ANTOLOGIA TOMO 2

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Antología HISTORIA DE LA CULTURA DE

GUATEMALA

Antología Historia de la Cultura de Guatemala Compilación: Lic. Edgar Escobar Medrano Licda. Edna Elizabeth González Camargo Edición Renovada y Actualizada Enero 2009 ISBN: 99922-783-4-X EDITOR: LITOGRAFIA ORION 2da. calle A 3-76, zona 21. Guajitos Teléfono: 24776200 Diseño de portada y de textos: Zona Gráfica Teléfono: 41474871

PRESENTACIÓN Nuevamente presentamos a ustedes la compilación de lecturas de nivel universitario, especialmente para el área de HISTORIA SOCIAL de GUATEMALA. Las finalidades didácticas de esta obra culminan el objetivo principal de proporcionar a los docentes y estudiantes una publicación que ayude a cerrar la brecha existente en esta materia en el nivel de enseñanza superior. Siempre con el apoyo y sugerencias de los profesores Titulares del Curso de Historia de Guatemala, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, Licenciados: Mercedes Elizabeth Flores García, Rosa María Alvarez Aragón, María Antonia Molina Rodríguez, Wotzbeli Arriaga Ureta, Cesar Gonzalez Monguilla, ponemos a disposición del ávido lector nuestro ideal de contribución a la enseñanza de nuestra historia. Se trató de abarcar un número significativo de períodos de nuestra historia desde nuestros primeros pobladores, hasta principios del siglo XXI, con materiales que consideramos fundamentales y en algunos casos, poco accesibles. Les recordamos que por tratarse de una recopilación general, no intentamos sustituir el manejo de otras publicaciones, de suyo especializadas y que por lo tanto pueden enriquecer en mayor medida los conocimientos de estudiantes y docentes. Nos gustaría contar con sus críticas y sugerencias. Nuestra aspiración es puramente intelectual y nos sentimos complacidos de poder insinuar una destello de motivación para el aparecimiento de otras obras similares que lleven al siguiente nivel la Historia del pueblo de Guatemala. Está edición, como su predecesora se ocupa en 2 tomos, que se han rediseñado dando al lector mayor facilidad de uso y consulta de este apasionante tema: “La historia de Guatemala”.

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Agradecemos la buena recepción que ha tenido este documento, ante lo cual seguiremos en el sendero del amor por la patria, contribuyendo Con usted, amigo docente y con usted amigo lector. Lic. Edgar Escobar Medrano Licda. Edna González Camargo

CAPITULO XXXII HISTORIA DE LOS MONOPOLIOS EXTRANJEROS EN GUATEMALA Guillermo Toriello Garrido

Al comenzar el presente siglo, no existían en Guatemala empresas monopolistas extranjeras. Si bien la estructura económica era sumamente atrasada, conservaba en esa época un alto grado de independencia. La producción de la república era principalmente fruto de la inversión nacional (aún el fenómeno de la infiltración alemana, en el negocio de cultivo y exportación del café, tenía dicho carácter de inversión nacional, porque tanto el capital como las utilidades quedaban siempre tincados en el país; el alemán era inmigrante y se arraigaba en Guatemala; no era representante de intereses económicos radicados en el exterior). El comercio internacional estaba bastante diversificado. El Estado era dueño de todas las vías de comunicación y de los puertos. Infortunadamente había llegado a ocupar la primera magistratura de la nación, por caminos tortuosos, Manuel Estrada Cabrera, quien desempeñaba la vicepresidencia de la República, cuando una noche, en plena calle, fue asesinado el presidente José María Reyna Barrios. Estrada Cabrera, ambicioso, impopular y sediento de riquezas, con el apoyo estadounidense entronizó una furiosa dictadura (1898-1920). La situación se prestaba admirablemente para la invasión de los buscadores de fortuna y la penetración imperialista de los Estados Unidos. Gobiernos anteriores, identificados con la reforma liberal de 1871, habían construido dos tercios de la línea férrea de Puerto Barrios (puerto principal sobre el Atlántico, entonces) a la ciudad de Guatemala, capital de la República. Se habían construido también las obras portuarias requeridas para habilitar Puerto Barrios al tráfico marítimo internacional. APARECE AL UNITED FRUIT COMPANY (UFCO) Ya para entonces, Minor C. Keith había echado las bases para el imperio del banano al fundar, bajo las leyes de New Jersey (1899) la United

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Fruit Company, en la que se fusionaban nueve compañías bananeras del Caribe. 1901 la UFCO obtenía de Estrada Cabrera la concesión exclusiva para el transporte marítimo de correos. Se daban así los pasos iniciales que conducirían al monopolio del comercio marítimo en las zonas del Caribe centroamericano por medio de la gran Flota Blanca, de la propia UFCO. Este contrato no contenía ninguna cláusula sobre establecimiento en Guatemala de plantaciones bananeras. SURGE LA INTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRAL AMÉRICA (IRCA) En 1904, un representante de Keith fue enviado por éste a Guatemala para concluir un contrato con el régimen de Estrada Cabrera. Tuvo éxito completo y celebró un convenio por el cual el gobierno, en consideración de la oferta tic Keith de construir —con título de propiedad a favor de la empresa del mismo Keith— el último tercio de la vía férrea. Puerto BarriosGuatemala, le regalaba los otros dos tercios ya construidos, el muelle de Puerto Barrios, todo el material rodante existente, los almacenes, bodegas del ferrocarril, una faja de playa de una milla de largo y 500 yardas de ancho a cada lado del muelle, 170 mil acres de las mejores tierras agrícolas de la región, a ser escogidas por la empresa de Mr. Keith. La única cláusula beneficiosa (?) para Guatemala en el contrato era que al final de 99 años (o sea 2003 del Señor) la empresa quedaba obligada a venderle (?) al gobierno de Guatemala lo que el gobierno le había regalado, más un tercio de la línea, a un precio que se fijaría por árbitros. Durante la vida del contrato la empresa gozaría, además de la exención de toda clase de impuestos municipales, fiscales y aduaneros, existentes o por crearse... El mismo año de 1904, Minor C. Keith y otros consorcios de la UFCO fundaron en New jersey la Guatemala RAILWAY como sociedad anónima independiente. Esta empresa fue la beneficiaria del contrato celebrado ese año en Guatemala. Más tarde, con el nombre de International Railway Of Central América y prácticamente las de toda Guatemala. Nunca fue realmente independiente, fue controlada por la UFCO para su propio beneficio. Con el tiempo, la IRCA compró a otras compañías concesionarias en Guatemala el Ferrocarril Central y el Ferrocarril del Sur, siéndole traspasadas las concesiones respectivas que entre otros privilegios, incluían algo más de 350 mil acres de tierras agrícolas vírgenes regaladas por el gobierno a aquellas empresas. Una concesión posterior, otorgada en 1923 (cuyo rechazo por el gobierno de 1921, junto con otras prebendas similares, causó su derrocamiento), permitió a la IRCA construir un ramal de ferrocarril a la frontera de El Salvador, siempre como de su exclusiva propiedad, a pesar de que el gobierno de Guatemala le pagaría 7,500

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dólares por kilómetro en calidad de estímulo. En el mismo contrato la IRGA convenía en devolver al Estado H5 mil acres de tierra, y el gobierno reconocía en favor de ésta 1.475,000 dólares; pero eso sí, a cambio de que el gobierno renunciara al derecho de inspección contable de la empresa y a la mitad de las utilidades del ramal... INFILTRACION DE LA UFCO Mientras tanto, durante 20 años (1904 -1924) la UFCO se había infiltrado en Guatemala y había estado operando plantaciones bananeras sin contrato con el gobierno. A base del dominio absoluto que tenía sobre la IRCA hizo que ésta le cediera gratuitamente más de 200 mil acres de los terrenos que el estado le había regalado. Este fue el origen del establecimiento de la UFCO en la zona del Atlántico de Guatemala con su central en Bananera, Izabal. En 1924 la UFCO formalizó, en un contrato con el gobierno dictatorial de José María Orellana, su situación en la zona Atlántica, y obtuvo, de paso, la cesión por 25 años de las márgenes del río Motagua a cambio del transporte marítimo de correspondencia. En 1930 emprende la UFCO la marcha hacia el Pacífico. Una compañía nacional, California-Guatemala Fruit Corporation. había comprado apreciables extensiones de tierras en la zona de Tiquisate, Escuintla, cerca de la costa del Pacífico, y había iniciado el cultivo del banano en gran escala. Como complemento indispensable de su negocio, proyectó, previo permiso del gobierno, la construcción de un puerto sobre el Pacífico, para dar salida a sus productos. Tanto para sus operaciones agrícolas como para la construcción del puerto, esta empresa no solicitó concesión alguna del gobierno. La UFCO tenia planes para la zona y no podía ver con buenos ojos la presencia de una empresa competidora. En convivencia con la dictadura de Jorge Ubico, celebró un contrato (1930) con el gobierno, por el cual obtenía el derecho exclusivo y adquiría la obligación de construir un puerto en el Pacífico, precisamente en el punto donde la otra compañía proyectaba construir el suyo, que era el único lugar adecuado en relación a la zona de sus operaciones. Conociendo de sobra que no podrían luchar ventajosamente contra tan poderosos enemigo (UFCOgobierno), la California-Guatemala Fruit Corporation se sintió obligada a vender a UFCO todas sus propiedades (181,878 acres) e instalaciones por las suma de 269,607.39 dólares. Así se establecía la UFCO en la costa sur de Guatemala, con central en Tiquisate, Escuintla. Adquirió después algunas propiedades adicionales, generalmente a base de extorsión y presión económica, aunque la compra original descrita representaba, aún en 1952, dos tercios del total de sus tierras en la zona del pacífico.

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El contrato de 1930 obligaba a la UFCO a construir el puerto en el plazo máximo de dos años a partir de su fecha y, como todos los de su tipo, negociados con regímenes dictatoriales, incluía un sinnúmero de privilegios, extensiones de impuestos y facilidades gratuitas a favor de la UFCO. Seis años después el puerto aún no existía. La UFCO había consolidado su posición en la zona y sus operaciones bananeras se desarrollaban maravillosamente bien (para ella). Su dominio de la IRCA le aseguraba bajísimo costo del transporte de Puerto Barrios para su banano de Tiquisate. Ya no le interesaba el puerto del pacifico. Entonces el régimen de Ubico, siempre obsecuente, atendiendo los deseos de la UFCO la dispensó por un nuevo contrato (1936), y debido a que la “situación internacional”, de la única obligación que contenía para la empresa el contrato de 1930, la de construir un puerto en el pacífico, desde luego, en este nuevo contrato se ratificaron por un término de 50 años la granjerías que el anterior contrato daba a la compañía. EL MONOPOLIO DE LA ENERGIA ELECTRICA Siguiendo la sugestiones del gobierno de los Estados Unidos, el dictador Estrada Cabrera había expropiado durante la primera guerra mundial los bienes alemanes radicados en Guatemala, entre ellos la Empresa Eléctrica de Guatemala. En 1919 el Departamento de Estado se ocupó con evidente intensidad de presionar directamente al gobierno de Guatemala, para que la empresa mencionada pasara a manos de estadounidenses y para que de ninguna manera fuera a ser vendida a otros extranjeros o nacionales. La Electric Bond y Share tenía interés... y así se hizo. Pero ni siquiera fue tina venta llana y simple, sino que al principio el gobierno de Guatemala tuvo que contentarse en dar la Empresa Eléctrica en arrendamiento a un Mr. Catlin que se había presentado como un enviado común del Departamento de Estado y de la Electric Bond and Share. Algún tiempo después satisfecho en cuanto a las bondades del negocio, Mr. Cartlin compró la empresa eléctrica (valuada en inventario por un millón de dólares) por 400 mil dólares de los cuales pagó finalmente sólo 30) mil dólares, pues el resto le fue dispensado graciosamente (?) por la dictadura... Esta entidad, subsidiaria de la Electric Bond and Share, se quedó operando bajo el nombre de Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EE de GSA) y controlaba el 80% de la energía eléctrica producida en todo el país y el 100% de la producción de la ciudad capital de Guatemala. La compañía al año 1944 afirmaba tener un capital de 12 millones de dólares (o quetzales). Es interesante anotar esto al respecto que los accionista de la empresa nunca tuvieron que aportar un sólo centavo más a la sociedad, fuera de los 300 mil dólares de su inversión original. Asimismo, da un

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idea de la cuantiosas utilidades que hacía esta compañía el hecho de que. al efectuarse la última reorganización social, las acciones preferenciales de 350 dólares había apreciado un 1400%, y fu ron cambiadas por acciones de 50 dólares. LOS MONOPOLIOS BAJO LA REVOLUCION DE OCTUBRE Hasta el día 20 de octubre de 1944, los gobiernos guatemaltecos en manos de dictadores, y las empresas extranjeras asentadas sobre privilegios onerosos para el país, seguía una ruta común de explotación inmisericorde de los recursos de la nación y de absoluto desprecio a los intereses morales y materiales de las grandes mayorías; esos gobiernos y esas empresas eran “compañeros de camino” o, como se dijo durante la administración estadounidense de Eisenhower, “buenos socios...” Aquella fecha marcó el cruce de caminos. La plataforma de dignificación nacional y de liberación económica que sustentaba la Revolución de Octubre, adoptada oficialmente por el estado en ejercicio de la soberanía y dentro de normas justicia y equidad, ineludiblemente tenía que incidir con la posición privilegiada y exclusivista de que gozaban los monopolios extranjeros. En 1944 la UFCO, la IRCA y la EE de GSA, disponían de un poder super estatal. En lo político, el dictador de turno estaba al servicio de sus intereses. En lo económico, poseían y controlaban los elementos estratégicos de la vida nacional: muelles, ferrocarriles, comunicaciones telegráficas y telefónicas internacionales, torres inalámbricas, faros costeros, transportes marítimos, energía eléctrica... Las concesiones de estas empresas y el favor oficial hacía imposible cualquier competencia. Así era como podían darse casos de manifiesto abuso del tipo de los siguientes: La IRCA cargaba al público fletes hasta 20 veces mayores de los que tenía que pagarla UFCO por igual servicio. La empresa ferrocarrilera se resarcía a costa del público de las perdidas que la obligaba a sufrir la UFCO. También resultaban perjudicados los otros accionistas de la IRCA que nunca recibían dividendos (se llevó a cabo por este motivo un juicio Ripley vs. IRCA—UFCO, ante la Corte Suprema del Estado de New York, con el Juez Hammer). Con el control del transporte ferroviario y marítimo, la UFCO fue progresivamente eliminando por estrangulación económica a los exportadores y productores independientes de banano, forzándolos en algunos casos a venderle a cualquier precio sus propiedades, y en otros a someterse a las condiciones que la empresa estipulaba para comprarles su producción. Cuando la coacción lo demandaba la UFCO llegaba a suspender el servicio marítimo y las escalas de sus barcos en puertos de Guatemala como medida de coacción para ganar posiciones. Una subsidiaria

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propiedad de la UFCO, la ‘Tropical Radio & Telegrap Company tenía el monopolio de los servicios radiotelefónicos internacionales. Después de las 20 horas, toda Guatemala. inclusive el gobierno, quedaba privado de comunicación telefónica internacional porque así lo disponía la empresa. La Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., podía imponer a su antojo las tarifas preferenciales, en violación de disposiciones legales que lo prohibían. En resumen, el desarrollo agrícola e industrial del país se hallaba estancado y frenado por cl monopolio que estas empresas tenían de los ferrocarriles, de los puertos, de la energía eléctrica, de las comunicaciones, etc. La promulgación de la Constitución de 1945, del Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social imponía, por primera vez en la historia de Guatemala, un reajuste de las condiciones de operación de las empresas extranjeras. No solamente hubo falta de cooperación de su parte, sino que se resistieron sistemáticamente a encauzarse dentro de la nueva realidad nacional. La libre sindicalización, los pactos colectivos de trabajo, el reajuste equitativo de salarios, y en general, la humanización de las condiciones laborales en la ciudad y en el campo, habían de ser causa de numerosos conflictos que requerían la intervención gubernativa. Con la terminación, en 1944, de la supeditación de los gobernantes a los intereses de las empresas extranjeras, se puso en evidencia una serie de casos en que éstas faltaban al cumplimientos de la obligaciones contraídas. La acción correctiva del gobierno tuvo necesariamente que ejercerse, dando lugar a otra serie de conflictos con las citadas compañías, acostumbradas a violar las leyes y hacer prácticamente lo que les daba la gana. Los siguientes ejemplos ilustran la naturaleza de estos casos: La UFCO ocultaba sistemáticamente la cifra reales de exportación de banano (para defraudar al fisco de Guatemala) y el peso de los racimos (para contabilizar utilidades menores que las reales y defraudar al fisco de los Estados Unidos). No fue hasta 1949 que. merced a estudios que tuvo que hacer el Fondo Monetario Internacional, pudo establecerse el ocultamiento de más de la mitad de las exportaciones anuales y una disminución de cerca de un 30% sobre el peso real, por racimo, del banano exportado. La IRGA cobraba, desde 1913, como agente del gobierno. un impuesto de beneficencia sobre los pasajes que vendía al público. jamás entregó a la Tesorería Nacional un sólo centavo por este concepto. En 1953, el monto que retenía la empresa por este concepto era de 4,056,273.61 quetzales (o dólares). Las concesiones obtenidas de los regímenes tiránicos a base de presiones del Departamento de Estado, no la exoneraron —posiblemente por olvido— de impuesto muy importante: sobre Beneficios de Ausentes. Sin embargo, la empresa no la pagó nunca, adeudando por este concepto al Estado, hasta 1953 inclusive, la suma de 11,989,675.H dólares. La EE de GSA dejaba de cumplir constantemente normas legales que la obligaban en

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materia de tarifas, de seguridad de las instalaciones y de aprovechamiento de aguas. A pesar de todas estas circunstancias, de las dificultades inherentes a la divergencia de posiciones entre los gobiernos revolucionarios y las empresas extranjeras, y de los vicios de inconstitucionalidad y de nulidad de que adolecían sus contratos, la política oficial fue sumamente tolerante, ya que nunca llegó a desconocer o impugnar dichos contratos. En los casos de la IRGA y de la EE de GSA, el Estado tuvo que asignarles interventores en algunas ocasiones, para asegurar la constitucionalidad de servicio públicos en riesgos de suspención por motivo de conflictos laborales. Al proceder así, se protegían tanto los intereses de esa empresa como los de sus trabajadores y los del público. La reacción de las compañías extranjera mencionadas, ante la nueva situación creada por el movimiento democrático iniciado en octubre de 1944, careció de la sensatez necesaria para poder acomodarse a la realidad. No hicieron ningún esfuerzo legal para ajustar su política y sus operaciones al nuevo orden de cosas. Todo lo contrario: canalizaron todas sus energías hacia la anulación del movimiento revolucionario y de todas sus conquistas por medio de la subversión y de la propaganda pagada para difamar a Guatemala dentro y fuera de sus fronteras. De 1944 a 1954 se produjeron 40 intentos subversivos con participación directa o indirecta de esas empresas, predominantemente de la UFGO. La campaña de prensa, intensificada progresivamente, hallo desde 1945 la tónica que, sobre todo en los Estados Unidos podía impresionar a su pueblo —el pueblo mejor mal informado del mundo—en ese entonces profundamente conmovido por la tensión política internacional e influido seriamente por los “señores de la guerra fría “sobre la probabilidad del estallido de una tercera (lucra Mundial... Esta infame propaganda culminó con la etiqueta de “comunista”, que se clavó en la espalda del movimiento nacionalista, así llamo todas y cada una de las actuaciones y conquistas de este movimiento patriótico, y “comunista” éramos según dicha propaganda, todos los hombres que participábamos en él. La política conspirativa y difamatoria de las empresas, en particular la de UFCO, no llegó a constituir hasta 1952 amenaza seria para la subsistencia del movimiento revolucionario, como lo evidencia el fracaso de treinta y tantos conatos de subversión. Sin embargo, en ese año iban a producirse dos hechos, aparentemente inconexos, pero que, conjuntamente, fueron decisivos para que se llegaran a consumar, en 1954, la agresión yanqui contra Guatemala. El primero fue la promulgación de la ley de Reforma Agraría. El segundo a ascensión al poder, en los Estados Unidos, del Partido Republicano, con el general Dwight Eisenhower a la cabeza y con el agrio secretario de Estado John Foster Dulles y su grupo belicista.

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LA REFORMA AGRARIA Y LA UFCO La constitución de 1945 ordenó la realización de la Reforma Agriarla. En 1949 los Estados Unidos habían planteado este asunto como problema mundial de urgente atención. En 1951, las Naciones Unidas publicaban el resultado de sus investigaciones sobre la materia, señalando a Guatemala como uno de los países crique era más necesaria tal Reforma. El Censo Agropecuario levantado en Guatemala en 1950, puso de relieve la pavorosa situación de tenencia de la tierra: El 70.5% estaba en manos del 2.2% de los propietarios. 51 agricultores (menos de un sexto de 1%) poseían el 13.78% de las tierras. Dentro de éstos una sola empresa, United Fruit Company, tenía el 6.38% del total; casi el doble de lo que cultivan 161,501 agricultores (47.33%) con el 3.46% de las tierras1. Exactamente una tercera parte del total de terrenos, propiedad de terratenientes ausentistas, estaba en manos de administradores cuyo número representaba aproximadamente el 1% de total de los agricultores. Si la Revolución de Octubre iba a cumplir con uno de sus objetivos esenciales, como era el de transformar la economía del país en una de tipo capitalista moderno, ineludiblemente tenía que liquidar lo que era la modalidad feudal y colonialista de la explotación de la tierra y terminar con el inhumano sistema de servidumbre que sojuzgaba a cerca de dos tercios de la población, llevando a cabo la Reforma Agraria. Sería, sin duda alpina, el paso más revolucionario y de mayor trascendencia nacional en el país. Meses antes de la promulgación de dicha ley el gran presidente revolucionario e ilustre patriota, coronel Jacobo Arbenz Guzmán me llamó un día a su despacho para comunicarme confidencialmente que había tomado la decisión de promulgar una Ley de Reforma Agraria. que consideraba una medida indispensable de justicia, que permitiera una más equitativa distribución de la tierra. Entre los principales afectados. me dijo, estará la UFCO que posee grandes extensiones de tierra “sin cultivar”, que le fueron regaladas por tiranos antipatriotas a cambio de garantizarles la continuidad del poder... Mi emoción no tenía limite. Ahora sí, le dije, creo que comienza la verdadera Revolución de Octubre. Me dio una copia para que la estudiara y le diera mi opinión cuanto antes. Luego me explico que la aplicación de la próxima ley a la UFCO iba aumentar la tensión entre nuestro país y los Estados Unidos y me preguntó si yo estaría dispuesto a defender los derechos de Guatemala en las propias entrañas del monstruo: en Washington. A mi respuesta afirmativa y jubilosa, siguió mi inmediato nombramiento como embajador plenipotenciario de Guatemala ante los Estados Unidos, ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) 1

“Mensaje Quincenal” de la Dirección de Estadística, Guatemala, Núm. 19.31—7—1951.

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y como presidente de nuestra delegación a las Naciones Unidas para los períodos 1952-1953. 1953-1954, pues el coronel Arbenz deseaba absoluta unidad en los tres cargos. Tan sólo el anunció de que implantarían la Reforma Agraria creó notoria inquietud entre las fuerzas reaccionarias y los grandes latifundistas feudales como la United Fruit Company. Por todos los medios trataron de obstaculizar o desvirtuar la formulación de la ley respectiva. La tildaron de atentatoria contra el derecho de propiedad y desde luego de “comunista”, a pesar de que era indiscutible que, al crear una clase campesina, de propietarios, la Reforma Agraria eliminaría de hecho la formación por su causa de un proletariado del campo. indispensable para la operación del sistema comunista. Contra todos los obstáculos, el gobierno cumplió con el histórico deber de llevar a la realidad aquel acto impostergable de justicia social, imperativo constitucional e importante objetivo de la revolución. El 17 de junio de 1952, el congreso nacional aprobó la iniciativa del Poder Ejecutivo y decretó la ley de Reforma Agraria (Decreto 900). Por su significación y contenido, ameritan transcribirse los siguientes elementos del mencionado decreto: Uno de los objetivos fundamentales de la Revolución de Octubre es la necesidad de realizar un cambio sustancial en las relaciones de propiedad y en las formas de explotación de la tierra como una medida para superar el atraso económico de Guatemala y mejorar sensiblemente el nivel de vida de las grandes masas de la población... la concentración de las tierras en pocas manos, no sólo desvirtúa la función social de la propiedad , si no que produce una desproporción considerable entre los muchos campesinos que no la poseen, no obstante su capacidad para hacerla producir, y unos pocos terratenientes que la poseen en cantidades desmedidas, sin cultivarla en toda su extensión o en proporción que justifique su tenencia... conforme al artículo 90 de la Constitución, el estado reconoce la existencia de la propiedad privada y la garantiza como función social, sin más limitaciones que las determinadas en la ley por motivo de necesidad o utilidad publicas o de interés nacional;... la Reforma Agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan, para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala... Quedan abolidas toda las formas de servidumbre y esclavitud, y por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de las tierras y los repartimientos de indígenas, cualquiera que sea la forma en que subsistan.

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... Son objetivos esenciales que la Reforma Agraria debe realizar: a) De desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general; b) Dotar de tierras a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que no la poseen, o que poseen muy poca; c) Facilitar la inversión de nuevos capitales en la agricultura mediante el arrendamiento capitalista de la tierra nacionalizada; d) Introducir nuevas formas de cultivo, dotando, en especial, a los campesinos menos pudientes, con ganado de laboreo, fertilizantes, semillas y asistencia técnicas necesarias; y e) incrementar el crédito agrícola para todos los campesino y agricultores capitalistas en general. ... El departamento Agrario Nacional también podrá otorgar en propiedad parcelas a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas. hasta extenciones no mayor de 17,468,460, hectáreas, equivalentes a 25 manzanas (44.3 acres), pero en este caso la expropiación se hará en favor de los beneficiados y no en beneficio de la nación ... La expropiación a que se refiere la presente ley de interés social se consumará previa indemnización, cuyo importe será cubierto con Bonos de la Reforma Agraria redimibles en la forma que determine la ley ... El monto de la indemnización se fijara con base en la declaración de la matrícula fiscal de bienes rústicos, tal como se encuentre al 9 de mayo de 1952, y se pagara proporcionalmente a la extensión de tierra expropiada... La Reforma Agraria afectaba únicamente las tierras ociosas, con la exclusión de propiedades menores de 270,754,086 hectáreas (384 manzanas o 680 acres) que estuvieran cultivadas en sus dos terceras partes o más y de propiedades menores de 90.251,362 hectáreas (128 manzanas o 226.7 acres) en cualquier estado que se hallaran. El mayor terrateniente del país, la United Fruit Company tenía la mayor extensión de tierras ociosas, en toda la república, cerca de 400 mil acres (aproximadamente una 175 mil hectáreas), que nunca habían sido cultivadas, substraídas al esfuerzo de la producción nacional. Antes de explicar los problemas que confrontó el gobierno revolucionario del coronel Jacobo Arbenz Guzmán con motivo de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria a nacionales y extranjeros, se impone recordar el panorama existente en esa época en el campo internacional, para una mejor compresión de la lucha desigual a la que tuvo que enfrentarse. PRESENCIA Y OCASO DE LA “BUENA VECINDAD” No se debe olvidar que cuando se produjo en Guatemala la Revolución de Octubre (1944). desangraba el mundo la segunda Guerra. Dentro de los horrores de la tragedia, cl Presidente Franklin Delano Roosevelt, había usado una táctica política que, a través del tiempo transcurrido, se

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descubre que fue una estrategia más del mañoso imperialismo: con sus solemnes promesas había llenado de esperanza a los pueblos de la Tierra: esperanzas de fraternidad universal, de libertad de opresión, miseria y temor; de que particularmente en este hemisferio “no habría naciones de primera y segunda dase”, sino que todas serían iguales. En una palabra, ofrecía cumplir con los principios esenciales del derecho internacional que han adquirido carta de naturaleza en múltiples tratados, instrumentos jurídicos y convenciones sobre la igualdad jurídica de los Estados. Aunque en el fondo estas declaraciones no fueran a cumplirse nunca, la mayoría de los países, de buena fe, tomában las como una esperanza y una promesa de posibles y positivos cambios. En realidad tales esperanzas caían en el plano de la ingenuidad. La experiencia nos a demostrado que la acción del imperialismo es una, aún al margen del partido que ocupe el poder de los Estados Unidos. La política bipartidista en que se basa el sistema de esa nación, hace cómplices a republicanos y a demócratas de todas iniquidades y atropellos que han cometido y siguen realizando en tantas partes del mundo, y en especial contra nuestra naciones. Podría resumirse esa política bipartidistas en el refrán popular de “tan malo el pinto como el colorado...” Fue el gobierno del Presidente Roosevelt uno de los primeros en reconocer la Junta Revolucionaria de Gobierno, y es posible que por las ingentes ocupaciones que por la conflagración mundial que absorbían todo su tiempo, la Revolución de Octubre haya podido sobrevivir y superar los constantes embates que desde el primer día se pusieron en movimiento para destruirla. Durante la administración de ‘Rutilan empezó a diluirse la afectiva “Buena Vecindad”, Rooseveltiana. El Partido Republicano había recuperado ascendiente en el Congreso de los Estados Unidos y obstaculizaba la obra del ejecutivo. Ganaron terreno los “Grupos depresión”, dueños de congresistas y manipuladores de influencias. El famoso punto de IV, se convirtió en arma de regateo para conseguir alianza. Fieles a su sistema político, era bipartidista la formulación de la política de internacional (John Fotster Dulles fungía entonces como consejero de el Departamento de Estado, redactaba tratados e intervenía en numerosos aspectos en la política exterior). Sin embargo. la actuación del secretario de estado Dean Acheson llegó a verse mediatizada por la enconada c injusta campaña enderezada contra él por sectores del Partido Republicano. Aún más: El propio presidente Truman se enfrentaba a una violenta oposición del Poder Legislativo en la lucha que, con un gran paralelismo con la que la Revolución de Octubre llevaba a cabo en Guatemala, había emprendido contra el monopolio de Energía Eléctrica en los Estados Unidos y contra el cartel petrolero internacional. También, como iba a suceder en Guatemala, llegaría el momento en que el Partido Republicano lograría nulificar

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radicalmente la acción antimonopolista del presidente Truman. y que unto su administración como la de Franklin Delano Roosevelt recibieron la etiqueta de “Comunistas” Elementos destacados del Partido Republicano se referían a estas dos administraciones demócratas como las de los “ Veinte Años de Traición”, y Mr. Dulles la llamaría la “Era de Stalin”... En 1947, un amigo del Presidente Truman, Richard C. Patterson, fungía como embajador de los Estados Unido de Guatemala. De temperamento despótico y arbitrario pronto se identificó con la UFCO y con la reacción nacional. En su insolencia de clásico yanqui, llegó en una ocasión a decirle en una entrevista al presidente Arévalo: “A mí no me gustan los funcionarios Zutano y Mengano, y vengo a pedirle que los destituya”. Inmediatamente fue declarado persona no grata. Aunque el Departamento de Estado bajo Acheson llegó a impresionarse por la propaganda adversa que efectuaba la UFCO contra Guatemala, las relaciones se mantuvieron en un plan correcto, si bien tibio. Ya desde 1949 no se autorizaba la venta de equipo militar a Guatemala, aduciendo el Departamento de Estado que esta restricción obedecía la Ley de Ayuda Mutua para la defensa (Ley Pública 621), en cuanto prescribía que antes de autorizar la venta o traspaso de material bélico, el gobierno de los Estados Unidos debe asegurarse de que el otro país participa con aquél en un convenio regional y defensa colectiva. Guatemala no tenía convenio bilateral de defensa con los Estados Unidos, ni formaba parte, ni quiso hacerlo durante la década revolucionaria del llamado Tratado del Río. Cuando el 17 de junio de 1952 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Reforma Agraria, yo me hallaba en Washington y presenté mis canas credenciales al presidente Harry Truman. Mis entrevistas con él y otros funcionarios del Departamento de Estado, fueron aún cordiales; las tierras de la UFCO aún no habían sido expropiadas... En enero de 1953 la administración de los Estados Unidos sufrió un cambio que resultó catastrófico para toda América Latina. Los pueblos se estremecieron ante el temido ascenso del Partido Republicano símbolo de la “mala vecindad”, expresada, para agravio de América, en múltiples atropellos e intervenciones constantes, sintetizada en la política de big stick y en la “Diplomacia del Dólar”, característica de la acción de procaz y obscena del imperialismo. La cabeza visible de la nueva administración republicana fueron: el presidente general Dwight Eisenhower, el viceprecidente Richard Nixon; el secretario de estado John Foster Dulles y el jefe de la CIA, su hermano Allan Dulles. Los dos poderosos hermanos Dulles era miembro de las firmas de abogados Sullivan y Cronwell, de New York, apoderados de la United Fruit Company desde hacía muchísimos años. El propio John Foster Dulles había redactado los contratos de 1930 y 1936 entre la UFCO y el régimen de Ubico. A la subsecretaría de asuntos interamericanos, fue

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nombrado John Moore Cabot. Como jefe de la delegación permanente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, fue designado su primo Henry Cabot Lodge ambos miembros de los Cabot, de Boston, donde está la sede del imperio del banano, y la familia Cabot ha estado desde hace muchísimo tiempo ligado íntimamente a los intereses de la UFCO. En Boston hay un dicho popular a propósito de estas familias: “los Lodge sólo le hablan a los Cabot, y los Cabot sólo a Dios...” A este respecto no era para nosotros un enigma preguntarnos a quién le hablarían ahora los Cabot Lodge; naturalmente, a la UFCO... Frente a semejante equipo, “Dios los cría y el diablo los junta...” era muy difícil para la revolución guatemalteca llenar sus patrióticos objetivos nacionalistas que estaban empeñados en realizar; el acrecentamiento y el respeto absoluto de las libertades democráticas; la elevación del nivel de la vida de los guatemaltecos mediante la transformación de una economía semifeudal y semicolonial en una moderna economía capitalista: y llevar adelante la defensa de la soberanía y la independencia nacionales. Sin embargo, Guatemala no se arredró y puso en marcha su acción revolucionaria. EXPROPIACION DE LA UFCO Era inevitable que la aplicación de la Reforma Agraria afectara la UFCO así como a los demás latifundistas, nacionales y extranjeros sin discriminación alguna para nadie. En marzo de 1953 se expropiaron a la UFCO en la zona del Pacífico (Tiquisate), 219,159.96 acres de tierras ociosas (incultas) pagándosele en compensación 627,572.82 quetzales (o dólares) en bonos de la Reforma Agraria. En febrero de 1954 se expropiaron a la misma compañía 173,790.47 acres, también de tierras incultas, en las zonas del Atlántico (bananera), pagándosele en compensación en bonos de la Reforma Agraria 557,542.88 quetzales (o dólares). Total de lo expropiado 392,950.42 acres; total pagado, en bonos de Reforma Agraria; 1,185,115.70 quetzales (o dólares). Teniendo presente que el estado de la tierras expropiadas de la UFCO era el de tierras incultas, no mejoradas desde su adquisición, razonable admitir que su valor en inventario era más o menos similar para la UFCO a lo que le había costado originalmente. Corno se ha descrito antes, en la zona del Pacífico la compañía pagó por 181,878 acres (en lo que sí se incluían mejoras y edificios), la suma de 269,607 39 dólares, o sea un promedio aproximado por acre de 1.48 dólares. La compensación pagada por el gobierno de Guatemala alcanzó el doble: 2.86 quetzales (o dólares) por acre. Respecto a lo expropiado en al zona del Atlántico (Bananera), la compensación que le pagó el gobierno e mucho más elocuente: la UFCO

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obtuvo regaladas esas posesiones. es decir gratis, sin embargo el gobierno, en aplicación de la compensación ordenada por la Reforma Agraria, le pagó aproximadamente Q.3.21 quetzales (o dólares) por acre, reincorporando así al patrimonio nacional esas tierras que un gobierno antipatriótico le había regalado a la UFCO años atrás. ¿En qué se basó el gobierno para pagar tan buenos precios por sus tierras a la UFCO?. Sencillamente acató las disposiciones de la Ley de Reforma Agraria, que prescribía que debía palparse en compensación por tierras ociosas expropiadas el mismo valor en que las propiedades estuvieran declaradas por sus dueños para el pago del impuesto territorial (del 3 por millar anual). Conviene tomar muy en cuenta que las declaraciones mencionadas eran hechas por los causantes del impuesto. a su árbitro: eran ellos quienes fijaban el valor declarado de sus bienes. Debe considerarse entonces que la compensación prevista por la ley de Reforma Agraria sobre esta base, era equitativa y que si en algunos casos el declararme había declarado su propiedad a un valor interior al real, necesariamente lo había hecho con intenciones dolosas, y había defraudado al fisco desde la fecha de tal declaración del valor. Así, en estos casos, y sin que se hubiera previsto expresamente, la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, resultaba una justiciera sanción. El Departamento de Estado, 21 días después de la primera expropiación de la UFCO, elevaba su protesta (25 de marzo de 1953), ante el gobierno de Guatemala. Decían entre otras cosas que “Que el gobierno de los Estados Unidos veía con preocupación la manera en que la Ley de la Reforma Agraria de Guatemala a sido aplicada a las propiedades de la United Fruit Company en Guatemala”, y de modo negativo expresaba la duda del gobierno estadounidense sobre las intenciones del gobierno guatemalteco al aplicar dicha ley “en tal firma que haga imposible la continuación de las operaciones de la United Fruit Company” El gobierno de Guatemala tenía que dar una respuesta inmediata a la representación hecha por el gobierno de los Estados Unidos, donde dejara inequivocamente planteada, de una vez por todas, su clara y decidida posición. En mi calidad de embajador ante la Casa Blanca y en nombre del gobierno de Guatemala, 26 de junio de 1953 di en esa oportunidad explicaciones satisfactorias sobre el asunto, en los siguientes términos: Pro-memoria de la embajada de Guatemala en los listados Unidos el Departamento de Estado, 26 de junio de 195.3. En relación con la exposición del 25 de marzo del corriente año del secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, respecto a la aplicación de la ley de Reforma Agraria en el caso de la Compañía Agrícola de

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Guatemala (Empresa a la que indudablemente desea referirse el secretario de Estado adjunto, cuando menciona en su exposición a la United Fruit Company, de la que es beneficiario un grupo numeroso de ciudadanos estadounidenses) el embajador de Guatemala manifiesta que: El gobierno de Guatemala deplora el hecho de la aplicación de una ley de carácter general en el territorio de la república —como lo es la Ley de Reforma Agraria (decreto 900 del Congreso de la República) — haya sido objeto de preocupación para el gobierno de los Estados Unidos, por la circunstancia de que en las tierras ociosas, afectadas por dicha ley, se encuentren las que poseían en esa forma en la zona de Tiquisate, la compañía agrícola de Guatemala. Sin embargo tiene la confianza que tal preocupación, no ha de subsistir una vez se examine más amplia y objetivamente la situación, con este propósito informativo, y con el más alto y amistoso espíritu, se hacen las siguientes observaciones: La ley de Reforma Agraria (decreto 900 del Congreso de la República) es una ley de carácter general, aplicado por igual a personas naturales o jurídicas —Nacionales o extranjeras— que posean bienes rurales en el territorio nacional. Su aplicación constituye un acto de indeclinable soberanía, por lo cual el gobierno de Guatemala no podría considerar ahora, ni en el futuro, la posibilidad de convenir ese asunto en materia de discusión nacional. Las tenencias de la compañía agrícola de Guatemala en la zona de Tiquisate que afectó la Ley de Reforma Agraria, eran tierras improductivas y ociosas que no reportaba ningún beneficio real a la compañía ni a sus accionistas. En contraste, ese estado de permanente improductividad estaba causando hondo perjuicio al pueblo y a la economía nacional al impedir que la explotación provechosa de esas tierras contribuyeran al incremento de la producción y a la elevación del nivel de vida y de los guatemaltecos. La Ley de Reforma Agraria se está aplicando en Guatemala sin discriminación de ninguna especie, tanto a nacionales como a extranjeros. Los guatemaltecos están cumpliendo con las entregas de sus tierras afectables, y los extranjeros deben sujetarse en igual forma a las disposiciones del Decreto 900, así como a todas las otras leyes del país. El gobierno de conformidad con la legislación vigente, esta en la imposibilidad de hacer excepciones en esta materia en favor de personas o entidad alguna, nacional o extrajera. La ley de Reforma agraria se seguirá aplicando en Guatemala con este mismo criterio, que es el único legal y equitativo, para establecer la afectabilidad de las tierras, su expropiación y forma de pago, tal como lo dispone el decreto 900 del Congreso de la República. 2

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En 1950 me hice propietario de una finca (hacienda) en formación, de caña y ganado, llamada “torotolita” y como no tenía cultivada toda su extensión, aún siendo el Embajador de Washington me expropiaron más de la tercera parte y se la entregaron a los campesinos, en aplicación de la Reforma Agraria, medida con la cual estuve totalmente de acuerdo.

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Por las razones precedentes, el gobierno de Guatemala, no está en posibilidad de hacer discriminación en favor de las compañías agrícolas de Guatemala en cuanto a la firma de pago prescrita en el referido decreto 900. El gobierno de Guatemala estima que no podría discutir a fondo en esta ocasión las incidencias de problemas técnico-agrícolas como el del “mal de Panamá”, tanto por que esto requeriría el previo concurso de técnicos caracterizados, como por que el asunto es ajeno a la materia, espíritu y finalidades de la ley de Reforma Agraria. En realidad, esta hubiera resultado inoperante si hubiera pretendido prever y cubrir contingencias de esa naturaleza no sólo en lo que respecta al cultivo del banano, sino —como hubiera sido ineludible— en lo que se relaciona con el cultivo del café; caña, algodón, trigo y demás productos agrícolas nacionales. La compañía agrícola de Guatemala se encuentra en igual o mejor situación que los demás agricultores nacionales —inclusive los beneficiarios de la Reforma Agraria— en cuanto a las consecuencias indirectas que en esta materia —contingencias y riesgos de cultivos—pudieran derivarse de la aplicación de la ley. Con referencia especifica al problema del “mal de Panamá”, conviene tener presente que es sabido que ya se han puesto en práctica procedimientos eficaces para controlar su propagación y aún para erradicar la enfermedad, de manera que esta no tiene al presente la naturaleza y proporciones señaladas en la exposición del secretario de Estado adjunto. La hipótesis de que ase mal se intensificará, tampoco podría justificar el mantenimiento de tierras ociosas por más de 22 años, como es el caso de las tierras legítimamente expropiadas a la Compañía Agrícola de Guatemala. En conclusión, la Compañía Agrícola de Guatemala conserva en su poder extensiones razonablemente suficientes para continuar con provecho sus actividades agrícolas, aumentar sus cultivos y rotar tierras en caso o en previsión de enfermedades, sin que pueda vislumbrar en este sentido peligro alguno para la continuación de sus operaciones ni para el desarrollo lógico económico —y suficiente— de sus negocios. Es la intención del gobierno de Guatemala al aplicar la ley de la Reforma Agraria; que todo el pueblo reciba, entre otros muchos beneficios, los que se derivan del aumento de la producción agrícola y de la consiguiente elevación del nivel de vida, y que, a! realizarse una más justa distribución de la tierra laborable, cumpla esta ron la función social que exige de la propiedad la Constitución de la república. La política del gobierno de Guatemala en esta materia -efectividad de la fruían social de la propiedad, aumento de la producción y elevación del nivel de vida de la población—coincide en un todo con la política declarada de las Naciones Unidas en lo que atañe al problema de países de economía insuficientemente desarrollada. Reconoce esa política de las Naciones Unidas de la necesidad de estimular a los países insuficientemente desarrollados en el debido aprovechamiento y explotación de sus riquezas y recursos naturales: proclama

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que el desarrollo económico de esos mismos países constituye uno de los requisitos fundamentales para el fortalecimiento de la paz universal, y afirma que el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y a explotarlos, es inherente a su soberanía y conforme con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. La resolución 639 (VII), de 21 de diciembre de 1952, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, al mismo tiempo que reafirma estos postulados esenciales, recomienda “a todos los estados miembros que se abstengan de adoptar medidas directas e indirectas para impedir que cualquier Estado ejerza su soberanía sobre sus recursos naturales”. Al recordar estas disposiciones en las Naciones Unidas, el gobierno de Guatemala a tomado muy en cuenta otro párrafo de la misma resolución en que se recomienda a los estados que, siempre que consideren conveniente para su progreso y su desarrollo económico ejercer el derecho a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales y explotarlos “tengan debidamente en cuenta, en b ruma compatible con su soberanía, la necesidad de mantener tanto la afluencia de capital en condiciones de seguridad, como la confianza mutua y la cooperación económica entre las naciones. El gobierno de Guatemala brinda ampliamente la garantía y la protección de las leyes a las compañías inversionistas extranjeras que operan o deseen operar dentro del territorio nacional siempre que a su vez presten real e irrestricta observancia a dichas leyes nacionales. Reconoce el gobierno de Guatemala a este respecto que, desafortunadamente, Ira cundido en el exterior una impresión equivocada y desfavorable de su actitud; pero tiene pruebas fehacientes de que esta impresión ha sido creada deliberadamente por medio de una campaña sistemática llevada a cabo por intereses privilegiados que persisten en conservar friera de la realidad actual, su estructura colonial. El gobierno de Guatemala abriga la esperanza de que la consideración de los puntos arriba expuestos permite al gobierno de los Estados Unidos clarificar su criterio, apreciando debidamente la legitimidad en la conducta del gobierno de Guatemala al expropiar tierras de la Compañía Agrícola de Guatemala y pagarle en bonos la indemnización correspondiente, como un acto de plena soberanía nacional enteramente conforme a la Constitución de la República y demás leyes vigentes en el país. Es preciso aclarar que la indemnización por esas tierras expropiadas se ha fiado con entera justicia, ya que se hizo por momo en que la propia compañía ha estimado el valor de sus propiedades mediante la declaración fiscal hecha de manera voluntaria y unilateral para el propietario, y aceptada por el Estado, no sería justo ni legal que el estado diera a tales propiedades una estimación superior a la que la propia compañía les ha dado, y que ha servido de base para el pago de los impuestos fiscales. De lo contrario, habría que admitir que ha habido un fraude al fisco guatemalteco por parte de la compañía.

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Finalmente, el gobierno de Guatemala, al interpretar y aplicar la legislación nacional, no tiene ni ha tenido la intención de tomar medida discriminatoria alguna que haga imposible la continuación de operaciones en Guatemala de cualquier compañía extranjera o de cualquier otra empresa comercial o agrícola. Washington D.C., 26 de junio de 1953. Núm. 596. Cuando a la mañana de otro día me presenté en la oficina del secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, John Moors Cabot, en el edificio del Departamento de Estado, lo encontré acompañado de uno de sus más agresivos colaboradores. Thomas Mann. Cabot me había pedido asistir para cambiar impresiones sobre el problema de la UFCO. Después de los saludos de rigor, la conversación giró, por parte de él, sobre los elementos esenciales expuestos por mí en la Pro—memoria transcrita. En un momento dado. el impulsivo Mann perdió la paciencia y comenzó a hablar casi a gritos sobre “la improcedencia de la actitud del gobierno guatemalteco contra la UFCO”. En una ocasión dio un puñetazo en el brazo de la silla, momento que aproveché para llamarle la atención por su impertinencia y dar por terminada la entrevista. Cabot intervino para que no fuera así y Mann se disculpó, pero ya no había más que hablar esa vez. A pesar de la inequívoca claridad con que el gobierno de Guatemala dejó fijada su posición frente las gestiones del Departamento de Estado en pro de la United Fruit Company, el departamento insistió en llevar al plano internacional la discusión de un asunto de la exclusiva jurisdicción interna de Guatemala. Finalmente, el 20 de abril de 1953, el Departamento de Estado, en nombre de la UFCO presentó reclamación formal contra el gobierno de Guatemala por la expropiación (que ya había sido pagada) de la tierra de esa compañía en la zona del Pacífico (Tiquisate), por la cantidad de (15,854,849 millones de dólares). Aunque lo hubiera querido, el gobierno de Guatemala se hallaba en la imposibilidad de entrar siquiera a considerar la desorbitada reclamación de la UFCO, porque la posición adoptada desde un principio no era caprichosa, si no que estaba determinada por imperativos de orden legal. En tal virtud, el gobierno se vio obligado a rechazar (24 de mayo de 1954) terminantemente la infundada reclamación de la UFCO, presentada por el Departamento de Estado. Oportunamente se comprobará el impacto que causó en los personeros de la UFCO la justa y firme posición de Guatemala al extremo de que pocos días después de haberla recibido desencadenaron la agresión armada.

CAPITULO XXXIII EFECTOS DE LA CRISIS EN GUATEMALA (1929-1933 ) Mayra Valladares

En este capítulo se hará un análisis de los efectos económicos, políticos y sociales que la crisis capitalista de 1929-1933 produjo en Guatemala y de las medidas tomad-as por el gobierno ubiquista que, a pesar de ser una prolongación de los gobiernos liberales desde 1871, tuvo sus propias características. La estructura agraria guatemalteca en 1929 es resultado de los procesos de concentración agraria iniciados desde el siglo XVI y reforzados por el violento proceso de concentración de la tierra llevada a cabo por los regímenes liberales desde 1871 hasta 1920, respondiendo a los intereses de la oligarquía agroexportadora que va a radicalizar las diferencias económicas entre los grandes latifundistas y los que tienen tierras en poca proporción. De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el censo de 1950, la tierra en Guatemala se encuentra distribuida así: El 2.1% de propietarios poseen el 72.2% de la tierra, en tanto que el 97.9% posee nada más el 27.8% de ésta. El 2.1% de propietarios poseen fincas de diferentes proporciones que van de 1 a 200 caballerías, distribuidas así: de 1 a 10 caballerías 6,488 fincas de 10 a 20 caballerías 569 fincas

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Constituyendo el 31.4% de la tierra: de 20 a 50 caballerías 358 tincas de 50 a 100 caballerías 104 fincas de 100 a 200 caballerías 32 fincas de 200 a más caballerías 22 fincas O sea que 516 fincas poseen el 40.8%de la tierra. Estos propietarios utilizan entre el 35% y 40% de ésta, y orientan su producción hacia la exportación, controlando casi el 95% de la misma. En el extremo opuesto se sitúan las micro—parcelas (76.2% propietarios) y los pequeños propietarios (21.7%) quc juntos poseen el 27.8% de la tierra, utilizan los primeros el 100% de sus propiedades agrarias y los segundos entre el 50% y 80% de la tierra. Ambos orientan su producción fundamentalmente al consumo interno. Con estas estadísticas presentadas, sobresale el hecho en la desigual distribución de la tierra, en donde radica fundamentalmente el poder económico de la oligarquía terrateniente que logra detentar el poder hasta mediados de este siglo (XX), regidos por los principios planteados en la reforma liberal. El hecho de que la economía de Guatemala depende de la venta del café al mercado externo, la crisis económica a nivel mundial tuvo fuertes repercusiones internas que se hicieron sentir en el último año de gobierno de Chacón y durante todo el período de Ubico. La crisis económica hizo tambalear el sistema y éste logra sobrevivir gracias a la implantación de una férrea dictadura, con Ubico a la cabeza. Guatemala atraviesa la primera crisis cafetalera en 1897, al bajar los precios del café en el mercado mundial por la gran producción de café brasileño. que aumentó en más del 50% su cosecha exportable e hizo que el precio del café estuviera a menos de la mitad del nivel que prevalecía en 1890. “Como consecuencia de la crisis la composición interna de la oligarquía cafetalera varió un tanto, ya que muchas fincas rayeron en manos de acreedores extranjeros que con el tiempo se convinieron en los famosos cafetaleros alemanes instalados en el país”. Al rededor de 1913, los alemanes poseían 170 fincas, en comparación de las 1657 fincas cafetaleras que están en manos de la oligarquía agroexportadora. Las primeras eran las más grandes y desarrolladas, producían 358 mil quintales de café frente a 525 mil quintales que en total producían las fincas guatemaltecas. En esto se puede ver que con 3

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Figueroa Ibarra, Carlos: El Proletariado Rural en el Agro Guatemalteco Editorial Universitaria de Guatemala. Vol. 9 1980. Pág. 72.

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sólo el 10% de las finca, los alemanes producían casi dos tercios de lo que producían los guatemaltecos. En 1909 se normalizan las exportaciones, sin embargo, a pesar de la penosa situación atravesada, la oligarquía agroexportadora no aprovecha la época de bonanza para introducir cambios en la estructura económica, al contrario, se da la tendencia de consumir y atesorar. Los altos precios del café no significaron elevar el nivel de vida del productor directo, ni modernización de instalaciones ni aumento de la actividad comercial. Los grupos liberales impulsores del progreso económico 50 años después de la toma del poder político se convierten paulatinamente en obstáculos del desarrollo. Para las elecciones de Presidente en 1926, en sustitución de José María Orellana, aparecen dos candidatos: Lázaro Chacón , apoyado por el Partido Liberal que había mantenido la hegemonía política desde 1871 y Jorge Ubico, apoyado por el Partido Progresista, que participaba por primera vez en política, que representaba una fracción de la clase dominante, surgida en el seno de la Asamblea Legislativa que rechazaba la permanencia en el gobierno de ciertas persona que se habían enriquecido a través de medios ilícitos. Su plataforma política se basaba en el “Compromiso de laborar dentro del campo del derecho para obtener la inmediata reforma de nuestra constitución, el imperio de la justicia y la honradez administrativa”.4 A pesar que esta última candidatura representaba una alternativa salvadora, ya que los últimos gobiernos liberales estaban muy desacreditados por su corrupción administrativa, “miles y miles de votos aparecían en los tableros anunciando el sufragio. En los departamentos parecían multiplicarse los habitantes sólo con el objeto de dar un voto por el ajo- aunado miliciano”.5 o sea que hubo más votos que personas registradas en las diferentes regiones del país, lo que permitió el triunfo del candidato oficial, quien toma posesión el 5 de diciembre de 1926. Los primeros años del gobierno de Chacón se distinguieron por su tolerancia, no se registraron casos de desterrados, ni persecuciones políticas, se respetó la libertad de imprenta. Cumpliendo con uno de los puntos de su programa de gobierno, en el cual estipulaba reformas a la constitución, disuelve a la Asamblea Legislativa el 31 de mayo de 1927, reasumiendo sus funciones en diciembre del mismo año. Durante el gobierno de Chacón se realizarán importantes contratos con compañías norteamericanas, buscando el respaldo económico y político 4 5

Martínez Nolasco, G.: El movimiento armado de diciembre. Tipografía Nacional. 1932. Pág. 16. Martínez Nolasco, G. Pág. 16.

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de estos grandes consorcios norteamericanos, como lo era la UFCO. La Asamblea Constituyente aprueba el 2 de mayo de 1927, a través del Decreto N° 1499 el contrato que había celebrado el Ejecutivo y la UFCO el 17 de noviembre de 1924, por medio del cual se arrendaban a dicha compañía por el período de 25 años, los terrenos situados a cada margen del río Motagua, desde la desembocadura hasta el puente El Rico (Lo Amates) a cambio de $ 14,000 anuales, y $ 12.00 por cada árbol de caoba o cedro que corte al hacer el desmonte. Además se le da derecho a construir línea de ferrocarril para sus operaciones agrícolas y la construcción del puerto en el Golfo de Amatique para facilidad de exportar los productos agrícolas. El 20 de febrero de 1928, el gobierno autoriza a operar en el país a la Compañía Agrícola de Guatemala, subsidiaria de la UFCO, para que realice negocios en el país, “el 24 de mayo de 1930, la Compañía se obliga a construir un puerto en el Pacífico con capacidad de recibir dos embarcaciones y la construcción de vía férrea para conectarlo con la de la IRCA, dotarlo de un faro y una estación inalámbrica, sanearlo, construir una escuela y otras cosas más. Este contrato tendrá una duración de 50 años al cabo de los cuales queda a favor de la República el puerto con todas sus mejoras materiales”. El gobierno va a ser uno de los principales interesados en la construcción de este puerto y a través de publicaciones en la prensa justifica el contrato aduciendo que, debido a la crisis del café, muchos agricultores se dedicaban a la producción del banano, sobre todo en la costa, sufriendo grandes inconvenientes, debido a las malas instalaciones del Puerto de San José, por los que un nuevo puerto, con instalaciones modernas favorecería a numerosas personas. Este contrato permitió que la UFCO extendiera sus plantaciones de banano en la costa sur, sobre todo en Tiquisate (Concepción la Grande). Chacón realizó su gestión gubernativa sin mayor problema hasta enero de 1929, año en que aflorara el malestar por la mediocre y corrupta administración. Primero se da un atentado contra la vida del General Chacón, al descubrir en Tierra Colorada, ubicada a pocos kilómetros de la capital y Amatitlán, bombas con carga de dinamita que hubieran estallado al paso de éste. Sin embargo, fueron descubiertas a tiempo, sin causar ningún percance. Los autores de este atentado quedaron en el anonimato, aunque fue un pretexto para la policía realizar una serie de pesquisas a personas no gratas al gobierno. “Al no darse con los efectivos autores, la perspicacia de la gente llegó a creer que se trataba de una máquina infernal falsa. Es, decían 6

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Leyes de Guatemala, Tomo 46 1927-1928. Piedra Santa Arandi, Rafael. Op. cit. Pág. 144. Este contrato será aprobado por la Asamblea Legislativa el 30 de mayo de 1931, a través del Decreto N° 1736, durante el gobierno de Ubico.

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los escamados guatemaltecos, una bomba hecha por el mismo gobierno para salir de personas quc le vienen haciendo una labor de zapa” En el mismo mes de enero un grupo de oficiales del ejército, Jefes Políticos de algunos Departamentos se levantaron en armas en oposición de su gobierno, “se asegura que casi todos los jefes militares de los sectores de Occidente y del Norte se encontraban de acuerdo a fin de terminar con el gobierno de Chatón”. “Se declara en píc de guerra a los Departamentos de Retalhuleu, Quezaltenango, Suchitepéquez, San Marcos, Totonicapán, Guatemala, Amatilán y Escuintla, lugares donde actúa un grupo revolucionario que atenta contra la paz y el orden del país”. Al jefe político de Quezaltenango, Marciano Casado, el Jefe político de Mazatenango, Fernando Morales y el Jefe de la Comandancia de Armas Baudilio Santos, se les señala como los dirigentes del movimiento que perseguía su manifiesto “terminar con los robos de la administración y que esto sólo puede obtenerse en virtud de una revolución”. En Quezaltenango se concentró el Cuartel General de la revuelta que se extendió a la torna de las guarniciones de Mazatenango y Retalhuleu. El gobierno toma medidas para contrarrestar este movimiento insurreccional, formando contingentes con las llamadas “fuerzas de expedición” que estaban formadas por campesinos traídos del Oriente; sobre todo de Santa Rosa, Zacapa y Chiquimula. Sin embargo, este movimiento fue fácilmente disuelto, alguno de los rebeldes fueron capturados, juzgados y fusilados y otros salen al exilio. El gobierno al tratar de encubrir la verdadera causa de la rebelión de los militares, y guardar “su imagen”, lo van a referir como un incidente entre el Occidente y el Oriente del país. A pesar de que la crisis mundial que se inicia en 1929, ésta se hace sentir en Guatemala hasta en 1930, la cual se pone de manifiesto por la estrecha relación que existe en la economía del país y las grandes potencias capitalistas compradoras de nuestro único producto de exportación. De acuerdo a las estadísticas de exportación, en 1929 y 1930 se vendió, tanto como se produjo, sin embargo, se vislumbran períodos críticos a corto plazo por la rebaja de capital extranjero invertido, la disminución de la demanda del café y el descenso persistente de precio del mismo. Este problema no solamente se va afrontar en Guatemala, si no también en otros países sudamericanos, como Brasil y Colombia, países rivales en cuanto encontrar mercado a las cuantiosas cosechas de café. En septiembre de 1930 se realiza una Conferencia Panamericana de Agricultura, en la que el representante 9

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Nolasco. Op. cit. Pág. 52. Diario de Centro América del 18 de enero de 1929. Martínez Nolasco. Op. cit. Pág. 55.

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brasileño Machado, propone la reducción de la producción del café por medio de un convenio internacional para limitar las exportaciones de cada país, tomado como base la producción reciente e impedir de esta manera que el precio del café baje demasiado.12 Sin embargo, estos países vendieron el café a precios más bajos afectando, por tanto, la venta de nuestro producto. El gobierno realizará gestiones de diferente clase para tratar de reducir los efectos de la crisis y la rebaja de los precios del café, corno solicitar una rebaja en el flete en las exportaciones a las compañías de vapores que operan en el país, obteniéndola por 25 centavos oro por quintal exportado. Así también a través de los Consulados Generales se promovió el consumo del café en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, al inaugurar la llamada “hora del Café” (a las 4:00 de la tarde). Las diferentes compañías de vapores adoptaron tal iniciativa, que sirvió de propaganda para nuestro producto. Por otra parte, existía el criterio que aún en menoscabo de la producción por la baja del precio del café, se debe aumentar o sostener la “buena calidad” del mismo, se habla de “aristocratizarlo” y exaltar su calidad a nivel internacional. “A través de esta crisis, se manifiesta una de las consecuencias negativas de la monoproducción, que se refiere a la pérdida de importancia en términos absolutos y relativos de la agricultura para el mercado interno”.16 Existe un abandono de importantes cultivos destinados al consumo interno, lo que produce escasez de artículos alimenticios, y un encarecimiento de los mismos, profundizando la dependencia con el mercado exterior. El cónsul de Guatemala en Hamburgo, señor Guillermo Larrave, se refiere al problema en los siguientes términos: “Guatemala es monoproductora, de ahí un estancamiento peligroso y perjudicial. Sólo produce café y lo demás no alcanza ni para subsanar las necesidades locales. En Guatemala se importa harina por millones de dólares, pudiendo las cumbres desde Patzún y Técpán hasta Huehuetenango producir lo suficiente. Además importa maíz, arroz, sal, etc. El agricultor monoproductor tiene forzadamente que enviar sus productos por ferrocarril pagando fletes altos, utiliza antiguos sistemas y no busca el modo que la tierra le produzca más. No ensaya nuevos cultivos y contribuye a la 13

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Diario de Centro América. 19 de septiembre de 1930. Diario de Centro América. 14 de septiembre de 1930. Entre 1930—40 los alemanes son los principales exportadores de café, con 63 casas exportadoras, le siguen en importancia los holandeses y los norteamerica­nos. Diario de Centro América. 27 de febrero y 3 marzo de 1930. Diario de Centro América. 18 de julio de 1930. Torres Edelberto. Op. cit. Pág. 122.

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carestía de la vida”.17 Con relación al comercio, se refiere a la dependencia que tienen los comerciantes guatemaltecos al trabajar con capital ajeno y la crisis a limitado grandemente los créditos a dichas personas. Son pocos los que gozan de crédito sin plazo limitado o en cuenca corriente. La mayoría tiene que ceñirse a cortos plazos que actualmente rigen toda transacción. Sobre la industria, se hace un llamado a los capitalistas, para que busquen en esa actividad económica una nueva fuente de riqueza, ya que las pocas que hay no son factores importantes en la economía. Prevalece el criterio que todo se debe importar y no se repara, por lo que muchas veces nos viene con etiqueta nuestra misma materia prima elaborada. A través de esta información se pone en evidencia el debilitamiento de nuestra economía mono-exportadora, que en su afán de aumentar la producción para cubrir la demanda exterior, descuidó importantes renglones de la economía a tal punto que debe importar granos básicos. Sobre este aspecto, los mismos finqueros solicitan que se promueva el cultivo de maíz nacional, ya que el maíz que tuvieron que importar sobrepasó de los tres dólares el quintal. Esto tiene incidencia directa sobre los costos del café, ya que en las plantaciones se suministra este grano a los jornaleros. Se debe calcular un quintal de café. Si se obtiene el maíz a menor precio, influye en el costo por cada quintal de café. Como última gestión del gobierno de Chacón, a través de la Asamblea Legislativa, se aprueba el decreto N° 1669 el 12 de septiembre de 1930 por un préstamo de dos millones quinientos mil dólares, celebrado con la compañía Sueca de Fósforos de Estocolmo, y la N.V. Financieele Maatchappy Kreuge & Toll de Amsterdam, Holanda con el propósito de proveer créditos a los cafetaleros, resentidos por la baja en el mercado mundial, del precio del café. En medio de esta desesperante situación económica, sorpresivamente el 12 de diciembre de 1930, anuncian los diarios que Baudilio Palma, segundo designado a la Presidencia de la República, había asumido el mando por decisión del Consejo de Ministros en virtud que Chacón se encontraba muy mal de salud. Al día siguiente este nombramiento fue aprobado por la Asamblea Legislativa; sin embargo, el procedimiento utilizado fue viciado. “Inicióse el malestar en el sector más (fuerte del liberalismo que señalaba inconstitucional el nombramiento del Lic. Baudilio Paleta, pues correspondía al Primer Designado : Mauro de León, que ocupaba el Ministerio de Guerra. Esa misma noche, 18

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Diario de Centro América. 23 de diciembre de 1929.

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Diario de Centro América. 18 de enero de 1930. Nota Editorial.

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un manifiesto del liberalismo hacía ver el vicio que entrañaba la designación presidencial. Automáticamente, las legiones policíacas se arrojaron contra algunas prominentes figuras liberales entre las que se hallaban el Dr Guillermo Cruz y Licenciados Manrique Ríos y Rodríguez Beteta”. Las fracciones del liberalismo, los federalistas, los independientes y los progresistas se coaligaron e iniciaron un fuerte cuestionamiento al Chaconismo y su corrupta administración, así como la presencia de Baudilio Palma, pariente de Chacón, quien pretendía a través de él, monopolizar el poder con su familia por lo que no reconocerían su designación. La debilidad de Palma se manifestó inmediatamente por la imposibilidad de enfrentar la crisis económica que a cada momento se agudizaba. A pesar de varios intentos de reconciliarse, incluso con el sector más conservador, el 16 de diciembre a través de un movimiento encabezado por Manuel Orellana, jefe del Castillo de Matamoros, cae Palma. La finalidad de este movimiento era de reivindicación de la ley constitutiva de Guatemala, o sea, permitir al Gral. Mauro de León, primer designado de la Presidencia, sustituir transitoriamente al Gral. Chacón. Sin embargo, esto no llega realizarse debido a la muerte del Gral. De León en el levantamiento. Ante esta situación Orellana se cree dueño de la situación e insiste en su designación como Presidente. La Asamblea Legislativa pide opinión médica sobre la posibilidad de que Chacón estuviera capacitado de reasumirla, sin embargo, ate negativa, ya que no había experimentado ninguna mejoría. E117 de diciembre en sesión extraordinaria la Asamblea acepta la renuncia de Palma y la del Ing. Luís Chacón, tercer designado, y nombran Presidente provisional a Manuel Orellana. prestando el juramento obligatorio el mismo día. A pesar de que así legalizó su nombramiento, Orellana no va a contar con el reconocimiento de su gobierno por parte de los Estados Unidos y de ningún país centroamericano, ya que por medio del Tratado de Paz y Amistad se obliga a los gobiernos de Istmo a negar reconocimiento diplomático a cualquier régimen que se hiciera del Poder por medio de un golpe de estado. Orellana intenta justificar la legalidad de movimiento, al considerarlo necesario para reivindicar los principios constitucionales y por tanto, no viola el tratado centroamericano de 1923, si no que vino a restaurar el orden. Estas explicaciones fueron inválidas y algunas fracciones del liberalismo tampoco le dieron su apoyo. Durante su corta gestión Orellana logra poner al día los sueldos atrasados de los empleados públicos, aliviando temporalmente las tensiones de los diferentes sectores sociales y las declaraciones de prensa. Orellana dice: “Una vez cortado de raíz el mal de las filtraciones e indebidos manejos de fondos públicos vendrá la segunda parte de la obra, que es la de tratar, a toda costa, de que en todas las 19

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Martínez Nolascos. Op. cit. Pág. 22.

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zonas agrícolas de la república se aumenten los productos de la alimentación nacional, a fin de que no tenga que gastar Guatemala esa absurda suma de cinco o seis millones de dólares anuales en traer del extranjeros los productos que nuestro suelo puede proporcionar en forma tan abundante y en calidad tan excelente como ninguna otra parte del mundo”. La negación pública de reconocimiento de este gobierno por el embajador norteamericano y de cualquier otra persona implicada en el golpe, debilitó fundamentalmente su gestión, por lo que su única alternativa fue retirarse de la presidencia. Obviamente Estados Unidos al retirar su apoyo a Orellana, entraría en el juego político interno e intervendrían en la selección de un presidente provisional de su confianza, asegurándose que los orellanistas quedaran excluidos del nuevo gobierno. El 31 de diciembre, se reunió la Asamblea Legislativa en la cual se aceptó la renuncia del Presidente Lázaro Chacón, por su total incapacidad de seguirla ejerciendo y la de Manuel Orellana, encargado provisional de la misma. En la misma se dispuso la elección de tres designados a la presidencia, resultado electo el Lic. José María Reina Andrade, Gral. José Reyes y el Cnel. Rodrigo Solórzano, como primero, segundo y terceros designados. El 2 de enero de 1931, es constitucionalmente nombrado Presidente Constitucional, el Lic. Reina Andrade, quien convoca inmediatamente a elecciones presidenciales para realizarse del 6 al 8 de febrero, lo que respondía a una estrategia política, ya que el único partido que se beneficiaba con un período tan breve para preparase para las elecciones era el Liberal, que para entonces se había coaligado con el Progresista, y los acontecimientos políticos anteriores había permitido su fortalecimiento interno. Al mismo tiempo evitaría que surgiera una candidatura op ositora. Casi inmediatamente a la publicación de la convocatoria, aparecen campos pagados en los diferentes órganos de prensa en donde el Partido Liberal Progresista presentaba la candidatura de Jorge Ubico, quien virtualmente está solo en la lista de los aspirantes a la presidencia. La propaganda se extiende rápidamente a toda la república y surgen continuamente nuevas organizaciones fantasmas apoyando a Ubico. Las virtudes que se prodigaban al candidato era su energía y capacidad de mando, sobre las cuales ya había dado muestra en años anteriores, cuando fue nombrado por Estrada Cabrera, Gobernador y Jefe Político de Retalhuleu en donde realizó una gran actividad de pacificación usando métodos violentos en contra de las bandas de ladrones, lo cual le creó una reputación de eficacia y crueldad. 20

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Diario de Centro América. 21 de diciembre de 1930. Diario de Centro América. 2 de enero de 1931.

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Efectivamente los días 6, 7 y 8 de febrero se realizan las elecciones. La Asamblea efectúa el escrutinio el 12 de febrero y el 14 de este mismo mes Ubico toma posesión al cargo de Presidente22 tras realizar el juramento obligatorio. En el discurso de toma de posesión Ubico anuncia una depuración administrativa y la selección de funcionarios capaces y honorables. Como punto esencial de su programa reconstructivo perseguirá la vagancia, el vicio y la pereza. “Una de las formas hipócritas de la vagancia ha sido entre nosotros el hábito de ocuparse en la política, con censuras, intrigas y vituperios, tendientes a desquiciar la obra gubernativa en vez de apoyada con una aceptación discreta y robustecedora”. La condiciones favorables en las que Ubico logró llegar a la presidencia era una prueba de que éste contaba con el respaldo de la oligarquía terrateniente representada en el partido coligado y además con la aprobación del gobierno norteamericano. De acuerdo a un informe del Embajador Whitehouse en donde deja entrever el apoyo de este país a Ubico, lo expresa de esta manera: “A pesar de que hay un sólo candidato no existe la menor duda de quc el Gral. es cl escogido por la mayoría de la población de Guatemala. La incapacidad total y la deshonestidad generalizada de la Administración de Chacón han provocado una fuerte reacción favorable al Gral. Ubico que es reconocido generalmente como un hombre de honestidad absoluta inteligente y hábil, y es considerado el único líder capaz en el momento actual de poder ordenar en el caos”. El apoyo norteamericano de Ubico no solamente fue por sus cualidades personales, sino también por el contenido de su programa político, basado en la estabilidad, el desarrollo económico, las elecciones y la honestidad por medio de los cuales sus objetivos económicos estaban asegurados. Una de las formas más usuales de congraciarse los gobiernos liberales con el gobierno norteamericano fue la aceptación de contratos negativos a la economía del país. Ubico, conocedor de que cl respaldo norteamericano es fundamental, desde el primer discurso habla de su deseo de mantener cordiales relaciones con ese país. Esto lo demostrará al probar la Asamblea Legislativa el Decreto N° 1736 del 30 de mayo de 1931, el contrato para la construcción de un puerto de servicio público en la costa del Pacífico 23

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Constitucionalmente la toma de poder se debía realizar en marzo, sin embargo, existía interés de la oligarquía en establecer un gobierno contitucional. Diario de Centro América. 14 de febrero de 1931. Tomado de la Revista Centroamericana Nº. 6 Artículo de Grieb Kenneth. La participación norteamericana en el acceso al poder de Jorge Ubico. Pág. 115.

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celebrado entre el Poder Ejecutivo y la Compañía Agrícola de Guatemala con fecha 9 de diciembre del año próximo pasado, durante el gobierno de Lázaro Chacón y sobre el cual ya se hizo referencia anteriormente. Luego, 10 de marzo de 1936, el presidente acepta modificar el contrato celebrado el 7 de noviembre de 1924 por los secretarios de Estado en los despachos de Hacienda y Crédito Público y de Fomento con el gerente apoderado de la UFCO Sr. Henry Taft Heyl Heeb. Según éste, la compañía pagará un impuesto de 112 centavos de quetzal por cada racimo de banano que exporta de la República en vez de un centavo por racimo a partir de la fecha en que se aprueba hasta el 7 de noviembre de 1949. De esta fecha en adelante hasta el vencimiento del contrato (6 dejunio de 1981) la compañía pagará un impuesto de utilidades de 2 centavos por cada racimo que exporte. Así también será aumentado el arrendamiento de las tierras de las márgenes del río Motagua de US$14,000.00 anuales a US$34,000.00 hasta el 7 de noviembre de 1949, fecha en que seguirá rigiendo la cuota anual de US$14,000.00 hasta el 6 de junio de 1981. En la misma fecha, y con los mismos participantes, en donde el señor Henry Taft Heyl aparece como apoderado de la compañía Agrícola de Guatemala, se pide reformar el contrato del 9 de diciembre de 1930 en los siguientes términos: Dejar en suspenso la construcción del puerto y trabajos auxiliares a que se refiere al contrato aludido, debido a las condiciones económicas mundiales, debiendo llevarlas a cabo en un plazo que expirará el 6 de junio de 1981; asimismo la compañía conviene entregar al gobierno US$50,000.00 al aprobarse este contrato.25 Por otra parte, debe construir, 25 millas de ferrocarril que conectarían con las líricas de ferrocarriles internacionales de Centro América, en un plazo de 5 años, construir una estación radiográfica, un hospital, el traslado al gobierno de 35,001) acres de tierras titulados a nombre de la United Fruit Company para el establecimiento de una colonia agrícola, en la zona conocida con el nombre de “Los Andes”, conducir gratuitamente la correspondencia con destino al exterior e interior de la república. Así también la compañía guarda todos los privilegios en cuanto a exenciones en los pagos de impuestos y timbres. A pesar de esta modificación, la Compañía nunca construyó el puerto aludido considerando la justificación dada al principio, pues la crisis económica fue superada en los siguientes 5 años. Para llevar a cabo estas transacciones a todas luces desventajosas a nuestra economía, el gobierno tuvo que contar con el apoyo de todas 25

Aprobado por Decreto Legislativo Nº. 217 del 2 de abril de 1936. Tomo 55. Recopilación de Leyes de Guatemala. Pág. 41.

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las instituciones. Recordemos que su llegada al poder tuvo un objetivo fundamental: el mantenimiento de la oligarquía terrateniente en el poder político. La crisis económica a nivel mundial originó una grave inestabilidad política y era necesario un régimen basado en la fuerza para enfrentar los efectos de la crisis, y naturalmente, contar con el respaldo de los Estados Unidos. La fuerza del gobierno de Ubico se basará en una fuerte concentración del poder en el Estado, ya que a través de él se cohesionarán las diversas instancias y actúan sobre los distintos niveles en forma política a fin de mantener las relaciones sociales de producción existentes. Al año siguiente de su administración. Ubico cuenta con un Asamblea Legislativa totalmente incondicional y aunque en teoría se mantenía una división constitucional entre el ejecutivo y el organismo legislativo, en la práctica el poder era ejercido por el ejecutivo, punto básico para llevar a cabo la centralización del Estado. Una de las primeras medidas fue fortalecer su organización política, el Partido Liberal Pro resista, cuyo jefe supremo era Ubico, cancelando todos los partidos políticos opositores y cualquier organización política que representara un peligro potencial al régimen. La estructura organizativa del partido funcionaba verticalmente, en orden jerárquico riguroso en donde el jefe supremo escogía sus cuadros políticos presentados por planilla única. Su ideología doctrinaria oficial fue la “liberal”, cuyo postulado descansaba en los principios de “orden y trabajo”. Esta rígida estructura verticalizadora del partido fue la impuesta por Ubico en el país por su gobierno de 1931—44, en donde cualquier descontento o acción contra el gobierno era castigada con medidas represivas que iban desde los trabajos forzados como castigo de delito menor, hasta el fusilamiento cuando la falta lo ameritaba. Uno de los puntos básicos de la campaña de Ubico fue la de realizar un gobierno basado en la absoluta honestidad. A través del decreto N° 1707, del 2 de mayo de 1931, se aprueba la Ley de Probidad, por medio de la cual obliga a todos los funcionarios y empleados públicos cuyo sueldo sea mayor de Q 200.00 o que manejen o administren fondos del Erario, que al aceptar cl cargo o empleo, debe depositar en la Dirección General de Cuentas una declaración de todos los bienes y deudas en papel sellado. La persona que falseaba los datos de la declaración sería castigada con la cárcel. Esta disposición debe ser cumplida por el Presidente de la República hasta los funcionarios que reciban el sueldo mencionado para que de esta 26

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Recopilación de Leyes de Guatemala. Tomo 50. Tip. Nacional. Pág. 13.

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forma “la probidad administrativa no sólo sea un decoro oficial sino una virtud supuesta”.27 Esta disposición fue acompañada de una depuración administrativa pública, que en regímenes anteriores habían sido cómplices de la corrupción y el robo, creando entre ellos un inmoderado afán de lucro. Estas medidas fueron eficaces en cuanto a ganar opinión favorable pública, ya que los escandalosos robos realizados por las administraciones pasadas no se volverían a repetir en esta oportunidad. Ubico además, busca equiparse de funcionarios y colaboradores de su entera confianza para lograr su fines propuestos. Estos conformarían la burocracia superior o cuerpo administrativo de la deminación — ministros, consejeros, secretarios de Estado, etc.— identificados con las fracciones de la clase dominante y serían aquellos que harían efectivas las medidas del ejecutivo dentro de la concepción de un poder centralizado y la burocracia subalterna —oficinistas, empleados en general— pertenecientes a las capas medias, y obligados a guardar una conducta irreprochable y en algunos casos a someterse a una militarización como el caso de los empleados del ramo de Telégrafos, Radio y Teléfonos Nacionales, que en tiempo de paz, se consideran asimilados, respectivamente en los diferentes grados militares, a través del decreto N’ 1714, del 24 de agosto de 1935. Por cualquier mínima falta eran despedidos. El proceso de centralización del estado requería de la necesidad de crear un mecanismo de control estricto sobre la población, tanto en la ciudad como en los municipios, el primer paso para esto, el gobierno de Ubico crea la Cédula de Vecindad obligatoria para todos los Guatemaltecos comprendidos entre las edades de 18 a 60 años, a través del Decreto Legislativo N° 1735 del 30 de mayo de 1931. Cada municipio llevará un libro denominado Registro de Vecindad y un Libro Indice por orden alfabético y apellidos, en donde conste el libro y el folio de la partida de inscripción. La inscripción de cada vecino contendrá la información sobre datos y características personales, familiares, grado de instrucción, residencia y si a prestado o no el servicio militar. Se hace obligatoria la presentación de la Cédula para los siguientes actos: contraer matrimonio, nacimientos, reconocimientos de hijos y defunciones, y para ejercer el derecho de sufragio, así también todo funcionario público que dudare de la identidad de una persona, le puede exigir la exhibición de su cédula a solicitud de la parte interesada. Para obtener este documento de 28

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Ibíd. Recopilación de Leyes. Tomo 54. Tip. Nac. Pág. 439. Recopilación de Leyes. Decreto N° 1735, Ley de Cédula de Vecindad. Tomo 50. Tipografía Nacional. Pág. 91. vid anexo.

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identidad se deja un término de 1 año, a partir del 1° de enero de 1932 y los alcaldes serán los responsables de llevar a cabo el proceso de cedulación de todas la regiones. La información que se recogerá a través de la obtención de este documento, le permitirá al gobierno ejercer un mejor control sobre la distribución de la fuerza de trabajo a las haciendas y los beneficios que puede obtener de los contribuyentes al servicio de vialidad y militar obligatorio. Otra medida que va a coadyuvar al fortalecimiento del Estado durante el gobierno de Ubico y que se encamina a debilitar a las instituciones que concentraban el poder fragmentado a nivel regional, fue la emisión de la Ley Municipal, en la cual se suprime el sistema autónomo de municipalidades y sus autoridades (los alcaldes) que en años anteriores fueron uno de los centros de poder regional de los hacendados. La descentralización del poder estatal que se inicia á la muerte de Barrios, se manifestó con el acentuamiento del poder en las distintas regiones del país, más que todo al interior de las haciendas, en donde se formaron y consolidaron verdaderos centros de poder y cacicazgos que impusieron sus propias condiciones de exportación, pero van a ser suprimidos a través del Decreto N° 1702 de 9 de agosto de 1935,30 según el cual los alcaldes, antes electos o impuestos por los hacendados, son sustituidos por los Intendentes Municipales nombrados directamente por el Ejecutivo y asistidos por una junta Municipal, electa popularmente. Los cargos edilicios son obligatorios y gratuitos, no así el de intendente que devengará el sueldo que le asigne el presupuesto respectivo. Así también, el Presidente de la República podrá trasladar a los intendentes de uno a otro municipio y removerlos cuando así convenga al mejor servicio. En el artículo 43 de la Ley se cita que el intendente “representa también al gobierno como subdelegado de éste, y en tal concepto, ejercerá todas las atribuciones que las leyes le asignan, abajo de la dirección del Jefe Político, así en lo que se refiere a la publicación y ejecución de las leyes y disposiciones generales del gobierno como en lo relativo al orden público, sanidad, previsión social, beneficencia y a las demás funciones que al respecto le corresponden, de los cual dará al Jefe Político los informes necesarios” El Jefe Político supervisará constantemente el trabajo de los Intendentes, quienes le rendirán mensualmente un informe de la labor realizada, con 31

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Recopilación de Leyes. Ley de Municipalidades. Decreto N° 1702. Tomo 54 Tipografía Nacional. Recopilación de Leyes. Ley de Gobernación Administración de los Depar­tamentos de la República. Art. 29. Tipografía Nacional. Pág. 56.

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el nombramiento de los intendentes, que serán los intermediarios de los grupos dominantes locales y el gobierno, se eliminó el servilismo de las autoridades municipales a quienes generalmente nombraban y quitaban los hacendados, y se servían de ellos para realizar sus actuaciones. Con esta medida, efectivamente, se limitó el poder local establecido varias décadas atrás. Los intendentes serán seleccionados por el gobierno central y enviados a distintas regiones del país, cuidando que no fueran nativos de la región en donde deberían ejercer sus funciones, así como rotándolos regularmente de provincias para evitar identificación y vicios con los grupos locales. Esta medida se complementó con el fortalecimiento del poder de los Jefes Políticos, autoridades que desde 1893 dependían del gobierno central, pero estaban relegadas a un segundo plano debido al poder regional de la oligarquía. A través de la Ley de Gobierno y Administración de Departamentos de la República emitida en el Decreto Legislativo 1987 , se nombra a los jefes políticos como delegados del Poder Ejecutivo de los Departamentos, tanto en el orden político o Gubernativo como en el Administrativo. Las medidas anteriores van a repercutir en la estructuración de un sólido Estado centralizado capaz de tener una relativa autonomía sobre la misma clase dominante, sin dejar de ser expresión de esta clase. Las medidas políticas que tomará Ubico tendrán sus efectos en el nivel económico, tratando de mantener la cohesión del modo de producción para beneficio de la oligarquía. La intervención del Estado sobre el nivel económico se manifestara en el orden jurídico en donde este regula: a) El suministro de la fuerza de trabajo b) El control del sistema monetario y la deuda externa c) El mantenimiento del “orden” d) Regulación de las relaciones de intercambio de la exportación e importación. 32

A) EL SUMINISTRO DE LA FUERZA DE TRABAJO El control y suministro de la fuerza de trabajo se había delegado en años anteriores sobre los finqueros que ejercían presión sobre el jefe político. El control de los mandamientos de mozos, generalmente lo ejercían los hacendados, gracias al fortalecimiento del poder regional. En el período 1931-1944 se modifica la legislación que existía al respecto, con el fin de que el Ejecutivo centralizara dichas funciones y se siguiera suministrando la 32

Recopilación de Leyes. Tomo 53. Tipografía Nac. Pág. 56.

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fuerza de trabajo en una forma más eficiente para las haciendas cafetaleras. A través del Decreto N° 1955 de 7 de mayo de 1934,33 se prohibe los anticipos a los colonos y jornaleros de las tincas por medio de las habilitaciones y a quienes lo practiquen; el Jefe Político puede ponerles una multa de Q. 100.00 a Q. 500.00 Los jornaleros habilitados anteriormente podrían cubrir el momo de la deuda en los dos años siguientes. Al mismo tiempo, instituyó el 10 de mayo de 1934 una nueva Ley; “Contra la Vagancia”, a través del Decreto N° 19963434 que deroga el Decreto N° 222 del 14 de septiembre de 1878 emitido durante el gobierno de Barrios. En esta ley, la persona que incurra en vagancia es considerada un delincuente y por consiguiente, penado con cárcel de uno o dos meses, y si existiera reincidencia se castiga con un mes más. Los condenados cuyas penas fueran inconmutables o que no pudieran conmutar se les podrá obligar a trabajar en los talleres del gobierno, en las casas de corrección, en el servicio de hospitales, limpieza de plazas, paseos públicos, cuarteles y otros establecimientos, obras nacionales, municipales o de caminos, según las circunstancias de cada persona y de cada lugar, cuidando la seguridad del penado. La cesantía de empleo, colocación, servicio o trabajo, no es excusa en favor del reo de vagancia según esta ley. Serán considerados vagos los que no comprueben tener oficio, profesión, sueldo u ocupación honesta ejercida de manera continua que les proporcione los medios necesarios para la subsistencia y hace especial énfasis sobre los jornaleros, para lo cual se elabora un reglamento específico que asegurará además, el suministro de trabajadores a las fincas aplicando el artículo 90 del decreto anterior, publicado el 24 de septiembre de 1935. El articulo 9° dice que los jornaleros que no tengan comprometidos sus servicios en las fincas, ni cultiven con su trabajo personal, por lo menos 3 manzanas de café, caña o tabaco, en cualquier zona; 3 manzanas de maíz en zona fría, o cuatro manzanas de trigo, patatas, hortalizas u otro producto, en cualquier zona, serán considerados vagos, y en el reglamento se especifica lo que cada jornalero está obligado a trabajar: 100 días o jornales en el año, el que compruebe poseer cultivos propios por lo menos de diez cuerdas y de 20 brazadas de maíz, fríjol, arroz y trigo, etc.; y 150 días en el año el que no tenga cultivos propios. 35

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Recopilación de Leyes. Decreto N° 1995 del 7 de mayo de 1934. Tomo N° 53. Tipografía Nacional. Pág. 69. Recopilación de Leyes. Ley contra la Vagancia. Decreto N° 1996. Tomo 53. Tipografía Nacional. Pág. 71 vid anexo. Recopilación de Leyes. Reglamento de Jornaleros para Trabajos Agrícolas. 24 de septiembre de 1935. Tipografía Nacional. Tomo 54. Pág. 1075, vid anexo.

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Los jornaleros obligatoriamente deben portar una constancia debidamente registrada por el o los patronos con quienes haya trabajado cierto número de días o jornales. En este libreto de mozos debe aparecer el nombre, número de cédula de vecindad, nombre del propietario y de la finca a que pertenezca, el número de días o jornales hechos. Estos jornales se anotarán cada 15 días por el propietario o administrador de la finca. Los libretos son suministrados por las jefaturas Políticas y las Juntas Departamentales de Agricultura y Caminos a los finqueros de su jurisdicción, de acuerdo al número de mozos que tengan en servicio con el visto bueno de los Jefes Políticos. Los que estando conceptuados como jornaleros, no tengan compromiso de trabajo sino que cultivan personalmente por su propia cuenta las extensiones de terreno a que alude el artículo 9° del mismo decreto, deben acreditar cal circunstancia con atestados extendidos por las autoridades de los lugares en que estén situados los predios que cultiven. Los individuos que no llenaran tales requisitos, ya sea portar el libreto o tener tierra, serán capturados y sancionados por las autoridades dependientes del Gobierno Central. Están exentos de portar la libreta los menores de 14 años a 17 años quienes para no ser reportados como vagos deben dedicarse a trabajos agrícolas, de acuerdo a sus condiciones y aptitudes. Al prohibir el sistema de endeudamiento ilegal, no sólo restringe el poder regional a los finqueros, sino que hace más compatible la función estatal, quien pasa a ser aparentemente el “protector” de los ciudadanos en materia jurídica y con derecho a reglamentar las relaciones de producción. La ley contra la vagancia será un mecanismo que hará más eficaz la explotación sobre los jornaleros utilizando métodos más refinados, que garantizaran fuerzas de trabajos en las haciendas cafetaleras. Con relación al reglamento de contribución de caminos, el 31 de octubre de 1933, a través del Decreto gubernativo Nº 1474,36 va a optimizar el servicio de “vialidad” establecido por la costumbres en todas las regiones del país. En esto participan todos los individuos aptos para prestar este servicio durante dos semanas en los caminos públicos que se le asignen. Las semanas de vialidad tendrá lugar en el tiempo comprendido del 1° de julio al 30 de junio del siguiente año, debiendo levantar las jefaturas Políticas el censo de las personas obligadas, dando cuenta de esto al Ministerio de Agricultura, el primero de julio y el primero de enero. El plan presentado por la Dirección General de Caminos indicando las vías a atender de preferencia, se someterá la Secretaría de Agricultura, 36

Aprobado por decreto N° 1961. Recopilación de Leyes de Guatemala. Tomo 53. Tipografía Nacional. Pág. 20 vid anexo.

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previa consulta al jefe del Ejecutivo quien autorizará el desarrollo que convenga darle por conducto de las jefaturas Políticas. Los individuos que lo deseen podrán conmutar el servicio a razón de un quetzal por cada semana, extendiéndose por el primer pago el boleto de vialidad y por el segundo el ordinario de caminos. De igual forma se extenderán los boletos a los que presten servicio personal. La efectividad de los decretos anteriores, así como la Ley contra la Vagancia y el Trabajo de Vialidad fueron efectivos mientras los cuerpos represivos del gobierno mantuvieran a la población sometida a un régimen de terror, temerosa que a la mínima falta fueran duramente castigados o hechos prisioneros. B) CONTROL DEL SISTEMA MONETARIO Y LA DEUDA EXTERNA En el primer mensaje de Ubico a la Asamblea Nacional Legislativa, se refiere al estado calamitoso del ramo de la Hacienda Pública. Según esta referencia “en el año fiscal de 1929—1930 los ingresos ascendieron a Q.13,426,738.93 y los gastos a Q. 14,228,274.75, de lo que resulta un déficit de Q. 861,535.82”. “El pasivo de la nación, el 31 de diciembre de 1930, era de Q. 20,916,731.74 lo que significa que durante los cuatro años del gobierno del general Lázaro Chacón, fue aumentado en Q. 8,192,824.29, pues en igual fecha de 1926 dicho pasivo ascendía solamente en Q. 12,723,903.45”. “Las importaciones durante el año de 1930 representan un valor de Q. 5,735,247.09 y la exportaciones Q. 2,289,126.01”. Ante esta penosa situación económica y la dificil circunstancia porque atraviesa el Erario con motivo de la crisis mundial, obligan a reducir el Presupuesto de Egresos en sus diferentes partidas. A través del Decreto gubernativo N° 1239 del 30 de enero de 1932 se aplica la reducción de la partida del presupuesto destinada al pago de las clases pasivas, o sea el pago de las jubilaciones, pensiones y montepíos de cuarenta quetzales en adelante, se considerarán rebajadas en tantas unidades por ciento, cuantas sean la decenas que tenga la asignación mensual. En ningún caso la rebaja excederá del 20%. 37

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Recopilación de Leyes. Tomo 50. Tipografía Nacional. Pág. IV. Recopilación de Leyes de la República de Guatemala. 1931-32. Tomo 50. Coleccionadas por Resenso P. Méndez. Tipografía Nacional. 1935, vid anexo.

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En abril de 1932, por decreto gubernativo N° 1257, el Presidente se ve obligado a rebajar proporcionalmente de las cantidades asignadas en el Presupuesto de Gastos a los sueldos de los funcionarios y empleados del servicio público y a las clases pasiva de la nación, por los meses de abril, mayo y junio de este año, de la siguiente manera: En 10% los sueldos hasta Q. 50.00 mensuales, inclusive. En 15% los sueldos comprendidos entre Q. 51.00 a Q. 100.00 mensuales inclusive. En 20% los sueldos comprendidos entre Q. 101.00 y Q. 150.00 mensuales inclusive. En 25% los sueldos comprendidos entre Q. 151.00 y Q. 200.00 mensuales inclusive. En 30% los sueldos mayores de Q. 200.00 mensuales. Y en lo que se refiere a las pensiones, jubilaciones y montepíos las rebajas serán en iguales proporciones, durante el tiempo que dure la crisis. Quedaron exonerados de la rebaja los miembros de la Comisión de Límites con Honduras que sostiene los derechos de Guatemala, y desde luego, a los que pertenecen a los cuerpos armados. Tendrán rebaja del 10% los empleados del Ramo de Relaciones Exteriores que desempeñen labores en el extranjera El 16 de mayo de 1934 a través del Decreto N° 200240 en vista de que hay que ajustar la ley de montepíos y jubilaciones a las normas de la economía y equidad y mientras llegan a un reajuste de los ingresos y egresos nacionales, las rebajas de los pagos a las clases pasivas se harán de la siguiente manera: de Q. 6.00 a Q. 10.00 el 20% de Q.11.00 a Q. 20.00 el 30% de Q. 21.00 a Q. 30.00 el 40% de Q.31.00 en adelante el 50% Este decreto se pondrá en vigor a partir de mayo de 1934, por un año. Posteriormente esta disposición es prorrogada por todo el período fiscal 193536, a través del decreto N° 2058, y el 25 de mayo de 1936 a través del decreto N° 2193 se prorroga por todo el tiempo que sea necesario, 39

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Recopilación de Leyes de la República de Guatemala 1932-33. Tomo 51. Aprobado por Decreto Legislativo N° 1810. Tipografía Nacional, 1935. Pág. 50. Recopilación de Leyes de la República de Guatemala , 1934-35. Tomo 53. Tipografía Nacional, 1935.

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mientras subsisten las circunstancias económicas mundiales que afectan la economía del país. De acuerdo a un informe del Partido Liberal Progresista del 1 de marzo de 1935, sobre la situación económica prevaleciente en el país, sobresale lo siguiente. “El volumen de las rentas recaudadas durante el año arrojó un superávit, en relación con las gastos, de Q. 162,468.80 suma que se destinó a integrar la cantidad de Q. 1,285, 988.00 en que quedó disminuido el monto de las obligaciones del presupuesto que habían quedado pendiente el año anterior. La disminución real de la deuda Pública con respecto a 1933 fue de Q. 124,624.72 proveniente de la rebaja en el monto relativo a las clases pasivas y de que al 31 de diciembre de 1934, los adeudos del Presupuesto Fiscal, son mucho menores que los del ejercicio anterior a a fecha”.42 O sea que el superávit obtenido por la hacienda pública y atesorado estérilmente fue gracias a la rebaja significativa de las asignaciones de las Clases Pasivas ,cuyos ingresos de por sí son muy bajos, asimismo se giran instrucciones en cuanto a reducir el gasto del Erario Nacional a lo mínimo, para ello se llegó, incluso, a buscar una rebaja en los alquileres de los edificios que ocupan las distintas dependecias del Gobierno, debido a la aguda crisis financiera que atraviesa el país por medio de un “Acuerdo amistoso”, ya que se ha procedido en algunos casos a rebajar hasta la mitad en el monto de los alquileres. Esta política de drástica austeridad dirigida sobre los sectores más populares prescrita una gran incongruencia al conceder la Asamblea Legislativa al Presidente una pensión mensual y vitalicia equivalente al sueldo que para el Presidente asigne el Presupuesto General de Gastos de la Nación N° 1905 del 8 de abril de 1933,43 como recompensa a la actitud del presidente en los asuntos del límite entre Guatemala y Honduras y por las acertadas normas ejecutivas de saneamiento administrativo, que marcan un verdadero beneficio público. Y, por si fuera poco, en abril de 1940, con el Decreto N° 2445, la Asamblea Legislativa considera justo votar la suma de DOS CIENTOS MIL QUETZALES a favor del Presidente como una muestra de gratitud por los servicios prestados al país por los arreglos por los cuales se a reducido considerablemente la deuda pública. Esta suma saldrá de la cuenta de economías logradas en los ejercicios anteriores y será la Tesorería quien entregue dicha cantidad para que disponga de ella como lo tenga a bien. 41

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Recopilación de Leyes de Guatemala. Tomo 54 y 56. Tipografía Nacional. 1936. La Gaceta de la Policía. 10 de noviembre de 1935. Pág. 2681. Recopilación de Leyes de Guatemala. Tomo 52. Tipografía Nacional. 1936. Pág. 49 vid anexo. Recopilación de Leyes de Guatemala. Tomo 61. Tipografia Nacional. 1946. Pág. 46.

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En lo que se refiere al decreto N° 1905, la participación de Ubico en la cuestión de los límites entre Guatemala y Honduras fue muy pobre, ya que para el efecto existió una comisión específica, sin incluirse a la misma al Presidente de la República, por lo tanto es totalmente injustificada la actitud de la Asamblea Legislativa en cuanto a este problema, pero evidencia el servilismo de la misma hacia Ubico, llegando a manifestarse este en la segunda cuantiosa concesión, la cual tendría que ser tan alta como la gran “labor” realizada en su gestión presidencial, el ofrecimiento inicial de la Asamblea ascendía a Q. 80,000, cifra que Ubico considera Indigna por lo que no podría aceptarla, De ahí que se elevó a Q.200,000 quetzales, suma por los altos servicios presentados a la patria. Las onorosas compensaciones en dinero no sólo quedaron para el Presidente, sino que también se hicieron extensivas a los “fieles colaboradores” de Ubico, a quien faculta la Asamblea Legislativa a través del Decreto N° 2354, “para que pueda recompensar con dinero efectivo a aquellos funcionarios que hayan cooperado con él de manera decisiva y eficaz, con celo extraordinario, gestión inteligente y conducta irreprochable en la reorganización de la Hacienda Pública, acrecentando los ingresos, procurando importantes economías o prestando cualquier otro servicio de similar categoría”. Para este fin se adiciona la cantidad de Q100,000.00, suma que se tomará del superávit de ejercicios anteriores y se renovara dicha cantidad cada dos años. La gratificación continua para aquellos que presten un “mejor” servicio al país, hará que sus incondicionales ejecuten eficientemente las órdenes de Ubico, es decir, se mantenga el “orden” y la estabilidad política, ante la crítica de situación que se está viviendo. Durante los primeros años, el gobierno de Ubico empleó una política deflacionaria que agravó cl establecimiento económico del país. Retiro de corriente circulatoria más de lo que inyectó en ella. “El crédito fue restringido, de tal modo que en 1944 los préstamos e inversiones de los bancos totalizaron 14 millones de quetzales, frente a casi 28 millones que era el nivel que tenían en 1929. El crédito industrial fue casi inexistente”. Las exportaciones cayeron en un promedio de 16.9 millones de quetzales en 1925—1929 a sólo 12.7 millones en 1933. En ambos casos se mide en precios de 1937. Al mismo tiempo cayeron las importaciones con más intensidad aún, operándose un ajuste interno de la economía en forma tan violenta que ya para 1934 se comenzaron a registrar saldos positivos 45

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Recopilación de Leyes de Guatemala. Tomo 58. Decreto N° 2354. 30 de mayo de 1939. Pág. 20. Tipografía Nacional. 1936. Guerra Borges, Alfredo. Pensamiento de Económico de la Revolución de Octubre. Universidad de San Carlos de Guatemala. Pág. 5.

