y privilegios (Art.5) y expulsión (Art.6) de Miembros; las cuestiones relativas al régimen de administración fiduciaria (Art.16 y Cap.XII); las cuestiones presupuestarias (Art.17) y las demás cuestiones que se adicionen por la mayoría de los miembros presentes y votantes ( párrafo 3, in fine). La Carta establece dos supuestos adicionales –no contemplados en este artículo– donde se requiere una mayoría de dos tercios en la AG, pero no “de los miembros presentes y votantes”, sino “de los miembros de las Naciones Unidas”: son los casos de reforma de la Carta (Art.108) y convocatoria a la Conferencia de Revisión de la Carta (Art.109). El párrafo 3 (y el Art.85 RAG) determina que las otras cuestiones se toman por la mayoría de los miembros presentes y votantes (la mayoría es más de la mitad de los miembros presentes y votantes). De acuerdo al Art.86 del Reglamento de la AG, «la expresión “miembros presentes y votantes” significa los miembros que votan a favor o en contra. Los miembros que se abstengan de votar serán considerados no votantes». Es importante destacar que el párrafo agrega una importante pauta interpretativa al aclarar que se incluye dentro de las “otras cuestiones”, la determinación de categorías adicionales de cuestiones que deban resolverse por mayoría de dos tercios, es decir, que para determinar si una cuestión es “importante” en el sentido del párrafo 2, la AG puede realizar una votación donde regirá la simple mayoría establecida en el párrafo 3. El Art.87 RAG establece cuál es el procedimiento de votación, en lo s siguientes términos: «a) De ordinario, las votaciones de la Asamblea General se harán levantando la mano o poniéndose de pie, pero cualquier representante podrá pedir votación nominal. La votación nominal se efectuará siguiendo el orden alfabético inglés de los nombres de los miembros, comenzando por el miembro cuyo nombre sea sacado a suerte por el Presidente. En las votaciones nominales, se anunciará el nombre de cada uno de los miembros y uno de los representantes contestará “sí”, “no” o “abstención”. El resultado de la votación se consignará en el acta siguiendo el orden alfabético inglés de los nombres de los miembros. b) Cuando la Asamblea General efectúe votaciones haciendo uso del sistema mecánico, la votación no registrada sustituirá a la que se hace levantando la mano o poniéndose de pie y la votación registrada sustituirá a la votación nominal. Cualquier representante podrá pedir votación registrada...». Con respecto a las elecciones, el Art.92 del Reglamento de la AG establece: «todas las elecciones se efectuarán por votación secreta. No habrá presentación de candidaturas», y los Arts. 93 y 94 RAG prevén los casos que no se alcance la mayoría requerida para la elección. Así, el Art.93 dispone: «Cuando se trate de elegir una sola persona o un solo Miembro, si ningún candidato obtiene en la primera votación la mayoría requerida,

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Capítulo IV – La Asamblea General

se procederá a una segunda votación limitada a los dos candidatos que hayan obtenido mayor número de votos. Si en la segunda votación los votos se dividen por igual y se requiere una mayoría, el Presidente resolverá el empate por sorteo. Cuando se requiera mayoría de dos tercios, se continuará la votación hasta que uno de los candidatos obtenga dos tercios de los votos emitidos; sin embargo, después del tercer escrutinio sin resultado decisivo, se podrá votar por cualquier persona o Miembro elegible. Si tres votaciones no limitadas no dan resultado decisivo, las tres votaciones siguientes se limitarán a los dos candidatos que hayan obtenido más votos en la tercera votación no limitada y las tres votaciones ulteriores serán sin limitación de candidatos, y así sucesivamente hasta que se haya elegido una persona o un Miembro», y el Art.94 establece: «Cuando hayan de cubrirse al mismo tiempo y en las mismas condiciones dos o más cargos electivos, se declarará elegidos a aquellos candidatos que obtengan en la primera votación la mayoría requerida. Si el número de candidatos que obtengan tal mayoría es menor que el de personas o Miembros que han de ser elegidos, se efectuarán votaciones adicionales para cubrir los puestos restantes, limitándose la votación a los candidatos que hayan obtenido más votos en la votación anterior, de modo que el número de candidatos no sea mayor que el doble del de cargos que queden, por cubrir; sin embargo, después del tercer escrutinio sin resultado decisivo, se podrá votar por cualquier persona o Miembro elegible. Si tres votaciones no limitadas no dan resultado decisivo, las tres votaciones siguientes se limitarán a los candidatos que hayan obtenido mayor número de votos en la tercera votación no limitada, de modo que el número de candidatos no sea mayor que el doble del de los cargos que queden por cubrir, y las tres votaciones ulteriores serán sin limitación de candidatos, y así sucesivamente hasta que se hayan cubierto todos los puestos». Hay que destacar que en la actualidad, lo más usual es que las decisiones sobre cualquier cuestión se adopten por unanimidad o por consenso, es decir, sin votación. Sobre el procedimiento del consenso, el párrafo 104 de las “Conclusiones del Comité Especial para la racionalización de los procedimientos y la organización de la Asamblea General”, que consta en el Anexo V del Reglamento de la AG, dice «la adopción de decisiones y de resoluciones por consenso es conveniente cuando contribuye a resolver de manera eficaz y duradera las diferencias y, por lo tanto, a reforzar la autoridad de las Naciones Unidas. El Comité desea subrayar, no obstante, que este procedimiento no debe restringir el derecho de todo Estado Miembro a exponer plenamente sus puntos de vista.»

Artículo 19 El Miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas financieras para los gastos de la Organización, no tendrá voto en la Asamblea General cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos. La Asamblea General podrá, sin embargo, permitir que dicho Miembro vote si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de dicho Miembro. Siendo una obligación de los miembros contribuir a los gastos de la Organización (Art.17.2), es lógico que se establezca una sanción a la falta de contribución, la cual consiste en la suspensión del derecho a voto en la AG hasta que regularice su situación conforme lo establece el artículo. De acuerdo a la interpretación mayoritaria, la sanción opera en forma automática, desde el momento en que la AG toma conocimiento de la mora (lo que se produce cuando recibe la comunicación pertinente del SG, pues éste está obligado, según el Art.5.7 RF a presentar «a la Asamblea General en su período ordinario de sesiones, un informe sobre la recaudación de las cuotas»), salvo que se aplique la última parte del artículo, es decir que la AG permita que el miembro en mora “vote si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de dicho Miembro”. De acuerdo al Art.160 RAG ya analizado (v. Art.17), corresponde a la Comisión de Cuotas asesorar a la AG «respecto [...] a las medidas que hayan de adoptarse para la aplicación del Artículo 19 de la Carta». El procedimiento para la aplicación del artículo está establecido en la resolución 54/237 C, en la que la AG instó «a todos los Estados Miembros a que paguen íntegra y puntualmente sus cuotas y sin imponer condiciones, a fin de que las Naciones Unidas no deban hacer frente a dificultades financieras»; reafirmó «su función de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas y la función asesora de la Comisión de Cuotas de conformidad con el artículo 160 del reglamento de la Asamblea General»; instó «a todos los Estados Miembros en mora que soliciten la exención contemplada en el Artículo 19 de la Carta a que presenten la información justificativa más completa posible, en particular información sobre agregados económicos, ingresos y gastos del Estado, recursos en divisas, endeudamiento, dificultades para

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Carta de las Naciones Unidas

atender a las obligaciones financieras internas o internacionales, y cualquier otra información en apoyo de la aseveración de que el hecho de que no se hubieran efectuado los pagos necesarios era atribuible a circunstancias ajenas a la voluntad del Estado Miembro correspondiente»; y decidió «que las solicitudes de exención con arreglo al Artículo 19 de la Carta se an presentadas por los Estados Miembros al Presidente de la Asamblea General por lo menos dos semanas antes del período de sesiones de la Comisión de Cuotas, a fin de que pueda hacerse un examen completo de las solicitudes.» Una vez analizadas las correspondientes solicitudes, la Comisión de Cuotas eleva sus conclusiones y recomendaciones en su informe anual, el que es analizado por la Quinta Comisión, la que elaborará el o los proyecto/s de resolución pertinentes para ser considerados por el Plenario de la AG, que decidirá en definitiva si “la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de dicho Miembro”. A título ilustrativo, podemos mencionar que, al 23 de enero de 2007, los siguientes miembros estaban en mora según los dispuesto en el artículo sub examine: Chad, Comoras, Côte d’Ivoire, Dominica, Georgia, Guinea-Bissau, Kirguistán, Liberia, Níger, Palau, República Centroafricana, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Somalia y Tayikistán (según el informe del SG, A/61/709). En la resolución 61/2, la AG convino «en que el hecho de que las Comoras, Georgia, Guinea-Bissau, Liberia, el Níger, la República Centroafricana, Somalia y Tayikistán no hayan pagado íntegramente la cantidad mínima necesaria para evitar la aplicación del Artículo 19 de la Carta se debió a circunstancias ajenas a su voluntad»; decidió «que se permita a las Comoras, Georgia, GuineaBissau, Liberia, el Níger, la República Centroafricana, Somalia y Tayikistán votar en la Asamblea General hasta que concluya su sexagésimo primer período de sesiones»; tomó nota «de la información facilitada por el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente de Santo Tomé y Príncipe ante las Naciones Unidas en relación con una solicitud de exención conforme al Artículo 19 de la Carta»; convino «en que el hecho de que Santo Tomé y Príncipe no haya pagado íntegramente la cantidad mínima necesaria para evitar la aplicación del Artículo 19 de la Carta se debió a circunstancias ajenas a su voluntad»; y decidió «que se permita a Santo Tomé y Príncipe votar en la Asamblea General hasta que concluya su sexagésimo primer período de sesiones ». A la fecha de redacción de este comentario, la AG no había tomado medidas en relación a Chad, Côte d’Ivoire, Dominica, Kirguistán, Palau y Santa Lucía. A raíz de la discusión indicada en los Arts. 11 y 17 relativa a la financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz, y hasta que se alcanzó un compromiso político sobre la cuestión, aquellos Estados que se oponían a considerar como “gastos de la organización” tales erogaciones, y por lo tanto, no contribuían, se encontraban en la situación prevista por el Art.19, mas el 1º de septiembre de 1965, la AG aprobó el informe del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, así como el consenso del Comité Especial según el cual «la cuestión de la aplicabilidad del Artículo 19 de la Carta no se planteará con respecto a la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas ni con respecto a la Operación de las Naciones Unidas en el Congo». Así, el SG notificó al Presidente de la AG que todo Estado Miembro que estuviera en mora en el pago de sus cuotas al presupuesto ordinario en medida tal que hubiese de aplicarse el Artículo 19, en el cálculo de la mora conforme a lo dispuesto en el artículo 19 sólo se incluirían los atrasos en el pago de las cuotas al presupuesto ordinario.

Procedimiento Artículo 20 Las Asamblea General se reunirá anualmente en sesiones ordinarias y, cada vez que las circunstancias lo exijan, en sesiones extraordinarias. El Secretario General convocará a sesiones extraordinarias a solicitud del Consejo de Seguridad o de la mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas. El funcionamiento de la AG no es permanente (sí el del CS, v. Art.28.1). Según surge del Art.1 de su Reglamento, «se reunirá anualmente, en período de sesiones, a partir del martes de la tercera semana de septiembre, contando desde la primera semana en que haya al menos un día hábil», en la Sede de las Naciones Unidas, «a menos que sea convocada en otro lugar en virtud de una decisión tomada durante un período de sesiones anterior o a petición de la mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas» (Art.3 RAG). La apertura debe ser notificada por el SG a los Miembros con una antelación no menor a 60 días (Art.5 RAG). La fecha de clausura del período de sesiones es fijada por la AG a recomendación de la Mesa, al principio de cada período (Art.2 RAG). También se prevé la posibilidad de la suspensión del período de sesiones: «La Asamblea General podrá acordar, en cualquier período de sesiones, la suspensión temporal de sus sesiones y la

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Capítulo IV – La Asamblea General

reanudación de éstas en una fecha ulterior». En la práctica, esto sucede a finales del mes de diciembre, aún cuando la AG puede reunirse si las circunstancias lo exigieran. También prevé el artículo que la AG puede reunirse en períodos extraordinarios de sesiones, “cada vez que las circunstancias lo exijan”, los que pueden ser convocados por el SG a solicitud del CS o de la mayoría de los miembros. Los Arts. 7 a 10 del RAG contemplan esta situación: «La Asamblea General podrá fijar una fecha para reunirse en período extraordinario de sesiones» (Art.7); «la Asamblea General se reunirá en período extraordinario de sesiones dentro de los quince días siguientes a la fecha en que el Secretario General haya recibido una petición en ese sentido del Consejo de Seguridad o de la mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas, o siguientes a la fecha en que se haya manifestado la conformidad de los Miembros con arreglo a lo previsto en el artículo 9» (Art.8, inc. a); «cualquier Miembro de las Naciones Unida podrá pedir al Secretario General que convoque a la Asamblea General a un período extraordinario de sesiones. El Secretario General comunicará inmediatamente la petición a los demás Miembros y les pr eguntará si están de acuerdo con ella. Si dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la comunicación del Secretario General la mayoría de los Miembros manifiesta su conformidad con la petición, se convocará a la Asamblea General a un período extraordinario de sesiones, con arreglo a las disposiciones del artículo 8» (Art.9, inc. a); «el Secretario General notificará a los Miembros de las Naciones Unidas, por lo menos con catorce días de antelación, la apertura de un período extraordinario de sesiones convocado a petición del Consejo de Seguridad, y por lo menos con diez días de antelación en el caso de un período de sesiones convocado a petición de la mayoría de los Miembros, o de uno de ellos si la petición ha obtenido la conformidad de la mayoría. ..» (Art.10). Como vemos, el Reglamento establece cuatro formas de convocatoria a un período extraordinario: por la propia AG (Art.7); por el Consejo de Seguridad (Art.8); por la mayoría de los Miembros (Art.8); o por un Miembro que obtenga la conformidad de la mayoría (Art.9). La AG ha celebrado veintiocho períodos extraordinarios de sesiones; son los siguientes: Período 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º

8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º

Tema Palestina Palestina Túnez Situación financiera de las Naciones Unidas África Sudoccidental (Namibia) Materias primas y desarrollo Desarrollo y cooperación económica internacional Financiación de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano Namibia Desarme Nuevo Orden Económico Internacional Desarme África Namibia Desarme Apartheid Uso indebido de drogas Cooperación económica internacional Cumbre de la Tierra + 5 Problema mundial de las drogas Población y Desarrollo

Convocado por Reino Unido S/RES/44 (1948) 38 Estados Miembros A/RES/1866 (XVII)

Sesiones Documento 28 de abril-15 de mayo de 1947 A/310 16 de abril-14 de mayo de 1948 A/555 21-25 de agosto de 1961 A/4860 14 de mayo-21 de junio de A/5441 1963

A/RES/2145 (XXI)

21 de abril-12 de junio de 1967

A/6657

Argelia

9 de abril-2 de mayo de 1974

A/9559

A/RES/3172 (XXVIII) A/RES/3343 (XXIX)

1-16 de septiembre de 1975

A/10301

A/RES/32/214

20-21 de abril de 1978

A/S-8/10

A/RES/32/9 H A/RES/32/88 A/RES/32/174 A/RES/34/207 A/RES/36/81 A/RES/40/40 A/RES/40/97 F A/RES/42/40 A/RES/43/50 A/RES/44/16

24 de abril-3 de mayo de 1978 23 de mayo-1 de julio de 1978 25 de agosto-15 de septiembre de 1980 7 de junio-10 de julio de 1982 27 de mayo-1 de junio de 1986 17-20 de septiembre de 1986

A/S-9/13 A/S-10/4

12-14 de diciembre de 1989 20-23 de febrero de 1990

A/S-12/6 A/S-13/16 A/S-14/10 A/S-15/6 A/S-16/5 A/S-17/13

A/RES/44/16

23-27 de abril de 1990

A/S-18/15

A/RES/50/113 A/RES/51/64 A/RES/52/92 A/RES/52/188

23-27 de junio de 1997

A/S-19/33

8-10 de junio de 1998

A/S-20/14

30 de junio-2 de julio de 1999

A/S-21/7

31 de mayo-25 de junio de 1988

A/S-11/3

67

Carta de las Naciones Unidas

Período 22º

23º 24º

25º

26º

27º

28º

Tema Pequeños Estados Insulares en Desarrollo Mujer 2000: Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el siglo XXI Desarrollo Social Examen y evaluación generales de la aplicación de los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los asentamientos humanos (Hábitat II) Examen del problema del virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA) en todos sus aspectos Período extraordinario de sesiones de la AG en favor de la infancia Sexagésimo aniversario de la liberación de los campos de concentración nazis

Convocado por A/RES/S-19/2 A/RES/53/189

Sesiones

Documento

27-28 septiembre de 1999

A/S-22/11

A/RES/52/100 A/RES/52/231

5-9 de junio de 2000

A/S-23/13

A/RES/50/161

26-30 de junio de 2000

A/S-24/10

A/RES/53/180 A/RES/55/194

6-8 de junio 2001

A/S-25/9

A/RES/55/13

25-27 de junio de 2001

A/S-26/7

A/RES/54/93

8-10 de mayo de 2002

A/S-27/24

Mayoría de los miembros

24 de enero de 2005

No hubo

Aunque el artículo no lo menciona, de acuerdo a la resolución 377 A (V), ya analizada (v. Art.12), la AG «puede reunirse en período extraordinario de sesiones de emergencia dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de una solicitud al efecto. Tal período extraordinario de sesiones de emergencia será convocado si así lo solicita el Consejo de Seguridad por el voto de siete cualesquiera de sus miembros, o bien la mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas». También en este caso resultan de aplicación los Arts. 8 a 10 del RAG, que establecen: «en cumplimiento de su resolución 377 A (V), la Asamblea General se reunirá en período extraordinario de sesiones de emergencia dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción por el Secretario General de una petición a tal efecto del Consejo de Seguridad, formulada por el voto de nueve cualesquiera de sus miembros, o de una petición de la mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas, expresada mediante votación efectuada en la Comisión Interina o de otra manera, o de la conformidad de la mayoría de los Miembros con arreglo a lo previsto en el artículo 9» (Art.8, inc. b); «el presente artículo [analizado supra, prevé la conformidad de los miembros] se aplicará también a una petición hecha por cualquier Miembro de las Naciones Unidas para que se celebre un período extraordinario de sesiones de emergencia, en cumplimiento de la resolución 377 A (V). En tal caso, el Secretario General se pondrá en contacto con los otros Miembros, valiéndose de los medios de comunicación más rápidos que disponga»; y «en caso de que, conforme al párrafo b) del artículo 8, se convoque a un período extraordinario de sesiones de emergencia, el Secretario General lo notificará a los Miembros por lo menos doce horas antes de la apertura del período de sesiones.». De acuerdo a la resolución y al Reglamento, tres son las formas de convocar a un período extraordinario de sesiones de emergencia: por el CS (Art.8, inc. b, RAG), por la mayoría de los Miembros de la AG (Art.8, inc. b, RAG); o por la solicitud de un Miembro con la conformidad de la mayoría (Art.9, inc. b, RAG). Además de la diferente naturaleza de las cuestiones a tratar (en los períodos de emergencia siempre son cuestiones de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, mientras que en los extraordinarios puede ser cualquier cuestión, incluidas las de paz y seguridad), podemos distinguir lo brevísimos de los plazos que caracterizan a los períodos de emergencia, los cuales justifican su denominación. La AG ha celebrado diez períodos extraordinarios de sesiones de emergencia; son los siguientes:

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Capítulo IV – La Asamblea General

Período Tema 1º Oriente Medio 2º Hungría 3º Oriente Medio 4º La cuestión del Congo

Convocado por S/RES/119 (1956) S/RES/120 (1956) S/RES/129 (1958) S/RES/157 (1960)



Oriente Medio

URSS



Afganistán



Palestina



Namibia Territorios árabes ocupados

S/RES/462 (1980) Senegal (Presidente del Comité de los Derechos del Pueblo palestino) Zimbabwe



10º

Jerusalén Oriental ocupada y el resto del territorio palestino ocupado

S/RES/500 (1982)

Qatar

Sesiones 1-10 de noviembre de 1956 4-10 de noviembre de 1956 8-21 de agosto de 1958 17-19 de septiembre de 1960 17 de junio-18 de septiembre de 1967 10-14 de enero de 1980 22-29 de julio de 1980 20-28 de abril de 1982 25-26 de junio de 1982 16-19 de agosto de 1982 24 de septiembre de 1982 3-14 de septiembre de 1981 29 de enero-5 de febrero de 1982 24-25 de abril de 1997 15 de julio de 1997 13 de noviembre de 1997 17 de marzo de 1998 5, 8 y 9 de febrero de 1999 18 y 20 de octubre de 2000 20 de diciembre de 2001 7 de mayo de 2002 5 de agosto de 2002 19 de septiembre de 2003 20-21 de octubre de 2003 8 de diciembre de 2003 20 de julio de 2004

Documento A/3354 A/3355 A/3905 A/4510 A/6798 A/ES-6/7 A/ES-7/14 y Add.1 A/ES-8/13 A/ES-9/7 A/RES/ES-10/1-2 A/RES/ES-10/3 A/RES/ES-10/4 A/RES/ES-10/5 A/RES/ES-10/6 A/RES/ES-10/7 A/RES/ES-10/8-9 A/RES/ES-10/10 A/RES/ES-10/11 A/RES/ES-10/12 A/RES/ES-10/13 A/RES/ES-10/14 A/RES/ES-10/15

Todo período de sesiones (ordinario, extraordinario o extraordinario de emergencia) debe iniciarse y concluir con un minuto de silencio dedicado a la oración o a la meditación (Art.62 RAG).

Artículo 21 La Asamblea General dictará su propio reglamento y elegirá su Presidente para cada periodo de sesiones. En el Reglamento de la AG (RAG) constan todos los aspectos atinentes al funcionamiento del órgano y su dinámica. La AG, por resolución 173 (II) aprobó su primer reglamento; el actualmente vigente figura en el documento A/520/Rev.16 (una relación de los reglamentos con sus sucesivas reformas puede encontrarse en la “Introducción” del Reglamento vigente de la AG). Consta de 163 artículos, organizados bajo 18 títulos: “Períodos de sesiones” (Arts. 1 a 11; v. Art.20 de esta Carta); “Programa” (Arts. 12 a 24); “Delegaciones” (Arts. 24 y 25; v. Art.9 de esta Carta); “Poderes” (Arts. 27 a 29; v. Art.9 de esta Carta); “Presidente y Vicepresidente” (Arts. 30 a 37); “Mesa de la Asamblea General” (Arts. 38 a 44); “Secretaría” (Arts. 45 a 50; v. Art.98 de esta Carta); “Idiomas” (Arts. 51 a 57; v. Art.111 de esta Carta); “Actas” (Art. 58 y 59); “Sesiones públicas y privadas de la Asamblea General, sus comisiones y sus subcomisiones” (Arts. 60 y 61); “Minuto de silencio dedicado a la oración o a la meditación” (Art.62); “Sesiones Plenarias” (Arts. 63 a 95); “Comisiones” (Arts. 96 a 133; v. Art.22 de esta Carta); “Admisión de nuevos Miembros en las Naciones Unidas” (Arts.134 a 138; v. Art.4 de esta Carta); “Elecciones para los órganos principales” (Arts. 139 a 154; v. Arts. 23, 61, 86 y 92 de esta Carta); “Asuntos administrativos y de presupuesto” (Arts.152 a 160; v. Art.17 de esta Carta); “Órganos subsidiarios de la Asamblea General” (Art.161; v. Art.22 de esta Carta); “Interpretación y enmiendas” (Arts. 162 y 163). Como vimos, varias de estas disposiciones son analizadas en otros artículos; comentaremos someramente aquí aquellas que no han sido objeto de estudio. Así, el programa de la AG, que es la lista de temas sujeta a consideración de la AG, es preparado en forma provisional por el SG (Art.12 RAG), y debe contener obligatoriamente ciertos temas (Art.13, inc. a, b ,c y f, RAG), más aquellos propuestos por los órganos principales, un Miembro, o el mismo SG (Art.13, inc. d, e y g, RAG). El Art.21 del Reglamento establece que «en cada período de sesiones se someterá a la aprobación de la Asamblea General, tan pronto como sea

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Carta de las Naciones Unidas

posible después de la apertura del período de sesiones, el programa provisional...». La AG, por mayoría de los miembros presentes y votantes (v. Art.18.3) puede modificar o suprimir temas del programa (Art.22 RAG). En cuanto al Presidente (que el artículo sub examine establece que debe ser elegido para cada período de sesiones) y los Vicepresidentes, el Art.31 RAG dice: «La Asamblea General elegirá un Presidente y veintiún Vicepresidentes, los cuales desempeñarán sus cargos hasta la clausura del período de sesiones para el cual hayan sido elegidos. Los Vicepresidentes serán elegidos, después de la elección de los Presidentes de las seis Comisiones Principales mencionadas en el artículo 98, de modo que quede asegurado el carácter representativo de la Mesa». Para asegurar este “carácter representativo”, la resolución 33/138 de la AG establece: «1. En la elección del Presidente de la Asamblea General se tendrá en cuenta la rotación geográfica equitativa de ese cargo [entre los cinco grupos regionales]. 2. Los veintiún Vicepresidentes de la Asamblea General serán elegidos conforme a la siguiente distribución [...]: a) Seis representantes de Estados de África, b) Cinco representantes de Estados de Asia; c) Un representante de un Estado de Europa oriental; d) Tres representantes de Estados de América Latina; e) Dos representantes de Estados de Europa occidental o de otros Estados; f) Cinco representantes de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 3. Sin embargo, la elección del Presidente de la Asamblea General tendrá por efecto reducir en uno el número de vicepresidencias asignadas a la región a la cual pertenezca el Presidente.». Los Arts. 32 a 34 del Reglamento prevén la posibilidad de sustitución temporaria o permanente del Presidente. Sus atribuciones están fijadas en el Art.35: «Además de ejercer las atribuciones que le confieren otras disposiciones de este reglamento, el Presidente abrirá y levantará cada una de las sesiones plenarias del período de sesiones, dirigirá los debates en las sesiones plenarias, velará por la aplicación de este reglamento, concederá la palabra, someterá a votación los asuntos y proclamará las decisiones. Decidirá sobre las cuestiones de orden y, con sujeción a este reglamento, tendrá plena autoridad para dirigir las deliberaciones en cada una de las sesiones y para mantener el orden en ellas. El Presidente podrá proponer a la Asamblea General, durante la discusión de un asunto, la limitación del tiempo de uso de la palabra, la limitación del número de intervenciones de cada representante, el cierre de la lista de oradores o el cierre de los debates. También podrá proponer la suspensión o el levantamiento de la sesión, o el aplazamiento del debate sobre el asunto que se esté discutiendo.». El Art.36 del Reglamento establece que el Presidente, en ejercicio de sus funciones, queda supeditado a la autoridad de la AG, por ello, no puede participar en las votaciones (Art.37 RAG). El Reglamento también habla de la Mesa de la Asamblea General: el Art.38 dice que «estará integrada por el Presidente de la Asamblea General, que la presidirá, los veintiún Vicepresidentes y los Presidentes de las seis Comisiones Principales. Todos los miembros de la Mesa de la Asamblea pertenecerán a delegaciones diferentes y serán elegidos de modo que quede asegurado el carácter representativo de la Mesa...». De acuerdo a la resolución 33/138, ya citada, «los siete [ahora seis, A/RES/47/233] Presidentes de las Comisiones Principales serán elegidos conforme a la siguiente distribución: a) Dos representantes de Estados de África; b) Un representante de un Estado de Asia; c) Un representante de un Estado de Europa oriental; d) Un representante de un Estado de América Latina; e) Un representante de un Estado de Europa occidental o de otro Estado; [también preveía la elección del séptimo presidente, pero ya no se aplica]». Son funciones de la Mesa, de acuerdo a los Arts. 40, 41 y 44 del Reglamento: estudiar el programa provisional y presentar recomendaciones a la AG sobre cada uno de los temas, respecto a su inclusión o denegación, sin discutir el fondo de la cuestión; hacer recomendaciones a la AG respecto a la fecha de clausura del período de sesiones; ayudar al Presidente y a la AG en la preparación del orden del día de cada sesión plenaria, en la determinación del orden de prioridad de los temas y en la coordinación de los trabajos de las comisiones; ayudar al Presidente en la dirección general de las tareas de la AG que a él competen; introducir modificaciones de forma, pero no de fondo, en las resoluciones aprobadas por la AG. En cuanto a las sesiones plenarias, que son en principio públicas (Art.60 RAG), el Art.67 del Reglamento fija como quórum para sesionar un tercio de los miembros la AG, y la mayoría para tomar decisiones. En cuanto a los asuntos a tratar, el Art.65 RAG establece que, a menos que la AG decida otra cosa, no tomará decisiones sobre ningún tema hasta haber recibido el informe de una comisión. Sobre el uso de la palabra, dice el Art.68: «Ningún representante podrá tomar la palabra en la Asamblea General sin autorización del Presidente. El Presidente concederá la palabra a los oradores en el orden en que se hayan manifestado su deseo de hacer uso de ella.»; sin embargo, puede darse precedencia al Presidente y al Relator de una Comisión (Art.69). También el SG o un miembro de la Secretaría puede dirigirse a la AG (Art.70). Notamos aquí que gran parte de la labor de la AG se realiza a través de sus comisiones (v. Art.22), estipulada, como se dijo, en los Arts. 96 a 133 RAG, que regulan, su creación, mesas, organización de los trabajos, dirección de los debates y votaciones.

Artículo 22 70

Capítulo IV – La Asamblea General

La Asamblea General podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus funciones. El artículo, una aplicación del Art.7.2, ha permitido la creación de cientos de órganos subsidiarios de la AG. La interpretación del artículo siempre se ha entendido amplia y, como surge de su texto, es claro que queda al criterio de la misma AG cuándo tales órganos son “necesarios para el desempeño de sus funciones” y la única limitación de la AG en este sentido es la que fija el Art.10 al establecer su competencia general: debe actuar “dentro de los límites de esta Carta”, que como sabemos, están dados por los propósitos y principios de la Organización. La creación de los órganos subsidiarios por la AG es realizada en casi todos los casos a través de resoluciones. Las funciones de los órganos subsidiarios son de lo más variadas, aún cuando siempre están dotados de una competencia limitada por el objeto de su creación, y a menudo esa competencia estará limitada por la propia AG en el mandato que le otorga. Es decir, los órganos subsidiarios no tendrán más facultades y atribuciones que aquéllas que le son expresamente otorgadas por la AG, o aquéllas que surjan de la naturaleza misma del objeto para el que fueron creados. Así, algunos tienen funciones meramente consultivas, otros poseen ciertas facultades decisorias e incluso pueden hacer recomendaciones directamente a los Estados, otros poseen facultades de investigación, o de recepción de denuncias de particulares (por ejemplo, el HRC). Podemos mencionar, a título ejemplificativo, que hay órganos dedicados a cuestiones económicas (PNUD), presupuestarias (Comisión Consultiva, Comisión de Cuotas), administrativas ( Comité Mixto de Pensiones del Personal), ambientales (PNUMA), humanitarias (ACNUR, PMA), de derechos humanos (ACNUDH, HRC, CAT, CEDAW, CRC), sociales (UNICEF), jurídicas (CDI y CNUDMI), judiciales (TANU) de organización (Comité de Conferencias), de coordinación (Comité del Programa y la Coordinación), operacionales (OOPS) y relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (Comisión de Desarme, Comité de OMP, Comisión de Consolidación de la Paz). En cuanto a la estructura, también es variada, ya que pueden estar formados por Estados, en cuyo caso podrán serlo por todos los Miembros o sólo algunos de ellos; o por expertos independientes (por ejemplo, CDI o CNUDMI); o incluso, tratarse de órganos unipersonales (ACNUDH). Nada influirá en su calificación como órgano subsidiario la denominación que adopte, pues ese carácter derivará de la reunión de los requisitos ya enumerados en el comentario al Art.7.2 (v. Art.7). Así, tenemos Comisiones, Comités, Comités Especiales, Grupos de Trabajo, Conferencias, Programas, Fondos, Altos Comisionados, Juntas, entre otros. También varían en cuanto a la duración, pues algunos han sido establecidos por tiempo indefinido, otros con plazo fijo, y otros con una duración supeditada a la consecución del objeto para el cual fueron creados. Asimismo, también difieren en cuanto a la presentación de informes, pues si bien la mayoría debe presentarlos ante la propia AG, el UNICEF, por ejemplo, presenta sus informes al ECOSOC, no obstante tratarse de un órgano subsidiario de la AG. El Art.161 RAG, además de reproducir el texto del artículo 22, declara aplicables a los órganos subsidiarios las disposiciones referentes al procedimiento de las Comisiones Principales, salvo que la AG o el órgano subsidiario de que se trate decidan lo contrario. Mención destacada merecen las Comisiones Principales (Art.96 RAG), a través de las cuales la AG desarrolla gran parte de su labor, y que son seis (de conformidad con el Art.98 RAG): la Comisión de Desarme y de Seguridad Internacional (Primera Comisión); la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros (Segunda Comisión); la Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales (Tercera Comisión); la Comisión Política Especial y Descolonización (Cuarta Comisión); la Comisión de Asuntos de Administración y de Presupuesto (Quinta Comisión); la Comisión de Asuntos Jurídicos (Sexta Comisión). En cada una de estas comisiones, cada Miembro puede estar representado por una persona (Art.100 RAG). En cuanto a los temas que tratan, el Art.97 RAG establece que «los temas relacionados con una misma categoría de asuntos serán remitidos a la comisión o a las comisiones que se ocupen de esa categoría de asuntos...» (varias de las funciones de las Comisiones Principales han sido mencionadas en los artículos precedentes). Algunos autores niegan el carácter de órgano subsidiario a las Comisiones Principales, mas como tales serán consideradas a los efectos de este estudio, no obstante las objeciones que puedan presentarse en el sentido indicado. La siguiente lista enumera –sin pretender agotar todos los casos– algunos de los órganos subsidiarios creados por la AG: Órgano Subsidiario Creado por Junta de Auditores A/RES/74 (I) Junta de Comercio y Desarrollo A/RES/1995 (XIX) Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas A/RES/248 (III)

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Carta de las Naciones Unidas

Órgano Subsidiario Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Fondo de Población de las Naciones Unidas Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos Comisión de Desarme Comisión de Administración Pública Internacional Comisión de Derecho Internacional Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas para Palestina Comisión Asesora del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente Comité de Concesión del Premio de Población de las Naciones Unidas Comisión de Cuotas Comité contra la Tortura Comité del Programa y de la Coordinación Comité de Conferencias Comité de Información Comité de Relaciones con el País Anfitrión Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos Comité de los Derechos del Niño Comité Consultivo del fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer Comité de Derechos Humanos Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas Comité Especial establecido por la Asamblea General en su resolución 51/210 Comisión Especial de la Asamblea General para el anuncio de contribuciones voluntarias al Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Comisión Especial de la Asamblea General para el anuncio de contribuciones voluntarias al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente Comité Especial encargado de preparar una convención internacional amplia e integral para proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad Comité Especial encargado de Negociar una Convención contra la Corrupción Comité Especial del Océano Índico Comité Especial sobre el alcance de la protección jurídica en virtud de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto Comité Consultivo del Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Comité de Alto Nivel encargado de examinar la cooperación técnica entre los países en desarrollo Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz

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Creado por A/RES/57 (I) y A/RES/48/162 A/RES/2029 (XX) y A/RES/48/162 A/RES/50/8 A/RES/502 (VI) y A/RES/S-10/2 A/RES/3357 (XXIX) A/RES/174 (II) A/RES/2205 (XXI) A/RES/194 (III) A/RES/302 (IV) A/RES/36/201 A/RES/14 A (I) A/RES/39/46 A A/RES/31/93 A/RES/43/222 B A/RES/33/115 C A/RES/2819 (XXVI) A/RES/34/180 y A/RES/51/68 A/RES/2106 A (XX) A/RES/3376 (XXX) A/RES/1472 A (XIV) A/RES/44/25, A/RES/47/112 y A/RES/49/211 A/RES/31/33 y A/RES/39/125 A/RES/2200 A (XXI) A/RES/913 (XI) A/RES/51/210 A/RES/1729 (XVI)

A/RES/1729 (XVI)

A/RES/56/168 A/RES/55/61 A/RES/2992 (XXVII) A/RES/56/89 A/RES/173 (II) A/RES/2099 (XX) A/RES/1166 (XII) A/RES/33/134 A/RES/2006 (XIX)

Capítulo IV – La Asamblea General

Órgano Subsidiario Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la Organización Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales Comité Especial encargado de investigar las prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de los territorios ocupados Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas Consejo de administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat) Grupo de Auditores Externos de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica Grupo de Trabajo de alto nivel y composición abierta encargado de examinar la situación financiera de las Naciones Unidas Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer en el futuro Grupo de Trabajo encargado de estudiar la financiación del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente Grupo especial de trabajo de la Asamblea General de composición abierta sobre la aplicación y seguimiento integrados y coordinados de las decisiones adoptadas en las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica y social Grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre las causas de los conflictos y la promoción de una paz duradera y del desarrollo sostenible en África Grupo de trabajo de composición abierta sobre la cuestión de la representación equitativa en el Consejo de Seguridad y el aumento del número de sus miembros, y otros asuntos relativos al Consejo de Seguridad Grupo de Trabajo de composición abierta encargado del examen de los objetivos y del programa, incluido el posible establecimiento del comité preparatorio del cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme Dependencia Común de inspección Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas Comisión de Consolidación de la Paz Consejo de Derechos Humanos

Creado por A/RES/3349 (XXIX) A/RES/1654 (XVI)

A/RES/2443 (XXIII) A/RES/3081 (XXVIII) A/RES/2997 (XXVII) A/RES/32/162 y A/RES/56/206 A/RES/347 (IV) y A/RES/1438 (XIV) A/RES/49/143 A/RES/56/125 A/RES/2656 (XXV)

A/RES/57/270

A/RES/54/234 A/RES/48/26

A/RES/57/61 A/RES/2150 (XXI) A/RES/351 (IV) A/RES/60/180 A/RES/60/251

Merecen especial atención dos de los órganos subsidiarios de la AG de más reciente creación: la Comisión de Consolidación de la Paz y el Consejo de Derechos Humanos. Ambos fueron producto del relativo consenso alcanzado en la Cumbre 2005 (v. A/RES/60/1). La Comisión de Consolidación de la Paz fue propuesta por el SG en su informe “ Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos”, en los siguientes términos: «Esta Comisión de Consolidación de la Paz podría desempeñar las funciones siguientes: inmediatamente después de acabada una guerra, mejorar la planificación de las Naciones Unidas para lograr una recuperación sostenida, centrándose al principio en establecer las instituciones necesarias; ayudar a conseguir una financiación previsible de las primeras actividades de recuperación, en parte proponiendo distintos mecanismos posibles de financiaci ón basados en cuotas, de carácter voluntario y permanente; mejorar la coordinación de las múltiples actividades que desarrollan los fondos, programas y organismos de las Naciones Unidas después de los conflictos; proporcionar un foro en el que las Naciones Unidas, los principales donantes bilaterales, los países que aportan contingentes, las entidades y organizaciones regionales pertinentes, las instituciones financieras internacionales y el gobierno nacional o de transición del país interesado puedan compartir información acerca de sus respectivas estrategias de recuperación después de un conflicto a fin de lograr una mayor coherencia; examinar periódicamente los progresos realizados en el logro de los objetivos de la recuperación a plazo medio, y mantener la atención política en la fase de recuperación después de un conflicto. No creo que ese órgano deba tener una función de alerta o de vigilancia, pero sería útil que los Estados Miembros pudieran disponer en cualquier momento del asesoramiento de la Comisión de Consolidación de la Paz y solicitar asistencia de un fondo

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Carta de las Naciones Unidas

permanente para la consolidación de la paz a fin de crear sus propias instituciones internas para reducir los conflictos, reforzando también las instituciones que promueven el imperio de la ley» (A/59/2005, párrafo 115). La AG, por resolución 60/180, decidió «actuando simultáneamente con el Consejo de Seguridad [que aprobó la resolución 1645 (2005)], de conformidad con los Artículos 7, 22 y 29 de la Carta de las Naciones Unidas y con el fin de llevar a efecto la decisión adoptada en la Cumbre Mundial 2005, establecer la Comisión de Consolidación de la Paz en calidad de órgano asesor intergubernamental». Los propósitos de la Comisión son: «a) Agrupar a todas las entidades pertinentes para reunir recursos, proponer estrategias integradas de consolidación de la paz y recuperación después de los conflictos y asesorar sobre esas estrategias; b) Centrar la atención en las tareas de reconstrucción y consolidación de las instituciones necesarias para la recuperación después de los conflictos y apoyar la elaboración de estrategias integradas para sentar las bases del desarrollo sostenible; c) Formular recomendaciones y proporcionar información para mejorar la coordinación de todas las entidades pertinentes, tanto de las Naciones Unidas como ajenas a la Organización, establecer prácticas óptimas, ayudar a asegurar una financiación previsible para las actividades iniciales de recuperación y ampliar el período en que la comunidad internacional presta atención a la recuperación después de los conflictos». La Comisión tiene un Comité de Organización permanente, con una estructura compleja, pues estará integrado por: «a) Siete miembros del Consejo de Seguridad, incluidos miembros permanentes, seleccionados de con formidad con las reglas y procedimientos que decida el Consejo; b) Siete miembros del Consejo Económico y Social, elegidos entre los grupos regionales de conformidad con las reglas y procedimientos que decida el Consejo, prestando la debida consideración a los países que hayan pasado por situaciones de recuperación después de un conflicto; c) Cinco de los Estados que hayan aportado las cuotas más altas a los presupuestos de las Naciones Unidas y hayan hecho las contribuciones voluntarias más altas a los fondos, programas y organismos de las Naciones Unidas, incluido un fondo permanente para la consolidación de la paz, y que no se cuenten entre los seleccionados con arreglo a los apartados a) y b) supra, elegidos entre los diez contribuyentes principales por ellos mismos, teniendo debidamente en cuenta el volumen de sus contribuciones, de una lista proporcionada por el Secretario General que se base en las contribuciones anuales medias de los tres años civiles anteriores respecto de los cuales se disponga de datos estadísticos; d) Cinco de los países que hayan aportado un número mayor de personal militar y policía civil a las misiones de las Naciones Unidas y que no se cuenten entre los seleccionados con arreglo a los apartados a), b) y c) supra, elegidos entre los diez contribuyentes principales por ellos mismos, teniendo debidamente en cuenta el volumen de sus aportaciones, de una lista proporcionada por el Secretario General que se base en las aportaciones mensuales medias de los tres años civiles anteriores respecto de los cuales se disponga de datos estadísticos; e) Siete miembros adicionales, elegidos de conformidad con las reglas y procedimientos que decida la Asamblea General, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de que todos los grupos regionales estén representados en la composición global del Comité y de que estén representados los países que hayan pasado por situaciones de recuperación después de un conflicto». Los miembros del Comité de Organización tienen un mandato de dos años, renovable según proceda (es decir, si continúan cumpliendo las condiciones que motivaron su elección). Asimismo, se prevé que en las reuniones de la Comisión dedicadas a países concretos, participan como miembros, representantes de: «a) El país cuya situación se esté examinando; b) Los países de la región que intervengan en el proceso posterior al conflicto y los demás países que participen en las actividades de socorro o el diálogo político, así como las organizaciones regionales y subregionales competentes; c) Los contribuyentes principales de recursos financieros, contingentes y policía civil que participen en las actividades de recuperación; d) El representante de las Naciones Unidas de más alto rango sobre el terreno y demás representantes de las Naciones Unidas que corresponda; e) Las instituciones financieras regionales e internacionales que corresponda». La Comisión debe colaborar estrechamente con las autoridades nacionales e internacionales (organismos regionales, instituciones financieras), así como con la sociedad civil cuando corresponda; también debe presentar un informe anual a la AG, la que deberá celebrar un debate anual para examinar el informe. La AG también recomendó a la Comisión que «ponga fin al examen de la situación en un país determinado cuando se hayan establecido las bases de la paz y el desarrollo sostenibles o a petición de las autoridades del país de que se trate». El Consejo de Derechos Humanos también fue recomendado por el SG en su informe, en los siguientes términos: «Para que las Naciones Unidas cumplan las expectativas de los hombres y las mujeres de todo el mundo y, de hecho, para que la Organización asigne a la causa de los derechos humanos la misma importancia que a las causas de la seguridad y el desarrollo, los Estados Miembros deberían convenir en reemplazar la Comisión de Derechos Humanos por un Consejo de Derechos Humanos de carácter permanente y composición más reducida. Los Estados Miembros deberían decidir si desean que el Consejo de Derechos Humanos sea un órgano principal de l as Naciones Unidas o un órgano subsidiario de la Asamblea General, pero en ambos casos sus miembros serían elegidos directamente por la Asamblea General por el voto de una mayoría de dos

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Capítulo IV – La Asamblea General

tercios de los miembros presentes y votantes. La creación del Consejo situaría a los derechos humanos en una posición de mayor autoridad, acorde con la primacía que se atribuye a los derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas. Los Estados Miembros deberán determinar la composición del Consejo y la duración del mandato de sus miembros. Los miembros del Consejo deberían comprometerse a acatar las normas de derechos humanos más rigurosas» (A/59/2005, párr. 183). Estaba previsto que la Cumbre considerara esta cuestión, como lo preveía la nota explicativa de la Secretaría sobre el tema (A/59/2005/Add.1), mas no se aprobó, y las negociaciones en la AG para la creación del órgano fueron bastante arduas, hasta que se logró la creación del Consejo de Derechos Humanos con la aprobación de la resolución 60/251, la cual, lamentablemente, no contó con un respaldo unánime, pues tuvo cuatro votos en contra y tres abstenciones. A través de la misma, la AG decidió «establecer el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos, como órgano subsidiario de la Asamblea General». La responsabilidad del Consejo es «promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de una manera justa y equitativa», deberá ocuparse «de las situaciones en que se violen los derechos humanos, incluidas las violaciones graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones al respecto. También deberá promover la coordinación eficaz y la incorporación de los derechos humanos en la actividad general del sistema de las Naciones Unidas». Su labor debe guiarse «por los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, diálogo internacional constructivo y cooperación a fin de impulsar la promoción y protección de todos los derechos humanos, es decir, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo». Las funciones del Consejo, entre otras, son: a) Promover la educación y el aprendizaje sobre los derechos humanos, así como la prestación de asesoramiento y asistencia técnica y el fomento de la capacidad, en consulta con los Estados Miembros de que se trate y con su consentimiento; b) Servir de foro para el diálogo sobre cuestiones temáticas relativas a todos los derechos humanos; c) Formular recomendaciones a la AG para seguir desarrollando el derecho internacional en la esfera de los derechos humanos; d) Promover el pleno cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por los Estados y el seguimiento de los objetivos y compromisos relativos a la promoción y protección de los derechos humanos emanados de las conferencias y cumbres de las NU; e) Realizar un examen periódico universal, basado en información objetiva y fidedigna, sobre el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de una forma que garantice la universalidad del examen y la igualdad de trato respecto de todos los Estados; el examen será un mecanismo cooperativo, basado en un diálogo interactivo, con la participación plena del país de que se trate y teniendo en consideración sus necesidades de fomento de la capacidad; dicho mecanismo complementará y no duplicará la labor de los órganos creados en virtud de tratados; f) Contribuir, mediante el diálogo y la cooperación, a prevenir las violaciones de los derechos humanos y responderá con prontitud a las situaciones de emergencia en materia de derechos humanos; g) Asumir la función y las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos (v. Art.68) en relación con la labor de la Oficina del ACNUDH (v. Art.55) y con los mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades de la Comisión; h) Cooperar estrechamente en la esfera de los derechos humanos con los gobiernos, las organizaciones regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil; i) Formular recomendaciones respecto de la promoción y protección de los derechos humanos; j) Presentar un informe anual a la AG. La estructura también está prevista en la resolución 60/251: «el Consejo estará integrado por cuarenta y siete Estados Miembros que serán elegidos de forma directa e individual en votación secreta por la mayoría de los miembros de la Asamblea General; la composición estará basada en una distribución geográfica equitativa y los puestos se distribuirán entre los grupos regionales de la manera siguiente: Grupo de Estados de África, trece; Grupo de Estados de Asia, trece; Grupo de Estados de Europa oriental, seis; Grupo de Estados de América Latina y el Caribe, ocho; y Grupo de Estados de Europa occidental y otros Estados, siete; los miembros del Consejo desempeñarán sus funciones durante un período de tres años y no podrán optar a la reelección inmediata después de dos períodos consecutivos; [...] la participación en el Consejo estará abierta a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas; al elegir a los miembros del Consejo, los Estados Miembros deberán tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos y las promesas y compromisos voluntarios que hayan hecho al respecto». Como novedad con respecto a la CDH, se prevé la suspensión de un miembro del Consejo que haya violado los derechos humanos: «la Asamblea General, por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, podrá suspender los derechos inherentes a formar parte del Consejo de todo miembro de éste que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos»; en consonancia con esta disposición, los miembros del Consejo «deberán aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos, cooperar plenamente con el Consejo y estarán sujetos al mecanismo de examen periódico universal durante el período en que

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sean miembros». Otra diferencia con la CDH, es que ésta realizaba un solo período de sesiones al año; el Consejo, en cambio, «se reunirá periódicamente a lo largo del año y celebrará como mínimo tres períodos de sesiones por año, incluido un período de sesiones principal, que tendrán una duración total no inferior a diez semanas, y podrá celebrar períodos extraordinarios de sesiones, cuando sea necesario, a solicitud de un miembro del Consejo con el apoyo de un tercio de los miembros de éste». Con respecto al procedimiento, la resolución 60/251 dispone: «el Consejo aplicará el reglamento establecido para las comisiones de la Asamblea General, según proceda, a no ser que la Asamblea o el Consejo decidan posteriormente otra cosa, y que la participación de observadores y la celebración de consultas con observadores, incluidos Estados que no sean miembros del Consejo, los organismos especializados, otras organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos, así como las organizaciones no gubernamentales, deberá estar basada en las disposiciones, en particular la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social, de 25 de julio de 1996, y las prácticas observadas por la Comisión de Derechos Humanos, al mismo tiempo que se asegura la contribución más eficaz posible de esas entidades» (sobre las organizaciones no gubernamentales y la E/RES/1996/31, v. Art.71). El Consejo tuvo su primera sesión el 19 de junio 2006, y celebró hasta la fecha tres períodos ordinarios de sesiones, y cuatro extraordinarios, el primero (5 y 6 de julio de 2006) sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado, el segundo (14 de agosto de 2006), sobre la grave situación de los derechos humanos en el Líbano causada por las operaciones militares israelíes, el tercero (15 de noviembre de 2006), sobre las violaciones de los derechos humanos resultantes de las incursiones militares israelíes en el territorio palestino ocupado y el cuarto (13 y 14 de diciembre de 2006), sobre la situación de derechos humanos en Darfur (Sudán), todos ellos en la Oficina de las NU en Ginebra (Suiza). Como lo preveía la resolución 60/251, el Consejo asumió todos los mandatos y mecanismos de la CDH; por decisión 1/101 prorrogó por un año los mandatos y los titulares de mandatos de todos los procedimientos especiales de la CDH, de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (v. Arts. 55 y 68) y del procedimiento establecido con arreglo a la resolución 1503 (v. Art.55), a la vez que creó (por decisión 1/104) un Grupo de Trabajo «encargado de formular recomendaciones concretas sobre la cuestión de examinar y, cuando sea necesario, mejorar y racionalizar todos los mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades a fin de mantener un sistema de procedimientos especiales, asesoramiento especializado y un procedimiento de denuncia, de conformidad con la resolución 60/251 de la Asamblea General, por medio de consultas abiertas entre períodos de sesiones que sean transparentes, bien programadas e incluyentes y en las que participen todos los interesados»; este Grupo de Trabajo también está encargado (por decisión 2/102) de estudiar el futuro mecanismo de asesoramiento de expertos que reemplace a la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. En cuanto al examen periódico universal que también prevé la resolución 60/251, por decisión 1/103 estableció un grupo de trabajo entre períodos de sesiones encargado de establecer las modalidades del mecanismo de tal examen. Los mecanismos de protección de los derechos humanos serán analizados en el comentario al Art.55, pero desde ya aclaramos que ahora es el Consejo de Derechos Humanos el órgano que ejerce las funciones de las NU en materia de derecho humanos, sin perjuicio de tratarse de un órgano subsidiario de la AG y sin descartar las funciones que en la materia le corresponden al ECOSOC (v. Art.62.2).

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Capítulo V – El Consejo de Seguridad

CAPÍTULO V EL CONSEJO DE SEGURIDAD Composición Artículo 23 1. El Consejo de Seguridad se compondrá de quince miembros de las Naciones Unidas. La República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, serán miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La Asamblea General elegirá otros diez Miembros de las Naciones Unidas que serán miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, prestando especial atención, en primer término, a la contribución de los Miembros de las Naciones Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a los demás propósitos de la Organización, como también a una distribución geográfica equitativa. 2. Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad serán elegidos por un periodo de dos años. En la primera elección de los miembros no permanentes que se celebre después de haberse aumentado de once a quince el número de miembros del Consejo de Seguridad, dos de los cuatro miembros nuevos serán elegidos por un periodo de un año. Los miembros salientes no serán reelegibles para el periodo subsiguiente. 3. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un representante. [Texto vigente desde el 31 de agosto de 1965] 1. El Consejo de Seguridad se compondrá de once miembros de las Naciones Unidas. La República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, serán miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La Asamblea General elegirá otros seis Miembros de las Naciones Unidas que serán miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, prestando especial atención, en primer término, a la contribución de los Miembros de las Naciones Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a los demás propósitos de la Organización, como también a una distribución geográfica equitativa. 2. Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad serán elegidos por un periodo de dos años. Sin embargo, en la primera elección de los miembros no permanentes tres serán elegidos por un periodo de un año. Los miembros salientes no serán reelegibles para el periodo subsiguiente. 3. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un representante. [Texto anterior al 31 de agosto de 1965] El Consejo de Seguridad, órgano decisorio de la Organización (según Art.25, v. Art.7) se compone de un número reducido de miembros: quince. El fundamento es la celeridad de sus decisiones (para “asegurar acción rápida y eficaz”, en los términos del Art.24.1), que no admiten prolongados debates si se trata de mantener la paz y la seguridad internacionales. De acuerdo al párrafo 1, cinco de esos miembros son permanentes, y los otros diez son no permanentes.

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Son miembros permanentes, de acuerdo a la literalidad del artículo: la República de China, Francia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América. Se hace necesario realizar algunas puntualizaciones, pues la enumeración es la original de 1945, ya que no fue alterada por la enmienda de 1963 (en vigor desde 1965): en lo que respecta a China, debemos decir que producida la revolución en 1949, las autoridades del partido Kuonmintang, a la sazón en el poder, se instalaron en la isla de Taiwán y proclamaron la continuación de la República de China, mientras los revolucionarios establecían en el continente la República Popular China; desde 1949 a 1971, fue el gobierno de Taiwán el que ejerció la representación de China, lo cual motivó que durante años el tema “cuestión de la representación de China en las Naciones Unidas” estuviera en la agenda de los órganos principales, sin ser solucionado en forma definitiva, hasta que fue aprobada por la AG la resolución 2758 (XXVI), que establece «Considerando que la restitución de los legítimos derechos de la República Popular de China es indispensable para salvaguardar la Carta de las Naciones Unidas y para la causa que la Organización ha de servir de conformidad con la Carta, Reconociendo que los representantes del Gobierno de la República Popular de China son los únicos representantes legítimos de China en las Naciones Unidas, y que la República Popular China es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Decide restituir a la República Popular de China todos sus derechos y reconocer a los representantes de su Gobierno como los únicos representantes legítimos de China en las Naciones Unidas, así como expulsar inmediatamente a los representantes de Chiang Kai-shek del puesto que ocupan ilegalmente en las Naciones Unidas y en todos los organismos con ellas relacionados». Con respecto a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por carta de fecha 24 de diciembre de 1991, el SG pidió al Presidente del CS que señalara a la atención de los miembros del CS el texto de una carta de la misma fecha que le fuera transmitida por el Representante Permanente de la URSS ante las NU, a la que se adjuntaba una carta, también de la misma fecha, dirigida al SG por Boris Yeltsin, presidente de la Federación de Rusia, en que le informaba que la Federación de Rusia, ocuparía el lugar de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como Miembro de las Naciones Unidas, incluido el CS y todos los demás órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, con el apoyo de los 11 Estados miembros de la Comunid ad de Estados Independientes; Yeltsin rogó utilizar en las Naciones Unidas el nombre “Federación de Rusia” en lugar del nombre “Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas” y declaró que la Federación de Rusia asumía la plena responsabilidad de todos los derechos y obligaciones de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, incluidas las obligaciones financieras. Si bien no hubo oposición a tal sustitución y la Federación de Rusia en efecto pasó a ocupar el lugar de la Unión Soviética, el caso plantea la duda de si el procedimiento seguido fue el correcto. Tal cual fue estudiado en el comentario al Art.4, en el caso de disolución de Estados –lo que sucedió con la URSS–, todos los Estados sucesores deben presentar su solicitud de admisión (tal cual sucedió con 12 de las ex-repúblicas soviéticas, ya que Ucrania y Belarús eran miembros originarios, v. Art.3), y la Federación de Rusia no tenía por qué ser la excepción, mas a esto se responde que los rasgos de fondo que caracterizaban a la Unión Soviética (ser el país más extenso del mundo, potencia mundial y poseedor de armas nucleares) se mantienen en la Federación de Rusia, y así esta puede ser considerada como sucesora y no tener que acudir al procedimiento común de admisión de nuevos miembros. La condición de miembro permanente otorga, de acuerdo a la Carta, ciertas facultades especiales: derecho de veto sobre las cuestiones que no son de procedimiento (Art.27.3), derecho a integrar el CAF (Art.86.1, inc. b), derecho exclusivo a integrar el Comité de Estado Mayor (Art. 47.2), necesidad de su ratificación para la entrada en vigor de las reformas de la Carta (Art.108) y necesidad de su ratificación para la entrada en vigor de la Carta (Art.110), además de las que nacieron de la práctica, como la posibilidad de ser reelegidos en forma continua para el ECOSOC, integrar la mayoría de los órganos subsidiarios, o de tener a un nacional como magistrado de la CIJ. No se requiere mucho análisis para llegar a la conclusión que varias de tales facultades están reñidas con el principio de igualdad del Art.2.1 (v. Art.2.1). Los miembros no permanentes del CS son elegidos por la AG, de acuerdo a la “contribución al mantenimiento de la paz y a los demás propósitos de la Organización, como también a una distribución geográfica equitativa”. Este último aspecto fue reglamentado por la AG en su resolución 1991 A (XVIII), de esta manera: cinco Estados de entre los de África y Asia (la práctica ha determinado que sean tres de África y dos de Asia); uno de entre los Estados de Europa Oriental; dos de entre los Estados de América Latina y el Caribe; dos de entre los Estados de Europa Occidental y otros Estados. El procedimiento para la elección por parte de la AG está establecido en el Art.142 RAG: «Cada año, en el curso de su período de ordinario de sesiones, la Asamblea General elegirá cinco miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, por un período de dos años», y el Art.143 establece: «en la elección de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad se prestará especial atención, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 23 de la Carta, en primer término, a la contribución de los Miembros de las Naciones Unidas al mantenimiento de la

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Capítulo V – El Consejo de Seguridad

paz y la seguridad internacionales y a los demás propósitos de la Organización, como también a una distribución geográfica equitativa». La elección se realiza por votación secreta (como todas las elecciones, Art.92 RAG), requiriendo una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes (Art.18.2 de la Carta y Art.83 RAG). El Art.94 RAG establece: «Cuando hayan de cubrirse al mismo tiempo y en las mismas condiciones dos o más cargos electivos, se declarará elegidos a aquellos candidatos que obtengan en la primera votación la mayoría requerida. Si el número de candidatos que obtengan tal mayoría es menor que el de personas o Miembros que han de ser elegidos, se efectuarán votaciones adicionales para cubrir los puestos restantes, limitándose la votación a los candidatos que hayan obtenido más votos en la votación anterior, de modo que el número de candidatos no sea mayor que el doble del de cargos que queden por cubrir; sin embargo, después del tercer escrutinio sin resultado decisivo, se podrá votar por cualquier persona o Miembro elegible. Si tres votaciones no limitadas no dan resultado decisivo, las tres votaciones siguientes se limitarán a los candidatos que hayan obtenido mayor número de votos en la tercera votación no limitada, de modo que el número de candidatos no sea mayor que el doble del de los cargos que queden por cubrir, y las tres votaciones ulteriores serán sin limitación de candidatos, y así sucesivamente hasta que se hayan cubierto todos los puestos». La clara disposición del Reglamento no impidió que en el pasado se sucedieran numerosas rondas de votación (en un caso se superaron las cincuenta) sin poder llegar a la elección de algunos miembros no permanentes; en tales casos, se llegó al acuerdo entre los principales candidatos (ya que ninguno alcanzaba la mayoría de dos tercios indicada) de compartir el período de dos años, correspondiendo el primer año al que alcanzara el mayor número de votos. Esta situación se dio en la elección de 1955 con Yugoslavia (miembro durante 1956) y Filipinas (miembro durante 1957); en la de 1959 con Polonia (miembro en 1960) y Turquía (miembro en 1961); en la de 1960 con Liberia (miembro en 1961) e Irlanda (miembro en 1962); en la de 1961 con Rumania (miembro en 1962) y Filipinas (miembro en 1963); en la de 1963 con Checoslovaquia (miembro en 1964) y Malasia (miembro en 1965). Sin embargo, en otras oportunidades, y ante el mismo problema, la solución la que se arribó fue distinta, ya que se optó por celebrar consultas entre los miembros del Grupo Regional al que perteneciera la vacante a cubrir para elegir un candidato de consenso, retirando su candidatura los demás Estados. Así, en la elección de 1979, después de 154 rondas de votación para cubrir la vacante del Grupo Latinoamericano, para la cual eran candidatos Cuba y Colombia, el Grupo eligió como candidato de consenso a México, que fue miembro del CS en 1980 y 1981 (como la elección de México recién se produjo el 7 de enero de 1980, el CS celebró cinco sesiones –2185ª a 2189ª– con 14 miembros); en la elección de 1984, tras 10 rondas de votación para cubrir una vacante del Grupo Africano, para la cual eran candidatos Etiopía y Somalia, el Grupo eligió como candidato de consenso a Madagascar, que fue miembro del CS en 1986 y 1987; en la elección de 2006, después de 47 rondas de votación para cubrir la vacante del Grupo Latinoamericano, para la cual eran candidatos Venezuela y Guatemala, el Grupo eligió como candidato de consenso a Panamá, que fue electro como miembro del CS para 2007 y 2008. El párrafo 2 (y el Art.142 in fine, RAG) establece que los miembros no permanentes son elegidos por un período de dos años. Sin embargo, podemos reconocer tres excepciones al principio: una es la ya apuntada precedentemente, provocada por no alcanzarse la mayoría requerida; otra es la prevista en el mismo párrafo, necesaria para solucionar el problema que con respecto a la duración de los mandatos planteaba el aumento de miembros del CS: “en la primera elección de los miembros no permanentes que se celebre después de haberse aumentado de once a quince el número de miembros del Consejo de Seguridad, dos de los cuatro miembros nuevos serán elegidos por un periodo de un año”, tal cual sucedió con Nueva Zelanda y Uganda, quienes fueron miembros sólo durante 1966; la tercer excepción es la que contemplaba el texto original: “en la primera elección de los miembros no permanentes tres serán elegidos por un periodo de un año”, lo cual sucedió con Egipto, México y los Países Bajos, miembros sólo durante 1946. La consecuencia de las excepciones previstas por la Carta es que la renovación del CS se haga anualmente por mitades. El párrafo culmina diciendo que los miembros salientes no son reelegibles para el período siguiente (lo cual sí se permite en el ECOSOC, Art.61.2 in fine), tal cual lo reafirma el Art.144 RAG. Lo referente a la ampliación del número de miembros del CS, será analizado en el comentario al Art.108, al tratar las reformas de la Carta.

Funciones y Poderes Artículo 24 1. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus Miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo de 79

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Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad. 2. En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad procederá de acuerdo con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. Los poderes otorgados al Consejo de Seguridad para el desempeño de dichas funciones quedan definidos en los Capítulos VI, VII, VIII y XII. 3. El Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General para su consideración informes anuales y, cuando fuere necesario, informes especiales. El artículo 24 es fundamental en el sistema de seguridad colectiva instaurado por la Carta. El párrafo 1 establece que mantener la paz y la seguridad internacionales constituye la “responsabilidad primordial” del CS, “a fin de asegurar acción rápida y eficaz”. Ésta no puede ser otra que las “medidas colectivas y eficaces” de las que habla el Art.1.1. Ahora bien, ¿qué significa que el CS tenga la “responsabilidad primordial” de mantener la paz y la seguridad internacionales? La doctrina discute sobre este punto, pues algunos autores opinan que lo que hace el artículo es atribuir al CS una competencia exclusiva y excluyente, mas esta opinión choca con lo expresamente establecido por el Art.11, que le confiere a la AG facultades en el mantenimiento de la paz. Tampoco debe olvidarse que los poderes de la AG en ese aspecto están limitados por e l Art.11.2 in fine y el Art.12. Entonces, del juego armónico de estas disposiciones, podemos concluir, como lo hacen otros autores, que la competencia de las Naciones Unidas en materia de paz y seguridad corresponde, en primer lugar, al CS (de ahí que su responsabilidad sea “primordial”, es decir, principal) y, de manera subsidiaria (Art.12.1), a la AG, pero toda cuestión que requiera “acción” (con la interpretación que se ha dado, conforme a la CIJ, de que se trata de medidas coercitivas), siempre será resuelta por el CS (Art.11.3). Sin embargo, la Carta no resuelve qué ocurre si el CS no cumple con su responsabilidad (lo cual se producirá generalmente por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes, Art.27.3); mencionaremos aquí dos de las posibles interpretaciones: la primera (referida por Drnas de Clément: “Sentido y alcance de la determinación por parte del Consejo de Seguridad de una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión”) , parte del análisis de los términos de este artículo, el cual dice que los Miembros “confieren” al CS la responsabilidad, lo cual implicaría una delegación de competencias a favor de este órgano, y si éste no lo cumple, los Miembros recuperan esa competencia delegada. Ello –dicen los sostenedores de esta teoría– se ve sustentado por distintas disposiciones de la Carta: el Preámbulo dice que los pueblos de las NU están resueltos a asegurar “que no se usará la fuerza sino en servicio del interés común”, es decir, no prohíbe el uso de la fuerza, si ésta se usa por un interés común (mantener la paz y la seguridad internacionales); por otro lado, el Art.2.4, al consagrar el deber de abstención del uso de la fuerza, dice “en cualquier forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”, y el mantenimiento de la paz es el principal propósito, por lo tanto, el uso de la fuerza no estaría prohibido si se realiza en cumplimiento de ese fin. Por atrayentes que resulten esos argumentos, su aplicación (que fue realizada en más de una oportunidad), resultaría peligrosa para la continuidad del sistema de seguridad colectiva que instaura la Carta, por lo tanto nos adherimos a la otra interpretación, que es la que sostiene que en el caso de que el CS no cumpla su responsabilidad, se actualiza la competencia subsidiaria de la AG, pudiendo discutir el asunto y efectuar las recomendaciones que sean pertinentes, de conformidad al Art.11. Además, esta es la interpretación que realizó la AG, y que quedó plasmada en la citada resolución 377 (V), aún cuando –reiteramos– las resoluciones que pueda dictar la AG no pierdan su carácter recomendatorio (sobre las medidas tomadas por la AG en ejercicio de la resolución 377 [V], v. Art.12). El párrafo 1 continúa diciendo que los miembros reconocen que el CS actúa en su nombre. De ello se deriva como lógica consecuencia que los miembros deben aceptar las decisiones del CS como obligatorias (Art.25), pero también cobra importancia en este punto la cuestión de la representatividad del CS (v. Art.23), pues, al tratarse de un órgano reducido (representa sólo el 7,81% de los Miembros), es importante que se respete una distribución geográfica e ideológica lo más amplia que las circunstancias lo permitan (sobre la ampliación del CS, v, Art.108). La responsabilidad del CS en materia del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales ha sido recordada en muchas resoluciones: 43 (1948), sobre la cuestión de Palestina; 67 (1949), sobre la cuestión de Indonesia; 91 (1951), sobre la cuestión India-Pakistán (donde es mencionada como “obligación”); 135 (1960), sobre la relación entre las grandes potencias; 144 (1960), sobre la denuncia de Cuba; 268 (1969) y 300 (1971), sobre la denuncia de Zambia; 273 (1969) y 294 (1971), sobre la denuncia de Senegal; 290 (1979), sobre la denuncia de Guinea; 353 (1974) y 361 (1974), sobre la situación en Chipre; 417 (1977), 473 (1980) y 591 (1986), sobre la

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situación en Sudáfrica; 479 (1980), 514 (1982) y 588 (1986), sobre la situación entre el Irán y el Iraq; 661 (1990) y 678 (1990), sobre la situación entre el Iraq y Kuwait; 713 (1991), 724 (1991), 727 (1992), 740 (1992), 743 (1992), 749 (1992) y 752 (1992), sobre la situación en la ex-Yugoslavia; 757 (1992), 762 (1992) y 859 (1993), sobre la situación en Bosnia y Herzegovina; 733 (1992), sobre la situación en Somalia; 1170 (1998), 1196 (1998) y 1197 (1998), sobre la situación en África; 1172 (1998), sobre los ensayos nucleares de India y Pakistán (de hecho, el tema del orden del día bajo el cual se aprobó esta resolución es “La responsabilidad del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”); 1203 (1998), sobre la situación en Kosovo; 1258 (1999), 1279 (1999), 1304 (2000), 1341 (2001) y 1355 (2001), sobre la situación en la República Democrática del Congo; 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006) y 1738 (2006), sobre la protección de civiles en los conflictos armados; 1308 (2000), sobre “la responsabilidad del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales: el VIH/SIDA y las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz”; 1314 (2000), 1379 (2001), 1539 (2004) y 1612 (2005), sobre los niños en los conflictos armados; 1318 (2000), sobre “el papel del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, particularmente en África”; 1325 (2000), sobre la mujer y la paz y la seguridad; 1353 (2001), sobre el fortalecimiento de la cooperación con los países que aportan contingentes; 1366 (2001) y 1625 (2005) sobre el papel del CS en la prevención de conflictos; 1624 (2005), sobre amenazas a la paz ya a la seguridad internacionales; 1631 (2005), sobre la cooperación entre las NU y la organizaciones regionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; 1645 (2005), sobre la consolidación de la paz después de los conflictos; 1695 (2006), 1696 (2006) y 1737 (2006), sobre la no proliferación; también en las declaraciones presidenciales 2004/44, sobre la relación institucional con la Unión Africana; 2005/7, sobre armas pequeñas; 2005/20, sobre la consolidación de la paz después de los conflictos; 2005/30, sobre la función del CS en las crisis humanitarias; 2006/41, sobre la no proliferación y 2007/1, sobre amenazas a la paz y seguridad internacionales. Merecen destacarse además, los frutos de las reuniones de más alto nivel que celebró el CS, es decir, las que contaron con la presencia de los Jefes de Estado y Gobierno (v. Art.28). Así, la declaración que formuló el Presidente del CS el 31 de enero de 1992, sobre el tema titulado, precisamente: “La responsabilidad del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”, en la que, entre otras cosas, reconoció que se estaban dando «nuevas circunstancias internacionales favorables en las que el Consejo de Seguridad ha comenzado a desempeñar más eficazmente su responsabilidad primordial en lo relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.». En la resolución 1318 (2000), aprobada en la Cumbre del Milenio, entre otras cosas, recordó «la responsabilidad primordial que le compete de mantener la paz y la seguridad internacionales» y resolvió «fortalecer la función central que corresponde a las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y velar por el funcionamiento eficaz del sistema de seguridad colectiva establecido por la Carta». En la resolución 1625 (2005), aprobada en la Cumbre 2005, aprobó una declaración sobre la prevención de conflictos, «Teniendo presente su responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales». El párrafo 2 comienza estableciendo cuál será la limitación del CS en el ejercicio de sus funciones: los propósitos y principios de las Naciones Unidas (Arts. 1 y 2). Ello significa que, si bien podemos reconocer que los poderes del CS en cumplimiento de su responsabilidad primordial tienen un alto grado de discrecionalidad, al tratarse de un órgano político, esta discrecionalidad no es absoluta: debe proceder de acuerdo a los propósitos y principios, si bien esta limitación es mucho más teórica que práctica, pues el sistema no prevé la posibilidad de revisión de las decisiones del CS por otro órgano, ni siquiera por la CIJ, como ésta lo destacó: «Indubitablemente, la Corte no posee poderes de apelación o revisión judicial respecto de las decisiones tomadas por los órganos de las Naciones Unidas involucrados [la AG y el CS]» (CIJ: “Consecuencias jurídicas para los Estados de la presencia continua de Sudáfrica en Namibia, no obstante la resolución 276 [1970] del Consejo de Seguridad”, opinión consultiva de 21 de junio de 1971), lo cual ocasiona que, en definitiva, sea el mismo CS quien determine si esta actuando o no de acuerdo con tales propósitos y principios. Esta situación puede llevar a que el CS tome decisiones que puedan ser consideradas “ilegales”, o bien, fuera de su competencia. La doctrina destaca dos casos. El primero es el relativo al incidente de Lockerbie: el 3 de marzo de 1992, la Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista presentó ante la CIJ dos demandas separadas contra el Reino Unido y los Estados Unidos de América en relación con controversias relativas a la interpretación y la aplicación del Convenio de Montreal de 23 de septiembre de 1971 para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil. En sus demandas, Libia se refirió a las acusaciones formuladas por el Lord Advocate de Escocia y por un gran jurado de los Estados Unidos contra dos nacionales libios, de los que se sospechaba que habían provocado la destrucción del vuelo Nº 103 de Pan Am sobre la población de Lockerbie (Escocia) el 21 de diciembre de 1988, causando la muerte de 270 personas. Como resultado de esas acusaciones, el Reino Unido y los Estados Unidos habían pedido que Libia entregara a los presuntos delincuentes para que fueran juzgados bien en Escocia, bien en los

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Estados Unidos y habían sometido el caso al CS, quien dictó la resolución 731 (1992), por la cual, condenó el atentado, deploró «profundamente el hecho de que el Gobierno libio no haya respondido efectivamente a las peticiones de que coopere plenamente en la determinación de la responsabilidad por los actos terroristas», y exhortó «al Gobierno libio a que proporcione de inmediato una respuesta completa y efectiva a esas peticiones». Libia afirmaba que al obrar así el Reino Unido y los Estados Unidos habían infringido sus obligaciones jurídicas conforme al Convenio de Montreal y tenían que poner término a esas infracciones. Añadió que el Convenio de Montreal era el único instrumento aplicable a la destrucción de la aeronave de Pan Am sobre Lockerbie, que no existía ningún otro convenio relativo al derecho penal internacional en vigor que fuera aplicable a esas cuestiones entre Libia y el Reino Unido ni entre Libia y los Estados Unidos y que, de conformidad con el Convenio de Montreal, tenía derecho a juzgar a los presuntos delincuentes en sus propios tribunales. El Reino Unido y los Estados Unidos presentaron respectivamente los días 16 y 20 de junio de 1995 objeciones preliminares previas a la competencia de la CIJ y a la admisibilidad de las demandas de Libia. En dos fallos separados dictados el 27 de febrero de 1998 sobre las objeciones preliminares, la CIJ consideró que había una controversia entre las partes respecto a la interpretación de la aplicación del Convenio de Montreal y que era competente para conocer de las controversias con arreglo al párrafo 1 del artículo 14 del Convenio de Montreal, que se refiere a la solución de controversias sobre la interpretación o aplicación de las disposiciones del Convenio. Sin embargo, nada de ello impidió que el 31 de marzo de 1992 (es decir, cuando el caso ya había sido sometido a la CIJ), el CS, mediante la resolución 748 (1992), obligó a Libia a acatar la resolución 731 (1992), bajo la amenaza de sanciones en caso de incumplimiento. Por las razones expue stas en su demanda, Libia no cumplió, y las sanciones (que fueron aumentadas por S/RES/883 [1993]) se hicieron efectivas por el espacio de once años, siendo levantadas recién por la resolución 1506 (2003). El caso planteó por primera vez el avasallamiento de las funciones de un órgano principal de las NU, la CIJ, por otro, el CS, en clara violación a lo dispuesto por el Art.36.3 de la Carta, que al establecer recomendaciones sobre el arreglo de controversias, “el Consejo de Seguridad deberá tomar también en consideración que las controversias de orden jurídico, por regla general, deberán ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia”, competencia que aparece reiterada en el Art.36 ECIJ. El otro caso donde las actuaciones del CS pueden ser calificadas de “ilegales”, sucedió en 2002, repitiéndose en 2003, con las resoluciones 1422 (2002) y 1487 (2003), motivadas por la entrada en vigor del “Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional” (A/CONF.183/9). El texto es idéntico en ambas, por lo que para realizar un mejor análisis, reproduciremos el texto completo de la resolución 1422 (2002), de 12 de julio de 2002: «El Consejo de Seguridad, Tomando nota de la entrada en vigor, el 1° de julio de 2002, del Estatuto de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 17 de julio de 1998 (el Estatuto de Roma), Destacando la importancia que tienen para la paz y la seguridad internacionales las operaciones de las Naciones Unidas, Observando que no todos los Estados son partes en el Estatuto de Roma, Observando que los Estados Partes en el Estatuto de Roma han optado por aceptar su competencia de conformidad con el Estatuto y, en particular, con el principio de la complementariedad, Observando que los Estados que no son partes en el Estatuto de Roma continuarán desempeñando sus responsabilidades en el ámbito de sus jurisdicciones nacionales en relación con crímenes internacionales, Determinando que las operaciones establecidas o autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se despliegan para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales, Determinando también que redunda en interés de la paz y la seguridad internacionales dar facilidades a los Estados Miembros para que puedan contribuir a las operaciones establecidas o autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, 1. Pide, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Estatuto de Roma, que la Corte Penal Internacional, si surge un caso en relación con acciones u omisiones relacionadas con operaciones establecidas o autorizadas por las Naciones Unidas y que entrañe la participación de funcionarios, ex funcionarios, personal o antiguo personal de cualquier Estado que no sea parte en el Estatuto de Roma y aporte contingentes, no inicie ni prosiga, durante un período de doce meses a partir del 1° de julio de 2002, investigaciones o enjuiciamiento de ningún caso de esa índole salvo que el Consejo de Seguridad adopte una decisión en contrario; 2. Expresa la intención de renovar en las mismas condiciones, el 1° de julio de cada año, la petición que se indica en el párrafo 1 para períodos sucesivos de doce meses durante el tiempo que sea necesario; 3. Decide que los Estados Miembros no tomarán ninguna medida que no esté en consonancia con el párrafo 1 y con sus obligaciones de carácter internacional. 4. Decide seguir ocupándose del asunto». El objetivo de la resolución es, tal cual surge de su objeto, impedir que nacionales de un Estado que no es parte en el Estatuto de Roma (y que, por lo tanto, no aceptan la jurisdicción de la CPI) que estén participando en operaciones de mantenimiento de la paz, sea juzgado por la CPI en caso de ser encontrado presunto autor de crímenes de competencia de la Corte. Ahora bien, ¿estaba facultado el CS para actuar de este modo?. La resolución dice “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Estatuto de

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Roma”. Veamos entonces qué dice ese artículo: «En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resolución aprobada con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pida a la Corte que no inicie o que suspenda por un plazo de doce meses la investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte procederá a esa suspensión; la petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones.». El artículo faculta al CS a pedir a la CPI que “no inicie” o “suspenda” una investigación o enjuiciamiento. Sin embargo, lo que hizo el CS fue mucho más allá de lo que le era permitido, pues pidió que ello sucediera respecto “de ningún caso”, que reuniera las condiciones ya enunciadas, lo que en la práctica significa nada más y nada menos que consagrar la impunidad internacional de los nacionales de los Estados que no son partes en el Estatuto de Roma, yendo así contra la esencia misma del Estatuto y de las funciones que el mismo le otorga al CS. Todo ello justificado con el eufemismo consagrado en la parte preambulatoria de la resolución: “Determinando también que redunda en interés de la paz y la seguridad internacionales dar facilidades a los Estados Miembros para que puedan contribuir a las operaciones” (tales “facilidades” implican la impunidad). No podemos más que concluir que el CS actuó de manera contraria a los principios de igualdad soberana (Art.2.1, ya que trata de manera diferente a unos Estados que a otros), buena fe (Art.2.3, pues no realiza una interpretación leal de los términos del Estatuto) y asistencia a las NU (Art.2.5, pues supedita la misma a una condición, que por otro lado es moralmente reprochable). Lamentablemente, el párrafo 2 de la resolución expresa la voluntad del CS de mantener esa situación irregular (lo cual ocurrió con la aprobación de la resolución 1487 [2003], que prorrogó tal situación por doce meses más), y el párrafo 3 hace partícipes de la ilegalidad a todos los Miembros. No analizaremos aquí (pues no corresponde, y excede los límites de este estudio) las motivaciones políticas de tales decisiones, mas sólo recordaremos que sólo dos de los miembros permanentes del CS (Francia y el Reino Unido) son parte en el Estatuto de Roma. El párrafo 2, en su segunda parte, establece que los poderes del CS quedan definidos en los Capítulos VI (Arreglo pacífico de controversias), VII (Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión), VIII (Acuerdos Regionales) y XII (Régimen internacional de administración fiduciaria, pero sólo sobre las zonas consideradas como estratégicas, Art.83). Sin embargo, ello no significa que poderes que definen estos capítulos sean los únicos que posee el CS, pues puede tomar cualquier decisión en ejercicio de su responsabilidad primordial (Art.24.1), con la única limitación ya apuntada (Art.24.2). Es importante tener presente aquí que el CS no suele indicar en sus resoluciones bajo qué capítulo está actuando, lo cual trae no pocas dificultades interpretativas (v. Arts. 25 y 27). El párrafo 3 es concordante con el Art.15.1 (sobre el valor de los informes y los poder es de la AG, v. Art.15). En lo que respecta a los informes anuales, su formato actual quedó fijado por la nota del Presidente del CS de 22 de mayo de 2002 (S/2002/199) que establece: «... El Consejo de Seguridad tomará las medidas necesarias para presentar puntualmente su informe a la Asamblea General. Con ese fin: a) El Consejo de Seguridad seguirá la práctica vigente de presentar su informe anual a la Asamblea General en un solo volumen. [...] El período abarcado por todos los informes [...] será el comprendido entre el 1° de agosto de un año y el 31 de julio del siguiente; [...] 3. El informe incluirá las partes que se describen a continuación: a) Una introducción; b) La parte I contendrá una breve descripción estadística de las principales actividades llevadas a cabo por el Consejo de Seguridad en relación con cada uno de los temas examinados por el Consejo durante el período abarcado por el informe, incluida una lista de documentos correspondientes a cada una de las actividades siguientes, con signaturas, según proceda: i) Todas las decisiones, resoluciones, declaraciones de la Presidencia e informes de evaluación publicados cada mes por los distintos Presidentes del Consejo sobre su labor, los informes anuales de todos los comités de sanciones y otros documentos publicados por el Consejo; ii) Reuniones del Consejo de Seguridad, incluidos los comités más importantes, como el Comité contra el Terrorismo, los comités de sanciones y los grupos de trabajo, así como las reuniones celebradas con los países que a portan contingentes; iii) Mesas redondas y mecanismos de supervisión y sus informes pertinentes; iv) Misiones emprendidas por el Consejo de Seguridad y sus informes; v) Operaciones de mantenimiento de la paz en funcionamiento, establecidas o terminadas; vi) Informes del Secretario General preparados para el Consejo de Seguridad; vii) Todas las comunicaciones recibidas; viii) Referencias disponibles a los documentos pertinentes de las Naciones Unidas relativos a los gastos financieros relacionados con las actividades del Consejo de Seguridad en el período abarcado por el informe; ix) Referencias a las relaciones sumarias del Secretario General sobre cuestiones de las que se ocupó el Consejo de Seguridad en el período abarcado por el informe; x) Notas de la Presidencia del Consejo de Seguridad y otros documentos publicados por el Consejo para seguir mejorando su labor; [...] d) La Parte II contendrá, en relación con cada uno de los temas examinados por el Consejo de Seguridad durante el período abarcado por el informe: i) Datos fácticos sobre el número de sesiones y consultas oficiosas; ii) Una lista de las decisiones, resoluciones, declaraciones de la Presidencia y todos los documentos publicados por el Consejo; iii) Una lista de las mesas redondas y los

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mecanismos de supervisión pertinentes, y de sus informes, según proceda; iv) Una lista de las misiones emprendidas por el Consejo de Seguridad y de sus informes, según proceda; v) Una lista de las operaciones de mantenimiento de la paz en funcionamiento, establecidas o terminadas, según proceda; vi) Una lista de los informes del Secretario General preparados para el Consejo de Seguridad. 4. En el informe se incluirá también una relación de las otras cuestiones examinadas por el Consejo, la labor del Comité de Estado Mayor y de los órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad. En el informe se incluirán también las cuestiones señaladas a la atención del Consejo que no se examinaron durante el período abarcado por el informe. [...] 6. De conformidad con la decisión adoptada en junio de 1993 (S/26015), el informe se aprobará en una sesión pública del Consejo de Seguridad en que los miembros del Consejo que así lo deseen podrán hacer comentarios a la labor del Consejo en el período abarcado por el informe. La Presiden cia del Consejo durante el mes en que se presente el informe a la Asamblea General también hará referencia al acta literal del debate del Consejo antes de que la Asamblea apruebe el informe anual.»

