HISTORIA ACTUAL DE AMÉRICA LATINA, 1959-2009
HISTORIA ACTUAL DE AMÉRICA LATINA, 1959-2009
JOAN DEL ALCÀZAR (ED.) WALDO ANSALDI GERARDO CAETANO LEONARDO CURZIO SILVIA DUTRÉNIT SERGIO LÓPEZ RIVERO
Valencia, 2010
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Índice
INTRODUCCIÓN ..............................................................................................................
1. AMÉRICA LATINA VISTA DESDE WASHINGTON (1959-2009)............................ LEONARDO CURZIO Centro de Investigaciones sobre América del Norte, Universidad Nacional Autónoma de México
2. FUEGO CRUZADO. GUERRILLAS, DICTADURAS MILITARES Y VIOLACIONES MASIVAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ÉPOCA DE GUERRA FRÍA ...... JOAN DEL ALCÀZAR Y SERGIO LÓPEZ RIVERO Universitat de València.
3. NOS FUIMOS DE CASA, NOS FUERON DE CASA: LA REALIDAD DE LA MIGRACIÓN ..................................................................................................................... SILVIA DUTRÉNIT BIELOUS Instituto de Investigaciones Dr. José Luis Mora, México EVELYN MEJÍA CARRASCO Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
4. LOS EXILIOS: UNA IMPRONTA REGIONAL .......................................................... SILVIA DUTRÉNIT BIELOUS Instituto de Investigaciones Dr. José Luis Mora, México
5. EL VERDE OLIVO EN DESUSO. NUEVOS PROTAGONISTAS Y NUEVOS ESCENARIOS CONTRAHEGEMÓNICOS EN AMÉRICA LATINA ............................ JOAN DEL ALCÀZAR Y SERGIO LÓPEZ RIVERO Universitat de València.
6. EL NARCOTRÁFICO Y LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA...................... LEONARDO CURZIO Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Universidad Nacional Autónoma de México.
7. DEMOCRACIA Y APARTHEID SOCIAL EN SOCIEDADES FRAGMENTADAS .... WALDO ANSALDI Universidad de Buenos Aires, Argentina
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ÍNDICE
8. ¿DEMOCRACIAS INCIERTAS O DIFERENTES? IMPACTOS DE LA CRISIS MUNDIAL, CAMBIOS EN LA CIUDADANÍA Y NUEVAS FORMAS POLÍTICAS EN AMÉRICA DEL SUR ............................................................................................. GERARDO CAETANO Universidad de la República, Uruguay
9. EL CAMBIO POLÍTICO Y SUS EFECTOS EN LAS ESTRATEGIAS DE REINSERCIÓN INTERNACIONAL EN AMÉRICA DEL SUR. (1999-2009)............................ GERARDO CAETANO Universidad de la República, Uruguay
BIBLIOGRAFÍA GENERAL .............................................................................................
Introducción Desde una perspectiva europea, la época cronológica que cabe englobar bajo la denominación que da título a este libro (y podía haber sido otro: historia contemporánea [estricta], al modo que se utiliza en el mundo anglosajón; historia del tiempo presente, tal y como se dice en Francia), queda bastante definida porque arranca tras la finalización de la II Guerra Mundial. La pregunta podría ser: ¿es válida esta compartimentación cronológica para trabajar en el ámbito latinoamericano? La pregunta no tiene una fácil respuesta. Podríamos dar argumentos a favor y en contra. América Latina, obviamente, no está al margen de las grandes fracturas mundiales que acontecen en la que por estas latitudes denominamos época contemporánea (aquella arranca para los historiadores con la Revolución Francesa); y desde luego no es ajena al punto y aparte que significa la victoria de las democracias occidentales y el comunismo soviético sobre los fascismos italiano y alemán y el imperialismo japonés. Ahora bien, parece que 1945 no deja de ser una referencia cronológica exógena a América Latina. Desde esta posición, la pregunta puede formularse así: ¿podemos encontrar una fecha de mayor ruptura, una fecha que marque un antes y un después de la historia continental; una fecha que enmarque la que llamamos historia actual de América Latina? En nuestra opinión, 1945 no es una buena fecha de inicio, una buena puerta de entrada para la historia actual de América Latina, ya que es una puerta que, querámoslo o no, resulta externa al subcontinente. Es por ello que proponemos considerar otra fecha de inicio, una fecha de mayor significación continental: nos referimos a 1959. Probablemente, la Revolución Cubana, más que cualquier otro proceso político continental, marca el antes y después en la historia latinoamericana. La victoria castrista genera una convulsión que se irradia, con mayor o menor rapidez, a la práctica totalidad de la geografía continental. La izquierda latinoamericana de filiación marxista, filosoviética o no, junto con los populismos que han proliferado por las tierras americanas, aparecen desnudos a los ojos de quienes con asombro contemplan a un grupo de barbudos sin grandes ínfulas teóricas que acaban de derrotar a un aliado fiel del imperialismo norteamericano. La Revolución cubana significó un punto y aparte, un antes y un después como hemos dicho, en la historia del continente americano y, especialmente, en la de las tierras que van del sur de Río Grande hasta la Patagonia. El 1 de enero de 2009 se cumplió medio siglo de aquella victoria épica y de apariencia romántica mediante la que unos fotogénicos barbudos que fumaban sus buenos cigarros habían vencido a uno de los muchos dictadorzuelos propiciados o amparados por el imperio estadounidense. En estos cincuenta años,
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América Latina ha registrado diversos procesos históricos de distinto calado. Si hubiéramos de seguir un hilo vertebrador de esas cinco décadas podríamos utilizar la secuencia revolución-dictadura-democracia. La revolución, esto es la reversión de una estructura continental de injusticia y desigualdad social insoportable para muchos, pareció ser posible a la luz de la experiencia guerrillera cubana. La Doctrina de Seguridad Nacional, que Washington no necesitó imponer a las élites políticas, económicas y financieras de sus vecinos hemisféricos, alimentó las dictaduras institucionales de las fuerzas armadas que acabaron con los deseos transformadores al tiempo que practicaban la violación de los derechos humanos hasta el genocidio. Entre la década de los setenta y la de los ochenta, cuando la democracia se impone como sistema político deseable en el mundo occidental, incluso para la izquierda partidaria, América Latina afronta con más ilusiones que garantías de éxito la recuperación o la instauración, según países, de la institucionalidad democrática. Con el cambio de siglo, diversos factores han aparecido en el escenario continental. De una parte, las nuevas propuestas de dos izquierdas políticas: una de corte clásico e inspiración socialdemócrata, y otra que algunos han dado en llamar democracia revolucionaria mientras que para otros no es sino un neopopulismo. Paralelamente, se ha producido la emergencia de un actor político que había aparecido con protagonismo insospechado en 1994 en la selva chiapaneca, y que ahora lo hace en la América andina: los indígenas. En tercer lugar, la escasa atención de los Estados Unidos hacia sus vecinos del sur, más que evidente a partir del 11 de septiembre de 2001. Finalmente, hay que remarcar una incapacidad digna de estudio de los gobiernos de la región para reducir en términos efectivos la extrema desigualdad, el abismo socioeconómico y cultural, que divide a sus países. Nos proponemos abordar estas cuestiones centrales desde una dimensión histórica que debe permitirnos comprender de forma más efectiva y mejor la realidad actual de aquel enorme territorio que llamamos América Latina. El libro esta dividido en nueve capítulos, y comienza con una panorámica de la región vista desde la que podemos considerar la capital del Continente, desde la sede del gobierno, del gran vecino del norte, como llamara José Martí a los Estados Unidos de América. Patio trasero o zona de influencia restringida, los Estados Unidos han mirado históricamente su hemisferio desde la sentencia de “América para los americanos” del presidente Monroe, en el primer tercio del siglo XIX. Washington, contra lo que muchos creen, no hizo anticomunistas a los militares latinoamericanos tras la II Guerra Mundial, lo eran desde mucho antes. Cuando la Guerra Fría comenzó, los ejércitos mejor preparados del Cono Sur ya habían practicado el anticomunismo activo y violento sin que nadie más allá de sus propias fronteras se lo hubiera pedido. Sí encontraron desde entonces la colaboración de los Estados Unidos, la ayuda, el adiestramiento, la logística y la intendencia para combatir de manera eficaz —con la Guerra Sucia, como ellos mismos la denominaron— al llamado enemigo interior. Pareciera
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que con las transiciones democráticas, en marcha desde los años ochenta del siglo pasado, los norteamericanos perdieron interés por América Latina (quizá con la excepción de Nicaragua). Eso que era una sospecha, se convirtió en certidumbre tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Con la excepción la sempiterna política anticastrista, del Plan Colombia y de las escaramuzas con Hugo Chávez, las dos administraciones de G. W. Bush relegaron a la parte sur del continente al negociado de problemas migratorios y al de problemas con el narcotráfico. La nueva Administración Obama, pareciera, ha abierto una nueva era, pero eso está todavía por confirmar. La experiencia cubana irradió la práctica totalidad de las tierras al sur del río Grande. Todo parecía fácil tras la victoria de los hombres de Castro y el Che. Un grupo de revolucionarios que habían desembarcado en Cuba, comenzaron a moverse como pez en el agua entre los guajiros de la Sierra Maestra y tras apenas tres años de lucha, habían entrado victoriosos en La Habana. Cuba y su revolución se convirtió, para miles de jóvenes latinoamericanos, en un ejemplo a imitar. Con los matices que convendrá destacar, la lucha armada pareció a muchos la vía más rápida para construir el socialismo, un sistema que no se sabía hasta que punto correspondía con el modelo soviético. Pese a la indefinición, se entendía que era un estadio superior al capitalismo. El pueblo podía ser liberado con las armas en la mano, sin que importara demasiado la existencia de los ejércitos nacionales. El error de cálculo fue tremendo. El sueño acabaría en pesadilla. El desafío lanzado por esa izquierda nueva, deslumbrada por el éxito cubano, fue aceptado por los estados nacionales. Las fuerzas armadas, en buena medida adiestradas por los Estados Unidos, supieron adaptarse al reto con rapidez. Y su respuesta fue tan brutal como insospechada. La tesis del enemigo interior, la delimitación imprecisa de los hechos punibles y la imposición clandestina de medidas de sanción prohibidas por la ley, junto a otros principios de parecido tenor abocaron a lo que técnicamente se denomina, desde la ciencia jurídica, Terrorismo de Estado. A la represión brutal, a la persecución del disidente, a la detención ilegal, a la tortura y a la desaparición forzada de personas, entendidas como una forma de acción política de exterminio de quienes no simpatizaban con el nuevo régimen militar, le acompañó una política económica revolucionaria. Los principios del neoliberalismo económico más radical vinieron de la mano de los militares. El aparente milagro económico de los primeros momentos pronto se desvaneció y los costes sociales de la nueva política económica fueron desastrosos. Más allá, no obstante, de los fatales resultados en política económica y social de los regímenes militares que se expandieron por doquier, la Declaración de los Derechos Humanos que la ONU había realizado en 1948 pasó a formar parte de la agenda política internacional tras la asunción violenta del poder por los militares. El Informe Rettig chileno, el Informe Sábato argentino, o el de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico guatemalteca, por poner tres ejem-
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plos señeros, nos permiten conocer hasta dónde, a qué profundidad del horror, fueron capaces de llegar los seres humanos en la represión política. Otro efecto más que relevante de los regímenes militares será la aparición de la figura del exiliado. Nos referimos a los exilios políticos. Desde el exilio cubano post revolucionario, la gusanera de Miami, como la denominó el castrismo oficial; al exilio de quienes huían de la represión de los militares responsables de las dictaduras de Seguridad Nacional. Existe un exilio tradicional que marcha al exterior, al extranjero; y existe un insilio, que mueve grandes contingentes de población en el interior de los países, donde se abandonan, de grado o por fuerza, territorios declarados zonas de guerra. Las dictaduras militares, además, profundizaron la brecha de la desigualdad interna de las repúblicas latinoamericanas. Es un tópico que responde a una cruda realidad el decir que América Latina es el continente de la desigualdad. Podemos encontrar el tercer y el primer mundo dentro de la misma nación, de la misma ciudad, bajo las mismas autoridades y la misma bandera. Se trata de realidades alejadas físicamente por los planes urbanísticos de las grandes urbes, y separadas en niveles de vida y en satisfacción de las necesidades básicas por un abismo dantesco. Recorriendo cualquier gran ciudad latinoamericana encontraremos sus villas miseria, favelas, poblaciones callampas, tugurios, poblados jóvenes, ranchitos; son distintas formas, según cada denominación nacional, de señalar la misma cosa: barrios de viviendas de autoconstrucción (ladrillo, madera, plásticos, cartón), sin servicios básicos (alumbrado, agua potable, desagües, escuelas, atención sanitaria, seguridad), en las que, por ejemplo, las tasas de mortalidad infantil pueden ser tercermundistas. Mientras, en la misma capital, a una distancia que se puede recorrer en un autobús urbano o sencillamente caminando, nos encontramos con zonas que forman parte inequívoca del Occidente más dinámico: una bajísima tasa de mortalidad infantil y todo tipo de servicios y adelantos de las sociedades más avanzadas. En algunas de estas ciudades es frecuente ver las urbanizaciones, los condominios o las colonias, en las que vive la clase alta e, incluso, la clase media, protegidas por altos muros, puentes levadizos, alambradas electrificadas y hombres pertrechados con armas de combate. Si las dictaduras ahondaron la brecha social, las democracias de mayor o menor calidad actualmente existentes no han paliado el problema. La ola democratizadora que el subcontinente vivió durante la década de los ochenta y los noventa presenta asincronías importantes. No es lo mismo, claro está, recobrar la democracia en un país donde ya existía y fue bruscamente interrumpida por los militares golpistas, que instaurar la democracia en otro en el que nunca se ha podido hablar con propiedad de la existencia de un régimen democrático. Hay quien piensa, desde el pesimismo de la razón, que la democracia simplemente no puede afianzarse en América Latina en las actuales condiciones socioeconómicas. Y eso porque las políticas neoliberales han producido una fragmentación social tan brutal que puede hablarse de la existencia de un régimen de apartheid
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social, que se plasma en la segregación socioeconómica y cultural de grandes contingentes de población (en algunos países hasta el 70 por ciento). No son ajenos a esta realidad los grandes movimientos de población que se están produciendo en las últimas décadas. La brecha de la desigualdad interna se amplía, y los que con razón se consideran excluidos emigran hacia donde pueden a la búsqueda de un futuro que no alcanzan a ver en sus lugares originarios. Caminando hacia el norte atravesando el Río Grande, hacia Europa en avión con pasaje de bajo coste, o en el interior de la región hacia las grandes capitales de sus países para engrosar las villas miseria, o a los países vecinos si consideran que puede encontrarse un trabajo que permita sobrevivir y enviar dinero a los que se quedaron en casa. El eterno reto del emigrante económico, un contingente que desde España es percibido con mucha nitidez. Llegamos así, con estos mimbres, al problema central de la América Latina actual, que es el de la eficacia social de la democracia. Tras las transiciones post dictatoriales, la totalidad de los países latinoamericanos, con la notable excepción de Cuba, han instaurado regímenes democráticos. Más allá de la reciente asonada hondureña, los analistas no han encontrado una posición de consenso para tipificar esa realidad democrática. Por cuanto hace a esa falta de acuerdo académico, el lector de este volumen será testigo de discrepancias fundamentadas en cuanto a la consideración que a los diversos autores nos merecen procesos políticos de mucho calado que están dirimiéndose en estas fechas. Se habla de democracias formales, de democracias minimalistas, de democracias de mala calidad, de democracias precarias, de democracias inciertas, de democracias diferentes, de neodemocracias, de democracias neopopulistas, de democracias radicalizadas o, incluso, de democracias revolucionarias. En los últimos años, al calor de lo que supuso un giro político hacia la izquierda que, con la señalada excepción de México, se produjo en la región, parecen haberse configurado dos bloques más o menos definidos, con fuerte perfil personalista uno, más institucionalmente republicano el otro; más a la imagen de la socialdemocracia europea o más a la contra de las formas convencionales de las democracias representativas; más proclives a la sintonía con el gobierno de Washington y su propuesta de integración económica americana (ALCA o TLC) o más a la contra de aquél y de ésta (ALBA). La capacidad de incidencia política continental que exhibe el presidente Hugo Chávez al frente de su República Bolivariana es más que notable. Pareciera que el militar venezolano ha tomado el relevo al anciano Fidel Castro, con quien mantiene una relación entre fraternal y filial. Un relevo no sólo como enemigo número uno del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, sino como líder indiscutido de los pobres del continente. Además, Chávez cuenta con el aval democrático de su incontestable apoyo popular, reiteradamente manifestado en las urnas. Desprecia las formas diplomáticas habituales en el escenario internacional y se ha hecho una reputación entre la izquierda radical occidental y entre los colectivos antisistema, como la que otrora tuviera Castro. Venezuela, como
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se dice, flota sobre petróleo y el mercado está ávido por comprarlo, lo que genera unos recursos que están permitiendo una acción exterior que aúna propaganda, ayuda e injerencia en asuntos internos de buena parte de los países del área. ¿Qué es Chávez y el chavismo? No son pocos los especialistas que niegan que se trate de una nueva forma de populismo; pero parece imposible dejar de señalar que la relación entre el régimen y el concepto es tangible, aunque no lo define al completo. ¿Es el chavismo, o puede convertirse en, una propuesta política de validez continental? Si el militar venezolano es un inequívoco referente para muchos, en parecida medida en la que es enemigo a batir para otros, mayor consenso parece concitar otro gran líder continental como es el presidente brasileño Lula da Silva, quien ya al final de su mandato exhibe no sólo una valoración excelente entre sus conciudadanos que mucho tiene que ver con la mejora de los indicadores de pobreza de su país, sino que se ha convertido en un reconocido estadista mundial que está situando a Brasil como una potencia imprescindible no sólo para la región, sino para el mundo. ¿Podemos dividir los sistemas políticos realmente existentes en dos grupos, y adscribirlos a uno u otro de los campos, o eso es una simplificación excesiva? Creemos que en estas páginas encontrará el lector argumentos para dar respuesta a las distintas preguntas que están abiertas en la América Latina de nuestro presente. Derrotadas y fracasadas, —las dos cosas—, las propuestas revolucionarias de los sesenta y los setenta, otras propuestas insurgentes vendrían después durante los años ochenta y noventa del siglo pasado a las que no se puede ignorar. Descontando el empate catastrófico colombiano que tiene empantanado al país tras décadas de guerra a cuatro bandas (guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional, paramilitares de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, contingentes de hombres armados pagados por los cárteles del narcotráfico y, en cuarto lugar, el propio Estado Colombiano), prestaremos atención a dos insurgencias armadas: la del singular maoísmo andino de Sendero Luminoso, y la del sorprendente Ejército Zapatista de Liberación Nacional —la llamada guerrilla postmoderna— que apareció a la luz de las cámaras de televisión el 1 de enero de 1994. En el siglo XXI, las propuestas de revolución armada han desaparecido prácticamente del escenario, con la sempiterna y ya citada excepción colombiana. Ahora, la democracia, la calidad de ésta, su eficacia social es, como hemos dicho, el eje vertebrador de la recientísima historia de América Latina. Y en este elemento central es fundamental atender a lo que podemos denominar la emergencia de los descendientes de los pobladores originarios, la asunción efectiva del papel de actores políticos de primer nivel de los indígenas. Un concepto que arranca de la década de los setenta y que triunfará igualmente en la de los noventa es el de etnodesarrollo, que fue acuñado en la Declaración de Costa Rica en 1981 como el más pertinente para sustentar que el grupo étnico ha de ser
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la unidad político-administrativa con autoridad sobre su propio territorio y con capacidad de decisión en los ámbitos que constituyen su proyecto de desarrollo dentro de un proceso de creciente autonomía y autogestión. Ya no se trataba simplemente de tomar en consideración la opinión y las aspiraciones de los descendientes de los pobladores originarios, sino que se afirmó que han de ser ellos, y únicamente ellos, los que han de tomar en sus manos las riendas de su propio destino histórico. Los pueblos originarios expresaban de esta forma su derecho a hacer compatibles el desarrollo y la modernidad con su identidad étnica, sus tradiciones y su continuidad histórica. Más allá de los enunciados teóricos, la realidad concreta ha sido bastante más contradictoria, incluso desde el propio seno de las comunidades indígenas. El Subcomandante Marcos en 1994 al frente del EZLN y el indígena aymará Evo Morales, elegido presidente de Bolivia en 2005 con más del 53 por ciento de los votos, son los referentes más claros de la emergencia indígena, aunque para nada los únicos. Los resultados tangibles de estas presencias estelares para los pobladores originarios están pendientes de evaluación, tanto más porque estamos viviendo procesos muy importantes en esta línea. Dos problemas relevantes cierran el presente volumen, y ambos tienen mucho que ver con la fortaleza democrática y con la calidad de la democracia, de las diversas repúblicas. El primero es el de la violencia urbana y la aparente o real impunidad con la que actúa el crimen organizado. Se ha escrito con fundamento que el Estado latinoamericano, rabiosamente adelgazado, por grado o por fuerza, por convicciones neoliberales extremas de los gobiernos o por presiones indecentes del Fondo Monetario Internacional, prácticamente desapareció no ya en el terreno de la sanidad o la educación pública, sino que se reveló absolutamente incapaz ante fenómenos como la nueva delincuencia organizada (tráfico de narcóticos, de armas, de personas, prostitución, secuestros) y, especialmente, ante el que parece haberse convertido en el principal problema de la ciudadanía latinoamericana: la violencia urbana que se ha adueñado ya de las grandes capitales y va extendiéndose al resto de las ciudades. Lo que los sociólogos llaman la zona gris, aquel espacio abandonado por el Estado que ha quedado a merced del control que puede ejercer el crimen organizado, es cada vez más amplio. El segundo problema al que aludíamos es el de la inserción mundial de la región latinoamericana y, especialmente, de la América del Sur. Los procesos que se están registrando en los últimos años a un ritmo creciente no pueden dejar de producir cambios severos en la estructura institucional continental. La crisis económica mundial, la confirmación de un escenario multipolar, la crisis que atraviesan buena parte de los más importantes organismos internacionales, las expectativas generadas por la elección de Barak Obama como presidente de los Estados Unidos, el ensimismamiento europeo aparentemente incapaz de encontrar su lugar en el espacio internacional, las previsiones respecto al cambio climático, los profundos efectos generados por los impactos migratorios, o las consecuencias rotundas de la agresividad de las economías asiáticas, por citar
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algunos de esos procesos y de esos acontecimientos, tienen y tendrán repercusiones sustanciales sobre la América Latina. A todo ello se dedicará el capítulo con el que cerramos del libro. Un volumen que ha sido el resultado de un esfuerzo colectivo, el de un grupo de profesores de distintas nacionalidades: México, Cuba, Uruguay, Argentina y España. De ellos se da una breve noticia curricular a continuación. Joan del Alcàzar (Valencia, 1954), Doctor en Historia por la Universitat de València, es profesor titular en el Departamento de Historia Contemporánea de esta institución y dedica desde hace años su actividad investigadora a la historia de América Latina en general y a la de Chile en particular. En 1998 actuó como Perito de la Acusación ante la Audiencia Nacional de España, en el Sumario 19/97 Terrorismo y Genocidio “Chile-Operativo Condor”, que instruye el juez Baltasar Garzón contra Augusto Pinochet Ugarte y otros por genocidio, terrorismo y torturas. Ha publicado diversos libros y artículos en España, México, Argentina, Chile y Brasil, y ha sido profesor invitado en distintas universidades americanas como la U. de Virginia en EE.UU, la U. de Sao Paulo y la Universidade Estadual Paulista en Brasil, la U. Iberoamericana y la Benemérita U. de Puebla y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en México y la Pontificia U. Católica y la U. de Santiago en Chile. Como docente, ha sido Vicedecano de la Facultad de Geografía e Historia, Vicerrector de Profesorado de la Universidad de Valencia, Director de la Universitat d’Estiu de Gandia y, en la actualidad, es Director del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València. Entre sus libros cabe citar: (con Nuria Tabanera) Estudios y materiales para la historia de América Latina, 1955-1990, Valencia, Tirant lo Blanch, 1998; (con Nuria Tabanera, Josep M. Santacreu y Antoni Marimon), Historia Contemporánea de América, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2003; “América Latina en el siglo XX”, en Historia de América (Juan Bosco Amores Carredano, Coord.) Madrid, Editorial Ariel, pp. 801-855, 2006. Sus dos últimos libros publicados son Yo pisaré las calles nuevamente. Chile, revolución, dictadura, democracia (1970-2006), Santiago de Chile, Editorial Universidad Bolivaria, 2009; y (con Sergio López Rivero) De compañero a contrarrevolucionario. La Revolución cubana y el cine de Tomás Gutiérrez Alea, Publicacions de la Universitat de València, 2009). Waldo Ansaldi (Córdoba, Argentina, 1943) es, formalmente, Doctor en Historia (Universidad Nacional de Córdoba), pero por formación y vocación sociológica trabaja en un campo de hibridación de disciplinas (sociología histórica). Investiga cuestiones tales como mecanismos de dominación político-social, sistemas de partidos, ciudadanía, dictaduras y democracias. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor titular consulto de Historia Social Latinoamericana y Taller de Investigación de Sociología Histórica, en la misma Facultad. Fue Secretario Ejecutivo Adjunto del Consejo Latino-
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americano de Ciencias Sociales (1977-1988). Ha sido y es profesor de grado y/o posgrado en varias universidades de su país y del exterior. Profesor visitante en la Universidade de Sâo Paulo (1989) e investigador visitante en la Universitat de Barcelona (1998 y 2001). Ha participado en más de cien congresos académicos nacionales e internacionales. Es autor de más de cien artículos publicados en Argentina, Brasil, España, Francia, México, Perú, Suecia, Uruguay, Venezuela y otros países. Ha publicado doce libros y tiene otros dos en prensa. Los últimos de ellos son: Calidoscopio latinoamericano. Imágenes históricas para un debate vigente, 2004 (2ª ed., 2006), La democracia en América Latina, un barco a la deriva, 2007, Los sonidos del silencio. Dictaduras y resistencia en América Latina, 1964-1989 (en prensa) y, en colaboración con Verónica Giordano, Historia de América Latina, Madrid, 2006, y América Latina. El conflictivo proceso de construcción del orden, Buenos Aires, en prensa. Actualmente dirige el proyecto de investigación Condiciones sociohistóricas de la democracia y la dictaduras en América Latina, 1954-2010. Integra el Colectivo editor de e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos. Desde el 1 de febrero de 2009 es Director del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Gerardo Caetano. (Montevideo, 1958) Historiador y Politólogo. Doctor en Historia, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Coordinador Académico del Observatorio Político del Instituto de Ciencia Política, Universidad de la República (desde el 2005 a la fecha). Entre el 2000 y el 2005 fue Director del citado Instituto. Director Académico del Centro para la Formación en Integración Regional. (CEFIR) Designado como Supervisor Académico de la Investigación y elaboración de la publicación sobre el Terrorismo de Estado y el destino final de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. (2005-2006) Designado por unanimidad como Académico Titular en la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Miembro correspondiente de la Real Académica Española. Integrante a título individual del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). (2008-2012) Representante alterno por la subregión Argentina-Uruguay en el consejo directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). (2009-2012) Es integrante del Comité de Selección del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Uruguay, siendo calificado como máximo investigador en su Nivel III. Investigador y Catedrático Titular Grado 5 en la Universidad de la República en la que trabaja desde 1985. Es miembro de varias organizaciones científicas nacionales e internacionales. Docente en cursos de grado y de posgrado (a nivel de Maestría y Doctorado) a nivel nacional e internacional (en este último caso en varios países americanos y europeos). Consultor de distintas instituciones internacionales (UNESCO, PNUD, FLACSO, OEA, Unión Europea, UIP, etc.). Ha publicado hasta el presente más 180 publicaciones, entre las que destacan: La agonía del reformismo (19161925), Montevideo, CLAEH, 1983, 2 Tomos.. El asedio conservador (1925-1929), Montevideo, CLAEH, 1985, 2 Tomos. El joven Quijano (1900-1933). Izquierda
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nacional y conciencia crítica, Montevideo, EBO, 1986. (en colaboración). Breve historia de la dictadura (1973-1985), Montevideo, CLAEH-EBO, 1987. (en colaboración). El nacimiento del terrismo (1930-1933), 3 tomos, Montevideo, EBO, 1989, 1990, 1991. (en colaboración) “La República Conservadora (1916-1929) 2 tomos Montevideo, Editorial Fin de Siglo, 1992, 1993. Codirector de la colección “Historias de la vida privada en el Uruguay”, en tres tomos. (1996-1998) “La secularización uruguaya. (1859-1919). Tomo 1. Catolicismo y privatización de la religión”. Montevideo, Taurus, 1997. (en colaboración) “Los uruguayos del Centenario. Ciudadanía, nación, religión, educación”. Mont. Taurus, 2000. (Coordinador y autor). “Antología del discurso político en el Uruguay. Tomo I. De la Constitución de 1830 a la revolución de 1904.” Montevideo, Taurus, 2004. “Ideas, política y nación en el Uruguay del siglo XX”, en Oscar Terán (coord.), “Ideas en el siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX latinoamericano”. Buenos Aires, OSDE – Siglo XXI, 2004, pp. 309 a 422. “Historia Contemporánea del Uruguay. De la Colonia al siglo XXI.” Montevideo, CLAEH – Ed. Fin de Siglo, 2005. (en colaboración) “20 años de democracia. Uruguay 1985-2005. Visiones múltiples”. Montevideo, Taurus, 2005. (Director y coautor). “Latinoamericana: enciclopédia contemporänea da América Latina e do Caribe”. Río de Janeiro, Boitempo Editorial, 2006. (autor de todas las entradas vinculadas con temas de la historia uruguaya). “Nacionalismos y ciudadanía en el Uruguay del siglo XX. Balances para un prospecto”, en Varios Autores, “Debates de Mayo. Tomo II”. Buenos Aires, Edhasa, 2006. “Uruguay: agenda 2020. Tendencias, conjeturas, proyectos.” Montevideo, Taurus, 2007. (Coordinador en colaboración de toda la obra) Ha obtenido varios premios académicos nacionales e internacionales por su obra. Leonardo Curzio (Ciudad de México, 1962) es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia. Su trayectoria comprende tres campos de actividad: la docencia, la investigación y el periodismo. Como profesor ha impartido docencia en diferentes Universidades de México, Estados Unidos y España. Asimismo, ha impartido cátedra en instituciones como el Centro de Estudios Navales y el Colegio de Defensa Nacional de México. Ha dirigido más de 40 tesis de grado en distintas Universidades y fue coordinador de Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana. Ha coordinado más de 30 diplomados en Estudios Estratégicos y Seguridad Nacional. Es “Investigador Titular B” del Centro de Investigaciones de América del Norte de la UNAM y tiene la distinción de Investigador Nacional Nivel II del Conacyt. Ha publicado 8 libros, los dos más recientes “La Seguridad Nacional de México y la Relación con Estados Unidos” (UNAM, 2007) y la “Introducción a la Ciencia Política” (Oxford University Press, 2009) y es coautor de 37 libros publicados por sellos editoriales como: UNAM, Universidad de Valencia, University of Pittsburg, Universidad de California (UCSD), Universidad de Michigan, INAP, Siglo XXI, Plaza y Valdés, Grijalbo, IFE, Australian National University, La Jornada Ediciones, Ariel, Centro de Estudios Hemisféricos, Fondo de Cultura Económica, Grupo Norma, Universidad de los Andes, FLACSO, ITESO, UAM, entre otros. Ha publicado también
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artículos en revistas especializadas en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Cosa Rica y España. Es conductor de ENFOQUE uno de los espacios informativos más reconocidos en México. También participa en el influyente programa de televisión Primer Plano de canal once. Es editorialista del periódico El Universal. Ha recibido diversos reconocimientos como el “Laurel de Oro a la Calidad” México-España, en 2007 fue distinguido por el Presidente de la República de Italiana con el premio “Italia nel Mondo”, en dos ocasiones ha sido Premio Nacional de periodismo y el premio “Alas de Plata” a la mejor conducción de radio. La revista Líderes lo ubicó en 1997 como un líder del futuro y en su edición de 2008 como uno de los 300 personajes más influyentes de México. Silvia Dutrénit Bielous (Montevideo, 1952) es Historiadora y Doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es profesora-investigadora titular del Instituto Mora (México) adscrita al Área de Historia y Estudios Internacionales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México y de Uruguay y a la Academia Mexicana de Ciencias. Está especializada en la Historia reciente de América Latina y del Cono Sur en particular. Sus principales líneas de investigación se han centrado en los comportamientos partidarios durante las dictaduras y transiciones, los exilios y sus distintas facetas, el asilo como política de Estado y como práctica en las embajadas y en las decisiones gubernamentales sobre violaciones de los derechos humanos. Ha coordinado sobre las estas líneas distintos proyectos regionales e internacionales y ha impartido conferencias y cursos en instituciones de América Latina y España. Su obra (libros, artículos, capítulos y documentales) ha sido publicada en países de América Latina, Asia y Europa. Entre sus últimas publicaciones destaca: TRAMITANDO EL PASADO. Violaciones de los derechos humanos y agendas gubernamentales (S. Dutrénit y G. Varela), FLACSO-México/CLACSO, México, 2010; TIEMPOS DE EXLIOS. Memoria e historia de españoles y uruguayos (S. Dutrénit, E. Allier y E. Coraza), CeALCI-Fundación Carolina/Textual /Instituto Mora, Uruguay, 2008; EL URUGUAY DEL EXILIO. Gente, circunstancias, escenarios (S. Dutrénit, coord.), Trilce, Montevideo, 2006 y el documental MÁS ALLÁ DEL REGLAMENTO (A. Buriano, S. Dutrénit y C. Hernández), México, Instituto Mora, 2010. (55 min.). Sergio López Rivero (La Habana, 1958) ha sido profesor durante quince años del Departamento de Historia de Cuba, de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana. En el año 1991, se doctoró por la misma institución académica. Ha participado como profesor investigador invitado en universidades de México, España y los Estados Unidos. Sus estudios, han sido publicados en Cuba, Francia y España. Entre sus libros publicados: 1) Moneda Ajena. Ensayo sobre la transición del régimen monetario en Cuba, 18991915. Editorial Felix Varela, Universidad de La Habana, 1994; 2) Emigración y Revolución. El papel del frente exterior del MR-26-7 en el proceso nacional liberador cubano. Editorial Felix Varela, Universidad de La Habana, 1995; 3) El Viejo Traje de la Revolución. Identidad colectiva, mito y hegemonía política en Cuba. Publicacions de la Universitat de Valencia, 2007; 4) (coautor junto a
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Joan del Alcázar) De compañero a contrarrevolucionario. La Revolución cubana y el cine de Tomás Gutiérrez Alea. Publicacions de la Universitat de Valencia, 2009. En imprenta, por la misma editorial: La Cosecha del Patriotismo. Fidel Castro, su grupo político y la emergencia del nacionalismo en la emigración cubana, 1955-1958. Entre sus artículos: “El milagro de la plantación cafetalera en Cuba”. Tebeto. Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura (Islas Canarias), Especial Canarias-América, Número 5, Tomo I, 1992, pp. 302-320. 2) (coautor junto a Marial Iglesias) “José Martí: l’orígen del símbol fundacional del nacionalisme cubá”. Dossier: 1898 la fi d’ un imperi. L’Avenc. Revista de Historia. Número 217, Setembre 1997, pp. 38-42; 3) (coautor junto a Francisco Ibarra) “Sobre transigentes e intransigentes en la Cuba ocupada, 1898-1902”. Islas e Imperios. Estudios de historia de las sociedades en el mundo colonial y poscolonial. Número 2, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Primavera 1999, pp. 111-126; 4) “Entre cifras. Acercamiento a la historia económica de Cuba colonial, a través de algunos resultados recientes de los americanistas españoles”. Islas e Imperios. Estudios de historia de las sociedades en el mundo colonial y poscolonial. Número 9, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Diciembre 2006, pp. 165-179. Además, con la ayuda del Instituto de Literatura y Filología de la Institución Valenciana de Estudios e Investigación (IVEI), Consorcio entre la Generalidad Valenciana y la Diputación Provincial de Valencia, ha realizado la investigación “La imagen de la guerra. La prensa de Valencia y la guerra hispano-cubano-norteamericana” (inédita).
1. América Latina vista desde Washington (1959-2009) LEONARDO CURZIO1 Universidad Nacional Autónoma de México
Una de las primeras complicaciones que plantea la lectura de la realidad latinoamericana desde Washington es que la potencia no asume con naturalidad que comparte el mismo continente con otras naciones de estirpe diferente a la anglosajona. En la literatura especializada, así como en el lenguaje político y diplomático de Washington, no se habla de América como una unidad al referirse al continente en su totalidad, se habla de las Américas en plural. Desde sus orígenes como país independiente los Estados Unidos asumieron que ellos representaban al continente. De hecho, la primera Asamblea que reunió a las trece colonias para proclamar su independencia se autonombró Congreso Continental. A falta de un nombre que aglutinara a todas las colonias, celosas de sus particularidades, optaron por apropiarse el nombre del continente. Asumir que un país representa a un continente por antonomasia es un gesto más que improbable en otras latitudes en las que cuesta imaginar que Francia, Alemania o Italia se hicieran llamar Europa. América en singular se reserva a la denominación genérica de los Estados Unidos. Esta apropiación simbólica del nombre del continente ha sido ampliamente comentada por Edmundo O’Gorman2 quien sugiere que en realidad el continente cartografiado por Américo Vespucio, es una invención cuyo origen se encuentra en lo que hoy son los Estados Unidos. No es éste el espacio apropiado para profundizar en este tema, pero si es importante tener claro lo que el plural significa cuando se nombra el continente desde Washington. Para los angloamericanos ha resultado complicado aceptar que otros pueblos que han recorrido trayectorias tan diversas y en muchos sentidos divergentes a la de las trece colonias, formen parte de un mismo conjunto3. La pluralidad de orígenes pluraliza el nombre del continente, pero el singular retoma su unidad orgánica cuando se considera a América como una unidad geopolítica. Washington considera al continente americano como un hemisferio
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Investigador Titular del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. UNAM. O’Gorman, Edmundo, La invención de América, México, FCE. La primera edición es de 1958, pero ha sido objeto de múltiples reimpresiones. Para profundizar en las trayectorias divergentes de la América inglesa y la América española es imprescindible referirse al portentoso estudio de ELLIOT, John, Imperios del mundo atlántico, Madrid, Taurus, 2005.
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al que llaman hemisferio occidental. Tenemos, en consecuencia, una dualidad de visiones que se sobreponen e imbrican a lo largo de los años y en función de las temáticas de que se trate. Por un lado tenemos una unidad geopolítica circundada por dos océanos que ha dado lugar a visiones geopolíticas hegemónicas en los últimos dos siglos. En el siglo XIX la llamada doctrina Monroe (América para los americanos)4 aspiraba a evitar la injerencia de las potencias europeas. En el siglo XX la concepción unitaria se manifiesta en la creación de una Organización que reagrupa a todos los estados americanos (OEA) y cuya sede es Washington Por el otro lado, ante la ausencia de un eje articulador similar al que hoy vertebra a la Unión Europea, el continente se pluraliza y entonces se habla de las Américas, una de las cuales ineludiblemente es la llamada Latina. Para los norteamericanos no ha sido sencillo convivir con esa entelequia llamada América Latina (AL) porque desde sus orígenes les resulta una formulación ajena a su tradición. El concepto geopolítico de América Latina fue desarrollado por la política exterior francesa del siglo XIX. Para el renovado espíritu imperial de Napoleón III, América recobraba el interés que Francia nunca logró respaldar en los siglos anteriores en el continente. Su objetivo era contener la influencia de los Estados Unidos en las repúblicas hispanoamericanas y de manera prioritaria en México. Los franceses plantearon que el vínculo espiritual que los unía con las naciones americanas era la latinidad, un origen que llegaba a los pueblos americanos a través de las lenguas romances que se hablan en la región. El origen latino de los países que se ubicaban al sur de los Estados Unidos, ofrecía una forzada identidad pero con el tiempo resultó muy eficaz porque ponía a disposición de las nuevas naciones un paraguas identitario que no pasaba por el tradicional vinculo colonial (luso o hispano) y permitía establecer un contraste con los anglo sajones. Los latinos frente a los sajones era la dualidad que se imponía en las elites americanas y con el tiempo también en el imaginario colectivo. América son ellos y comparten con otras Américas el territorio continental. Por supuesto la pregunta inmediata es: ¿cuántas Américas más existen? La primera clasificación es la convencional división geográfica que divide el continente en cuatro grandes regiones: la del norte que incluye a Canadá y a México, la central va de Guatemala a Panamá, la América del Sur va de Colombia a la Tierra del Fuego, la insular que incluye todas las Antillas. La división geográfica no excluye otras divisiones como las que se derivan de clasificaciones cuyo eje articulador es la lengua ya sea español, portugués, francés o inglés.
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Véase: Moreno Pino, Ismael, “Aspectos Históricos” en Orígenes y Evolución del Sistema Interamericano”, México, Colección del Archivo Diplomático Mexicano, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1977, pp. 48-73. Murphy, Gretchem, Hemispheric imaginings. The Monroe Doctrine and narratives of U.S. Empire, Duke University Press, 2005. Rappaport, Armin, The Monroe Doctrine, New York, Robert Kreiger Publishing Company, 1976.
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Las divisiones no sólo tienen propósitos clasificatorios implican también una distancia explícita que jerarquiza las relaciones y las hace más cercanas o más lejanas según sea el caso. En algunos se busca la cercanía y por ello el criterio para reagrupar se abre o se restringe. Con sus dos vecinos (México y Canadá) los Estados Unidos experimentan con mayor intensidad esta paradoja de ser cercanos y distantes según el criterio clasificatorio que se use. Canadá, por ejemplo, es un sólido aliado de los Estados Unidos en la OTAN y en el mecanismo de defensa de Norteamérica llamado NORAD; es también un socio comercial de pleno derecho en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN y más recientemente ha acoplado su dispositivo de seguridad nacional al esquema regional de América del Norte. Sin embargo, todos estos vínculos no desarrollan una unidad geopolítica coherente como ocurre en Europa. Hoy más que nunca son dos entidades soberanas con sus prioridades propias y sus valores nacionales en conflicto. México, a su vez, tiene en términos generales el mismo nivel de integración económica y comercial que tiene Canadá con la potencia y comparte las prioridades de seguridad regional que definen los EE.UU. No obstante, no se ha desarrollado un principio de identidad regional entre los tres países que los identifique como miembros de un espacio geopolítico dotado de coherencia interna5. México se reagrupa con mayor facilidad en los conjuntos geopolíticos de Latinoamérica o Ibero América (que incluye a Portugal y España). El norteamericano es un modelo de integración basado estrictamente en el libre comercio y en los temas de seguridad que no reconoce ni el desarrollo de entidades supranacionales que coordinen los esfuerzos de cada uno de los países, ni tampoco la cohabitación de millones de personas de estirpe mexicana y de habla hispana en su propio territorio. Volveremos sobre este punto. La América central y la América insular han sido tradicionalmente consideradas por los Estados Unidos como su patio trasero. Un espacio de libre disposición y con gobiernos débiles para desarrollar cualquier tipo de actividad. Durante la guerra civil norteamericana, por ejemplo, algunos de los miembros del gabinete de Abraham Lincoln, proponían ocupar territorios en América central o el Caribe para enviar a la población afro americana a los mismos, como si esos territorios les pertenecieran. Formalmente no les pertenecían, pero disponía de ellos como si fuesen su trastero o su bodega. El desprecio por la soberanía de estos países ha sido una constante hasta este siglo. Demasiados ejemplos podrían distraernos de nuestro propósito central, pero vale la pena recordar algunos episodios que condicionan la mirada que los Estados Unidos tienen sobre la región aún en pleno siglo XXI. El caso más conocido es el de Cuba, país que, como es sabido, experimentó en 1959 una Revolución que derrocó al gobierno pro americano de Fulgencio Ba-
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Un sugerente ensayo escrito desde la perspectiva canadiense sobre este asunto es el de Drache, Daniel, La ilusión continental. Seguridad fronteriza y búsqueda de una identidad norteamericana, México, Siglo XXI editores, 2007.
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tista. Los Estados Unidos han desplegado desde entonces hasta el presente, con las variaciones políticas de las distintas administraciones, una incomprensible actitud de negación de los hechos consumados. La actitud de los Estados Unidos hacia la isla combina elementos externos con rivalidades y pugnas de la política partidista del estado de la Florida. Las relaciones con Cuba son tratadas en el ámbito externo a través de condenas y mecanismos sancionadores tan conocidos como el bloqueo al régimen de los hermanos Castro. Pero también son un asunto interno debido a la presencia de una influyente colonia cubano americana que exige tratar el tema cubano bajo una determinada óptica en el Congreso norteamericano. La visión tradicional que desde Washington se ha tenido sobre la isla se puede entender mejor si recordamos el origen de Cuba como república independiente. Tras la guerra de 18986 en la que España pierde sus últimas posesiones americanas, los Estados Unidos quedan como el gran árbitro de la región. En 1901, las fuerzas norteamericanas de ocupación consiguieron incluir en la constitución de la joven república la famosa “Enmienda Platt”, merced a la cual los Estados Unidos tenían la facultad de intervenir en los asuntos de la isla cuando lo estimarán pertinente. Cuba fue obligada también a arrendar de manera perpetua la base naval de Guantánamo. La intervención política y militar no se limitó a Cuba. Pocos años después, en 1903, los Estados Unidos estimularon el que una parte de Colombia se independizara formando la República de Panamá bajo el patrocinio de Theodore Roosevelt7. Al igual que en el caso cubano, los Estados Unidos se garantizaron una facultad constitucional para intervenir en los asuntos de ese país y adquirieron también los derechos sobre el canal de Panamá. La zona del Canal estaba llamada a ser un foco de irradiación ideológica y de control militar de todo el subcontinente en la segunda mitad del siglo XX. La vía intercontinental y su zona aledaña fueron la sede de dos instituciones que marcaron las relaciones de los Estados Unidos con América Latina. Una es el Comando Sur, desde donde se coordinaban las operaciones militares que desembocaron en muchos casos en intervenciones directas. La otra es la Escuela de las Américas, en cuyas aulas se graduaron una buena parte de los represores latinoamericanos quienes en nombre de la guerra contra el comunismo, plagaron el continente de dictaduras militares. La presencia norteamericana en Panamá cesó al finalizar el siglo XX al amparo de los tratados Torrijos Carter firmados en 1977. Sin embargo, la transferencia de soberanías no estuvo exenta de problemas. En diciembre de 1989,
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Elorza, Antonio, La guerra de Cuba 1895-1898, Madrid, Alianza. Collin, Richard, Theodor Roosvelt’s Caribbean: The Panama Canal, the Monroe Doctrine, and the Latin American Context, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1990. Hendrix, Henry, Theodore Roosevelt’s Naval Diplomacy. The US and the birth of the american century, Washington, USNI, 2008.
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unas semanas después de la caída del muro de Berlín y de la proclamación de un nuevo orden mundial por parte del Presidente George Bush, cerca de 30 mil efectivos norteamericanos invadían territorio panameño en una operación cuyo nombre fue: “Causa justa”. El despliegue militar fue rápido y el objetivo central era detener a Manuel Antonio Noriega como si fuera un residente en California o en Alabama. La soberanía panameña no significó absolutamente nada para las fuerzas de ocupación americanas quienes además hicieron que el nuevo presidente Guillermo Endara jurara el cargo en una de sus bases navales. Otros ejemplos pueden citarse para documentar la escasa consideración que los Estados Unidos tienen hacia sus vecinos de esa región. Tenemos el caso de las intervenciones en República Dominicana y en Nicaragua. Podríamos detallar cada uno de estos episodios pero perderíamos el hilo de nuestro trabajo. Lo importante es identificar que la visión imperial de la llamada diplomacia de las cañoneras considera que el Caribe es un mar patrimonial de los Estados Unidos y que los países que integran esa cuenca son estados vasallos con gobiernos manipulables a los que se puede utilizar en el sentido que más convenga a sus intereses. No ha existido, en todo este tiempo de vida independiente de los países americanos, una relación de respeto a las soberanías de esas Repúblicas. La relación nace, pues, con un desequilibrio original que generará profundas desconfianzas y actitudes arrogantes que impiden un reconocimiento mutuo sobre bases estables. Muchos autores se han preguntado si la arrogancia norteamericana desplegada hacia los países del sur puede explicarse, entre otras cosas, por la debilidad estructural de sus vecinos para contener primero su avance territorial en el sur y después desarrollar la idea del imperio en la cuenca del golfo de México. La pregunta puede resultar ociosa si nos remitimos a un recuento de los hechos tal como acontecieron, pero tiene utilidad analítica para comprender en que forma se han desarrollado las relaciones internacionales en la región. Paul Johnson, en su muy notable historia de los Estados Unidos, explica cómo a partir de 1830, año en que se habían establecido en Texas miles de colonos norteamericanos sin que los sucesivos gobiernos de México pudieran hacer algo para impedirlo, plantea el problema de la debilidad estructural de las repúblicas latinoamericanas. El autor inglés formula el argumento así: “… si México hubiera mantenido la estabilidad, las cosas hubieran sido diferentes y su poder habría perdurado. Si Estados Unidos hubiese sido inestable, podría haber sido menos codicioso. Pero el hecho histórico es que México era inestable y Estados Unidos, estable”8.
En resumen, el entorno nunca le ha infundido respecto a la potencia y buena parte de sus políticas regionales se explican por esta desequilibrada relación
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Johnson, Paul, Estados Unidos. La historia, Barcelona, Javier Vergara, 2001, p. 353.
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inicial. No es preciso extendernos más en este asunto para entrar a la época a la que está consagrado este capítulo.
LOS EJES CONDUCTORES DE LA RELACIÓN La relación entre los Estados Unidos y Latinoamérica se ha articulado en los últimos años en torno a cinco grandes ejes problemáticos que permiten encontrar algunas regularidades, pero por la propia dinámica política de cada una de las naciones y el grado de especialización que algunas de ellas tiene, es necesario ser prudentes con las generalizaciones. Cada país presenta una problemática específica y tras el fin de la guerra fría esto ha tendido a ser más aceptado. Los Estados Unidos han entendido que el nuevo contexto exige desarrollar relaciones particulares con cada uno de los países del subcontinente, lo que provoca discontinuidades y casos específicos que merecen un estudio diferenciado. Cuba, por ejemplo, no puede ser tratada como Venezuela; o México como Brasil. Cada uno de ellos presenta rasgos muy particulares que no admiten las groseras generalizaciones que se hicieron en el auge de la guerra fría. Los grandes ejes articuladores de la relación Washington América Latina son los siguientes: el anticomunismo, la cooperación, las drogas, la migración y el libre comercio. Consideremos por separado cada uno de ellos.
LA POSGUERRA Y LA GUERRA FRÍA La Segunda Guerra Mundial generó un realineamiento de los intereses geopolíticos e ideológicos de la potencia. La decisión del gobierno de Franklin Delano Roosevelt de replicar con severidad el bombardeo japonés a la base militar de Pearl Harbor en 1942 modifica la percepción muy difundida entre los llamados aislacionistas de que la excepcionalidad de los Estados Unidos les daba la ventaja práctica de no tener que inmiscuirse en los conflictos euroasiáticos. Esa visión de un aislamiento casi paradisíaco, garantizado por dos grandes océanos, se quiebra en 1942 y obliga a Washington a releer sus prioridades geoestratégicas y a ver con nuevos ojos a sus vecinos americanos. La primera consecuencia es constatar en la práctica que su territorio no es intangible y por ello celebra con Canadá9 y después con México10 tratados militares para enfrentar de manera conjunta un eventual ataque por parte de las potencias del eje, especialmente por el costado del Pacífico. Eran los tiempos de la unidad en contra del fascismo y las repúblicas latinoamericanas tuvieron, por primera vez en la historia, la ocasión de ser tratadas
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Véase: Drache, Daniel, op cit. Sobre las relaciones México-Estados Unidos en esa coyuntura puede verse Chacon, Susana, Las relaciones México-Estados Unidos. Entre el conflicto y la cooperación, México, FCE, 2007.
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como aliadas. Esa nueva disposición se reflejó en lo que genéricamente se llamó la política del buen vecino, auspiciada por el Presidente Roosevelt como un nuevo trato a los países de América. Al terminar la segunda guerra se extendió por el planeta una ideología igualitaria que se nutría de la mala conciencia que la guerra había dejado como legado y se pretendía que la nueva Organización, que suplía a la Liga de Naciones, tuviese como norma un renovado respeto por cada país signatario y asegurar que cada uno de ellos tuviese un asiento y un voto en la nueva organización internacional. A la ONU se le llegó a llamar, pomposamente, el Parlamento de la humanidad en la medida en que su diseño refleja la aspiración de que todos los países tuviesen representación en el foro de discusión mundial11. La esperanza de que los Estados Unidos, grandes triunfadores de la guerra e indiscutibles líderes de occidente y promotores de la ONU, quedaran impregnados de esa buena disposición a edificar un sistema internacional más equitativo y basado en la legalidad y la cooperación, hizo albergar alguna esperanza de que la potencia planteara un nuevo modelo de relación a los países latinoamericanos. El optimismo, sin embargo, duró poco y terminada la guerra las prioridades de la potencia cambian y la relación jerárquica vuelve a ser la norma. La contención del comunismo se convierte en la más alta de las prioridades de la administración del Presidente Truman en el ámbito planetario y a fortiori en el continente americano. Un elemento articulador de la nueva estrategia es la contención de la expansión del comunismo en todo el planeta. Tras la derrota del nazismo y el fascismo, el marxismo en sus diferentes expresiones se convierte en el gran enemigo a vencer. Contener el avance espiritual y territorial de la URSS es el objetivo de todas las organizaciones y tratados de defensa y seguridad que los Estados Unidos suscriben con países del Atlántico Norte (OTAN) y con América Latina (TIAR). La llamada agenda hemisférica, que no es otra cosa que la agenda continental, se concentra en evitar que las fuerzas afines a la Unión Soviética ocupen espacios en América. En 1947-48 los Estados Unidos consiguen que los países del continente se reagrupen en una nueva organización de Estados americanos (OEA) y a partir de esa instancia de coordinación continental suscriban un mecanismo de defensa conjunto cuyo corolario fue el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). El tratado tenía claros tintes de “cordón sanitario” para evitar el avance del comunismo en la región. Vale la pena retomar literalmente el artículo más importante del instrumento:
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Kennedy, Paul, El parlamento de la humanidad, Barcelona, Debate, 2007.
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ARTÍCULO 3.° 1. Las Altas Partes Contratantes convienen en que un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de dichas Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. 2. A solicitud del Estado o Estados directamente atacados, y hasta la decisión del Órgano de Consulta del Sistema Interamericano, cada una de las Partes Contratantes podrá determinar las medidas inmediatas que adopte individualmente, en cumplimiento de la obligación de que trata el parágrafo precedente y de acuerdo con el principio de la solidaridad continental. El Órgano de Consulta se reunirá sin demora con el fin de examinar esas medidas y acordar las de carácter colectivo que convenga adoptar. 3. Lo estipulado en este Artículo se aplicará en todos los casos de ataque armado que se efectúe dentro de la región descrita en el Artículo 4.° o dentro del territorio de un Estado Americano. Cuando el ataque se efectúe fuera de dichas áreas se aplicará lo estipulado en el Artículo 6. 4. Podrán aplicarse las medidas de legítima defensa de que trata este Artículo en tanto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales12.
La estrategia de contención del comunismo se despliega en dos grandes vertientes. Una global con la confrontación militar de las potencias en distintos escenarios (Corea, Vietnam, etc.) La segunda es la lucha contra el comunismo al interior de los países que en América Latina tuvo probablemente una de sus expresiones más crudas. Al comunismo, en suma, se le confronta de manera simultánea en el plano global y se le combate a muerte al interior. La primera vertiente de la estrategia era evitar la expansión territorial de la Unión Soviética en el llamado Tercer Mundo13. Esta confrontación tuvo como teatro de operaciones Asia y África fundamentalmente, aunque en América tuvo también una expresión militar especialmente virulenta: Cuba. La revolución cubana del 1959, que inicialmente se presentó como un movimiento inspirado en una ideología nacionalista y liberadora, con el tiempo se escoró hacia los intereses de la Unión Soviética. La presencia soviética en la isla generó una enorme tensión político-militar que desembocó, en octubre de 1962, en la conocida crisis de los misiles. Esta crisis confrontó a los Estados Unidos y a la Unión Soviética en un espacio que estratégicamente la potencia americana consideraba su zona de influencia exclusiva. Una confrontación que implicaba, por primera vez en la historia, la posibilidad de una guerra nuclear. La solución de la crisis ha sido ampliamente estudiada en obras especializadas e incluso ha sido llevada con fortuna a las pantallas cinematográficas14 e implicó una especie de empate
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http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-29.html Una obra muy útil para conocer las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética es la de Powasky, Ronald, La guerra fría, Barcelona, Crítica, 2000. Una espléndida película que recrea esta coyuntura es de Donaldson, Roger, Thirteen days (13 días), New Line Home, 2001.
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entre las potencias. La Unión Soviética retiró sus cohetes de la isla, pero el régimen comunista de Fidel Castro sobrevivía y se convertiría en las siguientes décadas en un importante difusor de ideología y de apoyo práctico a los grupos que en distintos puntos del continente acariciaban el sueño de hacer realidad la utopía comunista por la vía armada. Para los responsables de la política exterior de los Estados Unidos, y por supuesto también para los responsables de la seguridad y la defensa, el episodio cubano también resultaba ejemplar, pero por razones muy distintas. Lo que había ocurrido en Cuba lo asumían como un hecho consumado, pero establecieron como irrenunciable prioridad el que una situación similar no volviese ocurrir en ningún otro país del continente. Para conseguir este objetivo era fundamental atacar el problema desde la raíz. La breve administración de JF Kennedy heredó el conflicto cubano y tuvo que manejar la crisis los misiles. El avance del comunismo se usó como arma arrojadiza por parte de los radicales para criticar a un gobierno que consideraban débil para enfrentar el avance de la izquierda. Después del fracaso que representó la conversión de Cuba al comunismo, el presidente Kennedy reconocía que la brecha económica que se abría entre las dos Américas era en parte la razón por la cual las ideas revolucionarias tenían tantos partidarios en los países del subcontinente latinoamericano. Si los republicanos tradicionales pedían mano dura contra el comunismo o cualquiera de sus variantes, en el frente de los demócratas la preocupación por el avance del comunismo era también importante pero con un mayor nivel de creatividad analítica explicaban que la “amenaza comunista” se expandía porque encontraba en la pobreza y la desigualdad reinantes en toda Latinoamérica un terreno fértil. De esta forma, resultaba crucial revertir esta situación a través de un programa de ayudas económicas para promover la prosperidad y generar desarrollo. Este programa tuvo alcance continental pero corta vida y se llamó la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso retomaba aspectos de la política del buen vecino que alentó Rooseelt y también parte de la doctrina que movió al Plan Marshall en Europa: es imperativo ayudar a los aliados a fomentar el desarrollo económico para evitar que caigan en la órbita enemiga. El discurso del Presidente Kennedy era el siguiente: “A nuestras hermanas repúblicas allende nuestra frontera meridional les ofrecemos una promesa especial: convertir nuestras buenas palabras en buenos hechos mediante una nueva Alianza Para el Progreso; ayudar a los hombres libres y los gobiernos libres a despojarse de las cadenas de la pobreza. Pero esta pacífica revolución de esperanzas no puede convertirse en la presa de las potencias hostiles. Sepan todos nuestros vecinos que nos sumaremos a ellos para oponernos a la agresión y la subversión en cualquier parte de las Américas. Y sepa cualquier otra potencia que este hemisferio se propone seguir siendo el amo de su propia casa”15.