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de divisas. En el período de 1939—1946 las exportaciones crecieron de 18.8 millones de quetzales a 36.7 millones, más de la mitad de esos totales lo constituyeron las ventas de café. La exportación del grano subió de 954,000 a 1,081,600 quintales, lo que significa un crecimiento en cl volumen exportado del 13.3%. Las ventas se hicieron casi exclusivamente a los Estados Unidos que para 1942 absorbían el 93% de las mismas. A partir de ello se inicia un proceso inflacionario que tuvo serias consecuencias en el nivel de vida de la población, ya que los precios de los productos alimenticios aumentaron vertiginosamente, y los bajos ingresos de la mayoría de la población no lograban cubrir las más mínimas necesidades. Al respecto, Ubico tuvo que hacer algunas concesiones en materia de salarios, a través del Decreto N° 3064 del 27 de julio de 1943 a aquellos cuyo salario esté por debajo de Q. 0.50, debido al alza de los precios. Fija el salario mínimo en acuerdos del 27 de julio y 11 de septiembre de 1943 en Q. 0.50 para operarios de fábricas o talleres de hilados, calzado, hule, cemento y ladrillo, bebidas alcohólicas, gaseosas, cigarros, sombreros, mecánica, y un salario mínimo de Q. 0.25 a los ayudantes o peones que trabajen en las fábricas o talleres mencionados. Así también elevará en 15% el sueldo de los funcionarios y empleados públicos y trabajadores pagados por planilla que devengan sueldos no mayores de Q. 150.00 a través del Decreto N° 3111 del 4 de junio de 1944 y un aumento del 10% a los sueldos de funcionarios y empleados que excedan de Q. 150.00 quetzales a través del Decreto N° 3130. Estas concesiones buscaban estabilizar momentáneamente cl caos económico generado por la poca capacidad de la clase dominante de encontrar salidas adecuadas al problema económico, el cual fue enfrentado con la implantación de un gobierno basado en el terror y la violencia. En los primeros años del gobierno, como ya se dijo, Ubico aplica una política de contracción presupuestal debido a los descensos de los ingresos fiscales como consecuencia de disminución de las exportaciones de café. Las grandes haciendas cafetaleras dejan ya de producir a gran escala y por tanto, baja la demanda (le fuerza de trabajo y el monto de los jornales. La crisis interna provocó una gradual depresión interna que en el área rural se presenta con rápido aumento del sub.-empleo. Para aliviar esta penosa situación del trabajador del campo, el gobierno de Ubico emitió el 47

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Ibíd. Ibíd. Recopilación de Leyes de Guatemala. Tomo 62. Tipografía Nacional. Pág. 288. Recopilación de Leyes de Guatemala. Tomo 65. Tipografía Nacional.

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5 de agosto de 1931 el Decreto N° 1160 por el que se les concede a título gratuito, el uso condicional, por tiempo indefinido de terrenos nacionales, ubicados en cualquier departamento para el cultivo de cereales y artículos de inmediato consumo para los hogares o venta del excedente en los mercados e impedir el gasto que se hacía hasta ahora en la importación de estos productos. El área concedida no podía exceder de cuatro manzanas si fuera persona sola y de 5 si fuera jefe de familia. Si el solicitante se dedica a nuevos cultivos se le concederán hasta 10 manzanas. Se deja constancia además que la ley otorga posesión de estas tierras, sin propiedad, por lo que el uso de las mismas queda a discreción del Ministerio de Agricultura. Además es claro que se hace para “tratar de disminuir los efectos de la crisis económica, así como la falta de trabajo que aflige al país”. Una vez superada la crisis en 1936, se emitió el Decreto N° 2159, que permitía la venta de una, tres o cinco caballerías de tierra baldía, cuando cl denunciante fuera soltero, cuando tuviera seis hijos menores o más de seis respectivamente. El precio por caballería se fijó en Q. 200.00, Q. 300.00 y Q. 500.00 según los tipos de terrenos y los cultivos previstos. Es evidente que esta Ley Agraria de Ubico pone de manifiesto que el interés del gobierno era, en primer lugar, promover la compra de tierras nacionales por parte de los finqueros, y en un segundo lugar, prohibir el uso de terrenos baldíos por los campesino pobres. Es probable que el Decreto de 1931 (Número 1160 ya citado) haya motivado la ocupación y el uso de tierras baldías por mucha gente necesitada, y que este fenómeno disminuyera la disponibilidad de mano de obra barata para las fincas.54 O sea reafirma la permanencia de las propiedades latifundistas, sin ser significativos los cambios motivados a partir de la aplicación de esta ley, y asegura el suministro de fuerza de trabajo en las mismas. 51

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C) EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Como ya se ha hecho referencia, la crisis mundial trajo graves consecuencias económicas al país, entre ellas el agravamiento de la miseria en los sectores de rurales. El régimen oligárquico de Ubico desde sus inicios empleó drásticas medidas sobre todo, aquél que se considerara

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Recopilación de Leyes de Guatemala. Tomo 50. Tipografía Nacional. Pág. 223. (Aprobado por Decreto Legislativo N° 1876. Tomo 52). Ibíd. Recopilación de Leyes de Guatemala. Tomo 55. Tipografía Nacional. Piedra Santa Arandi, Rafael. Op. cit. Pág. 42.

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vago o desempleado o contra aquél que cometiera la más mínima falta contra el “orden”. Más ello no evitó que la delincuencia, engendrada en la miseria, proliferara y a través del Decreto N° 1816 del 28 de abril de 1932,55 a todos los propietarios de fincas rústicas, sus administradores o representantes legales, se les equipara a la categoría de Agentes de la Autoridad, dentro de la jurisdicción de su propia finca, siendo responsables de cualquier abuso que cometan, para perseguir con mayor eficacia la criminalidad en el campo. Los mencionados arriba tienen la obligación de capturar y perseguir toda clase de delincuentes poniéndolos a la disposición de la autoridad más inmediata. “Si con motivo de la captura de los malhechores a que se refiere este Decreto, éstos sufrieran algún daño de cualquier naturaleza, los propietarios o representantes legales no incurrirán en responsabilidad criminal, por entenderse que obran en legítima defensa de sus derechos”. O sea que en esta disposición se interpretará que estos nuevos Agentes de Autoridad tendrán el derecho de matar aplicando la famosa “ley fuga” sin incriminarse por esto. Esta disposición se hace efectiva para fincas cultivadas de cereales, café, caña, cacao, etc., y los que se dediquen a la crianza y engorde de ganado, de cualquier clase que sea. Nuevamente en abril de 1944, cuando el proceso inflacionario hizo estragos económicos, a través del Decreto N° 2795,57 vuelve a tornar vigencia lo anterior al eximir de responsabilidad criminal a los propietarios de fincas rústicas cercadas o a sus legítimos representantes, por los delitos que cometan contra individuos que habiendo penetrado sin autorización al interior fueren hallados “in fraganti”, cogiendo o llevándose animales, frutos, productos forestales o instrumentos de labranza, para poner fin a los delitos cometidos en los predios rústicos. Para reafirmar el régimen represivo se introducirán reformas a los Códigos, Penal Común y Militar a través del Decreto N° 1765, “ya que la gravedad de la delincuencia obliga a imponer las penas más altas de la escala en rigor en el país”. La traición, el espionaje y los delitos contra la seguridad de las instituciones legales quedan sujetas al procedimiento militar y contra las sentencias de segunda instancia no cabrá recurso de casación y quedan asimilados a los delitos políticos. 56

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Recopilación de Leyes de Guatemala. Tomo 51. Tipografla Nacional. Pág. 30. Ibíd. Recopilación de Leyes de Guatemala. Tomo 65. Tipografía Nacional. Pág. 304, vid anexo. Recopilación de Leyes. Tomo 51. Tipografía Nacional. Pág. 14.

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Su objetivo fundamental fue eliminar la libertad de pensamiento y de palabra, pues cualquier crítica a las instituciones medievales de Ubico, era considerada de origen comunista y por tanto, acto de traición que atenta contra el orden público y las instituciones sociales. Por medio del Decreto N° 1581 emitido en 1934 se condena a la pena de muerte a todo aquel que sin autorización legal tenga en su poder, o aquellos que fabricaren o hicieran fabricar, importaren, transporten o hagan funcionar explosivos, bombas, máquinas para hacerlas estallar o artefactos similares, quedando también sujetos a la misma pena los cómplices o encubridores. Esta modalidad será aplicada “ya que el gobierno tiene conocimientos que individuos de tendencia comunista desean alterar la paz y es deber del estado velar por la tranquilidad y el orden público”. El gobierno de Ubico, rabioso anticomunista, llevó al pelotón de fusilamiento a varias docenas de personas, estudiantes, obreros y profesionales por haber sido señalados como “comunistas”, apelativo utilizado sobre quienes se atrevieran a cuestionar el régimen o sea que todo aquel que no fuera simpatizante de Ubico era considerado enemigo del gobierno y por tanto debía terminar sus días frente a un pelotón de fusilamiento. Durante esta época el gobierno montó una muy bien organizada red de espionaje a toda la población, que según las anécdotas, se dice que de cada cinco personas, cuatro eran vigiladas por la quinta persona. El control ideológico llego a los centros educativos, a través de la implantación de la militarización de los centros de segunda enseñanza y la semimilitarización en las escuelas primarias. “En 1939 el Ejecutivo dictó un decreto por el cual se disponía la militarización de toda la segunda enseñanza, incluyendo las escuelas normales. Para el efecto fueron nombrados militares de alta graduación, como directores de todos los establecimientos y el número de alumnos se redujo a lo que es en lenguaje militar, una compañía, en tanto que el alumnado estaba dividido en soldados, cabos y sargentos. La crueldad fue la nota sobresaliente en esos tiempos y los medios disciplinarios aumentaron en intensidad, instituyéndose el castigo corporal que incluía torturas físicas y mentales” En 1932 se iniciaron los desfiles escolares para celebración de la Independencia y el aniversario de la Revolución Liberal. Se premiaban a las escuelas que lucieran mejor en “a) la corrección en las formaciones y movimientos; b) la perfecta conservación de las distancias entre fila y fila y 59

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Recopilación de Leyes. Tomo 53. Tipografía Nacional. Pág. 291.Vid. González Orellana, Carlos. Historia de la Educación en Guatemala. Pág. 361

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secciones; c) la mayor marcialidad de los alumnos y d) la ejecución del saludo al señor presidente de la república” El carácter absolutista, centralizado e intervencionista del Estado es acompañado de una postura ideológica delirante de grandeza y dominio. La existencia de masas no beligerantes y sumisas garantizaba el mantenimiento de ese “orden” y para ello intervenía directamente en la educación de las futuras generaciones. Sin embargo, los métodos obsoletos y violentos utilizados propiciaron que en estas generaciones se formara un sentimiento antidictatorial y antimilitarista y serán quienes encabecen el movimiento que terminó con su derrocamiento. 61

D) CONTROL DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES La Oficina Central del Calé fue fundada en 1928 como una asociación gremial que velaba por los intereses de los cafetaleros; por su medio se promovieron campañas de propaganda de nuestro café a nivel mundial, se participó en exposiciones internacionales con el mismo fin y se realizaron otras actividades tendientes a regularizar las negociaciones de exportación. Como parte de la intervención directa del Estado en lo económico se dispone, como medida reorganizativa, que la Secretaría de Agricultura, por medio de la Oficina Central del Café, tenga el control absoluto de la producción y exportación del café, que se cultiva el país. La base para la exportación del café será la del Convenio Interamericano del Café, suscrito en Washington el 28 de noviembre de 1940, en el cual se establece la cuota de exportación para el mercado norteamericano equivalente al 60% de la producción de café y la cuota de reserva equivalente al otro 40%. Para entonces, Estados Unidos es el principal comprador de café, quienes han desplazado a Alemania, que por mucho tiempo ocupó el primer lugar. Por medio de este acuerdo los exportadores de café están controlados, ya que cada vez que deseen efectuar algún embarque, deben dar aviso a la Oficina Central del Café con todas las especificaciones del caso. Lo mismo, las aduanas de los puertos deberán reportar las cantidades de café exportado, precedencia y puerto de destino, y no podrá verificarse ningún embarque sin que tenga el consentimiento de la Oficina. 62

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Ibíd. Recopilación de Leyes. Tomo 57. Tipografía Nacional. Pág. 200.

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Completando el control de la exportación, los Cónsules de Guatemala, acreditados en el exterior, deberán reportar a la Oficina semanalmente los datos estadísticos relativos a las partidas de café guatemalteco que ingresen a los puertos situados en el territorio de su jurisdicción. Las funciones de la Oficina Central del Café se convirtieron en un organismo centralizador de las negociaciones del café, naturalmente, sin perder el propósito de defender los intereses de la oligarquía terrateniente, a través del Estado. UBICO EN EL PODER POR 14 AÑOS De acuerdo a la Constitución de la República, cl período para ejercer la presidencia es de seis años, a pesar de ello el principio de alternabilidad fue constantemente violado por los gobiernos liberales. El antecedente más inmediato fue Estrada Cabrera, que permanece en ella por 22 años. Y luego, en este período que estamos analizando, se sienta otro nuevo precedente repitiéndose el procedimiento arbitrario y anti democrático de la reelección que rebasa el marco legal, aunque la opinión pública, no importaba el procedimiento como quedó formalmente legitimado. La justificación que encuentran los grupos dominantes es dada por las condiciones anormales de este período: la crisis económica mundial que necesita una severa administración basada en la honestidad, el mantenimiento del “orden” y el “sacrificio por la patria” y luego las medidas de emergencia derivadas por la Segunda Guerra Mundial. El carácter centralizado del Estado, y el poder absoluto del Presidente serán las condicionantes más importantes de su permanencia en el gobierno por 14 años. El partido oficial, el Liberal Progresista, cuyo máximo líder era Ubico en representación de “toda la ciudadanía”, será quien presente a la Asamblea Constituyente la petición para la permanencia en la Presidencia, haciendo “eco del clamor popular”. En las dos oportunidades la Asamblea necesita legalizar el procedimiento convocando a elecciones de Asamblea Constituyente, siendo ésta la responsable de llevar a cabo el plebiscito en el que se expresaba “libremente” la petición ciudadana. El resultado de ambas fue favorable a Ubico, y la Asamblea Constituyente autorizó la continuación del período presidencial a través del primer artículo de las Disposiciones Transitorias, en el cual deja en suspenso el artículo 66 de la Constitución.

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El primero de ellas prolonga el período presidencial del 15 de marzo de 1937 al 15 de marzo de 1943 y el segundo del 15 de marzo de 1943 al 15 de marzo de 1949. Así, Ubico permanece en el ejercicio de la presidencia, legal y constitucionalmente por el tiempo referido. En el discurso dirigido a la Asamblea Constituyente de 1941, Ubico hace la siguiente alusión: “Dos son las condiciones que personalmente considero ineludibles en el procedimiento que se adopte para legitimar la continuidad de mi mandato: el uso de prácticas constitucionales de común aceptación, y el goce de libertad tan amplia como la ley lo permite en todos los actos que con esta cuestión se relaciona”. Asimismo, hace referencia a que en tales circunstancias sería indigno desoír la petición de los ciudadanos para proseguir en el dificil ejercicio del poder. La permanencia de Ubico en la presidencia será reprobada por algunos sectores del liberalismo, sobre quienes se aplicó todo rigor la ley, para resguardar el “orden”; fueron apresados, torturados, encarcelados, asesinados y desaparecidos. Nada debía entorpecer las aspiraciones de Ubico de permanecer en la presidencia sobre la base de la absolutización del poder. La dominación política de este gobierno se fortalece aún más, cuando la Asamblea Constituyente encuentra que en la Constitución existen disposiciones que restringen las atribuciones del ejecutivo y “con grave riesgo para la buena marcha de los negocios públicos y de todas aquellas gestiones que hace el gobernante, inspirado en el mejoramiento de todas la órdenes de la vida ciudadana debe considerarse una ampliación de las facultades constitucionales”. Sigue su justificación diciendo “cuando el mundo atraviesa por un período de transformaciones y convulsiones constantes y sin precedentes, cuando es necesario enfrentar situaciones que cambian o alteren a cada instante, cuando desaparecen en un momento valores y que se cierne la amenaza de mina sobre instituciones que parecían inconmovibles”, el mantenimiento de las paz y el orden adquieren los relieves de una “necesidad absoluta ineludible en la vida misma del Estado, para que Guatemala no sea arrastrada al ritmo de la violencia e inestabilidad, se requiere de un gobierno fuerte, capaz de hacerse respetar por todos y en todos los momentos y capaz de imponer la ley y de realizar la justicia donde quiera que las circunstancias lo demandan” La Asamblea Constituyente, portavoz de la clase dominante, deja entrever temor por perder parte de la hegemonía política y dan su consentimiento a Ubico de ligitimizarse como gobernador absoluto y a concentrar en él las funciones de juez, legislador y administrador a cambio de mantener el “status quo” inalterable. 63

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Recopilación de Leyes. Discurso de la Asamblea Constituyente Tomo 59. Tipografía Nacional. 1946. Recopilación de Leyes. Tomo 54. Tipografía Nacional. Pág. 280.

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Ya se ha analizado la fuerte centralización que caracterizó al gobierno de Ubico, en donde la voluntad y decisión del presidente no puede ser discutidas ni cuestionadas, sino deben llevarse a la práctica utilizando los canales correspondientes, sin romper ni alterar ninguno. Este tipo de gobierno que se caracterizó por intervenir en todos los niveles de vida, necesita apoyarse en un aparato represivo, organizado para estos fines. El mantenimiento de las relaciones de producción se va a lograr, tanto por la presencia de los cuerpos represivos como por la penetración ideológica a través de una serie de aparatos o instituciones controlados por el Estado, dejando circular los diarios incondicionales al gobierno, vedando la libertad de prensa, militarizando los centros educativos, restringiendo la libertad de criterio docente, eliminación de la autonomía universitaria —al ser ésta organizada por la Asamblea Legislativa teniendo el ejecutivo la suprema inspección sobre ella— y e1 impedimento en general de las prácticas políticas. La labor ideológica es importante, pues con ella se garantiza id pervivencia del sistema, apoyándose siempre en los cuerpos represivos. Se persiguió tenazmente a aquel los que propagaren ideas contrarias al régimen que se calificaban como doctrinas “exóticas o foráneas” y que en algunos momentos críticos se les calificaron como “comunistas”, se prohibe por decreto el uso del término “obrero”, sustituyéndolo por “empleado” para evitar el establecimiento de diferencias de clases que no existen en el país. La entrada de libros también estuvo controlada, exigiendo a los distribuidores, listas y ejemplares de cada uno que importaran. Fundamentalmente se reprimieron todas aquellas concepciones e ideologías, así como prácticas políticas que estuvieran en desacuerdo con los procedimientos del régimen. La situación económica empezó a variar lentamente a partir de 1940, cuando las causas más evidentes de la crisis de 1929 habían desaparecido y se inicia la recuperación económica del país al elevarse los precios del café en el mercado internacional. El régimen aprovecha la coyuntura que se presenta con la Segunda Guerra Mundial al declarar la Asamblea Legislativa el estado de guerra contra Alemania y Japón en diciembre de 1941, a instancia de los Estados Unidos, y se faculta al ejecutivo para tomar medidas de emergencia, como imponer restricciones a los países en guerra. 65

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Recopilación de Leyes. Tomo 60. Decreto N° 2573. 23 de septiembre de 1941. Tipografía Nacional. Pág. 88. vid anexo.

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Se establece un impuesto de guerra sobre cinco quetzales por cada quintal de café producido por las fincas intervenidas y pertenecientes a personas o entidades que figuraban en la LISTA NEGRA elaborada por Estados Unidos, y luego se inició la expropiación de bancos, casas comerciales, fincas cafetaleras, en poder de alemanes, cuestión favorable al régimen, pues le permitió apropiarse de un sector importante del capital privado. Por otra parte, las consecuencias negativas de la guerra se hacen presentes cuando se avisora el triunfo sobre el fascismo. La propagación de las ideas de libertad y democracia contenidas en la Carta del Atlántico autoriza el derecho a ellas, y además son avaladas con la política internacional de Estados Unidos, que se ubica como defensores de los derechos humanos, pisoteados por muchos años por el ubiquismo. El mantenimiento de las condiciones económicas, políticas e ideológicas del sistema oligárquico, que en mucho guardaban similitud con los regímenes fascistas, llegan a su punto crítico en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, pues es ya imposible para este gobierno retener el avance de los movimientos populares que buscan la reconstitución de un sistema en que se haga valer la libertad y la democracia y poner fin a la dictadura. De ahí la importancia de los movimientos de junio en contra de la tiranía y su culminación de la Revolución de Octubre de 1944, ya que significó el inicio de una etapa de desarrollo para el país, que acabó con los resabios del feudalismo.

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GENERAL JORGE UBICO CASTAÑEDA 1931 - 1944

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CAPITULO XXXIV LA ALDEA DE UBICO: GUATEMALA (1931-1944) Piero Gleijeses*

El 22 de enero de 1932, estalló en El Salvador una sublevación campesina como respuesta a las condiciones infrahumanas que la represión había hecho aún más intolerables. La rebelión fue rápidamente reprimida. Los rebeldes mataron alrededor de cien personas, principalmente soldados y policías; el gobierno mató entre 10,000 y 30,000 campesinos, y con este acto sentó los cimientos sangrientos de una “paz social” renovada que sólo empezó a derrumbarse en la década de 1970. El recién formado Partido Comunista de El Salvador, el cual había participado en la preparación de la sublevación, fue acusado por las autoridades salvadoreñas de ser el único organizador )’ responsable de todas las atrocidades cometidas en esos días. La vecina Guatemala se estremeció. El miedo se propagó entre la clase alta, temiendo que una sublevación parecida ocurriera en el país. Pero el presidente Jorge Ubico, quien también era un rico terrateniente, ya había tomado cartas en el asunto: el 29 de enero, el gobierno guatemalteco anunció que se acababa de evitar una sublevación bolchevique, “en unos de los trabajos más efectivos y benéficos, pro seguridad pública, que se hayan efectuado en el continente de Colón, desde la llegada de los conquistadores hasta nuestros días”. Los comunistas, se explicaron, habían controlado los sindicatos y habían empezado a hacer campaña en el área rural; su líder, el carpintero Antonio Obando Sánchez, había sido nombrado “alto comisario 66

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Sobre la sublevación, véase: Thomas P. Anderson, Matanza : El Salvador’s Communist Revolt of 1932 (Lincoln: University of Nebraska Press, 1971); Roque Dalton, Miguel Mármol (San José: EDUCA, 1982), pp. 29—367; Ro-que Dalton, “Los sucesos de 1932”, Abra (San Salvador, junio de 1976): 1—48; Jorge Arias Gómez, Farabundo Martí (San José, EDUCA, 1972); y Michael McClintock, The American Connection, 2 tomos (London: Zed Books, 1985), 1: 99-121.

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y gran maestro de la estepa en el soviet de Guatemala” por el Kremlin. De este modo, cientos fueron arrestados, entre revelaciones sensacionalistas entrelazadas con tonos racistas. “Hubo casa”, reveló la policía, donde la cocinera, el chofer, una “china” y un jardinero, estuvieron enrolados en el comunismo, siendo los llamados a abrir las puertas y tomar parte en las violaciones, degollina y robos, el día del movimiento general. A un negro sirviente... se le encontró encima algo... en forma de herramientas para introducirse al dormitorio de dos de las más bellas muchachas de la alta sociedad guatemalteca y fueron incautadas las sogas destinadas al ahorcamiento de un ricachón y sus familiares domiciliados en [un] punto céntrico de la urbe. Se reveló la naturaleza demoníaca de los líderes comunistas. Obando Sánchez —se dijo— “predica la matanza primero, para la repartición total de la propiedad después, incluyendo entre ella y en concepto de mueble, o esclava “únicamente para satisfacer las necesidades genésicas de la especie’, a todas las mujeres de los vencidos burgueses (de ocho a treinta años, sin excepción) condenando al suplicio de la hoguera a las de más edad”. Juan Pablo Wainwright, joven hondureño de la clase alta quien se había afiliado al partido unos meses antes, mostraba instintos igualmente sanguinarios: “no hay por que lado entrarle donde no hable de quemar; arrasar, partir, desflorar, hacer en dos, en cuatro, triturar y repartir” No había tomado lugar tal conspiración. El partido Comunista y el movimiento obrero de Guatemala eran mucho más débiles que sus homólogos salvadoreños. En enero de 1932 no estaban pensando en la revolución sino en la supervivencia. Sin embargo, es probable que la 67

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La gaceta: revista de policía y variedades (7 de febrero de 1932), pp. 251-323, citas, pág. 306. Véanse también los siguientes artículos aparecidos en El Imparcial: “Vasto plan del terrorismo comunista para Guatemala” (29 de enero de 1932), pág. 1; “Todos los cabecillas capturados” (30 de enero de 1932), pág. 1 y “Sigue la limpia de agitadores del terrorismo” (2 de febrero de 1932), pág. 1. La gaceta (7 de febrero de 1932), pág. 306. Este número de La gaceta incluye una larga lista de los “conspiradores comunistas” que fueron arrestados. La gaceta (7 de febrero de 1932), pp. 309-279. Entrevista con un líder del partido , Miguel Angel Vásquez. Observa que el partido, el cual había sido fundado en 1922, nunca tuvo más de cien miembros. La mejor fuente sobre el Partido Comunista de Guatemala en la década de 1920 es Arturo Taracena Arriola, “Les origines du mouvemente ouvrier au Guatemala, 1878 1932” (tesis doctoral, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales , París, 1982), especialmente las pp. 282—390 y 425--429; y Arturo Taracena Arriola. “El primer Partido Comunista de Guatemala (1922—1932)”, Araucana de Chile 27 (1984): 71—91. Antonio Obando Sánchez, uno de los líderes del partido, incluye información valiosa en sus Memorias (Guatemala: Editorial Universitaria, 1978), pp. 42—109. Son útiles los siguientes estudios retrospectivos de comunistas guatemaltecos del período posterior a la Segunda Guerra Mundial: Humberto Alvarado Arellano, Apuntes para la historia del Partido Guatemalteco del Trabajo (Guatemala: Ediciones del PGT, 1975), pp. 5—11; Humberto Alvarado Arellano, Esbozo histórico del PGT, (Guatemala, 1971), pp. 3—6; Víctor Manuel Gutiérrez, Breve historia del Movimiento Sindical

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clase alta guatemalteca creyese la propaganda del gobierno. Entonces, como ahora, tenían la mente deformada por el miedo excesivo de perder cualquiera de sus privilegios, por su tendencia a calificar de subversión comunista todo intento de reforma, y por su proclividad a creer cualquier cosa que pudiera confirmar su visión deformada de la realidad. Así, la clase alta, la prensa y la Iglesia elogiaron con entusiasmo la “energía represora” del gobierno contra el comunismo internacional. Sin embargo, advirtieron que una victoria no debía conducir al relajamiento de la vigilancia y la represión necesarias para prevenir futuras sublevaciones. No tenían por qué preocuparse. En nombre de la Guatemala Cristiana, en 1932 Ubico aplastó tanto al joven movimiento obrero como al diminuto Partido Comunista. La mayoría de los miembros dirigentes del partido cayeron en manos de la policía y fueron torturados, pero ninguno de ellos pidió clemencia o se arrepintió. Entre ellos estaba Wainwright, a quien se le recuerda por un acto de valor único en los catorce años del gobierno de Ubico. Un escritor anticomunista inveterado relata que: Torturado cruelmente, Wainwright envía una misiva al general Ubico ofreciéndole revelaciones sensacionales. Ubico acude a la penitencería y entra a la celda 13, donde estaba sepultado en vida Wainwright. ¿Qué tiene que revelarme? —Pregunta el dictador. —Le he mandado llamar— dice Wainwright —para decirle que es Ud. un miserable, un verdugo y una bestia humana— y le escupió la cara. Ubico lo cruza a latigazos y casi ultimado a palos, lo libera una bala misericorde. Wainwright vivió y murió como hombre. Varios comunistas fueron ejecutados días más tarde. El partido había sido destruido. Era el segundo año de la era de Ubico. Como no producía oro, azúcar ni especias, Guatemala había sido una colonia pobre y descuidada durante los tres siglos de gobierno español. Incluso después de la Independencia, en 1821, el país continuó siendo un 71

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de Guatemala (México, 1964), pp. 21—27; y Víctor Manuel Gutiérrez, Apuntes para la historia del Partido Comunista de Guatemala (Guatemala, 1965), pp. 14—29. Especial-mente útil fue una larga entrevista con Miguel Angel Vásquez. La única fuente valiosa en inglés es Robert Alexander, Comunism in Latín América (New Brunswick: Rutgers University Press, 1957), pp. 250—253. “El comunismo”, El Apóstol (31 de enero de 1932, pág. 17; véanse también los siguientes artículos aparecidos en El Imparcial: “Manifestación social contra el comunismo” (1 ° de febrero de 1932), pág. 1; “Es una suerte para Guatemala la represión oportuna al comunismo” (5 de febrero de 1932), pág. 1; y “Orden de la gran parada anticomunista el domingo” (11 de febrero de 1932), pág. 1. Jorge Schlesinger, Revolución comunista (Guatemala: Unión Tipográfica Castañeda, Avila y Compañía, 1946), pág. 46. Sobre Wainwright, véanse también los siguientes documentos: Graciela García, Páginas de lucha revolucionaria en Centroamérica (México: Ediciones Linterna, 1971), pp.

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lugar atrasado y pobre, hasta la introducción del café, cuando este panorama cambiaría. En las últimas décadas del siglo XIX, la demanda creciente de café introdujo a Guatemala en el mundo de la economía. Se crearon fincas cafetaleras de gran extensión y se construyeron ferrocarriles para transportar el café hacia los puertos. Las “reformas” agrarias que despojaron a los indígenas de sus tierras y los códigos laborales que legalizaron el trabajo obligado, aseguraron que éstos proporcionaran la mano de obra. Mientras los indígenas labraban la tierra, los extranjeros construían el ferrocarril. En 1912,1a Internacional Railway oí Central América (IRGA), cuyos dueños eran estadounidenses, controlaban los ferrocarriles de Guatemala. Durante las dos décadas siguientes, la United Fruit Company (UFCO) adquirió extensiones inmensas de tierra estatal, ofreciendo a cambio sumas miserables de dinero y dando las gracias hipócritamente. El Estado solamente observaba, sin preocuparse por las fusiones y adquisiciones que estrecharon el control extranjero de la economía. En 1920, Guatemala entró en un período de democracia política limitada durante el cual el Congreso y la prensa eran relativamente libres. Aún había represión, pero en menor grado que en el pasado, al menos en las ciudades. La población urbana exigió concesiones económicas y se atrevió a organizar huelgas. A menudo la policía intervino y algunas personas fueron arrestadas, pero sí se incrementaron los salarios y se legalizaron varios sindicatos de trabájadores. Con la crisis económica de 1929, .cl mercado del café se derrumbó y el desempleo se propagó por todas panes. “Hay mucho descontento entre las clases trabajadoras”, informó la embajada norteamericana en abril de 1930.74 Acobardada, temiendo “la acumulación de nubes de tormenta roja”, la elite guatemalteca sabía que los tiempos exigían un hombre fuerte. Ese hombre era Jorge Ubico quien, como gobernador, había adquirido “fama de eficiente y cruel”.76 La embajada de EE.UU. le brindó todo su apoyo. En febrero de 1931 era el único candidato. 73

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Sobre la farsa democrática de la década de 1920, véanse en particular: Carlos Figueroa Ibarra, “Contenido de clase y participación obrera en el movimiento antidictatorial de 1920”, Política y sociedad 4 (Guatemala, julio diciembre de 1977): 5—51; y Carlos Figueroa Ibarra, “La insurrec­ción armada de 1920 en Guatemala”, Política y sociedad 8 (Guatemala, juliodiciembre de 1979): 91—142. Despachos de la Embajada de EE.UU., “Hawks al Secretario de Estado” 19 (2 de abril de 1930), pág. 4. Todos los documentos gubernamentales de EE.UU. provienen de los siguientes archivos, que se encuentran en el Archivo Nacional de Washington, D.C.: 814.00, FW814.00 814.001 y 814. 6156. David Vela, “Canción de alba porvenirista”, El Imparcial (27 de noviembre de 1930), pág. 3. Kenneth J. Grieb, “American Involvement in the Rise of Jorge Ubico”, Caribbean Studies (1970): 12. La mejor fuente sobre Ubico antes de asumir la presidencia es Joseph Pitti, Jorge Ubico and Guatemalan Politics in the 1920’s (Ann Arbor: University Microfilms

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Durante sus trece años de dictadura, Ubico construyó varias carreteras, usando principalmente mano de obra indígena sin retribución, que estos ciudadanos proporcionaban en lugar de un impuesto de carreteras; ésta era una práctica antigua que Ubico impuso con vigor especial. Además erigió edificios públicos, también con la mano de obra gratuita de los indígenas. Con frecuencia su usaba también la mano de obra de presidiarios. Para engrosar las filas de éstos, la policía hacía redadas los sábados por la noche en los sectores pobres de la capital y otras poblaciones, arrestando a trabajadores, borrachos y a otros que quizás iban a emborracharse, pero no tuvieron tiempo. Esta también era una práctica antigua que había caído en desuso en la década de 1920, cuando había más libertad. En 1934, Ubico había equilibrado el presupuesto nacional —una hazaña rara en Latinoamérica durante la Gran Depresión—reduciendo los gastos del gobierno. Asimismo, había reducido la corrupción a nivel gubernamental, la cual había estado muy extendida en la década de 1920. Para muchos miembros de la clase media guatemalteca, la austeridad del régimen significó su destitución total de la burocracia. Para otros, el gobierno de Ubico significó una fuerte reducción en salarios y pensiones; no obstante, nadie se atrevió a protestar. Para los obreros la situación resultó peor aún. Cuando los trabajadores de Novella & Co., la fábrica de cemento más grande de Centroamérica, se declararon en huelga en marzo de 1931 a causa de una reducción salarial, el recién electo Ubico ordenó el arresto de los cabecillas. Luego vino la gran ola de represión que acompañó al descubrimiento del “complot comunista” de 1932: el movimiento obrero urbano fue destruido. A partir de entonces, observa un abogado laboralista guatemalteco: Se cierne la noche sobre el movimiento sindical guatemalteco por espacio de casi catorce años. Las palabras “sindicato”, “obrero”, “huelga”, “derechos laborales”, y “pliego de peticiones” quedan proscritas del 77

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Internacional). Véase especialmente: Kenneth J. Grieb, Guatemalan Caudillo (Athens, Ohio: Ohio University Press, 1979), pp. 126—140 y 163-176. Esta obra y la de Rafael Arévalo Martínez, Ubico (Guatemala: Colección Guatemala, 1984), son los únicos estudios eruditos de la era de Ubico; desafortunadamente, son muy superficiales para nuestros propósitos. La obra de Pitti, Jorge Ubico es excelente, pero concluye con la llegada de Ubico a la presidencia. Existen varios relatos partidistas, que incluyen: Enrique Ardón, El señor general Ubico (Guatemala, 1958); Carlos Alberto Sandoval Vásquez, Leifugados (México, D.F.: Impresora Periodística y Comercial, 1946); Efraín de los Ríos, Hombres contra hombres, 2 tomos (Guatemala: Tipografía Nacional, 1969); Carlos Samayoa Chinchilla, El dictador y yo (Guatemala: Imprenta Iberia, 2950); y J. Humberto Aguilar P., Vida y muerte de una dictadura (México: Linotipografía Nieto, 1944). Véanse: “Una protesta”, Nuestro diario (20 de marzo de 1931), pág. 3; Mario López Lavarre, Breve historia del Movimiento Sindical Guatemalteco (Guatemala: Editorial Universitaria, 1976), pág. 23 y Obando Sánchez, Memorias, pp. 77—78.

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vocabulario de “las gentes de orden” y quienes tienen la osadía de emplearlas, automáticamente se convierten en “comunistas”. Los salarios no aumentaron incluso cuando la Segunda Guerra mundial trajo una inflación a Guatemala. Ubico tuvo buen cuidado de que ninguna alma ingenua “malacostumbrara” a los trabajadores guatemaltecos —por eso intervino con éxito en 1942, cuando el ejército de EE.UU. (que estaba construyendo bases militares en el país) quiso pagar a sus trabajadores más del salario establecido de veinticinco centavos por día.80 Con todo, su gobierno no trajo a los trabajadores guatemaltecos una mejora: asqueado por las connotaciones subversivas de la palabra, Ubico decretó que en adelante ya no habría “obreros” en Guatemala: todos se convirtieron en “empleados. Aunque fuesen políticamente importantes, las ciudades y los pueblos eran solamente puntos en la inmensa finca que era Guatemala. En 1940, casi el 90 por ciento de los aproximadamente 2,250,000 guatemaltecos vivían en comunidades de menos de 10,000 habitantes. De éstos, dos tercios eran indígenas.82 Era raro el ladino que no sintiera desprecio por los indígenas; desprecio y miedo a que un día los indígenas se sublevaran con furia ciega y destructora. Nadie podía adivinar qué se escondía detrás de sus sonrisas serviles, de su comportamiento sumiso, de su silencio. La raza aborigen era “cobarde, triste fanatica y cruel”; estaba “más cerca de los animales que del hombre”, se lamentaba un joven intelectual guatemalteco en 1927. “Para los indios sólo hay una ley: el látigo”. Durante el gobierno de Ubico, la personalidad jurídica de los indígenas cambió. En 1934, cl trabajo por deudas fue reemplazado con una Ley de Vagancia. A partir de entonces, los indígenas ya no estarían legalmente 79

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López Lavarte, Breve historia, pág. 24. Federal Bureau of Investigation (en adelante, FBI), Guatemala Today (julio de 1944), pág. 31. Véanse Mario Monteforte Toledo, Guatemala: monografía sociológica (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1965), pág. 290, nota 1; y Carlos González Orellana, Historia de la educación en Guatemala (Guatemala: Editorial “José de Pineda Ibarra”, 1970), pág. 374. Antes de ser publicadas, estas cifras estadísticas fueron manipuladas por Ubico: incrementó la población en un millón y disminuyó la proporción de indígenas en más de dos tercios del total a la mitad. Véanse: John D. Early, The Demographic•Structure and Evolution of a Peasant Systern: The Guatemalan Population. (Boca Raton: University Presses of Florida, 1982), pp. 20 21;”2,781,665 habitantes en Guatemala”, El Imparcial (17 de junio de 1950), pág. 1; Monteforte Toledo, Guatemala, pp. 61—70; y Kalman Silvert, A Study in Government: Guatemala (New Orleans: Middle American Research Institute, Tulane University, 1954), pp. 18—20. Jorge García Granados, Evolución sociológica de Guatemala (Guatemala: Sánchez & De Guise, 1927), pp. 18—20. Chester Lloyd Jones, Guatemala: Past and Present (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1940), pág. 106.

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obligados por deudas a sus amos; sin embargo, para prevenir la ociosidad de todos aquellos indígenas que no tenían tierra o tenían menos de una cantidad prescrita, se les ordenó que se hicieran contratar por los terratenientes durante por lo menos 100 o 150 días por año. Teóricamente, ahora los indígenas podían escoger a sus empleadores libremente y negociar sus contratos según las leyes de la oferta y la demanda. Pero las leyes de la oferta y la demanda casi no se aplicaban en un mundo gobernado por la violencia de los amos. Cuando había alguna presión para que aumentaran los salarios, los terratenientes se unían. Así, en Quezaltenango “se unieron para crear una especie de consorcio monopolítico...que mantendría un nivel salarial de 15 centavos por dia...Se acordaron penas para cualquiera que rompiera esta regla. Tales medidas fueron sólo excepcionalmente necesarias. Los trabajadores indígenas analfabetos no podían leer los contratos donde ponían su huella digital, por lo cual no podían verificar si la palabra escrita estaba de acuerdo con las promesas verbales del patrón. Además, todos los varones indígenas entre 18 y 60 años tenían que probar que se habían hecho contratar durante el número prescritos de días. Con este fin, se les exigía que llevaran libretas en que sus patrones anotaban los días que habían trabajado. “Era (por lo tanto) común que un patrón retuviera a un trabajador negándose simplemente a firmar los libros..” Al surgir cualquier disputa, las autoridades se ponían del lado de los terratenientes. Por lo general, las disputas se resolvían en el mundo cerrado de las fincas: los látigos y los cepos formaban parte de las herramientas rutinarias del terrateniente. Mostrando comprensión por las preocupaciones de los terratenientes, Ubico legalizó el asesinato: el decreto 1816 de abril de 1932 eximía a los terratenientes de las consecuencias de cualquier medida que tomaran para proteger sus bienes y sus tierras.88 De aquí al asesinato a sangre fría de un indígena terco sólo había un paso. Sin embargo, uno se pregunta 85

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Véanse los siguientes: decreto 1995 (7 de mayo de 1934); decreto 1996 (10 de mayo de 1934); y “Reglamento relativo a los jornaleros para trabajos agrícolas” (24 de septiembre de 1935), en Jorge Skinner—Klee, Legislación indigenista de Guatemala (México: Instituto Indigenista Interamericano, 1954), pp. 108—114 y 118—119. En teoría, la ley de la vagancia se aplicaba a todos los ciudadanos guatemaltecos ; en la práctica, se aplicaba casi exclusivamente a los indígenas. Sólo aquellos indígenas que podían convencer a las autoridades indiferentes de que no podían ganarse la vida con la agricultura, escapaban a la ley. Véanse también Jones, Guatemala, pp. 160—167; y Nathan L. Whetten, Guatemala, the Land ant the People (New Haven: Yale University Press, 1969), pp. 120—122. Iones, Guatemala, pp. 165 166. Richard N. Adams. Crucifixión By Pozver (Austin: University of Texas Press, 1970), pág. 178. Decreto 1816 (28 de abril de 1932); y Diario de Centro América (7 de mayo de 1932), pág. 14.

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si en realidad había necesidad de dicho decreto, considerando que los guatemaltecos civilizados siempre habían asumido que de vez en cuando era necesario matar a un indígena. Al reemplazar el trabajo por deudas con las leyes de vagancia, Ubico intentaba mejorar la imagen de Guatemala en el extranjero. Al mismo tiempo satisfacía las exigencias de muchos terratenientes, quienes desde la década de 1920 se quejaban de que el trabajo por deudas era ineficaz y poco rentable, y habían abogado por que fuera reemplazado por leyes de vagancia que se cumplieran a cabalidad. Con estas leyes, Ubico incrementó la influencia del gobierno central, al cual se le encargó la repartición de indígenas entre los terratenientes competidores. A este respecto, la legislación era parte del esfuerzo de Ubico “para que el poder cambiara de manos, el cual por lo general local y regionalmente había estado en las manos de la clase alta local”,90 y como tal era comparable con la Ley Municipal de 1935, la cual reemplazó a los alcaldes electos de país con intendentes nombrados por el gobierno central.91 Así como el sistema de intendentes no fue introducido para cambiar la suerte de la clase baja, asimismo la ley de vagancia no tenían nada que ver con el bienestar de los indígenas. Esto no quiere decir que Ubico fuese impopular entre los indígenas. La opresión diaria que éstos sufrían —opresión que parecía tan eterna como el ciclo y la tierra— provenía de sus amos más cercanos: los terratenientes, las autoridades locales y sus vecinos ladinos. El presidente de la República era una figura remota casi tan remota como el concepto de un país llamado Guatemala. Ubico, quien viajaba mucho por codo el país, puede haberles parecido un personaje que venía de lejos y hablaba con palabras que, aunque severas, resonaban con ecos de esperanza después de que el gran hombre se hubiese marchado.92 Estas son observaciones impresionistas ; nadie, salvo algunos antropólogos extranjeros que evitaron el análisis 89

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Véanse los siguientes: Pitti, Jorge Ubico, pp. 230—232,286,369,376,404--405,408,487—488; McCreery, “Debt Servitude”, especialmente las pp. 756—759; Julio C. Cambranes, “Los empresarios agrarios modernos y el Estado en Guatemala”, Mesoamérica 10 (1985); 276—279; y Frank Griffith Dawson, “Labor Legislation and Social Integration in Guatemala; 1871-1944”, The American Journal of Comparative Lazo 14 (1965—1966), especial-mente las pp. 135—137. Adams, Crucifixión, pág. 175. Para un análisis excelente al caso, véase Adams, Crucifixión, pp. 174—179. Con relación a estos viajes, véanse los relatos apologéticos pero interesantes de Federico Hernández de León, Viajes presidenciales, 2 tomos (Guatemala: Publicaciones del Partido Liberal Progresista, 1940 y 1943). Para descripciones menos partidistas publicadas en años posteriores por participantes y otros testigos, véanse: Samayoa Chinchilla, El dictador, pp. 93—94 y 147—159; Clodoveo Torres Moss, “La justicia salomónica del general Jorge Ubico”, La Hora (Suplemento cultural, 8,15,22 de febrero y 1 ° de marzo de 1986), pp. 4—5; y Mario Aníbal González, “Recuerdos de la dictadura del general Jorge Ubico”, La Hora (15 de febrero de 1986), pág. 3.

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político, intentó penetrar en el mundo secreto de los indígenas. Para los ladinos, los indígenas eran seres inferiores, la masa trabajadora sin forma ni inteligencia, que sólo entendía a la fuerza. Los instrumentos de control estaban a la mano, pues se trataba de una sociedad militarizada en la cuál la escuela secundaria estaba bajo control militar; los directores de escuela eran los oficiales del ejército más antiguos; los tenientes y capitanes estaban a cargo de la disciplina; a los estudiantes se les exigía entrenamiento de reserva.94 El personal de la Radio Nacional y del Ministerio de Caminos estaba compuesto de empleados militares; militares llevaban a los presidiarios y a los indígenas a realizar trabajos forzados en las ciudades y en el campo. Todos los Jefes Politicos de los 22 departamentos de Guatemala eran generales. Estas medidas tenían su lógica: no sólo ayudaban a imponer la disciplina militar en la burocracia, sino que también ayudaban a dar empleo a algunos de los ochenta generales que infestaban el ejército de Guatemala a principios de la década de 1940. (Los que no tenían tareas específicas se congregaban cada mañana en la antesala del dictador para averiguar que se le ofrecía). Odiados por sus propios oficiales, los generales de Ubico eran célebres por su ignorancia, incompetencia y crueldad. Su única aptitud era su ciega obediencia a las órdenes de Ubico. El ejército de Guatemala, señalaba un informe norteamericano en 1944, era un desastre -798 oficiales y 5,528 soldados de tropa quienes estaban “pobremente entrenados y pobremente equipados”. “Es dudoso”, señalaba el informe, “que muchos de los soldados hayan alguna vez disparado sus rifles.95 Los oficiales eran ladinos, mientras que casi todos los soldados eran indígenas reclutados a la fuerza. El servicio militar —explicaba Ubico— era instructivo para los indígenas: “salen de la querencia palurdos, bruscos, de 93

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Entre estos estudios antropológicos se destaca el de Sol Tax, Penny Capitalism (Chicago: University of Chicago Press, 1963), el cual fue traducido al español en la versión El capitalismo del centavo: una economía indígena de Guatemala (Guatemala: Seminario de Integración Social Guatemalteca, 1964). Estudios más recientes también ofrecen algunas ideas. Por ejemplo, en una obra excelente basada en una investigación de campo hecha en la década de 1960, Robert Carmack escribe del área de Momostenango : “Los indios parecen haber creído que sus problemas eran causados por los funciona- ríos ladinos locales... y no por Ubico mismo”; Robert M. Carmack, Historia Social de los quichés (Guatemala: Seminario de Integración social Guatemalteca, 1979), pág. 300. Véanse: González Orellana, Historia de la educación, pp. 360—362 y 439—440; Julia Hilda Valdés López,_ “Aspectos socioculturales de la educación en Guatemala” (tesis de licenciatura, Universidad de San Carlos de Guate-mala, 1976), pp. 32-35; y Alfredo Carrillo Ramírez, Evolución histórica de la educación secundaria en Guatemala, 2 tomos (Guatemala: Editorial “José de Pineda Ibarra”, 1971 y 1972), 1: 242—257. FBI, Guatemala Today, pág. 77. Todavía no se ha llevado a cabo ningún estudio adecuado del ejército guatemalteco en la era de Ubico. Las entre-vistas con los siguientes oficiales, quienes estaban de servicio en la época, fueron especialmente útiles: coroneles Roberto Lorenzana, César Augusto Silva Girón y Carlos Paz Tejada, y teniente coronel Cruz Salazar.

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pelaje primitivo; y regresan desasnados, con buenos modales y en condiciones de hacer frente a la vida con mejores arrestos”.96 Sin embargo, la vida que llevaban en el cuartel era similar a la que habían soportado en las fincas de los patrones: despreciados y con salarios miserables, dormían en el suelo, comían muy mal, llevaban uniformes andrajosos y sucios y eran latigados sin compasión a la menor falta. En las palabras de un oficial guatemalteco que sirvió a las órdenes de Ubico y que no es dado a sentimentalismos, “a los soldados se les daba un trato pésimo”. “Eran”, observa otro oficial, “ineptos, mal preparados, analfabetos y torpes a fuerza de latigazos”. Ubico tampoco daba buen trato a sus oficiales, por lo menos no hasta que alcanzaran el rango de coronel. Su salario era mediocre y soportaban una disciplina opresiva. Su papel era inspirar miedo en nombre del dictador, pero ellos también vivían en un mundo donde reinaba el miedo, donde “la simple murmuración puede llegar a ser fatal”.98 Para evitar el peligro de la contaminación, a los oficiales no se les mandaba a estudiar en el extranjero y a los carceleros se les prohibía aventurarse hiera de los muros de la prisión. El sistema funcionaba. Los oficiales eran autómatas , prestos a obedecer cualquier orden y se abstenían de toda iniciativa: “Había miedo. El código militar era terrible; preveía la pena de muerte casi para todo. Había un terrible sistema de delación”. Para mayor seguridad, Ubico confiaba en una unidad de élite que le servía de guardia presidencial. La Guardia de Honor recibió la mayor parte de las armas que EE.UU. donaron durante la Segunda Guerra Mundial (incluyendo los únicos doce tanques que había en el país). En la Guardia de Honor, “el soldado dormía en camastrones y no en el suelo...el soldado tenía una apariencia de más limpieza y orden, así como una pequeña diferencia en el vestuario y la alimentación” Los oficiales recibían mejor pago; a cambio, se esperaba que fueran especialmente leales a Ubico. También se esperaba una lealtad especial de los oficiales de línea. Estos eran, por lo general, ladinos de clase media baja que ascendían a través de 97

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Citado en Hernández de León, Viajes, II: 17. Citas de la entrevista con el coronel Lorenzana y de César Augusto Silva Girón, 12 horas de combate (Guatemala: Oscar de León Palacios, 1981), pág. 28. 98 Teniente coronel José Luís Cruz Salazar, “El ejército como una fuerza política”, Estudios Sociales (abril de 1972): 77. 99 Entrevista con el coronel Lorenzana. 100 Silva Girón, 12 horas, pág. 32. José Zamora Alvarez describe la vida de un soldado de la Guardia de Honor durante los últimos meses de la dictadura; Las memorias de Andrés (Guatemala: Editorial del Ejército, 1975), pp. 47-41. Para mayores detalles sobre los primeros años de la Guardia de Honor, véase Pedro Zamora Castellanos, Nuestros cuarteles (Guatemala, 1972), pág. 254-274.

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grados militares. Para ellos, la vida de un oficial representaba tanto una condición atractiva como una de las poquísimas vías de mejorar la calidad de vida en Guatemala. Por contraste, los oficiales de escuela —los que se habían graduado en la academia militar— en su mayoría de clase media y tenían mejor educación. De no haber sido por la crisis económica de la década de 1930, muchos habrían asistido a la universidad; una carrera militar no les ofrecía la oportunidad de un ascenso económico o social, especialmente cuando, hacia finales de la era, el alto número de generales y coroneles que había, restringía la posibilidad de ascenso. Aunque fuera un fracaso como fuerza militar profesional, el ejército de Guatemala era más que apropiado para controlar al pueblo desarmado; efectivamente, era impresionante cuando se le comparaba con los otros ejércitos desastrosos de Centroamérica. Además, era asistido por la policía: formada casi exclusivamente por ladinos, tenía “la fama de ser una de las policías más eficientes y reservadas de América Latina”. Unidos, el ejército y la policía eran una barrera formidable frente a la agitación doméstica; aunque tampoco tenían que afrontar grandes desafíos. Después de la destrucción del “complot comunista” de 1932, Ubico aplastó una verdadera conspiración en 1934. Después no hubo complots de ninguna importancia y los disturbios no se presentaron hasta 1944. Tampoco se daba mucho el crimen, por lo menos no en el sentido normal de la palabra, ya que los criminales comunes eran castigados rápida y despiadadamente. Abundan los relatos de cuán segura se volvió Guatemala durante c1 gobierno de Ubico. Pero no lo era para las víctimas de los caprichos personales del dictador, ni para los indígenas “subversivos”, ni para los ladinos pobres. “No era solamente la omnímoda voluntad del dictador la que había que soportar”, recuerda un oficial de entonces; eran, además, los numerosos “ubiquitos” que lo imitaban al servirle de instrumento: el director general de la policía, los jefes políticos y comandantes de armas, los comisarios de policía departamentales, y los jefes de la guardia de hacienda, los de las escoltas rurales y cien más entre comisionados militares y simples agentes de autoridad....Al principio de la dictadura, cuando desempeñé el caro de auditor de cuentas, visitando departamentos del oriente del país, me di cuenta de asesinatos cometidos por las escoltas rurales —según decían sus jefes—a “sentar un precedente y evitar que el hombre (Ubico), los...(reprendiera)” 101

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101 FBI, Guatemala Today, pág. 66. 102 Sobre la conspiración de 1934, véanse, en particular: Ríos, Hombres contra hombres, 1: 379—397 y II: 1781—207; Sandoval Vásquez, Leifugados, pp. 74-78 y 217—257; Arévalo Martínez, Ubico, pp. 34—38; y Aguilar P., Vida y muerte de una dictadura, pp. 25—52. 103 Guillermo Flores Avendaño, Memorias, 2 tomos (Guatemala: Editorial del Ejército, 1974), II: 240-241.

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Los “comunistas” y los criminales (en la medida en que distinguía entre ellos) eran dos de las fobias de Ubico. La tercera eran los intelectuales, por quienes Ubico “sentía olímpico desprecio”. Su desprecio tenía un tinte de desconfianza: la gente que leía podía ser víctima de ideas subversivas, es decir, del comunismo. Por esta razón, se aseguró de que ningún libro “subversivo” se introdujera en Guatemala y de que ninguna idea “subversiva” perturbara a la juventud guatemalteca. “Eramos analfabetos en materia política”, recuerda un líder estudiantil. Ubico era trabajador, cruel y vengativo. Arrogante y desconfiado, odiaba delegar la autoridad —en las palabras de un ministro leal, “una alta estima de su propia personalidad le inclinaba a gobernar y a hacerlo todo, sin consejos ni extrañas injerencias”. “Ha perfeccionado”, observaba el FBI, “un sistema ingenioso de comprobar la lealtad de sus ministros: les nombraba subalternos a hombres por quienes ellos sentían antipatía. De esa forma, todos se vigilaban entre sí e informaban al Presidente”. Ubico era un hombre inteligente, pero su mundo era estrecho y —corno afirma González Campo— “para estadista le faltaba visión.” Su Guatemala era la Guatemala del pasado y desconfiaba de todo cambio: “No deseaba que se crearan industrias, porque las industrias formaban grupos de obreros de los que luego salían comunistas”. Cuanto Bata, un importante fabricante de zapatos, quiso establecerse en Guatemala a principios de la década de 1940, Ubico “rechazó de plano la propuesta”. La valentía de Ubico era legendaria, así corno su fanfarronería. “Yo no tengo amigos, sino enemigos domesticados...Mucho cuidado: yo soy tigre y ustedes monos”111 —estas palabras, atribuidas a Ubico por un antiguo subordinado, reflejan su actitud hacia la élite de los terratenientes. Considerando que Guatemala era su finca privada, Ubico: Gobernaba al país al estilo de alcalde de aldea. Esto es, de modo absoluto, unipersonal. Todo lo controlaba el general; con mucha razón decía la gente que el gobierno de Guatemala durante el que menos se robó 104

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104 José González Campo, “El General Jorge Ubico, un dictador progresista”, Estudios Centro Americanos (noviembre de 1963): 346. 105 Entrevista con Manuel Galich, uno de los líderes del movimiento de 1944 contra Ubico en la universidad. 106 González Campo, “El General”, pp. 347-438. 107 “Hoover a Berle” (13 de enero de 1942), pág. 2. 108 “El General”, pág. 346. 109 Alfonso Solórzano, citado en Stella de la Luz Quan Rosell, Guatemala: una cultura de ignominia, 2 tomos (México: Escuela Nacional de Antropología e Historia, 1972), 1: 218. 110 González Campo, “”El general”, pág. 354. El mencionado Solórzano era enemigo de Ubico; González Campo era su apologista, pero en este punto los dos están completamente de acuerdo”. 111 Samayoa Chinchilla, El dictador, pp. 62 y 107.

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fue el de Ubico. Efectivamente, nadie que no fuera él podía quedarse con nada. Tampoco era inmune a la corrupción. Un informe de EE.UU. de 1944 señalaba que después de que Ubico entró en funciones, “se convirtió en el terrateniente más grande de Guatemala, a pesar de su muy divulgada campaña de honestidad en el gobierno”.113 Compró “muchas propiedades a un precio fijado por él mismo” También se aseguró de que su salario y regalías fueran incrementados generosamente, mientras que él reducía los salarios de los burócratas y en 1940. aceptó con muestras de agradecimiento un regalo de $200,000.00 que le hacía un Congreso servil. Esta muestra “espontánea” de gratitud despertó resentimiento, pero los quejosos fueron silenciados rápidamente: “La legislación ha oído”, informó el ministro de EE.UU., “que unas novena personas en Guatemala han sido encarceladas por expresarse desfavorablemente de este regalo” Los que ofendieran al dictador de la manera que fuera, eran duramente castigados. “Los servicios de espionaje estaban sabia y cuidadosamente organizados. En todas las clases sociales había ‘orejas’ ...Espiaba el sirviente y espiaba el señor; espiaba la dama y espiaba la prostituta; espiaba el sacerdote y espiaba el maestro”.116 Como consecuencia de esto —recuerda el hijo de un antiguo funcionario—” en casa de mis amigos y en la mía propia, (hasta) en la calle, se hablaba en voz baja...todo el mundo tenía miedo de los demás; se acercaban a uno para decirle: “aquél es oreja”. La inmensa mayoría de la élite se sometía a la voluntad del dictador, participaba en el culto a su personalidad y les daba la espalda a quienes él consideraba sus enemigos —aún cuando fueran amigos o parientes. A cambio de ello, se les permitía vivir como pequeños señores feudales. Frío y desdeñoso con la clase alta guatemalteca, Ubico se mostraba cortés cuando trataba con los EE.UU. Por supuesto que los hombres a quienes él admiraba no eran Roosevelt ni Cordell Hull, sino Franco y Mussolini (despreciaba a Hitler porque consideraba que era un “campesino” muy inferior a su análogo italiano). Pero la admiración no podía interponerse en el camino del 112

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112 José Luís Barcárcel, citado en Quan Rosell, Guatemala, II: 497—498. 113 Oficina de Servicios Estratégicos. División de Investigación y Análisis, “The First Two Months ofthe New Guatemalan Government (November-December 1944)”, documento 2791 (23 de diciembre de 1944), pág. 6. 114 “John M. Cabot al Secretario de Estado”, documento 1250 (9 de mayo de1940), pág. 3. 115 “Fay Allen DesPortes al Secretario de Estado”, documento 1250 (8 de mayo de 1940), pág. 1. Para una copia del salario y las regalías que recibió Ubico en el mes de julio de 1938, (un total de S 11,790), véase Samayoa Chinchilla, El dictador, pág. 109. 116 Samayoa Chinchilla, El dictador, pág. 68. 117 Julio Gómez Padilla, citado en Quan Rossell, Guatemala, I: 333. 118 El libro de Grieb proporciona el informe más detallado de las relaciones entre EE.UU. y Guatemala en la era de Ubico; Guatemalan Caudillo, pág. 249.

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sentido común: el Caribe pertenecía a EE.UU. Además, Ubico veía en los estadounidenses un valioso escudo contra México, país vecino que en el siglo XIX se había anexado extensas regiones reclamadas por Guatemala y ahora se había convertido —o así lo creían Ubico y su clase— en un criadero de contaminación comunista. Contrario a su creencia , EE.UU. hasta cierto punto no estaban contaminados , aunque Ubico a veces dudaba de la firmeza de Roosevelt. Le preocupaban, expresó a un diplomático norteamericano en 1941, “las actividades comunistas y tantas huelgas en EE. UU.”, “Era cierto que el Partido Comunista estadounidense era pequeño; pero, afirmaba, “incluso la rata más pequeña que encuentra tranquilidad en una mansión acaba por roer las paredes”. Ya fuera en Guatemala o en EE.UU., subrayaba, los comunistas debían ser tratados de la misma manera: con una “dosis de plomo”, no con libertad de expresión. Sólo acerca del comunismo se atrevía Ubico a dar consejos a los EE.UU. Por los demás, su actitud era la de un alumno complaciente. Durante su mandato, “diligentemente hacía la corte a funcionarios, diplomáticos y hombres de negocios norteamericanos, mostraba preferencia por los inversionistas yankis y daba muestras de gran imaginación para descubrir formas de manifestar su apoyo”. Por ejemplo, nombró director de la Escuela Politécnica a un oficial norteamericano —un gesto sin precedentes. —Salvo durante unos cuantos meses en 1934, oficiales norteamericanos desempeñaron ese cargo prestigioso durante los catorce años de la administración de Ubico; otros oficiales norteamericanos estuvieron entre los profesores de la acadernia. Después de que empezaron las hostilidades en Europa, Ubico afirmó que Guatemala “estaba con EE.UU. en todo lo que se ofreciera, “incondicionalmente.” Le declaró la guerra al Japón el 8 de diciembre, un día después del ataque a Pearl Harbor lo hizo también a Italia y a Alemania, el 11 de diciembre, día en que las potencias del Eje declararon 119

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119 Con respecto a Ubico y México véanse, en particular, Pitti, Jorge Ubico, pp. 9—11, 63-64, y 462—463; y Grieb, Guatemalan Caudillo, pp. 206 218 y 235—247. 120 Memo. de una conversación del 12 de agosto de 1941, en “DesPortes al Secretario de Estado”, documento 2057 (14 de agosto de 1941), pp. 3-4. 121 Grieb, Guatemalan Caudillo, pág. 72. 122 A pesar de que no se ha hecho un estudio de calidad sobre la Escuela Politécnica, los siguientes son útiles: Francisco Samayoa Coronado, La Escuela Politécnica a través de su historia, 2 tomos (Guatemala: Tipografía Nacional, 19643); Zamora Castellanos, Nuestros cuarteles, pp. 45—133; Es-cuela Politécnica,La Escuela Politécnica 1 ° de septiembre de 1877--1” de septiembre 1941 (Guatemala, 1941); y Escuela Politécnica, Primer Centenario de la Escuela Politécnica , 1873--1973. Carrillo Ramírez describe el currículum de la academia; Evolución histórica, II: 153—226. 123 Memo. de un conversación, en “DesPortes al Secretario de Estado”, docu­mento 2057 (14 de agosto de 1941), pág. 1.

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la guerra a EE.UU. Durante los años de guerra — señalaba un informe del FBI de 1944— Guatemala cooperó con EE.UU. “extremadamente bien”, las relaciones eran “excelentes” y Ubico “prontamente concedió... todas las facilidades requeridas en relación con las instalaciones militares” especialmente dos bases aéreas ; se estacionaron tropas norteamericanas en Guatemala y Ubico “cooperó en el mantenimiento de relaciones cordiales con el personal militar de EE. UU”. A petición de Washington, Ubico tomó medidas contra la comunidad alemana de Guatemala —compuesta de 5,000 a 6,000 individuos, principalmente guatemaltecos de origen alemán. Este grupo pequeño, pero económicamente influyente, había apoyado lealmente al dictador y no hay indicación de que se les considerara una amenaza para su gobierno. Pero los norteamericanos querían que actuara, y él obedeció. Después de la declaración de guerra de Guatemala a Alemania, Ubico permitió que el FBI deportara a varios cielitos de ciudadanos alemanes y guatemaltecos de origen alemán a EE.UU. Otros fueron sometidos a medidas discriminatorias que culminaron, en junio de 1944 en la expropiación de todas las fincas de café que pertenecían a miembros de comunidad alemana. A fines de la década de 1930, ocasionalmente habían aparecido artículos en la prensa norteamericana donde se acusaba a Ubico de simpatizar con las potencias del Eje Pero su comportamiento durante la guerra disipó tales miedos. Como resultado, entre 1940 y mediados de 1944 la prensa norteamericana, al escribir sobre Guatemala, mostraba gran aprecio por Jorge Ubico, un caudillo exótico que construía carreteras , mantenía la estabilidad y mostraba una admiración conmovedora por EE.UU. y por Franklin Delano Roosevelt. Ubico — manifestaba John Gunther a sus muchos lectores— es el gran hombre de Centroamérica. “Dadas las condiciones locales, ha logrado mucho...Las relaciones entre Guatemala y EE.UU. son excelentes en todos los aspectos; nunca antes han sido mejores”. 124

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124 “Guatemala Today”, pág. 191. 125 Para el estudio más amplio sobre el tema, véase FBI, Guatemala Today, pp. 82-193. Véanse también: FBI, “Hoover a Berle” (13 de enero de 1942), pp. 4—6; Goodyear, Report No. 5 (12 de Julio de 1940), pp. 10—12; y United States Tariff Comission, Economic Controls and Commercial Policy in Guatemala Washington, D.C.: Government Priting Office, 1947), pp. 1819. El decreto 3115, del 22 de junio de 1944, estipulaba que los antiguos propietarios serían indemnizados después de la guerra, según el valor que habían declarado por cuestiones de impuestos: véase Diario de Centro América (23 de junio de 1944), pág. 805; y “Razones de la expropiación”, El Imparcial (23 de junio de 1944), pág. 1. No existe un estudio concreto de la presencia alemana en Guatemala. Las mejores fuentes son Julio C. Cambranes, El imperialismo alemán en Guatemala: el tratado de comercio de 1887 (Guatemala: IIES, Universidad de San Carlos, 1977); y Guillermo Náñez Falcón, “Erwin Paul Diesseldorff, German Entrepreneur in the Alta Verapaz of Guatemala, 1889-1937” (disertación doctoral, Tulane University: 1970. 126 Inside Latin América (Nueva York y Londres: Harper & Brothers, 1941), pp. 126. Véanse también: Lawrence Martín y Silva Martín, “Ubico: Boss of Guatemala”, Christian Scicnce

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El comportamiento de Ubico ante las compañías norteamericanas era igualmente ejemplar. No sólo respetaba escrupulosamente sus inmensos privilegios, sino que también se mostró sumamente comprensivo en una ocasión en que, para un hombre menos flexible, una confrontación habría sido inevitable. El asunto tenía que ver con el contrato de 1930 de la UFCO (United Fruit Company); a cambio de una concesión de 200,000 hectáreas de tierra en Tiquisate, en la costa del Pacífico, la compañía se había comprometido a construir un puerto en el Pacífico en un plazo de siete años. Para la élite terrateniente, este tratado tenía un beneficio importante: costos de transporte más bajos. El café que se cultivaba en la vertiente occidental ya no tendría que ser transportado en tren hasta Puerto Barrios, situado en el Atlántico —un absurdo económico del cual la IRCA sacaba cuantiosas ganancias. Si la UFCO hubiera cumplido con el acuerdo, las pérdidas de la IRCA habrían sido considerables. Pero las dos compañías norteamericanas llegaron a un acuerdo amistoso que fue formalizado en un contrato en septiembre de 1936. La UFCO, que ya poseía 17 por ciento de las acciones de la IRCA, adquirió aún más acciones, elevando su participación total a 42.68 por ciento. También se comprometió a no construir un puerto en el Pacífico. Así, los bananos de Tiquisate tendrían que ser transportados, como el café, hasta Puerto Barrios, pero la IRCA cobraría a la UFCO menos de la mitad de su precio de transpone normal. Era un arreglo que prometía beneficiar a ambas compañías. Sin la indulgencia de Ubico, el acuerdo no habría sido posible. En marzo de 1936, Guatemala había exonerado a la UFCO de su obligación de construir el puerco “a causa de la crisis económica actual” (la actual era menos severa que cuando se firmó el contrato original en 1930). La UFCO pagó $ 50,000 de indemnización y se quedó con la tierra que había recibido por acceder a construir el puerto. Las negociaciones, expresó cl director local de la UFCO al encargado de negocios norteamericano, “se han realizado de la forma más amigable” y comunicó asimismo que la compañía “no había sido sometida a presiones de ninguna clase”. Una vez más, como resultaba 127

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Monitor Weekly Magazine Section (18 de octubre de 1941), pág. 5; John Gunter, “Four Strong Men and a President”, Harper’s (septiembre de 1942), pp. 418—427; y Frank Taylor, “Guatemala’s hardheaded Ubico”, The Reader’s Digest (febrero de 1944), pp. 25-27. 127 Véase Oscar de León Aragón, Los contratos de la United Fruit Company y las compañías muelleras en Guatemala (Guatemala: Ministerio de Educación Pública, 1950), pp. 261273. 128 Para el acuerdo de 1936, véase Richard LaBarge, “”Historia económica de la producción bananera en el istmo centroamericano”, Cuadernos de Ciencias Sociales (Guatemala: CSUCA, 1976—1977. Serie Estudios Centroamericanos 4), pp. 17—19. 129 “Sidney E. O’Donaghue al Secretario de Estado”, documento 941 (8 de abril de 1936), pág. 2. Para el texto del contrato y un análisis crítico al respecto, véase León Aragón, Los contratos,

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a menudo en su labor de construir imperios en la región del Caribe, la UFCO pudo llevarse los beneficios de un gobierno dictatorial: mientras que al contrato de 1930 sólo se llegó después de largos y cáusticos debates en el Congreso y la prensa de Guatemala, el acuerdo de 1936 fue aprobado rápidamente y sin que nadie pusiera en duda sus méritos. No hay evidencia de que funcionarios norteamericanos hayan intervenido para proteger a la compañía —ni tampoco, la UFCO pidió ayuda alguna. Habiéndose reelegido recientemente, en violación de la Constitución, Ubico buscaba especialmente la aprobación de EE.UU.; también estaba consciente de que a principios de Ta década de 1920, el Departamento de Estado había presionado considerablemente cuando el gobierno guatemalteco no satisfizo las demandas de una compañía norteamericana importante.130 Además, tanto la UFCO como la IRCA tenían el poder suficiente por derecho propio como para obtener un trato favorable. Así, durante su mandato, Ubico demostró que merecía el respaldo de los norteamericanos y éstos, a su vez, no fueron desagradecidos. Los funcionarios norteamericanos habían aplaudido el ascenso de Ubico a la presidencia en 1931, elogiándolo en términos extravagantes como el hombre que mejor podía mantener la estabilidad pro—estadounidense en Guatemala durante la recesión mundial. El beneplácito de EE.UU. fue firme y constante hasta los últimos meses del gobierno dictador. Sin embargo, hasta los dictadores útiles pueden ser prescindibles. Por toda la América Latina, la crisis económica había disminuido y la derrota de Hitler por parte de los Aliados estaba propagando tendencias antidictatoriales incluso entre la clase alta. En la región del Caribe, a mediados de la década de 1940, algunos dictadores tambalearon y cayeron. La dictadura de Somoza en Nicaragua estuvo seriamente amenazada desde 1944 hasta 1947; Trujillo afrontó dificultades en la República Dominicana; en Cuba, el general Fulgencio Batista aceptó la derrota en las urnas en 1944, mientras que Isaias Medina Angarita fue derrocado en Venezuela en octubre de 1944. En junio de 1944, Ubico se convirtió en una de las víctimas de este proceso de democratización. 131

pp. 95--105, 171—190 y 274 - 284. 130 Nuestra conclusión de que el Departamento de Estado no intervino en 1936 se basa en un estudio de los documentos pertinentes que se encuentran en el Archivo Nacional. A principios de la década de 1920, el Departamento de Estado había presionado tanto en el caso de la Empresa Eléctrica como en el de una concesión ferroviaria reclamada por la IRCA; véase Pitti, Jorge Ubico, pp. 68—72 y 88—104. 131 Véase Grieb, “American Involvenument in the Rise of Jorge Ubico”, pp. 5-21.

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En la Universidad de San Carlos, el único centro de enseñanza superior de Guatemala en esas fechas, algunos estudiantes habían empezado a sacudirse del entumecimiento que tenía paralizado al país. La creación de la Asociación de Estudiantes de Derecho en octubre de 1942 y de una Asociación de Estudiantes Universitarios trece meses más tarde, fueron pasos tentativos a lo largo de un sendero estrecho que parecía evitar las cuestiones políticas y buscar sólo una libertad académica mínima. Pero en el fondo empezaban a surgir tensiones. Los funcionarios norteamericanos notaron que la decisión de Ubico de continuar por un tercer período (desde marzo de 1943 hasta marzo de 1949) creó una “tensión pública considerable” y una “oposición latente”. El jefe de la policía del gobierno de Ubico informó que la Carta del Atlántico era “la causa de la agitación política...En su opinión, la gente había leído carteles propagandísticos de los Aliados sobre las Cuatro Libertades y las ideas que el asunto les había inspirado los hicieron sentirse descontentos con el gobierno guatemalteco actual”. La verdad es que la clase media odiaba a Ubico, e incluso la clase alta le empezaba a dar la espalda; ya no sentía la necesidad de un caudillo arrogante. La partida de Ubico estuvo precedida por la de su colega salvadoreño, general Maximiliano Hernández Martínez. Después de aplastar una rebelión militar en abril de 1944, Hernández Martínez hizo frente a una ola creciente de huelgas urbana. Estudiantes y obreros estaban al frente de los disturbios; el ejército titubeó y la Embajada de EE.UU. buscando una transición ordenada, instó al dictador asediado a que se marchara. El 11 de mayo, Hernández pidió asilo en Guatemala. Un gobierno provisional 132

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132 La mejor fuente sobre ese período de despertar en la Universidad y sobre las semanas de agitación que precedieron a la dimisión de Ubico es Manuel Galich, Del pánico al ataque (Guatemala: Editorial Universitaria, 1977). También son útiles: Baltasar Morales, La caída de Jorge Ubico: derrocamiento de una tiranía, reseña de la gesta cívica de junio de 1944. 3a. Edición (Guatemala: Tipografía Nacional, 1966); Medardo Mejía, El movimiento obrero en la Revolución de Octubre (Guatemala: Tipografía Nacional, 1949), pp. 41—76; Arcadio Ruiz Franco, Hambre y Miseria (Guatemala: Tipografía Nacional, 1950), pp. 17—51; Gómez Padilla, citado en Quan Rossell, Guatemala, I: 333--346; y Arévalo Martínez, Ubico, pp. 64—137 y 166--169. De especial interés es una serie de estudios publicados por estudiantes universitarios en Studium, época 3 (Guatemala, abril de 1945): I. Samayoa Chinchilla describe los últimos días de Ubico en el poder desde la posición ventajosa de un funcionario en el palacio presidencial; El dictador, pp 178—181. Dos breves relaciones escritas por ubiquistas leales son José González Campo, “La caída del presidente Jorge Ubico”, Estudios Centro Americanos (abril de 1964), pp. 84—98; y Carlos Salazar, Memoria de los servicios prestados a la nación por el licenciado Carlos Salazar (Guatemala: Tipografía Sánchez & De Guise, 1945), pp. 316—323. La relación definitiva de la caída de Ubico aún no ha sido escrita. 133 FBI, Guatemala Today, pág. 48. Véanse también: “F. M. June a Navy Departament”, documentos 259—42 (1° de junio de 1942) y 16—43—R (19 de enero de 1943); “Drew al Secretario del Estado”, documentos 3593 (9 de febrero de 1943) y 3707 (19 de marzo de 1943); y FBI, “Hoover a Berle” (6 de marzo de 1944). 134 FBI, “Hoover a Berle” (2 de junio de 1944), pág. 8.

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prometió elecciones libres y se inició en El Salvador un período de libertad política poco característico. La caída de un dictador vecino desconcertó a Ubico e inspiró a sus inquietos súbditos. Esto se manifestó primeramente, como observaba la embajada estadounidense, entre los estudiantes universitarios de Guatemala. Hasta finales de junio, sus peticiones estuvieron limitadas a cuestiones académicas —pero su actitud reivindicativa era reciente. Las autoridades respondieron con una indecisión sorprendente combinando concesiones vacilantes con castigos tenues: algunos estudiantes fueron detenidos brevemente y otros perdieron sus plazas de maestros. La impresión global era de debilidad. Los estudiantes adquirieron valor, y el miedo que paralizaba a la población empezó a disiparse. A mediados de junio la agitación se extendió a los maestros de la capital. Los preparativos para el Día del Maestro proporcionaron la chispa que encendería la mecha: Como todos los años, principiaba el martirologio del magisterio, sin consideración de sexo ni edad. Era obligado a concurrir todas las tardes al edificio del Instituto Central de Varones, después de sus duras tareas escolares, a marchar ininterrumpidamente por cerca de dos horas, para que lo hicieran en orden y concierto el “Día del Maestro”, bajo el sol tremendo, portando pesadas banderas, el mando de oficiales del ejército y juntanente con los escolares. En número creciente, los maestros soportaban los ejercicios. Pronto otros profesionales, especialmente abogados jóvenes, empezaron a expresar su apoyo por los estudiantes y a presentar demandas propias. Pero nadie se atrevía aún a pedir abiertamente la renuncia del dictador. El 22 de junio Ubico respondió suspendiendo las garantías constitucionales. En realidad, tales garantías no habían existido durante su gobierno: pero en suspensión formal indicaba que era inminente un momento decisivo. En las palabras de un líder estudiantil, “el pueblo permaneció con la respiración en suspenso” ese día y el siguiente. “Pero debajo de la zozobra, alentaba ya un nuevo espíritu. La enhiesta actitud universitaria y la respuesta masiva del magisterio eran incentivos bastantes fuertes para decidir en las fuerzas que pugnaban desde hacía tiempo por desencadenarse” El sábado 24 135

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135 “Boaz Long al Secretario de Estado”, documento 1241 (23 de junio de 1944), pág. 1. 136 Galich, Del pánico al ataque, pp. 256-257. 137 Galich, Del pánico al ataque, pág. 332. Para el relato de un testigo ocular de la reacción de los estudiantes a la suspensión de las garantías constitucionales, véase Juan Carlos Catalán M., “Huelga universitaria contra Ubico”, La calle donde tú vives (16 de septiembre de 1977), pp. 10-15.

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de junio, dos almas valerosas llevaron al palacio presidencial una petición firmada por 311 guatemaltecos destacados. Con palabras respetuosas pero firmes, el documento exigía la restauración de las garantías constitucionales —era un acto de audacia que Ubico vio como una dolorosa traición. Ese mismo día, por primera vez en la era de Ubico, se reunieron multitudes en la capital para manifestarse contra cl gobierno. También por primera vez se escucharon voces— pocas al principio, luego un coro creciente— que exigían la renuncia del dictador. A los estudiantes, los maestros y otros profesionales se unieron los pobres en las calles. “La primera manifestación organizada” del día, informó la embajada estadounidense, tuvo lugar alrededor de mediodía “cuando los estudiantes desfilaron pacíficamente por las calles, vitoreando a los Estados Unidos y al presidente Roosevelt cuando pasaron por el Consulado General Americano y la oficina ocupada por los agregados militar y naval”. Durante cl día hubo poca violencia. Por la noche la policía envió a grupos de criminales a saquear y alborotar en algunas áreas de la capital. Hubo varios muertos, pero las autoridades culparon a los manifestantes de los incidentes. A la mañana siguiente, domingo 25 de junio, “la tensión se había extendido por toda la ciudad con una rapidez casi increíble”, informó el embajador de EE.UU. Boaz Long. Grandes multitudes se reunieron en las calles. Intervinieron la policía y el ejército, causando bastantes heridos. “Para cualquiera que supiera cómo habían sido los trece años de disciplina férrea que mantuvo la administración de Ubico”, observaba Long, “era difícil creer que un incidente al principio limitado a un grupo pequeño compuesto por estudiantes universitarios, se hubiese extendido tan rápidamente y hubiese involucrado a la ciudad entera, en una situación sería marcada por el desorden público y la desobediencia cívica general”. Esa tarde, una maestra, María Chinchilla, fue muerta por un soldado. El lunes 26 de junio, “cerraron sus puertas todas las tiendas y negocios, las gasolineras y oficinas de prensa”. La ciudad de Guatemala estaba desafiando a Ubico. La confrontación sería breve e incruenta. Durante los días siguientes, la policía y el ejército fueron los amos absolutos de las calles de la capital —pero la mayor parte de las oficinas y tiendas permanecieron cerradas. Luego, el 30 de junio, se propagó la noticia: Ubico —se decía— había dimitido. 138

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138 “Long al Secretario de Estado”, documento 1256 (27 de junio de 1944), pág. 1. 139 Véase, en particular, “Actos de pillaje cometidos el sábado”, El liberal progresista (26 de junio de 1944), pág. 1; y “Fue una farsa vulgar de la policía el asalto al barrio de La Palmita y Colonia de Ubico”, El Imparcial (3 de julio de 1944), pág. 1. 140 “Long al Secretario de Estado”, documento 1256 (27 de junio de 1944), pág. 2. 141 “Long al Secretario de Estado”, documento 412 (26 de junio de 1944). Como los periódicos estaban clausurados o bajo el control del gobierno, los despachos de la embajada norteamericana son la mejor fuente de infor­mación para los acontecimientos de la última semana de junio de ese año.

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Efectivamente, el 1° de julio de 1944, Ubico dimitió, abandonando una batalla que todavía no había perdido y que al final habría podido ganar. La ciudad capital se había sublevado, pero el resto del país había permanecido pasivo y el ejército no había dado muestras de debilidad.142 Tampoco EE.UU. le habían pedido que renunciara; pero tampoco intervinieron para apoyarlo: durante todo el mes de junio, su actitud había sido de reserva. El departamento de Estado instruyó a la embajada a que limitara sus buenos oficios, lo cual había sido requerido por Ubico, “exclusivamente a la transmisión de mensajes entre las dos facciones contendientes”. Los funcionarios norteamericanos habían empezado a considerar a Ubico un hombre anacrónico e ineficaz por la manera de tratar la crisis. Además, confiaban en que los líderes de la oposición, si Ilegaban a reemplazar a Ubico. considerarían a EE.UU. un país amigo. Ubico consideró la reserva de los norteamericanos como un desaire, pero esto sirvió de poco consuelo a sus enemigos. Un líder de la oposición comparó la actitud del embajador de EE.UU. con la del embajador mexicano en dos reuniones celebradas a finales de junio con los cuerpos diplomáticos: El señor Long guardaba un hermetismo absolutamente diplomático, su semblante no daba la más pequeña indicación de que pudiera reconfortarnos en aquellos trágicos momentos; en cambio el embajador mexicano tomó la palabra para expresar su simpatía personal y la del Gobierno y pueblo mexicano hacia el pueblo de Guatemala, y el Triunfo de la democracia en este país. 143

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142 Confirmado en las entrevistas con los oficiales Lorenzana, Silva Girón, Paz Tejada y Cruz Salazar. Para una descripción corroborativa de la situación de la Guardia de Honor, véase Zamora Alvarez, Las memorias de Andrés, pp. 73-76. Los relatos de los líderes de la oposición no hacen referencia a ningún contacto con oficiales militares en facción, o a ninguna vacilación dentro de las fuerzas armadas; véanse Gunther, Inside Latin America; Martín y Martin, “Ubico: Boss of Guatemala”; Martin y Martin, “Four Strong Men”; y Taylor, “Guatemala’s Hardheaden Ubico”. El mismo silencio revelador se encuentra en dos publicaciones del ejército que tratan amplia-mente de los acontecimientos de 1944: Revista militar (enero-febrero de 1945) y Revista de la Revolución, sin número especial (enero de 1945). 143 “Hulle a la embajada norteamericana en Guatemala”, documento 267 (25 de junio de 1944); véanse también “Long al Secretario de Estado:”, docu­mentos 400 (25 de junio de 1944) y 402 (25 de jimio de 1944). 144 Ernesto Viteri Bertrand, citado por Morales, La caída de Jorge Ubico, pág. 108. El papel del embajador mexicano y la clara simpatía de su gobierno por la oposición a Ubico eran conocidos ampliamente. Véanse, en particular, los siguientes : “Long al Secretario de Estado”, documentos 1251 (24 de junio de 1944) y 1261 (27 de junio de 1944); FBI, “Hoover a Berle (Revolución Guatemalteca)” (23 de agosto de 1944), pág. 15; “Messersmith al Secretario de Estado”, documentos 941 (México 1° de julio de 1944) y 18733 (México 12 de julio de 1944) y “Long al Secretario de Estado”, documento 1380 (1° de agosto de 1944). Véanse también: “Triunfo del civismo”, El Imparcial (3 de julio de 1944), pág. 1; Enrique Muñoz Meany, El hombre y la encrucijada (Guatemala: Tipografía Nacional, 1950), pp. 141—144; Roberto Quintana, “Gesto heroico”, Studium (abril de 1945): 75—81; y Revista de la Revolución, pág. 28.

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El apoyo de los mexicanos tenía poca importancia, puesto que EE.UU. todavía no se había vuelto en contra del dictador y el ejército todavía le era fiel. Ubico tenía buenas posibilidades de esquivar la tormenta, como hizo Somoza en Nicaragua. ¿Por qué, entonces, renunció? ¿Acaso estaba convencido de que su posición era irremediable? ¿O es que estaba realmente decepcionado, habiendo creído ingenuamente las afirmaciones de sus oduladores de que “el pueblo lo adoraba”, Ubico —como informó el embajador Long en la mañana del 30 de junio— estaba “profundamente desilusionado y herido al ver que la mayor parte del país estaba en contra suya”. Le dolían especialmente —añadía Long— las peticiones de renuncia presentadas durante los días pasados por una larga lista de guatemaltecos prominentes, incluyendo muchos a quienes él consideraba absolutamente leales.” Quizás en la decisión de Ubico también influyó su estado delicado de salud —o incluso la esperanza de que pronto un pueblo arrepentido le rogara que volviera. Lo cierto es que ninguna explicación definitiva ha sido ofrecida por amigo, enemigo o incluso por el propio Ubico; abandonó el palacio presidencial en la mañana del 1 ° de julio, instruyó a un ayudante clave, el general Roderico Anzueto, “para que buscara a tres generales que pudieran hacerse cargo de la presidencia. Saliendo del despacho del presidente, Anzueto cumplió con su misión: grande fue la sorpresa de tres generales mediocres — Federico Ponte Vaides:, Eduardo Villagrán Ariza y Buenaventura Pineda — cuando Anzueto les dijo que desde ese momento constituirían una junta militar integrada por tres hombres y reemplazarían a Ubico. Cuando otro general le pidió a Ubico que no se marchara, el dictador “le cortó diciéndole — usted se calla”, luego se marchó y lo primero que hicieron los nuevos gobernantes , recuerda el Ministro de Guerra, “fue destapar una caja de licores...y se emborracharon”. El 4 de julio el más ambicioso de los miembros de la Junta, el general Poner, fácilmente persuadió a un Congreso timorato para que lo eligieran 145

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145 “Long al Secretario de Estado”, documento 1269 (30 de junio de 1944),Pág.2 146 Ernesto Rivas, “Versión inédita sobre la renuncia del general Ubico”, La tarde (16 de octubre de 1970), pág. 9. 147 Rivas, “Versión inédita”, pág. 9. Véanse también: Miguel Villegas Rodas, “Como se produjo la renuncia del general Jorge Ubico”, El Imparcial (26 de julio de 1961), pág. 3; y Carlos Daniel Corado, “Yo no firmé la rendición del 20 de octubre”, La tarde (17 de octubre de 1970), pág. 9. (Estos tres —todos ellos antiguos funcionarios gubernamentales fueron testigos oculares). A la embajada norteamericana se le comunicó que la Junta había sido elegida por el Estado Mayor del Ejército, pero realmente no había sido elegida por el Estado Mayor del Ejército, pero realmente no había sido así: al respecto, véase “Salazar a Long”, documento 8514 (1 ° de julio de 1944); véanse también “Long al Secretario de Estado”, documento 461 (2 de julio de 1944) y FBI, “Hoover a Berle”, ‘Antecedentes de la Revolución de Guatemala’ (15 de julio de 1944).

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presidente provisional. “Nunca soñé, nunca pensé que algún día se me confiaría la gran responsabilidad que ustedes me ofrecen ahora”, les dijo a los diputados en su discurso inagural unas horas más tarde. En las semanas que siguieron, Ponce permitió la formación de partidos políticos y sindicatos y prometió celebrar elecciones libres. Una vez más, estudiantes y profesores estaban en la vanguardia. “Los estudiantes” escribía la embajada norteamericana en agosto, “se han metido en toda clase de situaciones —laborales, políticas, personales, del Congreso, etcétera— desde que lograron iniciar un movimiento que culminó con la dimisión del presidente Ubico”. Los dos partidos de oposición más fuertes del país eran el Frente Popular Libertador, cuyos líderes eran estudiantes universitarios, y Renovación Nacional, encabezado por los maestros. Su candidato único el profesor universitario Juan José Arévalo, pronto se destacó como el contendiente más fuerte para la presidencia. Pronto se hizo evidente, no obstante, que sí en realidad Guatemala fuera a tener elecciones, éstas sólo serían libres para quienes estuvieran dispuestos a elegir al General Ponce como el próximo presidente de la república. Cargados de valor por su victoria sobre el formidable Ubico, los habitantes de la capital respondieron con una agitación creciente. Los disturbios se extendieron a muchas ciudades provinciales, pero el área rural permaneció tranquila. Con la esperanza de intimidar a la oposición, Ponce explotó en los ladinos el miedo de una rebelión indígena: a partir de finales de agosto, se trajeron a la capital camiones repletos de indígenas para destilar en apoyo a Ponce; después fueron llevados de regreso a sus pueblos, instrumentos inocentes en una batalla de ladinos. La táctica culminó el día de la Independencia, el 15 de Septiembre, con un desfile de 2000 indígenas “importados” que blandían palos y machetes en las calles de la ciudad de Guatemala, gritado consignas en honor a “mí presidente Ponce”.150 La prensa del gobierno alabó “el magnífico desfile” y la “sinceridad del campesinado”, y criticó a los “apasionados de la política que menosprecian al indígena”. Pero la oposición ofreció una evaluación distinta de los hechos: 148

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148 “Discurso del general Ponce ante la cámara”, El Imparcial (5 de julio de 1944), pág. 1. Las mejores fuentes para la presidencia de Ponce son las siguientes: Arévalo Martínez, Ubico, pág. 166—343; Juan José Arévalo, El candidato blanco y el huracán (Guatemala: EDITA, 1984), pp. 113--114; Ruiz Franco, Hambre y miseria, pp. 51—168; y Flores Avendaño, Memorias, 1I: 271—317. Acerca de la caída de Ubico también queda mucho por escribir; sin embargo, en este caso la prensa guatemalteca , la cual se había vuelto más atrevida en cuanto a lo que decía, es mucho más útil. Para ambos períodos, los documentos norteamericanos son una fuente muy importante. 149 “Long al Secretario de Estado”, documento 1428 (15 Je agosto de 1944), pág. 2. 150 El término “importados” se adoptó de “Long al Secretario de Estado”, documento 1555 (22 de septiembre de 1944), pág. 3. 151 “El día de la Patria, los hijos del pueblo y el Ejército Nacional”, El independiente (21 de

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Tristeza...Esta es la única palabra que se puede adoptar...[sobre] la lastimosa manifestación del 15 de septiembre pasado...Que triste espectáculo. Analfabetas, ignorantes paseándose por las calles de la república sin comprender por qué y dando gritos inarticulados que no entienden, solamente se los han aprendido de memoria y los profieren amenazados por el látigo. Otra fuente de la oposición reportaba: “Cohortes inconscientes...una teoría de aborígenes iletrados... armados de machete, palos y cachiporras... con un retrato del presidente provisional prendido en sus Harapos”. La tensión aumentó. El 1° de octubre, el director del diario de oposición más importante del país. El Imparcial, fue asesinado por orden del gobierno. Los líderes de la oposición se apresuraron a buscar refugio en las embajadas extranjeras y en países vecinos; otros fueron deportados. “Arévalo se encuentra en la embajada mexicana”, informó la embajada norteamericana el 18 de octubre, “y muchos piensan que el hecho de que esté refugiado allí marca el fin de su candidatura formal. Cada vez parecía más inminente que Ponce triunfaría. No contaban con que a finales de julio se había engendrado una conspiración entre los oficiales jóvenes del ejército. Estaba encabezada por Jacobo Arbenz Guzmán, un capitán que había dimitido del ejército a principios de mes y por el mayor Carlos Aldana Sandoval, quien pertenecía a la poderosa Guardia de Honor. Estos oficiales se pusieron en contacto con algunos líderes civiles, especialmente estudiantes. En la noche de 19 de octubre, los conspiradores, menos Aldana, atacaron. Asustado por su propia intrepidez, Aldana Sandoval había huido a un lugar seguro cerca de la frontera salvadoreña unas horas antes de la hora fijada. Su deserción pudo haber significado un desastre, de no haber sido por un oficial que se había unido a la conspiración en sus últimas etapas de preparación: el mayor Francisco Arana, quien era comandante de los doce tanques de Guardia de Honor. Encabezada por Arana, la Guardia de Honor se sublevó. Durante coda la noche se distribuyó armas a los voluntarios civiles —en total, entre 2000 y 3000 hombres fueron armados. En un principio, el desenlace fue incierto, ya que las otras unidades del ejército de la capital permanecieron leales a Ponce. Pero su resistencia se debilitó rápidamente con el correr del 152

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septiembre de 1944), pág. 2; y “El indígena_ y su participación en la política” (editorial), La Nación (18 de septiembre de 1944), Pág. 1. 152 “Magno desfile del día 15”, Circuito estudiantil (2 de septiembre de 1944), pág. 1. 153 “Desvirtuación del 15 de septiembre”, El libertador (19 de septiembre de 1944), pág. 1. Véase también el “Memorando del Frente Unido de Partidos y Agrupaciones Cívicas a los cuerpos diplomáticos” (21 de septiembre de 1944), incluido en “Long al Secretario de Estado”, documentos 1554 (22 de septiembre de 1944) y 1560 (25 de septiembre de 1944). 154 “Affeld al Secretario de Estado”, documento 687 (18 de octubre de 1944), pág. 1.

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día. En las primeras horas de la tarde del 20 de octubre, Ponce se rindió, permitiéndosele abandonar el país con sus seguidores más allegados. El 24 de octubre, un automóvil se detuvo frente a la embajada británica. Era para Ubico, quien había solicitado refugio en ella el 20 de octubre. El viejo dictador se dirigió hacia el aeropuerto. Al abandonar el país que había gobernado durante trece años, Ubico se lamentó: “Lo que hacen conmigo es una ingratitud: lanzarme como un perro. Cuídense. Ya que se metieron en esto, tengan la capacidad y el valor de mantenerse. Tengan miedo de los “cacho” y del comunismo”. Se dirigía hacia Nueva Orleans, donde se dedicó a importunar al gobierno de EE.UU. en relación con las propiedades que le habían sido confiscadas en Guatemala. Ubico murió en Nueva Orleans el 14 de junio de 1946. En 1963, sus restos fueron trasladados a Guatemala, donde fueron colocados en un mausoleo con todos los honores militares. 155

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155 L a s p r i n c i p a l e s f u e n t e s s o b r e l a c o n s p i r a c i ó n y l a l u c h a s o n : R e v i s t a de la Revolución (número especial) (enero de 1945); Revista militar (enero— febrero de 1945): 3-7; Studium (abril de 1945): 36-39; y los despachos de la embajada de EE.UU. desde el 20 hasta 24 de octubre de 1944, en particular, “Affeld al Secretario de Estado”, 1658 23 de octubre de 1944) y Rose. “Revolution of October 20, 1944”, 1342—44 (23 de octubre de 1944). Véanse también los siguientes: Arévalo. El candidato, pp. 297—327; Arévalo Martínez, Ubico, pp. 299 343; Silva Girón, 12 horas; y Zamora Alvarez, Las memorias de Andrés, pp. 73—121. La mejor cobertura de prensa de la lucha fue la de El imparcial en sus ediciones del 21 al 24 de octubre de 1944. Los relatos de prensa retrospectivos de la conspiración y la lucha incluyen: “Génesis de la Revolución”, Nuestro diario (27 de octubre de 1944), pág. 8; El imparcial (20 de octubre de 1945), suplemento especial; “Tengo pruebas de que Córdova fue todo un patriota, declara Silverio Ortiz”, El imparcial (8 de junio de 1946), pág. 1; “¿Qué pasó el 20 de octubre?” El gráfico (20 de octubre de 1973), pág. 7; y Ricardo Alberto Pinto Recinos, “Lo que yo sé del `20 de octubre de 1944”, La hora (25 de octubre de 1984), pág. 2. Las entrevistas con los siguientes participantes fueron especialmente útiles: Ricardo Barrios Peña (entonces capitán), Paz Tejada, Lorenzana y el coronel Oscar Mendoza. 156 “Sale el ex—dictador”, El imparcial (25 de octubre de 1944), pág. 1. 157 Véanse “Marta de Ubico a Eleanor Roosevelt” (15 de diciembre de 1944); U.S. Departament of Sta te, memo. de una conversación en “Condiciones en Guatemala: presidente Ubico” (5 de enero de 1945), pág. 3; y McLaughlin Rockefeller, “El general y la señora de Ubico” (20 de enero de 1945). 158 “Ceremonial del ejército para inhumar los restos de Ubico”, El imparcial (13 de agosto de 1963), pág. 1; e “Inhumanos los restos de Ubico hoy”, El Imparcial (14 de agosto de 1963), pág. 1. Véase también Manuel Octavo Zea Carrascosa, Semblanzas (Guatemala: Ministerio de la Defensa Nacio­nal, 1971), pp. 223-225.

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ACTUAL DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE GUATEMALA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1.Suchitepéquez Retalhuleu El Quiché Sololá Escuintla Guatemala Izabal Zacapa Chiquimula Jutiapa Santa Rosa

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Jalapa El Progreso Petén Alta Verapaz Baja Verapaz Huehuetenango Totonicapán Quetzaltenango San Marcos Chimaltenango Sacatépequez

CAPITULO XXXV LEY DE VIALIDAD DOCUMENTO

DECRETO NUMERO 1974 JORGE UBICO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CONSIDERADO: Que el servicio llamado “de vialidad”, establecido por la costumbre en todas las regiones del país, ha producido satisfactorios resultados, lográndose conservar, mejorar y extender la red de caminos nacionales, bajo la vigilancia de las autoridades y de las respectivas juntas y comités de agricultura y caminos. CONSIDERANDO: Que para sacar el mejor provecho posible del indicado servicio, conviene determinar la época y condiciones en que debe presentarse, POR TANTO; DECRETA: Artículo 1°. Todos los individuos aptos, están obligados a presentar el servicio de vialidad, consistente en el trabajo personal durante dos semanas en los caminos públicos que se les designen. Artículo 2°. Las semanas de vialidad tendrán lugar en el tiempo comprendido de 1° de julio al 30 de junio de cada año, debiendo levantar las jefaturas políticas, cada seis meses, el censo de las personas obligadas, dando cuenta al ministerio de agricultura, con dichos censos, semestralmente, el primero de julio y el primero de enero.

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Artículo 3°. La dirección general de caminos, con vista de los datos contenidos en el censo de que se ha hablado, procederá, por medio de sus respectivas dependencias, a formular el plan de trabajo, indicando las vías que deban atenderse de preferencia; la clase de obra que haya de ejecutarse y los puntos en que las reparaciones sean más urgentes. Dicho plan se someterá a la secretaría de agricultura, la que, previa consulta al jefe del Ejecutivo, autorizará el desarrollo que convenga darle por conducto de la Jefaturas Políticas, con la cooperación de las juntas y comités de agricultura y caminos y bajo la super vigilancia de la Dirección General de Caminos. Artículo 4°. Los individuos que lo deseen podrán conmutar el servicio a razón de un quetzal por cada semana, extendiéndoseles por el primer pago, el boleto de vialidad, y por el segundo, el ordinario de caminos. De igual modo se extenderán los boletos a los que prestan servicio personal. Artículo 5°. Los fondos que provengan de la conmuta antes dicha, los recaudarán y administrarán las juntas y los comités de agricultura y caminos, en sus respectivas jurisdicciones debiendo investirse precisamente en el objeto a que están destinados. La recaudación e inversión de esos fondos se harán con las formalidades legales, debiendo rendir sus cuentas las entidades nombradas a la Dirección General y Tribunales del ramo, y a la Secretaría de Agricultura. Artículo 6°. Lasdiligencias sobre establecimientos de peajes y otros impuestos destinados a obras de vialidad, se tramitarán y resolverán en lo sucesivo por la secretaría de agricultura.