Artículo 25 Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta. La voluntad del CS, al igual que la AG, se expresa en instrumentos denominados resoluciones (aún cuando puede expresarse de otra manera, v. infra), las cuales pueden contener “decisiones”, “recomendaciones” e incluso, también pueden contener “declaraciones”, aunque en mucho menor medida que la AG. La distinción se hace necesaria para determinar, como se verá, el campo de aplicación del artículo. El supuesto que plantea el artículo, lógico corolario –como dijimos– de lo dispuesto en el Art.24.1, acerca de que los Miembros “reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone” la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales, conviniendo en “aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta” se hace absolutamente necesario en el sistema de seguridad colectiva. No sería posible mantener la paz y la seguridad internacionales, “tomar medidas colectivas eficaces”, ni “asegurar acción rápida y eficaz”, si no se dota a las decisiones del CS de la obligatoriedad de su cumplimiento. El problema se plantea, entonces, en torno a qué debe considerarse como “decisiones” que acarreen esta obligatoriedad. Así, se propician básicamente dos interpretaciones, una restrictiva, y la otra amplia. Para la primera, sólo tienen el carácter de “decisiones”, en el sentido de este artículo, aquellas tomadas por el CS en virtud del Capítulo VII. La otra, amplia, y basada en los términos del artículo, considera que se trata de cualquier decisión “de acuerdo con esta Carta”. Esta última es la interpretación propiciada por la CIJ en su Opinión Consultiva de 21 de junio de 1971: «el artículo 25 no se limita sólo a las decisiones relativas a medidas coercitivas sino también a las “decisiones” del Consejo de Seguridad adoptadas de conformidad con la Carta» (CIJ: “Consecuencias jurídicas para los Estados de la presencia continua de Sudáfrica en Namibia, no obstante la resolución 276 [1970] del Consejo de Seguridad”). Determinado qué se entiende por “decisiones obligatorias”, procederemos a analizar cuándo el CS está tomando una “decisión”. La pauta de interpretación también fue dada por la CIJ, que afirmó que es importante analizar cuidadosamente el texto de cada acto del CS que contenga una “decisión”, a fin de determinar si la misma es o no obligatoria. Es la práctica del CS la que nos dará los elementos necesarios, yendo en primer lugar a los textos mismos de las resoluciones, cuyos términos muchas veces aclaran la situación (así, las palabras “decide”, “insta”, “autoriza”, requiere” nos están indicando que se trata de una decisión), así como a las actas de las sesiones, proyectos, trabajos preparatorios, que pueden darnos otras pautas. En reiteradas oportunidades el CS recordó los términos del artículo 25. Así, en la resolución 269 (1969), sobre la situación en Namibia, se manifestó «consciente de su responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para asegurar el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en virtud de lo dispuesto en el Artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas»; en las resoluciones 445 (1979) y 448 (1979), sobre la situación en Rhodesia del Sur, dijo: «Teniendo presente la responsabilidad que incumbe a todos los Estados Miembros de acatar escrupulosamente las resoluciones y decisiones del Consejo de Seguridad y de asegurarse de que las instituciones y los ciudadanos que esté n bajo su jurisdicción las observen» (aquí el CS agrega la particularidad de considerar a los Estados responsables de que las instituciones y ciudadanos bajo su jurisdicción observen también sus decisiones); en la resolución 667 (1990), sobre la situación entre el Iraq y Kuwait, se mostró «decidido a garantizar el respeto de sus decisiones y del Artículo 25 de la Carta», en la 670 (1990), sobre la misma cuestión, «decidido también a velar porque se respeten sus decisiones y las disposiciones de los Artículos 25

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y 48 de la Carta de las Naciones Unidas» y en la 686 (1991), también sobre la misma cuestión, actuó «recordando las obligaciones que incumben a los Estados Miembros de conformidad con el Artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas». Una cuestión interesante sobre la obligatoriedad de las decisiones del CS, es la de si también puede aplicarse a Estados que no son miembros (cuestión que carece de actualidad, pues todos los Estados soberanos del mundo son miembros de las Naciones Unidas). Los términos del artículo son claros al decir que son “los Miembros de las Naciones Unidas” quienes convienen en aceptar las decisiones del CS. Sin embargo, debe realizarse una interpretación armónica con otras disposiciones de la Carta, en especial, con el Art.2.6, que claramente establece: «la Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales», y claro está que el único órgano capacitado para ello es el CS, en cuanto le incumbe la “responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales”. Aun cuando se discuta qué significa “hacer que se conduzcan de acuerdo con los principios”, de la práctica del CS en el citado caso de Yugoslavia (v. Art.2.6) puede inferirse que se hizo una interpretación amplia, pues se llegaron a tomar medidas del Art.41, entre otras, con la particularidad que el CS no se refirió en ninguna de sus numerosas resoluciones sobre la cuestión, ni directa ni indirectamente al Art2.6 (sobre la posibilidad de que los Estados que no son miembros cumplan las medidas dispuestas por el CS, v. Art.48). Es necesario aclarar además, que el CS no sólo expresa su voluntad por medio de resoluciones, sino también por medio de “Declaraciones Presidenciales” o “declaraciones de cuerpo de consenso”, cuyo procedimiento puede ser resumido así: debatida una cuestión en el seno del CS, el Presidente (v Art.30), en su calidad de tal, y no como representante de un Estado miembro, resume el debate y saca las conclusiones, manifestando que ellas expresan la voluntad del CS en su conjunto, salvo objeción por parte de algún miembro. Si no se presenta ninguna, la decisión se toma por unanimidad, sin ser sometida a votación (con lo cual se elimina la posibilidad de veto, v. Art.27.3). La primera de estas declaraciones considerada como tal, es la expresada por el Presidente en la 1143ª sesión (11 de agosto de 1964), sobre la situación en Chipre).

Artículo 26 A fin de promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales con la menor desviación posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos, el Consejo de Seguridad tendrá a su cargo, con la ayuda del Comité de Estado Mayor a que se refiere el Artículo 47, la elaboración de planes que se someterán a los Miembros de las Naciones Unidas para el establecimiento de un sistema de regulación de los armamentos. Resulta absolutamente lógico que, siendo el desarme y la regulación de armamentos una de las medidas que coadyuvan al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, corresponda su consideración al órgano que tiene a su cargo esa responsabilidad primordial, para lo cual contará con la ayuda de uno de sus órganos subsidiarios: el Comité de Estado Mayor (v. Art.47), mas el artículo corresponde más a una expresión de deseos de los redactores de la Carta, que a una realidad concreta, ya que la situación de tensión durante la Guerra Fría impidió la apli cación plena de la norma. Es por ello que el CS tuvo una actuación escasa sobre la cuestión (a diferencia de la AG, v. Art.11). Sin embargo, podemos mencionar diferentes resoluciones en las que se refirió al desarme y la regulación de armamentos. Así, sobre la regulación de armamentos, ya en su segundo año, mediante la resolución 18 (1947), creó un órgano subsidiario, la Comisión de Armamentos de Tipo Corriente, con las funciones de preparar y presentar «las propuestas de a) reglamentación y reducción generales de los armamentos y las fuerzas armadas y, b) las medidas prácticas y eficaces de garantía relativas a la reglamentación y reducción generales de los armamentos»; también se refirió a la Comisión en las resoluciones 68 (1949), 77 (1949), 78 (1949) y 79 (1950), pero en ninguna tomó decisiones sustanciales. La Comisión fue disuelta por resolución 97 (1952), sin haber llegado a ningún resultado concreto. Sobre el control internacional de la energía atómica, en la resolución 20 (1947) instó a la Comisión de Energía Atómica (creada por A/RES/1 [I]) a «que continúe su estudio de todos los aspectos del problema del control internacional de la energía atómica y formule, tan pronto como sea posible, proposiciones específicas [...] y a que prepare y someta oportunamente al Consejo de Seguridad uno o varios proyectos de tratado o de convención que contenga sus proposiciones definitivas» Por las resoluciones 52 (1948) y 74 (1949), transmitió los informes de la

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Comisión a la AG, y no volvió a tomar ninguna decisión al respecto. De más está decir que los proyectos de tratados de los que habla la resolución 20 (1947) jamás fueron aprobados por el CS. En lo referente al desarme, en la resolución 135 (1960), sobre las relaciones entre las grandes potencias, estableció: «... Consciente en especial del creciente peligro que encierra la continuación de la carrera de armamentos, [...] Pide a los gobiernos interesados que prosigan sus esfuerzos para resolver constructivamente la cuestión del desarme general y completo bajo un control internacional eficaz [...], así como para lograr la suspensión de todos los ensayos de armas nucleares bajo un sistema de control internacional adecuado, y también que continúen sus negociaciones sobre las medidas para prevenir la posibilidad de ataque por sorpresa, incluso mediante técnicas». Con motivo de la aprobación del TNP, y bajo el título “Cuestión relativa a las medidas para garantizar la seguridad de los Estados no poseedores de armas nucleares que son partes en el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares”, adoptó la resolución 255 (1968), que establece: «Tomando nota con gran interés del deseo de un gran número de Estados de firmar el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y por ende comprometerse a no recibir de nadie ningún traspaso de armas nucleares u otros artefactos nucleares explosivos ni el control sobre tales armas o artefactos explosivos, sea directa o indirectamente; a no fabricar ni adquirir de otra manera armas nucleares u otros artefactos nucleares explosivos y a no recabar ni recibir ayuda para la fabricación de armas nucleares u otros artefactos nucleares explosivos, Habida cuenta del empeño que tienen algunos de estos Estados en que, juntamente con su adhesión al Tratado sobre la no prolifer ación de las armas nucleares, se adopten medidas adecuadas para garantizar su seguridad, Teniendo presente que toda agresión acompañada del uso de armas nucleares pondría en peligro la paz y la seguridad internacionales, 1. Reconoce que la agresión con armas nucleares o la amenaza de tal agresión contra un Estado no poseedor de armas nucleares crearía una situación en la que el Consejo de Seguridad, y sobre todo sus miembros permanentes poseedores de armas nucleares, tendrían que actuar inmediatamente en conformidad con las obligaciones que les impone la Carta de las Naciones Unidas; 2. Se felicita de la intención manifestada por ciertos Estados de proporcionar o apoyar una asistencia inmediata, en conformidad con la Carta, a todo Estado no poseedor de armas nucleares que sea Parte en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y fuere víctima de un acto u objeto de una amenaza de agresión en que se utilicen armas nucleares...». En 1995, al haberse prorrogado de manera indefinida el TNP, aprobó la resolución 984 (1995), que dice: «Convencido de que hay que hacer todo lo posible para prevenir y evitar el peligro de una guerra nuclear, impedir la proliferación de las armas nucleares y facilitar la cooperación internacional en los usos pacíficos de la energía nuclear teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo, y reiterando la importancia decisiva que tiene para estos efectos el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, Reconociendo el legítimo inter és de los Estados no poseedores de armas nucleares que son Partes en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares de obtener garantías de seguridad, [...] subrayando que sería conveniente alcanzar una adhesión universal al Tratado, Reafirmando la necesidad de que todos los Estados partes en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares cumplan plenamente sus obligaciones, Teniendo en cuenta el legítimo interés de los Estados no poseedores de armas nucleares en que, en conjunción con su adhesión al Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, se tomen nuevas medidas adecuadas para proteger su seguridad, Considerando que la presente resolución constituye un paso en tal sentido, Considerando además que, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas, cualquier agresión con uso de armas nucleares pondría en peligro la paz y la seguridad internacionales, 1. Toma nota con reconocimiento de las declaraciones hechas por cada uno de los Estados poseedores de armas nucleares (S/1995/261, S/1995/262, S/1995/263, S/1995/264, S/1995/265), en que dan garantías de seguridad contra el uso de armas nucleares a los Estados que no poseen este tipo de armas y que son Partes en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares; 2. Reconoce el legítimo deseo de los Estados no poseedores de armas nucleares que son Partes en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares de obtener garantías de que el Consejo de Seguridad, y sobre todo sus Estados miembros permanentes que son poseedores de armas nucleares, actuarían inmediatamente de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas en el caso de que aquellos Estados fueran víctimas de un acto de agresión u objeto de una amenaza de agresión con uso de armas nucleares; 3. Reconoce además que, en caso de agresión con armas nucleares o de amenaza de ese tipo de agresión contra un Estado no poseedor de armas nucleares Parte en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, cualquier Estado puede señalar inmediatamente el asunto a la atención del Consejo de Seguridad de manera de permitir que el Consejo intervenga con urgencia para prestar asistencia, de conformidad con la Carta, al Estado víctima de e sa agresión, o amenazado con ella; y reconoce también que los Estados poseedores de armas nucleares miembros permanentes del Consejo de Seguridad señalarán el asunto a la atención del Consejo inmediatamente y procurarán que el Consejo, de conformidad con la Carta, preste la asistencia necesaria al Estado víctima; 4. Toma nota de los medios de que dispone para prestar asistencia al

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Estado no poseedor de armas nucleares Parte en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, entre ellos una investigación de la situación y medidas adecuadas para resolver la controversia y restablecer la paz y la seguridad internacionales; 5. Invita a los Estados Miembros a que, individual o colectivamente, en caso de que cualquier Estado no poseedor de armas nucleares Parte en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares fuera víctima de un acto de agresión con armas nucleares, tomen las medidas correspondientes en atención a una petición por parte de la víctima de asistencia técnica, médica, científica o humanitaria, y afirma que está dispuesto a examinar las medidas que se requieran a este respecto en caso de semejante acto de agresión; 6. Declara su intención de recomendar procedimientos adecuados, en atención a cualquier petición de un Estado no poseedor de armas nucleares Parte en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares que fuera víctima de semejante acto de agresión, relativos a la reparación por el agresor, de conformidad con el derecho internacional, en caso de pérdidas, daños o heridas producidas como consecuencia de la agresión; 7. Acoge con beneplácito el propósito manifestado por ciertos Estados de prestar asistencia inmediata, o de apoyar esa asistencia, de conformidad con la Carta, a cualquier Estado no poseedor de armas nucleares Parte en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares que fuera víctima de un acto de agresión u objeto de una amenaza de agresión con uso de armas nucleares; 8. Insta a todos los Estados a que, tal como está previsto en el artículo VI del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, celebren negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas al desarme nuclear y sobre un tratado de desarme general y completo, bajo un control internacional estricto y efectivo, lo que sigue siendo un objetivo universal; [...] 10. Subraya que las cuestiones planteadas en la presente resolución siguen interesando en forma continua al Consejo». Como medida contra la no proliferación de armas de destrucción masiva, aprobó la resolución 1540 (2004): «Afirmando que la proliferación de las armas nucleares, químicas y biológicas, así como sus sistemas vectores, constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, [...] Afirmando su determinación de adoptar medidas adecuadas y efectivas para luchar contra toda amenaza a la paz y la seguridad mundiales causada por la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas y sus sistemas vectores, de conformidad con sus funciones primordiales enunciadas en la Carta de las Naciones Unidas, Afirmando su apoyo a los tratados multilaterales que tienen por objeto eliminar o prevenir la proliferación de armas nucleares, químicas o biológicas y la importancia de que todos los Estados partes en esos tratados los apliquen cabalmente a fin de propiciar la estabilidad internacional, Acogiendo con beneplácito las iniciativas en este contexto de los mecanismos multilaterales que contribuyan a la no proliferación, Afirmando que la prevención de la proliferación de las armas nucleares, químicas y biológicas no debiera obstaculizar la cooperación internacional relativa a materiales, equipo y tecnología con fines pacíficos y que, al propio tiempo, los objetivos de la utilización con fines pacíficos no deben servir para encubrir la proliferación, Suma mente preocupado por la amenaza del terrorismo y el riesgo de que agentes no estatales [...] puedan adquirir, desarrollar o emplear armas nucleares, químicas y biológicas y sus sistemas vectores o traficar con ellas, Sumamente preocupado por la amenaza del tráfico ilícito de armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores y materiales conexos, que añade una nueva dimensión a la cuestión de la proliferación de esas armas y plantea también una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, Reconociendo la necesidad de estrechar la coordinación de las medidas en los planos nacional, subregional, regional e internacional con miras a dar una respuesta global más fuerte a este grave desafío y amenaza a la seguridad internacional, Reconociendo que muchos Estados han contraído obligaciones jurídicamente vinculantes en virtud de tratados en los que son partes o han contraído otros compromisos para prevenir la proliferación de armas nucleares, químicas o biológicas y han adoptado medidas efectivas para dar cuenta de los materiales peligrosos, mantenerlos en condiciones de seguridad y protegerlos físicamente, [...] Reconociendo además la apremiante necesidad de que todos los Estados adopten medidas eficaces adicionales para prevenir la proliferación de armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores, Alentando a todos los Estados Miembros a que cumplan íntegramente los tratados y los acuerdos de desarme en que son partes, [...] Resuelto a facilitar de ahora en adelante una respuesta eficaz ante las amenazas mundiales en cuanto a la no proliferación, Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, 1. Decide que todos los Estados se abstengan de suministrar cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores; 2. Decide también que todos los Estados, de conformidad con sus procedimientos nacionales, adopten y apliquen leyes eficaces apropiadas que prohíban a todos los agentes no estatales la fabricación, la adquisición, la posesión, el desarrollo, el transporte, la transferencia o el empleo de armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores, en particular con fines de terrorismo, así como las tentativas de realizar cualquiera de las actividades antes mencionadas, participar en ellas en calidad de cómplices, prestarles asistencia o financiarlas; 3. Decide también que todos los Estados adopten y hagan cumplir medidas eficaces para instaurar controles

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nacionales a fin de prevenir la proliferación de armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores, incluso estableciendo controles adecuados de los materiales conexos, [...] 4. Decide establecer [...] un Comité del Consejo de Seguridad, integrado por todos sus miembros, que [...] le presente informes sobre la aplicación de la presente resolución para que proceda a su examen y, para ello, exhorta a los Estados a que presenten al Comité un primer informe [...[ sobre las medidas que hayan adoptado o hayan de adoptar para aplicarla; [...] 8. Exhorta a todos los Estados a que: a) Promuevan la adopción universal, la aplicación íntegra y, cuando sea necesario, el fortalecimiento de los tratados multilaterales en que sean partes cuyo objetivo sea prevenir la proliferación de armas nucleares, biológicas o químicas; b) Adopten normas y reglamentaciones nacionales, cuando no lo hayan hecho aún, para asegurar el cumplimiento de los compromisos que les incumben con arreglo a los principales tratados multilaterales de no proliferación; c) Renueven y pongan en práctica su adhesión a la cooperación multilateral, [...]; 9. Exhorta a todos los Estados a que promuevan el diálogo y la cooperación sobre la no proliferación para hacer frente a la amenaza que representa la proliferación de armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores; 10. También para hacer frente a esa amenaza, exhorta a todos los Estados a que, de conformidad con sus atribuciones legales y su legislación nacional y con arreglo al derecho internacional, adopten medidas de cooperación para prevenir el tráfico ilícito de armas nucleares, químicas o biológicas, sus sistemas vectores y los materiales conexos; 11. Expresa su propósito de vigilar atentamente la aplicación de la presente resolución y, en el nivel adecuado, adoptar las medidas adicionales que sean necesarias con tal fin...». También en la ya citada declaración presidencial del 31 de enero de 1992 (S/23500), los miembros del CS destacaron «la necesidad de que todos los Estados Miembros cumplan sus obligaciones en relación con el control de armamentos y el desarme; eviten la proliferación en todos sus aspectos de todas las armas de destrucción en masa; eviten las acumulaciones y transferencias excesivas y desestabilizadoras de armas, y resuelvan por medios pacíficos, de conformidad con la Carta, cualesquiera problemas relacionados con estas cuestiones que amenacen o alteren el mantenimiento de la estabilidad regional y mundial.» También destacaron «la importancia de que todos los Estados interesados ratifiquen y apliquen prontamente todos los acuerdos internacionales y regionales sobre control de armamentos». También afirmaron, entre otras cosas, que «la proliferación de todas las armas de destrucción en masa constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Los miembros del Consejo se comprometen a obrar con miras a prevenir la difusión de la tecnología relacionada con las investigaciones o la producción de esas armas y a adoptar medidas apropiadas con ese fin.» El CS tuvo que enfrentar varias situaciones concretas relacionadas con esta cuestión. Así, el CS tomó medidas por resolución 687 (1991) y muchas otras que le siguieron, en relación a las denuncias acerca de la posesión por parte del Iraq de armas de destrucción masiva (un resumen de esas medidas puede verse en el comentario al Art.41). Por la resolución 825 (1993), ante el anuncio de la República Popular Democrática de Corea de retirarse del TNP, la exhortó «a que reconsidere el anuncio que hizo [...] y, de esta manera, reafirme su adhesión al Tratado» y «a que cumpla sus obligaciones en materia de no proliferación derivadas del Tratado y con el acuerdo de salvaguardias concertado con el Organismo Internacional de Energía Atómica»; varios años después, la cuestión de la proliferación en Corea volvió a ser tratada por el CS; así, en la resolución 1695 (2006), condenó «el lanzamiento de múltiples misiles balísticos por la República Popular Democrática de Corea el 5 de julio de 2006», exigió «que la República Popular Democrática de Corea suspenda todas las actividades relacionadas con su programa de misiles balísticos y, en este contexto, vuelva a aplicar los compromisos preexistentes en materia de moratoria del lanzamiento de misiles» e instó «firmemente a la República Popular Democrática de Corea a reincorporarse inmediatamente a las conversaciones entre las seis partes sin condiciones previas, para obrar por la rápida aplicación de la Declaración Conjunta del 19 de septiembre de 2005, en particular para abandonar todas las armas nucleares y los programas nucleares existentes, y a volver cuanto antes al Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica»; sin embargo, la situación no mejoró, ya que la RPDC realizó un ensayo nuclear, lo cual motivó la aprobación de la resolución 1718 (2006), en la que el CS condenó el ensayo, y exigió que la RPDC no haga nuevos ensayos nucleares ni lanzamientos de misiles balísticos, se retracte inmediatamente del anuncio de su decisión de retirarse del TNP, se reincorpore al TNP y a las salvaguardias del OIEA, suspenda todas las actividades relacionadas con su programa de misiles balísticos, vuelva a asumir los compromisos preexistentes en materia de suspensión del lanzamiento de misiles; abandone todas las armas nucleares y los programas nucleares existentes de manera completa, verificable e irreversible, actúe estrictamente de conformidad con las obligaciones que incumben a las partes en el TNP y las condiciones de su acuerdo con el OIEA relativo a las salvaguardias y ofrezca al OIEA medidas de transparencia que vayan más allá de esas exigencias, incluido el acceso a las personas, la documentación, los equipos y las instalaciones que el OIEA requiera y considere necesarios y que abandone todas las demás armas de destrucción en

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masa existentes y su programa de misiles balísticos de manera completa, verificable e irreversible (asimismo le impuso sanciones, que se pueden ver en el comentario el Art.41). Otra situación se produjo con los ensayos nucleares de India y Pakistán, que motivaron la aprobación de la resolución 1172 (1998), en la que el CS «Profundamente preocupado por la amenaza que representan los ensayos nucleares realizados por la India primero y el Pakistán después para los esfuerzos internacionales encaminados a reforzar el régimen mundial de no proliferación de las armas nucleares y profundamente preocupado también por el peligro que plantean para la paz y la estabilidad en la región, [...] 1. Condena los ensayos nucleares realizados por la India los días 11 y 13 de mayo de 1998 y por el Pakistán los días 28 y 30 de mayo de 1998; [...] 3. Exige a la India y al Pakistán que se abstengan de realizar nuevos ensayos nucleares y, en ese contexto, exhorta a todos los Estados a que no realicen explosiones de ensayo de armas nucleares ni explosiones nucleares de ninguna otra índole, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares; [...] 7. Exhorta a la India y al Pakistán a que pongan término de inmediato a sus programas de desarrollo de armas nucleares, se abstengan de fabricar o desplegar armas nucleares, pongan término al desarrollo de misiles balísticos capaces de transportar ojivas nucleares y a la producción ulterior de material fisionable para armas nucleares, confirmen su política de no exportar equipo, material o tecnología que pueda servir para armas de destrucción masiva o para misiles capaces de transportarlas y a que contraigan los compromisos correspondientes a ese respecto...». Finalmente, y con relación al programa nuclear de la República Islámica del Irán, el CS aprobó la resolución 1696 (2006), en la que exigió que Irán suspendiera todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento y reprocesamiento de uranio, incluidas las de investigación y desarrollo, lo que debía ser verificado por el OIEA; como el Irán no cumplió, el CS aprobó la resolución 1737 (2006), en la que decidió «que el Irán deberá suspender sin más demora las siguientes actividades nucleares estratégicas relacionadas con la proliferación: a) Todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento y el reprocesamiento, incluidas las actividades de investigación y desarrollo, suspensión que deberá verificar el OIEA; y b) Todo el trabajo sobre proyectos relacionados con el agua pesada, incluida la construcción de un reactor de investigación moderado por agua pesada, suspensión que también deberá verificar el OIEA» (además le impuso sanciones que se estudiarán en el comentario al Art.41). Desde hace algunos años, el CS también se ha ocupado de las cuestiones relativas a las armas pequeñas. A través de declaraciones presidenciales ha expresado su opinión al respecto y sentado los lineamientos de su accionar. Así, consideró que, en ejercicio de su responsabilidad primordial «es inevitable que centre su atención en las armas pequeñas y las armas ligeras, ya que son las de uso más frecuente en la mayor parte de los conflictos armados recientes. [...] El Consejo observa también que el fácil acceso a las armas pequeñas puede ser un factor que contribuye a socavar los acuerdos de paz, complicar las actividades de consolidación de la paz y entorpecer el desarrollo político, económico y social. A ese respecto, el Consejo reconoce que el problema que plantean las armas pequeñas es polifacético y abarca aspectos de seguridad, humanitarios y de desarrollo. [...] El Consejo destaca que la prevención del tráfico ilícito es una preocupación inmediata en la búsqueda mundial de medios para reducir la utilización ilícita de armas pequeñas, incluida su utilización por terroristas. [...] El Consejo acoge también con beneplácito y alienta los esfuerzos por prevenir y combatir la acumulación excesiva y desestabilizadora y el tráfico ilícito de armas pequeñas e invita a los Estados Miembros a que promuevan la participación de la sociedad civil en esos esfuerzos. [...] El Consejo pide que se apliquen de manera efectiva los embargos de armas impuestos por el Consejo en sus resoluciones pertinentes» (S/PRST/1999/28). También ha manifestado que «observa con gran preocupación que la acumulación desestabilizadora y la incontrolada proliferación de las armas pequeñas y ligeras en muchas regiones del mundo incrementa la intensidad y la duración de los conflictos armados, compromete la sostenibilidad de los acuerdos de paz, impide el éxito de las actividades de consolidación de la paz, frustra los esfuerzos en pro de la prevención de los conflictos armados, plantea un considerable obstáculo para la prestación de asistencia humanitaria y compromete la eficacia con que el Consejo da cumplimiento a su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. El Consejo manifiesta su gran preocupación por los efectos perjudiciales de las armas pequeñas y ligeras en los civiles en situaciones de conflicto armado, especialmente por lo que respecta a los gripos vulnerables como las mujeres y los niños [...] Asimismo, observa con satisfacción que la comunidad internacional tiene cada ve mayor conciencia del problema del comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras como un desafío [...]. En este sentido, el Consejo acoge con beneplácito las recientes iniciativas mundiales y regionales [...] El Consejo reafirma el derecho inmanente de legítima defensa [...] y, a reserva de lo dispuesto en la Carta, el derecho de todo Estado a importar, producir y mantener armas pequeñas y ligeras para sus necesidades de legítima defensa y seguridad. Teniendo presente el considerable volumen del comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras, el Consejo subraya que es de vital importancia que existan controles y reglamentaciones nacionales eficaces respecto de tal comercio. En este sentido, los países exportadores de armas

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deben ejercer el más alto grado de responsabilidad de impedir su desviación y reexportación ilegales, de modo que se contenga la filtración de armar legales hacia mercados ilegales. El Consejo recalca asimismo la importancia de la cooperación internacional a fin de que los Estados identifiquen y rastreen de manera oportuna y fiable las armas pequeñas y ligeras ilícitas. [...] El Consejo pone de relieve la importancia de que se tomen medidas eficaces de recogida y control de las armas pequeñas y ligeras, así como de su almacenamiento y destrucción, según proceda, en el contexto de los programas de desarme, desmovilización y reintegración, así como también medidas de otra índole que puedan contribuir a una eliminación efectiva de las armas pequeñas y ligeras y a evitar la proliferación de dichas armas en otras regiones...» (S/PRST/2001/21). También instó a los Estados «a que, de manera consistente y responsable, utilicen certificados de usuario final en sus transferencias de armas pequeñas y ligeras, y hace un llamamiento a los Estados para que establezcan un sistema nacional eficaz de certificados de usuario final y estudien, en su caso, la posibilidad de establecer un sistema de certificados de usuario final a niveles regional y mundial, así como un mecanismo de intercambio de información y verificación...» (S/PRST/2002/30). Estos conceptos fueron reiterados en S/PRST/2004/1 y S/PRST/2005/7.

Votación Artículo 27 1. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto. 2. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros. 3. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros, incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes; pero en las decisiones tomadas en virtud del Capítulo VI y del párrafo 3 del Artículo 52, la parte en una controversia se abstendrá de votar. [Texto vigente desde el 31 de agosto de 1965] 1. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto. 2. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán tomadas por el voto afirmativo de siete miembros. 3. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones serán tomadas por el voto afirmativo de siete miembros, incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes; pero en las decisiones tomadas en virtud del Capítulo VI y del párrafo 3 del Artículo 52, la parte en una controversia se abstendrá de votar. [Texto anterior el 31 de agosto de 1965] El párrafo 1 repite el principio del Art.18.1, “un miembro, un voto” (aunque, conforme al párrafo 3, no todos los votos tengan el mismo valor). Las votaciones en el CS se llevan a cabo levantando la mano, primero los que votan a favor, después los que votan en contra y, por último, los que se abstienen (como excepción a esta regla puede citarse la aprobación de la resolución 1368 [2001], en la 4370ª sesión, que condenó los atentados del 11 de septiembre de 2001, en la que el Presidente expresó: «Como todos unánimemente deseamos aprobar el proyecto de resolución, invito a los miembros a que, en vez de levantar la mano, se pongan de pie en muestra de nuestra unidad contra el flagelo del terrorismo.»). Al consignar los votos, se señalan también los miembros que no han tomado parte o no han participado en la votación. Las elecciones se efectúan por votación secreta. En los últimos años, también es usual que las resoluciones y decisiones se aprueben por consenso, es decir, sin votación. El Art.40 del Reglamento Provisional del CS (RPCS), no agrega nada a la cuestión al establecer que «Las votaciones en el Consejo de Seguridad se efectuarán con arreglo a los Artículos pertinentes de la Carta y del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.».

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Los párrafos 2 y 3 establecen dos tipos de votaciones: las que versan sobre cuestiones “de procedimiento” (párrafo 2), y las que tratan sobre “todas las demás cuestiones” (párrafo 3). Dado que la Carta no define cuáles cuestiones son de procedimiento, y cuáles no, las Potencias invitantes a la Conferencia de San Francisco, en la “Declaración de las Delegaciones de las Cuatro Potencias Invitantes sobre el Procedimiento de Voto en el Consejo de Seguridad”, enunciaron algunas cuestiones de procedimiento: la elección del método para el nombramiento del presidente (Art.18 RPCS); la organización de la manera de asegurar el funcionamiento permanente del órgano (Art.28.1); la elección de la fecha y lugar de sesiones regulares y especiales (Art.28.2); la creación de organismos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones (Art.29); la invitación a un Miembro de la Organización que no esté representado en el Consejo para que participe sin derecho a voto en las discusiones en cuestión que el Consejo estime es de su interés (Art.31); la invitación de cualquier Estado que sea parte en una controversia sometida a su examen a participar sin derecho de voto en las discusiones (Art.32); la decisión sobre la modalidad de participación de los Estados no Miembros de las Naciones Unidas parte en una controversia bajo examen del Consejo (Art.32); las decisiones relativas a audiencias de testigos o peritos (Art.39 RPCS); la petición de un dictamen o investigación, el orden del día y su ejecución (Arts. 6 a 9 RPCS); el derecho a dictarse su propio reglamento (Art.30). La práctica del CS al respecto considera que las decisiones son de procedimiento cuando: a) una propuesta obtuvo nueve o más votos a favor, con el voto en contra de uno o varios miembros permanentes. En tales casos, el carácter de procedimiento de la decisión se determina por el hecho de que el Consejo la aprobara; si la rechazó, ello indica que no era de procedimiento. b) Si el Consejo ha determinado expresamente por votación que una cuestión es o no de procedimiento, la decisión correspondiente se considera de procedimiento. Así, además de las enunciadas, se han considerado cuestiones de procedimiento: las relativas al levantamiento y suspensión de una sesión; la supresión de un tema de la lista de cuestiones inscriptas para el tratamiento del CS; las decisiones del Presidente del CS; la conducción de los debates; la convocatoria a un período extraordinario de sesiones de la AG (Art. 20 y A/RES/377 [V]). Todas ellas requieren para su aprobación al menos los votos afirmativos de nueve miembros cualesquiera (párrafo 2). Se dio lugar a debate con dos de estas cuestiones: la creación de un órgano subsidiario de investigación y la convocatoria a un período extraordinario de sesiones de emergencia de la AG. Con respecto al primer caso, en sus sesiones 847ª y 848ª, celebradas el 11 de septiembre de 1959, el CS consideró la cuestión de si las decisiones relativas a la creación de órganos subsidiarios para la aclaración de hechos estaba o no sujeta a una votación de procedimiento, al presentarse un proyecto de resolución con arreglo al cual se constituiría un subcomité para "que examine las declaraciones hechas acerca de Laos ante el Consejo de Seguridad, que reciba nuevas declaraciones y documentos, que realice las encuestas que c onsidere necesarias y que informe al Consejo de Seguridad lo antes posible". Se afirmó que el proyecto de resolución era de procedimiento, aduciendo que la creación del subcomité propuesto estaba comprendida en las disposiciones del Artículo 29 de la Carta. Se declaró asimismo que el carácter de procedimiento de la decisión la demostraba el hecho de que solamente afectaría a los miembros del Consejo ("un subcomité del propio Consejo") y de que proporcionaría a dichos miembros los medios apropiados para realizar deliberaciones ulteriores. Según la opinión contraria (URSS) la decisión era de fondo porque se refería a cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad internacionales, y debía adoptarse teniendo plenamente en cuenta las posibles consecuencias políticas. Los defensores de ambos puntos de vista basaron sus argumentos en la declaración de San Francisco (ya citada) sobre el procedimiento de votación. Se citó el párrafo 2 de la parte I de la declaración en el sentido de que en él se preveía la votación de procedimiento en relación con el establecimiento por el Consejo de los órganos que estimase necesarios para el desempeño de sus funciones. El argumento en favor de que la cuestión sometida a votación no era de procedimiento se basaba en el párrafo 4 de la Declaración de San Francisco, según el cual la decisión de realizar una investigación debía tomarse mediante votación, que estaba sujeta a la regla de unanimidad de los miembros permanentes. En la 848a. sesión, celebrada el 7 de septiembre de 1959, después de proceder a votación y de que el Presidente diera un fallo acerca de que la cuestión preliminar debía considerarse de procedimiento, se procedió la votación sobre el proyecto de resolución, se aprobó éste por 10 votos a favor y 1 en contra (S/RES/132 [1959]). La URSS impugnó la aprobación y afirmó que la resolución era ilegal. Con respecto al segundo caso, en la 960a. sesión, celebrada el 17 de septiembre de 1960, en relación con la situación en el Congo, y después de que el Consejo de Seguridad rechazara un proyecto de resolución presentado por Ceilán y Túnez, el representante de los Estados Unidos presentó un proyecto de resolución con arreglo al cual se convocaría a un período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General, de conformidad con la resolución 377 A (V) de la AG. En el preámbulo se especificaba que la falta de unanimidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad en la 906a. sesión había impedido a éste ejercer su función primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. La URSS impugnó el carácter de procedimiento de la votación realizada en virtud de la resolución 377 A (V) de la

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Asamblea General, puesto que, en su opinión, la Carta de las Naciones Unidas establecía que hubiera unanimidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad para convocar a períodos de sesiones de emergencia. Sin embargo, la postura soviética es difícil de sostener, pues la resolución 377 (V) claramente establece «por el voto de siete [ahora, nueve] cualesquiera de sus miembros». En la 906a. sesión, celebrada el 17 de septiembre de 1960, se aprobó el proyecto de resolución por 8 votos contra 2 y 1 abstención (S/RES/157 [1960]); uno de los votos en contra fue emitido por la URSS. Existen otras cuestiones que también deben ser consideradas de procedimiento; estas son: la convocatoria a la Conferencia de revisión de la Carta (Art.109); la elección de los magistrados de la CIJ (Art.10.2 ECIJ); la fijación de la fecha en que se procederá a la elección del o los magistrados que deban cubrir la o las vacantes producidas en la CIJ (Art.24 ECIJ). La AG, al tratar el “problema del procedimiento de votación en el Consejo de Seguridad”, aprobó la resolución 267 (III), recomendó al CS considerar como cuestiones de procedimiento las que enumera en su anexo (ello no significa que el CS así lo haya entendido), las cuales son: «Aplazar la discusión o la votación de una recomendación conducente a la admisión de un Estado hasta el próximo examen de solicitudes de admisión; someter a la consideración de la Asamblea General todas las cuestiones relativas al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales; solicitar de la Asamblea General que formule una recomendación sobre una controversia o sobre una situación respecto a las cuales el Consejo de Seguridad esté ejerciendo las funciones que le confiere la Carta; dar su asentimiento a que el Secretario General ponga en conocimiento de la Asamblea General o de los Miembros de las Naciones Unidas cualesquier asunto relativo al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales de los cuales se esté ocupando el Consejo de Seguridad; dar su asentimiento a que el Secretario General ponga en conocimiento de la Asamblea General o de los Miembros de las Naciones Unidas cualesquier asunt o relativo al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, de los cuales haya cesado de ocuparse el Consejo de Seguridad; pedir al Secretario General que convoque a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General; verificar los poderes de los representantes de los miembros del Consejo de Seguridad; aprobar los informes anuales destinados a la Asamblea General; aprobar informes especiales y presentarlos a la Asamblea General; organizar el Consejo de Seguridad de modo que pueda funcionar continuamente; tomar disposiciones para celebrar reuniones periódicas; celebrar reuniones en lugares fuera de la sede de la Organización; crear los órganos subsidiarios que el Consejo de Seguridad juzgue necesarios para el ejercicio de sus funciones; tomar las disposiciones a que dé lugar la creación de un órgano subsidiario [...]; aprobación de normas de procedimiento (reglamento) [...]; fijar el modo de designación del Presidente; participación sin derecho a voto de Miembros de las Naciones Unidas que no sean miembros del Consejo de Seguridad en la discusión de cualquier cuestión llevada ante el Consejo de Seguridad, cuando éste considere que los intereses de esos Miembros están afectados de manera especial; invitar a un Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo de Seguridad, o a cualquier Estado que no sea miembro de las Naciones Unidas, a participar sin derecho a voto en las discusiones relativas a una controversia en la que fuere parte, establecer las condiciones a que deba sujetarse la mencionada participación de un Estado que no sea miembro de las Naciones Unidas; determinar si un Estado que no sea miembro de las Naciones Unidas ha aceptado las condiciones que el Consejo de Seguridad haya estimado justo establecer para al participación de tal Estado, en virtud del Artículo 32 de la Carta; verificar los poderes de los representantes de los Estados invitados a participar en las discusiones en virtud de los Artículos 31 y 32 de la Carta y del artículo 39 del reglamento provisional; recordar a los Estados Miembros las obligaciones que les incumben en virtud de la Carta; fijar normas de procedimiento para el examen de controversias o situaciones; solicitar información sobre los progresos realizados o sobre los resultados obtenidos cuando se haya recurrido a medios pacíficos de arreglo; eliminar de la lista de cuestiones sometidas al Consejo una cuestión cualquiera; decidir estudiar y discutir una controversia o una situación que se haya sometido a consideración del Consejo de Seguridad (aprobación del orden del día); determinar si un Estado que no sea miembro de las Naciones Unidas, ha aceptado, en lo relativo a la controversia que dicho Estado desea llevar a la atención del Consejo de Seguridad, las obligaciones de arreglo pacífico establecidas en la Carta; invitar a un Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo de Seguridad a participar en las decisiones del Consejo de Seguridad relativas al empleo de contingentes de fuerzas armadas de dicho Miembro; aprobar las disposiciones relativas al procedimiento y a la organización del Comité de Estado Mayor; solicitar la ayuda del Consejo Económico y Social; decidir aprovechar la ayuda del Consejo de Administración Fiduciaria para desempeñar, en las zonas estratégicas, las funciones asumidas por la Organización, relativas a materias políticas, económicas, sociales y educativas que correspondan al régimen de administración fiduciaria; decidir abstenerte, por motivos de seguridad, de aprovechar la ayuda del Consejo de Administración Fiduciaria; pedir que se forme una comisión conjunta encargada de escoger un nombre para cada puesto aún vacante en la Corte Internacional de Justicia; fijar el plazo dentro del cual los miembros de la Corte Internacional de Justicia ya electos llenarán las plazas

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vacantes escogiendo entre los candidatos que hayan recibido votos en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad; fijar la fecha de las elecciones para llenar las vacantes ocurridas en la Corte Internacional de Justicia.». Las votaciones sobre “todas las demás cuestiones” (párrafo 3) requieren “el voto afirmativo de nueve miembros, incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes”, introduciendo la llamada regla de la “unanimidad de las Grandes Potencias”, o –más comúnmente– el “derecho de veto” (tengamos presente que tal expresión no aparece en la Carta). Ello significa que si al menos uno de los miembros permanente vota en contra, el proyecto de resolución o decisión queda automáticamente rechazado. La Carta no nos dice cuáles son “todas las demás cuestiones”, por lo tanto, por exclusión, se tratará de todas aquellas cuestiones que no sean consideradas de procedimiento. Se trata de las cuestiones relativas al ejercicio de las funciones del CS en ejercicio de su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, Art.24 (es decir, actuando en virtud de los Caps. VI, VII y VIII); la admisión, suspensión y expulsión de miembros, Arts. 4, 5 y 6; las relativas al régimen de administración fiduciaria de las zonas consideradas estratégicas, Art.83. Así, de acuerdo a la práctica del CS, podemos enumerar: instar a las partes en una controversia a arreglarla por medios pacíficos (Art.33.2); investigar toda controversia o toda situación susceptible de conducir a fricción internacional (Art.34); recomendar, en una controversia, los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados (Art.36.1); hacer recomendaciones a las partes en una controversia a efecto de que se llegue a un arreglo pacífico (Art.38); det erminar la existencia de una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión (Art.39); hacer recomendaciones o decidir medidas para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales (Art.39 in fine); instar al cumplimiento de medidas provisionales (Art.40); decidir medidas que no impliquen el uso de la fuerza (Art.41); decidir medidas que impliquen el uso de la fuerza armada (Art.42); utilizar los acuerdos u organismos regionales para aplicar medidas coercitivas bajo su autoridad (Art.53); aprobar los términos, modificaciones y reformas de los acuerdos sobre administración fiduciaria relativos a zonas estratégicas (Art.83); recomendar el nombramiento del SG (Art.97); recomendar a la AG la admisión de un nuevo miembro a las NU (Art.4); recomendar la suspensión de los derechos y privilegios de un miembro (Art.5); restituir los derechos y privilegios a un miembro (Art.5); recomendar la expulsión de un miembro (Art.6); recomendar el nombramiento del SG (Art.97). También, aunque no lo mencione la Carta, la creación de operaciones de mantenimiento de la paz (v. Art.29) debe considerarse como una cuestión de fondo. Las votaciones que el CS realice para determinar si una cuestión es o no de procedimiento, aún cuando sea de carácter instrumental, de acuerdo a la práctica del CS es una votación de fondo, requiriéndose por lo tanto, ningún voto negativo de los miembros permanentes. Esa cuestión ha sido denominada la “cuestión preliminar”, siguiendo los términos de la Declaración de San Francisco. Ello permite lo que ha sido denominado el “doble veto”, es decir la facultad que tienen los miembros permanentes, mediante tal decisión, de asegurarse la posibilidad de bloquear una eventual resolución sobre la cuestión. El “Repertorio de la práctica del Consejo de Seguridad” contiene varios casos en que se realizaron votaciones sobre la cuestión preliminar, por ejemplo, en la 49ª sesión (26 de junio de 1946), sobre la cuestión de España; en la 55ª sesión (28 de agosto de 1946), sobre las solicitudes de admisión de Albania y Mongolia como Miembros de las NU; en la 202ª sesión (15 de septiembre de 1947), sobre los incidentes en la frontera griega; en la 281ª sesión (12 de abril de 1948), sobre la cuestión de Checoslovaquia; en la 506ª sesión (29 de septiembr e de 1950), sobre el cargo de invasión armada de la isla de Taiwán (Formosa). Sin embargo, ello ha reconocido una excepción: el citado caso de la 848ª sesión, durante la votación de la resolución 132 (1959). Desde entonces, el CS no realizó votaciones sobre la cuestión preliminar. La exigencia de los votos afirmativos de “todos los miembros permanentes” que hace el párrafo 3, ha llevado a analizar los casos en que uno de estos se abstenga, no participe de la votación o esté ausente. La literalidad del artículo nos llevaría a concluir que en cualquiera de estos casos, el proyecto quedaría rechazado, pues el miembro permanente no ha emitido un voto afirmativo. Sin embargo, la práctica del CS es uniforme en el sentido de que la abstención, no participación o ausencia de un miembro permanente no implican el ejercicio del derecho de veto, pudiéndose aprobar el proyecto si obtiene la mayoría necesaria. Sobre esta cuestión, la CIJ expresó: «... los procedimientos del Consejo de Seguridad desarrollados durante un largo período de tiempo brindan abundante evidencia de que las decisiones presidenciales y las posiciones tomadas por los miembros del Consejo, en particular sus miembros permanentes, han interpretado uniforme y consistentemente que la práctica de la abstención voluntaria no constituye un impedimento para la adopción de resoluciones. Absteniéndose, un miembro no expresa su objeción a la aprobación de lo que se ha propuesto; para impedir la adopción de una resolución que requiere unanimidad de los miembros permanente, un miembro permanente sólo puede emitir un voto negativo. Este procedimiento seguido por el Consejo de Seguridad, que ha continuado inalterado después de la enmienda de 1965 al Artículo 27 de la carta, ha sido generalmente aceptado por los Miembros de las

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Naciones Unidas y evidencia una práctica general de la Organización» (CIJ: “Consecuencias jurídicas para los Estados de la presencia continua de Sudáfrica en Namibia, no obstante la resolución 276 [1970] del Consejo de Seguridad”, opinión consultiva de 21 de junio de 1971). Podemos mencionar a título de ejemplo, las resoluciones 82 (1950), 83 (1950), 84 (1950) y 85 (1950), sobre la cuestión de Corea, aprobadas en ausencia de la URSS, quien estaba haciendo uso de la llamada “política de la silla vacía”. También podemos recordar las resoluciones 338 (1973), 339 (1973), 340 (1973), 341 (1973), 346 (1974), 347 (1974), 350 (1974), 362 (1974), 363 (1974), 368 (1975), 369 (1975), 371 (1975), 378 (1975), 381 (1975), 390 (1976), 396 (1976), 398 (1976), 408 ( 1977), 416 (1977), 420 (1977), 425 (1978), 426 (1978), 427 (1978), 429 (1978), 434 (1978), 438 (1978), 441 (1978), 444 (1979), 449 (1979), 450 (1979), 456 (1979), 459 (1979), 470 (1980), 474 (1980), 481 (1980), 483 (1980), 485 (1981), 488 (1981) y 493 (1981), todas sobre la situación en el Oriente Medio, en las cuales China no participó de la votación. Un caso particular ocurrió en la 1760ª sesión con la resolución 344 (1973), sobre la conferencia de paz en el Oriente Medio, que fue aprobada por 10 votos a favor, 4 abstenciones (Estados Unidos, Francia, Reino Unido y URSS) y la no participación de China, es decir, sin haber obtenido ningún voto afirmativo de los miembros permanentes. El uso y abuso del derecho de veto por parte de los miembros permanentes ha provocado críticas de diversa índole, así como diferentes propuestas de cambio (las cuales serán analizadas en el Art.108). El siguiente cuadro nos muestra cómo ha sido la práctica de este derecho en la historia del CS (teniendo en cuenta solamente sesiones públicas): Miembro / Período 1946 - 1985 1986 - 1991 1992-1995 1996-2000 2001-2007 Total por miembro China 3 0 0 2 1 6 Estados Unidos 43 23 1 2 10 79 Francia 14 3 0 0 0 17 Reino Unido 23 8 0 0 0 31 URSS / Rusia 119 0 2 0 2 123 Total por período 202 34 3 4 13 256 Más polémicas ha suscitado la limitación de la parte final del párrafo 3: “en las decisiones tomadas en virtud del Capítulo VI y del párrafo 3 del Artículo 52, la parte en una controversia se abstendrá de votar”. Hay que destacar que esta limitación sólo opera si el CS actúa en virtud del Cap.VI, “Arreglo pacífico de controversias” o del Art.52.3 (arreglo de controversias en las organizaciones o acuerdos regionales), y respecto del o de los miembros del CS (permanentes o no) que sean partes en esa controversia (qué significa “ser parte en la controversia” provocó no pocos debates constitucionales en el seno del CS). Queda entonces en claro, que cuando el CS actúa en virtud del capítulo VII, aun cuando un miembro esté involucrado en la sit uación, no pierde su derecho a voto (recordemos que el CS no suele aclarar en virtud de qué capítulo actúa, lo cual dificulta aún más la interpretación de esta disposición). En la práctica del CS la disposición ha sido aplicada por los Estados o bien absteniéndose, o no participando en la votación. Estos son algunos casos en los que se aplicó la disposición: en la 127ª sesión, el 9 de abril de 1947, en la votación sobre un proyecto de resolución sobre la cuestión del Estrecho de Corfú (después, S/RES/22 [1947]), el Reino Unido, parte en la controversia, no participó de la votación; en la 471ª sesión, el 12 de abril de 1950, en la votación sobre un proyecto de resolución sobre la cuestión India-Pakistán (después, S/RES/80 [1950]), la India, parte en la controversia, se abstuvo; en la 524ª sesión, el 17 de noviembre de 1950, en la votación sobre un proyecto de resolución sobre la cuestión de Palestina (después, S/RES/89 [1950]), Egipto, parte en la controversia (aunque expresó ciertas reservas sobre el asunto) se abstuvo de votar; en la 539ª sesión, el 30 de marzo de 1951, en la votación sobre un proyecto de resolución sobre la cuestión India-Pakistán (después, S/RES/91 [1951]), la India, parte en la controversia, se abstuvo; en la 543ª sesión, el 30 de abril de 1951, en la votación sobre un proyecto de decisión sobre la cuestión India-Pakistán, la India, parte en la controversia, se abstuvo; en la 611ª sesión, el 23 de diciembre de 1952, en la votación sobre un proyecto de resolución sobre la cuestión India-Pakistán (después, S/RES/98 [1952]), Pakistán, parte en la controversia, no participó en la votación; en la 868ª sesión, el 23 de junio de 1960, en la votación sobre un proyecto de resolución sobre la cuestión relativa al caso de Adolfo Eichmann (después, S/RES/138 [1960]), la Argentina, parte en la controversia, no participó en la votación. También fue invocado en otras ocasiones, mas no se aplicó. Una característica común a todos los casos nombrados es que fueron siempre los propios miembros que eran partes en la controversia los que decidieron abstenerse en virtud del artículo, y todas las veces que se intentó una aplicación coactiva de la disposición, ésta fracasó. Ello, sumado a que no se haya aplicado en los últimos cuarenta y cinco años, ha llevado a part e de la doctrina y a algunos miembros a discutir su vigencia actual. Se hace necesario, entonces, analizar si la disposición está o no en vigencia, para lo cual debemos recordar que la práctica del CS ha creado –como se verá en el Art.30– un verdadero conjunto de normas consuetudinarias que han

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Capítulo V – El Consejo de Seguridad

modificado no sólo la aplicación del Reglamento Provisional sino también de la Carta (ejemplo de ello es la salvedad apuntada acerca de que la abstención, ausencia o no participación de los miembros permanentes no significa veto pese a la literalidad del Art.27.3). Por lo tanto, se podría sostener que, dada la no aplicación de la disposición durante casi medio siglo, se ha operado una suerte de desuetudo de la norma, quedando por lo tanto, fuera de vigencia. Si bien este argumento puede parecer atrayente, no debemos olvidar lo que dijo la CIJ en su fallo de 27 de junio de 1986, sobre la aplicación de las normas consuetudinarias: «La Corte no considera que para que una norma pueda considerarse formada consuetudinariamente, la práctica correspondiente tenga que conformarse estrictamente a dicha norma. Para deducir la existencia de normas consuetudinarias la Corte considera suficiente que los Estados ajusten su conducta en general a dichas normas, y que consideren las conductas que no se acomodan a la norma como violaciones de ésta y no como manifestaciones del reconocimiento de una nueva norma.» (CIJ: “Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua”, Nicaragua c. Estados Unidos de América, sentencia de 27 de junio de 1986). Estas condiciones que exige la CIJ, se dan, a nuestro entender, en el caso en cuestión, pues si bien la aplicación de la disposición no ha sido estricta, no ha cesado de ser invocada por los Estados. Así, y sólo a título de ejemplo, podemos mencionar algunos casos posteriores a la última aplicación conocida en que fue invocada: en la 1801ª sesión (24 de octubre de 1974) fue invocada por Madagascar; en la 2147ª sesión (12 de junio de 1979), lo fue por Israel; en la 1888ª sesión (6 de febrero de 1976), por Benin y Libia; en la 1970ª sesión (12 de noviembre de 1976), por Cuba; en la 2350ª sesión (3 de abril de 1982), por Panamá; en la 2949ª sesión (24 de octubre de 1990), por Cuba; y en la 3033ª sesión (21 de enero de 1992), por Libia.

Procedimiento Articulo 28 1. El Consejo de Seguridad será organizado de modo que pueda funcionar continuamente. Con tal fin, cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá en todo momento su representante en la sede de la Organización. 2. El Consejo de Seguridad celebrará reuniones periódicas en las cuales cada uno de sus miembros podrá, si lo desea, hacerse representar por un miembro de su Gobierno o por otro representante especialmente designado. 3. El Consejo de Seguridad podrá celebrar reuniones en cualesquiera lugares, fuera de la sede de la Organización, que juzgue más apropiados para facilitar sus labores. Tal cual lo establece el párrafo 1, el funcionamiento del CS, a diferencia de la AG (v. Art.20), es permanente, lo que se explica por la naturaleza de las cuestiones que debe tratar (Art.24). Por ello resulta necesario que cada miembro tenga “en todo momento su representante en la sede de la Organización”. Al respecto, el Reglamento Provisional del CS establece lo siguiente: «Salvo lo dispuesto en el artículo 4, respecto de las reuniones periódicas, el Consejo de Seguridad se reunirá cuando lo convoque el Presidente, siempre que éste lo estime necesario, pero el intervalo entre las reuniones no deberá exceder de catorce días» (Art.1 RPCS); «El Presidente convocará a sesión al Consejo de Seguridad a petición de cualquier miembro del Consejo de Seguridad» (Art.2 RPCS); «El Presidente convocará a sesión al Consejo de Seguridad cuando se lleve a la atención del Consejo de Seguridad una controversia o situación, con arreglo a lo previsto en el Artículo 35 o en el párrafo 3 del Artículo 11 de la Carta, o cuando la Asamblea General formule recomendaciones o refiera una cuestión al Consejo de Seguridad en virtud del párrafo 2 del Artículo 11, o cuando el Secretario General señale a la atención del Consejo de Seguridad cualquier asunto, con arreglo a lo previsto en el Artículo 99» (Art.3 RPCS). De estas disposiciones podemos extraer las amplias facultades del Presidente (v. Art.30) para convocar al CS siempre que lo estime necesario, lo solicite algún miembro, la AG, el SG, o un Estado que no sea miembro del CS, con la salvedad de que no puede reunirse con un intervalo mayor a 14 días. El párrafo 2 es el relativo a las reuniones periódicas (párrafo 2), en las cuales los miembros pueden hacerse representar por un miembro de su gobierno o por otro representante especialmente designado. El Art.4 del RPCS se refiere a estas reuniones en los siguientes términos: «Las reuniones periódicas, previstas en el párrafo 2 del Artículo 28 de la Carta, se celebrarán dos veces al año, en las fechas que determine el Consejo de Seguridad.» Pese a las claras disposiciones de la Carta y del RPCS, la primera de estas reuniones tuvo lugar recién en 1970, a solicitud de Finlandia, lo que motivó que el CS examinara el tema en la 1544ª sesión (12 de junio de 1970), tras lo cual se aprobó una

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declaración presidencial, que expresaba: «Los miembros del Consejo de Seguridad han examinado la cuestión de iniciar la celebración de reuniones periódicas de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 28 de la Carta y consideran que la celebración de reuniones periódicas, en las cuales cada miembro del Consejo se haría representar por un miembro de su Gobierno o por otro representante especialmente designado, podría aumentar la autoridad del Consejo de Seguridad y hacer de éste un instrumento más eficaz para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. [...] Queda entendido que las reuniones periódicas, cuya finalidad sería permitir al Consejo de Seguridad cumplir más eficazmente las funciones que le fija la Carta, brindarían a los miembros una oportunidad para proceder a un intercambio general de opiniones sobre la situación internacional, más que para ocuparse de una cuestión determinada, y que esas reuniones se celebrarían normalmente en privado, a menos que se decidiese lo contrario». De conformidad con ello, el CS celebró en privado su primera reunión periódica el 21 de octubre de 1970, en la 1555ª sesión, de la cual participaron la mayoría de los Ministros de Relaciones Exteriores de los miembros, emitiendo luego un comunicado a través del SG. El CS ha celebrado otras reuniones a nivel ministerial, por ejemplo: en la 2608ª sesión (26 de septiembre de 1985), examinó el tema “Las Naciones Unidas por un mundo mejor y la responsabilidad del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”, emitiendo una declaración presidencial (S/17501); en la 3583ª sesión (26septiembre de 1995), examinó el tema “Cincuentenario de las Naciones Unidas”, emitiendo una declaración presidencial (S/PRST/1995/48); en la 3931ª sesión (24 de septiembre de 1998), examinó el tema “La situación en África”, emitiendo una declaración presidencial (S/PRST/1998/29); en la 4413ª sesión (12 de noviembre de 2001), examinó el tema “Amenazas a la paz y la seguridad internacionales creadas por los actos de terrorismo”, aprobando por unanimidad la resolución 1377 (2001); en la 4607ª sesión (11 de septiembre de 2002) examinó el tema “Reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad en el aniversario del 11 de septiembre de 2001: actos de terrorismo internacional”, emitiendo una declaración presidencial (S/PRST/2002/25); en la 4688ª sesión (20 de enero de 2003) examinó el tema “Reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad: la lucha contra el terrorismo”, aprobando por unanimidad la resolución 1456 (2003); en la 4833ª sesión (24 de septiembre de 2003) examinó el tema “La justicia y el Estado de derecho: la función de las Naciones Unidas”, emitiendo una declar ación presidencial (S/PRST/2003/15); en la 5041ª sesión (8 de septiembre de 2004) examinó el tema “Aspectos civiles de la gestión de conflictos y la consolidación de la paz”, emitiendo una declaración presidencial (S/PRST/2004/33); en la 5297ª sesión (31 de octubre de 2005) examinó el tema “La situación en el Oriente Medio”, aprobando la resolución 1636 (2005). Asimismo, en tres ocasiones el CS se reunió al nivel de Jefes de Estado o de Gobierno. La primera de ellas fue en la 3046ª sesión, celebrada el 31 de enero de 1992, para el examen del tema “La responsabilidad del Consejo de Seguridad en lo relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”, emitiéndose una declaración presidencial (S/23500); la segunda fue con motivo de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, en la 4194ª sesión, celebrada el 7 de septiembre de 2000, en la cual examinó el tema “El papel eficaz del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, particularmente en África”, aprobándose por unanimidad la resolución 1318 (2000); la tercera fue durante la Cumbre 2005 de las Naciones Unidas, en la 5261ª sesión, celebrada el 14 de septiembre de 2005, en la cual se examinó el tema “Amenazas a la paz y la seguridad internacionales”, aprobándose las resoluciones 1624 (2005), relativa a la prevención de la incitación al terrorismo, y 1625 (2005), relativa a la prevención de conflictos, en particular en África. Tal cual lo establece el párrafo 3, el Art.5 del RPCS dice: «Las sesiones del Consejo de Seguridad se celebrarán de ordinario en la Sede de las Naciones Unidas. Cualquier miembro del Consejo de Seguridad o el Secretario General podrán proponer que el Consejo de Seguridad se reúna en otro lugar. Si el Consejo de Seguridad acepta esta propuesta, determinará el lugar y el período durante el cual habrá de reunirse en tal lugar.» En virtud de este artículo del RPCS y del párrafo 3 que se está examinando, el CS celebró reuniones fuera de la Sede en cuatro ocasiones. La primera de ellas fue a solicitud de la Organización de la Unidad Africana, apoyada por la AG (A/RES/2863 [XXVI]), quien pidió que se celebraran reuniones en una capital africana en 1972; el CS examinó el tema en sus sesiones 1625ª y 1626ª, y aprobó la resolución 308 (1972), que estableció lo siguiente: «Habiendo examinado [...] la solicitud de la Organización de la Unidad Africana referente a la celebración de sesiones del Consejo de Seguridad en una capital africana [...], Decide celebrar sesiones en Addis Abeba, que comenzarán el viernes 28 de enero y terminarán el viernes 4 de febrero de 1972 a más tardar, dedicadas al tema titulado “Examen de cuestiones relativas al África que en la actualidad se hallan sometidas al Consejo de Seguridad, y aplicación de las resoluciones pertinentes del Consejo...»; así, se celebraron en Addis Abeba las sesiones 1627ª a 1639ª aprobándose las resoluciones 309 (1972) y 310 (1972), sobre la cuestión de Namibia, 311 (1972), sobre el conflicto racial en Sudáfrica, y 312 (1972), sobre la situación en lo s territorios bajo administración portuguesa, además de una declaración presidencial de agradecimiento al país anfitrión. La segunda ocasión fue a solicitud del Gobierno de Panamá (S/10858), por la que se propuso al CS celebrar sesiones en la ciudad de Panamá en 1973; el CS examinó el tema en sus

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Capítulo V – El Consejo de Seguridad

sesiones 1685ª y 1686ª, aprobando la resolución 325 (1973), que estableció: «Habiendo examinado la carta de fecha 9 de enero de 1973 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, por la que, en nombre del Gobierno de la República de Panamá, se informó al Consejo de Seguridad de que ese Gobierno había resuelto proponer, basándose en el párrafo 3 del Artículo 28 de la Carta de las Naciones Unidas, que el Consejo de Seguridad se reuniera en la ciudad de Panamá, [...] Decide celebrar sesiones en la ciudad de Panamá, que comenzarán el jueves 15 de marzo y terminarán el miércoles 21 de marzo de 1973 y que el orden del día para ellas sea el “Examen de medidas para el mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales en América Latina, de conformidad con las disposiciones y los principios de la Carta»; así, se celebraron en la ciudad de Panamá las sesiones 1695ª a 1704ª, aprobando la resolución 330 (1973), sobre el tema del orden del día, y una declaración de consenso por la cual se expresó la gratitud del CS al país anfitrión. La tercera ocasión tuvo matices diferentes: a raíz de una carta de Bahrein en la que solicitaba una reunión urgente del CS (S/21300) para examinar el tema “la situación en los territorios árabes ocupados”, en la que se requería la presencia del por entonces líder de la OLP, Yasser Arafat, la negativa del Gobierno de los Estados Unidos (país anfitrión de las Naciones Unidas) a permitirle ingresar a su territorio y llegar a la Sede (lo cual, de acuerdo a algunas delegaciones, violó el Acuerdo de Sede, v. Art.105) motivó una nota del Presidente del CS (S/21309) que decía lo siguiente: «A raíz de las consultas evacuadas con los miembros del Consejo de Seguridad, en relación con la petición del Representante Permanente de Bahrein de 21 de mayo de 1990 de celebrar una reunión inmediata del Consejo de Seguridad, el Presidente tiene previsto llevar a cabo la primera reunión sobre este asunto en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, el viernes 25 de mayo de 1990, desde las 15 horas hasta que se haya agotado la lista de oradores prevista para esa reunión»; así, la 2923ª sesión se celebró en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, sin haberse tomado ninguna resolución ni declaración presidencial. La cuarta y última (hasta ahora) ocasión en que el CS sesionó fuera de la Sede fue en 2004, a raíz de la resolución 1569 (2004), aprobada en la 5063ª sesión, por la que estableció: «Actuando de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 28 de la Carta de las Naciones Unidas, 1. Decide celebrar sesiones en Nairobi los días 18 y 19 de noviembre de 2004 y decide que el tema del orden del día de esas sesiones será “Informes del Secretario General sobre el Sudán”; 2. Decide también examinar la situación en el Sudán con representantes de la Unión Africana y de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo durante las sesiones mencionadas y aprovechar la oportunidad que ofrece la presencia de l Consejo de Seguridad en Nairobi para examinar otras gestiones de paz en la región con la Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental»; así, las sesiones 5080ª a 5084ª se celebraron en Nairobi, donde se aprobó la resolución 1574 (2004) sobre los informes del SG sobre Sudán, y se emitieron dos declaraciones presidenciales, sobre la situación en Somalia (S/PRST/2004/43), y sobre la relación institucional con la Unión Africana (SPRST/2004/44). Para finalizar, no podemos dejar de mencionar que en los dos primeros casos, el CS se sirvió de un órgano subsidiario (Art.29) para asistirlo en sus funciones al respecto: el Comité para reuniones fuera de la Sede, integrado por todos sus miembros, el cual examinó las solicitudes y formuló las recomendaciones pertinentes al CS.

Artículo 29 El Consejo de Seguridad podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus funciones. La norma, aplicación del Art.7.2, ha sido empleada en menor medida que el Art.22, norma análoga para la AG, lo cual no obsta a que existan numerosos órganos subsidiarios del CS. De hecho, la propia Carta crea uno, el Comité de Estado Mayor (v. Art.47), de escasa actividad en la práctica. Los órganos subsidiarios del CS reúnen los mismos caracteres ya expuestos en el comentario al Art.7.2 (v. Art.7.2). La única limitación que el artículo establece es que sean “necesarios para el desempeño de sus funciones”, dejando esa estimación a criterio del mismo CS, por lo que la interpretación ha sido amplia. Al respecto, el Art.28 RPCS establece: «El Consejo de Seguridad podrá nombrar una comisión, un comité o un relator para una cuestión determinada». Este artículo es invocado en la mayoría de las resoluciones que crean comités de sanciones (la primera fue la S/RES/253 [1968], en la cual expresó: «Decide establecer, con arreglo al artículo 28 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad, un comité del Consejo de Seguridad...»; similares términos se encuentran en las otras resoluciones que crean tales comités). En principio, la votación en la creación de un órgano subsidiario es considerada de procedimiento en los término del Art.27.2, de acuerdo a lo establecido por la Declaración de San Francisco y la A/RES/267 (III) ya citadas (v. Art.27). Sin embargo, la práctica del CS no ha sido unánime en ese sentido, ya que algunas delegaciones argumentaron que se hace necesario tener en cuenta las funciones de los órganos (una de esas discusiones fue expuesta en el comentario al Art.27), y si estas caen dentro del Capítulo VI o del

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Capítulo VII, ello excede el título de “procedimiento” bajo el cual se encuentra este artículo 29. Ello se suma a que, generalmente, la creación de estos órganos se realiza en resoluciones que se enmarcan en los Capítulos VI o VII y, dado que el CS no suele votar las resoluciones párrafo por párrafo (en la actualidad, pues anteriormente se realizó con cierta regularidad), por lo tanto forzosamente se debe concluir que en esos casos, la votación será de fondo (Art.27.3). La estructura de los órganos subsidiarios es variada, pudiendo estar compuestos por Estados o por individuos; en el primer caso, pueden ser todos los miembros del CS (como el Comité contra el Terrorismo o los comités de sanciones) o algunos de ellos (como algunas comisiones de investigación o de buenos oficios); en el segundo, puede ser por expertos en alguna materia (como la UNMOVIC), o por especialistas designados por un procedimiento complejo del CS y la AG (como los Tribunales internacionales). Las facultades de los órganos subsidiarios varían según el mandato otorgado por el CS en el acto de creación; así, hay algunos que sólo se limitan a informar y formular recomendaciones al CS (como el Comité de Admisión de Nuevos Miembros); otros poseen facultades de investigación (como las comisiones de investigación, v. Art.34); otros, de inspección (como la UNMOVIC); otros pueden recabar información directamente de los Estados (como los comités de sanciones); recibir reclamaciones de particulares (como la Comisión de Indemnización); ejer cer ciertas facultades decisorias (algunos comités de sanciones); otros, incluso, pueden investigar y juzgar a individuos (los Tribunales internacionales). Entre los órganos subsidiarios podemos destacar: los Comités de Sanciones, establecidos para vigilar el cumplimiento de los diversos tipos de sanciones impuestas por el CS en virtud del Art.41, los que están compuestos por todos los Miembros del CS, sus funciones específicas se establecen en las resoluciones que los crean (las que, generalmente, son las mismas que imponen las sanciones, aunque a veces su creación es en una resolución posterior), e incluyen generalmente la supervisión del cumplimiento de las sanciones por el Estado afectado y, especialmente, por los demás Estados, estando facultados a recabar información directamente de los Estados, a recibir denuncias sobre las violaciones a las sanciones y atender solicitudes de exención por razones humanitarias (v. Art.41), tomando sus decisiones por unanimidad y debiendo informar siempre al CS, así como recomendarle las demás medidas necesarias para el mejoramiento del régimen de sanciones; los Tribunales Penales Internacionales para Rwanda y la ex-Yugoslavia, creados como órganos subsidiarios del CS pero con gran autonomía y absoluta independencia en la toma de decisiones, se encargan de juzgar a los presuntos responsables de delitos contra el derecho humanitario, y se rigen por sus respectivos Estatutos, aprobados por el CS (sobre los Tribunales Internacionales, v, comentario al Art.41). La siguiente tabla enumera algunos de los órganos subsidiarios del CS existentes en la actualidad: Órgano

Creación

Comité de Estado Mayor

Art.47 Carta

Comité de Admisión de Nuevos Miembros

Art.59 RPCS

Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia

Tribunal Penal Internacional para Rwanda

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Función Asesorar y asistir al CS en todas las cuestiones relativas a las necesidades militares para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, al empleo y comando de las fuerzas puestas a su disposición, a la regulación de los armamentos y al posible desarme Examinar toda solicitud de admisión que le sea referida y presentar al CS sus conclusiones al respecto

Enjuiciar a los presuntos responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia a partir de 1991 (Art.1 del Estatuto). Competencia personal: ejerce jurisdicción sobre las personas naturales (Art.6), que hayan planeado, instigado u ordenado la S/RES/808 comisión de algunos de los crímenes de la competencia del Tribunal, (1993) y o lo hayan cometido o hayan ayudado en cualquier otra forma a S/RES/827 planearlo, prepararlo o ejecutarlo (Art.7.1). (1993), Competencia material: violaciones graves de los Convenios de aprobatoria de Ginebra de 1949 (Art.2); violaciones de las leyes o usos de la guerra su Estatuto (Art.3); el genocidio (Art.4); crímenes de lesa humanidad (Art.5). Competencia temporal: comprende un período que comienza el 1º de enero de 1991 (Art.8, in fine). Competencia territorial: abarca el territorio de la ex República Federativa Socialista de Yugoslavia, con inclusión de su superficie terrestre, su espacio aéreo y sus aguas territoriales (Art.8). S/RES/955 Enjuiciar a los presuntos responsables de genocidio y otras (1994), violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas aprobatoria de en el territorio de Rwanda y a ciudadanos rwandeses presuntamente

Capítulo V – El Consejo de Seguridad

su Estatuto

Consejo de Administración de la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección (UNMOVIC) Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 751 (1992) relativa a Somalia

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 918 (1994) relativa a Rwanda Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1132 (1997) relativa a Sierra Leona

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1521 (2003) relativa a Liberia Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1533 (2004) relativa a la República Democrática del Congo

S/RES/687 (1991) y S/RES/692 (1991)

responsables de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1994 (Art.1 del Estatuto). Competencia personal: ejerce jurisdicción sobre las personas naturales (Art.5), que hayan planeado, instigado u ordenado la comisión de algunos de los crímenes de la competencia del Tribunal, o lo hayan cometido o hayan ayudado en cualquier otra forma a planearlo, prepararlo o ejecutarlo (Art6.1). Competencia material: crímenes de genocidio (Art.2), de lesa humanidad (Art.3), violaciones del Art.3 de los Convenios de Ginebra y del Protocolo Adicional II de 1977 (Art.4). Competencia temporal: comprende el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1994 (Art.7 in fine). Competencia territorial: abarca el territorio de Rwanda, con inclusión de su superficie terrestre y su espacio aéreo, así como el territorio de Estados vecinos en cuanto atañe a graves violaciones del derecho humanitario internacional cometidas por ciudadanos de Rwanda (Art.7) Verificar el cumplimiento por parte del Iraq de su responsabilidad ante los gobiernos, los nacionales y las empresas extranjeros, por toda pérdida directa y daño directo, y por todo perjuicio directo resultante de la invasión y ocupación de Kuwait, así como determinar el nivel apropiado de contribución del Iraq al Fondo de Indemnización creado por la resolución 687 (1991).