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Kennedy, John F, Discurso de toma de posesión 1961 en: www.inep.org/content/view/2591/73/
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La Alianza fue la cara amable de la política de contención del comunismo, pero era algo más que una estrategia de relaciones públicas. En el fondo fue una apuesta por retomar la idea de que el reformismo democrático podía abrir espacios para reducir las terribles desigualdades de la misma manera que se había hecho en Europa Occidental. En el viejo continente el capitalismo consiguió edificar instituciones sociales que pudiesen rivalizar e incluso superar lo que los regimenes del llamado socialismo real habían conseguido en materia de política social. Sin embargo, el eje conductor de la política norteamericana hacia la región en los años que vendrían no se mantendrá con esta aplicación del poder suave, tratando de ganar la disputa ideológica a los sectores más radicales que proponían que el capitalismo era irreformable desde la democracia liberal. La izquierda más radical encontraría en la actitud de la potencia su mejor elemento legitimador. La imagen del mítico guerrillero argentino Che Guevara se convertía en un icono y la imagen del reformista Kennedy y sus seguidores en todo el continente se diluían en el imaginario colectivo. En efecto, la política hacia el continente se endurece y el apoyo a soluciones radicales de derecha, como el restringir y reprimir a los grupos y organizaciones de filiación izquierdista e incluso soluciones abiertamente anticonstitucionales, como los golpes militares, se convierte en algo frecuente. En contraparte, los apoyos a programas de cooperación para el desarrollo se reducen hasta la mínima expresión y el respeto a las decisiones de gobiernos soberanos para mitigar la pobreza o situaciones de flagrante injusticia en algo prescindible.
EL ANTICOMUNISMO Y LOS REGIMENES DE SEGURIDAD NACIONAL En este contexto histórico de endurecimiento de las posiciones y de un virtual abandono de la estrategia del reformismo democrático para generar prosperidad y repartir la riqueza de un modo más justo, es donde encontramos la segunda vertiente de la estrategia clásica de la guerra fría desplegada en la región y es la contención del comunismo al interior de cada uno de los países. La visión tradicional del patio trasero que venía desde el siglo XIX se complementa en esta coyuntura con las doctrinas anticomunistas al uso y ambas arrojan como resultado práctico el apoyo a regimenes autoritarios encargados de la aplicación de políticas represivas para erradicar los movimientos de inspiración izquierdista que disputaran, al interior de los países, el conjunto de valores del llamado mundo libre16. En nombre de la defensa del mundo libre y la seguridad nacional, los Estados Unidos desplegaron, como lo hicieron en tiem-
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Para tener una idea bastante precisa de la evolución política de Latinoamérica puede verse el libro colectivo de Diamond, Larry; Hartlyn, Jonathan; Linz, Juan y Lipset, Seymour, Democracy in developping countries: Latin America, London, Lynne Rienner, 1999.
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pos de la diplomacia de las cañoneras en los albores del siglo XX, una serie de maniobras injerencistas con distintos grados según el proceso interno de cada uno de los países latinoamericanos. La primera de estas intervenciones ocurrió en Guatemala. En efecto, en 1954 las agencias de seguridad norteamericana, y de manera muy especial la CIA, orquestaron el derrocamiento del gobierno democráticamente electo de Guatemala encabezado por Jacobo Arbenz17. La razón de este golpe sigue siendo objeto de polémica. El presidente proponía tímidas reformas, una de ellas agraria, que dañaba los intereses de una multinacional ligada a la agroindustria (United Fruit). El patrón de intervención quedó establecido desde entonces: si algún gobierno reformista en América Latina osara alterar los intereses de alguna compañía norteamericana, sería considerado por las agencias diplomáticas y de seguridad de ese país como un enemigo comunista al que era lícito derrocar. El reduccionismo llegó a tener niveles absurdos al equiparar mecánicamente cualquier decisión soberana que afectara algún interés significativo de la potencia con un movimiento soviético en el continente. El saldo más triste de la experiencia comunista en AL fue la aplicación del anticomunismo como política continental. El derrocamiento de Arbenz mandó una señal en sentido contrario y tuvo un efecto demoledor en la conciencia de los sectores progresistas de Latinoamérica. Es probable que los revolucionarios cubanos que tomaron el poder cinco años después hayan tomado buena nota de esa experiencia. La potencia no parecía dispuesta a reconocer que cada estado merecía el más elemental respeto a su capacidad de autodeterminarse, así como a desplegar políticas de redistribución de riqueza que les parecieran apropiadas. Si en Guatemala se optó por el derrocamiento de un gobierno legitimo, no había razón para suponer que este comportamiento cambiaría en el tratamiento de otros casos. Algunos autores, como José Luis Valdés, consideran que Guatemala fue un laboratorio en el que se experimentó el modelo de intervención que se usaría de manera recurrente hasta la mitad de los años 70 en diversos países de la región. Una buena parte de los ejércitos de América Latina18 se convirtieron durante esa etapa (a través de un eficaz adoctrinamiento impartido en la Escuela de las Américas ubicada en la zona del canal de Panamá), en los brazos ejecutores de una política represiva, primero soterrada y subrepticia y después abierta y desembozada ocupando los espacios de los gobiernos constitucionales a través de golpes de estado.
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Sobre este tema véase Valdés, José Luis, Intervención y poder mesiánico. La guerra fría en Guatemala, 1954, México, UNAM, 2004. Para conocer más a fondo el tema Rouquié, Alain, El Estado Militar en América Latina, México, Siglo XXI, 1984.
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El proceso no fue uniforme en todo el continente, pero en una buena parte de los países de Centro y Sudamérica se instalaron gobiernos de corte autoritario encabezados en algunos casos por un dictador y en otros por distintas modalidades de juntas militares, sin que la potencia se pronunciara sobre su título de legitimidad. Los Estados Unidos definieron en ese contexto su seguridad nacional en función de un entorno continental favorable a sus intereses. El mensaje era que se sentía más segura mientras más países aceptaran la economía de mercado y el liderazgo de Norteamérica y si eran democráticos mejor, pero esencialmente había que cumplir los dos primeros requisitos. Por supuesto que no todos los elementos que definen a una democracia respetuosa de la legalidad resultaban indispensables para tener la anuencia del Coloso del Norte. Por esa razón si el régimen democrático abría un espacio para que proyectos alternativos al hegemónico compitieran por el apoyo popular y peor aún lo ganaran, se consideraban legitimados para derrocar a ese gobierno e incluso, apoyados por los ejércitos nacionales, destruir el entramado democrático y constitucional. El argumento era la defensa del mundo libre y sus valores y en última instancia de la seguridad nacional. Por esa razón los regímenes autoritarios que suprimieron libertades y violaron masivamente los derechos humanos son conocidos como regímenes de seguridad nacional. En 1965, Estados Unidos envía miles de efectivos a la República Dominicana para sofocar un movimiento de restauración del presidente Bosch. La obsesión por evitar el avance del comunismo genera presión en todo el continente. En los setenta la oleada de golpes no se detiene. En 1973 los militares tomaron el poder en Uruguay. Los grandes intereses norteamericanos apoyan de manera decisiva el golpe de estado en contra del Presidente Salvador Allende en Chile. Tres años después, una junta militar asume el poder en la Argentina y abre uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de la represión en América Latina. Cada uno de estos episodios merece por supuesto mayor detenimiento y se verán más adelante, pero para los efectos de este capítulo lo importante es identificar que estos acontecimientos, a pesar de sus innegables particularidades nacionales, se inscriben en una estrategia más amplia que obedecía al designio establecido desde los centros de poder de Washington y tenía como innegable telón de fondo la confrontación Este/ Oeste. En América del Sur la influencia política es un poco más matizada que en Centroamérica y el Caribe, pero Washington es un factor arbitral importante para inclinar la balanza en un sentido o en otro. Los procesos políticos de cada uno de los países sudamericanos tienen su especificidad y obedecen a patrones políticos distintos. En algunos (como Colombia) la democracia con claros acentos oligárquicos convivió (y de hecho convive) con poderosos grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante años apoyado desde Cuba y las FARC que han abandonado la bandera política y han tenido una deriva criminal hacia el tráfico de drogas.
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En Brasil el gobierno de Goulart no fue muy claro en despejar tentaciones cesaristas y reelectivas19 y esa circunstancia fue aprovechada por fuerzas de origen derechista para dar paso a un sistema formalmente democrático con el control de los militares y con muchas restricciones para los partidos de izquierda20. En Argentina, Chile y el Uruguay los conflictos internos tenían su propia lógica y la guerra fría tuvo, en esos países, expresiones vernáculas particularmente atroces. La lógica que impulsó a los militares argentinos es diferente al impulso golpista del General Pinochet en Chile. Estas particularidades nacionales no eximen a los Estados Unidos de haber llevado la confrontación Este/Oeste a los espacios nacionales con gran virulencia. Por lo tanto, el papel de los Estados Unidos en Sudamérica es relevante pero más como inductor y formador ideológico de las elites militares, que como operador directo con soldados americanos como sucedió en la parte central del continente. Mención a parte merece el caso de México. La guerra fría tuvo sus manifestaciones allí21 Y el país no estuvo exento de represiones y control político de los movimientos radicales, pero las particularidades del régimen revolucionario que gobernó a ese país durante todo el siglo XX explican la razón por la cual la guerra fría tuvo un impacto diferente. Una buena parte de los activistas más radicales, como Vicente Lombardo Toledano, fueron cooptados por el régimen y eso evitó confrontaciones mayores como las que ocurrieron en otras latitudes. El régimen mexicano de corte revolucionario consiguió un equilibrio asombroso entre las preocupaciones norteamericanas de contener el comunismo y las prioridades de política exterior del régimen de Cuba, principal difusor e impulsor práctico de los movimientos revolucionarios en América Latina. Las consecuencias de haber apoyado golpes de estado y graves violaciones a los derechos humanos desde las embajadas norteamericanas, incrementó la distancia espiritual entre los movimientos populares y progresistas de América Latina y los Estados Unidos.
LOS AÑOS OCHENTA: LA CRISIS DE CENTROAMÉRICA En los años 80 la atención norteamericana regresa América central y de manera muy señalada se concentra en El Salvador y Nicaragua22. En el primero, la fuerza de la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación nacional
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Por cierto estas tendencias reeleccionistas han adquirido nuevos bríos en los últimos años en países tan diversos como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Nicaragua y Colombia. Lamounier, Bolivar, Brazil inequality against democracy. Página 163. Es muy interesante la lectura de un libro reciente sobre las actividades de la CIA en México en esa etapa de la historia. Morley, Jefferson, Our man in Mexico. Winston Scout and the hidden history of the CIA, University Press of Kansas, 2008. Pastor, Robert: EL Remolino. Política Exterior de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. México, Siglo XXI, 1995.
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(FMLN) adquiere cada vez mayor potencia y consigue desafiar militarmente al gobierno establecido, lo cual implicó el desarrolló de una auténtica guerra civil que terminó con la firma de unos Acuerdos de Paz en México en 1992. En Nicaragua los Estados Unidos defendieron y protegieron a la dinastía de los Somoza, una oligarquía particularmente atávica y cruel que se mantuvo al frente del país durante décadas. Cuando los nicaragüenses finalmente derrocaron a Somoza en 1979, los Estados Unidos, lejos de comprender que un pueblo se sacudía a un tirano e intentaba encontrar su camino, se dedicaron a azuzar al gobierno sandinista y recurrieron incluso a operaciones de venta de armas ilegales a Irán para financiar a los grupos paramilitares llamados “contra”. El escándalo “Irán-Contra” fue de uno de los episodios más vergonzosos de la historia regional, en la medida en que la potencia militar más grande de la historia se ensañaba contra un pequeño país de Centroamérica que no parecía estar en condiciones de alterar los equilibrios de poder regionales. La revolución sandinista, asediada por Washington, se convirtió en un referente simbólico a nivel global de la arbitrariedad con la que el gobierno de los Estados Unidos se conducía en la región23. Otras invasiones de menor relieve ocurrían en esos años pero obedecían al mismo patrón. Por ejemplo, 5.000 infantes de marina tomaron el control de la isla de Granada para evitar el retorno del presidente Bishop al poder. La última de las intervenciones estadounidenses en la región ocurre unas semanas después de que cayera el muro de Berlín en noviembre de 1989. De manera desproporcionada, el gobierno de Bush (padre) decide invadir Panamá. La justificación ya no provendrá del amplio abanico de coartadas del anticomunismo, sino de la nueva prioridad de seguridad que despuntaba en los 80 y que hasta la fecha permanece como uno de los temas más importantes. El ocaso de la Guerra Fría presagiaba la aurora de la narcotización de la agenda Estados Unidos y América latina24.
EL COMBATE AL NARCOTRÁFICO En el ecuador de los 80 y a medida que se eclipsaba el poder de los soviéticos, la confrontación ideológica baja de nivel y empieza a enfocarse sobre dos temas primordiales. El primero es la crisis originada por la enorme deuda externa de las principales economías de la región (especialmente Brasil y México) de la que
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Este grave escándalo de la administración de Reagan ha sido objeto de múltiples investigaciones e incluso un testimonio de uno de los implicados (Oliver North). Puede verse Kornbluh, Peter, Byrne, Malcom (eds): The Iran Contra Scandal. The declassified history, New York, The New Press, 1993. Una visión panorámica del problema tratado en los primeros años de los 90 es la compilación de Smith, Peter, El combate a las drogas en América, México, Fondo de cultura económica, 1993.
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nos ocuparemos más adelante y el otro tema que va marcar el paisaje estratégico de las relaciones es el combate al narcotráfico. El cultivo y las exportaciones ilegales de estas sustancias van a generar una economía criminal de grandes proporciones. El Presidente Reagan fue el responsable de elevar el combate a la producción, distribución y consumo de drogas a la categoría de Guerra. La utilización del término implicaba que la potencia estaba dispuesta a utilizar todos los recursos económicos, políticos, diplomáticos y militares para enfrentar ese flagelo de la misma manera que lo había hecho durante la guerra fría para enfrentar el comunismo. Para entender el problema del narcotráfico en la región y la problemática que éste genera en la relación con los Estados Unidos, es preciso comprender, como explica Juan Gabriel Tokatlián, la tradición prohibicionista norteamericana que ha tenido dos expresiones importantes en el siglo XX25. Como es sabido, en el año 1919 entró en vigor en los Estados Unidos una enmienda constitucional que prohibía el consumo del alcohol y se fundaba en una larga tradición política y religiosa que considera al americano un pueblo elegido (una expresión más del excepcionalismo norteamericano) al que fuerzas externas corrompen con el consumo de sustancias que implican cambios orgánicos o anímicos, como el alcohol y las llamadas drogas psicotrópicas. Hasta el año 1933 una nueva enmienda, promovida por Franklin Delano Roosevelt, abre nuevamente la posibilidad de no criminalizar el consumo del alcohol. Esta etapa de la historia norteamericana ha sido retratada con amplitud en libros y películas. Es la época dorada de los gángsters y las mafias que controlaban el mercado negro de bebidas alcohólicas. No es el propósito de este trabajo profundizar en esta ideología prohibicionista que tiene una vieja raigambre26, pero consideramos fundamental entender sus grandes líneas para desentrañar la naturaleza del problema que hoy confrontan muchos países latinoamericanos en su relación con los Estados Unidos y una de ellas es que la contraparte del prohibicionismo es una criminalidad organizada que crece simétricamente al tamaño del mercado de la sustancia prohibida. La relación de los Estados Unidos con las drogas ha sido estudiada por diversos autores como Antonio Escohotado, a quien debemos el tratado más esclarecedor sobre las drogas y su consumo. Derogada la prohibición del alcohol en 1933, los Estados Unidos empezaron a enfrentar, cada vez con mayor fuerza, el
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Tokatlián, Juan Gabriel, Drogas, dilemas y dogmas. Estados Unidos y la narcocriminalidad organizada en Colombia, Bogotá, TM editores, 1995. En 1869, por ejemplo, se constituyen en los Estados Unidos el partido prohibicionista que aspiraba redimir no sólo al pueblo norteamericano sino el mundo entero. En 1873 se crea una sociedad para la supresión del vicio que es el progenitor de la cruzada contra las drogas del siglo XX. En 1895 se crea la liga anti-salón que pugna por una América limpia de ebriedad, juego y fornicación. Véase Escohotado, Antonio, Historia elemental de las drogas, Barcelona, Anagrama, 1996, p. 99.
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problema de la reglamentación del consumo del opio, la morfina, la marihuana y la cocaína. El consumo de esas drogas para fines medicinales o recreativos fue cosa común en el siglo XIX y los primeros años del siglo XX. El presidente Lincoln, por ejemplo, pedía láudano para mitigar sus dolores y se consideraba un analgésico común. Los lectores de Sherlock Holmes están perfectamente familiarizados con su adicción y la interpretan como la fuga de un genio inactivo. En el sur de los Estados Unidos el consumo de la marihuana era frecuente, como lo ha documentado Luis Astorga27 y sus repercusiones fuera de las comunidades consumidoras eran mínimas. Drogas como el opio estaban concentradas en grupos étnicos específicos como los chinos y tenían un tratamiento distante por parte de las élites gobernantes. El consumo de drogas era un problema de minorías o de los gobiernos locales. Por sus dimensiones y su impacto en la vida nacional no había alcanzado el rango de seguridad nacional hasta que Ronald Reagan, el más poderoso de los presidentes conservadores de los últimos años acuñó la expresión de Guerra contra las drogas con todas las implicaciones estratégicas y prácticas a las que ya nos referimos. El problema se venía incubando desde muchos años atrás. A partir del 1925 los ideólogos del prohibicionismo consiguieron desplazar sus preocupaciones nacionales al ámbito planetario. De esta forma, se desarrollan sucesivas convenciones internacionales en las que avanza una ideología que criminalizaba la producción de la droga y su venta y con ciertos matices también el consumo. Los adictos a la heroína, el opio y otras drogas conocidas ya no podían recurrir, como lo hicieron en el pasado, a las farmacias y droguerías para conseguirlas y desde entonces engrosarán un mercado negro operado por productores y comerciantes que con la nueva ideología prohibicionista eran delincuentes peligrosos. Para América Latina el asunto se complicaba más que para otras regiones del planeta. La razón es que debido a un “determinismo biológico” una buena parte de las drogas psicotrópicas tiene en su origen en América y son lo que los biólogos llaman flora endémica. La marihuana en México y la hoja de coca en América del Sur, lejos de convertirse en una actividad económica tan importante como la producción de café o el té en otras partes del mundo, se convierte en un sector estigmatizado que lejos de ser estimulado debe ser combatido con todos los recursos del estado, incluido el poder militar. Hay toda una discusión ligada a la ideología prohibicionista y la formación de grupos criminales que merece una consideración particular, pero en la brevedad estas páginas es imposible abordarla en su totalidad28. Lo importante es constatar que la concepción puritana descansa en el supuesto moral de que el estado debe prohibir el consumo de ciertas drogas y perseguir a quienes comercian con
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Astorga, Luis, El siglo de las drogas, México, Plaza y Janés, 2005. Para quienes estén interesados en profundizar en este tema pueden consultar la compilación de De Greiff, Pablo y Gustavo, Moralidad, legalidad y drogas, México, Fondo de cultura económica, 2000.
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ellas y las consumen. Si el problema se limitara a un espacio nacional, el asunto podría encararse bajo la óptica policíaca. Sin embargo, en los Estados Unidos florece la idea de que el combate no debe limitarse a la esfera del consumo y la venta, debe extenderse a la producción que se genera en países como Bolivia, Perú, Colombia y México. La problemática ligada a las drogas ha tenido manifestaciones diversas en la región. En México el tema ha generado momentos de gran tensión en la relación bilateral. Es verdad que no es un tema nuevo, ya que desde 1923 el gobierno de Álvaro Obregón prohibió, a petición de los Estados Unidos, el cultivo de la amapola y la producción de opio; y en 1927 el gobierno de Calles prohíbe la exportación de marihuana a los Estados Unidos. En 1969 el gobierno norteamericano estableció la primera operación unilateral contra las drogas (Operación Intercepción). La frontera entre los dos países se cerró temporalmente y Washington amenazó con publicar la lista de funcionarios del gobierno mexicano que se beneficiaban del contrabando de drogas si ese país no se comprometía a mejorar sus parámetros de control sobre la producción y exportación de estupefacientes. A pesar de todos estos problemas, el tema adquiere mayor relevancia en los ochenta, cuando se convierte en la prioridad estratégica de los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos. En materia de drogas, la relación entre México y los Estados Unidos ha tenido momentos de tensión como el asesinato de Enrique Camarena un agente de la DEA (Policía especializada en narcotráfico) en 1986, pero en términos generales ha transcurrido en los últimos quince años por la vía de la cooperación a través de distintos instrumentos que van desde Grupos de Contacto de los funcionarios de los dos países encargados del tema, hasta la más reciente Iniciativa Mérida (llamada así por la ciudad donde se pactó el instrumento) que prevé, por primera vez en la historia, la entrega de recursos para reforzar las capacidades institucionales de México para enfrentar el problema. Los Estados Unidos son el principal mercado de consumo de drogas del planeta y por lo tanto el endurecimiento de la lucha contra ese lucrativo negocio (que procura a los cárteles de droga mexicanos una cantidad superior a las divisas que ingresan al país por concepto de turismo29) explica el incremento de la violencia que se ha registrado en los últimos años y que ocupa espacios protagónicos en los medios de comunicación de todo el planeta. En otros países las drogas han tenido también un impacto descomunal. En el caso de Bolivia el tema está en el origen mismo del movimiento cocalero. Un movimiento que nació como respuesta a la política del gobierno boliviano, impulsada por Washington, de erradicar el cultivo tradicional de la hoja de coca. La polarización que generó esta estrategia erradicadora en sucesivos gobiernos
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La estimación del Gobierno Mexicano era que la cifra de negocios de los carteles de la droga es superior a los 13 mil millones de dólares.
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de ese país sudamericano, explica el ascenso político y parte de la formación ideológica del actual Presidente de Bolivia, Evo Morales. El país que más ha resentido el impacto del narcotráfico, tanto en su vida interna como en sus relaciones internacionales, es Colombia. Ese país sudamericano ha tenido, desde las reñidas elecciones de 1978 entre el liberal Julio César Turbay y el conservador Belisario Betancourt, al narcotráfico en el centro de su proceso político y en la primera de las prioridades en su relación con los Estados Unidos. Las acusaciones norteamericanas sobre el vínculo de sectores influyentes de la clase política colombiana con el negocio ilícito de los narcóticos, ha tocado en los últimos años a muchos miembros del poder legislativo, entre ellos el mismísimo Pablo Escobar quien fue en su momento diputado y a por lo menos dos presidentes: uno el propio Turbay Ayala y el otro fue Ernesto Samper. Ante las presiones norteamericanas, Turbay inició la primera guerra colombiana contra los estupefacientes al autorizar el derribamiento de aviones que despegaban desde la costa atlántica colombiana hacia los Estados Unidos. También hizo un despliegue de más de 10.000 hombres en el departamento de la Guajira para desmantelar el negocio del narcotráfico y para coronar su política firmó en 1979 el polémico Tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos, que facilitó el que los poderosos narcotraficantes colombianos pudiesen ser procesados en la Unión Americana. Los gobiernos de Colombia han tenido que mostrarse implacables con el narcotráfico para tratar de minimizar las presuntas vinculaciones de estos con el narcotráfico. La injerencia de los Estados Unidos en la estrategia de Bogotá ha sido creciente en estos años hasta el punto de diseñar durante la presidencia de Andrés Pastrana un plan específico para ese país, llamado “Plan Colombia”, que incluye apoyos económicos y despliegue de tropas norteamericanas en el propio territorio colombiano. La confrontación interna tiene también gran relevancia. Colombia es un país en el que las guerrillas han sido particularmente longevas, sobre las que volveremos más adelante. El grupo guerrillero denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) surgió en 1964 en el contexto de la guerra fría. Durante los primeros años las FARC tuvieron una influencia rural limitada. Es en la década de los 80 es cuando ese grupo experimenta un auge que sólo es explicable por su vinculación con el floreciente negocio del narcotráfico. Las FARC han logrado controlar una parte apreciable del territorio nacional y en 1998 consiguieron que el gobierno de Andrés Pastrana reconociera la existencia de una zona bajo su control, condición para abrir una mesa de negociación que lamentablemente no rindió los frutos esperados. Con la llegada al poder de Álvaro Uribe en 2002 se establece una estrategia de mano dura contra la guerrilla que ha tenido un efecto devastador sobre esa organización, pero no puede concluirse que el fenómeno de la narcoguerrilla sea una cosa del pasado. El costo humano y material que la llamada “guerra contra el narcotráfico” ha tenido en los principales países de América Latina, contrasta con los escasos
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resultados que se han conseguido en materia de erradicación de cultivos y de consumo de drogas. Desde la óptica de muchos funcionarios y observadores de la vida de la región, la llamada guerra contra las drogas es una guerra perdida. El poder de los grandes barones de la droga se ha convertido en una amenaza directa para la estabilidad de algunos países. En este contexto, resulta sintomático que tres expresidentes de países latinoamericanos que se mostraron particularmente rígidos en el combate a las drogas —Fernando Henrique Cardoso, Andrés Pastrana y Ernesto Zedillo— hayan formulado en 2009 una declaración conjunta en la que piden que se replantee la estrategia general. Vale la pena retomar un fragmento de la declaración de la Comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia: “Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de erradicación de las drogas. Una evaluación realista indica que: 1 América Latina sigue siendo el mayor exportador mundial de cocaína y marihuana, se ha convertido en creciente productor de opio y heroína, y se inicia en la producción de drogas sintéticas; 2 Los niveles de consumo continúan expandiéndose en América Latina mientras tienden a estabilizarse en América del Norte y Europa. 3 Un aumento del crimen organizado tanto por el tráfico internacional como por el control de los mercados domésticos y de territorios por parte de los grupos criminales; 4 Un crecimiento a niveles inaceptables de la violencia que afecta al conjunto de la sociedad y, en particular, a los pobres y jóvenes; 5 La criminalización de la política y la politización del crimen, así como la proliferación de vínculos entre ambos que se refleja en la infiltración del crimen organizado en las instituciones democráticas; 6 La corrupción de los funcionarios públicos, del sistema judicial, de los gobiernos, del sistema político y, en particular, de las fuerzas policiales encargadas de mantener la ley y el orden.
Es imperativo examinar críticamente las deficiencias de la estrategia prohibicionista seguida por Estados Unidos y las ventajas y los limites de la estrategia de reducción de daños seguida por la Unión Europea, así como la escasa jerarquía que le dan al problema de las drogas algunos países, tanto industrializados como en desarrollo… La solución de largo plazo para el problema de las drogas ilícitas pasa por la reducción de la demanda en los principales países consumidores…30.
LA CRISIS DE LA DEUDA Y EL LIBRE COMERCIO En materia económica, los Estados Unidos encontraron que todo el esfuerzo militar por contener el comunismo había no solamente minado los valores democráticos en América Latina y la existencia de regímenes representativos y
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Drogas y democracia; hacia un cambio de paradigma. Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, (2009). www.drogasydemocracia.org
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eficaces. Encontraron también enormes niveles de corrupción e ineficiencia en el manejo de las políticas económicas y de desarrollo. En los primeros años de la década de los 80 México, Brasil y en menor medida Argentina se declaraban insolventes para pagar el servicio de su enorme deuda externa. La crisis era particularmente delicada en el caso mexicano en la medida en que el gobierno de ese país tras anunciar la nacionalización de todo el sistema financiero se declaraba incapaz de cubrir sus obligaciones externas. Esta situación resultaba particularmente delicada pues muchos bancos internacionales entraban en zona de riesgo si los papeles iberoamericanos dejaban de cotizarse en el mercado. El gobierno mexicano recurrió nuevamente al gobierno norteamericano para encontrar una salida coyuntural y después una salida de mayor aliento a la crisis de la deuda. Durante los años 80 una serie de programas y planes de rescate se pusieron en marcha sin que se resolviera de fondo el grave problema de la deuda de región. El comunismo se estaba colapsando y América Latina, lejos de convertirse en una zona de prosperidad capitalista estaba postrada por sus enormes adeudos y sus problemas estructurales. Al finalizar la década, los Estados Unidos replantean su postura y ofrecen en primera instancia el Plan Brady que fue el parteaguas para liberar a las economías de la región de los grilletes de la deuda. De manera casi paralela, los Estados Unidos establecían un nuevo trato con México basado en la suscripción de un Tratado de Libre Comercio. El modelo de integración planteado primero para la región de América del Norte y posteriormente para el continente en la primera Cumbre celebrada en Miami en 1994, se articula en torno al libre comercio. México suscribió el primero de sus instrumentos y después de varios lustros de funcionamiento es razonable dudar de sus efectos benéficos. En los últimos años, los Estados Unidos han suscrito tratados de esa naturaleza con América Central y el Perú. Sin embargo, el proyecto de un Acuerdo de Libre Comercio a escala continental planteado como aspiración en 1994, ha sido enviado al desván de los recuerdos. El libre comercio como modelo de integración regional en estos tiempos no entusiasma ni a los Estados Unidos ni a la principal economía de Sudamérica y el MERCOSUR: Brasil. El presidente Obama asistió a la Cumbre de las Américas en Trinidad en 2009 y no ofreció ningún esquema novedoso en materia de relación económica entre los Estados Unidos y la región. Por lo tanto, en los próximos años es poco probable que una idea como ésa se reactive. Las tendencias que parecen consolidarse favorecen la creación de zonas regionales de libre comercio con sus propias prioridades.
LA MIGRACIÓN: VALORES EN TENSIÓN A lo largo de su historia como nación independiente, los Estados Unidos han reflejado en su política migratoria (por cierto magistralmente revisada en una
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reciente investigación por Aristide Zolberg31) la lucha por determinados valores y los juicios y prejuicios que sobre otros pueblos y etnias han aparecido en diferentes momentos de su historia. La política migratoria ha permitido ir moldeando el rostro de los Estados Unidos al favorecer o inhibir la llegada de cierto tipo de emigrantes a su territorio. El proceso es muy complejo y no es propósito de este capítulo retomarlo en su totalidad. El tema migratorio deja al descubierto una profunda contradicción que palpita en los orígenes mismos de la nación. Por un lado es un país que se autoproclama orgulloso de estar abierto a las corrientes migratorias de todo el mundo. Por el otro, está la sempiterna tentación de aplicar restricciones para ciertos grupos étnicos. La contradicción entre estas dos disposiciones del alma nacional pone al descubierto una tensión entre distintos valores que la propia sociedad norteamericana considera básicos para explicar su propia identidad. La tensión entre el valorado “melting pot” o crisol de razas, como gran sueño colectivo y las tendencias nativistas en boga expresa una paradoja colosal. En efecto, uno de los elementos identitarios que más cohesión social genera en aquel país es precisamente el sentir orgullo por ser tierra de oportunidades y libertad para quienes llegan del exterior. Esta sólida creencia popular choca con el rechazo especifico y concreto a determinados grupos migratorios. Los conflictos de convivencia con los inmigrantes dependen de diversos factores culturales, religiosos y políticos, pero el más importante suele ser el número. Si analizamos el fenómeno migratorio a los Estados Unidos desde una perspectiva centenaria, comprobaremos que salvo en los periodos de gran contracción económica, la llegada de extranjeros a territorio estadounidense ha sido una constante. En la primera década del siglo XX, llegaron cerca de nueve millones de emigrantes y en la última década de la misma centuria, la cifra era ligeramente superior. Lo que ha cambiado no es ni el fenómeno migratorio como tal, ni siquiera el número —si nos atenemos a cifras oficiales—, sino el origen de los emigrantes y el estado de ánimo de la sociedad receptora. Cierto es que a diferencia de lo que sucedía en los primeros años del siglo XX, el aporte europeo se ha reducido notablemente en las últimas décadas. De los cerca de 7 millones 400 mil inmigrantes registrados por la Oficina del Censo entre 1981 y el 2004, los europeos no llegan al 10 por ciento, siendo los originarios del Reino Unido el grupo más numeroso (1.420.000) seguido por polacos y rusos. El contingente asiático representa el 38 por ciento en ese mismo lapso. Pero es ciertamente el mexicano el que aporta el mayor número. En números redondos los mexicanos emigrados legalmente a los EE.UU. en el periodo considerado, ascienden a 1.653.000 y representan el 22.5 por ciento del total, lo que ha suscitado reacciones culturalmente orientadas en sectores influyentes como
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Zolberg, Charles: A nation by design. Immigration policy in the fashioning of America, Cambrigde, Russell Sage Foundation, Harvard University Press, 2006.
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la Universidad de Harvard y muchos medios de comunicación que estigmatizan a los emigrantes mexicanos como una amenaza a su identidad nacional. Un discurso nativista, con feroces acentos antimexicanos, se ha abierto paso y su paladín es el profesor Samuel Huntington. Este autor ha ubicado a la comunidad mexicana como un desafío a la identidad nacional norteamericana. En un largo panfleto en el que sugiere que la identidad estadounidense, una identidad religiosa y lingüística, estaba amenazada por la marea hispana. El autor defiende la identidad anglo protestante de la nación estadounidense que es desafiada por tres factores principales: una debilidad de los elementos integradores y asimiladores de la identidad estadounidense, una desnacionalización de la élite por su tendencia cosmopolita, y el predominio de inmigrantes mexicanos. La terrible amenaza mexicana proviene, según el teórico del orden político, de un hecho lingüístico que inquietaba al profesor de Harvard. Más vale retomarlo en su literalidad, porque no tiene desperdicio: “el predominio entre los inmigrantes de los hablantes (principalmente mexicanos) de una lengua no inglesa (un fenómeno sin precedentes en la historia estadounidense) y las consiguientes tendencias a la hispanización y a la transformación de los Estados Unidos en una sociedad bilingüe y bicultural”32.
El ser bilingüe y bicultural puede ser visto por muchas sociedades como una oportunidad para enriquecerse, pero para el pensamiento de un segmento de la elite universitaria de la Nueva Inglaterra, eso es simplemente una abominación. Cuando Huntignton defiende la identidad religiosa estadounidense ligada al protestantismo, el profesor llega a sostener que los Estados Unidos fueron creados: “como una sociedad protestante, del mismo modo que Pakistán e Israel fueron creados como sociedades musulmana y judía, respectivamente, en el siglo XX.”33 El catolicismo de los mexicanos es percibido como una suerte de quinta columna papalina para desbaratar las ideas centrales del credo norteamericano, que tiene su origen en el protestantismo disidente y en la creencia en una contraposición fundamental entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Los estadounidenses, argumenta el autor, son más proclives a creer en distinciones maniqueas, él prefiere llamarlas diáfanas, a las que los mexicanos (y en un sentido más general los católicos romanos) parecen más refractarios. En resumen, la cosmovisión religiosa de los mexicanos plantea un desafío enorme al edificio conceptual de los anglosajones protestantes. No es éste un tema menor y es probable que los próximos años genere, al igual que otras corrientes migratorias lo están haciendo en otras partes del mundo, problemas serios para organizar la convivencia.
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Huntington, Samuel, ¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad nacional estadounidense, Barcelona, Paidós, 2004, p. 168. Ibíd. p. 89.
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Cierto es que no es la primera vez en la historia norteamericana que se han dado reacciones de nativistas en contra de una nacionalidad en particular. Albert Jacquard34 consigna, por ejemplo, la aberrante tendencia a dar una coartada científica a la discriminación de que eran objeto los italianos en los primeros años del siglo XX. Sin embargo, en los tiempos que corren el anti mexicanismo ha crecido de manera apreciable y tiene cada vez más partidarios en los medios de comunicación. La expresión física más concluyente de este estado de ánimo es la construcción de un muro en la frontera común. De un muro se pueden decir muchas cosas relativas a la seguridad, pero es arduo sostener que se trata de un gesto amistoso o de integración. Una segunda tensión entre valores se ubica en el plano económico. Los emigrantes, más allá de asuntos identitarios, son demandados por la economía norteamericana. Por razones demográficas y de calificación de la mano de obra, el mercado laboral de los Estados Unidos depende en un grado importante del aporte de mano de obra extranjera. Esta realidad se comprueba con los índices de ocupación de los inmigrantes legales e ilegales en la economía y su adaptabilidad a los requerimientos de mano de obra en diferentes zonas del país. Para los Estados Unidos, la necesidad de mano de obra es una realidad incuestionable que, de acuerdo con las proyecciones de los expertos en el mercado laboral, no va a cesar en los próximos años. De hecho, según las estimaciones de la Oficina del Censo de los Estados Unidos entre el 2002 y el 2012 la economía americana requerirá de 56 millones de puestos de trabajo, la mitad de los cuales serán poco calificados y es por lo menos discutible que los ciudadanos de aquel país, con niveles educativos crecientes, los acepten como primera opción. Es interesante revisar la estimación de la oficina del Censo de los Estados Unidos sobre los sectores que requerirán más o menos trabajadores en los próximos años; la mayoría de los mismos se ubican en el sector de los servicios. Además, según la misma oficina, un número cercano a los 75 millones de norteamericanos pasarán a jubilarse en ese mismo período. En sectores como el de la restauración, que es uno de los grandes empleadores, se creará varios cientos de miles de puestos de trabajo y en la rama de la construcción se crean alrededor de 175 mil anualmente. Para bien o para mal los Estados Unidos tienen como vecino a un país que tiene exactamente lo que ellos necesitan, esto es, abundancia de mano de obra poco calificada y dispuesta a trabajar bajo condiciones que muchos ciudadanos de países desarrollados considerarían inadmisible, sin derechos, ni papeles. Esa es la realidad socio demográfica del mercado laboral de los Estados Unidos. Veamos ahora lo que ocurre en México. En un lapso de treinta años (1970-2000) ese país duplicó su número de habitantes y se convertía así en una de las 11 poblaciones más importantes del
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Jacquard, Albert, Inventer l’homme, Bruxelles, Ed Complexe, 1983.
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mundo. Un país en plena expansión demográfica se enfrentaba a una serie de restricciones de su propio modelo económico para dar empleo a todos los demandantes y por tal razón buena parte de la misma emigró a las grandes ciudades del centro y norte del país y otro contingente optó por hacerlo a los Estados Unidos. El número de mexicanos en los EE.UU. ha crecido de manera espectacular en los últimos tiempos y si en los primeros años del siglo XX el fenómeno migratorio era de carácter regional, ahora es una problemática que concierne a la totalidad del país. La complementariedad entre las dos estructuras socioeconómicas es asombrosamente funcional, aunque las burocracias y las clases políticas de ambos países insistan en negarlo. Como bien lo ha establecido un grupo de expertos35, las ventajas económicas que los Estados Unidos reciben por concepto de la migración son tres fundamentalmente: Competitividad, Productividad y Dinamismo. La ideología que sustenta el libre comercio tiene una barrera cultural y en el fondo xenofóbica, pues al mismo tiempo que incentiva el libre flujo de mercancías y servicios, le niega a otro de los factores básicos de la generación de riqueza (el trabajo humano) la movilidad que pide para los restantes factores. Es una contradicción de fondo que los mercados resuelven de manera fáctica. El problema es que si los coches y las máquinas se importan observando normas legales, una buena parte del flujo de trabajadores se realiza por la pista ilegal, como si se tratara de contrabando. La realidad de los mercados laborales es más fuerte que la ideología y aún cuando se lograra contener la migración ilegal, las necesidades laborales de la industria y los servicios seguirían allí. Es más, si México no ofreciera la complementariedad laboral que hoy presenta y fuera un país con fuertes cargas seniles y un nivel de renta alto, la necesidad de importar mano de obra persistiría. Como bien lo ha planteado Tamar Jacoby: “Si México se convirtiera en Suiza de la noche a la mañana el hecho es que los Estados Unidos seguirían requiriendo trabajadores poco calificados que se deberían encontrar en otra parte36”. La migración se ha convertido en un tema prioritario para la salud económica de algunos países de la región que dependen en gran medida de las remesas que sus expatriados envían a sus familias. En algunos países como El Salvador la proporción de estas remesas respecto al total de divisas que ingresan es enorme.
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Véase: Meisser, Doris, Meyers, Deborah, Papademetriu, Demetrios y FIX, Micheal, Immigration and America’s future: A new chapter, Washington, Migration Policy Institute. Woodrow Wilson Center, 2006. Jacoby, Tamar, “Immigration Nation” Nov. Dec. 2006. Vol. 85. N 6 Foreign Affairs. Página 53. El texto original en ingles es: “But even if Mexico were to become Switzerland overnight, the fact is that the US would still lack unskilled laborers and would have to find them elsewhere”.
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El presidente Obama consciente de la gravedad del tema propuso, en algún momento de su campaña, que atendería el tema migratorio en un plazo relativamente breve. Ya en funciones, Obama ha anunciado su intención de cumplir su promesa y proceder a una reforma del sistema migratorio que la administración anterior fue incapaz de procesar por la concentración en la agenda antiterrorista. Es probable que de llevar adelante la reforma migratoria encontremos que los criterios que manejó la gobernadora de Arizona Janet Napolitano, ahora nombrada secretaria de seguridad de los Estados Unidos, serán las líneas maestras. Si nos atenemos a la experiencia de Napolitano en Arizona, habrá que esperar una combinación de rigurosas medidas de seguridad, (hay que recordar que ella desplegó a la Guardia Nacional en la frontera y Obama votó por el muro fronterizo entre los dos países), con una visión pragmática que contemple las necesidades de los mercados laborales y asuma el hecho consumado de que millones de ilegales ya viven en territorio norteamericano de manera casi permanente y que un proceso de expulsión masiva se convertiría en un elemento provocador de inestabilidad y de profundo desgaste en las relaciones bilaterales con implicaciones en toda la región Mesoamericana.
LA RELACIÓN EN TIEMPOS DEL TERRORISMO A diferencia de otras etapas de la historia en las que América Latina jugaba un papel relevante en la estrategia para confrontar a los enemigos de la potencia, el ataque del terrorismo de origen islámico dejó a la región fuera del radar. En efecto, la consecuencia más directa de los atentados de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington en el campo de las relaciones con América Latina fue que el subcontinente bajó en la escala de prioridades de la política internacional de los Estados Unidos. La lucha contra el terrorismo y la confrontación con Irak desplazaban la agenda continental a un nivel de atención particularmente bajo. Para los gobiernos y sectores reformistas que impulsaron la idea de modernizar las estructuras políticas y económicas en un sentido democratizador y liberalizador, y de esa manera rearticular las relaciones continentales sobre una nueva base, la ausencia de una contraparte interesada en apoyar sus esfuerzos resultaba frustrante. Después de todo, América Latina al terminar la guerra fría y al haber superado el obstáculo generado por la deuda externa, emprendió la edificación de regimenes democráticos, como nunca había ocurrido en su historia. En prácticamente todos los países de la región se celebran elecciones y tienen gobiernos constitucionales. Además, buena parte de ellos transformó su estructura económica para favorecer el libre comercio y los planteamientos básicos de la economía de mercado. La expectativa de los responsables de las transiciones a la democracia y las reformas económicas era que los Estados Unidos ofrecerían un nuevo trato a la región. Este nuevo trato nunca llegó.
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La oferta del Presidente Clinton en 1994 fue el crear una zona de libre comercio (ALCA) en el continente y el plazo para conseguirla era el 2005. En ese mismo año la IV Cumbre de las Américas, celebrada en la Argentina, demostraba que las distintas partes que componen el continente estaban mucho más distantes en ese y en otros temas que en la década anterior. Los Estados Unidos manifestaban interés en determinados temas que trataban de manera bilateral como es el caso de la lucha contra el narcotráfico con Colombia o el perímetro de seguridad de América del Norte con México. Pero algo parecido a una política latinoamericana dejó de existir durante la administración del Presidente George W. Bush. No es extraño, por tanto, que ese vacío haya sido cubierto por esfuerzos regionales de integración como MERCOSUR y la Comunidad Sudamericana de Naciones. Pero la indiferencia permitió que el discurso más sistemático de articulación regional proviniera de Caracas y de manera muy significativa por una propuesta con acentos bolivarianos y marcadamente antiamericanos de crear una asociación bolivariana llamada ALBA.
OBAMA Y EL FUTURO En noviembre del 2008 los norteamericanos eligieron a Barack Obama como su presidente. Fuera de los Estados Unidos, el afro americano ha abierto la esperanza de muchos sectores de que el mundo puede cambiar en un sentido positivo y AL no es la excepción. El clima de esperanza que ha provocado sólo es comparable con la profunda decepción que el gobierno republicano de Bush dejó en los gobiernos democráticos de la región. Obama ha trazado ya las líneas generales de su política exterior y AL no ha sido, todo hay que decirlo, un punto de interés en sus discursos sobre la materia. En su texto programático sobre política internacional, el entonces precandidato del partido demócrata, anotaba que en el caso de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, los Estados Unidos habían fallado en atender las preocupaciones sobre migración, equidad y crecimiento económico37. El presidente de los Estados Unidos es por su experiencia vital y política un hombre poco familiarizado con los temas latinoamericanos. Su conocimiento del español es superficial y a pesar de que declaró haberlo estudiado en sus primeros años de escolaridad, no es capaz de hilar tres frases. Tampoco se sabe que haya hecho viajes a la región (antes de ser Presidente) por razones de trabajo, personales o turísticas y además votó como senador por la construcción de un muro en la frontera mexicana. Sin embargo, ha manifestado un gran interés en profundizar la relación y ha establecido que Hugo Chávez es un riesgo maneja-
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Obama, Barack “Renewing American Leadership”, Foreign Affairs. July August. 2007. Página 11.
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ble para la potencia y su prioridad es reestablecer las relaciones con México y después con toda la región. En realidad con independencia del conocimiento o incluso el interés que personalmente pudiese tener Obama en la región es claro que deberá atender los siguientes asuntos de manera ineludible. Las economías de México y de América Central dependen en gran medida de su capacidad exportadora a los Estados Unidos y la competitividad de los Estados Unidos depende de la complementariedad que la región le ofrece. Es altamente improbable, por un asunto de pragmatismo puro y de evaluación de la trayectoria de los funcionarios del gabinete económico, que se revisen los Tratados de Libre Comercio que los Estados Unidos tienen con México y Centroamérica. El denunciar o reabrir un tratado comercial sería tanto como reconocer que no existe un modelo de integración propiamente norteamericano, cosa que probablemente sea cierta, pero plantea una pregunta básica: Si el fundamento de la integración no es el comercio libre ¿cuál será el eje que vincule a los Estados Unidos con los países de la región como Nicaragua u Honduras? Los miles de millones de dólares que se comercian anualmente en la región podrían encontrarse ante un callejón sin salida conceptual. México, por ejemplo, mantiene tratados de libre comercio con Europa y con Japón y si llegará a ocurrir una reconfiguración del mercado norteamericano ese país debería reorientar, con un grave costo para muchos actores y sectores de la economía, su funcionamiento tradicional orientado hacia América del Norte. Huelga decir que las inversiones norteamericanas en México se enfrentarían a un obstáculo generado por su propio gobierno que tendría consecuencias incalculables. Es muy poco probable en consecuencia que se revise el Tratado de Libre Comercio. Si se habla de revisión del instrumento podemos imaginar también una agenda progresiva que contemplara mejoras en el ámbito ecológico y laboral de la región. No más pero tampoco menos. En materia de seguridad la relación está también dominada por elementos que difícilmente pueden desatenderse. Los temas centrales permanecerán como el eje articulador de la relación. En materia de seguridad la cooperación de los países en el aseguramiento del perímetro norteamericano resulta ineludible mientras la amenaza terrorista permanezca activa. De esta manera, toda la cooperación y convergencia que se ha dado en estos años para garantizar los niveles de seguridad aeronáutica y el ingreso de extranjeros potencialmente peligrosos a la región, deberán mantenerse en un nivel de cooperación elevado. El nivel de convergencia para garantizar el funcionamiento de las fronteras y los sistemas de identificación de ciudadanos es una tendencia que ha venido consolidándose en estos años y resultaría poco práctico revertirla. En lo que toca al combate a las drogas, el principio de acuerdo bipartidista expresado en la “Iniciativa Mérida” a la que aludíamos antes difícilmente puede cambiar en el corto plazo. El presidente norteamericano ha expresado que el alto nivel de consumo de drogas ilícitas en los Estados Unidos ha provocado un grave problema de seguridad en México. El principio de corresponsabilidad es algo que no puede elu-
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dirse, lo que es perfectamente previsible es que el gobierno demócrata pondrá un énfasis mucho mayor de lo que en el pasado lo hicieron los republicanos en impedir que se violen los derechos humanos bajo pretexto de lanzar una guerra sin cuartel contra la delincuencia organizada. Es de esperar que este espíritu tienda a impregnar la relación con otros países de Centroamérica y del Caribe. En el caso de Cuba, Obama ha lanzado unas primeras señales de distensión como la flexibilización del envío de remesas y otros aspectos de tipo migratorio, pero el más importante desde la perspectiva regional es la apertura para que Cuba regrese a la OEA, organismo del que fue expulsada en plena guerra fría. Hay incertidumbre sobre la evolución de la situación política en la isla, pero el inquilino de la Casa Blanca ha señalado que el primer paso lo ha dado él y espera señales concretas de cambio desde La Habana. Obama ha conseguido reorientar las relaciones de la potencia con la región y en la V Cumbre de las Américas celebrada en Trinidad y Tobago (2009) mandó un mensaje de reconciliación y de unidad en un tono que osciló entre la autocrítica y la esperanza: “Ahora todos debemos renovar la apuesta común que tenemos el uno en el otro. Yo sé que las promesas de asociación no se han cumplido en el pasado y que la confianza se tiene que ganar con el tiempo. Mientras que Estados Unidos ha hecho mucho para promover la paz y la prosperidad en el hemisferio, a veces se ha desconectado y a veces tratamos de imponer nuestras condiciones. Pero les prometo que buscamos una asociación entre iguales. No es socio mayor con el socio menor… hay simplemente un compromiso basado en el respeto mutuo y los intereses comunes y valores compartidos. Así que estoy aquí para hacer despegar una nueva etapa de compromiso que se mantendrá durante mi gobierno38”.
Falta ver que las buenas intenciones se transformen en hechos.
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http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-the-President-at-the-Summit-of-theAmericas-Opening-Ceremony.
2. Fuego cruzado. Guerrillas, dictaduras militares y violaciones masivas de los derechos humanos en época de guerra fría JOAN DEL ALCÁZAR GARRIDO1 SERGIO LÓPEZ RIVERO2 Universitat de València
La Revolución cubana liderada por Fidel Castro constituye, muy probablemente, el hecho más influyente en la historia contemporánea de América Latina. Especialmente cuando pensamos en la nueva izquierda política surgida a su calor, con aquel atractivo paquete que incluía la guerra de guerrillas para alcanzar el poder, un enfoque anticapitalista de la economía y una vocación internacional antinorteamericana, inevitablemente incrustada en los avatares de la Guerra Fría. Ni la constitución de los partidos socialistas y comunistas como fuerzas de masas en la primera mitad del siglo XX, ni el Partido Revolucionario Institucional en México, el Movimiento Nacional Revolucionario en Bolivia, el getulismo en Brasil, el peronismo en Argentina o el aprismo en Perú, generó tal cúmulo de adhesiones continentales. Traje militar de campaña color verde olivo, brazalete rojo y negro, fusil al hombro y barba asociada con los días vividos en la montaña, parecen ser los complementos básicos que han integrado aquella simbología. Su éxito internacional viene de la mano de una entrevista por entregas que realizó a Fidel Castro en la Sierra Maestra el editorialista del New York Times Hebert Mathews, a partir del 24 de febrero de 1957. Conviene no olvidar que hasta el año 1956 Castro vestía de traje y corbata, como cualquier competidor cubano en el mercado político de la época. De esta forma, aspiraba a representante del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxos), aquella agrupación de corte socialdemócrata que parecía contar con el voto popular en las elecciones frustradas por el golpe de estado de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952.
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Profesor Titular de Historia Contemporánea de América en la Universidad de Valencia. Fue profesor durante quince años del Departamento de Historia de Cuba de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana. En el año 1991, se doctoró por la misma institución académica. Ha participado como profesor investigador invitado en universidades de México, España y los Estados Unidos de América.
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Así aparece también en los actos de su recorrido proselitista por los Estados Unidos de América, a finales del año 1955. Y hasta en su estancia en México durante 1956, cuando organizaba la expedición armada que lo regresaría a Cuba. Ahora parece distante, pero recordemos que cuando protagonizó los hechos violentos del 26 de julio de 1953 iba vestido con el uniforme del ejército profesional. Gorras, corbatas, insignias y cinturones de los soldados se utilizaron aquel día para confundir a los moradores de los cuarteles de Santiago de Cuba y Bayamo. La mayoría, disfrazados de sargentos. Fidel Castro, de general. “¡Abran paso, que aquí viene el general!”, gritó con autoridad el revolucionario Renato Guitart cuando su automóvil aparcó a unos diez metros de la posta tres del famoso Cuartel Moncada3.
LA REVOLUCIÓN CUBANA, POR FUERA. UN PUNTO Y APARTE EN LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA AMÉRICA LATINA Todavía hoy aquel ataque suicida a las guarniciones militares Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en las ciudades de Santiago de Cuba y Bayamo, el 26 de julio de 1953 por parte del grupo político comandado por Fidel Castro, a muchos les recuerda un episodio dentro de la tradición de los revolucionarios románticos latinoamericanos. Como se sabe, la aventura acabó muy mal, y la mayor parte de los asaltantes, que no llegaban a los dos centenares de hombres, fueron muertos, heridos o detenidos. Juzgado y condenado (“la Historia me absolverá”, proclamará el reo en su autodefensa), Fidel Castro fue amnistiado por el dictador Fulgencio Batista el 15 de mayo de 19554. Exiliado en México, tras realizar un recorrido proselitista por los Estados Unidos en el otoño del año 1955, el joven licenciado en derecho de ascendencia gallega organizó una expedición a bordo del viejo yate Granma. Con él llegó a Cuba al frente de unas decenas de hombres, que se adentraron en la Sierra Maestra el 2 de diciembre de 1956. Y desde allí, con bastante soberbia política y con mucho voluntarismo optimista, declaró la guerra a la dictadura batistiana. Menos de seis años después del 26 de julio de 1953, Fidel Castro y otros jefes guerrilleros, entre los que destacaba el médico argentino Ernesto Che Guevara, entraron victoriosos en La Habana el 8 de enero de 1959. Los jóvenes revolucionarios, de procedencia urbana y de clase media, se dieron de bruces con las duras condiciones de vida de los campesinos de la Sierra
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Mencia, Mario, El Grito del Moncada. Volumen II, La Habana, Editora Política, 1986. pp. 426428. Véase: Castro, Fidel, La historia me absolverá. Discurso pronunciado por el Dr. Fidel Castro ante el Tribunal de Urgencia de Santiago de Cuba el día 16 de octubre de 1953. S.E., New York, 30 de octubre de 1955.
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Maestra. Mientras que no fracasó una huelga general el 9 de abril de 1958, los guerrilleros de la Sierra se esforzaron en ganar la simpatía de estos campesinos pobres, tanto para asegurarse víveres como para evitar la delación a los militares. Después de aquel acontecimiento, Fidel Castro cambió de estrategia, y el Movimiento Revolucionario 26 de julio pasó de realizar ataques esporádicos con huida posterior, a una nueva fase de mayor agresividad militar contra el ejército. Algo que se corresponde cronológicamente con el auténtico desastre de la campaña de liquidación de los rebeldes implementada por Fulgencio Batista. Unidades militares enteras fueron capturadas por los insurgentes junto a sus códigos secretos, el armamento y la munición. En consecuencia, Fulgencio Batista respondió con el terror y dedicó su capacidad represiva a atacar a los estudiantes y a la clase media sospechosa de colaboración con el Movimiento Revolucionario 26 de Julio. El efecto, lógicamente, fue el contrario al deseado por el dictador y cuanto más feroz era la represión, más aumentaba al prestigio de Fidel Castro y más elementos humanos se sumaban a las guerrillas rurales y urbanas del Movimiento Revolucionario 26 de Julio. La táctica era clásica: provocar en el gobierno la adopción de medidas represivas que incrementaban su impopularidad y el número de guerrilleros y simpatizantes5. Es necesario destacar, eso sí, que la oposición a Fulgencio Batista no fue simplemente la dirigida por el grupo político de Fidel Castro. También existieron otras formaciones políticas como la Sociedad de Amigos de la República fundada por el coronel de la guerra de independencia Cosme de la Torriente y el Conjunto de Instituciones Cívicas liderado por el médico Raúl de Velazco, el Partido del Pueblo de Carlos Márquez Sterling y la facción del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) al frente de la cual destacaba Ramón Grau San Martín, partidarios de la negociación con el régimen; o el Directorio Revolucionario, fundado por el Presidente de la Federación Estudiantil Universitaria José Antonio Echevarría, operativo sobretodo en las zonas urbanas y protagonista del fracasado asalto armado al Palacio Presidencial de la República el 13 de marzo de 1957. Es cierto, además, que facciones del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxos) y del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), participaron desde el 10 de marzo de 1952, en el enfrentamiento a la dictadura de Fulgencio Batista. Todos ellos fueron protagonistas de la llamada Junta de Liberación Cubana, que el 15 de octubre de 1957, en la ciudad de Miami, intentó nuclear a la oposición violenta a la dictadura cubana6. Y que, aunque fracasó por los obstáculos de carácter
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Skidmore, Th. E. y Smith, P.H., Historia contemporánea de América Latina. América Latina en el siglo XX, Barcelona, Crítica, 1996. Acerca de la política de alianzas del grupo político de Fidel Castro. Ver: López Rivero, Sergio, El viejo traje de la revolución. Identidad colectiva, mito y hegemonía política en Cuba, Universitat de Valencia, 2007, pp. 174-200.
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hegemónico del Movimiento Revolucionario 26 de Julio7, fue el preludio del protagonismo absoluto de Fidel Castro, cuando desde la Sierra Maestra consiguió unificar todas estas posturas bajo su mando en el denominado Frente Cívico Revolucionario, conducido por el abogado José Miró Cardona y rubricado en la ciudad de Caracas el 20 de julio de 19588. Quizás lo anterior hizo que en el verano de 1958 cambiara la actitud hacia los guerrilleros de la Sierra Maestra del Partido Socialista Popular, la organización que representaba a los comunistas cubanos, que había nacido en el año 1925 como Partido Comunista de Cuba, pero había cambiado el nombre en 1944 a causa de las proscripciones reiteradas y los vaivenes ideológicos de la época. Hasta entonces, el PSP había considerado que el 26 de julio de 1953 había sido una aventura ajena a las masas populares, y no sólo porque entendían que no se daban las condiciones objetivas para la revolución, sino porque —siguiendo las tendencias políticas imperantes—, los comunistas históricos cubanos propugnaba la formación de un Frente Popular, y la combinación de la lucha de masas mediante las huelgas con la actuación parlamentaria. De hecho, en estas fechas algunos de los militantes del PSP se unieron a los destacamentos de la guerrilla rural y la mayoría colaboraron en tareas logísticas. Y ello a pesar de que ni en la etapa insurreccional ni en la posterior hubo una base social suficiente como para llevar adelante una revolución marxista-leninista; y a pesar de que el Movimiento Revolucionario 26 de Julio se apoyó en la burguesía urbana, ante la pasividad de los trabajadores industriales y la apatía de los sindicatos, aparentemente sólo preocupados por los objetivos económicos. Más allá de los elementos en clave interna que hay que tener en consideración para entender la victoria de los insurrectos de la Sierra Maestra, hay que atender también a un factor exterior de máxima importancia. En sintonía con la escalada represiva de Fulgencio Batista y recordando lo que había pasado en agosto de 1933 con el dictador Gerardo Machado, los Estados Unidos entendieron que sus intereses en la isla estaban en peligro y la administración de Dwight D. Eisenhower retiró su apoyo económico y militar al gobierno. Muchos autores coinciden: el embargo de armas declarado por Estados Unidos a Fulgencio Batista el 28 de marzo de 1958, fue el golpe de gracia al régimen dictatorial, abandonado así por su principal valedor internacional9.
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Castro, Fidel, Carta a señores dirigentes del Partido Revolucionario, Partido del Pueblo Cubano, Organización Auténtica, Federación Estudiantil Universitaria, Directorio Revolucionario y Directorio Obrero Revolucionario. Sierra Maestra, 14 de diciembre de 1957. En: Guevara, Ernesto, “Pasajes de la guerra revolucionaria”. Escritos y Discursos, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, Instituto Cubano del Libro, 1972, pp. 206-224. Véase: “Manifiesto del Frente Cívico Revolucionario de Oposición”. En: Franqui, Carlos, Diario de la Revolución Cubana. Barcelona, Ediciones R. Torres, 1976, pp. 564-565. Especialmente interesante resulta el lobby político que realizó en el Congreso estadounidense Mario Llerena, Presidente del Comité del Exilio “26 de Julio” de Fidel Castro. En: Llerena, Mario, The Unsuspected Revolution. The Birth and Rise of Castroim, New York, Ithaca, 1978.
