[Bragoni Beatriz] - Esclavos, Libertos y Soldados

Esclavos, libertos y soldados: la cultura política plebeya en Cuyo durante la revolución.♣

Beatriz Bragoni CONICET, UNCuyo Viva la patria, viva la unión y nuestra excelentísima Junta del Río de la Plata y nuestra amable libertad. Viva ¡Viva!

El epígrafe que encabeza el presente capítulo constituye la primera evidencia reunida por el fiscal acusador de un proceso criminal iniciado en Mendoza con motivo de haberse puesto al descubierto una rebelión de esclavos el 2 de mayo de 1812. Se trata de una pequeña proclama dedicada a inflamar el espíritu patriótico de los negros y mulatos que habitaban los cuarteles urbanos, y que había circulado los días previos a que el gobierno encabezado por el teniente gobernador designado por el poder revolucionario en Buenos Aires, el coronel José Bolaños, tomara conocimiento del plan. El suceso caratulado como rebelión contra los amos y el mismo gobierno, alcanzaba significado en un clima político que superaba los límites estrictos de la jurisdicción: al tanto de las novedades introducidas por el gobierno de Santiago de Chile en beneficio de los esclavos en 1811, y de noticias relativas a la población indígena y de castas obtenidas desde Lima, los acusados de la rebelión en la ciudad cuyana habían llevado a cabo preparativos para exigir a los amos lo que ya estaba en la agenda del gobierno central con sede en Buenos Aires. Según las fuentes, y de acuerdo a las declaraciones de los esclavos que acaudillaban el plan, en las conversaciones mantenidas en los cuartos de las casas, en las pulperías distribuidas entre la Plaza Mayor y el paseo de Alameda, y en los fandangos, los cabecillas habían tomado conocimiento de las noticias difundidas por un ejemplar de la Gazeta de Buenos Ayres que auguraba medidas favorables para la población esclava. Ese contexto entonces resultaba propicio para sumar voluntades a favor de la iniciativa, reunir las armas disponibles para asaltar el Cuartel y emprender la acción contra los amos a los efectos de exigirles la carta de libertad con el argumento de sumarse a los cuerpos y regimientos porteños que dirigían la guerra en defensa de la Patria. Las expectativas de los rebeldes se frustraron cuando la tentativa fue desbaratada por las autoridades. Sin embargo, el episodio que protagonizaron y los argumentos que utilizaron para justificar sus pretensiones nos enfrentan no sólo a las sensibilidades y prácticas sociales disparadas por la revolución que permitían impugnar el orden social previo y simultáneo a su emergencia, sino sobre todo a la fascinante difusión de los preceptos liberales a solo dos años de iniciada la aventura revolucionaria rioplatense. Con justicia puede argumentarse que el acontecimiento liderado por el elenco de esclavos sometidos a la justicia ordinaria, reúne todos los requisitos apropiados para ser considerado un caso límite capaz de exhibir significaciones políticas y sociales en relación a los actores involucrados, y al contexto en el que las prácticas y representaciones sociales aparecieron inscriptas. Si bien la historiografía dedicada al estudio de la revolución en Mendoza no ha reparado en el fenómeno, y el voluminoso expediente que ilustra los pasos de la justicia criminal brinda inmejorables ♣

Esta investigación integra el proyecto de CONICET PIP Nº 6073

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condiciones para emprender un análisis pormenorizado del episodio, la estrategia analítica elegida para revisar algunos rasgos sobresalientes de la experiencia revolucionaria en Cuyo elude intencionalmente ese atractivo. El presente ensayo propone en cambio asumir el episodio como eslabón denso de una larga cadena de evidencias que permiten capturar las modulaciones plebeyas de la cultura política como también se propone reinterpretar la “revolución en Cuyo” hasta el momento identificada casi de manera exclusiva en torno a la exitosa militarización liderada por el coronel José de San Martín a partir de 1814, y a la gobernación cuyana como baluarte territorial y social compacto, uniforme y estable a favor de la empresa sanmartiniana. La literatura histórica, en una línea oblicua inaugurada por las narrativas decimonónicas,1 y que alcanza incluso la interpretación halperiniana, ha considerado sus efectos en el ciclo de guerras abierto a partir de 1815 cuando la unificación de mandos militares y el cambio en el contexto internacional brindó condiciones propicias a la revolución rioplatense para asegurar la independencia de lo que hasta entonces había sido el bastión insurgente nunca reprimido en los confines australes del antiguo imperio español.2 Cualquier lector prevenido podrá compartir conmigo el peso que aun tienen estas imágenes en la comprensión histórica de la especificidad cuyana, como también podrá advertir las dificultades para penetrar en las dilatadas tradiciones historiográficas que atribuyen a San Martín la genialidad de haber ideado y puesto en marcha la organización de un ejército de profesionales capaz de concretar un plan continental destinado a asegurar el éxito de la causa americana. Esa imagen va unida a otra no menos importante, y es aquella que acentúa o privilegia el papel desempeñado por los “pueblos” cuyanos la cual opera como eslabón necesario a la empresa militar al suministrar recursos extraordinarios en hombres, dinero y armas convirtiéndose en sólida evidencia de la convicción patriótica cuyana desde los primeros tiempos revolucionarios. Como bien se sabe la centralidad de esa asociación estuvo lejos de ser producto tan solo de construcciones historiográficas posteriores; quien repare en las monumentales colecciones documentales del período advertirá que se trata de un lenguaje de época que nutrió la potente simbología patriótica alcanzando -como no podía ser de otro modo- significados épicos. Sería el mismo Crisóstomo Lafinur el encargado de confeccionar el himno dedicado a Cuyo cuyos versos destacaban: A los héroes que fueron ¡Oh Lima! En tu venganza, Cuyo les dio la lanza Y su inmortalidad Si tus grillos rompieron Con virtud y fortuna, En Cuyo ved la cuna De tu felicidad. Esta colaboración propone emprender un camino alternativo y complementario a la vez en la medida que asume la experiencia revolucionaria y la militarización que siguió al arribo de San Martín como funcionario del gobierno central de las Provincias Unidas, como laboratorio político, social y cultural formidable para examinar la manera en que los preceptos revolucionarios fueron aceptados por individuos y grupos sociales ajenos a las elites urbanas, 1

Damián Hudson, Recuerdos históricos de las Provincia de Cuyo, Imprenta de Juan Alsina, 1898. (1° edición La Revista de Buenos Aires, 1864-1872); Bartolomé Mitre, Historia de San Martín y de la Emancipación SudAmericana, Tomo V, Buenos Aires, Jackson.(1° edición 1887) 2 Halperín Donghi, Revolución y guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla, Siglo XXI, 1979 (1º edición 1972), De la revolución de independencia a la confederación rosista, Buenos Aires. Paidós, 19,

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y develar las estrategias instrumentadas por el poder revolucionario para reconducir cadenas de mando y obediencia a favor de una construcción política fuertemente centralizada y afirmada en la unanimidad de opinión como fenómeno inédito para la comunidad local. Ese denso proceso político no parece ser solo el resultado de una férrea disciplina social sostenida en jerarquías militares exigidas por la coyuntura guerrera. La aceleración de los tiempos revolucionarios y el vigor adquirido por el patriotismo como pedagogía cívica parece haber favorecido una experiencia de uniformización colectiva capaz de dar una nueva dirección a las jerarquías sociales heredadas del antiguo régimen que si bien resultaron amalgamadas y reedificadas por la legitimidad revolucionaria, dieron origen a experiencias de politización popular inéditas e inesperadas para las elites revolucionarias. Los canales de integración política creados a partir de las experiencias de militarización en el Río de la Plata antes y después de mayo de 1810 no ha sido de ningún modo un tema ausente en la literatura histórica;3 tampoco resulta desconocido el papel desempeñado por la población esclava masculina en las formaciones militares que alimentaron las huestes de los ejércitos de la independencia;4 menos aún resultan desconocidos las formas en que los esclavos conceptualizaron la libertad,5 ni tampoco los historiadores han eludido el desafío de restituir la manera en que la revolución y la guerra representaron para ellos una vía posible para ensayar la libertad.6 Así también, las implicancias de la sociabilidad urbana de la población negra en la política rioplatense han sido eficazmente restituidas para el período inmediatamente posterior.7 Sin embargo, se ha reparado poco en las inflexiones de su politización en la experiencia histórica cuyana. Este trabajo asume este registro necesariamente parcial de la completa geografía social que alimenta la vida política cuyana entre 1810 y 1820, con el fin de iluminar la complejidad de aquella estructura de experiencia social vertebrada por el espíritu libertario e igualitario como rasgos distintivos de la cultura política revolucionaria. Para hacerlo he apelado a las fuentes que resultan más adecuadas para penetrar en las prácticas y cosmovisiones políticas de los sectores subalternos que este relato privilegia. Se trata ni más ni menos de algunos sustanciosos procesos criminales y de un conjunto de sumarias militares alojados en los archivos nacionales y provinciales los cuales se convierten en cantera fértil para capturar, entre otras cosas, las formas en que la revolución y la guerra fueron pensadas y vividas por los negros, pardos y mulatos involucrados súbitamente al mundo político. En función de ello he creído conveniente organizar mi argumentación en cuatro apartados: en el primero trazo los pormenores de la adhesión cuyana a la revolución 3 Tulio Halperin, Militarización revolucionaria en Buenos Aires, en T. Halperin (comp) El ocaso del orden colonial en Hispanoamérica, Buenos Aires, Editorial sudamericana, 1978 y Guerra y finanzas en los orígenes del Estado argentino (1791-1850),Buenos Aires, Prometeo editores, 2005 (1° edición 1982); Gabriel Di Meglio, Soldados de la Revolución. Las tropas porteñas en la guerra de independencia, 1819-1820, Anuario IEHS, Tandil, nº 18, 2004, pp. 39-65. 4 José Luis Masini, La esclavitud negra en San Juan y San Luis. Época independiente, Revista de Historia Americana y Argentina, Año IV, nº 7 y 8, Facultad de Filosofía y Letras-UNCuyo, 1962/3, pp. 177-210 y La esclavitud en Mendoza. Época independiente, Mendoza, D’Accurzio, 1962; Jorge Comadrán Ruiz, Cuyo y la formación del ejército de los Andes. Consecuencias socio-económicas, Congreso Internacional Sanmartiniano, Buenos Aires, 1978 y Las milicias regladas de Mendoza y su papel en el Ejército de los Andes, Diario Mendoza, julio 1979 5 Silvia Mallo, La libertad en el discurso del Estado, de amos y esclavos, 1780-1830, Revista de Historia de América, México, IPGH, n° 112, julio-dic 1991, pp.121-146 6 Ana Frega, Los caminos de la libertad en tiempos de revolución. Los esclavos en la Provincia Oriental Artiguista, 1815-1820, Arturo Bentacur, Alex Bomchi y Ana Frega, compiladores. Estudios sobre la cultura afro-rioplatense. Historia y presente. Montevideo, Dpto Publicaciones, FHCE, 2004, pp.45-66 7 Pilar González Bernaldo, Vida privada y vínculos comunitarios: formas de sociabilidad popular en Buenos Aires, primera mitad del siglo XIX, F. Devoto y M. Madero (directores), Historia de la vida privada en la Argentina, Tomo I, Buenos Aires, Taurus, 1999, pp. 147-169

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con el fin de mejorar la comprensión del contexto institucional y político; el segundo está dedicado al examen de la frustrada rebelión de los esclavos que sirvió para anticipar los problemas que me he propuesto abordar; el tercero y el cuarto se ocupan de rastrear el dilema de integración desigual de los esclavos y libertos en los cuerpos armados que integraron los ejércitos patriotas. 1. Un pueblo en revolución Las noticias de la destitución del virrey Cisneros y de la formación de la Junta provisoria que reasumía la soberanía en su reemplazo arribaron a Mendoza el 6 de junio de 1810. Días después las autoridades reales tomaron conocimiento del pliego que justificaba su formación y de la circular que invitaba a los pueblos del virreinato a envira diputados para integrarla; la noticia era simultánea a la orden emanada por el gobernador intendente de Córdoba, Dn. Juan Gutiérrez de la Concha, que rechazaba su formación y alertaba contra aquellos inclinados a aceptar el gobierno insurgente ordenando el envío de auxilios para combatir las tropas porteñas. En medio de esos dos frentes, y mientras las autoridades reales dirigían pliegos al Virrey del Perú, el 23 de junio un Cabildo Abierto votó de manera unánime su adhesión a la Junta; esa misma noche, los más decididos defensores de su legitimidad asumieron el control miliciano y exigieron al Cabildo que nombrara a la cabeza de los cuerpos armados al comandante de urbanos Isidro Sáenz de la Maza en reemplazo del antiguo subdelegado de Armas Faustino Ansay. Días más tarde, los destituidos intentaron restaurar el antiguo orden con el apoyo de un grupo de europeos y americanos que asaltaron el Cuartel, ocuparon el Fuerte y sacaron los cañones a la calle para amedrentar a los revolucionarios.8 Frente al conflicto el cura párroco de la ciudad decidió intervenir en el conflicto con el fin de de “cortar la rebolucion y tranquilizar al Pueblo”, comprometiéndose a interceder por los rebeldes ante las autoridades de Córdoba a través del obispo. La mediación del párroco condujo a la celebración de un acuerdo entre los cabecillas de ambas facciones por el cual se restauraba la autoridad de Ansay en la Comandancia de Armas bajo el compromiso de no auxiliar al Intendente de Córdoba para enfrentar a los porteños ni tampoco de optar el sistema de juntas ni otro alguno que causara la menor “variación de la forma de gobierno legitima establecida”. La negociación fue ratificada con un solemne Te Deum en la Iglesia Matriz donde el párroco exhortó a la unión del pueblo “pidiendo el buen orden; poniendo por delante el temor de Dios; recordando la obediencia a los magistrados y al gobierno”. El acuerdo duró poco. A principios de julio al arribo de las tropas lideradas por el teniente coronel del regimiento de arribeños, el mendocino Juan Bautista Morón, resultó decisiva para volcar la opinión a favor del orden revolucionario una vez conocida la derrota de Liniers en Córdoba por las fuerzas expedicionarias porteñas. Mientras un cabildo abierto entregó la Comandancia de Armas a Juan Martínez de Rozas, Morón ejecutó la orden de conducir a las antiguas autoridades a Buenos Aires con lo cual se clausuraba el breve experimento transaccional en virtud del decisivo arbitrio de los capitulares y de las milicias a favor del nuevo gobierno instalado en Buenos Aires. La rápida aunque discutida adhesión a la Junta porteña adquiría significado en un contexto institucional y político más complejo que superaba ampliamente la crisis de legitimidad latente desde 1808. En rigor, la favorable respuesta de los pueblos cuyanos traslucía una sostenida aspiración de las elites locales por elevar el status institucional de la jurisdicción en detrimento de la subordinación que mantenían con la capital cordobesa como 8

Informe de los ex - ministros de la Real Hacienda en Mendoza, José Torres y Harriet y Joaquín Gómez de Liaño al capitán general del Río de la Plata, don Gaspar Vigodet sobre la Revolución de 1810, Montevideo 20 de junio de 1812. Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, Segunda Época, N° 5, 1968, pp.408419 [en adelante RJEHM]

