Carlos Basombrio - Respuestas a pliego interpelatorio

PLIEGO

INTERROGATORIO

QUE

DEBERÁ

ABSOLVER

EL

SEÑOR

MINISTRO DEL INTERIOR, SR. CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS PREGUNTA 1. Desde que Usted asumió el cargo de ministro del interior, hizo muchas declaraciones sobre diferentes temas relacionados a la Policía Nacional del Perú en los medios de comunicación ¿Se ratifica Usted en cada una de sus declaraciones? Como ministro de Estado doy declaraciones públicas con mucha frecuencia en múltiples actividades. A su vez he dado decenas de entrevistas en todo tipo de medios de casi todas las regiones del país. La mayoría de mis entrevistas, exposiciones públicas y comentarios han tenido como temas los de seguridad ciudadana, crimen organizado y, por supuesto, el rol de la Policía Nacional del Perú. En ese sentido, no puedo afirmar con certeza absoluta que me ratifico en cada una de ellas. Cada una tuvo su circunstancia, su momento. Como nos pasa a muchos cuando escuchamos o leemos lo que dijimos en el pasado, hay cosas con las cuales nos sentimos muy cómodos, algunas que hubiéramos preferido haberlas dicho de otra manera; otras que sentimos hoy inoportunas o exageradas. Sería soberbio y profundamente errado reivindicar todo lo que he hecho y dicho. Pero no evado la respuesta. Me ratifico en general en mi forma de pensar. He sostenido, en múltiples oportunidades, que la Policía tiene grandes retos por delante y necesita un proceso de modernización para enfrentar los nuevos desafíos de la realidad que la inseguridad en el Perú le plantea. Hace sólo 12 años fenómenos como el sicariato o la extorsión simplemente no existían. Hace sólo una década los robos violentos con arma de fuego eran infrecuentes. La victimización, es decir el número de personas que han sido objeto de un crimen, ha crecido mucho a lo largo de los años. Desde hace más de 15 años el tema de la seguridad se volvió el principal problema para la población.

Enfrentar todo ello requiere una acción estatal y societal multifacética, pero específicamente -me ratifico en lo dicho- requiere una policía del siglo XXI. Una policía con gran capacidad de gestión, de uso de tecnología moderna, cercana a la comunidad y a la vez con unidades especiales cuyos miembros sean cuidadosamente seleccionados y dotados de instrumentos adecuados, para las complejas tareas de la lucha contra el crimen organizado. Para lograr esa profunda modernización, en inteligencia o en cualquier otra área vinculada al trabajo policial, es necesario invertir. He declarado varias veces y siempre insistiré en ello, invertir bien es una obligación del Estado. En este tema hemos avanzado. La ejecución del gasto en inversiones en el Sector Interior heredada en julio del 2016, solo llegaba al 14%. A fines del 2016, logramos alcanzar un 99.8%. Para el 2017, el programa de inversiones del Sector Interior está en el orden de los S/. 322 millones. Los proyectos de inversión están referidos a comisarias, puestos de vigilancia de frontera, escuelas de formación policial, unidades especializadas y equipamiento policial. Asimismo, en paralelo se vienen implementando iniciativas para mejorar la efectividad del gasto a través del mecanismo de obras por Impuestos, en alianza con ASBANC; renting de vehículos; mantenimiento preventivo, correctivo y funcional de la infraestructura; entre otros proyectos que hemos explicado en público. En muchos medios y ocasiones he sostenido que el problema de la seguridad ciudadana era de largo plazo y que había que ir obteniendo resultados paulatinos que, hacia el bicentenario, convirtiera la suma de logros en una realidad diferente y mejor para todos los peruanos. Tenemos que lograr que la situación mejore paulatinamente y se acumulen más victorias que derrotas en la lucha contra el crimen.

Adicionalmente, he dicho en múltiples oportunidades que la Policía Nacional del Perú es una de las instituciones más sacrificadas del país a la cual la ciudadanía le debe mucho. He sido especialmente enfático en agradecer y felicitar el trabajo de la Policía Nacional en la

emergencia nacional que tuvimos por el niño costero. En este punto es importante también reconocer el sacrificio y compromiso de los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes también tuvieron una muy destacada labor en la emergencia mencionada. En esta difícil prueba que nos tocó vivir, cientos de policías y bomberos, tuvieron que agregar a su trabajo, ya de por sí complejo, duro y difícil, la atención a las víctimas, el rescate y el apoyo a los más afectados; y lo hicieron con entrega, cariño y eficacia reconocidas, creo que por todos. He tenido el honor de acompañar a las familias de los policías y bomberos fallecidos en cumplimiento del deber. He dicho en público, que quizás lo más duro de una gestión como ministro del Interior es acompañar en sus velorios o en los entierros a los familiares de los policías muertos en la lucha contra la delincuencia o el terrorismo. También visitar a valientes policías heridos en circunstancias similares sabiendo que sus vidas quedaran definitivamente marcadas por las heridas recibidas. He hablado también mucho del tema del bienestar policial. Nos comprometimos en el gobierno adelantar el quinto bono para los salarios policiales y se cumplió. Pero he dicho también que el bienestar no sólo es salario. Hay tres aspectos en los que estamos trabajando duro para mejorar la situación. En primer lugar la reorganización de la Sanidad Policial y de Saludpol, tema que comentaré más adelante, solo diré en este punto, que la situación ha empezado a cambiar. También tiene que ver con el bienestar de los policías el trato que reciben en la dirección de recursos humanos para todos los trámites vinculados a su actividad profesional. Allí hemos avanzado mucho menos, pero tenemos el compromiso de tecnificar, profesionalizar, simplificar trámites y procedimientos para evitar retrasos, abusos y hasta corrupción. Asimismo, he declarado algunas veces, que entre las reformas centrales de la Policía Nacional del Perú por la que apostamos está la de mejorar la formación profesional policial, tanto de oficiales como de suboficiales, buscando la excelencia.

Para ello, hemos creado la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial (ENFPP) como órgano rector de la formación, capacitación y actualización del personal policial, la misma que tendrá a su cargo al resto de escuelas del país; estamos trabajando un nuevo perfil de policía, respondiendo a estándares académicos modernos; priorizando la educación para poder garantizar equipamiento, docentes, laboratorios y tecnología adecuados. También he dicho en múltiples ocasiones que la corrupción es un problema muy serio en el Perú, del que no escapa la Policía Nacional del Perú; que en el caso de la policía es el tema más sensible y más grave en la medida en que es la institución encargada de hacer cumplir la ley. Para ellos hemos implementado varias medidas como la especialización de Administración Disciplinaria, la nueva oficina de Asuntos Internos, la prueba de integridad, la rendición de cuentas permanente, entre otras muchas que explicamos a la opinión pública en su momento. Habiéndolos mencionado párrafos atrás, no quiero cerrar esta parte sin felicitar el gran esfuerzo desplegado por los miembros del Cuerpo General de Bomberos, en trabajo conjunto con el Ministerio, para devolverles su institucionalidad y por tanto su esencia. Luego de décadas, los bomberos dejan ser funcionarios públicos sin paga; luego de muchos años un bombero de carrera es el Comandante General; luego de mucho tiempo todos los oficiales generales del Cuerpo aprobaron, por unanimidad, su nuevo Reglamento de Funcionamiento; y, por primera vez en su historia, todos los bomberos voluntarios en actividad, participarán en la elección de sus próximas autoridades. Este esfuerzo será acompañado con logística y equipamiento adecuados, que serán proveídos por la recientemente creada Intendencia Nacional de Bomberos. Ese es nuestro compromiso. Además de los temas, llamémoslos estructurales, sobre los que he declarado a lo largo de mi labor como ministro, hubo temas que implicaron responsabilidad del gobierno anterior, pero que me obligaron a tomar decisiones difíciles a las que no rehuí. Hubo así, en primer lugar, que reducir el número de generales hipertrofiado en los dos años finales de la administración Humala. Habría preferido que no se hubiera incrementado

artificialmente el alto mando en la última etapa del gobierno anterior, en algunos casos incluso para pagar favores políticos, como la gran mayoría en la institución conoce. En segundo lugar, me tocó hacer público y cuestionar que, durante el gobierno de Humala, según muchísimos indicios, un grupo de oficiales y suboficiales conformó una agrupación irregular dedicada presuntamente a asesinar delincuentes de poca monta, simulando acciones policiales, para luego obtener prebendas ascensos y fondos de inteligencia adicionales. Este tema lo referiré con mayor detalle en la pregunta correspondiente. En tercer lugar, critiqué también duramente algunas de las compras que se hicieron en el gobierno anterior, muy en particular la de patrulleros. Sobre el tema volveré más adelante. He dicho también públicamente y en especial en decenas de diálogos con oficiales y suboficiales de la Policía, escuchándolos, contestando a sus preguntas y aprendiendo de ellos, que la Policía debe y puede ser la mejor institución en el año del Bicentenario. Múltiples veces he declarado que para ello tenemos que trabajar con los indispensables, con aquella gran mayoría de suboficiales y oficiales que no sólo arriesgan su vida diariamente, sino que hacen una eficiente y generosa labor. Los corruptos, no tienen sitio en la Policía del bicentenario y la propia institución los ha ido depurando y lo seguirá haciendo. La Policía lo sabe, quien delinque dentro de la institución ya no es un policía, es sólo un delincuente. En estos meses he reivindicado públicamente múltiples resultados positivos que la policía ha conseguido en diferentes campos. En todas las ocasiones que he podido los he acompañado para felicitarlos, sin atribuirme méritos que les corresponde a ellos, sin pretender ser yo el jefe de policía que lo consiguió, sino un ministro que apoya, alienta y crea paulatinamente mejores condiciones para el trabajo. A lo largo de este tiempo he dicho, como corresponde, que los éxitos son de la Policía y a la vez no he rehuido enfrentar errores cometidos a lo largo de este tiempo por la institución policial y el ministerio. Un asunto al que me he referido, y que si bien comentaré en otras respuestas, ha sido el terrorismo. En efecto, he hecho público a lo largo de mi vida cientos de veces en artículos,

conferencias, entrevistas, libros, entre otros, mi profundo repudio a Sendero Luminoso y al MRTA por todo el horror que causaron a nuestro país. Específicamente, he dicho en público y en varias oportunidades al alcalde de Comas que contará, cuando me lo solicite, con todo el apoyo del Sector Interior para la demolición del Mausoleo. En relación al MODAVEF, considero que el problema es más grave que la mera apología y que el tema de fondo es sancionarlos por su pertenencia a la organización terrorista. He tratado de responder con honestidad y transparencia a la primera pregunta sobre si me ratifico o no en lo dicho a lo largo de mi gestión sobre la Policía Nacional del Perú. No soy yo quien juzgará si lo que venimos diciendo o haciendo con el equipo de profesionales que me acompaña viene siendo suficiente o insuficiente. Sólo añadiré que vengo contando con mucho más apoyo del que jamás imaginé de los mandos policiales, a los que encontré ansiosos de cambio y modernización para ganarse todo el respeto de la ciudadanía, que desean y merecen. En ese sentido, más allá de la valoración que se pueda tener sobre ella y las legítimas discrepancias sobre lo que hemos hecho, esta no viene siendo una gestión marcada por la sorpresa o la improvisación. Hace ya varios meses presentamos en el Acuerdo Nacional nuestras estrategias y metas para la primera mitad del gobierno, así como los indicadores externos a nosotros sobre los que pedíamos se evalúe nuestra gestión. Este plan ha recibido aportes multi partidarios de gran valía, tanto de este Congreso como de otras instituciones, habiendo encontrado muchísimas coincidencias y aportes que se han tratado de incorporar en nuestro trabajo. PREGUNTA 2. El 25 de febrero de 2017, Usted afirmo ante los medios de comunicación respecto a los índices de seguridad ciudadana que según el INEI, "Las cifras han mejorado un poquito (…) y que "hay menos asaltos pero son más violentos". ¿Puede explicar en detalle estas cifras? En primer lugar, considero pertinente destacar que siempre he pensado que no existe política pública seria si no hay una línea de base que sea punto de partida para ver la

evolución de múltiples indicadores, que tienen que ser medidos por una institución competente técnicamente, y mejor todavía si es ajena e independiente de la que define y ejecuta la política. Los indicadores de resultado son indispensables para saber si se está por el camino correcto; si las medidas que se toman para modificar uno u otro problema van dando resultados; para evaluar cuáles son las diferencias regionales que se van produciendo y darle prioridad a aquellas que más necesitan atención, para evaluar si hay que cambiar o ajustar una estrategia, etc. En esa medida, y pensando en el derecho a estar informado de la ciudadanía y de la representación nacional de ejercer su función fiscalizadora de manera más rigurosa, trabajamos en un exigente conjunto de indicadores para medir si la situación del delito en el Perú está o no mejorando por las políticas y estrategias que se ponen en práctica. ¿Por qué usamos las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática? Antes que por cualquier otra razón, porque es el órgano técnico del Estado creado para tal fin con gran reconocimiento nacional e internacional y que sirve para medir también otros múltiples aspectos de la evolución de nuestra vida nacional. Una política pública seria se mide por indicadores objetivos y éstos en el Perú los proporciona el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Una legítima pregunta es si existe en el INEI información sólida acumulada a lo largo del tiempo también sobre variables de seguridad ciudadana. Afortunadamente la respuesta es que sí. Para algunos temas tenemos una serie estadística de 17 años es decir desde el 2001, para otros indicadores vinculados a la seguridad, la data se recoge desde el 2011 y en el caso de la victimización de las empresas tenemos la posibilidad de comparar la encuesta publicada en el 2015 con la que se acaba de difundir el 2017. Tenemos pues, los peruanos, la posibilidad de medir la evolución de la situación de inseguridad y el éxito o fracaso de las políticas con una periodicidad muy grande, con series de tiempo largas y, además, tenemos data específica por regiones y ciudades, así como por zonas de Lima, con lo cual se puede hacer un análisis mucho más fino para el desarrollo y ajuste de las políticas y estrategias. ¿Cuáles son las tres herramientas periódicas que nos ofrece el INEI que nos permiten medir la evolución de las tendencias en este campo? En primer lugar la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO. Específicamente, su módulo de gobernabilidad, democracia y transparencia que se aplica desde el 2001, contiene

información relevante al tema de inseguridad ciudadana y delincuencia por el lado de evolución del principal problema del país y por el de confianza en instituciones. La segunda herramienta es la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES). La ENAPRES se viene ejecutando desde el año 2010 en el área urbana y rural de los 24 Departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, como parte de las investigaciones que realiza el INEI, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los diferentes Ministerios y organismos del sector público. Con la ENAPRES tenemos información valiosa de una larga estadística sobre evolución de victimización, re victimización, percepción de inseguridad, percepción de patrullaje en el barrio, actitud frente a la posibilidad de denunciar un delito, formas de protegerse del delito, entre otras Finalmente, la tercera herramienta es la Encuesta Nacional de Empresas (ENE), también del INEI. La ENE se realiza el marco del convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de la Producción (PRODUCE), la primera hizo su trabajo de campo en el último trimestre del 2014 y la segunda hizo el suyo entre el 12 de diciembre del 2016 al 28 de febrero de 2017, La ENE 2016 se llevó a cabo en los 24 departamentos del país y en la Provincia Constitucional del Callao, teniendo como muestra 19 mil 800 empresas (10 mil 397 en Lima), cuyas ventas netas sean superiores a las 20 UIT.

