Calvo Faberman Ratto Historia Argentina UNQ

Historia Argentina Nancy Calvo Judith Farberman Silvia Ratto

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Calvo, Nancy Historia argentina / Nancy Calvo ; Judith Farberman ; Silvia Ratto. 1a ed. - Bernal : Universidad Virtual de Quilmes, 2013. E-Book. ISBN 978-987-1856-70-1 1. Historia Política Argentina. 2. Peronismo. I. Farberman, Judith II. Ratto, Silvia III. Título CDD 320.098 2 Procesamiento didáctico: Bruno De Angelis Diseño original de maqueta: Hernán Morfese, Marcelo Aceituno y Juan Ignacio Siwak Diagramación: Juan Ignacio Siwak Primera edición: julio de 2013 ISBN: 978-987-1856-70-1 © Universidad Virtual de Quilmes, 2013 Roque Sáenz Peña 352, (B1876BXD) Bernal, Buenos Aires Teléfono: (5411) 4365 7100

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Queda hecho el depósito que establece la ley 11.723

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Íconos

LL PP

Leer con atención. Son afirmaciones, conceptos o definiciones destacadas

y sustanciales que aportan claves para la comprensión del tema que se desarrolla.

Para reflexionar. Propone un diálogo con el material a través de preguntas,

planteamiento de problemas, confrontaciones del tema con la realidad, ejemplos o cuestionamientos que alienten la autorreflexión.



Texto aparte. Contiene citas de autor, pasajes que contextualicen el desarrollo temático, estudio de casos, notas periodísticas, comentarios para formular aclaraciones o profundizaciones.

N

Pastilla. Incorpora informaciones breves, complementarias o aclaratorias de



algún término o frase del texto principal. El subrayado indica los términos a propósito de los cuales se incluye esa información asociada en el margen.

CC

Cita. Se diferencia de la palabra del autor de la Carpeta a través de la inserción de comillas, para indicar claramente que se trata de otra voz que ingresa al texto.



Ejemplo. Se utiliza para ilustrar una definición o una afirmación del texto principal, con el objetivo de que se puedan fijar mejor los conceptos.

AA KK SS EE II WW OO RR

Para ampliar. Extiende la explicación a distintos casos o textos como podrían ser los periodísticos o de otras fuentes.

Actividades. Son ejercicios, investigaciones, encuestas, elaboración de cuadros, gráficos, resolución de guías de estudio, etcétera.

Audio. Fragmentos de discursos, entrevistas, registro oral del profesor explicando algún tema, etcétera.

Audiovisual. Videos, documentales, conferencias, fragmentos de películas, entrevistas, grabaciones, etcétera.

Imagen. Gráficos, esquemas, cuadros, figuras, dibujos, fotografías, etcétera.

Recurso web. Links a sitios o páginas web que resulten una referencia dentro del campo disciplinario.

Lec­tu­ra obli­ga­to­ria. Textos completos, capítulos de libros, artículos y papers que se encuentran digitalizados en el aula virtual.

Lectura recomendada. Bibliografía que no se considera obligatoria y a la que se puede recurrir para ampliar o profundizar algún tema.

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Índice Las autoras............................................................................................ 9 Introducción.......................................................................................... 11 Historia y sectores populares................................................................. 11 Los procesos de construcción estatal desde el siglo XIX.......................... 13 Los problemas vinculados con la ciudadanía política............................... 15 Mapa conceptual.................................................................................. 17 Objetivos del curso................................................................................ 19 1. El ciclo revolucionario (1810-1820) ................................................. 21 1.1. La crisis de la monarquía y la ruptura revolucionaria......................... 22 1.1.1. Las reformas borbónicas...................................................... 22 1.1.2. Las invasiones inglesas........................................................ 25 1.1.3. La crisis imperial.................................................................. 27 1.2. El primer gobierno autónomo: diferencias políticas, incertidumbres e inestabilidad.............................................................30 1.3. De la autonomía a la independencia................................................ 34 1.3.1. Los primeros Congresos Constituyentes y la opción por la república.................................................................................... 35 1.4. La guerra de la independencia y la guerra civil.................................. 37 1.4.1. Elites, ejército y plebe en la primera década revolucionaria .... 42 1.5. Cambios económicos: comercio, producción agropecuaria y finanzas públicas........................................................................... 44 Referencias bibliográficas...................................................................... 49 2. Las soberanías en disputa y el surgimiento de la Confederación (1820-1852)................................................................................. 51 2.1. La crisis del año veinte y la fragmentación del espacio .................... 52 2.1.2. Las autonomías provinciales................................................. 52 2.1.3. Buenos Aires: reformas, nuevo sistema político y expansión ganadera ...................................................................... 53 2.1.4. El Litoral y el Interior: cambios económicos e instituciones políticas ....................................................................................... 59 2.2. Unitarios y federales en Buenos Aires, el Litoral y el Interior.............. 62 2.2.1. El primer gobierno de Rosas (1829-1832)............................. 68 2.2.2. El Pacto federal (1831) y el origen de la Confederación........... 69 2.3. La construcción del régimen rosista................................................ 71 2.3.1. La división del federalismo y el liderazgo de Rosas................. 71 2.3.2. Dispositivos de poder y de movilización ................................ 73 2.3.3. Hacia la suma del poder....................................................... 78 2.3.4. Desafíos externos e internos: la gran crisis del sistema federal.......................................................................................... 80 2.4. La economía durante el rosismo: Buenos Aires y el Interior .............. 84 Referencias bibliográficas...................................................................... 87 3. La construcción del Estado nacional (1852-1880)............................. 89 3.1. La generación del ‘37 y los debates sobre la construcción de la Nación.......................................................................................... 89 3.1.1. Los proyectos de Alberdi y de Sarmiento................................ 89

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3.2. El país escindido: el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina (1854-1861)................................................................... 91 3.3. El Estado unificado: presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda .... 92 3.3.1. Los partidos políticos y las alianzas electorales..................... 95 3.3.2. Las prácticas eleccionarias................................................... 96 3.3.3. Las oposiciones federales en el Interior y el Litoral................. 97 3.3.4. La guerra del Paraguay......................................................... 99 3.3.5. La ocupación del territorio indígena: la conquista de Patagonia y Chaco........................................................................ 101 3.4. Del surgimiento a la consolidación del modelo agroexportador........ 103 3.4.1. El auge de la lana y la colonización agrícola en el Litoral ...... 106 3.4.2. Las economías regionales del Interior.................................. 108 3.4.3. La crisis de 1873............................................................... 109 3.5. La nueva sociedad....................................................................... 110 3.5.1. El espacio público en Buenos Aires: opinión pública y las nuevas formas de sociabilidad................................................. 111 Referencias bibliográficas.................................................................... 115 4. El orden conservador (1880-1916).................................................. 117 4.1. El PAN y las herramientas políticas de un “gobierno elector”........... 117 4.2. La revolución de 1890 y el surgimiento del radicalismo ................. 119 4.3. Las izquierdas: socialistas y anarquistas....................................... 122 4.4. El ocaso del régimen oligárquico................................................... 126 4.5. La economía................................................................................ 128 4.5.1. Las inversiones de capital.................................................. 129 4.5.2. Producción, productores y mercados.................................... 130 4.5.3. La población...................................................................... 134 4.5.4. Las crisis........................................................................... 137 4.6. La sociedad aluvial....................................................................... 138 4.6.1. Los trabajadores ............................................................... 138 4.6.2. Las clases altas . .............................................................. 140 Referencias bibliográficas.................................................................... 145 5. Los gobiernos radicales (1916-1930).............................................. 147 5.1. La ley Saénz Peña y la ampliación de la ciudadanía política ............ 147 5.2. Yrigoyen, Alvear y la división de la UCR ......................................... 149 5.3. La economía entre la Primera Guerra Mundial y la depresión .......... 151 5.3.1. El impacto de la guerra....................................................... 152 5.3.2. Diversificación económica e industrialización en la década de 1920 ......................................................................... 153 5.3.3. Las economías regionales.................................................. 155 5.4. La sociedad................................................................................. 156 5.4.1. Las organizaciones sindicales............................................. 158 5.4.2. Los conflictos obreros durante el primer gobierno de Yrigoyen...................................................................................... 159 5.4.3. La reforma universitaria ..................................................... 162 5.5. El regreso de Yrigoyen: crisis económica y ascenso de las ideologías antiliberales................................................................. 164 Referencias bibliográficas.................................................................... 169

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6. La crisis de un modelo (1930-1943)................................................ 171 6.1. Un orden político en crisis: el golpe de Estado y la dictadura de Uriburu........................................................................................ 172 6.2. La crisis económica y el intervencionismo estatal........................... 173 6.2.1. La industrialización............................................................. 176 6.3. Las tranformaciones sociales: migraciones internas....................... 178 6.4. La organización de la clase obrera: la CGT y el comienzo de la negociación colectiva................................................................... 179 6.5. El gobierno de Agustín P. Justo y la restauración conservadora......... 182 6.5.1. Los partidos políticos: La Concordancia, la oposición parlamentaria y las alternativas de la UCR..................................... 182 6.6. Los nacionalismos....................................................................... 185 6.7. El nuevo papel de la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas............ 187 6.8. El gobierno de Roberto Ortíz y el nuevo intento restaurador de Ramón Castillo........................................................................ 189 6.9. El estallido de la Segunda Guerra Mundial: realineamientos y alternativas ................................................................................ 189 6.9.1. La sucesión presidencial y el golpe de 1943........................ 190 Referencias bibliográficas.................................................................... 191 7. El peronismo (1943-1955).............................................................. 193 Introducción........................................................................................ 193 Objetivos de la unidad......................................................................... 193 7.1. El GOU y el golpe de 1943 ........................................................... 193 7.2. Hacia la “fundación” del peronismo............................................... 195 7.3. El 17 de octubre ......................................................................... 197 7.4. Perón y los trabajadores............................................................... 201 7.5. La primera presidencia (1946-1952)............................................. 206 7.6. La segunda presidencia (1952-1955)............................................ 208 7.7. El Estado peronista...................................................................... 215 7.8. La economía en tiempos de abundancia........................................ 219 7.9. La economía en tiempos de escasez............................................. 223 Referencias bibliográficas.................................................................... 227 Referencias bibliográficas generales................................................... 229

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Las autoras

Nancy Calvo es Profesora de Historia (UBA) y Máster en Ciencias Sociales (FLACSO). Es docente-investigadora en la UNQ. Se especializa en temas de historia política del siglo XIX. Es miembro del grupo de estudios de historia de la Iglesia con sede en el Instituto Ravignani de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ha publicado artículos en revistas especializas y ha participado en publicaciones colectivas tales como Los curas de la Revolución, compilado junto a Roberto Di Stéfano y Klaus Gallo (Emecé, 2002) y Para una Historia de la Iglesia , compilado por Gabriela Caretta e Isabel Zaca, edic CEPIHA, Universidad de Salta (2008). Actualmente es vice directora del Departamento de Ciencias Sociales de la UNQ. Judith Farberman es Doctora en Historia por la Universidad de San Marino, docente de historia argentina en las universidades nacionales de Quilmes y Buenos Aires e investigadora del CONICET. Su campo de estudio es la historia indígena y colonial y del siglo XIX. Ha publicado los libros Las salamancas de Lorenza. Magia, hechicería y curanderismo en el Tucumán colonial (Siglo XXI, 2005) y Magia, brujería y cultura popular (Sudamericana, 2011) además de numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras. Actualmente se desempeña como Directora del Centro de Estudios sobre Historia, Cultura y Memoria (CeHCMe) de la UNQ. Silvia Ratto es Doctora en Historia (UBA), investigadora de CONICET y docente en la UNQ. Sus investigaciones tratan sobre las relaciones interétnicas en la frontera rioplantense en el periodo tardo colonial y primera mitad del siglo XIX. Es autora de los libros La frontera bonaerense. Espacio de conflicto, negociación y convivencia (La Plata, 2003) e Indios y cristianos. Entre la guerra y la paz en las fronteras (Sudamericana, 2007). Actualmente dirige la Diplomatura en Ciencias Sociales de la UNQ.

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Introducción

Esta asignatura propone una visión procesual de la historia argentina desde las revoluciones de independencia hasta 1955. En la economía del plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades, “Historia argentina” –incluida en el núcleo básico– está destinada a proporcionar algunos de los recursos y contenidos contextuales imprescindibles para un mejor aprovechamiento de, por lo menos, cuatro materias previstas en el núcleo de formación complementaria: “Literatura argentina. 1830-1930”, “Historia intelectual argentina”, “Historia económica y políticas públicas en la Argentina (1930-2001)” e “Historia del Estado de Bienestar en Argentina”. La organización de la carpeta de trabajo responde a un relato cronológico que privilegia como ejes los principales procesos económicos, sociales y políticos del siglo XIX y de la primera mitad del XX. Si este esquema es el convencional para los cursos básicos de historia argentina, las problemáticas sobre las que se profundizará en el desarrollo de cada unidad lo son algo menos. Se tratará, en efecto, de rescatar •• La participación de los sectores populares en los diversos periodos. •• Los procesos de construcción estatal desde el siglo XIX. •• Los problemas vinculados con la ciudadanía política. Son todas éstas cuestiones que han recibido una profusa atención en la historiografía argentina reciente –con desigual énfasis para las diversas regiones de nuestro país– y que no son habitualmente incorporadas en los textos de consulta general.

Historia y sectores populares La movilización popular que se inicia con la resistencia a las invasiones inglesas de 1806 y 1807 y, a posteriori y más intensamente, con la revolución de la independencia ha convocado a un número importante de historiadores a estudiar las diversas formas de expresión de sectores muy heterogéneos –pero que compartían su subalternidad social– en clave política. La participación plebeya en las milicias y en el ejército, la expresión de identidades “partidarias” a través de las elecciones y de otras prácticas menos formalizadas han sido objeto de valiosas investigaciones cuyas conclusiones merecen ser incorporadas al relato histórico destinado al lector no especialista. En efecto, los sucesos de principios del siglo XIX le abren las puertas a una inusitada participación y movilización de los sectores populares, fenómenos que las elites políticas no pueden ignorar. La guerra revolucionaria, que se prolongaría más de lo pensado creando derechos perdurables, requerirá encausar las energías plebeyas a través de canales pacíficos. La ampliación del sufragio masculino, especialmente a partir de la ley provincial de 1821, será uno de estos canales que, no obstante, no conseguirá neutralizar el movimiento político de las montoneras rurales, especialmente activas durante la guerra contra Brasil. Historia Argentina

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La relación entre el gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas y los sectores populares rurales y urbanos constituye un tema que la historiografía argentina abordó casi desde sus comienzos. En este sentido, los apoyos plebeyos del “Restaurador de las Leyes” fueron interpretados ya fuera como un signo de la popularidad de sus políticas o, por el contrario, y retomando las tesis sarmientinas, como una expresión más del avance de la barbarie campesina sobre la ciudad. En ambas posturas, sin embargo, la primacía otorgada a la figura de Rosas oscurecía el sentido de una relación que permanecía inexplorada. Aunque el papel articulador del caudillo –necesitado de mantener el delicado equilibrio entre las exigencias de las elites y sus apoyos políticos populares– sigue siendo un elemento explicativo importante en los análisis del fenómeno rosista, el largo régimen instaurado en 1829 es hoy objeto de miradas que pretenden ir más allá del caudillismo y de los vínculos clientelares. La creación de identidades políticas –y en particular del federalismo–, los dispositivos discursivos del rosismo y la continuidad resignificada de las instituciones provinciales creadas durante el periodo rivadaviano (1821-1824) son algunos de los temas que, directa o indirectamente, contribuyen a comprender la popularidad de un régimen que se sostuvo largamente a pesar del reclutamiento constante y de los múltiples y simultáneos conflictos que lo asediaron. Menos conocido quizás es el papel desempeñado por los sectores populares durante el periodo formativo del Estado nacional (1852-1880). Por cierto, actualmente se está poniendo en duda que ese proceso haya sido tan pacífico como alguna vez se propuso: de hecho, la movilización militar de las montoneras federales en el Interior, que vino luego a sumarse al descontento popular por la participación argentina en la guerra del Paraguay, fue muy intensa y sólo recientemente es objeto de estudios rigurosos. En todo caso, es sabido que la caída del rosismo –y los intentos de implantación de un orden liberal y propietario que le sucedieron– implicaron turbulencias notables, especialmente en las zonas de frontera indígena. La década de 1870 inaugura una nueva etapa en la historia social de la Argentina. La inmigración ultramarina, masiva hasta 1930, transformó radicalmente la composición de los sectores populares urbanos y rurales del litoral, la región donde de preferencia se radicaron los recién llegados. Y ya desde 1890, aunque sin poner en duda la necesidad de la inmigración extranjera, las elites políticas demostraron preocupación frente a sus efectos paradójicos: la “cuestión social” u obrera podía canalizarse a través de ideologías “maximalistas” entre las cuales el anarquismo era la más perturbadora. Justamente de los anarquistas, así como de otros grupos de izquierda como el socialismo, se ha ocupado la historiografía argentina desde hace unos cuantos años. En este sentido, cabe destacar que no sólo la movilización política y las ideologías de izquierda han sido objeto de estudio ya que, en estos tiempos de democracia restringida, las prácticas políticas se desplegaron también en ámbitos como la prensa, las asociaciones de ayuda mutua, los clubes, etcétera. Como es sabido, sólo a partir de la reforma electoral de 1912 –que aseguró la competencia entre los partidos– pudo la participación popular expresarse de manera más plena a través del voto. Y, aunque los extranjeros quedaban excluidos de ejercer este derecho, en 1916 ya eran numerosos los hijos de inmigrantes habilitados para votar. La llegada de la Unión Cívica Radical al poder significó así una importante ampliación de la participación política y un avance en la democratización argentina. Un enfoque “desde abajo” de la historia de estos sectores populares en este periodo y en el que le sigue, sigue sin embargo pendiente para la historiografía del radicalismo. Historia Argentina

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Para los años que van de 1930 a 1943, son los sectores obreros sindicalizados los que se conocen mejor. En este sentido, si por un lado se han subrayado las continuidades entre el sindicalismo revolucionario de los años 30 y el peronista posterior –especialmente en lo que toca a su pragmatismo y tendencia a negociar con el Estado– por el otro, se ha destacado la memoria obrera de aquellos años identificados con la opresión y el desamparo. El periodo peronista es quizás uno de los que mayor atención ha suscitado entre los historiadores. La redefinición de la ciudadanía política en términos sociales y económicos ha sido el punto de partida para el examen de las diversas formas de movilización popular. De esta manera, a través de la acción se ha podido evaluar, más allá de las organizaciones sindicales, la formación de la clase obrera como tal y el peso de la experiencia peronista en la construcción de su fisonomía peculiar.

Los procesos de construcción estatal desde el siglo XIX El movimiento revolucionario que se inició en Buenos Aires en mayo de 1810 tuvo enormes dificultades para hacerse obedecer y mantener la unidad territorial del ex Virreinato del Río de la Plata. A la separación de Paraguay y la imposibilidad de conquistar el Alto Perú se agregó la disidencia del Litoral. En efecto, para 1814, el movimiento revolucionario estaba dividido en dos alas en guerra abierta, el Directorio asentado en Buenos Aires y la Liga de los Pueblos Libres liderada por José G. Artigas caudillo de la Banda Oriental que extendió su influencia por las provincias del Litoral rioplatense. Lo que estaba en discusión era el grado de autonomía que debían tener las provincias en la nueva estructura nacional, es decir, si debía organizarse una federación –que limitaba la soberanía de las partes integrantes– o una confederación –con un alto grado de autonomía de los estados que conformaban la Nación. La derrota de Artigas permitió una efímera unión de las provincias bajo la égida de Buenos Aires que se quebró luego de la redacción de la Constitución de 1819, de carácter fuertemente centralista, y de la oposición armada que, nuevamente, se concentró en el Litoral. Con la derrota de Buenos Aires, se inició, a partir de 1820, un periodo de autonomías provinciales que se extendió hasta fines de la década. Durante la misma, varias provincias promulgaron constituciones, construyeron instituciones de gobierno y establecieron regímenes electorales. Pero no todas las provincias fueron exitosas en sus intentos autonómicos: la debilidad del sistema financiero conspiró en muchos casos para que esto se lograra, creándose vínculos de endeudamiento con provincias más poderosas. A partir de 1828, con la caída del gobierno de Dorrego en Buenos Aires y la asunción de Lavalle en dicho cargo, comenzó un periodo signado por el enfrentamiento entre unitarios y federales. Mientras los primeros se hacían fuertes en las provincias del Interior, los segundos –concentrados en los gobiernos del Litoral– se unieron para enfrentarlos mediante la firma del Pacto Federal, en 1831, que constituyó, de alguna manera, un segundo intento de unificación territorial bajo la forma confederacional. En efecto, el Pacto Federal estableció una Confederación “de hecho” entre las provincias signatarias que se mantuvo durante todo el periodo de gobierno de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires. A través de dicho tratado, las provincias delegaban en ese gobierno la gestión de los asuntos relacionados con la guerra y las relaciones exteriores.

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En febrero de 1852, la derrota de Rosas en manos del caudillo entrerriano Justo José de Urquiza inició una nueva etapa de disgregación política entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires que se extendió por casi diez años. Será recién a partir de 1861, con la imposición militar de Buenos Aires sobre las tropas de la Confederación, que se inicia de manera definitiva el proceso de construcción estatal. El objetivo básico en este proceso fue garantizar la integración del país en la economía mundial. Para ello, debían lograr el orden interior y asegurar el progreso económico a través del montaje de un aparato institucional eficiente que permitiera, además, sostener el crecimiento económico. El orden interno se alcanzó mediante acuerdos políticos que permitieron superar la conflictiva relación que había signado la etapa revolucionaria entre el gobierno nacional y las provincias. De tal manera, en las últimas, las figuras más poderosas se convirtieron en piezas clave de este acuerdo. La presidencia de Roca a partir de 1880 marcaría la definitiva consolidación nacional que fue acompañada con la promulgación de una serie de leyes que establecieron de manera definitiva la organización del territorio (federalización de Buenos Aires, Ley de Territorios Nacionales), promovieron una mayor laicización de la sociedad (Ley 1420 de educación primaria, gratuita y laica; ley de registro civil y de matrimonio civil), la creación de un ejército nacional (Ley Ricchieri) y alentaron la inmigración (ley de inmigración). Fue precisamente este último fenómeno –que desde principios de siglo XX dio origen a una creciente sindicalización y reclamo obreros y que se denominó “la cuestión social”– el que derivó en la asunción de nuevas responsabilidades por parte del Estado. Esta etapa, que algunos autores denominan “de institución de lo social”, se expresó en la expansión del sistema educativo público, en el auge del higienismo y en la constitución de un campo propio de la sanidad y salud pública. Durante los gobiernos radicales este modelo no fue modificado de manera sustancial, pero el aumento de la conflictividad social derivada de la depresión económica de posguerra llevó al gobierno a asumir nuevos roles. La búsqueda por conciliar los intereses de patrones y empleados se expresó en el rol mediador del Estado en los conflictos laborales y en su reconocimiento de la capacidad de representación de los sindicatos. Sin embargo, este rol sufrió un revés incontestable con la represión estatal durante los acontecimientos de la “semana trágica” de 1919. A partir de la crisis de 1929, y siguiendo una tendencia que se extendió por Europa y varios países americanos, el modo de relación entre el Estado y la sociedad comenzó a modificarse al asumir el primero un rol protagónico para solucionar las ineficiencias del mercado que, hasta el momento, se pensaba que se resolverían de manera autónoma. En Argentina, el cambio del modelo de Estado que había imperado desde la década de 1880, se dio en dos etapas. En un primer momento, durante la década de 1930, se tomaron las primeras medidas de intervención en la esfera económica, mediante la creación de institutos de regulación de producción y consumo; políticas que tuvieron su máxima expresión con la promulgación del Plan de Reconstrucción Económica de 1940. El segundo momento de este modelo de intervención estatal comenzó luego del golpe de Estado de 1943 y se desarrolló más plenamente durante el peronismo. Durante el periodo 1946-1955, la presencia estatal se incrementa en políticas que regulan las actividades de producción, de las empresas y de sus empleados, favoreciendo la redistribución de la renta y creando sisteHistoria Argentina

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mas de seguridad social. En definitiva, se pasa de un modelo de crecimiento hacia fuera y de libertad de mercado a otro de desarrollo hacia adentro o de sustitución de importaciones.

Los problemas vinculados con la ciudadanía política La crisis de la monarquía hispánica no sólo generó el vacío de poder que abrió el camino a la Revolución. En su descomposición, fue también el punto de partida del sinuoso proceso de constitución de un nuevo orden político basado ya no en la soberanía trascendente, propia del Antiguo Régimen, sino en aquélla inmanente y abstracta que se expresaba a través de nociones como la de pueblo o nación. Así, desde muy temprano se planteó, asociada a estas nociones, el tema de la representación y surgió la cuestión de la ciudadanía política. En tal sentido, en las primeras décadas del siglo XIX, en el ex-virreinato del Río de la Plata se asiste a una discusión acerca del sujeto de la representación. Por una parte, concernía a quiénes debían ser representados, quiénes podían elegir y, además, ser elegidos. Por otra, junto al derecho a sufragar – entendido como el sostén del sistema “moderno” de representación– influyeron en aquella discusión, y en la configuración inicial del régimen político, la perduración de nociones e instituciones propias del periodo colonial: los pueblos, los cuerpos y, muy especialmente, la condición de vecino, a través de la cual, obtenían derechos y cumplían sus obligaciones los domiciliados en las ciudades, configurando de este modo un estatuto privilegiado. La vecindad, como base de los derechos civiles y políticos, se mantuvo luego de la independencia, no sin alterar su contenido y sobre todo su alcance, que se ampliaría para incluir a los habitantes del mundo rural, cuya representación en el régimen político naciente no podía ser soslayada. En esas transformaciones, que afectan a la vecindad tal como era entendida en el antiguo orden hispánico, y que se trasmiten durante estos años a la condición de ciudadano, un factor clave fue la participación en las milicias, cuerpo auxiliar del ejército regular conformado por vecinos, cuya presencia creció en el Río de la Plata a partir de las invasiones inglesas y cuya relevancia aumentó durante la Revolución y las guerras de independencia. A través de ellas, los sectores subalternos –fundamentalmente– protagonizaron un intenso proceso de politización. Más allá de estas consideraciones, la nueva ciudadanía, convertida en fundamento y objetivo a la vez de la comunidad política, se fue delineando como uno de los elementos indispensables para sostener la legitimidad del régimen de gobierno que, luego de la declaración de la independencia en 1816, adoptó decididamente, igual que en el resto de Hispanoamérica, la forma republicana. Uno de los temas más estudiados en las últimas décadas por la historiografía iberoamericana, y también por la Argentina, es el de las elecciones entendidas como un conjunto de normas y prácticas que se combinan para dar cuenta del proceso de definición y ejercicio de la ciudadanía política en los nuevos estados. Las leyes, decretos y reglamentos electorales, así como las prácticas que hacían efectiva la producción del sufragio, fueron aspectos claves para desentrañar los modos y usos que asumía la representación del poder soberano. Un hito en ese recorrido, luego de que los estatutos provisorios de 1815 y 1817

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intentaron llenar el vacío y canalizar la inquietud de una sociedad altamente movilizada como era la de la primera década revolucionaria, fue la ley electoral de 1821, establecida en la provincia de Buenos Aires luego de la disolución del poder central. Esta ley introdujo el voto “universal” y directo que consagraba la capacidad de votar de los varones adultos y libres, no dependientes. El resto de las provincias también fueron conformando sus sistemas republicanos de gobierno sobre la base de regímenes electorales de base amplia –salvo algunas excepciones como la de Córdoba y Mendoza. De allí que no sorprende que estas experiencias fueran la base del sistema adoptado a nivel nacional a partir de 1862, cuando la provincia de Buenos Aires abandonó su aislamiento y se comenzó a transitar el camino que iba a conducir a la construcción y consolidación del Estado Nacional, unificado bajo la forma de un régimen federal. Por otra parte, la ley es, ni más ni menos, que el marco para dar cabida a las formas concretas de ejercicio de la representación pero es el conocimiento de las prácticas electorales lo que permite medir la distancia que separa el ideal, supuesto de la norma, del mundo de la política en el cual las redes, facciones o partidos asumen la tarea de hacer efectivo el voto. En efecto, el acto electoral era por lo general el resultado de la actividad de las redes dirigidas por las elites que movilizaban sus clientelas; eran fuerzas electorales que actuaban más o menos colectivamente para participar en jornadas tumultuosas y muchas veces violentas, en las cuales el fraude y la manipulación no eran la excepción. Estas características del sistema electoral acompañaron el desarrollo de la formación del Estado y se combinaron con el origen de las organizaciones políticas que, hacia la segunda mitad del siglo XIX, comenzaron a estructurase cada vez más como partidos políticos. Los cambios vertiginosos que viviría la sociedad Argentina por esos años no podían dejar de impactar en sus organizaciones. El surgimiento de fuerzas políticas y sociales que comenzaron a impugnar fuertemente la endogamia del sistema político, garantizada entre otras cosas por esas prácticas electorales, junto al hecho de la baja participación electoral, que no convocaba más que a una mínima parte de los habilitados por la ley para votar, hizo madurar en un sector de la elite –que conducía los destinos del Estado– la idea de que era necesaria una reforma del régimen electoral. Uno de sus objetivos era lograr un mayor compromiso, sobre todo de los sectores más favorecidos de la sociedad, que eran los que se mostraban más reticentes a participar del acto comicial. Producto de estas consideraciones, y de la fuerte resistencia que ejercían la UCR y otras organizaciones políticas, en 1912 se sancionó la llamada Ley Sáenz Peña que consagraba el secreto y la obligatoriedad del voto. El cambio sería significativo. Aun cuando las prácticas de fraude no iban a desaparecer de inmediato, la ampliación de la base electoral fue el sostén de transformaciones sustanciales del sistema representativo, que daría lugar a la inclusión de los grandes partidos de masas característicos del siglo XX con amplios márgenes de legitimidad. La ley de voto femenino de 1947 y la ampliación de la ciudadanía en términos sociales fueron pasos decisivos en el camino de la universalización.

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Mapa conceptual

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Objetivos del curso

Que los estudiantes: •• Se acerquen al conocimiento de los grandes procesos sociales, económicos, políticos y culturales que se desarrollaron en la Argentina desde las revoluciones de independencia hasta 1955. •• Incorporen la dimensión histórica para evaluar los problemas del presente. •• Se inicien en las problemáticas de la investigación científica a través del debate historiográfico. •• Exploren los problemas historiográficos relacionados con la participación de los sectores populares en la política, la construcción del Estado y de la ciudadanía en el periodo de referencia.

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1 El ciclo revolucionario (1810-1820) Introducción El año 1808 marca el punto de partida de la crisis de la monarquía española. La invasión napoleónica a la península y el cautiverio del rey desencadenaron una reacción mayoritariamente adversa hacia la monarquía francesa que se expresó en la creación de juntas locales de gobierno, situación que se extendió a las colonias americanas. La crisis institucional con epicentro en la península fue el inicio de la revolución liberal en España y del proceso de ruptura del vínculo colonial, que desde entonces se volvió irreversible. El proceso revolucionario en el Río de la Plata cobró características regionales muy diversas según el grado de apoyo que obtuvieran los revolucionarios porteños entre las elites locales. De todos modos, hubo puntos en común vinculados a la participación masiva de las clases subalternas en los ejércitos revolucionarios y al impacto económico que implicó una guerra que duró mucho más de lo previsto y que fue continuada por conflictos militares entre defensores de proyectos políticos muy diferentes. Desde el inicio, en España y en América, se planteó el problema de la legitimidad del poder. ¿A quiénes tocaba asumir el gobierno en ausencia del rey? Este dilema no logró ser resuelto en los años posrevolucionarios, no obstante la declaración de independencia en 1816. Así, la disolución del orden colonial no cristalizó inmediatamente en la construcción de un orden nuevo.

Objetivos de la unidad •• Identificar los condicionantes externos e internos del proceso revolucionario. •• Comprender los cambios políticos que se producen a partir de 1810 y analizar las alternativas disponibles para la construcción de un nuevo orden. •• Conocer el impacto del proceso revolucionario en las diferentes regiones del espacio rioplatense. •• Caracterizar el sistema económico colonial y sus transformaciones pos revolucionarias.

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1.1. La crisis de la monarquía y la ruptura revolucionaria Hace ya varias décadas que los historiadores acuerdan en privilegiar las causas externas en la explicación de las revoluciones de independencia que sacudieron el perdurable imperio colonial español en la primera década del siglo XIX. También lo percibieron de esta manera quienes protagonizaron aquellos hechos: en realidad, la invasión napoleónica a la península ibérica abría el camino a aspiraciones autónomas bastante recientes. Sin embargo, si los dos años fundamentales que corren entre 1808 y 1810 constituyen una verdadera bisagra en la historia de las revoluciones americanas, el impacto de las reformas borbónicas en el flamante virreinato del Río de la Plata y las novedades que introducen las dos invasiones inglesas de 1806 y 1807 le confieren especificidad al proceso que involucró a nuestro país actual.

1.1.1. Las reformas borbónicas

El despotismo ilustrado fue una de las formas que asumieron algunas monarquías absolutas europeas durante el siglo XVIII. En la consecución del beneficio de todos sus súbditos, pero sin contemplar su participación política, los monarcas intentarían aplicar, asesorados por una corte de filósofos, algunas de las ideas iluministas en boga en aquella época.

La llegada de Carlos III al trono español habilitó una serie de reformas tendientes a la modernización y a la centralización del imperio hispano. Esta política, tributaria del despotismo ilustrado, suponía también una redefinición del pacto colonial, que le asignaba a los reinos de ultramar un nuevo papel: el de mercados y espacios para una acrecentada y más eficiente fiscalidad. Persiguiendo estos dos objetivos, fueron implementadas desde la metrópoli diversas medidas administrativas y económicas, que produjeron efectos dispares a lo largo del imperio colonial y una variedad de respuestas –que oscilaron del descontento a la conformidad– en las elites americanas. Dos reformas resultan singularmente importantes para comprender los posteriores procesos revolucionarios en nuestro territorio. Por un lado, las administrativas que crearon el virreinato del Río de la Plata en 1776 y el sistema de intendencias, en reemplazo de las antiguas gobernaciones. Por el otro, el Reglamento de comercio libre de 1778, cuyos efectos amplificaron ciertas coyunturas – como la participación de España en las guerras europeas y su alianza con Gran Bretaña a partir de 1808– que profundizaremos más adelante.

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Virreinato del Río de la Plata Fuente: Portal de Salta. . [Consulta: 08 de mayo de 2013]. Imagen disponible en:

La creación del virreinato del Río de la Plata implicaba el reconocimiento de hecho del ascenso gradual de la ciudad de Buenos Aires, hasta entonces un puerto clandestino aunque bastante activo en el comercio de plata y esclavos. Las reformas suponían un cambio considerable porque despojaban a Lima del control de un área neurálgica –las minas de Potosí, corazón del espacio peruano– en beneficio de la capital del nuevo virreinato. De esta manera, a fines del siglo XVIII, Buenos Aires se alzaba como un pujante polo administrativo y comercial. Desde 1776 era sede del Virrey, de su corte y de la nueva Audiencia, el más alto tribunal de justicia, pero también de sucursales de importantes casas comerciales de Cádiz. Sus responsables, de origen peninsular, contribuirían al reciclaje de la elite local, desposando a las herederas de las familias porteñas más notables. Estos recién llegados conseguirían hacer pingües negocios sin innovar demasiado sus métodos tradicionales. En efecto, en este sistema monopólico, la plata seguía conformando el 80% de las exportaciones que salían del puerto a trueque de “efectos de Castilla” (nombre genérico de los productos de ultramar entre los que predominaban los textiles de lujo) y de esclavos. Más allá de su eficacia –que es materia de discusión– las reformas borbónicas tuvieron resultados contradictorios según las regiones por ellas afectadas. En este sentido, la elite comercial porteña fue ampliamente beneficiada, tanto por la creación del virreinato como por el reglamento de comercio libre. El panorama general fue de crecimiento aunque Buenos Aires se destacara del conjunto. Por otra parte, dicho crecimiento no se interrumpió una vez que

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Carlos Sempat Assadourian (1982) entiende por espacio peruano a un espacio económico articulado por la economía minera y coincidente con la geografía del virreinato del Río de la Plata. La circulación de plata en el interior de este espacio, así como las demandas de los mercados mineros satisfechas en buena medida por el mercado interno, generarían una especialización productiva de las diferentes regiones que, en conjunto, resultan casi autosuficientes.

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los ímpetus reformistas se acallaron y España participara activamente en las guerras europeas. Siguiendo a Tulio Halperín Donghi (1972), la ciudad del Plata vivió en la década de 1790 un verdadero “auge mercantil”, consiguiendo evadir la rigidez del monopolio, que sólo habilitaba los intercambios con algunos puertos peninsulares y el comercio intercolonial. De esta suerte, los más aventureros entre los mercaderes capitalizaron la relativa autonomía que la coyuntura bélica europea inauguraba ya que España, acosada por las deudas, apenas si podía hacerse cargo de sus colonias. Esta situación se agravó todavía más al perderse la armada hispana en la batalla de Trafalgar de 1805. Algunos historiadores, entre ellos John Lynch (1985), trazaron una estrecha relación de causalidad entre los efectos de las reformas borbónicas – según este autor, vividas como una verdadera “segunda conquista” por parte de las elites locales– y las revoluciones de independencia. Otros autores, en cambio, no les han otorgado un papel tan decisivo en la ruptura del vínculo colonial. Cualquiera sea la explicación que se acepte, es necesario considerar que las vicisitudes mencionadas generaron y frustraron expectativas entre las elites de un territorio que probaba un ascenso reciente pero vertiginoso. A partir de 1806, con las invasiones inglesas, nuevos grupos sociales harían sentir su presencia. En un proceso que fue sobre todo porteño, la ausencia de la metrópoli se haría sentir una vez más y una inédita politización sumaría también a la plebe.

PARA REFLEXIONAR

Según Jorge Gelman, la uniformidad de las políticas borbónicas

PPC

[…] generaría reacciones fuertes en los distintos lugares de América y tendría resultados diversos. En todo caso, la historiografía tiende a coincidir en que las mayores reacciones en contra de estas reformas provinieron de los lugares y de las elites que veían mermado su poder, como Lima y México, capitales de los dos grandes virreinatos pre borbónicos, mientras que las zonas realzadas por las nuevas medidas, recibieron más bien con beneplácito esas mismas medidas reformadoras como sería el caso de Buenos Aires, Caracas o Santiago de Chile. Paradójicamente, en aquellos lugares donde se recibieron mejor fue donde los movimientos revolucionarios se desarrollaron más temprana y eficazmente mientras que aquéllos que más y mejor resistieron a las reformas luego mostraron mayor fidelidad al mantenimiento del orden colonial. (Gelman, 2010:34-35)

LECTURA RECOMENDADA

RR

Gelman, J. (2000), “La lucha por el control del estado. Administración y elite en Hispanoamérica” en: Historia General de América Latina, vol. IV, Procesos americanos hacia la redefinición colonial. UNESCO-Trotta, París-Madrid, 251-264.

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1.1.2. Las invasiones inglesas En 1806 y 1807 la población porteña tuvo que defender su ciudad de dos invasiones británicas. La “reconquista” y la “defensa”, como se llamó a los respectivos fastos, han sido consideradas por los historiadores experiencias fundamentales de militarización y de debut político de diversos sectores sociales. Paradójicamente, estos porteños que en 1806 y 1807 se remitían al Rey y al catolicismo como emblemas identitarios (por eso la invasión inglesa era también “hereje”), en 1810 lucharían contra los “mandones”, incluidos personajes que llegaron a ser muy populares en aquellas gestas, como Santiago de Liniers. Ambas invasiones fueron repelidas con éxito. La primera de ellas dejó como herencia un conjunto de fuerzas milicianas –que alcanzó los 7.800 hombres– y dos líderes políticos –Santiago de Liniers y Cornelio Saavedra– que jugarían un papel notable en los últimos años coloniales. Por cierto, se trataba de liderazgos locales –Santiago de Liniers era un militar francés al servicio de España avecindado en Buenos Aires y Cornelio Saavedra un comerciante altoperuano que se hizo famoso al ser investido como jefe del Regimiento de Patricios– que brillaron en contraste con el poco lúcido comportamiento de los funcionarios a los que les competía proteger a la ciudad de los ataques externos. En este sentido, la retirada del virrey Sobremonte hacia Córdoba para salvaguardar las Cajas Reales y organizar el ejército fue interpretada por la población como un acto de abandono y el sometimiento de las autoridades civiles y de los principales vecinos a los invasores generó indignación en la capital.

LEER CON ATENCIÓN

La organización de las milicias de 1806 reflejaba muy bien los criterios clasificatorios vigentes en la sociedad colonial. Había regimientos divididos por el origen geográfico de sus miembros, ya fueran éstos peninsulares (catalanes, gallegos, vizcaínos) o criollos (patricios, arribeños), y otros separados por líneas de color (morenos, pardos). Sin embargo, a pesar de su carácter tradicional, las milicias dieron lugar a fenómenos novedosos desde el mismo momento de su creación. Por ejemplo, la elección de los jefes por parte de las tropas contribuyó al ascenso de personajes de orígenes más humildes y la adhesión voluntaria a los regimientos aportó un particular espíritu de cuerpo entre sus miembros. Las milicias, y en particular las criollas, cambiaron las relaciones en el interior de las elites y entre éstas y los sectores plebeyos. Como ha demostrado Halperín Donghi, los criollos encontraron en la carrera de las armas un camino de ascenso alternativo, que no entraba en conflicto con los cargos y funciones que los peninsulares casi monopolizaban –los altos rangos administrativos, las dignidades eclesiásticas, el alto comercio– y que, a diferencia del sacerdocio y las leyes, no requería de una larga y costosa preparación.

LL

Una vez superada la amenaza británica, las milicias criollas continuaron activas y sus agentes cobrando sus salarios. Por eso, para los sectores plebeyos, las milicias se convirtieron en un medio de vida pero también en algo más:

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en una verdadera escuela de política. Un acontecimiento que tuvo lugar el 14 de agosto de 1806 –la presión popular para destituir al virrey Sobremonte y la formación de una Junta General que terminó delegando el mando político y militar en el aclamado Santiago de Liniers– da cuenta de las situaciones inéditas que podían crear las acciones conjuntas de las milicias y el “bajo pueblo” (en buena medida contenido en las primeras).

PARA REFLEXIONAR

En el anónimo Diario de un soldado (1960:72), un miembro del regimiento de patricios describía el episodio del 14 de agosto de 1806 como sigue más adelante (se reproduce la grafía original). El testimonio, además de singularmente vívido, permite imaginar la intensidad de la participación política plebeya así como su percepción de los hechos.

PP CC

Se abrió Cabildo publico adonde concurió toda la ciudad a tratar si devían rezevir el Sr Virey Sobremonte que estava cerca de Lujan en camino para esta Capital con 3 mil cordoveses esta mañana ubo en Cabildo unos partidos aunque el populacho cuando el Sr Rejenti Obispo y otros masjistrados se presentaron al Cavildo digo en su balcon a preguntar al pueblo si eran gustosos que fuesen governados por Sobremonte y viniera a esta ciudad todos respondieron que no no no no no lo queremos, muera ese traidor nos a vendido es desertor en el caso mas peligrosos nos a dejado se a uido con 9 mil onsas de oro queremos a Dn Santiago Linierse de Virey y si intenta Sobromente venir a Governar respondio el pueblo que antes permitirian el pueblo se le cortaran a todos la caveza Viva Viva Viva a nuestro General Liniers tiraron todos el sombrero a el aire que parecia el dia del juicio de la gritería. (Diario de un soldado, 1960:72)

En resumen, en el momento de conformarse el primer gobierno autónomo, Buenos Aires contaba ya con fuerzas militares experimentadas y movilizadas políticamente. Aunque a partir de entonces, la composición y envergadura del ejército cambiarían, su existencia previa a 1810 sería decisiva como sostén de la revolución.

LECTURA RECOMENDADA

RR

Halperín Donghi, T. (1978), “Militarización revolucionaria en Buenos Aires 18061815” en: El ocaso del orden colonial en Haispanoamérica, Sudamericana, Buenos Aires, 151-178.

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Fuente: Wikipedia.org. . [Consulta: 05 de junio de 2013]. Imagen disponible en: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Laminadoldan.jpg#file>

1.1.3. La crisis imperial En 1808 la crisis de las monarquías ibéricas se precipitó. La invasión de las tropas napoleónicas a Portugal con autorización de España y la ocupación posterior del norte de la península creó una coyuntura excepcional que colocó a los súbditos de la metrópoli y de las colonias frente a dilemas inéditos. La corte portuguesa se trasladó a Río de Janeiro y el desprestigio del monarca español Carlos IV y de su favorito Manuel Godoy, principal artífice de las alianzas con Francia, se exacerbó. En este sentido, el motín de Aranjuez, que capitalizaron los partidarios de Fernando, hijo de Carlos IV y candidato al trono, fue el último eslabón de una serie de tumultos antiseñoriales que devinieron antifranceses después de la invasión. Napoleón supo aprovechar este descontento generalizado y, luego de reunir al padre y al hijo en Bayona, forzó a Fernando a abdicar a favor de su padre y a éste en su beneficio. Para concluir la “farsa” tan cuidadosamente preparada, Napoleón delegó la corona en su hermano José y ordenó la prisión de Carlos y Fernando. Con la doble abdicación de Bayona la guerra de independencia comenzó en la península, ya que la legitimidad de Bonaparte no fue reconocida por la mayoría de los españoles. En numerosas ciudades se formaron juntas de gobierno que, para mejor coordinar las acciones militares, terminaron reuniéndose en una Junta Central con sede en Sevilla. Inglaterra, la antigua enemiga, se volvió aliada de los rebeldes y contribuyó a financiar la guerra. La historia posterior de las colonias quedó anudada a los avatares de la guerra en la península. Inicialmente, los resultados fueron favorables para las fuerzas antinapoleónicas, que obtuvieron su mayor triunfo en Bailén, en julio de 1808. Sin embargo, en el otoño de 1808, el mismo Napoleón se ocupó

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de recuperar lo perdido y hasta 1812 el dominio francés sería incuestionable en Europa. La derrota de Ocaña y la ocupación de Andalucía en noviembre de 1809 provocaron la disolución de la Junta Central, reemplazada a partir de fines de enero de 1810 por un Consejo de Regencia de cinco miembros de dudosa legitimidad. Todos estos hechos fueron decisivos en la gestación de movimientos autonomistas e independentistas en diversos puntos de América. La coyuntura abría una grieta impensada e impensable, que les proponía contradictorias fidelidades a los súbditos americanos. Si en 1808 muchos se preguntaban hasta qué punto la Junta Central de Sevilla representaba al Rey en un contexto de desenlace incierto, la inquietud se agudizó en 1810, frente a la perspectiva de una dominación francesa que parecía inquebrantable. Como respuesta, entre 1808 y 1810 varios movimientos autonomistas se sucedieron en América. Tres de ellos –el iniciado en Montevideo en enero de 1809 y los de Chuquisaca y La Paz en mayo y julio del mismo año respectivamente– afectaron el virreinato del Río de la Plata. El de Montevideo nos interesa de manera particular porque logró poner en jaque la autoridad del virrey Santiago de Liniers, sospechado por su origen francés y sus comunicaciones con el emisario de aquel país, el Marqués de Sassenay. El cabildo de Buenos Aires, con el apoyo de los regimientos de catalanes, vizcaínos y gallegos, se hizo eco de las pretensiones del gobernador Elío y exigió la renuncia del virrey y la formación de una junta que lo reemplazara, convocando al pueblo al son de las campanas. Sin embargo, el movimiento fracasó gracias a la movilización de los regimientos de patricios y arribeños, que sostuvieron al héroe de la reconquista en su cargo.

LEER CON ATENCIÓN

El fallido intento de instalar una junta en Buenos Aires y desplazar al virrey en funciones mostraba a las claras el poder político alcanzado por las milicias criollas. Tanto los partidarios de Santiago de Liniers como los de su deposición apelaron a Fernando VII como fuente de legitimidad.

LL

Por fin, en Chuquisaca y La Paz llegaron a formarse juntas de gobierno, la primera de composición elitista, la segunda más abierta y liderada por un oficial mestizo que sostenía actuar “por el Rey, la Religión y la Patria”, desconociendo toda autoridad metropolitana o virreinal. Este último movimiento fue sangrientamente aplastado por fuerzas militares provenientes de Lima y Buenos Aires.

CC

La crisis imperial se manifestaba con toda intensidad en el Río de la Plata a fines de 1809, aunque aquí el quiebre del orden colonial había comenzado antes y tenía su propia dinámica. Ahora, ambas crisis, la local y la imperial, se entrelazaban y entre 1808 y 1809 llevaron a la formulación de los primeros intentos autonomistas y juntistas. Serían experiencias decisivas para el futuro inmediato, como también lo sería la intensidad de los enfrentamientos y conflictos que se habían puesto de manifiesto. (Fradkin y Garavaglia, 2009: 219)

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Si en 1809 las autoridades coloniales consiguieron capear el temporal, las alarmantes noticias de 1810, aunque acalladas el mayor tiempo posible, precipitaron la crisis. En América, los cabildos de Montevideo, Lima y México reconocieron a la Regencia y le juraron fidelidad. En cambio, no ocurrió lo mismo en Caracas, Buenos Aires, Santiago de Chile y Quito, las regiones a partir de aquel momento insurgentes. En aquellas ciudades, se organizaron gobiernos autónomos que, como había ocurrido en España en 1808, se proclamaron como herederos y custodios de la legitimidad del rey prisionero. Como era previsible, las adhesiones no fueron unánimes, principiando una larga y costosa guerra por la independencia.

LECTURA RECOMENDADA

RR

Piqueras, J. (2008), “Revolución en ambos hemisferios: común, diversa (s), confrontada (s)”, en: Historia Mexicana 229, Colmex, México, 31-98.

1. a. Lea el artículo de José Carlos Chiaramonte y responda el siguiente cuestionario. El texto está publicado en el número especial del Bicentenario de la Revolución de Mayo del Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana 33, disponible en línea en:

KK

W b. El artículo hace referencia a dos modelos analíticos que han estudiado las revoluciones de fines del siglo XVIII y principios del XIX desde perspectivas integradoras. ¿Cuáles serían esos modelos, sobre qué dicotomías se basan según Chiaramonte y qué autores los han propuesto? c. ¿Qué diferencias separan las revoluciones francesa, hispanoamericanas y norteamericanas? ¿Qué semejanzas las unen? ¿Qué criterios analíticos se están tomando en cuenta para pensar las diversas trayectorias revolucionarias? d. ¿Qué se entiende por “principio de consentimiento” y qué papel juega este principio en el análisis de Chiaramonte? e. Reflexione sobre las oposiciones sugeridas por el autor entre “realidades esenciales” e historia y entre “historiografías nacionales” y perspectivas integradoras para interpretar los procesos revolucionarios.

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1.2. El primer gobierno autónomo: diferencias políticas, incertidumbres e inestabilidad La crisis de autoridad desatada en el virreinato del Río de la Plata, evidente a partir del impacto de las invasiones inglesas, otorgó protagonismo a hombres e instituciones que iban a jugar un rol fundamental en los sucesos de Mayo de 1810. Hemos hecho referencia al crecimiento de las milicias de las cuales surgieron nuevos liderazgos como el de Cornelio Saavedra y un sostenido proceso de movilización política. El cabildo de Buenos Aires fue otro de los núcleos de irradiación de poder, cuya acción resultó determinante en tiempos de la defensa –por ejemplo, para reemplazar a Sobremonte por Liniers en la conducción militar, así como para resistir su nombramiento como virrey interino y socavar su limitado poder cuando las tropas de Napoleón invadieron la península– y lo seguiría siendo por muchos años. Las tensiones entre las autoridades y los conflictos jurisdiccionales eran la norma más que la excepción durante la colonia pero el vacío de poder causado por la crisis metropolitana otorgó a este rasgo habitual de la política del Antiguo Régimen otra trascendencia; del seno de esas instituciones y al calor de las diferencias de intereses y perspectivas que anidaban en ellas, debía surgir una solución política capaz de alcanzar cierta legitimidad para conducir un proceso cuyas derivaciones no podían ser previstas. A principios de 1809, la Junta de Sevilla, establecida en el marco de la resistencia al dominio napoleónico en España, sustituyó a Liniers, cuyo origen francés lo hacía poco confiable, por el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. La solución no sería muy duradera. La Junta, arrinconada por las tropas francesas, decidió delegar el mando en un Consejo de Regencia que se refugió en Cádiz y aunque el nuevo virrey del Río de la Plata intentó ocultar estas inquietantes noticias llegadas a Montevideo en Mayo de 1810, fue inevitable que trascendieran, así como que su autoridad, emanada de una institución que había dejado de existir, fuera puesta en entredicho. Este fue el punto de partida del dilema al que habría que dar respuesta en un marco de incertidumbre tanto externa como interna y echando mano de los recursos jurídicos y políticos disponibles ¿Quién estaba en condiciones de ejercer legítimamente la autoridad, ante el cautiverio del rey? La determinación de exigir la convocatoria a un cabildo abierto encontraba antecedentes cercanos en los días de la invasión británica. En mayo de 1810, Cisneros debió enfrentar aquella demanda que contaba con el aval de Cornelio Saavedra y del regimiento de milicias a su cargo. Este apoyo decisivo le fue retaceado no solo para continuar siendo virrey sino también para integrar la junta creada por el cabildo porteño el día 24. Al día siguiente fue proclamada la Junta Provisional, integrada por nueve miembros cuyos nombres integraban el petitorio presentado por el grupo revolucionario, con el respaldo de las milicias y de una modesta movilización popular al mando de Domingo French y Antonio Beruti.

CC

No es posible que una mutación como la anterior se haya hecho en ninguna parte con mayor sosiego y orden, pues ni un solo rumor de alboroto hubo, pues todas las medidas se tomaron con anticipación a efecto de obviar toda discordia, pues las tropas estuvieron en sus cuarteles, y no salieron de ellos hasta estar todo con-

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cluido, y a la plaza no asistió más pueblo que los convocados para el caso, teniendo estos una cabeza que en nombre de ellos, y de todo el pueblo daba la cara públicamente y en su nombre hablaba; cuyo sujeto era un oficial segundo de las reales cajas de esta capital don Antonio Luis Beruti. (Beruti, 2001: 141)

La Primera Junta se proponía ejercer un gobierno autónomo de las autoridades peninsulares pero igualmente fiel al rey Fernando VII. El fundamento del nuevo poder era el principio de la “retroversión de la soberanía a los pueblos” en ausencia del monarca. Tal principio, que formaba parte de la tradición política hispánica, fue clave para lograr la autonomía. También fue, en su variada interpretación, uno de los factores de disputa entre los líderes de la junta y de los prolongados conflictos de representación que caracterizaron la relación entre Buenos Aires y las regiones del interior en las décadas siguientes. En efecto, la solución alcanzada era el resultado de la acción del cabildo de Buenos Aires y contaba con el apoyo de los vecinos de esa ciudad, identificados con la que comenzaría a ser llamada la causa patriota. Sin embargo, desde el primer momento, en la reunión del 22 de mayo, se escuchó el planteo de que los pueblos, depositarios de la soberanía, se hallaban representados en cada ciudad con cabildo y no sólo en Buenos Aires. Esta posición, desechada en principio alegando la urgencia del momento, sería retomada al poco tiempo como argumento para constituir la Junta Grande, que selló la derrota del secretario Mariano Moreno frente al presidente de la Junta, Cornelio Saavedra. Saavedra apeló a los diputados del interior para frenar el avance de Moreno, que representaba el desplazamiento del poder de la milicias porteñas y la radicalización de la revolución frente a las crecientes dificultades que debía enfrentar el nuevo poder para hacerse obedecer. Frente a aquella noción tradicional de la soberanía, que veía en la representación corporativa de los cabildos contenida en el plural “los pueblos” la base del poder soberano, Moreno se convirtió en el líder de un grupo de dirigentes revolucionarios que entendía la soberanía popular en clave roussoniana, como resultado del pacto voluntario de los miembros de la sociedad. Era “el pueblo”, en singular, tal como había sido invocado en la Independencia norteamericana y en la Revolución Francesa. Si bien las diferencias aparecieron en el seno del primer gobierno autónomo la solución del dilema planteado –convertido en oposición entre gobierno central y autonomías provinciales– se prolongará en el tiempo; y no estará ajeno a las paradojas, al menos aparentes, tales como la pretensión de conservar la herencia virreinal de una administración y un poder centralizado en la capital mientras se propiciaba la idea de establecer una soberanía única e indivisible, acorde con la moderna idea de nación y alejada, por tanto, de la impronta de la tradición política hispánica. De momento, esta posición fracasó. Moreno abandonó la Junta a fines de 1810 y su final es conocido, aunque sus seguidores no dejaron de gravitar en la política en los años por venir. La inestabilidad política fue a partir de ese momento una consecuencia inevitable de las tensiones y conflictos de distinto orden que afectaron el ejercicio del poder. Los vaivenes de la guerra de independencia; el cambiante escenario territorial cada vez más difícil de definir, a juzgar por los límites del espacio que el poder central estaba en condiciones de controlar. El Paraguay, Montevideo y el Alto Perú se sustraían a la obediencia de Buenos Aires, pero los recelos estaban a la orden del día también en otras ciudades del interior, como iban a mostrar los episodios de Córdoba que culminaron con el fusilamiento de Liniers y sus seguidores en Cabeza de Tigre. Al mismo tiempo, en la península la Regencia había

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La primera junta de gobierno se constituyó de la siguiente forma: Presidente: Cornelio Saavedra (comandante de milicias). Secretarios: Mariano Moreno (abogado), Juan José Paso (abogado y fiscal de la real hacienda). Vo c a l e s : M a n u e l B e l gr a n o (Secretario de Consulado de Comercio), Juan José Castelli (abogado), Miguel de Azcuénaga (comandante de milicias), Manuel Alberti (párroco de San Nicolás), Domingo Matheu (comerciante), Juan Larrea (comerciante).

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convocado a las Cortes. Mientras algunas regiones de Hispanoamérica optaron por incorporarse, pese a la desigual representación concedida a los americanos, otras, entre ellas el Río de la Plata, no aceptaron el convite. Se ahondaba la división entre leales e insurgentes, se hacía más drástico el enfrentamiento entre españoles y criollos. Por otra parte, la escasez de recursos acentuada por el desorden económico que acompañó la revolución y la guerra y, por fin, las alianzas políticas más o menos circunstanciales en las cuales se apoyaban los distintos grupos para sostener sus posiciones, eran en conjunto motivos de incertidumbre, ineludibles a la hora de decidir. La Junta Grande, como hemos dicho, se constituyó como resultado de la convergencia entre los diputados del interior, que comenzaron a llegar a Buenos Aires en diciembre de 1810 en cumplimiento de la circular de mayo, y los saavedristas, que con este apoyo inclinaron la balanza a su favor. Por su parte, la oposición morenista, reunida en la Sociedad Patriótica, contó con el apoyo del cabildo porteño para atizar la frágil posición de sus adversarios. El conflicto faccional se resolvió con la movilización del 5 y 6 de abril de 1811 que, liderada por los oficiales de milicias Joaquín Campana y Martín Rodríguez, significó la movilización política de los habitantes de los suburbios que fueron conducidos por el alcalde de barrio Tomás Grigera.

LEER CON ATENCIÓN

Lo anterior hace referencia a un tema central que se ha empezado a discutir desde hace pocos años dentro de las nuevas perspectivas de la historia política en Argentina: el estudio de los sectores populares como sujetos activos de la historia.

LL C

Esta relación entre la plebe y la política ha sido poco explorada hasta el momento. Habitualmente, cuando se escribe sobre las décadas de 1810 y 1820 la atención recae sobre los miembros de la elite porteña, que fueron los dirigentes del proceso revolucionario y de la etapa formativa de la provincia de Buenos Aires. Es mucho menos claro cómo participaron políticamente aquellos que no integraban las altas esferas. […] En realidad, en las historias escritas por quienes vivieron en las décadas en cuestión la presencia política de la plebe porteña fue un tópico recurrente […] También en los orígenes de la historiografía argentina el tema tuvo peso. Bartolomé Mitre sostuvo que el “populacho” permitió derrotar a las Invasiones Inglesas y asegurar “con su decisión la preponderancia de los nativos sobre los españoles europeos. Esta era la gran reserva de la Revolución”. Por su parte Vicente Fidel López le otorgó al mismo grupo –que “ofrecía una notable analogía con la plebe romana”– un papel fundamental en la resolución de distintos conflictos de las dos décadas aquí consideradas […] Sin embargo, durante la mayor parte del siglo XX la relación entre el proceso independentista y la plebe porteña prácticamente desapareció del horizonte de los historiadores, que se abocaron a otras preocupaciones. (Di Meglio, 2006: 20)

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2. En los fragmentos seleccionados, dos historiadores dan su interpretación sobre la participación popular en las jornadas del 5 y 6 de abril. Escriba un texto breve identificando el rol que ambos investigadores dan al “bajo pueblo” y explicando cómo argumentan esa idea.