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consecuencia de la implementación del régimen de intendencias de fines del siglo XVIII, y que no casualmente en los primeros días de mayo de 1810 habían sostenido un último reclamo al todavía Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros.9 En consecuencia, la adhesión patriótica de los pueblos cuyanos a la Junta heredera de la legitimidad regia amerita ser interpretada en tendencias autonómicas previas y simultáneas a su emergencia.10 Sin embargo, las pretensiones soberanas locales habrían de postergarse hasta 1813 cuando el cambio político acaecido en el corazón del poder revolucionario, que reemplazó el primer triunvirato por representantes mas decididamente rupturistas del vínculo colonial, dispuso la creación de la Gobernación cuyana no sólo para sostener la adhesión de Cuyo al centro político sino para enfrentar la amenaza contrarrevolucionaria que, dirigida por el Virrey de Lima, estaba a punto de demoler el bastión patriota de Santiago de Chile. En ese lapso, las solidaridades políticas que hasta el momento habían reunido a las elites locales se diluyeron significativamente. En sentido estricto la nueva obediencia no dio lugar a beneficios inmediatos para los pueblos cuyanos. Aunque las tendencias centralistas sostenidas por el gobierno en Buenos Aires no serían cuestionadas en lo sustancial a lo largo de toda la década revolucionaria, las invenciones institucionales por él creadas estuvieron lejos de responder a las expectativas de las elites locales de clausurar de una vez por todas la dependencia administrativa (y económica) con la capital cordobesa. El malestar de esa evidente demora que postergaba aquellas aspiraciones se puso de manifiesto de inmediato. En julio de 1810 el Cabildo de Mendoza rechazó al teniente gobernador arribado desde Buenos Aires, el salteño José de Moldes, cuya autoridad quedaba “sujeta al Gobernador Intendente de Córdoba bajo las mismas relaciones que antes”.11 Tampoco la solución política creada por la Junta Grande -que daba cabida a la representación territorial a través de la elección de dos vecinos electos por “sufragio popular”- creó condiciones estables en el gobierno local. En Mendoza el cuestionamiento a la Junta Grande se puso de manifiesto cuando la Junta Subalterna sufrió el acecho de un grupo de revolucionarios aglutinados en la Junta Patriótica, afines a los “morenistas”, que cuestionaron el desempeño del diputado Manuel Ignacio Molina en el gobierno colegiado aparentemente vinculado a las magros beneficios obtenidos en materia comercial de la obediencia política al nuevo poder surgido en Buenos Aires.12 La crisis política se tradujo en la movilización de la plebe urbana que estuvo alentada por los decuriones y alcaldes de barrio de la ciudad. Inmerso en una red conspirativa lubricada por los 9

Jorge Comadrán Ruiz, Mendoza en 1810, Actas del III Congreso Internacional de Historia de América, Tomo IV, Academia Nacional de la Historia, 1961. 10 José C. Chiaramonte,"Formas de identidad política en el Río de la Plata después de la independencia", Boletín Ravignani, n.1, 1989; "El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX" en M. Carmagnani, Los federalismos latinoamericanos. México, Brasil, Argentina, México, Fondo de Cultura Económica, 1994; "Acerca del origen del estado en el Río de la Plata", Anuario-IEHS, Tandil, # 10, 1995 y Ciudades, provincias, Estados: Orígenes de la Nación Argentina, 1800-1846, Buenos Aires, Ariel, 1997. 11 Idéntica reacción generó en San Juan el rechazo del sargento mayor Saturnino Saraza. Díaz Araujo. Op.cit. Así también el Cabildo de En San Luis cuestionó la ingerencia del Intendente de Córdoba en la administración de Justicia. Vease, Hudson, op.cit. p. 32 12 Debe advertirse al lector que durante el ciclo revolucionario el poder revolucionario no dio respuestas satisfactorias para enfrentar las severas condiciones que enfrentaban las economías regionales como consecuencia de la competencia de vinos y licores importados que atiborraban el mercado porteño desde 1809. Véase respectivamente, Pedro S. Martínez, Historia económica de Mendoza durante el Virreinato 1776-1810, Madrid. UNCUyo-CSIC, 1961. Carlos Segreti, La economía del interior en la primera mitad del siglo XIX (correlación de documentos), I Cuyo, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1981. Edberto O. Acevedo, Investigaciones sobre el comercio cuyano, 1800-1830, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1981. Juan C. Garavaglia, Crecimiento económico y diferenciaciones regionales: el Río de la Plata a fines del siglo XVIII, en Economía, sociedad y regiones, Ed. de la Flor, 1987 Samuel Amaral, Comercio libre y economías regionales. San Juan y Mendoza, 1780-1820, Jahrburch für Gestchichte von staat, wirtschaft und gessellschaft. Lateinamerikas, # 27, 1990, pp.1-67.

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desterrados Hipólito Vieytes, Nicolás Rodríguez Peña y Juan Larrea,13 el conflicto no sólo precipitó la renuncia del diputado ante un Cabildo Abierto, sino que además puso en escena una progresiva división de opiniones entre quienes propiciaban sostener el gobierno de Buenos Aires y al “sagrado sistema de la libertad” que representaba, y quienes introducían serias sospechas sobre los posibles beneficios que esa empresa podía acarrear para localidades distantes del teatro de operaciones militares donde se dirimía la suerte de los “insurgentes porteños”. Por otra parte, la nueva coyuntura había develado el protagonismo de liderazgos de mayor o menor jerarquía institucional que iban a gravitar en el nuevo escenario. Aquella jornada había desnudado la decisiva influencia del comandante de fronteras Manuel Corvalán que había sido justamente el portador de la noticias de la formación de la Junta trabajando afanosamente en varias tertulias nocturnas para ganar la opinión del vecindario más reputado a su favor. Nacido en un linaje de dilatada participación en la vida comunitaria cuyas ramificaciones se remontaban a los primeros siglos de dominación española, con posiciones expectables en la administración local, que incluía a dos de los padres expulsos de 1767, el coronel Corvalán había llevado a cabo un ejercicio miliciano exitoso iniciado en 1806 cuando integró el regimiento de arribeños durante la primera invasión inglesa por cuyo desempeño patriótico fue ascendido a subteniente, para luego acceder al cargo de comandante de frontera en el fuerte de San Carlos en 1810.14 Esas marcas de autoridad lo habían ubicado como referente indiscutido del partido patriota o americano desde temprano, y su liderazgo quedó refrendado cuando participó del convenio alentado por el cura párroco que fue deshecho con al arribo de las tropas porteñas. Un papel no menos importante había cumplido el presbítero Lorenzo Guiraldes, integrado a la facción revolucionaria reunida en la “Junta Patriótica”, quien había sostenido públicamente que la Junta Grande era una creación de naturaleza “monstruosa” porque “según las doctrinas de Rousseau” estaba compuesta por diputados que habían sido elegidos para deliberar, no para gobernar. Ambos fueron acusados de activar decididamente la adhesión de los decuriones y alcaldes de barrio: esa dupla de figuras jurídicas y administrativas cuyos orígenes se remontaban a finales del período borbónico, iban a ganar centralidad a partir de 1812 cuando la seguidilla de funcionarios nombrados por la autoridad central depositaran en ellos funciones judiciales y de policía con el fin de extender el control social y político en los cuarteles de la ciudad y de la campaña. La forma en que ese nuevo elenco de magistrados habría de trastornar los canales habituales de reclutamiento del personal político en el esquema de poder local, dio cuenta el Procurador del Cabildo, el licenciado Juan de la Cruz Vargas, en 1814 cuando manifestó al Gobernador intendente no sólo conflictos de autoridad en la administración de justicia “que no se acostumbraban antes de nuestra gloriosa y política regeneración”, sino ante todo la sorpresa de que los nombramientos de ciertos alcaldes de barrio habían recaído en “sujetos de escasos principios, y más guapetones, que de conocidas obligaciones”.15 La intervención del licenciado Juan de la Cruz Vargas ponía en evidencia algo más que la competencia de funciones entre antiguas y nuevas jerarquías en materia de justicia. Exhibía ante todo la dirección inesperada que éstas últimas habían alcanzado en la vida política local en la cual no se debatía tan solo la obediencia al nuevo régimen, sino también las proyecciones políticas y sociales que la nueva legitimidad podía llegar a alcanzar. Ese doble dilema gravitó en la coyuntura incierta de 1812 dando origen a experiencias sociales y 13

Elvira Martín de Codoni, Saavedrismo y morenismo en Mendoza, 1811, Historia. Revista Trimestral de Historia Argentina, Americana y Española, Buenos Aires, Año IX, julio-setiembre, n° 32, 1962, pp.42-66 14 AGN – Sala X, Libro 8 15 Edberto O. Acevedo, Orígenes en la organización judicial de la Provincia de Mendoza, Buenos Aires, 1979, p. 44

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políticas radicalmente novedosas que no iban a estar del todo ausentes en el fortalecimiento de los lazos políticos con el poder central que cumplió con las expectativas cuyanas de clausurar definitivamente la antigua dependencia cordobesa en 1813, enarbolando a la ciudad de Mendoza como capital de la nueva gobernación.16 ¿Qué características asumió ese doble dilema? ¿Cuáles fueron sus manifestaciones sociales y políticas? ¿Qué actores y grupos sociales lo dinamizaron? El fracaso de las Juntas Subalternas condujo al poder central a idear una alternativa institucional destinada a afirmar su autoridad en las jurisdicciones del interior a través del nombramiento de nuevos funcionarios. La nueva política se puso en evidencia en Mendoza en enero de 1812 cuando el flamante teniente gobernador “con conocimiento de las cuatro causas” arribó a la ciudad para asumir su mando. El teniente coronel del Regimiento de Infantería, Joseph Bolaños, había dado muestras convincentes de sostener el orden político inaugurado en 1810: nacido en San Juan y vinculado por línea materna al linaje de los Quiroga, después de cursar sus estudios en Córdoba en el calificado Colegio de Monserrat, Bolaños optó por desempeñar la carrera militar en las filas de los regimientos del Rey. Después de actuar en el rechazo a los ingleses en 1806 y 1807, se plegó decididamente al nuevo gobierno e integró filas del ejército Auxiliar del Alto Perú pero las derrotas de Suipacha y Huaqui lo devolvieron a Buenos Aires donde fue nombrado teniente gobernador. Esos atributos sin embargo resultarían insuficientes para dar estabilidad al gobierno, y menos aun para arbitrar medidas eficaces para descomprimir la conflictividad política y social que latía en el escenario local. El propósito de hacer frente a esas tensiones se puso de manifiesto en la correspondencia dirigida al gobierno central, y en las disposiciones normativas publicitadas a los pocos meses de haber asumido sus funciones. El 18 de abril publicó un bando en los portales del Cabildo con el fin de reencauzar el orden público a favor de la “conveniencia pública”, por el cual confiaba el control social y político de los cuarteles urbanos y rurales a los decuriones y tenientes alcaldes. El conjunto de disposiciones estaban destinadas a observar, registrar y vigilar a los sectores del “bajo pueblo” que englobaban un amplio espectro de actores con los cuales se pretendía restablecer, o en el mejor de los casos, construir vínculos que se juzgaban rotos: un pormenorizado censo de “vagos y hombres viciosos” debía ser acompañado por el fomento de oficios y del registro de maestros artesanos, oficiales y aprendices; no menos importante era que “todos los peones gañanes” debían tener “constancia de su conchavo con expresión del término firmado del Patrón”, y que los extranjeros o forasteros se presentaran ante el gobierno. 17 La aspiración de Bolaños por garantizar el orden se completó con medidas orientadas a controlar y sancionar a los americanos y peninsulares sospechosos o “desafectos del sistema”, en las que fueron incluidas las “clases eclesiásticas” y los prelados de los conventos quienes no deberían desatender “la obligación de celar sobre la conducta de sus religiosos en asuntos de la Patria por la Ley genérica de Ciudadanos y por el espíritu religioso y de obediencia que profesa”. Sin embargo, la confianza depositada en la efectividad de esas medidas se desvaneció en pocas semanas: el 11 de mayo un nuevo bando daba cuenta que ni el vecindario ni tampoco los decuriones o alcaldes de barrio se habían ajustado a las instrucciones emanadas del gobierno por lo que advertía sobre su cumplimiento, atendiendo especialmente la ronda de los cuarteles con el fin de que evitar “las juntas de peones, y toda gente sospechosa, y especialmente los Esclavos, a fin de que estos no se junten en las pulperías, ni 16

Por un decreto del Segundo Triunvirato del 23 de noviembre de 1813 se creó la Gobernación Cuyana que integraba las jurisdicciones de los cabildos de San Luis, San Juan y Mendoza en la que ésta oficiaba de capital. Véase, Enrique Díaz Araujo, Historia Institucional de Mendoza, RJEH, Segunda Epoca, n° 4, Mendoza, 1967, pp.188-189. 17 Archivo General de la Provincia de Mendoza (en adelante AGPM). Independiente, 4: 1

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otros parajes de sospecha, poniendo presos a los que tengan por convenientes, amonestando a los pulperos, no detengan en sus pulperías esta clase de gentes, y a los Amos no permitan la salida de sus Esclavos, de noche sin necesidad […]”.18 La nueva normativa que ajustaba los mecanismos coactivos sobre la población esclava, no hacía más que hacer pública la conmoción generada el 2 de mayo después de haberse descubierto que los esclavos buscaban sublevarse para exigir al gobierno y a los amos la carta de libertad. Para ese entonces, el gobierno había detenido a los cómplices de la “sublevación de los negros esclavos de este Pueblo contra los amos y por consiguiente contra el gobierno” que intentaba “cometer horrorosos crímenes de asesinato, y otros excesos los más lastimosos que puedan experimentar”, para lo cual dispuso la persecución de cualquier sospechoso de estar involucrado, y exhibió la horca en la plaza pública como muestra contundente de la severidad de la pena a imponer a los responsables del conflicto. Entre los recluidos en los altos del Cabildo se encontraban el negro libre Joaquín Fretes, venido de Chile, el negro Domingo, esclavo de don Juan F. Cobos, Bernardo el esclavo de Francisco Aragón, el mulato Fructuoso Escalada, esclavo del capitular D. Joaquín Sosa y Lima, Juan Manuel, esclavo de D° María de Rosas, y Miguel que fuera esclavo del finado Teles. El 5 de mayo se inició el proceso criminal que se extendió hasta el 18 de julio incluyendo más de cincuenta declaraciones la mayoría de ellas correspondientes a negros, pardos y mulatillos esclavos, y unas pocas tomadas a individuos “blancos o distinguidos” entre los que se encontraban seis presbíteros, y algunos de los amos relacionados con el suceso.19 Esa variedad de voces dieron cuenta de las implicancias políticas y sociales involucradas en un fenómeno verdaderamente inédito que irrumpió en la vida política local – sugestivamente poco registrado por la opinión oficial como experiencia tangible de la manera en que individuos y grupos sociales ubicados en las jerarquías sociales de antiguo régimen, percibieron y ensayaron acciones políticas distintas a las heredadas haciendo uso de nociones y estímulos políticos disparados por la revolución. ¿Bajo qué condiciones, con qué recursos y qué tipo de argumentos convergieron en la frustrada rebelión? 2. Adhesión patriótica y libertad civil: la rebelión de esclavos (1812) El tiempo de Cuaresma y las celebraciones previstas para conmemorar el cumpleaños de la instalación de la Junta parecen haber favorecido un clima propicio para alentar las juntas de esclavos que habitaban los cuarteles urbanos. Al menos esa es la atmósfera que se respira al tomar contacto con las declaraciones de los testigos que pueblan las fojas del expediente; las fuentes también ofrecen sustantivas evidencias de la manera en que la pretendida rebelión estuvo lejos de introducir modalidades demasiado distintas a la estrategias conspirativas ni tampoco innovó en la acciones previstas para ejecutar el plan: los cabecillas habían ganado adeptos a través de convites o invitaciones hechas en reuniones de morenos realizadas en las cuartos de sus casas aprovechando los días festivos o los encuentros después de la oración; también habían usado canales habituales de la sociabilidad urbana: la salida de los domingos después de cumplir con las faenas cotidianas, las visitas periódicas a las pulperías y las conversaciones mantenidas en los fandangos celebrados en las casas o en el convento de Santo Domingo habían sido útiles para hacer circular la idea e intentar sumar voluntades a favor de la iniciativa. Aunque esos preparativos no fueran garantía para el éxito, según los testigos, a través de ellos se había conseguido alcanzar un universo social para nada desdeñable: algunos confesaron que la revuelta alcanzaba entre 19 y 30 involucrados, otros 18 19

AGPM, Independiente, 4: 5 AGN, Sala IX. Tribunales: 263-4. Agradezco a la Lic Oriana Pelagatti haberme facilitado la documentación.