Una pregunta legítima que me anticipo a responder es ¿por qué si también tenemos data sobre la evolución de las denuncias policiales en comisarías no usamos esa como la herramienta para medir la evolución de la situación’ La primera razón es que es mejor que sea un tercero técnicamente competente y no la propia institución a ser evaluada la que proporcione información que valide o no su trabajo. La segunda razón es universal y se acentúa mucho en el Perú, tiene que ver con lo que se llama la cifra negra o hueco negro, es decir la distancia que hay entre los hechos realmente ocurridos y la denuncia correspondiente. Como en muchos otros lugares del mundo, la inmensa mayoría de los delitos no se denuncian en el Perú, de hecho, sólo el 14% de los delitos se denuncian, por tanto la única forma de medir el universo enorme del 86% restante es usando las herramientas que se aplican ya en muchísimos países y que el INEI ha desarrollado acá con tanto profesionalismo. Si usásemos solamente las denuncias y su evolución cometeríamos un error, ya que una cifra tan baja de denuncias, como digo 14% solamente, tiene poca representatividad del problema nacional que tenemos que es seis veces mayor al que representan las denuncias. De hecho, incrementar el porcentaje de las denuncias hasta por lo menos 25% a la mitad del gobierno es un objetivo que nos estamos proponiendo. O sea, si dentro de un año y medio

hemos subido las denuncias hasta ese porcentaje habremos logrado un objetivo importante ya que como se ve en la gráfica que mostramos el 31,3% no denuncia porque considera que es una pérdida de tiempo y el 14,3, simplemente dice que no confía en la policía; es decir si nosotros aumentamos el nivel de denuncias quiere decir que la población está confiando más en la policía, no necesariamente que hay más delito. En ese sentido, lo que mide la cantidad de delitos cometidos es la victimización, no existe otra herramienta que nos aproxime más al problema y su magnitud; vuelvo sobre eso más adelante. ¿Cuáles son los indicadores que nos hemos autoimpuesto modificar y en qué proporción a mitad de gobierno, es decir, a fines de 2018? Veamos algunos de esos indicarores. Aumentar a 34% el porcentaje de los ciudadanos dicen que hay vigilancia policial en su barrio. Aumentar a 42.000 el número de policías en comisarías. Aumentar a 32% la confianza en la PNP Reducir la percepción de inseguridad a 75%. Reducir la tasa de victimización de personas a 24%. Reducir a 10,5% el número de personas víctimas de robo. Reducir a 5,5% el número de personas víctimas de un robo con arma de fuego. Reducir en 40% los homicidios atribuidos a sicariato. Reducir de seis a cero las capitales de región con más de 25% de empresas víctimas de extorsión.

Quiero por eso ahora hacer una rendición de cuentas ante la representación nacional y el país, de cómo esas cifras han ido evolucionando, a 10 meses de lo 30 que nos planteamos como primer hito; sobre qué estrategias específicas de respuesta hemos planificado en función de incidir en ellas. Ahora bien empiezo esta rendición de cuentas que se me pide con esta pregunta por la lámina que muestra la percepción de inseguridad que tiene la población, cifra medida regularmente como todas las demás por el INEI. Y sobre esa cifra, para que no quede duda de que yo pueda tener algún nivel de triunfalismo o ingenuidad, sobre la realidad que vive la población, se observa con nitidez que estamos cercanos al 90% de la población que se siente inseguro. Nos hemos propuesto así reducirla al 75% a la mitad el gobierno. Es decir, a sólo el 25% de los peruanos diciendo que se sienten seguros dentro un año y medio. Con todo derecho ustedes se preguntarán por qué nos planteamos una meta tan poco ambiciosa. Es que en realidad es muy ambiciosa.

La experiencia internacional en la materia indica que la percepción de inseguridad que es un sentimiento legítimo de los ciudadanos disminuye mucho más lentamente que cualquier indicador objetivo de victimización. ¿Por qué la percepción de inseguridad es tanto más alta que la de victimización y porque demora mucho más en reducirse aún si la victimización comienza a bajar como hoy es el caso en el Perú? Las razones son múltiples. La primera es que si hace un año, uno de cada tres señalaba haber sido víctima de un delito y eso ha bajado a uno de cada cuatro; para todo fin práctico, en cada familia sigue habiendo una persona que ha sido víctima del delito en un año. No hay, por tanto, nada que festejar en casa. En segundo lugar porque el delito es un hecho traumático. Es violento, es ofensivo, nos daña física, moral y psicológicamente y nos deja con una sensación de desprotección que perdura por mucho tiempo. La tercera razón para que la percepción de inseguridad ciudadana se mantenga muy alta es la impunidad. La terrible sensación de que los delincuentes no son castigados. En eso estamos también cambiando y tenemos la expectativa que se empieza a sentir poco a poco; porque creo que estamos consiguiendo niveles de sanción mayores y más frecuentes para los delincuentes. Ese es además el mensaje profundo y subyacente del programa de recompensas, que tantos éxitos viene teniendo en capturas concretas. Ese es quizás el logro más potente de los mega operativos. Trasmitir que no queremos impunidad y que para eso estamos trabajando. Sin perjuicio de lo dicho, no hay que olvidar que lo éxitos de la Policía deben ser luego respaldados por el Ministerio Público y el Poder Judicial. No es pues la percepción de inseguridad ciudadana una actitud histérica de la población, como dijo un ministro en el anterior gobierno, sino la legítima preocupación de los ciudadanos por un problema muy importante que los sigue afectando de una manera lo suficientemente traumática, como para sentirse legítimamente inseguros. Ahora bien, quiero presentar a continuación un conjunto de cifras que sí han mejorado de una manera razonablemente importante en estos pocos meses, luego presentar algunas cifras que han avanzan poco y otras, que nos preocupan en el ministerio por su evolución desfavorable y para lo cual estamos tratando de poner estrategias que puedan revertir esa tendencia ¿Por qué mejoran algunas de las cifras sobre seguridad ciudadana y lucha contra el delito? ¿Por qué empieza, poco a poco, a ceder como el principal problema del país?

En el balance que hacemos creemos que las cifras han mejorado, en primer lugar, porque la gente es más consciente del problema y toma más precauciones. O sea la sociedad se auto protege. En la lámina que mostramos ahora vemos cómo las medidas de autoprotección han subido en los últimos meses, siendo las más recurridas las de la formación de juntas vecinales con fines de velar por la seguridad, pero también hay vigilancia particular, sistemas de alerta comunitaria, entre otras. Una segunda razón es porque empiezan a rendir frutos esfuerzos de mejora de las estrategias de seguridad de múltiples municipios y de la propia Policía Nacional del Perú, esfuerzos que incluso que nos preceden en algunos casos. En tercer lugar, porque se han mejorado algunas normas muy importantes y en eso, como he dicho en reiteradas oportunidades, agradezco al Congreso de la República por habernos apoyado con las facultades extraordinarias para seguridad y, también, por haber aprobado la reforma constitucional que permite la detención policial por 48 horas en el caso delito en flagrancia y por 15 días para crimen organizado. En ese sentido, esta mejora en las cifras la veo pues como resultado de un esfuerzo conjunto de la sociedad y del Estado, por eso creo que debiéramos sentirnos todos de alguna manera comprometidos en que esto continúe. Creo que en estos temas tan sensibles para la población debemos tener acuerdos básicos y empujar el carro todos en la misma dirección. Veamos algunas de las cosas que muestran que algo se mueve en la dirección correcta y como repito con el aporte de todos. Está en primer lugar el hecho de que después de muchos años la delincuencia ha dejado de ser el principal problema del país de acuerdo al módulo de gobernabilidad de la encuesta nacional de hogares del INEI. Es verdad que el 44.5 % del país todavía lo piensa, pero viene de bajada notoriamente en la última etapa y la corrupción que va de subida se ha vuelto para los peruanos el principal problema de la nación, con 48,1%. Además, si nos fijamos en la parte más baja del gráfico la falta de seguridad ciudadana también está bajando como problema. Con una curva también bastante notoria, ha pasado del tercer al cuarto lugar en las preocupaciones de los ciudadanos, en cambio la pobreza, después de mucho tiempo y muy fácilmente explicable por la desaceleración del crecimiento de los últimos años, ha recuperado el tercer lugar en la lista de los problemas que más preocupan a la ciudadanía. Vemos también como se ha reducido la victimización. ¿Qué es la victimización?

Es un indicador aplicado ya en muchísimos países por mucho tiempo que busca compensar el problema de la cifra negra de las denuncias de la que he hablado antes y que ocurre en casi todos los países. Es la respuesta a la pregunta concreta: ¿ha sido usted víctima de un delito en el último año? Es decir, se separa los sentimientos, los legítimos temores y se apunta a los hechos ocurridos en un período determinado. Su precisión convierte a la tasa de victimización en una herramienta internacionalmente usada para medir la evolución del problema. Al respecto, los datos en pantalla son suficientemente demostrativos de una tendencia a la baja, que ya se manifiesta por un periodo prolongado y que se acentúa en esta etapa. Puede haber hipos estadísticos en contrario en los meses que vengan, pero es más probable que, aun cuando ocurra lentamente, ésta seguirá descendiendo. Gruesamente, como dije, estamos pasando de una de cada tres personas que ha sido víctimas de un delito al año, a una de cada cuatro. En el caso de Lima que concentra la gran mayoría de los hechos delictivos del país, las reducciones han sido significativas, pero el punto de partida era notoriamente más alto que el promedio nacional. En diciembre del 2015 había llegado a un pico de 37,5% y está ahora 10 puntos menos, en la todavía alta cifra de 27,8%. Pero hay que tener a la vez miradas regionales, no en todos los lugares las tendencias evolucionan de manera uniforme y por tanto una política pública tiene que encontrar en los datos, y en sus tendencias, información útil para actuar. Por ejemplo en un país en el que la tendencia a disminuir la victimización es muy importante, esto no está ocurriendo notoriamente en Tacna y el Cusco donde las cifras superan la barrera del 40% de la victimización, en el caso del Cusco con una ligera baja reciente y, en el de Tacna, más bien con tendencia al alza. Nosotros, en los análisis regulares de estas cifras que hacemos con el comando de la policía, identificamos que las causas fundamentales de que Tacna y Cusco muestren una realidad tan disímil a la del resto del país, tiene que ver con la masiva presencia de turistas que vienen con dinero y se convierten en atractivo para los delincuentes. Estamos trabajando en planes especiales para ambas regiones. En general siendo el crimen un negocio, un negocio del mal, se mueve hacia las regiones donde por diferentes motivos hay más dinero que antes, por eso ha sido tan asolado el norte o Ica en los últimos años. Por eso hay que prestarle ahora, por ejemplo, especial atención a Arequipa.

Pero con estas preocupaciones y muchas otras que salen al hacer un análisis incluso más focalizado, lo cierto es que el dato de reducción de la victimización es la tendencia abrumadoramente mayoritaria: ha bajado en 23 lugares y subido en cuatro. Un indicador vinculado al anterior pero incluso más importante, que da cuenta también de una cierta disminución del fenómeno delictivo del país es la re victimización. Re victimización es la respuesta a la pregunta de si la persona victimizada lo ha sido por más de un delito por año; o sea si lo ha sido 2,3, 4 o 5 veces. Más incluso que en la victimización, la clave del problema está en disminuir la re victimización. Pues ello está también ocurriendo. Las personas que según su propia respuesta fueron víctimas de más de un delito ha bajado de 14,8 a 11,8 entre agosto del 2016 y abril del 2017. En el caso de Lima la reducción es porcentualmente más significativa, ya que han bajado de 17 puntos porcentuales, a 12.8. En el caso de la re victimización a nivel regional se produce un fenómeno similar al de la victimización; es decir si bien baja en la gran mayoría de los lugares, hay cuatro en los que sube y básicamente son los mismos que en el caso de la victimización. Hay también un descenso en todas las zonas de Lima, pero con la diferencia de intensidad que vemos en la lámina y que nos ayudan también para definir estrategias. Así Lima Este, aun cuando muestra una reducción, es la que mantiene la tasa más alta de re victimización. Allí está San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del Perú, con la tasa más alta, que es la razón que nos ha llevado a escogerlo para el proyecto piloto de comisarías modelo, con sus ocho comisarías y dos DEPINCRIS. Ahora bien, yo mismo quiero matizar la importancia de esas cifras de victimización, porque el delito más frecuente, el que más perjudica a la población, se mantiene tercamente estancado en los últimos meses en 14,2%. A nuestro juicio la explicación es que en el Perú hay 30 millones de celulares aproximadamente y se producen 6000 reportes robos o hurtos diarios. Es decir, es un fenómeno que trasciende por completo a cualquier posibilidad de detenerlo sólo con estrategias policiales. Por eso es que hemos diseñado toda nuestra estrategia contra el robo de celulares que apunta a reducir el mercado ilegal de celulares, para lograr que el celular robado tenga más dificultades de ser vendido y menos valor para el delincuente. Es una estrategia que tiene varias herramientas simultáneas que ya está en marcha y que expondré en el marco de la pregunta correspondiente. De otro lado, debo señalar que no sólo la victimización de las personas se ha reducido sino más aún la victimización de las empresas.

En la pantalla se puede ver las empresas en las que el INEI compara cifras de inicio del 2015 con el final del 2016, en relación a ese tema. El universo de empresas comprendidas es de 226.116 que van desde aquellas que facturan 77.000 soles al año, es decir, algo más de 6000 soles mensuales, pasando por las medianas llegando hasta las grandes empresas. La muestra es enorme: son 19.800 empresas encuestadas en todas las regiones y en todas las actividades económicas las que la lámina muestra. Los resultados son alentadores, hay una tendencia a la baja. Las empresas que señalan haber sido víctima de un hecho delictivo han bajado de 28,9 a 21,3 en la última medición, hay descensos muy significativos por ejemplo en transporte y almacenamiento, que baja casi a la mitad; en información y comunicaciones, que baja a menos de la mitad; en alojamiento y servicio de comidas, que baja la mitad; en construcción, un rubro tan sensible que baja un tercio; en enseñanza privada, recordemos los problemas que han tenido los colegios en el pasado no muy lejano, que baja a casi un quinto. Quiero destacar cómo, en lugares clave del país, la victimización de empresas ha disminuido de manera muy importante entre las dos mediciones: En Ica ha bajado de 48,4 a 30,2; EnLima Metropolitana de 26 a 18,3; En Tumbes de 35,4 a 22,5; En Arequipa de 45,4 a 24,1; En Callao de 24,1 a 18,4; En Piura de 33,9 a 26,1; En Lambayeque de 30 a 21; y en La Libertad de 33,6 a 20,9. Especial atención hay que prestarle al delito de extorsión a las empresas, en la medida en que la extorsión es el eje central que mide la presencia del crimen organizado en las ciudades. Un delito, además, altamente rentable para los delincuentes y, en la misma medida, destructivo para las empresas, sobre todo las más pequeñas que muchas veces son simplemente sacadas del mercado como consecuencia de la extorsión. Hay buenas noticias para el Perú en este tema. La extorsión a empresas, desde microempresas hasta las grandes, baja de 15% en la primera medición a 9,1%. El fenómeno sigue manifestándose principalmente en la costa peruana, desde Tumbes hasta Ica, pasando por múltiples barrios de la capital de la República. La buena noticia es que incluso en la castigada Trujillo que aparece con cifras altas, la disminución es muy significativa La Libertad pasa así de la gravísima cifra de 55,8% de empresas extorsionadas, de lejos la más alta del Perú, a una todavía muy alta y preocupante de 38,6%. Pero casi 20 puntos porcentuales de disminución en el período dan pie sin embargo a la esperanza. La reducción en las otras regiones castigadas es también muy significativa. En Tumbes se reduce a la mitad. En Piura se pasa de 41,9 a 15,6. En Lambayeque se reduce a menos de un tercio. En Lima se reduce a la mitad y por último la bajada en Lima provincias es la más notable de todas, pasando de 50,4 a 16,6.

Arequipa es un llamado de alerta. Es un lugar en el que no hicimos trabajo contra la extorsión porque como se ve, virtualmente no había, y ahora llega a 7,5. Como todo fenómeno criminal, cuando los golpea fuerte tienden a moverse de lugar. Por ello la estamos incluyendo en los planes contra la extorsión, ejercida por el crimen organizado en las ciudades, para evitar que esa cifra crezca y más bien matar desde el embrión a esas organizaciones criminales Si nosotros cruzamos la variable de reducción de la extorsión, que es la más significativa, con empresas individuales que, casi por definición, son las más pequeñas, y las reducciones que han habido por regiones en los niveles de extorsión, la conclusión que emerge sin dificultad es que los niveles de extorsión se han reducido casi a la mitad en el promedio nacional en aquellos lugares donde hemos hecho los mega operativos. Creo que es útil y pertinente dedicar unos minutos aquí a explicar la lógica que hay detrás de esta exitosa estrategia de los megaoperativos contra el crimen organizado. En el inicio de la actual gestión del Ministerio del Interior se establecieron criterios para la focalización de los esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado y las economías ilegales, principalmente en la franja costera desde Tumbes hasta Ica. Frente a este panorama se hace necesario monitorear tanto aquellos factores que generan oportunidades para las actividades delictivas (por ejemplo el crecimiento económico y urbano, etc.), como aquellos que facilitan la comisión de delitos (como el tráfico de armas, etc.) y la propia evolución del fenómeno delictivo (reconfiguración de las organizaciones, cambios en la estructura, etc.), a fin de generar estrategias efectivas orientadas a combatirlos. En ese sentido, una de las principales medidas en el combate contra el crimen organizado desde el sector es la ejecución de los Megaoperativos. ¿Qué es un Megaoperativo? Al respecto, el despliegue de los Megaoperativos refleja la importancia de uso intensivo inteligencia humana y tecnológica para la lucha contra el crimen organizado: la desarticulación de peligrosas organizaciones criminales es producto de meses de investigaciones lideradas por los equipos de inteligencia de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Asimismo, implica contar con un cuerpo de élite debidamente capacitado y sometido regularmente a pruebas de polígrafo encargado de la investigación operativa. El trabajo conjunto con el Ministerio Público, principalmente con las fiscalías especializadas en criminalidad organizada, es también una piedra angular de esta estrategia. En este aspecto es necesario resaltar la labor de las Fiscalías Especializadas por la Criminalidad Organizada (FECOR) liderada por el Dr. Jorge Chávez Cotrina.