S/RES/1284 (1999) y S/RES/1441 (2002)

Inspeccionar sobre el terreno el potencial del Iraq en material de armas biológicas y químicas y misiles; recibir del Iraq, para su destrucción, remoción o neutralización de todas las armas químicas y biológicas; supervisar la destrucción por el Iraq, de todo su potencial de misiles; prestar asistencia y cooperación al OIEA.

S/RES/751 (1992)

Solicitar información de todos los Estados acerca de las medidas que hayan adoptado en relación con la aplicación efectiva de las sanciones impuestas a Somalia; examinar cualquier información relativa a violaciones de las sanciones; presentar informes sobre ello y efectuar las observaciones y recomendaciones pertinentes al CS.

S/RES/918 (1994)

Solicitar información de todos los Estados acerca de las medidas que hayan adoptado en relación con la aplicación efectiva de las sanciones impuestas a Rwanda; examinar cualquier información relativa a violaciones de las sanciones; presentar informes sobre ello y efectuar las observaciones y recomendaciones pertinentes al CS.

S/RES/1132 (1997)

Solicitar información de todos los Estados acerca de las medidas que hayan adoptado en relación con la aplicación efectiva de las sanciones impuestas a Sierra Leona; examinar cualquier información relativa a violaciones de las sanciones; presentar informes sobre ello y efectuar las observaciones y recomendaciones pertinentes al CS.

S/RES/1521 (2003)

Supervisar la aplicación de las sanciones impuestas a Liberia; recabar información de todos los Estados acerca de las medidas que hayan adoptado en relación con la aplicación efectiva de tales sanciones; examinar solicitudes de exención por motivos humanitarios y pronunciarse al respecto; presentar informes con observaciones y recomendaciones al CS.

S/RES/1533 (2004)

Recabar información de todos los Estados acerca de las medidas que hayan adoptado en relación con la aplicación efectiva de las sanciones impuestas a la República Democrática del Congo; examinar cualquier información relativa a violaciones de las sanciones; presentar al CS informes periódicos sobre su labor, junto con observaciones y recomendaciones, en particular sobre los medios de hacer más eficaces las sanciones.

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Carta de las Naciones Unidas

Órgano

Creación

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1572 (2004) relativa a Côte d’Ivoire

S/RES/1572 (2004)

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1591 (2005) relativa al Sudán

S/RES/1591 (2005)

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1718 (2006) relativa a la República Popular Democrática de Corea

S/RES/1718 (2006)

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1737 (2006) relativa a la República Islámica del Irán

S/RES/1737 (2006)

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a AlQaeda y los talibanes y personas y entidades asociadas

S/RES/1267 (1999)

Comité contra el Terrorismo

S/RES/1373 (2001)

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Función Pedir información a todos los Estados, sobre las medidas que han tomado para aplicar las sanciones impuestas a Côte d’Ivoire; Examinar las solicitudes de exención establecidas por motivos humanitarios y tomar decisiones al respecto; promulgar las directrices que sean necesarias para facilitar la aplicación de las sanciones; presentar informes periódicos al CS sobre su labor, con sus observaciones y recomendaciones, en particular sobre medios de fortalecer la eficacia de las sanciones. Vigilar la aplicación de las sanciones impuestas al Sudán; y estudiar las solicitudes de exención por motivos humanitarios; establecer las directrices que sean necesarias para facilitar la aplicación de las sanciones; presentar informes al CS acerca de su labor. Recabar de todos los Estados, en particular de los que produzcan o posean los artículos, materiales, equipos, bienes y tecnología sometidos a embargo, información relativa a las medidas que hayan adoptado para aplicar efectivamente las establecidas en la resolución 1718 (2006) y toda la información que pueda considerarse útil a ese respecto; Examinar la información relativa a presuntas violaciones de las medidas establecidas y adoptar medidas apropiadas al respecto; Considerar las solicitudes de exención y decidir al respecto; Determinar otros artículos, materiales, equipos, bienes y tecnología que haya que especificar a los efectos de los incisos i) y ii) del apartado a) del párrafo 8 de la resolución; Designar a otras personas y entidades sujetas a las medidas previstas en la resolución; Promulgar las directrices que sean necesarias para facilitar la aplicación de las medidas establecidas en virtud de la resolución; Informar por lo menos cada 90 días al CS sobre su labor, incluyendo observaciones y recomendaciones, en particular acerca de la forma de aumentar la eficacia de las medidas impuestas a la RPDC. Recabar de todos los Estados, en particular los de la región y los que producen los artículos, materiales, equipos, bienes y tecnologías sometidos a embargo, información sobre las disposiciones que hayan adoptado para aplicar efectivamente las medidas establecidas la resolución 1737 (2006) y toda la información adicional que pueda considerarse útil a ese respecto; Recabar de la secretaría del OIEA información sobre las disposiciones que haya adoptado el OIEA para aplicar efectivamente las medidas establecidas en la resolución y toda información adicional que pueda considerarse útil a ese respecto; Examinar la información sobre presuntas violaciones de las medidas establecidas en la resolución y adoptar las disposiciones apropiadas al respecto; Considerar las solicitudes de exención y decidir al respecto; Determinar, cuando sea necesario, otros artículos, materiales, equipos, bienes y tecnologías que puedan incluirse en las medidas; Designar, cuando sea necesario, a otras personas y entidades sujetas a las medidas establecidas; Promulgar las directrices que sean necesarias para facilitar la aplicación de las medidas enunciadas en la resolución; Presentar al CS, al menos cada 90 días, informes sobre su labor, junto con sus observaciones y recomendaciones, en particular sobre la manera de aumentar la eficacia de las medidas establecidas. Recabar información de todos los Estados sobre las medidas que hayan adoptado para aplicar en la práctica las sanciones consistentes en una congelación de activos, una prohibición de viajar y un embargo de armas contra las personas y entidades pertenecientes a Al-Qaida y los talibanes o asociadas con ellos; considerar la información relativa a las violaciones de las sanciones que los Estados señalen a su atención, y recomendar la adopción de medidas apropiadas al respecto; presentar informes periódicos al CS sobre los efectos, incluidos los de carácter humanitario, de las sanciones; presentar informes periódicos al CS sobre la información que se le haya proporcionado acerca del supuesto incumplimiento de las sanciones; preparar y llevar listas actualizadas, basadas en la información que suministren los Estados y las organizaciones regionales, de las personas y entidades que se haya indicado que están asociadas con Usama bin Laden.

Verificar la aplicación de las medidas contra el terrorismo contenidas en la resolución 1373 (2001), con la asistencia de los expertos que se consideren apropiados; recibir informes de todos los Estados acerca de las medidas que hayan adoptado para aplicar resolución 1373 (2001).

Capítulo V – El Consejo de Seguridad

Órgano Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1518 (2003) Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1540 (2004) Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1636 (2005) Grupo de Trabajo sobre las operaciones de mantenimiento de la paz

Grupo de Trabajo Especial sobre la prevención y la solución de conflictos en África

Grupo de Trabajo sobre los niños y los conflictos armados

Grupo de Trabajo establecido en virtud de la resolución 1566 (2004)

Creación

Función

S/RES/1518 (2003)

Identificar a las personas y entidades a las que se hace referencia en los párrafos 19 y 23 de la resolución 1483 (2003), e informar de su labor al CS (se trata de altos funcionarios del anterior régimen iraquí o por algún miembro de su familia inmediata, incluidas las entidades de su propiedad o bajo su control directo o indirecto o de personas que actúen en su nombre o a instancias suyas).

S/RES/1540 (2004)

Presentar informes al CS, recurriendo a otros expertos cuando corresponda, sobre la aplicación de las medidas relativas a la no proliferación de armas de destrucción masiva contenidas en la resolución 1540 (2004) para que proceda a su examen y recibir y considerar informes de todos los Estados sobre las medidas que hayan adoptado o hayan de adoptar para aplicarla.

Incluir en la lista de personas sujetas a las medidas impuestas en el párrafo 3 a) de presente resolución 1636 (2005) a aquellas que indique la Comisión Internacional Independiente de investigación o el Gobierno del Líbano, a condición de que ningún miembro del Comité S/RES/1636 formule una objeción dentro de los dos días hábiles siguientes a (2005) aquél en que se reciba la comunicación, caso en el cual el Comité se reunirá dentro de los quince días siguientes para determinar si son aplicables las medidas impuestas en el párrafo 3 a); aprobar en cada caso excepciones a las medidas establecidas en el párrafo 3 a). Ocuparse de las cuestiones generales del mantenimiento de la paz que atañen a las responsabilidades del CS como de los aspectos S/PRST/2001/3 técnicos de las distintas operaciones de mantenimiento de la paz; recabar las opiniones de los países que aportan contingentes e informar al CS al respecto. Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones que figuran en las declaraciones presidenciales y en resoluciones sobre prevención y solución de conflictos en África; proponer recomendaciones sobre la intensificación de la cooperación entre el CS y el ECOSOC así Nota del como con otros organismos de las Naciones Unidas que se ocupan Presidente de África; examinar, en particular, las cuestiones regionales y entre (S/2002/207) conflictos que afecten a la labor del CS en lo que respecta a la prevención y solución de conflictos en África; proponer recomendaciones al CS para aumentar la cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales en materia de prevención y solución de conflictos.

S/RES/1612 (2005)

Examinar los informes del mecanismo de presentación y supervisión de informes en relación a los niños y los conflictos armados, pasar revista a la marcha de la preparación y puesta en práctica de los planes de acción mencionados en la resolución 1539 (2004) y examinar la demás información pertinente que le sea presentada; Hacer recomendaciones al CS sobre posibles medidas para promover la protección de los niños afectados por conflictos armados, que se refieran también a los mandatos apropiados para las misiones de mantenimiento de la paz y a las partes en el conflicto; Dirigir solicitudes, según proceda, a otros órganos del sistema de las NU para que tomen medidas en apoyo de la aplicación de la presente resolución de conformidad con sus respectivos mandatos.

S/RES/1566 (2004)

Estudiar y presentar recomendaciones al CS sobre las medidas prácticas que se han de imponer contra las personas, los grupos y las entidades involucrados en actividades terroristas o asociados con ellas, además de las ya enunciadas por el Comité de Sanciones contra Al-Qaida y los Talibanes, entre ellas establecer los procedimientos más eficaces que se consideren adecuados para someterlos a la justicia mediante el enjuiciamiento o la extradición, congelar sus activos financieros, impedir su desplazamiento por los territorios de Estados Miembros y prevenir que les sean suministrados armas y material conexo de todo tipo, así como sobre los procedimientos para poner en práctica esas medidas.

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Carta de las Naciones Unidas

Órgano

Creación

Comisión de Consolidación de la Paz

S/RES/1645 (2005) S/RES/1646 (2005)

Función a) Agrupar a todos los agentes interesados para reunir recursos, proponer estrategias integradas de consolidación de la paz y recuperación después de los conflictos y asesorar sobre esas estrategias; b) Centrar la atención en las tareas de reconstrucción y consolidación de las instituciones necesarias para la recuperación después de los conflictos y apoyar la elaboración de estrategias integradas para sentar las bases del desarrollo sostenible; c) Formular recomendaciones y proporcionar información para mejorar la coordinación de todos los agentes pertinentes, tanto de las Naciones Unidas como ajenos a la Organización, concebir prácticas óptimas, ayudar a asegurar una financiación previsible para las actividades iniciales de recuperación y ampliar el período en que la comunidad internacional presta atención a la recuperación después de los conflictos

Mayor atención merecen ciertos órganos subsidiarios del CS que, pese a no estar previstos por la Carta, han experimentado un gran desarrollo en la práctica de la Organización: se trata de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP). Éstas comprenden el envío al lugar donde se produce un conflicto de contingentes de efectivos –soldados y oficiales militares, oficiales de policía civil y personal civil– que los Estados miembros ponen al servicio de las NU, previo el consentimiento del Estado o los Estados en cuyo territorio deben operar tales contingentes. Los integrantes de las OMP supervisan y observan los procesos de paz que surgen con posterioridad a las situaciones de conflicto y prestan asistencia a los excombatientes en la aplicación de los acuerdos de paz que se han firmado. Esa asistencia se presenta de diversas formas, incluidas las medidas de fomento de la confianza, las disposiciones para compartir el poder, el apoyo electoral, el fortalecimiento del imperio de la ley, y el desarrollo económico y social. Todo ello nos lleva a analizar diversas cuestiones, algunas de las cuales es necesario precisar. En primer lugar, se debe establecer qué órgano es competente para crear estas operaciones; tal cual se explicó en el comentario al Art.11, es el CS quien las establece, razón por la cual se las califica como órganos subsidiarios de éste. Así, el CS establece y define las OMP, para lo cual asigna un mandato a la misión, es decir, una descripción de sus tareas (las decisiones relativas a la creación, prórroga, cese y otras cuestiones conexas a las operaciones se consideran cuestiones de fondo a los efectos del Art.27.3). Sin embargo, también intervienen otros órganos, ya que el SG dirige y administra las operaciones de mantenimiento de la paz e informa al CS sobre la evolución de la situación. Las misiones más numerosas están encabezadas por un Representante Especial del SG. El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (que integra la Secretaría) presta asistencia al SG en la formulación de políticas y procedimientos para las operaciones de mantenimiento de la paz, y formula recomendaciones sobre el establecimiento de nuevas misiones y la gestión de las misiones en curso. También se debe agregar que, de acuerdo a la función que desempeñan, las OMP son medidas transitorias destinadas a favorecer la solución de los conflictos y cuyo mandato no puede renovarse automáticamente. En cuanto al mandato, establecido como dijimos por el CS, debe ser lo más detallado posible (sobre las diversas actividades comprendidas en el mandato, v. infra), pudiendo incluir o no según las circunstancias del caso, la posibilidad de hacer uso de la fuerza. Si ésta no está especificada, la OMP de que se trate no podrá hacer uso más que para acciones defensivas (sobre las diversas clases de autorización para el uso de la fuerza, v. Art.42). En cuanto al personal de las OMP, los oficiales militares de alto grado, los oficiales de estado mayor y los observadores militares que desempeñan funciones en misiones de las Naciones Unidas son empleados directamente por las Naciones Unidas –a menudo como adscriptos de sus fuerzas armadas nacionales. Los soldados de las fuerzas de mantenimiento de la paz, popularmente conocidos como los "cascos azules", participan en las OMP en condiciones que son negociadas cuidadosamente por sus gobiernos y permanecen bajo la autoridad de esos gobiernos. Las tropas y sus comandantes se despliegan en contingentes nacionales, que están bajo las órdenes del Comandante de la Misión en lo atinente a las cuestiones operacionales y, por su conducto, del Representante Especial del SG. La autoridad para enviar o retirar a los contingentes de mantenimiento de la paz está en manos del gobierno que los aporta, al igual que la responsabilidad en relación con la paga y cuestiones disciplinarias y de personal. Los oficiales de policía civil también son aportados por los Estados Miembros y desempeñan sus funciones sobre la misma base que los observadores militares, es decir como expertos en misión pagados por las Naciones Unidas. En un principio, los miembros permanentes del CS no aportaban efectivos a las OMP (de hecho, la resolución 340 [1973] establece expresamente «Decide constituir inmediatamente bajo su autoridad una Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas compuesta de personal procedente de Estados

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Capítulo V – El Consejo de Seguridad

Miembros de las Naciones Unidas con excepción de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad»), pero eso cambió al finalizar la Guerra Fría. Con respecto a la cooperación entre el CS y los países que aportan contingentes, el CS aprobó la resolución 1353 (2001), en la que, entre otras cosas, «Reconoce que su colaboración con los países que aportan contingentes puede fortalecerse si los Estados Miembros, en particular los que tienen más capacidad y más medios para hacerlo, asumen la parte de responsabilidad que les corresponde en lo relativo a proporcionar a las Naciones Unidas personal, asistencia y servicios para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; Alienta a los Estados Miembros a que adopten medidas para superar la insuficiencia del personal y el equipo que se prometen a determinadas operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz; Hace hincapié en la importancia de que los países que aportan contingentes adopten las medidas necesarias y adecuadas para que los miembros de sus fuerzas de paz puedan cumplir debidamente el mandato de las misiones y, a este respecto, subraya la importancia de la cooperación bilateral e internacional, incluso en los ámbitos de la capacitación, la logística y el equipo; [...] Subraya que la celebración de consultas entre el Consejo de Seguridad, la Secretaría y los países que aportan contingentes sin duda mejoraría la capacidad del Consejo de Seguridad para adoptar decisiones apropiadas, eficaces y oportunas en cumplimiento de sus responsabilidades; Subraya también la necesidad de que se adopte un enfoque global para aumentar la eficacia de las operaciones de mantenimiento de la paz desde el momento en que se conciban, incluida la preparación de planes de emergencia para las situaciones de gran inestabilidad y la promoción de estrategias coherentes de salida». En la misma resolución se establece que las consultas con los países que aportan contingentes se harán en sesiones públicas o privadas del CS, en reuniones de consulta o en reuniones de la Secretaría, con el objeto de realizar un examen completo y de alto nivel de las cuestiones de importancia crítica para una operación determinada de mantenimiento de la paz, incluyendo: planificación de la misión, elaboración del concepto de las operaciones y del mandato de una nueva operación; cambios del mandato, en particular la ampliación o reducción de la misión, la introducción de funciones o componentes nuevos o adicionales, o un cambio en la autorización para hacer uso de la fuerza; prórroga de un mandato; acontecimientos importantes o graves de índole política, militar o humanitaria; rápido empeoramiento de la situación de seguridad sobre el terreno; terminación, retirada o reducción de tamaño de la operación, incluido el paso de una operación de mantenimiento de la paz a una operación de consolidación de la paz después de un conflicto. El CS utiliza periódicamente el mecanismo de celebrar reuniones con los países que aportan contingentes a las OMP en virtud de la resolución 1353 (2001), generalmente a través de sesiones privadas, luego de las cuales se emite un comunicado a través del SG, de acuerdo al Art.55 RPCS (sobre las sesiones públicas y privadas, v. Art.30). En lo referente a la financiación de las OMP, nos remitimos a lo comentado en el Art.17. Como lo afirma el Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas (en adelante, el Grupo, v. infra) en su informe (A/55/305 – S/2000/809), el accionar desarrollado por las OMP entraña tres actividades principales: prevención de conflictos y establecimiento de la paz, mantenimiento de la paz, y consolidación de la paz. - La prevención de conflictos, dice el SG Boutros Ghali en su informe “Un programa de paz” (S/24111), se entiende como «las medidas destinadas a evitar que surjan controversias entre dos o más partes, a evitar que las controversias existentes se transformen en conflictos y evitar que éstos, si ocurren, se extiendan», a lo que el Grupo agrega: «ataca a las causas estructurales del conflicto a fin de sentar una base sólida para la paz. Cuando esa base se desintegra, se intenta reforzarla mediante medidas de prevención del conflicto, que generalmente consisten en iniciativas diplomáticas. Esta acción preventiva es por definición una actividad discreta: cuando resulta, puede pasar totalmente desapercibida». El establecimiento de la paz, es definido por Boutros Ghali como «las medidas destinadas a lograr que las partes hostiles lleguen a un acuerdo, fundamentalmente por medios pacíficos como los previstos en el Capítulo VI de la Carta», y el Grupo agrega que «intenta poner coto a los conflictos en curso, mediante los instrumentos de la diplomacia y la mediación. En el establecimiento de la paz pueden intervenir enviados de gobiernos, grupos de Estados, organizaciones regionales o las Naciones Unidas, o bien grupos extraoficiales y no gubernamentales, como ocurrió, por ejemplo, en las negociaciones que culminaron en un acuerdo de paz para Mozambique. El establecimiento de la paz puede incluso ser obra de una personalidad destacada, que actúa en forma independiente». - El mantenimiento de la paz comprende, según el SG, «el despliegue de una presencia de las Naciones Unidas en el terreno, con el consentimiento de todas las partes interesadas y, como norma, con la participación de personal militar o policial de las Naciones Unidas y, frecuentemente, también de personal civil». El Grupo afirmó: «El mantenimiento de la paz es una empresa que ya tiene 50 años y ha evolucionado rápidamente en el último decenio de un modelo tradicional y principalmente militar de observar las cesaciones del fuego y las separaciones de las fuerzas después de guerras entre Estados a un modelo complejo que incorpora muchos elementos, militares

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Carta de las Naciones Unidas

y civiles, que cooperan para establecer la paz en el peligroso interregno que sigue a las guerras civiles». - La consolidación de la paz, dice el Grupo «es un término más reciente que [...] se refiere a las actividades realizadas al final del conflicto para restablecer las bases de la paz y ofrecer los instrumentos para construir sobre ellas algo más que la mera ausencia de la guerra. Por lo tanto, la consolidación de la paz incluye, entre otras cosas, la reincorporación de los excombatientes a la sociedad civil, el fortalecimiento del imperio de la ley (por ejemplo, mediante el adiestramiento y la reestructuración de la policía local y la reforma judicial y penal); el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos mediante la vigilancia, la educación y la investigación de los atropellos pasados y presentes; la prestación de asistencia técnica para el desarrollo democrático (incluida la asistencia electoral y el apoyo a la libertad de prensa); y la promoción del empleo de técnicas de solución de conflictos y reconciliación. Complementos esenciales de una efectiva consolidación de la paz son el apoyo a la lucha contra la corrupción, la ejecución de programas humanitarios de remoción de minas, los programas de lucha contra el virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), incluidos los de información y la lucha contra otras enfermedades infecciosas». Los principios del mantenimiento de la paz, tal cual los destacó el SG Boutros Ghali en su Documento de Posición Suplemento de “Un programa de paz” (S/1995/1), son: el consentimiento de las partes, la imparcialidad y la abstención de recurrir al uso de la fuerza salvo en caso de legítima defensa. El consentimiento de las partes es fundamental en esta materia; si los Estados involucrados no aceptan el despliegue de la OMP, el mismo no será posible; esta base consensual exige una intensa labor diplomática previa. La imparcialidad significa que la OMP no debe beneficiar a ninguna de las partes en conflicto en perjuicio de las otras (ello de acuerdo a los límites de su mandato). Sobre el uso de la fuerza, remitimos al comentario al Art.42. La evolución de las OMP es muy interesante y requiere ser estudiada con detenimiento. Siempre se reconoce como antecedentes de las OMP propiamente dichas al Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en la India y el Pakistán (UNMOGIP), creado por S/RES/47 (1948) y al Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT), creado por S/RES/50 (1948) –los cuales aún hoy están en actividad– pero la considerada primera OMP es la FENU, creada por la AG (A/RES/1000 [ES-I]), actuando en virtud de la resolución “Unión pro paz”. La FENU marca el inicio de la primera etapa en la historia de las OMP, que se extiende desde 1956 hasta 1987, considerada como etapa de establecimiento y consolidación, marcada por la Guerra Fría, con las discusiones acerca de cuál era el órgano competente para crearla (ya reseñada en los Arts.11 y 17), lo cual motivó la creación de órganos y mecanismos para su examen (v. infra); en esta etapa, los mandatos se reducen a misiones de observación de ceses del fuego, llegando sólo en contados casos a intervenciones más activas, que incluyen la interposición de las fuerzas de la misión entre los combatientes para evitar la continuación de las hostilidades (una particularidad de esta época es que la mayoría de las OMP se dio en el Medio Oriente). La segunda época, que podemos ubicar entre 1988 y 1998, es la de ampliación de las OMP, caracterizada por una verdadera “explosión” de las mismas, ya que el número de misiones desplegadas se multiplicó considerablemente, a la vez que se ampliaron los mandatos, creándose misiones mucho más grandes y complejas, a menudo para ayudar a hacer cumplir acuerdos de paz generales, incorporando así personal no militar experto en diferentes áreas, transformando al mantenimiento de la paz en una tarea multidimensional; sin embargo, algunos esfuerzos fracasaron, tal vez como resultado de una evaluación excesivamente optimista de lo que podría lograr el mantenimiento de la paz por parte de las Naciones Unidas. Al tiempo que se llevaban a cabo complejas misiones en Camboya y Mozambique, el Consejo de Seguridad despachó fuerzas de mantenimiento de la paz a zonas de conflictos como Somalia, donde no se había logrado la cesación del fuego ni el consentimiento de todas las partes en el conflicto. Esas operaciones no tenían el potencial humano necesario ni estaban apoyadas por la voluntad política necesaria para cumplir sus mandatos. Los fracasos –en particular la matanza de Srebrenica (Bosnia y Herzegovina) en 1995 y el genocidio de Rwanda en 1994– condujeron a un período de reducción de las operaciones y de autoexamen en relación con las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. La tercera etapa, que empezó alrededor de 1999 y continúa en nuestros días, es en parte el resultado de esas evaluaciones; así, se consideró necesario dotar a las OMP de mandatos realistas y adecuados a cada situación particular, así como ampliarlos para incluir el imperio de la ley, la administración civil, el desarrollo económico, los derechos humanos, la asistencia relativa a las minas, los programas de desmovilización, desarme y reintegración de los combatientes que hayan dejado las armas, la lucha contra las armas pequeñas y ligeras, las tareas de prevención del VIH/SIDA, la protección de los grupos vulnerables de la sociedad (mujeres y niños), la reconstrucción de las instituciones y del Estado de derecho, entre otras cosas. (Para un análisis más completo de cada mandato en particular, v. tabla número II infra). La siguiente lista contiene las operaciones de mantenimiento de la paz ya finalizadas, su emplazamiento, el acto de su creación y la fecha de fin del mandato:

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Capítulo V – El Consejo de Seguridad

Tabla número I: OMP finalizadas Operación Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (FENU I)

Emplazamiento

Grupo de Observadores en el Líbano (UNOGIL)

Líbano

Operación de las Naciones Unidas en el Congo (ONUC) Fuerza de Seguridad de las Naciones Unidas en Guinea Occidental (UNSF) Misión de Observación de las Naciones Unidas en Yemen (UNYOM) Misión del Representante Especial del Secretario General en la República Dominicana (DOMREP) Misión de Observación de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán (UNIPOM) Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas II (FENU II) Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas para el Irán y el Iraq (UNIMOG)

Misión de Buenos Oficios de las Naciones Unidas en el Afganistán y el Pakistán (UNGOMAP) Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Angola (UNAVEM I) Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas al Período de Transición (GANUPT) Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica (ONUCA) Misión de Observación de las Naciones Unidas para el Iraq y Kuwait (UNIKOM) Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Angola II (UNAVEM II) Misión de Avanzada de las Naciones Unidas en Camboya (UNAMIC) Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR) Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya (APRONUC) Operación de las Naciones Unidas en Somalia (ONUSOM I) Operación de las Naciones Unidas en Mozambique (ONUMOZ) Operación de las Naciones Unidas en Somalia II (ONUSOM II) Misión de Observadores de las Naciones Unidas para Uganda y Rwanda (UNOMUR) Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Liberia (UNOMIL) Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH) Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Rwanda (UNAMIR) Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en la Faja de Aozou (UNASOG)

Israel - Egipto

República Democrática del Congo Nueva Guinea Occidental Yemen República Dominicana India - Pakistán Medio Oriente Irán - Iraq Afganistán y Pakistán Angola Namibia América Central Iraq - Kuwait El Salvador Angola Camboya Ex-Yugoslavia Camboya Somalia Mozambique Somalia Uganda - Rwanda Liberia Haiti Rwanda Chad - Libia

Creación Finalización A/RES/1000 (ESJunio de 1967 I) S/RES/128 Diciembre de 1958 (1958) S/RES/143 (1960)

Junio de 1964

A/RES/1752 (XVII) S/RES/179 (1963)

Septiembre de 1964

Junio de 1965

Octubre de 1966

Septiembre de 1965 S/RES/340 (1973) S/RES/619 (1988) S/RES/622 (1988) S/RES/626 (1988) S/RES/632 (1989) S/RES/644 (1989) S/RES/689 (1991) S/RES/693 (1991) S/RES/696 (1991) S/RES/717 (1991) S/RES/743 (1992) S/RES/745 (1992) S/RES/751 (1992) S/RES/797 (1992) S/RES/814 (1993) S/RES/846 (1993) S/RES/866 (1993) S/RES/867 (1993) S/RES/872 (1993) S/RES/915 (1994)

Abril de 1963

Marzo de 1966 Julio de 1979 Febrero de 1991 15 de marzo de 1990 6 de junio de 1991 Marzo de 1990 Enero de 1995 6 de octubre de 2003 30 de abril de 1995 Febrero de 1995 Marzo de 1992 31 de marzo de 1995 Septiembre de 1993 Marzo de 1993 9 de diciembre de 1994 Marzo de 1995 21 de septiembre de 1994 Septiembre de 1997 Junio de 1996 Marzo de 1996 Junio de 1994

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Carta de las Naciones Unidas

Operación Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Tayikistán (MONUT) Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Angola III (UNAVEM III) Fuerza de Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas (UNFREDEP) Operación de las Naciones Unidas para el Restablecimiento de la Confianza en Croacia (ONURC) Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina (UNMIBH) Administración de Transición de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental (UNTAES) Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Prevlaka (MONUP) Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSMIH) Misión de las Naciones Unidas de verificación de derechos humanos y del cumplimiento de los compromisos del Acuerdo global sobre derechos humanos en Guatemala Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Angola (MONUA) Misión de Transición de las Naciones Unidas en Haití (UNTMIH) Misión de Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití (MIPONUH) Grupo de apoyo de la policía de las Naciones Unidas (UNPSG) Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINURCA) Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNOMSIL) Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL) Administración de las Naciones Unidas para Timor Oriental (UNTAET) Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNMISET) Operación de las Naciones Unidas en Burundi (ONUB)

Emplazamiento Tayikistán Angola

Creación S/RES/968 (1994) S/RES/976 (1995)

Finalización Mayo de 2000 30 de junio de 1997

Ex–República yugoslava de Macedonia

S/RES/983 (1995)

31 de agosto de 1998

Croacia

S/RES/990 (1995)

15 de enero de 1996

Bosnia y Herzegovina

S/RES/1035 (1995)

31 de diciembre de 2002

Croacia

S/RES/1037 (1996)

15 de enero de 1998

S/RES/1038 (1996) S/RES/1063 (1996) S/RES/1094 (1997) (Observadores militares) S/RES/1118 (1997) S/RES/1123 (1997) S/RES/1141 (1997) S/RES/1145 (1997) S/RES/1159 (1998) S/RES/1181 (1998) S/RES/1270 (1999) S/RES/1272 (1999) S/RES/1410 (2002) S/RES/1545 (2004)

15 de diciembre de 2002

Croacia Haiti

Guatemala

Angola Haiti Haiti Croacia República Centroafricana Sierra Leona Sierra Leona Timor Oriental Timor Oriental Burundi

Junio de 1997 27 de mayo de 1997 Febrero de 1999 30 de noviembre de 1997 15 de marzo de 2000 15 de octubre de 1998 Febrero de 2000 22 de octubre de 1999 31 de diciembre de 2005 20 de mayo de 2002 20 de mayo de 2005 31 de diciembre de 2006

Tal cual se adelantara supra, y como vimos en el Art.11, ya desde la primera etapa en la historia de las OMP las mismas fueron objeto de análisis por los órganos de las Naciones Unidas. La AG, en su resolución 2006 (XIX), creó el Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, a quien se ha encargado el examen de la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos, incluidas las medidas destinadas a mejorar la capacidad de la Organización para dirigir operaciones de mantenimiento de la paz, que año a año formula sus recomendaciones a la AG. Así, ya en 1974 elaboró un proyecto de directrices para las OMP (A/9827), en el que estableció que las OMP están bajo el mando de las NU, del que estará investido el SG, bajo la autoridad del CS; el CS, como órgano que tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, es el que tiene la autoridad sobre el establecimiento, la dirección y el control de las OMP; el CS, podrá delegar su autoridad sobre ciertos aspectos de las OMP en un órgano subsidiario creado al efecto, en el Comité de Estado Mayor, o en el SG; el SG será el Comandante en Jefe de las OMP; las OMP deberán satisfacer tres condiciones: tener en todo momento la confianza total y el apoyo pleno del CS, realizar sus operaciones con la total cooperación de las partes interesadas y funcionar como unidades integradas y eficientes; deben negociarse lo antes posible los convenios previstos en el Art.43 de la Carta entre el CS y los Estados

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Capítulo V – El Consejo de Seguridad

miembros que podrían aportar contingentes a estas operaciones (como vimos supra las relaciones con los países que aportan contingentes se regula en la actualidad por la S/RES/1353 [2001]); la AG tomó nota de ese proyecto en su resolución 3239 (XXIX), en la que pidió al Comité que siguiera trabajando sobre las directrices, petición reiterada en posteriores resoluciones, la última de las cuales es la 38/81; sin embargo, no se tomó ninguna decisión posterior al respecto. Las últimas recomendaciones del Comité, contenidas en el documento A/59/19/Rev.1, en las que, entre otras cosas, contienen las siguientes: «El Comité Especial subraya que las operaciones de mantenimiento de la paz deben respetar estrictamente los propósitos y principios consagrados en la Carta. Destaca que el respeto de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia política de los Estados, así como la no intervención en los asuntos que son esencialmente de jurisdicción interna de un Estado, son elementos fundamentales en la mancomunación de esfuerzos, en particular en las operaciones de mantenimiento de la paz, para promover la paz y la seguridad internacionales. El Comité Especial cree que el respeto de los principios básicos del mantenimiento de la paz, como el consentimiento de las partes, la imparcialidad y la no utilización de la fuerza salvo en caso de legítima defensa y en defensa del mandato autorizado por el Consejo de Seguri dad, es esencial para el éxito de sus operaciones. El Comité Especial reconoce que las operaciones de mantenimiento de la paz se han vuelto más complejas, por lo que se necesita alcanzar un común entendimiento sobre la terminología para promover el acercamiento de criterios y la cooperación. [...] El Comité Especial considera que las operaciones de mantenimiento de la paz no eliminan la necesidad de abordar las causas profundas de los conflictos. Esas causas deben tratarse de forma coherente, bien planificada, coordinada y exhaustiva, utilizando instrumentos políticos, sociales y de desarrollo. Hay que considerar la forma de mantener esas actividades sin interrupción después de que se hayan retirado las operaciones de mantenimiento de la paz, a fin de asegurar una transición sin tropiezos hacia la paz y la seguridad duraderas y el desarrollo perdurable. El Comité Especial recalca que la responsabilidad primordial del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales incumbe al Consejo de Seguridad, en virtud del Artículo 24 de la Carta. [...] El Comité Especial sigue insistiendo en que es importante que las operaciones de mantenimiento de la paz dispongan de mandatos claramente definidos, recursos suficientes de acuerdo con una evaluación realista de la s ituación, objetivos concretos y estructuras de mando establecidas, así como financiación asegurada, para apoyar las actividades encaminadas a lograr soluciones pacíficas a los conflictos. También insiste en la necesidad de que, en la formulación y ejecución de los mandatos, se procure conseguir la asignación de recursos suficientes y la coherencia entre los mandatos, los recursos y los objetivos realizables. El Comité Especial hace hincapié en que, cuando se modifique un mandato existente, deben ajustarse en consecuencia los recursos puestos a disposición de la operación de mantenimiento de la paz para ejecutar su nuevo mandato. Los cambios en el mandato de una misión en curso deben basarse en una reevaluación completa y puntal del Consejo de Seguridad [...] El Comité Especial subraya que es necesario velar por la unidad de mando de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Recuerda que la dirección política y el control generales de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas son competencia del Consejo de Seguridad.». Además del Comité, otros órganos fueron creados para esta cuestión: así, en 1992 fue creado, en el ámbito de la Secretaría, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones para apoyar la creciente demanda de OMP complejas que tuvo lugar en esa época, como se indicó supra. El 7 de marzo de 2000, el SG convocó a un Grupo de alto nivel para que realizara un examen a fondo de las actividades de las Naciones Unidas relativas a la paz y la seguridad y formulara un conjunto claro de recomendaciones específicas, concretas y prácticas para ayudar a las Naciones Unidas a llevar a cabo esas actividades en el futuro. En agosto de ese año, el Grupo presentó su informe (A/55/305 – S/2000/809, conocido como “Informe Brahimi”, por ser Lakhdar Brahimi el presidente del Grupo) que, luego de un extenso análisis del panorama de las OMP, formula una larga serie de recomendaciones, ordenadas bajo veinte puntos, entre los que se incluyen: medidas preventivas, estrategias de consolidación de la paz; teoría y estrategia del mantenimiento de la paz; la necesidad de dotar a la OMP de mandatos claros, convincentes y viables; la mejora en las administraciones civiles de transición; la determinación de lo s plazos para el despliegue; las cuestiones del personal militar y civil; el apoyo logístico y la gestión de los gastos; entre otros. El CS, después de examinar las recomendaciones del informe, aprobó la resolución 1327 (2000), en la que, entre otras cosas, establece lo siguiente: «Resuelve conferir a las operaciones de mantenimiento de la paz unos mandatos claros, convincentes y viables; [...] Reconoce que el problema de la insuficiencia de los compromisos con respecto al personal y el equipo de las operaciones de mantenimiento de la paz requiere que todos los Estados Miembros asuman la responsabilidad común de dar apoyo a las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz; [...] Se compromete a velar por que las tareas de las operaciones de mantenimiento de la paz aprobadas sean apropiadas a la situación sobre el terreno, incluidos factores tales como las perspectivas de éxito, la posible necesidad de proteger a la población civil y la posibilidad de que algunas partes traten de quebrantar la paz mediante actos de violencia;

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Carta de las Naciones Unidas

Destaca que las normas para trabar combate aplicadas por las fuerzas de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz deben cumplir plenamente con las disposiciones jurídicas de las operaciones y con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y deben enunciar claramente las circunstancias en que puede utilizarse la fuerza para proteger a todos los componentes de la misión y a todo su personal, militar o civil, y que las normas para trabar combate deben propiciar el cumplimiento del mandato de la misión; [...] Destaca la importancia de que las Naciones Unidas estén en condiciones de responder y desplegar rápidamente una operación, de mantenimiento de la paz tras la aprobación por el Consejo de Seguridad de una resolución que establezca el mandato de dicha operación y señala que el despliegue rápido es un concepto amplio que requerirá mejoras en diversas esferas...». También el CS, en la declaración presidencial de 31 de enero de 2001 (S/PRST/2001/3), decidió establecer un grupo de trabajo sobre las operaciones de mantenimiento de la paz (órgano subsidiario del CS, v. supra), para que se ocupara de las cuestiones generales del mantenimiento de la paz que atañen a las responsabilidades del CS como de los aspectos técnicos de las distintas operaciones de mantenimiento de la paz; recabar las opiniones de los países que aportan contingentes, incluso mediante reuniones entre el Grupo de Trabajo y los países que aportan contingentes, con miras a que el CS tenga en cuenta sus opiniones. Como primera medida, y de acuerdo a su mandato, el Grupo de Trabajo se encargó de examinar la relación existente entre el Consejo de Seguridad, los países que aportan contingentes y la Secretaría; en su primer informe, el Grupo de Trabajo recomendó al CS la aprobación de un proyecto resolución (S/2001/546), el que se convertiría en la S/RES/1353 (2001), ya analizada. En su segundo informe (S/2001/900), el Grupo de Trabajo realizó un examen del informe del SG, “Que no haya salida sin una estrategia: la adopción de decisiones en el Consejo de Seguridad para la terminación o transformación de las operaciones de paz de las Naciones Unidas” (S/2001/394), y presentó al CS un proyecto de nota del presidente del CS, el que fue aprobado (S/2001/905), que contiene, entre otras cosas: «El Consejo de Seguridad reconoce que las buenas estrategias de entrada facilitan las estrategias de salida. El Consejo de Seguridad conviene en que es esencial que todas las partes pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, así como el gobierno del país de acogida, participen plenamente mientras dure la misión, que se den directrices claras y que se fijen hitos que respalden un enfoque amplio e integrado de la consolidación de la paz, cuando ésta proceda, así co mo de la estrategia de salida de la operación, y, con ese fin, alienta al Secretario General a que formule recomendaciones al Consejo, cuando corresponda. [...] El Consejo de Seguridad conviene en que uno de los principales criterios para que el Consejo decida reducir o retirar una operación de mantenimiento de la paz es que su mandato se haya cumplido con éxito y se haya creado el necesario entorno político y de seguridad propicio para la paz duradera y/o el seguimiento del proceso de consolidación de la paz posterior al conflicto. [...] El Consejo de Seguridad reconoce que la aportación y el despliegue oportunos de personal, material y fondos es vital para que las misiones se ejecuten con éxito y se retiren una vez cumplido su mandato, y conviene en desempeñar una función importante, de conformidad con las responsabilidades que le incumben en virtud de la Carta, en la consolidación del apoyo de las panes, los agentes regionales, los países que aportan contingentes y los Estados Miembros a las misiones, y reitera que el apoyo y la voluntad política de cada uno de ellos puede ser crucial para el éxito final de las misiones.». En su tercer informe (S/2001/1335), el Grupo de Trabajo evaluó la aplicación de la resolución 1353 (2001), presentando otro proyecto de nota del Presidente, el que fue aprobado (S/2002/56), en el que estableció «el principio de convocar reuniones conjuntas del Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad sobre las operaciones de mantenimiento de la paz y los países que aportan contingentes, como mecanismo adicional para reforzar la cooperación con los países que aportan contingentes en relación con operaciones concretas de mantenimiento de la paz.». En su informe de 2004 (S/2004/1040), el Grupo de Trabajo reseñó sus actividades y reuniones con los países que aportan contingentes, y solicitó al CS una modificación de su condición jurídica (pues es considerado un grupo “oficioso”), para ser elevado al mismo nivel que el resto de los órganos subsidiarios. La siguiente lista contiene las operaciones de mantenimiento de la paz en curso, el acto de su creación y su mandato: Tabla número II: OMP en curso Operación Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en la India y el Pakistán (UNMOGIP)

Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT)

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Creación

Mandato

S/RES/47 Vigilar la cesación de fuego entre la India y el Pakistán (1948)

S/RES/50 Vigilar la cesación de fuego entre Israel y los Estados árabes en (1948) Palestina

Capítulo V – El Consejo de Seguridad

Operación

Creación

Mandato

Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP)

S/RES/186 Evitar que se reanude la lucha armada; contribuir a mantener y restaurar (1964) la ley y el orden y a volver a la normalidad

Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS) [Israel-Siria]

S/RES/350 Supervisar la separación de las fuerzas armadas israelíes y sirias (1974)

Confirmar el retiro de las fuerzas israelíes del Líbano Meridional, restaurar la paz y la seguridad internacionales y ayudar al Gobierno del Líbano a asegurar el restablecimiento de su autoridad efectiva en la zona. Vigilar la cesación de las hostilidades; Acompañar y apoyar a las fuerzas armadas libanesas a medida que se despliegan en todo el sur, S/RES/425 incluso a lo largo de la Línea Azul, mientras Israel retira a sus fuerzas Fuerza Provisional (1978) armadas del Líbano; Coordinar sus actividades relacionadas con el de las Naciones S/RES/426 Gobierno del Líbano y el Gobierno de Israel; Ampliar su asistencia para Unidas en el Líbano (1978) ayudar a asegurar el acceso humanitario a la población civil y el regreso (FPNUL) S/RES/1701 voluntario y en condiciones de seguridad de las personas desplazadas; (2006) Prestar asistencia a las fuerzas armadas libanesas en la adopción de medidas para el establecimiento de la zona libre de personal armado; Prestar asistencia al Gobierno del Líbano, a solicitud de éste, para impedir la entrada en el Líbano de armas o material conexo sin su consentimiento. Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO)

S/RES/690 Organizar y supervisar la realización de un referéndum de libre (1991) determinación del pueblo del Sahara Occidental

Misión de S/RES/858 Observadores de las (1993) y Naciones Unidas en S/RES/937 Georgia (UNOMIG) (1994)

Misión de Administración Provisional de las S/RES/1244 Naciones Unidas en (1999) Kosovo [Serbia] (UNMIK)

S/RES/1279 Misión de las (1999) Naciones Unidas en S/RES/1291 la República (2000) Democrática del S/RES/1565 Congo (MONUC) (2004)

Supervisar y verificar el cumplimiento por las partes del acuerdo de cesación de fuego; verificar, mediante observadores y patrullas, que no queden ni vuelvan a ingresar tropas de las partes en la zona de seguridad ni quede o vuelva a ingresar equipo militar pesado; vigilar que las tropas de la República de Georgia se retiren del valle de Kodori a lugares situados fuera de las fronteras de Abjasia (Georgia); investigar las denuncias de violaciones de la cesación del fuego y tratar de resolver esos incidentes; informar al SG acerca del cumplimiento de su mandato; mantener contactos con las partes en conflicto. Promover el establecimiento de una autonomía sustancial y un gobierno autónomo en Kosovo; cumplir funciones administrativas civiles básicas donde y mientras sea necesario; organizar y supervisar el desarrollo de instituciones provisionales de autogobierno democrático y autónomo hasta que se llegue a una solución política, incluida la celebración de elecciones; transferir, a medida que se establezcan esas instituciones, sus funciones administrativas a estas últimas y, al mismo tiempo, supervisar y apoyar la consolidación de las instituciones provisionales de Kosovo, así como otras actividades de consolidación de la paz; facilitar un proceso político encaminado a determinar el estatuto futuro de Kosovo; supervisar el traspaso de autoridad de las instituciones provisionales de Kosovo a las instituciones que se establezcan; facilitar la reconstrucción de la infraestructura básica y otras tareas de reconstrucción económica; apoyar la asistencia humanitaria y el socorro en casos de desastre; mantener la ley y el orden público; proteger y promover los derechos humanos; velar por que todos los refugiados y personas desplazadas puedan regresar libremente y en condiciones de seguridad a Kosovo. Desplegar y mantener una presencia en las zonas clave de posible inestabilidad con el fin de promover el restablecimiento de la confianza, desalentar la violencia, en particular disuadiendo del uso de la fuerza para amenazar el proceso político, y permitir que el personal de las NU se mueva libremente, en particular en la parte oriental de la República Democrática del Congo (RDC); Garantizar la protección de los civiles, incluido el personal de asistencia humanitaria, que se encuentren en peligro inminente de violencia física; Garantizar la protección del personal, los locales, las instalaciones y el equipo de las NU; Garantizar la seguridad y la libertad de desplazamiento de su personal; Establecer los vínculos operacionales necesarios con los Gobiernos de la RDC y Burundi, con el fin de coordinar las actividades de supervisión y

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Carta de las Naciones Unidas

Misión de las S/RES/1320 Naciones Unidas en (2000) y Etiopía y Eritrea S/RES/1430 (MINUEE) (2002)

S/RES/1509 Misión de las (2003) Naciones Unidas en S/RES/1638 Liberia (UNMIL) (2005)

Operación de las S/RES/1528 Naciones Unidas en (2004)

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desalentar los desplazamientos transfronterizos de combatientes entre los dos países; Supervisar la aplicación de las medidas impuestas en virtud del párrafo 20 de la resolución 1493 (2003), incluso en los lagos, en cooperación, cuando corresponda, con los gobiernos interesados, incluso inspeccionando, si lo considera necesario y sin aviso previo, la carga de los aviones y de cualquier vehículo de transporte que utilice los puertos, los aeropuertos, los aeródromos, las bases militares y los puestos de cruce fronterizo en Kivu del norte y del sur y en Ituri; Confiscar o recoger, según corresponda, las armas y pertrechos cuya presencia en el territorio de la RDC infrinja las medidas impuestas en virtud del párrafo 20 de la resolución 1493 (2003), y disponer de dichas armas y pertrechos como corresponda; Observar la posición de los grupos y movimientos armados y la presencia de fuerzas militares extranjeras en las zonas clave de inestabilidad, especialmente supervisando la utilización de las pistas de aterrizaje y las fronteras, en particular en los lagos y presentar oportunamente informes al respecto; Contribuir a los mecanismos adoptados para la seguridad de las instituciones y la protección de los funcionarios de la transición en Kinshasa hasta que la unidad de policía integrada para Kinshasa esté preparada para asumir esa función y ayudar a las autoridades congoleñas a mantener el orden en otras zonas estratégicas; Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad en que se presta la asistencia humanitaria, y ayudar en las operaciones de regreso voluntario de refugiados y desplazados dentro del país; Apoyar las operaciones de desarme de combatientes extranjeros diri gidas por las fuerzas armadas de la RDC; Facilitar la desmovilización y la repatriación voluntaria de los combatientes extranjeros desarmados y las personas a su cargo; Contribuir al componente de desarme del programa nacional DDR de combatientes congoleños y las personas a su cargo, supervisando el proceso y proporcionando la protección que corresponda en algunos lugares difíciles; Contribuir a llevar a buen término el proceso electoral establecido en el Acuerdo global e inclusivo sobre la transición en la RDC, ayudando a establecer un entorno seguro para que se celebren elecciones libres, transparentes y pacíficas; Ayudar a promover y proteger los derechos humanos, prestando especial atención a las mujeres, los niños y las personas vulnerables, investigar las transgresiones de los derechos humanos con el fin de acabar con la impunidad y seguir cooperando para que los responsables de transgresiones graves de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario sean sometidos a la justicia, trabajando estrechamente con los organismos competentes de las NU. Supervisar la cesación de las hostilidades; prestar asistencia para velar por que se respeten los compromisos contraídos pos las partes en materia de seguridad; supervisar y verificar el redespliegue de los efectivos etíopes; supervisar las posiciones de las fuerzas etíopes una vez redesplegadas; supervisar las posiciones de las fuerzas eritreas que se redesplegarán; coordinar las actividades humanitarias relativas a las minas que se realicen, y prestar la asistencia técnica necesaria. Observar y vigilar la aplicación e investigar las violaciones del acuerdo de cesación del fuego; establecer y mantener un enlace constante con los cuarteles generales sobre el terreno de las fuerzas militares de todas las partes; observar y vigilar la separación y el acuartelamiento de las fuerzas militares de todas las partes; elaborar un plan de acción para la aplicación general de un programa DDRR de todas las partes armadas, prestando especial atención a las necesidades de los niños combatientes y las mujeres; llevar a cabo un desarme voluntario y recoger y destruir las armas y municiones; velar por la seguridad de las instalaciones gubernamentales más importantes; proteger al personal, los servicios, las instalaciones y el equipo de las Naciones Unidas, velar por la seguridad y la libertad de circulación de todo su personal y proteger a la población civil que esté bajo amenaza inminente de violencia física; facilitar la prestación de asistencia humanitaria, incluso ayudando a establecer las condiciones de seguridad necesarias; promover y proteger los derechos humanos; ayudar al gobierno de transición de Liberia a supervisar y reestructurar el cuerpo de policía; ayudar al gobierno de transición a constituir un nuevo cuerpo militar; ayudar al gobierno de transición a restablecer la autoridad nacional en todo el país; ayudar al gobierno de transición a preparar las elecciones; capturar y detener al ex Presidente, Charles Taylor, en caso de que regrese a Liberia y trasladarlo o facilitar su traslado a Sierra Leona para su procesamiento por el Tribunal Especial para Sierra Leona, y mantener plenamente informados al Gobierno de Liberia, al Gobierno de Sierra Leona y al CS. Observar y vigilar el cumplimiento de la decla ración conjunta de cesación de las hostilidades y del acuerdo general de cesación del fuego, prevenir, en la medida de sus posibilidades y dentro de las zonas en que esté des plegada, todo acto hostil e investigar

Capítulo V – El Consejo de Seguridad

Côte d’Ivoire (ONUCI)

las violaciones de la cesación del fuego, H acer de enlac e con las Fuerzas Armadas Nacionales de Côte d’Ivoire (FA NCI) y los elementos militares de las Forces Nouvelles para promover el restablecimiento de la confianza entre todas las fuerzas de Côte d’Ivoire implicadas, Ayudar al Gobierno de Côte d’Ivoire a vigilar las fronteras, prestando especial atención a la situación de los refugiados de Liberia y a los desplazamientos de combatient es a través de las front eras; Ayudar al Gobierno de Côte d’Ivoire a proceder al reagrupamiento de todas las fuerzas de Côte d’Ivoire implicadas y a velar por la seguridad de sus lugares de desarme, ac antonamiento y desmovilización; Apoyar al Gobierno de Côte d’Ivoire, en la medida de las posibilidades actuales de la ONUCI, en la ejec ución del programa nacional DDR, incluso aportando apoyo logístico, en particular para la preparación de los lugares de acantonamient o, prestando especial atención a las necesidades concretas de las mujeres y los niños; Coordinar estrechamente con la UNMIL la ejecución de un programa de repat riación y reas entamiento voluntarios de los excombatientes extranjeros, prestando especial at ención a las necesidades concretas de las mujeres y los niños, en apoyo de la labor del Gobierno de Côt e d’Ivoire y en cooperación con los gobiernos interesados, las instituciones financieras internacionales competentes, las organizaciones internacionales de desarrollo y los países donantes; Poner en lugar seguro, neutralizar o destruir las armas, municiones o material militar de otra índole entregados por los excombatientes; Ayudar al P rimer Ministro a formular y aplicar el programa de desarme y desmantelamiento inmediatos de las milicias y supervisar su aplicación; Contribuir a la seguridad de las operaciones de identificación de la población e inscripción de electores, en la medida de sus posibilidades y dentro de las zonas en que esté desplegada; Ayudar a formular un plan de reestructuración de las fuerzas de defens a y seguridad y a preparar posibles seminarios sobre la reforma del sector de la seguridad que organizarán la UA y la CEDEAO; P roteger al personal, las instalaciones y el equipo de las NU, velar por la seguridad y la libertad de circulación del personal de las NU y, sin perjuicio de la res ponsabilidad del Gobierno de Côte d’Ivoire, proteger, en la medida de sus posibilidades y dentro de las zonas en que esté desplegada, a los civiles que se encuentren bajo una amenaza inminente de violencia física; Contribuir a prot eger, en coordinación con el Primer Ministro, a los miembros del Gobierno de Côte d’Ivoire; Vigilar la aplicación del embargo armas, incluso inspeccionando, si lo consideran necesario y sin aviso previo, el cargamento de las aeronaves y todo vehículo de transporte que utilice los puertos, aeropuertos, aeródromos, bases militares y puestos f ronterizos de Côte d’Ivoire; Recoger, en la forma que resulte apropiada, las armas y el material conexo cuya presencia en el territorio de Côte d’Ivoire constituya una transgresión del embargo de armas y disponer de ellos de manera adecuada; Facilitar el libre desplazamiento de personas, merc ancías y asistencia humanitaria, entre otros medios ayudando a crear las condiciones de seguridad necesarias y teniendo en cuenta las necesidades especiales de los grupos vulnerables, en particular las mujeres, los niños y las personas de edad; Prestar toda la asistencia técnica necesaria al Primer Ministro, a su Gobierno, a la Comisión Electoral Independiente y a otros organismos o entidades pertinentes, para que se organicen elecciones presidenciales y legislativas abi ertas, libres, imparciales y transparentes a más tardar el 31 de octubre de 2007; Cont ribuir, en la medida de sus posibilidades y dentro de las zonas en que esté des plegada, a la seguridad de los lugares en que se llevará a c abo la vot ación; Cont ribuir a la promoción y protección de los derechos humanos en Côte d’Ivoire, prestando especial atención a la violencia contra los niños y las mujeres, vigilar y ayudar a investigar las violaciones de esos derechos para poner fin a la impunidad.

Establecer un entorno seguro y estable, en apoyo del Gobierno de transición (GT), en el que se pueda desarrollar el proceso político y constitucional en Haití; prestar asistencia al GT en la supervisión, reestructuración y reforma de la Policía Nacional de Haití; prestar asistencia al GT mediante programas amplios y sostenibles de DDR para todos los grupos armados, incluidas las mujeres y los niños, así como mediante medidas de seguridad pública y control de armas; prestar asistencia en el restablecimiento y mantenimiento del Estado de derecho, la seguridad pública y el orden público en Haití; proteger al personal, los servicios, las instalaciones y el equipo de las Naciones Unidas y velar por la Misión de Estabilización de las S/RES/1542 seguridad y libertad de circulación de su personal; proteger en la medida de sus posibilidades a los civiles sobre los cuales se cierna una amenaza inminente de Naciones Unidas en (2004) ataque físico; apoyar el proceso constitucional y político que se ha puesto en Haití (MINUSTAH) marcha en Haití; ayudar al Gobierno de transición en sus esfuerzos por entablar un proceso de diálogo y reconciliación nacional; ayudar al Gobierno de transición en la tarea de organizar, supervisar y llevar a cabo elecciones; ayudar al Gobierno de transición a extender la autoridad del Estado por todo Haití y apoyar el buen gobierno a nivel local; apoyar al Gobierno de transición en sus esfuerzos por promover y proteger los derechos humanos, particularmente los de las mujeres y los niños; vigilar la situación de los derechos humanos, incluida la situación de los refugiados y personas desplazadas que regresan, y presentar informes al respecto.

S/RES/1590 Misión de las (2005) Naciones Unidas en S/RES/1706 el Sudán (UNMIS) (2006)

Vigilar y verificar el cumplimiento por las partes del Acuerdo de P az de Darfur y el Acuerdo de Nyamena de ces ación del fuego por motivos humanit arios en el conflicto de Darfur; Observar y vigilar los desplazamientos de grupos armados y el redes pliegue de fuerzas en las zonas en que esté desplegada la UNMIS, utilizando medios terrestres y aéreos, de conformidad c on los Acuerdos; Investigar las violaciones de los Acuerdos e informar de dichas violaciones a la Comisión de Cesación del Fuego; y mantener, junto con otros agentes internacionales, relaciones de cooperación y coordinación, incluso prestándoles

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Carta de las Naciones Unidas asistencia técnica y apoyo logístico; Mantener, en particular, una presencia en sectores clave, como las zonas de amortiguación establecidas en cumplimiento del Acuerdo de Paz de Darfur, det erminadas zonas de los campamentos de desplazados internos y las zonas desmilitarizadas alrededor de esos campamentos y dentro de ellos, a fin de promover el restablecimiento de la confianza, y evitar la violencia, en particular previniendo el uso de la fuerza; Vigilar las actividades trans fronterizas de grupos armados a lo largo de las fronteras del S udán con el Chad y con la República Centroafricana, en particular mediante operaciones periódic as de rec onocimiento terrestre y aéreo; Prestar asistencia en la elaboración y ejecución de un programa completo y sostenible de desarme, desmovilización y reintegración de los excombatientes y de las mujeres y los niños relacionados con ellos, según se prevé en el Acuerdo de P az de Darfur y con arreglo a lo dispuesto en las resoluciones 1556 (2004) y 1564 (2004); Prestar asistencia a las partes, en cooperación con ot ros agentes internacionales, en la preparación y celebración de los referendos previstos en el Acuerdo de Paz de Darfur; Ayudar a las partes en los Acuerdos a promover la c omprensión del proceso de paz y de la función de la UNMIS mediante una campaña de información pública eficaz destinada a todos los sectores de la sociedad, en coordinación con la UA; Cooperar estrechament e con el Presidente del proc eso de di álogo y consulta entre las partes de Darfur, prestarle apoyo y asistencia técnica, y coordinar las actividades de otros organismos de las NU con es e fin, y ayudar a las partes en el proceso de diálogo y consulta a abordar la necesidad de un planteamiento i ncluyente, que comprenda el papel de la mujer, con miras a la rec onciliación y la consolidación de la paz; Ayudar a las partes en el Acuerdo de Paz de Darfur, en coordinación con los programas de asistencia bilateral y multilateral, a reestructurar el servicio de polic ía en el Sudán de conformidad con las normas de una actividad policial democrática, elaborar un programa de formación y evaluación de la policía y prestar asistencia de ot ras formas para la capacitación de la policía civil; Ayudar a las partes en el Acuerdo de P az de Darfur a promover el imperio de la ley, incluido un poder judicial independiente, y la protección de los derechos humanos de toda la población del Sudán mediante una estrategia amplia y coordinada con el objetivo de luchar contra la impunidad y contribuir a la paz y a la estabilidad a largo plazo, y ayudar a las part es en el Acuerdo de Paz de Darfur a elaborar y consolidar el marco jurídico nacional; Asegurar que la UNMIS tenga representación, capacidad y competencia suficientes en materia de derechos humanos para llevar a cabo actividades de promoción de los derechos humanos, de protección de los civiles y de supervisión, con es pecial atención a las necesidades de las mujeres y de los niños.

Artículo 30 El Consejo de Seguridad dictará su propio reglamento, el cual establecerá el método de elegir su Presidente. El Reglamento Provisional del CS (RPCS), al igual que el RAG, regula todo lo atinente al funcionamiento del órgano. Fue aprobado por el CS en su primera sesión y modificado en sus 31ª, 41ª, 44ª, y 48ª sesiones, celebradas el 9 de abril, el 16 y el 17 de mayo y el 6 y el 24 de junio de 1946; 138ª y 222ª sesiones, celebradas el 4 de junio (S/RES/26 [1947]) y el 9 de diciembre de 1947 (S/RES/37 [1947]); 468ª sesión, celebrada el 28 de febrero de 1950; 1463ª sesión, celebrada el 24 de enero de 1969 (S/RES/263 [1969]); 1761ª sesión, celebrada el 17 de enero de 1974 (S/RES/345 [1974]); y 2410ª sesión, celebrada el 21 de diciembre de 1982 (S/RES/528 [1982]); la versión vigente consta en el documento S/96/Rev.7. Una particularidad de este reglamento es su carácter de “provisional”, lo cual demuestra, según la doctrina, el delicado equilibrio político sobre el que se asienta el sistema de la Carta: los miembros permanentes del CS prefieren este tipo de regulación “flexible” porque no quieren verse atados por disposiciones que pudieran limitar su privilegiada posición. El RPCS consta de sesenta y un artículos, ordenados en once capítulos, y un anexo. El Capítulo I está titulado “Sesiones” (Arts. 1 a 5; v. Art.28 de esta Carta); el II, “Orden del Día” (Arts. 6 a 12); el III, “Presentación y verificación de poderes” (Arts. 13 a 17); el IV, “Presidencia” (Arts.18 a 20); el V, “Secretaría” (Arts. 21 a 26; v. Art.98 de esta Carta); el VI, “Dirección de los debates” (Arts. 27 a 39); el VII, “Votación” (Art.40; v. Art.27 de esta Carta); el VIII, “Idiomas” (Arts. 41 a 47; v. Art.111 de esta Carta); el IX, “Publicidad de las sesiones, Actas” (Arts.48 a 57); el X, “Admisión de nuevos miembros” (Arts. 58 a 60; v. Art.4 de esta Carta); el XI, “Relaciones con otros órganos” (Art. 61; v. Art.92 de esta Carta); y el Anexo, “Procedimiento provisional relativo a las comunicaciones procedentes de particulares y de organismos no gubernamentales”. El orden del día es la lista de los asuntos que debe tratar el CS en una sesión, el cual es preparado en forma provisional por el SG y aprobado por el Presidente del CS (Art.7, primer párrafo, RPCS). De acuerdo al Art.7, segundo párrafo, RPCS, sólo pueden incluirse en el orden del día provisional los temas que hayan sido puestos en conocimiento de los representantes en el CS de acuerdo al Art.6 (que establece: «El Secretario General pondrá inmediatamente en conocimiento de todos los representantes en el Consejo de Seguridad, todas las comunicaciones emanadas de Estados, de órganos de las Naciones Unidas o del Secretario General, referentes a cualquier asunto que haya de examinar el Consejo de Seguridad con arreglo a las disposiciones de la Carta»), los temas incluidos en una sesión cuyo examen no quede concluido en la misma (Art.10 RPCS) o los asuntos cuya consideración haya decidido aplazar el CS. Este orden del día provisional, de acuerdo

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al Art.8 RPCS, debe ser comunicado a los miembros por el SG por lo menos tres d ías antes de la sesión, pero, en caso de urgencia, puede ser comunicado simultáneamente con la convocatoria (que, como vimos en el Art.28, es hecha por el Presidente del CS siempre que lo estime necesario, lo solicite algún miembro, la AG, el SG, o un Estado que no sea miembro del CS; aunque lo usual de acuerdo a la práctica del CS sea que esa decisión presidencial se tome después de haber celebrado consultas informales con los miembros, lo cual significa que en tales casos se tratará de una decisión consensuada). El primer punto del orden del día provisional, dice el Art.9 RPCS, será la aprobación del orden del día; la misma se realiza en una votación que es considerada de procedimiento a los efectos del Art.27.2 (v. Art.27). Las credenciales de los miembros (Art.13 RPCS) y de los no miembros (Art.14 RPCS) deben ser expedidas por las autoridades competentes de cada Estado (Jefe de Estado o de Gobierno, o Ministro de Relaciones Exteriores) y presentadas al SG, quien las examina y presenta un informe al CS para su aprobación (Art.15 RPCS). El artículo bajo examen hace referencia a que el reglamento debe establecer “ el método de elegir su Presidente”, lo cual queda resuelto por el Art.18 RPCS que dice: «La Presidencia del Consejo de Seguridad recaerá, por turno, en los Estados miembros del Consejo de Seguridad en el orden alfabético inglés de sus nombres. Cada Presidente permanecerá en funciones por espacio de un mes civil». Este artículo consagra el único caso de un Presidente no elegido en todo el sistema de las NU lo cual, de acuerdo al trabajo del CS, puede dar lugar a que un Presidente no celebre una sesión en todo su mandato (ello era más común en tiempos de la Guerra Fría, cuando las sesiones del CS no se celebraban muy seguido). Sus funciones quedan establecidas por el Art.19 RPCS «El Presidente dirigirá las sesiones del Consejo de Seguridad y, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, representará a éste en su calidad de órgano de las Naciones Unidas»; pese a lo establecido en la última parte del artículo, su calidad de representante del CS no le hace perder la de representante de su Estado, ya que, a diferencia del Presidente de la AG (v. Art.21), sí puede votar. La doctrina (v. gr., Delpech: “Carta de las Naciones Unidas anotada”) destaca que el Presidente ejerce un papel de singular importancia en la actuación regular del CS, de sus condiciones y experiencia depende gran parte de la efectividad de las tareas y funciones del órgano: es quien coordina las diferentes actividades en el seno del CS, negocia con los demás miembros que interactúan en el mismo, tratando en lo posible de lograr decisiones que deriven del consenso, sin perjuicio de dirigir los debates y sus diversos aspectos, lo que representa una tarea y una responsabilidad continuas y delicadas. El RPCS le deja una muy amplia gama de acciones en buena parte libradas a su buen criterio y conocimiento de los mecanismos del sistema: decisión de convocar o no determinadas reuniones; mantener contacto con las partes interesadas; permanecer en constante conexión con los demás miembros del CS, entre otras. Es interesante lo que establece el Art.20 RPCS: «Si el Presidente del Consejo de Seguridad estima que, para el debido desempeño de las obligaciones de su cargo, debe abstenerse de presidir los debates del Consejo durante el examen de una cuestión determinada que interese directamente al Estado miembro que representa, dará a conocer su decisión al Consejo. La presidencia recaerá entonces, para los fines del examen de esa cuestión, en el representante del Estado miembro que siga en el orden alfabético inglés, quedando entendido que las disposiciones del presente artículo se aplicarán a los representantes en el Consejo de Seguridad sucesivamente llamados a ocupar la presidencia. Este artículo no afectará a las funciones de representación que incumben al Presidente conforme al artículo 19, ni a los deberes que le asigne el artículo 7». La disposición ha tenido aplicación en la práctica. Así, por ejemplo, en la 3481ª sesión, el 15 de diciembre de 1994, en la que se examinaba el tema “La situación en Rwanda”, el Presidente (Rwanda), luego de citar el Art.20 RPCS, efectuó la siguiente declaración: «E l Consejo observará que esta disposición deja enteramente la cuestión en manos del Presidente. Tras considerar la cuestión, he decidido que sería apropiado para mí —en virtud del artículo 20 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad— ejercer la discreción que se permite al Presidente y abstenerme de presidir los debates del Consejo durante el examen de este t ema. Confío en que el Consejo acordará conmigo en que esta es la manera más justa y adecuada de proceder. En consecuencia, de conformidad con el artículo 20 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad y teniendo presente la decisión S/PRST/1994/55 [que establecía que luego de Rwanda, correspondería la presidencia al miembro cuyo nombre en el orden alfabético inglés siguiera al de los Estados Unidos] del Consejo de Seguridad de fecha 16 de septiembre de 1994, invito al representante de la Argentina a ocupar la Presidencia durante el examen de este tema en nuestro orden del día.» Tal cual se mencionó, la dirección de los debates recae en el Presidente. Así, el Art.27 RPCS establece: «El Presidente concederá la palabra a los representantes en el orden en que hayan manifestado su deseo de hacer uso de ella». Sin embargo, el Presidente puede dar precedencia a un relator nombrado por el CS o al presidente o relator de una comisión o comité encargado de presentar un informe, para explicar el mismo (Art.29 RPCS). El Art.30 RPCS se refiere a las cuestiones de orden, es decir, a cuestiones de procedimiento, sobre las cuales establece: «Si un representante

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plantea una cuestión de orden, el Presidente pronunciará inmediatamente su decisión. De ser impugnada ésta, el Presidente la someterá al Consejo de Seguridad para que resuelva inmediatamente, y la decisión del Presidente prevalecerá a menos que sea revocada por el Consejo». El mecanismo es el siguiente: planteada la cuestión, el Presidente debe pronunciar – “inmediatamente”– su decisión; si esta decisión es impugnada, el Presidente debe someterla al CS para que resuelva, y ésta prevalecerá a menos que el CS la revoque. Debe quedar en claro que lo que somete el Presidente es su decisión, y no la impugnación (como s urge del texto en francés del artículo), lo cual significa que, para mantenerse, la decisión deberá reunir la mayoría establecida por el Art.27.2 (esta diferencia de textos trae no pocas complicaciones en el accionar del CS). En cuanto a los proyectos de resolución, las enmiendas y las mociones de fondo, el Art.31 RPCS establece que, por regla general, deben ser presentados por escrito a los representantes. La precedencia de las mociones y los proyectos de resolución está dada por el orden de su presentación (Art.32, primer párrafo RPCS). Sin embargo, tienen precedencia sobre todas las mociones y los proyectos de resolución (pero no sobre las cuestiones de orden, Art.30 RPCS), de acuerdo al Art.33 RPCS, «las mociones encaminadas a: 1. A suspender la sesión; 2. A levantar la sesión; 3. A levantar la sesión con señalamiento de fecha u hora determinadas para celebrar la siguiente; 4. A referir un asunto a una comisión, al Secretario General o a un relator; 5. A aplazar el debate, sobre una cuestión hasta una fecha determinada o sine die; o 6. A introducir una enmienda. Cualquier moción relativa a la suspensión o al simple levantamiento de la sesión será resuelta sin debate». El Art.34 RPCS establece que no es necesario que una moción o proyecto de resolución presentados por un miembro del CS sean avalados para ser sometidos a votación. Una moción o un proyecto pueden ser retirados en cualquier momento, mientras no hayan sido sometidos a votación (Art.35, primer párrafo RPCS). Se puede votar separadamente sobre las partes de una moción o proyecto de resolución a instancia de cualquier representantes, mas el autor de la moción o del proyecto puede oponerse a la división, en cuyo caso no procede (Art.32, segundo párrafo RPCS). Del juego de estos dos artículos, se puede concluir que, en el caso de haberse dividido una moción o un proyecto, y ya haberse votado sobre una parte, la moción o el proyecto de que se trate no puede ser retirado, tal cual lo resolvió el CS en varias oportunidades. En cuanto a las enmiendas (que son las modificaciones que se proponen a una moción o a un proyecto de resolución), el Art.36 RPCS establece: «Si se proponen dos o más enmiendas a una moción o proyecto de resolución, el Presidente decidirá el orden en que deben someterse a votación. Por regla general, el Consejo de Seguridad votará en primer término sobre la enmienda que más se aparte, en cuanto al fondo, de la proposición original, y en seguida sobre la enmienda que, después de la votada anteriormente, se aparte más de dicha proposición hasta que se haya votado sobre todas las enmiendas, pero cuando una enmienda entrañe una adición o una supresión al texto de una moción o proyecto de resolución, esa enmienda deberá ser sometida a votación en primer término.» Resta determinar las mayorías para cada caso: las cuestiones de orden y las mociones principales, salvo decisión en contrario del CS, son cuestiones de procedimiento (Art.27.2); los proyectos de resolución deben ser analizados para determinar su naturaleza (v. Art.27); las enmiendas siguen la naturaleza de aquello que se proponen modificar. En principio, las sesiones del CS son públicas, a menos que el CS decida lo contrario (Art.48 RPCS); la única excepción a la regla general es la recomendación del nombramiento del SG (Art.97), que siempre se realiza en sesión privada (Art.48, in fine, RPCS). Como mencionáramos, es usual que las reuniones con los países que aportan contingentes a las OMP de conformidad con la resolución 1353 (2001) (v. Art.29), se celebren en sesiones privadas. Las deliberaciones de las sesiones constan en actas, las que deben estar a disposición de los miembros el primer día hábil siguiente a la sesión (Art.49 RPCS), con la posibilidad de hacerle rectificaciones (Arts. 50 y 52 RPCS), las cuales una vez aprobadas, pasan a ser las actas oficiales del CS (Art.53 RPCS), y se deben publicar en los idiomas oficiales (Art.54 RPCS; sobre los idiomas, v. Art.111). En el caso de las sesiones privadas, el CS puede decidir que el acta se levante en un solo ejemplar, conservada por el SG (Art.51 RPCS) y todos los Estados que hayan participado de la misma pueden tener acceso a ella (Art.56 RPCS); también sobre las sesiones privadas, el Art.55 RPCS establece: «Al finalizar cada sesión privada, el Consejo de Seguridad expedirá un comunicado por conducto del Secretario General». Junto a esta clase de sesiones (públicas y privadas), a las que podemos denominar “formales”, existe otra forma de reunión del CS, no reglada en el RPCS, que son las consultas, en las cuales los miembros intercambian opiniones y discuten las cuestiones en un ambiente informal y flexible, de lo cual no se levanta acta. Las consultas son muy usadas en la práctica del CS. Es interesante destacar, como lo hace la doctrina, que, junto con las disposiciones concretas del Reglamento hay un sinnúmero de hábitos y prácticas (mencionadas en muchos artículos) que el CS mantiene de acuerdo a la costumbre. Por ejemplo, la ubicación del SG en la mesa del CS, ya que debe sentarse a la derecha del Presidente; la cortesía en el agradecimiento del Presidente entrante y saliente al cabo de su mes en el cargo, la celebración de consultas mencionada supra, entre otros. Algunas prácticas del CS han llegado a convertirse en verdaderas costumbres, fijando interpretación o modificando incluso algunas disposiciones de la propia Carta (por ejemplo, la solución adoptada

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frente a la abstención o ausencia de un miembro permanente en relación a la frase “los votos afirmativos de todos”, v. Art.27). Esta capacidad de crear costumbres propia de los organismos colegiados es coherente con la postura adoptada por los miembros permanentes (indicada supra), de proteger su privilegiada posición con un manto de “flexibilidad” todo lo relativo al procedimiento en el CS.