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Con todo, el discurso del nuevo régimen revolucionario adoptó casi desde el principio una retórica completamente distinta: la Revolución cubana era una revolución obrera y campesina. Un viraje aceptado hasta por el viejo partido de los comunistas cubanos, que realizó la conveniente autocrítica, reconociendo que sus esquemas políticos eran deudores en exceso del modelo revolucionario ruso. De esta forma, el régimen instaurado tras la huida de Fulgencio Batista el 31 de diciembre de 1958 adoptó pronto unas características propias que, con ligeras modificaciones, se mantuvieron, cuando menos, hasta la desaparición de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991. A saber, el establecimiento de un régimen autoritario, el ultranacionalismo, la incorporación al bloque de los países de la órbita soviética y la adopción de políticas socioeconómicas igualitarias. Junto a eso, el caudillismo de Fidel Castro, aderezado con una buena dosis de retórica marxista-leninista, permitió organizar el nuevo Estado alrededor del centralismo democrático, con una clara jerarquía estratificada alrededor del liderazgo de su grupo político. Desde el primero de enero de 1959 hasta la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 y la posterior desintegración de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991, se pueden establecer dos períodos que nos permiten entender la evolución de la isla caribeña10. Uno, a partir del resultado revolucionario de enero de 1959 hasta la proclamación de la Constitución Socialista del 15 de febrero de 1976. El otro, desde esta última fecha hasta hasta la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 y la posterior desintegración de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991. Vayamos por partes. La reanudación de las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética el 7 de mayo de 1960 y la ruptura de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos el 3 de enero de 1961, lo anteceden. Igual que la declaración del carácter socialista de la Revolución cubana tras los sucesos de Bahía de Cochinos el 16 de abril de 1961 y del credo marxista de Fidel Castro, el 2 de diciembre de 1961. Es imposible abordar este período sin hacer un alto en cinco fechas: el 2 de septiembre de 1960, el 7 de febrero de 1962, el 28 de octubre de 1962, el 23 de agosto de 1968 y el 22 de diciembre de 1975. Cinco fechas que se complementan en demostrar el distanciamiento con Washington y la alianza de Fidel Castro con Moscú, al estilo de Rumania, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Yugoslavia, Albania, China, Vietnam y Corea del Norte. La ruptura pública del tratado cubano-americano de ayuda mutua en la Primera Declaración de La Habana, el decreto del embargo estadounidense a la isla, la solución de la llamada “crisis de los misiles”, la aprobación por el gobierno caribeño de la intervención de las tropas soviéticas en Checoslovaquia y el Primer Congreso del Partido
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El desarrollo de esta cronología, en Alcázar, Joan y López, Sergio, De compañero a contrarrevolucionario. La revolución cubana y el cine de Tomás Gutiérrez Alea. Universitat de Valencia, 2009.
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Comunista de Cuba. Este último, con su referencia explícita a la hegemonía soviética, la doctrina marxista-leninista, el ateísmo y la lucha de clases11. Hablamos de un período en que se liquidó el capitalismo y se erosionó el mercado, se consiguió un crecimiento económico moderado y la histórica dependencia de la economía cubana de los Estados Unidos disminuyó, en la medida que el país fue acercándose cada vez más a la órbita del Consejo de Ayuda Mutua Económica, tal y como funcionaba en todos los países del llamado socialismo real. El ensayo de modelos socialistas alternativos en el primer quinquenio y el llamado modelo guevarista en el segundo de los sesenta, marcan las pautas en estrategia económica. Con un punto final en el fiasco de la llamada “Zafra de los 10 millones” de toneladas de azúcar, que se produjo en el año 1970. Al instaurar la cartilla de racionamiento el 19 de marzo de 1962, el gobierno asumió la responsabilidad de satisfacer las necesidades elementales de los cubanos. A la vez, hablamos de un período en que se resquebrajaron los pilares básicos de la democracia y se diseñó una sociedad porosa en todas sus dimensiones a la política revolucionaria. La fecha clave, es el 27 de octubre de 1959. La fecha en que se promulgó la Ley de Reforma Constitucional, que anuló el habeas corpus y amenazó con la confiscación de propiedades y la pena de muerte a quienes no participaran del proyecto revolucionario. Por su parte, el Instituto Nacional para la Reforma Agraria, el Ministerio de la Fuerzas Armadas, los Comités de Defensa de la Revolución, las Milicias Nacionales Revolucionarias, la Federación de Mujeres Cubanas, las Unidades Militares de Ayuda a la Producción, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Unión de Pioneros de Cuba y el Partido Comunista de Cuba, representan muestras fehacientes de la telaraña ideológica que rodeó este proceso de socialización revolucionaria. En cualquier caso, para entender el proceso de consolidación del castrismo, en todos estos años no se puede obviar su dureza represiva. 15 mil presos en los años sesenta, tres mil en los setenta, 800 en los ochenta. A más de 400 cubanos se les aplicó la pena de muerte en los primeros meses de 195912. A partir del 15 de febrero de 1976 y hasta el discurso de Fidel Castro en el acto central por el XXV aniversario de Bahía de Cochinos el 19 de abril de 198613, Cuba experimentará el modelo moderado soviético de reforma económica. Debido a ello, se produjo una fuerte recuperación y las tasas de crecimiento fueron las mejores a lo largo de toda la etapa posterior a la Revolución. Este es el momento también, de la presencia de tropas cubanas en Angola, Etiopía, Libia,
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“Constitución de 1976”. Biblioteca Virtual Miguel Cervantes. En línea: http://www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/pais.formato?pais=Cuba&indice=constituciones. Véase: Castro, Fidel, Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, La Habana, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, 1988. Páginas 52, 56-57. Y Núñez Jiménez, Antonio, 1959. En marcha con Fidel. La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1982. p. 67. Castro, Fidel, Discurso pronunciado en el teatro Karl Marx, el 19 de abril de 1986. En línea: http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/
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Mozambique, Tanzania, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, Sao Tomé, Argelia, Uganda, Sierra Leona, Benín y Cabo Verde disputando la hegemonía a los Estados Unidos. Sin embargo, la puesta en marcha por parte de Mijail Gorbachov del programa de reformas internas conocido como la Perestroika en la Unión Soviética, a mediados de los ochenta, repercutió en el cambio de rumbo del castrismo, que abrió el llamado Proceso de Rectificación de Errores, con el que los dirigentes cubanos pretendían conseguir una mayor eficacia del sistema, pero sin hacer concesiones al capitalismo. El hecho de que ambos procesos coincidieran en el tiempo, llevó a mucha gente de dentro de la isla a asimilarlos, cuando realmente se trataba de caminos opuestos. El 5 de diciembre de 1988, Fidel Castro lo dejó claro14. Conmemorando el XXXII aniversario del desembarco del yate Granma, se descolgó de los cambios que en la Unión Soviética lideraba Mijail Gorbachov. La distancia ideológica, quedó refrendada en las reformas a la Constitución Socialista de 1992. Alejamiento del ateísmo, de la lucha de clases y de la hegemonía de la Unión Soviética15. No por azar, el 9 de noviembre de 1989 había caído el Muro de Berlín y el 25 de diciembre de 1991 se había desintegrado la Unión Soviética.
DE LA ESPERANZA TRANSFORMADORA AL FINAL TRÁGICO DE LA LUCHA ARMADA16 La enorme influencia de la Revolución cubana en un contexto de Guerra Fría, de recesión económica y de inoperancia relativa de la izquierda tradicional (socialistas, comunistas y populistas de izquierda) en América Latina, fue lo que propició el surgimiento de una izquierda de nuevo cuño que deslumbrada por el espejo cubano, intentó acomodar la realidad a los sueños17. La teoría de que existía una dependencia infra y supra estructural de América Latina respecto a los países centrales del capitalismo desde la época de la colonia, tal y como habían enunciado, entre otras, las obras Dependencia y desarrollo en América
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Castro, Fidel, Discurso pronunciado en la Plaza de la Revolución el 5 de diciembre de 1988. En línea: http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/ “Constitución de 1976 con reformas de 1992”. Biblioteca Virtual Miguel Cervantes. En línea: http://www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/pais.formato?pais=Cuba&indice=const ituciones. Hemos escrito sobre esto en trabajos anteriores nuestros: Alcazar, Joan; Tabanera, N.; Santacreu, J.M. y Marimon, A., Historia Contemporánea de América, Valencia, Universitat de Valencia-Universitat d’Alacant-Universidad Nacional Autónoma de México-Universidad de Guadalajara, 2003. Igualmente, Alcazar Garrido, J., “América Latina en el siglo XX”, en Amores Carredano, J. B. (coord.), Historia de América, Barcelona, 2006, pp. 801-855. Véase Rodriguez Elizondo, J., La crisis de las izquierdas latinoamericanas, Caracas, Nueva Sociedad, 1990; y también Rodriguez Elizondo, J., Crisis y renovación de las izquierdas. De la revolución cubana a Chiapas pasando por “el caso chileno”, Santiago, Andrés Bello, 1995.
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Latina. Ensayo de interpretación sociológica (1969) de Enzo Faletto y Fernando Henrique Cardoso, así como Capitalismo y subdesarollo en América Latina (1967) de André Gunder Frank, fue completamente asumida por la izquierda nueva que surgió por todo el continente tras la victoria de los guerrilleros de la Sierra Maestra18. A ello debemos añadir la conexión de esta idea con las raíces católicas continentales, al hacer una llamada a una acción política de carácter épico que implicaba un sacrificio de entrega a la causa. Paralelamente, porque ofrecía una salida a la asfixiada economía continental: el socialismo; y, en tercera instancia, por la convicción muy extendida de que el capitalismo era de una debilidad cultural extrema, especialmente en los países periféricos. Y América Latina simplemente había transitado de la dominación española a la norteamericana19. El 2 de septiembre de 1960, la Primera Declaración de La Habana insistía en esto último: “La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba condena enérgicamente la intervención abierta y criminal que durante más de un siglo ha ejercido el imperialismo sobre todos los pueblos de América Latina”. Con una apostilla que descubre los entresijos de la época: “La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba declara ante América y el mundo que acepta y agradece el apoyo de los cohetes de la Unión Soviética, si su territorio fuere invadido por fuerzas militares de los Estados Unidos”20. Es en este contexto, y con una producción teórica que se sustentará en trabajos como La guerra de guerrillas (1960) de Ernesto Che Guevara, Revolución en la revolución (1967) de Regis Debray o Los condenados de la tierra (1961) de Franz Fanon, que se puede entender el proceso: a la violencia implícita o explícita del Estado se opondría la violencia revolucionaria. Desde la perspectiva cubana, una convicción que se encuentra perfectamente explícita en la Segunda Declaración de La Habana, el 4 de febrero de 1962: “El deber de todo revolucionario es hacer la revolución”21. Así como puede comprobarse en la Conferencia Tricontinental y la Conferencia de la Organización Latinoamericana de la Solidaridad (OLAS), celebradas en La Habana durante los años 1966 y 1967. En el discurso de clausura de la Conferencia de la Organización Latinoamericana
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Véase Frank, A. G., Lumpenburguesía: lumpendesarrollo. Dependencia, clase y política en Latinoamérica. Barcelona, Península, 1970, 1972; Frankl, A. G., La acumulación a escala mundial, Madrid, Siglo XXI, 1985; Cardoso, F.E. y Faletto, E., Dependencia y desarrollo en América Latina, México, siglo XXI, 1969. Una crítica a esta tesis, según la cual América Latina necesitaba una segunda independencia, en Alcázar, Joan, “Mimetismo y fracaso de la izquierda latinoamericana”, Alcázar, Joan y Tabanera, Nuria (coords.), Estudios y materiales para la historia de América Latina, 1955-1990, Universitat de Valencia, Tirant lo Blanch Libros, 1998, pp. 11-31. “Primera Declaración de La Habana”, 2 de septiembre de 1960. En: Castro, Fidel, José Martí. El autor intelectual, La Habana, Editora Política, 1983. Páginas 109-114. “Segunda Declaración de La Habana”, 4 de febrero de 1962. En: Castro, Fidel, Ibídem. pp. 117144.
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de la Solidaridad (OLAS) el 10 de agosto de 1967, Fidel Castro lo sintetizaba de este modo: “Estamos absolutamente convencidos de que hay, a la larga, como lo ha expresado la Resolución, un camino nada más: el papel de la guerrilla en América Latina”22. Las guerrillas procubanas en Venezuela, Guatemala, México, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Bolivia, Perú, Argentina, Brasil y Uruguay durante aquellos años, dan fe de ello. Del mismo modo que la muerte de Ernesto Ché Guevara en Bolivia el 9 de octubre de 1967, puede ser considerada el punto final del sueño de los cubanos de propiciar una revolución de alcance continental. Dice el capitán boliviano Gary Prado que cuando ordenaba atar de pies y manos a los guerrilleros prisioneros, Ernesto Che Guevara le interrumpió: “No se preocupe, capitán, esto ya se terminó. Y cuando él insistió en el peligro que significaban los otros guerrilleros, añadió una frase que sintetiza aquel momento límite de las guerrillas en América Latina: “Es inútil, hemos fracasado”23. Mejor suerte corrieron los Generales y Héroes de la República de Cuba Abelardo Colomé Ibarra y Arnaldo Ochoa, que después de sus performances guerrilleros pudieron regresar a la isla. En realidad, con futuros dispares. Colomé Ibarra en una carrera imparable que lo ha llevado hasta ascender a Ministro del Interior; y Ochoa fusilado, tras dirigir las tropas cubanas en Angola, por corrupción y narcotráfico el 13 de julio de 1989. La fuerte influencia de la Revolución en Cuba indujo a graves errores en el desarrollo de la propuesta de la guerrilla como proyecto global para toda la América Latina. Entre los errores más notables se encuentra la llamativa incapacidad para percibir que la respuesta del enemigo era muy elaborada. La política represiva que los Estados Unidos dirigió, en colaboración con los ejércitos latinoamericanos, —que ya eran anticomunistas mucho antes de que lo pidiera Washington—, fue un éxito militar indiscutible, aunque infame en la medida que impulsó el terrorismo de Estado. Es precisamente en el terreno militar donde se produjo otro de los desaciertos más sonados de quienes desafiaron el status quo: homologar a las fuerzas armadas latinoamericanas con las tropas de Fulgencio Batista. Las fuerzas armadas de los países del Cono Sur eran tropas formadas en buenas academias militares desde finales del siglo XIX. Además, como en Bolivia se demostró, los Estados Unidos no tuvieron que adiestrar a todo un ejército, sino que sencillamente crearon un cuerpo de elite, los Rangers, bien adiestrado y bien armado,
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Castro, Fidel, “Discurso pronunciado en la Clausura de la Primera Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS)”, celebrada en el teatro “Chaplin” el 10 de agosto de 1967. En: El militante comunista. Suplement, La Habana, Editado por la Secretaria de Organización y la COR del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Instituto del Libro, 1967. p. 17. Tomado de Taibo II, Paco Ignacio, Ernesto Guevara, también conocido como el Ché, Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 1996, p. 726.
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que se encargó de dar caza a unos guerrilleros aislados y sin apoyo logístico en la zona. En efecto, el problema estratégico militar más importante con que tropezaron las guerrillas latinoamericanas fue la relación entre la tropa guerrillera y las masas populares del territorio. En Bolivia, el Che Guevara debió comprender que es imposible que un foco consiga el apoyo del pueblo si no ha habido un trabajo político de masas previo y efectivo. Ernesto Guevara y los suyos no sólo no lo consiguieron, no sólo les resultó imposible conquistar una retaguardia a la que retirarse a descansar y reponer fuerzas, a curar a los heridos, es que ni siquiera contaron con la ayuda, antes al contrario, del Partido Comunista de Bolivia, de filiación soviética. Mario Monge, su secretario general, le dijo personalmente al mítico guerrillero que no se le había perdido nada en Bolivia, y que si alguien debía ejercer el mando de una insurgencia en el país, ese era él, que para eso era boliviano. Actuar como si efectivamente existiera una ideal patria latinoamericana y no los Estados-Nación realmente existentes, fue otro error de bulto24. En el Cono Sur, frente a la evidencia de que el planteamiento canónico del Che referente a la ventaja del campo a la hora de crear la guerrilla no era válido, surgieron grupos de guerrilleros urbanos que trasladaron la teoría del foco a las ciudades. Al no tener sentido la liberación de un campo despoblado, la revolución había de hacerse en las ciudades, donde se agrupaba la población. Las guerrillas urbanas constituyeron una variante muy especial de la guerrilla tradicional25. ¿Sus antecedentes? Sin duda, un contexto perfilado por los efectos de la victoria castrista en Cuba, las insuficiencias del desarrollismo y la supresión de formas legales de expresión política (Brasil, 1964; Argentina, 1966; Uruguay, 1968), que entorpecieron en extremo la lucha reivindicativa de la izquierda más tradicional. Son muchos quienes llegan a aquella conclusión de Perón, según la cual contra la fuerza bruta, sólo la fuerza aplicada con inteligencia puede ser efectiva.
LA GUERRILLA URBANA URUGUAYA: EL MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL TUPAMAROS En enero de 1966, medio centenar de militantes de izquierda radical y de procedencia diversa formaron el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, MLN-T, una organización pequeña y clandestina, estructurada en células repartidas por Montevideo y por el interior del país, dirigida por un pequeño Comité Ejecutivo formado por tres personas, entre las cuales estaba el mítico militante
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Véase Rodríguez Elizondo, J. op. cit. Gillespie, R., “La guerrilla urbana en América Latina”, en O’Sullivan, N.: Terrorismo, ideología y revolución, Madrid, Alianza, 1987.
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Raúl Sendic. En diciembre de ese mismo año, el grupo armado se dio a conocer tras un enfrentamiento armado con la policía en las calles de Montevideo. La organización creció lentamente primero, a base de militantes bien formados, con experiencia política o sindical; pero desde 1968, con la explosión del movimiento estudiantil y a raíz de la durísima respuesta represiva del gobierno, con muertes y detenciones durísimas de estudiantes, se incrementó sustancialmente la afiliación al MLN-T. En diciembre de 1969, el grupo contaba con dos centenares de militantes, pero en 1972, en el momento en que puede considerarse que habían sido derrotados, la cifra de detenidos por la policía y el ejército se acercaba a los mil trescientos26. El MLN-T había diseñado su estructura de forma que se adaptara de la mejor forma posible a las condiciones de clandestinidad propias de la guerrilla urbana, y a garantizar la efectividad en la obtención de recursos económicos, generalmente con el atraco a bancos y entidades susceptibles de manejar sumas importantes de dinero. La acción violenta de los Tupamaros siempre estaba determinada por criterios políticos, de manera que pudieran ser explicadas a la sociedad. Se ha dicho que su patrón de combate es el de una narrativa épica, es decir que cada significante, cada acción, había de tener un significado, un discurso político con mensaje comprensible. Durante los primeros años ésta fue la pauta, aunque al final las necesidades militares acuciaron de tal forma que el esquema se diluyó un tanto. Tras un atraco a un casino, valga un ejemplo, devolvieron la parte del dinero que constituía la propina de los trabajadores, no sin desplegar un discurso político de autoidentificación con el pueblo trabajador al tiempo que se deslegitimaba al enemigo. Los Tupamaros, como en general la izquierda uruguaya del período, integraron la influencia del potente anarcosindicalismo arraigado en el país. De éste tomó, por ejemplo, la doble vía de reservar el MLN-T para las acciones violentas y clandestinas, mientras que las movilizaciones y actuaciones legales eran desarrolladas por el Movimiento de Independientes 26 de Marzo. Como los anarquistas, diferenciaban la acción directa de la acción de masas. De la izquierda uruguaya tomaron también las formas de organización propias de su cultura política: la construcción organizativa en un doble plano, el territorial (los barrios) y el sectorial (los estudiantes y los trabajadores). Esa pauta prevaleció desde las movilizaciones en defensa de la Revolución cubana a principios de la década de los sesenta, hasta la construcción del Frente Amplio en 1971. No obstante, al MLN-T se le criticó que sus formas organizativas, sus pautas de acción políticomilitar e, incluso, sus estrategias de crecimiento casaban mal con la realidad obrera. Ciertamente su aporte fundamental de militantes se encuentra en el
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Rey Tristán, E., La izquierda revolucionaria uruguaya, 1955-1973, Universidad de SevillaDiputación de Sevilla-CSIC, 2005. pp. 129-136.
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medio estudiantil, aquel del cual se podía esperar una mejor adaptación a los condicionantes de la militancia de los Tupamaros. El MLN-T es un ejemplo paradigmático de la asunción de los planteamientos del llamado dependentismo. En el caso uruguayo había sido la anarcosindicalista CNT la que había elaborado un programa que conseguiría la adhesión de la práctica totalidad de la izquierda, desde los comunistas de orientación procubana o prochina a los propios Tupas o, años más tarde, el mismísimo Frente Amplio. Todo arrancaba en el caso uruguayo del deterioro social producido por la crisis y de la respuesta gubernamental de represión de las movilizaciones de protesta. Había que erradicar la dependencia externa y derrotar al capitalismo internacional y al imperialismo. Para ellos se identifica un nosotros y un ellos: los que sufren la degradación social aparejada a la crisis y ponen los muertos y detenidos, y los causantes de estos males. El objetivo era la deslegitimación del otro y de su autoridad para, tras conseguirlo, apostar sin fisuras por la acción desarrollada para derrotar hasta destruir a esta última. En los primeros años, el MLN-T pasó de ser un grupúsculo conspirativo a convertirse en un verdadero grupo revolucionario; ese cambio se produjo durante un período en el que vivieron una concatenación de éxitos que pareció dotarlo de una aureola de imbatibilidad. Las fuerzas armadas, especializadas ahora en la lucha contrainsurgente, acabaron derrotándolo de forma inapelable. La dictadura uruguaya se empleó a fondo y, como hemos dicho, a finales de 1972 podía ufanarse de haber obtenido la victoria. A pesar de su gran potencia efectiva, el MLN-T no estaba capacitado para asaltar realmente el poder. Como otros muchos grupos de la izquierda radical surgida al calor de la Revolución Cubana, los Tupamaros lograron capitalizarla en Uruguay, al tiempo que dieron una alternativa orgánica al descontento de tantos perjudicados por la coyuntura. No obstante, carecieron de un proyecto con visos de llevarlos al poder y ni siquiera consiguieron hacerse con la hegemonía en el seno de la izquierda uruguaya27.
OTRA GUERRILLA RURAL EXITOSA: EL FRENTE SANDINISTA NICARAGÜENSE Las tropas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) entraron triunfales a Managua el 20 de julio de 1979, encarnando lo que parecía ser una revolución joven y moderada sobre un régimen tiránico, puro gangsterismo de Estado, como había sido el de la dinastía de la familia Somoza28. La revo-
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Ídem, pp. 420-429. Véase nuestro subcapítulo “La revolución más linda del mundo” en Alcazar, Joan; Tabanera, N.; Santacreu, J.M. y Marimon, A., Historia Contemporánea de América, Valencia, Universitat de Valencia-Universitat d’Alacant-Universidad Nacional Autónoma de México-Universidad de Guadalajara, 2003. Igualmente, Alcazar Garrido, J., “América Latina en el siglo XX”, en Amores Carredano, J. B. (coord.), Historia de América, Barcelona, 2006. pp. 801-855.
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lución nicaragüense presentaba un carácter marcadamente pluralista, ya que entre sus partidarios se encontraban desde marxistas de tradición comunista a conservadores partidarios de la libre empresa, pasando por socialdemócratas y demócrata-cristianos. Gozaba de la bendición de la Iglesia Católica, y el apoyo mayoritario de los campesinos y los sindicatos, de las mujeres y de la juventud, de los negros de habla inglesa de la costa Atlántica y los indios Misquitos. Por si eso no bastara, entre los miembros relevantes del FSLN, además, aparecían muchos de los hijos de viejas familias de la clase alta nicaragüense. El FSLN había nacido en 1961 como grupo insurgente armado de orientación guevarista, que pretendía crear un foco guerrillero que permitiera llegar a derribar el odiado régimen somocista. A principio de los años setena, los jóvenes sandinistas concluyeron que, —aunque eso les apartara del modelo cubano—, las armas no eran suficientes para derribar al dictador. Iniciaron entonces un proceso de penetración en la sociedad civil, conquistando la adhesión de los sectores populares enfrentados con el somocismo y creando o propiciando la aparición de organizaciones civiles contrarias al régimen. Los parámetros ideológicos del Frente no podían ser más eclécticos: asumían la herencia nacionalista y antiimperialista de César Augusto Sandino, y realizaban su propia lectura de la revolución cubana y de otros procesos de liberación nacional, desde un marxismo no dogmático. El proyecto político se enriqueció con la llegada, desde los primeros años setenta, de militantes procedentes del cristianismo enraizado en la Teología de la Liberación29. El notable y notorio activismo militante de sacerdotes y laicos cristianos no hará sino legitimar y amplificar las propuestas políticas insurgentes de los sandinistas. Éstas respondían a lo que llamaban la lógica de las mayorías, —la antítesis de la lógica del capital—, protagonizada por un nuevo sujeto histórico. Partían de la necesidad de dar satisfacción a las demandas de “pan, techo, trabajo y dignidad”, de la mayoría de la población. Esta mayoría era el nuevo sujeto histórico, formado por los obreros, los campesinos, los jóvenes y las mujeres, los cuales constituirían los pilares de la nueva Nicaragua que los sandinistas pretendían construir30. La gestión de gobierno conjunto entre los dirigentes sandinistas y los representantes conservadores de la oposición antisomocista duró poco. Tras la ruptura, los sandinistas asumieron el poder en solitario y trabajaron políticamente en tres direcciones: la implantación de una economía mixta, una doctrina de no alineamiento internacional, y la existencia de pluralismo político interno decididamente democrático y participativo. La economía mixta no pretendía ser
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Smith, Ch., La Teología de la Liberación. Radicalismo religioso y compromiso social, Barcelona, Paidós, 1994. Véase Gorostiaga, X., “Economía mixta y revolución sandinista (7 años de experiencia), Mientras Tanto, 32, Managua, 1986; Marti i Puig, S., La revolución enredada, 1977-1996, Madrid, La Catarata, 1997 y Cancino Troncoso, H., Las raíces ideológicas e históricas del movimiento sandinista, Odense, Odense University Press, 1985.
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una forma intermedia entre socialismo y capitalismo, ni una simple convivencia entre el sector público y el sector privado. El concepto pretendía trascender los parámetros puramente económicos, mediante una profunda transformación social y económica, en paralelo con la forja de las bases estructurales y los procesos sociales de un sistema democrático. Las transformaciones socioeconómicas y políticas, pensaban los hombres y mujeres del FSLN, posibilitarían la superación del subdesarrollo y la pobreza mediante la combinación de la planificación económica y la dinámica propia del mercado Sólo tres años pudieron los sandinistas aplicar esta política económica. En ellos se desarrolló la demanda, se redujeron los costos del transporte, se incrementaron y mejoraron los servicios sanitarios y educativos, este último de la mano de una amplísima campaña de alfabetización, y se modificó sustancialmente la estructura de la propiedad, tanto la urbana como la rural. Se puso en marcha una Reforma Agraria que comenzó por distribuir las grandes propiedades de los Somoza y de sus partidarios. No obstante, la gestión económica de los sandinistas pronto empezó a evidenciar serias deficiencias. La evaluación de esos déficit no es fácil porque la revolución se convirtió en una guerra. A finales de 1982, coordinadas por la Central de Inteligencia Americana (CIA), las diversas organizaciones de oposición al Gobierno sandinista de Managua forman el Frente Democrático Nicaragüense (FDN), que organizará una tropa nutrida por elementos de la antigua Guardia Nacional y por voluntarios entrenados y pagados por los norteamericanos. Será la Contra. Washington ha puesto en marcha lo que denominan una Guerra de Baja Intensidad (GBI), una nueva forma de conflicto que no es la contrainsurgencia típicamente estadounidense, sino que es una insurgencia creada por ellos para desestabilizar a un gobierno legítimo al que consideran enemigo. Que la guerra se denomine “de baja intensidad” obedece al tipo de armamento que se utiliza, y no al volumen de víctimas, que fue muy alto31. La economía será la primera víctima de la guerra. Tras ella vendrá otra: la política. La que Julio Cortázar había llamado la revolución más linda del mundo, desembocará no sólo en enormes pérdidas humanas y materiales, sino que provocará una descapitalización de Nicaragua en virtud del volumen de recursos destinados al esfuerzo bélico. Desde 1985, la Administración Reagan endureció todavía más su hostigamiento e impuso un insalvable bloqueo a la economía del país. A finales de la década de los ochenta, diez años después de la entrada en Managua de las tropas vencedoras de los insurgentes sandinistas, Nicaragua padecía un crecimiento negativo del PIB (el -10 por ciento), y sopor-
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Klare, M.T. y Kornbluh, P., “El nuevo intervencionismo: la Guerra de Baja Intensidad durante la década de los ochenta”, en Klare, M.T. y Kornbluh, P. (Coord.), Contrainsurgencia, proinsurgencia y antiterrorismo en los 80. El arte de la Guerra de baja intensidad, México, D.F., Grijalbo, 1990.
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taba una inflación incontrolable que provocaba dos veces por semana la subida de los precios de las mercancías existentes. La Contra fue el ariete contrarrevolucionario utilizado por la Administración Reagan. Además de los efectos ya reseñados, también propició una polarización extrema de la sociedad nicaragüense, dándole formas de enfrentamiento religioso a lo que no era más que una respuesta a lo que Washington entendía como una maniobra del expansionismo cubano-soviético. A los desastres políticos, económicos y humanos de la guerra se añadió la corrupción a varios niveles del aparato político sandinista, lo que se conoció como la piñata. La corrupción interna y los efectos devastadores del enfrentamiento armado con la Contra eran incompatibles con la democratización programada. Todo hubo de ponerse al servicio de las necesidades bélicas, lo que como es lógico generó una reducción de la participación política popular. Paradójicamente, esto no fue obstáculo para que, más allá de la inestabilidad política asociada al conflicto armado interno, el FSLN obtuvo en 1984 una importante victoria electoral. En 1990, seis años más tarde, el deterioro progresivo de todos los indicadores, junto con la convicción generalizada entre los nicaragüenses de que la guerra no finalizaría mientras los sandinistas se mantuvieron en el poder, produjo la victoria de la oposición. Con un marco legal homologable, con la presencia de observadores internacionales y con todo el antisandinismo agrupado en la Unión Nacional Opositora (desde la extrema derecha hasta los comunistas locales), el FSLN perdería las elecciones. Los líderes revolucionarios, no sin dudas, entregaron democrática y pacíficamente el poder que habían conseguido por las armas once años atrás. Las urnas establecieron el fin de un proceso revolucionario que había despertado tantas expectativas como simpatías dentro y fuera de la América Latina. Violeta Chamorro, la viuda del mártir antisomocista, asumió la Presidencia de la República, con la promesa del gobierno de Washington de participar de manera efectiva en la reconstrucción económica del país. Ese compromiso de los Estados Unidos, sin embargo, no se convirtió en nada tangible. Una vez desalojados del poder los sandinistas, los norteamericanos perdieron el interés por Nicaragua. En 1994, el salario nicaragüense real tenía, en poder adquisitivo, el 15 por ciento de su valor en 1980. El nuevo sujeto histórico, a quién los sandinistas habían consagrado la revolución, había sufrido durante las estrecheces y los grandes padecimientos de la década de los ochenta. Tras la derrota de los revolucionarios, vencidos en las urnas por la guerra y por las grandes promesas, la llamada lógica de las mayorías quedaba en el olvido más absoluto.
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LA POLÍTICA COMO GUERRA: EL CASO SALVADOREÑO La historia política de El Salvador es, como en general la de los países de Centroamérica, muy convulsa durante el siglo XX32. La llamada oligarquía cafetalera se encargó de mantener un férreo control político y económico, incluso en paralelo con la modernización de la economía agraria. La política salvadoreña se ha manifestado frecuentemente como, sencillamente, una forma de guerra. Un hito significativo de esta realidad es la matanza de más de treinta mil campesinos del Occidente del país a manos del ejército a principio de la década de los treinta. Ya en la década de los setenta, la crisis política se agudiza por la guerra de julio de 1969 con Honduras. Si bien significó un triunfo militar para El Salvador, miles de campesinos hubieron de ser repatriados, lo que multiplicó las demandas por una reforma agraria en el país. Es en ese contexto que surgen y se desarrollan las organizaciones armadas revolucionarias y gran cantidad de organizaciones populares. La extrema polarización política genera una situación de ingobernabilidad y, hacia finales de los setenta, la confirmación de la viabilidad de la opción. El golpe de Estado de octubre de 1979, protagonizado por jóvenes oficiales de vocación reformista acabó en un fracaso total, lo que abrió las puertas a la guerra civil. Desde 1980 la guerra abierta sustituye completamente a la política en lo que podemos llamar el conflicto social. En enero de 1981 estalla la guerra civil, cuando la dirección del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) anuncia la “Ofensiva general militar” contra el régimen. Los actores centrales de la guerra son tres: las fuerzas del Gobierno salvadoreño, los Estados Unidos y la alianza del FMLN con el Frente Democrático Revolucionario (FDR). El esfuerzo militar de los dos primeros es justificado aludiendo a razones de seguridad nacional y a que para Washington no puede repetirse otra situación como la nicaragüense. Durante los años ochenta El Salvador será el escenario de dos estrategias de contrainsurgencia. La primera, hasta 1984, pretendía neutralizar al FMLN con la táctica de cerco y aniquilamiento mediante lo que se llama despliegue rápido de tropas. Esta línea de actuación que se ha elaborado huyendo de los errores cometidos en Vietnam, no produce el resultado esperado por sus impulsores y la insurgencia se fortalece. Según fuentes de Washington, el FMLN pasó de contar con 2.000 guerrilleros en 1980 a un mínimo de 9.000 y un máximo de 12.000 en 1984. Lógicamente se abandona la política de despliegue rápido y, siguiendo la doctrina de la llamada Guerra de Baja Intensidad, se atiende a la contrainsurgencia desde una dimensión integral y no sólo militar. Pese a todo, la alianza del gobierno salvadoreño con los norteamericanos no consigue ni reactivar la economía, ni consolidar el gobierno, ni vencer a la guerrilla del FMLN.
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Benítez -Manaut, Raúl, “Empate militar y reacomodo político en El Salvador”, Nueva Sociedad, nº 106, marzo-abril, 1990. pp. 73-81.
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Por lo que a estos respecta, dada la diversidad de organizaciones que conforman el FMLN, desde 1978 se implementan diversas estrategias y tácticas que llegan a ser antagónicas. Pueden resumirse, sin embargo, en dos grandes líneas. Una que se inspira en el triunfo sandinista en Nicaragua, y que pretende la insurrección tras integrar a la población en la ofensiva militar guerrillera. La segunda se inspira en el concepto de guerra popular prolongada, y se decanta por desarrollar un proceso de acumulación de fuerzas, principalmente en las zonas más deprimidas del país. La contradicción insurgente se resolvió en 1983, cuando el FMLN decidió combinar ambas estrategias, buscando tanto el fortalecimiento del ejército insurgente como la participación masiva de la población, con creciente interés en que las acciones guerrilleras urbanas adquieran importancia. La guerra devino, finalmente, en una especie de empate catastrófico, del que se salió gracias a los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados en México el 16 de enero de 1992, entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que pusieron fin a doce años de guerra civil en el país. Como resultado de esos acuerdos, se produjeron modificaciones constitucionales; se introdujeron cambios relativos a las Fuerzas Armadas, especialmente en torno a la creación de la Policía Nacional de carácter civil; se modificó el sistema judicial, especialmente en cuanto a la defensa de los Derechos Humanos; se produjeron innovaciones en el sistema electoral y se tomaron decisiones en materia económica y social.
LA CONVULSIÓN DE LOS SESENTA: DE MÉXICO A BRASIL En el Cono Sur, como ya se ha dicho, surgieron grupos de guerrilleros urbanos que trasladaran la teoría del foco a las ciudades. En la Argentina y en Uruguay, especialmente, pero también en Chile y Brasil, fracasaron militarmente. En México y Argentina, los países más desarrollados del continente, se produjeron eclosiones sociales que pusieron en cuestión tanto los planteamientos guevaristas como los de la Alianza para el Progreso. En Argentina, el cordobazo de 1969, marcó tanto a los grupos guerrilleros que concluyeron que la lucha armada y el socialismo eran la única salida. En México, dónde se había logrado satisfacer las demandas sociales más adelantadas del continente, merced a la revolución de 1910, el movimiento estudiantil del 1968 hizo tambalear no sólo la sociedad, sino también el sistema político. En ese año, mientras México se preparaba para recibir a los XIX Juegos Olímpicos programados para comenzar el día 12 de Octubre; en el país se respiraba un aire tenso por el movimiento estudiantil que ya duraba varios meses y cada día iba creciendo más33.
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Véase Poniatowska, Elena, “La Noche de Tlatelolco”, México, Editorial Era, 1971; y, también, Farías, Luis M., “Así lo Recuerdo, Testimonio Político”. México, Fondo de Cultura Económica, 1992.
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Este movimiento estudiantil, surgido durante el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz, había conseguido aglutinar a los estudiantes de distintas provincias del país y del Distrito Federal. El gobierno buscaba una rápida solución al conflicto con la pretensión de que éste no afectara directamente la realización de los Juegos Olímpicos, un evento de dimensión planetaria que fijaría la mirada internacional sobre México. Los estudiantes, ajenos al interés gubernamental, seguían manifestándose, reclamando democracia, la derogación del artículo 145 del Código Penal, libertad de expresión, la retirada de la milicia de las escuelas, libertad a los presos políticos y la igualdad entre los estudiantes. El movimiento se va radicalizando y a finales de julio unidades del Ejército, ante la incapacidad de la policía, son utilizadas para reprimir las manifestaciones estudiantiles. La tropa permanece en estado de alerta. La línea oficial del gobierno acusa al movimiento de influencias “extranjeras comunistas”, pero las movilizaciones siguen en aumento. Las manifestaciones congregan a más de 180.000 personas, y junto a los estudiantes caminan ya trabajadores mexicanos. La CIA y el FBI están en el punto de mira de las denuncias del movimiento estudiantil, acusan a algunos profesores y estudiantes de trabajar para ellas. Se forma un Consejo Nacional de Huelga, se comienza a elaborar una lista de estudiantes desaparecidos que recoge 25 nombres y se celebran marchas de los estudiantes que van a coincidir en las calles con carros blindados del Ejército. El 18 de Septiembre, los militares ocupan la Universidad y el número de personas detenidas suma 1.600. El 2 de Octubre los estudiantes convocan una concentración en la Plaza de las Tres Culturas. La plaza comienza a llenarse, acuden también muchos obreros, niños, mujeres, que muestran su simpatía hacia las reivindicaciones del movimiento estudiantil, pero los carros blindados del Ejército convierten el lugar en una ratonera. Nada más iniciarse el acto, una bengala fue la señal para que se empezara a disparar contra la multitud. Eran los miembros del Batallón Olimpia, cuya misión era detener a los líderes del movimiento estudiantil. También dispararon sus armas los integrantes de la llamada Brigada Blanca, vestidos de civil, pero identificados por portar un guante blanco como distintivo. Según Paco Ignacio Taibo II, quien en 1993 encabezó una Comisión de la Verdad sobre estos sucesos, en esa trágica tarde hubo 300 muertos, además de 700 heridos y cinco mil estudiantes detenidos. Esa táctica de enfrentar las protestas sociales a balazos no era nueva para el presidente Díaz Ordaz. En distintos momentos de su gobierno había sido puesta en práctica sin provocar reacciones sustantivas en la opinión pública. El gobierno manejó la versión que lo sucedido fue un enfrentamiento entre estudiantes y militares, además de que minimizó la cantidad de muertos y heridos. La censura se volvió férrea. Hoy se habla de que hubo 6.000 detenidos, 2.000 fueron encarcelados, algunos de ellos durante varios años; sin juicio, o con procesos amañados y sin garantía alguna de defensa. El gobierno culpó a “elementos nacionales y extranjeros”, los acusó de terroristas y desencadenó una brutal represión que
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obligó a muchos a exiliarse o abandonar la universidad. Según la escritora y periodista Elena Poniatowska, “ese día asesinaron a los jóvenes mexicanos que luchaban por sus ideales, por tener un mejor país”. En Brasil, la dictadura militar implantada en 1964 prohibió los partidos políticos y las asociaciones civiles de la oposición, incluso las agrupaciones estudiantiles. El movimiento estudiantil que floreció en 1968 era, esencialmente, un movimiento de lucha contra la dictadura. A pesar de esta significativa singularidad, las manifestaciones estudiantiles que ocurrían en Brasil estaban emparentadas con las revueltas que estallaban en varias partes del mundo: un sentido radical de libertad, el culto a la acción y, muy significativamente, el desprecio por las formas tradicionales de hacer política34. El movimiento estudiantil que se gestó entre 1966 y 1968 en Brasil, albergaba también en su seno una crítica al Partido Comunista Brasileño, acusado de reformismo y de inmovilismo frente al régimen. El punto de mayor tensión de este movimiento ocurrió tras el asesinato de un estudiante frente a un restaurante universitario en Río de Janeiro. Los estudiantes cargaron su cuerpo en procesión hasta la Asamblea Legislativa, donde entraron por la fuerza. Esta muerte marcó el inicio de un proceso de radicalización política y de enfrentamientos violentos entre la policía y los estudiantes. En este final de la década de los sesenta detonó la opción por la lucha armada por buena parte de la izquierda brasileña. En su “Carta al Comité Ejecutivo del PCB”, de 1966, Carlos Marighela rompió con el Partido Comunista Brasileño para crear la organización armada Acción Liberadora Nacional (ALN). Entre 1966 y 1969 surgieron, se multiplicaron, se fundieron innumerables organizaciones armadas: la ya citada ALN, el Partido Comunista Brasileño Revolucionario (PCBR), el Movimiento Revolucionario 8 de Octubre (MR-8), la Vanguardia Popular Revolucionaria (VPR), la Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares (VAR-Palmares) y los Comandos de Liberación Nacional (COLINA) fueron algunas de ellas. La opción por la lucha armada expresaba el culto a la acción como el denominador común de los movimientos juveniles durante la década de los sesenta en el mundo entero. Este culto traía consigo la valoración de la acción directa, del coraje y del enfrentamiento. Urgencia, prisa, voluntarismo, inmediatismo. Los jóvenes querían la revolución socialista y la querían rápidamente. El desprecio por el juego parlamentario y por las formas tradicionales de hacer política fue uno de los elementos más fuertes y comunes, este deseo de acción política inmediata, que se expresó en la lucha armada, se extendió por diversos países de América Latina. En muchos de ellos se formaron organizacio-
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Véase: Nercesian, Inés: “Organizaciones armadas y dictadura institucional en Brasil en la década de los setenta”, Fermentum, Revista Venezolana de Sociología y Antropología, mayoagosto 2006, vol. 16, nº 046. Universidad de Los Andes. Mérida. Venezuela, pp. 446-460. También Araujo, María Paula Nacimiento, “A Utopia Fragmentada. Novas esquerdas no Brasil e no mundo na década de 1970”, Río de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 2000.
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nes armadas, la mayoría compuestas —en gran medida— por jóvenes universitarios que abandonaban las aulas para echar mano a las armas. Los ejemplos que inspiraban la lucha armada de los jóvenes brasileños eran la Revolución cubana, la guerrilla vietnamita y la guerra popular prolongada de la Revolución China. En Brasil, el incremento de la opción por la lucha armada, conjugada con el endurecimiento del régimen, produjo resultados trágicos. En pocos años, las organizaciones fueron destruidas, dejando un saldo importante de muertos, desaparecidos, exiliados y expatriados. Después de la derrota de la insurgencia armada, las izquierdas brasileñas iniciaron una reflexión con el objetivo de alejarse del elitismo revolucionario que les permitió abrir una nueva estrategia política que generó la adhesión de grandes núcleos de la población. La etapa siguiente fue la de una lucha democrática contra la dictadura militar. Entre 1974 y 1985, la sociedad civil y amplios sectores de la izquierda brasileña llevaron a cabo una lucha por las libertades democráticas.
LA REVOLUCIÓN LEGAL CHILENA Si se puede afirmar que la izquierda insurreccionalista, partidaria de derrotar militarmente al imperialismo e inspirada en el ejemplo cubano se convirtió en la alternativa política transformadora por excelencia, no es menos cierto que si en algún país se contó con una alternativa distinta ese fue Chile35. En el angosto país andino se intentó, también, hacer una revolución conducente al socialismo, pero fue la izquierda clásica la que se propuso hacerlo sin violencia y sin violentar la legalidad constitucional republicana. Podemos decir que en Chile, durante el período de la Unidad Popular y bajo la presidencia del doctor Salvador Allende, se intentó hacer una revolución legal, antagónica del otro modelo de revolución insurgente que pasaba por violentar el marco jurídico previo, fuera éste más o menos legítimo. Socialistas y comunistas, junto a cristianos progresistas y republicanos históricos, con el apoyo externo o el estorbo, según momentos, de jóvenes guevaristas organizados en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), impulsaron la Unidad Popular, una coalición de partidos que, con el socialista Allende como candidato, obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales de 1970. Tradicionalmente, en el marco político chileno la derecha, el centro y la izquierda contaban desde décadas atrás con un apoyo mantenido de un tercio del electorado. Chile destacaba en el escenario latinoamericano por ser un país caracterizado por el respeto a la legalidad republicana de los actores políticos; tan-
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Son diversos nuestros trabajos sobre Chile. El más reciente, que contiene diversos escritos referidos al Chile reciente es Alcázar Garrido, Joan, Yo pisaré las calles nuevamente. Chile, revolución, dictadura, democracia (1970-2006), Santiago de Chile, Editorial Universidad Bolivariana, 2009.
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to más cuanto en el vecindario no era esta la virtud más generalizada. Además, sus fuerzas armadas tenían una fama, quizá excesiva, de ser mayoritariamente constitucionalistas. No obstante, el país andino era, como todos los del área, un país injusto y mal repartido, aunque no tanto como sus vecinos. Ese país se embarcó, entre el estupor de unos, el pánico de otros y la ilusión de una minoría mayoritaria, en la aventura de construir el socialismo sin disparar un tiro. Tras algún intento anterior, la llamada Vía chilena se puso en marcha en 1970 con el triunfo de la izquierda, que ya había sido evitado en 1964 cuando Eduardo Frei Montalva había vencido a Allende con un programa demócrata cristiano, inspirado en la doctrina social de la Iglesia y en la Alianza para el Progreso kennedyana, que pretendía desarrollar la “Revolución en libertad”. Con la victoria en 1970, el doctor Allende presidió un gobierno que tenia como objetivo estratégico eliminar las desigualdades en la distribución de la riqueza. Y se puso manos a la obra contando con poco más del 36 por ciento del electorado (contra el 63 por ciento restante; el 34 de la derecha de Alessandri más el 28 de la DC de Tómic). Se decantaron por nacionalizar las empresas estratégicas para constituir con ellas un Área de Propiedad Social, y por realizar una profunda reforma agraria que substituyera los latifundios por cooperativas agrícolas. Además, se pretendía una nueva política redistributiva que incentivara la producción por el incremento del consumo, y una mayor participación de los ciudadanos en los procesos de gestión y decisión política. Por lo que respecta a las relaciones internacionales del nuevo gobierno, la Unidad Popular (UP) confesaba su deseo de reorientar las relaciones diplomáticas de Chile, con un nuevo énfasis en las relativas a los países del bloque socialista y los del Tercer Mundo, junto a una denuncia de la que consideraban injerencia permanente de los Estados Unidos en América Latina36. El Secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, confirmó esta percepción cuando afirmó públicamente que ellos, los Estados Unidos, no iban a permanecer impasibles tras convencerse que un país, Chile, había decidido hacerse comunista por la irresponsabilidad de su pueblo. El asedio de la Administración norteamericana comenzó antes de la toma de posesión de Salvador Allende, y no cesó hasta que Augusto Pinochet comandó el golpe militar el 11 de septiembre de 1973. Hoy sabemos, gracias a documentos secretos de la Casa Blanca recientemente desclasificados, que Richard Nixon
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Sobre el periodo de la Unidad Popular y la dictadura militar: Cáceres, G., “El ‘modelo chileno’: un producto de la intersección entre dictadura y democracia (1975-1998)”, en Alcazar, J. y Tabanera, N., Estudios y materiales para la historia de América Latina, 1955-1990, València, Tirant lo Blanch/Universitat de València, 1998; De Souza Fredrigo, F., Ditadura e resistencia no Chile. Da democracia desejada à Transiçao possivel, 1973-1989, Franca, Universidade Estadual Paulista, 1998; Garces, J., El Estado y los problemas tácticos del gobierno de Allende, Madrid, Siglo XXI, 1974; Garreton, M.A. y Moulian, T., La Unidad Popular y el conflicto político en Chile, Santiago, CESOC/LOM, 1983; Meller, P., Un siglo de economía chilena, 1890-1990, Santiago, Andrés Bello, 1996; Moulian, T., La forja de ilusiones: el sistema de partidos, 19321973, Santiago, FLACSO/ARCIS, 1993.
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conspiró con la dictadura militar brasileña para derrocar a Allende, en un plan que tenía como objetivo impedir que dirigentes de parecida orientación a la de Fidel Castro o Salvador Allende proliferaran en América Latina. Según estos documentos norteamericanos, en un informe redactado por el propio Kissinger, referido a una reunión entre Nixon y Garrastazu Medici, producida en diciembre de 1971, cuando el presidente estadounidense planteó a su colega brasileño la necesidad de colaboración para derrocar a Allende, el general brasileño respondió afirmando que, en ese campo, había muchas cosas que, como país sudamericano, Brasil podía hacer y los Estados Unidos no. Finalmente, el acoso norteamericano y los errores e insuficiencias del gobierno de la Unidad Popular llevaron al golpe que acabó con la vida de Allende y de cientos de sus correligionarios. Tras el 11 de septiembre de 1973 se estableció una cruel dictadura militar que en diecisiete años costó miles de vidas y decenas de miles de exiliados, durante la cual se secuestró, se torturó y se hizo desaparecer a personas acusadas de actuar en contra del régimen militar. Se puede decir, pues, que la Vía chilena fue derrotada. Paralelamente, también debe decirse que la Unidad Popular fracasó. No todo puede ponerse en la cuenta del acoso y derribo del gobierno de Washington, comandado por el tándem Nixon-Kissinger; ni siquiera en la cerrazón con que los sectores chilenos más reaccionarios se oponían a las directrices y las decisiones del gobierno de Allende. La Unidad Popular jamás pudo trascender su condición de coalición electoral, y en su seno malvivieron opciones tácticas y estratégicas prácticamente antagónicas. Los fracasos del gobierno de la Unidad Popular no fueron sólo el resultado de decisiones políticas irresponsables ni de presiones de la izquierda guevarista para acelerar el proceso revolucionario, que también. Fundamentalmente se originaron en el rechazo de estas políticas por parte de sectores cada vez más movilizados especialmente de la clase media, algunos de los cuales habían simpatizado al principio con la regeneración propiciada por Salvador Allende. Por si esto no fuera suficiente, el sabotaje y la subversión, junto con las intrigas organizadas desde los cuarteles y desde los llamados cordones industriales, así como los consejos prepotentes e interesados de amigos incómodos —como Fidel Castro—, hicieron de Chile un país sometido a una polarización insostenible en el que la violencia, más o menos explícita, apareció como una variable permanente y cotidiana. Durante el gobierno de la izquierda chilena se produjeron procesos complejos y, en ocasiones paradójicos. Uno, quizá, de los más destacables es el que debemos conectar a la subida salarial decretada por el gobierno (22 puntos por encima de la inflación), en cumplimiento de su programa electoral. La Unidad Popular había llegado al poder, claro, para mejorar la vida de los trabajadores chilenos, por lo que era necesario mejorar su capacidad de compra para que se elevara su capacidad de consumo y, por esta vía, mejorara su realidad vital. Por eso, las mejoras salariales habían de ser superiores a la inflación.
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Es verdad que se elevaron los niveles de consumo interno, especialmente el de los trabajadores, pero, —y aquí está la variable imprevista—, la producción nacional no fue capaz de atender los incrementos de la demanda. Esto, unido al descenso de la producción agraria y de la industrial, por problemas de falta de control gubernamental, obligó a incrementar el volumen de las importaciones. Paralelamente, el precio internacional del cobre bajó un 25 por ciento en un mercado internacional muy influenciable, lo que tuvo efectos muy nocivos sobre los equilibrios macroeconómicos. A finales de 1972 las exportaciones se habían reducido en una cuarta parte y las importaciones se habían incrementado en un 40 por ciento. El ministro de economía Pedro Vuskovic había reconocido ese mismo año que la política económica estaba supeditada a la necesidad de ampliar el apoyo popular al gobierno. Esa es, quizá, la paradoja: la victoria de electoral de los partidos de los trabajadores tenía que redundar en una mejora sustantiva de las condiciones de vida y trabajo de estos. Sin embargo, en ese escenario descrito, esa economía, políticamente imprescindible, no podía funcionar. A mediados de 1973, la inflación se situaba en el 300 por ciento, y la economía chilena estaba prácticamente colapsada. La insostenibilidad de la situación económica del país será uno de los argumentos más eficaces de la oposición para movilizar a los sectores sociales medios y altos. Los sectores contrarios al gobierno de Allende adoptaron una decidida política de toma de las calles, en competencia con la izquierda. A finales del año 1971, se produjo la más importante de esas manifestaciones: la llamada marcha de las ollas vacías. Miles de mujeres de Santiago, en un momento en el que el mundo estaba mirando a Chile mientras era hiperbólicamente visitado por el carismático líder cubano Fidel Castro. Éste, que fue recibido por Allende como “comandante de la esperanza latinoamericana”, prolongó su visita por 24 días, contra los 10 previstos inicialmente. En ese período consiguió irritar al presidente chileno por sus injerencias en asuntos estrictamente internos hasta el punto que lo vio marchar con alivio. La inacabable visita del revolucionario cubano, a finales de 1971, tuvo dos efectos importantes: por una parte generó una extrema polarización y un claro endurecimiento de las relaciones entre el gobierno y la oposición. Ésta, se sintió entre irritada y asustada por las confesadas coincidencias estratégicas entre Castro y Allende, mucho más valoradas que las discrepancias tácticas. El segundo de los efectos de la visita de Castro consistió en que el líder cubano enardeció tanto a la izquierda mirista, proguevarista, como a la fracción insurreccionalista del partido socialista. Tanto los jóvenes del MIR como los más radicales dirigentes socialistas presionaron a Allende para que acelerara lo que ellos entendían como un proceso revolucionario imparable; y esa presión se opuso de manera irreductible a las tesis negociadoras y gradualistas del Partido Comunista y de la Central Única de Trabajadores (CUT). La realidad interna de los cuarteles no era, lógicamente, ajena a la polarización y la dureza de la confrontación que se vivía en Chile. El 23 de agosto de 1973 el general Prats dimitió como Comandante en Jefe por presiones internas
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de las fuerzas armadas, y Allende nombró sustituto a un general quizá gris, pero con fama de legalista y de su mayor confianza: Augusto Pinochet Ugarte. Cinco días después, ya a la desesperada, Allende forma un gobierno de salvación y comunica a sus colaboradores que el 12 de septiembre anunciará al país la convocatoria de un plebiscito para la reforma de la constitución. Un día antes del anuncio, el 11 de septiembre de 1973, se produjo la sublevación militar, y el Palacio de la Moneda, sede de la Presidencia de la República, fue bombardeado por cazas de la Fuerza Aérea y sitiado por carros de combate37. Allende y uno de sus más íntimos colaboradores, Augusto Olivares, se suicidaron en su interior. El resto de los resistentes, hombres y mujeres del entorno más próximo al Presidente Allende, colaboradores cercanos e incluso agentes de Carabineros de Chile que permanecieron leales, fueron detenidos. Muchos de ellos todavía hoy integran la macabra lista de detenidos desparecidos de la dictadura militar chilena. Porque eso fue lo que comenzó aquel 11 de septiembre en el que tomó el poder una Junta Militar formada por los generales Pinochet, Leigh, Merino y Mendoza. Según sus declaraciones iniciales, el golpe se había producido para “salvar al país del cáncer marxista” y para “proteger la democracia”.
DEL MILITARISMO TRADICIONAL A LAS DICTADURAS DE NUEVO TIPO. LOS CASOS CHILENO Y ARGENTINO Es habitual encontrar el concepto de militarismo relacionado con la historia contemporánea de América Latina, como forma expresión de la presencia o el peso abusivo de los militares en la esfera política de los diversos países, ya sea interviniendo directamente en el gobierno, ya sea haciéndolo en la sombra desde los cuarteles38. Dicho esto, conviene dejar claro que no existe una uniformidad en cuanto a la actuación del Ejército en la política y la sociedad de América Latina. Las diversas realidades nacionales, lógicamente, tienen también su correspondencia con las distintas realidades regionales, económicas y culturales. Así, aún desde la existencia de características comunes, es difícil homologar la realidad militar, por ejemplo, de los países centroamericanos con la de los países del Cono Sur. Incluso en esta última región encuentran los especialistas diferencias importantes. Se distingue entre el militarismo casi institucionalizado y
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Caceres, G. y Alcazar, J., “Allende i la Unitat Popular. Cap a una deconstrucció dels mites polítics xilens”, El Contemporani, nº 15, Afers/Centre d’Estudis Histórics Internacionals de la Universitat de Barcelona, 1998. Hemos escrito sobre este mismo tema en Alcazar, Joan; Tabanera, N.; Santacreu, J.M. y Marimon, A, Historia Contemporánea de América, Valencia, Universitat de Valencia-Universitat d’Alacant-Universidad Nacional Autónoma de México-Universidad de Guadalajara, 2003. Igualmente, Alcazar Garrido, J., “América Latina en el siglo XX”, en Amores Carredano, J. B. (coord.), Historia de América, Barcelona, 2006. pp. 801-855.
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el militarismo cataclísmico. El primer tipo, al que también se denomina pretoriano, lo encontramos en la Argentina o en Brasil, mientras que el otro, al que también se califica de catastrófico, lo podemos encontrar en Chile o en Uruguay. Con respecto a la presencia militar excesiva en países del área caribeña y centroamericana (las dictaduras de Trujillo, Somoza o Batista, por citar algunas), se habla más de gangsterismo de Estado que no de militarismo, dado que si bien los dictadores se amparan bajo la protección de una guardia militar, están más cerca del antiguo caudillismo que del militarismo moderno. La expresión máxima del militarismo ha sido, tradicionalmente, la dictadura militar39. Ésta ha presentado durante la época republicana dos modelos diferenciados: la dictadura tradicional y la dictadura de nuevo tipo. Hay un tercer modelo, minoritario pero no nada despreciable, que se aquel que podemos denominar dictaduras reformistas-nacionalistas, con connotaciones populistas pero sin participación de las masas, como las que encontramos en el Perú del general Velasco o en el Panamá del general Torrijos y, más vagamente, a experiencias militaristas de Bolivia, Ecuador y Honduras. Las dictaduras que aparecen desde los años sesenta, en sintonía con la Doctrina de Seguridad Nacional respaldada por Washington como defensa frente al avance del comunismo, son las que denominamos dictaduras de nueve tipo, siendo muy importante diferenciarlas del modelo de dictadura tradicional. Mientras que esta última es la que responde al modelo vigente hasta la década de los treinta, los cambios acontecidos desde entonces por la presencia creciente de los sectores obreros y populares en la esfera política determinarán el agotamiento de este modelo de dominación autoritaria. Aquella dictadura militar tradicional, originada habitualmente por un pronunciamiento militar, fue efectiva y posible mientras la hegemonía política fue detentada por las oligarquías terratenientes y agroexportadoras, vertebradas políticamente por los partidos liberal y conservador y con el apoyo de la Iglesia Católica. Sociedades con una población activa mayoritariamente agraria y cono unos valoras sociales y culturales todavía en sintonía con los del periodo colonial, empezarán a cambiar en profundidad cono los procesos de industrialización y de urbanización que empiezan durante los años treinta y que madurarán con la reorganización productiva internacional que se abrirá tras la finalización de la II Guerra Mundial. La Revolución Cubana tendrá importantes efectos con respecto al tipo y formas de las dictaduras militares que empezarán a implantarse en el subcontinente desde la década de los sesenta. La serie de golpes militares de nuevo tipo en esta década, bajo el manto de la nueva política norteamericana, empezará en 1962 en la Argentina, con el derribo de Arturo Frondizi, y en el Perú con el
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Son imprescindibles los trabajos de Alain Rouquié. Entre ellos el clásico Rouquié, A., El Estado militar en América Latina, Madrid, Siglo XXI, 1984. Igualmente, Rouquié, A. i Suffern, S., “Los militares en la política latinoamericana desde 1930”, en Bethell, L. (ed.), Historia de América Latina. 12. Política y sociedad desde 1930, Barcelona, Crítica, 1997.