Implica por supuesto, el respeto constante del debido proceso y de los derechos fundamentales. La respuesta de este gobierno muestra que una respuesta enérgica frente a este problema, no necesariamente es una respuesta violadora de la ley sino una respuesta que, de manera inteligente y efectiva, permita la captura y sanción de las personas involucradas en actividades criminales. El despliegue para la ejecución de una operación compleja como un Megaoperativo es un trabajo arduo de varios meses de preparación que consta de cuatro fases:

a) Recolección de información (de 15 a 90 días aprox.) b) Apertura de carpeta fiscal (de 15 a 30 días aprox.) c) Operaciones especiales de inteligencia (de 15 a 45 días aprox.) d) Ejecución del Megaoperativo (de 1 a 2 días aprox.) Mucha más información en detalle se puede obtener en nuestra página web especializada megaoperativos.com PREGUNTA 3. De acuerdo a su respuesta anterior, para que diga Usted, ¿Por qué desde que asumió el cargo, los indicadores de robo de carteras, celulares, autos, y negocios han subido? Tomando en cuenta el Boletín Estadístico del Ministerio Púbico, del 16 de mayo de 2017. Que el número de denuncias se haya incrementado es más bien un dato positivo, y es algo que hemos dicho desde el principio de nuestra gestión. En efecto, uno de los hitos que establecimos es que la denuncias lleguen a un 25% a la mitad del gobierno, porque dan cuenta de mayor confianza en la Policía. El dato mostrado se refiere al número a delitos formalmente denunciados, y no de victimización, la cual se está reduciendo lenta pero sosteniblemente según cifras del INEI. Ambas son expresiones de un mismo fenómeno: la criminalidad; pero muy distintas en cuanto a lo que reflejan. La cifra de denuncias expresa la cantidad de casos relacionados a hechos delictivos que han sido formalmente denunciados. La cifra de victimización, por otro lado, se obtiene a través del INEI, preguntando a los ciudadanos si han sido víctimas de algún delito. Este último dato, la victimización, es el que refleja el número de delitos efectivamente cometidos. Más denuncias no representan necesariamente más delitos. En efecto, pueden significar una mayor capacidad del Estado en cuanto a la recepción, procesamiento y atención de denuncias, o una mayor propensión de los ciudadanos a realizar denuncias; en la misma línea, menos denuncias no representan necesariamente menos delitos, sino una menor

capacidad del Estado de recibir, procesar y atender las denuncias de los ciudadanos, y una desconfianza ciudadana más elevada con respecto a sus autoridades. Debido a ello, las variaciones en las cifras de denuncias, es decir, su incremento o reducción, no reflejan necesariamente el éxito o el fracaso de una política pública en materia de seguridad ciudadana o de una estrategia operativa policial. El dato proporcionado por el Ministerio Público, además, se condice con la información del INEI. En efecto, según el INEI entre noviembre de 2015 y abril de 2016, sólo el 12,7% de la población víctima de la delincuencia realizó la denuncia respectiva, un año después, entre noviembre de 2016 y abril de 2017, este porcentaje fue de 14.5%, registrándose un incremento sostenido desde agosto de 2016. Esto también significa que se está reduciendo la cifra negra, entendida como la cantidad de delitos que no se denuncian. Finalmente, el aumento de las cifras de Ministerio Público también puede indicar que más casos que empezaron en una comisaría o dependencia policial están llegando a la Fiscalía, lo cual puede implicar un mejor trabajo policial. PREGUNTA 4. Respecto a su declaración a un medio de comunicación en el año 2013, para que diga ¿confía usted en las cifras del delito proporcionadas por la Policía Nacional al respecto? ¿Sigue considerando las cifras de la Policía Nacional como el “Hueco Negro” de la información porque son malas y no son confiables? En la pregunta anterior hemos explicado la diferencia entre victimización y la denunciabilidad, y en la pregunta, hemos referido una explicación sobre lo que significa el “hueco negro” en el sistema de denuncias policial, y porque no es confiable Por tanto, solo debemos añadir que nosotros queremos que la Policía Nacional y en general el Sector Interior, produzcan información sobre seguridad ciudadana de mayor calidad, y estamos trabajando para ello. Para lograrlo, hemos realizado con la PUCP, un curso especializado en el tratamiento de información cuantitativa orientado a la gestión pública, que fue impartido a funcionarios del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Asimismo, hemos creado la Dirección General de Información para la Seguridad, encargada del registro, compilación y análisis de la información sobre seguridad ciudadana para producir datos y conocimiento en la materia. Esto permitirá establecer lineamientos y procedimientos institucionales para el tratamiento de la información producida por el Sector, dando acceso a información de calidad, confiable y oportuna. Esta Dirección, además, viene diseñando la primera Encuesta Nacional Especializada sobre Victimización, una herramienta valiosísima para la gestión en seguridad, que a pedido e iniciativa nuestra, realizará el INEI ante que termine el 2017. PREGUNTA 5. En agosto de 2016, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana CONASEC se reunió y anunció la conformación de cuatro grupos de trabajo que

presentarían sus propuestas en 180 días. Siendo Usted miembro del CONASEC, para que diga ¿Cuántas reuniones se vienen llevando a cabo en el CONASEC en lo que va de su gestión, y en que fechas se realizaron? Respecto a la consulta sobre las sesiones del CONASEC, debo señalar que, desde el inicio de esta gestión a la fecha, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana - CONASEC se ha reunido en seis (06) oportunidades, en las fechas siguientes: 10 de agosto 2016, 27 de setiembre 2016, 25 de octubre de 2016, 29 de noviembre 2016, 28 de diciembre 2016 y 09 de mayo 2017. La siguiente reunión está programada para el 03 de agosto de 2017. Todas estas reuniones han sido presididas por el Primer Ministro, Fernando Zavala, y contado con la participación de altos funcionaros del Poder Ejecutivo, incluyéndome. Durante estas reuniones, se conformaron los siguientes grupos de trabajo: - Grupo: Adecuación de los beneficios penitenciarios a los objetivos de reinserción social del sistema penitenciario. Sus conclusiones fueron incluidas en el Decreto Legislativo 1296º. - Grupo: Protección de Testigos y Colaboradores Eficaces. Este grupo de trabajo concluyó su labor presentando el proyecto de protocolo de actuación interinstitucional, que fue aprobado por el CONASEC en sesión del 29 de noviembre de 2016. - Grupo: Relación Policía con Serenazgo. Este grupo trabajó las modificaciones de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana - SINASEC y Ley de Organización y Funciones del MININTER. - Grupo: Actuación coordinada en el marco del nuevo Código Procesal Penal. Este grupo de trabajo ha concluido sus labores y han aprobado veintidós (22) Protocolos de Actuación Conjunta entre operadores de justicia. - Grupo: Plan piloto para el sistema de flagrancia. Este grupo de trabajo ha considerado desarrollar el Programa Piloto en el distrito de Cajamarca, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Chorrillos e Ica; para ello el MINJUS, como miembro de dicho grupo, ha planteado la elaboración de un Proyecto Interinstitucional del Piloto de la Unidad de Flagrancia, el cual será puesto a consideración en la siguiente sesión del CONASEC. - Grupo: Interoperabilidad entre las entidades del sistema de justicia penal. Se viene elaborando el Proyecto de Plan Nacional de Interoperabilidad del Sistema de Administración de Justicia - Penal. - Grupo: Plan Nacional de prevención de la violencia. El trabajo de este grupo se encuentra en proceso.

PREGUNTA 6. Mediante Oficio N° 120-2017, de fecha 31 de enero, usted emplazó al Director Nacional de la Policía, a tomar acciones para revertir la baja percepción de vigilancia policial en la población. Para que diga usted, ¿cuáles fueron las razones por las que la percepción de vigilancia policial en la población, alcanzara su "mínimo histórico" en diciembre de 2016? ¿Cuáles fueron las acciones que llevó a cabo el Director General de la Policía y cuáles han sido los resultados?, ¿Cómo explica usted que ahora, las últimas encuestas del 02 de junio digan que la percepción de inacción frente a la delincuencia llega a 67.5% en el segmento C de la población; y a 69.5% en general en Lima? Efectivamente le envié ese ofició al director de la policía en esa fecha. Las cifras de diciembre del INEI que era las que disponía en ese momento daban cuenta de ese problema. A partir de ello se puso mucho más énfasis en el patrullaje y de hecho las cifras se están revirtiendo. Como se ve en el gráfico que he mostrado previamente, en diciembre de 2016 la percepción de que existe vigilancia de la policía nacional en el barrio se había reducido a 19%, un punto menos de lo que la recibimos. Gracias a las medias correctivas adoptadas en reuniones de trabajo conjuntas con el comando de la policía nacional se ha revertido esta tendencia y ha subido a 23,2 % en abril de 2017. En el caso de Lima metropolitana, que ese diciembre del 2016 bajó hasta 14,5% y ahora está en 20,6%, significativos seis puntos por encima. Lo mismo ha ocurrido con el patrullaje integrado, es decir, el que reúne a serenos con policías. En diciembre estaba en 7,7% y en abril 2017 subió a 10,4%. En el caso específico de Lima metropolitana ha pasado de 7,4% a 11,9%, un cambio de tendencia muy importante. Tenemos fundadas expectativas en que sigan subiendo esa cifra en los próximos meses con lo que ya se ha hecho, pero no es suficiente. Para ello debemos fortalecer el trabajo de las comisarías y su interacción con otras unidades policiales. Con esta visión, se están tomando una serie de medidas que en conjunto van a significar una revolución en el patrullaje policial en las ciudades. En primer lugar, se está haciendo un esfuerzo por equipar a las comisarías y direcciones de investigación criminal: 8000 computadoras bajo el sistema renting, adquisición de 8203 radios, entre otros. Hemos conseguido una ampliación presupuestal de 122.8 millones de soles que nos va a permitir reparar alrededor de 400 comisarías en todo el país. Asimismo, y vía el sistema obras por impuestos, y vía convenio con ASBANC, se construirán 8 comisarías y 1 complejo policial en Paiján en el 2017; y se tiene proyectada la construcción de 77 comisarías más para el 2018.

Asimismo, adquiriremos 900 motos, incluyendo mantenimiento y rentaremos 1200 vehículos para Lima y el Callao, para implementar el “patrullero de mi barrio” y fortalecer la investigación criminal. Pero necesitamos personal que patrullen en los patrulleros. Para ello hemos lanzado la primera convocatoria de 1118 auxiliares de policía, que reemplazarán a los policías en labores administrativas en las comisarías y en las DEPINCRIS. Todas estas estrategias, se extenderán a otras ciudades del país en los meses siguientes. Por otro lado, en agosto, a más tardar, egresarán más de 6000 policías de las escuelas de suboficiales, con lo que contaremos con personal adicional para reforzar el patrullaje. Éste nuevo personal se distribuirá a nivel nacional para funciones de comisarías, investigación criminal e inteligencia. Hemos lanzado el Sistema de Planificación y Control de Patrullaje Policial - SIPCOP, que va a permitir, en tiempo real, acceder a la información de todos los vehículos en la localidad específica donde trabajen, saber su ubicación exacta, cómo se mueven, cuánto recorren, entre otros. El SIPCOP ya está en funcionamiento en las ocho comisarías de San Juan de Lurigancho, y estará a mitad de gobierno, implementado en todas las comisarías del resto del país por más pequeñas que sean, siempre que tengan vehículos y conectividad suficientes. Finalmente, gracias a un financiamiento ya aprobado por la Corporación Andina de Fomento – CAF, por un monto referencial de US$ 60 millones, venimos elaborando un proyecto de inversión pública para el diseño, implementación y operación de un Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo e Inteligencia - (C4i), que permitirá garantizar que la PNP tenga la capacidad de atender en los menores tiempos posibles, las diferentes emergencias delictivas y no delictivas que puedan afectar la seguridad ciudadana y/o el orden público; monitorear lo que ocurre en la ciudad a través de una red de cámaras de video; y, producir mapas de crimen, recomendaciones para los comisarios, análisis de tiempos de respuesta, flujos de patrullaje, entre otros. Este proyecto, además servirá como base para desarrollar proyectos similares en otras ciudades del país. Este proyecto de inversión pública estará listo para el mes de septiembre de 2017. Al conjunto de estas iniciativas las hemos llamado el patrullaje del siglo XXI y estamos seguros que tendrán una incidencia positiva para reducir el delito común en nuestros barrios. PREGUNTA 7. Un compromiso de campaña electoral del actual Presidente de la Republica, fue respetar la equivocada decisión del gobierno humalista de dejar sin efecto el Convenio de la Policía Nacional con la Asociación de Bancos - ASBANC, mediante la cual se dejó de proteger 1500 puntos críticos contra la delincuencia, lo que afecto la integridad física y el patrimonio de los ciudadanos. Si ya desde antes de

asumir el despacho ministerial sabía de ésta problemática y decía conocer el sector ¿Cuáles son las razones por las que su Despacho tardó tanto en restablecer el convenio? Desde que asumimos la responsabilidad de gestionar la seguridad del país, tuvimos claridad respecto a que determinados servicios policiales extraordinarios eran indispensables para poder satisfacer las grandes necesidades de seguridad en sectores estratégicos. El sector de banca y finanzas era claramente una de estas prioridades, y como se dice en la pregunta, era muy importante construir el marco legal correspondiente para poder ejecutar los convenios con entidades financieras y bancarias, y con la Asociación de Bancos – ASBANC. Por dichas consideraciones, el 15 de mayo de 2017 la Policía Nacional del Perú y la ASBANC, suscribieron un convenio de cooperación en el cual se prevé, entre otros aspectos, la posibilidad de la prestación de servicios policiales extraordinarios a las entidades financieras y bancarias socias de ASBANC. En ese mismo documento, se establecieron las condiciones generales en las que se brindarían dichos servicios. Actualmente, estamos a la espera de que los Bancos interesados en estos servicios, lo soliciten por escrito, siendo que a la fecha el Banco de la Nación y el BCP, han manifestado ya su interés, por lo que se vienen conversando los detalles de los acuerdos específicos correspondientes con estas entidades. Sin perjuicio de lo dicho, en efecto, han sido varios meses los que han sido necesarios para lograr el objetivo, pero como toda política pública sólida y sostenible era necesario cumplir con ciertas etapas y requisitos legales que procedo a explicar. En primer lugar, es importante conocer que, lamentablemente, el último paquete normativo aprobado por el gobierno anterior en septiembre de 2015 vía facultades delegadas, impedía que se pudieran firmar esta clase de convenios. En este contexto, lo primero era establecer el marco legal que nos permitiera diseñar un esquema que cumpliera varios requisitos importantes. Primero, que se reafirme que los Policías, con su uniforme e insignias institucionales, solo pueden trabajar para la Policía Nacional del Perú. Segundo, que solo se debe atender sectores estratégicos que por ahora no pueden ser cubiertos de manera integral por la Policía. Tercero, que los Policías que prestaran este servicio lo hagan en su franco, vacaciones o permiso. Cuarto: los mayores costos que implica que la Policía brinde estos servicios, tienen que ser asumidos por las entidades públicas o privadas que los soliciten. Y quinto, que los horarios de trabajo en estos servicios extraordinarios y la distribución de personal, tienen que ser razonables y ordenados. Con este horizonte, se incluyó esta necesidad en el pedido de facultades delegadas que el Congreso nos otorgó. Es así, que con fecha 18 de diciembre de 2016 se publicó el Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, cuya Sexta Disposición Complementaria Final señala que la Policía Nacional del Perú, a través del personal policial que se encuentre de vacaciones, permiso o franco y de manera voluntaria, podrá prestar