Artículo 31 Cualquier Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo de Seguridad podrá participar sin derecho a voto en la discusión de toda cuestión llevada ante el Consejo de Seguridad cuando éste considere que los intereses de ese Miembro están afectados de manera especial. El artículo consagra el derecho de todo Estado Miembro de las Naciones Unidas que no está representado en el CS, de participar en la discusión de toda cuestión llevada ante el CS, pero con algunas puntualizaciones. En primer lugar, se trata de un derecho del Estado Miembro de las NU (los no miembros están contemplados en el Art.32), y la palabra “podrá” nos indica que es facultativo tanto para el Estado como para el CS solicitar o decidir la invitación; en segundo lugar, se trata de la discusión de “toda cuestión”, en sentido amplio, por lo que no es necesario que se trate de una controversia (como sí lo establece el Art.32); y, por último, sus intereses deben estar “afectados de manera especial”, quedando esta consideración a criterio del CS (“cuando ést e considere”). Es este último punto sobre el cual pudieron presentarse en el pasado algunas discusiones, es decir, cuándo los intereses de un miembro están “afectados de manera especial”; sin embargo, la práctica del CS propició una interpretación amplia, incluyendo a Estados contra los cuales se había presentado una denuncia ante el CS, Estados vecinos a los que habían presentado solicitudes de admisión, Estados miembros de órganos subsidiarios que hayan intervenido en la cuestión, Estados invitados a participar en la discusión de un acuerdo de administración fiduciaria, Estados que administraban un antiguo territorio en fideicomiso o no autónomo cuando éste fue admitido como Miembro de las Naciones Unidas, entre otros. El Art.37 RPCS reglamenta este artículo en los siguientes términos: «Todo Estado Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo de Seguridad podrá ser invitado, como consecuencia de una decisión del Consejo de Seguridad, a participar, sin voto, en la discusión de toda cuestión sometida al Consejo de Seguridad, cuando el Consejo de Seguridad considere que los intereses de ese Estado Miembro están afectados de manera especial». Lo que agrega el RPCS es que la invitación debe ser consecuencia de una decisión del CS; esta decisión puede adoptar distintas modalidades: en primer lugar, la iniciativa puede partir del Presidente o de un miembro del CS, o –en la mayoría de los casos– de los propios Estados que desean participar; la invitación o la solicitud puede ser puesta a votación (que será de procedimiento en el sentido del Art27.2) o, de la manera más usual, el Presidente consulta el parecer del CS mediante una exposición en la que señala la solicitud pertinente a su atención, después de lo cual, al no formularse objeciones, invita al Estado o a los Estados interesados a tomar asiento a la mesa del CS. Como la interpretación de la última parte del artículo ha sido amplia, sólo se conocen en la práctica del CS cuatro casos en que las solicitudes de participación han sido rechazadas: en la 178ª sesión (7 de agosto de 1947), la propuesta del Presidente (Siria) de invitar a Filipinas; en la 576ª sesión (14 de abril de 1952), la propuesta de Pakistán de invitar a Afganistán y otros diez Estados; en la 624ª sesión (3 de septiembre de 1953), la propuesta de Pakistán de invitar a Afganistán y otros doce Estados y la propuesta del Líbano y Grecia de invitar a dos representantes de trece Estados Miembros. En cuanto a la participación del Estado en la discusión del CS, el mismo artículo 31 nos dice que será “sin derecho a voto”, pero, evidentemente sí tendrá voz. El Art.38 RPCS agrega: «Un Estado Miembro de las Naciones Unidas que sea invitado, conforme al artículo anterior o en virtud del Articulo 32 de la Carta, a participar en las discusiones del Consejo de Seguridad podrá presentar proposiciones y proyectos de resolución. Estas proposiciones y proyectos de resolución sólo podrán ser sometidos a votación a petición de un representante en el Consejo de Seguridad». La última parte del artículo se refiere a la necesidad que tienen los proyectos y las proposiciones de ser avalados por al menos un miembro del CS para ser sometidos a votación. La práctica usual del CS es que los Estados invitados formulen sus declaraciones en primer lugar, luego de la a probación del orden del día, es decir, antes que los miembros del CS. La práctica registra diversos casos especiales de participación, que adquirieron modalidades particulares. El primer caso se dio en la 742ª sesión (13 de octubre de 1956), durante la discusión de la cuestión de Suez, el CS invitó a los representantes de Israel y de los Estados árabes a presentar sus opiniones a través de declaraciones escritas, mientras se discutía si era oportuno y conveniente invitarlos a participar de la discusión. Otro caso, en el cual la participación fue limitada, se dio en la 851ª sesión (30 de marzo de 1960), en la que el Presidente (Estados Unidos) declaró que había recibido una petición del

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representante de la Unión Sudafricana en el sentido de que se le diera la oportunidad de participar en el examen de la solicitud de que se incluyera en el orden del día el tema relativo a la Unión Sudafricana. Ese representante había indicado asimismo al Presidente que desearía tomar la palabra después de que se aprobara el orden del día. Después de ser aprobado el orden del día y por invitación del Presidente, el representante de la Unión Sudafricana tomó asiento a la mesa del Consejo. A continuación, el Presidente concedió la palabra al representante de la Unión Sudafricana, que se retiró después de haber formulado su declaración. También se registran casos de delegación de facultades para participar, en los que uno o varios Estados participaron en las discusiones del CS en su nombre y en el de otros que los habían autorizado (por ejemplo, esta práctica fue utilizada por varios Estados africanos en las sesiones 1040ª y 1194ª). En la 1247ª sesión (25 de octubre de 1965) se dio el caso en que un representante (la India) que había sido invitado, se retiró de la mesa del CS por considerar que las declaraciones que realizaba Pakistán (otro invitado), no tenían relación con el orden del día que trataba el CS. Aun cuando el artículo 31 no lo menciona, la última parte del Art.37 RPCS también consagra el derecho de participar en la discusión del CS «cuando un Estado Miembro lleve a la atención del Consejo de Seguridad un asunto, con arreglo al párrafo 1 del Artículo 35 de la Carta». Es decir, no sólo los Estados tienen derecho a llevar a la atención del CS una controversia o una situación (Art.35.1), sino que también tienen derecho a participar en la discusión del CS sobre la misma. Ello se aplicó desde los primeros tiempos del CS, pues ya en la 2ª sesión (25 de enero de 1946), el CS aprobó la propuesta del representante de Egipto que establecía «Que los Gobiernos que han formulado reclamaciones deben ser invitados a participar en el examen de la cuestión en las sesiones del Consejo de Seguridad»; en virtud de esa decisión, en la 3ª sesión (28 de enero de 1946), el CS invitó al representante del Irán a participar, sin derecho a voto en el debate de la cuestión que figuraba en el orden del día. Las consecuencias prácticas y las modalidades de aplicación de la disposición son absolutamente análogas a las ya explicadas. La aplicación de esta disposición se realizó en menor medida que la del artículo 31. Es de destacar, que en muchas oportunidades el CS no invoca ni de manera expresa o implícita el artículo (de la Carta ni del RPCS) en virtud del cual está actuando, lo cual dificulta la tarea interpretativa. Sin embargo, de acuerdo a la amplia interpretación dada a los términos del artículo sub examine siempre que el CS invite a un miembro, podemos considerar, como pauta de interpretación, que lo hace porque considera que los intereses de ese Estado “están afectados de manera especial”. Tanto en los distintos volúmenes del “Repertorio de la práctica seguida por los órganos de las Naciones Unidas”, como en el “Repertorio de la práctica del Consejo de Seguridad”, se encuentran detallados los casos en que el CS invitó a otros Estados a participar de sus discusiones, sin derecho a voto.

Artículo 32 El Miembro de las Naciones Unidas que no tenga asiento en el Consejo de Seguridad o el Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas, si fuere parte en una controversia que esté considerando el Consejo de Seguridad, será invitado a participar sin derecho a voto en las discusiones relativas a dicha controversia. El Consejo de Seguridad establecerá las condiciones que estime justas para la participación de los Estados que no sean Miembros de las Naciones Unidas. Este artículo plantea supuestos diferentes a los del Art.31. Para efectuar una correcta distinción se deben delimitar ciertas cuestiones. La primera es determinar el alcance subjetivo del artículo: el mismo alcanza dos supuestos: Estados miembros de las Naciones Unidas que no tengan asiento en el CS o Estados que no sean miembros de las Naciones Unidas (el Art.31 sólo es aplicable a Miembros de las NU) que sean partes “en una controversia que esté considerando” el CS; el aspecto objetivo es que se trate de una discusión del CS relativa a dicha controversia (el Art.31 es más amplio, pues se refiere a “toda cuestión”). El artículo agrega que el CS “establecerá las condiciones que estime justas para la participación de los Estados que no sean Miembros de las Naciones Unidas”. La práctica del CS planteó dificultades en cuanto a qué se debe considerar “Estado”, “parte en una controversia”, al carácter obligatorio del artículo, y a la última parte de la disposición en cuanto a las condiciones para la participación de Estados no miembros de las NU. Analizaremos a continuación cada una de ellas. La cuestión del significado de la palabra “Estado” tuvo lugar en determinados casos en que algunos miembros plantearon la imposibilidad de reconocer como tal a determinadas entidades que no tenían la soberanía necesaria o los atributos esenciales de un Estado, o bien, que no habían sido reconocidas como tales por ningún otro Estado;

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generalmente se decidió, por votación, invitar a esos Estados, con la particularidad que en la 181ª sesión (12 de agosto de 1947), el CS invitó a participar al representante de la República de Indonesia (sobre la cual se había discutido) a participar de la discusión del CS sin derecho a voto, sin que ello implicara una definición o determinación de la soberanía de tal República. La cuestión de la condición “si fuere parte en una controversia que esté considerando el Consejo de Seguridad” tiene efectos importantes, en cuanto a determinar si se trata de una “controversia” o “situación” para establecer los poderes del CS de conformidad al Cap. VI o VII de la Carta, así como las consecuencias que trae para la votación de conformidad con el Art.27.3 (v. comentario al Art.27); en algunos casos se prefirió recurrir al Art.31 antes de determinar la naturaleza de la cuestión, en otros se realizó la invitación a Estados no miembros sin invocar directamente el Art.32, y en otros se rechazó la aplicación del artículo por considerar que se trataba de una “situación” y no de una “controversia”. El carácter obligatorio del artículo (a diferencia del carácter facultativo que para los Miembros y para el CS reviste el Art.31) fue considerado como tal desde muy tempranas épocas; además, los términos que utiliza el artículo son claros en cuanto a su imperatividad, ya que dice “será invitado” (a diferencia del Art.31, que dice “podrá participar”; así, por ejemplo, en la 95ª sesión (20 de enero de 1947), en relación con la cuestión del estrecho de Corfú, el Presidente (Australia), luego de citar el artículo 32, declaró que había una obligación por parte del CS de invitar a Albania (parte en la controversia) a participar en la discusión sobre la cuestión, lo cual fue adoptado por el CS. En cuanto a la última parte del artículo, que estipula que el CS “establecerá las condiciones que estime justas para la participación de los Estados que no sean Miembros de las Naciones Unidas”, fue aplicada en varios casos, resolviéndose en general que los Estados debían aceptar las oblig aciones de arreglo pacífico de controversias estipuladas por la Carta; así en el citado caso del estrecho de Corfú, en la 95ª sesión, el CS decidió invitar al Gobierno albanés a tomar parte, sin voto en el debate relativo a la controversia, «con condición de que Albania aceptara todas las obligaciones que un Estado Miembro de las Naciones Unidas tendría que asumir en un caso análogo»; en la 511ª sesión (16 de octubre de 1950), en relación con la cuestión de Palestina, el CS decidió invitar al representante del Reino Hachemita de Jordania a participar, sin derecho a voto, «después de haber informado el Presidente al Consejo que Jordania había aceptado, a los efectos de la controversia, las obligaciones de arreglo pacífico previstas en la Carta de las Naciones Unidas». En un caso, aunque no citó expresamente el artículo, decidió no obstante fijar las condiciones de participación; así, en la 84ª sesión (16 de septiembre de 1946), el CS decidió invitar a los representantes de Albania y de Bulgaria a participar sin derecho a voto en el debate sobre la cuestión de Grecia «si dichos representantes aceptaban en nombre de sus respectivos Gobiernos, para los efectos de la controversia, las obligaciones en cuanto al arreglo pacífico estipuladas en la Carta». No está de más recordar que, de acuerdo a los términos del artículo, es sólo el CS quien tiene la plena potestad de establecer las condiciones de participación, así como su consideración como “justas”. Las consecuencias prácticas (modo de aplicarse, procedimiento de toma de decisiones, derechos de los Estados invitados) son análogas a las establecidas para el Art.31. Es importante destacar que, debido a las dificultades que plantea, en especial, la de determinar cuándo un Estado es parte en una controversia, la aplicac ión del artículo no ha sido tan prolífica como la del Art.31, y se han dado más casos de rechazos de peticiones (nueve en total). El Art.39 RPCS plantea un caso no contemplado por la Carta. Su texto es el siguiente: «El Consejo de Seguridad podrá invitar a que le proporcionen información o le presten ayuda en el examen de los asuntos de su competencia a miembros de la Secretaría o a otras personas a quienes considere calificadas para este objeto». Decimos que no está contemplado en la Carta porque ésta sólo establece la posibilidad de que Estados (miembros o no miembros de las Naciones Unidas) participen de las discusiones del CS; en cambio, el Art.39 RPCS amplía esa participación a “miembros de la Secretaría o a otras personas a quienes considere calificadas para este objeto”, lo cual –como se verá– ha tenido una interpretación muy amplia, con una finalidad: “que le proporcionen información o le presten ayuda en el examen de los asuntos de su competencia”. La práctica del CS ha determinado, en aplicación de este artículo, la invitación de representantes de órganos de las NU, de órganos subsidiarios, de organismos especializados, de organizaciones regionales o de otras organizaciones internacionales, de expertos, representantes de ciertas organizaciones o entidades (como partidos políticos, movimientos de liberación nacional, ONG, u otras organizaciones similares), testigos de determinados hechos, o a individuos de acuerdo a sus cualidades personales. Es necesario destacar que, de acuerdo a la práctica del CS, los representantes de organizaciones o entidades, así como individuos, que no pertenezcan al sistema de Naciones Unidas, deben solicitar su participación a través de algún miembro. Algunas de estas invitaciones fueron objeto de debate en cuanto a la capacidad de algunos individuos para ser oídos por el CS. La forma de decidir la participación y la toma de decisión es igual a la ya apuntada en el Art.31. Es interesante analizar un caso particular, el de Palestina. Como sabemos, en 1974 la AG otorgó la condición de observadora en las NU (v. Art.4) a la Organización de Liberación de Palestina (OLP), mediante la A/RES/3237 (XXIX). El 15 de diciembre de 1988, la AG aprobó la A/RES/43/177, que,

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entre otras cosas, establece: «Decide que, a partir del 15 de diciembre de 1988, en el sistema de las Naciones Unidas se utilice la designación “Palestina” en vez de la designación “Organización de Liberación de Palestina”, sin perjuicio de las funciones y la condición de observadora de la Organización de Liberación de Palestina dentro del sistema de las Naciones Unidas, de conformidad con la práctica y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas». Ello tuvo consecuencias en la práctica del CS; así, desde 1975 (1859ª sesión) hasta 1988 (2807ª sesión), las solicitudes de participación de la OLP en las discusiones del CS fueron enviadas por Estados Miembros, y actuando generalmente en virtud del Art.39 RPCS. Sin embargo, a partir de la 2841ª sesión (11 de enero de 1989), la solicitud fue hecha por la propia delegación observadora de Palestina, y sin invocar ningún artículo del RPCS. En dicha sesión, el Presidente declaró: «La solicitud [de Palestina] no se hace con arreglo al artículo 37 ni al artículo 39 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad, pero, de ser aprobada, el Consejo invitaría al Observador Permanente interino de Palestina a participar en el debate no de conformidad con los artículos 37 o 39, pero con los mismos derechos de participación que establece el artículo 37 del reglamento provisional del Consejo. Sin embargo, no todos los miembros estuvieron de acuerdo. El representante de los Estados Unidos hizo la siguiente declaración: «... los Estados Unidos sostienen que al Observador de la Organización Nacional de Palestina (OLP) sólo se le debe permitir hacer uso de la palabra si su solicitud cumple el artículo 39 del reglamento provisional. [...] Como saben todos los miembros del Consejo, es práctica antigua que los Observadores no tengan derecho a hacer uso de la palabra en el Consejo de Seguridad a petición propia, sino que un Estado Miembro ha de presentar la petición en nombre del Observador en cuestión. Mi Gobierno no ve justificación alguna para que nos apartemos de la práctica existente. [...] Los Estados Unidos siempre han asumido la posición de que, según el reglamento provisional del Consejo de Seguridad, la única base jurídica para que el Consejo pueda conceder audiencia a personas que hablan en nombre de entidades no gubernamentales es el artículo 39...». Tras ello, la cuestión se sometió a votación, obteniendo 11 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, permitiéndose la participación del observador de Palestina. Durante algún tiempo, se siguió sosteniendo esta postura frente a la forma de invitar a Palestina, mas en la actualidad se le permite participar –sin objeciones– en las sesiones del CS, «de conformidad con el reglamento provisional del Consejo y la práctica establecida al respecto», es decir, sin necesidad de invocar ningún artículo en particular del RPCS. Para finalizar, reiteramos que muchas veces el CS no indica en virtud de qué artículo actúa, por lo que se hace necesario analizar la naturaleza de la cuestión y la práctica adoptada al respecto.

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CAPÍTULO VI ARREGLO PACÍFICO DE CONTROVERSIAS Artículo 33 1. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. 2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios. La Carta no establece un sistema internacional de arreglo de controversias, como sí lo hace respecto de las amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión (v. Cap.VII). De hecho, el propio Art.1.1 establece como primer medio para mantener la paz y la segur idad internacionales “tomar medidas colectivas eficaces” y luego fomentar el arreglo pacífico de las controversias. Esta apreciación se ve fortalecida por lo que establece este artículo, pues sólo se refiere a aquéllas controversias “cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales” (aun cuando en la práctica del CS tal distinción no ha sido invocada). Sin perjuicio de ello, a partir de este artículo la Carta establece un conjunto de deberes y pautas de los Estados y una serie de procedimientos para el arreglo pacífico de controversias. Reiteramos aquí la obligación de todo Estado de arreglar sus controversias por medios pacíficos, “de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia”, tal cual lo establece el Art.2.3 (v. comentario al Art.2.3 y los instrumentos allí citados). El párrafo 1 de este artículo 33 reitera el deber al establecer que las partes en una controversia “tratarán de buscarle solución”, y enumera algunos de medios de los cuales pueden valerse. Esta enumeración no es taxativa, ya que el propio párrafo habla de “otros medios”, los cuales –reiteramos– deben ser pacíficos y que no pongan en peligro la paz, la seguridad ni la justicia (nótese, como destaca la doctrina, que no se exige que la solución se haga conforme a las normas jurídicas, lo cual significa que puede hacerse conforme a equidad). El párrafo también consagra el principio de la libre elección de los medios de arreglo, lo cual es reiterado por la A/RES/2625 (XXV), que también establece que los medios deben ser «adecuados a las circunstancias y a la naturaleza de la controversia». La “Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales” (A/RES/37/10), por su parte, reitera esas obligaciones, expresando en particular: «El arreglo de controversias internacionales se basará en la igualdad soberana de los Estados y se hará según el principio de la libre elección de los medios de conformidad con las obligaciones contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y con los principios de la justicia y el derecho internacional. El recurso a un procedimiento de arreglo aceptado libremente por los Estados, o la aceptación de tal procedimiento, con respecto a las controversias existentes o futuras en que sean partes, no se considerará incompatible con la igualdad soberana de los Estados [...] Al procurar llegar a ese arreglo, las partes convendrán en valerse de los medios pacíficos que resulten adecuados a las circunstancias y a la naturaleza de la controversia». La libertad de elección significa que las partes en una controversia pueden elegir cualquier clase de medios o medio en particular para el arreglo de la misma, sin ninguna intervención externa (salvo que las partes la acepten), en condiciones de igualdad. La limitación de este derecho está dada por la necesidad de que el medio elegido sea adecuado a las circunstancias y a la naturaleza de la controversia. En caso de no resultar adecuado, la resolució n 2625 (XXV) consagra el deber de las partes «de seguir tratando de arreglar la controversia por otros medios pacíficos acordados por ellos». Como dijimos, el párrafo 1 hace una enumeración no taxativa de los medios pacíficos para el arreglo de controversias (la cual es reproducida en la Declaración de Manila, que sin embargo incluye a los buenos oficios, v. infra). Ellos son: - La negociación: que se lleva adelante exclusivamente por las partes, las que arriban solas a la solución. Es el método más antiguo y más utilizado para el arreglo de controversias. Consiste en el entendimiento directo de las partes en una controversia, para llegar a un acuerdo entre las mismas; es el método diplomático por excelencia, que se realiza a través de los servicios diplomát icos normales (es decir, intervienen los órganos estatales encargados de las relaciones internacionales) o bien en conferencias internacionales. Las conversaciones son directas entre las partes, no requieren formalidades especiales y pueden ser realizadas con discreción, e incluso en secreto. A

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menudo la negociación está prevista en los tratados de arreglo de controversias como un medio previo a la vía arbitral o judicial, cumpliendo así la misión de definir el objeto de la controversia y los términos generales de la misma; nada de ello impide que pueda coexistir con otros medios de arreglo. La importancia de las negociaciones ha sido reconocida en la Declaración de Manila: «Los Estados, sin perjuicio del derecho de libre elección de los medios, deberían tener presente que las negociaciones directas son un medio flexible y eficaz de arreglo pacífico de controversias. Cuando opten por las negociaciones directas, los Estados deberían negociar efectivamente a fin de llegar a un pronto arreglo aceptable para las partes»; - La mediación: la que se caracteriza por la intervención de un tercer sujeto internacional (Estado u organización internacional), o un grupo de ellos, el cual interviene acercando a las partes en controversia y proponiéndoles una o más posibles soluciones, las que nos son obligatorias para las partes. Puede surgir de la iniciativa del tercero que propone interponerse y cuya oferta es aceptada por las partes, o bien puede ser convenida directamente por estas. Es necesario destacar que, aún cuando intervenga un tercero, la solución siempre queda en manos de las partes; - El arbitraje: es el medio en que interviene un tercero independiente (que puede ser un individuo o un órgano colegiado), al que las partes de mutuo acuerdo han investido de la facult ad de adoptar, después de un procedimiento contradictorio, una decisión basada en derecho y jurídicamente obligatoria para las mismas. Así, sus rasgos principales son la voluntariedad que tiene la sumisión al arbitraje (aún cuando iniciado el procedimiento, se vuelva obligatorio), por lo que el consentimiento de los Estados se vuelve esencial; la búsqueda de una solución basada en derecho (aunque excepcionalmente pueden las partes acordar que la controversia se decidirá según equidad); la elección de los árbitros por las partes; y la obligatoriedad de la decisión de los árbitros (llamada laudo), que tiene por objeto arreglar la controversia. Como dijimos, este medio se funda en el consentimiento prestado por las partes, debe ser voluntariamente aceptado y ningún Estado puede ser obligado a someterse a juicio arbitral. El consentimiento se puede manifestar de tres formas: en un acuerdo internacional único, denominado compromiso arbitral que será posterior al nacimiento del litigio y destinado a resolverlo; en una cláusula compromisoria contenida en un tratado en la que se establezca la obligación de recurrir al arbitraje para la solución de las controversias que puedan surgir respecto a la interpretación o aplicación de dicho tratado; en un tratado de arbitraje, en virtud del cual las partes se comprometen a recurrir al arbitraje para la solución de las diferencias entre ellas. El compromiso contiene, entre otras cosas, la designación precisa del objeto de la controversia, la forma de constitución del órgano arb itral y el procedimiento a que habrá de someterse. El órgano arbitral puede ser unipersonal o colegiado (en cuyo caso estará compuesto por tres o cinco árbitros actuando en tribunal) y designado por las partes en la forma indicada en el compromiso (si es colegiado, lo usual es que cada parte elija a uno o dos árbitros y el tercero o quinto –según el caso–, así como si es uno solo es elegido conjuntamente o se deriva a un tercer Estado u organización internacional) y se caracteriza por ser ad hoc y temporal, es decir, creado para resolver un litigio determinado y llamado a desaparecer una vez dictado el laudo (esta característica es la que lo diferencia del arreglo judicial, v. infra). - El arreglo judicial: sus efectos son similares al arbitraje, en cuanto también se trata de la intervención de un órgano al cual recurren las partes para arreglar la controversia con una decisión basada en derecho y que es obligatoria para las mismas, pero se diferencia en que los órganos que toman la decisión son permanentes y no constituidos al efecto, como en aquél, y el procedimiento ya estará determinado por las normas que regulan la constitución y funcionamiento del órgano judicial. La decisión recibe el nombre de sentencia. El ejemplo más acabado de esta clase d e órganos está dado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que será analizada en el Cap. XIV (sobre el procedimiento contencioso entre Estados, v. Art.94). - La investigación: que se realiza generalmente por una comisión, formada por representantes de ambas partes y presidida por uno o más terceros, cuya misión es determinar con exactitud los hechos que dieron origen a la controversia; - La conciliación: es definida como la intervención en el arreglo de una controversia de un órgano sin autoridad política propia que, gozando de la confianza de las partes en litigio, está encargado de examinar todos los aspectos del litigio y de proponer una solución que no es obligatoria para las partes; participa de los caracteres de la investigación, en cuanto a su conformación y funciones, a las que se agrega la formulación de recomendaciones sobre una o más posibles soluciones. La AG, en su resolución 50/50, aprobó las “Normas Modelo de las Naciones Unidas para la conciliación de controversias entre Estados”, las cuales se aplican en las controversias entre Estados que hayan convenido por escrito su aplicación (Art.1); la designación de conciliadores está fijada por los Arts. 3 a 6, estableciendo el Art.3: «Puede haber tres conciliadores o cinco conciliadores. En ambos casos los conciliadores formarán una comisión»; el Art.7, al establecer los principios fundamentales, dice «La comisión, actuando de manera independiente e imparcial, se esforzará por que las partes lleguen a un arreglo amistoso de la controversia. Si no se logra un arreglo durante la consideración del asunto, la comisión podrá elaborar y presentar a las partes recomendaciones pertinentes para su

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examen»; la comisión determina su procedimiento (Art.8), debiendo las partes facilitar su labor y procurarle cuantos documentos, información y explicaciones sean pertinentes (Art.12); la comisión puede pedir a las partes información, documentos pertinentes o las explicaciones necesarias o útiles (Art.13); tanto las partes (Art.16) como la comisión (Art.17) pueden hacer propuestas de arreglo en cualquier momento; terminado el examen del asunto, la comisión puede proponer y presentar a las partes las recomendaciones pertinentes (Arts. 20 y 21); las actuaciones tienen el carácter confidencial (Arts.25 y 26); el Art.27 consagra una obligación de no hacer para las partes: «Durante el procedimiento de conciliación las partes se abstendrán de cualquier medida que pudiere agravar o ampliar la controversia. En especial, las partes se abstendrán de cualquier medida que pueda tener un efecto negativo sobre las recomendaciones presentadas por la comisión, siempre y cuando esas recomendaciones no hayan sido explícitamente rechazadas por cualquiera de las partes». - El recurso a organismos o acuerdos regionales: son analizados en el Capítulo VIII. Al respecto, el Art.52.2 es claro al establecer «Los Miembros de las Naciones Unidas que sean partes en dichos acuerdos o que constituyan dichos organismos, harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales acuerdos u organismos regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad». (v. Cap.VIII) - Uno de los medios no mencionados por el artículo (pero sí por la Declaración de Manila) son los buenos oficios, en los que las partes son asistidas por un tercero, el que, a diferencia de la mediación, sólo trata de acercarlas, sin proponer soluciones. Se trata de la acción amistosa de un tercero (Estado u organización internacional) para poner de acuerdo a las partes en desacuerdo mediante una intervención discreta. Los medios de arreglo son clasificados por la doctrina en dos grandes grupos: los “diplomáticos” y los “jurídicos”. Los medios diplomáticos son aquellos en que intervienen los órganos estatales encargados de las relaciones internacionales y su función de facilitar la solución por medio del acuerdo entre los Estados interesados; caben en esta clasificación la negociación, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. Los medios jurídicos suponen el sometimiento voluntario de las partes a un órgano imparcial que soluciona la controversia mediante una decisión obligatoria, generalmente basándose en derecho; son medios jurídicos el arbitraje y el arreglo judicial. El párrafo 2 establece cuál es la función del CS: instar a las partes a que utilicen esos medios pacíficos para arreglar sus controversias. Esta es una práctica que el CS realiza con mucha frecuencia, aún cuando no suele invocar expresamente este artículo, lo que sí realiza en las resoluciones 144 (1960), 211 (1965) 377 (1975) y 380 (1975). Así, en la resolución 27 (1947), sobre la cuestión de Indonesia, invitó a las partes «a resolver sus controversias por arbitraje u otros medios pacíficos»; en la resolución 135 (1960), sobre la cuestión de las relaciones entre las grandes potencias recomendó «a los gobiernos interesados que traten de solucionar los actuales problemas internacionales mediante negociaciones u otros medios pacíficos, conforme a la Carta de las Naciones Unidas»; en la resolución 211 (1965), sobre la cuestión India-Pakistán, encareció «a los dos Gobiernos que utilicen todos los medios pacíficos, incluso los enumerados en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas»; en la resolución 479 (1980), sobra la situación entre el Irán y el Iraq, instó «a esos países a que acepten cualquier ofrecimiento adecuado de mediación o conciliación o a que recurran a organismos o acuerdos regionales o otros medios pacíficos que ellos mismos elijan»; en la resolución 582 (1986), sobre la misma cuestión, exhortó «a ambas partes a que sometan inmediatamente todos los aspectos del conflicto a mediación o a cualquier otro medio de arreglo pacífico de controversias»; en la resolución 1177 (1998), sobre la situación entre Eritrea y Etiopía, exhortó «a las partes a que agoten todos los medios de llegar a un arreglo pacífico del conflicto»; en la resolución 1226 (1999), sobre la misma cuestión, exhortó enérgicamente a las partes «a que mantengan su compromiso de lograr un arreglo pacífico de su controversia fronteriza»; en la resolución 1640 (2005), sobre la misma cuestión, hizo «un llamamiento a ambas partes para que procuren, sin condiciones previas, salir del actual estancamiento por medios diplomáticos»; en la resolución 1666 (2006), sobre la situación en Georgia, instó a «las dos partes a que hagan pleno uso de todos los mecanismos existentes, descritos en las resoluciones pertinentes del Consejo, a fin de llegar a un arreglo pacífico, y a que cumplan cabalmente los anteriores acuerdos y entendimientos relativos a la cesación del fuego, la no utilización de la violencia y las medidas de fomento de la confianza». El CS también recordó la «obligación de los Estados de arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia» (resolución 93 [1951], sobre la cuestión de Palestina, resoluciones 457 [1979] y 461 [1979], sobre los rehenes estadounidenses en Irán y resoluciones 479 [1980], 582 [1986], 588 [1986]y 598 [1987] sobre la situación entre el Irán y el Iraq). En cuanto a la recomendación del CS de utilizar determinados medios, v. Art.36.1. Es de destacar que las medidas tomadas por el CS en relación al Cap. VI son meras recomendaciones, no decisiones (por lo que no son alcanzadas por la imperatividad del Art.25). Ello

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surge no sólo de los términos expresos de estos artículos sino del papel fundamental que juegan la libertad y el consentimiento de los Estados en este aspecto, limitándose el CS a ayudarlos a cumplir su obligación de arreglo pacífico de controversias. La excepción se dará cuando la controversia ponga en peligro la paz y la seguridad internacionales en los términos del Art.39, pues en tal caso, el CS asumirá su responsabilidad primordial, de conformidad con el Art.24. No está de más recordar, tal cual se advirtiera en otros comentarios, que el CS no suele indicar en virtud de qué capítulo actúa, pues es una práctica que sólo ha tomado en los últimos años y únicamente con referencia al Cap. VII; sin embargo, como excepción, en una resolución invocó expresamente el Cap.VI. En efecto, la resolución 1495 (2003), sobre la cuestión del Sahara Occidental contenía como última cláusula preambulatoria «Actuando en virtud del Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas», supuesto –reiteramos– excepcional en la práctica del CS. La función del CS en el arreglo pacífico de controversias (de la que se hablará también en los Arts. 35 a 38) ha sido recordada en la declaración presidencial de 13 de mayo de 2003 (S/PRST/2003/5), que expresa: «El Consejo de Seguridad, guiado por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, reafirma su compromiso de mantener la paz y la seguridad internacionales mediante medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz u otros quebrantamientos de la paz y de lograr, por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional, el ajuste o arreglo de las controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. El Consejo reconoce que las Naciones Unidas y sus órganos pueden desempeñar una función importante en los esfuerzos dirigidos a prevenir la aparición de controversias entre las partes, impedir que las controversias existentes degeneren en conflictos y contener y resolver los conflictos cuando surjan. El Consejo recuerda, al respecto, los éxitos logrados por las Naciones Unidas en esas esferas. El Consejo recuerda que en la Carta, especialmente en el Capítulo VI, se establecen los medios y el marco para el arreglo pacífico de controversias. El Consejo subraya que las gestiones encaminadas a reforzar el proceso de arreglo pacífico de controversias deben continuar y hacerse más eficaces. El Consejo reitera su compromiso de hacer un uso más amplio y más eficaz de los procedimientos y medios previstos en las disposiciones de la Carta, especialmente en los Artículos 33 a 38 (Capítulo VI), para el arreglo pacífico de controversias, como uno de los compo nentes esenciales de su tarea de promover y mantener la paz y la seguridad internacionales».

Artículo 34 El Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia, o toda situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia, a fin de determinar si la prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El artículo establece una importante función del CS: la de investigar “toda controversia” o “toda situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia”, para determinar si la prolongación de esa controversia o situación puede poner en peligro la paz y la seguridad. El artículo introduce el concepto de “situación”, junto al de “controversia” ya examinado (v. Art.2.3); la doctrina destaca que se trata de un concepto mucho más impreciso y por el que debe entenderse cualquier caso de tensión internacional que no constituya una controversia. En varios casos, el CS hizo aplicación de este artículo. Así, en la resolución 15 (1946), sobre la cuestión de Grecia, resolvió: «Que el Consejo de Seguridad, en cumplimiento del Artículo 34 de la Carta establezca una Comisión Investigadora a fin de comprobar los hechos relativos a las violaciones de frontera que se alega tuvieron lugar a lo largo de la frontera entre Grecia, por una parta y Albania, Bulgaria y Yugoslavia, por la otra»; en la resolución 39 (1948), sobre la cuestión India-Pakistán, expresó: «Considerando que puede investigar toda controversia o toda situación cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; que en la situación existente entre la India y el Pakistán, tal investigación constituye una cuestión de urgencia; Aprueba la siguiente resolución: A. Por la presente se crea una Comisión del Consejo de Seguridad [...] C. Se asigna a la Comisión una doble función: 1) investigar los hechos conforme al Artículo 34 de la Carta; 2) ejercer, sin interrumpir los trabajos del Consejo de Seguridad, cualquier influencia mediadora susceptible de allanar dificultades...»; en la resolución 377 (1975), sobre la situación relativa al Sahara Occidental, el CS, «actuando de conformidad con el Artículo 34 de la Carta de las Naciones Unidas [...] pide al Secretario General que entable consultas inmediatas con las partes interesadas y que informe al Consejo de Seguridad tan pronto como sea posible sobre los resultados de sus consultas, a fin de que el Consejo pueda ado ptar las medidas apropiadas para ocuparse de la actual situación relativa al Sahara Occidental».

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En otras oportunidades, el CS ha ordenado investigaciones sin invocar expresamente el artículo 34. Así, en la resolución 4 (1946), sobre la cuestión de España, decidió «hacer nuevas investigaciones con objeto de determinar si la situación en España ha producido un desacuerdo internacional y pone en peligro la paz y la seguridad internacionales y, si es así, determinar qué medidas prácticas podrían adoptar las Naciones Unidas; Con este fin, el Consejo de Seguridad nombra un subcomité compuesto por cinco de sus miembros y le encarga que examine las declaraciones hechas ante el Consejo en relación con España, que recabe cualesquiera otras declaraciones y documentos, y que efectúe las investigaciones que juzgue necesarias, rindiendo el correspondiente informe el Consejo de Seguridad»; en la resolución 19 (1947), sobre los incidentes ocurridos en el estrecho de Corfú, resolvió «nombrar un subcomité, compuesto de tres miembros, encargado de examinar todas las pruebas disponibles referentes a los incidentes [ocurridos en el estrecho] y de presentar un informe al Consejo [...] sobre los hechos que han suscitado la controversia»; en la resolución 132 (1959), sobre la cuest ión relativa a Laos, decidió crear un subcomité para «que examine las declaraciones hechas acerca de Laos ante el Consejo de Seguridad, que reciba nuevas declaraciones y documentos, que realice las encuestas que considere necesarias y que informe al Consejo de Seguridad lo antes posible»; en la resolución 289 (1970), sobre la denuncia de Guinea, decidió «enviar una misión especial a la República de Guinea para que informe inmediatamente sobre la situación»; en la resolución 294 (1971), sobre la denuncia de Senegal, pidió al Presidente y al SG «que envíen urgentemente a la zona una misión especial de miembros del Consejo acompañados de expertos militares a investigar los hechos comunicados al Consejo, examinar la situación en la frontera entre Guinea (Bissau) y el Senegal y presentar un informe al Consejo en que se formule toda recomendación necesaria para garantizar la paz y la seguridad en esa región»; en la resolución 295 (1971), nuevamente sobre la denuncia de Guinea, decidió «enviar una misión especial [...] para que consulte a las autoridades e informe acerca de la situación inmediatamente»; en la resolución 326 (1973), sobre la denuncia de Zambia, decidió «enviar inmediatamente una misión especial [...] para que evalúe la situación en la zona, y pide a dicha misión que presente un informe al Consejo»; en la 1764ª sesión (28 de febrero de 1974), sobre la denuncia del Iraq relativa a incidentes en su frontera con el Irán, el Presidente del CS dio lectura a una declaración de consenso (S/11229), en la que expresó: «Como se requiere información adicional, el Consejo de Seguridad pide al Secretario General que designe lo antes posible a un representante especial para que dirija una investigación de los sucesos que han suscitado la denuncia del Iraq e informe» al CS; en la resolución 384 (1975), sobre la situación en Timor, pidió al SG «que envíe cuanto antes un representante especial a Timor Oriental a fin de que efectúe una evaluación sobre el terreno de la situación actual»; en la resolución 404 (1977), sobre la denuncia de Benin, decidió «enviar a la República Popular de Benin una misión especial [...] para que efectúe una investigación de los acontecimientos [...] y presente un informe»; en la resolución 446 (1979), sobre la situación en el Oriente Medio, estableció una comisión «para examinar la situación relativa a los asentamientos en los territorios árabes ocupados desde 1967, incluso Jerusalén»; en la resolución 496 (1981), sobre la denuncia de Seychelles, decidió enviar una comisión «con el objeto de investigar el origen, los antecedentes y la financiación de la agresión perpetrada el 25 de noviembre de 1981 por mercenarios contra la República de Seychelles [...] y presentar al Consejo un informe que incluya sus recomendaciones»; en la resolución 620 (1988), sobre la situación entre el Irán y el Iraq, alentó al SG «a que lleve a cabo investigaciones a la brevedad posible, en respuesta a las denuncias que señale a su atención cualquier Estado Miembro en relación con toda posible utilización de armas químicas y bacteriológicas (biológicas) o toxínicas [...], a fin de determinar la realidad de los hechos, y a que informe de los resultados»; en la resolución 885 (1993), sobre la situación en Somalia, autorizó «el establecimiento de una Comisión Investigadora que [...] haga averiguaciones respecto de los ataques armados contra el personal de la Operación de las Naciones Unidas en Somalia II que provocaron bajas a ese personal»; en la resolución 935 (1994), sobre la situación en Rwanda, pidió al SG que «con carácter de urgente, establezca una Comisión de Expertos imparcial para que examine y analice la información que se presente de conformidad con la presente resolución, así como toda otra información que obtenga la Comisión mediante sus propias investigaciones o por conducto de otras personas u otros organismos [...] con miras a presentar al Secretario General sus conclusiones sobre las pruebas de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Rwanda, incluidos posibles actos de genocidio»; en la resolución 1012 (1995), sobre la situación en Burundi, pidió al SG «que, con carácter urgente, establezca una Comisión Internacional de Investigación, con el siguiente mandato: a) Determinar los hechos relativos al asesinato del Presidente de Burundi el 21 de octubre de 1993, así como a las matanzas y otros actos graves de violencia ocurridos posteriormente...»; en la resolución 1013 (1995), sobre la situación en Rwanda, pidió al SG «que, con carácter de urgencia, establezca una Comisión Internacional de Investigación con el siguiente mandato: a) Reunir datos e investigar informes sobre la venta o el suministro de armas y pertrechos militares a las antiguas fuerzas del Gobierno rwandés en la región de los Grandes Lagos [...]; b) investigar las denuncias de que estas fuerzas están recibiendo

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adiestramiento militar con el fin de desestabilizar a Rwanda; c) Identificar a los cómplices o encubridores en la adquisición ilegal de armas por las antiguas fuerzas del Gobierno rwandés [...]; d) Recomendar medidas para poner fin al tráfico ilegal de armas en la región»; en la 3634ª sesión (27 de febrero de 1996), sobre el derribo de dos aeronaves civiles el 24 de febrero de 1996, el Presidente formuló una declaración en nombre del CS (S/PRST/1996/9), en la cual pidió «que la Organización de Aviación Civil Internacional investigue el incidente a fondo e insta a los gobiernos interesados a que cooperen plenamente en esa investigación. El Consejo pide a la Organización de Aviación Civil Internacional que le informe de sus conclusiones a la brevedad posible.»; en la resolución 1564 (2004), pidió al SG «que establezca rápidamente una comisión internacional de investigación para que investigue de inmediato todas las denuncias de transgresiones del derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos cometidas en Darfur por todas las partes, constate también si se han producido o no actos de genocidio e identifique a los autores de tales transgresiones a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos» (aunque en esta resolución el CS estaba actuando en virtud del Capítulo VII); en la resolución 1595 (2005), sobre la situación en el Oriente Medio, decidió «establecer una comisión internacional independiente de investigación (“la Comisión”) con sede en el Líbano que ayude a las autoridades de ese país a investigar todos los aspectos de este acto terrorista [el asesinato de Rafiq Hariri] y a identificar a sus autores, patrocinadores y organizadores y a sus cómplices». Ahora bien, ¿todas las investigaciones iniciadas por el CS tienen la naturaleza de las indicadas por el artículo 34?. De la práctica del CS se desprende la negativa. Así, en la 111ª sesión, durante la votación de la resolución 19 (1947) ya citada, se dijo que era necesario dist inguir entre una investigación en el sentido del Artículo 34, es decir, una investigación para determinar si la controversia o situación en cuestión puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y la clarificación de cierta evidencia por un subcomité designado para facilitar el trabajo del Consejo sin apuntar a la determinación mencionada en al artículo 34. También esa debe ser la conclusión si examinamos los ejemplos apuntados, notando que en los últimos años, las investigaciones fueron ordenadas a Comisiones independientes y para casos muy específicos, y que no tienen en mira la finalidad del artículo 34. Ahora bien, una vez realizada la investigación, de acuerdo a los términos del artículo, el CS debe determinar si la prolongación de la controversia o situación “puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales” y, además, debe determinar previamente si se trata de una situación o de una controversia, pues la distinción tiene un efecto muy importante en cuanto a la votación en el CS (así, en virtud del Art.27.3 in fine la parte en una controversia de abstendrá de votar, mas si se trata de una situación, recupera su derecho a voto –y a veto, según el caso). Pero en la práctica, ¿cuál ha sido la reacción del CS?. Veremos a continuación sólo aquellos casos de los que podemos inferir que se trata de aplicaciones del artículo sub examine. Sobre la cuestión de España, en la resolución 7 (1946), tomó nota «de que las investigaciones practicadas por el subcomité han confirmado plenamente los hechos que motivaron la condenación del régimen de Franco» y decidió «seguir vigilando la situación en que se encuentra España»; sobre la cuestión de Grecia, en la resolución 34 (1947), determinó que se trataba de una controversia, pero no tomó ninguna medida; sobre la cuestión India-Pakistán, en la resolución 47 (1948), consideró «que la continuación de la controversia puede poner en peligro la paz y la seguridad internacionales»; sobre la denuncia de Guinea, en la resolución 290 (1970) se mostró «profundamente preocupado por el hecho de que tales ataques armados contra Estados africanos independientes crean una seria amenaza a la paz y la seguridad»; sobre la cuestión del Sahara Occidental, en la resolución 379 (1980), tomó nota «con preocupación de que sigue siendo grave la situación en la región». Como vemos, sólo en la resolución 47 (1949) utilizó los términos del artículo 34. En cuanto a las medidas tomadas por el CS (que, por tratarse de un supuesto previsto en el Cap.VI, sólo tiene poderes recomendatorios), v. Art.36. Tal como se vio, en la mayoría de los casos, para el ejercicio de las funciones de investigación, el CS ha creado órganos subsidiarios (Art.29), cuya estructura ha sido diferente según la situación. Ello también dio lugar a debates acerca de la mayoría necesaria de acuerdo a la naturaleza de la votación, lo cual fue analizado en el comentario al Art.27. Además, por lo general, en las resoluciones que ordena investigaciones, faculta a estos órganos a requerir información de los Estados, a los cuales generalmente invita a brindar tal información. Es preciso distinguir que la investigación y la determinación a las que se refiere el artículo es un acto diferente a la calificación del Art.39, aun cuando en ciertos casos sea previo a éste, siempre teniendo en cuenta que si la controversia o la situación se prolongan y se convierten en una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, el CS sí tendrá poder de acción conforme al Cap.VII y podrá adoptar decisiones obligatorias (Art.25, v. Cap.VII) Un aspecto relacionado con este artículo, son las misiones de determinación de los hechos, las que motivaron que la AG en la resolución 46/59 aprobara la “Declaración sobre la determinación de los hechos por las Naciones Unidas en la esfera del mantenimiento de la paz y la seguridad

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internacionales”, en la que expresa, entre otras cosas: «Los órganos competentes de las Naciones Unidas, en el desempeño de sus funciones para mantener la paz y la seguridad internacionales, procurarán tener pleno conocimiento de todos los hechos pertinentes. Con ese fin, deberán considerar la posibilidad de emprender actividades de determinación de los hechos. [...] se entenderá por determinación de los hechos toda actividad encaminada a obtener un conocimiento detallado de los hechos pertinentes de cualquier controversia o situación que los órganos competentes de las Naciones Unidas necesiten para desempeñar eficazmente sus funciones en relación con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. La determinación de los hechos deberá ser completa, objetiva, imparcial y oportuna. [...] El envío de una misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas al territorio de cualquier Estado requiere e l consentimiento previo de dicho Estado, con sujeción a las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Secretario General pueden emprender misiones de determinación de los hechos en el co ntexto de sus respectivas competencias respecto del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales de conformidad con la Carta. [...] El Consejo de Seguridad y la Asamblea General, al decidir a quién confiar la tarea de dirigir una misión de determinación de los hechos, deberían dar preferencia al Secretario General, quien, entre otras cosas, podrá designar a un representante especial o a un grupo de expertos que dependa de él. También puede considerarse la posibilidad de recurrir a un órgano subsidiario ad hoc del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General. El órgano competente de las Naciones Unidas, al considerar la posibilidad de emprender una misión de determinación de los hechos, debería tener presentes otras actividades pertinentes destinadas a este fin, incluidas las realizadas por los Estados interesados y las realizadas en el marco de acuerdos u organismos regionales. La decisión del órgano competente de las Naciones Unidas de proceder a una determinación de los hechos debería contener siempre un mandato claro para la misión de determinación de los hechos, así como instrucciones precisas respecto del informe. El informe debería ser una mera presentación de los hechos de carácter fáctico. [...] El envío de una misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas no obstará para que los Estados de que se trate puedan recurrir a una investigación u otro procedimiento similar o a cualquier medio de arreglo pacífico de controversias en que convengan». Estas misiones de determinación de los hechos fueron utilizadas en varias oportunidades, por ejemplo, en la declaración presidencial de 12 de mayo de 1992 (S/23904), sobre la situación en Nagorno-Karabaj, los miembros del CS acogieron «con satisfacción el envío urgente por el Secretario General de una misión a la región para que determine los hechos»; en la resolución 924 (1994), sobre la situación en la República del Yemen, el CS pidió al SG «que envíe lo antes posible una misión de determinación de los hechos a la zona»; el 16 de noviembre de 1993, el CS, mediante una nota de su Presidente (S/26757) invitó al SG a que considerara «la posibilidad de enviar en su apoyo a Burundi, tan pronto como sea posible, un equipo reducido de las Naciones Unidas, dentro de los recursos existentes, para determinar los hechos y prestar asesoramiento al Gobierno de Burundi con miras a facilitar sus esfuerzos y los de la OUA», por lo que el SG decidió enviar a Burundi la Misión Preparatoria de Determinación de los Hechos para, entre otras cosas, investigar el golpe de estado y las matanzas de octubre de 1993.

Artículo 35 1. Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquiera controversia, o cualquiera situación de la naturaleza expresada en el Artículo 34, a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General. 2. Un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General toda controversia en que sea parte, si acepta de antemano, en lo relativo a la controversia, las obligaciones de arreglo pacífico establecidas en esta Carta. 3. El procedimiento que siga la Asamblea General con respecto a asuntos que le sean presentados de acuerdo con este Artículo quedará sujeto a las disposiciones de los Artículos 11 y 12. El párrafo 1 establece el derecho de todos los miembros de la Organización de llevar una controversia (nótese que dice “cualquier controversia”, es decir, no sólo las del Art.33) o situación (Art.34) a la atención del CS o a la de la AG. Este derecho está contemplado en el Art.3 RPCS, que consagra la obligación del Presidente de convocar «a sesión al Consejo de Seguridad cuando se lleve a la atención del Consejo de Seguridad una controversia o situación, con arreglo a lo previsto en el Artículo 35». En la práctica del CS, el acto de llevar un asunto a la atención al CS consiste

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usualmente en una carta o un telegrama del Estado interesado, dirigidos al Presidente del CS, a través de los que solicita la convocatoria del CS y la inscripción del caso de que se trate en el orden del día del CS, así como la petición de que tal comunicación se distribuya como documento oficial del CS, para dar aplicación al Art.6 RPCS, el cual establece «El Secretario General pondrá inmediatamente en conocimiento de todos los representantes en el Consejo de Seguridad, todas las comunicaciones emanadas de Estados, de órganos de las Naciones Unidas o del Secretario General, referentes a cualquier asunto que haya de examinar el Consejo de Seguridad con arreglo a las disposiciones de la Carta». Con posterioridad, se prepara y aprueba el orden del día en la forma explicada en el comentario al Art.30. Una vez aprobado el orden del día, la cuestión pasa a integrar la lista de asuntos que están sometidos a la consideración del CS (con las consecuencias que ello trae, v. Art.12). Generó ciertos debates en el seno del CS el significado que hay que darle a la inclusión de una controversia o situación presentada por un Estado en el orden del día. Para algunos Estados se trata de un acto de rutina del CS, que no implica un prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión, y ni siquiera sobre la competencia del CS para considerar el asunto. Para otros, es necesario considerar prima facie si el CS es competente antes de votar la inclusión del asunto en el orden del día. Otra cuestión consiste en la facultad de determinar si el asunto sometido al CS es una “controversia” o una “situación”. Si bien son los propios Estados los que enmarcan la cuestión como una u otra, es evidente que ello no es vinculante para el CS. El debate surgió en cuanto a la oportunidad de realizar tal determinación, surgiendo de la práctica que ello se realiza en el momento de analizar el fondo de la cuestión, y no en la discusión del orden del día. Tal cual vimos en el comentario al Art.31, el Art.37 RPCS establece «Todo Estado Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo de Seguridad podrá ser invitado, como consecuencia de una decisión del Consejo de Seguridad, a participar, sin voto, en la discusión de toda cuestión sometida al Consejo de Seguridad, [...] cuando un Estado Miembro lleve a la atención del Consejo de Seguridad un asunto, con arreglo al párrafo 1 del Artículo 35 de la Carta»; este derecho es una derivación lógica del consagrado en el artículo sub examine (sobre el procedimiento, v. Art.31). Cabe aclarar que no siempre los Estados citan en sus comunicaciones el artículo 35, en cuyo caso se deberá analizar la naturaleza de la cuestión para decidir si se enmarca en este capítulo VI o en el VII. En algunos casos, los Estados invocaron directamente el capítulo VII. De más está decir que la ubicación en uno u otro capítulo tiene importantísimas consecuencias en la práctica, en cuanto a los poderes del CS y a la imperatividad de sus decisiones. También es importante destacar que “llevar a la consideración” no implica solamente “informar” al CS o a la AG sobre el asunto, sino solicitar su intervención, para que formule las recomendaciones o los términos de arreglo pertinentes (v. Art.36.1). El párrafo 2 acuerda el mismo derecho que a los Miembros, a los Estados no miembros, con una condición: aceptar de antemano, en lo relativo a la controversia, las obligaciones de arreglo pacífico de la Carta. Tal cual lo dice el artículo, esa aceptación deberá realizarse en la oportunidad de llevar el asunto a la consideración del CS. Asimismo, como vimos en el Art.32, también les asiste a los Estados no miembros la posibilidad de participar de la discusión de la cuestión en el seno del CS, debiendo también para ello aceptar las obligaciones de arreglo pacífico de la Carta. Como el párrafo 1 también faculta a los Estados para llevar controversias o situaciones a la atención de la AG, el párrafo 3 establece el procedimiento que debe seguir ésta, que es el fijado por el Art.11, con la limitación del Art.12. Sobre la aplicación del artículo y las solicitudes de inclusión de controversias y situaciones, véanse los volúmenes pertinentes del “Repertorio de la práctica seguida por los órganos de las Naciones Unidas” y del “Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad. La Declaración de Manila reitera las funciones del CS y la AG en el arreglo pacífico de controversias en los siguientes términos: «[Los Estados Miembros] Deberían, de conformidad con la Carta, cuando proceda, tener debidamente en cuenta las recomendaciones del Consejo de Seguridad relativas al arreglo pacífico de controversias. Deberían también, de conformidad con la Carta, cuando proceda, tener debidamente en cuenta las recomendaciones aprobadas por la Asamblea General, con sujeción a lo dispuesto en los Artículos 11 y 12 de la Carta, en la esfera del arreglo pacífico de controversias. Los Estados Miembros reafirman el importante papel atribuido a la Asamblea General por la Carta de las Naciones Unidas en la esfera del arreglo pacífico de controversias y subrayan la necesidad de que la Asamblea General desempeñe eficazmente sus funciones. En consecuencia, deberían: a) Tener presente que la Asamblea General puede discutir cualquier situación, sea cual fuere su origen, que a su juicio pueda perjudicar el bienestar general o las relaciones amistosas entre naciones y, con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 12 de la Carta, recomendar medidas para su arreglo pacífico [v. Art.14]; b) Considerar la conveniencia de hacer uso, cuando lo juzguen oportuno, de la posibilidad de llevar a la atención de la Asamblea General toda controversia o toda situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia; c) Considerar la posibilidad de utilizar, para el arreglo pacífico de sus controversias, los órganos subsidiarios que establezca la Asamblea General en el desempeño de

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sus funciones conforme a la Carta; d) Considerar, cuando sean partes en una controversia que haya sido señalada a la atención de la Asamblea General, la posibilidad de recurrir a las consultas en el marco de la Asamblea, con miras a facilitar un pronto arreglo de su controversia. Los Estados Miembros deberían fortalecer el papel primordial del Consejo de Seguridad de modo que pueda desempeñar plena y eficazmente sus funciones, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, en la esfera del arreglo de controversias o de toda situación cuya prolongación pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. A estos efectos, deberían: a) Tener plena conciencia de su obligación de someter al Consejo de Seguridad toda controversia de esa naturaleza en la que sean partes, si no logran resolverla por los medios indicados en el Artículo 33 de la Carta [v. Art.37.1]; b) Hacer mayor uso de la posibilidad de llevar a la atención del Consejo de Seguridad toda controversia o situación que pueda conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia; c) Alentar al Consejo de Seguridad a hacer mayor uso de las oportunidades previstas en la Carta a fin de examinar las controversias o situaciones cuya prolongación pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales: d) Considerar la posibilidad de hacer mayor uso de la capacidad del Consejo de Seguridad para la determinación de hechos de conformidad con la Carta [v. Art.34]; e) Alentar al Consejo de Seguridad a hacer un mayor uso, como medio para promover el arreglo pacífico de controversias, de los órganos subsidiarios que establezca en el desempeña de sus funciones conforme a la Carta; f) Tener en cuenta que el Consejo de Seguridad puede, en cualquier estado en que se encuentre una controversia de la naturaleza de que trata el Artículo 33 de la Carta o una situación de índole semejante, r ecomendar los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados [v. Arts. 36.1 y 37.2]; g) Alentar al Consejo de Seguridad a que actúe sin demora, de conformidad con sus funciones y atribuciones, especialmente en los casos en que las controversias internacionales se conviertan en conflictos armados.» (Sobre la función del CS en la prevención de conflictos, v. Art.38).

Artículo 36 1. El Consejo de Seguridad podrá, en cualquier estado en que se encuentre una controversia de la naturaleza de que trata el Artículo 33 o una situación de índole semejante, recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados. 2. El Consejo de Seguridad deberá tomar en consideración todo procedimiento que las partes hayan adoptado para el arreglo de la controversia. 3. Al hacer recomendaciones de acuerdo con este Artículo, el Consejo de Seguridad deberá tomar también en consideración que las controversias de orden jurídico, por regla general, deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Corte. Ante una controversia (del Art.33) o situación (Art.34), el párrafo 1 faculta al CS para recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados. Caben algunas consideraciones sobre la cuestión: en primer lugar, el artículo es claro en cuanto a la oportunidad en que puede efectuar las recomendaciones (“en cualquier estado en que se encuentre”); en segundo, es el propio CS quien determina si esos procedimientos o métodos son “apropiados”; finalmente, produjo algunos debates en el CS la cuestión de distinguir la naturaleza de las recomendaciones de este artículo de la de otras medidas tomadas en virtud de otras disposiciones de la Carta, por lo que no está de más recordar aquí que se trata de meras recomendaciones (por lo que no están alcanzadas por la obligatoriedad del Art.25); la dificultad radica en que el Art.36 no ha sido expresamente invocado por el CS, por lo que se hace necesario analizar los términos de las resoluciones del CS. Sin embargo, podemos mencionar algunos casos en los que surge que se aplicó el artículo implícitamente; así, recomendó entablar o reanudar negociaciones en las resoluciones 98 (1952), sobre la cuestión India-Pakistán, 135 (1960), sobre la relación entre las grandes potencias, 218 (1965) y 322 (1972) sobre la situación en los territorios bajo administración portuguesa, 353 (1974), sobre la situación en Chipre, 395 (1976), sobre la denuncia de Grecia contra Turquía, 713 (1991), sobre la situación en Yugoslavia, 714 (1991), sobre la situación en El Salvador, 812 (1993), sobre la situación en Rwanda, 896 (1994), sobre la situación en Georgia, 924 (1994), sobre la situación en la República del Yemen, 1055 (1996), sobre la situación en Angola, 1073 (1996), sobre la situación en los territorios árabes ocupados, 1076 (1996), sobre la situación en el Afganistán, 1172 (1998), sobre los ensayos nucleares de la India y el Pakistán, 1227 (1999), sobre la situación entre Etiopía y Eritrea, 1245 (1999), sobre la situación en Sierra Leona y 1580 (2004), sobre la situación en Guinea-Bissau; ofreció sus buenos oficios en la resolución 31 (1947), sobre la

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cuestión de Indonesia; pidió los buenos oficios del SG o los apoyó en las resoluciones 188 (1964), sobre la denuncia presentada por el Yemen, 307 (1971), sobre la situación en el subcontinente indiopakistaní, 367 (1975), sobre la situación en Chipre, 457 (1979), sobre la cuestión de los rehenes estadounidenses en el Irán, 505 (1982), sobre la situación en las Islas Malvinas, 637 (1989), sobre la situación en Centroamérica, 834 (1993), sobre la situación en Angola, 968 (1994), sobre la situación en Tayikistán y a lo largo de la frontera entre Tayikistán y el Afganistán, 1177 (1998) y 1586 (2005), sobre la situación entre Eritrea y Etiopía; recomendó una mediación en las resoluciones 186 (1964), sobre la cuestión de Chipre, 514 (1982) y 598 (1987) sobre la situación entre el Irán y el Iraq, 834 (1993), sobre la situación en Angola, 937 (1994), sobre la situación en Geor gia y 1040 (1996), sobre la situación en Burundi; recomendó recurrir al arbitraje en las resoluciones 27 (1947), sobre la cuestión de Indonesia y 91 (1951), sobre la cuestión India-Pakistán; recomendó una investigación en la resolución 598 (1987) sobre la situación entre el Irán y el Iraq; recomendó una conciliación en la resolución 479 (1980) sobre la situación entre el Irán y el Iraq; finalmente, recomendó recurrir a organismos o acuerdos regionales en las resoluciones 144 (1960), sobre la denuncia de Cuba (el organismo era la OEA), 199 (1964), sobre la cuestión de la República Democrática del Congo (OUA), 822 (1993), sobre la situación en Nagorno-Karabaj (CSCE) y 1177 (1998), sobre la situación entre Eritrea y Etiopía (OUA) (para un mayor desarrollo de la actividad de las organizaciones regionales, v. Cap. VIII). Además, el CS suele recomendar, con diferentes términos, que ni las partes ni terceros tomen ninguna medida o acción que tienda a agravar la situación; hizo esta recomendación, por ejemplo, en las resoluciones 38 (1948) y 126 (1957) sobre la cuestión India-Pakistán; 186 (1964), 187 (1964), 193 (1964), 367 (1975), 391 (1976), 401 (1976), 410 (1977), 414 (1977), 422 (1977) y 649 (1990), sobre la situación en Chipre; 307 (1971), sobre la situación en el subcontinente indio-pakistaní; 347 (1974), sobre la situación en el Oriente Medio; 479 (1980), 514 (1982), 522 (1982), 540 (1983) y 582 (1986), sobre la situación entre el Irán y el Iraq; 713 (1991), sobre la situación en Yugoslavia; 834 (1993), 851 (1993) y 1990 (1998), sobre la situación en Angola; 846 (1993), sobre la situación en Rwanda; 853 (1993), 874 (1993) y 884 (1993), sobre la situación en Nagorno-Karabaj; 892 (1993) y 993 (1995), sobre la situación en Georgia; 968 (1994) y 999 (1975), sobre la situación en Tayikistán; 1622 (2005) y 1640 (2005), sobre la situación entre Eritrea y Etiopía. También suele instar a las partes a que cumplan acuerdos ya alcanzados, como en las resoluciones 971 (1995), 1096 (1997) y 1225 (1999), sobre la situación en Georgia; 985 (1995), 1041 (1996) y 1116 (1996), sobre la situación en Liberia; 991 (1995) y 1094 (1997) sobre la situación en Centroamérica; 1008 (1995) y 1055 (1996), sobre la situación en Angola; 1061 (1996), 1113 (1997), 1167 (1998) y 1240 (1999), sobre la situación en Tayikistán; 1103 (1997), sobre la situación en Bosnia y Herzegovina; 1147 (1998), sobre la situación en Croacia; 1279 (1999), sobre la situación en la República Democrática del Congo; 1344 (2001), 1466 (2003) y 1507 (2003), sobre la situación entre Eritrea y Etiopía; 1464 (2003), sobre la situación en Côte d’Ivoire, entre otras, o en la declaración presidencial 2006/53, sobre la situación en el Chad y en el Sudán. Es necesario aclarar que varias de las situaciones aquí enumeradas (así como algunas de las que se citan en el Cap. VII) son conflictos internos y, como vimos en el Art.1.1, la Carta sólo previó el mantenimiento de la paz y la seguridad “internacionales”. Sin embargo, la proliferación de estos conflictos ha sido considerada como una amenaza a la paz y el CS ha intervenido; es por ello que las resoluciones sobre tales conflictos son citadas. El párrafo 2 fija una pauta que debe tener en cuenta el CS para formular sus recomendaciones, debe “tomar en consideración todo procedimiento que las partes hayan adoptado para el arreglo de la controversia”. Ello es así por cuanto las partes son libres de elegir los medios para el arreglo de su controversia (Art.33), y, si alguno de ellos ha fracasado, lo conveniente es que el CS recomiende otro. No está de más recordar lo que la resolución 2625 (XXV) dice en caso de que no se logre una solución por uno de los medios: consagra del deber de las partes «de seguir tratando de arreglar la controversia por otros medios». También el CS debe tener en cuenta al recomendar los medios, la necesidad, tal cual lo establece la misma resolución, de que los medios sean “adecuados” a las circunstancias y a la naturaleza de la controversia. Las discusiones del CS sobre este párrafo pueden consultarse en los volúmenes pertinentes del “Repertorio de la práctica seguida por los órganos de las Naciones Unidas”. El párrafo 3 recuerda que las controversias de orden jurídico, “por regla general”, deben ser sometidas a la CIJ (tal cual surge de la competencia de la CIJ conforme al Art.36 ECIJ). Así, en la resolución 22 (1947), el CS «Habiendo considerado las declaraciones formuladas por los representantes del Reino Unido y del Albania acerca de una controversia entre el Reino Unido y Albania surgida como resultado de un incidente ocurrido el 22 de octubre de 1946 en el Canal de Corfú, en el curso del cual fueron averiados por minas dos barcos británicos, y hubo muertos y heridos en sus tripulaciones, Recomienda que los Gobiernos del Reino Unido y de Albania sometan inmediatamente esa controversia a la Corte Internacional de Justicia, conforme a las disposiciones del Estatuto de la Corte». Esta resolución planteó una cuestión interesante en cuanto a la forma de acceder a la CIJ, veámoslo. El 22 de mayo de 1947, el Reino Unido presentó su demanda contra Albania ante la CIJ. Por una carta, el 2 de julio de 1947, Albania informó a la Corte que había

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aceptado la recomendación del CS y estaba preparada para comparecer ante la Corte; sin embargo, consideró que, de acuerdo a los términos de la resolución 22 (1947), el Reino Unido, antes de haber iniciado el procedimiento ante la Corte, debía llegar a un entendimiento con Albania relativo a las condiciones bajo las cuales las partes procederían de acuerdo a la recomendación del CS. El 9 de diciembre de 1947, Albania presentó una excepción preliminar a la demanda del Reino Unido basada en esos argumentos. En su fallo de 25 de marzo de 1948, la Corte declaró con relación a la resolución 22 (1947): «en primer lugar, aunque esta recomendación claramente indica que el planteo del caso ante la Corte requiere acción de parte de las partes, ella no especifica que tal acción deba ser tomada por las partes en forma conjunta y, en segundo lugar, el método para someter el caso a la Corte está regulado por los textos que rigen la labor de la Corte, como fue señalado por el Consejo de Seguridad en su recomendación» (CIJ: “Caso del Canal de Corfú” [Excepción preliminar], fallo de 25 de marzo de 1948), ello significa que, aunque el CS recomiende recurrir a la CIJ, no es necesario que exista un acuerdo previo entre las partes, pudiéndose tomar las vías normales del procedimiento. Otro caso de aplicación de este párrafo 3, está contenido en la resolución 395 (1976), en relación la denuncia de Grecia contra Turquía (sobre la plataforma continental del Mar Egeo), en la cual invitó «a los Gobiernos de Grecia y Turquía a que, en este sentido, sigan teniendo en cuenta la contribución que los medios judiciales adecuados, en especial la Corte Internacional de Justicia, están en condiciones de hacer para el arreglo de cualquier diferencia jurídica pendiente que puedan determinar en relación con su actual controversia». Es interesante recordar aquí lo mencionado en el comentario al Art.24, en el caso del atentado de Lockerbie, cuando el CS invadió las competencias de la CIJ, en violación a lo dispuesto por este párrafo. A ello podemos agregar que, el propio CS, en su 565ª sesión, celebrada el 19 de octubre de 1951, en relación al orden del día “Cargo de incumplimiento por el Gobierno del Irán de las medidas provisionales indicadas por la Corte Internacional de Justicia en el caso de la Anglo-Iranian Oil Company”, el CS decidió «aplazar el debate sobre el tema hasta el momento en que la Corte Internacional de Justicia, ante la que estaban pendientes ciertos aspectos del asunto, hubiese resuelto sobre su propia competencia en la materia»; esto significa que, en esa oportunidad el CS, ante un caso similar al de Lockerbie, ya había actuado, pronunciándose a favor de la competencia de la CIJ y no invadiéndola. El CS, en su declaración presidencial de 22 de junio de 2006 (S/PRST/2006/28), expresó: «El Consejo está empeñado en lograr el arreglo pacífico de las controversias y lo apoya activamente, y reitera su exhortación a los Estados Miembros para que arreglen sus controversias por medios pacíficos como se dispone en el Capítulo VI de la Carta, incluso utilizando mecanismos regionales de prevención y la Corte Internacional de Justicia. El Consejo destaca la importante función que desempeña la Corte, principal órgano judicial de las Naciones Unidas, en el arreglo de controversias entre los Estados». La Declaración de Manila también recuerda la función de la CIJ de la siguiente forma: «Los Estados deberían tener plenamente en cuenta la función de la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Se señalan a su atención los medios que ofrece la Corte Internacional de Justicia para la solución de las controversias de orden jurídico [...] Los Estados podrán encomendar la solución de sus diferencias a otros tribunales [v. Art.95] en virtud de los acuerdos ya existentes o de los que puedan concertarse en el futuro. Los Estados deberían tener presente: a) Que las controversias de orden jurídico, por regla general, deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Corte; b) Que es conveniente que: i) Consideren la posibilidad de incluir en los tratados, cuando proceda, cláusulas en las que se disponga la presentación a la Corte Internacional de Justicia de las controversias que puedan surgir acerca de la interpretación o aplicación de tales tratados; ii) Estudien la posibilidad de optar, en el marco del libre ejercicio de su soberanía, por reconocer la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el Artículo 36 de su Estatuto; iii) Estudien la posibilidad de determinar los casos en que se puede recurrir a la Corte Internacional de Justicia. [...] El recurso al arreglo judicial de las controversias jurídicas, en particular su remisión a la Corte Internacional de Justicia, no debería ser considerado un acto enemistoso entre los Estados». También la propia CIJ ha recordado su función; así, en relación al “Asunto del personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán” (Estados Unidos c. Irán, fallo de 24 de mayo de 1980), recordó sus poderes de acuerdo a la Carta, de resolver toda cuestión jurídica planteada entre las partes en una controversia y, citando el Art.36.3, declaró que la resolución de tales cuestiones jurídicas por la Corte puede ser un «factor importante, y a veces decisivo, en la promoción del arreglo pacífico de controversias»; en particular, la CIJ manifestó: «En tanto que en el Artículo 12 se prevé una clara demarcación de funciones entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad con respecto a cualquier controversia o situación, de modo que la Asamblea no debe hacer recomendación alguna con respecto a tal controversia o situación a no ser que lo solicite el Consejo de Seguridad, en ninguna parte de la Carta existe una disposición análoga con respecto al Consejo de Seguridad y la Corte. Al Consejo se le han asignado funciones de naturaleza política, mientras que la Corte ejerce funciones puramente judiciales. Por

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consiguiente, ambos órganos pueden desempeñar sus funciones separadas pero complementarias con respecto a los mismos acontecimientos». En el “Caso de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua” (Nicaragua c. Estados Unidos, fallo de 27 de junio de 1986), la CIJ enfatizó que desde un punto de vista jurídico, las decisiones de la Corte y las acciones del CS son «completamente diferentes». Hasta que el CS haga una determinación en virtud del Art.39, «una controversia [permanece] sometida a los métodos de arreglo pacífico proporcionados por el Artículo 33, incluso el arreglo judicial». Citando el pasaje del asunto del personal diplomático antes referido, la Corte sostuvo que los procedimientos ante el CS y la CIJ pueden ser proseguidos simultáneamente. El hecho de que una cuestión esté ante el CS «no debe impedir que la Corte se ocupe de ella».

Artículo 37 1. Si las partes en una controversia de la naturaleza definida en el Artículo 33 no lograren arreglarla por los medios indicados en dicho Artículo, la someterán al Consejo de Seguridad. 2. Si el Consejo de Seguridad estimare que la continuación de la controversia es realmente susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el Consejo decidirá si ha de proceder de conformidad con el Artículo 36 o si ha de recomendar los términos de arreglo que considere apropiados. Del párrafo 1 surge una obligación de las partes en una controversia “cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales” que no logren arreglarla de acuerdo al Art.33, de someterla al CS. Decimos que es una obligación y no una mera facultad, pues claramente el artículo dice “la someterán”, en términos imperativos, y no, “podrán someterla”. Se trata de un párrafo escasamente invocado en la práctica; en los pocos casos que se dieron, ha sido generalmente una de las partes la que alegó que no se había logrado arreglar la controversia (véanse los casos citados en el “Repertorio de la práctica seguida por los órganos de las Naciones Unidas” y en el “Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad”). En relación a este párrafo, la Declaración de Manila establece: «En caso de que las partes en una controversia no lleguen prontamente a una solución recurriendo a cualquiera de los medios de arreglo [...] las partes seguirán buscando una solución pacífica y celebrarán de inmediato consultas sobre medios mutuamente convenidos de resolver pacíficamente la controversia. Si las partes no logran solucionar por ninguno de los medios [...] una controversia cuya continuación pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, someterán la controversia al Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y sin perjuicio de las funciones y los poderes del Consejo establecidos en las disposiciones pertinentes del Capítulo VI de la Carta». El párrafo 2 faculta al CS, en el caso de estimar que la controversia pueda poner en peligro la paz y seguridad internacionales, a decidir si procede conforme al Art.36 o recomienda los términos de arreglo que considere apropiados. De ello surge que son varios los actos que debe realizar el CS: primero, debe estimar si la continuación de la controversia es “realmente susceptible” de poner en peligro la paz y la seguridad; de se así, debe decidir si procede de conformidad con el Art.36 (es decir, si recomienda procedimientos o métodos de ajuste) o si –directamente– recomienda los términos de arreglo “que considere apropiados” (esta consideración siempre queda en cabeza del CS); la opción por una u otra recomendación es discrecional por parte del CS, y dependerá de las circunstancias del caso concreto y la apreciación que el CS tenga de la actitud de las partes. Aún cuando el CS no invocó expresamente el artículo 37 en ninguna resolución, podemos citar algunos casos en los que recomendó términos de arreglo. Así, en la resolución 47 (1948), sobre la cuestión India-Pakistán, luego de considerar «que la continuación de la controversia puede poner en peligro la paz y la seguridad internacionales», recomendó «a los Gobiernos de la India y del Paquistán las siguientes medidas que el Consejo estima apropiadas para lograr la cesación de las hostilidades y para crear condiciones propicias a la celebración de un plebiscito libre e imparcial al efecto de decidir si el Estado de Jammu y Cachemira habrá de incorporarse a la India o al Paquistán», tales medidas incluían el restablecimiento de la paz y el orden público, y la organización de un plebiscito; en la resolución 118 (1956), sobre la crisis de Suez, acordó «que toda solución de la cuestión de Suez deberá reunir las siguientes condiciones: 1) El paso por el Canal permanecerá libre y estará abierto sin discriminación manifiesta o encubierta, tanto en lo que se refiere al aspecto político como al técnico; 2) La soberanía de Egipto será respetada; 3) El funcionamiento del Canal deberá quedar aislado de la política de todos los países; 4) El modo de fijar los derechos de tránsito y los

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Capítulo VI – Arreglo pacífico de controversias

gastos respectivos se determinará por medio de un acuerdo entre Egipto y los usuarios; 5) Se dedicará al mejoramiento del Canal una proporción equitativa de las sumas percibidas; 6) En caso de controversia, las cuestiones pendientes entre la Compañía Universal del Canal Marítimo de Suez y el Gobierno egipcio serán decididas por un tribunal de arbitraje cuyas atribuciones estarán claramente definidas, y con disposiciones convenientes para el pago de las sumas que pueden resultar pendientes»; en la resolución 435 (1978), sobre Namibia, aprobó «el informe del Secretario General para la aplicación de la propuesta relativa a un arreglo de la situación en Namibia» y reiteró «que su objetivo es el retiro de la administración ilegal de Sudáfrica de Namibia y el traspaso del poder al pueblo de Namibia con la asistencia de las Naciones Unidas»; en la resolución 457 (1979), sobre los rehenes estadounidenses en el Irán, exhortó «urgentemente al Gobierno del Irán a que ponga en libertad de inmediato al personal de la Embajada de los Estados Unidos de América detenido en Teherán, que le suministre protección y que le permita abandonar el país»; en la resolución 1097 (1997), sobre la situación en la región de los Grandes Lagos, hizo suyo un plan de paz del SG, que contenía: «a) Cesación inmediata de las hostilidades; b) Retiro de todas las fuerzas externas, incluidos los mercenarios; c) Reafirmación del respeto de la soberanía nacional y la integridad territorial del Zaire y de otros Estados de la región de los Grandes Lagos; d) Protección y seguridad para todos los refugiados y personas desplazadas y facilitación del acceso a la asistencia humanitaria; e) Solución rápida y pacífica de la crisis mediante el diálogo, el proceso electoral y la convocación de una conferencia internacional sobre la paz, la seguridad y el desarrollo en la región de los Grandes Lagos». Una vez más conviene recordar que, aun cuando según el párrafo 1 de este artículo sea obligatorio para las partes someter la controversia al CS, las recomendaciones que haga el CS de conformidad al párrafo 2 no pierden el carácter de tales, pues el CS aún continúa actuando en los límites del Cap.VI, salvo que decida calificar la situación de conformidad al Art.39, en cuyo caso entrará al Cap.VII.