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golpe contra Manuel Prado. A estos, seguirán en 1963 en Guatemala contra Manuel Ydígoras, en Ecuador contra C. Julio Arosamena, en Honduras contra Ramón Villeda y en la República Dominicana con el golpe contra el presidente Juan Bosch. Poco después vendrán los de 1964 contra Joao Guolart en Brasil y el de Bolivia contra Víctor Paz Estensoro y el de Argentina de 1966 contra Arturo Illia, de la mano del general Juan Carlos Onganía. Así, en un contexto de Guerra Fría se produce una revalorización del papel de los militares y de los ejércitos en América Latina40. A la luz de lo dispuesto desde 1947 mediante el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), y al calor de los efectos de la victoria castrista, los mandos militares de la región mantendrán una relación especial con el Departamento de Defensa y con la Central de Inteligencia norteamericana. La consigna será Seguridad Nacional. Para entender las nuevas pautas de actuación militar inauguradas desde los años sesenta es necesario aceptar que la práctica totalidad de los Ejércitos latinoamericanos son muy profesionales y modernos. Sus miembros constituyen una elite, especialmente en la vertiente técnica, lo cual les facilita, permite y potencia la ocupación de altos cargos dentro la Administración del Estado. Los militares han adquirido una mentalidad propia, autónoma y distinta de la de la mayor parte de la sociedad civil. Peso a esto, las dictaduras de nuevo tipo también actúan socialmente, puesto que atraen a aquellos que desean un Estado fuerte, pero que no tienen los instrumentos necesarios para conseguirlo. Conviene no olvidar que el militarismo implica la aceptación de una sociedad cerrada, en la cual las discrepancias y los problemas sociales encuentran solución mediante la utilización de la fuerza. Con estos parámetros se produce la identificación del destino nacional con las esperanzas del Ejército. Estas nuevas dictaduras militares, también llamadas de Seguridad Nacional, propician el acceso al poder de los militares como institución. Ahora suele tratarse de una junta militar en la que participan las diversas armas de los ejércitos, y no de tal o cual general con más o menos apoyos entre sus compañeros de armas. Utilizan la violencia de manera sistemática y explícita como forma de sembrar el terror tanto entre los adversarios como entre los simples desafectos al nuevo régimen que se instaura con el golpe, para lo que hacen gala de una ferocidad insospechada. Además, una vez han accedido al poder, los militares tratan de asegurarse el continuismo presidencial, para lo cual establecen unos mecanismos electorales adecuados, los cuales, lógicamente, incluyen el fraude como mecanismo de asegurarse la victoria en las urnas. Esta es, evidentemente, una de las más claras paradojas del poder militar: después de levantarse contra la legitimidad democrática, reivindican las formas representativas —con matizaciones y con trampas— de las democracias occidentales, y esto como forma de autolegitimación.
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Maira, L., Las dictaduras en América Latina. Cuatro ensayos. Santiago, CESOC, 1986.
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Diferentes y variadas son las justificaciones que ofrecen los militares respecto de su intervención en tareas de gobierno: nacionalismo, modernización técnica, necesidad de industrialización, necesidad de eliminar las contradicciones partidistas beneficio del desarrollo nacional y, sobro todo, la seguridad nacional. Esta formulación deliberadamente ambigua afecta cualquiera actividad, ya sea económica, política o cultural. Todas tienen que estar sometidas a la doctrina de la seguridad nacional. Esta constituye el más querido recurso teórico de las nuevas dictaduras, que suelen utilizar un vocabulario quirúrgico o médico como forma de aludir a sus objetivos: extirpar, amputar, cáncer, células malignas. Una interesante tipificación ha establecido la existencia de cuatro fases identificables en las dictaduras militares de nuevo tipo41. La primera de ellas, denominada fase reactiva es aquella en la que la problemática central del nuevo régimen es eliminar a los adversarios contra los cuales se ha dado el golpe militar. El elemento básico de esta fase es el represivo y el actor principal indiscutible son las Fuerzas Armadas. La oposición política, aquellos que son considerados por los militares como el enemigo interior, se centra fundamentalmente en conseguir su supervivencia física y, si es posible, la de los aparatos organizativos proscritos por los militares. La segunda es la llamada fase transformadora o fundacional. La problemática básica del régimen es en esta fase la definición de un modelo de desarrollo, de un nuevo sistema de relaciones sociales y de un modelo político de futuro que se perfile como sucesor del régimen militar. La política económica está inspirada por los principios neoliberales y es la fase triunfalista de los booms o de los milagros económicos, cuando la población es invitada a consumir. La ideología dominante deja de ser puramente militar y el concepto de seguridad nacional tiende a combinarse con aquellos que provienen de las visiones aportadas por los grupos civiles vinculados a la ideología del modelo económico. La problemática central de la oposición en esta fase es impedir que se consoliden transformaciones que echan a perder viejas conquistas, y ganar espacios de resistencia. En esta fase, sectores que inicialmente dieron un apoyo pasivo al régimen, y que se sienten perjudicados —u horrorizados— por la política de éste, tienden a desplazarse hacia la oposición, cuando menos parcialmente. Le sucede la denominada fase de administración de crisis recurrentes. El paso a esta fase se produce por el fracaso de la dimensión fundacional, especialmente de su política económica. El carácter especulativo y depredador de los grandes grupos económicos formados bajo el amparo de las políticas estatales, unidos a la débil capacidad de incorporación y cooptación de la sociedad civil, dejan al régimen sin un proyecto atractivo. La deuda externa, el paro y la recesión, el deterioro del aparato productivo, la emergencia de grupos corporativos que pre-
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Garreton, M. A., “Proyecto, trayectoria y fracaso de los regímenes militares en el cono sur: un balance”. Madrid, Síntesis, Enero/Abril,1987. pp. 24-39.
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sionan a un Estado con problemas, obligan al recurso de políticas reactivas cada vez más incoherentes que profundizan la crisis. Como controlar la situación y como asegurar la supervivencia del régimen, más allá de cualquiera proyecto de transformación, es la problemática central de esta fase. Las cuestiones ideológicas principales apuntan a agitar los miedos de una vuelta al pasado. La problemática de la oposición en esta fase es la unificación de todos los descontentos y resistentes en un movimiento que evite la simple transformación del régimen y lo empuje hacia una crisis terminal. En este proceso de reanimación de la sociedad civil se plantea el problema de la unidad de la acción opositora. En el plano propiamente político, se produce la concertación entre partidos que en el período anterior a la dictadura fueron rivales y que, pese a coincidir en su oposición al régimen militar, tienen proyectos políticos distintos y competitivos. La fase terminal es la cuarta y última, y en ella la problemática central son las condiciones de salida de los actores principales del régimen militar y las características del que ha de substituirlo. Esta fase se define por una decisión institucional de las fuerzas armadas de retirarse y de administrar las condiciones de su salida o, cuanto menos, de negociarlas. Esta decisión supone el reconocimiento explícito de su fracaso y puede estar determinada por diversas razones. Los horrores de la represión, especialmente los de la fase reactiva aparecen ahora como obstáculos insalvables, como heridas terribles en un cuerpo social que ha de saber sobreponerse para poder seguir viviendo juntos una vez recuperada o instaurada la convivencia democrática42. La dictadura militar chilena, como años más tarde, en 1991, dictaminará el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, conocido como el Informe Rettig, causó sorpresa por su brutalidad y por su derroche innecesario de violencia. 132 personas, pertenecientes a las fuerzas armadas y a los cuerpos de seguridad figuran entre las primeras víctimas del período militar, 1973-1990. Incluso antes de afectar a civiles, el terror se cebó con los propios militares desafectos al golpe del 11 de septiembre: se arrestó al director general y a cinco generales de Carabineros de Chile, la policía militarizada, a tres generales del Ejército, a dos almirantes de la Armada y a una cincuentena de oficiales de las diversas armas. Uno de los generales de mayor prestigio, Bachelet, opositor al pronunciamiento, fue asesinado mientras permanecía preso.
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Para lo relativo a referencias bibliográficas sobre la dictadura militar chilena, nos remitimos de nuevo a muestro más reciente trabajo: Alcázar Garrido, Joan, Yo pisaré las calles nuevamente. Chile, revolución, dictadura, democracia (1970-2006), Santiago de Chile, Editorial Universidad Bolivariana, 2009. Conviene citar también Alcázar Garrido, Joan, “Continuar viviendo juntos después del horror. Memoria e historia en las sociedades postdictatoriales”, en Ansaldi, W. (dir.), La democracia en América Latina, un barco a la deriva, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007. pp.411-434. Igualmente, Alcázar Garrido, Joan y Cáceres, Gonzalo, “¿Clío contra las cuerdas?: memorias contra historia en el Chile Actual” en Cuesta, Josefina (Dir.), Memorias históricas de España (siglo XX), Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2007. pp. 412-427.
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En este contexto, caracterizado por el estallido de una violencia desconocida por sus dimensiones y por su implacable diseño y ejecución — públicamente se anunció la eliminación física de los adversarios—, una cosa quedó clara desde el principio: la Junta de Gobierno militar presidida por el general Pinochet no tenía la menor intención de devolver el poder a los civiles, a los cuales acusaba de ser los responsables de la situación previa a la intervención militar43. La aparición en 1974 de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), directamente bajo las órdenes del general Pinochet, marca el periodo que va desde el 11 de septiembre de 1973 a 1977; unos años durante los cuales la represión es sistematizada y perfeccionada, unos años durante los cuales la lucha contra la oposición política adquirirá —como más tarde nos dirá el Informe Rettig— caracteres de guerra de exterminio y estrategia de terror. Las torturas en centros de detención secretos alcanzan inimaginables grados de sadismo y crueldad. Con frecuencia, los detenidos resultarán “desaparecidos”. Nadie sabrá nada de ellos. Entre 1974 y 1977 se producirán 592 muertes o desapariciones, más de una cuarta parte de las víctimas posteriormente reconocidas en el Informe Rettig. Una cifra no cuantificada pero muy elevada de opositores al régimen optó por el exilio. Hasta tal punto los aparatos inteligencia se sienten omnipotentes e inmunes que pronto empiezan a actuar más allá de las fronteras chilenas. En 1974, el general Prats y su mujer (autoexiliados después del 11-S), son asesinados en Buenos Aires. En 1975 el líder demócrata-cristiano Bernardo Leihgton, sobrevivió con grandes heridas a un atentado que le hicieron a Roma. En 1976, después de que el propio general Pinochet se quejará al Secretario de Estado norteamericano Kissinger por las actividades que desarrollaba, es asesinado a Washington, junto con una colaboradora, el ex-canciller Orlando Letelier. Especialmente este caso, que excitó finalmente la reacción estadounidense, provocó la disolución parcial de la DINA y la creación de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Los niveles de represión descendieron, pero se mantuvieron significativos prácticamente hasta el final del régimen militar, en 1990. Junto con la acción represiva, tras el golpe militar hay una intención fundacional de una nueva realidad política, social y económica. El modelo de economía de mercado implantado por la dictadura militar significó una ruptura radical con el modelo de desarrollo que había sido vigente antes del golpe. Se produjo una refundación, una revolución capitalista, que tendrá enormes repercusiones sobre varios planos de la realidad chilena. En términos generales, el programa que fue aplicado durante dieciséis años de dictadura significó la apertura de la economía al capital internacional, la reorientación de la producción hacia el mercado mundial y la adopción de un enfoque de libre empresa mediante la privatización masiva de los medios de producción, paralela a una drástica reducción de los gastos públicos.
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Ampuero, R., “La contrarrevolución militar en América Latina”, en Caballa Rojas, A., Geopolítica y seguridad nacional en América Latina, México, UNAM, 1979.
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Pinochet, desde 1974 Jefe Supremo de la Nación —homologado posteriormente a Presidente de la República—, devolverá a sus antiguos propietarios casi cuatro mil propiedades intervenidas durante la reforma agraria del período de la UP. En la misma línea de actuación, más de doscientas cincuenta empresas serán reprivatizadas. Pese a todo, durante el primer periodo de la dictadura, hubo una especie de vacío en la política económica del régimen; un hueco que fue cubierto por la llegada al poder de un grupo de economistas jóvenes, unos tecnócratas formados en la Pontifica Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Chicago, de la mano de Milton Friedman. Los Chicago Boys, como fueron conocidos, controlarán desde 1975 las riendas de la economía chilena, aplicando los principios económicos neoliberales en su versión más ortodoxa. Si la misión de los militares había sido salvar a Chile del comunismo, la de los Chicago Boys fue modernizar el país mediante la aplicación de un liberalismo extremo. Aun cuando podría pensarse en una cierta contradicción entre unas Fuerzas Armadas que aplicaron en política un sistema autoritario y rígidamente jerarquizado, y un equipo económico que buscaba la liberalización y la descentralización absoluta de las fuerzas económicas, lo bien cierto es que no sólo no hubo contradicción, sino que se complementaron en un deseo compartido: no sólo revertir la vía al socialismo que Chile había vivido desde 1970, sino romper definitivamente el modelo de desarrollo económico chileno que había empezado con el gobierno del Frente Popular en 1938. En julio de 1977 el general Pinochet anunciará un proyecto a largo plazo de lenta democratización —una democracia protegida, eso sí—, así como un proceso de institucionalización del régimen, marcando unas etapas que concluirían con su normalización décadas después. Un reducido grupo de juristas había trabajado redactando una nueva Constitución de perfil marcadamente autoritario. Entre otras cosas, la nueva Carta Magna establecía una Presidencia de amplios poderes y ocho años de mandato, un Congreso de poderes limitados y con un tercio de los senadores no electos sino designados, así como varios mecanismos institucionales que tendrían que garantizar la influencia militar en los ejecutivos del futuro. El general Pinochet ocuparía la presidencia durante el primero periodo, al final del cual se convocaría un referéndum que tendría que ratificar o rechazar al candidato propuesto por los militares para el segundo periodo de ocho años. Entonces, finalizado el segundo periodo, podrían ser convocadas elecciones parlamentarias y presidenciales. Esto sería en 1997. Si en el referéndum, aun así, era rechazado el candidato de los militares, las elecciones se celebrarían en 1989. Esta Constitución fue refrendada, sin garantías mínimas de pulcritud, el 11 de septiembre de 1980. La década de los ochenta, desde el plano de la economía, la llamada Década Perdida, fue tan o más complicada para Chile que para América Latina. Desde mediados del año 1982 la economía chilena entró en una crisis que fue considerada como la peor de los últimos cincuenta años. Era la chilena una economía
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muy expuesta a los vaivenes de la economía mundial y, por esto, una brusca caída del precio internacional del cobre junto con una retirada de mercados extranjeros y la súbita reducción del crédito exterior, en un contexto de elevado endeudamiento internacional, hicieron estallar la crisis. La producción cayó más del dieciséis por ciento en los años 1982 y 1983. Las quiebras empresariales aumentaron de forma alarmante y, como efecto inmediato, el paro subió hasta el treinta por ciento de la población activa, y la inflación volvió a dispararse. Aun así, el gobierno no hizo nada, con la esperanza de que el mercado se autoajustara, cosa que no sucedió. En 1983 la intervención fue imposible de aplazar y el gobierno no sólo asumió la caída del sistema bancario, sino que firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que establecía como primera prioridad un programa completo de atención al servicio exterior de la deuda. Después de esta política de estabilización y ajuste, un nuevo equipo económico puso en marcha un programa de recuperación basado en la captación de capital externo y en el estímulo de las exportaciones como principal motor del crecimiento económico. También se efectuó un cambio en el sistema de seguridad social y previsión, que pasó a ser de capitalización individual en manos privadas. Pese a esto, la reforma estructural más importante de la década de los ochenta consistió en la privatización de las más importantes empresas estatales, entre las cuales estaban la mayoría de los servicios de utilidad pública. Con estas medidas se impulsó un crecimiento generado por la exportación de productos primarios tradicionales como el cobre, pero sobre todo por las mercancías agrarias (especialmente frutas), la pesca (especialmente sus derivados) y por la explotación forestal. Estas áreas en expansión permitieron hablar de nuevo de un boom de la economía chilena, un boom cuyos efectos perversos recayeron sobre los sectores populares. Los salarios se mantuvieron deliberadamente bajos, los niveles de paro muy elevados y los gastos sociales claramente recortados. Ante este contexto de crisis generalizada, se produjo una reacción de la sociedad civil. Entre mayo de 1983 y noviembre de 1984, surgirán las protestas. El principio será una convocatoria de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), para expresar el descontento contra un sistema económico, social y político que había conducido el país a la crisis más profunda de su historia, y para hacer patente la desconfianza en un régimen que había sometido Chile a la miseria, la injusticia y la carencia de libertad. Tras el éxito por la respuesta obtenida por los convocantes y valorando la magnitud de la implicación ciudadana, el régimen respondió con una extremada contundencia policial y militar (de mayo de 1983 a mayo de 1984, murieron setenta cinco personas, 44 de ellas niños y jóvenes). Pese a esto, las protestas se mantuvieron con periodicidad casi mensual hasta la declaración de Estado de Sitio que el gobierno hizo en noviembre de 1984. El régimen, mediante el uso de la represión provocó una radicalización de los grupos de izquierda, lo cual no hizo sino dividir a la oposición y aislar las protestas. En agosto de 1985 las organizaciones de centro e izquierda (con la excepción del Partido Comunista que se decantaba por la lucha armada y actuaba a
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través del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR), propiciaron el Acuerdo Nacional contra la dictadura al cual se sumaron algunos dirigentes de derecha, convencidos de que el periodo de Pinochet tenía que concluir. Una nueva tentativa de hacer caer el régimen se produjo en los inicios de 1986, mediante la Asamblea de la Civilidad, promovida por más de seiscientos dirigentes sociales. Las protestas ciudadanas, especialmente en los sectores populares volvieron a reproducirse. La respuesta del gobierno fue la ya conocida de represión masiva. Cuando, en septiembre de 1986, el FMPR atentó militarmente contra el general Pinochet y a punto estuvo de matarlo, el régimen volvió a imponer el Estado de Sitio y a descabezar las organizaciones civiles. El éxito parcial de las movilizaciones del ochenta y seis provocó la reflexión en amplios sectores de la oposición política. Esta conseguía con enorme esfuerzo y con costes políticos y humanos muy elevados, paralizar la producción sin qeue el régimen se tambaleara. El gobierno militar no caería por la fuerza y utilizar la violencia, como proponía el PCCh por la mano del FPMR, o mantener indefinidamente las protestas no hacía sino ayudar al régimen a justificar su propia violencia. A finales de 1987, la Oposición concluyó que no había otra alternativa que participar en el plebiscito programado para 1988, levantando la consigna del No contra la continuidad de Pinochet. Esto, claro está, implicaba aceptar, de facto, la ilegítima Constitución de 1980 promulgada por la dictadura. En febrero de 1988 trece organizaciones de centro e izquierda constituyeron el Comando Nacional por el No. El 5 de octubre, armados de lápiz y papel, más de cuatro millones de chilenos consiguieron la victoria sobre la dictadura del general Pinochet. Una semana después nació la Concertación de Partidos por la Democracia (la Democracia Cristiana, el Partido Socialista de Chile, el Partido Por la Democracia, el Partido Radical y otras organizaciones menores). En las elecciones de diciembre de 1989, el demócrata-cristiano Patricio Aylwin, que había sido el Coordinador del Comando por el No, fue electo Presidente de la República al frente de la coalición. Finalizaba así la feroz dictadura del general Augusto Pinochet. Los familiares y amigos de los más de tres mil muertos y desaparecidos quedaban a la espera de justicia, mientras el dictador se atrincheraba, según lo previsto en la Constitución de 1980, en su nuevo puesto de Comandante en jefe del Ejército, a la espera de transformarse en Senador vitalicio de la República unos años más tarde44. En la Argentina, tras el retorno de Perón en 1973 y su asunción como Presidente de la República, en lo que será su brevísima segunda época, sus partidarios más acérrimos se han fragmentado en dos bloques antagónicos: los partidarios de la patria peronista (autoritarios, facciosos y anticomunistas) y los partidarios de la patria socialista (más populares y radicales en sus propuestas sociales). A
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Nunca más en Chile (1999): Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig, Santiago, LOM.
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esta segunda corriente se adscribirán los Montoneros, una organización de jóvenes de procedencia católica y nacionalista, permeabilizados por las nuevas ideas transformadoras de los sesenta que entenderán que la lucha armada es la única vía efectiva para implantar el peronismo socialista, incluso contra la voluntad de Perón quien los excomulga políticamente45. En marzo de 1976 la Argentina está nominalmente en manos de la pintoresca viuda del general Perón, Isabelita. La violencia es diaria en las calles del país por la confrontación entre la guerrilla peronista, otra de orientación trotskista que compite con ellos, y el Ejército que ha decidido exterminarlas a ambas. Además, una inflación incontrolada y un incremento desmesurado del paro laboral, hará que muchos se sientan esperanzados cuando los militares dan un paso al frente, deponen a la viuda y una Junta Militar presidida por el general Jorge Rafael Videla se hace con el timón para enderezar la nave. Comenzaba de esta forma, sin embargo, una pesadilla que durará ocho años (1976-1983), —el oficialmente llamado Proceso de Reorganización Nacional—, durante los cuales la Argentina vivirá bajo el terror de una guerra sucia, de un auténtico genocidio. El Proceso significó en la práctica la coexistencia de un Estado terrorista, clandestino e ilegal encargado de la represión y de la disciplina social, y un Estado legal sujeto a ciertas normas promulgadas por los mismos dirigentes que comandaban el genocidio. Esta distinción inicial fue difuminándose porque el Estado ilegal fue corrompiendo todas las instituciones de la República. Incluso los propios militares se dividieron en bandos y facciones, y ni siquiera fueron capaces de mantener entre ellos el orden y la disciplina que querían imponer a la sociedad argentina46. Desde 1977 comenzaron las grandes reformas económicas. El Estado perdió la capacidad de transferir ingresos entre sectores al liberalizar la tasa de interés, al tiempo que se autorizó la libre creación de bancos y entidades financieras. Los tipos de interés se mantuvieron altos, y con ellos la inflación. La economía se liberalizó al máximo, y se eliminaron todos los mecanismos de protección de la producción propia, lo que condujo a la industria argentina a una competencia imposible con mercancías de bajo costo importadas del sudeste asiático. La tercera gran reforma económica fue la que llamaron pauta cambiaria, una tabla de devaluación mensual del peso argentino que en algún momento llegaría a valor cero. La entrada en vigor de la popularmente llamada “la tablita” coincidió con el aumento del flujo de entrada de los dólares generados por el nuevo incremento del precio del petróleo en 1979. Este importante volumen de dólares, fácil de conseguir y de colocar a elevadas tasas de interés aseguradas por el gobierno fue, como ocurrió en otros muchos países de América Latina, el origen de la desmesurada deuda exterior argentina. Cuando en 1982 México hizo pública
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Esta parte del texto es deudora de Alcazar Garrido, J., “América Latina en el siglo XX”, en Amores Carredano, J. B., (coord.), Historia de América, Barcelona, 2006. pp. 801-855. Romero, L.A., Breve historia contemporánea de la Argentina, Buenos Aires, F.C.E., 1994.
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la imposibilidad de hacer frente a su servicio exterior de la deuda, los créditos fáciles para América Latina se cortaron de golpe. El endeudamiento argentino, que en 1979 era de 8.500 millones de dólares había pasado a 25.000 dos años después y era de 45.000 millones en 1984. El país había vivido los años de “la plata dulce”, inmerso en una economía imaginaria que poco o nada tenía que ver con la economía real. Los empresarios apoyaron al gobierno militar más por su disciplina social impuesta a sangre y fuego que por su política económica, pero sus rencillas internas les impidió ser interlocutores efectivos de la Junta. Los sindicatos, objetivo declarado de la represión, se dividieron en dialoguistas y combativos, siendo estos últimos los que reconstruyeron la CGT en 1980 y convocaron una gran huelga en 1982 que fue duramente reprimida. La Iglesia Católica argentina, a diferencia de otras iglesias nacionales como la chilena, por ejemplo, tomó partido por los militares hasta el punto que aprobó la compatibilidad entre la tortura y la desaparición de personas y la fe cristiana. Sólo al final del proceso, hacia 1981, la jerarquía eclesiástica comenzó a desmarcarse de los militares y a apostar por la democracia47. Las gravísimas violaciones de los derechos humanos básicos, con una cifra de víctimas con resultado de muerte o desaparición en torno a las 30.000 personas, contribuyeron al despertar de la sociedad argentina, que durante años pareció anestesiada48. Se debió en gran medida al heroísmo de las Madres de Plaza de Mayo, un grupo de madres de desaparecidos que desde los momentos más negros de la dictadura se convirtieron en la referencia ética del país. Al calor de las protestas por la conculcación de los derechos humanos, los partidos políticos se reactivaron y la sociedad civil comenzó a dar señales de vida. En 1981 se constituyó la Multipartidaria, en la que enemigos tan tradicionales como los peronistas y los radicales, junto a otras fuerzas menores, se comprometieron a no colaborar con las fuerzas armadas en buscar una salida electoral condicionada, ni en aceptar una democracia tutelada por los militares. Estos comenzaron a preguntarse ya en 1980 cómo podían volver a sus cuarteles mediante una retirada ordenada que no dejara flancos por los que se les pudiera atacar en el futuro. La elección como presidente del general Viola primero y su substitución posterior por el general Galtieri iban en esta línea. Leopoldo Fortunato Galtieri modificó ligeramente el equipo económico y le ordenó que paliara una profunda crisis económica agravada por la durísima deuda exterior. La terapia fue muy dura: desregulación y privatizaciones de todo tipo, especialmente del subsuelo. Las resistencias fueron más fuertes de lo esperado y Gal-
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Devoto, F., “Para una historia de la Argentina en el siglo XX”, en Alcazar Garrido, Joan y Mattalia, Sonia (eds.), América Latina: Literatura e historia entre dos finales de siglo, Valencia, Ediciones del CEPS, 2000. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), Nunca Más, Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Buenos Aires, EUDEBA, 1994.
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tieri y sus conmilitones creyeron haber encontrado la solución mágica: invadir las Malvinas. Era una vieja herida en el imaginario nacional argentino que permitía esperar un cierre de filas de la nación en torno a su gobierno. El nacionalismo más chovinista resurgió con fuerza, y los obreros que habían sido apaleados durante la huelga general de 1982 celebraron casi como una victoria sindical el desembarco de las tropas en las islas deseadas, aunque, aclararon, eso no significaba que apoyaran a los militares. Estos encontraron un motivo que debía permitirles superar sus disputas y rencillas de familia. Suponían, además, que contarían con la simpatía del mundo y que, por supuesto, los británicos no iban a embarcarse en un conflicto bélico tan lejos de sus bases para defender unas islas inhóspitas. Se equivocaron completamente. Los países latinoamericanos respondieron con tibia simpatía y la Unión Soviética se distanció del asunto. Los ingleses consiguieron el apoyo de la Comunidad Europea y el del Consejo de Seguridad de la ONU; y los Estados Unidos, visiblemente irritados por el conflicto entre dos de sus aliados, se decantaron pronto por el auxilio a Londres, y no sólo moral sino logístico, y además impusieron sanciones económicas a Buenos Aires. De la noche a la mañana la Junta Militar se encontró absolutamente aislada. Diez mil jóvenes reclutas, inexpertos y mal pertrechados, habían desembarcado en las Malvinas, mientras batallones de elite permanecían custodiando la frontera con Chile en el Canal de Beagle. Cuando los británicos llegaron convirtieron la alegre aventura patriótica en un matadero. La guerra de Malvinas, un drama que disfrazó una maniobra de encubrimiento de sueño absurdo, costó a la Argentina más de setecientas víctimas mortales y más de 1.300 heridos. La humillante derrota militar marcó el principio del fin de la dictadura, y el 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín, candidato del Partido Radical, asumió el cargo de presidente de la República que había ganado en unas elecciones democráticas celebradas poco antes. El nuevo gobierno llevó a la Junta Militar ante los tribunales de justicia, y en 1985 se hizo pública la sentencia: los ex comandantes fueron condenados y el fallo estableció que no había habido ninguna guerra interna que justificara su desempeño. Aún con la extraordinaria importancia de la sentencia, miles de argentinos siguieron reclamando juicio y castigo para todos los culpables del genocidio.
DE LA SINGULARIDAD DEL SENDERO LUMINOSO PERUANO A LA IMPERECEDERA GUERRILLA COLOMBIANA Respecto a lo que los especialistas han llamado la “segunda oleada revolucionaria”, cabe hablar específicamente de dos de los procesos ocurridos en la década de los ochenta y los noventa en América Latina. Se trata de los dos últimos
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intentos más contundentes de guerrilla en América; nos referimos a Sendero Luminoso en Perú y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el Estado mexicano de Chiapas. Una tercera propuesta, que sin embargo se sale del marco temporal de las anteriores, es la constituida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Más adelante, cuando abordemos la creciente presencia de los indígenas en el escenario latinoamericano, hablaremos del EZLN, pero ahora debemos centrarnos en una singular opción por la lucha armada surgida en el Perú ya en la década de los ochenta del siglo pasado, y en la decana de las organizaciones guerrilleras latinoamericanas que son las FARC.. Hasta finales de la década de los cincuenta, el Partido Comunista del Perú (PCP) era una organización minoritaria en el escenario político peruano, donde el partido APRA de Raúl Haya de la Torre pasaba por ser la principal organización antiimperialista y antilatifundista del país. Con todo, el PCP, de clara obediencia soviética, tenía una cierta presencia en el ámbito universitario, entre los intelectuales y entre sectores de la juventud. Los efectos del XX Congreso del PCUS provocarán el desmenuzamiento de la escasa pero combativa militancia comunista peruana. Más de veinte organizaciones surgirán entre 1961 y 1975; y cada una de ellas incorporará en mayor o menor dosis las tesis de las grandes figuras del marxismo y el comunismo internacional: de Marx, Engels, Lenin y Mariátegui a Trotsky, Stalin, Mao, Krushev y Che Guevara. Cuatro, sin embargo, son los troncos básicos del fraccionamiento comunista: el Partido Comunista Peruano (PCP), la Vanguardia Revolucionaria (VR), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Frente de Izquierda Revolucionaria. La compartimentación peruana es la evidencia de la ruptura que se ha producido en el movimiento comunista mundial entre la URSS y la China Popular, que encabezan, respectivamente, la tendencia legalista y la tendencia insurreccionalista. Una ruptura que en el Perú pasa por la división entre los que propugnan una transición pacífica al socialismo y los que son partidarios de la tesis maoísta de la “guerra popular prolongada”. Entre los partidarios de ésta segunda corriente se encuentra un joven profesor universitario que se ha trasladado a la Universidad de Ayacucho en 1962: Abimael Guzmán Reynoso. En Ayacucho forma parte del PCP-Bandera Roja (PCP-BR), como responsable de la juventud en el Comité Regional. La lucha interna promovida por un sector partidario más del ocultismo que de la simple clandestinidad, una especie de versión criolla de la supervivencia de Liu Shao Chi, verterá a la escisión. Surgirá así un nuevo PCP liderado por Guzmán el cual tomará el nombre de Partido Comunista del Perú por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, en homenaje al escritor y político marxista49.
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Gorriti, G. Sendero, Historia de la guerra milenaria en Perú, Lima, Apoyo, 1991.
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Carlos Iván Degregori ha escrito que el surgimiento de Sendero Luminoso es el resultado del encuentro de una élite provinciana con una base social juvenil también provinciana que sufría un doloroso proceso de desarraigo y que necesitaba desesperadamente una explicación ordenada y absoluta del mundo como tabla de salvación. Según este analista, los dirigentes senderistas de procedencia universitaria están marcados por las influencias del sistema tradicional peruano, estamental, autoritario y antidemocrático y se aferran al marxismo-leninismo buscando el orden tanto para obtener una explicación del mundo como una base para diseñar una nueva sociedad. Todo debe tener un espacio jerárquicamente determinado y el partido debe situarse en la cima. Lo que no tenga su lugar, debe ser eliminado50. Durante la década de los setenta, pese a los radicalismos, la mayor parte de la izquierda de orientación comunista en el Perú es contraria a la lucha Armada. Sendero no es una excepción y teoriza su posición alegando que aún no hay condiciones para la revolución, aunque éstas están madurando. Entre 1970 y 1975 los militantes senderistas se dedican fundamentalmente al estudio y a la difusión del pensamiento de Mariátegui, así como al análisis de los problemas peruanos y mundiales, pero cuando 1977 el gobierno militar convoca las elecciones constituyentes que en 1980 llevarían al poder a Fernando Belaúnde Terry, Sendero Luminoso se reafirma la tesis maoísta y decide no intervenir al considerarlas una trampa del reformismo que le apartaría de su línea en favor de la guerra popular prolongada. Coincidiendo con el relevo de Mao en la China, Sendero entra en una etapa que los analistas han calificado de “iluminismo”, considerando que constituyen una especie de partido elegido, que no cuentan con ningún aliado en el mundo. Sendero empieza una época de fuerte activismo, enviando militantes a transmitir la buena nueva especialmente a otras universidades y, singularmente, a la juventud peruana. Como explicó el antropólogo Carlos Decker-Molina, la diferencia entre el discurso de Sendero Luminoso y el de los políticos limeños —incluyendo los de la izquierda republicana—, es que mientras que estos hablan de cambiar las estructuras, de la validez de la democracia y de la trascendencia del parlamentarismo, los senderistas ofrecen soluciones prácticas a la inmensa masa campesina como el reparto de víveres o el ajusticiamiento de los elementos antisociales, sean los ladrones de ganado o los usureros. Los grandes conceptos transmitidos por los políticos de la capital, simplemente no son comprensibles para un campesinado que vive aislado en la sierra51.
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Degregori, C.I.: “Sendero Luminoso: los hondos y mortales desencuentros. Lucha armada y utopía autoritaria”, en Ceresole, N. (comp.), Perú, Sendero Luminoso, ejército y democracia, Madrid, Prensa y Ediciones Iberoamericanas, 1987. Ceresole, N., “Perú: renderización, militarización y socialdemocracia”, en Ceresole, N. (comp.), Perú, Sendero Luminoso, ejército y democracia, Madrid, Prensa y Ediciones Iberoamericanas, 1987.
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Se hace patente así la dramática escisión en que vive la sociedad peruana. No es sólo la evidencia de las diferencias existentes entre las dos grandes zonas en los que se divide al Perú, la costa y la sierra; es más que eso. Es, como explica Norberto Ceresole, que la sociedad está escindida en dos grupos claramente diferenciados: un sector financiero y terciario, minúsculo, en la parte de arriba de la pirámide social, y el resto de la población. Más allá de aquel grupo, en la parte inferior, tan sólo un pequeño colectivo de población goza de trabajo como obreros industriales y se encuentran fuertemente organizados sindicalmente y protegidos por la Seguridad Social. Al lado de esta élite, de esta aristocracia obrera, hay una enorme masa marginal, agraria. Este será el contexto que permitirá el desarrollo político de Sendero Luminoso. Será, efectivamente, la polarización creciente de la sociedad peruana la que alimentará la eclosión de los dos fenómenos antagónicos que constituyen uno de sus elementos distintivos: la confrontación entre militarización y senderización. Sendero Luminoso empezará a practicar la lucha armada desde el mes de mayo de 1980. La llegada al poder de la República del primer presidente civil y elegido democráticamente desde hacía años, Belaúnde, es el momento en la que la organización considera que ya se dan las condiciones objetivas y subjetivas para poner en marcha la revolución. Sendero aparece entre los campesinos de la sierra como una especie de nuevo terrateniente bueno, una especie de Inkari, que llega desde arriba a imponer un nuevo orden o quizá, otro antiguo, más justo, sin que la justicia tenga nada que ver con la democracia. La lucha final debe empezar, lógicamente, en el campo, en el mundo rural. Allí, los representantes del Estado y del sistema capitalista son los enemigos a eliminar físicamente. Las autoridades delegadas del gobierno, las autoridades campesinas, los pequeños comerciantes y los funcionarios —los pequeños reaccionarios, dirán—, serán, simbólicamente, las primeras víctimas. Hay más, no obstante. Los campesinos de aquellas poblaciones a las que progresivamente vaya llegando el Inkari, deberán hacer patente de forma explícita su simpatía y su adhesión. En caso contrario, sólo habrá dos alternativas: cooperar en silencio o morir; dejar que sus hijos entran a formar parte del Ejército Guerrillero Popular o morir. La neutralidad no es contemplada por Sendero. Como la reeducación es una tarea excesiva por un movimiento armado, éste no tiene otra solución que eliminar físicamente a los que no participen activamente de su proyecto. En el medio urbano, en las ciudades, la actuación se dirigirá contra personas y contra instituciones. Siempre buscando una fuerte carga simbólica: bancos, torres eléctricas, empresas, locales de partidos y, muy especialmente, los militares y la policía. El objetivo es crear una especie de paranoia en todos aquellos que forman parte de las entidades o colectivos atacados. Sendero prestará atención especial al reclutamiento de nuevos militantes. En la época inicial, junto a los militantes universitarios el grueso de los encuadrados en la organización serán campesinos, sin hacer distinciones por su edad. Más tarde, como veremos, los jóvenes serán el principal objetivo del proselitismo
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senderista. En las zonas urbanas, los destinatarios del activismo, de la atención de quienes se dedican a captar nuevos militantes, serán los jóvenes de las poblaciones marginales próximas a la capital (los poblados jóvenes peruanos), preferentemente los inmigrantes y los hijos de los inmigrantes serranos. Sin embargo, no se limitarán a la captación de los jóvenes de extracción popular, sino que harán proselitismo entre los hijos de las clases acomodadas fundamentalmente limeñas. Estos jóvenes, hijos de personas que ocupan lugares estratégicos en la empresa o en los ámbitos de gobierno, del Ejército o la Policía, son conocedores de información sensible que pueden facilitar las acciones revolucionarias. La preferencia por la juventud tiene dos motivaciones suplementarias. Cuanto más jóvenes sean los nuevos militantes, más fácil es el adoctrinamiento. Además, especialmente aquellos que provienen de los sectores sociales más golpeados por la violencia y la miseria social, presentan una mayor insensibilidad para el dolor de los otros. Ignoran una piedad que nadie ha tenido nunca con ellos. Por otra parte, reclutar militantes jóvenes presenta una segunda ventaja: como la edad mínima para ingresar en los cuerpos policiales y los de inteligencia militar es la de 18 años, incorporar militantes de edad inferior impide la infiltración de la organización. Cuando se agudice la contrainsurgencia, esta concepción será de gran utilidad52. La organización es, además, hermética e impermeable. Las directrices políticas son elaboradas de forma hiper restringida con el Camarada Gonzalo (nombre de guerra de Abimael Guzmán) como supremo dirigente que ejerce la Jefatura Única. La elaboración política y las órdenes militares son transmitidas a la militancia de forma piramidal, por células perfectamente jerarquizadas y, generalmente, por vía oral. No hay documentos, no hay papeles, susceptibles de caer a manos de las fuerzas de la represión. La Jefatura Única no es partidaria ni de las declaraciones ni de los comunicados. Menos aún del diálogo, de la negociación con el Poder, sea este civil, militar o eclesiástico. Diálogo es, para el Camarada Gonzalo, sinónimo de capitulación. Dialogar, negociar, sería, para Sendero, echar a perder el destino del pueblo por el que están luchando. Los militantes, por su parte, son conscientes de ser los portavoces, la semilla de uno nuevo mundo. Desde esta convicción se consideran distintos y mejores que el resto de los mortales. No les importa que los califiquen de fanáticos o, incluso, de dementes. No tienen ningún problema en aceptar cualquier orden que venga de arriba, aunque sean incomprensibles para ellos. Saben, están convencidos, que cualquier esfuerzo que realicen tiene su razón en la complicada estrategia elaborada por el Camarada Gonzalo. De hecho, la promesa que el militante hace al adquirir la condición de tal, es bien elocuente:
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Granados, M.J., “El PCP Sendero Luminoso: aproximación a su ideología”, Socialismo y Participación, 37, pp. 15-35.
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“Prometo ante el Camarada Gonzalo, Jefe del Partido Comunista del Perú y de la Revolución Mundial. Prometo ante el Comité Central del Partido Comunista del Perú. Prometo ante el marxismo-leninismomaoísmo, Pensamiento Guía del Camarada Gonzalo, asumir mi responsabilidad como militante del Partido Comunista del Perú y no traicionar nunca ni al Partido ni al Pueblo. Prometo luchar con valentía, decisión y coraje contra el imperialismo y el feudalismo, hasta alcanzar la liberación de los pueblos oprimidos del mundo. Prometo luchar y entregar mi vida por la revolución mundial”53.
Al hacer la promesa, el aspirante ha ingresado en el Partido Comunista del Perú por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui y el Pensamiento Guía del Camarada Gonzalo. Un partido decidido a implantar un nuevo orden social del que serían sobreros todos aquellos que no participaran de la idea. Había que, “batir el campo”, es decir, limpiarlo de cualquier elemento que no fuera senderista. Y batir tenía un significado: “al batir, la clave es arrasar; y arrasar es no dejar nada”54. Los problemas para Sendero empezaron cuando su paroxismo los llevó a decretar la autarquía de las villas de la Sierra, a prohibir el comercio entre ellas, a prohibir las ferias de ganado, incluso a restringir el volumen de tierras cultivables. A raíz de aquí se detectaron los primeros síntomas de rebeldía campesina. El otro gran problema, sin embargo, vino de la mano de la actuación de las fuerzas militares y policiales. El Perú disponía de más de tres mil militares entrenados por los norteamericanos en las tácticas contrainsurgentes, un volumen superior al de cualquier otro país sudamericano, y en 1982 el Presidente Belaúnde declaró Ayacucho Zona de Emergencia, lo cual dejaba el territorio en las manos de la infantería de la Marina de Guerra y de los batallones antisubversivos del Ejército. Los militares también organizarán a los civiles serranos en partidas armadas de piedras y palos y rudimentariamente entrenadas para enfrentarse a Sendero. Paralelamente, los militares pondrán en marcha la versión andina de las villas estratégicas que los norteamericanos habían desarrollado en Vietnam; es decir la concentración de pequeños poblados o de población dispersa de la Sierra en núcleos de población que conforman una mezcla de cuartel militar y campo de concentración. Esta práctica pronto será abandonada, no solo por su inhumanidad, sino porque no serán económicamente viables. Esquemáticamente, podemos decir que hay dos tipos de actuaciones de los militares frente a la subversión de Sendero. A aquellos núcleos de población en los que había evidencias de oposición a Sendero, la táctica fue captar la colaboración de la población. Contrariamente, en aquellos pueblos de las que se tenía noticia de la connivencia con los guerrilleros, las fuerzas armadas, especialmente la Marina, actuaron con toda la dureza imaginable. Los desaparecidos, los asesinatos, los torturados, las violaciones y los secuestros fueron profusamente empleados por los militares en la lucha contrainsurgente. Una auténtica guerra
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Gorriti, G., Op. Cit. Ídem.
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sucia desarrollada y reconocida, como lo confirma las declaraciones del general Cisneros, uno de los máximos responsables a la zona: “Si por matar dos o a tres senderistas debemos matar ochenta inocentes, no importa”55. Los contrainsurgentes querían arrasar la guerrilla, y ésta quería diezmar y humillar el Ejército. Una diabólica espiral de violencia de acciones y reacciones cada vez más ciegas por ambas partes. Militares y Senderistas convirtieron la zona en un río de sangre. Para los guerrilleros había que cruzarlo; a la otra orilla, decían, estaba la tierra prometida. Se trataba de una especie de empate catastrófico. Un empate, sin embargo, que no impedía a Sendero Luminoso prosperar en cuanto a su presencia, desmintiendo aquellos analistas que habían considerado como imposible que la organización se mantuviera y desarrollara de forma convincente fuera de la Sierra. Pues bien, pese a la represión, a finales de los ochenta e inicios de los noventa, Sendero se había extendido casi de norte a sur del país. Había alcanzado, además, una impensable presencia en Lima, la capital que reunía más de la tercera parte de la población del país, y se había implantado firmemente en la región del Alto Huallaga, al norte del Perú, la región productora de coca más importante del mundo. El control de esta zona le permitió a Sendero Luminoso alcanzar, en palabras de Jorge Castañeda, una independencia económica que ninguna otra organización guerrillera latinoamericana había conseguido. En principio, la actitud de la organización ante del cultivo de la coca consistió en cobrar por la protección a los traficantes y a los productores de la hoja, cobrándoles impuestos y derechos de aduana. No hay consenso entre los analistas respeto de la posterior implicación de Sendero directamente en el narcotráfico. La justificación ideológica de Sendero a su vinculación con la coca es muy simple: “El cultivo de la coca responde a las necesidades económicas de la inmensa mayoría de los campesinos del Alto Huallaga, que encuentran en este cultivo su medio de subsistencia. Nosotros no estamos en contra del cultivo de la coca porque significaría estar en contra del campesinado. ¿Quien transforma la coca? ¿Quien consume la coca? Si podemos evitar el consumo de la coca en nuestro país, para nosotros el problema está resuelto. Los imperialistas enloquecen, pero nosotros no tenemos ninguna razón para ayudarlos en su lucha porque ellos son nuestros enemigos”56
Por lo que respecta a la implantación en la capital del país, debemos decir que aquí radica otra de las novedades aportadas por Sendero Luminoso. Fue la primera organización militar hemisférica que consiguió construir una base de masas cuantitativamente relevante entre los pobres y los marginados urbanos. La explicación de este hecho se encuentra, con toda seguridad, en los movi-
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Granados, M.J. Op. Cit. Castañeda, F.G., La utopía desarmada. Intrigas, dilemas y promesa de la izquierda en América Latina, México, Joaquín Moritz, 1993.
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mientos migratorios internos del Perú reciente. En 1989 el 65 por ciento de la población vivía en las ciudades. En Lima, que es el ejemplo más evidente, en 1965 había seis poblados jóvenes alrededor de la ciudad; en 1989 eran más de ochocientos y en ellos vivían la mitad de los limeños. Esta masiva y rapidísima inmigración arrastró sobre todo a los cholos de la altiplanicie que reproducen en la gran ciudad sus costumbres y sus formas de socialización. Estos miles de jóvenes no tenían nada que esperar ni de las instituciones ni de los partidos políticos tradicionales —Izquierda Unida incluida—; eran, simplemente, unos cholos excluidos en “Lima la blanca”. Para ellos, Sendero Luminoso era un refugio natural. En definitiva, se puede decir que, como escribió Rodrigo Montoya, Sendero Luminoso siguió con retraso el traslado geográfico de su base de masas original y andina. A pesar de todo, Sendero parece hoy completamente desarticulado e inoperante. Ciertamente una situación imprevisible a los inicios de la última década del siglo pasado. Perú vivió el caos después las elecciones de 1990, en las cuales un semidesconocido ingeniero de origen japonés consiguió la victoria al frente de una organización creada exnovo: Cambio 90. La epidemia de cólera de 1991 y la abolición del gobierno constitucional y el semi-golpe militar patrocinado por el propio Alberto Fujimori, parecían, precisamente, buenos presagios para Sendero. Contrariamente a lo previsto, la detención en septiembre de 1992 de Abimael Guzmán, el Camarada Gonzalo, y la posterior de algunos de sus más directos colaboradores, significó que la guerra popular prolongada entrara en receso. El conflicto colombiano, la guerra en Colombia, parece la historia de nunca acabar. En el año 1992, en América Latina en perspectiva Oxford Analytica mencionaba sólo a Guatemala, El Salvador, Perú y Colombia como países en que se practicaba la violencia política57. En el caso de Colombia, parecía que hasta lo explicaba con entusiasmo, pues dos años antes el M-19 y el Ejército Popular de Liberación, dos de sus guerrillas tradicionales, habían firmado la paz con el gobierno colombiano. También es cierto que con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejercito Popular, no se hacía ilusiones. Seis mil efectivos divididos en cuarenta y ocho frentes y presencia en diez de los treinta y dos departamentos de Colombia, la conformaban en aquel momento histórico. A pesar de que el 28 de mayo de 1984 habían aceptado el alto al fuego propuesto por el gobierno de Belisario Betancourt (“Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz”), y planteado su participación en la política, a través del frente legal creado junto al Partido Comunista denominado Unión Patriótica. Quizá la fragilidad de la democracia de aquel país, materializada en los asesinatos de los candidatos del Partido Liberal Luís Carlos Galán en 1989, así
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“Violencia política”, en Oxford Analytica. Latinoamérica en perspectiva. El País Aguilar, Madrid, 1992.
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como de Bernardo Jaramillo de Unión Patriótica y del ex líder del M-19 Carlos Pizarro en el año 1990, hizo desistir del proceso pacífico a la guerrilla más poderosa de Latinoamérica. O el hecho de que la “Alianza Democrática” (donde se insertaron los guerrilleros desmovilizados del M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Popular de Liberación), que obtuvieron un espectacular 27 por ciento de los votos en las elecciones del año 1991, se desplomara hasta el 0.6 por ciento en las elecciones locales de 1997. Hay quien insiste en la influencia que pudo tener la incapacidad del Estado colombiano para afirmar su autoridad, lo que provocó el auge de las organizaciones paramilitares (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC) y el ascenso del narcotráfico, que les brindó una cuantiosa financiación adicional. La realidad es que, a comienzos del siglo XXI, 5.000 efectivos del Ejército de Liberación Nacional, 10.000 de Autodefensas Unidas de Colombia y 17.000 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular enturbiaban todavía el escenario político nacional58. De hecho, en el año 2001 se contabilizaron un total de 1.172 casos de violencia, entre los que la delincuencia común acaparó el 58 por ciento, el Ejército de Liberación Nacional el 20 por ciento, las Fuerzas Armadas de Colombia-Ejército Popular el 20 por ciento y las Autodefensas Unidas de Colombia el 2 por ciento59. Aunque el 20 de julio de 1964 se suele tomar como bueno para fechar la fundación de las Fuerzas Armadas de Colombia, por la construcción de su antecedente inmediato Bloque Sur, algunos estudiosos se remontan al año 1949, cuando en el contexto que provocó el asesinato del líder del Partido Liberal y candidato a la presidencia Jorge Eliécer Gaitán se produjo la creación del grupo de autodefensa, mayoritariamente de origen campesino, por parte de su líder histórico Pedro Antonio Marín, alias Manuel “Tirofijo” Marulanda, que luego daría paso a la guerrilla organizada como brazo armado del Partido Comunista colombiano el 5 de mayo de 196660. La insurgencia armada añadió “Ejército del Pueblo” a Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), en la Séptima Conferencia del Bloque Sur, entre el 4 y 14 de mayo del año 1982. Y, aunque de manera efímera, desde septiembre de 1987 hasta junio de 1991, integró la llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar junto al M-19 y el Ejército de Liberación Nacional, con el objetivo explícito de coordinar las acciones militares y las negociaciones de paz con el gobierno. El Ejército de Liberación Nacional, es una organización con la misma antigüedad que las FARC-EP, pero presenta una trayectoria diferente. Marcada por
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Véase: Paramio, Ludolfo, “Nuevos actores y viejos problemas”, en Alcántara, Manuel; Paramio, Ludolfo; Freidemberg, Flavia y Déniz, José, Reformas económicas y consolidación democrática. Historia contemporánea de América Latina. Volumen VI, 1980-2006, Editorial Síntesis, Madrid, 2006, pp. 45-84. Anzit Guerrero, Ramiro, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En línea: www. monografías.com. Soto, Ángel, “Las FARC: historia de una guerrilla”. CADAL. Centro para la apertura y el desarrollo de América Latina. En línea:
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la presencia en sus filas de los sacerdotes de origen colombiano Camilo Torres (18 de octubre de 1965- 15 de febrero de 1966) y de origen español Manuel Pérez (desde el año 1983 hasta su muerte el 14 de febrero de 1998), se supone que sus fuerzas se han reducido a unos 2 500 efectivos en el año 2008. Especialmente, en el transcurso del nuevo siglo. Se dice que hasta 1.424 efectivos ha perdido por desmovilización, muerte o captura el Ejército de Liberación Nacional entre 2004 y 2005. Por su parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo se han perfeccionado militarmente en técnicas subversivas durante casi cincuenta años. Un papel nada despreciable en la larga vida de este grupo de orientación marxista, corresponde también a la Comisión Internacional de las Fuerzas Armadas de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), que se ha dedicado a legitimar en el extranjero sus acciones, mediante representaciones en Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Japón, Australia, México, Paraguay, Honduras, Costa Rica, Panamá, Perú, Bolivia, Uruguay, Chile, Brasil, Venezuela y Cuba. Sin duda, esta Comisión Internacional es en gran parte responsable del clima más o menos favorable de la opinión pública occidental acerca de la guerrilla colombiana, aproximadamente hasta los atentados terroristas en Nueva York, el 11 de septiembre del año 2001. Específicamente, porque a partir de entonces treinta y un países (Colombia, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Perú) lo incluyeron en las listas de organizaciones terroristas61. En la escalada de violencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo durante los años noventa, parece haber un impasse con la Ley 508 del 29 de julio de 1999 que aprobó el Plan Nacional de Desarrollo “Cambio para Construir la Paz, 1999-2002”, reconvertido en el “Plan Colombia” por el Presidente Andrés Pastrana y el Presidente estadounidense Bill Clinton. Una especie de “Plan Marshall” para Colombia, que aportó cuatro mil quinientos millones de dólares anuales para el desarrollo institucional y social, combatir el narcotráfico, revitalizar la vida social y económica colombiana, así como apoyar el proceso de negociación política con la guerrilla, aprobado por el Congreso estadounidense el 13 de julio del año 2000. Así como la creación de una zona de distensión (zona desmilitarizada) en San Vicente del Caguán, de 42.139 kilómetros cuadrados, vigente hasta el secuestro del senador Jorge Eduardo Gechán Turbay, el 20 de febrero de 200262. En un interesante estudio, José Luís Cadena explica a través de tres períodos la consolidación territorial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo: 1964-1980, 1981-1989 y 1990-1995. Entre 1964 y 1980,
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Véase US Department of State. Foreign Terrorist Organizations. En línea: http://www.state. gov/s/ct/rls/other/des/123085.htm. También: Diario Oficial de la Unión Europea. En línea: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_272/l_27220051018es00150017.pdf Para más detalles: “Cronología del proceso de paz”, en línea: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/ latin_america/newsid_1752000/1752115.stm
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es cuando comienzan su construcción territorial a partir de diez grupos armados en las zonas periféricas y de poca presencia estatal. Hasta las zonas de cultivos ilícitos y de explotación petrolera avanzan entre 1981 y 1989, sumándose treinta y tres grupos a los diez armados ya existentes. Entre 1990 y 1995, es cuando acceden a zonas suburbanas y aparecen dieciocho grupos armados nuevos. De hecho, en el año 1996 los sesenta y un grupos armados de las FARC-EP tenían influencia en el poder local de al menos 600 de los 1.072 municipios existentes63. Con razón, esta presunción de un Estado dentro de otro, es probablemente lo más perjudicial de la zona de distensión creada por el Plan Nacional de Desarrollo “Cambio para Construir la Paz, 1999-2002”, reconvertido en el ya aludido “Plan Colombia”. Sobre todo, porque habilitó legalmente aquel extenso territorio para campo de entrenamiento, concentración de secuestrados, laboratorio para producción de coca, asesinatos y expulsión de las autoridades legítimas. De la misma manera que las FARC-EP adoptaran una actitud intransigente y los colombianos perdieran la esperanza en las negociaciones de paz, debe haber ayudado al desprestigio de los actores en pugna y a lanzar la alternativa de poder del disidente del Partido Liberal Álvaro Uribe el 7 de agosto de 2002. Para algunos, el presidente Uribe es el verdadero protagonista del final de la guerrilla colombiana con la política de “tolerancia cero”, si nos atenemos al descenso de su número de efectivos: de 7.000 a 10.000 a comienzo de los años noventa. 18.000 en el año 2002, de 12.000 a 13.000 en el año 2005, 8.000 en 2008 y 6.000 en el año 2009”64. El “Plan de Seguridad Democrática”, llevado a cabo por Álvaro Uribe, ha planteado fortalecer los órganos de seguridad a través del territorio nacional e insistido en la necesidad de la incorporación de la sociedad colombiana. De tal forma, incluye redes de cooperantes y recompensas a informantes, así como estimula las deserciones en el mundo guerrillero, crea unidades de soldados campesinos y aumenta el presupuesto de la defensa nacional. A diferencia de sus antecesores, considera que no existe un conflicto civil sino una lucha contra el terrorismo en Colombia. Como se sabe, una etiqueta no asumida (por considerarlo asunto de política interna) por Ecuador, Brasil, Argentina y Chile65. Y desechado por el Presidente de Venezuela Hugo Chávez, quien al considerar a las FARC-EP un “proyecto político bolivariano”, ha solicitado a la Unión Europea otorgarle el estatus de “grupo beligerante”66.
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Cadena, José Luís, La geografía y el poder. Territorialización del poder en Colombia. El caso de las FARC- de Marquetalia al Caguán. En línea: www.monografías.com. “Profiles: Colombia’s armerd groups”. BBC News, en línea: http://news.bbc.co.uk/2/hi/ americas/4528631.stm Véase: “Ecuador ratifica FARC no son terroristas”, en línea http://www.aporrea.org/actualidad/ n66816.html. Y “FARC: Colombia y Brasil en desacuerdo”, en línea: http://news.bbc.co.uk/hi/ spanish/latin_america/newsid_2782000/2782299.stm. “Chávez pidió sacar a las FARC de la lista de organizaciones terroristas”, en línea: http://www. clarin.com/diario/2008/01/11/um/m-01582986.htm
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En cualquier caso, Amnistía Internacional se ha salido del debate semántico y en un documento fechado el 21 de junio del año 2000, afirmó que todas las partes en conflicto han ignorado el respeto de los derechos humanos. Llamando la atención de las autoridades colombianas, en cuanto a su responsabilidad histórica (y actual) en las causas del conflicto67. Además, en una serie de informes relativos a la intimidación de los activistas de derechos humanos, los periodistas y los candidatos a las elecciones, así como la violencia sexual a que son sujetas las mujeres en el marco del conflicto armado, ha insistido en que las verdaderas víctimas se encuentran en la población civil68. Por cierto, algo presente también en los informes de Human Right Watch69 y la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos70, por violaciones al derecho internacional humanitario, reclutamiento de menores, actos de violencia sexual, desapariciones forzadas, secuestro de civiles, trato inhumano de rehenes y desplazamientos forzados71. Un problema terrible en el último período ha sido el de los falsos positivos jóvenes secuestrados y asesinados por las fuerzas armadas y presentados como guerrilleros muertos en combate.