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[…] a comienzos de abril de 1811 es el influjo de la muchedumbre de los arrabales, movilizada y encuadrada por sus alcaldes, el que salva a la facción dominante de la que parece su ruina segura… La amenaza de ampliación permanente del sector plenamente incorporado a la actividad política es eludida con sorprendente facilidad, fundamentalmente porque la movilización de los sectores populares, cuyo carácter masivo la ha hecho impresionante, es a la vez muy superficial: en este sentido es significativo que los jefes de abril no hayan sido dirigentes surgidos de la misma plebe, sino las autoridades designadas por el poder revolucionario para controlarlas. (Halperín Donghi, 1972: 185-186)

CC

Los instigadores utilizaron el poder local de los alcaldes de barrio para reunir a la gente. Pero éstos no lo hicieron solamente con su influencia sino que apelaron a un argumento que figuró como primer punto del petitorio: “Convencido el pueblo de Buenos Aires de que las medidas adoptadas hasta el día para la reconciliación de los españoles europeos con los americanos, son a mas de ineficaces, perjudiciales a la gran causa y sistema de gobierno que se sigue y debe abrazarse en lo venidero; es su voluntad que se expulsen de Buenos Ayres a todos los europeos de cualquier clase o condición”. […] lo que es preciso destacar es que este paso adelante del grupo más conservador de la elite revolucionaria se debió a que se trataba de un tema capaz de movilizar a la plebe y sin duda fue el principal medio empleado para ello. (Di Meglio, 2006:105-106)

Pero el triunfo de la facción saavedrista no fue duradero. En setiembre los morenistas junto al cabildo, retomaron el control político cuando el Triunvirato, creado para ejercer el poder ejecutivo, desconoció el reglamento redactado por la Junta Grande y dictó un Estatuto Provisional que fue sometido a la aprobación del cabildo porteño. El Primer Triunvirato, integrado por Juan José Paso, Manuel de Sarratea y Feliciano Chiclana, cuyo secretario y hombre fuerte fue Bernardino Rivadavia, distó de contar con la armonía entre sus miembros pero, además, debió soportar la presión del cabildo, un persistente foco de poder que se mantuvo durante toda la década, y de los sectores más radicalizados, agrupados en la Sociedad Patriótica y en la recientemente creada Logia Lautaro, de donde empezaban a surgir las voces que sostenían la necesidad de reunir un congreso y sobre todo de declarar la independencia. Al mismo tiempo, Saavedra, derrotado políticamente, conservó cierta influencia en las milicias, que supieron mostrar su descontento en el Motín de las Trenzas, duramente reprimido por orden de su nuevo jefe, Manuel Belgrano. Las noticias del frente externo no eran más tranquilizadoras. En marzo de 1812 las Cortes de Cádiz, sancionaron una Constitución “liberal”, en la cual proclamaban la existencia de una nación española compuesta por todos los Historia Argentina

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dominios de la monarquía. Aceptar esta solución, tal como hicieron las regiones centrales de Hispanoamérica era un camino posible. El rechazo, en cambio, consolidaba la ruptura y hacía cada vez más insostenible el argumento de la fidelidad a Fernando VII con el cual se había justificado la cada vez más ambigua autonomía. La convocatoria a un Congreso Constituyente, impulsada por los grupos más radicalizados, se presentaba como el camino para resolver el problema de la soberanía. En este escenario se agudizaron los enfrentamientos políticos. Las diferencias entre Bernardino Rivadavia y los miembros de la Sociedad Patriótica, liderados por Monteagudo, junto a la Logia de la cual formaban parte José de San Martín y Carlos María de Alvear, estallaron en octubre 1812 como consecuencia de la manipulación en las elecciones para la renovación de los triunviros. Una movilización de civiles reclutados por Juan José Paso con apoyo de los regimientos de los jefes de la logia puso término a la experiencia del Primer Triunvirato.

LECTURA OBLIGATORIA

Di Meglio, G. (2001), “Un nuevo actor para un nuevo escenario. La participación política de la plebe urbana de Buenos Aires en la década de la Revolución (1810-1820)”, en: Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr Emilio Ravignani” Nº 24, Buenos Aires, 7-38.

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1.3. De la autonomía a la independencia El Segundo Triunvirato nació con el aval de los grupos más radicalizados, que habían conducido los sucesos de octubre de 1812. La elección recayó una vez más en Juan José Paso, completaban el trío Álvarez Jonte y Rodríguez Peña, ambos miembros de la Logia, que fogoneaba la propuesta de declarar la independencia. La misión del nuevo gobierno fue convocar un Congreso Constituyente, que sería el primero de una serie de intentos fallidos. Más allá de las dificultades de distinto orden que impidieron la inmediata declaración de la independecia la sola pretensión constituyente era expresión de una voluntad soberana, incompatible con la cada vez más difícil fidelidad al rey cautivo, así como difícil de plasmar en un acuerdo capaz de expresar la forma que debía adquirir el nuevo Estado. En efecto, el primer objetivo se revelaría más fácil de cumplir. En 1816, un nuevo congreso declaró la independecia de la Provicias Unidas de Sud América, en cambio, fracasó en el intento de organizar constitucionalmente un Estado. La crisis con la que se cierra la década pone al descubierto de modo drámatico el dilema de largo aliento contenido en el debate acerca de cuál era el modo legítimo de entender y ejercer la nueva soberanía: bajo la forma de una república, o de una monarquía representativa, en plural como mandato de “los pueblos”, o en singular como encarnación de “el pueblo”. Si, por un lado, la década de 1810 deja el legado irrenunciable de la independencia conquistada, por otro, abre hacia el futuro el desafío de sentar las bases de un orden nuevo despojado de la herencia material y simbólica de la sociedad colonial. Historia Argentina

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1.3.1. Los primeros Congresos Constituyentes y la opción por la república La Asamblea del año XIII tomó varias medidas, habitualmente citadas como ejemplo del rumbo progresista que quisieron imprimirle sus promotores. Un conjunto de leyes apuntaban a establecer la igualdad civil: la libertad de vientre, que si bien no eliminaba totalmente la esclavitud le ponía límites precisos y marcaba un rumbo, el fin de toda forma de servidumbre indígena y del pago del tributo, la supresión de los mayorazgos y de los títulos de nobleza. Además, se estableció la libertad de prensa, la abolición de la tortura y se eliminó la jurisdicción del Tribunal de la Inquisición. Al mismo tiempo, en el orden eclesiástico se tomaron decisiones que fueron antecedente de las reformas futuras: se concedía la primacía a la autoridad civil sobre las eclesiásticas y al clero diocesano sobre el clero regular que, además, desde ese momento quedaba desligado de “toda autoridad residente fuera del territorio”. El afán de independencia fue claro no sólo en este ámbito. La aprobación del Escudo que serviría en adelante para identificar al nuevo poder y del Himno Nacional, fueron ambos manifestaciones simbólicas de aquella voluntad. Sin embargo, la Asamblea no declaró la independencia y mucho menos sancionó una constitución. El impulso inicial se vio frenado tanto por la circunstancias externas como por las crecientes dificultades que se produjeron en el terreno local. En cuanto al primer aspecto, el retorno de Fernado VII al trono de España fue solo el anticipo del giro conservador que no haría más que profundizarse con la derrota de Napoleón a manos de la Santa Alianza y la Restauración monárquica en Europa. Por su parte, el monarca español estaba decidido a recuperar sus dominios americanos tanto como a eliminar todo vestigio del “liberalismo” que había querido garantizar la Constitución de Cádiz de 1812. Hacia 1814 la situación militar era apremiante, solo el Río de la Plata mantenía la resistencia a los ejércitos realistas. En el orden interno las complicaciones no fueron menos drámaticas. Dos órdenes de problemas condenaron a la Asamblea a la impotencia. El primero fue la división de la Logia como consecuencia del cambio de rumbo político que significó el crecimiento del poder personal de Alvear. El alejamiento de San Martín, que se hizo cargo de la jefatura del Ejército del Norte y luego de la intendencia de Cuyo, se dio en paralelo con la creación del régimen unipersonal del Directorio que acompañó el auge y la caída del liderazgo de Alvear y el fracaso definitivo del Congreso. El segundo orden de problemas se entrelaza con ese desenlace pero tiene un origen diferente. Se trata del modo en que el Congreso asumió la cuestión de la soberanía que, como hemos visto, tenía sus raíces en el incio de la Revolución. El juramento que dio inicio a las sesiones es un indicador claro del rumbo que se quiso imponer. Por un lado, se excluía a Fernando VII, por otro, según la nueva fórmula, la Asamblea se declaraba soberana y los diputados debían jurar como representantes de las Provincias Unidas, consideradas como una unidad, más allá del mandato con el que habían sido elegidos por sus respectivas ciudades. Esta forma de expresión de la soberanía política, única e indivisible, acorde con la definición de “nación”, adoptada en la Francia revolucionaria y en la Constitución de Cádiz, estaba lejos de expresar la voluntad de los diputados de todas las ciudades.

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Fue el litoral, liderado por Artigas, quien logró expresar una alternativa confederal, plasmada en las “Instrucciones” que el Congreso de Tres Cruces impartió a los representantes electos. El rechazo de la Asamblea a la incorporación de los diputados de la Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, selló la ruptura y condujo a un enfrentamiento militar que se prolongó por un lustro. De momento, fueron las tropas enviadas a enfrentar la resistencia artiguista las que se rebelaron en Fontezuela en abril de 1815 y provocaron el derrumbe simultáneo de Alvear y del primer intento constitucional. El vacío de poder provocado por esta crisis fue llenado por el Cabildo porteño, que una vez más asumía la tutela del gobierno, aunque no era más que la expresión de los vecinos de Buenos Aires. La Junta de Observación, creada bajo su órbita, tenía como misión custodiar al nuevo Director Supremo interino, el Coronel Álvarez Thomas, designado en reemplazo del General Rondeu, quien estaba al frente del ejército que marchaba contra Artigas y contra la Liga de los Pueblos Libres del litoral. La Junta estableció el Estatuto Provisorio de 1815 con el cual Álvarez Thomas convocó a elecciones, para integrar un nuevo Congreso Constituyente. El objetivo era declarar la independencia puesto que el marco internacional no dejaba margen para la indefinción. El monarca español Fernando VII, decidido a restaurar el absolutismo, avanzaba en la recuperación de sus dominios americanos, aislando el foco rebelde rioplatense. El Congreso comenzó a sesionar en la ciudad de Tucumán para paliar el malestar contra Buenos Aires, exacerbado por la política alvearista. De todos modos, no participaron el Paraguay –segregado de las provincias unidas desde 1811–, ni las provincias artiguistas. Una vez elegido el nuevo Director Supremo, Juan Martín de Pueyrredón, los diputados cumplieron con el objetivo prioritario: el 9 de julio de 1816 fue declarada la independencia de las Provincias Unidas de Sud América de la dominación española y de toda otra dominacion extranjera. La fórmula era necesarimente imprecisa, dada la imposibilidad de delimitar el alcance territorial de la nueva entidad independiente. De un lado, San Martin se preparaba para su campaña trasandina, con vistas a expulsar a los realistas de Chile, Perú y el Alto Perú, de otro, la Banda Oriental, ganada por el artiguismo, comenzaba a sufrir las consecuencias del avance portugués, ante la indiferencia del gobierno de las Provincias Unidas. La incertidumbre no terminaba ahí. Trasladado a Buenos Aires, el Congreso debía asumir la tarea de sancionar una Constitución que diera forma al nuevo Estado. Dos cuestiones, necesariamente vinculadas, mostraron los límites que debían reconocer las posibles soluciones institucionales. En principio, era necesario acordar cuál habría de ser la forma de gobierno. En tal sentido, el contexto europeo de la Restauración parecía inclinar la balanza a favor de la monarquía constitucional, entendida como el modo más aceptable para lograr el necesario reconocimiento internacional del nuevo orden. Ya fuera el proyecto de Belgrano de buscar un descendiente de los incas, ya se procurara, por la vía de los enviados ante las cortes europeas, conseguir algún príncipe dispuesto a calzarse la corona que se le ofrecía desde este alejado punto de la geografía mundial, el propósito era dar con alguien que pudiera exhibir el linaje requerido para ejercer la soberanía hereditaria, constitutiva de la forma monárquica. Todas las propuestas fracasaron. De allí en más, sólo iba a ser considerada la forma republicana de gobierno, que se impuso en toda América donde, entre otras consideraciones, no existía una estirpe noble en la cual pudiera asentarse legítimamante la monarquía.

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La segunda cuestión remite, como desde el comienzo, a la relación entre el poder central y la cada vez más clara configuración de los poderes locales, defensores de su autonomía. El Congreso había dado la espalda al desafío federal del artiguismo. En el arranque, en territorio tucumano, primó la prudencia pero ya el Reglamento Provisorio de 1817 mostró una tendencia al centralismo para la elección de los gobernadores-intendentes que culminó en el texto Constitucional de 1819 concentrando en manos del poder ejecutivo la designación de todos los funcionarios. La Constitución, de fuerte sesgo conservador también en otros órdenes, como el de la composición corporativa del poder legislativo, selló su fracaso con aquella disposición que desconocía los derechos de las ciudades y los pueblos del interior. Esta vez la crisis condujo a la caída del poder central sellada por la derrota del ejército porteño frente a las tropas del litoral en la batalla de Cepeda. Diez años desde el inicio de la revolución habían terminado por configurar un nuevo escenario que contaba con enormes desafíos y algunas pocas certezas, entre ellas la opción por la república, aunque sin soluciones a la vista para sentar las bases de un nuevo Estado nacional.

LECTURA OBLIGATORIA

Ternavasio, M. (2009), “Nace un nuevo orden político”, en: Historia de la Argentina 1806-1852, Siglo XXI, Buenos Aires, 67-69.

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1.4. La guerra de la independencia y la guerra civil El movimiento revolucionario que se inició en mayo de 1810 en Buenos Aires triunfó rapidamente en la ciudad portuaria. Como hemos visto, el proceso de militarización surgido durante las invasiones inglesas había dejado mayoritariamente en manos de los criollos el manejo de las fuerzas milicianas y, por ello, pudieron imponer al virrey, sin demasiada resistencia, su propia destitución. Pero a diferencia de lo sucedido en Buenos Aires, el movimiento revolucionario tuvo serias dificultades en consolidarse en el extenso territorio que formaba el Virreinato del Río de la Plata. En Córdoba y en Paraguay, al conocerse la destitución del virrey, las autoridades locales juraron obediencia al Consejo de Regencia. La Primera Junta envió expediciones militares para lograr el reconocimiento del movimiento revolucionario con resultados disímiles. En Córdoba, el grupo contrarrevolucionario fue rápidamente sofocado y sus cabecillas entre los que se encontraba Santiago de Liniers, fueron fusilados en Cabeza de Tigre. En Paraguay, Manuel Belgrano al mando del Ejército Auxiliador, fue vencido por las tropas paraguayas en las batallas de Paraguary y Tacuarí en diciembre de 1810. La tensa relación con el gobierno central y Buenos Aires motivó que los hacendados se negaran a acatar la autoridad de la Junta, ya que sus miembros no derogaron los impuestos que afectaban los intereses de los sectores comerciantes. En 1811, se organizó un triunvirato y, en 1813, se sancionó una Constitución que consagró al Paraguay como la Primera República de América del Sud.

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La expedición de Belgrano al Paraguay mostró un fenómeno que sería recurrente durante la guerra revolucionaria y los enfrentamientos civiles que siguieron: la deserción. El ejército que sería derrotado por las fuerzas paraguayas era un conglomerado heterogéneo compuesto por soldados de los regimientos de granaderos, arribeños y pardos de Buenos Aires, milicianos de Paraná y Corrientes y milicias de indios guaraníes procedentes de las ex misiones jesuíticas. El motivo principal de las fugas por parte de los milicianos era el haber sido movilizados por largo tiempo a regiones muy distantes de sus lugares de residencia.

Entre 1810 y 1815 el gobierno revolucionario enfrentó distintos frentes de campaña: la Banda Oriental, el Alto Perú y el Interior. En cada una de estas regiones el proceso revolucionario tuvo características diferentes. Halperín Donghi definió la situación en el Alto Perú como una revolución social ya que los enviados del gobierno porteño intentaron captar a la población indígena proclamando el fin de su condición servil. Esta política filoindigenista (aunque estaba básicamente sustentada en la necesidad de reclutar hombres para el ejército) unida a las contribuciones forzosas en ganado, dinero y alimentos para las milicias, produjo un gran descontento en las clases adineradas que “no sabían si habían sido liberadas o conquistadas”. El resultado de la acción criolla en el Alto Perú fue que luego de la derrota de Huaqui todas las ciudades altoperuanas se volcaron a la causa realista. (Halperín Donghi, 1972: 263-265)

Luego de la derrota de Huaqui, el general Manuel Belgrano que había tomado el mando del Ejército del Norte, dispuso la evacuación de la tropa y de la población del norte hacia Tucumán. El éxodo jujeño, realizado el 23 de agosto de 1812, significó no solo el abandono del territorio sino también, como medida estratégica ante el avance del ejército realista, la destrucción de todos los recursos que no se pudieran acarrear. El objetivo era dejar a los realistas tierras arrasadas, sin víveres para la tropa.

Éxodo jujeño Fuente: Diario El Litoral. . [Consulta: 05 de junio de 2013]. Imagen disponible en:

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EE Canal Encuentro. Éxodo, ciclo dirigido por Leandro Ipiña, coproducción con la Secretaría de Turismo y Cultura de Jujuy [Consulta: 14 de mayo de 2013]. Disponible en

En el Interior la relación entre los enviados del poder revolucionario y las elites locales fue más equilibrada. La imperiosa necesidad de obtener recursos llevó al gobierno de Buenos Aires a buscar adhesiones de los clanes familiares del Interior. Esa misma necesidad motivó un desplazamiento del centro de poder desde los ámbitos urbanos, sede de las autoridades políticas, al ámbito rural, lugar de donde provenían los hombres y ganado requeridos para la guerra. Allí, los comandantes de campañas comenzaron a adquirir una importancia creciente dando origen, en algunos casos a jefes locales de gran envergadura como Martín Miguel de Güemes en Salta. Las milicias gauchas de Güemes cumplieron un rol fundamental en la guerra revolucionaria. A la vez que llevaban a cabo una guerra de guerrillas contra los ejércitos realistas que intentaban tomar el control del norte del espacio rioplatense, sirvieron como antemural de los preparativos del Ejército de los Andes que San Martín reunía en Cuyo para llevar adelante su plan de expedicionar sobre Chile.

“El Gral. Martín Miguel de Güemes y sus Gauchos”, Óleo sobre tela de A. Struch - Salta 1912 - Museo Histórico del Norte - Cabildo de Salta. Fuente Portal de Salta. . [Consulta: 08 de mayo de 2013]. Imagen disponible en: Historia Argentina

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Cronología de la guerra en el Interior: - 1811, derrota de Huaqui. - 1812, triunfo en Tucumán. - 1813, triunfo en Salta. - 1813, derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. - 1815, derrota de Sipe-Sipe (pérdida del Alto Perú).

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En la Banda Oriental el proceso revolucionario tuvo características muy particulares. A diferencia del movimiento en Buenos Aires que fue esencialmente urbano, en la Banda Oriental se trató de un alzamiento rural originado en las exacciones fiscales a que eran sometidos los pobladores rurales por parte de las autoridades de Montevideo. En esta ciudad se había nucleado la resistencia española que impuso el bloqueo del puerto de Buenos Aires. Para hacer frente a esa resistencia el gobierno porteño decidió aliarse a la sublevación rural que liderada por José Gervasio de Artigas, comandante de campaña, contaba con la adhesión de hacendados, campesinos e indígenas. Las fuerzas conjuntas de Artigas y la junta porteña sitiaron Montevideo pero ante la posibilidad de una intervención portuguesa y los efectos del bloqueo, el gobierno de Buenos Aires negoció un armisticio en octubre de 1811 por el que acordó que las tropas patriotas desocuparan la Banda Oriental a cambio del levantamiento del bloqueo del puerto de Buenos Aires y del retiro de las fuerzas portuguesas. Esto provocó el comienzo de un enfrentamiento entre la dirigencia de Buenos Aires y Artigas bajo cuyo liderazgo se organizó un movimiento político alternativo a la dirección porteña con influencia sobre el litoral rioplatense, sustentado en bases sociales mucho más rurales y plebeyas y de una orientación más radical que cuestionaba la orientación centralista de la dirigencia porteña proclamando “la soberanía particular de los Pueblos”. De manera que, a la guerra entre fuerzas revolucionarias y realistas se sumó la que se entabló entre ambas alas del movimiento revolucionario. Esta confrontación adquirió mayor intensidad cuando en 1814 las tropas porteñas se apoderaron de Montevideo mientras en Buenos Aires se consolidaba un nuevo gobierno, el Directorio y, a principios del año siguiente cuando los porteños debieron abandonar Montevideo, Artigas se transformó en gobernador de la provincia oriental y en el “Protector de los Pueblos Libres”, que abarcaba las antiguas misiones guaraníticas y por momentos, a Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

“Artigas dictando a su secretario José Monterroso”. Óleo sobre tela, Pedro Blanes Viale. Dimensiones: 3283 x 2393 mm. Fuente: Portal Ceibal. . [Consulta: �������������������������������������������� 05 de junio de 2013]. Imagen disponible en: http://www.ceibal.edu.uy/UserFiles/P0001/ODEA/HTML/090612_artigas_retratos. elp/pedro_blanes_viale.html Historia Argentina

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El liderazgo de Artigas comenzó a sufrir un serio desgaste cuando la continuación de la guerra con Buenos Aires derivó en una constante sangría de recursos para la guerra que lo llevó a distanciarse de la elite montevideana. Paralelamente, los caudillos locales de Santa Fe y Entre Ríos decidieron sustraerse del influjo del jefe oriental para llevar a cabo su propia guerra de oposición a la dirigencia porteña.

PARA REFLEXIONAR

El canal Encuentro del Ministerio de Educación de la Nación realizó una serie de programas sobre Caudillos en la historia argentina. Para profundizar sobre el proceso revolucionario que estamos analizando, vean los siguientes videos correspondientes a José Gervasio de Artigas y Martín Miguel de Güemes.

PP EE

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ detallePrograma?rec_id=103610

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ detallePrograma?rec_id=103610 En estos videos se puede ver que Güemes y Artigas tienen elementos comunes en la manera de ejercitar su liderazgo personal. • Ambos caudillos pertenecen a los sectores más bajos de la elite y tienen cargos militares en la campaña lo que los coloca como intermediarios entre ésta y las masas rurales. Las elites aceptan su liderazgo porque dependen de él para contener a los sectores rurales. Sin embargo, la relación se va tensando a medida que el esfuerzo financiero de la guerra cae sobre ellos.

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Cronología de la guerra en la Banda Oriental: - 1811 en Montevideo, Francisco de Elío fue nombrado virrey del Río de la Plata por el Consejo de Regencia. - M ayo d e 1 8 1 1 , s i t i o d e Montevideo por fuerzas porteñas y orientales lideradas por Artigas. - Octubre de 1811, armisticio entre Buenos Aires y Montevideo ante el temor de la invasión portuguesa. Éxodo oriental de las tropas artiguistas. - Enero de 1812, reinicio del sitio de Montevideo. - 1814, caída de Montevideo ante las fuerzas porteñas. - 1815, retiro de las fuerzas porteñas. Gobierno de Artigas y creación de la Liga de los Pueblos Libres.

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• Para conseguir el apoyo de los sectores subalternos ambos caudillos conceden privilegios y acceden a reclamos de antigua data (otorgamiento del fuero militar y exención en el pago de arriendos en el caso de Salta y promesa de entrega de tierras en la Banda Oriental). La relación con Buenos Aires es de tensión. En el caso de Güemes se distiende ante la necesidad de que las milicias gauchas actúen como barrera ante la ofensiva realista altoperuana. En el caso de Artigas el planteo de un proyecto político alternativo que se extiende por el Litoral impide el entendimiento.

A comienzos de 1815, el Directorio vivió uno de sus peores momentos cuando uno de sus ejércitos se sublevó en Fontezuelas, en el extremo norte de la campaña bonaerense, y exigió la destitución del Director que una “revolución” impulsada por el cabildo porteño hizo realidad. Era evidente que la dirección revolucionaria porteña había equivocado el camino. La disidencia litoral y la pérdida de territorios pertenecientes a la antigua estructura virreinal como el Alto Perú y el Paraguay eran un reflejo de ello. Bajo una nueva dirección, el Directorio intentó reconstituir su poder sobre territorios y poblaciones que le eran crecientemente hostiles. Dos años más tarde, esta estrategia había producido importantes avances pero su éxito se iba a demostrar totalmente efímero y hacia 1819 los signos de descomposición del poder directorial eran evidentes. Como hemos visto, la Constitución de 1819, de carácter fuertemente centralista, fue rechazada por las provincias y significó el retorno a la situación de enfrentamiento interno. Los caudillos del Litoral, Estanislao López de Santa Fe y Francisco Ramírez de Entre Ríos, encabezaron la ofensiva contra Buenos Aires. El ejército leal al Directorio que debía enfrentar a esas fuerzas se sublevó en Arequito bajo las órdenes del general Bustos. El Directorio solo contaba con las milicias de la ciudad para detener el avance de los caudillos del litoral. En enero de 1820, la victoria de estos últimos provocó el fracaso del primer intento de organización nacional del territorio.

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Ciudadanos: al fin podemos gloriarnos, porque los sacrificios de los pueblos que tenemos el honor de mandar, nos han proporcionado los medios de sacudir el yugo de vuestros opresores sin prodigar vuestra sangre. Elegid ya sin recelo el gobierno provisorio que os convenga […] Marchamos sobre la capital no para talar vuestra campaña […] ni para mezclarnos en vuestras deliberaciones; sí, para castigar a los tiranos cuando fuesen tan necios que os hagan pretender el mando con que casi os han vuelto a la esclavitud. Proclama de Estanislao López y Francisco Ramírez, 1 de febrero de 1820. (Molinari, 1938: 56).

1.4.1. Elites, ejército y plebe en la primera década revolucionaria El proceso revolucionario provocó la constitución de una elite política –distinta de la elite económica– que estaba integrada por aquellos que adquirieron liderazgo y poder militar y por sectores letrados. Esta convergencia generará más de una tensión que se definirá con un ascenso de la facción militar que

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terminará por restringir la dirigencia revolucionaria y buscará disciplinar la movilización miliciana y plebeya con la formación de un ejército de línea a partir de 1812, que se convertirá en su base de apoyo más sólido. Esto le permite mantener independencia frente a los sectores altos, de donde había surgido y frente a los sectores populares, a los cuales había movilizado utilizando su apoyo, en algunos casos, para dirimir peleas al interior de la elite política. En efecto, a partir de 1812 y ante la necesidad de aumentar y disciplinar al ejército revolucionario se llevó a cabo una transformación de las milicias en cuerpos veteranos a la vez que se producía una masiva ampliación de nuevas milicias –esta vez no tan espontáneas como en los primeros momentos– y se incentivaba el reclutamiento voluntario en el ejército regular. Además, para incrementar el número de soldados regulares comenzó a destinarse al servicio de armas a los infractores a la ley.

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En tales condiciones, diversas tensiones atravesaban a los nuevos ejércitos y una en particular: la resistencia de los milicianos a convertirse en veteranos. Y no podía haber sido de otro modo pues la población tenía bien en claro las diferencias que debía haber entre una y otra forma de organización militar así como sus respectivas connotaciones sociales. […] De esta manera, los primeros ejércitos revolucionarios constituían un aglomerado inestable y heterogéneo, estructurado a partir de un reducido núcleo veterano y de milicias locales, que reproducían en su interior las tramas sociales que hacían posible el reclutamiento y la conformación de sus jefaturas inmediatas. En esas condiciones, sus relaciones con el ampliado servicio miliciano tendían a ser tensas y conflictivas. (Fradkin, 2010: 68-69)

La continua ampliación del ejército revolucionario –tanto el regular como las milicias– y la perduración de la guerra tuvieron profundas repercusiones en la sociedad y en la economía rioplatenses. Como las milicias eran fuerzas territorialmente reclutadas y que solían reflejar las jerarquías y relaciones sociales preexistentes, su multiplicación constituyó todo un entramado de actores políticos locales; además, tendió a encuadrar militarmente las relaciones sociales y a establecer a las autoridades milicianas como instancias de mediación en las relaciones entre patrones, arrendatarios y peones. Uno de los resultados de este proceso fue la configuración de liderazgos políticos de base local de cuya mediación dependió cada vez más la capacidad de movilización de las autoridades políticas y militares. De esta manera, las fuerzas movilizadas contenían lealtades y solidaridades competitivas que no tardaron en hacerse rivales y enfrentadas. Pero además, la magnitud de las fuerzas revolucionarias convocadas no deja lugar a dudas sobre el impacto que tuvo el reclutamiento sobre la población del territorio. Si a fines de la colonia la infantería veterana de Buenos Aires no superaba los 2.500 hombres, en 1815 la jurisdicción bonaerense contaba con 6.600 efectivos de línea distribuidos en 4.650 de infantería, 900 de artillería y 1.100 de caballería. Estas fuerzas regulares se completaban con 4.000 milicianos en la ciudad y alrededores y 1.000 en la campaña en servicio activo y otros 4.000 en servicio pasivo. Si se tiene en cuenta que el censo de ese año arrojaba, para la misma jurisdicción, una cifra de 92.000 Historia Argentina

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habitantes, se llega a el 12% de la población pasible de ser involucrada en el esfuerzo de guerra. Algo similar sucedía en otras jurisdicciones. El ejército auxiliar del Alto Perú llegó a reunir unos 8.000 efectivos. Las fuerzas enviadas al Paraguay superaron los 2.000 efectivos y las que se remitieron a sitiar Montevideo los 2.900 mientras otros 3.300 componían las milicias orientales que comandaba Artigas. La creación del Ejército de los Andes significó la formación de una fuerza de unos 5.000 efectivos, de modo que para 1817 solo la infantería rioplatense movilizada rondaba los 14.000 hombres. A la movilización de esas fuerzas debe agregarse la formación del ejército de observación sobre Santa Fe, que hacia 1818 llegó a movilizar unos 4.000 hombres. La guerra, mucho más larga, sangrienta y generalizada de lo que se pensó en un principio, sacaba miles de hombres de sus territorios y sus encuadramientos sociales y convertía el abastecimiento de los ejércitos y el reclutamiento en cargas muy pesadas sobre estas sociedades. No extraña, por tanto, que la deserción fuera un fenómeno recurrente y que el bandolerismo adquiriera una magnitud desconocida hasta entonces.

LECTURA RECOMENDADA

RR

Fradkin, R.,“Bandolerismo y politización de la población rural de Buenos Aires tras la crisis de la independencia (1815-1830)”, [en línea]. En: Revista Nuevo Mundo. Mundo nuevo [2005]. Disponible en [Consulta: 27-02-2012]

El impacto de la militarización fue también profundo en la economía. En los distintos frentes de lucha la guerra no solo significada una tremenda punción de hombres y una pesada carga para auxiliar a los ejércitos, sino que adoptó la forma de una “guerra de recursos” de tremenda capacidad destructiva de las economías rurales y campesinas que convertía al alistamiento en un medio de subsistencia mientras erosionaba las bases de las relaciones de poder y hacía aflorar las tensiones que contenía la sociedad. Los ejércitos revolucionarios obtenían lo que necesitaban del territorio por el que pasaban o en el que se asentaban. El costo de las guerras lo pagaron principalmente los vecinos de los territorios que fueron escenarios de las batallas hasta 1820.

1.5. Cambios económicos: comercio, producción agropecuaria y finanzas públicas La revolución y la guerra no podían sino introducir cambios radicales en la economía del ex virreinato. Durante la colonia, buena parte del comercio y de la producción se encontraban organizados en torno al eje potosino que hacía circular parte de la plata en el mercado interno, articulando espacios productivos especializados. Otro eje, que cobró mayor relevancia con las reformas borbónicas, era el atlántico. Como se anticipó, desde fines del siglo XVIII

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también Buenos Aires se convirtió en un polo de atracción y un mercado de consumo importante. Entre las producciones regionales más relevantes destinadas a estos dos grandes mercados consumidores de Buenos Aires y Potosí se encontraban las mulas –que se criaban desde Buenos Aires hasta Salta–, los vinos y aguardientes cuyanos, las carretas tucumanas, la yerba mate de las misiones y los textiles rústicos provenientes de las tolderías indígenas pampeanas y de los hogares campesinos de Córdoba, Santiago del Estero o San Luis. La producción agrícola –en la que el trigo era un producto sobresaliente– se consumía a nivel doméstico o bien, dado el alto precio de los fletes, se destinaba al abasto de las ciudades. Por el contrario, buena parte de la producción pecuaria – básicamente cueros y carne salada de la Banda Oriental– se exportaba hacia Europa, ocupando un lejano segundo lugar, después de la plata, en el globo de las exportaciones. En consonancia con este sistema económico, eran los comerciantes –y muy especialmente los llegados desde la península a partir de las reformas– quienes dominaban las elites urbanas. Para cubrir sus riesgos –muy altos en las frecuentes coyunturas de guerras europeas–, estos comerciantes solían diversificar sus inversiones, aunque sólo secundariamente las orientaban hacia la producción agraria. El quiebre del vínculo colonial implicó el derrumbe de esta estructura doblemente centenaria y forzó una recomposición de las elites. Una vez que el Alto Perú se perdió definitivamente, la plata potosina dejó de bajar y por lo tanto también de nutrir los circuitos regionales que dependían de ella. Pero la plata implicaba también el 80% de ingresos financieros de la caja de Buenos Aires que, ante la desaparición de este rubro de importación, debió modificar su estructura de entradas.

El cuadro ilustra lo dicho más arriba. Los fondos potosinos debieron ser reemplazados por otros rubros entre los cuales los impuestos a las importaciones y a las exportaciones tuvieron un papel central. También la deuda interna aumentó, en particular en los años más difíciles de la guerra.

PP

Evolución de ingresos fiscales de la Caja de Buenos Aires 1806-1809 1806-1810 1811-1815 1816-1819 Potosí 4.800.000 900.000 --Aduana 2.300.000 6.400.000 5.900.000 Impuestos a la 840.000 2.800.000 2.140.000 producción y al comercio Donativos, 330.000 730.000 1.164.000 contribuciones y préstamos

Fuente: (Halperín Donghi, 1982: 119-125)

Por otro lado, los comerciantes peninsulares se convirtieron en el blanco privilegiado de los gobiernos revolucionarios, imperiosamente urgidos de recursos para sustentar la guerra. No pocos de ellos perdieron sus antiguas fortunas; algunos buscaron inversiones más seguras en otros rubros como la tierra.

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Fue este el caso de la familia Anchorena que de grandes comerciantes monopolistas pasaron a ocupar uno de los primeros lugares entre los estancieros del siglo XIX. Además, como hemos visto, la secuela inmediata de la revolución fue una economía de inseguridad, saqueo y destrucción de recursos. La movilización permanente de las tropas restó mano de obra a las estancias y debilitó a las economías campesinas, que no consiguieron recuperarse por varias décadas. En cualquier caso, el antiguo sistema monopólico –filtrado de hecho por el contrabando y la virtual ausencia de la metrópoli desde 1793– estaba herido de muerte en un contexto internacional dominado por el nuevo taller del mundo: Inglaterra. Y fueron justamente los comerciantes de aquella nación los que vinieron a reemplazar a los antiguos emisarios de las casas peninsulares caídos en desgracia, trayendo consigo nuevos productos y novedosos métodos. Ya en la segunda invasión de 1807, el mercado porteño se había visto inundado por las telas inglesas, atractivas y baratas; a partir de 1809, el avance de las importaciones británicas no habría de detenerse. La liberalización del comercio generó efectos múltiples. Por un lado, los impuestos a las importaciones fueron creando gradualmente una fuente de reemplazo para los recursos que la minería altoperuana había dejado de proveer. Por el otro, ciertas producciones locales se resintieron, aunque los resultados sólo terminarían de apreciarse en la década siguiente. Las pocas regiones que pudieron escapar a la crisis fueron aquellas que reorientaron sus producciones a los mercados de ultramar o Chile: Salta y algunas regiones de Tucumán, La Rioja y Cuyo dirigieron su producción hacia la agricultura y ganadería, producciones que encontraron destino en los mercados trasandinos. Córdoba reorientó su producción hacia la cría de vacunos y lanares para la exportación de cueros y cerda a Buenos Aires. De todos modos, del territorio sobre el que se extendía el virreinato, el Litoral fue la región que mejor pudo preservarse de los perjuicios de la guerra y dentro de ella, Buenos Aires fue la que menos afectada se vio por los cambios. Su situación estratégica y las nuevas demandas de los mercados europeos facilitaron su ascenso y profundizaron la atlantización de la economía posrevolucionaria. Cueros, carne salada y grasas serían los nuevos rubros exportables pero sólo superada la década de 1810 la producción conseguiría estabilizarse.

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En todo caso, si se debiera definir el eje del cambio económico que se produce en estas primeras décadas de siglo XIX se podría sintetizar como la transición entre un sistema económico centrado todavía a fines de la colonia en el mercado interno –motorizado por los centros mineros de plata del alto Perú– y los inicios de un modelo agroexportador que va a encontrar su nuevo motor en el comercio atlántico. (Gelman, 2010:145)

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LECTURA OBLIGATORIA

Schmit, R. (2010), “Las consecuencias económicas de la Revolución en el Río de la Plata”, en: S. Bandieri, La historia económica y los procesos de independencia en la América hispana, Prometeo, Buenos Aires, pp. 71-105.

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LECTURA RECOMENDADA

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Gelman, J. (2010), “El proceso económico”, en: Argentina. Crisis imperial e independencia, Mapfre-Taurus, Lima, pp. 143-192.

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2 Las soberanías en disputa y el surgimiento de la Confederación (1820-1852) Introducción La primera década de vida política independiente dejó secuelas y certezas que iban a formar parte de la agenda futura. La revolución y la guerra contribuyeron a transformar la sociedad y la economía de un territorio que a partir de la crisis política de 1820 se fragmentó en estados provinciales celosos de su autonomía. Unitarios y federales fueron expresión de un conflicto abierto entre modos distintos de entender cómo debía ser la futura unión y a la larga también la forma de manifestar diferencias sociales y culturales persistentes. Luego del fracaso unitario en el Congreso Constituyente de 1824-1827, el ascenso político de Rosas en la provincia de Buenos Aires y su influjo en el resto del territorio aplazó la solución constitucional. En cambio, fueron los pactos inter-provinciales la base sobre la cual se estableció la Confederación. Buenos Aires mantuvo su predominio político y económico y, sobre todo, el control de los recursos de la aduana que seguirían estando en el centro de las disputas luego de la derrota de Rosas en 1852.

Objetivos de la unidad •• Comprender el proceso político de desintegración territorial y la fragmentación del poder político que conduce a la formación de los estados proviciales. •• Analizar las tranformaciones sociales y políticas provocadas por la revolución y la guerra y la emergencia de nuevas formas de liderazgo militar y político. •• Describir el enfrentamiento entre unitarios y federales y las diferencias que expresan en torno al modo de entender la soberanía. •• Comprender las características de la organización Confederal y el modo en que se articulan las relaciones entre los estados provinciales durante el periodo rosista. •• Analizar la dimensión conflictiva de la política y los componentes de la movilización durante el periodo de predominio del rosismo. •• Comprender los cambios económicos producidos por la desarticulación del eje Potosí-Buenos Aires y la orientación hacia el Atlántico de la economía del litoral.

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2.1. La crisis del año veinte y la fragmentación del espacio El régimen del Directorio sucumbió ante la imposibilidad de conservar una unidad política y territorial que ya no respondía a las condiciones creadas por los cambios de todo tipo que trajo la disolución del orden colonial. En febrero de 1820 las tropas del litoral vencían a Buenos Aires; hasta entonces el centro de irradiación de un poder que se quería tanto heredero del legado institucional de la colonia como responsable de su transformación. La crisis política desatada como consecuencia de la derrota frente a los ejércitos de López y Ramírez iba a traer novedades de largo alcance. De momento, el cabildo porteño asumió la función de gobierno, proclamó el fin del Directorio y renunció a la condición de capital de las Provincias Unidas, inaugurando una situación que se prolongó hasta la definitiva consolidación de un nuevo estado central. Las autoridades de la provincia firmaron con los vencedores de Cepeda el Tratado de Pilar, en el cual se establecía la federación como futura forma de organización política y se proponía la convocatoria a un nuevo Congreso al que debían asistir los representantes de “los pueblos”.

2.1.2. Las autonomías provinciales En 1814, durante el gobierno del Director Posadas, se crearon las provincias de Entre Ríos y Corrientes y unos años después Santa Fe se separó de Buenos Aires por propia voluntad. Más al norte, Cuyo se autonomizó de Córdoba en 1814 y Tucumán de Salta en 1815.

En la primera década ya había comenzado la disgregación de las gobernaciones intendencias, a través de las cuales estaba organizado territorial y administrativamente el Virreinato. El Litoral artiguista encabezó este proceso a la vez que impulsó la resistencia a la centralización promovida desde Buenos Aires, delineando una alternativa federal. Con la crisis desatada a fines de 1819, el proceso de reconfiguración territorial adquirió nuevas características. Las ciudades proclamaron su independencia del poder central a la vez que se fueron estructurando entidades político-territoriales autónomas sobre la base de las ciudades y su jurisdicción. En el caso de Tucumán, el gobernador Bernabé Aráoz intentó sin éxito mantener la unidad con Santiago del Estero y Catamarca en la República de Tucumán (1819-1821). La Rioja se separó de Córdoba (1820), que había proclamado su autonomía de Buenos Aires en la sublevación de Arequito. En la región de Cuyo, San Juan, Mendoza y San Luis se autonomizaron y crearon una liga de provincias. Finalmente, Jujuy se iba a separar de Salta (1834).

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Las provincias surgidas en estos años no eran, en sentido estricto, una prolongación de las antiguas intendencias sino el producto de una realidad nueva, surgida de los cambios económicos y políticos que trajo consigo la guerra y la revolución. Estos territorios, portadores de una soberanía que comenzaría a plasmarse en instituciones representativas y en acuerdos constitucionales a través de los cuales se hacía legítimo el ejercicio del poder, fueron la base para la búsqueda de un nuevo modo de vinculación.

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Sin renunciar a la idea de una unión futura, el lazo entre las nuevas provincias se plasmó durante décadas a través de tratados y acuerdos interprovinciales. Al mismo tiempo, la aparición de caudillos y tendencias localistas, la tensión entre dos modos contrapuestos de entender cómo debía representarse la soberanía en el futuro estado, así como las diferencias y asimetrías entre las economías regionales, que se hacían cada vez más notables, fueron motivo de alianzas tanto como de conflictos y enfrentamientos violentos durante todo el periodo.

2.1.3. Buenos Aires: reformas, nuevo sistema político y expansión ganadera La crisis política que se desencadenó en Buenos Aires a fines de 1819, con la disolución del Congreso y el gobierno central implicó el encumbramiento y la caída de varios gobernadores en pocos meses. La politización surgida en los años previos mostraba una de sus caras más conflictivas. El cabildo había creado la Junta de Representantes de la provincia para elegir gobernador pero los enfrentamientos entre partidarios del régimen caído y los defensores de la autonomía y del federalismo o confederacionismo, junto a la intervención de los triunfadores de Cepeda, impidieron lograr la estabilidad durante varios meses. Manuel de Sarratea, elegido gobernador provisional, firmó con López y Ramírez el Tratado de Pilar. Ni el gobernador electo ni el acuerdo alcanzado iban a ser duraderos. En setiembre de 1820, las milicias rurales de Buenos Aires, al mando de sus jefes, entre los cuales estaba el estanciero y comandante Juan Manuel de Rosas, impusieron como nuevo gobernador al general Martín Rodríguez. La firma del Tratado de Benegas entre el flamante gobernador y Estanislao López, al frente del territorio santafesino, selló la paz entre ambas provincias, al tiempo que un nuevo escenario se habría en la ex capital virreinal. El nuevo gobierno, que había surgido del respaldo político de los sectores rurales contó con el apoyo de la elite porteña, que vio en la autonomía una oportunidad de ordenar y sobre todo de reorientar la economía local; ahora que la provincia se desligaba de las presiones políticas y económicas de la guerra de independencia.

La campaña libertadora de San Martín llevó la guerra primero a Chile y después al Perú. En agosto de 1820 se inició la expedición hacia Lima y casi un año después fue declarada la independencia del Perú. San Martín, alejado de las Provincias Unidas, inició la organización de aquel Estado con el título de Protector del Perú hasta que las circunstancias locales y la situación militar lo llevaron a retirase del escenario de la guerra y de la política. La guerra de la independencia continuó con la conducción de Simón Bolívar hasta el triunfo definitivo del Gral. Sucre y su ejército en la Batalla de Ayacucho, donde expulsaron a los realistas del Alto Perú, en diciembre de 1824.

A poco de asumir, Martín Rodríguez nombró a Bernardino Rivadavia ministro de gobierno y a Manuel José García ministro de Hacienda. El primero de ellos se convirtió en el hombre fuerte del gobierno y en impulsor de un conjunto de ambiciosas reformas que cambiaron la fisonomía del estado provincial.

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El federalismo refiere a una forma de organización estatal en la cual las provincias en tanto estados soberanos mantienen algunas esferas de acción autónomas pero delegan en el Estado nacional cuotas importantes de poder. En los estados confederados, en cambio, cada provincia constituye un estado independiente y autónomo que delega solo algunas funciones en el Estado nacional, cuya autoridad se concibe como débil y laxa. En realidad, es esta segunda opción la que mejor representa el sentir de los llamados federales en este periodo.

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Rivadavia fue a la vez, durante ese periodo, el referente de un grupo de hombres de la elite porteña que compartían en líneas generales una perspectiva heredada de la cultura ilustrada, cuyos antecedentes se habían visto en el Río de la Plata en la época de las reformas borbónicas. Entre ellos se destacaron por su actuación pública Julián Segundo de Agüero y Valentín Gómez, ambos miembros del clero porteño, e Ignacio Núñez, Manuel García y Santiago Rivadavia (hermano del ministro). Otros miembros del círculo, entre ellos Vicente López y Planes y Juan Cruz Varela acompañaron las iniciativas reformistas desde distintos ámbitos de acción.

CC

Efectivamente, en la década del ´20, el pensamiento de la Ilustración en su última etapa se desplegaría en múltiples corrientes de gran variedad de contenido, a la manera de un río convertido en delta al finalizar su recorrido. En un campo intelectual dominado aún por los debates instalados en el apogeo de la Ilustración, comenzarían a discernirse múltiples “ismos” cuyas desemejanzas no eran menos significativas que sus coincidencias: el Utilitarismo, la Ideología, el “Doctrinarismo” liberal y diversas variedades del discurso republicano clásico, se entrecruzarían y mezclarían en el ecléctico pensamiento rivadaviano. Sin embargo, tanto en la selección operada cuanto en la combinatoria de aquellas corrientes un factor constante sería la relación percibida entre cultura y política, o, dicho de otra forma, entre ilustración y Estado. (Myers, 1998: 34).

El llamado grupo rivadaviano, identificado como el Partido del Orden contó en los primeros años de la década con el consentimiento del sector más poderoso de la clase propietaria, con intereses en el comercio y la actividad ganadera. La perspectiva de expandir la frontera para aprovechar la creciente demanda internacional de productos de la ganadería se combinaba con la nueva situación de la provincia que replegada sobre sí misma, podía desentenderse de la guerra, como hemos adelantado, y del costo de mantener un gobierno central que atendiera a los problemas del resto de las provincias. De este modo, se abrió la perspectiva de disponer de modo exclusivo del puerto y de los recursos de la Aduana. Este fue, sin duda, el núcleo de un conflicto de intereses de larga data entre Buenos Aires y el resto del territorio. Las reformas de esta etapa se encaminaron a organizar el estado provincial, modernizando sus instituciones políticas y culturales y creando las condiciones para la expansión económica. Entre las reformas políticas, la ley electoral de 1821 fue la base del nuevo sistema representativo y tuvo una perdurable vigencia. Por ella se estableció el voto activo amplio (todos los varones libres, no dependientes, mayores de 20 años) y directo para la elección de los miembros de la Sala de Representantes. Se restringía, en cambio, el voto pasivo ya que para ser electo era necesario ser mayor de 25 años y poseer “alguna propiedad inmueble o industrial”, según lo determinaba el artículo tercero de la ley. En un principio, debían elegirse 12 representantes por la ciudad y 11 por la campaña y si bien, al poco tiempo, el número de miembros de la Sala se duplicó se mantuvo la ventaja a favor de la ciudad sobre el campo. Por otra parte, a partir de este momento, la Sala se convirtió en el poder legislativo provincial, trasformando su función original, limitada a la elección del gobernador.

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LECTURA OBLIGATORIA

Cansanello, O. (2001), “Itinerarios de la ciudadanía en Buenos Aires. La ley de elecciones de 1821”, en: Prohistoria, Nº 5, Rosario, pp. 143-170.

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Ternavasio, M. (2002), “La ley electoral de 1821”, en: La revolución del voto. Política y Elecciones en Buenos Aires 1810-1852, Siglo XXI, Buenos Aires, pp. 75-98.

La decisión política del propio ministro Rivadavia condujo a la supresión de los cabildos provinciales, el de la ciudad y el de Luján. De este modo se ponía fin a una dualidad que durante la primera década de vida independiente había causado no pocos enfrentamientos. El cabildo de Buenos Aires, ligado a la conquista de la autonomía política desde mayo de 1810, había acompañado la práctica asamblearia de distintos grupos que en más de una ocasión jaquearon la legitimidad de los gobiernos, convirtiéndose en árbitro y límite del poder.

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La supresión del cabildo se justificaba en la necesidad de eliminar la representación corporativa que era propia de este tipo de concejos y que era interpretada como una rémora del pasado colonial. Por otra parte, la propuesta de reformar el viejo ayuntamiento para convertirlo en una municipalidad moderna fue desechada y la nueva ley de municipalidades debió esperar, en Buenos Aires, hasta 1854.

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Las funciones antes ejercidas por la institución concejil, tales como la aplicación de justicia y la policía, fueron objeto de una reforma específica. En primer lugar, se creó una justicia de paz, y una justicia civil. La primera, lega y gratuita, era dependiente del poder ejecutivo y se abocó a la justicia de menor cuantía. La segunda, letrada y rentada, quedó a cargo de cinco jueces de primera instancia, dos en la ciudad y tres en la campaña. Si bien esta última fracasó en su intento de impartir justicia en el mundo rural y fue suprimida en 1825, la justicia de paz tuvo larga actuación judicial y política. También se estableció una policía centralizada, sobre la base del modelo francés, distribuida por todo el territorio provincial, con éxito dispar. De este modo, se separaban las funciones que en el antiguo cabildo estaban reunidas en los alcaldes de hermandad. Otras instituciones heredadas, como el Consulado de Comercio, fueron suprimidas y como parte de la reforma administrativa se crearon los ministerios de Gobierno y Hacienda y Guerra. Junto a estos cambios en la administración estatal dos reformas específicas, la militar y la eclesiástica, fueron apuestas fuertes del gobierno provincial que, según un periódico de la época, conducía “la feliz experiencia de Buenos Aires”. En el caso de la reforma militar el objetivo era doble. Por un lado, se trataba de reducir el gasto militar en tiempo de paz, para lo cual se pasó a Historia Argentina

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retiro a un gran número de oficiales y, por otro lado, se buscaba reorientar el ejército regular y las milicias hacia un nuevo objetivo considerado prioritario: expandir y resguardar la frontera de los ataques indígenas. La Reforma General del Clero fue una ley, intensamente debatida y aprobada en noviembre de 1822, cuyos antecedentes podían rastrearse en las últimas décadas del periodo colonial, y con la cual se daba sustento legal a la reorganización de las instituciones eclesiásticas de la provincia. Por la misma ley se eliminó el fuero especial del clero. Un antecedente para la supresión de todos los fueros especiales, impulsada al año siguiente, en busca de una mayor igualdad ante la ley. Además, el diezmo, un impuesto que gravaba la producción agropecuaria en un momento en el cual se procuraba su fomento, fue eliminado. El Estado se hizo cargo de una parte de los gastos del culto y de la retribución a algunos miembros del clero.

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Algunas órdenes religiosas, intervenidas un año antes de que se aprobara la ley, fueron suprimidas y sus bienes expropiados. Un objetivo central de la reforma fue la secularización de los sacerdotes y su subordinación al diocesano, tanto como a las autoridades civiles, de acuerdo con el modelo de Iglesia galicana ampliamente difundido en los países católicos durante el siglo XVIII. También se reordenaron las funciones y la distribución territorial del clero con el propósito de mejorar el servicio religioso y paliar la relativa escasez de sacerdotes sobre todo en el mundo rural.

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Durante estos años hubo, en Buenos Aires, una gran proliferación de periódicos que alimentaron el debate público. Algunos de ellos como La Abeja Argentina o El Argos unían el propósito educativo y cultural con la intervención política. Este último formó parte de una experiencia más amplia que fue la creación de la Sociedad Literaria, una institución que recreaba las formas de sociabilidad promovidas por el reformismo ilustrado del siglo XVIII y a través de la cual se pretendía crear una opinión pública favorable a las reformas impulsadas por el gobierno. El debate provocado por la Reforma Eclesiástica se expresó en gran medida a través de los periódicos. Por ejemplo, El Centinela, editado por Juan Cruz Varela, en 1822, alimentó la polémica en defensa de la política oficial, mientras que los múltiples periódicos del fraile Francisco de Paula Castañeda, tales como el Desengañador gauchi-político o Doña María Retazos, expresaban en tono satírico una fuerte impugnación.

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Periódicos El Desengañador gauchi-político y La abeja argentina Fuente: http://www.barriada.com.ar/CarlosSuarez/LaAbejaArgentina.jpg [Consulta: 10 de mayo de 2013] Y http://www.ellitoral.com/diarios/2011/02/22/culturadiario/CULT-01-web-images/01_fmt.jpeg [Consulta: 10 de mayo de 2013]

Ambas reformas generaron descontento en buena parte de los miembros de las corporaciones afectadas y captaron cierto malestar de otros grupos. La revuelta conocida como Motín de Tagle, ocurrida en marzo de 1823 fue una consecuencia de ese descontento que marcó cierto punto de inflexión, en el consentimiento que hasta allí parecía cosechar el gobierno.

En la madrugada del 19 de marzo de 1823 algunas columnas de “gente de a caballo”, llegada del campo, y una parte de la plebe urbana, junto a algunos miembros del clero, sobre todo regular, y oficiales retirados de las fuerzas militares se aprestaron en la Plaza de la Victoria para manifestar su malestar en contra del gobierno. Era la primera expresión pública de oposición frente al gobierno. Gregorio Tagle, identificado como el organizador de la revuelta, ex-secretario del Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón –y enemistado con Rivadavia desde aquellos años- ya había intentado sin éxito una conspiración contra el gobierno de Rodríguez en agosto de 1822, cuando apenas comenzaba a discutirse, en la Sala de representantes, la ley de reforma eclesiástica, desatando una fuerte polémica a través de los periódicos. El gobierno logró sofocar el movimiento y reprimió con dureza a los cabecillas detenidos, pero la presunción del pleno consenso ya no se correspondía con los hechos.

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LECTURA RECOMENDADA

RR

Di Meglio, G. (2005), “¿Una feliz experiencia? La plebe urbana de Buenos Aires y el problema de la legitimidad posrevolucionaria a la luz del Motín de Tagle (1823)”, en: Entrepasados, Revista de Historia, año XIV, nº 28, Buenos Aires.

La ley de enfiteusis dispuso la entrega en arriendo de la tierra pública. Esta siguió siendo propiedad del Estado, que la usó como garantía para el empréstito contratado con la casa Baring. El canon establecido para las tierras de pastoreo se fijó en el 8% de su valor y para las tierras de agricultura en el 4%. Fueron entregadas en general grandes extensiones cuyo destino fue la ganadería. El texto completo de la ley puede consultarse en el siguiente enlace: http://archivohistorico.educ. ar/sites/default/files/II_10.pdf

Durante la década 1820 se inició, tal como se ha anticipado, la reorientación económica de la provincia, que tuvo como uno de sus ejes la expansión de la frontera sur, con el propósito de incorporar nuevas tierras para la explotación ganadera. Esta novedad era la consecuencia de un conjunto de razones que se combinaron para poner en marcha un proceso de crecimiento territorial y económico sin precedentes en el territorio provincial. Por un lado, la pérdida del Alto Perú dejó a los grandes comerciantes de la ciudad sin la posibilidad de beneficiarse de los metales preciosos que fluían hacia el puerto de Buenos Aires. Luego de la Revolución las formas tradicionales del comercio local se vieron trastocadas. Por otra parte, desde fines del siglo XVIII, el litoral –especialmente Entre Ríos y la Banda Oriental– se había integrado al comercio Atlántico, por medio de la exportación de productos derivados de la ganadería y habían logrado una notable expansión. Este desarrollo se vio afectado, después de 1810, como consecuencia de las guerras civiles y de las reiteradas invasiones portuguesas al territorio oriental, justo en el momento en que se incrementaba la demanda externa. De este modo, se abrió para Buenos Aires una oportunidad de reconversión económica que captó la atención de la elite. Martín Rodríguez llegó al gobierno provincial luego de conducir una campaña militar que corrió la línea de frontera hacia lo que hasta entonces era territorio indígena. Su gobierno fijó en esta política una de sus prioridades y el gobernador se ocupó de ello personalmente. Además de establecer una política de defensa de la frontera frente a la resistencia indígena que afectaba tanto al ejército de línea como a las milicias, el Estado se ocupó de garantizar la ocupación de las nuevas tierras a bajo costo mediante el sistema de enfiteusis, convertido en ley por el Congreso de 1826. Por este sistema se entregaron aproximadamente 2.500 leguas entre 1823 y 1840, más de la mitad durante la primera década. Así, grandes extensiones fueron a engrosar el patrimonio de los sectores altos de Buenos Aires. La estancia ganadera se convirtió en una unidad productiva que se extendió en las tierras ganadas a los indios, sobre todo en la frontera sur, creando nuevas relaciones sociales y laborales en el medio rural. La escasez de mano de obra, agravada por el reclutamiento militar y por la posibilidad de vivir sin trabajo permanente, dio lugar a una serie de decretos y reglamentos a través de los cuales el Estado se proponía combatir lo que llamaba “la vagancia”. Por otra parte, el saladero, cuyos antecedentes se remontan a la primera década pos revolucionaria, sumó a la ganadería el procesamiento y la comercialización de nuevos productos destinados a la exportación. Junto al cuero, que siguió siendo el rubro principal, se vendía el tasajo o carne salada con destino a los esclavos de Brasil y del Caribe.

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Emeric Essex Vidal, “Trabajo con el ganado vacuno”, 1817. Acuarela. Fuente: CELA. . [Consulta: 05 de junio de 2013]. Imagen disponible en:

Una iniciativa largamente postergada, que se concretó en estos años como parte de un dispositivo de cambios culturales, fue la fundación de la Universidad de Buenos Aires en 1821. Siguiendo la impronta centralizada del modelo francés, la universidad tuvo durante aquellos años bajo su órbita la enseñanza elemental, que contaba con la experiencia de las escuelas lancasterianas o de educación mutua. Con ese método proliferaron las escuelas de la ciudad y la campaña bajo la supervisión del Departamento de Primeras Letras. La enseñanza secundaria, también dependiente de la universidad, se impartió a través del Colegio de Ciencias Morales que impulsó una política de becas para jóvenes provenientes de las elites provinciales.

2.1.4. El Litoral y el Interior: cambios económicos e instituciones políticas Las diferentes regiones, corrieron distinta suerte en el reordenamiento económico que resultó tanto de las transformaciones que se venían dando en el mercado internacional como de la desestructuración del espacio a causa de la revolución, la guerra y la ruptura del eje que unía el centro minero de Potosí con el puerto de Buenos Aires. Mientras Buenos Aires, tal como hemos visto, orientó su economía a la expansión ganadera y se benefició del crecimiento de las exportaciones en un momento en el cual los términos de intercambio resultaban favorables a las materias primas y a los alimentos, frente a las manufacturas importadas, otras regiones encontraron dificultades para encauzar su economía. El litoral, que tenía condiciones propicias para la actividad ganadera, no tuvo beneficios inmediatos a causa de la devastación causada por las guerras, la inestabilidad de la frontera indígena del Chaco y, también, por la competencia de los productos brasileños como tabaco y yerba que ingresaban por el

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puerto de Bueno Aires, tal el caso de la provincia de Corrientes. Córdoba vio trabada su recuperación en el nuevo escenario, una vez perdido definitivamente el mercado altoperuano, al cual destinaba su actividad más rentable que era la cría de mulas. La producción artesanal, especialmente textil, destinada al mercado local no iba a compensar esa pérdida ni resistiría por mucho tiempo la competencia de los textiles importados. En el resto del interior la situación no fue muy diferente. En Salta se dio cierta recuperación con la apertura del mercado chileno después de la campaña de San Martín en 1817 y del boliviano en 1825, aunque hacia 1830 una parte de su producción se orientó hacia Buenos Aires. En Jujuy las cosas fueron aún más difíciles por la fragmentación del espacio en el que producía la población de la puna. El resto de las provincias interiores –es decir, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja cada una con sus peculiaridades– fueron desarrollando su sector ganadero con destino a otros mercados, junto a la agricultura de consumo local y la producción artesanal. Para el caso de Catamarca, la producción textil junto al aguardiente, se vio fuertemente afectada por la pérdida de los mercados del litoral y Buenos Aires abiertos a la competencia extranjera. Este fue también el caso de Cuyo que a pesar de la apertura de la ruta andina hacia Chile, no logró por varias décadas reponerse de la pérdida del mercado porteño y del litoral para sus vinos y aguardientes. En líneas generales, el interior recompuso los circuitos de intercambio pero los flujos eran escasos y las penurias era más la norma que la excepción. Con este telón de fondo, las provincias, a partir de 1820, se organizaron institucionalmente. Si bien con variantes, un rasgo en común que identifica este proceso es que en todos los casos se establecieron sistemas representativos de acuerdo con el modelo republicano. Los cabildos fueron reemplazados por legislaturas, elegidas a partir de un sistema electoral de base amplia para la época –salvo en unas pocas excepciones– que se encargaban de nombrar al gobernador. Las funciones judiciales pasaron a depender de autoridades específicas y progresivamente se fue dando forma a la administración y alguna forma de sistema fiscal. Las diferencias en cuanto a la fisonomía que adquirieron los sistemas institucionales en cada provincia tampoco fueron menores. En ciertos casos predominó la figura del caudillo, cuyo poder personal emanaba de su condición de jefe de las milicias rurales. En tal sentido, su presencia representaba la ampliación de las bases sociales y territoriales del poder. El caso de Santa Fe constituye un buen ejemplo: luego de la derrota y el alejamiento de Artigas –en desacuerdo con la firma del Tratado de Pilar al que nos hemos referido más arriba– fue Francisco Ramírez quien intentó capitalizar su herencia pero el entrerriano resultó desplazado y luego vencido por Estanislao López. Un muevo tratado, el de Benegas, firmado entre Buenos Aires y Santa Fe fue el inicio de un periodo de recuperación de la provincia en la cual el caudillo santafesino gravitó por más de 20 años. López se hizo nombrar caudillo en el Estatuto Provisional de 1819 y gobernó secundado por la Sala de Representantes. En la provincia de Corrientes no existió nada similar. La estabilidad política fue resultado del acuerdo entre los sectores vinculados al comercio y la ganadería que lograron dominar la escena local durante el mismo periodo. Los gobernadores se alternaron cada tres años sin posibilidad de reelección inmediata y sin mando directo sobre las tropas. También en el norte, al igual que en Cuyo, difieren las situaciones locales Historia Argentina

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y el funcionamiento de las instituciones nacidas durante la década de 1820 para hacer efectiva la autonomía recién conseguida. Mientras Santiago del Estero, con Felipe Ibarra o la Rioja con Facundo Quiroga son ejemplos conocidos del ejercicio del poder por parte de caudillos surgidos del liderazgo militar que dominaron el escenario político por periodos prolongados, en Tucumán, en Salta, en Catamarca, en San Juan y Mendoza, y también en la provincia de Córdoba, varió la dinámica de los sistemas políticos al ritmo de las cambiantes alianzas locales, de la interferencia de los poderes vecinos y de los lazos de afinidad u hostilidad con la ex capital. En efecto, este último aspecto adquiere relevancia porque a lo largo del periodo los estados provinciales, aun celosos del manejo autónomo de sus asuntos, no renunciaron al propósito de constituir una organización que los uniera. Los pactos y acuerdos interprovinciales dan cuenta de esa voluntad al señalar el compromiso con la próxima convocatoria a un congreso para resolver la forma que debía tener aquella organización, dicho de otro modo, para definir cómo habría de representarse legítimamente la soberanía territorial en el nuevo estado central. Luego del fracaso de la propuesta de reunir un Congreso en Santa Fe que formaba parte de lo acordado por el Tratado de Benegas, fue el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Bautista Bustos, quien promovió un nuevo encuentro interprovincial, impedido por la resistencia de Buenos Aires. Finalmente, por iniciativa de esta última, se reunió el Congreso Constituyente de 1824, que terminaría en un nuevo fracaso, no sin antes contribuir a delinear la tajante división entre unitarios y federales que iba a caracterizar el conflicto político en las siguientes décadas.

