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Paula Canelo
EL PROCESO EN SU LABERINTO La interna militar de Videla a Bignone
prometeo ) Iibros
Canelo, Paula El proceso en su laberinto : la interna militar, de Videla a Bignone. - la ed. - Buenos Aires : Prometeo Libros, 2008. 248 p. ; 21x15 cm.
Índice
ISBN 978-987-574-253-6
Agradecimientos
11
1. Sociología Política. I. Título CDD 306.2
Introducción
13
Capítulo 1: La primera presidencia de Videla (1976-1978)
37
Capítulo 2: La segunda presidencia de Videla (1978-1981)
101
Capítulo 3: Las presidencias de Viola, Galtieri y Bignone (1981-1983)
161
Conclusiones
215
Bibliografía y fuentes
227
O De esta edición, Prometeo Libros, 2008
Pringles 521 (C11183AEJ), Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4862-6794 / Fax: (54-11) 4864-3297 infoOprometeolibros.com www.prometeolibros.com www.prometeoeditorial.com ISBN: 978-987-574-253-6 Hecho el depósito que marca la Ley 11.723 Prohibida su reproducción total o parcial Derechos reservados
Capitulo 1. La primera presidencia de Videla (1976-1978)21 El 24 de marzo aparece en escena un grupo de hombres atípicos en relación con la tradición reciente. Una nueva generación militar que hace de la unidad interna un dogma capital saliendo así del dima de competencia y disenso que frustró los ensayos anteriores. Mariano Grondona, Carta Política, agosto de 1976. A primera vista se advierte que la expresión "derecha" corresponde a una actitud política muy general en la que pueden coincidir grupos sociales y políticos diversos y que se definen fundamentalmente por sus opuestos. Sin duda esos grupos adquieren mayor homogeneidad cuando las situaciones se hacen críticas y los enfrentamientos precipitan la polarización. La imagen de que la derecha es un sector compacto de la sociedad se acentúa entonces; pero quizá lo que más contribuya a acentuarla sea la visualización de sus adversarios (...) los cuales le prestan una cohesión que no siempre tiene. José Luis Romero (1970: 23-24)
La alianza cívico-militar que promovió el golpe de Estado de 1976 contra el gobierno constitucional de Isabel Perón estuvo conformada por los únicos actores que podían reclamar para sí cierta condición de "inocencia" en relación con el caos que se proponían conjurar: una nueva generación de militares, diferente de aquélla que había conducido la Revolución Argentina 22, y ciertos
21 Parte de los materiales que se presentan en este Capítulo han sido publicados en Cane-
lo (2001, 2004 y 2007). 22 En contraposición a los "azules" de caballería que habían llevado adelante las sucesivas presidencias de Onganía, Levingston y Lanusse, los militares que llegan al poder en 1976 habían pertenecido, en su mayoría, al bando "colorado", pero dada su baja graduación durante los conflictos de principios de la década del sesenta, habían sobrevivido a las purgas 37
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grupos de la "derecha liberal tradicional", cuyos objetivos confluyeron, al menos inicialmente, con los de una nueva corriente del liberalismo económico, la "derecha liberal tecnocrática" (Heredia, 2004; O'Donnell, 1997a). Entre estos actores militares y civiles se consolidó un diagnóstico común acerca de la naturaleza de la crisis argentina y de los instrumentos que debían ser aplicados para restablecer el "orden". Ambos encontraban las causas principales de la larga crisis argentina en la forma distintiva en que se habían establecido las relaciones entre la sociedad y el Estado desde mediados de la década del cuarenta, y en el modo particular de constitución de actores ligados a ese modelo, que se expresaba en una creciente activación social y política que desafiaba el "normal" funcionamiento del capitalismo argentino y que denotaba la ausencia de una clase dirigente "proba", tras el agotamiento del Proyecto Nacional de la "ilustrada" Generación del Ochenta. La extendida convicción de que se encontraban ante una oportunidad histórica única para impulsar su proyecto refundacional se vio fortalecida por la percepción de una amenaza común y por un compartido y visceral antipopulismo 23 . Por un lado, para las Fuerzas Armadas cohesionadas tras los postulados de la Doctrina de Seguridad Nacional 24, la profunda crisis imperante en los al-
con que los "azules" habían intentado "depurar" a las Fuerzas Armadas, para comenzar a ocupar altos cargos recién durante el tercer gobierno peronista. Esta común pertenencia "colorada" tendrá varias consecuencias, entre ellas, en el diagnóstico sobre la crisis previa al golpe de Estado, en la construcción de la amenaza, y en las solidaridades y enfrentamientos que se establecerán con distintos grupos de militares retirados. 23 Para un análisis más completo de la "coalición golpista" que llevaría adelante el golpe, que incluía también a la Iglesia Católica, a algunos partidos políticos y organizaciones empresarias, etc., véase Sidicaro (2004) y Novaro y Palermo (2003) entre otros. Acerca del rol juzado por los civiles nacionalistas en el régimen, consutar Canelo (2008). Lq Desde mediados de la década del cincuenta, en los Estados Unidos había comenzado a operarse un cambio de concepción estratégica, desde una concepción de "guerra total" y de defensa hemisférica a otra que, contra el telón de una progresiva capacidad nuclear soviética, privilegiaba la "guerra limitada", la respuesta flexible y el control del "enemigo interno" —o "subversión comunista"— en las regiones bajo su dominio (López, 1986). En este contexto, el país del Norte había comenzado a elaborar una doctrina militar basada en el supuesto desarrollo de una guerra mundial no convencional, que requería de la adopción de nuevos métodos de instrucción militar, y a exportar políticas de seguridad que incluían la intervención militar oculta mediante el uso de mercenarios, la intervención directa, el apoyo logístico, el financiamiento, y la asignación y formación de especialistas militares, además de la coordinación a nivel continental; ya en 1936 los países de la región habían adherido a la política de seguridad hemisférica de la potencia occidental, y con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial se habían institucionalizado las relaciones político-militares a través del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y los Pactos de Ayuda Militar (Frühling, Portales y Varas, 1982; Vázquez, 1985). Asimismo, y de mano de los instructores franceses que acercaban las experiencias de la "guerra contrarrevolucionaria" y las metodologías "antisubversivas" empleadas en las guerras de Argelia e Indochina 38
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bares del golpe indicaba que el peronismo había dejado de ser, como habrían
afirmado los "azules", una barrera de contención contra la "subversión", -,transformándose, por el contrario, en su puerta de entrada, tal y como habrían sostenido los "colorados" herederos de los "gorilas" de la Revolución Libertadora. P,fronismo y "subversión" eran ahora asociados en una construcción dual del oponente: la figura de la "subversión" -si bien era comprendida en términos muy amplios, intentaba dar cuenta de un enemigo ideológico, "nihilista", "apátrida", que llevaba adelante una agresión total, en "connivencia" con un enemigo "corrupto", "demagogo" y "oportunista", principal beneficiario del entramado estatal "ineficiente" y de las prácticas políticas "venales" que debían ser objeto de reestructuración. Por otro lado, y tras el aprendizaje otorgado por sucesivas y "fallidas" experiencias de gestión económica "populista", desarrollista o keynesiana, el nudo del problema estaba claro para los civiles liberales. A pesar de sus diferenciá, todas habían intentado colocar al sector industrial como eje dinámico del proceso de acumulación, y, en el caso del populismo, este énfasis se había visto acompañado por un aumento "intolerable" de las expectativas y demandas de los sectores populares, y por la creciente gravitación de las organizaciones sindicales como actores políticos; de allí que el principal objetivo de los liberales -tanto - "tradicionales" como' "tecnocrátioár"- era el desarme de las bases de sustentación económica del populismo. De esta forma, para ambos aliados, la larga crisis argentina sólo podía ser solucionada mediante la concreción de dos objetivos inseparables: la desactivación de las estructuras populistas y el aniquilamiento de la 'subversión", lo que suponía no sólo desarticular el modelo socioeconómico de posguerra sino también implantar un nuevo orden social. Y esta refundación era insepara-
por el Ejército francés (García, 1995), la lucha contra el enemigo interno "subversivo" y la preservación de las "fronteras ideológicas" se transformaron, progresivamente, en la nueva misión del militar latinoamericano (López, 1986). En la Argentina, esta redefinición doctrinaria y el abandono de la Doctrina de la Defensa Nacional que había primado durante los años peronistas, había comenzado a operarse hacia 1958 en la Escuela Superior de Guerra a partir de la influencia de ciertos oficiales argentinos que habían realizado sus estudios en Francia y de especialistas franceses, entre ellos, el coronel Carlos J. Rosas y el teniente coronel Patrice de Naurois. Los principales desarrollos teórico-conceptuales de este cambio doctrinario se darían en las revistas profesionales, y sus "desarrollos prácticos" estarían a cargo del Estado Mayor General del Ejército, bajo la forma de ejercitaciones, cursos de posgrado, juegos sobre la carta, conferencias, etc. (López, 1986; Rouquié, 1981). Acerca de la Doctrina de Seguridad Nacional y su influencia en las Fuerzas Armadas latinoamericanas pueden consultarse, entre otros, Andersen (2000), Ansaldi (2004), Armony (1999), García (1995), López (1986), Mazzei (2002), Robin (2005), Rouquié (1981 y 1984) y Vázquez (1985). 39
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ble de una tarea inicial de "reordenamiento" en dos planos: la "lucha antisubveTsiva" y la 'normalización" económica, por lo que resultaban imperativos tanto la unidad en las tareas represivas como el alineamiento detrás de las políticas del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. En el apartado I de este Capítulo analizaremos cómo la "lucha antisubversiva" fue empleada como un recurso fundamental de cohesión institucional yyzle legitimación ante la sociedad, e identificaremos los motivos de su agotamiento y la apertura de un espacio de revitalización de la legitimidad en torno de una promesa de orden político. En el apartado II veremos cómo alrededor de la política económica comenzaron a gestarse incipientes conflictos internos -generados no sólo por la fragmentación del equipo económico sino, y sobre todo, por el creciente distanciamiento entre sus objetivos y los de los elencos militares-, y abordaremos también las estrategias mediante las cuales el ministro de Economía buscó sortear estos frentes. En el apartado III analizaremos la experiencia del Ministerio de Planeamiento y su Proyecto Nacional, plan político cuya posibilidad de existencia respondió a las prioridades de la "masacre represiva" y cuya pronta decadencia inició el ocaso de la fracción "dura" del Ejército. En el apartado IV exploraremos el proyecto político del almirante Massera y su coincidencia con las ambiciones de la Armada, que encontraron en la crítica sistemática de la política económica un instrumento fundamental para la lucha interfuerzas. Por último, en el apartado V veremos cómo, en un contexto de profundas divergencias internas en torno de los objetivos políticos del régimen, pero ante la necesidad de revitalizar su legitimidad tras el agotamiento de la "lucha antisubversiva", las tres Fuerzas se embarcaron en la redacción y compatibilización de diversos planes políticos con miras a la definición de una propuesta política común.
I. La 'lucha andsubversive: el 'mito de los orígenes' ¿Alcanza con decir que no hubo guerra, que el campo de batalla nunca se constituyó como tal, salvo en la cabeza de los siniestros ejecutores? Algo es evidente: la intervención de las Fuerzas Armadas fue política antes que militar. Y es en el escenario de la política o si se quiere del derrumbe y la degradación de la política (que los militares no construyeron solos), en condiciones que venían del pasado, donde hay que situar cualquier intento de entender el papel jugado por las representaciones de una guerra que se proyectaba como una lápida sobre la escena colectiva.
Hugo Vezzetti (2002: 78-79) 40
El 23 de diciembre de 1975 el Ejército argentino reprimió un intento de copamiento al Depósito de Arsenales 601 "Domingo Viejobueno" de Monte Chingolo -partido bonaerense de Quilmes-, organizado y ejecutado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). En el asalto, informaban los principales diarios de Buenos Aires, habían muerto 50 guerrilleros, 4 militares y 2 oficiales de policía; La Nación y Clarín coincidían en que se trataba de "la agresión (...) más grave que ocurre en una guarnición militar próxima a la Capital Federal" (Clarín, 24/12/1975), y también la más importante, "por su sincronización, cantidad de efectivos y armamento, área de operaciones y objetivos" (La Nación, 24/12/1975). El infructuoso intento, en el que la organización armada había involucrado prácticamente todas sus fuerzas disponibles, procurando revertir su situación de aislamiento, no hizo más que destruir toda su capacidad operativa (D'Andrea Mohr, 1999; Frontalini y Caiati, 1984). Pocos meses antes, el 5 de octubre, también la organización Montoneros había producido su última acción militar, con el fallido intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte N°29 de Formosa. A fines de enero de 1976, el enemigo milita, estaba, a todas vistas, derrotado. Así lo aceptaba un informe del Comando General del Ejército: "El ataque al arsenal 601 y el consiguiente rechazo del intento, demuestra la impotencia absoluta de las organizaciones terroristas respecto a su presunto poder militar, a lo que se agrega su nula captación de voluntades populares. La derrota del oponente reveló graves falencias organizativas y operativas que muestran escasa capacidad militar y sí gran peligrosidad en delincuencia mayor, es decir, el secuestro, el asesinato, el robo, el atentado, la destrucción de la propiedad. El episodio de Monte Chingolo indica la incapacidad de los grupos subversivos para trascender el plano militar. Su actividad se relega al ejercicio del terror, obvia evidencia de su debilidad" (Clarín, 31/1/1976)
Sin embargo, para los militares argentinos, la lucha no hacía más que empezar. Lejos de limitarse a una amenaza armada factible de ser conjurada mediante el empleo de la fuerza militar, el enemigo que se proponían combatir, sostenían, poseía particularidades excepcionales. El mismo llevaba adelante una "agresión total" mediante una acción "permanente, integral, universal y multiforme", empleando estrategias inusuales -la infiltración, la captación ideológica, la acción psicológica, etc.- para amenazar todos los ámbitos de actividad humana -el moral, el político, el económico, el social, el cultural, etc. Y esta excepcionalidad del enemigo requería y justificaba, además del empleo de una metodología represiva convencional, la adopción de "méto41
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se del que llamaremos "consenso antisubversivo" 27-. La."lucha antisubversiva" fue, en esta etapa refundacional, el principal recurso de legitimación del régimen militar -con el transcurso del tiempo se transformaría, además, en el principal "logro profesional" de las Fuerzas Armadas-. La forma en la cual el Proceso construyó a su oponente fue un claro ejemplo de designación de un "enemigo absoluto"recurriendo a numerosos elementos propios de la cultura política argentina y agudizados por el clima de violencia creciente que había comenzado a gestarse a fines de - la década del sesenta: entre ellos, la tendencia a la construcción de escenarios de confrontación totales, la reivindicación de la violencia como herramienta legítima para saldar diferencias políticas, un creciente desplazamiento de lo político a lo militar, o de la política a la guerra (Calveiro, 1998), y una generalizada concepción "unanimista" -entendida como la equiparación de la propia doctrina con la identidad nacional y una acentuada intolerancia hacia el conflicto, asociándolo con la división, el faccionalismo y los intereses particularistas (Martuccelli y Svampa, 1997) . La contienda fue definida en términos de una verdadera "guerra total" (Arditi, 1995) o "contraposición total" (Vezzetti, 2002), donde las Fuerzas Armadas eran las portadoras del "espíritu heroico" (Janowitz, 1967) 28 necesario para triunfar en una "guerra de aniquilamiento" (Schmitt, 1984) de tales dimensiones, espíritu que teñiría en forma distintiva los sucesivos escenarios de confrontación que serían desplegados por la dictadura.
dos no convencionales". En la aplicación de la metodología represiva legal o convencional, que fue dirigida sobre todo contra altos dirigentes políticos y sindicales, la responsabilidad era asumida por el Estado o por órganos represivos legales, y mediaba algún tipo de normativa previa. Por el contrario, la metódblbgía ilegal o no convencional, aplicada sobre aquellos opositores considerados como "infiltración marxista" o "subversión", estuvo basada en la dandestinización del Estado, en la actividad de "grupos de tareas" que operaban en todo el territorio nacional bajo la dirección centralizada de las Fuerzas Armadas pero a su vez con significativos niveles de autonomía, y en el armado y administración de centros clandestinos de detención ubicados en general en dependencias militares o policiales (Acuña y Smulovitz, 1995). La estrategia represiva ilegal, que predominó ampliamente sobre la legal, jugó un papel central en la distribución y fortalecimiento del poder militar 25 : la mayor participación en las operaciones de aniquilamiento implicaba mayores cuotas de poder -tal el caso paradigmático de los "señores de la guerra"-, y el involucramiento personal de la inmensa mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas en el accionar represivo permitía mantener un verdadero "piab-délarigirlildedoi de la "masacre represiva" (Vezzetti, 2002) 26 -ba-
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25 Entre los factores que determinaron la elección y el predominio de la represión clandes-
tina es posible señalar la, influencia que la Doctrina de Seguridad Nacional había alcanzado al interior de las Fuerzas Armadas, la experiencia del gobierno de la Revolución Argentina, cuya estrategia preponderantemente legal se había visto desvirtuada por la "Ley de Amnistía" y el Devotazo en 1973, la posibilidad que ofrecía la clandestinidad de evitar o retardar las sanciones internacionales, la siniestra eficacia disciplinaria que el terror tenía sobre el cuerpo social, la oportunidad que ofrecía para dirimir conflictos internos a las propias Fuerzas Armadas, etc. (Acuña y Smulovitz, 1995). Potash (1994) afirma que la discusión acerca de cómo enfrentar a la "subversión" había comenzado en 1970 y se había — saldado en 1974 a favor del método empleado desde 1976; según Acuña y Smulovitz (1995), la decisión acerca de los alcances y modalidad de la estrategia represiva había tenidb-Weli¿Ptienibre de 1975 a partir de tina `resolúción déVidela, entonces comandante en jefe del Ejército, en una reunión a la que habrían acudidó Viola como jefe de Estado Mayor y los comandantes de Cuerpo, y en la que se habría acordado que además de las modifitaciones enTa-ridnriativa legal era necesario desarrollar una estrategia clandestina, y que lOs opositores no iófo deliran ser neutralizados sino también exterminados físicamente. El testimonio détirlpettot Peregrino Fernández ante el Comité Argentino por los Derechos del Hombre en Madrid el 1 de abril de 1983, reveló además la existencia de una "Orden General de Batalla" del 24 de marzo de 1976 que habría sido comunicada a todos los generales, almirantes y brigadieres en actividad (Frontalini y Caiati, 1984). 26 Desde el punto de vista estrictamente teórico y siguiendo a Vezzetti (2002), optamos por la noción de "masacre represiva" por sobre la más difundida de "genocidio", ya que el empleo de esta última ha excedido la calificación jurídica para ser empleada tanto en la descripción de los efectos del terrorismo de Estado como en la de los efectos de pobreza, precarización y exclusión social de determinadas políticas económicas. A diferencia de lo que implica la definición estricta de "genocidio", que supone que "la víctima es elegida sólo por lo que es sin ninguna posibilidad de elegir o actuar para evitar su destino: no hay profesión de fe, compromiso con el enemigo o incluso colaboración con sus verdugos que 42
pueda ahorrarles la muerte", entendemos que la "lucha antisubversiva" fue una "masacre represiva" porque fue el producto de una decisión política, llevada adelante por motivos políticos, y dirigida contra las víctimas por lo que "hacían o pensaban (o por lo que se creía que pensaban y lo que se temía que pudieran hacer)" (Vezzetti, 2002: 159). 27 El "consenso antisubversivo" se basaba en un diagnóstico común sobre la naturaleza del enemigo sobre la validez de los métodos 'excepcionales" que debían ser empleados en su erradicación, y sobre la convicción de que la "masacre represiva" era necesaria, legítima, y un verdadero "acto de servido". Sus partidarios compartían el atamiento a un "pacto de sangre" propio de una profesión que desarrolla "tareas fundamentales" -de vida o muerte-, por lo que requiere de solidaridades institucionales extremas (Huntington, 1995). El cumplimiento de dicho pacto requería, asimismo, del respeto a rajatabla de un "pacto de silencio" que debía colocarse por encima de cualquier otra consideración moral, conveniencia política o interés personal o institucional. 28 lanowitz sostiene que "la historia de la moderna organización militar es la historia de la lucha entre los jefes heroicos, que representan el tradicionalismo y la gloria, y los expertos en organización militar, interesados en la conducción científica y racional de la guerra (...) El experto en organización militar refleja las dimensiones científicas y pragmáticas de la guerra; es el profesional que mantiene vínculos efectivos con la sociedad civil. El jefe heroico es una perpetuación del tipo del guerrero, del oficial a caballo que representa el espíritu marcial y el tema del valor personal" (Janowitz, 1967: 33). Mientras que los "jefes heroicos" defensores del "espíritu 1
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En la configuración de este desquiciado escenario es posible encontrar el origen de dos de los imperativos más importantes que se impuso desde el inicio el régimen militar. Por un lado, obtener el apoyo incondicional de la sociedad, demandándole no sólo sumisión y obediencia, sino además adhesión total, ya que en dicho escenario no había lugar para la neutralidad (Malamud Goti, 2000) 29 . Por otro, conservar sellada la unidad institucional requerida por la naturaleza de la tarea emprendida y por la autopostulación de las Fuerzas Armadas como "modelo último" de recomposición social. En la persecución de ambos objetivos, la construcción de la amenaza "subversiva" jugó un papel fundamental. Durante el Proceso, el fortalecimiento de la unidad interna de las Fuerzas Armadas fue una de las tareas más relevantes que debieron desempeñar los comandantes en jefe y miembros de la Junta Militar, el general Jorge Rafael Videla30, el almirante Emilio Eduardo Massera 31 y el brigadier Orlando Racombativo" y la gloria, serían homologables a los "líderes carismáticos" weberianos (Johnson, 1962a), los "expertos en organización", portadores del "espíritu técnico", tenderían a desarrollar conocimiento especializado similar al de los administradores y funcionarios civiles (Janowitz, 1967; Nordlinger, 1977). Así como Weber (1999) señala al proceso de burocratización como un rasgo central de las sociedades modernas, Janowitz identifica también una tendencia, en el seno de la organización militar, a desplazar al "líder heroico" por los jefes "expertos en organización militar" (Janowitz, 1967). Volveremos sobre esta cuestión en las Conclusiones. 29 Es en esta necesidad de obtener la adhesión incondicional de la sociedad que deben interpretarse varias escalofriantes declaraciones de distintos funcionarios. Entre ellas, sin dudas la más difundida es la del general Ibérico Saint Jean, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que manifestó al International Herald Tribune, en París, el 26 de mayo de 1977, "primero mataremos a los subversivos, luego a sus colaboradores, luego a sus simpatizantes, luego a los indiferentes y por último a los tímidos"; pero también el vicealmirante Lambruschini, jefe del Estado Mayor de la Armada, señalaba en 1976 la necesidad de considerar enemigos no sólo a los "subversivos", sino también a "los impacientes, los que ponen por encima del país los intereses de sector, los asustados, los indiferentes" (La Nación, 4/12/1976). 30 El general Videla, del arma de infantería, había ingresado al Colegio Militar de la Nación el 3 de marzo de 1942, pertenecía a la promoción 73 -al igual que Viola, Suárez Mason y Uricarriet, entre otros-, y había egresado de la Escuela Superior de Guerra en 1956 con el título de oficial de Estado Mayor. Ese mismo año había ascendido a mayor y había sido asesor de la delegación militar argentina en los Estados Unidos, oficial de Estado Mayor en la Subsecretaría de Guerra y jefe del Batallón de Infantería en el Colegio Militar. A fines de 1960 había ascendido a teniente coronel, y un año después había sido jefe del Cuerpo de Cadetes del Colegio Militar; en noviembre de 1962 había prestado servicios en el Estado Mayor General del Ejército; en marzo de 1964 había viajado a la escuela de adiestramiento que los Estados Unidos tenían en la zona del canal de Panamá; en 1966 había realizado el Curso Superior de Estrategia en el Centro de Altos Estudios; en 1971 había ascendido a general y había asumido la dirección del Colegio Militar, para luego ocupar la jefatura del Estado Mayor y luego la del Estado Mayor Conjunto. En 1975 había ascendido primero a general de división y luego a teniente general, grado con el que había asumido la jefatura del Ejército en reemplazo del general Alberto Numa Laplane, designado por el tercer gobierno peronista (Vázquez, 1985). 31 El almirante Massera había ingresado en la Armada en 1942, graduándose en la pro44
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món Agosti32, además de otros encumbrados jefes militares, en actividad y retirados. Esta labor presentó, durante los primeros años, un ordenamiento en dos etapas: mientras que la primera podría ser denominada la hora del sacrificio, caracterizada por la construcción del escenario de confrontación y la primacía del "espíritu heroico", la segunda podría caracterizarse como la de la soledad del poder, donde el "sacrificio" se transforma en aislamiento, abriéndose la necesidad de articular una promesa de contenido político. Inaugurando la hora del sacrificio, hacia mediados de 1976 Videla recordaba cuál había sido el destino del "proceso de institucionalización" encarado por el general Lanusse durante las postrimerías de la Revolución Argentina, y los momentos centrales del proceso de pasaje de la "prescindencia profesionalista" a la intervención militar: "El 25 de mayo de 1973, las Fuerzas Armadas de la Nación entregaron el poder a quienes, por imperio de un resultado electoral, debían asumir el poder político de la República. (...) Por cierto que el comienzo no fue feliz. Baste recordar (...) que ese día las tropas debían haber desfilado en honor de las autoridades que asumían la función pública y se vieron impedidas de hacerlo por una turba que desordenadamente copó la calle (...) que esa misma noche fueron abiertas las puertas de las cárceles para que gozaran de libertad esos mismos delincuentes que hoy constituyen un flagelo social de la Argentina (...) que días inmediatamente después, las oficinas públicas eran tomadas por asalto por grupos armados que querían imponer a su gente (...). Frente a esa provocación, la respuesta de las Fuerzas Armadas fue una sola: prudencia. (...) A partir de mediados de 1974 y más precisamente a partir
moción 73 de la Escuela Naval Militar -paralela a la promoción 75 del Colegio Militar y a la promoción 12 de la Escuela de Aviación Militar- en 1946. Había realizado varios cursos de especialización, entre ellos, el de la Escuela de Aplicación para Oficiales en 1951, el de Oficiales de Información en 1953, el curso general de la Escuela de Guerra Naval en 1958 y el de Extensión Superior en 1967. Entre 1956 y 1957 había sido profesor de la Escuela de Guerra Naval, y a lo largo de su carrera militar había sido destinado, entre otros, al Servicio de Informaciones Navales, al Estado Mayor de la Flota de Mar, al Estado Mayor General Naval y a la Junta Interamericana de Defensa (Vázquez, 1985). Massera había asumido la Comandancia de la Armada en diciembre de 1973, nombrado por el tercer gobierno peronista. 32 El brigadier Agosti pertenecía a la última promoción de la Fuerza Aérea que había ingresado en el Colegio Militar, y que había egresado del mismo en 1947, paralela a la promoción 76 del Ejército y a la 74 de la Armada. Había participado activamente en la sublevación antiperonista de 1951 encabezada por el general Benjamín Andrés Menéndez, y había asumido la Comandancia de la Fuerza tras la sublevación del brigadier Capellini, líder del núcleo nacionalista-gentista de la Fuerza Aérea, en 1975 (Fraga, 1988; Seoane y Muleiro, 2001). 45
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El Proceso en su laberinto de la muerte del ex presidente Perón, el proceso iniciado el 25 de mayo de 1973 entró en un franco plano inclinado de deterioro (...) que hizo crisis a fines de 1975. (...) Las Fuerzas Armadas creían en el proceso y esperaban (...) también hicieron oír su voz responsable, serena, advirtiendo los riesgos que el proceso corría". (Clarín, 25/5/1976.)