servicios policiales extraordinarios en entidades del Sector Público y/o del Sector Privado, en situaciones que puedan comprometer y/o afectar el orden público y la seguridad ciudadana. Esta primera norma con rango de ley, fue entonces la primera piedra de un marco legal necesario y consistente. Posteriormente, y en la misma línea, el 21 de febrero de 2017 se publicó el Decreto Supremo N° 003-2017-IN, el cual aprueba los lineamientos rectores para la ejecución de los servicios policiales por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de la función policial. El siguiente paso, que se venía trabajando en paralelo con el Ministerio de Economía y Finanzas, fue autorizar al Ministerio del Interior, en el marco de lo dispuesto en la Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1267, a establecer el otorgamiento de una entrega económica por servicios extraordinarios al personal policial que encontrándose de vacaciones, permiso o franco preste servicios de manera voluntaria. Esta disposición, fue incluida en el artículo 11 del Decreto de Urgencia N° 006-2017, de fecha 28 de marzo de 2017. Posteriormente, con fecha 25 de mayo de 2017, se publicó el Decreto Supremo N° 1522017-EF, el cual establece disposiciones y fija montos para el otorgamiento de una entrega económica por servicios extraordinarios al personal policial, señalando que el monto será calculado a razón de S/ 13.23 (TRECE Y 00/100 SOLES) por hora. El paquete normativo requerido fue completado con la publicación del Decreto Supremo N° 018-2017-IN, el 8 de junio de 2017, mediante el cual se adecua el Decreto Supremo N° 003-2017-IN a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 006-2017; y con la publicación de la Resolución Ministerial N° 551-2017-IN, el 10 de junio de 2017, que establece los montos del pago que se debe realizar a la Policía Nacional del Perú por la prestación de servicios policiales extraordinarios, por parte de los receptores de dichos servicios. Como se puede apreciar, por primera vez en la historia de la Policía, se cuenta con un marco legal completo, integral y coherente para la prestación de servicios policiales extraordinarios. Por primera vez, se cuenta con reglas claras, modelos de convenio pre aprobados, tasas y tarifas transparentes y sobre todo, estandarizadas. Por primera vez, el marco legal protege a los policías, exige que se les contrate seguro en todos los casos en que se preste el servicio a privados, se resalta que están al servicio del Estado y que por tanto se deben en primer lugar a la ciudadanía. Todo este esfuerzo toma tiempo, y espero haber explicado con claridad el proceso por el que hemos transitado para lograr el objetivo. PREGUNTA 8. La trata de personas en el país no es un problema nuevo y se tiene perfectamente identificadas las zonas donde se desarrolla esta actividad ilícita, como por ejemplo, la zona de la Pampa, en la región de Madre de Dios. Siendo que Usted se considera un especialista en seguridad ciudadana, para que diga ¿Qué acciones inmediatas y concretas tomó usted para prevenir y erradicar la trata de personas desde que asumiera la cartera ministerial? ¿Qué resultados ha obtenido?

Desde el inicio de nuestra gestión nuestra política es de tolerancia cero contra este delito y lo abordamos a través de estrategias articuladas para la protección de las víctimas y la población en riesgo, por lo que hemos apostado por cuatro ejes: la lucha frontal contra este delito, la prevención comunitaria, la protección de las víctimas, y la articulación interinstitucional. La importancia dada a esta temática se traduce en logros y avances específicos. Como sector que coordina los esfuerzos del Estado en este tema, hemos gestionado la asignación de un presupuesto específico para que cada entidad pública pueda cumplir con sus metas y objetivos asignados. A diferencia de otros planes y políticas, esta asignación fue incluida en el Decreto Supremo que aprueba el nuevo Plan Nacional, como una muestra de la voluntad política del Gobierno. En el Sector Interior esto es ya una realidad. En este periodo, hemos aumentado el presupuesto contra la trata de personas de S/. 820,853 soles en el año 2016 a S/. 7’500,000 soles en el presente año. Es decir, se ha incrementado diez veces el monto asignado. Seguiremos esta misma línea para el presupuesto 2018, que se viene formulando en estos días. Como es de conocimiento público, la Policía Nacional del Perú cuenta con una Dirección Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, así como veintiséis (26) unidades desconcentradas a nivel regional. Nuestra gestión viene potenciando esta Dirección Nacional dotándola de un mayor número de efectivos, capacitándolos y asignándole los recursos y el mobiliario necesario para realizar su labor. Por ejemplo, se ha incrementado en ciento noventa (190) el número de efectivos policiales especializados en esta dirección, con dicho incremento el personal de esta Dirección Nacional actualmente cuenta con un total de 366 efectivos policiales dedicados exclusivamente a la investigación criminal de la trata de personas. Este esfuerzo ha dado sus frutos. Se han intensificado los operativos policiales contra la trata de personas. Desde agosto del 2016 a la fecha, se han realizado 264 operativos policiales contra la trata de personas en las regiones con alta incidencia, tales como Lima, Iquitos, Madre de Dios, Cusco, Puno, Ica, Huánuco y Chimbote. Se rescató un total de 381 víctimas, de las cuales 319 fueron mujeres y 62 hombres. Además, del total de víctimas, 183 son niños, niñas y adolescentes, y 33 son de nacionalidad extranjeras. En el caso de Madre de Dios, se realizaron 26 operativos, rescatándose 115 víctimas. De estas, 32 fueron niñas. Paralelamente, nuestra gestión asume un liderazgo dentro del estado peruano contra la trata de personas; dicho liderazgo se concreta en la elaboración y aprobación del nuevo Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021, aprobado mediante D.S. N° 017-2017-IN, del 07 de junio de 2017. En este documento se plantea y desarrolla una estrategia de lucha frontal contra la trata de personas; una estrategia preventiva y de protección de víctimas de

este delito; y una estrategia de articulación interinstitucional especialmente, para las zonas de alta incidencia, como es la región de Madre de Dios. Como lo mencioné anteriormente, el nuevo Plan Nacional crea un eje estratégico de Gobernanza Institucional que permitirá articular las acciones del estado en los tres niveles de Gobierno. Con ello se dejarán de lado los esfuerzos aislados y se promoverá el trabajo conjunto, basado en la gestión del conocimiento y la descentralización. Ya se ha iniciado la constitución de redes locales contra la trata de personas. En el caso del Gobierno Regional de Madre de Dios, este ya elaboró su Plan Regional 2017-2021 con la asistencia técnica de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas, el mismo que está en proceso de adecuación con el Plan Nacional, para pronta aprobación. Para concluir, quisiera añadir que desde el Ministerio del Interior sabemos con certeza que la lucha contra la trata de personas no solo es un tema de persecución policial. Por ello, estamos fortaleciendo nuestros programas de prevención desde un enfoque intercultural. Hemos lanzado el primer programa radial contra la trata de personas en idioma quechua, el cual se viene emitiendo en la región de Cusco, justamente esta es una de las zona de captación de víctimas que luego son llevadas a la Pampa, en Madre de Dios. Esta iniciativa se expandirá a toda la sierra peruana. También certificaremos a nuestros efectivos policías en quechua y aimara, para que puedan dar soporte y prevención a las personas y comunidades en riesgo de trata de personas en las zonas más alejadas del país. Y traduciremos todo nuestro material de prevención en lenguas indígenas y quechua, para que sea efectivo y entendible para todos los peruanos y peruanas. PREGUNTA 9. Sobre el resguardo a la grabación de un reality show en el Callao en setiembre de 2016, dejando desprotegida varias zonas de una región que se encontraba en estado de emergencia mediante Decreto Supremo N° 066-2016-PCM. Para que diga Usted ¿Cuál fue el criterio para autorizar dicho evento en una zona declarada en emergencia y disponiendo de gran parte de la dotación de recursos policiales, dejando la región en estado de vulnerabilidad? En primer lugar, debo señalar que el operativo policial materia de consulta no fue autorizado por el Ministerio del Interior, pues no compete, dada la autonomía operativa de la PNP. En su momento, informamos nuestra posición sobre este tema a la ciudadanía. Expresamente se dijo en nota de prensa difundida que: “El Ministerio del Interior considera que el uso de esos recursos en actividades privadas no se justifica, más aún cuando la región Callao se encuentra en estado de emergencia por una crisis de inseguridad ciudadana”. Sin perjuicio de lo expresado, es pertinente también precisar que el evento específico fue realizado por el Gobierno Regional del Callao. De acuerdo a los informes alcanzados por la autoridad policial a cargo, la participación de la Policía Nacional en dicha actividad fue solicitada para resguardar el orden público, por el Gerente General Regional del Callao, en

representación del Gobernador del Callao, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Juventud que el Gobierno Regional del Callao, a través de su Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte, había organizado. Las Operaciones Policiales en torno al evento en mención, fueron orientadas a acciones de vigilancia, seguridad, protección, mantenimiento del orden público y del tránsito vehicular, antes, durante y después del evento. Su ejecución se circunscribió única y exclusivamente a la parte externa del Coliseo Miguel Grau, y aéreas inmediatas. La seguridad del evento en sí, corrió a cargo de personal de seguridad privada y de seguridad del Gobierno Regional. PREGUNTA 10. Cuando asumió el ministerio, usted señaló que la compra de patrulleros inteligentes "se hizo con los pies", y que "ha sido un crimen” porque "se ha gastado más y se ha gastado con irresponsabilidad' el dinero público en esa compra. Sin embargo, al poco tiempo, el Presidente de la Republica y usted presentaron en ceremonia oficial dichos patrulleros para ser puestos en uso por la Policía Nacional. Para que diga ¿Cómo es que descalificó de esa manera la adquisición de los patrulleros, y luego indicó que sirven? ¿Se equivocó en su apreciación o el Presidente de la República le ordeno poner operativos los patrulleros a pesar de sus observaciones? Ni una cosa ni la otra. No hubo equivocación en nuestras apreciaciones sobre la compra, ni recibí indicaciones del presidente para obviar esas observaciones y recibir los patrulleros. Todo se ejecutó de acuerdo con el marco legal vigente. Sobre nuestras críticas, estas se centraron en la forma de comprar patrulleros sin tomar en consideración el mantenimiento que necesita todo vehículo de uso diario. Debido a ello, la policía tendría que implementar talleres de maestranza, capacitar a sus miembros en labores de mecánica automotriz para que estos se dediquen al mantenimiento y reparación de la flota. Eso considero que es una muy mala compra. Nosotros no queremos policías que se conviertan en mecánicos, queremos policías dedicados a la seguridad ciudadana. De esta manera, considero que invertir recursos públicos sin garantizar y prever la conservación del bien desde la compra, es un gasto ineficiente de los recursos del Estado. Tampoco se consideró que tuvieran radios, un asunto vital para cualquier unidad policial de patrullaje. Asimismo, critiqué la uniformidad en el tipo de vehículos que se adquirieron para todas las zonas del país, sin tomar en cuenta: a) las condiciones geográficas y atmosféricas, que influyen directamente en el rendimiento de todo vehículo automotor, como los patrulleros; b) las condiciones económicas, que determinan el tipo de combustible que se oferta en las diferentes zonas del Perú, el cual puede ser diferente al que necesitan los patrulleros que se adquirieron; c) las condiciones de conectividad que le dieron sentido al costoso equipamiento tecnológico de los vehículos.

Todas las condiciones que observamos y que hemos referido fueron establecidas en las bases del Ministerio del Interior al momento de hacer la compra, por lo que no era posible responsabilizar al proveedor por ello. En otras palabras, estábamos obligados a recibir los patrulleros aún con estos reparos: sin servicio de mantenimiento, sin radios, sin considerar condiciones económicas, geográficas y tecnológicas para determinar la clase patrulleros requeridos en diversas zonas del país. Cabe mencionar en este punto, que cuando asumí el despacho, ya se había otorgado la buena pro, ya había un contrato firmado, y muchos de los vehículos comprometidos ya habían ingresado al país. Ahora bien, tanto la Policía Nacional, como la Contraloría, hicieron luego una serie de observaciones que si eran responsabilidad del proveedor y que sí podían ser materia de reclamo por parte nuestra. Casi todas pudieron levantarse, excepto dos de ellas: el no haber considerado el timón telescópico ofrecido, ni haber cumplido con el número de puertos USB de las computadoras según lo ofertado. Más allá de si estas observaciones afectaban o no la operatividad de los vehículos, al ser insubsanables, eran claramente un incumplimiento por parte del proveedor. Lugo de una intensa negociación, se logró obtener como compensación 2158 radios portátiles TETRA para todos los patrulleros, sin costo alguno para el Estado, cosa que no estaba contemplada en el contrato original. Finalmente, luego de haber distribuido los vehículos materia de comentario, hemos enfrentado otros problemas, tales como el fallo de baterías y alternadores, en 69 vehículos hasta la fecha. El proveedor viene respondiendo, aunque no con la rapidez que quisiéramos, con las fallas que se encuentran cubiertas por la garantía prevista en el contrato. Hemos hecho y seguiremos haciendo un seguimiento permanente de la ejecución de este contrato, para garantizar un servicio óptimo a la ciudadanía. PREGUNTA 11. Sobre la compra de los patrulleros inteligentes, para que diga ¿Cómo es que algunos oficiales involucrados en una compra tan duramente cuestionada por usted, pasaron a formar parte del nuevo gobierno hasta el día de hoy, es el caso del asesor de seguridad del Presidente de la República en Palacio de Gobierno, General PNP Juan Sáenz Ordoñez o el mismo Director General, Vicente Romero Fernández? Sobre el particular tengo una información diferente: la adquisición de patrulleros la hizo el Ministerio del Interior, por convenio de gobierno a gobierno, no la Policía Nacional. Resulta injusto atribuir responsabilidades cuando la decisión de compra y de la manera en que se estaba comprando se tomó en instancias más altas. La policía puede haber opinado sobre la calidad de los vehículos, hecho que no cuestionamos, pero la decisión de comprar vehículos uniformes, sin mantenimiento y con tecnología que no puede emplearse en todo el país, fue tomada a nivel gobierno. Por otro lado, si hubiera alguna responsabilidad penal o administrativa relacionada con este proceso, seguramente la Contraloría General de la República, el Poder Judicial o la

comisión correspondiente del Congreso de la República lo determinarán en su momento. Por nuestra parte, además de procurar que esa compra, sobre la que ya no se podía retroceder, se ejecute de la manera más beneficiosa para la Policía Nacional, hemos cumplido con entregar a todas estas autoridades toda la información que constaba en archivos, y seguiremos colaborando al 100% con cualquier investigación. PREGUNTA 12. En agosto de 2016 Usted afirmó ante los medios de comunicación que la Policía Nacional del Perú, tenía entre sus filas un “Escuadrón de la muerte” con 96 integrantes. Luego modificó su declaración reduciendo a 09 el número de agentes presuntamente involucrados. Explique las razones de su cambio de opinión y ¿Por qué no espero los informes de inspectoría o del Ministerio Público antes de pronunciarse? Quiero en primer lugar dejar constancia que la noticia sobre la existencia de un grupo denominado en medio de comunicación como el “Escuadrón de la Muerte” fue materia de reportajes en medios escritos antes que iniciáramos nuestra gestión, concitando especial atención a raíz de un reportaje difundido en el programa “Cuarto Poder” el domingo 31 de julio de 2016. Este reportaje dio cuenta de una investigación iniciada ante la Inspectoría General de la Policía Nacional a raíz de la denuncia presentada por el Comandante PNP Franco Raúl Moreno Panta el 29 de enero de 2015, quien refirió la existencia de un grupo de efectivos policiales que en el marco de supuestos operativos policiales contra el crimen organizado, habrían ejecutado extrajudicialmente a delincuentes, con la finalidad de lograr beneficios y ascensos en la carrera policial. Con relación al número de 96 posibles involucrados que mencioné en los primeros días de mi gestión, debo referir que dicha información es la que consta en el Informe N° 08-2015IGPNP-DIRINV-COMESINV_EQ1, emitido por la Inspectoría General de la PNP, el 28 de marzo de 2015. Por tanto, mis declaraciones de agosto de 2016, respondieron a un documento oficial emitido más de un año antes de mi llegada al Ministerio del Interior. Ante la gravedad de los hechos y el excesivo tiempo transcurrido sin un resultado concreto, decidí la conformación de un Grupo de Trabajo de Alto Nivel encargado de establecer el estado de situación de los hechos denunciados y formular recomendaciones. El 19 de agosto de 2016 este Grupo de Trabajo presentó su Informe Final, concluyendo que si habría existido una agrupación, “dirigida por un solo oficial, Comandante de la Policía Nacional, con la probable aquiescencia de un General aún en actividad, y con el concurso de por lo menos 7 Sub Oficiales del mismo cuerpo”. Las conclusiones de este informe, fueron el sustento para declarar que, al menos se había detectado a 9 involucrados, resaltando en todo momento, que ni el Informe ni los funcionarios que declaramos en torno al mismo, sugerimos o afirmamos que este número de implicados fuera definitivo ni descartamos que pudieran existir más implicados.