LEER CON ATENCIÓN

Las investigaciones de las últimas décadas han revelado la existencia de una sociedad y un espacio político menos simplificado del que aportaba la imagen tradicional para la etapa pos-independiente. Según aquella versión, muy arraigada, en una sociedad de estancieros y peones, los caudillos no eran más que la expresión de la “barbarie” que resultaba del vacío institucional posterior a 1820. Hoy se han revisado las visiones puramente clientelares de esta forma de liderazgo. Es posible sostener entonces, que los caudillos, con diferencias y matices que responden a las distintas realidades locales, han sido la expresión de formas de legitimidad emergentes, entrelazadas con las nuevas instituciones republicanas que acompañan la creación de los estados autónomos. En este marco, se han reinterpretado las formas políticas, económicas, territoriales y simbólicas, asociadas al fenómeno del caudillismo de la primera mitad del siglo XIX que dista de ser homogéneo.

LL

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LECTURA OBLIGATORIA

Chiaramonte, J. (1986), “Legalidad constitucional o caudillismo: el problema del orden social en el surgimiento de los Estados autónomos del Litoral Argentino en la primera mitad del siglo XIX”, en: Desarrollo Económico, 26/102, Buenos Aires, pp. 175-196.

OO

1. La ciudadanía constituye un concepto clave de la teoría política y es un aspecto central de los regímenes políticos cuya legitimidad reside en la soberanía popular, como tal ha sido problematizada desde distintas dimensiones y disciplinas. A partir de lo expuesto y de las lecturas que se sugieren a continuación, elaborar un texto que dé cuenta del aporte que la perspectiva histórica puede hacer al conocimiento de este concepto.

KK

Annino, A., “El voto y el XIX desconocido”, [en línea], Foro ibero-ideas, 2004. Disponible en: Cansanello, O. (2001), “Itinerarios de la ciudadanía en Buenos Aires. La ley de elecciones de 1821”, en: Prohistoria, Nº 5, Rosario, pp. 143-170. Ternavasio, M. (2002), “La ley electoral de 1821”, en: La revolución del voto. Política y Elecciones en Buenos Aires 1810-1852, Siglo XXI, Buenos Aires, pp. 75-98.

2.2. Unitarios y federales en Buenos Aires, el Litoral y el Interior La convocatoria a un nuevo congreso constituyente resultó de un cambio de escenario local e internacional. Por una parte, los miembros del Partido del Orden, encabezados por Rivadavia, se sintieron confiados en poder liderar el nuevo encuentro. Por otro, varias razones llevaron a apurar la convocatoria. En principio, la llegada de una misión española para evaluar la posibilidad de un acuerdo de paz y amistad, que finalmente no prosperó por la derrota de los liberales en la península. Además, la posibilidad de obtener el reconocimiento de la independencia por parte de Gran Bretaña. Si bien Brasil y Portugal lo habían hecho en 1821 y Estados Unidos en 1822, la firma de un Tratado de Amistad y Comercio, acorde con la política que patrocinaba la corona británica como condición para el reconocimiento de la independencia y la negociación de un préstamo de la banca Baring Brothers, imponían la necesidad de contar con una autoridad central. Finalmente, otra razón que justificaba la urgencia de la reunión era la situación creada en la Banda Oriental, que se encontraba ocupada por los portugueses desde 1817. En 1822 pasó a formar parte del Imperio del Brasil con el nombre de provincia Cisplatina. La intervención o no en este asunto dividía la opinión en las Provincias Unidas. Mientras tanto, en Buenos Aires, Martín Rodríguez fue sucedido por Las Heras y Rivadavia viajó a Londres, dispuesto a tomar distancia de la política provincial, luego de perder la elección. Los principales referentes de su facción se trasladaron al Congreso recién reunido y proyectaron su influencia al

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escenario nacional donde comenzarían a ser reconocidos como unitarios. La elección de representantes de las provincias se hizo con base en el criterio de proporcionalidad, que otorgó el predominio numérico y la iniciativa política a la delegación porteña. El Congreso comenzó en un clima de moderación, justificado por las desconfianzas mutuas entre Buenos Aires y algunos estados provinciales lo cual quedó reflejado en la solución de compromiso que significó la aprobación de la Ley Fundamental. Por ella se disponía que la Constitución que el congreso iba a sancionar debía ser aprobada por cada una de las provincias, en un claro reconocimiento de sus derechos soberanos. Por esa misma ley, las provincias delegaban el poder ejecutivo nacional provisorio en el estado de Buenos Aires. El dilema planteado no era nuevo. Se trataba de definir dónde residía el poder constituyente, por tanto, cómo habrían de comportarse los legisladores: ¿eran representantes de las soberanías particulares, de los pueblos, o debían representar a la Nación allí reunida, como la “voluntad general” del pueblo? El tema estuvo presente desde el comienzo y aunque de momento se postergó la discusión de fondo era claro que resultaría ineludible. La aprobación del Tratado de Amistad con Gran Bretaña, que habilitó el debate sobre la tolerancia religiosa resistida por varios estados provinciales, o la promulgación de la ley que creaba el Ejército nacional sobrevolaron aquel asunto, dejando claro los términos y las diferencias que habría que saldar para poder sancionar una constitución.

El artículo 12 del Tratado de Amistad con Gran Bretaña establecía:

C […] los súbditos de S.M.B. residentes en las Provincias Unidas del Río de la Plata, no serán inquietados, ni perseguidos, ni molestados por razón de su religión; más gozarán de una perfecta libertad de conciencia en ellas, celebrando el oficio Divino ya dentro de sus propias casas o en sus propias y particulares Iglesias o Capillas, las que estarán facultados para edificar y mantener en los sitios convenientes que sean aprobados por el gobierno de las dichas Provincias Unidas, también será permitido enterrar a los súbditos de SMB que murieran en territorio de las dichas Provincias Unidas en sus propios cementerios que podrán del mismo modo libremente establecer y mantener. Iguales condiciones se reconocen a los ciudadanos de las Provincias Unidas en conformidad con el sistema de tolerancia establecido en los dominios de su Majestad. (Asambleas Constitucionales Argentinas. Conferencias Secretas, 15 de febrero de 1825, p. 1275)

La oposición y la desconfianza que despertó la reforma eclesiástica porteña, sobre todo en algunas provincias, fue el trasfondo de la discusión sobre el Tratado con Gran Bretaña, que tenía como condición la libertad religiosa para los ingleses. La prensa cordobesa, nacida justamente en estos años, azuzó el fantasma de la “irreligión” a través de periódicos como El Intolerante o el Cristiano Viejo. En este clima, varios representantes provinciales llegaron al Congreso con el mandato expreso de las legislaturas provinciales de no

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admitir ninguna alteración en materia de religión. Finalmente, se aprobó el tratado con el resguardo que había establecido la ley fundamental. Así, cada provincia se reservaba el derecho de no suscribir normas que contradijeran las leyes provinciales que en más de un caso establecían la exclusividad del culto católico. En la práctica, el artículo 12 sólo beneficiaba a los ingleses protestantes de la provincia de Buenos Aires. Poco después, a instancias del gobernador Las Heras, la legislatura porteña estableció la libertad de cultos, ampliando un derecho que por efecto del tratado se había constituido en un privilegio exclusivo para los residentes británicos.

PARA REFLEXIONAR

Las disputas en torno a las cuestiones religiosas fueron parte del conflicto político abierto durante la década de 1820. En última instancia se expresaban las diferencias y las tensiones provocadas por el despliegue de una sociedad más secularizada, en la cual se iba abandonando la unanimidad religiosa propia de la época colonial. Mientras que se incorporaban gradualmente nuevas ideas e influencias culturales diversas así como miembros de otros cultos se hacía necesario redefinir el lugar de la iglesia católica y de la religión como tal en el nuevo orden que se estaba construyendo.

PP

LECTURA RECOMENDADA

RR

Calvo, N. (2004), “Lo sagrado y lo profano. Tolerancia religiosa y ciudadanía política en los orígenes de la república rioplatense», en: Andes. Antropología e Historia, n° º15, CEPIHA, Facultad de Humanidades, UNSalta, pp. 151-180.

Durante el año 1826, un conjunto de leyes impuestas por el grupo porteño, con el trasfondo de la declaración de guerra al Brasil, condujo a un nuevo fracaso constitucional y desató el enfrentamiento entre unitarios y federales, que terminó en la guerra civil y en una crisis política de vasto alcance. En efecto, la oposición porteña, al frente del gobierno provincial desde 1824, se había incorporado al Congreso. Manuel Moreno y Manuel Dorrego, encabezaron a los federales y se opusieron a la aprobación de la ley de presidencia, que creaba el poder ejecutivo nacional, al frente del cual fue designado Rivadavia, antes de que fuera sancionada la Constitución. La reacción en contra de la ley de Capitalización de Buenos Aires fue aún más fuerte. Con ella, el grupo unitario se malquistaba no sólo con los federales sino también con los sectores de la elite porteña vinculados a los intereses ganaderos. Esta ley dividía la provincia en tres: el poder nacional se reservaba la ciudad y el puerto mientras que al norte se establecía la provincia del Paraná con capital en San Nicolás y al sur la del Salado con capital en Chascomús. Como consecuencia también se eliminaban las instituciones provinciales –la gobernación y la Sala de Representantes– que el mismo grupo había contribuido a crear en 1821 pero que ya no controlaban. Historia Argentina

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Todo esto con un trasfondo de penuria a causa de la guerra contra el Brasil: reclutamientos forzados, desorden productivo en la campaña y fuerte inflación monetaria a causa de la desmesurada emisión. Finalmente, en un marco de fuertes enfrentamientos dentro y fuera de la asamblea, se sancionó la Constitución unitaria de 1826 que si bien tenía puntos de contacto con su antecedente de 1819, introducía algunas novedades. Entre ellas, la restricción del derecho a votar, que afectaba a peones, jornaleros, soldados de línea y a los considerados vagos. Uno de los más firmes opositores a esta disposición fue Dorrego, un político con predicamento entre los sectores populares porteños.

LEER CON ATENCIÓN

La participación política de los sectores populares en las primeras décadas del siglo XIX ha sido uno de los temas estudiados en los últimos años. El resultado de las investigaciones ha permitido poner en discusión las explicaciones más simplistas, que sólo reconocen manipulación y clientelismo en la adhesión de los sectores subalternos a un jefe o a un grupo. Los modos de intervención y las acciones políticas de los sectores subordinados encuentran, desde este cambio de perspectiva explicaciones diversas:

LL

C Las dirigencias unitaria y federal tenían una composición social similar, todos eran miembros de la elite. Pero los federales se identificaron y fueron identificados con lo popular mientras sus adversarios eran “considerados como miembros de una nueva aristocracia que empezaba a fundarse” (T Iriarte Memorias vol3 p218). En 1826 en el congreso constituyente, los unitarios propusieron quitarle el derecho de voto a los “vagos”, jornaleros, domésticos y soldados, porque en su opinión hacían lo que decían sus patrones. Dorrego sostuvo que los “domésticos asalariados” y los jornaleros gozaban de más libertad que los empleados del Estado, puesto que podían cambiar de trabajo y de patrón, al tiempo que los otros eran totalmente dependientes del gobierno. Si se excluía injustamente el sufragio a unos, era también necesario quitárselo a los otros. ”¿Y qué es lo que resulta de aquí?” una aristocracia la más terrible, si se toma esta resolución, porque es la aristocracia del dinero, argumentó, “y desde que esto se sostenga se echa por tierra el sistema representativo, que fija su base sobre la igualdad de los derechos”. El unitario Manuel Castro le contestó que “las aristocracias de sangre” eran perniciosas “pero aquellas aristocracias que nacen de la naturaleza de las cosas, no hay poder en la tierra que pueda vencerlas (…) Dios ha puesto a esa misma desigualdad en las cosas”–(ACA tomo3. p736). Debates como éste, que se conocían muy bien en una ciudad donde las nuevas corrían rápidamente, eran reveladores para una plebe con aspiraciones igualitarias. Todo esto ayudó a construir la adhesión popular al federalismo, percibido por muchos como un defensor de los intereses populares. (Di Meglio, 2010: 20)

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La Constitución fue rechazada por las provincias en medio del conflictivo escenario creado por las negociaciones de paz emprendidas por Manuel José García para terminar la guerra contra Brasil. Sin que mediara una derrota militar, la anexión de la Banda Oriental al Imperio de Brasil resultaba una solución inadmisible. Así, como consecuencia del conjunto de desaciertos, Rivadavia renunció y el Congreso eligió para remplazarlo a Vicente López y Planes, quien no pudo evitar el derrumbe del gobierno ni del congreso.

La guerra contra el Brasil fue consecuencia de la acción iniciada por los Treinta y Tres Orientales, conducidos por Juan Antonio Lavalleja, para independizar la Banda Oriental del imperio del Brasil. Durante el año 1825 obtuvieron el control sobre la campaña oriental y el Congreso de la Florida declaró la reunificación de la Banda Oriental a las Provincia Unidas. La aceptación de esta decisión por parte de los constituyentes precipitó la declaración de guerra por parte de Brasil. La causa de los orientales tenía apoyos en Buenos Aires y el Litoral y en el marco del Congreso el grupo rivadaviano vio en la contienda una forma de apurar la solución unitaria, incluida la concentración del poder en la flamante institución de la presidencia. El resultado no sería el esperado. La guerra se prolongó y causó problemas económicos derivados del bloqueo al puerto que redujo los impuestos aduaneros. El empréstito inglés se consumió totalmente en este trance y Buenos Aires conocería la inflación a causa de la emisión de papel moneda con la cual se financió el endeudamiento del Estado con el recién creado Banco Nacional. Por otra parte, el reclutamiento afectó a los sectores populares y alimentó las tensiones que habrían de desatarse al final del conflicto, no solo en la campaña de Buenos Aires. Para completar el cuadro, los intereses de Gran Bretaña jugaron un papel fundamental en la solución acordada. La creación de un estado independiente distaba de ser el resultado esperado por los promotores de la guerra y por la oficialidad del ejército regular que participó en el campo de batalla.

En el interior, como corolario de las tensiones acumuladas durante esos años estalló una guerra civil que fortaleció el liderazgo de Facundo Quiroga, convertido en jefe político del federalismo luego de una primera etapa en que, su rivalidad con el gobernador de Córdoba Juan Bautista Bustos, lo había llevado a apoyar la posición unitaria en el Congreso. El conflicto entre Unitarios y Federales se alimentó con el rechazo a la Constitución de 1826 y se propagó como resultado del regreso de los ejércitos que habían participado en la guerra con el Brasil. En Buenos Aires, restablecida la situación anterior a la sanción de ley de capitalización, fue electo gobernador Manuel Dorrego, consagrando por primera vez en la provincia el triunfo de los federales. Entre las cuestiones más apremiantes a resolver por el nuevo gobernador, a cargo de las relaciones exteriores de las Provincias Unidas, se encontraban las negociaciones de paz con Brasil. A instancias de Inglaterra, el resultado fue la creación de la República Oriental del Uruguay. La prolongación del conflicto se hacía insostenible por las dificultades económicas y por la fatiga social pero el regreso de las tropas y especialmente de la oficialidad alineada mayoritariamente con los unitarios, que habían sido derrotados políticamente en el congreso y en las elecciones provinciales, no auguraba precisamente el fin de los enfrentamientos. En efecto, el 1° de diciembre de 1828 un golpe liderado por Lavalle depuso al gobernador para Historia Argentina

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luego ordenar su fusilamiento. Este hecho marcó la política provincial y sus consecuencias se irradiaron más allá de ella. Los amotinados de diciembre buscaron fortalecerse en la ciudad de Buenos Aires pero la campaña fue el escenario de una movilización de fuerzas sin precedentes, cuyo contenido y significado ha sido revisado por la historiografía en los últimos años con el propósito de conocer las motivaciones y modos de acción de los sectores populares en el medio rural.

LECTURA RECOMENDADA

RR

González Bernaldo, P. (1987), “El levantamiento rural de 1829: el imaginario social y sus implicancias políticas en un conflicto rural”, en: Anuario IEHS, n°2, Tandil, pp. 135-176. Fradkin, R. (2008), ¡Fusilaron a Dorrego!, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, pp. 73-139.

El liderazgo político de Rosas se consolidó desde entonces. Poco antes había sido designado por Dorrego comandante general de milicias en la campaña y pudo aglutinar las heterogéneas fuerzas que participaron del levantamiento rural de 1829 entre las cuales los milicianos –vecinos y paisanos en cumplimento del servicio militar– y los indios amigos jugaron un rol fundamental. También logró reunir el apoyo de Estanislao López y de los federales del litoral reunidos en la Convención de Santa Fe para sitiar la ciudad y vencer a las fuerzas de Lavalle. El conflicto entre unitarios y federales se exacerbó y entre 1829-1832 se desencadenó la guerra civil en todo el territorio. En Buenos Aires, Lavalle y Rosas suscribieron el Pacto de Cañuelas para poner fin a las hostilidades pero las fallidas elecciones de julio de 1829 mostraron una vez más el grado de violencia que se había instalado en la política provincial. Un nuevo acuerdo, firmado en Barracas, culminó con el nombramiento de Juan José Viamonte como gobernador provisorio. Se decidió, entonces, restablecer la Sala de Representantes que había sido suprimida durante el golpe de diciembre de 1828. Así, un año después de aquel suceso eligieron gobernador, casi por unanimidad, a Juan Manuel de Rosas, que a lo largo de ese año se había convertido a los ojos de muchos en el único que podía conducir los destinos de la provincia. Mientras tanto,el General Paz, una vez que se apartó de la política porteña, donde había integrado el gabinete de Lavalle, se dirigió a la provincia de Córdoba y derrotó al gobernador Bustos para ocupar su lugar. Poco después,al frente de las fuerzas unitarias venció a las milicias de Quiroga en la Batalla de la Tablada y luego en Oncativo. Con esta ventaja –que alimentaba los temores entre los federales del litoral, prescindentes hasta el momento en ese escenario regional– Paz armó,a mediados de 1830, la Liga del Interior que agrupaba a las provincias del norte bajo su control.

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2.2.1. El primer gobierno de Rosas (1829-1832) Rosas fue electo gobernador de la provincia de Buenos en diciembre del 1829 con “facultades extraordinarias” según lo resuelto por los firmantes del acuerdo de Barracas. Estas condiciones excepcionales, por las cuales se suspendían las garantías de los derechos individuales, se justificaban en el estado de inquietud que aún perduraba en la provincia y estarían vigentes hasta que se inaugurara la nueva Sala de Representantes, algunos meses después. Más novedoso fue el título de “Restaurador de las Leyes”, con el cual se aludía al orden en general pero en particular al que se había creado en la provincia a partir de la autonomía del año veinte. Este elemento llama la atención sobre un aspecto que la historiografía reciente ha destacado. El orden rosista se construyó sobre las instituciones y con la vigencia de las normas establecidas en la provincia de Buenos Aires durante la década anterior. La Sala de Representantes, la justicia de Paz y la práctica regular del sufragio, que habilitaba a una parte importante de la población masculina, según los términos de la Ley de 1821, son ejemplos notables y no únicos de las continuidades institucionales sobre las cuales se asentó un gobierno cuya preocupación por generar un orden estable, después de dos décadas de guerra, era también compartida por el conjunto de la elite rioplatense. Más significativo aún, en orden a las continuidades, fue la persistencia del estado de Buenos Aires como beneficiario exclusivo de las rentas de la aduana que producía el crecimiento del comercio exterior y la expansión de la frontera ganadera. Este Estado, que antecedió en diez años al gobierno de Rosas, sobrevivió a su caída en 1852 y su subordinación a los poderes nacionales se demoró por varias décadas, hasta 1880. Por otra parte, los factores de continuidad que inscriben al rosismo como un momento en el recorrido hacia la construcción del Estado nacional, no anulan los elementos propios de un régimen político que movilizó distintos recursos materiales y simbólicos para garantizar su permanencia por casi veinte años.

LEER CON ATENCIÓN

En los últimos años las investigaciones sobre este periodo han permitido superar las barreras impuestas por una polémica que hacía de la época de Rosas no solo un campo de disputa ideológico sino también una especie de ruptura, un momento excepcional que obturaba la posibilidad de ver, más allá de las diferencias reconocibles en este largo periodo capturado por la figura de Juan Manuel de Rosas, los procesos sociales, económicos y políticos que con persistencias y transformaciones fueron configurando el espacio territorial y social sobre el cual habría de construirse más tarde el Estado nacional.

LL

Entre las primeras acciones del gobierno de Rosas se cuentan las exequias de Manuel Dorrego, realizadas en la ciudad de Buenos Aires con un gran despliegue. Este acto estuvo cargado de significaciones. Si, por una parte, se procuraba dar por terminada una etapa, más importante aún era la que se iniciaba a partir de allí.

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Hay en este evento un sentido de reparación, dirigido a los sectores que apoyaban al gobernador Dorrego y que de allí en más se convirtieron en una sustancial base de apoyo para el nuevo gobierno. Además, los rituales y las fiestas constituyeron una de las claves para amalgamar la identidad federal que durante los años rosistas acentuó su identificación con lo popular. No se trató, sin embargo, de un recorrido exento de conflictos. La disputa por el legado de Dorrego fue, sin duda un elemento de la división entre los propios federales de Buenos Aires. El contenido de esa identidad y el lugar que se le otorgaba al liderazgo de Rosas en ese universo, fue materia de la disputa entre los “cismáticos”, reacios a conceder todo el poder al gobernador y “apostólicos” que se alinearon sin ambages detrás de su jefatura.

Charles Henri Pellegrini, La tertulia porteña, 1831. Acuarela. Fuente: CELA. . [Consulta: 05 de junio de 2013]. Imagen disponible en:

2.2.2. El Pacto federal (1831) y el origen de la Confederación Los federales del litoral tenían en común, más que los objetivos sobre los cuales debía establecerse la futura unión de las provincias, el creciente recelo por el crecimiento del poder de José María Paz en el interior. Una serie de misiones y misivas intercambiadas a lo largo del año 1829 no habían logrado resultados concretos para la paz de modo que ambos bloques se preparaban para la guerra. Durante el año 1830, se sucedieron reuniones y acuerdos que consolidaron las posiciones enfrentadas. El general Paz, en un escenario político precario por las luchas internas en los territorios provinciales arrebatados a los federales, logró conformar la Liga del Interior –que congregaba a Córdoba, Salta, Tucumán, Santiago, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza y San Luis–, concentraba el poder militar y disponía el retiro de la representación que hasta entonces ejercía Buenos Aires para el manejo de las relaciones exteriores.

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Por su parte, Rosas se reunió en San Nicolás de los Arroyos con Estanislao López y Pedro Ferré, enviado por la provincia de Corrientes, dando inicio a una serie de encuentros al cabo de los cuales se sellaría un acuerdo interprovincial. Pero, al mismo tiempo, se iniciaron los preparativos militares en Buenos Aires, donde se encontraba Facundo Quiroga –luego de su derrota en Oncativo– y en Santa Fe, donde se refugiaban los caudillos federales del Norte como Felipe Ibarra de Santiago del Estero. Hacia mediados de 1830 los representantes de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires encaminaban las negociaciones hacia la redacción de un tratado que fue también la ocasión de expresar las diferencias. La posición librecambista del representante porteño daba cuenta de los intereses de los exportadores de esa provincia mientras que el proteccionismo del correntino Ferré procuraba la defensa de las “industrias provinciales” que necesitaban del mercado interior, también proponía la formación de un organismo interprovincial encargado de disponer el marco apropiado para la organización del país. El acuerdo se demoró. Corrientes no suscribió inicialmente el tratado firmado el 4 de enero de 1831. El Pacto Federal fue al comienzo, principalmente, una alianza militar pero esta condición fue superada con la derrota unitaria, acaecida por la captura de Paz y el triunfo de Quiroga sobre Lamadrid a fines de 1831. Más allá de este aspecto, el acuerdo reconocía la libertad e independencia de los estados provinciales y creaba una Comisión Representativa de las Provincias Litorales en la cual delegaba un conjunto de atribuciones militares y la potestad de invitar al resto de las provincias a reunirse en una federación para organizar el país. Este último aspecto fue boicoteado por el representante de Buenos Aires, que expresaba la posición del Gobernador, en el sentido de evitar la convocatoria a un nuevo congreso constituyente, hasta tanto no estuviera garantizada la pacificación. Estaban en juego, entre otras cosas, los recursos de la aduana de Buenos Aires que, como hemos dicho, fueron objeto de disputa por varias décadas, más allá del periodo rosista. Las provincias, empezando por Corrientes y sumando luego al Noroeste y Cuyo, suscribieron el acuerdo que dio lugar a una confederación en la cual cada una conservaba su soberanía y, por tanto, su autonomía institucional. Éste fue el marco de las relaciones interprovinciales hasta la sanción de la Constitución de 1853. La representación en el manejo de las relaciones exteriores recayó una vez más en Buenos Aires, cuya hegemonía política estuvo asegurada por la mayor disponibilidad de recursos políticos y económicos pero también por influencia creciente del liderazgo de Rosas. De todos modos, en 1832 los hombres fuertes del federalismo eran también Estanislao López y Facundo Quiroga.

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LEER CON ATENCIÓN

El sistema confederal establecido en 1831 resguardaba la soberanía de las provincias y de allí su autonomía institucional. Tal forma de organización, avalada por Rosas que recelaba de la convocatoria a un nuevo Congreso donde se discutieran las condiciones para un nuevo orden unificado, favorecía especialmente a la provincia de Buenos Aires que expandía su frontera agropecuaria en consonancia con el crecimiento de la demanda externa de productos pecuarios. Así, ganaderos y comerciantes disfrutaban de la integración al mercado internacional mientras engrosaban las rentas de la aduana, recursos celosamente resguardados por los poderes provinciales que, en esta etapa, fueron clave para la defensa del sistema político provincial e interprovincial

LL

2.3. La construcción del régimen rosista El orden político creado por el federalismo porteño se asentó en gran medida en el liderazgo de Rosas, que se impuso progresivamente al tiempo que suprimía la competencia de los posibles rivales. Como hemos visto, la capacidad de movilizar adhesiones se manifestó a partir de su función de comandante de las milicias rurales a las que se sumaron otros sectores de la campaña como los indios amigos, a los que nos hemos de referir. Convertido en jefe de los federales porteños, luego del fusilamiento de Dorrego, heredó también el arraigo popular que había identificado a aquel gobernador. Por otra parte, mientras que la firma del pacto federal dio el marco jurídico que sustentó la Confederación, la impronta de Rosas trascendió el territorio provincial. Sin embargo, tanto en el escenario porteño como en el plano interprovincial la consolidación del poder personal que caracterizó el largo periodo iniciado en 1835, fue el resultado de un conflictivo proceso en el cual sin alterar radicalmente la continuidad, el federalismo encarnado por Rosas innovó en distintas dimensiones de la política.

2.3.1. La división del federalismo y el liderazgo de Rosas Durante el año 1832, derrotados militarmente los unitarios y mientras se acercaba a su fin el periodo para el cual Rosas había sido electo gobernador, se profundizaron las diferencias entre los federales porteños. El emergente del conflicto entre las dos facciones era la posibilidad de la vuelta a la normalidad institucional, que se traducía en la no renovación de las facultades extraordinarias. Esta se convirtió en la posición mayoritaria en la Sala de Representantes, mientras Rosas consideraba inadmisible gobernar sin esas condiciones de excepción por el peligro que a su juicio representaba carecer de ellas para el mantenimiento de la concordia. Así, hacia fin de año, la Sala proponía con insistencia la reelección pero se negaba a concederle la excepcionalidad. El gobernador, por su parte, declinó reiteradamente la candidatura. Finalmente, con su consentimiento, resultó electo Juan Ramón Balcarce, hasta entonces su ministro de

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La “Campaña al Desierto” fue la expedición al Río Colorado que Rosas inició en marzo de 1833. El plan original, diseñado durante su gobierno, preveía una acción combinada entre varias provincias, con participación de Chile, con el propósito de afianzar la frontera al sur del Salado. Finalmente, Rosas encaró solo la tarea y no contó con fondos extra de la provincia por lo cual recurrió a la colaboración de algunos hacendados. El ejército organizado en tres divisiones –a la derecha Félix Aldao, el centro a cargo de José Ruiz Huidobro, y a la izquierda el propio Rosas que asentó su cuartel general en el Rio Colorado– avanzó hasta la isla Choele-Choel en el Rio Negro y consolidó la frontera incorporando a la provincia de Buenos Aires 2900 leguas de territorio pacificado mediante la combinación de una hábil política de alianzas con los indios amigos y con la derrota de una gran cantidad de tribus enemigas. El éxito de la expedición fue un factor más a favor del prestigio personal de Rosas que había asumido el desafío de modo personal.

guerra. Rosas, reasumió su cargo de comandante de milicias y se dispuso a emprender la “Campaña al Desierto”. Como se verá, este alejamiento de la ciudad no significó en modo alguno un desentendimiento de los asuntos políticos provinciales, más bien al contrario.

En enero de 1833 los ingleses obligaron a José María Pinedo y a los pocos pobladores que lo acompañaban a abandonar las Islas Malvinas. En 1823 Luis Vernet había iniciado el repoblamiento de las islas, disputadas por las potencias colonialistas a lo largo del siglo XVIII y efectivamente ocupadas por España hasta la época de la revolución. Desde Buenos Aires se creó una comandancia militar a cargo del gobernador Luis Vernet desde 1829. Poco después se sucedieron incidentes con barcos norteamericanos, la fragata “Lexington” atacó Puerto Soledad en 1831 y Vernet viajó a Buenos Aires. Al año siguiente el gobernador Balcarce envió a Pinedo con la orden de resistir pero dada la superioridad de las fuerzas británicas la flota Sarandí abandonó el territorio. Así, se inició en 1833 la ocupación de las islas por parte de los británicos.

Entre1832 y 1835 los conflictos entre los federales de Buenos Aires se agudizaron. En abril de 1833, las elecciones para la renovación de la Sala de Representantes, dieron la ocasión de actuar la fractura entre los federales doctrinarios o cismáticos y los rosistas o apostólicos, como se denominaban a sí mismos. Es de notar que se echaba mano de nociones que evocaban las diferencias religiosas. El potencial simbólico de las divergencias entre católicos estaba a la orden del día desde la época de Rivadavia en que la reforma del clero había anticipado las luchas políticas. El grupo opositor a Rosas, liderado por Enrique Martínez, primo y ministro de guerra del gobernador Balcarce, logró colar una lista alternativa a la que había sido consensuada con los seguidores de Rosas y aprovechando el poder institucional para controlar las mesas, como era habitual en aquel tiempo, movilizó parte de la fuerza militar a su cargo y a los empleados de la administración y volcó en su favor el resultado. La maniobra sorprendió a los apostólicos y desató fuertes tensiones en la ciudad que se repitieron y agravaron en las elecciones complementarias del mes de junio. En esta ocasión los seguidores de Rosas estaban prevenidos y movilizaron sus apoyos. El triunfo fue contrarrestado por la acción de Balcarce que decidió suspender las elecciones llevando las cosas a un enfrentamiento sin retorno que culminaría en la llamada Revolución de los Restauradores, preludio del retorno de Rosas a la gobernación. En efecto, en los meses siguientes las tensiones fueron en aumento. Una manifestación de la disputa encarnizada entre ambos bandos eran las publicaciones de los periódicos. El gobierno decidió intervenir, a través de la acción del fiscal de Estado, Pedro Agrelo y se propuso enjuiciar a un periódico de cada sector para determinar si abusaban de la libertad de imprenta, recientemente restablecida. El elegido por el lado de los apostólicos fue El Restaurador de las Leyes. La noticia del juicio, instaló en muchos el convencimiento de que el juzgado era el propio Rosas. De esta manera, el 11 de Octubre cuando debía comenzar el juicio cierta multitud se congregó en la Plaza de la Victoria dando vivas al Restaurador. Entre ellos se encontraban figuras de la segundas líneas del rosismo, como Historia Argentina

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Andrés Parra y Ciriaco Cuitiño que habían formado parte de las partidas celadoras de la policía de a caballo hasta que el gobierno provincial los cesanteó. Ellos, junto con unas trescientas personas marcharon hacia el sur y después de cruzar el Riachuelo se instalaron en Barracas e iniciaron un sitio de la ciudad que recibió el apoyo de la campaña. El gobierno no supo cómo responder ante “los restauradores”, como comenzaron a llamarse, y Balcarce renunció. Poco después, la legislatura eligió gobernador a Juan José Viamonte. Su política de conciliación entre ambos grupos encontró buena acogida en muchos de los políticos apostólicos pero uno de los miembros más prominentes de esta facción, con capacidad para impugnar cualquier arreglo, no estaba de acuerdo. Encarnación Ezcurra, muy directamente involucrada en los sucesos anteriores y en permanente contacto con su marido que aún estaba en la frontera, estaba dispuesta a utilizar los recursos a su alcance para provocar un giro de los acontecimientos a favor del retorno de Rosas, sin medias tintas.

PARA REFLEXIONAR

A partir de la siguiente cita podemos reflexionar acerca de los modos y motivaciones de la participación política:

PP C

Los restauradores entraron victoriosos en la ciudad el 7 de noviembre, menos de un mes después del comienzo de la revolución. El mote que adoptaron en esa oportunidad ya existía antes, pero desde entonces los identificó más que el de apostólicos (aunque este siguió usándose). Ese nombre marcaba la participación popular: si antes había habido un restaurador de las leyes ahora habían sido muchos los que la habían hecho, era una restauración colectiva. (Di Meglio, 2007: 49)

2.3.2. Dispositivos de poder y de movilización Durante el desarrollo de la crisis política porteña Rosas se encontraba, como hemos anticipado, físicamente alejado de la escena pero de ningún modo desentendido. Su esposa, Encarnación Ezcurra, era su informante clave. La correspondencia entre ambos da cuenta del lugar que ella ocupó en la construcción del escenario que trajo nuevamente a Rosas al gobierno de la provincia. Disconforme con lo que consideraba la tibieza de los políticos que secundaban a su marido –Manuel Vicente Maza, Tomás de Anchorena y Felipe Arana, entre los más destacados– se dispuso a jugar la carta de la participación popular. Tanto ella como Rosas ponían mucho empeño en el cuidado de esos vínculos que no eran un dato menor en la política porteña, donde la inestabilidad y las disputas facciosas contaban, las más de las veces, con la movilización plebeya como aliada, a la vez que su acción era siempre percibida como un peligro. La popularidad de Rosas como jefe de la milicia le había granjeado el apoyo en la campaña. Con la desaparición de Dorrego, la plebe urbana se alineó detrás del nuevo jefe del partido federal que se ocupó, durante los tres años Historia Argentina

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de su primer gobierno, de afianzar esta identificación. Su mujer fue su principal colaboradora en la empresa de mantener el favor popular. En medio de la disputa entre los federales porteños el recurso a la movilización de quienes para entonces identificaban la causa federal con la figura del Restaurador, fue un factor clave y un rasgo que caracterizó su política. Así, el potencial peligroso de esa movilización se convirtió en la base principal del consenso a favor de un orden político y social garantizado por el federalismo y cuyo mantenimiento constituía, según coinciden distintos autores, el principal objetivo de Rosas.

CC

Si bien Rosas asume su primer gobierno con facultades extraordinarias, limitando a los otros poderes del Estado y repudiando públicamente los intentos unitarios recientes, no hará mayores modificaciones en el orden legal y político heredado de la experiencia rivadaviana. No se encuentra allí la novedad, sino más bien en la implementación de un discurso y unas prácticas que intentan consolidar su liderazgo sobre los sectores subalternos y acallar las disputas intraelites, para reconstruir la autoridad del Estado sobre una comunidad definida como federal, que se encuentra amenazada por enemigos internos y externos […]. (Gelman, 2009: 33-34)

La acción del rosismo en cuanto al orden eclesiástico y a la religión combinó, como en otros aspectos de la política estatal, continuidad y novedades. En lo que respecta a las primeras, lejos de tratarse de una restauración del catolicismo colonial, una vuelta al pasado –como han sugerido algunas interpretaciones nacidas en la segunda mitad del siglo XIX– Rosas, a pesar de que algunos de los principales hombres de su entorno le sugerían lo contrario, conservó el andamiaje legal de la reforma eclesiástica rivadaviana que le permitió contar con una iglesia subordinada al Estado y un clero adicto o bajo su control. Sin embargo, el escenario era nuevo. No solo por la conflictividad heredada de la sanción y puesta en marcha de la ley de reforma que convirtió la defensa de la religión en una bandera federal, por oposición a los unitarios, sino también porque los años del primer gobierno rosista coincidieron con el acercamiento a Roma y el restablecimiento del obispado porteño, luego de la prolongada vacancia iniciada con la muerte del Obispo Lué en 1812. Un nuevo marco institucional; el retorno de los jesuitas en un entorno menos adverso para los regulares –siempre y cuando no aspiraran a disponer de un poder autónomo–; el desplazamiento de los sacerdotes que formaban parte del círculo rivadaviano –tal es el caso de Julián Segundo de Agüero, Valentín Gómez o Estanislao Zavaleta, entre los de destacada actuación– y, tal vez más importante, el recurso a la religiosidad popular. Al decir de Ricardo Salvatore (1998: 338) “Más que fortalecer la fe católica, el federalismo rosista hizo uso de la religión para afianzar su propio catecismo político”.

LECTURA RECOMENDADA

RR

Di Stéfano, R. (2004), El púlpito y la plaza. Clero, sociedad y política. De la monarquía católica a la república rosista. Siglo XXI, Buenos Aires, pp.153-237.

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César Hipólito Bacle, Peinetones en el paseo, (Nº3 de la serie “Extravagancias de 1834”),1834. Litografía. Localización: Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires. Fuente: CELA. . [Consulta: 05 de junio de 2013]. Imagen disponible en:

Fue durante el enfrentamiento con los “cismáticos” y con la anuencia de Encarnación Ezcurra que se creó la Sociedad Popular Restauradora. Un club o sociedad política cuyo propósito era actuar públicamente en favor de Rosas –en las calles o ejerciendo presión en la Sala de Representantes– y molestar, por la burla o el agravio, a quienes se interpusieran en su camino de regreso al gobierno. A diferencia de otras sociedades que habían existido en el Río de la Plata en las décadas previas, esta contaba entre sus miembros con hombres ajenos a la elite. La actividad de la Sociedad, avalada por Encarnación Ezcurra, contribuyó a la caída de Balcarce, de Viamonte y a la derrota definitiva de los llamados “cismáticos”. Cuando Rosas volvió al gobierno en 1835 la Sociedad se fue apartando del uso directo de la violencia y en cambio se dedicó a colaborar con una de las líneas matrices de la política rosista: garantizar el apoyo activo y la unanimidad de las expresiones públicas de la política. Además de mostrar su adhesión en las fiestas, los socios desplegaban su celo federal a través del control sobre el uso de los distintivos como la divisa punzó. Por otro lado, una parte de la Sociedad fue el origen de la conocida y temida Mazorca. Un grupo de choque, identificado por figuras como Andrés Parra y Ciriaco Cuitiño –a los que ya nos hemos referido– y Leandro Alen, todos miem-

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bros de la policía, al igual que el resto de los integrantes de aquella institución. Este elemento distinguía a la Mazorca de la Sociedad a la cual pertenecía al principio. Otro elemento distintivo fue el uso de la violencia extrema, en particular el asesinato. Así ocurrió durante el mes de octubre de 1840 y abril de 1842, cuando la crisis que atravesaba el rosismo tuvo como correlato el terror, con el cual esta organización parapolicial se propuso controlar a la sociedad. La Mazorca se mantuvo como una amenaza hasta 1846, cuando fue disuelta por el gobierno. Entre las formas de reforzar la adhesión y la unanimidad se encuentran ciertos elementos, colores y símbolos surgidos en buena medida de la polarización política de estos años. Junto a la divisa punzó, el bigote, el poncho y la chaqueta roja fueron signos visibles de la identidad federal. Estos elementos se oponían a la levita que, según el discurso rosista, identificaba a los hombres de la elite y por extensión a los unitarios, al igual que el color celeste era el opuesto al rojo que distinguía la causa federal. En el mismo sentido, la definición del otro, condensada en el término unitario, era sinónimo de aristócrata, en contraposición a lo popular. Pero esta asimilación no impugnaba a todos los propietarios de grandes fortunas –muchos de los cuales eran fieles rosistas– sino sólo a los opositores y a quienes recelaban de lo popular. De allí que la palabra “popular” en el nombre de la asociación rosista se impusiera como un elemento de afirmación de lo federal. También los extranjeros, ingleses o españoles, considerados como tales desde la época de la revolución, generaban encono entre los hombres y mujeres de los sectores populares que podían ver en ellos resabios del colonialismo, ya sea por las invasiones de 1806-1807 como por las condiciones opresivas del sistema de castas de la época colonial. Ese sentimiento antiextranjero se vio reforzado en estos años por los bloqueos de ingleses y franceses al puerto de Buenos Aires. La asociación entre ellos y los unitarios se hizo habitual por entonces. (Di Meglio: 2007: 17-118)

LECTURA RECOMENDADA

RR

Di Meglio, G. (2007), ¡Mueran los salvajes unitarios! La mazorca y la política en tiempos de Rosas. Editorial Sudamericana, Buenos Aires.

Entre los dispositivos que sustentaron el orden republicano durante el largo gobierno de Rosas, las elecciones que se realizaban para renovar la Sala de Representantes constituyeron un aspecto fundamental. La ley de 1821, referida más arriba que habilitaba un amplio ejercicio del sufragio, fue el soporte normativo que dio continuidad y regularidad a la práctica electoral. A partir de 1835 la unanimidad fue la base de la legitimidad política. El sistema de lista única eliminó la competencia y las pujas a que daban lugar las elecciones entre los miembros de la elite política.

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El dispositivo electoral incluía la elección de los candidatos, de la cual participaba directamente el gobernador, la publicidad amplia a través de la prensa, que por aquel tiempo también había sido fuertemente uniformada por efecto de la censura, y el control de la mesa electoral a cargo de una figura clave: el juez de paz de cada distrito o parroquia, cuyas funciones políticas y judiciales fueron esenciales en la articulación del orden político federal, muy especialmente en la campaña. Junto a las elecciones para renovar la Sala se recurrió, en ocasiones, a la consulta a través del plebiscito que suprimía las mediaciones entre el electorado y las autoridades, para dotar de legitimidad las decisiones y acciones políticas. Finalmente, un aspecto de la política provincial que adquirió un sello particular en estos años fue la relación con las poblaciones indígenas que compartían el territorio y conformaban la frontera provincial. Durante la década de 1820, se acumularon tensiones como resultado de una política que alternaba los acuerdos, habitualmente incumplidos, con la guerra. En 1825 Rosas fue designado por el gobierno provincial encargado de la Comisión Pacificadora de indios y desde entonces se preocupó de desplegar una estrategia que tenía como condición el conocimiento de las diferentes tribus, alcanzado a raíz de sutrato personal, como estanciero primero y comandante de milicias después. Tal estrategia preveía una política negociadora con las parcialidades consideradas amigas y otra de guerra con aquellas que no aceptaban las condiciones de la paz. Así surgió el “Negocio Pacífico con los Indios”, que se convirtió en política de Estado desde su primer gobierno, y por el cual se llegó a reservar una partida presupuestaria para otorgar regalos y raciones regulares de ganado a las tribus aliadas, asentadas en los territorios lindantes, y a las tribus amigas, que estaban en la frontera y actuaban como barrera defensiva. Por tanto, luego de la “Campaña al Desierto”, a la que ya nos hemos referido, Rosas logró pacificar el territorio fronterizo que se extendía más allá del Salado y contó al mismo tiempo con la amistad y la alianza militar de las tribus que fueron un consistente apoyo hasta 1852. (Ratto, 2003).

LECTURA RECOMENDADA

RR

Ratto, S. (2003), “Una experiencia fronteriza exitosa: el Negocio Pacífico de Indios en la provincia de Buenos Aires (1829-1852)”, en: Revista de Indias, vol. LXIII, No. 227, Madrid, pp. 191-222.

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Charles Henri Pellegrini, La montonera. Acuarela. Fuente: CELA. . [Consulta: 05 de junio de 2013]. Imagen disponible en:

2.3.3. Hacia la suma del poder Mientras el poder personal de Rosas se afianzaba en Buenos Aires, donde la Sala de Representantes eligió interinamente a su presidente, Manuel Maza, casi como parte de una fatalidad que conduciría al retorno del Restaurador en las condiciones por él exigidas, en algunas provincias del noroeste se reavivaron los conflictos. Las tensiones crecientes entre los gobernadores Alejandro Heredia y Pablo de la Torre, que terminaron con el asesinato del segundo, impulsaron al gobernador Maza a enviar como mediador a Facundo Quiroga que se hallaba en Buenos Aires. A su vez, Rosas le solicitó que utilizara su influjo para convencer a los líderes provinciales de la necesidad de posponer la convocatoria a un nuevo congreso constituyente. La suerte corrida por el caudillo riojano volvería a transformar el escenario interprovincial, acrecentando en los hechos la influencia del liderazgo de Rosas. En efecto, luego de cumplir con su misión, en el camino de regreso a Buenos Aires, Quiroga fue asesinado en Barranca Yaco, por una partida enviada por los Reynafé, caudillos de la provincia de Córdoba. El impacto que provocó la muerte de Facundo, el miedo a que comenzara una nueva guerra civil fueron los condimentos que faltaban para el retorno de Rosas al gobierno. La Sala porteña le concedió no sólo las facultades excepcionales que hasta entonces reclamaba sino también la suma del poder público, con el cual obtenía junto con la potestad del ejecutivo las atribuciones legislativas. Pocos días después, esta decisión fue ratificada por un plebiscito

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realizado en la ciudad de Buenos Aires, que contó con una amplia participación de los votantes: obtuvo 9.320 votos a favor y sólo 8 en contra. En marzo de 1835 se iniciaba, así, una etapa de predominio del federalismo rosista, que extendería su influencia en todo el territorio de las provincias no sin atravesar crisis y tensiones de distinto orden que contribuyeron a delinear algunas de las características que la historiografía ha considerado propias de este periodo

LEER CON ATENCIÓN

El largo periodo en el que Rosas gobernó la provincia de Buenos Aires, la concentración creciente del poder en su persona y su condición de gran estanciero perpetuaron en la historiografía interpretaciones, surgidas en buena medida en el siglo XIX, que condensaron en la figura del caudillo autoritario, patrón de estancia, el conjunto de las relaciones políticas y sociales de esa etapa. Así, la total correspondencia entre sus intereses económicos, representativos de los grandes terratenientes porteños y la administración de los asuntos de Estado; el manejo clientelar de la relaciones políticas, asimiladas a las relaciones entre peón y patrón y, en definitiva, una visión del periodo que va entre 1830 y 1852 recortada casi exclusivamente en la figura de Rosas, invisibilizó a los distintos grupos sociales, sus intereses económicos, las adhesiones políticas y las relaciones de fuerza, así como la cultura, las costumbres y las instituciones públicas que formaban parte del orden social y político del momento. En los últimos años, así como ha sido revisado el fenómeno del caudillismo, ha sido posible conocer mejor la vinculación para nada lineal entre el Estado y las clases propietarias y también las motivaciones políticas y la inserción socio-económica de los grupos subordinados tanto urbanos como rurales que ayudan a entender su comportamiento. De este modo, las explicaciones sobre el rosismo no sólo se han enriquecido sino que han ingresado en una muy necesaria perspectiva de largo plazo para comprender el proceso que conduce a la formación del Estado argentino.

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LECTURA OBLIGATORIA

Halperín Donghi, T. (1994), “Clase terrateniente y poder político en

OO

la provincia de Buenos Aires, 1820-1930”, en: Cuadernos de Historia Regional 5, UNLU, Luján, pp. 11-45.

Gelman, J. (2009), “Capítulos 1 y 2”, “Conclusiones”, en: Rosas

Bajo Fuego. Los franceses, Lavalle y la rebelión de los Estancieros, Sudamericana, Buenos Aires, pp. 9-120 y 181-205.

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LECTURA RECOMENDADA

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López, M. y Rodríguez, A. (2009), “De bandos y pactos. Versiones fílmicas sobre la época de los caudillos”, en: Un país de película. La historia Argentina que el cine nos contó, Del Nuevo Extremo, Buenos Aires, pp. 55-94. (análisis de las películas: Yo maté a facundo, 1975; Facundo. La sombra del Tigre, 1994; Juan Manuel de Rosas,1972; Camila, 1984).

2.3.4. Desafíos externos e internos: la gran crisis del sistema federal A principios de 1838, como corolario de un conflicto diplomático, nacido del reclamo francés por obtener el trato de “nación más favorecida” que implicaba ventajas comerciales y la excepción de servicio militar para los residentes franceses –tal como sucedía con los ingleses desde la firma del tratado de 1825– una flota de origen francés bloqueó el puerto de Buenos Aires. El bloqueo no puede separarse de la prepotencia y las ambiciones colonialistas de la Francia de Luis Felipe, pero se combinó con las cuestiones políticas del Estado uruguayo, convertido en uno de los principales destinos de los opositores al gobierno de Buenos Aires. Manuel Oribe, líder de los blancos y aliados de Rosas, fue derrocado en 1838 por Fructuoso Rivera, referente de los colorados y, a la sazón, protector de los emigrados, quienes junto a él alentaron la intervención francesa. El Bloqueo se prolongó por dos años y fue el telón de fondo de otra serie de conflictos que involucraron a distintas regiones y a la propia provincia de Buenos Aires y que buscaron desestabilizar el poder de Rosas.

En 1837 un grupo de jóvenes universitarios que durante los años previos habían introducido las novedades literarias y, también, filosóficas, políticas, jurídicas… del movimiento romántico en el Río de la Plata, creó el Salón Literario. Esteban Echeverría, quien para ese entonces ya había escrito algunas obras literarias, era uno de los referentes principales del grupo que inició sus actividades en la librería de Marcos Sastre. Participaban también Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez y Vicente Fidel López, entre los fundadores del núcleo original. En el plano político, se consideraban continuadores de la Revolución de Mayo, interrumpida por los desaciertos de los políticos precedentes. Críticos de los unitarios –también de los federales– se propusieron al principio secundar a Rosas en su gobierno pero el poco interés demostrado por el gobernador y sobre todo, la crisis desatada con el bloqueo francés que exacerbó la censura, determinaron su pasaje a la oposición. La creación de la Joven Generación Argentina, con cuyo nombre se evocaba a las asociaciones liberales nacionalistas que por entonces surgían en Europa, marcó el inicio de la nueva etapa. Desde el exilio, fustigaron al régimen de Rosas a través de la prensa y apoyaron el bloqueo francés. El principal publicista de Rosas, Pedro de Angelis, solía responder desde las páginas del periódico El Monitor. Después de 1852, varios miembros de la llamada Generación del 37 asumirían responsabilidades públicas e intelectuales y gravitarían en la política nacional.

En la provincia de Buenos Aires, el bloqueo afectaba la vida cotidiana de los pobladores y, muy especialmente, los intereses de los sectores exportadores, al tiempo que hacía descender los ingresos del Estado en Historia Argentina

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gran medida dependientes de la aduana. Durante el año 1838, circularon con insistencia rumores de conspiración contra el gobierno, que incluían un desembarco de Lavalle apoyado desde Montevideo y apañado por los franceses. El hecho tendría lugar finalmente al año siguiente, pero antes el epicentro de los acontecimientos se situó en la ciudad y la campaña de Buenos Aires. En la ciudad, durante el mes de junio, fue descubierto un complot organizado por el coronel Ramón Maza, hijo del presidente de la Sala de Representantes. Como consecuencia, padre e hijo perdieron la vida. Para contrarrestar este clima adverso se sucedieron las fiestas y manifestaciones públicas de adhesión a Rosas. Sin embargo, no fue posible suprimir el malestar provocado por las dificultades económicas y sobre todo por la decisión del gobierno de introducir cambios en el sistema fiscal. En octubre de 1839, en los partidos de Dolores y Chascomús situados en la zona sur, escenario privilegiado de la nueva expansión ganadera, se inició una rebelión, que se anunciaba desde hacía un tiempo. Sin esperar la ansiada llegada de Lavalle que, como veremos, un mes antes había decidido desembarcar en Entre Ríos, estancieros y comerciantes junto a jefes de milicias y algunos jueces de paz movilizaron a los peones y milicianos en contra del gobierno. El dato, destacado en todos los análisis, es que muchos de los sublevados eran hasta no hacía mucho tiempo reconocidos federales. Los estancieros del sur se veían afectados por las dificultades comerciales que causaba el bloqueo y responsabilizaban a Rosas por los costos de su política de confrontación. Además, la presión reclutadora era un factor de competencia entre el Estado y los terratenientes, e impactaba en el costo de la escasa mano de obra. Este elemento, que no comenzó ni terminó en el periodo rosista, fue sin duda causa de discordia. Pero el mayor motivo de descontento en 1838 estaba en la política fiscal. El gobierno se propuso compensar la pérdida de los recursos de la aduana por medio de un aumento en el canon de la enfiteusis, régimen que beneficiaba especialmente a los ganaderos del sur, y también con la venta de tierras a partir del acortamiento de los contratos. A la vez, el Estado provincial emprendió una reforma para efectivizar el cobro de la contribución directa, un impuesto sobre los capitales, establecido en la década de 1820 pero que no había resultado muy efectivo por las excepciones y la evasión, facilitada por medio del registro voluntario de propietarios y capitales. (Gelman, 2009:76-84)

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Al inicio de su gobierno, Rosas tuvo mucho cuidado de no afectar a las familias más tradicionales y ricas, aunque no compartiesen su proyecto político. A su criterio, los sectores bajos de la población le debían respeto, aun cuando fueran tildados de unitarios. Sin embargo, la lucha facciosa, ahora mezclada con un conflicto internacional, había llevado a una situación que el propio Rosas no podía imaginar al principio: ser sindicado como unitario en esta coyuntura era algo que merecía la peor de las condenas y el ataque sin piedad, aunque se perteneciera a la propia familia del gobernador. Además, las necesidades fiscales del gobierno le habían llevado a señalar públicamente a los propietarios que no cumplían con sus deberes impositivos. Por ejemplo, desde hacía un tiempo se venían publicando en los periódicos las listas de los enfiteutas que se atrasaban en el pago del canon, sometiendo así al escarnio público a muchos importantes propietarios. (Gelman, 2009: 82-83)

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La rebelión, conocida como “Los Libres del Sur”, fue sofocada y reprimida con dureza pero algo cambió desde entonces en la configuración política del rosismo. Esta coyuntura crítica afectó los alineamientos y las formas de expresión de las adhesiones y los repudios, reforzando ciertas tendencias y creando opciones nuevas. Rosas contó con el apoyo de diversos sectores en las regiones cercanas de la campaña, con el acompañamiento de los sectores populares en la ciudad y, también, con la colaboración de los indios amigos, pero la defección de buena parte de los ganaderos del sur definió el discurso contra los sectores pudientes y el faccionalismo antiunitario se agudizó. En esos mismos años aumentaron las tensiones entre los jefes federales de la Confederación. En el litoral, Estanislao López, aliado de Rosas pero sin duda una figura con peso propio, murió en 1838, dejando el terreno libre para el gobernador de Buenos Aires. Ya antes de su muerte López había enviado a Buenos Aires a Domingo Cullen para tratar sobre los perjuicios que ocasionaba el bloqueo a las provincias del litoral. Corrientes, que ya en el pasado se había manifestado en contra de la exclusividad del puerto de Buenos Aires, compartía las prevenciones de Santa Fe. En medio de la crisis política desatada como consecuencia de la presencia francesa y ante el vacío dejado por López, Rosas aliado con el jefe entrerriano Pascual Echague desplazó a Cullen e impuso a Juan Pablo López, hermano del fallecido, como gobernador de Santa Fe. En Corrientes, Berón de Astrada buscó apoyo en Fructuoso Rivera y en los franceses, pero fue derrotado por las tropas entrerrianas y murió en la batalla de Pago Largo, en 1839. La resistencia correntina cedió con la llegada al gobierno de Pedro Cabral, favorable al gobierno de Buenos Aires. Sin embargo, volvería a encenderse la alarma en Entre Ríos con el desembarco de Lavalle. Como hemos mencionado, el jefe unitario era esperado en el sur de Buenos Aires para iniciar el levantamiento pero decidió ir al litoral donde al poco tiempo su avance fue detenido por las disensiones en su propio campo y por la derrota frente a las tropas del gobernador Echagüe. A pesar de este panorama no muy auspicioso, hacia mediados de 1840, emprendió la invasión de Buenos Aires por el norte, al parecer convencido de que con el apoyo de Montevideo y de los franceses su llegada haría finalmente posible la sublevación de amplios sectores descontentos con Rosas. Su pronóstico no se cumplió, al menos del modo esperado. Si bien recogió apoyos de los sectores propietarios en los partidos del norte de la provincia, la lealtad al gobernador se manifestó con fuerza en la zona del centro, más cercana a la ciudad, y entre los sectores medios y bajos.