TERRORISMOS Y VIOLACIONES MASIVAS DE LOS DERECHOS HUMANOS Si bien los problemas relativos a lo que las Naciones Unidas consagraron en 1948 mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos han estado presentes, con otros nombres, desde los años de la conquista española, es durante la década de los setenta del siglo veinte que se convierten en una cuestión central del escenario político y social latinoamericano. Los regímenes militares que toman el poder, las dictaduras de Seguridad Nacional, se caracterizaron por la gravedad, la profundidad y la extensión con las que violaron los derechos hu-
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“La postura de Amnistía Internacional respecto al Plan Colombia”. Documento Público, en línea: http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR23/049/2000/es/c535ea79-ded8-11dd-b9c3cd3dd9a9c0f7/amr230492000es.pdf. Ver: “¡Déjennos en paz!” La población civil, víctima del conflicto armado interno en Colombia”, 2 de octubre de 2008. También: “Colombia: temor e intimidación”, 7 de septiembre de 2006, “Informar, hacer campaña y servir a la ciudadanía sin temor: los derechos de periodistas, candidatos electorales y funcionarios electos”, 1 de febrero de 2006 y “Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado”, 13 de octubre de 2004. Amnistía Internacional. Documentos. En línea: http://www.es.amnesty.org/paises/ colombia/documentos/tp/documentos/1/ “Colombia: Stop Abuses by paramilitaries successor groups”. Human Right Watch. http://www. hrw.org/en/news/2010/02/02/colombia-stop-abuses-paramilitaries-successor-groups Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados. “Evolución de la situación en Colombia”, en línea: http://www.un.org/children/conflict/spanish/colombia.html “Los grupos irregulares y los derechos humanos”. Colombia en Marcha, Bogotá, 2002. En línea: http://www.verdadcolombia.org/archivos/VerDocumento.php?Id=12
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manos más fundamentales: el derecho a la vida negada por la práctica sistemática del asesinato como política de Estado, seguida generalmente por la desaparición de los cadáveres y la ocultación de este crimen; el derecho a la integridad física de las personas, violado sistemática y masivamente por estas dictaduras militares, que en su política contrainsurgente utilizaban la tortura como un arma específica y central de una guerra unilateral que ellos mismos denominaron guerra sucia. Los casos de Chile (1973-1989) y Argentina (1974/76-1982) son, quizás, los más paradigmáticos ejemplos de estas políticas de extirpación de aquello que los militares entendían como un cáncer social. Los casos chileno y argentino son los más conocidos mundialmente, gracias fundamentalmente a la abnegación, el heroísmo y la tozudez de personas y organizaciones como las Madres de Plaza de Mayo argentinas o la Vicaría de la Solidaridad chilena. Aquellas terribles y masivas violaciones de los derechos humanos cometidas se mantienen hasta nuestros días en las primeras páginas de los medios de comunicación gracias a las actuaciones de la justicia de diversos países. La española y la británica, como pioneras y, más tarde, la chilena y la argentina. En la Audiencia Nacional de España se instruyen sumarios a propósito del terrorismo de Estado practicado por las dictaduras de Chile y Argentina, cuyo efecto más trascendental fue la detención del ex general Pinochet en Londres, donde pasó más de 500 días a disposición de la justicia, aunque finalmente fue devuelto a Chile por razones de salud. Si el otrora omnipotente dictador volvió de la capital británica convertido, cuanto menos, en un cadáver político, desde antes de su muerte física es el supuesto soldado y patriota incorruptible el que se ha convertido en asunto de la justicia chilena, la cual investiga las millonarias cuentas bancarias que él y sus familiares gestionaron en bancos suizos y norteamericanos. Previamente ya había sido procesado en Santiago y desaforado por el más alto tribunal chileno por diversos sumarios, entre ellos el relativo a la tristemente famosa Caravana de la Muerte. También en la Argentina se han dado pasos importantes, como la reciente declaración de inconstitucionalidad de importantes decisiones políticas del pasado que amnistiaban crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período dictatorial. Además de en Chile y Argentina, en Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú y otros países las violaciones de los derechos humanos elementales han sido moneda corriente durante las últimas décadas. Menos conocidos, no obstante sus pavorosas cifras, absolutas y relativas, son los casos de las repúblicas centroamericanas. Singularmente Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, constituían, ya antes la década de los setenta, dramáticas realidades sociales en las cuales los derechos humanos más elementales habían sido violados por el gangsterismo de Estado, que casi sin solución de continuidad ha gobernado estos países durante el siglo pasado. Es necesario reconocer que esta realidad parecía no sorprender a la mayoría de los observadores exteriores, que la interpretaban como un componente más del paisaje latinoamericano. Incluso cuando existía una cierta sensibilidad ante el problema, no se abordaba desde la perspectiva de la viola-
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ción de los derechos humanos. Sólo en la medida que la conculcación masiva de estos derechos empieza a realizarse en países ajenos a las dictaduras endémicas de las llamadas repúblicas bananeras y se extiende a las repúblicas del Cono Sur, el problema empieza a verse desde la óptica de los derechos humanos. Que lo que hasta entonces ocurría mayoritariamente con población indígena en repúblicas olvidadas comience a afectar a blancos de origen europeo es un factor determinante en ese cambio. Las víctimas de los países del Cono Sur, y sus familiares y amigos, tienen unos vínculos personales, familiares, culturales y políticos internacionales de los que carecen las masacradas poblaciones centroamericanas o andinas. El exilio de los que consiguen huir de los países del sur se dirige, fundamentalmente, a Europa y es aquí donde, afortunadamente, encuentran una buena caja de resonancia para sus denuncias. Hoy sabemos que lo que ocurre en América Latina durante el período de las dictaduras de seguridad nacional es lo que los juristas han tipificado como Terrorismo de Estado72. Podemos entenderlo como un ejercicio del poder estatal que se justifica a si mismo mediante la tesis de la existencia de un enemigo interior infiltrado a todos los niveles de la sociedad, que actúa como agente de una confabulación internacional que tiene como objetivo destruir los valores aceptados como absolutos por aquellos que detenten el poder. En el ejercicio del poder se juega con la delimitación imprecisa de los hechos punibles y se elimina el proceso judicial para la determinación de la comisión de delito, al tiempo que se imponen de forma clandestina medidas de sanción prohibidas por el ordenamiento jurídico vigente (torturas y asesinatos, por ejemplo). El poder actúa desde el convencimiento de que la aplicación de medidas violentas de privación de libertad, de la propiedad o de la vida, a personas sobre las cuales no se tiene constancia de actos u omisiones de las cuales responsabilizarlos, o son claramente inocentes, contribuye a reforzar la eficacia del terror. Se puede definir el Terrorismo de Estado, pues, como un sistema político que permite y/o impone la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, que obstaculiza o anula la actividad judicial y que convierte al Estado en agente activo de la lucha por el poder73. De forma generalizada encontramos siempre los mismos argumentos para justificar las prácticas del terrorismo de Estado. Quizá el más socorrido es el de la eficacia: es la mejor forma de combatir el terrorismo urbano o rural. Y ello porque se libra una guerra, dicen, no convencional, sin uniformes ni banderas; una guerra caracterizada por la imposibilidad de la identificación del enemigo, el terrorista, lo cual exige la aplicación difusa de medidas coactivas. Se alude
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Garzón Valdés, E.): “El terrorismo de Estado”, Revista de Estudios Políticos, nº 65, Madrid, 1989. Riquelme, H., “América del sur: derechos humanos y salud psicosocial”, en Era de Nieblas, Caracas, Nueva Sociedad, 1993.
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siempre, también, a la necesaria simetría de los métodos de lucha, es decir, reforzar el monopolio de la violencia estatal utilizando los mismos métodos de los terroristas contra los cuales dicen combatir. Es frecuente encontrar, igualmente, un pragmatismo obsceno ya que, se argumenta, a diferencia de aquello que pasa en el ámbito de las acciones privadas, la única vía para juzgar a quienes ejercen el poder es la valoración del resultado logrado; si con el uso del terrorismo de Estado se consigue la paz y la seguridad, este resultado valida los medios empleados. Como consecuencia lógica, si el fin superior es la paz y la seguridad, son inevitables las consecuencias secundarias negativas, y es que se trata de una elección trágica ya que los subversivos han puesto al Estado ante la disyuntiva de dar respuesta contundente al desafío o el mismo Estado puede desaparecer. Además, es necesario desarrollar de forma eficaz la defensa de los valores absolutos; aquellos que tienen una validez tan completa e indiscutible (la patria, el cristianismo, la propiedad) que quienes no los aceptan como tales se convierten en enemigos del orden social y, por lo tanto, su eliminación física está más que justificada. Una de las prácticas más frecuentes y cruel de eliminar a los enemigos, declarados o no, en la llamada guerra sucia se realizó mediante la desaparición. Los precedentes remotos de esta aberración los encontramos en 1940, cuando las tropas de Hitler aplicaron el denominado balance del terror para reprimir los actos de resistencia a la ocupación alemana. Hay, sin embargo, otro antecedente más reciente y directo. Psicólogos sociales y antropólogos culturales norteamericanos comprobaron durante la guerra del Vietnam que aquello que perturbaba más a los combatientes del Vietcong no era la muerte de sus compañeros, amigos o vecinos en combate, sino el hecho de no poder realizar los rituales tradicionales de despedida a los muertos, puesto que la ausencia de las ceremonias de luto rompía el delicado vínculo cultural entre los vivos y los muertos y provocaba una gran inseguridad a la familia y a la sociedad. Desde esta constatación se puso en marcha la táctica denominada de almas errantes, que tuvo una gran repercusión como arma psicológica contra los combatientes vietnamitas. Esta concepción fue la que inspiró la práctica de la desaparición de personas en América Latina. Según Amnistía Internacional el concepto “desaparecido” hizo su entrada en el vocabulario de los derechos humanos en Guatemala en 1966, cuando el gobierno comenzó, en secreto, a deshacerse de la oposición política. Desde aquí se extendió al resto del continente. La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), definió la desaparición forzada de personas en su informe de 1986-1987 como la detención de una persona por agentes del Estado o con el permiso de éste, sin orden de una autoridad competente, y en la cual su detención es oficialmente negada sin que exista información sobre el destino o el paradero del detenido74.
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Padilla Ballesteros, E., La memoria y el olvido. Detenidos desaparecidos en Chile, Santiago de Chile, Orígenes, 1995.
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FUEGO CRUZADO. GUERRILLAS, DICTADURAS MILITARES Y ...
Tras la dictadura, en Argentina y Chile se crearon, por mandato de los gobiernos democráticos recién recuperados, sendas comisiones con la misión de redactar un informe exhaustivo sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período militar. Se trató del Informe Sábato, también conocido como el Informe Nunca Más, y del Informe de Verdad y Reconciliación también denominado Informe Rettig75. Este tipo de grupos de trabajo han sido llamados Comisiones de la Verdad, y son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han pasado por diferentes situaciones de violencia política, incluso de guerra interna, a enfrentarse con ese pasado de una manera crítica. Mediante las Comisiones de la Verdad se busca conocer las causas de la violencia, identificar los elementos en conflicto, investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos y, por lo menos en una parte de los casos, establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes. No siempre estas comisiones han surgido con el apoyo gubernamental, y cuando así ha sido esta carencia no sólo ha lastrado su capacidad de recopilación de información y de análisis de los datos recogidos, sino que las más de las veces el propio desarrollo de la investigación ha convertido a sus responsables en candidatos a ser víctimas de los violentos implicados en los delitos de los cuales siguen impunes. Especialmente terrible es el caso de Guatemala, un país en el que pese al acuerdo alcanzado en 1994 entre el gobierno y la guerrilla armada opositora para crear una Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), según denunciaba Amnistía Internacional años más tarde, las violaciones de los derechos humanos seguía produciéndose a un ritmo similar al de años atrás. No obstante, la CEH hizo público su informe en 1999, y en él estimó una cifra de muertos y desaparecidos entre 1962 y 1996 que rebasa las 200.000 personas. De ellas, la CEH documentó exactamente 42.275 víctimas (hombres, mujeres y niños), de las cuales el 83 por ciento eran mayas y el 17 por ciento ladinos. Aunque no se trata de establecer comparaciones cuantitativas entre el horror guatemalteco y el de otras repúblicas americanas, es necesario tener en cuenta que estamos hablando de un país con una población que apenas superaba los diez millones de personas. En el Informe de la CEH encontramos las raíces del problema cuando se dice que: “A lo largo de su historia el Estado guatemalteco ha mostrado su incapacidad para generar un consenso social amplio que pudiera sostenerlo y afirmar su legitimidad democrática. Esta debilidad que nace de su carácter excluyente dio lugar a que, frente a los conflictos políticos y las confrontaciones sociales, el Estado recurriera cada vez más a medidas de fuerza y dominación física para inhibir la capacidad de oposición o de resistencia. Incidió, a su vez, la definición sumamente amplia del enemigo interno que fue adoptada por el Estado”76.
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Riquelme, A., “Historia y actualidad de los Derechos Humanos en América Latina. Una mirada desde Chile”, en Alcàzar, J. y Tabanera, N. (coord.): Historia y Presente en América Latina, València, Fundació Bancaixa, 1996. http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap3/ter2.html
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Según la CEH, durante el periodo del enfrentamiento armado entre el ejército y la guerrilla la noción de enemigo interno, intrínseca a la Doctrina de Seguridad Nacional, se volvió cada vez más flexible y abierta para el Estado. Ha quedado establecido que las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares afines [los nombres, coyunturales, fueron varios: Movimiento de Acción Nacionalista Organizado, también denominado la Mano Blanca; la Nueva Organización Anticomunista, NOA; el Consejo Anticomunista de Guatemala, (CADEG); Ojo por Ojo, Jaguar Justiciero y Ejército Secreto Anticomunista, ESA], fueron responsables del 93 por ciento de las violaciones documentadas, incluyendo el 92 por ciento de las ejecuciones arbitrarias y el 91 por ciento de las desapariciones. En el informe se reconoce que la asunción por el Estado guatemalteco de una realidad de guerra interna no fue simplemente un efecto procedente de la historia nacional, sino que el desarrollo de la Doctrina de Seguridad Nacional en el país fue el efecto de la estrategia antisoviética de los Estados Unidos en América Latina. En Guatemala las fuerzas armadas asumieron primero una orientación anti-reformista, después anti-democrática y, finalmente, contrainsurgente convertida en criminal. La Doctrina de Seguridad Nacional encontró terreno fértil en Guatemala, con un anticomunismo arraigado en el país desde los años treinta, cuando se pusieron los cimientos de una acérrima defensa de la religión, las tradiciones y los valores conservadores supuestamente amenazados por la expansión mundial del comunismo ateo. Durante los años cincuenta ese posicionamiento político fue apoyado con denuedo por la alta jerarquía de la Iglesia Católica, lo que condujo a calificar de comunista a cualquiera, persona o grupo, contraria a su discurso, contribuyendo a dividir y a confundir todavía más a la sociedad guatemalteca. Finalmente, el Informe de la CEH concluye que en Guatemala se cometieron crímenes como el secuestro y asesinato de todo tipo de activistas políticos, estudiantiles, sindicalistas o defensores de los derechos humanos, todos ellos catalogados como subversivos; la desaparición forzada de dirigentes políticos y sociales y de campesinos pobres, y la aplicación sistemática de la tortura. Y los efectos de estas violaciones perduran en el tiempo: “Los miles de muertos, desaparecidos, torturados y desarraigados, y los cientos de comunidades mayas borradas del mapa durante el enfrentamiento armado han dejado huellas imborrables en las mentes y los corazones de los guatemaltecos. Sus manifestaciones difieren según la adscripción étnica, extracción social, posición económica, género, edad, lugar de residencia, filiación política o religión de personas y grupos sociales. Miedo, susto, tristeza, depresión, enfermedades somáticas y psicosomáticas, duelo alterado, desconfianza, mutismo, inhibición e indefensión. Así otras expresiones del sufrimiento: alcoholismo, pesadillas recurrentes, graves enfermedades mentales, apatía y suicidios, sentimientos de cólera y soledad; son algunas de las secuelas más frecuentemente expuestas por las personas entrevistadas por la CEH. Estos permiten afirmar que la violencia no sólo formó parte de la dinámica propia del enfrentamiento entre dos fuerzas, sino que también convirtió a la población en la principal víctima del mismo”77.
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Ídem.
3. Nos fuimos de casa, nos fueron de casa: la realidad de la migración SILVIA DUTRÉNIT BIELOUS (INSTITUTO MORA, MÉXICO)1 EVELYN MEJÍA CARRASCO (FCPYS-UNAM)2
Si se observa la historia de América Latina y el Caribe (Al y C) se puede encontrar que sus tierras han sido receptoras de población migrante extracontinental (llamada también migración ultramarina). Pero también sus pobladores han dado lugar a la movilidad territorial siendo el patrón intrarregional el que marca una presencia principal y creciente. A partir de la segunda mitad del siglo XX este patrón evoluciona hasta que termina siendo acompañado de otro, el extraregional. Para entonces los latinoamericanos y caribeños no sólo migran dentro de su región sino que emprenden el recorrido hacia el norte del continente americano y a otros más. En el siglo XX se movilizaron muchos millones de personas. Fue un siglo marcado por los flujos migratorios, por un incesante transitar de hombres y mujeres. Cifras recientes de la Organización Internacional de las Migraciones (2008) dan cuenta de que el flujo migratorio a nivel mundial alcanza a algo más de 200 millones de personas, de las cuales entre 20 y 30 millones son ilegales. Si bien el volumen no es menor, resulta muy relevante cuando se conoce la cifra para América Latina y el Caribe. Cerca de 26 millones de sus hombres y mujeres, en proporción similar, constituyen su población migrante y representan un indiscutible auge de la movilidad poblacional. Ella destaca porque trasciende las fronteras regionales (22.5 millones corresponden a la migración sur-norte) frente a un volumen considerablemente menor hacia países de la región (3.5 millones representan a la migración sur-sur). Lo anterior permite afirmar que la migración sur norte o extraregional es el principal rasgo que distingue el proceso migratorio actual. Lo que no debe obviarse cuando se hace referencia a datos sobre migración es la deficiencia que puede llegar a tener debido a las di-
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Silvia Dutrénit Bielous. Historiadora. Doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Profesora-investigadora titular del Instituto Mora (México). Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y a la Academia Mexicana de Ciencias. Evelyn Mejía Carrasco (México, D.F. 1982). Socióloga y Maestra en Estudios Políticos y Sociales por UNAM. Ha participado como asistente y becaria en distintos proyectos de investigación en la UNAM sobre procesos migratorios, sociedades indígenas y rurales, identidad étnica y relaciones interculturales. Ha trabajado en el Programa México Nación Multicultural, UNAM. 2008.
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ficultades propias de aprehender cuantitativamente poblaciones en tránsito, especialmente poblaciones indocumentadas como la latinoamericana y caribeña3. En la actualidad, la migración proveniente de AL y C provoca preocupación e interés a la vez, dados especialmente los “costos sociales” que tal proceso tiene en las sociedades receptoras, principalmente en los Estados Unidos. Hasta ese país han llegado principalmente mexicanos, salvadoreños, cubanos, hondureños, costarricenses, dominicanos, ecuatorianos y puertorriqueños. Este caso no es legalmente entendido como un proceso migratorio dado que sus habitantes son asumidos como ciudadanos norteamericanos; tienen entonces la posibilidad de ingresar a territorio norteamericano sin restricciones. Asimismo se puede encontrar una repercusión de la migración en el mismo continente americano (Canadá) y en los otros, Europa, Asia y Oceanía (en especial, en países como España, Japón y Australia), en donde se han establecido de manera preponderante ecuatorianos, colombianos, peruanos, uruguayos y argentinos. En las páginas siguientes se encontrarán trazos principales del flujo migratorio latinoamericano y caribeño a partir de la segunda mitad del siglo XX. Con ellos se procura ubicar características sociohistóricas así como su transformación en el patrón de comportamiento. Este trazado permitirá más adelante fijar la mirada en dos casos regionales que han resultado emblemáticos: el primero dentro del continente americano (la migración tradicional de mexicanos a Estados Unidos) y el segundo transcontinental (la migración emergente de ecuatorianos a España).
ALGUNAS DE SUS CARACTERÍSTICAS En la región se identifican tres principales patrones migratorios durante la segunda mitad del siglo XX: la migración ultramarina (de otros continentes hacia AL y el C), la migración intrarregional y la migración extraregional. Estos patrones han coexistido con particularidades en cada caso4. Dos de estas migraciones son de larga data, la ultramarina y la intrarregional. La primera se remonta hasta la época de la colonización europea y su importancia radica en que muchos países, como por ejemplo, Argentina, Brasil,
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Villa, Miguel y Martínez Pizarro, Jorge, Tendencias y patrones de la migración internacional en América Latina y el Caribe, CEPAL-CELADE, 2001. En línea http://www.eclac.cl/Celade/ proyectos/migracion/VillaMartínez.doc Véase: Villa, Miguel y Martínez Pizarro, Jorge, op cit. Martínez Pizarro, Jorge, “Panorama regional de las remesas durante los años noventa y sus impactos macrosociales en América Latina”, en Migraciones Internacionales Vol. 2, No. 2, julio-diciembre 2003, pp. 40-76. Martínez Pizarro, Jorge, El mapa migratorio en América Latina y el Caribe, las mujeres y el género, Santiago de Chile, CEPAL-CELADE-UNFPA, 2003. En línea. Pellegrino, Adela, La migración internacional en América Latina y el Caribe: tendencias y perfiles de los migrantes, Santiago de Chile, CEPAL-CELADE-ECLAC-BID, 2003. En línea http://www.migracion-remesas.hn/ document/migracion_inter_caribe_tendencias.pdf
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Paraguay, Uruguay y Venezuela se vieron profundamente modificados dada la intensidad y duración del flujo. La atracción que ejercieron estos territorios estuvo vinculada a sus posibilidades de ascenso social. Así los migrantes europeos se relacionaron estrechamente con las zonas más integradas a los circuitos económicos internacionales y coadyuvaron a impulsar en las sociedades receptoras los procesos de crecimiento demográfico, económico y de modernización en general. Luego de la segunda guerra mundial, tras el mejoramiento de las condiciones de vida de las sociedades europeas y la profundización de las distancias económicas entre las regiones y países, se observa un cambio de comportamiento. Es decir, se pone en evidencia una disminución de la corriente migratoria hacia AL y el C al tiempo que se incrementa la de retorno a Europa. Ello no implica su desaparición aunque sí el agotamiento de la región latinoamericana y caribeña como tierra atractiva para los migrantes ultramarinos. Mientras ello sucede, la migración intrarregional, facilitada históricamente por la proximidad geográfica y una mayor afinidad cultural, no cesa. Ha sido y sigue siendo diversa tanto por sus países de origen como por sus perfiles migratorios, formas de estancia y países receptores. La tendencia establece naturalmente una movilidad hacia aquellos lugares cuyas estructuras productivas son más favorables para la generación de empleos y que, por lo común, han logrado mayores grados de equidad social. Con el tiempo, se deja ver una tendencia relacionada con los mercados de trabajo. De ahí que al mediar el siglo XX y por casi 25 años, el considerable crecimiento económico redundó, dentro de la heterogeneidad de situaciones nacionales, en esa tendencia retroalimentada además por los desplazamientos del campo hacia las grandes urbes en expansión. En tales circunstancias, Argentina, Costa Rica y Venezuela se constituyeron en polos de atracción para los pobladores de otros países. Ahora bien, los desplazamientos fronterizos no obedecen, es necesario reiterar, a una sola causa, por el contrario están estrechamente relacionados con el devenir socioeconómico pero también político. De tal forma que las crisis económicas como las políticas, aunadas a la violencia, en algunos casos conflictos armados, y en particular, a la implantación del terrorismo de Estado durante los años setenta y parte de los ochenta, promovió el aumento del patrón migratorio. Entre los países expulsores de sus hombres y mujeres están Guatemala, El Salvador y Nicaragua en Centroamérica; Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, en el Cono Sur. En tanto, algunos países de la región se constituyeron en refugio permanente o circunstancial: Costa Rica, Belice, México, Venezuela y Honduras. Ello permite señalar que el perfil de los migrantes en este ciclo es diverso como lo son los motivos de la movilidad dando lugar a un universo compuesto tanto por el tradicional perfil obrero, campesino y de trabajador no calificado como por un gran número de mujeres y hombres provenientes de sectores medios castigados por las distintas crisis-intelectual, profesional, personal calificado en distintas ocupaciones como aquellos pertenecientes al ámbito cultural.
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Siendo entonces la movilidad poblacional un proceso que responde a múltiples causas también da lugar a distintos ciclos. En este sentido, cuando avanzaban los años ochenta, se producen una serie de modificaciones estructurales —principalmente en los países receptores— y sociopolíticas —en los países de expulsores— que transforman una vez más las características de los flujos migratorios intrarregionales. Al mismo tiempo, los cambios sociopolíticos producidos por el fin de dictaduras, la firma de acuerdos de paz, el proceso de democratización en general, fomentaron flujos migratorios inversos. El retorno a casa es una tendencia de época aunque en volumen no pueda compararse con aquella del abandono, producida décadas atrás. Al despuntar el siglo XXI otras marcas identifican la movilidad de latinoamericanos y caribeños. Comienzan de este modo a perfilarse cambios en el patrón interregional. Uno de ellos es la tenue feminización de la población migrante (en Venezuela los colombianos eran un 91,4 hombres por cien mujeres, en Costa Rica la relación de nicaragüenses era de 99,8 por cien mientras en Ecuador los colombianos guardaban un porcentaje de 89,2 por cien y en Chile los peruanos un 66,5 por cien5. En forma casi paralela, otro cambio estuvo dado por la circulación de personas entre países fronterizos, como en el Caribe anglófono. Lo que se observa es una movilidad que no necesariamente implica traslado de residencia, se trata más bien de traslados temporales debido a mejores posibilidades laborales6. Un ejemplo es el caso de lo sucedido en el sector turístico en Bahamas, Barbados, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica y Trinidad y Tobago. Lo dicho no niega la persistencia del desplazamiento caribeño cuya intención es un traslado permanente en el que destacan los haitianos hacia República Dominicana y los cubanos hacia México, Venezuela y Puerto Rico. Otro cambio está dado por la presencia mayoritaria de colombianos (aproximadamente 600 mil) que se dirigieron de manera principal hacia Venezuela, Panamá, y Ecuador. A lo anterior se suma la no despreciable movilidad de profesionales y personal calificado lo cual se entiende como una sensible pérdida de capital humano para los países de origen. De manera significativa la transformación del patrón migratorio ratificó la tendencia ya consistente de fines del siglo XX: la movilidad extraregional hacia países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y España. Ello tiene como una de las causas, el fracaso evidente de las reformas estructurales iniciadas a mediados de los 80 que buscaron dar solución al agotamiento del modelo de desarrollo basado en la industrialización por sustitución de importaciones. Fueron evidentes los procesos de polarización del ingreso y aumento de la desigualdad en las ya dispares sociedades latinoamericanas y caribeñas. También se manifestaron mayores distancias entre el mundo desarrollado y el subdesa-
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Martínez Pizarro, Jorge, op. cit. Villa, Miguel y Martínez Pizarro, Jorge, op. cit.
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rrollado7. Pero también las transformaciones sociales, culturales, tecnológicas y espacio-temporales generadas por el proceso de globalización han incidido en los patrones y formas de movilidad de la población mundial. En este sentido, la presencia cotidiana de los medios de comunicación global han contribuido a crear un fenómenos push & pull8. Este fenómeno sugiere la emergencia y difusión de imaginarios sobre la migración. Así los potenciales migrantes se transforman en efectivos al ser atraídos, entre otros aspectos, por el sueño, la ilusión o el deseo de progreso, que en ese imaginario hacen posible los países receptores. Mientras tanto, algunas de las representaciones que surgen en los países receptores respecto a los migrantes son denigratorias, xenofóbicas y estigmatizadoras9. Estas representaciones tienen su expresión en distintas prácticas cotidianas dentro y fuera de la región. Un ejemplo se da respecto a los migrantes bolivianos en Argentina y a otros provenientes de países vecinos. Sobre ellos recaen prácticas discriminatorias como la detención policíaca con el argumento de “averiguación de identidad” que no significa otra cosa más que “detención por portación de rostro”10. Dichas prácticas, si bien alimentan el imaginario construido sobre los posibles lugares de destino debido a la comunicación difundida por los colectivos migrantes, así como por los distintos medios de comunicación global, no frenan el flujo hacia determinados países receptores. Ello sucede porque un elemento central en la decisión de migrar hacia determinados lugares son políticas estatales destinadas a esa población. Aunque resulte paradójico, la reacción frente al aumento de la movilidad poblacional y de la diversificaciones de destinos, han generado las restricciones para frenarla. Por ejemplo, se dan crecientes limitaciones para el acceso a la residencia legal y a la ciudadanía, política que conduce a la clandestinización de la población migrante. Es decir, se desarrollan políticas de fundamentalismo cultural que genera procesos de marcada inclusiónexclusión11.
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Cardero, María Elena, “Mexico’s foreing sector, the exchange rate, trade and productive structures”, Martín Puchet Anyul and Lionello F. Punzo. Routledge. Londres y Nueva York, 2001. Hamaus, Julia Isabelle, “La percepción del migrante y el país receptor. Ilusiones, manipulación e intereses políticos y económicos”, en Guzmán, Martínez Vincent y Sandoval Forero, Eduardo Andrés (Eds.), Migraciones, conflictos y cultura de paz. Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz, UAEM, Programa Oficial de Posgrado en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo de la UJI, México, 2009. Zompo, Clizia del, “La voz silenciada de los migrantes” en Guzmán, Martínez Vincent y Sandoval Forero, Eduardo Andrés (Eds.), Migraciones, conflictos y cultura de paz. Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz, UAEM, Programa Oficial de Posgrado en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo de la UJI, México, 2009. Caggiano, Sergio. “Racismo, fundamentalismo cultural y restricción de la ciudadanía: formas de regulación social frente a migrantes en Argentina” en Susana Novik, Coord. Las migraciones en América Latina. Políticas, culturas y estrategias, Buenos Aires: Catálogos, 2008. Ibíd.
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Si consideramos que pese a la multicausalidad que da lugar a la movilidad poblacional existe un fuerte componente referido a mejorar las condiciones de vida (véase nomás su expresión en el envío de remesas no rechazables ni cuestionables por las instituciones financieras ni por los gobiernos implicados), los migrantes indocumentados por sobre todo, traen consigo condiciones de exclusión social sistémica12. Es así que con su decisión de migrar pueden llegar a reforzarse aunque otros factores resulten favorables en lo personal y familiar. No obstante, dada la multiplicidad de rostros, destinos, orígenes y rutas se vuelve dificultoso amarrar en un único perfil los diversos procesos migratorios y la infinidad de micro universos experimentados. Es por ello que devienen en fenómenos altamente complejos en la actualidad. CUADRO 1 Migración Latinoamericana y Caribeña (2009) MIGRACIÓN MUNDIAL
MIGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Más de 200 millones de personas que representan 3% de la población total mundial Entre 20 y 30 millones (10 y 15%) del total son ilegales 50.4% sexo masculino 49.6% sexo femenino
26 millones de migrantes, representan aproximadamente un 13% del total de migrantes a nivel mundial 22.5 millones de migrantes latinoamericanos viven fuera de la región; 3.5 viven en países de la región Más del 50% de los migrantes pertenecen al sexo femenino Principales países expulsores de migrantes: México, Puerto Rico, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia Principales países receptores de migrantes dentro de la región: Venezuela, Chile, Argentina, Costa Rica, Brasil y México Principales países receptores de migrantes fuera de la región: Estados Unidos, Canadá, España e Italia. Monto de remesas a nivel regional: 61 mil 267 millones de dólares, primer lugar a nivel mundial Principales países receptores de remesas: México, Brasil y Colombia
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García, Pilar y Tarío, María, “Migración Internacional y Derechos humanos. Los trasnmigrantes centroamericanos en la frontera sur de México”, Los nuevos rostros de la migración en el mundo, Carlos Videgaray, et al. Gob. Chiapas, OIM, INM. México, 2006.
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Lo que sin duda es un corolario de interés para los asuntos de gobierno, y por supuesto para el entorno de los migrantes, son las remesas. Su repercusión afecta tanto a nivel macro como micro de los países. Si se piensa ello desde la región latinoamericana, su derivación en significativa: representan cerca de 27 por ciento de los flujos a escala mundial, cifra que era menos de la mitad hacia 1980 y no alcanzaba 20 por ciento en 199013. Según el Banco Mundial (2007) y el BID (2007) la región latinoamericana encabeza el ranking mundial por concepto de recepción de remesas. Además de ello, las transferencias representan el 70 por ciento de la inversión extranjera directa (IED) y superan en cinco veces la asistencia oficial para el desarrollo. México, Brasil y Colombia concentran el 63 por ciento del total de las remesas percibidas en la región. Una pregunta medular orienta los análisis al respecto: ¿en qué medida estos ingresos repercuten en el desarrollo de una comunidad o un núcleo familiar? La clave explicativa parece ubicarse en la vinculación migración-pobreza. Ello debido a que materializa, y por tanto se justifica, mediante el envío de remesas (dólares o euros) que los migrantes efectúan a sus familias residentes en el lugar de origen. Por cierto, no hay una información precisa del flujo de dinero dado que las cifras registradas son sólo las transferidas a través de organismos financieros que cobran altas tasas por realizar la transacción. Un ejemplo de otras formas de facilitar el envío de dinero que hacen del cálculo exacto a nivel macro una materia pendiente, son los mecanismos establecidos por los migrantes a través de sus redes sociales de apoyo. Éstas se consideran una vía más segura para que sus familias lo reciban. México es un muy buen ejemplo de esta situación dado que es en ese nivel micro en donde se da el mayor movimiento de remesas. Entonces otra pregunta que surge es ¿qué tanto las remesas intervienen en el desarrollo? Aquí es necesario señalar que aumenta efectivamente el ingreso de los países y en particular de algunos sectores de bajos ingresos. Sin embargo, se ha observado que no mejoran las capacidades productivas de esos sectores. Ello no obsta para que la visibilidad de la población migrante sea cada vez más significativa en los países de origen como, de otra forma también, en los países receptores. Ahora bien, a ese fortalecimiento contribuye la conformación de las comunidades trasnacionales. Se entienden por ellas una extensión territorial de la comunidad de origen, donde se concentran personas que comparten una identidad específica y un sentido de pertenencia común. Su constitución hace posible enfrentar de manera colectiva la vulnerabilidad en el contexto de llegada así como las adversidades cotidianas. La colectividad constituye un espacio de contención, de solidaridades múltiples y de confianza al mismo tiempo que de reforzamiento identitario que repercute en el espacio público de la sociedad receptora.
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Martínez Pizarro, Jorge, op cit.
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En su origen y en su sostenimiento, se encuentra un entramado de redes que intervienen en aspectos del proceso migratorio como son el traslado, la búsqueda de empleo y vivienda. Éstas se sustentan en relaciones sociales construidas a partir de solidaridad, reciprocidad y confianza. Redes y comunidades hacen factible la reproducción de procesos y formas de relaciones sociales así como la transformación de muchas de ellas; son pues estrategias de respuesta así como campos de acción alternativos14. Ambas se han instituido como un conjunto de significados y acciones que implican pertenencia, coexistencia, vínculos sociales y afectivos tanto con el lugar de origen como con el de llegada, lo que permite identificar y diferenciar las diversas comunidades trasnacionales. De esta forma las redes sirven para recrear las comunidades de origen en el contexto trasnacional al operar en todos los niveles de lo social, viéndose fortalecidas por las acciones implicadas en la interacción e intercambio. Por ejemplo, existe una en el caso de migrantes mexicanos a Estados Unidos por la que se sabe cómo se podría cruzar la frontera, por dónde, a qué lugar llegaría, donde viviría y hasta, posiblemente, el lugar en el que trabajaría a su llegada. Por supuesto esta consideración no desconoce las formas de “cruzar” sin ninguna protección o con arreglos engañosos que conducen al fracaso y hasta la muerte de los que intentan alcanzar la otra tierra. En cierto sentido, tanto comunidades trasnacionales como redes imponen formas de inclusión y exclusión reproduciendo prácticas de desigualdad al determinar por ejemplo asignaciones de empleos, de acuerdo a sus propias posibilidades y jerarquizaciones. En suma, esta articulación de la redes permite la configuración y reproducción de comunidades trasnacionales con una complejidad de prácticas selectivas que vinculan los marcos sociales y económicos de origen con los de recepción15. Esta articulación de redes y conformación de comunidades se ha ido reproduciendo a partir del crecimiento de los núcleos familiares, la presencia de distintas generaciones y la continuidad de la llegada de migrantes a los principales destinos. Por ejemplo, en la sociedad norteamericana constituyen la primera minoría y lo que se procesa es una latinización según algunos analistas. Esto refiere al sincretismo proveniente de los intercambios culturales entre los grupos migrantes y los originarios del país, un fenómeno no exento de tensiones, contradicciones y exclusiones cuyas manifestaciones son múltiples. Según relatos de los migrantes en Estados Unidos, el contexto laboral es precario y adverso: explotación como práctica recurrente, bajos salarios vs largas jornadas de trabajo,
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Canales, I. Alejandro y Zlolniski, Christian, “Comunidades trasnacionales y migración en la era de la globalización”, Notas de Población No. 73, Santiago de Chile, Chile, 2001, pp. 221-252. En línea: http://ccp.ucr.ac.cr Guarnizo, “La migración internacional y el ‘nuevo’ orden global. La experiencia latinoamericana y caribeña”, Anuario Social y Político de América Latina y el Caribe. No. 4 Flacso/UNESCO/Nueva Sociedad. Caracas, 2000, pp. 113-124.
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ausencia de regulación y protección estatal y ambientes carentes de seguridad para el desempeño de las actividades16. En otras magnitudes, también en países como Canadá, Australia y Japón se ha dado un crecimiento sostenido de migración latinoamericana en la última década. No obstante, destaca España principalmente en Europa y en menor medida Italia, como receptores de significativos contingentes de migrantes sudamericanos. Para el caso de España esta situación se explica, en parte, porque hasta el año 2001 la política de migración hacia la población latinoamericana era poco restrictiva, cualquier latinoamericano podía entrar al país sin necesidad de visa. Estimaciones oficiales registran que hacia 1990 la población latinoamericana representaba un 16 por ciento del casi medio millón de los residentes extranjeros al finalizar el siglo sumaban un 2017 por ciento. Con el transcurso de casi 10 años, en 2008, España es el primer país dentro de la Unión Europea en recibir población migrante proveniente de distintas regiones del mundo y el segundo destino a nivel mundial después de Estados Unidos. La cifra de migrantes tanto legales como ilegales en territorio español según el Padrón Municipal de 2009 asciende a 5.598.691 personas frente a 41.063.259 españoles. Con estos primeros acercamientos, corresponde fijar la mirada en adelante en los dos principales puntos de esta reproducción de la migración latinoamericana: Estados Unidos y España con sus dos principales comunidades de origen, la mexicana y la ecuatoriana.
LA MIGRACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS, UN DESPLAZAMIENTO DE LARGA DATA La principal comunidad de migrantes en EUA es mexicana pero comparte con los puertorriqueños (recuérdese que pertenecen a un estado asociado de la Unión) los flujos migratorios más antiguos de la región, seguidos principalmente de salvadoreños, dominicanos y cubanos En tanto en las últimas décadas ha aumentado considerablemente la presencia de migrantes sudamericanos. Sin duda, algunas coyunturas dan cuenta del aumento de flujos migratorios hacia Estados Unidos vinculados a avatares políticos aunque no siempre es posible distinguir a qué responde realmente. El caso cubano aquí merece una puntualización. Ha sido particular por excelencia dando lugar a que desde 1960 se creara el Programa de Refugiados Cubanos y para 1966 la ley de Ajuste Cubano. En virtud de estos instrumentos, cualquier ciudadano cubano que ingrese a los Estados Unidos adquiría la calificación de refugiado, eliminando casi de manera automática un posible regreso a su país. Esta situación fue modificada
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Bar, Din Anne, La vida de los trabajadores latinos contada por ellos mismos, México: Siglo XXI: UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, CIALC, 2008.
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en años recientes cuando, en el Acuerdo Migratorio de 1995, se estableció que los balseros cubanos ya no serían bien recibidos y se les deportaría de inmediato. No obstante, los cubanos en EUA constituyen la principal comunidad de su país en el exterior, encontrándose también de manera significativa en México, Venezuela y Puerto Rico en América Latina, y España en Europa. Así pues, el flujo migratorio más grande del mundo es el que se da entre México y EUA. En el siglo XX 5.8 millones de mexicanos fueron admitidos legalmente como residentes permanentes, con 2.2 millones tan sólo en la década de los 90. Las investigaciones realizadas hasta el momento señalan que la migración mexicana posee un alto número de población indocumentada. Por ejemplo, en el año 2000 constituían el 60 por ciento de la migración legal latina y 80 por ciento de la ilegal. El patrón dominante en la movilidad es circular y existe una selectividad que ha favorecido históricamente a jóvenes varones pobremente educados de pequeñas comunidades, que se ocupan en labores poco calificadas e inestables en el mercado laboral de los EUA. En tanto, la población sudamericana que es históricamente más reciente, en términos generales se registra con una mayor calificación y nivel educativo, llegando a ocupar lugares de trabajo que trascienden la actividad agrícola y de servicios. La larga data de este flujo migratorio ha dado lugar a su estudio permanente y a múltiples observaciones gubernamentales, sociales y miradas académicas. Una de ellas lo caracteriza por tres rasgos principales: historicidad, masividad y vecindad entre ambos países18. El momento ruptural en el que quedaron separadas poblaciones con un origen común como, por ejemplo, Nuevo Laredo y Laredo, Columbus y Palomas, Arizona y Sonora, Mexicali y Calexico, establece el inicio de esta observación pero sobre todo, el de creación de la Patrulla Fronteriza (1924). Esta institución de control se constituyó como una fuerza represiva y se sumó a las medidas administrativas del tránsito entre los países. Su creación hizo que la noción de una frontera dejara de ser algo más que simbólica. De antaño quedaron como herencia las expresiones mexicanas de “la línea” y “el otro lado” que correspondían respectivamente a la línea imaginaria y al otro lado del Río Bravo19. La migración mexicana durante el siglo pasado fue cíclica. Una primera correspondió a la “fase de enganche” (1900-1920) y resultó por la contratación de mano de obra así como por la migración de refugiados de la Revolución de 1910. La segunda se inició en el año de creación de la Patrulla Fronteriza y tuvo como principal característica la deportación masiva (1924-1939). La tercera etapa fue la de los migrantes conocidos como “braceros” (1942-1964) que respondió a la contratación legal de trabajadores mexicanos en virtud de un
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Durand y Massey, Douglas, Clandestinos. Migración México- E.U. en los albores del siglo XXI, UAZ-Porrúa, México, 2006. Ibíd.
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Programa impulsado por el gobierno de los EU. Este periodo fue relevante pues restringió el acceso únicamente a hombres trabajadores agrícolas con contrato temporal. La cuarta fase es la de los ‘indocumentados’ (1965-1986) y responde a la cancelación por parte de EUA del Programa Bracero. A partir de entonces se toman tres medidas: legalización de un sector de la población trabajadora bajo el sistema de cuotas por país; institucionalización fronteriza para obstaculizar el paso y deportación sistemática de aquellos migrantes sin documentación en regla. Según esta clasificación, en la actualidad se vive la quinta fase (1987), de “migración clandestina” dada la aprobación de la ley de Inmigration Reform and Control Act (IRCA). Es decir, se ratificó el cierre de la frontera mediante control fronterizo y deportación20. El aumento de la seguridad, inspirada en una concepción que buscó inhibir la migración a través de la disuasión, no desalentó el flujo lo que sí provocó fue el aumento en los costos del cruce ilegal y la modificación de las rutas tradicionales. Se incluyó al desierto como lugar de tránsito21. Un repaso rápido de los costos de “alcanzar EUA” para distintas nacionalidades muestran que los nicaragüenses deben entregar alrededor de 1.900 dólares, los costarricenses 3.000 y los mexicanos 1.300 dólares22 mientras para los sudamericanos, por ejemplo, para los ecuatorianos puede llegar a costar entre 8.500 y 12.000 dólares23. Es por ello que para concretar un proyecto migratorio hacia los Estados Unidos es necesario invertir grandes sumas de dinero en el traslado, en el pago a los “polleros” o las agencias de viajes que se encargan del “cruce”. Por lo general se busca este camino “acompañado” que supuestamente alcanza el objetivo. Por ello, no sólo el reto está en cruzar sorteando la vigilancia sino que su realización conlleva conseguir el dinero que cubre los altos costos del viaje de los migrantes. Las familias recurren muchas veces al endeudamiento con créditos, la venta de tierras y casa cuando se poseen. Sin embargo, a pesar de realizar estos esfuerzos, los migrantes, en especial centroamericanos, que recorren el territorio mexicano para llegar a la frontera con EUA, son engañados o abandonados en el camino por los polleros, o abandonados en el desierto cuando van a cruzar. Además, durante el trayecto, son sumamente vulnerables y se convierten en objeto de todo tipo de abusos, algunos son asaltados y muchas mujeres violadas24. Y el fracaso de la estrategia norteamericana para disminuir el flujo migratorio, de mexicanos en particular, se debe a la permanencia de condiciones estruc-
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Ibíd. Artola, Juan, “México y sus fronteras: migración y seguridad” en Los nuevos rostros de la migración en el mundo, Carlos Videgaray, et al. Gob. Chiapas, OIM, INM, México, 2006.
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Gratton, Brian, “Ecuador en la historia de la migración internacional. ¿Modelo o aberración?” en Herrera, Gioconda, Carrillo, María Cristina y Torres, Alicia Torres (ed.), La migración ecuatoriana. Trasnacionalismo, redes e identidades, Quito, FLACSO-Ecuador, 2005. García, Pilar y Tarío, María, op cit.
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turales —necesidad laboral/mano de obra barata/nichos de oportunidad— que relacionan estrechamente a los países vecinos. O sea, para México estas condiciones refuerzan la llamada cultura migratoria —en dos direcciones: interna y externa. Existen en México circuitos de migración interna relacionados con la regionalización del territorio y sus distintas condiciones de inclusión-exclusión socioeconómica de la población. De acuerdo a la caracterización de Durand (1988) el territorio se divide en cuatro subregiones. La histórica: parte occidente y altiplano central del territorio mexicano, con nivel de marginación intermedio, que concentra más de la mitad del total de los migrantes mexicanos, y este fenómeno es parte de la cotidianeidad de los pobladores. Sus características son: antigüedad, dimensión y condición legal. Otra es la fronteriza: conformada por los 6 estados norteños con un reconocido nivel de bienestar. Esta subregión atrae población de otras partes del país, sus ciudades son utilizadas como territorio de cruce hacia EU —generando un porcentaje importante de población flotante— asimismo recibe migración de retorno y también su población original integra el flujo de los migrantes. Sobre esto último se tiene registrado que hacia finales del siglo XX esta subregión aportó una cuarta parte del flujo migratorio nacional a EUA. En la llamada región central, el DF y su entorno además de los estados de Guerrero y Oaxaca, se reúne lo más moderno y lo más marginado del país y es principalmente territorio receptor de migración interna y expulsor reciente de migrantes hacia EUA — de manera principal desde Puebla, Guerrero y Oaxaca. Por último, la región sureste: posee grandes contrastes al comprender las zonas ricas en petróleo y algunas de las más marginadas del país como Chiapas y Veracruz. Ha sido en la actualidad que esta subregión acompañe la tendencia generalizada del fenómeno migratorio más allá de fronteras nacionales. Es así que la movilización de población mexicana hacia Estados Unidos ha tenido un crecimiento sostenido y altamente significativo en las dos últimas décadas del siglo XX. Según información censal de los EUA, de 1980-1990 esta población creció un 187 por ciento y en el siguiente decenio (1990-2000) aumentó un 20325 por ciento. Ello ha conducido a que los mexicanos para 2008 constituyan más del 50 por ciento de los latinos y el 32 por ciento de la población migrante en ese país26. Diversos factores han intervenido, se señalaba, para el aumento migratorio en estas décadas. Y con este crecimiento se ha dado también un cambio en el perfil, los destinos tradicionales y los tiempos de estancia de los migrantes mexicanos.
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bril, número 002. Red Internacional de Migración y Desarrollo Zacatecas, Latinoamericanistas, 2004. Páginas 62-81. Véase: Passel, Jeffrey S. y D’Vera Cohn, “Mexican Immigrants: How Many Come? How Many Leave?”, Washington DC, Pew Hispanic Center, July 2009. En línea http://pewhispanic.org/files/ reports/112.pdf. CONAPO, http://www.conapo.gob.mx/MigrInternacional/Series/03_02_02.xls, 2009.
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Una rápida enumeración permite registrar algunos ejemplos: complejización del intercambio de bienes y mercancías a través de la frontera, contracciones cíclicas de la economía aunadas a la crisis financiera de 1994, firma del TLCAN con EUA y Canadá en 1994 también e implantación de reformas económicas de tipo estructural con recorte del gasto social por parte del Estado mexicano. Este conjunto de factores tuvieron efectos directos en las condiciones de vida, principalmente la del habitante rural y el de zonas urbanas marginadas, donde se ensanchó la pirámide de personas que viven en pobreza o pobreza extrema. Esto sugiere la ausencia de oportunidades laborales, infraestructura, servicios educativos y de salud, deficiencias alimenticias, alta mortalidad infantil y materna, así como una serie de fenómenos diversos que devienen de tales condiciones de vida. De tal suerte los principales estados expulsores de población migrante en México son Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos, estado de México, Distrito Federal, y más recientemente, el estado de Veracruz. Igualmente, el perfil tradicional del migrante mexicano de joven, varón, solitario se ha diversificado. Así es como en la actualidad encontramos familias, mujeres solteras, niños, hombres y mujeres en edad madura e indígenas de distintos grupos étnicos, cuyo origen es tanto rural como urbano. La regionalización migratoria parte de la histórica y mencionada movilidad poblacional de la zona fronteriza, lo que sugiere la permanencia de los estados lindantes norteamericanos como principales receptores de migrantes mexicanos. De ahí ha comenzado la dispersión hasta llegar a ciudades de la costa este como son, entre otras, Nueva York, Washington, Georgia y Nebraska. De la zona fronteriza, es sin duda Los Ángeles (California) la “capital migratoria”. Destaca por el volumen de la población mexicana (aproximadamente 3 millones de personas), con un patrón de concentración alimentado durante décadas, y un conjunto de bienes y servicios, tanto gubernamentales como no gubernamentales, dirigidos a cubrir distintos aspectos de la vida de esos habitantes citadinos. En un rango menor aunque no menos significativo se encuentra Chicago (Illinois). Allí se concentran alrededor de 800 mil migrantes mexicanos. Otras ciudades de importancia receptora son Dallas, El Paso y San Antonio (Texas); Yuma y Phoenix (Arizona); Denver (Colorado); Yakima (Washington) y San Diego (California). Pero la movilidad de la población mexicana dentro EUA ha seguido la lógica del mercado laboral que, en una sociedad con una economía que estuvo en constante expansión por décadas, requería mano de obra barata y no calificada. De ahí que los principales nichos de ocupación laboral se ubican en el sector primario —actividades agrícolas y de construcción— para los hombres, así como en el de servicios, donde también incursionan las mujeres trabajando en restaurantes, hoteles, limpiezas en general y en el cuidado de los hijos y ancianos. Mujeres y hombres a su vez trabajan en pequeños talleres manufactureros, en el comercio al menudeo y en diversos servicios. Ahora bien, las actividades laborales para una población vulnerable, dado el carácter mayoritariamente indocumentado de la mexicana, se desarrollan en el
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sector informal. De tal forma que el escenario laboral, que incluye a la mayoría de los latinos, se caracteriza por ser un mercado flexible, desigual en cuanto a ingresos y acceso a seguridad social, y con ausencia de regulación estatal. Ello implica largas jornadas laborales, a veces de más de 12 horas de trabajo, bajos salarios (generalmente por debajo de la mitad de lo que obtendría un ciudadano norteamericano por la misma labor), despidos injustificados, falta de seguridad laboral, distintos tipos de abusos por parte de los empleadores, combinación de una o más actividades laborales, ausencia de tiempo libre, entre otras situaciones de explotación. Se trata de condiciones laborales altamente precarias bajo el estigma de desprecio social que trasciende tanto a esta población migrante como a este país receptor. CUADRO 2 Migración en México (2009) MÉXICO
MIGRANTES (en cifras)
ESTADOS UNIDOS
106.5 millones de mexica- 11.5 millones de mexicanos mi- Los mexicanos representan 66% de la nos grantes a Estados Unidos población latina y 32% del total de la población extranjera. Principales estados expulsores de migrantes: Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Edo. de México, D. F. y Veracruz. Perfil de los migrantes: mano de obra barata poco calificada, bajo nivel educativo, origen rural y urbano, provenientes de contextos con altos niveles de pobreza y marginación. Monto de remesas: 26.304 millones de dólares
Sexo: 56.0% son hombres 44.0% mujeres
Principales estados de llegada: California, Texas, Illinois, Arizona, Florida, Colorado, Nevada, Nueva York, Carolina del Norte.
Promedio de edad: 35.2 años
Ocupación: labores agrícolas, construcción, labores de limpieza en casa y edificios, venta de comida, manufactura, trabajadores en hoteles, lavanderías, tintorerías, cuidado de niños.
Estado Civil: 63.2 % unión libre 37.7% solos 25.0% ciudadanos norteamericanos 78.5% no ciudadanos norteamericanos
A pesar de ello, la continuidad de la migración hacia EUA puede encontrar otra posible explicación en el conocimiento que los mexicanos han acumulado a lo largo de estos ciclos migratorios, así como por el establecimiento de comuni-
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dades trasnacionales y la consolidación de redes de solidaridad y ayuda mutua que favorecen el tránsito. Las redes constituyen capital social y se encargan de determinar, al menos en forma inicial, la decisión de migrar. Su fuerza y su autoridad están ancladas en ofrecer al potencial migrante ciertas certezas en su tránsito y asentamiento como son las de: su desplazamiento, la forma de cruce, el lugar de llegada y de residencia y el trabajo al que se dedicará. Es decir, la gente va de manera principal al lugar en donde tiene contactos, amistades o familiares, no se trata de caprichos personales27. La existencia de las comunidades trasnacionales alimentadas por las redes posibilita la diversificación de lugares o nuevos espacios de incursión, es decir, permite que se pase de un patrón migratorio de concentración a uno de dispersión. Al mismo tiempo, incorporar a una comunidad conlleva efectos negativos para la posible integración e intercambio cultural con la sociedad receptora. Existe una fuerte tendencia a que este tipo de sociedad reaccione en forma contradictoria con la población migrante, entre la asimilación y el rechazo, como se comentó anteriormente. Los efectos sociales de la presencia masiva de mexicanos en EUA tiene múltiples expresiones culturales y ciudadanas que alcanzan aspectos de representación cuando se trata de población legal. Un recorrido por el mundo gastronómico en EUA advierte que el típico condimento de la cocina mexicana, la salsa, compite y hasta desplaza en las ventas a la tradicional Ketchup, así también observa el aumento en el consumo y venta de tortillas y tacos. Pero también en la música, en la mezcla lingüística entre español e inglés —el spanglish— afirman la consolidación de la cultura chicana con sus diversas expresiones. Y un recorrido por los pasillos de la estructura gubernamental permite identificar cómo la migración fue abriendo caminos y espacios en la medida que resulta un poder desafiante al emitir su voto e incluso en el plano de lo político, donde existen descendientes de migrantes indocumentados ocupando posiciones de responsabilidad estatal. La población migrante ilegal ha mostrado su presencia al mismo tiempo en el espacio público con procesos de organización en busca de mayores derechos y mejoras a sus condiciones de vida en aquel país. Esto último porque como se ha delineado, las condiciones de vida que experimentan los mexicanos residentes en Estados Unidos no corresponden totalmente con el llamado “sueño americano”. La realidad a la que se enfrentan, pese a que puede llegar a amortiguarse por la presencia de las comunidades trasnacionales, está colmada de dificulta-
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Véase: Canales, Alejandro I. y Zlolniski, Christian, “Comunidades trasnacionales y migración en la era de la globalización”, Notas de Población No. 73, Santiago de Chile, Chile, 2001, pp. 221-252. En línea: http://ccp.ucr.ac.cr. Canales, Alejandro I. (Ed.), Panorama Actual de las migraciones en América Latina, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Departamento de Estudios Regionales-INESER, Centro de estudios de Población. Jalisco, 2006.
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des. A lo ya mencionado en lo laboral, práctico y simbólico de los prejuicios cotidianos, se deben sumar, para una inmensa mayoría, las precarias condiciones habitacionales y las dificultades para un buen aprovechamiento de la educación por parte de los niños y jóvenes. Esto se debe a que, si bien el acceso a la educación pública en niveles elementales es relativamente sencillo, la existencia de educación bilingüe es escasa. Al mismo tiempo, el sistema de salud pública ha implementado restricciones para la población indocumentada y no garantiza su atención. Si a esta realidad se suman el alto costo de la vida en EUA, los bajos ingresos de los migrantes y el envío de remesas a sus familiares en México, la vida queda reducida prácticamente al trabajo. Empero, son diversos los efectos generados en México por esa migración. Uno de los más evidentes es el envío de remesas que, en términos macroeconómicos, representan según estimaciones oficiales del Banco de México la segunda entrada de divisas al país, sólo por debajo de las que ingresan por la venta de petróleo. Las remesas desde el último cuarto del siglo XX no han dejado de crecer, registrándose su mayor recepción en 2008 con un monto de 26,304 millones de dólares. Su impacto a nivel microeconómico es difícil de calcular dado que, en parte importante, son destinadas al consumo y sostenimiento de necesidades básicas de las familias receptoras y, en menor proporción, a la inversión productiva y el ahorro. Otro de los efectos internos de la migración se manifiesta en las experiencias organizacionales que buscan aprovechar el capital social tras fronteras para su lugar de origen. Se han iniciado en este sentido procesos organizacionales en territorio estadounidense, los llamados “clubes de oriundos”, que han influido en la formulación de políticas públicas dirigidas a sus lugares de origen. Un ejemplo está en Zacatecas donde se implementó el Programa 3x1. Ello significa que el gobierno mexicano contribuye con tres dólares por cada dólar que aportan los migrantes cuya finalidad es la creación de infraestructura y proyectos de desarrollo social28. Lo que hay que tener en cuenta, y también como efecto interno de la migración, es que en muchas localidades se ha generado despoblamiento. Estos lugares parecen convertirse, se dice, casi en ‘pueblos fantasmas’ sólo se llenan de vida en determinadas épocas del año cuando los migrantes y sus familias vuelven para pasar la temporada vacacional. Encontramos también otros casos de poblaciones habitadas únicamente por ancianos y niños, quienes esperan impacientes su momento migratorio para reunirse con sus padres ausentes. Otra imagen recurrente es la de tierras de cultivo, antes principal sustento de las familias campesinas de México, abandonadas o semi abandonadas, vendidas o en espera de que alguien encuentre medios para trabajarlas y hacerlas pro-
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Delgado Wise, R., Márquez, H. y Rodríguez, H., “Organizaciones transnacionales de migrantes y desarrollo regional en Zacatecas”, Migraciones internacionales, vol. 2 no. 4, 2004.
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ducir. De ahí que en casos como el de las poblaciones indígenas oaxaqueñas se han establecido, ante la migración de una gran cantidad de miembros de su comunidad, mecanismos de control social que exigen la cooperación de los migrantes y sus familias con las labores y deberes colectivos. El cumplimiento del tequio (trabajo colectivo no remunerado) es una responsabilidad ineludible aún para los ausentes, quienes vuelven siempre que sea posible para las fiestas patronales de su localidad habiendo hecho la cooperación respectiva. Y sobre las fiestas, es interesante observar como se han modificado sus formas tradicionales y, aunadas al ritual eclesiástico, los bailes son amenizados por música de sonido, bebida de diversos licores, bailes modernos y juegos mecánicos en la feria29. Igualmente, se producen otras manifestaciones que indican la presencia de un alto número de población migrante en algunas localidades en cuanto a actividad financiera, comercial y hasta cultural como son la apertura de casas de cambio, café Internet, tiendas estilo boutiques, empresas de envíos de paquetería, sitios de venta de hamburguesas y pizzas. Pero se asiste también a modificaciones de corte simbólico que provienen de la ruptura o transformación de las formas tradicionales de estructurar las relaciones sociales al ser profundamente modificadas por el contexto migratorio fuera de las fronteras nacionales. Con la migración emerge un espacio social que comprende tanto a los migrantes como a sus familiares en México, a través del cual circulan no sólo bienes materiales y personas sino también bienes simbólicos. Las “remesas socioculturales” y las transformaciones reales de la migración impactan, entre otros aspectos, en el plano de las relaciones familiares, colectivas, maritales y de las representaciones de género30. Por ejemplo, mujeres que en lugar de casarse deciden cruzar “al otro lado”, matrimonios que deciden tener un control de la natalidad para beneficio de su familia y hombres que buscan una mayor preparación educativa para sus hijos e hijas con el fin de no repetir los mismos sufrimientos. En suma, hay una multiplicidad de efectos generados por los procesos migratorios mexicanos que pueden ser observados tanto desde el país de origen como del de recepción. Sin duda, la larga data de esta movilidad, su permanencia y su masividad hacen de su repercusión un hecho medular en las historias nacionales respectivas.
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Smith, Robert Courtney, Mexican New York. Trasnacional lives of new inmigrants, California, University of California Press, 2006. Rivera Sánchez, Liliana, “Transformaciones comunitarias y remesas socioculturales de los migrantes mixtecos poblanos”, Migración y Desarrollo, abril, número 002. Red Internacional de Migración y Desarrollo Zacatecas, Latinoamericanistas, 2004, pp. 62-81.