Aún cuando les había entregado un bien muy reclamado, los Decretos N°261, 2770, 2771 y 2772, que disponían la progresiva intervención de las Fuerzas Armadas en la "neutralización y/o aniquilamiento" de los "elementos subversivos" 33—, según Videla, el gobierno de Isabel Perón no había escuchado las "serenas recomendaciones" de las en pos de la adopción de "prontas soluciones". Y dado que las Fuerzas Armadas no habían sido escuchadas, éstas se habían visto obligadas a gestar una "respuesta institucional" ante una "crisis también institucional". Para Videla, no había alternativas. O los militares asumían el poder de la Nación, o la puerta quedaba abierta para el copamiento del poder por parte de los "agentes del caos": la "demagogia", la "corrupción" y la "subversión". "La demagogia, agitada con fines puramente electorales a través de slogans, rótulos y frases hechas, no hizo más que enfrentarnos en antinomias estériles y confundirnos profundamente, a punto tal, que hoy es difícil distinguir dónde está el bien y dónde está el mal. Esa demagogia, además, por ser complaciente, dio origen a la corrupción, concebida ésta en la más amplia acepción de la palabra, que llegó a generalizarse en todos los estamentos del Estado. Esa corrupción -justamente por ser generalizada- motivó el trastocamiento de los valores tradicionales, es decir, subversión. Porque subversión, no es ni más ni menos que eso: subversión de los valores esenciales del ser nacional." (Clarín, 25/5/1976.)
Ante estos enemigos, las Fuerzas Armadas debían "afirmar los valores tradicionales que hacen a la esencia del ser nacional y ofrecer estos valores co-
33 El 5 de febrero de 1975, por Decreto N°261, el gobierno peronista había dispuesto "ejecu-
tar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán"; sería precisamente en Tucumán donde comenzaría a funcionar el primer centro dandestino de detención en el marco del Operativo Independencia, bajo el mando del general Vilas primero y del general Bussi después. Posteriormente, el 6 de octubre de 1975, por Decretos N°2770, 2771 y 2772, el mismo gobierno había ampliado dicho marco legal y había dispuesto "ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país" (D'Andrea Mohr, 1999; García, 1991). 46
mo contrapartida a toda ideología extraña que pretenda suplantar(los) (...) erradicar la corrupción, ofreciendo como norma la honestidad, la idoneidad y la eficiencia. Finalmente, combatir a la demagogia, anteponiendo a ella la autenticidad de nuestros actos, inspirados solamente en la verdad". (Clarín, 25/5/1976). El enfrentamiento central entre Fuerzas Armadas/sociedad vs. enemigo está planteado, mientras prima una legitimidad "heroica" basada casi exclusivamente en la "lucha antisubversiva". Videla recordaba pocos días después, en el 166° aniversario de la creación del Ejército, a sus invalorables socios, integrantes de la "gran familia militar": "A los integrantes del Ejército Argentino, incluyendo a la Gendarmería Nacional (...) les hago llegar mi saludo como comandante general y les expreso el orgullo que experimento al comandar ese extraordinario potencial humano. Hago extensivo este saludo a la Armada Nacional, a la Fuerza Aérea Argentina y a toda la gran familia militar. (...) Continuemos la marcha sin reparar en todo el sacrificio que sea menester, confiados en que alcanzaremos el singular destino de bienestar y libertad, que espera y merece el pueblo argentino". (La Nación, 30/5/1976.)
Entre mediados de junio y principios de julio de 1976, mientras las Fuerzas Armadas llevaban adelante una masacre dandestina de inusual magnitud y ferocidad, se producían varios atentados contra la "gran familia militar". El 18 de junio, una bomba estallaba bajo la cama del general Cesario Cardozo, jefe de la Policía Federal; el 3 de julio otra bomba destruía el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, dejando un saldo de 21 muertos y 63 heridos; inmediatamente después, el 4, en la parroquia San Patricio del barrio porteño de Belgrano, aparecían asesinados tres sacerdotes y dos seminaristas de la congregación de los palotinos irlandeses, episodio que sería conocido como la "masacre de San Patricio" y que, si bien había sido obra de grupos de tareas de la Armada en el marco de su enfrentamiento con el Ejército (Kimel, 1989), era presentado ante la opinión pública, como muchos otros ajustes de cuentas internos, como obra de la "subversión". Pero los "asesinatos" de militares y miembros de las fuerzas de seguridad en manos de la "subversión", y la consiguiente multiplicación de "héroes y mártires" sólo fortalecían la cohesión institucional 34 .
34 En el sepelio de Cardozo, el general Reynaldo Bignone, director del Colegio Militar, sos-
tenía, refiriéndose a la "subversión" que "cuando una fuerza está en derrota, cuando no le queda estructura, cuando no le queda fe (...) cuando en definitiva no es fuerza, produce 47
Paula Canelo
El 7 de julio de 1976, durante la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas35, Videla radicalizaba su discurso sosteniendo que "el sacrificio (...) es y será la norma esencial de los hombres de armas a lo largo de todo el proceso (...) La subversión sirve a una causa esclavista y a una concepción que aniquila los derechos humanos. Una concepción nihilista, sin Dios, sin libertad, sin dignidad humana y sin lealtad. Una concepción donde rigen los antivalores de la traición, la ruptura de los vínculos familiares, el crimen sacrílego, la crueldad y el engaño sistemático". (La Nación, 8/7/1976). El general Antonio Domingo Bussi, comandante de la V Brigada de Infantería y gobernador de la provincia de Tucumán, señalaba que "la subversión comete un grave error al asesinar militares (...) No se dan cuenta que por cada general que cae hay otros cuarenta que se disputan la ocupación de su puesto de acción en primera línea" (La Nación, 19/7/76). En agosto, en la celebración del Día de la Fuerza Aérea, Agosti sostenía que "nuestros muertos (...) constituyen el punto de no retorno en nuestra decisión de lograr los objetivos propuestos de saneamiento y reorganización nacional". (La Nación, 11/8/1976.) Pero los militares procesistas no estaban solos en la recreación de una amenaza de magnitud adecuada a la de la tarea emprendida: los acompañaban, en carácter de "tutela paternal", distintos grupos de militares retirados , que se hablan empeñado, durante experiencias autoritarias anteriores, en el exorcismo de otras amenazas variadas. Particularmente éste era el caso de ex pr-otagonistas dé-Irirévolución Libertadora, ahora agrupados en asociaciones cívico-militares que realizaban actos de conmemoración del golpe de 1955 y de la personalidad del general Aramburu. La agrupación con mayor visibilidad pública era la "Comisión de Afirmación de la Revolución Libertadora", presidida por el ex vicepresidente de la Nación, almirante (RE) Isaac Rojas -paradigma de la recalcitrante Marina "colorada"- e integrada, entre
los mayores desatinos, produce mal por el mal mismo, busca en su retirada dejar la tierra arrasada. (...) Si quisieron dar signo de su derrota, más cabal no lo pudieron encontrar (...) el sacrificio y las heridas (...) son también un supremo símbolo y una definitiva evidencia de dónde está la verdad y dónde está la mentira". (La Nación, 20/6/1976). Durante el acto por el atentado contra la Superintendencia, el comisario general Julio Oruezábal, superintendente de Administración, sostenía que "los mensajeros de la barbarie (...) buscan en el crimen y en los más torpes y cobardes atentados un escape a sus pasiones incontroladas (...) Estos camaradas caídos bajo la siniestra mano de la sinrazón son un nuevo estandarte sagrado y brillante que sabremos mantener en alto" (La Nación, 4/7/1976). 35 Durante el Proceso, los discursos pronunciados en dichas cenas estuvieron a cargo de los distintos comandantes en jefe, según un procedimiento "rotativo": el discurso del primer año le correspondió al comandante en jefe del Ejército, el del segundo año al de la Armada, el del tercer año al de la Fuerza Aérea y así sucesivamente, recomenzando con el Ejército en 1979. Al respecto, consultar Canelo (2001). 48
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oros, por el general (RE) Carlos Toranzo Montero, ex comandante en jefe del Ejército, cuyo hermano Federico era el presidente de la "Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas" 36 . Estos viejos miembros de la "gran familia militar" entendían que era fundamental la transmisión de su experiencia a las nuevas autoridades, a las que consideraban sus legítimas sucesoras: los retirados, si bien estaban libres de las responsabilidades "burocráticas" de los funcionarios del régimen, no lo estaban de las "profesionales". Toranzo Montero afirmaba que "hace un año (...) negros presagios de destrucción y caos (...) se habrían cumplido si las Fuerzas Armadas (...) no hubiesen derrocado al gobierno más corrupto y corruptor de que tienen memoria los anales de nuestra historia, digno continuador físico y moral de aquel que tuvo que derrocar la Revolución Libertadora (...) La semilla que la Revolución Libertadora sembró en la tierra fértil de las Fuerzas Armadas (...) comienza a rendir sus demorados frutos". (La Nación, 17/9/1976). Rojas declaraba su "abierta disposición para ayudar a las Fuerzas Armadas que han tomado a su cargo la abnegada conducción de este pesado y complejo proceso (...) Muchas cosas hay, pues, que aclarar, explicar y enseñar, para evitar que el silencio y el olvido faciliten nuevas recaídas como las ya padecidas". (La Nación, 17/9/1976). A diferencia de los "gorilas" retirados, que se sentían precursores de la nueva experiencia nucleados tras su férreo antiperonismo, distintos protagonistas de la Revolución Argentina ingresarían en escena para tender una mano solidaria al régimen, pero en forma aislada, enfrentados entre sí por rencillas no saldadas heredadas del pasado reciente 37 . El general (RE) Roberto Levingston advertía que "la nueva etapa requiere, indispensablemente, tener claridad sobre el pasado para no volver a cometer viejos errores y, sobre
36 Otras organizaciones del mismo tipo y de fuerte gravitación durante el período eran la
"Comisión Permanente de Homenaje a Aramburu", presidida por el general (RE) Bernardino Labayru, la "Cruzada Aramburiana", presidida por el capitán de navío (RE) Aldo Molinari, y la "Comisión de Homenaje al teniente general Eduardo Lonardi", presidida por el vneral de brigada (RE) Eduardo Señorans, entre otras. Mi testimonio, del general Lanusse, Onganía lo -17 Por caso, luego de la publicación del libro acusará de sustentar "una actitud política, intencionada o no, preocupada por sembrar el espíritu de derrota en el seno de las Fuerzas Armadas, introduciendo en sus cuadros un falso sentimiento de inferioridad respecto a la aptitud de las instituciones castrenses para servir como vehículo creadores (sic) de orden para una Nación en crisis" (La Nación, 2/9/1977). Lanusse, por su parte, será protagonista de varios altercados, entre ellos, será detenido junto a los ex comandantes Gnavi y Rey como consecuencia de la investigación del caso ALUAR en mayo de 1977, poco después de haber realizado dedaraciones en contra de los métodos represivos dandestinos. Hacia fines de la dictadura, Lanusse calificará al gobierno de Videla como una "calamidad", y al general como un 'gobernante nefasto" (Clarín, 11/10/1983). 49
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todo, para eliminar las causas profundas que originaron el desastre, muchas de las cuales se mantienen disimuladas, disfrazadas o encubiertas en el presente" (La Nación, 5/11/1976). En la voz de los retirados comenzaban a tomar cuerpo internas militares de larga data. Las mismas se organizaban aún alrededor del eje "azules"/"colorados": mientras que el antiperonismo de los "gorilas" de la Libertadora parecía haber encontrado a su más fiel heredero en el bando "colorado", en el que habían militado varios integrantes del Proceso, los "azules" de la Revolución Argentina quedaban relativamente excluidos de este arco de solidaridades, señalados como los culpables del "salto al vacío" de 1973. Los atentados contra militares parecían multiplicarse mientras las Fuerzas Armadas continuaban con la salvaje masacre de opositores. Dos días después del secuestro de los dirigentes radicales Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Abel Amaya, el 19 de agosto de 1976, un atentado le costaba la vida al ex interventor en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y recientemente designado presidente del Ente Autárquico Mundial 78 (EAM 78), general (RE) Omar Actis38 . Sin embargo, hacia fines de 1976, varios altos funcionarios parecían coincidir en que, como afirmaba el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy39 , el régimen se aproximaba "al éxito final contra los subversivos" (La Nación, 28/11/1976). Entre los comandantes de Cuerpo o "señores de la guerra", máximos responsables operativos de la "masacre represiva", comenzaba a entablarse una siniestra competencia, que buscaba dar cuenta de la propia eficiencia en la tarea. El general Luciano Benjamín Menéndez, comandante del III Cuerpo, afirmaba que en su jurisdicción "la tarea conjunta de las tres fuerzas armadas ha permitido poner en desbande a las dos organizaciones que centraron la lucha antisubversiva: el ERP y Montoneros", destacando
38 El general Actis, del arma de ingenieros, se había desempeñado en el Comando de Inge-
nieros y Dirección General de Ingenieros como 2° comandante; en 1970 había sido designado interventor general de YPF y hacia 1976 se desempeñaba como presidente del EAM 78, organismo a cargo de la realización del XI Campeonato Mundial de Fútbol en la Argentina. 3 J El general Harguindeguy, del arma de caballería, había ingresado al Colegio Militar en 1943 y pertenecía a la promoción 74 -al igual que Galtieri y la mayor parte de los "señores de la guerra"-; había egresado de la Escuela Superior de Guerra con el título de oficial de Estado Mayor. Durante la comandancia de Carcagno se había desempeñado como jefe de la Brigada de Caballería Blindada I de Tandil, y como jefe IV -Logística- del Estado Mayor durante la jefatura de Anaya, para ser nombrado durante la Comandancia de Videla, como 2° jefe del Cuerpo de Ejército I y luego como jefe de la Policía Federal (Fraga, 1988; Mittelbach y Mittelbach, 2000). 50
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que "hoy sólo operan grupos esporádicos", y que en el caso del ERP "sus cuadros ya han sido eliminados", quedando sólo "un treinta por ciento" del total de efectivos (La Nación, 26/8/1976). El general Díaz Bessone, comandante del II Cuerpo, sostenía que "nuestro cuerpo asestó decisivos golpes a la delincuencia subversiva en las seis provincias" de su jurisdicción (La Nación, 13/10/1976) y el general Bussi afirmaba que "la subversión está erradicada en Tucumán" (La Nación, 25/11/1976)40 . La trampa estaba tendida. Para que el recurso de la amenaza continuara legitimando al régimen, éste necesaria e inevitablemente debía agotarlo, rindiendo cuentas de su "eficiencia" ante la sociedad. Y reconocer que la "lucha contra la subversión" llegaba a su fin requería reemplazar el principal recurso de legitimación del régimen -y también, su recurso de cohesión más importante-, por uno nuevo. Aquí comenzará a articularse una nueva estrategia basada, en primer lugar, en aceptar la necesidad de superar la soledad del poder mediante la promesa -ambigua y difusa, pero potente- de una "democracia representativa, republicana y federal" y, en segundo lugar, en cerrar la "etapa de reordenamiento" mediante ciertas modificaciones en la construcción del escenario de confrontación. Por un lado, en enero de 1977 el régimen daba a conocer, bajo el rimbombante título Bases para la intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso nacional, el primer documento oficial que pretendía encarnar la propuesta política del régimen y donde la creación de un "Movimiento de Opinión Nacional" (MON) resultaba centra1 41 . En él se sostenía, entre un sinfín de ambigüedades, que el objetivo del Proceso "no es otro que la instauración de una verdadera democracia, auténticamente representativa, con plena vigencia de nuestros principios republicanos tradicionales, con un auténtico y efectivo federalismo, sustentadas por corrientes de opinión nacionales
40 Esta "competencia" continuaría por algún tiempo. A mediados de 1977 Menéndez anunciaba que "la parte armada de Montoneros y ERP, en toda la jurisdicción del III Cuerpo de Ejército, está absolutamente aniquilada (...) Yo creo que el peligro ahora es que estos delincuentes van a intentar refugiarse en la población (...) para volver a subvertir(la) y excitarla" (La Nación, 12/5/1977). El general Juan Carlos Trimarco, comandante de la Segunda Brigada de Caballería Blindada -Cuerpo II-, señalaba que "las bandas subversivas están virtualmente desarticuladas (...) al ERP se le han producido una serie de bajas de consideración en los últimos meses, quedando en una situación sumamente crítica. (Montoneros) también ha sufrido fuertes pérdidas a nivel humano, material y de infraestructura (...) han optado 26/6/1977). por llevar fuera del país a sus cuadros de mayor valor" (La Nación, 41 Este documento inicial será, junto con los Documentos Básicos del Proceso, el punto de partida para la elaboración de los distintos Planes Políticos que serán analizados en los apartados III y V de este Capítulo. 51
El Proceso en su laberinto
Paula Canelo amplias y sólo urgidas por la grandeza del país y el bien común, basada en una sociedad unida, organizada y solidaria y con una economía vigorosa que permita la plena realización individual y social argentina (...) Pero esta intervención de las FF.AA., si busca 1 el cambio que el país reclama (...) debe también limitarse en el tiempo y asegurar su desemboque (...) Para ello es menester que la acción de las FF.AA. facilite en el futuro la formación de un movimiento de opinión nacional, vital y amplio, que admita a todos aquellos que deseen la verdadera grandeza del país y se sientan consustanciados con los postulados del gobierno nacional." (Bases para la intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso nacional, enero de 1977, subrayado en el original).
En abril de 1977, Videla anunciaba vagamente la apertura de un "diálogo con la civilidad", que "solamente reconoce como exclusiones al corrupto, al delincuente económico o al delincuente subversivo (y) que acepta el aporte de todo aquel que en función de idoneidad, capacidad, honestidad y representatividad quiera enriquecer las ideas que las Fuerzas Armadas vayan lanzando" (La Nación, 5/4/1977). Días después, comunicaba la elaboración de una "Propuesta de Unión Nacional": "He afirmado hace muy poco que 'el tiempo del silencio ha pasado. Ello significa cabalmente que hay que buscar las mejores ideas, allí donde se encuentren, para ir gestando en forma compartida, la construcción de una Argentina renovada (...) Una dinámica y recíproca comunicación entre gobernantes y gobernados, representa el medio más idóneo para alcanzar la concordia que constituye la base para la libertad, la democracia pluralista, la justicia social, el desarrollo económico y el avance cultural. Éstos son los valores principales en torno de los cuales girarán las ideas-fuerza que habrán de sustentar la Propuesta de Unión Nacional que el gobierno de las F.F.A.A. ha de explicitar al país (...) será ngcesario convocar a la ciudadanía a una auténtica Unión NaZi-J--T--"á en la convergencia cívico-militar" (La Nación, nalpsm 16/4/197.7). Por otro lado, y en paralelo a estos anuncios, el régimen publicaba un extenso documento denominado La subversión en la Argentina, elaborado por el Estado Mayor General del Ejii-chó, a cuyo frente se encontraba el general Viola. En el mismo se detallaban los orígenes, evolución, fases de desarrollo, estrategias de acción y situación del "enemigo subversivo": "a. La subversión no constituye un hecho aislado propio de nuestro país, sino que es una manifestación más de la acción constan52
te y de la expansión experimentada por el marxismo en el mundo. (...) b. Las distintas BDSM 42 que actúan en la Argentina aparecen ofreciendo un espectro de caminos diversos para alcanzar un mismo fin: la implantación de un socialismo marxista. Proporcionan distintas alternativas sobre cómo alcanzar ese objetivo para posibilitar una mayor captación, al ofrecer posturas ideológicas aparentemente distintas y con mayor o menor grado de un supuesto nacionalismo. c. Si bien con una distinta definición del centro de gravedad (...) todas las BDSM desarrollan o pretenden desarrollar su acción en todos los ámbitos (político, social, gremial, psicológico, cultural, económico) y mediante la acción armada rural o urbana. Todas también, con sus acciones, pretenden a través de la adhesión, el control o dominio de la población llegar a la insurrección general. d. La acción subversiva marxista llegó a contar con efectivos y simpatizantes en número no despreciable enquistados en todos los ámbitos (...) e. El poder de las bandas subversivas, después de haber alcanzado su mayor apogeo entre mediados de 1974 y 1975, comenzó a dedinar, y se mantiene en un ritmo descendente que no logran modificar. El ámbito donde más se materializa este constante deterioro es el del accionar armado. (...) quedando casi exclusivamente limitadas al asesinato y al terrorismo. f. A partir de la asunción del gobierno por parte de las FF.AA. se produjo el mayor desgaste de las BDSM tanto en personal como en material, desgaste que continúan sufriendo (...) g. Montoneros continúa siendo la BDSM de mayor desarrollo y peligrosidad como consecuencia del hábil encubrimiento de su marxismo. No obstante no han logrado la respuesta buscada en la población. (...) h. La BDSM que sufrió el desgaste más fuerte fue el PRT-ERP quien se halla inmerso en una gran crisis (...) k. Merece destacarse el cambio de estrategias de las BDSM que hizo que la lucha armada pasara y se mantuviera en un segundo plano y adquirieran mayor importancia las acciones indirectas. Las actuales técnicas están destinadas a captar a la población, y de no ser posible, llevarla a adoptar, aun involuntariamente, actitudes insurrecionales (...)" (La subversión en la Argentina, 20/4/1977).
El documento proyectaba un escenario donde era vital lograr la activa colaboración de la sociedad dada la inminencia de "rebrotes subversivos": "3. La subversión desarrolla dos líneas de acción para alcanzar el poder: la acción armada y la acción insurreccional de masas. El Ejército, apoyado por las otras dos FF.AA., está derrotando a los ór-
42 BDSM: "Bandas de Delincuentes Subversivos Marxistas".
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Paula Canelo ganos de ejecución de la acción armada y a los activistas de la acción insurreccional de masas. Gracias a esta acción militar, la delincuencia subversiva se encuentra en franca retirada. 4. Sin embargo, debemos estar conscientes que los agentes marxistas seguirán intentando la erosión de nuestros valores y la captación de ingenuos (...) 6. La estrategia militar argentina ganará esta lucha, como todas las que libró, pero sólo con el apoyo de todo el pueblo argentino podremos ganar la paz que anhelamos. En el logro de esa paz Uds. tienen un lugar que ocupar y una tarea que cumplir" (op. cit.).
Los cambios en el escenario de confrontación se justificaban por la transformación de la estrategia del enemigo "subversivo": el mismo había sido derrotado en la "etapa militar", o de "acción armada", pero poseía la capacidad de transformarse en "infiltración ideológica", "terrorismo" y "subversión de los valores" -en este marco, la figura de la "campaña antiargentina" 43 comenzaba a volverse central- 44 . El cierre de la etapa de "reordenamiento" que ensayaban las Fuerzas Armadas no prescindía de una conveniente ambigüedad: enunciar por un lado la promesa del "diálogo" y de la "democracia" no constituía obstáculo para, por el otro, continuar agitando la amenaza "subversiva". La nueva etapa buscaba generar un nuevo consenso, el de la "Unión Nacional", basado en el "diálogo amplio" con la civilidad, aun cuando simultáneamente se desalentaban las expectativas sobre "calendarios electorales". En este marco, en el discurso de los altos jefes militares comenzaba a crecer tanto la percepción de los riesgos de la soledad del poder, como la imprecisión
43 El discurso de la "campaña antiargentina" surgía a mediados de 1976, cuando Harguindeguy afirmaba que "existe, sin duda, una campaña muy bien dirigida desde el exterior para desprestigiar a las actuales autoridades y entorpecer el Proceso de Reorganización Nacional" (Clarín, 3/6/1976). Uno de sus principales artífices había sido el contralmirante César Guzzetti, ministro de Relaciones Exteriores, quien, sobre todo durante los meses previos y posteriores a la visita de la "Misión Amnesty", había declarado en la Asamblea General de las Naciones Unidas que "el terrorismo internacional (...) dramático flagelo que asola el mundo entero (invoca) pretendidas reivindicaciones sociopolíticas y la vigencia de los derechos humanos" (La Nación, 6/10/1976). Para Guzzetti, "el terrorismo en la Argentina es una prolongación del terrorismo internacional que tiene sus bases en diversas capitales europeas, entre ellas, París (...) los terroristas hallan en dichas capitales un apoyo logístico, financiero y material, y una base favorable a la propaganda y la acción psicológica" (La . Nación, 9/10/1976). Sobre la "campaña antiargentina", consúltese Franco (2002) y Jensen (2004). Retomaremos estas cuestiones en el apartado IV del Capítulo 2. 44 Varios acontecimientos posteriores parecieron Confirmar, en las desquiciadas mentes militares, el diagnóstico del informe, fundamentalmente, que la "subversión" se transformaba para pasar a operar en forma de "infiltración" y "terrorismo". El 30 de abril de 1977 hacían su primera aparición pública las Madres de Plaza de Mayo, mientras que el 7 de mayo el canciller Guzzetti era herido en un atentado supuestamente ejecutado por Montoneros y debía ser reemplazado por el vicealmirante Oscar Montes.