CAPITULO XXXVI LEY CONTRA LA VAGANCIA DOCUMENTO

DECRETO NUMERO 1986 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA DECRETA: LA SIGUIENTE LEY CONTRA LA VAGANCIA PARRAFO I DE LA VAGANCIA Artículo 1 °. De conformidad con el artículo 20 de la Constitución de República la vagancia es punible. Artículo 2º. Son vagos: 1°. Los que no tienen oficio, profesión u ocupación honesta que les proporcione los medios necesarios para la subsistencia; 2°. Los que, teniendo oficio, profesión, industria o renta no trabajan habitualmente y no se les conozca otros medios lícitos de proporcionarse la subsistencia; 3°. Los que concurran ordinariamente a los billares públicos, Cantinas, tabernas, casas de prostitución u otros centros de vicio, de las 8 a las 18 horas; 4º. Los que hagan colectas públicas o privadas, en cualquier forma y para cualquier objeto sin llenar los requisitos establecidos por las leyes;

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5º. Los que, directamente o por medio de otro, ejerzan la mendicidad; 6°. Los dueños, propietarios, usufructuarios, arrendatarios, o coposeedores de terrenos rústicos que no comprueban, en debida Coma, obtener de ellos renta, producto o beneficio alguno que les proporciona la subsistencia para sí y para su familia o que, encontrándose en esas condiciones, no comprueben estar ocupados en otro trabajo propio o ajeno, que les proporcione medios de vida para sí y para su familia; 7º. Los que, habiendo contraído compromiso de trabajo o de prestación de servicio, no cumplan, sin causa justificada, las obligaciones contraídas; 8º. Los que no tengan domicilio conocido; 9°. Los jornaleros que no tengan comprometidos los servicios en las fincas, ni cultiven, con su trabajo personal, por lo menos tres manzanas de café, caña o tabaco, en cualquier zona; tres manzanas de maíz, con dos cosechas anuales, en zona cálida; cuatro manzanas de maíz en zona fría o cuatro manzanas de trigo, patatas, hortalizas u otros productos en cualquier zona; 10°. Los estudiantes matriculados de los institutos docentes, privados o públicos que, sin motivo que los justifique, dejen de asistir puntualmente a sus clases. PÁRRAFO II Artículo 3°. Son circunstancias agravantes en el delito de vagancia: 1°. La embriaguez habitual; 2°. Ser reincidente en el delito de vagancia o haber sido condenado con anterioridad por cualquier otro delito que merezca pena de prisión correccional; 3°. Ejercer la mendicidad por medio de un menor o incapacitado, o la vagancia, acompañada de estos; 4°. Emplear simulación, disfraz o astucia; 5°. Cometer el delito durante el quebrantamiento de una condena y dentro del plazo que se persiga al reo para que vuelva a la prisión; 6°. No comparecer al juicio en los últimos términos que establece esta ley o fija el juez. Artículo 4°. Cuando el vago reincidente resultara culpable de otro deliro y fuera condenado, la vagancia se estimará como circunstancia

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agravante y la causa se continuará y fallará por el tribunal que corresponda juzgar del delito principal; en el mismo caso, si el vago no fuera reincidente, se aplicará la regla establecida en el artículo 82 del código penal. Artículo 5º. Todas las autoridades y agentes tienen estricta obligación de perseguir la vagancia; y tan pronto como llegue a su noticia que alguno la ejerce, debe ponerlo en conocimiento del juez menor, o de quien haga sus veces para que se proceda como los prescribe la ley. Artículo 6°. No obstante lo preceptuado en el artículo anterior, cualquiera del pueblo puede denunciar a los vagos ante la autoridad competente. En los campos, fincas, aldeas y caseríos, los alcaldes auxiliares a los propietarios o administradores de las fincas o haciendas, donde no hubiere alcalde, deberán hacer la denuncia, cuando los jornaleros no tengan cultivada la extensión de terreno que fija el inciso 9° del artículo segundo o estén comprendidos en el caso previsto por el inciso 7° del mismo artículo. Artículo 7’. Los jueces menores que no cumplan con juzgar el delito a que se refiere esta ley, quedarán sujetos a las sanciones establecidas en los artículos 241 y 244, inciso 1° del Código Penal, y los obligados a perseguir y denunciar, si no lo hacen incurrirán en una multa de diez o cincuenta quetzales. PÁRRAFO III PENAS Artículo 8°. Las penas aplicables por el delito de vagancia son las siguientes: Cuando no concurra ninguna circunstancia agravante, la perla será de 30 días de prisión simple; Si en la vagancia concurriere una o más circunstancias agravantes, la pena será de 2 meses de prisión simple; Cada reincidencia en que se incurra será castigada con un mes más sobre las penas impuestas conforme a los dos párrafos anteriores; Artículo 9°. La pena que se imponga conforme al inciso primero del artículo anterior, será conmutable en todo o en parte, siempre que lo solicite persona de responsabilidad que al propio tiempo se comprometa a proporcionar trabajo al reo en un término que no exceda de 5 días. La conmuta se regulará de conformidad con el artículo 2’ del decreto 1740.

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En los demás casos la pena será inconmutable. Artículo 10°. Si el libertado bajo el compromiso a que se refiere el párrafo 1 del artículo anterior, fuese aprendido nuevamente como vago, después de haber obtenido su libertad, será castigado como reincidente; y el obligado a proporcionarle trabajo que no hubiese cumplido, será penado con una multa del doble de la conmuta que pagó el reo, salvo que pruebe su inculpabilidad en forma legal. Artículo 11 °. A los condenados cuyas penas fueran inconmutables o que no pudieren conmutar conforme el inciso 1° del artículo 9° de esta ley, se les obligará a trabajar en los talleres del Gobierno, en las casas de corrección, en el servicio de hospitales, limpieza de plazas, paseos públicos, cuarteles y otros establecimientos, obras nacionales, municipales o de caminos, según las circunstancias de cada persona, y cada lugar, cuidando de la seguridad del penado. Artículo 12°. La cesantía en empleo, colocación, servicio o trabajo no es excusa en favor del reo de vagancia, salvo que se acredite haber hecho, sin éxito, reiteradas gestiones por conseguir ocupación o empleo de acuerdo con sus aptitudes. Artículo 13°. Las conmutas ingresarán a las Tesorerías Municipales respectivas PÁRRAFO IV COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO Artículo 14°. Son competentes para conocer de los delitos de vagancia, los jueces menores en la jurisdicción en que sea aprehendido el presunto vago, cualquiera que sea su domicilio. Artículo 15°. La competencia de los jueces menores no se limita, cualquiera que sea la pena que corresponda al culpable y aunque militen circunstancias agravantes, salvo el caso a que se refiere el artículo 4° de esta ley. Artículo 16°. Todo detenido por el delito de vagancia deberá ser presentado a la autoridad correspondiente en la misma audiencia. En caso de que la aprehensión se verificare después de ella, deberá ser presentado en la audiencia siguiente. Si el reo gozare de libertad, su fiador lo presentará en el mismo término.

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Artículo 17°. Recibido por el juez el parte, denuncia o querella, mandará comparecer inmediatamente al detenido y al agente que lo aprehendió; al acusador o denunciante; oirá a cada uno, recibirá las pruebas que se propusieren y pronunciará su fallo en el acto. Artículo 18°. Si las pruebas que se ofrecieron no pudieran producirse inmediatamente, o si el sindicado no hubiera compadecido, el juez señalará el día siguiente para recibirlas, y en esa audiencia se procederá como lo expresa el artículo anterior, se hubieren o no rendido las pruebas. Artículo 19º. Cada juicio de vagancia se seguirá en pieza separada y, tanto la declaración del aprehensor , como la querella, denuncia, contestación del sindicado, pruebas que se rindan y cualquier otra diligencia y sobre el mismo asunto, así como el fallo, deberán constar en una sola acta que firmarán el juez, las partes y testigos si supieren hacerlo y el secretario o dos testigos de asistencia. Artículo 20°. Cuando el sindicado de vagancia hubiera sido libertado bajo fianza y no compareciere al día siguiente o el día que fija el juez, se conminará al fiador a presentarlo dentro de 5 días, más el término de la distancia y, sino lo hiciere, se impondrá a este una multa equivalente a la conmuta que hubiera tenido que pagar el iniciado, si hubiera sido condenado, sin perjuicio de dictarse orden de captura contra el reo para juzgarlo al ser habido. Artículo 21°. Cuando el acusador, denunciante o agente no concurran a las audiencias que expresa esta ley o fije cl juez, se procederá sin su presencia, quedando sujetos a las responsabilidades legales, si los hechos y fundamentos en que se apoye la denuncia o la acusación no resultaren probados. Artículo 22°. En los juicios de vagancia se admitirán todas las pruebas que establece el código de procedimientos penales debiéndose practicar en la misma audiencia; pero si tratare de acreditar que el sindicado ejerce alguna ocupación honesta sólo será aceptable la prueba que muestre que el sindicado la ejerce de manera continua y que le produce los elementos necesarios para su subsistencia diaria. Artículo 23°. Contra la sentencia dictada por los jueces menores en los juicios de vagancia, procede el recurso de apelación, del que conocerá el juez de Primera Instancia respectivo. Artículo 24°. El expresado recurso se interpondrá inmediatamente después de notificado el fallo o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes; se hará constar y se otorgará en ambos efectos en la misma acta. Si no se interpone apelación, el fallo será elevado en consulta al juez de Primera Instancia respectivo.

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Artículo 25°. Otorgada la apelación o formulada la consulta se elevará al tribunal que corresponda el juicio, con la hoja de remisión correspondiente. Inmediatamente que cl tribunal superior reciba los autos, señalará día para la vista, que se verificará dentro de un término que no exceda de tres días más el término de la distancia, de conformidad con cl artículo XXX de la Ley Constitutiva del Poder judicial, cuando el juzgado de Primera Instancia respectivo no radicase en el mismo lugar en que se siguió el proceso. Toda la tramitación de Segunda Instancia de estos juicios deberá hacerse con citación del Ministerio Público. Artículo 26º. El día de la vista el tribunal levantará acta en que conste lo que expongan el acusador, el sindicado, el Ministerio Público, si comparecieren; se recibirá la prueba que se presente, si procede, y en el mismo acto se dictará sentencia. Artículo 27°. En la Segunda Instancia no se admitirán más pruebas que las que se hubieren propuesto en Primera Instancia y no se hubieren practicado por causas ajenas a la voluntad de quien las propuso. Artículo 28°. Cuando el reo fuere menor de edad y no tuviere tutor se le nombrará un tutor específico, que le asistirá en ambas instancias. Artículo 29°. Cuando a los jefes de Demarcación o Comisarios de Policía les fuere presentado en horas que no fueren de audiencia un presunto reo de vagancia que ofreciere fianza de persona desconocida para no quedar detenido, la aceptarán levantando inmediatamente un acta en que conste el compromiso del fiador de presentar a su fiado al día siguiente ante el juez respectivo. Más, si en los libros de la policía constare que el sindicado es reincidente, no tendrá derecho a obtener libertad bajo esta fianza. PÁRRAFO V DISPOSICION ESPECIAL Artículo 30°. Las disposiciones de la presente ley en lo que concierne a la obligación de trabajar, no comprenden a los menores de 14 años, a los mayores de 60, ni a los inválidos. Artículo 31 °. Queda derogado el Decreto N° 222, de 14 de septiembre de 1878, y todas las leyes que se opongan a la presente, que deberá regir desde el día de su publicación.

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JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO 1944 -1945 CAPITAN JACOBO ARBENZ GUZMAN CIUDADANO JORGE TORIELLO GARRIDO MAYOR FRANCISCO JAVIER ARANA

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CAPITULO XXXVII FACTORES ECONOMICOS Y CORRIENTES IDEOLOGICAS EN EL MOVIMIENTO DE OCTUBRE DE 1994 Alfonso Solórzano

Todavía está por escribirse la historia de lo que llamamos la Revolución de Octubre. Existen relatos de los hechos e intentos fragmentarios de interpretación, pero falta el estudio de conjunto que examine las causas económicas y sociales y que, más allá de los propósitos y los actos políticos subjetivos, analice el verdadero carácter del movimiento, su contenido clasista y su significado histórico, es decir, su realidad objetiva. Estos apuntes llevan el propósito de incitar a quienes disponen de los documentos, los datos numéricos y los testimonios indispensables a que emprendan dicho análisis. Van también destinados a jóvenes que aún no habían nacido en 1944, a quienes los sucesos de aquel año quizá les parezcan distantes y ajenos. Quieren señalar que las batallas populares de entonces tuvieron antecedentes cercanos y remotos y a la vez presentan un antecedente de las luchas de hoy Y pretenden esbozar una respuesta a la pregunta que con frecuencia formulan las nuevas generaciones acerca de si los acontecimientos de 1944 fueron o no una revolución y en el supuesto afirmativo, qué clase de revolución. Hay que empezar por darle una precisa connotación al término “Revolución de Octubre”. Por tal se entiende en ocasiones el conjunto de sucesos históricos que ocurrieron desde las primeras protestas públicas contra Ubico, en junio de 1944, hasta la intervención norteamericana contra el gobierno de Arbenz en junio de 1954. Otras, veces el término se aplica a los acontecimientos comprendidos entre la renuncia de Ubico y la instauración del gobierno de Arévalo en marzo de 1945. Otras, en fin, se refiere a la rebelión militar y popular del 20 de octubre y sus consecuencias inmediatas. El diverso empleo del término no es meramente convencional,

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ni es gratuito, implica urca concepción sociológica distinta y encierra una intención política. La primera acepción corresponde a un criterio dialéctico de desarrollo social. Las otras, sobre todo la última, reflejan las ideas que consideran los sucesos históricos como hechos aislados y circunstanciales, corno producto exclusivo de la voluntad de los hombres o de un hombre. En el terreno de la política, tratan de establecer una diférencia entre la “verdadera” Revolución de Octubre, la “buena”, cuando todas las clases coincidan contra la dictadura y la “mala”, la revolución ya desviada y adulterada, o sea, cuando emergieron los problemas de fondo y se manifestaron los antagonismos de clase. Sólo esta ambigüedad interesada del nombre puede explicar que la Revolución de Octubre sea conmemorada por sus enemigos naturales. Este somero encuentro de hechos e ideas cubre la etapa inicial de la Revolución de Octubre, entendida como proceso. Dicha etapa abarca desde la gestación de las luchas contra la dictadura ubiquista hasta los primeros meses del gobierno de Arévalo, que fue el momento en que se disgregó la heterogénea coalición que había derrocado a Ubico y a Ponce y se inició el deslinde de posiciones dentro del bloque arevalista y en el interior mismo de las agrupaciones que lo formaban. A partir de entonces se delinearon dos grandes frentes políticos, que en lo esencial representaban opuestos intereses de clase uno en favor y otro en contra del avance progresivo del movimiento democrático. FACTORES HISTORICOS Las causas remotas de la Revolución de Octubre deben buscarse en el estancamiento de la revolución liberal de 1871, después de su período de profundas reformas y de progresos importantes. Corno todas las revoluciones liberales, la encabezada por Barrios se proponía crear las condiciones para el desarrollo del capitalismo, para lo cual había que acabar con la inmovilización de la propiedad agraria, ampliar la economía de mercado y convertir a los comuneros y semisiervos en trabajadores asalariados. Esto último exigía abolir el régimen de vinculación personal a la tierra, las comunidades autosuficientes, los gremios de tipo medieval y la separación de castas. Requerían también una educación científica y comunicaciones modernas. Mucho de eso realizó el liberalismo: la desamortización de las tierras de corporaciones religiosas y comunidades, la enseñanza laica, el acceso de la clase media mestiza a la administración y las profesiones, los ferrocarriles, el telégrafo y otras cosas del mismo orden. Pero el proceso sólo se cumplió a medias. Las comunidades indígenas fueron despojadas de la mayor parte de sus tierras, sin embargo sus miembros no llegaron a convenirse en productores independientes para el mercado ni fueron absorbidos como asalariados agrícolas o industriales. Una parte fue

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obligada a trasladarse del altiplano a la costa para trabajar en las nuevas fincas de café, caña y ganado, mas no se convirtieron en asalariados libres, sino que cayeron en un nuevo tipo de sujeción personal. Surgió una nueva clase de propietarios agrícolas, grandes y medianos, que pronto cayó bajo la dependencia extranjera, aparte de que conservó algunos métodos de trabajo que no eran capitalistas. El resultado final fue una estructura económica y social que carecía de unidad y coherencia, tanto en el sentido vertical como en el horizontal. Convivían en permanente contradicción recíprocamente, un sector de economía capitalista (en parte vinculada al mercado internacional) con otro sector de economía de autoconsumo, de tipo semi feudal, que además estaba políticamente marginado. A todo lo anterior hay que agregar que las nacionalidades indígenas constituían un grave problema socioeconómico, complicado por un problema étnico. En esa estructura, que de por sí impedía el desarrollo del país y el avance de las capas sociales más atrasadas, vinieron a colocarse en posición dominante dos corrientes de penetración económica extranjera. Primero la alemana, que se apoderó de la mayor parte de la economía del café, en los aspectos de producción, beneficio, exportación y crédito. Los finqueros alemanes fundaron verdaderos enclaves coloniales en Alta Verapaz y la bocacosta de Quetzaltenango y San Marcos. Sin embargo, no pretendieron dominar al país políticamente. Luego llegaron las compañías norteamericanas, ellas sí con el respaldo político y militar de su gobierno. Monopolizaron los recursos hidroeléctricos, los ferrocarriles, los puertos y las comunicaciones internacionales. Crearon además grandes plantaciones de banano que eran zonas substraídas a la soberanía nacional; en las que ellas ejercían funciones de policía y justicia particulares. Combinando la presión diplomática y la amenaza militar con la corrupción y el reparto de algunos beneficios marginales, pusieron a su servicio a buena parte de los sectores dirigentes del país. Intervenían abiertamente para nombrar y quitar gobiernos y para determinar la política de los mismos. Naturalmente la política no podía ser otra que la dictadura reaccionaria y la explotación ilimitada de los trabajadores, la cual era, por lo demás, lo que convenía a las clases dominantes. Tal era la situación de Guatemala desde la época de Estrada Cabrera, con breves paréntesis en los que hubo un poco más de libertad y algunas preocupaciones por los intereses nacionales, como los gobiernos de Carlos Herrera y Lázaro Chacón. FACTORES INMEDIATOS A las causas permanentes se sumaron durante el régimen de Ubico factores circunstanciales de orden económico, social y político. Entre los factores económicos hay que referirse en primer lugar a las consecuencias

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de la Segunda Guerra Mundial. La intervención de los bienes alemanes y la finura posibilidad de expropiarlos, abrió para la burguesía nacional una perspectiva inmediata de fortalecerse en el terreno de las finanzas, cl comercio y la agricultura, ya fuera llenando el vacío que se creaba o sustituyendo a los antiguos propietarios. Era claro que para lograrlo había que tener el poder estatal. Por otra parte, la economía de guerra había ayudado a los Estados Unidos a salir de la crisis surgida en 1929 y a convenirse en el centro de poder capitalista. Resultaba lógico prever que, al terminar la guerra, vendría para los países que giran en la órbita del imperialismo yanqui una activación del comercio en ambos sentidos y una mejoría de los precios, lo que, por cierto, ya había empezado a producirse. Para mantener quieta y adicta a su retaguardia económica y política, el gobierno de Roosevelt había concedido precios de garantía a los principales productos de exportación de los países latinoamericanos, asumiendo los riesgos de transporte. En comparación con el que había regido en años precedentes, el precio fijado para el café significó un incremento sustancial en los ingresos de los finqueros guatemaltecos. Y como no podían comprar artículo industriales de importación, los empresarios agrícolas acumularon considerables sumas en los bancos. Muchos finqueros querían ampliar sus explotaciones o emprender nuevos cultivos, indispensables para la guerra ola futura reconstrucción, tales como la quina, el hule, el píretro, los aceites esenciales, el azúcar, etc. Pero todos esos propósitos se estrellaban ante las rígidas y absurdas limitaciones impuestas por el régimen. Puede en consecuencia, afirmarse que las necesidades de expansión de la economía y los intereses de la burguesía agrícola comercial entraron en aguda contradicción con el sistema de restricciones de la dictadura ubiquista. De un modo más general, podría decirse que las fuerzas productivas tendían a romper el marco político y social existente. Para comprender esta situación, conviene recordar que Ubico llegó a la presidencia en un momento de grave crisis económica, con el apoyo casi unánime de las clases dominantes. Estas le asignaron la misión de instituir una férrea dictadura, que permitiera hacer pesar sobre los más pobres los efectos de la crisis, especialmente sobre los trabajadores de las fincas de café, cuyos salarios serían disminuidos, y sobre los pequeños campesinos, a quienes se pagarían precios ínfimos por sus productos. Luego llegarían los recortes al presupuesto nacional, por medio de destituciones en masa y rebajas de sueldo de los empleados del gobierno. La culminación fue el sistema de realizar las obras públicas con trabajo no pagado, como en el caso del “servicio de vialidad”. La reducción tajante en los ingresos de divisas extranjeras y en el circulante interno produjo tina especie de congelamiento de la actividad económica, que si bien redujo el costo de la vida generalizó la pobreza y casi paralizó al país. Los pocos negocios que conservaron

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alguna actividad fueron acaparados por funcionarios del gobierno y sus allegados, como sucedió con la panela, la carne y el aguardiente. Para mantener la situación deflacionaria y los monopolios, se dictaron drásticas limitaciones a la producción y comercio de numerosos artículos. Llegó un momento en que casi todos dependían del gobierno para subsistir, ya fuera con los raquíticos sueldos públicos y las pocas adquisiciones que efectuaba el gobierno, o en virtud de los permisos oficiales para producir y vender determinados bienes. Esta regimentación era utilizada por Ubico como instrumento de represalia política. La dictadura, como es fácil imaginar, llegó a ser total, se ejercía no solo sobre la conducta pública y privada de los ciudadanos sino también sobre sus posibilidades de subsistencia material. El obsesivo afán de mantener un control absoluto sobre el país, a través de la inmovilidad, condujo a cosas tan increíbles como la fijación de salarios máximos, la oposición a que se establecieran nuevas industrias y la limitación del presupuesto nacional a un nivel mínimo, no obstante que habían recursos fiscales para ampliarlo. La burguesía y los terratenientes le estaban agradecidos a Ubico por haberles ayudado a sobrellevar la crisis y reconocían que había sabido “implantar el orden”, pero sentían que ya no lo necesitaban y que sus eficaces servicios habían llegado a revertir contra sus intereses. Por consiguiente, decidieron sacudírselo y participaron con entusiasmo en la “gesta cívica”. A pesar de la parálisis de la vida nacional, se había producido lo que los demógrafos llamarían un crecimiento vegetativo de la clase media, de modo especial en los estratos inferiores. Se produjo también su concentración en la capital, en busca de oportunidades de trabajo y educación. Surgió, por lo tanto una mayor afluencia a los centros de educación media superior, a la que el gobierno respondía con la limitación arbitraria del número de bachilleres, maestros y profesionistas a los que se permitía recibirse, extremando para ello los requisitos y las exigencias de los exámenes. Hubo año en que solamente salieron ocho bachilleres en todo el país y por esa misma cifra andaba el número de títulos profesionales. Los que lograban obtenerlo encontraban obstruidos casi todos los caminos, si no pertenecían a familias pudientes. Generalmente no tenían más perspectiva que un nombramiento de juez, cirujano militar y otros cargos semejantes, lo cual implicaba muchas veces renunciar a la independencia política o la dignidad profesional. Muchos no podían o no querían recibirse y consumían su juventud en puestos de escribientes o practicantes. El acceso a la vida pública, en la política o en la administración, estaba cerrado, a no ser el precio de la sumisión incondicional. Al cabo de trece años de ubiquismo, varias promociones pugnaban por participar en la vida nacional y ejercer con provecho sus profesiones. Cosa parecida sucedía en el magisterio y en la oficialidad del ejército. Los viejos generales habían perdido autoridad

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moral y profesionalmente, aparecían absoletos a los ojos de los oficiales entrenados en las nuevas armas y en la táctica moderna. Resultaría prolijo mencionar lo que ocurría en los otros segmentos de las clases intermedias, como los artesanos, empleados públicos y privados, pequeños comerciantes e industriales, pequeños agricultores, etc. Basta con decir que en todos ellos había una necesidad urgente de desarrollo y un vivo deseo de mejorar. Como clase emergente, que aspiraba a introducirse en las capas superiores, la clase media tenía que lograr un cambio que garantizara la movilidad social ascendente, que es la condición básica de su existencia, pues de lo contrario pasa a formar parte del proletariado. Por esa razón y por su mayor grado de conciencia democrática, la parte de la clase media no comprometida con la dictadura se constituyó en clase protagonista del movimiento, encabezada por la pequeña burguesía intelectual joven. Ello respondía, por lo demás, al carácter fundamental del proceso revolucionario que se iniciaba. Los trabajadores asalariados de la ciudad y del campo eran una fuerza numérica mayor y sufrían en forma directa la explotación y la política represiva. A excepción de algunos casos de vinculación personal o de temor a las represalias, su apoyo al movimiento fue total. Su participación resultó importante. pero no decisiva, y desde luego, como clase los trabajadores no jugaron un papel dirigente. No podían jugarlo, primero porque su estado de organización y preparación política no lo permitían y; por último, porque se lo impedían las clases superiores, que se mostraban deseosas de utilizar su apoyo, pero de ninguna manera estaban dispuestas a que los acontecimientos tomaran un curso que no les convenía. En cuanto a los campesinos, su dispersión, su aislamiento cultural y su justificada desconfianza los mantuvieron al margen de las primeras luchas. Víctimas del trabajo gratuito, del servicio militar forzado y de toda clase de arbitrariedades y despojos, era natural que ansiaran liberarse y salir de la miseria en que vivían, pero también era lógico que no se sintieran atraídos por acontecimientos cuyo significado ignoraban. Sólo después de algún tiempo, cuando los organizadores y propagandistas recorrieron todo el país explicando las intenciones del nuevo régimen, los campesinos se interesaron en lo que sucedía y empezaron a organizarse. La cuestión que realmente podía desatar su entusiasmo, la cuestión de la tierra, ni siquiera era mencionada por los políticos en los primeros tiempos. En Guatemala, hablar de campesinos pobres o sin tierra, es tanto como hablar de los indios. No se trata aquí de abordar el complicado problema sociológico que representaban los grupos nacionales indígenas, sino de señalar su situación y su actitud en relación con el movimiento de Octubre. En este aspecto, la actuación de las fuerzas que dirigían

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el movimiento y tomaron el poder a la caída de Ponce fue en realidad condenable. Desde el momento en que Ubico abandonó el poder, salió a flote el espíritu discriminatorio. Se culpaba a los indios de ser responsables de todas las dictaduras del pasado, se les acusaba de ser partidarios de Ponce, se les señalaba no sólo como un lastre para la nación, sino como el mayor obstáculo para la democracia. Esta absurda propaganda caló muy hondo, al grado de que la Junta Revolucionaria de Gobierno inauguró su acción renovadora con una masacre de indios en Patzicía y el Congreso Constituyente que debía organizar el nuevo Estado democrático le negó inicialmente cl Derecho al voto a los indios, es decir, a la mayoría de los ciudadanos. Tendrían que pasar varios años para que, gracias a la influencia creciente de la izquierda, comenzaran a cambiar las ideas y actitudes sobre el problema indígena. INFLUENCIAS Y CORRIENTES IDEOLOGICAS Durante el gobierno de Ubico se estableció una censura total. Se elaboró una nómina de libros prohibidos y las librerías estaban obligadas a someter a la previa autorización de la policía sus listas de pedidos. La información cablegráfica estaba concentrada en la presidencia, quedaba al conocimiento público sólo la que a juicio era conveniente. La prensa no publicaba ninguna noticia o comentario que no fuera del agrado del gobierno. Y los catedráticos y conferencistas sabían muy bien lo que no podía decirse y practicaban la autocensura. Era aquello un desierto de ideas e informaciones. La única excepción eran los discursos de Roosevelt y las noticias sobre sus actos progresistas, que el gobierno no se atrevía a detener. Cuando llegó la guerra, tampoco pudo escamotear las promesas de libertad y progreso social que hacían los aliados ni las victorias del Ejército Rojo. De México llegaban por conducto de los viajeros noticias de las reformas que hacía Cárdenas y de las luchas populares. Algún efecto tuvo la propaganda que desde México enviaban de manera subrepticia los exiliados jóvenes, con ataques al gobierno y orientación para la lucha. Y de El Salvador llegó el empujón final con el derrocamiento de Martínez y el restablecimiento de las libertades. Ubico quedaba así con la retaguardia descubierta. Las influencias ideológicas llegadas del exterior actuaron en el doble sentido de estimular sus anhelos de libertad y de teñirlos de un vago y confuso pensamiento social. Hasta algunos finqueros empezaron a hablar de su “sensibilidad social”. En la lucha contra Ubico todavía se esgrimieron exclusivamente argumentos legales, libertad ciudadana, respeto a las leyes, separación de poderes y otros de la misma especie. Empero, en cuanto hubo la posibilidad de celebrar asambleas, opinar con alguna libertad y organizar partidos y grupos, afloraron las ideas latentes y se fueron delineando las

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corrientes ideológicas, las tradicionales y las nuevas. El liberalismo histórico se escindió en tres tendencias. La vinculada al ubiquismo y al gobierno provisional de Ponce pretendía mantener el orden establecido con algunos ajustes superficiales. La segunda seguida por los liberales que no eran responsables de los desmanes del régimen caído, porque habían estado marginados y hasta perseguidos, se colocó en la oposición al poncismo, con un programa demoliberal coherente, matizado con los documentos de propaganda de los aliados, en particular la Carta del Atlántico. No logró un gran apoyo popular porque sus hombres de mayor relieve, como Adrián Recinos, cargaban con culpas de gobiernos anteriores a Ubico y porque, siendo ellos figuras bastante caducas, no supieron ganarse con audacia a elementos más jóvenes. Sin embargo, el arraigo de la tradición liberal entre la mediana burguesía agrícola, muchos trabajadores urbanos y la pequeña clase media de los departamentos, sobre todo en Occidente les daba una amplia base y electoralrnente eran la segunda fuerza en importancia. La tercera corriente de estirpe liberal fue la más extendida y la más moderna, podía ser clasificada como neoliberal, pero estaba en los últimos linderos del liberalismo renovado. Se acercaban más bien a lo que en Francia se conoce por Radicalismo. Aunque no formuló un cuerpo de doctrina ni una declaración programática razonada, su ideología puede integrarse analizando los numerosos discursos y artículos de los dirigentes y sobre todo, su actuación en la Asamblea Legislativa, primero, y en el Congreso constituyente, después. En síntesis, postulaba la vigencia y ampliación de las libertades democráticas, la implantación de un mínimo de derechos sociales para los trabajadores, un cierto grado de intervención del Estado para regular la actividad económica en beneficio de la nación y del pueblo, la limitación del derecho absoluto de propiedad privada y el rescate de las riquezas del suelo y del subsuelo en favor de los guatemaltecos. Aunque con grandes vacilaciones, proponía normas para suprimir paulatinamente los latifundios y para que el Estado pudiera introducir modalidades en la tenencia y explotación de la tierra. Como se ve, planteaba el tránsito de una democracia burguesa puramente formal a un régimen con rasgos de democracia económica y social. Perseguía al mismo tiempo una mayor independencia nacional, mediante el sometimiento de las empresas extranjeras a las leyes del país y la reducción de los privilegios de que gozaban esas empresas. Todo lo anterior suponía extender la educación en todos sus niveles para preparar cuadros técnicos nacionales, y reducir la influencia de la casta militar en la vida política. Se trataba, en suma, de un proyecto de desarrollo capitalista, en el marco de un Estado democrático y tutelar. Fue este el programa del Frente Popular Libertador y del Partido de Renovación Nacional, los dos grandes partidos de masas populares y trabajadores, dirigidos por la pequeña burguesía. Con él llevaron a la presidencia a Juan

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José Arévalo, quién lo había adoptado en términos generales. El contenido del programa fue incorporado a la Constitución de 1945, salvo en lo que se refiere al ejército, al que de hecho se le dio mayor poder para determinar la política del gobierno. Por ser la más avanzada de las que formularon los grupos que tomaron el poder, aquellas ideas y aspiraciones se convirtieron en la primera época en “los principios de la Revolución” y quien los aceptaba y defendía, fue el “revolucionario” por antonomasia. Los remanentes del partido conservador histórico trataron de aprovechar la situación para recuperar vigencia. Algunos gozaban de prestigio ciudadano por haber participado en las luchas contra Estrada Cabrera y por su oposición—más bien pasiva— a la tiranía ubiquista. No se presentaron corno partido, sino que se infiltraron en diferentes grupos, preferentemente en el llamado Unión Cívica. Mediante el mañoso recurso de identificar los desmanes de Cabrera y Ubico con el liberalismo como doctrina, consiguieron crear confusión, al extremo de que los descendientes ideológicos del liberalismo reformador renegaban de todo lo liberal, olvidando que los principios y avances de la Reforma representaban el antecedente directo y necesario del neoliberalismo que ellos sustentaban. Hubo voces aisladas que propusieron la restitución de los bienes de la iglesia, la enseñanza religiosa oficial y la validez del matrimonio eclesiástico. Los éxitos de los conservadores fueron pobres y pasajeros, en fin de cuentas, lo que lograron se redujo a que dejara de celebrarse el 30 de junio y el 2 de abril. En el fondo, lo que ocurría era que la controversia entre liberales y conservadores había perdido su base real, porque desde el punto de vista de los intereses económicos ya no había antagonismo entre los grupos dirigentes de ambas facciones. Por eso, cuando las posiciones de clase se definieron, se dio por cancelada la vieja pugna y los enemigos implacables de ayer se unieron para defender sus comunes privilegios. En el otro flanco de los partidos neoliberales estaba el corto grupo de quienes, desde los primeros días, lucharon por darle al movimiento un contenido de cambio económico y social y se empeñaron en imprimirle una trayectoria consciente, con base en los principios marxistas de la interpretación histórica. Este grupo — llamado Vanguardia — hizo algunas aportaciones teóricas que fueron recogidas por los elementos más progresistas de los partidos populares y que paulatinamente penetraron en círculos más amplios. La contribución más importante del grupo fue la de haber planteado la necesidad y la posibilidad real de convertir el movimiento popular en una verdadera revolución democrático—burguesa, agraria, antifeudal y antiimperialista. Teniendo en cuenta la relación internacional de fuerzas, el estado de desarrollo de las fuerzas sociales y el grado de conciencia política, era éste el objetivo histórico que entonces

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podía proponerse a las clases trabajadoras y al pueblo de Guatemala. Hablar de la lucha por el socialismo, habría sido en aquellas condiciones un error teórico y un acto de sectarismo irracional. La línea estratégica mencionada fue la que de hecho siguió el proceso iniciado en junio de 1944. Convencidos de que sólo la clase trabajadora organizada sería capaz de impulsar el desarrollo del movimiento en la dirección señalada. Vanguardia dejó a un lado la política electoral y se dedicó a colaborar con los sindicatos obreros. Puede decirse que la organización sindical surgió al día siguiente de la renuncia de Ubico. Con sorprendente rapidez y claridad de miras, los trabajadores procedieron a constituir sindicatos, primero en la capital y las zonas bananeras y luego en el resto del país. Muchas veces, lo que hizo fue poner a funcionar de nuevo los sindicatos que habían existido hasta que Ubico los disolvió. Se desempolvaban libros de actas y documentos fielmente guardados durante trece años y con el mismo nombre y los mismos estatutos renacía el sindicato, en medio del júbilo de los trabajadores. Fueron reapareciendo poco a poco desteñidas banderas rojinegras y ajados estandartes. Desde un principio se manifestaron en el movimiento sindical varias corrientes ideológicas que se traducían en divergencias acerca de la táctica de la lucha obrera y el papel de los sindicatos en la política. Estaban los sobrevivientes del primer Partido Comunista que se formó en el país, liquidado en forma sanguinaria por Ubico. Después de trece años de dura prisión, los viejos luchadores volvían a la brega, proclamando la independencia del movimiento obrero, aunque aceptaban la necesidad de alianzas tácticas con los partidos de la pequeña burguesía, sobre una base de principios y de objetivos concretos. Para ellos, los sindicatos debían ser también escuelas de formación política, de donde saldrían los militantes del futuro partido de vanguardia de la clase trabajadora. Por su parte, los anarcosindicalistas, que allá por 1929 habían tenido bastante influencia, seguían pregonando la eliminación de toda actividad política, para concentrar los esfuerzos de la reivindicación económica. Estaban también los que habían sido miembros del Partido Laborista. Opinaban, corno todos los laboristas, que el movimiento obrero debía actuar con doble personalidad: como organización sindical, para las luchas económicas y como partido político, para las luchas electorales. Por primera vez hicieron oír su voz algunos obreros social—cristianos, que habían recibido enseñanzas de curas vascos republicanos que pasaron por Guatemala. Inspirados en las encíclicas sociales emitidas hasta entonces, estaban de acuerdo en organizarse pan obtener mejores condiciones de trabajo, pero no aceptaban el principio de la lucha de clases. Todas las enumeradas

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eran corrientes minoritarias. La gran mayoría estaba formada por los trabajadores de pensamiento liberal y neoliberal. Veían en el sindicato un instrumento para luchar por demandas económicas, pero consideraban que la afiliación política, o mejor dicho electoral, era una cuestión que cada quien debía decidir en lo individual, por lo que el sindicato como tal no debía pronunciarse ni en favor ni en contra de personas o partidos. Como era la opinión de la mayoría y era evidente, además, que muchos simpatizaban con la candidatura liberal de Recinos, fue ésta la posición que prevaleció inicialmente, gracias a la cual pudo preservarse la unidad interna y asegurar el desenvolvimiento posterior de los sindicatos. De lo dicho en estos apuntes, puede concluirse que los sucesos y las luchas populares entre junio de 1944 y junio de 1954 constituyeron la etapa inicial de un proceso que en el curso de su desarrollo depuró y amplió sus metas. Puesto que se proponía liquidar los aspectos semifeudales, modificar el régimen de tenencia y explotación de la tierra y eliminar la dependencia del imperialismo, es decir, cambiar la estructura económica y social, dicho proceso era revolucionario. La revolución que se perseguía era fundamentalmente de carácter burgués y nacionalista, pero no del tipo tradicional, porque se realizaba en una época histórica en que la contradicción básica a escala mundial es la que se da entre el imperialismo y socialismo y, en consecuencia, las revoluciones burguesas nacionalistas adquieren un significado más progresista, coadyuvante de la lucha general por el socialismo. Las cuestiones relativas al grado de profundidad que adquirió el Proceso, de la medida en que cumplió sus objetivos parciales y de las causas que determinaron su interrupción desbordan el estrecho marco de estos apuntes. Sin embargo, existen fundamentos racionales para afirmar que el día que los guatemaltecos volvamos a emprender el camino hacia un futuro mejor, tendremos que partir del punto al que llegó la Revolución de Octubre y retomar sus grandes líneas, pero esta vez las metas podrían ser más altas y la marcha tendrá que ser más acelerada.

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DOCTOR JUAN JOSE AREVALO 1945 - 1951

CAPITULO XXXVIII ESTRUCTURA SOCIAL EN LA REVOLUCION DE OCTUBRE ALFONSO SOLORZANO

El movimiento pluriclasista de junio de 1944, después de lograr su objetivo inicial de derrocar al presidente Ubico, mantuvo durante algunos meses sus rasgos antídictatoriales como principal expresión de su carácter. Sin embargo, cuando la situación interna del país y la influencia de la lucha antifascista en el mundo lo llevaron a desembocar en el levantamiento militar y civil de octubre de 1944, pronunció su tendencia democrática burguesa. El movimiento democrático reflejó espontáneamente la desesperación y la decisión de las masas urbanas, encabezadas por un sector pequeño burgués muy poco organizado. Dada la heterogénea amplitud de las fuerzas sociales participantes, lo que entonces se llamó “unidad de la familia guatemalteca” no fue más que la alta expresión de un pluriclasismo que se proponía el establecimiento de una legalidad liberal y el ejercicio de los derechos democráticos elementales. El decreto de octubre de 1944 de la junta Revolucionaria de Gobierno, que proclama los objetivos del movimiento, señaló los alcances del nuevo régimen, las condiciones de aquel momento y los límites de los “postulados” de la revolución los cuales, formulados en esa oportunidad, tuvieron una repercusión progresista. La oligarquía terrateniente no se hizo ilusiones en cuanto a la “unidad de la familia guatemalteca” y, al ver afectado su dominio político, no intentó adaptarse al rumbo de los nuevos tiempos, sino se aferró al pasado. A partir de entonces, las contradicciones existentes en el seno de la sociedad guatemalteca que estallaron de junio a octubre de 1944, continuaron haciéndose presentes en diversos niveles y grados de profundidad. A la euforia de las primeras horas, la embriaguez que produjo el hecho de haber concluido con la pesadilla de la dictadura ubiquista, siguieron las demandas políticas, sociales y económicas que fueron perfilando los futuros

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conflictos. La ideología pequeño burguesa, democrática pero siempre heterogénea, encontró en el arevalismo su expresión reformista, con una fórmula que, en lo esencial, no tendía a desarticular la base de la dominación terrateniente—burguesa sino sólo a modernizarla. Sin embargo, movida por su propio impulso inicial, por la dinámica de las contradicciones de una reformación económica social caduca y por los estímulos de los cambios que se operaban en el proceso mundial, empezó a acelerar el ritmo de la lucha de clases. LOS CONTORNOS POLITICOS El Frente Popular Libertador que surgió como el partido político de la juventud, logró en los primeros momentos el apoyo de grandes sectores, precisamente por su fórmula: amplitud programática con objetivos limitados. Sin embargo, conforme los grupos de la burguesía nacional y la pequeña burguesía se diferenciaban en función de intereses económicos y propósitos políticos, se produjo la división y dio paso a la formación de nuevas organizaciones. Una de ellas, el Partido Acción Revolucionaria, intentó recoger algunas de las demandas populares a fin de captar la participación de las masas. Esto hizo que la disputa por los campesinos, clientela electoral principal, se convirtiera en una de las actividades principales de los partidos. Ante la dificultad de encontrar la fórmula de su propia organización política, las clases dominantes utilizaron más las agrupaciones económicas como grupos de presión, pero no descuidaron el procedimiento de influir desde adentro en las direcciones de los partidos pequeño burgueses y más directamente, en el seno del gobierno y, principalmente, del ejército. Los ministerios fueron compartidos por políticos burgueses y pequeño burgueses de muy variadas posiciones, algunos de ellos de dudoso pensamiento democrático. La actividad política abierta se reinició después de catorce años de silencio oscurantista. Podría decirse que fue necesario aprender el significado de la palabra “libertad” y a ejercer los derechos democráticos. Los derechos políticos, que seguían llorando el pasado, no pudieron actualizarse para encabezar ni dirigir un movimiento que se desbordó por su juventud y espontaneidad , aunque las realidades que habrían podido permitirlo estuvieran vibrando en el fondo. La atronadora propaganda de los aliados contra el nazifascismo y el despliegue declamatorio de las cuatro libertades encontraron un eco que la dictadura ubiquista y sus sucesores no pudieron disminuir. La segunda Guerra Mundial se convirtió en el gran precipitador de las contradicciones

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internas, que pronto afloraron. La Unión Soviética, el entonces solitario país del socialismo, por un momento pasó a ser aliado admirado y no enemigo. La pequeña burguesía democrática imprimió su entusiasmo, sus vacilaciones y su peculiar radicalismo en el período inicial, en tanto que la oligarquía terrateniente, perpleja y sin el padrinazgo efectivo del imperialismo estadounidense, no encontró el camino seguro de los viejos tiempos. La ruptura con el pasado —que en buena medida se dio como un rompimiento entre generaciones— no se profundizó por las propias limitaciones pequeño-burguesas, pero se buscaron nuevos rumbos con impulso renovador, aunque con más entusiasmo que claridad y definición de objetivos. EL REFORMISMO Treinta años después puede juzgarse con mayor objetividad, aunque también con superficialidad, si se analizan los acontecimientos alejados de su contexto y se olvida qué habían significado para el país y sus habitantes los catorce años de dictadura ubiquista y el atraso abismal en que vivía Guatemala. Hay que recordar que muchos estudiantes saltaron de las aulas universitarias a las curules del Congreso y a altos puestos del gobierno y que la lucha contra la dictadura de Ubico se inició como enfrentamiento entre la juventud estudiantil y el gobierno tiránico. Son hechos episódicos que matizan los acontecimientos y marcan el principio del proceso, aunque no determinan su posterior desarrollo. La organización política y sindical, los primeros conflictos obreropatronales, el código de trabajo, la instauración de la seguridad social, la ampliación de la limitada educación pública, la autonomía universitaria, la reforma bancaria y las leyes de fomento industrial fueron medidas típicamente reformistas, pero pusieron en marcha un proceso que empezó á cambiar la faz del país. Sin embargo, los pilares de la dominación imperialista y de la oligarquía se mantuvieron. El gobierno de Arévalo no fue fiel guardián de los intereses de los monopolios de los Estados Unidos y de los oligarcas, pero el aparato represivo del Estado estuvo presto a no dejar pasar de la raya a los obreros urbanos y agrícolas y a los campesinos. Sin embargo, la oligarquía y los monopolios, que vieron limitado su poder político, no perdieron ocasión para intentar retomar las riendas, acudiendo con tenaz frecuencia al método latinoamericano tradicional: la conspiración militar encaminada al golpe de Estado. Las intentonas fracasaron una tras otra frente a un Arbenz vigilante, firme y con iniciativa. En julio de 1949 se registró la más seria: el levantamiento militar de la Guardia de Honor, que ocurrió a raíz de la muerte del jefe de las Fuerzas Armadas, coronel Francisco Javier Arana, cuando contingentes del gobierno se disponían

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a capturarlo para destruir la conspiración en que estaba envuelto. El aplastamiento de la rebelión reaccionaria a manos del sector democrático del ejército encabezado por Arbenz, apoyado por apreciables grupos obreros, estudiantes y campesinos, provocó la radicalización del movimiento y le abrió paso al desarrollo del proceso revolucionario. El arevalísmo fue esencialmente una tendencia pequeño burguesa, con las limitaciones, vacilaciones, ingenuidades, el aventurerismo idealista y los compromisos propios de esa capa social. Respetó las reglas del juego de la legalidad jurídica burguesa, pero, aunque buscó en los obreros y los campesinos el apoyo que necesitaba para subsistir, temió la organización sindical unitaria, limitó o prohibió la organización del obrero agrícola y del campesino e impidió que apareciera el partido político de la clase obrera. Arévalo propició y mantuvo la división del movimiento sindical. No obstante, las masas aprendieron por su propia experiencia y las clases populares aprovecharon el uso de los derechos democráticos. El propio crecimiento del capitalismo dependiente y el ejercicio democrático dieron curso, aunque en formas diversas y escabrosas, a la lucha de clases. Los diez años del movimiento octubrista constituyen un proceso en el cual la fase reformista del gobierno de Arévalo (1945—1951) es necesariamente rebasada por la fase revolucionaría del gobierno de Arbenz (1951—1954). El análisis de tal proceso debe hacerse dentro de los marcos nacional e internacional de la década iniciada a la llegada de Arbenz al poder. La acelerada maduración de las condiciones internas de Guatemala se produjo en medio del endurecimiento de la guerra fría, el descenso democrático en América Latina y el derrocamiento de gobiernos reformistas, cuando el imperialismo atacó a la República Popular de Corea, montó sus provocaciones en la Alemania Democrática y estuvo dispuesto a lanzar la bomba atómica sobre Viet Nam. Es la era — jamás de olvidarse — en la cual el furibundo carnicero John Foster Dulles presidía los Estados Unidos, por delante y por detrás del abúlico Eisenhower. Al principiar la década del 50, Guatemala quedó aislada en el continente y asediada por todas partes. LA CLASE OBRERA En lo interno las contradicciones se agudizaron y la clase obrera entró a escena y empezó a jugar, con aciertos y errores, su propio papel. El 28 de septiembre de 1949 se realizó semiclandestinamente el congreso constituyente del partido de los comunistas guatemaltecos. En octubre de 1951 se creó la central única sindical: la Confederación General de Trabajadores de Guatemala. En 1952 se organizó la agrupación única de

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los campesinos: la Confederación Nacional Campesina de Guatemala. Esas condiciones empezaron a permitir que, junto a un sector de la burguesía nacional y a los partidos de la pequeña burguesía democrática, la clase obrera y los campesinos dieran apoyo e impulso al gobierno de Arbenz y a su programa en forma más decidida y, en determinada medida, le imprimieran al movimiento revolucionario un sello más avanzado. Estas condiciones hicieron posible la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, promulgada en junio de 1952, que hizo real el contenido antifeudal de la revolución, al mismo tiempo que otros aspectos de la política económica de Arbenz pronunciaban el carácter antiimperialista del proceso. El carácter sagrado de la propiedad privada de la tierra fue cuestionado a la luz de un nuevo concepto defunción social y una idea más profunda de la legalidad. El latifundio, bastión del poder económico de la oligarquía terrateniente y de la entonces todo poderosa United Fruit Company, fue afectado. La reforma agraria puso en el camino de la acción política a millares de campesinos en todos los rincones del país, al integrar los Comités Agrarios locales que colocaron en manos de los propios interesados la lucha por la tierra y que, en esas condiciones, crearon lo que podría llegara ser el embrión de un futuro poder popular local. Al mismo tiempo, los obreros urbanos y agrícolas, unidos en su central única, iniciaron diversas huelgas contra patronos guatemaltecos y extranjeros, demandando aumentos de salarios y prestaciones hasta entonces ignorados, sin ser reprimidos por la fuerza pública ni manipulados por el gobierno. LA BURGUESIA NACIONAL Al principiar la década del 40 las diversas fracciones de las clases dominantes no -tenían mayor diferenciación por el propio grado del entrelazamiento de los intereses agrícolas, industriales, comerciales y bancarios. Sin embargo, existían y se manifestaron algunas contradicciones, que fueron resueltas por el gobierno ubiquista en favor de la oligarquía terrateniente. La inversión extranjera (principalmente estadounidense y alemana) estaba afincada en la agricultura (banano y café) y en servicios públicos (ferrocarriles y energía eléctrica). La revolución de octubre, por su propia dinámica y; en parte, por la inserción de la nueva estrategia imperialista, propició el crecimiento de la actividad industrial bajo el signo de un capitalismo dependiente. Se inició una política de fomento industrial y con mayor precisión y miras definitivamente nacionales, en el gobierno de Arbenz se trazaron los siguientes objetivos: 1) Convertir un país dependiente y de economía semicolonial en un país económicamente independiente; 2) transformar un país atrasado, de economía predominante feudal, en un país capitalista moderno; 3) hacer la transformación de tal manera que se pudiera

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lograr la mayor elevación posible del nivel de vida de las grandes masas del pueblo. Por su carácter burgués y terrateniente, los intereses de la oligarquía eran al mismo tiempo afectados y estimulados. En su conjunto, la oligarquía, reaccionaria políticamente, no vio con simpatía una política económica de esa naturaleza. Sólo una fracción de la burguesía, aquella cuyos intereses tenían un arraigo nacional, apoyó una parte de la política arbencista. Para decirlo con más precisión, prestó cierto apoyo a las medidas que iban contra el caduco régimen de tenencia de la tierra, pero mantuvo su cautela en cuanto a afectar al imperialismo y su total prevención al papel de la clase obrera y los campesinos. El sector burgués, calificado entonces de progresista no vio en el proceso “su revolución”, sino un movimiento que en parte podía dirigir, pero que también, frente a unas capas medias radicalizadas que empezaban a pretender avanzar mucho más, en buena medida se le escapaba. En lo fundamental, el carácter de la revolución de octubre fue democrático burgués, por cuanto intentó resolver la contradicción entre los remanentes precapitalistas y el crecimiento del capitalismo. Pero como el proceso se dio en la época del predominio imperialista, al profundizarse y acentuarse la dirección política del sector más avanzado de la pequeña burguesía y elevarse el papel de la clase obrera y de los campesinos pobres y medios, tenía que tratar de profundizar, a la par de sus tareas antifeudales, sus tareas antiimperialistas, por lo que el carácter de la revolución octubrista en su etapa más progresiva tendió a ser democrático nacional. Fue en este sentido que la burguesía industrial nacional (poco desarrollada y no suficientemente diferenciada, como hemos señalado) no llegó a sentirla como “su revolución”. Las tareas políticas, económicas y sociales principales estuvieron enmarcadas en la Constitución de 1945, cuyo contenido era burgués terrateniente, por cuanto trataba de sentar bases para consolidar los intereses fundamentales de tales clases. Pero en ella había influido el pensamiento democrático de la pequeña burguesía, legalizando las libertades políticas, el derecho al trabajo y a la seguridad social, y abriéndose paso al concepto de función social de la propiedad privada, a la acción proteccionista del Estado en favor de las masas trabajadoras y al intervencionismo estatal necesario para favorecer el desarrollo económico del país dentro del capitalismo. La Constitución garantizaba intereses tradicionales de clase, pero era suficientemente heterogénea para permitir que las clases progresistas, en determinadas circunstancias, pudieran proponerse el objetivo de superar, dentro de un marco burgués pero independiente y nacionalista, la realidad precapitalista y dependiente del país.

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El gobierno arevalista jamás tocó realmente el problema agrario ni afectó efectivamente la base económica de los monopolios extranjeros. Al aumentar numéricamente y organizarse sindical y políticamente, la clase obrera empezó a jugar un papel político más activo e influyó en las masas para llevar adelante el proceso revolucionario, sacándolo del característico reformismo del gobierno arevalista mediante una lucha decidida por profundizar su contenido agrario antiimperialista. Así se empezaron a definir con nitidez las posiciones contrapuestas en el cuadro nacional e internacional. EL CONTENIDO AGRARIO Y ANTIIMPERIALISTA La reforma agraria, que tenía por objeto “liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala”, fue en sus dos años de aplicación el esfuerzo de mayor profundidad revolucionaria en la historia de Guatemala, no sólo por su orientación, la extensión de tierras entregadas y las expropiaciones realizadas (que minaban el poder económico de la oligarquía terrateniente), sino también por la movilización campesina que se produjo a lo largo de todo el país. El vital problema de la tenencia de la tierra, obligó al enfrentamiento abierto contra la oligarquía local y afectó en forma igualmente directa a la United Fruit Company, la empresa estadounidense más poderosa instalada entonces en el país. El enfrentamiento con las otras empresas de Estados Unidos tuvo otros rasgos, como en el caso de las Internacional Railways of Central America y la Electric Bond and Share, que fue afrontado mediante la construcción de la Ruta al Atlántico (para romper el monopolio del transporte), del puerto nacional de Santo Tomás (para concluir con el monopolio portuario) y de la hidroeléctrica de jurún Marinalá (para terminar con la decisiva influencia extranjera en la industria). En el campo de la política internacional, las aventuras de adolescencia de los años del gobierno arevalista (cuando se propiciaron las fallidas invasiones para derrocar los gobiernos reaccionarios de Osmín Aguirre en El Salvador, de Trujillo en la República Dominicana v de Somoza en Nicaragua) tocaron a su fin. El gobierno de Arbenz inició una política tendiente a independizar a Guatemala de la férrea tutela del gobierno y de los monopolios de los Estados Unidos, que permitiera aplicar una política exterior acorde con los intereses nacionales y latinoamericanos, que se expresó en la negativa de Guatemala en 1951 a enviar soldados, aunque fueran “simbólicos”, para apoyar la agresión de los Estados Unidos a la República Popular de Corea: las votaciones guatemaltecas en la Sexta

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Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en París en 1951—52, cuando la delegación fue dirigida por los prestigiosos intelectuales Enrique Muñoz Meany y Luis Cardoza y Aragón, votó once veces con los países socialistas, ocho de ellas contra los Estados Unidos; y en la séptima Asamblea de la ONU, celebrada en Nueva York en 1952—53 en cuya oportunidad Guatemala votó coya los países socialistas nueve veces y se pronunció por el reconocimiento de la independencia de la Guayana Británica (Guyana) y por aplicar a la realidad de Puerco Rico el correspondiente tratamiento de colonia, acción ésta que afectaba directamente a los Estados Unidos. (El hecho que ameritó tal posición hubo de ser reconocido finalmente por la ONU en 1954). LA RAZON DE LA CONTRARREVOLUCION En la medida en que la revolución se profundizaba, el sector de la burguesía nacional que se había comprometido en el esfuerzo trató de frenar el impulso, se alejó o se esforzó por ganar a las capas medias acomodadas, las cuales, influidas también por la burguesía en general, fueron pasando a un segundo y tercer plano o se quedaron a la expectativa. Las capas asalariadas revolucionarias, la clase obrera y los campesinos fueron ocupando los puestos avanzados, aunque sin llegar los dos últimos a tomar la dirección del movimiento. La falta de madurez política, visión y audacia y de una base social proletaria (urbana y rural) más sólida, no permitieron que la clase obrera alcanzara el papel hogemónico. El peso del atraso económico incluyó decisivamente en la reagrupación de las fuerzas sociales del país, en tanto que el secular rezago político frenó el desarrollo de la conciencia de clase y del nivel político. Es un hecho que la maduración de las condiciones subjetivas puede ser acelerada por las condiciones objetivas, pero las primeras no se inventan. El sector comprometido de la burguesía nacional, presa de temor, dio varios pasos atrás y las capas medias acomodadas comenzaron a abandonar el barco que se había adentrado en la tempestad. En cambio, la clase obrera y los campesinos impulsaron un proceso revolucionario que, aunque programáticamente no era todavía la revolución correspondiente a su alianza, sí era el camino para avanzar hacia fases más radicales. Los campesinos que recibieron la tierra se dispusieron a defenderla, aunque sin advertir ni ser advertidos acerca de cuáles eran las formas de organización y de lucha necesarias para crear las condiciones para hacerlo. La clase obrera intentó encabezar el proceso, pero su partido de clase no llegó a tener una concepción acabada de cómo conquistar la hegemonía.

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En 1953 se vio venir la intervención de los Estados Unidos y el gobierno guatemalteco respondió con la denuncia internacional. En lo interno el esfuerzo más serio estuvo representado por los Comités de Defensa de la Soberanía Nacional, propiciados por el partido del proletariado, que promovieron por la base el desarrollo del frente único y alcanzaron resultados positivos en varias regiones en su tarea de preparar un punto de apoyo sólido para la lucha contra la intervención de Estados Unidos. En cambio, la alianza de los partidos políticos y las centrales sindicales y campesina, llamada Frente Democrático Nacional, mostró más sus vacilaciones que su cohesión. Arbenz se mantuvo firme hasta el 27 de junio de 1954, pero, al mismo tiempo crecieron el oportunismo y el arribismo de muchos políticos y miembros del gobierno, afloraron casos de corrupción política y enriquecimiento ilícito en las esferas oficiales y lo más grave, aumentaron las posiciones capituladoras frente a la reacción interna y el imperialismo. El poder económico se mantuvo en manos de la oligarquía terrateniente burguesa. El poder político, en ruanos de la pequeña burguesía democrática y de elementos de la burguesía nacional, se convirtió en algo gelatinoso, sobre todo cuando el ejército respondió a su misión de clase, es decir, en este caso concreto, a su calidad de brazo armado de las clases dominantes, obedientes a los dictados del imperialismo, y Arbenz, en el momento mas agudo, por limitaciones de su formación y la falta de madurez e iniciativa de los partidos que lo apoyaban, no vio perspectivas de derrotar la intervención y optó por la falsa salida de la renuncia. Corno ya lo hemos señalado, todo esto sucedió en uno de los momentos cruciales de la guerra fría. El factor determinante en el inicio del movimiento revolucionario de octubre de 1944 fue la contradicción entre las viejas caducas relaciones de producción y distribución, representadas por los terratenientes semifeudales y la burguesía reaccionaría que se había formado a la sombra del imperialismo, y las nuevas fuerzas productivas, representadas por una débil burguesía nacional, las capas medias tradicionales y nuevas, la clase obrera y los campesinos. En su desarrollo, esa contradicción, vigente en lo esencial, fue alterada por el proceso revolucionario, que fue situando en diferentes posiciones a las distintas clases y capas sociales en la medida en que la lucha fue agudizándose y la situación de Guatemala como país dependiente y periférico fue acentuando el espinoso camino que tenía que recorrer un proceso agrario y antiimperialista en las condiciones internas y externas del primer lustro de la década de los cincuenta. Cuando se agudizó la lucha de clases, todas las argucias, las felonías y las cobardías saltaron al unísono y todas las armas se usaron. En ese momento las clases explotadas no habían aprendido por su propia experiencia que las clases dominantes

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cuando consideran que están en peligro sus privilegios, son capaces de todas las maniobras y que, cuando lo hacen, es necesario acudir a todos los medios, recursos e iniciativas y aplicar el consejo de los revolucionarios de todos los tiempos “audacia, audacia y más audacia” para enfrentar a la contrarrevolución. LOS CAMPESINOS Los campesinos ladinos e indígenas no habían sido actores en las acciones que condujeron al derrocamiento de la dictadura ubiquista. El proceso los fue incorporando a los cambios que se producían en el país, comenzando por la alteración que se produjo en la comunidad campesina con la actividad de los partidos políticos, que incluso propició que el tradicional sistema político—religioso de autoridad que prevalecía en muchas comunidades indígenas fuera cuestionado internamente. La disputa por la clientela electoral produjo tales resultados desde sus inicios en algunas regiones del país. La extensión y profundización del proceso revolucionario llevó el fenómeno a otras regiones. Al principio de la década del 50 algunas comunidades del altiplano ya estaban cambiando su tradicional manera de ver los problemas del poder local. El proceso se estaba extendiendo, impulsado por su propia dinámica. La organización sindical y campesina comenzó a poner en movimiento a las masas campesinas ladinas e indígenas en demanda de mejores salarios, tierras en arrendamiento, y adquirió un carácter radical con la petición de la tierra. Aprovechando los resultados de una opresión de siglos, la influencia de los terratenientes y campesinos ricos con los campesinos medios y pobres, y los conflictos puramente locales en diverso orden, la reacción pudo maniobrar y sembrar alguna confusión, tratando de frenar la demanda de tierra. Fue inútil. La realidad concreta de la entrega de la tierra y el papel activo que empezaron a jugar los Comités Agrícolas Locales pusieron en movimiento a las masas del campo, que se incorporaron activamente al movimiento agrarista, estrecharon filas con los obreros (que habían sido los primeros abanderados de la entrega de las tierras) y los campesinos más avanzados se afiliaron al propio partido del proletariado. La agudización de la lucha de clases en el campo tuvo que enfrentarse a las limitaciones de la pequeña burguesía, a la mentalidad conservadora o moderada de funcionarios civiles y militares, a las prevenciones de la burguesía y a los radicalismos propios del proceso revolucionario. Es importante destacar el hecho que el campesino indígena empezaba a reaccionar en función de su conciencia de clase, de situación de semiproletario, de campesino desposeído y explotado. Sin abandonar por

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este sólo hecho las formas particulares por las cuales expresa su conciencia social, se sumó con energía y decisión a la lucha por sus derechos económicos, sociales y políticos en todas aquellas regiones en las cuales el proceso revolucionario empezó a profundizarse. Las transformaciones superestructurales iniciadas en 1944 fueron reforzadas de 1952 a 1954, cuando empezó a cambiar a ritmo acelerado el régimen de tenencia de la tierra. Entonces el campesino, indígena o ladino, vio a través de su propia experiencia el vigoroso impacto de la reforma agraria y comprendió que su vida entraba en una nueva etapa. Fue así como apreciables contingentes de campesinos pobres y medios, indígenas y ladinos, comenzaron a ser actores del proceso revolucionario y a engrosar las filas de las organizaciones campesinas sindicales. LA LECCION PRINCIPAL La explicación de la frustración del movimiento de octubre de 1944 se encuentra en los intereses económicos y la conducta política de las distintas clases y capas sociales y del imperialismo estadounidense. La experiencia que arrojan los hechos concretos se convierte en la lección principal que tienen que analizar, una y otra vez, las clases y capas interesadas en un cambio revolucionario. En ese examen no debe confundirse la realidad económica, social y política tal cual es, con el sueño voluntarista de lo que pudo ser o no ser. Esto tampoco debe conducir a la lamentable equivocación de pretender escudar los errores políticos de una clase revolucionaria o de su partido, sino a aprender de los mismos con sencillez, claridad y energía. Es indudable que la profundización del proceso revolucionario hubiera dejado atrás los objetivos programáticos, señalados por Arbenz, de convertir a Guatemala en “un país moderno capitalista”. La propia marcha de los acontecimientos, si las condiciones internas y externas hubieran sido otras, tenía que dejar atrás netas que por la propia dinámica histórica tenían que ser rebasadas, como lo confirman los procesos revolucionarios de otros países. La clase obrera fue, desde los inicios del movimiento de octubre, la abanderada de la necesidad de la reforma agraria y luego pasó a ser una de las más activas en impulsar su aplicación. La alianza natural y orgánica de la clase obrera y los campesinos empezó a desarrollarse y la marcha del proceso revolucionario la hubiera convertido en un bastión indestructible y en la base de un poder político mucho más sólido y revolucionario. Indudablemente, el imperialismo estadounidense percibió con suma claridad esa conjugación de fuerzas: una joven, poco numerosa, pero combativa clase obrera, y un numeroso campesinado que comenzaba a

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moverse como un gigante que despierta, era uno de los peligros principales que amenazaban la estructura de un poder tradicional situado dentro del capitalismo dependiente, que corría el riesgo de ser desplazado por un nuevo poder con una sustentación popular que, en un futuro más o menos cercano, rompería los estrechos moldes capitalistas, para pasar a tina etapa democrática popular, vía al socialismo. Con razón al llegar a La Habana en 1961, Jacobo Arbenz dijo: “Cuba no será otra Guatemala, pero Guatemala sí puede ser otra Cuba”. El proceso revolucionario, aunque no pudo superar los límites agrarios y moderadamente antiimperialistas, llegó a los linderos de una situación en la cual potencialmente existían alumnas de las condiciones para que, sobre la base de un papel más activo y hegemónico de la clase obrera, de la actividad y el peso cada vez mayor y en ascenso de la mayoría de los campesinos ladinos e indígenas, se avanzara hacia un poder integrado por tales clases y las capas medias revolucionarias. Era una perspectiva que tanto la situación internacional, el grado de la lucha de clases en el país, las limitaciones de la clase obrera y de los campesinos, como la intervención de Estados Unidos, hicieron no viable en esa oportunidad. Sin embargo, es oportuno analizar la situación que se vivía y las experiencias de un precedente que las fuerzas revolucionarias en su conjunto deben tomar en cuenta, tanto por los elementos negativos como por los positivos, por lo que se hizo y cómo se hizo, por lo que se dejó de hacer y por qué se dejó de hacer. Se trata del examen de la frustración del proceso revolucionario, pero de una frustración que tenia en sus entrañas una particularidad que debe ser analizada sin falsas ilusiones, sin romanticismo, sino atravéz de un riguroso estudio económico, sociológico y político que permita comprender el comportamiento político de la clase obrera y los campesinos en los años anteriores, así corno sus potencialidades revolucionarias y sus limitaciones.

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CONTEXTO GEOGRÁFICO EN LA ÉPOCA DE ARBENZ

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CAPITULO XXXIX UNA ÉPOCA DE REFORMA Stephen Schlesinger Stephen Kinzer

Cuando Juan José Arévalo tomó el poder en marzo de 1945, estableció cuatro prioridades que lo guiarían durante su período de seis años: reforma agraria, protección del trabajo, un sistema educativo mejor y consolidación de la democracia política. Este último propósito era quizá el menos complicado y el más exigido universalmente. Arévalo liberó la energía largamente reprimida de su pueblo, permitiendo y animando la formación de partidos políticos. Guió al primer Congreso de la nación erigido sobre las cenizas de la impotente Asamblea Nacional Legislativa, hasta alcanzar igualdad total con la rama ejecutiva. Pidió su aprobación para medidas importantes y respetó sus decisiones escrupulosamente. Por primera vez en la historia de Guatemala, floreció la libertad de expresión y de prensa. Arévalo se recreó en la cacofonía de la democracia y se deleitó con el choque de opiniones que representaban la médula de una sociedad libre. Arévalo se enfrentó a una Guatemala que apenas había cambiado en los 124 años después de su independencia. Los estándares de vida para la mayoría de su población de 3 millones estaban actualmente declinantes. En la ciudad, un empleado bancario experimentado se llevaba a casa 90 dólares al mes. Las mayores fuentes de trabajo se encontraban en compañías propiedad de extranjeros; cerca de 40,000 guatemaltecos dependían directa o indirectamente de la United Fruit Company y de sus subsidiarias. Las clases media y trabajadora — pequeñas pero en crecimiento— no tenían sitio en la estructura tradicional. En el campo, el crecimiento de la población forzaba a un número cada vez mayor de gente a vivir de la misma cantidad de tierra disponible. El salario del campesino estaba en una escala que iba de cinco a veinte centavos de dólar al día. El 2% de los hacendados poseían el 72% de la tierra y el 90% del pueblo tenían entre todos el 15% de los terrenos productivos.

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Los indígenas en el campo estaban atados a las grandes plantaciones por un antiquísimo sistema que imponía al menos 150 días al año de deuda de trabajo “en vez de impuestos”. Aunque la primera constitución del país, adoptada en 1824, abolía la esclavitud, los sistemas de trabajo rural prevalecientes en 1945 eran apenas distinguibles de la servidumbre involuntaria. La usa de 75% de analfabetas llegó hasta el 95% entre los indígenas. El promedio de vida era de 50 años para los ladinos (gente con mezcla de sangre española e india y cultura occidentalizada) y 40 años para los indígenas. En octubre de 1946. el Congreso de Guatemala aprobó la primera Ley de Seguridad Social, que revoluciono la relación entre obreros, empleados y gobierno. El decreto, ampliamente basado en la provisión del Nuevo Trato promulgado en Estados Unidos, garantizaba a los trabajadores el derecho a condiciones de trabajo sin riesgo, compensación por accidentes, beneficios de maternidad, educación básica y atención sanitaria. El Instituto de Seguridad Social recientemente fundado lanzó un programa de veinte años destinado a la construcción de sesenta y siete hospitales nuevos para dar servicio a campesinos y a otros habitantes fuera de la capital. De impacto mucho más profundo fue el Código del Trabajo de 1947 de la administración de Arévalo, cuyos autores modelaron sobre el Decreto Wagner norteamericano. El nuevo código, que después se convertiría en uno de los principales factores para la intervención norteamericana, cambiaba el control administrativo sobre el trabajo. El concepto subyacente era que el gobierno no debía ya apoyar automáticamente a los grandes propietarios de granjas y a otros patronos. El ministro de Trabajo de Arévalo explicó: “Una democracia capitalista debe compensar con los medios a su disposición, algunos de los cuales son legislativos, la desigualdad económica entre los que poseen los medios de producción y los que venden el trabajo manual”. Las provisiones del código garantizaban —con algunas excepciones— el derecho de los trabajadores urbanos a organizar sindicatos, a negociar colectivamente y a la huelga. Se crearon tribunales especiales de trabajo, constituidos de manera que garantizaran una audiencia simpatizante con los trabajadores, para determinar judicialmente litigios. Se fijaron escalas de salario mínimo y se reguló el trabajo de niños y mujeres. Enmiendas posteriores extendieron la protección hasta algunos empleados rurales y exigían que los patronos retuvieran los pagos sindicales de las nóminas de salario. En el contexto de la historia de Guatemala, estas medidas eran auténticamente revolucionarias. En cl código existían también protecciones para el patrón, y se incluyeron intencionalmente algunas escapatorias para prevenir la desestabilización de la producción. Por ejemplo, la sindicalización en el

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campo estaba prohibida, excepto en las grandes haciendas a menos que las huelgas interrumpieran la cosecha. Sin embargo, el código fue de gran impacto en un campo en donde hasta entonces un campesino podía ser encarcelado si su “tarjeta de trabajo” no señalaba que había contribuido el número de días requeridos de trabajo forzado para enriquecer a los hacendados. Los discursos de Arévalo en los que expresaba su opinión sobre el trabajo, reflejaban su romántica visión de Guatemala y el potencial de su pueblo: “Nuestra revolución no puede explicarse por el hambre de las masas sino por su sed de dignidad... Por lo tanto, nuestro socialismo no desea una ingeniosa distribución del bienestar material para igualar a los hombres económicamente diferentes. Nuestro socialismo busca la liberación psicológica y espiritual de los hombres. Deseamos dar a todos y cada uno de los ciudadanos no sólo el derecho super/ leía! de votar, sino el derecho fundanmental de vivir en paz con su conciencia, con su familia, con su propiedad y con su destino”. “Llamamos a este socialismo de posguerra `espiritual’ porque en el mundo, al igual que en Guatemala, hay un cambio fundamental en los valores humanos. El concepto materialista se ha convertido en arma en manos de las frenas totalitarias El comunismo, el fascismo y el nazismo han sido también socialistas. Pero ése ha sido un socialismo que da de comer con la mano izquierda y con la derecha mutila los valores cívicos y morales del hombre”. De todas las medidas tomadas por la administración de Arévalo, el Código del Trabajo es la que llamó más la atención de Estados Unidos. Su texto hizo que el FBI — que en los días anteriores a la CIA era responsable de la recopilación de información sobre América Latina —reuniera legajos sobre Arévalo y otros ministros importantes de su gobierno. Antiguos simpatizantes de Ubico despertaron el interés del FBI, alegando “influencia comunista” en la legalización de los sindicatos de trabajadores realizada por Arévalo. Arévalo dio también los primeros pasos para la racionalización de la política agraria. Los recursos agrícolas habían sido enormemente subutilizados y mucha tierra fértil permanecía sin cultivar. La producción más allá del estrecho mercado doméstico se centraba en el plátano —enteramente en manos de norteamericanos— y en el café, la mayor fuente de ingresos para la aristocracia guatemalteca. Las plantaciones mayores de 1,100 acres, que constituían el 0.3% de todas las del país, contenían más de la mitad de la tierra de cultivo de la nación. A pesar de la abundancia de la tierra cultivable, su uso ineficaz forzaba a Guatemala a importar algunos de sus productos básicos.

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La necesidad de reformar el sistema de propiedad era reconocida universalmente. Un profesor de Minnesota había informado en 1940 que “sólo una proporción muy pequeña de la población tiene tierras... a pesar de que todavía hay tierra disponible en grandes cantidades para los compradores... Los grandes terratenientes piensan a menudo que si se llevara a cabo una repartición masiva de tierra a los indios, dejaría de estar disponible la mano de obra barata y la base económica de la vida se socavaría”. Otro erudito norteamericano publicó un estudio para la Biblioteca del Congreso en 1941 destacando que “la mejora del estándar de vida por medio de la diversificación y la mecanización depende mucho de los cambios en la distribución de las ganancias y/o de la tierra. Las corporaciones extranjeras y los grandes terratenientes nativos se oponen a la diversificación y al desarrollo del mercado doméstico. El incrementar la producción (sin forma agraria)...sólo beneficia a los propietarios que gastan sus ganancias en el extranjero durante viajes o en la compra de artículos de lujo extranjeros o, como en el caso de la United Fruit company; la mayor parte de las ganancias sale del país en acciones extranjeras. El estándar de vida bajo estas condiciones no puede incrementarse fuertemente ayunos cambios en la distribución de las ganancias o de la propiedad”. Así, para modernizar a Guatemala se requería atacar la concentración de la tierra en unas cuantas manos... y naturalmente esto encontraría resistencia por parte de aquellos que se habían beneficiado durante largo tiempo de la propiedad. En agosto de 1948, Arévalo formó el Instituto Nacional de Producción para distribuir créditos, experiencia y enseres a los pequeños granjeros. También se hizo un esfuerzo para registrar oficialmente a todas las tierras según la pertenencia y el uso, legalizando así los “títulos” oscuros que habían tenido los campesinos durante años, pero que nunca fueron reconocidos como verdaderas garantías de posesión ni por el gobierno ni por los terratenientes ricos. En diciembre de 1949, el Congreso aprobó la Ley de Arrendamientos Forzosos que, a pesar de su limitada escala, frie probablemente la más importante de las modestas medidas agrarias tomadas bajo el gobierno de Arévalo. Esta ley estaba destinada a cambiar las tierras abandonadas en productivas, permitiendo a cualquier campesino que poseyera menos de una hectárea solicitar el derecho de rentar la extensión ociosa a los propietarios de las plantaciones cercanas. El gobierno empezó también a distribuir gradualmente la tierra que había confiscado a simpatizantes de alemanes y nazis, la cual constituía casi una tercera parte del total de la propiedad cultivada en el país, y que había llegado a convertirse en propiedad pública como “fincas nacionales”. Sin embargo, no hubo nuevas confiscaciones, aunque éstas estaban permitidas por la Constitución. Como el mismo Arévalo explicó: “En Guatemala no existe problema agrario; antes bien, los campesinos están psicológica y

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políticamente impedidos para trabajar la tierra. El gobierno creará para ellos la necesidad de trabajar, pero sín perjudicar a ninguna otra clase”. Estas reformas y otras, como la creación de un banco estatal y una oficina de planeación nacional, simbolizan el cambio en la dirección política y social de Guatemala. Sin embargo no eran tan radicales como para producir cambios rápidos en la vida diaria de la mayoría de la gente, excepto quizá entre los trabajadores urbanos y los pequeños comerciantes. La mayoría de las medidas promulgadas durante la década de 1940 fueron llevadas a cabo sólo parcialmente, y no se produjo una redistribución drástica del ingreso. El resultado más importante que produjeron fue simplemente acostumbrar al guatemalteco común al hecho de que las instituciones del gobierno podían realmente funcionar en su beneficio. El logro de Arévalo fue menos alterar la estructura social de manera fundamental que consolidar la democracia en Guatemala. Sin embargo, Arévalo fue asediado casi desde el primer día de su toma de posesión por pilares del viejo orden que temían por su lugar en la sociedad. En mayo de 1946, a un año escaso de que se convirtió en presidente, Arévalo fue forzado a defenderse de esta manera: “Han oído las acusaciones de nuestros enemigos comunes. lían oído y visto la incansable campaña de sus enemigos, mis enemigos. Ustedes saben que para esos políticos tradicionales, esos de clase dictatorial, el presidente de Guatemala es comunista’ porque ama a su pueblo, porque sufre con su pueblo, porque está con los pobres, porque apoya a los trabajadores, porque se rehúsa a hacer tratos con aquellos que pueden corromper su función pública. Saben que ellos dicen que el Congreso es ‘comunista’ porque aprueba leyes para el bienestar de todos y especialmente para defenderlos a ustedes (trabajadores guatemaltecos)”. La imponente presencia de Arévalo como símbolo de la Revolución de Octubre bastó para mantener un grado de estabilidad en los primeros años. Pero a la mitad de su período, en 1948, empezó a crecer la inquietud. A pesar de sus buenas intenciones, Arévalo no tenía un Programa coherente para después de su primer asalto de reformas y su base política de discusiones se estaba erosionando. Los partidos que se habían unido para apoyarlo discutían entre sí, y los periódicos usaban de su nueva libertad para atacar al gobierno sin descanso. Los sindicatos de trabajadores inquietaron al país con series de huelgas, inclusive actos casi ininterrumpidos contra la United Fruit Company entre junio de 1948 y marzo de 1949. A finales de 1948, Arévalo declaró un estado de emergencia nacional cuando se encontró un gran embarque de armas en vagones de ferrocarril de Puerto Barrios, la Terminal de la línea férrea de la United Fruit en el Atlántico. Poco después, un grupo de exilados descontemos intentó derrocar al gobierno haciendo una invasión desde México.

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Arévalo sospechaba que muchas de las conspiraciones estaban relacionadas en alguna forma con el conservador coronel Francisco Arana, el héroe de 1944 que seguía siendo una amenaza constante desde su puesto casi autónomo de Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y que tenía puesto el ojo en la presidencia. Arana tenía seguidores tanto dentro como fuera del gobierno, y lo mostró recortando programas oficiales con los que no estaba de acuerdo. En 1948 llegó hasta bloquear las negociaciones de un préstamo de 5(1 millones de dólares para construcción de carreteras porque rivales suyos apoyaban el préstamo en las reuniones de gabinete. En 1949, Arévalo se quejó de Arana con sus colegas: “En Guatemala hay dos presidentes, y uno de ellos tiene una ametralladora con la que está siempre amenazando al otro”. El poder de Arana creció hasta que consiguió un veto virtual sobre las decisiones presidenciales. Se llegó hasta a rumorar que Arévalo había prometido apoyar a Arana en su búsqueda de la presidencia en 1950, para prevenir así un golpe de estado antes de las elecciones. El futuro de la revolución guatemalteca parecía muy incierto. Los que se oponían a las reformas empezaron a unirse en torno de Arana. Cuando el Congreso insinuó en una investigación sobre la negativa de Arana a renunciar a su cargo militar, corno se requería para los candidatos políticos según la Constitución, Arana respondió amenazando con hacer entrar en acción a las fuerzas armadas y disolver el Congreso. Por otra parte, un grupo importante de liberales estaba ansioso por iniciar la siguiente fase de la revolución, en la que se promulgaría la transformación social básica prometida por la constitución de 1945. Entre estos activistas se incluían líderes laborales e izquierdistas de varias clases que temían el conservadurismo de Arana y su aparente oposición al crecimiento de los sindicatos. Reconocían que, dada la fuerza de Arana en el ejército, necesitaban un candidato que no fuera considerado antimilitar. Su elección fue el ministro de Defensa Jacobo Arbenz, quien en 1944 había dirigido junto con Arana la revuelta militar en contra de la dictadura de Ponce y al que apoyaban los elementos más jóvenes y más liberales del ejército. Aunque la campaña para las elecciones presidenciales de 1950 no estaba oficialmente en marcha, la división entre la facción conservadora de Arana y los partidarios de inclinación izquierdista de Arbenz apareció a principios de 1949. Sus luchas entre bastidores contribuyeron a los desórdenes que caracterizaron el final de la administración de Arévalo. Aunque habían colaborado dirigiendo la Revolución de Octubre Guatemalteca, Arbenz y Arana nunca habían estado unidos personalmente, y se consideraban mutuamente rivales desde el momento en que cayó la dictadura Ubico-Ponce. Arana había intentado obtener el poder mientras era presidente de la junta interina de tres hombres que gobernó en 1944-

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1945. Cuando Arévalo tomó posesión nombró a Arbenz ministro de Defensa y a Arana jefe del Estado Mayor. Aunque aplacado temporalmente, Arana siguió conspirando contra el gobierno. A finales de 1948, la embajada de Estados Unidos informó a Washington que “es difícil no dar importancia a los rumores de que El (Arana) busca la oportunidad y una excusa razonable para un golpe de estado militar. Arana, el conservador populista de hablar duro, era probablemente tan popular entre los votantes corno el menos dogmático Arbenz. Algunos amigos de éste temían que Arana intentara dar un golpe antes del día de las elecciones o que al menos utilizara su considerable fuerza militar para garantizarse una victoria electoral. Se decidió eliminarlo, convocándolo ante el Congreso con cargos de tramar el derrocamiento del gobierno o (de preferencia, considerando la probabilidad de una revuelta militar en el caso de su arresto) apresándolo, subiéndolo a un avión y sacándolo del país, estrategia que había sido usada recientemente en México para deshacerse de un incómodo general. El 18 de julio de 1949, Arana visitaba el pueblo de Amatitlán, no lejos de la capital, para inspeccionar un cargamento de armas que se había encontrado ahí. Cuando volvía cruzando el angosto Puente de la Gloria, su coche fue detenido por hombres armados. Arana respondió desenfundando su pistola y exigiendo paso. Se inició un tiroteo en el que murieron el jefe del ejército y un compañero, y su chofer fue herido. Como describe el historiador Ronald Schneider: “Según la mayoría de las declaraciones disponibles, el grupo que mató a Arana incluía al chofer de la señora de Arbenz, que más tarde se convirtió en diputado en el congreso de Arbenz, y era dirigido por Alfonso Martínez Estévez, amigo cercano del coronel Arbenz que más tarde sirvió como secretario privado del presidente y como jefe del Departamento Nacional Agrario. Se dice que entre los dirigentes de la conspiración estaban Augusto Charnaud MacDonald (compañero de Arbenz y más adelante ministro del Interior) y al ardiente comunista Carlos Manuel Pellecer. Aunque no se puede estar seguro de quién tomó la decisión de matar a Arana, se hizo en interés de Arbenz, y Arévalo no puede considerarse limpio de culpa puesto que el gobierno no hizo ninguna investigación sobre el asunto”. Otros relatos, algunos vinculando más directamente a Arbenz con el asesinato, empezaron también a circular. Los rumores aseguraban que Arbenz había presenciado la acción con binoculares desde una colina cercana. Tras la victoria de Castillo Armas en 1954, Arbenz y algunos compañeros fueron acusados del crimen oficialmente, aunque no se efectuó juicio alguno. Sin embargo, algunos guatemaltecos seguían defendiendo

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el acto como un torpe esfuerzo por detener a un contrarrevolucionario. Nunca se sabrá la verdad. El asesinato puso en marcha un levantamiento de tres días en la ciudad de Guatemala por oficiales del ejército leales a Arana. Arévalo distribuyó armas a varios sindicatos para ayudar a acabar con la rebelión. Con la ayuda de una huelga general, su administración logró sobrevivir. En las semanas y meses siguientes, se hicieron otros intentos por hacer caer a Arévalo, incluyendo una revuelta de corta duración por el coronel Castillo Armas, que no tuvo éxito. A partir de ese momento, Jacobo Arbenz fue reconocido como el sucesor más apto de Arévalo y no hubo ninguna dificultad seria para su ascenso. En la campaña presidencial de 1950, Arbenz ganó el apoyo de una amplia coalición de oficiales jóvenes, muchos de ellos relacionados con la academia militar, junto con líderes trabajadores y campesinos que veían en Arbenz al instrumento con el que podrían finalmente lograr su ambición de transformar a Guatemala. Una coalición política, centrada en el Partido de Acción Revolucionaria (PAR) de Arévalo, proporcionó la masa de apoyo, y aunque Arévalo era oficialmente neutral, su antipatía por Arana era ampliamente conocida y se suponía generalmente que su corazón estaba con Arbenz. De cualquier forma, Arévalo reconoció a Arbenz como comprometido con los principios de la revolución de Octubre. Pero los derechistas hicieron una serie de manifestaciones en contra del gobierno durante la campaña política. Una congregación silenciosa frente al Palacio Nacional para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Arana con un “minuto de silencio”, tan sólo unos meses antes de las elecciones de 1950, atemorizó a la administración de Arévalo. Grupos de trabajadores de los sindicatos, algunos de ellos bajo control comunista, aparecieron para romper la protesta —y, no por casualidad, mostraron al gobierno una vez más quiénes eran sus verdaderos amigos. El principal oponente de Arbenzen la campaña era el general Miguel Ydígoras Fuentes, un político algo insulso que había sido aliado de Ubico. Este respaldó el “minuto de silencio” y otras reuniones destinadas a destruir el régimen de Arévalo. Los defensores de la revolución se vengaron sometiendo a Ydígoras a un acoso insignificante, como matar a su perro. El acoso aumentó conforme parecía que Ydígoras iba a ganar, y finalmente se vio forzado a buscar asilo en la embajada de El Salvador antes de que aparecieran los resultados. La mayor ventaja personal de Arbenz durante su campaña era su apariencia, que ha sido comparada con el fallecido actor norteamericano Alan Ladd. Su hermoso aspecto, su cabello claro y su perfil afilado

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compensaban en parte su falta de magnetismo personal y la monótona voz aguda con que se dirigía a la multitud durante su campaña. El 13 de noviembre de 1950, Arbenz se convirtió en el segundo presidente electo democráticamente en Guatemala, obteniendo cerca del 65% de los más de 400,000 votos emitidos. Aun era algo así como un enigma para muchos de sus compatriotas, algunos de los cuales hasta especulaban que carecía de ideología y proporcionaría un bienvenido respiro del “radicalismo” de su predecesor. La despedida de Juan José Arévalo el 15 de marzo de 1951, en la toma de poder de Arbenz, sin embargo, fue un tenebroso avalúo del estado político del país. Sobriamente observó: “El 15 de marzo de 1945, cuando asumí la presidencia de la nación, estaba poseído por un fuego romántico. Todavía creía en la nobleza esencial del hombre, era el creyente más ferviente y más devoto de la sinceridad de las doctrinas políticas, y estaba inspirado por la aspiración más profunda de ayudar a la gente a construir su propia felicidad. Creía yo que seis años de gobierno de una nación latinoamericana eran suficientes para satisfacer las aspiraciones populares reprimidas y para crear estructuras de servicio socia! que habían sido negadas al pueblo por los gobiernos feudales. Además, todavía creo, y con razón, que la república de Guatemala puede gobernarse a sí misma, sin someterse a las fuerzas externas, libre de mandatos que no hayan emanado del deseo popular de las mayorías (...) Entonces creía, y todavía lo creo, que una nación no puede ser libre hasta que todos y cada uno de sus ciudadanos es libre ( ..) Para que en Guatemala lográramos esto tuvimos que combatir al peculiar sistema económico y social del país: un país en el que la cultura, la política y la economía se encontraba en manos de trescientas familias, herederas de los privilegios de la época colonial, o bien rentadas a agentes extranjeros (...) Los magnates bananeros, conciudadanos de Roosevelt, se rebelaron contra la audacia de un presidente centroamericano que dio a sus compañeros ciudadanos una igualdad legal con las honorables familias de los exportadores (...) Fue entonces cuando el maestro, ingenuo y romántico, descubrió desde la Presidencia de la República qué perecederas, débiles y resbalosas eran las brillantes doctrinas internacionales de la democracia y la libertad. Fue entonces cuando, con el mayor dolor y desaliento (...) sentí, con la consecuente indignación, la presión de esa fuerza anónima que gobierna, sin leyes ni moral, las relaciones internacionales y las relaciones entre los hombres (...) “La guerra que empezó en 1939 terminó (...) Pero en el diálogo ideológico entre los dos mundos y sus dos líderes, Roosevelt perdió la guerra. El verdadero vencedor fue Hitler (...) Pequeñas caricaturas de Hitler aparecieron y se multiplicaron en Europa y aquí, en las Américas í...) Es mi opinión personal

que el mundo contemporáneo está movido por las ideas que sirvieron como fundamento para llevar a Hitler al poder (...). El desilusionado Arévalo reconoció que su sucesor, o bien tendría que abandonar los ideales de la revolución de octubre totalmente, o bien presionar para consolidarlos. El mismo Arévalo apenas había logrado terminar su período tras sobrevivir a dos docenas de conspiraciones, habiéndose apoyado en una coalición discorde y antagonista que se mantenía unida sólo por oposición a la alianza de grandes terratenientes, oficiales de derecha, curas conservadores y compañías extranjeras. Pero al defender los ideales revolucionarios, Arbenz parecía destinado, según temía Arévalo, a iniciar lo que él había llamado “esa fuerza anónima” contra él y contra la revolución que había ayudado a iniciar con tan altos ideales.

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CABALLERO CADETE No. 497 JACOBO ARBENZ GUZMÁN Y MARÍA VILANOVA DE ARBENZ (ESPOSA)

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CAPITULO XL APUNTES PARA UNA INTERPRETACION DE LA REVOLUCION GUATEMALTECA Y SU DERROTA EN 1954 ALFREDO GUERRA BORGES

INTRODUCCIÓN Estas páginas no tienen el propósito de hacer un recorrido por la historia sitio, antes bien, se proponen buscar en el interior de ésta el sentido de los sucesos. Por ello habremos de presentar, en primer lugar, sólo un breve esbozo de lo que ocurrió en el lapso de diez años (1944/ 1954), pues lo que principalmente nos interesa, tanto en esta breve reseña como, sobre todo, en la Segunda parte de nuestra exposición, es intentar una interpretación de aquellos acontecimientos y deducir las experiencias correspondientes. No perdemos de vista el riesgo que corremos al intentar esta interpretación, en el reducido espacio de que disponemos. Estoy plenamente consciente de que la concisión habrá de condenarme a que se me señale una presentación esquemática o incompleta de los hechos, pero aún así la tarea es sugestiva pues desde hace treinta años, tanto el proceso en su conjunto como algunos temas en particular, son materia de debate y de sucesivas revaluaciones. Además de esto nos mueve a escribir estas líneas el interés que despierta en los estudios de la historia política contemporánea de América Latina el conocimiento de las distintas experiencias de cambio social; de sus características de acuerdo al tiempo y al espacio en que tienen lugar; y de experiencia teóricamente generalizable de dichos procesos. Hay en esto una clara percepción de que los cambios que se operan hoy en día en una América Latina que se ha puesto en movimiento, no adquieren su cabal

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significado sin la articulación de todos sus componentes y sin el movimiento que históricamente le imprime, corno a la rueda de un molino, el caudal de todos sus afluentes. -ILOS ANTECEDENTES DEL CAMBIO La época anterior a los acontecimientos que nos interesan está muy poco estudiada. Al parecer el período de más rápido desarrollo económico de Guatemala correspondió, aproximadamente, a los últimos veinticinco años del siglo XIX, lo que coincidió con el período de rápida expansión de las exportaciones y de consolidación de la agricultura del café. Ya en el siglo XX la economía guatemalteca parece haber crecido a una usa real decreciente; a partir de cierto momento el deterioro de la relación de precios del intercambio con el exterior comenzó a debilitar el poder de compra de las exportaciones, por lo que gradualmente se fue debilitando el estímulo que el comercio exterior imprimía a la actividad económica interna. La crisis mundial que estalló en 1929 tuvo consecuencias desastrosas , las cuales se prolongaron a lo largo de la tercera década. El comercio exterior dejó de estimular la demanda local, en particular la acumulación de capital. La economía se volvió sobre sí misma, postrada por largos años. Baste decir que en el período comprendido entre 1929 y 1944 la capacidad para importar se mantuvo por debajo de la mitad del nivel que se había alcanzado ya en 1925/29. La abrupta caída de las importaciones fue secundada por una drástica reducción del gasto público y una severísima contracción del crédito bancario. El nivel del gasto público de 1925/29 sólo se recuperó hasta 1943. En cuanto al crédito, su caída fue tan drástica que todavía en 1944 el monto total de los préstamos representó apenas el 42% del que habían alcanzado en 1929. Tan violento ajuste de la economía interna dio por resultado que, no obstante la desastrosa caída del valor de las exportaciones, ya para 1934 se comenzaron a registrar saldos positivos en el balance de pagos del país; saldos que el gobierno, con mentalidad muy conservadora, no utilizó para reactivar la economía sino se limitó a acumularlos. La crisis de 1929 llevó al poder al general Jorge Ubico. Desde su ascenso al poder en 1931 hasta su caída en 1944, Ubico tuvo una mano de hierro para manejar la economía y otra de acero para sofocar las libertades públicas. Para una mejor comprensión del sentido histórico que tuvieron los cambios ocurridos años más tarde, debemos decir que el gobierno de

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Ubico fue el último del período oligárquico que se inició en el último tercio del siglo XIX. Fue este período el de implantación del capitalismo en la agricultura, proceso que por la lentitud con que se operó hubo de coexistir por mucho tiempo con formas precapitalistas muy arraigadas, como eran la existencia de amplios espacios de economía campesina no mercantil; el recurso al endeudamiento indefinido de la mano de obra para arraigarla en las fincas; la práctica generalizada de distintas firmas de prestación gratuita del trabajo, y una agricultura extensiva despreocupada de la productividad por cuanto descansaba en el uso intensivo de mano de obra, para la cual el salario tenía una importancia secundaria y hasta marginal. A aquel período de predominio incipiente y entreverado del capital, con sus correspondientes expresiones en el cuadro de ideas y costumbres, correspondió igualmente un sistema político que puede calificarse con propiedad como oligárquico, por cuanto el poder fue ejercido por unos pocos -los representantes de la riqueza agraria—que subordinan el interés general a su exclusivo interés, que es el sentido natural del término oligarquía. Los últimos años del gobierno de Ubico coincidieron con la recuperación de la economía a partir del inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. La recuperación económica respondió al acelerado incremento del valor de las exportaciones y a una reanimación de la producción local que cubrir el margen de demanda que habían dejado de satisfacer las importaciones, dado que éstas se restringieron a consecuencia de la guerra. Esta misma contracción de las importaciones en los momentos en que aumentaba el ingreso por exportaciones, aceleró también la acumulación de divisas iniciada, como se dijo, en 1934, y todo ello alentó las expectativas de una expansión de la economía sobre nuevas bases cuando la guerra mundial llegara a su término. Tales expectativas, sin embargo, encontraban a su paso el gobierno de Ubico. Una expansión económica sobre nuevas bases era impensable bajo el mismo gobierno. La economía hizo pensar en la política. El momento fue tanto más propicio cuanto que por entonces se difundían desde el exterior los ideales democráticos como secuela natural de la lucha antifascista. La crisis política maduró subterráneamente. No hubo, ni podía haber, una literatura precursora que ilustrara las conciencias sobre la necesidad y el sentido del cambio. Si se va a las fuentes históricas, sorprende la generalidad de los enunciados políticos; se estaba contra una tiranía y se aspiraba a un régimen de libertad política. Nada más. Sin embargo, si bien se ven las cosas, esta aparente simplicidad de propósitos constituía una afinada percepción de cuál era el obstáculo principal a remover. En tales condiciones fue posible la más amplia concertación de fuerzas opositoras

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cuando se desembocó en la crisis política en junio de 1944, que tuvo por consecuencia la caída de Ubico, y más tarde, el 20 de octubre de ese año, cuando mediante una insurrección militar, en la que hubo una amplia participación civil, se constituyó la Junta Revolucionaria de Gobierno. La gran conquista de junio y octubre de 1944 fue la libertad política. Nada más ni nada menos se requería para abrir paso a una nueva época. La conquista de la libertad política es la condición necesaria y suficiente para que cada grupo social eleve al nivel de su conciencia colectiva la expresión de sus objetivos económicos y sociales, y en particular, la imagen de la sociedad a la que aspiran. Y cuando esto ocurre la cuestión de quien asumirá el Poder pasa a ser la cuestión central. Entorno a la disputa del poder político se produjo la primera fractura del amplio movimiento policlasista que derrocó a Ubico. Las fracciones más conservadoras, entre ellas las que gozaban del favor de los Estados Unidos, fueron derrotados en las elecciones de diputados y para Presidente de la República a fines del 44, el nuevo gobierno, en funciones a partir de marzo de 1945, fue presidida por el Dr. Juan José Arévalo, personalidad democrática apoyada por una abrumadora mayoría popular, y al frente de ésta, ejerciendo un liderazgo que había ganado legítimamente en las jornadas del 44, la juventud universitaria. EL PROCESO DE CAMBIO A partir de 1944 el proceso de cambio —que todavía no calificamos— fue dando crecientes muestras de maduración. En el cuadro de profundo atraso de la economía y la sociedad de la época todo lo que se hizo, hasta reformas que ahora, tomadas fuera de su contexto histórico, podría considerarse intrascendentes, implicó irreversibles confrontaciones sociales. Una irrascible oposición conservadora, desde la moderada hasta la que tenía reminiscencias oligárquicas, impugnó cuanto se hacía, teniendo a su lado, desde el principio, a la Iglesia católica y al gobierno norteamericano. Los pasos que se dieron en los primeros años, propiamente durante el gobierno de Arévalo. respondieron claramente a necesidades sociales y de modernización capitalista largamente sentidas. Algunas de esas medidas, como las reformas bancaria y monetaria de 1943 y la Ley de Fomento Industrial de 1946, crearon el esperado marco constitucional para estimular la actividad económica. La profunda reforma educativa, en la que Arévalo exhibió su reconocida competencia, tendió a remover los obstáculos culturales al desarrollo. La legislación social creó un marco igualmente esperado para que las clases subordinadas cobraran Status en la historia, lo que se consiguió venciendo grandes resistencias, inclusive

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dentro del propio gobierno y, por supuesto, por parte del sector más conservador del ejército. Desde posiciones radicales se ha menospreciado aquel período por no evidenciar una voluntad de cambios estructurales, pero tales apreciaciones se disocian de la historia. Arévalo fue reformista, y por ello mismo fue un Presidente de su época. Tras tantos años de obligada inmovilidad y de forzado silencio, fue indispensable transitar aquel período para que la sociedad superara su entumecimiento. Fue aquel un período de acumulación de fuerzas y de examen de conciencia. Sin reformas no hubiera habido revolución. Hacia 1949 era ya notable el grado de decantación que habían alcanzado las distintas posiciones políticas. El ambiente se había cargado de tensiones y se podía percibir la inminencia de choques decisivos. Fue entonces que tuvo lugar al alzamiento militar del sector más conservador del ejército, cuyo líder era el coronel Francisco Javier Arana, Jefe de las Fuerzas Armadas. El alzamiento se produjo al conocerse que el coronel Arana había muerto en la balacera que tuvo lugar al procederse a su captura, pues la noche anterior Arana había presentado un ultimátum al Presidente Arévalo y estaba por consumarse un golpe de Estado. La insurrección militar fue derrotada bajo la dirección de Jacobo Arbenz, en ese entonces ministro de la Defensa. El desenlace que tuvo aquella confrontación significó un golpe muy severo para los sectores más conservadores, las empresas extranjeras y la embajada norteamericana. No es extraño, en consecuencia, que tan pronto el gobierno dominó la situación el embajador norteamericano, Richard Patterson, entrevistara a Arbenz. El embajador le dijo a éste que reconocía en él al “nuevo hombre fuerte” de Guatemala y le propuso abiertamente que derrocara al Presidente Arévalo, a cambio de lo cual ponía a disposición del gobierno de facto la suma de cien millones de dólares. Arbenz informó al Presidente Arévalo acerca de tan descarada propuesta y aunque no se sabe que el gobierno guatemalteco haya hecho formal solicitud de retiro del embajador Patterson, lo cieno es que algo pasó pues muy poco después de aquella entrevista el diplomático y su familia abandonaron Guatemala bastante de prisa, sin que Washington hubiera anunciado su retiro. La derrota del sector más conservador del ejército abrió la posibilidad de abordar los problemas cruciales del cambio económico—social de Guatemala. El propio 1949 se promulgó el decreto 712 que hizo obligatorio el arrendamiento de tierras a los campesinos, en vista de las acciones que venían tomando en contra de éstos los grandes agricultores. Aquel fue un primer paso en la dirección que venía madurando. Además de hacer forzoso el arrendamiento de las tierras, el decreto 712 fijó el pago de la renta en un

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10% de la producción, y en el 5% con la reforma que posteriormente le introdujo Arbenz mediante el decreto 853, hecho por sí muy significativo pues entonces los campesinos pagaban en especie rentas hasta de 60% de las cosechas. La campaña presidencial de 1950, en la cual los partidos democráticos y las organizaciones populares apoyaron la candidatura de Jacobo Arbenz, se realizó bajo el lema de la reforma agraria. Arbenz recorrió el país anunciando que su propósito era realizarla. En aquel momento nadie lo tomó en serio, ni siquiera los partidos políticos que lo apoyaban, pues es bien conocida la costumbre, ampliamente justificada, de no creer en la sinceridad de las promesas electorales. En segundo lugar, porque el propio Arbenz era propietario de una finca algodonera; y en tercer lugar, por el hecho de que Arbenz era militar y tradicionalmente se asocia a la condición de militar una posición conservadora. El ascenso de Arbenz al poder marcó una nueva etapa en el proceso de cambio. Por primera vez se formularon con voluntad de gobierno los tres objetivos básicos de aquel proceso. Arbenz los formuló de la siguiente manera en su discurso al asumir la Presidencia de la República: “Nuestro gobierno se propone iniciar el camino del desarrollo económico de Guatemala, tendiendo hacía los tres objetivos fundamentales siguientes: a convenir nuestro país de una nación dependiente y de economía semicolonial en un país económicamente independiente; a convertir a Guatemala de país atrasado de economía predominante semifeudal en un país moderno y capitalista; y hacer porque esta transformación se lleve a cabo en forma que traiga consigo la mayor elevación posible del nivel de vida de las grandes masas del pueblo “. Lo anterior fue reiterado en forma más amplia en la Exposición del Programa de Gobierno ante la opinión pública y el Consejo Nacional de Economía. De la Exposición tomamos los siguientes conceptos: “La independencia de nuestra economía es tan importante para nosotros, que no habremos de mermar la que ya tenemos ni renunciar a conquistar la que aún nos falta, ni siquiera a condición de que sólo así podría ser más rápido nuestro desarrollo económico, más acelerada nuestra transformación en un país moderno y más próxima la posibilidad de mejorar la existencia miserable de nuestra población... “Es segundo objetivo fundamental de nuestro desarrollo económico es la transformación de nuestra Nación en un país capitalista (...) (La Nación) ya 159

159 Discurso del Presidente Jacobo Arbenz al asumir la presidencia de la República, Guatemala, Tipografía Nacional, 1951.