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La conclusión de esta coyuntura de tremenda crisis parece consolidar una estructura de apoyos regionales y sociales al federalismo rosista por un lado y a su oposición por otro que no había sido tan definida en sus inicios, pero que fue cristalizando de esa manera al calor del creciente enfrentamiento político. (Gelman, 2009: 163-164)

En pocas semanas, Lavalle y sus seguidores tuvieron que abandonar la provincia. Se dirigieron hacia el Norte, donde encontraron la derrota definitiva. Desde tiempo antes, en el interior se expresaban tensiones y diferencias entre los jefes políticos que tampoco veían de modo unánime el liderazgo del Historia Argentina

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gobernador de Buenos Aires y su encumbramiento por encima del resto, iniciado claramente con la ausencia de Quiroga. En principio, como representante de las relaciones exteriores de los estados de la Confederación, Rosas había reclamado y obtenido la potestad de intervenir en Córdoba para castigar a los responsables de aquella muerte. Luego del juicio y la muerte de Reinafé, considerado el instigador y uno de los imputados por el crimen, logró el encumbramiento de un hombre de su confianza, el comandante Manuel López, al frente de la provincia de Córdoba. En el Noroeste, Alejandro Heredia, gobernador de Tucumán, terminó siendo su principal aliado, aunque al comienzo compartía las prevenciones de otros caudillos federales como el santiagueño Felipe Ibarra, frente al crecimiento de la influencia regional de hombre fuerte de Buenos Aires. Sin embargo, con su ayuda Heredia colocó jefes de su confianza y logró controlar Catamarca, Salta y Jujuy. Juntos también enfrentaron al Mariscal Santa Cruz, creador de la Confederación Peruano-Boliviana. Por entonces, Bolivia era uno de los destinos elegidos por los opositores, emigrados de las provincias del norte. Además la unidad política entre Bolivia y Perú generaba desconfianza razón por la cual no le fue difícil a Chile conseguir el apoyo de la Confederación para enfrentar militarmente a Santa Cruz La guerra se prolongó entre 1837 y 1839. Finalmente Santa Cruz fue vencido por los chilenos. Sin embargo, la estabilidad no llegó al norte donde Heredia fue asesinado. Lamadrid lo sucedió en el gobierno de la provincia de Tucumán y organizó la Coalición del Norte, conducida desde Tucumán y Salta, con el apoyo de Catamarca, La Rioja y Jujuy. Desde Buenos Aires se envió un ejército al mando de Manuel Oribe que derrotó a Lamadrid e impidió que Lavalle se le uniera. El general unitario, en retirada con sus seguidores, murió en Jujuy. Mientras que en el norte las fuerzas rosistas recobraron el control, en Buenos Aires el bloqueo llegó a su fin con la firma del tratado Makcau-Arana por el cual se restablecían las relaciones comerciales y se restituía la Isla Martín García a cambio de las garantías que los franceses reclamaban para sus súbditos. Un nuevo conato de rebelión se dio en el litoral, estrechamente ligado a la situación de Uruguay, donde Oribe, con el apoyo de Rosas y luego de la victoria obtenida en el norte enfrentó, una vez más, a Fructuoso Rivera. Este contó con la colaboración del General Paz quien en 1842 escapó de su prisión porteña y marchó a Montevideo. A principios de 1843, Oribe inició desde el Cerrito el sitio de Montevideo, que afectaba los intereses comerciales del litoral y donde estaban entrelazadas las potencias extranjeras y el Brasil. En este conflicto estaban contenidas las razones que iban a traer el fin del largo gobierno de Rosas pero de momento el régimen parecía consolidado y en Buenos Aires el recurso de la violencia y el terror –con el cual la Mazorca había enfrentado los momentos críticos– se hizo infrecuente. En 1846 el mismo Rosas disolvió esa organización. La oposición se siguió expresando desde Montevideo, donde se editaron incluso algunos periódicos de fuerte contenido antirrosista, como El Grito argentino o Muera Rosas. De todos modos en 1845, alimentado por la maraña de intereses comerciales y geopolíticos que estaban presentes en la cuenca del Río de la Plata, se reeditó la experiencia del bloqueo al puerto de Buenos Aires, esta vez a cargo de una flota conjunta franco-inglesa, que se proponía abrir el Paraná a la navegación internacional. El bloqueo se prolongó hasta 1848. Al cabo, la resistencia local, el perjuicio económico de algunos y el Historia Argentina

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En1845, recién iniciado el bloqueo se libró la batalla de la Vuelta de Obligado, sobre el río Paraná. La escuadra anglo-francesa, con una notable superioridad técnica, derrotó a las fuerzas locales que al mando del Gral. Lucio Mansilla se dispusieron a cortar el paso de la escuadra con cuatro baterías, en un recodo del río. Más allá del resultado, la agresión fue condenada por figuras como José de San Martín y aún por algunos unitarios como Martiniano Chilavert y Miguel Eguía y contribuyó al desprestigio de los atacantes por la gran cantidad de bajas producidas entre los defensores locales.

desprestigio de los sitiadores, por episodios como la batalla de la Vuelta de Obligado, llevó a la diplomacia de París y Londres a abrir las negociaciones y al reconocimiento del carácter interior del río Paraná, cuya libre navegación era un tema a resolver por la Confederación. En 1848, todo parecía indicar que la paz había sido recobrada junto con la prosperidad económica y un clima distendido animó a algunos emigrados a regresar a Buenos Aires. Sin embargo, el sitio de Montevideo, donde dirimían su enfrentamiento los colorados de Rivera con los blancos de Oribe conjugaba los elementos de un conflicto irresuelto en el cual, además de las potencias europeas, hacía valer sus intereses el Imperio de Brasil. Como se ha anticipado, en este escenario se condensaban los elementos que llevaron a su fin el largo periodo rosista. A principios de 1851, cuando la guerra con el Brasil parecía inminente el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, hasta entonces aliado de Rosas, daba muestras de un cambio de alianzas que expresaba a los intereses económicos en juego. El 1 de mayo, a través de un “pronunciamiento” público, recobraba el manejo de las relaciones exteriores de su provincia, hasta entonces delegadas en el gobernador de Buenos Aires e invitaba, sin mucho éxito, a los estados provinciales a seguirlo. Urquiza, decidido a enfrentar a Rosas, buscó el apoyo de Brasil y del gobierno de Montevideo, decidido a terminar con el sitio de Oribe. El ejército reunido por los aliados desembarcó en Buenos Aires y sin mucha dificultad avanzó hasta los campos de Caseros donde el 3 de febrero de 1852 Rosas era finalmente derrotado.

2. a. Realice una síntesis de lo expuesto dando cuenta de: • las fortalezas y debilidades que caracterizan al régimen rosista en plano político, • las novedades y continuidades que exhibe la economía durante este periodo.

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b. Sintetice la hipótesis del texto obligatorio: Halperín Donghi, T. (1994), “Clase terrateniente y poder político en la provincia de Buenos Aires, 1820-1930”, en: Cuadernos de Historia Regional 5, UNLU, Luján, pp. 11-45.

2.4. La economía durante el rosismo: Buenos Aires y el Interior La orientación exportadora del litoral se fue perfilando en estos años. Si bien la ganadería, que suministraba los principales productos exportables, era una actividad común a toda la región, la provincia de Buenos Aires fue la más beneficiada. La expansión de la frontera sur y la disponibilidad de tierras permitió el crecimiento extensivo: tierra abundante y relativamente barata compensaban la escasez de mano de obra y de capital que, por eso, resultaban relativamente caros. Los saladeros suministraron el complemento adecuado y se convirtieron en una industria rentable porque permitían el aprovechamiento total del animal: cueros, tasajo, sebo, grasa, cerdas y pezuñas incrementaron las exportacio-

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nes. Por lo demás. Las grandes estancias destinaban sus productos al mercado externo mientras que el abastecimiento interno era cubierto por huertas y quintas del área cercana a la ciudad y por chacras cerealeras que se distribuían en zonas un poco más alejadas y bien provistas de agua. En la zona norte de la campaña, de más antiguo poblamiento, eran comunes las explotaciones mixtas. El crecimiento económico y la escasez de mano de obra estimularon las constantes migraciones desde el interior y el asentamiento de labradores pobres dentro y fuera de las estancias, configurando un territorio que se caracterizó por la amplia movilidad y el mestizaje de la población. El resto de las provincias del litoral sobre todo Entre Ríos y en menor medida Santa Fe, compartían las ventajas naturales de clima y cercanía para el desarrollo de la actividad pecuaria y fueron recomponiendo su riqueza ganadera a partir de 1820. La competencia con Buenos Aires, que concentraba los recursos fiscales del comercio exterior por medio del control exclusivo de la aduana, era inevitable. Corrientes, con una producción más diversificada, veía además perjudicada su economía por las importaciones que entraban por el puerto de Buenos Aires y crecían al ritmo del aumento de las exportaciones. Los productos brasileños, tales como yerba mate y tabaco, que competían con la producción local, crearon el marco de una oposición persistente a la política librecambista de Buenos Aires por parte de los gobernantes correntinos, y acicatearon el debate por la libre navegación de los ríos interiores. El interior, que desde 1820, como hemos visto, reorientaba sus actividades productivas de acuerdo con los cambios que ocasionó la pérdida del Alto Perú y el giro hacia el Atlántico o el Pacífico de los circuitos comerciales, también sufría la competencia de las importaciones y la escasez de recursos fiscales. Como una respuesta a estas dificultades, y como consecuencia de los acuerdos alcanzados a partir de 1831 con la firma del Pacto Federal al que fueron adhiriendo todas las provincias, en 1835 la Sala de Representantes porteña sancionó la Ley de Aduana. La ley pretendía mejorar la posición de los productos locales en el mercado porteño y generar cierto equilibrio en la balanza de pagos entre las provincias, dado que las compras de productos ingresados desde Buenos Aires superaban ampliamente a las ventas y la diferencia solía arrastrar el metálico de las economías provinciales. Se fijaron aranceles para los productos ultramarinos que iban desde el 25 al 40% y se establecía la prohibición de importar algunos productos que la confederación podía proveer. Se ha llamado la atención sobre la ineficacia de la ley para cumplir con su objetivo económico, entre otras razones porque, como consecuencia de las crisis y los bloqueos, su texto original fue modificado varias veces, reduciendo los aranceles que debían amparar a los productos locales. Sin embargo, más allá de la viabilidad del desarrollo industrial de aquellos productos, un factor sobre el cual es necesario llamar la atención es que en la disputa por los recursos fiscales las provincias dependían de los flujos comerciales con Buenos Aires que nunca se interrumpieron y reclamaban la fijación de mayores aranceles para poder repartir las rentas (Cansanello: 1998:274275). Así, mientras que la postergación indefinida del debate constitucional posponía también la discusión de fondo sobre las rentas de la aduana, la ley de 1835 fue una condición necesaria para sostener los acuerdos interprovinciales que dieron sustento a la Confederación. También insuficiente, si atende-

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mos a las persistentes tensiones que se volvieron críticas cuando se desencadenó la rebelión de Entre Ríos contra Buenos Aires. Sin embargo, tampoco de esa crisis surgió la solución. El desequilibrio económico y fiscal entre Buenos Aires y el Interior se arrastraría por varias décadas.

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3 La construcción del Estado nacional (18521880) Introducción Con la caída de Rosas en 1852 se iniciaba un largo proceso en pos de constituir un Estado nacional. El primer escollo en la tarea fue la separación de Buenos Aires del resto de las provincias constituidas en la Confederación Argentina. Luego de diez años de existencia de dos Estados separados, se llevó a cabo la unificación de todas las provincias. Pero este hecho no significó el fin de los conflictos internos ya que el Gobierno nacional, para imponer su autoridad en todo el territorio, debió hacer frente a las resistencias federales del Interior y del Litoral a la vez que conquistar de manera definitiva el espacio en poder de los grupos indígenas independientes.

Objetivos de la unidad •• Comprender los proyectos políticos que enfrentaron a los liberales y federales en el proceso de construcción nacional. •• Distinguir el desigual desarrollo económico de la región del Interior y del Litoral durante el periodo. •• Conocer los cambios que se producen en la sociedad a partir de las migraciones internas e internacionales.

3.1. La generación del ‘37 y los debates sobre la construcción de la Nación A mediados del siglo XIX los miembros de la elite ilustrada que habían optado por el exilio durante el régimen rosista, produjeron cantidad de textos donde planteaban diversos proyectos para la organización nacional. En esos escritos se compartían ideas básicas como la necesidad de lograr el orden social y el progreso económico. Diferían, no obstante, en los medios que debían utilizarse para lograr esos fines. La polémica más representativa de estos modelos diferentes es la que se estableció entre Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento.

3.1.1. Los proyectos de Alberdi y de Sarmiento Juan Bautista Alberdi proponía delegar el ejercicio del poder a una minoría privilegiada, limitando la participación política de la sociedad pero asegurando a los habitantes el máximo de garantías civiles. El orden, era un instrumento Historia Argentina

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fundamental de gobierno sin el cual todo proyecto reformista corría el riesgo de caer en la anarquía. De igual manera, el orden social era una condición necesaria para el progreso económico, se lograría con una fuerte concentración del poder en manos del presidente y mecanismos que restringieran la participación política. Los sectores populares debían ser controlados política y socialmente para que mantuvieran una absoluta pasividad por lo que su instrucción también debía ser limitada. El autoritarismo político contrastaba con la defensa de libertades civiles que debían ser garantizadas mediante un marco jurídico moderno. Este modelo era la “república posible”, que dejaría paso a la “república verdadera” cuando la modernización económica permitiera crear una sociedad y una política con la plenitud de sus derechos civiles y políticos. En el planteo de Sarmiento se invertían los argumentos de Alberdi. Para el sanjuanino, el cambio cultural y social debía ser previo al cambio económico y condición imprescindible para el funcionamiento de la política republicana. El enemigo a vencer para lograr el cambio social era la barbarie, representada por el mundo rural. Los medios para lograrlo eran la inmigración y la educación popular. En el primer caso, Sarmiento tomaba el modelo estadounidense de pequeños propietarios campesinos que consideraba la clave del éxito norteamericano en construir un sistema político en que se conjugaban libertad, igualdad y progreso.

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Ambos autores reflexionaron sobre la conveniencia de incentivar la educación popular entre los sectores subalternos y también en este punto sus planteos se enfrentaban. Para Alberdi, era posible crear una fuerza de trabajo adecuada a la economía moderna capitalista a la que aspiraba y mantener a los trabajadores en la “feliz ignorancia de las modalidades del mundo moderno”; en definitiva, desaconsejaba acelerar el proceso de educación popular. En contraposición, para Sarmiento era prioritario que el Estado tomara un papel activo en su implementación. La misma resultaba vital para que la población abandonara su atraso intelectual y moral; a la vez, posibilitaba la prosperidad económica y el progreso al crear nuevos consumidores ya que pondría en contacto a la gente con los bienes y servicios.

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LECTURA RECOMENDADA

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Halperin Donghi, T. (2005), “Un proyecto nacional en el período rosista”, en: Halperín Donghi, T, Una nación para el desierto argentino, Prometeo, Buenos Aires, pp. 53-73.

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3.2. El país escindido: el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina (1854-1861) En febrero de 1852 la batalla de Caseros puso fin al gobierno de Rosas. El vencedor, Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, intentó llevar adelante el proyecto de organización nacional pero los porteños no apoyaron la idea de una futura Confederación con predominio entrerriano. En el enfrentamiento entre Buenos Aires y la Confederación se planteaban dos temas claves: la federalización de la ciudad y la nacionalización de las rentas de la Aduana. Ambas medidas implicaban una disminución del papel central que Buenos Aires había jugado hasta el momento. La revolución del 11 de septiembre expresó este rechazo y derivó en la separación de Buenos Aires del resto de la Confederación. Pero poco después, el 1 de diciembre, un movimiento con base rural dirigido por el coronel Lagos desafió a las nuevas autoridades porteñas por su proyecto separatista. El 21 de enero las fuerzas opositoras se encontraron en la batalla de San Gregorio pero la victoria confederacional no implicó la reintegración de Buenos Aires a la Confederación. A pesar de la misma y del sitio que experimentó la ciudad por espacio de seis meses, el movimiento separatista triunfó y los dos Estados se mantuvieron separados por cerca de 10 años. Hasta 1859 los dos Estados se dieron a la tarea de organizarse internamente. En Buenos Aires, la legislatura porteña dictó su propia Constitución, redactó un Código Comercial, Criminal y Rural y reorganizó sus finanzas alrededor de los ingresos provenientes de las rentas de la Aduana. En el ámbito político se comenzaron a delinear dos posiciones políticas diferentes en torno a la organización nacional. Los Autonomistas, liderados por Adolfo Alsina, mantenían fuertemente la autonomía provincial, y los nacionalistas, seguidores de Bartolomé Mitre, buscaban poner a la provincia a la cabeza de una organización nacional.

La ribera del Río de la Plata (1852), en la actualidad Avenida Paseo Colón. Fuente: “La fotografía en la historia argentina» (Tomo 1). Diario Clarín. Buenos Aires, Argentina. 2005.

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La Confederación dictó la Constitución en mayo de 1853 y se nombró a Urquiza como primer presidente constitucional. Con el fin de incrementar los recursos fiscales y como medida de presión sobre Buenos Aires, se dictó en marzo de 1856 la Ley de Derechos Diferenciales que benficiaba arancelariamente a los bienes que se introdujeran directamente por los puertos de la Confederacion. Esta medida favoreció de manera notable el crecimiento de Rosario pero no derivó en un aumento sustancial de los ingresos de la Confederación. Ejemplos de la penuria financiera de la Confederación son la imposibilidad de realizar un primer censo nacional y de concretar el financiamiento del ferrocarril que debía unir Rosario con Córdoba. En materia de defensa la diferencia entre ambos Estados era extremadamente evidente. El clima de creciente tensión derivó en octubre de 1859 en un enfrentamiento armado en Cepeda donde las tropas de la Confederación vencieron al ejército porteño dirigido por Mitre. Como resultado del encuentro, se firmó el Pacto de Unión Nacional por el cual Buenos Aires se incorporaría a la Confederación previa revisión de la Constitución a la que podría introducir reformas. Entre ellas se acordó que las rentas de la Aduana fueran nacionalizadas y se derogara la Ley de Derechos Diferenciales. Buenos Aires recibiría una compensación monetaria durante cinco años por la pérdida de los ingresos aduaneros. El tema de la capitalización de Buenos Aires quedó postergado. Sin embargo, el Pacto no resolvió el tenso clima político y el enfrentamiento entre liberales porteños y federales no se aquietó. En septiembre de 1861 tropas urquicistas y mitristas volvieron a enfrentarse en los campos de Pavón. Mitre fue vencedor proclamándose presidente provisorio y luego elegido presidente constitucional para el período 18621868. Marcaba el comienzo de una organización liderada por Buenos Aires.

3.3. El Estado unificado: presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda Los gobiernos sucesivos de Bartolomé Mitre (1862-1868), Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880) debieron encarar la tarea de organizar el Estado nacional. Para llevar adelante la unificación política del territorio era necesario la creación de un conjunto de instituciones que organizaran el sistema administrativo, judicial y financiero en el marco y con las bases presentadas por la Constitución. La misma planteaba como punto de organización la división en tres poderes. El Poder Ejecutivo se estructuró en la figura del presidente y rodeado de una serie de ministerios que debieron rediseñar sus funciones para darle una envergadura nacional. De igual manera el Poder Legislativo se constituyó en las dos Cámaras que integraron a representantes de todas las provincias. La organización del Poder Judicial se concretó con la sanción de una ley que creaba la Corte Suprema y se complementó con la realización de una codificación que suprimiera la legislación vigente hasta el momento que en algunos casos se remontaba a prácticas coloniales y otras a la época de la independencia. En esa dirección se promulgaron el Código Civil, el de Comercio y el Penal. La expansión del aparato estatal nacional sobre el territorio implicó también tomar a cargo ciertas esferas de acción que hasta el momento habían estado en manos de los Gobiernos provinciales. Las áreas que concitaron el mayor interés del Gobierno nacional fue el de las finanzas y el de la organización militar. En el Historia Argentina

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primer caso, a la nacionalización de las rentas de la Aduana se agregó la eliminación de las aduanas interiores dentro del territorio nacional y la centralización de la recaudación impositiva para lo cual se creó la Dirección General de Rentas. La creación de un Ejército nacional constituía otro objetivo prioritario del gobierno. El mismo se componía de los cuerpos de línea que hacían un servicio militar regular y las Guardias Nacionales. Los cuerpos regulares estaban integrados por soldados voluntarios y, cuando éstos no alcanzaban a cubrir los puestos necesarios –lo que ocurría generalmente– se completaban con contingentes de “destinados”. Estos, como en el periodo anterior, eran personas enviadas al ejército para cumplir condena por diversos delitos. Las Guardias Nacionales venían a reemplazar a las antiguas milicias que servían de complemento cuando los cuerpos regulares no alcanzaban para llevar adelante su tarea y eran convocados por periodos limitados de servicio. Si bien el Presidente era el comandante supremo de todas las fuerzas militares, en los hechos, las Guardias Nacionales eran cuerpos de carácter provincial ya que eran los gobernadores quienes las convocaban. Esto implicó una larga y ardua tarea de subordinacion de estas milicias provinciales. Durante la presidencia de Mitre se crearon el Colegio Militar y la Escuela de Náutica con el objetivo de lograr la profesionalización del ejército. Sin embargo, a pesar de estas creaciones, el Ejército siguió dependiendo en gran medida de los contingentes de destinados y de la convocatoria de las Guardias Nacionales.

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La historiadora Hilda Sábato ha trabajado en profundidad las diferencias simbólicas y las semejanzas en cuanto a las prácticas de los cuerpos de Guardias Nacionales y regulares en la provincia de Buenos Aires.

LL C

Ejército de línea y Guardia Nacional respondían a dos maneras diferentes de concebir la defensa militar: un ejército de ciudadanos libres versus uno de soldados profesionales […] eran motivo de tensiones las diferencias simbólicas y prácticas entre los milicianos o guardias y los soldados profesionales. Mientras la figura del soldado pago se asociaba con frecuencia a la del mercenario, la del miliciano, en cambio, portaba el aura del ciudadano […]. El soldado profesional se asimilaba en general al pobre, al delincuente, “vago y malentretenido” –en los términos de la época– reclutado por la fuerza, “destinado”. Milicianos eran, en cambio, todos los ciudadanos. […] Estas diferencias en varios planos no necesariamente se correspondían con clivajes efectivos. En términos de su composición social, las milicias también reclutaban mayoritariamente, aunque no de manera exclusiva, a varones provenientes de las capas populares de la población. Sus derechos eran con frecuencia violados, se los retenía en servicio mucho más tiempo del reglamentario, se los enviaba al frente en las mismas condiciones que a los regimientos de línea y se los castigaba con métodos iguales a los usados para los soldados. En cuanto a sus funciones, con mucha frecuencia se superponían y, en ocasiones como la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay (1865-1870) y en el servicio regular de frontera, era difícil distinguir entre una y otra fuerza. (Sábato, 2010: 235-236)

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LECTURA RECOMENDADA

RR

Sábato, H. (2010), “Milicias, ciudadanía y revolución: el ocaso de una tradición política (Argentina, 1889)”, en: Bragoni, B y E. Míguez, Un nuevo orden político. Provincias y Estado Nacional 1852-1880, Biblos, Buenos Aires, pp. 227-244.

PARA REFLEXIONAR

En un compilación reciente, Beatriz Bragoni y Eduardo Míguez han realizado una novedosa aproximación sobre el proceso de formación estatal remontándose a las situaciones provinciales luego de la caída de Rosas. La idea principal de los autores se funda en que:

PP C

Existe una muy amplia bibliografía sobre (la formación del Estado nacional) que, sin embargo, en general ha atendido poco algunos de sus aspectos esenciales. Uno de los más descuidados es la caracterización de las formas institucionales previas a la formación del Estado nacional […] En una visión preocupada por retrotraer la existencia de la nación al momento de la disolución del vínculo colonial y darle continuidad histórica con el presente, la naturaleza de un protoestado nacional constituyó un tema regularmente visitado por los cultores de la historia institucional quienes, munidos de instrumentos jurídico-políticos, sedimentaron potentes imágenes sobre la fisonomía del Estado federal argentino. En disidencia, una rica discusión sobre la naturaleza de los estados provinciales en la primera mitad del siglo XIX ha destacado cómo la concentración de atributos soberanos en ellos hacía del Estado central más una hipótesis que una realidad. En ambas vertientes, se trata por cierto de una bibliografía copiosa y rica que sin embargo mantuvo ese tradicional divorcio entre la primera y la segunda mitad del siglo XIX. Así, quienes han intentado reconstruir el proceso formativo de la nación a partir de 1852 pocas veces han prestado suficiente atención al sistema político e institucional preexistente (Bragoni

y

Míguez, 2010: 11-12).

LECTURA OBLIGATORIA

Oszlak, O. (1982), “Reflexiones sobre la formación del estado y la construcción de la sociedad argentina”, en: Desarrollo Económico Revista de Ciencias Sociales, Vol. XXI, Enero-Marzo, IDES, Buenos Aires pp. 531- 548.

OO

Bragoni, B y E. Míguez, (2010), “Introducción”, en: Un nuevo orden político. Provincias y Estado Nacional 1852-1880, Buenos Aires, 2010, pp. 9-28.

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1. Lean con atención los textos obligatorios y contesten las siguientes preguntas. a. ¿Qué significado le asigna Oszlak a lo que define como formas de penetración del Estado nacional –cooptativa, represiva y material? b. ¿En qué puntos de esta propuesta se contraponen los argumentos de Bragoni y Míguez?

KK

3.3.1. Los partidos políticos y las alianzas electorales Las sucesiones presidenciales implicaban el tejido de una trabajosa red de alianzas provinciales para sostener a los candidatos, que debía renovarse para cada contienda electoral. En este manejo de la política, eran de fundamental importancia las elites provinciales, las familias poderosas, que contralaban un amplio sector del electorado. En la década de 1850 Mitre había organizado el Partido de la Libertad, agrupación que en sus inicios era básicamente provincial. En la misma convivían dos tendencias diferentes con respecto al tipo de organización política que debía tener la Nación: los autonomistas y los nacionalistas. Durante su presidencia, Mitre se propuso extender la influencia del partido sobre el resto del país mediante una combinación de alianzas políticas con algunas elites e intervención armada en provincias claramente hostiles. La contrapartida de este avance fue que, el impulso dado a la federalización de Buenos Aires por Mitre llevó a la división de la agrupación; los partidarios de Alsina constituyeron el Partido Autonomista y los seguidores de Mitre, el Partido Nacionalista. En ocasión de las elecciones presidenciales de 1868 se perfilaban tres bloques políticos: el federalista, centrado en las provincias del Litoral que apoyaban la candidatura de Urquiza, los autonomistas porteños liderados por Alsina y la alianza nacionalista con las provincias del noroeste realizada por Mitre con la familia Taboada de Santiago del Estero. En este escenario, un nuevo actor entró en escena llevando un candidato propio: el Ejército Nacional que sostenía la candidatura de Sarmiento. Alsina decidió apoyar a Sarmiento que, al ser candidato provinciano, atraía votos del interior. En 1874 una nueva sucesión presidencial volvió a enfrentar a los partidos de Mitre y Alsina en Buenos Aires. A diferencia de las elecciones anteriores, el presidente saliente –Sarmiento– impuso un candidato propio, Nicolás Avellaneda, que, al igual que él carecía de partido propio pero tenía adeptos en las provincias. Nuevamente Alsina decidió unirse al candidato oficial para garantizar el triunfo. Las elecciones de 1874 –de diputados en febrero y presidenciales en abril– fueron claramente fraudulentas alcanzándose un alto grado de violencia en Buenos Aires protagonizado por mitristas y alsinistas. En estas condiciones, el triunfo de Avellaneda fue resistido por el candidato nacionalista Mitre, quien, con el apoyo de parte del ejército, encabezó una revolución que fue rápidamente sofocada.

CC

La elección (de diputados) fue el domingo 1° de febrero. Al día siguiente todos los diarios reflejaban la violencia que había tenido lugar en varias parroquias de la Capital […] Los partes que llegaron en días sucesivos denunciaban la

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violencia y los abusos de los jueces de paz e involucraban a partidarios de ambos bandos. La República (alsinista) denunciaba: ‘El caso de Saladillo ha producido un verdadero combate con 9 muertos y 33 heridos’. La Tribuna: ‘Avisan que han cometido fraude escandaloso en Tuyú, Monsalvo y Vecino […] Por las cartas que nos dirigen desde Monte, la responsabilidad de los crímenes allí cometidos caerá sobre Mitre’. Días más tarde, La Nación abriría una suscripción para las viudas y los heridos de la elección, anunciando cotidianamente los donantes y el monto recaudado” (Míguez, 2011: 15-16)

El nuevo presidente Avellaneda impulsó un acuerdo político con mitristas y alsinistas que se conoció con el nombre de “conciliación”. Pero luego de la muerte de Alsina, autonomistas y nacionalistas “conciliados” abandonaron el acuerdo con el oficialismo y reconstruyeron el viejo partido Liberal. Por otra parte, Avellaneda avanzó en el armado de la red de alianzas personales con los dirigentes de las provincias que, hacia 1878 tomó forma institucional con la formación de la Liga de Gobernadores encabezada por Córdoba y que contaba con el acuerdo de los gobiernos de San Juan, Mendoza, San Luis, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Entre Ríos, Salta, Jujuy y Santa Fe. Con la creación del Partido Autonomista Nacional (PAN), estructura complementada por la Liga de Gobernadores se impulsó la candidatura del general Roca que triunfó en 1880 sobre el candidato autonomista y gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor. La victoria de Roca llevó a un enfrentamiento entre las tropas porteñas y el Ejército nacional que se resolvió a favor del último. Inmediatamente la provincia fue intervenida y la ciudad de Buenos Aires fue declarada Capital Federal.

3.3.2. Las prácticas eleccionarias Dentro de la estructura de los partidos existían los clubes políticos. La tarea de los mismos se centraba en la definición de las candidaturas y luego en la difusión pública de las mismas. Estas organizaciones tenían una fuerte división jeráquica; un grupo dirigente tomaba las decisiones más importantes pero existían asambleas mucho más numerosas y abiertas donde se daba espacio al debate más abierto. Por debajo de estas organizaciones se hallaban los clubes parroquiales, que eran asambleas de vecinos que armaban la lista de candidatos de cada barrio. A pesar de que, nominalmente las listas surgían “de abajo hacia arriba”, es decir, del debate en el club parroquial se elevaban los candidatos a los clubes y de allí a los partidos, estos últimos intentaban controlar el mayor número posible de clubes parroquiales para imponer sus candidatos. Los clubes parroquiales además debían realizar el “trabajo electoral” que consistía en el empadronamiento de los ciudadanos aptos para votar, la celebración de las reuniones y manifestaciones de apoyo a los candidatos y el desarrollo del mismo acto electoral. Los cargos dirigentes de los clubes eran ocupados por aquellos personajes que tuvieran la capacidad de movilizar una amplia clientela: el cura, el juez de paz. Las movilizaciones tenían el objeto de convalidar las decisiones tomadas por las dirigencias y mostrar la capacidad de reclutamiento de los clubes. El acto electoral comenzaba con el nombramiento de autoridades de mesa adictas que podían llegar a amedrentar a los votantes con la exhibición de

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armas de fuego, prohibición del voto, expropiación, etc. A su vez la oposición buscaba ubicar en las mismas a sus adherentes para fiscalizar el desarrollo del acto. Los votantes, coaccionados o comprados por dinero, conformaban una masa disciplinada y pasiva que era arrastrada hacia la mesa. En ocasiones estos grupos eran convocados el día anterior al comicio y ubicados en corrales o cuarteles eran movilizados conjuntamente hacia el lugar de votación. El resultado de este tipo de prácticas eleccionarias fueron los altos niveles de abstención de los grupos medios de la sociedad (la mayor cantidad de votantes provenían de los niveles socio económicos mas bajos que podían ser movilizados) y los frecuentes hechos de violencia que se registraban.

LEER CON ATENCIÓN

Las prácticas electorales en el Interior reproducían las prácticas porteñas como puede verse en el informe sobre las elecciones de legisladores provinciales en Tucumán en enero de 1872:

LL C

[…] traiga a su memoria el espectáculo que presentan los atrios de los templos en un día de elecciones. Allí no se ve sino una chusma medio salvaje que no sabe ni el nombre del ciudadano por quien va a sufragar. Tome Ud. los registros electorales y encontrará por cada 100 votantes uno cuyo nombre sea conocido o que sepa leer y escribir. Y bien, éstos son los ciudadanos que hacen la elección, asistiendo a los comicios por el mandato del patrón o del comandante o por lo menos interesados en la empanada y el aguardiente que se les propina. (Bonaudo y Sonzogni, 1999: 76-77)

3.3.3. Las oposiciones federales en el Interior y el Litoral A partir de 1860 una serie de levantamientos federales en el Interior y en el Litoral reflejaron el rechazo de los caudillos provinciales a una unificación nacional bajo la éjida de Buenos Aires. Tanto Mitre, que impulsó la política de la “unidad a palos” que significaba ocupar militarmente aquellas provincias que se resistieran al nuevo modelo de organización nacional como Sarmiento, que se apoyó fuertemente en el Ejército para lograr la unificación, fueron implacables en la represión de estos movimientos. La provincia de La Rioja fue el centro de dos rebeliones de importancia contra el Gobierno nacional. En 1862, Angel Vicente Peñaloza, el Chacho, que había sido lugarteniente de Quiroga, se levantó contra el gobierno contando con la adhesión de los federales de San Juan, San Luis y Mendoza. Tras un breve acuerdo de paz que no pudo mantenerse, la rebelión se reanudó alcanzando esta vez a la provincia de Córdoba. A pesar de la importante cantidad de milicianos que integraban las filas federales (unas 2.000 personas) las tropas nacionales vencieron la resistencia y el Chacho fue asesinado en noviembre de 1863. Poco después otro nuevo movimiento federal encabezado por el lugarteniente del Chacho, Felipe Varela, se extendió por varias provincias y se enca-

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denó con la impopularidad de la guerra del Paraguay. La deserción de miles de soldados que habían sido reclutados en las provincias para luchar en el país vecino, fue adjudicada a maniobras conspirativas de Felipe Varela y a Ricardo López Jordán. La rebelión de Varela se conectó con otro movimiento federal: la rebelión de los colorados en Mendoza. En abril de 1867 la disidencia federal fue aplastada.

PARA REFLEXIONAR

Ariel de la Fuente ha analizado en profundidad las motivaciones de la participación política de los gauchos en las montoneras riojanas de Felipe Varela. Para el autor, varios fueron los factores que explican la movilización política. En primer lugar, una clara motivación económica expresada en las recompensas materiales y en el acceso a distinto tipo de bienes. En segundo lugar, la existencia de vínculos previos entre los caudillos y los gauchos que se gestaban en la vida cotidiana en donde el carisma del caudillo era esencial para generar un vínculo emocional con sus seguidores. En tercer lugar –y esta es una de las principales originalidades de la investigación–, el autor señala que estos elementos no deben opacar otro igualmente constitutivo en la formación de las montoneras: las identidades políticas. En palabras del autor:

PP

C Años de movilización significaron que la relación caudillo-seguidor se desarrollara en el contexto de luchas partidarias en las que surgieron identidades y en las que las lealtades partidarias se reconocían explícita y públicamente. De esta forma, la relación caudillo-seguidor creó el espacio para que los seguidores fueran concientes de las luchas políticas y eventualmente, para que hubiese una identificación política entre líderes y gauchos. (de

la

Fuente,

2007: 251)

La rebelión de López Jordán en Entre Ríos puede rastrear sus orígenes en 1865. La política cada vez más personalista de Urquiza y su relación cada vez más estrecha con Buenos Aires creaba un profundo malestar entre los federales entrerrianos. La visita del presidente Sarmiento en febrero de 1870 para ratificar el arreglo de Urquiza con el partido Liberal aumentó el descontento y desencadenó la revolución que iniciada en abril de 1870 acabó con la vida de Urquiza. López Jordán fue elegido por la legislatura provincial para terminar el mandato de Urquiza. La reacción del Gobierno nacional no se hizo esperar y Sarmiento decretó la intervención armada de la provincia. En 1873 la rebelión fue vencida totalmente.

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3.3.4. La guerra del Paraguay El detonante de la guerra fue la participación de Paraguay y Brasil en la guerra civil uruguaya. Sin embargo, causas más profundas dieron motivo al enfrentamiento. Desde el gobierno de Gaspar Francia, en Paraguay se había llevado a cabo un proceso modernizador fomentando la industria y limitando al máximo el intercambio con el exterior con lo cual el comercio inglés veía frustradas sus miras de llegar al mercado paraguayo. Esta política se acentuó con el sucesor de Francia, Carlos Antonio López quien intentó hacer de Paraguay una nación importante en la geopolítica de la cuenca del Plata. El problema central que enfrentaba a los países de la región era la libre navegación de los ríos internacionales. En Brasil, la conexión entre Río de Janeiro y la provincia interior del Mato Grosso debía hacerse por el río Paraguay hacia el interior de la república del mismo nombre. Si bien López había permitido esa circulación, la instalación del fuerte de Humaitá en la confluencia del Paraguay con el Paraná tenía el objetivo de controlar la circulación fluvial. En contrapartida, la salida de los productos paraguayos para el mercado mundial debía hacerse por el Paraná atravesando territorios de la Confederación Argentina. Todas estas tensiones terminaron de desencadenarse con motivo de la guerra civil en Uruguay. En 1864, Venancio Flores, del Partido Colorado (liberal) movilizó sus tropas para derrocar al gobierno del Partido Blanco (federal) cuyos dirigentes mantenían buenas relaciones con el Gobierno paraguayo. Brasil y Argentina, ambos países gobernados por partidos liberales, apoyaron el movimiento de Flores. Paraguay decidió participar en ayuda del partido gobernante y pidió autorización al gobierno argentino para cruzar por Corrientes. La negativa de Mitre llevó al presidente de Paraguay, Solano López a la declaración de la guerra. En mayo de 1856 Brasil, Uruguay y Argentina firmaron el tratado de la Triple Alianza para enfrentar a Paraguay en una guerra que se extendió entre 1865 y 1870. A pesar de que en 1870 las acciones militares concluyeron, los ejércitos brasilero y argentino permanecieron en territorio paraguayo hasta 1876 y 1878 respectivamente. Como resultado de la guerra y de las negociaciones de paz, Paraguay perdió un 60% de sus habitantes y un 40% de su territorio. Hacia 1872, los mayores de 13 años no representaban más del 13% de la población total. Pero las bajas no fueron sentidas solamente en el ejército paraguayo: en la batalla de Curupaytí murieron unos 9.000 argentinos.

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Ejército paraguayo en la batalla de Tuyutí, Guerra de la Triple Alianza. Detalle de la pintura de Cándido López. Fuente: E’a Periódico de interpretación y análisis. . [Consulta, 17 de junio de 2013]. Imagen disponible en:

LEER CON ATENCIÓN

El historiador Luc Capdevila realizó un exhaustivo estudio sobre el impacto de la guerra en el Paraguay señalando, entre otros aspectos, la masividad de la movilización de población:

LL C

Desde las primeras batallas libradas contra los tres aliados, entre junio y octubre de 1865, las fuerzas paraguayas sufrieron pérdidas importantes. Para peor, las condiciones sanitarias de la movilización provocaron una fuerte mortalidad en los campamentos […] El 23 de febrero de 1866 Solano López decretó la movilización general. Al día siguiente precisó que nadie estaba exento del “llamado de la nación”, salvo los “notablemente inútiles”, ningún individuo podía ser separado de la conscripción. […] El 16 de marzo de 1866 fue decretada la suspensión de la escolaridad obligatoria para los varones, con el fin de permitir la incorporación de los maestros. La aplicación inmediata del texto es confirmada por el cierre de numerosas escuelas. Al año siguiente la edad de los conscriptos fue oficialmente disminuida a 13 años y aumentada a sesenta para los mayores. […] En el transcurso de las últimas semanas de 1867, al final de una fase de movilización moral, un movimiento femenino se afirmó en la región de Asunción y en las pequeñas ciudades del interior. Las mujeres pidieron portar armas y combatir al lado de los hombres. Batallones femeninos desfilaron con lanzas sobre la espalda en las calles desde Areguá hasta Asunción. (Capdevila, 2010, 41-42 y 51-52)

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EE Serie documental Guerra Guasú (2013), dirección: Alejandro Fernández Mouján y Pablo Reyero, realizado por Canal 7, Argentina, TV Pública digital. http://blogosfera.tvpublica.com.ar/guerraguasu/?p=18

3.3.5. La ocupación del territorio indígena: la conquista de Patagonia y Chaco Lograda la unificación nacional y acallada la resistencia federal en el Interior, la ocupación de los territorios en poder de los pueblos indígenas –Patagonia y Chaco– se convirtió en un tema prioritario del Gobierno nacional. La inserción del país en la economía mundial llevaba la necesidad de incorporar y poner en producción nuevas tierras productivas con el fin de aumentar la exportación de bienes pecuarios. Durante la presidencia de Avellaneda se sucedieron dos proyectos diferentes. Adolfo Alsina, ministro de Guerra impulsó una estrategia defensiva que consistió en la construcción de una zanja de 2 metros de profundidad por 3 de ancho con un parapeto de 1 metro de alto por 4,5 de ancho. La zanja pasaba por los fuertes de Bahía Blanca, Puán, Carhué y Guaminí y logró la incorporación de 56.000 km2 de tierras; el proyecto fue suspendido a la muerte de Alsina que fue reemplazado en el Ministerio por Julio A. Roca y en su proyecto por otro ofensivo que apuntaba a la ocupación total del territorio. La llamada “conquista del desierto” tuvo una etapa inicial que consistió en una ofensiva preliminar con pequeños contingentes cuyo objetivo era ir debilitando las fuerzas indígenas. La segunda etapa era la ofensiva total y fue llevada a cabo por cinco divisiones militares que operaron sobre distintos territorios indígenas. De julio de 1878 a enero de 1879 se realizaron 26 ataques. La ocupación definitiva de la Patagonia concluyó con las expediciones del general Conrado Villegas al lago Nahuel Huapi en 1881 y a los Andes en 1882. Entre 1884 y 1885, el general Lorenzo Vintter nombrado gobernador de Patagonia logró apresar a los jefes indios rebeldes Inacayal y Foyel y el sometimiento del último cacique araucano del sur: Valentín Sayhueque que aceptó las leyes y autoridades del gobierno argentino. Finalizada la guerra con el Paraguay la atención del gobierno se volvió sobre el Chaco. Al igual que en el sur, se realizó primero un plan de desgaste representado por siete expediciones que entre 1870 y 1884 fueron debilitando las fuerzas indígenas. Ese año el ministro Benjamín Victorica encabezó una gran ofensiva que consiguió desbaratarar a los principales grupos, la muerte de varios principales caciques y la prisión de numerosos indígenas. Las acciones militares fueron complementadas con la construcción de caminos que unieron a las distintas zonas de la región. Asimismo, se produjo el avance estatal sobre el territorio dividiéndose la zona en los territorios de Chaco Historia Argentina

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Las fuerzas movilizadas por el gobierno consistieron en 6.000 soldados y 820 indios aliados. Los recursos en ganado comprendieron 7.000 caballos, 1.290 mulas y 270 bueyes. Como resultado de los enfrentamientos se capturaron 10.513 indios de pelea y 46 caciques. La campaña tuvo un costo de 1.600.000 pesos fuertes; con ella se pudo avanzar el territorio nacional en 55 millones de hectáreas. Como resultado colateral se lograron rescatar 150 cautivos y se obtuvieron 150.000 cabezas de ganado.

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y Formosa. Para su gobierno se nombró a los coroneles Manuel Obligado e Ignacio Fotheringham que habían participado de la expedición de conquista. En 1899 una ofensiva generalizada dirigida por el general Lorenzo Vintter llevó a la extinción de los principales cacicazgos de los tobas y mocovíes. Luego de la conquista se planteó la necesidad de definir qué se haría con los indios que habían sido tomados prisioneros. A lo largo del siglo se sucedieron distintos proyectos que reflejaban la carencia por parte del Estado de un plan general y coherente. Los sectores más cercanos a la Iglesia apelaban a la integración de los nativos a través del trato pacífico y la conversión al catolicismo, los medios más idóneos para lograrlo serían la escuela y el trabajo. En ese sentido se proponía la creación de colonias mixtas de inmigrantes e indígenas. Para el Gobierno el medio más efectivo para la “civilización” de los indígenas era el sistema de distribución, es decir, el reparto de ancianos, mujeres y niños entre las familias principales para el servicio doméstico. Los hombres eran utilizados como mano de obra en establecimientos rurales tanto de Buenos Aires como de las provincias de Entre Ríos y Tucumán, o eran destinados al servicio de las armas. Esta política fue duramente censurada en los periódicos de la época porque implicaba la separación de las familias y no demostraba mejorar la condición de vida de los indígenas. Esta decisión gubernamental fue desechada a mediados de la década de 1880 debido a una nueva mirada sobre el problema indígena. El indio ya no era considerado un peligro latente y había dejado de ser un problema prioritario. Se vuelve así a considerar la formación de colonias agrícolas con los restos de las tribus reducidas para lo cual se legisla el otorgamiento de tierras a los indígenas. Relacionado con este debate se encontraba la definición del indio como ciudadano. Si bien había cierto consenso en definirlo como tal, se evidenciaba en los discursos de la época la existencia de dos tipos de ciudadanos: los verdaderos ciudadanos argentinos representantes de la civilización y los ciudadanos indígenas representantes de la barbarie. De hecho los indígenas no gozaron por mucho tiempo de los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional a los ciudadanos.

PARA REFLEXIONAR

En la actualidad, varios historiadores y antropólogos definen las campañas de conquista de los territorios indígenas como políticas genocidas considerando que existió un plan sistemático de aniquilar a las poblaciones originarias. Algunos de estos autores retrotraen esta política a inicios del siglo XIX.

PP

LECTURA RECOMENDADA

RR

Intervenciones de Florencia Roulet, Diego Escolar y Julio Vezub en: VVAA. «Genocidio y política indigenista: debates sobre la potencia explicativa de una categoría polémica», [en línea. En: CORPUS Archivos virtuales de la alteridad amaericana Vol. 1, Nº 2 Julio-diciembre, 2011. Disponible en: [Consulta: 10 de mayoo de 2013].

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EE

Canal Encuentro. Historia de un país. Argentina siglo XX. Campaña del desierto [Consulta: 14 de mayo de 2013]. Disponible en:

2. A partir de la lectura recomendada y el documental de Canal Encuentro sobre la conquista del desierto, respondan las siguientes preguntas: a. ¿Cuáles son los argumentos utilizados para sostener que la conquista del territorio indígena puede ser considerada un genocidio? b. ¿Desde qué momento histórico se señala la existencia de prácticas genocidas? c. ¿Cuál es la posición del documental con respecto a este tema? d. ¿Qué argumentos se plantean para englobar como prácticas genocidas a las campañas nacionales contra los caudillos federales del Interior?

KK

3.4. Del surgimiento a la consolidación del modelo agroexportador

CC

“Los símbolos que destaca la nueva generación en el poder son […] la apertura a la civilización europea, […], a los capitales, la inmigración, la libre navegación de los ríos, los ferrocarriles y la política de colonización agrícola. Los discursos de la época están plagados de estos tópicos y ellos insisten en destacar la absoluta novedad de todos estos elementos en oposición a la barbarie y el atraso que los precede. Y sin embargo, más allá de los discursos, a nivel del agro e incluso de las políticas agrarias, las transformaciones son menos notables que lo proclamado con tanta vehemencia y a su vez, los cambios que acaecen dependen menos de la voluntad de los gobiernos que de otros factores” (Barsky y Gelman, 2001:136).

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LECTURA OBLIGATORIA

Barsky, O. y J. Gelman (2001), “Desierto y Nación: cambios y continuidades entre 1850 y 1810”, en: O. Barsky y J. Gelman, Historia del agro argentino, Mondadori, Buenos Aires, pp. 135-163.

OO

La cita precedente rompe con una idea muy tradicional de la historiografía argentina que insiste en los profundos cambios producidos luego de la caída de Rosas; por el contrario, actualmente se tiende a ver que las continuidades fueron más marcadas de lo que se suponía donde lo que primó fue la aceleración de procesos que ya habían comenzado en el período anterior. A la apertura del comercio que trajo la independencia se sumaron desde la década de 1850 cambios vinculados con la economía internacional. La demanda europea de alimentos y bienes primarios a bajos precios comenzó a provocar cambios significativos en las condiciones de producción de las regiones que podían producirlos y exportarlos; de esta forma, en varios países latinoamericanos algunas regiones fueron reorientando y especializando su producción en función de los cambios en la demanda externa. Ello era posible también por la generalización de la navegación a vapor que abarataba costos, reducía tiempos de traslado y aumentaba la capacidad de carga. A su vez, los capitalistas europeos buscaban nuevas oportunidades de inversión más allá de sus propios países y hacia 1870 la Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica en donde los inversores ingleses colocaron sus capitales. La primera iniciativa en la construcción de ferrocarriles correspondió al gobierno de Buenos Aires que con la ayuda de capitales privados inauguró en 1857 el Ferrocarril Oeste. A poco de instalado el gobierno central se encaró la construcción del Ferrocarril Central que tenía como primer tramo la unión de Rosario con Córdoba. El trazado de esta línea, realizada con capitales ingleses, pasaba por zonas prácticamente despobladas. La expectativa era que el paso del ferrocarril incentivara la producción en aquellas áreas. El Ferrocarril del Sur comenzó a construirse a mediados de la década de 1860 con capitales ingleses. Al igual que la línea Oeste el objetivo era unir zonas productoras con la ciudad de Buenos Aires para garantizar la comercialización de la producción agropecuaria.

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Estación Chascomús del Ferrocarril del Sud, ca. 1875. Colección del Archivo General de la Nación. Christiano Junior (atribuída). Obtenida del libro: «Un país en transición. Fotografías de Buenos Aires, Cuyo y el Noroeste, 1867-1883», Ediciones Fundación Antorchas. Fuente: Museo Ferroviario Ranchos. . [Consulta: 10 de junio de 2013]. Imagen disponible en:

La construcción del Estado nacional fue igualmente decisiva para la implementación de una legislación sobre tierras apoyada en principios liberales donde la propiedad privada y la libre iniciativa de los empresarios fueran los pilares fundamentales. El gobierno intentó imponer a toda la vida social dentro de un marco jurídico liberal con el objetivo de crear una sociedad y un Estado modernos acorde con el pensamiento político de la época. El liberalismo, la concepción ideológica imperante en Europa que hacía sentir su influencia también en América, proclamaba la libertad del individuo que debía garantizarse mediante el goce de una serie de derechos. Uno de estos derechos fundamentales era el de la propiedad privada y en este esquema el Estado se convertía en el garante del disfrute de estos derechos. Los principios liberales se plasmaron en general, en constituciones y códigos –como el Código Civil o el Código Penal– que tenían el objetivo de aportar normas y reglas que debían ser aceptadas y de esta manera se reglamentaba la convivencia social. En lo que respecta a la producción agropecuaria, la sanción del Código Rural en 1865 sistematizaba un conjunto de prácticas y derechos consuetudinarios en la provincia de Buenos Aires. En el mismo se avanzaba decididamente en la protección de la propiedad privada limitando el acceso a recursos considerados de libre acceso como la paja, la leña, la piedra, etcétera.

CC

Ahora, el proceso de apropiación jurídica de la tierra en Buenos Aires estaba casi acabado y los sistemas legales que la regían (Código Rural provincial, Códigos nacionales Comercial y Civil) habían sido perfeccionados desde el punto de vista del resguardo del derecho de propiedad, como lo entendían los hombres que dirigían el país […]. Ya no era posible cruzar los campos alambra-

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dos para llevar su tropilla de azulejos a pastar o su majadita a beber, tampoco se podía cortar leña para cocinar o paja para techar el rancho sin pedir permiso, como lo había permitido la costumbre desde tiempo inmemorial. Ni era posible salir a cazar nutrias, a bolear avestruces o a correr unas gamas por el campo abierto. (Garavaglia, 2007: 342)

La llegada de comerciantes ingleses que tenían mayores contactos con los mercados ultramarinos y nuevas técnicas de comercialización que los vinculaban de manera más directa con los productores, llevaron al desplazamiento de algunos comerciantes locales que giraron sus actividades, y su dinero, hacia el agro. Estos nuevos estancieros mantendrían la diversificación de sus inversiones utilizando parte de su capital en la compra de propiedades urbanas, en actividades crediticias y en la compra de fondos públicos.

3.4.1. El auge de la lana y la colonización agrícola en el Litoral A la primacía absoluta de la producción de ganado vacuno que imperó desde la década de 1820 se fue agregando la lana como nuevo rubro de exportación en la década de 1840. Tal fue su éxito para satisfacer la demanda de la industria textil europea a partir de la década de 1850 que se convirtió en la principal exportación del Litoral. La creciente demanda de lana llevó a la incorporación de animales de raza dando origen a un proceso de mestizaje y refinamiento del ganado para adaptarlo a la demanda europea. Esta especialización produjo modificaciones en la estructura productiva. El mestizaje requería un cuidado más intenso del ganado y aumentó la necesidad de mano de obra; además, fue necesario el cercamiento de las parcelas para garantizar el cuidado de los rebaños y por ello comenzó a emplearse el alambrado, que modificó profundamente las costumbres rurales en la década de 1870. La producción ovina en la provincia de Buenos Aires, se basó en dos tipos de unidades productivas muy diferentes: las grandes estancias y las pequeñas y medianas explotaciones familiares de pastores que generalmente pagaban el arriendo de los campos con parte de la producción. Entre ellos había tanto campesinos criollos como inmigrantes vascos e irlandeses. El crecimiento de la cría de ovinos fue transformando el uso del espacio bonaerense y aumentó la necesidad de nuevas tierras pues mientras las ovejas ocupaban las tierras más cercanas a la ciudad, la cría de vacunos se fue desplazando hacia la frontera. La producción agrícola tuvo un impulso mucho mayor con el desarrollo de la colonización en Santa Fe y el sur de Córdoba, aunque recién en la década de 1870 comenzó a manifestarse en las exportaciones. La construcción de un Estado unificado ayudó a este proceso y permitió a muchos empresarios realizar inversiones en varias provincias. Entre 1850 y 1880 el Estado vendió a particulares más de cinco millones de hectáreas en Buenos Aires y más de dos millones en Santa Fe y Córdoba. A partir de la década de 1850, la creciente necesidad de mano de obra para llevar adelante la expansión agropecuaria llevó a que desde los distintos gobiernos porvinciales del litoral se promoviera la llegada de inmigrantes europeos. Estos formaron colonias agrícolas que recibieron tierras por parte del Estado para su asentamiento.

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Una mención especial merece la colonización galesa de la Patagonia ya que se realizó en una zona totalmente aislada del resto del territorio poblado. La primera de las colonias que se fundó (1865) fue Trelew o “Pueblo Luis” en honor a uno de sus fundadores Luis Jones. Este primer contingente se componía de 132 personas; diez años más tarde la población había aumentado a 500 colonos galeses. La gran distancia que separaba esta colonia del resto del territorio poblado llevó a la necesidad de establecer una relación amistosa con los indios tehuelches que habitaban la región. De este contacto surgió un fluido comercio que posibilitó, en los momentos iniciales de la colonia y en períodos de malas cosechas, la subsistencia de los habitantes galeses.

Santa Fe fue la provincia pionera y más exitosa en el Litoral en establecer colonias agrícolas. La Colonia Esperanza a ocho leguas de la ciudad de Santa Fe fue creada en 1856 con 200 familias de inmigrantes suizos, alemanes y franceses. Los comienzos de esta colonia fueron muy duros por escasez de abrigo y por la pérdida de cosechas a consecuencia de la seca y de la plaga de langosta. Como consecuencia de esto, en el primer año de vida 300 de los 1.200 colonos que se habían asentado, abandonaron la colonia. Con el tiempo la situación fue mejorando y a 10 años de su instalación se producía trigo, cebada, maíz, maní y papas. En sus inicios, la colonización santafesina tuvo un fuerte impulso por parte del gobierno provincial. Ofrecía tierras a bajo precio a las compañías colonizadoras y de este modo favoreció el desarrollo comercial a través del ferrocarril entre Rosario y Córdoba que garantizaba el acceso de la producción a los mercados.

Rosario-Elevadores, Colección de postales de Rosario, Museo de la ciudad. Fuente: Museo de la ciudad. . [Consulta: 10 de junio de 2013]. Imagen disponible en:

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La colonización en Entre Ríos tuvo la característica de conformar islas étnicas que convivían aisladamente de la sociedad criolla. Moisesville fue una de las ocho colonias conformada por rusos alemanes en la provincia. En ellas, la organización era comunitaria y existía un Consejo Directivo que determinaba las tierras que debían ser aradas, en barbecho, pastoreo y cuestiones que los vinculaban con el exterior como compra de nuevas tierras.

La necesidad de mano de obra en el Litoral también incentivó un proceso de migraciones internas procedente fundamentalmente de algunas provincias del norte (Santiago del Estero, Córdoba y, en menor medida, de las provincias cuyanas). En la primera región, la escasez de tierras y los bajos salarios pagados por los estancieros llevaron a los trabajadores rurales a intentar mejor suerte en las nuevas tierras que se estaban poblando en las provincias del litoral.

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Si se intenta describir el mundo pampeano desde los cambios económicos de fines del siglo XIX es posible diseñar retrospectivamente un mapa dividido en cuatro áreas o zonas teniendo en cuenta las distinciones existentes en la ecología, forma de acceso a los mercados, régimen de propiedad de la tierra, especialización productiva e historias de colonización.

1) La zona de antiguo poblamiento: norte de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. […]. 2) El centro agro-pastoral. Estas tierras ubicadas al sur del río Salado fueron lentamente pobladas durante el siglo XIX […]. 3) El nuevo sur. La incorporación de tierras se produjo lentamente a partir de 1820, las posteriores campañas militares intentaron “liberar” los campos de las incursiones indígenas pero ello no fue posible hasta la década de 1870 […]. 4) El oeste productor de cereales. Esta región ocupaba la superficie de los departamentos del sudoeste de la provincia de Buenos Aires y del este de la provincia de La Pampa. […] En cada una de estas provincias que partieron a mediados de siglo de condiciones políticas, sociales y económicas diferentes, se ensayaron modelos de colonización y poblamiento que exigían, según los casos, una mayor o menor intervención del Estado o de los empresarios. En tal sentido aparecen dos casos extremos: el de Santa Fe que para sortear el estancamiento tuvo como única opción recurrir a la colonización dirigida y el de Buenos Aires donde la existencia de una burguesía más consolidada fue capaz de llevar por sí sola la expansión, limitándose la presencia estatal a conducir una política de fronteras que sustentara el desarrollo capitalista. (Zeberio, 1999:323-325)

3.4.2. Las economías regionales del Interior La década de 1850 no produjo cambios sustanciales en la vida económica del Interior. Entre esa fecha y 1880 se dio un proceso de acumulación de capitales que permitió dos décadas más tarde la reconversión productiva del Norte y Cuyo donde pueden identificarse dos modelos productivos exitosos. Uno, mercantil-manufacturero con epicentro en Tucumán y el otro ganadero-comercial

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con eje en Mendoza, tema que desarrollaremos en profundidad en en la próxima unidad. Lo más característico de esta etapa para el primer modelo productivo del noroeste fue la pervivencia de las economías campesinas y los mercados hacia donde se dirigía la producción. En efecto, hasta 1880, Tucumán desarrolló una economía muy diversificada que abastecía a una diversidad de mercados: al Litoral con suelas, tabaco, quesos y aperos de montar; a Bolivia fundamentalmente con manufacturas de cuero y a los mercados de la región con artículos de cuero, azúcar y aguardiente. Esta diversificación productiva llevó al desarrollo de una importante cantidad de curtiembres, ingenios y talleres ubicadas principalmente en el ámbito urbano. En los valles tucumanos el cultivo del azúcar y del tabaco abastecía la demanda local y las necesidades de exportación a diferentes mercados. Otros cultivos como el maíz, el trigo y el arroz eran básicamente consumidos en la provincia aun cuando por momentos hubo excedentes exportables hacia las provincias vecinas. En la década de 1870 una fuerte crisis en la industria de la curtiembre y la llegada del ferrocarril, incentivaron una transformación de la economía que se orientó decididamente hacia la producción de azúcar.

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Uno de los rasgos distintivos de la agroindustria azucarera tucumana es la presencia de un significativo sector de pequeños y medianos propietarios dedicados al cultivo de la caña de azúcar. Su origen y evolución constituyó una singularidad de la agroindustria tucumana comparada con la estructura del complejo azucarero saltojujeño que integró la plantación y elaboración en una misma unidad productiva. (Bravo, 1999: 201)

3.4.3. La crisis de 1873 La estructura financiera del país se asentaba sobre una balanza comercial deficitaria merced a un nivel de importaciones que excedía a las exportaciones. Para cubrir el déficit de la balanza comercial y enfrentar el gasto público el gobierno dependía en alto grado de los empréstitos extranjeros. En 1873 se inició en Europa una crisis de rentabilidad por el saturamiento de los mercados de bienes primarios e industriales. Para paliar los efectos de la crisis los países europeos iniciaron una política proteccionista de su economía. Este giro en la política económica mundial incidió negativamente en nuestro país al producirse una disminución en la demanda de cueros y lana y un descenso de los precios internacionales de esos productos. Por otro lado, se hizo cada vez más difícil la obtención de nuevos empréstitos en el exterior. De esa manera las deudas debieron ser cubiertas con una disminución de las exportaciones y una contracción del gasto público. La crisis afectó en un primer momento a los sectores urbanos y al sistema bancario; en 1876 tuvo su impacto más profundo sobre los productores rurales. Con anterioridad a la misma se había verificado un auge en el sistema bancario. En 1872 se habían fundado el Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires, el Banco Nacional y varios otros bancos con capitales extranjeros y nacionales. El primer efecto de la crisis fue el retiro de metálico que el Gobierno nacional comenzó a realizar de los bancos y que utilizaba para saldar una balanza comercial deficitaria. La disminución de las reservas metálicas llevó a una rápida contracción de los créditos y a que varias instituciones

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bancarias debieran cerrar sus puertas ante la imposibilidad de garantizar sus operaciones. Al igual que en Europa, la crisis planteó en el país un debate entre posiciones librecambistas y proteccionistas. La creciente disminución de las compras realizadas por los países europeos, embarcados en políticas tarifarias que buscaban proteger a las industrias locales, hacía necesario revisar la posición sostenida hasta el momento que se basaba en impulsar la producción de bienes primarios para la exportación. Esta polémica se evidenció fuertemente en el Congreso durante los años 1875 y 1876 al tratarse la Ley de Aduanas que establecía tarifas aduaneras para proteger fundamentalmente a algunas industrias del Interior. Hacia 1879 la situación comenzó a revertirse. La drástica disminución de las importaciones llevó a que la balanza comercial diera saldos positivos a la vez que los precios internacionales de los cueros y lana volvían a equilibrarse. En 1867 el Banco de la Provincia de Buenos Aires creó la Oficina de Cambios estableciéndose el régimen de convertibilidad de la moneda. Este régimen significaba que todos los billetes emitidos tenían garantía metálica en una relación de 25 pesos papel por 1 peso oro. Los efectos de la crisis llevaron a que se decretara la inconvertibilidad de la moneda en el año 1876 situación que persistió hasta 1881.