Artículo 38 Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 33 a 37, el Consejo de Seguridad podrá, si así lo solicitan todas las partes en una controversia, hacerles recomendaciones a efecto de que se llegue a un arreglo pacífico. En todo caso que las partes lo soliciten, el CS puede hacer las recomendaciones necesarias para llegar a un arreglo pacífico de su controversia, sin perjuicio de lo dispuesto en los demás artículos del capítulo. Tal cual surge del texto, se trata de cualquier controversia, no solamente de las indicadas en el Art.33. El artículo no ha sido aplicado por el CS ni expresa ni implícitamente, y su invocación fue muy escasa. En la 304ª sesión, durante la consideración de la cuestión IndiaPakistán, algunas declaraciones incidentales destacaron la cuestión de si el CS, habiendo considerado la cuestión a requerimiento de ambas partes y habiendo basado sus recomendaciones sobre conversaciones entre el Presidente con los representantes de ambas partes, había actuado en virtud del artículo 38. El artículo también fue invocado expresamente en dos comunicaciones dirigidas al Presidente del CS por una de las partes en una controversia. En una carta fechada 10 de septiembre de 1981, el representante de Guatemala llamó la atención del CS sobre su controversia con el Reino Unido sobre Belice; citando el artículo 38, requirió al CS que considerara si era necesario hacer recomendaciones a las partes para un arreglo pacífico de la controversia. El 18 de septiembre de 1981, el mismo Estado reiteró la anterior comunicación en similares términos. El CS no tomó ninguna acción con relación a este tema. También fue citado incidentalmente en la 2636ª sesión (12 de diciembre de 1985), sobre la situación en Nicaragua, cuando –hablando sobre las facultades del CS en el arreglo pacífico de controversias– el representante de Madagascar declaró: «el artículo 38 da al Consejo otra posibilidad de intervención». * *

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Aunque el Art.1.1 habla de prevenir amenazas a la paz, la Carta no establece ninguna forma de efectivizar tal prevención. Sin embargo, los órganos de las NU han actuado al respecto. Analizaremos tales casos como una manera de cerrar el estudio del Capítulo VI, aun cuando no guarden relación con ninguno de estos artículos en particular. La AG, mediante su resolución 43/51, aprobó la “Declaración sobre la prevención y la eliminación de controversias y situaciones que puedan amenazar la paz y la seguridad internacionales y sobre el papel de las Naciones Unidas en esa esfera”, la que expresa, entre otras cosas: «Los Estados deberían actuar de manera que prevengan en sus relaciones internacionales el surgimiento o la agravación de controversias o situaciones, en particular cumpliendo de buena fe

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sus obligaciones con arreglo al derecho internacional. A fin de prevenir controversias o situaciones, los Estados deberían desarrollar sus relaciones sobre la base de la igualdad soberana de los Estados y de manera que fortalezcan la eficacia del sistema de seguridad colectiva mediante la aplicación eficaz de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. [...] Los Estados interesados deberían considerar la posibilidad de recurrir a los órganos competentes de las Naciones Unidas con miras a obtener consejos o recomendaciones sobre los medios de prevenir una controversia o situación...». El CS ha tomado algunas medidas relativas a su papel en la prevención de conflictos armados. Así, en la declaración presidencial de 30 de noviembre de 1999 (S/PRST/1999/34) , se expresó lo siguiente: «El Consejo de Seguridad ha examinado, en el marco de su responsabilidad primordial en la esfera del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, su función en la prevención de los conflictos armados. El Consejo hace hincapié en la necesidad de que se respeten y apliquen las normas del derecho internacional, en particular, en este contexto, los relativos a la prevención de los conflictos armados y el arreglo de las controversias por medios pacíficos. [...] El Consejo reconoce la importancia de instaurar una cultura de prevención de los conflictos armados y la necesidad de que todos los órganos principales de las Naciones Unidas contribuyan a este respecto. El Consejo destaca la importancia de una respuesta internacional coordinada a los problemas económicos, sociales, culturales o humanitarios, que a menudo son las causas subyacentes de los conflictos armados. [...] El Consejo reconoce que la alerta temprana, la diplomacia preventiva, el despliegue preventivo, el desarme preventivo y la consolidación de la paz con posterioridad a los conflictos son componentes independientes y complementarios de una estrategia amplia de prevención de los conflictos. El Consejo destaca su compromiso permanente de abordar la prevención de los conflictos armados en todas las regiones del mundo. El Consejo es consciente de la importancia de que se examinen lo antes posible las situaciones que podrían degenerar en conflictos armados. En este contexto, destaca la importancia del arreglo pacífico de las controversias por medios pacíficos, de conformidad con el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo recuerda que las partes en una controversia, cuya prolongación tenga probabilidades de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tienen la obligación de buscar medios pacíficos de arreglo. [...] El Consejo reconoce el vínculo entre la prevención de los conflictos armados, la facilitación del arreglo pacífico de las controversias y el fomento de la seguridad de la población civil, en particular la protección de la vida humana...». En la declaración presidencial de 20 de julio de 2000 (S/PRST/2000/25), además de reiterar lo expuesto, expresó: «El Consejo subraya la necesidad de que se mantengan la paz y la estabilidad a nivel regional e internacional, así como las relaciones de amistad entre todos los Estados, y destaca la imperiosa necesidad humanitaria y moral de prevenir el estallido y la intensificación de los conflictos, al igual que las ventajas económicas que ello entraña. A este respecto, hace hincapié en la necesidad de crear una cultura de la prevención. [...] El Consejo reconoce que la paz no consiste solamente en la ausencia de conflictos sino que requiere además un proceso de participación positivo y dinámico en el que se aliente el diálogo y se resuelvan los conflictos en un espíritu de entendimiento mutuo y cooperación. Teniendo presente que a menudo las causas de los conflictos se generan en las mentes de los hombres, el Consejo exhorta a los Estados Miembros, a los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones pertinentes a que promuevan una cultura de paz. [...] El Consejo recuerda su importante función en el arreglo pacífico de controversias de conformidad con el Capítulo VI de la Carta. Reafirma la importancia del examen por el Consejo de todas aquellas situaciones que puedan degenerar en conflictos armados y de la adopción de medidas de seguimiento en tales casos, según proceda. A este respecto, expresa su voluntad constante de considerar la posibilidad de utilizar misiones del Consejo, con el consentimiento de los países anfitriones, a fin de determinar si una controversia o una situación susceptible de generar fricciones internacionales o de dar lugar a una controversia puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y de formular recomendaciones en cuanto a la adopción de medidas por el Consejo, cuando proceda. [...] El Consejo subraya la importancia del arreglo pacífico de las controversias y recuerda la obligación de las partes en las controversias de procurar activamente una solución pacífica de conformidad con las disposiciones del Capítulo VI de la Carta. El Consejo recuerda la obligación de todos los Estados Miembros de aceptar y aplicar sus decisiones, incluidas las que se relacionan con la prevención de los conflictos armados...». En la resolución 1366 (2001), además de recordar estas declaraciones presidenciales, «Expresa su determinación de perseguir el objetivo de prevenir los conflictos armados como parte integrante de su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales; Destaca que la responsabilidad fundamental de prevenir los conflictos recae en los gobiernos nacionales y que las Naciones Unidas y la comunidad internacional pueden desempeñar una función importante a ese respecto prestando apoyo a las gestiones nacionales para prevenir los conflictos y ayudando a fomentar la capacidad nacional en esa esfera, y reconoce la important e función de apoyo que puede cumplir la sociedad civil a estos fines; [...] Reitera que, para que tenga éxito una

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estrategia de prevención, las Naciones Unidas necesitan el consentimiento y el apoyo del gobierno interesado y, de ser posible, la cooperación de otros agentes nacionales esenciales, y subraya, a este respecto, la necesidad de que los Estados vecinos, los aliados regionales y otros Estados Miembros en condiciones de apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas demuestren una voluntad política sostenida; Expresa su disposición a considerar sin tardanza los casos de alerta temprana o de prevención que señale a su atención el Secretario General y, a este respecto, alienta al Secretario General a que le comunique sus evaluaciones de posibles amenazas a la paz y la seguridad internacionales, teniendo en cuenta las dimensiones regionales y subregionales pertinentes, según corresponda, de conformidad con el Artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas; Se compromete a seguir examinando atentamente las situaciones de conflicto potencial, como parte de una estrategia de prevención de conflictos, y expresa la intención de examinar los casos de conflictos potenciales que señalen a su atención cualquier Estado Miembro, un Estado que no sea miembro de las Naciones Unidas, o la Asamblea General, o sobre la base de la información que le proporcione el Consejo Económico y Social; Expresa su determinación de tomar medidas efectivas cuanto antes para prevenir los conflictos armados y, con ese objeto, de utilizar todos los medios apropiados a su alcance, incluido el envío de misiones, con el consentimiento del Estado receptor o los Estados receptores, a las zonas en que puedan estallar conflictos; [...] Reafirma la función que le corresponde en el arreglo pacífico de controversias y reitera el llamamiento dirigido a los Estados Miembros en el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas para que resuelvan sus controversias por medios pacíficos, incluso por conducto de los mecanismos regionales de prevención y recurriendo con mayor frecuencia a la Corte Internacional de Justicia». En la resolución 1625 (2005), el CS expresó «su determinación de aumentar la eficacia de las Naciones Unidas en la prevención de conflictos armados y de observar atentamente las situaciones que puedan culminar en conflictos armados», y afirmó «su determinación de aumentar la capacidad de las Naciones Unidas para la prevención de conflictos: a) Evaluando periódicamente la situación en las regiones que estén en peligro de conflicto armado y alentando al Secretario General a que le presente información sobre esa situación, de conformidad con el Artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas; b) Promoviendo el seguimiento de las iniciativas de diplomacia preventiva del Secretario General; c) Apoyan do las iniciativas de mediación regionales, en estrecha consulta con las organizaciones regionales y subregionales a que concierna; d) Apoyando la capacidad regional y subregional de alerta temprana para establecer mecanismos apropiados que permitan adoptar medidas oportunas en atención a los indicadores de alerta temprana; e) Solicitando la información y la asistencia necesarias y apropiadas al Consejo Económico y Social, de conformidad con el Artículo 65 de la Carta; f) Adoptando medidas para contribuir a luchar contra el comercio ilícito de armas en todos sus aspectos y la utilización de mercenarios; g) Contribuyendo a realzar instituciones duraderas que promuevan la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible».

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CAPÍTULO VII ACCION EN CASO DE AMENAZAS A LA PAZ, QUEBRANTAMIENTOS DE LA PAZ O ACTOS DE AGRESIÓN Este capítulo –verdadero núcleo de la Carta– contiene la formulación del sistema de seguridad colectiva diseñado por la Carta. Así, atribuye todos los poderes en este ámbito al CS, pudiendo distinguirse tres etapas o fases: 1) la calificación (Art.39); 2) la adopción de recomendaciones o decisiones para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales –y medidas provisionales según el caso– (Art.39 in fine y Art.40); y 3) la adopción de medidas para hacer efectivas sus decisiones (Arts.41 y 42).

Artículo 39 El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá que medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. El artículo contiene dos disposiciones: la primera otorga al CS la posibilidad de calificar una situación como amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, y la segunda le da el poder de hacer recomendaciones o decidir qué medidas deben tomarse “para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”. El acto de calificación que prevé este artículo –para el cual sólo el CS está facultado– es imprescindible para que el CS pueda tomar las medidas que estime pertinentes. Funciona así como la “puerta de entrada” al Cap. VII, lo cual significa que es necesaria esta calificación para la adopción de decisiones que puedan ser consideradas obligatorias en el sentido del Art.25. Es interesante notar los términos en que está formulado, pues dice “determinará” en modo imperativo, de lo que surge que no es sólo una facultad del CS, sino un deber. Ello es así por cuanto es al CS a quien le cabe la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales (v. Art.24), y es lógico que la Carta le imponga el cumplimiento obligatorio de ese deber. Sin embargo, tal cual vimos, la ausencia de control de las decisiones del CS deja librado a su propia apreciación si está ejerciendo o no tal responsabilidad. El artículo prevé tres tipos de calificaciones que el CS puede determinar ante una situación: la amenaza a la paz, el quebrantamiento de la paz y el acto de agresión, ordenados de acuerdo a su gravedad. Esta suerte de escala en cuanto a la gravedad surge, además de la naturaleza misma de cada acto, de lo estipulado en la resolución 50 (1948), sobre la cuestión de Palestina, donde el CS decidió «que la situación existente en Palestina constituye una amenaza a la paz en el sentido del Artículo 39 de la Carta» y declaró «que el no cumplimiento [...] de esta resolución por cualquiera de los Gobiernos o autoridades interesados demostraría la existencia de un quebrantamiento de la paz en el sentido del Artículo 39 de la Carta», de lo cual surge claramente que el “quebrantamiento” es más grave que la “amenaza”. Comencemos entonces por el más grave: la agresión, a la que podemos definir, de acuerdo a la resolución 3314 (XXIX) de la AG (que contiene en su Anexo, la “Definición de la agresión”) como «el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas» (Art.1). Asimismo, el Art.2 establece: «El primer uso de la fuerza armada por un Estado en contravención de la Carta constituirá prueba prima facie de un acto de agresión, aunque el Consejo de Seguridad puede concluir, de conformidad con la Carta, que la determinación de que se ha cometido un acto de agresión no estaría justificada a la luz de otras circunstancias pertinentes, incluido el hecho de que los actos de que se trata o sus consecuencias no son de suficiente gravedad». El Art.3 enumera actos que pueden ser considerados como agresión, en los siguientes términos: «Con sujeción a las disposiciones del artículo 2 y de conformidad con ellas, cualquiera de los actos siguientes, independientemente de que haya o no declaración de guerra, s e caracterizará como acto de agresión: a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aun temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él; b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado; c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado; d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea; e) La utilización de fuerzas arma das de un Estado, que se encuentran en el territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violación de las

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Capítulo VII – Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión

condiciones establecidas en el acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el acuerdo; f) La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado; g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados, o su sustancial participación en dichos actos». Es muy interesante lo que dice el Art.4 en relación con los poderes de calificación del CS: «La enumeración los actos mencionados anteriormente no es exhaustiva y el Consejo de Seguridad podrá determinar qué otros actos constituyen agresión, con arreglo a las disposiciones de la Carta». El Art.5 establece: «Ninguna consideración, cualquiera sea su índole, política, económica, militar o de otro carácter, podrá servir de justificación a una agresión. La guerra de agresión es un crimen contra la paz internacional. La agresión origina responsabilidad internacional. Ninguna adquisición territorial o ventaja especial resultante de una agresión es lícita ni será reconocida como tal». Es necesario distinguir, como lo hace la CDI, entre la agresión por parte de los Estados, a la que se refiere la resolución 3314 (XX IX), y la agresión como crimen individual, a la que se referían el Art.20, inc. b) del “Proyecto de Estatuto de un Tribunal Penal Internacional”, y el Art.16 del “Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad”, y al que se refiere el Art.5, inc. d) del “Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”. Sin embargo, es importante destacar lo que establecía en cuanto a las funciones del CS el Art.23.2 del “Proyecto de Estatuto de un Tribunal Penal Internacional”: «No podrá presentarse con arreglo al presente Estatuto ninguna denuncia relativa a un acto de agresión o directamente relacionada con ese acto sin que el Consejo de Seguridad haya determinado antes que un Estado ha cometido el acto de agresión objeto de la denuncia» y el comentario de la CDI decía: «El párrafo 2 del artículo 23 se refiere al caso concreto de una imputación de agresión. Toda responsabilidad penal de una persona por un acto o crimen de agresión presupone necesariamente que se ha determinado que un Estado ha cometido un acto de agresión y esa determinación correspondería al Consejo de Seguridad actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta» (A/49/10); ello confirma las facultades exclusivas del CS en cuanto a la calificación de una situación, al menos, como agresión. Aunque el Art.5, inc. d) del Estatuto de Roma ubica a la agresión como un crimen de competencia de la CPI, el párrafo 2 de ese artículo establece: «La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas»; la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma creó un Grupo de Trabajo sobre el crimen de agresión, para poder hacer efectiva la jurisdicción de la CPI sobre ese crimen, y es interesante destacar que algunas de las propuestas del Grupo de Trabajo, así como la últ ima parte del Art.5 del Estatuto, parecen estar de acuerdo con lo que establecía el Art.23.2 del Proyecto de la CDI en cuanto a las facultades exclusivas y excluyentes del CS en la determinación de la agresión. Sin embargo, y quizás teniendo en cuenta estas nociones de culpabilidad que el término entraña, el CS nunca calificó expresamente una situación como acto de agresión. Decimos que no lo hizo expresamente porque en varias oportunidades se refirió a esta clase de actos, mas en términos que no podemos considerar como un acto de calificación. Así, en la resolución 387 (1976) condenó «la agresión de Sudáfrica contra la República Popular de Angola»; en la resolución 411 (1977), condenó «enérgicamente al régimen ilegal de la minoría racista de Rhodesia del Sur por sus recientes actos de agresión contra la República Popular de Mozambique» y declaró «solemnemente que esos actos de agresión [...] constituyen un serio agravamiento de la situación en la región»; en la resolución 455 (1979) condenó «enérgicamente a régimen ilegal de la colonia británica de Rhodesia del Sur por sus actos continuos, intensificados y no provocados de agresión contra la República de Zambia, que constituyen una violación abierta de la soberanía y la integridad territorial de Zambia»; en la resolución 507 (1982) condenó «enérgicamente la agresión de mercenarios contra la República de Seychelles»; en la resolución 522 (1987) condenó «enérgicamente al régimen de apartheid de Sudáfrica por su acto agresivo premeditado contra el Reino de Lesotho, que constituye una violación flagrante de la soberanía y la integridad territorial de ese país»; en la resolución 568 (1985) condenó «enérgicamente el reciente ataque militar no provocado e injustificado de Sudáfrica contra la capital de Botswana por constituir un acto de agresión contra ese país y una violación flagrante de su integridad territorial y su soberanía nacional»; en la resolución 611 (1988) condenó «enérgicamente la agresión perpetrada el 16 de abril de 1988 [por Israel] contra la soberanía y la integridad territorial de Túnez en patente violación de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho y de las normas de conducta internacionales», y se mostró «profundamente preocupado por este acto de agresión, que constituye una amenaza grave y reiterada contra la paz, la seguridad y la estabilidad en la región del Mediterráneo»; en la resolución 667 (1990) condenó «enérgicamente los actos de agresión perpetrados por el Iraq contra los locales diplomáticos en Kuwait». Como podemos ver, de los textos de tales resoluciones no se puede concluir que el CS utilizó el término

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“agresión” en el sentido del artículo 39, sino más bien, como sinónimo de “ataque”; ello se ve con claridad en el caso de la resolución 611 (1988), en la que calificó ese acto como amenaza a la paz, y en la resolución 667 (1990), cuando ya había previamente calificado la situación entre el Iraq y Kuwait como un quebrantamiento de la paz (S/RES/660 [1990]). Recordamos aquí que –como vimos en el comentario al Art.12– la AG ha calificado, en ejercicio de las facultades conferidas por la resolución 377 (V) algunos actos como agresión (v. Art.12), mas tal calificación no trae los efectos que estamos estudiando. Un quebrantamiento de la paz puede ser definido como cualquier uso de la fuerza incompatible con los principios de las Naciones Unidas que no reúna las condiciones para ser considerado como un acto de agresión. Debemos destacar que la noción es amplia y abarca aún los supuestos de agresión, ya que el Art.1.1 se refiere a “suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz”, de lo cual se infiere que la “agresión” es en realidad una especie del “quebrantamiento”. Sólo en cuatro ocasiones el CS determinó que existía un quebrantamiento de la paz, incluso en situaciones (como la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur o la invasión del Iraq a Kuwait) que por su naturaleza correspondía determinar como actos de agresión. La escasez de casos puede explicarse ya que, por las graves consecuencias que ello acarrea, no existió en los miembros del CS la voluntad política necesaria. Así, en la resolución 82 (1950), decidió que el ataque de las fuerzas de Corea del Norte a la República de Corea «constituye un quebrantamiento de la paz»; en la resolución 502 (1982) declaró «que existe un quebrantamiento de la paz en la región de las Islas Malvinas»; en la resolución 598 (1987) declaró «que existe un quebrantamiento de la paz en lo concerniente al conflicto entre el Irán y el Iraq»; finalmente, en la resolución 660 (1990) determinó «que, a causa de la invasión de Kuwait por el Iraq, existe un quebrantamiento de la paz y la seguridad internacionales». Por último, una amenaza de la paz es un concepto amplio (vago, según parte de la doctrina), lo cual conlleva que las facultades del CS al momento de calificar una situación como tal también sean amplias, por lo que puede tratarse de la ruptura de hostilidades, conflictos internos que por su gravedad afecten a países vecinos, la declaración de independencia por un régimen ilegal (S/RES/217 [1965]), el colonialismo (S/RES/290 [1970]), la adquisición por un Estado de armamento (S/RES/418 [1977]), las acciones militares de grupos independentistas (S/RES/864 [1993]), el incumplimiento de resoluciones anteriores (S/RES/748 [1992], S/RES/1054 [1996], S/RES/1267 [1999]), una grave crisis humanitaria, (S/RES/1078 [1996]), el terrorismo (S/RES/1368 [2001] y S/RES/1373 [2001], con la particularidad destacable que esta última contiene una calificación in abstracto, es decir, no referida a ninguna situación particular, lo cual significa que se calificó al terrorismo en forma genérica y no un atentado en particular como una amenaza a la paz, siendo el primer caso de este tipo en la práctica del CS), entre otras. El CS utilizó en la práctica distintas formas de cal ificar amenazas a la paz; así, en la resolución 54 (1948), sobre la cuestión de Palestina, utilizó los siguientes términos: «Decide que la situación existente en Palestina constituye una amenaza a la paz»; en la 161 (1961), sobre la cuestión del Congo, «Gravemente preocupado por el continuo empeoramiento de la situación en el Congo y por la existencia de condiciones que ponen en peligro la paz y el orden, así como la unidad y la integridad territorial del país, y constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales»; en la 217 (1965), sobre la situación en Rhodesia del Sur, «Determina que la situación originada por la proclamación de independencia hecha por las autoridades ilegales de Rhodesia es extremadamente grave [...] y que su continuación en el tiempo constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales»; en la 232 (1966), sobre la misma cuestión, «Resuelve que la actual situación en Rhodesia del Sur constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales»; en la 290 (1970), sobre la denuncia de Guinea, «Declara que la presencia del colonialismo portugués en el continente africano es una seria amenaza para la paz y la seguridad de los Estados africanos independientes»; en la 353 (1974), sobre la situación en Chipre, «Gravemente preocupado por la situación, que ha dado lugar a una seria amenaza para la paz y la seguridad internacionales»; en la 418 (1977), sobre la cuestión de Sudáfrica, «Determina, en relación con la política y los actos del Gobierno de Sudáfrica, que la adquisición por Sudáfrica de armas y material conexo constituye una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales»; en la 447 (1979), sobre la denuncia de Angola contra Sudáfrica, «Condena enérgicamente al régimen racista de Sudáfrica por sus premeditadas, persistentes y sostenidas invasiones armadas en la República Popular de Angola, que constituyen una manifiesta violación de la soberanía y de la integridad territorial de ese país, así como una amenaza grave para la paz y la seguridad internacionales»; en la 713 (1991), sobre la situación en Yugoslavia, «Preocupado por el hecho de que la persistencia de esta situación constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales» (en los mismos términos, mutatis mutandis, la resolución 733 [1992], sobre la situación en Somalia); en la 748 (1992), sobre Libia, «Determinando, en este contexto, que el hecho de que el Gobierno de Libia no demuestre mediante acciones concretas su renuncia al terrorismo y, en particular, el hecho de que continúe sin responder completa y efectivamente a las peticiones formuladas en la resolución 731 (1992) constituyen una amenaza para la paz y la seguridad

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Capítulo VII – Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión

internacionales»; en la 757 (1992), sobre la situación en Bosnia y Herzegovina, «Determinando que la situación en Bosnia y Herzegovina y en otras partes de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia constituye una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales»; en la resolución 788 (1992), sobre la situación en Liberia, «Declarando que el deterioro de la situación en Liberia constituye una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales, particularmente en el África Occidental en su conjunto»; en la 841 (1993), sobre la cuestión de Haití, «Determinando que, en estas circunstancias singulares y excepcionales, la continuación de esta situación amenaza a la paz y seguridad internacionales»; en la 858 (1993), sobre la situación en Georgia, «Afirmando que la continuación del conflicto en Georgia constituye una amenaza para la paz y la estabilidad en la región»; en la 864 (1993), sobre la situación en Angola, «Habiendo determinado que, como resultado de las acciones militares de la Unión Nacional, la situación en Angola constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales»; en la 918 (1994), sobre la situación en Rwanda, «Declarando que la situación en Rwanda constituye una amenaza a la paz y la seguridad en la región»; en la 1037 (1996), sobre la situación en Croacia, «Habiendo determinado que la situación en Croacia sigue constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad internacionales»; en la 1054 (1996), sobre Sudán, «Declarando que el hecho de que el Gobierno del Sudán no haya atendido a las peticiones formuladas en el párrafo 4 de la resolución 1044 (1996) constituye una a menaza a la paz y la seguridad internacionales»; en la 1078 (1996), sobre la situación en la región de los Grandes Lagos, «Habiendo determinado que la magnitud de la actual crisis humanitaria en el Zaire oriental constituye una amenaza para la paz y la seguridad en la región»; en la 1101 (1997), sobre la situación en Albania, «Habiendo determinado que la actual situación de crisis en Albania constituye una amenaza para la paz y la seguridad de la región»; en la 1132 (1997), sobre la situación en Sierra Leona, «Habiendo determinado que la situación en Sierra Leona constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales en la región» (en los mismos términos, mutatis mutandis, la resolución 1125 [1997], sobre la situación en la República Centroafricana); en la 1199 (1998), sobre la situación en Kosovo, «Afirmando que el deterioro de la situación en Kosovo (República Federativa de Yugoslavia) constituye una amenaza para la paz y la seguridad en la región»; en la 1227 (1999), sobre la situación entre Eritrea y Etiopía, «Destacando que la situación entre Etiopía y Eritrea constituye una amenaza para la paz y la seguridad»; en la 1234 (1999), sobre la situación en la República Democrática del Congo, «Subrayando que el conflicto actual en la República Democrática del Congo plantea una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región»; en la 1264 (1999), sobre la situación en Timor Oriental, «Habiendo determinado que la situación actual en Timor Oriental constituye una amenaza a la paz y la seguridad»; en la 1267 (1999), sobre la situación en el Afganistán, «Habiendo determinado que el hecho de que las autoridades talibanes no hayan respondido a las exigencias formuladas en el párrafo 13 de la resolución 1214 (1998) constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales»; en la 1368 (2001), sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales creadas por los actos de terrorismo, «considera [...] que cualquier acto de terrorismo internacional, constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales»; en la 1464 (2003), sobre la situación en Côte d’Ivoire, «Observando que la estabilidad de Côte d’Ivoire está en peligro y considerando que la situación imperante en Côte d’Ivoire constituye una amenaza para la paz y la seguridad en internacionales en la región»; en la 1529 (2004), sobre la situación en Haití, «Declarando que la situación en Haití constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, así como para la estabilidad del Caribe»; en la 1545 (2004), sobre la situación en Burundi, «Observando de que subsisten obstáculos a la estabilidad de Burundi y determinando que la situación en ese país sigue constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad internacionales en la región»; en la 1556 (2004), sobre la situación en el Sudán, «Determinando que la situación en el Sudán constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y para la estabilidad en la región»; en la 1636 (2005), sobre el asesinato de Rafiq Hariri en el Líbano, «Determinando que este acto terrorista y sus consecuencias constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales»; en la 1701 (2006), sobre la situación en el Líbano, «Determinando que la situación en el Líbano constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacion ales»; en la 1718 (2006), sobre la no proliferación en la República Popular Democrática de Corea, «Expresando profunda preocupación por cuanto el ensayo anunciado por la República Popular Democrática de Corea ha generado un aumento de la tensión en la región y más allá de ella, determinando en consecuencia que existe una clara amenaza a la paz y la seguridad internacionales». Sin embargo, no significa necesariamente que la calificación deba ser expresa, admitiéndose en ciertas circunstancias una calificación “implícita”, como por ejemplo, cuando se invoca directamente el Capítulo VII, lo cual deja igualmente abierta la posibilidad de tomar las decisiones que éste contempla; el ejemplo más acabado de medidas tomadas sin la calificación previa lo constituye la cuestión de Namibia, en la cual el CS llegó a imponer sanciones a Sudáfrica (v. Art.41) sin invocar ninguno de los tipos previstos en el artículo 39, sino que lo hizo «Consciente de las responsabilidades especiales de las Naciones Unidas para con el pueb lo y el Territorio de Namibia». Recordemos también que el CS no suele invocar el artículo en virtud del cual actúa, sin embargo, si

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utiliza los términos en el contemplados, es decir, si realiza una acto de calificación en tal sentido, es evidente que estará actuando en virtud del Art.39, y por ende, del Capítulo VII. Más problemas de interpretación encontramos cuando el CS utiliza términos que no coinciden con los tres tipos establecidos en el artículo; así, en la resolución 181 (1963), sobre la cuestión de l apartheid, se mostró «Convencido de que la situación en Sudáfrica está perturbando gravemente la paz y la seguridad internacionales» (en similares términos, S/RES/311 [1972], sobre la misma cuestión y S/RES/312 [1972], sobre los territorios bajo administración portuguesa); en la 218 (1965), sobre los territorios bajo administración portuguesa, afirmó «que la situación resultante de la política portuguesa, en lo que respecta tanto a la población africana de sus colonias como a los Estados limítrofes, perturba seriamente la paz y la seguridad internacionales»; en la 265 (1969), sobre la situación en el Oriente Medio, se mostró «Gravemente preocupado por el empeoramiento de la situación que pone en peligro la paz y la seguridad en la región»; en la 268 (1969), sobre la denuncia de Zambia, se mostró «Gravemente preocupado porque los incidentes de esta naturaleza ponen en peligro la paz y la seguridad internacionales»; en la 273 (1969), sobre la denuncia del Senegal, se manifestó «Gravemente preocupado porque los incidentes de esta índole comprometen la paz y la seguridad internacionales» (en similares términos, S/RES/275 [1969], sobre la denuncia de Guinea); en la 481 (1981), sobre la denuncia del Iraq, se mostró «Profundamente preocupado por el peligro para la paz y la seguridad internacionales creado por el premeditado ataque aéreo israelí contra las instalaciones nucleares del Iraq»; en la 546 (1984), sobre la denuncia de Angola contra Sudáfrica, condenó «enérgicamente a Sudáfrica por haber reanudado e intensificado, sin provocación y con premeditación, el bombardeo de varias partes del territorio de Angola y por continuar ocupándolas, lo cual constituye una violación flagrante de la soberanía y la integridad territorial de ese país y pone gravemente en peligro la paz y la seguridad internacionales»; en la 552 (1984), sobre los ataques contra buques comerciales en la ruta hacia Arabia Saudita y Kuwait, se mostró «Convencido de que esos ataques constituyen una amenaza para la seguridad y la estabilidad en la zona y tienen graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales»; en la 822 (1993), sobre la situación en Nagorno-Karabaj, se manifestó «Preocupado porque esta situación pone en peligro la paz y la seguridad en la región». Ninguna de estas resoluciones pueden ser consideradas calificaciones en el sentido de este artículo, ya fueron realizadas en la época de la Guerra Fría (salvo la última) con el claro propósito de impedir que, pese a que el CS realizara una condena política de la situación, pudiera actuar en el marco del Cap. VII. Ello explica además por qué en ese período histórico hubo tan pocas calificaciones. Sin embargo, aún después de finalizada la Guerra Fría, aún existen situaciones que, debido a los intereses de las grandes potencias, no son calificadas como amenazas a la paz pese a la gravedad que presentan; ejemplo de ello es la resolución 822 (1993), citada supra, o el conflicto de Medio Oriente, cuya única calificación expresa data de 1948, pese a que desde esa fecha se suscitaron tres guerras e innumerables enfrentamientos de diversa magnitud. En la actualidad tenemos un nuevo caso que puede considerarse como calificación implícita, ya que en las resoluciones 1696 (2006) y 1737 (2006) sobre la no proliferación en Irán, el CS invocó el Cap. VII sin realizar determinación alguna, sólo se mostró «Preocupado por el riesgo de proliferación que entraña el programa nuclear de la República Islámica del Irán, consciente de que en virtud de la Carta de las Naciones Unidas le incumbe la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales», pero tomó medidas de los Arts. 40 y 41. Para finalizar con la cuestión relativa a la calificación, debemos aclarar que los poderes del CS son discrecionales en el sentido de determinar que una situación cae bajo uno u otro de los tipos del artículo 39, siendo su único límite –como vimos– los “propósitos y principios de las Naciones Unidas” (v. Art.24). Una vez calificada la situación, el CS procederá conforme lo establece la última parte del artículo, cuya redacción es poco feliz, pues pareciera decir que deberá decidir directamente las medidas de los Arts. 41 y 42, cuando en realidad el proceso es de la siguiente manera: primero adopta las recomendaciones o decisiones que considera más adecuadas para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales, sólo en el caso en que estas no sean cumplidas, entrarán en juego los artículos mencionados (v. Arts. 41 y 42). Estas recomendaciones o decisiones (cuyo cumplimiento es obligatorio, Art.25) varían según el caso, y pueden ser, entre muchas otras: iniciar o reanudar negociaciones (S/RES/54 [1948], S/RES/353 [1974], S/RES/660 [1990], S/RES/864 [1993], S/RES/1199 [1998], S/RES/1227 [1999], S/RES/1556 [2004]); el retiro de fuerzas extranjeras de un territorio (S/RES/82 [1950], S/RES/353 [1974], S/RES/502 [1982], S/RES/660 [1990], S/RES/1234 [1999], S/RES/1701 [2006]), declarar ilegal un régimen y considerar nula una declaración de independencia (S/RES/217 [1966]), poner fin a toda intervención militar extranjera (S/RES/353 [1974]), buscar una solución diplomática (S/RES/502 [1982]), cooperar con la mediación del SG (S/RES/598 [1987]), cumplir acuerdos preexistentes (S/RES/858 [1993], S/RES/1037 [1996], S/RES/1464 [2003], S/RES/1545 [2004]), cumplir resoluciones de otros órganos u organismos regionales (S/RES/841 [1993]), renunciar al terrorismo y entregar a sospechosos de atentados terroristas (S/RES/1054 [1996], S/RES/1267 [1999], S/RES/1636 [2005]), respetar la soberanía y la

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integridad territorial de los Estados, así como no intervenir en sus asuntos internos (S/RES/1078 [1996], S/RES/1234 [1999], S/RES/1636 [2005]), facilitar la prestación de ayuda humanitaria (S/RES/1078 [1996], S/RES/1101 [1997], S/RES/1234 [1999], S/RES/1264 [1999], S/RES/1556 [2004]), poner fin a los actos de violencia (S/RES/1101 [1997], S/RES/1132 [1997], S/RES/1264 [1999]), restaurar un gobierno democrático (S/RES/1132 [1997]), tomar medidas para mejorar la situación humanitaria (S/RES/1199 [1998]), respetar los derechos humanos y el derecho humanitario (S/RES/1227 [1999], S/RES/1234 [1999], S/RES/1529 [2004], S/RES/1545 [2004]), permitir el regreso de refugiados y desplazados (S/RES/1545 [2004]), suspender actividades vinculadas al desarrollo o posible desarrollo de armas de destrucción masiva (S/RES/1718 [2006] y S/RES/1737 [2006]), apoyar una cesación permanente de las hostilidades mediante el cumplimiento de determinados principios (S/RES/1701 [2006]).

Artículo 40 A fin de evitar que la situación se agrave, el Consejo de Seguridad, antes de hacer las recomendaciones o decidir las medidas de que trata el Artículo 39, podrá instar a las partes interesadas a que cumplan con las medidas provisionales que juzgue necesarias o aconsejables. Dichas medidas provisionales no perjudicarán los derechos, las reclamaciones o la posición de las partes interesadas. El Consejo de Seguridad tomará debida nota del incumplimiento de dichas medidas provisionales. Las medidas provisionales que decida el CS en virtud de este artículo deben reunir condiciones de oportunidad: “antes de hacer las recomendaciones o decidir las medidas” del Art.39; de objeto: “evitar que la situación se agrave” (este agravamiento puede deberse a riesgos de dos tipos, los que pueden emerger de la situación y del comportamiento de las partes, y los que pueden surgir de la demora propia de la toma de decisiones en el procedimiento del CS); y deben ser imparciales: “no perjudicarán los derechos, las reclamaciones o la posición de las partes interesadas”, lo cual significa, de acuerdo a la práctica del CS, que tales medidas no serán necesariamente parte del arreglo final de la cuestión. Según la doctrina, las características de estas medidas son: instrumentalidad, en tanto no responden a un fin independiente, sino a evitar que la situación se agrave; brevedad en los procedimientos; urgencia de respuesta frente al desarrollo de la situación; secundariedad, en tanto las medidas provisionales dependen sustancial y procedimentalmente de la cuestión principal; cautelaridad, en tanto la medida busca evitar los riesgos que importa la demora en la adopción de medidas sobre el fondo; anticipatoriedad, ya que se pronuncian “antes de hacer las recomendaciones o adoptar las medidas” del Art.39; provisionalidad, ya que las medidas son transitorias y no perjudican “los derechos, las reclamaciones o la posición de las partes”; sancionabilidad particular de su incumplimiento en el marco del Cap. VII, ya que, a diferencia del incumplimiento de las recomendaciones o decisiones del Art.39, que lleva a las medidas de los Arts. 41 y 42, la no observancia de las medidas provisionales sólo será tomada en debida cuenta por el CS, tal cual lo establece la parte final del artículo: “El Consejo de Seguridad tomará debida nota del incumplimiento de dichas medidas provisionales”. La doctrina ha discutido si el dictado de las medidas provisionales implica automáticamente el reconocimiento de que una situación cae bajo uno de los tres tipos del Art.39 o si dada la provisionalidad de la medida no puede constituir una situación jurídica nueva ni anticipar los efectos de otra situación. La práctica ha puesto en evidencia que, en la mayoría de los casos, el CS primero ha pronunciado la determinación con arreglo al Art.39, y, en base a ella, ha adoptado medidas provisionales. Tradicionalmente, estas medidas han sido dos: la cesación de las hostilidades y la creación de una zona neutralizada bajo control internacional. En algunas resoluciones el CS adoptó medidas provisionales citando expresa o implícitamente el artículo 40. Así, en la resolución 54 (1948), sobre la cuestión de Palestina, ordenó «A los Gobiernos y autoridades interesados, en cumplimiento del Artículo 40 de la Carta de las Naciones Unidas, que desistan de realizar más actividades bélicas y que, con este fin, den órdenes de cesar el fuego a sus fuerza militares y paramilitares»; en la resolución 61 (1948), sobre la misma cuestión, instó «a los Gobiernos interesados, sin perjuicio de sus derechos, reclamaciones y posición en lo que respecta a un arreglo pacífico de la situación futura de Palestina, ni de la posición que puedan adoptar en la Asamblea General los Miembros de las Naciones Unidas sobre dicho arreglo pacífico: 1) A retirar sus fuerzas militares a las posiciones que ocupaban el 14 de octubre, autorizando al Mediador Interino para establecer una frontera provisional más allá de la cual no podrán efectuarse movimientos de tropas; 2) A establecer, mediante negociaciones directas entre las partes, o en el cado de que éstas fracasaren, por medio de intermediarios al servicio de las Naciones Unidas, líneas

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permanentes de tregua y las zonas neutrales o desmilitarizadas que se estimen necesarias para asegurar en adelante el total cumplimiento de la tregua en aquella zona. En caso de no poderse llegar a un acuerdo se establecerán las líneas permanentes y las zonas neutrales por decisión del Mediador Interino»; en la resolución 62 (1948), sobre la misma cuestión, invitó «a las partes directamente implicadas en el conflicto de Palestina a tratar inmediatamente de alcanzar, como nueva medida provisional conforme al Artículo 40 de la Carta, un acuerdo inmediato, mediante negociaciones entabladas ya sea directamente o por conducto del Mediador Interino para Palestina, con miras a la conclusión inmediata de un armisticio que establezca en particular: a) El trazado de líneas de demarcación permanentes que las fuerzas armadas de las partes respectivas no deberán franquear; b) Las medidas de retiro y reducción de estas fuerzas armadas que garanticen el mantenimiento del armisticio durante el período de transición que habrá de llevar a una paz permanente en Palestina»; en la resolución 598 (1987), sobre la situación entre el Irán y el Iraq, «Actuando de conformidad con los Artículos 39 y 40 de la Carta», exigió «que, como primera medida para llegar a un arreglo negociado, la República Islámica del Irán y el Iraq observen una cesación inmediata del fuego, suspendan todas las actividades militares por tierra, mar y aire, y retiren sin demora todas las fuerzas hasta los límites internacionalmente reconocidos»; en la resolución 660 (1990), sobre la situación entre el Iraq y Kuwait, «Actuando de conformidad con los Artículos 39 y 40 de la Carta de las Naciones Unidas», exigió «que el Iraq retire inmediata e incondicionalmente todas sus fuerzas a las posiciones en que se encontraban el 1º de agosto de 1990» (aunque, en realidad, esta medida correspondería enmarcarla entre las decisiones tomadas en virtud del Art.39); en la resolución 1696 (2006), sobre la no proliferación en Irán, «Actuando con arreglo al Artículo 40 del Capítulo VII de la Carta a fin de hacer obligatoria la suspensión requerida por el Organismo [Internacional de Energía Atómica] », exigió «que la República Islámica del Irán suspenda todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento y reprocesamiento, incluidas las de investigación y desarrollo, medida que verificará el Organismo». En otras resoluciones en las que dictó medidas que por su naturaleza son provisionales, aunque no invocó el artículo 40, citó expresamente el Cap.VII o realizó un acto de determinación en el sentido del Art.39. Así, en la resolución 82 (1950), sobre el cargo de agresión contra la República de Corea, después de calificar el ataque como un quebrantamiento de la paz, pidió «la inmediata cesación de las hostilidades»; en la resolución 161 (1961), sobre la cuestión del Congo, luego de calificar la situación como una amenaza para la paz, instó «a las Naciones Unidas a que adopten inmediatamente todas las medidas apropiadas para impedir que se produzca una guerra civil en el Congo, inclusive arreglos para la cesación del fuego, la suspensión de las actividades militares, la prevención de los choques»; en la resolución 353 (1974), sobre la situación en Chipre, en la que calificó la situación como una amenaza para la paz, instó «a todas las partes en la actual lucha a que, como primera medida, cesen totalmente el fuego»; en la resolución 502 (1982), sobre la situación en las Islas Malvinas, tras declarar que existía un quebrantamiento de la paz, exigió «la cesación inmediata de las hostilidades»; en la resolución 733 (1992), sobre la situación en Somalia, luego de calificar la situación como amenaza a la paz, instó «encarecidamente a todas las partes en el conflicto a que pongan fin a las hostilidades inmediatamente y acuerden una cesación del fuego»; en la resolución 918 (1994), sobre la situación en Rwanda, a la cual calificó como amenaza a la paz, exigió «que todas las partes en el conflicto pongan fin inmediatamente a las hostilidades, convengan en una cesación del fuego y pongan término a la violencia y la carnicería insensatas en que está sumida Rwanda»; en la resolución 1078 (1996), sobre la situación en la región de los Grandes Lagos, después de calificarla como una amenaza a la paz, pidió «una cesación inmediata del fuego y la cesación completa de las hostilidades en la región»; en la resolución 1199 (1998), sobre la situación en Kosovo, calificó la situación como una amenaza para la paz y pidió «que todas las partes, grupos e individuos cesen inmediatamente las hostilidades y mantengan una cesación del fuego en Kosovo (República Federativa de Yugoslavia), lo que aumentaría las perspectivas de un diálogo significativo entre las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia y los dirigentes albaneses de Kosovo y reduciría los riesgos de una catástrofe humanitaria»; en la resolución 1227 (1999), sobre la situación entre Eritrea y Etiopía, luego de calificarla como una amenaza para la paz, exigió «el cese inmediato de las hostilidades, en particular el empleo de ataques aéreos»; en la resolución 1234 (1999), sobre la situación en la República Democrática del Congo, la calificó como una amenaza a la paz y exigió «la cesación inmediata de las hostilidades»; en la resolución 1701 (2006), sobre la situación en el Oriente Medio, pidió, luego de calificar la situación como una amenaza a la paz, «una cesación total de las hostilidades basada, en particular, en la cesación inmediata por Hizbollah de todos los ataques y en la cesación inmediata por Israel de todas las operaciones militares ofensivas». Además de las reseñadas, en los últimos años el CS recomendó distintos tipos de medidas provisionales. Por ejemplo, en la resolución 824 (1993), sobre la situación en Bosnia y Herzegov ina, declaró «que Sarajevo, la capital de la República de Bosnia y Herzegovina, y otras ciudades amenazadas, en particular las ciudades de Tuzla, Zepa, Gorazde, Bihac y Srebrenica y sus

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alrededores, deberían ser tratadas como zonas seguras por todas las partes interesadas y deberían permanecer libres de ataques armados y de cualquier otro acto hostil» y «que en esas zonas seguras se debería observar lo siguiente: a) La cesación inmediata de los ataques armados o de cualquier acto hostil contra esas zonas seguras y, bajo la vigilancia de observadores militares de las Naciones Unidas, la retirada de esas ciudades de todas las unidades militares o paramilitares serbias de Bosnia a una distancia desde la cual dejen de constituir una amenaza para su seguridad y la de sus habitantes» (en cuanto a la naturaleza y fin de estas zonas seguras, en la resolución 836 [1993], el CS afirmó «que esas zonas seguras constituyen una medida provisional y que el objetivo primordial sigue siendo eliminar las consecuencias de la utilización de la fuerza y permitir que todas las personas desplazadas de sus hogares en Bosnia y Herzegovina regresen a ellos en paz»; en la resolución 981 (1995), sobre la situación en Croacia, decidió «establecer bajo su autoridad la Operación de las Naciones Unidas para el Restablecimiento de la Confianza en Croacia, que se denominará ONURC» y «que la ONURC sea un arreglo provisional para crear condiciones que conduzcan a un arreglo negociado que sea consecuente con la integridad territorial de la Repúbl ica de Croacia y que garantice la seguridad y los derechos de todas las comunidades que vivan en una zona determinada de la República de Croacia, independientemente de que constituyan mayoría o minoría en esa zona»; en la resolución 986 (1995), sobre la situación entre el Iraq y Kuwait, decidió establecer el programa “Petróleo por Alimentos”, consagrando algunas exenciones a las sanciones impuestas al Iraq (v. Art.41) con el expreso propósito de «satisfacer las necesidades humanitarias de la población iraquí» (su naturaleza quedó expresada en una carta del Presidente del CS al SG [S/1995/507], al considerar que «representa una medida temporal para atender a las necesidades humanitarias del pueblo iraquí»). Parte de la doctrina considera que algunos embargos de armas pueden constituir medidas provisionales; por una cuestión práctica, todos los embargos de armas se estudiarán en el Art.41. Sin embargo, en algunos casos se recomendaron medidas similares sin invocar expresa ni implícitamente el Art.40, ni el Cap.VII, y sin calificación previa; así, en la resolución 21 (1947), sobre la cuestión de Indonesia, invitó a las partes «a cesar inmediatamente las hostilidades», lo cual fue interpretado por algunas delegaciones como una aplicación del artículo 40, pero negado por otras, según las cuales debía ser considerada en el ámbito del Cap.VI; en la resolución 80 (1950), sobre la cuestión India-Paquistán, invitó «a los Gobiernos de la India y el Pakistán a que, sin perjuicio de sus derechos y títulos, y prestando la debida atención a las exigencias del mantenimiento de la ley y el orden, preparen y ejecuten [...] un programa de desmilitarización», donde podemos observar términos similares a los del artículo 40, mas, al no existir calificación expresa ni en esa ni en ninguna otra resolución, nos inclinamos a considerarla en el ámbito del Cap.VI; existen otros casos, enunciados en los volúmenes pertinentes del “Repertorio de la práctica seguida por los órganos de las Naciones Unidas”, en los cuales, si bien se trata de medidas provisionales destinadas a evitar el agravamiento de una situación, no pueden ser consideradas en el ámbito del artículo 40, sino más bien, dentro del Cap.VI, Arts. 36 y 37 (v. en el comentario al Art.36 los casos en que el CS recomendó a las partes abstenerse de medidas que pudieran agravar la controversia o situación). En lo que respecta a la última parte del artículo, el CS ha tomado diversos tipos de acción: ha recordado a las partes su obligación de cumplir las medidas y reafirmado anteriores resoluciones que instaban al cumplimiento de medidas (por ejemplo, S/RES/32 [1947], S/RES/36 [1947], S/RES/63 [1948], S/RES/67 [1949], sobre la cuestión de Indonesia –sin perjuicio de las objeciones referidas supra–; S/RES/56 [1948], S/RES/59 [1948], sobre la cuestión de Palestina; S/RES/354 [1974], S/RES/357 [1974], S/RES/358 [1974], sobre la situación en Chipre); ha instado a las partes interesadas a cumplir, no sólo decisiones anteriores, sino también las medidas adicionales que consideró necesarias (por ejemplo, S/RES/32 [1947], S/RES/36 [1947], S/RES/67 [1949], sobre la cuestión de Indonesia –sin perjuicio de las objeciones referidas supra–; S/RES/61 [1948], S/RES/66 [1948], S/RES/73 [1949], S/RES/92 [1951], S/RES/93 [1951], S/RES/95 [1951], sobre la cuest ión de Palestina; S/RES/169 [1961], sobre la cuestión del Congo; S/RES/751 [1992], sobre la situación en Somalia); ha mencionado la posibilidad de tomar nuevas medidas o acciones en virtud de la Carta (citando a veces el Cap.VII) en el caso de que las partes no cumplan con las medidas establecidas (por ejemplo, S/RES/54 [1948], S/RES/61 [1948], S/RES/111 [1956], S/RES/113 [1956], sobre la cuestión de Palestina; S/RES/353 [1974], S/RES/357 [1974], sobre la situación en Chipre; S/RES/598 [1987], sobre la situación entre el Irán y el Iraq; S/RES/660 [1990], sobre la situación entre el Iraq y Kuwait; S/RES/1199 [1998], sobre la situación en Kosovo); en otros casos, directamente tomó las medidas del Art.41 (v. Art.41).

Artículo 41 El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para 141

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hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas. Recomendadas o decididas las medidas que deben adoptarse (de conformidad con el Art.39), si no son respetadas, el CS puede decidir cómo efectivizarlas, como lógica consecuencia de la imperatividad de sus decisiones (Art.25), pues de nada serviría tener el poder de tomar decisiones obligatorias si no estuviera facultado para hacerlas cumplir (con las limitaciones propias del sistema, pues recordemos, la ONU no es un “gobierno mundial”). Este artículo establece aquéllas medidas que no implican el uso de la fuerza armada. La enumeración no es taxativa (“podrán comprender”, dice el artículo), ya que el CS puede decidir cualquier otra medida que no implique el uso de la fuerza y que considere adecuada, teniendo como límite lo establecido por el Art.24.2, es decir, los propósitos y principios de las NU. Estas medidas, según la doctrina, implican una doble función: por una parte, forzar al infractor a ajustar su conducta a derecho y, al mismo tiempo, lograr el cumplimiento de la resolución o resoluciones violadas. Aunque el artículo dice que “podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas”, generalmente el CS utiliza el verbo “decide”, lo cual significa que tales medidas son de cumplimiento obligatorio (Art.25) para los Miembros y –en algunos casos– también para los Estados que no son miembros (Art.2.6). Y ello es así por cuanto la cooperación de los miembros es fundamental para poner en práctica las decisiones del CS, tal cual ser verá en el Art.48. Podría plantearse la cuestión –como ocurrió en el seno del CS– de si es necesario para aplicar las medidas de este artículo previamente haber calificado la situación conforme al Art.39. La práctica es uniforme en el sentido afirmativo, ya que en casi todos los casos (excepto sobre la situación en Namibia, como se vio en el Art.39), el CS impuso estas medidas después de haber determinado (en la misma resolución o en una anterior) que existía una amenaza o un quebrantamiento de la paz. Distinta ha sido la cuestión de la invocación expresa del artículo, la cual se ha dado en forma más bien escasa, pues sólo se dio en las resoluciones 232 (1966) y 277 (1970), sobre la situación en Rhodesia del Sur, y en las resoluciones 1718 (2006) y 1737 (2006), sobre la no proliferación, ya que en el resto de los casos, sólo se invocó el Cap.VII, por lo ge neral, utilizando como última cláusula preambulatoria la siguiente: «Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas». Es oportuno mencionar que sólo el CS tiene el poder de decidir esta clase de medidas, en ejercicio de su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, pudiendo la AG sólo hacer recomendaciones al respecto (v. Arts. 11 y 12). Las medidas tomadas en virtud de este artículo son numerosas y muy variadas. La más difundida es el embargo de armas, que comprende otros pertrechos y materiales militares, y que en algunos casos también comprende la interrupción de todo tipo de asistencia militar, que se aplicó en las resoluciones 169 (1961), sobre la cuestión del Congo, contra las fuerzas extranjer as en ese país; 181 (1963), sobre el apartheid en Sudáfrica, contra el gobierno racista de ese país (ampliado por S/RES/282 [1970], S/RES/418 [1977], en la que se incluyó expresa referencia a las armas nucleares y S/RES/591 [1986]); 217 (1965), sobre la situación en Rhodesia del Sur, contra la minoría blanca que declaró la independencia (ampliado por S/RES/232 [1966]); 218 (1965), sobre los territorios bajo administración portuguesa, contra el Gobierno de Portugal; 661 (1990), sobre la situación entre el Iraq y Kuwait, contra el Iraq (ampliado por S/RES/687 [1991]); 713 (1991), sobre la situación en Yugoslavia, contra ese país (y sus sucesores luego de su disgregación; sobre el efecto negativo de esta medida, v. infra); 733 (1992), sobre la situación en Somalia, contra todas las fuerza beligerantes en ese país; 748 (1992), sobre el incidente de Lockerbie, contra Libia; 841 (1993), sobre la situación en Haití, contra las autoridades de facto de ese país; 864 (1993), sobre la situación en Angola, contra la UNITA; 918 (1994), sobre la situación en Rwanda, contra todos los beligerantes en ese país; 1011 (1995), sobre la misma situación, contra las fuerzas no gubernamentales en e ese país; 1132 (1997), sobre la situación en Sierra Leona, contra todos los beligerantes en ese país; 1160 (1998), sobre la situación en Kosovo, contra la República Federativa de Yugoslavia, incluido Kosovo; 1171 (1998), sobre la situación en Sierra Leona, contra las fuerzas no gubernamentales en ese país; 1298 (2000), sobre la situación entre Eritrea y Etiopía, contra ambos países; 1333 (2000), sobre la situación en el Afganistán, contra los talibanes; 1343 (2001), sobre la situación en Liberia, contra todos los beligerantes en ese país; 1390 (2002), sobre la situación en el Afganistán, contra Osama bin Laden, la organización Al-Qaeda y las personas o entidades relacionadas (ampliado por S/RES/1526 [2004]); 1493 (2003), sobre la situación en la República Democrática del Congo, contra los grupos armados y milicias congoleños o extranjeros que operen en la región oriental de ese país; 1521 (2003), sobre la situación en Liberia, contra cualquier destinatario en ese país; 1556 (2004), sobre la situación en el Sudán, contra todas las entidades no gubernamentales en ese país; 1572 (2004), sobre la situación

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Capítulo VII – Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión

en Côte d’Ivoire, contra todas las fuerzas de ese país; 1701 (2006), sobre la situación en el Oriente Medio, contra cualquier entidad o persona del Líbano que no sean el Gobierno del Líbano ni la FPNUL; 1718 (2006), sobre la no proliferación en la República Popular Democrática de Corea, contra ese país. Otras medidas que ha tomado el CS son: - El embargo de petróleo, que se aplicó en las resoluciones 217 (1965), sobre la situación en Rhodesia del Sur, contra la minoría blanca que declaró la indep endencia; 841 (1993), sobre la situación en Haití, contra las autoridades de facto de ese país; 864 (1993), sobre la situación en Angola, contra la UNITA; 1132 (1997), sobre la situación en Sierra Leona, contra todos los beligerantes en ese país. - El embargo de vehículos, militares o no, según el caso, que se aplicó en las resoluciones 181 (1963), sobre el apartheid en Sudáfrica, contra el gobierno racista de ese país; 232 (1966), sobre la situación en Rhodesia del Sur, contra la minoría blanca que declaró la independencia; 1011 (1995), sobre la situación en Rwanda, contra las fuerzas no gubernamentales en ese país; 1160 (1998), sobre la situación en Kosovo, contra la República Federativa de Yugoslavia, incluido Kosovo; 1171 (1998), sobre la situación en Sierra Leona, contra las fuerzas no gubernamentales en ese país; 1173 (1998), sobre la situación en Angola, contra todas las personas o entidades que no contaban con autorización estatal; 1298 (2000), sobre la situación entre Eritrea y Etiopía, contra ambos países; 1333 (2000), sobre la situación en el Afganistán, contra los talibanes; 1521 (2003), sobre la situación en Liberia, contra cualquier destinatario en ese país; 1556 (2004), sobre la situación en el Sudán, contra todas las entidades no gubernamentales en ese país; 1572 (2004), sobre la situación en Côte d’Ivoire, contra todas las fuerzas de ese país. - El embargo total de productos de un país, que se aplicó en las resoluciones 232 (1966), sobre la situación en Rhodesia del Sur, contra la minoría blanca que declaró la independencia (ampliado por S/RES/253 [1968]); 661 (1990), sobre la situación entre el Iraq y Kuwait, contra el Iraq; 757 (1992), sobre la situación en la ex-Yugoslavia, contra la República Federativa de Yugoslavia; 917 (1994), sobre la cuestión de Haití, contra ese país. - La prohibición de asistencia económica y financiera, que se aplicó en las resoluciones 232 (1966), sobre la situación en Rhodesia del Sur, contra la minoría blanca que declaró la independencia (ampliada por S/RES/253 [1968]); 283 (1970), sobre la cuestión de Namibia, contra Sudáfrica, con relación a las actividades en el territorio de Namibia; 661 (1990), sobre la situación entre el Iraq y Kuwait, contra el Iraq; 757 (1992), sobre la situación en la ex-Yugoslavia, contra la República Federativa de Yugoslavia (ampliada por S/RES/820 [1993]); 788 (1992), sobre la situación en Liberia, contra ese país; 1267 (1999), sobre la situación en el Afganistán, contra los talibanes. - La interrupción del transporte de y hacia un país, que puede comprender el transporte terrestre, marítimo y/o aéreo, que se aplicó en las resoluciones 232 (1966), sobre la situación en Rhodesia del Sur, contra la minoría blanca que declaró la independencia (ampliado por S/RES/253 [1968] y S/RES/277 [1980]); 661 (1990), sobre la situación entre el Iraq y Kuwait, contra el Iraq (ampliada por S/RES/670 [1990]); 748 (1992), sobre el incidente de Lockerbie, contra Libia (ampliada por S/RES/883 [1993]); 757 (1992), sobre la situación en la ex-Yugoslavia, contra la República Federativa de Yugoslavia (ampliada por S/RES/820 [1993]); 1070 (1996), sobre Sudán, contra las líneas aéreas de ese país; 1127 (1997), sobre la situación en Angola, contra las aeronaves de la UNITA; 1267 (1999), sobre la situación en el Afganistán, contra las aeronaves de los talibanes (ampliada por S/RES/1333 [2000]). - La prohibición de ingreso de determinadas personas, que se aplicó en las resoluciones 253 (1968), sobre la situación en Rhodesia del Sur, contra la minoría blanca que declaró la independencia; 748 (1992), sobre el incidente de Lockerbie, contra algunos ciudadanos libios; 917 (1994), sobre la cuestión de Haití, contra los oficiales militares de Haití, los participantes en el golpe de Estado de 1991, sus representantes, empleados y familiares; 942 (1994), sobre la situación en Bosnia y Herzegovina, contra las personas o entidades radicadas en las zonas serbias de Bosnia, y personas o entidades relacionadas; 1054 (1996), sobre el Sudán, contra los integrantes y funcionarios del Gobierno de ese país, así como a los miembros de las fuerzas armadas; 1127 (1997), sobre la situación en Angola, contra los dirigentes superiores de la UNITA y sus familiares; 1132 (1997), sobre la situación en Sierra Leona, contra los miembros de la junta militar de ese país y sus familiares; 1333 (2000), sobre la situación en el Afganistán, contra los funcionarios superiores de los talibanes; 1343 (2001), sobre la situación en Liberia, contra altos funcionarios del Gobierno de Liberia, altos funcionarios militares, y sus cónyuges, y toda otra persona que preste apoyo a los rebeldes armados en los países vecinos a Liberia; 1390 (2002), sobre la situación en el Afganistán, contra Osama bin Laden, la organización Al-Qaeda y las personas o entidades relacionadas (ampliada por S/RES/1526 [2004]); 1478 (2003), sobre la situación en Liberia, contra los miembros de ciertos grupos armados liberianos (renovada y ampliada por S/RES/1521 [2003]); 1572 (2004), sobre la situación en Côte d’Ivoire, contra todas las personas que constituyan una amenaza para la paz y la seguridad en ese país; 1591 (2005), sobre la situación en el Sudán, contra todas las personas que

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Carta de las Naciones Unidas

constituyan una amenaza para la estabilidad en la región de Darfur en ese país; 1596 (2005), sobre la situación en la República Democrática del Congo, contra aquellos que violen el embargo de armas impuesto a ese país; 1636 (2005), sobre la situación en el Oriente Medio, contra todos los sospechosos de haber participado en el atentado contra Rafiq Hariri; 1718 (2006), sobre la no proliferación en la República Popular Democrática de Corea, contra las personas o entidades que participen en las programas de armas de destrucción masiva de ese país. - La interrupción o el no mantenimiento de relaciones diplomáticas, así como la reducción de la presencia diplomática o consular o el cierre de oficinas de entidades no gubernamentales, que se aplicó en la resolución 217 (1965) sobre la situación en Rhodesia del Sur, contra la minoría blanca que declaró la independencia (ampliada por S/RES/253 [1968] y S/RES/277 [1980]); 283 (1970), sobre la cuestión de Namibia, contra Sudáfrica, en relación a las misiones diplomáticas en el territorio de Namibia; 748 (1992), sobre el incidente de Lockerbie, contra Libia; 748 (1992), sobre el incidente de Lockerbie, contra Libia; 757 (1992), sobre la situación en la ex-Yugoslavia, contra la República Federativa de Yugoslavia; 1054 (1996), sobre el Sudán, contra el Gobierno de ese país; 1127 (1997), sobre la situación en Angola, con relación a las oficinas de la UNITA; 1333 (2000), sobre la situación en el Afganistán, contra los talibanes. - La interrupción de las relaciones comerciales, que se aplicó en la resolución 253 (1968), sobre la situación en Rhodesia del Sur, contra la minoría blanca que declaró la independencia (ampliada por S/RES/277 [1980]). - El congelamiento de fondos, que se aplicó en las resoluciones 409 (1977), sobre la situación en Rhodesia del Sur, contra el régimen ilegal de ese país o agentes del mismo; 820 (1993), sobre la situación en Bosnia y Herzegovina, contra la República Federativa de Yugoslavia o personas o entidades relacionadas; 841 (1993), sobre la situación en Haití, contra las autoridades de facto de ese país; 883 (1993), sobre el incidente de Lockerbie, contra las autoridades libias y otras personas o entidades relacionadas; 942 (1994), sobre la situación en Bosnia y Herzegovina, contra las personas o entidades radicadas en las zonas serbias de Bosnia, y personas o entidades relacionadas; 1173 (1998), sobre la situación en Angola, en relación con fondos pertenecientes a la UNITA y personas o entidades relacionadas; 1267 (1999), sobre la situación en el Afganistán, contra los talibanes y empresas controladas por ellos; 1333 (2000), sobre la misma situación, contra Osama bin Laden, la organización Al-Qaeda y las personas o entidades relacionadas (ampliado por S/RES/1390 [2002] y S/RES/1526 [2004]); 1532 (2004), sobre la situación en Liberia, contra el ex-presidente Charles Taylor, sus familiares inmediatos y otras personas o entidades relacionados; 1572 (2004), sobre la situación en Côte d’Ivoire, contra todas las personas que constituyan una amenaza para la paz y la seguridad en ese país, y otras personas o entidades relacionadas; 1591 (2005), sobre la situación en el Sudán, contra todas las personas que constituyan una amenaza para la estabilidad en la región de Darfur en ese país y otras empresas o entidades relacionadas; 1596 (2005), sobre la situación en la República Democrática del Congo, contra aquellos que violen el embargo de armas impuesto a ese país, y las empresas o entidades relacionadas; 1636 (2005), sobre la situación en el Oriente Medio, contra todos los sospechosos de haber participado en el atentado contra Rafiq Hariri; 1718 (2006), sobre la no proliferación en la República Popular Democrática de Corea, contra las personas o entidades que participen en los programas de armas de destrucción masiva de ese país; 1737 (2006), sobre la no proliferación en la República Islámica del Irán, contra las perso nas o entidades que participen en los programas de armas de destrucción masiva de ese país. - La suspensión de la cooperación deportiva, científica y cultural, que se aplicó en la resolución 757 (1992), sobre la situación en la ex-Yugoslavia, contra la República Federativa de Yugoslavia. La prohibición de vuelos militares, que se aplicó en la resolución 781 (1992), sobre la situación en Bosnia y Herzegovina, sobre el espacio aéreo de ese país. - La interrupción de actividades económicas, que se aplicó en la resolución 942 (1994), sobre la situación en Bosnia y Herzegovina, contra las personas o entidades radicadas en las zonas serbias de Bosnia, y personas o entidades relacionadas. - El embargo de diamantes procedentes de un país, que se aplicó en las resoluciones 1173 (1998), sobre la situación en Angola, sobre los diamantes que no estén debidamente certificados por el Gobierno de Unidad y Reconciliación; 1306 (2000), sobre la situación en Sierra Leona, sobre todos los diamantes procedentes de ese país; 1343 (2001), sobre la situación en Liberia, sobre cualesquiera diamantes en bruto, sean o no originarios de Liberia (renovado por S/RES/1521 [2003]); 1643 (2005), sobre la situación en Côte d’Ivoire, contra los diamantes en bruto procedentes de ese país. El embargo de equipo de minería, que se aplicó en la resolución 1173 (1998), sobre la situación en Angola, contra todas las personas o entidades que no contaban con autorización estatal. - El embargo de madera procedente de un país, que se aplicó en la resolución 1478 (2002), sobre la situación en Liberia, con respecto a troncos y productos de madera de todo tipo procedentes de ese país (renovado por S/RES/1521 [2003]). La prohibición de actividades de aeronaves que no cumplan las condiciones establecidas por la OACI (sobre la OACI, v. Art.57), que se aplicó en la resolución

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1596 (2005), sobre la situación en la República Democrática del Congo, contra todas las aeronaves que operen en la región de los Grandes Lagos. - El embargo de artículos de lujo, que se aplicó en la resolución 1718 (2006), sobre la no proliferación en la República Popular Democrática de Corea, contra ese país. - El embargo de artículos, materiales, bienes, equipos y tecnología, así como asistencia técnica, relacionados con programas de desarrollo de armas de destrucción masiva, que se aplicó en las resoluciones 1718 (2006), sobre la no proliferación en la República Popular Democrática de Corea, ese país; 1737 (2006), sobre la no proliferación en la República Islámica del Irán, contra ese país. En un caso, pidió «a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de los organismos especializados que adopten todas las demás medidas posibles en virtud del Artículo 41 de la Carta para hacer frente a la situación en Rhodesia del Sur» (S/RES/253 [1968] y S/RES/277 [1980]). También, aunque no lo prevé el artículo, recomendó tomar medidas voluntarias contra un Estado. Así, en la resolución 566 (1985), sobre la situación en Namibia, instó «a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que aún no lo hayan hecho a que consideren entretanto la adopción de medidas voluntarias apropiadas contra Sudáfrica, incluidas las siguientes: a) Medidas para impedir nuevas inversiones y aplicación de desincentivos a tales efectos; b) La reconsideración de las relaciones marítimas y aéreas con Sudáfrica; c) La prohibición de la venta de krugerrands y demás monedas acuñadas en Sudáfrica; d) Restricciones en materia de deportes y relaciones culturales»; en la resolución 569 (1985), sobre el apartheid en Sudáfrica, instó «a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que tomen contra Sudáfrica medidas como las que se indican a continuación: a) Suspensión de toda nueva inversión en Sudáfrica; b) Prohibición de la venta de krugerrands y de todas las demás monedas acuñadas en Sudáfrica; c) Restricciones en materia de deportes y relaciones culturales; d) Suspensión de los préstamos garantizados por concepto de exportaciones; e) Prohibición de la celebración de cualquier nuevo contrato en la esfera nuclear: f) Prohibición de toda venta de material de computadoras que puedan utilizar el ejército y la policía sudafricanos». Podría preguntarse por qué este sistema de sanciones “voluntarias”, cuando la Carta otorga facultades coercitivas al CS; la respuesta surge de las mismas resoluciones, ya que no es casual que las mismas se refieran (aunque por distintas circunstancias) al mismo país, Sudáfrica, quien durante treinta años burló las resoluciones del CS y que, por los intereses de algunas potencias –miembros permanentes del CS– permaneció por mucho tiempo impune (v. el comentario del Art.6 sobre el intento fallido de expulsión de Sudáfrica de las NU). A raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el CS decidió tomar medidas contra el terrorismo, a la vez que creó como órgano subsidiario el Comité contra el Terrorismo (v. Art.29); así, en la resolución 1373 (2001) decidió «que todos los Estados: a) Prevengan y repriman la financiación de todo acto de terrorismo; b) Tipifiquen como delito la provisión o recaudación intencionales, por cualesquiera medios, directa o indirectamente, de fondos por sus nacionales o en su territorio con la intención de que dichos fondos se utilicen, o con conocimiento de que dichos fondos se utilizarán, para perpetrar actos de terrorismo; c) Congelen sin dilación los fondos y otros activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión; de las entidades de propiedad o bajo el control directos o indirectos de esas personas, y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, incluidos los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control directo o indirecto de esas personas y de otras personas y entidades asociadas con ellos; d) Prohíban a sus nacionales o a toda persona y entidad que se encuentre en su territorio que pongan cualesquiera fondos, recursos financieros o económicos o servicios financieros o conexos de otra índole, directa o indirectamente, a disposición de las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo o faciliten su comisión o participen en ella, e las entidades de propiedad o bajo el control directo o indirecto de esas personas, y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas o bajo sus órdenes» y también «que todos los Estados: a) Se abstengan de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas que participen en la comisión de actos de terrorismo, en particular, reprimiendo el reclutamiento de miembros de grupos terroristas y poniendo fin al abastecimiento de armas a los terroristas; b) Adopten las medidas necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo, en particular advirtiendo de ello cuanto antes a otros Estados mediante el intercambio de información; c) Denieguen refugio a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo, o prestan apoyo a esos actos, o proporcionan refugio con esos fines; d) Impidan que quienes financian, planifican, facilitan o cometen actos de terrorismo utilicen su territorio para esos fines, contra otros Estados o sus ciudadanos; e) Velen por el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos actos, y por que, además de cualesquiera otras medidas de represión que se adopten contra esas personas, dichos actos queden tipificados como delitos graves en las leyes y otros instrumentos legislativos internos, y por que el castigo que se imponga corresponda a la gravedad de esos actos». Estas medidas,

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Carta de las Naciones Unidas

deben enmarcarse en este artículo. Asimismo, las medidas decididas en la resolución 1540 (2004), sobre la no proliferación de las armas de destrucción masiva (reseñada en el comentario al Art.26), también deben considerarse como enmarcadas en este artículo. De la misma manera que decide imponer estas medidas, el CS también decide su finalización. Así, con relación a las medidas impuestas a Rhodesia del Sur, en la resolución 460 (1979) decidió «teniendo en cuenta el acuerdo concertado en la conferencia de Lancaster House, pedir a los Estados Miembros que pongan fin a las medidas adoptadas contra Rhodesia del Sur»; en lo que respecta a Sudáfrica, en la resolución 919 (1994) decidió «actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, poner fin de inmediato al embargo obligatorio de armas y a otras restricciones relativas a Sudáfrica» y también «poner fin de inmediato a todas las demás medidas contra Sudáfrica»; con respecto a Haití, en la resolución 944 (1994) decidió «actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, anular las medidas relativas a Haití [...] a las 0.01 horas del día siguiente al del regreso a Haití del Presidente Juan-Bertrand Aristide»; con respecto a Rwanda, en la resolución 1011 (1995) decidió «que el 1º de septiembre de 1996 queden sin efecto las restricciones impuestas en virtud del párrafo 13 de la resolución 918 (1994)»; con relación a Yugoslavia, en la resolución 1021 (1995) decidió «que el embargo de las entregas de armas y equipo militar impuesto por la resolución 713 (1991) quede in efecto», en la resolución 1074 (1996) decidió «de conformidad con el párrafo 4 de su resolución 1022 (1995), dejar sin efecto inmediatamente las medidas a que se hace referencia en el párrafo 1 de esa resolución», que son las medidas impuestas o reafirmadas por las resoluciones 757 (1992), 787 (1992), 820 (1993), 942 (1994), 943 (1994), 988 (1995), 992 (1995), 1003 (1995) y 1015 (1995), y en la resolución 1367 (2001), decidió «levantar las prohibiciones impuestas en virtud del párrafo 8 de la resolución 1160 (1998)»; con respecto a Sierra Leona, en la resolución 1156 (1998), decidió «poner fin, con efecto inmediato, a las prohibiciones impuestas a la venta o el suministro a Sierra Leona de petróleo y productos derivados del petróleo en virtud del párrafo 6 de la resolución 1132 (1997)», y en la resolución 1171 (1998), decidió «poner fin a las prohibiciones restantes impuestas en los párrafos 5 y 6 de la resolución 1132 (1997)»; con relación a Liberia, en la resolución 1343 (2001) decidió «poner fin a las prohibiciones impuestas con arreglo al párrafo 8 de la resolución 788 (1992)» y en la resolución 1521 (2003) decidió «poner fin a las prohibiciones impuestas en los párrafos 5 a 7 de la resolución 1343 (2001) y los párrafos 17 y 28 de la resolución 1478 (2003)»; en lo que respecta al Sudán, en la resolución 1372 (2001), decidió «poner fin, con efecto inmediato, a las medidas mencionadas en los párrafos 3 y 4 de las resolución 1054 (1996) y en el párrafo 3 de la resolución 1070 (1996)»; con respecto al Afganistán, en la resolución 1388 (2002), decidió «que lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 4 de la resolución 1267 (1999) no es aplicable a las aeronaves de Ariana Afgani Airlines ni a sus fondos u otros recursos financieros» y decidió «poner fin a la medida prevista en el apartado b) del párrafo 8 de la resolución 1333 (2000)»; en lo que respecta a Angola, en la resolución 1439 (2002), decidió «que dejen de tener efecto las disposiciones de los apartados a) y b) del párrafo 4 de la resolución 1127 (1997) a partir de las 00.01 horas del 14 de noviembre de 2002» y en la resolución 1448 (2002) decidió «que las medidas impuestas en el párrafo 19 de la resolución 864 (1993), los apartados c) y d) del párrafo 4 de la resolución 1127 (1997) y los párrafos 11 y 12 de la resolución 1173 (1998) quedarán sin efecto a partir de la fecha de aprobación de la presente resolución»; sobre el Iraq, en la resolución 1483 (2003) decidió «que, a excepción de las prohibiciones relacionadas con la venta o el suministro al Iraq de armas y material conexo [...], dejen de ser aplicables todas las prohibiciones relativas al comercio con el Iraq y a la prestación de recursos financieros o económicos al Iraq impuestas en virtud de la resolución 661 (1990) y las resoluciones ulteriores en la materia»; en lo que respecta a Libia, en la resolución 1506 (2003) decidió «levantar, con efecto inmediato, las medidas enunciadas en los párrafos 4 a 6 de su resolución 784 (1992) y en los párrafos 3 a 7 de su resolución 883 (1993)»; en lo que respecta a Liberia, en la resolución 1689 (2006), decidió «no renovar la medida enunciada en el párrafo 10 de la resolución 1521 (2003) que obliga a los Estados Miembros a impedir la importación a sus territorios de troncos y productos de madera procedentes de Liberia». Como vemos, la terminación de las medidas puede ser inmediata, estar sujeta a plazo o a diferentes condiciones, y se produce generalmente con motivo de la firma y comienzo de ejecución de un acuerdo de paz o de muestras de estabilidad en la situación. Toda esta clase de medidas que no implican el uso de la fuerza han recibido el nombre genérico de “sanciones” (por funcionar precisamente como tales contra los Estados que no han ajustado su conducta conforme al derecho internacional y los principios de las NU), y para su supervisión y control, el CS ha creado los Comités de Sanciones, órganos subsidiar ios de los que se habló en el comentario al Art.29. Estas sanciones, como se habrá visto, están dirigidas en general a Estados o fuerzas gubernamentales, mas en numerosas ocasiones –sobre todo en la práctica reciente–, han sido aplicadas contra entidades no gubernamentales, como grupos beligerantes u organizaciones terroristas, e incluso, contra algunos individuos. Sin embargo, muchas veces las sanciones tienen repercusiones negativas contra la población del Estado sancionado, provocando en algunos casos, verdaderas crisis humanitarias, y perjudicando a quienes se busca proteger.