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no puede seguir desenvolviéndose si la organización predominantemente feudal de nuestra economía no es sustituida por otra de tipo capitalista. La existencia misma de nuestra revolución es la mejor prueba de la necesidad inevitable e inaplazable de este cambio (..) Industrializar a Guatemala y transformarla en un país capitalista son, en nuestra Nación y en esta etapa de nuestra historia, dos maneras de denominar una misma cosa ( ..) Por consiguiente, la industrialización del país no podrá realizarse sin la reforma agraria”. “Finalmente, el tercer objetivo fundamental del desarrollo económico de nuestro país debe consistir en hacer que toda esta transformación económica traiga consigo la mayor elevación posible del nivel de vida del pueblo. Esta posibilidad no la debemos sacrificar, como no necesitamos hacerlo, ni a la misma independencia de la Nación, ni al desarrollo económico del país. De nada nos servirá ser económicamente cada vez más libres en el mundo si lo fuéramos cada vez menos en nuestra propia casa. Del mismo modo que resultaría monstruoso que por enriquecer más a la Nación fuéramos a empobrecer cada vez más a nuestro pueblo. Si la prosperidad de Guatemala llegara a necesitar del sacrificio de sus hijos, lo justo sería que se sacrificaran más los que tuvieran más y que sacrificaran menos los que tuvieran menos (...) La política económica sólo la concibo como un medio para realizar nuestra política social. Toda la riqueza de Guatemala no vale lo que vale la vida, la dignidad, la salud y la felicidad del más humilde de sus habitantes... “. Hemos hecho una cita tan extensa porque constituye una diáfana expresión de los tres objetivos fundamentales del proceso de cambio iniciado en 1944. Quizás ahora, cuando ha pasado mucha agua bajo los puentes de América Latina, tengan extrañas resonancias aquellas expresiones, pero podemos afirmar que para la época constituían la formulación teórica más avanzada del desarrollo que se consideraba posible, y ni aún siquiera cl pensamiento marxista latinoamericano de aquellos años tenía una definición discrepante. Veamos ahora muy brevemente la ejecución de los objetivos anunciados. 160

LA EPOCA DE REALIZACIONES Principiando por las medidas encaminadas a sentar las bases de una economía independiente digamos que el programa de Arbenz contempló tres grandes obras. Para la cabal comprensión de su alcance téngase presente lo siguiente: en aquella época el comercio exterior de Guatemala se realizaba 160 Exposición del Programa de Gobierno ante la opinión pública y el Consejo Nacional de Economía, del presidente Jacobo Arbenz, Guatemala, Tipo-grafía Nacional, 1951.

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casi en su totalidad a través de Puerto Barrios, en cl Atlántico que operaba la United Fruit Company. La única vía para llegar a Puerto Barrios era el ferrocarril de propiedad de la Internacional Railways Of Central América, en la cual la United Fruit poseía un poco más del 40% de las acciones. Por otra parte, la energía total que consumían la población, el comercio y la industria de la zona central del país, en la que se concentraba el potencial productivo de Guatemala, era generada por la Empresa Eléctrica de Guatemala, subsidiaria de la Electric Bond and Share Co. Visto lo anterior, el proyecto de Arbenz comprendía la construcción de una carretera moderna al Atlántico para poner fin al monopolio de la IRCA—United Fruit, la construcción de un puerto moderno en el Atlántico para poner fin al monopolio del manejo portuario de la United Fruit; y la construcción de una central hidroeléctrica, cuya capacidad sería cuatro veces superior a la capacidad instalada de la Empresa Eléctrica, con el fin de poner término al monopolio de la generación y suministro de la Electric Bond and Share Co. En cuanto a la reforma agraria haremos las siguientes anotaciones. El primero en aprobar una resolución demandando la reforma agraria fue el movimiento obrero, en el Segundo Congreso de la Confederación de Trabajadores de Guatemala, en fecha tan temprana como octubre de 1946. Posteriormente, los partidos políticos del gobierno, en forma más o menos imprecisa asumieron el tema como una de sus demandas programáticas. El movimiento campesino, a partir de la creación de la Confederación Nacional Campesina en 1950, incluyó también en su programa la realización de la reforma. Pero fue Arbenz quien tomó la decisión de emprender la reforma en una fecha precisa (1952) y en una forma claramente determinada, con lo que puso fin a las difusas discusiones sobre lo que debía ser dicha reforma, En honor a la verdad para 1952 la presión sobre el gobierno para que realizara la reforma agraria no era bajo ningún concepto insoslayable. Arbenz hubiera podido llegar al final de su período presidencial, sin perder popularidad, aplicando tan solo la legislación de arrendamiento forzoso. El momento para emprender la reforma agraria fue elegido por Arbenz, de acuerdo con algunos pocos de sus colaboradores, en relación a las movilizaciones cada vez más amenazadoras de la oposición conservadora. En la ciudad de Guatemala la oposición ganó casi todas las elecciones desde el inicio del proceso democrático, gracias al consistente apoyo que le dieron amplios sectores de clase media, en particular pequeños comerciantes. Más tarde, a partir de 1951, las movilizaciones contra el gobierno alcanzaron dimensiones masivas, bajo la bandera de la lucha contra el comunismo y de una supuesta defensa de la religión. En las condiciones de aquella época

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ambas banderas tenían un extraordinario poder de convocatoria, poder que se multiplicaba por el apoyo de la iglesia católica, cuyo Arzobispo convirtió al púlpito en una tribuna política y a los sacerdotes en una legión de agitadores. Arbenz comprendió que luchar contra aquellas banderas era pelear contra molinos de viento, y así lo manifestó a sus más cercanos colaboradores. Su decisión tuvo clarividencia política: pasar sin demora a la realización de la reforma agraria con el objeto de que el eje principal de la lucha política se desplazar al centro nervioso de los intereses reales. Y así ocurrió, efectivamente. A partir de la reforma agraria la oposición conservadora perdió por completo su capacidad de movilización. Nunca más volvió a reeditar las masivas movilizaciones de años anteriores. A tal punto se debilitó su poder de convocatoria que, habiendo perdido las esperanzas de llegar al poder por la vía de las elecciones, depositó su suerte en la administración norteamericana. En lo sucesivo se consagró por completo a la labor subversiva en un todo ajustada a lo que decidiera la Agencia Central de Inteligencia. Como estrategia de la reforma agraria se declaró inafectables las fincas menores de 90 hectáreas, a fin ele no lesionar los intereses de los pequeños y medianos agricultores. La ley definió corno latifundio: “las tierras de propiedad privada, mayores de doscientas setenta hectáreas... que no estén cultivadas por sus propietarios o por cuenta de éstos o que hayan sido arrendadas en cualquier forma o explotadas por sistemas de prestaciones personales o para sustituir o complementar salarios deficientes durante cualquiera de los tres últimos años...” Dichas tierras debían ser “expropiadas a ,favor de la Nación o a .favor de los campesinos y trabajadores”. (Art. 32 de la-Ley de Reforma Agraria). En cuanto al objeto de la reforma agraria, el Artículo 1° de la ley declaraba que era: “liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que In originan, para desarrollar la firma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar cl camino para la industrialización de Guatemala”. En consonancia con ese objeto eran sujeto de expropiación las tierras no cultivadas de las fincas mayores de 270 Ha. A este respecto téngase en cuenta que por entonces las tierras no cultivadas en las fincas mayores de 45 Ha., constituían el 69% de la superficie total de éstas. La Ley de Reforma Agraria, promulgada el 17 de junio de 1952, se pudo aplicar solamente 18 meses, desde enero de 1953 a junio de 1954 161

161 Ver, Consejo Nacional de Planificación Económica, Agricultura de exportación, población y empleo en la costa sur, Guatemala, 1 984.

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en que fue derrocado el gobierno de Arbenz. No dio tiempo a entregar todas las tierras que fueron expropiadas, pero en ese breve lapso la reforma agraria benefició entre 31% y 40% del campesino y trabajadores agrícolas sin tierra. Se puede estimar que la reforma agraria se hubiera completado en lo fundamental, hacia 1957. Para entonces las principales consecuencias de la reforma agraria hubieran sido las siguientes: en primer lugar, en elevación vertical del ingreso de los campesinos y, en consecuencia, de su bienestar y de su capacidad de compra de productos industriales. Esto fue evidente ya en el primer año de la reforma. En un segundo lugar, el mercado de trabajo se hubiera modificado profundamente, pues se hubiera reducido la oferta de mano de obra agrícola y, por lo tanto, al reducirse sustancialmente el desempleo estructural, el trabajador de la tierra hubiera mejorado en forma notable su capacidad de contratación en las fincas grandes. En tercer lugar, hubiera tenido lugar una modificación igualmente profunda de la tecnología agrícola, tanto en las tierras distribuidas a los campesino como, sobre todo, en las fincas grandes corno lógica consecuencia de la escasez de mano de obra fácilmente disponible y de la consiguiente elevación del salario agrícola. En cuanto a las consecuencias políticas de la reforma agraria, la principal hubiera sido la firme sustentación de un sistema político ampliamente participativo y democrático. Con el derrocamiento del gobierno de Arbenz se cerró el ciclo de transformaciones iniciado en 1944. Y con ese acontecimiento cerramos nosotros también el breve esbozo que hemos hecho de aquel período, a fin de pasar al objeto principal de este trabajo, que es examinar algunas de las cuestiones que más debate han provocado desde 1954. Una de ellas, por supuesto, es el propio derrocamiento del gobierno, con el que queremos terminar este trabajo. Sin embargo, antes de ello es conveniente hacer algunos comentarios sobre otros dos temas que también son muy conflictivos. 162

162 Ver AID, Land and labor in Guatemala: an assestment, Washington ca. (1982). Se puede estimar que la reforma agraria se hubiera completado, en lo fundamental, hacia 1957.

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-IIDEFINICIÓN DEL PROCESO DE CAMBIO La primera cuestión que ha suscitado controversia se enuncia así: ¿Qué fue aquello que ocurrió en Guatemala entre 1944 y 1954: fue una revolución o algo menos que eso, un movimiento reformista como algunos han dicho, dentro y fuera de Guatemala?... A nuestro juicio aquello fue una revolución, y lo fue, ante todo, porque un nuevo elenco de intereses sociales, representativos de un nuevo proyecto político, se hizo del poder. El desplazamiento de unas clases por otras en el poder constituye el rasgo esencial de una revolución. Mediante cal desplazamiento se inaugura un nuevo proyecto político que redefine al Estado y abre cauce a las transformaciones que la sociedad requiere para adecuarse a las condiciones que favorecerán su desenvolvimiento, hasta entonces entorpecido por un orden social que ha agotado sus energías creativas. Lo anterior puede desglosarse en dos comentarios. En primer lugar hay que decir que desde un principio, desde la constitución de la junta Revolucionaria ele Gobierno en octubre ele 1944, la naturaleza del gobierno fue otra muy distinta que la del régimen derrocado. El perfil político del gobierno ya no lo dieron los exponentes de la oligarquía agraria sino, principalmente, los representantes de la clase media urbana de mentalidad modernizante. El propio presidente Arévalo era una personalidad de corte universitario, sin vinculaciones ni en el pasado ni en el presente con las clases propietarias. En el gobierno de Arbenz, junto a tres representantes del capital —agrario en dos casos e industrial en el otro— predominó también la representación de la clase media urbana, pero ya para entonces ésta tenía una más clara identificación con la tendencia central del movimiento hacia el desarrollo capitalista del país, y ella misma estaba en proceso de aburguesamiento. Arbenz, no obstante ser un agricultor, no fue un representante de la burguesía, pues su pensamiento político lo trascendió por completo y su identificación con los intereses populares lo ubican en la historia como exponente de los mismos. En segundo lugar, conviene insistir en que la recomposición clasista del poder debe responder a la necesidad histórica de abrir cauce a la transformación de las bases en que descansa la sociedad. Si este fuera el caso, entonces aun en la eventualidad de una derrota de la revolución no se restablece el status prerrevolucionario —el régimen oligárquico en el caso de Guatemala—, sino continúa la modificación del cuadro estructural, aunque bajo nuevas condiciones, con distintos métodos y sobre todo, con

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muy diferentes consecuencias sociales, de todo lo cual da buena cuenta el desarrollo capitalista de Guatemala en los últimos 20-25 años. En la eventualidad de una denota de la revolución la historia exhibe dos tipos de experiencias: puede ocurrir que años más tarde se reedite la revolución en un cuadro muy modificado; o bien, puede ocurrir que la sociedad se transforme sin convulsiones revolucionarias, como ocurrió en Alemania y otros países europeos después de la derrota de las revoluciones de 1848. ¿DE QUE REVOLUCIÓN HABLAMOS? El segundo terna que ha sido material de reiteradas discusiones tiene que ver con la posibilidad de realizar con éxito revoluciones del tipo de la guatemalteca, y cual es, precisamente, el tipo al que corresponde a dicha revolución. A nuestro juicio, la derrota de la revolución guatemalteca, y la experiencia de otros países latinoamericanos, ponen en evidencia que la aspiración a construir “un país moderno y capitalista”, como lo consignaba el programa de la revolución guatemalteca plasmado en el programa del gobierno de Arbenz, encierra una contradicción en sí misma. La clase que mayor interés podría tener en el desarrollo capitalista ya no quiere la revolución, y cuando ésta tiene lugar se pasa al bando de la contrarrevolución. En esta elección dicha clase estará acompañada en todo momento por la administración norteamericana. El desarrollo del capitalismo por vía revolucionaria será impedido, invariablemente, por el gobierno de los Estados Unidos. Como lo confirman cuarenta años de desarrollo contemporáneo de América Latina, el único desarrollo capitalista que ha sido viable en la posguerra ha sido un desarrollo apoyado en las reformas, en la adaptación del status precapitalista, sin reforma agraria y coexistiendo el mercado del sub-consumo con el mercado consumista. Y no se hable con acento peyorativo de los resultados de este desarrollo, pues salta a la vista que a la burguesía latinoamericana le ha ido muy bien en esta experiencia. El otro aspecto de la cuestión es que ya no hay revoluciones en América Latina que tengan como objetivo central el pleno desarrollo del capitalismo, a la manera de los siglos XVIII y XIX, para ser más precisos. Ya no hay, en consecuencia, revoluciones “democrático-burguesas”, que es la tipología que algunos textos le atribuyen a la revolución guatemalteca.

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En primer lugar, el término oscurece por completo el hecho de que toda revolución en nuestro tiempo entra en conflicto con los Estados Unidos, particularmente en el caso de América Latina. Así lo demuestran en la posguerra las experiencias de Guatemala, Cuba, Bolivia y Nicaragua. Y es esta relación conflictiva, absolutamente determinante de todo el curso y de todas las características principales de los procesos revolucionarios, la que imprime un carácter nacional a dichos procesos. El término “democráticoburguesa”, acuñado en una época en que no se presentaba este conflicto, deja a un lado el rasgo más sobresaliente de las revoluciones latinoamericanas contemporáneas: su carácter nacional, de independencia. En segundo lugar, ya no hay revoluciones propiamente burguesas. Ni hay burguesías que se quieran poner a la cabeza de las revoluciones, ni hay revoluciones que aspiren a servir ante todo a las burguesías. Eso se acabó. Adviértase, sin embargo, que he dicho “servir ante todo”, pues no estoy pensando que ahora las revoluciones sólo pueden ser socialistas. Por el contrario, creo que hay que pensar en la posibilidad, y no sólo en la posibilidad sino también en la conveniencia y hasta en la necesidad, de revoluciones latinoamericanas que preserven un espacio importante a la economía privada; no sólo a la economía privada de los pequeños propietarios sino también a la de los empresarios. La experiencia y los conocimientos que éstos han acumulado, sobre todo en tecnología de producción, deben ponerse al servicio de una economía nueva, en la que junto a la propiedad privada tengan su propio peso y participación la propiedad del Estado y la de las organizaciones sociales. Se ha dicho que el análisis en el desarrollo capitalista de Guatemala como objetivo de la revolución, se debió a una subordinación ideológica de los revolucionarios ante la burguesía. Sin embargo, la investigación de los hechos no lo confirmaría. Cualquiera que investigue la prensa y los documentos de los revolucionarios de la época, en particular las publicaciones de los marxistas, podrá establecer con facilidad que su terminología se ajustó con indebido dogmatismo a las obras de Lenin del período de la revolución rusa de 1905-1907. En la época en que esas obras fueron escritas era de aceptación general que la tarea principal de las revoluciones en los países de economía precapitalista era eliminar de manera resuelta todos los obstáculos que impidieran el más completo y radical desarrollo del capitalismo. La investigación que sugerimos revelaría que para los revolucionarios de aquella época, “no hay —para decirlo con las propias palabras de autor citado— otro camino hacia la verdadera libertad

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del proletariado y de los campesinos que el camino de la libertad burguesa y del progreso burgués”. Así, pues, lo que generó una concepción demasiado sesgada hacia el desarrollo capitalista de Guatemala Me una lectura indebidamente dogmática de textos que se refieren a situaciones históricas diferentes a la contemporánea—como dogmático es, por la misma razón, el uso del término “democrático—burguesa” aplicado a la revolución guatemalteca—. La experiencia de los revolucionarios guatemaltecos, tergiversada por las interpretaciones posteriores a la derrota, enseña entonces que cuando la realidad se modifica y los libros se refieren a una realidad ya superada, es preferible cerrar respetuosamente los libros antes que cerrar los ojos ante la realidad; a condición, por supuesto, de que la investigación de la realidad modificada contribuya a la renovación del pensamiento político. 163

EL DERROCAMIENTO DE ARBENZ La última cuestión que nos proponemos analizar es la de las causas externas e internas del derrocamiento del gobierno de Arbenz el 27 de junio de 1954, que puso fin a la revolución guatemalteca de octubre, abriendo un nuevo período histórico que se extiende hasta nuestros días. Principiaremos por examinar las causas externas del desenlace de 1954. En este aspecto lo primero que salta a la vista es la notable inhabilidad de todos los gobiernos norteamericanos para articular sus relaciones con regímenes progresistas en América Latina. La evidencia histórica confirma que cuando ocurren cambios de signo progresista, y más aún cuando tienen naturaleza revolucionaria, los Estados Unidos no tienen capacidad para articular un nuevo sistema de relaciones y se proponen desde un principio la restauración del régimen anterior. En el caso de Guatemala desde el gobierno moderado del Dr. Arévalo estuvieron los Estados Unidos en su contra. Aún no se cocaban los intereses norteamericanos en Guatemala, y ya se buscaba el derrocamiento de aquel gobierno. Las tensiones se agravaron, como era de esperar, durante el gobierno de Arbenz, dada la vocación de independencia de su programa y los crecientes desacuerdos en política internacional, en momentos en que toda América Latina, con la excepción de México, apoyaba incondicionalmente la política exterior norteamericana.

163 V.I. Lenin, “Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrá­tica”, en obras Escogidas; Vol. I, Moscú, Editorial Progreso, (s.f.), P. 561.

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Hubo también otro factor que preocupó seriamente al gobierno norteamericano. Se trata de la relación de colaboración establecida entre Arbenz y los comunistas y la participación de éstos en la alianza de los partidos de gobierno. El partido de los comunistas, fundado en 1949, era un partido numéricamente modesto, que tenía un fuerte arraigo en el movimiento obrero; una creciente importancia en el movimiento campesino y una posición preeminente en las organizaciones populares de masas. Cabría preguntarse si la relación con los comunistas se pudo evitar, descartando así los temores norteamericanos. En busca de una respuesta habría que tener en cuenta cienos hechos, de naturaleza objetiva dos de ellos y subjetiva el otro. Un hecho objetivo es que los comunistas no se insertaron en el movimiento revolucionario sino formaron parte de éste desde antes que hicieran su elección ideológica; desde las jornadas de 1944. Y no eran un cuerpo extraño en el conjunto de los partidos democráticos de centro e izquierda, pues militaron en sus filas desde 1944 hasta 1950, fecha en que tomaron la decisión de constituirse en partido independiente. En tales condiciones la comunicación entre unos y otros estuvo siempre abierta. Otro hecho objetivo es que, en las condiciones de auge revolucionario en el período de Arbenz, la disociación con los comunistas hubiera podido llevar a una confrontación, o cuando menos a fricciones desgastantes, que hubieran perjudicado la ejecución de los proyectos del gobierno, dadas las posiciones dirigentes de los comunistas en las organizaciones de masas, cuya importancia en el proceso revolucionario ya había crecido para entonces considerablemente, sobre todo al iniciarse la reforma agraria y hacerse ostensibles las amenazas de intervención extranjera. Veamos ahora el hecho subjetivo. Tan pronto asumió la Presidencia de la República, Jacobo Arbenz se entregó apasionadamente a la realización de su programa. Fui testigo de aquella pasión, de aquella entrega, y aun ahora, después de tantos años, me siento profundamente impresionado por ello. Pues bien, según declaraciones de Arbenz con posterioridad a su caída, él estrechó sus relaciones de colaboración con los comunistas porque éstos no se acercaron nunca a él en solicitud de prebendas, en tanto que la dirigencia de los partidos de gobierno con frecuencia acudían a la Presidencia de la República en busca de favores, sobre todo pecuniarios. Según sus propias declaraciones, a Arbenz le impresionó la energía que los comunistas ponían en la ejecución del programa revolucionario, mientras un buen número de dirigentes de los partidos de gobierno se enredaban en intrigas políticas, practicaban una vida silenciosa y con frecuencia vacilaban a la hora de las decisiones críticas.

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La aceptación personal de Arbenz de aquella colaboración nunca fue del agrado de la dirigencia de los partidos de gobierno, en particular de aquellos dirigentes en proceso de aburguesamiento. Hubo más de una manifestación del deseo de establecer una colaboración más indirecta, particularmente una relación en la que los comunistas no fueran primus ínter pares sino pasaran a ocupar una posición subordinada. El ejemplo más ilustrativo de lo anterior fue la constitución del Partido de la Revolución Guatemalteca en 1952, como resultado de la fusión de los tres partidos de gobierno. La decisión se tomó muy poco después de promulgarse la Ley de Reforma Agraria. El olfato político de los principales dirigentes de esos partidos les indicó que se abría una nueva etapa en la revolución guatemalteca, y aunque no habían tenido la más mínima participación en la gestación de la ley agraria quisieron ser sus exclusivos usufructuarios. El partido de la Revolución Guatemalteca aspiró a ser el partido que monopolizara el gobierno, en cuyo caso podrían subordinar la colaboración de todas las demás organizaciones. Si tal proyecto no pudo llevarse a cabo ello se debió a que el Partido de la Revolución Guatemalteca tuvo una vida efímera, muy pronto se disgregó en los partidos que lo habían integrado y solamente se reservó ese nombre para una de las fracciones de aquéllos, que no era, por otra parte, la más importante. El propósito se mantuvo, sin embargo. Se puede dar por descartado que la colaboración de los comunistas con el gobierno hubiera terminado al concluir el período presidencial de Arbenz, ya para entonces se habría iniciado el período de asentamiento que se da en todas las revoluciones y los riesgos de una disociación con los comunistas ya no hubieran sido los mismos de antes, aunque éstos conservaran posiciones en las organizaciones de masas. Posiciones, por lo demás, que les hubieran podido ser disputadas por el nuevo gobierno, cuya opción política, como podía anticiparse con certeza, sería anticomunista; moderada pero en todo caso, anticomunista. En la dirección de modificar las reglas de juego apuntaba claramente la búsqueda ansiosa y muy anticipada del sucesor de Arbenz. Puede afirmarse que ni un solo de éstos, ni aun siquiera el que posiblemente hubiera tenido el respaldo de Arbenz, hubiera seguido el derrotero de éste. Todos, absolutamente todos hubieran impreso al movimiento un sesgo moderado, por decir lo menos. Esta tendencia, evidente para cualquier observador de aquella época, la pasó por alto el gobierno norteamericano. Si la hubiera tomado en consideración hubiera llegado fácilmente a un entendimiento con los sucesores de Arbenz, pero Washington sólo sabe leer en el pasado y menosprecia la lectura del futuro.

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Veamos ahora los factores internos de la caída del gobierno en el 54, cuyo papel fue decisivo. La causa interna directa y principal del derrocamiento de Arbenz fue el golpe de Estado de Alto Mando del Ejército, bajo la compulsión del embajador norteamericano John Peurifoy, que había sido trasladado a Guatemala después de conseguir la derrota de las fuerzas armadas revolucionarias en la guerra civil de Grecia. Muy brevemente los acontecimientos fueron los siguientes: El 17 de junio de 1954 ingresaron a territorio guatemalteco tres columnas organizadas por la Agencia Central de Inteligencia en territorio de Honduras. Se trataba de una fuerza insurgente de apenas unos cuantos cientos de hombres, que en ningún momento pensaron que podrían derrotar al ejército si éste los combatía. Por tanto, el objeto asignado a aquella limitada invasión fue hacer ostensible ante la oficialidad del ejército la decisión tomada por los Estados Unidos de intervenir en Guatemala. En otras palabras, el verdadero objeto de la invasión fue servir de catalizador del golpe de Estado, pues hasta ese momento, pese al trabajo subversivo de la CIA y del embajador Peurifoy, el ejército se mantenía leal a Arbenz. Por su parte, los jefes militares destacados al teatro de operaciones no se propusieron en ningún momento rechazar a las columnas procedentes de Honduras; todo el tiempo difundieron noticias falsas que anticipaban al gobierno, a los partidos políticos y a las organizaciones de masas una rápida victoria, y finalmente decidieron enviar al Presidente Arbenz un ultimátum para que renuncian. Se dispuso entonces armar contingentes de civiles que colaborarían con la parte del ejército que se mantuviera leal a Arbenz pero los oficiales que recibieron las ordenes no las cumplieron. Por su parte el embajador Peurifoy convocó a su despacho al jefe de las Fuerzas Armadas, al Ministro de la Defensa, al jefe del Estado Mayor del Ejército y a otros jefes militares y los conminó a que exigieran la renuncia a Arbenz. El golpe de Estado se dio ese mismo día (27 de junio). Después de la renuncia presentada por Arbenz y de la constitución de varios gobiernos militares de vida efímera, la conspiración culminó finalmente, con la instalación definitiva del coronel Carlos Castillo Armas al frente del gobierno de la contrarrevolución. ¿Que reflexiones se pueden hacer en torno a los acontecimientos de 1954? Muchas, indudablemente, pero por razones de espacio me voy a referir sólo a la cuestión que desde aquellos años ha suscitado más controversia, a menudo impregnada de mucha subjetividad y fantasía. Esa cuestión se refiere a la posición de los partidos políticos y de las organizaciones de masas respecto al ejército y a la posibilidad de que se hubiera armado al pueblo para defender la revolución.

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En lo que se refiere a la relación con el ejército hay que tener presentes ciertos hechos. El movimiento revolucionario guatemalteco se inicio en 1944 con una participación decisiva de un sector del ejército. El plan elaborado y ejecutado por Arbenz combinó el alzamiento militar de uno de los cuarteles de la ciudad de Guatemala con la distribución de armas a los civiles. Al constituirse la junta Revolucionaria de gobierno, que como es comprensible gozo de enorme prestigio, pasaron a integrarla dos militares el capitán Jacobo Arbenz y el mayor Francisco Javier Arana, y un civil el Sr. Jorge Toriello. En julio de 1949, el alzamiento militar aranista, que en caso de triunfar hubiera interrumpido el desarrollo de la revolución, fue derrotado con la participación decisiva de un sector del ejército, el que seguía a Jacobo Arbenz, quien nuevamente ordeno que se distribuyeran armas a los civiles. Hechos como los anteriores, ocurridos en momentos históricos cruciales, forjaron una imagen positiva del ejército en la conciencia popular. Por otra parte, en los tres años del período de Arbenz el ejército no se manifestó en ningún momento contra el programa de gobierno, no obstante su radicalidad; no ejerció ninguna presión para impedir la reforma agraria, no obstante que ansiosamente los terratenientes quisieron ganar al ejército a su lado; y, a diferencia de lo que ocurrió en el período anterior a la derrota de la fracción aranista, no ejerció tampoco ninguna presión para que se reprimiera a las organizaciones populares ni a las organizaciones políticas. En tales condiciones, haber apoyado al gobierno y, al mismo tiempo, haber realizado una prédica doctrinaria sobre el carácter conservador de las fuerzas armadas y sobre la conveniencia de organizar milicias populares, como algunos lo han planteado, hubiera constituido una abierta provocación que en fecha muy temprana habría tenido como natural consecuencia el enfrentamiento del ejército con el movimiento revolucionario, en el que este último hubiera llevado las de perder. Hay que decir que la idea de armar contingentes populares en ocasión de nuevas crisis, como podía ser la intervención extranjera, siempre se tuvo presente, tanto por cl propio Arbenz como por algunos sectores de la dirigencia política revolucionaria. Así, al conocerse los planes originales de la intervención norteamericana en la segunda mitad de 1953, y negociarse una venta de armas con Checoslovaquia. Arbenz llegó a un acuerdo con el Jefe de las Fuerzas Armadas para que una parte de aquellas armas pudiera reservarlas para sí, previendo que se tuviera que armar a los

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trabajadores si una parte del ejército se negaba a resistir una intervención que visiblemente estuviera organizada por los norteamericanos. De paso hay que decir que en las condiciones internacionales de aquel tiempo la negociación tuvo que realizarse en el más absoluto secreto, pues los países socialistas temían la reacción que la venta pudiera provocar en los Estados Unidos. El propósito indicado no pudo llevarse a cabo por circunstancias absolutamente fortuitas, como se indicará enseguida. La parte checoslovaca asumió la responsabilidad de hacer llegar a Guatemala el cargamento de armas, y en razón del secreto con que se hizo la operación, el Presidente Arbenz no conoció en ningún momento la fecha en que el cargamento tocaría puerto guatemalteco. Cuando el barco que transportaba las armas llegó a Puerto Barrios, en la costa atlántica, el Jefe de las Fuerzas Armadas se encontraba en misión en el exterior, de manera que la operación de desembarco se realizó bajo control del Ministro de la Defensa y del jefe del Estado Mayor del Ejército, que ignoraban el acuerdo a que se había llegado con el Jefe de las Fuerzas Armadas. En relación a lo anterior, personalmente creo que si se hubiera llevado a cabo el plan de Arbenz y posteriormente hubiera llegado a conocimiento de los jefes militares la separación de una parte del cargamento de armas, con el obvio objeto de organizar milicias populares si los acontecimientos lo hacían necesario, se hubiera provocado tina crisis; estoy convencido que los jefes militares hubieran exigido la reincorporación de dichas armas a los arsenales del ejército, y en caso de una negativa de Arbenz a entregar las armas que hubiera reservado para sí, el golpe de Estado se hubiera producido aún sin intervención de la embajada norteamericana. En resumen, la experiencia guatemalteca en este aspecto subraya una evidencia que sólo la fantasía que florece después de todas las derrotas ha podido pasar por alto: la única posibilidad de armar al pueblo en un proceso revolucionario que se inicia con el ejército, es que sus jefes decidan dar ese paso en un momento determinado, lo que es poco frecuente; o que una fracción del ejército, enfrentada a otra, decida armar a los civiles para inclinar a su favor el desenlace de la confrontación, como ocurrió más de una vez en Guatemala. La experiencia de Chile, casi veinte años después, confirma lo anterior. No puedo detenerme a referir esta experiencia, pero sin duda constituye una confirmación. Cabe preguntarse ahora qué hubiera pasado en caso de no tener éxito los planes de derrocamiento de Arbenz. Se puede (lar por descontado que en ese caso se hubiera llegado a la intervención norteamericana directa sin que nada se hubiera interpuesto para impedirla. En el escenario internacional de aquella época no había ni un sólo país en todo el orbe que hubiera acudido en defensa de Guatemala. Una cita de Fidel Castro podría eximirnos de más

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comentarios: refiriéndose al asalto al cuartel Moncada, Fidel Castro dijo en el Primer Congreso del Partido Comunista cubano que “...la victoria en 1953 habría sido talvez demasiado temprana para contrarrestar las desventajas de la correlación mundial de fuerzas en aquel instante”. Y agregó que entre 1933 y 1959, año en que triunfó la revolución cubana, había transcurrido “un lapso en que la correlación mundial de fuerzas también había cambiado lo suficiente como para que la Revolución cubana pudiera sobrevivir”. -IIIAquí termino. En la biografía de los pueblos hay dos clases de experiencias vitales: hay algunos períodos que al terminar se clausuran sin proyectarse hacia adelante. Es como si al terminar se echaran a dormir. Los historiadores vuelven a ellos como psicoanalistas para interpretar sus sueños. Pero hay otros períodos, en cambio, que cierran su ciclo vital pero no duermen sino se proyectan hacia el futuro. La revolución guatemalteca es uno de esos períodos; es el pasado del presente; el primer acto del drama social que todavía representa. Por ello alguna vez escribí lo siguiente con que deseo concluir: “En la historia de las sociedades humanas las revoluciones mueren una sola vez y años más tarde tiene lugar su reencarnación. El octubre guatemalteco, muerto en los diez años de su pubertad, es una luz apagada que volverá a alumbrar”. 164

164 Alfredo Guerra—Borges, “Guatemala: tres tiempos de una historia inconclusa” en Centroamérica: una historia sin retoque, México, sociedad Cooperativa de Publicaciones Mexicanas e Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1987, p. 153.

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TIERRA EXPROPIADA (DECRETO 900)

Extensión de tierra expropiada a particulares conforme el Decreto 900, en miles de manzanas. Total de Manzanas expropiadas: 866.334 Fuente: Aplicación del Decreto 900. Op. cit. Pág. 57

CAPITULO XLI TEXTO DE LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE JACOBO ARBENZ GUZMÁN EL 27 DE JUNIO DE 1954 DOCUMENTO

TRABAJADORES, CAMPESINOS, PATRIOTAS, AMIGOS MIOS; PUEBLO DE GUATEMALA Guatemala está pasando por una prueba muy dura. Desde hace quince días se ha desatado una guerra cruel contra Guatemala, de la cual aparentemente no hay ningún gobierno responsable. Esto no quiere decir que no sepamos quién ha desatado la agresión contra nuestra querida patria. La United Fruit Company; los monopolios norteamericanos, en convivencia con los círculos gobernantes de Norteamérica, son los responsables de lo que nos está ocurriendo. Aviadores norteamericanos y mercenarios de distintas nacionalidades, reclutados por exiliados guatemaltecos en el extranjero, han desencadenado el fuego y la muerte, sin respetar nada, ni vidas inocentes, ni bienes de otros países. Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la saña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera, donde hicieron una expedición punitiva contra los representantes de los trabajadores. Lo de bananera fue un acto de venganza de la Frutera.

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Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos que sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlos, han tratado de sembrar el pánico en todo cl país, han ametrallado y bombardeado a las fuerzas armadas que combaten en él oriente de la República, impidiendo sus operaciones, y hoy mismo han bombardeado y hundido un barco mercante inglés que cargaba algodón en el Puerto de San José. ¿En nombre de qué hacen estas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos tan bien. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la Compañía Frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad. Sin embargo, ellos se aferran a sostener que el comunismo internacional es el causante de lo que ocurre en Guatemala, y en nombre de ello es que tratan de ensangrentar aún más al país y de destruir nuestra economía. Como mi Gobierno ha sido acusado de ser de naturaleza comunista, sin que hayamos podido desvanecer que no lo es, aun cuando hemos empleado todos los medios para convencer a los elementos reaccionarios del mundo de que lo sostenido por los círculos gobernantes norteamericanos es una patraña, y como esos círculos harán más despiadada la agresión contra Guatemala. he tomado una dolorosa y cruel determinación: después de meditado con una clara conciencia revolucionaria, he tomado una decisión de gran trascendencia para nuestra patria, en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. 1 le determinado abandonar el poder y poner el mando del Ejecutivo de la nación en manos de mi amigo el coronel Carlos Enrique Díaz, Jefe de las Fuerzas Armadas de la República. Yo he depositado mi confianza en el coronel Díaz, porque estoy seguro que él sabrá garantizar la democracia en Guatemala y ele que todas las conquistas sociales de nuestro pueblo serán mantenidas. Es por ello que creo que las organizaciones políticas democráticas y todas las organizaciones populares deben prestarle su respaldo y apoyo. Así os lo pido en mi último acto como gobernante de Guatemala. Yo fui electo popular y mayoritariamente por el pueblo de Guatemala, pero he tenido que luchar en condiciones difíciles. La verdad es que la soberanía de un pueblo no se mantiene si no tiene los elementos materiales para defenderla.

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Luchamos hasta donde las condiciones lo permitieron, hasta un punto en que ir más allá se perdería todo lo que liemos ganado desde 1944. Al tomar esta actitud no pienso más que en el pueblo, y por ello he creído de mi deber contribuir hasta el último instante a salvar mucho de lo que conquistamos en los pasados años revolucionarios. La situación militar del país no es dificil ni mucho menos. El enemigo que comanda las bandas mercenarias extranjeras reclutadas por Castillo Armas, no sólo es débil sino que es incapaz y cobarde. Lo hemos comprobado en los pocos combates que libramos. El enemigo logró avanzar y tomar e] departamento de Chiquimula exclusivamente por los ataques de la aviación mercenaria. Estimo que nuestras fuerzas armadas no encontrarán mayor dificultad en derrotado y arrojarlo del país. Me hice cargo de la presidencia de la República con gran fe en el régimen democrático, en la libertad y en que es posible conquistar la independencia económica de Guatemala. Mi programa se limitaba a obtener esos objetivos. Sigo creyendo que ese programa es justo. No se ha quebrantado mi fe en las libertades democráticas, en la independencia de Guatemala, y en todo lo bueno que impulsa a la humanidad hacia el futuro. Algún día serán vencidas las fuerzas oscurantistas que hoy oprimen al mundo atrasado y colonial. Seguiré siendo, a pesar de todo, un combatiente de la libertad y el progreso de mi patria. Os digo adiós, amigos míos, con amargo dolor, pero manteniendo firmes mis convicciones. Guardad lo que tanto ha costado. Díez años de lucha, de lágrimas, de sacrificios y de conquistas democráticas son muchos como para contradecir a la historia. No me han acorralado los argumentos del enemigo, sino los medios materiales con que se cuenta para la destrucción de Guatemala. Yo os hablé siempre de que lucharíamos costase lo que costase, pero ese costo desde luego no incluye la destrucción de nuestro país y la entrega de nuestras riquezas al extranjero. Y eso podría ocurrir si no eliminamos el pretexto que ha enarbolado nuestro poderoso enemigo. Un gobierno distinto al mío, pero inspirado siempre en la Revolución de Octubre, es preferible a veinte años de tiranía fascista sangrienta bajo el poder de las bandas que ha traído Castillo Armas al país. No me resta sino agradecer profundamente la colaboración que me han prestado tantos buenos servidores ele la nación. Los ministros de estado y los funcionarios y empleados públicos, en particular los servicios de la Guardia Civil y del Ejército.

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Desde el fondo de mi corazón agradezco el respaldo y el apoyo del Partido Acción Revolucionaria, del Partido de la Revolución Guatemalteco del Trabajo, y de las organizaciones populares que, como la Confederación General de Trabajadores y la Confederación Nacional Campesina, han defendido con tanta decisión los anhelos del pueblo de Guatemala. Quizá piensen muchos que estoy cometiendo un error. En lo profundo de mi conciencia no lo creo así. Solamente un juicio histórico posterior sabrá determinarlo. Deseo que se mantengan las conquistas populares de octubre, que se restablezca la paz una vez hayan sido expulsados del país los invasores y que tenga éxito la gestión del gobierno que organizara el coronel Carlos Enrique Díaz. Con la satisfacción de quien cree que ha cumplido con su deber, con fe en el porvenir, yo digo: ¡Viva la Revolución de Octubre! ¡Viva Guatemala!

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JACOBO ARBENZ GUZMAN 1951 - 1954

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CAPITULO XLII MISERIA EN NOMBRE DE LA LIBERTAD THOMAS Y MARJORIE MELVILLE

El coronel Carlos Castillo Armas, a pesar de que era evidentemente una persona de firme voluntad, era en muchos sentidos un personaje inerme. Apresado en la correntada de ideologías políticas contradictorias, del atraso económico y social guatemalteco, de proporciones abismales, lo que se relaciona con poderosos bloques nacionales e internacionales no siempre escogidos por él, Castillo Armas tomó las riendas del gobierno guatemalteco en los primeros días de julio de 1954, .y las tuvo hasta su asesinato en julio de 1957. El hecho de que haya logrado sobrevivir durante tres años como jefe de su gobierno es en sí mismo un tributo. Castillo Armas se convirtió en jefe oficial del nuevo gobierno mediante una elección interna en la junta militar reinante, el 7 de julio de 1954. Ya había entrado a formar parte de la junta militar de cinco miembros gracias al “Pacto de El Salvador” acordado el 2 de julio de ese mismo año, bajo el auspicio del presidente salvadoreño, el coronel Oscar Osorio. En esa reunión también habían estado presentes José María Peralta, presidente del Congreso Nacional de El Salvador; el arzobispo Genaro Verolino, nuncio apostólico de la Santa Sede en Guatemala y El Salvador; el coronel J. Alberto Funes, embajador salvadoreño en Guatemala; el coronel Elfego Monzón, miembro reinante de la junta militar que había tomado el gobierno después de dejarlo Arbenz; y el coronel Carlos Castillo Anuas, jefe del denominado movimiento de liberación nacional. Después de ganar su “victoria militar” en Chiquimula, Castillo Armas había regresado a El Salvador con el fin de esperar los arreglos necesarios para su inclusión en el nuevo gobierno. Esta se llevó a cabo mediante el “Pacto de El Salvador” en el cual se acordó hacer una elección entre los cinco miembros de la junta (además de Monzón y Castillo Armas estaban los coroneles Cruz Salazar, Dubois y Oliva) en un plazo de quince días, y que se declaraba un nuevo jefe de gobierno. Era de 165

165 Azurdia, Vol. 73, p. 69

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suponer que el ganador sería Castillo Armas y eso fue exactamente lo que ocurrió en Guatemala el 7 de julio de 1954. Al mismo tiempo, los coroneles Cruz Salazar y J. Mauricio Dubois presentaron su renuncia. Nos referimos a la “victoria militar” de Castillo Armas en Chiquimula por falta de una expresión más adecuada. Es dudoso que hubiera mucha batalla. Los periódicos guatemaltecos de esos días están llenos de fotografías de soldados del “ejército de liberación” descansando al sol, conversando despreocupadamente a la sombra de los árboles tropicales o simplemente practicando el tiro al blanco. En ningún lugar se encuentra una sola fotografía de algo que se parezca a un enfrentamiento militar. La prensa extranjera no tuvo acceso a la “zona de batalla” por razones que no se lían explicado, una de las cuales puede ser que no hubiera batalla de verdad. Es cierto que hubo escaramuzas, pero su carácter limitado parece reflejarse en las palabras del propio Castillo Armas: “En las guerras de todos los tiempos y de todos los pueblos lo que cuenta y hace la historia no es el número de efectivos militares ni la calidad de sus armamentos, sino los resultados sociopolíticos que se obtienen como consecuencia de una victoria; y en este caso la batalla de Chiquimula tiene importancia nacional, porque fue ahí donde se ganó la libertad de Guatemala”. Incluso el mensaje radiado de Arbenz, el 27 de junio de 1954 cuando entregó el gobierno a una junta militar encabezada por el coronel Enrique Díaz, no reflejó preocupación por la capacidad militar del “ejército de liberación”: “La situación militar del país no es difícil; muy al contrario. El enemigo, los grupos mercenarios extranjeros, reclutados por Castillo Armas no sólo son débiles sino incapaces y cobardes. Lo hemos demostrado en las pocas batallas que hemos tenido. El enemigo logró avanzar y capturar el departamento de Chiquimula sólo gracias a los ataques de la aviación mercenaria. No creo que nuestras fuerzas armadas encuentren mucha dificultad para derrotarlos y expulsarlos del país”. Sobre este particular hay mucho que todavía está envuelto en el misterio. Si Arbenz no temía una derroca militar,... ¿Por qué renunció? Algunos afirman que fue simple cobardía. Quienes lo conocen mejor afirman que Arbenz era incapaz de una conducta cobarde. Otra explicación es que temía la participación estadounidense inminente y masiva (los bombardeos ya habían tenido un efecto desmoralizador sobre la nación), y creyó que la mejor manera de evitar esto era renunciar y entregar el gobierno al coronel Enrique Díaz, su Ministro de Defensa, y dos coroneles 166

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166 Ibíd., Vol. 74, p. 44 167 Ibíd., Vol. 73, p. 68 N. del T.: versión libre

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más. La mayoría de los observadores creen que la razón era que Arbenz no podía convencer a quienes lo apoyaban dentro del ejército para que combatieran, ni estaban dispuestos a entregar las armas a los miles de campesinos que estaban dispuestos a repetir la hazaña de repeler a las fuerzas contrarrevolucionarias como lo habían hecho para Arévalo en julio de 1949. Un cambio de esta naturaleza en la lealtad del ejército no era algo sin precedentes. El Presidente al parecer, creyó que el coronel Enrique Díaz podía tener más influencia en este momento sobre algunos de sus compañeros de la oficialidad . Díaz declaró inmediatamente que tenía la firme intención de expulsar a Castillo Armas del territorio nacional y casi inmediatamente fue reemplazado por l coronel Elfego Monzón, l segundo miembro de la nueva junta. Las maniobras del embajador estadounidense, John E. Peurifoy, jugaron un papel importante en este reemplazo. Estuvo presente cuando ocurrió el cambio de poder . Y casi no hay duda de que hizo la promesa y la amenaza de que EE.UU. vería a Castillo Armas en la silla del presidente y que la junta no tenía más alternativa que aceptarlo. Arbenz y sus seguidores reconocen que cometieron un grave error por no quedarse a luchar . Había por lo menos una fuerza campesina ya formada en Cobán, en el centro de Guatemala, que se preparaba para ir al frente de batalla y sus integrantes lloraron abiertamente al saber de la renuncia del presidente . Casi no hay duda de que Arbenz podía haber logrado un gran apoyo si hubiera esperado cuando renunció; no creía que Castillo Armas fuera a tener éxito. 172 Uno de los factores que menciona Arbenz en su discurso es la presencia “de grupos mercenarios extranjeros” y “la aviación mercenaria”. Se refería al hecho de que las fuerzas de Castillo Armas habían sido entrenadas, equipadas y financiadas por el gobierno de los EE.UU., y que su fuerza aérea (seis P-47) fue donada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y sus pilotos eran miembros de la CIA, que estaba bajo la dirección de Allen Dulles, hermano del secretario de Estado. Aunque lo negara Cabot Lodge ante las Naciones Unidas, la interferencia estadounidense en Guatemala era públicamente conocida, y la forma descarada asombró a muchos de los aliados de los EE.UU. El primer ministro inglés, Clement Attlee, dijo que le gustaría saber “en que se diferencia el apoyo estadounidense a un bando 168

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168 Baker, Op. Cit., p. 48 169 Taylor, Op. Cit., p. 797 170 Guillén, Pedro; Guatemala, Prólogo y epílogo de una revolución. México, Cuaderno Americanos, 1964, p. 72 171 De la entrevista personal de los autores con participantes. 172 Entrevista personal con ayudantes cercanos a Arbenz en el exilio, México, marzo de 1968.

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anticomunista en Guatemala de, por ejemplo, el apoyo chino a un bando comunista en Vietnam . Muchos autores han tratado de reducir al mínimo la importancia de la participación militar estadounidense, pero la fuerza aérea de la CIA estaba mejor equipada que la guatemalteca, y el segundo agregado militar para asuntos de la fuerza aérea de la embajada estadounidense va había convencido al coronel Rodolfo Mendoza Azurdia, el oficial superior de la fuerza aérea guatemalteca, de que desertara a El Salvador. Y tampoco puede olvidarse l impacto psicológico de la amenaza de intervención del mayor poder militar del mundo en una nación de poco más de 3 millones de personas. La participación estadounidense tuvo la importancia suficiente como para que l presidente Dwight Eisenhower, después de su retiro, mencionara la derrota del “comunismo” en Guatemala corno uno de los logros sobresalientes de su gobierno. Pero afirmar que Castillo Armas fue sólo un instrumento de la política exterior estadounidense en Guatemala sería una exageración. Había demostrado su capacidad y sus inclinaciones hacia el final de 1951, cuando intentó llevar a cabo un golpe militar contra el gobierno de Arévalo y fue condenado a muerte. Su impresionante huida de la prisión lo colocó en un lugar privilegiado en la lista de los héroes “machos” para un buen número de guatemaltecos. Pero no se puede desconocer que recibió ayuda), apoyo de EE.UU. y así, entró a participar en la Guerra Fría internacional entre EE.UU. y Rusia; entre la “conspiración comunista internacional” de un lado y el “mundo libre y democrático” del otro. Castillo Armas no podía, pues, olvidar su deuda moral de agradecimiento ni, para el caso, su compromiso monetario con EE.UU. No sería correcto suponer que su anticomunismo se generó como resultado del patrocinio estadounidense a su movimiento, como tampoco lo sería suponer que Castillo Armas fue indiferente al aplauso estadounidense por su anticomunismo. Evidentemente, él era un firme partidario, si no de manera necesaria un creyente, del concepto de la conspiración internacional, y era por derecho propio un gladiador de la guerra fría. Su plan de Tegucigalpa, que había formulado en la capital de Honduras durante los últimos años, era una exposición general de sus objetivos; en ese plan definía como principio primario de su movimiento la desovietización de Guatemala. En una de sus primeras declaraciones como jefe del nuevo gobierno declaró que “satisfaría las necesidades del 173

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173 Stebbins, Richard P., The U.S in WorldAffairs, 1954 (EE.UU. en los asun­tos mundiales, 1954), Nueva York; Harper Brothers, publicado por el Consejo sobre Relaciones Exteriores, 1956, p. 383. 174 Azurdia, Vol. 73, p. 42

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pueblo, con lo cual destruiría los argumentos que utiliza el comunismo para robar al mundo . La mayoría de su legislación contiene preámbulos que denuncian el “comunismo” del gobierno de Arbenz. Todas sus declaraciones públicas intentan demostrar que los fracasos de los gobiernos anteriores se debieron a que estaban inspirados y dirigidos por el comunismo y que él tendría éxito no sólo al evitar esa ruta él mismo sino al cerrarla enérgicamente para los demás. El peligro de ver todas las reformas sociales a través del cristal de la guerra fría era que se llegaba a la conclusión de que todas las medidas tornadas por el gobierno de Arbenz eran malas porque eran inspiradas por los soviéticos con la intención de entregarle el país a la U.R.S.S. Quién realmente creía que era así, y quién lo decía porque servía para sus fines propios, es algo difícil de saber. Pero la AGA lo proclamó como su doctrina oficial. Que servía a sus finese indudable. Convencerse ellos mismos, convencer a todos los guatemaltecos y convencer al inundo entero de que el programa de reforma agraria de Arbenz era parte integral de la conspiración internacional era la orden del día, todos los días. No hay duda que los opositores de la reforma agraria de Arbenz fueron los miembros de la AGA junto con la compañía United Fruit, y eran los más afectados por ella. Dieron dinero, alimentos y hombres a la cruzada de Castillo Armas porque eran los que más habrían beneficiarse de su éxito. Después de la entrada triunfal de Castillo Armas a Ciudad de Guatemala (en un vuelo desde El Salvador en el avión del embajador estadounidense), la AGA le dio gran importancia al envío de alimentos y suministros a las víctimas de la batalla de Chiquimula. Era una formidable disposición de fuerzas a favor de Castillo Armas yen contra de Arbenz: el gobierno estadounidense, la compañía United Fruit, la AGA, la Iglesia Católica y cada anticomunista autoproclamado de ambos continentes. Las emociones se habían caldeado al punto de ebullición y cuando Castillo Armas finalmente logró tomar el poder muchas personas no sólo veían hacia él esperando que actuara, sino que ya se lo exigían. A pesar de que Castillo Armas había afirmado que: “En esta cruzada se reunieron hombres y mujeres de todos los grupos y sectores sociales; viejos luchadores y jóvenes estusiastas; profesionales, obreros, campesinos, soldados, agricultores, negociantes e industriales” , lo cierto es que su apoyo no era tan amplio. Su ejército se calculó en mil hombres, la mayoría de ellos exilados políticos que vivían en Honduras, El Salvador y Nicaragua, además de 175

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175 DGAA, La evidencia, Op. Cit., p. 7 176 Azurdia, Vol. 74, p. 42.

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los pocos campesinos que había reclutado en su viaje desde la frontera hondureña. Castillo Armas reconoció la falta de apoyo entre los campesinos y esto se hizo evidente con uno de los primeros decretos de la junta, que canceló el derecho a voto de los analfabetos. Esto cerró las puertas de una manera efectiva al 72% de la población guatemalteca de participar en el gobierno de liberación y sirvió como advertencia a los campesinos sobre cómo los consideraba Castillo Armas —ciertamente no como defensores suyos. Castillo Armas había estado en el poder sólo unos días cuando su régimen tuvo que enfrentar el hecho de que algunos de los terratenientes ya habían empezado a hacer ‘justicia” con sus propias manos y a reclamar las tierras expropiadas, como lo demuestran los relatos periodísticos. El 12 de julio de 1954, “Día del anticomunismo”, en su primer discurso público Castillo Armas consideró necesario decir que: “Para la recuperación nacional y el establecimiento de la justicia social, es indispensable la colaboración inmediata de los finqueros y patronos. Debe entenderse bien que el MLN no puede ser pretexto para que se cometan ir justicias y que se tomen venganzas. Quienes lo hacen, lejos de cooperar para la curación del país, están saboteando nuestro movimiento. Ni el despido de trabajadores, ni la recuperación de las tierras puede servir como base para una justa reestructuración de la Nación. La erradicación del comunismo no significa persecución del trabajador y del campesino honesto que en todo caso merecen la protección del gobierno” Las informaciones periodísticas de aquellos días difíciles corroboran que una posición como ésa era necesaria. El Imparcial del 2 de julio de 1954 afirma que “diecisiete trabajadores fueron asesinados en Tiquisate por anticomunistas”. El 6 de julio se informó sobre una lucha entre “cuatrocientos indios comunistas y ladinos anticomunistas en San Juan Sacatepéquez en que murieron 17 indígenas y muchos más fueron heridos”. El 8 de julio, el ministro del Interior, Jorge A. Serrano, dijo que las cárceles estaban llenas de “agricultores campesinos levantados” y el 13 de julio anunció que 4,000 “comunistas” estaban encarcelados en todo el país. El Imparcial informó el 9 de julio que se había dado “orden de detención contra los humildes campesinos del Progreso como comunistas”. Quién era comunista y quién no, quién estaba tomando venganza excesiva por razones personales y quién no, eran los problemas de esos días y al Jefe del Estado no le resultaba fácil encontrar una solución. Se hizo un estudio interesante en ese tiempo con una muestra de 250 prisioneros en 3 cárceles de Ciudad de Guatemala, de un total de 1,600 que eran acusados de ser comunistas. El estudio lo llevó a cabo inmediatamente 177

177 Ibíd., Vol. 73, p. 71

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después de la caída del gobierno de Arbenz un tal Stokes Newbold, quien ha sido identificado posteriormente como Richard Newbold Adams, antropólogo estadounidense experto en asuntos guatemaltecos. El estudio lleva el título: “Receptividad a la agitación fomentada por los comunistas en Guatemala rural” y acepta las premisas básicas del conflicto de la guerra fría: “Esta conciencia de un nuevo potencial sociológico tenía sus aspectos ideológicos definidos: los cambios sociológicos conllevan grandes alteraciones en las maneras de pensar tradicionales. Probablemente tenía poca importancia para la gente del campo que estaba inmersa en el proceso el hecho que se hiciera bajo un nombre u otro; lo importante era que había, por primera vez, una serie de canales de comunicación y una actividad flexible entre ellos y la autoridad. Que el comunismo abusara de estos canales a punto de provocar un cambio de gobierno mediante una revolución es una tragedia histórica. En realidad el estudio demuestra lo contrario del “abuso comunista” de los canales de comunicación, pero en vista de que el estudio se hizo con la colaboración de Castillo Armas, quizá se había definido de antemano que ésas debían ser las conclusiones del estudio. Produce extrañeza el hecho de que un investigador tan eminente usara un “alias” para esa investigación, que en realidad es muy objetiva. Al describir la orientación política de los entrevistados el autor afirma que: “Poco a poco empecé a convencerme de que la mayoría, si no todas las personas, alegaban desconocimiento de los problemas en discusión, realmente sabían poco o nada sobre los mismos”. Esto se comprueba por casos como el de una persona que no reconocía el nombre del dirigente sindical comunista, Víctor Manuel Gutiérrez pero tampoco reconocía el de Mariano Rossell, arzobispo de Guatemala. Por la manera en que respondían a algunas de las preguntas, era evidente que nunca habían oído hablar de la “lucha de clases”, la “dictadura del proletariado”, el “Manifiesto Comunista” y varias otras ideas y organizaciones que se mencionaron... Todos los entrevistados estuvieron de acuerdo en que las respuestas voluntarias de parte de los entrevistados consistían principalmente en decir: 1) no sabían nada; 2) era gente pobre, analfabeta; 3) estaba a favor del gobierno que estaba en l poder; 4) sólo querían regresar a sus familias y a su trabajo; 5) eran católicos. 178

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178 Newbold, Stokes, “Receptivíty to Communist Fomented Agitation in Rural Guatemala” (Receptividad a la Agitación fomentada por los comunistas en Guatemala rural), Economic Development and Cultural Change, Vol.V, N° 4, 1957, pp. 338-361. 179 Ibíd., p. 361.

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El hecho de que sabían poco o nada se hizo evidente en las entrevistas. En respuesta a una pregunta sobre si creían (una opinión, no una declaración de los hechos) que l nuevo gobierno continuaría la reforma agraria y mantendría el código del trabajo y los sindicatos, l 67.66 y el 84% de las personas dijo no saber; cuando se les presionó, dijeron que no podían presumir de saber lo que haría el gobierno. El autor continúa para explicar algunas de las ideas que los prisioneros habían adquirido desde 1944: “Es indudable que algunos de los entrevistados no estaban tan preocupados por el cambio de gobierno como por el hecho de que habían sido encarcelados por eso. Además, había también 70 (y posiblemente fueran más, ya que podía haberles parecido peligrosa esa respuesta) que afirmaban que “un gobierno escogido por el pueblo” era una parte importante de un país democrático. Esta era la segunda respuesta más frecuente a la pregunta de cuáles debían ser las características de ese tipo de país; “la protección de los pobres” era la primera. En vista de la opinión generalizada de que las personas analfabetas son apolíticas, es interesante señalar que el 62% de quienes prefirieron “un gobierno no escogido por el pueblo” como característica de la democracia, eran iletrados. Parecería que los esfuerzos de los gobiernos posteriores a 1944 tuvieron alguna eficacia en la puesta en circulación de esta idea.” Lo único que de nuestra este estudio es que hay muchos indicadores en el sentido de que hubo poca manipulación o adoctrinamiento político de los campesinos con la ideología comunista durante l gobierno de Arbenz. Castillo Armas sabía que tendría que deshacer de alguna manera la Ley de Reforma Agraria Arbenz (N° 900), porque su promesa de hacerlo era la base del movimiento encabezado por él, pero no sabía exactamente cómo lograrlo. Tenía que actuar con suficiente lentitud como para evitar la resistencia organizada de los campesinos y con suficiente rapidez como para evitar la acción precipitada de los terrateniente& El 20 de julio de 1954 apeló nuevamente a los terratenientes para que no tomarán venganza por su propia cuenta. Pero al parecer sus esfuerzos no tuvieron mucho éxito. En febrero de 1955 la Confederación General de Trabajadores hizo una lista de nombres y lugares en que se habían llevado a cabo asesinatos durante las primeras semanas de la “Liberación” . El documento menciona a 217 personas, y afirma que 37 campesinos fueron asesinados en Las Cruces, 49 murieron en el Río Shusto, 18 murieron en Los Cimientos, 29 murieron en San Juan Sacatepéquez, dos miembros del comité agrario murieron en San 180

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Ibíd., p. 352. Ibíd. El Imparcial, 20 de julio, 1954. Toriello, Op. cit., p. 331.

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Juan Acasaguastlán, y otros trabajadores, camioneros, obreros ferroviarios y soldados fueron asesinados. Más adelante declara que “se están recopilando listas de personas asesinadas en otras partes del país y serán publicadas apenas se hayan verificado los datos” . Los datos exactos nunca podrán ser conocidos porque l gobierno se encargó de que no se hiciera ninguna investigación abierta. De hecho, muchos de los asesinatos se achacaron posteriormente al gobierno de Arbenz, que había ejecutado un número desconocido de opositores que se creía eran colaboradores de Castillo Armas, en los trágicos días al final de junio. Como esfuerzo para cumplir el mandato que se le había dado en Tegucigalpa, Honduras, de devolver las tierras expropiadas a sus antiguos dueños al tiempo que evitaba el caos, Castillo Armas promulgó su primer decreto agrario (N” 31) antes de terminar su primer mes en la presidencia. Se pensaba que debía “traducirse en la revocación gradual pero firme de la reforma agraria como fue institucionalizada por el decreto Nº 900 (la reforma agraria de Arbenz) del Congreso Nacional . Esta nueva ley de Castillo Armas niega categóricamente que la ley de Reforma Agraria de Arbenz haya producido beneficio alguno. Inmediatamente después reconoce implícitamente que sí hubo beneficios de esta naturaleza al afirmar que los campesinos y trabajadores agrícolas que hubieran recibido parcelas, créditos y otros beneficios de la aplicación de la reforma agraria permanecerían bajo las mismas condiciones y obligaciones, en posesión, uso y usufructo de las mismas hasta que aprobara una nueva ley de reforma agraria. Quizá el indicador más objetivo de la mentalidad del nuevo gobierno sea el preámbulo del nuevo decreto agrario. Textualmente decía: “Que la ley de reforma agraria emitida por el pasado régimen legó a la Nación graves problemas cuya solución inmediata es exigida por todos los sectores sociales... y convirtió al campesinado guatemalteco en un instrumento político al atarle al gobierno y a los grupos oligárquicos dentro de los partidos políticos oficiales;... y en forma abierta se trató de destruir la institución de la propiedad privada, sobre la cual descansa la estructura social guatemalteca, propiciando la depresión de las actividades económicas, un ambiente de desconfianza y fuga de los capitales necesarios para el desarrollo de nuestros recursos;... a pesar de 184

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184 lbíd. 185 Los opositores de Arbenz afirman que esta cifra es cercana a los ochocien­tos, pero durante años no pudieron ofrecer una lista de más de doscientos nombres de personas que desaparecieron de las fuerzas de Castillo Armas. Es probable que ambos bandos hayan tenido culpa en este sentido, aunque Castillo Armas fue más vengativo. 186 Monteforte Toledo, Guatemala, Op. cit,. P. 437.

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ofrecer a los campesinos y a los indígenas que por medio de la reforma agraria obtenían inmediatos beneficios de orden económico y un mejoramiento de su nivel de vida, la realidad demostró que en vez de mejorar su situación tendía a hacerse cada vez más precaria y angustiosa...; la aplicación sectaria del Decreto 900 dio resultados radicalmente contrarios al incremento de nuestra producción agrícola, provocando el desconcierto en las relaciones laborales y estimulando una aguda lucha de clases en el medio rural. Este fue el razonamiento que usó l nuevo gobierno para empezar a desmembrar la reforma agraria de Arbenz. Es dudoso que Castillo Armas creyera todo lo que se afirma en el preámbulo, pero es indudable que sí quería que todos los demás lo creyesen, y martillaba constantemente sobre esos mismos puntos. Por consiguiente, merecen un análisis. No hay duda que la actitud del gobierno de Arbenz había producido una falta de confianza en el sector económico que había tenido como resultado la fuga de capital por parte de los más ricos, especialmente del capital extranjero. También es evidente que el decreto nunca tuvo la intención de estimular la armonía entre los campesinos y los terratenientes, ya que sus intereses era opuestos. Era evidentemente falso que “convirtió al campesinado guatemalteco en un instrumento político” a un grado mayor que l que existía antes ni el que existe ahora corno resultado de las medidas del gobierno de Liberación. La situación económica de los campesinos simplemente era demasiado precaria para que pudieran mantener un marcado grado de independencia política. Su voto sigue comprándose y vendiéndose impunemente, a menudo por un paquete de cigarrillos. El hecho de que esto lo hiciera un gobierno por un pedazo de tierra no puede tomarse como una acusación importante contra el gobierno de Arbenz ... ¿Podría considerarse menos sectaria la revocación del derecho al voto de los analfabetos por parte de Castillo Armas? La afirmación de que la institución de la propiedad privada también hubiera sido destruida por la reforma agraria de Arbenz también es falsa. La ley permitía la existencia de la propiedad privada hasta 70 acres en tierras ociosas e incluso más si eran productivas. También daba lugar al desarrollo de una nueva clase propietaria de tierras, al otorgarle títulos de propiedad a más de un cuarto de los beneficiarios de la reforma. Sería más correcto 187

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187 Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Op_ cit., p. 803. 188 Según Jonh D. Powell, la función de la reforma agraria venezolana para el gobierno en el poder fue también la de ganar votos entre los campesinos y el pago en cl campo tomó también la forma de bienes y servicios provistos en el programa gubernamental de reforma agraria. (Informe preliminar sobre la Federación Campesina de Venezuela, Centro de Tenencia de la Tierra, Universidad de Wisconsin, 1964, mimeografiado, p. 71).

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decir que la propiedad privada no es absoluta, o que puede ser limitada por l gobierno en nombre del bien común. Nadie afirma, por ejemplo, que la conversión del 50% de la tierra en México al sector público con la formación de ejidos destruyó la institución de la propiedad en ese país. Creemos que la frase “sobre la cual descansa la estructura social guatemalteca” es la clave para entender la acusación de que sería destruida la institución de la propiedad privada. En los capítulos anteriores de este estudio se ha demostrado cómo toda la estructura socio-política y económica del país depende de una pequeña clase terrateniente y una gran clase desposeída que no tiene propiedad sobre la tierra. La destrucción de esta relación tenía que producir cambios básicos, e incluso esto era la causa misma de la aprobación e implementación de la ley. Si Castillo Armas protestaba contra la destrucción del status quo tal como existía en Guatemala desde la llegada de los españoles, su afirmación sería correcta. Era muy distinto equiparar esto con la desaparición de la “institución de la propiedad privada”. Arbenz no ofrecía a los campesinos e indígenas “beneficios inmediatos en el orden económico y un mejoramiento en el nivel de vida”. Los cambios fundamentales que se proponían en su ley, así como las nuevas tensiones producidas por su implementación, difícilmente podían dar como resultado un mejoramiento inmediato y universal. Los nuevos poseedores de tierra tenían que aprender muchas habilidades y adquirir técnicas administrativas que nunca habían necesitado como trabajadores migratorios o agricultores de subsistencia. John Powelson dice que “Es casi imposible llevar a cabo ningún cambio en la tenencia de la tierra sin efectos adversos sobre la producción. Los estremecimientos de cualquier reforma agraria son tales que los agricultores tienen que apretar los dientes y esperar pérdidas iniciales” Esta es una consecuencia evidente de cualquier programa drástico como el implementado por Arbenz. Realmente no debería sorprender a nadie que su programa de reforma hubiera producido, corno lo declaró Castillo Armas, “resultados radicalmente opuestos a una mayor producción agrícola”. Pero sus efectos no frieron tan devastadores, y en muchos casos fueron todo lo contrario. El efecto legal de la ley de Castillo Armas no era la revocatoria de la reforma de Arbenz sino únicamente el de impedir su ejecución a partir de ese momento, en tanto que daba libertad a los terratenientes para que hicieran retroceder el reloj. Declaraba que las expropiaciones hechas bajo el artículo 91 del decreto Nº 900 no eran válidas. Era este artículo el que 189

189 Powelson, John P., Latin America: Today’s Economic and Social Revolution (América Latina: la revolución económica y social de hoy). Nueva York, McGraw—Hill, 1964, p. 65.

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había causado tanto furor al darle al gobierno el poder de expropiar en su totalidad y sin indemnización las tierras de los propietarios “que se opusieran a la aplicación de la reforma agraria por medios violentos o subversivos” . Algunos sentían que la palabra “subversión” tenía un sentido indefinido y se podía aplicar a cualquier persona que simplemente protestara. La ley devolvía a los dueños originales “todas las viviendas construidas a sus expensas” y daba a todos los que habían sufrido expropiaciones de tierra el derecho de apelar las decisiones ante la recién creada Dirección General de Asuntos Agrarios (DGAA). Nathan Whetten dice que por lo anterior, “en la mayoría de los casos, las decisiones se tomaban en favor de los terratenientes. Los beneficiarios de la reforma fueron removidos gradualmente y la tierra fue devuelta a los antiguos propietarios” . Whetten señala de modo conciso dónde tenía su corazón el nuevo gobierno: “En la mayoría de los casos, los agricultores que sentían que el gobierno anterior les había dado la tierra de buena fe, se resistieron a la evacuación y fueron removidos por la fuerza. Algunos observadores declaran que durante el régimen de Arbenz el gobierno estaba invariablemente del lado de los campesinos y obreros en cualquier disputa con los propietarios; en el período posterior a Arbenz sucedía exactamente lo contrario” . Esto probablemente era cierto ya que bajo el gobierno de Arbenz los comités agrarios no tenían representación de los terratenientes, y bajo el gobierno de Castillo Armas eran los campesinos quienes no tenían representación. El nuevo decreto de Castillo armas (N°31) establecía que los comités agrarios departamentales estarían formados por el gobernador del departamento, que era nombrado por el Presidente, el alcalde y el primer síndico de la capital departamental. Los dos últimos eran funcionarios electos y casi invariablememe miembros de la clase terrateniente debido a la composición de la población de las capitales departamentales. El decreto también establecía que todo recurso contra una decisión de la DGAA debía hacerse ante el Ministerio del Interior y su decisión era inapelable. Dado que el Ministro del Interior era Miguel Ortiz Passarelli, dueño de enormes propiedades de Alta Verapaz, algunas de las cuales habían sido afectadas por la reforma de Arbenz, era evidente de qué lado estaría. Así, aunque Arbenz había sido criticado duramente en algunos círculos internacionales, esto es en los Estados Unidos, porque no permitía que hicieran apelaciones sobre lo expropiado ante cualquier otra persona que no fuera él. Castillo Armas cerró de manera efectiva el camino a cualquier 190

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190 Azurdia, Vol. 71, p. 30. 191 Whetten, Guatemala, Op. cit., p. 166. 192 Ibíd.

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recurso objetivo comra las revocatorias ejecutadas por su gobierno, al darle a Ortiz Passarelli el mismo poder. La misma ley también abolió las “leyes de arrendamiento obligatorio” de los dos gobierno anteriores, y a los arrendatarios se les dio plazo hasta l 31 de marzo de 1955 para abandonar esas tierras. Se trataba de darles tiempo suficiente como para recoger las cosechas que ya estaban sembradas. También se especificaba en la ley que sus implicaciones debían ser explicadas verbalmente a los campesinos afectados por ella. Resultaba evidente que la nueva ley era casi exclusivamente negativa en sus proposiciones. Bajo el “gobierno de Liberación” el campesino primero perdió su derecho al voto y ahora perdía sus tierras recién adquiridas. Whetten dijo de manera casi profética: “Hay muchos campesinos que recibieron tierras bajo la ley agraria de 1952 sólo para ver que las perdían nuevamente al caer el gobierno de Arbenz. Podrían ser receptivos a cualquier esquema revolucionario que prometa devolverles la tierra le la que fueron orgullosos poseedores durante un tiempo tan corto” Fue quizá una mirada hacia el futuro la que hizo Castillo Armas al ofrecer una cierta esperanza al campesino bajo la forma de lo que l llamó “los principios fundamentales” de su nueva ley, aún cuando él mismo debe haberse percatado de la evidente contradicción entre esos principios y la naturaleza de la ley misma. Dice: “Todo guatemalteco tiene derecho a que le sea proporcionada, en propiedad privada y plenamente garantizada, la tierra necesaria para asegurarle la subsistencia económica y la de su familia. La propiedad creada en virtud de esa norma será considerada como patrimonio familiar y gozará de toda protección y auxilio” A continuación indica cómo y dónde se haría: “Es obligación ineludible del Estado abrir a la explotación agrícola, técnica y racional aquellas regiones del territorio que permanecen al margen de una actividad económica próspera por falta de comunicaciones, de riego, de saneamiento o de habitantes. En consecuencia, será política fundamental del Estado... una intensa colonización del territorio nacional Era muy claro que se refería al Petén. La AGA había estado exigiendo de manera vociferante un programa así desde que Arévalo empezó a hablar de reforma agraria, aunque el intento que hizo Arévalo en Poptún había demostrado que los costos eran prohibitivos. Otro principio fundamental de este decreto reconoce que hay enormes extensiones de tierras ociosas en manos privadas y debía hacerse algo al 193

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193 Ibíd., p. 356. 194 Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas, op. cit., p. 804. 195 Ibid.

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respecto; “en consecuencia el gobierno tomará las medidas oportunas que sean necesarias para reducirlo” . Quizá el más humano de los principios enunciados en el decreto, pero que no puede sino considerarse demagógico en vista de la cancelación de las dos “leyes de arrendamiento obligatorio” es el que declara: “Cualquier forma de trabajo gratuito en el cantpo hiere en lo más profundo a la dignidad humana del guatemalteco como hombre libre; jamás obligará a los trabajadoras ningún compromiso de hacer labores o faenas a título de compensación por prestaciones de cualquier naturaleza” A pesar de las críticas de Castillo Armas a la reforma de Arbenz y al hombre que lo había precedido en la presidencia de Guatemala, Powelson pudo decir que: “La reforma legal de 1952 se basó en la Constitución de 1945, introducida después del derrocamiento del dictador Ubico y la instauración de un gobierno popular. La ley agraria establecía la liquidación de las propiedades feudales, la prohibición de todas formas de servidumbre y la distribución de tierra a quienes no la tenían. No era más radical de lo que hoy en día sería aceptable bajo la Alianza para el Progreso.” Así fue como inició Castillo Armas el proceso legal y físico de la “desovietización” de Guatemala. El 20 de agosto de 1954, tres semanas después de haberse dictado el decreto agrario, el nuevo gobierno promulgó su segunda ley agraria. Si alguien tenía dudas acerca de la orientación y las intenciones del nuevo régimen, esta ley sirvió para aclarárselas de manera definitiva a la nación. Declaraba la rehabilitación de las fincas nacionales al patrimonio de la nación. Las razones de estas medidas se explican claramente en la propia ley pero una vez más Castillo Armas exageraba sus intentos de hacer que Arbenz pareciera malo y él bueno. Este decreto (Nº 57) empieza con las mismas consideraciones generales que todas las demás leyes del gobierno de liberación: “Considerando: que el parcelamiento de las fincas nacionales... favoreció únicamente al sector más destacado por su militancia comunista y creó un estado discriminatorio entre los campesinos que en su mayoría han manifestado categóricamente su voluntad de volver al régimen de salarios;... que el estado de cosas creado por el otorgamiento del dominio útil de los bienes raíces de la nación, en la forma realizada, dio resultados nativos por cuanto se fomentó la anarquía, y como consecuencia se tradujo en una baja sensible de la producción nacional y en la destrucción de la empresa como unidad econóntica encontrándose la mayoría de parcelas en total abandono... y que los bienes y haberes de la Nación deben 196

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196 Ibid. 197 Ibid. 198 Powelson, Op. cit., p. 55.

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otorgar beneficios generales en provecho de la colectividad y no desviarse por motivo de política partidista, tal como ocurrió con el parcelamiento efectuado por la aplicación de la Ley de Reforma Agraria” . Pero no todos creían lo que se decía, aumque tuvieran que obedecer estos decretos: “Para fundamentar esta infamia, la dictadura tuvo la audacia de afirmar que los campesinos en su mayoría “deseaban volver al sistema del trabajo asalariado” y para ayudar a esta falacia, procedió a quitarles las parcelas de tierra de las fincas nacionales que el gobierno de la Revolución había distribuido, y con las misma se apropió también de “sus propiedades muebles, sus cultivos listos para cosechar, animales, casas, construcciones, instalaciones, vehículos, maquinaria, semillas, fertilizantes, herramientas, equipo de cualquier clase y productos almacenados y todos los demás bienes”. Todo esto a cambio de ser “liberados del comunismo internacional”; el campesino tenía la atrayente perspectiva de que la DGAA, a su propio juicio, les daría en “casos concretos” alguna compensación por trabajo y las mejoras que había efectuado” Esto lo escribió Guillermo Toriello, quien como Ministro de Relaciones Exteriores bajo el gobierno de Arbenz, había pasado meses en las Naciones Unidas tratando movilizar la acción contra el equipamiento militar de Castillo Armas por parte de EE.UU. en Honduras. E incluso un miembro de la Administración de Castillo Armas, el primer ministro de Gobernación, Jorge Adan Serrano, admitió ante los periodistas que del número de personas que estaban encarceladas, muy pocas, si las había, eran comunistas . Es difícil, incluso hoy en día, imaginarse cualquier grupo de campesinos en cualquier parte del país que tuviera un conocimiento de lo que es el comunismo. Ciertamente, el embajador estadounidense en Guatemala no lo sabía cuando se presentó ante la subcomisión del Senado estadounidense: “Embajador Peurifoy: El comunismo, en mi opinión, es una religión, Sr: Feighan. No creo que haya duda alguna de eso. Quien crea que es una teoría... Congresista Feighan (Ohio): Es una religión. Se originó en el infierno, con la ayuda de Satanás y todas sus fuerzas malévolas. Peurifoy: Esa es una definición mejor que la mía’’202 . Parece ser que el nuevo gobierno juzgaba comunistas a quienes estaban más a favor del programa de la reforma agraria—sobre esta base, es justo suponer que las tres cuartas partes de la población total eran también “comunistas”. Es difícil creer que los campesinos quisieran volver al “sistema asalariado” como lo afirma Castillo Armas en el preámbulo de esta ley. No hubiera sido dificil convencerlo de que les convenía aceptar el pago de salarios, en vista 199

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Revista de la Facultad de Ciencias Sociales, Op. cit., p. 812. Toriello, Op. cit., p. 55. El imparcial, 8 y 13 de julio, 1954. House Hearings (Audiencias de la Cámara de Representantes). Op. cit., p. 131.

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de las actitudes del nuevo gobierno hacia los “agraristas”. Es evidente que estas personas tenían mucho temor de lo que fuera a hacerles el gobierno, como lo demuestra el hecho de que muchos ya habían salido corriendo dejando sus parcelas en “total abandono”. Pero sostener que sus mejores intereses económicos y sociales realmente se procuraban quitándoles la tierra y haciéndolos depender nuevamente de salarios gubernamentales es algo que no resiste una confrontación con la historia de Guatemala. No hay duda que hubo dificultades en las fincas nacionales. Muchos de los colonos creían que las fincas eran exclusivamente suyas y consideraban a los recién llegados como intrusos, algunos de los cuales habían recibido mejores tierras que las de los propios colonos. Se produjeron conflictos, y ésta puede haber sido la “Anarquía” a la que se refería la nueva ley. La clave del problema, sin embargo, estaba en “la reducción de la producción nacional y la destrucción de la empresa como unidad económica”. Durante la presidencia de Arévalo, estas plantaciones produjeron 8 millones de quetzales para el presupuesto nacional de 1947 y aunque bajó a 5 millones de quetzales para 1950, esto significaba de un diez a un quince por ciento de los ingresos estatales. Para Castillo Armas, esto era demasiado dinero como para dejar que se perdiera. Arbenz podía considerar la posibilidad de establecer impuestos a la oligarquía para reemplazar esa fuente de ingresos pero esto era inconcebible para Castillo Armas. Esta ley declaraba que todas las fincas debían ser devueltas al patrimonio nacional sin importar en qué forma o a quiénes se hubieran dado, va fueran individuos o cooperativas . También establecía que todas las pertenencias de Las fincas, tales como la que menciona Toriello, también debían ser devueltas, y que se pagara a los campesinos el trabajo o las mejoras que hubiera hecho ya que las cosechas serían del gobierno. Se reconoció que habría injusticias en la ejecución de esta ley. Se cancelaron las inscripciones legales de todas las cooperativas existentes en estas plantaciones, y se dio a los ex—miembros la posibilidad de quedarse y trabajar por un salario como cualquier otro colono. Probablemente sea desde esa fecha que existe a la par de una tolerancia oficial un desprecio extra—oficial respecto de las cooperativas. En muchos sectores de Guatemala, hasta hoy en día, cooperativa es sinónimo de comunismo. Este decreto tenía un tono amenazador al declarar que la ley era “de orden público y con carácter de medida de seguridad” lo cual significaba 203

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203 Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Op. cit., p. 814. 204 A menudo se requiere más de un año para lograr el reconocimiento oficial de los estatutos de una cooperativa, mientras los burócratas gubernamen­tales examinan los propósitos de la cooperativa y los antecedentes de sus miembros. 205 Revista de la Facultad de Ciencias jurídicas, Op. cit., p. 814.

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que se podía arrestar y detener individuos sin derecho de “habeas corpus” si el gobierno lo decidía. Fue por este tiempo que muchos observadores se hicieron consientes de que el gobierno de Liberación no era sólo anticomunista sino que estaba utilizando esta etiqueta para protegerse de la reacción que se estaba desarrollando debido a sus intentos de hacer que el país volviera a las condiciones anteriores a 1945. Una cosa era que Castillo Armas devolviera las propiedades expropiadas a la United Fruit Co. y a los poderosos intereses nacionales. Muy distinto era recuperar incluso las plantaciones del propio gobierno. Si los trabajadores de estas fincas lo querían así,... ¿Por qué tenía que ser esta una ley “de orden público y con carácter de medida seguridad”?, La disolución de las cooperativas era un paso coherente dentro de la política del nuevo gobierno. Todas las organizaciones obreras y campesinas eran sospechosas. Una de las primeras creaciones del gobierno de Liberación fue un comité de Defensa contra el comunismo, cuya labor era detectar y combatir a los comunistas y simpatizantes del comunismo. Esto significaba que l gobierno asumía las actividades de cacería de brujas que llevaban a cabo hasta ese momento los terratenientes e industriales, que habían tomado en sus propias manos la administración de la “justicia”. El movimiento sindical había sido el objetivo principal del ataque de los terratenientes e industriales. Siete dirigentes del sindicato de los trabajadores de la compañía United Fruit habían estado entre los primeros que fueron asesinados , y los siguieron muchos más. En parte para evitar la repetición de estos incidentes y en parte para liberar al país de sus elementos “subversivos”, antes de terminar el mes de julio, Castillo Armas había ordenado que se disolvieran tanto la CGTG como la CNCG. Canceló el registro legal de 533 sindicatos y enmendó el código de trabajo para que se hiciera imposible la sindicalización efectiva . Dos de los primeros sindicatos que fueron disueltos fueron SETUFCO y SETCAG, ambos sindicatos de trabajadores de la compañía bananera. Era la recompensa a la participación de la compañía en el derrocamiento de Arbenz. Unos días después de que fueron devueltas al patrimonio de la nación las fincas nacionales, se promulgó otro decreto bajo el título de “Ley penal preventiva contra el comunismo”. Fue esta ley, considerada “salvaje” por los editores de la revista Christian Century , la que estableció la pena de muerte para una serie de crímenes que se podían considerar como “sabotaje”. Era 206

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206 El Imparcial. 2 de julio, 1954. 207 Huizer, Op. cit., p. 207. 208 Christian Century, 8 de septiembre, 1954, p 1060.

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un concepto lo suficientemente amplio para incluir la organización laboral y las actividades huelguísticas. Bajo esta nueva ley, ni siquiera aquellas leyes que no han sido revocadas y formaban parte del código del trabajo podían ser puestas en vigencia mediame la presión de los trabajadores. Los salarios mínimos fueron abolidos de manera efectiva, la semana laboral se extendió nuevamente a 48 horas y las vacaciones pagadas fueron eliminadas. Se permitió y estimuló el despido por “razones políticas” y no se dieron garantías de indemnización por el mismo a los trabajadores. Un informe a las Naciones Unidas Patrocinado por la Organización Internacional del Trabajo en 1965 mencionaba el hecho de que sólo existían 16 sindicatos campesinos en Guatemala en ese tiempo, lo cual refleja una “deficiente y prácticamente inexistente organización sindical” La persecución por parte de Castillo Armas de quienes habían participado en las reformas de Arbenz o habían trabajado en los sindicatos rurales, dio como resultado una resistencia pasiva en grandes áreas del sector rural . Esta resistencia pasiva se traduce incluso actualmente en desconfianza campesina hacia cualquier programa de reformas en muchas panes de Guatemala. La organización sindical a menudo es tan temida por los trabajadores mismos como por los terratenientes. Se dictaron otras leves referentes a la situación agraria. En septiembre de 1954 se promulgó un decreto que terminó de manera efectiva con las operaciones del Banco Nacional Agrario como fuente de crédito a los pequeños agricultores quienes de otro modo carecían de seguridad efectiva. Ya en diciembre de 1954, cuando se permitió nuevamente que los terratenientes pagaran a sus trabajadores prestándoles pequeñas parcelas para sus cosechas estacionales, no había duda de que Castillo Armas cumpliría con todas sus obligaciones para con los dueños de plantaciones. Para disimular el efecto de esta ley (Nº 170), se le dijo a los propietarios de grandes extensiones de tierra que tenían “obligación de suministrar gratuitamente la tierra a que sus colonos estaban acostumbrados” Con la eliminación del control sobre salarios mínimos, sin embargo, el hecho de que las tierras se dieran gratuitamente no tenía significado alguno ya que el acuerdo sobre salarios se gobernaba nuevamente por acuerdo mútuo entre el dueño y el trabajador. Las tierras dadas en préstamo a los 209

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209 Oficina Internacional del Trabajo, Informe al Gobierno de Guatemala de la Misión Interagencias sobre Colonización e Integración de Poblaciones Indígenas. Ginebra: OIT, 1965, pp. 4649. 210 Huizer, Op. cit., p. 207. 211 Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Op. cit., p. 817. 212 Azurdia, Col. 73, p. 170.

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colonos jugarían de nuevo un papel principal en la determinación de esos acuerdos, “manteniendo al mismo tiempo la dependencia de los trabajadores respecto del terrateniente” . La ley también establecía que en ningún caso serían objeto de expropiación dichas tierras. Esta afirmación resultaba superflua. El preámbulo de esta ley da una perspectiva interesante con la relación a las reclamaciones de Castillo Armas contra Arbenz y los efectos de sus propias políticas: “Considerando: Que la ley de la Reforma Agraria y otras disposiciones dictadas por el régimen anterior, con relación al agro trastornaron totalmente la producción agrícola nacional, causando un positivo y evidente daño a la economía del país; Considerando: Que la baja alarmante y progresiva a la producción de artículos de primera necesidad en la República, es uno de los efectos más sensibles de las disposiciones mencionadas, como lo demuestra el descenso, desde 1950, de 4 millones de quintales de maíz, que constituye la base de la alimentación del pueblo...” . Lo que es abiertamente falso en esta declaración es la cifra de una disminución de cuatro millones de quintales. En 1950, .la cosecha guatemalteca fue de 8,217.000 quintales de maíz; en 1952 aumentó a 10,711.000 quintales; en 1953 bajó a 9,400.000 quintales yen 1954 a un poco menos de 9,000.000 de quintales, pero siempre una cifra bastante mayor que la de 1950. Por el contrario, en 1955 el total bajó casi un millón de quintales más, y continuó bajando en 1956 . Parece ser que l gobierno de Liberación previó lo que estaba sucediendo con la producción de maíz por sus propias políticas y creyó que podía culpar al gobierno anterior de la disminución. El error fue que Castillo Armas calculó equivocadamente la reducción en cuatro millones de quintales, que hubiera producido necesariamente una hambruna, en lugar de un millón que era la cifra real. Los cuatro departamentos más afectados por la reforma agraria, Escuintla, Alta Verapaz, Izabal y Quiché, todos experimentaron marcados aumentos en la producción de maíz en 1953-54 sobre los años anteriores, y grandes disminuciones en los años siguientes, los primeros del régimen de Castillo Armas . El gobierno de liberación había estado en l poder durante seis meses al final del año de 1954. Había logrado su objetivo inicial, la “desovietizacíón” del país. Lo había hecho principalmente mediante la inversión de las políticas de la reforma agraria del gobierno anterior. Ahora ya era hora de 213

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CIDA, Op, cit., p. 46. Azurdia, Vol. 73, p. 170. Guatemala en Cifras, Guatemala: Dirección General de Estadística, 1944-1957. Ibíd.

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buscar sus propias medidas positivas, algo para combatir los problemas sociales que se habían estado desarrollando durante siglos. El impulso de un movimiento negativo que sólo va en contra de algo no es suficiente para justificar la existencia de ningún gobierno. Ahora se trataba de producir, o entregar l gobierno a los civiles, cosa que el coronel Castillo Armas no estaba dispuesto a hacer. En octubre de 1954 el gobierno había pedido una demostración de apoyo popular mediante un plebiscito y le dio al electorado guatemalteco la oportunidad de decir “si” o “no” a la permanencia de Castillo Armas en la presidencia. Los periodistas estimaron que no hubo más de 400 votos negativos . Definitivamente, no era saludable reconocer públicamente que no tenía intención de votar en contra de Castillo Armas. 217

...¿PIEDRAS EN LUGAR DE PAN? El 30 de diciembre de 1954 se dio el primer paso hacia un programa positivo de legislación sobre la tierra redactado de acuerdo con los principios del Movimiento de Liberación. Se formó tina comisión para estudiar la situación y presentar sugerencias para una nueva ley agraria. La nueva comisión estaba formada por cinco miembros, nombrados por cinco entidades diferentes: el ministro de Agricultura, la AGA, las instituciones bancarias y la Universidad Nacional de San Carlos. Los primeros dos eran nombrados por el gobierno; los dos siguientes eran nombrados por los grandes intereses económicos del país, y el último puede considerarse neutral. El miembro neutral de la comisión, el nombrado por la Universidad de San Carlos, podía considerarse como el único que podía representar los intereses del campesino y no ser amenazado por lo que había hecho el régimen anterior. No hay duda de que la AGA y las instituciones bancarias tenían una posición muy clara respecto de la reforma agraria. El ministro de agricultura y la DGAA eran el gobierno y no podían ser menos anticomunistas, menos anti—Arbenz o menos anti—Decreto N° 900 que el propio Castillo Armas. El acuerdo que establece esta comisión también es interesante por cuanto formula claramente los “principios fundamentales” que deberán gobernarla reforma agraria del MLN: “La tierra se dará como propiedad privada; se dará ayuda técnica y financiera a quienes reciban tierras; las áreas menos pobladas del país se convertirán en centros de labor agrícola mediante la migración interna, de modo que haya un efectivo aumento y mejoramiento de la población agrícola nacional; las tierras ociosas del gobierno serán distribuidas 217 Johnson, Keneth, Op. cit., p. 193.

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de manera justa; se abrirán zonas agrícolas mediante nuevos caminos o el mejoramiento de las vías de comunicación ya existentes; los latifundios serán agravados de manera razonable y progresiva para lograr su desaparición en el menor tiempo posible; con la intensión de formar nuevas unidades agrícolas y pecuarias, se darán créditos a largo plazo y con bajas tasas de interés; en el orden político y social, se-establecerá una verdadera armonía con miras al bienestar nacional” Después de más de un año de trabajo, la comisión agraria presentó su proyecto al Congreso recién electo. El 25 de febrero de 1956 se promulgó el Estatuto Agrario del régimen de Castillo Armas (decreto Nº 559). En él se confirmaba a la DGAA como entidad gubernamental oficial, reemplazando de una vez por todas al ya difunto Departamento Agrario Nacional, y encomendándole la realización de lo estipulado en la nueva legislación agraria de la liberación. “La DGAA, a raíz del Movimiento de Liberación Nacional, sustituyó al ex Departamento Agrario Nacional. Su acción, a partir de aquel entonces, es muy larga de enumerar, pero puede sintetizarse en dos aspectos fundamentales: primero, liquidación de la política de ataque en el campo, la que en nombre del Decreto 900 encontró amplio e irresponsable apoyo de parte del gobierno; y segundo, creación de nuevos lineamientos que, convenientemente armonizados, dieron lugar a una adecuada política agraria. En ambos aspectos se ha trabajado tesoneramente contándose con la colaboración de diversas entidades y personas, y se ha andado buena parte del camino: está por liquidarse la situación heredada y hay en acción tu programa nuevo que, sin orillar al despojo, está logrando el acondicionamiento campesino dentro de un marco de legalidad que es su mejor garantía presente y futura” El decreto no indicaba qué era lo que hacía más legales a las políticas del gobierno de Castillo Armas que la reforma de Arbenz. El 10 de agosto de 1954, después de la llegada al poder de Castillo Armas, la Corte Suprema había declarado que la Ley de Reforma Agraria de Arbenz (decreto N° 900) era constitucional con base a la Constitución de 1945. Quizá por esta razón, Castillo Armas se sintió obligado a suspender la Constitución de 1945 y pedir a su Congreso que redactara una nueva. Sólo en este sentido era legal y constitucional su nuevo estatuto agrario (N° 559) en tanto que el viejo (900) no lo era. Ya que la “situación heredada estaba a punto de ser liquidada”, se podría esperar una actitud más positiva de parte del gobierno de liberación. En vista de lo anterior, cl nuevo decreto (N° 559) declara que: “La Dirección 218

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218 Ibíd., p. 494. 219 DGAA, Tierra en Propiedad, cap. 1, p. 1.

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General de Asuntos Agrarios, en consecuencia, está dotada de atribuciones suficientes y terminantes que le permiten desarrollar con toda eficacia los principios contenidos en el nuevo Estatuto Agrario que, en síntesis, tiene como fin procurar la mejor distribución de la tierra y el mejor aprovechamiento de la misma en beneficio de la colectividad” Representa un avance oír al gobierno de liberación hablar de una “Mejor distribución de la tierra y un mejor uso de la misma para beneficio de todos”, después de oír sus pronunciamientos negativos durante casi dos años. Con la declaración antedicha, se puede afirmar que Guatemala había hecho un círculo completo en poco más de diez años, y estaba nuevamente donde había empezado en 1945. Por fin, el propio Castillo Armas iba a intentar una “reforma agraria”. El nuevo decreto no era una ley revolucionaria, a pesar de toda la propaganda del gobierno para hacer que pareciera así. Establecía tres tipos de tierra en que se efectuaría la reforma agraria. “Las zonas de desarrollo agrario se establecerán, de preferencia, en las grandes extensiones inexploradas y además en los siguientes inmuebles: a) los terrenos ociosos propiedad de la nación; b) las fincas o haciendas nacionales que fueron explotadas en forma defectuosa o deficiente; c) las tierras de particulares que por cualquier título adquiera el Estado después de la emisión de la ley” . Las propiedades privadas utilizadas para este programa definitivamente no iban a ser objeto de expropiación. El gobierno las adquiría por lo que Monteforte Toledo llama la vía persuasiva y esta persuasión se llevaría a cabo por los impuestos que obligarían a los dueños de tierras ociosas a cultivar o venderlas. La revista Time se refiere a esta propuesta de gravar las tierras ociosas como la “parte más revolucionaria de la ley” . En seguida dice que “aunque bajo, el impuesto ataca al principio de tener la tierra no para la agricultura sino como inversión a prueba de la inflación” . También afirma que si las tierras permanecen ociosas, el impuesto aumentará un 25% al año siguiente y seguirá aumentando hasta que al final de 5 años el impuesto será el 100% mayor, o el doble de lo que era inicialmente Powelson, al describir los problemas de utilizar las medidas impositivas 220

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220 Ibíd. 221 Guinea, Gerardo, Evolución Agraria en Guatemala (Guatemala: la Nueva Editorial, 1958), p. 92. 222 Monteforte, Guatemala, Op. cit., p. 437. 223 Time, 12 Mar, 1959, p. 40. 224 Ibíd. 225 Ibíd.

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como medio para llevar a la práctica una reforma agraria, dice: “Un método es el de gravar las tierras ociosas a una tasa más alta que las tierras productivas. Una dificultad mayor, sin embargo, es la definición de tierra productiva... ¿Cuánto tiene que sembrar el terrateniente de un determinado cultivo, para evitar la lasa más alta? ...¿bastarán unas cuantas plantas de maíz repartidas por aquí y por allá? En ese caso, la introducción de este impuesto llevaría a la rápida extinción de las tierras registradas como ociosas, pero no a un aumento de la producción. Este problema no se puede obviar fácilmente con sólo decir que habría ciertos criterios o controles. Tendrán que ser rigurosos, y será necesaria una inspección cuidadosa e inflexible para augurar que las tierras sean clasificadas correctamente. A menudo la diferencia ocio y productividad será un problema de opiniones, y los mal pagados inspectores fiscales podrían ser susceptibles a la persuasión monetaria.... Finalmente, la implementación de un impuesto sobre la tierra no será mejor que la maquinaria fiscal con que cuente el país. Hasta que se establezca la tradición del pago de impuestos, se hagan estudios catastrales, se lleve una contabilidad adecuada y se elimine el soborno, los impuestos no serán instrumento efectivo para llevar a cabo la reforma agraria” La primera escapatoria para los terratenientes, contenida en el texto de la ley, era que se les ciaba el derecho de clasificar sus propias tierras. Gerardo Guinea, un defensor del gobierno y su política, se refiere al privilegio otorgado a los terratenientes: “Pudiera creerse que tal medida por la circunstancia especial de dejar a la responsabilidad del agricultor la calificación de sus propios terrenos, se presta a fraudes y a maniobras dirigidas a eludir el impuesto... está obligado a pagar. Pero no. La Dirección General de Asuntos Agrarios hará el estudio de los datos contenidos en las declaraciones juradas, y la comprobación de estos, cuando así lo juzgare conveniente” . No especifica cómo juzgaría una falsa declaración la DGAA, y es dudoso que esta institución tuviera el dinero, el personal o el deseo de hacer algo al respecto de todas maneras. Es un hecho que los terratenientes guatemaltecos habían sabido evitar las leyes fiscales durante muchas generaciones, ayudados por la carencia de un verdadero sistema o agencia de recolección de impuestos. Esto hacía que la posibilidad de gravar las grandes plantaciones hasta que dejaran de existir tierras ociosas fiera muy poco probable. Las tierras que se darían a los campesinos de las fincas y propiedades nacionales debían pagarse aun plazo de 10 años. El precio sería “decisión de la DGAA y en ningún caso sería mayor que el precio correspondiente al de otras 226

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226 Powelson, Op. cit., p. 60. 227 Guinea, Op. cit., p. 86.