En este sentido, y tomando en cuenta la evidente inacción de gestiones anteriores ante hechos tan graves, fue mi convicción que era necesario transparentar la información con la que se contaba hasta esa fecha. Tanto la proveída por la Inspectoría PNP, como la que luego me alcanzó el Grupo de Trabajo ya mencionado. La ciudadanía quería y merecía, conocer las acciones adoptadas en la determinación de responsabilidades y que se garantizara una exhaustiva investigación en todos los niveles. En este punto, considero de suma importancia mencionar que este grupo irregular, también venía siendo materia de investigaciones de carácter penal por parte del Ministerio Público, y sus resultados confirman las conclusiones que preliminarmente el Ministerio del Interior alcanzó a la ciudadanía. Seguidamente reseño algunas de estos resultados: La primera denuncia, presentada por el comandante PNP Moreno Panta, fue asignada el 5 de agosto de 2016 a la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada - Investigación N° 01-2016. Actualmente, este expediente comprende los Caso Santa Anita, Caso La Floresta, Caso Puente Piedra, Caso Chiclayo, Caso Chincha, Caso San Francisco, Caso Ramiro Prialé, Caso Banqueros de Ascarrunz y Caso Colombianos. La investigación referida considera hasta la fecha a 19 agraviados e involucra a 73 personas en calidad de investigados, entre los que se encuentra el comandante PNP Raúl Enrique Prado Ravines y al general PNP (r) Vicente Álvarez. Los hechos más relevantes en que estarían involucrados las 73 personas referidas, incluyen la preparación del falso escenario criminal induciendo a los agraviados a cometer ilícitos penales, valiéndose de la complicidad de policías infiltrados o personas naturales ajenos a la institución; la ejecución operativos policiales simulando acciones de vigilancia preventiva de delitos, desplazando a distintas unidades policiales por distintas zonas de la ciudad, generando falsos agraviados para justificar el operativo policial; la conformación de un grupo de efectivos policiales que se encargaría de emboscar a los agraviados y disparar contra ellos, asegurando su muerte, teniendo como integrantes a los miembros de la PNP; entre otros de igual gravedad. Esta investigación fiscal se encuentra aún en trámite. Existe además un segundo expediente, referido al denominado Caso Piura. Esta investigación se refiere a la intervención realizada el día 27 de febrero de 2015 por personal policial en la Urbanización Bancaria – Piura, a presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los nuevos injertos del norte”, y la propalación de un video que muestra una presunta ejecución extrajudicial por parte de efectivos de la PNP. El expediente está también a cargo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada - Caso N°1463-2015 y se encuentra en la etapa de investigación preparatoria desde el 2015 por la comisión, entre otros, del delito de homicidio calificado. Cabe mencionar que este caso ha sido vinculado por la Fiscalía a la

Investigación N°01-2016 antes reseñada, considerando que al menos 4 personas que participan en este caso, son miembros de la misma organización criminal y actuaron bajo el mismo modus operandi que en el caso anterior.

Actualmente, y a pedido del Ministerio Público, se ha dictado medida de prisión preventiva contra seis imputados por el plazo de 18 meses. El tercer caso que se viene investigando es el Caso Chincha, denominado como “Cuna de Campeones”. Esta investigación se refiere a la intervención realizada el 20 de setiembre del 2014 en el distrito de Grocio Prado (Chincha), donde cuatro personas fueron abatidas producto de una intervención que también fue registrada como un enfrentamiento con delincuentes comunes producido mientras se evitaba el secuestro del empresario local Josué Esaud Candiote Tornero. Este caso también está a cargo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada - Caso N°02-2016), habiéndose formalizado investigación preparatoria contra Raúl Enrique Prado Ravines y 4 personas más por el delito de Homicidio Calificado, vinculando este hecho a la Investigación N°012016 ya mencionada, considerando que se trata de la misma organización criminal y actuaron bajo el mismo modus operandi. La investigación comprende actualmente a 12 miembros de la Policía Nacional y a 4 personas agraviadas. Cabe también mencionar que la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, con fecha 22 de mayo de 2017, ha aprobado su Informe Final sobre la investigación conducida sobre los mismos hechos referidos. Los resultados aún no se conocen oficialmente. De todo lo expuesto, y muy en particular del resultado de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, podemos afirmar que dijimos la verdad cuando informamos que existían serios indicios de una agrupación irregular formada por aproximadamente 96 personas, casi todos policias en actividad; que para obtener ventajas personales, habrían falseado información de inteligencia, simulando enfrentamientos y asesinando personas, y que además este grupo estaba encabezado por un Comandante de la Policía Nacional, con la probable aquiescencia de un General de la misma institución. PREGUNTA 13. En un video donde se aprecia su visita a la Sub Unidad de Acciones Tácticas — SUAT de la policía, el 26 de agosto de 2016, les dijo que "No hubo escuadrón de la muerte, sino un pequeño grupo de policías" los que cometieron irregularidades en los algunos operativos. Estando a lo sucedido en Piura, donde se ha dictado 20 meses de prisión preventiva a los agentes SUAT que se enfrentaron a cuatro presuntos delincuentes, integrantes de la banda "Los Injertos del Norte", para que diga usted ¿Por qué los efectivos del SUAT presuntamente implicados en estos actos, no han recibido una defensa legal por parte de la Defensoría de la Policía, que depende de su sector? ¿La Defensoría de la Policía ha recibido acaso alguna orden

suya o de alguien del ministerio para no asistir a estos efectivos? Y así también, ¿Quién ordenó desde Lima que no se tramiten las vacaciones de estos efectivos y no fueran dados de baja por abandono de destino? De conformidad con el marco legal vigente, debemos indicar en primer término, que, la Defensoría del Policía no es competente para ejercer la defensa legal de personal perteneciente a la Policía Nacional del Perú. El órgano que cuenta con dichas atribuciones, es la División de Defensa Legal de la Policía Nacional del Perú. Sin perjuicio de ello, debemos informar que los efectivos policiales a los que se refiere esta pregunta, eligieron contar con una defensa particular y no con la defensa Institucional. Esto fue informado oportunamente por la Oficina de Apoyo al Policía de la Unidad de Defensa Legal de la Macro Región Piura –Tumbes, mediante el Informe Nro. 008-2016-REGPOL PIURA/OFIAPPOL-UNIDELEG. En cualquier caso, debo ser categórico al señalar que ni la Defensoría del Policía ni la División de Defensa Legal de la Policía Nacional del Perú han recibido jamás orden de no asistir a efectivos policiales, debiendo tener presente que el asesoramiento y la defensa legal por cuenta del Estado, cuando el efectivo policial es demandado en la vía civil o denunciado penalmente por actos, omisiones o decisiones adoptadas en el ejercicio regular de sus funciones, es un derecho del personal inherente a la Policía Nacional del Perú por imperio de ley. Con respecto a quién “ordenó desde Lima que no se tramiten las vacaciones de estos efectivos y no fueran dados de baja por abandono de destino”, debo indicar de manera enfática que no existió ninguna orden del Ministerio del Interior en dicho sentido. No obstante, se he sido informado por la Policía, que el Coronel PNP Luis Alberto Zúñiga Saavedra solicitó 27 días de vacaciones el 16 de mayo de 2017, mismas que fueron denegadas, en tanto se encontraba reasignado y a la espera de sus viáticos. La situación actual del citado oficial es de abandono de cargo. Asimismo, se denegó las solicitudes de permiso al Suboficial de Segunda PNP Víctor López Carrasco (cuya situación actual es de abandono de cargo) y al Suboficial de Segunda PNP Elmer Gerardo Carrasco Zegarra, puesto que las mismas fueron pedidas después de conocerse el dictamen del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura pidiendo prisión preventiva contra once efectivos PNP, entre los que se incluían a los señalados. En cuanto al Suboficial PNP Irwin Castillo Mendoza, pidió veinte días de permiso a cuenta de vacaciones que fueron denegados por necesidad del servicio. Finalmente, el Suboficial de Tercera PNP Eddy Antón Campos y el Suboficial de Segunda PNP Heyse Fiestas Yarlequé, de acuerdo con lo informado por el Comando Policial, se encuentran en situación de abandono de cargo. Todas estas decisiones fueron adoptadas por la Policía Nacional en el marco de sus atribuciones, y en consideración a las circunstancias específicas de cada efectivo. La investigación con respecto a esta supuesta infracción por abandono de cargo es competencia de la Inspectoría Descentralizada con sede en Piura.

PREGUNTA 14. Sobre el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, detalle usted ¿cuánto dinero se ha entregado a la fecha por este Programa? ¿Cuánto ha sido el gasto en publicidad para su difusión? ¿En qué medios han sido pagados y en qué porcentajes? Al inicio de gobierno, se planteó como una de las principales medidas contra la criminalidad, la masificación del Programa de Recompensas. Con una nueva orientación, este Programa, denominado “Que ellos se cuiden”, viene incluyendo a cabecillas o miembros de organizaciones criminales, así como también a delincuentes que hayan cometidos delitos de alta lesividad con graves implicancias en la sociedad. Esta estrategia ha tomado como referente experiencias exitosas en otras partes del mundo, especialmente en países anglosajones, y en el caso peruano, el sistema de recompensas implementado exitosamente para la lucha contra el terrorismo en la década de los 90. A la fecha, el Programa de Recompensas incluye a 1690 requisitoriados por la justicia, 420 de los cuales ya han sido capturados. La mayoría de requisitorias proviene de Lima (20.2%), le siguen la región Callao (13.4%), Cajamarca (9.2%), Ancash (8.1%) y Arequipa (6.8%). Entre los requisitoriados capturados predominan los delitos de robo agravado (15.5%), violación sexual de menor de edad (14.2%), tráfico ilícito de drogas (10.9%) y homicidio calificado (10.6%). Hasta la fecha, la Comisión Evaluadora de Recompensas ha otorgado el beneficio, previa confirmación, por un monto de S/. 2’865,000.00, a ciudadanos que aportaron datos ciertos y verificables para capturas. Algunos de estos pagos han sido ejecutados, y otros se encuentra en trámite, pues el reglamento prevé un procedimiento que dura aproximadamente dos meses, para una adecuada evaluación. Con relación a los gastos en publicidad ejecutados, debemos indicar que el Ministerio del Interior no ha invertido presupuesto alguno en este rubro, pues la estrategia de comunicaciones ha sido dirigida desde la Presidencia del Consejo de Ministros. En tal sentido, de acuerdo a lo informado por la PCM, el gasto en publicidad dirigida al Programa de Recompensas hasta la fecha, asciende a la suma de S/. 5,997,769.97. Este monto se ha distribuido de la siguiente forma:

TELEVISION N.NACIONAL FRECUENCIA LATINA - C2 AMERICA TV - C4

33% 39%

PANAMERICA TV C5 IRTP PERU - C7 ANDINA DE TV - C9

4% 17%

TELEVISION CABLE CANAL N ATV + WILLAX

26% 46% 28%

RADIO N. NACIONAL RPP KARIBEÑA MODA INOLVIDABLE NUEVA Q PANAMERICANA EXITOSA CAPITAL LA KALLE RADIO NACIONAL

22% 16% 11% 9% 10% 10% 15% 3% 2% 2%

VIA PUBLICA MUROS SIMPLE CARTELERAS PANTALLAS DIGITALES PANTALLAS DIGITALES

7%

22% 26% 31% 21%

PRENSA NACIONAL TROME OJO EXPRESO LA RAZON LA REPUBLICA

50% 30% 5% 3% 12%

INTERNET FACEBOOK - PPL FACEBOOK - PPA

8% 16%

YOUTUBE INSTREAM GOOGLE - DISPLAY EL COMERCIO

42% 15% 19%

PREGUNTA 15. En la reunión del CONASEC de agosto de 2016, usted manifestó la necesidad de implementar medidas urgentes para mejorar y reorganizar el bienestar policial. Sin embargo, estando a la denuncia sobre la escasez de medicamentos en los hospitales de la Policía Nacional, para que diga usted ¿Qué acciones ha llevado a cabo en su anunciada reorganización del servicio policial de salud? ¿Cómo explica que un paciente del servicio de salud policial señale el 02 de mayo último ante los medios que "hace 06 meses que no llega el Paracetamol"? Al 28 de julio de 2016, fecha en la que iniciamos nuestra gestión, la Sanidad Policial se encontraba en una situación que no resultaba propia de un servicio tan importante. Existía un grave desabastecimiento de medicamentos y biomédicos; la construcción del centro de Alta Complejidad del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, estaba paralizado; carecía de personal médico y administrativo suficiente; equipamiento obsoleto e inoperativo; la coordinación entre la Sanidad y el Saludpol era casi inexistente; entre otros graves problemas. Al día de hoy, y previa ejecución de cambios en el personal a cargo, la Sanidad Policial y Saludpol han logrado niveles importantes de coordinación, lo cual ha determinado avances en la reforma de los servicios de salud policial. En primer lugar, y después de mucho tiempo, la Sanidad ha logrado elaborar un Petitorio acorde con sus necesidades, y que responde a la demanda de sus usuarios. En base a este Petitorio, que tomó varios meses de elaboración, Sanidad ha solicitado la adquisición de 1491 productos, entre medicamentos y material biomédico. A la fecha, casi 700 de estos productos, lo más urgentes y necesarios, han sido adquiridos por Saludpol y están ingresando a su almacén de acuerdo a la disponibilidad de los proveedores, para satisfacer el prolongado desabastecimiento. El resto de productos, están siendo licitados y se contará con ellos en tres meses aproximadamente. Lo más importante de este trabajo, es que el 2018 la compra anual de medicamentos y biomédicos, podrá ejecutarse por fin a tiempo, evitándose así situaciones de desabastecimientos como los que encontramos. Mientras estas compras se culminan, Saludpol ha potenciado, fortalecido y facilitado el proceso de reembolso, es decir la devolución del dinero gastado por los usuarios por la compra de medicamentos o material biomédico que necesitaban pero que la Sanidad Policial no tenía aún en su stock, lo que ha generado un aumento significativo de la tramitación de solicitudes de reembolso y los montos de los recursos destinados a ello, a favor de los pacientes.