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EL PROCESO MIGRATORIO EMERGENTE DE ECUATORIANOS A ESPAÑA A diferencia del proceso migratorio de mexicanos a EUA, la migración extrarregional de población ecuatoriana a España es catalogada como fenómeno “emergente”. Sus inicios son históricamente recientes: la década de los noventa del siglo XX. Es más, 1999 se identifica como el año disparador del éxodo. Los procesos migratorios, como ha sido evidente a lo largo del texto, son multicausales y, de manera especial, los más cercanos. En este sentido el caso ecuatoriano no es la excepción. Ahora bien, pese a que 1999 coincide con la agudización de la crisis económica de Ecuador, no es posible limitar la existencia de la movilidad poblacional a esa coyuntura. La migración ha constituido por décadas una estrategia social de reproducción y supervivencia, principalmente para la región sur del país. Respecto a los patrones de la migración ecuatoriana, los análisis especializados señalan que durante la segunda mitad del siglo XX, fueron tres los que han caracterizado al país sudamericano. En ellos confluyen la migración interregional y extraregional. El primer patrón se ubica en la década de los 60 siendo sus destinos principales los Estados Unidos, Canadá y Venezuela. Se trata de una migración sin retorno integrada por familias indocumentadas, provenientes de la región sur de Ecuador, y de una población pionera en la movilidad de indígenas otavalos, dedicados a la venta de artesanías cuyo destino primordial fue Nueva York31. El segundo patrón se desarrolla durante algo más de una década, entre 1980 y 1998. Sus migrantes provienen también de la región sureña, principalmente de las provincias de Azuay y Cañar y se encaminaron a EUA, instalándose en Nueva York, New Jersey, Connecticut, Chicago y Miami. La población migrante es rural, principalmente masculina, con fuerte tendencia al status de indocumentado aunque pasado el tiempo, se registró una significativa regularización. El tercer patrón es el actual. Su gestación se sitúa en la última década del siglo pasado y se distingue en parte de los patrones anteriores. Por un lado comparten el origen de la población proveniente del sur del país, esencialmente de las provincias de Azuay, Cañar, Manabí, Loja y de la etnia kichwa otavalo —regiones de la Sierra y de la Costa, y por el otro, se diferencian en virtud de que el patrón actual tiene un mayor volumen urbano del flujo migratorio. El escenario que dio origen a la movilidad poblacional de finales de los noventa fue la crisis sistémica (1997-2000) se caracterizó por una confluencia de crisis económica, político-institucional y social. Algunas de sus manifestaciones fueron la crisis del Estado y el gobierno en términos de representatividad así como su presunta captura por parte de intereses privados, el feriado bancario, la
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Herrera, Gioconda; Carrillo, María Cristina y Torres, Alicia (ed.), La migración ecuatoriana. Trasnacionalismo, redes e identidades, Quito, FLACSO-Ecuador, 2005.
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insuficiencia de las políticas sociales del Estado con disminución sistemática del gasto social —uno de los más bajos en América Latina— a lo que se sumaron los efectos del fenómeno climatológico de “el niño” en la región sur del país32. Como reacción a este contexto, se extendió la incertidumbre y la búsqueda consecuente de nuevas alternativas de vida. La migración aparece entonces como una estrategia colectiva de sobrevivencia. Entre 1998 y 1999 se duplica el número de migrantes, pasa de algo más de 49 mil a casi 110 mil. Para el 2000 se acelera a tal punto que en el primer semestre casi llega a los 85 mil. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el volumen de población que sale al exterior se ha mantenido, a tal punto que estimó para 2008 un total de más de 2 millones de migrantes ecuatorianos (49.6 por ciento de mujeres) en una población total de casi 14 millones para el mismo año33. Como se refirió, la población migrante tiene un fuerte componente urbano desde finales del siglo XX y se debe a que es este sector el más afectado por la crisis. La población de las zonas urbanas representan un 65 por ciento del total de habitantes de Ecuador. Como efecto de la crisis, se dio un creciente desempleo con el consecuente deterioro de las condiciones de vida. En un estudio se registra que para el periodo 1996-2001 los migrantes procedentes de zonas urbanas eran alrededor del 70 por ciento y, según las ciudades, este porcentaje fue mayor34. El perfil entonces se modificó observándose también que su composición es de hombres jóvenes con un número ascendente de mujeres solas cuyo nivel educativo es superior al de los varones. Pero en su conjunto, estos migrantes tienen un grado educativo mayor a la media nacional y provienen de diversos estratos sociales. Al llegar al país de destino, muchos se desempeñan en oficios y labores que no habían realizado antes, como el trabajo agrícola, la limpieza de casas u oficinas, el cuidado de ancianos y niños. Los destinos también se han diversificado por lo que es posible encontrar migrantes ecuatorianos en Venezuela, Canadá, Italia y España. Este último desplazó a los Estados Unidos como principal destino de los ecuatorianos quienes, según algunas estadísticas, representan el 49 por ciento del total de la población migrante de su país. Y en España alcanzaron en los primeros años del siglo XXI el tercer lugar en población extranjera, sólo por debajo de los rumanos y marroquíes. Se estima que en EUA se encuentran cerca de 400 mil ecuatorianos distribuidos de manera principal entre Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Chicago
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Goycoechea, Alba y Ramírez Gallegos, Franklin, “Se fue, ¿a volver? Imaginarios, familia y redes sociales en la inmigración ecuatoriana a España (1997-2000)”, Íconos no. 14 Revista FLACSO, Ecuador, 2002. Ibíd. Gratton, Brian, “Ecuador en la historia de la migración internacional. ¿Modelo o aberración?” en Herrera, Gioconda, Carrillo, María Cristina y Torres, Alicia Torres (ed.), La migración ecuatoriana. Trasnacionalismo, redes e identidades, Quito, FLACSO-Ecuador, 2005.
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y Miami. Pero el desplazamiento de un destino por otro se debe, como se dijo anteriormente, a la transformación de las políticas migratorias estadounidenses, que implican en lo práctico el cierre de la frontera con México y el aumento de su seguridad, así como el incremento en los costos para “cruzar”. Si bien pensar en España como posible destino refiere a los lazos históricos y a la afinidad cultural y lingüística que unen a ambos países, no contradice que, en el imaginario de los migrantes, alcanzar “el sueño americano” continúa siendo una meta, un reto también. Ello se retroalimenta por el intenso contacto cultural e influencia que ejerce EUA en ALyC provocando la formación de esa representación. Algunos testimonios de migrantes ecuatorianos dan cuenta de que, al verse obstaculizadas las posibilidades de llegar a EUA por los motivos referidos, se optó por buscar destinos más accesibles como España e Italia. La idea con la que se decide ese otro destino es que resulte un puente o vía más sencilla para entrar en EUA. España e Italia representan así para algunos migrantes sólo una parada en su tránsito hacia el “sueño americano” y el reencuentro con familiares que residen en ese país35. Una mirada a los flujos de migración latinoamericana a España en la segunda mitad del siglo XX hace posible distinguir tres etapas. La primera corresponde al exilio político de los años setenta y que tiene como principales nacionalidades, las de chilenos, argentinos y uruguayos. En los años noventa se produce la segunda etapa, promovida en parte por los impactos de la crisis económica en varios países latinoamericanos y caribeños, en especial peruanos y dominicanos. La tercera, y más reciente, comienza en los últimos años de siglo XX y se identifica por la llegada masiva de migrantes ecuatorianos, quienes aumentaron su presencia en 891 por ciento, colombianos que crecieron en un 522 por ciento, y argentinos que lo hicieron en un 17236 por ciento. Si bien no son las únicas poblaciones de migrantes que entraron en España, representan aquellas que se multiplicaron en forma sustantiva. Una respuesta al crecimiento de estas comunidades, o dicho de otra forma, al motivo que provocó el flujo migratorio masivo, es el tipo de reajuste económico vivido en los tres países que, junto con los efectos de la crisis económica y financiera internacional, generaron la pauperización de sectores medios y bajos de la sociedad. El crecimiento constante de la migración latinoamericana a España, vinculado además al no requerimiento de visa para los ciudadanos latinoamericanos —situación que cambia en 2004— es un fenómeno poblacional que ha llamado la atención en distintos ámbitos. Algunos números dan cuenta de su importancia. Por ejemplo, según el padrón municipal de habitantes, en diciembre de 2003, el 31 por ciento de los extranjeros empadronados provenía de América Latina,
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Véase: Gratton, Brian, op cit. Pedone, Claudia, “Las representaciones sociales en torno a la inmigración ecuatoriana a España”, Íconos no. 14 Revista FLACSO Ecuador, 2002. Les Chahiers, ALHIM. 12/2006. En línea.
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especialmente de Ecuador y Colombia. Los datos registrados también exhiben una alta tasa de migrantes irregulares37. El intenso flujo migratorio hacia España ha tenido un costo para quienes lo componen. Así como lo hay para “el cruce” a EUA también para el traslado e ingreso a España. Existen para ello agencias de viajes tanto en Ecuador como en España que ofrecen el servicio completo de trámites legales e ilegales que sean necesarios para el migrante a cambio de lo que exigen fuertes sumas de dinero, entre 3500 y 4000 dólares, sin garantizar el éxito de su trabajo. Tomar el servicio ofrecido por estas agencias representa esfuerzos familiares, al igual que en la otra experiencia en América, que conlleva el endeudamiento con bancos, prestamistas, “tramitadores” o “chulqueros” así como también con agencias. Todos ellos se encargan de conseguir el financiamiento, los vuelos, tramitar la visa, conseguir la carta de invitación de alguna familia en España, realizar los traslados y hasta resolver el posible trabajo. El más requerido entre ellos por los migrantes es la “la bolsa” que incluye además el asesoramiento sobre diversas estrategias que los viajantes deben desplegar cuando llegan a Europa. Se trata por ejemplo de recomendar actitudes, expresiones y respuestas a las preguntas de los agentes migratorios hasta sugerencias sobre vestimenta38. Al llegar a España, la población ecuatoriana ingresa principalmente con visa de turista y se distribuye geográficamente en Madrid, Barcelona y la zona agrícola de Murcia. En particular, la etnia kichwa otavalo lo hace en Cataluña. España no siempre, como se ha visto, es el destino final, o bien se intenta el traslado a EUA o bien se dispersa en otros países como Inglaterra, Bélgica, Holanda, Suiza, Suecia e incluso han llegado a Israel. Para el año 2009 el gobierno ecuatoriano estimó que residen en el extranjero entre 2.5 y 3 millones de ecuatorianos. De ellos, cerca de 400 mil viven de manera legal en España, mientras que la cifra puede llegar a 700 mil si se considera la población migrante con situación legal irregular. Durante el primer semestre del mismo año, las remesas alcanzaron un monto de 1.164.2 millones de dólares, de los cuales 491.7 millones provienen de España39. Por su parte, el formar parte del Padrón Municipal significa para los migrantes la posibilidad de acceder a los servicios de salud, educación y otros de carácter social proveídos por el gobierno español. Los migrantes en situación legal como ilegal pueden registrarse en el Padrón, sin embargo, se advierte que no todos los migrantes en situación irregular están anotados y ello limita su acceso a los servicios gubernamentales que se ofrecían.
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Véase: Echeverri, Buritacá Ma. Margarita, “Fracturas identitarias: migración e integración social de jóvenes colombianos en España”, Migraciones Internacionales, vol. 3 n. 1, enero-junio 2005, pp. 141-164. Goycoechea, Alba y Ramírez Gallegos, Franklin, op cit. Observatorio de Economía Latinoamericana, en línea.
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La situación procesada en tiempos recientes sobre asuntos migratorios en los territorios de la Unión Europea, ante el crecimiento del flujo con perfil extracomunitario, está pautada por medidas restrictivas, y por ende España no está exenta del clima de época. Se trata de políticas con marcado énfasis restrictivo y también punitivo y excluyente. En 2008 el Parlamento Europeo aprobó una medida llamada Directiva de Retorno. Con ella se promueve el retorno voluntario de inmigrantes ilegales, presentes en cualquier país de la Unión Europea, dentro del plazo fijado por los Estados respectivos. De no darse el retorno voluntario, se aplica el mandato de recurrir a la retención, consecuente expulsión y la prohibición de regresar a territorio europeo. Esta medida generó rechazo de varios gobiernos latinoamericanos que tienen connacionales en condición de migrantes en Europa. En el caso español, la respuesta casi inmediata del gobierno español señalaba que la medida no sería aplicada en su territorio pero la decisión cambió con posterioridad. La Directiva de Retorno fue aprobada por el Consejo de Ministros de España, determinando que su aplicación sea inevitable. Esta decisión modifica algunos términos y en lugar de referirse a expulsiones, se lo califica de retorno voluntario. Los primeros datos muestran que durante el primer mes de aplicación, a finales de 2008, se habían recibido cerca de 400 solicitudes de ecuatorianos para el retorno voluntario. Y en el caso de la población migrante latinoamericana en general, en junio de 2009 las solicitudes, y en buena parte de ilegales, traspasaban en número las 5 mil. Se trata pues de las efectos del contexto actual de crisis económica, medidas restrictivas para la población extracomunitaria y consecuente dificultad para obtener trabajo en un mercado saturado de mano de obra migrante. Lo anterior no significa que la migración hacia Europa esté detenida.
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CUADRO 3 Migración en Ecuador (2009) ECUADOR 13.927.650 ecuatorianos
MIGRANTES Entre 2.5 y 3 millones de migrantes. Principales provincias expulso- Países de destino: ras de migrantes: Venezuela, Estados Unidos, Rurales Azuay, Cañar, Manabí, Canadá, Italia y España. Loja, Guayas, Pichicha. Urbanas Guayaquil y Quito. Perfil de los migrantes: Sexo: Varones Muchos de ellos viajan 49.6% femenino solos y muchos son solteros. 50.4% masculino Mujeres, Viajan solas aún sien-
ESPAÑA 41.063.950 españoles 5.598.691 migrantes 402.088 son ecuatorianos 7.4% del total de extranjeros 203.369 mujeres 198.719 varones Provincias de llegada: Barcelona, Madrid, Murcia
do casadas especialmente a destinos europeos, “mujeres pioneras”. Migrantes de ambos sexos de origen urbano Tienen un grado de escolaridad mayor a la media del país. Se considera que no provienen de un contexto social de pobreza. Monto de remesas: 1.164.2 millones de dólares
Monto de remesas: 491.7 millones Ocupación: Varones Labores agrícolas, mecánicos, hostelería. Mujeres Cuidado de niños y ancianos, labores de limpieza en casas y oficinas.
Y estos efectos se dan pese a que la mano de obra migrante contribuye al mantenimiento del estándar de vida de un estado de bienestar cuya población ha envejecido desde el último tramo del siglo pasado. España tiene nichos específicos de ocupación para la mano de obra migrante que se dedica al cuidado de ancianos, de niños, servicio doméstico, e incluso, el trabajo sexual. A su vez ofrece posibilidades para labores que tienen características de precariedad, inesta-
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bilidad y en su caso, estacionalidad como en la agricultura, la construcción, la hostelería entre otros servicios40. Estas ocupaciones, en particular las de servicios, determinaron que el perfil predominante de la migración ecuatoriana a España llegó a ser femenino, proveniente de distintos estratos de esa sociedad aunque principalmente de origen urbano. Esta población ingresó a territorio español para ocuparse en labores domésticas y de cuidado de niños y ancianos. El rumor que se esparció en Ecuador era que las mujeres tenían mayor posibilidad de conseguir un puesto de trabajo, lo cual impulsó su movilidad hacia España resultando “pioneras”. En este rol se las observa como encargadas de establecerse para luego traer, en un estilo de “efecto llamada”, a cada uno de los integrantes de su núcleo familiar. Las redes tienen su origen en este estilo de flujo migratorio dando lugar a una concentración femenina en Madrid y Barcelona mientras en Murcia se ha reunido la mano de obra masculina demandada para el trabajo agrícola. Este perfil femenino destinado a servicios ha sido caracterizado como “importación de cuidados” o “fuga de cuidados”. Al pasar de proyecto a realidad la migración, en sus lugares de origen genera que las mujeres ecuatorianas deleguen en sus madres, y en ocasiones a otras mujeres a las que les pagan un sueldo, el cuidado de sus hijos. La delegación de cuidados constituye una cadena transcontinental interesante. Mientras las migrantes sustituyen labores de las mujeres de sectores medios, y medios-altos, en España lo mismo que otros países desarrollados, delegan tareas similares a otras mujeres en su tierra de origen41. Las interpretaciones que estas mujeres construyen sobre su experiencia migratoria está cruzada por temas como liberación de la tutela masculina —culturalmente reforzada en su país— a través de los padres, maridos, hermanos, madres o hijos. De esta forma las mujeres estiman que han conseguido autonomía, libertad y autosuficiencia42. La construcción del imaginario migrante con referente en España tiene en las redes sociales un alimentador permanente. Sin duda, éstas se apoyan en el desarrollo permanente de medios de comunicación en tiempo real que permiten, por un lado, transmitir el entusiasmo por imitar la experiencia migratoria y,
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Pedone, Claudia, “Tú siempre jalas a los tuyos. Cadenas y redes migratorias de las familias ecuatorianas hacia España”, Herrera, Gioconda; Carrillo, María Cristina y Torres, Alicia (ed.), La migración ecuatoriana. Trasnacionalismo, redes e identidades, Quito, FLACSO-Ecuador, 2005. Parrella, Sonia, “Los vínculos afectivos y de cuidado en las familias trasnacionales. Migrantes ecuatorianos y peruanos en España”, Migraciones Internacionales, Vol. 4, No. 2, Tijuana, CELRF, julio-diciembre 2007. Bonilla, Adrián; Herrera, Gioconda y Ramírez, Jacques, Migraciones Latinoamericanas: Proceso Político, Flujos y Remesas. Ponencia presentada en el Foro de Biarritz, Francia, Noviembre 3-4 2008.
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por el otro, generar espacios plurilocales de permanente intercambio material, cultural y simbólico43. Pese a la importancia numérica, de la existencia de grupos identificables en territorio español así como de la fuerza simbólica de la migración ecuatoriana, y a diferencia del caso mexicano, en los análisis sobre el tema se indica que aún no es posible hablar de comunidades trasnacionales consolidadas. La referencia que al respecto se establece es la de familias trasnacionales y redes que son decisivas para el trayecto migratorio44. Dentro de este contexto, se han generado procesos organizativos de los migrantes ecuatorianos en territorio español formalizados en asociaciones cuyo objetivo es brindar apoyo a las redes migratorias en formación, a los migrantes en territorio español y a las familias de los migrantes en el Ecuador. Entre ellas destaca la Asociación de Migrantes Ecuatorianos en España “Rumiñahui”, de carácter trasnacional que cuenta con aproximadamente 5000 afiliados. Como parte de sus funciones brinda asesorías sobre trámites legales, defensorías, difusión de información en España para los migrantes y en Ecuador para sus familias. Asimismo, se ha constituido en España como un medio de presión política frente a las “autoridades locales en la consecución de derechos específicos y nuevos marcos de regulación de la migración”. En Ecuador participó en las movilizaciones sociales del año 2001 con demandas específicas acerca del tema migratorio y las relaciones de ambos países en relación a este tema45. Otra organización surgida en España en el 2001 de nombre “Ecuador Llactacaru” es resultado de las protestas realizadas en Barcelona por un grupo de más de 500 de migrantes de distintas nacionalidades, no sólo latinoamericanos o ecuatorianos, quienes realizaron un encierro en la iglesia de Pí como protesta ante la amenaza gubernamental de expulsar más de 300 mil migrantes46. Existe otra distinción que debe considerarse para comprender los agrupamientos de la migración ecuatoriana. La referencia es al regionalismo originado en el establecimiento de relaciones internas en Ecuador. Un regionalismo formado históricamente por disputas políticas y económicas que, aún a la distancia, facilita diferenciar entre ecuatorianos de la Sierra y de la Costa. Las redes construidas por unos y otros son visibles en territorio español y, a partir de esa distinción, se esboza la distribución de la población ecuatoriana en España. La pertenencia a una u otra región territorial y sociocultural conlleva la reproduc-
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Parrella, Sonia, op cit. Goycoechea, Alba y Ramírez Gallegos, Franklin, op. cit. Ibíd. Koller, Sylvie. “Para nuestro hermanos en el mundo: el destino de los migrantes ecuatorianos visto desde Ecuador”, Amérique Latine Historie et Mémorie. Les Chahiers, ALHIM, 8/2004. En línea http://alhim.revues.org/
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ción de códigos en los contextos de llegada posibilitando la reunión entre paisanos y ofreciendo elementos de cohesión interna47. Hay pues un diálogo entre migrantes y no migrantes más allá de la experiencia ecuatoriana en España, que estimula las expectativas construidas en torno a la posibilidad migratoria que en el lugar de origen son calificadas como “deseo e ilusión”. Se refuerza el imaginario de un “estiramiento” del entorno cultural y afectivo que impulsa a la construcción del proyecto migratorio al que se suma a la esperanza de mejorar las condiciones de vida. Las redes contribuyen a trascender el espacio nacional y local dejándolos constituidos por imágenes desintegradas y a incentivar la decisión migratoria, refuerzan pues los imaginarios de lo posible y de la esperanza del éxito, del progreso en otros contextos territoriales, en el caso ecuatoriano respecto al español48. Ahora bien, la contraparte es la aceptación que puede tener la sociedad española sobre la migración ecuatoriana que, en principio, está terciada por la información difundida en los medios de comunicación y en los discursos políticos que utilizan el tema específico como herramienta electoral. Es interesante al respecto un ejercicio realizado a partir de una información registrada sobre un accidente en enero de 2001 en la localidad de Lorca, Murcia, en el que fallecieron trabajadores. Eran ecuatorianos y se dirigían a recoger brécol en Lorca, Murcia. A partir de este momento la atención se dirigió a los migrantes ecuatorianos y ya no a los marroquíes o africanos, cuya presencia fue catalogada por los medios de comunicación como una sorpresa y la imagen que dejó fue cargada de sentimentalismo. Imagen que por cierto contrasta con la de los migrantes colombianos en España que, por lo general y más allá de este país, es estigmatizada49. Sin embargo, del intenso debate social en torno a la migración ecuatoriana, cargado de imágenes, pueden extraerse algunas que la refieren como “una avalancha”, “una estampida” o “nuevos conquistadores”. Pero no todo parece una percepción tan evidente. Según otros estudios, en Cataluña parece no diferenciarse a un migrante ecuatoriano de un colombiano o un peruano. En tanto, la presencia de ecuatorianos en escenarios como la ciudad de Barcelona parecería resultar sutil y casi imperceptible. Entonces, el lente se enfoca u observa de manera más nítida a los migrantes de origen marroquí y pakistaní50. Es posible entonces valorar la integración de los migrantes ecuatorianos en España como de “asimilación segmentada”, es decir, que más que transitar genera tanto reacciones de acercamiento, hasta por consentimiento como xenofóbicas y excluyentes. Muchas de las reacciones discriminatorias se vieron reforzadas por la xenofobia acrecentada tras los ataques del 11 de marzo de 2004.
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Pedone, Claudia, 2005, op cit. Goycoechea, Alba y Ramírez gallegos, Franklin, op. cit. Retis, Jessica, op. cit. Pujadas y Massal, Julie, “Migraciones ecuatorianas a España: procesos de inserción y claroscuros”, Íconos no. 14 Revista FLACSO Ecuador, 2002.
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En tanto estas formas de ver al “otro” de la sociedad española, los migrantes construyen consciente o inconscientemente estrategias de integración. Una de ellas pasa por la incorporación de modismos cotidianos y hasta por el uso del acento español al hablar. “Transformación adaptativa” que efectúan los migrantes en los procesos de asimilación segmentada en la sociedad española. Esto remite al proceso de inserción que experimentan los migrantes en el nuevo contexto tanto al establecer relaciones laborales con los empleadores o en la presencia en los medios de comunicación como en las relaciones de amistad o vecindad con la sociedad local51. No hay por cierto mayores diferencias en las condiciones de vida de los migrantes ecuatorianos en España respecto a las de otras comunidades de migrantes en países desarrollados. Los principales aspectos de la vida cotidiana por ejemplo se resumen en un acceso restringido a salud y educación, de contextos laborales inciertos, precarios y desvalorizados, de espacios habitacionales reducidos, compartidos o hacinados y de escaso tiempo y dinero destinado al esparcimiento. Aunque también es una realidad la de que no todos los migrantes experimentan lo mismo. Se dan otros contextos de llegada que facilitan los servicios brindados oficialmente augurando en poco tiempo la adquisición de bienes materiales diversos así como acceso a salud y educación. Con ello es posible encaminarse a una cierta y paulatina asimilación. Por otro lado tenemos como parte de los efectos de la migración para quienes permanecen en Ecuador un conjunto de transformaciones que modifican no sólo su manera de vivir la cotidianidad a partir de la ausencia de sus padres, madres, hermanos, hijos e hijas sino distintas concepciones sobre sí mismos, el futuro y el contexto donde se encuentran inmersos. Un ejemplo de ello es la experiencia de los jóvenes hijos de migrantes. Las concepciones que tienen respecto de la migración se caracterizan por ser contradictorias, por un lado, reconocen los avatares que enfrentan sus familiares en España, las dificultades asociadas al proceso migratorio y el descenso del status de sus padres en el lugar de llegada; por otra, construyen un proyecto futuro a partir de su propia migración ya sea para encontrarse con su familia, vivir nuevas experiencias o continuar estudiando. En ambas posturas subyace la conciencia del ‘sacrificio’ que realizan sus padres por el deseo de ayudarles. Asimismo, la idea de que en los países desarrollados la sociedad, en este caso la española, es “libertina”, con menos valores que la ecuatoriana, donde se expondrán a prácticas racistas52.
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López Rodríguez-Girones, Pilar, “Aquí no hay familia: estrategias para la inserción laboral desde la Rambla, Murcia. El día a día de los (pos) jornaleros ecuatorianos”, en Herrera, Gioconda; Carrillo, María Cristina y Torres, Alicia (ed.), La migración ecuatoriana. Trasnacionalismo, redes e identidades, Quito, FLACSO-Ecuador, 2005. Carrillo, Cristina, “El espejo distante. Construcciones de la migración en los jóvenes hijos e hijas de los migrantes ecuatorianos”, en Herrera, Gioconda; Carrillo, María Cristina, Torres, Alicia (ed.), La migración ecuatoriana. Trasnacionalismo, redes e identidade,. Quito, FLACSOEcuador, 2005.
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Recapitulando, como migración emergente, la ecuatoriana en España ha puesto en evidencia el giro de género en un fenómeno que caracterizó al siglo XX y que se impuso como modalidad en el nuevo milenio. El “efecto llamada” desde esas mujeres pioneras supo reinvertir la nostalgia que invade las casas de los que se fueron y las moradas de los que llegaron, es un presente que sólo se vive como tal en tanto paso necesario para un futuro de éxito visualizado en sus expectativas. La movilidad poblacional expresa una polisemia de causas y de experiencias que se sintetiza en una compleja estructura de hechos y argumentos. Comprende un mundo de padecimientos, nostalgias, esperanzas, pero también puede serlo de realización de las expectativas que empujaron a concretar la decisión, al pasar del migrante potencial al migrante real. En una difícil tensión entre la exclusión y la inclusión, entre el rechazo y la aceptación el migrante va ubicando un espacio en tanto crecen las redes, se constituyen las comunidades y se transita de un hecho personal a un fenómeno que repercute en ambos extremos de la polaridad del migrante: la sociedad de origen y la de recepción. Créalo o no, el migrante se impone en el espacio público y en las estructuras económicas locales y nacionales acompañando los ciclos de auge y depresión. Así es que si lo que se vive es una crisis de envergadura, es factible que el decrecimiento de su aporte a las economías sea notorio y que se invierta la reciprocidad y sean las familias, aquellas que habitan las casas vacías por la ausencia de los que se fueron, el principal apoyo de los migrantes.
4. Los exilios: una impronta regional SILVIA DUTRÉNIT BIELOUS Instituto Mora, México.
Exilium viene del latín, significa separar a la persona de la tierra en que vive. Se trata del obligado abandono de lo propio, por tanto es una condena en la medida que impone el desarraigo. Como es sabido, no se trata de un comportamiento ajeno a la historia de la humanidad. Atender los exilios latinoamericanos y caribeños de la segunda mitad del siglo XX es fijar la mirada en una de las tendencias que caracterizó a la región y que aún hoy, en el siglo XXI, mantiene flujos que la alimentan. El exilio como consecuencia o respuesta a situaciones políticas hostiles encuentra sus razones en acontecimientos que ponen en peligro la libertad y hasta la vida de las personas. Son situaciones límite provocadas por la violación de los derechos elementales del hombre. Sucede cuando no es posible manifestarse menos aun organizarse. Toda reacción o acción que pueda entenderse como contraria al discurso oficial es reprimida en la práctica directa o mediante formas cotidianas de imponer terror. Esta práctica proviene de las instituciones del Estado o desde grupos paramilitares que actúan a su amparo, en contextos autoritarios o dictatoriales. Pero también el exilio responde a clivajes históricos como los que se producen con las revoluciones y en las que los sectores sociales ligados al régimen derrotado huyen hacia otras tierras que los acogerán. Así pues el exilio es una categoría de orden político que engloba a aquellos que siendo perseguidos o presintiendo el peligro de perder la libertad o la vida, incluso movidos por el miedo ante las consecuencias de la derrota sufrida, huyen de su país o del lugar de residencia. De ahí que la condición de exiliado puede originarse en distintas motivaciones así como también, por el carácter masivo e indiscriminado de la represión, es factible que involucre a familias completas. Referir a los exilios es considerar que el camino tomado por sus protagonistas supo tener distintos atajos y formas de traspasar las fronteras y de asentarse en otras tierras. Aunque no se omite que también se registra lo que se ha llamado el exilio interior —denominado insilio por el novelista uruguayo exiliado en España, Mario Benedetti. Hablar entonces de esta diversidad implica considerar que no hay un modo establecido. Algunos están vinculados a instrumentos internacionales de protección a los perseguidos políticos, como
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pueden ser las convenciones de asilo diplomático y territorial1 y el estatuto de los refugiados del ACNUR2 mismos que deben reflejarse o adecuarse a las legislaciones nacionales. Existen elementos que distinguen al exiliado de otros emigrantes. El componente político y por lo general militante de parte importante de los exiliados lo marca. Ello impone tendencialmente una forma de presentarse en la sociedad receptora, “se está en tanto no cambian las condiciones que obligaron a exiliarse”, “el compromiso social y político está allá, en la otra tierra, en donde se tiene el corazón pero no en donde se vive”. Sin embargo, pese a una idea compartida de que así son los exiliados, hay que saber también que los exilos no son siempre una continuación del ser militante. El exilio puede ser una manera de alejarse de aquello que motivó el destierro. En todo caso, quienes se mantienen con ese compromiso militante transforman su exilio en una forma de compromiso político. Por ello, en la medida en que los exilios son torrentes humanos como lo han sido algunos de los latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX, sus estructuras organizativas y las acciones que se derivaron de su presencia potenciaron su intervención pública en distinta sociedades. Estos y otros elementos del exilio hacen que no se pueda pensar en singular y desde allí generalizar. Los exilios son muchos, son una multiplicidad de experiencias surgidas de manera diferente que repercuten tanto en las sociedades de expulsión como en las receptoras. Siendo entonces de carácter general y habiendo tenido una fuerte presencia en el siglo XX para América Latina y el Caribe, en su segunda mitad la palabra exilio y la condición de exiliado, comienzan a ser parte inseparable de su historia a la vez que repercuten y se insertan en el transcurrir de muchas otras regiones del mundo. En la bipolaridad de la guerra fría, acentuada en América Latina y el Caribe por el efecto de la revolución cubana —hito en la historia regional del siglo XX y comienzo, para algunos autores, de su segunda etapa—3 cohabitaron y se sucedieron diversos regímenes que hicieron cobrar fuerza al exilio. Asimismo, la variedad de situaciones ha hecho que no sea posible igualar condiciones que desembocan en exilios, menos aún cuando se registran regímenes políticos que conducen al destierro al tiempo que facilitan la recepción de los perseguidos en otras tierras.
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Dutrenit Bielous, Silvia y Rodríguez de Ita, Guadalupe (coords.), Asilo diplomático mexicano en el Cono Sur, México, Instituto Mora/SRE, 1999. Buriano Castro, Ana; Dutrenit Bielous, Silvia y Rodríguez de Ita, Guadalupe, “Protección internacional y derechos de los perseguidos políticos en la experiencia mexicana”, Papeles de Población, nº 57, 2008, pp. 94-116. Katz, Friedrich, “La guerra fría en América Latina” en SPENSER, Daniela (coord.), Espejos de la guerra fría: México, América Central y el Caribe, CIESAS-SRE-Porrúa, México, 2004.
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Lo cierto es que América Latina y el Caribe pueden verse como un gran fresco de situaciones exiliares. Para apreciarlo es necesario partir de algunas referencias dado lo escurridizo de la categoría y lo voluminoso de sus experiencias. De ahí que en las páginas siguientes se aproximan algunos trazos de esa compleja y rica realidad cuyos motivos y consecuencias se proyectan al nuevo milenio. Estos trazos se organizan en un acercamiento general que ubica países y coyunturas en donde se produjeron exilios para luego, de manera acotada, observar una experiencia exiliar: la de los uruguayos en México. Antes de abordarlos, conviene precisar que los trazos que dibujan grandes tendencias en algunas ocasiones pueden excluir casos nacionales que probablemente tuvieron importancia tanto por los personajes exiliados como por el número de los desterrados.
UNO, DOS, TRES… MUCHOS Y DIVERSOS EXILIOS MÁS Mientras quedan rezagados los exilios cuyos protagonistas por lo general eran las elites políticas e intelectuales, el torrente exiliar al doblar el siglo se fue nutriendo de cientos y miles de personas de distintas generaciones y diversa extracción, oficio o profesión. Este torrente encuentra principalmente cobijo en tierras vecinas o cercanas en tanto no imperaron los regímenes militares. Andando el tiempo ello cambió. Avanzada la década del setenta todos los continentes comenzaron a nutrirse de migrantes políticos de América Latina y el Caribe. Abonan a la nueva tendencia epocal la presión de Estados Unidos, acompañada de su acción para mantener primero el statu quo vigente, y luego, para impedir la expansión del comunismo ante la creciente efervescencia social, política, más tarde guerrillera, en distintos puntos de la región. En ese contexto de guerra fría y por tanto, de impedir el debilitamiento de Estados Unidos en la zona más cercana, los exilios fueron esencialmente constituidos por aquellos protagonistas que representaban una amenaza a su hegemonía. Pero no debe olvidarse que las experiencias fueron diversas, un breve recorrido posibilita su registro. Ante los fracasados intentos de transformación nacional revolucionaria sendos golpes de Estado (Guatemala 1954 y Bolivia 1964) hicieron del exilio un camino obligado para los derrotados. Ello no significa que la asunción del presidente Jacobo Arbenz en Guatemala, por un lado, y el triunfo de la revolución boliviana, por el otro, no hubieran provocado algunos exilios. En Guatemala, tras el derrocamiento de Arbenz, cientos de perseguidos solicitaron asilo en México, incluido el propio presidente. Otros países dieron también protección pero esencialmente el fronterizo los cobijó pese a las presiones
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recibidas por parte de Estado Unidos4. Y en las siguientes y críticas coyunturas represivas guatemaltecas, México ratificará su condición de tierra de exilio y de reorganización de la comunidad desterrada. Esto último dio lugar en algunos casos al retorno de guatemaltecos a su país para quienes la suerte fue variada. La vida en el exilio mostró su doble cara: huída, repliegue, protección al tiempo que organización para la lucha y eventualmente, retorno5. Lo que sin duda obligó a una multitudinaria huída de guatemaltecos fue el auge de la represión militar y paramilitar. Miles de indígenas mayas atravesaron la frontera, al procurar escapar del genocidio de los años 80 pero también lo hizo, en menor grado, la población mestiza. Las razones pudieron ser distintas. La mayor parte eran guatemaltecos atrapados por el conflicto, acosados por la invasión del ejército en sus comunidades pero a la vez estaban quienes se habían visto obligados a participar de las Patrullas de Autodefensa Civil (grupos obligados a colaborar con el ejército regular) mientras otros se resistían a tomar parte en el conflicto y temían ser obligados6. Este movimiento multitudinario es conocido como “el refugio guatemalteco”, obligó a México a adherir y firmar el Estatuto de Refugiado del ACNUR. Este organismo internacional registró que fueron 46 mil guatemaltecos quienes pudieron permanecer en México de los 200 mil que ingresaron entre 1981 y 19827. En 1964 en Bolivia un golpe de Estado ponía fin a los emprendimientos del proceso nacional revolucionario de 1952. En los siguientes 18 años se sucederán otros golpes. Y apenas en un periodo muy breve de 10 meses, siendo presidente el general Juan José Torres, se intentaron desarrollar algunas medidas de nacionalización de recursos. Así pues, esta trastornada historia política boliviana como también lo fue la guatemalteca, se disparó una sucesión de coyunturas de exilio que encontró su tierra receptora en los países cercanos. Pero ello fue cambiando en la medida que el área sureña se iba cubriendo de dictaduras de seguridad nacional. Hacia 1976, con el golpe de Estado en Argentina, el accionar de la coordinación represiva denominada Operación Cóndor, en la que participaron militares de los distintos países, comenzaba a dejar cientos de víctimas, entre ellas la del General Juan José Torres8. El exilio entonces se mostraba en
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Buchenau, Jürgen, “Por una guerra fría más templada”, en SPENSER, Daniela (coord.), Espejos de la Guerra Fría, México, Porría-SER-CIESAS, 2004, p. 136. Ludec, Nathalie, “Voces del exilio guatemalteco desde la Ciudad de México”, Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 2/2001. En línea: http://alhim.revues.org/index599.html Véase: Amnesty International, Guatemala: the human rights record, Nueva York, Amnesty International, 1987. También Casa Refugio Citlaltépetl- Gobierno de la Ciudad de México, Ciudad de México, ciudad solidaria, capital de asilos, México, CRC-Gobierno de la Ciudad de México, 2008, p. 139. ACNUR, La situación de los refugiados en el mundo. Cincuenta años de acción humanitaria, 2000, pp. 330. En línea: www.acnur.org/publicaciones/SRM/indicepdf.htm Véase: Calloni, Stella, Operación Cóndor. Pacto criminal, México, La Jornada, 2001. Dinges, John, Os anos do Condor. Una década de terrorismo internacional no Cone Sul, Sao Paulo, Compañía Das Letras, 2005.
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otra de sus caras, protección y quizá reorganización pero también alcances de la represión y hasta desaparición. Para entonces los bolivianos también hallaron en México su lugar de exilio9. Y México resultaba a la vez tierra de expulsión de militantes políticos, particularmente de aquellos que constituyeron la generación del 68. Su complicada historia del siglo XX, especialmente su enmarañado régimen político ha sido difícil de comprender para un observador extranjero10. Hasta ahora se ha visto que los exilios fueron provocados por la derrota de procesos nacional revolucionarios, que atentaban directa o indirectamente contra el ánimo hegemónico de Estados Unidos. Una situación que contrasta con esas y otras experiencias nacionales, que favoreció la corriente abigarrada de exiliados, reforzada por distintas razones y en distintos momentos a lo largo de las décadas transcurridas, es la desatada por el triunfo de la revolución cubana. El primer impulso de abandono y de huida estuvo dado por sectores que apoyaban al régimen de Fulgencio Batista. Aquellos serían sin duda los afectados por el triunfo de una revolución inicialmente de carácter nacionalista. A ese primer y no despreciable contingente de exiliados que encontraron en Estados Unidos en particular su tierra de acogida, y también de apoyo para una intensa actividad de oposición al naciente régimen cubano, se sumaron quienes reaccionaron contrariamente al proceso revolucionario cuando se asumió socialista. El exilio cubano es seguramente el de más larga data en la región. Por su esencia contrarevolucionaria lo mismo que por sus acciones de distinto tenor en contra del régimen, no fue durante un largo periodo considerado exilio desde la perspectiva de los sectores progresistas, en especial en un contexto de bipolaridad como se vivía. Sin embargo, como se afirma en un estudio reciente, la primera ola de exilio cubano fue sólo eso. Le han seguido otras más que no necesariamente obedecen a las mismas razones pero que en su conjunto ponen en evidencia fuertes y crecientes contradicciones con la evolución que el proceso revolucionario ha tenido. E incluso se señala que cada ola guarda sus propias características de migración y oposición11. La que resultó más voluminosa fue la conocida como de los marielitos. Más de 120.000 personas abandonaron Cuba por el puerto de Mariel en 1980. Fue un universo de estratos sociales diversos entre los que estaba gente de la cultura y profesionales pero entre ellos también llegaron delincuentes comunes y sectores marginales. Todos buscaron protec-
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Palma Mora, Mónica, “Destierro y encuentro. Aproximaciones al exilio latinoamericano en México, 1954-1980”, Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 7/2003. En línea: http://alhim.revues.org/index363.html Dutrenit Bielous, Silvia y Varela Petito, Gonzalo, Tramitando el paso. Violaciones de los derechos humanos y agendas gubernamentales en casos latinoamericanos, México, FLACSOCLACSO, 2009. Pedraza, Silvia, Political Disaffection in Cuba’s Revolution and Exodus, Nueva York, Cambridge University Press, 2007, p. 359.
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ción en la segunda ciudad cubana del mundo: Miami. Quizá lo que vino después de esta ola, que entre otros asuntos expresaba un reclamo de libertad, obedece a una crisis política posterior al derrumbe del campo socialista, a su repercusión en la condiciones económicas del país y también a un efecto llamada de una inmensa mayoría de familiares que hoy residen no sólo en Estados Unidos sino también en países europeos como España y en varios latinoamericanos. Sin duda, se trata de un exilio heterogéneo, más bien de muchos exilios que exhiben por ejemplo distintas formas de relacionamiento con el Estado cubano y por tanto diferentes maneras de convocarse como comunidades extra territoriales12. No se puede dejar de valorar que en este proceso diaspórico cubano un elemento provocador e interventor, tanto para acciones como para reacciones, ha sido Estados Unidos. El mismo país que con su intervención ha incitado o coadyuvado o estimulado con factores concurrentes otros tantos y contrastantes exilios. Si por ejemplo mantenemos el foco de observación en el Caribe y fijamos el lente en República Dominicana, ubicamos el régimen represivo de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), caracterizado como un sultanato, dio lugar a distintas coyunturas de exilio. Se ha señalado en algunas interpretaciones académicas que Trujillo fue al sultanato como Franco al autoritarismo13. Por lo general, la ruta de los exiliados apuntaba a los países isleños del Caribe pero también de la América continental e incluso hacia Estados Unidos14. La acción represiva del trujillismo llegó hasta esas tierras que acogieron a los exiliados registrándose asesinatos en Cuba y Estados Unidos. No obstante, esta acción no limitó la fuerza del exilio porque desde allí se organizaron grupos como la Unión Patriótica Dominicana (Venezuela y Cuba) y el Frente Unido (Estados Unidos y Puerto Rico). No podría negarse, por una parte, que la actividad del exilio coadyuvó a la derrota de la dictadura trujillista, y por la otra, que éste se insertó en el cambio del equilibrio político que en el Caribe produjo el triunfo de la Revolución Cubana. Y el exilio dominicano pese a que la era trujillista encontrara su final, no concluyó. Si sólo miramos la experiencia de los dos principales y opuestos políticos —Joaquín Balaguer y Juan Bosch— el exilio continuó siendo una rea-
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Bobes, Cecilia, reseña sobre: Pedraza, Silvia, Political Disaffection in Cuba’s Revolution and Exodus, Nueva York, Cambridge University Press, 2007, en Política y Gobierno, volumen XVI · número 1 · I semestre de 2009, pp. 194-197. Chelabi, Houchang. E., Linz, Juan J., Sultanistic regimes, Baltimores, The Johns Hopkins University Press, 1998. Véase: Lafontaine, Ana Feliz, “Dominicanos en situación de refugio: La vida en otras tierras”, Jornadas conmemorativas del Día Mundial del Refugiado, Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM), Santo Domingo, 20 de junio de 2006 (ponencia). En línea: www.espacinsular. org/IMG/PONENCIA_DE_ANA_LAFONTAINE.doc. También: Bonilla, Walter R., “Entre el recuerdo y el olvido: las memorias de los exiliados antitrujillistas”, Revista Mexicana del Caribe, Vol. VIII, No. 15, Chetumal, México, Universidad de Quintana Roo, Chetumal, México, 2003, pp. 79-105. En línea http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/128/12881503.pdf
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lidad en la República Dominicana. La nueva intervención norteamericana en su territorio (1965) ratificó la tendencia. República Dominicana comparte con Haití el territorio isleño. También en Haití se acuñó una dictadura tradicional, caracterizada como sultanato, en extremo represiva si es posible decirlo así. Iniciada por François Duvalier (19571971) y continuada por su hijo, Jean-Claude Duvalier (1971-1986), la dictadura haitiana reforzó la larga historia de extrema pobreza, inestabilidad social y política que incluye la ocupación estadounidense (1915-1934). Reprimidas todas las formas de oposición al régimen duvallierista con apoyo del gobierno de Estados Unidos, el exilio resultó un camino tomado en distintos momentos por los perseguidos. De esta forma, EUA establecía un círculo de vigilancia en torno de Haití y también de República Dominicana. Por sus propias características culturales, los exiliados haitianos buscaron refugio preponderantemente en países con los que se compartía la lengua como Francia y Canadá. Sin embargo, hubo comunidades en España, Cuba, México y Estados Unidos. Los exilios haitianos como otros de la región desarrollaron cierta proclividad a la organización en las distintas tierras de acogida como a la acción de reingreso al país15. Si bien no hay cifras exactas de este exilio, uno de sus intelectuales más reconocidos, Gerard Pierre Charles, anotó en uno de sus libros que los expatriados pudieron aproximarse a los 500 mil16. Al mismo tiempo en el conflictivo istmo centroamericano, otros países fueron escenarios de fuertes tensiones políticas y sociales con práctica sistemática de la represión estatal. La alta efervescencia opositora condujo, por ejemplo en Nicaragua, a un proceso revolucionario que resultó triunfante 1979 al ser derrotada la dinastía somocista. Mientras en El Salvador, un extendido conflicto armado, que se prolongó más de una década, concluyó con la firma de los acuerdos de paz en 1992. Estas críticas condiciones sociales y políticas desembocaron en ciclos de exilio de cientos de nicaragüenses y salvadoreños. Muchos de ellos vivieron durante años entre la huida, especialmente hacia países fronterizos, la reorganización y, en muchos casos, el retorno a la lucha en sus respectivos territorios. Por sólo mencionar unos pocos ejemplos, los movimientos organizados contra el régimen somocista (1934-1979) multiplicaron su impulso después del triunfo
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Latino de Genoud, Rosa María, “Voces del exilio: una isla, dos culturas”, II Congreso interoceánico de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, 11-13 de septiembre de 2003 (ponencia). González Bernaldo de Quiros, Pilar, “Emigrar en tiempos de crisis al país de los derechos humanos. Exilios latinoamericanos en Francia en el siglo XX”, Anuario de Estudios Americanos, No. 64, enero-junio, Sevilla, España, 2007, pp. 1536. En línea: http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/ view/31/30 Pierre-Charles, Gerard, Haití la crisis ininterrumpida 1930-1975, La Habana, Casa de las Américas, 1978.
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de la revolución cubana17. En los sesenta el Frente Sandinista de Liberación Nacional, fundado precisamente en el exilio en Honduras, optó por la lucha armada, mientras en el interior del país la Guardia Nacional incrementaba la represión. Con el triunfo del Frente Sandinista en 1979 se produjo un flujo contrario de exilios. Muchos de los que tuvieron que huir por la represión somocista regresaban en tanto se afirmaba el ya iniciado flujo de nicaragüenses partidarios del régimen en declive. Los destinos más recurridos hacia el exterior de este último fueron Honduras y Estados Unidos. También en Honduras los indígenas miskitos obtuvieron refugio. El ACNUR estimó que en los primeros años ochenta ingresaron a ese país unos 14 mil miskitos y 8 mil mestizos. Esta última cifra se incrementó, y se calcula que para 1987 fueron aproximadamente 16 mil los mestizos, debido a una campaña de reclutamiento militar del gobierno sandinista18. Desde Honduras se organizarían luego los grupos de “contras” que ingresaron a Nicaragua desplegando un conflicto armado hasta 1990. El zizagueante proceso político y la frágil situación económica condujeron a una indudable tendencia exiliar. Pese a los tratados de paz no fue posible motivar el retorno de refugiados y exiliados. En su transcurso, Costa Rica resultó no sólo atractiva por ser un país cercano sino también por ofrecer cierta estabilidad en contraste con el resto de Centroamérica. El devenir salvadoreño no fue menos convulsionado y traumático. Todo el siglo XX estuvo regido por gobiernos autoritarios y militares. Los años 80 vivieron bajo el signo de la guerra civil con miles de muertos y desaparecidos, así como desplazados y exiliados. Al iniciar la década ya había alrededor de 30 mil salvadoreños refugiados en Honduras19. Volumen muy considerable pero en su valoración debe tenerse en cuenta que los salvadoreños se enfrentaron con más obstáculos que otros centroamericanos para ser recibidos como asilados en Honduras y Estados Unidos. Mirando aún más al sur del continente americano, quizá pueda afirmarse que de ahí surgieron, en este panorama regional, los flujos exiliares que tuvieron mayor presencia en el contexto internacional desde fines de los años sesenta y, en especial, de los setenta. Los golpes de Estado primero en Brasil y luego en Uruguay, Chile y Argentina transformaron el arreglo político de la región. Militares pero también civiles cerraron filas para instaurar las denominadas dictaduras de Seguridad Nacional. Bajo el impulso de una doctrina que proponía la existencia de un enemigo interno además del externo, y la necesidad de su eliminación, en esos países se ejerció todo tipo de violencia contra la población llegando a la práctica sistemática de delitos de lesa humanidad. Esta doctrina
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Monroy García, Juan, “La insurrección democrática en Nicaragua: Conservadores, liberales y marxistas”, en Sosa, Ignacio, Insurrección y democracia en el Circuncaribe, México, CCyDELUNAM, 1998, p. 143. ACNUR, op cit. Ibíd.
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tuvo fuentes inspiradoras como, por ejemplo, la francesa de la contrasubversión20 los principios militares de la España franquista y las concepciones de «guerra total» del general alemán Erich von Ludendorff21. Difundida y ajustada internamente, la doctrina fue fuente inspiradora para promover la acción coordinada de los servicios de inteligencia militar y hacer efectiva la persecución de los enemigos más allá de las fronteras de su propio estado de origen o de residencia22. Convertida el área en terreno de persecución política, el exilio resultó un camino recorrido por decenas y hasta cientos de miles de personas23. La dictadura brasilera, conocida como dictadura madre, se inauguró con el golpe de Estado del 23 de abril 1964, deponiendo al presidente Joao Goulart. En lo inmediato se implementó una fuerte represión contra líderes sindicales, políticos y militares opositores. Ésta creo condiciones que luego se repetirán dando lugar a ciclos de exilio. En México por ejemplo se pueden ubicar tres momentos primordiales: 1) inmediatamente después del golpe; 2) entre 1968 y 1979, período que coincide con un recrudecimiento de la represión y 3) tras el golpe de Pinochet en 1973 y protagonizado por quienes primero fueron exiliados a Chile24. Se sucederán luego los otros golpes de Estado en Uruguay, Chile y Argentina. En este último país distintas irrupciones militares marcaron la historia contemporánea; la emigración por razones políticas durante la segunda mitad del siglo XX comenzó durante el primer período de gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Los exiliados, y también los emigrantes económicos de entonces, son parte de los 500 mil argentinos que se estima abandonaron el país hasta 198425. Y entre ello, hay que destacar que también lo fue el Gral. Perón, depuesto por uno de los golpes de Estado militar, quien encontró refugio en la España franquista.
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Nina, Andrés, “La Doctrina de Seguridad Nacional y la integración latinoamericana”, Nueva Sociedad, núm. 42, mayo - junio, pp. 70-86. Leal Buitrago, Francisco, “La doctrina de Seguridad Nacional: materialización de la Guerra Fría en América del Sur”, Revista de Estudios Sociales, núm. 15, Junio 2003, pp. 74 -87. CONADEP, Nunca Más, Informe de la CONADEP, Buenos Aires, EUDEBA, 1984. CNVR, Informe de la CNVR, Santiago de Chile, 1991, 3 vol. Poder Legislativo, “Comisión Investigadora sobre la Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron” y “Comisión Investigadora sobre los Secuestros y Asesinatos de los Ex Legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz”, Montevideo, 1985. COMIPAZ, Informe final de la Comisión para la Paz, Montevideo, 2003. CELADE-CEPAL, El mapa migratorio internacional de América Latina y el Caribe: patrones, perfiles, repercusiones e incertidumbres, Chile, CELADE-CEPAL, 2001. Salles, Vania, “Migrantes y trashumantes: Percepciones sobre el exilio en Gobierno del Distrito Federal”, Babel. Latinoamericanos en la Ciudad de México, México, 1999, pp. 48-50. Mira Delli-Zotti, Guillermo, “Voces distantes, otras miradas examinan el círculo de hierro. Política, emigración y exilio en la declinación argentina”, América Latina Hoy, vol. 34, Universidad de Salamanca, España, agosto 2003, pp. 119-143. En línea: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/ pdf/308/30803407.pdf
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Ahora bien, entre la irrupción militar de 1966 y la de 1976, se vivió en Argentina un efímero tramo democrático. Emergió en 1973 con la redemocratización encabezada por el peronismo, en la que asumió como presidente Héctor Cámpora, y caducó en 1976 con el golpe de la presidenta Isabel Martínez de Perón (1974-1976). El regreso del General Perón de su exilio en España radicalizó aún más la violencia (1972). Muerto el General (1974), la desestabilización reinante en el gobierno de su viuda fue acompañada de la recurrencia a la violencia por parte del Estado26. Los años de incierta pero esperanzadora democracia en medio de regímenes dictatoriales hicieron que los perseguidos latinoamericanos convergieran en territorio argentino. Muchos lo hicieron primero en Chile y luego en Argentina. Ambos países constituyeron tierras inaugurales de los exilios de aquellas décadas para transformarse al poco tiempo en tierras de persecución y horror27. Ya en 1975 los argentinos comenzaron a salir al exilio. Se considera que a Francia, por ejemplo, la mayor parte llegó entre mediados de 1976 y mediados de 197928. Las estimaciones más modestas arrojan que España pudo recibir entre 12 y 15 mil argentinos, México recibió cerca de diez mil, Israel unos tres mil, Francia, Italia y Estados Unidos aproximadamente mil cada uno, y en menores cantidades Venezuela, Perú, Alemania, Suecia, Holanda, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Dinamarca y Canadá albergaron exiliados29. Pero la fugaz experiencia de la vía chilena al socialismo y su derrocamiento fue por sobre todo el principal acontecimiento que despertó la repulsa internacional y con ello también favoreció la multiplicación presencial de los exilios en tan distantes y diversos países. La cifra de chilenos que por razones políticas dejaron su país a partir del golpe de Estado de 1973 se aproxima a los 200 mil30. En Chile a diferencia de Argentina, el golpe de Estado despertó la solidaridad internacional cuyo indicador visible fue la apertura de las embajadas para dar protección a los perseguidos políticos, entre ellas figuran las de Francia, Italia, México, Países Bajos, Panamá, Suecia y Venezuela. Casi un millar fueron asilados en la embajada de México.
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Quiroga, Hugo, “La política en tiempos de dictadura” en Hugo Quiroga y César Tcach, comps., Argentina 1976-2006. Entre la sombra de la dictadura y el futuro de la democracia”, Rosario, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral-Homo Sapiens Ediciones. (Colección Politeia), 2006, pp. 69-96. Dutrenit Bielous, Silvia, “Aconteceres en el Cono Sur de los setenta: tierras de exilio que obligan a nuevos exilios”, en Rey Tristán, Eduardo (dir.), Memorias de la violencia en Uruguay Argentina: golpes, dictaduras y exilios, 1973-2006, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2007, pp. 235-270. Oliveira-Cezar, María, “El exilio argentino en Francia”, Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 1/2000. En línea: http://alhim.revues.org/index67.html Mira Delli-Zotti, Guillermo, op cit. OÑATE, Rody, et al., Exilio y retorno, Santiago de Chile, LOM, s/f. (Nosotros los chilenos, 13).
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Chilenos, argentinos y uruguayos perfilaron un tipo de exilio que identificó tanto una época como un modo represivo que masificó la condición de perseguido y víctima. En su conjunto, por la composición multifacética de estos exilios: funcionarios de gobiernos, líderes políticos, sindicales y partidarios, militancia, profesionales y obreros, hombres y mujeres de la cultura y una integración etaria muy diversa, su presencia internacional transformó la distancia con Latinoamérica, o con esos países, en estrechas cotidianidades de intercambios y adaptaciones de pautas culturales muy sorprendentes en un mundo que se estaba globalizando. En particular, a estos flujos migratorios se han ido sumando sobre el final del siglo y el comienzo del nuevo, los migrantes colombianos. Ellos ponen en evidencia la ausencia o el fracaso de una salida negociada al conflicto de raigambre social, político y militar de larga data en el que abundan grupos armados de distinta índole. Se han producido pues condiciones de una soterrada guerra sucia por parte de las fuerzas que responden al Estado y del uso sistemático del secuestro por la guerrilla. En medio, militantes sociales y políticos y hombres y mujeres con pensamiento crítico, han quedado atrapados en un espacio y un clima de inseguridad y persecución. Un desarrollo complicado de desentrañar en el juego de los actores involucrados, en el que no está ausente la acción del narcotráfico, ha devenido desde mucho tiempo atrás en esta emigración de miles de personas. Cifras recientes indican que alrededor del 10 por ciento de la población vive hoy fuera de Colombia. Su realidad aún está por conocerse para ponderar hasta dónde es posible integrarlo a la tendencia exiliar31.
RECREANDO UNA EXPERIENCIA EXILIAR Si el exilio resulta de condiciones políticas adversas a las libertades públicas e individuales y si el despojo de lo propio, que todo destierro conlleva tiene que ver con la represión estatal o a través de grupos que a su amparo actúan, lo sucedido en Uruguay en los años setenta permite observar cómo se crean y cómo suceden los hechos que lo producen. Hace posible también conocer cómo evoluciona la vida en el exilio, cuáles son sus diversas circunstancias, cómo finalmente salir al exilio, vivir en el exilio, no representa un transcurso lineal. Este país de América del Sur era reconocido por su estabilidad institucional, por la temprana consolidación de un estado de bienestar, por la fuerza y centralidad de sus partidos en el sistema político y por la sólida y autónoma organización sindical y gremial. Sin embargo, Uruguay comienza a perder esas características al mediar el siglo. Su derrumbe se advierte nítidamente a partir de 1968. Una creciente movilización social por el rechazo a las decisiones gu-
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Ramírez, Renzo, “Sociedad, familia y género: el caso de los migrantes y exiliados colombianos en Suecia”, Revista de Estudios Sociales, núm. 21, agosto de 2005, pp. 53-63.
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bernamentales estuvo acompañada de una sistemática represión. Como saldo quedaron los muertos estudiantiles, primeros en la historia del país, cientos de detenidos así como trabajadores militarizados y el uso recurrente de las medidas prontas de seguridad (MPS, especie de estado de sitio), decretadas por el Ejecutivo y levantadas en diversas ocasiones por el Parlamento. A partir de entonces, y también con el accionar de la guerrilla urbana hasta su derrota en 1972, se dio la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate a la guerrilla y a los movimientos sociales y políticos, la instauración por el Parlamento del estado de guerra interno hasta la disolución del Parlamento efectuada por el propio presidente de la República, Juan María Bordaberry. Con este quiebre institucional se concretó el golpe de Estado del 27 de junio 1973 y se abrió un periodo dictatorial que concluyó en febrero de 1985 cuando se instaló nuevamente el Parlamento electo en los comicios de noviembre de 1984. Al mes siguiente, de acuerdo a lo establecido en la constitución, asumió como presidente de la República, Julio María Sanguinetti. La ruta del exilio comenzó a transitarse en los primeros años setenta y se impuso finalmente como tendencia del Uruguay dictatorial. Fueron decenas, cientos, miles, sin que hasta hoy día pueda darse una cifra precisa los que tuvieron en común atravesar las fronteras nacionales por razones políticas, enmarcadas en un contexto de terrorismo de Estado. Un dato estimativo indica que entre 1963 y 1985 se produjo un saldo neto negativo de 310 mil personas, equivalente al 12 por ciento de la población media del periodo y un 20 por ciento de la población activa32. Durante algunos años de ese periodo puede afirmarse que existió un incesante flujo migratorio alimentado por un principal propósito: garantizar la libertad, proteger la vida. Más tarde alimentarán el flujo migratorio otros motivos sin que a ellos resulten ajenos la fuga por sensaciones y percepciones de opresión que la dictadura provocaba. Así pues se configura el escenario que determina el comienzo del exilio o dicho de otra forma, lo que obliga a miles de personas a emprender ese camino. En lo inmediato el reto es hacia dónde salir y hacia dónde huir en los casos más apremiantes, cuál será entonces el destino próximo. Hasta 1976 el destierro uruguayo y otros sudamericanos tuvieron esencialmente un lugar cercano: Argentina o Chile. Desde la percepción de quienes mantuvieron contacto con sus organizaciones o una militancia directa, se trataba de espacios de reorganización, de búsqueda de actividades que proyectaran denuncia, de preparación para el reingreso. Era asimismo, en la mayoría de los casos, un refugio en donde necesariamente se debía recomponer temporalmente una cotidianidad que exigía casa, trabajo, escuela. Había pues que encontrar otro hábitat pese a la resistencia de pensarse en otro lado que no fuera el propio.