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tierras de la misma calidad en la misma región al tiempo de ser concedidas” . Esto significa que los nuevos propietarios tendrían que pagar el precio de mercado por sus tierras, precio que según los economistas está inflado más allá de su valor por su papel como único seguro contra la inflación. El gobierno describe las unidades territoriales que serán creadas por la nueva ley: “Clases de parcelas son dos: a) parcelas de tipo económico y b) parcelas de tipo subsistencia’. Parcelas de tipo económico son las que por su extensión superficial ofrecen la posibilidad de llegar a formar con ellas, granjas de gran capacidad productiva. Está supuesto que el campesino a quien se adjudique una parcela de este tipo debe tener o adquirir una verdadera dedicación a la actividad agrícola, pues, esa tierra exigirá de él y de su familia los mayores esfuerzos. Los resultados pagarán con creces, al permitirle erigirse en propietario rural independiente económicamente. Parcela de tipo subsistencia! son las que tienen una superficie variable, pero siempre menor que las anteriores. Son adjudicadas a campesinos que tienen ingresos provenientes de industrias manuales o de salarios que devengan como trabajadores de una empresa. Es, en síntesis, un complemento a la economía del trabajador rural” Es evidente que las unidades territoriales del segundo tipo que serían creadas por la nueva ley no eran otra cosa que minifundios para mantener la agricultura de subsistencia. Era hipócrita de parte del gobierno intentar una justificación diciendo que era la única manera de complementar el ingreso del campesino. Se ha demostrado que es por falta de un ingreso real más que por una labor agrícola insuficiente que la mayoría de la población vive en la pobreza. El hecho de que se les de a campesinos sin tierra una parcela que no alcanza para su subsistencia no erradica la pobreza y miseria del supuesto beneficiario. La ley también establece claramente que los receptores de nuevas tierras serán guatemaltecos, entre las edades de 18 y 60 años, mental y físicamente capacitados, y que no posean tierras que permitan a ellos y sus familias llevar una vida de subsistencia decorosa. Ya que el gobierno reconocía que el número de personas que llenaban esos requisitos era mucho mayor que las tierras que se entregarían, se daría preferencia a quienes reunieran el mayor número de las siguientes condiciones: a) tener conocimientos o experiencias agrícola o ganadera; 228

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228 Ibíd., p. 94. 229 DGAA, Tierra en Propiedad, cap. 4, p. 1.

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b) residir en el lugar o ser vecino de la zona de desarrollo agrario o del inmueble que fuera objeto de lotificación rústica; c) tener residencia habitual en el campo; d) tener familia que económicamente dependa del solicitante, dando preferencia al que tenga hijos menores de edad; e) tener útiles de labranza, algunos semovientes u otros elementos apropiados para la explotación de la tierra. La selección de los beneficiarios de acuerdo con esos requisitos se justifica con la posible excepción de “quienes viven en el área o un área cercana a la zona agraria”. Las personas que viven en un área donde hay grandes extensiones de tierra sin tocar probablemente no estén en condiciones tan difíciles como las que viven en las tierras altas. Son los mayas, quienes han sido obligados a subir a las montañas con sólo tinas parcelas miserables para mantenerse vivos, los más necesitados de tierra. Y esta disposición los eliminaba. Otro aspecto de este mismo decreto (N’ 559) que podemos examinar es el capítulo quinto, donde dice: “Corresponde a la Dirección General de Asuntos Agrarios desarrollar la política agraria del país, de conformidad con las disposiciones de esta ley. Para ese efecto, dependerá directamente del Presidente de la República y su jurisdicción se extenderá a todo el territorio nacional” . Parece que la idea de Arbenz de tener las políticas agrarias del país bajo su control y supervisión personal había continuado con Castillo Armas. Esta vez no hubo acusación de inconstitucionalidad, corno no podía haberla. la nueva ley fue escrita conforme a la nueva Constitución. Castillo Armas no tenía razón para temer que las disputas resultantes de la aplicación de esta ley fueran sometidas al poder judicial, puesto que sus disposiciones cuidaban de los intereses de todos menos de los intereses de un campesino sin tierra. El peligro de que un campesino llevara a un terrateniente o al gobierno a los tribunales para obligar al Estado a proteger sus derechos de ciudadano era mínimo, sino inexistente. Fue así como Guinea pudo, sobre esta base, hacer la siguiente comparación entre los decretos de Arbenz (N’ 900) y Castillo Armas (N” 559): “De inmediato resalta la gran diferencia que existe entre uno y otro instrumento. Jurídicamente, el estatuto agrario está enmarcado dentro de los preceptos constitucionales que garantizan el respeto a la propiedad privada. Ya no es aquí el presidente de la república el órgano supremo de tal ley, sino 230

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230 Guinea, Op. cit., p. 111. 231 Ibíd., p. 87.

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las autoridades a quienes incumbe por derecho constitucional, velar por la aplicación y observancia de las leyes del Ejecutivo” . No obstante, Castillo Armas sí convirtió a las políticas agrarias en su dominio personal al determinar que la DGAA respondería directamente ante él. Unas pocas semanas después de promulgada la ley, Castillo Armas se presentó ante el Congreso. el 14 de marzo de 1956, para leer su primer mensaje presidencial sobre el “Estado de la Unión” a sus nuevos colegas en el gobierno. El discurso de esa fecha era un documento de 10.000 palabras, en el cual menos de 300 palabras se dedicaban a la explicación de sus políticas agrarias. Se le dio especial importancia a la cantidad de dinero y asistencia técnica que se invertiría en la colonización como era lógico. Para todos los que se habían puesto a pensar sobre el proyecto, era evidente que esta actividad sería una empresa muy costosa. Castillo Armas no temía enfrentar esa perspectiva porque podía contar con sus buenos amigos del norte para suministrarle ayuda financiera y técnica, ventaja que nunca tuvieron sus dos predecesores. El principal vehículo de la asistencia técnica estadounidense al programa fue el Servicio Cooperativo Interamericano de Apicultura (SUDA) que se había establecido en Guatemala durante la segunda guerra mundial cuando Roosevelt trataba de alinear la oposición a los poderes del Eje. Desapareció bajo Arévalo y Arbenz pero fue revivida para ayudar a Castillo Armas a desarrollar su nuevo programa. Para fines de 1956 su personal se había expandido al punto de incluir 20 especialistas estadounidenses y 215 guatemaltecos . Bajo sucesivos gobiernos, el programa encontró dificultades ya que el Ministerio de Agricultura “hizo repetidas aseveraciones en el sentido de que EE.UU. estaba dominando el programa y no tomaba en cuenta los deseos de los guatemaltecos en alvinos de los proyectos.” Entretanto, la Administración de Cooperación Internacional (ICA) estaba entregando dinero al programa de colonización a la velocidad en que éste pudiera absorberlo. Para la fecha en que Castillo Armas presentó sus planes al Congreso, EE.UU. ya le había dado US$ 2.400,000 dólares para repoblamiento de tierras y durante los próximos cinco años se gastó en el programa un total de US$12 millones de dólares” 232

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Ibíd., p. 82. Whetten, Op. cit., P. 117. Ibíd. Time, 12 Mar. 1956, p. 40. Hildebrand, Op. cit., p. 358.

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Antología - Historia de la Cultura de Guatemala

La nueva ley contenía disposiciones para evitar la reabsorción de tierras entregadas a los campesinos por presiones agrarias en sentido contrario que tienden a concentrar la propiedad recientemente adquirida en pocas manos, como había ocurrido repetidamente en otros momentos de la historia de Guatemala. Esto se aseguraba al negar a los beneficiarios el derecho de “hipotecar; enajenar o dividir de manera alguna, durante veinticinco años, las tierras que habían recibido . Esta, por supuesto, era una excelente idea, destinada a garantizar a los hijos del beneficiario el patrimonio familiar que los grandes terratenientes siempre habían mostrado habilidad para engullir. Las buenas intenciones del gobierno de proteger a las pequeñas propiedades duraron hasta el final de junio de 1957, cuando se aprobó una ley que daba a los nuevos propietarios de tierra el derecho de vender sus fincas para “fines industriales, a pagar en acciones de la compañía o al contado” Fue así como el gobierno de liberación nacional reconoció que “la mayor necesidad... es un vigoroso programa de colonización y reclamación y repoblamiento de tierras. Se afirma que las familias necesitadas de tierra deberían colonizar tierras no utilizadas, en lugar de desmembrar las empresas productivas que ya se encuentran en operación’’ . Las cifras sobre distribuciones varían entre distintos autores y pueden llegar a ser muy complicadas. El informe del CIDA da cifras que pueden considerarse las más fidedignas sobre lo que realmente aconteció. Hay tres tipos de unidades territoriales que son importantes, y una cuarta que se incluye en las estadísticas pero que nunca se pretendió que remediara la situación agraria que consistía en 628 títulos de lotes urbanos con un promedio de 0.11 Has. de extensión cada uno. El trabajo del CIDA clasifica los tres tipos agrícolas de propiedad territorial corno zonas agrarias, micro tincas y comunidades . La primera categoría, de las zonas agrarias, es el programa de colonización sobre el cual hicieron tanta propaganda los amigos del gobierno de Liberación al contrastarlo con el programa de Arbenz. Este era el más prometedor de los tres tipos y sus objetivos pueden resumirse como un desarrollo de cuatro aspectos: a) redistribución de propiedad territorial; b) crédito para unta explotación adecuada de la tierra redistribuida; c) asistencia técnica y d) asistencia social para lograr un alto nivel material y moral de vida. 237

238

239

240

237 238 239 240

Guinea, Op_ cit., p. 95. Azurdia, Vol. 76, decreto 1187, art. 89. Whetten, Op. cit., p. 166. CIDA, Op. cit., p. 49.

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Con estos objetivos propuestos, 2,814 familias recibieron propiedades que tenían una extensión promedio de 19.2 hectáreas en las zonas agrarias. Hay pocos registros de créditos financieros otorgados a estos campesinos que les permitieran obtener los logros que les ofrecía el gobierno. De hecho en años posteriores se hizo evidente que parte de este crédito era obligado y oneroso. Por las fotografías reproducidas en publicaciones gubernamentales y tomadas en Nueva Concepción, puede suponerse que el gobierno realmente llevó a cabo su promesa de dar alguna ayuda técnica. Al visitar la región en 1963-64, los autores encontraron que muchas parcelas se alquilaban a subarrendatarios por cl precio de limpiar la vegetación selvática de las parcelas, y había muy poca asistencia técnica disponible. No había ninguna evidencia de “mayores niveles materiales y morales de vida” entre los nuevos propietarios. En la segunda categoría, se distribuyeron pequeñas parcelas en un intento de liquidar cl programa agrario del gobierno de Arbenz. Como se señaló anteriormente, después del derrocamiento de Arbenz la mayoría de las propiedades expropiadas fueron devueltas a sus antiguos dueños. “Este segundo tipo de propiedades territoriales era en gran parte cuestión de otorgar títulos a las personas a quienes se les había permitido mantener alguna porción de la tierra que habían recibido bajo el régimen de Arbenz” . Hubo 3,953 receptores por un promedio de 2.6 hectáreas por familia. El tercer tipo de unidad se describía de la siguiente manera: fueron distribuidas pequeñas fincas a los trabajadores, cada una de las cuales debía ser manejada en forma colectiva con la propiedad en comen. La tierra de este programa sumó 45,834 hectáreas, distribuidas a 8,590 receptores, un promedio de cinco hectáreas por familia” . Estas eran las que CIDA llamaba comunidades, que serían similares a las cooperativas o a los ejidos mexicanos. No es correcto denominar este proceso corno una reforma agraria, y no podemos comparar estos totales con lo que dijo que haría Castillo Armas. Muchas de estas distribuciones fueron hechas antes de que fuera aprobado por el congreso su Decreto Agrario (N” 559), reconociendo de hecho distribuciones llevadas a cabo por Arbenz, y Castillo Armas vivió menos de 18 meses después de su promulgación para ponerlo en práctica. Pero el gobierno insistió en hacer propaganda a su favor mezclando estos totales entre sí, confundiendo la cantidad real de tierra distribuida y hablando aproximadamente 15,000 familias o más que habían recibido 241

242

241 Whetten, Op. cit., p. 170. 242 Ibíd., p. 169.

El Coronel Castillo Armas, pistola al cinto, dirigió las acciones del ejército liberacionista enlos días previos al derrocamiento del gobierno de Arbenz. Hasta su casa de campaña asistían los colaboradores para recibir órdenes, así como la asistencia económica y militar norteamericana. Antología - Historia de la Cultura de Guatemala 181

finca propia. Podemos ver con más claridad lo que logró realmente la nueva ley examinando el significado de los totales (ver cuadro siguiente). CUADRO

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CUADRO Distribución de tierras tierras por por el el gobierno gobiernode deLiberación. Liberación Distribución de Año

Promedio Promedio Promedio Promedio Nº. de Nº. de No. de No. de en hectáen hectáen hectáen hectáparcelas parcelas parcelas parcelas reas reas reas reas

1955

153

19.2

1663

2.0

251

3.5

0

0.0

1956

1262

19.2

1838

1.8

1972

10.0

402

0.11

1957

1399

19.2

452

8.0

5876

3.3

226

0.11

Total

2814

19.2

3953

2.6

8099

5.0

628

0.11

DeDe los los títulos entregados enen“comunidades”, sólo la la distribución distribución de títulos entregados “comunidades”, sólo 1956 aproxima al tamaño de las unidades familiaresfamiliares y puede considerarse dese1956 se aproxima al tamaño de las unidades y puede considerarse parte deprograma un legítimo de reforma agraria. Estos parte de un legítimo de programa reforma agraria. Estos beneficiarios másrecibieron los 2,814 que recibieron tierraagrarias en las zonas agrarias másbeneficiarios los 2,814 que tierra en las zonas durante los tres los tresde años del gobierno de total Liberación, danbeneficiarios un total de del añosdurante del gobierno liberación, dan un de 4,786 4,786 beneficiarios del programa de Castillo Armas. Esto significa, sin programa deque Castillo Armas. Esto hubieran significa,sido sincampesinos embargo,que todos los embargo, todos los receptores sin tierras. receptores sido campesinos tierras. Cuando Rodolfo Cuandohubieran Rodolfo Castillo Armas fuesin despedido de su puesto comoCastillo jefe Armas fue despedido como jefe del DGAAfuedespués de que del DGAA despuésde de su quepuesto su hermano, el Presidente, asesinado, su hermano, asesinado, los títulos de 87 personas fueron los títuloseldePresidente, 87 personasfue fueron cancelados inmediatamente porque no reunían los requisitos de la ley (no campesinos pobres) cancelados inmediatamente porque no eran reunían los requisitos deylaotros ley (no fueron investigados; “entre ellos habían policías judiciales, y eran214 campesinos pobres) y otros 214 fueron investigados; “entremilitares ellos habían ”243 . empleados públicos policías judiciales, militares y empleados públicos” . La distribución de tierra más notable durante ese período se llevó distribución másel notable esedeperíodo se llevó a aLa cabo el 3 de juliode de tierra 1956, en segundo durante aniversario la instalación cabodeella3nueva de julio dede 1956, en el Era segundo aniversario de laque instalación junta gobierno. la cuarta distribución se había de la nueva de gobierno. Era ladecuarta había hecho e hechojunta e involucraba un total 50,000distribución hectáreas enque 22 se plantaciones diferentes. afirmó haber hectáreas entregadoen títulos de propiedad a 3,346 Se involucraba unSetotal de 50,000 22 plantaciones diferentes. familias que recibieron tierras con una extensión promedio de 15.1 afirmó haber entregado títulos de propiedad a 3,346 familias que recibieron hectáreas. se aproximaba inicial propuesto por el tierras con unaEsto extensión promedioaldetamaño 15.1 hectáreas. Esto se aproximaba gobierno. La mayor extensión de tierra era en Nueva Concepción, al tamaño propuesto por el gobierno. extensión deen tierra donde elinicial gobierno adquirió 34,909 hectáreasLa demayor la United Fruit Co. era condiciones en Nueva Concepción, donde el gobierno adquirió 34,909 hectáreas que nunca se hicieron públicas. Mil doscientas familias de laubicadas United aquí Fruithabrían Co. en condiciones que nuncacada se hicieron recibido 20 hectáreas una, y elpúblicas. resto deMil doscientas ubicadaspara aquíinstalaciones habrían recibido 20 hectáreas cada una, la tierrafamilias sería utilizada y servicios comunales y y urbanos, así como caminos. realidad se ydistribuyeron 1,194 y el resto de la tierra seríaen utilizada paraEninstalaciones servicios comunales fincasasí en como esta región, pero enEn la lista de nuevos propietarios publicada urbanos, en caminos. realidad se distribuyeron 1,194 fincas en 244 243

por el gobierno sólo aparecen 849 nombres , esto es, 351 menos que el objetivo propuesto de lo cual se deduce que 7,000 hectáreas se

243 El Imparcial, 11 de Mar. 1958.

243 El Imparcial, 11 de Mar. 1958. 244 DGAA, Op. cit., cap. 4.

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esta región, pero en la lista de nuevos propietarios publicada por el gobierno sólo aparecen 849 nombres , esto es, 351 menos que el objetivo propuesto de lo cual se deduce que 7.000 hectáreas se “perdieron” o fueron entregadas a personas cuyos nombres no podían aparecer en las listas. La distribución hecha en Nueva Concepción fue considerada el principio del programa de colonización basado en el concepto de las zonas agrícolas. En su publicación, Tierra en propiedad, la DGAA explica los planes gubernamentales de suministrar lo necesario para el completo desarrollo de los colonos mediante la construcción de escuelas, clínicas, instalaciones para almacenamiento, sala de recreación, oficinas, caminos y otros servicios. Es evidente que se estaba invirtiendo una gran cantidad de (linero. Nadie podría criticar al gobierno por un programa de esa naturaleza, pero debe considerarse con cierta perspectiva.... ¿De dónde vendría el dinero para ayudar, en esta misma escala, a la gran cantidad de personas que verdaderamente necesitaban esa ayuda en Guatemala? El alto costo puede verse claramente en un acuerdo gubernamental del 20 de junio de 1956, que autorizó a la DGAA para comprar la plantación Trapiche Grande, en los departamentos de Retalhuleu y Suchitepéquez, a la compañía Guatemala Plantation Akiebolag por un precio de USS 500,000 dólares . Esta, también; se convertiría en una zona agraria. Si podía invertirse tal cantidad de dinero en la compra de tierras, es de suponer que el programa de Castillo Armas no pretendía llegar muy lejos. y con toda seguridad no llegaría muy lejos sin inyecciones masivas de dinero. Una comparación entre la reforma agraria de Arbenz y el programa agrario de Castillo Armas sería una base válida para juzgar a ambos gobiernos. El CIDA hace una comparación matemática entre los dos cuando señala que el gobierno Revolucionario distribuyó un promedio de 33,500 hectáreas por mes, en tanto que el régimen de Liberación entregó 19,0(X) hectáreas al año. Se puede hacer un contraste mejor comparando las metas que se fijaron los dos presidentes. En su mensaje anual al congreso en 1954, Arbenz declaró que no había razón para que cada guatemalteco no tuviera una finca de tamaño familiar antes de que él terminara su período de gobierno en 1957. Al paso que llevaba su programa, no hay duda de que hubiera logrado su objetivo. Castillo Armas afirmó que su gobierno distribuiría tierras a 25,000 familias en cinco años, un programa derrotista que no se igualaba al ritmo de crecimiento de la población y decididamente no era tina solución para el problema existente. No pudo mantener siquiera este ritmo mínimo. 244

245

244 DGAA, Op. cit., cap. 4. 245 Azurdia, Vol. 75, p. 240.

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Castillo Armas constantemente acusaba a Arbenz de manipulación política como motivación para su reforma agraria. La base para esta acusación era que Arbenz daba la tierra en “usufructo” vitalicio y no como “propiedad privada”. Es dudoso que un pedazo de papel registrado corno título privado podría hacer más —o menos— dificil la manipulación del campesinado. Tal punto de vista olvida o hace a un lado la experiencia histórica de los campesinos a manos de la mayoría de los gobiernos nacionales, y ciertamente cl propio Castillo Armas lo demostró por la facilidad con que anuló otro pedazo de papel —La Constitución—. Sin embargo, a pesar de todo el furor acerca de la propiedad privada versus el usufructo, Arbenz entregó más títulos de propiedad (aproximadamente 27,(00) en su programa de año y medio que lo que se proponía hacer el gobierno de Liberación en cinco años. Este hecho, sumado a las circunstancias de que más del 90% de los guatemaltecos no tiene otro título legal sobre sus tierras que el usufructo, da una mejor perspectiva a las acusaciones del “Libertador”. A finales de julio de 1957, las riendas del gobierno guatemalteco fueron arrancadas de las manos de Castillo Armas de la misma manera como él las había tomado —mediante la violencia—. Fue abaleado en el palacio presidencial por un miembro de su guardia personal, quien a su vez sucumbió por una ráfaga disparada inmediatamente después contra él por miembros del personal de la presidencia. Se acepta generalmente que el plan de asesinar al presidente no fue obra del joven soldado y corrieron rumores de que individuos cercanos a Castillo Armas eran responsables. La muerte inmediata del asesino selló sus labios para siempre, pero el hacerlo solamente logró hacer volar la imaginación de modo que aún hoy se sigue especulando acerca del hecho. Pero así como las muertes del coronel Francisco J. Arana (1949) antes de él y Mario Méndez Montenegro (1965) después de él permanecen envueltas en el misterio generado por las pasiones políticas, de la misma manera, el verdadero origen de las balas que terminaron con la vida de (Carlos Castillo Armas probablemente nunca será conocido. Durante mucho tiempo se le recordará en la historia guatemalteca como el gran salvador de la oligarquía terrateniente, como un “auténtico mártir” de la iglesia católica y como un presidente típico para las masas populares sumidas en la pobreza. 246

246 Proclamado como tal por el arzobispo Mariano Rossell.

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Tomo II 193

En junio de 1954, el autodenominado “Ejército de liberación” del coronel guatemalteco Carlos Castillo Armas, que integraban exiliados políticos, invadió Guatemala desde territorio hondureño. Esta insurrección puso fin al gobierno del presidente Jacobo Arbenz, quien renunció durante ese mismo mes, y condujo al poder al propio Castillo.

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CARLOS CASTILLO ARMAS El Coronel Castillo Armas, pistola al cinto, dirigió las acciones del ejército liberacionista enlos días previos al derrocamiento del gobierno de Arbenz. Hasta su casa de campaña asistían los colaboradores para recibir órdenes, así como la asistencia económica y militar norteamericana.

CAPITULO XLIII ESCAPARATE DE LA CONTRARREVOLUCION SUSANNE JONAS

Como fuerza primordial detrás del derrocamiento de la revolución guatemalteca, Estados Unidos tenía que pasar a ser garante máximo de la contrarrevolución, después de 1954. Los fundamentos de la contrarrevolución consistían en: 1) anular las medidas progresistas de los gobiernos revolucionarios —al menos, las que habían beneficiado a obreros y campesinos— y establecer nuevas instituciones concebidas para satisfacer las necesidades de la burguesía, guatemalteca y los inversionistas extranjeros; y 2) reprimir los anhelos populares que había despertado la revolución y silenciar aquellos que la habían hecho y continuaban simbolizándola. A fin de hacer que la contrarrevolución pagara, se hizo necesaria la intervención norteamericana continua y cotidiana mediante la ayuda y las inversiones de Estados Unidos. En este artículo describiremos brevemente la estrategia específica de Estados Unidos para dar fuerza e institucionalizar a la contrarrevolución en sus primeros tres años. Si bien la dinámica política interna de la contrarrevolución en Guatemala es igualmente importante, ésta se estudiará en otra parte. La estrategia adoptada por Washington para cl régimen de Castillo Armas es importante porque sentó las bases de la política norteamericana de los 20 años siguientes. Aquella estrategia también contenía la semilla de la inestabilidad y las contradicciones que habrían de plagar al gobierno de Guatemala y a Estados Unidos durante los 20 años siguientes. Poco después de la “liberación”, el secretario de Estado norteamericano, John Poseer Dulles, llamó a ésta una “victoria gloriosa”247. Ciertamente, 247 Durante la “liberación”, Dulles había afirmado: “La situación está siendo remediada por los propios guatemaltecos”; y el 30 de junio de 1954 reiteró que “el futuro está al alcance del propio pueblo guatemalteco {...)” Posterior-mente, el vicepresidente Nixon hizo eco a esa línea durante la campa-ña presidencial de 1960, al hablar de la política hacia Cuba:

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no fue una victoria para el pueblo guatemalteco. E, incluso para Estados Unidos, la victoria contenía una grave contradicción: con objeto de legitimar la intervención. Estados Unidos debía comprobar que tenía algo mejor que ofrecer, es decir, debía hacer de la Guatemala de “posliberación” un “escaparate” para la democracia occidental; pero, después de la “liberación”, Guatemala resultó ser todo menos un “escaparate de la democracia”. Más aún, la economía se hallaba al borde del colapso total. Los funcionarios de Washington comprendieron que, para poner en orden al país y para mantener a Castillo Armas en el poder, tendrían que administrar Guatemala directamente; y eso exigía que derramaran allí cuantiosos volúmenes de ayuda económica. Mediante una gigantesca campaña de propaganda, los estrategas estadounidenses han logrado obtener una difundida aceptación del mito de la ayuda económica como programa humanitario de asistencia a los países menos afortunados. En realidad, Estados Unidos ha utilizado la ayuda en toda América Latina (y en el mundo) como un arma política para alcanzar sus metas. Igual que la intervención militar o política ha constituido un arma para llevar adelante la estrategia estadounidense, la ayuda económica ha pasado a un instrumento esencial de dicha estrategia, tanto para ahogar las economías de gobiernos que no colaboran (como en Chile, antes del golpe de 1973) como para avalar gobiernos al servicio de los intereses estadounidenses, sobre todo después de un golpe o una intervención apoyados por Estados Unidos (por ejemplo, en Guatemala y en la República Dominicana). De ese modo, la Guatemala posterior a 1954 llegó a ser un modelo del empleo de la ayuda en la reconstrucción después de una intervención estadounidense, en la limpieza tras el trabajo sucio de la CIA. EL DESMANTELAMIENTO DE LA REVOLUCION A fin de legitimar la “liberación”, sobre todo a los ojos de los latinoamericanos (que se opusieron abrumadoramente a la intervención estadounidense), los artífices políticos de Estados Unidos tuvieron “Podemos hacer lo que hicimos con Guatemala (...) Pusimos al señor Arbenz en cuarentena. El resultado fue que el propio pueblo guatemalteco acabó por levantarse y por hecharlo”. Empero, a despecho de esos esfuerzos por mantener el mito de la no intervención, otros funcionarios estadounidenses, incluso Eisenhower, han reconocido abiertamente el papel de Estados Unidos. Richard Bisell, alto funcionario de la CIA, declaró que la operación Guatemala involucró “a todo el mecanismo de decisión política de la rama ejecutiva del gobierno”, con un “papel preponderante” de la CIA. (Dulles, citado en Wise y Ross, op. cit., p. 194; Nixon, citado en Franklin Parker, The Central American republics, Londres, Oxford University Press, 1964, p. 306; Bisell en “Science of spying”, pp. 12- -13; Eisenhower, Mandate for Change, p. 427).

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necesidad de demostrar que el “modo norteamericano” podía aportar al pueblo de Guatemala una vida mejor que el “comunismo”, de hacer de Guatemala un “escaparate” de la democracia y de la libre empresa. Según manifestó el Vicepresidente Nixon: (...) La meta del presidente Castillo Armas, “hacer en dos años más por el pueblo que lo que pudieron hacer los comunistas en diez”, es (muy) importante. Es el primer caso en la historia en que un gobierno comunista ha sido sustituido por un gobierno libre. El mundo entero está atento para ver quién lo hace mejor. Si se alcanza la nieta de Castillo Armas, el comunismo habrá recibido un golpe del que nunca podrá recuperarse en América . Declaraciones similares hicieron tanto numerosos portavoces del Congreso y la prensa norteamericanos como el propio Castillo Armas, al testificar ante un subcomité de la Cámara de Estados Unidos, en 1954. Mas las realidades de la Guatemala “liberada” se destacaban en contraste total con aquélla visión de la gloria del mundo libre. Una vez instalado en el poder por el embajador estadounidense Peurifoy, Castillo Armas procedió a liquidar la revolución y a los que la habían hecho. Su política estuvo concebida para cortar toda liga con las ideas, las instituciones y los héroes de la revolución. El gobierno de Castillo Armas suspendió al punto todas las garantías constitucionales y emprendió una drástica cacería de brujas encabezada por el hombre que había sido el jefe de la policía secreta bajo Ubico. Hubo censura de prensa y castigos por insultar al Presidente ; político fue desterrado por criticar abiertamente el nuevo código petrolero entreguista. Cientos de dirigentes políticos y obreros se exiliaron con asilo diplomático, y muchos más sin él. Según cálculos conservadores, 9,000 fueron encarcelados y muchos torturados al amparo de poderes de detención virtualmente ilimitados del gobierno. El comité oficial de defensa nacional contra el comunismo fue encargado de buscar y detener sumariamente a los “comunistas” y a sus simpatizantes. Una “limpieza” exhaustiva en la burocracia gubernamental dio por resultado cientos de despidos. Pero los organizadores del sindicato de la United Fruit Co. y los dirigentes de poblados indígenas fueron blancos especiales. La Ley Penal Preventiva contra el Comunismo estipulaba la pena de muerte por una amplia variedad de “crímenes” y obstruyó de manera efectiva las leyes revolucionarias de protección al trabajador. En el campo, numerosos campesinos fueron 248

249

248 Richard Nixon, “What learned in Latin America”, en This Week, 7 de agosto de 1955. 249 HAR, febrero de 1956, p. 60; noviembre, p. 522; septiembre de 1955, p. 407; “Cops and Scandals”, en Time, 17 de octubre de 1955, p. 44.

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asesinados sin miramientos. Es ocioso decir que el marbete de “comunista” fue utilizado por los cazadores de brujas contra miles de partidarios no comunistas de la revolución. La embajada estadounidense celosamente proporcionó listas de “comunistas” por eliminar. Además de la persecución de particulares, se destruyó toda traza de organización popular. Se disolvieron los partidos políticos de la revolución (aunque el PGT subsistió en la clandestinidad). El plebiscito de octubre de 1954, para confirmar el mandato de facto de Castillo Armas (que según un periodista fue idea estadounidense), consistió en una propuesta afirmativa o negativa, sin otros candidatos y con “voto” verbal y público. El movimiento obrero fue el más afectado. El régimen de Castillo Armas canceló el registro de 553 sindicatos y enmendó el Código del Trabajo de forma que hiciera imposible la sindicalización efectiva. Se desintegraron los sindicatos obreros y campesinos, incluso los de la UFCO y la IRCA, por insistencia de las compañías. Durante el primer año de la “liberación”, el movimiento obrero se redujo de 100,000 a 27,000 miembros . Incluso Serafino Romualdi, representante interamericano de la American Federation of Labor (partidaria de la “liberación”), se escandalizó ante los excesos contra todo el movimiento obrero, con el pretexto de limpiarlo de comunistas. Mientras se llenaban las cárceles y aumentaba el tributo de muertes, medidas simultáneas anulaban las leyes económicas y sociales progresistas de la revolución. Algunas medidas revolucionarias —el Banco de Guatemala. la legislación del seguro social, la abolición del trabajo forzado— siguieron vigentes. Sin embargo, en general, Castillo Armas tenía la obsesión de extirpar de raíz los programas de la revolución que favorecían a los trabajadores y a los campesinos. Por orden del Ejecutivo se abolieron la Ley de Arrendamientos Forzosos y la Ley de Reforma Agraria de 1952. El 99.6% de todas las tierras expropiadas al amparo de esa ley fueron devueltas a sus antiguos propietarios, incluso a la UFCO. De hecho, se desposeyó a todos los beneficiarios de la Reforma Agraria y se disolvieron todas las cooperativas. Se suspendieron los programas de alfabetización, tildados de armas de adoctrinamiento comunista y se despidió a cientos de maestros rurales. El gobierno dispuso la quema y la prohibición de libros “subversivos”, como las novelas del guatemalteco Miguel Angel Asturias, los escritos de Arévalo y otros revolucionarios, las novelas de Dostoievski y Los Miserables de Víctor Hugo. Se devolvieron a la Iglesia, que se identificaba abiertamente con la “liberación”, sus privilegios anteriores a 1871 y se extendió una invitación abierta a los misioneros extranjeros. De 250

250 Citado en John Sloan, “The electoral game in Guatemala”, Austin, tesis de doctorado en filosofía de la Universidad de Texas, 1968, p. 48.

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ese modo, difícilmente se podía exhibir a la Guatemala “liberada” como un “escaparate de la democracia”. Por otra parte, después de la “liberación”, Guatemala era inestable en lo político y en lo económico. Políticamente, pese a las drásticas medidas de represión, Estados Unidos sabía muy bien que los movimientos reformista y revolucionario en modo alguno habían sido aplastados por completo. Económicamente, después de la “liberación”, el país se vio asolado por problemas como la desocupación elevada (que no había sido tan grave bajo Arbenz), el derrumbe de los precios del café y la falta de presupuesto. Aquellos problemas se vieron agravados por la determinación del gobierno de Castillo Armas de alterar radicalmente las bases de la economía, revocando todas las medidas nacionalistas de la revolución, sobre todo la reforma agraria, y entregando todo a la empresa privada. Igualmente grave fue la ineptitud de los nuevos dirigentes de Guatemala. Respaldados por la CIA, Castillo Armas y sus aliados habían sido capaces de dirigir un ejército desaliñado para derrocar a Arbenz. Más aquella chusma carecía de experiencia previa y de capacidad para llevar las riendas de un gobierno. Habiendo sido adiestrado únicamente en academias militares, Castillo Armas era el caso típico y fue incapaz, sobre todo en un principio, de atraer a guatemaltecos capacitados al gobierno de “liberación”. Por consiguiente, era claro que, sin el fuerte apoyo estadounidense, su gobierno no podía durar. EL APARATO DE LA AYUDA Con objeto de evitar la caída del gobierno de Castillo Armas, Estados Unidos tuvo que emprender un programa intenso de ayuda económica. Ese programa también se concibió como ejemplo para el resto de América Latina. Desde 1954, funcionarios norteamericanos reconocieron la importancia a largo plazo de la ayuda como instrumento de la política de Estados Unidos. Como declaró en 1954 .el antiguo embajador estadounidense en México, William O’Dwyer: (...) la política exterior norteamericana (...) está a prueba en Guatemala. Todas las naciones latinoamericanas están atentas para ver hasta dónde intenta Estados Unidos llevar la ayuda a Guatemala —la primera nación que jamás haya vuelto del comunismo—, a fin de resolver los agudos problemas económicos y sociales a que ahora se enfrenta . 251

251 O’Dwyer, en Communist aggression, p. 162.

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Guatemala fue también un caso de prueba accesible por varias razones más. En primer lugar, por ser tan pequeña y por hallarse tan directamente bajo el control estadounidense después de 1954, Guatemala era más manipulable que otros países latinoamericanos; por tanto, Estados Unidos podía utilizarla como una especie de laboratorio para nuevos programas y nuevos modos de fomentar el tipo de “desarrollo” que benefician a los intereses estadounidenses. En segundo lugar, Guatemala está situada entre Estados Unidos y el canal de Panamá, en un área vital para la “seguridad” y las operaciones militares norteamericanas . En tercero, las corporaciones privadas estadounidenses veían en Guatemala una oportunidad de expansión en el extranjero y esperaban utilizar los programas de ayuda al servicio de sus necesidades. Aquello era especialmente importante para ciertos grupos de inversionistas estadounidenses, por lo que los representantes de esos grupos, cada vez en mayor grado. tomaron las iniciativas pólíticas para dar forma a la contrarrevolución guatemalteca. El problema principal de esa estrategia consistía en que, a mediados de los cincuentas, la ayuda exterior todavía no era una característica ampliamente utilizada del arsenal de política exterior estadounidense. La política general de la administración de Eisenhower era terminar con el programa de seguridad (ayuda) mútua y “regresar a la antigua política de dejar el desarrollo económico a los inversionistas privados al Banco Mundial . Incluso en los años fiscales de 1956 y 1957, la ayuda económica bilateral estadounidense fue de 69 y 61 millones de dólares, el 4 y el 3% respectivamente de la ayuda económica total a Latinoamérica, comparados con el 20% en 1973254. Por otra parte, como consecuencia de esa falta general de un vasto programa de ayuda para el desarrollo, el mecanismo concreto para canalizar la ayuda estadounidense hacia un país como Guatemala simplemente no existía. Del mismo modo, no había ni un cuerpo de expertos capacitados ni modelos por seguir. A causa de esa situación general, no se hubiera podido movilizar fondos de ayuda sustancial para Castillo Armas de no haber existido una coalición de tuerzas con interés particular en obtener ayuda para Guatemala después de la “liberación”. Aunque aquellas fuerzas no se hallaban unificadas ni por 252

253

252 Senado de los Estados Unidos, Comité Especial para el Estudio del Pro-grama de Ayuda Exterior; Report: U.S. foreign assistance programs: Central America and the Caribbean arca (preparado por James Minotto), marzo de 1957, Washington, D.C., GPO, 1957, p. 3 (llamado en lo sucesivo Informe Minotto). 253 Raymond Mikesell, Public International lending for development, Nueva York, Random House, 1966, p. 54. 254 Senado de los Estados Unidos, Comité de Relaciones Exteriores, Hearings on mutual seeurity program for fiscal year 1957, Washington, D.C., GPO, 1956, p. 62.

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su origen ni por sus intenciones, gradualmente se integraron en el nuevo grupo de presión para Guatemala. En un principio, el flujo de ayuda estadounidense quedó detenido por falta de instituciones de ayuda en Washington, por la incapacidad del gobierno guatemalteco para allegarse “fondos equivalentes” y por la preocupación en Washington respecto de la estabilidad del régimen de Castillo Armas. Sin embargo. cuando el grupo de presión se movió con celeridad, el gobierno estadounidense se vio impelido a llevar adelante el programa de ayuda. Estados Unidos empezó por enviar un nuevo equipo de personal capacitado: de un mínimo de 10 empleados norteamericanos y 18 guatemaltecos, en julio de 1954. la misión de ayuda estadounidense en Guatemala aumentó a 165 personas -94 de ellas ciudadanos de los Estados Unidos— para mediados de 1959255 Si bien tomó esas iniciativas directas a través de su Administración para la Cooperación Internacional (ICA. predecesora de la AID), el gobierno estadounidense también se volvió hacia otras dos agencias: el Banco Mundial y la firma consultora privada de Klein y Saks (K&S). El Banco Mundial envió un asesor a Guatemala inmediatamente después de la “liberación”, y desempeñó un papel principal en la redacción del primer Plan Quinquenal de Desarrollo Económico (1955-1960) guatemalteco. De manera más inmediata, el Banco Mundial concedió un préstamo de 18.2 millones de dólares para ayudar al gobierno de Castillo Armas a financiar la carretera al Atlántico, la misma carretera que Estados Unidos se había negado a financiar bajo Arbenz. Irónicamente, aquel préstamo de 18.2 millones de dólares violaba la política del Banco Mundial, que le prohibía conceder préstamos a Guatemala: Guatemala aún no había saldado la famosa deuda inglesa del siglo XIX y era, y sigue siendo, política del Banco Mundial no hacer préstamos a países que han dejado de restituir o pagar sus deudas. Sin embargo, ante la crisis guatemalteca de 1954-55. el gobierno estadounidense no podía preocuparse por formalidades como la política general del Banco Mundial como reconoció posteriormente Eugene Black, presidente del Banco Mundial, la administración Eisenhower más o menos ordenó al Banco Mundial que otorgara a Guatemala un préstamo de 18.2 millones de dólares para construcción de carreteras: fue otro premio a Castillo Armas por derrocar a Arbenz . 256

255 Oficina General de Contabilidad de los Estados Unidos (GAO), Interventor General, Report Examination of economic and technical assistance program for Guatemala, International cooperation administration. Departament of State, Fiscal Years 1955-1959, Washington, D.C., GPO, 1960, p. 19. 256 Ydigoras, My war with communism, p. 63; entrevistas; FIAR, agosto de 1955, pp. 357-358.

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Entretanto, fuera por iniciativa del gobierno estadounidense o de la propia firma, surgió la idea de que la ICA debía pagar a la firma privada cíe Klein and Saks por proporcionar servicios de asesoría al gobierno guatemalteco . Tras firmar un contrato en enero de 1955, K & S insistió en “enviar a algunos de su propios empleados capacitados, para velar porque las recomendaciones (se) llevaran a cabo’’ . En realidad, durante varios años, los expertos de K & S (encabezados por el ex vicepresidente del First Nacional City Bank, J Prescott Carter) operaron fuera del palacio presidencial como una especie de gobierno fantasma. Tenían contacto cotidiano con altos dirigentes gubernamentales y asistían regularmente a reuniones con el gabinete ministerial. Los asesores de K & S no sólo aconsejaban al gobierno de Castillo Armas: ellos llevaban realmente las riendas. Según un antiguo integrante de la misión de K & S en Guatemala, la firma cobraba alrededor de 250.000 dólares anuales por sus servicios. Evidentemente, el gobierno guatemalteco no habría podido pagarse ese lujo por sí mismo. De acuerdo con el modo en que un funcionario guatemalteco explicó la generosidad estadounidense al pagar la cuenta. aquella fue otra forma de compensar a Castillo Armas por su valiente labor en el derrocamiento de Arbenz. A la administración Eisenhower también le gustaba trabajar mediante K & S porque era una agencia privada y su orientación se encaminaba incuestionablemente al fortalecimiento del sector privado. Mediante sus funciones de “asesoría” y de “ayuda” aquellas tres agencias extranjeras —el Banco Mundial, la misión de Klein and Saks y la Administración para la Cooperación Internacional norteamericana— empezaron a dirigir el gobierno guatemalteco. Tal arrogación de funciones ocurrió de varias maneras. En primer lugar, proporcionando ayuda “libre” es decir donativos que el gobierno guatemalteco no tenía que pagar, el 257

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257 Klein and Saks (K & S) era una firma consultora cuyo negocio consis­tía en vender lo que una publicación económica estadounidense llamó “una receta de empresa privada para economías nacionales enfermas” y que “verdaderamente hacía amigos para el modelo norteamericano del libre empresa”. Uno de sus fundadores, Julius Klein, había sido secretario adjunto de comercio bajo el presidente Hoower. Su filosofía reflejaba los principios hooverianos de laissezfaire absoluto: presupuestos equilibrados, estabilidad monetaria y respeto a la inversión privada; como resumió una fuente especializada, “empresa e individualismo norteamericanos pasados de moda con responsabilidades modernas”. (“Dr. Klein and The Klein doctrine”, en Latin American Report, octubre de 1958, p. 23. Véase también Albert Hirschman, Journeys toward progress, Nueva York, Anchor, 1965, pp. 266 ss.; “The Business globe”, en Fortune, marzo de 1957, p. 89.) A la cabeza en el nuevo campo de consultores administrativos, K &S fue precisamente eso durante los cincuentas; hacia 1958, la firma había vendido sus servicios en Perú, Brasil, Venezuela y Chile, lo mismo que en Guatemala. Durante los cincuentas, los gobiernos conservadores latinoamericanos veían en K & S un soporte político por sus buenas relaciones con la administración republicana en EE.UU. y con agencias financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacio­nal y el Banco Mundial. 258 “The business globe”, p. 89.

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gobierno de Estados Unidos más o menos aseguró la adopción de programas y prioridades que convenían a los intereses estadounidenses en Guatemala. En segundo, las tres agencias enviaron “expertos” para ayuda a redactar legislaciones apropiadas (por ejemplo. nuevas leyes para la inversión privada), así como el famoso Plan Quinquenal de Desarrollo Económico. En tercero, gran parte de la ayuda, sobre todo de la ICA, se canalizó para crear un gobierno paralelo. Ese gobierno paralelo (que posteriormente ha pasado a ser una característica normal de programas de ayuda exterior de Estados Unidos) queda escrito en un diagrama publicado en 1959 por el Servicio de Información de Estados Unidos. En cuarto lugar, las tres agencias supervisaron la creación del Consejo Nacional de Planificación Económica (CNPE) y de su secretaría. La secretaría era la dependencia semiautónoma responsable ante el CNPE, integrado por representantes del gobierno y del sector privado. Su tarea principal consistió en preparar un “plan económico” que aportaría la base y la justificación para pedir y recibir ayuda exterior. En pocas palabras, durante su apogeo, el CNPE fue creación de Estados Unidos y de las agencias internacionales de ayuda, concebido por ellos para satisfacer su necesidad de una contraparte guatemalteca y para darles un vehículo de realización de sus planes en Guatemala. Aunque las versiones oficiales pretenden que el CNPE redactó el Plan Quinquenal 1955—1960 “con ayuda” de asesores extranjeros, en realidad —corno el primer director del secretariado del CNPE reconoció ante mí en una entrevista— el autor intelectual del plan lile David Gordon, representante del Banco Mundial en Guatemala. Se basaba considerablemente en el Informe del Banco Mundial de 1950 (que Arbenz había pasado por alto). Corno grupo de presión para Guatemala en Estados Unidos, el Plan Quinquenal tenía dos propósitos. El primero consistía en una función de propaganda: %Castillo Armas hizo del plan “un símbolo conspicuo de su política pública, a fin de identificarse a sí mismo con la ideología de desarrollo popularizada por los regímenes reformistas de Arévalo y de Arbenz” . El segundo y el más importante en el aspecto práctico era que el plan estaba concebido para justificar solicitudes de ayuda y estaba atado a las esperanzas de dicha ayuda. Tenía como meta 250 millones de dólares en inversiones en el sector público, provenientes sobre todo de fuentes extranjeras. Mas ¿qué clase de “planificación” proponía el plan? Era un concepto de la planificación conforme a la estrategia económica ortodoxa compartida por Estados Unidos y el Banco Mundial. Básicamente, considerada 259

259 Gary Wynia, Palitas and Planners, Madison, University of Wisconsin Press, 1972, p. 68.

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la planificación gubernamental como medio de cubrir y subsidiar las necesidades del sector privado y subrayaba la importancia de dejar a la empresa privada el papel más extenso posible ”. Más aún, de acuerdo con ese criterio, las agencias de planificación nacionales no interferirían con los intereses tradicionales, tratando de regularlos; a decir verdad, la mayoría de los mecanismos reguladores eran recusados por ser demasiado “estatizados” 260

LA ESTRATEGIA DE “DESARROLLO” DE LA CONTRARREVOLUCIÓN Dentro de aquel contexto general, Estados Unidos desarrolló una estrategia particular para Guatemala, estrategia que, con ligeras variantes, permanecería en vigor durante los 20 años siguientes. Dicha estrategia correspondía no sólo a su deseo de apuntalar a Castillo Armas, sino también a las necesidades cambiantes de las corporaciones estadounidenses. específicamente, a su necesidad de un clima estable de inversión y de nuevos mercados en América Latina. Resumiremos brevemente los puntos esenciales de la nueva estrategia estadounidense para Guatemala: 1. Inversión extranjera: la piedra angular de la estrategia era la confianza en una cuantiosa infusión de capital privado extranjero (norteamericano). Para lograrlo, se abolieron todas las restricciones a la inversión extranjera y se las sustituyó por nuevos incentivos y por otras medidas concebidas para hacer a Guatemala atractiva para los inversionistas extranjeros (por ejemplo, impuestos reducidos, legislación del trabajo restrictiva, subsidios específicos). La primera tarea del gobierno consistió en hacer las paces con los antiguos monopolios estadounidenses. Se cancelaron las demandas pendientes contra la IRGA y la EEG. El gobierno devolvió a la UFCO las tierras expropiadas por Arbenz y firmó un nuevo contrato favorable para la compañía; a cambio de sus nuevos privilegios, y posiblemente con objeto de mejorar su propia imagen, la compañía entregó después al gobierno más de 40,000 hectáreas y accedió a pagar el 30% de impuestos sobre utilidades. En vez de la legislación económica nacionalista de la revolución, la contrarrevolución otorgó nuevas concesiones y nuevos privilegios 260 En contraste, el concepto de planificación ligeramente menos ortodoxo (aunque capitalista) defendido por la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, hacía hincapié en la regulación estatal de la inversión privada y de la economía en general.

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al capital extranjero. Se abolió la legislación revolucionaria que gravaba las utilidades enviadas al extranjero. Se abrieron de par en par las puertas a las compañías estadounidenses y al Banco de América que, en 1957, estableció su primera sucursal latinoamericana en Guatemala. En marzo de 1955, Guatemala pasó a ser el tercer país latinoamericano que firmó un acuerdo de garantía a la inversión con el gobierno norteamericano, según el cual las empresas estadounidenses quedaban aseguradas contra pérdidas por inconvertibilidad monetaria }’ expropiación. Finalmente, el gobierno guatemalteco y sus asesores estadounidenses gastaron cuantiosos recursos en una campaña para atraer inversionistas norteamericanos a Guatemala, campaña en la que K & S desempeñó un papel decisivo. Tras anular las medidas nacionalistas del gobierno de Arévalo, Castillo Armas implantó un nuevo Código Petrolero. El código. acogido en Estados Unidos como “moderno” y “justo”, estipulaba la cesión de los derechos sobre el subsuelo a las compañías petroleras extranjeras e incluso les permitía mantener sus concesiones como reservas no utilizadas, hasta por 40 años. Las compañías disfrutarían de gravámenes menores que en Estados Unidos y de un margen de agotamiento del 27.5%. Dicho Código, redactado por expertos estadounidenses, se publicó primeramente en inglés en El Guatemalteco (diario oficial del gobierno) y sólo después fue traducido al español. Varias docenas de compañías petroleras estadounidenses se precipitaron para aprovechar aquellas medidas entreguitas. Antes de un año de la aprobación del Código, las compañías estadounidenses habían solicitado concesiones por un total superiora la mitad de la superficie de Guatemala. Hacia febrero de 1957, la prensa económica estadounidense informó que “las compañías petroleras más importantes han ocupado la mayor parte del apano disponible para oficinas y han alquilado muchas de las nuevas residencias para sus funcionarios” . Mas el auge petrolero expiró tan repentinamente como había empezado, al no descubrirse grandes depósitos de petróleo. 261

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261 Respecto al Código Petrolero, véase Cehelsky, op. cit., p. 102; “Apuntes para un balance de política económica de la Liberación”, en Lanzas y Letras, Guatemala, junio de 1959, p. 2. 262 “Where communism went out and good times carne in”, en U.S. New and World Report, 8 de febrero de 1957, p. 116; véase también David Graham, “’Liberated’ Guatemala”, en The Nation, 14 de julio de 1956, p. 34; Harvey O’Connor, World crisis in oil, Nueva York, Monthly Review Press, 1962, p. 251; HAR, enero de 1955, p. 12; mayo de 1956, p. 228; octubre de 1956, p. 469; febrero de 1957, p. 64; “Apuntes...”, p.2.

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2. Empresa privada: la nueva estrategia de “desarrollo” capitalista se basaba en el fortalecimiento del sector privado guatemalteco. Eso implicaba menos restricciones en los negocios, un dominio creciente de los intereses privados sobre la política gubernamental y muchos nuevos subsidios y concesiones a la empresa privada. 3. Exportaciones Agrícolas: dentro’ del marco general de libre empresa, no debía cambiar la base de la economía guatemalteca. Guatemala tenía que seguir dependiendo de sus exportaciones agrícolas, sobre todo del café y, en menor grado, del plátano, pese a la prolongada inestabilidad de los precios de esos productos en el mercado mundial. Al mismo tiempo, debía haber cierta diversificación de la producción agrícola (especialmente para la exportación). 4. Industrialización: de manera simultánea, Guatemala pondría en marcha una política deliberada de industrialización. La industrialización también había sido una meta de los gobiernos revolucionarios; más, entre ambas estrategias, existía una diferencia decisiva. La estrategia revolucionaria se basaba en la comprensión de que la clave de la industrialización radicaba en la expansión del mercado interno (poder adquisitivo de las masas) y de que el medio para crear ese mercado era la reforma estructural, sobre todo la reforma agraria. La estrategia de industrialización contrarrevolucionaria se aferró a la integración económica centroamericana como medio de ensanchar la base de consumo, no mediante la elevación del nivel de vida de las masas, sino combinando la base de consumo de las clases media y superior guatemaltecas con las bases análogas de los demás países centroamericanos. 5. Infraestructura: una condición previa para fortalecer el capitalismo guatemalteco y, sobre todo, para atraer la inversión privada extranjera era la realización de grandes proyectos de infraestructura (principalmente caminos, pero también sistemas de comunicación y de energía). Corno los inversionistas extranjeros privados necesitaban aquellas obras pero no iban a pagarlas, tenían que ser financiadas por el sector público: y como el gobierno no podía reunir los fondos en el país, los préstamos del exterior tenían que ser la principal fuente de financiamiento. Estados Unidos y el Banco Mundial proporcionaron cerca de 75 millones de dólares en fondos y préstamos para carreteras durante los primeros años. Una de las condiciones atadas a esos fondos era la concesión de contratos de construcción de carreteras del gobierno a las compañías constructoras privadas, sobre todo a compañías

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estadounidenses . Las compañías consultoras y constructoras Norteamericanas también obtuvieron contratos lucrativos para supervisar la construcción de caminos. 6. Administración pública: aquella estrategia también exigía tina serie de “reformas” administrativas, concebidas para racionalizar la burocracia gubernamental y garantizar su honradez, su eficiencia y su anticomunismo. La misión de K & S fue muy importante en esa área, pues se le había pedido que realizara una “reorganización general de la rama ejecutiva”. Los esfuerzos de K & S incluían nuevos procedimientos contabilidad, tarifas aduanales y “reforma” del servicio civil, además de medidas fiscales y antiinflacionistas. Tras la reorganización gubernamental se hallaban los problemas candentes de la purga masiva de empleados gubernamentales simpatizantes de Arbenz y de un sistema de expedientes secretos de empleados públicos 7. Programas “sociales”: el gobierno tendría que proporcionar algunos servicios sociales mínimos, aunque siempre mediante instituciones creadas para controlar a la población más que mediante reformas verdaderas (en ese sentido, aquella estrategia anunciaba la Alianza para el Progreso). Por ejemplo, las reformas educativas se preocupaban antes que nada por extirpar la influencia de los maestros y los textos pro Arbenz: se enviaron nuestros estadounidenses a enseñar a los guatemaltecos los valores del American way of lije . Ligada a aquellas medidas estivo la “reforma agraria” de concepción estadounidense, que supuestamente era una alternativa a la reforma agraria de Arbenz. La ICA derramó millones de dólares y firmó contrato con una compañía privada, la Internacional Development Services, a fin de redactar la nueva reforma agraria, 263

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263 M.S. Hearings, FY 1956, p. 307; véase “Algunos convenios y contratos norteamericanos en Guatemala”, en Lanzas y Letras, agosto de 1959, p. 10; Cámara de Estados Unidos, Comité de Asuntos Exteriores, Report of the special study mission to Central América international organization and movement (Misión Carnahan), Informe de la Cámara, núm., 1155, 84° Congreso, la sesión, julio de 1955, Washington, D.C., GPO, 1955, p. 19. 264 Jerry Weaver, “Burocracy during a period of social change” (mimeografiado), 1970, p. 10, “Reds gone, troubles stay”, U.S. News and World Report, 1 de abril de 1955, p. 30; documentos de Klein & Saks; Cehelsky, op. cit., p. 90; entrevista, Time, 12 de marzo de 1956, p.40. 265 Los maestros guatemaltecos recibieron una temprana lección de la “nueva democracia” cuando “(...) el gobierno envió una circular a todos los maestros, respecto al plebiscito que el 10 de octubre (de 1954) había de decidir si el presidente Castillo Armas permanecía en el cargo. Se recordó a los maestros la obligación de apoyar al movimiento de `liberación’ y, además, se les pidió que, en su carácter oficial de maestros, explicaran al pueblo el significado del plebiscito” (se trata del plebiscito que no se preocupó por el voto secreto y que Castillo Armas ganó por el 99% de los votos). Julio Vielman, “Stabilizatlon of post—revolufionary government in Guatemala”, en Journa (of International Affairs, vol. IX, núm. 1, 1955, p. 79

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que no expropiaría ninguna propiedad privada. En realidad, como incluso sus apologistas han tenido que admitir, el nuevo programa constituyó un triste fracaso, pues beneficio a muy pocos campesinos . Su principal propósito consistía en desalojar a los campesinos de las tierras que habían recibido bajo Arbenz y en reinstalaciones (en número de 50,000, según un antiguo asesor estadounidense del programa). 8. Ejército y policía: como parte necesaria de la estrategia anterior y a fin de implantarla—tanto con objeto de crearla “estabilidad” necesaria para atraer la inversión extranjera como para “extirpar” la “infraestructura comunista” del período revolucionario— Estados Unidos tuvo que ayudar a Castillo Armas a perfeccionar el aparato de represión política. Específicamente, eso implica la eliminación de todo rastro de organizaciones populares o de la clase trabajadora (incluso de los sindicatos obreros), la supresión de movimientos de cualquier grupo político de oposición y la persecución de todos los disidentes. El aplastamiento del movimiento obrero era decisivo para garantizar a los inversionistas estadounidenses una fuerza de trabajo dócil. Estados Unidos proporcionó amplio adiestramiento a las fuerzas militares y policíacas guatemaltecas. Fue particularmente activa la contribución de la CIA, que ayudó a organizar una tuerza policiaca especial de inteligencia política,en forma del oficializado Comité de Defensa Nacional contra el comunismo. Ese comité se encargaba de buscar y detener a los “comunistas” y a sus simpatizantes y llevaba extensos expedientes de 72,000 personas . 266

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ETIQUETA DEL PRECIO... Y EL RESULTADO Aunque las cifras exactas permanecen envueltas en cl secreto y pese a que los cálculos varían, las fuentes más fidedignas concuerdan en que el costo de la operación de salvamento estadounidense durante los primeros años que siguieron a la “liberación” (en ayuda económica pero no militar) fue de 80 a 90 millones de dólares . Dicha ayuda se otorgó casi enteramente 268

266 John Hildebrand, “Latín America economic development, Land Reform and U.S. aid with specíal reference to Guatemala”, en Journal of Inter American Studies, julio de 1962, p. 259; GAO Report, p. 49. 267 Cehelsky, op. cit., p. 80; HAR, noviembre de 1954, pp. 11-12; John Gillin y Kalman Silvert, “Ambigüedades en Guatemala”, en Journal of Inter American Studies, julio de 1962, p. 259; GAO Report, p. 49. 268 Entrevistas Servicio de Información de Estados Unidos (USIS), Ayuda norteamericana en Guatemala, Guatemala USIS, 1959, pp. 8 y 48; por ejemplo: Paul Kennedy, en The New York Times, 16 de julio de 1957, p. 53, citado en Cehelsky, op. cit., pp. 100 y 148 (señala

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en donativos; por consiguiente, Guatemala no tuvo que recurrir a agencias crédito a intereses elevados como el Banco de Exportación e Importación ni tuvo que pagar nada (salvo los 18.2 millones de dólares del préstamo del Banco Mundial). Esa cifra es particularmente asombrosa ya que, en aquella época, todo el programa de ayuda económica norteamericana para América Latina apenas rebasaba los 60 millones de dólares anuales. Pero, ¿en verdad compró Washington un “éxito” con su inversión de 90 millones de dólares? Por una parte, Estados Unidos si alcanzó ciertos objetivos fundamentales. En primer lugar, su meta primordial, que consistía en mantener fuera del poder a la gente que consideraba “comunista.. En segundo, los 90 millones de dólares de ayuda norteamericana efectivamente evitaron que el gobierno de Castillo Armas se derrumbara por completo y le ayudaron a sortear varias crisis económicas, como lo reconoció el propio Castillo Armas en 1957 . En tercero, proporcionó temporalmente la estabilidad necesaria para dar a Guatemala un “clima favorable” a los inversionistas norteamericanos. Por tanto, superficialmente. pareció que la ayuda norteamericana “produjo dividendos” en términos de algunos de sus propios objetivos. Más, por otra parte. en la medida en que los artífices políticos norteamericanos esperaban hacer de Guatemala un “escaparate” o un ejemplo a seguir por el resto de América Latina, fallaron miserablemente. Desde un principio, el gobierno de Castillo Armas pisó terrenos económicos inestables como resultado de su ineptitud y de lo inadecuado de su política (por ejemplo, su dependencia continua de las exportaciones de café y su desorganización de la economía al devolver todo al sector privado) . Así durante los primeros meses, el número de desempleados aumentó bruscamente a 30,000. Más todavía, en contraste con las denuncias infundadas de corrupción durante el gobierno de Arbenz, hechas por los “liberacionístas”; y con las promesas de rectitud y honradez anticomunistas, el gobierno de Castillo Armas estuvo plagado de escándalos y de corrupción . Lo más vergonzoso fue el hecho de que los peores escándalos involucraron directa e indirectamente 269

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una cifra hasta de 89.5 millones a mediados de 1957); “Where communism went out.” P. 117 (señala una cifra de 68 millones para 1957, sin contar el préstamo del Banco Mundial); McCamant, op. cit., p. 33 (da una cifra de 81.8 millones de dólares desde el año fiscal de 1955 hasta el año fiscal de 1958); Betty Kirk, “Policy of the suction pump”, en The Nation, 5 de octubre de 1957, p. 218. Citado en Charles Hillinger, “Guatemala booms under new rulo”, en Los Ángeles Times, 30 de junio de 1957, insertado (por el representante Hillings) en CR, 19 de julio de 1957. Pp. 12, 209-210. HAR, marzo de 1955, p. 109, Time, 11 de julio de 1955, p. 31. “Apuntes...”, p. 16. HAR, junio de 1958, p. 307; Gillin y Silvert, op. cit., p. 480.

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a los fondos de ayuda norteamericana y a los donativos estadounidenses de maíz . Fuera de los escándalos específicos dados a conocer públicamente, había mucha incertidumbre respecto al monto exacto de ayuda monetaria norteamericana canalizada hacía Guatemala y del modo en se utilizó. Es casi imposible hallar registros escritos sobre el uso de fondos de ayuda, tanto en Guatemala corno en Estados Unidos. Muy pocas personas en ambos países niegan la malversación de ciertos fondos y algunos guatemaltecos enterados aseguraron conocer a funcionarios específicos del gobierno de Castillo Armas que canalizaron fondos de ayuda hacia sus propios bolsillos. El mejor ejemplo es Enrique Trinidad Oliva, que Castillo Armas nombró coordinador de todos los programas de ayuda exterior y que, por consiguiente, servía de enlace entre el gobierno y la ICA; Oliva se vio envuelto en toda clase de escándalos y de intrigas y se ha dicho que estaba ligado a los intereses de los juegos de azar internacionales . Lo más grave era la situación política. La represión del Estado policíaco, el aplastamiento del movimiento obrero y la crisis económica dieron por resultado el descontento creciente de los trabajadores. Aquel sentimiento se manifestó públicamente durante la celebración del 1 de mayo de 1956 (auspiciada por el gobierno), en que los oradores oficiales hubieron de abandonar la plataforma al ser abucheados y en que estallaron protestas antigubernamentales . El 1 de mayo de 1956 resultó ser un anticipo 273

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273 En una época de sequía, el gobierno se vio obligado a importar grandes cantidades de maíz. Corno parte de su programa de ayuda urgente, Estados Unidos donó 30,000 toneladas de maíz, que el gobierno debía vender a 8 centavos de dólar el kilo (el producto de la venta debía servir de respaldo presupuestario al gobierno). Esto fue parte de un total de más de 7 millones de dólares en excedentes de productos agrícolas donadas por Estados Unidos en 1957. Mas aquellos donativos dieron lugar al lucro de otros. Sucedió que, al mismo tiempo, algunos amigos del presidente Castillo Armas aprovecharon la situación de escasez para monopolizar el mercado del maíz; una compañía importadora, encabezada por Mario Bolaños, amigo de Castillo Armas, “ganó, según se dice, más de un millón de dólares en seis meses de especular en el mercado de granos, mientras el maíz subía de un precio normal de 6 u 8 centavos de dólar incluso hasta 30”. La compañía de Bolaños dejó de cumplir su contrato de entrega de 5,000 toneladas métricas al gobierno, para obtener mayores utilidades vendiendo a negociantes privados; e incluso esos negociantes denunciaron (demostrándolo con pruebas) que gran parte del maíz estaba enmohecido y con gorgojo. Lo peor fue que el propio Castillo Armas resultó implicado, al recibir de la compañía una cheque por 25,000 dólares (que aunque nadie se lo creyó— él aseguraba que era en pago de un préstamo personal). Tras estallar el escándalo, se expidió una orden de arresto en contra de Bolaños; en vez de detenerlo, el gobierno de Castillo Armas concedió a la compañía un nuevo permiso que le permitió importar frijol y cemento (ambos escaseaban y se vendían a precios elevados). Cuando las críticas por el escándalo se intensificaron demasiado, el gobierno reaccionó “aumentando las medidas policíacas ‘de seguridad’ y aprobando nuevas leyes para acallar las criticas”. (“Where communists went out...”, p. 117; Gillin y Silvert. op. cit., pp. 480—481; “The President’s $25,000”, en Time, 22 de agosto de 1955, p 30; “Cops and scandals”, en Time, 27 de octubre de 1955, p. 44). 274 Entrevista; Wise y Ross, op. cit., p. 195. 275 HAR, mayo de 1956; David Graham, “’Liberated’ Guatemala” en The Nation, 14 de julio de 1956, p. 36.

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de la oleada mucho mayor de manifestaciones obrero—estudiantiles de junio del mismo año, que el gobierno reprimió por la fuerza y mediante la suspensión de todos los derechos constitucionales que quedaban. Incluso en el Ejército existió un resentimiento considerable contra Castillo Armas, que dio por resultado un levantamiento de cadetes en agosto en 1954 y varias rebeliones y conjuras posteriores. El golpe final para Estados Unidos fue el asesinato de Castillo Armas en julio de 1957, que fuentes estadounidenses se apresuraron a atribuir a un “comunista”, pero que en realidad fue cometido por un agente del dictador derechista la República Dominicana, Trujillo , y por sus secuaces guatemaltecos. El asesinato representó una división dentro del movimiento anticomunista de Guatemala y una ruptura de la coalición de la “liberación”. Así, incluso hacia 1957, se hacía evidente que Estados Unidos no podría alcanzar sus metas a largo plazo de institucionalizar la contrarrevolución y, al mismo tiempo, de crear un “escaparate” En Guatemala. La propia estrategia de crear un “escaparate” implicaba una contradicción fundamental: debido a las intenciones de Estados Unidos para la Guatemala de “posliberación”, la represión política era absolutamente indispensable (para extirpar el “comunismo”, proporcionar la estabilidad necesaria para los inversionistas extranjeros. etc.). Pero aquellas necesidades hicieron de Guatemala un pobre “escaparate” de la democracia, incluso a corto plazo. Y, a la larga. los intentos de Estados Unidos por mantener sofocada a Guatemala sólo aumentaron las contradicciones y los problemas inherentes a la contrarrevolución, como lo demostró el descontento creciente bajo Castillo Armas. De ese modo, todo el prestigio y todos los fondos de Estados Unidos utilizados para fortalecer el régimen de Castillo Armas, lo mismo que toda la propaganda desplegada por ambos gobiernos y por sus apologistas, resultaron insuficientes para legitimar la “liberación”. Y. por consiguiente, las semillas de todos los problemas que Estados Unidos ha tenido que afrontar en Guatemala a partir de 1934 fueron sembradas durante la época de Castillo Armas. 276

276 Véanse pruebas en Robert Crassweller, Trujillo, Nueva York, Macmillan, 1956, pp. 337338.

CAPITULO XLIV LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA FRUSTRADA Francisco Villagrán Kramer

EL GOBIERNO DEL GENERAL YDÍGORAS Y EL PACTO TRIPARTITO PR—MLN—DC 1. UN AMBICIOSO PROGRAMA DE GOBIERNO Desde su primer día de gobierno. el Presidente Ydígoras Fuentes proyectó una nueva dimensión al que hacer de la Nación. Días antes de la toma de posesión había visitado a los otros gobernantes de Centroamérica, iniciando con ello una nueva práctica en el istmo centroamericano; luego, literalmente le impuso su visita al General Dwight Eisenhower. Presidente de los Estados Unidos de América. De ahí que se esperara con interés sus discursos en el día de toma de posesión. Cuatro fueron las notas dominantes de sus discursos al asumir la presidencia que conservaron actualidad a lo largo de su período. En primer lugar, una clara y abierta posición en el terreno de los derechos humanos, concatenada a dos propósitos suyos que acentuaría a lo largo del tiempo: “quitarle a los guatemaltecos el miedo a las autoridades” y su política de “borrón y menta nueva”, orientada a restablecer la paz y tranquilidad en el país y terminar con el “régimen de represalias y venganzas políticas” que en el pasado habían padecido los “vencidos en las lides políticas”. Continuamente a lo largo de su gobierno haría referencia a estos conceptos y daría pruebas que para él no eran expresiones “del diente al labio”; incluso en momentos difíciles en que se cuestionaba a su gobierno o se perseguía derrocarlo.

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Luego anunció una nueva ley y audaz política económica con proyecciones y alcances regionales, expuesta con profunda convicción. Se fomentará, dijo “la industrialización y se estimulará el desarrollo de un plan industrial sobre la base de un territorio económico centroamericano, que ofrezca dentro de! concepto moderno de la Unión Económica Centroamericana, un mercado común mas extenso” . Los guatemaltecos estábamos habituados a referirnos a la “Patria Grande” y a una “Centroamérica unida” políticamente, cada vez que se celebraban los aniversarios de la independencia. El15 de septiembre era día propicio para ello. El concepto “integración económica”, por el contrario, se manejaba a niveles de élites intelectuales y dentro de círculos restringidos. Incluso, se desconocía el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano que los gobiernos de la región habían establecido en 1951 dentro de la estructura de la Comisión Económica de América Latina— Naciones Unidas — , conocida entonces y después como la CEPAL. Los más sofisticados círculos estaban al corriente que en 1952 se había creado la Comunidad Europea del Carbón y del Acero — CECA — en la que se ensayaba compatilizar los intereses económicos y políticos de dos viejos rivales — Francia y Alemania — y, luego, que el 1º de enero de 1958 entró en vigor el Tratado de Roma por el que Alemania Federal, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo crearon otras comunidades europeas, entre ellas, una de índole económica, la —CEE— en cuyo seno se desarrollarían y fortaleceran la unión aduanera europea y el mercado común europeo. Pero, ese conocimiento, al igual que en los otros países centroamericanos y latinoamericanos era, sobre todo, de carácter teórico. Cabe añadir que el manejo y la aceptación de las teorías de la integración económica a niveles de la dirigencia política de la época eran, asimismo, escasos. Los pueblos centroamericanos estaban habituados a escuchar hermosos planteamientos en torno a la unión centroamericana y de estilo era formular votos en pro de esa unidad en las ceremonias de toma de posesión de los gobernantes. Se tocaban las cuerdas de una nostalgia federativa. De esta manera el pueblo guatemalteco no estaba habituado a escuchar planteamientos concretos en torno a la posibilidad de una nueva modalidad de unión como a la que se refería el General Ydígoras Fuentes. El último esfuerzo que recordaban los mayores era el ensayo unionista de 1921 que terminó abruptamente, entre otras razones, por el golpe militar del 5 de diciembre de ese mismo año que dirigieron los militares José María 277

278

277 Recopilación de Leyes, Tomo 77, p. XII. 278 La frase es del ex-Decano de la Facultad de Derecho, Lic. Adolfo Molina Orantes. “Antecedentes Constitucionales y Convencionales de la Inte­gración Económica Centroamericana” en “Las comunidades Económicas en el Derecho Constitucional —Contralores de Legalidad—”. Guatemala, Serviprensa Centroamericana, 1976.

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Orellana, José María Lima y Miguel Larrave, que derrocó al gobierno de don Carlos Herrera. A ello obedecía que con interés y curiosidad se escuchara el planteamiento presidencial. “Hace apenas pocos días regresé de una gira por países de la América Central y del Norte —dijo el recién posesionado presidente—Quise aprovechar la circunstancia de haber sido ya declarado Presidente Electo de Guatemala para testimoniar a esos países la amistad de nuestro pueblo y nuestro deseo de estrechar relaciones. En el mundo convulsionado en que vivimos, en que dos grandes corrientes políticas se enfrentan, nuestro interés está del lado de los países que hacen del individuo el centro de su sistema filosófico político y han recogido la herencia espiritual de la civilización cristiano occidental, y estos son los países con los cuales nosotros debemos de mantener las relaciones más cordiales posibles. A los gobiernos y pueblos centroamericanos expresé nuestro deseo de facilitar el intercambio de personas y de mercaderías, y para ello, de ampliar y de mejorar nuestras vías de comunicación. Al hablarles de ello encontré, con la mayor satisfacción, que en igual sentido se estaba pensando en todos esos países hermanos. Tengo la impresión de que hemos iniciado todos en los países centroamericanos una nueva era de comprensión, de acercamiento y de respeto mutuos. Hablamos de intercambio de capitales para el desarrollo industrial de Centroamérica y de hacer del territorio centroamericano un solo territorio económico con vistas a la integración de una unión económica, que está acorde con nuestros intereses y con las exigencias del tiempo en que nos toca actuar. Mi gobierno se propone someter lo antes posible planes en ese sentido a la consideración los países hermanos de Centroamérica y estudiar con el mayor interés los planes que el mismo sentido le sean sometidos. Se trata de un esfuerzo común en que el gobierno que yo tendré el honor de presidir estará presto a colaborar. Luego, delineó las medidas iniciales que tomaría. Para facilitar el intercambio temporal de personas: eliminación del sistema de visas. Para expeditar el intercambio de bienes; la construcción de una vasta red de carreteras que, por una parte, unirían a Guatemala con Honduras y El Salvador y, por la otra, a Guatemala y al resto de los países centroamericanos con México. La figura que más rápidamente captó el interés y la imaginación de muchos fue la del mercado común. En tercer lugar, el General Ydígoras puso acento en la centenaria controversia que Guatemala sostenía con el Reyno Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre el territorio de Belice. La experiencia del gobernante que en esos momentos hablaba no era reducida ni superficial. Había sido, por largos años, embajador de Guatemala e Londres y durante ese tiempo se consagró a estudiar los distinto modelos de dominación colonial, y también, aquellos otros por lo cuales “la Inglaterra allende de

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los mares” había aceptado o consentido a regañadientes resolver disputas territoriales o poner fin a su presencia colonial. El General Ydígoras sabía bien que el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza habían estado presente como componentes importantes en la mayoría de casos de mane’ que si su propósito era el de resolver dicha controversia, el lenguaje presidencial no podía ser el mismo que anteriores mandatario habían utilizado. Entre líneas se podía leer el objetivo de forzar una solución cuando lacónicamente dijo: “Me propongo en lo futuro hacer otras visitas de buena voluntad y de estudio a varios países de la región del Caribe, teniendo el propósito de visitar en mi carácter de Presidente de Guatemala, el territorio de Belice, en cuya reincorporación al dominio nacional empeñará mi gobierno toda clase de esfuerzos, de acuerdo con el mandato constitucional, y tomando en cuenta que cada vez se hace más urgente la solución de este problema centenario”. Detrás de esta escueta declaración estaba su Oración de los Destinos de Guatemala en la que consignó con claridad sus propósitos objetivos. En efecto escribió: “Pueblo de Guatemala, levántate, ponte de pie, sé digno de la magna tarea que te piden los huesos de tus padres y abuelos; prepárate para cumplir otra de tus misiones: recuperar la parte de nuestro territorio llamado Belice, que ahora gime entre las garras de una gran potencia colonialista”. “Debemos recuperar Belice, nosotros o nuestros hijos, pero debemos hacerlo con la mirada hacia el futuro y con el anhelo de borrar la vergüenza que ahora nos sonroja. Dejémonos de lirísmos. Preparémonos ya para ello. Conozco a los ingleses porque he convivido con ellos. Es un pueblo fuerte, que posee grandes virtudes y una de ellas es que en su idioma se llama ‘Fairness’. No pelearemos contra ellos. La haremos contra su anacrónico imperio que retiene indebidamente lo que es nuestro”. “Pero debemos iniciar nuestra campaña, batiendo alarde de nuestros derechos en justicia y equidad. Cuando un pueblo tiene estos atributos de su parte, no debe temer ní los cañones ni los rodeas. “Hijos del país: reflexionad cuál es en el presente nuestra condición y cuales peligros nos amenazan, si continuamos permitiendo los ultrajes y las usurpaciones. Si un pueblo las sufre y no las reclama, pronto sufrirá otras y otras. Si por evitar el choque le dejamos, el nos batirá después con más seguridad. No hablo para inspirar guerra ron ninguna nación; ojala tengamos siempre amistad y alianza con todas. Pero, si es necesario defender los derechos y el honor nacional con las armas, no debemos jamás titubear en tomarlas. ¿Por qué las naciones que retienen parte de nuestro territorio se han de llamar amigas y

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han de tener los derechos de aquellas que realmente lo son? Levántese el espíritu nacional contra los usurpadores del suelo patrio” . Si bien el General Ydígoras Fuentes no hizo público el contenido de esa Oración en el acto de toma de posesión sino hasta en 1962, lo cierto es que con antelación a la toma de posesión la conocieron los miembros de su gabinete y un selecto grupo de diputados. De ahí que en los círculos íntimos de gobierno, incluyendo la alta jerarquía militar, se sabía que el gobernante estaba dispuesto a asumir la responsabilidad que ello aparejaba y que dirigiría personalmente las acciones orientadas a la recuperación del territorio de Belice. La dirigencia empresarial y sindical, así como, la de los partidos de oposición, MDN, Democracia Cristiana y Partido Revolucionario, no estaba al corriente de la Oración escrita por el Presidente, por lo que les llamó la atención lo escueto de la declaración pública que sobre el tema hizo el General Ydígoras. Finalmente, el Presidente entrante hizo referencia a las áreas en las que pondría énfasis, incluyendo obras de infraestructura física y cultural. Conocida su vocación por la obra pública, principalmente, la construcción y mantenimiento de carreteras, no causó ninguna sorpresa. Sin embargo, al analizarse posteriormente el texto del discurso de toma de posesión se reparó que en buena medida la obra pública a la que se refirió estaba en relación directa con el ensayo de integración económica que se proponía impulsar. La escogencia de ministros de Estado ha sido siempre motivo de especulación de prensa y tema de interés ciudadano, por lo que el General Ydígoras lo manejó con esmero. Escasos días antes anunció que designaría Ministro de Hacienda y Crédito Público al Licenciado Carlos Salazar Gatica quien también había integrado el gabinete del gobierno del Coronel Castillo Armas; Ministro de Relaciones Exteriores, al Licenciado Carlos García Bauer, quien se había destacado en 1945 corno constituyente; embajador ante las Naciones Unidas durante el gobierno del Dr. Arévalo y diputado durante el gobierno del coronel Arbenz. En economía, al empresario José Guirola Leal; en Salud Pública, el Dr. Mariano López Herrarte; en Agricultura, el Sr. Enrique García Salas; Educación Pública el coronel Marco Aurelio Mérida —director del Instituto Nacional Central para Varones hasta 1944— y Ministro de Educación durante el gobierno provisional del Coronel Flores Avendaño; en Defensa, al Coronel Roberto Lorenzana; en Comunicaciones y Obras Públicas, el ingeniero Arturo Paiz y en Trabajo y Previsión Social, primero, al licenciado Carlos González Siguí y luego al Lic. Ramiro Flores. 279

279 Recopilación de Leyes, Tomo 81, p. VIII.

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Dentro de los Subsecretarios figuraron el Dr. Luis Fernando Galich —hermano de Manuel Galich— en salud Pública; el Lic. Ricardo Sagastume Vidaurre en Relaciones Exteriores, seguido por el Lic. Francisco Linares Aranda y don José Vicente Rodríguez en Hacienda. En el Congreso de la República el gobierno contaba con un equipo dirigido por el Lic. Jorge Luis Zelaya Coronado y compuesto por leales amigos del General Ydígoras y, luego, con un equivalente de los Prudentes de Roma entre quienes destacaban los abogados Eugenio Silva Peña, Ernesto Viteri Bertrand, Gabriel Biguria, el escritor Carlos Gándara Duran y el “petenera—Yugoslavo”, don Virgilio Viscovich Prem. II. LA CORRELACION DE FUERZAS Y EL JUEGO POLITICO Si bien el país todavía se encontraba traumatizado y dividido por los acontecimientos de 1954, se percibía que se viviría un período de transición hacia la democracia y se consideraba factible encauzar la confrontación entre liberacionistas y revolucionarios hacia terrenos en los que ambos sectores aceptarían las reglas del juego político abierto y dentro de marcos institucionales. El Presidente se percataba que él era el jefe de un movimiento que, por razones del régimen legal, había tenido que ajustarse al modelo de partido político; pero, que en el fondo, su movimiento carecía de la consistencia requerida para ser un partido ideológico. El común denominador entre sus parciales era un anticomunismo; sostenían y favorecían el desarrollo capitalista basado en la propiedad privada y en la libre empresa, y esperaban que el gobierno fomentaría y estimularía la inversión pública y privada. Además, confiaban que sería el General Presidente quien aplicaría la mano de acero inoxidable a los delincuentes; principalmente, a los ladrones. Asimismo, a quienes fomentaren la violencia, fueren estos liberacionistas o comunistas. La tranquilidad y la seguridad eran, pues, valores compartidos entre sus parciales y simpatizantes. En ese contexto era evidente que quien tenía las ideas claras al respecto al “que hacer” en y desde el gobierno, era el Presidente. Para todo efecto práctico la elección presidencial demostró que el anticomunismo —como sector ideológico opuesto o contrario al sector entonces identificado y conocido como revolucionario— se había dividido en dos grandes corrientes: una, que jefeaba y conducía el General Ydígoras Fuentes y, la otra. la Liberación, articulaba en el MDN; que jefeaba el ex candidato presidencial Coronel Cruz Salazar y el Director General. Mario Sandoval Alarcón. Una de esas fracciones estaba en el gobierno —la suya—:

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mientras la otra pronto se ubicó en la oposición. Saltaba a la vista que el dolido era el sector liberacionista. En el término de escasos cuatro meses —octubre de 1957 a enero de 1958— la Liberación había sido excluida del poder conservando únicamente el acceso que le daba cl Pacto suscrito entre el Coronel Cruz Salazar y el General Ydígoras Fuentes. Su principal objetivo ideológico y político, —erradicar para siempre el comunismo de Guatemala— dejaba de ser el motor principal del esfuerzo gubernamental con lo que corría el riesgo que ese objetivo se diluyera en el tiempo y en el espacio. En su estrategia política figuraría obstruir e impedir la aproximación entre el gobierno ydigorista y los sectores revolucionarios. Para ello le bastaba, como señal, la presencia en gobierno del Licenciado Carlos García Bauer y del Dr. Luis Fernando Galich. Impedir esa aproximación sería, pues, una constante en la estrategia política de la Liberación. El MDN decidió acentuar su presencia política en el Congreso en donde Luis Alfonso López, Luis David Skenassy y EduardoTaracena de la Cerda representarían las distintas corrientes que emergían como resultado de la nueva situación. Por su parte, el Director General Sandoval Alarcón consideró llegado el momento de reanudar y concluir sus estudios universitarios, interrumpidos desde 1950, encontrando en la España franquista el alero académico que buscaba. Era más claro que entre la Liberación y el Ydigorismo no existía una comunidad de objetivos. El acento más fuerte lo ponía la Liberación en lo ideológico: erradicar el comunismo de Guatemala y controlar el juego de las fuerzas económicas y políticas, en tanto que, para el ydigorismo y su General en jefe, los objetivos de mayor proyección y alcance eran, en primer lugar, económicos, entre ellos, la integración con los otros países centroamericanos y luego, en el terreno socio político, la seguridad de las personas y sus bienes y el orden público. Para los revolucionarios constituía un alivio ideológico y político que la Liberación hubiese sido derrotada en las urnas y que el Presidente de la República no los incluyere dentro del círculo de sus íntimos. Si bien como resultado del proceso electoral el sector revolucionario logró tener clara la distinción entre la Liberación y el gobierno del General Ydígoras, también lo era que no compartía las responsabilidades de gobierno ni estaba asociado al gobierno más que en el propósito de contribuir al éxito de la transición democrática que se deseaba y la modalidad de integración que se ensayaba. El Sector Revolucionario pronto se percató que confrontarían varios problemas. Estos emergieron al hacerse patente el espacio político que la Revolución de Octubre habría logrado recuperar y el margen de tolerancia

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y respeto que el sistema demostraba, así como, la libertad política de la que se disfrutaba. También, contribuyó el reflejo que políticamente proyectaba la división entre ydigoristas y liberacionistas. De esta manera entre revolucionarios comenzaron a perfilarse los ortodoxos y los pragmáticos y los radicales y los moderados. El hecho que hubiere un sólo partido revolucionario explica en buena parte porqué surgieron esas tendencias y posiciones, que se sumaban a la controversia ideológica entre marxistas leninistas vrs. Revolucionarios. La dirección política del entonces Partido Revolucionario —de que el autor formaba parte— se esforzó por distinguir y apoyar los puntos programáticos que le parecían de indiscutible valor para el país, entre otros, el proyecto de integración económica centroamericana, la recuperación de Belice y la preservación y mantenimiento del modelo que el Presidente Ydígoras estimulaba personalmente: la pérdida del temor a las autoridades y la política de borrón y cuenta nueva. Por ello, es que no puede dejar de señalarse que desde los inicios del gobierno del General Ydígoras esa dirección política confrontó los “cantos de sirena” de la Liberación orientados a explicar que cesarían las sindicaciones y ataques al partido revolucionario de constituir un “frente” del comunismo internacional, si abandonaba esa peculiar dicotomía de apoyar al gobierno ydigorista en unos casos y en otros, de criticarlo y oponerse a sus propuestas. Al igual que el MDN, el PR también decidió trasladar al Congreso el peso de su presencia política, correspondiéndole a sus diputados: Julio Valladares Castillo, Alfonso Marroquín Arriola, Otto Palma, Moisés Sandoval, Eduardo Castillo Arriola y el autor, impulsar y sostener la línea política aprobada. Entre sus primeras iniciativas estuvo la de introducir en el Congreso la práctica que las fracciones o “bloques” parlamentarios se identificaren como tal y luego, que a nombre de ellos hablare el jefe del bloque o fracción. Modesta era la presencia de la escena nacional del partido Democracia Cristiana. Pero, contaba con un elenco de diputados al Congreso de alta calidad. Entre ellos, destacaban René de León Schlotter, Carlos Escobar Armas, Alejandro Arenales Catalán y Juan Alberto Rosales. Su alineamiento político fue similar al del partido revolucionario. El partido confiaba encontrar un curso propio a seguir por lo que apoyaría al gobierno en algunas áreas y se opondría en otras. También experimentaba el debate interno producto de su posición inicial dentro del anticomunismo, lo que movía a un sector a impulsar posiciones y tesis de índole populista. Esa tendencia dio lugar a ataques que movieron al Director del Diario La Hora, Clemente Marroquín Rojas, a refutarlos señalando que si bien los de la DC “parecían por fiera rojos como el rábano, por dentro eran blancos” . Después los pasó a la categoría de “rosados”. La anécdota es esclarecedora

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del nivel de ofuscación ideológica que prevalecía y que persistiría a lo largo de varios lustros. III. UN SINGULAR TRIENIO 1958-60 La interrelación y correlación de fuerzas y actores en la secuencia de hechos de distinta naturaleza hace difícil precisar y diferenciar cuando termina o concluye un determinado proceso y cuando y bajo que circunstancias y condiciones se inicia otro. Se sabe que la dirigencia económica y política de un país analiza y examina los hechos y las situaciones que pueden darse, unas veces, anticipadamente, es decir a priori y, en otras, subsumida o sumergida en ellas. A ello obedece que con frecuencia se ensayen visualizar diversos escenarios a fin de anticiparse con mayor seguridad o certeza a los hechos y a las situaciones o, bien, se adelanten o avancen interpretaciones sobre lo que ocurre, a efectos de decidir sobre el mejor curso a tomar y seguir. Traemos a cuenta la anterior reflexión en razón de que el cambio de gobierno que se operó en marzo de 1958 marcó el inicio de una reapertura política, si bien restringida, en todo caso mucho más amplia que la que se había conocido desde 1954, así como la conformación de un nuevo modelo político que se había iniciado cuando la Liberación, después de la renuncia del Presidente Arbenz en junio de 1954, entró triunfante a la capital o, si se prefiere, cuando se acordó entre el ejército nacional y el ejército de la liberación que pondrían fin a la lucha y que, por consenso, escogerían al futuro equipo gobernante. En todo caso, también puede sostenerse que el modelo liberacionista que se inició a partir de cuando la Liberación, como fuerza política y como movimiento armado, estuvo en condiciones de tomar y ejecutar decisiones que afectaban al conglomerado entero, terminó al dejar de ejercer esos poderes y pasar a una posición diferente. Lo importante a señalar es que la Liberación, pese a que conservaba algunos resortes del poder, se situó en el campo opuesto al del gobierno. Para el sector Revolucionario resultaba evidente que se había operado un cambio. Sin embargo, en visión retrospectiva, no se distinguía ni vislumbraba que litera a establecerse un modelo político diferente. 1. LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL Pronto dio muestras el presidente Ydígoras y su equipo económico que el proyecto de integración económica centroamericana que había esbozado en su discurso de toma de posesión, rápidamente se convertía en un programa de acción. En efecto, a la altura del mes de junio se

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firmaban cuatro importantes convenios intercentroamericanos: un ‘Tratado Multilateral de Libre Comercio” por el que se daba un paso significativo hacia la liberación del intercambio comercial entre los cinco países y. además, se compatilizaban los tratados bilaterales existentes entre los países de la región; un convenio por el que se establecía un régimen de industrias de integración en Centroamérica que proveía no sólo incentivos fiscales para las industrias que se establecieren en cada país, sino algunos privilegios, entre otros, la garantía de un mercado ampliado a toda la región; es decir, que las plantas industriales que se acogieren a ese régimen disfrutarían del mercado regional. Finalmente, dos importantes acuerdos en materia de carreteras: señales uniformes y regulaciones uniformes de circulación. El “paquete” inicial lo complementaría ese mismo año un nuevo arancel de aduanas que con esmero y dedicación preparaba el Ministro de Economía, don José Guirola con un selecto equipo de técnicos, entre quienes figuraban un joven quezalteco recién doctorado en economía: Alberto Fuentes Mohr. El proyecto integracionista avanzó aún más en el transcurso del siguiente año al suscribirse el convenio intercentroamericano por el que se procederían a equiparar los aranceles de los distintos países de la región a fin de establecer progresiva y gradualmente un arancel externo común. El complemento requerido fue el compromiso de los gobiernos de la región estableciendo en un protocolo la preferencia por los productos centroamericanos. Saltaba a la vista que el proyecto centroamericano despegaba. Lo confirmaba los primeros incrementos del comercio intercentroamericano. En ese contexto se intensificaron los vínculos de Guatemala con El Salvador, Honduras y Nicaragua. A la toma de posesión del Presidente había asistido el Presidente Echandi, de Costa Rica, de manera que con satisfacción pudo el General Ydígoras informar que durante su primer año de gobierno había efectuado tres visitas a el Salvador, tres a Honduras y una a Nicaragua y, en los siguientes años continuaría con ese programa de visitas. Por su lado y, por iniciativa de los diputados de su partido, el Congreso declaró al Dr. Salvador Mendieta, Apóstol de la Unidad Centroamericana intensificando las relaciones del Congreso de Guatemala con lo de los otros países hasta lograrse una reunión de los Congresos legislativos de los cinco países bajo la fórmula de un Congreso de Congresos Centroamericanos. Paralelo a la iniciativa centroamericana el General Ydígoras inició en 1958 su ofensiva sobre Belice con algunas “fintas” que no lograban dimensionarse plenamente. Por un lado, cumpliendo con lo que señaló en su discurso de toma de posesión, se hizo presente en Benque Viejo, puesto fronterizo de Guatemala con Belice donde intentó, pacíficamente, ingresar al territorio controlado por el Reyno Unido. Ante la negativa

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a permitirle el ingreso “sin visa” “les leyó a los funcionarios beliceños el artículo pertinente de la Constitución de Guatemala que declaraba ese territorio parte de Guatemala y los beliceños como guatemaltecos”. Era evidente que lo que a él le interesaba era la dimensión internacional de la noticia, pronto calificada por la prensa como incidente. El hecho cobraría, sin embargo, significación interna; sobre todo, en círculos castrenses. Por otra parte, el viejo problema de la depredación de los recursos naturales del país por ciudadanos del vecino país —México— le ofreció al Presidente oportunidad para someter a prueba la cohesión ciudadana y de paso, incentivar el estado de alerta y preparación del ejército nacional para la eventual recuperación de Belice. La desmedida actividad de pesca del camarón en aguas territoriales guatemaltecas en el Pacífico, por pescadores mexicanos, fue, no el pretexto sino la causa que el gobierno requería. Primero, le dio aviso a las misiones diplomáticas acreditadas en Guatemala que el gobierno tomaría medidas en contra de flotas pesqueras extranjeras que pescaren ilegalmente en aguas guatemaltecas, a fin de que advirtieran a sus nacionales de ello y se abstuviesen de violar el espacio marítimo guatemalteco. Luego, días después, careciendo el país de guardacostas en ambos océanos, dio órdenes a la Fuerza Aérea para que, primero, previnieren a las naves que ostensiblemente se dedicaban a la pesca marítima en aguas nacionales a que cesaren esa actividad y se dirigieren al puerto más cercano, que entonces era Champerico, en el departamento de Retalhuleu y, en caso de rehusar, abrieren fuego a fin de compelerlas a ello. La ejecución de esa operación, llamada “Operación Drake” dio por resultado que la fuerza aérea hundiese un barco camaronero, averiare otros y obligare a encallar a otros más, con pérdida de vidas humanas. El gobierno mexicano protestó vigorosamente rompiendo a continuación sus relaciones diplomáticas con Guatemala. En ese momento, el Presidente de la República ordenó la movilización del ejército y el traslado de varios regimientos a la frontera con México, con clara advertencia de que permanecieren a cinco kilómetros de la frontera a fin de mostrar que se trataba, fundamentalmente, de una medida defensiva y no ofensiva. Guatemala no había conocido ni experimentado los efectos políticos y psicológicos de una movilización de su ejército hacia la frontera con un país vecino desde finales de los años veinte, cuando el gobernante de aquel entonces ordenó la movilización del ejército y el desplazamiento de unidades en dirección de Honduras. La causa: la delimitación fronteriza entre Honduras y Guatemala y, en alguna medida. los intereses económicos de las compañías bananeras que operaban en ambos países. Esto último 280

280 Recopilación de Leyes, Tomo 78, p. VII.

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llevó al embajador Virgilio Rodríguez Beteta a describir los acontecimientos más importantes bajo un sugestivo título: “No es guerra de Hermanos sino de Bananos” . —En todo caso el arbitraje solucionó con el tiempo este delicado asunto. En cuanto a México se refería, debe decirse que tampoco los problemas existentes entre ambos países, incluyendo el resentimiento histórico por la pérdida de Chiapas y Soconusco, — había dado lugar a que las tensiones entre los gobiernos orillaren a un conflicto armado. La situación era enteramente nueva para los guatemaltecos: también lo era para los mexicanos. México veía al norte y trataba benignamente a su vecino del sur. Su gobierno tenía buen conocimiento de las quejas y protestas de los gobiernos de Guatemala por la tala ilegal de árboles de caoba y otras variedades que llevaban a cabo ciudadanos mexicanos en el Petén, y que luego eran trasladadas a México. Además, venían manejando estos asuntos con indolencia e indulgencia hacia sus nacionales, de suerte que le tomo de sorpresa la acción contra sus nacionales en el océano Pacífico y la subsiguiente reacción del gobierno de Guatemala al ocurrir el rompimiento de relaciones diplomáticas con México y movilizar a su ejército. Para México, la reacción guatemalteca no tenía lógica. Por una parte, estaba la dimensión territorial de México y la de Guatemala y su relación con el factor poblacional: México con más de setenta millones de habitantes y Guatemala apenas con cuatro. Por la otra, la capacidad económica y militar de ambos países era desigual. Estaba también la migración de trabajadores temporales guatemaltecos hacia el sur de México, que en cierta medida aliviaba el problema del desempleo en el agro y para colmo de males, aún radicaban en México varias generaciones de exiliados y asilados guatemaltecos, de manera que cl gobierno mexicano podía, en determinado momento, impedir el ingreso de unos y “devolverle” los otros a Guatemala, con lo que reintroduciría los factores ideológicos en el medio político guatemalteco. Todo eso lo había ponderado con antelación el General Ydígoras y, en esos momentos, lo hacía la oposición. La crisis camaronera fue, pues, un activo para el gobierno del General Ydígoras Fuentes. Mostró firmeza y disposición de defender lo propio ante terceros. Evidenció que estaba dispuesto al sacrificio e incluso, al decir de algunos, al ridículo. Lo más importante: cumplía sus ofrecimientos y; con ello ponía en movimiento al país a fin de que se percatare que no eran inalcanzables los objetivos que se proponía. Como dividendo fundó la Marina de Guerra de Guatemala a la que se le asignó la responsabilidad 281

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281 Editado por la USAC, Guatemala, 1959. 282 Cartas de Don Lorenzo Montúfar al General Martín Barrundia en: Villagrán Kramer, Francisco: “La Constitución como jaula de Hilos de Seda”. 283 Recopilación de Leyes, Tomo 79, Informe del Presidente Ydígoras al Congreso Nacional.

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de velar por el cumplimiento de las leyes nacionales en el mar territorial y proteger los recursos naturales del país, y de paso, prepararse para surcar las aguas del Atlántico en dirección de Belice. Pero, no quedó allí su vocación marítima. Adquirió para el país en Alemania del Este dos barcos mercantes con los que fundó la “Flota Gran Centroamericana” invitando a aportar una modesta parte del capital al gobierno de Honduras que presidía el también centroamericanita, Dr. Ramón Villeda Morales. Personalmente se ocupó del “frente interno”. Otorgó la Orden del Quetzal y otras condecoraciones a destacados y distinguidos ciudadanos guatemaltecos que sobresalieron en diferentes campos: agricultura, botánica, comercio e industria, economía, educación, finanzas, ingeniería, leyes, medicina, zootecnia, con lo que le dio una nueva proyección y dimensión al reconocimiento ciudadano. Desde luego, no podía desconocerse que ello producirá dividendos políticos. 284

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2. GOBIERNO Y OPOSICIÓN “Dividir para gobernar” es frase que con frecuencia se trae a cuenta para explicar los beneficios que los gobiernos derivan cuando sus opositores se fraccionan o dividen, reconociéndoseles, de paso, calidades maquiavélicas cuando lo logran. Lo traernos a cuenta por cuanto en el transcurso de los primeros tres años del gobierno constitucional se dividieron y fraccionaron dos de los partidos que figuraban en la oposición: el Partido Revolucionario y el Movimiento Democrático Nacionalista para, luego de dividirse, dos de sus fracciones, en teoría opuestas, contando con el concurso del partido Democracia Cristiana, atinarían sus esfuerzos mediante un pacto político que al efecto suscribieron a fines de 1960, a fin de complicarle la vida al gobierno y de paso, contribuir a su derrocamiento cuando fuere conveniente y oportuno a sus intereses. Los procesos sucesivos a que nos referimos—división y conjunción de fuerzas— se produjeron en un período en que el gobierno y el país desplegaban intensa actividad en los planos interno y regional. Los hechos, situaciones y proyectos a que antes hicimos relación ilustran la secuencia y la intensidad del “que hacer” gubernamental. También cabe destacar que el gobierno no impulsaba ninguna política de hostigamiento a los distintos sectores ideológicos, incluyendo al PGT, algunos de cuyos dirigentes, en particular, intelectuales, comenzaron a regresar al país incorporándose a 284 Recopilación de Leyes, Tomo 79, p. XII— Informe del Presidente de la República al Congreso Nacional. 285 En la Recopilación de Leyes, Años 1958—1959 y 1960 aparecen los nom­bres de las personas a quienes, por sus méritos, el Presidente Ydígoras otorgó la Orden del Quetzal.