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en la definición de los objetivos que debían evitarla. El 29 de mayo, en el Día del Ejército, Videla destacaba la necesidad de avanzar en la definición de un 'sentido político" para el Proceso: según el presidente, "el diálogo será el elemento más valioso para evitar los males que implica la soledad del poder. La consecuencia de esta soledad suele ser la tentación de caer en posiciones elitistas o corporativas (esquemas) proclives a producir la sectorización de las Fuerzas Armadas, como paso previo al fracaso del proceso" (La Nación, 30/5/1977). Sin embargo, la propuesta también contenía riesgos, ya que "suscita adhesiones pero también genera rechazos. Somos plenamente conscientes de ello" (La Nación, 30/5/1977), los que debían ser asumidos, ya que por detrás se escondía el peligro mayor: fracasar. "Si no le damos a este proceso un sentido político, una propuesta política, corremos el riesgo de que pueda terminar como otros procesos militares, con una salida de compromiso, como consecuencia de no haber encontrado justamente una motivación de orden político y haberse esterilizado en una actitud ordenancista. Es decir, al dar una propuesta política, en absoluto estoy hablando de calendarios ni alianzas políticas. Estoy diciendo que hay que dar una propuesta política, convencido de que este proceso tiene que triunfar, porque si así no fuera y corriera el riesgo final de otros procesos, podríamos decirnos que fuimos torpes al no haber aprovechado la experiencia de los anteriores, y en este caso no podemos ni siquiera darnos el lujo de haber sido torpes" (La Nación, 18/6/1977). Durante la cena de camaradería del 7 de julio, también el almirante Massera identificaba la aparición de un nuevo imperativo en el camino de las Fuerzas Armadas: "en vías de concretarse la victoria en el terreno de las armas (...) quiera Dios que no confundamos la paz con el mero silencio de los explosivos, porque entonces, sólo habríamos conseguido una tregua efímera entre aquella lucha y una nueva turbulencia ansiosa y destructiva, capaz de retrasar, más aún, ese futuro tantas veces postergado" (La Nación, 8/7/1977). En ese marco, la cohesión interna y la legitimidad eran "primordiales": "Todos sabemos que la victoria que estamos alcanzando se debe a dos factores primordiales, la unidad de las Fuerzas Armadas y la solidaridad de la ciudadanía con las Fuerzas Armadas. Pero en la medida en que vayan desapareciendo los episodios terroristas visibles tendrá que hacerse cada vez más evidente nuestra capacidad para crear un fervor de dimensión nacional, porque si la presencia de un enemigo Cornild .d- emostró-hasta qu-é -punio- estaba intacta la aptitud de reacción de este pueblo, vamos a canalizar esta inmen-
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El Proceso en su laberinto sa energía positiva, no ya para defendernos, sino para conquistar nuestro destino como país" (La Nación, 8/7/1977)
Massera realizaba una clara advertencia: una vez agotados los factores que habían operado hasta el momento como "garantía de éxito", las Fuerzas Armadas necesitarían revitalizar su legitimidad, canalizando la "solidaridad" de la ciudadanía en objetivos "de futuro". Y la advertencia alcanzaba su verdadera dimensión cuando el almirante comparaba la eficiencia del recurso de legitimación anterior con la incertidumbre actual, ya que "a primera vista parece improbable que se pueda reemplazar algo tan concreto como una amenaza física por algo tan poco específico, como un deseo lleno de buenas y vagas intenciones" (La Nación, 8/7/1977). Ante la necesidad de definir los objetivos concretos que debían subsanar la soledad del poder, comenzaba a colarse en los discursos de los comandantes una incipiente turbulencia que interrumpía la fluida unanimidad de la perorata de la "lucha antisubversiva". La convocatoria de Videla y las advertencias de Massera encontraban a un Agosti reticente, que señalaba el 10 de agosto, en el Día de la Fuerza Aérea: "El futuro, inexorablemente, tomará el rumbo que se le imprima en esta actualidad decisiva. (...) La doctrina del Proceso no prescinde de la participación de la ciudadanía. Sí -por ahora- la limita, la prepara, normatiza y la selecciona. El diálogo evitará el aislamiento y la soledad del poder. Pero las formas de participación popular en las decisiones políticas sólo serán posibles cuando se corrijan las causas del descrédito argentino." (Discursos del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General Orlando Ramón Agosti. 1977-1978: 9-17.)
El "amplio diálogo" propuesto por Videla en un inicio eran abruptamente clausurado por Agosti, para quien el acercamiento con los civiles no debía suponer, bajo ningún punto de vista, participación popular en las decisiones políticas, sino simplemente la "recolección" de opiniones de "distintos sectores de la sociedad". Posteriormente, el régimen ejercería su soberanía al "decidir": "El gobierno nacional recogerá opiniones de distintos sectores de la sociedad. Y después decidirá. Por sí y ante la historia. Porque su legitimidad no reside en el voto, sino en la decisión y en la capacidad con que cumpla el propósito de recrear la convivencia argentina." (Discursos del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General Orlando Ramón Agosti. 1977-1978:
9-17.)
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Las Fuerzas Armadas habían recorrido un largo camino, de la hora del sacrificio a la soledad del poder. Progresivamente, la legitimación basada en la lucha antisubversiva" iba siendo desplazada por la necesidad de encontrar cri/Idos de orden más político. Sin embargo, la sola mención del "diálogo" con los civiles parecía haber irritado los ánimos de algunos integrantes de la "gran familia militar" que debía, por todos los medios, mantenerse unida. Por el momento, este conjunto de recomendaciones de los comandantes se cristalizarían cuando, el 2 de agosto de 1977, la Junta Militar apruebe los contenidos del Proyecto Nacional, el primer plan político institucional de las Fuerzas Armadas, a cargo del Ministerio de Planeamiento y el general Díaz BesPero antes de analizar las tribulaciones de los artífices del Proyecto Naaonal, abordaremos el otro eje fundamental de la estrategia refundacional del régimen: la política económica. II. La política económica de Martínez de Hoz en un estrecho desfiladero El programa económico puesto en marcha en la actual etapa busca adaptarse a las condiciones del mundo moderno y ajustar la economía a la realidad. Es un programa pragmático y flexible en oposición a las rígidas fórmulas dogmáticas; adopta las medidas necesarias con firmeza y determinación, sin concesiones a la demagogia. José Alfredo Martínez de Hoz, Clarín, 12 de septiembre de 1977
Como vimos, los dos objetivos iniciales que perseguia simultáneamente el régimen militar eran el aniquilamiento de la "subversión" y la "normalización" económica, privilegiando, por sobre cualquier otro imperativo, tanto la "masacre represiva" como la política económica de Martínez de Hoz 46 ysueqipo.Snmbarg,ydfecilurtohsónqepab sobre las Fuerzas Armadas la "lucha antisubversiva", alrededor de la política
45 Este plan, que será analizado en el apartado III del presente Capítulo, no encontrará los
consensos suficientes para constituirse como el pilar político del régimen. Sin embargo, el Proyecto Nacional no agotaba las necesidades ni ambiciones de refundación política de las Fuerzas Armadas que, ya desde enero de 1977, se habían embarcado en la redacción de otros planes, uno por cada Fuerza, que serán analizados en el último apartado de este Capítulo. 46 José Alfredo Martínez de Hoz, abogado y poseedor de una amplia trayectoria profesional, había desempeñado varios cargos públicos, entre ellos, ministro de Economía de la Nación en 1963, secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación entre 1962 y 1963, presidente de 57
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económica comenzarían a gestarse irup_ortantes conflictos, fundamentalmente en el interior de los cuadros de gobierno -por el momento las críticas externas no alcanzarían el nivel que presentaron durante la segunda presidencia de Videla-. Estas tensiones estaban originadas, por un lado, en las diferencias existentes entre los objetivos del ministro y su equipo y los de importantes sectores de las Fuerzas Armadas, y por otro, en las contradicciones que atravesaban el seno mismo del equipo económico. La coincidencia que había acercado, en los albores del golpe de Estado, el diagridsucts civil rern-iiIitar, revelaría muy pronto su fragilidad: a poco de anda-r, Tos -Objetivos perseguidos mediante la política económica mostraron su incompatibilidad con valores e intereses arraigados en el imaginario militar. En primer lugar, la puesta en escena de medidas económicas que impulsaban un vertiginoso crecimiento del mercado financiero -en particular, la Reforma Financiera de 1977- y el consecuente aumento de los comportamientos "especulativos" y "extranjerizantes", amenazaban los proclamados valores "productivistas" y "nacionalistas" de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, el anunciado objetivo de lograr una economía abierta e integrada al mercado mundial -sobre el que se avanzó fundamentalmente desde fines de 1978, con la apertura comercial-, conspiraba contra el crecimiento de una industria que 14 mayoría de los elencos militares concebía como fundamental para el desarrollo bélico nacional. Por último, el proclamado "antiestatismo" del equipo y su propósito de llevar adelante una profunda reducción del aparato estatal, generaba un profundo malestar entre quienes, por formación y pertenencia, entendían que el Estado debía jugar un papel activo como promotor económico y como actor privilegiado de la planificación (O'Donnell, 1997a; Sch_ varzer, 1984). Pero más allá de estas contradicciones "ideológicas", que respondían a una cierta "incompatibilidad valorativa" entre militares y civiles, la amenaza más concreta que presentaba el avance del ministro para estos sectores de las Fuerzas Armadas residía en que gran parte de las medidas pro-
la Junta Nacional de Granos en 1957 y ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas de la intervención federal a la provincia de Salta en 1956. También había ocupado cargos electivos: presidente de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, presidente de la Sección Argentina del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, presidente de ACINDAR, presidente del Consejo Empresario Argentino, presidente del Consejo Consultivo del Centro Internacional de Informaciones Económicas, vicepresidente de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas y miembro de la Junta Empresarial Asesora de la Organización de Estados Americanos, entre otros (Vázquez, 1985). 58
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puestas -entre otras, la apertura comercial, la política de privatizaciones, la reducción administrativa, etc.- parecían atentar directamente contra el poder y los intereses de perpetuación -de las burocracias estatales, dentro de las cuales os militaresocupaban un lugar de preeminencia. "—Así, bien por inspiración ideológica o por netos intereses materiales, amplios sectores de las Fuerzas Armadas comenzaron a ejercer diversos controles, bloqueos y resistencias ante los avances de quien con el tiempo se transformaría en "superministro" de Videla. Los mismos se cristalizaron en un conjunto de "reaseguros institucionales" a los que fue sometido el ministro de Economía. En primer lugar, Martínez de Hoz debió aceptar una evaluación permanente de las Fuerzas Armadas, debiendo dar cuenta de sus — actos no sólo a la Junta Militar, sino también a las asambleas periódicas que reunían a los cuadros militares superiores. En segundo lugar, la "autonomía decisiva" y "normativa" (Oszlak, 1980) de Economía estuvo limitada, por un lado, por la Secretaría General de la Presidencia, en manos del general José Rogelio Villarreal y de Ricardo Yofre 47 -el primero de ellos cercano a la fracción "politicista" del Ejército48 y el segundo a la Unión Cívica Radical (UCR)-, y por otro, por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), en la que estaban representadas tripartitamente las Fuerzas, tutela que fue reforzada, además, por el nombramiento de tres "oficiales de enlace" ante el Ministerio de Economía, uno por cada Fuerza, con poder de veto sobre las decisiones ministeriales 49 . Por último, en su proceso de ocupación del apa--
47 El general Villarreal pertenecía a la promoción 76 del Colegio Militar y al arma de in-
fantería; durante la Comandancia de Carcagno había sido destinado a la Jefatura V del Estado Mayor General y durante la de Anaya había sido jefe de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV de Córdoba, cargo en el que había permanecido hasta ser designado por Videla como jefe 1 del Estado Mayor General a fines de 1975 (Fraga, 1988). Yofre había sido asesor de Arturo Mor Roig, ministro del Interior de Lanusse entre 1971 y 1973 y activo participante en la "salida política" (Potash, 1994). 48 Definiremos a la fracción "politicista" del Ejército en el Capítulo 3; por el momento basta señalar que sus integrantes eran partidarios de un acercamiento con las organizaciones civiles por considerarlag inlérlcicutóras válidas para superar el aislamiento del régimen, y que, aun cuando podían ser calificados de "desarrollistas" desde el punto de vista económico, su principal objeción a la política económica residía en que la misma requería del mismo aislamien,P;:i que pretendían evitar. Los principales obstáculos que le presentó esta fracción a Martínez de Hoz durante esta etapa inicial fueron la presencia de "politicistas" en la Secretaría General y la del general Horacio Tomás Liendo al frente del Ministerio de Trabajo, cuyo estilo para con las organizaciones sindicales fue mucho más "dialoguista" que lo que requería la agenda del "superministro" (Abós, 1984; Novaro y Palermo, 2003; Quiroga, 1994). 49 Al frente de la CAL se encontraba el vicealmirante Antonio Vañek, sucesor de Lambruschini -uno de los principales apoyos de Massera en la Armada-. Los "oficiales de enlace" eran, hacia 1978, el comodoro Domingo Torea Paz, el capitán de navío Hugo Montagnani y el teniente coronel Mársico Arana. 59
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rato estatal, las Fuerzas Armadas privilegiaron los organismos donde las funciones operativas prevalecían sobre las funciones normativas, ocupando los centros de gasto del Estado, que quedaron bajo su control (Castiglione, 1992) 50 . Así, la "colonización" y "militarización" del aparato estatal y el modelo institucional tripartito 51 fueron herramientas fundamentales para las distintas fracciones militares que, por distintos motivos, veían conveniente controlar la gestión del equipo económico. Además del frente militar, otra importante fuente de tensiones fue la heterogénea composición del equipo económico: entre los reclutados se encontraban desde hombres de la "derecha liberal tradicional" hasta miembros de una nueva corriente del liberalismo económico, la "derecha liberal tecnocrática", ambas expresión de las contradicciones que albergaba un liberalismo vernáculo en plena transformación 52 . La primera de estas vertientes estaba integrada )
50 Según Castiglione (1992), aun cuando los militares estaban ausentes de los cargos principales en las Secretarías del Ministerio de Economía, sí predominaban en los Organismos Descentralizados dependientes de las mismas, con fuerte incidencia en el nivel de gasto público: por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Comercio, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y en el caso de la Secretaría de Desarrollo Industrial, el caso del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 51 Los rasgos centrales del modelo institucional serán analizados en el apartado IV del presente Capítulo. 52 El equipo económico inicial estaba integrado por Juan Alemann -secretario de Hacienda-, Guillermo Klein -secretario de Programación y Coordinación Económica-, Raymundo Podestá -secretario de Desarrollo Industrial-, Mario Cadenas Madariaga -secretario de Agricultura y Ganadería-, Fernando Puca Prota -secretario de Recursos Naturales y Ambiente Humano-, Santiago de Estrada -secretario de Seguridad Social-, Guillermo Zubarán -secretario de Energía-, Federico Camba -secretario de Transporte y Obras Públicas-, Guillermo Bravo -secretario de Comercio-, Alberto Fraguío -secretario de Comercio Exterior-, Alejandro Estrada -interventor en la Junta Nacional de Granos-, Alberto Grimoldi -subsecretario de Comercio Exterior-, y Luis García Martínez -jefe de asesores del Ministerio de Economía-, entre otros. Al frente del Banco Central se encontraban Adolfo Diz -presidente-, Christian Zimerman y Alejandro Reynal -vicepresidentes-, Francisco Soldati y Enrique Folcini -directores-, y Ricardo Arriazu -jefe de asesores-, entre otros. Varios de ellos ya habían ocupado cargos públicos durante la Revolución Argentina o el interinato de Cuido, entre ellos Martínez de Hoz, Klein, Alemann, Camba, Puca Prota, de Estrada, Estrada y Diz; al menos García Martínez, Cádenas Madariaga y Zubarán provenían del Club Azcuénaga, círculo de intelectuales, políticos y economistas liberales promovido por Jaime Perriaux -ex ministro de Justicia de Lanusse y miembro de la "Sociedad de Estudios y Acción Ciudadana"- y el general (RE) Hugo Miatello, mientras que Martínez de Hoz, Podestá y de Estrada habían militado en los orígenes de la democracia cristiana o en grupos católicos. Martínez de Hoz y Perriaux se habían conocido casi treinta años antes del golpe y sus inquietudes políticas se habían iniciado durante la década del cuarenta, en tomo del ateneo de estudios "Ateneo de la Juventud Democrática Argentina" y la revista Demos, en los que colaboraban numerosos miembros de la elite civil liberal-conservadora integrante de los gabinetes de distintos gobiernos autoritarios (Túrolo, 1996). Perriaux elaboraría en abril de 1978 uno de los tantos documentos políticos con los que se intentaba dar forma y contenido a la "salida política", que será analizado en el último apartado de este Capítulo.
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porlePieStnt — l antesde las _viejas clases dominantes agrarias diversificadas en actividades industriales, comerciales y financieras: aunque se encontraba ---6Trticamente debilitada desde los años treinta, conservaba un importante peso ideológico y un gran prestigio social, además de la propiedad de importanedios de comunicación -el diario La Nación, entre otros-, desde los ales defendía el retorno al liberalismo económico vigente en la década del treinta a través de un discurso oligárquico tradicional (O'Donnell, 1997a) 53 . Por el contrario, los integrantes de la "derecha liberal tecnocrática" postulaban la adaptación local de las prepuestas a la Hayek o Erhardt, y, en el marco de las o-transformaciones internacionales de la década del setenta, y el aumento de la liquidez en los mercados financieros, abrazaban las propuestas teóricas de Milton Friedman 54 (O'Donnell, 1997a). Ambas corrientes compartían un sencillo diagnóstico: la única forma de terminar con la inflación era desarmar las bases de sustentación del popurs-m-o. Sin embargo, diferían significativamente en cuanto a las recetas que debían ser implementadas. Por un lado, los "liberales tradicionales" postulaban una interpretación monetarista clásica de la inflación basada en el enfoque cuantitativo de la moneda, en la que es la cantidad de moneda la que deterTina la inflación y el nivel de precios; desde esta perspectiva, el origen de la 'Id ación es el déficit estatal financiado por la emisión monetaria, (Jessua, Labrousse, Vitry y Gaumont, 2001; cit. en Heredia, 2004). De allí que proponían implementar un ajuste ortodoxo, basado en la recesión y el ajuste del gasto
53 Para Rouquié (1981), ésta sería la derecha ilustrada de los "patricios progresistas" po-
seedores de la "gallina de los huevos de oro", cuya incuestionada legitimidad social, en un marco de agotamiento de su proyecto nacional, estaría en la base misma de la prolongada "crisis hegemónica" argentina. Los principales exponentes de esta corriente dentro del equipo económico eran Juan Alemann y los funcionarios vinculados con el agro, entre ellos, Mario Cadenas Madariaga, Alberto Mihura y Carlos Lanusse, y fuera del ámbito del equipo, el ingeniero Álvaro Alsogaray, Alberto Servente, presidente de la Bolsa de Comercio, y los miembros del Consejo Empresario Argentino, entre ellos Ricardo García -presidente-, José Estensoro, Ricardo Grüneisen, Armando Braun, Celedonio Pereda, Francisco Soldati, Rafael Ferrer, Agustín Roca y Federico Zorraquín. 54 La influencia de los "tecnócratas" se expandía en círculos privados, tales como institutos de investigación -entre ellos, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el Instituto de Estudios Económicos de la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea (IEERAL-FM) y el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (GEMA), lobbies y empresas, y era la puerta de entrada en la Argentina de los postulados de la Escuela de Chicago que ya habían sido ensayados por la dictadura chilena (Heredia, 2004; Novaro y Palermo, 2003; O'Donnell, 1997a; Ramírez, 2003) Sus exponentes en el equipo económico eran Guillermo Klein, Alejandro Estrada, Alberto Grimoldi y Ricardo Arriazu, entre otros. Para una amplia caracterización del espectro liberal del momento, consultar Heredia (2004). 61
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público, a fin de alcanzar la estabilización macroeconómica, postulada como objetivo máximo (Reinhardt y Peres, 2000) 55 . Por el contrario, el "enfoque monetario de la balanza de pagos" al que adherían los 'tecnócratas" prescindía del control de la demanda para concentrarse en la fijación de algunos precios clave: la cotización del dólar, las tarifas de los servicios públicos y los salarios. El tipo de cambio debía ser sometido a un cronograma de devaluación futura a tasas decrecientes -inferiores a la tasa de inflación-, bajo el supuesto de que las disminuciones en las tasas de crecimiento de las variables bajo control provocarían una declinación progresiva de las tasas de inflación, hasta igualarlas -o hacerlas "converger"- con las internacionales. En este esquema era necesaria también la apertura comercial y financiera de la economía a la competencia, a fin de desacelerar los precios internos e igualarlos con los internacionales, al tiempo que la apertura financiera viabilizaba la entrada de capitales con los que se financiaba el déficit comercial resultante del tipo de apertura aplicado. Los "tecnócratas", a diferencia de los "liberales tradicionales", eran portadores de una crítica aún más profunda al modelo de industrialización sustitutiva de importaciones: el objetivo máximo a alcanzar no era ya la estabilización macroeconómica, sino la completa liberalización de la economía de la interferencia estatal; de allí que propusieran la liberanzacion deTos mercados dordésticos, la privatización de empresas públicas, la apertura comercial y la apertura a los flujos financieros internacionales (Reinhardt y Peres, 2000). Martínez de Hoz emprendió su gestión por un angosto sendero, flantmlado por los obstáculos que le opondrían los elencos militares y por otro poTra--ffetéfóleiieídad deI campo liberal, que se expresaría en el seno Ldel equipo economico. Sus recursos mas preciados serán, por un la_, do, la hibridez en la implementación de políticas -mezclando estrategias ortodoxas con políticas gradualistas- y la ambigüedad en su discurso público -enarbolando alternativamente las banderas de la heterodoxia y las de la ortodoxia- y, por otro, ejliállázzósk.sus más-acérrimos defensores en la cúpula misma del poder militar, en las figuras de Videla y Harguindeguy, a quienes se sumaría posteriormente Galtieri. El que llamaremos "núcleo estable" del Proceso, posicionado, por otra parte, como un 'triángulo estraté-
55 Según Reinhardt y Peres (2000), este tipo de diagnóstico suponía que el excesivo gasto pú-
blico estaba orientado a sostener un inherentemente deficiente modelo económico, que posibilitaba la supervivencia de una industria ineficiente e incapaz de someterse a la competencia internacional, mediante el rent-seeking, los subsidios estatales y un alto grado de proteccionismo. 62
gico" -conformado por la Presidencia y los Ministerios de Economía e Interibr-- estaría dotado de una extraordinaria estabilidad en el tiempo, resisileindo las críticas más diversas. Por otra parte, la política económica también encontraba adhesiones entre otros importantes funcionarios, tal como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, general de brigada (RE) Ibérico Saint Jean, los altos mandos de la Fuerza Aérea, vastos sectores del Ejército y numerosos civiles y militares retirados. El 2 de abril de 1976 Martínez de Hoz dirigió su primer discurso al país, sentando las bases de la "filosofía económica" del Proceso. El ministro resumía los componentes centrales del diagnóstico liberal que había justificado el golpe de Estado: la necesidad de eliminar el déficit fiscal y la inflación persistente -esta última producto, sobre todo, de la "emisión monetaria" orientada a cubrir el primero-, la condena al Estado interventor y una paralela defensa de la "empresa privada" y del "mecanismo de mercado" como "principio básico, orientador de la actividad económica" (Clarín, 2/4/1976). Rechazando al mismo tiempo las opciones tradicionales de shock "que el país no parece estar en condiciones de soportar" -la memoria del "Rodrigazo" parecía estar demasiado fresca como para aventurarse en experimentos del estilo- y las estrategias "excesivamente gradualistas por no producir efectos suficientemente vigorosos", el ministro pretendía situarse en una posición intermedia. La amplitud de los principios defendidos por el titular de Economía y su capacidad para restirriklás aspiraciones del también amplio espectro néral permitieron que el apoyo inicial a la política económica por parte de estos sectores fuera contundente -muy probablemente la drástica caída del salario real provocada por las primeras medidas operó en el mismo sentido-, y que los primeros meses de gestión fueran, en términos generales, pacíficos. Las primeras medidas implementadas consistieron en la aplicación de un severo ajuste ortodoxo, mediante una devaluación de la moneda -paralela a la suspensión de las retenciones al agro y a la disminución y/o eliminación de los reembolsos a las exportaciones de bienes no tradicionales-, un congelamiento de los salarios del sector público y la liberación de los precios, los Primeros pasos en la apertura comercial con una modificación de aranceles aestabIecimiento de un doble tipo de cambio. Estas disposiciones, acompañadas por la obtención de un cuantioso préstamo externo, le permitieron al ministro, en pocos meses, obtener superávit comercial y reducir tanto la inflación como el déficit fiscal, y habilitaron a Videla a defender estos avances como "una prueba inequívoca de los aciertos iniciales (...) aunque los frutos no podrán apreciarse de inmediato" (Clarín, 25/5/1976). Sin embargo, las resistencias del frente militar, para el que la desocupación y la rece-
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Sión resultantes de este tipo de ajustes no resultaban aceptables, obligaron al ministro a rendir cuentas y a advertir que "estamos (evitando) toda causa de desocupación masiva de obreros" (La Nación, 30/6/1976). Ante el Consejo de Almirantes, integrado por todos los almirantes en actividad con destino en el país y presidido por el almirante Massera, y el brigadier Agosti, que sostenían estar "preocupados" por los "ingresos de los sectores más bajos de la población" y que demandaban "resultados positivos a corto plazo", el ministro se declaraba partidario de evitar los "costos sociales" clásicos de los ajustes antiinflacionarios -recesión y desempleo-, y que para ello estaba implementando un "programa gradual, no de golpe (porque) si lo hubiéramos hecho de golpe se nos hubiera podido hacer un cargo serio" (La Nación, 23/9/1976). En la Navidad de 1976, Martínez de Hoz identificaba como sus principales éxitos haber "reducido drásticamente la espiral inflacionaria", haber superado la cesación de pagos, haber revertido la "tendencia (negativa) de la balanza comercial (...) y del balance de pagos", detentar un nivel récord de reservas en el Banco Central, haber reabierto las fuentes de financiamiento externo, la disminución de "ciertos factores de creación de expansión monetaria", etc. En este contexto, el éxito de la gestión a cumplir durante 1977 dependería de lograr "la reducción del déficit del presupuesto (...) a un límite compatible con la reducción de la tasa de inflación y la tasa de crecimiento de la economía", para lo que resultaba imprescindible tanto aumentar la recaudación56 como reducir los gastos estatales, racionalizando las empresas del Estado y la administración pública. Sin embargo, el ministro advertía que la "reducción de los gastos del Estado" no era tarea fácil, ya que demandaba "además de cierta dosis de paciencia, una gran dosis de persistencia y acertar con las medidas que, poco a poco, vayan produciendo un consenso y convencimiento general de su necesidad" (La Nación, 24/12/1976) 57. A pesar de sus innegables "logros", las dificultades del equipo económico para reducir el gasto público derivadas, entre otros factores, de las resistencias
de las Fuerzas Armadas, lo llevaron a perder su primera batalla contra la inflación, que en el último trimestre de 1976 ascendía al 7 por ciento mensual, perjudicando la posibilidad de implementar las reformas previstas para 1977, en particular, la Reforma Financiera. Así es que el 8 de marzo de 1977 la conducción económica estableció una tregua de precios por 120 días acompañada por una reducción arancelaria para aquellos productos que registraran alzas "injustificadas", contradiciendo, mediante este recurso a la heterodoxia, el principio de liberación de precios en que había basado el plan del 2 dé abril ., su crítica hacia el "pernicioso mecanismo de control de precios" del gobierno peronista y su vocación antidirigista. La reacción ortodoxa fue inmediata. El ingeniero Álvaro Alsogaray denunciaba que "la mentalidad estatista, desarrollista, dirigista y populista está infiltrada dentro y fuera del gobierno (...) la inflación no sólo no está contenida, sino que amenaza acelerarse nuevamente (...) volver al control directo de precios (supone) una pesada carga y (renunciar) a principios y técnicas que (el equipo económico) inicialmente proclamó como las mejores" (La Nación, 6/4/1977). Martínez de Hoz argumentaba que el "pragmatismo" de su plan y la "necesidad de reaccionar con rapidez", no implicaban el abandono del programa del 2 de abril, y que la "medida artificial" del control de precios sólo había sido motivada por la necesidad de frenar otro factor artificial, la "expectativa inflacionaria" (La Nación, 13/4/1977). La tregua de precios de 120 días fue suficiente para permitir la implementación de una de las reformas de mayor alcance de la gestión del ministro: la Reforma Financiera del 1° de junio 58. La misma era defendida por el "tecnóZata" Alejandro Estrada, que sostenía que el sistema financiero heredado era congruente con el "pernicioso modelo distribucionista" que centraba la distribución de la riqueza "en el sistema de precios, y no, como lo indica una sana política, a través del sistema fiscal", donde la "preocupación esencial era procurar dinero barato para (...) un grupo de privilegiados", con la consecuente "desaparición del crédito como instrumento de financiamiento" (La Nación, 5/5/1978). Estrada identificaba la importancia estratégica que la Reforma presentaba para los planes refundacionales del ministro: terminar por
56 El objetivo de aumentar los recursos tributarios se había logrado, durante 1976, mediante la indexación de los recursos impositivos por Ley N° 21.281 de abril de 1976, que establecía un régimen de actualización de los créditos a favor del Estado; en septiembre de 1977 se extendería la indexación a la mayor parte de los ingresos impositivos con la Ley N° 21.636 (Schvarzer, 1984). 57 Durante el año 1977 la atención de Economía estaría centrada en la reducción de los gastos del Estado, y tanto Martínez de Hoz como Alemann comenzarían a percibir importantes obstáculos en este plano; analizaremos estas tensiones en el Capítulo 2.