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Pellegrino, Adela, La migración internacional en América Latina y el Caribe: tendencias y perfiles de los migrantes, Santiago de Chile, CEPAL-CELADE-ECLAC-BID, 2003. En línea http:// www.migracion-remesas.hn/document/migracion_inter_caribe_tendencias.pdf
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Para aquellos perseguidos políticos Chile primero con la experiencia socialista hasta 1973 y Argentina en los mismos años y hasta 1976, fueron escenarios inaugurales del exilio. El golpe de Estado chileno selló la impronta de las dictaduras y del exilio en el mundo mientras el argentino completó la presencia de dictaduras de seguridad nacional. Asimismo este último transformó el espacio constituido como refugio latinoamericano en zona de desaparición y muerte. Hasta la totalización de las dictaduras como regímenes dominantes en el área conosureña, el exilio en tierras tan próximas era considerado tímida y débilmente, más bien era el pasaje por lugares temporales donde seguir la lucha. Muchos lo advertían como un desplazamiento temporal, una extensión del compromiso militante o una consecuencia del mismo en tanto se trataba de “ponerse a salvo de la represión” mientras pasaba la ofensiva. La vecindad geográfica contribuía en parte a soportar la ajenidad de manera contraria a la que se impone cuando la distancia es mayor en kilómetros y también en lo cultural y hasta lo lingüístico. Cuando estas circunstancias dominan y la sensación de estar exiliado se instala internamente, los desacomodos entre el lugar en el que se está y en el que se quisiera estar se hacen presentes provocando de manera permanente una tensión con el medio social y cultural de acogida. Esta tensión con el medio en que se instala el exiliado se hizo más evidente para los uruguayos cuando el exilio, comprendido o no como tal por sus protagonistas, obligó a huir de nueva cuenta por la represión política ejercida en los países cercanos. Con este enfrentamiento a la repetición de la fuga necesaria se multiplicaron tormentos por la represión sistemática y exilios originados en otros exilios. En los años setenta estas historias eran compartidas por miles de latinoamericanos, en especial, conosureños. Para entonces el exilio se mostraba como una experiencia social masiva aun cuando los pasos de sus protagonistas fueran individuales y dispersos en decenas de países y en distintos continentes. Una mirada rápida a esa dispersión de exiliados uruguayos los ubica en los continentes americano, africano, europeo y hasta asiático en el caso del bloque soviético. Un recuento de los países latinoamericanos más recurridos por los exiliados ubica a México, Venezuela y Cuba. Lo anterior no invalida la permanencia de exiliados en Argentina y Brasil. En el caso europeo, España resultó principal puerto de llegada después de la muerte de Franco, aunque desde antes se registran algunos ingresos. También lo fueron tierras de recepción, por solo mencionar algunas, Suecia, Holanda, Francia y en el campo socialista, la República Democrática Alemana, Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A África llegaron grupos considerablemente más pequeños imbuidos de manera sustancial por un compromiso militante cuya finalidad era contribuir a los procesos de reciente independencia argelino, mozambiqueño y angolano. Esta modalidad del exilio es la del internacionalismo que también se dio mediante la incorporación a los movimientos revolucionarios como el nicaragüense. Un espacio de relacionamiento con este tipo de experiencias fue Cuba, que cobijó actividades distintas a las promovidas en otros
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países como fue la instrucción militar. Ello respondió a que el reingreso al país para abatir la dictadura estaba comprendido en la estrategia exiliar de algunos grupos. Ahora bien, para el ingreso a los países socialistas o dicho de otra forma, para que esas tierras fueran receptoras de los perseguidos políticos, en este caso uruguayos, no alcanzaba con la condición de exiliado, mediaba una certificación partidaria confiable para sus gobiernos33. En todo caso, estos y otros tantos destinos respondieron a las muy distintas circunstancias de salida al exilio o de reincidencia en la búsqueda de protección en otros países. Algunas fueron casuales y otros se debieron a la existencia de redes de origen partidario, sindical, profesional, familiar y sin duda de amistad. Un ejemplo a destacar es el del exilio uruguayo en España. En este caso sus protagonistas apelaron preponderantemente a dos tipos de redes: las políticas y sindicales generadas a partir del exilio republicano y las familiares por los lazos de sangre con la comunidad de migrantes que constituyó fuertemente aquella sociedad del sur latinoamericano34. En forma simbólica, tanto España como Italia pueden entenderse como aquellas sociedades que posibilitaron viajes de regreso, o dicho de otra forma, viajes de ida y vuelta. Sin duda aquí no se cierran las posibilidades de pensar en otras redes así como en derroteros muy diversos. Una aproximación más cercana a las vicisitudes individuales y grupales muestra una dinámica de reutilización de viejas redes y de utilización de otras más contemporáneas. No obstante, a pesar de la fortaleza de las redes la decisión última para lograr la residencia del exiliado en algún país dependía de los gobiernos en turno. Éste ha sido siempre un problema crucial al que se enfrentan los exiliados de manera individual y el exilio organizado como comunidad representativa y espacio de contención de grupos desprotegidos. Esta fugaz referencia a las tierras que recibieron a los exiliados permite advertir que México ha tenido un lugar destacado en América Latina. País de exilio de importantes y señeras personalidades de la historia política regional e internacional como José Martí, César Augusto Sandino, León Trosky, lo ha sido también de voluminosos contingentes de perseguidos entre los que sobresale el de los refugiados republicanos españoles. Referirse a México además es situar a la tierra receptora de perseguidos centroamericanos, caribeños, incluso es recordar que allí llegó y de ahí salió Fidel Castro y un grupo de revolucionarios en el emblemático Granma. En su ciudad principal se dio a lo largo del siglo XX, y en particular a partir de los años sesenta, una conjunción de exilios que repercutieron volviéndola aún más diversa. Lo que removió y conmovió a los exiliados fue el encuentro con la riqueza cultural, con su historia milenaria, a la vez que, con
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Dutrenit Bielous, Silvia (coord.), El Uruguay del exilio. Gente, circunstancias, escenarios, Montevideo, Trilce, 2006. Coraza de los Santos, E., El exilio uruguayo en España 1973-1985: redes, espacios e identidades de una migración forzada, Tesis de Doctorado, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2007.
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una sociedad de fuertes contrastes culturales y una pronunciada polarización social y racial. Al mismo tiempo, referirse a la recepción y protección de los exiliados no significa negar una política interior mexicana contrastante, con perseguidos políticos, de violencia contra movimientos sociales, de persistencia en la desaparición física de los opositores y con sus propios exiliados. Las raíces de estas situaciones estaban ancladas en la pluralidad de corrientes que representaba el partido oficial y hegemónico por tantas décadas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y en la coexistencia de una oposición que fue ganando reconocimiento y juego político en el espacio público cuando el exilio uruguayo y conosureño estaba allí cobijado. Descifrar el enigma mexicano entonces no resultó sencillo para los exiliados de distintas épocas y para los uruguayos de los setenta. El exilio era y es también un reto de entendimiento y aprendizaje de códigos políticos por momentos inimaginables. Si España tiene para el exilio uruguayo el signo de la reutilización de redes familiares de la migración constitutiva de la sociedad sureña y de otras políticas y sindicales del refugio republicano, México se caracterizó porque el momento constitutivo de la protección ante la persecución política es aquel en que otorga asilo diplomático en su embajada de Montevideo. Esta representación diplomática se transformó en espacio generoso de acogida para casi 400 personas. Vale la pena señalar, para calibrar mejor el significado del asilo otorgado por México, que no alcanzó a 20 el total de perseguidos que encontraron protección en otras embajadas acreditadas en Uruguay. En sintonía con los recuerdos, si se toma la cifra de entre 2.500 y 3.000 que guarda en su memoria el colectivo de exiliados en México, se debe reconocer que quienes llegaron a través del asilo diplomático resulta un grupo por demás significativo. Sin duda que no se trata de un universo no demasiado amplio si se lo compara por ejemplo con el exilio uruguayo en España, sólo en Barcelona residieron alrededor de 20 mil uruguayos según lo rememoran los exiliados. Estas cifras que como las primeras son estimativas están sometidas a un escrutinio más preciso35. Esa ruta del exilio iniciada en las instalaciones diplomáticas, con la gestión primordial del embajador Vicente Muñiz Arroyo, tuvo una red partidaria como elemento dinamizador: la del Partido Comunista del Uruguay (PCU). Un porcentaje alto de los casi 400 asilados pertenecían a esa organización y recurrieron al asilo en un periodo represivo culminante contra la estructura comunista. El arribo a México de los asilados se concentró entre 1975 y 1977 siendo 1976 el de mayor afluencia. Observado ese universo de personas que apelaron al derecho
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Dutrenit Bielous, Silvia, Allier Montaño, Eugenia y Coraza de los Santos, Enrique, Tiempos de exilios. Memoria e historia de españoles y uruguayos, Uruguay, CeALCI-Fundación Carolina/ Textual /Instituto Mora, 2008.
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de asilo amparado en la Convención de Caracas36 queda establecido su perfil social, laboral y profesional. Al tomar una muestra de 148 asilados se concluye que el 57 por ciento eran profesionales, técnicos y trabajadores de la enseñanza y la cultura, 18 por ciento eran estudiantes y el 25 por ciento restantes eran empleados públicos o privados y obreros. Asimismo, con esa muestra es posible afirmar que los uruguayos del exilio en México eran casi fiel representación de las identidades, adhesiones y simpatías, distanciamientos y animadversiones, que su izquierda nacional presentaba por aquel entonces. Tuvieron presencia en el territorio mexicano: un numeroso y organizado grupo del PCU, otros importantes contingentes de militantes independientes y de miembros del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), otro menor del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), del Movimiento 26 de Marzo, un número pequeño de integrantes del Partido Socialista (PS) y hasta una minúscula representación del Partido Obrero Revolucionario (POR). Las distintas actividades y algunos acuerdos del exilio organizado, es decir, el espacio de representación para el cumplimiento del compromiso militante, dan cuenta de la pluralidad de opiniones y estrategias que de aquí surgieron o se recrearon. A ese tornasol político e ideológico contribuyó la llegada de uruguayos desde Chile primero, después del golpe de Estado de 1973, y desde Argentina luego de la irrupción militar del 24 de marzo de 1976. La situación por demás desesperante en la que se encontraban los exiliados uruguayos en Argentina, obligó a realizar algunos acuerdos entre dirigentes del exilio y autoridades mexicanas para que éstas aceptaran el ingreso y sobre todo la residencia de aquellos que tenían en peligro su vida en el país sureño. Se trataba de vencer ciertas trabas migratorias que fueron sorteadas con distintas estrategias por parte de los dirigentes, en especial de los comunistas. En esas circunstancias se dio un flujo permanente de salida de los exiliados que estaban en México, por lo general de aquellos que habían llegado desde la embajada en Montevideo, hacia países del campo socialista. Había sin duda una tonalidad partidaria pero por sobre todo el interés había quedado establecido: al irse unos se admitirían a otros. De manera casi simultánea también dirigentes de otros grupos políticos se comprometieron a que si México autorizaba el ingreso de otros exiliados pasarían a residir fuera del Distrito Federal. Los retos en esos momentos dejaron ver lo pendular de las políticas migratorias dentro de una misma administración gubernamental. El exilio es un estado de aprendizaje permanente en asuntos de política migratoria, estrategias de los gobiernos en turno y cultura política más allá de la propia. Sin duda, aquí no terminan los aprendizajes porque el exilio es abandono de lo propio y descubrimiento de lo ajeno, de lo otro y del otro.
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OEA, Convención sobre Asilo Diplomático, OEA, Caracas, 28 de febrero de 1954.
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A pesar de estas dificultades que tensionaron por momentos tanto a dirigentes como al colectivo de exiliados, México sorprendió por lo inacabable, lo infinito de las posibilidades que abría para muchos de los integrantes del exilio, en particular en el ámbito de lo que se define como el exilio organizado. El apoyo sistemático de las divergentes fuerzas políticas mexicanas redimensionó la actividad exiliar. En la práctica generó redes permanentes que ayudaron a proyectarla interna e internacionalmente. México como país de refugio y como país puente, interlocutor y generador de foros de debate con muy diversos Estados, organizaciones e instituciones del mundo, fue entonces un lugar que ayudó a desplegar las actividades de los exiliados. México fue país sede también de organizaciones regionales como la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPAL), desde donde se gestionaron parte de las demandas del exilio organizado. Al mismo tiempo, al posibilitar el encuentro con diversas colectividades de exiliados latinoamericanos y europeos de otros tiempos, contribuyó desarrollar actividades que permitieron desplegar al máximo la denuncia del régimen dictatorial como a potenciar campañas de solidaridad con los presos y sus familias. Sin duda fue muy significativa la experiencia y solidaridad otorgada por el refugio republicano español. México fue entonces tierra de encuentros múltiples, de exilios diversos que permitió incorporar a los uruguayos en la corriente exiliar de la época. En México, los uruguayos promovieron las primeras Jornadas de la Cultura Uruguaya en el Exilio. Para ello se contaba con el patrimonio cultural exiliado que permitía ofrecer actividades que pusieran al exilio en el espacio público. Sin duda, ello fue posible por las relaciones creadas en los ámbitos oficial y de oposición. Realizadas en agosto de 1977, su repercusión quedó grabada como símbolo identitario del exilio uruguayo en México. En adelante, muchos de quienes participaron desde distintas lugares culturales y artísticos, siendo o no residentes en México, ocuparon reiteradamente los escenarios de este país. A partir de esta primera experiencia de cultura y compromiso militante otras réplicas comenzarán a darse en países europeos y latinoamericanos. Sin duda queda muy marcado o con mayor presencia pública, las actividades generadas por el exilio organizado y por las vertientes de la cultura en el exilio. México fue en este sentido al mismo tiempo propicio para generar publicaciones culturales y políticas que tanto desde el formato de análisis como de información marcaron presencia de ese exilio dentro y fuera del país de refugio. Sin duda la más importante y representativa de las publicaciones fue Cuadernos de Marcha (edición mexicana o segunda época), amalgama de corrientes de pensamiento crítico y postura cultural, identificado claramente con la izquierda política, fundada y dirigida por la señera figura de Carlos Quijano. Su famoso número 1 del año 1 de la segunda época de mayo-junio de 1979 se tituló: Uruguay: encierro, destierro o entierro. La otra referencia es Desde Uruguay, publicación quincenal financiada por el PCU de México, que se publicó de manera ininterrumpida
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hasta diciembre de 1983. Con información diversa referida a las actividades del exilio por el mundo, lo mismo que a asuntos captados por los medios internacionales sobre la situación uruguaya, alcanzó un tiraje de entre 2 y 3 mil ejemplares que se distribuía en distintos países, incluido Uruguay. La acción militante de los exiliados tuvo otras expresiones. En México se desarrollaron propuestas organizativas y estratégicas propias de la política de alianzas del exilio. Uno fue el Acuerdo de México en 1977 y el otro la Convergencia Democrática (1980). El primero se desdibujó rápidamente aunque la idea que lo originó se mantuvo presente: crear un amplio frente antidictatorial ante la duda, para algunos sectores más que para otros, sobre la posibilidad real de que el Frente Amplio —partido de gobierno desde 2005- pudiera convocarlo. El segundo, que había sido anunciado en el salón Oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, abrió puertas y posicionó el tema y la solidaridad en un contexto regional e internacional que iba favoreciendo la democratización pero al mismo tiempo provocó una conflictiva situación entre la política de alianzas en el exterior y en Uruguay. Nació en vísperas de la principal crisis pública del régimen: la derrota de la reforma constitucional en el plebiscito de noviembre de 1980. Dos contextos distintos para estas propuestas de alianzas estratégicas. Asimismo se instalaron en México, como en otros países, las representaciones del Frente Amplio en el Exterior (FAE), cuya secretaría ejecutiva se instaló en Madrid, y la correspondiente a la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) —en la actualidad Plenario Intersindical de Trabajadores-CNT—, que desempeñó con éxito la relación con el movimiento obrero oficial e independiente además de promover la presencia de la CNT en foros internacionales. Estos y otros espacios de representación como por ejemplo, el Comité de Solidaridad con Uruguay (COSUR), que mantuvo una importante presencia desde los inicios del exilio hasta la coyuntura del retorno, entre 1984 y 1985, desplegó actividades similares a las que realizaban sus pares en otros países, por señalar uno, la Casona Orientala en Barcelona. Si hubiera que ponderar los espacios de representación del exilio en cuanto a su repercusión o singularidad en el país de exilio, seguramente el COSUR no logró fijar un sello distintivo del exilio en México como sí lo pudo tener por ejemplo la Comisión Permanente de Mujeres Uruguayas, radicado también en Barcelona. Una forma de agrupación con mucha presencia en el espacio público marcada por la condición de género37. Ahora bien, al ser el exilio diversidad, al tener distintas motivaciones dentro de una razón crucial que son las condiciones de violencia política y de atentado a las libertades, la sobrevivencia cobra posturas distintas: exilio como resistencia o como una forma de encierro en el destierro, es decir alejamiento del ámbito principal que lo obligó a huir: la política. La postura de resistencia (que se evi-
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Dutrenit Bielous, Silvia, Allier Montaño, Eugenia y Coraza de los Santos, Enrique, op cit.
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dencia en el exilio organizado) seguramente no integra al conjunto de los desterrados pero es la porción visible, pública, es la presencia que da cuenta de su existencia, es la que manifiesta la razón de ser y afirma el compromiso militante. Al mismo tiempo esta postura es la que construye estructuras de contención (distintas formas de agrupamiento de los exiliados), aquellas que cobijan los códigos identitarios que se “llevaron en las maletas”, que se preservan porque es también la expresión no sólo del compromiso político del “ser exiliado” sino la manera de preservar lo que se es, de reforzar esa otredad con el medio en que obligatoriamente se dio la inserción. Pero hay a la vez una diversidad porque cada biografía, la subjetividad de cada protagonista, abre un abanico de prácticas de asumir e integrar el destino: destierro. Por ello al acercar el lente para observar el exilio, los exilios, se debe también poner atención en lo cotidiano y en los exiliados de a pie, los que son los más cuando se trata de exilios masivos como los ocurridos en los setenta y en los que México puede exhibir como país receptor. Ellos, los más, son los que se insertan en la cotidianidad de la sociedad receptora, entablan el diálogo cultural en la medida que el sentimiento de otredad se va limando, en el barrio, en el trabajo, en la escuela. Son las corrientes de ida y vuelta que tejen desde abajo los renovados códigos, que ensanchan los conocimientos y pautas de comunicación. Porque el exilio no es sólo exilio organizado como impulsor u ordenador del compromiso militante, el exilio son muchos exilios, es la experiencia personal de todos sus protagonistas —hombres y mujeres de distintas generaciones, hijos que recorrieron toda la ruta con sus padres, hijos nacidos en el destierro38. El exiliado está obligado a reiniciar una vida en una sociedad diferente que muchas veces la siente hosca porque las emociones y traumas de lo vivido y de una cotidianidad que al rechazarse subyace en sus actos de relacionamiento. Aquí también se va produciendo un aprendizaje del exilio mientras que con los años se multiplican las historias personales que se entretejen mediante lazos sanguíneos y afectivos con las culturas de las sociedades receptoras. Todo esto es parte indisoluble de los exilios y no remite sólo a la experiencia de los uruguayos en México De ahí que en la vida cotidiana, en la aclimatación, no hay clichés. Y ese tornasol de formas de inserción apenas puede insinuarse. Lo cierto es que el distanciamiento temporal y espacial con la sociedad de origen y el acercamiento con la sociedad receptora produce arraigos y desarraigos no imaginados en el momento de la huída. Se vive como extranjero como “otro” durante el destierro y cuando llega el momento del retorno el dilema es entre la recuperación del espacio de identidad propio y el compromiso militante y ese otro espacio tal vez de otra identidad ya generada en la interacción cotidiana del exilio.
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Dutrenit Bielous, Silvia (coord.), El Uruguay del exilio. Gente, circunstancias, escenarios. Op cit.
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******* Recapitulando, se puede afirmar que durante la segunda mitad del siglo XX América Latina recorrió distintos caminos para alcanzar regímenes políticos con proyectos de transformación nacional. Sin embargo, ese propósito fue prácticamente avasallado por la violencia estatal o por la extensión de la guerra civil que dominaron la escena regional por casi 25 años. Con ellas el exilio marcó su impronta, dejó de ser un fenómeno novedoso y se impuso dentro y fuera de sus fronteras. América Latina para entonces tejió lazos internos, se reconoció como región en las penurias de las diásporas y en muy distantes lugares del mundo. Los exiliados uruguayos como los de otros países de la región vieron convertir la experiencia exiliar en huella indeleble de su vida personal y colectiva reforzándose en la medida que se trató de tiempos largos en los que los protagonistas se contaron por miles y decenas de miles. Por tanto, esa experiencia no se aparta de otras que muestran la polifonía de sentimientos de ajenidad respecto al medio, de dolor por la distancia de lo propio, diversas formas de rechazo de la sociedad de acogida hasta, finalmente, buscar o integrar con el tiempo el entendimiento, la incorporación de los códigos culturales limando en parte el sinsabor del difícil trasplante. Y esto ha conducido al final del siglo y en los comienzos del nuevo milenio, a una transformación que acompaña los cambios producidos por el transitar de hombres y mujeres de muy diversas extracciones en el más amplio sentido del término. Los exilios pasaron a convertirse en un “estado de exilio”. No pasan porque no se vuelve al lugar del que se salió aunque físicamente se retorne. Se establecieron puentes culturales y afectivos que transforman al exiliado en la medida que éste también contribuyó a modificar el ambiente del que fue despojado y aquel otro en el que se insertó. La épica de los exilios se insertó en las sociedades involucradas y en unas quedó materialmente la presencia de distintas generaciones que radican en un lado u otro, que se identifican aquí y allá sin sentirse estrictamente de un solo lugar.
5. El verde oliva en desuso. Nuevos protagonistas y nuevos escenarios contrahegemónicos en América Latina JOAN DEL ALCÁZAR GARRIDO SERGIO LÓPEZ RIVERO Universitat de València
“A quienes consideran que no sólo es más sencillo sino también mejor mantener ondeante la bandera roja, mientras los cobardes retroceden y los traidores adoptan una actitud despectiva, les acecha el grave riesgo de confundir la convicción con la prosecución de un proyecto político; el activismo militante con la transformación social y la victoria con la “victoria moral” (que tradicionalmente ha sido el eufemismo con el que se ha denominado la derrota); el amenazar con el puño en alto al statu quo con la desestabilización del mismo o (como sucedió muchas veces en 1968) el gesto con la acción”. Eric Hobsbawm. Política para una izquierda racional. Crítica, Barcelona, 1993, pp. 12-13.
Las reflexiones del destacado historiador británico, tras la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 y la posterior desintegración de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991, se habían hecho explícitas en la isla de Cuba mediante un período que con cierto eufemismo la élite dirigente denominó “Período Especial en Tiempo de Paz” desde el 29 de agosto de 1990. Esto es: más de tres décadas después de tomar el poder y aliarse con la Unión Soviética frente a los Estados Unidos en el juego geopolítico de la Guerra Fría, a los otrora jóvenes barbudos (ahora ya, hombres de más de mediana edad) les bastó con acusar de “desmerengamiento” el final del llamado socialismo real, y les resultó “más sencillo” sostener “ondeante la bandera roja”, transformando la esencia de su consigna política central de “Patria o Muerte” en otra: “Socialismo o Muerte”. Las consecuencias de confundir la victoria con “la victoria moral” sobre la que alertaba Eric Hobsbawm, se hacen explícitas con más rudeza en el caso cubano, si tenemos en cuenta que hasta ese momento la economía de la isla era subsidiada por la Unión Soviética. Los datos no dejan lugar a dudas. A finales de los años ochenta, el comercio exterior de Cuba se realizaba en un 72 por ciento con la URSS y en otro 15 por ciento con el resto de los países del llamado socialismo real. A la vez, los soviéticos proporcionaban más del 90 por ciento del petróleo consumido en la isla. Se recuerda que en el año 1985, Moscú llegó a comprar el azúcar cubano a un precio doce veces superior al que habría debido venderlo La Habana en el mercado internacional. Así y todo, los soviéticos proporcionaban el 40 por ciento de los alimentos y mantenían en la isla fábricas que producían la mitad de los bienes industriales y de los fertilizantes agrícolas consumidos.
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Se estima que durante la década de los ochenta del siglo anterior, la subvención económica soviética alcanzó un valor semejante a una quinta parte del producto interior cubano y representó más del triple del valor de los perjuicios provocados por el embargo norteamericano. En general, sin contar la ayuda de los demás países del bloque comunista, entre los años 1960 y 1990 Cuba recibió 65.000 millones de dólares de la Unión Soviética1. Si tomamos las cifras que suministran los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), según el Índice de Desarrollo Humano del año 1990, Cuba se encontraba en el lugar 39 de un total de 130 países. El deterioro provocado por la desaparición del bloque soviético llevó a Cuba al puesto 89 entre 173 países en 1994, el año más crítico. Sin embargo, a partir de 1999 comenzó una lenta recuperación del país, y éste comenzó a escalar posiciones en la clasificación del IDH por países. En 2007, Cuba aparece en el lugar 51 de la lista de países del mundo, como el cuarto país latinoamericano. Chile es el primero (44), y luego vienen Argentina (49) y Uruguay (50). Por detrás de Cuba aparecen México (53), Venezuela (58) y Brasil (75). Cerca de éste último Colombia (77), el Perú (78), y Ecuador (80); y, ya en el furgón de cola, Paraguay (101), El Salvador (106), Honduras (112), Bolivia, (113), Guatemala (122), Nicaragua (124) y Haití (149). De hecho, el índice de 2009 que sitúa a Cuba en el lugar 51, es 0.838; inferior al índice 0.877 de 1990. No obstante, un análisis interno cubano aclara los datos: “En este último Informe, como en los anteriores, también se constata que la clasificación de Cuba como país de desarrollo humano alto se debe a los indicadores de calidad de vida, en tanto los económicos progresan muy lentamente. Un posicionamiento realizado exclusivamente a partir de los ingresos movería a la Isla al lugar 94”2. La apreciación anterior, se demuestra a través de las cifras comparativas con América Latina del estudioso cubano Carmelo Mesa Lago. Del 12.5 por ciento en 2005 al 4.3 por ciento en 2008 descendió en la isla la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto: la mitad de la meta propuesta para el año 2008 y menor que el promedio regional de 5.6 por ciento. Del 0.5 por ciento en 1989 al 4.9 por ciento en 2008 promedió la inflación, frente al promedio regional del 8.8 por ciento, pero excluyendo los precios del mercado informal y las tiendas en divisas. Por otra parte, el total de la deuda externa alcanzó los 45.915 millones de dólares. Y sólo en moneda convertible equivalió al 380 por ciento de las ex-
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Mesa-Lago, Carmelo, “Problemas sociales y económicos de Cuba durante la crisis y la recuperación”, Revista de la Cepal (86), 2005, p. 184. En línea: http://www.eclac.org/publicaciones/ xml/8/22218/G2282 e MesaLago.pdf En otras palabras, recordando que el IDH se elabora con datos sobre el producto interno bruto (PIB) per cápita, educación y expectativa de vida, y que en sus resultados finales muestra marcadas diferencias entre el mundo desarrollado y el mundo en vías de desarrollo. Alonso, Aurelio, “Cuba en el índice de desarrollo humano: La economía cubana y América Latina”, Progreso Semanal, [10.02.2009], http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2009/nro350/desarrollo-humano. html
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portaciones, frente al 83 por ciento del promedio en América Latina. Sépase que para el destacado economista cubano, el que la isla haya sobrevivido se debe a la subvención venezolana: 5 mil millones por la labor de profesionales cubanos en territorio venezolano, en el año 2007. Suministro del 65 por ciento de la demanda de crudo y derivados del petróleo e inversión de 1.355 millones de dólares en 2008 y proyectos por valor de 2.000 millones para 20093. Algo que podemos relacionar con la falta de productividad de la economía cubana, que recientemente ha desvelado Raúl Castro ante el Segundo Período de Sesiones de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional el 29 de diciembre del año 2008: “No nos engañemos más; si no hay presión, si no existe la necesidad de trabajar para satisfacer mis necesidades, y me lo están dando gratis por aquí y por allá, nos quedaremos sin voz llamando al trabajo”4. Asunto sobre lo cual insistió el 26 de julio de 2009, en un nuevo discurso centrado en cuestiones económicas. Un baño de realismo para un país agrícola que se ve obligado a importar el 80 por ciento de los alimentos que consume, mientras mantiene sin cultivar más de la mitad de las tierras que son propiedad del Estado. Tras afirmar que “no podemos sentirnos tranquilos mientras exista una sola hectárea de tierra sin empleo útil”, el dirigente cubano endureció el tono y afirmó “No es cuestión de gritar Patria o Muerte, abajo el imperialismo, el bloqueo nos golpea y la tierra ahí, esperando por nuestro sudor”5. Es cierto que a pesar de aquel 25 de diciembre de 1991 en que desapareció la Unión Soviética, la Revolución cubana sobrevive. Heroicamente para algunos, porfiadamente y sin futuro posible para la mayoría de los observadores. Al cumplirse los cincuenta años de aquella entrada triunfal de unos joviales y orgullosos jóvenes barbudos en La Habana, el régimen no ha sido capaz de regenerarse en sus cuadros de dirección. De los 32 años de Fidel Castro, los 26 de Camilo Cienfuegos, los 30 de Ernesto ‘Che’ Guevara y los 27 de Raúl Castro, se ha pasado a un país cuya dirección del Consejo de Estado presenta una media de edad de 71 años6. En los primeros noventa, las estrofas de la canción Guillermo Tell, del trovador cubano Carlos Varela, alertaban sobre este fenómeno: “Guillermo Tell no comprendió a su hijo, que un día se aburrió de la manzana en la cabeza, y echó a correr y el padre lo maldijo, pues cómo entonces iba a probar su destreza/ Guillermo Tell, tu hijo creció y quiere tirar la flecha, la toca a él probar su valor
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Mesa-Lago, Carmelo. “La veleta económica cubana. Huracanes internos, crisis mundial y perspectivas con Obama”, Encuentro de la Cultura Cubana (51-52), invierno-primavera, 2008, pp. 35-47. De sumo interés, también resulta el estudio de Monreal, Pedro, “El problema económico de Cuba”, Espacio Laical (2), 2008, pp. 33-35. En línea: http://www.espaciolaical.net/ contents/14/3335.pdf. Vicent, Mauricio: “Raúl Castro anuncia tiempos duros” El País 29-12-2008. Discurso de Raúl Castro, Acto Nacional por el aniversario 56 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. http://www.youtube.com/watch?v=7xoDUAFWHdA “Cuba: la revolución castrista cumple cincuenta años en el poder”, INFOLATAM, 28.12.2008.
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usando tu ballesta”7. Cierto que por aquellos años Abuelo Paco, del también trovador cubano Pedro Luís Ferrer, ofrecía pocas esperanzas de cambio y advertía del peligro: “Abuelo hizo esta casa, y aunque todos la vivimos con la suerte que conlleva cuidarla en el sacrificio, para mover un alpiste hay que pedirle permiso; si el abuelo no está de acuerdo nadie cambia el edificio./ Ten paciencia con abuelo; recuerda bien cuanto hizo; no contradigas su afán; pon atención a su juicio: gasta un poco de tu tiempo, complaciendo su egoísmo/ No olvide que abuelo tiene un revólver y un cuchillo; y mientras no se lo quiten abuelo ofrece peligro”8. En general, nada que ver con las estrofas de aquellos verdaderos juglares de la revolución, que como Silvio Rodríguez (Cuando digo futuro, 1977) o Pablo Milanés (Acto de fe, 1980), en los segundos setenta solicitaban la adhesión de la población cubana al proyecto del grupo político liderado por Fidel Castro. Más de medio siglo después de su victoria revolucionaria, con 83 años, Fidel Castro reina pero, parece, no gobierna. O sí. Quien figura en la cúspide del organigrama es su hermano Raúl Castro con 77 años, inseparable desde el 26 de julio de 1953. En realidad, desde que el 31 de julio de 2006 Fidel Castro debió traspasar los poderes al ser intervenido con urgencia por una enfermedad intestinal, su salud se ha convertido en secreto de Estado y el Comandante no ha vuelto a aparecer en público. Año y medio después, el 24 de febrero de 2008, el máximo dirigente renunció a sus cargos de Presidente del gobierno y de la República de Cuba. Sin embargo, si bien Fidel Castro no está en el día a día, su mera existencia lo condiciona absolutamente todo en la política cubana. En primer lugar, es evidente que los rasgos esenciales de la personalidad de Raúl Castro han marchado a remolque de la fabricación de los contornos míticos de la figura de Fidel Castro. Salvando las distancias, a Raúl Castro le ha correspondido ocuparse de la disposición de las cosas odiosas que en esa exposición perfecta de la técnica del poder (de cómo conseguirlo, conservarlo y acrecentarlo) que es El Príncipe, Nicolás Maquiavelo explicitó ya hace varios siglos. Cada uno tendrá su propia idea. Pero en su conjunto, quienes tengan mayor edad, guardarán en su memoria el arrebato antinorteamericano del hermano menor de Fidel Castro, que lo condujo a secuestrar a 49 ciudadanos de aquel país el 22 de junio de 1958. Del mismo modo, la dirección de los fusilamientos en la Sierra Maestra delante de la cámara del periodista Andrew Saint George, en la edición de Look del 4 de febrero del mismo año. También escudriñando en el pasado, aparecerá el lenguaje soez para calificar a quienes a nombre de su grupo político se adelantaron a participar en la Junta de Liberación contra la dictadura de Fulgencio Batista, el 20 de noviembre de 19579. Y la reacción desproporcionada
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Varela, Carlos. “Guillermo Tell”. Música.Com. En línea: http://www.musica.com/letras. asp?letra=1016611 http://marimbular.blogspot.com/2007/07/abuelo-paco.btm Castro, Raúl, Carta a Fidel Castro, Sierra Maestra, 20 de noviembre de 1957, en Franqui, Carlos, Diario de la Revolución Cubana. pp. 335-338.
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que dejó helado al general republicano español Alberto Bayo, encargado de los entrenamientos militares en México, cuando propuso pena de muerte para el aprendiz de guerrillero Calixto Morales por negarse a continuar un ejercicio a finales del año 195610. No es difícil encontrar en la memoria su Informe al Comité Central del Partido Comunista de Cuba sobre la llamada “microfracción”, en medio de la detención de 43 comunistas cubanos de la “vieja guardia” los días 24, 25 y 26 de enero de 196811. Así mismo, sería un error olvidar la reacción violenta registrada en el vídeo relacionado con la rendición del coronel Pedro Tortoló, ante tropas estadounidenses en la isla de Granada. Por último, los más jóvenes se acordarán de su discurso el 13 de junio de 1989, que preparó el terreno para fusilar al general Arnaldo Ochoa. En estas fechas es conocido también su papel en la defenestración pública de Carlos Aldana, jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en el mes de octubre del año 1992. Y a pesar de que no se ha publicitado mucho, casi cuatro años más tarde, su informe en el V Pleno del Comité Central desembocó en la purga de investigadores y académicos en el Centro de Estudios de América y la Universidad de La Habana. Bajo esta misma tendencia, se inscribe su impugnación al canciller Roberto Robaina, destituido de la jefatura del Ministerio de Relaciones Exteriores el 29 de mayo de 1999. “No voy a permitir que gente como tú jodan esta revolución tres meses después de que desaparezcan los más viejos”, le dice en un vídeo Raúl Castro a Roberto Robaina acusándolo de autopromocionarse como “candidato” de la transición postcastrista. Se equivocan quienes piensan que se trata de asuntos coyunturales en la biografía revolucionaria de Raúl Castro. Cada día quedan menos dudas de que ha vivido una sinfonía perfecta con su hermano Fidel. En consecuencia, no sólo cada uno puede tener su propia idea de los excesos de Raúl, sino también de las reacciones de Fidel Castro rebajando el perfil de su discurso, hasta adecuarlo a lo posible en cada momento histórico. En México, en la Sierra Maestra y en el llamado Palacio de la Revolución, existen hitos en el itinerario de esta forma de concebir el poder en la isla. No es casual que desde el 31 de julio de 2006 hasta el 24 de febrero de 2009, Raúl Castro se haya comportado de la misma manera. Así se explica su silencio, ante la escalada verbal de Fidel Castro a través de ese espacio publicitario que con el título de “Reflexiones del compañero Fidel” se ha reservado en la isla. Así también, que en las reuniones de las altas esferas del poder se haya preocupado en dejar vacía la silla que habitualmente ocupaba su
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Kalfon, Pierre Ché. Ernesto Guevara, una leyenda de nuestro siglo, Barcelona, Plaza & Janes, 1998, pp. 166-167. “Informe del Comandante Raúl Castro, presidente de la Comisión de las FAR y de Seguridad del Estado del Comité Central, ante la reunión de este organismo del Partido”, en El Militante Comunista, febrero 1968, pp. 15-80.
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hermano y mediante un guiño cómplice asegure que Fidel Castro está de acuerdo con sus argumentos. Apenas unas horas antes de que se cumpliera el cincuenta aniversario del resultado revolucionario del primero de enero de 1959, el diario oficial del Partido Comunista cubano publicó un extenso balance de las cinco últimas décadas de la historia de Cuba. Lo firma su director Lázaro Barredo y lo hacía titulando, significativamente, “50 AÑOS DESPUÉS… Y el mismo reto de hacer la revolución”. Tras hacer un repaso de las cifras en las que se pueden resumir las grandes parcelas de la realidad económica, social y cultural cubana, el diario Granma recuerda que todo eso se ha conseguido a pesar de la enemistad de los Estados Unidos. Especialmente, el editorial del 30 de diciembre del año 2008, insiste en los efectos del bloqueo (embargo), después que Cuba perdió sus mercados naturales en Europa del Este. Al “Acta por la Democracia Cubana” (Ley Torricelly, 1992) y el “Acta para la Libertad y para la Solidaridad Democrática Cubana” (Ley Helms-Burton, 1996), que prohíben a subsidiarias de empresas estadounidenses, radicadas en terceros países y sujetas a leyes de esas naciones, la realización de operaciones comerciales o financieras con Cuba, se refiere el documento. Actualizado con la “Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre” el 30 de junio de 2004, donde el Departamento de Estado encarga a uno de sus dirigentes la responsabilidad de ser gobernador para la transición12. Es sintomático como el informe de 2009 de Amnistía Internacional, coincide con el editorial de Granma en los efectos negativos del embargo para la población cubana. En su apartado “Consecuencias del embargo impuesto por Estados Unidos”, pide que sea levantado “pues resulta muy perjudicial para el disfrute por parte de la población cubana de una serie de derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la alimentación, a la salud y a la salubridad, y afecta especialmente a los sectores más débiles y vulnerables de la población”. Hay que advertir que al no tener autorización para visitar Cuba, Amnistía Internacional no tiene documentos propios sobre las dimensiones del problema, pero asume los elaborados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), según el cual la disponibilidad de medicamentos y material médico básico ha disminuido en Cuba a consecuencia del embargo impuesto por Estados Unidos. Amnistía Internacional también cree que el embargo ha socavado la libertad de circulación entre Cuba y Estados Unidos y ha dificultado las reunificaciones familiares. No obstante, la prestigiosa organización previene en torno a que el gobierno cubano continúe utilizando el antagonismo político con el gobierno de Washing-
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Barredo Medina, Lázaro, “Cuba, 50 años después … y el mismo reto de hacer la revolución”. En línea: http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid= 3857.
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ton como pretexto para vulnerar los derechos humanos de la población cubana13. Y es que Amnistía Internacional denuncia una restricción ilícita de las libertades fundamentales, ya que la legislación cubana impone importantes recortes a derechos humanos que están consagrados en el derecho internacional. Aunque la Constitución reconoce libertades fundamentales como la libertad de reunión, asociación o expresión, paralelamente establece limitaciones excesivas a su ejercicio. Según Amnistía Internacional, “ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. [Además] la infracción de este principio es punible”. Esto significa que, cuando se considera que las libertades fundamentales se ejercen contra el sistema, no están protegidas constitucionalmente. En el Informe de Amnistía Internacional se destacan como especialmente graves las faltas de libertad de expresión, la de asociación y la de derecho a un juicio justo. En Cuba, la libertad de expresión está muy limitada porque el gobierno ejerce un control total sobre todos los medios de comunicación. Es muy grave la falta de libertad de asociación, ya que el registro oficial está vedado no sólo a los partidos políticos, sino a todos los sindicatos y asociaciones civiles, profesionales y de derechos humanos que no pertenezcan al aparato del Estado o a las organizaciones de masas controladas por el gobierno. Igualmente, Amnistía Internacional denuncia que el derecho a un juicio justo es muy limitado, ya que el gobierno ejerce un control férreo sobre la justicia. La Asamblea Popular elige al presidente, al vicepresidente y a los demás jueces del Tribunal Supremo Popular, así como al fiscal general y al fiscal general adjunto. Además, todos los tribunales están subordinados a la llamada Asamblea Nacional del Poder Popular. Como ha escrito Carlos Malamud, el problema son los propios ciudadanos cubanos, aquellos que no obtienen respuesta a sus perentorias demandas sociales, los que no pueden consultar libremente Internet ni viajar al exterior de manera razonable, los que padecen pésimas condiciones de habitabilidad en ciudades degradadas. Es cierto que las reformas de Raúl Castro han encontrado obstáculos inesperados, como son el impacto destructor de los últimos huracanes y los efectos perniciosos de la crisis internacional sobre una economía autárquica y vulnerable. Pese a ello, si las reformas no avanzan, ahora además que la nueva Administración de Barak Obama tiene otra mirada hacia Cuba, será porque los problemas reales son más profundos de lo que se reconoce14.
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Cuba: Información de Amnistía Internacional para el Examen Periódico Universal de la ONU. Cuarto periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Mecanismo de Examen Periódico Universal, febrero de 2009. En línea: http://www.cubaencuentro.com/es/documentos/posicionde-amnistia-internacional-sobre-el-examen-periodico-universal-de-cuba-ante-la-onu-138036. Malamud, Carlos, “Cuba ante el 50º aniversario de la revolución”, Infolatam, Madrid, 30 diciembre 2008.
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DEL VERDE OLIVA A LAS URNAS. EL GIRO DEMOCRÁTICO DE LA IZQUIERDA EN AMÉRICA LATINA Simplificando la historia de América Latina, se ha dicho que la década del sesenta fue la época de las guerrillas revolucionarias, la del setenta de las dictaduras militares y a partir de los ochenta (llamada “década perdida”, por la contracción económica15) la de la democracia16. Suele ponerse como ejemplos la transición de dictaduras militares a regímenes electorales en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Bolivia, así como la reconversión para la lucha institucional de los movimientos guerrilleros de Guatemala y El Salvador17. Jorge Castañeda lo ha identificado con lo que llama “la cuadratura del círculo”: la aspiración casi universal de combinar el cambio con la continuidad, la justicia social con el crecimiento económico, la democracia representativa con el efectivo ejercicio del poder18. Una urgencia social, que como afirma Ángel Flisfich parece coincidir con la adopción de la doctrina de los derechos humanos por parte de la administración estadounidense de Jimmy Carter19. Lo cierto es que desde entonces, la imagen del guerrillero bueno con la mirada fija en un ideal, cuando menos ha dado paso a la sospecha sobre su ambivalencia moral. Seguro que mucho ha tenido que ver en su devaluación, la biografía de alguno de sus íconos mejor cotizados. La media centuria de dictadura del ex-guerrillero Fidel Castro en Cuba o la reinvención ideológica del ex jefe guerrillero Daniel Ortega para recuperar el sillón presidencial a nombre del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, alineándose con la derecha del ex presidente Arnoldo Alemán y modificando la Constitución para
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“El crecimiento de las economías latinoamericanas ha sido, en efecto, magro. El término de la década perdida para referirse a los 80 es muy apto, pues el crecimiento promedio fue de 1.2 por ciento. Sin embargo, el crecimiento promedio en los 90 fue de 3.3, lo que es sin duda bajo, pero representa una mejoría con respecto a la década anterior”. Véase: Ortiz, Antonio, “Los indicadores económicos y el bienestar social”. América Latina. Democracia, neoliberalismo, populismo”. Vanguardia, número 4, enero/marzo, 2003, p. 26. Batalla, Xavier, “El malestar de América Latina”. En: Ibídem. p. 7. Norbert Lechner lo ha dicho de esta manera: “Si la revolución es el eje articulador de la discusión latinoamericana en la década de los sesenta, en los ochenta el tema central es la democracia”. En: Lechner, Norbert, “De la revolución a la democracia”. El debate intelectual en América del sur”. Síntesis, No1, Enero-Abril, 1987, p. 12. Debe tenerse en cuenta la advertencia de Carmen Ninon, en cuanto a no confundir transición con consolidación de la democracia en América Latina. Ver: Ninon, Carmen, “Transición y consolidación democrática en América Latina”, en Harto de Vera, Fernando (comp.), América Latina: desarrollo, democracia y globalización, Madrid, Trama Editorial y Cecal, 2000, p. 123151. Castañeda, Jorge, La utopía desarmada. Intrigas, dilemas y promesa de la izquierda en América Latina, Barcelona, Editorial Ariel, S.A., 1995, p. 153. Flisfich, Ángel, “América Latina y sus desafíos finiseculares: democracia, ajuste estructural y cohesión social”, en Reyna, José Luís (compilador). América Latina a fines de siglo, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 511.
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controlar a dúo las instituciones democráticas en el mes de diciembre de 1999, deben estar detrás de este fracaso20. Con toda la carga corrosiva que le pueden haber acarreado durante estos años las diferentes rupturas en su grupo político, desde que en el mes de mayo de 1995 el ex vicepresidente Sergio Ramírez y numerosos cuadros políticos e intelectuales, fundaron el Movimiento de Renovación Sandinista21. Así como los problemas relativos a su entorno familiar, tras la denuncia por abusos sexuales de su hijastra Zoilamérica Narváez, admitida a trámite por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No por azar, el más célebre de los cantautores nicaragüenses Carlos Mejía Godoy, ha decidido prohibir que sus canciones sirvan de propaganda oficial en los actos públicos, haciendo valer sus derechos legales que se hayan bajo la custodia de la Sociedad General de Autores y de Editores (SGAE) de España22. Recientemente, las noticias sobre la guerrilla colombiana (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) han engordado el currículum negativo. 600 guerrilleros presos, firmaron un documento rechazando ser canjeados por secuestrados y anunciando su desmovilización. A la vez, se ha entregado la comandante guerrillera Nelly Avila (alias Karina) la única mujer que había llegado a dirigir un frente guerrillero. Y entre los más de 11.000 documentos hallados en los tres ordenadores del comandante Edgar Devia Silva alias Raúl Reyes al ser abatido por el ejército colombiano en la frontera entre Colombia y Ecuador, han aparecido huellas de narcotráfico, de secuestros, de extorsiones y de matanzas de la población civil. No debemos olvidar el impacto en la opinión pública nacional e internacional de la llamada “Operación Jaque”, en que fueron liberados 15 secuestrados por la guerrilla, entre las que se encontraba la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt el 1 de julio de 2008. Y no hablamos de derrotas militares o de desapariciones físicas. A pesar de que durante el año 2009 la muerte de los comandantes guerrilleros colombianos Edgar Devia Silva alias Raúl Reyes, Iván Ríos o Pedro Antonio Marín alias Manuel Tirofijo Marulanda, significa un golpe importante para la cúpula de la guerrilla rural más activa de Latinoamérica. Hablamos del descrédito en la escala de los prestigios, que ha obtenido la justificación de su apuesta por la violencia como una forma específica de disputar el poder. La (des)valoración de lo sagrado (intocable y omnipresente) que envuelve el concepto, cuando se trata del sacrifi-
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“Tripartito tropical en Nicaragua”, El País, 18 de septiembre de 2007, p.7. Sobre este proceso de deterioro, véase: Ramírez, Sergio, “La revolución que no fue”. El País, 18 de julio de 2004, p. 4. Y Tagar, Joaquín “19 de julio, el principio de una utopía que terminó en fracaso”. El País, 19 de julio de 2004, p. 10. Torres-Rivas, Edelberto, “Centroamérica: de la izquierda revolucionaria a la izquierda socialdemócrata”. Quorum. Revista de Pensamiento Iberoamericano (22), 2009, p. 47. Véase: Aznárez, Juan Jesús, “La violación de Zoilamérica”. El País, 29 de junio de 2008, p. 12. Y Vargas Llosa, Mario,. “Para la historia de la infamia”. El País, 27 de julio de 2008, p. 31. Además: Ramírez, Sergio, “Canciones confiscadas”. El País, 5 de julio de 2008, p. 19.
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cio de la vida. La muerte propia y la de los otros. Esa sensible fábrica de héroes y de mártires paganos, en el imaginario colectivo latinoamericano. Continente de revoluciones y contrarrevoluciones, en América Latina parece que se impone una síntesis equilibrada bajo la forma de democracias generalizadas: inserción en el modelo de democracia liberal vigente en Estados Unidos y en Europa. Por ello hoy, a pesar de la crisis económica global, los latinoamericanos apuestan por el régimen democrático y la economía de mercado. Así lo refleja el Latinobarómetro de 2009, una macroencuesta realizada a partir de más de veinte mil entrevistas, en toda América Latina (excepto Cuba), que muestra una población preocupada por la economía y la seguridad ciudadana, pero más tolerante y con mayor confianza en el futuro23. Probablemente por eso que llaman el quinquenio virtuoso (2003-2008), en que la economía continental creció un promedio anual del 4.8 por ciento, lo que ha posibilitado la expansión de las clases medias y la reducción de la pobreza en diez puntos. Quizás ello explica también que a pesar de que los problemas económicos tengan prioridad para la mitad de los encuestados, el 59 por ciento apoye la economía de mercado y el 60 por ciento la labor de sus mandatarios. De ningún modo, esto significa que la desigualdad haya sido borrada del mapa latinoamericano. Ese triángulo compuesto por democracia, desigualdad y pobreza que Joaquín Estefanía reconoce en la región, no ha desaparecido. Los países latinoamericanos siguen siendo más desiguales que el promedio mundial, y 16 de 18 podían ser catalogados de sumamente desiguales en el año 2004. En 15 de ellos, más del 25 por ciento de la población vivía por debajo del límite de la pobreza y en 7 la proporción superaba el 50 por ciento24. Aún cuando hay que estar de acuerdo con Norman Gall, en cuanto al “olvidado progreso” de América Latina desde 1950 a esta fecha, que se desprende de la lectura de Forgotten Continent: The Battle for Latin America´s Soul25, de Michel Reid. No es poco haber aumentado la esperanza de vida de 51 a 73 años, reducir la mortalidad infantil un 83 por ciento, y haber alcanzado superiores índices de alfabetización y escolarización, acceso prácticamente generalizado a la radio y la televisión, así como la ampliación del transporte y el tendido eléctrico, que sin duda han favorecido la predisposición hacia la democracia26. De hecho, el crecimiento sostenido de la economía, la disminución del desempleo y el aumento de ingresos no salariales (remesas y programas de transferencias condicionadas) son los que han permitido cierta reducción en los niveles de pobreza extrema en el año 2007. Las tasas
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“Informe Latinobarómetro 2009”, 11 de diciembre de 2009. En línea: http://www.latinobarometro.org/ Estefanía, Joaquín, “Las nuevas venas abiertas de América Latina”. El País, 25 de abril de 2004, pp. 1-3. Yale University Press, 2007. Gall, Norman, “El olvidado progreso de América Latina”. El País, 19 de enero de 2008, p. 29.
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más bajas desde el año 1980, que representan el menor número de personas en los últimos 17 años27. Sea como fuere, la realidad demuestra que la Revolución cubana no significa hoy un referente para el desarrollo latinoamericano. Aunque el embargo norteamericano pueda ser motivo de solidaridad continental y su mística perdure en cierta parte del imaginario latinoamericano, ni su sistema político ni su modelo económico atraen como antes las miradas de América Latina. Si nos fijamos, desde hace años otros protagonistas y otros escenarios ocupan las dimensiones simbólicas de los procesos que pueden considerarse contrahegemónicos en la región: retando al stablishment de sociedades elitistas bajo la tradicional hegemonía de los Estados Unidos, pero distantes de hacer una revolución socialista, como aclararía Joan Prats28. Probablemente con el ingrediente de “inestabilidad creativa” que Fernando Filgueira y Cecilia Rossel les reconocen ahora, tras los consensos desgarrados y las crisis institucionales que caracterizaron los años noventa29. Definidos por oposición a los modelos neoliberales (privatización de los servicios públicos, desregulación del sector financiero, disminución de los gastos del estado), esto que se ha llamado “izquierda institucionalizada” difiere de los paradigmas establecidos por la Revolución cubana: ni lucha armada, ni enfrentamiento de clases, ni economía centralizada encontramos en sus principios programáticos30. Mucho menos la atención primordial a la convocatoria del Departamento de América del Comité Central del Partido Comunista de Cuba a la revolución continental, que sin distinción entre dictadura y democracia influyó en las guerrillas procubanas de los sesenta y los setenta en América Latina. En términos generales, más bien los unen la naturaleza personal del liderazgo, así como principios de no injerencia y de justicia social, insertados en posiciones discursivas (en algunos casos ambiguas con la democracia representativa) que renuevan las tradiciones ancestrales proporcionando un sistema identitario que reconstruye la sensación de pertenencia31. Todo sea dicho con un genoma político donde se reproducen las características básicas del populismo: protagonismo del
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Lagos, Marta, “Sinóptica Económica de América Latina, 2007-2008”. Revista Gobernanza (7), en línea: http://www.aigob.org/content/view/101/60/ Prats, Joan, “¡Tomemos los populismos en serio!”. Revista Gobernanza (9), en línea: http://www. aigob.org/content/view/119/60/ Filgueira, Fernando y Rossel, Cecilia, “Desigualdad, pobreza y exclusión: impotencia, fatiga y asedio en las democracias latinoamericanas”, en Crespo, Ismael y Martínez, Antonia (Eds.), Política y gobierno en América Latina, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2005, p. 365. Moraña, Mabel, “Negociar lo local. La “marea rosa” en América Latina o ¿qué queda de la izquierda?”, en Moraña, Mabel (de.), Cultura y cambio social en América Latina, MadridFrankfurt am Main, Iberoamericana Vervuert, 2008, pp. 113-136. Véase: Bonilla, Adrián y Páez, Alexei, “Populismo y caudillaje una vieja historia”, en “América Latina. Democracia, neoliberalismo, populismo”, Vanguardia, número 4, enero/marzo, 2003, pp. 18-24.
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líder, denuncia de los partidos tradicionales, mensaje a todas las clases y cultura del pueblo como fuente de legitimación32. Y una marca que refleja la profunda vocación de refundación, a través de reformas constitucionales o convocatorias a asambleas constituyentes33. Es necesario aclarar que en ningún caso estamos ante el populismo clásico del tipo de la Alianza Popular Revolucionaria Americana de Víctor Haya de la Torre en Perú, el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) de Ramón Grau San Martín en Cuba, el Estado Novo de Getulio Vargas en Brasil, el Movimiento Nacional Revolucionario de Víctor Paz Estensoro en Bolivia, o aquel estado corporativo de Juan Domingo Perón en Argentina, que se desarrollaron durante los años treinta, cuarenta y cincuenta del siglo anterior. Aquellos que privilegiaban el orgullo nacional, los sindicatos y la diplomacia sólida, tanto como la industrialización y la intervención del Estado, de aparente extinción a raíz de los regímenes militares de los setenta y los ochenta. Tampoco hablamos de los desarrollistas del tipo Juan Velasco Alvarado en Perú, Carlos Andrés Pérez en Venezuela o Luís Echevarría en México, que adoptaron esa especie de keynesianismo latinoamericano que significó la teoría de la dependencia promovida por la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL). La cual, sin negar la utilidad de la economía de mercado, privilegió hasta el año 1989 la idea de que Latinoamérica era una víctima de la relación semicolonial entre el centro (países desarrollados) y la periferia (países subdesarrollados). Ni de aquellos de nuevo cuño al estilo de Fernando Collor de Mello en Brasil, Carlos Menen en Argentina y Carlos Salinas de Gortari en México, que con un manejo exquisito de los medios masivos de comunicación, las encuestas de opinión y el marketing político, surgieron dando vivas al neoliberalismo con estrategias de libre mercado y privatizaciones en los primeros noventa. Los mismos que hicieron la transición al mundo post-guerra fría en América Latina, abandonando los antiguos criterios intervencionistas del populismo, con buena conducta fiscal y atracción del capital extranjero, pero sin resolver la eficacia de los partidos políticos, la educación pública, el desempleo y la concentración del ingreso en el entorno latinoamericano. Lo que caracteriza a los neopopulistas latinoamericanos actuales es que, a tenor de la crisis de representación y las deficiencias del proceso de reforma neoliberal en sus respectivos países, así como la doctrina del unilateralismo
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Conniff, Michael L., “Neo-populismo en América Latina. La década de los 90 y después”, Revista de Ciencia Política (001), Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2003, pp. 31-38. En línea: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/324/32423103.pdf. Sepúlveda, Isidro Jesús, “Cambio, renovación y revolución. Balance del ciclo electoral Iberoamericano”, en Iberoamérica: Nuevas coordenadas, nuevas oportunidades, grandes desafíos. Ministerio de Defensa. Cuadernos de Estratégia (136), Instituto Español de Estudios Estratégicos. Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”, junio de 2007, p. 33.
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estratégico que puso en práctica la administración del presidente estadounidense George W. Bush, intentan reconstruir un poder global alternativo dirigido a asumir la tradición antiimperialista y anticapitalista de América del Sur. Es por ello que este novísimo populismo parece reformular, sin el uso de la violencia, la experiencia de los sesenta y los setenta, legitimándose en la defensa de las “víctimas del modelo neoliberal” mediante una política social y económica asistencial e intervencionista, que recurre a las soluciones sociales inmediatas y a las nacionalizaciones de los sectores estratégicos. Una etapa histórica que acostumbran a etiquetar como “neoliberalismo salvaje”, y en la cual los Estados Unidos vuelven a ocupar el papel de villano junto a las oligarquías domésticas34. En cualquier caso, avivando la certeza de que ahora (como antes) Estados Unidos desarrolla una estrategia de dominación mundial, actualizándola con la excusa de la doctrina de las “nuevas amenazas” relacionadas con el fenómeno del terrorismo internacional a partir de los atentados de Nueva York el 11 de septiembre del año 2001. Con todo, el nuevo escenario recuerda algo al creado a partir del reacomodo hegemónico de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo, en el descuido de América Latina entre sus prioridades estratégicas, políticas, económicas y militares, que ha ido desvinculando la idea del progreso latinoamericano de una participación plena en las redes globales lideradas por los Estados Unidos, resucitando viejos prejuicios contra Washington y alentando las viejas utopías antiliberales y anticapitalistas. Recuerda algo decimos, porque se aleja de aquella Latinoamérica que desde los años cuarenta hasta inicios de los noventa, sirvió de blanco de la rivalidad ideológica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética35. Dejémoslo claro, en medio de un mapa regional absolutamente inédito, dispuesto a reconfigurar estructuralmente la política interna de sus países y la actitud ante la hegemonía continental de los Estados Unidos, no es lo mismo el indigenismo de Evo Morales y el llamado “Socialismo del Siglo XXI” de Hugo Chávez, que lo que se ha denominado revolución pasiva de Luís Inácio Lula da Silva. A pesar de que el sólido liderazgo y la participación de movimientos sociales en el caso brasileño, lo parezca36. Quizá, porque como afirma Walter D. Mignolo, a diferencia de Evo Morales y Hugo Chávez, a Luís Inácio Lula da Silva no le interesa romper las reglas del juego sino sacar el mejor partido de ellas37.
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Baizán, Mario, “Entre el nuevo populismo y la guerra global contra el terrorismo. La debilidad estructural de la democracia en América del Sur”, Fundación de Estudios Políticos del Tercer Milenio. América Latina. En línea: http://www.fupomi.com.ar/img/America%20Latina.pdf Skidmore, Thomas E. y Smith, Peter H., “América Latina: el fin de la vía socialista”, Historia contemporánea de América Latina. América Latina en el siglo X, Barcelona, Crítica, 1996, p. 439. Follari, Roberto, “Los neopopulismos latinoamericanos como reivindicación de la política”. CECIES. Pensamiento Latinoamericano y Alternativo. Universidad Nacional de Cuyo, junio de 2008. En línea: http://www.cecies.org/articulo.asp?id=166 Mignolo, Walter D., La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial, Barcelona, Gedisa Editorial, 2007, p. 210.