3.5. La nueva sociedad La llegada de inmigrantes modificó la fisonomía de la sociedad y su distribución en el territorio nacional. En 1869 se realizó el Primer Censo Nacional y los resultados obtenidos mostraban una gran dispersión de la población con una fuerte concentración en el Litoral y nucleos poblacionales en el Interior que reflejaban un gran aislamiento. En efecto, los datos poblacionales asignan los siguientes porcentajes: Zona este (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes), 48,79%; Zona centro (Córdoba, San Luis, Santiago del Estero), 22,83%; Zona oeste (Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca) ,14,64% y zona norte (Tucumán, Salta, Jujuy), 13,74%. Un dato importante que arrojaba el censo se relacionaba con la tasa de escolarización alcanzada para ese momento. Si bien el sistema educativo nacional se estructuró a partir de la Ley 1420 (1884), el período previo refleja un importante impulso inicial. Mientras que en 1850 sobre una población escolar calculada en 183.000 niños solo el 6,5% asistía a las escuelas, para la época del primer censo nacional, el porcentaje se había elevado al 20,4%. A partir de la década de 1860, los sucesivos gobiernos nacionales se plantearon la necesidad de impulsar fuertemente la educación como un medio de modernizar la sociedad y homogeneizar culturalmente a la población nativa e inmigrante. Bartolomé Mitre centró su interés en la educación media y superior. Para Sarmiento, por el contrario, el énfasis debía estar puesto en la instrucción primaria. Estas medidas llevaron a un incremento significativo de los niveles de asistencia escolar. En 1850, de un total de 183.000 niños en edad escolar, sólo 11.903 (un 6,5%) asistían a establecimientos educativos. En 1869, la cantidad de alumnos llegó a 82.679, lo que representaba el 20,4% del total de niños en edad escolar.

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Población escolarizada según jurisdicciones en 1850 y 1869 Localidades 1850 1869 Capital Federal ---46,5 Buenos aires 5,2 20 Santa Fe 14 21,5 Entre Ríos 33,6 21,8 Corrientes 14,2 20 Córdoba 2 17 San Luis sin datos 15 Santiago del Estero 0,8 11 Mendoza 13,7 12,3 San Juan 3,1 34 La Rioja 4,1 24 Catamarca 3,9 13,4 Tucumán 4,3 12 Salta 5,1 14 Jujuy 3 23 Fuente: (Eujenian, 1999: 550)

A pesar de que los datos anteriores evidencian un avance en la escolarización, el analfabetismo seguía siendo muy alto.

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Si desagregamos estos datos para la provincia de Buenos Aires, tenemos como resultado que el analfabetismo entre la población activa de la ciudad de Buenos Aires llegaba al 38%. Entre los peones […] en su mayoría extranjeros, la proporción era aún más notable, elevándose el índice de analfabetismo al 58%. En la campaña, los peones […] eran en su mayoría nativos que vivían en las áreas rurales y entre los cuales se hacía evidente la participación de migrantes del interior. De ellos, el 77% eran analfabetos, superando la media para la población activa, del 36,3%. Mientras que en el sector del comercio, en el que predominaban españoles seguidos por italianos y franceses, el analfabetismo llegaba al 50%. (Eujenian, 1999: 550-551)

3.5.1. El espacio público en Buenos Aires: opinión pública y las nuevas formas de sociabilidad Luego de 1852, con el fin del régimen rosista y el triunfo de la facción liberal en Buenos Aires surgen nuevos espacios de sociabilidad en donde comienzan a participar, a diferencia de periodos anteriores, los sectores subalternos. Comenzaba, también, una etapa nueva en la historia del asociacionismo argentino, caracterizada por un enorme incremento de experiencias más claramente modernas que las anteriores al constituir expresiones espontáneas de una sociedad civil que se volvía más compleja. Surgen en este periodo asociaciones voluntarias de todo tipo –de ayuda mutua, de oficio, deportivos, logias masónicas además de comisiones pequeHistoria Argentina

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ñas y destinadas a fines puntuales como erección de monumentos o estatuas, sociedades carnavalescas– a la vez que se expande notablemente la prensa periódica. Otra novedad de este momento se relaciona con el mayor número de adhesiones que se obtienen donde se destaca la incorporación de un público mucho más heterogéneo que abarca sectores muy diversos a la vez que se implementan novedosas modalidades de funcionamiento –como la elección libre de autoridades por parte de los socios o la realización periódica de asambleas. La opinión pública, a su vez, tuvo un campo propicio de expansión en la proliferación de periódicos que recogían los debates políticos del momento.

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La activa y diversa producción de diarios y otros impresos se convirtió en una constante como consecuencia de la normativa constitucional que garantizaba la libertad de expresión, la expansión de grupos de opinión y de asociaciones y el febril protagonismo de periodistas fogueados en el exilio y de otros, más jóvenes que se enrolaron después de 1860 en la carrera de formar opinión convencidos todos de que el desarrollo periodístico se convertía en umbral de la “civilización”. (Bragoni, 2011: 243-244)

LECTURA OBLIGATORIA

Sabato, H. (2004), “La sociedad civil y sus redes”, en: La política en las calles. Entre el voto y la movilización 1862-1880, Editorial de la UNQ, Bernal, pp. 53-80.

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Dentro de la literatura, un punto de encuentro entre la cultura de elite y la cultura popular se plasmó en la poesía y novela gauchesca. La cultura de elite, caracterizada hasta bien entrado el siglo XIX por la influencia de estilos literarios europeos se expresaba a través de escritos literarios, ensayos. Al lado de esta cultura letrada existía otra, característica de los sectores populares. Una de las marcas distintivas entre una y otra era el modo de difusión: la cultura escrita de la elite se contraponía a la cultura oral de los sectores populares. En las provincias, esas leyendas y cantares fueron más tarde recogidos en compilaciones escritas que dieron origen a un extenso cancionero popular. Hacia fines de siglo este panorama se modificó al producirse cambios de importancia en la visión de los intelectuales. El gaucho dejó de ser una figura que representaba a un personaje holgazán, fuera de la ley, símbolo de la ignorancia y del atraso rural para convertirse en un elemento integrante de la cultura nacional. Obras como El gaucho Martin Fierro de José Hernández y, más tarde, Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez, supusieron una manera peculiar de relación entre el mundo de la alta cultura y la cultura popular en la medida en que el lenguaje y las temáticas eran de los sectores populares y que los sectores dominantes se apropiaban de ellos para crear bienes que consumirían los dos sectores. Esa relación se irá afianzando luego de los años ochenta y, sobre todo, a principios de siglo, cuando se alfabetice la población y se constituyan las bases de la industria cultural. De manera no tan marcada como el anterior, la imagen del indio también fue revisada en algunos textos que brinHistoria Argentina

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daron una mirada más benigna como sucedió con la obra de Lucio Mansilla, Una excursión a los indios ranqueles. En este período surgen las primeras narrativas nacionales escritas por Bartolomé Mitre y Vicente F. López que constituyen el punto de partida de la historiografía argentina. Las diferencias entre ambos autores eran muy marcadas: para Mitre era posible realizar una reconstrucción “objetiva” de la historia mediante una operación de crítica de los documentos; para López, en cambio, el historiador debía romper con los dictados de éstos aplicando una operación conjetural y literaria para hacer “revivir” el pasado.

LEER CON ATENCIÓN

Si el surgimiento y expansión de la esfera pública puede registrarse en todo el territorio nacional, es indudable que los mayores avances se concentraron en la ciudad de Buenos Aires. Según analiza Pilar González:

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La historia del siglo XIX argentino, y más particularmente la del proceso de construcción de una nación, no podría comprenderse sin tomar en cuenta los objetivos geopolíticos tramados en torno de la ciudad puerto de Buenos Aires. Una abundante literatura histórica recuerda las dificultades específicas que, para la organización nacional, plantea una ciudad puerto que pretende monopolizar los beneficios de su emplazamiento en desmedro de un territorio que imagina como un vasto interior tributario. Las prolongadas y sangrientas guerras civiles también dan testimonio de un destino de sumisión que dista entonces de despertar la unanimidad de las elites regionales. En ese vaivén de proyectos constitucionales y conflictos militares se construye esta nueva representación de la nación que se concibe no solo como una sociedad de derecho, sino como una sociabilidad vinculada a una cultura urbana cuyo marco ha llegado a ser, entretanto, la ciudad de Buenos Aires. Así, la ecuación de la nación no pasa únicamente por la esfera pública, sino por un espacio físico preciso asociado a la cultura cívica: la ciudad de Buenos Aires. Si esta asociación entre ciudad y nación está presente desde el movimiento insurreccional de Buenos Aires, que pretende entonces representar a la totalidad de las ciudades del Virreinato del Río de la Plata, durante los años de secesión, período antinacional por excelencia, se introducirá todo un dispositivo para hacer del conjunto de la comunidad urbana un modelo de pertenencia cultural, a partir del cual pueda pensarse y construirse la nación argentina. (González, 2001: 322)

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4 El orden conservador (1880-1916) Introducción 1880 es un año emblemático. En el orden económico, señala el comienzo de un periodo de extraordinaria expansión, que sólo hacia 1930 se vería seriamente cuestionada. El monumental crecimiento de las exportaciones, gracias a la abundancia de tierras y la continuidad de los aportes de población y capital europeos, contribuyeron a colocar a la Argentina entre los países de destino más promisorio de su época. En lo social, aunque con pronunciados contrastes regionales, la masiva llegada de inmigrantes europeos produjo radicales transformaciones en todos los ámbitos, reconfigurando tanto los sectores populares como las elites. Finalmente, en el orden político predominó un sistema exclusivista de “gobierno elector” que aseguraba la sucesión al partido gobernante. Hacia 1890, este sistema comenzó a ser discutido desde afuera y desde adentro de la clase dirigente. Desde afuera, fue particularmente notable el surgimiento de una oposición que se nucleó en estructuras partidarias, como fue el caso de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Partido Socialista (PS) o de organizaciones alternativas al partido político, como lo hicieron los anarquistas. Desde adentro, se recortó una facción regeneracionista que, entre otras medidas, sería la impulsora de la reforma electoral de 1912.

Objetivos de la unidad •• Caracterizar el sistema político conservador e identificar los cambios que atraviesa a lo largo del periodo 1880-1916. •• Definir los principales procesos de modernización en sus diversos niveles. •• Contrastar las situaciones regionales reconociendo las disparidades del crecimiento económico. •• Conocer las impugnaciones al régimen conservador y los canales a través de las cuales se desplegaron.

4.1. El PAN y las herramientas políticas de un “gobierno elector” Como se vio en la unidad anterior, en 1879 y bajo los auspicios del presidente Nicolás Avellaneda y de la Liga de Gobernadores, el general Julio A. Roca fue promovido a la candidatura presidencial. Tucumano y líder de la “campaña al desierto”, Roca representaba la prenda de unión de las oligarquías provinciales y a la vez el personaje providencial Historia Argentina

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para saldar las lacerantes disputas entre Buenos Aires y la Nación que habían ensombrecido las etapas precedentes. En contraste, hacia 1880, buena parte de los problemas pendientes parecían definitivamente resueltos: Buenos Aires ya había sido capitalizada, las díscolas montoneras y los malones indios habían quedado en el pasado y parecían darse las condiciones para aprovechar al máximo una coyuntura económica internacional ampliamente favorable. Símbolo del clima de reconciliación imperante era también el Partido Autonomista Nacional (PAN), patrocinante de Roca y síntesis de los partidos que anteriormente se habían disputado la preeminencia política: el Autonomista y el Nacional. El PAN habría de controlar la política del periodo, caracterizada por los historiadores como “conservadora” u “oligárquica” dada la virtual ausencia de competencia, la manipulación del sufragio y la percepción contemporánea de la identidad entre los opulentos sectores terratenientes y la clase política.

LEER CON ATENCIÓN

Aunque la constitución de 1853 establecía el sufragio universal masculino (no obligatorio), pocos ciudadanos se acercaban a las urnas a votar. Entre los que lo hacían, predominaban los empleados estatales, movilizados a través de mecanismos clientelares por caudillos o punteros. Para los hombres del PAN la ritualidad de las elecciones era considerada necesaria pero no se esperaba que el gobierno elegido reflejara la voluntad popular de una ciudadanía concebida como inexperta.

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Durante el gobierno de Roca se sancionaron un conjunto de leyes que consolidaron el Estado, centralizándolo y acrecentando sus atribuciones. Entre ellas, podemos destacar la disolución de la Guardia Nacional, la ley de Unificación Monetaria (1881), la de Territorios Nacionales (1884) y las de Registro Civil (1884) y Educación Común (1884). El primer proceso reforzaba al Ejército Nacional, asegurándole al Estado el monopolio de la violencia. En cuanto a los territorios nacionales, conformaban para entonces vastísimas extensiones, la mayoría conquistadas a las sociedades indígenas y dependientes del poder ejecutivo que designaba sus autoridades. Por fin, las dos últimas leyes implicaban el avance estatal sobre la Iglesia Católica que había llevado hasta el momento el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones y poseía una decisiva influencia en las escuelas. No obstante, sólo el carácter laico de la educación prescripto por la ley de Educación Común 1420 fue objeto de discusiones acaloradas y tanto las leyes de divorcio como la separación entre Iglesia y Estado quedaron en el tintero.

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Di Stéfano, R. «El pacto laico», [EN LÍNEA]. En: Historia y religión. Recursos para investigadores. . 2012. Disponible en: [Consulta: 10 de junio de 2013].

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Esta frenética actividad legislativa tuvo lugar en un escenario poco conflictivo. La expansión económica adormecía la actividad política, buena parte de la población era extranjera y no se encontraba habilitada para votar y las herramientas del régimen resultaban todavía eficaces para traspasar el poder sin mayores dificultades. Nada hacía prever entonces que el elegido para suceder a Roca en 1886 –su cuñado Miguel Juárez Celman– concluiría abruptamente su gobierno en 1890. En efecto, el flamante presidente no tardó en separarse de la tutela de Roca para rivalizar con él en el liderazgo político. Por un momento, pareció alcanzar aquel objetivo, detentando conjuntamente la presidencia del partido y la de la república. Esta concentración de poder fue calificada como Unicato por los adversarios de Juárez, que fueron multiplicándose dentro y fuera del PAN. Para compensar la pérdida de consenso, el presidente intentó consolidar sus apoyos en el Interior, favoreciendo a sus aliados, por ejemplo, con la Ley de Bancos Garantidos, que descentralizaba la emisión de moneda. No obstante, Juárez Celman no consiguió disipar el descontento frente a una administración tenida por autoritaria y corrupta.

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Gallo, E. (2000), “La consolidación del Estado y la reforma política (1880-1914), en: Academia Nacional de Historia. Nueva historia de la nación argentina, vol. 4, La configuración de la república independiente (1810-1914), Planeta, Buenos Aires.

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4.2. La revolución de 1890 y el surgimiento del radicalismo En 1889 un núcleo de jóvenes universitarios dio origen al primer movimiento de oposición al régimen juarista: la Unión Cívica de la Juventud. En poco tiempo, el grupo fue aumentando su influencia a la par que se sumaban a sus filas hombres provenientes del mitrismo, del autonomismo y también algunos católicos críticos de las leyes laicistas. La mayoría de estos opositores pertenecía a los sectores altos y, más que una propuesta en común, articulaba una crítica de tono moral hacia el Gobierno. También los convocaba cierta nostalgia de una tradición republicana que consideraban traicionada desde 1880.

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En julio de 1890, perdido ya su sesgo juvenilista, la Unión Cívica organizó una revolución cívico militar que procuró deponer al gobierno. Aunque fue derrotada por las armas, quedó en evidencia la vulnerabilidad del presidente quien, desprovisto de apoyos, dejó el mando en manos de su vice Carlos Pellegrini, en aquel momento firme aliado de Julio Roca.

Revolución de 1890, Buenos Aires Fuente: El Historiador. . [Consulta, 10 de junio de 2013]. Imagen disponible en:

La revolución de 1890 alumbró un partido de oposición, que alcanzó una identidad más definida a partir de la fractura de la Unión Cívica y la retirada de su ala mitrista. En efecto, la invitación del presidente Carlos Pellegrini a integrar un gobierno de coalición para conjurar la crisis, reconfiguró el mapa de las alianzas políticas una vez más. En este contexto surgió en 1891 la Unión Cívica Radical, cuyo líder más visible fue Leandro Alem, antiguo autonomista y partidario de una actitud crítica e intransigente hacia el gobierno. El lema que condensaba aquella crítica era “la Causa contra el Régimen” según la cual los radicales encarnaban la ética y ninguna concesión podían hacer frente a un sistema corrupto de elecciones viciadas y de concentración del poder. Por otra parte, como ha sostenido Paula Alonso (2001), Alem esgrimía una concepción muy particular de la revolución, que aspiraba a una “vuelta atrás”. Así, el reclamo de la puesta en vigencia o la realización de los principios de la Constitución de 1853 –que se consideraban abandonados– fungía como vaga propuesta opositora.

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LECTURA OBLIGATORIA

Alonso P. (2001), “La Unión Cívica Radical: oposición y triunfo (1890-1916)”, en: Falcón R. (dirección de tomo), Democracia, conflicto social y renovación de ideas (1916-1930), tomo VI de Juan Suriano (director) Nueva Historia Argentina, Sudamericana, Buenos Aires, pp. 209-258.

OO

LEER CON ATENCIÓN

Hacia 1890, tanto el PAN como la oposición se encontraban divididos y debilitados. Mientras que el primero se recompuso cooptando a algunos hombres notables de la Unión Cívica, la UCR surgió de las cenizas de la revolución de 1890, conocida como la Revolución del Parque, hito fundacional de su historia. El telón de fondo fue una profunda crisis económica –que estudiaremos más adelante- que visibilizó las limitaciones de un modelo de crecimiento que parecía invulnerable.

LL

La continuidad y fortalecimiento posterior del PAN le debió mucho al liderazgo reconquistado de Julio A. Roca. El sucesor de Carlos Pellegrini, el anciano Luis Sáenz Peña (1892-1895), fue ungido por el caudillo (en lugar de su hijo Roque, candidato de la corriente modernista de los ex seguidores de Juárez Celman) y, tras la breve presidencia del vice José Evaristo Uriburu (1895-98), Roca pudo regresar a la primera magistratura (1898-1904). No obstante, los hechos de 1890 dividieron profundamente al grupo dirigente y las impugnaciones al régimen continuaron. En 1893, la UCR intentó sin éxito revoluciones en varios puntos del país, debilitando aún más al gobierno de Luis Sáenz Peña. Fue también a partir de 1890 que los círculos terratenientes comenzaron a articular una fuerza opositora y crítica del PAN –la Liga Agraria– que se proponía como expresión política del grupo económico más próspero de la época.

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Revoluciones de 1893 Tropas del Ejército Revolucionario Radical tras su entrenamiento en Temperley, 1893. Autor desconocido. Fuente: Dominio público. [Consulta 10 de junio de 2013]. Imagen disponible en: .

Los cambios de humor del oficialismo y de la oposición acompañaban de cerca las vicisitudes del proceso económico. La crisis de 1890 –que veremos más adelante– inauguró una recesión que afectó más duramente a los sectores trabajadores. Los flujos inmigratorios se interrumpieron, la desocupación se incrementó y el acceso a la propiedad y al crédito quedó severamente restringido.

4.3. Las izquierdas: socialistas y anarquistas Mientras la UCR se conformaba como partido político, otras fuerzas de oposición organizaban sus estructuras. A diferencia de la primera, las segundas se pretendían clasistas y aspiraban a conquistar y a representar a los trabajadores. Además de las restricciones del sistema político, las izquierdas se toparon con dificultades adicionales como la segmentación étnica de los trabajadores, su alta movilidad y las aspiraciones al ascenso individual al alcance de muchos de ellos. Sólo después de superada la crisis de 1890, la prédica de las izquierdas encontró un público más amplio y receptivo. Los círculos socialistas de inmigrantes europeos se habían iniciado en Buenos Aires en la década de 1870. El surgimiento del partido en 1896 expresaba, además de la argentinización de su dirigencia, la decisión de intervenir en la política a través de diversos canales, en particular, el de la concientización ciudadana y la participación electoral. Para lograr el primer objetivo, los Historia Argentina

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socialistas impulsaron múltiples iniciativas, desde la fundación de bibliotecas populares hasta la organización de cooperativas de vivienda y consumo que tenían por destinatarios a los trabajadores. Por otra parte, desde el diario La Vanguardia criticaron a la mezquina “política criolla” –para ellos común denominador de la oligárquica y de la radical– proponiéndose como alternativa electoral. Aunque en 1904 lograron conquistar la primera banca en la Cámara de Diputados (el elegido fue Alfredo Palacios) sólo después de la Ley Saénz Peña el Partido Socialista conoció cierta expansión, aunque siempre limitada a Buenos Aires y Santa Fe. A pesar de sus esfuerzos, el Partido Socialista arraigó mejor entre los sectores medios (particularmente entre los profesionales) que en el mundo popular. En éste último, en cambio, la prédica anarquista fue mucho más eficaz. Se han esgrimido diferentes razones para explicar este éxito; entre ellas el predominio de estructuras productivas más artesanales que fabriles, la heterogeneidad étnica de los trabajadores y la amplitud del universo de destinatarios del mensaje. En efecto, los anarquistas supieron articular una verdadera cultura –que se expresó en una variedad de publicaciones, círculos culturales y hasta feministas– que convocaba no sólo a los obreros sino a los oprimidos en general.

LEER CON ATENCIÓN

Entre 1896 y 1897, un grupo de mujeres anarquistas publicaron el periódico La Voz de la Mujer. Según Maxine Molyneux:

LL C

[…] en el contexto latinoamericano, en el cual el feminismo es frecuentemente despreciado por los grupos radicalizados como un fenómeno “burgués” o “reformista”, el ejemplo de La Voz constituye un cuestionamiento a este modo de caracterizar lo esencial del movimiento. (Molyneux, 1997: 11-12)

A continuación, un ejemplo de la prédica anarquista feminista:

C La voz de la mujer, Buenos Aires, 8 de enero de 1896 (Año 1, N°1) Compañeros y Compañeras ¡Salud! Y bien: hastiadas ya de tanto y tanto llanto y miseria, hastiadas del eterno y desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros desgraciados hijos, los tiernos pedazos de nuestro corazón, hastiadas de pedir y suplicar, de ser el juguete, el objeto de los placeres de nuestros infames explotadores o de viles esposos, hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir, exigir decimos, nuestra parte de placeres en el banquete de la vida. Largas veladas de trabajo y padecimientos, negros y horrorosos días sin pan han cesado sobre nosotras y ha sido necesario que sintiésemos el grito seco y desgarrante de nuestros hambrientos hijos, para que hastiadas ya de tanta miseria y padecimiento, nos decidiésemos a dejar oír nuestra voz, no ya en forma de lamento ni suplicante querella, sino en vibrante y enérgica demanda. Todo es de todos.

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Portada del libro La Voz de la Mujer. Periódico comunista-anárquico, de Editorial Gato Negro de Bogotá, Colombia. Fuente: Portal libertario oaca. . [Consulta 10 de junio de 2013]. Imagen disponible en: .

En los primeros diez años del siglo XX, los anarquistas condujeron la protesta social. Desde la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) –central obrera surgida en 1901, que señaló el desplazamiento de las tendencias antiorganizadoras dentro del anarquismo– promovieron la huelga general como metodología de lucha, protagonizando episodios resonantes en 1901 y 1910. Algunos anarquistas tampoco desdeñaron el atentado terrorista, como la bomba en el teatro Colón que empañó los festejos del Centenario en 1910.

Huelga de los conventillos, Defensa al 800, 1907. Fuente: Educ.ar. Ministerio de educación. Presidencia de la Nación. . [Consulta: 10 de junio de 2013]. Imagen disponible en: .

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El Estado respondió represivamente a la protesta social y fueron sobre todo los militantes libertarios los que quedaron en su mira. Dos leyes –la de Residencia (1902) y la de Defensa Social (1910)– ordenaban la deportación de los inmigrantes que perturbaran el orden público, reflejando el creciente temor que despertaba para entonces el activismo de estos grupos. Sin embargo, la represión no fue la única respuesta. Otros sectores del grupo dirigente hicieron un diagnóstico alternativo de las señales de descontento popular, muy evidentes en los años previos al Centenario. Así, la “cuestión social” –agudizada por la protesta obrera- reclamaba nuevas intervenciones del Estado que mejoraran las condiciones de trabajo y atenuaran el conflicto. El Código de Trabajo de 1904, propuesto por Joaquín V. González, recogía estas preocupaciones, que iban más allá de las regulaciones sanitarias y las políticas caritativas dominantes hasta entonces. Si bien no fue sancionado, algunas de sus disposiciones fueron recogidas en diversas leyes.

LECTURA RECOMENDADA

RR

Zimmerman, E. (1994), Los liberales reformistas. La cuestión social en Argentina (18901916), Sudamericana, Buenos Aires.

PARA REFLEXIONAR

Según Juan Suriano, el aumento de las demandas laborales, de las tasas de sindicalización y de la politización e ideologización de los inmigrantes “convirtieron el conflicto obrero en conflicto social al comenzar el siglo XX. “Fue en ese momento cuando la cuestión social se hizo plenamente visible y se transformó en una cuestión de Estado y se impulsó su participación directa para hallar soluciones a los problemas sociales” (Suriano, 2000: 5). Sin embargo, “la cuestión social no es sólo una construcción del discurso dominante o de intelectuales y profesionales preocupados por los problemas sociales, es también una construcción discursiva (y práctica) de los propios actores involucrados, esto es, los trabajadores y sus instituciones” (Suriano, 2000: 16). Así, socialistas y anarquistas ya habían denunciado y propuesto alternativas para abordar el problema con anterioridad.

PP

LECTURA RECOMENDADA

RR

Suriano, J. (2000), “Introducción: una aproximación a la definición de la cuestión social en Argentina”, en: Juan Suriano (comp.) La cuestión social en Argentina 18701943, La Colmena, Buenos Aires, pp. 1-29.

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Por último, para otros miembros y allegados a la elite política la cuestión social se solapaba con una “cuestión nacional”. Aunque nadie dudaba acerca de la necesidad económica de la inmigración, no faltó la alarma ante la supuesta disolución de una identidad argentina, amenazada por la altísima proporción de extranjeros. El “nacionalismo cultural” fue una de las respuestas que se esbozaron hacia 1910 y que se canalizó, entre otras formas, en la voluntad de argentinizar a través de la educación. Los rituales patrióticos, todavía importantes en las escuelas argentinas, buscaron así la “conversión” de los hijos de los inmigrantes y su integración en una homogénea comunidad nacional.

LEER CON ATENCIÓN

Según Lilia Ana Bertoni (2007), aunque la preocupación por la orientación nacional de la educación figura ya en la prensa de los primeros años de la década de 1880 y en la Ley Nacional de Educación de 1884, sólo posteriormente se convierte en una cuestión prioritaria. A fines de la década “la importancia atribuida a las escuelas en la formación de la nacionalidad […] terminó por marcar un límite a la autonomía de las actividades culturales de los extranjeros” (p. 67) cuestionando, por ejemplo, a las escuelas italianas que “educaban italianamente” y que quedaron bajo el control del Consejo Nacional de Educación. Otra dimensión del cambio puede observarse en el intento por crear una tradición nacional a través de diversos medios. En efecto, después de 1887, “se desenvolvió un vasto movimiento de construcción de la tradición patria que se materializó en monumentos, institución de museos, recordación y homenaje de los próceres y en la elaboración de una legitimación de la identidad basada en la apelación al pasado patrio” (p. 80).

LL

LECTURA RECOMENDADA

RR

Bertoni, L. (2007), Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la nacionalidad argentina a fines del siglo XIX, FCE, Buenos Aires.

4.4. El ocaso del régimen oligárquico En 1898 Julio A. Roca llegaba a la presidencia de la república por segunda vez. Su candidatura fue impulsada por su experiencia militar en un contexto de inminente guerra con Chile. Esta disputa limítrofe tenía ya una larga historia que el desacuerdo sobre los criterios para fijar las fronteras internacionales no permitía concluir. Roca intentó dos caminos: de un lado, propició acercamientos con Brasil y con Estados Unidos, del otro, dio comienzo a los preparativos para la guerra, aumentando significativamente el presupuesto militar. Finalmente, una serie de prolongadas negociaciones diplomáticas puso fin al

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conflicto que, no obstante, dejó una herencia perdurable: la ley Ricchieri de servicio militar obligatorio (1901), que vino a sumarse a los impulsos nacionalizadores de la educación.

LEER CON ATENCIÓN

Sin embargo, a pesar de los logros en materia de relaciones internacionales, el liderazgo de Roca en el PAN estaba tocando a su fin. En los casi veinte años transcurridos entre sus dos presidencias, mucha agua había corrido bajo el puente. La sociedad argentina, especialmente en las regiones más tocadas por la modernización económica, se había complejizado y, como vimos en los apartados anteriores, a esta altura las propuestas de anarquistas, socialistas y radicales competían con las del oficialismo. El engrosamiento de los sectores medios de origen inmigratorio también presionaba sobre los márgenes de un sistema político que, en la opinión de muchos, había quedado demasiado estrecho.

LL

La UCR, que descreía con razón del régimen vigente, lo desafiaba a través de la abstención electoral y de la impugnación revolucionaria. Como se anticipó ya, en 1893 y en 1905 los radicales reeditaron los métodos de 1890 y, aunque fueron derrotados, aumentaron su popularidad, alcanzando a los sectores medios en los que hallaron seguidores y dirigentes. Asimismo, ampliaron sus estructuras partidarias a través de comités diseminados a lo largo del país y sofisticaron su organización a partir de la celebración de convenciones nacionales. En 1896, el suicidio de Leandro Alem y el traspaso del liderazgo a su sobrino Hipólito Yrigoyen sentó las bases de una nueva UCR, preparada para darle preeminencia a la estrategia electoral.

En el siguiente enlace podemos acceder al testamento político de Leandor N. Alem: .

WW

Así pues, camino al Centenario, los sectores antirroquistas consideraron que ya estaban dadas las condiciones para transitar hacia un sistema electoral con apoyos sociales más amplios. El primero en enunciar esta idea públicamente fue Carlos Pellegrini, que en 1905 había pasado a la vereda de enfrente de su antiguo aliado. Aunque la reforma recién llegó en 1912, los presidentes que sucedieron a Roca recogieron la preocupación y la hicieron propia.

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PARA REFLEXIONAR

¿Qué se proponía la ley Saénz Peña de 1912 de sufragio universal, secreto y obligatorio? Fue pensada como una manera de formar al ciudadano “desde arriba” y con la expectativa de que un sistema de partidos programáticos (y ya no personalistas) ocupara el centro de la escena. Según algunos historiadores, se esperaba de esta forma apartar a la UCR de la vía revolucionaria y neutralizar al anarquismo, promoviendo el crecimiento del partido socialista (PS), moderado en sus propuestas y métodos. Según otros, la aspiración era la de conformar un partido conservador de masas, legitimado en elecciones limpias.

PP

La respuesta del electorado a la Ley Sáenz Peña no fue inmediata. Aunque la concurrencia a las urnas se incrementó notablemente, pasaron muchos años hasta que alcanzó a la mayoría de los varones argentinos mayores de 18 años habilitados para votar. Los radicales accedieron al gobierno de tres provincias antes de 1916 y a la presidencia de la nación en aquella fecha. También los socialistas se beneficiaron del nuevo sistema que, en cambio, erosionó a los grupos conservadores, que sólo conservaron su preeminencia en las provincias más tradicionales. También el anarquismo inició una declinación inexorable.

4.5. La economía En líneas generales, el proceso económico que acompañó los años que se estudian en esta unidad fue de crecimiento a escalas desconocidas hasta entonces. El valor y el volumen de las exportaciones se incrementaron de modo exponencial al ritmo de las inversiones de capital, de la ampliación del mercado de trabajo gracias a la inmigración masiva y de la incorporación de vastas extensiones de tierras antes ocupadas por sociedades indígenas. Hacia 1880 la complementariedad entre factores parecía augurarle un éxito sin fin al modelo agroexportador. En la Argentina sobraban tierras fértiles, aptas para la producción de bienes primarios, mientras que faltaban población, capital y múltiples bienes manufacturados. En Europa, especialmente en las regiones meridionales que atravesaban su transición demográfica, muchas familias se hallaban dispuestas a establecerse del otro lado del océano, mientras que los inversores buscaban oportunidades de mayor rentabilidad en otros continentes

Los regímenes demográficos antiguos se caracterizaban por mantenerse en equilibrio. La alta natalidad –tributaria de la virtual ausencia de métodos anticonceptivos- se compensaba con una alta mortalidad, especialmente en los primeros cinco años de vida. En contraste, los regímenes demográficos modernos suponen una relativamente baja natalidad y mortalidad. Algunos países europeos transitaron hacia estos nuevos regímenes desde mediados del siglo XVIII por razones que todavía se discuten. Sin embargo, está demostrado históricamente que las tasas de natalidad y mortalidad no descendieron simultáneamente. La mortalidad retrocedió en primer lugar mientras la natalidad respondió después. Por lo tanto, entre un Historia Argentina

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sistema y otro, se produjo una transición que generó desequilibrios, incrementos demográficos ya no compensados por la alta mortalidad. La emigración resultó así una válvula de escape para descomprimir el sistema durante la transición.

Por otro lado, los procesos de industrialización europeos habían habilitado la complementariedad en términos comerciales: la relativa baratura del transporte volvía conveniente la compra de alimentos y materias primas en países muy distantes.

LEER CON ATENCIÓN

Aunque casi todos los países latinoamericanos se beneficiaron por la expansión del comercio internacional, pocos de ellos fueron tan exitosos como la Argentina. En ello intervino el control de las oligarquías nacionales sobre los factores de producción pero también la amplia variedad de bienes de exportación que permitía una adecuación muy flexible a las cambiantes demandas del mercado.

LL

Por supuesto, estos logros no significaron que el “progreso argentino” fuera equitativo ni ininterrumpido. Las regiones litorales se vieron mucho más beneficiadas que las demás aunque ciertas economías del interior –como la azucarera y la del vino- también prosperaran gracias a la demanda interna y el incentivo estatal. Por otro lado, al no existir un control sobre los precios de las exportaciones y depender tan estrechamente de la inversión externa, las crisis fueron inevitables. La peor del periodo fue la de 1890, que aconsejó a la elite política un manejo más cauteloso del crédito y de los gastos. El estallido de la primera guerra, como se verá, también complicó el funcionamiento del comercio y de las inversiones.

4.5.1. Las inversiones de capital Entre 1862 y 1914 la afluencia de capital extranjero a través de empréstitos o de inversiones directas aumentó exponencialmente. La gran inversora fue Gran Bretaña aunque a partir de 1895 también se sumaron otros países como Francia, Alemania y, a fines del periodo, Estados Unidos. Dos fueron los momentos de mayor afluencia: 1885-1890 y los años previos a la Primera Guerra Mundial. Aproximadamente un tercio del capital extranjero fue destinado a inversiones ferroviarias (que alcanzaron el 40% antes de la primera guerra), mientras que el resto estaba constituido por títulos públicos. En el último periodo, tuvo lugar una mayor diversificación de las inversiones y de los países inversores: así Francia, Alemania, Bélgica y los Estados Unidos apuntaron a rubros novedosos como electricidad, transporte urbano y frigoríficos. Cabe destacar que los préstamos eran tomados no solamente por el gobierno nacional sino también por provincias y municipios, que también acumula-

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ron en estos años una frondosa deuda externa. Esos fondos fueron destinados prioritariamente a grandes obras de infraestructura, sin las cuales la gran expansión habría sido imposible. Los puertos se modernizaron, la red ferroviaria alcanzó rincones del país antes alejados (a veces siguiendo motivaciones puramente especulativas) y las ciudades cambiaron radicalmente su fisonomía, modernizándose y embelleciéndose al estilo europeo. Los ferrocarriles comunicaron las nuevas zonas productoras con los puertos y contribuyeron a articular un mercado nacional. La red ferroviaria se extendió velozmente y de los 2.500 km existentes en 1880 pasó a contar con 12.500 en 1892. Especialmente en los inicios, el Estado alentó la inversión garantizando la rentabilidad. Un caso particular fue el del Ferrocarril Central Argentino, compañía que recibió tierras a la vera de las vías y que combinó su actividad específica con la de colonización rural. Después de 1890, incentivos como los descriptos ya no fueron necesarios y el Estado se ocupó sobre todo de regular el sistema. Para entonces, el 90% del negocio ferroviario estaba en manos privadas.

4.5.2. Producción, productores y mercados LEER CON ATENCIÓN

En la unidad anterior, estudiamos el ciclo de la lana, el primer producto que integró a la Argentina al mercado internacional. A partir de 1880, la lana sería acompañada –y posteriormente desplazada- en la composición de las exportaciones por otros bienes. Su producción a gran escala implicó cambios en la organización económica regional y –a mediano plazo- en las estructuras agrarias.

LL

Después de la lana, las nuevas grandes estrellas de las exportaciones argentinas serían los cereales (sobre todo a partir de 1890, con la incorporación plena de las colonias agrícolas del litoral) y las carnes enfriadas (desde 1900). Las unidades de producción fundamentales de estos bienes fueron las colonias y las estancias mixtas en el caso de la agricultura y la estancia dotada de pasturas artificiales en el de la ganadería refinada. Estos establecimientos florecieron en la región pampeana, sede privilegiada de las transformaciones de la época, por lo que los actores más importantes del periodo fueron los colonos –notable fue en este sentido la contribución de Santa Fe y de Entre Ríos- y los chacareros arrendatarios, inmigrantes casi todos ellos. En la cúspide de los productores, se situaba un rico grupo de empresarios agrarios, propietarios de vastas extensiones y mayoritariamente argentinos. Fueron ellos quienes gestionaron en las estancias mixtas la invernada del ganado destinado al frigorífico. En buena medida, la demanda del mercado internacional determinó el tipo de explotación y su localización. La producción ovina –ahora “desmerinizada” y reemplazada por animales de raza Lincoln, de mejor lana y carne– fue desplazándose hacia las tierras nuevas y menos fértiles. Los campos de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe fueron despoblándose de majadas, proceso que culminó con la baja internacional del precio de la lana. Así, la producción Historia Argentina

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ovina fue desplazada hacia el sur, creando una nueva especialización en las estancias patagónicas.

Esquila. Estancia Maitén 1902. Fuente: Bandieri, S. (2000: 165)

La agricultura de cereales floreció en Santa Fe, la “pampa gringa”. A partir de 1880, y favorecidas por un trazado ferroviario que las conectaba con los puertos, las colonias agrícolas se multiplicaron en el litoral, enriqueciendo a una zona otrora relegada y dedicada casi exclusivamente a la ganadería extensiva. La producción cerealera alcanzó posteriormente la provincia de Buenos Aires, desplazando la actividad agrícola de los alrededores de las ciudades a las estancias más alejadas. En uno y otro caso, quedaba atrás la producción campesina que había sido típica de la Argentina criolla y especialmente del interior del país. El proceso típico para la provincia de Buenos Aires fue la vinculación entre la ganadería y la agricultura, que fue abriéndose paso gracias a la primera. En efecto, ya antes de la aparición de los frigoríficos la demanda de carne de calidad había impulsado la mestización de los planteles ganaderos. La exportación de carne congelada y luego enfriada aumentó aún más los requisitos: la necesidad de contar con pasturas artificiales incentivó la agricultura de cereales, imprescindible para preparar los campos alfalfados. En lugar de recurrir al trabajo asalariado, los grandes estancieros optaron por arrendar parcelas a chacareros inmigrantes. Los contratos los comprometían a sembrar cereales durante tres años al cabo de los cuales el campo debía quedar alfalfado.

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LEER CON ATENCIÓN

De esta manera, este tipo de unidad agraria desarticulaba la competencia entre agricultura y ganadería que había caracterizado las formas de producción anteriores, asegurándoles a los propietarios una interesante rentabilidad. Los chacareros, en cambio, eran la variable de ajuste del sistema, los más vulnerables frente a la naturaleza y a los vaivenes de los precios internacionales.

LL

Hemos visto que las nuevas demandas del mercado internacional promovieron cambios en la estructura productiva, que tuvo que modernizarse para responder a las exigencias. Así como la mestización y el refinamiento del ganado convocaron a técnicos y especialistas, también la agricultura incorporó tecnologías nuevas y se mecanizó, habilitando un uso más intensivo de la tierra. Sin embargo, el crecimiento del sector dejó de ser espectacular al cerrarse el periodo bajo estudio en esta unidad. Existe cierto consenso acerca de que en 1914 ya se habían tocado los límites de la frontera agraria, concluyéndose el “crecimiento fácil” o extensivo. Lanas, carnes y cereales eran destinados sobre todo a la exportación, aunque el crecimiento del mercado interno también implicó un aumento en el consumo local de alimentos. A partir de 1890, Gran Bretaña aumentó su participación como compradora (ya en 1880 era la principal inversora y proveedora de manufacturas) y en ello tuvo que ver el cambio en la composición de las exportaciones. Una vez que las lanas fueron desplazadas por los cereales –y sobre todo por las carnes-, la preeminencia británica se hizo evidente. Alrededor de un tercio de las exportaciones argentinas tenían en Inglaterra un mercado seguro. El estallido de la Primera Guerra Mundial significó un nuevo cambio en la composición de las exportaciones. La demanda se volcó hacia las carnes y los cereales –cuya producción se retrajo- se reorientaron hacia países no beligerantes como Estados Unidos y Canadá.

LECTURA RECOMENDADA

Rocchi, F. (2000), “El péndulo de la riqueza: la economía argentina en el periodo 1880-1916”, en: Mirta Zaida Lobato, El progreso, la modernización y sus límites 1880-1916, Sudamericana, Buenos Aires, pp. 17-70.

RR

1. a. Lea atentamente las cifras expuestas en los cuadros 2 y 3 del texto de lectura obligatoria de Fernando Rocchi, pags. 20 y 21. b. Redacte un breve texto relacionando la información de los dos cuadros y vinculándola con los conceptos principales expuestos en el artículo.

KK

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Las regiones extrapampeanas también se transformaron, aunque no todas en la misma medida que la provincia del Buenos Aires y el litoral. Dos agroindustrias se destacaron especialmente durante este periodo, abasteciendo a un mercado interno cada vez más amplio: la del azúcar en el noroeste y la de los vinos en Mendoza y San Juan. En Tucumán, la producción de caña y los ingenios azucareros enriquecieron a un grupo de industriales favorecidos por la clase política. Los sectores terratenientes pampeanos no vieron con buenos ojos la promoción de lo que consideraban “industrias artificiales” de bienes que resultaba más económico importar que producir localmente. Sin embargo, el azúcar no sólo terminó por convertirse en una especialización tucumana sino que se extendió hacia regiones de Salta y de Jujuy, promoviendo intensos flujos internos de trabajadores estacionales desde otras provincias norteñas. En cambio, las antiguas producciones campesinas del norte y los históricos intercambios con Bolivia y Chile fueron retrocediendo a la par que se reforzaban los vínculos con el mercado porteño.

Trabajadores cañeros durante un descanso Fuente: (Campi, 2000: p.94.)

LECTURA RECOMENDADA

RR

Campi, D. (2000), “Economía y sociedad en las provincias del norte”, en: Mirta Zaida Lobato, El progreso, la modernización y sus límites 1880-1916, Sudamericana, Buenos Aires, pp. 71-118.

En Cuyo, la producción de vinos y aguardientes tenía raíces coloniales aunque, como estudiamos en unidades anteriores, esta especialización había dejado paso a otras desde fines del siglo XVIII. Mendoza, por ejemplo, comenzó a destacarse por sus exportaciones de ganado a Chile y por la producción de Historia Argentina

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trigo y alfalfa. Fue desde mediados de 1880 que los vinos regresaron para dominar la economía cuyana, y en particular la mendocina. Empero, esta vez los actores fueron otros. Ya se dijo que Mendoza fue la única provincia del interior transformada radicalmente por la inmigración europea, sobre todo italiana, que en 1914 alcanzaba un tercio de la población. De sus filas salieron buena parte de los trabajadores –arrendatarios y contratistas de viña- pero también de los viñateros y bodegueros, la elite de los productores vitivinícolas. Al igual que con la producción de azúcar, el Estado intervino activamente a través de la provisión de crédito y del proteccionismo. Ello, acompañado de la modernización técnica, permitió que los vinos cuyanos garantizaran el abasto del mercado interno. Además de las agroindustrias, también otros bienes se produjeron localmente para el abasto del mercado interno, engrosando un incipiente sector secundario. Las primeras fábricas se localizaron en las cercanías de las ciudades, a las que abastecieron de harinas, bebidas, golosinas y diversos tipos de alimentos. En este primer momento de la industrialización predominaron los talleres con escasa concentración de trabajadores bajo un mismo techo; sólo los frigoríficos y los talleres ferroviarios fueron una excepción a la norma.

LEER CON ATENCIÓN

¿Qué relación tuvo la emergencia de un sector industrial con la política de gobiernos que se decían liberales en lo económico? Según Andrés Regalsky:

PP C

[…] desde el viraje en la política arancelaria dispuesto bajo el gobierno de Avellaneda, en 1876-1877, ya no hubo más retorno a una política librecambista, que había predominado en su expresión más neta en los años sesenta. Aunque originado en las dudas e incertidumbres que la crisis de 18731876 había generado respecto de las reales posibilidades de la orientación agroexportadora en curso, el viraje habría de perdurar aún bajo el cambio de clima económico de los años ochenta. En parte, esto era fruto de las alianzas sociales y regionales sobre las que se había construido el gobernante Partido Autonomista Nacional y que tuvo entre sus baluartes a las elites de Tucumán y Mendoza pero también lo era de las necesidades fiscales de un Estado en expansión, que se financiaba casi exclusivamente con los recursos aduaneros. (Regalsky, 2011, 179-180)

4.5.3. La población A partir de 1880, la inmigración extranjera hacia la Argentina conoció un radical cambio de escala y, con algunas interrupciones coyunturales, mantuvo su masividad hasta 1930. Los incentivos estatales --la ley de inmigración y colonización de 1876, la política de pasajes subsidiados entre 1888 y 1891 y algunas facilidades como la instalación temporaria en el hotel de inmigrantes o el traslado gratuito a las zonas de trabajo– fueron insuficientes y erráticos

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y poco explican la inmensa magnitud del fenómeno. La clave del éxito, en cambio, parece haber residido en la eficacia de las redes sociales que como sólidos puentes se tendieron sobre el océano. De esta manera, la soledad y la incertidumbre de los recién llegados era menor de lo que podría suponerse ya que en general disponían de información y contactos. Los más afortunados, podían incluso contar también con un primer hogar en casa de algún paisano o pariente y hasta con un trabajo para empezar su nueva vida.

LEER CON ATENCIÓN

En este apartado, nos limitaremos a analizar el papel económico y modernizador de la inmigración en el ya referido contexto de complementariedad de factores. Desde esta perspectiva, cabe destacar que los inmigrantes fueron actores protagónicos de los procesos de urbanización y de los mercados de trabajo urbanos y rurales. De la misma manera, contribuyeron a la ampliación de un mercado interno que, especialmente en las zonas más dinámicas, fue sofisticando (y en algunos casos también fragmentando) cada vez más sus consumos.

LL

Los censos nacionales del periodo permiten una primera aproximación al impacto del gran aluvión inmigratorio. El de 1869 registraba cerca de 1.800.000 habitantes mientras que los siguientes, de 1895 y 1914, alcanzaban los 4 y 8 millones respectivamente. Ya desde el primer censo, la clave del crecimiento demográfico se encontraba en la inmigración que, en un principio, se concentró en el ámbito urbano (hacia 1869, el 40% de los inmigrantes residía en Buenos Aires aunque Rosario también se destacaba ya como un centro dinámico y promisorio). En 1895, los inmigrantes conformaban la cuarta parte de la población del país y continuaban prefiriendo Buenos Aires y las provincias del litoral, donde la demanda de trabajo era mayor. Sin embargo, para entonces no sólo las ciudades los alojaban: desde 1880, los inmigrantes fueron centrales en la colonización rural santafesina. Por fin, el censo de 1914 registó el 27% de extranjeros que, en mayores proporciones que los nativos, residía en pueblos –en su mayoría de reciente fundación– o ciudades. Los censos permiten también constatar la desigual distribución de la inmigración a lo largo del territorio. Las provincias pampeanas fueron las más transformadas, con hasta el 50% de inmigrantes, mientras que el interior – salvo Mendoza- fue menos tocado por su influjo y rara vez los porcentajes de extranjeros superaron el 20%.

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PARA REFLEXIONAR

¿Por qué emigrar hacia Argentina? Por cierto, quienes eligieron este destino lo hicieron atraídos por salarios relativamente más altos pero no fue ésta la única razón ni la principal. Muchos inmigrantes tuvieron la expectativa de valorizar sus oficios artesanales o de acumular algunos ahorros que les habilitaran un futuro mejor pasar en sus lugares de origen. Y, en efecto, las tasas de retorno fueron altas (rondando el 50%), especialmente en determinadas coyunturas críticas como la crisis de 1890 (cuando por primera vez los saldos migratorios fueron negativos) o los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial.

PP

La mayor parte de los recién llegados provenían de Italia y de España. Aunque los porcentajes fueron variando y también las regiones de origen, la primacía de estos dos países se mantuvo a lo largo del periodo, sumando casi dos tercios de la masa de inmigrantes. Otros grupos los siguieron de lejos (franceses, rusos judíos, turcos-sirio libaneses, austrohúngaros), sin embargo, su incidencia en las sociedades locales no fue menos profunda. Todos los inmigrantes, en efecto, traían patrones famiiares diferentes de los de los nativos y apuntalaron un proceso de transición demográfica con características peculiares, que apuntó a la reducción gradual del número de hijos por familia. En el mismo sentido, sus niveles de alfabetización eran relativamente más altos que los de los nativos, aunque con el tiempo, y las políticas masivas de educación popular, tendieron a emparejarse. En cualquier caso, los inmigrantes se integraron a un mercado de trabajo altamente flexible y dinámico.

CC

La relevancia de la migración inducida por la búsqueda de oportunidades contribuye a explicar por qué el flujo migratorio fue más sensible a la evolución general de la economía que a las fluctuaciones del salario (real o nominal). Los migrantes arribaban en mayor número en épocas de expansión, aun si estas etapas no venían acompañadas de una mejora en las remuneraciones al trabajo; del mismo modo el flujo se contraía en épocas de desaceleración del crecimiento e incluso llegó a revertirse en momentos de gran adversidad. La elasticidad de la llegada y salida de extranjeros favorecía el ajuste del mercado del trabajo, en especial en el mediano plazo. Un mercado laboral tan flexible contribuía a potenciar las fases de desarrollo y a morigerar (vía la salida de inmigrantes) el impacto negativo sobre las fases recesivas. (Hora, 2010: 178)

LECTURA RECOMENDADA

Bjerg, M. (2009), Historias de la inmigración en la Argentina, Edhasa, Buenos Aires, pp.19-103.

RR

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4.5.4. Las crisis La integración del mercado mundial exponía más directamente al país a las crisis internacionales. Como se anticipó, la que más profundamente marcó este periodo fue la de 1890 mientras que los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial y los años del conflicto generaron inestabilidad e incertidumbre. La crisis de 1890 fue más estrictamente anglo argentina que internacional. Como se recordará, Gran Bretaña era el principal inversor y también uno de los compradores más importantes de los productos argentinos. Los primeros síntomas de la crisis se experimentaron en 1889, cuando el gobierno de Juárez Celman incentivó una gran cantidad de inversiones especulativas. Por otra parte, la “Ley de Bancos Garantidos” favoreció el surgimiento de entidades sin respaldo, que comenzaron a levantar sospechas entre los inversores. La desconfianza no tardó en trasladarse a Inglaterra. Así, en 1890 el valor del peso cayó súbitamente, desencadenándose un retiro masivo de dinero de la Casa Baring que, atestada de valores argentinos, quedó al borde de la quiebra. Aunque no hay acuerdo sobre las responsabilidades –si fue la política irresponsable de Juárez o la fragilidad del sector externo- para la Argentina la crisis de 1890 significó un punto de inflexión, que clausuró una etapa expansiva en materia monetaria y crediticia. Desde entonces, la ortodoxia económica y las restricciones al crédito predominaron. Sólo a principios del siglo XX, en un nuevo contexto expansivo de exportaciones e inversiones externas, volvió a ampliarse la base monetaria y se flexibilizaron los requisitos para obtener préstamos. Por otra parte, también los flujos de capital y de inmigrantes se interrumpieron, regresando muchos europeos a su lugar de origen por las dificultades para encontrar trabajo. Le tocó al (presidente) Carlos Pellegrini –sucesor de Juárez (Celman)- resolver la crítica situación. Para ello, aumentó los impuestos a las importaciones y reorganizó el sistema bancario, suprimiendo los bancos garantidos y creando nuevas instituciones como la Caja de Conversión –única autorizada a emitir moneda- y el Banco de la Nación. También negoció una moratoria de diez años para pagar la deuda. Hay acuerdo en que la plena incorporación económica de las colonias del litoral fue clave en la salida de la crisis. Gracias al ferrocarril, los cereales de las colonias pudieron acercarse al puerto y convertirse en las nuevas estrellas de los bienes exportables. A mediados de la década, ya eran evidentes los signos de recuperación de la crisis. Aunque hubo otras crisis, sólo hacia 1913 el crecimiento de la economía argentina volvió a ponerse en entredicho. El contexto internacional de la preguerra generó una fuerte caída en las inversiones, afectando el funcionamiento interno. La guerra europea produjo una drástica reducción del comercio internacional, contrayendo las importaciones y modificando la estructura de las exportaciones, que priorizaron la carne sobre los granos. Sin embargo, como veremos en la próxima unidad, fue Hipólito Yrigoyen quien tuvo que sufrir la peor parte de los efectos que vino a instalar un nuevo escenario mundial.

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4.6. La sociedad aluvial José Luis Romero calificó de “aluvial” a la nueva sociedad argentina que la inmigración contribuyó a moldear. Aunque los extranjeros fueran mayoritarios entre los colonos y arrendatarios rurales y entre los sectores populares urbanos de la región pampeana, su presencia permeó a toda la sociedad, dejando una impronta duradera en estos años de transformaciones vertiginosas. Los testigos del fenómeno inmigratorio oscilaron entre la inquietud y el optimismo. Mientras algunos de ellos, especialmente los intelectuales, se preocupaban por la pérdida de la identidad nacional, la contaminación y vulgarización del idioma o la creciente inseguridad de las ciudades, otros pensaban a los inmigrantes como un elemento saludable y destinado a su integración armónica en un “crisol de razas”. En cualquier caso, la política de “puertas abiertas” a la inmigración no fue cuestionada como sí ocurrió en otros países, en los que se fijaron cuotas por nacionalidad y restricciones diversas.

PARA REFLEXIONAR

Hoy en día la historiografía coincide en que el signo del gigantesco movimiento inmigratorio fue el de la pluralidad cultural y étnica. Las acendradas identidades étnicas –no obstante el cosmopolitismo de muchas de las viviendas colectivas o conventillos y de ciertos ámbitos de trabajo- enraizaron en instituciones –como las mutuales y los órganos de prensa étnicos- y en prácticas –como la preferencia por el matrimonio endogámico- que contradijeron de hecho el armónico crisol de las visiones optimistas. Por otra parte, la vitalidad del mutualismo étnico desalentó la organización de sindicatos o partidos clasistas que, como vimos antes, tendieron a mantenerse bastante débiles hasta 1900. La lucha obrera –intensa en la primera década del siglo XX- sería justamente uno de los elementos de integración de una clase trabajadora surcada por líneas étnicas.

PP

LECTURA OBLIGATORIA

Bjerg, M. (2009), Historias de la inmigración en la Argentina, Edhasa, Buenos Aires, pp.19-103.

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4.6.1. Los trabajadores Ya se dijo que las ciudades fueron los ámbitos que en primer lugar atrajeron a los inmigrantes. No obstante los orígenes campesinos de muchos de ellos, la flexibilidad de un mercado que demandaba abundante trabajo de baja calificación les facilitaba la tarea de “reinventarse” y, aunque los inicios les resultaran siempre bastante duros –son conocidas las descripciones de los sórdidos conventillos y de muchos lugares de trabajo- lo cierto es que el signo de los

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tiempos fue el del ascenso social. No se trataba de “hacer la América”, ideal accesible para muy pocos, sino de concretar algunos sueños más modestos y realizables, como el de la casa propia o el del acceso a la educación superior para los hijos. La expansión de los barrios periféricos y de los suburbios –cada vez más próximos gracias al desarrollo del transporte urbano y la difusión de los loteospermitió a muchos inmigrantes cambiar el conventillo por viviendas saludables y dignas. El camino hasta las aulas universitarias fue algo más lento. Sin embargo, el crecimiento estudiantil fue importante en estos años y desde principios del siglo XX los hijos de extranjeros comenzaron gradualmente a acompañar a los de las familias más tradicionales, por mucho tiempo destinatarios “naturales” de la educación superior. En el campo los inmigrantes dejaron su rastro en las colonias de Santa Fe, de Entre Ríos y, más débilmente, también en otras provincias. Aunque en sus inicios las colonias fueron promovidas por el Estado –que facilitó las tierras y fomentó la radicación de los inmigrantes- en el periodo tratado en esta unidad la iniciativa privada fue mucho más fuerte. En Santa Fe las primeras colonias de suizos y alemanes dejaron lugar a otras pobladas mayoritariamente por italianos (seguidos de los españoles), mientras que Entre Ríos conoció una diversidad todavía mayor con sus colonias de alemanes del Volga, menonitas y sus “gauchos judíos”. En estos contextos, las tasas de matrimonio endogámico fueron altas y, especialmente en las colonias entrerrianas, la formación de “islas lingüísticas” favorecidas por una educación poco integradora preocupó a las elites dirigentes. Por el contrario, fuera de las colonias las condiciones propiciaban un mayor cosmopolitismo. En la provincia de Buenos Aires, y sobre todo en las zonas de incorporación más reciente, la instalación de inmigrantes complejizó una estructura agraria hegemonizada por la gran estancia. Pequeños y medianos propietarios –además de un sinnúmero de arrendatarios- salpicaron los campos y, al igual que en las colonias, contribuyeron a la formación de numerosos pueblos rurales. Tanto en la ciudad como en el campo los inmigrantes reforzaron los lazos preexistentes de sus redes sociales, y los que espontáneamente se crearon a partir de la vecindad y del trabajo, con la creación de asociaciones mutualistas. A través de éstas, era posible obtener ayuda en la búsqueda de empleo o protección en caso de enfermedad pero también un espacio de sociabilidad para los inmigrantes que podían recrear sus identidades étnicas lejos de sus lugares de origen. Estas asociaciones contribuyeron también a la formación de verdaderas elites dirigentes en el seno de las colectividades. El tiempo, las interacciones cotidianas entre extranjeros y nativos en diversos ámbitos, así como la voluntad de integración de buena parte de los inmigrantes, confluyeron en la gestación de una cultura híbrida y nueva. Instituciones de origen étnico –como algunos famosos clubes de fútbol- fueron completando un proceso de “nacionalización”, la popular literatura gauchesca se hizo exitosa entre los inmigrantes y expresiones musicales nuevas –como el tango- surgieron de una sociedad en ebullición. Este proceso de desdibujamiento de las líneas étnicas sólo sería plenamente visible después de 1920, en el contexto de una sociedad más integrada.

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PARA REFLEXIONAR

El sostenido crecimiento económico del periodo, la fortaleza de las identidades étnicas por encima de las clasistas y la flexibilidad de los mercados de trabajo rural y urbano atenuaron el conflicto social durante buena parte del periodo. Sin embargo, existieron coyunturas críticas en las que la protesta de los trabajadores se dejó escuchar. Para la clase dirigente, estas coyunturas hicieron visible una nueva e indeseable faz de la inmigración, que identificaba en el extranjero a un peligroso “agitador”. Entre 1901 y 1910, años de expansión económica, tuvieron lugar numerosos movimientos huelguísticos, impulsados sobre todo por militantes anarquistas. En 1907 una original “huelga de inquilinos” llamó a no pagar los abusivos alquileres en los conventillos de Buenos Aires y Rosario. En el campo, la protesta rural estalló en 1912 con el “Grito de Alcorta”, protagonizado por un amplio grupo de chacareros santafesinos que se negó a recoger la cosecha de no cambiar las condiciones de arrendamiento. De este movimiento, que sólo consiguió respuestas parciales a sus reivindicaciones, surgió la Federación Agraria Argentina.

PP

4.6.2. Las clases altas LEER CON ATENCIÓN

En estos tiempos signados por la vertiginosa transformación aluvial, las clases altas se preocuparon muy especialmente por distinguirse de los recién llegados que habían conseguido enriquecerse y eran tenidos por advenedizos. La austeridad de la clase política y de los sectores propietarios característica del periodo anterior quedó atrás en estos años, dejando paso a la opulencia y a la ostentación. Las lujosas residencias urbanas, los elegantes cascos de las estancias y el surgimiento de exclusivas instituciones – como el Jockey Club- fueron íconos de una época y mantienen aún hoy su potencia simbólica.

LL

Las elites argentinas no conocían los oropeles de los títulos nobiliarios ni tenían una tradición para exhibir. Así pues, en esta verdadera belle epoque, su misma composición se demostró relativamente heterogénea y abierta. En su interior convivían algunos miembros de los antiguos linajes coloniales del interior –muchos de ellos radicados en Buenos Aires desde la formación del PAN–, las familias patricias de Buenos Aires y también algunas nuevas fortunas, frecuentemente de origen extranjero. Todos estos grupos fueron entrelazándose a partir de matrimonios muy escogidos, que avanzaron hacia una gradual endogamia. Sin dudas, el núcleo más importante y prestigioso de la elite está conformado por los grandes propietarios rurales. Aunque algunos de ellos eran extranjeros, mucho más significativo fue el aporte local. Como se vio en las unidades Historia Argentina

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anteriores, los orígenes de estos grandes estancieros se encontraban en la actividad comercial o rentista, reorientada hacia la tierra desde 1820. En esta etapa, los herederos de aquellos grandes estancieros de la era criolla habían sofisticado sus gustos y pasaban más tiempo en sus suntuosas mansiones porteñas (o viajando por Europa) que en el campo, donde fueron levantando residencias veraniegas tan principescas como las urbanas.