58 Las primeras medidas preparatorias de la Reforma habían sido implementadas durante 1976, aprovechando el amplio margen de maniobra con que contaba el Banco Central, presidido por Adolfo Diz, cuyos funcionarios se encontraban libres de la interferencia que las burocracias militares le presentaban a la aprobación de las leyes. Sin embargo, alrededor de la legislación relativa a la reforma definitiva se habían gestado fuertes conflictos, entre los partidarios de una "garantía estatal para los depósitos", mayoritarios en la CAL, y quienes la rechazaban; a pesar de que entre estos últimos se encontraba el ministro, la garantía finalmente fue aprobada (Novaro y Palermo, 2003).
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un lado con las tasas reales negativas con que el Estado subsidiaba al sector industrial, y permitir por otro la incorporación del capital extranjero al mercado de créditos (Kosacoff, 1996). La Reforma consistió en una rápida liberación de las tasas de interés y en una paulatina eliminación de los controles sobre el flujo de capitales. Fue acompañada por una política monetaria contractiva, orientada a controlar la demanda global, con la que el ministro abandonaba las expectativas de crecimiento, asumiendo el riesgo de provocar una recesión y de crispar los ánimos de los elencos militares. Como consecuencia de la Reforma el sector financiero experimentó una expansión espectacular -a partir de la multiplicación de entidades financieras y del ingreso de los grandes bancos internacionalesirááCijo argentino-, pero la inflación continuó creciendo, ahora • -y con los salarios aún reprimidos- por la incidencia que los costos financieros comenzaron a tener dentro de los costos empresarios, y dentro de un marco recesivo, producto de la política contractiva que incidió también en una explosión de las tasas de interés 59 . El ministro no se preocupaba por delo -favorables, sino por dotar a su gestión de mostrar indicadores de &seri-lerirreversibilidad °: capitalizando el crédito político un alto componente de acumulado avanzaba en su objetivb de máxima, el de transformar las reglas de juego de la economía, demostrando que estaba dispuesto a jugar su juego a fondo a pesar de los bloqueos de los uniformados -o tal vez precisamente a causa de éstos-. Estas presiones no se limitaban al plano público, y hacia 1977 los militares también las volcaban en los documentos reservados que circulaban en despachos y cuarteles con miras a consensuar la propuesta política del régi-
59 Las altas tasas de interés eran en buena medida producto de la "garantía estatal" a los depósitos, y constituían un elemento clave en en la dinámica de acumulación que comenzaban a privilegiar los agentes económicos, orientada al aprovechamiento de las ventajas que otorgaba la denominada "bicicleta financiera". t'° Según Canitrot (1980) el gobierno, desestimando perspectivas de crecimiento a futuro, decidicilalrefoi-rna con el objetivo de interrumpir el clima de relativa bonanza de fines de 1976 y de limitar la libertad de operación de las empresas, favoreciendo los intereses de sus 'aliados sociales. Para Schvarzer (19.84) la Reforma fue la medida fundamental que permitlóno sólo asegurar la irreversibilidad de lo actuado sino, y sobre todo, la permanencia y elpoder del equipo, cuyos integrantes, en caso de mejorar la situación económica general en un contexto de críticas crecientes, se habrían vuelto prescindibles. De acuerdo con Novaro y Palermo (2003), la Reforma puede ser comprendida dentro de la estrategia más general del ministro, que consistía en combinar objetivos de largo plazo que permanecieron invariables -y que respondían más a la intención de realizar profundas reformas estructurales que a presentar indicadores satisfactorios de "buen desempeño económico"-, con objetivos de corto plazo que eran sometidos a cambios de rumbo de acuerdo con las necesidades coyunturales.
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men. Por caso, el Plan Nueva República, de mayo de 1977, elaborado por el general Jorge Olivera Royere, secretado -general del Estado-Mayerr y cercano iiéral Suárez Mason, recomendaba "lograr mantener una situación soargl_ cioeconómica que elimine tensiones sociales", "no sobrepasar los índices normales de desocupación" y avanzar "con el menor costo social posible". En octubre, en el documento Consideraciones sobre el proceso de institucioTzación y el Movimiento de Opinión Nacional dela Afinad-Lis:5S marinos ita2 advertían que era "condición fundamental que el gobierno consolide la economía nacional y mejore las condiciones sociales (para) lograr la adhesión Lel apoyo de la ciudadanía", recuperando sobre todo la "capaCidad adquisitkaSk j91 salarios, hoy deprimida a niveles crítiCni". Por su Paité, la 'Fuerza Aérea, en su documento Bases Políticas para la Reorganización Nacional, pedía "una equitativa distribución de la riqueza y úri mejoramiento en el nivel de vida, particularmente en las clases asalariadas", pero denunciaba "la permanencia de rasgos negativos dentro de la organización económica y social", tales como "un Estado sobredimensionado que no se ha reducido, y posiblemente haya crecido", al igual que los voceros civiles del liberalismo. En diciembre, comenzó a gestarse un enfrentamiento entre las fracciones en que se hallaba dividido el equipo económico, personificadas en este caso en el secretario de Comercio, Alejandro Estrada -quien había asumido ese cargo en abril de 1977, luego de desempeñarse como interventor en la Junta Nacional de Granos- y el secretario de Comercio Exterior, Alberto Fraguío. El conflicto había surgido durante el mes de junio en torno de la política de reducción arancelaria aplicada por Estrada que, según Fraguío, "perjudicaba a la industria nacional", para posteriormente ampliarse con motivo de la elevación de las tasas de interés del régimen de prefinanciación de exportaciones (La Opinión, 13/12/1977). La disparidad de criterios llevó a Martínez de Hoz a unificar ambas Secretarías en una sola -de Comercio y Negociaciones Económicas Internacionales-, que quedaba a cargo de Estrada, previa renuncia de Fraguío e interinato de Guillermo Walter Klein, secretario de Programación y Coordinación Económica, y mano derecha de Martínez de Hoz. El nuevo y poderoso secretario, que ahora monopolizaba todo el manejo comercial del país, era un fervoroso defensor de la liberalización total de la economía, y participaría posteriormente en la adopción del "enfoque monetario de la balanza de pagos"61 .
61 Según Túrolo, Estrada había sido "partidario, inicialmente, del desarrollismo (y) se había orientado hacia la concepción liberal pocos años antes de incorporarse en el equipo econó-
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Entre fines de 1977 y principios de 1978 se inició un proceso de imparableacürriálát1511 de. poder en manos de Martínez de Hoz, revelando que dentro de la estructura de tareas del régimen, la política económica se estaba convirtiendo en el tema prioritario. Posteriormente, el nombramiento de Videla como presidente para un segundo período ampliaría el margen de maniobra deriii-ifitsTfo, quédu—rante 1978 se lanzaría aún con más fuerza en pos de una irreversible transformación de la economía -y la sociedad- argentinas. III. El Ministerio de Planeamiento y los artífices del Proyecto Nacional Lo que en estos momentos no está permitido es la política de partido, pero nosotros entendemos que estamos haciendo política (...) en el sentido eminente de esta expresión. General Díaz Bessone, La Nación, 19 de noviembre de 1977
Dado que dentro de la estructura de tareas del régimen militar la "lucha antisubversiva" se encontraba dentro de las más altas prioridades, durante es. ta etapael poder de los comandantes de los Cuerpos de Ejército fue primor' el sd tercer gobierno peronista, al frente de Ya.-durante las postrimerías
mico en 1976 (...) el suyo no fue un liberalismo meramente teórico (...) estaba convencido de que la única solución para los problemas del país era la liberalización de la economía (...) la convicción intelectual de Estrada y del equipo que éste formó dentro del propio equipo económico -un grupo pequeño, pero homogéneo y extraordinariamente convencido de sus ideas- no participaba del gradualismo, al que sí adhirió Martínez de Hoz" (Túrolo, 1996: 225). Este "equipo dentro del equipo" estaba integrado por Juan Dumas -secretario de Negociaciones Internacionales-, Héctor Legarre -subsecretario General-, Martín Braun Lasala -subsecretario de Precios y Abastecimientos-, Hugo Miguens -titular de Lealtad Comercialy Alberto Grimoldi -subsecretario de Comercio Exterior y luego secretario de Industria-, entre otros. Durante el Proceso, y bajo la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, a partir de la división territorial de los Cuerpos de Ejército se establecieron las Zonas que organizaban la "masacre represiva". El Comando de Zona 1 estaba a cargo del Cuerpo de Ejército I, con asiento en la Capital Federal y jurisdicción sobre esta última y las provincias de Buenos Aires y La Pampa; el Comando de Zona 2 estaba a cargo del Cuerpo de Ejército II, con asiento en Rosario y jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones; el Comando de Zona 3 estaba a cargo del Cuerpo de Ejército III, con asiento en la ciudad de Córdoba y jurisdicción sobre las provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy; el Comando de Zona 4 estaba a cargo del Comando de Institutos Militares, con asiento en Campo de Mayo y jurisdicción sobre los partidos bonaerenses de Escobar, General Sarmiento, General San Martín, Pilar, San Fernando, Tigre, 3 de Febrero y Vicente López; por último, el Comando de Zona 5 estaba a cargo del Cuerpo de Ejército V, con asiento en Bahía Blanca y jurisdicción sobre el sector sur de la provincia de Buenos Aires, y las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego (Mittelbach y Mittelbach, 2000).
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estas Comandancias se había cristalizado una elite de "señores de la guerra" 63, que durante el Proceso encabezó las operaciones "antisubversivas", integrada por los generales Carlos Guillermo Suárez Mason, comandante del Cuerpo I, Ramón Genaro Díaz Bessone, comandante del Cuerpo II, Luciano Benjamín Menéndez, comandante del Cuerpo III, Santiago Omar Riveros, comandante de Institutos Militares y Osvaldo Azpitarte, comandante del Cuerpo V, y sus 2° comandantes y jefes de Estado Mayor 64. Predominantemente del arma de artillería -y sólo en segundo lugar de caballería65-, y pertenecientes a la promoción 74 del Colegio Militar, varios de estos generales "duros" habían participado en la revuelta antiperonista de 1951, en la Revolución Libertadora en 1955 y en el bando "colorado" durante los enfrentamientos de principios de los sesenta. Si bien durante el Proceso estuvieron involu . • • • u. - esivas,...varios, de ellos habían 2enelasád9ATp9 19111es_eargos en el enmPlejo militar-industrial y en el Comando de Institutos Militares -que subordina a todos los
63 Esta designación responde a que estos comandantes eran depositarios de un poder fundamentalmente territorial, basado en el desempeño de las tareas "operativas" contra la "subversión", dentro de las cuales tenían las más altas responsabilidades, gozando al mismo tiempo de un elevado nivel de autonomía. 64 Entre estos subjefes se encontraban Acdel Vilas, Femando Santiago y Carlos Dalla Tea, compañeros de la promoción 75 del Colegio Militar, y Jorge Olivera Royere. Vilas, del arma de infantería, llamado también el "general peronista", se había desempeñado desde diciembre de 1975 como 2° comandante del Cuerpo V, cargo desde el cual había tenido a su cargo el Operativo Independencia. Santiago, del arma de artillería, se había nucleado en tomo del desarrollismo de la revista Estrategia, dirigida por el general Guglialmelli, al igual que Azpitarte; entre 1975 y 1976 se había desempeñado como 2° comandante de Institutos Militares, entre 1976 y 1977 como 2° comandante del Cuerpo III, y desde febrero de 1978 como director nacional de Gendarmería, para pasar a retiro en noviembre de 1979. Dalla Tea, del arma de artillería, había militado en el populismo de los generales Carcagno y Cesio, inspirado en el auge de las corrientes peruanistas dentro del Ejército. Finalmente, Olivera Royere, que pertenecía a la promoción 74 y al arma de comunicaciones, se desempeñaría como 2° comandante del Cuerpo de Ejército I como subordinado de Suárez Mason, y luego como secretario general del Estado Mayor; en mayo de 1977 tendría a su cargo la redacción del Plan Nueva República, plan político de características similares al Proyecto Nacional, para pasar a retiro en agosto del mismo año. 65 En este punto no coincidimos con la caracterización de Novaro y Palermo (2003), que identifican a estos "duros" como participantes del bando "azul", sosteniendo asimismo que los "blandos" -o "politicistas"- por ser de infantería, habrían sido "colorados". Los "duros" no eran predominantemente de caballería, sino de artillería, y tanto los "señores de la guerra" como los integrantes de la fracción "politicista" habían militado en el bando "colorado", participación que ha sido constatada por Fraga (1988) entre otros. Riveros, Azpitarte y Díaz Bessone, del arma de artillería, habían sido compañeros de la promoción 74 del Colegio Militar, mientras que Suárez Mason y Menéndez, ambos de caballería, pertenecían a las Promociones 73 y 74 respectivamente. Tanto Riveros como Suárez Mason habían participado en la revuelta antiperonista de 1951, en la Revolución Libertadora y en el bando "colorado"; Azpitarte había participado al menos en 1951 y 1955, y Díaz Bessone en 1962.
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organismos militares de formación y perfeccionamiento- 66, lo que los llevaba a defender posiciones desarrollistas -cercanas a las de los "burócratas" al frehte del aparato estatal-67. Al mismo tiempo, su profundo anticomunismo y antiperonismo y sus concepciones corporativistas llevaban a estos 'duros" a . rechazar cualquier posibilidad de acercamiento con las organizaciones políticas y sindicales. Así, sus concepciones económicas y sus posiciones políticas los llevaron a ejercer dós resistencias: una contra el liberalismo "antiestatista" del equipo económico y otra contra la fracción "politicista" del Ejército 68 . Hacia fines de 1976 el régimen perseguía dos objetivos: la profundización de la "lucha antisubversiva" y la consolidación del plan económico, lo que llevó a la cristalización de una coyuntural -aunque sólida- coincidencia entre los imperativos de aislamiento impuestos por la política económica y las prioridades de la masacre ejecutada por los comandantes de Cuerpo 31,sus subordinados. La necesidad de entregar a los "señores de la guerra" mayores cuotas de poder en retribución por los avances en la "masacre represiva", y la de progresar en la elaboración de la propuesta política del gobierno autoritario, llevó al régimen a involucrarse, el 29 de septiembre de 1976, por Ley N° 21.431 en, la creación de un Ministerio de Planeamiento. La nueva cartera, se anunciaba, estaría a cargo del general Ramón Genaro Díaz Bessone69, y su principal función sería redactar el plan político del ré-,
66 Riveros, graduado como oficial ingeniero militar, se había desempeñado como director de la Escuela Superior Técnica durante la Comandancia de Carcagno, y durante las Comandancias de Anaya y Laplane como director de Producción y luego vicepresidente de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Azpitarte había militado en el nacionalismo durante la Comandancia de Lanusse, incorporándose al núcleo de oficiales agrupado alrededor de Estrategia, y durante la Comandancia de Anaya había sido director de la Escuela Superior de Guerra y 2° comandante de Institutos Militares durante la Jefatura de Laplane. Suárez Mason había sido director de la Escuela de Caballería en 1972, 2° comandante de Institutos Militares durante la Jefatura de Anaya y jefe de Inteligencia del Estado Mayor -su carrera culminará como presidente de Menéndez había cumplido servicios en el Colegio Militar de la Nación y en la Escuela Superior de Guerra. Finalmente, Díaz Bessone había actuado durante la Revolución Argentina primero en la Secretaría de Seguridad y luego en la Secretaría de Estado de Planeamiento y Acción de Gobierno. 67 Si bien resulta particularmente notable la ausencia de trabajos que intenten analizar a estos "duros" por fuera de las funciones meramente represivas, la recuperación de sus trayectorias profesionales permite ubicarlos más certeramente dentro de la interna militar y explicar, entre otros aspectos, sus posiciones económicas. En este trabajo hemos identificado su cercanía con los que hemos llamado "burócratas", sin dudas una de las fracciones menos trabajadas para el período, que será analizada en el Capítulo 2. 68 Trabajaremos más profundamente las diferencias entre las fracciones "dura" y "politicista" del Ejército en el Capítulo 3. 69 La designación de Díaz Bessone no era casual. Durante el gobierno de Onganía se había desempeñado en la Secretaría de Seguridad, dedicada a la planificación estatal, y durante el
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gimen, el Proyecto Nacional70. "--Wsrimitirénsobretritirritnente creación del Ministerio provocaron la reacción de la opinión pública liberal, que advertía que tras el concepto mismo de "planeamiento" se ocultaban las distintas -y a su entender, nefastas- versiones del desarrollismo vernáculo. Alsogaray sostenía que se trataba de "un contrasentido total porque el gobierno, al querer implantar el sistema de libre empresa privada a través del Ministerio de Economía, estaría siguiendo un rumbo determinado y al orientarse hacia la economía planificada al crear el Ministerio de Planeamiento estaría siguiendo un rumbo totalmente opuesto" (La Opinión, 2/11/1976; cit. en Sidicaro, 1996: 17). Era evidente que la creación de la pueva cartera contradecía varios de los principios declarados centrales por el régimen. En primer lugar, conspiraba contra el propósito de raciónalización de "Vadministración pública, ya que suponía una importante proliferación de orIITitSTrI6s .-S-etiét-arías, Subsecretarías, etc.- y personal 71 . En segundo lugar, y
gobierno de Lanusse había sido designado en la Secretaría de Estado de Planeamiento y Acción de Gobierno, que absorbía las funciones del CONADE, el CONASE y el CONACyT. Asimismo, era uno de los creadores de la "Fundación Argentina Año 2000" y los Centros de Estudios Prospectivos, integrados por un equipo multidisciplinario de civiles y oficiales retirados, que había editado en 1973 el Proyecto Nacional Argentina Año 2000 (Quiroga, 1994). Varios de los miembros de la Fundación acompañarían a Díaz Bessone en la nueva cartera. 70 Recordemos que en enero de 1977 las Fuerzas Armadas habían intentado avanzar en este aspecto publicando las Bases para la intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso nadonal. Previamente a las Bases... había circulado asimismo, pero en forma restringida, un documento elaborado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, general Ibérico Saint Jean, juntamente con sus asesores Alberto Rodríguez Varela, James Smart y Jorge Aguado, Este plan, de octubre de 1976, se titulaba Un nuevo ciclo histórico ~tipo: del Proceso de Reorganiiiain NiCTOnaTiTalerceralte'rxibralinearieZspira una estrategia nacional En él, done r IffitaireVitténteg `dé Ta`I'fraCdories Más elitistas del régiMen 'anté la necesidad de elaborar un plan político, se advertía que "El tema central al que deberá responder el nuevo proyecto político es el de la vertebración de una nueva dase dirigente (...) inequívocamente identificada con la heredad tradicional y dispuesta a resistir hasta la victoria a la agresión marxista populista (...) Por lo tanto las FEAA. deberán evitar simultáneamente: el aislamiento respecto de la civilidad; la tentación del 'pacto' con la dirigenda civil preexistente (...) Por otra parte, los partidos perderán el monopolio de la representación en la sociedad y de la conducción del Estado (...) La representación de los intereses tendrá su ámbito propio en el Consejo de la República (donde) las FF.AA. participarán (...) como custodios de los intereses específicos de la seguridad y el potencial de la Nación, disponiendo de un poder de veto res cto de iniciativas en que estimen vulnerados dichos intereses" (Un nuevo ciclo...). La nueva cartera estaría conformada por dos Secretarías -la de Planeamiento, a cargo del coronel Juan Carlos Duret, y la de Proyecto Nacional, a cargo del mismo Díaz Bessone- y nueve Subsecretarías, al frente de las cuales se encontraban varios ingenieros, economistas Y oficiales retirados. La dotación total de personal sería apreciada inicialmente por el mismo ministro en 600 personas (La Nación, 24/11/1976). Tiempo después Laidlaw, su sucesor, hablaría de unos 890 empleados, que luego se habrían reducido a 500 durante su gestión (La Nación, 27/4/1978). Oszlak (1984) estima estos números en un total inicial de 1200 empleados, redimensionados a unos 450 en 1982.
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dado que a la nueva dependencia se le otorgaba el carácter de un "superminis. terio'qife debía centralizar y coordinar las actividades de las carteras restantes, amenazaba con restarle autonomía a sus pares y con contraponerse asimismo con el "superministerio" de Economía. En tercer lugar, la idea misma de planificación estatal, que asignaba al Estado la capacidad de fijar metas económicas y políticas, entraba en flagrante contradicción con la "filosofía económica" del Proceso 72 . Finalmente, entre las atribuciones del nuevo ministro se encontraba la de reemplazar al presidente en caso de ausentarse éste del país -con la correspondiente merma del poder del ministro del Interior- y de asesorarlo -lo que le entregaba a los "duros" acceso directo al presidente-, al tiempo que sus posiciones políticas eran radicalmente contrarias a las de los miembros de la Secretaría General de la Presidencia. A pesar de estas contradicciones, voceros del régimen destacaban que la creación del Ministerio respondía a la necesidad de elaborar un Proyecto Nacional que estableciera las políticas fundamentales para el mediano y largo plazo. A diferencia de las carteras restantes, de carácter "técnico", las tareas del nuevo Ministerio, se sostenía, eran de carácter "creativo" o "político". Los objetivos perseguidos se explicitaban en las primeras páginas del Proyecto Nacional: "De acuerdo con las disposiciones de la Ley N°21431 de creación del Ministerio de Planeamiento y su Decreto Orgánico N°2594/76 (Anexo IV), competen a dicho Ministerio las misiones de elaborar y actualizar el proyecto Nacional, con el sentido de proposición de una empresa r un destino para la nación, acorde con su perfil humano y su entidad histórica El presente documento también llena otras necesidades operativas para la formulación del Proyecto Nacional. 1.1. Someter los lineamientos generales de su encuadre conceptual, los objetivos y los cursos de acción propuestos para su logro, a la consideración de la Junta Militar. 1.2. Rermitir_,definir la "Etapa Fundacional" en su verdadero alcance, y posibilitar las correcciones necesarias en materia de organización del Poder Político, ejercido por las Fuerzas Armadas, a fin de asegurar la conveniente estabilidad, cohesión y continuidad, más allá de lo personal. (...) El objetivo real es la articulación de un nuevo sistema político apto para realizar y hacer irreversibles los logros de la intervención militar.