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actividades culturales y académicas. El sindicato ferrocarrilero —SAMF—, en primer lugar, y luego, los sindicatos de la compañía frutera, abiertamente plantearon conflictos laborales, oportunidad que el gobierno aprovechó para mostrar su capacidad de concertación entre sectores opuestos al estimular arreglos entre los trabajadores y dichas empresas. Dentro de ese contexto era que el gobierno del General Ydígoras confrontaba una oposición sui géneris. Un breve análisis explica “Los juegos y fas contradicciones de la oposición”. Para comenzar, un segmento de la oposición —el del sector revolucionario y el clandestino partido comunista— PGT—ciertamente tenía ingredientes ideológicos diferentes a los del gobierno que, por sí solos, bastarían para explicarse su ubicación en la oposición. Sin embargo, conviene subrayar que, si bien el partido Revolucionario no perseguía el cambio fundamental del sistema capitalista por un sistema socialista, —como lo sostenía el partido comunista PGT— sí procuraba la modernización acelerada del país y una alta dosis de medidas sociales dentro del desarrollo capitalista. Perseguía, asimismo, que los agrupamientos sociales tuvieren espacio y libertad para actuar y contribuir a la modernización, entre ellos, las organizaciones de trabajadores y de campesinos. De allí su apoyo al proyecto de integración económica que impulsaba el gobierno, precisamente porque contribuía a la modernización de Guatemala y a que se rompiere el modelo agro exportador que desde la colonia imperaba. Las perspectivas del desarrollo industrial y de los servicios eran también factores importantes para el sector revolucionario. Pese a ello, ese sector no estaba vinculado ni coaligado con el gobierno y se mantenía en esa peculiar variante de oposición, que según algunos, lo desgastaba, por lo que confrontaba en lo interno la impaciencia de algunos de sus dirigentes y también, entre sus cuadros medios. En todo caso, la oposición del sector revolucionario en esa etapa era, como se califica a la oposición en las monarquías constitucionales, “una leal oposición”. La del PGT era, desde luego, ideológica y, extrañamente, adversa al proyecto integracionista, pero no se manifestaba más que en boletines, hojas sueltas y en la acción que desplegaban sus permanentes grupos de estudio y de trabajo organizativo. Su principal preocupación: que el anticomunismo volviere a unificarse. Por su lado, el MDN era defensor acérrimo del régimen capitalista pero en la modalidad más tradicional que se conocía en Guatemala. Adversaba abiertamente el pluralismo ideológico y el papel que en el capitalismo 286

286 Partido Guatemalteco del Trabajo. PGT— “Informe del Comité Central del III Congreso del Partido Guatemalteco del Trabajo”, spi, Guatemala, 1960.

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jugaban, en otros países, los agrupamientos sociales y el necesario espacio que estos requerían para actuar. Su posición en este sentido era muy clara: el pluralismo le permitía al comunismo internacional actuar abiertamente o, en todo caso, a “escondidas” y en cuanto a los agrupamientos sociales, estos debían reducir su campo de acción estrictamente a la defensa de sus intereses gremiales y, además, ser totalmente apolíticas. El retorno de exiliados izquierdistas y los cambios que el gobierno ydigorista consentía, unido a la variación que introducía en la pauta del desarrollo nacional, eran considerados por el MDN peligrosos, porque le abrían las puertas al comunismo internacional. En adición, el MDN sostenía que el Partido Revolucionario inclinaba la balanza a favor de estos cambios. En términos dialécticos la oposición ideológica era mayor entre los sectores revolucionarios y liberacionistas que entre estos últimos y el gobierno. Sin embargo, se acentuaban las resistencias entre el gobierno y el MDN. Al gobierno no le interesaba dividir al Partido Revolucionario por cuando arriesgaba la peculiar relación que existía, en tanto que sí le interesaba poner fin al estado de indecisión que confrontaba en el Congreso con el MDN. La composición del congreso permitía que en el hemiciclo, los diputados del MDN frenaren las iniciativas del ejecutivo o, alternativamente, les daban paso. Al General Ydígoras no le resultaba nada agradable que el MDN jugara ese papel de “fiel de !a balanza” ni al MDN le convenía renunciar a ese juego, por cuanto implicaba renunciar a ser el pivote que le permitía forzar acuerdos parciales, en campos de su interés. 2.1 Escisión y división entre revolucionarios El primer partido en sumergirse en la crisis de la división fue el Revolucionario. Le seguiría después el MDN. Factores internos y externos influyeron en ello. Entre los primeros, el “futurismo político” jugó papel importante. Para alpinos dirigentes nacionales y departamentales era importante anticiparse a definir el futuro liderazgo del partido a fin de reafirmar la candidatura presidencial del Licenciado Mario Méndez Montenegro. Asimismo, los conflictos de liderazgo que se dieron durante el período revolucionario de 1944 a 1954, en buena parte volvieron a presentarse entre los dirigentes que nuevamente se hacían presentes, demandando lealtades entre los afiliados y simpatizantes. Factores ideológicos también jugaron un importante papel, entre otros: la conveniencia de depurar el PR de elementos supuestamente radicales, que lo ligaban o vinculaban al marxismo-leninismo y que obstruían un curso propio, alejado de las posiciones radicales que la izquierda avanzaba no sólo en Guatemala sino en otros países. En el fondo, y como antes se indicó,

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la diversidad de opiniones y tendencias en un sólo partido revolucionario a medida que crecía, unido a una falta de claridad de como manejar esos fenómenos, sin que se produjere rompimiento, determinó la división. Entre los factores externos figuraron tesis de la emergente alianza a nivel continental entre partidos de tendencia populista y social demócrata, estimulada por líderes políticos de Latinoamérica, entre quienes se contaba a Víctor Raúl Haya de la Torre en el Perú, Rómulo Bethancour en Venezuela, Juan Bosch, República Dominicana, y José Figueres en Costa Rica. Entre las tesis que adelantaban figuraba el reconocimiento por los partidos latinoamericanos que la guerra fría entre las superpotencias —EE.UU. y la URSS— obligaba a los partidos de esas tendencias a defender en América Latina la democracia, asediada por el comunismo internacional y por los partidos comunistas nacionales, y, como consecuencia, dichos partidos deberían coadyuvar con los esfuerzos de estabilidad que otros sectores políticos impulsaren, y, desde luego, con los del gobierno de Estados Unidos. El problema que ello planteaba no radicaba en la alineación que se produciría, sino en el hecho que, en el continente, proliferaban los gobiernos militares que abiertamente se declaraban anticomunistas y, simultáneamente, hostigaban a los sectores populistas, que buscaban promover cambios por vías pacíficas, al igual que la estabilidad que ofrecían los gobiernos militares o dictatoriales era, a su vez, la razón del apoyo que Estados Unidos le brindaba a dichos gobiernos. A criterio de la fracción que dirigía el Lic. Méndez Montenegro el Partido Revolucionario requeriría estar en condiciones de triunfar en las siguientes elecciones presidenciales. Para ello, era indispensable estar en posibilidad de refutar las sindicaciones de comunismo que se le hacían al PR y, luego demostrarlo, desprendiéndose de la textura y de las tesis que, a criterio de dicha fracción, daban lugar a esos ataques. Por otra parte, sostenía que su alineación internacional contribuiría a darle la imagen que buscaba. La división materializó y como consecuencia, se inició el proceso de debilitamiento que se hizo patente en las elecciones de diputados al Congreso que se celebraron a fines de 1959, nuevamente en 1961 y, en las elecciones de alcalde de la ciudad de Guatemala en 1962. Por aparte, también dio lugar al surgimiento de partidos revolucionarios 287

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287 Clark, Gerald, “The Coming Revolution in Latin America” pp, Toronto, 1966. 288 En las elecciones para Alcalde de la Ciudad Capital, el Lic. Mario Fuentes Pieruccini, como candidato a Alcalde por el PR, obtuvo un poco más de 5,000 votos y el autor candidato a Alcalde por URD, más de 18,000 votos. La diferencia con el triunfador, señor Montenegro Sierra, fue escasos 397 votos.

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rivales. PUR—PRA y PNR-44. El sector revolucionario conoció, pues, con los efectos de la división, su atominización y la consiguiente pérdida de peso específico e influencia dentro del esquema político. 289

2.2 División del MDN y surgimiento del MLN La división del MDN se produjo poco más tarde. Desde luego, los factores fueron diferentes. Lo singular, sin embargo, radicó en el proceso de acercamiento que estimuló, por una parte, el propio Presidente Ydígoras Fuentes con el Coronel Cruz Salazar, y por la otra, con algunos dirigentes del MDN. Consecuente con el “Pacto de Borrón y Cuenta Nuera”, el Presidente Ydígoras Fuentes invitó al MDN a incorporarse a su gobierno y a participar con ministros de su gabinete. El artífice del entendimiento fue el Lic. Carlos Díaz Durán, quien, por sus esfuerzos, fue compensado con el nombramiento de Embajador en Chile. En el gobierno del Lic. Cerezo Arévalo sería Secretario General de la Presidencia. Al Presidente le interesaba contar con la colaboración del MDN tanto por los efectos que produciría en el Congreso como en atención a las proyecciones de su política centroamericana y sobre Belice. Deseaba el mayor margen de entendimiento interno posible. Por otra parte; consideraba que si el MDN se incorporaba a su gobierno se atenuarían las críticas que de él y su gobierno eran tolerantes con los comunistas y podía proseguir con su política de apertura. Como consecuencia del entendimiento con el MDN asumiría el ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas el Coronel Cruz Salazar y poco después el de agricultura, el Sr. Antonio Montenegro. A niveles de subsecretarios participarían también otros dirigentes del MDN. A criterio de algunos dirigentes liberacionistas, entre ellos, el Lic. Sandoval Alarcón —quién para entonces había retornado a Guatemala— el Ingeniero Luis David Eskenassy y Eduardo Taracena de la Cerda, la ideología del MDN se diluía en esa alianza y el partido perdía su fisonomía propia. El abanderado del anticomunismo era y debería seguir siendo el MDN. No se podía, por consiguiente, dejar que se la arrebataren. Por otra parte, no era políticamente conveniente que el partido proyectare una imagen de que había definido la candidatura presidencial y que nuevamente, el candidato sería el Coronel Cruz Salazar. Sobre todo, 289 Arévalo, J. J., “”Escritos Complementarios”, pp. 81 90. Nota: En el primer capítulo de dicha obra el ex—presidente Arévalo expuso su trayectoria política de 1951—1953. Sobresale su acuciosidad histórica, identificando incluso a las personas que le escribían desde Guatemala y des-de otros países. 290 Wise y Ross, “Invisible Government” pp, 22-24. Asimismo, Palmieri, Guillermo, “Retomo a la barbarie en Guatemala Constitución o Muerte”, México, Costa Amic, 1963.

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estando en el gobierno, por cuanto estimaban que, desde el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas podría influenciar el desarrollo del partido, la programación de sus actividades y la escogencia de sus futuros dirigentes. Evitar el “futurismo” figuraba, pues, en su estrategia. Visto desde ese punto de vista existía un costo político para la Liberación. La escisión se produjo y su vieja guardia cerró filas. Primero, debatió judicialmente quien tendría el derecho de dirigir y representar al MDN, agotándose hasta el amparo; luego, se produjo la división. La vieja guardia procedió a fundar un nuevo partido: El Movimiento de Liberación Nacional —MLN— solicitando su inscripción como partido ante el Registro Electoral el 15 de octubre de 1960 con un impresionante listado de afiliados. Libre el MLN de ataduras con el gobierno y el Partido Revolucionario, depurado y debilitado por su división, sus dirigentes iniciaron un proceso de aproximación. Este le acelerarían nuevos fenómenos, entre ellos, el entrenamiento de contingente cubanos anticastristas en Guatemala que en el ínterin de los hechos antes señalados, autorizó el gobierno y el levantamiento militar del 13 de noviembre de ese mismo año -1960—. IV. ÓRIGENES DE UNA TRÁGICA CADENA DE EVENTOS 1. FIDEL CASTRÓ Y EL ANTICASTRISMO EN GUATEMALA El derrocamiento de la larga dictadura de Fulgencio Batista en Cuba y el advenimiento en 1959 al poder de la revolución cubana dio lugar al establecimiento en plena guerra fría de un modelo sui generis en América Latina, abiertamente vinculado y asociado al mundo socialista de entonces, incluyendo la Unión Soviética y la República Popular China. Por supuesto, motivó reacciones ideológicas y de seguridad a cuales más variadas. Por una parte, el movimiento que dirigían los líderes guerrilleros Fidel Castro y Ernesto Clic- Guevara despertó extraordinaria simpatía entre las juventudes americanas, incluyendo en Estados Unidos, así corno, entre trabajadores y campesinos de la América Latina. Por la otra, despertó resistencias ideológicas a lo largo del continente y temores en los establecimientos militares por la seguridad en sus respectivos países. Ideologías, seguridad nacional y hemisférica y tensiones este -oeste se conjugaron al punto que algunos gobiernos de América latina y el de Estados Unidos creyeron que el gobierno revolucionario cubano, tarde o temprano, se convertiría en un auténtico peligro para muchos de ellos. Por un lado, se acentuaba

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el desarrollo del socialismo en este otro lado del Atlántico y del Pacífico, procediendo a la nacionalización y confiscación de bienes cubanos y extranjeros, incluyendo, dentro de estos últimos, inversiones de ciudadanos de Estados Unidos. Por el otro, enfatizaba su propósito de intensificar las relaciones económicas, políticas y culturales de Cuba con los países del entonces llamado mundo socialista, aceptando, incluso, si fuere necesario, el riesgo de un rompimiento de sus vínculos comerciales y financieros con Estados Unidos. Asimismo, hablaba abiertamente de la proyección americana de la revolución cubana y la necesidad de establecer e intensificar los vínculos y los lazos de solidaridad latinoamericana con la Cuba Revolucionaria. Precisamente, esos factores fueron los que contribuyeron a excluir a Cuba de participar en la Asociación latinoamericana de Libre Comercio. creada en Montevideo, Uruguay. Poco más de un año le bastó al gobierno norteamericano para llevar al convencimiento que el gobierno revolucionario cubano constituía una amenaza para su seguridad y también, para la de algunos de sus vecinos del sur. Fidel Castro aceleradamente cobrara dimensiones de líder latinoamericano y, quienes en la isla y; fuera de ella, comenzaron a adversarlo, se referían al “castrismo” y definían su actitud como “anficastrista”. Por su lado, el propio movimiento revolucionario cubano también acentuaba el personalismo de Fidel Castro. El “culto a su personalidad” perseveraría a lo largo de las siguientes tres décadas. Como todo movimiento revolucionario que impulsaba cambios en las estructuras económicas, sociales y políticas, el movimiento cubano produjo fuertes emigraciones económicas y políticas. La búsqueda de asilo y refugio político por adversarios y ciudadanos inconformes ideológicamente con el régimen, se volvió constante a lo largo de los años. Las primeras olas de refugiados y asilados demandaban, sin embargo, algo más: apoyo a la causa anticastrista; apoyo que deberían materializar en lograr el propósito de derrocar al gobierno cubano. La acción interna parecía extremadamente dificil por lo que ésta se orientó en dirección de la invasión armada de la isla. El gobierno de Estados Unidos reaccionó favorablemente y después de intensas discusiones internas el 17 de marzo de 1960 el Presidente Eisenhower autorizó entrenar y armar secretamente a los cubanos rebeldes a fin de derrocar al gobierno cubano mediante acciones coordinadas de carácter externo e interno. La operación sería encubierta y, en términos generales, se estimó que se ajustaría a los patrones de la operación que el 1954 se ejecutó en Guatemala. La operación demandaba, sin embargo, sitios y lugares estratégicamente ubicados que permitieran el entrenamiento secreto de las fuerzas cubanas

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invasoras. No eran muchos los países que deseaban involucrarse tan directamente en ese tipo de operación. Nicaragua siempre era accesible pero, insuficiente para efectos de esa operación. La búsqueda de lugares materializó cuando en el transcurso del mes de abril de 1960, dos funcionarios del gobierno de Estados Unidos visitaron en sus oficinas situadas en el Edificio Towson en la ciudad de Guatemala al Sr. Roberto Alejos Arzú. Uno de los visitantes, era el Sr. Robert Kendall Davis, hábil y competente diplomático, a la sazón destacado en la Embajada de Estados Unidos en Guatemala y a quien se reputaba Jefe de la Estación de la Agencia Central de Inteligencia en Guatemala. El otro visitante era funcionario de la CIA. El interés en visitar al Sr. Roberto Alejos radicaba en el hecho de que era cercano colaborador del Presidente Ydígoras Fuentes y hombre de su confianza. Además, su hermano Carlos, desempeñaba el cargo de embajador de Guatemala en Washington. Pero, sobre todo, porque era propietario de varios inmuebles en la costa sur de Guatemala, considerados como lugares ideales para una discreta y secreta permanencia, entrenamiento y práctica de ejercicios activos de los contingentes cubanos. Entre los inmuebles estaba la finca Helvetia en el Departamento de Retalhuleu, y San José Buena Vista también en la costa del Pacífico. La proximidad del mar ofrecía una ventaja adicional: el entrenamiento para desembarcos anfibios. La visita produjo efectos positivos después que el Presidente Ydígoras personalmente autorizó el entrenamiento y designó al Sr. Alojos, enlace de la operación. Tiempo después del fracaso de la invasión a Cuba, el ex presidente Ydígoras Fuentes explicó en un mensaje de nuevo año al pueblo de Guatemala que el apoyo de su gobierno había sido a cambio del apoyo que el gobierno de Estados Unidos le brindaría a fin de resolver la centenaria controversia sobre Belice con el Reyno Unido de la Gran Bretaña, lo que subsiguientemente negó el Presidente John F. Kennedy. La construcción y habilitación de las instalaciones requeridas para el alojamiento y entrenamiento inicial de los cubanos anticastristas corrió a cargo del gobierno de Estados Unidos. La construcción de una pista aérea en Retalhuleu, requerida para la operación, corrió a cargo de la compañía norteamericana Thomson Cornwall Inc., que, en esa misma época, ejecutaba, por contrato, trabajos de construcción de carreteras para el gobierno de Guatemala, pagando el gobierno de Estados Unidos los trabajos. La razón que adelantó el gobierno de Guatemala para explicar y justificar un aeropuerto de esa dimensión en un lugar bastante aislado fue que se destinaría a la exportación por vía aérea de productos no tradicionales 290

290 Wise y Ross, “Invisible Government” pp. 22-24. Asimismo, Palmieri, Guillermo, “Retorno a la barbarie en Guatemala -Constitución o Muerte”, México, Costa Amic, 1963.

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al mercado norteamericano. De esa manera, no sólo el aeropuerto sino su uso constante por aviones de transporte, quedaban asegurados. El entrenamiento activo de las fuerzas en tierra se inició tan pronto como los contingentes cubanos arribaban por vía aérea a Helvetia procedentes de Opa Loka y otros aeropuertos abandonados en Florida. Este era intenso, práctico y muy realista. Paralelamente, también tuvo lugar un selecto entrenamiento aéreo, contando la fuerza expedicionaria con numerosos aviones modernos, que sin símbolos o señales que los distinguieran sobrevolaban la zona. Quienes entre los cubanos debían ser sancionados por indisciplina eran enviados a otro campamento ubicado en la laguna de San Juan Acul, vecina a Sayaxché, en Petén. Para entonces, el General Ydígoras consideró prudente destacar una unidad del ejército guatemalteco para custodiar el área de las instalaciones de alojamiento y entrenamiento, y evitar el acceso de curiosos. Las noticias sobre la presencia de “extranjeros” en la zona no tardaron en conocerse, aún cuando, la prensa nacional y extranjera no las esparcieron careciendo, sin duda, de informes específicos o más concretos. A niveles militares el conocimiento se extendió mucho más tanto en razón de los servicios de inteligencia como la cooperación que el ejército de Guatemala le brindaba a dicha operación encubierta. Esto último no dejó de convertirse en un tutor de irritación a nivel de la oficialidad más joven. 291

2. ALZAMIENTO MILITAR DEL 13 DE NOVIEMBRE La colaboración del gobierno del General Ydígoras Fuentes a la proyectada invasión sufrió un revés temporal el 13 de noviembre de ese mismo año. El alzamiento armado en el Cuartel General Justo Rufino Barrios —antes “Castillo de Matamoros”— que fue el segundo de los alzamientos militares ocurridos en 1960 y, tuvo componentes y proyecciones militares y políticas a las cuales más variadas. Los hechos, en síntesis, fueron los siguientes: Un grupo de oficiales, unos de alta y otros arrestados en el Cuartel General Justo Rufino Barrios, se alzaron en armas y después de ultimar al segundo jefe de ese cuerpo, coronel Lisandro Ortiz y al comandante de guardia, capitán Ernesto Juárez Mayén, se apoderaron del armamento y de los vehículos militares que ahí se encontraban. A continuación, oficiales de tropa, se dirigieron por la carretera del Atlántico hacia Zacapa y Puerto Barrios, estableciendo en ambos lugares centros de operación. Entre quienes 291 Wise y Ross, op. cit, pp. 28-29.

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asumieron responsabilidad por el alzamiento figuraban el coronel Eduardo Llanrena, el Mayor Alejandro de León Aragón (partícipe en el movimiento del 20 de octubre de 1944), el Capitán Marco Antonio Yon Sosa y los tenientes Luis Turcios Lima y Luis Trejo Esquivel. De inmediato no hicieron ningún llamamiento a la población para que se sumara a su causa ni tampoco emitieron pronunciamiento oficial alguno dando a conocer los motivos del alzamiento ni sus objetivos. El objetivo de derrocar al gobierno era, desde luego, manifiesto. Sin embargo, ningún otro cuerpo militar de la capital se sumó a la rebelión. Por su lado, la dirigencia de los partidos, incluyendo los de tendencia revolucionaria, revelaban desorientación. Para el Presidente Ydígoras Fuentes y para los altos jefes militares, el alzamiento era peligroso; por una parte existía el riesgo que para la estabilidad del gobierno implica el alzamiento. Por la otra, el riesgo de suspenderse o terminarse abruptamente el entrenamiento y el apoyo a los cubanos anticastristas de triunfar el alzamiento. Por apane, el movimiento podía cundir, sobre todo, cuando entre los alzados se comenzó a señalar el papel que el ejército jugaba protegiendo y encubriendo el entrenamiento de contingentes cubanos anticastristas en Guatemala y lo que ello implicaba a la luz de la experiencia de 1954. De inmediato el gobierno acusó a “unos oficiales arrestados, juntamente con civiles del PGT, PUR y algunos elementos del Partido Revolucionario, que desde hace tiempo han venido conspirando para derrocar al gobierno legalmente constituidó.”292 Luego, procedió, por una parte, a atacar a los alzados, primero en Zacapa y, luego, en Puerto Barrios, poniéndose al frente de las tropas el propio Presidente Ydigoras Fuentes. Por la otra, aceptó el ofrecimiento que de inmediato se le hizo al Presidente de que la fuerza aérea anticastrista que se encontraba en Helvetia entrare en acción, coadyuvando así a las acciones militares del gobierno guatemalteco. Las acciones del ejército y la colaboración de la fuerza aérea anticastrista produjeron el éxito esperado y la rebelión fue sofocada. El Presidente consideró conveniente vincular el alzamiento a Cuba y en su Informe al Congreso del 1º de marzo de 1961 puntualizó el afán de los alzados “de apoderarse del Puerto y Aeropuerto de Barrios, en espera de ayuda del exterior, y los mítines políticos celebrados en aquella ciudad, presididos 293

292 Decreto 603, Recopilación de Leyes, Tomo 79, p. 83 Veáse además, Pinto Recinos, Ricardo Alberto, “Sublevación Militar del 13 de noviembre de 1960”, Documentos Históricos, Guatemala, Diario La Hora, 28 de Octu­bre de 1989 y “6 de febrero de 1962, Principia la Guerra Subversiva en Guatemala”, Diario La Hora, Guatemala, 1991. Dicho autor describió los eventos basados en conversaciones con ex—oficiales que participaron tanto de lado de los alzados como de lado del gobierno. 293 Wise y Ross, op. cit. p. 33. Asimismo, Pinto Recinos, op. cit. Diario La Hora 28 de octubre de 1989.

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por corificos militares concatenados con líderes comunistas” Sin embargo, el alzamiento se circunscribió estrictamente a miembros del ejército con el resultado de que los alzados fueron sometidos, otros, encarcelados y, otros más escaparon reapareciendo meses después en la Sierra de las Minas los oficiales Yon Sosa, Turcios Lima, de León y Trejo al frente de un contingente de ex soldados y civiles. Nacería con ellos el movimiento guerrillero en Guatemala que emularía al movimiento dirigido por Fidel Castro y el “Che” Guevara en la Sierra Maestra de Cuba. Lo irónico de la situación es que dos de los oficiales habían sido entrenados en Panamá, en guerra de guerrillas y contra guerrillas conforme al programa establecido por el ejército de Estados Unidos en colaboración con los ejércitos latinoamericanos precisamente para hacer frente a movimientos guerrilleros estilo al de Fidel Castro y del “Che” Guevara. 294

3. CONSECUENCIAS DE BAHIA DE COCHINOS A la luz de esa reciente experiencia militar el Presidente Ydígoras Fuentes le pidió al gobierno norteamericano que apresurare sus planes de invasión a fin de evacuar de Guatemala a los cubanos anticastristas. La presencia cubana en Guatemala comenzaba a generar problemas internos. El pedido no le aligeró la carga al gobierno de Guatemala: sin embargo, la invasión entró en su etapa final y se ejecutó el 15 de abril de 1961 ejerciendo la Presidencia de Estados Unidos. John Fitzgerald Kennedy. Como se sabe, la invasión fracasó colocando al gobierno de Guatemala en una situación incómoda y, además, vulnerable frente a Cuba. Estados Unidos contaba con amplios medios para controlar una reacción cubana, así como, con la necesaria capacidad para públicamente asumir su responsabilidad y absorber no sólo a quienes habían sido militarmente derrocados en la invasión, sino a quienes posteriormente emigrarían buscando una nueva vida en ese país. El gobierno cubano y en lo personal, Fidel Castro, no olvidarían el papel que el gobierno y el ejército de Guatemala jugaron en la invasión de Bahía de Cochinos. Los propios guerrilleros guatemaltecos tocarían las puertas de Cuba en busca de solidaridad y apoyo material para su causa. A medida que los factores ideológicos se iban haciendo presentes en las 295

294 En la Recopilación de Leyes, Tomo 80, p. X. figura la versión del Presidente Ydígoras Fuentes, seguido de interesantes reflexiones. 295 Diario La llora, Guatemala, Octubre 30, 1960. Asimismo, Congreso Na­cional, Interpelación al Ministro de Relaciones Exteriores por los Diputa-dos, Julio Valladares Castillo y Francisco Villagrán Kramer. Período 1960.

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guerrillas guatemaltecas y se consolidaban las coincidencias, la solidaridad y el apoyo material solicitado, materializaban. En el ínterin, en Guatemala asumía el Ministerio de la Defensa. el Coronel Enrique Peralta Azurdia, conocido por su vocación anticomunista, su tendencia hacia las variantes dictatoriales y su admiración por el entonces, caudillo de España, General Francisco Franco. Abriendo un paréntesis cabe señalar que si existió o no el efecto acción-reacción entre el entrenamiento de contingentes anticastristas en Guatemala y el alzamiento del 13 de noviembre. así corno, entre Bahía de Cochinos y los subsiguientes movimientos guerrilleros en Guatemala, el hecho es que esas causas y esos fenómenos gravitaron en la vida política, económica y militar de Guatemala por espacio de casi treinta años. A lo largo de distintos períodos, el gobierno cubano le brindó colaboración y ayuda material a los movimientos guerrilleros guatemaltecos, por lo que el ejército guatemalteco mantendría un dedo acusador sobre el régimen cubano durante todo ese tiempo, sin haber ensayado, en el ínterin, una aproximación a fin de llegar a un “acomodo” como lo hicieron otros gobiernos latinoamericanos. Lo más delicado era que las sugerencias que se le hacían al alto mando militar de que ponderare un nuevo esquema de relaciones políticas con Cuba, chocaba con la suspicacia existente, que, por su parte, mantenía viva la dirigencia del MLN. La espiral de violencia y la confrontación armada figuraron a partir de entonces, a la orden del día. El punto, al menos históricamente, es importante tenerlo presente para mejor comprender los hechos. 4. ASINCRONIA EN LOS PLANOS ECONOMICO Y POLITICO Lo más contradictorio en el período que examinamos fue la aproximación y los entendimientos secretos que se dieron entre partidos supuestamente antagónicos —el Partido Revolucionario y el Movimiento de Liberación Nacional— y, la participación en esos entendimientos del partido Democracia Cristiana. Se señala la contradicción porque precisamente se produjeron en momentos en que el gobierno del General Ydígoras Fuentes, si bien participaba en la proyectada invasión a Cuba, paralelamente acordaba con otros tres gobiernos centroamericanos diversos pactos trascendentales para el desarrollo de la economía de Guatemala y la de los otros países Centroamericanos. Lo sobresaliente y lo trágico, fue que, por una parte, se asentaba el acta de nacimiento del nuevo esquema de integración económica en Centroamérica y los compromisos de poner en operación el primer mercado

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común y el primer banco sub regional en Latinoamérica. Los nuevos tratados eran equivalentes, en trascendencia, a lo que en su momento fueron la Constitución Federal de 1824 y la Dicta de Chinandega en el siglo XIX, la creación de la Corte Centroamericana de justicia en 1907 y los Pactos de Washington de 1923. Por la otra, paralelamente, en el seno de uno de los principales actores en ese gran proyecto—Guatemala — tres importantes partidos políticos acordaban secretamente coordinar y unir sus esfuerzos a fin de propiciar, en el momento oportuno, el cambio de ese gobierno. No sólo la vocación integracionista sino también la capacidad de negociación de Guatemala se vería afectada y cuestionada internamente. En la secuencia de hechos posteriores al 13 de noviembre, los entendimientos secretos a nivel de los partidos políticos MLN—PR y DC se producen el 2 de diciembre, mientras que las negociaciones para la suscripción del Tratado General de Integración Económica Centroamericana y el convenio constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica concluyen el 13 de diciembre de ese mismo año, -1960—. 5. EL PACTO TRIPARTITO: DC- PR- MLN El gobierno del General Ydígoras estaba a “mitad de camino”. De sobrevivir otros alzamientos militares entregaría el poder en marzo de 1964, por lo que las elecciones presidenciales tendrían lugar a fines de 1963. Al examinarse los hechos y fenómenos en perspectiva histórica se pueden construir varias hipótesis a fin de explicarse ese pacto político. Una, los tres partidos que secretamente acordaron actuar de consumo consideraban que la etapa de estabilidad se agotaba rápidamente. Los dos alzamientos militares —uno en Cobán, Alta Verapaz y el otro, el 13 de noviembre en la capital, sin duda mostraban que el gobierno Ydigorista perdía rápidamente apoyo militar. Pero, también se podría sostener que tanto el PR corno el MLN se encontraban debilitados como consecuencia de las escisiones y divisiones que los habían afectado por lo que requerían de entendimientos y compromisos entre ellos, a los que se sumaría la DG, a fin de estar en condiciones de influir en futuros acontecimientos nacionales, toda vez que separados y débiles no contaban. En esas condiciones se imponía la realidad sobre la teoría. La posibilidad de influir en situaciones similares a las del 13 de noviembre y otras que pudieren presentarse, obviamente dependía del nivel de entendimientos a que pudieren llegar los tres partidos. Los dirigentes máximos, Mario Méndez Montenegro del PR. Mario Sandoval Alarcón del MLN, así como el Dr. Salvador Hernández Villalobos y René de

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León Schlotter de la DC, no tenían entre sí fuertes resistencias como para provocar “cortos circuitos” al momento de sentarse a la mesa a negociar. A ello sin duda se debe que el PactoTripartito no se hubiere divulgado sino hasta 1966, pese a discrepancias que surgieron entre los partidos firmantes, precisamente después del derrocamiento del General Ydígoras Fuentes en 1963 y durante el gobierno militar de Peralta Azurdia que conjunta y decididamente, apoyaron. Lo sensitivo de lo acordado explica, por otra parte, su secretividad. Históricamente el pacto importante, por lo que a continuación transcribimos su texto. 6. PACTO TRIPARTITO DC— PR— Y MLN “Los suscritos, en nuestro concepto de altos dirigentes de los partídos políticos: Democracia Cristiana Guatemalteca, Partido Revolucionario Movimiento de Liberación Nacional, Consideramos: “Que Guatemala está atravesando una crisis social, política y económica que puede solucionarse solamente poniendo en práctica en forma urgente sistemas adecuados a nuestra realidad nacional, que permitan un desarrollo integral del país, con base en los valores morales y principios democráticos que constituyen el único fundamento sólido sobre el que debe descansar todo gobierno que busca honestamente la satisface del bien común. “Que el actual gobierno se ha significado por su ineptitud en el manejo de los negocios públicos, poniendo en grave peligro las instituciones democráticas garantizadas por la constitución de la república y colocando al país al borde de un colapso socio económico, propicio para el desarrollo del comunismo. “Que ante esta situación caótica provocada por un gobierno producto de una elección de segundo grado y fundamentándose en los principios morales y democráticos que deben presidir toda actuación política, hemos estimado de urgencia anteponer a sectarismos partidistas circunstanciales, la responsabilidad que como representantes de las fuerzas mayoritarias del país tenemos para con la república. “Que no sólo en los organismos directores sino en las mayorías que integran nuestros partidos políticos y en la conciencia cívica de la gran mayoría del pueblo de Guatemala, existe el anhelo y la resolución de que es indispensable salvar el sistema democrático de Guatemala, y que la única fórmula para ello es la integración de un frente nacional entre nuestras entidades políticas, únicas que en forma con junta pueden conducir a la nación a condiciones positivas. “En virtud de lo expuesto acuerdan:

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1° Coordinación y unidad de acción en nuestros partidos políticos; lo que significa el compromiso de que no existirá ninguna actuación o pactación de tipo unilateral o parcial. 2° Defensa común frente a cualquier agresión del régimen, ya sea unilateral o total contra las entidades políticas integrantes del pacto. 3º No colaborar con el actual régimen bajo ninguna circunstancia, ni con cualquier otro que surja que no garantice, la estabilidad política del país y que no llene las aspiraciones ideológicas y políticas de nuestras entidades. En dado caso, las tres agrupaciones se obligan a unificar su actuación para adversar por los medios adecuados, todo gobierno que desnaturalice el contenido de este pacto. 4º Integración y sostenimiento de un nuevo régimen en Guatemala en el cual participen con exclusividad, en todo momento y con idéntica representación, los tres partidos que suscriben este pacto. 5º Respeto irrestricto a la constitución política de 1956 y para el caso que fuere suspendida parcialmente en sus efectos, por cualquier causa, nos comprometemos a restablecerla en su totalidad y sin modificación alguna. 6° La no participación en el gobierno de coalición, de partidos, de grupos o de personas de extrema izquierda o que tengan relación con ellos o cuyas actuaciones así lo demuestren y de aquellos que tuvieren conexión con el comunismo internacional. 7° La lucha ideológica y material en forma categórica y permanente contra el comunismo, hasta erradicarlo definitivamente de Guatemala, a través de una política social y económica adecuada y justa. 8° Las entidades que suscriben este pacto, como una demostración de lealtad y buena fe que priva en las mismas y de su indiscutible anhelo tendiente al bienestar nacional, convienen en que al provocarse la contienda electoral para elegir presidente de la república, podrán actuar con un sólo candidato o con candidatos diferentes, pero en el entendido que una vez electa la persona a quien el libre voto popular designe, los partidos que integran la coalición participarán en el régimen que se instaure, siendo obligatorio por parte de ellos dicha colaboración a la que también imperativamente deberán ser llamados. Para los efectos del presente pacto y acatando lo dispuesto para ello, quedamos los suscritos constituidos en Comisión Coordinadora. El Presente pacto entra en vigor en esta fila y del mis o se suscriben únicamente tres ejemplares, uno para cada una de las entidades pactares. Guatemala, 2 de diciembre de 1960

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Por la Democracia Cristiana: Dr. Salvador Hernández V. Lic. René de León Schlotter. Miguel Angel Higueros E. Por el Partido Revolucionario: Manuel Fco. Villamar Contreras. Lic. Carlos Sagastume Pérez. Lic. Mario Méndez Monte-negro. Por el Movimiento de Liberación Nacional, Ramiro Padilla y Padilla. Lic. Mario Sandoval Alarcòn. Eduardo Taracena de la Cerda”. Cada partido impuso a un selecto número de sus dirigentes el contenido del pacto obligando a la secretividad, a fin de no arriesgar la seguridad de los firmantes ni motivar reacciones adversas de parte de la membresía de los partidos. En el MLN se consideró el pacto como un éxito del grupo que condujo las negociaciones por cuanto quedaba claramente establecido que ni el PR ni la DC gravitarían en dirección del régimen ydigorista, afirmando con ello la oposición al gobierno y de paso, a la facción rival —el MDN— que permanecería en el gobierno. En el seno de la dirección del Partido Revolucionario hubo al principio resistencias, fundamentalmente por razones históricas y aprehensión a la reacción de los afiliados que habían sido objeto de persecución, cárcel o exilio durante el gobierno del Coronel Castillo Armas. Todo ello obligó a compromisos internos, entre otros, la definición anticipada de candidaturas a diputados en las elecciones que tendrían lugar a fines de 1961 y, además, la candidatura a la alcaldía de la capital en las elecciones de 1962, que sería el Lic. Mario Fuentes Pieruccini. En cuanto a Democracia Cristiana se refiere el peso de la argumentación en favor del pacto lo llevaron el Lic. De León Schlottery el Dr. Hernández Villalobos. Su bancada de diputados en el Congreso no estaba del todo convencida. El consenso lo expedito el hecho que existían antagonismos entre los dirigentes firmantes y el Presidente Ydígoras Fuentes. La Juventud Demócrata Cristiana, entonces en su etapa formativa, no fue, sin embargo, enterada del contenido del pacto más sí de la conveniencia de no entrar, en el plano universitario en alianzas con sectores de la izquierda, incentivando la formación de sus propios cuadros y dirigentes. El pacto que comentamos sería el que eslabonaría muchos de los acontecimientos políticos que ocurrieron luego de su firma con el cambio de gobierno que tuvo lugar el 31 de marzo de 1963. .Asimismo, determinaría el establecimiento de un nuevo modelo de rigidez partidista. Es decir, el monopolio o exclusiva participación de esos tres partidos políticos durante el gobierno militar de Peralta Azurdia y, luego, con el Partido Institucional Democrático —PID— que se creó durante ese gobierno.

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V. LAS FRUSTRACIONES ACUMULADAS: MARZO Y ABRIL DE 1962 La asincronía a que hicimos relación fue nota dominante durante el resto del gobierno del General Ydígoras Fuentes. Su gobierno persistió en el programa de integración económica centroamericana y en la ejecución del programa de infraestructura física ejecutando extraordinaria obra vial. Aceleradamente, ejecutaba los trabajos de interconexión por carreteras de la frontera con México a la frontera con Honduras y, luego, de la frontera de México a la frontera de El Salvador por el litoral Pacífico. Tres carreteras unirían de esta manera a Guatemala con El Salvador, otra con Honduras, vislumbrándose la cooperación portuaria en el Atlántico entre Santo Tomás de Castilla y Puerto Cortés y, en el Pacífico, el gobierno de El Salvador recibió luz verde de Guatemala para ampliar y modernizar las instalaciones portuarias en Acajutla, a servir de puerto tanto a Guatemala, a El Salvador como a Honduras. El programa centroamericano cobraba pujantes dimensiones al acelerarse esas obras y la comunicación telefónica entre las capitales centroamericanas. Sin embargo, los ojos de los partidos y los del gobierno se dirigían en lo interno en dirección de la elección presidencial. El futurismo ganaba terreno al repararse que en el Congreso que se eligiera en 1961 radicaría la fuerza requerida para la elección de segundo grado de Presidente de la República. La experiencia había demostrado que no se lograba mayoría absoluta en la elección por lo que correspondería al Congreso elegir entre los dos candidatos que obtuvieren mayor número de sufragios. En ese momento, ya no serían los ciudadanos los electores sino los partidos políticos y sus diputados. 1. ELECCION DE DIPUTADOS El panorama político mostraba que el gobierno estaba en condiciones de triunfar en las elecciones legislativas en varios departamentos, pero que requería de una sólida coalición. La integrarían, por una parte, el partido del Presidente —Redención—, por la otra, el MDN, que, en el ejecutivo dirigía el coronel Cruz Salazar y en el Congreso, el Lic. Luis Alfonso López y, como nuevo componente, un desprendimiento que había ocurrido del partido del Presidente y que se orientó a la formación del nuevo partido de Unidad Democrática —PUD— que dirigían los abogados Jorge Luis Zelaya Coronado, Carlos Enrique Peralta Méndez y Arturo Campollo. El peso de la campaña lo llevarían el propio presidente y los dirigentes del MDN y, en San Marcos, los del PUD.

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Por su lado, la oposición estaba notable y notoriamente dividida, pero en condiciones de librar recias batallas en algunos departamentos, entre otros, el de Guatemala. No se sabía a ciencia cierta su dimensión y si tenía o no una estrategia coincidente. Por un lado, estaban los tres partidos MLN, PR y DC cuyas relaciones interpartidarias se desconocían por completo pero se observaba que entre sí no se atacaban. Por la otra, los desprendimientos del Partido Revolucionario que dieron lugar a la formación de otros partidos revolucionarios —PUR, PRA, y PNR— entre sí no lograban articular ninguna plataforma conjunta para esas elecciones. En cambio, adelantaban conjuntamente la candidatura del ex Presidente Dr. Juan José Arévalo para las elecciones presidenciales de 1963. El fenómeno, por demás ilustrativo de divisiones y subdivisiones, mostraba que el ex presidente fácilmente se convertiría en aglutinador de buena parte del sector revolucionario. El mayor problema, era sin embargo, interpretar acertadamente el juego de los distintos componentes de la oposición frente a la coalición gubernamental. Se sabía que el PR, la DC y el MLN adversaban abiertamente al gobierno, pero, no se tenía claro el papel de los otros partidos revolucionarios cuyo único denominador común era “su arevalismo”. El propio Dr. Arévalo, convencido de que retornarían al país, dirigió en agosto de 1961 a los líderes arevalistas un “Memorándum Doctrinario” que se cuidaron de no circular, en el que, entre otras cosas, les señalaba y aconsejaba: “El papel del arevalismo en estos momentos es de fortalecer el gobierno de Ydígoras y no el de debilitarlo. Sí Ydígoras cae, entonces tomarán el poder furibundos antiarevalistas. Nosotros debemos impedir que caiga Ydígoras, y la única manera de impedirlo es estar a su lado y no en contra. Sin dejar de ser arevalistas; el arevalismo puede ira una entente con el ydigorismo. Nos faltan todavía dos largos y duros años para la convocatoria a elecciones presidenciales. No podemos transitar ese largo tramo haciendo oposición al gobierno. Más inteligente será que fortalezcamos al régimen, negándonos sumar las fuerzas arevalistas a los conspiradores antiarevalistas. “Muy inteligente será también dejar de hablar de candidaturas presidenciales a esta distancia de las elecciones. Los antiarevalistas nos están tomando el pelo cuando lanzan mi candidatura. Lo que quieren es que nos tiremos a la calle en una acción política prematura y por eso suicida. Busquen candidatos a diputados y dediquen a eso las fuerzas este año. No hablen todavía de lo presidencial. En cuanto a las elecciones a diputados y al argumento que el gobierno haría fraude, el expresidente le señaló a la dirigencía arevalista: 296

296 Arévalo, J. J., “Escritos Complementarios”, p. 75.

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“Si sabemos llegar a las elecciones (presidenciales) gozando de buena salud, no habrá fuerza alguna que nos impida el triunfó. El gobierno puede hacer fraude en las elecciones para diputados porque en Guatemala ese tipo de elecciones interesa a muy poca gente. En cambio, el pueblo guatemalteco no tolera fraudes en elecciones presidenciales. El actual gobierno lo sabe por experiencia”. Debe reconocerse que el ex presidente manejaba con estilo y elegancia la teoría y la práctica de la Realpolitík planteando con lógica política y no en terrenos ideológicos cual debería ser la posición de sus parciales frente y ante el gobierno ydígorista. Incluso, la sugerencia de ir juntos, arevalismo e ydigorismo, a las elecciones de diputados muestra que, para el ex presidente, lo importante era cubrir las dos elecciones. La de diputados. sin mayor costo político y; luego, la presidencial. Los “consejos doctrinarios del ex presidente revelaban (y a estas alturas esclarecen) una alta dosis de pragmatismo, siéndole difícil a los líderes “arevalistas” seguirlos en todos sus puntos. Por una parte, cada partido “arevalista” estaba ilusionado con la elección de diputados: sus dirigentes sabían bien lo que ello significaba. No en vano muchos de ellos habían gobernado con el Maestro de 1945 a 1950 y recordaban que el peso específico de los dirigentes políticos reclamarían en el futuro inmediato una base política propia, y esa base bien podría ser, para algunos, el Congreso de la República. A fin de cuentas los diputados que se elegirían en 1961 seguirían siendo diputados de triunfar el Dr. Arévalo, durante los dos primeros años de su gobierno. Por la otra, el General Ydígoras sufría un deterioro político acelerado y quienes simpatizaban con Arévalo no simpatizaban con Ydígoras, de manera que le era difícil a los dirigentes del arevalismo en Guatemala pedirles a sus bases que no acuerparen protestas contra el gobierno, sino, por el contrario, que en la medida de lo posible, lo apoyaren. El panorama se complicó un tanto más al adelantar por primera vez en Guatemala, por un grupo de militantes revolucionarios que protestaban la lírica política del Partido Revolucionario, y, que luego conformarían un movimiento nuevo conocido como URD —Unión Revolucionaria Democrática— la tesis de la anulación del voto en protesta contra la dirección del PR y contra el sistema electoral que permitiría el fraude por el gobierno. Destacaban entre sus dirigentes los jóvenes abogados Manuel Colom Argueta, Edgar Balsells Tojo, Américo Cifuentes, y Roderico Segura. Lo novedoso del planteamiento hizo que ganara adeptos, principalmente en la capital y en algunas cabeceras. 297

297 Ídem, pp. 74-75.

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2. DETERIORO POST ELECTORAL El 3 de diciembre se celebraron las elecciones de diputados al Congreso, y como era de esperarse. la oposición, fraccionaria y desarticulada como estaba, no logró resultados satisfactorios. Los votos anulados aparecieron claramente. El ambiente político y el clima de expectativas no permitía, sin embargo, mi análisis ponderado de los resultados. La premisa de la que se partía era que el gobierno había cometido fraude. El presidente de la República explicaría luego las reacciones: “En cada nueva ocasión de estas, el pueblo practica derechos que anteriormente no tuvo la oportunidad de gozarlos. En 1959 hubo la misma clase de elecciones. Las reclamaciones tumultuarias como secuela de las elecciones culminaron con desórdenes en las calles y la muerte, muy sentida por cieno, de varios ciudadanos, inclusive un turista hondureño. En general, el pueblo permaneció tranquilo y el proceso electoral fue resolviéndose y contemporáneamente disolviéndose la pasión política. “En 1961 hubo de alguna parte de los perdidos la misma reacción, pero felizmente no hubo decesos que lamentar y los Inclines callejeros fueron repulsados por el pueblo y por la prensa consciente. En vista de que no hubo reacción favorable a los desórdenes callejeros, los perdidos organizaron un raid nocturno contra el edificio del Tribunal Electoral y lo asaltaron en la madrugada de 14 de diciembre, quemando algunas papeletas de votaciones. Esto no provocó el pánico que se deseaba. Se capturó a algunos comprometidos, juntamente con un lote de armas y uniformes militares. Los partidos políticos iniciaron una serie de recursos y crearon un ambiente de incertidumbre entre tímidos y timoratos” Las protestas públicas eran comunes entre los militantes de los partidos de oposición. Sin embargo, los actos que identificó el gobernante no los habían concertado ni platicado ejecutar los partidos; “arevalistas” ni quienes pidieron la anulación del voto. Los sondeos que en esas situaciones se llevan a cabo para mejor comprender los hechos y sus alcances lo confirmaban. A la vez, orientaban en dirección de algunos “grupos activistas” del PR y del MLN. Lo sobresaliente, sin embargo, era que las protestas iban in crescendo al sumarse sectores no vinculados a dichos partidos. Ello dio lugar a que el 24 de enero del siguiente año el gobierno decretare el Estado de sitio. Lo más extraño era que le imputaba la responsabilidad de los hechos a los sectores comunistas. En efecto el Decreto 609 señalaba: 298

298 Informe del Presidente de la República al Congreso Nacional, Recopilación de Leyes, Tomo 81, p. XVI.

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“Que elementos tanto guatemaltecos como extranjeros de reconocida filiación comunista han venido manteniendo un clima de agitación en el país con el objeto de subvertir el orden institucional y derrocar al régimen legalmente constituido. “Que este clima de agitación ha tenido como pretexto el resultado de las elecciones verificadas el tres de diciembre del año próximo pasado, ya que a los pocos días de efectuado este evento electoral se llevaron a cabo manifestaciones en las calles de la ciudad capital, sin permiso de las autoridades respectivas, empleando actos de violencia como la destrucción de vehículos, asalto al Tribunal Electoral, quema de papeletas y libros conteniendo una pequeña parte de los citados comicios con el agravarte de haber falsificado la firma del Primer Magistrado de la Nación, para poder llevar a cabo impunemente el referido asalto, así como otros ataques contra la propiedad privada; Que los actos de violencia de los agentes del comunismo local e internacional han cobrado su primera víctima, pues el día de hoy a las veinte horas y treinta mininos, frente a su casa de habitación, cuando abordaba su vehículo oficial en compañía de subalternos, fue asesinado cobardemente el jefe del Departamento Judicial, Ranulfo González Ovalle, al ser acribillado a tiros por bandoleros criollos e internacionales al servicio de la órbita marxista manejada desde Cuba con proyecciones a la América Latina. Resultó que los hechos a que se refería el gobierno no estaban concatenados sino que eran independientes entre sí. Sin embargo, la zozobra que causaban entre la ciudadanía era grande y, grande también era la perplejidad de distintos sectores políticos. Como con frecuencia ha sucedido y sucede, los gobiernos consideran que no es conveniente o necesario explicarle a la ciudadanía la verdadera razón de sus actos y, tampoco, la naturaleza de las situaciones que se confrontan. En esa oportunidad —como después se supo— el gobierno retenía importante información y distorsionaba la situación a fin de imputarles a los comunistas y al gobierno cubano las responsabilidades de los hechos. Lo que a nivel de agrupaciones políticas se sabía era que el PGT no tenía la capacidad de ejecutar las acciones señaladas y tampoco el poder de convocatoria para manifestaciones de la índole y naturaleza señaladas por el gobierno. Por la otra, se sabía que el Mayor Alejandro de León Aragón, partícipe en alzamiento del 13 de noviembre había sido muerto 299

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299 Recopilación de Leyes, Tomo 80, p. 159. En esa ocasión el Gobierno expulsó rumbo a El Salvador a los Lics. Manuel Colom Arqueta y Mario Sandoval Alarcón. Sobre los sucesos de marzo y abril de 1962 véase “Jornadas patrióticas de marzo y abril: 15 años después”. La Voz Informativa, época VI, No. 3. Guatemala, USAC, marzo y abril 1977 300 Informe del Presidente de la República al Congreso Nacional, Recopilación de Leyes, Tomo 82, p. XXII.

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y que sus compañeros de armas le atribuían la responsabilidad al Jefe del Departamento (Policía) Judicial. Aún más, el remanente de rebeldes del 13 de noviembre recién se habían reagrupado y mostrado que no eran un riesgo efectivo para el gobierno y aún no habían establecido una relación directa con el gobierno cubano. Eso sucedería más tarde. 301

3. LOS SUCESOS DE MARZO Y ABRIL El Estado de sitio decretado en enero no fue suficiente para que las aguas volvieren a su nivel; se hizo necesario prorrogarlo el 20 de febrero. Estaba próximo el primero de marzo, fecha en que tradicionalmente el Presidente de la República presentaba en cl Congreso su Informe de Labores. En esa oportunidad también tomarían posesión los diputados electos, aunque no todos, por las impugnaciones que aún se ventilaban. Dentro del clima de tensión que en la capital prevalecía, el Presidente Ydígoras Fuentes envió y el autor recibió como diputado de oposición que en esa fecha concluía su período, el siguiente mensaje: “Sus funciones legislativa terminaron a la hora cero del primero de marzo entrante. Cuando yo llegue al Congreso a leer mi mensaje, usted ya no será representante a la patria. Empero, mi gobierno se desarrolló normalmente durante los 4 años de su cometido congresil. Por eso me es muy grato invitar a usted y señora, para que concurran al Congreso Nacional el primero de marzo a la hora en que lea mi mensaje para oír de mis labios los agradecimientos que daré al Congreso, y, particularmente a cada uno de los asistentes, por su actuación normal y encajadas a mi gobierno, dando la oportunidad para que en Guatemala, perduren los preceptos democráticos de las mayorías y minorías. Aprovecho esta oportunidad para ofrecerle mi amistad, juntamente con mi reconocimiento. (f ) Miguel Ydígoras Fuentes”. Idéntico mensaje recibieron los otros diputados que concluían su período. Los comentarios que se hicieron entre los miembros del Congreso en torno al gesto del Presidente de la República permitieron apreciar que el Presidente consideraba que los siguientes dos años de su gobierno serían de intensa actividad política, por cuanto afines de 1962 se celebrarían las elecciones de Alcalde de la ciudad de Guatemala y a fines de 1963, las elecciones presidenciales. Buscaba, con su gesto, aproximarse a distintos sectores de la oposición a fin de abrir canales de comunicación que le permitieren de inmediato, reducir la tensión existente y luego, orientar 301 Véase: Galeano, Eduardo, “Guatemala, país ocupado”, México, Editorial Nuestro Tiempo, S. A., 1967 y la versión en inglés: “Guatemala Occupied Country”, Monthly Review Press, 1969. Asimismo: “Guatemala un pueblo en lucha”, Madrid, 1983, pp. 33-34.

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consensualmente cl proceso electoral. Su deseo era presidir un proceso electoral abierto y democrático y, sobre todo, una transición pacífica. Consideraba que podría recuperar la confianza de distintos sectores políticos dejando saber que su partido no intervendría en las próximas elecciones de Alcalde, prometiendo establecer, de acuerdo con todos los grupos de oposición, los mecanismos que se creyeren necesarios para garantizar y salvaguardar la pureza electoral, sobre todo, para las elecciones presidenciales. Sus más íntimos colaboradores manifestaban discretamente su preocupación por el crecimiento de las actividades subversivas. Concretamente se referían a los “remanentes del 13 de noviembre; a las “actividades disociadoras de algunos miembros del MLN; al apoyo, que sin duda, el gobierno cubano daría a los grupos más radicales a fin de orillar al gobierno a cometer errores que lo desviaren de sus propósitos y a la conveniencia de aprovechar el nuevo esquema de relaciones políticas que se abría. Los acontecimientos se desarrollarían, sin embargo, en sentido opuesto a lo que el Presidente deseaba. Parecía como que si la “buena estrella” del Presidente desaparecería del firmamento político y que los errores que cometía el gobierno se debían más al azar que a un deliberado propósito. Lo imponderable y fortuito serían el principal enemigo del Presidente. Con el tiempo se comprendería mejor que la acumulación de Frustraciones sociales y políticas desde 1954 Inducía a fuertes segmentos de los sectores populares de la capital a manifestar su descontento y protestar contra el orden de cosas. A ello se sumaban, por supuesto, las manifestaciones de grupos articulados. Actos como el de la Asociación de Estudiantes Universitarios colocando una corona a la entrada del Congreso para simbolizar la muerte de la separación de los poderes del Estado y el paro de parte del servicio de transporte urbano en la capital, cobraban una dimensión socio—política que no se veía desde hacía muchos años. Progresivamente se fueron incrementando las protestas y las manifestaciones y, produciéndose como suele acontecer en situaciones como esas, actos vandálicos. El gobierno, interpretando erróneamente esos hechos y las manifestaciones de protesta al vincularlas a las actividades subversivas que se detectaba, estableció, primero, el 15 de marzo, la militarización de todos los servicios públicos que entraren en huelga ilegal y, luego, ante el hecho de que la fuerza pública disparando sus armas causó la muerte de varias personas, y las turbas, a su vez, la de policías judiciales. prorrogó el 19 de marzo el Estado de sitio por treinta días.

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Para ello el gobierno invocó el en Decreto No. 613 que “turbas irreflexivas azuzadas por elementos estudiantiles de reconocida filiación marxista que actúan incrustados en la Universidad Nacional y en la AEU, causaron en la ciudad capital serios daños a las vías de comunicación, y un sinfín de tropelías en perjuicio de la propiedad privada”, “Luego, usó la muletilla del comunismo internacional con una nueva variante. Que las hordas castro—comunistas se dedicaron no sólo a atentar contra la propiedad privada y contra las vías públicas, en franco desafio a la Ley de Orden Público en vigencia y que en su afán de destrucción y de mantener la zozobra y la intranquilidad, no han respetado ni la vida humana”. Se refería a tinos policías judiciales muertos en el Cementerio General por un grupo de personas que, a su vez, asistían al sepelio de víctimas muertos un día antes de los sucesos, por miembros de la fuerza pública. Tan sólo la mención de esos sucesos ilustra el cauce que los acontecimientos tornaban. Mientras se desarrollaban esos acontecimientos en la capital apareció en Baja Verapaz un brote guerrillero, entrenado y dirigido por el ex jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Arévalo y Arbenz, el coronel e ingeniero Carlos Paz Téjada que, para sorpresa de sus integrantes, fue detectado y denunciado por los campesinos de la zona. Al llegar el ejército se produjeron varios encuentros hasta que fueron copados en Chuarrancho. Unos, murieron en acción, otros escaparon y, otros más, fueron hechos prisioneros y sometidos a proceso judicial. Entre los prisioneros se encontraban varios profesionales universitarios, destacando el joven Rodrigo Asturias, hijo del escritor Miguel Angel Asturias quién años más tarde —fines de los años 70—actuaría como comandante de otro movimiento guerrillero, la Organización del Pueblo en Anuas —ORPA—. 4. PETICIONES DE RENUNCIA Para terminar de complicar la situación socio política que se confrontaba ocurrió, frente a la puerta y en el interior de la Facultad de Derecho, situada entonces frente al Congreso de la República un trágico suceso. Una unidad militar que se dirigía a relevar la guardia que protegía el Congreso fue silbada y ridiculizada por un grupo de estudiantes que se encontraban en la puerta. El oficial carente de experiencia en situaciones corno esa, así como los soldados, reaccionaron nerviosamente; primero, amenazando con el uso de sus armas y luego, algunos de ellos, disparando sobre los estudiantes, falleciendo en la entrada y en el corredor de la Facultad tres de ellos. El hecho fue el detonante para una más tensa situación nacional. El presidente Ydigoras Fuentes, informado del suceso, se trasladó

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personalmente a la Facultad de Derecho a fin de testimoniarle su pesar al Decano. Lic. Julio César Méndez Montenegro y, al claustro de profesores. Destacó, que su presencia obedecía tanto al hecho de que él era universitario como también General del Ejército y Presidente de la República. La situación que prevalecía en la ciudad por esos hechos y por el cúmulo de factores que se venían intercalando desde hacía varias semanas no permitió dimensionar el gesto del Presidente Ydígoras Fuentes, ni ponderar separadamente los distintos hechos; es decir, cada uno en su contexto. La reacción del cuerpo estudiantil fue exigir la renuncia del Presidente de la República, generando sus pedimentos de solidaridad fuerte presión sobre el claustro de profesores, colegios profesionales y el Consejo Superior Universitario. Después del sepelio de los estudiantes, el Consejo Superior acordó asimismo, solicitarle su renuncia al Presidente de la República. A partir de ese pedimento de renuncia del Presidente de la República se multiplicaron los esfuerzos de distintos sectores y personas por encontrar solución a la grave situación que confrontaba el país. Para unos, el General Ydígoras debía abandonar el poder. Un detenido análisis de la Constitución puso en evidencia que esa solución tropezaría con resistencia de parte de importantes sectores políticos. Por una parte, quien sucedería al Presidente sería el primer designado a la presidencia, obligado a convocar a elecciones a celebrarse dentro del término de cuatro meses. Esto implicaba repetir la experiencia de 1957. Se discutió y descartó, por otra parte, la posibilidad de su ausencia temporal, pidiendo permiso al Congreso para ausentarse por largo período. La fórmula adelantada por el Lic. Eugenio Silva Peña le permitiría reincorporarse a sus labores al vencerse ese permiso. En el ínterin se producirían los ajustes y reajustes que se consideraren importantes para salvaguardar los intereses de las distintas fuerzas políticas. La modalidad “del golpe técnico de Estado” estimulada por núcleos universitarios tampoco materializó. El propio Presidente de la República tomó la iniciativa. Hizo una disección de las fuerzas políticas y de los hechos que se daban. Sabía que los tres partidos MLN. PR y DC mantenían estrechas relaciones entre sí, más ignoraba —como el resto de las fuerzas y sectores políticos— el contenido y alcances del Pacto Tripartito. Reparó que se habían mantenido a prudente distancia de los grupos y núcleos que en las calles protestaban y manifestaban. Observó asimismo, que muchos de los dirigentes de los partidos “arevalistas” habían permanecido al margen de los principales acontecimientos, 302

302 Conversaciones del autor con el Ing. Ricardo Barrios Peña y Lic. Eugenio Silva Peña, Guatemala, Abril 1962.

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siguiendo con ello las recomendaciones del ex presidente Arévalo, de las que amigos íntimos de ambos lo pusieron al corriente. Finalmente, reparó que los universitarios y los sectores que en las calles actuaban, carecían de cohesión y organización política efectiva, por lo que desde el punto de vista de la praxis política carecían de interlocutores válidos. Cualquier acuerdo que hiciere debería ser con fuerzas susceptibles de contribuir a la estabilidad inmediata y a largo plazo. Asimismo, capaces de contribuir a construir el modelo de transición que su gobierno requería. El 15 de abril, después de militarizar los servicios públicos de la Municipalidad de la capital, ofreció en un discurso a la Nación reorganizar su gabinete y darle una nueva orientación a las actividades del Estado, a fin de satisfacer las peticiones que le formulaban. No encontrando receptividad en la “Triple Alianza”. — PR, DC y MLN—y descartando al sector arevalista, por indicaciones de su Ministro de la Defensa Nacional. Coronel Enrique Peralta Aturdía, el Presidente acudió el 22 de abril al formato de gobierno militar con lo que transitoriamente superó la crisis. Como Ministro de gobernación designó al coronel y abogado José Luis Lemus; en Educación, al coronel Ricardo Porras; en Economía, primero al coronel e ingeniero civil Oscar Meneses, y luego, al Mayor economista Jorge Lucas Caballeros; en Hacienda, al coronel e Ingeniero Agrónomo Víctor Bolaños; en Salud Pública al mayor y Médico, Roberto Azurdia; en Comunicaciones y Obras Públicas el coronel José Luis Cruz Salazar y en Relaciones Exteriores al Licenciado Jesús Unda Murillo. El formato militar causó impacto, y efecto. Sin embargo, a los analistas acuciosos les llamó la atención una nota dominante en el nuevo gabinete; todos los nuevos ministros, a la par de ser militares también eran profesionales universitarios. Era perceptible que al Presidente lo que le interesaba era el efecto inmediato que el cambio de gabinete causaría, más no supeditar su gobierno al ejército. 303

5. LA ETAPA FINAL Varias fueron las secuencias de eventos que. primero, de manera paralela y, luego, en forma convergente se desarrollaron a partir del gobierno “un formato militar” en abril de 1962 hasta el 31 de marzo de 1963, cuando se produjo el derrocamiento del gobierno del Presidente Ydígoras. Para comenzar, las primeras bengalas de la sucesión presidencial se dieron junto con las elecciones de Alcalde de la ciudad capital, con lo que el gobierno y los partidos políticos entraron anticipada y aceleradamente 303 Recopilación de Leyes, Tomo 81, p. 197.

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en ese proceso, mientras que las actividades subversivas cobraron perfiles más acentuados. Primero, otro brote guerrillero en Huehuetenango que fue controlado por el ejército en San Mateo Ixtatán,304 y posteriormente, el 25 de noviembre algunos miembros de la Fuerza Aérea se rebelaron atacando por aire la Casa Crema y otras instalaciones militares, siendo sometidos por el gobierno mediante cl uso de artillería pesada sobre el aeropuerto de la Aurora.305 Como puede apreciarse la secuencia de hechos políticos y militares mostraban que la sucesión presidencial se produciría en un ambiente sumamente fluido con rasgos evidentes de inestabilidad. Lo importante a destacar es que en medio de todo ello el Presidente de la República, el MDN que participaba en el gobierno y el “arevalismo” eran quienes daban muestras de querer llegar al final del proceso electoral a efectos de que concluyere el sextenio ydigorista con la transmisión del poder a quien resultare electo. En cambio, la Alianza Tripartita no mostraba similar inclinación. Persistía en ellos la pluralidad de candidatos. Las elecciones municipales de la capital, convocadas para el mes de noviembre de 1962 no estaban supuestas a tener significación política, dada la estrategia de alpinos partidos de no participar a fin de no medir anticipadamente sus fuerzas. Los partidos en gobierno se abstuvieron de presentar candidatos, al igual que el MLN y los partidos “arevalistas”. En cambio. Democracia Cristiana inscribió al Dr. Salvador Hernández Villalobos y, el Partido Revolucionario adelantó la candidatura del Lic. Mario Fuentes Pieruccini. Otro pequeño partido de tendencia revolucionaria —PU R— apoyado por la izquierda radical presentó la candidatura del ex triunviro, Jorge Toriello;306 y el movimiento emergente de las nuevas generaciones revolucionarias identificado entonces como Unidad Revolucionaria Democrática, la candidatura del autor. El periodista Francisco Montenegro Sierra, apoyado por un comité cívico independiente, se presentó a la contienda sin identificarse con ninguna de las tendencias que en ese momento imperaban en el país. La diversidad de candidatos del sector revolucionario evidenciaba que se consolidaban diferentes tendencias y que, para ellas, la alcaldía de la Capital tenía significado político. No se trataba de dilucidar candidaturas presidenciales pero sí, conocer “el estado de las fuerzas” frente a quienes se presentarían como candidatos presidenciales: el Dr. Arévalo y el Licenciado Mario Méndez Montenegro. Se partía de la premisa que a partir de esa

304 Informe del Presidente de la República al Congreso Nacional, Recopilación de Leyes, Tomo 82, p. XIX. 305 El propio General Ydígoras Fuentes dirigió las operaciones. 306 Galeano, Eduardo, “Guatemala, Occupied Country”, p. 140.

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elección ninguno de los candidatos presidenciales podría desconocer la fuerza de las distintas tendencias. Para los “arevalistas” eso no era problema. Ellos se consideraban la tendencia más fuerte y más representativa. Los sectores anticomunistas veían la elección municipal de manera muy diferente. Por una parte, no les preocupaba el hecho de la división entre revolucionarios, pero, sí les interesaba conocer la fuerza de ese sector en general, por cuanto veían con aprehensión el retorno al escenario nacional del ex presidente Arévalo y la posibilidad que, separando al PR, el resto se unificara a su alrededor. La proclamación del ex presidente como candidato presidencial por varios partidos arevalistas que tuvo lugar el 20 de octubre fue determinante para que se comenzaren a perfilar otras candidaturas presidenciales. El MDN hizo pública la del Coronel José Luis Cruz Salazar; el MLN, la del Coronel de Aviación Luis Urrutia; Democracia Cristiana, la del Ingeniero Alfredo Obiols; el PR, la del Lic. Méndez Montenegro, el Coronel Licenciado Abundio Maldonado, siguiendo los pasos de don Francisco Montenegro Sierra para la alcaldía, anunció su propósito de aspirar a la presidencia procediendo a organizar un nuevo partido político, y el General Ydígoras Fuentes hizo saber que el Sr. Roberto Alejos contaba con sus simpatías como candidato a la presidencia. La elección del alcalde despejó en parte el panorama político. Con una muy reducida diferencia de votos triunfó el candidato independiente periodista Francisco Montenegro Sierra, siguiéndole el autor. Luego. el candidato de la Democracia Cristiana. Dr. Hernández Villalobos, y disputándose el último lugar, con muy hala votación, el candidato del Partido Revolucionario, Lic. Mario Fuentes Pieruccini y el ex triunviro Jorge Toriello. Los grandes perdedores: la DC, el PR y la izquierda radical. El efecto de la votación fue determinante para que amainare entre los tres grandes perdedores el entusiasmo por la elección presidencial. Los firmantes del Pacto Tripartito consideraron indispensable examinar otras opciones, diferentes a la elección presidencial. Concordaba con ellos el Ministro de la Defensa Nacional, Coronel Enrique Peralta Azurdia, quien veía en el horizonte el retorno de Arévalo, corno el peor de los males entre todos los males que afectaban al país. Le resultaba impensable el retorno de los revolucionarios al poder y, en particular, el del Dr. Arévalo. 6. EL VETO DEL EJÉRCITO A pesar de que el Presidente de la República reiteró en su mensaje al pueblo de Guatemala el 31 de diciembre que su firme determinación era entregar la presidencia de la República a quien resultare electo por el

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pueblo, reafirmando la transición democrática, el Ministro de Defensa, Peralta Azurdia declaró el 10 de enero de 1963 que “el ejército no permitirá que ninguna persona sindicada como responsable directa o indirectamente con la muerte del coronel Francisco Javier Arana (acaecido el 19 de julio de 1949) llegue a la presidencia.” La declaración generó reacciones a cuales más variadas al reabrir públicamente el caso del asesinato del ex Jefe de las Fuerzas Armadas, cometido durante el gobierno del Dr. Arévalo. El autor lo calificó, entonces, en un artículo que publican el Diario La Hora como “el veto del ejército”, y, así en efecto, fue. El ex presidente, después de aceptar la candidatura presidencial venía preparando en México, donde residía exiliado, una “Carta Política al pueblo de Guatemala”, la cual Carta que circuló profusamente en Guatemala a partir del 22 de enero. En ella delineaba su pensamiento filosófico y político y. con pinceladas de estilo dibujaba lo fundamental de su programa de gobierno. Los Diarios de la época, — Prensa Libre, La Hora y El Imparcial — le dedicaron el espacio que un documento de esa naturaleza demandaba, sin dejar de criticar, en sus secciones editoriales, unos, el pensamiento y, otros, la arrogancia del ex presidente. Todo ello mostraba que el proceso electoral que supuestamente culminaría en noviembre de ese año se polarizaba desde los inicios del año. Prácticamente se planteaba el dilema entre Arévalo y todos los otros candidatos, hecho que en sí no favorecía en nada al gobierno ni al sector arevalista. La actitud del Ministro de la Defensa Peralta Azurdia unida a la polarización señalada y a la corrupción que se esparcía por el gobierno, le mostraron al presidente Ydígoras que en buena medida el ejército comenzaba a cuestionar sus decisiones, por lo que en una entrevista concedida a principios de marzo a la Prensa Asociada agregó, que para que el ex presidente pudiere retornar al país se requería que contestara dos preguntas: Primero: si era o no comunista segundo: el motivo por el que no se interesó por investigar la muerte del coronel Arana. Arévalo, quien ya había fijado la fecha de su ingreso a Guatemala para el 30 de ese mes, proporcionó, en carta dirigida al Presidente Ydígoras el 11 de marzo, detalle de los pasos tomados por su gobierno para investigar el asesinato del coronel Arana, y luego, esclareció la interrogante ideológica planteada: “Cuando en nuestros días, se habla de comunismo, el mundo entero se refiere a la doctrina filosófica, sociológica, economice y política originada en los libros escritor por Carlos Marx y Federico Engels, completados por Lenin. El mundo entero sabe que esa doctrina es materialista y determinista yen sus proyecciones políticas es totalitaria. Yo, en cambio, a título de Doctor en 307

307 Palmieri, Guillermo, op. cit. p. 24.

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Filosofía he debido adoptar una línea de doctrina propia, y que opté por el espiritualismo, que se acomoda a mi carácter y a mi temperamento. Usted sabe, señor Presidente, que materialismo y espiritualismo son anttagónicos e incompatibles. No se puede ser ambas cosas a la vez” Saltaba a la vista que la candidatura del ex presidente provocaba división y tensión entre el General Ydígoras y su Ministro de la Defensa, quien progresivamente venía construyendo base de apoyo a su tesis y a su posición entre los comandantes de las distintas armas y bases militares, debilitando la posición del Presidente. Para Peralta Azurdia el retorno de Arévalo era riesgoso. Para él, Arévalo arrasaría en las elecciones por cuanto el anticomunismo y sus nuevos aliados — el PR entre ellos — estaban profundamente divididos, sin posibilidades de presentar una candidatura unificada a oponérsele. Aún más. Arévalo significaba para muchos en el ejército, el retomo del comunismo, dado que fue precisamente en su gobierno que se formó el partido comunista. El lavado de cerebro que estimuló la Liberación a partir de 1934 era evidente que producía frutos. El riesgo era, por consiguiente, demasiado grande. En sentido contrario, el coronel Peralta no dimensionaba el persistente resurgimiento de los movimientos guerrilleros y el efecto que ello tendría a lo largo del tiempo. Tampoco, las diferencias ideológicas entre el “arevalísmo” y el “castrismo” cubano — acentuadas en artículos de prensa y de revistas — y el papel que, desde entonces, se vislumbraba jugaría el castrismo en el país donde precisamente se habían entrenado los anticastristas. Aún más, se resistía a analizar la conveniencia del marco democrático como la mejor para hacer frente a enfrentamientos ideológicos y a los movimientos guerrilleros. Para él, el juego democrático sólo podía darse cuando no existía el peligro del comunismo. Sus argumentos encontraban eco en los círculos anticomunistas y, desde luego, en los anticastristas que ganaban terreno en el istmo centroamericano y los esparcían entre los militares. El “veto” decretado por la cúpula del ejército, se extendía. Para colmo de males, los canales de comunicación entre el Presidente Ydígoras —que esperaba concluir su período gubernamental y viabilizar una nueva transición democrática en Guatemala—, y “su leal oposición”— el arevalismo — y otros sectores que no consideraban irremisible el triunfo electoral del ex presidente, dejaron de ser activos con lo que el Presidente Ydígoras aceleradamente fue perdiendo el control del proceso político que normalmente ejerce el Presidente de la República. A ello se sumaban 308

308 Arévalo, J. J., “Escritos Complementarios” pp. 85 y sgs. Asimismo: “Carta política al pueblo de Guatemala con motivo de haber aceptado la candidatura presidencial”, México, Costa Amic, 1963, pp. 19-33.

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actos de sabotaje y terrorismo. Por lo tanto, anticipándose al arribo el ex presidente Arévalo, previsto para el sábado 30 de marzo de 1963, decidió el 22 de ese mes, decretar el Estado de Sitio. De nuevo, en los considerandos le imputaba a los comunistas la responsabilidad de esos hechos.309 El Ministro Peralta Azurdia, por su lado declaró que tan pronto el ex Presidente Arévalo pusiere pie en tierra en el aeropuerto nacional, se encontraría con el Ejército que, sin miramientos ni cortesía, lo detendría. La tensión en el país crecía a pasos acelerados. Se vislumbraba enfrentamiento entre el Presidente Ydígoras y su Ministro de la Defensa y, entre este último y el arevalismo. El General Ydígoras aún quería jugar otras cartas y le envió mensaje a Arévalo que postergare su arribo. Faltaban todavía 7 meses para las elecciones presidenciales. A criterio de los funcionarios políticos de la Embajada de Estados Unidos de Guatemala la llegada de Arévalo en la fecha prevista afectaría irremisiblemente, al presidente y al ex presidente. En la mañana del sábado 30 de marzo, Guatemala entera se enteró por la prensa que el ex presidente se encontraba en el país. Había salido el 27 de México en una avioneta arribando al aeropuerto de Helvetia, en Retalhuleu, en donde el piloto lo dejó junto con su acompañante Rafael Santiesteban. De allí con ayuda de campesinos del lugar se trasladó por carretera a la cabecera departamental y, luego, a la capital. El viernes 29 por la noche ofreció una conferencia de prensa a periodistas norteamericanos y guatemaltecos, entre ellos, al experimentado corresponsal Paul Kennedy del New York Times e Isidoro Zarco de Prensa Libre, quién después sería detenido y amonestado por Peralta Azurdia. Se rumoraba incluso, que llegaría al aeropuerto internacional para darle una lección a Peralta Azurdia. Al leer la prensa de la mañana y el título principal ARÉVALO EN GUATEMALA el ministro Peralta Azurdia convocó aceleradamente a una “Junta de Comandantes” que se celebró en su despacho, mientras el Presidente de la República, en Casa Crema, permanecía sólo con su esposa y una pequeña guardia presidencial. En su fuero interno aún confiaba que no todo el ejército se plegaría a los dictados del Ministro de la Defensa. Sin embargo, ningún cuerpo militar contestaba sus llamadas. Sus seguidores estaban desorientados y más aún, sin saber que hacer, por cuanto el Presidente se había negado a que se tomaran medidas de salvaguardia para esa eventualidad. Dos semanas antes, el Presidente había instruido a sus hijos para abandonar el país.

309 Recopilación de Leyes, Tomo 872, p. 13, Decreto No. 617 del 25 de marzo de 1963.

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A medida que los distintos cuerpos militares contestaban afirmativamente la consulta que el Ministro de la Defensa les hacía por radioteléfono, se daban toques finales para cambio brusco de gobierno. A las 22 horas, tropas de la Guardia de Honor rodearon la Casa Crema: unidades de la Base Mariscal Zavala, la Casa Presidencial en el centro de la ciudad y la sede del Partido Revolucionario Ortodoxo situada frente al parque San Sebastián, ocupando, además, la radio nacional y los otros servicios de comunicaciones. Luego, el coronel Juan de Dios Aguilar de León, acompañado de dos oficiales conminó al Presidente en Casa Crema a rendirse mientras un tanque de la Guardia de Honor violentaba la puerta principal. Con estos actos, concluía el operativo militar. El Presidente y su señora esposa fueron luego conducidos a la Fuerza Aérea, donde permanecieron hasta el amanecer. Un transporte militar los condujo, finalmente a Nicaragua. El ministro de la Defensa que había jurado lealtad al Presidente de la República y a él como Comandante en Jefe del Ejército, frustraba, así, otra transición democrática, abriendo con ello el trágico capítulo de un nuevo gobierno de facto y otro capítulo, totalmente nuevo para el país: la confrontación armada e ideológica que subsistiría a lo largo de los siguientes treinta años.

CAPITULO XLV LA SOLUCION AUTORITARIA FERNANDO GONZALES DAVINSON

El golpe militar de marzo de 1963, no fue un simple cuartelazo. sino una medida estructural para prevenir un cambio de régimen y solucionar la crisis en que se encontraba el bloque en el poder. Fue también un golpe contra las expectativas ciudadanas de tener una democracia. Para América Latina, a partir de la muerte de Kennedy, Washington impulsaria la política de la seguridad nacional, tenía dos elementos: a) estimular la inversión, vía ciertos programas ya restringidos de la Alianza para el Progreso, y b) respaldar la política de orden y contrainsurgencia, para asegurar el capital (local e internacional). Guatemala encajo en ese diseño, inclusive antes de que se constituyera en una política estratégica de los Estados Unidos. La verdad era que los inversores de ese país se disponían a invertir en América Latina, con la doble meta de cooperar en el campo económico y detener la presión “comunista”, pero teniendo asegurada las ganancias de retorno. Las modalidades del gobierno militar reflejaban en esencia las observadas a partir de julio de 1954: enseguida de instaurarse como jefe de Estado. Peralta Azurdia ordenaría —con la venia de la jerarquía oficial— el asalto a los partidos políticos, a los domicilios privados de quienes se consideraban sospechosos, a los sindicatos.., se despide de sus empleos a diversos individuos, se elimina la autonomía municipal, se remueve el Congreso y los Jueces, provocando la renuncia de los magistrados de la Corte Suprema, mientras tanto, poco antes la misión militar estadounidense en Guatemala había recibido ordenes a fin de que el ejército de Guatemala se trasformara en una fuerza efectiva antiguerrillera. Se crea una base de entrenamiento en Izabal para oficiales guatemaltecos, que han hecho cursos al respecto en Panamá. El ejército va saliendo de sus cuarteles, pero con reticencia. La guerrilla, en cambio logra un avance relativo y llegaría a tener al rededor de 500 elementos en anuas. Estados Unidos otorgo comida (vía

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CARE) para que el ejército se gane a la población rural de oriente. a través de una “ardan cívica”, siendo la primera experiencia en tal sentido hecha por ese país en América Latina. La guerrilla aún está distante y las zonas de producción del país continúan su marcha normal: los resultados positivos de la diversificación empiezan a salir a luz con las exportaciones azúcar, algodón y carne, que se suman a las tradicionales de café y banano. Además, el ritmo de la industrialización va en aumento, con la alianza que se da entre los empresarios locales y los monopolios foráneos. El mercado común aparece como una panacea, pero los expertos sabían que no tenían sino débiles cimientos para promover el sector industrial: sin desarrollar el consumo interno, no sólo no se fomentó la planificación ni la regionalización armónica de las empresas, como sugería la CEPAL, sino que se dejo al “libre juego del mercado” la inversión foránea que escogiera el país y la forma de producir. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) “promociona” la inversión foránea, especialmente de los Estados Unidos, otorgándole créditos blandos y a largo plazo; el BCIE obtiene sus fondos de AID y del BID, especialmente. La inversión sin control se desarrolla y las capitales centroamericanas empiezan a cambiar y ampliarse. Pero la mayoría de las industrias o son de alta tecnología o son “fantasmas”, que no generan empleos masivos; “fantasmas” en la medida que, de hecho, las firmas “industriales” lo importan todo — como sucede con las farmacéuticas— y sólo lo envasan en el país: un mecanismo sencillo para evadir los impuestos a la importación. En ese sentido, si se trataba de un proceso de sustitución de importaciones, este en realidad no se daba; sucedía lo contrario en la práctica. Las pérdidas fiscales son importantes. Sin embargo, el proceso generaun modesto crecimiento de desarrollo capitalista dependiente: nuevos actores sociales aparecen al ampliarse los grupos medios relacionados con la industria, al igual que los que empiezan a escalar posiciones en una burocracia que empezó a tecnificarse de una manera incipiente: la Universidad se vuelve ese trampolín. Todo ello combinado con las nuevas actividades en el agro del algodón, del azúcar y la carne. Estas generan un aliento de trabajo a la débil economía minifundista del altiplano, cuyos miembros se ven forzados a emigrar año con año en busca de un salario, dado lo reducido de sus tierras y, por ende, sus ingreso. Las masas campesinas ya no tenían “comités agrarios” para pedir tierras, ni partidos políticos para solicitar ayuda. Quienes inician una labor de rescate serían algunos sacerdotes extranjeros, a fin de que la Iglesia tenga una base social que la estaba perdiendo (al aliarse directamente en 1954 con las fuerzas reaccionarias y anti populares); pero, incluso,

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el cooperativismo que fomentaron fue bloqueado porque era sinónimo de comunismo. Así, el cooperativismo logra continuar su esfuerzo con apoyo adicional de la Democracias Cristiana y de los Peace Corps. En los pueblos indianos los viejos principales empiezan a ser rebasados por los jóvenes, continuando el fenómeno en ese sentido desde 1944. Los conflictos de las cooperativas con los comerciantes de los pueblos provoca un bloqueo mayor a su desarrollo. Pero la politización, nacida de la permisibilidad de participaren elecciones municipales, es ya un hecho en el altiplano desde el régimen revolucionario. Mientras tanto, el campesinado conocería una baja general de sus ingresos: primero, reducir desde tiempo de Castillo Armas sus salarios y, segundo, para otorgar una mayor renta al gran terrateniente; en efecto, el sector rural tenía un ingreso promedio anual de Q. 87 en 1950, mientras que en 1964 era de Q. 83 (sin considerar la erosión del salario real en razón de la inflación). Así, el progreso del desarrollo económico exhibía su paralización. El campesino indígena se iba volviendo “un proletario rural, que tuvo que ser campesino para desempeñar una tarea proletaria”, en las grandes haciendas de agroexportación. El crecimiento demográfico nacional del 3.1% anual aceleraba las migraciones rurales; los ladinos de oriente y centro del país se orientaron a la costa Atlántica y el Pacífico y, en menor escala, a la ciudad. El altiplano indígena buscó igualmente la costa sur (en donde empezó a prosperar el algodón, azúcar, la citronela, el caucho), y poco en el norte (El Petén) y menos aún, en la capital. En efecto, si la agricultura en términos generales había decaído de 1957 a 1963, los años venideros serían de auge: la nueva frontera agrícola de la costa sur sería el motor novedoso del capitalismo en el agro. Ello motivó una tendencia hacia la concentración de tierras y la expropiación de grandes finqueros sobre los pequeños (especialmente en oriente). Por añadidura, en las escasas zonas de colonización, diversos oficiales era beneficiados, ampliando así los privilegios de una oficialidad que empezó a gustar de aquel reinado. La economía campesina del altiplano logra mantenerse a los niveles de sobrevivencia de siempre, gracias a los fertilizantes —en ese tiempo de bajo precio—, canalizados a veces por cooperativas, que reactivaron la producción en granos básico. Entre los trabajadores permanentes de ciertas haciendas, sólo existirían pocos sindicatos rurales (más de 340 en 1953). Algunas ligas campesinas iniciarían sus labores (en sustitución de las uniones del régimen de 1944 54), aunque restringidas por el medio. La guerrilla se había consolidado en oriente y ensayaba un enlace con cl campesino de esa región y lo logra en cierta medida, pero es una zona donde es amplia la mediana propiedad que se repliega en favor del ejército: los arrendatarios y campesinos ladinos sin tierras, pudieron

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ser su fuerza potencial pero era en una de las áreas menos habitadas del país. Las condiciones históricas aún no se prestaban para aliarse con el campesinado “indígena” que la guerrilla sabia era el grupo social más golpeado de la sociedad. La ayuda militar estadounidense ha llegado, pero la guerrilla seguía existiendo. Se inician las fricciones entre la embajada estadounidense y el gobierno militar, particularmente en razón de que éste último no quería que oficiales estadounidenses tomaran el control de la lucha contrainsurgente. Peralta fue siendo tildado de incapaz como estratega militar y como entorpecedor de la ayuda económica (condicionada) ofrecida por las instituciones financieras de ese país. La influencia de Washington cala en el orgullo nacionalista de la oficialidad castrense, apoyada por ciertas tecnocracias del Banco Central, que había quedado como legado del régimen revolucionario. Mientras tanto, con las armas “libres” que han quedado en manos “privadas” en las fuerzas castillo armistas y de las entregadas por Ydígoras a grupos paramilitares para atacar la oposición en su contra en oriente, los grupos paramilitares empezarían a constituirse. Para la embajada estadounidense esto podría justificarse porque habían muchos coroneles “que no hacían nada”. Es decir, que disfrutaban de algún puesto burocrático y de doble remuneración. Sin embargo, el sector privado se complace con el gobierno de Peralta Azurdia y aprovecha para redactar toda una nueva serie de códigos para adecuar las normas civiles y comerciales, a las nuevas necesidades del desarrollo económico. También se establece una Constituyente — cuya designación parcial generó amplia crítica— que redactaría una nueva Constitución, bajo los parámetros de la del 56. Asimismo, se hace una ley electoral restringiendo la participación política y subsumiendo los partidos políticos que se legalizaran al Estado. Son cuatro partidos los que son legalizados, uno representando a los terratenientes (MLN) otro ejército (PID), el siguiente a una fracción industrial (PR) y otro (DC aún como simple cenáculo de excastilloarmistas, orientados por la doctrina social de la Iglesia. Son cuatro comités electoreros que aparecerán como legitimadores del sistema, ya que su actividad restringida, en esencia, sólo sancionarían el orden establecido. A nivel externo las acusaciones contra el gobierno militar provinieron por razones que iban desde la ilegitimidad del mismo, hasta la violación a los derechos humanos, ello en un mismo ambiente de estado de sitio, de larga duración. Los sectores moderados democráticos están en el exilio, ante la persecución que fue sistemática. Se recuerda a los veintiocho comunistas lanzados al océano en el preciso momento que el gobierno llamaba al “retorno a la constitucionalidad” para celebrar elecciones a la presidencia, haciendo eco a la presión de Washington de realizarlas. Existió

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optimismo en aquel gobierno que abrió las puertas a la tecnocracia, la cual fue cooptada políticamente. Se realiza un censo nacional, que revela en el agro el mantenimiento de una estructura arcaica. Es la Iglesia la que tiene ahora la palabra: la declaración previa a los censos de los obispos de Guatemala —que refleja un cambio en la política de la Iglesia— contrariaba la condición miserable del campesino “... en situaciones que semejan muy de cerca a los campos de concentración” patentizaban el drama campesino. Pero la respuesta es la creación de la Policía Militar Ambulante, al servicio de los terratenientes; y. para fuente de inteligencia, el establecimiento de comisionados militares (campesinos pagados) en zonas con presencia guerrillera. Es la tecnocracia misma la que apuntala los proyectos engabetados por Arbenz y se inician los trabajos de las hidroeléctricas de Jurún-Marinalá y los esclavos. La Banca Central inyecta financiamiento al sistema bancario, el cual tiene un nuevo Banco Industrial (capitalizado con 10% de las exoneraciones fiscales otorgadas a la industria), para promocionar los créditos del sector. La tecnocracia remodela el Consejo Nacional de Planificación y sugiere la colonización masiva de campesinos en tierras del Estado en Alta Verapaz, El Quiché, parte de Huehutenango, Izabal y El Petén, pero a esta sugerencia se responde con un silencio y evidente de la estructura del poder, apoyada por una prensa que alaba sólo la perspectiva de crecimiento económico. Atacada de manera convencional, la guerrilla continuaba disturbando al gobierno. La misión militar estadounidense presiona insistentemente para mejorar las tácticas. Sin resultado positivo para su parte, la embajada norteamericana considera un gobierno civil — en el largo plazo— sería una mejor estrategia contra la guerrilla; con los civiles no sólo se podría hablar de ayuda económica, sino que la asesoría militar norteamericana tendría libre acceso a las tareas contrairsurgentes. Por ende, se opondría a un golpe de Estado tras las elecciones de 1966, ganadas por un abogado “liberal”, apoyado por el Partido Revolucionario (PR). Este tenía el apoyo de una serie de profesionales progresistas y de algunos remanentes moderados del régimen revolucionario. Los militares entregarían el gobierno, primero, condicionado a darle un golpe si interfería en los límites de su “autonomía”, y segundo cumplían la promesa de que sólo se trataba de un gobierno “interino” (a contrario de lo que sucedía en Brasil y Argentina). Para mayor efecto, se celebró un pacto entre la jerarquía oficial y el Presidente electo Julio César Méndez Montenegro, por medio del cual la jerarquía del ejército continuaría sin perder su rol Reinante en el Estado. Tras tomar posesión en esas condiciones, frente a una guerrilla que creía en las reformas que podría poner en práctica el “gobierno civil” (en cierta medida había apoyado tácticamente su candidatura), el gobierno de

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Méndez Montenegro le ofreció la amnistía. Ello mientras se preparaba la mayor ofensiva del ejército. Hecho por el cual el coronel Arana Osorio tomó posesión como jefe de la zona de Zacapa, tras arribar de Washington, en donde —como agregado militar— había aprendido las nuevas tácticas contrainsurgentes. En Zacapa se encontraba el contingente de la FAR. En esas circunstancias se abren las puertas a la asesoría militar estadounidense y a la ayuda económica de ese país. En el ínterin el ejército había logrado mejorar técnicamente el armamento de los soldados; los gastos por cada uno de ellos se había elevado de Q. 857.00 en 1955, a Q. 1,763.011 en 1,965, y ello sería aumentado poco después. El ejército se repliega sobre sí mismo como grupo aparte, defendiendo el interés social de sus miembros (esprit de corps) y refuerza su posición política a cada victoria contra la guerrilla. Pero al mismo tiempo, el apoyo de la Iglesia —dado años atrás al régimen—se va diluyendo. Así, entre ataques repetitivos del ejército, la acción cívica paralela y la fuerza de los grupos paramilitares (con carta blanca para eliminar a posibles sospechosos) el balance hasta 1967 sería la eliminación de los dos focos guerrilleros en el oriente y la muerte de cerca de 8 mil civiles de esa zona. El gobierno “civil” queda atado y no puede cumplir ciertas reformas mínimas que, incluso, gozaban del apoyo de Washington: el gobierno “civil” resulta como un espectro del oportunismo de ciertos sectores medios —teóricamente reinantes—, que controlan en apariencia la administración pública, sin un poder real y en convivencia con aquel estado de cosas. Es la desilusión de los sectores democráticos y de aquellos que fueron figuras relevantes entre 1944 54 que había dado su pleno apoyo a Méndez Montenegro. Su gobierno está traspasado por la jerarquía oficial articulada a los grupos de presión del bloque en el poder. La Iglesia, que tiene un discurso crítico, sufre en el secuestro del arzobispo Mario Casariego por grupos ultraderechistas. Tras ello, el arzobispo responderá con la aceptación y bendición del régimen. El gobierno olvida su plataforma política, relativa a una reforma agraria y aún con el apoyo de Washington, intenta una reforma al sistema impositivo como mecanismo de la redistribución del ingreso. El gobierno se tambalea y cede a las presiones de la “iniciativa privada”, sin llevarla a cabo. La carga tributaria representaba en el país un 10% del PGB en 1955; en 1966, sólo el 8%. Los impuestos de importación bajaron ostensiblemente por las exoneraciones. El impuesto sobre la renta era más que suficiente carga para una clase social que no quería saber nada de impuestos. La embajada norteamericana toma conciencia de la situación y opta por apoyar una tecnificación para que el Estado capte más “eficientemente” sus ingresos. Méndez Mendez, así no podía encamar un “Tercer Gobierno de la Revolución”, como insistentemente

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trataba de identificar su gestión, pero lo recalcaba al inaugurar obras como Jurún-Marinalá y los Esclavos, o cuando el Estado compró (ante la huelga de empleados) la vieja chatarra de los haberes ferroviarios de la IRCA, de un enclave moribundo. Moribundo porque la inversión capitalista foránea, de nuevo sello, requería su liquidación para facilitar la vía a una economía con transparente ratero ágil. Incluso la United Frut Co. —en crisis- - logra incorporarse a la industria nueva en la rama de los alimentos (United Brands) al ser obligada por la Ley Antitrust de los Estados Unidos a vender al Del Monte por US$ 20 millones sus haberes bananeros (que luego reabsorbería). A pesar del descalabro de la económia de enclave, la inversión estadounidense ha pasado a otros sectores de manera notable. 46 grandes firmas de Norteamérica operan en el país, y en gran parte se han instalados localmente, adquiriendo empresas existentes (pagando con acciones de la casa matriz y sin representar dinero para el país) que gozarían de exoneración fiscal y de impuestos a la importación de equipo y materia prima. El drenaje fiscal es profundo. La clase en el poder no quiere pagar su costo. El mercado común conmueve a los países miembros al empezar a hacer crisis por lo inigualitario de los beneficios. Honduras es la parte más frágil: en 1966 se le da tratamiento especial y tras la “guerra del fútbol” en 1968, se retira del mismo. Los límites del mercado común se absorben de inmediato por el reducido grupo de capas sociales con capacidad de comprar. La guerra Honduras —El Salvador evidenció los límites de una paz americana, puesta en cuestión. La capital guatemalteca es el refugio de la guerrilla diezmada: la inseguridad se abre a sus pobladores que dejan de tener las garantías mínimas, porque las fuerzas de seguridad actúan imponentemente para acorralarla. El consuelo que no lo fue: un guatemalteco en un país con 65% de analfabetos había ganado el primer Nobel de Literatura. Era Miguel Angel Asturias, parte de esa intelectualidad arbencista defraudada. Para los sectores populares la oscuridad envuelve su derrotero. Se producen nuevas huelgas de los trabajadores del ferrocarril. Pero brilla el tiempo para la inversión prevista de alrededor de Q 200 millones para el proyecto Exmibal de extracción de níquel, por parte de la Hanna Mining Co., quien recibiría las concesiones del caso. Tiene el aplauso de la burguesía en su conjunto, porque una inversión de esa envergadura reconfimiaría la asistencia de seguridad de los Estados Unidos en el país, que ya era una de las más altas para América Latina. No sería, pues, un azar el asesinato del jefe de la misión militar y del asesor naval de la embajada de los Estados Unidos y, luego, tratando de liberarse de un secuestro, de su propio embajador. Así, aquel gobierno local que había tenido una imagen internacional positiva —con un discurso reformista en los organismos internacionales—decae, pero aún así consigue que la mayoría de países voten en favor del candidato

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guatemalteco a la presidencia de la ONU. La “guerra del fútbol” en 1968 entre El Salvador y Honduras hace crisis en el mercado común; ambos países se inculpan mutuamente, pero el problemas de fondo subyace en que ninguno ha hecho reformas estructurales al problema agrario. En Guatemala, para controlar esa problemática, la acción cívica continúa, mientras las noticias de Viet Nam revelan que esa política es insuficiente para controlar el proceso de liberación del país asiático. Pero no es posible hacer comparación, pues en Guatemala la guerrilla —en extremo modesta— había mostrado poco enraizamiento con los campesinos de oriente. Surte sus efectos la acción cívica con la ola de “desapariciones” que corre paralela. Además, se llega a permitir que los terratenientes posean pequeños grupos armados para su defensa. Estos, en oriente, se articulan con las bandas paramilitares para hacer frente las FAR y su número llega a ser mayor de 2,000 hombres en armas. El reformismo fracasaba en el país por que lo que antes se había considerado una burguesía nacional, que podría haber apoyado esa estrategia, se ajustó plenamente a los intereses del exterior en materia industrial y a la política estatal contrainsurgente. El bloque en el poder congratulaba a la jerarquía oficial, elevando al ejército como el pacificador, sin necesidad de hacer cambios sustanciales. La promoción del “desarrollo” de las agencias norteamericanas y de la tecnocracia local representaba posponer las reformas globales. La “guerra sucia” se justificaba por su carácter anticomunista a nivel local y por parte de la embajada norteamericana, por encajar en defensa de la “libertad”. Los escuadrones de la muerte que iniciarían la crisis de “legalidad” serían auspiciados por aquella asesoría foránea y la jerarquía oficial local, justificados, dado sus buenos resultados, incluso por los partidos políticos legalizados. Las voces corrían que se trataba del “ mejor gobierno militar que Guatemala ha tenido”. Ello, a pesar de que algunos intereses de “extrema derecha” presionan por derribar al abogado Méndez Montenegro, a causa de la neutralidad del poder Judicial que “liberaba” a presuntos auxiliares de la guerrilla al no haber pruebas en su contra; esto sólo cuando eran remitidos a los tribunales. Porque la verdad era que los escuadrones de la muerte dejaban poco margen para ello. A la violencia, la guerrilla perpetra secuestros de personas acaudaladas para agenciarse fondos, instaurándose el Estado de Alarma, que restringía más las garantías ciudadanas. La Iglesia, por su parte, conoce fisuras entre sacerdotes guatemaltecos y extranjeros: en 1965 se calculaban 571 sacerdotes, de los cuales 100 sólo eran del país, éstos últimos asumen tres obispados, formando un contrapeso contra la voluntad del Arzobispo —tildado de extranjero— de la ciudad capital; también existe una fisura entre el arzobispado y nuevos sacerdotes de tendencia reformista, en

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especial de los Estados Unidos y de Europa. Esto lejos de vincularse con los “indígenas” como sucedía en el pasado para neutralizar su potencialidad revolucionaria, ahora penetran en sus problemas y pretenden solucionarlos con una mejor organización del campesinado. Primero el gobierno expulsa a un cura español; luego, en 1966, a tres religiosos radicales de la orden Maryknoll ligados con la guerrilla y el indoctrianamiento a ciertos estudiantes de secundaria. Se decían favorables al cambio radical de la estructura del país. Los Catequistas, laicos campesinos, favorecen el rol de la Iglesia en el campo: la Iglesia católica recibe asistencia financiera de los Estados Unidos por Q. 1.2 millones, pero la Iglesia protestante recibe un poco más: Q.1.4 millones en 1965 para ambos casos. Ese último monto refleja la “competencia” por ganar fieles. La diferencia era que los sacerdotes católicos tendían a “dar luz para forjar una comunidad acorde con la ley divina” por oposición a ciertos grupos protestantes que interiorizaban el problema social a nivel sicológico-moral de los individuos. La Iglesia católica también compite por mantener su papel en los “altos estratos “, en especial a través del Opus Dei: se bendice la acción diaria de los individuos sin su relación política. En 1969 Méndez M., aprovecha para desplazar al Ministro de la Defensa, al Director de la Policía y al Comandante de la zona de Zacapa (Carlos M. Arana O.), con ambiciones políticas (golpistas) notorias. Los reemplaza por otros militares; sin embargo continúa el engranaje institucional del ejército ejerciendo su halo de influencia sobre el gobierno. Este último tuvo el “mérito” de mantenerse y, por extensión de alejar el peligro “comunista” del país, según la prensa estadounidense. Méndez M., justificó su incapacidad de hacer reformas, razonado que la extrema izquierda la quería de inmediato ante la resistencia de la clase dominante que deseaba realizarlas de manera “evolutiva “, obligándole a una moderación. Moderación excesiva: no se ayudo a la pequeña industria local y, a nivel agrario, sólo se transferirían 27 fincas estatales a los campesinos y ni siquiera se pondría en práctica la colonización en el norte, que sólo se pudo iniciar. Moderación que se tomó complicidad con el “plan piloto” desarrollado en Zacapa (acción cívica más represión), con el apoyo de los Estados Unidos. Por adición, la ciudad capital pareció quedar bajo un sitio militar, mientras que la policía duplico su número de agentes. La prolongación de la violencia parecía ser por tiempo indefinido y la conducta social más bien tendía a la sobrevivencia. Realmente, no se trataba de una democracia. En ese clima urbano de descomposición, la guerrilla captura al embajador de Alemania; el Gobierno no sede a sus demandas de liberar a varios guerrilleros capturados por la fuerzas de

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seguridad y von Spretti aparecerá asesinado poco después. El terror de una y otra fuerza cuestionan la capacidad del gobierno para detener el flujo violento entre las guerrillas y los grupos paramilitares, 1o anterior se confirma con el secuestro del Ministro de Relaciones Exteriores (Dr. Alberto Fuentes Mohr) y la posterior liberación de ayudantes importantes de la guerrilla urbana que guardaban prisión. Mientras tanto, el clima de la campaña electoral por la presidencia es tenso. Las viejas divisiones de la derecha se borran y se unen sus principales partidos políticos (MLN-PID), para proclamar al coronel Carlos M. Arana Osorio como su candidato. La DC crece relativamente y participaría por vez primera en la contienda electoral postulando a otro militar técnico (por oposición a Arana O., que representaba el ala dura de los militares “tácticos” y una plataforma de reformista. El partido gubernamental (PR) se diluye en contracciones con su abogado como candidato. ‘triunfa Arana Osorio (46% de electores se abstuvieron) y con él, asume el gobierno el ala técnica (dura) de las fuerzas armadas: éstas cumplirán la tarea de dar “un sentido común” al equilibrio inestable que existe en el interior de las fracciones del bloque en el poder, con el añadido que cierta jerarquía oficial formará económicamente parte de él, articulado un todo exclusivo y excluyente. Con el Coronel Arana Osorio en la presidencia en 1970 llegan a ejercer altas funciones gubernamentales también los líderes civiles de los grupos paramilitares y sus contradicciones serán resueltas por la fuerza en favor del primero. Ese gobierno recibirá ayuda plena militar y económica de los Estados Unidos, desde su primer año de existencia. Mientras se libera el control de cambios, el país quedaría bajo estado de sitio y toque de queda nocturno. A la caída de los últimos reductos urbanos guerrilleros y a la sombra de la libertad de aquellas bandas paramilitares, se asesinaron a diversos profesionales arbencistas que habían continuado residiendo en el país. Bajo esas premisas, los intereses de cubanos en la ganadería y del Sunbelt estadounidense sumado al acceso de los terratenientes al gobierno, el Estado y la Banca internacional inyectarán el financiamiento necesario para que la agricultura adquiriera prioridad ante su proceso de industrialización, cuyos límites fueron evidentes. Las arcas gubernamentales están llenas, gracias al alza de los productos de exportación que sólo estaba en sus inicios. Con la tranquilidad aparente del caso, la economía campesina indígena aún soportaría un nuevo proceso en contra de su desarrollo, y el resto de sus campesinos expandiría su pobreza: la polarización social se afirmaba en el campo y, en la ciudad, los obreros y grupos medios y progresistas conocerían — tras ligeras manifestaciones en contra— el silencio, con las raras excepciones de valentía que era sinónimo de temeridad. Las capas medías restantes recibirían las migajas del oportunismo político y de la expansión económica, renegando la crítica al sistema. El orden imperaba

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pero muchos se resistían a reconocer que no sería por mucho tiempo. Ello en virtud que la liberación social y étnica no se había resuelto, asi como tampoco el problema de la independencia económica nacional. El desarrollo económico elitario se realizaba, reforzando la existente estructura del poder, ampliando la polarización social. El Salvador y Nicaragua —éste último país con las particularidades dinásticas conocidas seguirían una vía similar a la guatemalteca. En Honduras, el sector empresarial y el ejército, apoyarían un proceso de reforma agraria, dándole otro curso a su desarrollo social (menos polarizante). Costa Rica mantendría su estructura democrática sobre las bases dadas desde 1948.