Puerto de Buenos Aires, agosto de 1912 Fuente: Fuente: Educ.ar. Ministerio de educación. Presidencia de la Nación. . [Consulta: 10 de junio de 2013]. Imagen disponible en:

PARA REFLEXIONAR

Una imagen de sentido común asocia linealmente a la clase dirigente que emergió en la década de 1880 con el grupo económico que gozó de mayor prosperidad durante el periodo abordado en esta unidad. En rigor, esta relación no fue menos ambigua que en el pasado. Así, la elite terrateniente no alcanzó una gravitación política proporcional a su incidencia económica y social. Los intentos fallidos por articular partidos políticos de oposición (el de la Liga Agraria fue el más sólido) demuestran lo problemático de la relación.

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LECTURA RECOMENDADA

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Hora, R. (2009), Los estancieros contra el Estado. La Liga Agraria y la formación del ruralismo político en la Argentina, Siglo XXI, Buenos Aires.

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Otro grupo relevante de la elite era el de los políticos e intelectuales, que a veces confluían en una misma persona. La “Generación del 80” acomunaba a hombres de letras que además ejercían la política y que compartían algunas coincidencias: su optimismo positivista, un liberalismo sui generis y un conservadurismo político que apuntaba a la preservación y ampliación de los derechos civiles y a la restricción de los políticos. Esto último, sin embargo, fue replanteado por algunos hombres de la clase política, especialmente a partir de 1890, creando profundos disensos y pulverizando la homogeneidad de los primeros tiempos. Por fin, aunque menos prestigiosos, algunos industriales se destacaban también entre los sectores altos. Salvo en el noroeste –donde los grandes propietarios de ingenios azucareros eran criollos- predominaban los extranjeros. La conformación de la Unión Industrial Argentina no dejó de mostrar esta composición. Lo que todos estos grupos compartían era un estilo de vida que aspiraba a la sofistación y que se exhibía públicamente en el “corso de las flores”, en las noticias sociales de los periódicos y en los paseos y parques que evocaban los parisinos y embellecieron las renovadas ciudades y muy especialmente la capital.

CC

Los recambios políticos del ochenta modificaron la estructura de los círculos dominantes (fundamentalmente por proyectar una clase política que no tenía sus principales anclajes en Buenos Aires sino en el interior), pero también suavizaron los conflictos en comparación con los enfrentamientos y las luchas armadas que habían sido moneda corriente durante el siglo XIX. La prosperidad económica, por su parte, dio a las familias más pudientes una riqueza sin precedentes en un escenario en el que además las posibilidades de consumo alcanzaron un grado inusual. En otras palabras, el arco temporal que va desde 1880 a los últimos años de la década de 1910 les deparó a los sectores encumbrados incentivos y condicionamientos por igual que habían sido inexistentes –o poco relevantes– hasta esa fecha. (Losada, 2008: XXVI-XXVII)

LECTURA RECOMENDADA

Losada, L. (2008), La alta sociedad en la Buenos Aires de la Belle Epoque, Siglo XXI, Buenos Aires, pp. 149-216.

RR

2. a. El régimen emergente en 1880 ha sido a menudo caracterizado como conservador en lo político y liberal en lo económico. ¿Qué principios y acciones de gobierno se ajustan a esta definición? Fundamente sus respuestas a partir de la lectura del texto bibliográfico obligatorio de Ezequiel Gallo. b. Analice el texto de lectura obligatoria de Roberto Di Stéfano sobre las “leyes laicas” sancionadas entre 1884 y 1888, disponible en historiayreligion.com. ¿En qué medida la idea de un “enfrentamiento

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entre catolicismo y liberalismo” debe ser revisada? c. Analice el texto de lectura obligatoria de Fernando Rocchi “El péndulo de la riqueza”. ¿Qué elementos permitirían matizar el liberalismo económico que habría predominado en este periodo?

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Referencias bibliográficas

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5 Los gobiernos radicales (1916-1930) Introducción Entre 1916 y 1930 la Unión Cívica Radical gobernó la Argentina como resultado de la implementación de un sistema de sufragio masculino universal obligatorio. Los gobiernos radicales de Hipólito Yrigoyen y Marcelo Torcuato de Alvear se produjeron en un contexto internacional signado por el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, de la revolución rusa y de las reconfiguraciones económicas de la posguerra. El enfrentamiento internacional provocó modificaciones en la economía y la sociedad argentinas a la vez que la experiencia comunista se tradujo en la expansión de reclamos obreros vividos con gran dramatismo por las clases medias. En 1930, en un nuevo contexto de crisis económica, la oposición política entre la que se destacaban militantes de la derecha antidemocrática organizó un movimiento cívico militar que terminó con la primera experiencia democrática del país.

Objetivos de la unidad •• Comprender las características que adoptó la ampliación de la ciudadanía política. •• Entender las prácticas políticas de la UCR. •• Conocer las modificaciones que experimentó la economía y sociedad argentinas en un contexto mundial de reconfiguración del comercio internacional. •• Comprender la organización del movimiento obrero y su relación con los gobiernos radicales.

5.1. La ley Saénz Peña y la ampliación de la ciudadanía política Como hemos visto en la unidad anterior, la sanción de la ley Sáenz Peña tenía el objetivo de formar al ciudadano “desde arriba”, es decir, no fue resultado de la presión de la población por participar políticamente sino que puede considerarse una decisión pragmática del gobierno entre uno de cuyos objetivos estaba el de apartar a la UCR de su política revolucionaria. Se esperaba que el sufragio universal incorporara al partido radical al juego político.

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PARA REFLEXIONAR

El historiador Fernando Devoto ha realizado una interesante puesta al día sobre las diferentes interpretaciones en torno a los objetivos de la ley de sufragio universal y analizó la interacción, conflictos y acuerdos entre los tres principales grupos de solidaridad política del orden conservador.

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LECTURA RECOMENDADA

RR

Devoto, F. (1996), “De nuevo el acontecimiento: Roque Sáenz Peña, la reforma electoral y el momento político de 1912”, en: Boletín del Instituto Ravignani No. 14, pp. 93-113.

El voto femenino recién se obtuvo durante el primer gobierno peronista pero en esta etapa, desde distintas organizaciones feministas –como el Partido Feminista Nacional, el Comité Pro Sufragio Femenino y la Unión Feminista Nacional- se reclamaba al gobierno la extensión de los derechos políticos a las mujeres. En 1919, diputados radicales presentaron un proyecto de ley de sufragio femenino pero en él se exigía una mayor edad que la de los varones para acceder al voto.

La democratización iniciada en 1916 tuvo sus límites. Por un lado la ley de sufragio universal dejaba de lado a las mujeres y a los habitantes de los Territorios Nacionales y fue demorada en su aplicación en las provincias de manera que en el plano municipal se mantuvo por un tiempo el voto censitario o calificado. De ahí que puede hablarse de una democracia política ampliada por un lado y restringida por otra. Por otro lado, se mantuvieron en el periodo radical ciertos rasgos de la cultura política argentina del periodo oligárquico como el caudillismo, el clientelismo y la intransigencia política.

LECTURA RECOMENDADA

RR

Nari, M. (1995), “Feminismo y diferencia sexual. Análisis de la “Encuesta Feminista Argentina de 1919”, en: Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, No 12. Versión on line disponible en: [Consulta: 10 de mayo de 2013]

La inexistencia de una presión de la población por acceder al voto derivó en que fueron las fuerzas partidarias quienes debieron acudir a estos sectores para incorporarlos a la contienda electoral. Para ello fue esencial el papel cumplido por caudillos locales, herederos de la política tradicional que, incorporados a los nuevos partidos, movilizaron amplias clientelas electorales. Los representantes más claros de la política caudillista fueron los gobernadores José Néstor Lencinas en Mendoza, Federico Cantoni en San Juan y Miguel Aníbal Tanco en Jujuy, todos ellos procedentes de la UCR que luego organizaron movimientos políticos particulares. La UCR constituyó la fuerza política más eficiente en esta tarea y logró organizar una maquinaria partidaria que alcanzó dimensión nacional convirtiéndose en el primer partido de masas; por el contrario, las fuerzas conservadoras herederas del PAN no lograron articular un partido nacional y los partidos Socialista y Demócrata Progresista, aunque Historia Argentina

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tuvieron personalidades de proyección nacional como Juan B. Justo y Lisandro de la Torre, no llegaron a trascender de manera eficaz las regiones en donde se habían originado. El sistema de partidos que se inauguró en la primera década del siglo XX, aún era débil lo que se evidencia por los procesos de fracturas y por la dificultad en consolidarse que sufrieron las principales agrupaciones políticas. En efecto, los conservadores no lograron constituirse en un verdadero partido nacional; los radicales sufrieron fracturas en algunas provincias además de la división a nivel nacional entre los personalistas que respondían a Yrigoyen y los antipersonalistas de Alvear; y el socialismo, la tercera fuerza electoral de consideración también se fracturó en tres ocasiones. A pesar de estas limitaciones, la respuesta del electorado, hacia fines de la década de 1920 mostró un incremento significativo de la participación política. Si antes de la sanción de la ley el porcentaje de votantes era el 15%, diez años después había alcanzado el 70%. Entre las elecciones provinciales de 1912 y la presidencial de 1916, el radicalismo ganó el gobierno de tres provincias (Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba) y 28 bancas de la cámara de Diputados. Hacia 1930, la UCR había ocupado el Poder Ejecutivo Nacional en tres oportunidades, la mayoría de las gobernaciones provinciales y aumentado sustancialmente su representación en el Congreso Nacional.

En el siguiente documental se presentan los principales ejes que se tratarán en la unidad: estilo político del radicalismo, modificaciones en la política económica e impacto en el movimiento obrero, reforma universitaria y organización de la oposición antidemocrática.

EE

Canal Encuentro. Historia de un país. Argentina siglo XX. Capítulo: Auge y caída del yrigoyenismo [Consulta: 14 de mayo de 2013]. Disponible en:

5.2. Yrigoyen, Alvear y la división de la UCR El gobierno de Yrigoyen comenzó con una fuerte oposición ya que los conservadores mantenían la mayoría en el Congreso y gobernaban en catorce provincias. Ana María Mustapic plantea que, en ese contexto, se planteó una

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clara tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en la medida que Yrigoyen se concebía como ejecutor de un mandato encomendado por el pueblo y, por ende, el Poder Ejecutivo representaba la realización de la soberanía popular. De tal manera, el congreso dejaba de expresar un valor democrático porque éste estaba institucionalmente expresado en el Poder Ejecutivo. En virtud de ese mandato popular y ante la continuidad de componentes del régimen oligárquico que permanecían en el régimen democrático, el presidente llevó adelante una política de intervención en las provincias “devolviendo al pueblo los derechos usurpados por la oligarquía mediante el fraude”. Siguiendo con la interpretación de Mustapic, la intervención se resignificó presentando una paradoja: la principal fuerza propulsora de la democratización política se apoyaba en una práctica institucional que, de alguna manera, conspiraba contra las posibilidades de afirmar dicha democratización en tanto los sectores oligárquicos se presentaban como los defensores del orden institucional.

LECTURA RECOMENDADA

RR

Mustapic, A. (1984), “Conflictos institucionales durante el primer gobierno radical: 1916-1922”, en: Desarrollo Económico, vol. 24, No 93, Buenos Aires.

Yrigoyen desarrolló una política económica e internacional nacionalista y se propuso un acercamiento creciente a la Iglesia y a las fuerzas armadas. Con el objetivo de captar a militares fieles, otorgó ascensos a aquellos que habían participado en los movimientos revolucionarios radicales del periodo anterior. Esto produjo fuertes rechazos dentro del Estado Mayor y comenzó a gestarse un grupo fuertemente opositor al yrigoyenismo cuyas principales figuras fueron José Féliz Uriburu y Agustín P. Justo. Según el análisis de Persello (2007), el estilo personalista de Yrigoyen generó, además del rechazo de las fuerzas políticas opositoras, una precoz división dentro del partido radical. Un grupo de dirigentes de dicha agrupación demandaba la separación entre el partido y el gobierno; los parlamentarios de ese sector consideraban que eran representantes de la Nación encontrándose, por tanto, por encima de las estructuras partidarias y como tales debían controlar y cuestionar al gobierno. Esta división interna se plasmó en la organización de una agrupación separada de la UCR que agregó a dicha sigla el término “principista” y que presentó listas propias en la elección de renovación presidencial.

LECTURA RECOMENDADA

Persello, A. (2007), “El partido en el gobierno”, en: Historia del radicalismo, Edhasa, Buenos Aires, pp. 51-91.

RR

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1. Teniendo en cuenta la argumentación de Persello, explique la relación que el radicalismo propone entre las nociones de democracia, nación y partido y entre presidencialismo y parlamentarismo.

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A pesar de estas divisiones, en 1922 el radicalismo volvió a triunfar en las elecciones llevando como candidato a Alvear aceptado por la elite de adentro y de afuera del radicalismo. Como veremos más adelante, la mejora de la situación económica coincidió con el gobierno de Alvear por lo que se verificó un descenso del clima de conflictividad social y un crecimiento de las exportaciones, de la inversión extranjera y una creciente radicación de industrias de capitales norteamericanos. Si bien la elección de Alvear como candidato presidencial había sido un intento de mantener unido al radicalismo, no logró evitarse una ruptura entre personalistas y antipersonalistas que referían a diferentes modos de concebir la vida política y la conducción pero también el origen social de sus militantes. En sus primeros años de gobierno Alvear redujo el gasto público pero la ascendencia popular de Yrigoyen se hizo más notoria y en 1927 comenzó a preparar su regreso al gobierno. Alvear, que no contaba con apoyo partidario propio, buscó sustento en figuras fuertes de su gobierno, entre ellos, Agustín P. Justo, su ministro de guerra. La tensión entre los dos grupos llegó a su punto álgido con la separación de la UCR de la UCR Antipersonalista liderada por Alvear que se presentaría con sus propios candidatos en las elecciones presidenciales de 1928. A pesar de la unión entre radicales antipersonalistas y conservadores, Yrigoyen ganó ampliamente con más del 57% de los votos. Sin embargo, la oposición a su gobierno podía percibirse en diferentes sectores de la sociedad que veían con desagrado el regreso de un estilo de gobierno personalista. A esta oposición se sumó el empeoramiento de las condiciones económicas producto de la crisis económica mundial, situación que el gobierno parecía incapaz de revertir.

5.3. La economía entre la Primera Guerra Mundial y la depresión En general, entre aquellos investigadores que estudian esta etapa de la economía argentina conocida como modelo agroexportador, es decir, el desarrollo de una economía exportadora de bienes primarios, existe una discusión en torno a las características del periodo 1914-1930. Algunos historiadores consideran que esa etapa forma parte del modelo económico inaugurado a fines del siglo XIX con una producción agropecuaria que se constituye en el principal sector económico y que permite su inserción en el mercado mundial mediante la venta de productos primarios. La única alteración que puede percibirse es una detención del ritmo expansivo, una desaceleración. Otros historiadores, por el contrario, la toman como una etapa diferenciada sosteniendo que el corte del comercio debido a la Guerra Mundial, por su intensidad y por la paralización de capitales y mano de obra reflejó que esa no era una crisis más y que el Estado debía modificar su política participando de modo creciente en la economía.

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LECTURA OBLIGATORIA

Bellini, C. y Korol, J. (2012), “Los nuevos desafíos y las respuestas fallidas (1914-1929). La economía argentina entre la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión”, en: Historia económica de la Argentina en el siglo XX, Siglo XXI, Buenos Aires, pp. 25-65.

OO

5.3.1. El impacto de la guerra La irrupción de la guerra modificó sustancialmente el escenario económico internacional surgiendo variables nuevas como la suspensión del patrón oro que regía los intercambios internacionales y la restricción en los movimientos de capitales. En ese contexto el comercio internacional se vio fuertemente afectado por varios motivos: la disminución en la oferta de bienes manufacturados por parte de países involucrados de manera directa en la guerra –y por ende, centrados en la producción de material bélico- y la mayor concentración de la capacidad de carga de los buques ultramarinos para transportar bienes para uso militar. Este último factor llevó al país a reorientar la exportación de bienes hacia aquellos de más alto valor unitario como la carne y sus subproductos ganaderos en desmedro del comercio de granos.

CC

Así, los embarques de carne vacuna congelada, que en 1914 alcanzaban las 330.000 toneladas, llegaron en 1918 a su máximo histórico de casi 500.000 con valores superiores al doble de los del año inicial. Los de lanas, aun manteniendo sus volúmenes, también aumentaban sus valores en la misma proporción. En conjunto el sector ganadero, que aportaba poco más del 40 por ciento en los años de la inmediata posguerra, pasó a casi el 50 por ciento entre 1918 y 1920, constituyéndose en el polo más dinámico de la economía. (Regalsky, 2011: 190)

Este cambio productivo se expresó en el traspaso de parte de la tierra destinada a la producción cerealera al cultivo de forraje para alimento del ganado, fundamentalmente vacuno. Esto que implicó el pase de actividades intensivas -como el cultivo- a tareas más extensivas como el pastoreo de ganado, se vio alterado también por la detención en el ingreso de inversiones extranjeras lo que llevó a un brusco descenso de las construcciones de viviendas, obras públicas y ferrocarriles. La disminución del comercio internacional también afectó la entrada de bienes de consumo provocando un encarecimiento de productos consumidos por toda la población. Los principales perjudicados en esta coyuntura fueron los trabajadores que debieron hacer frente a un claro encarecimiento del costo de vida en momentos de contracción del mercado laboral. Estos hechos llevaron a un deterioro importante del nivel de vida de los obreros –con una disminución de los salarios reales del 40% entre 1914 y 1918que reaccionaron con un ciclo de protestas.

Yrigoyen y la neutralidad Durante la Primera Guerra Mundial el Gobierno argentino mantuvo una política de neutralidad fundada en causas económicas y políticas. En el primer caso y debido a la dependencia de la economía del comercio exterior se intentaba preservar a cualquier posible socio Historia Argentina

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comercial y garantizar la entrada de insumos estratégicos. En el segundo caso, el presidente Yrigoyen mostró un claro rechazo al panamericanismo de Estados Unidos e intentó –sin éxito- organizar una unión de países latinoamericanos de naciones neutrales.

5.3.2. Diversificación económica e industrialización en la década de 1920 La recuperación económica del país durante la posguerra fue bastante rápida y hacia 1919 los valores del PBI equipararon a los máximos de preguerra. Pero esta recuperación mostró modificaciones al interior de la economía. El cambio más significativo fue el deterioro de la relación bilateral entre el país y Gran Bretaña que había estado sustentada, del lado argentino, en la venta de productos ganaderos y, del lado británico, en las inversiones en el sector ferrocarrilero. La crisis de posguerra impidió que Gran Bretaña siguiera cumpliendo ese papel ante el ascenso espectacular de la economía norteamericana. En esta recomposición de la economía mundial, se creó una relación triangular que vinculaba a los tres países. Argentina siguió siendo el principal proveedor de bienes primarios para los ingleses pero los productos industriales comenzaron a ser provistos, en la nueva coyuntura, por los norteamericanos. En torno a la producción ganadera se produjo una fuerte crisis en los años 1921-1922 vinculada a la exportación de carne refinada con una técnica que había comenzado a comienzos de siglo: el enfriado, desarrollada con capitales norteamericanos. La crisis se produjo por una caída de los precios del ganado vacuno que fue sentida fundamentalmente por los criadores que debieron liquidar sus planteles para mantener un ingreso.

Obreros preparando carnes para la exportación antes del uso de la técnica del enfriado (principios del siglo XX). Fuente: Anred. Agencia de noticias. Redacción. [Consulta: 10 de junio de 2013]. Imagen disponible en:

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La crisis del sector ganadero fue compensada con un incremento de la producción agrícola y un aumento significativo de las exportaciones –que llegaron a constituir el 60% de éstas en el periodo 1927-1929- incentivados por la recuperación de los precios internacionales del cereal frente a la carne. Para sostener este crecimiento se llevó adelante una expansión del área sembrada y una fuerte inversión en maquinaria y mejoramiento de semillas. Con respecto al sector manufacturero, se ha planteado, que en esta etapa la economía sufrió “una gran demora” ya que la década de 1920 fue una oportunidad perdida para iniciar el camino de la industrialización. Actualmente esta propuesta es muy discutida mostrándose que los efectos de la Primera Guerra fueron ambiguos para incentivar la producción de manufacturas. Si bien la dificultad por proveerse de bienes esenciales como insumos, combustible y maquinarias provocó el derrumbe de producciones como la metalúrgica, otras producciones como las derivadas del sector agroalimentario y los textiles tuvieron un incremento sensible. Los investigadores que impugnaron la teoría de la “demora” hicieron fuerte hincapié en el importante crecimiento y equipamiento del sector industrial en la década de 1920 coadyuvado por la protección arancelaria impulsada en los primeros años del gobierno de Alvear. En efecto, en la década de 1920, inversiones americanas permitieron la instalación de las industrias textiles, metalúrgicas, automotrices, del caucho, químicas. De este periodo es la instalación de empresas que tendrían una larga historia en nuestro país: Ford, Colgate Palmolive, Nestlé, Toddy, GoodYear, Pirelli y otras.

CC

En el periodo entre 1923 y 1929 fue común la instalación de filiales de empresas extranjeras. En ocasiones, el nexo con el exterior no era tan directo, pero había lazos tecnológicos o financieros que también indicaban la creciente desnacionalización de la industria. La irrupción mayor fue la del capital norteamericano pero también hubo una destacada presencia de empresas alemanas. Tomando solamente a las 43 “grandes” firmas no argentinas que iniciaron sus operaciones entre 1921 y 1930, se comprueba que las actividades preferidas eran la producción de químicos (13 de las 43), metales (7) y artículos eléctricos (10). (Gerchunof y Llach, 1998: 91)

Un sector de creciente importancia en la economía fue el petrolero. A fines de su primer gobierno, Yrigoyen había creado una Dirección Nacional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Alvear nombró como director del nuevo organismo al general Enrique Mosconi que llevó a cabo una decidida política tendiente a lograr el autoabastecimiento del país. En vinculación con esta política, en el ámbito parlamentario se discutieron ideas relacionadas con la soberanía del país: la nacionalización de los yacimientos de petróleo y el monopolio estatal. La primera discusión fue apoyada por la mayoría de los partidos políticos. La segunda, por el contrario fue fuertemente resistida. Junto a YPF existían empresas privadas de capitales argentinos y extranjeros que veían con desagrado el intento del gobierno por quitarlos del mercado. Las empresas más importantes eran la Compañía Ferrocarrilera de Petróleo con capitales ingleses y la Standard Oil de origen norteamericano. Hacia 1929 la producción de ambos sectores era equiparable; para frenar el papel de estas empresas, el Gobierno decidió bajar los precios de la nafta y el querosén lo que produjo una violenta reacción contra YPF y el gobierno de Yrigoyen. Historia Argentina

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5.3.3. Las economías regionales En el interior del país las principales producciones regionales siguieron siendo la vitivinicultura localizada centralmente en Mendoza y San Juan y la producción de caña de azucar en Tucumán. En ambos casos la superficie no se amplió significativamente pero la producción se duplicó alcanzando en el primer caso el momento de mayor expansión a fines de la década de 1920. La producción de azúcar, como se ha visto en unidades anteriores, estaba en manos de grandes ingenios altamente tecnificados y una gran cantidad de pequeños y medianos propietarios cañeros quienes en 1918 se organizaron en el Centro Cañero. Uno de los principales cuestionamientos del organismo eran los bajos precios que obtenían como abastecederos de caña para los ingenios y proponían intervenir o expropiar aquellos que no procesaran la cantidad de caña acorde con su capacidad y organizar cooperativas para administrar ingenios construidos por el Estado. A esta tensión latente entre los productores se sumaba la presión que podían ejercer los trabajadores, sometidos a durísimas condiciones laborales. Ambas situaciones hicieron eclosión en el año 1923 y se incrementaron en 1926 con una exitosa zafra que planteó el problema del consiguiente descenso de precios que afectaría a la redistribución de los beneficios. El Laudo Alvear de 1928 estableció mecanismos de arbitraje proponiendo la intervención del Estado en las negociaciones intersectoriales que comenzaron a dirimirse dentro de la Cámara Gremial de Productores de Azúcar del Tucumán que nucleó a productores e industriales. Si bien esta decisión logró alcanzar el entendimiento entre plantadores cañeros y los dueños de los ingenios dejó de lado al tercer sujeto de la producción azucarera, los obreros. Durante este periodo surgieron nuevas producciones como el algodón en el Chaco en los terrenos que habían quedado libres como producto de la deforestación de la región que había llevado al agotamiento de los quebrachales. El auge del “oro blanco” se produjo por la demanda del mercado mundial, fundamentalmente el británico, que consumió entre el 60 y 80% del total de la producción en la década de 1920. En las provincias de Misiones y Corrientes se llevó a cabo un nuevo corrimiento de la frontera con la producción de tabaco, yerba y té. Los productores fueron principalmente colonos de origen inmigrante. Al sur del país, surgió un polo frutícola en el alto valle del Río Negro que logró impulsar la producción por el apoyo del Ferrocarril del Sur que conectó la zona productora con Buenos Aires. Todas estas nuevas producciones llevaron a una mejor incorporación de esas regiones al mercado interno con un crecimiento porcentual del 25% en 1910 a un 29% en la década siguiente.

LECTURA RECOMENDADA

RR

Bravo, M. «Las representaciones en torno a la agroindustria y el proteccionismo en la Argentina. La cuestión azucarera en la década de 1920», [En línea]. En: Páginas, revista digital de la Escuela de Historia Ano 1, N° 2. Rosario. 2008. Disponible en: [Consulta: 21 de junio de 2013].

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El Laudo Alvear fue el primer intento de alcanzar una regulación nacional de la industria azucarera. Establecía que los productores debían recibir un precio provisorio al entregar el producto que sería ajustado luego de la venta del azúcar según el precio obtenido en el mercado.

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5.4. La sociedad El proceso de urbanización y la concentración de la población en la región litoral del país –proceso que había tenido su inicio en el periodo anterior con el surgimiento de algunas industrias y la llegada masiva de inmigrantes- se incrementó aun cuando el flujo de migrantes extranjeros se interrumpió a consecuencia de la guerra. En las ciudades, junto con la actividad industrial, creció un sector relativamente nuevo: el del comercio y de los servicios. Este sector terciario se convirtió en la vía de ascenso social.

PARA REFLEXIONAR

En un reciente libro, el historiador Ezequiel Adamovsky resume los fundamentos de una discusión que pone en duda la idea aceptada tradicionalmente sobre un mejoramiento general de la condición de los trabajadores durante el periodo en estudio:

PP C

Los cambios en la estructura demográfica y social de la Argentina fueron profundos y evidentes. Su significado, sin embargo, es más difícil de establecer. Sobre estos datos se ha construido uno de los grandes mitos de nuestra historia, el mito de la “modernización social”. Durante muchos años nos han enseñado que el país que finalmente se puso en marcha hacia 1880, comparado con el de tiempos anteriores, fue más próspero y trajo un mayor bienestar para la mayoría de la población, sentando las bases de una sociedad más “igualitaria” y con oportunidades de progreso abiertas a todos. […] Uno de los que más colaboró en instalar esta visión fue el padre fundador de la sociología empírica argentina: Gino Germani. Fue él quien por primera vez ofreció pruebas de este proceso de “modernización”. Sin embargo, con los datos con los que hoy contamos, no resulta evidente que luego de 1880 haya habido un proceso de cambio continuo hacia una mayor igualdad o que hubiera un bienestar mayor para todos los habitantes. Sin duda el gran desarrollo económico trajo al país muchas riquezas. El mayor dinero circulante engrosó las arcas públicas y permitió grandes obras de infraestructura. Los servicios de salud y educación estuvieron al alcance de más personas y existen datos objetivos de mayor bienestar social, como la mayor alfabetización y la caída de la tasa de mortalidad. Las nuevas actividades económicas brindaron a muchos oportunidades de empleo lucrativas. Sin embargo, las ventajas materiales y el mayor bienestar no beneficiaron a todos por igual, ni llegaron a todos los grupos sociales. (Adamovsky, 2012: 38-39)

La Primera Guerra Mundial provocó un quiebre irremediable en el flujo migratorio hacia la Argentina. Esa corriente que, a pesar de haber atravesado etapas de desaceleración, había mantenido una tendencia creciente desde los años ochenta del siglo XIX marcó una época de profundas transformaciones en el país. Si después del fin de la guerra el flujo se reinició no logró recuperar ni su ritmo ni los niveles de ingreso históricos. Historia Argentina

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En cuanto a la estructura demográfica, se produjeron en el periodo cambios en los patrones familiares y culturales al pasar la población de un régimen de natalidad y fecundidad altos a otro en el que ambas variables disminuyeron marcadamente. A su vez, la mortalidad cayó de 30 cada 1.000 personas en el siglo XIX a 15 en 1920. En términos generales, la expectativa de vida pasó de 40 años a comienzos del siglo XX a 55 hacia 1930. Se produjo una retracción de la mortalidad infantil y de las grandes epidemias, producto de la difusión de la vacunación, la mayor presencia médica y las condiciones de higiene de las ciudades a través de obras de entubamiento de arroyos, rellenos sanitarios, etc. Todos estos factores llevaron a un crecimiento vegetativo alto pero con un régimen demográfico más moderno. Durante el periodo se produjo un crecimiento importante de las clases medias empujado por una demanda mayor de trabajadores calificados para el sector terciario, las actividades administrativas en la industria, el sistema educativo y la burocracia estatal. Este sector se desarrolló en un contexto de fuertes expectativas de movilidad y elementos objetivos que marcaban la diferenciación social de las capas intermedias. Un elemento fundamental en este último punto fue la ampliación de un mercado de consumo masivo y diferenciado que insistía en la aspiración a la comodidad en la vida cotidiana a través del consumo de aparatos domésticos. El automóvil alcanzó una difusión sorprendentemente amplia.

Durante las primeras décadas del siglo XX surgió un nuevo tipo de periodismo que intentó llegar a un público amplio utilizando un lenguaje cercano al habla popular y con un formato gráfico que facilitara la lectura. El diario Crítica, dirigido por Natalio Botana fue uno de ellos. Con una amplia variedad de secciones –deportes, policiales, literatura- buscó con éxito llegar a un amplio público. Entre sus redactores se contaron Raúl y Enrique Gonzalez Tuñón, Roberto Arlt y Jorge Luis Borges.

La situación laboral de los sectores populares no fue tan ascendente, sobre todo en el campo. En las ciudades, el proceso de industrialización avanzaba incorporando una cantidad creciente de mano de obra. Pero al lado de estas posibilidades laborales se mantuvo una esfera importante de trabajo precario por cuenta propia representado por zapateros, vendedores ambulantes, planchadoras, lavanderas, etcétera. Las condiciones del trabajo rural variaban sustancialmente según la región productiva. En el litoral, la difusión del arrendamiento y el proceso de adquisición de tierras con la ayuda de créditos hipotecarios llevó a un proceso de diferenciación social en el cual, algunos pequeños productores pudieron emprender el camino de la mecanización de sus trabajos. Pero fuera de la zona agroexportadora la situación de los pequeños agricultores no era tan buena.

CC

En los llanos de La Rioja, en los valles Calchaquíes en Salta y en varias zonas de Jujuy, Catamarca y otras provincias continuaba en vigor el sistema tradicional de grandes haciendas en vinculación con comunidades campesinas indígenas o mestizas que cultivaban para su propia subsistencia, generalmente con

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el propio hacendado. […] De norte a sur del país, el campo era lugar de trabajo para innumerable cantidad de peones. En la región pampeana y luego también en la Patagonia desempeñaron un lugar central en la expansión de la crianza de ovejas lanares y por supuesto siguieron siendo requeridos en la de vacas […]. Junto a estos empleados permanentes se contrataba estacionalmente a muchos más para los meses de esquila, pagaderos por jornal o a destajo. El desarrollo agrícola de fines de siglo también los requirió en gran número. […] Los jornales podían variar enormemente: solo luego de 1928 por la acción combinada de las regulaciones estatales y de los sindicatos rurales, fue surgiendo un verdadero mercado de trabajo con condiciones de paga más o menos uniformes en todas partes. (Adamovsky, 2012: 70-71)

El tango

C Carlos Gardel cantó Mi noche triste en 1917. Esa memorable actuación marcó el comienzo de la era del tango-canción, protagonizada por grandes poetas como Enrique Cadícamo o Armando Discépolo y por grandes intérpretes como Ignacio Corsini, Azucena Maizani o el propio Gardel cuyas voces fueron popularizadas por la radio y las grabaciones. En los cafés, los cabarets o los salones de baile, las grandes orquestas como la de Francisco Canaro reemplazaron a las más modestas guitarras y flautas de los primeros conjuntos tangueros. Julio de Caro y la Guardia Nueva introdujeron en el tango los arreglos más complejos, la diversidad armónica y el empleo del contrapunto. (Saítta, 2011: 1376)

5.4.1. Las organizaciones sindicales Durante este periodo existían varias organizaciones de trabajadores con distintas tendencias: socialistas, anarquistas y sindicalistas. A comienzos del periodo radical, se encontraban dos centrales sindicales que se habian originado de la ruptura al interior de la Federación Obrera Argentina (FORA) durante el IX congreso realizado en abril de 1915: la FORA del V congreso de orientación anarquista y la FORA del IX congreso que quedó dominada por los sindicalistas aunque en su interior existían grupos socialistas, comunistas e independientes. A diferencia del periodo anterior, una característica novedosa fue el inicio de una política de diálogo por parte del gobierno con los sindicatos y gremios obreros. Esta disposición al diálogo provocó reacciones diversas en las agrupaciones según el signo político de sus dirigentes. A comienzos de la década de 1920 –y luego de un periodo de estancamiento- se registró un fuerte crecimiento de las organizaciones sindicales motivado por el ciclo ascendente de las movilizaciones obreras como veremos más adelante. La convivencia dentro de la FORA del IX congreso de distintas tendencias produjo bien pronto el alejamiento de algunos grupos que organizaron nuevas asociaciones. En 1929 existían, producto de estas divisiones y de la creación de otros sindicatos, cuatro asociaciones gremiales: La Unión Sindical Argentina (USA) –nuevo nombre dado a la FORA del IX- sindicalista;

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la Confederación Obrera Argentina (COA) –fundada por los gremios importantes de ferroviarios, La Fraternidad y la Unión Ferroviaria- donde convivían sindicalistas y socialistas; la FORA anarquista y el Comité de Unidad Sindical Clasista (CUSC) comunista. Al año siguiente, la USA y la COA junto con otros gremios menores decidieron integrarse conformando la Confederación General del Trabajo (CGT).

CC

A grandes rasgos, durante las presidencias radicales, esto es, entre 1916 y 1930, se pasó paulatinamente de un movimiento obrero con fuerte base artesanal y perspectivas anarquistas o anarcosindicalistas que todavía tenían vigencia en algunos grupos, a un movimiento cuya organización más importante era un sindicato grande, centralizado, capaz de obtener mejoras notorias para sus trabajadores por la vía de la negociación con la patronal y el estado. (Cattaruzza, 2009: 106-107)

LECTURA OBLIGATORIA

Cattaruzza, A. (2009), “Las transformaciones sociales”, en: Historia de la Argentina, 1916-1955, Siglo XXI, Buenos Aires, pp. 91-112.

OO

5.4.2. Los conflictos obreros durante el primer gobierno de Yrigoyen Se pueden señalar distintas etapas en la dinámica de las protestas sociales y el tratamiento que los gobiernos radicales hicieron de las mismas. Una primera etapa se puede ubicar en los inicios del primer gobierno de Yrigoyen cuando se trató de captar a los trabajadores mediante arbitrajes en la estipulación de los contratos laborales; en esos arbitrajes frecuentemente se favorecían a los trabajadores intentando captar el favor de algunos sectores del movimiento sindical. Una segunda etapa marca una creciente conflictividad social con episodios muy importantes: la Semana Trágica de 1919, las huelgas y la represión de La Forestal y los episodios de la Patagonia entre 1920 y 1921.

LEER CON ATENCIÓN

Semana Trágica. En 1919 los trabajadores de los talleres metalúrgicos Vasena declararon una huelga en protesta por la reducción de sus salarios y la contratación de mujeres y niños para ocupar lugares de trabajo. La empresa contrató rompehuelgas para disuadir a los trabajadores de su medida de fuerza. Estos grupos contaron con el apoyo de la policía y grupos civiles armados como la Liga Patriótica. Los enfrentamientos entre ambos grupos provocaron cantidad de muertos y heridos. La actitud de Yrigoyen ante la represión fue distante; solo con posterioridad a los hechos ordenó la liberación de los detenidos y un aumento en los sueldos de los trabajadores.

LL

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El escritor Osvaldo Bayer escribió la novela La Patagonia Rebelde que describió estos hechos y que fue llevada al cine por el director Héctor Olivera.

Luego de los episodios de la Semana Trágica el gobierno, preocupado por el accionar que en esas jornadas habían tenido los empresarios y grupos de civiles armados reunidos en la Liga Patriótica, intentó atraer a los trabajadores mediante la sanción de legislación laboral. A pesar de la oposición que se dio en el Parlamento donde se intentaban bloquear la sanción de las leyes (como fue el caso del Código del Trabajo rechazado por el Congreso en 1921 y la jubilación universal y obligatoria en 1925), algunas pudieron promulgarse. En efecto, durante el primer gobierno de Yrigoyen y el gobierno de Alvear, caracterizado por un descenso significativo de los niveles de conflictividad social derivados fundamentalmente por un mejoramiento de las condiciones económicas del país, se sancionaron, entre otras, las siguientes leyes: 11.317 que reglamentaba las condiciones en que podía contratarse el trabajo de menores; 11.318 que prohibía el trabajo nocturno en panaderías; 11.278 que establecía la forma de pago del salario; 11.544 que limitaba a ocho horas la jornada de trabajo. Estas leyes eran de aplicación para todos los trabajadores. Se sancionaron, por otro lado, leyes que favorecían especialmente a algunos sectores obreros como la referida a la jubilación que se circunscribió a los empleados de servicios públicos y otros sectores. La protesta social no se circunscribió a los ámbitos urbanos; también se extendió por el campo. La propiedad de la tierra seguía en manos de grandes terratenientes que arrendaban o subarrendaban pequeñas parcelas para su puesta en producción. Las condiciones que establecían los contratos de arrendamiento eran muy duros para los trabajadores. La duración de los mismos era muy limitada, en general no superaba los tres años, lo cual creaba una población rural itinerante en busca permanente de tierra donde asentarse y trabajar. El arrendatario debía entregar al propietario un porcentaje de su cosecha que variaba entre el 30 y el 40% de la producción anual. Los créditos que otorgaba el Banco Nación no eran muy fáciles de conseguir debido a los altos intereses que se debían pagar. Teniendo en cuenta estos inconvenientes, que formaban un telón de insatisfacción, cualquier problema en las cosechas o en la caída de los precios, producía una situación de potencial explosión social. Precisamente esto sucedió en 1919 cuando una huelga de los chacareros se extendió por toda la región pampeana. La resolución del conflicto fue la promulgación de la ley 11.170 de alquileres agrarios que si bien no resolvió el problema agrario, introdujo algunas modificaciones favorables a los trabajadores. En los años 1921 y 1922 los reclamos obreros tuvieron un centro en el sur patagónico, entre los trabajadores rurales de Santa Cruz agobiados por bajos salarios, extensas jornadas de trabajo, desocupación y duras condiciones de vida. El conflicto tuvo un inicio de resolución con la mediación del gobernador entre los empresarios y los sindicatos anarquistas pero los acuerdos no fueron cumplidos y la polícía encarceló a los principales dirigentes gremiales. Esto no hizo mas que extender la protesta: los empresarios organizaron bandas armadas que expulsaban a los peones sin pagarles sus salarios y éstos reaccionaron recorriendo las estancias para buscar provisiones y tomando como rehenes a los administradores. Ante la generalización del conflicto el gobierno nacional envió un regimiento de caballería al mando del teniente coronel Héctor Varela que terminó cruentamente con la movilización obrera dejando como saldo más de 1500 peones muertos.

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Afiche de la película La Patagonia rebelde.

LECTURA RECOMENDADA

RR

López, M. y Rodríguez, A. (2009), «Bajo el cielo de la pampa. Indios, tierra y Estado». (ensayo sobre las películas Guerreros y cautivas, El ultimo malón, Viento Norte, Pampa bárbara, Huella y El último perro), en: Un país de película. La historia argentina que el cine nos contó, Del Nuevo Extremo, Buenos Aires, pp 95-127.

Los pueblos indígenas sometidos también fueron objeto de fuertes represiones. En julio de 1924, los pobladores tobas y mocovíes de la Reducción Aborígen de Napalpí ubicada a 120 kilómetros de la ciudad de Resistencia, se declararon en huelga denunciando los maltratos y la explotación de los terratenientes algodoneros. Los pobladores intentaron abandonar la reducción y dirigirse a los ingenios de Salta y Jujuy donde los salarios eran más altos pero el gobernador Centeno prohibió a los indígenas abandonar el Chaco. Los pobladores de Napalpí decidieron resistir lo que provocó una matanza de cerca de 200 indígenas. El periodista Darío Aranda relata los acontecimientos de la siguiente manera: “El 18 de julio, y con la excusa de un supuesto malón indígena, Fernando Centeno dio la orden. A la mañana del 19 de julio, 130 policías y algunos civiles partieron desde la localidad de Quitilipi hasta Napalpí. Después de 45 minutos de disparar los Winchester y Mauser a todo lo que se movía, sólo quedó el silencio y la humareda de los fusiles. Los heridos –fueran hombres, mujeres o niños– fueron asesinados a machetazos”.

Aranda, D. «La masacre de Napalpí, 19 de julio de 1929. 80 años de memoria prohibida», [En línea]. En: La Gazeta Federal. Confederación argentina. Disponible en: [Consulta: 20 de junio de 2013.

WW

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Durante el periodo radical se presentaron tres proyectos de ley para reglamentar el trabajo indígena pero ninguno de ellos pasó la resolución favorable de las comisiones de estudio. En 1921 el Departamento de Trabajo propuso un nuevo Código de Trabajo en el que se postulaba que no debía hacerse ninguna diferencia entre el trabajo del indio y el de los restantes obreros.

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Melitona Enrique, última sobreviviente de la masacre de Napalí. Fuente: La Gazeta Federal. Confederación argentina. . [Consulta: 20 de junio de 2013]. Imagen disponible en:

5.4.3. La reforma universitaria El Estado siguió impulsando la educación que se convirtió en una de las vías de progreso social para la población. El crecimiento de la educación pública restó importancia a las escuelas religiosas y a las comunidades de inmigrantes. El esfuerzo estatal se vio reflejado en una clara disminución del analfabetismo. En el censo nacional de 1914 se registraba un porcentaje del 36% entre las personas de más de 14 años y en el censo de 1947 ese porcentaje se había reducido al 13,6%. De todos modos, la diferenciación regional en torno a la escolarización era muy clara. Tomando los dos extremos, en la provincia de Jujuy el analfabetismo se había reducido en los dos cómputos mencionados del 67 al 35% en tanto en la ciudad de Buenos Aires había descendido del 21 al 5,7%. Un fenómeno similar de ampliación de la matrícula se produjo a nivel universitario desde inicios del siglo XX cuando aparecieron nuevas universidades y carreras técnicas. La facultad de Filosofía y Letras se convirtió en una institución formadora de docentes secundarios de clase media. Hacia el centenario existían unos 6.000 alumnos universitarios, el doble que una década anterior y seis años después había 5.400 estudiantes universitarios en Buenos Aires, 1.000 en La Plata y 700 en Córdoba. La Facultad de Medicina, que reunía la mayor cantidad de alumnos, era vista como una vía de ascenso social, en tanto Derecho, viejo refugio de la elite y escuela de cuadros para la política, también se fue ampliando en su integración y perspectiva. Este ingreso masivo de sectores de clase media provocó el recelo de las clases tradicionales que, desplazadas del ámbito político, mantenían el control de las altas casas de estudio a través del gobierno universitario y de planes de estudio tradicionales, sobre todo en la Universidad de Córdoba.

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Si en opinión de González, el espíritu de la Universidad de Córdoba era “conservador, unilateral y reaccionario”, para Carlos Cossio, la institución era producto del clericalismo cordobés; era una universidad positivista pero confesional, básicamente clerical. En materia de enseñanza esto se traducía en el estudio del derecho público eclesiástico y canónico, en la inclusión en el programa de filosofía del derecho de los “deberes para con los siervos”; se enseñaba una teoría del derecho público que sostenía que “el Estado, aunque distinto, está no obstante subordinado a la Iglesia, no puede separarse de ella por la pretendida libertad de conciencia y de culto y está obligado a proteger a la Iglesia con sus leyes y a poner su espada material al servicio del reino de Dios y del orden espiritual”. (Chiroleu, 2000: 74).

Desde inicios del siglo, los estudiantes habían realizado una serie de huelgas para pedir algunas modificaciones puntuales: disminución de los aranceles, actualización de los planes de estudios, cambios en las reglamentaciones de los exámenes. En abril de 1918, el Comité Pro Reforma Universitaria de Córdoba elevó al ministro de Justicia e Instrucción Pública un Memorial donde se planteaba la necesidad de refomas tanto en el ámbito de la educación como en el del gobierno universitario. Este último estaba en manos de las Academias, una oligarquía de profesores que ejercía sus funciones de manera vitalicia. Ante la produndización del conflicto, el Gobierno decidió intervenir la Universidad nombrando como interventor a José Nicolás Matienzo. Su gestión no fue eficaz ya que a pesar del establecimiento de nuevas reglas para la elección de los cuerpos directivos, la misma adoleció de fallas y derivó en una nueva y masiva huelga que fue apoyada por políticos de distintos partidos. El proceso terminó con la victoria de los reformistas que obtuvieron gran parte de sus reivindicaciones: participación estudiantil en el gobierno, docencia libre y asistencia voluntaria a los cursos. Durante estas jornadas, los estudiantes dieron a conocer el documento conocido como Manifiesto Liminar que se convirtió en un referente para gran parte de los jóvenes intelectuales que se dedicaron en los años veinte y treinta a la política universitaria en la Argentina y también para algunos dirigentes latinoamericanos muy importantes como el peruano Victor Haya de la Torre, fundador y líder de la Alianza Popular Revolucionaria Americana.

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Manifiesto Liminar. La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sud América Manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba – 1918. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. […] Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y -lo que es peor aún- el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la Ciencia, frente a estas casas mudas y cerra-

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das, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. […] Nuestro régimen universitario -aún el más reciente- es anacrónico. Está fundado sobre una especie del derecho divino: el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo. En él nace y en él muere. Mantiene un alejamiento olímpico. La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes. El concepto de Autoridad que corresponde y acompaña a un director o a un maestro en un hogar de estudiantes universitarios, no solo puede apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a la substancia misma de los estudios. La autoridad en un hogar de estudiantes, no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: Enseñando. […] La juventud universitaria de Córdoba, por intermedio de su Federación, saluda a los compañeros de la América toda y les incita a colaborar en la obra de libertad que inicia. 21 de junio de 1918.

El siguiente enlace de la Universidad Nacional de Córdoba tiene información ampliatoria sobre la reforma de 1918. [Consulta: 25 de junio de 2013].

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2. Sobre la base de los puntos 5.3. y 5.4. realice un informe escrito en donde se reflejen y expliquen los motivos de las diferencias regionales (en lo económico y en lo social) que caracterizan este periodo.

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5.5. El regreso de Yrigoyen: crisis económica y ascenso de las ideologías antiliberales El segundo gobierno de Yrigoyen se iniciaba con un amplio apoyo de los votantes; su triunfo fue contundente en todos los distritos que presentaron electores que apoyaban su candidatura. Sin embargo, bien pronto, la crisis económica iniciada con la caída de la bolsa de valores de Wall Street provocó dificultades en la economía argentina que el gobierno no lograba resolver. La lentitud política que acompañó el segundo gobierno de Yrigoyen y la recurrencia a los elementos más criticados del primero –las intervenciones y el rechazo a las interpelaciones- crearon un clima de oposición donde comenzó a plantearse como única alternativa la destitución del presidente.

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LEER CON ATENCIÓN

La crisis de 1929 afectó profundamente a las economías latinoamericanas organizadas fundamentalmente en la producción de bienes primarios para su exportación. Con la caída de la bolsa de Nueva York disminuyó sensiblemente el comercio internacional y las inversiones extranjeras se hicieron cada vez más escasas tornando los préstamos caros. Estos rasgos se extendieron rápidamente por el mundo industrializado y su efecto más contundente fue la caída en la actividad económica. La depresión a su vez trajo como consecuencia una fuerte desocupación. Con respecto a Latinoamérica, la conjunción de ambos factores de la crisis -caída del comercio internacional y escasez de préstamos-, determinó la disminución de las reservas monetarias de los países latinoamericanos que se vieron cada vez más dificultados en hacer frente al pago de la deuda externa.

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La oposición a Yrigoyen iba cobrando cada vez más adeptos. Dentro del entorno político, a los grupos conservadores que habían sido desplazados del poder se unieron los radicales disidentes. La mayor expresión de estos grupos fue la difusión, en agosto de 1930 del llamado Manifiesto de los 44 firmado por parlamentarios de distintos sectores que derivaron en la convocatoria de mitines políticos opositores en donde grupos universitarios y nacionalistas provocaron disturbios reclamando la renuncia de Yrigoyen. Solo los socialistas auténticos y los demócrata progresistas reclamaron calma.

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Propuesta del Manifiesto de los 44: “1º Coordinar en las Cámaras la acción parlamentaria, para exigir al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la Constitución Nacional, la correcta inversión de los dineros públicos y la fiel aplicación de las leyes orgánicas fundamentales;” 2º Coordinar asimismo, la acción opositora fuera de las Cámaras, en todos los distritos, para difundir en el pueblo y ante el electorado de los respectivos partidos, el conocimiento de los actos ilegales del Poder Ejecutivo y del oficialismo, y crear un espíritu cívico de resistencia a esos abusos y desmanes;” 3º Proyectar un plan de acción encaminado al logro de los propósitos enunciados, y, en caso necesario, solicitar y admitir la adhesión de todos los ciudadanos que quieran para la República un gobierno constitucional y democrático y deseen prestar hasta lograrlo, su esfuerzo sano y desinteresado. Buenos Aires, agosto 9 de 1930.” (Halperín Donghi, 2007: 473)

Otro sector de oposición se originó a inicios de la década de 1920 cuando comenzaron a surgir grupos nacionalistas relacionados con intelectuales católicos y con las organizaciones de derechas surgidas durante los episodios de La Semana Trágica. Los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta fueron representantes de esta creciente oposición a Yrigoyen; desde el año 1927 publicaban el semanario La Nueva República, una influyente tribuna donde se propiciaba un cambio en el orden institucional.

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Como lo habíamos previsto, el país se encuentra hoy en un estado mucho más caótico que lo que estaba en marzo de 1929, fecha de la última aparición de La Nueva República. Si entonces, a raíz de un plebiscito nunca visto en América, se empezaron a sentir los efectos del mal gobierno, la consecuencia natural que de ello debiera sacarse es que el elemento primario del mismo plebiscito es el origen del mal. No han querido admitir verdad tan evidente las clases directivas del país; se empeñan con empeño absurdo y deshonesto en personificar todos los males que sufre la Nación en la persona del presidente Yrigoyen. […] La evidencia del mal gobierno, el cinismo con que el régimen cesarista se manifestó a poco de comenzar el actual periodo, hicieron reaccionar a la opinión. Los ciudadanos empezaron a manifestar signos de desaprobación. […] Los defectos y aún los vicios de los detentadores del favor democrático salieron a la superficie causando el escándalo más profundo en toda la sociedad. El espíritu de responsabilidad ciudadana, despojado de ficciones legales, se despertó con ímpetu no registrado desde muchos años antes. Murmullo de desaprobación primero, protesta franca después, protesta airada, aunque medida por un día, por último grita ensordecedora y alboroto callejero. ¡La Liga Republicana! El país vislumbró por un instante el origen y la intensidad del mal que aquejaba al Estado. El instinto de conservación social, ayudado por una reflexión oportuna y patriótica, cuya difusión encontraba obstáculos insuperables (que aquí también hay obstáculos tradicionales), en las instituciones usufructuarias del régimen democrático, produjo en la opinión un reflejo interior, cuya exteriorización fue un vómito, en cuya charca viscosa se entremezclaban la democracia, el plebiscito, el sufragio universal. Todo uno y lo mismo. La Nueva República, 18/6/1930. (Halperín Donghi, 2007: 475)

Portada del diario La Nueva República del 26 de mayo de 1928.

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Finalmente, cabe mencionar la creciente oposición dentro del ejército que tenía su origen en diversas causas: la política de Yrigoyen de modificar las pautas de promoción de oficiales introduciendo criterios políticos para beneficiar a los partidarios del radicalismo; vinculado a esto, la creciente tendencia en algunos grupos a rechazar la injerencia exterior al considerar que el Ejército era la verdadera corporación depositaria de la tradición patria y por ello tenía la misión de lograr la unidad nacional. Pronto, se produjo la reunión de estas fuerzas dispersas. En 1928, festejando el primer cumpleaños de La Nueva República, el general Uriburu se comprometió públicamente a encabezar un movimiento de renovación espiritual y política. A partir de entonces comenzaron a producirse reuniones de civiles y militares en los salones del Círculo de Armas. Con este telón de descontento y críticas al gobierno radical, el 6 de septiembre de 1930 se produjo el golpe militar que fue liderado por Uriburu y Agustín P. Justo.

PARA REFLEXIONAR

¿Un golpe con olor a petróleo? Algunos historiadores han planteado que los intereses de las empresas petroleras tuvieron un peso decisivo en la organización del golpe de Estado debido al creciente control que el gobierno radical había comenzado a ejercer sobre las empresas extranjeras que comercializaban y extraían petróleo. De hecho, uno de los temas de campaña para la reelección de Yrigoyen había sido precisamente la búsqueda del monopolio estatal del petróleo alentado por una creciente ola antiimperialista que existía en Latinoamérica.

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Referencias bibliográficas

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6 La crisis de un modelo (1930-1943) Introducción La década de 1930 constituye una etapa de fuertes transformaciones en el mundo y también en la Argentina. La noción de crisis expresa bien la fractura del orden que hasta entonces, aún atravesado por fuertes tensiones como las que caracterizaron la época de los gobiernos radicales, se había sostenido en las certezas muy poco cuestionadas del modelo económico agroexportador. La crisis de la economía mundial impactó sobre el sector externo y cambió las condiciones para la acumulación económica. El golpe de Estado, por su parte, inauguró un periodo de prolongada ilegitimidad del sistema político, cuyas notas distintivas fueron la corrupción, en distintas formas, y el fraude electoral. Junto a ellos, instituciones como la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas iban a ocupar un lugar hasta entonces desconocido en la política argentina. El clima de ideas se tiñó con las distintintas vertientes de un pensamiento nacionalista que era también un rasgo de época. Por otra parte, como consecuencia de las dificultades que atravesaba la economía el Estado comenzó a intervenir, regulando allí donde hasta entonces sólo el mercado tenía incumbencia. Las limitaciones del sector externo crearon las condiciones para desarrollar ciertas industrias locales y los requerimientos de mano de obra empujaron a los trabajadores rurales desocupados hacia las ciudades, creando los cinturones suburbanos que desde entonces se convirtieron en un dato permanente. Estos nuevos trabajadores constituyeron un gran desafío para las organizaciónes obreras que al comienzo de la década, sin abandonar del todo las diferencias ideológicas y la tendencia a la fragmentación habían logrado crear la CGT. Los cambios surgidos en estos años encontraron una nueva forma de expresión luego de que, al final de este periodo, un nuevo golpe de Estado interrumpió la continuidad de un sistema político e institucional que había fallado en su propósito de restaurar las condiciones para una vuelta al orden oligárquico.

Objetivos de la unidad •• Analizar los transformaciones económicas provocadas por la crisis internacional de 1929 y su impacto en el modelo agroexportador. •• Analizar las características que asume el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, sus alcances y sus límites durante el periodo. •• Describir las formas de intervención estatal y analizar sus objetivos. •• Comprender las consecuencias políticas de largo plazo que implicó el golpe cívico- militar y describir la reacción de los distintos grupos sociales, políticos e institucionales. Historia Argentina

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•• Analizar las características que asume la crisis de legitimidad del régimen político, su impacto ideológico así como su relación con el surgimiento de nuevos actores políticos. •• Comprender las tranformaciones sociales y los cambios en la composición y organización del movimiento obrero. •• Analizar el impacto de los conflictos internacionales en el escenario política e ideológico local.

6.1. Un orden político en crisis: el golpe de Estado y la dictadura de Uriburu El 6 de setiembre de 1930, como hemos visto en la unidad anterior, un grupo de civiles y militares, liderados por los generales Agustín P. Justo y José Evaristo Uriburu unidos por un fuerte antiyrigoyenismo, concretaban el primero de un larga serie de golpes de Estado. La dictadura impuso el estado de sitio y la ley marcial, suprimió el poder legislativo y, con este marco, persiguió, encarceló y torturó a militantes políticos y sindicales. La recurrencia a estas intervenciones cívico-militares constituye uno de los rasgos salientes del proceso político argentino a lo largo del siglo XX, con ondas implicancias económicas, sociales y culturales. La posibilidad de derrocar al gobieno de Yrigoyen se venía conversando en círculos del ejército y entre varios miembros de la elite opositora desde al menos un año antes de concretarse el golpe. Sin embargo, a pesar del clima enrarecido de la política durante esos meses previos, en las elecciones legislativas el oficialismo volvió a triunfar. Este resultado era indicativo de que los conspiradores no podían confiar ni contar con el favor popular. La impresión se confirmó meses después cuando, por las presiones de los sectores que habían participado del golpe como un medio para retomar lo que consideraban la normalidad institucional –es decir, con la exclusión de los radicales yrigoyenistas– Uriburu convocó a elecciones para gobernador en la provincia de Buenos Aires. El 5 abril de 1931, aún en las condiciones adversas que imponía la dictadura, la UCR obtuvo una clara primera minoría que si bien no le alcanzaba para controlar el colegio electoral mostraba un panorama poco propicio para el sector de los golpistas liderado por el Gral. Justo, que pretendían restablecer un cierto orden republicano. Las elecciones fueron anuladas pero el dato no sería olvidado y el recurso a la fuerza y la malversación del voto habría de perfeccionarse en los años por venir. Por su parte, el objetivo de Uriburu, y de los grupos de la derecha nacionalista que lo rodeaban, de establecer un régimen de tipo corporativo, inspirado en los fascismos en boga en Europa –aunque en la versión criolla el sostén principal debía ser la institucion militar– no logró convencer a ningún segmento importante de la política local. La reforma constitucional que pretendían los partidarios del Gral. Uriburu ni siquiera se intentó, aunque la Corte Suprema de Justicia dotó de legalidad al golpe de Estado a través de un fallo que justificaba los gobiernos de facto. Tal doctrina tuvo un extendido uso en los años venideros. Por su parte, Justo se preocupó desde el comienzo por el armado político que debía llevarlo a la primera magistratura, para lo cual presionaba por la convocatoria a elecciones y se proponía capitalizar los lazos políticos tendidos con los dirigentes del radicalismo antipersonalista, desde la época en que había sido ministro de Alvear y también con los hombres del Partido Socialista Independiente (PSI). Historia Argentina

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Canal 7. La Televisión pública. Ciclo: Huellas de un siglo. El golpe de 1930. (Dir. Hernán Khourián) [Consulta: 14 de junio de 2013]. Disponible en:

6.2. La crisis económica y el intervencionismo estatal El deterioro de la situación política y el golpe de Estado que inauguró una etapa en la cual los conservadores buscaron la restauración del mundo perdido tuvo como telón de fondo una crisis internacional sin precedentes. El crack norteamericano del ‘29 y la depresión posterior tuvieron profundas repercuciones en la economía mundial. La proliferación de medidas proteccionistas y el control de divisas que comenzaron a aplicar los países desarrollados así como la caída del volumen y los precios del comercio internacional impactaron de lleno en la economía argentina, fuertemente dependiente de sus exportaciones de productos primarios.

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Las exportaciones argentinas estaban compuestas esencialmente por productos agropecuarios, que en el periodo 1925-1929 determinaron el 96% de ellas. El 60% de las exportaciones correspondían a productos agrícolas - el trigo, maíz y lino ocupaban los tres primeros lugares y el 40% a pecuarios. Pero además, la inserción internacional era de tal magnitud, que las exportaciones de maíz eran dos tercios de las mundiales, las de semillas de lino el 80% del total, las de carnes el 61% y las de trigo ocupaban el segundo lugar con el 20%. (Barsky y Gelman, 2001: 263)

Hemos analizado que hacia finales de la década de 1920 el sistema productivo sobre el cual se había asentado la mentada prosperidad del área pampeana y litoral mostraba signos de agotamiento, entre otras razones porque la tendencia favorable de los términos de intercambio entre productos primarios e industriales había comenzado a invertirse, la crisis del sector externo precipitó el fin del ciclo. Una consecuencia directa de estos cambios en el escenario internacional fue la alteración del esquema triangular que había caracterizado las relaciones comerciales entre Gran Bretaña, Argentina y EE.UU en la década anterior. Para afrontar el deterioro de su economía Gran Bretaña decidió aplicar medidas de protección y control de su comercio exterior que se plasmaron en la Conferencia de Ottawa de 1932. Historia Argentina

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Commonwealth o más precisamente British Commonwealth of Nations es el nombre que se le ha dado a la asociación de países que integra al Reino Unido y muchas de sus antiguas colonias y dominios hoy independientes, y cuya cabeza es la monarquía británica. El origen es del siglo XIX, cuando las colonias británicas comenzaron a reclamar un grado mayor de autonomía y finalmente obtuvieron de la corona el reconocimiento de capacidad de autogobierno. Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica fueron las primeras en incorporarse a la asociación imperial, luego fueron sumando otras naciones.