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calcularon una cifra superior a cien; en cualquiera de los casos, la mayoría coincidió que todo estaba previsto para el domingo 3 de mayo a las siete de la noche previa reunión de los rebeldes en el bajo del Zanjón, en los sauces de Don Manuel Silvestre Videla, provistos con las armas que tuvieran a su alcance para asaltar el Cuartel, y presentarse al gobierno para que exigir “un decreto que diera la libertad a todos”. Que ese resultó ser el móvil principal de la “revolución” de negros lo atestiguan la mayoría de las declaraciones; de ellas también se desprende la autoría intelectual y material del episodio caratulado por las autoridades como “sublevación contra los amos y el propio gobierno”. A la cabeza de la red rebelde figuraron el negro libre Joaquín Fret (o Fretes) y el negro o pardo Bernardo, esclavo de Francisco Aragón, quienes habían fortalecido su amistad desde el arribo del primero desde Santiago de Chile por compartir, entre otras cosas, el oficio de músicos. El negro Joaquín era natural de Guinea, tenía 24 años y había sido uno de los pocos manumitidos como consecuencia de la legislación revolucionaria chilena creada por Manuel de Salas en 1811.20 Aunque no es posible precisar la fecha de su llegada a Mendoza, ni tampoco las razones que lo hicieron permanecer en la ciudad, lo cierto es que se ganaba la vida dando clases a algunas discípulas lo que permitía alquilar un cuarto en la casa de un prominente vecino D. Pedro Nolasco Ortiz, en uno de los principales cuarteles de la ciudad. Joaquín reunía una trayectoria ejemplar por haber servido en Santiago de Chile al oidor Matías Irigoyen, y más tarde al canónico Juan Pablo Fret, del Obispado de Concepción, quien le había otorgado “la libertad para que fuera a defender la Patria por él a Buenos Aires”. Esas cualidades jurídicas y culturales altamente diferenciadas del resto de los cabecillas, lo había ubicado como uno de los principales difusores de las libertades introducidas en Santiago de Chile y de la legislación del gobierno de Buenos Aires del 9 de abril de 1812 que prohibía la introducción de “expediciones de esclavatura”: él mismo había sido quien había leído en un junta de morenos el ejemplar de la Gazeta de Buenos Ayres que anunciaba algunas de esas promesas. En medio de tertulias nocturnas algunos terminaron opinando la conveniencia “que sería muy bueno levantar aquí una compañía de morenos”, a lo que Joaquín había respondido “que era muy bueno que él era libre y deseaba ser soldado para la defensa de la patria”. El impacto de esas noticias en la ciudad resultó siendo mayor: según las fuentes, las criadas del finado Francisco Borja Corvalán sabían “que este negro andaba diciendo que en Chile y en Buenos Aires eran ya todos los esclavos libres”; también Juan Manuel, el esclavo de Dña. Juana María de Rosas confesó saber por el dicho Joaquín “que en Lima ya estaban libres la mitad de los esclavos de cada casa”, y que allí, los mismos esclavos habían aparentado “una guerra entre ellos mismos con armas de fuego, pero sin municiones acudiendo al suceso los soldados del Rey, con cuyo motivo los daban por libres”. En suma, el negro Joaquín aparecía como caso testigo de las novedades legales introducidas en relación a la población esclava en diferentes jurisdicciones del convulsionado escenario americano, constituyéndose además en el principal intérprete de las innovaciones.21 20

Guillermo Feliú Cruz, La abolición de la esclavitud en Chile. Santiago, Editorial Universitaria, 1973 (2° edición) 21 El testimonio arroja indicios elocuentes de las interpretaciones libres referidas al clima liberal disparado desde 1811 por las Cortes de Cádiz y la correlativa respuesta del Gobierno de Buenos Aires. Cabe destacar, por ejemplo, la exención del tributo a indios y castas de toda la América del 13 de marzo de 1811. Por su parte, la Junta Gubernativa declaró la extinción del tributo indígena el 1 de septiembre del mismo año. La legislación de las Cortes se completa con la orden de emancipar a los esclavos del Rey en la Provincia de Guatemala del 26 de enero de 1812, la habilitación de los “españoles oriundos de África para ser admitidos en universitarios y el acceso a la carrera eclesiástica del 29 de enero de 1812; y finalmente, el artículo 22 de la Constitución liberal que establecía los requisitos de ciudadanía de “los españoles que por cualquier línea habidos y reputados por originarios del África, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos; en su consecuencia las Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieran servicios calificados a la Patria, o a los que se distingan por su talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de matrimonio legítimo

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El perfil de Bernardo era distinto; había nacido veinte años atrás en la ciudad y no supo firmar. Esa cualidad no le impidió convertirse en el “caudillo” del acontecimiento que, a juicio del presbítero Manuel Astorga, hizo que los “principales moradores” huyeran de la ciudad. Por el negro Joaquín supo que en Santiago de Chile el gobierno había dado la libertad a todos los nacidos de madre esclava el año anterior; por otros canales, Bernardo también estaba al tanto que los libertos de Buenos Aires habían sido integrados a las milicias mientras que el gobierno de Mendoza mantenía el batallón de pardos libres heredado del antiguo régimen. Ese conocimiento específico de las novedades introducidas sobre la población esclava por los gobiernos patriotas, era acompañaba de otra información no menos sugestiva: según el testimonio de las criadas de Doña Manuela Ares, que delataron la conjura de los negros ante el gobierno, Bernardo había manifestado “que era necesario hacer en esta Ciudad lo que los negros de las Islas de Santo Domingo, Matando a los blancos para hacerse libres”. En conjunto, esas evidencias habrían sostenido la convicción de que los amos de Mendoza eludían la obligación de cumplir con las leyes y las exigencias de la Patria. Ese razonamiento que acusaba un preciso conocimiento de un mundo político que superaba la vida de la aldea, parece haber guiado los pasos siguientes. En torno a ello, y de acuerdo a la confesión del negro Bernardo, no resultaría para nada extraño conjeturar que su participación en el movimiento plebeyo de junio de 1810 le hubiera permitido conocer la dirección que debían tomar los preparativos del plan. A la elección de un cuarto de cara al Cuartel, y ajeno a la casa de su amo, que sirviera de resguardo para reunir armas, pólvora y municiones, le siguió una profusa actividad para ganar voluntades a favor de la iniciativa para lo cual apeló a un núcleo íntimo de amigos y allegados que se convirtió en base operativa para estimular nuevas adhesiones. En esa red mínima se encontraba el negro Fructuoso Escalada, esclavo de Joaquín Sosa y Lima, un zapatero nacido en San Juan, quien confesó haber sido invitado por Bernardo a una junta de morenos en su cuarto con el propósito de “hacerse libres”. Otros oficiales y aprendices de zapateros reconocieron haber mantenido conversaciones en el mismo sentido: al negro Nicolás, el esclavo de Doña Manuela Ares y natural de Arrecifes, le siguieron los mulatillos Felipe y Toribio, y el negro Juan Antonio. Resulta por demás probable que la ascendencia de Bernardo sobre ese pequeño universo de zapateros haya dependido del papel desempeñado por su padre como maestro del gremio; sin embargo, la clave corporativa no parece agotar los perfiles negros que concurrieron en el frustrado levantamiento. Al menos esa imagen se desprende al testear algunas de las relaciones o convites que nutrieron el entramado del reclutamiento negro. Miguel, un esclavo del Colegio, natural de Guinea, declaró no sólo haber participado de las juntas de negros para el “designio del levantamiento que intentaban” sino que en ellas Bernardo “era el principal y el que los convocaba o instruía” para tratar y acordar como habían de ejecutar el hecho. Que para hacerlo “le hizo entender el dicho Bernardo que tenía una Gazeta de Buenos Aires en que ordenaba que todos los esclavos fuesen libres”.22 La mayoría de los testigos identificaron a Joaquín y a Bernardo como los principales cabecillas de la red conspirativa; sin embargo, ese liderazgo estuvo lejos de ser exclusivo al aparecer sostenido en una madeja de intermediaciones activada por otros negros que se introdujeron de lleno en el convite. Entre los más decididos figuró el negro Joseph, esclavo de de padres ingenuos, de que estén casados con mujer ingenua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, oficio, o industria útil con un capital propio. Véase, Colección de decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde el 24 de septiembre de 1811 al 24 de mayo de 1812, Tomo II. 22 Es altamente probable que esa haya sido la interpretación del decreto expedido por el Triunvirato que prohibía la trata o introducción de nuevos esclavos declarando a éstos libres una vez ingresados a la jurisdicción de las Provincias Unidas (9 de abril de 1812).

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Agustina Gómez, quien reconoció a Bernardo como su “comandante”. El Negro Jorge, natural de Angola, soltero y sin oficio, esclavo de un maestro carpintero, no sólo confesó que Joseph lo había convocado a una junta con motivo de levantarse en solicitud de su libertad, sino que sabía que Joseph “iba citando a todos los compañeros paisanos que iba encontrando”, por lo que concluía que Joseph era el “principal móvil de esa revolución”, pues tenía el antecedente de que cuando iban a San Antonio a divertirse con los otros negros (…) luego que se retiraban a la oración los llamaba el negro Josef y les hablaba del asunto de la sublevación”. Los negros Domingo y Ambrosio, esclavos del peninsular Juan Francisco Cobo,23 y de Manuel Tiburcio Videla, Domingo (el esclavo de Xavier Cavero), y los esclavos de D° Juana María de Rosas, Juan Manuel y Antonio parecen haberse repartido algunas tareas para atraer más voluntades que incluyeron como era de esperar a los esclavos de Santo Domingo y del Colegio: de sus testimonios, como de aquellos que dieron referencias de sus protagonismos, se desprende la manera en que a lo largo de aquellas maquinaciones los negros habían conseguido acordar sobre la estrategia a seguir, y los argumentos que justificaban su rebelión. Esa maquinaria estructurada por lazos personales como de vecindad, lubricada por el convite y las relaciones cara a cara, y robustecidas por la circulación de pasquines o proclamas redactadas seguramente por Joaquín (el único que sabía escribir) parece haber sido lo suficientemente eficaz para difundir las pretensiones políticas de los negros superando ampliamente los cuarteles urbanos, y penetrando en los de la campaña circundante. Cinco días antes del día previsto para asaltar el Cuartel, Joseph Maria, el esclavo de Antonio Moyano, confesó que en la chacra de su amo había oído decir a un peón que “corría en el Pueblo” el rumor que Bernardo y Joaquín “estaban conquistando a los demás esclavos para levantarse para lo cual tenía el dicho Bernardo armas, pólvora y balas en su cuarto”. Con el correr de los días, la movilización fue en aumento, y ese devenir parece haber radicalizado la posición de los negros. Uno de los amigos del “comandante” agregó más detalles sobre el alcance de la rebelión poniendo en evidencia la manera en que a lo largo de esas maquinaciones las expectativas originarias habían cambiado radicalmente de carácter al señalar que “los esclavos iban a dar fuego a todos los señores, saquear sus casas, y con dichos dineros pagar la soldadesca, y luego recoger las caballadas de las haciendas y alfalfares, y con ellas pasar a Buenos Aires a reunirse allá”. El testimonio exhibe con nitidez el conocimiento específico de las estrategias habituales de acción política, de la organización miliciana y las compensaciones materiales que ellas imponían; y aunque ese rápido aprendizaje pueda vincularse a los sucesos que ganaron centralidad en 1810, también ingresa componentes sugestivos sobre el alcance de un movimiento que desafiaba concretamente a los amos o propietarios de esclavos. Esa visible tensión entre casta y clase –común a la cultura política popular de las revoluciones atlánticas de los siglos XVIII y XIX-24 parece haber operado como un dispositivo nada menor en el recrudecimiento de las posiciones adoptadas por los negros y el relativo éxito de la movilización. El esclavo de D. Manuel Labusta, el negro Joaquín, apuntó de lleno a ese núcleo al declarar que el negro Domingo, esclavo de Xavier Cavero, después de haberlo invitado varias veces le había dicho que se trataba de “una Junta en la que trataban de matar a los Blancos, para ser libres porque se hallaban mal con sus amos”. No obstante, el testimonio de Antonio, el esclavo de D° Juana María de Rosas complejiza aun más la identificación de 23

Era un peninsular y se le concedió carta de ciudadanía en 1814 por haber introducido el álamo que operó como evidencia frente a la acusación de haber propiciado conspiraciones en contra del gobierno revolucionario. 24 Meter Linebaugh y Marcus Rediker, La Hidra de la Revolución. Marineros, esclavos y campesinos en la historia oculta del Atlántico, Barcelona, Crítica, 2005. Especialmente Capítulo VII (1° edición en inglés 2000)

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los perfiles sociales y políticos contrarios a los intereses de los negros. Al momento de puntualizar el alcance y el sentido de la rebelión ideada, confesó que Bernardo le había contado “que de Buenos Aires había venido declarada la libertad de los esclavos, y que ésta la tenían usurpada aquí los señores jueces, de lo que tenía constancia por unos papeles que tenía en su poder, y que era preciso para el alivio de ellos; para hacerlo debían avanzar al Cuartel y Sala de Armas y avanzar contra los sarracenos, quitándoles el dinero y genero que tuvieses y prenderlos, y luego presentarse a la Justicia para que les declarase la Libertad, y sino querían ocurrir a Buenos Aires al Superior Gobierno”. [el destacado me pertenece] Hasta aquí la restitución de los móviles que dirigieron la movilización plebeya ingresa sugestivas evidencias de la manera en que estos individuos manejaban información relativamente fiel de los acontecimientos continentales que habían impugnado el orden social existente, y de las transformaciones legales, que sin abolir la esclavitud, había modificado el status de los negros en Chile, o en la misma Lima, a raíz de la crisis monárquica, la difusión del liberalismo gaditano y las exigencias de la guerra.25 Todo parece indicar entonces que esas novedades unidas a una interpretación “libre” del decreto del Superior Gobierno de Buenos Aires que prohibía la trata de negros, sedimentaron la convicción que se trataba de un contexto favorable para interceptar un reclamo que se creía justo. 26 ¿Hasta qué punto la estrategia de Bernardo y sus aliados tomaba distancia de las prácticas consuetudinarias que nutrieron las formas de acceso a la justicia de los sectores subalternos en estas sociedades en transición? Aunque una dilatada literatura para otras regiones del “imperio sublevado” cuentan con tradiciones interpretativas fecundas en torno a la cultura política plebeya y esclava, la experiencia cuyana no ha motivado el interés de especialistas sensibles a restituirlas para el período colonial ni tampoco para el temprano siglo XIX. Esos obstáculos sin embargo no impiden ensayar conjeturas provisorias al dilema para el caso que tratamos. Por un lado, la obtención de la carta de libertad era una práctica regular en el Cuyo anterior a 1810. Masini Calderón ha registrado un número no despreciable de negros libres que accedieron a ese status por compra o donación de sus amos, y que como tales cumplían con obligaciones milicianas. Sin embargo, desde fines del siglo XVIII, el cuerpo de pardos libres había disminuido su representación en relación a los “blancos” dando origen a reclamos por parte de los excluidos frente a la restricción borbónica.27 Por otra parte, 25