72 Para un análisis detallado de las contradicciones ideológicas entre el Proyecto Nacional y el proyecto Videla-Martínez de lloz, consultar Quiroga (1994) y Sidicaro (1996), entre otros.
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1.3. Servir de base para la consulta y la recepción de aportes de la comunidad a través de sus figuras y entidades más representativas y calificadas (...) 1.4. Predisponer las condiciones para el consenso y la adhesión activa al Proyecto". (Proyecto Nacional, Ministerio de Planeamiento, 25/5/1977: 3.)
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El Proyecto Nacional buscaba fundamentar el proyecto político del régimen militar a partir de principios de naturaleza ético-filosófica y de elementos teóricos frecuentemente utilizados en las ciencias sociales contemporáneas (Sidicaro, 1996). El texto señalaba que la decadencia argentina se explicaba por la ausencia de una gran política nacional, cuya única expresión se había eclipsado junto con la "Generación del Ochenta". De allí que la larga crisis argentina sólo pudiera ser superada por una "nueva generación del Ochenta", que emprendiera la fundación de una "Nueva República"; paradójicamente, dentro del imaginario de los artífices del Proyecto Nacional convivían tanto componentes del más rancio liberalismo conservador como del nacionalismo más corporativista. El orden deseado debía consistir, a nivel económico, en una "modernización" estructural concretada mediante una activa presencia estatal, que apuntara, a través de una concepción nacionalista y desarrollista, a "a) preservar el poder de decisión nacional frente a la acción de los países desarrollados y las empresas transnacionales (...); d) fijar criterios y pautas de promoción sectorial y regional. (...); f) Establecer y mantener una política de distribución del ingreso y de precios relativos (...); g) Delinear y ejecutar un plan de inversiones públicas acorde con los criterios de orientación y eficiencia, fijados conforme a los principios éstablecidos; h) Adecuar el accionar del capital extranjero y de las empresas transnacionales a los reales intereses y prioridades de la economía argentina". (Proyecto Nacional: 310) "Ejercer a través del Estado, en cuanto gerente del bien común, el principio de subsidiariedad; una actividad de supervisión, promoción y ordenamiento; de coordinación y arbitraje de los grupos intermedios y de sectores, mediante: 1) La orientación de la actividad económica: -Fijando reglas de juego claras y estables. -Promoviendo la difusión de la propiedad privada (...) Esto excluye las concentraciones monopólicas sean privadas o estatales. -Desarrollando la infraestructura necesaria (...). -Asegurando el normal funcionamiento de los mecanismos de mercado (...)" (op. cit.: 339).
A nivel político, el Proyecto Nacional encontraba su antecedente más cerc,anoeneiciorp-Oritivismo del onganiato. En primer lugar, recuperaba la su73
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cesión por etapas entre el planeamiento, la consulta y la_decisión 73 : el planeamiento consistía en el diseño de un plan general -el Proyecto Nacionaltarea del nuevo Ministerio -órgano que reunía las funciones de planeamiento con las consultivas, antaño ejercidas por el triángulo conformado por el Consejo Nacional de Seguridad (CONASE), el Consejo Nacional de Defensa (CONADE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (CONACYT)-, la posterior consulta implicaba el "intercambio de opiniones con los argentinos, con sus instituciones, con los organismos del Estado y naturalmente con las propias Fuerzas Armadas (...) con excepción de los que han sido juzgados por corruptos y subversivos" (La Nación, 12/8/1977) 74, y la decisión descansaba finalmente en la Junta Militar. En segundo lugar, el documento revelaba un significativo desprecio por la representación política partidaria -que "no debía ejercer el monopolio de la democracia"-, y le concedía una extrema importancia a los "cuerpos intermedios" o "asociaciones intermedias" cuya actuación debía ser "encuadrada" con "clara y precisa legislación" (Proyecto Nacional: 333). Por último, la marca,del onganiato se revelaba en los largos plazos temporales previstos: "el tiempo mínimo para lograr dicha recuperación (...) puede fijárselo (...) en doce años" (op. cit.: 354); "(se) prevé la iniciación, en 1986, de una etapa de transición, con la incorporación crecléiné-dé-Civiles, hasta llegar al año indicado, de 1991, en que se habrían
73 Desarrollo, seguridad y planeamiento, conceptos indisolublemente unidos en el idea-
rio de la Revolución Argentina, habían sido los ejes a partir de los cuales se había intenta. do rediseñar el Estado durante el gobierno dé Onganía. A nivel organizativo, se había buscadoIa constitución de una estructura piramidal -como regimientos dentro de una división- que imbricara tres sistemas: el planeamiento, la consulta y la decisión. A nivel institucional, el Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para la Seguridad Nacional se había dividido en tres planos: en el del planeamiento y la acción, se había creado el CONADE; en el de la integración de la seguridad con el desarrollo el CONASE; y en del planeamiento tecnológico el CONACYT (Rouquié, 1981). Esta preponderancia de la planificación respondía en buena medida a la influencia que alcanzaban por entonces las teorías difundidas por los expertos de las organizaciones internacionales, que identificaban a la correcta planificación de la acción de gobierno como una de las claves del éxito de una gestión, y a la experiencia pionera -1966- del gobierno brasileño en establecer un Ministerio de Planeamiento, considerado el pilar de su "milagro económico". 74 La consulta se iniciaría con la formación de cuatro comisiones: del Área Educativa, la denominada "sector universitario", con participación de rectores de las universidades nacionales y privadas, entre otros; y del Área Economía, las correspondientes al "sector agropecuario", "sector industrial" y "sector comercial", de las que participarían, respectivamente, dirigentes de las corporaciones agrarias -Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina, etc.-, industriales empresarios del Interior, Movimiento de Unidad Industrial, Movimiento Industrial Argentino, etc.- y de servidos -Bolsa de Cereales, Bolsa de Comercio, Cámara Argentina de Comercio, banca nacional y cooperativa, etc.-. (La Nación, 26/8 y 6/9/1977). 74
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alcanzado ya las condiciones para la Nueva República" (La Nación, 6/9/1977). Hasta aquí, los apetitos políticos del Proyecto Nacional eran coherentes con el aislamiento social requerido por el plan económico y con los objetivos de la "masacre represiva" que llevaban adelante los- "señores de la guerra". Estos últimos parecían estar ampliamente consustanciados con las propuestas de Planeamiento, apoyo que se manifestaba en un documento de "mayo de 1977, el Plan Nu2va República, elaborado por el general Jorge Olivera Royere, ex 2° comandante del Cuerpo I y ahora secretario general del Estado Mayor del Ejército 75 . Además de ofrecer un diagnóstico de la situación al 24 de marzo de 1977 donde se destacaba la "imprecisión en la definición del poder", la "situación social comprimida a límites máximos", el "riesgo de aislamiento político-social" del régimen, la "cohesión institucional con alto grado de indefinición político-ideológica" y la "ineficiencia de algunos militares en el ejercicio de la función pública", el Plan coincidía con la prédica desarrollista del Proyecto Nacional cuando proponía "encarar por el sector público el incremento de la infraestructura requerida para el desarrollo" y el "desarrollo de industrias básicas" y "polos de desarrollo" en el intepor del país, al tiempo que recomendaba "no sobrepasar los índices normales de desocupación" y avanzar en los objetivos económicos "con el menor costo social posible". También sostenía que "un cambio realmente profundo y renovador sólo podrá efectuarse y consolidarse en un período que no podrá ser menor a los 12/15 años" (Plan Nueva República: 3 y ss.). Sin embargo, los imperativos políticos del gobierno militar se modificarían muy pronto para determinar, en diciembre de 1977, el fin de la experiericia de Planeamiento y el inicio de un proceso de decadencia de los "duros" dentro de la estructura de poder. En el plano externo, tras el viraje en la política de derechos humanos de los Estados Unidos auspiciado por la flamante administración demócrata de James Carter, los temores del régimen hacia posibles sanciones internacionales por el empleo del terrorismo esta-
75 No coincidimos con Seoane y Muleiro cuando afirman que este plan habría sido avalado por el general Viola (véase Seoane y Muleiro, 2001: 294). El contenido del Plan Nueva República coincide con los principios defendidos por entonces por los "duros", y los antecedentes profesionales y el perfil público de Olivera Royere lo acercan significativamente a los "señores de la guerra", más concretamente a Suárez Mason, a quien no sólo había acompañado desde diciembre de 1975 como 2° comandante del 1 Cuerpo, sino a quien ahora debía su cargo al frente de la Secretaría General del Estado Mayor.
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tal, comenzarían a ganar importancia en la agenda gubernamental 76. En el plano interno, la ambiciosa propuesta de Díaz Bessone comenzaría a girar en el vacío al menos por dos razones. Por un lado, la intención de que Planeamiento operara como un "primer ministerio", no podría superar el hecho de que, hacia fines de 1977, el verdadero poder pasaba por Economía, único "superministerio" del régimen, y que dicho privilegio sólo podía ser compartido, en todo caso, por el Ministerio del Interior. Así, mientras Díaz Bessone presentaba su renuncia a la Junta Militar, la prensa informaba que "la decisión del Ministro de Planeamiento fue consecuencia de disímiles apreciaciones entre su cartera y la de Economía sobre el tratamiento de algunas cuestiones vinculadas directamente con el área que conduce el Dr. José Alfredo Martínez de Hoz (...) la consideración de algunos temas referidos a la futura estructura económica nacional, crearon (...) una fisura que se fue ampliando con el tiempo" (La Nación, 31/12/1977). La Nación señalaba además que, continuando con la ya tradicional dinámica institucional del régimen, la sanción de la "Ley de Planeamiento" había sido bloqueada por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía, quedando virtüalmente "congelada" (La Nación, 3/1/1978) 77 . Por otro lado, y a pesar de la defensa del Proyecto Nacional que había realizado la Junta Militar 78, éste no despertó grandes pasiones, ni siquiera en
76 Carter había asumido la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero de 1977 y en agosto se había realizado la primera de las tres visitas a la Argentina de Patricia Derian, subsecretaria de Asuntos Humanitarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos y posterior testigo en el Juicio a las Juntas. En septiembre Videla había viajado a Washington para reunirse con Carter y varios presidentes latinoamericanos, desarrollando la tesis de la "guerra sucia", mientras que en diciembre se había iniciado un proceso de progresivo desmantelamiento de los principales centros clandestinos de detención (Seoane y Muleiro, 2001). Estos temas serán desarrollados en el apartado IV del Capítulo 2. 77 Según La Nación "la iniciativa habría llegado a la Presidencia con el visto bueno de los restantes ministerios, pero no con la firma del titular de la cartera de Economía (...) A ello se habría sumado también la opinión contraria del Poder Ejecutivo, por entenderse (...) que la Ley Nacional de Planeamiento, tal cual estaba proyectada, convertía prácticamente a la cartera de Planeamiento en una especie de 'superministerio', que invadía jurisdicciones y, además, porque en la práctica iba a dificultar el normal desenvolvimiento de las actividades en los distintos ámbitos del Estado" (La Nación, 3/1/1978). Para una reconstrucción de las versiones entregadas por la prensa alrededor de la renuncia de Díaz Bessone, véase Quiroga (1994). 78 En julio de 1977, Massera sostenía en la cena de camaradería que "estamos fundando otra vez la Patria, cuya expresión es el Proyecto Nacional, que transparenta la vocación humanística inmanente en nuestra sociedad" (La Nación, 8/7/1977). Agosti afirmaba que "el objetivo de fondo es superar los factores causales de los problemas argentinos, restablecer la confianza en el país y su futuro y dar vida a un Proyecto Nacional entendido como destino para la Nación" (La Nación, 11/8/1977). En Septiembre, un Editorial de La Nación
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el seno del Ejército. Si bien los "duros" le habían otorgado su apoyo mediante-el-Plarrispáb7Tei-las Secretarías de los Comandos en Jefe de las
distintas Fuerzas castigaron duramente las propuestas de Planeamiento en un documento reservado denominado Crítica al Proyecto Nacional, donde se sostenía que era "conveniente someter a la Junta Militar tres o cuatro modelos de país para su análisis y selección. Debiera incluir alternativas respecto a las estrategias en campos prioritarios, a los tiempos probables que demandará y a los costos sociales y políticos (...) No se identifica claramente el modelo económico y el esquema de crecimiento a adoptar (...) No tiene (articulación política), ya que considera la Institucionalización exclusivamente en lo referido a las FFAA (JM-PEN). No tiene una sustentación política visualizable". (Crítica al Proyecto Nacional. Secretarías de los Comandos en Jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, 1977.) Asimismo, el Plan Nueva República había sido ásperamente criticado por los "politicistas" de la Secretaría General de la Presidencia, en un trabajo reservado titulado Comentario sobre el Documento "Plan Nueva República'. En él se afirmaba, en relación con el plan de los "duros", que "el mismo no constituye un aporte suficiente respecto a los lineamientos que exige el Proceso para concretar una nueva síntesis histórica a través de la convergencia cívico-militar. Tal aserto se funda en los siguientes criterios: a) Su desarrollo no contempla la idea de SíNrrEsis, concepto del cual ni se hace mención. b) Constituye un conjunto de aspiraciones que, sin una sistematización suficiente, no alcanzan a conformar ni un programa de gobierno ni un plan de acción política (...) c) Se evidencia falta de unidad conceptual (...) e) De tal modo, se observan algunas contradicciones y se advierten conceptos cuyo sentido merece una mayor aclaración y precisión". (Comentario sobre el Documento "Plan Nueva República': 3-4, énfasis y subrayado en el original.) Así, en un contexto de modificación de la política de derechos humanos de los Estados Unidos, de profundización del poder de Economía y de ausencia de apoyos sólidos dentro de las Fuerzas, el destino de la experiencia de Pla-
criticaba duramente al Proyecto Nacional -afirmando que "la Junta Militar (...) no ha estado en uno de sus días más felices al convertir 'en general' en documento de Estado a un trabajo en el cual campean muchos conceptos rutinarios y otros expuestos confusamente, sin contar con los que son políticamente riesgosos" frente a lo cual, la Junta habría resuelto -según consta en las Actas Secretas de la reunión del 18 de octubre de 1977 reproducidas en Vázquez (1985)-, "que el secretario general de turno de la Junta Militar conversará con el director del diario y le expresará el desagrado de la Junta (...) El señor Ministro de Planeamiento invitará al señor director del diario para esclarecer el contenido del editorial" (Sidicaro, 1993: 413.) 77
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neamiento fue el olvido 79. Su final iniciaría el ocaso lento pero implacable de los "duros": si bien habían sido sometidos por el poder de Economía, serían pasados a retiro recién hacia fines de 1979, por lo que conservarían durante algún tiempo un significativo poder de veto sobre los avances de sus contrincantes "politicistas" en la interna del Ejército80. ;
IV. Massera y las ambiciones institucionales de la Armada "El poder es una experiencia imborrable. Yo había oido decir que el poder aísla, pero sólo viviéndolo se sabe hasta qué punto el poder es un pacto con la soledad, aunque yo traté permanentemente de romperlo cada vez que pude". Almirante Massera, La Nación, 17 de septiembre de 1978.
Tras décadas de adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas argentinas en los postulados de la Doctrina de Seguridad Nacional, el Proceso de Reorganización Nacional marcó el desenvolvimiento pleno de sus tres principios básicos: una concepción específica de la guerra y del enemigo militar, una determinada concepción de la Nación y una particular relación entre las Fuerzas Armadas y el sistema político, denominada "pauta intervencionista" (López, 1986), que supone el involucramiento total de las mismas en la gestión de gobierno. Ya durante la Revolución Argentina la influencia de la Doctrina había ido marcando la creciente participación de las Fuerzas Armadas en la estructura y las responsabilidades del gobierno 81 , con el propósito de permanecer de manera prolongada en el poder, desplazando los impera79 El 24 de enero de 1978 asumía como nuevo ministro de Planeamiento el general Julio
Laidlaw, saliente secretario de Inteligencia del Estado, que mantendría un bajo perfil público, a diferencia de su antecesor. En noviembre del mismo año se tomaría una resolución definitiva: convertir a Planeamienlo en una Secretaría dependiente de la Presidencia de la Nación. A su frente quedaría, hasta fines del gobierno militar, el brigadier José Miret, y Pla-neamitoclbrí edaiónlgusyvarioetd,pnucrperaría la importancia que había mantenido entre 1976 y 1977. Sobre la trayectoria posterior de Díaz Bessone como presidente del Círculo Militar y su enfrentamiento con el general Balza durante la década del noventa, consúltese Canelo (2006a). °C) En este sentido, disentimos con Yannuzzi (1996) cuando sostiene que la caída de Díaz Bessone habría implicado un triunfo de la fracción "politicista", ya que los "duros" lograron conservar un importante poder de veto que les permitiría incidir significativamente en la propuesta política final del Ejército, tal como analizaremos en el apartado V del presente Capítulo. ° 1 El involucramiento institucional había aumentado a lo largo de las tres presidencias de dicho régimen: mientras que Onganía había intentado gobernar con la Junta y las Fuerzas Armadas al margen, centralizando las decisiones en el Poder Ejecutivo, Levingston había 78
tivos "correctivos" de experiencias autoritarias anteriores para internarse en objetivos de índole "refundacional". Pero fue recién con el Proceso que se estableció la "pauta intervencionista" típica de la Doctrina que comprometería a las Fuerzas Armadas qua instituciones en la gestión de gobierno: las mismas emprendieron una vertiginosa militarización del aparato estatal, a partir de un novedoso modelo institucional 82. El primer rasgo de este modelo era el reparto tripartito del poder. Con excepción de los cargos municipales, que quedaban en su mayoría en manos de civiles afines, las intervenciones a los medios de comunicación, los sindicatos, las obras sociales, las organizaciones empresarias y los directorios de empresas públicas fueron repartidas "equitativamente" entre las tres Fuerzas; la mitad de las gobernaciones quedó en manos del Ejército y la otra mitad se repartió en partes iguales entre la Armada y la Fuerza Aérea; mientras que la organización y el ejercicio del poder represivo también fueron compartimentados según este criterio tripartito. En cuanto al Poder Ejecutivo, mientras que las carteras del gabinete -con la excepción de Educación y Economía, que eran asignadas a civiles- eran repartidas según un criterio de dos para cada Fuerza83 , la Presidencia quedaba, de acuerdo con las necesidades de la "situación de excepción", en manos del Ejército 84 . El segundo rasgo del modelo era la preponderancia de la Junta Militar por sobre el Presidente. Según los Documentos BáSicos del Proceso85, la Junta Militar, "órgano supremo de la Nación", definía las funciones y el funcionamiento de los tres niveles superiores de gobierno, designaba al presidente -requiriendo unanimidad de sus tres integrantes y que se tratara, además, de
debido aceptar una estrecha tutela de la Junta Militar y la seudoparlamentarización de su gobierno con una creciente participación de las Fuerzas Armadas, mientras que finalmente Lanusse, como presidente, había oficiado en rigor como presidente de la Junta (López, 1986). 82 Sobre los rasgos centrales de este modelo institucional, consultar entre otros, Acuña y Smulovitz (1995), Castiglione (1992) y Novaro y Palermo (2003). 83 En el gabinete inicial al Ejército le correspondían los Ministerios de Trabajo e Interior -a cargo de los generales Horacio Tomás Liendo y Albano Harguindeguy respectivamente-, a la Armada los de Relaciones Exteriores y Bienestar Social -a cargo de los contralmirantes César Guzzetti y Julio Bardi-, y a la Fuerza Aérea los de Defensa y Justicia -en manos del brigadier mayor (RE) lose María Klix y el brigadier auditor Julio Amaldo Gómez-. 84 Dada la primacía que en este reparto conservaba el Ejército, autores como Quiroga 1994) califican a esta distribución del poder de "compartida" y no "tripartita". 5 Con esta denominación se hace referencia a la Proclama, al Acta fijando el propósito y los objetivos básicos para el Proceso de Reorganizacion Nacional, a las Bases para la Intervención de las FFAA, a los Propósitos y Objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional, al Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, al Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar (IM), Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) (Ley N°21.256), y a la suspensión parcial de la vigencia
del artículo 23 de la Constitución Nacional. 79
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un oficial superior retirado- y a los miembros de la CAL, controlaba su actuación, se reservaba el derecho de destituirlos, y absorbía varias funciones que según la Constitución Nacional le correspondían al Ejecutivo y al Legislativo -el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, las funciones militares y de guerra y la declaración del estado de sitio, y la designación de los miembros de la Corte Suprema y de otros altos funcionarios-. Un rasgo novedoso en relación con otros regímenes autoritarios era que los comandantes se reservaban las decisiones sobre los nombramientos en las Fuerzas Armadas, conservando así una herramienta decisiva en el manejo político del personal militar; asimismo, el presidente de la Nación no podía ser, al mismo tiempo, miembro de la Junta (Novaro y Palermo, 2003). Los propósitos perseguidos mediante la elección de este modelo institucional eran varios, y en buena medida procuraban evitar los errores cometidos por gobiernos militares anteriores. Se buscaba un masivo respaldo de las instituciones armadas al régimen mediante su virtual autoatamiento al destino de la experiencia; un control mutuo del ejercicio del poder entre las diferentes Fuerzas con miras a la neutralización de los conflictos internos; y sobre todo a partir de las enseñanzas dejadas por la experiencia de "excesiva" autonomía del general Onganía, se pretendía evitar la "personalización" del poder mediante el acotamiento de la autoridad presidencial por parte de la Junta Militar y el desempeño rotativo de los cargos de presidente, miembro de la Junta Militar y comandante en jefe (Acuña y Smulovitz, 1995). Sin embargz y a pesar de todas estas precauciones, este modelo institucional atentaría contra el cumplimiento de estos objetivos, potenciando además el surgimiento y desarrollo de los conflictos internos de las Fuerzas Armadas, trasladándolos a toda la estructura de poder. De esta forma, los clásicos enfrentamientos interfuerzas que se habían entablado entre la Armada y el Ejército durante décadas, encontrarían que este modelo les permitía expresarse en la cúpula misma del poder militar, más concretamente, en el seno de la Junta, en las figuras de Videla y Massera. A diferencia del Ejército, la Armada argentina no había desempeñado un papel político muy relevante hasta 1955, cuando su participación en el derrocamiento del régimen peronista la había proyectado a un primer plano. En dicha oportunidad, el virulento antiperonismo de los marinos, personificado en la figura del almirante Isaac Rojas, había contribuido significativamente con el ambicioso intento de retornar a las condiciones del preperonismo encarado por la Libertadora, que sin embargo fracasaría ante la obstinación de la resistencia popular y el descomunal despliegue político del líder en el exilio. Años después, tras su retorno al país, Perón se cuidaría
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de neutralizar el tradicional antiperonismo de la Armada argentina, seleccionando para ello a un oficial en ascenso, llamado Emilio Eduardo Massera, cuyas ambiciones políticas y erráticas orientaciones ideológicas lo volvían un interlocutor conveniente, proyectándolo velozmente hacia la Comandancia de la Fuerza86 . A partir de 1976, la Armada intentaría recuperar el protagonismo perdido, alineada tras la conducción de un almirante muy particular, portador de un ambicioso proyecto político de carácter estrictamente personal 87 . Las ambiciones institucionales de la Marina coincidieron así, próvidencialmente, con las del propio Massera, que contaba con sólidos apoyos dentro de los altos mandos de la Fuerza -entre ellos, el del vicealmirante Eduardo Fracassi y el del almirante Armando Lambruschini, secretario y jefe del Estado Mayor General Naval respectivamente-, y que ejercía un poderoso liderazgo sobre los cuadros intermedios (Somos, 17/6/1983). En la disputa por el poder y por la recuperación del protagonismo perdido resultaba fundamental __la identificación de un adversario común, que fue encontrado en el Ejército 88. Y como, dados los compromisos institucionales contraídos, este adversario común no podía ser atacado directamente, Massera encontró en la crítica hacia la políti-
86 Durante el transcurso de su carrera militar Massera había cultivado relaciones estrechas con políticos y sindicalistas, lo que había sido facilitado por sus destinos profesionales. En 1955, como teniente de navío, había sido ayudante secretario del almirante Olivieri, ministro de Marina de Perón; en 1958, había sido jefe del Departamento "B" del Servicio de Informaciones Naval, que tenía a su cargo los temas políticos y de inteligencia interior; durante el gobierno de Lanusse había sido destinado por el almirante Gnavi -de orientación desarrollista-, entonces comandante en jefe de la Armada, al Ministerio del Interior, desde donde había colaborado con el ministro y'dirigente radical Arturo Mor Roig en la salida política. Posteriormente, estos antecedentes serían apreciados por Perón, que le ofrecería a Massera la Comandancia de la Armada: el marino asumiría el cargo el 7 de diciembre de 1973, desplazando al almirante Álvarez y a los siete vicealmirantes que lo seguían en el orden jerárquico, menos "apropiados" para los objetivos del flamante gobierno peronista (Túrolo, 1996). 7 Ha sido ya señalado que Massera tenía aspiraciones presidenciales, y que esto lo llevaba a cultivar fluidas relaciones con políticos peronistas, sindicalistas afines y líderes políticos internacionales (Túrolo, 1996; Uriarte, 1992; Vázquez, 1985). 88 Las modalidades de presión de la Armada sobre el Ejército combinaron dos estrategias: una pública, estructurada sobre los principios y contradicciones del modelo institucional, y una clandestina, apoyada en la modalidad de "ajustes de cuentas" generalizada en las Fuerzas Armadas, donde se empleaban los mismos métodos que en la "lucha antisubversiva". Algunos ejemplos de la estrategia clandestina son los asesinatos del embajador en Venezuela Héctor Hidalgo Solá, de la diplomática Helena Holmberg y de los curas palotinos de la parroquia de San Patricio.