Por otro lado, como ya mencioné, se logró destrabar la asignación de los recursos necesarios para la construcción del Centro de Alta Complejidad en el Hospital Nacional PNP Luis N. Saenz, trámite que había paralizado la ejecución de dicha obra. Actualmente, la obra ya se inició. Asimismo, se viene trabajando en la ejecución de mejoras de determinados policlínicos de la Sanidad policial, a efectos de disminuir los niveles de demanda que tiene actualmente el Hospital Nacional PNP Luis N. Saenz y que no permiten una adecuada atención. Se han eliminado las atribuciones de las Juntas de Administración Regionales (JARs) para realizar compras y otros actos vinculados, ya que significaban una duplicidad de funciones con las Oficinas descentralizadas de SALUDPOL y generaban una serie de contrataciones directas que no se ajustaban a las normas vigentes. Se ha autorizó a SALUDPOL a financiar la contratación de médicos para la Sanidad Policial, para el segundo semestre del año, bajo condiciones que permitirán exigirles indicadores claros y resultados concretos. Se está trabajando en la compra por reposición de equipamiento médico por un monto aproximado de 50 millones de soles, habiéndose identificado y priorizado los bienes a adquirir. Actualmente estamos en proceso de elaboración de las especificaciones técnicas respectivas. PREGUNTA 16. Sobre el aplicativo "Wachitaxi" y el Convenio de cooperación del Ministerio del Interior con la empresa Fit Big Data S.A. del 29 de mayo de 2017, pare que diga Usted los detalles del convenio de cooperación suscrito entre esta empresa y el Ministerio del Interior. Asimismo, ¿Cuáles fueron los procesos de prueba llevados a cabo para este aplicativo?, y ¿Por cuánto tiempo se llevaron a cabo antes de su puesta al público? Con relación al aplicativo recientemente lanzado por el Ministerio del Interior, denominado “Wachitaxi”, informamos los términos contenidos en el Convenio con la empresa FOR INNOVATION TECHNOLOGY BIG DATA S.A., también conocida como FIT BIG DATA. Este Convenio indica que la empresa FIT BIG DATA, cede en favor del Ministerio del Interior el uso, por plazo indeterminado, de la aplicación móvil Wachitaxi, sin costo alguno para el Estado Peruano. Es decir, el Ministerio del Interior no ha desembolsado un solo centavo por el desarrollo, implementación, almacenamiento y uso del aplicativo Wachitax. FIT BIG DATA también se ha obligado, igualmente sin costo alguno para el Ministerio del Interior, a otorgarnos un acceso en línea a la Base de Dato de las aplicaciones, tanto para fines estadísticos como para desarrollar en el futuro la posibilidad de integrar sistemas con otros aplicativos del Ministerio del Interior, incluyendo actualizaciones y mejoras que el aplicativo requiera.

Toda la información que será administrada por el aplicativo y almacenada por la empresa, se encuentra protegida de acuerdo a los estándares previstos en la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo cual se advierte en los términos y condiciones del propio aplicativo. Con relación al proceso de elaboración de Wachitax, este ha sido basado en experiencias de diversos países e incluso empresa privadas que ya utilizan el concepto de tener acceso a los datos del chofer que nos transporte y a la ruta que este sigue. Lo que ofrece Wachitaxi, es principalmente una herramienta de disuasión, que ya es usada en el mercado peruano y mundial, pero en forma restringida a quien puede comprar el servicio o solo para ciertas compañías que tiene la opción de ofrecerlo. Wachitaxi permite que este sistema de disuasión pueda ser usado por cualquier ciudadano, en cualquier medio de transporte público, a costo cero. Esa es la ventaja y el objetivo del aplicativo, democratizar el uso de un potente mecanismo de prevención. Respecto de las pruebas aplicadas, puedo informar que la creación de la aplicación se ejecutó usando el “desarrollo orientado a pruebas”, que forma parte de las metodologías ágiles de desarrollos digitales, usando tres metodologías de prueba: Testing de aceptación, Testing funcional y Testing de sistema colectivo. Finalmente, el desarrollo del aplicativo, incluyendo las pruebas referidas tomó un aproximado de 12 semanas.

PREGUNTA 17. Sobre la intervención de transeúntes para pedirles sus celulares y verificar que no fueran robados, para que diga ¿quién elaboró el plan y designó su ejecución al Escuadrón Verde de la Policía?, ¿cómo explica usted que no se pueda implementar una política tan simple y se confunda el ayudar a la gente a identificar el código IMEI de sus teléfonos, con intervenirlos y quitarles sus aparatos? Respecto a la elaboración del plan y la designación de su ejecución al Escuadrón Verde de la PNP, debo precisar que ni el Ministerio del Interior ni la PNP elaboraron ningún plan destinado a intervenir a los ciudadanos en la vía pública con el propósito de incautar sus equipos celulares. El comando policial del Escuadrón Verde impartió la orden a su personal operativo de explicar a la ciudadanía la necesidad de verificar el código IMEI de sus equipos celulares y conocer si estos habían sido hurtados o robados, como parte de un trabajo de concientización en contra de este tipo de delitos. Básicamente se planteó una campaña cívica y voluntaria. Lamentablemente, hubo por parte de algunos efectivos, como ya declaré antes, un exceso de entusiasmo. Fui informado de que algunos efectivos fueron imperativos al momento de acercarse a los ciudadanos. No era, en absoluto, la intención del comando del Escuadrón Verde. Sin embargo, esta situación no duró más de media hora, ya que apenas fuimos informados dimos la orden de que se cortara con esa iniciativa.

Finalmente, cabe recalcar, que la única medida implementada por este sector orientada a los usuarios de equipos celulares, es la de remitir, a través de las empresas operadoras, un mensaje de texto SMS para que, cuando se detecte que un equipo es producto del hurto o robo, el mismo sea entregado a la empresa operadora. Estos equipos recuperados están siendo remitidos al Ministerio del Interior, donde estamos sometiéndolos a un proceso de identificación y registro para su eventual devolución a sus legítimos propietarios, en aplicación del decreto legislativo 1215, que brinda facilidades para la recuperación de bienes perdidos o sustraídos de su posesión por la ejecución de diversos delitos. PREGUNTA 18. En el proceso de Renovación por cuadros de 2016, Usted firmó la Resolución Ministerial N° 1130-2016-IN del 21 de noviembre de 2016, en la que agradece los servicios prestados a la Nación al Mayor PNP Edwin Wilde Estrella Chávez (N°516 de la lista), quien había sido detenido y encarcelado en Huancayo desde agosto de 2011 en flagrancia por el tráfico ilícito de drogas. Existiendo otros casos en igual situación. Para que diga Usted ¿Es una política de este gobierno aceptar la renuncia y agradecer a malos funcionarios, tal y como se hizo con Carlos Moreno, Eufrosina Santa María, Juan Carlos Gonzales Hidalgo, María Mercedes Ferruzo Vallejos y otros? No, de ninguna forma es una política del gobierno aceptar la renuncia de malos funcionarios y agradecer sus servicios. En el caso particular del Mayor PNP Edwin Wilde ESTRELLA CHÁVEZ, el pase a la situación de retiro por la causal de renovación de cuadros de manera excepcional fue en aplicación del Decreto Legislativo N° 1149 – Ley de Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú y sus modificatorias, que señalan que este tipo de renovación es promovida por el Comando Institucional de la PNP. En el caso concreto del Mayor PNP Edwin Wilde Estrella Chávez, él estuvo detenido en el Penal de Huamancaca Chico – Huancayo – Junín, desde agosto del 2011 por el delito de tráfico ilícito de drogas, hasta el 25 de noviembre del 2013, cuando la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín ordenó su inmediata excarcelación para continuar el proceso penal en libertad con mandato de comparecencia. En tal sentido, y en virtud del mandato judicial mencionado, el Mayor PNP Edwin Wilde Estrella Chávez desde inicios del año 2014 retornó a sus labores policiales, pero el proceso penal en su contra continuó. En la segunda mitad del 2016, la Dirección de Recursos Humanos evaluó el perfil profesional de este Oficial, remitiéndola al Consejo de Calificación, el mismo que con fecha 17 de noviembre del 2016, con la información que tenía a mano en ese momento, resolvió pasar al citado oficial a la Situación Policial de Retiro por la causal de Renovación de Cuadros de manera excepcional, en función a su proyección institucional, aptitud para el servicio policial, trayectoria profesional, pertenencia institucional, desempeño policial y a las necesidades institucionales.

En paralelo a este acuerdo del Consejo de Calificación, llega la sentencia definitiva en contra del referido Mayor, por lo que evidentemente existió un descalce en la información: si la Dirección de Recursos Humanos o el Consejo de Calificación hubiesen tenido la información sobre la sentencia definitiva contra el Mayor PNP Edwin Wilde Estrella Chávez, su baja hubiese sido por tener sentencia judicial condenatoria. Sin perjuicio de los dicho, independientemente de la situación jurídica del Oficial, la Resolución Ministerial se expidió conforme al texto proyectado por la Policía Nacional para cualquier efectivo que pasa de situación de Actividad al Retiro y lo más importante se realizó como parte de un procedimiento estándar, regular y programado de renovación de cuadros dentro de la Policía Nacional, conforme a la normativa vigente, lo que implica que por el volumen de información, sea difícil en algunos casos hacer distinciones como las que evidencia la pregunta formulada. PREGUNTA 19. ¿Cómo explica que el ex Suboficial PNP Carlos Eduardo TUMES LÓPEZ, tuviera un examen psicológico de la Sanidad de la PNP donde se le diagnosticara como un "inmaduro sicosexual" en 2016, y siguiera a cargo de la Oficina de Participación Ciudadana de la PNP en Huánuco? Explique Usted ¿Por qué dicho examen no fue tornado en cuenta por su sector en las rotaciones del personal? Este caso es para nosotros especialmente relevante, pues cualquier afectación a menores de edad resulta doblemente grave, y más si se encuentra involucrado personal policial, que más bien debería ser el encargado de velar por el cumplimiento de la ley y la protección de los menores. En este sentido, nosotros hemos puesto toda la atención posible en este caso, pues buscamos no solamente una sanción importante y ejemplar para el culpable, sino también implementar cualquier correctivo que permita en el futuro prevenir que esto vuelva a suceder. En el caso particular, debemos informar que este caso se inicia por una denuncia efectuada ante la Inspectoría Descentralizada de Huánuco de la Policía Nacional del Perú, por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual en la modalidad de pornografía infantil. Este órgano con el Departamento de Investigación Criminal de Huánuco, iniciaron las diligencias respectivas bajo la conducción del Representante del Ministerio Público de la 2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa – Huánuco, Grace Pérez Terraz. Esta rápida acción, determinó que se emitiera un Mandato de Detención contra el Suboficial PNP Carlos Eduardo TUMES LÓPEZ, por nueve meses, ordenando su internamiento en el Penal de Sentenciados de Huánuco. En paralelo, la Inspectoría Descentralizada de Huánuco de la PNP, el 19 de abril del presente año, dio inicio al Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del Suboficial PNP Carlos Eduardo TUMES LOPEZ, por la comisión de dos infracciones graves y dos muy graves, las mismas que ameritarían una posible sanción de pase a la situación de retiro.

Ahora bien, por otro lado han surgido una serie de afirmaciones que no se condicen con la realidad, y que han causado lógica preocupación en la ciudadanía, y entendemos que también en la representación. Lo primero es que existiría un examen psicológico en donde se diagnosticó alSuboficial PNP Carlos Eduardo TUMES LÓPEZ como “inmaduro psicosexual”. Sobre el particular debemos informar que en el legajo del referido efectivo, no existe ningún informe que concluya ese diagnóstico. La ficha médica oficial que corresponde a este efectivo es la N° 9118, de fecha 21 de julio del 2016 emitida por la Sanidad PNP y está suscrita por la Psicóloga Clínica, Licenciada Patricia Mercado Huertas, con registro en el Colegio de Psicólogos del Perú N° 6681 y pertenece a la Región de Sanidad de Huánuco, y no menciona una presunta inmadurez sexual o nada similar. Es más, la ficha dice que es una persona, en términos generales, normal. Cabe añadir que todo el personal policial, cualquiera que sea su grado o jerarquía, anualmente pasa por una evaluación médica. En el caso delSuboficial PNP Carlos Eduardo TUMES LÓPEZ, se reporta oficialmente y constan sus Fichas de Evaluación Medicas Anuales – FEMAs, desde el año 2000 hasta el año 2016. Según esos documentos, esta persona era considerada apta para el servicio policial con el calificativo de NORMAL en todos estos años. También se ha dicho que existirían 150 agraviadas. Esta información tampoco es correcta. De acuerdo con el Fiscal a cargo del caso, sólo existen dos denuncias y por tanto dos agraviadas. Igual es muy grave. Pero no hay evidencia de ninguna clase en el expediente de la Fiscalía, o de la Policía, que haga presumir que existe un número mayor de agraviadas. Cualquier comentario al respecto, sería meramente especulativo. Lamentablemente, los casos de abusos a menores, si bien son hechos muy asilados, no son ajenos a la realidad de la Policía, y por eso se ha venido ejecutando exámenes psicológicos a todo el personal que labora en oficinas de Participación Ciudadana a nivel nacional, así como a los que laboran en Escuelas de Formación. De cualquier modo, creemos necesario reforzar dichas evaluaciones y supervisarlas, para evitar que se hagan de manera rutinaria o descuidada. Finalmente, consideramos oportuno mencionar otros casos de conductas sancionables por parte de efectivos policiales relacionados a acoso o agresión sexual, que lamentablemente se han producido, pues hemos recibido muestras compresibles de precupación. Por ejemplo, en el mes de mayo se recibió la denuncia en la comisaría de Samegua, por el presunto delito de acoso sexual y violencia en agravio de una alumna de la Escuela Técnica Superior de Moquegua, por parte del Director de dicha Escuela. Al respecto, tanto la Alta Dirección del Ministerio como el Comando Policial, reaccionamos en forma inmediata, de tal forma que se ha iniciado proceso administrativo disciplinario y se separó del cago al oficial superior que se había desempeñado como Director de la Escuela.

De igual forma, en la Jurisdicción de la División Policial de Chincha, se recibió una denuncia por violación sexual en agravio de dos menores de edad, cometida por civiles y miembros de la Policía Nacional en situación de franco. El Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva para uno de los civiles involucrados y se le ha abierto investigación fiscal a los cuatro suboficiales presuntamente involucrados en el delito de violación, razón por la cual también se les ha abierto proceso administrativo disciplinario por infracción muy grave y han sido separados del cargo y trasladados a disposición de la Oficina de Personal en Lima, en tanto duren las investigaciones. Con estos ejemplos, tan solo queremos graficar que hemos sido, somos y seremos absolutamente intolerantes con cualquier caso de violencia o agresión hacia la mujer, niños o personas en situación de vulnerabilidad y que, respetando el debido proceso, velaremos porque les caiga todo el peso de la Ley. PREGUNTA 20. El ex Congresista Javier Bedoya de Vivanco, sobre presuntos actos de chuponeos y reglajes a distintas autoridades, manifestó públicamente lo siguiente: "SIN dijo no hacia chuponeo, sino empresa privada, y una de ellas era de Rospigliosi que tenía como socio a Basombrio”. Según esto, pare que diga ¿Usted desde que fechas participa o participó Usted en alguna empresa como fundador, socio, accionista con el señor Fernando Rospigliosi? Y, de no ser cierta las afirmaciones del ex congresista Bedoya de Vivanco, ¿Le ha remitido carta notarial para que se rectifique sobre esta afirmación? Ver el Décimo Cuarto Considerando. Con relación a lo expresado por el ex congresista Javier Bedoya de Vivanco, el 11 de mayo de 2017, en el programa N Portada, daré lectura al comunicado que esa misma noche leyó el periodista Jaime de Althaus al final de su programa. El día de hoy en el programa N Portada, el ex Congresista Javier Bedoya de Vivanco ha deslizado que el SIN (sic) de la época de Humala, dijo en la Comisión de Inteligencia que el señor Fernando Rospigliosi y mi persona, hemos sido socios en una empresa dedicada al “chuponeo” y que, además, esta empresa era la que más facturaba en el rubro. Al respecto, debo indicar enfáticamente que nunca en mi vida, ni personalmente, ni a través de empresa alguna, me he dedicado ni directa ni indirectamente a actividades ilegales, menos aún al seguimiento o chuponeo de personas. Todo lo contrario, he sido víctima de ella, como denuncie oportunamente. Mis cuentas, mis registros y el de todas las empresas en que he trabajado en mi vida, quedan a disposición de quien quiera revisarlas y verificar la falsedad de la información difundida por el señor Bedoya. Debo decir, como ciudadano, que todo tiene un límite, y la insinuación del señor Bedoya lo ha transgredido. Por tanto, me veo obligado en salvaguarda de mi honor y el de mi familia, exigir

que el audio sea difundido para que de ser cierto que existe, poder iniciar las acciones legales que correspondan, contra quien abusando de su cargo, habría hecho tan grotesca afirmación. Carlos Basombrío Iglesias