El sistema de compras preferenciales establecido en esa ocasión derivaba la demanda de productos primarios hacia los países de la Commonwealth. El sector agropecuario argentino se veía perjudicado, al tiempo que no podía reemplazar esta pérdida recurriendo al mercado norteamericano ya que las economías primarias de ambos países eran competitivas no complementarias. En este nuevo marco, los grupos directamente afectados, especialmente los “invernadores” de carne para exportación, presionaban al Estado argentino en busca de una solución conforme a sus intereses. A la vez, la caída de las exportaciones era también la causa de una fuerte disminución de la recaudación fiscal que presionaba sobre las cuentas públicas. En mayo de 1933 la respuesta llegó por medio del acuerdo firmado entre el vicepresidente argentino Julio A. Roca (h) y el ministro de Comercio británico Walter Runciman. El pacto Roca-Runciman, ampliamente debatido tanto entonces como en la historiografía posterior, establecía una cuota de exportación para las carnes enfriadas argentinas que no podía ser menor a las 39.000 toneladas, aunque Gran Bretaña se reservaba la posibilidad de reducir sus compras. Además, las exportaciones debían relizarse el 85% desde frigoríficos extranjeros, el 15% restante de las empresas podían ser argentinas siempre que la producción fuera colocada en el mercado inglés por buques y comerciantes ingleses. La Argentina se comprometía a mantener libre de derechos aduaneros el carbón y otros productos ingleses y a no reducir las tarifas de los ferrocarriles, otorgando trato preferencial a las empresas de transporte inglés. Además, el pacto contenía algunas claúsulas secretas por las cuales el Estado argentino asumía el compromiso de crear el Banco Central que adoptaría la forma de una corporación mixta de bancos nacionales y capitales extranjeros y de establecer la Corporación de Transporte de Buenos Aires. Ambas instituciones fueron creadas en 1935. El primero contó en su directorio a representantes del capital británico. La Corporación, desde que fue creada, concedió el monopolio en el manejo del transporte urbano a capitales ingleses, por un lapso de 56 años. Estos procesos así como el manejo de la cuota de exportación de carnes, estuvieron envueltos en altos niveles de corrupción.

Entre los casos de corrupción más escandalosos se encuentra la investigación parlamentaria dirigida por el senador demócrata progresista Lisandro de la Torre sobre la manipulación contable y la evasión impositiva de los frigoríficos ingleses Anglo, Armour y Swift, beneficiados por la cuota establecida por el pacto Roca-Runciman. El informe, presentado en mayo de 1935, aportaba pruebas que comprometían a los ministros Federico Pinedo, de Hacienda y Luis Duhau, de Agricultura. El debate en el Senado terminó con el asesinato del compañero de bancada de De La Torre, Enzo Bordabeherre. El diario El Mundo (Año VII, N° 2612, Buenos Aires) del 24 de julio de 1935 publicó: “De tres balazos por la espalda fue muerto en pleno recinto el senador electo por Santa Fe, Dr. Bordabehere. También resultaron heridos el ministro de agricultura y el diputado Manzini.” El caso es recreado en la película Asesinato en el Senado de la Nación dirigida por Juan José Jusid que se estrenó el 13 de septiembre de 1984 con un elenco encabezado por los actores Pepe Soriano y Miguel Ángel Sola.

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Fragmento de la película Asesinato en el Senado de la Nación de Juan José Jusid (1984). [Consulta: 10 de mayo de 2013]

Junto a las respuestas que procuraban paliar las consecuencias de la crisis con instrumentos más bien tradicionales como la reducción del gasto público y el aumento de la recaudación o las políticas “defensivas” tales como el acuerdo con Gran Bretaña, durante la década de 1930, surgieron novedades en el plano económico. La intervención estatal por medio de la implementación de políticas anticíclicas, fue una de las principales consecuencias prácticas del reconocimiento del nuevo escenario. La economía abierta había tocado fondo por efecto de la crisis internacional. El abandono definitivo del patrón oro creó la necesidad de establecer el valor de la moneda. La creación del Banco Central más allá de su implementación se justificaba, entre otras razones, por ese objetivo. El control de cambios, surgido durante la dictadura de Uriburu como una medida defensiva frente a una depreciación excesiva del peso, fue hacia el futuro un instrumento central de las políticas económicas, no solo para fijar la relación de la moneda local con la extranjera sino también para permitirle al Estado disponer de las divisas, orientando su uso. En tal sentido, desde 1933, con la firma del acuerdo con Gran Bretaña, las disposiciones cambiarias beneficiaron a las importaciones británicas y facilitaron el envío de dividendos de las empresas de ese origen en detrimento del comercio norteamericano, buscando restaurar el bilateralismo perdido en la década anterior. Otras creaciones de la época fueron el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias cuyo propósito era ayudar a los bancos que estaban en dificultades y a la vez orientar el crédito y la Dirección General del Impuesto a los Réditos para administrar el nuevo impuesto establecido frente a la baja de la recaudación aduanera. Esta dirección fue aumentando sus atribuciones y hacia finales del periodo procuró unificar el sistema fiscal, tal como ocurrió con su sucesora la Dirección General Impositiva, creada durante el peronismo (Sánchez Román, 2010). A su vez, el Estado asumió la tarea de regular la producción en el sector primario frente a la prolongada caída de los precios. Se crearon las Juntas Reguladoras, que en el caso de las exportaciones de granos garantizaban un precio sostén a los productores y vendían a los exportadores a precio de mercado. Esta política se financiaba con la diferencia obtenida entre el precio de compra y el de venta de las divisas, a partir del control de cambios. Las Juntas también se encargaron de proteger las producciones locales de vid, azúcar, Historia Argentina

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yerba mate y otros productos regionales para lo cual en ciertos casos compraban y destruían parte de la cosecha o subsidiaban la reducción o relocalización del área sembrada. Las distintas medidas de intervención que hemos mencionado, fueron aplicadas para evitar o al menos reducir el impacto de la crisis. Para los gobiernos conservadores se trataba de restablecer el ciclo clásico de la economía local utilizando instrumentos novedosos. Los economistas y los historiadores han analizado, desde distintos posicionamientos teóricos e ideológicos la eficacia de estas medidas en función de los resultados y han llegado a conclusiones muy diferentes y hasta opuestas. La polémica entre Jorge Fodor, Arturo O’Connel y Peter Alhadeff a mediados de la década de 1980 acerca de las ventajas o desventajas del Pacto Roca–Runcimann, constituye un buen ejemplo. Sin embargo, más allá de estos debates, es necesario advertir que la gran depresión y sus consecuencias provocaron un quiebre profundo. El ocaso del paradigma del progreso indefinido, que se había iniciado sobre todo en Europa en la década de 1920, se extendió y se hizo más profundo, su correlato en la economía fue el abandono de las certezas que postulaba la doctrina liberal. Las elites dirigentes recurrieron a la a intervención del Estado en el mercado en busca de soluciones más estructurales frente a la persistencia de la crisis. Con distintos propósitos y en circunstancias muy diferentes las instituciones y las formas de intervención estatal que se hicieron habituales en estos años estaban destinadas a perdurar.

LECTURA RECOMENDADA

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La polémica sobre el pacto Roca-Runcimann en: Fodor, J. y O’Connell, A. (1973), “La Argentina y la economía atlántica en la primera mitad del siglo XX”, en: Desarrollo Económico, vol. 13, nº 49, Buenos Aires.



Alhadeff, P. (1985), “Dependencia, Historiografía y objeciones al Pacto Roca”, en: Desarrollo Económico, vol. 25, nº 99, Buenos Aires.



Fodor, J. y O’Connell, A. (1985), “Dependencia, historiografía y objeciones al Pacto Roca. Un comentario”, en: Desarrollo Económico, vol. 25, nº 99, Buenos Aires.

1. Realice un texto breve que sintetice los principales argumentos en torno a la polémica sobre las ventajas y desventajas del Pacto Roca-Runciman.

KK

6.2.1. La industrialización Aldo Ferrer consideró a los años treinta como la etapa de sustitución “fácil”. En su libro La Economía Argentina postula que fueron las condiciones externas y las medidas coyunturales tomadas para equilibrar la balanza comercial, en momentos en que se vieron reducidas las exportaciones, las que orientaron la industrialización a falta de una política deliberada (Ferrer: 1963). Es cierto que esta industria sustitutiva no fue una completa novedad. Como hemos visto, durante los años veinte se habían comenzado a desarrollar ciertas actividades industriales. En torno a estas cuestiones se han dado importantes debates en la historia económica argentina especialmente entre las décadas de 1950 y 1970. Historia Argentina

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Debates: La premisa del declive de la economía sustentada en la comparación con el desarrollo de Australia o Canadá, países con los cuales la Argentina había compartido una etapa de crecimiento similar pero cuyo desempeño económico posterior fue muy diferente, orientó gran parte de las investigaciones y las interpretaciones surgidas entre la década de 1950 y 1970. Durante esos años maduraron las teorías desarrollistas, cuya referencia más importante se encuentra en los trabajos de la CEPAL. La industrialización fue abordada como el producto de un retraso y su evolución anómala o incompleta. La idea de una “gran demora” en la década de 1920, que hemos comentado en la unidad anterior, se inscribe en esta línea. La década de 1930, siguiendo a Rostow y su teoría de las etapas del desarrollo económico, fueron considerados los del “Take Off”. Esta versión, difundida a través del libro de Di Tella y Zymelmann, (1967) fue discutida por importantes historiadores económicos tanto desde perspectivas “heterodoxas” como “ortodoxas”. Por ejemplo, el análisis en clave neoclásica realizado por Carlos Díaz Alejandro (1983) que reivindica la eficiencia de las políticas económicas conservadoras, en tanto privilegiaban el mercado externo y facilitaban la competitividad. Este texto ha sido ampliamente difundido y debatido por los especialistas en historia económica Argentina.

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2. Escriba un texto breve donde se analice la noción de anomalía o desvío desde el punto de vista de su aplicación al análisis historiográfico. ¿Qué supuestos están contenidos en estas nociones? ¿Cuál ha sido su influencia en los estudios e interpretaciones de la historia argentina? ¿Cómo han influido estas nociones y sus supuestos en la utilización de teorías y/ o conceptos como modernización, desarrollo, etc. aplicadas al análisis histórico?

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Si bien tanto en la década de 1930 como en la de 1920 la indutrialización surgió como consecuencia de las adversas condiciones externas y se trató en general de industria liviana, con baja inversión de capital, uso intensivo de mano de obra y orientada al cosumo interno, una diferencia entre ambos momentos es que, sobre todo con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos conservadores asumieron una actitud más decidida en cuanto a la aplicación de políticas que facilitaran, al menos parcialmente, la industrialización. El “Programa de reactivación de la economia nacional”, más conocido como Plan Pinedo de 1940, preveía una serie de medidas a través de las cuales el Estado orientaba el desarrollo de algunas industrias, sobre todo las ligadas a las actividades tradicionales que no dejaban de ocupar un lugar central en la economía. En tal sentido, el plan promovía las exportaciones en general y contenía disposiciones para obtener divisas “libres”, es decir, no sujetas a los Historia Argentina

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acuerdos bilaterales subscriptos en esos años, con el objetivo de mejorar la balanza comercial, deficitaria con EEUU, y obtener en el futuro bienes de capital provenientes de ese país. Este ha sido un aspecto habituamente destacado por los que se han ocupado del plan (Llach, 1984). Si bien el Programa presentado por el ministro de Hacienda Federico Pinedo no obtuvo la aprobación parlamentearia se ha destacado que muchas medidas inspiradas en él fueron aplicadas en el periodo 1940-1943. En este sentido se han visto las políticas de esta etapa, sobre todo a partir del gobierno de Ramón Castillo, como la muestra de que al menos una parte de los conservadores, consideraba cada vez más la necesidad de que el Estado asumiera un rol activo para lograr objetivos económicos. De hecho las críticas al “dirigismo” que se harían habituales con las políticas del peronismo comenzaron a expresarse en esta etapa en boca tanto de miembros de la oposición parlamentaria como de grupos empresarios que veían afectado algun interés particular. También esta creciente presencia estatal en la arena pública ha sido un elemento de peso en las interpretaciones que, en los ultimos años, han buscado establecer continuidades con el peronismo. En tal sentido, el papel de la Dirección Nacional de Trabajo, en la mediación obrero patronal y la regulación del trabajo fue una respuesta al crecimiento de la conflictividad que acompañó el aumento de la actividad industrial. Sin abandonar las medidas represivas, que habían alcanzado niveles muy altos sobre todo durante la dictadura de Uriburu –persecusión, deportaciones, encarcelamiento y tortura, que incluyó el estreno de la picana eléctrica por parte de la policía–, los gobiernos conservadores comenzaron a utilizar la mediación estatal en las huelgas, especialmente cuando estas afectaban el desarrollo de actividades vinculadas a la exportación. De todos modos, es necesario tener en cuenta, en pos de atender también a los cambios entre uno y otro periodo, que la intervención estatal y el arbitraje no implicaba una solución favorable o conveniente al movimiento obrero.

6.3. Las tranformaciones sociales: migraciones internas Los cambios económicos que hemos reseñado –la crisis del sector agroexportador, el impacto de la caída de los precios en las economías regionales y el desarrollo de la industria sustitutiva- impactaron en el mercado de trabajo y, por tanto, tuvieron su correlato en el plano social. Por un lado, la crisis frenó la inmigración europea, por el otro, el despliegue industrial alentó las migraciones internas, del campo o del interior, a las ciudades. Los datos reflejan este cambio: mientras que en 1914 los extranjeros representaban el 47% de la población ocupada en 1947 ese porcentaje era del 22%; en contrapartida, la población nativa censada fuera de su jurisdicción pasó en el mismo periodo del 14 al 25%. Aunque no existen datos intermedios, porque no hubo censos en el periodo, en general se admite que la mayor parte de ese cambio se produjo en la década de 1930. Así, a partir de 1935, el desempleo comenzó a revertirse como consecuencia del establecimiento de nuevas industrias orientadas al consumo del mercado interno y de uso intensivo de mano de obra, al tiempo que las migraciones internas y de los países limítrofes comenzaron a configurar un nuevo paisaje urbano. La localización industrial en el área metropolitana de Buenos Aires – Capital Federal y lo que comenzaría a constituir el conurbano–, centros urbanos

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del litoral como Rosario y la ciudad de Córdoba, reforzaron una tendencia de desplazamiento de la población del interior hacia el litoral que si bien no era nueva adquirió dimensiones novedosas. La Capital Federal y el Gran Buenos Aires concentraban ya en 1935 el 59% de las industrias y el 71% de la fuerza laboral. Con esta nueva localización, no prevista ni planificada, surgieron en la periferia de las aglomeraciones urbanas las villas de emergencia, emblemáticas –igual que lo fueron los conventillos en la etapa anterior- de las condiciones de vida de la clase obrera.

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El fenómeno de las “villas miseria” además de ser una consecuencia del déficit habitacional resultó también una respuesta al desarraigo cultural, un modo de preservar lazos y elementos de la cultura de origen frente a un medio receptor que se percibía hostil y con el cual los migrantes se vinculaban exclusivamente en el mundo del trabajo. En la sociedad receptora, por su parte, predominó una mirada atomizada del fenómeno migratorio. Entre los sectores medios y altos fue común la desconfianza y la tendencia al racismo y la discriminación que se expresaron en el mote de “cabecita negra”.

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Además, el impacto de la llegada de una gran cantidad de trabajadores del interior del país en muchos casos de origen rural que se incorporó a la actividad industrial provocó profundos cambios en la composición de la clase obrera e influyó progresivamente en las formas de identidad política así como en el desarrollo de sus organizaciones gremiales. La distinción entre viejos y nuevos obreros ha sido utilizada como clave explicativa de las trasformaciones que permitieron la emergencia de lo que se denominó sindicalismo peronista. En efecto, los nuevos obreros provenientes del interior tenían características culturales diferentes, producto de sus experiencias divergentes. Sin embargo, como veremos en la unidad siguiente, las continuidades entre el sindicalismo de la década de 1930 y el que acompañó el ascenso de Perón al poder fueron muy significativas.

6.4. La organización de la clase obrera: la CGT y el comienzo de la negociación colectiva Como señalamos en la unidad anterior, poco después del golpe, la USA de tendencia sindicalista revolucionaria y la COA que agrupaba a los grandes gremios del transporte y donde convivían sindicatos socialistas y sindicalistas se unificaron y crearon la CGT. La corriente sindicalista que en el pasado mantenía un posición intransigente respecto de la participación política de los trabajadores a través de los partidos y postulaba la lucha revolucionaria, había ido variando hacia una posición más proclive a negociar mejoras en las condiciones de trabajo, aunque manteniendo la prescindencia respecto de los partidos políticos. Los socialistas, en cambio, apostaban a la organización sindical pero consideraban un aspecto fundamental la participación en el parlamento y la Historia Argentina

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búsqueda de mejoras por esta vía. Fuera de esta central quedaron los anarquistas nucleados en la FORA, sensiblemente debilitados luego de la represión de la década de 1920 y los comunistas que habían comenzado a organizarse, también en esa década, a través de la creación del Partido Comunista (PC) y del Comité de Unidad Sindical Clasista (CUSC). Al comienzo de la década, a pesar de la unificación que fue un intento de superar la fragmentación de la organización obrera para enfrentar una coyuntura adversa, la lucha sindical sufrió una fuerte retracción. En 1931 la CGT presentó un Programa Mínimo que expresaba las aspiraciones de mantener las escasas conquistas de los años previos. Incluía el reconocimiento de los sindicatos, la jornada de ocho horas, vacaciones pagas, salario mínimo, defensa de la infancia, protección de la maternidad y derogación de la ley de residencia entre otras reivindicaciones. Sin embargo, como resultado de la crisis económica, la desocupación y la actitud estatal que oscilaba entre la represión y la indiferencia, los conflictos laborales alcanzaron los niveles más bajos y el movimiento obrero quedó en una situación claramente defensiva frente a las imposiciones de la patronal, al menos hasta mediados de la década. Este cuadro comenzó a revertirse a partir de 1935 con la mejora de las condiciones económicas. Se crearon nuevos sindicatos a nivel nacional y creció la influencia de los dirigentes y militantes comunistas, sobre todo en los nuevos sindicatos como el metalúrgico, también en los textiles, la carne y la construcción. Otro cambio que se verificó en estos años fue el desplazamiento de los dirigentes de la tendencia sindicalista, que habían predominado en la primera parte de la década, por los socialistas. Los alineamientos históricos se expresaban, por un lado, en la denominada corriente “apolítica”, como era el caso de los sindicalistas que rechazaban la participación en organizaciones partidarias y, por otro, en la línea de quienes defendían esta participación como una forma de lograr mejoras o de buscar la emancipación de la clase obrera, tal el caso de los socialistas y los comunistas respectivamente. En la segunda mitad de la década 1930 se desarrolló una tendencia a la negociación en los conflictos laborales que fue también la consecuencia de un cambio de actitud por parte del gobierno conservador. Así, desarrolló su papel el Departamento Nacional del Trabajo (DNT), al que ya nos hemos referido, cuyo propósito era amortiguar los conflictos laborales. Su actividad obtuvo cierto éxito, como se refleja en las cifras: mientras que en 1934 las huelgas perdidas por los trabajadores fueron aproximadamente el 56% y en 1935 las ganadas alcanzaron el mismo porcentaje, en el periodo que transcurre entre 1936 y 1939 las transigidas o resueltas por algún tipo de negociación fueron el 78% y para 1942 casi el 90%. La forma de interpretar estos datos ha sido motivo de controversia entre los investigadores. Murmis y Portantiero consideran que el crecimiento de las huelgas negociadas se correspondió con un aumento de las aspiraciones insatisfechas de los trabajadores; para Gaudio y Pilone son indicativas de un relativo éxito en la defensa de un determinado nivel de vida. Hugo del Campo, por su parte, llama la atención respecto de que ese nivel de vida que lograron defender era muy bajo. El estancamiento del salario real durante esta década contrasta con su aumento durante la anterior y permite suponer que las aspiraciones obreras estaban lejos de ser satisfechas. Lo cierto es que la participación del Estado en la resolución de los conflictos creció significativamente. (Del Campo, 2005: 76-77) Historia Argentina

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De todos modos, no hay que perder de vista que los obreros sindicalizados no representaban más del 10 al 15% de la fuerza laboral, con grandes variaciones por sector, a lo largo del periodo. Las condiciones de trabajo, en la mayoría de los casos eran fijadas por los patrones. Si bien la práctica de los convenios de trabajo comenzó lentamente a ejercitarse en la segunda mitad de la década, su número fue escaso y su cumplimiento por parte de las empresas resultaba aleatorio. El Estado no se mostraba interesado en hacer cumplir las leyes (escasas por otro lado) que protegían a los trabajadores del abuso empresarial. Durante todo el periodo los salarios se mantuvieron en promedio por detrás del aumento del costo de vida. De este modo, un importante número de trabajadores quedó al margen de los beneficios de la negociación colectiva y de los efectos de la creciente acumulación de ganancias que experimentaron las empresas. Estas últimas beneficiarias de un modelo de desarrollo industrial que privilegiaba la incorporación masiva de mano de obra en condiciones de transitoriedad e inestabilidad y con tecnología de baja productividad.

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Al cuadro descripto respecto del cambio en la composición de la clase obrera y la transformación en la organización y las prácticas sindicales hay que sumar el vacío político en que se encontraban gran parte de sus miembros. Al respecto sostiene Hugo del Campo:

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Quizás la imagen de una clase obrera formada principalmente por extranjeros y en la que predominaban las ideologías antipolíticas –imagen que ya no se ajustaba a la realidad influyó en parte para ocultar a la percepción de los políticos el potencial electoral que su creciente número representaba. Quizás la práctica habitual del fraude y la manipulación electoral los absorbía demasiado como para prever que en unas elecciones verdaderamente limpias su peso podría ser decisivo. (del Campo: 2005: 89)

LECTURA OBLIGATORIA

del Campo, H. (2005), Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable, Siglo XXI, Buenos Aires, pp. 53-169.

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6.5. El gobierno de Agustín P. Justo y la restauración conservadora Desechado el proyecto corporativo de inspiración fascista que proponía Uriburu y sus seguidores nacionalistas, y que representaba una innovación en la política local, los conservadores que se estaban reorganizando desde 1928, se abocaron a reconquistar el gobierno por la vía electoral con el propósito de recrear el régimen republicano del cual habían sido los principales beneficiarios antes de 1916. Esta ilusión restauradora guió las acciones políticas de los dirigentes del conservadurismo, quienes consideraban inaceptable la ampliación social del espacio político, que había sido consecuencia de los gobiernos radicales. Como veremos, el recurso del fraude y su justificacion se orientaban en esa línea. Sin embargo, mas allá de la voluntad de restablecer un orden que se consideraba “normal”, las circunstancias habían cambiado. Así como en la economía aún para beneficiar a los grupos agroexportadores que tradicionalmente habían usufructuado las ventajas de la concentración del poder económico y sus vinculaciones políticas, el Gobierno tuvo que echar mano de instrumentos e instituciones novedosas que –en un contexto internacional adverso para las exportaciones tradicionales posibilitaron la emergencia de nuevos desarrollos también en el plano de la política– restaurar la hegemonía conservadora significó dar cabida a nuevos actores. Los partidos políticos, pero también las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica tuvieron una presencia novedosa en un momento signado por nuevos desafíos a nivel local e internacional.

6.5.1. Los partidos políticos: La Concordancia, la oposición parlamentaria y las alternativas de la UCR Para las fuerzas políticas que se alinearon detrás de la candidatura del Gral. Justo en noviembre de 1931, las elecciones bonaerenses de abril de ese mismo año habían dejado en claro que la opción electoral hacía necesario neutralizar al radicalismo. Esta fuerza política entró en una etapa de reacomodamiento, atravesada por estrategias y posicionamientos políticos divergentes, de acuerdo con las situaciones provinciales y la inserción social de sus dirigentes. Marcelo T. de Alvear, quien desde Europa había justificado el golpe, cambió su perspectiva al regresar a la Argentina; entonces, con el visto bueno de Yrigoyen, preso en la isla Martín García, se hizo cargo de la conducción del partido. La UCR de ahí en más oscilaría entre participar en las elecciones o retornar a la vieja práctica de la abstención y la rebelión. A mediados de 1931 un levantamiento fallido de militares radicales causó la detención y deportación de varios dirigentes, incluído el propio Alvear que como jefe radical se había convertido en referente de la oposición. La jefatura de Alvear facilitó el retorno al partido de algunos antipersonalistas. Cuando se concretó el llamado a elecciones, para noviembre de ese año, el radicalismo proclamó la fórmula Alvear-Güemes pero Justo presionó al gobierno y logró la prohibición de estas candidaturas con el argumento de que no se habían cumplido los plazos de residencia que establecía la ley. Los radicales optaron por la abstención, mantenida hasta mediados de la década. La alianza que acompañó a Justo no fue facil de sellar. La conformaban el Partido Demócrata Nacional que agrupaba a un heterogéneo universo conser-

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vador, distribuido en las provincias; los Socialistas Independientes, escisión del Partido Socialista, consumada durante la segunda presidencia de Yrigoyen; y la UCR Antipersonalista. Las debilidades de este acuerdo se pusieron de manifiesto desde el comienzo en la presentación de dos fórmulas. En una, el compañero de Justo era Julio A. Roca, en la otra José Nicolás Matienzo, candidato de los antipersonalistas. El Gral. Justo sumaba, además, apoyos en el Ejército y en la Iglesia Católica que, intoduciendo una novedad en el escenario político, respaldó abiertamente su candidatura. La oposición que pudo presentar candidatos conformó la Alianza Civil compuesta por el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista. Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto fueron los candidatos de esta alianza constituida por dos partidos de tradición más bien local –el DP tenía origen y presencia en la provincia de Santa Fe y el PS en la Capital Federal- que lograron canalizar una parte de los votos que podrían haber ido al radicalismo. La Alianza amplió su representacion en el congreso y fortaleció de este modo la oposición parlamentaria, que ofició de interlocutor del oficialismo en un contexto de exclusión de otros grupos cuya participación estaba vedada. El general Justo asumió el gobierno en febrero de 1932. La fuerzas políticas que lo secundaron conformaron en el parlamento La Concordancia. Una alianza inestable en la cual la competencia entre los conservadores, que reclamaban mayor presencia en razón de su mayor número a nivel nacional y los Socialistas Independientes y Antipersonalistas, que según la opinión de aquellos se hallaban sobrerepresentados en las listas, era una fuente de tensiones. Justo, convertido en árbitro de la situación, reforzaba de ese modo su liderazgo. El General se convirtió en la figura fuerte de la política hasta su muerte, ocurrida en el año 1943. Por su parte, la oposicón quedó dividida entre los partidos con representación parlamentaria, que aún con momentos de fuertes enfrentamientos compartían la arena política con el oficalismo y la UCR que como hemos anticipado, mantuvo la abstención electoral hasta mitad de la década. El radicalismo, sin embargo, no clausuró la actividad partidaria. Hasta su muerte, ocurrida en 1933, Yrigoyen mantuvo un liderazgo reconocible entre muchos dirigentes y militantes y los levantamientos frustrados o fracasados le dieron continuidad a una forma de identidad partidaria que desde el origen del partido hacía de la impugnación del régimen su fuerza. Pero esta metodología, cuestionada no sólo por el oficialismo sino también por la prensa y las otras fuerzas políticas no resultaba satisfactoria para contener la heterogeneidad de los grupos que componían el radicalismo en todo el país y creaba el dilema de vulnerar las reglas del orden republicano que en su retórica el partido decía defender. Por su parte, el Gobierno explotaba hábilmente este aspecto pretendiendo un apego a esas reglas que pronto se mostraría falso. El cambio de escenario político fue consecuencia del abandono de la abstención por parte de la UCR, para las elecciones legislativas de 1935. Esta decisión produjo, a su vez, divisiones en el radicalismo, tal el surgimento de FORJA, que veremos más adelante. En lo inmediato puso a los conservadores y sus aliados ante un desafío que, más allá del discurso acerca del valor de las instituciones republicanas y el respeto a las normas, sería afrontado a través de un conjunto de dispositivos para tergiversar los resultados de las urnas todas las veces que lo creyeran conveniente. Las variadas formas de fraude electoral practicadas sobre todo en territorios considerados estratégicos, como la provincia de Buenos Aires, dieron lugar a una profunda ilegitimidad del sistema político. Historia Argentina

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La decisión de los gobiernos conservadores de impedir un posible triunfo del radicalismo que le permitiera retomar la conducción del Estado se plasmó a través de la práctica del fraude electoral que asumió distintas formas, tales como el voto cantado, el vuelco de padrones, la apertura de urnas o el amedrentamiento de los fiscales. Más allá del modo, más o menos violento, el recurso buscaba desalentar la participación de los votantes del radicalismo una vez que el partido decidió levantar la abstención. Hubo diferencias entre las provincias. En 1935 en Córdoba, en elecciones sin fraude, triunfó el radical Amadeo Sabattini, en cambio en Buenos Aires el triunfo del candidato conservador Manuel Fresco fue ampliamente cuestionado por sus irregularidades. Fresco, gobernador de esa provincia entre 1936 y 1940, fue un defensor del voto cantado, considerado un antídoto a la participación demagógica de las masas. En esta línea se acuñó la consigna política del “fraude patriótico”. Con ella muchos conservadores, como el dirigente bonaerense Rodolfo Moreno, pretendían estar paliando la situación provocada por la ausencia del voto calificado, con el cual debía impedirse que los sectores populares, incultos e incapaces de discernir, accedieran a la representación política. En la práctica, el fraude fue un método violento de intervención en los comicios que junto a otros procedimientos, como la confección de las listas y el manejo de los recursos del Estado, permitió que los dirigentes hicieran valer el peso de sus clientelas políticas para impedir el triunfo de sus rivales.

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LECTURA RECOMENDADA

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Béjar, M. (2005), El régimen fraudulento. La política en la provincia de Buenos Aires. 1930-1943, Siglo XXI, Buenos Aires, pp. 187-214.

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El periodista y ensayista José Luis Torres (1901-1965), alineado por aquellos años con los grupos nacionalistas y antimperialistas, acuñó el nombre Década Infame, cuyo persistente arraigo en la historiografía posterior se debe presumiblemente a su eficacia para sintetizar aspectos distintivos del periodo, tales como los casos de corrupción que causaron escándalo (la venta de tierras de El Palomar, la extensión de la concesión a la CAdE por parte de los ediles porteños, la ley de creación de La Corporación de Transporte de Buenos Aires o las obras del puerto de Rosario, entre otros) y la recurrencia al fraude y la violencia que afectaron la legitimidad del régimen político. Las investigaciones históricas de los últimos años, sin desconocer estos aspectos, han procurado despojar a esta etapa de la condición de excepcionalidad que supone esa denominación, buscando en temas claves como la intervención del Estado y la creación de instituciones, la industrialización, la composición y organización del movimiento obrero o la incursión de las FFAA y la Iglesia Católica en la política, elementos que aportan no solo complejidad sino también notables continuidades con los años por venir.

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6.6. Los nacionalismos Las transformaciones de la época tanto a nivel local como internacional impactaron en el plano de las ideas y en la ideología, creando un espacio propicio para el debate que encontró en el pensamiento nacionalista un sustrato potente. Al nacionalismo de derecha, que desde la década de 1920 denunciaba y perseguía al anarquismo y al marxismo y buscaba la afirmación de la nacionalidad en lo que consideraba la genuina tradición criolla no contaminada por la presencia de ideas foráneas, se agregaron otras expresiones del pensamiento nacional que hicieron del antimperialismo y la denuncia de los intereses británicos, protegidos por las políticas oficiales y vinculados a estruendosos casos de corrupción, el eje de sus intervenciones políticas. El nacionalismo del primer tipo que en la década de 1920, como hemos visto, se agrupó en buena medida en el periódico La Nueva República, desde donde acompañó el golpe del 6 de setiembre, encontró espacio para su continuidad durante los gobiernos conservadores. Ernesto Palacio y Julio y Rodolfo Irazusta así como Carlos Ibarguren, iniciadores del revisonismo histórico y escritores como Manuel Gálvez y Martínez Zuviría fueron mentores de esta versión del nacionalismo de matriz antiliberal, que se asoció sin dificultad al pensamiento conservador y al catolicismo. También revistan en estas filas sacerdotes como Gustavo Franchesci, director de la revista Criterio que por entonces supo albergar expresiones del nacionalismo católico y Leonardo Castellani, un jesuita de larga y cambiante trayectoria que en aquel tiempo sostenía posturas marcadamente antisemitas. Por los demas, la convergencia entre las ideas nacionalistas y el catolicismo renovado, que pugnaba por imponer un orden cristiano, contribuyó a consolidar un nuevo mito fundante, el de la “nación católica” que se basaba en identificar la historia nacional, desde su origen, con la acción civilizadora del catolicismo y Historia Argentina

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definir desde allí la única identidad genuina y el único remedio para los males del presente (Di Stefano y Zanatta, 2000: 424-425) En cuanto al nacionalismo popular, FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina) un nucleamiento creado en 1935 por un grupo de jóvenes radicales descontentos con la conducción del partido, representó una expresión crítica acerca de la política y la economía del momento y fue, a la vez, un modo de intervención política. Formaron parte de este espacio algunos universitarios, ligados a la militancia reformista, como Arturo Jauretche y Gabriel de Mazo a los que se sumaron hombres de la cultura, como Homero Manzi y Enrique Santos Discépolo, entre otros. También Raúl Scalabrini Ortiz, que en 1931 había publicado con buena repercusión El hombre que está solo y espera, se integró a FORJA por sus coincidencias ideológicas con el nacionalismo popular, democrático y antimperialista, que era una novedad en el pensamiento nacional criollo. De esa época fueron sus textos Política Británica en el Río de la Plata (1936) e Historia de los Ferrocariles argentinos (1940). Algunos de los integrantes del grupo FORJA se sumaron al peronismo a partir de 1946 .

EE Canal Encuentro. Ciclo: Bio.ar. Capítulo: Arturo Jauretche. (Conducido por Gabriel Di Meglio) [Consulta: 29 de junio de 2013]. Disponible en: Para ver los capítulos sobre Raúl Scalabrini Ortiz, Enrique S. Discépolo y otros:

La reflexión acerca de lo nacional fue, además, el eje de obras que buscaban en ese tópico las causas o las respuestas a un estado de crisis cuyas manifestaciones políticas, económicas y sociales eran tal vez menos dramáticamente percibidas que su impacto en la cultura. El ensayo de Ezequiel Martínez Estrada Radiografia de la Pampa (1933) que volvía sobre la dicotomía sarmientina entre civilización y barbarie o el texto de Eduardo Mallea (1937) Historia de una pasión argentina son ejemplos de esa tendencia.

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El clima de debate que envolvió la cultura argentina en torno a la definición de la identidad nacional se trasladó a los estudios históricos. En 1938 con la creación del Instituto Juan Manuel de Rosas de Investigaciones Históricas se daba forma institucional a la corriente revisionista que nacía con un afán polémico. Los hombres del revisionismo asumían que la lucha en la cual estaban empeñados no era solamente historiográfica sino también política.

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C El revisionismo hacía de la reivindicación de Juan Manuel de Rosas uno de sus objetivos principales y decía discutir con la historia escrita por “los vencedores de Caseros”, una fórmula a la que se apeló a menudo. De acuerdo con los argumentos revisionistas era la que sostenía la Academia Nacional de la Historia, organizada también en 1938 sobre la base de la vieja Junta de Historia y Numismática, creada por Bartolomé Mitre a fines del siglo XIX. Según la crítica revisionista, se trataba de una versión liberal, porteña y falsa de la historia nacional, y ella constituía lo que llamaban la historia oficial, de estirpe mitrista. (Cattaruzza, 2009: 153-154).

LECTURA RECOMENDADA

RR

Cattaruza, A. (2007), Los usos del pasado. La historia y la política argentina en discusión, 1910-1945, Sudamericana, Buenos Aires, pp. 138-188.

6.7. El nuevo papel de la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas Durante la década de 1930 la Iglesia Católica vivió una época de “renacimiento” signada por su creciente presencia en los espacios públicos y por el prestigio de muchos de sus hombres y sus ideas. El fenómeno, sin precedentes en las décadas previas, en las cuales el avance del liberalismo había puesto a la doctrina católica a la defensiva, no era exclusivamente argentino. También en los países europeos las propuestas del catolicismo social eran asumidas con simpatía, sobre todo por aquellos que veían en ellas un buen modo de poner freno al crecimiento de los partidos comunistas y del marxismo. Estas expresiones ideológicas junto a las ideas liberales eran consideradas desde el campo católico causantes de los extravíos de la sociedad moderna. En Argentina, además, el momento coincidía con la culminación de un largo periodo de organización y fortalecimiento institucional de la Iglesia, iniciado en las últimas décadas del siglo XIX, con el sello del proceso de romanización. El propósito de conquista de la sociedad y la pretensión de convertirse en guía del orden social y político se manifestó en diferentes planos y tuvo distintos modos de expresión, pero fue sin duda el resultado de una acción deliHistoria Argentina

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berada, impulsada desde la propia institución y conducida por el episcopado. Un producto directo de esta política fue el amplio apoyo dado por la jerarquía eclesiástica a la creación y el crecimiento de la Acción Católica (1931). A la vez, una demostración del éxito alcanzado fue la masividad del Congreso Eucarístico reunido en Buenos Aires en 1934. No sorprende, entonces, que animada por el panorama descripto y con la orientación ideológica que suministraba el mito de la “nación católica”, al que ya nos hemos referido, la Iglesia argentina representada por su jerarquía, se convirtiera en esos años en un actor político, cuya intervención se justificaba por el objetivo de influir sobre el Estado para imponer un orden cristiano. En esta tarea, más allá del apoyo dado a la candidatura del Gral. Justo y de las intenciones del jefe de la coalición conservadora de congraciarse con la institución eclesiástica persiguiendo con saña a los comunistas, conforme avanzaba la década fue el Ejército, convertido en el “guardián del mito de la nación católica”, el aliado por excelencia en la tarea de sentar las bases del nuevo orden cristiano. (Di Stéfano y Zanatta, 2000: 431).

LECTURA OBLIGATORIA

Di Stefano, R. y Zanatta, L. (2000), “El espejismo del ‘nuevo orden cristiano’. El renacimiento católico de los años treinta”, en: La Historia de la Iglesia Argentina. Desde la conquista hasta fines del siglo XX, Mondadori, Buenos Aires, pp. 412-435.

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Desde las filas del Ejército argentino la respuesta no se hizo esperar. Resulta claro que ya antes del golpe de 1930 y mucho más claramente a partir de allí, la presencia de las Fuerzas Armadas en la escena política se fue incrementando. Sin embargo, en la primera mitad de la década, tal vez en respuesta a la estrategia de “profesionalización” de la fuerzas, impulsada por el Gral. Justo, que incrementó formidablemente el presupuesto militar y modernizó el equipamiento y las instalaciones militares, la actitud de los militares frente al régimen fraudulento fue más bien la de pasividad. Esta posición comenzó a cambiar ante los nuevos desafíos que se presentaban en el mundo de entreguerras y ante la interpelación que representaban las ideas nacionalistas y la convocatoria a la acción que surgía desde las filas del catolicismo integral, al que ya nos hemos referido. Hacia fines de la década las concepciones imperantes en el seno de las Fuerzas Armadas acerca de la defensa nacional dejaban al descubierto los límites del desarrollo industrial y las dificultades que enfrentaba el Estado argentino para abastecerse de armas y equipos en un mundo en guerra. A ello se sumaban, en el marco de la Segunda Guerra, las presiones de EEUU y su estrategia a favor del Brasil, que estimulaba el sentimiento nacionalista y antimperialista y la preocupación por las cuestión social, en la cual se combinaba el interés por cuidar el estado físico de las población, como un factor clave para la defensa nacional, con el objetivo de evitar la proliferación de ideas comunistas y socialistas entre los trabajadores, tal como promovía la doctrina social de la iglesia. (AAVV, 2008: 153-156)

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6.8. El gobierno de Roberto Ortíz y el nuevo intento restaurador de Ramón Castillo Las elecciones presidenciales de 1937 tuvieron al Gral. Justo como gran elector. La fórmula integrada por Roberto Ortíz, un radical antipersonalista que tenía en su mentor el principal apoyo y Ramón Castillo un catamarqueño conservador del Partido Demócrata Nacional, respondía, a primera vista, a la lógica con la cual Justo había manejado el poder dentro de la Concordancia. La oposición, por su parte, se unificaba en el reclamo de democratización y respeto a las reglas electorales que el oficialismo malversaba en cada comicio. En tal reclamo coincidía la UCR, el PDP , el PS y también el PC, perseguido por el gobierno conservador, pero cuya estrategia respecto de la participación política se había modificado, siguiendo la línea de la III Internacional, en el momento que la Guerra Civil Española (1936-1939) apuraba la formación de frentes populares con las fuerzas democráticas, para enfrentar al fascismo. El frente popular no se concretó, en parte por las resistencias de la UCR a aliarse con otras fuerzas y en especial con el comunismo. El oficialismo triunfó una vez más consumando las elecciones presidenciales más fraudulentas de la década, lo cual hacía prever el continuismo más absoluto. Sin embargo, el presidente Ortíz se reveló menos dócil de lo que su origen insinuaba. A poco andar se puso al frente de la política contra el fraude, alimentando las esperanzas de la oposición y en especial del radicalismo. En su afán por autonomizarse de los conservadores tomó algunas medidas en contra de la elecciones amañadas en la provincia de San Juan, frenó el propósito de suprimir por ley el voto secreto y obligatorio en La Rioja e intervino la provincia de Catamarca, de donde era oriundo el vicepresidente. En lo que fue su mayor osadía llegó a intervenir la provincia de Buenos Aires, bastión de Manuel Fresco, y el territorio que había garantizado el triunfo sostenido de la Concordancia. De todos modos, los propósitos del presidente se vieron frustrados por su mala salud que lo obligó a pedir licencia hasta su retiro definitivo. El vicepresidente Castillo pudo retomar las riendas del sistema y desandar el camino iniciado aunque el panorama no iba a ser el de una mera restauración. El estallido de la Segunda Guerra Mundial impactó de lleno en la política creando un nuevo marco para el debate ideológico y el desarrollo económico.

6.9. El estallido de la Segunda Guerra Mundial: realineamientos y alternativas El estallido de la Guerra Civil Española había activado las divisiones ideológicas entre los defensores de la República entre los que se encontraban principalmente los grupos de la izquierda política y sindical, algunos intelectuales y miembros de los partidos democráticos que asumían una posición claramente antifascista y los sectores nacionalistas y católicos admiradores del Gral. Franco, con claras simpatías por las potencias del eje. Este panorama se alteró con el inicio, a mediados de 1939, de la Segunda Guerra Mundial. La división se dio, entonces, entre admiradores de los aliados y, por tanto, partidarios de romper relaciones con el eje, sobre todo a partir de 1941, cuando EEUU entró en el conflicto, y defensores de la neutralidad. Esta línea divisoria debía distinguir también, al menos en teoría, a los defensores

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de la democracia liberal frente a los admiradores de los regímenes autoritarios. Sin embargo, los alineamientos en este sentido se mostraron algo confusos, especialmente en la coalición gobernante. Miembros prominentes del conservadurismo como Federico Pinedo o el propio Gral. Justo asumieron una postura claramente proaliada y comenzaron a buscar un acercamiento con otras fuerzas políticas en pos de formar una alianza o frente que empezó a llamarse Unión Democrática. Por su parte, el presidente Castillo inclinado hacia la neutralidad buscó interlocutores entre los militares donde predominaba, aunque no era excluyente como lo muestra el propio Justo, la posición neutralista que solía vincularse a las simpatías hacia Alemania e Italia. De todos modos, la neutralidad podía ser justificada por la defensa de los intereses comerciales e industriales del país. En este sentido, la guerra, así como abría posibilidades de exportar y producir localmente en un marco de sustitución de importaciones también ponía al desubierto las limitaciones del desarrollo económico argentino y su clara dependencia de los factores externos. Estas preocupaciones estuvieron cada vez mas presentes entre los militares argentinos que unían su preocupacion por el desarrollo industrial con las necesidades de la defensa. Un nuevo modelo de intervención estatal comenzaba a perfilarse a partir de las nuevas preocupaciones creadas por la guerra. La produccion de energía, de acero y el desarrollo de la flota mercante fueron algunos de los desarrollos promovidos en estos años. (AAVV, 2008: 149-153)

6.9.1. La sucesión presidencial y el golpe de 1943 La Concordancia había comenzado a desintegrarse con la política reparadora de Ortíz y no pudo salvarse con el intento restaurador de Castillo. En los primeros meses del año 1942 el cuadro político se alteró nuevamente con el fallecimiento de Alvear, seguido pocos meses después por el del mismo Ortíz. En enero del 1943 murió el General Justo. El vacío político dejado por la ausencia de los referentes más importantes del periodo solo sumó incertidumbre a un cuadro de por sí complicado tanto por la crisis de legitimidad que arrastraba el régimen como por el contexto internacional. Los conservadores decidieron impulsar la candidatura de Robustiano Patrón Costa, un personaje sumamente impopular, de inclinacion proaliada. Esta candidatura se tornaba insostenible para los militares nacionalistas que se habían acercado al poder con la designación del Gral. Ramírez al frente del ministerio de Guerra. El golpe del 4 de junio, liderado por los oficiales del Grupo de Oficiales Unidos (GOU), clausuró el ciclo de los gobiernos conservadores y abrió un nuevo escenario del cual surgieron condiciones de cambio profundo, entonces insospechadas.

LECTURA OBLIGATORIA

Macor, D. (2001), “Partidos, coaliciones y sistemas de poder”, en: Alejandro Cataruzza (Comp.) Nueva Historia Argentina, Crisis Económica, Avance del Estado e Incertidumbre Política (1930-1943), Sudamericana, Buenos Aires, pp 49-95.

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Referencias bibliográficas

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7 El peronismo (1943-1955) Introducción El periodo inaugurado por el golpe militar de 1943 implicó una inflexión trascendental en la historia argentina. En lo político, nuevas dicotomías cargadas de contenidos de clase fueron reemplazando a las antiguas, que confrontaban a conservadores y radicales. Este proceso, inicialmente entremezclado con las alineaciones introducidas por la Segunda Guerra Mundial, apuntó a una polarización cada vez más pronunciada de las fuerzas políticas, evidente en la década de 1950. También los actores involucrados en la alianza que llevó a Juan Domingo Perón a la presidencia de la nación fueron variando sus posiciones desde 1946. Si en sus inicios el flamante movimiento pudo contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia Católica y de un movimiento obrero ahora masivamente sindicalizado, sólo el último actor permaneció en la alianza al concluirse la década peronista. En el contexto económico excepcionalmente propicio de la segunda posguerra, el peronismo propuso un modelo planificado e industrialista basado en una política redistributiva que no reconocía precedentes. Aunque ya desde antes de ingresar en la década de 1950 ese modelo mostraba sus limitaciones, las mejoras económicas y la expansión de los derechos sociales no serían olvidados por los sectores trabajadores, sus beneficiarios privilegiados.

Objetivos de la unidad •• Contextualizar el golpe de 1943 en el escenario nacional e internacional. •• Analizar el modelo económico peronista identificando sus reajustes en el periodo 1946-1955. •• Identificar la composición y actuación de diversos actores: Fuerzas Armadas, Iglesia Católica y sindicatos durante el periodo. •• Recuperar las políticas de “democratización del bienestar” del periodo peronista. •• Analizar los procesos de polarización social durante la segunda presidencia de Perón.

7.1. El GOU y el golpe de 1943 Como se desarrolló en la unidad anterior, durante el gobierno de Ramón Castillo los avatares de la guerra mundial condicionaron los realineamientos políticos. Las Fuerzas Armadas se vieron afectadas por la contienda y las tensiones de los diferentes posicionamientos afectaron a la oficialidad. Así, Historia Argentina

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mientras algunos oficiales presionaban por la ruptura con las potencias del Eje, los cuadros intermedios persistían en mantener la neutralidad, una política interpretada como profascista por la oposición al gobierno de Castillo. La institución tampoco era ajena a las candidaturas que se barajaban para reemplazar al Presidente, pronto a concluir con su mandato. Para complejizar aún más el panorama, la cuestión sucesoria vino a coincidir con el fallecimiento de los dos candidatos “naturales” de la puja electoral: Agustín P. Justo y Marcelo T. de Alvear. La propuesta del presidente Castillo de elevar a Robustiano Patrón Costas, un industrial salteño pro-aliado y convencido de la necesidad de mantener la política del fraude, generó rechazo unánime entre los militares, sin lograr tampoco demasiado consenso fuera de esos círculos. Por fin, el apartamiento del ministro de guerra Francisco Ramírez, tentado por la UCR para presentarse como candidato del partido, le proporcionó al Ejército el pretexto para el golpe. El 4 de junio de 1943 el general Arturo Rawson se imponía como presidente pero su mandato fue efímero. Los coroneles del GOU (Grupo de Oficiales Unidos según algunos autores y Grupo Obra de Unificación según otros), impulsaron un “golpe dentro del golpe” y designaron en su lugar a Francisco Ramírez, controlando a partir de entonces el gobierno y la conducción política. El GOU era un núcleo de conspiradores nacionalistas, preocupado por mantener la neutralidad durante la guerra y la moral en el ejército. El comunismo y el liberalismo eran sus declarados enemigos y sin ambigüedad se alineaban con las políticas de corte autoritario. En esta línea se inscribieron las primeras medidas de gobierno como la disolución del Congreso y el aumento de los gastos de defensa. Por otro lado, se implantó la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, incorporando al gabinete a notorios nacionalistas y católicos integristas. La nueva situación generó desconcierto entre las fuerzas políticas opositoras a Castillo, que habían depositado ciertas expectativas en el golpe de junio. Los radicales, y en general quienes promovían una política rupturista, quedaron decepcionados y termerosos frente a los cambios.

LEER CON ATENCIÓN

Juan Domingo Perón integraba el GOU. Sin embargo, sólo adquirió visibilidad pública a partir de su designación en el Departamento de Trabajo (luego promovido por él a Secretaría) en octubre de 1943. Fue desde allí que construyó su capital político y su liderazgo personal, imprimiéndole a la revolución de junio un giro inesperado incluso para sus mismos protagonistas

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Entre tanto, el gobierno de Francisco Ramírez se encontraba cada vez más acosado por las presiones para romper la neutralidad. No sólo los Estados Unidos sino la misma oposición interna –que identificaba al gobierno militar con una dictadura fascista- forzaban una ruptura que el GOU no estaba dispuesto a conceder. Por fin, el acercamiento del presidente Ramírez a los Estados Unidos y su alejamiento de los nacionalistas precipitaron su renuncia y reemplazo por Edelmiro Farrell, que era como decir el retorno del GOU.

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Desde entonces, la influencia de Perón no hizo más que crecer, expresándose en una creciente acumulación de cargos: además de secretario de Trabajo y Previsión, fue designado ministro de Guerra y vicepresidente de la República. En la misma medida en que se acrecentaban el poder y visibilidad de Perón, también lo hacía la desconfianza dentro de las Fuerzas Armadas.

PARA REFLEXIONAR

En el año 1945 la sociedad argentina, y muy particularmente la porteña, se encontraba dividida en su diagnóstico de la situación nacional. Mientras la oposición civil al gobierno militar seguía concentrada en los acontecimientos de la guerra, celebraba como propias las victorias de los aliados y trasladaba la oposición democracia-fascismo a la Argentina, los sectores más favorecidos por las políticas sociales de Perón se proponían conservarlas y profundizarlas a toda costa. La oposición directamente ignoraba -o reducía a pura demagogia- las políticas sociales que habían tenido lugar en escasos dos años.

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7.2. Hacia la “fundación” del peronismo Las primeras políticas del gobierno militar hacia los sindicatos fueron represivas (incluyendo la intervención del más importante de la época, la Unión Ferroviaria). Recién en octubre de 1943, con la designación de Perón en el Departamento de Trabajo –posteriormente Secretaría de Trabajo y Previsión-, cambiaron radicalmente y de manera inédita las relaciones con los sectores trabajadores. Debe pensarse que el escenario que diversos actores imaginaban para la posguerra era de aguda conflictividad social. Para muchos, la “era de las masas” ya era un hecho y se imponía un tránsito ordenado en esa dirección, una “evolución” que impediría la “revolución”. Así pues, la clase obrera sindicalizada era una garantía para el orden social y, en consecuencia, el Estado debía abandonar su papel prescindente para mediar entre capital y trabajo, evitando el progreso de las ideologías clasistas y en particular del comunismo. En esta línea, a partir de mayo de 1944 y una vez desplazados sus rivales en el gobierno, Perón dio un nuevo giro de timón promoviendo a través de una serie de decretos las negociaciones colectivas de trabajo, válidas únicamente bajo control estatal. Aunque éstas ya existían, se incrementaron sustancialmente en dos años, facilitando la sindicalización de los trabajadores. En ese momento inicial, los más favorecidos con la medida fueron los tradicionales sindicatos de transporte y servicios.

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Ello no implicaba una posición neutral del Estado sino una decidida toma de partido de los gobernantes. Según Perón, “nosotros dividimos el país en dos categorías: una, la de los hombres que trabajan y la otra la que vive de los hombres que trabajan. Ante esa situación nos hemos colocado abiertamente del lado de los hombres que trabajan”. (Citado en Plotkin, 2007: 55)

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LEER CON ATENCIÓN

El tipo de sindicato surgido en estos años era de naturaleza y envergadura muy diferente al pre-peronista. En 1943, apenas el 20% de los trabajadores se hallaba sindicalizado y la situación era muy despareja a lo largo del territorio nacional. Transporte y servicios reunían a los gremios más importantes, mientras que el sector industrial carecía prácticamente de organización sindical. Los liderazgos eran compartidos por socialistas y sindicalistas, aunque en la década de 1930 también los comunistas comenzaron a adquirir cierto peso, especialmente en la nueva industria sustitutiva de importaciones crecida al amparo de la protección de la guerra. En cualquier caso, se trataba de sindicatos pequeños que además se hallaban divididos en dos centrales rivales. Por contraste, el nuevo sindicalismo era masivo. En poco tiempo multiplicó sus funciones, que abarcaron esferas tan diversas como la atención de la salud de sus afiliados y el turismo. El puente entre un tipo de sindicato y otro fue tendido por una porción significativa de líderes sindicales de diversa extracción, que pasaron a las filas peronistas. De sus negociaciones, Perón sólo excluyó a los sindicalistas de orientación comunista.

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El Estatuto del Peón fijó por primera vez la intervención del Estado en la fijación de las condiciones de trabajo de los asalariados rurales. Estipuló el salario mínimo, el descanso dominical, las vacaciones pagas y promovió la estabilidad laboral y las condiciones de vivienda dignas para los trabajadores. En un contexto en el que todavía predominaban las relaciones paternalistas en el campo, el estatuto fue muy resistido entre los sectores propietarios.

Los convenios colectivos de trabajo inauguraban una relación de cercanía entre los sindicatos y el Estado. Muy pronto, esta medida se acompañó de otras –ya no estrictamente dirigidas a los sectores tradicionalmente sindicalizados sino a los que se encontraban en proceso de organización y a la clase obrera en general- como el establecimiento de tribunales de trabajo, la extensión del régimen jubilatorio, las vacaciones pagas y el aguinaldo. La sanción del Estatuto del Peón completó un conjunto de derechos difíciles de ignorar, que llevaron a muchos de los viejos cuadros sindicales a plegarse al gobierno y a la creación de nuevos dirigentes. Los reticentes, en cambio, fueron excluidos y algunos de ellos, perseguidos. En 1945, año clave y signado por la creciente polarización política y el debilitamiento del gobierno militar, los sindicatos tuvieron que abandonar definitivamente su cautela y pronunciarse de manera más decidida a favor de Juan Domingo Perón. Para entonces, el aparato sindical ya era capaz de movilizar a 70.000 personas en pocas horas, como ocurrió el 10 de octubre, fecha en la que Perón se despidió públicamente de los trabajadores a través de la cadena nacional de radiodifusión. En su alocución, el líder no dudó en diferenciarse del Gobierno militar, invitando a los trabajadores a defender lo conseguido desde la Secretaría de Trabajo. En el mismo acto, comunicó al país la firma de un decreto autorizando el aumento de salarios y la implantación del salario básico, vital y móvil.

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7.3. El 17 de octubre El desenlace de la Segunda Guerra Mundial se acercaba y la oposición al Gobierno militar ganaba las calles. En septiembre, una multitudinaria manifestación exigió la convocatoria a elecciones y el traspaso temporal del gobierno a la Corte Suprema, una institución que había vetado buena parte de las medidas obreristas tomadas hasta entonces. Por su lado, Perón no había logrado concitar apoyos que superaran los marcos sindicales. Los empresarios no confiaban demasiado en sus proyectos de conciliar capital y trabajo (más bien, los asustaba la movilización de los sectores obreros y la confrontación que Perón alentaba en sus discursos) y tampoco los partidos de oposición deseaban apostar a una figura política que parecía condenada al fracaso en el nuevo contexto de posguerra. Finalmente, el Gobierno militar cedió a las presiones: el 9 de octubre le ordenó a Perón renunciar a sus cargos y tres días después lo recluía en la isla Martín García. Los dirigentes sindicales no tardaron en pasar a la acción y el 16 de octubre la CGT llamó a una huelga general para el día 18. Sin embargo, los trabajadores no esperaron hasta aquella fecha y el 17 de octubre se movilizaron hasta el centro mismo de la ciudad, reclamando la liberación de Perón. Aquella escena, que significaba la irrupción de los trabajadores (y no solamente de los sindicalizados) en la vida política, se replicó en otros centros urbanos, generando desconcierto y estupor entre los testigos (ver la actividad que sigue), poco habituados a la presencia obrera en aquellos espacios urbanos que hasta entonces les eran ajenos. En todo caso, a partir de la concentración en la Plaza de Mayo, los hechos se precipitaron. Perón fue liberado, trasladado al Hospital Militar y finalmente convocado con urgencia a “pacificar” a las masas que lo requerían desde el balcón de la Casa de Gobierno. Antes, se concluyó un arreglo que implicaba el alejamiento del general Eduardo Ávalos, artífice de la prisión de Perón, el nombramiento de un nuevo gabinete y la convocatoria a elecciones. Aunque despojado de sus cargos, el poder de Perón se proyectaba más sólido que nunca. Rodeado de las voces amigas que desde la plaza lo invocaban, había nacido el peronismo. El 17 de octubre sería su hito fundacional.

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Canal Encuentro. Ciclo: Historia de un país. Argentina siglo XX. Capítulo: El 45 [Consulta: 21 de junio de 2013]. Disponible en:

LECTURA RECOMENDADA

RR

De Ípola, E. (1995), “Desde estos mismos balcones. Nota sobre el discurso de Perón del 17 de octubre de 1945”, en: Torre, J.C. (comp.), El 17 de octubre de 1945, Ariel, Buenos Aires, 131-147..

PARA REFLEXIONAR

¿Qué grado de incidencia tuvo la CGT en los hechos de octubre? Según Juan Carlos Torre -que accedió a las actas de la asamblea del día 16- aunque la central obrera tuvo una labor organizativa relevante fue sin duda la presión de las bases la que inclinó la balanza a favor de la decisión sobre la huelga general programada para el 18. Las reivindicaciones se condensaban en cinco puntos: no entregar el gobierno a la Corte Suprema, levantamiento del estado de sitio, formación de un gobierno que consultara a las organizaciones sindicales, mantenimiento de las conquistas sociales y, como parte de una misma demanda, aumento inmediato de sueldos y jornales, salario mínimo vital y móvil, participación en las ganancias, reforma agraria y cumplimiento integral de estatuto del peón. La libertad de Perón quedaba implícita en el tercer punto.

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Las elecciones tuvieron lugar en febrero de 1946. Dos alianzas se enfrentaban: la Unión Democrática –que reunía a buena parte de la UCR, el PS, el PDP, el PC y algunos conservadores (ya que el partido no había sido admitido formalmente)- y el frente político que apoyaba la candidatura de Perón, cuyo núcleo era el efímero Partido Laborista que aglutinaba a los dirigentes sindicales y a un pequeño sector disidente del radicalismo (UCR Junta Renovadora). La fórmula Juan D. Perón- Hortensio Quijano contaba con el apoyo explícito de las jerarquías eclesiásticas que habían invitado a los fieles a no votar por los partidarios del divorcio y la separación entre Iglesia y Estado, vale decir, por los socialistas y con el aval de las Fuerzas Armadas, que no lograban digerir la revancha civil para ellos encarnada en la Unión Democrática de Tamborini-Mosca. Los programas de los dos frentes no eran sustancialmente distintos pero sí diferían en sus énfasis los eslóganes de campaña. El de la Unión Democrática contraponía la preservación de las libertades públicas al “nazi fascismo” del heredero de la revolución de junio, mientras que el Partido Laborista enarbolaba la bandera de la justicia social, elevada a democracia de hecho. Poco antes de las elecciones, dos episodios favorecieron ulteriormente a Perón y desacreditaron la fórmula Tamborini-Mosca: la adhesión explícita del embajador norteamericano Spruille Braden a la Unión Democrática (que le proporcionó al frente opositor el eficaz eslogan “Braden o Perón”) y una huelga por reclamo de aguinaldos que forzó un lock out patronal. Dado que los empresarios apoyaban mayoritariamente a la Unión Democrática, quedaba claro que la justicia social no se encontraba entre las principales preocupaciones del frente.

LECTURA RECOMENDADA

RR

Torre, J.C. (1995), “El 17 de octubre en perspectiva”, en: Torre, J.C. (comp.), El 17 de octubre de 1945, Ariel, Buenos Aires., pp. 7-21.