Cabe ubicar aquí el supuesto impacto del debate gaditano sobre la condición jurídica de los libertos y de inclusión en la categoría de ciudadano de los “españoles que por cualquier línea son habidos y reputados por originarios del África” a los cuales la Constitución de 1812 habilitaba a obtener la carta de ciudadanía a “los que hicieren servicios calificados a la patria, o a los que se distingan por su talento, aplicación y conducta con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos; de que estén casados con mujer ingenua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital propio” . Véase, Constitución Política de la Monarquía Española, Título I, Capitulo Segundo, artículo 5 y Capítulo IV, artículo 22. Cádiz, 2 de mayo de 1812. 26 El fenómeno local dispara nuevas conjeturas en torno al uso de las estrategias legales por parte de los sectores subalternos amparados en prácticas consuetudinarias al introducir evidencias sustantivas de su adecuación a sistemas normativos de ninguna manera estables ni ajenos a inestabilidades del nuevo régimen revolucionario. Véase, Raúl Fradkin Cultura jurídica y cultura política: la población rural de Buenos Aires en una época de transición (1780-1830), Ley, razón y justicia, en prensa 27

José Luis Masini, La esclavitud negra en San Juan y San Luis y La esclavitud independiente, op. Cit.

en Mendoza. Época

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la acción colectiva esclava tampoco había estado ausente del escenario mendocino: una rebelión de los negros del convento de San Agustín en protesta del traslado de un puñado de ellos en 1782, se convierte en un eslabón significativo de la impugnación negra a la autoridad de los amos.28 No obstante, y a pesar de las mutaciones culturales operadas en relación a la esclavitud desde las postrimerías del siglo XVIII, la negativa de los amos de otorgar la carta la libertad era moneda corriente en el escenario mendocino previo a la irrupción política negra de 1812. De acuerdo a la evidencia reunida por Silvia Mallo en un sustantivo artículo dedicado a restituir las concepciones de libertad por parte de los esclavos en el Río de la Plata, en 1811, un esclavo del convento de Santo Domingo – el negro Fernando Guzmán, también músico como Joaquín y Bernardo- manifestaba su descontento a la Justicia frente a la negativa del padre fray Matías del Castillo de negarle la libertad que aspiraba obtener después de reseñar un comportamiento ejemplar.29 El cuadro de la movilización de los esclavos quedaría incompleto sino se diera cuenta del motor político (e ideológico) que alimentaba y podía hacer factible la ejecución de los objetivos perseguidos. La movilización aparecía impregnada de la politización de los negros a favor de la “Junta de Buenos Aires” como referente exclusivo de identificación patriótica e ineludible sostén de un régimen revolucionario que respaldaba la justicia de las pretensiones plebeyas. Esa apelación no sólo había impregnado las proclamas libertarias encontradas en el cuarto de Bernardo sino que también estuvo en boca del negro Joseph el día anterior a la intentona cuando arengó a sus paisanos diciendo “que querían avanzar al cuartel, y tomar las armas y luego reunirse en la Plaza, levantar una bandera con un escrito que dijera Viva la Patria, y viva la Libertad pero sin quitar la vida, ni el dinero a nadie; y que luego se irían a Buenos Aires a defender la Patria los que querían ir”. Que ese argumento estaba presente en el levantamiento de los negros lo verificaron también otros testigos. Mientras uno señaló que los esclavos “querían juntarse para solicitar su libertad para lo cual querían ir a Buenos Aires a pedirla y servir a la Patria”, otro reafirmó la idea que los negros trataban de levantarse para “hacerse soldados para defender la patria”. Aquella propaganda simple y escueta aunque impregnada de una potente fuerza transformadora, daba cuenta de la democratización del vocabulario político revolucionario que asumía, además, un carácter eminentemente laico o político. ¿Qué situaciones habían alimentado y sostenido esas convicciones patrióticas? Sin duda el arribo del “forastero” venido de Chile, el negro libre Joaquín, y las noticias sobre la aceleración del debate político a favor de las libertades de los sectores plebeyos (negros e indígenas), disparado con la marea insurgente, se convirtieron en evidencias contundentes para que los esclavos enredados en la red rebelde diseñaran su propia estrategia para modificar su status jurídico y obtener la libertad civil. También resulta evidente que esa estrategia utilizó los recursos jurídicos y políticos disponibles, y quizá el matiz distintivo de esa elaboración política haya consistido en que la Junta de Buenos Aires fuera percibida por los negros como garantía institucional para sostener la justicia del reclamo. En resumidas 28

El fenómeno ha sido abordado por José Luis Masini Calderón, Aspectos económicos y sociales de la acción de los agustinos en Cuyo, siglos XVIII y XIX, Revista de Historia Americana y Argentina n°17-18, Mendoza, UNCuyo, 1979; en relación a ello, Saguier vincula el conflicto a la “coalisión entre padrinos criollos y esclavos” contra los amos y la competencia entre los capitulares, clave interpretativa que extrapola al “motín” de los esclavos de 1812. Véase del citado autor, Cimarrones y bandoleros. El mito de la docilidad esclava en la historia colonial rioplatense, Estudios de Historia Colonial Rioplatense, La Plata, Universidad Nacional de La Plata, n° 3 29 Silvia Mallo, La libertad en el discurso del Estado, de amos y esclavos, 1780-1830, op. Cit. p.136

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cuentas, el lenguaje y las prácticas políticas de los negros daban cuenta de cómo habían interpretado esa compleja y sofisticada red conceptual jurídica y política que sintetizan los preceptos liberales, generalmente conocidas a través de las encendidas polémicas referidas al mundo de las elites.30 ¿A qué mundo de ideas habían accedido los negros? ¿Qué ámbitos y qué tipo de intermediaciones habían propiciado la convicción de disputar su libertad individual, evaluar la posibilidad de éxito y postergar otras prácticas recurrentes como la compra de su libertad o la fuga?31 En sentido estricto, la asociación entre lealtad a la Junta y libertad civil había impregnado la atmósfera provinciana desde los primeros tiempos revolucionarios aunque había ganado vigor durante el tiempo de Cuaresma: el embate dio origen a un célebre pleito en el que estuvieron involucrados el gobierno, algunos clérigos y laicos. El escándalo se había desatado durante el novenario de la Cuaresma cuando los sermones del Prior fray Matías José del Castillo, de la orden de predicadores, dio lugar a las risotadas de dos beneméritos y del presbítero Astorga por lo que fueron destinados a los altos del Cabildo.32 Castillo había dado más de treinta sermones en el templo de Santo Domingo pero en los últimos nueve con los que se preparaba la celebración del domingo de Pascua de Resurrección, había promovido a la “obediencia al Superior Gobierno como legítima autoridad constituida a quien todos debíamos sujetarnos”, instruyendo además sobre los derechos del hombre, el amor a la Patria, la soberanía de los pueblos y la libertad. Esta última categoría requirió de un desarrollo especial: Castillo explicó que la libertad en cuestión “no era la de conciencia, como persuadían los enemigos del sistema; sino puramente la civil”. El sermón del domingo de Pascua fue aprovechado por el fraile para enfatizar ambas nociones:33 según las fuentes, en aquella ocasión Castillo había exhortado a la “unión Fraternal, y vinculo de perfecta caridad con que todos debíamos estrecharnos entre nosotros mismos, Europeos y Americanos, y con nuestra amada Capital”. A continuación, la prédica de Castillo recurrió a una metáfora sugestiva para insistir sobre la necesidad de uniformizar la opinión y la lealtad a las autoridades constituidas al asimilar la obediencia a la capital y al gobierno allí instituido con la obediencia de los hijos a su madre esencial, la virgen María. Bajo ese registro religioso o sagrado la desobediencia patriótica podía ser interpretada entonces como un pecado ya que “cuantos se oponían al Gobierno de Buenos Aires eran tantos puñales que traspasaban el corazón de la virgen”. Sin duda la evocación de la prédica de Castillo ofrece una inmejorable oportunidad para penetrar en las mediaciones ejercidas por el personal eclesiástico en la difusión del lenguaje

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Entre otros véase, Jorge Myers, Una revolución en las costumbres: las nuevas formas de sociabilidad de la elite porteña, 1800-1860, en Devoto y Madero (directores) Historia de la vida privada en la Argentina. País antiguo. Buenos Aires, Taurus, 1999. 31 La práctica de la fuga por parte de esclavos mendocinos en el Río de la Plata tardocolonial ha sido analizada por Eduardo Saguier, La fuga esclava como resistencia rutinaria y cotidiana en el Buenos Aires del siglo XVIII, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, 2° época, vol. 1, n° 2, Santa Cruz de la Sierra, Universidad Autónoma Gabriel René Merea, diciembre de 1995, pp. 115-184; asimismo, dicha estrategia ilustra los itinerarios negros que nutrieron las filas del artiguismo en el Banda Oriental. Véase, Ana Frega, Los caminos de la libertad. Op. cit 32

AGN- Sala X, 5-5-2. Véase asimismo, Genevieve Verdó, El escándalo de la risa, o las paradojas de la opinión en el período de la emancipación rioplatense, en F. X. Guerra y A. Lamperiere et al., Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX, México, Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos- Fondo de Cultura Económica, 1998, pp.225-269. 33 La pedagogía cívica del presbítero dialoga sugestivamente con la prosa que Bernardo Monteagudo dedicara, entre otras cosas, a la distinción entre Libertad natural y libertad civil, publicados en los números 24,25 y 26 del 14, 21 y 28 de febrero de 1812 de la Gazeta Ministerial del Gobierno de Buenos Aires.

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revolucionario.34 Sin embargo, este no ha sido el único propósito que me condujo a incluir el fascinante sermón del cura en las situaciones que sin duda contextualizaron la frustrada rebelión de los esclavos. Esa fascinante evidencia parece revelar más cosas en la medida que las referencias religiosas utilizadas por el clérigo adquirían sentido o traducción política. Que el reclamo de los negros se inscribía en un registro secular o laico, y no en el sagrado, lo atestiguan no sólo la completa ausencia del vocabulario o simbología religiosa en las declaraciones de los negros – uno de ellos declaró incluso no ser cristiano -, sino también en los argumentos esgrimidos por los curas que fueron citados por las autoridades. El fraile Matías del Castillo aunque negó cualquier tipo de responsabilidad en el episodio, consideró “justo” el reclamo;35 también el testimonio de Agustín Bombal, el rector de los predicadores, coincidió con ese juicio. En cambio, el testimonio del fraile dominico Domingo de la Xara Quemada, un conventuado de la Casa Grande de Santiago de Chile, y residente en Mendoza (por motivos que lamentablemente desconocemos), fue mucho más enfático. Fray Domingo fue identificado por el padre del comandante Bernardo como una de las personas blancas y distinguidas que pudieron haber inducido a los “esclavos para que pidieran su libertad”. En franca sintonía con ese testimonio, la declaración del fraile estuvo lejos de eludir responsabilidades al confesar que no sólo había alentado el reclamo porque en Chile ya se había libertado a los negros, sino también porque “aborrece la servidumbre, y que si en su mano estuviera enseñar públicamente a todos los hombres sus derechos, a fin de que fuesen útiles a su Patria, y que con esto pensaba hacer un gran servicio al Presente Gobierno, (y) felices a los Americanos haciendo que sacudan el pesado yugo que hasta ahora los ha oprimido”. Esa declaración por sobre todas las cosas secular de la política si es capaz de iluminar facetas atractivas sobre el sustrato cultural de la cosmovisión política de aquellos negros insurrectos, también arroja indicios valiosos para penetrar en la malla de los eventuales apoyos sociales y políticos a partir de los cuales fue posible sostener aquellas expectativas. En torno a ello, resulta sugestivo advertir que ni el gobierno ni tampoco los propios amos no hubieran tomado cartas en el asunto mientras se estaban llevando a cabo los preparativos de la proyectada rebelión cuyo conocimiento había traspasado los contornos de la red conspirativa en sentido estricto. Con la única excepción del bando publicado el 11 de mayo, y algunos oficios dirigidos por Bolaños al gobierno central, la documentación oficial no ha dejado huellas significativas sobre el conflicto. Sin embargo, algunas declaraciones permiten conjeturar que algunos manejaban algún tipo de información relativa a que un acontecimiento inesperado e inédito en la jurisdicción rioplatense, iba a desplegarse en el escenario provinciano. El Reverendo Padre Moreyra declaró haber escuchado en la misa a Don Gabino García decir 34

El papel del personal eclesiástico en la revolución como del lenguaje sagrado en la ideología revolucionaria ha sido señalado por una abundante literatura. Puede verse al respecto, entre otros, Tulio Halperin Donghi, Tradición política española e ideología revolucionaria de mayo, Buenos Aires, CEAL, 1988 (1ª edición, 1963); Jaime Peire, El Taller de los Espejos. Iglesia e Imaginario 1767-1815, Buenos Aires, Editorial Claridad, 2000; Nancy Clavo, Roberto Di Stéfano y Klaus Gallo, Los curas de la Revolución. Vidas de eclesiásticos en los orígenes de la Nación, Buenos Aires, Emecé editores, 2002; Oriana Pelagatti, La iglesia durante la revolución en Mendoza. Las trayectorias de los Pbros. Domingo García y Lorenzo Guiraldez, VIII Jornadas Interescuelas de Historia, Salta, 2001. 35 El fraile Matías del Castillo había negado la carta de libertad del esclavo Fernando Guzmán definiendo la esclavitud domo “miserable estado” aunque preservándola en virtud la “libertad de hecho” y las “dulces” condiciones otorgadas por el convento. Véase, Silvia Mallo, La libertad en el discurso del Estado, de amos y esclavos, 1780-1830, pp. 132-133