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Capítulo VII – Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión

Numerosos Estados y organizaciones humanitarias han expresado preocupación por los posibles efectos adversos de las sanciones sobre los sectores más vulnerables de la población. Generalmente, las sanciones tienen un impacto destructivo para la salud y el bienestar de la población de los países sancionados. A los fines de subsanar esos efectos no deseados se ha recurrido a la incorporación directa en las resoluciones del CS de diversos tipos de exenciones humanitarias cuidadosamente formuladas o bien de mayor precisión en los objetivos. En otros casos se ha facultado al Comité de Sanciones correspondiente para recibir solicitudes de exención y aceptarlas o rechazarlas. Se ha denominado a este tipo de medidas “sanciones inteligentes”, por estar orientadas a ejercer presión sobre los regímenes y no sobre la población, reduciendo con ello los costos humanitarios. Ejemplo de este tipo de sanciones son el congelamiento de fondos bancarios pertenecientes a personas determinadas, que se reseña supra (asimismo, las distintas exenciones por motivos humanitarios pueden verse en las resoluciones que aplican sanciones citadas). Parte de la doctrina rechaza las sanciones económicas globales y sugier e al CS, entre otras cosas: tener claro el objetivo que se quiere alcanzar mediante las sanciones; dar preferencia a las sanciones “inteligentes” (parciales) frente a las sanciones globales; evaluar periódicamente el impacto de las sanciones para la población civil; adoptar la práctica de adaptación constante del régimen de sanciones a las circunstancias de hecho cambiantes; racionalizar los procedimientos a nivel internacional, en particular en lo que respecta a la asistencia humanitaria; reconocer la obligación que la comunidad internacional tiene de ayudar en la reconstrucción del país objeto de embargo. Complementariamente, en el derecho internacional actual se está desarrollando el criterio de “red de seguridad” para la población de un país sometido a embargo; ello implica que toda decisión de imponer sanciones económicas colectivas debe respetar las disposiciones de los Convenios de Ginebra de 1949 y de los Protocolos de 1977. En respuesta a las necesidades humanitarias de la población de los países sancionados, el CS, además de adoptar las exenciones mencionadas, en varios casos creó fondos especiales de contribuciones para la prestación de ayuda y reconstrucción de los Estados afectados, a la vez que instó a los Miembros de las NU a contribuir con dichos fondos y en la prestación de ayuda humanitaria. En el caso del Iraq, por ejemplo, se llegó a establecer un programa especial, el programa “Petróleo por alimentos”, el cual es reseñado en el comentario al Art.40. Las sanciones pueden afectar también a otros Estados, lo cual será analizado en el Art.50. Pero las repercusiones negativas de las sanciones no sólo se dan en el plano humanitario: la práctica del CS registra un caso donde una medida no sólo no perjudicó al Estado que se pretendía sancionar, sino que lo benefició; se trata del embargo de armas impuesto a todas las partes en Yugoslavia por la resolución 713 (1991), el cual tenía por objeto reducir las hostilidades en la región de los Balcanes, pero no lo hizo, pues Serbia –el principal agresor– controlaba la mayor parte de las Fuerzas Armadas del Estado que estaba desapareciendo, y las nuevas repúblicas dependían de las armas que pudieran conseguir en el exterior para defenderse; tal situación hizo que el embargo dejara indefensas a las nuevas repúblicas de la ex-Yugoslavia, y a merced de la agresión de las fuerzas militares y paramilitares serbias. Tal es así, que el magistrado ad-hoc Lauterpacht, en su Opinión Separada en el “Asunto relativo a la Aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio” (Bosnia y Herzegovina c. Yugoslavia [Serbia y Montenegro]), Providencia del 13 de septiembre de 1993, señaló que el embargo de armas ha actuado en apoyo de la violación por parte de Serbia y Montenegro de una obligación de jus cogens como es la proscripción del crimen de genocidio, al no dar a Bosnia y Herzegovina los medios de defenderse y al no haber adoptado el Consejo medidas efectivas para impedir el genocidio. Como se expresó en el comentario al Art.29, el 17 de abril de 2000, mediante una nota del Presidente (S/2000/319), el CS estableció el “Grupo de Trabajo oficioso sobre cuestiones generales relativas a las sanciones” (para conocer su mandato, v. Art.29), el cual aún continúa sus esfuerzos para llegar a una política común sobre la aplicación de sanciones, sin un resultado definitivo (los informes del Grupo fueron publicados como S/2003/1197 y S/2004/979). Sin embargo, las medidas que no implican el uso de la fuerza no se agotan en las sanciones. Una de las medidas más interesantes enmarcadas en este artículo fue la creación de dos tribunales penales internacionales, el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia desde 1991, creado por S/RES/808 (1993) cuyo Estatuto fue aprobado por S/RES/827 (1993) y el Tribunal Internacional con el propósito exclusivo de enjuiciar a los responsables de genocidio y otras graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y a ciudadanos de Rwanda responsables de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1º de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994, creado por S/RES/955 (1994). Si bien se ha discutido largamente si el CS posee facultades para el establecimiento de órganos de esa naturaleza, la constitución un órgano de tal tipo viene a ser instrumental y necesaria para la aplicación de las medid as adoptadas por el CS en relación a las violaciones del derecho humanitario, como la establecida en la resolución

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771 (1992), sobre la ex-Yugoslavia, en la que «Reafirma que todas las partes en el conflicto deben cumplir las obligaciones que les incumben con arreglo al derecho humanitario internacional, en particular con los Convenios de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, y que quienes cometan u ordenen que se cometan transgresiones graves de los Convenios son personalmente responsables de ellas» y en la resolución 935 (1994), sobre la situación en Rwanda, actuó «recordando que todas las personas que cometan o autoricen violaciones graves del derecho internacional humanitario son responsables a título individual de dichas violaciones y deben se enjuiciados». Así, los tribunales son creados como órganos subsidiarios del CS en virtud del Art.29; sin embargo, el CS no viene a cumplir un rol judicial, ya que los tribunales han sido constituidos como entes independientes, no sujetos a la autoridad ni al control del CS en lo que hace a su función (aun cuando deben rendirle anualmente un informe sobre sus actividades, Art. 34 del Estatuto del TPIY y Art. 32 del Estatuto del TPIR). Su competencia, determinada por sus respectivos Estatutos, ha sido mencionada en el comentario al Art.29. En cuanto a su organización, se componen (Art.11 Estatuto del TPIY y Art.10 del Estatuto del TPIR) de tres Salas de Primera Instancia y una Sala de Apelaciones, integradas por dieciséis magistrados permanentes independientes (tres en cada Sala de Primera Instancia y siete en la de Apelaciones, Art.12 Estatuto del TPIY y Art.11 del Estatuto del TPIR), el Fiscal (Art.16 Estatuto del TPIY y Art.15 del Estatuto del TPIR), y una Secretaría que presta servicios a las Salas y al Fiscal (Art.17 Estatuto del TPIY y Art.16 del Estatuto del TPIR); el Fiscal es quien tiene a su cargo la investigación y la preparación de la acusación (Art.18 Estatuto del TPIY y Art.17 del Estatuto del TPIR) y, en un principio, era común a los dos Tribunales, pero a partir de la resolución 1503 (2003), que reformó el Art.15 de su Estatuto, el TPIR tiene su propio Fiscal. Los Estatutos también fijan a grandes rasgos el procedimiento (Arts.18 y 19 del Estatuto del TPIY y Arts.19 y 20 del Estatuto del TPIR), establecen los derechos y garantías del acusado (Arts. 10 y 21 del Estatuto del TPIY y Arts. 9 y 20 del Estatuto del TPIR), las condiciones de la sentencia (Art.23 Estatuto del TPIY y Art.22 Estatuto del TPIR), los recursos admisibles (Arts.25 y 26 Estatuto del TPIY y Arts. 24 y 25 Estatuto del TPIR), las penas y su ejecución (Arts. 24 y 27 Estatuto del TPIY y Arts. 23 y 26 Estatuto del TPIR); la Sede del TPI está en La Haya (Países Bajos), según el Art.31 de su Estatuto, y la sede del TPIR en Arusha (Tanzania), de acuerdo a la resolución 977 (1995). Cabe destacar que ambos Tribunales tienen jurisdicción concurrente con los tribunales nacionales competentes, mas tienen primacía respecto de éstos (Art.9 Estatuto del TPIY y Art.8 Estatuto del TPIR). En cuanto a la caracterización de los Tribunales como medida que no implica el uso de la fuerza en el marco del artículo 41, la doctrina señala que el ejercicio de la jurisdicción penal internacional es de surgimiento reciente, como también lo es la percepción, a nivel de la comunidad internacional en su conjunto, de la necesidad de sancionar los crímenes internacionales (atribuibles al Estado) de modo particular, agregando a la responsabilidad de la persona ideal la de los individuos a quienes se imputa la realización material de esos crímenes (dirigentes, organizadores, instigadores, cómplices...). Constituye esto una doble sanción al Estado en tanto, a más de responder internacionalmente por los actos de Estado, éste ve sustraído a uno de sus miembros a su jurisdicción. Si el Estado hubiese adoptado todas las medidas a su alcance para impedir o sancionar efectivamente las graves violaciones a normas internacionales producidas en el territorio bajo su jurisdicción, particularmente las graves violaciones a normas de Derecho internacional humanitario, que son las únicas de la competencia ratione materiae de estos Tribunales creados por el CS, ni la responsabilidad internacional del Estado, ni del individuo hubiesen entrado en juego. Este tipo de medidas no sólo tienen carácter sancionatorio sino disuasivo, siendo una de las tantas que el Consejo contempló a la hora de forzar a los violadores a ajustar su comportamiento a derecho. Precisamente, la propia resolución 955 (1994) expresa en el párrafo séptimo de su parte preambulatoria que el Consejo estima que «la creación de un Tribunal para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y demás violaciones mencionadas del derecho internacional humanitario contribuirá a que se ponga fin a esas violaciones...». Antes, la resolución 827 (1993) se había expresado en términos similares. En ambas hay mención expresa a que el Consejo actúa en virtud del Cap.VII de la Carta. Finalmente, otra de estas medidas que, si bien podemos incluir en el artículo 41 por tratarse de una medida que no implica el uso de la fuerza, no podemos caracterizarla como a las sanciones que se ha hecho referencia la constituye las medidas tomadas con respecto al Iraq en la resolución 687 (1991), sobre el establecimiento de una Comisión Especial «que realizará una inspección inmediata sobre el terreno del potencial del Iraq en materia de armas biológicas y químicas y misiles, sobre la base de las declaraciones del Iraq y de la designación de otros lugares por la propia Comisión Especial», a la vez que consagró la obligación del Iraq de entregar a la Comisión Especial, para su destrucción, remoción o neutralización, teniendo en cuenta las necesidades de la seguridad pública, de «todas las armas químicas y biológicas, todas las existencias de agentes y todos los subsistemas y componentes conexos y todas las instalaciones de investigación, desarrollo, apoyo y fabricación» y la destrucción por el Iraq «bajo la supervisión de la Comisión Especial, de todo su potencial de misiles, incluidos los lanzamisiles», así como el compromiso del Iraq a no utilizar, desarrollar, construir ni adquirir armas químicas ni biológicas, ni misiles balísticos y a «a no adquirir

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ni desarrollar armas nucleares ni material que pueda utilizarse para armas nucleares, ni subsistemas, componentes o instalaciones de investigación, desarrollo, apoyo o fabricaión relacionados con esos elementos», a la vez que pidió al OIEA que «realice una inspección inmediata sobre el terreno del potencial nuclear del Iraq sobre la base de las declaraciones del Ir aq y de la designación de otros lugares por la Comisión Especial» y que preparara y ejecutara «un plan para la destrucción, remoción o neutralización» de esos materiales. Las actividades de la Comisión Especial y del OIEA comenzaron a llevarse a cabo en el Iraq, sin embargo, la poca colaboración del gobierno de Saddam Hussein, sumada a las acusaciones de corrupción y espionaje contra la Comisión, llevaron en 1997-1998 a una crisis diplomática (que incluyó un viaje del SG a Bagdad) que culminó con la expulsión de los inspectores del Iraq y un bombardeo contra el Iraq de parte de los Estados Unidos. Ello llevó a que en 1999, mediante la resolución 1284 (1999), el CS reemplazara a la Comisión Especial con la Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección (UNMOVIC), como órgano subsidiario (v. Art.29), con el mismo mandato, a la vez que renovó las funciones del OIEA al respecto. Aun así, el Iraq no permitió el ingreso de los inspectores hasta 2002, cuando la UNMOVIC y el OIEA pudieron finalmente ingresar al Iraq, tras la aprobación de la resolución 1441 (2002) y el compromiso del Iraq, contando con relativa colaboración del gobierno (aunque no total). Tras cuatro meses de inspecciones, el comienzo de la invasión de los Estados Unidos en el Iraq, forzó a los inspectores a retirarse. En la resolución 1483 (2003), aprobada tras la invasión, y considerada por muchos la autorización ex post facto de ese acto de agresión, reafirmó «que el Iraq debe cumplir las obligaciones de desarme que le incumben [...] y destaca su intención de volver a examinar los mandatos de la Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección y del Organismo Internacional de Energía Atómica, establecidos en las resoluciones 687 (1991), de 3 de abril de 1991, 1284 (1999), de 17 de diciembre de 1999, y 1441 (2002) de 8 de noviembre de 2002».

Artículo 42 Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas. Las acciones establecidas en este artículo son las que implican el uso de la fuerza armada, y como tales, constituyen una de las dos únicas excepciones reconocidas por la mayoría de la doctrina al principio de la abstención de la amenaza y el uso de la fuerza (v. Art.2.4). Estas acciones (junto a las medidas del Art.41) no son otras que las “medidas colectivas eficaces”, de las que habla el Art.1.1. Es interesante destacar que la Carta se refiere a “medidas”, cuando no implican el uso de la fuerza, y “acciones” cuando sí lo implican. Está de más aclarar que en este ámbito, los poderes del CS son exclusivos y excluyentes, al actuar en ejercicio de su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Suscitó ciertos debates en el seno del CS la primera parte del artículo, en cuanto a si era necesario, antes de emplear la fuerza armada, tomar las medidas del Art.41, para poder estimar si son o no inadecuadas. A esto se respondió que el art ículo es claro al decir “pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo”, lo cual significa que no necesariamente deben ser tomadas previamente, sino que se puede hacer de forma simultánea. El mismo artículo establece una limitación al uso de la fuerza, debe ser la “necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales” (la condición de necesidad también está establecida para la legítima defensa, la otra excepción a la prohibición del uso de la fuerza, v. Art.51), lo cual motivó a varios Estados a expresar que las disposiciones del artículo debían ser interpretadas en forma restrictiva y aplicables solamente a casos limitados y bien definidos, y que el uso de la fuerza debía ser tenido como una medida a la cual se debe recurrir sólo en situaciones extremas. Sin embargo, la aplicación de estas medidas está condicionada a la celebración de los convenios de los que habla el Art.43, los cuales a la fecha no se han celebrado, por lo que el artículo se ha tornado inaplicable, al menos en su forma originaria. Ello significa que aun cuando el CS tome medidas que impliquen el uso de la fuerza (como en efecto lo ha hecho, v. infra), la inexistencia de los convenios del Art.43, hace que tales medidas no sean de cumplimiento obligatorio para los Estados, por lo cual utiliza –como se verá– la expresión “autorización”, en lugar de “acción”.

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Así, el CS ha utilizado otras fórmulas para aplicar medidas que implican el uso de la fuerza a fin de hacer efectivas sus decisiones. Esas fórmulas han consistido en “autorizar” el empleo de “todas las medidas necesarias” (incluido el uso de la fuerza) a diversos sujetos y en grado distinto. Esas autorizaciones son agrupadas por la doctrina en cinco clases: - Autorizaciones a operaciones de las NU, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta, para usar la fuerza en el desempeño de su misión: así, en la resolución 169 (1961), sobre la cuestión del Congo, autorizó al SG «a emprender una acción vigorosa, con inclusión, en su caso, del uso de la fuerza en la medida necesaria, para la inmediata aprehensión, detención en espera de su procesamiento o expulsión de todo el personal militar y paramilitar y los asesores políticos extranjeros no dependientes del Mando de las Naciones Unidas»; en la resolución 836 (1993), sobre la situación en Bosnia y Herzegovina, autorizó a la UNPROFOR a que en cumplimiento de su mandato «y actuando en legítima defensa, adopte todas las medidas necesarias, incluido el uso de la fuerza, en respuesta a los bombardeos contra las zonas seguras efectuados por cualquiera de las partes o a las incursiones armadas en dichas zonas, o en caso de que se produzca cualquier obstrucción deliberada de la libertad de circulación de la Fuerza o de los convoyes humanitarios protegidos en dichas zonas o en sus inmediaciones»; en la resolución 871 (1993), sobre la situación en Croacia, autorizó a la UNPROFOR «a que, en el cumplimiento de su mandato en Croacia, actuando en legítima defensa, adopte las medidas necesarias, entre ellas la utilización de la fuerza, para garantizar su seguridad y su libertad de circulación»; en la resolución 918 (1994), sobre la situación en Rwanda, reconoció que la UNAMIR «puede verse obligada a tomar medidas en legítima defensa contra personas o grupos que amenacen a los lugares y poblaciones protegidos, al personal de las Naciones Unidas y demás personal que desempeñe tareas humanitarias o a los medios de entrega y distribución del socorro humanitario» (reiterada en S/RES/925 [1994]); en la resolución 1270 (1999), decidió «actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que, en el cumplimiento de su mandato, la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona podrá tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la libertad de circulación de su personal y, con arreglo a su capacidad y dentro de las zonas de despliegue, para brindar protección a los civiles que estén bajo una amenaza inminente de violencia física»; en la resolución 1291 (2000), sobre la situación en la República Democrática del Congo, decidió «actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas» que la MONUC «podrá adoptar las medidas necesarias, en las zonas de despliegue de sus batallones de infantería y dentro de sus posibilidades, para proteger al personal de las Naciones Unidas y al personal de la Comisión Militar Mixta que ocupe los mismos locales, así como a sus instalaciones y equipos; garantizar la seguridad y libertad de circulación de su personal; y proteger a los civiles amenazados de actos inminente s de violencia física» (ampliada por S/RES/1493 [2003]); en la resolución 1289 (2000), sobre la situación en Sierra Leona, «actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas» autorizó a la UNAMSIL a tomar todas las medidas necesarias para cumplir su mandato y afirmó que «en el cumplimiento de su mandato, la Misión podrá tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la libertad de circulación de su personal y, con arreglo a su capacidad y dentro de las zonas de despli egue, brindar protección a los civiles que estuvieran bajo una amenaza inminente de violencia física»; en la resolución 1410 (2002), sobre la situación en Timor Oriental, autorizó a la UNMISET «a que, en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, adopte durante su mandato las medidas necesarias para cumplirlo»; en la resolución 1528 (2004), sobre la situación en Côte d’Ivoire, autorizó «a la Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire a utilizar todos los medios necesarios, en la medida de sus posibilidades y dentro de sus zonas de despliegue, para cumplir su mandato» (renovada por S/RES/1739 [2007]); en la resolución 1545 (2004), sobre la situación en Burundi, autorizó «a la ONUB a utilizar todos los medios necesarios para el cumplimiento» de su mandato «en la medida de sus posibilidades y en las zonas de despliegue de sus unidades armadas y en coordinación con los círculos humanitario y de desarrollo»; en la resolución 1590 (2005), sobre la situación en el Sudán, «actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas», decidió, «autorizar a la Misión a adoptar, en las zonas en que estén desplegadas sus fuerzas y en el grado en que considere que esté dentro de sus posibilidades, las medidas necesarias para proteger al personal, los recintos, las instalaciones y el equipo de las Naciones Unidas, garantizar la seguridad y libertad de desplazamiento del personal de las Naciones Unidas, el personal de asistencia humanitaria y el personal del mecanismo conjunto de evaluación y de la comisión de evaluación y [...] proteger a los civiles que se encuentren bajo una amenaza inminente de violencia física»; en la resolución 1701 (2006), sobre la situación en el Oriente Medio, autorizó «a la FPNUL a que tome todas las medidas necesarias y que estime que están dentro de sus capacidades en las zonas de despliegue de sus fuerzas, para asegurarse de que su zona de operaciones no será utilizada para llevar a cabo actividades hostiles de ningún tipo, a que resista los intentos de impedirle por medios coercitivos cumplir las funciones que le incumben de conformidad con el mandato del Consejo de Seguridad, y a que proteja al personal, los servicios, las instalaciones y el equipo de las Naciones Unidas, vele por la seguridad y la libertad de c irculación del personal de las

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Naciones Unidas y los trabajadores humanitarios y que, sin perjuicio de la responsabilidad del Gobierno del Líbano, proteja a los civiles que se encuentren bajo amenaza inminente de sufrir violencia física»; en la resolución 1706 (2006), sobre la situación en el Sudán, autorizó «a la UNMIS a usar todos los medios necesarios, en las zonas de despliegue de sus fuerzas y en la medida de sus posibilidades, para: Proteger al personal, los recintos, las instalaciones y el equipo de las Naciones Unidas, garantizar la seguridad y la libertad de circulación del personal de las Naciones Unidas, el personal de asistencia humanitaria y el personal de la comisión de evaluación, impedir que grupos armados obstaculicen la aplicación del Acuer do de Paz de Darfur y, sin perjuicio de la responsabilidad que atañe al Gobierno del Sudán, proteger a los civiles que se encuentren sometidos a amenazas de violencia física, Prevenir todo ataque y amenaza contra civiles a fin de apoyar la aplicación pronta y eficaz del Acuerdo de Paz de Darfur, Retirar o recoger, según corresponda, las armas o pertrechos cuya presencia en el territorio de Darfur sea contraria a las disposiciones de los Acuerdos y a las medidas impuestas en virtud de los párrafos 7 y 8 de la resolución 1556 (2004), y disponer de dichas armas y pertrechos como corresponda». De acuerdo a la doctrina, aunque no puede invocarse un artículo concreto de la Carta para la justificación jurídica de esta clase de autorizaciones, se puede considerar que están en el espíritu del Capítulo VII de la Carta en función de tres consideraciones: se trata de medidas adoptadas por el CS para hacer efectivas sus decisiones (en este caso el establecimiento de una OMP con un mandato claro y determinado), estas medidas son llevadas a cabo por un órgano subsidiario del CS (Art.29), y estas medidas son proporcionadas, limitadas y vinculadas en la mayor parte de los casos a la legítima defensa, aunque últimamente se han ampliado los supuestos, como puede observarse. - Autorizaciones a Estados miembros, en virtud del Capítulo VII de la Carta, para usar la fuerza a fin de garantizar el cumplimiento de medidas de embargo adoptadas previamente por el CS: así, en la resolución 221 (1966), pidió «al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que impida, recurriendo a la fuerza si fuese necesario, la llegada a Beira de naves de las que razonablemente se pueda pensar que transportan petróleo destinado a Rhodesia»; en la resolución 665 (1990), sobre la situación entre el Iraq y Kuwait, exhortó «a los Estados Miembros que cooperan con el Gobierno de Kuwait que están desplegando fuerzas marítimas en la región a que utilicen las medidas proporcionadas a las circunstancias concretas que sean necesarias, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, para detener a todo el transporte marítimo que entre y salga a fin de inspeccionar y verificar sus cargamentos y destinos y asegurar la aplicación estricta de las disposiciones relativas al transporte marítimo establecidas en la resolución 661 (1990)». Según la doctrina, estas acciones son las más cercanas a la letra del artículo 42. Incluso en una de ellas se señala que los Estados actuarán “bajo la autoridad” del CS, lo que supone que los Estados miembros actúan por cuenta de la Organización. Sin embargo, no corresponde considerarlas como una aplicación directa del artículo por no haberse celebrado los convenios del Art.43. Finalmente, podemos considerar como una característica de estas acciones su proporcionalidad “a las circunstancias concretas que sean necesarias”, lo cual significa que se deben interpretar de manera restrictiva y no amplia. - Autorizaciones a los Estados miembros, actuando individualmente o por medio de acuerdos u organismos regionales, en virtud de los Capítulos VII y VIII de la Carta, para usar la fuerza a fin de garantizar el cumplimiento de medidas de embargo previamente adoptadas por el CS: así, en la resolución 787 (1992), sobre la situación en Bosnia y Herzegovina, pidió «de conformidad con los Capítulos VI y VIII de la Carta, que los Estados, actuando como naciones o por conducto de organismos o acuerdos regionales, empleen todas las medidas adaptadas a las circunstancias concretas que puedan ser necesarias, bajo la autoridad del Consejo, para detener todo el transporte marítimo hacia la región o desde ésta con el fin de inspeccionar y verificar las cargas y destinos y de velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones 713 (1991) y 757 (1992)»; en la resolución 794 (1992), sobre la situación en Somalia, exhortó «a los Estados, actuando de conformidad con los Capítulos VII y VIII de la Carta, a que, en el plano nacional o por conducto de organismos o acuerdos regionales, apliquen las medidas que sean necesarias para lograr la estricta aplicación del párrafo 5 de la resolución 733 (1992)»; en la resolución 816 (1993), sobre la situación en Bosnia y Herzegovina, autorizó «a los Estados Miembros a que [...], ya sea que actúen a nivel nacional o por conducto de organizaciones o arreglos regionales, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, y con sujeción a una estrecha coordinación con el Secretario General y la Fuerza [UNPROFOR], tomen todas las medidas necesarias en el espacio aéreo de Bosnia y Herzegovina, en caso de que se produzcan más violaciones, para garantizar que se cumpla la prohibición de los vuelos [...] de forma proporcionada a las circunstancias específicas y al carácter de los vuelos»; en la resolución 875 (1993), sobre la situación en Haití, exhortó «a los Estados Miembros a que, con carácter nacional o por conducto de organismos o mecanismos regionales, y en cooperación con el Gobierno legítimo de Haití, adopten, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, las medidas proporcionadas a las circunstancias del caso y que sean necesarias para garantizar el estricto cumplimiento de las disposiciones de las resoluciones 841 (1993) y 873 (1993), relativas al

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suministro de petróleo o productos de petróleo o de armas y material conexo de todo tipo y, en particular, para detener todo el tráfico marítimo hacia Haití en tanto resulte necesario a fin de inspeccionar y verificar la carga y su destino» (fue renovada y reforzada por S/RES/917 [1994]). La doctrina destaca que este tipo de autorizaciones tienen un doble destinatario: los acuerdos u organismos regionales a que hace referencia el Cap.VIII, cuyo fundamento encontramos en el Art.53 (v. Art.53), y los Estados actuando individualmente; valen para este caso las consideraciones efectuadas en el párrafo anterior. - Autorizaciones a los Estados miembros, actuando individualmente o por medio de acuerdos u organismos regionales, en virtud del Capítulo VII de la Carta, para usar la fuerza a fin de proporcionar apoyo a las operaciones de las Naciones Unidas en el cumplimiento de su mandat o: así, en la resolución 836 (1993), sobre la situación en Bosnia y Herzegovina, decidió que «los Estados Miembros, actuando con carácter nacional o por conducto de organizaciones o acuerdos regionales, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad y en estrecha coordinación con el Secretario General y la Fuerza, podrán adoptar todas las medidas necesarias, mediante el empleo de la fuerza aérea, en las zonas seguras de Bosnia y Herzegovina y alrededor de ellas, para proporcionar apoyo a la Fuerza en el cumplimiento de su mandato»; en la resolución 908 (1994), sobre la situación en Croacia, decidió «que los Estados Miembros, actuando individualmente o por conducto de organizaciones o arreglos regionales, pueden adoptar, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad y con sujeción a una coordinación estrecha con el Secretario General y la Fuerza, todas las medidas necesarias para proporcionar apoyo aéreo al territorio de la República de Croacia en defensa del personal de la Fuerza en cumplimiento de su mandato»; en la resolución 981 (1995), sobre la misma cuestión, decidió «que los Estados Miembros, actuando a nivel nacional o por conducto de las organizaciones o acuerdos regionales, podrán adoptar, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, y con sujeción a una coor dinación estrecha con el Secretario General y el Comandante de la Fuerza de las Naciones Unidas en el teatro de operaciones, utilizando los procedimientos vigentes convenidos con el Secretario General, todas las medidas necesarias para prestar apoyo aéreo inmediato al territorio de la República de Croacia en defensa del personal de la ONURC en el desempeño de su mandato»; en la resolución 1037 (1996), sobre la misma cuestión, decidió «que los Estados Miembros, por conducto de organizaciones o mecanismos regionales, podrán, a petición de la Administración de Transición y sobre la base de procedimientos comunicados a las Naciones Unidas, tomar todas las medidas necesarias, con inclusión de apoyo aéreo directo, en defensa de la Administración de Transición»; en la resolución 1528 (2004), sobre la situación en Côte d’Ivoire, autorizó «a las fuerzas francesas a utilizar todos los medios necesarios para apoyar a la Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire, de conformidad con el acuerdo a que llegue con la Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire y las autoridades de Francia y, en particular, a: a) Contribuir a la seguridad general de la zona de acción de las fuerzas internacionales; b) Intervenir, a petición de la Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire, en apoyo de los elementos de ésta cuya seguridad se vea amenazada; c) Intervenir en caso de acciones beligerantes, si las condiciones de seguridad lo exigieran, fuera de las zonas directamente controladas por la Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire; d) Ayudar a proteger a los civiles en las zonas de despliegue de sus unidades» (renovada por S/RES/1739 [2007]); en la resolución 1671 (2006), sobre la situación en la República Democrática del Congo, decidió «que la Eufor R.D. Congo [fuerza de la UE] será autorizada a tomar todas las medidas necesarias, dentro de sus medios y sus capacidades, para desempeñar las siguientes tareas, de conformidad con el acuerdo a que lleguen la Unión Europea y las Naciones Unidas: a) Ayudar a la Misión [la MONUC] a estabilizar una situación dada, en caso de que la Misión experimente graves dificultades para cumplir su mandato dentro de los límites de sus capacidades; b) Contribuir a la protección de los civiles que se encuentren en peligro inminente de violencia física en las zonas en que esté desplegada, sin perjuicio de la responsabilidad que incumbe al Gobierno de la República Democrática del Congo; c) Contribuir a la protección del aeropuerto de Kinshasa; d) Garantizar la seguridad y la libertad de circulación del personal, así como la protección de las instalaciones de la Eufor R.D. Congo; e) Ejecutar operaciones de carácter limitado para poner a salvo a quienes corran peligro». La posible justificación jurídica de este tipo de autorizaciones se encuentra en la competencia implícita que se ha reconocido al CS para adoptar “las medidas que estime apropiadas” cuando se rompe la base consensual de las OMP y están en peligro el personal o el cumplimiento del mandato de las mismas. Este tipo de medidas incluyen en opinión del CS no sólo la autorización a las OMP para usar la fuerza, sino también la posible autorización a los Estados miembros actuando “en estrecha coordinación” con el SG y con la OMP de que se trate, par usar la fuerza. El fundamento jurídico podría encontrarse en la obligación de prestar ayuda a la Organización en cualquier acción que ejerza de conformidad con la Carta, prevista en el Art.2.5, así como en el Art.48. - Autorizaciones a los Estados miembros, en virtud del Capítulo VII, para que usen la fuerza armada a fin de restablecer la paz y la seguridad internacionales: así, en la resolución 83 (1950), sobre el cargo de agresión contra la República de Corea, recomendó «a los Miembros de las Naciones

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Unidas que proporcionen a la República de Corea la ayuda que pueda ser necesaria para repeler el ataque armado y restablecer la paz y la seguridad internacionales en la región»; en la resolución 678 (1990), sobre la situación entre el Iraq y Kuwait, autorizó «a los Estados Miembros que cooperan con el Gobierno de Kuwait para que [...] utilicen todos los medios para hacer valer y llevar a la práctica la resolución 660 (1990) y todas las resoluciones pertinentes aprobadas ulteriormente y para restablecer la paz y la seguridad internacionales en la región»; en la resolución 794 (1992), sobre la situación en Somalia, autorizó «actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta, al Secretario General y a los Estados Miembros que cooperen [...] para que, en consulta con el Secretario General, empleen todos los medios necesarios a fin de establecer cuanto antes un ambiente seguro para las operaciones de socorro humanitario en Somalia»; en la resolución 929 (1994), sobre la situación en Rwanda, «actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas» autorizó «a los Estados Miembros que cooperen con el Secretario General a ejecutar la operación [encaminada a contribuir, de manera imparcial, a la seguridad y la protección de las personas desplazadas, los refugiados y los civiles en peligro en Rwanda] usando todos los medios necesarios para alcanzar los objetivos humanitarios»; en la resolución 940 (1994), sobre la situación en Haití, «Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta» autorizó «a los Estados Miembros para que constituyan una fuerza multinacional bajo mando y control unificados y, dentro de ese marco, para que recurran a todos los medios necesarios a fin de facilitar la partida de Haití de los dirigentes militares [...], el pronto regreso del Presidente legítimamente elegido y el restablecimiento de las autoridades legítimas del Gobierno de Haití, así como para que establezcan y mantengan un entorno seguro y estable que permita la aplicación del Acuerdo de Governors Island»; en la resolución 1031 (1995), sobre la situación en Bosnia y Herzegovina, autorizó «a los Estados Miembros que actúen por conducto de la organización mencionada en el anexo 1-A del Acuerdo de Paz [la OTAN] o en cooperación con ella para que establezcan una Fuerza Multinacional de Aplicación», para «que tomen todas las medidas necesarias para llevar a cabo la aplicación y asegurar el cumplimiento del anexo 1-A del Acuerdo de Paz», para que «tomen todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos que ha de establecer el Comandante de la Fuerza Multinacional de Aplicación y que regirán el mando y control del espacio aéreo sobre Bosnia y Herzegovina» y para que «a petición de la Fuerza Multinacional de Aplicación, tomen todas las medidas necesarias en defensa de la Fuerza o para ayudarla a cumplir su misión, y reconoce el derecho de la Fuerza a tomar todas las medidas necesarias para defenderse en caso de ataque o amenaza de ataque» (por S/RES/1088 [1996], la Fuerza Multinacional de Estabilización sucedió a la Fuerza Multinacional de Aplicación, la cual a su vez, fue sucedida por la Fuerza de la Unión Europea, por S/RES/1575 [2004], con la misma autorización, la cual se renueva anualmente); en la resolución 1080 (1996), sobre la situación en la región de los Grandes Lagos, autorizó «a los Estados Miembros que cooperan con el Secretario General a que lleven a cabo la operación [para facilitar el regreso inmediato de las organizaciones humanitarias y la distribución eficaz de ayuda humanitaria por las organizaciones civiles de socorro para aliviar los sufrimientos inmediatos de las personas desplazadas, los refugiados y los civiles en peligro en el Zaire oriental y para facilitar la repatriación voluntaria y ordenada de los refugiados y el regreso voluntario de las personas desplazadas] con miras a alcanzar, por todos los medios necesarios, los objetivos humanitarios enunciados»; en la resolución 1264 (1999), sobre la situación en Timor Oriental, autorizó «la creación de una fuerza multinacional con una estructura de mando unificado [...] para que cumpla con las siguientes tareas: restablecer la paz y la seguridad en Timor Oriental, proteger y prestar apoyo a la Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental en el desempeño de sus tareas y, dentro de las posibilidades de la fuerza, facilitar las operaciones de asistencia humanitaria, y autoriza a los Estados que participen en la fuerza multinacional a que adopten todas las medidas necesarias para cumplir este mandato»; en la resolución 1386 (2001), sobre la situación en el Afganistán, autorizó el establecimiento de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, y autorizó «a los Estados Miembros que participen en la Fuerza a que adopten todas las medidas necesarias para cumplir su mandato»; en la resolución 1484 (2003), sobre la situación en la República Democrática del Congo, autorizó el despliegue de una fuerza multinacional, y autorizó «a los Estados Miembros que participen en la Fuerza multinacional en Bunia a que adopten todas las medidas necesarias para cumplir su mandato»; en la resolución 1464 (2003), sobre la situación en Côte d’Ivoire, y «actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas», autorizó «a los Estados Miembros que participan en la fuerza de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental de conformidad con el Capítulo VIII de la Carta, así como a las fuerzas francesas que las apoyan, a que, utilizando los medios a su disposición tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la libertad de circulación de su personal y para asegurar [...] la protección de los civiles en peligro inminente de sufrir violencia física en sus zonas de operaciones»; en la resolución 1497 (2003), sobre la situación en Liberia, autorizó el establecimiento de una fuerza multinacional, y autorizó «a los Estados Miembros que participen en la Fuerza Multinacional a tomar todas las medidas necesarias para cumplir su mandato»; en la resolución 1529 (2004), sobre la situación en Haití,

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autorizó el despliegue de una Fuerza Multinacional Provisional, y autorizó «a los Estados Miembros que participen en la Fuerza Multinacional Provisional a adoptar todas las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de su mandato». La base jurídica de estas resoluciones es la más problemática; en ninguno de estos casos se hace referencia a que la actuación de los Estados se hace bajo la autoridad del CS, siendo este hecho el mínimo para considerar que la acción se hace en nombre de la Organización. Por tanto, según la doctrina, estas resoluciones no tienen cabida en el Cap.VII, sino que el CS se ha limitado a levantar temporalmente la prohibición del uso de la fuerza contenida en el Art.2.4 a fin de permitir la intervención de los Estados miembros en casos que en opinión del CS, se justificaba. Puede cuestionarse esta conclusión diciendo que ninguna disposición de la Carta, fuera del artículo 42, autoriza al CS a relevar a los Estados de su obligación de abstenerse del uso de la fuerza. Sin embargo, tal cual vimos en el Art.24, en ejercicio de su “responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales”, el CS está facultado a “tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz” (Art.1.1), aún cuando tales poderes no le estén explícitamente conferidos, siempre y cuando proceda “de acuerdo con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas” (Art.24.1). Aun con esta justificación, la doctrina destaca que estas resoluciones no reflejan, en absoluto, un sistema de seguridad colectiva, lo cual se ve claramente en varias de ellas, cuando establecen que los gastos de tales operaciones corren por cuenta de los Estados intervinientes (si fuera una acción colectiva de las NU, los gastos serían “gastos de la Organización”, en el sentido del Art.17.2).

Artículo 43 1. Todos los Miembros de las Naciones Unidas, con el fin de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, se comprometen a poner a disposición del Consejo de Seguridad, cuando éste lo solicite, y de conformidad con un convenio especial o con convenios especiales, las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, incluso el derecho de paso, que sean necesarias para el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales. 2. Dicho convenio o convenios fijarán el número y clase de las fuerzas, su grado de preparación y su ubicación general, como también la naturaleza de las facilidades y de la ayuda que habrán de darse. 3. El convenio o convenios serán negociados a iniciativa del Consejo de Seguridad tan pronto como sea posible; serán concertados entre el Consejo de Seguridad y Miembros individuales o entre el Consejo de Seguridad y grupos de Miembros, y estarán sujetos a ratificación por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. El artículo prevé la forma de llevar a la práctica las acciones que implican el uso de la fuerza del Art.42 (“con el fin de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”): a través de convenios especiales entre los Miembros de las Naciones Unidas (individualmente o en grupos, según lo establece el párrafo 3) y el CS, mediante los cuales aquellos se comprometen a poner a disposición de éste, las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades que sean necesarias para el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales (párrafo 1). El párrafo 2 contempla el contenido de los convenios, al establecer que “fijarán el número y clase de las fuerzas, su grado de preparación y su ubicación general, como también la naturaleza de las facilidades y de la ayuda que habrán de darse”. Tales convenios, al ser tratados internacionales (celebrados entre Estados y una organización internacional) están sujetos a la ratificación de los Estados de acuerdo a sus procedimientos constitucionales respectivos. Estos no se han celebrado al día de la fecha. En el Cap.XVII, se prevé que sucederá hasta que aquellos se realicen, pero podemos desde ya adelantar que la solución prevista tampoco se llevó a cabo. El Presidente del Comité de Estado Mayor (v. Art.47) envió el 30 de abril de 1947 un informe del Comité sobre los “Principios Generales que deben regular la organización de las fuerzas armadas puestas a disposición del Consejo de Seguridad por los Estados Miembros de las Naciones Unidas”. El informe incluía recomendaciones acordadas por unanimidad por las

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delegaciones representadas en el Comité y las propuestas de delegaciones sobre las que no se logró la aprobación unánime. En junio y julio de 1947, el CS consideró el informe, bajo el orden del día “Acuerdos especiales en virtud del Artículo 43 de la Carta y organización de las fuerzas armadas que se pondrán a disposición del Consejo de Seguridad”. El CS decidió examinar primero aquello s artículos que habían sido acordados por el Comité y, sujeto a su decisión sobre el informe en su conjunto, adoptó provisionalmente esos artículos. El CS luego consideró los artículos sobre los que no había acuerdo, y al no poder acordar sobre el artículo 11, relativo a las contribuciones de los miembros permanentes, no consideró el resto de los artículos. Después del aplazamiento de la discusión en su 157ª sesión (15 de julio de 1947), la cuestión permaneció en la lista de asuntos sometidos al CS durante casi cincuenta años, pero no fue considerado, y finalmente, fue suprimido de la lista. En cuanto al proyecto de artículos que presentó el Comité de Estado Mayor, el Capítulo I se refería al propósito de las Fuerzas Armadas, estableciendo el Art.1 que los Miembros ponían a disposición del CS fuerzas armadas con el propósito de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales en los casos en que existiera una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, cuando las medidas tomadas por el CS en virtud del Art.41 de la Carta podían ser inadecuadas o habían probado serlo y cuando la amenaza a la paz y la seguridad internacionales fuera tal que se necesitara el empleo de la fuerza armada. El Art.2 establecía que las fuerzas armadas no podían ser empleadas para propósitos inconsistentes con los propósitos, principios y el espíritu de la Carta, definidos en su Preámbulo y en el Cap.I. El Capítulo II era relativo a la composición de las Fuerzas Armadas, estableciendo el Art.3 que las fuerzas armadas puestas a disposición del CS por los Miembros en virtud del artículo 43 de la Carta estarían compuestas de unidades (formaciones) de las fuerzas armadas nacionales de tierra, mar y aire, tal cual son normalmente mantenidas como componentes de las fuerzas de los Estados Miembros, y el Art.4 establecía que las fuerzas que estuvieran puestas a disposición del CS se encontrarían entre las unidades mejor entrenadas y equipadas de los Miembros. El Capítulo III (Arts. 5 a 8), se refería al personal total de las fuerzas, y el Capítulo IV (Arts. 9 a 17), la contribución de las fuerzas por los Miembros, estableciendo el Art.9 que todos los Miembros tendrían la oportunidad, así como la obligación de poner sus fuerzas armadas, facilidades y otra asistencia a disposición del CS a su requerimiento y en virtud de sus posibilidades. El Art.10 establecía que los miembros permanentes contribuirían inicialmente con la mayor porción de las fuerzas y los artículos siguientes se referían al modo y forma de las contribuciones de los miembros. El Capítulo V (Arts. 18 a 21) era relativo al empleo de las fuerzas armadas, estableciendo el Art.18 que las fuerzas puestas a disposición del CS serían empleadas, en forma total o parcial, sólo por la decisión del CS y por el período necesario para el cumplimiento de las tareas previstas en el Art.42 de la Carta. El Art.19 establecía que el empleo de las fuerzas armadas en virtud del Art.42 de la Carta debía, cuando fuera posible, ser iniciado a tiempo para prevenir o suprimir rápidamente un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. El Capítulo VI (Arts. 22 a 25) se refería al grado de preparación de las fuerzas (previsto en el párrafo 2 del artículo sub examine), el Capítulo VII (Arts. 26 a 28), a la provisión de ayuda y facilidades a las fuerzas, incluso el derecho de paso (también previstos en el párrafo 2) y el Capítulo VIII (Arts. 29 a 31), al apoyo logístico de las fuerzas. El Capítulo IX (Arts. 32 a 35) era relativo a la ubicación general de las fuerzas, estableciendo el Art.32 que las fuerzas, cuando no fueran empleadas por el CS, estarían basadas a discreción de los Miembros en cualquier territorio o aguas en los cuales tuvieran derecho de acceso. El Capítulo X (Arts. 36 a 41), se refería a la dirección estratégica y al comando de las fuerzas, estableciendo el Art.36 que las fuerzas permanecerían bajo el exclusivo comando de los respectivos Estados contribuyentes, excepto cuando, habiendo sido puestas a disposición del CS, a su requerimiento, operaran bajo su autoridad. El Art.37 establecía que cuando las fuerzas fueran convocadas para el cumplimiento de las medidas del Art.42, estarían bajo el control del CS, y el Art.38 establecía que durante ese período, el Comité de Estado Mayor sería responsable, bajo la autoridad del CS, de su dirección estratégica, durante el tiempo que el CS estableciera. El Art.39 disponía que el comando de los contingentes nacionales sería ejercido por los comandantes designadas por los respectivos Estados, conservando tales contingentes s u carácter nacional, y sometidos a las regulaciones de sus propias fuerzas armadas. Los artículos 1 a 4 fueron adoptados por el CS sin discusión en su 142ª sesión (18 de junio de 1947), sujetos a la decisión final del CS sobre el informe en su conjunto; los artículos 9, 12, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 35, 37, 38, 39 y 40 fueron adoptados por el CS en su 143ª sesión (20 de junio de 1947); los artículos 5, 6, 10, 13, 22 y 36 fueron adoptados por el CS en su 145ª sesión (24 de junio de 1947); el resto de los artículos no fue discutido por el CS. Pese a ello, el artículo 43 fue invocado en la AG con relación a la polémica (ya referida en los Arts. 11 y 17) suscitada por la FENU y la ONUC, en el sentido de que la financiación de tales operaciones debía ser considerada en virtud de los convenios del artículo, y no del Art.17 de la Carta. La CIJ, en su opinión consultiva de 20 de julio de 1962, expresó al respecto: "Se ha alegado asimismo ante la Corte que el Artículo 43 de la Carta constituye una norma particu lar, una lex specialis, que deroga la norma general del Artículo 17 en los casos en que se trata de un gasto para

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el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. [...] Se alega que esos convenios [los del artículo 43] debían incluir disposiciones relativas a la distribución de los costos de las acciones coercitivas que se emprendieran a iniciativa del Consejo de Seguridad, y que sólo el Consejo de Seguridad está facultado para adoptar disposiciones relativas al modo de sufragar esos costos. Por lo que se refiere a este argumento, la Corte declara desde un principio que, por razones que se exponen plenamente más adelante, las operaciones denominadas FENU y ONUC no fueron acciones coercitivas en el sentido del Capítulo VII de la Carta y que, por lo tanto, el Artículo 43 nunca podría aplicarse a los casos de que se ocupa aquí la Corte. No obstante, aunque el Artículo 43 fuera aplicable, la Corte no podría aceptar esta interpretación de su texto por las razones siguientes. El texto del Artículo 43 no contiene ninguna limitación de las facultades discrecionales del Consejo de Seguridad en la negociación de esos Convenios. No puede suponerse que en cada uno de esos convenios el Consejo de Seguridad insistiría en que el Estado Miembro sufragara el costo íntegro de la 'asistencia' que pusiera a la disposición del Consejo, incluido, por ejemplo, el transporte de las fuerzas al lugar de la operación, el mantenimiento logístico completo sobre el terreno, los suministros, las armas y las municiones, etc. y que el Estado Miembro de que se tratara estaría obligado a aceptar esa exigencia. Si, durante negociaciones desarrolladas con arreglo al Artículo 43, los Estados Miembros tuvieran el derecho de insistir en que la Organización sufragara una parte de los gastos (como efectivamente lo tendrían) y el Consejo de Seguridad estuviera facultado para convenir en ello (como efectivamente lo estaría), en ese caso, esos gastos formarían parte de los gastos de la Organización y correspondería a la Asamblea General distribuir los con arreglo al Artículo 17. Resulta difícil comprender cómo puede haberse pensado que todos los posibles gastos podrían preverse en esos convenios, concertados quizás con gran antelación. Por lo demás, la dificultad o imposibilidad de prever todas las consecuencias financieras de las medidas coercitivas para los Estados Miembros queda demostrada por el Artículo 50, que dispone que un Estado, sea o no Miembro de las Naciones Unidas, 'que confrontare problemas económicos especiales originados por la ejecución de dichas medidas [preventivas o coercitivas], tendrá el derecho de consultar al Consejo de Seguridad acerca de la solución de esos problemas'. Probablemente, en ese caso, el Consejo de Seguridad podría decidir que el Estado sobre el que recayera una carga excesiva tendría derecho a recibir cierta asistencia financiera; esa asistencia financiera, si fuera prestada por la Organización, como podría serlo, formaría claramente parte de los 'gastos de la Organización': Los problemas económicos no podrían haberse resuelto con antelación por un convenio negociado, ya que sólo se conocerían posteriormente y, en el caso de los Estados que no fueran miembros de las Naciones Unidas, que también quedan incluidos en el Artículo 50, no se habría negociado ningún convenio conforme al Artículo 43. Además, un argumento que insiste en que todas las medidas que se tomen para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales deben financiarse mediante convenios concertados con arreglo al Artículo 43 parecería excluir la posibilidad de que el Consejo de Seguridad actúe en virtud de otro Artículo de la Carta. La Corte no puede aceptar una visión tan limitada de las facultades del Consejo de Seguridad con arreglo a la Carta. No puede decirse que la Carta ha dejado al Consejo de Seguridad sin poderes ante una situación de emergencia cuando no se han concertado convenios en virtud del Artículo 43.» Esta conclusión final de la CIJ es muy importante en cuanto al poder del CS de autorizar el uso de la fuerza aun ante la inexistencia de los convenios de este artículo, tal cual se explicó en el comentario al Art.42. El artículo también fue citado por la AG en su resolución 2734 (XXV), titulada “Declaración sobre el fortalecimiento de la seguridad internacional”, en la que recomendó «que el Consejo de Seguridad tome medidas para facilitar la concertación de los convenios previstos en el Artículo 43 de la Carta, a fin de que pueda ejercer plenamente su capacidad para imponer las medidas coercitivas previstas en el Capítulo VII de la Carta». El artículo fue también invocado por la AG, la Comisión Política Especial, y el Comité Especial sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz, con relación al tema “Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos” en reiteradas oportunidades. Sin embargo, como vimos en el Art.29, la contribución de los Estados Miembros a las OMP no se rige por este artículo 43, sino por los principios adoptados por el CS en su resolución 1353 (2001).

Artículo 44 Cuando el Consejo de Seguridad haya decidido hacer uso de la fuerza, antes de requerir a un Miembro que no éste representado en él a que provea fuerzas armadas en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del Artículo 43, invitará a dicho Miembro, si éste así lo deseare, a participar en las decisiones del Consejo de Seguridad relativas al empleo de contingentes de fuerzas armadas de dicho Miembro. 156

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Este es otro caso, además de los establecidos en los Arts. 31 y 32 de invitación a participar de la discusión de una cuestión en el CS, de Estados que no están representados en él. Este caso se trata de un Miembro que provea fuerzas al CS de conformidad a los convenios del Art.43. Al no haberse celebrado tales convenios, esta norma es inaplicable. Parte de la doctrina destaca que, a diferencia de los otros casos, existe una referencia expresa “a participar en las decisiones”, lo cual significaría que puede votar; esta opinión está reforzada por la inexistencia de la expresión “sin derecho a voto”, que está en los otros artículos, pero al no existir práctica del CS, tal conclusión sólo puede permanecer en la pura teoría. Sin embargo, y conforme a lo explicado en el Art.29, los Estados que proveen fuerzas a las operaciones de mantenimiento de la paz, se reúnen periódicamente con el CS para evaluar la marcha de las operaciones, de conformidad con las modalidades establecidas en la resolución 1353 (2001).

Artículo 45 A fin de que la Organización pueda tomar medidas militares urgentes, sus Miembros mantendrán contingentes de fuerzas aéreas nacionales inmediatamente disponibles para la ejecución combinada de una acción coercitiva internacional. La potencia y el grado de preparación de estos contingentes y los planes para su acción combinada serán determinados, dentro de los límites establecidos en el convenio o convenios especiales de que trata el Artículo 43, por el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado Mayor. Este artículo establece que los Miembros deben mantener, a fin de que la Organización pueda tomar medidas militares urgentes, contingentes de fuerzas aéreas “inmediatamente disponibles” para ejecutar una acción coercitiva internacional. Es evidente que deben estar disponibles para el CS. La potencia y el grado de preparación de estos contingentes estarán determinados por el CS, con la ayuda del Comité de Estado Mayor (Art.47), dentro de los límites de los convenios del Art.43 y, al no haberse celebrado dichos convenios, este artículo tampoco es aplicable. Se referían a él los Arts. 16 y 25 de los “Principios Generales que deben regular la organización de las fuerzas armadas puestas a disposición del Consejo de Seguridad por los Estados Miembros de las Naciones Unidas”, presentados al CS por el Comité de Estado Mayor. El Art.16 –en el texto aceptado por las delegaciones de China, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos– expresaba que la potencia y la composición de los contingentes de las fuerzas aéreas nacionales puestas a disposición del CS serían determinadas de acuerdo al Ar t.12 (a iniciativa del CS con la ayuda del Comité de Estado Mayor), teniendo en cuenta las obligaciones emergentes del artículo 45 de la Carta, y en el texto aceptado por la delegación de la Unión Soviética, se establecía que la potencia y la composición de los contingentes de las fuerzas aéreas nacionales puestas a disposición del CS para la acción contemplada en el artículo 45 de la Carta sería determinada por el CS, con la asistencia del Comité de Estado Mayor, dentro de los límites de los convenios espe ciales previstos en el Art.43 de la Carta. El Art.25 –en el texto aceptado por las delegaciones de China, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos– expresaba que el grado de preparación de los contingentes de las fuerzas aéreas nacionales sería mantenido a un nivel que permitiera a las Naciones Unidas tomar medidas militares urgentes de conformidad con las provisiones del artículo 45 de la Carta, y en el texto aceptado por la Unión Soviética, se establecía que el grado de preparación de los contingentes de las fuerzas aéreas nacionales para la acción prevista en el artículo 45 de la Carta sería determinado por el CS, con la asistencia del Comité de Estado Mayor, dentro de los límites de los convenios especiales previstos en el Art.43 de la Carta. Ninguno de estos artículos fue discutido por el CS.

Artículo 46 Los planes para el empleo de la fuerza armada serán hechos por el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado Mayor. Los “planes para el empleo de la fuerza armada”, a que se refiere el artículo, son los previstos en los convenios del Art.43, los que, al no haberse celebrado, vuelven inaplicable también

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a este artículo. La disposición se justificaba pues, siendo el CS el único órgano autorizado a emplear la fuerza, según lo establecido en el Art.42, era lógico que fuera él quien hiciera los planes para tal empleo, contando para ello con la asistencia del Comité de Estado Mayor (Art.47). Además de no poder ser aplicado, el artículo no fue invocado más de que manera incidental, y no se pr odujo ningún debate relevante en los órganos de las NU sobre su interpretación. Así, en la práctica del CS sólo aparece expresamente citado en un proyecto de resolución sobre la situación en Sudáfrica (S/12310/Rev.1), en la que el CS, decidía que, en caso de que Sudáfrica no tomara medidas para cumplir sus obligaciones, consideraría «la posibilidad de tomar las medidas apropiadas en virtud de todas las disposiciones de la Carta, incluidos los Artículos 39 a 46 del Capítulo VII»; el proyecto no fue aprobado por el voto negativo de tres miembros permanentes (Estados Unidos, Francia y Reino Unido), en la 2045ª sesión (31 de octubre de 1977).

Artículo 47 1. Se establecerá un Comité de Estado Mayor para asesorar y asistir al Consejo de Seguridad en todas las cuestiones relativas a las necesidades militares del Consejo para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, al empleo y comando de las fuerzas puestas a su disposición, a la regulación de los armamentos y al posible desarme. 2. El Comité de Estado Mayor estará integrado por los Jefes de Estado Mayor de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad o sus representantes. Todo Miembro de las Naciones Unidas que no éste permanentemente representado en el Comité será invitado por éste a asociarse a sus labores cuando el desempeño eficiente de las funciones del Comité requiera la participación de dicho Miembro. 3. El Comité de Estado Mayor tendrá a su cargo, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, la dirección estratégica de todas las fuerzas armadas puestas a disposición del Consejo. Las cuestiones relativas al comando de dichas fuerzas serán resueltas posteriormente. 4. El Comité de Estado Mayor, con autorización del Consejo de Seguridad y después de consultar con los organismos regionales apropiados, podrá establecer subcomités regionales. El Comité de Estado Mayor que prevé este artículo es un verdadero órgano subsidiario del CS (Art.29) creado por la Carta. Su composición está establecida en el párrafo 2, al estar integrado por los Jefes de Estado Mayor de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad o sus representantes (es de notar que este es otro de los artículos que confiere prerrogativas especiales a los miembros permanentes del CS, v. Art.23.1), y consagrándose el derecho de los Miembros no representados en el Comité a participar de sus labores “cuando el desempeño eficiente de las funciones del Comité requiera la participación de dicho Miembro”. De acuerdo al párrafo 1, son funciones del Comité de Estado Mayor: asesorar y asistir al CS en todas las cuestiones relativas a las necesidades militares del Consejo para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; al empleo y comando de las fuerzas puestas a su disposición; a la regulación de los armamentos y al posible desarme, para lo cual –de acuerdo al Art.26– debe ayudar al CS en la elaboración de planes para el establecimiento de un sistema de regulación de los armamentos (sobre la labor del CS sobre el desarme, v. Art.26); asistir al CS en la determinación de la potencia y grado de preparación, así como los planes de acción, de los contingentes de fuerzas aéreas nacionales puesto a su disposición (Art.45); ayudar al CS en la preparación de los planes para el empleo de la fuerza armada (Art.46). El párrafo 3 establece que el Comité tendrá a su cargo, bajo la autoridad del CS, la dirección estratégica de todas las fuerzas armadas puestas a disposición del CS, tal cual lo establecía el Art.38 de los “Principios Generales que deben regular la organización de las fuerzas armadas puestas a disposición del Consejo de Seguridad por los Estados Miembros de las Naciones Unidas” (v. Art.43), dejando para después lo relativo al comando de las fuerzas, lo cual –evidentemente– debía ser resuelto en los convenios del Art.43. En cuanto a la labor del Comité, el CS, en su 2ª sesión (25 de enero de 1946) aprobó su resolución 1 (1946), que establecía: «En virtud del Artículo 47 de la Carta, las Naciones Unidas han convenido en establecer un Comité de Estado Mayor encargado de asesorar y asistir al Consejo de

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Seguridad y en que este Comité esté integrado por los Jefes de Estado Mayor de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad o sus representantes; Por lo tanto, 1. El Consejo de Seguridad invita a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad a que cursen a sus Jefes de Estado Mayor las instrucciones necesarias para que se reúnan o designen representantes para reunirse en Londres el 1º de febrero de 1946 [recordemos que Londres fue la primera Sede de las NU]; 2. El Consejo de Seguridad decide que los Jefes de Estado Mayor o sus representantes, así reunidos, constituyan el susodicho Comité de Estado Mayor; 3. El Consejo de Seguridad encarga al Comité de Estado Mayor que, como primera tarea, prepare propuestas relativas a su organización (incluso el personal de secretaría adecuado) y a su procedimiento, y que las presente al Consejo de seguridad». Por carta fechada 14 de febrero de 1946, el Presidente del Comité transmitió al Presidente del CS el “Proyecto de Estatuto del Comité de Estado Mayor” y el “Proyecto de Reglamento del Comité de Estado Mayor”, de acuerdo con la directiva del CS; en su 23ª sesión (16 de febrero de 1946), el CS decidió autorizar al Comité, hasta la aprobación de su reglamento y el estatuto por el Consejo, a entrar provisionalmente en funciones sobre la base de las proposiciones que él mismo le había presentado. El Proyecto de Estatuto tiene ocho secciones: la sección I está referida al establecimiento del Comité; la sección II contiene sus funciones, las que define como: a) asesorar y asistir al CS sobre todas las cuestiones relativas a las necesidades militares del CS para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y, en particular, la prevención y la supresión de la agresión; b) preparar los planes del CS para el empleo de la fuerza armada; c) hacer recomendaciones al CS para el empleo y comando, incluyendo la designación de comandantes, de las fuerzas puestas a su disposición; d) asesorar y asistir al CS sobre todas las cuestiones relativas a la regulación de armamentos y el posible desarme; e) bajo la autoridad del CS, ser responsable del ejercicio de la dirección estratégica de las fuerzas armadas puestas a disposición del CS; f) con la autorización del CS y después de consultas con los organismos regionales apropiados, establecer comités subregionales y dirigir sus actividades; g) desempeñar todas las otras funciones que el CS requiera. La sección III se refiere a las relaciones entre el Comité, el CS y el SG, estableciendo que el Comité es el órgano militar del CS y declarando como esencial el intercambio libre y recíproco de información entre el CS y el Comité, para lo cual establece distintos procedimientos; la sección IV establece la composición del Comité, reiterando lo establecido en el párrafo 2 de este artículo, y disponiendo que los “representantes” mencionados en el párrafo, serán tres oficiales, uno de cada fuerza de tierra, mar y aire; la sección V establece que la presidencia del Comité se establecerá en el Reglamento; la sección VI dispone que la sede del Comité será en la sede del CS; la sección VII se refiere a la disponibilidad permanente del Comité, sobre la que no se logró la unanimidad, disponiendo la propuesta de los Estados Unidos, China, Francia y el Reino Unido que el Comité funcionará de manera continua, y la propuesta de la URSS, que el Comité funcionará de acuerdo con las directivas del CS; la sección VIII se refiere a la estructura del Comité, permitiendo la creación de subcomités y la organización de una Secretaría. Por su parte, el Proyecto de Reglamento consta de catorce artículos, organizados en ocho secciones; la sección I (Arts. 1 a 5), se refiere a las sesiones y el programa; la sección II (Art.6), a la presidencia; la sección III (Art.7), a la votación (nótese que dispone que las decisiones se toman por unanimidad); la sección IV (Art.8), a la estructura y procedimiento para la Secretaría; la sección V (Arts. 9 a 10), a las actas; la sección VI (Art.11), a los idiomas; y la sección VII (Arts. 12 a 14), a la seguridad. También en la 23ª sesión el CS invitó al Comité «a que, como primera tarea, examine, desde el punto de vista militar, las disposiciones del Artículo 43 de la Carta y presente oportunamente al Consejo de Seguridad los resultados del examen, junto con las recomendaciones que juzgue conveniente», El 30 de abril de 1947, el Comité presentó su informe sobre los “Principios Generales que deben regular la organización de las fuerzas armadas puestas a disposición del Consejo de Seguridad por los Estados Miembros de las Naciones Unidas”, que fueron analizados en el Art.43. Después del aplazamiento del debate sobre el orden del día “Acuerdos especiales en virtud del Artículo 43 de la Carta y organización de las fuerzas armadas que se pondrán a disposición del Consejo de Seguridad” en su 157ª sesión, celebrada el 15 de julio de 1947 (tal cual se vio en el comentario al Art.43), no hubo acción de parte del CS relacionada con la aplicación del artículo 47. No olvidemos que, como la mayoría de las disposiciones de este artículo requieren la celebración de los convenios del Art.43, y la cooperación entre todos los miembros permanentes del CS durante la Guerra Fría fue casi nula, la labor del Comité se volvió muy acotada, limitándose a celebrar algunas reuniones. Al respecto, y revisados los informes del CS de los últimos diecisiete años, bajo el título “Labor del Comité de Estado Mayor”, se puede encontrar lo siguiente: «El Comité de Estado Mayor, establecido de conformidad con el Artículo 47 de la Carta de las Nac iones Unidas, funcionó continuamente con arreglo a su proyecto de reglamento durante el período que se examina. El Comité celebró un total de 26 [a veces 27] reuniones y siguió preparado para desempeñar las funciones que se le han asignado en virtud del Artículo 47 de la Carta.» En la actualidad, tanto el Grupo de Trabajo del CS sobre las operaciones de mantenimiento de la paz, como algunos Estados, tratan de revitalizar la función del Comité de Estado Mayor, para que asesore

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al CS sobre los aspectos militares de estas operaciones. Así, el propio CS, en la resolución 1353 (2001), ya citada en el Art.29, se comprometió a seguir estudiando la posibilidad de recurrir al Comité de Estado Mayor como uno de los medios de fortalecer las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz». En el Documento Final de la Cumbre 2005 (A/RES/60/1), los Jefes de Estado y Gobierno pidieron: «al Consejo de Seguridad que examine la composición, el mandato y los métodos de trabajo del Comité de Estado Mayor». La respuesta del Comité está contenida en el informe del CS a la AG del sexagésimo primer período de sesiones (A/61/2), en los siguientes términos: «De conformidad con la petición formulada al Consejo de Seguridad por la Asamblea General en el párrafo 178 del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (resolución 60/1), el Comité de Estado Mayor ha examinado la composición, el mandato y los métodos de trabajo del Comité. Se siguen celebrando debates al respecto».

Artículo 48 1. La acción requerida para llevar a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales será ejercida por todos los Miembros de las Naciones Unidas o por algunos de ellos, según lo determine el Consejo de Seguridad. 2. Dichas decisiones serán llevadas a cabo por los Miembros de las Naciones Unidas directamente y mediante su acción en los organismos internacionales apropiados de que formen parte. Es de toda lógica que la aplicación de las medidas que decida el CS requiera de la colaboración de los miembros, todos o los que determine el CS, pues es la única manera de asegurar su real cumplimiento, además de una manifestación de su deber de asistencia a la Organización (Art.2.5). Ello se explica por cuanto –reiteramos– el CS, a pesar de la obligatoriedad de sus decisiones y de poder tomar medidas para su cumplimiento, no es un gobierno mundial, dotado de los mecanismos coercitivos de los que gozan los Estados; así, la cooperación de los Miembros se vuelve fundamental. El párrafo 2 del artículo establece que los miembros actuarán directamente o por medio de organismos internacionales apropiados, que no son otros que los que refiere el Cap.VIII, y que el CS puede utilizar “para aplicar medidas coercitivas bajo su autoridad” (Art.53.1). A pesar de su importancia, el artículo sólo fue invocado explícitamente por el CS en una oportunidad, en la resolución 670 (1990), sobre la situación entre el Iraq y Kuwit, en la que se manifestó «Decidido también a velar porque se respeten sus decisiones y las disposiciones de los Artículos 25 y 48 de la Carta de las Naciones Unidas». Tampoco se suscitaron debates acerca de su interpretación en el seno del órgano, tal vez porque haya interpretado, al igual que lo hace parte de la doctrina, que este artículo también requiere de la aprobación de los convenios del Art.43. Sin embargo, la práctica del CS registra numerosos casos de aplicación implícita del artículo ya que en la mayoría de las resoluciones que impuso sanciones o decidió el uso de la fuerza, decidió que tales medidas serían llevadas a cabo por todos los Miembros de las Naciones Unidas e incluso, a los Estados que no son miembros. Así, sobre las medidas que no implican el uso de la fuerza (Art.41), en las resoluciones 169 (1961), 181 (1963), 218 (1965), 591 (1986), pidió su cumplimiento «a todos los Estados»; en la resolución 217 (1965), lo encareció «a todos los Estados»; en la resolución 282 (1970), exhortó «a todos los Estados»; en las resoluciones 232 (1966), 253 (1968), 277 (1970), 409 (1977) y 1718 (2006) decidió «que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas» debían adoptar tales medidas; en la resolución 232 (1966) exhortó «a los Estados que no son miembros de las Naciones Unidas»; en las resoluciones 253 (1968), 277 (1970) y 409 (1977) instó «a los Estados no miembros de las Naciones Unidas»; finalmente, en las resoluciones 418 (1977), 661 (1990), 670 (1990), 687 (1991), 713 (1991), 733 (1992), 748 (1992), 757 (1992), 788 (1992), 820 (1993), 841 (1993), 864 (1993), 883 (1993), 917 (1994), 918 (1994), 942 (1994), 1011 (1995), 1054 (1996), 1070 (1996), 1127 (1997), 1132 (1997), 1160 (1998), 1171 (1998), 1173 (1998), 1267 (1999), 1298 (2000), 1306 (2000), 1333 (2000), 1343 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1493 (2003), 1521 (2003), 1532 (2004), 1540 (2004), 1556 (2004), 1572 (2004), 1591 (2005), 1596 (2005), 1636 (2005), 1643 (2005), 1701 (2006) y 1737 (2006) decidió «que todos los Estados» debían dar cumplimiento a las medidas. En cuanto a las medidas que implican el uso de la fuerza armada, en la resolución 83 (1950) recomendó «a los Miembros de las Naciones Unidas» proporcionar la ayuda que fuera necesaria; en la resolución 665 (1990), exhortó «a los Estados Miembros que cooperan con el Gobierno de Kuwait» a utilizar tales medidas; en la resolución 787 (1992), pidió «que los Estados, actuando como naciones o por conducto de organismos o acuerdos regionales», emplearan las medidas necesarias (de forma similar en las resoluciones 794 [1992], 836 [1993], 875 [1993], 908 [1994] y 917 [1994]); las demás autorizaciones

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para el uso de la fuerza fueron dadas por el CS a grupos de Estados que actuaban individualmente o por medio de organismos regionales, o a fuerzas multinacionales, como se vio en las resoluciones citadas en el comentario al Art.42; en un caso puntual, en la resolución 221 (1966), pidió tales acciones a un miembro determinado: el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es particular el caso en que se refirió a los Estados que no son miembros de las NU o la referencia a “todos los Estados”, ya que en tales casos se trataría de los efectos de las decisiones del CS sobre los no miembros, previstos en el Art.2.6, pues se trata de decisiones tomadas para mantener la paz y la seguridad internacionales. Asimismo, el CS ha consagrado en varias de estas resoluciones la obligación de hacer que los nacionales de los Estados cumplan las medidas establecidas. Por ejemplo, en la resolución 864 (1993), sobre la situación en Angola, pidió «a los Estados que inicien procedimientos judiciales contra las personas y entidades que infrinjan las medidas impuestas por la presente resolución y que impongan las penas adecuadas» (de forma similar, en las resoluciones 820 [1993], sobre la situación en Bosnia y Herzegovina; 841 [1993], sobre la cuestión de Haití; 1267 [1999], 1333 [2000] y 1390 [2002], sobre la situación en el Afganistán; 1343 [2001], sobre la situación en Liberia).

Artículo 49 Los Miembros de las Naciones Unidas deberán prestarse ayuda mutua para llevar a cabo las medidas dispuestas por el Consejo de Seguridad. El artículo es una evidente consecuencia del anterior, así como una manifestación del deber de los Estados de colaborar con la Organización (Art.2.5) y de obrar de buena fe (Art.2.2). Destaca la doctrina que con este texto se completa el sistema constituido por los Arts. 25 y 48 en lo concerniente a “llevar a cabo las medidas dispuestas por el Consejo de Seguridad”, aunque con algunas diferencias cualitativas. En efecto, la norma dispone que los Miembros “deberán prestarse ayuda mutua” en las tareas de llevar a cabo las acciones del CS. Es decir, aquí se contempla la cooperación y asistencia de los Estados Miembros entre sí en las operaciones destinadas a “llevar a cabo” las medidas dispuestas por el CS. Cabe señalar que se trata de una asistencia y cooperación en cuanto a la ejecución –“llevar a cabo”, dice el texto– de las acciones decididas por el CS y no el procedimiento mismo de su “adopción”. En la práctica de las NU, este artículo ha sido objeto de una interpretación especial. A partir de la resolución 146 (1960) sobre la cuestión del Congo, se comenzó a invocar este texto frente a situaciones ajenas a la aplicación del Cap.VII no obstante que el mismo integra, sin duda alguna, la economía general del capítulo. En el p árrafo quinto de esa resolución, el CS pidió «a todos los Estados Miembros que, de conformidad con los Artículos 25 y 49 de la Carta, acaten y ejecuten las decisiones del Consejo de Seguridad y se presten mutuamente ayuda para dar cumplimiento a las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad». Llamó la atención desde entonces esta anomalía de recurrir a un texto integrado al sistema coercitivo del Cap.VII en un asunto que fue tratado fuera del ámbito del mismo. Cabe destacar que esa fue la primera vez que se invocó el artículo en la práctica de las NU. En ocasiones posteriores –siguiendo la interpretación apuntada– el CS realizó aplicaciones implícitas del artículo en diversos casos en los que no estaba actuando en virtud del Cap.VII, las cuales pueden ser consultadas en los volúmenes pertinentes del “Repertorio de la práctica seguida por los órganos de las Naciones Unidas”. Aquí citaremos algunos de aquellos casos de los que se desprende que el CS sí actuaba en virtud del Cap.VII. Así, en la resolución 253 (1968), sobre la situación en Rhodesia del Sur, exhortó «a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, en particular a aquellos que en virtud de la Carta tienen la responsabilidad primordial por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a que presten asistencia efectiva para la aplicación de las medidas indicadas en la presente resolución» (en similares términos, la resolución 277 [1970], sobre la misma cuestión); en la resolución 282 (1970), sobre el apartheid en Sudáfrica, encareció a todos los Estados a «que ayuden efectivamente en el cumplimiento de la presente resolución»; en la resolución 665 (1990), sobre la situación en el Iraq, pidió «a todos los Estados que presten, con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, la asistencia que requieran los Estados mencionados en el párrafo 1 [sobre tales medidas, v, la cita correspondiente en el Art.42]»; en la resolución 678 (1990), sobre la misma cuestión, pidió «a todos los Estados que proporcionen apoyo adecuado para las medidas que se adopten de conformidad con el párrafo 2 [v. la cita correspondiente en el Art.42]»; en la resolución 787 (1992), sobre la situación en Bosnia y Herzegovina, pidió «a todos los Estados que, de conformidad con la Carta, brinden la asistencia que les pidan los Estados que actúan como naciones o por conducto de organismos o acuerdos regionales en cumplimiento de los párrafos 12 y 13 [v. la cita correspondiente en el Art.42]»; en la resolución 1386 (2001), sobre la situación en el Afganistán, alentó «a los Estados vecinos y a otros Estados Miembros a que proporcionen a la Fuerza toda la asistencia necesaria que se les solicite» [sobre la Fuerza, v. la cita correspondiente en el Art.42]».

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También fue citado en la resolución 386 (1976), sobre la petición de Mozambique en virtud del Art.50, la cual será analizada en el comentario de ese artículo.

Artículo 50 Si el Consejo de Seguridad tomare medidas preventivas o coercitivas contra un Estado, cualquier otro Estado, sea o no Miembro de las Naciones Unidas, que confrontare problemas económicos especiales originados por la ejecución de dichas medidas, tendrá el derecho de consultar al Consejo de Seguridad acerca de la solución de esos problemas. El artículo prevé la posibilidad para un Estado, sea o no Miembro de las NU, de consultar al CS acerca de la solución de los “problemas económicos especiales” que le hayan causado la ejecución de las “medidas preventivas o coercitivas” adoptadas por el CS contra otro Estado. Es interesante que repite el concepto de “medidas preventivas o coercitivas” del Art.2.5 y del Art.5, pese a que ninguna disposición de la Carta las define (v. comentario al Art5). No ha tenido mucha aplicación en la práctica, aún cuando el supuesto que plantea es posible, pues las medidas tomadas en virtud del Art.41 (sobre todo las sanciones económicas), pueden ocasionar inconvenientes a los Estados vecinos. El Estado afectado también tiene derecho a participar en la discusión de la cuestión en el CS, conforme a lo establecido en el Art.31, pues se trata de Estados cuyos intereses “están afectados de manera especial”. La primera aplicación implícita de este artículo puede considerarse la resolución 253 (1968), sobre la situación en Rhodesia del Sur, a través de la cual se reforzaron y ampliaron las sanciones contra el régimen ilegal de ese país (v. Art.41), y en la cual pidió «a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, a las propias Naciones Unidas, a los organismos especializados y a otras organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas que presten asistencia a Zambia, con carácter prioritario, con miras a ayudarla a resolver los problemas económicos especiales a que pueda tener que hacer frente a raíz de la aplicación de estas decisiones del Consejo de Seguridad». La primera referencia explícita al artículo aparece en la resolución 386 (1976), sobre el orden del día “Petición presentada por Mozambique con arreglo al Artículo 50 de la Carta de las Naciones Unidas en relación con la situación que ha surgido como resultado de su decisión de imponer sanciones contra Rhodesia del Sur en aplicación plena de las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad. La resolución establece –entre otras cosas: «Tomando nota con reconocimiento de la decisión del Gobierno de Mozambique de cortar de inmediato todos los vínculos comerciales y de comunicación con Rhodesia del Sur, de conformidad con la decisión del Consejo y en estricta observancia de las sanciones económicas [...], Teniendo presentes las disposiciones de los Artículos 49 y 50 de la Carta [...] 3. Toma nota de las necesidades urgentes y especiales de Mozambique [...] 4. Insta a todos los Estados a que proporcionen inmediatamente asistencia financiera, técnica y material a Mozambique, a fin de que pueda llevar a cabo normalmente su programa de desarrollo económico y aumentar su capacidad para aplicar plenamente el sistema de sanciones; 5. Pide a las Naciones Unidas y a las organizaciones y programas interesados, en particular al Consejo Económico y Social, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Programa Mundial de Alimentos, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a todos los organismos especializados de las Naciones Unidas, que ayuden a Mozambique en la actual situación económica y examinen periódicamente la cuestión de la asistencia a Mozambique con arreglo a lo previsto en la presente resolución; 6. Pide al Secretario General que, en colaboración con los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas, organice, con efecto inmediato, todas las formas de asistencia financiera, técnica y material a Mozambique, a fin de ponerlo en condiciones de superar las dificultades económicas que origina la aplicación por este país de sanciones económicas contra el régimen racista de Rhodesia del Sur» (fue reiterada en la resolución 411 [1977]). En la resolución 402 (1976), sobre la denuncia de Lesotho contra Sudáfrica, si bien no se invocó expresamente el artículo, surge de su texto que estaba siendo aplicado, pues el CS hizo un llamamiento «a todos los Estados para que presten sin demora ayuda financiera, técnica y material a Lesotho, para que éste pueda llevar a cabo sus programas de desarrollo económico y aumentar su capacidad de aplicar plenamente las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el apartheid y los bantustanes»; otra aplicación expresa del artículo aparece en la resolución 669 (1990), sobre la situación entre el Iraq y Kuwait, que dice: «Recordando el Artículo 50 de la Carta de las Naciones Unidas, Consciente del hecho de que se ha recibido un número cada vez mayor de peticiones de asistencia con arreglo a las disposiciones del Artículo 50 de la Carta, Encomienda al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 661 (1990) relativa a la situación entre el Iraq y Kuwait la tarea de examinar las peticiones de asistencia recibidas con arreglo a las disposiciones del Artículo 50 de la Carta y de formular recomendaciones al Presidente del Consejo de Seguridad para que adopte las medidas que

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corresponda»; en la 2985ª sesión (29 de abril de 1991), sobre la misma cuestión, el Presidente del CS hizo una declaración (S/22548) que expresaba lo siguiente: «Los miembros del Consejo de Seguridad han examinado el memorando dirigido al Presidente del Consejo de Seguridad el 22 de marzo de 1991 por los representantes de los veintiún Estados que han invocado el Artículo 50 de la Carta de las Naciones Unidas de resultas de los problemas económicos especiales originados por la aplicación de las sanciones adoptadas contra el Iraq y Kuwait [...] [H]an tomado nota del informe oral que el Secretario General les presentó el 11 de abril de 1991, en el que el Secretario General apoyaba el llamamiento hecho por los veintiún Estados que habían invocado el Artículo 50. Además [...] informó al Consejo sobre las conclusiones adoptadas por el Comité Administrativo de Coordinación [...] en el que los miembros del Comité acordaron proseguir enérgicamente su labor para atender de manera eficaz a las necesidades de los países más afectados por la aplicación de la resolución 661 (1990). [...] [H]an tomado nota de las respuestas de los diversos Estados que han facilitado pormenores sobre la asistencia que prestan a varios países afectados; asimismo han tomado nota de las respuestas de autoridades de instituciones financieras internacionales, como el Presidente del Banco Mundial y el Director Gerente del Fondo Monetario Internacional. Los miembros del Consejo invitan a los demás Estados Miembros, instituciones financieras y organizaciones internacionales a que informen al Secretario General, a la mayor brevedad posible, sobre las medidas que hayan adoptado a favor de los Estados que han invocado el Artículo 50. Los miembros del Consejo hacen un llamamiento a los Estados, las instituciones financieras internacionales y los órganos de las Naciones Unidas para que respondan de manera positiva y rápida a las recomendaciones formuladas por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 661 (1990) relativa a la situación entre el Iraq y Kuwait en favor de los países que confronten problemas económicos especiales originados por la aplicación de las medidas impuestas por la resolución 661 (1990) y que hayan invocado el Artículo 50. Los miembros del Consejo toman nota de que sigue en vigor el mecanismo ya establecido en virtud del Artículo 50 de la Carta de las Naciones Unidas»; en la resolución 843 (1993), sobre la situación en la ex-Yugoslavia también invocó el artículo en los siguientes términos: «Recordando el Artículo 50 de la Carta de las Naciones Unidas, Consciente de que se ha recibido un número creciente de solicitudes de asistencia en virtud de las disposiciones del Artículo 50 de la Carta, [...] Confirma que se ha confiado al Comité establecido en virtud de la resolución 724 (1991) la tarea de examinar las solicitudes de asistencia en virtud de las disposiciones del Artículo 50 de la Carta de las Naciones Unidas». Esta resolución es importante pues faculta expresamente al Comité de Sanciones para examinar las solicitudes y formular las recomendaciones pertinentes. También se le dio expresamente tal facultad al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 917 (1994) relativa a la situación en Haití, y por la resolución 883 (1993), sobre las sanciones a Libia, encomendó «al Comité establecido en virtud de la resolución 748 (1992) la tarea de examinar posibles pedidos de asistencia con arreglo al Artículo 50 de la Carta de las Naciones Unidas y de recomendar medidas apropiadas al Presidente del Consejo de Seguridad». En cuanto a las recomendaciones efectuadas por estos órganos, por ejemplo, por el Comité de Sanciones de la ex–Yugoslavia, podemos citar las contenidas en los documentos S/26040 y Add.1 y 2, en las que el Comité hizo un llamamiento «a todos los Estados para que suministren con carácter urgente asistencia técnica, financiera y material inmediata a [los Estados afectados] para mitigar las consecuencias adversas para su economía de la aplicación [...] de las sanciones impuestas a la República Federativa de Yugoslavia ». La AG también analizó la cuestión, y en la resolución 49/58, invitó al SG a que presentara un informe sobre la cuestión de la aplicación de las disposiciones de la Carta, en particular de su Art.50, relacionadas con los problemas económicos especiales que afectan a los Estados como resultado de la aplicación de las sanciones. Tras la presentación de ese informe, la AG aprobó la resolución 50/51, que establecía, entre otras cosas: «Preocupada por los problemas económicos especiales que enfrentan ciertos Estados como consecuencia de la aplicación de medidas preventivas o coercitivas adoptadas por el Consejo de Seguridad contra otros Estados, y teniendo presente la obligación que incumbe a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, conforme al Artículo 49 de la Carta, de prestarse ayuda mutua para llevar a cabo las medidas dispuestas por el Consejo de Seguridad, Recordando el derecho de los terceros Estados que enfrentan problemas económicos especiales de esa naturaleza a consultar al Consejo de Seguridad acerca de la solución de tales problemas, de conformidad con el Artículo 50 de la Carta, [...] Destacando que en la formulación de los regímenes de sanciones se deberían tomar debidamente en cuenta los posibles efectos de las sanciones sobre terceros Estados, Destacando también, en este contexto, las facultades conferidas al Consejo de Seguridad conforme al Capítulo VII de la Carta y la responsabilidad primordial que incumbe al Consejo conforme al Artículo 24 de la Carta en el mantenimiento de la paz y la se guridad internacionales, a fin de garantizar una acción pronta y eficaz por parte de las Naciones Unidas, Recordando que, en virtud del Artículo 31 de la Carta, cualquier Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo de Seguridad podrá participar sin derecho a voto en la discusión de toda cuestión llevada ante el Consejo de Seguridad cuando éste considere que los intereses de ese

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Miembro están afectados de manera especial, Reconociendo que la asistencia a terceros Estados afectados por la aplicación de sanciones también contribuiría a que la comunidad internacional aplicara un criterio más eficaz e integrado respecto de las sanciones obligatorias impuestas por el Consejo de Seguridad, Reconociendo también la importancia de que, en los mecanismos internacionales de cooperación y asistencia económica y financiera, se tengan en cuenta los problemas económicos especiales de los Estados resultantes de la aplicación de las sanciones impuestas con arreglo al Capítulo VII de la Carta, 1. Subraya la importancia de que se celebren lo antes posible consultas conforme al Artículo 50 de la Carta de las Naciones Unidas con los terceros Estados que puedan enfrentar problemas económicos especiales como resultado de la ejecución de medidas preventivas o coercitivas impuestas por el Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII de la Carta y de que se efectúen prontamente las evaluaciones periódicas que proceda sobre sus consecuencias para esos Estados, y, a tal efecto, invita al Consejo de Seguridad a consider ar las formas y medios apropiados para aumentar la eficacia de los métodos y procedimientos de trabajo que aplica al examinar las solicitudes de asistencia formuladas por los países afectados en el contexto del Artículo 50; [...] Invita a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales, otras organizaciones internacionales, las organizaciones regionales y los Estados Miembros a que continúen tomando en cuenta y a que aborden de manera más concreta y directa, según proceda, los problemas económicos especiales de los terceros Estados afectados por las sanciones impuestas en virtud del Capítulo VII de la Carta y que, con tal fin, consideren los medios para mejorar los procedimientos de consulta a los efectos de mantener un diálogo constructivo con esos Estados, incluyendo la celebración de reuniones periódicas y frecuentes y, en su caso, reuniones especiales entre los terceros Estados afectados y la comunidad de donantes, con la participación de los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales», lo cual fue reiterado en la resoluciones 51/208 y 52/162, en la cual, además, hizo suya «la propuesta del Secretario General de que se convoque en la primera mitad de 1998 una reunión de un grupo especial de expertos con el fin de establecer una posible metodología para evaluar las consecuencias adversas que se hayan producido efectivamente para los terceros Estados como consecuencia de la aplicación de medidas preventivas y coercitivas» y pidió al SG que le presente un informe sobre los resultados de la reunión del grupo de expertos. En este informe (A/53/312), entre otras cosas, el Grupo de expertos analizó los efectos de las sanciones: «Desde el punto de vista de la economía general, los distintos tipos de pérdidas y costos que sufren los terceros Estados pueden clasificarse en dos categorías amplias: los efectos “directos” e “indirectos” de las sanciones. Los efectos directos se presentan como los ingresos que se dejan de percibir y las pérdidas que se han sufrido como consecuencia directa de la cancelación de contratos y/o la interrupción de las relaciones económicas con el país que es objeto de las sanciones. Ejemplos de ello son la suspensión de ventas o de pedidos pendientes de mercancías ya contratadas; los envíos, pagos u otras transacciones interrumpidos; y los trastornos en la producción de empresas de explotación conjunta. [...] Por otra parte, los efectos indirectos, que son en gran medida los efectos inducidos por los anteriores, representan principalmente las repercusiones negativas en las variables internas, es decir, la producción, la inversión, el empleo y el presupuesto. Entre ellos figuran los trastornos de la producción debidos a la escasez o al mayor costo de los suministros que son objeto de sanciones, a la interrupción de servicios e insumos financieros, a los ingresos no percibidos por concepto de aranceles o de impuestos sobre los beneficios, a la pérdida de puestos de trabajo o de ingresos y al aumento consiguiente del gasto social. [...] Los embargos comerciales suelen entrañar la pérdida de los ingresos en divisas, que pueden ser muy necesarios para financiar importaciones esenciales. Desde el punto de vista de la exportación, ello puede tener varias consecuencias: la imposibilidad de efectuar entregas ordinarias de mercancías para la exportación, sin que exista la alternativa inmediata de otros mercados (pérdida de exportaciones); los pedidos pendientes de futuras entregas contratadas de mercancías cuya producción ya se ha iniciado; y la suspensión de la venta de servicios al Estado que es objeto de las sanciones (por ejemplo, proyectos de ingeniería o de construcción, actividades en los ámbitos del transporte, las comunicaciones, el mantenimiento y el embalaje). Análogamente, pueden producirse las siguientes pérdidas desde el punto de vista de la importación: la imposibilidad de recibir envíos ordinarios de mercancías importadas, en particular si no se dispone de otros suministradores (pérdida de importaciones); la pérdida o la suspensión de importaciones en condiciones de favor, especialmente con precios subvencionados; los pedidos pendientes de importaciones futuras que ya se han pagado; y la supresión o la suspensión de la importación de servicios. Las dificultades financieras que sufren los terceros Estados de resultas de las sanciones incluyen las relacionadas con la suspensión de las corrientes de capital, la interrupción de las transferencias corrientes y los atrasos en el pago del servicio de la deuda. [...] Aparte de los efectos económicos de las sanciones en los terceros Estados, también pueden producirse costos sociales, por ejemplo, a causa del regreso de un gran número de trabajadores migrantes, de corrientes de entrada de refugiados y de la pérdida de puestos de trabajo o de ingresos, todo lo cual exigiría un

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aumento del gasto público (por ejemplo, para proporcionar vivienda y servicios de salud y educación y otros servicios sociales a los grupos de la población afectados) y podría causar tensión en el tejido social, particularmente en los países en desarrollo. A más largo plazo, desviar de sus objetivos de desarrollo unos recursos que ya son limitados y se utilizan al máximo para satisfacer los costos relacionados con las sanciones en los países en desarrollo afectados impondría a sus economías vulnerables una carga intolerable que condicionaría aún más su desarrollo económico y social. Además, puede producirse una gran variedad de efectos secundarios debidos a características especiales del régimen de sanciones, a factores geográficos y a exigencias de fiscalización y aplicación, todo lo cual afecta a la interacción económica tradicional de la región. Por ejemplo, cuando el Estado que es objeto de las sanciones desempeña un papel importante en los enlaces de transportes y comunicaciones de la región, la imposición de restricciones al transporte de tránsito perjudicaría gravemente las relaciones económicas exteriores de los países vecinos en las que no interviene directamente el Estado que es objeto de las sanciones.» En la resolución 53/107, la AG tomó nota del informe y reiteró lo manifestado en las resoluciones anteriores, lo cual también realizó en las resoluciones 54/107, 55/157, 56/87 (en la cual acogió con beneplácito la decisión del CS de «establecer un grupo de trabajo oficioso del Consejo para que elaborara recomendaciones generales sobre la forma de aumentar la eficacia de las sanciones de las Naciones Unidas, espera con interés que se apruebe la propuesta sobre los resultados de la labor preparada por el Presidente del grupo de trabajo, particularmente las disposiciones relativas a las cuestiones de los efectos no deseados de las sanciones y la asistencia a los Estados en la aplicación de sanciones, y le insta encarecidamente a que prosiga su labor para mejorar la eficacia y transparencia de los comités de sanciones, agilizar sus métodos de trabajo y permitir que los representantes de Estados que afrontan problemas económicos especiales como consecuencia de la aplicación de sanciones tengan acceso a ellos», e invitó al CS «a sus comités de sanciones y a la Secretaría a que sigan asegurando, según proceda, que: a) En los informes previos a la evaluación y en los informes de evaluación se incluyan como parte de sus análisis los efectos probables y reales no deseados de las sanciones sobre terceros Estados y se recomienden medios de mitigar los efectos negativos; b) Los comités de sanciones den oportunidades a los terceros Estados afectados por las sanciones de informarles sobre los efectos no deseados que estén sufriendo y sobre la asistencia que necesiten para mitigar los efectos negativos; c) La Secretaría siga proporcionando asesoramiento e información a los terceros Estados, a petición de éstos, para ayudarles a encontrar medios de mitigar los efectos no deseados de las sanciones, por ejemplo, invocando el Artículo 50 de la Carta para consultar al Consejo de Seguridad; d) En los casos en que las sanciones económicas hayan tenido efectos graves sobre terceros Estados, el Consejo de Seguridad pueda pedir al Secretario General que considere la posibilidad de nombrar a un representante especial o de enviar sobre el terreno, si es necesario, misiones de determinación de los hechos para realizar las evaluaciones necesarias y señalar, cuando proceda, posibles medios de asistencia; e) El Consejo de Seguridad pueda considerar, en el contexto de las situaciones a que hace referencia el apartado d) supra, la posibilidad de establecer grupos de trabajo para examinar esas situaciones»), 57/25, 58/80 y 59/45. Asimismo, el Comité Especial sobre la Carta de las Naciones Unidas y el fortalecimiento del papel de la Organización considera el tema desde hace varios años, y ha presentado sus conclusiones y recomendaciones a la AG desde entonces (v. Capítulo III A de A/51/33, A/52/33, A/53/33, A/54/33, A/55/33, A/56/33, A/57/33, A/58/33, A/59/33, A/60/33 y A/61/33).

