Análisis de Los Invasores de Tierras Urbanas y Rurales

Índice Introducción..................................................................................................... 2 ANÁLISIS DE LOS INVASORES DE TIERRAS URBANAS Y RURALES........................3 REACCIONES Y ACTITUD DEL ESTADO.......................................................5 Asentamientos.............................................................................................. 5

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Introducción

Este es un análisis respecto a invasores de tierras urbanas y rurales, con esto nos podemos dar cuenta que en Guatemala existe una gran problemática y déficit de atención en estos temas ya que existen muchas personas que debido, a sus escasos recursos tienden a invadir terrenos o propiedades que no les corresponde ya que los dueños no se encuentran en el lugar; e incluso llegan a vivir en lugares peligrosos como debajo de puentes, montañas, cerros. Etc.

Este análisis nos brindara un resumen de la situación que vive nuestro país debido a la escases económica y así mismo recapacitar un poco para poder luchar y esforzarnos para tener una Guatemala mejor, y evitando que cosas como estas vayan en aumento.

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ANÁLISIS DE LOS INVASORES DE TIERRAS URBANAS Y RURALES

La lucha por la tenencia de la tierra ha sido un fenómeno permanente en la historia de Guatemala. Desde los tiempos de la conquista hasta la actualidad, la pobreza y marginación de la población indígena, en un país donde la mayor parte de la tierra está concentrada en manos de unos pocos, ha generado disputas sobre la tierra. La conflictividad agraria en la actualidad tiene hoy las mismas características que presentaba hace cien años y, en particular, las mismas raíces de injusticia que dieron origen al conflicto armado interno que duró 36 años y cobró la vida de más de 200,000 guatemaltecos y guatemaltecas. Alarmada por el incremento notable de los desalojos forzosos violentos a raíz de la entrada del gobierno del Presidente Óscar Berger, Amnistía Internacional inició una investigación sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridos dentro del marco de disputas agrarias. El informe Guatemala: ¿Tierra de injusticia? describe una serie de graves violaciones de derechos humanos contra campesinos, como la negación del acceso a la justicia; los desalojos forzosos y demoliciones de casas sin consultas efectivas, sin garantías de un alojamiento alternativo adecuado o sin el debido proceso jurídico; la violencia injustificada durante los desalojos; y las amenazas y actos de intimidación reiterados. Estas violaciones a los derechos humanos son cometidas con toda impunidad ante la pasividad e indiferencia de las autoridades. La organización encontró un sistema de administración de la justicia incluyendo la policía, fiscales y jueces, fundamentalmente sesgado, en la práctica, en favor de los finqueros, dueños de una gran proporción de la superficie arable de Guatemala y en contra de los campesinos, en su mayoría indígenas con altos índices de analfabetismo en la lengua oficial del país (español) y viviendo una situación de exclusión económica y política. Amnistía Internacional encontró una actitud de abdicación de responsabilidades de las autoridades cuando se trata de defender los derechos laborales o de tenencia de la tierra de los campesinos, pero una fuerte y energética respuesta estatal cuando se trata de defender los derechos de los finqueros. En diciembre del 2005 el gobierno de Guatemala registraba 1,052 casos de disputas agrarias, en los que la tenencia de la tierra está al centro de la disputa. Es muy probable que existan muchos más casos no registrados.

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El marco jurídico y político ha evolucionado a través de los años, pero sigue estando cargado en contra de comunidades campesinas e indígenas: Desde la esclavitud durante los tiempos coloniales, pasando por la 'ley contra la vagancia' de 1934, hasta la definición de usurpación que hoy en día permite a las autoridades emitir fácilmente órdenes de desalojo sin la debida diligencia, evidencian una continuidad. La organización, como muchas de la sociedad civil guatemalteca, entidades internacionales y gobiernos extranjeros considera que la falta de cumplimiento de los acuerdos de paz de 1996, en lo referente a temas agrarios, está en la raíz de los problemas agrarios del país. En particular, la ausencia de una política agraria auténtica continuará siendo el elemento que contribuirá al empeoramiento e incremento de disputas agrarias y las violaciones de derechos humanos que ocurren en su marco. El informe termina con una serie de recomendaciones, orientadas a proteger y defender los derechos humanos en áreas rurales. Entre las principales recomendaciones están: Erradicar la práctica de desalojos forzosos, investigar las violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en el proceso legal y su ejecución; garantizar la resolución justa e imparcial de las disputas agrarias; asegurar el respeto y la protección de los derechos laborales en el campo; y despenalizar la legítima protesta; reforzar la inspectoría laboral; revisar y adecuar la legislación en lo referente al tema agrario; y reconocer los derechos ancestrales indígenas. Desde 1986, en Guatemala, la profunda crisis económica y la política de los ajustes económicos que trastornaron aún más el débil aparato productivo tuvieron consecuencias dramáticas en el deterioro de las condiciones de vida de los campesinos y de las poblaciones urbanas. Además, el recorte de las políticas sociales y el fracaso de la política de vivienda agudizaron la situación de millones de pobladores en busca de un lugar para vivir. El estado ha venido participando en la política de vivienda como promotor, canalizando recursos financieros hacia el sector privado y otorgando créditos individuales para la mejora de vivienda. El resultado final fue reproducir la ganancia del negocio inmobiliario y de la construcción mientras la mayoría de la población quedaba fuera de estas acciones promotoras Frente a esta política ultra-liberal de vivienda, la población pobre ha reaccionado de diversas formas tratando de recuperar parte de su ya deteriorado bienestar familiar. Una de estas formas fue la toma de tierra que quedaba como el último medio para poder acceder al suelo urbano y a la vivienda

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Es a partir de 1985-86 que afloran movilizaciones en torno al acceso a la tierra y a la vivienda.