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“que iba a haber una cosa que ni en Buenos Aires se había visto; a lo que contestó su madre D. Juana Sosa que si era alguna función para celebrar el cumpleaños de la instalación del nuevo Gobierno, a que dijo que no”. Si la conjetura del cura era producto de una relación hecha a posteriori, esa situación no impide considerarla como síntoma de la manera en que el suceso impactó en las elites y de cómo fue utilizado para acrecentar el asedio al teniente gobernador que debió abandonar su cargo en julio de 1812 por orden del Triunvirato. Después que el Cabildo asumiera el gobierno de la ciudad, y de una brevísima gestión liderada por Nicolás Rodríguez Peña, el poder central nombró como teniente gobernador a Alejo Nazarre con lo cual pretendía robustecer la posición del partido “patriota” en Cuyo frente a las sospechas de que un puñado de españoles peninsulares y americanos habían participado de la conspiración diseñada por los realistas de Montevideo, y liderada en Buenos Aires por Martín de Álzaga. Para ese entonces, se tenía conocimiento que los realistas en Chile contaban con el apoyo de las parcialidades indias del otro lado de la cordillera, por lo que Nazarre como funcionario del gobierno central había celebrado un famoso parlamento con los indios pampas y pehuenches que mereció ser reproducido en las páginas de la misma Gazeta poco tiempo después.36 En ese lapso, la posibilidad de obtener pruebas que atestiguaran la injerencia de los “caballeros blancos” se diluyeron sustantivamente. En vano fueron los intentos de obtener confesiones de quiénes podían haber instigado la rebelión de la “esclavitud”: ni por la vía del interrogatorio, ni por medio de las confesiones de los principales cómplices se obtuvieron evidencias objetivas para identificar algún tipo de auxilio dado por los “blancos” para favorecer la sublevación de los negros. Las sospechas apuntaban concretamente al supuesto papel desempeñado por Manuel Corvalán, comandante de fronteras y líder del partido patriota o americano desde junio de 1810, como principal sostén político del movimiento y responsable de desestabilizar al gobierno. Entre los más decididos a identificarlo como responsable, figuró Joaquín Sosa y Lima, el amo del negro Fructuoso, y varias veces capitular, quien no solo atestiguó en su contra sino que influyó en las declaraciones de algunas esclavas para robustecer la hipótesis de la colaboración de los blancos. A esa altura, se tenía la certeza de que Corvalán había facilitado armas y pólvora provenientes del Fuerte de San Carlos. Varios testigos afirmaron saber que Bernardo había integrado una pequeña comitiva que había viajado a la frontera durante la primera semana de Cuaresma pero ninguno de ellos aportó más evidencias a las que afirmaban que las armas y municiones facilitadas por Corvalán habían sido para ir a cazar. Incluso el testimonio de Francisco Delgado, un notable local, no aportó mayores detalles. También Manuel Godoy, un cabo veterano de la ciudad, robusteció la hipótesis al decir que por el negro Enriques supo que Corvalán le había dado las llaves de la Sala para que Bernardo sacara las armas para ir de caza. Idéntica respuesta dio Bernardo durante su confesión del 15 de julio: allí, no sólo reafirmó el móvil que había guiado su ingreso al Sala de Armas en San Carlos, sino que precisó que las armas encontradas en el cuarto frente al Cuartel “las tomó de la misma Sala de Armas en tiempo de Don Faustino Ansay”, el Subdelegado de Armas depuesto en junio de 1810 por la movilización que acompañó la adhesión del Cabildo de Mendoza a la Junta porteña. Tampoco de su confesión se obtuvieron pruebas contundentes de la eventual participación de los blancos en el movimiento: Bernardo agregó que “ni Manuel Corvalán ni ninguna otra persona blanca ni de 36

Véase respectivamente, Proclama y relación de los indios pampas y pehuenches del Parlamento celebrado en el Fuerte de San Carlos del 13 de abril de 1812, Gazeta Ministerial del Gobierno de Buenos Aires, viernes 19 de junio de 1812, número 11; además, AHPM, Independiente, 234 y 123.

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distinción estaban mezcladas en el levantamiento de los esclavos”. Aunque ensayó una sugestiva conjetura acerca de las razones que sin duda podían haber levantado el falso testimonio de que D. Manuel Corvalán estaba mezclado en el asunto de los negros. “esto lo habrán deducido de que cuando estuvo en el Fuerte de San Carlos mandó D. Manuel Corvalán al confesante se sentase a la mesa, a comer con él, y los demás expresando que lo hacía por que siendo Patriotas los había de sentar a la mesa aunque fueran negros”. Esa clave patriota iba a operar decisivamente en la vida política local con posterioridad a la salida de Bolaños del gobierno, de su reemplazo por la institución capitular y el arribo de Nicolás Rodríguez Peña como teniente gobernador de excepción. En los meses que siguieron, el juicio sobre la pretensión plebeya habría de convertirse en caja de resonancia no sólo de las tensiones facciosas sino del enarbolamiento político definitivo del sector patriota y de su decidida influencia para acelerar la integración de la población esclava al nuevo orden revolucionario.37 Los procedimientos judiciales muestran el complejo itinerario que adquirió la causa que como brasa caliente introducía no pocos dilemas en torno a la pena prescripta por las leyes ante semejante crimen. Esas perplejidades se vislumbran con nitidez en el desarrollo del proceso al momento de la sentencia que involucró de igual modo a los fiscales acusadores que se sucedieron en ella, como en las estrategias argumentativas (jurídicas y políticas) diseñadas por quienes asumieron la defensa. Aunque el problema amerita un desarrollo específico que excede los marcos del presente trabajo, convendría atender al menos algunas notas distintivas en relación a la resolución última de la causa que no sólo libera de culpa a los juzgados, sino que precipita definitivamente la reforma del régimen miliciano en lo relativo a la población masculina esclava o negra. Cabe señalar que el primero de los fiscales propuestos presentó sus excusas al gobierno después de confesar que no contaba con formación suficiente para hacerlo;38 esa función fue desempeñada luego por José Antonio Moreno quien después de haber pedido el riguroso presidio de los “esclavos delincuentes” por haber atentado contra el orden de justicia sostenido por los amos, las leyes y las Constituciones del Estado, solicitó ser exonerado después de alegar que “desconocía las leyes”. Un tercer fiscal clausuró esa etapa decisiva del proceso que bosquejó la acusación sin explicitar la pena. Pedro José Pelliza,39 que estudió leyes en San Felipe, hizo variaciones significativas en relación a su antecesor al evocar nociones jurídicas de antiguo régimen que prescribían que “el castigo de crímenes debía coincidir a la persona que lo comete”, desechando por completo el argumento esgrimido por la defensa que apelaba al auxilio de los juzgados por “ser patriotas”. Pelliza enfatizó que la pretensión de los esclavos de recuperar la libertad merecía un castigo ejemplar para eludir las tentaciones de aquellos que quisieran emularlo concluyendo que el yugo de la esclavitud era

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Los vínculos establecidos entre los notables locales y la conducción triunviral después del movimiento de octubre de 1812 daría lugar a otro trabajo. 38 El que presentó sus excusas fue Pedro Nolasco Ortiz, nacido en Mendoza, hijo de Bernardo Ortiz y María del Carmen Correas, se trasladó a Santiago a estudiar Derecho en 1804 donde realizó práctica forense por lo que la Real Audiencia expidió su titulo de abogado en 1811. Estudiantes Argentinos en Chile, RJEHM, Segunda Época, n° 7, Tomo II, 1972, p. 632 39 Había sido Alcalde de Primer Voto enrolándose –según Codoni- en las filas contrarias al sector más decididamente a favor de la Junta de Buenos Aires siendo depuesto de su cargo. Había estudiado filosofía y teología en Córdoba y en 1795 pasó a Santiago donde estudió leyes hasta recibirse de abogado. Ejerció en Mendoza desde 1803. Estudiantes Argentinos en Chile, op. Cit. p. 632

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acorde “al derecho común de gentes” y por éste “los esclavos no pueden eximirse de la infeliz situación de esclavos”. Que la sustanciación del juicio exhibió el complejo tejido de nociones y usos jurídicos de antiguo y nuevo régimen, lo atestiguan los argumentos vertidos por los dos letrados que asumieron la defensa. El primero de ellos hizo hincapié en que la rusticidad de los juzgados los había hecho concebir que los amos habían usurpado la libertad concedida por el Superior Gobierno,40 y que el delito a juzgar debía ser interpretado como de “entendimiento” y no de “hecho” dado que la conducta verificable según los autos consistía simplemente en que sólo 19 de ellos se habían reunido desarmados en los bajos del Zanjón “embriagados por los vapores del vino” y alentados por el “fuego santo del Patriotismo”. Ese argumento orientado claramente a disminuir la responsabilidad de los acusados se completó con otro no menos sugerente dedicado a homologar el ensayo libertario de los esclavos con el “ejercicio lícito del empleo de armas contra aquellos que se oponían a la libertad civil”. Que la acción política de los negros correspondía ser ubicada en las coordenadas del patriotismo y de la libertad civil, que a esa altura vertebraba el lenguaje político más decididamente independentista, fue enfatizada por el segundo defensor de pobres que asumió la causa. Aunque desconocemos el origen del reemplazo, y el perfil de los defensores, lo cierto es que el alegato de Joseph Obredor resultó simultáneo al decreto de la libertad de vientres resuelta por la Asamblea Soberana a comienzos de 1813, y al arribo del nuevo teniente gobernador nombrado por el Triunvirato, Alejo Nazarre quien no tardó en promover la creación de la Sociedad Patriótica Literaria para discutir los más sagrados derechos del hombres.41 Ese nuevo contexto propició un giro copernicano al transformar decisivamente la calificación pública de la conducta de los esclavos amparada en la legitimidad y justicia revolucionaria. “La conducta guardada por estos miserables se explicaba por el laudable objeto de conseguir la libertad. Por ello se vieron inteligenciados por el eco dulce que formaron en sentimiento los papeles públicos de hallarse el hombre fuera del siglo del oprobio, esclavitud, despotismo y de poder consultar con la prenda apetecible de la libertad. Escucharon providencias superiores prohibidas para el comercio de la naturaleza, y condición del hombre y como este es ingenioso en sus adelantamientos acomodaron el sentido y la ley a su estado actual con el aditamento que el Gobierno de Chile, combinado al nuestro, ya alivió los vientres, esto lo supieron y lo entendieron.” Esa suerte de genealogía que bosquejaba la elaboración intelectual y política puesta en marcha no ya por esclavos sino por individuos con nombre y apellido,42 hacía posible pensar que la violencia del proyecto no era por los “principios” en que se apoyaba sino por el modo en que lo conceptuaron que los eximía de culpabilidad. La eximición de cualquier pena se imponía entonces como “amplia indulgencia con equidad y justicia”, y ésta adquiría mayor relieve si se la ubicaba en un contexto político más amplio: allí, el defensor Obredor comparó la conducta de los negros con las operaciones de Americanos y Españoles, que en Potosí y Oruro, habían encabezado “sucesos criminosos a la Patria”, para concluir que a diferencia de 40 Antonio M. de Hespagna, Sabios y rústicos. La dulce violencia de la razón jurídica, en La gracia del derecho. Economía de la cultura en la edad moderna, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 41 El dictamen del defensor está fechado en febrero de 1813, momento que coincide con la libertad de vientres. Convendría recordar además la incorporación de diputaciones provinciales a la soberana Asamblea, y que la representación mendocina recayó en la figura de Bernardo Monteagudo. La intención de formar la asociación quedó registrada en una nota dirigida por Juan de la Cruz Vargas al gobernador Nazarre (8 de enero de 1813). AGPM – Independiente, Gobierno 235, 1. 42 Resulta sugestivo advertir la mutación en la nominación de los negros por parte del defensor que remplaza la identificación de “esclavo de” por otra que los individualiza con el nombre de pila y el apellido del amo.

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aquellos ilustrados y “enemigos del Sistema”, la acción de estos “miserables” era digna de emular: las pocas evidencias reunidas en los autos ponían fuera de duda que el Patriotismo y la obediencia al Gobierno Superior habían motorizado sus pretensiones. Estas cualidades de ningún modo podían ser catalogadas como “delito” sino como “memorables estímulos no solo para el vulgo torpe y arrojado, sino también para los sensatos y de luces”. Lejos de representar un acto criminal, la aspiración de ese puñado de esclavos era digna de admirar sobre todo porque las disposiciones del gobierno no habían aliviado su condición sino que solo habían dulcificado “sus amarguras con la esperanza pausible de que sus hijos, y sus hermanos obtendrán el goce de la Libertad”. Obredor sumó más argumentos a la defensa con el propósito ya no de reforzar el carácter virtuoso del comportamiento de los acusados, sino para interpretarla a la luz de una tradición jurídica radicalmente distinta a la que hasta entonces había enmarcado la causa. Primero introdujo algunas célebres nociones jurídicas que sustentaban el nuevo régimen: “Todo el mundo es igual, es independiente, mucho más el hombre que no conoce distinción”; esos conceptos servían para rebatir las tradiciones de antiguo regimen “ (que ) habían alterado la humana naturaleza dividiéndola en noble y plebeya, rica y pobre”. Ese razonamiento que ponía escena los preceptos liberales como legitimadores de la nueva justicia que debía evaluar la conducta de sus defendidos, hacía necesario impugnar concretamente el Derecho de gentes en cuanto había constituido la tradición jurídica a partir de la cual el fiscal había organizado la acusación. “El Fiscal da la razón de diferencia de nuestros derechos y de los esclavos, y esgrime que los esclavos constituidos en servidumbre por derecho de gentes no pueden por esto eximirse de la infeliz situación de esclavos. Ah! Derecho de gentes maldito, y detestado aun por las naciones incultas y bárbaras; Derecho de gentes ratificado por tiranos; Derecho de Gentes que justificó la conquista” Esa toma de posición hacía previsible recurrir a tradiciones jurídicas previas al sustrato normativo que impugnaba: la tradición romana, más precisamente el derecho Justiniano, resultó efectivo para reubicar el concepto de servidumbre al aparecer vinculado a los prisioneros de guerra “puestos en servidumbre por consideración de Paz para evitar invasiones y hostilidades de los propios hombres”. Pero ese no era el caso de los negros sublevados para exigir su libertad y sumarse a los regimientos para defender la Patria. Esa evidencia hacía necesario diseñar un argumento político distinto amparado en la experiencia de militarización de los negros previa a la Revolución de 1810. Sugestivamente el argumento de Obredor no se retrotrajo a la práctica miliciana de los negros libres por cesión o por compra que había moldeado el régimen de milicias del orden antiguo. El defensor instituyó 1806 como punto de partida de una genealogía política y patriótica alucinante sin pretensiones esencialistas. Después de insistir en que “la solicitud de los estos desdichados la encaminaron por las sendas de la razón, moderación y decoro a las autoridades”, Obredor concluyó que los negros no sólo merecían la libertad por el mérito adquirido, sino porque “han sabido desempeñar sus misiones en la Causa Sagrada de la Patria con virtud, constancia y heroísmo desde la entrada Inglesa, hasta la última acción del Tucumán”. Todas estas razones justificaban plenamente ser declarados libres con el fin integrarlos a los regimientos patriotas en franca sintonía con la carta gaditana que preveía la obtención de la ciudadanía española por parte de la población afroamericana por servicios a la Patria. Finalmente, el argumento de la defensa fue correlativo a la decisión del Tribunal que ordenó liberar a los reos y enviarlos a Buenos Aires para engrosar las filas del batallón de libertos. Aunque no he localizado ninguna evidencia sustantiva que atestigüe el impacto político del episodio mendocino, dos meses más

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tarde la Asamblea Soberana autorizaba al Ejecutivo el rescate de esclavos para aumentar los ejércitos revolucionarios.