No tengo nada adicional que decirle a quien hizo una afirmación como esa. Lo irónico, por decir lo menos, es que tomando en cuenta que la información a la que hace referencia el referido señor tiene carácter de secreta, y es clasificada así por el Congreso de la República, me es imposible verificar si lo propalado es realmente una calumnia de los funcionarios de la DINI de esta época, o de quien lo dijo. Que cada quien cargue en su conciencia las motivaciones por las que hizo una afirmación como aquella. En mi caso, no necesito de notarios o jueces para protegerme; la realidad y la evidencia son mi mejor defensa. PREGUNTA 24. En la sesión del 03 de mayo de la Comisión de Defensa Nacional, usted calificó que estos grupos pro terrorista "afortunadamente cada vez son más repudiados en el exterior”. Para que diga ¿Cómo explica entonces que el MOVADEF pueda realizar marchas en Argentina y Chile? Sobre esta pregunta, en primer término, debo precisar que cuando indiqué que “afortunadamente cada vez son más repudiados en el exterior”, me refería a que hoy en día existe en forma accesible para todos y en cualquier parte del mundo, más información sobre lo que significó Sendero Luminoso y el MRTA en el Perú. Lamentablemente, años atrás, muchos pretendieron confundir a la opinión pública, calificando a estos grupos como movimientos políticos o similares, cuando en el Perú, todos sabemos que fueron organizaciones criminales que hicieron mucho daño a nuestra sociedad, que asesinaron gente inocente, mataron a policías y miembros de las fuerzas armadas, dañaron propiedad privada y pública, y en general causaron zozobra durante años en nuestro país. Nosotros también sabemos que la amenaza no ha desaparecido, y que debemos estar en constante alerta para desarticular a los grupos que siguen esa línea de pensamiento y que agazapados bajo fachadas de legalidad pretenden revivir esas épocas de terror. Esta verdad, es ahora conocida por más personas, gracias a las múltiples opciones de comunicación que existen y a las campañas que el propio Estado Peruano ha ejecutado. Un ejemplo, Sendero Luminoso y el MRTA son mencionados en el “Reporte sobre Terrorismo por Países 2015” (Country Reports on Terrorism 2015) del Departamento de EEUU. De acuerdo a la información que nos ha alcanzado el Ministerio de Relaciones Exteriores, podemos informar que las Misiones del Perú en el exterior tienen instrucciones de permanecer atentas a la eventual realización de actividades de Sendero Luminoso, MRTA y el MOVADEF y comunicar inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Dicha información es remitida permanentemente a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI),

Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN), en su calidad de integrantes del Sistema de Inteligencia (SINA). Asimismo, se remite a la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE). Igualmente se informa al Congreso de la República y/o a sus Comisiones según lo soliciten. PREGUNTA 25. Para que se diga ¿cómo es que no tenía conocimiento de la actividad que se llevaría a cabo en el Hotel Bolívar, con ex miembros del MRTA, donde incluso invitaron a miembros reconocidos del M-19 de Colombia, como Darío Villamizar y el Secretario Adjunto de Relaciones Internacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Carlos Fonseca Terán. Ello en el marco del evento Solidaridad por la Democracia, la paz y los derechos humanos que se iba a realizar el 03 de mayo? Esta pregunta fue formulada durante la sesión de la Comisión de Defensa del Congreso el día 03 de mayo. Al respecto, la policía tenía pleno conocimiento de la actividad que se iba a llevar a cabo en el Hotel Bolívar con la participación de ex miembros de la organización terrorista Túpac Amaru, del Colectivo de Abogados y del M19, conforme se informó en una nota de agente del 28 de abril de 2017. La Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) ya había detectado por trabajo de inteligencia y por una publicación en las redes sociales – específicamente en la página de Facebook del Frente Democrático del Pueblo (FDP) – que se iba a realizar el evento “Solidaridad por la democracia, la paz y los derechos humanos en América Latina” el 03 de mayo en el hotel Bolívar. Por ello, el 02 de mayo, DIRCOTE elaboró el documento interno: Nota de Información N°111-2017-6M4Ñ-I. En esta nota se detalla que el evento era organizado por el Colectivo de Abogados Guamán Poma de Ayala, que participaría el escritor, analista político y ex guerrillero del M-19 de Colombia, Darío Villamizar y el dirigente político Carlos Fonseca Terán, secretario adjunto de relaciones internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El día del evento la DIRCOTE realizó constataciones en dicho hotel y se conoció la decisión de la administración de rescindir el contrato y suspender el evento ante el riesgo de conductas apologéticas. Esto se informó en la Nota informativa N°1042-2017DIRCOTE/PNP/DIVITM-DEPITM-D3 del 03 de mayo de 2017. En cuanto al intento de reagrupación del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru – MRTA bajo la denominación Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército Popular Tupacamarista – (FAR-EPT), la DIRCOTE cuenta con información que es evaluada de manera permanente. Así, se conoce que se señala a “Camilo Reyes” como Comandante General de las FAR-EPT desde el primer documento publicado por este grupo, en el año 2010. Sobre este personaje, la DIRCOTE nos ha informado que 07 de mayo de 2017 se propaló una entrevista a “Camilo Reyes”, vestido con uniforme de camuflaje, el rostro cubierto y el símbolo de la organización terrorista Túpac Amaru, en la que señalaba que se encuentra

realizando una lucha política y social de organización y educación, y que considera la posibilidad de una lucha militar. Ante la noticia, se ha procedido a informar a la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de turno, la misma que dispuso: “abrir investigación preliminar a nivel policial contra los que resulten responsables por la presunta comisión de delito contra la tranquilidad pública – terrorismo”. Sobre la misma persona, el 12 de mayo de 2017, autoridades bolivianas detuvieron al “comandante Camilo Reyes”, identificado a través del dictamen pericial de antropología forense como Julio César Vásquez Vásquez, ciudadano peruano que se encuentra en calidad de refugiado en la República de Bolivia desde el año 2000. Vásquez Vásquez venía cumpliendo con prisión domiciliaria hace un año por su participación como cómplice en el asesinato por encargo de una ciudadana boliviana en el 2014. En la actualidad, enfrenta un proceso penal por la violación al arresto domiciliario internado en el establecimiento “San Pedro” de La Paz. Asimismo, la Comisión Nacional de Refugiados de Bolivia evalúa la posibilidad de retirarle la condición de refugiado. La DIRCOTE ya había monitoreado el accionar de esta persona: se sabía que en 1994 fue condenado a 20 años de prisión por delito de terrorismo, que salió en libertad en 1996 por ser absuelto de la acusación fiscal en nuevo juicio oral y que en agosto del 2000 visitó a internos del penal de máxima seguridad en Bolivia, responsables del secuestro del empresario boliviano Samuel Doria Medina, donde estuvieron involucrados miembros de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). A la fecha, se vienen realizando investigaciones dispuestas por el Ministerio Público. PREGUNTA 26. Si usted como ministro encargado de orientar, formular y dirigir las políticas nacionales a su cargo, señala que existe el delito de apología en las marchas del MOVADEF, para que diga usted, ¿Por qué el Director de la Policía, quien es parte de su sector, manifestó lo contrario? ¿Cuáles son las razones por las que en su sector existen divergencias en un tema relevante para la seguridad nacional? Antes de contestar directamente la pregunta que se plantea, considero indispensable mencionar que, desde el punto de vista del Ministerio del Interior, uno de los objetivos más importantes de nuestra política anti terrorista, es probar adecuadamente que estas personas que pertenecen al MOVADEF, y a otras organizaciones fachada del terrorismo, militan y pertenecer a organizaciones criminales como Sendereo Luminoso. Y que lo que hacen, es mucho más que apología. En efecto, uno de los casos más emblemáticos sobre este tema, es el denominado caso “Perseo”, del 09 de abril de 2014, en el cual se encuentran procesadas 44 personas. Lamentablemente, de los 28 detenidos que se tuvo cuando se ejecutó el operativo “Perseo”, todos fueron puestos en libertad por el Poder Judicial, y solamente se aplicó prisión preventiva contra la cúpula senderista que se encontraba purgando condena. Pese al tiempo transcurrido, este caso se encuentra actualmente en la Fiscalía Superior, y esperamos sinceramente que se resuelva cuanto antes, condenando como

corresponde a todos los implicados pues las pruebas presentadas por la PNP, son irrefutables. Seguidamente, sobre la tipificación del delito de apología al terrorismo, como hemos explicado en detalle en preguntas anteriores, el tipo penal antes de la nueva legislación promulgada por el Congreso, era demasiado general y ambiguo. Esto generó que, pese a que el delito de apología fue legislado en su primera versión hace 14 años, que no exista a la fecha ni una sola persona que haya sido sentenciada por este delito, aun cuando la Policía Nacional del Perú ha hecho las denuncias respectivas, incluyendo las investigaciones que las sustentan. Recién hace muy pocos días, la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional, ha presentado la primera acusación penal por el delito de apología al terrorismo, específicamente respecto de Abimael Guzmán, pidiendo 12 años de prisión para los involucrados. La acusación comprende a Alfredo Crespo, Manuel Fajardo, Oswaldo Esquivel y Alberto Mego Masques, todos miembros del MOVADEF. El delito se habría cometido durante una marcha frente al Congreso realizada el 25 de septiembre de 2010, es decir, hace casi 7 años. Este es pues, el marco con el que ha tenido que trabajar la PNP hasta la modificación aprobada por el Congreso. De acuerdo con lo que me ha informado el Director General, con quien he mantenido y mantengo una excelente y fluida coordinación de trabajo, su opinión se sustentó principalmente en su experiencia y análisis operativos; en el hecho concreto de que con la legislación que estaba vigente era muy difícil obtener resultados ante el Ministerio Público y el Poder Judicial; y en su convicción de que resulta más eficiente el acopio de pruebas para una mejor sustentación de una eventual denuncia, como efecto se ha producido, después de 7 años, en el caso que referido hace unos momentos. Lamentablemente, la experiencia operativa, es que en lugar de obtener resultados cuando se interviene como un caso flagrancia, lo que se obtenía eran denuncias contra del personal policial interviniente y efectos propagandísticos en favor del MOVADEF que aprovechaban esto casos para victimizarse. Entiendo perfectamente la posición del Director General de la Policía. Por mi parte, consideré que si estábamos ante un delito de apología al terrorismo y mantengo esa opinión. Consecuencia de esta convicción, y gracias al trabajo de la PNP, en cuanto a la recolección mayor de pruebas, es que pudimos presentar en su momento la denuncia penal respectiva, que dicho sea de paso, ha sido admitida a trámite por el Fiscal a cargo, habiéndose iniciado la investigación preliminar sobre este caso. Quiero dejar claro en este punto, pues es finalmente el fondo de la pregunta, que la coordinación entre los funcionarios del Ministerio del Interior y el comando policial, entre el ministro y el Director General de la PNP, es fluida, permanente y cordial. Nos une, creo yo, la misma pasión por hacer bien nuestro trabajo, y por revertir la difícil situación en seguridad que nos ha tacado gestionar.

PREGUNTA 27. De acuerdo al Plan de Gobierno de Peruanos Por el Kambio, se acabarían con los remanentes terroristas en el VRAEM, desarticulándolos a más tardar el 2018. Sin embargo, son evidentes las contradicciones de Usted con la Policía Nacional, sobre todo en temas de lucha contra la subversión. En ese sentido, para que diga usted ¿cree ser capaz de llevar a cabo esta promesa hecha al país? ¿Cuántas veces ha ido usted al VRAEM en lo que va de esta gestión?

El Plan de Gobierno de Peruanos Por el Kambio (PPK) señala, efectivamente, acabar con los remanentes terroristas en el VRAEM, señalando que será una labor conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Sobre el particular, debemos referir el Decreto Supremo N° 076-2016-PCM, publicado el 6 de octubre del 2016 para prorrogar el Estado de Emergencia en los distritos que conforman el VRAEM, el mismo que dispone que las Fuerzas Armadas asuman el control del Orden Interno en términos de narcotráfico y terrorismo, y que la Policía Nacional y el Ministerio del Interior están encargada del apoyo en este objetivo. Por el lado de la Policía, la DIRCOTE cuenta con una estrategia antisubversiva dirigida especialmente a la zona del VRAEM. Para ello, en apoyo de las Fuerzas Armadas, ejecuta acciones de Inteligencia Operativa integrada con todos los actores involucrados, ejecuta operaciones contraterroristas, impulsa un sistema de recompensas, entre otras. El monitoreo de esta ejecución fue delegado al Viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior. En tal sentido, es él quien se hace cargo del seguimiento de los avances de la estrategia antisubversiva en el VRAEM, por lo que sus viajes de trabajo a la zona, específicamente a las bases policiales de la zona, vienen siendo constantes desde el inicio de la gestión. Siendo la Fuerzas Armadas las encargadas, y estando el Viceministro de Orden Interno en constante seguimiento y vista a lo que ocurre en la zona, no he creído necesario viajar personalmente, sobre todo porque he venido desarrollando una recargada agenda de viajes por el resto del país, con la finalidad de conocer la problemática de cada lugar de primera mano y conversar con los actores locales de cada región. PREGUNTA 32. Qué relaciones sostiene o ha sostenido el Sector Interior con el Sub Jefe de la Inteligencia de Ecuador, Francisco Ernesto Saavedra Yépez, quien registra 13 entradas al Perú en los últimos años, siendo las dos últimas el 24 de diciembre (coincide con la entrada al país de los Pareja) y 08 de mayo de 2017 (fecha que coincide con la captura de los pareja). Revisado los registros migratorios del Teniente Coronel de Policía del Ecuador Francisco Ernesto Saavedra Yépez en el Perú, se constató 13 Ingresos y 13 salidas desde el año 2011 hasta mayo 2017. El año 2013, a raíz de la fuga de 18 reclusos del establecimiento penal “La Roca” - Guayaquil, ingresó al Perú, para efectuar un intercambio de información policial sobre los reclusos prófugos, dos (02) de ellos capturados por la Policía Nacional.

En los últimos años, el intercambio de información ha permitido la captura en el Ecuador de Gerald Oropeza (prófugo por Tráfico Ilícito de Drogas) así como de Gerardo Viñas, ex Gobernador de Tumbes (prófugo por Delito de Corrupción de Funcionarios). En relación a la captura de Carlos Alberto Benjamín PAREJA CORDERO y Carlos Alberto PAREJA DASSUM, a nivel policial no se sostuvo ni se sostiene ningún tipo de relación ni intercambio de información con el Teniente Coronel de Policía del Ecuador Francisco Ernesto Saavedra Yépez y mucho menos tuvo participación directa o indirecta en la operación policial de captura de los ciudadanos ecuatorianos.

PREGUNTA 33. Para que diga ¿Cómo es cierto que el 2004 el congreso expidió la ley que obligaba a empresas operadoras a tener registro de celulares robados y bloquear servicio en dichos celulares pero las empresas incumplieron desde la vigencia de la ley con estas obligaciones y el Estado no hizo nada? Con relación a la pregunta formulada por la representación sobre una norma expedida en el 2004, entendemos que se hace referencia a la Ley Nº 28774, “Ley que crea el Registro Nacional de terminales de telefonía celular, establece prohibiciones y sanciona penalmente a quienes alteren y comercialicen celulares de procedencia dudosa”, la misma que fue emitida en julio de 2006. Esta norma fue reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 0232007-MTC, en julio de 2007 y modificada por el Decreto Legislativo Nº 1217, “Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 28774”, emitido en septiembre de 2015. En efecto, estas normas establecieron la obligación de las operadoras de no habilitar terminales de telefonía celular que hubieran sido reportados como robados, hurtados o perdidos. Esta lista de equipos, que no pueden ser habilitados, es lo que se conoce como la “Lista Negra”. ¿Las empresas y el Estado cumplieron? Lo que sabemos es que la Lista Negra creada en virtud de las normas mencionadas tiene a la fecha más de 28 millones de registros. En los cruces de información que hemos realizado en el Ministerio del Interior hemos detectado alrededor de 200,000 equipos que, estando en la Lista Negra continúan operativos. Eso significa que, según lo detectado hasta el momento, menos del 1% de los equipos reportados como perdidos, hurtados o robados habría escapado del control de lo registrado en Lista Negra. Pero más allá de ese dato, consideramos que el sistema que se creó con la Ley Nº 28774, el Decreto Supremo Nº 023-2007-MTC, en julio de 2007 y el Decreto Legislativo Nº 1217, tenía serias limitaciones, alguna de las cuales detallo a continuación: 1) La Ley N° 28774 tenía como objeto el “contraste” entre los equipos celulares que se comercializan en el país y los equipos celulares reportados como hurtados y robados, pero no se prevé consecuencias legales como resultado de dicho contraste.