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ca económica de Martínez de Hoz el principal eje articulador de su proyecto, volviéndola uno de los principales frentes de inestabilidad del régimen. Mientras se desempeñaba como comandante en jefe de la Armada y miembro de la Junta Militar, la estrategia pública de oposición de Massera estuvo estructurada en dos etapas fundamentales: la primera, de crítica velada a la conducción económica bajo un discurso "antitécnico", y la segunda, de mayor identificación de su objeto de confrontación, potenciada por los imperativos políticos que se gestaban alrededor de la figura del "cuarto hombre". Las veleidades políticas de Massera lo habían llevado, ya desde los inicios de su aparición en público, a desarrollar un estilo discursivo complejo, plagado de recursos metafóricos. El efecto de persuasión que buscaba ejercer sobre la opinión pública argentina y sobre las Fuerzas Armadas lo llevaba a presentarse como "guía espiritual" de la primera y como "líder heroico" de las segundas, y a distanciarse de la prédica "técnica" de otros funcionarios civiles y militares. Ya desde 1977 dirigía críticas veladas a la conducción económica advirtiendo contra el "Dios-dinero". "Durante los últimos treinta años se ha venido desarrollando una verdadera guerra mundial, una guerra que tiene, como campo de batalla predilecto, el espíritu del hombre. (...) Y Occidente, intoxicado de indiferencia, se fue replegando sobre sí mientras que del antiguo esplendor de su espíritu sólo un sistema económico parecía sobrevivir, como pobre testimonio último, de una civilización que se refugiaba en sus cavernas de cristal y acero, al amparo de las computadoras, como si realmente no tuviera otra cosa que ofrecer. (...) queremos un país de personas, no de masas. Queremos un país de imaginativos, no de autómatas (...) Queremos un país en donde la economía no sea un fin, ni el dinero un ídolo, porque queremos un país en el que sólo Dios sea más importante que el hombre" (Clarín, 15/5/1977).
La "decadencia de Occidente", según Massera, respondía al agotamiento de su "espíritu" y a su reducción a la "técnica" y la "economía", reductos del "materialismo", por lo que era necesario reconstruir un "liderazgo moral". Durante la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, Massera afirmaba: "Si todo el mundo se debate en la violencia, es porque el materialismo -dialéctico o no- está copando la libertad, y nos está sumergiendo en un universo de cosas sensoriales, en donde el espíritu tiene, cada día, un lugar más precario y lamentable. (...) Los ideales dominantes de nuestro tiempo (convierten) a las personas en masas amorfas de consumidores compulsivos.(...) Desgraciadamente (...) suele haber un tremendo desprecio por la vida huma82
na, y los místicos de la redención por las balas, o los fríos apóstoles de la penetración tecnocrática, conducen, por igual, a la masificación del individuo, entronizando un dios-destrucción o un dios-dinero, que no podrán nunca satisfacer la necesidad de trascendencia (...) de la persona humana. Es así que unos y otros están trabajando, ineludiblemente, a favor de la muerte (...)." (Clarín, 7/7/1977).
En su crítica al materialismo, Massera establecía una sorprendente identidad entre los "místicos de la redención por las balas" que adoraban al "dios-destrucción" y los "fríos apóstoles de la penetración tecnocrática" que entronizaban al "Dios-dinero". Tanto el "subversivo" como el "tecnócrata", en su común desprecio por la individualidad humana, masificaban a los argentinos y trabajaban por la "muerte". El adversario del almirante comenzaba a delinearse con mayor claridad: una tecnocracia que le entregaba al mercado la vida humana y la convertía en una "máquina de consumo compulsivo". Durante esta etapa inicial, sin embargo, los embates públicos de Massera no superarían las denuncias sobre el avance del "Dios-dinero" ni plantearían, aún, los "costos" y "sacrificios" que acarreaba el plan económico para la sociedad argentina. Hacia octubre de 1977, imperativos políticos más concretos acelerarán tanto la identificación del adversario como la radicalización de las críticas, abriéndose así la segunda etapa, en ocasión de la necesidad de resolver la cuestión del "cuarto hombre". A pesar de que los Documentos Básicos del Proceso establecían que el presidente de la Nación no podía ser integrante de la Junta Militar ni estar prestando servicio activo, el hecho de que el general Videla reuniera la titularidad del Ejecutivo en situación de actividad, la Comandancia del Ejército y fuera además miembro de la Junta Militar, vulneraba todos esos principios. Dado que hacia fines de 1977 la "excepcionalidad" que había justificado en un inicio esta situación parecía haber sido superada, los grupos contrarios a Videla, en particular la Armada, vieron en la cuestión del "cuarto hombre" una oportunidad privilegiada para avanzar en la conquista de espacios de poder. Massera señalaba la necesidad de resolver prontamente la cuestión: 'cuando se considere adecuada la aparición de lo que el periodismo ha denominado el 'cuarto hombre' será porque han desaparecido las razones que justificaban la excepcionalidad de la estructura actual. (...) Si el presidente es, a la vez, miembro de la Junta, sufre una tensión psicológica extra, ya que se le exige que sea juez y parte (...) la tremenda dinámica de esa responsabilidad necesita que las áreas de incumbencia estén bien limitadas" (Extra, no-
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viembre de 1977). El brigadier Agosti sostenía asimismo que era "necesario y conveniente dar plena vigencia al esquema de poder establecido en el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional (porque) el primer mandatario debe disponer de todo el tiempo y concentración de energías requeridos para el ejercicio de sus elevadas funciones, como impulsor y coordinador de la acción ejecutiva del Estado nacional" (Extra, diciembre de 1977). La Armada comenzó a presionar públicamente por el reemplazo del presidente en octubre de 1977 -simultáneamente con la finalización del plan político Consideraciones sobre el proceso de institucionalización y el Movimiento de Opinión Nacional, radicalizando su posición en diciembre, afirmando que "están dadas las condiciones para resolver el tema a muy corto plazo" (La Nación, 21/12/1977). La férrea postura _, de la Armada y el respaldo de la Fuerza Aérea le otorgaban una gran oportunidad a Iviassera, quien, al tiempo que rechazaba las versiones que lo colocaban como sucesor de Videla en la presidencia, se lanzaba a una crítica más directa de la política económica. "Ciertos aspectos de la conducción económica deben ser rectificados y/o dinamizados, para alcanzar el pleno logro económico-social del Proceso de Reorganización Nacional (...) La estructura de poder en este Proceso se vertebra en la Junta Militar (...) yen el Poder Ejecutivo Nacional desempeñado por un oficial superior de las Fuerzas Armadas en situación de retiro, responsable del gobierno y dependiente de aquélla. La situación que hoy se vive tiene carácter transitorio y antes de fin del año en curso, la Junta Militar resolverá cuánto durará esta situación excepcional" (La Nación, 12/10/1977)
Este cambio de estrategia provocó la reacción del núcleo Videla-Harguini deguy, que se vieron obligados a ratificar el apoyo de la Junta Militar a la política económica. El ministro del Interior, verdadera contrafigura pública ante las declamaciones de Massera, respondía: "(...) el Proceso de Reorganización Nacional rechazó prejuicios doctrinarios, influencias ideológicas y la falsedad de la demagogia para aplicar una política económica realista, seria, eficiente, asentada sobre bases éticas y puesta al servicio de los intereses nacionales, una política económica que conduce un equipo de hombres que merecen el respeto y la consideración de todos, pero una política económica que, repito, y no me he de cansar de repetirlo, no es de un equipo sino que es la política económica del Proceso de Reorganización Nacional, y por ende la política econó-
mica que para esta circunstancia histórica han adoptado y es la política de las Fuerzas Armadas y tiene, en consecuencia, todo y el total apoyo de éstas (sic.)" (La Nación, 14/10/1977)
Preparando su retiro y transfiriendo sus funciones de comandante al vicealmirante Armando Lambruschini 89 , entonces jefe del Estado Mayor General de la Armada y uno de sus principales apoyos dentro de la Fuerza, Massera pedía: "Argentinos: vengo a hablarles en voz baja a cada uno, casi vengo a callar para que me oigan. En medio del ruido de las máquinas y el tableteo de las cotizaciones, quiero que palabras tan poco frecuentes hoy como honor, coraje, dignidad, aceleren otra vez el pulso de un pueblo que no admite más quedar dormido. No soy otra cosa que un hombre de armas, pero sé que si la conquista y el dinero bastaran para obtener la gloria, la civilización occidental estaría más influenciada por los fenicios que por los griegos" (La Nación, 4/3/1978)
Verdaderamente, Massera iba a callar -a retirarse- para que lo oyeran -para poder hablar-, y dedicar así todas sus energías a la lucha por el poder político. En abril de 1978, ante dirigentes empresarios, planteaba los términos de lo que sería su estrategia posterior: la de una lucha cruenta entre la política, encamada en su persona, y la economía, personificada en Martínez de Hoz. "No voy a hacer una disertación específicamente económica. En primer lugar, porque no es mi especialidad, y en segundo lugar porque creo que, así como soportamos una inflación monetaria, también padecemos, en este tema, una inflación verbal (...) una de (cuyas) consecuencias más notorias (...) es la naturalidad con que se confunden los roles de la política y los roles de la economía. (...) Si fuera cierto que la política está subordinada a la economía -como sostienen los miopes de buena y de mala fe-, bastaría corregir las desviaciones económicas para que se solucionaran los conflictos políticos, y todos sabemos que no es así. En
89 Lambruschini había ingresado en la Armada en 1942 -el mismo año que Massera- y se
había graduado en la promoción 73 de la Escuela Naval Militar. En 1967, como capitán de navío, había sido asesor de la delegación ante la Junta Interamericana de Defensa, había
comandado el crucero General Belgrano y se había desempeñado en la Dirección General del Personal Naval. Ya contraalmirante, en 1973, había sido jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales, al tiempo que Massera era nombrado comandante en jefe; había ascendido a vicealmirante en diciembre de 1975, desempeñándose corno jefe del Estado Mayor (La Nación, 15/9/1978).
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El Proceso en su laberinto cambio, basta que la política (...) exhiba sentido del mando (...) basta que sea capaz de despertar el entusiasmo de la gente, para que la economía mejore, aumente la producción, y se estimulen las inversiones creadoras y no meramente especulativas. (...) sólo así, advertiremos que la economía se subordina a la política y la política a la moral" (La Nación, 28/4/1978).
Ese mismo día, en una reunión en el Edificio Cóndor quedaba saldada la cuestión del "cuarto hombre": se designaba a Videla presidente de la Nación hasta 1981 y se acordaba dar por terminado el período de "excepcionalidad" el 1° de agosto de 1978, día en que el general debía pasar a retiro, habiendo cesado previamente como comandante en jefe. Asimismo, se disponía la renovación completa de los integrantes de la Junta Militar, por lo que Massera debía abandonar su cargo en septiembre y Agosti en enero. Habiendo concluido la lucha alrededor de la designación presidencial sin haber obtenido demasiados réditos, la atención de los marinos se desplazó, aún con más fuerza, hacia el campo económico. Cuando, a mediados de 1978, Martínez de Hoz anuncie "ajustes instrumentales en el programa económico, sin cambio de rumbo" -según titulaba La Nación-, aumente la presencia pública de los "tecnócratas", y se filtren rumores acerca de la posibilidad de una política monetaria más dura, Massera denostará este nuevo avance de la "técnica": "No cabe duda de que nos encontramos todos preocupados por la situación económica del país (...) Mientras algunos teóricos siguen analizando prolijidades sobre antinomias como capitalismo y populismo, el país reclama soluciones estructurales, soluciones que deben estar alejadas de ese esquema indeciso que nos ha sujetado durante tantas décadas. Es necesario entender que ahora la batalla se dará en otro campo. Mucho más que una opción entre escuelas económicas o estilos de gobierno, enfrentamos una disyuntiva moral. (...) Los utopistas de izquierda y los utopistas de derecha proponen solamente soluciones totalitarias que los argentinos ya no están dispuestos a tolerar. Durante demasiado tiempo se nos ha pedido paciencia y sacrificios para alcanzar un mundo feliz, que parece estar cada vez más lejos" (La Nación, 17/6/1978)
Según Massera, las especulaciones alrededor de meros "tecnicismos" olvidaban que "aquí nadie ha muerto por defender la ley de la oferta y la demanda (ni) el equilibrio de la balanza de pagos (...) pero sí han muerto muchos por defender (...) el crecimiento integral de la República, del cual la economía sana puede ser una de las tantas exigencias" (Clarín, 14/5/1978). Progresiva-
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mente comenzaba a esbozarse en el discurso del almirante un estilo propositivo en favor de la protección del salario, el trabajo y la "producción nacional" en contra de la "especulación". A sólo un mes de su retiro, Massera probablemente comprendía que si quería sobrevivir políticamente debía afinar su propuesta política y económica. Según el marino, la Argentina debía emular el sendero seguido por los países desarrollados, buscar una alianza entre "clase obrera, clase empresaria y Estado" para "avanzar sobre el conocimiento y sus instrumentaciones técnicas e industriales", y "abrirse a mercados amplios" (La Nación, 8/8/1978); asimismo, debía crearse "un aparato productivo basado fundamentalmente en la iniciativa privada" y "privatizar empresas estatales (...) con las excepciones lógicas, que permitan confirmar la regla, como por ejemplo lo relativo a la defensa y algunas industrias básicas" (La Nación, 29/8/1978). Finalmente, el 16 de septiembre había llegado la hora del retiro para Massera, quien en su mensaje de despedida reclamaba: "En los documentos fundacionales del gobierno de las Fuerzas Armadas figuran como objetivos prioritarios el saneamiento de la economía al menor costo social, el establecimiento de una economía vigorosa (...) mediante el estímulo a la productividad, el aliento a la inversión, la rápida reactivación del aparato productivo, la racionalización del Estado y la drástica desaceleración de la inflación. Sería mezquino no reconocer que algunos logros se han alcanzado, pero no ignoro que tanto los empresarios, los que viven de jornales y sueldos, como los sectores de menores recursos, están pasando particulares dificultades, y eso me preocupa, como me preocupa que no se haya detenido, todavía, el ritmo inflacionario, y que no se haya obtenido la velocidad que la Nación requiere para alcanzar las metas propuestas" (La Nación, 17/9/1978).
La condición de retirado le otorgaba a Massera grandes ventajas políticas: al desligarlo de las ataduras y responsabilidades institucionales, le liberaba las manos para avanzar en la consolidación de su proyecto político personal. A partir de su retiro militar eI almirante comenzará a posicionarse como un verdadero outsider desestabilizador del régimen, que hará de la crítica virulenta y radical hacia la politica económica su principal instrumento de poder. Sin embargo, este nuevo posicionamiento coincidirá con el inicio de su divorcio de la Armada que, bajo la flamante conducción de Lambruschini, deberá comenzar a tomar partido ante los embates que su antaño conductor le dispensaba al régimen, pasando de una ambigua postura inicial a una clara opción por el autoatamiento institucional. 87
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V. Los Planes Políticos y los fantasmas de la 'convergencia cívico-militar' Aparentemente, los plazos políticos que se prevén aquí dan la impresión de ser demasiado largos. Sin embargo, en este terreno domina la paradoja. Un gobierno que se niega a hacer política puede verse impelido a una salida precipitada para salvar su estabilidad. Un gobierno que emprende una tarea política puede canalizar las expectativas y las tensiones hacia la futura salida y, de este modo, trabajar con mayor desahogo. Anticipar la salida y orientarla permite demorarla. Negarse a ella es el mejor camino de llegar a ella pronto y sin preparación.
De un estudio recibido en el Estado Mayor General del Ejército en 1969 y reproducido en Lanusse (1977: 67, cursivas del autor)
Como vimos, si bien desde el inicio del Proceso la primacía de la "lucha antisubversiva" y la política económica había implicado la violenta clausura de los canales políticos, ante el inevitable agotamiento del recurso de legitimación otorgado por la masacre, el régimen se había visto en la necesidad de anunciar la apertura del "diálogo cívico-militar" y de iniciar una suerte de debate interno que permitiera elaborar una propuesta política común. Así, entre los primeros meses de 1977 -cuando Videla anunciaba el fin de la "etapa de silencio" y el inicio del "diálogo"-, y mediados de 1978, las Fuerzas Armadas se embarcaron en la redacción de diversos planes políticos con el objetivo de presentar ante la sociedad una "Propuesta para la Unión Nacional", posteriormente bautizada Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional. Sin embargo, dado el reparto tripartito del poder previsto por el modelo institucional y la necesidad de conciliar las distintas visiones en pugna, dichos planes debían ser sometidos a dos procesos de "compatibilización", el primero intrafuerzas y el segundo interfuerzas, de los que debía surgir la propuesta definitiva. Mientras tanto, ante una sociedad expectante, altos funcionarios militares comenzaron a jugar un juego peligroso y ambiguo, basado en prometer por un lado una "democracia representativa, republicana y federal", y desalentar por otro cualquier especulación sobre la apertura de un calendario electoral, el papel futuro de los partidos políticos y las organizaciones sindicales, etc. El -célebre- slogan de esta estrategia fue "el Proceso no tiene plazos sino objetivos que cumplir"; el propósito era, fundamentalmente, ganar tiempo (Novaro y Palermo, 2003). 88
El documento reservado Consideraciones sobre el proceso de institucionalización y el Movimiento de Opinión Nacional, de la Armada, fue finalizado en octubre de 1977. En su Introducción se señalaba el estado de "gran desorientación" de la sociedad argentina, y se recordaban los peligros de rea- lizar una convocatoria política sin una definición previa de objetivos consensuados internamente: "Existe hoy una gran desorientación respecto al objetivo que el gobierno persigue con su apertura al diálogo (...) Cabe señalar que si se inicia el diálogo en lo político, sin que las FF.AA. hayan definido un criterio único sobre objetivos, estrategias, procedimientos, etc. del proceso de institucionalización, se corre el riesgo de la aparición de fisuras en su seno, dado que esa irresponsable falta de definición, puede dar lugar al choque de corrientes de opinión no coincidentes existentes en las mismas" (Consideraciones...: 1-2).
El documento de los marinos destacaba la importancia de "limitarse en el tiempo y asegurar un desemboque" mediante "la formación de un movimiento de opinión nacional, vital y amplio, que admita a todos aquellos que deseen la verdadera grandeza del país y se sientan consustanciados con los postulados del gobierno nacional" (op. cit.: 3), lo que era considerado el imperativo más relevante para el éxito del régimen. A continuación se detallaban las fases a seguir, sin delimitación temporal, siempre sujetas a la obtención de "objetivos": "El proceso se desarrollará mediante la ejecución de tres fases, sin solución de continuidad ni lapsos de duración preestablecidos, las que se concretarán a través de la consecución de los respectivos objetivos. Fase 1: Asunción del control. Etapa ya cumplida cuya finalidad fue establecer las condiciones necesarias para transferir el gobierno al Presidente de la Nación. Fase 2: Reordenamiento institucional. El P.E.N. asume la responsabilidad de la acción de gobierno mientras la Junta Militar retiene la responsabilidad integral del proceso. (...) Fase 3: Consolidación. Consiste en la transferencia progresiva a equipos civiles de las responsabilidades ejecutivas de gobierno. El objetivo fijado es apoyar un sólido movimiento cívico consustanciado con los grandes objetivos nacionales que permita materializar el fin ulterior del P.R.N. 2.3. Conclusiones (...) 2.3.1. En la fase actual de "Reordenamiento Institucional" el gobierno militar deberá: a) Planificar e implementar gradualmente la estructura político-institucional que ha de regir en definitiva. b) Normalizar las organizaciones políticas. e) Concretar las instrumentaciones legales y procedimientos necesarios para restablecer la democracia 89
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El Proceso en su laberinto 2.3.2. Se pasará a la 3ra. "Fase de Consolidación" cuando se alcance una situación de seguridad, orden legal, eficiencia administrativa y prosperidad económica. En esta etapa se buscará: a) Transferir progresivamente el gobierno a los civiles, mientras las FF.AA. retienen el poder. Apoyar la constitución de un sólido movimiento cívico que haga suyos los objetivos de las Fuerzas Armadas y lo herede en el gobierno" (op. cit.: 3-5).
La Armada presionaba por la definición de las normas que hacían al "proceso de institucionalización", especialmente en lo relativo a la "estructura político-institucional" 90 , a los "partidos políticos" y a las "instrumentaciones" y "procedimientos" que apuntaran a "restablecer la democracia". Sin embargo, la "transferencia" del gobierno a los civiles quedaba relegada a la "Fase de Consolidación", subordinada asimismo al logro de los más variados objetivos. Según los marinos, ,"la mejor alternativa de salida para instituciorializar al país, de manera tal que el P.R.N. se herede a sí mismo, es implementar una salida condicionada mediante la creación de un M.C. o partido político" (op. cit.: 14). Ahora bien, esta nueva organización no debía surgir ni de un partido político existente ni de la estructura sindical, ya que "se trata de estructuras con vicios y compromisos arraigados de vieja data, difíciles de superar" que "podrían crear el riesgo de ruptura de la unidad de criterios interfuerzas": debía ser, sin más precisiones, "totalmente nuevo" (op. cit.: 14). Su "componente ideológico debe responder a un gran espectro de preferencias, para ser lo más representativo posible de las aspiraciones del pueblo argentino. En este sentido lo más conveniente y de más vasta adhesión podría ser un movimiento político 'humanista', identificado con cursos de acción 'liberales' y fines 'nacionalistas'" (op. cit.: 18 19, subrayado en el original). La tarea requería contar con "suficiente libertad de acción", para lo que debían lograrse los siguientes objetivos de corto plazo: -
"8.2. Consolidar la unidad de las FF.AA. El factor común para cualquier intento serio de reorganización institucional pasa por la absoluta cohesión interfuerzas. (...) 8.3. Mejorar la situación socioeconómica. Se debe tratar de lograr la recuperación económica del país en el menor tiempo posible a la par de mejorar la capacidad adquisitiva de los salarios, hoy deprimida a niveles críticos (...)
90 Puede verse aquí un reclamo directo al Ejército en el marco de la cuestión aún no resuelta del "cuarto hombre": según los marinos, la "Fase de Asunción del control" se hallaba superada, al igual que la "situación de excepcionalidad" que había justificado la retención de varios cargos por parte de Videla.
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8.4. Minimizar las interferencias extranacionales. El país enfrenta una campaña internacional con motivo de la 'presunta 'violación de los derechos humanos' que puede derivar en la adopción de medidas de presión de tipo político—económico (...) 91 8.6. Prever la neutralización de la presión de los partidos políticos. (...) Para cuando esta presión llegue a un grado comprometedor, deberá tener instrumentada la ley que regle la reorganización de los partidos políticos (...) 92 8.7. Neutralización de la vieja dirigencia sindical. (...) mediante la nueva Ley de Asociaciones Profesionales (...) 93 8.10. Lograr el apoyo de la masa ciudadana al P.R.N. (...) la política salarial perdura y la prédica negativa de ciertos dirigentes sindicales y políticos desplazados y de los marxistas, está provocando que este importante sector se convierta en un actor indiferente (...) 8.11. Acción psicológica. Se puede afirmar que el P.R.N. estará condenado al fracaso si no logra captar el apoyo de la opinión pública (...) Hay que evitar caer en el error de los anteriores gobiernos militares que no publicitaron convenientemente su acción de gobierno (...)" (op. cit.: 22 y ss.).