3- Esclavos y pardos libres en el ejército y en las milicias A comienzos de 1814 el gobernador cuyano Juan Florencio Terrada dirigió el primer rescate de esclavos destinado a engrosar el batallón de libertos de Buenos Aires: una comisión supervisó el sorteo que recayó sobre 46 esclavos.43 Se trató por cierto de un número exiguo en relación al total de la población negra libre y esclava existente en Mendoza hacia 1812 que alcanzaba a 4456 habitantes; aunque la cifra esté lejos de brindar una precisa representación de ambas categorías, lo cierto es que la población negra se reduce sustancialmente diez años después, cuando un censo precario arrojó un total de 744 esclavos y 1335 negros libres.44 La causa de esa drástica reducción ha de atribuirse entonces a la poderosa militarización local liderada por el coronel José de San Martín a partir de su arribo a Mendoza como gobernador intendente de Cuyo en septiembre de 1814. La reconquista de Chile (octubre de 1814) introdujo variantes en la conducción de la guerra acelerando la militarización cuyana, y con ella la integración de los negros libres y esclavos en el ejército y en las milicias.45 La literatura sanmartiniana ha sido pródiga en exaltar cada paso implementado en la fabricación de aquel ejército que jalonaría como piezas de ópera el cruce de los Andes para conquistar territorio a la causa de independencia: la militarización que siguió a su arribo a Mendoza, el giro dado a las milicias cívicas de blancos y pardos, la búsqueda de recursos en la jurisdicción y por fuera de ella, el suministro de uniformes, armas, municiones y víveres, el emplazamiento de un campamento destinado al adoctrinamiento, la reformulación de reglamentos militares y penales, los rituales periódicos que unían religión con una encendida arenga patriótica destinada a mantener la “chispa” revolucionaria que prometía liberar a los pueblos del “tirano opresor”. Insistir en el peso de la disciplina en ese resultado equivaldría a reiterar asuntos que difícilmente puedan escindirse de las imágenes sólidamente consagradas no sólo por la literatura sino por una perdurable pedagogía patriótica. No obstante, y a los efectos de este trabajo conviene reparar en las modalidades de reclutamiento y en el progresivo ritmo que alcanzó la movilización en la población negra masculina. Según los estudios disponibles, una primera disposición ordenó a reclutar esclavos de 16 a 30 años pertenecientes a europeos peninsulares sin carta de ciudadanía: al parecer salieron de allí 23 esclavos aptos que pasaron a ser libertos del ejército mediante rescate;46 poco después fueron confiscados los esclavos pertenecientes a los americanos contrarios al 43

AGPM - Independiente, 234:71; 4: 12. Según el Censo de 1812 la Provincia de Cuyo reunía 43.134 pobladores de los cuales 13237 eran indios y 8506 negros. Mendoza contaba con 13.318 pobladores: blancos 5838 (2730 ciudad y 3108 campaña); indios 2327 (548 ciudad y 2327 campaña); negros libres y esclavos 4456 (2100 ciudad; 2356 campaña). El Censo de 1823 ( aunque incompleto) registra 17.734 habitantes de los cuales 744 eran esclavos, 1335 negros libres y 1311 indios. Véase José Luis Masini, La esclavitud en Mendoza. Época independiente, op. Cit. 45 Para más detalles de los dispositivos utilizados para la leva, véase Beatriz Bragoni Guerreros virtuosos, soldados a sueldo. Móviles de reclutamiento militar durante el desarrollo de la guerra de Independencia, en Dimensión Antropológica. CONACULTA. Instituto Nacional de Antropología e Historia. México, nº 35, setiembre-diciembre, 2005 46 Oficio al Cabildo sobre bando que obliga la entrega de esclavos propiedad de europeos españoles, 26/01/1815. DHLGSM, Tomo II, p. 525 44

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“sagrado sistema”. No obstante, en el curso de 1816 el reclutamiento alcanzó a la completa jurisdicción cuyana sobre la base de un acuerdo entre las diputaciones de Mendoza y San Juan: sólo dos tercios de la “esclavatura” serían cedidos al Ejército con la excepción de los “brazos útiles para la labranza” bajo un doble compromiso que preveía abonar a los propietarios un “justo valor”, y que los esclavos formaran un batallón separado de los demás cuerpos bajo la conducción de oficiales de las compañías de cívicos esclavos.47 Si esta última condición traslucía las sospechas que pesaban sobre la inclusión de las “castas” en los cuerpos armados –fenómeno común al exhibido en el Perú -48, el cabildo de Mendoza puso en marcha el operativo ordenando a los vecinos de la ciudad y la campaña presentar a “todos los esclavos varones que tengan desde la edad de 12 años para arriba para que excluyendo los inútiles, queden únicamente los útiles en el manejo de las armas, los que será justipreciados por los señores de la comisión”. De acuerdo a las evidencias disponibles, la leva alcanzó a 710 esclavos distribuidos del siguiente modo: 482 originarios de Mendoza, 200 de San Juan y 28 de San Luis los cuales fueron destinados mayoritariamente a la infantería, sumándose más tarde al batallón de libertos arribado desde Buenos Aires:49 toneleros, zapateros, alfareros, sastres entre otros oficios representaron algunos de los perfiles sociales afectados por la leva.50 Décadas más tarde el general Espejo calculó que 1552 libertos formaron los contingentes de infantería que arribaron a Chile en 1817 por lo que la representación de los negros originarios de Cuyo equivalía prácticamente a poco menos de la mitad. Es conocida la opinión valorativa de San Martín de estos perfiles en las filas del ejército: “el mejor soldado de infantería que tenemos es el negro y el mulato; los de estas provincias [blancos, mestizos e indios], no son aptos sino para la caballería”.51 Como se sabe, se trataba de una opinión distinta a la emitida por el general Manuel Belgrano quien en 1813 había juzgado imprudente la integración de negros y mulatos al ejército.52 En tal sentido, la decisión sanmartiniana introducía un giro marcadamente distinto a las opiniones emitidas en relación al impacto de la militarización entre esclavos y negros libres: en junio de 1812 la Gazeta se había hecho eco del dilema en relación al conflicto desatado en Santo Domingo y a la “aspiración de los negros de equipararse con los blancos”.53 La militarización alcanzó también a los pardos libres e introdujo reformas al régimen de milicias heredado del antiguo régimen. Entre 1814 y 1815 el aumento de pardos libres en los cuerpos cívicos no había tenido resultados satisfactorios frente a la ausencia de equipamiento necesario para asegurar la disciplina en los cuerpos: “las milicias son 47

Masini op. Cit. p.21-22 Véase a modo de ejemplo, Alberto Flores Galindo, Aristocracia y Plebe: Lima, 1760-1830. Lima, Mosca Azul, 1984; Heraclio Bonilla, Metáfora y realidad de la Independencia en el Perú, Instituto de Estudios Peruanos, Perú, 2001; Gustavo Montoya, La independencia del Perú y el fantasma de la revolución, Perú, Instituto Francés de Estudios Andinos-Instituto de Estudios Peruanos, 2002 49 Aunque el censo de 1812 no distingue entre negros libres y esclavos ilustra la representación de la “casta” en la composición social de Cuyo antes de la leva. Sobre 8506 negros registrados en toda la jurisdicción, Mendoza reunía 4456 (33% sobre total de la población), San Juan 2577 (20%) y San Luis 1473 (9%). En síntesis Mendoza reunía más de la mitad, San Juan el 30% y San Luis el 16%. Masini calcula que el total de 4200 esclavos pudo haberse distribuido del siguiente modo: Mendoza 2200, San Juan 1500 y San Luis 500. Cifras que le permiten considerar una representación aproximada de 16,5% para la capital, 11,5% para San Juan y 3,1 % para San Luis. Véase, José Luis Masini, La esclavitud negra en San Juan y San Luis. Época independiente, op cit. . 50 Interesa advertir las diferencias de valores que ofrecen los registros existentes: frente a un piso mayoritario de $250 representado por perfiles de escasa calificación, el valor ascendía a $490 para un tonelero o $450 para un zapatero o alfarero. Véase la variedad en el valioso apéndice introducido por Masini en su estudio sobre San Luis y San Juan, José Luis Masini, La esclavitud negra en San Juan y San Luis. Op.cit 51 Correspondencia de San Martín a Tomás Godoy Cruz, Mendoza 12 de junio de 1816. 52 Correspondencia de Manuel Belgrano a San Martín, Jujuy 25 de diciembre de 1813, Epistolario Belgraniano, Prólogo de Ricardo Caillet-Bois, Buenos Aires, Taurus, 2001. pp.247-251 53 Gazeta Ministerial del Gobierno de Buenos Ayres, 19 de junio 1812, n° 11. 48

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despreciables por su indisciplina” -confesó San Martín al ministro de guerra. Para entonces, estaban organizadas por cuatro compañías, dos de cívicos pardos y dos de blancos a lo que se sumaban tres escuadrones de caballería.54 La gestión sanmartiniana introdujo cambios significativos en el segundo semestre de 1815 al disponer que se triplicara el número de pardos libres al servicio miliciano para lo cual ordenó al Cabildo confeccionar una lista de pardos libres entre 16 y 50 años de la capital y la jurisdicción con el fin de “fomentar por todos los medios la fuerza para sostener nuestra libertad civil contra los tiranos peninsulares”.55 No obstante, la amenaza latente de un avance del ejército realista desde Chile a Cuyo para sofocar a los insurgentes “porteños”,56 justificó profundizar la presión reclutadora que impactó prácticamente sobre toda la población negra masculina: por un bando del 12 de enero el gobernador intendente ordenó la formación de dos compañías cívicas de infantería con todos los esclavos de la ciudad y de la campaña entre 14 y 45 años los cuales debían cumplir con los ejercicios doctrinales, y obligó a los amos correr con los gastos de uniforme como orden expresa y terminante. Dos bandos siguientes completaron el cuadro: por el primero se elevó la edad de los esclavos de 45 a 55 años; por el segundo, los libertos y esclavos originarios de la emigración chilena fueron también integrados a los batallones. En suma, entre 1813 y 1816, la organización miliciana de negros libres y esclavos experimentó un aumento significativo en el número de cuerpos y de plazas aunque preservó la división de castas vigente al momento de la Revolución. Con ello se ponía de manifiesto las influencias ejercidas por los capitulares, convertidos en la voz oficial de los amos, con el fin de evitar la alteración de las jerarquías sociales heredadas del antiguo régimen al interior de la experiencia de militarización conducida por el gobernador intendente. Que ese resultado había desviado la intención uniformizadora originaria del jefe del ejército, dio cuenta el mismo San Martín en una contundente misiva dirigida al Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón: “El único inconveniente que ha ocurrido en la práctica de este proyecto a fin de reanimar la disciplina de la infantería cívica de esta Ciudad, es la imposibilidad de reunir en un solo cuerpo las diversas castas de blancos y pardos. En efecto, el deseo que me anima de organizar las tropas con la brevedad y bajo la mayor orden posible, no me dejó ver por entonces que esta reunión sobre impolítica era impracticable. La diferencia de castas se ha consagrado a la educación y costumbres de casi todos los siglos y naciones, y sería quimera creer que por un trastorno inconcebible se llamase el amo a presentarse en una misma línea con su esclavo. Esto es demasiado obvio, y así es que seguro de la aceptación de S.E., he dispuesto que permaneciendo por ahora las dos compañías de blancos en el estado que tienen hasta que con mejor oportunidad se haga de ellas las innovaciones y mejoras de que son susceptibles, se forme de sólo la gente de color así libre como sierva, un batallón bajo este arreglo; que las compañías de granaderos y primera de las sencillas se llenen primeramente de los libres con la misma dotación de oficiales que tiene y que la segunda, tercera y cuarta la formen los esclavos. De este modo, removido todos obstáculo, se lograrán los mejores efectos”. 57

4. Los trastornos de la politización plebeya

54 Anales. Libro Copiador de la correspondencia del Gobernador Intendente de Cuyo, Tomo II, Mendoza, UNCFacultad de Filosofía y Letras, 1944, p. 246, 247 y 490 . [en adelante Copiador] 55 Oficio del Gobernador Intendente de la Provincia de Cuyo solicitando al Cabildo lista de pardos y morenos libres entre 16 y 50 años de la capital y su jurisdicción, 10/06/1815. DHLGSM, Tomo II, p.414 56 Correspondencia de Osorio y Marcó del Pont al Virrey Abascal. Archivo General de Indias, Diversos 4 y 5. 57 Masini Calderón, La esclavitud negra en Mendoza, op.cit. p. 24

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Esta sintética descripción del proceso de integración desigual de los esclavos y pardos libres a los cuerpos armados invita a incursionar sobre las tensiones generadas a raíz de la dinámica específica vinculada con la experiencia cotidiana destinada al entrenamiento militar, y a la consiguiente politización de los negros estimulada por una eficaz pedagogía patriótica en la que aquélla se inscribía. Aunque coactiva, esta novedosa forma de sociabilidad de la que fueron protagonistas y a partir de la cual las jefaturas militares aspiraban a obtener guerreros profesionales – “haremos soldados de cualquier bicho”, había manifestado Tomás Guido a San Martín- , habría de enfrentarse no sólo a los usos sociales y prácticas consuetudinarias que bregaban por preservar las antiguas jerarquías sociales, sino ante todo pondría de manifiesto nuevos dilemas de autoridad emanados del súbito protagonismo obtenido por estos actores en la escena política. La forma en que las obligaciones milicianas de los esclavos introdujeron un vector inesperado en los vínculos o relaciones sociales hasta entonces vigentes, lo atestigua la representación que un labrador vecino natural de la ciudad, elevó al gobierno en abril de 1816. Para entonces, D. Pedro Vargas dio cuenta de la manera en que la asistencia regular a los ejercicios doctrinales de los domingos de los cuatro “morenos” que trabajaban en su chacra, distante a tres leguas de la ciudad, había alterado el ritmo de las faenas rurales. El dilema de Vargas no se reducía tan sólo en que para cumplir con la obligación cívica los esclavos debían abandonar la chacra el día anterior, sino que les perdía el “rastro hasta el martes porque se andan en fandangos y excesos, de que ha resultado que me han muerto dos caballos”.58 Esa suerte de puesta a punto de los trastornos que afectaban sus propios intereses, no agotó la instancia protocolar: el problema era aun mayor porque se había visto obligado a salir los lunes a buscarlos con el fin de devolverlos a la chacra. Seguramente el tema no habría pasado a mayores si Vargas no se hubiera enfrentado a una situación que consideraba necesario modificar y justificaba hacer intervenir al gobierno: ocurrió que cuando Vargas reeditó la pesquisa de los morenos el último lunes para que cumplieran con sus tareas habituales en la chacra y “había tratado de reprenderlos por los excesos”, uno de ellos “se atrevió a amenazarme que se quejaría denunciándome que yo les impedía concurrir a los ejercicios”. Quien había desafiado la autoridad del amo haciendo uso de la posición asignada por el gobierno, había sido el “ladino” Modesto: un joven de 18 años, robusto y sano que -según Vargas- tenía el oficio de sastre. Lamentablemente el expediente es demasiado escueto y no brinda más información que la expuesta por Vargas aunque no es difícil conjeturar a partir de la oferta realizada por él al gobierno, la urgencia de evitar algún tipo de denuncia que lo obligara a cumplir con el servicio. De tal forma, la propuesta de Vargas siguió la ruta trazada por otros ciudadanos que se habían enfrentado a situaciones similares: cedió o donó al Estado al ladino Modesto quien pasó a engrosar el batallón n° 8, y obtuvo a cambio que los tres morenos restantes fueran eximidos del servicio miliciano por ser aptos para el arado, la poda de viñas, el cuidado del lanar y otras labores de su chacra. El episodio protagonizado por Modesto nos enfrenta a comportamientos que no necesariamente pueden representar desafíos a la autoridad derivados de la irrupción de la marea revolucionaria. Como toda una literatura ha señalado,59 las formas de resistencia de los sectores subalternos para eludir o desviar los dispositivos disciplinarios en regimenes de antiguo régimen constituyeron fenómenos corrientes, y tampoco estuvieron ausentes en la jurisdicción cuyana previa a la Revolución. Sin embargo, y aunque lamentablemente no 58

Museo Mitre, Archivo del General San Martín: A bis, 844 Véase entre otros, Brian R. Hamnett, Las rebeliones y revoluciones iberoamericanas en la época de la Independencia. Una tentativa de tipología, F. X. Guerra, Revoluciones Hispánicas. Independencias americanas y liberalismo español, Cursos de Verano de El Escorial, 93-94, Madrid, Editorial Complutense, 1995. Sergio Serulnikov, Conflictos sociales e insurrección en el mundo colonial andino. El norte de Potosí en el siglo XVIII, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2006 59