1. La democracia de masas significó la irrupción de la clase obrera en la vida política. La movilización del 17 de octubre de 1945 señalaba ese desafío: de allí su valor “fundacional” en el movimiento peronista y su intensa carga simbólica. En esta actividad, se reúne un conjunto de fuentes primarias con el objetivo de analizarlas y confrontarlas con la interpretación de Daniel James, lectura obligatoria para este punto.

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Una imagen

Patas en la fuente Fuente: Educ.ar. Ministerio de educación, Presidencia de la Nación. . [Consulta: 20 de junio de 2013]. Imagen disponible en:

El recuerdo de un testigo (Félix Luna, joven militante radical en 1945)

CC

Bueno, ahí estaban. Como si hubieran querido mostrar todo su poder para que nadie dudara de que realmente existían. Ahí estaban por toda la ciudad, pululando en grupos que parecían el mismo grupo multiplicado por centenares. Los mirábamos desde la vereda con un sentimiento parecido a la compasión. ¿De dónde salían? ¿Tantos? ¿Tan diferentes a nosotros? ¿Realmente venían a pie desde esos suburbios cuyos nombres componían una vaga geografía desconocida, una terra incognita por la que nunca habíamos andado? [...] Habíamos recorrido todos esos días los lugares donde se debatían preocupaciones como las nuestras. Nos habíamos movido en un mapa conocido, familiar: la facultad, la Recoleta en el entierro de Salmún Feijoo, la Plaza San Martín, la Casa Radical. Todo, hasta entonces, era coherente y lógico: todo apoyaba nuestras propias creencias. Pero ese día cuando empezaron a estallar las voces y a desfilar las columnas de rostros anónimos color tierra sentíamos vacilar algo que hasta entonces había sido inconmovible. (Luna, 1969: 397)

La prensa

CC

Diario La Capital (Rosario), 18 de octubre de 1945: La mayoría del público que desfiló en las más diversas columnas por las calles lo hacía en mangas de camisa. Vióse a hombres vestidos de gauchos y a mujeres de paisanas [...] muchachos que transformaron las avenidas y plazas en pistas de patinaje, y hombres y mujeres vestidos estrafalariamente, portando retratos de Perón, con flores y escarapelas prendidas en sus ropas, y afiches y carteles. Hombres a caballo, y jóvenes en bicicleta, ostentando vestimentas chillonas, cantaban estribillos y prorrumpían en gritos. (Citado en James, 1990: 454)

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CC

Diario Crítica (Buenos Aires), 17 de octubre de 1945: Las muchedumbres agraviaron el buen gusto y la estética de la ciudad, afeada por su presencia en nuestras calles. El pueblo las observaba pasar, un poco sorprendido al principio pero luego con glacial indiferencia. (Citado en James, 1990: 460.

De la fuente a la interpretación a. Lea el texto de lectura obligatoria de Daniel James (1987) sobre el 17 de octubre de 1945. b. ¿Por qué motivos afirma el autor que la movilización del 17 de octubre representó “un rechazo de las formas aceptadas de jerarquía social y los símbolos de autoridad”? ¿A través de qué actitud se manifiesta ese rechazo en la imagen? Fundamentar la respuesta. c. En el texto de James se habla de la Plaza de Mayo como de un “territorio reservado a la gente decente”. ¿A qué sectores sociales hace referencia esa expresión? ¿En cuáles de los documentos seleccionados es posible rescatar esta percepción? d. ¿Cómo percibieron a los sectores que se movilizaron el 17 de octubre sus contemporáneos? Confronte con las fuentes periodísticas y con el testimonio de Félix Luna. e. Atendiendo a los testimonios contemporáneos reproducidos por James en el texto de lectura obligatoria ¿Sobre qué bases se fundamenta la afirmación del historiador según la cual la movilización del 17 de octubre “representó una recuperación del orgullo y la autoestima de la clase trabajadora”?

LECTURA OBLIGATORIA

James, D. (1987), “El 17 y 18 de octubre de 1945: El peronismo, la protesta de masas y la clase obrera argentina”, en: Desarrollo Económico 107:27, IDES, Buenos Aires.

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7.4. Perón y los trabajadores Perón solía apelar en sus discursos a “los trabajadores” en forma genérica, más allá de que los obreros, centro del proyecto económico industrialista, jugaran un papel destacado entre ellos. ¿Quiénes eran estos actores a mediados del siglo XX? ¿Qué identidades de clase, culturales, profesionales, políticas entraban en juego?

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PARA REFLEXIONAR

Como se desarrolló en la unidad anterior, la crisis económica de 1930 alentó las migraciones internas desde el campo hacia las ciudades. Lejos de revertirse, este proceso continuó en los años siguientes, a la par que la industria se consolidaba y sus salarios resultaban cada vez más atractivos para los trabajadores no calificados. Según Carlos Torre y Elena Pastoriza (2002: 266), estos jóvenes del interior menos arraigados en las metrópolis litorales “más que una sociedad toda por hacerse, se encontraron con una sociedad sustancialmente hecha, cuyos valores y estilos de vida, popularizados por la radio, los periódicos y las revistas, estaban además revestidos de un prestigio que la Argentina criolla tradicional nunca tuvo entre los inmigrantes europeos”. Así pues, el proceso predominante en el mundo del trabajo fue el de asimilación o incorporación de los recién llegados a la sociedad receptora.

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Sin embargo, hipótesis como la señalada son relativamente recientes. Por mucho tiempo triunfó otra visión, con importante resonancias en el sentido común, según la cual un abismo separaba a los “obreros viejos” de origen europeo, radicados en la ciudad desde principios del siglo XX e imbuidos de ideologías clasistas, de los “obreros nuevos” del interior del país,fácilmente manipulables por carecer de ideología. La misma retórica peronista enfatizó la brecha entre los dos grupos, aunque invirtiendo la valoración y depositando las potencialidades renovadoras en los “obreros nuevos”. Este enfoque dualista –uno de cuyos exponentes clásicos fue el sociólogo Gino Germani- enfatizaba la ausencia de autonomía de la clase obrera, el conformismo sindical y la inexistencia de vocación revolucionaria en sus filas. En última instancia, la fundamentación de este esquema era cultural y remitía a los orígenes rurales de los obreros nuevos y a sus dificultades para integrarse en el mundo urbano. Los apoyos sociales del peronismo, enraizados en el mundo tradicional, explicaban el fuerte componente autoritario del régimen, pensado en términos de desviación del proceso de modernización. Los cuestionamientos a este modelo han apuntado tanto a la definición de los actores como a sus formas de organización y a sus relaciones con el gobierno y con la carismática figura de Perón. Como se verá, en buena medida, el grado de autonomía de los trabajadores y de sus organizaciones siguió manteniéndose como uno de los ejes en debate. Por lo que toca a los actores, los supuestos de Germani ya fueron discutidos en la década de 1970 por Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, que demostraron la participación conjunta de obreros “viejos” y “nuevos” en el naciente movimiento. Ello implicaba “la continuidad programática con reclamos previos de las organizaciones obreras, del mismo modo que la posibilidad de participación obrera en una alianza policlasista” (Murmis y Portantiero, 1972: 73,84). Por otro lado, tampoco el pragmatismo de las organizaciones sindicales y el diálogo directo con el Estado eran completamente novedosos. Los líderes sindicalistas revolucionarios ya lo habían hecho durante los gobiernos yrigoyenistas: sin duda, las innovaciones no se hallaban en ese plano.

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Más recientemente, Daniel James (1987, 1990) matizó la idea de una clase obrera cada vez más homogénea, desplazando el análisis hacia “las formas concretas de movilización y de protesta social” de aquellos actores – como las desplegadas el 17 de octubre de 1945. A su juicio, el énfasis en las acciones en las que la clase se construía como tal -con sus rituales, apelaciones a la burla, etc. iluminaba la fisonomía de una clase obrera que reafirmaba que “su experiencia tenía un valor y un mérito cultural propios” (James, 1987, 120). Se configuraba de esta suerte una particular cultura de clase, que llevaba la impronta de la antinomia ciudad/periferia y una actitud “herética” de defensa de los intereses propios. Como se vio en la actividad 1 de análisis del 17 de octubre de 1945, estas actitudes ya habían sido notadas por los testigos externos de aquel episodio, que no pudieron disimular en sus escritos el estupor que les producía aquella manifestación “carnavalesca”. Siguiendo a James, la memoria de la explotación y de la invisibilidad de los sectores populares durante la década de 1930 incidió profundamente en la conformación de la clase obrera argentina. Así lo reflejan los testimonios orales, como el debido a Lautaro, un obrero que ingresó hacia 1930 al mercado de trabajo, y que se reproduce a continuación

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Una cosa que recuerdo de los años 30 fue la manera en que la trataban a la gente. Sentías que no tenías ningún derecho a nada. Todo parecía ser un favor que te hacían a través de la iglesia o alguna caridad o si ibas a pedir un favor al caudillo de comité él te ayudaba a conseguir remedios o entrar al hospital. Otra cosa que recuerdo de los años 30 es que siempre me sentía extraño cuando iba al centro de Buenos Aires [...] como si uno no estuviera en su ambiente, que era absurdo pero te sentías que ellos te miraban despectivamente, que no estabas bien vestido. (James, 1990: 45-46)

Citas como la expuesta permiten comprender mejor el cambio que el peronismo significó para las clases trabajadoras en términos de adquisición de derechos e inclusión en la ciudadanía. En otras palabras, más allá del pragmatismo y de la racionalidad de los obreros, la adhesión a Perón asumía una significación social más amplia, que hacía a su propia construcción como clase. Viceversa, ¿qué significaba para Perón integrar a los sectores obreros a su proyecto de país? En sus términos más amplios, implicaba hacerles un lugar en la “comunidad organizada” que imaginaba desde antes de acceder al gobierno. Como se dijo ya, Perón no tenía dudas acerca de la peligrosidad de las masas si no se las conducía y ordenaba y quiso dejarlo en claro, especialmente frente a sus auditorios empresarios:

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Si no se contribuye con la mayor constancia y el más denodado empeño a orientar, organizar y encauzar la vida del cuerpo social y de cuantos elementos, factores y sistemas contribuyen a que cumplan naturalmente sus funciones, el cuerpo social, como el cuerpo muerto, cae y se precipita en los abismos del desorden para desintegrarse finalmente en la anarquía. (Altamirano, 2001: 28)

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En la medida en que los empresarios no aceptaron el convite de Perón, el discurso del líder fue deslizándose cada vez más claramente hacia el contenido social del programa. En este sentido, como ha afirmado Carlos Altamirano (2001: 36), también Perón “inventó” a su manera a la clase trabajadora argentina ya que “inclusive a través de su verbo, contribuyó a producir la realidad en nombre de la cual él había explicado la necesidad de una nueva acción del Estado: la masa trabajadora como actor político”. Esta propuesta, por otra parte, se expresaba eficazmente a través de una retórica particular, el “lenguaje peronista” (James, 1990), un lenguaje constelado de referencias plebeyas y respaldado por realizaciones concretas e inmediatas. Por cierto, si se los analiza aisladamente, sus componentes no eran del todo novedosos. El discurso industrialista existía desde hacía tiempo, la justicia social y la soberanía política eran temas y consignas tomados en préstamo del nacionalismo y la invocación al conjunto de los oprimidos constituía un tópico del mensaje anarquista. Así pues, lo nuevo de este discurso –que se alimentó de otros tan diversos– pasaba por otro lado. En palabras de Daniel James, este lenguaje a la vez “visionario y creíble”, se distinguía por “refundir el problema total de la ciudadanía en un molde nuevo” (James, 1990: 29) que, a diferencia de las democracias liberales, negaba la separación entre Estado y política, por un lado y sociedad civil, por el otro. En otras palabras, se proclamaba una redefinición de la democracia que excedía la dimensión política para expresarse también en la ampliación de los derechos económicos y sociales. Una retórica plebeya y realista, que no prometía revoluciones ni apocalipsis futuros y que, sin embargo, entrañaba una cuota de utopía (la igualdad social). Un discurso que invertía el sentido y la valoración de algunos términos: ahora los “descamisados”, durante tanto tiempo despreciados e invisibles, eran elevados a sujetos privilegiados de cambio y depositarios de los valores nacionales. Un discurso, finalmente, que se acompañaba de acciones inmediatas que refrendaban su verosimilitud. Las respuestas populares se expresaron en formas de movilización, que también invertían los signos (recordar la “atmósfera carnavalesca” registrada por la prensa periódica del 17 de octubre y la “invasión” de la plaza de mayo), y que dotaron al peronismo de un “impacto herético” (James, 1990) que, de alguna manera, definió la fisonomía del movimiento. En este proceso, entre palabras y acciones, la clase trabajadora se construyó como tal, redefiniendo su identidad dialécticamente en su permanente interacción con el líder. Al presentarse Perón como vocero de los trabajadores, se redefinía al mismo tiempo el papel del Estado como espacio de negociación de derechos. Y a su vez Perón era “el Estado”, puesto que lo encarnaba en su persona.

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LEER CON ATENCIÓN

La incorporación de los trabajadores al Estado se operó fundamentalmente a través de los sindicatos, que se volvieron masivos y perdieron buena parte de su autonomía en el proceso. Los sectores no sindicalizados canalizaron sus demandas y fueron atendidos por la Fundación Eva Perón, que también fue multiplicando sus funciones durante su existencia. En conjunto, la universalización de los derechos sociales quedó garantizada durante el periodo peronista, lo que permite referenciar al Estado peronista en el modelo de Estado de Bienestar característico de la segunda posguerra.

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PARA REFLEXIONAR

Las perspectivas historiográficas sobre el peronismo y sus apoyos han privilegiado, generalmente, el espacio porteño y bonaerense, que fue el más beneficiado por la industrialización. ¿Cómo pensar al peronismo de las provincias? Sin duda, fue muy diferente porque también lo eran sus estructuras productivas, sus dirigencias políticas y sus sectores populares. En general, los vínculos con los dirigentes conservadores fueron más sólidos, las políticas sociales en mayor medida subsidiadas por el Estado y los apoyos sociales con un componente obrero menos decisivo. Pero sólo una profundización detallada de cada caso regional podrá dar cuenta de las diferencias.

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LECTURA RECOMENDADA

RR EE

Macor, D. y Tcach, C. (2003), La invención del peronismo en el interior del país, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral.

Primer capítulo del Ciclo Diálogos de Investigación. El Lic. Ernesto Picco entrevista a los investigadores Ana Teresa Martínez y José Vezzosi, acerca de los estudios realizados sobre los orígenes del peronismo en Santiago del Estero. Fuente: Ciclo Diálogos de Investigación. (UNSETV e INDES) Universidad Nacional de Santiago del Estero. . [Consulta 02 de julio de 2013]. Disponible en: Historia Argentina

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7.5. La primera presidencia (1946-1952) La fórmula Perón-Quijano ganó por una diferencia ajustada, en buena medida gracias a la división de los conservadores. No obstante, salvo en la provincia de Corrientes, todos los gobiernos quedaron en manos de la coalición peronista que, además, contó con mayoría en las dos cámaras. En cualquier caso, la victoria electoral de la flamante agrupación sobre los partidos tradicionales no dejaba de ser sorprendente y –como ha señalado Carlos Torre (1995: 12)mostraba un cambio fundamental en la primigenia fórmula política de Perón. Los trabajadores organizados ya habían dejado de ser “una pieza importante pero complementaria dentro de un esquema de orden y paz social” para convertirse en el principal soporte del movimiento. A ellos, como actores privilegiados, se les ofrecía un programa industrialista del que resultaban un engranaje clave y en ellos se identificaba la clase “verdaderamente nacional”. Sin embargo, pronto quedó claro que el precio del acuerdo con estos sectores era la resignación de la autonomía sindical y el apartamiento de los líderes más díscolos de las organizaciones obreras. En cuanto llegó al poder, Perón disolvió el Partido Laborista para crear uno nuevo –el Partido Único de la Revolución Nacional, desde 1947 Partido Peronista- que ponía a su persona en el centro de la coalición. Dirigentes sindicales como Luis Gay y Cipriano Reyes - que habían tenido un rol destacado en la movilización del 17 de octubre y en la conformación del Partido Laborista- fueron apartados y, en general, los cuadros de más trayectoria quedaron desplazados por personajes de perfil bajo y lealtad asegurada. La CGT, por otra parte, reforzó sus vínculos con el Estado, fundamentalmente a través de la relación personal de sus líderes con Eva Perón, cuyo peso político fue creciendo a partir de 1946. Aunque los sectores obreros fueran particularmente favorecidos, la “democratización del bienestar” alcanzó a capas sociales muy amplias, sobre todo en los años de bonanza económica. Durante la primera presidencia, los decretos emitidos por el gobierno militar adquirieron fuerza de ley y los derechos del trabajador fueron incluidos en la nueva constitución de 1949. Y sin embargo, el vínculo con los obreros había de ser más estrecho y duradero, en la medida en que estos sectores por mucho tiempo habían carecido de derechos y beneficios que otros disfrutaban desde antes. Así, en un esquema que rechazaba la lucha de clases (no obstante el corte clasista de muchos de los discursos de Perón y sobre todo de Evita) y apuntaba a una armónica “comunidad organizada”, los trabajadores sindicalizados adquirieron un poder que nunca habían tenido en el pasado. También quienes se hallaban por fuera de la organización sindical encontraron amparo bajo el ala del Estado. La Fundación Eva Perón se ocupaba de acoger las demandas de los más humildes y, al igual que los sindicatos, fue multiplicando sus funciones, que excedían con mucho las de las tradicionales instituciones de beneficencia. Desde la construcción de viviendas hasta la de hospitales, desde la organización de campeonatos deportivos hasta el reparto de juguetes, desde el cuidado de los ancianos hasta la asistencia de las mujeres en busca de trabajo, nada parecía escapar a la atención personal de su infatigable animadora.

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Evita en la Fundación Fuente: Fundación Eva Perón Delegación Berazategui. . [Consulta: 2 de julio de 2013]. Imagen disponible en:

La Iglesia católica también fue recompensada por su apoyo inicial que, a poco de andar, se demostró circunstancial y condicionado. En rigor, además del rechazo histórico de las iniciativas socialistas que los convocó a votar en contra de ellos, lo primordial para los católicos era no perder el terreno ganado durante los años del gobierno militar. Perón retribuyó la colaboración convirtiendo en ley el decreto de educación religiosa, participando oficialmente en ceremonias e incluyendo cuadros católicos en su gobierno.También invocó con frecuencia la Doctrina Social de la Iglesia aunque, como ha demostrado Lila Caimari (1995), se trataba de apelaciones meramente instrumentales. La retórica fascista y la comunista le estaban vedadas en el contexto de posguerra, por lo que la Doctrina Social de la Iglesia resultó funcional mientras el peronismo careció de dispositivos discursivos propios. Por último, las Fuerzas Armadas también obtuvieron lo suyo. Los gastos de defensa se incrementaron superando un tercio del presupuesto y una parte importante de los cargos de gobierno fueron ocupados por militares. También se les asignó un papel relevante en la fundación de una industria de base, reforzando las funciones de la ya existente institución Fabricaciones Militares. Sin embargo, casi desde el inicio, se dejaron sentir algunas tensiones y la crítica fue desplazando gradualmente a la expectativa. Para empezar, el Gobierno no dudó en privilegiar al Ejército y a la flamante Fuerza Aérea en detrimento de la más aristocrática Marina, que poco simpatizaba con las medidas populistas de Perón. Más en general, las políticas destinadas a la democratización de las Fuerzas Armadas (como el otorgamiento de becas para hijos de obreros que cursaran el Liceo Militar) fueron vividas como un proceso de proletarización por buena parte de sus agentes, habituados a una institución rígidamente jerarquizada y aferrada a las tradiciones. En cualquier caso, el elemento más

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La Doctrina Social de la Iglesia es un conjunto de orientaciones plasmadas en documentos pontificios y de otras instancias eclesiásticas que versan sobre la problemática social. Entre ellos, hasta el momento que nos atañe, sobresalían las encíclicas Rerum Novarum de León XIII (1891) y Quadragesimo Anno de Pío XI (1931) en las que se expresaba la preocupación por los conflictos entre capital y trabajo, condenando a un tiempo al liberalismo y al socialismo/comunismo y proponiendo la acción del Estado como agente mediador.

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irritante para los militares –que históricamente se habían proclamado apolíticos- fue el intento de “peronización” institucional, que no exceptuó a las Fuerzas Armadas. El descontento latente estalló en 1951, según algunos autores, cuando la CGT propuso la candidatura de Eva Perón secundando a su esposo desde la vicepresidencia. Un fallido intento de golpe de Estado, promovido por el general Benjamín Menéndez, resultó el inicio de una depuración de los cuadros de oficiales y de un mayor control sobre la institución. También el presupuesto militar fue reducido a partir de 1951, en parte por la crisis económica y en parte como represalia. Como sea, a lo largo de su primera presidencia Perón fue consolidando su liderazgo, independizándose gradualmente de los apoyos más incómodos de la alianza que lo había conducido al gobierno y desarticulando las instituciones opositoras. Los miembros de la Corte Suprema fueron sometidos a juicio político y destituidos y el Poder Judicial pasó al control del gobierno. También la universidad –con la depuración de los docentes hostiles y la supresión de las organizaciones estudiantiles- y la prensa periódica –con la clausura de los diarios opositores y el monopolio estatal de los medios que le siguió- fueron perdiendo terreno. Por su parte, los partidos políticos de oposición, sumidos en una profunda crisis, se vieron aún más disminuidos luego de la reforma electoral que restauraba el sistema de circunscripciones uninominales para la elección de legisladores. Este fortalecimiento del gobierno –que se hacía tangible en los resultados electorales y en las imponentes movilizaciones públicas- y de debilitamiento de la oposición tuvo lugar en un contexto económico excepcionalmente favorable, que contribuyó a amortiguar por un tiempo la conflictividad. En ese marco, en 1949 fue sancionada una nueva constitución que habilitaba la reelección del presidente de la República. Con ello, quedaba abierto el camino para la continuidad de Perón en el gobierno.

PARA REFLEXIONAR

Según Carlos Altamirano (2001: 47), más allá de asegurar la sucesión de Perón, la Constitución de 1949 era aquélla “de la comunidad organizada, el orden de la Nueva Argentina”. Con ella, la “revolución peronista” se volvía doctrina, contradiciendo el espíritu liberal que animaba la carta magna de 1853. En la nueva constitución, en efecto, se consagraba la función reguladora del Estado en diversas esferas. En sintonía con esta concepción, los derechos del trabajador, de la familia, de los ancianos, de la educación y de la cultura eran integrados a la carta magna así como la nacionalización de los servicios públicos y del subsuelo.

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7.6. La segunda presidencia (1952-1955) Las elecciones de 1951 se resolvieron con una amplísima victoria del oficialismo (62%). Eva Perón, la candidata de la CGT, no logró acompañar a su marido en la fórmula y se apartó en un muy recordado y emotivo gesto de renuncia. En cambio, sobresalió públicamente promoviendo el derecho al voto de las Historia Argentina

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mujeres que, aunque fue otorgado por decreto en 1947, recién se efectivizó en las elecciones presidenciales. La UCR, principal oposición, apenas si obtuvo 14 bancas en la Cámara de Diputados asegurándole al peronismo una mayoría aplastante.

Renuncia de Eva Perón Fuente: Evita 60 aniversario. [Consulta 02 de julio de 2013]. Imagen disponible en:

Sin embargo, desde la misma asunción de Perón, comenzaron las dificultades. Ya durante la campaña electoral Eva Perón se hallaba gravemente enferma. En el mes de julio, su muerte sería lamentada por devotas y gigantescas multitudes, que la elevaron a las alturas de una santa laica. Perón perdía no solamente a su esposa sino a su más importante colaboradora y eficiente nexo con la CGT.

Funerales de Eva Perón Fuente: Universidad Nacional de Rosario. [Consulta: 02 de julio de 2013] Imagen disponible en:

Por otro lado, como se verá en el siguiente apartado, el contexto económico era ya muy diferente al de 1946. 1952 fue el año culminante de la crisis y Perón se vio obligado a anunciar impopulares medidas de austeridad.

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Sin embargo, los historiadores coinciden en que el signo del segundo periodo de Perón fue el de la polarización política, que tuvo también un correlato social. En efecto, hacia 1952 el peronismo había adquirido ya un nítido perfil clasista, especialmente en las zonas más modernas y dinámicas de país. Las conquistas recientes de los sectores más postergados eran vistas con recelo desde los sectores altos y medios y también por las instituciones que inicialmente habían apoyado a Perón: las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. En el interín, los partidos de oposición se reorganizaban, sin desdeñar la alianza con aquellas dos instituciones, que actuaron como catalizadoras del descontento. Perón, consciente de los peligros que acechaban a su gobierno, respondió redoblando la apuesta. Los años de la segunda presidencia fueron, en efecto, aquéllos que conocieron los intentos más sistemáticos de “peronización” de las instituciones. Las masivas dosis de propaganda oficialista, la crítica abierta a las jerarquías eclesiásticas, el descuido de la enseñanza religiosa (posteriormente suprimida), el adoctrinamiento peronista en el Ejército, entre los empleados públicos y aún en las escuelas primarias, se volvieron agobiantes para una porción significativa de los argentinos que no acordaba con el gobierno. De la misma manera, la exigencia de afiliación al partido oficial para mantener o conseguir empleo estatal no pudo menos que ser reprobada por quienes no sentían afinidad con el gobierno.

El Peronismo en los Libros de Lectura Fuente: Museo Virtual de la Escuela .[Consulta: 02 de julio de 2013] Imagen disponible en:

Si estos intentos de “peronización” produjeron más irritación que buenos resultados, tampoco fue exitosa la estrategia de conquistar a los sectores medios que, en rigor, también se habían beneficiado notablemente con las políticas sociales de Perón. Así fue que, en estos años de formidable expansión de la matrícula de educación secundaria, Perón intentó seducir al estudiantado a través de la fundación de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), consiguiendo mayores críticas, muchas de ellas de corte moral. Las clases medias parecían casi impermeables a su carisma e influencia. La confrontación entre peronistas y antiperonistas fue adquiriendo tintes cada vez más violentos a partir de 1953. En abril de ese año, dos bombas estallaron durante una concentración de apoyo a Perón organizada por la CGT. La respuesta de los militantes peronistas fue inmediata y se materializó en

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ataques contra los edificios del Jockey Club y las sedes de los partidos socialista, radical y conservador. Muchos opositores fueron encarcelados, aunque meses después se los benefició con una amnistía.

Incendio de la Casa del Pueblo Fuente: Imagen disponible en: Diario La Nación. . [Consulta: 2 de julio de 2013] Imagen disponible en:

Entre 1954 y 1955, también las tensiones con la Iglesia católica llegaron al límite. Aunque el deterioro de la relación con el Gobierno venía in crescendo, a mediados de los 50 la institución consiguió imponerse como catalizadora del heterogéneo grupo de opositores. En 1955 Perón ya no se limitó a denunciar al clero y a la Acción Católica o a los “católicos formales” que, a diferencia de los peronistas, no practicaban el “verdadero cristianismo”: toda una batería de iniciativas parlamentarias indigeribles para la Iglesia fueron propuestas en el Congreso. Medidas progresistas tales como la igualdad entre hijos legítimos e ilegítimos, la legalización del divorcio, la supresión de la enseñanza religiosa y un proyecto de separación de Iglesia y Estado resonaban agradablemente en los oídos de los numerosos anticlericales de las filas peronistas pero constituían una insoportable afrenta para los católicos, que encontraron insólitos apoyos en otros sectores. Fue así que en el Día de la Virgen y en el de Corpus Christi las multitudinarias manifestaciones, a las que se sumaron opositores de las tendencias más variadas, excedieron su contenido religioso para adquirir otro más precisamente político. El 16 de junio oficiales de la Marina y de la Aeronáutica bombardearon la Plaza de Mayo en un fallido intento de asesinar a Perón. Como resultado, murieron más de 300 personas y otras muchas fueron heridas. Historia Argentina

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Bombardeo 16 de junio Fuente: Radio Provincia. . [Consulta: 2 de julio de 2013] Imagen disponible en:

Esa misma noche militantes peronistas incendiaron la curia metropolitana y varias iglesias céntricas.Tras un breve intento reconciliatorio, Perón regresó a la confrontación (ver discurso) pero ya era demasiado tarde. El 16 de septiembre un golpe de estado derrocaba al Presidente e inauguraba un nueva nueva secuela de gobiernos militares.

2. La polarización política en 1955 a. Lea atentamente el discurso de Perón que se reproduce a continuación. b. Investigue y contextualice la coyuntura en la que el discurso fue pronunciado. ¿A qué episodio/s atribuido/s a los “enemigos del pueblo” se refiere Perón? ¿A qué intento de conciliación se está aludiendo? c. Identifique los diversos destinatarios del discurso. ¿Quiénes estarían incluidos en el “nosotros” invocado por el presidente? d. ¿A qué situaciones del pasado – en 1945 y 1943 se alude en el discurso? e. ¿Qué acepción se le está confiriendo al término “oligarquía”? f. El discurso señala dos actitudes contrapuestas que el Gobierno (a través de Perón) le propone al pueblo. Identifíquelas y explicite sus contextos.

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Compañeras y compañeros: He querido llegar hasta este balcón, ya para nosotros tan memorable, para dirigirles la palabra en un momento de la vida pública y de mi vida, tan trascendental y tan importante, porque quiero de viva voz llegar al corazón de cada uno de los argentinos que me escuchan. Nosotros representamos un movimiento nacio-

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nal cuyos objetivos son bien claros y cuyas acciones son bien determinadas; y nadie, honestamente, podrá afirmar con fundamento que tenemos intenciones o designios inconfesables. Hace poco tiempo esta plaza de Mayo ha sido testigo de una infamia más de los enemigos del pueblo. Doscientos inocentes han pagado con su vida la satisfacción de esa infamia. Todavía nuestra inmensa paciencia y nuestra extraordinaria tolerancia, hicieron que no solamente silenciáramos tan tremenda afrenta al pueblo y a la nacionalidad, sino que nos mordiéramos y tomáramos una actitud pacífica y tranquila frente a esa infamia. Esos doscientos cadáveres destrozados fueron un holocausto más que el pueblo ofreció a la patria. Pero esperábamos ser comprendidos, aun por los traidores, ofreciendo nuestro perdón a esa traición. Pero se ha visto que hay gente que ni aún reconoce los gestos y la grandeza de los demás. Después de producidos esos hechos, hemos ofrecido a los propios victimarios nuestra mano y nuestra paz. Hemos ofrecido una posibilidad de que esos hombres se reconcilien con su propia conciencia. ¿Cuál ha sido su respuesta? Hemos vivido dos meses en una tregua que ellos han roto con actos violentos, aunque esporádicos e inoperantes. Pero ello demuestra su voluntad criminal. Han contestado los dirigentes políticos con discursos tan superficiales como insolentes: los instigadores, con su hipocresía de siempre, sus rumores y sus panfletos. Y los ejecutores, tiroteando a los pobres vigilantes en las calles. La contestación para nosotros es bien clara: no quieren la pacificación que le hemos ofrecido. De esto surge una conclusión bien clara: quedan solamente dos caminos; para el gobierno, una represión ajustada a los procedimientos subversivos, y para el pueblo, una acción y una lucha que condigan con la violencia a que quieren llevarlo. Por eso, yo contesto a esta presencia popular con las mismas palabras del 45: a la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. Con nuestra tolerancia exagerada nos hemos ganado el derecho de reprimirlos violentamente. Y desde ya, estableceremos como una conducta permanente para nuestro movimiento: aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas, o en contra de la ley o de la Constitución puede ser muerto por cualquier argentino. Esta conducta que ha de seguir todo peronista no solamente va dirigida contra los que ejecutan, sino también contra los que conspiren o inciten. Hemos de restablecer la tranquilidad, entre el gobierno, sus instituciones y el pueblo por la acción del gobierno, de las instituciones y del pueblo mismo. La consigna para todo peronista, esté aislado o dentro de una organización, es contestar a una acción violenta, con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos. Compañeras y compañeros: hemos dado suficientes pruebas de nuestra prudencia. Daremos ahora suficientes pruebas de nuestra energía. Que cada uno sepa que donde esté un peronista estará una trinchera que defienda los derechos de un pueblo. Y que sepan, también que hemos de defender los derechos y las conquistas del pueblo argentino, aunque tengamos que terminar con todos ellos. Compañeros: quiero terminar estas palabras recordando a todos ustedes y a todo el pueblo argentino que el dilema es bien claro; o luchamos y vencemos para consolidar las conquistas alcanzadas, o la oligarquía las va destrozar al final. Ellos buscarán diversos pretextos. Habrá razones de libertad, de justicia, de religión, o de cualquier otra cosa, que ellos pondrán por escudo para alcanzar

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los objetivos que persiguen. Pero una sola cosa es lo que ellos buscan: retrotraer la situación a 1943. Para que ello no suceda estamos todos nosotros para oponer a la infamia, a la insidia y a la traición de sus voluntades nuestros pechos y nuestras voluntades. Hemos ofrecido la paz. No la han querido. Ahora, hemos de ofrecerles la lucha, y ellos saben que cuando nosotros nos decidimos a luchar, luchamos hasta el final. Que cada uno de ustedes recuerde que ahora la palabra es la lucha, se la vamos a hacer en todas partes y en todo lugar. Y también que sepan que esta lucha que iniciamos no ha de terminar hasta que no los hayamos aniquilado y aplastado. Y ahora, compañeros, he de decir, por fin, que yo he de retirar la nota que he pasado, pero he de poner al pueblo una condición: que así como antes no me cansé de reclamar prudencia y de aconsejar calma y tranquilidad, ahora les digo que cada uno se prepare de la mejor manera para luchar. Tenemos para esa lucha el arma más poderosa que es la razón; y tenemos también, para consolidar esa arma poderosa, la ley en nuestras manos. Hemos de imponer calma a cualquier precio, y para eso es que necesito la colaboración del pueblo. Lo ha dicho esta misma tarde el compañero De Pietro: nuestra Nación necesita tranquilidad y paz para el trabajo, porque la economía de la Nación y el trabajo argentino imponen la necesidad de la paz y de la tranquilidad. Y eso lo hemos de conseguir persuadiendo si no, a palos. Compañeros: Nuestra patria, para ser lo que es, ha debido ser sometida muchas veces a un sacrificio. Nosotros, por su grandeza, hemos de imponernos en cualquier acción, y hemos de imponernos cualquier sacrificio para lograrlo. Veremos si con esta demostración nuestros adversarios y nuestros enemigos comprenden. ¡Si no lo hacen, pobres de ellos! Pueblo y gobierno, hemos de tomar las medidas necesarias para reprimir con la mayor energía todo intento de alteración del orden. Pero yo pido al pueblo que sea él también un custodio. Si cree que lo puede hacer, que tome las medidas más violentas contra los alteradores del orden. Este es el último llamamiento y la última advertencia que hacemos a los enemigos del pueblo. Después de hoy, han de venir acciones y no palabras. Compañeros: para terminar quiero recordar a cada uno de ustedes que hoy comienza para todos nosotros una nueva vigilia en armas. Cada uno de nosotros debe considerar que la causa del pueblo está sobre nuestros hombros, y ofrecer todos los días, en todos los actos, decisión necesaria para salvar esa causa del pueblo. (Juan Domingo Perón. Texto integral del discurso del 31 de agosto de 1955). Disponible en:

DFragmentos del discurso de Juan Domingo Perón del 31 de agosto de 1955.

SS

LECTURA OBLIGATORIA

Torre, J.C (2002), “Introducción a los años peronistas”, en: Torre, J.C. Los años peronistas. 1943-1955, Sudamericana, Buenos Aires, pp. 11-78.

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LECTURA RECOMENDADA

RR

Caimari, L. (1995), Perón y la Iglesia Católica, Ariel, Buenos Aires-

EE

Fuente: Canal Encuentro. Ciclo: Historia de un país. Capítulo: Los años peronistas. [Consulta: 02 de julio de 2013]. Disponible en:

7.7. El Estado peronista La era peronista significó una profunda redefinición de los ámbitos y alcances de la competencia estatal. Como se desarrolló en la unidad anterior, esta tendencia ya era visible en la década de 1930, especialmente en la esfera económica. Esta intervención, lejos de ser privativa de la Argentina, representaba un fenómeno de alcance planetario y una respuesta frente a situaciones de crisis. Sin embargo, a partir del gobierno militar surgido en 1943, una nueva e inédita dimensión fue incorporada: la de allanar a través de políticas públicas específicas la movilidad social de los sectores postergados. La planificación fue una de las expresiones del nuevo Estado: en ella se condensaba la refundación de un nuevo pacto social que, a un tiempo, lo legitimaba y beneficiaba a la ciudadanía (Berrotarán, 2004). La imagen que se procuraba comunicar era la de un Estado racional que se hallaba fuertemente centralizado en torno del poder ejecutivo.

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PARA REFLEXIONAR

Para asegurar la eficiencia de sus funcionarios, el gobierno creó dispositivos de selección del personal (concursos públicos) y organizó instancias de formación como la Escuela Superior de Administración. La Secretaría Técnica, dependiente del Poder Ejecutivo, se encargaba de centralizar y coordinar las diversas políticas, que incluían tareas de diagnóstico de las realidades sobre las que pretendía operar. La interacción con los intereses privados y sectoriales se produjo a nivel de los Consejos que, aunque ya existían, amplificaron sus funciones a partir de 1946. En la práctica, el sistema no funcionó tal como estaba previsto. Como ha señalado Patricia Berrotarán, “esa ilusión de racionalidad […] entraba en colisión con sus condiciones de posibilidad pero sobre todo, con la multiplicidad de conflictos que sólo la política podía resolver”. De esta suerte, la inspiración tecnocrática del primer momento se desvirtuó, convirtiendo la formación profesional en adoctrinamiento político. Así ocurrió con el proyecto de la Escuela de Administración, finalmente cristalizada en la Escuela Superior Peronista. Tampoco pudieron suprimirse los conflictos entre distintos funcionarios, no obstante la creación de organismos de control transversales como el Consejo Económico y Social y el de Coordinación Interministerial.

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LECTURA OBLIGATORIA

Berrotarán, P. (2004), “Organización y política durante el primer peronismo: la planificación como instrumento”, en: Berrotarán, P. y otros (eds.) Sueños de bienestar en la Nueva Argentina. Estado y políticas públicas en la argentina peronista 1946-1955, Imago Mundi, Buenos Aires.

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En este marco, las políticas públicas eran concebidas como instrumentos esenciales para alcanzar la “justicia social”. Ello ocurrió efectivamente y tanto los sectores medios como los populares fueron alcanzados por las mejoras, en un proceso que Carlos Torre y Elisa Pastoriza definieron como de “democratización del bienestar”. Más allá del pleno empleo y de los salarios altos -que ampliaban las fronteras del consumo popular- durante la década peronista se gestaron políticas de más largo alcance que concernían a la salud, la educación, la vivienda, la previsión social y hasta el uso del tiempo libre. Los sindicatos asumieron algunas de estas funciones y, de hecho, resistieron denodadamente la universalización que desde el Estado se auspiciaba para la previsión social y la cobertura de la salud. La salud pública quedó a cargo de una flamante Secretaría, que en 1949 devino en Ministerio. Una de sus figuras centrales fue Ramón Carrillo, ministro de Salud que impulsó vastas campañas preventivas y de vacunación a escala nacional. En esos años, enfermedades como la tuberculosis lograron ser erra-

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dicadas y se combatió con éxito la mortalidad infantil. También la construcción de hospitales fue alentada, duplicándose la cantidad de camas disponibles durante el periodo peronista. Sin embargo, el proyecto de universalización de la salud pública propiciado por Carrillo no pudo llevarse a cabo según su plan original. La competencia de los sindicatos y de la Fundación Eva Perón atentó contra la conducción centralizada de las políticas de salud, fragmentando las prestaciones. Los sindicatos no se resignarían a perder el control de sus obras sociales y el gobierno tuvo que ceder en ese punto. Las escuelas públicas incrementaron sus matrículas a lo largo del territorio nacional y las tasas de analfabetismo siguieron disminuyendo. Uno de los fenómenos más notables fue el de democratización de la escuela secundaria, que comenzó a acoger a estudiantes provenientes de los sectores populares y también la creación de las escuelas técnicas, que jerarquizaban las destrezas obreras. En el nivel universitario, la gratuidad de la enseñanza fue decretada a partir de 1950; un ulterior intento de democratización del acceso a la educación superior fue la creación de la Universidad Tecnológica Nacional – concebida originalmente como Universidad Obrera- en 1952. Las políticas de vivienda de la era peronista también marcaron una inflexión con el pasado. Por un lado, ya desde 1943 los inquilinos se habían beneficiados por el congelamiento de alquileres, contribuyendo a mantener el valor real de sus salarios en un contexto económico inflacionario. Pero, sobre todo, la década peronista habilitó para muchos el sueño de la casa propia y el final del hacinamiento. Un primer avance fue la Ley de Propiedad Horizontal de 1948, que permitió la división de los edificios de departamentos en unidades. De esta forma, muchos inquilinos pudieron comprar las casas que alquilaban. Por otra parte, los créditos a baja tasa del Banco Hipotecario permitieron a los trabajadores asalariados construir su propia vivienda o adquirir una en los barrios populares levantados por el gobierno o la Fundación Eva Perón: en conjunto, estas políticas incrementaron sustancialmente el número de propietarios. Según Torre y Pastoriza (2004), las viviendas ocupadas por propietarios en el área metropolitana pasaron del 26,8% en 1947 al 42% en 1960. Por otro lado, como ha señalado Anahí Ballent (2006), las intervenciones estatales de la era peronista modificaron el paisaje urbano. Un caso del todo particular fue el de Ezeiza, donde se localizaron algunas de las iniciativas más importantes. Un aeropuerto internacional, un complejo deportivo rodeado de un entorno de bosques, una ciudad jardín (Ciudad Evita) y complejos de viviendas populares fundaron una suerte de “ciudad peronista”, surgida ex novo en aquella zona periférica.

LECTURA RECOMENDADA

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Ballent, A. (2006), Las huellas de la política. Vivienda, ciudad, peronismo en Buenos Aires. Editorial de la UNQ, Bernal.

La previsión social contaba con algunos antecedentes que favorecían al personal de grupos restringidos de actividad. Los dos grandes saltos que conoció el sistema previsional argentino fueron en 1943 y 1946, cuando prácticamente

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todos los empleados en relación de dependencia quedaron cubiertos por el beneficio. Al mismo tiempo, como se dijo ya, en los primeros años, los aportes jubilatorios de los empleados en actividad contribuyeron a financiar los gastos del gobierno. Al igual que en el sistema de salud, la universalización de la seguridad social no fue posible por la resistencia de los sindicatos. De esta manera, no obstante el aumento sustancial del número de beneficiario, los regímenes jubilatorios mantuvieron su fragmentación y desigualdad. Por último, también el uso del tiempo libre fue objeto de políticas públicas específicas. Al contar con vacaciones pagas y dinero para gastar en esparcimiento, muchos empleados conocieron, quizás por primera vez, los beneficios del turismo. Lugares hasta entonces exclusivos –como Mar del Plata- se transformaron en accesibles e incluso masivos, cambiando su fisonomía al popularizarse. Los hoteles sindicales, las colonias turísticas estatales y los planes de la Fundación Eva Perón abrieron el mundo del “turismo social”. La “democratización del bienestar” se produjo aceleradamente y se interrumpió con el golpe de 1955. Por otro lado, como han destacado Torre y Pastoriza (2002: 308-309), en el contexto de creciente polarización política de la década de 1950, desde los sectores altos y medios se miraron con suspicacia conquistas que, para buena parte de la sociedad, eran recientes.

3. Como puede observarse, las actividades de la Fundación Eva Perón se superponían y solapaban con la mayor parte de las políticas públicas peronistas, gestionadas desde otras dependencias.

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a. ¿Qué diferencias puede señalar entre el esquema de la beneficencia tradicional y el propuesto por la Fundación Eva Perón? b. ¿Cómo se insertan las competencias de la Fundación en la aspirada universalización de los derechos sociales?

LECTURA OBLIGATORIA

Torre, J. y Pastoriza, E. (2004) “La democratización del bienestar”, en: J.C. Torre, Los años peronistas, Sudamericana, Buenos Aires, pp. 259-311.

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7.8. La economía en tiempos de abundancia LEER CON ATENCIÓN

En el contexto de la segunda posguerra, el modelo económico peronista aspiraba a una economía liderada por la industria, con disponibilidad de crédito barato, pleno empleo y una redistribución social que propiciara la expansión del mercado interno. Sin embargo, a poco de andar quedó demostrado que el cumplimiento de estos objetivos sólo era alcanzable en tiempos de abundancia, prohijados por una coyuntura excepcional. Así, desde 1949, el Gobierno tuvo que implementar un cambio de rumbo que, al mismo tiempo, no pusiera en riesgo el liderazgo político de Perón.

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Cuando Juan D. Perón llegó a la presidencia, la Argentina ya contaba con una infraestructura industrial consistente que las dificultades para comerciar en los tiempos de guerra habían protegido y estimulado en su crecimiento. Por otro lado, al concluir la contienda bélica, el país disponía de superávit comercial y de sobrantes de divisas. Los términos de intercambio –óptimos entre 1946 y 1949- moderaban los efectos de la inflación y auguraban un escenario de prosperidad sobre el cual proyectar reformas estructurales, ampliando las injerencias del Estado. Perón reconoció este escenario y, ya desde su actuación en el Consejo Nacional de Posguerra, se preocupó por conservar la industria heredada y profundizar el proceso de sustitución de importaciones. Según su diagnóstico, la normalización del comercio internacional amenazaba la producción local. La obsolencia de los equipos industriales, las dificultades para competir con los bienes importados y la eventualidad de la desocupación obrera condicionaban el programa económico propuesto para la Argentina de posguerra. La sustitución de importaciones reconocía como mecanismo fundamental la transferencia de recursos del agro a la industria, la expansión del mercado interno y el proteccionismo aduanero. Tanto el modelo económico como las metas a alcanzar, se explicitaban en los planes quinquenales, planificaciones y a la vez instrumentos de comunicación a los ciudadanos de las políticas económicas del gobierno.

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El Consejo Nacional de Posguerra fue un organismo consultivo creado en agosto de 1944 cuya preocupación central era el estudio de los problemas socioeconómicos y las estrategias a seguir en el nuevo contexto internacional. A partir de septiembre, Juan Domingo Perón asumió en tanto que vicepresidente de la Nación la presidencia del Consejo, que terminó por desempeñar funciones múltiples. Por un lado, las pertinentes a un organismo técnico con competencias en la recopilación de datos económicos y producción de informes estadísticos. Por el otro, la de apuntalar ulteriormente el capital político de Perón.

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Plan quinquenal Fuente: [Consulta: 10 de mayo de 2013] Imagen disponible en:

Una importante reforma del sistema bancario y fiscal y la nacionalización del subsuelo y de las empresas de servicios completaban las bases de la economía de la Nueva Argentina, contracara de la denostada “Argentina Granja” del modelo agroexportador. Miguel Miranda, presidente del Banco Central entre 1946 y 1948, fue el encargado de recorrer aquella senda que conduciría a la independencia económica. Como se verá, los resultados obtenidos fueron dispares. Por razones fundamentalmente políticas, la industria liviana tuvo en este primer momento prioridad sobre la de base. La principal institución para canalizar los recursos hacia el sector secundario fue el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI) que, entre otras múltiples funciones, se encargaba de comprar las cosechas y de exportarlas sin intermediarios. Esta nacionalización del comercio exterior le permitía al Estado apropiarse de la renta agraria, cubrir sus costos de funcionamiento y encauzar, a través de créditos y subsidios, los fondos hacia el sector secundario. Por otro lado, garantizaba la importación de los bienes de capital e insumos imprescindibles para las fábricas. La expansión del mercado interno se hallaba íntimamente asociada al estímulo de la industrialización, ya que sus productos iban dirigidos a aquel mercado. El gobierno peronista contribuyó de diferentes maneras a aumentar el consumo: el control de precios, el congelamiento de los alquileres, las ingenHistoria Argentina

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tes inversiones en seguridad social protegían el ahorro interno y favorecían las compras. Pero sobre todo, fueron el pleno empleo y el constante aumento salarial impulsado por los potentes sindicatos los que habilitaron una redistribución social nunca conocida en el pasado. Esta política inédita de reparto se expresó también en la expansión del consumo popular. No sólo se incrementaron los consumos de alimentos (y en particular de carne); ahora los bienes de consumo durables producidos localmente –aparatos de radio, planchas eléctricas, heladeras- ingresaban a los hogares argentinos mejorando el confort y la calidad de vida.

Lavarropa, 1950 Fuente: Colecciones Teatrales. . [Consulta: 20 de julio de 2013] Imagen disponible en:

El eje de la reforma del sistema bancario de 1946 fue la nacionalización del Banco Central y la garantía estatal de los depósitos de los bancos privados. De esta suerte, el Banco Central asumía nuevas facultades tales como regular el volumen y el destino de los créditos y controlar buena parte de la política cambiaria. También quedaron bajo su éjida otros bancos estatales como el Nación y el Hipotecario. A partir de la reforma y junto con el IAPI, el Banco

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Según Bellini y Korol (2012: 117), entre 1945 y 1949 los salarios reales crecieron el 62% e incluso en 1954, cuando la inflación había afectado su nivel, eran el 50% más altos que en 1945. En el nuevo patrón de distribución del ingreso, por primera vez la participación de los trabajadores igualó las retribuciones percibidas por el capital.

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Central se erigió como una de las principales herramientas para favorecer la autonomía del estado en materia económica, incrementando sus posibilidades de intervención. Las nacionalizaciones de las empresas de servicios (ferrocarriles, electricidad, gas, teléfono, agua) reemplazaron casi de inmediato al primer modelo propuesto de formación de empresas mixtas, de capital privado y estatal. La bandera de la “independencia económica” auspiciaba esta política que, por otra parte, no era privativa de la Argentina sino que expresaba una tendencia mundial muy extendida. La estatización también alcanzó en 1947 a algunas fábricas de origen alemán, que fueron reorganizadas en holdings estatales.

PARA REFLEXIONAR

La nacionalización de las empresas fue un factor más en la ampliación de las competencias estatales. Según algunos autores, tanto la administración de las empresas como el proceso de industrialización alentado desde el gobierno contribuyeron a configurar un Estado empresario, que requería de transformaciones estructurales para asumir su nuevo rol en la economía. Cabe destacar que no existió un formato único de nacionalización de empresas, barajándose opciones diversas como el monopolio estatal y la empresa mixta en sus diferentes variantes.

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Por último, el equilibrio fiscal se alcanzó a través del aumento de la presión tributaria, en un contexto de radical transformación de la estructura impositiva. Se crearon nuevos impuestos directos que afectaron sobre todo a los sectores de ingresos más altos y también creció el volumen de los indirectos. De esta manera, pudo compensarse el formidable aumento del gasto público que las políticas económicas reseñadas implicaban. No obstante, según Gerchunoff y Antúnez (2002) fue sobre todo la reforma previsional de 1945 la que revolucionó el sistema impositivo poniendo a disposición del Gobierno los aportes personales y patronales de las cajas jubilatorias en un momento en que la mayoría de los agentes se encontraban aún en actividad. Este conjunto de medidas conllevó un inmenso incremento del gasto público (que pasó del 16% del PBI en 1946 al 29% en 1948) y de la expansión monetaria (de alrededor del 250%) en los primeros tres años de gobierno. Aunque el crecimiento industrial era cierto, el futuro auspiciaba crecientes dificultades. Por otra parte, ya comenzaba a hacerse evidente el desaliento del sector agroexportador del cual seguían proviniendo las divisas. El censo industrial de 1947 representa una buena fotografía del estado de situación. El número de establecimientos industriales se había duplicado desde 1935, pero sin que aumentara la cantidad de trabajadores por unidad de producción. Así pues, la pequeña empresa seguía siendo el motor de la sustitución de importaciones. Alimentos, bebidas y tabaco habían perdido su importancia relativa, mientras que la industria de textiles y confección, la metalmecánica, la química y petroquímica habían avanzado en los últimos años. Aunque sin dudas, el objetivo del pleno empleo había sido alcanzado, la calidad de los productos era deficiente y su precio demasiado alto. Historia Argentina

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PARA REFLEXIONAR

En esta primera etapa los esfuerzos del gobierno se canalizaron hacia el estímulo de la industria liviana. Sin embargo, no faltaron algunas iniciativas que apuntaban a la creación de una industria de base. Significativamente, esa tarea le fue encomendada a las Fuerzas Armadas, signo de su peso inicial en el proyecto de desarrollo peronista. Así, en 1947 y a instancias del presidente de la Dirección General de Fabricaciones Militares, se creó la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA). Posteriormente, en 1952, fue fundada la empresa Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME).

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7.9. La economía en tiempos de escasez A partir de 1949, comenzó a sentirse la disminución de la producción agropecuaria y de las exportaciones. A ello se sumó la caída de los términos de intercambio, el agotamiento de las reservas y una inflación que parecía fuera de control. Esta delicada situación empeoró en los años siguientes. Si las sequías de 1949-50 azotaron duramente al campo, las de 1951-52 fueron notablemente peores. Por primera vez, los argentinos tuvieron que reemplazar el pan de trigo por otro inferior, de mijo y centeno, que el gobierno distribuyó para paliar la escasez. El boicot norteamericano, que excluyó a la Argentina del Plan Marshall, alejó todavía más al país del lugar de “granero del mundo” que alguna vez había ocupado. En resumen, desde 1949 el modelo de crecimiento presentaba claros signos de agotamiento. Perón tomó nota de la situación y en enero de aquel año reemplazó al impulsor de las políticas económicas Miguel Miranda por Alfredo Gómez Morales, de perfil más técnico. El nuevo equipo –que a diferencia de Miranda estaba muy atento a los efectos de la escasez de divisas– tuvo que afrontar el desafío de lidiar con un contexto internacional poco favorable y con el dilema de contener la inflación sin poner en riesgo la popularidad y los apoyos de Perón. Por otro lado, quedaba claro a esta altura que el desaliento del sector agropecuario tenía buena parte de la responsabilidad de la crisis y que, en adelante, las políticas públicas no podrían descuidar al campo. Escaso de divisas, el país veía restringida su capacidad de importar, algo muy problemático para una industria extremadamente dependiente de bienes de capital e insumos importados. Dado que la producción industrial se vendía en el mercado interno, la obtención de divisas requería del incremento de las exportaciones o de la inversión extranjera, que hasta entonces había sido desalentada. Gómez Morales no desdeñó ningún recurso pero tuvo que tomar sus recaudos. En 1951, la Argentina recibió un préstamo del Eximbank que fue vivido como una humillación por contradecir el lema de “vivir con lo nuestro”. En cuanto a las inversiones extranjeras, sólo hacia fines del periodo –y con grandes resistencias- podrían ser recibidas. Tampoco era posible apelar a la devaluación –que implicaba el rezago de los salarios reales- por lo menos hasta que la victoria electoral de Perón quedara asegurada y con ella su liderazgo. Fue así que la principal apuesta del Gobierno se sustanció en un “retorno al campo”. Historia Argentina

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Según Gerchunoff y Antúnez (2002), desde 1949 y hasta principios de 1952, los términos del intercambio cayeron un 36%. Se trataba del mismo nivel de 1935.

El Plan Marshall, implementado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, consistió en la donación o venta a precios bajos de equipos y alimentos destinados solidariamente a los países europeos. Aunque su objetivo explícito era colaborar en la reconstrucción de Europa en la posguerra, no era menor el interés de los Estados Unidos de limitar las relaciones entre las democracias occidentales y la Unión Soviética. La aspiración del gobierno peronista era la de participar en el Plan (no obstante se trataba de ventas realizadas a bajo precio) pero la Administración para la Cooperación Económica – que coordinaba la ayuda- se negó a incorporar a la Argentina.

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Como primera medida, las funciones del IAPI fueron reducidas a las más básicas y a partir de 1949 la institución se concentró en comercializar las cosechas. En pos de la recuperación del sector agropecuario, esta vez los precios pagados a los productores superaron a los muy alicaídos del mercado internacional. Finalmente, la “vuelta al campo” implicó una reasignación del crédito, que hasta entonces había beneficiado casi exclusivamente a la industria. De esta manera, el sector rural tuvo a su alcance el dinero necesario para la compra de insumos y bienes de capital que permitieran aumentar la productividad y con ella el volumen de la producción exportable. Los permisos de importación favorecieron el ingreso de maquinaria agrícola y se alentó la mejora de razas ganaderas. También se reforzaron los saldos exportables a partir de restricciones al consumo interno (vedas), nuevo ingrediente de una economía familiar cuya máxima era, en palabras del mismo Perón, “ahorrar, no derrochar”. En todo caso, los efectos de estas políticas sectoriales sólo pudieron advertirse tiempo después, en la medida en que los azotes climáticos condicionaron todo lo demás. Hasta 1952, la lucha contra la inflación exigió una estrategia gradualista a fin de no paralizar la actividad económica. El gobierno procuró reducir el desequilibrio fiscal incrementando la presión tributaria y frenó el gasto público discontinuando y cancelando obras. Por otra parte, aunque sin interrumpirse, el crédito se volvió más selectivo. En todo caso, la inflación no cedió y, hasta 1952, superó el 30%. Una vez pasadas las elecciones, Perón anunció el “¨Plan de Emergencia” que hasta aquel momento había postergado. En éste, la estrategia antiinflacionaria tenía un papel central e implicaba una opción riesgosa, consistente en el congelamiento de salarios, precios y tarifas por dos años. El Segundo Plan Quinquenal (1952-57) –que comenzó a aplicarse en 1953, cuando ya eran palpables los signos de la recuperación completó los ajustes del programa económico peronista. En él se admitía que el Plan de Gobierno 1946-52 había consolidado la industria liviana y que al Segundo le correspondía afianzar la industria pesada. Como se anticipó, los intentos de fundar una industria de base no eran nuevos, pero los resultados habían sido magros. Quedaba claro que para concretar esta nueva fase era necesario reasignar las inversiones estatales pero también sumar otras de origen externo. Entre 1952 y 1955, el Estado aumentó sus inversiones en transporte, energía, comunicaciones y siderurgia mientras que descendieron aquéllas en defensa y en salud (Gerchunoff y Antúnez, 2002: 182). No obstante, el déficit de inversión pública se hizo sentir, especialmente en el sector energético. El gobierno sólo podía salir de esta encerrona acudiendo a la inversión extranjera, algo que se contradecía con el orgulloso principio de la “independencia económica”. En este contexto, en 1953 se presentó un proyecto de ley de inversiones extranjeras orientadas hacia la industria y la minería. El vuelco no era privativo de la Argentina: otros países latinoamericanos siguieron la misma senda en aquellos años. El proyecto de inversiones extranjeras fue muy discutido y encontró oposición incluso en las mismas filas peronistas, oposición que fue volviéndose más enconada cuando se lo evaluó en relación a la producción de petróleo. En cualquier caso, la ley que se sancionó en 1953 tuvo un éxito relativo porque pocas empresas extranjeras se dejaron tentar por la invitación del Gobierno (una de las más importantes fue la fábrica de automóviles Kaiser Motors). En Historia Argentina

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contraste, los acuerdos con la Stándard Oil, petrolera de origen norteamericano, no llegaron a sancionarse a pesar de que YPF carecía de la capacidad económica para realizar nuevas exploraciones y aprovechar los yacimientos conocidos. ¿Qué ocurrió en tanto con las tarifas y salarios, congelados desde 1952? Como estaba previsto, pasados los dos años llegó el momento de la renegociación salarial. Cabe destacar que, con algunas excepciones, la intensa movilización obrera de los primeros años peronistas ya había quedado atrás en la década de 1950. La satisfacción de las principales demandas laborales, el fin de la tolerancia oficial hacia las huelgas, el disciplinamiento conseguido por la CGT y la misma declinación económica habían desactivado la conflictividad. De todas maneras, la resistencia hacia las políticas de incentivación de la productividad se hizo sentir a través de la negativa a cooperar. La cuestión salarial dividía a los trabajadores entre dos lealtades: la que los unía al gobierno y la defensa de sus intereses. Aunque la brecha ente las demandas obreras y las ofertas patronales fue inmensa (las primeras reclamaban un 40% de aumento mientras que las segundas rondaban entre el 3 y el 5%), la estrategia seguida por los trabajadores privilegió el trabajo a desgano (que apuntaba contra los empresarios y no contra el Gobierno) por sobre la huelga. Los salarios reales fueron finalmente ajustados 12% respecto de 1952. En cuanto a la productividad, una vez más los trabajadores organizados mostraron su fortaleza. En 1954 se convocó al Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social, cuyos actores protagónicos serían los sindicatos y los empresarios de la Confederación General Económica. No fue posible alcanzar un acuerdo. Las demandas de los empresarios castigo del ausentismo, utilización de incentivos a la productividad, un margen más amplio en las convenciones colectivas y sobre todo la limitación del poder de las comisiones internas de las fábricas eran indigeribles para los sindicalistas, que se opusieron por completo a los proyectos de racionalización. De esta suerte, el Acuerdo Nacional de la Productividad arrojó resultados muy magros. Sin embargo, para entonces, las preocupaciones más acuciantes habían dejado de ser las económicas. La confrontación política se hallaba en primer plano y opacaba todo lo demás.

LECTURA OBLIGATORIA

Belini, C. y Korol, J. (2012), “La economía del primer peronismo. (1946-1955)”, en: Historia económica de la Argentina en el siglo XX, Siglo XXI, Buenos Aires, pp.113-154.

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La Confederación General Económica era una representación empresaria que competía con la tradicional Unión Industrial Argentina opuesta a Perón y que estaba presidida por José Gelbard.

La decisión de privilegiar la productividad para acordar aumentos salariales suponía el abandono del sistema de negociación vigente desde 1944, que otorgaba a los sindicatos un papel fundamental. La propuesta –cara a los intereses empresariales- consistía en una regulación acorde al incremento de la producción, medido en horas hombre.

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