Artículo 51 Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. El artículo establece la segunda excepción al principio de la abstención de la amenaza o el uso de la fuerza (Art.2.4): la legítima defensa, que se trata de un derecho de todos los Estados (“derecho inmanente”, “inherent right”, en la versión en inglés, “droit naturel”, en la versión

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francesa), que la Carta se limita a reconocer, pues es preexistente a ella. Es importante dejar en claro esta cuestión: la Carta no crea el derecho de legítima defensa, sólo establece que ninguna de s us disposiciones lo menoscabará, lo cual significa que existe con anterioridad a ella en el derecho consuetudinario, que es el que lo regula y establece, como se verá, la mayoría de sus requisitos, limitándose la Carta a establecer la existencia de un ataque armado como presupuesto y a fijar la intervención del CS. Para el ejercicio de la legítima defensa, se deben reunir ciertas condiciones, que surgen del artículo y del derecho consuetudinario, y que la doctrina considera de la siguiente manera: primero, que se trate de un ataque armado contra un Estado, el cual debe reunir las características del Art.1 de la Definición de la Agresión (A/RES/3314 [XXIX]), que ya fuera oportunamente citado (v. Art.2.4 y Art.39), sobre lo cual dos posturas surgen de la doctrina: están por un lado aquellos que sostienen que una condición indispensable para el ejercicio de la legítima defensa es la existencia de un ataque armado; otros autores sostienen que debe dársele al artículo 51 un alcance más amplio (volveremos sobre el tema infra). Segundo, necesidad, que significa que el uso de la fuerza es el único medio al que puede recurrir el Estado agredido, no tiene a su alcance otros medios para detener la agresión; este concepto implica un límite para el Estado agredido: no habr ía uso ajustado a derecho de la legítima defensa si el Estado tiene otros medios adecuados y eficaces para detener la agresión sin hacer uso de la fuerza. Tercero, proporcionalidad, que significa que la acción defensiva debe ser proporcionada a la agresión sufrida y suficiente para detenerla; la proporcionalidad está en función de la legítima defensa: sólo detener, desactivar el ataque armado, no agredir; la proporcionalidad está referida a la cantidad de fuerza necesaria para repeler la cantidad de fuerza aplicada por el Estado agresor. Cuarto, inmediatez; la legítima defensa debe guardar una razonable relación de inmediatez con relación a la agresión sufrida; la inmediatez debe juzgarse con relación al tiempo necesario que el Estado agredido requiere para preparar la respuesta armada; la ausencia de esta condición puede transformar el lícito ejercicio de la legítima defensa en ilícito; por ejemplo que no se considere a la respuesta del Estado agredido legítima defensa sino represalias armadas, contrarias al Derecho Internacional. Quinto, provisionalidad; el Estado agredido ejerce la legítima defensa con carácter provisional, hasta que el CS tome las medidas definitivas para restablecer la paz y la seguridad; cuando actúa el CS debe cesar el uso de la legítima defensa. El problema que se plantea es determinar cuando se considera que el CS ha tomado las “medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales”. En tal sentido, debe entenderse que el uso de la legítima defensa por parte del Estado agredido debe cesar solo cuando el CS haya tomado medidas que impliquen acción para detener la agresión y las mismas resulten eficaces. Como señala Remiro Brotons, “la lógica debe llevarnos a postular que, una vez iniciada la legítima defensa, esta solo se paralizará si se logra el objetivo de repeler el ataque, o en el momento que las medidas militares del Consejo de Seguridad provean efectivamente a la defensa, efectuada hasta entonces por el Estado agredido”. ¿Quién deberá determinar que las medidas tomadas son las adecuadas? Solamente el CS. Sexto, subsidiariedad; el Estado que ha sufrido el ataque armado toma medidas en ejercicio de la legítima defensa en forma subsidiaria a las que debe tomar el CS en ejercicio de la responsabilidad primordial que le corresponde en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (Art.24.1). Por tal razón, el Estado agredido debe informar inmediatamente al CS las medidas que haya ejecutado en ejercicio de tal derecho. Ello es así por cuanto los miembros de las NU han conferido al CS tal responsabilidad y reconocen que él actúa en su nombre, siendo esta una de las premisas básicas del sistema de seguridad colectiva establecido por la Carta. El CS invocó expresamente el artículo en varias resoluciones. Así, en la resolución 255 (1968), ya citada (v. Art.26), expresó «Reafirma en particular el derecho inmanente, reconocido en el Artículo 51 de la Carta, de legítima defensa individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales»; en la resolución 546 (1984), sobre la denuncia de Angola contra Sudáfrica, reafirmó «el derecho de Angola, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, con el Artículo 51, a tomar todas las medidas necesarias para defender y salvaguardar su soberanía, integridad territorial e independencia»; en la resolución 984 (1995), ya citada (v. Art.26), reafirmó «el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva, reconocido en el Artículo 51 de la Carta, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, en tanto el Consejo de Seguridad adopta las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales»; en las resoluciones 1368 (2001) y 1373 (2001), sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales creadas por actos terroristas, reconoció «el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva de conformidad con la Carta» (estas resoluciones tienen la particularidad de tratarse sobre actos – atentados terroristas– que no pueden ser considerados prima facie como “ataques armados” provenientes de uno o más Estados en el sentido del Art.51, por lo que se puede afirmar que el CS mediante estas resoluciones amplió el derecho de legítima defensa también a casos en que se trata de ataque provenientes de entidades no estatales). En varias oportunidades se suscitaron debates

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en el seno del CS sobre la interpretación del artículo, los que pueden ser consultados en los volúmenes pertinentes del “Repertorio de la práctica seguida por los órganos de las Naciones Unidas”. La AG también invocó el artículo en varias resoluciones; recordamos aquí lo establecido en la resolución 2625 (XXV): «Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se interpretará en el sentido de que amplía o disminuye en forma alguna el alcance de las disposiciones de la Carta relativas a los casos en que es legítimo el uso de la fuerza»; similares términos están contenidos en el Art.6 de la Definición de la Agresión (A/RES/3314 [XXIX]) y en la resolución 42/22, la cual agrega: «En caso de ataque armado, los Estados tienen el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, tal como se establece en la Carta». Es interesante mencionar lo que expresó la CDI en el comentario al Art.21 de su Proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados, el cual establece: «La ilicitud del hecho de un Estado queda excluida si ese hecho constituye una medida lícita de legítima defensa tomada de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas». Dice el comentario: «No se discute la existencia de un principio general por el que se reconoce la legítima defensa como excepción a la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. El Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas preserva el “derecho inmanente” de un Estado a la legítima defensa frente a un ataque armado y forma parte de la definición de la obligación de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza establecida en el párrafo 4 del Artículo 2. De este modo, un Estado que ejerce su derecho inmanente de legítima defensa conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Carta no puede violar en ningún modo el párrafo 4 del Artículo 2. [...] El artículo 21 refleja la posición generalmente aceptada de que la legítima defensa excluye la ilicitud del comportamiento seguido dentro de los límites establecidos por el derecho internacional. La referencia es a la medida “tomada de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”. Además, la palabra “lícita” implica que la medida adoptada debe respetar las obligaciones de limitación total aplicables en un conflicto armado de carácter internacional, y cumple los requisitos de proporcionalidad y necesidad que lleva intrínseca la noción de defensa propia» (A/56/10, Pág. 180 y 183). La CIJ se ha expresado en cuanto a la naturaleza y extensión del derecho en su sentencia del 27de junio de 1986. Así, sobre la naturaleza consuetudinaria del derecho y los términos del artículo 51, dice: «[La] referencia al derecho internacional consuetudinario se encuentra en el propio texto del artículo 51 al referirse al “derecho inmanente” (en francés, “le droit naturel”, en inglés “the inherent right”) de legítima defensa, individual y colectiva, al que “ninguna disposición de esta Carta menoscabará” y que se aplica en caso de ataque armado. Por lo tanto, la Corte parte de la consideración de que el artículo 51 de la Carta sólo tiene sentido si existe un derecho de legítima defensa “inmanente”, “natural”, o “inherente”, que es difícil considerar que no tenga una naturaleza consuetudinaria, aunque su formulación actual haya sido confirmada e influida por la Carta. Por otra parte la Carta, habiendo reconocido la existencia de dicho derecho, no reglamenta directamente su contenido en todos sus aspectos. Por ejemplo, no incluye la norma específica –por lo demás firmemente asentada en el derecho internacional consuetudinario – según la cual la legítima defensa sólo justifica medidas proporcionadas al ataque armado sufrido y que sean necesarias para dar una respuesta.» En cuanto a su contenido, la CIJ dijo: «En el caso de la legítima defensa individual, el ejercicio de dicho derecho requiere que el Estado interesado haya sido víctima de un ataque armado. La invocación de la legítima defensa colectiva no altera nada al respecto. Actualmente parece existir acuerdo general sobre la naturaleza de los actos que constituyen un ataque arma do. En especial puede considerarse admitido que por ataque armado hay que entender no sólo la acción de fuerzas armadas regulares de una parte a otra de una frontera internacional, sino también “el envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables” (entre otros) a un verdadero ataque realizado por fuerzas regulares “o su sustancial participación en dichos actos”. Puede considerarse que esta descripción, que se encuentra en el artículo 3, epígrafe g), de la definición de la agresión que se encuentra en anexo a la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, refleja el derecho internacional consuetudinario. La Corte no cons idera que exista razón alguna para negarse a admitir que en derecho internacional consuetudinario la prohibición de realizar ataques armados puede aplicarse al envío por un Estado de bandas al territorio de otro Estado si dicha operación, por sus dimensiones y sus efectos, hubiera sido calificada como ataque armado, y no como incidente fronterizo [...] Es evidente que corresponde al Estado que ha sido víctima de un ataque armado valorar y declarar que así ha ocurrido. En derecho internacional consuetudinario no existe ninguna norma que autorice a otro Estado a ejercer el derecho de legítima defensa colectiva fundándose en su propia valoración de la situación. Cuando se invoque la legítima defensa colectiva es de esperar que el Estado en beneficio del cual dicho derecho va a ejercerse declare que ha sido víctima de un ataque armado. [...] La Corte puede preguntarse si en el derecho internacional consuetudinario existe un requisito parecido al que establece el derecho convencional de la Carta de las Naciones Unidas, según el cual el Estado que alega el derecho de legítima defensa individual o colectiva tiene que informar a un órgano internacional facultado para pronunciarse

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sobre la conformidad con el derecho internacional de las medidas adoptadas por dicho Esta do con la citada justificación. Así, el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas establece que las medidas adoptadas por los Estados en el ejercicio del derecho de legítima defensa serán “comunicadas inmediatamente” al Consejo de Seguridad. Como la Corte ha indicado, un principio consagrado en un tratado, pero que también pertenezca al derecho internacional consuetudinario, puede perfectamente en dicho orden hallarse desvinculado de las condiciones y modalidades que lo acompañan en el tratado. Cualquiera que sea la influencia que la Carta haya podido tener en este ámbito sobre el derecho consuetudinario, es evidente que en el plano de dicho derecho la licitud del ejercicio de la legítima defensa no depende de la observancia de un procedimiento tan ínti mamente vinculado al contenido de una obligación derivada de un tratado y a las instituciones que en él se han establecido. Por el contrario, si un Estado invocara la legítima defensa para justificar la adopción de medidas que supusieran tanto la violación del derecho internacional consuetudinario como de la Carta, cabría esperar que las condiciones establecidas en la Carta hayan sido respetadas. En consecuencia, en el examen realizado sobre la base del derecho consuetudinario, la falta de comunicación al Consejo de Seguridad puede ser uno de los elementos que indiquen si el Estado en cuestión tenía el convencimiento de que actuaba en legítima defensa» (CIJ: “Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua” – Nicaragua c. Estados Unidos, fallo de 27 de junio de 1986). En su Opinión Consultiva de 8 de julio de 1996, la CIJ expresó: «El sometimiento del ejercicio del derecho de legítima defensa a las condiciones de necesidad y proporcionalidad es una norma del derecho internacional consuetudinario. Como afirmó la Corte en el caso “Actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua”, existe una norma específica en virtud de la cual la legítima defensa sólo justificaría medidas que fueran proporcionales al ataque armado y necesarias para responder a éste, una norma bien establecida en el derecho internacional consuetudinario. Esta doble condición se aplica igualmente al Artículo 51 de la Carta, sea cual sea el medio por el que se emplea la fuerza» (CIJ: “Amenaza o empleo de armas nucleares”, opinión consultiva de 8 de julio de 1996). Mención especial merece la llamada “legítima defensa preventiva”, esgrimida por ciertos Estados y defendida por un sector minoritario de la doctrina, la cual se basa en una interpretación extensiva del derecho de legítima defensa invocando el derecho consuetudinario preexistente a la Carta, que no habría sido derogado por la disposición del artículo 51, aunque algunos también la justifican en el desarrollo de las armas de destrucción masiva, que generan un peligro inminente para la seguridad de un Estado, y esperar que se produzca un ataque con este tipo de armas resultaría catastrófico, por lo que los Estados deben estar facultados para prevenir este tipo de amenazas. Esta “legítima defensa preventiva” fue invocada por varios Estados, pero son dos los que la han adoptado como parte de su doctrina de seguridad nacional: los Estados Unidos e Israel. Como es este último quien lleva más tiempo aplicándola y son numerosos los ejemplos, tomaremos un caso particular que lo involucra. El 7 de junio de 1981 aviones israelíes bombardeó el reactor nuclear Tamuz I, en Osirak, Iraq. Según el Primer Ministro de Israel, este reactor nuclear fue destruido porque, de acuerdo a los informes de la seguridad israelí, habría de servir para la fabricación de bombas atómicas destinadas a atacar a Israel. Iraq denunció el ataque ante el CS, en cuyo seno el representante de Israel expresó: «Al destruir el reactor Osirak, Israel llevó a cabo un acto elemental de preservación propia, tanto desde el punto de vista moral como jurídico. Al hacerlo, Israel ejerció su derecho inmanente de legítima defensa, tal como se lo entiende en el derecho internacional general y como consta en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. [...] Israel no podía quedarse de brazos cruzados mientras un régimen irresponsable, cruel y belicoso como el del Iraq adquiría armas nucleares, creando así una pesadilla constante para Israel. [...] Dados la naturaleza y los antecedentes de ese régimen inescrupuloso, los grandes peligros que acarreaba para Israel la creación de un poderío nuclear militar en el Iraq eran evidentes por sí mismos. El Gobierno de Israel, como cualquier otro gobierno, tiene el deber elemental de proteger la vida de sus ciudadanos. [...] Al comentar el sentido del Artículo 51 de la Carta, Sir Humphrey Waldock, [...] dijo [...]: “sería una mofa de los propósitos de la Carta obligar a un Estado que se defiende a permitir que su atacante dé el primer y acaso fatal golpe... Leer el Artículo 51 de otra manera equivaldría a proteger el derecho del agresor al primer ataque” [...] La decisión tomada por el Gobierno de mi país en ejercicio de su derecho de legítima defensa, tras haberse demostrado la inutilidad de los procedimientos y métodos habituales, fue una de las más angustiosas que hayamos tenido que tomar jamás» (S/PV.2280, Israel). El CS, en la resolución 497 (1981), condenó el ataque, mas no se expidió sobre la cuestión de la legítima defensa. De la declaración de Israel surgen dos de las condiciones de esta “legítima defensa preventiva”: primero, la existencia de una amenaza grave e inminente a la seguridad o la integridad territorial del Estado y, segundo, la inutilidad de los procedimientos y métodos habituales. Sólo así estaría justificado este derecho. Por lo demás, deberían reunirse las demás condiciones apuntadas supra, variando sólo el presupuesto (“amenaza grave” por “ataque armado”). Sin embargo, no estamos de acuerdo con la pretendida existencia de

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este derecho. En primer lugar, no tiene cabida en la letra ni en el espíritu del artículo 51; éste es claro al hablar de “ataque armado”, y como lo ha destacado la doctrina, «El artículo 51 de la Carta solo puede interpretarse de un modo: el ataque armado de un Estado contra otro Estado es la única causa que habilita el uso de la fuerza en el ejercicio de la legítima defensa. El texto es claro y no hay ningún argumento sólido en el marco del sistema de seguridad colectiva que permita habilitar la legítima defensa a otras situaciones no previstas en la Carta.». Por su parte, Remiro Brotons señala que «el artículo 51 de la Carta establece claramente el casus operandi de la legítima defensa: el ataque armado, y solo el ataque armado, de otro Estado. La amenaza o cualesquiera usos de la fuerza que no se concreten en un ataque armado podrán ser considerados como supuestos que interesan a la paz y seguridad internacionales y aconsejan la convocatoria al Consejo de Seguridad, pero no legitimarán el recurso individual y colectivo a la fuerza con bas e en el artículo 51». Ahora bien, como dijimos, el derecho a la legítima defensa existe en el derecho internacional consuetudinario con preexistencia a la Carta, y es allí donde algunos autores buscan la justificación. Como sabemos, la costumbre se compone de dos elementos: un elemento material, que consiste en la repetición de actos o práctica constante y uniforme de los sujetos, y otro espiritual, la opinio iuris sive necessitatis, que es la convicción de que los sujetos se encuentran ante una norma jurídicamente obligatoria. Esto claro, ya mencionamos que se han sucedido numerosos casos de invocación de este pretendido derecho, es decir, hubo una repetición de actos, pero no se puede sostener que exista una opinio iuris al respecto, ya que son un puñado de Estados quienes sostienen la existencia de esta “legítima defensa preventiva” y la mayoría no sólo no lo reconoce sino que se opone a su existencia. Además, como en el caso reseñado, los órganos de las Naciones Unidas han condenado las acciones ejercidas en virtud de esta pretendida justificación. Por lo tanto, no sólo negamos la existencia de un derecho a la “legítima defensa preventiva”, por ser contrario a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y al sistema de seguridad colectiva por ella creada, sino que impugnamos su denominación, inclinándonos por “ataques preventivos”, que resulta más apropiada a su naturaleza, es decir, violaciones al deber de todos los Estados de abstenerse de la amenaza y el uso de la fuerza (v. Art.2.4) y, más espe cíficamente, quebrantamientos de la paz o incluso, actos de agresión, en el sentido del Art.39 y de la resolución 3314 (XXIX) de la AG.

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CAPITULO VIII ACUERDOS REGIONALES Artículo 52 1. Ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u organismos regionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles de acción regional, siempre que dichos acuerdos u organismos, y sus actividades, sean compatibles con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. 2. Los Miembros de las Naciones Unidas que sean partes en dichos acuerdos o que constituyan dichos organismos, harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales acuerdos u organismos regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad. 3. El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de dichos acuerdos u organismos regionales, procediendo, bien a iniciativa de los Estados interesados, bien a instancia del Consejo de Seguridad. 4. Este Artículo no afecta en manera alguna la aplicación de los Artículos 34 y 35. El artículo introduce a unos nuevos actores: los acuerdos u organismos regionales, cuyo concepto no da, y que la práctica de la Organización reconoce que tienen “diversidad de mandatos, alcance y composición”, tal cual surge de la resolución 49/57 de la AG (que veremos infra), pero que podemos definir como cualquier acuerdo u organización internacional formado por un grupo particular de Estados que entre sus competencias se encuentren cuestiones relacionadas con las funciones que tienen atribuidas las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. Lo que el párrafo 1 dispone es que el establecimiento de un sistema de seguridad colectiva en la Carta no impide que existan otros acuerdos u organismos particulares en los que los Estados cooperen en alguno de los ámbitos del mantenimiento de la paz. El único límite es que “dichos acuerdos u organismos, y sus actividades, sean compatibles con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas”. Ninguna otra condición es exigible a un acuerdo u organismo para que pueda tener competencias en el ámbito del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Los instrumentos constitutivos de estos organismos suelen caracterizarlos como acuerdos u organismos regionales en el sentido de este Cap.VIII de la Carta. Así, por ejemplo, el Art.1 de la Carta de la OEA establece «Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional», y, sobre la OSCE en la declaración emitida en la Cumbre de Helsinki de 1992 por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados participantes en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, éstos indicaron que consideraban que «la Conferencia es un acuerdo regional en el sentido del Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas y en cuanto tal constituye un vínculo importante entre la seguridad europea y la mundial». La práctica del CS en las resoluciones en que en modo explícito ha invocado el Capítulo VIII en los últimos años es clarificadora; así, por ejemplo, ha reconocido como acuerdo regional a la Organización para la Unidad Africana –OUA, actualmente reemplazada por la Unión Africana, UA– (S/RES/199 [1964], S/RES/217 [1965], S/RES/504 [1982], S/RES/658 [1990], S/RES/690 [1991], S/RES/733 [1992], S/RES/751 [1992], S/RES/812 [1993], S/RES/912 [1994], S/RES/976 [1995], S/RES/1044 [1996], S/RES/1049 [1996], S/RES/1078 [1996], S/RES/1170 [1998], S/RES/1177 [1998], S/RES/1197 [1998], S/RES/1208 [1998], S/RES/1227 [1999], S/RES/1297 [2000], S/RES/1318 [2000], S/RES/1564 [2004]), a la Comunidad Europea –CE, actualmente Unión Europea, UE– (S/RES/713 [1991], S/RES/727 [1991], S/RES/749 [1992], S/RES/1101 [1997], S/RES/1371 [2001], S/RES/1575 [2004]), a la Organización de Estados Americanos –OEA– (S/RES/144 [1960], S/RES/841 [1993], S/RES/917 [1994], S/RES/1007 [1995]), la Liga de Estados Árabes (S/RES/660 [1990], S/RES/733 [1992], S/RES/751 [1992]), la Organización de la Conferencia Islámica –OCI– (S/RES/751 [1992], S/RES/767 [1992], S/RES/954 [1994]), la Comunidad Económica de Estados del África Occidental –

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Capítulo VIII – Acuerdos regionales

CEDEAO– (S/RES/788 [1992], S/RES/985 [1995], S/RES/1001 [1995], S/RES/1132 [1997], S/RES/1216 [1998], S/RES/1408 [2002], S/RES/1464 [2003], S/RES/1478 [2003]), la Organización del Tratado del Atlántico Norte –OTAN– (S/RES/816 [1993], S/RES/1203 [1998], S/RES/1575 [2004]), la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa –CSCE, actualmente Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE– (S/RES/713 [1991], S/RES/743 [1992], S/RES/855 [1993], S/RES/874 [1993], S/RES/876 [1993], S/RES/1371 [2001]), la Unión Europea Occidental –UEO– (S/RES/787 [1992]), la Comunidad de Estados Independientes –CEI– (S/RES/937 [1994], S/RES/1030 [1995]), la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (S/RES/1295 [2000]), entre otras. Los restantes párrafos se refieren a la actuación de estos organismos en el arreglo pacífico de controversias. El párrafo 2 mereció alguna dificultad interpretativa, al establecer que los Miembros que también lo sean de acuerdos u organismos regionales, “harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales acuerdos u organismos regionales” antes de someterlas al CS. Esta disposición ha sido interpretada tradicionalmente desde una perspectiva procesal, conforme a la cual, ante una controversia sobre la que tuviera competencia un acuerdo u organismo regional, el CS debía abstenerse de intervenir hasta que se revelaran fracasados los intentos del mismo. Es decir, se interpretaba que el párrafo 2 establecía una gradación de instancias o un reparto de competencias entre los organismos regionales y el CS. Esa pareciera ser la interpretación que aplicó el CS en la resolución 144 (1960), sobre la situación entre Cuba y los Estados Unidos, en la que expresó, luego de citar expresamente el artículo 52: «Tomando nota de que dicha situación se encuentra en consideración de la Organización de los Estados Americanos, Decide suspender la consideración de esta cuestión hasta recibir un informe de la Organización de los Estados Americanos». Sin embargo, no fue esa la intención de los autores del proyecto quienes manifestaron que la propuesta de aplazar el examen de la cuestión hasta que se hubiese recibido un informe de la OEA no pretendía negar la competencia del CS en la materia, ni tampoco resolver la cuestión jurídica de qué organización debería actuar en primer lugar; en lugar de ello, lo que se sugería era que el CS tomase nota de que la organización regional estaba ocupándose de la cuestión y reconociese que sería útil disponer de las conclusiones de la misma, y que esa medida no impediría al CS tomar las oportunas precauciones para conseguir que la situación no se agravase. Algo similar sucedió en la 1036ª sesión (9 de mayo de 1963), durante la consideración de la denuncia presentada por Haití contra la República Dominicana, en la que el Presidente del CS tomó nota de que la mayoría de los miembros estimaba preferible, por el momento, dejar la iniciativa a la organización regional que estaba tratando de hallar una solución amistosa a la controversia (la OEA), y propuso aplazar la sesión, lo que aceptó el CS, quedando entendido que la cuestión por él examinada se mantendría en su programa. No obstante ello, la práctica de la Organización ha dado una interpretación mucho más flexible del párrafo 2, conforme la cual el concepto fundamental es la cooperación entre las Naciones Unidas y los organismos o acuerdos regionales. Así, en la Declaración Presidencial del CS de 28 de enero de 1993 (S/25184) se señala que los acuerdos u organismos regionales deben actuar en aquellas controversias que, en su esfera de actuación, teniendo en cuenta la composición, mandato y alcance del acuerdo u organismo regional, así como las características de la situación concreta, parezca adecuada tal intervención, debiéndose coordinar dicha situación con la de las NU, a la luz de las mismas circunstancias. El párrafo 3 establece como un deber del CS promover el arreglo de controversias a través de los organismos o acuerdos regionales, lo cual es concordante con lo dispuesto en el Art.36.1, sobre la posibilidad de recomendar un determinado procedimiento de arreglo a las partes en una controversia, lo cual incluye al recurso a estos organismos, de conformidad con el Art.33.1. Así, por ejemplo, en la resolución 199 (1964), sobre la cuestión de la República Democrática del Congo, luego de citar el Art.52, instó a la OUA «a que continúe sus esfuerzos para ayudar al Gobierno de la República Democrática del Congo a lograr la reconciliación nacional»; en la declaración presidencial de 6 de abril de 1983 (S/15688), sobre la controversia entre Chad y Libia, los miembros del CS observaron que la OUA ya se estaba ocupando del asunto y exhortaron «a ambas partes a utilizar al máximo los mecanismos disponibles en la organización regional para el arreglo pacífico de controversias»; en la declaración presidencial de 31 de marzo de 1989 (S/20554), sobre la situación en el Líbano, los miembros del CS alentaron y apoyaron «todas las gestiones que se están realizando para hallar una solución pacífica a la crisis en el Líbano, en particular las del Comité Ministerial de la Liga de los Estados Árabes»; en la declaración presidencial de 30 de 8 de diciembre de 1989 (S/21011), sobre la situación en Centroamérica, los miembros del CS expresaron «su firme apoyo a los esfuerzos que realiza[...] el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos en el proceso de paz»; en la resolución 658 (1990), sobre la situación del Sahara Occidental, pidió «a las dos partes que colaboren plenamente con [...] el Presidente en funciones de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana en sus esfuerzos por lograr la pronta solución de la cuestión»; en la resolución 660 (1990), sobre la situación entre el Iraq y Kuwait, exhortó «al Iraq y a Kuwait a que inicien de inmediato negociaciones intensivas para resolver sus diferencias y apoya todos los esfuerzos que se realicen al respecto, y

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especialmente los de la Liga de los Estados Árabes»; en la resolución 713 (1991), sobre la situación en Yugoslavia, tras recordar las disposiciones del Cap.VIII, expresó «su pleno apoyo a los esfuerzos colectivos en pro de la paz y el diálogo en Yugoslavia emprendidos con los auspicios de los Estados miembros de la Comunidad Europea y el apoyo de los Estados participantes en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa»; en la resolución 733 (1992), sobre la situación en Somalia, luego de recordar el Cap.VIII, pidió al SG «que, en cooperación con el Secretario General de la Organización de la Unidad Africana y con el Secretario General de la Liga de los Estados Árabes, se ponga inmediatamente en contacto con todas las partes en el conflicto, vele para que se comprometan a poner fin a las hostilidades [...], promueva la cesación del fuego y su cumplimiento y ayude en el proceso de normalización política del conflicto»; en la resolución 749 (1992), sobre la situación en Bosnia y Herzegovina, hizo un llamamiento «a todas las partes y demás interesados en Bosnia y Herzegovina para que cooperen con la Comunidad Europea en sus esfuerzos por lograr una cesación del fuego y una solución política negociada»; en la declaración presidencial de 12 de mayo 1992 (S/23904), sobre la situación en Nagorno-Karabaj, los miembros del CS elogiaron y apoyaron «los esfuerzos emprendidos dentro del marco de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa» y acogieron con satisfacción el envío de una misión del SG para que «estudie los medios de prestar apoyo rápidamente a los esfuerzos emprendidos dentro del marco de la CSCE con miras a ayudar a las partes a llegar a un arreglo pacífico»; en la declaración presidencial de 24 de julio de 1992 (S/24346), sobre la situación en Bosnia y Herzegovina, invitó, recordando las disposiciones del Cap.VIII, «a las entidades y organismos regionales europeos que correspondan, particularmente a la Comunidad Europea, a incrementar su cooperación con el Secretario General en sus esfuerzos por ayudar a resolver los conflictos que continúan desencadenándose en la antigua Yugoslavia»; en la resolución 788 (1992), sobre la situación en Liberia, encomió «los esfuerzos de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental por restablecer la paz, la seguridad y la estabilidad en Liberia»; en la resolución 812 (1993), sobre la situación en Rwanda, invitó al SG «a que, en consulta con la Organización de la Unidad Africana, examine la contribución que las Naciones Unidas podrían aportar al fortalecimiento del proceso de paz en Rwanda, apoyando los esfuerzos de la Organización de la Unidad Africana» y también instó «al Gobierno de Rwanda y al Frente Patriótico Rwandés a que cooperen plenamente con los esfuerzos de las Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana»; en la resolución 855 (1993), sobre la situación en la República Federativa de Yugoslavia, apoyó los esfuerzos de la CSCE y exhortó a las autoridades de Yugoslavia «a que reconsideren su negativa a permitir la continuación de las misiones de la CSCE [...], cooperen con la Conferencia tomando las medidas prácticas necesarias para la reanudación de las actividades de estas misiones y convengan en el aumento del número de observadores que decida la Conferencia»; en la resolución 858 (1993), sobre la situación en Georgia, expresó «su continuo apoyo a la colaboración entre el Secretario General y el Presidente en ejercicio de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa en las gestiones encaminadas a establecer la paz en Georgia y otras partes de la región»; en la resolución 917 (1994), sobre la situación en Haití, instó a las partes «a que cooperen plenamente con el Enviado Especial de los Secretarios Generales de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos para lograr que se cumpla plenamente el Acuerdo de Governors Island y se ponga fin de ese modo a la crisis política en Haití»; en la resolución 954 (1994), sobre la situación en Somalia, invitó «a la Organización de la Unidad Africana, la Liga de los Estados Árabes y la Organización de la Conferencia Islámica a que sigan colaborando con las Naciones Unidas en la búsqueda de una paz duradera en Somalia»; en la declaración presidencial de 30 de junio de 1994 (S/PRST/1994/30), sobre la situación en la República del Yemen, encomió «los esfuerzos de la comunidad internacional, incluidos los de [...] la Liga de los Estados árabes [...], por ayudar a las partes a lograr y aplicar una cesación del fuego duradera e impedir violaciones de la cesación del fuego»; en la resolución 976 (1995), sobre la situación en Angola, acogió con beneplácito «la presencia de la delegación ministerial de la Organización de la Unidad Africana» y señaló «la necesidad de que exista una continua cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana en lo que se refiere al fomento de la paz y la seguridad en Angola, así como la contribución que pueden hacer las organizaciones regionales a la gestión de las situaciones de crisis y a la resolución de conflictos»; en la resolución 1001 (1995), sobre la situación en Liberia, instó «a los Ministros del Comité de los Nueve sobre Liberia de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental a que [...] convoquen cuanto antes una nueva reunión de las partes y los dirigentes políticos de Liberia con el fin de resolver definitivamente los aspectos de la solución política que siguen pendientes» y exhortó «a la Organización de la Unidad Africana a que siga colaborando con la CEDEAO en la promoción de la causa de la paz en Liberia»; en la resolución 1007 (1995), sobre la situación en Haití, exhortó «al Secretario General de las Naciones Unidas y al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos a que sigan prestando toda la asistencia apropia da al proceso electoral de Haití»; en la resolución 1044 (1996), sobre Sudán (por la tentativa de atentado terrorista contra el Presidente de Egipto), exhortó a Gobierno del Sudán a que, diera cumplimiento a

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las medidas solicitadas por la OUA, y acogió con beneplácito «las gestiones que realiza el Secretario General de la Organización de la Unidad Africana [...] y apoya los esfuerzos que sigue desplegando dicha organización para aplicar sus decisiones»; en la resolución 1049 (1996), sobre la situación en Burundi, expresó «su firme apoyo a los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas y su representante Especial, la Organización de la Unidad Africana, la Unión Europea [...]¸ así como a otras entidades que procuran facilitar el diálogo político en Burundi» e instó a la OUA «a que aumente el tamaño de su misión de observadores en Burundi»; en la resolución 1078 (1996), sobre la situación en la región de los Grandes Lagos, pidió «a la Organización de la Unidad Africana, los Estados de la región y otras organizaciones internacionales que estudien las disposiciones que podrían adoptar a fin de contribuir a las actividades emprendidas por las Naciones Unidas para reducir las tensiones en la región»; en la declaración presidencial de 27 de febrero de 1997 (S/PRST/1997/8), sobre la situación en Somalia, expresó «su pleno apoyo a los esfuerzos que realizan [...] las organizaciones regionales e internacionales, en particular la Organización de la Unidad Africana, la Autoridad Intergubernamental de Desarrollo y la Liga de los Estados Árabes, con miras a promover un diálogo político directo y a facilitar un arreglo político de base amplia en Somalia»; en la resolución 1101 (1997), sobre la situación en Albania, apoyó «plenamente las gestiones diplomáticas de la comunidad internacional para lograr una solución pacífica de la crisis, especialmente las de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y las de la Unión Europea»; en la resolución 1132 (1997), sobre Sierra Leona, expresó «su firme apoyo a los esfuerzos del Comité de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental para resolver la crisis de Sierra Leona, y lo alienta a que siga trabajando en pro de la restauración pacífica del orden constitucional, incluso reanudando las negociaciones»; en la resolución 1177 (1998), sobre la situación entre Etiopía y Eritrea, expresó su apoyo «a la misión y a las gestiones de los Jefes de Estado de la OUA, y exhorta a la OUA a que adopte las medidas necesarias con la mayor rapidez posible» y también instó «a las partes a cooperar a cabalidad con la OUA»; en la declaración presidencial de 31 de agosto de 1998 (S/PRST/1998/26), sobre la situación en la República Democrática del Congo, alentó al SG a que «siga celebrando consultas con las autoridades regionales y en coordinación con el Secretario General de la OUA acerca de la forma de lograr una solución pacífica y duradera del conflicto»; en la declaración presidencial de 6 de noviembre de 1998 (S/PRST/1998/31), sobre la situación en Guinea-Bissau, encomió «las gestiones de mediación de la CEDEAO y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP)»; en la resolución 1371 (2001), sobre la situación en Macedonia, celebró «los esfuerzos desplegados por la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para contribuir a la aplicación del Acuerdo Marco»; en la declaración presidencial de 20 de diciembre de 2002 (S/PRST/2002/42), sobre la situación en Côte d’Ivoire, apoyó «firmemente los esfuerzos de la CEDEAO por promover una solución pacífica del conflicto» e instó a los líderes de la CEDEAO «a que prosigan sus esfuerzos en forma coordinada»; en la resolución 1478 (2003), sobre la situación en Liberia, pidió «a todos los Estados de la región, y en particular al Gobierno de Liberia, que participen activamente en todas las iniciativas regionales de paz, en particular las de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental» expresó «su vigoroso apoyo a esas iniciativas» y pidió «al Gobierno de Liberia y a los Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia que entablen sin demoras negociaciones bilaterales de cesación del fuego con los auspicios de la CEDEAO»; en la resolución 1556 (2004), sobre la situación en el Sudán, expresó «su pleno apoyo a la comisión de cesación del fuego y a la misión de observación en Darfur, dirigidas por la Unión Africana, pide al Secretario General que preste asistencia a la Unión Africana en la planificación y las evaluaciones para su misión en Darfur»; en la declaración presidencial de 28 octubre de 2004 (S/PRST/2004/39), acogió con satisfacción «la asistencia prestada por la comunidad internacional a la estabilización y recuperación de la República Centroafricana, así como los considerables esfuerzos hechos por los Estados miembros de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central en las esferas política, económica y de seguridad». Del examen de todas estas resoluciones podemos concluir que la práctica del CS ha sido mucho más amplia que los estrictos términos del párrafo 3, ya que, en primer lugar, no sólo se refirió a “controversias”, sino que también abarcó “situaciones”, inclusive varias de carácter interno. Sistematizando estos casos, podemos decir que el CS ha tomado las siguientes actitudes: simplemente apoyar los esfuerzos de los organismos regionales; instar a las partes a utilizar los organismos para resolver su controversia; instar a las partes a colaborar con los organismos regionales en sus actividades; instar a los organismos regionales a tomar medidas para promover una solución pacífica del conflicto; pedir al SG que tome las medidas necesarias para fortalecer la cooperación y coordinación entre las NU y los organismos regionales; instar a los Estados Miembros a cooperar con los organismos regionales. No deja de ser un dato a destacar que la gran mayoría de las resoluciones citadas son posteriores al final de la Guerra Fría, lo cual no es casual, sino el resultado del final de una era en que los organismos regionales (y, de un modo más amplio, todo el sistema de seguridad colectiva instaurado por la Carta) eran poco utilizados, y cuando actuaban, generalmente entorpecían la labor de las NU.

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El párrafo 4 aclara que lo dispuesto en el artículo no afecta la aplicación de los Arts.34 y 35, lo cual significa que el CS conserva plenamente sus facultades de investigar toda controversia o situación que pueda poner en peligro la paz y la seguridad internacionales (v. Art.34) y los Estados conservan su derecho de llevar sus controversias a la atención del CS o de la AG, lo cual es coherente con la interpretación amplia que se propicia de los términos del párrafo 2. Ello es así, por cuanto cuando existía la discusión acerca de la interpretación restrictiva de tal párrafo, los Estados que la negaban fundaban sus apreciaciones en este párrafo 4, en el sentido de que las disposiciones del Cap. VIII existían para dar más posibilidades a los Estados de buscar una solución pacífica de sus controversias, no de limitar sus derechos de recurrir al CS. Como vimos, en la actualidad tal discusión no existe. El CS se refirió de manera general a la cooperación entre las NU y los organismos regionales en varias oportunidades. Así, en la declaración presidencial de 28 de enero de 1993 (S/25184, ya citada), sobre “Un programa de paz”, expresó lo siguiente «Teniendo presente las disposiciones correspondientes de la Carta de las Naciones Unidas, las actividades pertinentes de la Asamblea General y los desafíos a la paz y la seguridad internacionales en la nueva fase de las relaciones internacionales, el Consejo atribuye gran importancia al papel de los acuerdos y las organizaciones regionales y reconoce la necesidad de coordinar sus esfuerzos con los de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. A la vez que reafirma su responsabilidad primordial por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y consciente de lo diverso del mandato, el alcance y la composición de los acuerdos y organizaciones regionales, el Consejo propicia y, cuando corresponde, apoya las actividades regionales realizadas por acuerdos y organizaciones regionales, dentro de sus respectivas esferas de competencia, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo, por lo tanto, en el mar co del Capítulo VIII de la Carta, invita a los acuerdos y organizaciones regionales a que estudien, con carácter prioritario, lo siguiente: Medios y arbitrios de reforzar sus funciones de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en sus esferas de competencia con la debida consideración por las características de sus respectivas regiones. Tomando en cuenta los asuntos de los que se ha ocupado el Consejo, y de conformidad con la Carta, podrían considerar, en particular, la diplomacia preventiva, incluidas las actividades de investigación de los hechos, aumento de la confianza, buenos oficios y establecimiento de la paz, y, cuando corresponda, mantenimiento de la paz; Medios y arbitrios para mejorar todavía más la coordinación de sus esfuerzos con los de las Naciones Unidas. Consciente de lo diverso del mandato, alcance y composición de los acuerdos y las organizaciones regionales, el Consejo subraya que las formas de interacción de esos acuerdos y organizaciones con las Naciones Unidas deben ser flexibles y adecuadas a cada situación concreta.»; en la resolución 1170 (1998), sobre la situación en África, luego de recordar las disposiciones del Cap.VIII relativas a los acuerdos regionales, destacó «la importancia de que las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana celebren consultas apropiadas y cooperen en el seguimiento del informe» sobre las causas de los conflictos y la promoción del desarrollo sostenible en África, celebró «las importantes contribuciones de la Organización de la Unidad Africana a la prevención y la solución de conflictos en África, entre ellas su Mecanismo de Prevención, Gestión y Solución de Conflictos», y alentó al SG «a que siga adoptando medidas concretas con el fin de aumentar la capacidad de la Organización de la Unidad Africana para prever y prevenir conflictos en África»; en la resolución 1197 (1998), sobre la misma cuestión, luego de recordar las disposiciones del Cap.VIII «que enuncian los principios básicos que rigen sus actividades y establecen el marco jurídico para la cooperación con las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales», entre otras cosas, exhortó al SG a que «ayude a establecer en la OUA un sistema de alerta temprana [y] a fortalecer y poner en funcionamiento el centro de gestión de conflictos de la OUA y su sala de situación», aprobó «el establecimiento de una Oficina de Enlace de la Acción Preventiva de las Naciones Unidas en la OUA» y alentó «a intensificar las consultas y la coordinación entre las Naciones Unidas y la OUA y entre las Naciones Unidas y las organizaciones subregionales de África»; en la resolución 1318 (2000), sobre el papel eficaz del CS en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, particularmente en África, reunido a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, pidió «que se fortalezcan la cooperación y las comunicaciones entre las Naciones Unidas y las organizaciones o arreglos regionales o subregionales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VIII de la Carta, y en particular respecto de las operaciones de mantenimiento de la paz» y destacó «la importancia de la continua cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana y las organizaciones subregionales africanas para resolver los conflictos en África, y de que se preste mayor apoyo al Mecanismo de Prevención, Gestión y Solución de Conflictos de la Organización de la Unidad Africana»; en la declaración presidencial de 20 de julio de 2004 (S/PRST/2004/27), sobre la cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales en los procesos de estabilización, expresó: «Los miembros recordaron que en los Artículos 52 y 53 de la Carta de las Naciones Unidas se definían la contribución de las organizaciones regionales al arreglo de

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controversias y la relación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales. [...] Los miembros expresaron sus opiniones sobre la cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y reconocieron la importante función que podían desempeñar estas últimas en la prevención, solución y gestión de conflictos, por ejemplo, abordando sus causas básicas. En las declaraciones se recalcó que el Consejo tenía la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales y que era preciso elevar el nivel de cooperación con las organizaciones regionales, cuando procediera, para resolver eficazmente las numerosas situaciones de conflicto a que se enfrentaba la comunidad internacional. Los Estados Miembros y los jefes de las organizaciones regionales participantes en la sesión destacaron su interés por mejorar la cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. También consideraron que un diálogo sistemático sobre cuestiones concretas entre el Consejo y las organizaciones regionales haría una contribución significativa en ese sentido. Se destacó que las iniciativas conjuntas y coordinadas de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales en los procesos de estabilización deberían basarse en la complementariedad y sus ventajas comparativas, a fin de aprovechar plenamente las experiencias respectivas, de conformidad con la Carta y los estatutos correspondientes de las organizaciones regionales. En las declaraciones se reiteró la importancia de aplicar un criterio coherente en los procesos de estabilización mediante el mejoramiento de la cooperación y la colaboración, incluso mediante un intercambio mayor y oportuno de información entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 54 de la Carta. El Consejo observa con beneplácito la actual práctica del Secretario General de celebrar reuniones de alto nivel con las organizaciones regionales y el consenso alcanzado respecto de las modalidades de cooperación en la prevención de conflictos y los principios de cooperación en la consolidación de la paz. [...] El Consejo invita a las organizaciones regionales a que adopten las medidas necesarias para aumentar la colaboración con las Naciones Unidas a fin de lograr la máxima eficiencia posible en los procesos de estabilización, y también alienta a las organizaciones regionales y subregionales a que aumenten la cooperación y la coordinación entre ellas, en particular mediante el intercambio de información, experiencias y prácticas óptimas. El Consejo invita a todos los Miembros de las Naciones Unidas a que contribuyan al fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones regionales y subregionales en todas partes del mundo, en particular mediante el suministro de recursos humanos, técnicos y financieros»; en la declaración presidencial de 8 de septiembre de 2004 (S/PRST/2004/33), sobre los aspectos civiles de la gestión de conflictos y la consolidación de la paz, el CS, reunido a nivel ministerial, expresó: «Los ministros reconocieron que algunas organizaciones regionales y subregionales y otras organizaciones internacionales desempeñan una función cada vez más destacada en la gestión de las crisis. También recordaron que en los Artículos 52 y 53 de la Carta se prevé la contribución de las organizaciones regionales a la gestión de conflictos, así como la relación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales, y alentaron a esas organizaciones a que, siempre que fuera posible, siguieran desarrollando su capacidad para gestionar crisis, incluso en el ámbito civil, en estrecha coordinación con las Naciones Unidas y conforme al Artículo 54 de la Carta. En los casos en que corresponda, se deben elaborar planes claros para realizar operaciones conjuntas. Además, una mayor coordinación e interoperabilidad entre esas organizaciones, así como la elaboración y el intercambio de estrategias comunes, políticas operacionales y prácticas recomendadas en la gestión civil de las crisis, permitirían aumentar la eficacia y la coherencia en la gestión de las crisis.»; en la declaración presidencial de 19 de noviembre de 2004 (S/PRST/2004/44), sobre la relación institucional con la Unión Africana, manifestó: «El Consejo de Seguridad [...] recuerda que la cooperación con las organizaciones regionales y subregionales en cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la paz y la seguridad constituye un importante pilar del sistema de seguridad colectiva establecido en la Carta de las Naciones Unidas, según lo dispuesto en su Capítulo VIII. [...] Acoge con satisfacción el establecimiento del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana y expresa su apoyo a la pronta ratificación del Protocolo de Paz y Seguridad por parte de todos los Estados africanos, y al establecimiento de una fuerza de reserva africana y un sistema de alerta temprana en África. Una vez concretadas, estas iniciativas contribuirán a mejorar la coordinación de los mecanismos regionales para promover la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza en África [...]. El Consejo reconoce la importancia de afianzar la cooperación con la Unión Africana para contribuir a fomentar su capacidad para hacer frente a los problemas de seguridad colectiva, incluso mediante el establecimiento de un sistema de respuestas rápidas y apropiadas a las situaciones de crisis incipientes, y la elaboración de estrategias efectivas de prevención de conflictos, mantenimiento de la paz y consolidación de la paz. [...] El Consejo acoge con particular beneplácito la función directiva que asumió la Unión Africana en los intentos de resolver las crisis en el continente africano y expresa su pleno apoyo a las iniciativas de paz tomadas por la Unión Africana y por conducto de organizaciones subregionales como la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, la Comunidad del África Meridional para el

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Desarrollo, la Comunidad Económica y Monetaria del África Central, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo y otros acuerdos regionales dedicados a la solución pacífica de controversias en África. El Consejo destaca la importancia de que se lo mantenga plenamente informado, conforme a lo establecido en el Artículo 54 de la Carta. [...] El Consejo hace un llamamiento a la comunidad internacional para que preste apoyo a los esfuerzos de la Unión Africana encaminados a aumentar su capacidad de mantenimiento de la paz, solución de conflictos y reconstrucción después de conflictos suministrando información, capacitación, conocimientos especializados y recursos, y para que preste apoyo a las actividades de las Naciones Unidas y sus organismos a ese respecto»; en su resolución 1625 (2005), sobre prevención de conflictos, instó «a que aumenten la cooperación y las comunicaciones entre las Naciones Unidas y las organizaciones o mecanismos regionales o subregionales, de conformidad con el Capítulo VIII de la Carta, en particular con respecto a las iniciativas de mediación»; en la resolución 1631 (2005), sobre la cooperación entre las NU y los organismos regionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el CS, entre otras cosas, expresó su determinación «de tomar medidas apropiadas para que siga desarrollándose la cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, de conformidad con el Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas, e invita a las organizaciones regionales y subregionales que tengan capacidad en materia de prevención de conflictos o mantenimiento de la paz a que incorporen esas capacidades en el marco del Sistema de fuerzas, servicios y equipo de reserva de las Naciones Unidas» y recomendó «que se mejore la comunicación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales, en particular mediante la actividad de oficiales de enlace y la celebración de consultas a todos los niveles pertinentes» (similares consideraciones pueden verse en S/PRST/2006/39). La AG también se refirió a los organismos regionales. Así, en la “Declaración de Manila sobre al Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales” (A/RES/37/10) expresó: «Los Estados partes en acuerdos u organismos regionales harán cuanto esté a su alcance por lograr el arreglo pacífico de sus controversias internacionales mediante dichos acuerdos u organismos regionales antes de someterlos al Consejo de Seguridad. Esto no impide a los Estados llevar cualquier controversia a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General, con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas». En lo que respecta a la cooperación, mediante la resolución 49/57 aprobó la “Declaración sobre el mejoramiento de la cooperación entre las Naciones Unidas y los acuerdos u organismos regionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”, que, luego de reafirmar los Arts. 52 a 54, contiene lo siguiente: «Los acuerdos u organismos regionales pueden, en sus esferas de competencia y de conformidad con la Carta, aportar importantes contribuciones al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, entre otras cosas, según proceda, mediante el arreglo pacífico de controversias, la diplomacia preventiva, el establecimiento de la paz, el mantenimiento de la paz y la consolidación de la paz después de los conflictos; La cooperación entre los acuerdos u organismos regionales y las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales puede adoptar diversas formas, entre ellas: a) El intercambio de información y la celebración de consultas a todos los niveles; b) La participación, según proceda, en la labor de los órganos de las Naciones Unidas de conformidad con los reglamentos y las prácticas aplicables; c) El suministro de personal y de asistencia material o de otro tipo, cuando proceda; La cooperación entre los acuerdos u organismos regionales y las Naciones Unidas debería realizarse de conformidad con sus respectivos mandatos, competencia y composición, y debería adecuarse a cada situación concreta, de conformidad con la Carta; El Consejo de Seguridad deberá alentar y apoyar, cuando proceda, los esfuerzos regionales que realicen los acuerdos u organismos regionales en la esfera del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, dentro de sus respectivas esferas de competencia y de conformidad con los propósitos y principios de la Carta; Se alienta a los Estados Partes en acuerdos u organismos regionales a que consideren la posibilidad de fortalecer sus actividades regionales para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales de conformidad con la Carta; Se alienta a los Estados Partes en acuerdos u organismos regionales a que fomenten la confianza en el plano regional con el fin de mantener la paz y la seguridad internacionales; Se alienta a los Estados Partes en acuerdos u organismos regionales a que consideren la posibilidad de utilizar o, cuando proceda, la de establecer o mejorar procedimientos y mecanismos regionales para la pronta detección, la prevención y el arreglo pac ífico de las controversias, en estrecha coordinación con los esfuerzos preventivos de las Naciones Unidas; Se alienta a los acuerdos u organismos regionales a que examinen, cuando proceda, en sus esferas de competencia, los medios de promover una cooperación y coordinación más estrechas con las Naciones Unidas con el objeto de contribuir al logro de los propósitos y principios de la Carta, inclusive en las esferas de la diplomacia preventiva, el establecimiento de la paz y la consolidación de la paz después de los conflictos y, en su caso, el mantenimiento de la paz». Asimismo, la AG trata periódicamente la cuestión de la cooperación entre las NU y cada uno de los organismos regionales no sólo en el campo de la cooperación en materias de mantenimiento de la paz, sino en muchas

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otras, sobre todo aquellas relacionadas con las cuestiones del desarrollo. No debemos olvidar que algunos de los organismos celebraron acuerdos de cooperación con las NU, por ejemplo, la OUA (Acuerdo de 15 de noviembre de 1965, actualizado el 9 de octubre de 1990) o la OSCE (A/48/185).

Artículo 53 1. El Consejo de Seguridad utilizará dichos acuerdos u organismos regionales, si a ello hubiere lugar, para aplicar medidas coercitivas bajo su autoridad. Sin embargo, no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad, salvo que contra Estados enemigos, según se les define en el párrafo 2 de este Artículo, se tomen las medidas dispuestas en virtud del Artículo 107 o en acuerdos regionales dirigidos contra la renovación de una política de agresión de parte de dichos Estados, hasta tanto que a solicitud de los gobiernos interesados quede a cargo de la Organización la responsabilidad de prevenir nuevas agresiones de parte de aquellos Estados. 2. El término "Estados enemigos" empleado en el párrafo 1 de este Artículo se aplica a todo Estado que durante la segunda guerra mundial haya sido enemigo de cualquiera de los signatarios de esta Carta. El artículo se refiere a supuestos diferentes al anterior, pues en este caso, se requiere acción por haberse producido una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión. Así, tal cual lo establece el párrafo 1, los organismos regionales no pueden adoptar medidas coercitivas sin autorización del CS (la prohibición se entiende pues el CS es el único órgano habilitado, Art.24 y Cap.VII), lo cual no quita que puedan discutir el asunto, emitir recomendaciones sobre el mismo, o incluso, solicitar al CS que tome determinadas acciones, mas sólo éste podrá decidirlas. Existieron en el seno del CS algunas discusiones en cuanto a qué correspondía considerar como “medidas coercitivas”, en el sentido de este artículo (sobre su significado en otros artículos, v. comentario al Art.5), ya que la Carta, en ninguna de sus disposiciones, las define; así, para algunas delegaciones correspondía considerar como tales todas aquellas medidas tomadas de conformidad con los Arts. 41 o 42; para otros, sólo eran “medidas coercitivas” las que implicaran el uso de la fuerza, por lo que los organismos regionales podían aplicar embargos o romper las relaciones diplomáticas con un Estado sin recurrir al CS. Esta última tesis triunfó en la 895ª sesión (9 de septiembre de 1960), al aprobarse la resolución 165 (1960), sobre la cuestión de la República Dominicana, en la que tomó nota del informe de la OEA y de la resolución «por la que se acordó la aplicación de medidas respecto de la República Dominicana». Sin embargo, en los últimos años, la práctica del CS parece ser diferente, al aplicar la otra postura, lo cual es compartido por la doctrina, en el sentido de considerar también a las medidas del Art.41 como “medidas coercitivas”. Ello se ve con claridad en el caso de Haití en 1993, cuando la OEA, tras adoptar diversas resoluciones para intentar solucionar la crisis producida por el golpe de Estado contra el Presidente Aristide, recomendó a sus Estados miembros un embargo económico, el cual no fue obligatorio hasta que el CS, a través de la resolución 841 (1993) lo asumió y universalizó (la participación de la OEA en esta resolución fue muy importante, pues las medidas que establecía podían ser dejadas sin efecto si el SG de ese organismo consideraba que no se justificaban). En otro caso, instó a los Estados a cooperar con medidas dispuestas por un organismo regional; así, en la resolución 1478 (2003), sobre la situación en Liberia, pidió «a todos los Estados de la subregión que hagan más estrictas las medidas que hayan adoptado para combatir la proliferación de armas pequeñas y armas ligeras y las actividades mercenarias y para hacer más eficaz la suspensión de la CEDEAO, e insta a los Estados que estén en condiciones de hacerlo a que presten asistencia a la CEDEAO con ese fin». Por otro lado, el mismo párrafo 1 faculta al CS a utilizar, si lo considera conveniente, los acuerdos u organismos regionales para aplicar medidas coercitivas. Así, en la resolución 217 (1965), sobre la situación en Rhodesia del Sur, en la que se aplicaron ciertas medidas contra el gobierno ilegal en ese país (v. Art.41), encareció «a la Organización de la Unidad Africana que haga cuanto esté en su poder para ayudar en la ejecución de la presente resolución, de conformidad con el Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas»; en la resolución 1031 (1995), sobre la situación en Bosnia y Herzegovina autorizó «a los Estados Miembros que actúen por conducto de la organización internacional mencionada en el anexo 1-A del Acuerdo de Paz [la OTAN] o en

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cooperación con ella para que establezcan una Fuerza Multinacional de Aplicación con un mando y control unificados», a la vez que autorizó a la Fuerza a tomar “todas las medidas necesarias”, tal cual se vio en el Art.42 (por resolución 1088 [1996] la Fuerza fue suplantada por la Fuerza Multinacional de Estabilización, también bajo control de la OTAN, y por resolución 1575 [2004] autorizó «a los Estados Miembros a que, actuando por conducto de la Unión Europea o en cooperación con ésta, establezcan, por un período inicial de doce meses, una fuerza de estabilización multinacional, la Fuerza de la Unión Europea, como sucesora legal de la Fuerza de Estabilización, bajo mando y control unificados, que desempeñará su cometido en relación con la aplicación de los anexos 1-A y 2 del Acuerdo de Paz en cooperación con la presencia del cuartel general de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte»); en la resolución 1132 (1997), autorizó «conforme al Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas, a la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental a que, en cooperación con el Gobierno democráticamente elegido de Sierra Leona, garantice el estricto cumplimiento de las disposiciones de la presente resolución por lo que respecta al suministro de petróleo y de productos del petr óleo y armamentos y material conexo de todo tipo, inclusive, en caso necesario y de conformidad con las normas internacionales aplicables, a que detenga a los buques que se dirigen a Sierra Leona con el fin de inspeccionar y verificar sus cargas y puntos de destino», exhortó «a todos los Estados Miembros a que cooperen con la CEDEAO» e instó «a todos los Estados a que faciliten apoyo técnico y logístico a la CEDEAO para que cumpla sus responsabilidades en la aplicación de la presente resolución»; en la resolución 1464 (2003), sobre la situación en Côte d’Ivoire autorizó «a los Estados Miembros que participan en la fuerza de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental de conformidad con el Capítulo VIII de la Carta, [...] a que, utilizando los medios a su disposición tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la libertad de circulación de su personal y para asegurar [...] la protección de los civiles en peligro inminente de sufrir violencia física en sus zonas de operaciones». Asimismo, tal cual vimos en el Art.42, el CS ha dado autorizaciones a los Estados miembros, actuando por medio de acuerdos u organismos regionales, en virtud de los Capítulos VII y VIII de la Carta, para usar la fuerza a fin de garantizar el cumplimiento de medidas de embargo previamente adoptadas por el CS, en las resoluciones 787 (1992), 794 (1992), 816 (1993), 875 (1993), 917 (1994) y autorizaciones a los Estados miembros, por medio de acuerdos u organismos regionales, en virtud del Capítulo VII de la Carta, para usar la fuerza a fin de proporcionar apoyo a las operaciones de las Naciones Unidas en el cumplimiento de su mandato en las resoluciones 836 (1993), 908 (1994), 981 (1995), 1037 (1996); en ninguno de estos casos el CS especificó de qué organismo o acuerdo regional se trataba. El CS también se refirió de forma general a la cuestión en la resolución 1196 (1998), en la que alentó a los Presidentes de los Comités de Sanciones a «que procuren establecer canales de comunicación con las organizaciones y órganos regionales y subregionales, en particular con el Mecanismo de Prevención, Gestión y Solución de Conflictos de la OUA, la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO), [...] la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) [...], a fin de mejorar el seguimiento de los embargos de armas mediante un intercambio más amplio y regular de información con las partes pertinentes en las región interesada». Mención aparte merece la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz, las cuales, por no ser “medidas coercitivas”, escapan de las previsiones de este artículo y las relaciones de las NU con los organismos regionales se rigen por el principio de la cooperación, como vimos para el caso de las relaciones en el arreglo de controversias. Ello significa que los organismos regionales son libres de crear las OMP que estimen necesarias, siempre y cuando esté dentro de su mandato. La práctica del CS reconoce varios de estos casos; así, en la resolución 504 (1982), sobre la situación en el Chad, tomó nota «de la decisión de la Organización de la Unidad Africana de establecer, de acuerdo con el Gobierno de la República del Chad, una fuerza de mantenimiento de la paz y la seguridad en el Chad» y pidió al SG «que establezca un fondo de asistencia para la fuerza de mantenimiento de la paz de la OUA en el Chad, que se integrará con contribuciones voluntarias»; en la resolución 788 (1992), sobre la situación en Liberia, condenó «los continuos ataques armados de una de las partes en el conflicto contra las fuerzas de la CEDEAO para el mantenimiento de la paz en Liberia [Grupo de Observadores militares, ECOMOG] » y en la resolución 866 (1993), que creó la UNOMIL (v. Art.29), estableció entre sus funciones, «coordinar con el Grupo de Observadores Militares el cumplimiento de sus distintas responsabilidades»; en la resolución 846 (1993), sobre la situación en Rwanda, acogió con beneplácito la decisión del SG «de apoyar las gestiones de paz de la OUA poniendo a su disposición dos expertos militares a fin de prestar asistencia al Grupo de Observadores Militares Neutrales, en particular mediante el apoyo logístico de expertos para facilitar el despliegue del Grupo ampliado en Rwanda»; en la resolución 937 (1994), sobre la situación en Georgia, acogió con satisfacción «el aporte de la Federación de Rusia y tom[ó] nota de que otros miembros de la Comunidad de Estados Independientes han indicado que aportarán también contribuciones para una fuerza de mantenimiento de la paz, en respuesta a la solicitud de las partes

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[...], en coordinación con la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Georgia, [...] con arreglo a las prácticas y los principios establecidos de las Naciones Unidas» y pidió «a los comandantes de la Misión y de la fuerza de mantenimiento de la paz de la CEI que establezcan y pongan en práctica los arreglos apropiados sobre el terreno [...] para la coordinación y la cooperación entre la Misión y la fuerza de mantenimien to de la paz en la ejecución de sus respectivas tareas»; en la resolución 1030 (1995), sobre la situación en Tayikistán, destacó «la necesidad de que se fortalezca la estrecha colaboración existente entre la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Tayikistán y las partes en conflicto, así como su cercano enlace con las fuerzas colectivas de mantenimiento de la paz de la Comunidad de Estados Independientes»; en la resolución 1216 (1998), sobre la situación en Guinea-Bissau, exhortó a las partes a aplicar las disposiciones de los acuerdos, en particular en lo tocante «al despliegue de la fuerza de interposición del Grupo de Observadores Militares (ECOMOG) de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO)» y aprobó «que la fuerza de interposición del ECOMOG ejecute en forma neutral e imparcial y de conformidad con las normas que rigen las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas el mandato [...] para alcanzar el objetivo de facilitar el restablecimiento de la paz y la seguridad»; en la declaración presidencial de 20 de diciembre de 2002 (S/PRST/2002/42), sobre la situación en Côte d’Ivoire, expresó «su pleno apoyo al despliegue en Côte d’Ivoire de la fuerza del Grupo de Verificación de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental» , encomió «a todos los países de la CEDEAO que han decidido aportar tropas para esta fuerza» y exhortó «a la comunidad internacional a que le preste asistencia»; en la resolución 1671 (2006), sobre la situación en la República Democrática del Congo, tomó nota «de que el Gobierno de la República Democrática del Congo apoya el despliegue temporario de una fuerza de la Unión Europea (Eufor R.D. Congo) para que ayude a la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo durante el período en torno a las elecciones en la República Democrática del Congo» y autorizó «el despliegue de la Eufor R.D. Congo en la República Democrática del Congo por un período que finalizará cuatro meses después de la fecha de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas». No debemos olvidar que para hacer uso de la fuerza, los organismos regionales deben pedir la autorización al CS, pues tal supuesto sí cae en las previsiones del párrafo 1, tal cual se vio en los casos citados supra y en el Art.42. El CS también se ha referido a la cuestión de las OMP y los organismos regionales en la declaración presidencial de 30 de noviembre de 1998 (S/PRST/1998/35), sobre la situación en África, en la que expresó: «el Consejo destaca el papel cada vez más importante de los acuerdos y organismos regionales y de las coaliciones de Estados Miembros en la realización de actividades en esta esfera. El Consejo reafirma que toda actividad de este tipo realizada en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales, incluidas las medidas coercitivas, se llevarán a cabo de conformidad con los Artículos 52, 53 y 54 del Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas. Destaca asimismo la importancia de que tales actividades se guíen por los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de todos los Estados, así como por los principios operacionales para las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas [...]. El Consejo reconoce que la autorización por el Consejo de las actividades realizadas por organizaciones regionales o subregionales, o por Estados Miembros o coaliciones de Estados, puede constituir una respuesta efectiva a las situaciones de conflicto, y elogia a los Estados Miembros y organizaciones regionales y subregionales que han realizado esfuerzos y han adoptado iniciativas con miras al mantenimiento de la paz y la seguridad. Con el fin de mejorar su capacidad para vigilar toda actividad que haya autorizado, el Consejo expresa su disposición a examinar medidas apropiadas cada vez que se esté considerando la posibilidad de conceder una autorización de este tipo. A este respecto, el Consejo de Seguridad observa que existen diversos arreglos y relaciones que se han desarrollado en diferentes casos de cooperación entre las Naciones Unidas, los Estados Miembros y las organizaciones regionales y subregionales para el mantenimiento de la paz y la seguridad, y que las exigencias de la vigilancia variarán, por lo que deben ajustarse a las características de las operaciones en cuestión, incluso en relación con las iniciativas de paz en curso. Pero en general las operaciones deben tener un mandato claro, incluida una exposición de los objetivos, normas para el uso de la fuerza, un plan de acción bien preparado, un plazo para la separación de las fuerzas y disposiciones para la presentación periódica de informes al Consejo. El Consejo afirma que para el éxito de las operaciones es esencial un nivel elevado de conducta, y recuerda la función de las Naciones Unidas por lo que respecta al establecimiento de normas generales de mantenimiento de la paz. El Consejo destaca que las misiones y operaciones deben garantizar que su personal respete y observe el derecho internacional, incluido el derecho humanitario, los derechos humanos y el derecho de los refugiados. El Consejo de Seguridad estima además que, en caso necesario o conveniente, podría mejorarse la vigilancia de estas actividades mediante la inclusión de ciertos elementos civiles en las misiones y operaciones, que se ocupen, por ejemplo, de las cuestiones relacionadas con los derechos políticos y los derechos humanos. En este contexto, el Consejo de Seguridad reconoce también que la adscripción de un oficial o de un equipo

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de enlace de las Naciones Unidas podría mejorar la corriente de información entre el Consejo y los que participan en la realización de una operación autorizada por el propio Consejo pero llevada a cabo por una coalición de Estados Miembros o por una organización regional o subregi onal. [...] El Consejo de Seguridad destaca la importancia de que, cada vez que las Naciones Unidas desplieguen fuerzas junto con fuerzas de organizaciones regionales o subregionales o de Estados Miembros, se establezca un marco claro para la cooperación y la coordinación entre las Naciones Unidas y la organización regional o subregional o la coalición de Estados Miembros en cuestión. Un marco de ese tipo debe incluir objetivos específicos, la delimitación minuciosa de los papeles y responsabilidades respectivos de las Naciones Unidas y de la organización regional o subregional o coalición de que se trate y las esferas de interacción de las fuerzas, así como disposiciones claras relativas a la seguridad del personal». En su resolución 1631 (2005), el CS recalcó la importancia para las Naciones Unidas de fomentar la capacidad de las organizaciones regionales y subregionales para desplegar con rapidez fuerzas de mantenimiento de la paz en apoyo de las operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz u otras operaciones decididas por el Consejo de Seguridad, y acoge con beneplácito las iniciativas pertinentes adoptadas a este respecto». Asimismo, en la ya citada resolución 49/57 de la AG, se establece: «Se alienta a los acuerdos u organismos regionales a que consideren, en sus esferas de competencia, la posibilidad de establecer y capacitar grupos de observadores militares y civiles, misiones de determinación de los hechos y contingentes de fuerzas de mantenimiento de la paz para utilizarlos, según convenga, en coordinación con las Naciones Unidas y, en caso necesario, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad o con su autorización, de conformidad con la Carta». La última parte del párrafo 1 contiene una excepción a la limitación de hacer uso de medidas coercitivas de los organismos regionales que son las medidas del Art.107 (v. Art.107) que se tomen “contra Estados enemigos” , o “en acuerdos regionales dirigidos contra la renovación de una política de agresión de parte de dichos Estados”, lo cual –para muchos– significó en su momento legitimar todas las medidas tomadas contra los vencidos en la Segunda Guerra Mundial, sustrayéndolas de la órbita de las Naciones Unidas “hasta tanto que a solicitud de los gobiernos interesados quede a cargo de la Organización la responsabilidad de prevenir nuevas agresiones de parte de aquellos Estados”. Son “Estados enemigos”, de acuerdo al párrafo 2 “todo Estado que durante la segunda guerra mundial haya sido enemigo de cualquiera de los signatarios de esta Carta”. Est á claro que estas disposiciones inaplicables por ser anacrónicas, ya que la admisión de Alemania, Italia y Japón como Miembros implicó reconocerlos como “Estados amantes de la paz”, en el sentido del Art.4, lo cual es incompatible con las disposiciones sub examine, por lo que opinamos que deberían ser retiradas en una eventual reforma de la Carta.

Artículo 54 Se deberá mantener en todo tiempo al Consejo de Seguridad plenamente informado de las actividades emprendidas o proyectadas de conformidad con acuerdos regionales o por organismos regionales con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales. Lo normado por el artículo resulta de toda evidencia, ya que es el CS quien tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales (Art.24), y debe encontrarse plenamente informado de las actividades de los organismos o acuerdos regionales en ese ámbito. La disposición del artículo en la práctica se cumple mediante comunicaciones dirigidas al SG por distintos órganos de los organismos regionales, por los Estados partes en una controversia o situación conflictiva y por otros Estados, con respecto a los asuntos de que se ocupan los organismos o acuerdos regionales; tales comunicaciones se distribuyen como documentos del CS, y pueden ser consultadas en los volúmenes pertinentes del “Repertorio de la Práctica seguida por los Órganos de las Naciones Unidas” y en los informes anuales del CS a la AG, presentados de conformidad con los Arts. 15.1 y 24.3. El CS se refirió al deber de los organismos regionales de informar en varias oportunidades; por ejemplo, en la resolución 199 (1964), sobre la cuestión de la República Democrática del Congo, pidió «a la Organización de la Unidad Africana que, en conformidad con el Artículo 54 de la Carta de las Naciones Unidas, mantenga al Consejo de Seguridad plenamente informado de las actividades que emprenda con arreglo a la presente resolución»; en la resolución 787 (1992), sobre la situación en Bosnia y Herzegovina (citada en el comentario al Art.42), pidió «a los Estados interesados que, actuando como naciones o por conducto de organismos o acuerdos regionales, coordinen con el Secretario General entre otras cosas la presentación de informes al Consejo acerca de las medidas que tomen en cumplimiento [...] de la presente resolución»; en la resolución 874 (1993), sobre la situación en Nagorno-Karabaj, pidió «al Presidente en ejercicio de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa [...] que

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siga informando al Consejo de los progresos realizados en el procedo de Minsk y de todos los aspectos de la situación sobre el terreno, así como de la cooperación presente y futura a ese respecto de la CSCE y las Naciones Unidas»; en la resolución 1132 (1997), sobre la situación en Sierra Leona(citada en el comentario al Art.53), pidió a la CEDEAO que informara cada treinta días al Comité de Sanciones «acerca de todas las actividades llevadas a cabo de conformidad» con esa resolución; en la resolución 1216 (1998), sobre la situación en Guinea-Bissau (citada en el comentario al Art.53), pidió «al ECOMOG que presente por conducto del Secretario General informes periódicos por lo menos una vez al mes»; en la resolución 1408 (2002), sobre la situación en Liberia, invitó a la CEDEAO «a que informe periódicamente al Comité [de Sanciones] sobre todas las actividades que hayan emprendido sus miembros en cumplimiento de [...] la presente resolución»; en la resolución 1464 (2003), sobre la situación en Côte d’Ivoire, pidió a la CEDEAO «por conducto del mando de su fuerza, [...] que le informe periódicamente por intermedio del Secretario General, sobre todos los aspectos del cumplimiento de su mandato»; en la resolución 1478 (2003), sobre la situación en Liberia (citada en los comentarios a los Arts. 41 y 53), invitó a la CEDEAO «a que informe periódicamente al Comité [de Sanciones] sobre todas las actividades que hayan realizado sus miembros en cumplimiento [...] de la presente resolución». El CS se refirió al Art.54 (además de las resoluciones y declaraciones citadas en el comentario al Art.52) en la resolución 1631 (2005), sobre la cooperación entre las NU y los organismos regionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, en la que reiteró «la obligación que incumbe a las organizaciones regionales, con arreglo al Artículo 54 de la Carta, de mantenerle plenamente informado de sus actividades para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales».