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contemos con mayores evidencias sobre las sensibilidades políticas de Modesto, como de sus amigos enredados en el conflicto, lo cierto es que la ruptura de la rutina laboral como consecuencia de la obligación de cumplir con el servicio miliciano había conducido a los morenos a tomarse más libertades a las acostumbradas. Ese arbitrio individual y grupal del tiempo libre a través del cual podían eludir el regreso a la chacra, era posible al estar inscripto en una orden del gobierno que imponía nuevas obligaciones no sólo a los esclavos sino también a los propios amos. El nuevo contexto podía ser pensado entonces como favorable para usar los beneficios derivados de la integración a los cuerpos milicianos y calcular a partir de ella la protección del gobierno frente a la autoridad o poder del amo. Si hasta ese momento sólo los pardos libres cumplían con el servicio militar, la coyuntura guerrera los había ubicado en otro lugar interfiriendo severamente en la condición jurídica y política por la que mantenían el vínculo de servidumbre y cumplían con obligaciones “cívicas”. 60 Esa suerte de status ambiguo generada de la confluencia de los hábitos cívicos por parte del universo de esclavos enrolados en las milicias, introdujo un difícil equilibro en el tejido de las relaciones sociales y políticas convirtiéndose en fuente de innumerables fricciones. En la noche del 27 de mayo de 1815, el soldado cívico pardo Esteban Tobal fue tomado prisionero como consecuencia de haber intentado agredir con su cuchillo a un subteniente del batallón n° 11 en la puerta principal de la Casa de Comedias. En rigor, el suceso que lo tuvo como protagonista se reducía a lo siguiente: el cívico pardo había intentado sin éxito ingresar a la función de la Comedia que el Cabildo había organizado como parte de los festejos programados para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución.61 El centinela había impedido su acceso más de una vez a lo que Tobal terminó respondiendo con gritos y amenazas generando con ello la intervención del subteniente del batallón n° 11 que lo terminó golpeando con su sable, le secuestró el cuchillo y ordenó su reclusión en el Cuartel.62 Desde el año anterior las fiestas mayas habían ganado vigor en la ciudad;63 en aquella ocasión el gobernador Terrada había ordenado festejar “el día más glorioso de nuestra revolución” porque debía estar presente en “la imaginación de los hombres que deseaban ser libres” y de quienes estuvieran empeñados en “llegar al alto grado de una Nación grande, feliz e independiente”: iluminación de las calles, salvas de cañones, saludo de las armas de la Patria al Cabildo, Te Deum en la Iglesia Matriz y festejos populares debían ser manifestación concreta de la “unión de voluntades para dispersar la discordia” y para que no se oyeran otras voces que las de “Viva la Patria, odio eterno a la Tiranía peninsular”.64 Un año después la celebración adquirió un tono distinto aunque preservó el objetivo de inflamar el fervor patriótico: aunque el bando de San Martín mantuvo los rituales de rigor, advirtió que la celebración del “virtuoso vecindario” requería que “todo individuo guardara el mayor orden y 60

EL tránsito del vecino a ciudadano ha integrado la agenda de investigación en historia política aunque poco se ha reparado en el fenómeno que aquí aludimos. Véase para el caso bonaerense, Oreste C. Cansanello, Ciudadanos y vecinos. De la igualdad como identidad a la igualdad como justicia, Entrepasados. Revista de Historia , n° 14, 1998, pp.7-20 61 Hasta el momento no existían referencias sobre este tipo de representaciones teatrales durante la pax sanmartiniana aunque no es extraño suponer que el mismo San Martín las hubiera estimulado como ámbitos de sociabilidad siguiendo la huella de las realizadas en el siglo XVIII hasta la expulsión de los jesuitas en 1767. Sobre el papel del teatro como manifestación cultural en la ciudad de Buenos Aires, véase Klaus Gallo ¿Una sociedad volteriana? Política, religión y teatro en Buenos Aires (1821-1827), Entrepasados. Revista de Historia, n° 27, 2005, pp.117-131 62 AGPM- Independiente, 442, 24 63 Para un análisis de las fiestas mayas para Buenos Aires y Salta, véase Juan C. Garavaglia, Buenos Aires y Salta en rito cívico: la Revolución y las Fiestas Mayas, Andes. Antropología e Historia, n° 13, 2002, pp. 173-211 64 AGPM- Bandos, 21 (23 de mayo de 1814)

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armonía” en las diversiones organizadas por el Cabildo.65 La publicación del bando en los portales del cabildo y su correlativa difusión entre los cuerpos armados, se acompañó de instrucciones precisas para resguardar el orden durante las celebraciones. Pedro López, el subteniente que lo metió preso, confesó que frente a la advertencia de evitar cualquier desorden que se cometiese por “las gentes” que concurrían a la Comedia, había acudido en ayuda del centinela que custodiaba la puerta después de oír las “voces” que daba Esteban Tobal. Que al interponerse entre ambos, el cívico pardo había ofrecido resistencia obligándolo a sacar el sable y darle unos “cuantos palos”. El asunto no terminó allí porque después de haberse retirado, Tobal volvió a enfrentarlo amenazándolo con un cuchillo extraído de su cintura, a lo que López usó de vuelta su sable consiguiendo reducirlo y secuestrarle el cuchillo por estar prohibido su uso. 66 El soldado Roque Rodríguez, también del batallón n° 11, que ofició de centinela en la puerta de la Comedia y que al igual que el pardo no supo firmar, brindo más detalles para interpretar el sentido de la insistencia de Tobal por ingresar a la función, y de la decisión del guardia de prohibir su acceso. Rodríguez había sido instruido especialmente para “no permitir que entrase alguno de Poncho, y de hacer retirar a los que de esta clase se llegasen a la Puerta”. Y que cumpliendo la orden había sucedido que “un individuo de Poncho quiso entrar, y que lo impidió y le reconvino dos veces que se retirase, que no obedeciendo le reconvino por tercera vez diciéndole que si no se retiraba le iba a dar un culatazo, a lo que el individuo de Poncho contestó, que por qué le había de pegar”. La confesión del soldado no ingresa más argumentos sobre las razones que lo invitaron a ingresar a la Comedia, ni tampoco su testimonio hizo referencia a los términos de la discusión callejera por la que terminó preso: sólo dijo que había visto despejada la puerta de la Comedia y que por eso quiso entrar. No obstante, la decisión de insistir por sumarse entre el contingente de personas que disfrutaron del evento, constituye un indicio sugestivo para evaluar el rechazo e incomprensión de la línea demarcatoria establecida por el gobierno y cumplida a rajatabla por el centinela. El hecho que estuviera integrado al cuerpo de pardos libres no lo habilitaba a reunir las cualidades aceptables para participar de ese festejo: la portación de poncho, y no de uniforme (u otra vestimenta equiparable a esa jerarquía), constituía una frontera infranqueable lo suficientemente poderosa como para justificar la coacción de los uniformados y la impugnación de los excluidos. Una multiplicidad de sumarias y juicios pueblan los catálogos de la documentación referida a la experiencia de militarización que dio como resultado la formación del ejército de los Andes, constituyéndose en arena fecunda para historiar los pormenores a los que se vieron sometidos los enrolados en el cuerpos de guerreros profesionales, y en las milicias. Si los códigos disciplinarios resignificaron la mayoría de los dispositivos y procedimientos

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Bando del 23 de mayo de 1815 en C. Galván Moreno, Bandos y proclamas del general José de San Martín. Una exposición documental de su heroica gesta libertadora, Buenos Aires, Editorial Claridad, 1947, p. 74. 66 La conflictividad social vigente hacia 1814 condujo al gobierno a prohibir “la perniciosa costumbre de cargar cuchillos, cuyos funestos efectos se palpan diariamente en el excesivo número de asesinatos”. Los esclavos que los portaran serían destinados a las obras públicas. AGPM- Independiente 4, 26. Bando del 6 de agosto de 1814. El vínculo entre el aumento de la criminalidad y la militarización ha sido estudiado por Raúl Fradkin para el caso de Buenos Aires. Véase, La historia de una montonera. Bandolerismo y caudillismo en Buenos Aires, 1826. Buenos Aires, Siglo XXI, 2006.

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judiciales derivados de los reglamentos militares del período borbónico,67 su aplicación no estuvo exenta de las vicisitudes impuestas por las coyunturas de la guerra ni tampoco desatendió aquello que los administradores de practicarla definieron como las “conveniencias de la política”. Aunque éste no sea el lugar para un desarrollo pormenorizado del problema, convendría reparar sobre el calculado arbitrio de la justicia militar por parte de los encargados de ejecutarla, al estar sujetos a competencias y solidaridades corporativas como a los estrictos límites derivados de la inestabilidad política e institucional. Con todo, la conflictividad al interior de los regimientos, batallones y compañías se constituyó en moneda corriente y en contracara de la disciplina. La unidad de mando – el objetivo perseguido por los máximos representantes de los ejércitos patriotas- se veía acechada por una madeja de tensiones de distinto calibre que respondían la mayoría de las veces a conflictos entre camarillas integradas por jefes, oficiales y soldados: conspiraciones, abusos de autoridad, peleas de juego, insultos e injurias o el robo de vestuario, armas o pólvora interferían las relaciones de mando y obediencia en la completa jerarquía guerrera.68 El conflicto entre castas no estuvo ausente de ese escenario. El ejemplo de Tobal se convirtió en una vía de acceso a ese dilema poniendo en evidencia las controversias y tensiones introducidas por la militarización, y de los límites concretos a la aspiración de la conducción revolucionaria para que ésta operara como magma de uniformización política o patriótica. Sin embargo, la integración desigual de los ejércitos patriotas habría de dar origen a conflictos mucho más explícitos entre la pretensión igualitaria de los negros frente a la resistencia interpuesta por los blancos para mantener su superioridad. Un denso episodio ocurrido en las calles de Santiago de Chile pocos días después del éxito patriota de Maipú permite explorar algunas manifestaciones del problema antes expuesto. El acontecimiento tuvo como protagonistas a tres chilenos, originarios de Santiago e integrados a los cuerpos armados desde los tiempos de la Patria Vieja, que habían ganado espectabilidad después de la reconquista de Chile a la causa independiente al momento de la reunión de los contingentes militares patriotas en el Ejército Unido.69 El teniente D. José Romero y el subteniente D. Judas Tadeo Salas (oficiales del cuerpo dirigido por el general Antonio González Balcarce), formaban parte del Batallón de Infantes de la Patria creado en agosto de 1814 sobre la base del cuerpo de pardos. En cambio, D. Antonio Montaner tenía el grado de Capitán de Guardias Nacionales, un cuerpo de milicias compuesto por vecinos beneméritos y blancos desde 1811. El expediente se inició a raíz de un escándalo por el cual los oficiales del batallón de Infantes de la Patria fueron acusados de insubordinación por el capitán Montaner por lo que fueron recluidos y sometidos a la justicia militar. El proceso judicial se extendió varios meses: en agosto el fallo del Tribunal Militar, refrendado por el Auditor de Guerra Bernardo de Monteagudo, dictaminó que los acusados debían ser absueltos de la pena, y que el capitán Montaner y sus secuaces debían purgar sus culpas cuatro meses en 67

Ezequiel Abásolo, El derecho penal militar en la historia argentina, Córdoba, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2002, capítulos III y IV. Abelardo Levaggi, Historia del derecho penal argentino, Buenos Aires, Perrot, 1978 68 Seguramente el caso más resonante de los conflictos políticos existentes al interior de las elites revolucionarias lo constituyó el juicio criminal desarrollado en Mendoza contra los patriotas chilenos Juan José y Luis Carrera en 1818. Véase entre otros, Beatriz Bragoni, Justice révolutionnaire. Morphologie du procès criminel des frères Carrera pendant les guerres des indépendances hispano-americaine (1818), Annales. Histoire, Sciences Sociales, París, n° 5, 2007, en prensa. 69 Destaco aquí dos cuestiones de interés: por un lado, el ingreso de los oficiales y soldados del ejército de los Andes a Santiago generó una serie de conflictos al ser interpretado como ejercito invasor y no “libertador”; por el otro, la reunión de mandos militares y el éxito militar parece haber activado protagonismos y sensibilidades políticas en sectores sociales del “bajo pueblo” que ponen severos reparos a las interpretaciones que deslindan a los sectores plebeyos de la revolución de independencia chilena ubicándolos de manera excluyente en la leva y la deserción. Véase, Leonardo León, Reclutas forzados y desertores de la Patria: el bajo pueblo chileno en la guerra de la independencia, 1810-1814, Historia (Santiago), Vol. 35, 2002, pp.251-297

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la cárcel. ¿Qué tipo de situaciones favorecieron ese desenlace? ¿Cuales fueron los argumentos que pesaron a la hora de exonerar a los acusados de insubordinación? El conflicto se desató el 16 de abril cuando el capitán de guardias nacionales Antonio Montaner pretendió tomar posesión de una casa de alquiler en el barrio de La Merced que había pertenecido a un europeo fugado tras la derrota otorgada por el Supremo Gobierno. Sin embargo, sus expectativas se frustraron a raíz de un pleito mantenido con María Serra, quien dijo ser la “encargada” de la casa y esposa del teniente José Romero que, según parece, le obstruyó el acceso.70 El conflicto fue en aumento cuando el subteniente Judas Tadeo Salas al salir en defensa de la mujer, se enfrentó de lleno con el capitán Montaner a lo que éste respondió con insultos y la exhibición de su sable para después perseguirlo hasta el mismo cuartel con la solidaridad de su padre y su hermano, también enrolado en guardias nacionales. El escándalo no termino allí: una vez que Montaner dejó recluido a Judas Tadeo, “lo interceptó una partida de Infantes armada con fusiles” que lo insultó y le sacó el sable aduciendo tener una orden del comandante, y “lo arrastraron como a un facineroso” hasta que llegó el teniente de infantes D. José Romero quien lo insultó y “le pegó cuantos golpes le permitió su orgullo”. Hasta aquí el episodio parece inscribirse en las coordenadas de un escenario urbano y barrial conmovido por las vicisitudes de la guerra y las compensaciones arbitradas por el nuevo gobierno a favor de realineamientos locales con el fin de asegurar algún tipo de lealtad. En resumidas cuentas, la orden emitida por el gobierno provisorio que favorecía al capitán de milicias de Santiago, introducía una alteración en la vida del vecindario impactando de lleno en las solidaridades barriales, sociales y familiares gravitando incluso en los cuerpos armados. La versión ofrecida por el capitán del cuerpo de Infantes de la Patria arroja mayor evidencia para desentrañar la dirección que asumió el conflicto después que María Serra entorpeciera el acceso a la casa a su beneficiario. Según el informe, la intervención del subteniente Judas Tadeo Salas se debió a que al haber querido “contener a la mujer” de los agravios recibidos, Montaner lo había recibido con “insultos diciéndole que todos los Oficiales de su cuerpo eran unos mulatos ladrones” a lo que “mi oficial” contestó “que para defender la Patria eran caballeros, y no ellos”; que por ese motivo Montaner había sacado el sable para golpearlo y lo había perseguido por la calle hasta la guardia de San Agustín atropellando al mismo centinela con la complicidad de su hermano y de su padre. El componente racial al que apeló Montaner en su disputa no parece haber sido sólo producto de una furia pasajera sino que se había convertido en el disparador del pleito mantenido con María. Siete días después de iniciado el proceso, la mujer de Romero atestiguó ser la encargada de la casa y declaró que cuando salió a recibirlo Montaner le dijo “qué hace Ud. aquí metida, aquí nadie tiene que ver en esta casa: el Gobierno me la tiene cedida”. Que ella le contestó “que si tenía esa orden con salir de allí estaba acabado su disgusto, y que se retiró a su aposento del frente dejando la puerta cerrada”. Que Montaner se retiró diciendo que iba a traer soldados para cuidar la casa y que volvió con un herrero a desarrajar la puerta creyéndola con llave. Fue entonces que María dijo al herrero que no había necesidad de hacerlo porque la puerta estaba sin llave, y que al empujarla ambos pudieron entrar. Que inmediatamente Montaner pasó a su cuarto pidiéndole la llave a lo que respondió que “no la tenía y que se la solicitase a su dueña”. Que Montaner persuadido de que la exponente lo engañaba, la insultó diciéndole que era “una india perra y otras groserías indecentes”. A lo que María respondió que era “una señora de su casa y mujer de un oficial y que se moderase”. 70

Museo Mitre – Archivo del General San Martín: A 2 C 58, 3075. Las citas utilizadas corresponden al expediente.