( En el caso del Ejército, la elaboración de una propuesta común no fue tan sencilla como parecía haberlo sido para la Armada, liderada claramente por Massera, dado que el grado de fragmentación interna era mucho mayor. En noviembre de 1977, a los planes de la fracción "dura" se agregó un nuevo documento reservado, el Plan de Acción Política de la Propuesta de Unión Nacional, redactado por Ricardo Yofre, subsecretario general de la Presidencia. Este documento representaba una novedad en relación con sus pares de la Armada y del Ejército ya que, mientras que éstos adherían a la estrategia de "no hablar de plazos, sino de objetivos" -sujetando los primeros al alcance de los segundos-, el Plan de Acción Política... advertía sobre la necesidad de comenzar a preguntarse, aun internamente, sobre el 'delicado tema de los plazos": _ . "Hasta la fecha las distintas autoridades nacionales han manifestado que este Proceso no tiene plazos sino objetivos que cumplir. Sin
91 Aquí se percibe con claridad la peligrosidad que ya representaba para el régimen el fren-
te de los derechos humanos, lo que en el futuro llevaría a invitar oficialmente al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. 92 La advertencia de los marinos sobre la necesidad de aprobar el Estatuto de Partidos Políticos respondía a que era uno de los objetivos clave del régimen que iba siendo peligrosamente demorado por las desaveniencias internas; el mismo sería aprobado recién a mediados de 1982, durante el gobierno de Bignone, como analizaremos en el Capítulo 3. 93 La Ley de Asociaciones Gremiales de Trabajadores N°22.105 también sería aprobada tardíamente, el 15 de noviembre de 1979. Al respecto, consultar Abós (1984). 91
El Proceso en su laberinto
Paula Canelo embargo un plan, en cuanto herramienta de acción política, no ¡Buce e rescindir de lazos ,ues naturalmente se inserta en el tiempo. Por ello, el que se expone a continuación incluye períodos que, obviamente, son tentativos. Esto no quiere decir que los pla. --zos que se establezcan deben publicitarse de inmediato. Por el contrario, por un tiempo prudencial el gobierno debe insistir con la ingeniosa frase de que "tiene objetivos y no plazos". La experiencia indica que si se anuncian los términos sin tener instrumentadas las soluciones, se reduce de inmediato el margen de maniobra exponiéndose al gobierno al serio riesgo de perder el control del proceso político. Sin embargo, lo expresado no es óbice para que las FF.AA., internamente, comiencen a reflexionar acerca del delicado tema de los plazos" (Plan de Acción Política de la Propuesta de Unión Nacional: 24, subrayado en el original). Los autores del documento advertían sobre la necesidad de acelerar los tiempos de la salida política, y para ello delimitaban dos etapas en la ejecución del Plan. Durante la primera -que se extendería entre noviembre de 1977 y marzo de 1979-, el régimen debía centrarse en la "selección de interlocutores", en la definición de la "mecánica y objetivos del diálogo", en el inicio del "segundo período presidencial de Videla" en diciembre de 1978 94, y fundamentalmente, en la 'legitimación expresa", que debía ser buscada mediante un referendum: "Este referéndum tendría un alto significativo (sic) político en el plano nacional e internacional. Representaría la ratificación ciudadana de la Propuesta y de los instrumentos institucionales que se dicten, pero también, y fundamentalmente, la LEGIT1A1ACIÓN EXPRESA del Proceso de Reorganización Nacional. Simultáneamente, contribuirá a distender las tensiones políticas y sociales que, como nuestra historia lo demuestra, se generan durante el transcurso de todo gobierno (...) (y su sentido trascendente) radica en que ha de legitimar en una proyección hacia el futuro, la Propuesta de Unión Nacional y, consecuentemente, las sucesivas instancias del Proceso (...)" (op. cit.: 31, énfasis y subrayado en el original) También durante la primera etapa -a diferencia del documento de la Armada, que preveía la incorporación de civiles recién durante la "Fase de Consolidación"-, debía lograrse la participación civil en el gobierno, entendida
94 Como vemos, y al igual que la Armada, los integrantes de la Secretaría General no se
privaban de intentar influir en la interna, aún no resuelta, del "cuarto hombre", presionando en este caso por la "reelección" de Videla. 92
como la "incorporación de aquellos civiles consustanciados con los objetivos de la Propuesta". Durante la segunda etapa, que se prolongaría entre marzo de 1979 y el 1° de marzo de 1983, debían implementarse las siguientes medidas en las fechas previstas: "6.3.2.2. Promulgación de la Ley de Partidos Políticos. Fecha tentativa: marzo de 1980. (...) 6.3.2.4. Levantamiento de la suspensión de la actividad política. Fecha tentativa: abril de 1980. 6.3.2.5. Constitución y Reorganización de los Partidos Políticos. Duración: abril 1980-julio 1981 (...). 6.3.2.7. Convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes. Fecha tentativa: julio de 1981. (...). 6.3.2.10. Elecciones para la Convención Constituyente.,, Fecha tentativa: primeros días de diciembre de 1981 (...). 6372.13. Elección del Presidente de la República por la Convención Constituyente para el período 1983-1987. Fecha tentativa: julio 1982. (...). 6.3.2.15. Convocatoria a elecciones generales. Fecha tentativa: agosto 1982. En dichas elecciones se elegirán: senadores y diputados nacionales, gobernadores, miembros de las legislaturas, intendentes y concejales. (...). 6.3.2.18. Elecciones generales. Fecha tentativa: principios de marzo de 1983. 6.3.2.19. Asunción del Presidente de la República y demás autoridades el 1° de mayo de 1983" (op. cit.: 34-38). Al igual que para los marinos, para los "politicistas" del Ejército la sanción de la Ley de Partidos Políticos resultaba imperiosa; sin embargo, el interés de los primeros en la conformación de un MON no parecía ser compartido por los segundos, muy probablemente por la cercanía de algunos miembros de la Secretaría General con distintas figuras de la UCR (Novaro y Palermo, 2003). Para ellos, la garantía de éxito del Proceso se encontraba en la delimitación de plazos no demasiado extensos -consideremos el abismo existente entre los 15 años previstos por el Proyecto Nacional y los escasos 6 de esta propuesta-. Pero lo que realmente diferenciaba a este plan de sus antecesores era que presentaba herramientas para alcanzar los objetivos, delimitando plazos concretos de acción institucional y política 95 .
95 En diciembre de 1977 Americo Chioldi, embajador en Portugal, contribuía con las pro-
puestas de los "politicistas" en un documento enviado al general losé Villarreal, el Plan de Reforma Política Institucional. En él, el líder socialista advertía que "en la situación actual de la Argentina (...) las dos funciones, Fuerza y Política, han sido asumidas por las FFAA, desde luego con el gran consentimiento del pueblo. Éste es un hecho. Este hecho es el riesgo de las FFAA. No debe demorarse innecesaria e injustificadamente el momento de la restitución de la Política a su función histórica. (...) Enunciados desafortunados (...) como los expresados por altos funcionarios del gobierno acerca de la duración posible del régimen actual, crean desasosiego y desconfianzas. (...) A la hora actual, todo nuestro empeño de93
El Proceso en su laberinto Paula Canelo
Sin embargo, antes de pasar al proceso de "compatibilización interfuerzas", el Plan de Acción Política.... debía ser aprobado por los generales. Y los mismos no ignoraban que la propuesta de la Secretaría General suponía renunciar tanto a la profunda renovación de las elites políticas que proponían conjuntamente los miembros del ala "dura" y los "moderados", como a los imperativos aislacionistas de la política económica. De allí que, "arbitraje" de los generales mediante, entre la propuesta inicial de la Secretaría General y el posterior documento definitivo del Ejército, las Bases políticas del Ejército para el Proceso de Reorganización Nacional, existió un abismo. El tono y contenido de este nuevo documento, concluido en marzo de 1978, combinaba la monotonía y vaguedad del Proyecto Nacional con el fervoroso pero impreciso énfasis de la Armada en la conformación del MON, al tiempo que eliminaba todas las precisiones operativas de la propuesta de la Secretaría General. Ya en la Introducción, los generales advertían: filosofía y la finalidad que sustenta el PRN determinan claramente que éste será un proceso que podemos calificar de 'largo', es decir sin precisiones previas de duración cronológica. 3) Debe descartarse una 'salida política' como ha sucedido en el pasado; el sentido trascendente del PRN impone la gestación de una 'descendencia' que conjugue nuestras ideas y las proyecte desde el poder. 4) Los partidos políticos preexistentes no aseguran la trascendencia a que se aspira y por lo tanto no son aptos para encarar la descendencia del PRN. (...) Con este documento se aspira a proporcionar puntos de vista comunes que posibiliten la expresión de un lenguaje coincidente y constituyan una guía cierta en un terreno de por sí dificultoso. Asimismo, evitará conceptual izaciones divergentes e interpretaciones dudosas que redundan en perjuicio de un valor prioritario: la uni2) La
dad del Ejército. Este documento es interno del Ejército y se difunde exclusivamente a los señores generales. Es desaconsejable su lectura textual a los cuadros de la institución; por el contrario debe aprovecharse toda oportunidad para el comentario y aclaración de sus conceptos principales en ejercicio de una docencia permanente que cohesione a la Fuerza alrededor de estas ideas, en el más breve lapso posible" (Bases políticas del Ejército para el Proceso de Reorganización Nacional: 1-3 a 3-3).
En el balance final predominaban las posiciones más reacias al acercamiento con los civiles y al acortamiento de los plazos de la salida. Se seguía sosteniendo que el proceso sería "largo" -y esto como única referencia tempoial- y se descalificaba a los partidos políticos existentes como posibles participantes de la "convergencia", de allí que se volviera prioritaria la generación de una "descendencia" enteramente nueva, tal y como habían recomendado los 'almirantes. Pero, a diferencia de la propuesta de estos últimos, para quienes el MON podía estar encamado indistintamente en un partido político nuevo o en un "movimiento cívico" -términos que empleaban como sinónimos-, en la versión de los generales la "descendencia" del régimen debía encamarse en forma de movimiento de opinlórt'áuprapartidario", y no COMO- paftido. Si bien no llegaba al extremo de pretender reemPlazar a las organizaciones políticas tradicionales por "agrupaciones intermedias" de tono estrictamente corporativista, como había planteado el Proyecto Nacional, el documento caía en numerosas contradicciones a la hora de determinar qué hacer con aquéllas. A tono con el "etapismo" del momento, los generales delimitaban, dentro de la etapa mayor en la que ubicaban al régimen -definida, retomando los términos del Proyecto Nacional, como "Etapa Fundacional"-, varias subetapas, cuya sucesión debía estar condicionada al "cumplimiento efectivo de determinados objetivos prioritarios, permanentes y específicos y no a la aplicación de rígidos calendarios o cronogramas" (op. cit.: 3-11): "1) Subetapa de estructuración de un MON, sin actividad política partidaria. A) Objetivo político particular: Estructurar un movimien-
be estar contra el sistema populista, de bases fascista o hitleriana. Pero debemos evitar lo que Alberdi, trabajando con la realidad de sus días, llamó 'exclusiones incivilizadas' (...) El país está necesitando un acuerdo entre la Fuerza y la Política y, dentro de la Política, de los sectores que la integran (...) El acuerdo debe ser sobre la base de coincidir en un candidato a la Presidencia de la República que por los aportes de los firmantes asegure su mayoría. (...) Debe haber acuerdo para introducir una reforma institucional importante: el Poder Ejecutivo estará integrado por el Presidente de la República y por el Gobierno. El primero, con funciones de árbitro y de garante de la vigencia de las instituciones democráticas. Se trataría de un régimen que Maurice Duverger califica de cuasi presidencial" (Plan de Reforma Política Institucional: 5 y ss.).
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to cívico-militar, suprapartidario y suprasectorial, consustanciado con los grandes objetivos nacionales implementados por las FFAA (...) 2) Subetapa de formación y normalización de partidos políticos con actividad política partidaria. A) Obj etivo
político pa rti lar: Lo-
grar la
formación de nuevos partidos políticos y normalizar los preexistentes sobre bases orgánicas modernas, representativas y responsables, aptos para conducir la nueva estructura del estado (...) 3) Subetapa de transición con gobierno cívico-militar. A) Objetivo político particular: Implantar un régimen de transición en el cual coexistan autoridades designadas por las FFAA y autoridades electas
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El Proceso en su laberinto
Paula Canelo
por la ciudadanía, a fin de transferir el poder político de manera gradual y condicionada (...) C) Pautas a tener en cuenta durante su desarrollo: (1) Las FFAA darán por finalizado el PRN cuando hayan logrado los objetivos básicos de reordenamiento y consolidación y esté asegurada la continuidad del proceso por vía democrática."
cit.:
(op.
5-11 y ss., subrayado en el original).
El propósito de los generales de establecer un cierto equilibrio en la pug-
puesta política, expresión concreta de la convergencia cívico-militar que es imprescindible vertebrar (...) La materialización de esta convergencia importará, en este nuevo período, la progresiva incorporación de los civiles al gobierno (...) Sin duda, esta propuesta, por su propia naturaleza, generará la posibilidad de conformar un amplio movimiento de opinión que se situará por encima de los sectores y de las tendencias. Todos estos hechos darán lugar a un largo período de transición hacia la instauración de una democracia moderna, pluralista y estable" (Clarín, 30/3/1978) 97 .
na intrafuerzas daba por tierra con el único de los planes que, hasta el momento, había procurado debatir sobre el "delicado tema de los plazos". La única recomendación que recuperaban estas
Bases...
del documento de la
Cuatro meses después de la finalización de la propuesta política de los ge-
Secretaría General era la de "seguir repitiendo la ingeniosa frase (de que el
nerales, el 26 de julio de 1978, la Fuerza Aérea, concluía las Bases Políticas para la Reorganización Nacional, documento de trabajo elaborado por la
Proceso) 'tiene objetivos y no plazos"' que cumplir. Sin embargo, el _docu-
Secretaría General de la Fuerza a cuyo frente se encontraba el brigadier Basilio
mento final del Ejército presentaba algunas precarias coincidencias con el de la Armada: la importancia de conformar un movimiento de opinión adicto,
Lami Dozo 98 , que completaba tardíamente la tríada de planes institucionales. El trabájo comenzaba descalificando una posible "consulta pública fuera del
la de iniciar algún tipo cle diálogo con "figuras representaiivas", la de incor-
propio ámbito militar", considerando que la propuesta definitiva debía "origi-
porar gradualmente a los civiles en la tarea de gobierno, y la de definir el fu-
narse en un acto de imperio de la Junta Militar, pues de lo contrario ello (...)
turo esquema institucionaj de las Fuerzas Armadas -en particular enTo
aparecería como un signo evidente de duda y falta de convicción", punto que
relativo al "cuarto hombire"- 91 .
entraba en conflicto con la postura común del Ejército y la Armada acerca de
En marzo de 1978 algunos contenidos de estos dos planes políticos -el de la Armada y el del Ejército- comenzaron a filtrarse en la prensa y el panorama
la necesidad de "dialogar", más tarde o más temprano, con los civiles.
men, que suponía "anticipar la salida y orientarla" para poder así "demorarla".
A partir de esta particular observación inicial -válida a modo de muestra sobre el contenido del documento-, las Bases Políticas... se internaban en una multitud de generalidades inspiradas en una concepción corporativista de la sociedad -muy similar a la del Proyecto Nacional- para, a continua-
El día 30, Videla anunció ante la opinión pública los precarios puntos de acuer-
ción, recomendar la adopción de medidas "urgentes" que debían brindar a
de rumores, sobreentendidos y exacerbación de expectativas se volvió más agudo. Los civiles parecían haber caído en el peligroso juego planteado por el régi-
do alcanzados, que en nada modificaban la imprecisión generalizada:
las Fuerzas Armadas "mayor libertad de acción". Gran parte de las mismas eran transcriptas del documento de la Armada -"consolidar la unidad de las
"Será preciso, entonces, revitalizar las instituciones (...) Dicha tarea tendrá, como objetivo, la conformación de pocas, vigorosas y programáticas corrientes de opinión, la renovación de los cuadros diri-
FF.AA.", "mejorar la situación socio-económica", "minimizar las interferencias extranacionales", "mejorar la eficiencia del gobierno", otorgarle mayor
gentes y la modificación de las prácticas partidistas (...) El diálogo es
importancia a la "acción psicológica", etc.-, pero se descartaban sin embar-
un instrumento esencial del plan político y, en consecuencia, serán convocadas las figuras más representativas del quehacer nacional
go las referidas a "lograr el apoyo de la masa ciudadana al P.R.N." ya que, en
(...) Será una tarea común destinada a conformar la definitiva pro-
96 En este plano el Ejército recomendaba mantener la superposición de funciones entre la Junta y el Poder Ejecutivo hasta el "tercer cuatrimestre de 1978", prolongar en un año la duración del futuro período presidencial, conservar las atribuciones de la Junta en cuanto a la designación por unanimidad del presidente y su renovación, y sostenía que "el cargo (debe ser) ejercido por un Oficial Superior de las Fuerzas Armadas (con) jerarquía de General o equivalente, encontrarse en situación de retiro y haber prestado servicio en actividad durante el desarrollo del Proceso" (op. cit.: 3-4).
96
97 Sobre el tema del "cuarto hombre", Videla anunciaba que "en meses más, se (producirá) una renovación en el más alto nivel de las Fuerzas Armadas" cuando la Junta Militar designe "al oficial superior, en situación de retiro, que ocupará la Presidencia de la Nación". 98 Lami Dozo había sido nombrado secretario general en 1977. El 17 de diciembre de 1981 asumiría la jefatura de la Fuerza, desde donde sería uno de los principales impulsores, junto a Caltieri y Anaya, de la "recuperación" de las Islas Malvinas, cuestión esta última que ya era redamada en las Bases Políticas... Investigaciones recientes, en particular la de Sivak (2005), sostienen que este documento habría sido redactado por Mariano Grondona. 97
Paula Canelo
El Proceso en su laberinto
la óptica de los brigadieres, el Proceso no debía dudar sobre su "incuestionable legitimidad". Finalmente, el documento retomaba las preocupaciones de sus pares del Ejército y la Armada acerca de qué hacer con los partidos políticos y las organizaciones sindicales, pero resultaba en este caso evidente que la Fuerza Aérea no le temía a las "exclusiones incivilizadas" contra las que había advertido Ghioldi. Para el tratamiento de la dirigencia política y sindical, los brigadieres proponían la sanción de "Actas de Exclusión": "6.2. Definición nominativa y acumulativa sobre qué personas quedarán excluidas de la actividad política y gremial. La Junta Mi-
litar resolverá oportunamente sobre la nómina de protagonistas que por su acción anterior han demostrado una actividad incompatible con el ideario de estas bases. (...) La exclusión debe ser temporaria o de por vida. (...) 6.3. Normalización institucional de asociaciones gremiales. patronales, profesionales o similares. A efectos de asegurar un fun-
cionamiento normal de estas entidades, y que aquellos que traten de asumir carácter de líder lo hagan con verdadero sentido representativo, se impedirá la acumulación de poder económico en este tipo de entidades (...) Será incompatible la actuación política de los dirigentes gremiales (...) 6.4. Los partidos políticos existentes deben deiar lugar al nacimiento de nuevos movimientos de opinión política. Es erróneo
pensar que se podrá inducir desde el poder la creación de partidos políticos nuevos o de un movimiento de opinión nacional si se permite la subsistencia de la antigua estructura política partidaria. (...) debe promoverse una generación de nuevos líderes naturales desde las bases, que reemplacen a aquéllos que pretenden serlo como herencia del sistema vigente con anterioridad a marzo de 1976 (...) Es fundamental la superación de los partidos políticos nacionales y provinciales existentes a la fecha de aprobación de estas Bases Políticas" (Bases Políticas para la Reorganización Nacional: 30-31, subrayado en el original).
respaldo electoral, se los invitará a formar dos o más fuerzas políticas cuyo ideario fundamental será común: el ideario del Proceso de Reorganización Nacional. Al gobierno le será indiferente cuál de ellas triunfe en el futuro. Ninguna organización fuera de ellas será admitida. (...) La opción a ofrecer a los políticos y a quienes quieran serlo debe ser actuar dentro del sistema o no actuar en absoluto" (op. cit.: 36) He aquí que, y ya a mediados de 1978 -año durante el cual Videla había prometido la presentación de la "Propuesta de Unión Nacional"-, los avances en precisión y operatividad política de los brigadieres completaban un círculo que retrotraía a las Fuerzas Armadas a diciembre de 1976 y a la revitalización de las versiones más recalcitrantes de los "duros" del Ejército. Si bien la propuesta final de los brigadieres coincidía, en términos generales, con las de /os- almiranaes y generales -donde las posiciones más aperturistas habían sido bloqueadas-, quedando así abierto el camino para la "compatibilización interfuerzas", la precariedad de esta coincidencia no auguraba un desemboque feliz. Más aún, las Fuerzas Armadas no parecían advertir que, si bien habían logrado tomar la iniciativa ante los civiles -"anticipando la salida y orientándola" para "demorarla"-, sus profundas divergencias internas y sus temores a los fantasmas de la convergencia ya habían perjudicado la posibilidad de refundar significativamente el orden político argentino, aun cuando habían gozado de dos años de ausencia de actividad política. El Proceso comenzaba a internarse en su laberinto.
Así, si bien los aviadores no dudaban de la importancia que adquiría la creación de "partidos o movimientos políticos adictos al Proceso", descartaban la posibilidad de que éstos compitieran, o tan sólo convivieran, con alguna estructura política anterior, proponiendo un esquema donde la confrontación se redujera al enfrentamiento entre dos o más partidos, ambos oficiales y de ideologías idénticas: in-
tereses y no entre ideologías. llna vez obtenido el elenco de alia-
dos del gobierno que haya probado en el terreno de los hechos su 98
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tanciosos alrededor de otros imperativos urgentes de la naciente democracia, tales como la profunda crisis económica, la distribución del ingreso o el colapso de las instituciones estatales. La suerte de la "promesa democrática" (Aboy Carlés, 2001) quedaba sellada a la potencia de la justicia sobre los crímenes contra la humanidad. Y esta poderosa asociación tendría consecuencias demoledoras en el futuro cercano, como lo demostraría el incierto devenir de la sociedad argentina a partir de 1983.
Conclusiones No existen en la historia de los hombres paréntesis inexplicables. Y es precisamente en los períodos de "excepción; en esos momentos molestos y desagradables que las sociedades pretenden olvidar, colocar entre paréntesis, donde aparecen sin mediaciones ni atenuantes, los secretos y las vergüenzas del poder cotidiano. Pilar Calveiro (1998: 28)
1. A partir de una decisión política por excelencia, el golpe de Estado de 1976, y la constitución de la Junta Militar en poder soberano, las Fuerzas Armadas argentinas se embarcaron en la experiencia autoritaria más ambiciosa de su historia: el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. La última dictadura militar, máxima expresión del poder arbitral -basado en la posibilidad de presentarse como árbitros sobre los conflictos de la sociedad civil defendiendo un "interés universal", el del Estado-, buscó clausurar el largó ciclo de inestabilidad política argentina a través de una refundación irreversible de la sociedad. En términos sociales, el régimen se propuso la recuperación del "orden", la autoridad y los "valores nacionales", la homogeneización ideológica de la sociedad y la transformación de los principales actores que habían entablado las alianzas sociales características de la conflictiva sociedad de posguerra. En el plano económico, buscó la "normalización" y reestructuración económicas, la disolución de las bases estructurales del modelo de posguerra mediante la transformación de los actores económicos -entre ellos, sobre todo, el "Estado intervencionista"- y una nueva inserción de la Argentina en el mercado mundial. Asimismo, el restablecimiento del "orden" resultaba inseparable de la restauración de las jerarquías en el sistema político, mediante la consolidación de una democracia estable, tutelada por las Fuerzas Armadas y basada en nuevos actores políticos adeptos, previa reestructuración de las mediaciones tradicionales -sobre todo, los partidos políticos y las organizaciones sindicales-. Para desempeñar esta tarea "de excepción", las Fuerzas Armadas debían fortalecer tanto su legitimidad técnico-burocrática -esto es, su "apolitici214 215
Paula Canelo
dad"- cuanto su cohesión institucional, evitando los desgarramientos internos que habían frustrado experiencias autoritarias anteriores. Sin embarg9, y a pesar del alineamiento institucional tras los postulados de la Doctrina de Segu ridad Nacional, ciertas particularidades del régimen militar contribuyeron para que las disputas internas fueran altamente destructivas y conspira= ran contra su estabilidad y también contra el logro de los objetivos perseguidos. En primer lugar, el involucramiento conjunto de las tres Fuerzas en el gobierno superpuso a los conflictos intrafuerzas los enfrentamientos interfuerzas, vulnerando la autoridad soberana de la Junta y transformando al pretendido Leviathan en un verdadero Behemoth215 . En segundo lugar, la elección de un modelo institucional basado en el reparto tripartito del poder y la supremacía de la Junta Militar sobre el presidente, favoreció que estos conflictos se trasladaran a toda la estructura gubernamental, cristalizándose una estructura institucional en la cual los distintos grupos operaban según una lógica de veto, empate y paralelismo de poderes permanente. Por un lado, el copamiento tripartito del aparato estatal permitió la Conformación de verdaderos "cotos de caza" privados, desde los cuales los distintos grupos, persiguiendo sus propios objetivos particulares, operaron según un criterio cuasi predatorio del sistema en su conjunto; y creó además una profunda fragmentación de los canales institucionales y otorgó a , los procesos de toma de decisiones un carácter tortuoso, lento e "ineficiente". Por otro lado, la preponderancia de la Junta Militar sobre el presidente acotó el poder de este último al tiempo que fragmentaba y debilitaba la autoridad de la primera, sometida a un permanente estado de deliberación. Por último, la alianza entablada entre militares y civiles liberales no sobrevivió
215 Hobbes (1992) personificó en el Leviathan y el Behemoth los dos monstruos de la escatología judía, el conjunto de las condiciones del orden y del desorden, respectivamente. En.la discusión intelectual argentina resulta habitual asimilar las características del Estado terrorista argentino con el Leviathan hobbesiano luego de hermanar el período de grave crisis política anterior al golpe militar con el "estado de naturaleza" -véase, entre otros, Borón (1997)-. También se identifica a la distinción schmittiana de "amigo/enemigo" como el origen del proceso sistemático de desaparición de personas -véase Malamud Goti (2000)-; o, en la misma línea, se denosta su lógica decisionista de reducción de la política a la guerra -véase, por ejemplo, Duhalde (1999)-. En otro trabajo (Canelo, 2002) hemos discutido con estas riesgosas extrapolaciones que olvidan, entre otras cosas, las especificidades históricas de los pensamientos de Hobbes y Schmitt. A nuestro entender, el régimen militar ignoró la "vieja y eterna conexión que existe entre protección y obediencia, mandato y asunción del peligro, poder y responsabilidad", y ejerció "una 'potestas indirecta', que exige obediencia sin ser capaz de proteger, pretende mandar sin asumir el peligro de lo político y ejerce el poder por medio de otras instancias a las cuales deja toda la responsabilidad" (Schmitt, 1990: 83). Para un tratamiento más amplio de estas cuestiones, consultar Dotti (2000).