REACCIONES Y ACTITUD DEL ESTADO A pesar de las nuevas condiciones políticas (cambio de un régimen militar a un gobierno civil) que suponían poder encontrar mejores cauces para la solución de las demandas sociales, la actitud del Estado se orientó en varias direcciones: - la represión directa: el desalojo - el ofrecimiento de una solución condicionada a que las familias desalojarán los terrenos "voluntariamente", promesa que inauguraba en el campo de la problemática urbana, la política de "concertación" del nuevo régimen - la erradicación-traslado en terrenos periféricos A veces el Estado ha utilizado en forma combinada: la represión directa, el amedrentamiento, las promesas y las prácticas de erradicación-traslado de población. La utilización de estas tácticas frente a este tipo de movilización social muestra que no existe una respuesta única por parte del Estado.

Asentamientos

Un asentamiento irregular, asentamiento informal o infravivienda es un lugar donde se establece una persona o una comunidad que está fuera del margen de los reglamentos o las normas establecidas por las autoridades encargadas del ordenamiento urbano. Los establecimientos informales por lo general son densos asentamientos que abarcan a comunidades o individuos albergados en viviendas autoconstruidas bajo deficientes condiciones de habitabilidad. Se forman por ocupaciones espontáneas de terrenos, públicos o privados, sin reconocimiento legal, expandiendo los bordes de las ciudades en terrenos marginados que regularmente están en los límites de las zonas urbanas, o en terrenos con elevados riesgos para las viviendas allí asentadas (laderas de altas pendientes, terrenos poco estables, zonas inundables en las márgenes de ríos y quebradas). Típicamente son el producto de la necesidad urgente de obtención de vivienda de las comunidades urbanas de escasos recursos económicos, o de migrantes llegados de zonas rurales, empujadas a abandonar sus tierras por múltiples motivos, y al no existir, generalmente, políticas que habiliten a estas personas a adquirir por medias legales viviendas dignas. Los asentamientos informales se caracterizan por ciertas condiciones en común: 5

• Viviendas con limitado acceso a los servicios tales como agua potable, gas para calefacción y cocina y red cloacal; • Difícil acceso a vivienda ya que frecuentemente no hay caminos consolidados de acceso; • Multiplicidad de condiciones económicas y sociales en un mismo barrio; • Dificultades de acceso de ambulancias, bomberos y policía ante distintos eventos. El surgimiento de los asentamientos informales tiene varias causas, uno se los principales es la poca fuerza que dedican al tema del ordenamiento territorial los gobiernos locales y regionales que generalmente no tiene propuestas válidas para ofreces soluciones habitacionales a las poblaciones de baja renta y a los migrantes que continuamente llegan de las áreas rurales a hinchar los cordones periurbanos. Estas áreas se caracterizan por poseer un nivel muy rápido de desarrollo, no estructurado y no planeado. A escala global, los asentamientos informales son un problema significativo, especialmente para los propios habitantes, quienes al no poseer su propiedad formalmente ven limitadas sus perspectivas de progreso futuro y a menudo conllevan, en la vida cotidiana, mayor presupuesto de mantenimiento que una vivienda de asentamiento formal. Un informe de la Comisión de la Seguridad Social de las Naciones Unidas de 1986 indicó que entre un 30 y un 60 por ciento de los residentes de las ciudades más grandes de los países subdesarrollados viven en asentamientos irregulares,[cita requerida] lo cual evidencia que los asentamientos informales, presentes en distintos países del mundo, ya no son conceptuados como lo han sido poco tiempo atrás, como guaridas de maleantes, ladrones o drogadictos y narcotraficantes, para ser hoy en día, poblaciones negadas de sus derechos elementales. Normalmente los asentamientos informales tienen una estructura organizacional definida, que es encabezada por los líderes comunitarios. Esta organización es una medida que se da como resultado de crear un medio de protección ante las presiones de las autoridades locales, que por lo general están en contra de su situación informal y puede llevar en muchos casos al desalojo. La organización de un asentamiento irregular se lleva a cabo mediante la generación de una relación de solidaridad entre sus vecinos. Los establecimientos informales son sistemas sociales dinámicos complejos que experimentan un cambio continuo. Al ocupar la tierra informalmente, los residentes están a menudo preparados para evadir la ley con la esperanza de mejorar su posición económica. Típicamente, la dinámica política y social interna está caracterizada por la solidaridad y/o la confrontación. Sin embargo, el conflicto interno es inherente en relación a la situación de la comunidad y los agentes 6

externos, como las autoridades y los residentes circundantes. Una comunidad puede actuar en solidaridad al negociar con las autoridades o al invadir un terreno. Las autoridades, por lo general, adoptan una actitud pasiva respecto a estos barrios degradados, interviniendo tan sólo cuando su crecimiento genera desórdenes sociales, disturbios o crimen organizado. La solidaridad puede ocurrir durante las negociaciones con las autoridades, pero las disputas pueden ocurrir durante la implementación de los programas acordados con las autoridades y durante el funcionamiento pleno del mismo establecimiento. Para un agente externo, es muy difícil intervenir en los establecimientos informales con los objetivos de mejorarlos o procurar que las condiciones físicas, higiénicas, y la justicia social prevalezcan. Los líderes de la comunidad actúan como guardianes, las relaciones con las autoridades tienden a ser informales y por lo tanto, no reguladas. Debido a esto, es difícil que las instituciones formales de ordenamiento territorial puedan hacer repartos equitativos. Los acuerdos se pueden elaborar sobre una base cotidiana. Debido a la complejidad de esta situación,

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Bibliografía

http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/ESLAMR340032006?open&of=ESLGTM http://www.amnesty.org/email/email_updates.html http://www.amnistiainternacional.org/actua/gtm-290306/

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