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La descripción del suceso ofrece todos los ingredientes necesarios para desentrañar – a la manera de Geertz- la puja de posiciones al interior de un efímero microcosmos político empapado de expectativas por el triunfo militar, y la creciente politización plebeya. De otra manera resulta difícil comprender la actitud de María frente a un militar de jerarquía que exigía la entrega de la llave de una casa otorgada por el gobierno, aun considerando la hostilidad o malestar de un vecindario colmado de viviendas precarias fabricadas por los mismos infantes con los materiales extraídos del saqueo. Si la distancia social se traducía en esa distinción de beneficios materiales, esa situación no suponía que pudiera manifestarse en otro plano: María no sólo había desafiado la autoridad social y el grado del capitán Montaner negándole la llave y enviándolo a buscarla a una dueña imposible de rastrear con lo cual objetaba la legitimidad del nuevo propietario. Montaner ardió de furia cuando después de insultarla, María no sólo respondió al agravio sino que antepuso en su defensa el vínculo con un oficial equiparando su posición personal y familiar con la del oficial de guardias nacionales. Esa respuesta exasperó al capitán de milicias quien avanzó contra María para descargarle dos palos con el sable al tiempo que le decía: “canalla ladrona, tanto ella como el mulato de su marido”. De tal modo, un asunto banal y personal adquiría a partir de entonces un notable sentido político. En ningún momento Montaner brindó detalles del pleito mantenido con María, y menos aun admitió haber proferido insultos a los integrantes del batallón de infantes como a su comandante. La estrategia montada en su declaración se limitó a enfatizar la resistencia de la mujer en darle la llave para tomar posesión de la casa otorgada por el Gobierno, y a poner en duda la unión legítima entre María y Romero al referirse a ella como la “mujer” del teniente de infantes. Sin embargo, la intervención de Judas Tadeo como intermediario y posterior víctima del agravio, exigió a Montaner dar cuenta del episodio y de su responsabilidad en el hecho en cuanto había comprometido las relaciones entre los cuerpos alcanzando incluso a sus comandantes. Montaner diseñó su descargo sobre la base de la resistencia ofrecida por María y del comportamiento exhibido por Judas Tadeo al momento de intervenir en el conflicto: la forma y el lenguaje utilizado por el subteniente ameritaban ser inscriptos como pruebas evidentes de insubordinación al honor y a la jerarquía militar: “[que Salas] le salió al encuentro diciéndole palabras injuriosas y con mucho enojo le dijo que caballeros de tal para cual son ustedes, que ellos tan bien o mejores lo podrían ser, y amagó con pegarle. Que viendo esta desvergüenza el exponente echo la mano a su sable diciéndole que si no se reportaba y le respetaba como a su Superior lo escarmentaría”. [el destacado pertenece al original] Que Montaner había interpretado la pretensión igualitaria del subteniente de infantes como acto de insubordinación, lo atestigua también la exposición de los acontecimientos posteriores al enfrentamiento mantenido con Salas, y que tuvo como protagonistas a la partida de infantes que lo detuvieron en la calle poco antes de llegar a su casa. Al evocar la forma en que los camaradas de Salas y Romero lo rodearon sin exhibir ninguna orden para detenerlo, y menos aún para darle culatazos con los fusiles que portaban para conducirlo al Cuartel de Infantes, el capitán de milicias trazó el detalle del enfrentamiento con el teniente Romero con el siguiente relato: “asomó por la esquina de la Merced el teniente Romero sin detenerse en cosa alguna se fue sobre las filas donde venía preso el exponente y atropellándolo con cuanto insulto se le ocurrió le descargó infinitos golpes con

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el sable, diciéndole entre otras que se ensuciaba en sus galones, que más importancia tenía un soldado de los Infantes que todo él. Que qué desvergüenza había tenido de haber ido a provocar al cuarto de su mujer, que si el hubiera estado allí cuando fue por la llave lo hubiera muerto, con otras infinitas cosas de que no se acuerda; que en fin llegaron al cuartel donde intentaba dejarlo preso. Que por casualidad se encontró con el comandante de ellos, que instruido del suceso lo mando poner en libertad dejando arrestados a los oficiales hasta dar parte al Sr. General, adonde se dirigió el comandante con el Exponente y el Comandante Astorga de los Nacionales”. El expediente exhibe un giro significativo a partir de entonces. Con las excepciones de los testimonios aportados por otro de los “montaneses”, el hermano del capitán, y un testigo que sumó el querellante, las evidencias reunidas enfatizan los agravios y agresiones realizadas por D. Antonio Montaner a la oficialidad y a los soldados del batallón de infantes de la Patria.71 Con ello se ponía de manifiesto el impacto público del suceso y la inminente amenaza que situaciones de ese tipo podían extenderse generando mayor conflictividad a la exhibida en las calles de La Merced como consecuencia de la concesión de distinciones y premios de guerra. Según las fuentes, varios vecinos y enrolados habían presenciado el conflicto: el cabo Fernando Vázques (de 20 años y que no supo firmar) sabía que el capitán de guardias nacionales había insultado a Judas Tadeo diciéndole “que era un mulato Ladrón tanto él como los oficiales y comandante de su Cuerpo; y que tenía 400 hombres para hacerlos pedazos”. Vázquez agregó más detalles del insulto: “por la mujer de Romero sabía que estando Salas uniformado en la puerta de su cuarto, el capitán Montaner desde las puertas de su casa contigua había hecho irrisión con su demás familia del subteniente y su marido diciéndoles que Dios daba muelas a quien no tenía quijadas”. También el testimonio de Ramón Monteluna, un soldado analfabeto de 23 años, transitó por carriles semejantes: “con motivo de vivir cerca del paraje donde sucedió la historia y hallarse aquel día en su cuarto, vio salir del cuarto de habitación de la mujer del teniente Romero, al capitán Montaner diciendo que la oficialidad y comandante del Batallón de Infantes era unos ladrones, y que los Infantes no eran tales oficiales, sino unos pícaros”. Mulatos, ladrones, pícaros representaron vocablos corrientes del lenguaje utilizado por las elites criollas para identificar conductas vulgares o plebeyas del siglo XIX latinoamericano. No hay razón para dudar entonces que el uso realizado por Montaner no hubiera interferido severamente en las respuestas ensayadas por los destinatarios de esas expresiones. No obstante, el impacto de esas descalificaciones fue mayor en la medida que el capitán de guardias nacionales no sólo hizo caso omiso de la condición de uniformados de sus contendientes, sino que avanzó más allá. Si nos atenemos a la confesión de Salas, Montaner no se había contentado con agraviar a los infantes y el “honor” de su comandante sino que además había salido del cuarto a la calle diciendo “que a mala hora les había dado el Gobierno puesto a los mulatos para que quisiesen igualarse con la gente; y que se fue a su casa diciendo que no había uno de los Infantes desde el comandante y toda su oficialidad que no fuesen unos ladrones”. A lo que Salas le respondió:

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Ignacio Montaner de 32 años, era teniente de caballería del mismo regimiento, definió a Salas como “intrépido y de mala condición” y dejó constancia que la mujer de Romero lo recibió muy mal y con insultos. Pedro Prado, era teniente de granaderos, y fue el guardia que aceptó la orden de Montaner de dejar recluido a Salas.

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“Que si él blasonaba tanta caballería, el confesante no lo era menos; pues su propio honor y juicio lo había estimular saber a la guerra a defender su País y que él siendo un oficial lo mismo que el que declara no había hecho otro tanto: Que el Gobierno sabía distinguir a los hombres de bien, y que por lo mismo los condecoraba con aquella distinción, que no merecía ese canalla ladrón de que tanto hablaba”. El testimonio de Salas nos enfrenta a un argumento que reúne los atributos necesarios para ser ubicado como evidencia objetiva de la forma en que la movilización y la politización había transformado su status de origen: un mulato de 22 años y analfabeto, sin otro oficio declarado que el de subteniente de infantes, y cuyo desempeño guerrero en defensa de su País, lo había hecho merecedor de la distinción dada por el Gobierno, estaba en condiciones de condenar la adscripción de casta usada por el capitán Montaner y justificaba cualquier desafío.72 Un argumento similar desarrolló el teniente Romero al momento de aportar su versión sobre los motivos que lo impulsaron a tomar justicia por mano propia y no dar parte a sus superiores. Después de obtener del capitán la confesión de haber golpeado a su mujer, Romero le preguntó “por qué había gritado que la oficialidad de su cuerpo estaba en reputación de borrachos ladrones como igualmente su comandante”. A lo que el capitán respondió: “que aunque perdiera la vida era muy cierto que lo había dicho añadiendo que era preciso se distinguiesen las clases; que el que confiesa le preguntó cuál era la distinción que exigía; que si él pensaba ser mejor que los Generales que mandaban, y habían permitido alternases con todos los oficiales del Ejercito indistintamente que qué se dejaba para la conducta de los godos”. El dictamen del Tribunal Militar siguió la ruta trazada por el testimonio de Romero. El contexto inmediatamente posterior a la consolidación de la independencia chilena no podía sino favorecer los preceptos libertarios auspiciados por la revolución, y menos aun podía tolerar la objeción interpuesta por Montaner a la política oficial: como adujo Romero, la aceptación o ratificación de la desigualdad equivalía a reproducir “la conducta de los godos”. De tal forma, y aunque el fiscal de la causa solicitó que los acusados cumplieran la pena prevista por la reglamentación militar, los integrantes del concejo de guerra los eximió de la culpa, y condenó al capitán de guardias nacionales a cumplir cuatro meses de cárcel no sólo por haber insultado a la mujer de un oficial sino sobre todo por “haber tocado aun la misma conducta del Gobierno”. *

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Entre la proclama que encabezó el expediente confeccionado a raíz de la rebelión de esclavos desbaratada en la ciudad de Mendoza por pretender exigir la carta de libertad, y el dictamen que eximió a los mulatos enrolados en las filas del batallón chileno por haber 72

Como consecuencia del éxito de Maipú, San Martín había premiado con el ascenso de un grado a todos los oficiales, y un decreto del gobierno (10 de abril) había concedido honores y condecoraciones. Un año antes el gobierno chileno había abolido los títulos nobiliarios porque “debe el individuo destacarse solamente por su virtud y sus méritos”. Así también O’Higgins había creado la Legión de Mérito que inspirada en la invención bonapartista, premiaba los servicios militares sin considerar orígenes familiares: entre las prerrogativas del soldado figuraba que no podía ser insultado ni vejado de ningún modo. Véase, Jorge Abarca, Los militares ante la élite. Imagen y modalidades de captación en Perú y Chile (1817-1824), Hispania Nova. Revista electrónica de Historia Contemporánea, n° 6, 2006

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desafiado la autoridad de un capitán de milicias, distaron apenas seis años. En ese lapso, la cultura política plebeya experimentó una radical transformación común a los tiempos modernos en el sentido propuesto por Koselleck.73 Ningún requisito de representatividad puede exigirse a las fragmentarias “voces” de los negros y mulatos que este relato ha privilegiado: se trata sólo de experiencias de individuos y de grupo vinculadas a un contexto específico cuya restitución presenta los límites e interferencias de la parca documentación oficial producida con motivo de protagonizar episodios de excepción. Sin embargo, el mismo carácter excepcional de la información arroja indicios valiosos de las formas asumidas por la movilización y politización de los esclavos, libertos y negros libres como resultado de la irrupción de la marea insurgente en los confines australes del antiguo imperio español. La frustrada rebelión de esclavos en la Mendoza de 1812 puso en escena aristas poco difundidas de la revolución en Cuyo, y de la intensa movilización política de los esclavos en vísperas al arribo de San Martín y de la poderosa militarización que dirigió a partir de 1815. Si la exhibición de nociones afines a los preceptos liberales permitió aprehender la clave política de aquella pretensión plebeya, no fue menos sugestiva la manera en que los esclavos percibieron de qué manera la nueva legitimidad podía garantizar sus aspiraciones libertarias e igualitarias. Aunque éstas estuvieran en sintonía con las políticas dirigidas por el nuevo poder revolucionario, la percepción de que la “Junta porteña” podía mediar a favor de sus expectativas no deja de agregar ingredientes significativos para advertir en qué medida su legitimidad había penetrado en los sectores subalternos a solo dos años de constituida en la antigua capital virreinal. Si bien la lealtad a la autoridad erigida en Buenos Aires, aparecía inserta en el clima político que propició su adhesión en 1810, y el ensayo rebelde reeditó las prácticas políticas regularmente utilizadas desde entonces, aquel puñado de esclavos unidos por lazos de diferente naturaleza perseguía concretamente el objetivo político de clausurar su status de origen, y obtener la libertad civil. La creación de la gobernación de Cuyo y el giro introducido por San Martín a la militarización cuyana de cara a la amenaza contrarrevolucionaria latente desde el Chile recuperado a la órbita del poder realista, robusteció la inclusión política de la población negra masculina a límites insospechados: la leva forzosa y selectiva, el adoctrinamiento periódico destinado a engrosar los regimientos y batallones del ejército y de las milicias, y la potente pedagogía patriótica constituyeron experiencias medulares para vastos contingentes de varones (y de sus familias de las que lamentablemente casi nada sabemos) representando un antes y después en el proceso de movilización y politización de los negros (aunque no sólo de ellos). A pesar de las aspiraciones de sus mentores, la militarización de los esclavos y negros libres en Cuyo adquirió una forma de organización que previó la integración desigual en el ejército y en las milicias, que si bien no eliminó la distinción entre blancos y negros, terminó convirtiéndose en un ámbito de sociabilidad formidable no sólo para obtener oficiales y soldados entrenados para hacer la guerra, sino como espacio de experiencia favorable a la difusión los preceptos libertarios e igualitarios sostenidos por la legitimidad y la justicia revolucionaria. El alcance de esa estructura de experiencia colectiva quedó atestiguada en los avatares vividos por los negros que poblaron estas historias: el ejemplo de Modesto, el esclavo enrolado en las milicias que fue donado al Estado por haber desafiado a su amo, como también el de Esteban Tobal, el cívico pardo que pretendió ingresar con poncho a la Casa de Comedia, pusieron de manifiesto los límites concretos a la intencionalidad uniformizadora de otorgarle a aquella experiencia patriótica colectiva un sentido político común. Ese obstáculo sin embargo no dejaría de ser impugnado por quienes interpretaron aquel momento de regeneración política, como coyuntura favorable para remplazar las categorías o jerarquías 73

Reinhart Koselleck, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós, 1993

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preexistentes a la revolución. Ese sustrato de creencias parece haber gravitado en el episodio santiaguino de 1818 al exhibir de manera alucinante la manera en que aquellos mulatos habían confiado en las promesas libertarias e igualitarias inauguradas por la Revolución.

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