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El Proceso en su laberinto
a un breve período inicial de mutua fascinación en torno de la legitimidad técnica, para comenzar a derrumbarse a poco de andar, dado el progresivo distanciamiento de los objetivos de ambos bandos. II. Sólo durante los primeros aflos_del_régirpen -la primera presidencia de Videla- los militares lograron mantener un elevado grado de cohesión institucional, basado en la "lucha contra la subversión", que constituía al mismo tiempo su principal recurso de legitimación social. En el contexto oiorg-ació-Por la coriltiiicción de un desquiciááo y excepcional escenario de confrontación -en la que colaboraron activamente gran parte de la dirigencia política, empresarial, sindical y eclesiástica, y vastos sectores sociales-, la "masacre represiva" fue producto de una decisión política, cuyos motivos superaban ampliamente, aun cuando esta mirada es la que ha predominado en el debate académico local, los relacionados con la mera implantación de un "nuevo modelo de acumulación" o la consolidación de un "nuevo poder económico". La "masacre" que se recubría con un manto de "heroicidad", aun desatada con posterioridad a la virtual desarticulación de las principales organizaciones armadas, fue sin lugar a dudas la principal herencia de la dictadura, pero no sólo por sus efectos sociales devastadores, sino porque se transformaría, con el tiempo, en el único "logro profesional" de las Fuerzas Armadas argentinas, único "combate armado exitoso" (Huntington, 1995) librado, que pudo mantenerlas unidas mas allá de sus irreconciliables diferencias en otros planos. Las características de este "logro profesional" son fundamentales para comprender los motivos por los cuales el "consenso antisubversivo" caló tan hondo en las perturbadas solidaridades cuarteleras y la historia posterior de las Fuerzas Armadas argentinas. El mismo resultó del desempeño exitoso en una "guerra interna" -"mito de los orígenes" que se correspondía perfectamente con el escenario de "ascenso de los extremos" característico de la década del setenta (Vezzetti, 2002)- mediante la que se perseguía la "salvación" de una humanidad amenazada por un enemigo nada menos que total. La metodología represiva empleada, que en las alteradas mentes militares, y también en la deformada visión que buena parte de la sociedad argentina poseía sobre sus propias urgencias, era necesaria dada la naturaleza del enemigo, sólo fue compatible con la constitución de un "pacto de sangre", irreconciliable con cualquier revisión de lo actuado, y con cualquier consideración moral, conveniencia política o interés personal o institucional. Por último, la inexistente pero no por eso menos feroz "guerra" emprendida permitía invocar una desquiciada pero eficaz legitimidad de tipo "heroico" (Janowitz, 1967), habilitando el surgimiento y consolidación de
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Paula Canelo El Proceso en su laberinto
"liderazgos heroicos" de tipo carismático, tal el caso, por ejemplo, de Massera o Galtieri cuya impronta excedía el campo militar para avanzar sobre la opinión pública. Menos públicos, pero mucho más sólidos y perdurables, fueron los "liderazgos operativos" (Waddell, 2006) articulados por los 'leñores de la guerra" en torno de su propio desempeño en las "tareas antisubversivas'216 . Sin embargo, __ este eficaz recurso de cohesión interna y de legitimación social contenía una limitación central: zu eficacia requería de su superación (Canelo, 2001). Así, las Fuerzas Armadas se vieron, inevitablemente, en la necesidad de anunciar el fin de la "lucha antisubversiva" y sobre todo durante la segunda presidencia de Videla, de avanzar sustantivamente en los objetivos refundacionales planteados ya en la primera etapa del régimen: la política económica y la salida política. Sin embargo, en paralelo a este lento debilitamiento del recurso de la "lucha antisubversiva", las diferencias internas en torno a los objetivos económicos y políticos del régimen comenzaron a resultar evidentes, complicando la posibilidad de arribar al logro de los propósitos perseguidos y revelando una situación de extrema fragmentación interna. III. El caso de la política económica de Martínez de Hoz resulta particularmente ilustrativo en este sentido. Al menos desde mediados de la década del sesenta, la llegada de los economistas liberales a los gabinetes de los gobiernos autoritarios -el caso más paradigmático, probablemente, sea el de Krieger Vasena durante la Revolución Argentina-, comenzó a denotar una incipiente convergencia de intereses y valores entre los "técnicos de la violencia" y los "tecnócratas" civiles, y una tendencia a la conformación de una "elite managerial combinada" (Welch y Smith, 1974). En este marco, el Proceso fue un verdadero hito en el ascenso de los economistas liberales como grupo de funcionarios gubernamentales. Sin embargo, la coincidencia de diagnóstico que unió a las Fuerzas Armadas con estos civiles no pudo sortear los obstáculos que aparecieron a poco de andar: a pesar de la legitimidad técnico-burocrática que ambos grupos pretendían detentar, en el plano económico se entabló una verdadera lucha entre la técnica y la política. La economía se transformó, durante el período, en el terreno privilegiado para el ejercicio de la política. La política económica fue el principal "tema de
216 Posteriormente, liderazgos de este tipo también serían articulados por los líderes "carapintadas", basados en este caso en su desempeño en la guerra de Malvinas. En efecto, y contra la tendencia creciente a reemplazar el espíritu "heroico" por el "técnico" que se iniciará durante el gobierno de Alfonsín y se prolongará durante el menemismo -dada por el ascenso de la artillería contra las armas más tradicionales y el de los expertos en organización, caso Fernández Torres y Balza-, los "carapintadas" representarán los últimos estertores de este tipo de liderazgo heroico". Al respecto, consultar Canelo (2006a) y l)onadío (2000).
oposición" (Yannuzzi, 1996; Novaro y Palermo, 2003) -mucho antes y en forma mucho más acentuada que la violación de los derechos humanos-, y el principal canal de expresión del despertar de la oposición política y sindical, cuyos lazos de colaboración con las Fuerzas Armadas o bien sus expectativas en torno a la apertura le impedían denunciar algo más que los costos del plan económico sobre la sociedad argentina. Pero también las fuerzas centrífugas que convulsionaban internamente al régimen hicieron de la política económica su escenario. Mientras sus ejecutores -y defensores- se apropiaban de la legitimidad técnica para lanzarse en pos de la transformación de la economía y la sociedad argentinas, curiosamente, en este caso, el ejercicio de la política estuvo fundamentalmente a cargo de las Fuerzas Armadas. Así, motivados por convicciones ideológicas, conveniencias políticas, valores profesionales o intereses burocráticos, y haciendo extenso uso de la colonización del aparato estatal y del modelo institucional, vastos sectores de las Fuerzas Armadas ejercieron diversos controles y resistencias ante los avances del ministro y su equipo. Y los bloqueos más significativas fueron ejercidos desde las posiciones más encumbradas: desde la Comandancia de la Armada por el almirante Massera, desde las Comandancias de los Cuerpos de Ejército por los "señores de la guerra", desde los despachos de las poderosas empresas del Estado por los "burócratas", y desde distintos puestos clave -fundamentalmente, desde la Secretaría General, el Ministerio de Trabajo y la Comandancia del Ejército- por los "politicistas". Sin embargo, el ejercicio de la política en el terreno de la economía también fue utilizado por Martínez de Hoz, que ante estas oposiciones enarboló alternativamente un conjunto de recursos variados: el apoyo que le brindaban sus socios principales, Videla, Harguindeguy y Galtieri -suerte de "núcleo estable" o "triángulo estratégico" del Proceso, dotado de una extraordinaria estabilidad en el tiempo-, sus contactos internacionales, y una fuerte ambigüedad e hibridez en su discurso y en las medidas económicas implementadas. Pero su recurso sin dudas más preciado fue su evidente apego a la realpolitik, central, en la resolución de las tensiones que se plantearon durante el período entre los "liberales tradicionales" y los "tecnócratas" (Heredia, 2004; O'Donnell, 1997a), cuyo poder como grupo de funcionarios consolidado en un caso o emergente en el otro, a pesar de residir aparentemente en la posesión de determinadas pericias técnicas -fundamentalmente, en la capacidad para controlar la inflación- respondió, finalmente, a las necesidades políticas coyunturales del ministro; y tambien en la conflictiva relación entablada con los "señores de la guerra", cuyos pavoneos guerreros el ministro supo tolerar mientras no entorpecieran su marcha hacia la refundación de la
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sociedad. Asimismo, en su favor jugó la profunda fragmentación del frente militar: las divergencias que atravesaban a las Fuerzas Armadas contribuyeron para que las resistencias se presentaran desarticuladas -impidiendo la conformación de un frente común desde el cual pudiera impulsarse una propuesa alternativa a la del ministro y sus socios-, y que su carácter fuera netamente defensivo. Si bien estos obstáculos lograron bloquear significativamente los ambiciosos propósitos iniciales del ministro, éste logró concretar su objetivo de máxima -la refundación irreversible de la economía y la sociedad argentinas-, aun cuando para ello debió abandonar varios objetivos menores, renunciables. IV. Llamativamente, no fue en el plano de "la política" 217 donde estos mismos militares, tan activos políticamente en otros planos, jugaron el mejor de sus juegos. Aquí, la profunda fragmentación interna se combinó con las particularidades del modelo institucional adoptado para llevar al régimen al que sería el principal de sus numerosos fracasos. En el ámbito de la "salida política", la "interacción burocrática" (Oszlak, 1980) se impuso ampliamente sobre las necesidades políticas del régimen: el cumplimiento de los pasos a seguir dentro de los arduos "canales de compatibilización" intra e interfuerzas de los planes políticos primó sobre el cumplimiento de los objetivos y sobre el aprovechamiento de las oportunidades -amplias- con las que contó el régimen en un inicio. A pesar del silencio de la dirigencia política, que se mantenía inmóvil tras las expectativas de la apertura de un calendario electoral, y del terror generalizado producto de la "masacre represiva" -que sólo parecía poder ser exorcizado por los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas de la represión-, en este plano el régimen prescindió casi de cualquier tipo de colaboración para fracasar. Asimismo, fue en este ámbito como en ningún otro donde se reveló la particular afición de los militares a saldar diferencias políticas mediante el sabotaje, el veto y una crítica interna feroz, aun cuando lo que se ponía en ries-
217 Recurrimos aquí a la distinción de Arditi (1995) entre "la política" y "lo político". Mientras que el espacio de "la política" está integrado por el conjunto de instituciones que Confrinrian el sistema político o el régimen político, o "el terreno de intercambios entre partidos políticos, de actividades legislativaS y gubernamentales de elecciones -y--representación territorial y, en general, del tipo de actividades, prácticas y procedimientos.quese desarrollan en el entramado institucional del sistema o régimen político" (Arditi, 1995: 342-343), "lo político" -y en este punto Arditi retorna a Schmitt (1984)-, puede ser entendido como un "tipo de relacionamiento que se puede desarrollar en cualquier espacio, independientemente de si permanece o no dentro del terreno institucional de la 'política'" (Arditi, 1995: 43).
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go era el destino laexperienciacrup conjunto. La fragmentación política interna y los fantasmas de aperturas pasadas -particularmente, la conducida por el general Lanusse-, llevaron a !vela propuesta, política definitiva del régimen fuera avara, tardía, y quedara aplastada, finalmente, bajo el derrumbe dé lá ecbiiiiri-a:Tárnbién aquí los militare¿VierOnextravijaa la oportunidad -aprovechada por ejemplo, por la dictadura chilena-, de avanzar en la refundación del sistema político mediante la reforma de la Constitución, limitándose a ejercer sobre la misma un "poder comisarial" 218 . V. La fragmentación interna que presentaron las Fuerzas Armadas durante el período desafía a la mayoría de las herramientas analíticas articuladas hasta el momento. La literatura que sostiene la relevancia de una oposición central a partir de la cual se habrían articulado dos bandos relativamente estables -"liberales" vs. "nacionalistas", "duros" vs. "moderados", "halcones" vs. "palomas", "corporativistas" vs. "politicistas", etc.-, resulta limitada para comprender un panorama de extrema complejidad 219 . A nuestro entender, la pregunta en torno a la forma en la cual se definieron las fracciones internas durante el Proceso debe plantearse en términos distintos a los habituales: más concretamente, debemos preguntarnos, ¿qué papel jugaron estas fracciones en el logro de la estabilidad de un régimen que permaneció en el poder durante casi ocho años a pesar de su elevada fragmentación interna? Entendemos que la respuesta a esta pregunta debe buscarse en la presencia de distintos subgrupos que procuraron desempeñar, dentro del convulsionado frente militar, el mismo papel de árbi-
218 Como señala Dotti, en distintos trabajos sobre el tema -ver Yannuzzi (1996) y Quiroga (1994), entre otroS-, suele haber acuerdo en que el régimen militar fue una "dictadura soberana", por lo que se ubicaría entre aquéllas que detentan la "comisión de acción inCoialteldrada de un poávoir constituant", donde la soberanía "nace del acto de la constititeraiderPoder 'ab,:soluto por el pueblo" (Schmitt, 1999: 193 y 54). Sin embargo, analizando las tensiones que atravesaron a los integrantes del Proceso en este sentido, consideramos, junto Dotti, que ',pensaron su intervención bajo la forma de una dictadura comisarial, provisoria, hasta que pudiera entrar nuevamente en vigencia, una vez nornialriadála situación, la constitución también momentáneamente suspendida para a protegerla..." (Dotti, 2000: 757). Al respecto, consultar Canelo (2002). 219 La contraposición ideológica "liberales" vs. "nacionalistas" resulta de dudosa utilidad, dada la dificultad para identificar posicionamientos ideológicos claros, como resulta evidente en el plano de la política económica. El eje "duros" vs. "moderados" -o "halcones" vs. "palomas"- permite distinguir a los militares más proclives al acercamiento con los civiles de aquellos más reacios; sin embargo, dentro del segundo grupo suelen ser agrupadas figuras tan distintas como las de Videla o Viola, mientras que entre los "duros" suelen ser incluidas figuras como la de Ilarguindeguy o Galtieri junto a los comandantes de Cuerpo. l'or último, el eje "politicistas" vs. "corporativistas" sólo resulta productivo a la hora de referirse a los posicionamientos en torno de la salida política, pero poco dice sobre los posicionamientos sobre la política económica.
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tro que las Fuerzas Armadas pretendían jugar en la escena política más general. Y esos subgrupos fueron, fundamentalmente, los que podríamos denominar-, "moderados" -o moderadores- del Ejército en la interna intrafuerza y la Fuerza Aérea en la interna interfuerzas. En primer lugar, y frente a los extremos representados por los "duros" y los "politicistas" del Ejército, el que llamamos "núcleo estable" del Proceso -Videla y Harguindeguy fundamentalmente-, otorgó su apoyo a las distintas fracciones alternativamente, de acuerdo con las necesidades políticas coyunturales, jugando como mediador, moderador o árbitro en los conflictos intrafuerzas; y esto es lo que explicaría, además, la permanencia del presidente y su ministro del Interior durante un tiempo extraordinariamente prolongado 220. En segundo lugar, el papel de estos moderadores dentro del Ejército fue homologable al jugado por la Fuerza Aérea en la interna interfuerzas entre almirantes y generales -ferozmente potenciada, como vimos, por las ambiciones políticas de Massera y las expectativas institucionales de la Marina-. Dentro del esquema de poder tripartito, y continuando en este caso con una tradición histórica, la Fuerza Aérea jugó como moderadora entre el Ejército y la Armada, y su función principal fue desempatar -en general, a favor del Ejército- cuando las fricciones entre las otras dos Fuerzas se exacerbaron 221 . VI. Si "lo normal nada prueba, (y) la excepción, todo" (Schmitt, 1985: 54), el análisis del período de colapso que se extiende entre 1981 y 1983, resulta particularmente útil para identificar las regularidades que permanecen ocultas durante los períodos de "normalidad" (Canelo, 20061)). La sucesión de Viola, Galtieri y Bignone al frente de la presidencia de la Nación expresó la alternancia entre distintas fracciones que intentaron hallar
220 Si bien son numerosos los trabajos que se interrogan sobre los motivos de la perdurabilidad del ministro de Economía en su cargo -entre otros, Canitrot (1980) y Schvarzer (1984)-, no existe un nivel de reflexión similar en lo que hace a la igualmente sorprendente permanencia de la dupla Videla-Harguindeguy al frente del régimen militar. En este sentido, entendemos que ambos jugaron como verdaderos mediadores o árbitros en los conflictos dentro del Ejército; en forma similar a la de Martínez de 1 Ioz, fue su propia ambigüedad la que les permitió conciliar las fuertes presiones que recibieron de los más variados frentes y conservar sus cargos durante el tiempo estipulado. 221 Tradicionalmente ultracatólica y ultranacionalista, cuyo principal exponente intelectual durante la década del sesenta había sido jordán Bruno Genta, durante la dictadura la Fuerza Aérea hizo reserva de su nacionalismo para apoyar al plan económico liberal, aun cuando su elitismo a ultranza se expresó en sus posturas políticas. Durante el gobierno de Bignone, y tras la flagrante derrota en Malvinas, los aviadores también procuraron renunciar a su elitismo, siendo los primeros en presionar por una rápida apertura del cronograma electoral, viendo que el sistema amenazaba con desquiciarse. 222
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distintas salidas para el régimen. En este caso en particular, el faccionalismo militar se expresó inevitablemente como alternancia, dada la elevada fragmentación vertical que habían alcanzado las cúpulas -a diferencia de lo que sucedería durante el gobierno de Alfonsín, cuando, como resultado de una fragmentación sobre todo horizontal, los principales conflictos se entablen entre los "carapintadas" y el generalato-. Con la retirada de Videla, el poder de los moderadores cedió el paso a los extremos, que jugaron un juego de consecuencias complejas. Por un lado, la variedad de los proyectos defendidos por "duros" y "politicistas" en las postrimerías del Proceso permitió contar con distintos recursos que fueron empleados de acuerdo con las necesidades coyunturales, y la alternancia entre fracciones constituyó un elemento fundamental para transitar la situación de colapso, tal como durante regímenes militares anteriores -entre ellos, la Revolución Argentina-. Con la política primero, con la guerra después y con la política una vez más, los "politicistas" y los "duros" se sucedieron para intentar superar los agotados recursos de legitimidad del régimen, alentados por las posturas de una oposición partidaria que se mantenía obedientemente alineada tras la crítica a la política económica, la convocatoria guerrera de Malvinas o las negociaciones por el calendario electoral, sin pronunciarse contra los crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, sin embargo, la forma en la cual se sucedieron las fracciones, mediante putschs internos, único modo de resolver los conflictos en una estructura altamente jerárquica dentro de la cual no está prevista su institucionalización, llevó a las Fuerzas Armadas a pagar altos costos. En primer lugar, la pretendida "apoliticidad" del régimen terminó de derrumbarse, en un contexto de acelerada pérdida de legitimidad social y de flagrante dificultad para gestar alianzas con actores extra-institucionales -las que sólo podrían ser reestablecidas por Ríos Ereñú a partir de 1985 222-. Las Fuerzas Armadas cayeron en un estado de virtual aislamiento, ya que cualquier acercamiento de las cúpulas con la dirigencia política era percibido en el frente interno como la vulneración del "pacto de sangre" en el que se apoyaba la cohesión interna y como la "traición" a los principios de solidaridad institucional. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas perdieron los principales atributos de su poder arbitral. La derrota de Malvinas, que las reveló incapaces de de-
222 Sobre la alianza establecida entre las cúpulas militares y el gobierno de Alfonsín a partir de 1985, consultar Acuña y Smulovitz (1995), Canelo (200613), Pucciarelli (2006 y 2007), y Verbitsky (2003).
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sempeñar su función profesional esencial, el "combate armado exitoso" (Huntington, 1995) en una guerra externa, dio por tierra con el "espíritu guerrero" que había predominado durante la mayor parte de la dictadura, e hirió de muerte el esprit de corps, abriendo la puerta para la gestación de intensos conflictos. Los mismos fueron particularmente notables -y sin dudas, los más trabajados por la literatura- en el caso de los enfrentamientos jerárquicos entre generales y "carapintadas" en el Ejército, pero también se debieron a una fuerte búsqueda de protagonismo de aquellas Fuerzas y especialidades que habían salido relativamente airosas del desastre bélico: la Fuerza Aérea, los "comandos" y la artillería, que alcanzarían mayor importancia durante la postransición (Canelo, 2006a). Asimismo, la revelación progresiva de las atrocidades cometidas durante la "masacre represiva" -encamada con particular crudeza en el "show del horror" (González Bomba!, 1995)- les arrebató la legitimidad suprapolítica de que habían gozado y su condición de garantes del orden y de !ilegalidad estatal,rabastió7onsigp al Estado mismo, que luego de haber sido ferozmente feudalizado, denotaba una sustantiva descornposición de sus funciones, Intre ellas, su condición fundamental de aparato normativo de moralización de las instituciones y-Ta sociedad (Vezzetti, 2002). A partir de estas "revelaciones", la totalidad de las Fuerzas Armadas se aglutinó tras el objetivo compartido de la impunidad, comenzando a resultar evidente su alineamiento tras la defensa exclusiva de los propios objetivos e intereses corporativos, ya no "universales" o asimilables a los del conjunto de la sociedad, sino "restringidos", en una actitud homologable a lo que Finer (1969) denominó "sindicalismo militar defensivo" y que aquí identificamos como poder corporativo. VII. El saldo de la dictadura era complejo. A pesar de que, tal y como ha sido afirmado, el Proceso de Reorganización Nacional logró uno de sus pro l, irreversibilidad, varios de los objetivos impulsados pósitomayre,ld alcanzaron un carácter __.„ inconcluso Y lo inconcluso del Proceso se encarnó no sólo en los variados proyectos políticos que quedaron sepultados luego del veloz derrumbe del régimen sino, también, en una política económica que debió abandonar varias de sus ambiciosas metas limitadas por los imperativos de la política. De la ambiciosa propuesta de refundación inicial, sólo restaba el éxito en la "guerra interna", lo que marcaría a fuego el futuro de las Fuerzas Armadas, cuya "profesionalidad" quedaría ligada a la "lucha contra la subversión". Asimismo,1-6s militares perdieron el atributo fundamental que les había permitido jugar un papel central en la escena política argentina al menos desde
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1930: su posibilidad de presentarse como árbitros sobre los conflictos de la sociedad civil trasla pretendida- defensa de un "interés universal". Sin embarr g6,ta-raféberi- este tránsito, las Fuerzas Armadas supieron desplegar un capital privilegiado que les permitió sortear bastante airosamente los peligros de disgregación, el correspondiente a su poder corporativo, basado en la defensa de su "interés particular", oculto en el pasado tras los blasones del po-
der arbitral. La transicióni la democracia reveló la transición de un tipo de poder militar a otro. Lo que fue contemplado por propios y ajenos como una -tranquilizadora- descomposición del poder militar parece haber sido, en verdad, un proceso de profunda recomposición. Y en paralelo al proceso de descomposición -y recomposición- del poder milltar, y del colapso del régimen, la transición reveló, también, dos regularidades que se consolidarán como rasgos centrales de la democracia argentina. La primera es el colapso de la dirigencia política. Anticipado en sus posturas colaboracionistas con la dictadura durante su período de máximo poderío, fue claramente observable en las postrimerías del gobierno militar, donde un régimen tremendamente debilitado por la derrota en Malvinas pudo, sin embargo, continuar dominando la agenda durante un período prolongado, ante una oposición que no acertaba a retomar las riendas de la transición. Este colapso fue, asimismo, un verdadero anticipo de las dificultades que tendrá la dirigencia política a la hora de pilotear la "incertidumbre democrática" (O'Donnell y Schmitter, 1986), en un marco en el que los actores sociales y políticos entablarán intensas disputas en la lucha por la definición de las reglas. La segunda es la imposibilidad recurrente de "cerrar" la -herida abierta" por la dictadura militar. Ensayados tanto por los jerarcas militares como por sus sucesores civiles, todos los intentos por "clausurar" el tema de la violación a los derechos humanos fracasaron estrepitosamente, generando el efecto cabillo: colocarlos en el centro mismo de la escena. En este plano se enfrentaron aun hoy- dos lógicas: la "ética de la convicción" y la "ética de la responsabilidad" (Weber, 1985). La primera fue practicada, paradójicamente, tanto por los militares "duros", los más acérrimos partidarios de la masacre, cuanto por los organismos de derechos humanos, incansables luchadores por la realización de la justicia sobre los crímenes de lesa humanidad. La segunda fue invocada tanto por distintos jefes militares -primero por Videla y Viola con el intento "clausurista" de 1979, luego por Bignone y en el futuro por Ríos Ereñú mediante la "batalla legal" y por Balza mediante las "autocríticas" institucionales, entre otros-, cuanto por los ,
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sucesivos presidentes democráticos -Alfonsín, Menem y De la Rúa, entre otros-, que defenderán la "clausura" desde un cada vez menos tolerable pragmatismo (Canelo, 2006a). Cuando la "clausura" fue intentada por los jerarcas militares, el "consenso antisubversivo" predominante en el frente interno desató su potencia, poniendo en peligro la autoridad de las jerarquías, y cuando fue ensayada por los líderes políticos, arrastraron consigo a la "promesa democrática", que desde la transición se encontraba estrechamente ligada a la realización de la justicia por sobre los crímenes de lesa humanidad. Y mientras la "ética de la convicción" y la "ética de la solidaridad" continúan enfrentadas, la "herida" permanece, entre nosotros, siempre abierta. VIII. Durante más de tres décadas, las Fuerzas Armadas argentinas han orientado sus lealtades institucionales hacia el que consideran el único logro profesional alcanzado en muchos años: la "lucha antisubversiva .. Entre,otras cosas, esta convicción las ha llevado a resistir, más o menos exitosamente, los intentos civiles por juzgar los crímenes del terrorismo de Estado, y a avanzar sobre la seguridad interior manteniendo como hipótesis de conflicióérai —Mb'áte cartáTár",iiireVil formas" de la "subversión", a pesar de que seahárr relegadas a espacios periféricos de la arena política, reducidas a la lucha por la preservación de los territorios estatales a los que pertenecen, y a las escaramuzas presupuestarias. El futuro de las Fuerzas Armadas argentinas se encuentra aún ligado a un pasado que continúa ensombreciendo nuestro porvenir. Es por eso que resulta imprescindible la implementación de una política militar integral que les permita construir una nueva identidad dentro del marco democrático, acompañada de una política de derechos humanos que impulse una activa revisión de ese pasado, la preservación de la memoria y el castigo de los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Bibliografía y fuentes Fuentes primarias
L NO PUBLICADAS, RESERVADAS O DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
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