2) Los propios operadores eran los encargados de implementar el registro y de realizar los contrastes. No se establecían responsables ni responsabilidades, ni atribuciones para que el Estado tomara acciones, como el bloqueo de equipos. 3) Recién a partir del Decreto Legislativo N° 1217, en el año 2015, se establece que el Estado, a través de OSIPTEL, tendría a su cargo la implementación del registro nacional de celulares y se incluye además al IMEI como dato identificador de los equipos de telefonía móvil, pero no se especificaban atribuciones acciones preventivas o de control. 5) No se establece ninguna acción respecto de los equipos con IMEI alterado, los que, de acuerdo con el análisis que hicimos al iniciar nuestra gestión, constituye una parte importante del “mercado” de celulares robados. En razón de sus claras deficiencias, las normas señaladas no tuvieron poco impacto en materia de seguridad ciudadana. Por las razones expuestas, esta gestión consideró fundamental reformular el ordenamiento legal, con la finalidad de hacerlo funcional a las necesidades y fines de la seguridad ciudadana, y diseñar una estrategia al respecto, que es lo que hemos venido ejecutando en las últimas semanas, y que explicamos con mayor detalle a propósito de la siguiente pregunta. PREGUNTA 34. En el sentido de la pregunta anterior, ¿Cómo es cierto que la medida dictada recientemente por el gobierno, de crear un registro de celulares robados a cargo de OSIPTEL no es ninguna novedad y se ha llevado a cabo porque la ley del 2004 no se ha cumplido, y de esta manera favoreciendo a las empresas operadoras se ha trasladado la obligación de registro de celulares robados y su bloqueo al Estado? Sobre lo afirmado en esta pregunta, debemos decir que el Decreto Legislativo N° 1338 – que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG)– y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2017-IN, promovidos y aprobados en esta gestión, suponen importantes innovaciones en el ordenamiento legal peruano, son mucho más integrales y efectivas contra los delitos patrimoniales relacionados con equipos celulares, y superan las limitaciones del ordenamiento anterior. A manera de comparación, la Ley del 2006 y sus normas reglamentarias solo previeron la implementación de una Lista Negra como medida de “contraste” y la inhabilitación de los equipos celulares registrados en dicha lista. Pero la Lista Negra por sí sola no constituye una medida efectiva para combatir la sustracción de equipos de telefonía móvil, pues deja absolutamente fuera de control la detección e inhabilitación de equipos celulares cuyos IMEI han sido borrados, alterados o clonados.

A continuación, hago una síntesis de las mejoras e innovaciones del nuevo ordenamiento legal: a) Implementar una lista blanca: que consiste básicamente en un registro de los equipos terminales móviles permitidos de operar en la red de telefonía celular. b) Establecer el “intercambio seguro”, que permite detectar cuando un equipo móvil está siendo utilizado con un “chip” extraño. c) Identificar e inhabilitar equipos terminales móviles con IMEI inválidos, duplicados y alterados. d) Proporciona información útil, para fortalecer el trabajo preventivo y operativo de la PNP contra los mercados ilegales. Gracias a estas innovaciones, los equipos celulares que ingresen al comercio ilegal no podrán ser activados mediante el borrado, alteración o la clonación de su IMEI, que es lo que ha venido ocurriendo. Respecto del supuesto favorecimiento a las empresas operadoras “al trasladar la obligación de registro de celulares robados y su bloqueo al Estado”, podemos decir con contundencia que es incorrecto, pues el registro o base de datos centralizada de equipos celulares hurtados y robados (Lista Negra) ya estaba a cargo del Estado, a través del OSIPTEL, desde el 2015. Además, no resulta conveniente que esta información la tengan los operadores, pues se pierde la capacidad de supervisión y fiscalización. Por otro lado, resulta inexacto indicar que la obligación de bloqueo de equipos corresponde al Estado, pues la atribución de bloqueo de equipos celulares y la suspensión de las líneas de telefonía móvil solo corresponde a las empresas operadoras. Sin embargo, las normas dictadas durante esta gestión establecen en el Ministerio del Interior, en ejercicio de sus atribuciones, la potestad de determinar qué equipos deberán ser bloqueados y qué servicios suspendidos, por criterios de seguridad pública. PREGUNTA 35. Para que diga ¿Cómo es cierto que se venden celulares en la vía pública, sin requerir a los usuarios ningún documento de identidad, lo cual es aprovechado por los delincuentes ya que ni siquiera se hacen operativos para evitar estas ventas promovidas por las mismas empresas operadoras? Diga también ¿Cómo es cierto que las empresas tienen la tecnología suficiente para bloquear chips y celulares pero no lo han hecho durante estos años desde el 2004, lo cual favorece a los delincuentes? En principio, se debe precisar que, para la compraventa de equipo móviles entre particulares, la normativa aplicable no exige para su validez formalidad alguna, como podría ser la identificación del comprador, por lo que esta clase de transacciones son perfectamente legales y lícitas. Por tanto, no existe norma que restrinja de manera alguna la venta de equipos. Hay que diferenciar la venta de equipos de la venta de líneas o servicios (chips).

En ese sentido, corresponde aclarar que para la venta de “chips” en la contratación de servicios de telefonía móvil, ya sean estos planes “prepago”, “postpago” o “control”, el marco legal vigente exige a las operadoras identificar a la persona contratante a través de un sistema biométrico, que se contrasta con RENIEC. Esta disposición se encuentra prevista en el Decreto Legislativo N° 1338 y su Reglamento, y el Ministerio del Interior es el primer interesado en que se cumpla con dicha obligación legal, aunque aclaro que su control corresponde al OSIPTEL. Pero reiteramos, no existe obligación legal de pedir DNI a los que compran equipos móviles. Sin perjuicio de lo anterior, y respecto de que no se hacen operativos para evitar las ventas de celulares, se debe señalar que el MININTER viene realizando importantes esfuerzos para combatir con efectividad los mercados ilegales y la receptación de estos bienes dentro del marco de la campaña denominada “Celular Robado, Celular Bloqueado” emprendida por este Sector y sustentada en el nuevo marco normativo. A la fecha, la PNP ha realizado más de 1,100 operativos, interviniendo 950 establecimientos públicos, habiéndose incautado 9,261 celulares y detenido a 661 personas. En lo que va del 2017, se ha ordenado la cancelación de aproximadamente 100,000 equipos, por haber sido detectados como robados, habiendo informado a sus usuarios para que procedan a devolverlos. Respecto a lo preguntado en el sentido de si las operadoras tienen la tecnología suficiente para bloquear chips y celulares, pero no lo han hecho durante estos años, lo cual favorece a los delincuentes, la respuesta a esta pregunta se vincula a las preguntas y respuestas anteriores, pero en resumen, consideramos que si bien las herramientas tecnológicas sí permiten bloquear chips y celulares, esto debe ser hacer en el marco de una orden emitida por autoridad con atribuciones, lo cual no existía en el marco legal anterior. Ahora el Ministerio del Interior, cuenta con atribuciones y acceso a la información para poder ejercer la vigilancia correspondiente. Creemos que con las normas que hemos emitido, y con las acciones y estrategias que hemos emprendido, estamos demostrando que nuestro análisis del problema de los celulares hurtados o robados, es el correcto. A mitad de gobierno, esperamos una reducción de entre 30% y 40% del robo de celulares, como consecuencia de esta estrategia. PREGUNTA 36. Para que diga ¿Cómo es cierto que comisarios de algunas comisarías policiales ordenan que policía vigile cadena de farmacias, lo cual no permite cuidar a ciudadanos incluso en zonas alejadas o pobres? De acuerdo con información proporcionada por la PNP, entre enero y la quincena de abril del presente año, se venían produciendo de manera recurrente delitos contra el patrimonio a establecimientos farmacéuticos de la capital, siendo la más afectada la empresa InkaFarma en un 70 %, situación que generaba opiniones desfavorables del accionar policial y consecuentemente el incremento de la percepción de inseguridad.

Ante tal situación, se requería de inmediato una respuesta técnica profesional para revertir los hechos, por lo que la Región Policial Lima encomendó una serie de tareas propias de sus funciones al Escuadrón Verde (División de Operaciones Policiales Especiales y Jóvenes en Riesgo DIVOPEJOR). Como resultado de la estrategia policial dispuesta contra la modalidad de robos y asaltos a establecimientos farmacéuticos, se lograron importantes capturas el 20 de abril, 13 de mayo, 26 de mayo y 7 de junio de 2017, en la que se capturaron 7 delincuentes de diversas bandas.

Esta estrategia policial se viene ejecutando hasta la fecha, ya que como se ha mencionado, se ha detectado una tendencia de los delincuentes comunes a asaltar farmacias, pues cuentan disposición de dinero en efectivo y suelen tener poca vigilancia. Sin perjuicio de lo expresado, se han dado instrucciones para verificar constantemente que estos servicios respondan a la estrategia planteada, y no deriven en un servicio permanente. PREGUNTA 37. Para que diga ¿Cómo es cierto usted ha permitido firmar un convenio entre la policía y la asociación de bancos para que efectivos policiales cuiden por solo 100 soles más los bancos comerciales cuando estos no fueron asaltados sino el banco estatal, el banco de la Nación? Es más los bancos comerciales tienen muchos recursos económicos para contratar personal de seguridad privado y en este sentido, no era necesario facilitar el personal policial que deben cuidar a la población. Explique esta situación. Como he señalado antes, al responder la pregunta N° 7, la prestación de servicios policiales extraordinarios es indispensable para poder satisfacer las grandes necesidades de seguridad en sectores estratégicos, habiéndose realizado un esfuerzo importante que ha permitido, por primera vez, contar con un marco legal completo, integral y coherente para la prestación de servicios policiales extraordinarios por parte de la Policía Nacional del Perú y con reglas claras, modelos de convenio pre aprobados, tasas y tarifas transparentes y sobre todo, estandarizadas, siendo que dicho marco legal protege a los policías, exige que se les contrate un seguro en todos los casos en que se preste el servicio a privados, y resalta que están al servicio del Estado, por lo que se deben en primer lugar a la ciudadanía. En ese sentido, el marco legal existente actualmente permite que el Banco de la Nación sea receptor de servicios policiales extraordinarios, al igual que cualquier otro banco o institución bancaria o financiera, sea o no integrante de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). De otra parte, en cuanto al monto establecido como entrega económica que le corresponde al efectivo policial que preste servicios policiales extraordinarios, el mismo que asciende a a razón de S/ 13.23 (TRECE Y 00/100 SOLES) por hora trabajada, debo destacar que dicho monto ha sido calculado por la Policía Nacional del Perú utilizando como referencia la propia remuneración de los efectivos policiales a efectos de establecer el valor de su hora

de trabajo, cálculo que ha sido validado tanto por la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Interior como por el Ministerio de Economía y Finanzas. El monto fijado ha sido determinado en función a que el trabajo de cualquier suboficial a favor de la seguridad debe tener un mismo reconocimiento. Otros costos asociados a dicho servicio sí podrían variar, en función a la clase de servicio, el lugar de la ejecución, la complejidad del servicio, entre otros factores. Dichos costos, que si están diferenciados según la actividad y que no incluyen el pago al efectivo, se pueden apreciar en la Resolución Ministerial N° 551-2017-IN del 10 de junio de 2017. PREGUNTA 38. Para que diga ¿Cómo es cierto que algunos malos Comisarios envían efectivos policiales ilegalmente para que presten servicio en lugares privados a cambio de un pago? El marco legal vigente, descrito en la pregunta anterior, busca evitar situaciones como la descrita en esta pregunta, toda vez que los Policías, con su uniforme e insignias institucionales, solo pueden trabajar para la Policía Nacional del Perú, y no pueden por tanto contratar directamente con empresas o personas naturales privadas o públicas, pues eso distorsiona la función policial. Sin perjuicio de lo anterior, resulta posible que, contraviniendo la normativa vigente y el marco creado para la prestación de servicios policiales extraordinarios, malos efectivos policiales presten u ordenen a subalternos prestar dichos servicios a cambio de un pago directo por parte de un solicitante privado, por lo que resulta necesario que las áreas pertinentes de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio del Interior realicen una permanente fiscalización de la prestación de servicios policiales y adopten las acciones administrativas disciplinarias y, de ser el caso, judiciales que resulten pertinentes en caso se detecte una infracción como la descrita en la pregunta. Finalmente, debo mencionar que, según la información proporcionada por la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, entre los años 2016 y 2017 se han abierto a nivel nacional un total de 38 procesos administrativo disciplinarios contra personal policial por haber realizado servicios individualizados sin estar debidamente autorizados por el Comando Institucional y/o no existir previamente un Convenio interinstitucional para la prestación de dichos servicios con personal policial en situación de franco, permiso o vacaciones. Pregunta 39. ¿Para que diga: ¿Cómo es cierto que usted tiene 2 asesoras las abogadas Susel Paredes y Rosario Sasieta, que no conocen nada sobre seguridad ciudadana y que se dedican a otras actividades? Incluso la segunda de las nombradas conduce un programa radial. Para que diga ¿Cómo pueden dedicarse parcialmente a una función que requiere una dedicación exclusiva a tiempo completo?

Primero quiero señalar que efectivamente, las dos personas mencionadas son mis asesoras, pero debo decir que tienen una amplia experiencia en diferentes aspectos vinculados a la seguridad ciudadana, son muy buenas profesionales y excelentes seres humanos. En cuanto a Susel Paredes Piqué, es abogada hace veinticinco años, trabaja en el sector público desde el año 2011, y específicamente en seguridad ciudadana ha tenido experiencia como Subgerenta de Participación Vecinal de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Participó tres años en el CODISEG (Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana) del Cercado de Lima. Como Gerente de Fiscalización y Control Urbano de la misma comuna, continuó participando en el CODISEG. Clausuró, en la segunda intervención y de manera definitiva, el mercado mayorista de La Parada. Coordinó con la Policía Nacional del Perú operativos conjuntos, en especial con el grupo Terna, para la intervención de locales que cometían infracciones administrativas y delitos. En el distrito de Los Olivos, ocupó el cargo de Gerenta de Fiscalización y Control Urbano, y realizó operativos conjuntos con la Policía Nacional del Perú para guardar el orden y el cumplimiento de la ley. Sobre su labor en el Ministerio del Interior, se encuentra a cargo de la Estrategia Barrio Seguro en la provincia de Trujillo en los distritos de El Porvenir, La Esperanza, y Florencia Mora, y en el Cercado de Lima de Barrios Altos, este último en fase de preparación. En cuanto a Rosario Sasieta, se le convoca para que aporte toda su experiencia en la implementación de políticas de prevención y lucha contra la violencia a la mujer en todas sus expresiones (feminicidio, violencia familar, entre otros), sensibilización y capacitación del personal policial en lo referente a la atención de denuncias relacionadas con la violencia contra las mujeres. Ella cumple con el perfil requerido en razón de contar con más de 30 años de experiencia profesional como abogada especialista en derecho de familia y autora de leyes vinculadas a estos temas. Rosario Sasieta a la fecha ha desarrollado múltiples actividades de capacitación y sensibilización a 1,688 efectivos policiales en distintas sedes policiales, incluyendo a cadetes. Además ha dictado capacitaciones a mujeres de las juntas vecinales y personal policial de las comisarias que forman parte de la estrategia multisectorial para la prevención de delito de la estrategia Barrio Seguro, actividades que se llevaron a cabo en los distritos del Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza en Trujillo. Asimismo, en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, Rosario Sasieta ha participado en forma directa en la evaluación e identificación de aquellas Comisarias, en las que se puedan implementar los Centros de Emergencia Mujer, en función a la lista de 50 comisarías priorizadas por el Ministerio de la Mujer, las mismas que fueron evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios:

Altos índices de violencia familiar Espacios disponibles Compromiso y sensibilización por parte del personal policial. Finalmente, respecto a la pregunta sobre cómo es que puede dedicarse parcialmente a una función que requiere una dedicación exclusiva a tiempo completo, debo señalar que la señora Sacieta está obligada como asesora del Despacho a cumplir un horario y las labores que se le encomiendan. En ese sentido, ella cumple ambas cosas, tanto en las instalaciones del Ministerio como fuera de él, cuando tiene que realizar las capacitaciones y charlas que se le encargan o cuando coordina la estrategia de Centros de la Mujer. Lo que la abogada Sacieta haga luego de su horario de trabajo, es un asunto privado. De hecho, el programa radial que ella conduce, se emite a partir de las 9 de la noche, fuera de su horario de trabajo, y no existe en su contrato impedimento legal para ello.