CAPITULO XVLI UN PAIS MILITARIZADO

LUIS EDUARDO MARTINEZ DE LEON (COORDINADOR) Guatemala es uno de los países latinoamericanos que más gobiernos militares a tenido en toda la época republicana , ya sea en la forma de dictaduras clásicas, juntas militares, gobiernos constitucionales, etc. En este siglo, 79 años gobernaron militares, y sólo 21 lo hicieron civiles. A mediados de este siglo los guatemaltecos vivieron su primera y única primavera política y social, luego de cuatro siglos de regímenes opresivos. Entre 1944 y 1954 el Estado dejó de ser una maquinaria antipopular y represiva; los sectores populares dejaron de ser perseguidos; se permitió su organización; se suprimieron los trabajos forzados... Pero aquella primavera fue efímera. Una intervención estadounidense derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz e introdujo una nueva época de oscurantismo y violación a los derechos humanos y libertades fundamentales. Los efectos devastadores de aquella acción política perduran hasta hoy. UN GOLPE DE ESTADO NOVEDOSO Tras varios años de inestabilidad política y social, un golpe de Estado sustituye el 30 de marzo de 1963 al presidente constitucional, el General Miguel Idigoras Fuentes. El golpe estaba encabezado por el ministro de la Defensa, coronel Enrique Peralta Azurdia, quien asumió la Jefatura del Estado. No era, sin embargo, un cuartelazo al estilo clásico. Varios hechos ocurridos en los años anteriores, confluían y daban a aquel golpe un carácter novedoso, en el que entraban en juego la misma concepción del poder político y su ejercicio. Luego de la intervención estadounidense en 1954 la situación política y social permaneció inestable. Trabajadores y estudiantes realizaron grandes manifestaciones de protesta en mayo y junio de 1956.

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En 1954 se rebelaron los cadetes de la Escuela Politécnica (academia militar). En noviembre de 1960, varias bases militares participaron en un levantamiento contra el gobierno de Idígoras Fuentes; pilotos y naves aéreas estadounidenses ayudaron a sofocar el intento de golpe, en el que, según fuentes golpistas, llegaron a estar involucrados en algún momento un tercio de todos los oficiales del ejército. En marzo y abril de 1962 el descontento popular cristalizó en grandes movilizaciones en la ciudad de Guatemala, lo que obligó a Idígoras a reestructurar su gabinete y reforzarlo con varios militares. En las montañas guatemaltecas se organizaron entre 1962 y 1963 las primeras guerrillas. En aquel ambiente, las elecciones proyectadas para 1964 abrían la posibilidad de un nuevo ascenso de la lucha popular, que podría reeditar la situación de 1944-1954. Y el desarrollo del movimiento revolucionario podría hacer peligrar a corto plazo aquel sistema político, económico y social. Para 1963 ya se había hecho evidente el fracaso del proyecto estadounidense que en 1954 se había propuesto hacer de Guatemala un modelo de país anticomunista, democrático y próspero, y había incrementado espectacularmente su asistencia económica y militar, con el consiguiente fortalecimiento del ejército y del empresariado local. El ejército exhibía durante la segunda mitad de los 50 evidentes cuarteaduras, que culminaron en el levantamiento de noviembre de 1960. Ello motivó una seria reflexión y revisión por parte del Alto Mando y de sus asesores estadounidenses, especialmente en cuanto a la formación y disciplina ideológica de los oficiales. La víspera del golpe de Estado, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), organismo cúpula del sector empresarial, comunicó oficialmente al Ministerio de la Defensa que la iniciativa privada estaba dispuesta a apoyar todas la acciones que el ejército pusiera en marcha “para salvar al país del comunismo internacional, que vulnerarían la democracia y la libre empresa”. Y, luego del golpe, el empresariado expresó su entusiasmo e hizo reiterados llamados a la ciudadanía para apoyar al nuevo gobierno. 310

310 En sólo tres años Guatemala recibió 90 millones de dólares en asistencia económica, casi todo en donación. En ese entonces la asistencia económica, casi todo en donación. En ese entonces la asistencia económica estadounidense a toda América Latina era de 60 millones anuales.

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El golpe de Estado de 1963 representaba, así, una estrategia conjunta con el ejército, la iniciativa privada y administración estadounidense, los tres factores de poder en Guatemala. En aquel momento entraba a funcionar por primera vez una especie de organismo militar colegiado no contemplado en las leyes—integrado por el Alto Marido y una veintena de altos jefes. A ese grupo, que más tarde adoptará el nombre de “Junta de Comandantes”, se le vera actuar en los momentos políticos más importantes y en las decisiones fundamentales, hasta la actualidad. La característica central del nuevo régimen era que el ejército como tal se hacía cargo del poder: O, dicho en otras palabras, el poder se militarizó. Se iniciaba un proceso por medio del cual el ejército asumía progresivamente un papel preponderante dentro de la estructura política del país, hasta convertirse en el eje central de la misma y en el verdadero depositario del ejercicio del poder. Frente al descontento y rebeldía social, motivados por la situación de injusticia, los factores de poder desecharon las reformas económicas y sociales, las políticas distributivas, las prácticas democráticas; y eligieron la fórmula del poder político militarizado, que otorga al Estado una mayor capacidad para reprimir y suprimir 1a-protesta social. Ello implicaba subordinar las funciones y recursos estatales a los planes antipopulares y contrainsurgentes. Más aún, diríase que el Estado mismo es concebido y estructurado por sus conductores como un aparato contra insurgente. La militarización del poder político, por otra parte, era entonces un elemento importante en la estrategia aplicada por el gobierno estadounidense en países donde existían movimientos revolucionarios armados; formaba parte de la “guerra especial”. TREINTA AÑOS DE MILITARIZACIÓN La militarización del poder político no tuvo una proyección lineal ni siempre idéntica, si no que se ha ido adecuando a las distintas situaciones y requerimientos. Pese a la represión desatada por el gobierno de Peralta Azurdia, la ausencia de medidas en favor de los sectores populares hacía que, a finales de 1965, la ebullición social fuera más grave. Los militares, entonces, convocan a elecciones y entregan la Presidencia de la República al abogado Julio César Méndez Montenegro postulado por el Partido Revolucionario — PR que agrupaba a algunos sectores que habían participado en la escena política en la época de 1944-1954.

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Antes de asumir el cargo, Méndez firmó un pacto con los militares en el que se comprometía a no tocar la estructura del ejército, a dejar a éste “mano libre” en el combate contra la guerrilla, y a excluir a los “izquierdistas” de su gobierno. Se convertía, así en una pantalla civil para dar un barniz democrático al poder militar. En el periodo de Méndez Montenegro el ejército da gran impulso a la represión clandestina, con la creación de grupos especiales secretos (a los que se llamaría “Escuadrones de la Muerte”), para realizar ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. También se da cabida a la participación estadounidense en las operaciones de contrainsurgencia; ésta hace del terror generalizado su arma predilecta. En 1970 se inicia la modalidad de gobiernos constitucionales presididos por militares. El Alto Mando del ejército selecciona su candidato y utiliza el partido político o coalición de partidos que estima conveniente para apoyar institucionalmente las candidaturas de sus elegidos. El general Carlos Arana Osario, que en la segunda mitad de los 60 se había distinguido por la represión contrainsurgente, es elegido para el período 1970-1974, período en que la represión se hace más selectiva. Arana también acentúa el enriquecimiento de los oficiales. El general Kjell Eugenio Laugerud García es el designado para ocupar la Presidencia en 1974, para lo cual el ejército no vaciló en realizar uno de los más escandalosos fraudes en las historia del país. En 1978 el candidato del alto mando fue el general Fernando Romeo Lucas Garcia. Igual que en las elecciones de 1974, todos los demás candidatos eran también militares de alta graduación, lo que evidenciaba la convicción de los partidos de que nadie podría llegar a la Presidencia si no pertenecía a la institución armada. La oposición fue unánime al denunciar el fraude oficial en favor del general Lucas. Lucas inició su gobierno hablando de “apertura democrática”, y permitió la inscripción de varios partidos; pero el asesinato de los dirigentes socialdemócratas Manuel Colom Argueta y Alberto Fuentes Morh y la renuncia del vicepresidente Francisco Villagrán Krámer (progresista de la época 1944-1954), no dejaron duda sobre la naturaleza de su gobierno, uno de los más sangrientos en la historia del pais. Ante las elecciones de 1982, el candidato designado por el alto mando fue el general Angel Aníbal Guevara Rodríguez, quien, al igual que sus inmediatos antecesores, había ocupado los cargos principales en la jerarquía militar. Guevara fue declarado ganador en medio de denuncias de fraude y grandes protestas: pero no llegó a asumir la Presidencia: un golpe de Estado se lo impidió.

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INTENTOS DE RECOMPOSICIÓN EN LOS 80 Al iniciarse la década de los 80 el régimen guatemalteco se encontraban en una crisis progresiva y multifacética. La presencia vigorosa del movimiento revolucionario, la ingente corrupción del gobierno de Lucas García (1978 1982) y la acentuación de la crisis económica, afectaron profundamente las relaciones entre el alto mando militar y la comunidad empresarial. Esta reprochaba al ejército por su ineficacia en el combate a la insurgencia, mientras los militares adjudicaban a la iniciativa privada la responsabilidad de la aguda situación social prevaleciente en el país, al haber extremado las condiciones de explotación. En 1977 el presidente de los Estados Unidos, James Carter, había suspendido la ayuda militar a Guatemala debido a la política de sistemática violación a los derechos humanos. Las relaciones entre ambos gobiernos se tensaron. Pero las violaciones masivas a los derechos humanos continuaron, y el aislamiento internacional a inicios de los 80, era tal que la misma administración Reagan le resultaba dificil ayudar económica y militarmente a los gobernantes guatemaltecos. La política represiva como único recurso para combatir la insurgencia se había mostrado ineficiente, y esa ineficiencia provocaba efectos de descomposición y contradicciones internas entre la oficialidad castrense. Es decir el ejército no sólo había fracasado en su combate al movimiento revolucionario, sino también como institución gobernante. Había agudizado la crisis general del país hasta límites insospechados y la alianza de los tres factores de poder necesitaba una urgente recomposición. El 23 de marzo de 1982 surge un primer intento, a través de la asonada que derrocó a Lucas García. La Junta Militar de turno, presidida por el general José Efraín Ríos Montt, elaboro un “Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo” - PNSD—, que diseñaba la estrategia del alto mando del ejército para los años siguientes. El documento afirmaba que “los éxitos del ejército frente a los focos guerrilleros no reflejan un debilitamiento significativo que permita pronosticar su erradicación a corto plazo”. También resaltaba “La falta de la colaboración de los terratenientes al no respetar ni cumplir con el salario mínimo, las condiciones sanitarias y de seguridad para con el campesinado, colonos y asalariados “. 311

311 Centro de Estudios Militares. 1 de abril de 1982. Referencia: RLHGCC-82. Documento mimeografiado

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El plan contemplaba “crear al más alto nivel político, un organismo de dirección del esfuerzo antisubversivo”, así como dotar de “mayor capacidad legal y funcional a los organismos antisubversivos” y establecer el “esquema de control de la población “. También se proponía “optimizar la organización de la central de inteligencia, incrementar sus medios, modernizar sus sistemas y extender su acción a todos los rincones del país e internacionalmente “. Se insistía igualmente en el “incremento y aplicación de la acción psicológica a todo nivel”. Un documento complementario de PNSD ordenaba a todos los organismos del sector público “dar su apoyo a requerimientos del ejército”; tales organismos dependían “operativamente” del comandante militar de las respectivas zonas de operación. El general Ríos Montt desplazó a los pocos meses a sus dos compañeros de la Junta Militar y se autonombró presidente de la República. Pero el el 8 de agosto de 1983, el mismo fue sustituido por un nuevo gobierno, encabezado por su propio ministro de la Defensa, el general Oscar Humberto Mejía Víctores. Ríos Montt había incomodado a la oficialidad, al rodearse de algunos oficiales jóvenes; además, su personalidad excéntrica e histriónica le había concitado una amplia oposición en todo el país. Sobre la base del Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo. ambos gobiernos de facto buscaron dar una globalidad a la política antipopular y contrainsurgente, con medidas políticas, militares y administrativas, tales como la creación de patrullas civiles, “aldeas modelo” (poblaciones bajo control militar) y nuevas zonas militares en cada uno de los 22 departamentos o provincias del país, acelerando con ello la militarización. 312

EL “PROYECTO DEMOCRATIZADOR” Entre 1982 y 1984 el alto mando militar desarrolló fuertes campañas antiguerrilleras, caracterizadas por grandes masacres y operaciones de “tierra arrasada” contra la población civil. Se pretendía “quitar el agua al pez”; es decir, restarle base social al movimiento revolucionario. Paralelamente a esas campañas militares y represivas, el ejército comenzó a hablar de “apertura democrática”, “proceso democratizado,” y “retorno a la institucionalidad “. La “apertura democrática “ ya había sido utilizada anteriormente en la historia moderna de Guatemala como un elemento exclusivamente 312 Plan de desarrollo socieconómico en apoyo a las operaciones contrasubversivas. Centro de Estudios Militares, 27 de julio de 1982. Documento mimeografiado.

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propagandístico, sin relación alguna con la realidad. La nueva “apertura” no era la excepción. Derrumbado políticamente e imposibilitado para continuar su programa de militarización desde la posición del gobierno, el ejército se proponía introducir una readecuación. Sin renunciar al control de los aspectos estratégicos de la vida económica y social, el alto mando ofrecía compartir algunas esferas del poder con algún sector político nuevo, no comprometido directamente con la represión, para tener la base de apoyo que no había conseguido en los procesos electorales anteriores, con la imposición de candidatos militares. Cabe señalar que en los procesos electorales de 1970 a 1978 (del de 1982 no llegó a haber cifras confiables), la abstención fue del 58%, 53, 6% y 63, 5% de la población empadronada. Los presidentes Arana, Laugerud y Lucas fueron elegidos, respectivamente por el 10,5%, el 8,41 %, y el 8,3% de los guatemaltecos mayores de 18 años. El establecimiento de un gobierno surgido en las urnas debería producir, según los artífices del proyecto, el aislamiento político del movimiento revolucionario armado; pensaban quitarle sus banderas de lucha, restarle apoyo popular y asestarle golpes militares decisivos con ello se daría lugar a una prolongada era de “estabilidad”, al tiempo que los altos jefes militares podrían presentarse como una institución victoriosa, democrática y moderna. Es decir, la “apertura democrática” en cuestión se inscribía en una concepción contrainsurgentc global, que abarcaba aspectos políticos internos y externos, aspectos diplomáticos, algunos aspectos sociales y, por supuesto, aspectos militares. La realización de un cambio aparente en el esquema político respondía, además, a los interese estadounidenses del momento, que necesitaban en Guatemala un aliado más respetable que los desprestigiados gobiernos militares. La Embajada norteamericana se constituyó, por ello, en garante del proceso electoral. Varios sectores y personalidades, tanto nacionales como extranjeras, señalaron el verdadero carácter del proceso. El próximo gobierno —advertía al arzobispo Próspero Penados será un “gobierno civil militarizado (...) los militares serán el poder tras el trono” La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca —URNG— puntualizó que el ejército buscaba crear “una cobertura constitucional a la represión contrainsurgente, sin proponer ninguna modificación a las causa estructurales que están a la base de la guerra popular que se libra 313

313 Cambio 16. Madrid, España. Agosto de 1985.

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en Guatemala” . Para la URNG, la “apertura política” era “una gran maniobra encaminada a poder seguir una guerra contrainsurgente, brutal despiadada, contra el pueblo de Guatemala, con una fachada formal de carácter constitucional y democrático “. Años más tarde, los propios jefes del ejército, confirmaron que la “apertura democrática” era parte de una estrategia militar de largo alcance. En 1987, el general Gramajo, ministro de la Defensa, explicó: “Una fase previa antes de instaurar el gobierno electo popular, fue la pacificación del país, y antes de ésta se hizo el análisis de la situación de Guatemala. Este análisis profundo en el que estamos involucrados —los militares— desde el período mayo julio de 1982, permitió alcanzar y profundizar objetivamente la situación del país para trazar las estrategias que nos sacaran del problema”. El general Juan Leonel Bolaños Chávez, que sustituyó a Gramajo al frente de las fuerzas armadas, aseguró en 1990 que el ejército fue la única institución del país que en la década de los 80 asumió el compromiso de llevar al país a la democracia, al “permitir” las elecciones en 1985.317 Bolaños recordó que fue en 1982 cuando se definió “una nueva estrategia, cuyos lineamientos prevalecen actualmente en las fuerzas armadas”: y mencionó, como elementos sucesivos de esa estrategia, la “pacificación”, la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y las elecciones generales de 1985 con el consecuente establecimiento del gobierno civil. 314

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ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE El 1 de julio de 1984, tuvieron lugar las elecciones para Asamblea Nacional Constituyente, convocadas por el ejército. Emitieron su voto el 50,15% de los ciudadanos con derecho a voto (el 72,33% de los empadronados); el 10% de los votantes lo hicieron en blanco o votaron nulo. El 24 de enero de 1985, los generales Mejía Víctores y Lobos Zamora, jefe y subjefe del Estado, acompañados de nueve comandantes de guarniciones militares, visitaron la Asamblea y pidieron que en la futura Constitución se garantizara la vigencia de las Coordinadoras Interinstitucionales, los Polos de Desarrollo y la Patrullas Civiles, tres mecanismos claves en la militarización del país. 314 315 316 317 318

Documento del 20.8.94. Documento del 20.8.94. Prensa Libre, 17.5.87 FADES, Análisis Político, 27.8.90 Inforpress Centroamericana, 12.7.90.

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El 31 de mayo de 1985, la Constitución fue entregada oficialmente. El diputado José García Bauer, decano de los parlamentarios, estimó que no incluía ni siquiera el 10% del contenido social de la anterior Constitución de 1965. EL GOBIERNO DEMOCRISTIANO Ante las elecciones generales de 1985, donde saldrían como ganadores los demócratacristianos, la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías, de la ONU, expresó en una resolución “....su preocupación al gobierno de Guatemala por el clima de intimidación y terror que impera en el país que es un obstáculo a la participación de todas las fuerzas políticas, de los sectores sociales y de los ciudadanos en las elecciones... “. En la segunda vuelta electoral, entre los dos candidatos que habían obtenido mayor número de votos en la primera, el democristiano Vinicio Cerezo logro el 68,38% de los votos válidos: votaron el 47,21% de los ciudadanos con el derecho a voto (el 65,38% de los empadronados). Cerezo resultó elegido presidente con el voto del 29,79% de los guatemaltecos mayores de 18 años. El triunfo democristiano, en cualquier caso, representaba una muestra de rechazo a los regímenes militares del pasado. En un polémico documento publicado en 1975, Vinicio Cerezo había propuesto un “planteamiento estratégico” para decía—superar la dependencia e impulsar el desarrollo del país. “Sólo podrán hacerlo — aseguraba - - dos sectores en el nivel dirigencial: Un partido político progresista, de amplia base popular, disciplinado y consciente de su provecto histórico, como es la Democracia Cristiana; y una organización técnicamente preparada en los valores de la disciplina, el orden y el ejercicio del poder, como lo es el Ejército Nacional “. Por ello, proponía “la toma del poder por el Ejército: Nacional y el Partido Democracia Cristiana”. para gobernar coligadamente. El ejército no aceptó entonces aquella invitación. Diez años después, durante la campaña electoral de 1985, los democristianos manejaron cuidadosamente un indispensable acercamiento al ejército. al que prometieron autonomía “en su campo especifico”. La DC también dio garantías a la iniciativa privada de que no sería incomodada con una reforma agraria ni con impuestos significativos. Vinicio Cerezo, al igual que el resto de candidatos con posibilidades de triunfo, se limitó en su campaña a emitir promesas. Temas como 319

319 Ginebra, Suiza, 30.8.85.

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las violaciones a los derechos humanos y el juicio a los responsables, la militarización del país, las acciones ilegales del ejército, las raíces estructurales de la rebeldía y la lucha popular revolucionaria, estuvieron ausentes de sus mítines. Ya en la presidencia, cerezo evito todo enfrentamiento con el ejército y no perdió oportunidad de intentar defenderlo, rehabilitarlo y prestigiarlo, al tiempo que evidenció un progresivo comprometimiento en los planes militares. En junio de 1986, Cerezo dijo: “Puedo afirmar que en este momento la institución armada esta al frente de los guatemaltecas para consolidar el proceso democrático, para consolidar el proceso institucional y para mantener el respeto a los sagrados derechos de todos y cada uno de los guatemaltecos”. “Fue el ejército el que empezó la democracia”, afirmó en octubre de 1987.321 Yen enero de 1990, aseguró: “El ejercito se convirtió en la columna vertebral de la estabilidad del sistema democrático de la nación” En enero de 1986, al gobierno de Vinicio Cerezo, se le ofrecía la oportunidad de iniciar el camino hacia la democracia del país, La situación de desgaste del ejército y la expectativa generada nacional e internacionalmente en tomo a los democristianos, daban margen a éstos para revertir el proyecto de los militares y convertirlo en un proceso democrático. Pero Cerezo se unció a la política de la cúpula militar, que continuó dictando las decisiones importantes de la política interna y exterior, mientras dejaba al gobierno lo visible del aparato administrativo y los asuntos diplomáticos. No se produjo un control gradual del poder por parte del gobierno civil, sino que éste fue perdiendo aceleradamente autonomía, Su misma vivencia se basó en componendas y concesiones a los sectores más conservadores del ejército. Cerezo se mantuvo escrupulosamente dentro de los estrechos márgenes que el alto mando le fijó para entregarle la Presidencia y para mantenerlo en ella. Mantuvo incólume la estructura y jefatura del ejército, promovió a los jefes militares que dirigieron la represión y la contrainsurgencia en los regímenes anteriores. La administración democristiana no sólo no desmontó la militarización heredada de los regímenes anteriores, sino que le dio una mejor cobertura política e institucional ante la comunidad internacional, promoviendo 320

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320 Prensa Libre 1.7.86. 321 Cadena Nacional de Televisión, 10.11.87. 322 Informe del Congreso de la República, sobre el cuarto año de gobierno. En Prensa Libre, 15.1.90.

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incluso una imagen desarrollista de instituciones y mecanismos de la militarización, para favorecer la captación de donaciones y préstamos. Una delegación humanitaria del Parlamento Europeo, que en agosto de 1988 visitó Guatemala, expresó que la gestión democristiana, ‘lejos de contribuir a la desmilitarización de la sociedad de Guatemala, consolida y reproduce los métodos de contrainsurgencia establecido por las dictaduras militares que precedieron al gobierno actual, si bien ahora tiene como efecto principal facilita al ejército un control total sobre toda la población civil”. 323

EL GOBIERNO DE SERRANO En la campaña previa a las elecciones generales de diciembre de 1990 y enero de 1991, no se observaron diferencias de fondo entre los diferentes candidatos. No se conoció un solo programa de gobierno que especificara las medidas concretas para enfrentar los problemas del país. Nadie concretó cómo terminar con la represión política, ni con la militarización, cómo dotar de tierra a los campesinos desposeídos, o cómo aumentar la capacidad adquisitiva de los sectores populares. Mucho se habló del fortalecimiento de la democracia, mientras la violencia política adquiría niveles alarmantes: en 1990, los asesinatos y secuestros—desapariciones de carácter político aumentaron en un 13% con respecto al año anterior. Cuando la campaña estaba en su etapa final, el ministro de la Defensa explicó: “Después de cumplidas las anteriores faces de la contrainsurgencia y la vuelta a la constitucionalidad, así como la llegada de un gobierno civil que ha colaborado con el ejército, este proceso de transición se va a fortalecer con las elecciones de 1990”.15 Organizaciones populares advirtieron que las elecciones no serian un medio adecuado para resolver los problemas económicos y sociales de los sectores populares; que las distintas opciones electorales no representaban alternativas de cambio real; y que las elecciones constituían un mecanismo de legitimízación del actual sistema de explotación y opresión, caracterizado por la injusticia social y la concertación de la riqueza en una minoría. En la segunda vuelta electoral el ingeniero Jorge Serrano Elías resultó ganador de la presidencia, con el 64% de los votos emitidos, equivalente al 29.2% de los empadronados y en 21,5% de los ciudadanos en edad de votar. El abstencionismo fue sin duda la principal característica del proceso electoral. 324

323 El Día, México, 4.8.88. 324 Noticias de Guatemala, septiembre de 1980.

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Jorge Serrano Elías militó en su juventud en el derechista Movimiento de Liberación Nacional. También fue dirigente estudiantil conservador. Posteriormente, fue asesor del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras — CACIF—, cúpula del empresariado organizado. En 1982— 1983 durante el gobierno del general José Efraín Ríos Montt, éste nombro a Serrano Presidente del Consejo de Estado, uno de los principales cargos de aquel régimen caracterizado por una desenfadada política represiva, por las operaciones militares de tierra arrasada, de patrullas civiles, de aldeas modelo, por los tribunales de fuero especial... Luego de ser ferviente católico, en pocos años Serrano Elías pasó por varias sectas fundamentalistas, hasta llegar a la secta Shadai, en cuyo templo se reúnen desde hace varios años jefes militares y altos empresarios conservadores y de ideología neoliberal, como Serrano. En 1987 reunió a algunos amigos, dirigentes protestantes fundamentalistas, profesionales, empresarios y elementos de partidos políticos de derecha, y fundó su propio partido, el Movimiento de Acción Solidaria —MAS—, que es miembro de la Unidad Internacional Democrática, la organización que aglutina a los partidos de tendencias más conservadora en el mundo. El MAS es un partido de escasa base social; sólo obtuvo el 15,5% de la diputación del congreso de la República y el 4,3% de las alcaldías. Por ello Serrano tuvo que incluir en su gabinete a elemento de otros partidos. Siguiendo la linea de los gobiernos anteriores, entrego los ministerios económicos a representantes del sector empresarial y académicos partidarios de las tendencias conservadoras pro patronales. Serrano y su gabinete no presentaron proyecto alguno que aportan soluciones a la multifacética crisis del país. No dio muestra de pretender modificar las instituciones y mecanismos que hacen de Guatemala un país militarizado. No ha habido ningún cambio, por ejemplo, en las patrullas civiles ni en las aldeas modelo. Los militares continúan siendo el eje del poder político. En uno de sus primeros discursos como Presidente, Serrano prometió “fortalecer al ejército, para que sea garante de la paz”. Además lo calificó como uno de los ejércitos más profesionales de América Latina. El vicepresidente de la República habló a principios de 1992 del “esfuerzo que hace en materia de libertad y democratización del país” el ejército. 325

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325 A ella pertenece el Partido Republicano, de Estados Unidos; el Partido Conservados, de Gran Bretaña; el Partido Acción Nacional, de México; la Cruzada Civilista, de Panamá… 326 El Gráfico, 2.2.92.

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EL EJERCITO, EJE DEL PODER Christian Tomuschat, experto de la ONU para seguir la situación de los derechos humanos en Guatemala, escribió en un informe a finales de 1990: “Una y otra vez, el experto a encontrado formulaciones en textos oficiales que, al referirse al “Gobierno y las Fuerzas Armadas “, colocan a ambas instituciones en pie de igualdad. Para un observador externo, la clara consecuencia es que las Fuerzas Armadas constituyen un centro de poder independiente, que no está simplemente subordinado al gobierno civil”. El general Pablo Nuila Hub, uno se los altos oficiales más influyentes en años recientes, escribió en 1987: “El ejército es depositario, partícipe y generador de la política nacional (...). se ha visto probado y comprobado que el ejército es la reserva moral de la patria, la reserva de la nacionalidad y el último baluarte de la paz social” 327

UN RETRATO APROXIMADO Es oportuno señalar algunas peculiaridades muy propias que caracterizan al ejército guatemalteco. Su misma creación, a raíz de la reforma liberal del siglo pasado (1871), obedeció al proyecto de los latifundistas de intensificar el cultivo del café, lo que implicaba un sistema de dominación basado en la represión. El ejército surge, así, como un instrumento militar de la más alta oligarquía; desde su mismo nacimiento, las fuerzas armadas se constituyen como un mecanismo de defensa de la oligarquía, lo que se refleja en su ideología, sus estructuras y su régimen interno. El sentido patriótico y nacionalista ha estado ausente de la ideología de ese ejército. No existió, por ejemplo, un período de lucha independentistas. Eso explica que en 1954 la más alta jefatura militar fue el mejor apoyo para la intervención estadounidense contra el gobierno constitucional de Jacobo Arbenz. Al surgir a principios de los 60 el movimiento revolucionario armado, la administración estadounidense se propuso hacer del ejército guatemalteco un ejército contrainsurgente. Ello tuvo y tiene una incidencia directa en su ideología y doctrina militar, su estrategia, sus programas de formación, sus tácticas, su estructura orgánica y su armamento. Se intensificó en esa época la influencia directa del ejército estadounidense en el guatemalteco. Para 1977, más de 1.000 oficiales y 2.500 soldados habían recibido entrenamiento en bases norteamericanas y en la Escuela de la América que los Estados unidos tuvieron en Panamá. 327 Revista Militar, Centro de Estudios Militares. Mayo-diciembre de 1987.

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Instructores estadounidenses comenzaron a enseñar en las escuelas militares guatemaltecas. Ello redujo el espacio político para las corrientes nacionalistas. A partir de mediados de los 70, cobró excepcional importancia la asistencia israelita. Israel se convirtió en el abastecedor alternativo de armas y asesoría cuando la administración Carter suspendió en 1977 .su asistencia militar. Los israelitas asesoraron específicamente en las áreas de comunicaciones, inteligencia, y en la implementación de las aldeas modelo. El ejército israelí creó el Centro de Computación, la Escuela de Transmisiones y Electrónica, y la Fábrica de Municiones del ejército guatemalteco. En las décadas recientes la institución armada ha incursionado en el mundo de los negocios, llegando a tener una presencia importante dentro del sector económico dominante. A principios de los años 50 muchos oficiales recibieron gratuitamente fértiles tierras en la costa del sur del país, para dedicarla al cultivo del algodón. Esa situación se incrementa a partir de 1970. Se atribuye el presidente Arana Osorio la expresión: “Ya es tiempo de que dejemos de ser los guardianes de los ricos y comencemos a ser sus socios”. En 1974, los generales del ejército recibieron 900 hectáreas cada uno en las áreas más fértiles de El Petén; los coroneles recibieron 450 hectáreas. Una revista especializada escribió en 1988: “Una plétora de organizaciones estatales o semiestatales están dirigidas o controladas por el ejército. El Instituto de Previsión Militar es un fondo de pensiones militares e inversiones. cuyos intereses incluyen el economato del ejército, una compañía de seguros, un estacionamiento de vehículos multípisos en la ciudad de Guatemala y propiedades urbanas. El interés mayor del IPM es el Banco del Ejército, creado 1972, con oficiales militares entre sus mayores accionistas; 1985, había llegado a ser el séptimo banco más grande en Guatemala con un activo total de 185 millones de dólares, y había sobrepasado a bancos más reputados como el Lloyds International y el Banco del Agro”. La Asociación Internacional de Juristas Democráticos definió así la situación del ejército guatemalteco: “es un cuerpo constituido que se mantiene en el poder para proteger a la oligarquía local y para salvaguardar sus propios intereses económicos”. La mayor parte de la oficialidad del ejército es ladina o mestiza, de origen urbano o suburbano, perteneciente socialmente a la clase media, 328

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328 South. Estados Unidos. Marzo de 1980. Artículo “Military Inc. Las fuerzas Armadas en los Negocios”. 329 Citado por La Voz Popular, 8.7.88.

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en sus diferentes estratos. La tropa, por el contrario, es casi en su totalidad indígena, forzada en forma violenta a prestar el servicio militar; esta tropa pertenece a los sectores marginados social, política y económicamente. En los pasados treinta años la ideología y el que hacer del ejército han girado por entero en tomo a la contrainsurgencia. Pero el significado etimológico de esta palabra —la lucha contra la insurgencia— es rebasado en la teoría yen la práctica por un ejército que ha hecho de la contrainsurgencia la categoria fundamental del proyecto nacional, y ha hecho girar en torno a ella toda la actividad del Estado. Los militares guatemaltecos consideran que su misión fundamental es mantener el actual sistema político, económico y social. Tienen una extrema intolerancia a todo tipo de oposición, sea política, ideológica, social o militar; y rechazan cualquier tipo de fisura posible en el “orden” que ellos tutelan. El Manual de la Guerra Contrasubversiva, uno de los textos básicos en la formación de los militares guatemaltecos, afirma que la finalidad de la guerra contrasubversiva es “impedir el derrocamiento de la autoridad establecida, la toma del poden la destrucción de las estructuras políticas, sociales y económicas, y su reemplazo por otras que sean consecuentes con el marxismo-leninismo: en suma, impedir la transformación integral de sistema social, político y económico existente, propugnada por el comunismo internacional” Conviene recordar que los términos “marxismo-leninismo”, “comunismo internacional” y otros similares son utilizados por los militares guatemaltecos para catalogar a sus oponentes, independientemente que éstos sean adeptos o no a esta ideología y práctica política. “El enemigo interno —dice el Manual— está representado por los elementos que, siguiendo las consignas del comunismo internacional, desarrollan la llamada ‘guerra revolucionaria’ y la subversión en el país”. Y agrega: “También debe considerarse como enemigo interno a aquellos individuos, grupos u organizaciones que, sin ser comunistas, tratan de romper el orden establecido”. Y puntualiza: “Cualquiera sea la forma de lucha adoptada por los elementos subversivos, es trascendental la importancia de la intervención de las Fuerzas Armadas, ya que éstas pueden neutralizar la sublevación de grupos o fuerzas organizadas contra el Gobierno, que traten de realizar huelgas políticas, 330

330 Manual de Guerra Contrasubversivas. Ejército de Guatemala. Centro de Estudios Militares. Edición mimeografiada. El Manual fue elaborado, según el porpio texto, teniendo como base “las experiencias obtenidas por países como Argentina, Estados Unidos, Francia y Perú , las que han sido, en los posibles, adaptadas a nuestra realidad”.

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sabotajes, resistencia pasiva, desobediencia a las leves y reglamentos nacionales, insurrección, terrorismo, acciones guerrilleras, etc”. En la concepción del ejército. pues. la contrainsurgencia va mucho más allá del combate militar contra la insurgencia armada. Su objetivo expreso es evitar cualquier transformación de las estructuras politicas, económicas y sociales; y en ese marco, considera “enemigo” a todo luchador político y social que propugne por esa transformación, ya que ello implica, para la mentalidad militar, un atentado contra la Patria. Las concepciones contrainsurgentes adquieren matices de dramatismo e inhumanidad. “Esta es una guerra que no toma en cuenta los derechos humanos de las persona. dijo un portavoz militar al hablar del combate antiguerrillero” “Cuando entramos en combate —explicó un general— no esperamos tener prisioneros: se trata de una lucha de vida o muerte; no existe ninguna contemplación para nadie”. Y otro general calificó a los kaibiles (tropa especial)332 como “máquinas guerreras “y “mensajeros de la muerte”, a quienes “se concientiza y entrena para que se olviden de cualquier principio humanitario” La Comandancia General de la URNG a definido al ejército como “el poder real centralizado, al rededor del cual gira el aparato estatal y de gobierno”. La Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca — RUOG— expuso en 1989: “Nos encontramos con una estructura de poder en la que una institución del Poder Ejecutivo, el ejército, actúa como superpoder por encima de los poderes del Estado” El alto mando militar, en efecto, cedió la Presidencia a los civiles en 1986, pero continuó mostrando una decisiva injerencia política sobre los más variados aspectos de la realidad nacional, tales como la política exterior, la política económica, los derechos humanos, los refugiados en el exterior, el dialogo entre el gobierno y la insurgencia ... Con frecuencia los Altos Jefes del ejército o sus portavoces se adelantan a emitir su “opinión” sobre diferentes asuntos, que muy pronto es retomada por las autoridades civiles, dándole el carácter de posición gubernamental. Enumeraremos en las páginas siguientes algunos elementos que evidencian la preeminencia del ejército frente a los poderes del Estado. 331

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331 Coronel Edgar Djalma Domínguez. Guatemala Flash, 11.12.83. 332 General Mario Terrazas. Guatemala Flash, 1.11.83 333 General Juan José Marroquín Siliézar, jefe del Estado Mayor hasta enero de 1991. Guatemala Flash, 9.3.90. 334 Declaración, 7.2.88. 335 Ponencia ante la Comisión de Democracia y Asuntos Políticos, del Diálogo Nacional. 18.4.89.

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Tales elementos son únicamente manifestaciones visibles del hegemonismo militar que. a través de diversos mecanismos, se ejerce entre bastidores. EL EJÉRCITO Y EL DIÁLOGO CON LA URNG El diálogo entre la URNG y el gobierno es sin duda uno de los temas donde en años recientes más claramente se ha puesto de manifiesto la decisiva injerencia del alto mando militar en los asuntos más importantes de la política nacional. Meses después de instalarse el gobierno democristiano en 1986, el ministro de la Defensa advertía: “El ejército no respaldará el diálogo con los facciosos”. En febrero de 1987, el ejército argumentó: “Pretender que un gobierno democrático concurra a una mesa de plática con una pistola en la cabeza, si no es un atentado contra un gobierno legítimamente constituido que goza del pleno apoyo del pueblo, es un insulto para el pueblo y el gobierno” Pese a las reiteradas negativas del gobierno y el ejército, en octubre de 1987 se celebró una ronda de conversaciones en Madrid, España. Pero, apenas finalizando el encuentro, el ejército y el gobierno anunciaron que no habría más conversaciones. El jefe del Estado Mayor se adelantó con un contundente “no habrá más pláticas” “Dentro de la apreciación que la estrategia militar ha hecho, no es conveniente llevar a cabo ninguna conversación”, dijo al finalizar 1987 el portavoz oficial del ejército. “Estoy seguro de que el presidente Cerezo tornará en cuenta estos puntos de vista”, añadió. El proceso de conversaciones, de hecho, quedo suspendido hasta 1990. En marzo de ese año, delegados de la Comandancia General de la URNG y de la Comisión Nacional de Reconciliación —CNR— se reunieron en Oslo, Noruega. Ambas partes expresaron su voluntad de “encontrar caminos de solución pacífica a la problemática nacional por medios políticos”, y acordaron la realización de reuniones entre la URNG y los diferentes sectores del país, así como “entre representantes, con capacidad de decisión, del gobierno de la República y el detrito de Guatemala, y la Comandancia General de la URNG. encaminadas a lograr la solución política del conflicto armado interno”. 336

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Prensa Libre, 20.9.86. Inforpress Centroamericana, 19.2.87. Prensa Libre, 17.10.87. Aquí el Mundo, 29.12.87.

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En los meses siguientes se celebraron encuentros entre la Comandancia de la URNG y los sectores políticos, empresariales, religiosos, populares y académicos. Al permitir el encuentro de Oslo y los acuerdos resultantes, el alto mando militar, al parecer, suponía que la nueva situación de los países del Este europeo y la derrota electoral de los sandinistas de Nicaragua, provocarían un debilitamiento político y militar del movimiento revolucionario guatemalteco, lo que debería obligar a la URNG a la negociación, entendida como capitulación. Pero al no cumplirse tales previsiones el alto mando retomó la rigidez y la intransigencia. El ministro de la Defensa enfatizaba en octubre de 1990 que el ejército era “tajante” en su decisión de que el gobierno sólo dialogaría con la URNG si ésta deponía las armas.”340 “El diálogo . había precisado en 1988 el ministro de la Defensa—es un eufemismo que usamos para hablar de rendición” En abril de 1991, .al cumplirse 100 días de gobierno de Jorge Serrano Elías, se concretó finalmente una reunión entre una delegación gubernamental , en la que se incluían cinco militares de alta graduación, y la Comandancia General de la URNG; en esa reunión se concretaron los puntos de agenda para ser discutidos en un proceso de negociación y se aprobó un “Acuerdo de procedimiento para la búsqueda de la paz por medios políticos”. La intransigencia y negativa del ejército frente al diálogo con la URNG, lo colocaba en una problemática situación de aislamiento. Por otro lado, 30 años de contrainsurgencia han producido cansancio y conflictos al interior del ejército, al no haber podido eliminar ni neutralizar al movimiento revolucionario. La lentitud del proceso de negociación ha sido atribuida principalmente a la inflexibilidad de los altos jefes militares frente a todo lo que implique abandonar sus posiciones de poder dentro de la estructura política del país. 341

ÁRBITRO DE LA VIDA POLÍTICA El liderazgo político del ejército y su preeminencia sobre los tres poderes del Estado son ejercidos habitualmente en forma discreta y no fácilmente detectable. Existe un modus operandi que va desde la orden 340 UNOMASUNO, México, 25.10.90. 341 Crónica, 19.5.88.

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a la sugerencia, expresado en todo tipo de presiones, amenazas, hechos represivos, etc., que escapan con frecuencia a la percepción pública. Hay ocasiones, sin embargo, en que se pone claramente en evidencia el ejercicio rector de la cúpula militar sobre la política nacional. En septiembre de 1988, el ministro de la Defensa convocó una reunión a la que asistieron los más altos jefes militares, los ministros de Gobernación y Relaciones Exteriores y los jefes de bancada del Congreso de Diputados. El ministro advirtió que no habría dialogo del gobierno con la guerrilla mientras ésta no depusiera las armas; que era conveniente mantener las patrullas de auto defensa civil: que el ejército no violaba los derechos humanos; y que los grupos políticos debian colaborar con el ejército para contrarrestar las acciones políticas de la URNG. Tres meses más tarde, luego de que el ejército masacró a 22 campesinos en El Aguacate, Chimaltenango, diputados de diferentes bancadas fueron citados por el ministro de la Defensa. El motivo de la reunión, manifestó el convocante, era que algunos políticos “se han permitido hablar a este respecto (la masacre) con alguna ligereza”. Se refería así el alto jefe militar al rechazo de la versión del ejército, que adjudicaba la masacre a la guerrilla. El ministro de la Defensa citó, en septiembre de 1989, .a los jefes de los bloques parlamentarios y a la Comisión de la Defensa del Congreso de la República. En la reunión se decidió establecer un contacto permanente entre el Legislativo y el Ministerio de la Defensa, para “discutir los diversos problemas nacionales”. A finales de mayo de 1990, delegaciones de la Comandancia General de la URNG y los partidos políticos se reunieron en El Escorial, Madrid, España. Previamente el Ministro de la Defensa y el Estado Mayor sostuvieron una prolongada reunión con los representantes de los partidos y de la Comisión Nacional de Reconciliación, con el no ocultado propósito de desalentar cualquier eventual acuerdo entre las partes. La situación se repitió en octubre antes de la reunión de la URNG y los sectores populares. La cúpula del ejército convocó a representantes de más de 20 organizaciones populares. Uno de los participantes explicó: “Prácticamente fue como decirnos que evitemos coincidir en muchos aspectos con la Comandancia General de la URNG. porque puede haber represalias y repercusiones dentro del movimiento popular” 342

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Prensa Libre, 10.9.88. Teleprensa, 13.9.88. Prensa Libre, 19.9.89. La Jornada, México, 21.10.89. La Jornada, México, 21.10.90.

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EL CENTRO EESTNA A finales de 1988 el Ministerio de la Defensa creó el Centro de Estudios Estratégico para la Estabilidad Nacional —EESTNA, con el objetivo, según palabras del ministro, de “provocar en los círculos dirigenciales guatemaltecos un mayor conocimiento entre sí y de la concepción estratégica global que el ejército a concebido como la adecuada para la actual coyuntura guatemalteca’’. Entre los 70 participantes en la primera mesa redonda, se encontraban dirigentes empresariales y políticos, altos ejecutivos, banqueros...; no participó ningún dirigente popular. Diversos analistas coincidieron en calificar el EESTNA corno un proyecto del ejército para ampliar su campo de acción en la política nacional, interviniendo en la formación de los cuadros que a mediano y largo plazo dirigirían al país bajo su concepción estratégica. En el proceso de constitución y primeras actividades del EESTNA participaron varias personalidades que luego serían figuras destacadas en el gobierno del presidente Jorge Serrano Elías. En otro orden, en junio de 1989, el Centro de Estudios Militares, el establecimiento educativo militar de más alto nivel, organizo un seminario dedicado a estudiar “el desafio de las relaciones cívico—militares durante la transición de la Democracia en Centroamérica”. Tal encuentro estuvo marcado por la publicación de la nueva imagen que el ejército ha pretendido proyectar, así como por su esfuerzo de atraerse a sectores políticos que tradicionalmente se habían resistido a su influencia. También participaron en este evento personalidades que ocuparían cargos relevantes en el gobierno de Serrano. LA REFORMA TRIBUTARIA DE 1987 En septiembre de 1987, el Congreso de la República aprobó un paquete de leyes que constituían una readecuación tributaria puesta por el Ejecutivo, que incluía modificaciones a las leyes de impuestos sobre la renta, del valor agregado. del papel sellado y timbres fiscales, sobre inmuebles, y sobre circulación de vehículos. 346

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346 Tal fue el caso del doctor Mario Solórzano Martínez y la licenciada Maria Luisa Beltranena de Padilla, ministro de Trabajo y Educación, respectivamente, 347 En la organización del evento participaron también la Asociación de Investigación y Estudios sociales —ASIES— (independiente); la Escuela& Servicios Internacionales, de la Universidad Americana, de Washington; la Sociedad de Análisis Políticos PEITHO, de Uruguay. Al evento asistieron como participantes y observadores, militares y civiles de Guatemala El Salvador, Honduras, Uruguay, Estados Unidos, Costa Rica, México Panamá, República Dominicana y Venezuela.

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Tal reforma concitó la oposición de todos los sectores del país, a excepción de los vinculados al gobierno. La oposición del sector privado fue sumamente virulenta y propagandizada. Al referirse a la oposición a los nuevos impuestos. el presidente Cerezo dijo estar tranquilo porque contaba con el apoyo del ejército. En realidad el promotor de la reforma tributaria era el ejército, que exigía mayores recursos para llevar adelante el proyecto contrainsurgente, el cual implicaba un mayor fortalecimiento de las fuerzas armadas y un mayor control del Estado y del poder por parte del alto mando militar. A mediados de agosto anterior, en el foro “27 años de lucha por la libertad”. organizado por el Consejo Empresarial, los altos jefes militares habían argumentado durante cuatro horas sobre la necesidad de una participación más activa del sector privado en el conflicto armado guatemalteco. Los empresarios no se oponían a la realización del proyecto con trainsurgente del ejército. Las medidas económicas, además, no los afectaban en una manera sensible. Pero sí se resistían a aceptar que el ejército acaparara prácticamente todas la capacidad de decisión de las finanzas del Estado. No se resignaban a quedarse como simples pagadores de impuestos. El presidente del CACIF, máxima instancia del sector privado, expresó claramente: “Nosotros no estamos discutiendo por no pagar impuestos (..). El problema no es pagar más, sino que se circunscribe principalmente a cómo se gastará el dinero”. En aquella “batalla de los impuestos”, la iniciativa privada finalmente tuvo que resignase a “perder” ante un proyecto decidido previamente por el alto mando militar. 348

ELECCIONES PARA LEGITIMAR LA MILITARIZACIÓN Por medio de elecciones. en la primera mitad del siglo XX se mantuvieron en la Presidencia Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico durante 22 y 14 años, respectivamente. Nadie califica de democráticos a ambos dictadores. En años más recientes, los generales Carlos Arana. Kjell Eugenio Laugerud y Fernando Romeo Lucas llegaron a la presidencia por medio de elecciones (1970-1982). Y nadie se atrevería a afirmar que sus gobiernos fueron menos represivos y antipopulares que los regímenes de facto de los generales Rios Montt y Mejía Víctores (1982-1986). 348 Prensa Libre, 4.10.87.

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Las elecciones de los años recientes cambiaron los gobiernos, pero no llevaron la democracia al país (ver cuadro siguiente).

Guatemala: Participación electoral Año 1958 1966 1970 1974 1978 1985(*) 1ra. Vuelta 2da. Vuelta 1991 (*) 1ra. Vuelta 2da. Vuelta

Porcentaje de los ciudadanos con Presidente elegido derecho a voto que votaron al ganador 12.7 Miguel Ydígoras 10.0 Julio C. Méndez M. 10.5 Carlos M. Arana O. 8.4 Kjell E. Laugerud 8.3 F. Romeo Lucas G. 17.3 29.8

Vinicio Cerezo A. Vinicio Cerezo A.

8.6 21.5

Jorge Serrano E. Jorge Serrano E.

En el marco del poder político militarizado, por medio de elecciones se cambian o confirman las figuras que aparentemente gobiernan el país, pero, por si mismas, no garantizaban cambios en la situación real; en este caso, la situación de explotación, opresión, represión, militarización, y discriminación que padecen la mayoria de los guatemaltecos. En ese sentido los gobiernos de Cerezo y Serrano le han recordado a los guatemaltecos que la elección de un gobierno civil no es sinónimo de democracia. Las elecciones y sus resultados no constituyen una expresión de la libre voluntad ciudadana y popular, ni un mecanismo democrático para resolver la problemática nacional. No ofrecen opciones verdaderamente democráticas. En los pasados 35 años, las elecciones en Guatemala se han desarrollado invariablemente en medio de una represión política generalizada por parte del ejército y otros organismos de seguridad del Estado, que mantiene un régimen de terror sobre la población. De esa manera las elecciones no cumplen los propósitos de la democracia. No puede considerarse legitimas ni democráticas unas elecciones que ocurren en un marco de persecución hacia los sectores populares y opositores. de violación sistemática de

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los derechos humanos, de eliminaciones sustanciales a los derechos de organización y expresión, de represión económica y social. No puede existir una democracia en convivencia con el hambre, la injusticia, la represión y la militarización. Las elecciones no incorporan las demandas más sentidas de la población. De ahí, la apatía ciudadana ante ellas. Los votantes saben de ante mano que no se producirá ningún cambio importante en las condiciones generales de la vida de los guatemaltecos. Los altos índices de ciudadanos que no se empadronan y de los que, estando empadronados, se abstienen de votar, manifiestan la desconfianza y el rechazo hacia un mecanismo formal que únicamente sirve para mantener y legitimar un sistema político que la mayoría de la ciudadanía rechaza. La democracia implica algo más que elecciones y cambio de gobierno. Implica el respeto y la promoción de los derechos y libertades fundamentales del pueblo; implica la adopción de medidas para la superación del hambre y la miseria; implica que los intereses populares sean los prioritarios en la gestión gubernamental; implica la participación de las mayorías del país en esa gestión, implica la libertad de expresión, organización y movilización... Esa democracia no es conocida en Guatemala desde hace cuatro décadas. LAS FUERZAS POLÍTICAS DEGRADADAS En términos políticos y de teoría del Estado se entiende por “partido político” a una agrupación de personas que tiene una organización estable y una ideología que la unifica, y que tiene como objetivo la conquista o conservación del poder político, o alguna participación en el ejercicio de ese poder. En Guatemala, sin embargo, los partidos están muy lejos, en su configuración y funcionamiento, de ese concepto. En el esquema del poder político militarizado, el ejército ha asignado a los partidos políticos un papel secundario. Las grandes decisiones son discutidas y decididas en el seno del alto mando militar. Los partidos cumplen la función de aparentar el libre juego democrático, para disimular el papel hegemómico del ejército en la conducción política del país, ellos sólo tienen la posibilidad de decidir asuntos menores. La cúpula militar en algunos momentos ha señalado muy claramente qué partidos debian participar en la gestión gubernamental y quiénes debían estar en la oposición; así ocurrió, por ejemplo, en las década de los 70. En otros momentos ha respetado el voto de la ciudadanía, cuando ello no implicaba riesgo alguno en sus planes estratégicos; tal fue el caso de las elecciones de 1985 y de 1990-91, cuando el control del poder político y

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los mecanismos de la militarización eran lo suficientemente fuertes para no sentirse afectados por la victoria electoral de uno y otro candidato o fuerza política. En cualquier caso, siempre el alto mando fija los limites de la participación política de los partidos. En 1988 el ministro de la Defensa, tras señalar que “la única institución que está pariendo la democracia es el ejército “, aseguraba que “las otras instituciones son irresponsables e inmaduras” La participación política de los sectores populares, progresistas y revolucionarios ha sido específicamente vetada. Millares de dirigentes y activistas políticos fueron asesinados en los pasados 30 años. Esa permanente persecución ha motivado que las opciones políticas representativas de los sectores populares hayan estado ausentes en los procesos electorales, o que hayan llegado a ellos sin ninguna posibilidad de triunfo. Ese papel secundario que el ejército asigna a los partidos en el actual esquema político, se ve reflejado en la configuración de los gobiernos desde hace varias décadas, incluyendo el ministro y otros cargos importantes. En general, los cargos se reparten así: El área de seguridad, a altos oficiales del ejército; el área económica, a representantes de las cámaras empresariales; algunos puestos se dan a técnicos y personalidades de una real o supuesta trayectoria democrática, para dar imagen de capacidad y democracia; y a los representantes de los partidos se les dan cargos de tipo diplomático y administrativo, donde es viable el enriquecimiento rápido. Las distintas agrupaciones políticas parecen haber tomado conciencia de que, para sobrevivir, deben aceptar ese rol que se les impone. Al no ser posible el auténtico debate político, que se traduzca en triunfos de determinadas tendencias o programas, las aspiraciones de los partidos frecuentemente se han tomado más económicas que políticas. Salvo raras excepciones, las sustentaciones ideológicas o doctrinarias no existen o están deprimidas, y los partidos no aspiran a realizar programas concretos de gobiernos. Y ninguno de ellos se plantea gobernar sin la aprobación del ejército. Una publicación militar observaba en 1990: “Los sectores políticos saben que nuestra institución tiene el poder real, tiene el poder de las armas; y por tal razón, buscan aprobación o simpatía de los militares” Ese rol que se obliga a jugar a los partidos políticos los ha llevado a un creciente deterioro y a un gran descrédito ante la ciudadania, para la que 349

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349 Crónica, 19.5.88. 350 El Espadín, Nº. 10. Publicación del Departamento de Información y Divulgación del ejército. Citado por Siglo Veintiuno, 13.5.90.

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“lo político” tiene una connotación peyorativa y es algo ajeno a la vida y a la problemática real de la sociedad. La degradación que el ejército a hecho de las fuerzas políticas y de sus funciones, se manifestó muy claramente en la administración democristiana. Las posibles buenas intenciones democristianas no pudieron encontrar cauces de desenvolvimiento. Desde que Cerezo aceptó gobernar bajo el esquema de la militarización contrainsurgente, el proyecto democristiano quedó reducido a unas migajas democráticas. No se produjo una consolidación de la democracia. Los partidos políticos experimentaron un mayor debilitamiento y su credibilidad disminuyó ante la ciudadanía, como lo mostró el elevado abstencionismo en las elecciones de finales de 1990 y principios de 1991. El propio partido demócratacristíano sufrió importantes fracturas, fruto de la frustración provocada en sus cuadros y activistas más cualificados. Esa experiencia democristiana parece confirmar la tesis de que cualquier partido o coalición de partidos que intentan gobernar en alianza con el alto mando del ejército, se convertirá inexorablemente en un instrumento de la estrategia antipopular, contrainsurgente y represiva. Una fuerza política teóricamente reformista, al entrar en alianza con el ejército, terminó convertida en una pantalla para justificar la militarización y la contrainsurgencia. Por más que se hable de “cambios democráticos” o “consolidación democrática”, cualquier fuerza política que acepte gobernar bajo el actual esquema de la militarización contrainsurgente, no escapará de un destino similar. LAS POLITICAS DE AJUSTE Los guatemaltecos esperaban que, con la llegada de los democristianos al gobierno en enero 1986, se iniciaran algunos cambios en las estructuras económicas, que aliviaran en alguna medida la angustiosa situación de miseria de los sectores populares. El presidente Cerezo había prometido “poner orden en la casa” y pagar la “deuda social” que los anteriores gobiernos habían contraído con el pueblo. Pero los democristianos no sólo no sentaron las bases para un reordenamiento de la estructura económica, sino que profundizaron el programa monetarista “de ajuste”, que castigó severamente a los sectores medios y populares. También acentuaron la dependencia a los organismos internacionales de financiamiento, especialmente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Las políticas de ajuste en Guatemala se iniciaron a principios de los 80, tardíamente con relación a la mayoría de los países latinoamericanos. En las décadas anteriores habían sido innecesarias, dada la relativa solvencia financiera del Estado, debido a los precios favorables de los productos de exportación guatemaltecos en el mercado internacional. Su introducción coincide cronológicamente con la irrupción de la crisis económica, el abatimiento de los precios internacionales y un sustancial aumento del endeudamiento externo. En octubre de 1981 se firmó el primer Convenio de Estabilidad Financiera entre el gobierno guatemalteco y el FMI; a lo largo de la década se firmaron varios más. Es sabido que, para otorgar asistencia financiera, el FMI exige a los gobiernos “racionalizar” el gasto público, incrementar la recaudación tributaria, liberar precios y privatizar empresas estatales. También es sabido que otros organismos internacionales de financiamiento se abstienen de conceder prestamos a un país si éste no es recomendado por la FMI. Las políticas de ajuste buscan garantizar el financiamiento del presupuesto gubernamental, reducir el déficit presupuestario, mejorar la balanza de pagos, controlar la inflación y abastecer de divisas el Banco Central. Ello implica elevar los ingresos públicos (por vía del aumento y saneamiento de la recaudación fiscal), reducir el gasto público (por lo general, sacrificando los rubros sociales) y también fortalecer el comercio exterior. EL GOBIERNO DEMOCRISTIANO El gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1991) siguió esos lineamientos de las políticas de ajuste, adoptando sucesivas medidas destinadas a reducir el gasto, captar mayores ingresos, elevar precios, aumentar el ahorro interno, eliminar subsidios, privatizar empresas públicas, favorecer las exportaciones, estabilizar la moneda, controlar la inflación y disminuir el déficit fiscal. El gobierno democristiano siguió la misma politica proempresarial de los gobiernos anteriores. Como elemento esencial de su política económica, buscó la “concertación”, con los más fuertes sectores de la iniciativa privada, a los que otorgó importantes concesiones, tales como la liberación de precios, la liberación monetaria, un amplio apoyo a las exportaciones y una política salarial decididamente favorable a sus intereses. También inicio el gobierno de Cerezo la privatización de empresas estatales351 que fue continuada por el gobierno siguiente. Descartó cualquier 351 Así lo informo el ministro de Economía, citado a la CEPA (Prensa Libre, 28.3.85).

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cambio estructural, incluso en aspectos tan salientes como la tenencia de la tierra o la política fiscal. Y no exigió ni sugirió a los empresarios la repatriación de capitales, que continuaron fugándose. EL GOBIERNO DE SERRANO En su discurso de toma de posesión, enero de 1991, presidente Jorge Serrano Elías prometió dar un “tratamiento urgente y adecuado a los problemas estructurales existentes en la sociedad guatemalteca”, para lo que planteó también la necesidad de un reajuste económico. Los principales objetivos de su gobierno serian dijo lograr un crecimiento económico y que éste tuviera un impacto social a corto plazo, buscar la estabilidad de la economía, el fortalecimiento del salario y el acceso a la propiedad de los grupos menos favorecidos económicamente, a través de un programa de crédito popular manejado por la banca privada. En el mismo acto de su investidura Serrano convocó a un diálogo en el que participarían empresarios, trabajadores y gobierno, orientado a suscribir un pacto social. Pero antes que se realizaran las primeras conversaciones Serrano y su gabinete sostuvieron reuniones con el alto mando del ejército y con los principales dirigentes empresariales; y comenzaron a ponerse en práctica medidas socioeconómicas de alto contenido antipopular y propatronal, tales como el despido masivo de empleados públicos, la liberación de precios, la reducción del gasto público, las gestiones para la captación de recursos externos destinados al empresariado, una intensificación de la explotación a los trabajadores, solapada tras el eufemismo del “aumento de la productividad”. Las principales organizaciones sindicales y populares rechazaron el pacto, que —aseguraron— estaba concebido para sanear los aspectos macroeconómicos (PIB, comercio exterior, deuda externa, déficit fiscal, reservas internacionales...), pero no para resolver los graves problemas del país y de los sectores populares; se trataría de un pacto en el que los trabajadores aportarían los sacrificios y los grandes empresarios se llevarían las ganancias. También denunciaron hechos de persecución y represión hacia las organizaciones y dirigentes que se distinguieron en su oposición al pacto. En la situación guatemalteca, cualquier acuerdo que no contemple respuestas a las necesidades fundamentales de la población, no solamente no tendrá ninguna posibilidad de éxito, sino que contribuirá a agudizar el enfrentamiento político social.

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El presidente Serrano puso los ministerios económicos en manos de representantes del sector empresarial y de economistas de reconocida trayectoria neoliberal, lo que provocó una acentuación de la política de ajuste, con énfasis en las medidas de austeridad presupuestaria, recortes en los empleos públicos, privatización de empresas estatales, y liberalización del comercio exterior y de la politica de inversiones extranjeras. La Iglesia Católica se pronuncio contra la “imposición del modelo económico neoliberal por parte de los gobiernos, porque su aplicación ha acrecentado el número de desempleados y a elevado los precios de la canasta familiar”; y porque, en general, propició un grave deterioro económico y social para las grandes mayorías del país. El arzobispo Prósperos Penados observó a principios de 1992: “Nosotros hemos visto cómo sindicatos y sectores populares se han opuesto a la implantación de la política neoliberal del gobierno, ya que el obrero queda a merced del patrón, se desconocen los elementales derechos de los trabajadores y se deteriora la economía de la población pobre”.353 Y el obispo Gerardo Flores observó: “Hay consenso en la Iglesia Católica que las políticas económicas implementadas por el gobierno solamente están provocando más pobreza entre amplios sectores de la población...” 352

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POLÍTICA FISCAL En septiembre se 1987, fue aprobado por el Organismo Legislativo una reforma fiscal, que incluía modificaciones a las leyes de impuestos sobre la renta y del valor agregado, cuyo propósito se orientaba a evitar la evasión fiscal y ampliar la base de tributación. Además de ser una condición exigida por el Fondo Monetario Internacional para conceder créditos al país, era también un proyecto del ejército. que quería mayores recursos para llevar adelante su proyecto contrainsurgente. Por ello, la virulenta oposición del sector privado no prosperó en este caso. De todos modos aquella reforma no modificó la injusta estructura impositiva. El sistema tributario mantiene sus rasgos anacrónicos y profundamente injustos: Los impuestos indirectos constituyeron en 1991 el 75% de los ingresos tributarios del gobierno, y los impuestos directos el 25%355 (el promedio en toda América Latina es de 31% de impuestos indirectos y 69% de directos). (ver gráfica siguiente) 352 Curiosamente, la primera empresa privatizada fue la compañía Aerolíneas de Guatemala (AVIATECA), que en años recientes había tenido superávit en su gestión. 353 Citado por la Hora, 5.2.91. 354 Excélsior, México, 2.1.92. 355 Siglo Veintiuno, 4.2.92.

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INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO

80 70 60 50 40 30 20 10 0

75%

69%

31%

Guatemala

América Latina

25%

Guatemala

América Latina

Un congresista estadounidense comentó a finales de 1991: “Guatemala tiene los niveles de impuesto más bajos del mundo. La evasión de los impuestos a llegado a ser una forma de vida para los adinerados”. La evasión fiscal fue en 1990 de 1.300 millones de quetzales, equivalentes al 35% del presupuesto general del Estado.357 356

GOLPE DE ESTADO DE 1993 El 25 de mayo de 1993, el presidente Jorge Serrano disolvió el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, y suspendió las garantías individuales. Se trataba de una decisión del ejército, obedecía a causas profundas. El gobierno y el ejército habían fracasado en su intento por derrotar a la insurgencia por la vía de la negociación. El golpe, promovido por los militares más duros, pretendía sepultar la negociación e imponer una salida militar al conflicto armado. El ejército, además, deseaba poner fin, o al menos limitar, el cuestionamiento hacia él por la violación de los derechos humanos, y apuntalar el muro de la impunidad, que comenzaba a resquebrajarse. La situación social había llegado a niveles de explosividad. En el mes de mayo habian estallado fuertes movimientos reivindicativos que hicieron 356 Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG), en un campo pagado en la prensa nacional. 357 Datos oficiales citados por la Hora, 11.4.89.

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cimbrearse al gobierno. Los estudiantes pusieron en fuga a la policía en las cercanías de la Ciudad Universitaria. Para enfrentar la protesta popular, el gobierno creó una fuerza combinada dirigida por el ejército, equipada con tanques. Un estudiante fue asesinado. Las movilizaciones podrían ser el preludio de nuevas situaciones incontrolables para los militares. Por otro lado, fuertes interese económicos presionaban para agilizar la privatización de las empresas y servicios estatales, pero muchos diputados exigían grandes sumas de dinero para emitir las leyes correspondientes. La disolución del Congreso dejaría el camino libre. Los sectores populares, religiosos, laborales y cívicos reaccionaron en forma decidida y unitaria frente al intento golpista. También organismos del Estado, partidos políticos y otras instituciones y grupos se opusieron al golpe. La rápida y unánime reacción de repudio de la comunidad internacional hizo vacilar al ejército y temblar a los empresarios, que comenzaron a presionar al gobierno y a los militares para que dieran marcha atrás. En los días siguientes se realizan intensas conversaciones entre todos los sectores civiles, incluyendo a la cúpula empresarial y a los sectores populares, caso insólito en la polarizada sociedad guatemalteca. El ejército, sorprendido por la reacción tan adversa, decidió el desplazamiento de Serrano. En la noche del dia 5 de junio, durante una sesión del Organismo Legislativo, fue elegido presidente Ramiro de León Carpio. Los indígenas, campesinos, sindicalistas, luchadores sociales, estudiantes y universitarios quedaron marginados del arreglo que imponían los militares. Quedaron descartadas sus propuestas de procesamiento judicial a los funcionarios civiles y militares golpistas, asi como a los implicados en actos de corrupción, el alejamiento del ejército de los asuntos políticos, y el compromiso por detener la represión en contra de los sectores populares y democráticos. En el desarrollo y desenlace de la crisis golpista, las sucesivas maniobras del ejército fueron neutralizadas por el consenso social y el rechazo internacional. Se revelaba una actitud nueva de diversos sectores de la sociedad. Frenar los planes de la cúpula militar fue sin duda un logro histórico.

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EL PRESIDENTE RAMIRO DE LEON Ramiro de León Carpio, abogado de 52 años, inició su carrera política en la extrema derecha; en 1983, apareció como secretario general de la recién creada Unión del Centro Nacional, partido autocalificado como de centro. En 1989. el Congreso de la República lo designó Procurador de los Derechos Humanos, donde mantuvo una actitud independiente y crítica frente a los gobiernos de Vinicio Cerezo y Jorge Serrano; en algunas ocasiones señaló a la institución armada de ser responsable de violaciones de los derechos humanos. Ello le hizo ganar un notable prestigio en el país y fuera de él. Ese antecedente y las circunstancias que lo llevaron a la Presidencia permitían abrigar esperanzas sobre la apertura de cauces de solución para la compleja problemática de Guatemala. El nuevo presidente conocía la dolorosa situación económico-social de la mayoría de los guatemaltecos, así como los mecanismos de la represión y la impunidad, de la discriminación étnico-cultural, del control militar sobre la población. de las violaciones a los derechos laborales y sindicales... El notable apoyo que había concitado le daba la posibilidad de tomar medidas audaces para dar vida a un proyecto de transformación del país. Las demandas de los sectores democráticos y populares giraban en torno a los siguientes puntos: - Desmilitarizar el Estado y la sociedad. - Iniciar un proceso de democratización, reconociendo la preeminencia de la sociedad civil. - Reanudar y agiliza el proceso de paz entre el gobierno-ejército y la Unida Revolucionaría Nacional Guatemalteca (URNG), con la inclusión de los sectores civiles. - Procesar judicialmente a los funcionarios militares y civiles implicados en el golpe de Estado. - Poner fin a la violación a los derechos humanos y a la impunidad. - Facilitar el retorno de los refugiados en el exterior. - Terminar con la corrupción administrativa, y depurar los organismos del Estado, incluyendo al ejército. - Abandonar la política económica neoliberal, y adoptar otra encaminada a combatir la pobreza y a mejorar las condiciones de vida

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de la mayoría de la población. Suspender la privatización de empresas estatales y servicios públicos. La tarea no era fácil. Persistía la misma estructura política, económica y social radicalmente injusta, raíz del enfrentamiento social y del conflicto armado. El ejército, si bien había tenido que dar marcha atrás en sus intenciones golpistas, continuaba siendo el principal factor de poder en los campos económico, político y social. Pero De León tenía la oportunidad de fortalecer el consenso entre la sociedad civil, y sobre esa base iniciar la erradicación de la sobreexplotación y sus consecuencias; desmontar el aparato estatal excluyente, terrorista y corrupto; sujetar el ejército al poder civil y crear y fortalecer instituciones de participación de la sociedad en la gestión pública: y desactivar el enfrentamiento armado de tres décadas. LA MILITARIZACION Cuando era procurador de los Derechos Humanos, a mediados de 1991. Ramiro de León había lamentado la no subordinación de las fuerzas armadas al poder civil. Pero, apenas instalado en la Presidencia, dijo “Hay un ejército con oficiales profesionales que están compenetrados en su papel en el sistema democrática...”. De León pasó a retiro a los generales que había tenido un papel protagónico en la crisis de mayo—junio del 93. Pero los nuevos jefes representaban la continuidad en la línea antidemocrática y represiva de sus antecesores. El nuevo ministro de la Defensa anunció una “total modernización” del ejército, y aseguró que éste estaba autodepurándose. Pero la modernización y la depuración no parecían ir más allá de la rotación de algunos jefes y anuncios publicitarios para aparentar un fortalecimiento de la democracia. Sectores democráticos observaron que en lugar de investigar y enjuiciar a los militares responsables de crímenes y corrupción, se les condecoraba y se les enviaba a cumplir misiones diplomáticas en el exterior. En agosto de 1993. De León anunció la reestructuración del Estado Mayor Presidencial (EMP), una especie de policía política que el experto de la ONU para seguir los derechos humanos de Guatemala había aconsejado suprimir, al señalarla como responsable de asesinatos y secuestros políticos. Sin embargo, una circular del Estado Mayor del Ejército, dirigida el 6 de 358

358 Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, de la estatal Universidad de San Carlos. “La Economía Guatemalteca en el año 1989”. Marzo de 1990.

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agosto a todas las dependencias militares, decía: “Misión y funciones asignadas continuarán sin cambios (...j. dicha reestructuración no constituye depuración ni reducción. Persigue fortalecer imagen dicha dependencia... “. El presidente De León no tomó ninguna medida para disolver las patrullas de auto defensa civil - PAC—, que a finales de 1993 contaban con 537.000 elementos, de los que unos 18.000 estaban armados, según el ministro de la Defensa.360 El ejército continuó la práctica de obligar a los campesinos a integrarse en las patrullas, incluso a menores de edad. El Presidente De León dijo: “La estrategia militar indica que, mientras persista el conflicto, se imposibilita su desintegración” La Conferencia Episcopal calificó a las MC como “un continuo foco de represión, abuso de autoridad y hasta criminalidad insoportable, protegida por la impunidad”. El gobierno y el ejército se negaron también a disolver la institución de los comisionados militares, enlaces del ejército en todas las poblaciones del país. Como Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León criticó al ejército por la práctica del reclutamiento forzoso, procedimiento que calificó como “ilegal”, “inhumano” y “discriminatorio”. Durante su gobierno, sin embargo, nada se modificó al respecto. La experta de la ONU para seguir los derechos humanos en Guatemala dijo que “no solamente es una suerte de trabajo forzoso, sino que también es discriminatorio e ilegal en la forma en que se ejecuta”. Diversos sectores populares y democráticos insistieron en la necesidad de una nueva ley de “Servicio Patriótico Civil Militar”, para establecer la voluntariedad del servicio militar y conocer la objeción de conciencia y el servicio social civil. Pero nada se avanzó oficialmente sobre el asunto. También prometió De León que otorgada garantías para el retomo de los refugiados que permanecen en el territorio mejicano. Sin embargo, pese a la vigilancia internacional, el ejército, directamente o a través de las patrullas civiles, persistió en su hostigamiento contra los retomados. El 359

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362

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359 CEPAL. Notas para el estudio económico de América Latina y el Caribe, Guatemala. 1987. 360 Datos del Ministro de Finanzas Públicas. Citadas por FADES. Análisis Económico, 7.9.91. 361 En 1987, por ejemplo, fueron extraídos 200 millones de quetzales del rubro de inversión para adjudicarlo a funcionamiento. Así lo informó el Contralor General de la Nación. Guatemala Flash, 11.10.88. 362 Informes del Banco de Guatemala. Citado por Prensa Libre, 7.5.86 y Crónica, 14.6.91. 363 Crónica, 15.8.91.

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procurador de los Derechos Humanos confirmó que éstos sufrían “maltrato por parte de las autoridades”. Los nuevos grupos de refugiados que deseaban retomar al país exigieron la desmilitarización de las zonas de reasentamiento, pero el ejército no lo aceptó. Las comunidades de la población en resistencia — CPR—denunciaron la persistencia de los hostigamientos del ejército hacia ellas. La situación fue confirmada por varios sectores y organismos. La CIDH/OEA resaltó el carácter civil de las -CPR- , y confirmó el acoso que sufren de parte de las fuerzas armadas y las patrullas civiles.364 En el mismo sentido se pronunció la Conferencia Episcopal. Durante la gestión de De León Carpio nada pareció modificarse en cuanto al ejercicio real del poder político. El ejército conservó los mecanismos establecidos en años anteriores para continuar gobernando tras el trono. No se produjo ningún avance de la civilidad sobre la militarización. El poder real siguió en las manos del ejército. A finales de 1993, los delegados en la Asamblea General de la ONU se asombraron cuando un coronel guatemalteco leyó el discurso que debería haber pronunciado el Presidente Ramiro de León. 365

LOS DERECHOS HUMANOS Al asumir las Presidencia, Ramiro De León se declaró comprometido a respetar sin restricciones los derechos humanos y a combatir la impunidad. El descubrimiento de nuevos cementerios clandestinos, con cientos de osamentas, durante la segunda mitad de 1993, reabría la cicatriz y la demanda de castigo para los culpables. Fueron insistentes las peticiones de creación de una “Comisión de la Verdad”, que investigara los crímenes políticos del pasado reciente. Pese a ello no se dio un paso en el esclarecimiento de tales crímenes. La impunidad oficial continuó encubriendo a los asesinos. Persistió invariable la práctica represiva oficial. Numerosas personas fueron asesinadas, secuestradas o amenazadas. Se produjeron atentados contra dirigentes, activistas y sedes de organizaciones populares.

364 Así lo estimó el diputado Héctor Luna Trócoli (La Hora, 8.11.89). 365 Cifras del Ministerio de Finanzas, citado por Siglo Veintiuno, 26.11.91.

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Durante los cinco primeros meses de 1993 (cuando aún gobernaba Jorge Serrano), el promedio mensual de ejecuciones extrajudiciales fue de 43,2, y de desapariciones forzadas de 10,6. En el resto del año (durante el gobierno de Ramiro de León), los promedios ascendieron a 55,0 y 13,3 respectivamente. En 1994 fueron registrados 776 asesinatos de carácter politico, así como 176 secuestrados desaparecidos y 470 heridos en atentados. Las amenazas de muerte fueron una de las armas más utilizadas durante el gobierno de Ramiro de León, para limitar la acción de los opositores. Varios dirigentes populares salieron al exilio después de recibir insistentes amenazas. De nuevo aparecieron los “escuadrones de la muerte”; dirigentes populares coincidieron en señalar que el ejército se escudaba tras esos supuestos grupos. No se eliminaron las cárceles clandestinas ni los demás sistemas de terror que manejan las fuerzas armadas. En lugar de suprimir el andamiaje represivo, abierto y clandestino, el gobierno se mostró interesado en encubrirlo. De León, siguiendo las posiciones de los militares, sostuvo que la causa principal de las violaciones al derecho a la vida es el enfrentamiento armado. Pero es dificil establecer una relación causal directa entre el conflicto armado y las masacres, asesinatos, secuestros y agresiones contra civiles no combatientes e indefensos, con frecuencia dirigentes populares y democráticos. Las fuerzas armadas tampoco modificaron su conducta en cuanto a la violación del derecho humanitario de guerra. Persistieron los bombardeos y ametrallamientos en contra de poblaciones civiles no combatientes, así como la retención ilegal de prisioneros de guerra. La comunidad internacional insistió en sus denuncias sobre la violación de los derechos humanos en Guatemala. CONFLICTO ARMADO Y NEGOCIACIÓN Luego de que en julio de 1991 fuera firmado en la ciudad mejicana de Querétaro el “Acuerdo marco sobre la democratización para la búsqueda de la paz por medíos políticos”, las negociaciones por la paz se empantanaron en el tema de los Derechos Humanos. Ya señalamos que el intento de golpe de Estado en mayo de 1993 perseguía, como uno de sus principales objetivos, sepultar la negociación e imponer una salida militar al conflicto.

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En los meses siguientes el gobierno de Ramiro de León planteó propuestas de paz que buscaban la “pacificación” sin establecer previamente acuerdo que garantizaran los cambios políticos, económicos y sociales exigidos por la URNG y la sociedad civil. Significaban en la práctica una petición de rendición incondicional. La URNG las rechazó, y los mismos hicieron los sectores civiles. En enero de 1994, bajo una convocatoria de la Secretaría General de la ONU, gobierno—ejército y URNG firmaron en Ciudad de México un “Acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación”, según el cual se comprometían a negociar sobre los puntos de la agenda acordada tres años antes, que incluía en primer lugar los temas sustantivos y posteriormente los temas operativos. La ONU nombraría un moderador y verificaría los acuerdos. Se establecia la Asamblea de la Sociedad Civil, para discutir la temática sustantiva de la negociación, formular recomendaciones a las partes y avalar los acuerdo tomados por ellas. También se establecía el compromiso de llegar a un acuerdo de paz en el transcurso de 1994. LOS ACUERDOS A finales de marzo de 1994. Fue firmado el Acuerdo sobre Derechos Humanos, que incluía los siguientes puntos: 1. Compromiso gubernamental de promover el respeto a los Derechos Humanos. 2. Fortalecimiento de las instancias (institucionales) de protección de los Derechos Humanos. 3. Compromiso contra la impunidad. 4. Compromiso de que no existan cuerpos de seguridad ilegales ni aparatos clandestinos. 5. Garantías pura las libertades de asociación y de movimiento. 6. Conscripción militar justa, no forzada ni discriminatoria. 7. Garantías v protección a las personas y entidades que trabajen en la protección de los derechos humanos. 8. Resarcimiento y/o asistencia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. 9. Los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno. 10. Verificación internacional, por parte de las Naciones Unidas, de los Derechos Humanos y de los compromisos del acuerdo.

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En junio de 1994 se firmaron los acuerdos sobre el “Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas” y sobre el “Establecimiento de la Comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca (Comisión de la Verdad)”. El primero definía los principios de una estrategia global para el reasentamiento, precisando medidas técnicas y administrativas. A la “Comisión de la Verdad” se le adjudicaba la función de esclarecer las violaciones a los derechos humanos, elaborar un informe y hacer recomendaciones, aunque no individualizaría responsabilidades, aspecto que fue criticado por varios dirigentes del movimiento popular. En el lema “Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas” nuevamente se trabó la negociación, lo que dio lugar a una intervención más directa del Secretario General de la ONU. De acuerdo a la agenda aceptada por las partes, los temas siguientes a ser abordados son “Aspectos socioeconómico y situación agraria”. “Fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática” y “Reformas constitucionales”. Después se pasaría a los temas operativos: Inserción de la URNG en la sociedad civil, cese al fuego, firma de la paz, desmovilización, etc. INCERTIDUMBRE Los avances de la negociación en el terreno de lo real y cotidiano no corresponden a los avances formales plasmados en la firma de los acuerdos: - Persiste la violación a los derechos humanos. - Permanece la duda en cuanto a la eficacia real de la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), encargada de verificar la observancia de los derechos humanos. - La posición gubernamental insiste en el alto al fuego y desmovilización de la insurgencia, sin agotar la agenda de la negociación. - Las cúpulas empresariales no parecen dispuestas a aceptar modificaciones en la estructura socioeconómica. Son evidentes las profundas divergencias entre las panes, no sólo en cuanto a los punto de agenda, sino en la concepción misma de negociación.

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La posición oficial ha buscado acuerdos rápidos, insistiendo en el cese del enfrentamiento armado y en la desmovilización de las fuerzas insurgentes, con la consiguiente entrega de las armas. La negociación se reduciría, así, a un simple mecanismo para que los insurgentes depongan las armas y se integren a la vida civil y política. La insurgencia sostiene que la guerra no es la causa, sino uno de los efectos de la situación del país. Una negociación seria, por lo tanto, no debe separar la guerra de sus causas, y debe conducir a transformaciones profundas en las estructuras políticas, económicas y sociales. Se trata, por los tanto, de suscribir acuerdos que representen logros reales en la lucha general de los guatemaltecos, como la desmilitarización, el cese de la represión política, la creación de una verdadera legitimidad institucional, y el establecimiento de bases para un nuevo modelo político, social y económico, que permita un desarrollo armónico y equitativo. Solamente acuerdos que vayan en esa dirección podrán llevar a Guatemala a la paz firme y duradera, basada en la democracia y la justicia social. La mayoría de la sociedad guatemalteca, al igual que la URNG, entienden que, si es dificil que el gobierno-ejército acepten compromisos en la mesa de negociación, sería mucho más dificil que lo hicieran después de pactar un alto al fuego. Los sectores más conservadores del ejercito y el empresariado más atrasado, sectores minoritarios pero muy poderosos, constituyen los principales obstáculos para una solución política justa y democrática a la situación nacional y al conflicto armado. EL CONFLICTO SIGUE Paralelamente el proceso de negociación, el enfrentamiento armado siguió durante el gobierno de Ramiro de León. Por parte del ejército, fue notoria una campaña propagandística destinada a restar prestigio y apoyo a las fuerzas insurgentes. Jefes y portavoces militares insistieron en el debilitamiento de la URNG. El ministro de la Defensa reconoció, no obstante, que la insurgencia es dificil de vencer y que ni con 150.000 elementos podría el ejército acabar con ella. 366

366 Tom Harkin (Siglo Veintiuno, 6.10.91).

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La URNG, por su parte, reportó la realización en 1993 y 1994 de 1.943 operaciones (810 militares, 1.038 de propaganda y 95 sabotajes) en 18 departamentos de los 22 que tiene el país, con caída de 1.468 bajas gubernamentales, entre ellas al menos 29 oficiales. La insurgencia inició el cobro de “impuesto de guerra” a grandes terratenientes, con lo que parecía insinuar a los empresarios que deben flexibilizar su posición y abrir caminos para las transformaciones que Guatemala necesita, pues de lo contrario el país será un negocio poco rentable para ellos. LA POLITICA ECONOMICA Ramiro de León Carpio, al asumir el gobierno, se declaró comprometido a erradicar la pobreza, y prometió dar prioridad a la salud y la educación. El diseño de su política económica, subrayo el papel subsidiario que debe jugar el Estado, y dijo que continuaría el proceso de privatización de empresas y servicios estatales, lo que fue apoyado sin reservas por la iniciativa privada. La embajadora de Estados Unidos en Guatemala exhortó a los empresarios guatemaltecos: “Por doloroso que sea, ustedes también tendrán que pagar impuestos (..). Este país tradicionalmente ha tenido una de las tarifas de impuestos más bajas del hemisferio, y posiblemente del mundo...”. Ramiro de León, no obstante, evitó realizar una reforma tributaria que le proporcionaría dinero para la inversión social. El gobierno no escucho las peticiones de aumento salarial, y tampoco articuló una política agraria para favorecer a campesinos sin tierras. El gobierno no combatió la pobreza ni buscó un mínimo bienestar. Las condiciones económicas y sociales de la población se agravaron. Se dieron nuevos pasos hacia la inestabilidad social. Dirigentes populares acusaron al gobierno de seguir políticas antipopulares, de no atacar la pobreza en los factores que la originan y multiplican, y de no buscar soluciones de fondo a la estructura económica del país. Le criticaron por evitar las necesarias transformaciones estructurales que modifique la desigualdad en el ingreso y la distribución de la riqueza. 367

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367 Así lo informó el secretario general del Consejo Nacional de Planificación Económica (Siglo Veintiuno, 16.6.91). 368 Datos extraídos de las informaciones de la prensa local sobre el tema. 369 Datos proporcionados en diferentes fechas.

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La grave problemática social no parece que pueda solucionarse privatizando las empresas estatales y los servicios públicos. Dadas las características del empresariado guatemalteco, la privatización no sólo implica la descapitalización del Estado, sino un encarecimiento de los servicios, con el consiguiente aumento de la miseria y el descontento social. LA CORRUPCIÓN Y LA FRUSTRADA DEPURACIÓN Luego del intento de golpe de Estado en mayo de 1993, una de las más sentidas demandas del movimiento popular y de toda la sociedad fue el juicio y castigo a los militares y civiles involucrados en el golpe, así como la depuración de los tres Organismos del Estado. Los sectores populares, y la sociedad civil en general, exigieron que la depuración se extendiera a todo el Estado y sus instituciones; que debía afectar en primer lugar al ejército, y centrarse en la desmilitarización del Estado y la sociedad. También plantearon la necesidad de realizar reformas a la Constitución y a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para garantizar la participación popular en las decisiones y destino del país, por medio de representantes genuinos, no necesariamente ligados a los partidos políticos. El expresidente Serrano, el exvicepresidente y el ex ministro de Gobernación, acusados de 11 delitos por las propias instancias estatales, se garantizaron la impunidad por la vía del asilo político. En cuanto al uicio a los militares golpistas. ninguna autoridad promovió acción alguna; continuaron igualmente bajo cl manto de la impunidad. Tres meses después de asumir la Presidencia, Ramiro de León exigió la renuncia de los diputados del Organismo Legislativo y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en lo que llamó un intento para depurar al Estado. Ello provocó una confrontación entre los Organismos del Estado. Luego de tres meses de crisis institucional. las cúpulas políticas, empresarial y militar pactaron un paquete de 42 reformas constitucionales, que nada tenían que ver con las exigencias populares de depuración y combate a la corrupción. El pacto representaba un reacomodo de fuerzas y cuotas de poder, y garantizaba la profundización de la política económica neoliberal. En el referéndum que debla ratificar el acuerdo, se abstuvo de votar el 85% de la población empadronada, lo que parecía evidenciar que la institucionalidad vigente no es representativa de la mayoría de la población.

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Por otra parte, la corrupción administrativa continuó enquistada en todo el aparato del Estado. Un juez de primera instancia penal testificó: “A mi me han llamado de parte de las autoridades para que resuelva, como quieren, determinados crasos”. En el presupuesto general de la Nación continuaron incluyéndose rubros (que no necesitan comprobación) destinados a actividades de represión y corrupción, asi como la asignación de fondos para obras ya realizadas. Persistieron las evidencias y denuncias que comprometían a militares y policías en diversos hechos delictivos y de corrupción. En febrero de 1994, por ejemplo, seis militares secuestraron al empresario azucarero Francisco Vila Girón. Los militares también continuaron involucrados en actividades del narcotráfico. 370

371

DE LA EXPECTATIVA A LA DESESPERANZA Ramiro de León Carpio llegó a la Presidencia con el agrado de buena parte de los guatemaltecos y un notable caudal de prestigio. En el seno de la sociedad se suscitó una gran expectativa. Tuvo la posibilidad de sacar al país de la crisis. Pero, al no tocar las estructuras económicas, políticas y sociales injustas, se hizo acreedor a los más severos calificativos de parte de la sociedad, especialmente de los sectores sindicales, indígenas, humanitarios, religiosos y populares en general. Los pocos elogios le llegaron del ejército y de los más fuertes sectores empresariales. El dedo acusador de la sociedad señaló que el poder tras el trono continúan siendo el ejército y la cúpula empresarial; y que De León fue cooptado por la inflexibilidad de esos factores de poder, convirtiéndose en un instrumento al servicio de sus intereses.372 Gobierno y sociedad continúan hoy sujetos al poder del ejército e hipotecados por él. La inestabilidad continúa siendo un componente esencial de la situación política. La sociedad guatemalteca lamentó que De León no hiciera nada por desmilitarizar el país y por reducir el poder político del ejército, medida

370 Estimaciones con base en publicaciones de la prensa local a lo largo de esos años. 371 Datos extraídos de informes de la prensa local. 372 Guatemala Flash, 22.8.88.

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ineludible para la implantación de un verdadero Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia. Su decisión de mantener las patrullas civiles, el reclutamiento forzoso, los comisionados militares, el Estado Mayor Presidencial y otros mecanismos de la militarización, produjeron profundo malestar en la sociedad. Especial indignación produjo la continuación de la represión política y el mantenimiento de la impunidad. De León no enfrentó con seriedad la resolución del conflicto armado interno. Su posición fue aún más intransigente que la manifestada por el gobierno de Serrano Elías. Sus propuestas o planes de paz fueron más excluyentes e inaceptables. En política económica evadió la solución de fondo para el financiamiento estatal, como es la reforma tributaria. Los nuevos pasos neoliberales agravaron las condiciones económicas y sociales. Los precios subieron y los salarios se mantuvieron estables. Se deterioraron los servicios públicos y aumentó la miseria. De León tampoco dio pasos significativos para depurar y erradicar la corrupción de los organismos del Estado. Numerosos analistas comentaron la metamorfosis sufrida por Ramiro de León al pasar de la Procuraduría de los Derechos Humanos a la Presidencia de la República. No mostró, en efecto, ninguna resistencia frente al ejército. Fue más eficaz para los intereses militares que cualquier general. Ningún presidente anterior fue tan débil y ningún gobierno estuvo más plegado al alto mando militar. El gobierno de De León confirmó la tesis de que, el marco de la militarización, cualquier fuerza política que acepte gobernar se convertirá inexorablemente en un instrumento de la estrategia antipopular del ejército. Sin la desmilitarización del Estado y la sociedad, no será posible construir en Guatemala una democracia real. Esta exige redefinir las funciones del ejército y cesar su injerencia en la economía, en la política y la administración del Estado. Sólo devolviendo el poder a la sociedad civil, y subordinando el poder militar a las instituciones civiles del Estado, podrá avanzarse en la resolución de los problemas nacionales y en el establecimiento de un orden democrático, con justicia y paz. En un país donde los sectores populares ha sido históricamente marginados de la toma de decisiones, será especialmente importante participación, a través de nuevas instituciones y modelos, sólidos y moralmente solventes.

CAPITULO XLVII EL CONTEXTO DE LAS RELACIONES ESTADO-SOCIEDAD CIVIL EN LA ETAPA DE LA POSTGUERRA. 373

Marcel Arévalo

374

La etapa más reciente de la historia en Guatemala tiene que ver con la firma de la paz y el fin del conflicto armado interno. En este proceso fueron relevantes los esfuerzos de las diversas representaciones sociales, los actores políticos y la comunidad internacional, que finalmente promovió un corte en la dinámica de la guerra. Los orígenes del conflicto armado interno El conflicto armado interno de Guatemala es el más prolongado de América Latina, después del de Colombia. Sus causas inmediatas se remontan a la intervención norteamericana y el derrocamiento del gobierno democráticamente electo del presidente Jacobo Árbenz Guzmán, ocurrido el 27 de junio de 1954 . El nuevo gobierno persiguió 375

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373 Documento obtenido de: http://www.fiacso.edu.gt/revista/mayo05/docs/ Articulos/ ContextoRelacionesEstadoSociedad.pdf 374 Comunicador social, analista político e investigador de FLACSO 375 La intervención ha sido reconocida en los documentos desclasificados de la CIA y del Departamento de Estado, como una acción vinculada a los intereses de la compañía bananera United Fruit Company y en el marco de la guerra fría. (Guatemala, Operación PBSuccess. Las acciones encubiertas de la CIA en apoyo al golpe de Estado de 1954. Nicholas Cullather. Editorial Tipografía Nacional, Guatemala, 2004). 376 En las elecciones del 10 de noviembre de 1950, Árbenz obtuvo 267,234 votos (70%); el general Miguel Ydígoras Fuentes: 74,341; Lic. Jorge García Granados: 28,746; Dr.Víctor Giordani: 14,012; Lic. Manuel Galich: 8,693; Lic. Clemente Marroquín Rojas: 6550; Arcadio Chávez: 4,045: Miguel Ángel Mendoza: 1,694; Manuel María Herrera: 1,570: Alejandro Baldizón: 711. Arbenz tomó posesión el 15 de marzo de 1951 en relevo del Dr. Juan José Arévalo. (Despacho Presidencial. Juan José Arévalo. Editorial Oscar de León Palacios. Guatemala, 1998). 377 Aunque, el nuevo régimen del llamado movimiento de liberación nacional encabezado por

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a los liderazgos de los gobiernos revolucionarios del 44-54, promovió ejecuciones sumarias de dirigentes y activistas, encarceló a los oponentes del nuevo régimen y provocó el exilio de muchos de ellos, proscribió a los partidos políticos que le dieron sustento al proyecto revolucionario, restringió las libertades de organización sindical, gremial y política, y revirtió varias de las reformas económicas y sociales alcanzadas en esos diez años. Las actividades políticas de oposición se fueron expresando desde la clandestinidad, dando paso al surgimiento de nuevas organizaciones, en medio de una institucionalidad precaria y conflictiva. El coronel Carlos Castillo. Armas, caudillo de la contrarrevolución, fue asesinado el 26 de julio de 1957 , a poco más de tres años de haber asumido el poder. El presidente provisional, Lic. Luis Arturo González López, fue removido a su vez el 23 de octubre por una junta militar, tras el fraude electoral que le había dado el triunfo al candidato oficialista Lic. Miguel Ortiz Pasarelli. El 26 de octubre el Congreso de la República le dio posesión al coronel Guillermo Flores Avendaño, segundo designado a la presidencia,380 quien anuló las elecciones del 20 de octubre y promovió un nuevo proceso convocado para el 19 de enero de 1958, en el cual resultó electo Miguel Ydígoras Fuentes para un período de seis años a partir del 2 de marzo de 1958. 378

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Los inicios del conflicto armado interno Los factores desencadenantes del conflicto armado interno fueron: 1. el proyecto contrarrevolucionario no logró consolidarse estratégicamente

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el coronel Carlos Castillo Armas, se instauró hasta el 1 de . septiembre (en el ínterin hubo cuatro juntas militares). El magnicidio se atribuye a las mismas fuerzas políticas que hacían gobierno. Integrada por los coroneles Oscar Mendoza Azurdia, Roberto Lorenzana Salazar y Gonzalo Yurrita Nova, la junta militar desplazó a los liberacionistas del MDN e integró el gabinete con personas proclives al candidato Ydígoras Fuentes. (Biografía Política de Guatemala. Francisco Villagrán Kramer. FLACSO-Guatemala. 1993). González López y Flores Avendaño eran el primero y segundo designados para suceder a Castillo Almas, la junta militar, tras derrocar al primero cedió al Congreso el cumplimiento para darle posesión al segundo. (Ídem) Aunque Ydígoras no obtuvo la mayoría absoluta, por lo que el Congreso tuvo que decidir entre el candidato que obtuvo el segundo lugar: el coronel José Luis Cruz Salazar (Ídem). Ciertamente, el Movimiento Democrático Nacionalista, MDN, convertido después en Movimiento de Liberación Nacional, MLN (inscrito bajo ese nombre el 15 de octubre de 1960), autodenominado el partido de la violencia organizada, fue la organización política que hegemonizó el proyecto contrarrevolucionario, pero que prontamente entró en contradicciones con quienes apoyaron el derrocamiento de Árbenz, entre ellos: el Partido de Unificación Anticomunista, PUA; el Ydigorismo representado en el Partido Redención; el partido Democracia Cristiana, fundado en 1955 y la propia separación de las aspiraciones personales de Castillo Armas por reelegirse. No obstante, esta expresión política radical de derecha persistió hasta el 20 de enero del año 2000. (¿Hacia dónde vamos? Guía electoral 2003.