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CAPITULO IX COOPERACION INTERNACIONAL ECONOMICA Y SOCIAL Artículo 55 Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá: a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social; b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades. El artículo es concordante con lo establecido en los párrafos 2 y 3 del Art.1, y supone la forma en que habrán de realizarse tales propósitos de las Naciones Unidas. Asimismo, guarda estrecha relación con las funciones de la AG (Art.13.1, inc. b) y del ECOSOC (Art.62), así como varios párrafos del Preámbulo. Tal es así, que en el capítulo correspondiente del “Repertorio de la práctica seguida por los Órganos de las Naciones Unidas”, se incluye el siguiente cuadro comparativ o entre esas disposiciones: Preámbulo Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos

Art.1.3 Los Propósitos de las Naciones Unidas son:

a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, .... a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todas los pueblos

Art.55

...la Organización promoverá:

Art.62.1 y 62.2 El Consejo Económico y Social podrá hacer o iniciar estudios e informes con respecto a

Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social

Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario

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Art.13.1, inc.b) La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines siguientes:

La solución de problemas Fomentar la internacionales de cooperación carácter económico, internacional en social y sanitario, y materias de de otros problemas carácter económico, conexos; y la social, cultural, cooperación educativo y internacional en el sanitario orden cultural y educativo

Asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones sobre tales asuntos

Capítulo IX – Cooperación internacional económica y social

Preámbulo a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas,

Art.1.3 Realizar la cooperación internacional... en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión

Art.13.1, inc.b)

Art.55

Art.62.1 y 62.2

ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión

El respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades

Podrá hacer recomendaciones con el objeto de promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y la efectividad de tales derechos y libertades

Esta similitud del contenido del artículo 55 con otras disposiciones de la Carta ha sido criticada por parte de la doctrina, por resultar innecesaria. Sin embargo, otros autores señalan que el texto contiene el término “desarrollo” que, como se sabe, ha tenido una historia relevante en la evolución de las relaciones internacionales desde 1945 hasta la actualidad, como se verá infra. De todos modos, el artículo ha sido la base de una amplia acción de las NU para fomentar en todos s us aspectos la cooperación internacional económica y social, no sólo a través de las innumerables resoluciones dictadas por la AG sino también de las adoptadas por diferentes órganos del sistema, como el ECOSOC, órganos subsidiarios y organismos especializados (v. Art.57). No cabe duda que para los redactores de la Carta el desarrollo económico y social ha sido considerado un elemento fundamental de la paz internacional. Por ello es que el texto se refiere concretamente a “las condiciones de estabilidad y bienestar” como bases para el desarrollo de las “relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones”. Estos conceptos son complementarios de la otra vertiente que inspira toda la Carta: el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Esta relación entre la paz y la cooperación económica y social fue puesta de manifiesto por la AG en el Preámbulo de la “Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados”, aprobada por resolución 3281 (XXIX), cuando subrayó «la importancia de asegurar condiciones apropiadas para el ejercicio de relaciones económicas normales entre todos los Estados, independientemente de las diferencias de los sistemas sociales y económicos, así como para el pleno respeto de los derechos de todos los pueblos, y la de robustecer los instrumentos de cooperación económica internacional como medios para consolidar la paz en beneficio de todos». Volveremos sobre esa Carta. La obra de las NU sobre las cuestiones previstas en los incisos a) y b) ha sido monumental y resulta imposible de describir en este breve comentario, y ha quedado englobada dentro del objetivo general del desarrollo. Por eso es posible sostener que estos incisos pueden entenderse en la actualidad como la “cooperación para el desarrollo”. Sobre el particular, encontramos una primera etapa en la vida de la Organización en la que no se puede decir que existiera una estrategia clara de la AG en relación al desarrollo; ese período sirve, sin embargo, para señalar por parte de la AG los puntos de partida básicos para su acción futura y que fundamentalmente pueden concretarse en dos: a) entender que el desarrollo de los países subdesarrollados encierra una problemática distinta de la que pudiera presentarse en los países industrializados, lo que obliga a un estudio previo y particular de los problemas específicos de estos países, y b) considerar que los problemas de desarrollo económico y social son interdependientes, de modo que el desarrollo económico debe ser coordinado e integrado con el social. El inicio de la segunda etapa está dado por la aprobación de la resolución 1515 (XV) de la AG, que inicia una serie de resoluciones cuyo contenido constituye un plan de acción o una estrategia de cooperación para el desarrollo. Esta estrategia suele ir acompañada de otras resoluciones encaminadas a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento, tanto creando las instituciones adecuadas para ello como los mecanismos de control para su ejecución. Las principales resoluciones de la AG que marcan la estrategia de las NU para el desarrollo son las adoptadas para establecer los denominados “Decenios de las Naciones Unidas para el desarrollo”, iniciados a partir de la resolución 1710 (XV). Así, la resolución 1515 (XV) y el primer decenio de las NU para el desarrollo, suponen el primer intento de planificación global de la cooperación internacional en materia económica y social; planificación que se hace a mediano plazo para el período 1960-1970. El objetivo fundamental del decenio se centró en que «el crecimiento de la economía de las diversas naciones y su progreso social se sostengan por sí mismos». Para ello se fijó como objetivo inmediato de los países subdesarrollados el que cada uno consiga como tasa mínima de crecimiento económico un ritmo del 5% anual en el ingreso nacional global al finalizar el decenio. A fin de dar cumplimiento a estos objetivos la política del decenio se basó en la acción concertada de los países desarrollados llevada a cabo «por conducto del sistema de los organismos

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de las Naciones Unidas y sobre una base bilateral o multilateral» y especialmente dirigida a cubrir el objetivo de la ayuda establecido en el 1% del PNB. Considera la doctrina (Diez de Velasco: op. cit.) que éste es quizá uno de los errores básicos del decenio: apoyar toda la cooperación internacional en los países industrializados y los organismos de las NU, y conferir a ellos la responsabilidad conjunta de adoptar las medidas para la financiación del desarrollo y para establecer los sectores preferentes del desarrollo. Las directrices formuladas durante el decenio se refieren fundamentalmente a las modalidades y condiciones de la asistencia técnica, al comercio internacional, a la necesidad de industrialización de los países en desarrollo y a la financiación del mismo. Es durante este período que se instrumenta la política de las NU en este ámbito, no sólo a través de los órganos encargados por la Carta (AG y ECOSOC, v. Art.60), sino también mediante la creación de organismos, entre los que cabe destacar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI, v. Art.57). El segundo decenio de las NU para el desarrollo cubre el período comprendido entre 1970 y 1980, y sus objetivos básicos están contenidos en la resolución 2626 (XXV) de la AG, la cual parte de la idea de que la responsabilidad primordial para alcanzar el progreso económico y social recae en los propios países en desarrollo, pero que éstos no pueden por sí solos alcanzar las metas del desarrollo deseadas con la necesaria rapidez, debido a que carecen de recursos financieros suficientes y a que necesitan políticas económicas y comerciales más favorables por parte de los países desarrollados. Sobre la base de esta concepción, el segundo decenio fija unos objetivos de crecimiento económico algo más altos que en el decenio anterior, pero las medidas de política a seguir continúan siendo básicamente las mismas, aunque formuladas con mayor precisión. Los objetivos básicos fueron: 1) alcanzar una tasa media de crecimiento de los países en desarrollo considerados en su conjunto por lo menos del 6%, con la posibilidad de lograr en la segunda mitad del decenio una tasa más elevada que se fijaría en base a una evaluación amplia hecha a mediados del período decenal; 2) alcanzar una tasa de crecimiento anual del PBI per capita en los países en desarrollo, considerados en su conjunto, del 3,5% durante el decenio, con la posibilidad de acelerarlo durante su segunda mitad a fin de por lo menos lograr un modesto comienzo de reducción de la disparidad de nivel entre los países desarrollados y en desarrollo. En cuanto a las medidas de la política a seguir se centran en el trato preferencial a favor de los países en desarrollo, en la financiación del desarrollo basada en la ayuda exterior y en las inversiones privadas extranjeras, y finalmente extendiendo la cooperación a la creación y fomento de las actividades científicas y tecnológicas que influyen en la expansión y modernización de la economía de los países en desarrollo. Como novedades importantes de la estrategia del segundo decenio hay que destacar: a) la incorporación de la misma del desarrollo social con base en la resolución 2543 (XXIV) de la AG, que establece que la Declaración sobre el progreso y el desarrollo social (resolución 2542 [XXIV]) sea tenida en cuenta en la formulación de la estrategia del segundo decenio; b) la previsión de un sistema para el examen y evaluación periódica de la ejecución de las medidas propuestas; esta evaluación se debía llevar a cabo a nivel nacional, a nivel sectorial (en la UCTAD, ONUDI y organismos especializados) y a nivel general por la AG. La adopción de la estrategia internacional de desarrollo para el tercer decenio de las NU para el desarrollo (A/RES/35/36) no puede considerarse, según la doctrina, como una continuación del primero y el segundo decenio. Existe un cambio importante; ya que a partir de los primeros años de la década de los setenta, desde distintos foros internacionales los países en desarrollo y algunos desarrollados empiezan a cuestionar la filosofía de las NU sobre la cooperación para el desarrollo, y a adelantar nuevos análisis económicos que ponen en duda los fundamentos mismos de esta cooperación. Actitud que cristaliza en 1974 con la formulación por la AG de la “Declaración para el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional”, que será analizada infra. Ello hace que la adopción en 1981 de la estrategia internacional para el tercer decenio tenga como marco de referencia dicha declaración y se considere un instrumento importante para su aplicación. La estrategia se propone como objeto específico acelerar el desarrollo de los países en desarrollo, fijando, entre otras, las siguientes metas a alcanzar durante el decenio: el 7% de la tasa anual media del crecimiento del PIB de los países en desarrollo en su conjunto, una tasa anual no inferior al 7,5% y al 8% en la importación de bienes y servicios de los países en desarrollo respectivamente, un nivel de inversión en los países en desarrollo equivalente al 28% de su PBI para 1990, lo que supone que estos países deberán movilizar plenamente sus recurso financieros internos, y que los países desarrollados deberán alcanzar la meta internacionalmente convenida del 0,7% del PNB como ayuda oficial a los países en desarrollo, y que el total de recursos financieros transferidos a dichos países alcance el 1% del PNB de los países desarrollados. La producción manufacturera de los países en desarrollo en su conjunto deberá incrementarse en una tasa anual media del 9%. La formulación de estas metas y objetivos tenía como idea central la concepción de una economía mundial interdependiente, por lo que el logro de los mismos se considera como responsabilidad de todos los gobiernos. Ideológicamente, la estrategia se concibe como una «vasta empresa que alcanza a toda la comunidad internacional, destinada a fomentar la cooperación internacional para el desarrollo» y

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basada en «la justicia, la igualdad y el beneficio mutuo». Como novedades significativas de la estrategia para el tercer decenio la doctrina destaca: a) la especial atención a los problemas más urgentes, a la situación de los países menos desarrollados, y a los problemas específicos de los países en desarrollo sin litoral, insulares, y más gravemente afectados; b) la referencia expresa al respeto de los principios relativos a la soberanía e independencia de los Estados, a la prohibición del uso de la fuerza y al arreglo pacífico de controversias, como una cuestión de «importancia capital para el éxito de la estrategia», y c) la relación que se establece entre desarme y desarrollo, en virtud de la cual la aplicación urgente de medidas de desarme liberaría considerables recursos adicionales para utilizar en el desarrollo económico y social, particularmente en beneficio de los países en desarrollo. Finalmente la estrategia establecía un proceso de evaluación tanto a nivel nacional, como regional, y mundial, controlado este último por la AG y el ECOSOC. El cuarto decenio de las NU para el desarrollo se estableció en la resolución 45/199 de la AG. Es significativo que en esta estrategia no se aluda al NOEI, y que se fundamente explícitamente en la “Declaración sobre cooperación económica internacional adoptada por consenso en el 18º período extraordinario de sesiones de la AG (A/RES/S-18/3, anexo). Este cambio de enfoque viene acompañado por el expreso reconocimiento del fracaso del tercer decenio; así se reconoce que durante el decenio de 1980 la tasa global de crecimiento de los países en desarrollo fue, en promedio, de un 3% anual, y el crecimiento per capita de un 1%, mientras que las tasas alcanzadas en los decenios de 1960 y 1970 para el crecimiento global de esos países fue, en promedio de un 5,5% y el crecimiento per capita de un 3%; concluyendo que «en el decenio de 1980 aumentó la brecha entre los países ricos y los pobres, y hubo conflictos y tensiones políticas, así como desastres naturales o provocados que causaron onerosos trastornos». Con esta evaluación de la década anterior, el cuarto decenio parte de un compromiso básico: tomar todas las medidas necesarias para prevenir las tendencias negativas del decenio de 1980; y de un presupuesto necesario: la responsabilidad de cada país respecto de su propio desarrollo. En este punto se considera, además, que la existencia de políticas nacionales eficaces será crítica para lograr un crecimiento económico sostenido en todos los países. La estrategia para el cuarto decenio establece los objetivos, las políticas y medidas, y las prioridades. Como novedad en relación a los objetivos, cabe destacar la no cuantificación del crecimiento que se propone alcanzar, y la vinculación del desarrollo con las necesidades sociales y el medio ambiente, refiriéndose expresamente a la noción de desarrollo racional y sostenible. Junto a ello se insiste en la atención especial para abordar los problemas de los países menos adelantados; insistencia que parte de la constatación de un dato preocupante: el número de países clasificados en la categoría de países menos adelantados, en lugar de disminuir como resultado de un desarrollo satisfactorio, aumentó de 24 en 1972 a 41 en 1990. Las políticas y medidas para apoyar y realizar la estrategia alcanzan, como en los decenios anteriores, a todas las esferas de la economía (comercio internacional, productos básicos, ciencia y tecnología, industrialización), dedicando una especial atención a la financiación externa del desarrollo y al problema de la deuda externa de los países en desarrollo. Dentro de estas políticas se establecen dos aspectos prioritarios: a) la erradicación de la pobreza y el hambre; b) el desarrollo de los recursos humanos y de las instituciones centrándose particularmente en las esferas de la educación y de los servicios de la salud. En su último punto relativo a la evaluación de la estrategia, no se prevé la creación de ningún nuevo mecanismo, remitiéndose a los ya existentes en el sistema de las NU; como medida complementaria se propone un examen de conjunto de la realización de la estrategia, llevada a cabo por la AG. Finalizado el cuarto decenio el SG presentó a la AG un proyecto sobre una estrategia de desarrollo para el decenio 2000-2010 (A/55/89 – E/2000/80); sin embargo, el examen y la decisión sobre este proyecto ha sido pospuesto por la AG en sucesivos períodos de sesiones, previéndose la adopción de una decisión definitiva en el 58º período de sesiones de la AG (A/RES/57/246). Esa decisión no se tomó y el tema fue retirado del programa de la AG. Junto a los decenios de las NU para el desarrollo, merece una especial atención el estudio de las resoluciones y medidas adoptadas por las NU relativas al establecimiento de un nuevo orden económico internacional; se trata de una nueva concepción de la cooperación para el desarrollo introducida en el ámbito de las NU por la “Declaración sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional”, adoptada por la AG en la resolución 3201 (S-VI) en 1974. La doctrina destaca que la expresión “Nuevo Orden Económico Internacional” (NOEI) es un concepto preciso de relaciones entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, y a un contenido específico de estrategia internacional para el desarrollo. El NOEI supone un intento de reestructuración del propio marco institucional existente con objeto de que el sistema económico internacional pueda respaldar mejor que hasta ahora los esfuerzos de los países en desarrollo para desarrollarse; con ello se contrapone a la concepción de las anteriores estrategia s para el primer y el segundo decenio de desarrollo, que se limitaban a la adopción de medidas tendientes a una mejor redistribución de la renta a nivel mundial, pero que en absoluto cuestionaban las relaciones y el sistema internacional en que dicha renta se produce. Como contenido específico del NOEI, lo que constituye su novedad son las medidas relativas a la reforma del marco institucional en que se

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establecen las relaciones entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo (medidas tendientes a introducir cambios en la actual división internacional del trabajo, y en el comercio internacional), y las dirigidas a consolidar el denominado principio de autonomía o autosuficiencia colectiva. Este principio consiste en dar prioridad a las relaciones de cooperación e integración económica de los países en vías de desarrollo, ya que el eje tradicional de esta estrategia –las relaciones Norte-Sur, como centro de la promoción internacional del desarrollo– se sustituye por las relaciones entre los propios países en desarrollo –relaciones Sur-Sur– como medio de disminuir la dependencia económica de los países en vías de desarrollo respecto de los desarrollados, y de aumentar su capacidad de negociación frente a los mismos. Los textos básicos a través de los cuales el NOEI se formula jurídicamente son: la “Declaración sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional” (A/RES/3201 [S-VI]), el “Programa de acción para el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional” (A/RES/3202 [S-VI]) y la “Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (A/RES/3281 [XXIX]). El punto de partida inicial de la Declaración es reconocer que «el actual orden económico internacional está en contradicción directa con la evolución de las relaciones políticas y económicas internacionales en el mundo contemporáneo», ya que se trata de un «sistema que se estableció en una época en que la mayoría de los países en desarrollo ni siquiera existían como Estados independientes y que perpetúa la desigualdad»; y su objetivo básico se centra en la eliminación del desequilibrio existente entre los países desarrollados y los en vías de desarrollo. En este sentido la política de acción a seguir presenta como novedades importantes la alusión expresa a: 1) la modificación de la división internacional del trabajo a fin de que sea racional, justa y equitativa; 2) la adopción de medidas para invertir la tendencia continua al estancamiento o a la declinación de los precios reales de diversos productos básicos exportados por los países en desarrollo, a pesar del aumento general de los precios de los productos básicos, que conduce a una disminución de los ingresos de exportación de estos países; 3) al control, por los países subdesarrollados afectados, de las inversiones extranjeras, de las actividades de las empresas multinacionales en su territorio y de la propiedad de los medios de producción, cuestiones que deberán regirse por la legislación interna de estos países y someterse a la jurisdicción de sus tribunales, y 4) la participación más efectiva de los países en desarrollo en las instituciones financieras internacionales en el proceso de adopción de decisiones por medio de una revisión adecuada del régimen del derecho de voto. También se establece un sistema de contr ol de la ejecución del programa propuesto consistente en atribuir al ECOSOC la coordinación de las actividades de todos los organismos participantes de informar anualmente al ECOSOC, y la obligación de éste de examinar tal información como cuestión urgente y señalar a la atención de la AG los problemas y dificultades que surjan. La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados viene a completar la Declaración, al expresar y concretar en forma de derechos y deberes de los Estados las líneas básicas propuestas por la Declaración y su programa de acción. Es precisamente en este programa donde se expresa la opinión de que la Carta «constituirá un instrumento eficaz para crear un nuevo sistema de relaciones económicas internacionales basado en la equidad, la igualdad soberana y la interdependencia de los intereses de los países desarrollados y los países en desarrollo». La Carta establece como principios fundamentales de las relaciones económicas internacionales: «Soberanía, integridad territorial e independencia política de los Estados; Igualdad soberana de todos los Estados; No agresión; No intervención; Beneficio mutuo y equitativo; Coexistencia pacífica; Igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos; Arreglo pacífico de controversias; Reparación de las injusticias existentes por imperio de la fuerza que priven a una nación de los medios naturales necesarios para su desarrollo normal; Cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales; Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; Abstención de todo intento de buscar hegemonía y esferas de influencia; Fomento de la justicia social internacional; Cooperación internacional para el desarrollo». En cuanto a los derechos y deberes, consagra, entre otros, los siguientes: «Todo Estado tiene el derecho soberano e inalienable de elegir su sistema económico, así como sus sistema político, social y cultural, de acuerdo con la voluntad de su pueblo, sin injerencia, coacción ni amenaza externas de ninguna clase» (Art.1); «Todo Estado tiene y ejerce libremente soberanía plena y permanente, incluso posesión, uso y disposición, sobre toda su riqueza, recursos naturales y actividades económicas» (Art.2.1); «Todo Estado tiene el derecho de practicar el comercio internacional y otras formas de cooperación económica independientemente de cualesquiera diferencias de sistemas políticos, económicos y sociales. Ningún Estado será objeto de discriminación de naturaleza alguna basada únicamente en tales diferencias.» (Art.4); «Todos los Estados tienen la responsabilidad de cooperar en las esferas económica, social, cultural, científica y tecnológica para promover el progreso económico y social en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo» (Art.9); «La cooperación internacional para el desarrollo es objetivo compartido y deber común de todos los Estados. Todo Estado debe cooperar en los esfuerzos de los países en desarrollo par acelerar su desarrollo económico y social asegurándoles condiciones externas favorables y dándoles una asistencia activa, compatible con sus necesidades y objetivos

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de desarrollo» (Art.17). El Art.34 prevé un examen sistemático y completo de la aplicación de la Carta que abarque tanto los progresos realizados como las mejorar y adiciones que puedan resultar necesarias y las medidas apropiadas a recomendar; tal examen tiene lugar cada cinco años, habiéndose realizado el último en 2004. Si bien este instrumento tiene la denominación de “Carta”, al ser una resolución de la AG no pierde su carácter de mera reco mendación (v. Art.10), lo cual nos da una indicación de cuál ha sido su respeto y cumplimiento. Sobre el desarrollo, la AG aprobó, mediante la resolución 41/128, la “Declaración sobre el Derecho al Desarrollo”, en la cual establece: «El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en le que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él» (Art.1.1). «La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo» (Art2.1). «Los Estados tienen deber primordial de crear condiciones nacionales e internacionales favorables para la realización del derecho al desarrollo. La realización del derecho al desarrollo exige el pleno respeto de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Los Estados tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo». Cabe referirse también como evolución de la estrategia de desarrollo en el ámbito de las NU al nuevo enfoque que se forjó a través de las grandes Conferencias mundiales convocadas por las NU en la década de los noventa. Uno de los hitos fundamentales en esta cuestión lo constituye la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (llamada también Cumbre de la Tierra), convocada por la resolución de la AG 44/228, y realizada en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. La Conferencia aprobó la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” y el Programa 21, un detallado plan de acción global sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible. La Declaración –entre otras cosas– establece: «Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza [Principio 1]. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional [Principio 2]. El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras [Principio 3]. Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo [Principio 5]. Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen [Principio 7]. Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la degradación ambiental. Las medidas de política comercial con fines ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada del comercio internacional. Se debería evitar tomar medidas unilaterales para solucionar los problemas ambientales que se producen fuera de la jurisdicción del país importador. Las medidas destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales deberían, en la medida de lo posible, basarse en un consenso internacional [Principio 12]. La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables [Principio 25]». Cinco años después de la Conferencia, la AG celebró un período extraordinario de sesiones (v. Art.20) para evaluar los progresos realizados, y aprobó el “Plan para la ulterior aplicación del Programa 21” (A/RES/S-19/2), en el cual se plasmaron las actividades y medidas a tomar hasta el décimo aniversario de la Conferencia. Por resolución 55/199, la AG decidió organizar en 2002 una cumbre para el examen de los progresos logrados en la aplicación de los resultados de la Conferencia, que se denominaría Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. La Cumbre se realizó en Johannesburgo (Sudáfrica) del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002, y aprobó la “Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible” y el “Plan de Acción de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible”, el cual se centra sobre los siguientes puntos: Erradicación de la pobreza; Modificación de las modalidades insostenibles de consumo y producción; Protección y

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gestión de la base de recursos naturales del desarrollo económico y social; El desarrollo sostenible en un mundo en vías de globalización; La salud y el desarrollo sostenible; Desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo; y Desarrollo sostenible para África. Asimismo, en el año 2000, la AG celebró la “Cumbre del Milenio”, reuniendo a Jefes de Estado y de Gobierno de casi todos los Estados Miembros de las NU. En esa oportunidad, se aprobó la “Declaración del Milenio” (A/RES/55/2), en la que los Jefes de Estado y Gobierno decidieron: «Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día y el de las personas que padezcan hambre; igualmente, para esa misma fecha, reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua potable o que no puedan costearlo. Velar por que, para ese mismo año, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria y por que tanto las niñas como los niños tengan igual acceso a todos los niveles de la enseñanza. Haber reducido, para ese mismo año, la mortalidad materna en tres cuartas partes y la mortalidad de los niños menores de 5 años en dos terceras partes respecto de sus tasas actuales. Para entonces, haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA, el flagelo del paludismo y otras enfermedades graves que afligen a la humanidad. Prestar especial asistencia a los niños huérfanos por causa del VIH/SIDA. Para el año 2020, haber mejorado considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios. [...] Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible. Elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes de todo el mundo la posibilidad real de encontrar un trabajo digno y productivo. Alentar a la industria farmacéutica a que aumente la disponibilidad de los medicamentos esenciales y los ponga al alcance de todas las personas de los países en desarrollo que los necesiten. Establecer sólidas formas de colaboración con el sector privado y con las organizaciones de la sociedad civil en pro del desarrollo y de la erradicación de la pobreza. Velar por que todos puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las comunicaciones». Lamentablemente, estos objetivos, llamados los “Objetivos de desarrollo del Milenio”, están lejos de cumplirse, y mucho menos en el plazo establecido. Por ejemplo, según algunos analistas, el objetivo de reducción de la pobreza a la mitad, a los niveles actuales, demandaría al menos un plazo ocho veces mayor al establecido, es decir, más de un siglo. Cinco años después de la Cumbre, los Jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la Cumbre 2005, para evaluar los progresos alcanzados e intentar la tarea de adaptar a las NU a las nuevas circunstancias mundiales. El resultado quedó plasmado en el Documento Final de la Cumbre (A/RES/60/1), criticado por muchas delegaciones como una mera expresión de deseos sin medidas concretas. El inciso c) de este artículo 55 constituye el punto de partida de uno de los pilares de la labor de las Naciones Unidas: la promoción y la protección de los Derechos Humanos. En esta cuestión, la definición de un estándar internacional oponible a los Estados constituyó históricamente el primero de los objetivos perseguidos por las NU, ya que no existía hasta el momento ninguna formulación internacional de los derechos del hombre. Dicho objetivo dio lugar a un proceso codificador que tiene su primera manifestación en la “Declaración Universal de Derechos Humanos” (DUDH) de 1948 y que se prolonga hasta la actualidad, reuniendo normas de muy distinta naturaleza (recomendaciones, declaraciones y convenciones). El elevado número y la extensión de los ámbitos a que se refieren dichos instrumentos dan buena idea de la importancia de esta actividad codificadora de las NU, en la cual tuvo mucho que ver la Comisión de Derechos Humanos (CDH), del ECOSOC (sobre la CDH, v. Art.68). En este ámbito, se destaca la llamada “Carta Internacional de Derechos Humanos”, que agrupa a los instrumentos que contemplan los derechos humanos en su globalidad, a saber, la DUDH, el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (PIDESC), el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (PIDCP) y los Protocolos Facultativos a este último. Veamos cada uno de ellos: - La DUDH fue adoptada por la AG por resolución 217 (III), de 10 de diciembre de 1948, que la define como un «ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción». La DUDH está integrada por treinta artículos, en los que, partiendo de la proclamación de los principios de libertad, igualdad y no discriminación (Arts.1 y 3), se recogen de forma conjunta los derechos civiles y políticos (Arts. 3 a 21) y los derechos económicos, sociales y culturales (Arts. 22 a 27), poniendo de manifiesto la indisociable interrelación existente entre el respeto y disfrute de una y otra categoría de derechos, la cual también se proyecta en el reconocimiento del derecho de toda persona «a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos» (Art.28). El ejercicio de estos derechos tan sólo podrá ser limitado por ley, para proteger los

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derechos de terceros o para satisfacer «las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática» (Art.29.2), no podrán ejercerse «en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas» (Art.29.3) y en ningún caso podrán interpretarse de tal modo que sirvan de base para la supresión de cualquiera de los derechos y libertados contemplados en la Declaración (Art.30). Los derechos declarados se complementan con una brevísima declaración de deberes, al establecer que «Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad» (Art.29.1); la doctrina destaca que se trata de una cláusula propia del ambiente cultural de la época en que se redactó y que no ha sido recogida posteriormente en la parte dispositiva de los textos convencionales elaborados por las NU, evitando así el peligro de que la misma se convierta en un elemento utilizado por los Estados para restringir en forma desorbitada el disfrute de los derechos. La DUDH sienta las bases de la ulterior actividad de las NU en esta materia, ya que su contenido, estructura y naturaleza responden a un modelo que permite y precisa de su profundización y desarrollo posteriores. Aunque su objetivo es definir un régimen de derecho aplicable a los derechos humanos y hacerlo mediante la cooperación entre los Estados, la DUDH adopta la forma de una mera resolución de la AG, con las consiguientes repercusiones que ello tiene en cuanto a su oponibilidad a los Estados (v. Art.10). No obstante, a pesar de su formal falta de fuerza jurídica obligatoria, la DUDH ha experimentado una evolución tendiente a permitir cierta oponibilidad, especialmente por la vía consuetudinaria y en el plano de los principios que la inspiran, esencialmente el del respeto y protección de los atributos esenciales del ser humano en el marco del Estado de Derecho, lo cual se traduce en la exigibilidad de un buen número de derechos en ella contenidos (derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad y la seguridad, a la tutela judicial efectiva, entre otros) pero no de todos ellos. De todos modos, la DUDH ha cumplido una función moralizadora básica, inspirando buena parte de los desarrollos normativos ulteriores en la materia. Así lo reconoció la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (v. infra), en la “Declaración y Programa de Acción de Viena” (A/CONF.157/23), al destacar «que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que constituye una meta común para todos los pueblos y todas las naciones, es fuente de inspiración y ha sido la base en que se han fundado las Naciones Unidas para fijar las normas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos». - El PIDESC y el PIDCP fueron aprobados por la resolución 2200 A (XXI) de la AG, de 16 de diciembre de 1966, y entraron en vigor, respectivamente, el 3 de enero y el 23 de marzo de 1976. La adopción de los mismos constituye un cambio cualitativo en el tratamiento de los derechos humanos, ya que se trata de instrumentos convencionales que imponen obligaciones jurídicas directamente vinculantes para los Estados partes. No obstante, debe señalarse la diferencia existente entre ambos pactos en lo que se refiere al tipo de obligaciones impuestas, como lógica consecuencia de la distinta naturaleza de los derechos reconocidos; así, mientras el PIDCP define obligaciones automáticas, asumiendo el Estado el deber de reconocimiento y garantía inmediata de los derechos enunciados en el mismo (Art.2.1), el PIDESC se concibe como un instrumento progresivo, que define derechos cuyo disfrute sólo se garantiza en un determinado horizonte, por lo que el Estado únicamente asume el compromiso de «adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos» (Art.2.1). A pesar de ello, la diferencia de tratamiento no permite establecer una gradación o jerarquización de derechos, ni situar en distinto plano normativo a cada uno de los pactos. Por el contrario, a pesar de que en 1966 se optase por recoger cada categoría de derechos en un instrumento distinto, ello obedece a razones de estrategia legislativa y de coyuntura política (los países socialistas hacían hincapié en los derechos económicos, sociales y culturales, y los occidentales, en los civiles y políticos, lo cual hizo imposible redactar un solo instrumento), y no rompe con la interrelación y unidad de los mismos. Esta unidad de ambas categorías se refleja a través de la inclusión en los dos pactos del Art.1 común, que proclama el derecho a la libre determinación de los pueblos (v. comentario al Art.1.2) en sus dimensiones política, económica y social, y, por consiguiente, su doble proyección internacional e interna. Cada uno de los pactos regula por separado una categoría de derechos, siguiendo un modelo que ya se ha consolidado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así, mientras que el PIDCP se ocupa de los derechos clásicos a la vida (Art.6), la prohibición de la tortura (Art.6), la libertad personal (Arts. 8 y 9), la tutela judicial efectiva (Art.14), las libertades de pensamiento (Art.18), opinión (Art.19), reunión (Art.21) y asociación (Art.22), el derecho a la intimidad y a la vida familiar (Arts. 17 y 23), a la personalidad jurídica (Art.16) y los derechos de las minorías (Art.27); el PIDESC recoge el derecho al trabajo (Art.6) y a que el mismo se desarrolle en condiciones dignas (Art.7), los derechos sindicales (Art.8), el derecho a la seguridad social (Art.9), a la protección de la familia (Art.10), el derecho a un nivel de vida adecuado (incluyendo la alimentación, el vestido y la vivienda, Art.11), a la salud (Art.12) y en mejora constante, a la educación (Art.13) y a la cultura (Art.15). En cualquier caso, el

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disfrute de ambas categorías de derechos corresponde a unos principios comunes que han de ser respetados por todos los Estados, en particular los principios de igualdad y no discriminación, de sometimiento a la ley y de interpretación in bonum de todos los derechos reconocidos. - El PIDCP tiene dos protocolos: el “Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, aprobado junto a los dos Pactos, y que entró en vigor el 23 de marzo de 1976, establece un sistema de peticiones individuales de personas afectadas en los derechos reconocidos por el pacto (v. infra); y el “Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a Abolir la Pena de Muerte”, aprobado por resolución 44/128 de la AG, de 15 de diciembre de 1989, y que entró en vigor el 11 de julio de 1991, cuyo claro objetivo es eliminar la ejecución de personas en los Estados parte. Ambos protocolos están abiertos a todos los Estados parte en el PIDCP. Estos instrumentos que acabamos de analizar contemplan al individuo de forma genérica y a los derechos humanos en su globalidad. Sin embargo, las NU han tomado conciencia de la necesidad de proceder a un tratamiento individualizado de determinados derechos y de otorgar una protección especial a determinadas categorías de personas. Por ello ha elaborado un número importante de convenciones que podemos denominar “especializadas”, que vienen a reforzar y profundizar el sistema general, entre las que se pueden incluir: la “Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio” (aprobada por A/RES/260 A [III], entró en vigor el 12 de enero de 1951); la “Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer” (aprobada por A/RES/640 [VII], entró en vigor el 7 de julio de 1954); la “Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial” (llamada CERD, aprobada por A/RES/2106 A [XX], entró en vigor el 4 de enero de 1969); la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad” (aprobada por A/RES/2391 [XXIII], entró en vigor el 11 de noviembre de 1970); la “Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid” (aprobada por A/RES/3068 [XXVIII], entró en vigor el 18 de julio de 1976); la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer” (llamada CEDAW, aprobada por A/RES/34/180, entró en vigor el 3 de septiembre de 1981); la “Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (llamada CAT, aprobada por A/RES/39/46, entró en vigor el 26 de junio de 1987) y la “Convención sobre los Derechos del Niño” (llamada CRC, aprobada por A/RES/44/25, entró en vigor el 2 de septiembre de 1990). En cuanto a los órganos competentes en esta materia, se deben distinguir dos clases: los creados por la Carta y los creados en los tratados de derechos humanos. Los órganos creados por la Carta facultados para actuar en esta materia son la AG (Arts.13.1, inc.b y 60) y el ECOSOC (Arts. 60 y 62.2); asimismo el CS ha comenzado en los últimos años a actuar en este ámbito, sobre todo a través de las OMP (v. Art.29); la Carta también prevé que el ECOSOC establezca una Comisión de Derechos Humanos (v. Art.68, la cual ha sido recientemente reemplazada por el Consejo de Derechos Humanos, v. Art.22). Mención especial merece el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que si bien es un órgano subsidiario, corresponde que sea tratado entre los órganos creados por la Carta pues ella prevé la existencia de tales órganos (Art.7.2). Fue creado por la AG en la resolución 48/141, siguiendo la recomendación de la Declaración y Programa de Acción de Viena de que la AG estudiara «con carácter prioritario la cuestión de la creación de un cargo de Alto Comisario para los Derechos Humanos, con miras a la promoción y protección de todos los derechos humanos». La resolución establece que el Alto Comisionado «será una persona de intachable reputación moral e integridad personal que tenga la experiencia, incluso en la esfera de los derechos humanos, y el conocimiento general y la comprensión de diversas culturas necesarios para el desempeño imparcial, objetivo, no selectivo y eficaz de las funciones de Alto Comisionado; Será nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas con la aprobación de la Asamblea General, teniendo debidamente en cuenta la rotación geográfica, y tendrá un mandato fijo de cuatro años renovable por otro mandato fijo de cuatro años; Tendrá la categoría de Secretario General Adjunto», esto último significa que no goza de autonomía absoluta, pues al tener la categoría de SG Adjunto, depende del SG e integra la Secretaría. En cuanto a su ámbito de acción, «Desempeñará su cometido en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, otros instrumentos internacionales de derechos humanos y el derecho internacional, incluidas las obligaciones de, en este marco, respetar la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna de los Estados y promover el respeto y la observancia universales de todos los derechos humanos, reconociendo que, en el marco de los propósitos y principios de la Carta, la promoción y protección de todos los derechos humanos constituye una preocupación legítima de la comunidad internacional; Se guiará por el reconocimiento de que todos los derechos humanos –civiles, culturales, económicos, políticos y sociales– son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí y de que, si bien se debe tener presente la importancia de las particularidades nacionales y regionales y de las diversas tradiciones históricas, culturales y religiosas, los Estados, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, tienen el deber de promover y proteger todos los

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derechos humanos y libertades fundamentales; Reconocerá la importancia de promover un desarrollo equilibrado y sostenible para todos y de asegurar la realización del derecho al desarrollo, tal como está establecido en la Declaración sobre el derecho al desarrollo». En lo que respecta a sus funciones, la resolución establece: «será el funcionario de las Naciones Unidas que tendrá la responsabilidad principal respecto de las actividades de la Organiz ación en materia de derechos humanos bajo la dirección y la autoridad del Secretario General. Dentro del marco general de la competencia, la autoridad y las decisiones de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la Comisión de Derechos Humanos, las funciones del Alto Comisionado serán: a) Promover y proteger el disfrute efectivo de todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales por todos; b) Desempeñar las tareas que le asignen los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos y formularles recomendaciones con miras a mejorar la promoción y la protección de todos los derechos humanos; c) Promover y proteger la realización del derecho al desarrollo y ampliar el apoyo de los ór ganos competentes del sistema de las Naciones Unidas a tal efecto; d) Proporcionar [...] servicios de asesoramiento y asistencia técnica y financiera, a petición del Estado interesado y, cuando proceda, de las organizaciones regionales de derechos humanos, con miras a apoyar medidas y programas en la esfera de los derechos humanos; e) Coordinar los programas pertinentes de educación e información pública de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos; f) Desempeñar un papel activo en la tarea de eliminar los actuales obstáculos y de hacer frente a los desafíos para la plena realización de todos los derechos humanos y de prevenir la persistencia de violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, como se refleja en la Declaración y Programa de Acción de Viena; g) Entablar un diálogo con todos los gobiernos en ejercicio de su mandato con miras a asegurar el respeto de todos los derechos humanos; h) Ampliar la cooperación internacional para la protección y la promoción de todos los derechos humanos; i) Coordinar las actividades de promoción y protección de los derechos humanos en todo el sistema de las Naciones Unidas; j) Racionalizar, adaptar, fortalecer y simplificar el mecanismo de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos con miras a aumentar su eficiencia y eficacia». La doctrina destaca que, desde una perspectiva material, el mandato del ACNUDH se define en unos términos amplísimos que le permiten ejercer las funciones enumeradas en la resolución, y las que le encomienden los órganos de la NU. La resolución también establece el deber del ACNUDH de presentar informes anuales sobre su labor a la CDH y a la AG. Con respecto a los órganos convencionales, estos están caracterizados por su conexión con los tratados sobre derechos hu manos auspiciados por las NU. Son: el Comité de Derechos Humanos (creado por el PIDCP), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (creado por el ECOSOC, en cumplimiento del Art.17 del PIDESC, v. infra), el Comité contra la Tortura (creado por la CAT), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (creado por la CERD), el Comité contra la Discriminación contra la mujer (creado por la CEDAW), el Comité sobre los Derechos del Niño (creado por la CRC). Aunque cada uno de estos Comités tienen una composición y unas competencias propias que los diferencian entre sí, todos ellos responden a unas características comunes. En primer lugar, son creados por un tratado internacional o por aplicación del mismo. Por consiguiente, a excepción del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no son en sentido estricto órganos de las NU, con independencia de que la Organización asuma su financiación y les preste soporte administrativo y técnico. En segundo lugar, son órganos técnicos integrados por expertos designados a título individual, que no pueden recibir instrucciones gubernamentales ni de ningún otro órgano u organización, nacional o internacional. En tercer lugar, son órganos permanentes en cuanto a su creación, que desarrollan sus trabajos en períodos de sesiones predeterminados cuya duración varía de un caso a otro. En cuarto lugar, su competencia se circunscribe al instrumento internacional que los crea y le sirve de soporte. Por consiguiente, tan sólo pueden interpretar y supervisar la aplicación del mismo y carecen de competencias generales en materia de derechos humanos o respecto de cualquier otro instrumento. En relación con el alcance de su competencia, ha de tenerse en cuenta que la misma se centra fundamentalmente en el control y supervisión de la forma en que los Estados partes cumplen las obligaciones convencionales. Ejercen dicha actividad a través de diversos mecanismos y procedimientos que van desde el mero estudio de informes gubernamentales a la recepción de denuncias individuales. Pero la obra de las NU en materia de derechos humanos no termina ahí; no sólo definieron y codificaron los derechos y establecieron órganos especializados en la materia, sino que también dotaron a sus órganos de funciones de supervisión y control internacional, la cual se realiza en el seno de la Organización de dos maneras: los mecanismos convencionales y los mecanismos extraconvencionales. Los mecanismos convencionales se han establecido sobre la base de los tratados de derechos humanos ya citados y, por consiguiente, no obligan más que a aquellos Estados que voluntariamente hayan prestado el consentimiento respecto de cada tratado. Existen tantos

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sistemas de control como instrumentos convencionales y en cada uno de ellos la fiscalización es ejercida por el Comité correspondiente, que vimos supra. - El PIDCP crea en su Art.28 el Comité de Derechos Humanos (HRC, según sus siglas en inglés). El HRC es el órgano con máxima competencia para interpretar el alcance y significado del PIDCP y de sus Protocolos. Dicha función interpretativa la ejercita en el marco de distintos procedimientos, pero sobre todo a través de los “Comentarios generales” adoptados en virtud del Art.40 del Pacto, en los que define el sentido que el Comité atribuye a cada uno de los derechos reconocidos. Los “Comentarios” constituyen la más depurada doctrina legal sentada por el Comité, se elaboran sobre la base de la práctica del propio órgano en el cumplimiento de sus distintas funciones y sirven de punto de referencia para el posterior ejercicio del control sobre el comportamiento de los Estados. En lo que se refiere a la actividad de control y supervisión, se pueden diferenciar tres tipos de procedimientos, basados, respectivamente, en el estudio de los informes gubernamentale s, las denuncias intergubernamentales y las denuncias individuales. El sistema de informes periódicos es el resultado de la obligación que el Pacto impone a los Estados de «presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos» (Art.40.1). El HRC ha establecido un procedimiento para la presentación y estudio de informes periódicos, a los que dedica parte de sus tres períodos anuales de sesiones y que realiza siempre en forma pública. Este sistema es el único para el que se atribuye competencia automática al Comité, siendo oponible al Estado por el mero hecho de ser Parte en el PIDCP. Ello convierte al sistema de informes periódicos en el mecanismo más general y en el único común a todos los Estados partes en el PIDCP. Dado que el sistema de control parte de un informe gubernamental elaborado y presentado unilateralmente por el Estado, el grado de fiscalización ejercida se reduce sensiblemente. No obstante, esta deficiencia del sistema se ha superado en parte gracias a la intervención en las sesiones públicas de las ONG con estatuto consultivo ante el ECOSOC (v. Art.71), que contrapesan con sus informaciones los informes presentados por el Estado. El segundo tipo de procedimiento permite al HRC entender de una denuncia presentada por un Estado parte contra otro referida a una presunta violación por este último de las obligaciones que le impone el Pacto. Se trata de un mecanis mo de naturaleza contenciosa que constituye una profundización del control. Sin embargo, el HRC carece de competencia automática en este ámbito y tan sólo podrá iniciar un procedimiento de este tipo cuando ambos Estados parte hayan formulado la declaración facultativa de aceptación de la competencia del Comité prevista en el Art.41 del PIDCP. El procedimiento de las denuncias intergubernamentales no contempla necesariamente la intervención del HRC. El mismo se estructura en dos fases y el Comité tan sólo intervendrá en la segunda de ellas, si los dos Estados interesados no han llegado a un arreglo de la controversia a través de contactos directos entre ellos en el plazo de seis meses desde la presentación de la denuncia inicial. Lo complejo del sistema y la reticencia de los Estados a actuar como acusadores en un procedimiento en el que pueden llegar a ser acusados, ha determinado la inutilidad de este segundo tipo de procedimiento, de tal forma que el Comité no ha intervenido nunca hasta la fecha por aplicación del mismo. El tercer y último procedimiento de control es el sistema de comunicaciones individuales establecido en el Primer Protocolo Facultativo, lo cual tiene como consecuencia inmediata la limitación de la competencia del HRC, pues es opcional y se aplica únicamente a aquellos Estados que son Parte en el Protocolo (y, obviamente, en el PIDCP). A pesar de ello, el sistema de las denuncias individuales es, sin duda, el mecanismo de control más perfeccionado de los establecidos en relación con el PÍDCP, y el que otorga un mayor grado de protección al particular. En virtud del mismo cualquier individuo puede denunciar ante el HRC una presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos en el PIDCP. La denuncia puede ser presentada por cualquier individuo sometido a la jurisdicción de un Estado parte, sin necesidad de que sea nacional del mismo, con la única limitación de que debe presentarla la víctima de la violación o una persona que la represente, no admitiéndose la denuncia de terceros (Art.1). La denuncia ha de reunir una serie de requisitos para que el HRC pueda declararla admisible, en particular no ser anónima, no ser contraria a los principios del Pacto ni de las NU, no estar manifiestamente mal fundada, no haber sido sometida con anterioridad a otro sistema internacional de control en materia de derechos humanos, y que la misma se interponga tras haber agotado los recursos internos existentes en el ordenamiento del Estado infractor para garantizar la restitución del derecho presuntamente violado (Arts. 2, 3 y 5). Tras la recepción de la comunicación, el HRC ha de dar traslado de la misma al Estado interesado, que podrá formular las observaciones y objeciones que estime pertinentes (Art.4). Tales informaciones, así como las que le proporcione por escrito el individuo, constituyen la base del procedimiento que posteriormente se desarrolla ante el HRC, que tiene lugar siempre en forma confidencial (Art.5.1 y 4). El examen del asunto finaliza con una decisión del HRC en la que se pronuncia sobre la violación denunciada, pudiendo igualmente formular sus observaciones al Estado interesado y al particular (Art.5). A pesar del carácter confidencial del procedimiento, el Comité ha de incluir en su informe anual a la AG un resumen de sus decisiones sobre casos individuales (Art.6). El HRC ha decidido que los Estados

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partes en el Protocolo deberán incluir en sus informes periódicos una sección sobre la forma en que han dado cumplimiento a las decisiones adoptadas por el Comité que les afecten. De est a manera se define un mecanismo de seguimiento, que no estaba previsto inicialmente en el Protocolo. - El PIDESC no crea ningún órgano de control, asignando al ECOSOC las funciones de supervisión previstas en el mismo (Art.16.2). Éste, por su parte, mediante resolución 1985/17, creó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés), en quien delegó las funciones establecidas en el pacto, con el fin de establecer un órgano paralelo al HRC, mas entre ambos existe una diferencia sustancial al ser el CESCR un órgano subsidiario del ECOSOC y no un órgano convencional en sentido estricto. Además, las funciones del CESCR se limitan a los informes periódicos presentados por los Estados (Art.16), que se desarrolla con un procedimiento similar al del HRC. Actualmente se está trabajando en un proyecto de Protocolo Facultativo que contemple la posibilidad de recibir denuncias individuales por violación de esta categoría de derechos. - La CAT crea el Comité contra la Tortura (llamado también CAT) en su Art.17. Los Estados partes deben presentar al CAT informes periódicos (Art.19.1), los cuales son examinados por el CAT, pudiendo hacer los comentarios generales que considere oportunos y transmitiéndolos al Estado interesado, quien puede responder al CAT con las observaciones que desee formular (Art.19.3). El CAT, si recibe información fiable que a su juicio parezca indicar de forma fundada que se practica sistemáticamente la tortura en el territorio de un Estado Parte, invitará a ese E stado a cooperar en el examen de la información y a presentar observaciones con respecto a la información (Art.20.1). El CAT podrá designar a uno varios miembros para realizar una investigación confidencial (Art.20.2), luego de lo cual el CAT transmitirá sus conclusiones al Estado Parte (Art.20.4). Este procedimiento tiene la particularidad de funcionar sin que los Estados tengan que formular una declaración reconociendo la competencia del CAT, ya que la Convención le otorga competencia automática, recayendo sobre los Estados la posibilidad de privarle de la misma, para lo cual deberán formular una reserva expresa (Art.28.1). El Art.21 de la Convención establece un procedimiento de denuncia intergubernamental similar al establecido para el HRC. El CAT también está facultado a recibir denuncias individuales (Art.22), siguiendo un procedimiento similar al del HRC. Ambos procedimientos requieren una declaración expresa del o los Estados Partes por la cual se reconozca la competencia del CAT. - La CERD crea el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (también llamado CERD) en su Art.8. Los Estados Partes deben presentar al CERD informes periódicos para que éste los examine (Art.9). También prevé la posibilidad de una denuncia intergubernamental ante una violación de las disposiciones de la Convención (Art.11), pero con dos particularidades: en primer lugar, el CERD tiene competencia automática, debiendo el Estado que no desea reconocerla, hacer una reserva a tal efecto; en segundo, prevé la creación de una Comisión de Conciliación para ayudar a las partes arreglar la controversia (Art.12). Asimismo, de acuerdo al Art.14, los Estados Partes pueden reconocer al CERD la competencia para recibir denuncias individuales, siguiendo un procedimiento similar al ya apuntado para el HRC. - La CEDAW crea el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (llamado también CEDAW) en el Art.17, y establece la obligación de los Estados Partes de presentarle informes periódicos para su examen (Art.18). El Protocolo de la Convención reconoce la competencia del CEDAW para recibir denuncias individuales (Art.1), estableciendo un procedimiento similar al del HRC (Arts. 2 a 7). El Art.8 del Protocolo consagra un mecanismo similar al del Art.20 del CAT. - La CRC crea el Comité de los Derechos del Niño (llamado también CRC) en su Art.43, mas sólo lo faculta a recibir y considerar los informes que deben presentar los Estados Partes de conformidad con el Art.44. Los mecanismos denominados “extraconvencionales” están basados, no en un tratado ad hoc, sino en los poderes generales que la Carta atribuye a la Organización en materia de derechos humanos. Así, su fundamento normativo no es otro que la Carta y las resoluciones que la desarrollan, y son el resultado directo de la evolución de la práctica de las NU en esta materia, en particular de la CDH, ya que es en este órgano donde se desarrollabann básicamente los mecanismos de control extraconvencionales. Tales mecanismos fueron asumidos por el Consejo de Derechos Humanos, como vimos en el comentario al Art.22. La vinculación de estos procedimientos con la CDH introduce un cambio sustantivo respecto de los mecanismos convencionales, ya que la CDH era (y, ahora, el CDH es) un órgano intergubernamental, político, y no u n órgano técnico como lo son los Comités estudiados supra. Estos mecanismos extraconvencionales tienen su origen en las comunicaciones sobre violaciones de derechos humanos recibidas en las NU desde su creación, y respecto de las cuales no existían reglas para su tratamiento. A pesar de que la CDH rechazó originariamente, en 1947, su competencia para ocuparse de tales comunicaciones, con posterioridad puso en marcha una fórmula para tratamiento de las mismas que, a partir del sistema de listas definido en la resolución 728 F (XXVIII) del ECOSOC, de 30 de julio de 1959, finalizó con la adopción por la CDH de su resolución 8 (XXIII), de 16 de marzo de 1967, en la que solicita al

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ECOSOC que se le autorice a estudiar anualmente la cuestión de las violaciones de derechos humanos. Dicha resolución fue refrendada por la resolución 1235 (XLII) del ECOSOC, de 6 de junio de 1967, que junto con la resolución 1503 (XLVIII), de 27 de marzo de 1970, también del ECOSOC, constituyen la base normativa de los procedimientos extraconvencionales. Estos procedimientos pueden ser agrupados en dos grandes categorías: el procedimiento confidencial, o procedimiento 1503, y los procedimientos públicos, también denominados procedimiento 1235. Estos procedimientos fueron asumidos por el CDH, de conformidad con la resolución 60/251 de la AG. - El procedimiento 1503 constituye una forma de tratamiento de las comunicaciones sobre violaciones de derechos humanos que se inicia en 1971. Dicho procedimiento se estructura en cuatro fases en las que intervienen sucesivamente, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y la CDH (actualmente, el CDH). Las comunicaciones pueden ser presentadas por cualquier persona o grupo de personas, incluidas las ONG, que tengan conocimiento de las mismas, aunque no sea la víctima, y han de cumplir unos requisitos de admisibilidad definidos en la resolución 1 (XXIV), de 13 de agosto de 1971, de la Subcomisión, sin que sea preciso el consentimiento del Estado afectado para que se pueda presentar y tramitar la comunicación. En cualquier caso, ha de tenerse en cuenta que las comunicaciones no se toman en consideración por sí mismas, sino en tanto y en cuanto contribuyen a definir una situación manifiesta de violación sistemática de derechos humanos en un determinado país. En el marco de este procedimiento el Consejo puede adoptar las siguientes medidas: dar por terminado el procedimiento por no ser posible identificar una situación o por haber desaparecido la misma; mantener el asunto “pendiente” durante varios períodos de sesiones a la espera de información complementaria, lo que se ha convertido en una práctica relativamente frecuente en los últimos años; establecer un Comité especial de investigación, para lo que precisa la autorización del Estado, y –por último– decidir, en atención a la gravedad de la situación, dar por terminado el procedimiento 1503 y sustituirlo por uno de los procedimientos públicos especiales por países que se verán infra. El procedimiento 1503 se caracteriza por su confidencialidad, que afecta tanto a las comunicaciones presentadas como a los debates de los órganos competentes y a las decisiones adoptadas por la Comisión, no siendo de conocimiento público más que el nombre de los Estados que son estudiados en el marco de este procedimiento. Ello se ha traducido en la práctica en una deformación de este procedimiento, que ha sido utilizado frecuentemente por los Estados con la simple finalidad de eludir un procedimiento público que, como tal, es necesariamente más eficaz. Esta circunstancia, unida a su falta de eficacia protectora para el particular, ha tenido como consecuencia inmediata una pérdida de interés por este mecanismo, tanto por parte de los usuarios del sistema como por parte de la propia Comisión que ha desplazado progresivamente hacia los procedimientos públicos especiales. Así, en los últimos años ha quedado muy reducido el campo de aplicación del procedimiento 1503, llegando incluso a suscitarse la posibilidad de su desaparición. Ello llevó a que el procedimiento fuera reformado durante el 56º período de sesiones de la CDH, celebrado en 2000. Su Grupo de Trabajo sobre el fomento de la eficacia de los mecanismos de la CDH, que se reunió entre los períodos de sesiones 55º (1999) y 56º (2000) de la CDH, incluía en su informe (E/CN.4/2000/112) recomendaciones sobre cómo debería enmendarse el procedimiento previsto en la resolución 1503. Esas recomendaciones se incorporaron posteriormente en un proyecto de resolución titulado "Procedimiento para la tramitación de las comunicaciones relativas a los derechos humanos", que formó parte de la decisión 2000/109 de la Comisión (aprobada sin votación el 26 de abril de 2000). El ECOSOC, en la continuación de su período de sesiones de organización para 2000, aprobó el 16 de junio de 2000 el proyecto de resolución, que pasó a ser la resolución 2000/3 del ECOSOC. Sin embargo, y de conformidad con esta resolución, el procedimiento modificado podrá seguir denominándose procedimiento 1503. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 2000/3 del ECOSOC, de 16 de junio de 2000, la Subcomisión, designará cada año un Grupo de Trabajo integrado por algunos de sus miembros, que representarán con arreglo a la distribución geográfica a los cinco grupos regionales, además se fomentará una rotación apropiada. Este Grupo de Trabajo, denominado Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones, se reunirá cada año inmediatamente después de la Subcomisión para examinar las comunicaciones (quejas) recibidas de particulares y grupos que denuncien violaciones de los derechos humanos, y todas las respuestas de los gobiernos. Las comunicaciones manifiestamente carentes de fundamento, como por ejemplo comunicaciones referidas a cuestiones que se hallen fuera del ámbito de la DUDH, serán descartadas por la Secretaría con la aprobación del Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones quedando entendido que las mismas no serán transmitidas a los gobiernos interesados ni se presentarán al Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones. El hecho de que una comunicación sea transmitida al gobierno respectivo y que un acuse de recibo sea enviado a su autor no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o mérito de la comunicación. Cuando el Grupo de Trabajo halle pruebas razonables de la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos, la cuestión se remitirá al Grupo de Trabajo sobre Situaciones para que la examine. El Grupo de Trabajo sobre Situaciones

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está integrado, por cinco miembros nombrados por los grupos regionales, y se prestará la debida atención a la rotación de los miembros. El Grupo se reunirá a más tardar un mes antes que el Consejo, para examinar las situaciones particulares que le haya transmitido el Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones, y decidirá después si debe remitir o no al Consejo alguna de esas situaciones. Corresponderá después al CDH adoptar una decisión sobre cada situación particular señalada a su atención de esta forma. Recordemos aquí que el CDH decidió prorrogar por un año el mandato de la Subcomisión - En los últimos años se ha producido un considerable incremento de los procedimientos públicos especiales o procedimiento 1235. Los procedimientos públicos especiales constituyen la primera manifestación de los procedimientos extraconvencionales, estableciéndose el primero de ellos en 1968 respecto de la situación de los derechos humanos en el África Meridional. A partir de este momento, sobre la base de las previsiones de la resolución 1235 (XLII), la CDH ha iniciado, y el CDH continuado, más de una treintena de procedimientos sobre diversas situaciones de violación de derechos humanos, dando lugar a una nueva categoría de mecanismos de control respecto de cuya viabilidad hubo serias dudas hasta la década de los ochenta, pero que hoy está ya consolidada. Estos procedimientos se caracterizan esencialmente por ser públicos y porque pueden establecerse y desarrollarse sin necesidad del consentimiento del Estado interesado. A pesar de que los procedimientos públicos especiales presentan, por su propia naturaleza y origen, algunas diferencias de un supuesto a otro, el análisis de la práctica de la CDH permite identificar una serie de rasgos comunes a todos ellos que analizaremos a continuación. En primer lugar, dichos procedimientos tan sólo pueden establecerse cuando existan indicios de la existencia de una situación global de violación de derechos humanos. Dicha situación puede definirse en un territorio determinado (procedimientos por países) o bien a escala mundial respecto de un tipo de derecho o bajo una forma de violación (procedimientos temáticos). Por consiguiente, el objeto del control es la situación y no los supuestos individualizados de violación, por lo que no cabe dar respuesta a denuncias concretas, con la única excepción del procedimiento sobre detenciones arbitrarias y de las acciones urgentes que se verán infra. Los procedimientos especiales temáticos se encargan de investigar la situación de los derechos humanos en todas las partes del mundo, independientemente de si un determinado país es parte en uno de los tratados pertinentes de derechos humanos. El mandato les exige tomar las medidas necesarias para vigilar y actuar rápidamente ante las denuncias de violaciones de los derechos humanos contra personas o grupos, ya sea a escala mundial o en un país o territorio específico, e informar sobre sus actividades. En el caso de los mandatos por país, los titulares deben examinar la totalidad de los derechos humanos (civiles, culturales, económicos, políticos y sociales), salvo que se les instruya de otra manera. Entre las principales funciones de los procedimientos especiales están las de: analizar en nombre de la comunidad internacional la cuestión temática o la situación del país de que se trate; asesorar sobre las medidas que deberían tomar el o los gobiernos en cuestión y otros actores pertinentes; alertar a los órganos y organismos de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional en general sobre la necesidad de resolver situaciones y cuestiones específicas. A ese respecto contribuyen a poner en marcha sistemas de "alerta temprana" y a promover la adopción de medidas preventivas; defender a las víctimas de violaciones mediante distintas medidas, por ejemplo solicitando a los Estados pertinentes que adopten medidas urgentes e instando a los gobiernos a que respondan a denuncias concretas de violaciones de los derechos humanos y a que proporcionen reparación; activar y movilizar a la comunidad internacional y la comunidad nacional para que aborden determinadas cuestiones de derechos humanos, y alentar la cooperación entre los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones intergubernamentales. En segundo lugar, el control se realiza sobre la base de una investigación ad hoc realizada por un órgano que se crea el efecto: los órganos básicos de información, que han recibido diversas denominaciones (Relatores, Representantes y Enviados Especiales, Expertos, Grupos de Trabajo, etc.), y cuya principal característica es que actúan a título de expertos. Estos órganos tienen como principal función la determinación y evaluación de los hechos que definen una situación, a partir de toda la información a su disposición, incluida la obtenida en las eventuales visitas al territorio investigado. La evaluación se realiza sobre la base de un marco normativo de referencia amplio, que incluye tanto la DUDH y otras declaraciones adoptadas por las NU, como los instrumentos convencionales oponibles al Estado o Estados investigados, incluidos los relativos al Derecho Internacional Humanitario. El objeto de tal actividad no es otro que elaborar un informe sobre la situación investigada, en el que se formulan, además, las oportunas conclusiones y recomendaciones dirigidas al CDH, que es el órgano encargado de realizar la actividad de control en sentido estricto. Las medidas que puede adoptar el CDH se limitan originariamente a aprobar las resoluciones sobre la situación investigada y a formular a los Estados interesados recomendaciones sobre las medidas que han de adoptar para hacer desaparecer dicha situación y garantizar, por tanto, el disfrute efectivo de los derechos humanos. En cualquier caso, no se trata de un procedimiento judicial o cuasijudicial que tenga como objetivo obtener la condena del Estado ni tampoco obligar derecho a reparación alguna a los particulares cuyos derechos han sido

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violados. Ello no ha impedido, sin embargo, que se haya desarrollado un especialísimo método de trabajo, las denominadas “acciones urgentes”, que otorgan una protección indirecta al particular. En virtud de estas acciones urgentes, que se han desarrollado principalmente en el marco de los procedimientos temáticos, los órganos básicos de información pueden solicitar en cualquier momento a un Estado que adopte medidas cautelares de naturaleza urgente respecto de un particular cuyo derecho se encuentra en inminente peligro de ser violado de forma irreparable. No obstante, no puede olvidarse que, a pesar de su importancia, las acciones urgentes siguen constituyendo un método de trabajo excepcional y que las principales medidas adopt adas por la Comisión continúan situándose en el plano de las recomendaciones de alcance general dirigidas a la situación globalmente considerada. Por consiguiente, la eficacia del sistema radica en la presión que puede ejercerse, en forma individual o colectiva, sobre el Estado investigado. Ello atribuye un papel central dentro del procedimiento 1235 a la publicidad, que se extiende tanto a los informes como a los debates y a las resoluciones adoptadas por la CDH. Dicha publicidad, que posibilita la presión internacional ulterior, se convierte de esta forma en la garantía irrenunciable del sistema. Para finalizar este comentario sobre la obra de las NU en materia de derechos humanos, debemos recordar las dos Conferencias sobre la cuestión auspiciadas por la ONU. La primera de ellas fue la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, reunida en Teherán del 22 de abril al 13 de mayo de 1968 con el propósito de «examinar los progresos logrados en los veinte años transcurridos desde la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y preparar un programa para el futuro», aprobando la Proclamación de Teherán, que –entre otras cosas– establece: «Es indispensable que la comunidad internacional cumpla su solemne obligación de fomentar y alentar el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales para todos, sin distinción alguna [...] La Declaración Universal de Derechos Humanos enuncia una concepción común a todos los pueblos de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana y la declara obligatoria para la comunidad internacional [...] Las Naciones Unidas se han fijado como objetivo primordial en materia de derechos humanos que la humanidad goce de la máxima libertad y dignidad. Para que pueda alcanzarse este objetivo, es preciso que las leyes de todos los países reconozcan a cada ciudadano, sea cual fuere su raza, idioma, religión o credo político, la libertad de expresión, de información, de conciencia y de religión, así como el derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural de su país. [...] La Conferencia Internacional de Derechos Humanos, [...] Exhorta a todos los pueblos y gobiernos a consagrarse a los principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y a redoblar sus esfuerzos para ofrecer a todos los seres humanos una vida libre y digna que les permita alcanzar un estado de bienestar físico, mental, social y espiritual.» La segunda fue la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, reunida en Viena del 14 al 25 de junio de 1993, la cual aprobó la “Declaración y Programa de Acción de Viena” (A/CONF.157/23), que –entre otras cosas– establece: «La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma el solemne compromiso de todos los Estados de cumplir sus obligaciones de promover el respeto universal, así como la observancia y protección de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, otros instrumentos relativos a los derechos humanos y el derecho internacional. El carácter universal de esos derechos y libertades no admite dudas. En este contexto, el fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos es esencial para la plena realización de los propósitos de las Naciones Unidas. Los derechos humanos y las libertades fundamentales son patrimonio innato de todos los seres humanos; su promoción y protección es responsabilidad primordial de los gobiernos. [...] La promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales deben ser consideradas como un objetivo prioritario de las Naciones Unidas, de conformidad con sus propósitos y principios, en particular el propósito de la cooperación internacional. [...] Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales». Luego hace un repaso por las principales categorías de derechos, señalando sus violaciones e instando a su cumplimiento. En el Plan de Acción se contienen las medidas que la Conferencia recomendó realizar al sistema de Naciones Unidas y a los Estados Miembros.

Artículo 56 Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55. 196

Capítulo IX – Cooperación internacional económica y social

El artículo es otra manifestación del deber de asistencia a la Organización, conforme el Art.2.5, así como del compromiso de los Estados de alcanzar los objetivos del Art.55. Se planteó en diversas ocasiones el alcance de los términos “se comprometen”, en el sentido de considerar si tal compromiso es o no una “obligación” de los Miembros. Esta última expresión aparece en varias de las resoluciones citadas infra, lo cual nos indica que para los órganos de las NU sí es una obligación. La distinción tiene importancia, por cuanto si se considera que la realización de los propósitos del Art.55 es una obligación de los Estados, su incumplimiento genera responsabilidad internacional y es pasible de algún tipo de sanción (como vimos en el Art.39, las masivas violaciones del derecho humanitario fueron consideradas “amenazas a la paz”, abriendo las puertas de la acción del CS conforme al Cap. VII). Con relación a ello, también se planteó la discusión de cuál es la relación de los Arts. 55 y 56 frente al Art.2.7, ya que varios Estados sostuvieron que éste último prevalece, y en aquellos asuntos que sean de jurisdicción interna de los Estados, por más que puedan considerarse a la luz de las otras disposiciones de la Carta, las NU no pueden intervenir; otros Estados consideraron que la obligación que impone este artículo 56 con respecto a los propósitos del Art.55 es superior a la excepción del Art.2.7, y su incumplimiento autoriza la intervención de las NU. Ha sido esta opinión la que venció en el seno de la AG y del ECOSOC, mas recordemos que la carencia de obligatoriedad de las decisiones de estos órganos hace que no sean cumplidas por aquellos Estados que no las consideran ajustadas a su postura. En cuanto a las medidas que se comprometen a tomar los Miembros “conjunta o separadamente”, las resoluciones de la AG y del ECOSOC que se refieren a este artículo recomendaron medidas a los Miembros, a los órganos de la NU, o a ambos. El artículo es generalmente citado en la parte preambulatoria de algunas resoluciones de la AG y del ECOSOC. Estas referencias son hechas usualmente para poner especial énfasis en el compromiso de los Estados Miembros y su relevancia en las materias económicas, sociales y de derechos humanos. En algunos casos, se hace referencia al artículo en conexión con programas de trabajo, estudios o informes, y en otros, en conexión con recomendaciones. En otras resoluciones, aunque en menor medida, el artículo aparece citado en la parte operativa, generalmente para invocar el compromiso de los Estados Miembros con relación a la decisión tomada. Es de notar que la mayoría de las veces en que se cita el artículo, se lo hace conjuntamente con el Art.55. Así, por ejemplo, en la resolución 110 (II) de la AG, sobre las medidas que han de adoptarse contra la propaganda en favor de una nueva guerra y contra sus instigadores, dijo: «Considerando que la Carta exige también promover el respeto universal y efectivo de las libertades fundamentales y, entre ellas, de la libertad de expresión, y que todos los Estados Miembros se han comprometido, en virtud del Artículo 56, a tomar medidas conjunta o separadamente para asegurar la observancia de las obligaciones derivadas de tales libertades fundamentales»; en la resolución 217 D (III) de la AG, sobre la publicidad que habrá de darse a la Declaración Universal de Derechos del Hombre, recomendó «a los Gobiernos de los Estados Miembros que manifiesten su fidelidad al Artículo 56 de la Carta valiéndose de todos los medios a su alcance para publicar solemnemente el texto de la Declaración»; en la resolución 406 (V) de la AG, sobre la situación económica actual del mundo, actuó «Reconociendo que, como consecuencia del mandato de los Artículos 55 y 56 de la Carta, las Naciones Unidas están obligadas a agotar todos los medios a su alcance par asegurar el constante crecimiento de la economía mundial y evitar que surjan los referidos factores de desequilibrio económico que afectan la estabilidad económica general y perturban el desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados»; en la resolución 527 (VI) de la AG, sobre el nivel de vida de la población trabajadora, actuó «Teniendo presente que el Artículo 55 de la Carta dispone que las Naciones Unidas promoverán niveles de vida más elevados, el trabajo per manente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social, y que en virtud del Artículo 56 de la Carta los Estados Miembros se han comprometido a “tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización” para la realización de esos propósitos»; en la resolución 622 A (VII) de la AG, sobre el financiamiento del desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados, actuó «Teniendo presentes las obligaciones asumidas por los gobiernos de los Estados Miembros en virtud de los Artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas»; en su resolución 308 (IV), sobre el empleo total, la AG, estimó «que para el logro de una economía mundial estable y en crecimiento es un requisito básico que los Estados Miembros adopten medidas de carácter nacional e internacional encaminadas a promover y mantener el empleo total, conforme a los Artículos 55 y 56» y recomendó «que cada uno de los gobiernos considere con urgencia la responsabilidad que le incumbe, en virtud de los Artículos 55 y 56 de la Carta, de adoptar, cuando sea necesario, medidas adecuadas a sus instituciones políticas, económicas y sociales, con objeto de promover y mantener el empleo total y productivo»; en la resolución 724 B (VIII), sobre la misma cuestión, se manifestó «Consciente del designio señalado en el preámbulo de la Carta de “emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos”, así como de las disposiciones de los Artículos 55 y 56 de la Carta»; en la resolución 739 (VIII) de la AG, sobre el desarrollo de la labor de las Naciones Unidas para extender en el mundo la observancia

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Carta de las Naciones Unidas

y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, actuó «Considerando que, en virtud de los Artículos 55 y 56 de la Carta, los Estados Miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a tomar medidas, conjunta o separadamente, para promover el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos»; en su resolución 926 (X), sobre servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos, la AG actuó «Considerando que, en virtud de los Artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas, los Estados Miembros de las Naciones Unidas se comprometen a promover el respeto y la observancia universal de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos»; en su resolución 1316 (XIII), sobre la cooperación internacional para el desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados, la AG actuó «Recordando el compromiso contraído por todos los Estados Miembros en virtud del Artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas, de tomar medidas conjunta o separadamente en cooperación con las Naciones Unidas, para el logro, Inter alia, de niveles de vida más elevados y condiciones de progreso y desarrollo económico y social»; en su resolución 2144 (XXI), sobre la cuestión de la violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluso la política de discriminación racial y de segregación y la política de a partheid en todos los países y en particular en los países y territorios coloniales y dependientes, la AG actuó «Teniendo presente la obligación de todos los Estados Miembros, con arreglo al Artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas, de tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para el logro de los propósitos enunciados en el Artículo 55, que incluyen la promoción del respeto y de la observancia universales de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos»; en su resolución 2200 (XXI) sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la AG aprobó tales instrumentos «Considerando que uno de los propósitos de las Naciones Unidas, según se establece en los Artículos 1 y 55 de la Carta, es el de promover el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades» y «Considerando que, en virtud del Artículo 56 de la Carta, todos los Miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, par la realización de ese propósito»; en sus resoluciones 45/163, 46/129, 47/131, 48/125 y 49/181, sobre el fortalecimiento de las actividades de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos, mediante el fomento de la cooperación internacional, e importancia de la no selectividad, la imparcialidad y la objetividad, la AG actuó «Recordando que, de conformidad con el Artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas, la Organización debe promover el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos y libertades con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto del principio de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, y que, de conformidad con el Artículo 56, todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55»; en su resolución 48/141, sobre el Alto Comisionado para la promoción y la protección de todos los derechos humanos, la AG creó este órgano «Reafirmando el compromiso asumido en el Artículo 56 de la Carta de tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55 de la Carta»; en sus resoluciones 55/101, 56/152, 57/217, 58/188, 59/204, sobre el respeto de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas para lograr la cooperación internacional en la promoción y el estímulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y en la solución de los problemas internacionales de carácter humanitario, la AG actuó «Recordando que, de conformidad con el Artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas, todos los Estados Miembros se han comprometido a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55, que incluyen el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades»; en su resolución 221 E (IX), sobre el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Empleo sobre su cuarto período de sesiones; desempleo y empleo total, el ECOSOC actuó «Recordando la obligación contraída por cada uno de los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de los Artículos 55 y 56 de la Carta, en lo que respecta a promover el trabajo permanente para todos»; en su resolución 290 (XI), sobre empleo total, el ECOSOC actuó «Teniendo presente que, en virtud de los Artículos 55 y 56 de la Carta, los Miembros de las Naciones Unidas han asumido la obligación de adoptar medidas, conjunta o separadamente, para fomentar niveles de vida más elevados, el empleo total y condiciones de progreso y desarrollo en el orden económico y social»; en su resolución 616 B (VII), sobre la cuestión del conflicto racial en el África del Sur, resultante de la política de segregación racial (apartheid) del Gobierno de la Unión Sudafricana, la AG declaró «que toda política de los gobiernos de los Estados miembros que no persigue esos fines, sino que tiene

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Capítulo IX – Cooperación internacional económica y social

por objeto perpetuar o aumentar la discriminación, es inconciliable con los compromisos adquiridos por los Miembros en virtud del Artículo 56 de la Carta»; en su resolución 614 B (XXII), sobre la política comercial y la política de producción en sus relaciones con el desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados, el ECOSOC actuó «Recordando los Artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas y el compromiso contraído por los pueblos signatarios de actuar conjunta o separadamente con objeto de promover “niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social”»; en su resolución 1581 C (L), sobre la situación social en el mundo, el ECOSOC actuó «Recordando el Artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas, en virtud el cual todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para el logro de niveles de vida más elevados, trabajo permanente y condiciones de progreso y desarrollo económico y social, así como la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario y de otros problemas conexos». En otras resoluciones, la AG y el ECOSOC citaron implícitamente el artículo utilizando sus términos o refiriéndose al compromiso de los Estados Miembros de alcanzar los propósitos del Art.55. Tales resoluciones pueden verse en el “Repertorio de la Práctica seguida por los Órganos de las Naciones Unidas”.

Artículo 57 1. Los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en sus estatutos, y relativas a materias de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario, y otras conexas, serán vinculados con la Organización de acuerdo con las disposiciones del Artículo 63. 2. Tales organismos especializados así vinculados con la Organización se denominarán en adelante "los organismos especializados". Los organismos especializados de las Naciones Unidas constituyen verdaderas organizaciones internacionales, con personalidad jurídica diferente a la de la ONU, y son creados, como establece el párrafo 1, por “acuerdos intergubernamentales”, esto es, por tratados internacionales, y no por los órganos de las Naciones Unidas (como sí lo son los órganos subsidiarios, v. Art.7.2). Su carácter de organismo especializado está dado por sus atribuciones relativas a “materias de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario, y otras conexas” (es decir, por su competencia limitada a determinados ámbitos, que son los del Art.55 – “especialización”) y, sobre todo, por un acuerdo especial que los vincula con la Organización (v. Art.63). La doctrina resume estas consideraciones en cinco caracteres: son creados por acuerdos intergubernamentales; poseen expresas competencias internacionales; están vinculados con la Organización a través de acuerdos que especifican las condiciones de su incorporación; tales acuerdos deben ser aprobados por la AG; y están dotados de personalidad internacional. Los tratados constitutivos (v. Introducción) de los organismos especializados reciben distintas denominaciones de acuerdo al organismo de que se trate. Así, en el caso de la OMM, la OACI, la OMI, el FIDA, la OMPI, el FMI, el BIRF, la CFI, el CIADI y la AIF, recibe el nombre de “Convenio”; en el de la OIT, la FAO, la OMS, la UNESCO, la UPU, la UIT y la ONUDI, “Constitución”; en el de la OMT, “Estatuto”; en el del OMGI, “Convención”. Aún así, esta diversidad de denominaciones no obsta a la caracterización de tales acuerdos como tratados internacionales, en virtud de lo establecido por el Art.2.1 inc. a) de la Convención de Viena: «se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular » (el subrayado es nuestro). La estructura de los organismos especializados respeta en general la composición básica de las organizaciones internacionales de la misma manera que lo hace la ONU, tal cual vimos en el comentario al Art.7 (respetando, por supuesto, las particularidades de cada organismo). Así, cada organismo tiene un órgano deliberativo principal en el que están representados todos los miembros, que recibe el nombre de “Asamblea” en el caso de la OACI (Cap.VIII del Convenio) y de la OMI (Parte V del Convenio), “Asamblea General” en el caso de la OMPI (Art.6 del Convenio) y de la OMT (Arts. 9 a 13 del Estatuto), “Congreso Meteorológico Mundial” en el caso de la OMM (Parte VI del Convenio), “Conferencia” en el caso de la FAO (Arts. III y IV de la Constitución), “Conferencia General” en el caso de la UNESCO (Art.IV de la Constitución), de la OIT (Art.3 de la Constitución) y de la ONUDI (Art.8 de la Constitución), “Asamblea Mundial de la Salud” en el caso de

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Carta de las Naciones Unidas

la OMS (Cap.V de la Constitución), “Conferencia de Plenipotenciarios” en el caso de la UIT (Art.8 de la Constitución), “Congreso” en el caso de la UPU (Art.14 de la Constitución); un órgano decisorio, conformado por un número reducido de miembros, en el cual las decisiones se toman