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tras el derrocamiento del gobierno de Arbenz; 2. la persistencia de la inestabilidad institucional se reflejó en el magnicidio contra Castillo Armas y las sucesiones accidentadas en el mando presidencial; 3. la sostenida marginación violenta de las fuerzas políticas y sociales generadas por el proyecto revolucionario del 44-54; 4. la irrupción de un sector industrial emergente vinculado al proyecto de industrialización promovido por la “alianza para el progreso”, a los intentos de integración en el mercado común centroamericano y al retiro progresivo de inversiones norteamericanas en tres sectores económicos fmdamentales que originaron sus intereses en Guatemala ; 5. el influjo de la revolución cubana, la participación del gobierno de Ydígoras Fuentes como base de apoyo al movimiento anticastrista y el crecimiento de luchas sociales contra el gobierno ydigorista, que confluyó con los sectores militares descontentos; 6. la proximidad de un nuevo evento electoral (1963) que estaba promoviendo un creciente reagrupamiento de fuerzas políticas revolucionarias alrededor de la figura del ex presidente Juan José Arévalo y la irrupción del golpe militar del 30 de marzo de 1963 encabezado por el coronel Enrique Peralta Azurdia. “En Guatemala estaba latente en todos los sectores estudiantiles, políticos, obreros, el deseo de rebelarse contra el gobierno surgido por la imposición de 1954. Dentro de los militares también había esa inquietud y empezaron a hacer una organización” . Efectivamente, después de la elección de Ydígoras en 1958, mientras las fuerzas políticas vinculadas a la revolución del 44 se relacionaban con la oficialidad militar en proyectos conspirativos, varios movimientos reivindicativos sociales levantaban demandas y reconstruían sus organizaciones. Los hechos más relevantes de este proceso fueron el alzamiento militar del 13 de noviembre de 1960, las jornadas de marzo y abril de 1962, el levantamiento de Concuá, la fundación de los primeros frentes guerrilleros y el golpe militar del 30 de marzo de 1963. El alzamiento del 13 de noviembre no logró concretar el golpe militar, sus dirigentes fueron desplazados de las bases temporalmente ocupadas, fueron capturados u obligados a la clandestinidad y a salir del país. Un grupo de oficiales jóvenes, sin embargo, persistió en su rebeldía y, en la 383

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Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de San Carlos de Guatemala. 2003). 383 En la década de 1960 la United Fruit Company retiró progresivamente sus inversiones en las tierras bananeras, se nacionalizó los ferrocarriles y en los inicios de la década de 1970, las acciones de la Empresa Eléctrica pasaron a manos de una sociedad anónima de empresarios guatemaltecos. (Villagrán Kramer, ob.cit.). Las inversiones norteamericanas se mantuvieron en el mercado del banano y se expandieron a otras esferas agrícolas, industriales, comerciales y financieras 384 Paz Tejada. Militar y revolucionario. Carlos Figueroa Ibarra. Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, México. F&G Editores. Guatemala. Segunda Edición, 2004.

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búsqueda por derrocar al gobierno de Ydígoras tomaron contacto con fuerzas políticas revolucionarias y dirigentes del Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT, quienes en diciembre de 1962 fundaron las Fuerzas Armadas Rebeldes, FAR. Desde noviembre de 1960 hasta la creación de las FAR, varios grupos de militares y civiles habían iniciado la formación de fuerzas de guerrilla, entre ellas el Movimiento 13 de Noviembre y el Movimiento 20 de Octubre . La guerrilla se fortaleció con el descontento de las movilizaciones estudiantiles, universitarias, magisteriales y obreras de las jornadas de marzo de abril de ese año, reprimidas duramente por el gobierno de Ydígoras tras la convocatoria a la huelga general del 15 de marzo, declarada por la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU y el Frente Unido Estudiantil Guatemalteco Organizado, FUEGO, como Día de la Dignidad Nacional. en protesta por cl fraude gubernamental en las elecciones a diputados de noviembre de 1961 . Las jornadas constituyeron las mayores movilizaciones de protesta social desde junio de 1944, que llevaron al derrocamiento del dictador Jorge Ubico y promovieron la revolución de octubre de ese año. Las movilizaciones sociales durante el conflicto armado y sus repercusiones en tiempos de paz. Los gobiernos contrarrevolucionarios de Castillo Armas e Ydígoras Fuentes dieron paso, tras el golpe de Estado del 30 de marzo de 1963, a gobiernos militares contrainsurgentes, ya fuera con regímenes militares de facto o gobiernos electos en procesos fraudulentos y que excluyeron, restringieron y persiguieron a las expresiones políticas de oposición. 385

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385 El 26 de febrero de 1962 el Movimiento 13 de Noviembre se dio a conocer públicamente como Frente Rebelde Alejandro de León Aragón 13 de Noviembre (MR13) y el 11 de marzo de ese año los preparativos del PGT y del Partido Unión Revolucionaria, PUR, se concretaron con un grupo de civiles y militares, encabezados por el coronel Carlos Paz Tejada, que se internó en el área rural hacia la Sierra de las Minas, pero fue interceptado por el ejército en Concuá, Baja Verapaz, en donde murieron 14 de sus integrantes, los demás fueron capturados o lograron escapar. (Guatemala: Causas y orígenes del enfrentamiento armado interno. Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH. F&G Editores. Guatemala, 2000). 386 Ídem. 387 Al gobierno militar del coronel Enrique Peralta Azurdia (1963-1966), le sucedió el gobierno del Lic. Julio César Méndez Montenegro (1966-1970), cuyo pacto secreto con los militares dejaba intacto el poder del ejército y la estrategia contrainsurgente; el ex comandante de la base de Zacapa, coronel Carlos Arana Osorio, quien dirigió el aplastamiento de los frentes guerrilleros en el nororiente del país y las sangrientas represiones contra las poblaciones de esa región, ejerció la presidencia de la República de 1970 a 1974. Fraudes electorales dieron lugar a los también regímenes militares de los generales Kjell Laugerud García (1974-1978) y Romeo Lucas García (1978-1982). Éste último fue derrocado por el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982 por una junta militar, encabezada posteriormente por el general Efraín Ríos Montt (1982-1983), presidente de facto del gobierno, depuesto a su vez por otro golpe militar el 8 de agosto de 1983, encabezado por el general Oscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986).

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Las estrategias contrainsurgentes no permitieron manifestaciones de disidencia. Durante los 36 años del conflicto armado, los enfrentamientos estrictamente en el terreno militar, no causaron más que un mínimo porcentaje de las víctimas como combatientes armados en ambos bandos. La mayoría de las 200 mil víctimas estimadas por el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, fueron civiles desarmados no combatientes. Las movilizaciones sociales abiertas y las sólidas organizaciones gremiales unificadas y ampliamente representativas de mediados del siglo XX, cuyas expresiones álgidas se dieron en junio-octubre de 1944, o durante el ejercicio democrático de la década de 1944-1954, o en las jornadas de marzo y abril de 1962, no pudieron ser reeditadas, aunque se registraron hitos de participación y protesta . La represión de 1962 fue reanudada con saña en las movilizaciones sociales de 1973 y1974, o las diversas jornadas de protesta desde 1977 a1982. Sin embargo, el contexto regional del conflicto armado tras el triunfo sandinista en Nicaragua en 1979 y el auge revolucionario en El Salvador y en Guatemala, tuvieron como respuesta las expresiones más radicales de la guerra fría, impulsadas por la estrategia de seguridad nacional y bajo la presidencia de Ronald Reagan (19811989), cuyo apoyo a los regímenes y fuerzas contrainsurgentes se tradujo en un holocausto, y en Guatemala, especialmente, en el arrasamiento de poblaciones y el descabezamiento de las organizaciones sociales y políticas de oposición . En 1985 entró en vigencia una nueva Constitución Política y en ese mismo año se celebraron elecciones generales, aún en el marco del conflicto armado. El partido Democracia Cristiana Guatemalteca, DCG, ganó las elecciones y un presidente civil, el Lic. Marco Vinicio Cerezo Arévalo asumió la presidencia (1986-1991). Con el apoyo de la comunidad 388

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388 A finales de 1953 la Confederación General de Trabajadores de Guatemala, CGTG, llegó a tener más de 100 mil afiliados y la Confederación Nacional Campesina de Guatemala, CNCG, estimaba entre 200 y 240 mil sus afiliados hacia junio de 1954. (Más de 100 años del movimiento obrero urbano en Guatemala, ASIES. Guatemala, 1991). Entre las jornadas de protestas más importantes de finales de la década de 1970 e inicios de la de 1980, se registran la de los mineros de Ixtahuacán, Huehuetenango, en 1977 y las jornadas de protestas estudiantiles en agosto de ese año; las jornadas de octubre de 1978, contra el alza al transporte urbano, que culminó con el asesinato del secretario general de la AEU, Oliverio Castañeda de León; las marchas de protesta contra los asesinatos de dirigentes sociales y políticos durante sus sepelios: Mario López Larrave (100 mil personas), Robin García (75 mil), Manuel Colom Argueta (250 mil); las protestas de campesinos que culminaron con la masacre en la Embajada de España el 31 de enero de 1980; la huelga de los cortadores de caña por incremento salarial, en la que participaron más de 70 mil trabajadores de la costa sur. En esta etapa también surgen importantes organizaciones como el Comité de Unidad Campesina, CUC, el Frente Democrático contra la Represión, el Comité Nacional de Unidad Sindical, CNUS, entre otros. (CEH, ob.cit.). 389 Las expresiones más intensas y extensas de la represión se dieron entre 1979 y 1984.

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internacional se impulsaron las iniciativas para la paz en Centroamérica, que se concretaron con el Acta de Contadora para la paz y la cooperación en Centroamérica, en mayo de 1986, y los Acuerdos de paz de Esquipulas II, en mayo de 1987. En este último encuentro se acordó la creación de las Comisiones Nacionales de Reconciliación, CNR. El primer gobierno civil de la transición democrática abre un espectro de participación política y de las organizaciones civiles, aún con la persistencia de políticas contrainsurgentes, de persecución y represión selectiva . Hacia abril de 1986 las organizaciones sindicales iniciaron protestas contra el plan económico del gobierno. A inicios de 1987 cl magisterio libró una lucha contra el decreto 979-86 hasta lograr su derogatoria, que sin embargo, evidenciaron divisiones entre las organizaciones magisteriales que dos años después se traducirían en debilidades tras una larga huelga en la que sufrió la primera derrota y desarticulación . Otras luchas sindicales cobraron también protagonismo en abril de 1987, como la primera prueba del resurgimiento de las organizaciones sindicales de los empleados estatales. Para el 29 de abril la huelga general involucró a más de 150 mil trabajadores quienes demandaban incrementos salariales, control de precios, reformas a la ley de servicio civil y clases pasivas y aprobación de personalidad jurídica a los entes sindicales en formación . Estas jornadas 390

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390 El 9 de enero de 1983, Colombia, México, Panamá y Venezuela, dieron a conocer en la Isla de Contadora, Panamá, la Declaración de Contadora, una iniciativa que abrió la alternativa de diálogo y negociación al conflicto regional centroamericano. El 12 de enero de 1986, se sumaron a los esfuerzos de Contadora, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, en el Mensaje de Caraballeda (Venezuela) para la paz, la seguridad y la democracia en América Central. 391 Para citar algunos ejemplos: el propio partido de gobierno, la Democracia Cristiana Guatemalteca, gana el espacio político tras una vida de semiclandestinidad, junto a otros partidos como el Social Demócrata. Durante esta gestión gubernamental, sin embargo, ocurren varios intentos golpistas, los principales de ellos inspirados por sectores empresariales que se opusieron a la reforma fiscal en mayo y en el llamado agosto negro de 1989. Entre los casos paradigmáticos se puede mencionar el asesinato Danilo Barillas (agosto 1989), de la Democracia Cristiana; la captura y desaparición de 10 líderes universitarios y posterior asesinato de cinco de ellos (agosto y septiembre de 1989); el asesinato de la antropóloga Myrna Mack de AVANCSO (septiembre de 1990); Humberto González Gamarra dirigente social demócrata (1990); Dinora Pérez del partido Social Demócrata (1990); el atentado y cierre del semanario La Epoca y de los telenoticieros Siete Días y Aquí el Mundo. 392 El movimiento sindical acusaba francas divisiones promovidas en parte, por la cercanía de dirigentes y organizaciones sindicales al nuevo gobierno demócrata cristiano, pero también debido a las viejas escisiones del movimiento sindical. (Más de 100 años del movimiento obrero urbano en Guatemala, Ob. Cit.). 393 El decreto perseguía que los supervisores fueran electos de ternas propuestas por los maestros. La medida fue acuerpada por el recién resurgido Sindicato de Trabajadores de la Educación, STEG, y rechazada por otras asociaciones magisteriales (ANEEM, AMG y ANTEA) las que apoyaron la huelga de 500 supervisores de educación. (Ídem) 394 Del 29 de mayo al 17 de agosto de 1989 los maestros libraron la mayor huelga magisterial iniciada por incrementos salariales y otras reivindicaciones. (ídem) 395 Ídem.

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fueron dando paso al resurgimiento de acciones colectivas. manifestaciones y esfuerzos unitarios.396 En otro ámbito, las organizaciones de víctimas del conflicto: el Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, y de Familiares de Desaparecidos de Guatemala. FAMDEGUA, una organización escindida del GAM; Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA; Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam, CERJ, entre otras, y de organizaciones de desplazados, como las Comunidades de Población en Resistencia, CPR, se expresaban por la defensa de los derechos humanos fundamentales y por reivindicaciones de cese a la persecución, el esclarecimiento de los hechos violatorios a derechos humanos y el aparecimiento con vida de los familiares desaparecidos. Estas organizaciones incorporan en sus actividades, la participación del diálogo para la construcción de una agenda de paz, en el marco de los acuerdos de Esquipulas II y el proceso de paz centroamericano. El proceso hacia la paz, más prolongado en Guatemala que en sus vecinas El Salvador y Nicaragua, inició su ritmo en la dinámica de la CNR, presidida por monseñor Rodolfo Quezada Toruño en septiembre de 1987. El primer Diálogo Nacional tuvo lugar el 20 de febrero de 1989 con la participación de 84 delegados de 47 organizaciones. Se formaron 15 comisiones para discutir los tenlas fundamentales de la problemática nacional. Del 27 al 29 de marzo de 1990 se celebró en Oslo, Noruega, el primer encuentro entre representantes de la CNR y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. En ese contexto se celebraron reuniones entre URNG y representantes de partidos políticos (Acuerdo de El Escorial, Madrid. España, 1 de junio de 1990); con el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF (celebrada en Ottawa, Canadá, el 1 de septiembre de 1990. Se emitieron Declaraciones por separado de ambas panes); con el sector religioso (Declaración de Quito, Ecuador, 26 de septiembre de 1990); con el sector sindical y popular (Declaración de Metepec, México, 25 de octubre de 1990); con el sector académico, de cooperativas, pobladores y profesionales (Declaración de Atlixco, México, 28 de octubre de 1990). El conflicto armado interno dejó profundas debilidades en las organizaciones sociales, muchas de ellas desaparecidas, pero la gran mayoría sin cuadros dirigentes. Los vasos comunicantes e interactuantes entre el 396 Hay que registrar en este periodo la fundación de la Coordinadora Sindical Unitaria, COSU; la Unidad de Acción Sindical y Popular, UASP; la Federación Sindical de Trabajadores del Estado, FENASTEG; así como la reactivación del Comité de Unidad Campesina, CUC.

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movimiento social y las organizaciones revolucionarias, hacían reflejar sus avances pero también sus debilidades y sus múltiples y cíclicas divisiones . La dinámica de la guerra también creó verticalismos, cacicazgos y débiles prácticas democráticas. Excepto el campesinado, los movimientos sociales de obreros, maestros, estudiantes y universitarios, actores durante el siglo XX, hasta la década de 1980, no pudieron remontar su desarticulación y el corte generacional entre la desaparición de su dirigencia histórica y la lenta o inexistente formación de nuevos cuadros. Los grupos vulnerables víctimas del conflicto generaron movimientos en defensa de los derechos humanos y por la paz, especialmente las organizaciones de las poblaciones refugiadas en México y desplazadas dentro de Guatemala, las viudas del conflicto armado y los familiares de desaparecidos, así como organizaciones contra la impunidad y por la aplicación de la justicia. En el área rural el conflicto creó también nuevos protagonismos, pues el escenario inicial en la década de 1960 en el nororiente del país se trasladó, tras la derrota de los primeros frentes guerrilleros, hacia la zona montañosa y densamente poblada del altiplano occidental en las décadas de 1970 y 1980, caracterizado por estar habitada en su mayoría por poblaciones indígenas, campesinos minifundistas, cooperativistas y campesinos pobres sin tierra. Las poblaciones fueron divididas: mientras unos fueron obligados a incorporarse a las Patrullas de Autodefensa Civil, PAC , otras fueron vinculadas a las organizaciones de base de la guerrilla, y otras expulsadas de sus tierras, incluso fuera de las fronteras del país. Muchos más cayeron víctimas de la política de tierra arrasada. El movimiento campesino, aunque también sufrió la represión y la eliminación física de sus dirigentes y activistas, pudo recuperar su presencia. Paralelamente, surgió una creciente formación de organizaciones indígenas de diverso tipo. En estos años. Guatemala tampoco fue ajena a la presencia activa de nuevos paradigmas en las demandas sociales: las de género y las del ambiente. Varias organizaciones fueron surgiendo también y su presencia tampoco escapa a los efectos del conflicto y las aspiraciones de paz. 397

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397 Por ejemplo, en el caso de las organizaciones representativas de las poblaciones refugiadas en México en su proceso de retomo a Guatemala en 1993, evidenciaron sus divisiones que se expresaron en las vertientes: norte (vinculadas a las Fuerzas Armadas Rebeldes, FAR), sur (vinculada a la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, ORPA) y occidental (vinculada al Ejercito Guerrillero de los Pobres, EGP). De igual forma podrían reseñarse relaciones y vínculos entre organizaciones, dirigentes, activistas con estos movimientos revolucionarios y con otras organizaciones disidentes. 398 Ya en 1981 las PAC tenían 40 mil miembros y después de 1984 llegaron a tener más de un millón de campesinos. (CEH, ob.cit.)

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Todas estas organizaciones fueron conformando, desde mediados de la década de 1980, las nuevas expresiones del movimiento social. No obstante sus limitaciones, la persistencia del conflicto armado y de acciones selectivas de represión contra dirigentes y activistas del movimiento social , éste se involucró fundamentalmente en el proceso de diálogo para la búsqueda de la paz . El 14 de enero asumió la presidencia el Lic. Jorge Serrano Elías, del Movimiento de Acción Solidaría, MAS. Durante su cona gestión se celebraron dos Acuerdos con la URNG, sobre los procedimientos y sobre un marco de negociación. En 1992 fue signado también un Acuerdo con las organizaciones de las poblaciones refugiadas en México para iniciar el proceso de retorno, que tuvo lugar ese mismo año . El gobierno del Lic. Ramiro de León Carpio (19931996) y el de Alvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), dieron paso a la firma de trece acuerdos, incluido el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, del 29 de diciembre de 1996. En el gobierno de Serrano Elías se concretaron procesos organizativos convergentes del movimiento indígena en el marco de varios hechos relevantes: como ya se mencionó, la dinámica de la guerra involucró, desde distintos ámbitos, a las poblaciones indígenas, pero también la conmemoración de los quinientos años del descubrimiento de América, el otorgamiento del Premio Nóbel de la Paz a Rigoberta Menchú Tum, en octubre de 1992 y el rol de la Iglesia católica, así como las discusiones sobre las temáticas de la paz, fueron factores relevantes para marcar un proceso ascendente en las actividades del movimiento indígena, que levanta un elemento aglutinador de identidad cultural: la identidad maya. Los vínculos de las luchas campesinas e indígenas también tienen su expresión en el surgimiento de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, CONIC, un desprendimiento del CUC. 399

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399 Entre los casos paradigmáticos que evidencian las prácticas de ejecuciones extralegales selectivas, el 11 de septiembre de 1990 fue asesinada por el especialista del ejército, Noel de Jesús Beteta, la antropóloga Myrna Mack Chang, quien investigaba las condiciones de las poblaciones desplazadas internas. 400 Paralelo a las negociaciones entre la URNG y el Gobierno de Guatemala, se estableció, en mayo de 1994, la Asamblea de la Sociedad Civil, ASC, presidida por monseñor Rodolfo Quezada Toruño, la que formuló las propuestas sobre los temas de la agenda de los Acuerdos de Paz. 401 Jorge Serrano Elías intentó disolver el Congreso de la República, al romperse la alianza con los partidos que le daban mayoría (la bancada del MAS era minoría), y destituir a la Corte Suprema de Justicia, en un impasse que duró desde el 25 de mayo de 1993 hasta la elección por el Congreso de de León Carpio el 5 de junio de ese año. 402 El proceso de retorno concitó el apoyo de la comunidad internacional, a través de las instancias como la Conferencia Internacional para los Refugiados de Centro América, CIREFCA, y ACNUR, pero también generó múltiples apoyos entre la sociedad civil de México y Guatemala, con un rol protagónico de la Iglesia católica y de otras Iglesias.

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Las luchas reivindicativas de las comunidades desplazadas y de refugiados marcan el protagonismo creciente de los actores principales: las Comisiones Permanentes de refugiados guatemaltecos en México, CCPP; de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. ACNUR; del Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala. CONDEG: de la Conferencia Internacional de Refugiados de Centro América, CIREFCA; del Grupo Internacional de Acompañamiento y Apoyo al Retorno, GRICAR ; e igualmente registra diversos hitos: se incrementa la solidaridad nacional e internacional con las Comunidades de Población en Resistencia, CPR; se firma el Acuerdo entre el gobierno y las CCPP para el retorno de refugiados del 8 de octubre de 1992; se produce, el 20 de enero de 1993, el primer retorno colectivo de refugiados de México (2,480 refugiados) hacia la comunidad “Victoria 20 de enero” en Ixcán, Quiché. Los movimientos sociales, que se venían manifestando en tomo a reivindicaciones económicas y contra el alza al transporte urbano, también cobran protagonismo alrededor de la oposición al golpe de Estado de Serrano del 25 de mayo de 1993. Las principales organizaciones sociales se integran en el Foro Multisectorial Social, FMS, que en algunos momentos confluye con la Instancia Nacional de Consenso, INC, integrada por el sector empresarial y político, para la búsqueda de salidas a la crisis. Ramiro de León Carpio, presidente electo en sustitución del depuesto Serrano para terminar su período de gobierno, asume tras dejar el cargo de Procurador de los Derechos Humanos. En su período se produce el principal avance inicial al proceso de paz con la firma del Acuerdo global sobre derechos humanos y la instalación de la misión de la ONU para verificarlo (MINUGUA) en noviembre de 1994. Se disuelve, en septiembre de 19%, la figura de los comisionados militares; se suspenden los reclutamientos forzosos para el ejército y la formación de nuevos Comités Voluntarios de Autodefensa Civil, CVDC, conocidos como Patrullas de Autodefensa Civil, PAC, aunque su disolución anunciada por el presidente de León Carpio el 30 de junio de 1995, no se produce sino hasta el 28 de noviembre de 1996 . En este periodo se incrementan las ocupaciones de fincas, el cumplimiento de órdenes de desalojo de los campesinos ocupantes y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad; continúa el retorno de 403

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403 GRICAR estuvo integrado por representantes de los gobiernos de Canadá, Francia y Suecia, el Consejo Internacional de Agencias Voluntarias (ICVA) por sus siglas en inglés) y por el Consejo Mundial de Iglesias. 404 En esa fecha el Congreso de la República emitió el decreto 143-96 por medio del cual se les disolvió.

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refugiados; se abren varios casos de exhumaciones y juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto; aumentan las denuncias y acciones contra la impunidad en juicios paradigmáticos (Myrna Mack y el del periodista Jorge Carpio Nicolle, primo del presidente de León Carpio, asesinado presuntamente por miembros de los CVDC). Los primeros informes de MINUGUA señalan la responsabilidad de agentes del Estado en las múltiples violaciones a los derechos humanos, actos de limpieza social y graves deficiencias en la aplicación de la justicia. Entre las graves violaciones a derechos humanos figura la masacre de Xamán, ocurrida el 5 de octubre de 1995, en la comunidad de población retornada (de refugiados en México) “Aurora 8 de octubre”. La participación de las organizaciones de la sociedad civil en la CNR y posteriormente, en la ASC, se vio fortalecida por la instalación de la Misión de la ONU (MINUGUA) para verificar el Acuerdo sobre Derechos Humanos, en noviembre de 1994 y por el establecimiento de la CEH en julio de 1997. 405

La incidencia del proceso de paz en los movimientos sociales La transición a la democracia, representada institucionalmente en la Constitución Política de 1985, en la celebración de elecciones generales ese mismo año y en la instauración de un gobierno civil electo democráticamente el 14 de enero de 1986, se configura con los Acuerdos de Paz firmados en diciembre de 1996. En tal coyuntura subyace la construcción de una nueva relación Estado-sociedad, profundamente dañada por el conflicto armado interno. El texto constitucional y el de los Acuerdos, se establecen en herramienta que inspira una extensa agenda social, de respeto a los derechos humanos y de incentivo a la participación ciudadana, a tono con las modernas democracias representativas occidentales, ambos marcados por la necesidad de apuntar a una institucionalidad perdida desde 1954 y corroída por el desgaste del enfrentamiento armado, pero también y fundamentalmente, a la construcción de nuevos lazos de relación social de interacción con un Estado democrático, que dirima por la vía del diálogo el diseño de una nación que privilegie el respeto de los derechos ciudadanos, su bienestar y convivencia con equidad.

405 Los pobladores se sintieron agredidos con la incursión en sus propiedades y pedían explicaciones y el desarme de los militares, quienes dispararon contra las personas concentradas a su alrededor. Murieron 11 campesinos, dos de ellos menores de edad.

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El cumplimiento de los Acuerdos de Paz fue puntual y preciso en los temas operativos para el cese del conflicto, el desarme y la incorporación de la URNG a la vida política legal. Sin embargo, los compromisos de la agenda sustantiva se enfrentaron con prontitud al influjo neoliberal, a las expresiones culturales autoritarias y discriminativas, y al impacto trascendente del conflicto mismo: la debilidad de las instituciones del Estado, especialmente del aparato jurídico, la desarticulación de las organizaciones sociales, la persistencia de la impunidad y las denominadas cultura autoritaria y cultura del miedo, entre otras. El gobierno del Partido de Avanzada Nacional, encabezado por Alvaro Arzú, dedicó sus primeros esfuerzos, efectivamente, a concluir la firma de los Acuerdos de Paz y cerrar el capítulo del conflicto armado interno. Los acuerdos de cese al fuego y los compromisos de desmovilización y desarme de las fuerzas insurgentes, así como el acuerdo para la incorporación de la URNG a la legalidad y el compromiso para la reducción del ejército, se fueron cumpliendo exitosamente , sin embargo, los acuerdos para las reformas constitucionales, de esclarecimiento histórico, de fortalecimiento del poder civil, de derechos de los pueblos indígenas y de aspectos socioeconómicos, empezaron rápidamente a chocar con los intereses de los sectores económicos poderosos que eran el principal sustento ideológico y político del nuevo régimen. La agenda neoliberal desarrolló un eje contradictorio al espíritu de los Acuerdos de Paz y terminó imponiéndose. Precisamente, la privatización de la telefonía nacional simbolizó el rompimiento de la alianza empresarial alrededor del gobierno y dejó la percepción de una negociación anómala negativa para el Estado, pero también incentivó el posterior voto de castigo y la derrota del entonces candidato oficial, Oscar Berger Perdomo. 406

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406 En el ámbito de los aspectos operativos del cese del conflicto armado fueron quedando rezagados la disolución del Estado Mayor Presidencial, EMP, y la construcción de un ente de seguridad civil para la protección de la presidencia. Tampoco se construyó la instancia de inteligencia del Estado y en su lugar se replicó la antigua figura del “Archivo” del EMP bajo el nombre de la Secretaría de Análisis Estratégico, SAE, que se constituyó como otro cuerpo paramilitar de control político de la oposición. Aunque desde la primera orden general del Ejército, se desmanteló el poder del generalato (se dio baja a 6 generales y cambios en 250 mandos), pronto fue sustituida por un oscuro poder de similares características basado en los aparatos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y del EMP. El crimen contra el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala, monseñor Juan Gerardi Conedera, fue fraguado y cometido con la participación del EMP, dos de cuyos miembros fueron juzgados y condenados (uno de ellos asesinado en el proceso). 407 Aunquc el Organismo Ejecutivo cumplió con enviar en el tiempo establecido, una propuesta de 13 reformas al Congreso de la República, la discusión política se prolongó 18 meses y abrió las reformas a 52 cambios constitucionales. Los resultados negativos en la Consulta Popular a las reformas, fueron precedidos por una intensa campaña de los sectores tradicionales y poderosos del país.

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El gobierno de Arzú fue recibido desde sus inicios, con amenazas de huelga de los trabajadores de salud y de educación contra recortes de personal y demandas de incremento salarial. El movimiento fue abortado con un incremento salarial general del 10%, y otro porcentaje igual un año después, pero también con una iniciativa de ley para regular el derecho a huelga de los trabajadores del Estado. Los recortes de personal se dieron vía la compensación por tiempo laborado mediante el retiro voluntario de los trabajadores, una medida similar a la adoptada en gobiernos anteriores con el fin de adelgazar el Estado, como antesala de los propósitos de dar a las empresas privadas la gestión de los servicios públicos (telefonía, electricidad, ferrocarriles( entre otros). En la agenda de los movimientos sociales continuaron siendo relevantes los temas agrario, indígena, desmilitarización y derechos humanos, pero en general la agenda de los Acuerdos de Paz, dentro del cual ocupó su atención la búsqueda de las reformas constitucionales. Las ocupaciones de fincas y las presiones empresariales por los desalojos continuaron configurando un mapa de contlictividad en el área rural; mientras las organizaciones indígenas se involucraron en la dinámica de las comisiones paritarias concebidas en el marco del acuerdo sobre derechos de los pueblos indígenas. El capítulo de los derechos humanos siguió siendo fundamental tanto en los temas de la justicia, la impunidad, la seguridad ciudadana y el esclarecimiento histórico, este último convocó movilizaciones y acciones colectivas, tanto en torno al proyecto interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica, REMHI, de la Iglesia católica, como de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH. El primero de ellos que culminó con importantes protestas contra el asesinato de monseñor Juan Gerardi, ocurrido el 26 de abril de 1998, dos días después de haber hecho público el Informe del REMHI. El período del gobierno de Arzú, si bien convocó la participación en torno al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, también fue configurando un proceso de pequeños agrupamientos segmentados según los intereses que marcaban para los sectores sociales los Acuerdos: “...pasó de un movimiento de amplia base social y de estructuras organizativas fuertes para ejercer presión, hacia unas tendencias de conversión en ONG gestoras y ejecutoras de proyectos, con ala dependencia financiera de la cooperación internacional...” (Otra Guatemala es Posible. Acuerdos de Paz. Unidad y lucha de las organizaciones sociales. Balance de la paz 2004. COS, 2005). El gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), del Frente Republicano Guatemalteco, FRG, no representó los intereses de los sectores económicos poderosos tradicionales y estableció una relación de permanente conflicto, al

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que se sumó la oposición de sectores de organizaciones sociales, de derechos humanos y de la comunidad internacional, por la representación del partido de gobierno y de su caudillo, el general Efraín Ríos Montt quien fungió, en ese mismo periodo, como presidente del Congreso al frente de una bancada mayoritaria del FRG. La percepción generalizada de ese gobierno destaca el ambiente de confrontación política, los hechos de corrupción y el deterioro del Estado de Derecho. En materia de la agenda de los Acuerdos de Paz aunque pudo registrar avances , fundamentalmente siguió marcando profundos déficit y la fragilidad de los compromisos cumplidos, ya sea por una débil institucionalidad o por los cuestionamientos a su legitimidad . A diferencia del gobierno de Arzú quien declinó su popularidad hacia el tercer año de gobierno, el de Portillo se vio aislado tras el primer año de gobierno . En agosto de 2001 se gestaron las primeras jornadas de protesta contra la creación de la figura del delito fiscal y el incremento al IVA del II) al 12% , promovidas por el sector empresarial y encabezadas por la Coordinadora de Cámaras Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, pero acuerpadas por importantes organizaciones del movimiento social (entre ellas la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU, la Confederación General de Trabajadores de Guatemala, CGTG, y la Unión Guatemalteca de Trabajadores, UGT). Otras organizaciones 408

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408 La figura del general Ríos Montt, es comparable a la de Pinochet, por que durante su régimen de facto (1982-1983), junto a la de su predecesor, el general Romeo Lucas García (1978-1982) y al gobierno igualmente golpista del general Oscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986), se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos con el mayor número de víctimas de genocidio, masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento y exilio. 409 Se continuó y extendió la estructura y dinámica de las mesas de diálogo en los diversos temas de la agenda, de los cuales destaca la formulación de la política de defensa. También se registraron avances en el pacto fiscal, la refundación de la Secretaría de Análisis Estratégico, SAE, las formulaciones para la política agraria y desarrollo rural; la reducción de las bases militares, la tardía disolución del Estado Mayor Presidencial hacia el propio final del gobierno y la creación de la SAAS, así como la creación de nuevas instituciones contempladas en los acuerdos como la Secretaría de la Mujer, el Consejo Asesor de Seguridad, la Comisión Nacional contra la Discriminación y el Racismo, el Programa Nacional para el Resarcimiento. En el marco de la legislación se aprobaron las leyes de Descentralización, Código Municipal, Consejos de Desarrollo, Desarrollo Social, Idiomas Indígenas, contra la Discriminación, Servido Cívico, Código de Trabajo, y Reformas Fiscales. 410 El conflicto entre el gobierno y el sector privado quedó evidenciado en una “moratoria” de hecho, por parte del gran empresariado al pago de impuestos y en el boicot a las reformas fiscales con la interposición de más de 80 recursos de inconstitucionalidad, que entre otros, significó un “agujero” fiscal de más de cinco mil millones de quetzales en el presupuesto del primer año del nuevo gobierno (2004). Entre las primeras medidas de la nueva administración gubernamental, estuvo precisamente, restablecer con nuevos nombres, algunos de los impuestos revocados por la Corte de Constitucionalidad. 411 En la encuesta de Vox Latina para cl primer año de gobierno un 70% rechazaba la gestión del FRG. 412 El incremento al IVA fue aprobado en el Congreso el 26 de julio de 2001.

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sindicales y populares, aunque se opusieron al incremento al IVA se abstuvieron de participar del paro, denominado por el empresariado como de la Dignidad Nacional. Aunque las prácticas de desalojo de fincas quedaron suspendidas, el movimiento campesino mantuvo sus reclamos por la solución de sus demandas laborales y de acceso a la tierra. En el ámbito de los derechos humanos, las organizaciones se manifestaron contra el incremento de actos intimidatorios, amenazas y allanamiento de sus sedes, así como por el cese de la impunidad, la aplicación de la justicia y el esclarecimiento histórico . Los ex PAC fueron otro toco de movilizaciones sociales de gran importancia en el periodo , animados por la búsqueda de un pago por lo que denominaron los servicios prestados al Estado, demanda iniciada en las postrimerías del gobierno de Arzú en contraposición al resarcimiento a las víctimas del conflicto arruado interno, posteriormente manipulados electoralmente por el FRG y después por otros partidos políticos. El gobierno de Óscar Berger (2004) de la coalición Gran Alianza Nacional. GANA, constituyó el retorno de los intereses del gran empresariado. Al respecto, el Colectivo de Organizaciones Sociales, indica: “Estamos ante un proceso de readecuación del Estado para imponer una agenda económica y refundar la continuidad del proyecto oligárquico en un escenario globalizado, bajo una modalidad institucional de carácter autoritaria, excluyente y represiva a través de la estigmatizatión de la oposición política, la criminalización de la protesta social, el ataque a las organizaciones sociales, el debilitamiento de la institucionalidad democrática y el cierre de espacios de participación ciudadana’. Al igual que los dos gobiernos anteriores, cl de Berger incorporó a representantes de organizaciones sociales o personajes vinculados anteriormente a ellas, que hacen su gestión pública desde las esferas de la agenda social, entre ellos cl propio vicepresidente, Eduardo Stein; el presidente de COPREDEH. Frank LaRue; la Embajadora de la paz, Rigoberta Menchú; el secretario de la SAE, Edmundo Urrutia (posteriormente destituido); el secretario de SEPAZ, Víctor Montejo (también destituido); y el subsecretario de SEPAZ. Martín Arévalo. También se han integrado a través de instancias del Estado como el 413

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413 Desde la oposición, Rigoberta Menchú, declaró a la prensa costarricense, a finales de junio de 2002, que aunque no se había retomado a las prácticas de tortura y genocidio, prevalecía la desigualdad y la falta de memoria histórica. 414 Aunque sus protestas dieron inicio en Petén, luego se extendieron a todo el país, provocando paralizaciones por bloqueos en carreteras, pasos fronterizos, aeropuertos y edificios públicos. 415 Otra Guatemala es posible. Acuerdos de Paz. Unidad y lucha de las organizaciones sociales. Balance de la paz 2004. COS. Guatemala, 2005. Ob. Cit.

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Consejo Asesor de Seguridad, CAS, provisionalmente nombrado en 2003 y confirmado en 2004; la Comisión para el Resarcimiento y el Programa para el Resarcimiento, encabezada por Rosalina Tuyuc; El Consejo Asesor Indígena (aunque sus integrantes no fuesen nombrados en los procedimientos tradicionales de consulta entre las entidades indígenas); la Comisión presidencial contra el Racismo y la Discriminación; entre otras. Estas estructuras repercuten en algunos posicionamientos de las organizaciones y movimientos sociales. Otros factores que inciden en estas divisiones son las propias escisiones de las organizaciones de izquierda, cuyos dirigentes mantienen un pie en las organizaciones políticas y otro en los movimientos sociales. Este gobierno también se apresuró en desestructurar la institucionalidad de los Acuerdos de Paz, desde la Comisión de Acompañamiento, hasta el Grupo Consultivo, pasando por la desaparición de comisiones paritarias y nacionales, y las mesas de concertación. El lento proceso para el cumplimiento de los compromisos signados en los Acuerdos de Paz ha sido rebasado por diversas coyunturas y temas, como los procesos electorales, la incidencia de la pobreza, la violencia, el crimen organizado o la firma del Tratado de Libre Comercio, aunque sus postulados siguen vigentes como inspiración de tina agenda nacional. En el devenir de las acciones de los movimientos sociales se encuentra reiteradamente los aspectos relevantes de lo firmado en diciembre de 1996. Así como la dinámica de la guerra en un conflicto prolongado marcó profundamente los cimientos de las relaciones entre la sociedad y el Estado, el proceso de paz está configurando nuevas referencias en el contexto de un inundo donde los Estados-nación se desdibujan ante cl transcurso unificador del capitalismo mundial, en el cual las sociedades también se plantean causas comunes y promueven la emergencia de nuevos paradigmas. El resurgimiento de los movimientos sociales en Guatemala está configurando nuevos protagonismos que rescatan las contradicciones fundamentales y sistémicas, que combinan las raíces culturales, cl peso de la relación agraria y las necesidades del equilibrio ambiental, con la necesidad de romper los desequilibrios, las desigualdades y la profunda exclusión. Las movilizaciones sociales durante 2004416 La movilización social durante 2004 giró nuevamente sobre la cara rural de Guatemala en donde la pobreza levanta los ánimos de protesta 416 Esta parte fue publicada en la Revista electrónica sociedad civil y movimientos sociales No. 2 de marzo de 2005.

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del campesinado indígena. Aunque la mayor incidencia proviene de un movimiento sui generis derivado del conflicto armado interno, sus demandas economicistas comunican un trasfondo de diversos macices: los llamados ex PAC417. En primer lugar reflejan los remanentes del conflicto armado interno y las tensiones con las poblaciones víctimas del mismo. En segundo lugar y consecuencia de éste y los Acuerdos de Paz, destacan el déficit de los programas de atención, impacto y desarrollo en las zonas más afectadas por el conflicto, tanto en obras de infraestructura como en acciones sociales, de resarcimiento, justicia y reconciliación. En tercer lugar, manifiestan el vínculo entre las demandas de carácter económico y las prácticas clientelares de los partidos políticos que usufructúan con sus organizaciones. Las movilizaciones de los ex PAC durante 2004 si bien han puesto en vilo al gobierno con paralizaciones nacionales de tramos carreteros, puertos, aeropuertos, pasos fronterizos y edificios públicos, también han desmoronado el mito de su unidad granítica, evidenciando diversas influencias políticas detrás de sí. Es conocido que algunos familiares de víctimas del conflicto a la par que gestionan el resarcimiento, respaldan la posibilidad de obtener el pago por ser también familiares de ex PAC. El padre de la misma presidenta de la Comisión Nacional para el Resarcimiento fue miembro de las patrullas, víctima como tal del ejercicio forzado del patrullaje. El estudio y conocimiento sobre los ex PAC ha sido objeto de nuevos acercamientos en las futuras relaciones hacia estos conglomerados en su propia transformación, actividades y perspectivas de consolidación o desaparición418. El 8 de junio de 2004 las movilizaciones sociales, especialmente del movimiento campesino, concluyeron en un acuerdo político con el gobierno en torno a una agenda que abarcó la política fiscal, agraria y ante el Tratado de Libre Comercio. Tras los primeros 90 días del cronograma de compromisos se reportaron algunos logros, entre ellos que no se incrementara el IVA al 13%, ni que se gravara el bono 14 ni el aguinaldo, aunque las propuestas por lograr una reforma tributaria más equitativa no tuvo efecto al no lograrse que los sectores de mayores ingresos pagaran más impuestos. En materia agraria, aunque el gobierno dispuso de un pequeño fondo de Q.43 millones para arrendamiento de tierras a través de FONTIERRAS, 417 Ex miembros y familiares de las Patrullas de Autodefensa Civil, una organización paramilitar organizada en la década de 1980 por el gobierno y dirigida por los comandantes y oficialidad de las zonas militares, para el control de poblaciones especialmente rurales en la lucha contrainsurgente, y que llegó a incorporar a cerca de un millón de personas, señalados de cometer violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. 418 Víctimas o Vencedores. Aproximación al conocimiento de los ex PAC, Ricardo Sáenz, FLACSO. Guatemala 2005.

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los problemas de fondo continuaron al no avanzarse en las medidas legislativas como la creación de la Comisión Multipartidaria de Asuntos Agrarios y Desarrollo Rural, ni aprobarse la ley de Catastro y el Código Agrario y Ambiental. Otro punto culminante fue el desalojo violento de la tinca Nueva Linda, Champerico, Retalhule, el 31 de agosto, pocos días antes que concluyera el período de 90 días pactado el 8 de junio, con lo que el gobierno rompió el compromiso de no ejecutar desalojos. La acción policial concluyó con la muerte de tres agentes de la policía y ocho campesinos, así como la agresión en contra de periodistas que cubrieron los hechos a quienes se les destruyó sus equipos y materiales fotográficos y fílmicos que constituían prueba de las violaciones de los agentes del Estado. No obstante, las investigaciones del Procurador de los Derechos Humanos lograron el rescate de algunos de estos equipos y fotografías, las que sirvieron de respaldo a los testimonios en su Informe. Este constituyó el más grave hecho registrado en varios años (comparable a los sucesos de Xamán en 1994) tanto en materia de violación a los derechos humanos como en las relaciones entre el Estado y los movimientos sociales. Cabe destacar la conformación del Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular que, tomando como marco de referencia los Acuerdos del 8 de junio y sus limitados avances, formularon el 12 de octubre un conjunto de propuestas a los organismos ejecutivo, legislativo y judicial y al Ministerio Público, en los ternas agrario y desarrollo rural, fiscal y presupuestario, y el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. Las organizaciones ecologistas levantaron su voz contra las explotaciones mineras ante la amenaza para la salud y para el ambiente. Se propició la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la aplicación del Convenio 169 de la OIT. Se cuestionó el porcentaje de las regalías mineras y el destino de la inversión pública, así como la debilidad del sistema de monitoreo y evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental y los mecanismos coercitivos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para controlar el estricto cumplimiento de las medidas de mitigación a que están obligadas las empresas. Las acciones promovieron alianzas con actores sociales claves como la iglesia católica, con poblaciones indígenas y poblaciones afectadas. Entre las consecuencias se firmó y publicó un manifiesto de los representantes de las comunidades indígenas sipakapenses, mam y ladinos de Sipacapa, San Miguel lxtahuacán y de las zonas aledañas a las explotaciones mineras de San Marcos, en rechazo a la licencia minera otorgada y denuncia por contravenir los Acuerdos de Paz y el Convenio 169 de la OIT. Se emitió dictamen favorable a la propuesta de iniciativa

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de ley que reforma la actual ley de Minería (Decreto No. 48-97) por parte de la Comisión Legislativa de Ambiente. Ecología y Recursos Naturales de Congreso de la República; La violencia contra la moler ha despertado fuertes protestas de las organizaciones de mujeres, especialmente sobre la incidencia de los llamados feminicidios. Sólo en 2004 se reportaron 525 casos. Ante ello las demandas y acciones se han concentrado en la denuncia nacional e internacional, pero también ante la presencia de Relatoras de Derechos Humanos, como Susana Villarán de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH/ OEA. Se constituyó el Parlamento de las Mujeres, instancia integrada por 60 representantes de organizaciones de mujeres de Guatemala, que tiene una vinculación con el trabajo parlamentario de la Comisión de la Mujer, para elevar propuestas y orientaciones en la agenda legislativa. En este sentido, se presentó la propuesta para la modificación del Código Penal para la tipificación del delito de acoso sexual y la atención ante el maltrato a trabajadoras en casa particular. También se promovió la creación del documento único de identidad y los aspectos relativos a cuotas de participación femenina en los partidos políticos y en puestos de elección, en la ley de Reforma Electoral y de Partidos Políticos. La labor de las organizaciones fue reconocida internacionalmente con el premio otorgado a Hilda Morales, como Embajadora de Conciencia de Amnistía Internacional. Las organizaciones de derechos humanos centraron sus actividades contra la persistencia de las violaciones y amenazas a los operadores de justicia y activistas de derechos humanos, ante el incremento de hechos de violencia, especialmente el relativo a asesinatos de mujeres y el clima de inseguridad ciudadana. Se conformó el Frente Nacional Contra la Violencia y se realizaron varias manifestaciones contra la violencia en diversos lugares del país. También se mantuvo la exigencia por la creación de la Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos y de Seguridad (CICIACS) y el establecimiento de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Guatemala. El tema del resarcimiento continuó siendo relevante tanto por la demanda para que los proyectos, reparaciones económicas y morales se hagan efectivas hacia las comunidades y familiares de víctimas del conflicto, como por la continuación de los procesos de exhumación de los cementerios clandestinos y los juicios contra los presuntos autores de las masacres. En este último aspecto des. ,canon las resoluciones judiciales sobre el caso Xamán, así como de la CIDH sobre el caso Plan de Sánchez y de las acciones de las Cortes de España en el caso de la Embajada de España y otras violaciones a derechos humanos durante el conflicto, en

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el cual se persigue a ex funcionarios guatemaltecos con órdenes judiciales internacionales. Otras movilizaciones sociales se reportaron en temas como el educativo, de salud, por reivindicaciones económicas y sociales. Las organizaciones magisteriales han mantenido puntos de conflicto con el Ministerio del ramo en los temas de las contrataciones de maestros por contrato y contra las campañas como la de “salvemos primer grado”, por considerar que no abordan la problemática de fondo. El tema del alza al transporte urbano volvió a cobrar relevancia y aunque fue resuelto mediante el otorgamiento de un subsidio en el área metropolitana, la tensión continúa en zonas urbanas de varios departamentos de occidente y la costa sur. En 2004. las organizaciones sociales continuaron su accionar sobre demandas que les atañen en particular y en su relación con el Estado, en un proceso de acomodamiento al cambio de autoridades y programas, pero que en el último período tiende a tomar una mayor distancia de aquellas definiciones programáticas que responden a los intereses particulares de quienes se representan en el gobierno, así como a la búsqueda de alianzas y consensos entre sectores, organizaciones y movimientos sociales. Las movilizaciones sociales durante 2005 (enero - abril) 2005 arrancó con movilizaciones magisteriales y de ex patrulleros, pero que pronto se vieron rebasadas nuevamente por las demandas contra las explotaciones mineras a cielo abierto, y hacia finales del primer trimestre, con las jornadas contra la ratificación en el Congreso de la República del Tratado de Libre Comercio e inmediatamente contra la aprobación de la Ley de Concesiones. Continúa siendo un factor relevante también la emergencia de los movimientos sociales locales comunitarios, que se vinculan, en algunos casos al protagonismo de las alcaldías y de otras instancias y organizaciones vinculadas en los Consejos Comunitarios de Desarrollo Local, COCODES. Ante el proceso convergente de las organizaciones sociales aglutinadas en el Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular, MICSP, el gobierno privilegia medidas represivas que siguen registrando muertos, heridos y persecusiones. Ante el tema agrario las organizaciones campesinas han denunciado la existencia de decenas de órdenes de captura de sus dirigentes v activistas, pero también de la inminencia de la reanudación de

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las órdenes de desalojo. Se discute la iniciativa para restringir las protestas y se incrementan las violaciones a los derechos humanos, amenazas y allanamientos de sedes de las organizaciones sociales. El panorama de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil sigue alejándose del espíritu de la Constitución Política y de los Acuerdos de Paz, en el marco de la construcción de un pacto social con una agenda que dirima los problemas de fondo de este país, signado por la desigualdad, la pobreza y la pobreza extrema, la falta de oportunidades, graves deficiencias en el bienestar de la población y el cierre de los espacios de expresión ciudadana.

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GLOSARIO

GLOSARIO A

ABDICAR Renunciar a una autoridad soberana. Por ej. Renunciar como rey de un país. ABORIGEN (Del lat. Aborigines) Originario del suelo en que vive. Del primitivo habitante de un país. ABSOLUTISMO Sistema de gobierno en que el poder supremo lo ejerce una autoridad única, soberano o corporación, sin limitaciones constitucionales ni legales en sus facultades. ACTA DE LOS TRES DOBLECES Esta famosa acta firmada el 25 de diciembre de 1919, es el origen del “Partido Unionista” que posteriormente inicia un movimiento contra el régimen del Lic. Manuel Estrada Cabrera. ACTA DE PATZICIA Por medio de este docu-mento del 3 de junio de 1,871, los Jefes Oficiales del Ejército Libertador acuerdan: Desconocer como presidente de la República al General Don Vicente Cerna y nombrar presidente provisorio al General Don Miguel García Granados y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que decrete la Carta Fundamental que debe dirigir la Nación.

ACUERDO DE PAZ FIRME Y DURADERA Firmado el 29 de diciembre de 1,996 entre el gobierno de la República de Guatemala (Alvaro Arzú lrigoyen) y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), luego de nueve largos años de negociación para dar por finalizado el conflicto armado de 36 años de duración. ACULTURACION (O TRANSCULTURACIÓN) Proceso que tiene lugar cuando el contacto entre dos sociedades es tan prolongado que una o ambas culturas cambian substancialmente. AGA Asociación General de Agricultores (Grandes Terratenientes). AID Agencia para el Desarrollo Internacional. ALBEITARES Veterinarios de la época colonial. ALCABALA Era el impuesto que se pagaba sobre la compra-venta que se efectuaba. ALCABALA DE BARLOVENTO Impuesto que se impuso a los principales productos de importación que iban de América. Impuesto por el derecho de pasar por un puerto.

326 ALCALDES Tenían en primera instancia la jurisdicción civil criminal, representaban al ayuntamiento y a sus dirigentes. ALCACOVAS-TOLEDO, TRATADO Por medio de este tratado del 4 de Septiembre de 1479, el Papa reconoce la exclusividad de Portugal en la navegación y dominio sobre el Atlántico desde las Islas Canarias, las Azores, Madeira y Cabo Verde. ALFEREZ REAL Cuando lo había tenía voz y voto. ejercía el mando militar. ALGUACILES Su oficio era el de policías del lugar, perseguían los juegos prohibidos y los escándalos públicos. ALMOJARIFAZGO Impuesto Aduanero que se pagaba cuando se exportaba desde España, por el derecho de salida de cualquier producto. ALZAMIENTO DE LOS CADETES DEL 2 DE AGOSTO DE 1954: Este alzamiento fue provocado por la existencia de un supuesto «ejército de liberación nacional» compuesto por las huestes libe racionistas las cuales en los días posteriores a la Contrarrevolución blasonaban de un triunfo que en realidad en tér­minos estrictamente militares nunca ex-

GLOSARIO

istió. La prepotencia de los libe racionistas y el que armados continuaran como contingente exasperó a no pocos sectores del Ejército. En el seno de la Escuela Politécnica también los cadetes se sentían agraviados porque el Ejército guatemalteco no había combatido a los invasores de junio de 1954. AMAC (“CASAS”) Aldeas donde residían los caciques, o cabezas de capul, encargados de recabar los tributos en lo señoríos Maya-Quichés. ANTICLERICALISMO Actitud tendencia contraria al clero o a su intervención en los asuntos temporales. ANTIGUO REGIMEN Término que se aplicó en el siglo XIX al sistema político del siglo anterior a la Revolución Francesa, basado en la monarquía absolutista y en la nobleza como clase social dominante. Después de 1815 se intentó restaurarlo, olvidando el impacto napoleónico, aunque las revoluciones liberales lo fueron derribando en 1830 y 1848. AREA CULTURAL Amplia área geográfica en la cual diferentes sociedades producen adaptaciones similares a una zona ecológica en particular y a través de la difusión llegan a desarrollar patrones culturales similares.

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GLOSARIO

ARISTOCRACIA (O LA NOBLEZA) Es la clase social que detenta el poder político y económico en los regímenes clasistas. ARRENDAMIENTO Contrato o convenio por el que una persona le cede a otra la explotación de tina tinca o un trozo de ella mediante el pago periódico de una cantidad de dinero convenida. AUTARQUIA Poder para gobernarse a sí mismo. Estado de un país o territorio que procura bastarse con sus propios recursos, evitando en lo posible, las importaciones de otros países. AUTOCRACIA 1. Régimen político en el que el gobernante ejerce un poder absoluto y no reconoce límite alguno, pues su voluntad es la suprema ley. 2. Sistema de gobierno en el cual la voluntad de un solo hombre es la suprema ley. AYUNTAMIENTO Ejercía jurisdicción civil y criminal en la población recién fundada. Su fin era procurar el bienestar de las ciudades, procurar suficientes alimentos, el ornato y agua para la ciudad. Fomentaba el comercio en los mercados y controlaba los precios de los alimentos, bebidas, etc.

AYUNTAMIENTO DE INDIOS Organizado en los pueblos de indios, tenían funciones judiciales menores.

B

BABY FACE (CARA DE BEBE) Esculturas olmecas en piedra, cerámicas o jade con rostros y labios negroides con las comisuras hacia abajo, como niños que están a punto de echarse a llorar. BANDO (S) Disposiciones acordadas por el Ayuntamiento, escuchados por el vecindario en la época colonial. BATALLA DE CHALCHUAPA Supuestamente en esta batalla librada entre el ejército de Guatemala y las tropas salvadoreñas, el 2 de abril de 1885, murió el General Justo Rufino Barrios, presidente de Guatemala. BATALLA DE LA ARADA Batalla librada el 2 de febrero de 1851, entre las tropas liberales hondureñas y salvadoreñas contra las tropas conservadoras guatemaltecas, comandadas por Rafael Carrera. Después de esta batalla, el conservaturismo como política se impuso en toda Centroamérica. BATIHOJAS Batidor de oro. Artífice que a

328 golpes de mazo labra metales. reduciéndolos a láminas. BLOQUES DE CLASES Es la unidad y las peculiares correlaciones de fuerza que se establecen en el grupo social que domina el Estado en un momento determinado. BONAPARTE, JOSE Rey de España entre 1808 y 1812, impuesto por su hermano Napoleón Bona-parte, habiendo destronado a los reyes Carlos IV y Fernando VII. José Bona-parte fue reconocido popular-mente con el burlesco mote de “Pepe Botellas”. BULA Documento expedido por la cancillería pontificia BULA DUDUM SIQUIDEN De fecha 25 de septiembre de 1493, conocida como bula de ampliación de las donaciones papales en las Indias. BULA INTERCAETERA Llamada Bula de donación, de fecha 3 de mayo de 1493, cuando el Papa Alejandro VI dona a los reyes de España, las tierras y nativos descubiertos en las Indias. BULA INTERCAETERA II Llamada Bula de Partición, porque fija la línea divisoria entre los descubrimientos de España y Portugal, de fecha 28 de julio de 1493.

GLOSARIO

BULA DE SANTA CRUZADA Impuesto eclesiástico que consistía en la obligación de comprar indulgencias (Perdón de pecados). BURGUESIA Es la clase social propietaria del capital y cuyo ingresos provienen de la explotación de dicho capital, ya sea de manera directa o indirecta. Son los dueños de los medios de producción. BUROCRACIA Estrato social encargado de hacer funcionar los mecanismos de control —Civiles y militares— del poder goberante, es decir, el Estado.

C

CABALLERIA Equivale a sesenta y cuatro manzanas y fracción (64.5816 manzanas). CACIF Comité coordinador de asociaciones agrícolas, comerciales, industriales v financieras. CAJAS DE COMUNIDAD Se cobraba juntamente con el tributo, en los pueblos de indios. Sus fondos se destinaban al sostenimiento de hospitales, al auxilio económico de las viudas, huérfanos, enfermos e inválidos, a sufragar gastos de las emisiones, al sostenimiento de casas de rec-

GLOSARIO

ogimiento, y de seminarios y colegios para hijos de caciques. El caudal de estas cajas se nutría con ingresos procedentes de las fuentes agrícolas de las tierras comunales. CALENDARIO MAYA Los mayas dividieron el año en 18 meses de 20 días cada uno, más un mes adicional de 5 días. El año duraba exactamente 365 días, utilizaban las estelas para anotar las correcciones. CALLPULLI Cada agrupación en que estaba dividido el pueblo azteca, contaba con tierras comunales, jefes, escuelas, emblemas... Restos de los antiguos clanes, los españoles los equipararon a barrios. CAMPESINO Persona que trabaja la tierra en forma directa y en beneficio propio, sin importar que la tierra sea suya o no. CANTAN GENERAL Era la máxima autoridad del reyno de Guatemala, era el representante inmediato del rey y hacía sus veces. Eran designados por la Corona. Al principio fueron casi vitalicios, luego su mandato duró tres años y se extendió después hasta cinco; debían mantener el orden en el reyno en caso de que las autoridades no lo hicieran. Podían repartir tierras y solares pertenecientes a la corona;

329 por oficio eran superin-tendentes de la real hacienda. Ordenaban la acuñación de la moneda y de la buena administración de las rentas e impuestos. Fomentaban la agricultura, la ganadería, las explotaciones mineras y las industrias locales (añil, bálsamo, etc.). El capitán general era llamado Vicepatrón por las atribuciones en el gobierno eclesiástico que se llamaba el Real Patronato. CAPITULACION Es el contrato que se efectuaba entre la corona española y una empresa particular o persona individual para efectuar los des-cubrimientos de nuevas tierras y/o conquistas. La primera capitulación fue la llamada de Santa Fe, entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos. CAPITULACION DE SANTA FE (17 DE ABRIL DE 1492) Contrato suscrito entre los reyes Católicos y el navegante Cristóbal Colón para efectuar los viajes a América. CARTA DEL ATLANTICO (Roosevelt—Churchill, 14 de abril de 1941). Se proclama en ella cl respeto por el derecho de autodeter-minación de los pueblos, el deseo de que existan en el futuro “normas mejoradas de trabajo, desarrollo económico y seguridad social”, y

330 la confianza de que “después de la destrucción final de la tiranía nazi ... los hombres puedan vivir libres del temor y de necesidad”. CASA DE CONTRATACION DE SEVILLA Creada el 20 de enero de 1503. Era el organismo rector del comercio con las Indias, tuvo a su cargo el registro de los barcos de Indias, la supervisión del oro, las licencias viajeras, los asuntos navieros, la escuela de pilotos. Fue extinguida en 1790. CASTAS Clases sociales cerradas en que se dividen algunas sociedades. No hay movilidad social. CASTIZO Se les llamó a los hijos de Mestizo con Español. CENOTE Del maya dzonot. Pozo natural. en Yucatán, que resulta del hundimiento de la corteza calcárea debajo de la cual se acumulan las aguas de escurrimiento. El Gran Cenote de Chichén Itzá fue por siglos lugar de perenigración y un centro de culto a los dioses de la lluvia. CENSO ENFITEUTICO Sistema que daba a la tierra en alquiler, con derechos perpe­tuos en favor del arrendamiento rural, permaneciendo el título, técni-

GLOSARIO

camente en el poder del propietario. CGTG Confederación General de Trabajadores Guatemaltecos (Sindicatos). CHAC MOOL Misteriosas esculturas de origen tolteca, que se encuentran también en el área maya. La más famosa es la del Templo Mayor de Tenochtitlán, que es a piedra de sacrificios. Son siempre hombres semireclinados sobre la espalda y los codos, con las piernas flexionadas y la cabeza vuelta hacia la derecha. CHICHEN-ITZA Ciudad maya-tolteca en el estado de Yucatán. que cuenta, entre otras cosas, con el mayor juego de pelota de Mesoamérica, una enorme pirámide escalonada llamada Castillo, el observatorio astronómico de planta circular que lleva por nombre de El Caracol y otras construcciones. CHICHIGUAS Mujeres indígenas de la época colonial, encargadas de amamantar a los lactantes hijos de los españoles. CHILAM BALAM (LIBROS DE) Recopilación de textos rituales, profecías, anales, redactados en maya y en caracteres latinos en Yucatán, después de la Conquista.

GLOSARIO

Se les designa con el nombre de la localidad en que fueron encontrados: Chumayel, Maní, Kauá, Trizim, etc. De chitan) (brujo. profeta) y balam) (jaguar). CHINAMIT (O TINAMIT) Centros intermedios dentro de los Señoríos Quichés que administraban a las poblaciones tributarias. Tenían como función el controlar y recabar el tributo de los grupos familiares (“casas”). CHOCOLATE Para los mayas, que lo consumían profusamente, bebida fría de cacao y agua sazonada con ajo picante, y a la que se agregaban unos granos de maíz y un poco de miel. CIA Agencia Central de Inteligencia de los EE.UU. CIDA Comité internacional de Desarrollo Agrícola. (Patrocinado por la ONU. la OEA y otros). CLASES MEDIAS Conjunto de estratos y clases. Pequeños industriales, pequeños comerciantes, funcionarios, empleados, artesanos, etc., que en el seno de tina formación social dada se ubican en los límites c intersticios intermedios que separan a las clases funda-mentales. CLASES SOCIALES Grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí, por el lu-

331 gar que ocupan en un sistema social, históri-camente determinado, por las relaciones en que se encuentran respecto a los medios de producción, el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y consiguiente, por el modo y la producción en que perciben la parte de la riqueza social de que disponen. CNCG Confederación Nacional de Campesinos Guatemaltecos. CODICES Se llamaban Códices a los libros que los Mayas escribieron. Fabricaban su papel con la corteza de ciertos árboles. CONCIENCIA SOCIAL Concepto que comprende las concepciones políticas, jurídicas, morales, filosóficas, religiosas, artísticas, así como los conocimientos científicos y la psicología social de las distintas capas y clases sociales dentro de una sociedad. CONQUISTA ESPIRITUAL Con este nombre se designa la evangelización del nuevo mundo. CONSEJO SUPREMO DE INDIAS Surgió a finales del siglo XV. Establecido en 1511. recibió su definitiva reglamentación en 1524; representaba al monarca en la to-

332 talidad de sus prerrogativas, ejercía el oficio de último tribunal de apelación en asuntos judiciales. Nombraba funcionarios, proponía arzobispados, organizaba flotas y descubrimientos nuevos, regía la hacienda colonial. Era el sumo gobernador y supremo juez de la América española. Fue ejecutivo hasta 1717, convirtiéndose en un organismo consultivo. CONSERVADOR 1. E n p o l í t i c a , o p u e s t o s a innovadores. Los conservadores son partidarios del status quo, no quieren que nada se altere, miedo de que se desarme la máquina social que ellos manejan a su modo. Son partidarios de este sistema, los que están en posesión de bienes y empleos adquiridos bajo un régimen cualquiera. El conservador es partidario del sistema gubernativo que le ha hecho su fortuna y puede conservarla, no tiene las opiniones que agitan al mundo en busca de mejoras; para él todas las opiniones son perniciosas, subversivas, transtornadoras del orden. 2. Nombre genérico a todos los partidos que no consideran el poder como representación de la soberanía popular, sino corno derecho de una o varias clases sociales privilegiadas, y en este sentido gobiernan, resistiendo en lo posible toda innovación o tendencia democrática.

GLOSARIO

CONSTITUCION Ley fundamental en la organización de un Estado, o sistema de normas jurídicas, escritas o no escritas, que regula la vida política de un país. CONSTITUCION DE BAYONA (8 DE JULIO 1808) Constitución promulgada por instancia de los franceses para España y sus colonias. Dio como consecuencia la resistencia de los Españoles contra la invasión napoleónica. CONSTITUCION DE CADIZ DE 1812 Promulgada el 19 de marzo de 1812, el día del patriarca San José, por lo mismo se le conocería con mote de “La Pepa”. Esta constitución libe-ral establecía, entre otras cosas: la abolición de la inquisición, la abolición de los tributos, el libre comercio, la libertad de imprenta y diputaciones provinciales. COLONO Persona que trabaja y vive en una finca que no es de su pro-piedad y recibe por su trabajo una paga en efectivo, en usufructo de tierra, o en especie. CUENTA LARGA Período mítico que representaba el total de la historia maya para los mismos mayas. Sumaba 1.872.100 días (5.128 años) y

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estaba dividido en kiries (1 día), uninales (20 días), tunes (360 días), katunes (7.200 días) y baktunes (144.000 días). CULTURA Formas de conducta aprendidas y compartidas que constituyen el instrumento principal de adaptación humana. Toda conducta socialmente adquirida.

D

DESPOTISMO Régimen político tiránico cuyos poderes (ejecutivo, legislativo, militar, etc.) se hallan concentrados en manos de una sola persona, el déspota, que los uti­ liza solamente en beneficio de sus intereses personales. Abuso de superioridad poder o fuerza en el trato con las demás perso­nas. DERECHA (IDEOLOGÍA) • Defiende el orden constituido y busca su continuidad • Se define como conser-vadora o reformista • Tiende a defender los derechos de las minorías privilegiadas • Se identifica más con la propiedad privada y con los derechos particulares. DGAA Dirección General de Asuntos Agrarios. DIALECTICA (Ciencia que trata de las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y del

pensamiento humano. DIALECTO Referente a la dialéctica, cambio, transformación. DIEZMO Era un impuesto en efectivo o en especie sobre los frutos producidos. Era cobrado por la Real Hacienda, aunque parte de él lo cedía el Real Patronato, para la constru-cción de templos, pagos y estipendios a la iglesia. DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL Aunque esta ideología. con sus múltiples aplicaciones, fue elaborada en la Alemania de la preguerra y reasumida después por los estrategas del Pentágono (EE. UU.), llega a América Latina en la década del 50. Esta ideología se caracteriza por: • Vinculación a un modelo económico-social de tipo elitista y verticalista, suprimiendo la participación del pueblo en las decisiones políticas. • Quiere aparecer como defensora de la civilización y de los valores «occidentales y cristianos». • Desarrolla un sistema altamente represivo falsamente justificado por su concepto de la «guerra permanente». • Parte del supuesto de que «el enemigo está dentro de las fronteras» y por ello hace que las Fuerzas Arreadas asuman funciones policiales represivas.

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• Las «fronteras ya no son

geográficas, sino ideológicas». DOCTRINA MONROE Se denomina así a la que el presidente de los EE.UU.. estableció en su mensaje al congreso, el 2 de diciembre de 1823, proclamando que los países del continente americano, por la libertad e independencia que han alcanzado, no son ya propios para la colonización europea, debiendo considerarse lesivo a la seguridad de los EE.UU. cualquier intento de los Estados europeos para ensanchar sus dominios en América. La frase “América para los americanos” ha dado lugar a diversas interpretaciones. DONACION PAPAL Acto jurídico por medio del cual el Papa cede a los monarcas (españoles y portugueses) católicos, territorios (que no le pertenecían) descubiertos para su evangelización.

E

EJIDO Campo común de todos lo vecinos de un pueblo, lindante con él, que no se labra y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras. ELECTRIC BOND AND SHARE Compañía de los Estados Unidos que absorbió la Empresa Eléctrica

de Guatemala y que hacia 1944 monopolizaba la producción del fluido eléctrico. ENCOMENDERO Era el español que recibía un número de indios para doctrinarlos, conservarlos, tratarlos humanamente y disfrutar de su trabajo. Prácticamente el indio se convertiría en cosa suya sin llegar a ser esclavo. En la práctica fue el mayor explotador de los indios. ERIAL Tierra sin labrar ni cultivar. ESCOLASTICA Filosofía cristiana de la Edad Media. ESCRIBANOS Eran los encargados de llevar cuerdos en un libro especial. ESQUIPULAS I (DECLARACION DE ESQUIPULAS) Del 23 de Mayo de 1986: A instancias del Presidente de Guatemala Vinicio Cerezo Arévalo, los presidentes centroamericanos mani-fiestan alcanzar la paz y la democracia y reducir las tensiones que se han generado en los países, buscarles soluciones apropiadas que solo pueden ser fruto de un auténtico pro-ceso democrático, pluralista y participativo. ESQUIPULAS II (ACUERDO) Del 7 de Agosto de 1987: Procedimiento para esta-blecer la paz

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firme y duradera en Centroamérica. A partir de este acuerdo se da inicio a los diálogos de paz entre las fuerzas irregulares o movimientos insurre-ccionales con los diferentes gobiernos centroamericanos involucrados en enfren­ tamientos o conflictos armados para buscar por medios pacíficos una paz firme y duradera. ESTADO El Estado es la expresión política del poder de una clase o de un bloque de clases y estratos sociales por medio de un conjunto de instituciones que ejercen la función de asegurar la permanencia de la estructura económica en el marco de una de limitación territorial dada. ESTADO DE LOS ALTOS Conocido también como SEXTO ESTADO. El consejo municipal de Quezaltenango se reunió el 2 de febrero de 1838, después de la caída del Dr. Mariano Gálvez, y proclamó el Estado de los Altos, integrándolo con los corregimientos de Quezaltenango. Totonicapán y Sololá. Su separación de Guatemala duró solamente dos años, ya que fue integrado por la fuerza por el General Rafael Carrera. ESTANCOS (LOS) Control estatal sobre la venta de alguna mercancía o géneros, los cuales se reservan exclusiva-

mente en su fabricación y comercialización para beneficio del Estado Español; estos se arrendaban a personas particulares y el “derecho” a este, con los privilegios y utilidades que representaba su arriendo. ESTELAS Obeliscos de piedra que se erigían cada cierto tiempo en las ciudades más importantes, se llevaba la cuenta del tiempo transcurrido en la era maya. EXPLOTACION Es un fenómeno social que tiene por base un mecanismo mediante el cual un grupo de hombres se apropia de una parte del trabajo (Plustrabajo) de otro grupo diferente. Mecanismos de extracción: 1) Pago de tributo (despótico 2) tributario) 3) Esclavitud (esclavismo) 4) R e n t a d e l a t i e r r a (Feudalismo) 5) Plusvalía (capitalismo)

F

FACTOR Oficial encargado de custodiar los almacenes en los que se depositaban las mercancías pertenecientes al Rey. FIELES EXECUTORES Su oficio era vigilar la estabilidad de los precios en los productos de primera necesidad.

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FUEGO Frente Unido Estudiantil Guatemalteco Organizado.

G

GOBERNADORES, ALCALDES MAYORES Y CORREGIDORES Según su importancia, los dominios de una capitanía general se llamaban: Alcaldías Mayores, Corregimientos, Gobernaciones o Inten-dencias; eran regidas en lo administrativo en un distrito territorial por un gobernador y en menor circunscripción de terreno por corregidores y al­caldes mayores. Fue obligación de oficio el fomento de la agricultura y el corregir (de aquí su nombre) los abusos contra los indios. Debían prevenir y pacificar las sublevaciones de indios, tenían que hacer una visita general a su distrito. Su nombramiento venía directamente del Rey por medio Supremo Consejo de Indias. Fueron la base fundamental del desarrollo económico social y político durante el período colonial. Eran los encargados de la recaudación de tributos y la explotación de los nuevos reinos. GOBIERNO Comprende solamente la organización específica del poder constituido al servicio del Estado.

GOBIERNO DE FACTO Es aquel que no tiene fundamento constitucional expreso, es decir, el que surge como consecuencia de un golpe de Estado, al margen del ordenamiento jurídico. GOLPE DE ESTADO Actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes. GUERRA FRIA Posición mundial de las dos grandes potencias EE.UU. y la URSS (Unión Soviética), por la que se enfrentan indirectamente en los campos político, militar, ideológico, cultural, etc. GUERRAS FLORIDAS Tratado de guerra permanente que los aztecas establecieron con sus vecinos para mantener entrenados a los guerreros y asegurarse prisioneros a los que ofrecían en sacrificio. No entrañaban pérdidas ni ganancias del territorio y se acordaban previamente el lugar y el día de la batalla.

H

HABILITACION Pago anticipado del futuro sueldo, que se entregaba al alcalde o comandante encargado del man-

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damiento con lo que se quería asegurar el trabajo de mozos en las fincas del café. HOMBRE El hombre es un ser histórico que trabaja; es decir, transforma a la naturaleza porque la comprende: la comprende porque transfor-mándola se transforma a sí mismo; se transforma a sí mismo porque es un ser social (histórico): y no obstante, en esta espiral infinitamente creadora; el hombre perma-nece esencialmente idéntico. HUAXTECOS Rama desligada de la familia maya, actualmente asentada en los estados mexicanos de San Luis Potosi y Tamaulipas.

I

IDEOLOGÍA Conjunto de ideas acerca del mundo y de la sociedad, que responde a los intereses, aspiraciones o ideales de una clase, en un contexto social dado, que guía y justifica un comportamiento práctico de los hombres acorde con esos intereses, aspiraciones o ideales. IMPERIALISMO Política de un Estado que tiende a poner ciertas poblaciones bajo su dependencia política o económica.

IMPUESTO DE SALUTACION Impuesto pagado por los indios principales al corregidor o alcalde mayor, en las visitas que éstos efectuaban una vez por año a los pueblos de indios (éste no estaba controlado por la real hacienda). INFLACION Situación de la actividad económica caracterizada por la elevación de precios debida a desajustes entre la demanda y la oferta. INQUISICION O TRIBUNAL DEL SANTO OFICIO Organismo religioso y político cuya función era mantener la unidad en la fe. Este tribunal fue cruel y severo. INRA Instituto Nacional de Reforma Agraria. IRCA International Railroads of Central América. (Ferroca-rriles Internacionales de Centro América). IUS GENTIUM Derecho a gentes IZQUIERDA (IDEOLOGÍA) • B u s c a e l c a m b i o e n l a sociedad. • S e d e f i n e c o m o revolucionaria. • Tiende a defender los derechos de las grandes mayorías nacionales.

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GLOSARIO

• Se identífica más con la

propiedad social y con los derechos del Estado.

J

JORNADAS DE MARZO Y ABRIL DE 1,962 Lo que inicialmente fue una denuncia de fraude politico, se convirtio en la mayor movilizacion de desobediencia civil desde junio de 1,944. Dirigidos por los estudiantes universitarios (AEU), con el apoyo de estudiantes de educación media (FUEGO) exigían: La renuncia del Presidente Ydigoras, convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para derogar la constitución de 1,956, integración de un gobierno de unidad nacional, reintegracion al Ejercito de los oficiales del movimiento del 13 de noviembre, la consigna-ción a los tribunales de lo miembros del gobierno, disolucion de los organismos represivos y garantías de funcionamiento y organizacion de partidos politicos. JUECES DE MILPAS Eran los encargados de inspeccionar las huertas de cacao, maíz, etc. en tierras comunales y sementeras. Podían ser alguaciles indígenas y jueces de comi-sión, nombrados por la propia audiencia o los alcaldes mayores. Calculaban los tributos por el monto de las plantas de la cose-

cha en producción. JUEGO DE PELOTA Juego ritual relacionado con la fertilidad del agua que practicaban olmecas, zapotecas, mayas y aztecas. Tenia lugar en canchas complejas con forma de doble T, provistas de taludes, aros, y marcadores; se jugaban con una bola de caucho macizo de varios kilos de peso, que solo podía golpearse con codos, rodillas y caderas. JUEZ El que tiene autoridad y poder para juzgar. JUSTIFICACION LEGAL Segun las bulas que Alejandro VI otorgo a los Reyes Católicos, el Nuevo Mundo se confería a estos con la misión de evangelizar a los nativos. Esta será la Justificacion de la Exclusiva Castellana y la única razón de la conquista.

L

LATIFUNDIO Propiedad rural de gran extensión y sistema de explotación de la tierra en forma que reduce al minimo el concurso humano buscando únicamente la rentabilidad neta de la misma. LEVANTAMIENTO MILITAR DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1960 Perseguía la destitución del Ministro de la Defensa (responsable de los actos de corrupción), la

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GLOSARIO

depuración de la oficialidad, la profesionalización del Ejército, el retorno a los valores morales impartidos en la Escuela Politécnica y cuestionar al presidente por permitir que expedicionarios cubanos se entrenaran secretamente en Guatemala para invadir Cuba. LEYES NUEVAS Leyes que pusieron en vigencia en America a partir de 1542. LIBERALISMO Sistema filosófico, social, económico y de acción política, que promueve las libertades civiles y el máximo limite al poder coactivo de los gobiernos sobre las personas. Promueve las libertades individuales y el progreso de la sociedad. Establece un Estado de Derecho en el cual las personas estan sometidas al mismo marco de leves. Considera a la persona individual corno primordial, por encima de todo aspecto social o colectivo. LOS JUSTOS TÍTULOS Son actos jurídicos por medio de los cuales una persona o un Estado reciben corno suyo un patrimonio, que antes no les pertenecía, en forma legal.

M

MASEGUALES Campesinos libres Mesoame-ricanos que se dedicaban al cultivo de la tierra.

MASONERIA Conjunto de asociaciones: y que practican la solidaridad entre sus miembros y se reunen en asambleas llamadas “logias”. Durante el siglo XVIII y principios del XIX este movimiento estuvo muy ligado a los ideales libertarios de Europa y América. MATERIALISMO HISTORICO —O Ciencia de la Historia —tiene por objeto el Concepto de Historia, a traves del estudio de los diversos modos de producción y formaciones sociales, de su estructura, de su constitución, de su funcionamiento, y de las formas de transición de una formación social a otra. MDN Movimiento Democratico Nacionalista (Partido político de extrema derecha). MEDIAS ANNATAS O NATAS Consistía en el pago al erario público de la mitad del sueldo o de todo aprovechamiento durante el primer año del goce de oficios, honores, mercedes concedidos por la corona al municipio. MEMORIAL DE SOLOLA Texto histórico en lengua Cakchiquel y en caracteres latinos descubiertos por Brasseur de Bourbourg en San Juan Sacatepequez, Guatemala. Esta

340 obra también es conocida por los nombres de “Memorial de Tecpan-Atitlan” o de Anales de los cakchiqueles”. MERCANTILISMO Doctrina y sistema económico afianzado a lo largo del siglo XVI y en el XVII. En líneas generales, identificaba riqueza con metales preciosos y propugnaba la protección a la economía mercantil e industrial y el desarrollo de las corrientes comerciales con las colonias. METROPOLI Ciudad principal, cabezas de provincia o estado. La nación respecto de sus colonias; por ejemplo, España con las colonias Hispanoanrericanas. MILPA Del Nahualt. Campo de maíz. MINIFUNDIO Es una extensión de tierra de cultivo que, al explotarse con el nivel tecnológico predominante en el medio, genera subocupación de la familia campesina y un ingreso insuficiente para cubrir sus necesidades mínimas, motivo por el que se obliga a obtener ingresos complementarios de otras fuentes. MLN Movimiento de Liberación Nacional. (Partido y gobierno de Castillo Armas).

Tomo II

MONARCAS ESPAÑOLES DE 1492 A 1821 Casa de Trastámara Reyes Católicos Isabel de Castilla (1473-1504) Fernando de Aragón (14791516) Casa de los Austria (Habsburgo) Carlos 1 (1517—1556) Felipe 11 (1556—1598) Felipe 111 (1598. 1621) Felipe 1V (1621—1665) Carlos II (1665——1700) Casa de los Borbones: Felipe V (1700 — 1746) Fernando VI (1746—1759) Carlo III (1759—1788) Carlos IV (1788—1808) Fernando VII (1814—1833) Casa de Los Bonaparte: Jose I (18081812) MOTIN DE ARANJUEZ (17 de Marzo de 1808): Esta sublevación motivó la abdicacion de Carlos IV Rey de España y el fin del régimen dictatorial de Manuel Godoy y la intervencion del pueblo a favor del Príncipe Fernando. MOTIVACION DE LOS CONQUISTADORES Al salir de España, la motivación de los conquistadores fue: LA RELIGION, LA RIQUEZA Y LA GLORIA. Al venir a las Indias (America), cambió por la RIQUEZA, LA GLORIA y EL PODER.

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Antología - Historia de la Cultura de Guatemala

MOVIMIENTO DE RIEGO Movimiento encabezado por el Brigadier Rafael de Riego el 1° de enero de 1820, que hace jurar nuevamente la constitución liberal de 1812 al rey Fernando VII.

N

NABORIAS Indígenas repartidos a particulares en calidad de criados en la época colonial. NACION Modo en que se estructura la sociedad, como producto de un proceso de coagulacion de un pasado historien, y que se expresa en la comunidad de lengua, territorio, vida económica y cultura. NAHUA Lengua de toltecas, aztecas, tlaxcaltecas; idioma bien desarrollado, permite no solo la expresión de conceptos técnicos, sino también poéticos y abstractos. NEOCOLONIALISMO Forma nueva de colonialismo que se dirige a la dominación económica de los países subde­ sarrollados. NEOLIBERALISMO “Liberalismo” se refiere al pensamiento que sirvió de base al capitalismo en sus inicios y que está basado en el individualismo y la libertad de empresa. El neolibe-ralismo pretende que la em-

presa privada retorne el control de la economía que había tenido el Estado. El neoliberalismo propone: privatización liberación de la economía y desaparición de programas sociales auspi-ciados por el Estado. NEPOTISMO Desmedida preferencia que al­ gunos funcionarios dan a sus parientes y amigos para las gracias o empleos públicos. NIMJA ‘Casa grande’, lugares des-de donde se administró las ex-tensas regiones conquistadas a través de una estructura de poder muy rigida en los Señorios Quiches.

O

OBRERO AGRICOLA Persona que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, con el objeto de desarrollar actividades agrícolas en beneficio ajeno, siendo por lo tanto objeto de explotación. ODECA Organización de Estados Centroamericanos. OIDOR El que oye. Cualquiera de los ministros togados, destinados en los Consejos, Cancillerías y Audiencias, para “Neo” quiere decir nuevo y oír en justicia a las partes, y decidir según lo que unas y otras alegan.

342 OLIGARQUÍA Gobierno de pocos. Régimen político y social en que el poder político es ejercido por una minoría que controla al mismo tiempo los bienes de producción de un país. En los sistemas oligárquicos, las formas de gobierno democráticas se hallan mediatizadas por excesivo poder de las minorías dominantes, por las difi-cultades de control de la gestión pública y por el control de los mecanismos electorates por parte de las minorías que detentan el poder. OLIGOPOLIO Forma de mercado en el que existe cieno número de empresas suftcientemente importantes para poder, cada una, dominar el mercado hasta un cierto grado, es decir, para poder influir sobre el precio de las mercancías compradas o vendidas. OLIGOPSONIO Control de las condiciones de compra de un producto específico en determinada región, por parte de un grupo reducido de compradores con posibilidad de acordar entre sí tales condiciones frente a numerosos oferentes. OLMECA (Civilización). Del azteca 01mera. “Gente de hule”; olman; “el país del hule”, designa la zona costera del golfo (estados de Ve-

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racruz y Tabasco) donde se desarrolló la civilización más antigua de México entre 1200 y 14(X) antes de nuestra era. Es probable que los olmecas hayan inventado el calendario típico mesoamericano y un princi-pio de escritura jeroglífica. Magníficos escultores y cinceladores, abrieron el camino a las artes plásticas de Mesoamérica y sobre todo el arte maya.

P

PACTO CON LOS MILITARES DE 1966 (PACTO SECRETO) Firmado entre el ejército y el electo presidente Lic. Julio César Méndez Montenegro el 9 de mayo de 1966. Mediante el cual se acordaba tina acotación drástica al gobierno recién electo: El Ejército prometía no derrocar al gobierno civil, siempre y cuando se comprometiera con la lucha anticomunista (guerra sucia) no negociar con los insurgentes, constituir un gabinete de «unidad nacional» (incluir a elementos atines a los partidos derrotados), respetar bienes y personas de los funcionarios civiles y militares del gobierno anterior y respetar la autonomía del ejército en lo que se refería a su integración, organización y administración.

GLOSARIO

PACTO DEL BARRANCO (DICIEMBRE 1945) En este se le ofrecía al jefe de la fuerzas armadas, Coronel Francisco Javier Arana, apoyarlo como candidato a la presidencia de la república en las elecciones de 1950, a cambio de garantizar la estabilidad institucional, a consecuencia del accidente que tuvo el presidente Juan José Arévalo el 16 de diciembre de 1945, en la carretera que de Patzún conduce a Godinez en el departamento de Sololá. PACTO DE CABALLEROS, EL El 31 de Marzo de 1952, el excandidato presidencial, General e Ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes y el Teniente Coronel Carlos Castillo se había evadido de la penitenciaria central, don-de guardaba prisión a raíz del intento de tomar la Base Militar de la Aurora antes de las elecciones presidenciales de fines de 1950) acordaron en San Salvador firmar un Pacto de Caballeros, desti-nado a organizar un movi-miento reivindicador para derrocar al gobierno del Coronel Jacobo Arbenz Guzmán. PACTO DE EL SALVADOR Pacto acordado el 2 de julio de 1954, firmado por una junta de 5 militares acordán-dose en el mis-

343 mo que se llevaría a cabo la elección entre los cinco miembros para nombrar al nuevo jefe de gobierno, luego del derroca-miento de Jacobo Arbenz Guzmán. PAPEL SELLADO Para todo acto civil, se exigía fueran hechos los autos en papel sellado, cuyo valor era a beneficio de la Corona. PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA Institución política que llevó al poder al general Jorge Ubico. Periódico de divulgación del gobierno de Ubico. PARTIDO POLITICO Agrupación de personas que tiene una organización estable y una ideología que la unifica y que tiene como objetivo la conquista o conservación del poder político, o alguna participación en el ejercicio de ese poder. PGT Partido guatemalteco del Trabajo (Partido Comunista). PLAN DE IGUALA O de las Tres Garantías, documento firmado entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, este otorgó la Independencia Absoluta a México el 24 de febrero de 1821. Las tres garantías simbolizadas en un estandarte de tres colores serían: El verde significaba la independencia; el blanco la religión católica como oficial;

344 y el rojo la unión entre españoles y mexicanos. El Plan de Iguala influyó directamente en la independencia de Guatemala (Chiapas y Centroamérica). PLAN DE TEGUCIGALPA (2 DE DICIEMBRE DE 1953) Suscrito entre los países de Honduras, República Dominicana, El Salvador con los Estados Unidos de América para organizar y entrenar las fuerzas armadas, encabezadas por el Coronel Castillo Armas, para derrocar al gobierno guatemalteco presidido por Jacobo Arbenz Guzmán. PLUSVALÍA Es el excedente que el trabajador deja en manos del empresario. PNSD Plan nacional de seguridad y desarrollo POLÍTICA Es la actividad que se ocupa de organizar, jerarquizar y gobernar a una comunidad de personas. POPOL VUH En lengua quiché “Libro del Consejo”. El manuscrito de esta recopilación de mitos y de tradiciones, en lengua quiché y en caracteres latinos, redactado en el siglo XVI, fue encontrado y publicado en 1861 por Brasseur de Borboung. POSITIVISMO Sistema filosófico que admite

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únicamente el método experimental como objeto de conocimiento. Fue formulado por Augusto Comte en la primera mitad del siglo XIX. PREGONERO Encargado de divulgar las disposiciones del Ayuntamiento, mediante Bandos. PROCURADOR Defendía los intereses del municipio ante las autori-dades mayores, como capi-tanes generales, goberna-dores, etc. PROLETARIADO Proveniente de la palabra del latín proletarios (pobre, de humilde condición), que a su vez, es derivada de proles (hijos). Se usa este término para designar a la clase obrera o a los trabajadores que reciben un salario por su trabajo. PROPIEDAD COMUNAL Existe generalmente como resultado de influencias históricas. La propiedad no está asignada a un individuo sino a cierto conjunto a veces en forma perpetua e inalienable. Los propietarios no están definidos como personas naturales, sino corno una colectividad o corporación, a cuyos miembros corresponde el usufructo. PROPIEDAD INDIVIDUAL PLENA Es la que tiene una persona con título debidamente inscrito sobre la tierra a cuya explotación se

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dedica y con amplia disposición de esa tierra. PROPIEDAD PRO INDIVISO Esta forma de tenencia de la tierra en la que varias personas tienen la propiedad plena sobre una finca, sin separación de porciones. Los propietarios están definidos corno personas naturales. PUESTOS VENDIBLES El hecho de que algunos puestos públicos eran vendidos en subasta, era otra fuente de ingresos en la época colonial.

Q

QUINTO REAL Impuesto que consistía en la quinta parte a la corona española, del oro, la plata y las perlas. De este impuesto no estaban exentos ni los conquistadores.

R

REALENGAS Tierras que, por donación papal, pertenecían a los reyes de España. REALES ACUERDOS Ordenes o disposiciones emanadas de las Reales Audiencias. REAL AUDIENCIA Era un organismo judicial y administrativo, regido por un presidente y compuesto por oidores; las audiencias fueron de diversas clases; virreynales, presidenciales o pretoriales y subordinadas. La

audiencia de Guatemala fue audiencia pretorial. Era un organismo consultivo y de fiscalización, tenía funciones gubernativas, velaban por el mantenimiento del orden, cuidado específico de la Real Hacienda y de los repartimientos de Indios. Fungían como presidentes de la Audiencia. los virreyes o los capitanes generales. REALES Disposiciones emitidas por la Corona Española o por el Real y Supremo Consejo de Indias. REAL HACIENDA Era la encargada de hacer efec­ tivos los ingresos del real erario. Las cuentas debían enviarse a la Casa de Contratación de Sevilla y al Supremo Consejo de Indias. REAL PATRONATO Dominio que ejercía la corona Española sobre la Iglesia establecida en sus dominios. RECONQUISTA Guerra librada por los Españoles para sacar de la península ibérica a los invasores musulmanes y restaurar así el imperio cristiano sobre tierra y pobladores. REGIDORES Sus principales atribuciones eran inspeccionar y fomentar las fuentes de abastecimiento de víveres y demás cosas necesarias para la comunidad, intervenir en las obras públicas, visitar cárceles, hospitales y sustituir Interina-

346 mente a los alcaldes ordinarios. REPARTIMIENTO Fue la repartición de tierras o indios, que se les dio a los conquistadores como premio por su participación en las campañas de conquista. REQUERIMIENTO Documento redactado por Juan López De Palacios Rubios, por medio del cual se requería a los indios que aceptaran la fe cristiana y reconocieran la autoridad del Papa y del monarca español, si no lo hacían podían ser atacados con toda justifi-cación. (Este documento se leía en latín, castellano o ante poblados vacíos). RESIDENCIA Era la rendición de cuentas que exigía sobre su gobierno a los funcionarios mayores, como virreyes, capitanes generales, gobernadores, etc. al término de su gobierno. Esta función la ejercía un juez de residencia. REVOLUCION 1. Proceso generalmente violento por medio del cual una clase (o bloque de clases) toma el poder político, derrota a la clase (o alianza de clases) que controlaba hasta ese momento el ESTADO e instaura un sistema de gobierno que abre cauce al desarrollo de las nuevas fuerzas productivas. y que inicia la transformación de las instituciones jurídicas,

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políticas, religiosas, etc., y las formas ideológicas que le corresponden. 2. Proceso integral y completo que culmina con el desplazamiento violento de una clase por otra numéricamente mayor, del poder público y de la posesión de los medios de producción básica, y con la transformación de los métodos de producción en grado superior de técnicas y beneficio colectivo. REY Era la primera persona en la organización de las colonias españolas, portuguesas, holandesas y francesas. Heredaba como posesión personal, vastas tierras que al fin se ligaron estrechamente al Estado y fueron su principal proveedor. ROL Se define como la conducta esperada de quien ocupa un determinado “status”. ROZA Procedimiento utilizado por los índigenas que consiste en la quema de la maleza para eliminar insectos y roedores, previo a la siembra. RUEDA CALENDARICA Entre los mayas, combinación del calendario astronómico de 365 días y del calendario religioso de 260, lo que arroja un período de 52 años solares.

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S

SALARIO Es la expresión monetaria del valor de la fuerza de trabajo corno mercancía. Es la cantidad de dinero que entrega el empresario como retribución por la fuerza de trabajo. SECULARIZACION Sacar de la esfera de la iglesia. SINDICATO Asociación formada para la defensa de los intereses económicos y profesionales de los asociados. SINODO Cuota que pagaban los encomenderos a las órdenes religiosas por mantener indoctrinados a los indios en los pueblos de encomienda. S.M.B. Su Majestad Británica. STATUS Es el rango o la posición de un individuo en un grupo o sistema social. SUBDESARROLLO Es la existencia en los llamados países del Tercer Mundo, de una estructura socioeconómica predomi-nantemente capitalista, pero subordinada a las potencias imperialistas.

T

TEMAZCAL. Baño de vapor mesoamericano.

TENENCIA DE LA TIERRA La relación jurídica entre el agricultor y la tierra que se cultiva. TENENCIA EN PRECARIO Es la posesión de una tinca o trozo de tierra con títulos defectuosos o sin tener ninguno. Se dice entonces estar en precario, expuesto al desahucio si se presenta una persona probando propiedad con mejor derecho. TENOCHTITLAN Ciudad lacustres cuyo nombre significa donde está al nopal silvestre, fue la capital del Imperio Azteca. Llegó a tener 300.000 habitantes, un centro monumental con 78 edificios, casas de mampostería con terrazas y jardines, dos acequias para abastecerse de agua potable y una compleja red de canales que facilitaba el transpone por canoas. TEOTIHUACAN La más importante de las ciudades—estado mesoamericanas. Emplazada a 51 km. de la actual ciudad de México; pudo albergar 125.000 habitantes y en ella se levantaron las grandes pirámides del Sol y de la Luna y otros monumentos. TEQUIOS Indios obligados a prestar servicio personal en las casas y dependencias oficiales de los empleados

348 en el gobierno colonial. TERCER MUNDO Nombre acuñado por el demógrafo sociólogo francés A. Sauvy para denominar a un conjunto de países que reúnen una serie de características comunes: independencia reciente, agricultura escasa y nula industrialización, depen-dencia tecnológica, baja renta individual y reparto muy desigual de la riqueza. TERRENOS BALDIOS Los que antes se llamaban realengos, y no están enajenados a particulares y corporaciones; y su dominio y propiedad pertenece al Estado. TESORERO Ministro o Diputado para la custodia y distribución del tesoro real o particular TIANGUIS Mercados que se llevaban a cabo en los centros ceremoniales de las antiguas ciudades mesoamericanas. TIERRAS REALENGAS Bajo el régimen colonial, aquellas que pertenecían al rey por derecho de señorío, dado que no las hubiera donado ni vendido. TLAMENES Nativos Mesoamericanos adiestrados para cargar y soportar grandes caminatas. TLUPANTLACAS Indios repartidos empleados en

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servicio de las misiones, reducciones, doctrinas y curatos coloniales. TOLTECAS Una de las grandes culturas mesoamericanas, establecida en el centro de México (actual estado de Hidalgo), de ellos deriva la leyenda del Dios-Hombre: QUETZAL-COATL. Su capital fue Tula. Expulsados según algunas fuentes en el año 999 D. de C. Emigran hacia el sur de Mesoamérica, establecién-dose unos en la península de Yucatán y otros (Quichés) en el altiplano guatemalteco, dando origen a la época Maya conocida como Posclásica. TRATADO DALLASCLARENDON, 1856 Estados Unidos reconoce la soberanía inglesa sobre Belice hasta el río Sartún, e Inglaterra acepta que los Estados Unidos construya una ruta canalera. TRATADO DE CLAYTONBULWER, 1850 Estados Unidos e Inglaterra se comprometen a no ocupar dominio alguno en Centro América y tener una postura neutral en la construcción de una ruta canalera. TRATADO DE TORDESILLAS, DEL 7 DE JUNIO DE 1494 Documento firmado entre los

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Reynos de España y Portugal. el cual tija los límites definitivos de sus descu-brimientos, estableciendo una línea a 370 leguas marinas al oeste de las islas del Cabo Verde. Por este tratado Portugal adquiere cl territorio de Brasil. TRATADO HERRERAMARISCAL Por medio de este tratado firmado el 27 de septiembre de 1,882, se fijan los límites definitivos entre Guatemala y México TRATADO LENNOX WIKEAYCINENA, (30 DE ABRIL DE 1,859) Guatemala reconoce la soberanía inglesa sobre el territorio de Belice a cambio de la construcción de una ruta de comunicación (carretera a las costas del Atlántico) TRIBUTO Tuvo por base las organizaciones nativas y obligaba a que cada individuo pagará una suma anual en moneda o en especie. Este impuesto recaía sobre la población indígena. TULA Capital de un Estado posclásico que tuvo su momento de apogeo en el siglo X. Fundada por los toltecas, llegó a contar con 60,000 habitantes y en su centro ceremonial se levantaban dos grandes templos pirámides el del

sol y el de Quetzalcóatl. TZOLKIN (Maya). Calendario ritual y adivinatorio de 260 días que resulta de la combinación de 13 números (del 1 al 13) y de 20 nombres glifos. De origen muy antiguo, ese calendario probablemente sea común a todas las civilizaciones autóctonas de Mesoamérica.

U

UFCO United Fruit Co., compañía bananera establecida princi-palmente en las costas del Atlántico de Guatemala. URNG Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca; constituida el 7 de febrero de 1,982; integrada por las organizaciones insurgentes: las FAR, el EGP, la ORPA, y el PGT USUFRUCTO Derecho de trabajar un trozo de tierra y disponer de sus productos sin adquirir otro derecho sobre ella. USUFRUCTO VITALICIO AGRARIO Es una forma de tenencia utilizada para reformas agrarias para facilitar tierra en condiciones favorables a agricultores débiles. El Estado suele ser el propie-tario de la tierra, sea por dominio original o por expropiación y concede el

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GLOSARIO

usufructo a los agricultores.

V

VEEDOR Oficial encargado de velar por los intereses reales en lo referente a fundiciones. VISITA Era la inspección enviada por el gobierno español, para investigar sobre algún abuso o desacierto de algún funcionario cuando se sospechaba o tenía noticias. Esta función la ejercía un juez de visita. VIRREYES Fueron elegidos por el emperador Carlos V. bajo cuya autoridad quedaron los territorios del nuevo mundo, no tenían período fijo de gobierno. Como represen-tantes del rey, presidían las audiencias y desempeñaban el cargo de capitán general. Se les prohibía adquirir pro-piedades y casarse en el lugar de su autoridad. Cuando terminaba su período, el virrey era sometido a juicio de residencia. desde luego pese al juicio de residencia, la autoridad del virrey durante su período era casi omnímoda. Los virreyes eran nombrados directamente por la corona. Guatemala estaba ligada indirectamente al virreinato de la Nueva España (México).

X

XENOFOBIA Odio, repugnación u hostilidad hacia los o lo extranjero.

Z

ZAPADORES (BATALLON DE) Campesinos conscriptos como soldados para hacer y reparar caminos, en la época liberal.

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Contenido PRESENTACIÓN CAPITULO XXXII

HISTORIA DE LOS MONOPOLIOS EXTRANJEROS EN GUATEMALA..................... 1

CAPITULO XXXIII

EFECTOS DE LA CRISIS EN GUATEMALA(1929-1933 )......................................... 19

CAPITULO XXXIV

LA ALDEA DE UBICO:GUATEMALA (1931-1944)...................................................... 51

CAPITULO XXXV

LEY DE VIALIDAD...................................................................................................... 77

CAPITULO XXXVI

LEY CONTRA LA VAGANCIA..................................................................................... 79

CAPITULO XXXVII

FACTORES ECONOMICOS Y CORRIENTES IDEOLOGICAS EN EL MOVIMIENTO DE OCTUBRE DE 1994.......................................................... 87

CAPITULO XXXVIII

ESTRUCTURA SOCIAL EN LA REVOLUCION DE OCTUBRE................................. 99

CAPITULO XXXIX

UNA ÉPOCA DE REFORMA.....................................................................................113

CAPITULO XL

APUNTES PARA UNA INTERPRETACION DE LA REVOLUCION GUATEMALTECA Y SU DERROTA EN 1954........................................................... 125

CAPITULO XLI

TEXTO DE LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE JACOBO ARBENZ GUZMÁN EL 27 DE JUNIO DE 1954........................................ 147

CAPITULO XLII

MISERIA EN NOMBRE DE LA LIBERTAD............................................................... 153

CAPITULO XLIII

ESCAPARATE DE LA CONTRARREVOLUCION..................................................... 187

CAPITULO XLIV

LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA FRUSTRADA.................................................... 205

CAPITULO XLV

LA SOLUCION AUTORITARIA................................................................................. 249

CAPITULO XVLI

UN PAIS MILITARIZADO.......................................................................................... 261

CAPITULO XLVII

EL CONTEXTO DE LAS RELACIONES ESTADO-SOCIEDAD CIVIL EN LA ETAPA DE LA POSTGUERRA............................................................ 303

Impreso por Litografía Orión Enero 2009 1,000 ejemplares