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EL INDIGENISMO DE EVO MORALES, EL “SOCIALISMO DEL SIGLO XXI” DE HUGO CHÁVEZ Y LA REVOLUCIÓN PASIVA DE LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA El primer día del año 1994 los indígenas originarios de la América hispana irrumpieron en el escenario mediático internacional con una potencia desconocida. El autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declaraba la guerra al Estado mexicano, y anunciaba que había decidido avanzar hacia la capital “derrotando el ejército federal mexicano, protegiendo en su camino liberador a la población civil y permitiendo los pueblos liberados elegir, libre y democráticamente, a sus propias autoridades administrativas”. Con una insolencia mayúscula qué, después lo sabríamos, era sólo una muestra del peculiar humor del máximo líder zapatista (presentado como el Subcomandante Marcos, otra irreverencia corrosiva), los insurgentes de Chiapas pedían la rendición 38 incondicional de los cuarteles y decían ser el resultado de 500 años de lucha . Siete años después de la sublevación, Marcos afirmaba la idea más subversiva de todo el repertorio zapatista: “Entiendo que la mexicana es una nación formada por diferentes pueblos contrariamente a lo que han afirmado todos los gobiernos federales desde Juárez acá, a saber, que es una nación fundamentalmente mestiza. No. Es una nación formada por diferentes pueblos”. De esta manera, se cargaba el mito indiscutido del México mestizo, aunque no rompía la baraja ya que “aunque los indígenas sean los más olvidados, el EZLN se levantó en armas para reclamar democracia, libertad y justicia para todos los mexicanos, y no tan solo para los indígenas. No queremos la independencia, queremos ser parte de México, ser indígenas mexicanos”39. La aparición de una insurgencia pobremente armada al sur del país, junto a la frontera con Guatemala, provocó una conmoción en México. La denuncia de la pervivencia de la ancestral marginación indígena, junto a las noticias y las imágenes de enfrentamientos armados entre bandos groseramente desiguales, y la coincidencia de las demandas de democratización de los insurgentes con los deseos de buena parte de la opinión pública mexicana, le generó a los guerrilleros la simpatía y la protección de ésta. La alianza implícita entre los levantados y la opinión pública, hizo posible la propia supervivencia del EZLN. Paralelamente, la democracia mexicana dio un gran paso, cuando en el año 2000 el eterno PRI perdió el poder que había mantenido durante más de setenta años. El problema, sin embargo, quedaba encima de la mesa: ¿qué hacer con los indígenas? ¿O no es tan solo un problema con los indígenas? La agria polémica entre intelectuales prestigiosos que se produjo en el año 1994 quizá todavía este vigente. Los
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“Declaración de la Selva Lacandona”, 1993. En línea: http://www.ub.es/conflictes/metodo/ampliacio/lacandona.htm “Haremos política sin el ‘glamour’ del pasamontañas”, entrevista de Ignacio Ramonet al Subcomandante Marcos, El País, 26 de febrero de 2001.
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primeros firmantes de cada bando fueron Octavio Paz y Carlos Fuentes; y, en última instancia, se discutía si el problema de Chiapas era Chiapas o era México. Es decir, si el levantamiento del EZLN era el resultado de la manipulación política izquierdista sobre los indígenas chiapanecos (Paz) o, contrariamente, era un efecto de la pobreza y falta de democracia que afectaba una buena parte de los mexicanos, indígenas y no indígenas (Fuentes), en la Selva Lacandona y el resto de la República40. Con todo, se generalizó la convicción de que se había encendido una alarma importante para la sociedad mexicana. El indigenismo que había caracterizado el discurso revolucionario clásico desde 1910 sufría una importante vía de agua. EL EZLN, como ejército indígena, mexicano pero indígena, sintonizaba con las corrientes ideológicas más de avanzada en la primera mitad de los años noventa. En los primeros setenta, Alejandro Marroquín había definido el indigenismo como la política que realizaban los estados americanos para atender los problemas que confrontaban las poblaciones indígenas, con el objetivo de integrarlas en la nacionalidad correspondiente. Sin embargo, dos décadas después el concepto de indianismo empezó a utilizarse para aludir a la ideología reivindicativa de los indígenas en su enfrentamiento con el colonialismo interno, y como contraposición con el indigenismo —incluido el aparentemente más bienintencionado, el llamado indigenismo de participación—, el cual pasó a ser visto como el paternalismo interesado de los no indios hacia los indios. Otro concepto que arranca de la década de los setenta y que triunfará igualmente en la de los noventa es el de etnodesarrollo, que fue definido en la Declaración de San José (Costa Rica, 1981) como: “La ampliación y consolidación de los ámbitos de la cultura propia, mediante el fortalecimiento de la capacidad de decisión de una sociedad culturalmente diferenciada para que guíen su propio desarrollo y el ejercicio de la autodeterminación, sea el que sea el nivel que considere, e implica una organización equitativa y propia del poder. Eso significa que el grupo étnico es la unidad político-administrativa con autoridad sobre su propio territorio y capacidad de decisión en los ámbitos que constituyen su proyecto de desarrollo dentro de un proceso de creciente autonomía y autogestión”41.
Como dice José M. Fernández, lo que fue aprobado en Costa Rica fue que ya no se trataba solo de tomar en consideración la opinión y las aspiraciones de los descendientes de los pobladores originarios, sino que se afirmó que deben ser ellos, y únicamente ellos, los que deben tomar en sus manos las riendas de su propio destino histórico. Esta concepción, que se consolidaría en la reunión de Managua en 1994, era el resultado de una ecuación con variables tales como la quiebra del modelo modernizador tradicional, la transformación del papel del Estado, la propia emergencia de los pueblos originarios, y el desarrollo científico
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Citado por Fernández, José M., “Indigenismo”, en Román Reyes (dir): Diccionario Crítico en Ciencias Sociales. En línea: http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/I/indigenismo.htm Fernández, José M., Op. Cit. p. 13.
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y tecnológico. Y todo eso en un contexto de globalización económica y financiera. La conclusión más evidente, es sencilla de enunciar: los pueblos originarios expresaban su derecho a hacer compatibles el desarrollo y la modernidad con su identidad étnica, sus tradiciones y su continuidad histórica. El Subcomandante Marcos, con su pasamontañas, su pipa y su cordial y simpático cosmopolitismo, al frente de su ejército menesteroso parecía haber abierto una nueva era para los descendientes de los pobladores originarios de la América hispana. Sin embargo, más de una década después los resultados son bastante magros, incluso para los mismos zapatistas. En la VI Declaración de la Selva Lacandona, en el mes de junio del año 2005, el balance de los guerrilleros chiapanecos es poco alentador y rezuma una cierta sensación de derrota, cuando menos respecto de los objetivos de 1994: “Así el EZLN ha resistido 12 años de guerra, de ataques militares, políticos, ideológicos y económicos, de asedio, de fustigación, de persecución, y no nos han vencido, no nos hemos vendido ni rendido, y hemos avanzado. Más compañeros de muchas partes se han incorporado a la lucha, así que en lugar de hacernos más débiles después de tantos años, nos hemos hecho más fuertes. Claro que hay problemas que se pueden resolver separando más lo político-militar de lo civil-democrático. Pero hay cosas, las más importantes, como son nuestras demandas por las que luchamos, que no se han conseguido cabalmente”42.
Marcos y el EZLN casi han desaparecido de los medios de comunicación que les dieron una cobertura impagable. Durante estos años vieron como la caída del PRI en 2000, para la que fueron tan importantes, no significó la victoria del izquierdista PRD, que era su aliado natural, sino la de la derecha del PAN. En las últimas elecciones de 2006 descalificaron a Andrés Manuel López Obrador, y éstas pasaron a ser una nueva victoria para los panistas, (no aceptada por los perredistas desafiando la institucionalidad democrática), por lo que algunos acusaron a los zapatistas de ser objetivos aliados de la derecha. Un escenario político, pues, poco favorable al etnodesarrollo de los zapatistas que ha provocado un giro estratégico, enunciado en la misma VI Declaración de 2005, según la cual los indígenas deben unirse en la lucha con los trabajadores del campo y la ciudad, reanudando así una posición de izquierda clásica que no hace bandera excluyente de la condición étnica, sino que pone el acento en lo social. “Según nuestro pensamiento y lo que vemos en nuestro corazón, hemos llegado a un punto en que no podemos ir más allá y, además, es posible que perdamos todo lo que tenemos, si nos quedamos como estamos y no hacemos nada más por avanzar. Es decir que ha llegado la hora de arriesgarse otra vez y dar un paso peligroso pero que vale la pena. Porque tal vez unidos con otros sectores sociales que tienen las mismas carencias que nosotros, será posible conseguir lo que necesitamos y merecemos. Un nuevo paso adelante en la lucha indígena solo es posible si el indígena se junta con obreros, campesinos, estudiantes, maestros, empleados… es decir los trabajadores de la ciudad y el campo”43.
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Véase: VI Declaración de la Selva Lacandona, junio de 2005. En línea: en http://www.ezln.org/ documentos/2005/sexta.es.htm. Ibídem.
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No deja de ser paradójico que pocos meses después de hacerse pública esta Declaración en México, Evo Morales Ayma, un indígena aymara sin más formación que aquella obtenida en “la Universidad de la vida” según sus palabras, obtuviera el 53,7 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales y se convirtiese en presidente de la República de Bolivia, al frente del Movimiento al Socialismo (MAS). Declaración por declaración, si la de los zapatistas de la Selva Lacandona es jugosa, no desmerece en absoluto el discurso de Evo Morales del 22 de enero de 2006, durante el solemne acto de toma de posesión de la presidencia de Bolivia. La alocución de Morales se desarrolló en un doble plano: el primero, el dedicado a enaltecer las anclas originarias y a comprometerse con los principios básicos de la ley de los antepasados; y el segundo, dedicado a anunciar los objetivos centrales de su gobierno que pretende una segunda independencia de Bolivia mediante “como en España dicen, un nuevo pacto social”44. Con la solicitud de un minuto de silencio por los Mártires por la Liberación (indígena) comenzó Evo Morales su declaración, citando por su nombre a los más reconocidos héroes de la mitología india: desde Tupac Amaru, Tupaj Katari o Bartolina Sisa, a otros más recientes y universales como Ernesto Che Guevara, el socialista boliviano Marcelo Quiroga y el jesuita catalán Luis Espinal, asesinados estos últimos en Bolivia durante el golpe militar de García Meza en el año 1980. El discurso acabó con una deferencia hacia el líder chiapaneco: “Cumpliré con mi compromiso, como dice el Subcomandante Marcos, mandar obedeciendo en el pueblo, mandaré [en] Bolivia obedeciendo a su pueblo”. Y el pueblo del presidente Morales es mayoritariamente descendiente de los pobladores originarios, y son muchos los agravios que han sufrido: “Los pueblos indígenas —que son mayoría de la población boliviana—, para la prensa internacional, porque los invitados sepan: de acuerdo al último censo de 2001, el 62.2 por ciento de aymaras, de quechuas, de mojeños, de chipayas, de mulatos, de guaraníes. Estos pueblos, históricamente hemos estado marginados, humillados, odiados, menospreciados, condenados a la extinción. Esa es nuestra historia; a estos pueblos nunca los reconocieron como seres humanos, siendo que estos pueblos son los amos absolutos de esta noble tierra, de sus recursos naturales”45.
¡Y es por eso que las cosas han empezado a cambiar: “Ésta mañana, esta madrugada, con mucha alegría he visto algunos hermanos y hermanas cantando en la plaza histórica de Murillo, la Plaza Murillo como también la Plaza San Francisco, cuando hace 40, 50 años no teníamos derecho a entrar en la Plaza San Francisco, en la Plaza Murillo. Hace 40, 50 años no tenían nuestros antepasados el derecho de caminar por las aceras. Esta es nuestra historia, esta nuestra vivencia”46.
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Discurso de Evo Morales al asumir la presidencia de Bolivia, el 22 de enero de 2006, en línea: http://www.presidencia.gov.bo, p.11. Además, véase: “Territorio, soberanía, vida. Programa de Gobierno. Todo depende de nosotros”. En línea: www. masbolivia.org/mas/programa/progmas/ htm. Ibídem, p. 19. Ibídem, pp. 1-2.
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El nuevo presidente aprovechó para denunciar el apartheid en versión criolla en el que ha vivido la mayoría de los bolivianos, pero eso —anunció— va a cambiar pronto. No será fácil, dijo Morales en su discurso: “¿Cómo buscar mecanismos que permiten reparar los daños de 500 años de saqueo a nuestros recursos naturales? Será otra tarea que implementaremos en nuestro gobierno”. Un gobierno que hará una “revolución democrática”, con votos y no con balas. Un gobierno que ya no se dejará engañar por los opresores de siempre, por los que han engañado y expoliado sistemáticamente Bolivia, transitando de las protestas a las propuestas. Un gobierno que se mantendrá fiel a la ley de los antepasados: “ama sua, ama llulla, ama quella, no robar, no mentir, no ser vago, esa es nuestra ley”47. No le falta razón a Evo Morales cuando denuncia el apartheid, cuando menos social, que ha sufrido y sufre la mayoría indígena boliviana. Bolivia es un país muy desigual, como lo son todos los de la América Latina, pero en éste, atendiendo al gran volumen de población indígena, la desigualdad presenta una abrumadora connotación étnica. Como dice Óscar del Álamo, hay desigualdad económica (niveles de ingreso y consumo, así como condiciones de trabajo), desigualdad social (acceso a educación y salud, fundamentalmente) y desigualdad política (desequilibrios por lo que respecta en el acceso al poder político o a las instituciones). Dos tercios de la población indígena se encuentra entre la mitad de la población más pobre del país, y en las zonas rurales la extrema pobreza ha pasado últimamente del 65 al 72 por ciento, mientras que se ha reducido ligeramente del 53 al 52 por ciento para los no indígenas. Hay casi veinte puntos porcentuales de diferencia entre la pobreza que afecta los que hablan en castellano y los que hablan alguna de las lenguas indígenas48. Según el Censo de 2001, la quinta parte de la población indígena no tiene ningún tipo de estudios (frente al 5,6 por ciento de los no indígenas), y la tasa de analfabetismo va más allá del 19 por ciento frente al 4,5 de los no indígenas. Si miramos el Índice de Desarrollo Humano, veremos que el IDH global del país es 114; pero el de la población no indígena es 75, y la de la población indígena es 134. Son cincuenta ocho posiciones de diferencia, entre indígenas y no indígenas. Ya sabemos que las cifras no son herramientas suficientes para el análisis. Es el Banco Mundial el que afirma, con estudios solventes en la mano, que en Bolivia se han producido mejoras significativas en apartados tan importantes como la educación o la representación política. Empero, también es evidente qué, como dice del Álamo: “lo que se mantiene igual es la sensación de no tener una igualdad efectiva de oportunidades (…) [Y es que] la situación de desigualdad no es
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Ibídem, p. 7. Álamo, Óscar del, “Desigualdad y emergencia indígena en Bolivia”, en línea: http://www.revistafuturos.info/futuros14/emerg_bolivia.htm, p. 2-4.
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simplemente una cosa empírica, sino también simbólica, cultural, ideológica y por qué no, psicológica”49. Es muy probable que todos estos intangibles, entre otros elementos de matriz histórica, política o social, resulten imprescindibles para comprender como es el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que sustenta el gobierno de Evo Morales. Y es que el MAS, una confederación de grupos sindicales, más que un partido político clásico, está conformado por tres tendencias que no son fácilmente conciliables: la indigenista radical o etnicista, la antiimperialista más o menos clásica y la, digámoslo así, democrática. Rafael Archondo ha escrito que Morales, con esta herramienta política, “deberá hacer concesiones, buscar equilibrios y articular creativamente las diferentes corrientes, si quiere transformar a la sociedad boliviana y consolidar la democracia”50. La convivencia entre las tres corrientes, está inmersa en un permanente estira y afloja entre ellas que dificulta la propia acción de gobierno. Desde la corriente más etnicista se habla de los indígenas casi como una gran familia, como un linaje, y se habla de los blancos como inquilinos en Bolivia. A la pregunta de “Cómo podemos liberarnos nosotros mismos”, la respuesta del senador del MAS Lino Vilca es clara: “Reconstruyendo el Tahantinsuyu”, es decir lo que era el imperio de los incas en la América precolonial51. La corriente antiimperialista, contrariamente, responde más en coordenadas de la izquierda clásica latinoamericana, adaptada, eso sí, a un territorio con mayoría de población indígena. Propician un sistema de propiedad colectiva, por ejemplo, pero lo hacen porque no es sino la realidad concreta de los pueblos bolivianos. El liderazgo del proceso de cambios estructurales, pues, debe estar en manos de los indígenas, pero entienden, como hace el ministro Hugo Salvatierra, que la contradicción fundamental de la Bolivia actual “no es la que se produce entre indígenas y no indígenas, sino la que enfrenta a Bolivia contra el imperialismo”. La tercera corriente, la democrática, es la que los analistas adjudican al propio Evo Morales, quien parece de los pocos que valora la democracia como medio y como objetivo, y no quiere dejar fuera nadie: “Si excluimos a la gente blanca, de ojos verdes, seríamos iguales que nuestros opresores”52. La tarea gubernamental de Evo Morales, no es sencilla. Por lo que respecta a la situación interna del MAS “debe demostrar que es posible ser anticolonial, antiimperialista y demócrata al mismo tiempo, sin perder por eso el liderazgo del proceso”53. Además de las cuestiones partidarias, el presidente de la República de Bolivia debe enfrentar importantes problemas domésticos, como la volun-
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Ibídem, p. 4. Archondo, Rafael, ¿Qué le espera a Bolivia con Evo Morales?, Nueva Sociedad, nº 202, Abril de 2006, p. 4. Ibídem, p. 8. Ibídem, p. 7. Alcàzar, Joan, “Indigenisme, democràcia i pacte social”, L’Espull, nº 23, pp. 34-43.
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tad autonomista de la provincia de Santa Cruz (la más rica del país), y la poca simpatía hacia el indigenismo etnicista que es patente tanto en esta misma provincia como en las de Tarija, Pando y Beni. Cuatro provincias, de las nueve con las que cuenta el país, en las que la población indígena no es mayoritaria. En las dos primeras, además, que son las principales productoras de hidrocarburos, la política sectorial de Morales tampoco despierta demasiada pasión. Aún cuando los retos del gobierno de Evo Morales son diversos, quizá el más relevante no es otro que aquel que ha sido el gran problema de otras coyunturas de cambio en otros países de la América Latina: la eficacia social de la democracia. ¿Será posible superar la situación de apartheid social en la que vive una amplia mayoría de la población boliviana, pero de forma mucho más severa la indígena? Ciertamente, diversas noticias que llegaban de La Paz habían rebajado el perfil democrático del presidente Evo Morales. La decisión de darle carácter originario a la Asamblea Constituyente, es decir, desvinculándola de toda la legislación boliviana de 1825 hasta nuestros días; junto al acuerdo impuesto por el MAS de aprobar los artículos del texto constitucional por mayoría absoluta y no por los dos tercios de los constituyentes, lo cual asegura a este partido la victoria, explica que la oposición convocara movimientos de protesta por todo el país pero, especialmente, en las provincias de la llamada media luna (las ya citadas Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni), y que las cifras demoscópicas de apoyo a Morales en aquel momento bajaran de forma sensible54. No debemos olvidar que, aunque ganó las elecciones del 6 de diciembre de 2009 con un 64.2 por ciento de los votos y ahora exhibe un 66 por ciento de apoyo, el nivel de reprobación de Evo Morales había alcanzado el 41 por ciento sólo un año antes55. La nacionalización de los hidrocarburos y las demostraciones de fuerza hacia las compañías extranjeras que operan en Bolivia, así como las confusiones que genera un discurso conciliador mezclado con una actitud de confrontación, pudieron haber provocado más problemas que soluciones. Las vacilaciones respeto de las relaciones con Chile, a propósito de la exportación de gas, conectándolas un día sí y otro no a la cesión de una salida territorial al Pacífico, no beneficiaban en absoluto la confianza internacional que el país andino necesita. Tanto como la expulsión del Embajador estadounidense Philip Goldberg el 10 de septiembre de 2008, por presunta conspiración contra su gobierno. Una escalada que al día siguiente incluyó la expulsión del Embajador boliviano Gustavo Guzmán de los Estados Unidos, así como la subida de tono beligerante del mandatario venezolano Hugo Chávez contra la Administración de George Bush. Por el contrario, el acuerdo con la oposición (tras renunciar a una segunda reelección y aceptar la corrección del proyecto constitucional) para celebrar el referéndum sobre la nue-
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Vilas, Carlos M., “La izquierda latinoamericana y el surgimiento de regímenes nacional-populares”, Nueva Sociedad, nº 197, 2005, p. 92. “Bolivia, el respaldo a Evo Morales llega al 66%”. Prensa indígena, 9 de enero de 20010. En línea: http://www.prensaindigena.org.mx/nuevositio/?p=22560
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va Constitución el 25 de enero de 2009 y el adelanto de las elecciones generales para el 6 de diciembre de 2009, parece que restablecieron la confianza. El radicalismo indigenista de los chiapanecos del EZLN ha pasado a ser una recuperación, más retórica que real, seguramente, de parámetros de frente amplio de la izquierda plural. Con este discurso en Bolivia pueden conectar los antiimperialistas del MAS y, quizá, el mismo presidente Evo Morales pese a sus homenajes a las glorias indígenas. El realismo y la racionalidad deben acaparar también los deseos de la oposición interna, para que la democracia tenga verdadera eficacia social. Es necesario un nuevo pacto social en Bolivia que permita un modelo de desarrollo compatible con las diversas identidades étnicas56. Sin embargo, más allá de los entresijos mexicanos, y de sí los miembros del MAS tienen o no en cuenta la experiencia de Marcos y los suyos, lo cierto es que ni la I Declaración de la Selva Lacandona de 1993, ni la Sexta de 2005 alentarán mucho en Bolivia. Marcos ha entrado en el santoral indigenista, pero no parece un ejemplo a seguir. Más deseo de emulación suscita, por lo que parece, la figura emergente de la gran esperanza del antiimperialismo latinoamericano, el presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías, quien aspira a convertirse en el relevo de Fidel Castro, ahora que la edad maltrata el carismático líder cubano. Los últimos acontecimientos indican que, cuando menos, ese deseo está aparcado. Al ser purificado por los sabios aimaras y ungido como “guía espiritual” de Bolivia el 22 de enero de 2010, cuando tomó posesión oficialmente como Presidente hasta el año 2015, el equipo de Evo Morales dio muestras de pragmatismo. Detrás del encendido discurso antiimperialista y antioligárquico del cierre de campaña, el vicepresidente Álvaro García Linera presentó un modelo desarrollista, que se enmarca más en el capitalismo de Estado del presidente brasileño Luíz Ignacio Lula da Silva que en el denominado socialismo del siglo XXI de corte chavista. Queda por ver como encaja en este modelo la simpatía de Evo Morales por el eje La Habana-Caracas, que apostó oportunamente por él desde sus inicios como dirigente cocalero. Un apoyo reconocido por el presidente boliviano al tomar posesión con aquel pequeño homenaje, casi filial, cuando dijo: “Me perdonaréis, compañeros, no estoy acostumbrado a hablar tanto, no penséis que Fidel o Chávez están contagiándome”57. Entre la revolución pasiva de Lula (que junto al presidente Barak Obama es el líder más valorado actualmente por los latinoamericanos) y el socialismo del siglo XXI que propone Hugo Chávez (al lado de Fidel Castro y Daniel Ortega entre los menos apreciados) parece debatirse el futuro de Bolivia. Y en esto podrán pesar los compromisos adquiridos por Evo Morales al adherirse el 29 de abril de 2006 a la “Alianza Bolivariana
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Ruiz Collantes, F. Xavier, “Construcción de identidades colectivas y constitución boliviana”. Revista Gobernanza (11), en línea: http://www.aigob.org/content/view/130/60/ Discurso de Evo Morales al asumir la presidencia de Bolivia, el 22 de enero de 2006, en línea: http://www.presidencia.gov.bo, p.14.
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para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos”, que fundaron Cuba y Venezuela el 14 de diciembre del año 200458. Al presidente de Venezuela Hugo Chávez y su petrocràcia, con su modelo de socialismo del siglo XXI, más cerca de Santa Claus que de Lenin, según la sugerente imagen de Miguel Ángel Bastenier59, no se le puede negar el carisma y el apoyo popular, con un porcentaje de voto que ha variado poco desde el 56 por ciento en las elecciones de 1998, hasta el 59 por ciento y el 62 por ciento en las de los años 2000 y 2006. Sin embargo, en su populismo, cada vez más de libro (encontramos paternalismo y personalismo, movilización política de arriba hacia abajo, ideología ecléctica, antielitista y anti intelectual, y un proyecto económico redistributivo y clientelar), se aprecia con más nitidez un componente autoritario natural de la condición de militar profesional del líder, que ha asumido la desenvoltura que caracteriza a sus amigos cubanos para pontificar sobre lo que es y lo que no es democracia60. Así como una utilización grosera de la historia para legitimar el poder (“escatología ambigua” le ha llamado Ibsen Martínez61), que encienden todas las alarmas de la convivencia democrática. Nada más llegar al poder, Hugo Chávez cambió el nombre del país para llamarlo “República Bolivariana de Venezuela”, con su “Constitución Bolivariana” creada por la “Revolución Bolivariana”. A la vez, cambio su rango de Coronel del Ejército profesional a “Comandante de la Revolución Bolivariana”, declarando “Día de Júbilo” el 4 de febrero de 1992, cuando fue apresado por intentar un golpe de Estado contra el Presidente constitucional Carlos Andrés Pérez. También Hugo Chávez ha hecho que su llamado “Ejército Bolivariano Revolucionario”, estrenara saludo: “Patria, socialismo o muerte”. Una asimilación vulgar del “Patria o Muerte” y el “Socialismo o Muerte” de Fidel Castro, a quien su admiración ha llevado a regalarle desde una réplica de la espada de Simón Bolívar hasta a cantar canciones alegóricas a Ernesto Ché Guevara en el Mausoleo construido a tal efecto en la ciudad de Santa Clara. Pero la relación con la Cuba de Fidel Castro es más que de gestos simbólicos. Si desde el año 2000 el chavismo salió al rescate económico del castrismo; en el 2004 y en el 2006, el castrismo tuvo mucho que ver con los triunfos del chavismo en el referéndum revocatorio y las elecciones presidenciales. 30 mil agentes y médicos cubanos llegaron a Caracas en el año 2003, para dedicarse a la seguridad presidencial y los programas sociales. El programa sanitario conocido como misión “Barrio Adentro”, la “Misión Robinson” (dedicada a la alfabetización), la misión “Mercal” (tiendas de alimentos de bajo coste), “Ribas” (enseñanza de
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Malamud, Carlos, “Nuevos socios para el ALBA”. Infolatam, 22 de junio de 2009. En línea: http://www.infolatam.com/entrada/nuevos_socios_para_el_alba-14564.html Bastenier, M.A. “La petrocracia de Hugo Chávez”, El País, 6 de septiembre de 2006. Bastenier, M.A. “El hombre que odiaba el silencio”. El País, 19 de noviembre de 2007. Martínez, Ibsen, “No es de izquierdas, es fascista”. El País, 1 de diciembre de 2007, p. 33.
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educación media) y “Sucre” (educación universitaria), son frutos de de aquel momento histórico. Recientemente, el tercer hombre del régimen castrista ha llegado a Caracas, con la aparente intención de resolver la crisis energética. Diversos analistas, no obstante, no dejan de insistir en que, más que un especialista en éste sector, el comandante Ramiro Valdés, ahora ministro de Informática y Comunicaciones, debe ser evaluado como el ministro del Interior (1961-1969) encargado de desmantelar a la primera oposición castrista. Es por ello que su aparición en el escenario venezolano debe tener más que ver con el control social que con el asesoramiento relativo a un sector que en la isla caribeña hace muchos años que está en crisis. Seguramente, el gobierno cubano está reconociendo en este gesto la reciprocidad del compromiso público de Chávez con el destino político de Castro por ejemplo en el Foro Social de Porto Alegre en el año 2005. O la insistencia del líder bolivariano en el Foro Social Mundial, celebrado en Caracas entre los días 24 y 29 de enero de 2006, para que los asistentes asumieran el lema castrista “Socialismo o Muerte”. Sobre lo anterior, el gobierno de Hugo Chávez ha dado pasos indiscutibles desde su llegada al poder. Se ha asegurado por decreto una clara mayoría de simpatizantes en el poder judicial y en los organismos electorales; ha aprobado una ley que coarta a los medios de comunicación (“Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión”); y ha privilegiado a los militares afines con ascensos, condecoraciones, remuneraciones y viviendas. A la vez, ha convertido la preservación de la República Bolivariana en misión militar y ha creado una Reserva Militar y una Guardia Territorial, que responden directamente a sus intereses62. Tratar de criminalizar la protesta ciudadana (con el objetivo de tipificar las marchas como rebelión civil), es lo último que ha intentado un gobierno que en poco más de diez años ha reducido los espacios a la oposición, acelerado las nacionalizaciones, empequeñecido el sector privado y cargado contra los medios de comunicación. Un gobierno que aspira a seguir hasta 2021 y ha elevado al Estado venezolano a la condición de docente, para construir el hombre nuevo del socialismo del siglo XXI. Y que ha despejado de incógnitas el personalismo de su liderazgo, al marcar Hugo Chávez su territorio durante el preámbulo de la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela. “Yo veía por allí a algunos en televisión diciendo: “…Que nuestro partido sacó no sé cuantos votos, y el otro sacó…” ¡Esos votos son de Chávez! ¡Esos votos no son de ningún partido!”63. Desde el punto de vista de la definición identitaria del chavismo, la oposición interna ocupa el lugar de “los otros”, establecidos por contraste con quienes ca-
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Véase: G. Manrique, Luís Esteban, De la conquista a la globalización. Estados, naciones y nacionalismos en América Latina, Madrid, Biblioteca Nueva, Estudios de Política Exterior, 2006, pp. 474-476. Chávez, Hugo, “Discurso sobre el partido único”. En línea: http://www.analitica.com/bitblio/ hchavez/partido_unico.asp
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recen de orígenes humildes en Venezuela. De aquí que haya convertido al prócer Simón Bolivar, —según Chávez asesinado por los Estados Unidos— y a la oligarquía, en un ídolo plebeyo con sangre de esclavo. Del mismo modo que a los estudiantes que han protagonizado las principales protestas contra su régimen, los tilda de “hijos de papá” y agentes de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Precisamente, a estos últimos corresponde la parte de “los otros” externos, que pueden aparecer indistintamente con España en el imaginario colectivo de los seguidores de Hugo Chávez. En efecto, obsesionado con ocupar el espacio de líder antiimperialista continental que a todas luces los revolucionarios cubanos dejan vacante, Hugo Chávez ha forzado la historia para hacerse un curriculum de enfrentamientos con Estados Unidos y España. Desde acusar a ambos países de estar detrás del golpe de estado, que pretendió derrocarlo en el mes de abril de 2002; hasta aquel septiembre del año 2006, en que declaró en la Asamblea de la ONU que el presidente George W. Bush era el diablo y olía a azufre. En esta liza, nada le dio un pie forzado tan afortunado, como el “¿por qué no te callas?” del rey Juan Carlos, en la 17ª Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santiago de Chile, durante el mes de noviembre de 2007. Utilizando una retórica que lo convierte en portador de raíces negras, indias y campesinas, replicó: “Los callaron cuando les cortaron la garganta, sólo así los callaron. Los descuartizaron, los picaron en pedazos y colocaron sus cabezas en estacas a la entrada de los pueblos por los caminos… Ese fue el imperio español aquí”. En este intercambio de funciones, Venezuela le ofrece a Cuba el marco protector de la “Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos”, mientras Cuba proporciona profesionales de diversa índole y entrenamiento al ejército y las fuerzas de seguridad de Venezuela. Sin embargo, en su afán de protagonismo, la llamada Revolución Bolivariana de Hugo Chávez ha encontrado algunos obstáculos inesperados. Uno, es la pérdida del referéndum constitucional con el que pretendía investirse de poderes casi absolutos de duración indefinida en el mes de diciembre del año 2007. Otro, el escándalo de los ordenadores del jefe guerrillero Raúl Reyes y su pérdida de popularidad, que le obligó a dar marcha atrás en cuanto a su apoyo a la guerrilla colombiana. El último, y quizá más importante, la rivalidad continental del proyecto de revolución pasiva que desde el año 2002 protagoniza en Brasil el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Brasil es, por sus dimensiones territoriales, demográficas y económicas, un gigante mundial. Un gigante que, lamentablemente, es el paradigma del que Luis de Sebastián ha llamado la sociedad dual: aquella en que coexisten dos mundos en uno, el primero y el tercero, bajo la misma bandera y el mismo gobierno. En esa región de la desigualdad, Brasil es, después de Nicaragua, la nación más polarizada del área: el 20 por ciento más rico se reserva el 63 por ciento del ingreso nacional; esto es, 24 veces más que el 20 por ciento más pobre. No puede negarse a Fernando Henrique Cardoso (1 de enero de 1995- 1 de enero
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de 2003) un balance positivo en su tarea de gobierno. En los años de su presidencia se mejoró sustancialmente en indicadores educacionales y sanitarios, como también se redujeron las cifras de pobreza. No obstante, las magnitudes siguieron siendo pavorosas: de un 42 por ciento de pobres en el año 1990 se pasó a un 33 por ciento en el 2000. Esto es, poco más de un tercio de 170 millones de habitantes: 56 millones de pobres. Lo cual se agiganta cuando sabemos que en el año 2001, los 1,6 millones de brasileños más ricos, gozaban de la misma riqueza que los 80 millones más pobres. Podemos hablar, con Waldo Ansaldi, de la existencia de un agudo apartheid social, que tiene una relación estrecha con los altísimos niveles de violencia. En su ilustración del problema, Jordi Borja rememoraba las palabras del flamante ministro de cultura Gilberto Gil, quien decía que “la causa principal de la violencia urbana no es la pobreza sino la desigualdad social”. Esta desigualdad con pobreza genera, dice Borja, grupos vulnerables o colectivos de riesgo de una parte y grupos amenazados de otra. Los primeros están formados, especialmente, por los jóvenes sin trabajo o con ocupaciones muy precarias, frustrados por no poder acceder a casi nada del que la ciudad engañosamente parece ofrecerles, lo cual con frecuencia genera en ellos comportamientos delictivos. Las diversas mafias de la economía del crimen (narcotráfico, secuestros, sicarios, sexo delictivo) no hacen sino amplificar los efectos de estos grupos. La respuesta de los grupos amenazados se caracteriza por la criminalización injusta de colectivos sociales e incluso de barrios enteros a los que se identifica abusivamente con los colectivos de riesgo64. El clima de inseguridad ciudadana, especialmente en las ciudades grandes, perjudicó electoralmente a José Serra, quien fue percibido en amplios sectores como el continuismo de Fernando Henrique Cardoso (“Continuidade sem continuismo” era el lema de campaña de Serra). Y es que, más allá que Fernando Henrique Cardoso y su gobierno —del que Serra había sido miembro muy destacado— mejoraran objetivamente indicadores sociales esenciales y reforzaran la democracia, en la elección de Luiz Inácio Lula da Silva el 27 de octubre del año 2002, primó la idea que era necesario avanzar más en las reformas. A pesar de que la propuesta lulista, se quiso sintetizar en un mensaje sesentayochista (“Paz e amor”), detrás había una propuesta muy polisémica, ciertamente, pero un poco más tangible: la mudança do modelo. El hombre sobre quien recayó la responsabilidad de conducir el nuevo Brasil es un sindicalista metalúrgico de gran carisma personal, que luchó contra la dictadura y que desde hace décadas es reconocido como al líder indiscutible de la izquierda razonablemente no sistémica brasileña (y latinoamericana): fundador del Partido dos Trabalhadores (PT) y de la Central Única de Trabajadores
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Véase: Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya http://www.iigov.org
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en plena dictadura militar durante el año 198065. Un hombre que resistió el desgaste de sucesivas derrotas electorales desde 1989 (ante Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso), en su aspiración a la más alta magistratura republicana, que ha moderado su discurso y su imagen, sin perder su credibilidad de político honesto y decidido. Algunas voces en América Latina, durante la campaña electoral y especialmente entre la primera y la segunda vuelta, lanzaron insinuaciones comparativas más o menos veladas entre Luiz Inácio Lula da Silva y el Presidente chileno Salvador Allende (1970-1973), agitando el fantasma del miedo a los disturbios, en el lado de la especulación financiera y el acoso a que se había aplicado al real66. No obstante, ni la realidad internacional, ni las especificidades de Chile y Brasil, entre los años setenta y los actuales, permiten ligerezas comparativas. Arturo Valenzuela, quien fuera Asesor de Seguridad Nacional para América Latina de la Administración Clinton, ya advertía antes de la elección del sindicalista brasileño, en su calidad de Director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, que “Washington … a diferencia de Chávez, le va a extender una mano muy fuerte a Lula [porque este] tiene un cierto nacionalismo o una posición económica más estatista, pero no un discurso abiertamente hostil”67. La cuestión fue saber hasta que punto la lógica política había sido expulsada del Despacho Oval de la Casa Blanca. El diario El País titulaba sólo unos meses después de su nombramiento: “Estados Unidos se olvida de América Latina”, y añadía “Los países del sur del río Grande temen que un conflicto bélico solo empeore aún más su difícil situación económica”68. Desde otro ángulo, el prestigioso sociólogo Helio Jaguaribe, alertó también sobre la posible existencia de grupos que quisieran desencadenar una “revolución zapatista” pretendieran conseguir posiciones de fuerza conduciendo al gobierno al síndrome Allende”69. Más allá de que seguramente el sociólogo brasileño ha simplificó en exceso el proceso chileno, el Síndrome Allende consistiría en la incapacidad de un gobierno progresista de resistir el desafío o el chantaje, ético o directamente político, de colectivos a los que se supone partidarios ante sus exigencias reivindicativas, incluso, al margen del marco legal existente. No es banal, por supuesto, la advertencia de Jaguaribe. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en escrito “Al pueblo brasileño y al Presidente Lula”, juzgó sin piedad los ocho años del gobierno Cardoso70. Y, paralelamente, mediante su dirigente Joao Pedro Stedile, declarará que apoyaría al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pero sería muy vigilante porque las “presiones de los
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Partido dos Trabalhadores. En línea: http://www.pt.org.br O Estado de Sao Paulo, 5.09.02. La Tercera, Santiago de Chile, 07-10-2002. El País, 17.03.2003. Jornal do Brasil, 5.10.2002. Movimento dos Treballadores Rurais Sem Terra (nst), http://www.mst.org.br.
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sectores de la derecha” no lo vayan a obligar a abandonar el programa que lo llevó al poder”71. El antagonismo que pudo estar incubándose en Brasil, no debió ser necesariamente tangible de forma dicotómica entre los desheredados de la tierra del MST y el gobierno Lula. Desde la izquierda del PT José Paulo Netto ha hablado de as duas almas do governo de Lula, una que desea perseverar en el legado de FHC y otra que pretende superarlo radicalmente. Después de la toma de posesión de Lula el 1 de enero de 2003, Francisco Weffort, politólogo y ministro de cultura con Fernando Henrique Cardoso, constataba que al final de campaña, el sentido de las conversaciones entre los candidatos y las autoridades monetarias, brasileñas e internacionales, giraba exclusivamente alrededor de aquello que la economía permitiría en el Estado. En consecuencia, el primer punto del orden del día en la agenda del equipo de Lula era “acalmar o mercado”, y el nombramiento de Henrique Mireilles, expresidente del Bank of Boston como presidente del Banco Central fue una señal inequívoca en este sentido. Del mismo modo que nombrar al ex-troskista Antonio Palocci Ministro de Hacienda pudo equilibrar la propuesta para el bando contrario. Al fin y al cabo, concluía Weffort, se trataba de hacer aceptable para los sectores conservadores de la sociedad la revolución democrática que Fernando Henrique representó antes y que Lula representa hoy72. En el país de los excluidos, con los más poderosos encastillados en propiedades protegidas con armas automáticas de combate y alambradas electrificadas, y con millones de pobres e indigentes en lucha diaria por la simple subsistencia, parece lógico que un gobierno de progreso esté precavido contra los peligros que pueden hacer zozobrar el proyecto. Quizá por eso Lula escribió en su Carta ao Povo Brasileiro que “será necesaria una lúcida y juiciosa transición entre lo que tenemos hoy y lo que la sociedad reivindica”. Y que el “nuevo modelo” será fruto de una amplia “negociación nacional”, que debe conducir a una auténtica “alianza por el país”: un nuevo contrato social, capaz de asegurar “crecimiento con estabilidad”73. Como escribía Manuel Castells, amigo personal de Fernando Henrique Cardoso y experto en la realidad brasileña, el reto de Lula era dar garantías a los mercados y al Fondo Monetario Internacional y, al mismo tiempo, responder con rapidez a las enormes expectativas que había generado en una sociedad como la que hemos descrito74. Al decir de José Juan Ruiz, recuperar la estabilidad primero y luego crecer con estabilidad y responsabilidad social. O lo que es lo
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Los documentos, en línea: http://moviments.org/cloc/mst-brasil/. Folha de Sao Paulo, 1.01.2003. Folha de Sao Paulo, 5.10.02. El Periòdic, Barcelona, 8.10.02.
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EL VERDE OLIVA EN DESUSO
mismo, crear la riqueza para luego distribuirla75. Lo que Luiz Werneck Vianna, reconocido profesor del Instituto Universitario de Pesquisas do Rio de Janeiro, ha denominado (recordando el concepto gramsciano de revolución pasiva, una revolución sin revolución) una revoluçao silenciosa, en la que “todo ha cambiado, porque nuestras instituciones surgen ahora como lugares de confianza para la realización de los cambios que la sociedad ha decidido emprender”76. Convencido de que la revolución en estos tiempos de mundialización y de cambios radicales en los patrones productivos no puede ser una revolución de ruptura, el problema reside en quién dirige los cambios para que estos tengan una dirección y un sentido positivos. En consecuencia, el gran desafío es que sean las fuerzas del cambio, las de la mudança, las que dirijan el proceso en términos de los actores políticos, de los programas de gobierno, de los cambios sociales y económicos. Y los siete años de gobierno de Luis Inácio Lula da Silva, aportan motivos para creer que la revolución pasiva a la brasileña, ha puesto en marcha profundas reformas sociales financiadas desde el crecimiento con estabilidad (que es el contenido del que Lula llama nuevo contrato social), liderando un proceso democráticamente revolucionario que pudiera convertirse en referencia para toda la América Latina. Es cierto que el cambio ha sido gradual. Sólo después de tres años en que se aplicaron recetas más conservadoras, que elevaron las tasas de interés al 26.5 por ciento e insistieron en alcanzar un alto superávit fiscal, se relajaron algunas restricciones y se expandió el gasto público, surgiendo el llamado “Programa de Aceleración del Crecimiento”. Pero hoy, el resultado es plausible. La reducción de la inflación anual del 150 por ciento en el año 1986 al 3.6 por ciento en 2007, así como el pago de la deuda externa, representan dos botones de muestra de lo que venimos diciendo. Igual que la duplicación de las importaciones (manteniendo la balanza comercial en un superávit oscilante entre los 30 y los 40 mil millones de dólares), la revalorización del real (de 3 a 1.6 por dólar) y el 6.8 por ciento de crecimiento del Producto Interno Bruto en el año 2008. En medio de una avalancha de inversiones directas entre 2004 y 2008, que ha alcanzado la cifra de 115.000 millones de dólares. Y la diversificación del mercado externo, hoy redistribuido de la siguiente forma: 25 por ciento a América Latina y el Caribe, 23.4 por ciento a la Unión Europea, 18 por ciento a Asia, 13 por ciento a los Estados Unidos y 11 por ciento al Mercosur. Todo lo cual, ha repercutido en la creación de 3 millones de empleos, la subida del salario mínimo de 135 a 415 reales, la salida de la pobreza de más de 16 millones de personas y la incorporación de 10 millones de ciudadanos al contingente de la clase media. Espe-
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Ruiz, José Juan, “No es la revolución, pero da resultados”, Revista Quorum. En línea: http:// www.revistaquorum.es/opinion/jose_juan_ruiz_2.html Werrneck, Luis, “O que modou”. Folha de Sao Paulo, 10.02.2003.
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cialmente importante: el ingreso del 30 por ciento más pobre aumentó 4 veces, mientras que el 10 por ciento con menos recursos aumentó siete77. No hay dudas que el “Proyecto Hambre Cero”, el “Programa Bolsa-Familia”, el “Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Esclavo”, el “Plan Nacional de Reforma Agraria” y la creación del “Fondo de Manutención y Desenvolvimiento de Educación Básica”, el “Programa Universidad para Todos”, han mejorado la calidad de vida de los más desfavorecidos. De la misma manera, que los intentos de revitalización de Mercosur, las alianzas estratégicas con China, Rusia, India, Suráfrica o la Unión Europea, el protagonismo en el G-20, el préstamo de 10 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para formar parte de su sistema de cuotas y de votos, así como la insistencia en reformar el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, muestran un interés por liderar nuevas propuestas de desarrollo e integración regional, así como un orden global más democrático, justo y equilibrado entre las naciones78. Cuatro eventos presidió el presidente Luis Inácio Lula da Silva en el mes de diciembre del año 2008, un momento en que aprovechó para anunciar la creación del Consejo Sudamericano de Defensa, el Consejo Sudamericano de la Salud y la organización de la próxima Cumbre de América Latina y el Caribe. En ningún caso con la presencia de representantes de la Unión Europea, Canadá o los Estados Unidos. Así mismo, la cumbre del Grupo de Río significó el regreso de Cuba al entorno latinoamericano, y allí se consideró la readmisión de la isla en la Organización de Estados Americanos. De visita en La Habana tras el traspaso de poderes a Raúl Castro, Lula manifestó el deseo de levantar el embargo norteamericano y convertirse en el principal socio económico de Cuba, como parte de su idea de una nueva política de Estados Unidos hacia América Latina. Despierta mucho interés en América Latina esa revolución pasiva a la brasileña liderada por Luis Inácio Lula da Silva. Un proceso que, a pesar de los años de gobierno, ha mantenido altas cuotas de popularidad (60.82 por ciento de los votos en la segunda vuelta de las elecciones de 2006), y un exitoso reconocimiento internacional, que le ha valido a Brasil las sedes a la Copa Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016; y a Luis Inácio Lula da Silva el Premio Príncipe de Asturias, el 24 de octubre de 2003.
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Gómez Bruera, Hernán, “Brasil: país goleador”. En línea: http://reformacom.typepad.com/ espacio_e_elector/ Costa, Alcides, “El gobierno de Lula ¿Una nueva política exterior?”, Nueva Sociedad (187), en línea: http://www.nuso.org/upload/articulos/3147_1.pdf
6. El narcotráfico y la democracia en América Latina LEONARDO CURZIO1 CISAN-UNAM2
Cuando el Presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, firmó la directiva 221 de seguridad nacional en el año de 1986, decidió que había llegado el momento de usar todos los recursos del poder para librar una “guerra” contra las drogas. El presidente no pecaba de hiperbólico; estaba decidido a emprender una cruzada contra el tráfico de drogas. La decisión política de ese gobierno republicano de reemplazar la lucha contra el comunismo y sus variantes latinoamericanas por la guerra contra las drogas, no aclaraba la naturaleza del problema; tampoco especificaba cuáles serían las responsabilidades que en esta aventura bélica asumiría Washington y cuáles corresponderían a los gobiernos de América Latina. Se inauguraba así un nuevo capítulo en las relaciones interamericanas, pero los viejos impulsos se mantenían intactos. Los objetivos estratégicos los definía la potencia sin tomar en cuenta las particularidades, por no hablar de las capacidades institucionales, de cada país y manifestaba una vez más su incomprensión por los esfuerzos que la región debía realizar para adaptarse a esas nuevas prioridades. El narcotráfico, definido desde Washington, es un fenómeno que tiende a simplificarse de manera interesada y se presenta ante la opinión pública como unidimensional. Sin embargo, una revisión más detallada del problema nos permite ubicarlo como un proceso complejo y multidimensional que impacta en la economía, la política, las instituciones, la sociedad e incluso la cultura de las sociedades en las que tiene penetración. Cuando Reagan declaraba la guerra sin cuartel contra las drogas, la idea que alentaba su esfuerzo era el grave problema de consumo en el que millones de estadounidenses estaban atrapados. Algunas cifras no oficiales estimaban que el número de consumidores de drogas, en aquellos años, ascendía ya a 23 millones en la Unión Americana y desde entonces no ha dejado de crecer. Las responsables de esta situación eran, según el discurso oficial, las organizaciones
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Leonardo Curzio es investigador titular del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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criminales que importaban a territorio norteamericano las drogas ilícitas y se encargaban también del lavado del dinero que el lucrativo negocio generaba. El narcotráfico como problemática tiene, por lo menos, tres dimensiones: a) Producción, b) Trasiego nacional e internacional y c) Consumo. La palabrería belicista no se dirigía en primera instancia al consumo y la distribución en los Estados Unidos, tema sobre el cual se tiende siempre un tupido velo, sino al primer eslabón de la cadena que no es otro que la producción. El mal provenía como siempre desde fuera y por lo tanto el esfuerzo bélico se debía concentrar en combatir a los productores cuyo principal asiento eran los países latinoamericanos. La ofensiva no comenzaría, sin embargo, en un país productor sino en dos países considerados de tránsito de los cargamentos de droga: Cuba y Panamá. En Panamá, como ya apuntábamos en otro capítulo, se da la primera invasión a un país latinoamericano con la coartada de la lucha contra las drogas. Atropellando los principios básicos de soberanía y jurisdicción territorial, las tropas americanas invadieron al país del canal para cumplimentar una orden de arresto de un turbio personaje que entonces gobernaba Panamá: Manuel Antonio Noriega3. El desembarco de tropas americanas fue accidentado, pero finalmente consiguieron detener a Noriega y llevarlo a juicio a los Estados Unidos, donde fue condenado a una larga estancia en prisión. Más allá de la especificidad del caso panameño, los Estados Unidos mandaban un mensaje claro a todos sus aliados corruptos en el subcontinente, en el sentido de que el tráfico de drogas, tolerado como mal menor durante la guerra fría, ahora sería perseguido sin cortapisas en toda la región. El mensaje fue, como veremos más adelante, comprendido a medias por los cuerpos de seguridad de algunos países. El otro golpe espectacular no derivó en invasión, pero sí en un escándalo de gran impacto mediático. Fue el caso del General Ochoa. La ofensiva de Washington contra las drogas tuvo en Cuba un episodio muy relevante. Desde mediados de la década de los 80, la DEA insistía en que parte de la droga que partía de Colombia con destino a los Estados Unidos, tenía en Cuba un apoyo logístico importante. Los enemigos de Fidel Castro presumían que dado el férreo control que el Comandante tenía sobre todo lo que ocurría en la isla, resultaba increíble que funcionarios de alto rango como Antonio La Guardia, Amado Padrón y Jorge Trujillo estuviesen, como se demostró por la justicia cubana, involucrados en el tráfico de cocaína sin que Fidel estuviese al corriente. Además, en el contexto de una declinante URSS las especulaciones sobre la estabilidad del régimen comunista estaban a la orden del día. En medios políticos se rumoraba que im-
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Para conocer más de este personaje véase Kempe, Frederick: Noriega. México. Grijalbo. 1990.
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portantes jerarcas del régimen pugnaban por una apertura y uno de los que se señalaba era el General Arnaldo Ochoa4. En medio de especulaciones políticas y un entorno geopolítico incierto, el régimen de La Habana enjuició y condenó al paredón a Ochoa. En efecto, el 13 de julio de 1989 un héroe de la Revolución cubana y condecorado por hazañas en África, fue fusilado. La acusación de alta traición a la patria tenía como fundamento el haber traficado, entre otras cosas, con cocaína, operación por la cual según el fiscal cubano Ochoa obtuvo un beneficio de tres millones de dólares. Al general lo vincularon con el poderoso cártel de Medellín y en lo personal con Pablo Escobar. Con el fusilamiento del General, Cuba logró desviar eficazmente las acusaciones de ser un estado promotor del narcotráfico.
UNA GUERRA ¿CONTRA QUIÉN, DÓNDE Y HASTA CUÁNDO? Desde un punto de vista conceptual, cuando se declara una guerra es preciso responder por lo menos a tres interrogantes. El primero es identificar al enemigo, el segundo es ubicar el teatro de operaciones donde se desarrollará la operación bélica y, finalmente, es preceptivo definir el escenario de salida o la definición de victoria, umbral a partir del cual se puede considerar que la guerra se ha ganado. Las primeras formulaciones del gobierno conservador norteamericano dejaban claro que el enemigo no era ni podría ser la propia sociedad norteamericana, que era y es el principal motor de la demanda de drogas. El teatro de operaciones tampoco podían ser ciudades norteamericanas en donde se distribuye la droga con asombrosos niveles de eficiencia. Tampoco se perfilaba una ofensiva titánica contra los paraísos fiscales donde se lava el dinero que los barones de la droga obtienen con el tráfico de estupefacientes. El énfasis se puso, desde la concepción misma de la operación, en combatir la producción de los enervantes en territorio latinoamericano y el trasiego de las drogas hasta las mismas fronteras de la potencia. El enemigo y el teatro de operaciones estaban definidos con claridad, lo cual ha implicado una pesada carga para los gobiernos latinoamericanos que han tenido que agregar a sus procesos de modernización política y reforma económica un esfuerzo creciente para combatir a las organizaciones criminales. Con relativa claridad en los dos primeros puntos aquello que hasta la fecha es un enigma es establecer cuál es el umbral a partir del cual se puede considerar que la guerra contra las drogas puede o no ganarse. En otras palabras ¿cuáles son los parámetros para determinar que el poder del enemigo tiende a declinar?: ¿Una disminución drástica del consumo? ¿Una reducción de la superficie de los
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Sobre este episodio puede verse el libro del periodista Oppenheimer, Andrés, La hora final de Castro, Buenos Aires, Javier Vergara, 1992.
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cultivos? ¿Un proceso de sustitución de las importaciones, como ha ocurrido con la marihuana?5 Esta no es una cuestión menor y en los últimos años ha merecido un relanzamiento analítico por parte de académicos y ex presidentes de repúblicas latinoamericanas, que abordaremos al final este capítulo. Pero volvamos ahora al postulado propuesto por el Presidente Reagan, para adentrarnos a las consecuencias que esta decisión estratégica ha implicado para el subcontinente latinoamericano. El primer enfoque militar consistió en un programa de intercepción de drogas que tenía dos componentes. El primero fue que el Presidente y el Congreso norteamericanos dispusieron la participación militar, para interceptar los cargamentos de droga, tanto en las fronteras marítima y terrestre como en alta mar. El segundo consistió en inducir a los gobiernos de los países latinoamericanos a que involucraran a sus fuerzas armadas en el combate a la producción y distribución de las drogas en sus propios países. Esto significó una redefinición de las misiones de las fuerzas armadas de diferentes países latinoamericanos, que desde la guerra fría se habían convertido en instituciones relativamente cercanas y confiables para la potencia hegemónica.6 El gobierno de Reagan incrementó también las capacidades del FBI, tanto en el número de agentes dedicados a combatir a las nuevas organizaciones criminales como en el reforzamiento de las capacidades legales y operativas de la DEA (Drug Enforcement Agency, organismo encargado del combate a las drogas)7. De igual forma, avanzó una agresiva agenda hacia Latinoamérica que contenía dos grandes líneas de acción. La primera era conseguir que los países latinoamericanos garantizaran la extradición de los llamados capos del narcotráfico para que fuesen juzgados en los Estados Unidos, lo cual, dicho sea de paso, generó una violenta resistencia en especial entre los cárteles colombianos a la que nos referiremos más adelante. La segunda línea fue la instauración de un proceso de certificación, merced al cual el gobierno norteamericano medía el nivel de cooperación de los países en la lucha contra el narcotráfico. El no ser certificado implicaba que los Estados Unidos asumían que el gobierno en cuestión no cumplía con los parámetros que establecía de manera unilateral la potencia. Este instrumento, casi escolar, resultaba profundamente humillante para amplios sectores de la opinión pública y generó un enorme desgaste. Al inicio del siglo XXI, fue reemplazado por un sistema multilateral de evaluación en el marco de la Organización de Estados Americanos.
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Estados Unidos se ha convertido después de México en el principal productor de marihuana. Una buena parte de su consumo es, digámoslo así, producción nacional. No es sorprendente que ante esta nueva realidad la cannabis pueda utilizarse de manera legal (con propósitos medicinales) en estados tan diversos como Alaska, California, Colorado, Hawai, Maine, Maryland, Michigan, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregón Rhode Island, Vermont y Washington. Puede verse el capítulo de Bagley, Bruce: “Los mitos de la militarización. Las fuerzas armadas en la guerra contra las drogas”, en Smith, Peter, El combate a las drogas en América, México FCE. 1992. http://www.justice.gov/dea/index.htm
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Mientras este replanteamiento estratégico ocurría en los Estados Unidos, muchos gobiernos en América Latina minimizaban el impacto que el tráfico de drogas ilícitas había tenido, tanto en la formación de poderosos grupos criminales que controlaban ese comercio como la creciente tensión que el narcotráfico ejercía en sus relaciones con la potencia. Los Estados Unidos, principal consumidor, hacían sonar las alarmas al constatar que los niveles de consumo de drogas ilegales, lejos de declinar, aumentaban especialmente en las generaciones más jóvenes. La droga y su consumo ya no se restringía a un grupo social (los pobres de las ciudades) o un grupo étnico (los chinos con el opio y los mexicanos con la marihuana); los jóvenes wasp (blancos, anglo sajones y protestantes) engrosaban las filas de los adictos de manera exponencial. Para un país que ha cultivado la ideología prohibicionista, por lo menos en los últimos cien años,8 las adicciones a esas sustancias se consideran una desviación imperdonable. Además, la tradición del excepcionalismo norteamericano (ampliamente comentado por historiadores de distintas corrientes) forjó la idea de que el americano era un pueblo elegido y como tal, estaba destinado a edificar una sociedad superior. Este mesianismo colectivo, suponía que ese pueblo era por definición saludable y enemigo de las drogas. Ahora bien, el incremento de los niveles de consumo rompía esa visión idílica y antes de asumir responsabilidades propias, mejor declarar una guerra, en el sentido literal del término, a los países productores y en contra de las organizaciones que traficaban e introducían las drogas a su territorio. Es evidente que otras regiones del mundo, como Asía Central, Turquía o el África del Norte, podían ser señaladas como productoras, pero desde el periscopio del Washington de Reagan, el objetivo de la cruzada era América Latina. Para muchos gobiernos de la región, el tema de las drogas ilícitas no era propiamente una prioridad de su agenda institucional, por dos razones que vale la pena considerar. La primera era que el creciente consumo de drogas por la sociedad norteamericana era percibido como un problema propio de los Estados Unidos y en modo alguno, de los países del sur. Los gobiernos latinoamericanos preferían pensar que en la cadena del narcotráfico que se integra como ya explicábamos por tres grandes procesos: producción, tráfico y consumo, solo los dos primeros eslabones eran de su incumbencia.
LA LECTURA ERRÓNEA: TODO SEGUIRÁ IGUAL En América Latina se producían las sustancias y se exportaban, pero el consenso era que el consumo de las drogas era un tema de la potencia. Muchos gobiernos latinoamericanos, al seguir un razonamiento así, minimizaron el efecto
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Musto, David F: The American disease. Origins of narcotics control, Oxford University Press, 1999.
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que el narcotráfico generaba en sus propias estructuras internas y también, por supuesto, en sus relaciones con los Estados Unidos. El gobierno mexicano, por citar un caso, usaba en su comunicación política la figura del trampolín y la piscina, aseverando que en el comercio de drogas ilícitas México no era más que la plataforma de lanzamiento, pero que el verdadero problema era el consumo de los norteamericanos. Cosa sin duda cierta hasta la fecha, Estados Unidos es el principal mercado de drogas en el planeta y buena parte de ellas se produce y se trafica desde América Latina, pero la texis mexicana llevaba implícita una elusión de responsabilidades directas. Un planteamiento de esta naturaleza dificulta el asumir el problema desde la óptica de la seguridad de los propios estados latinoamericanos. Por la forma en que se desarrollaron los acontecimientos, es posible suponer a título hipotético, que en aquellos años los gobiernos de América Latina supusieron que la problemática de la producción de drogas, su tráfico y consumo, se iba a mantener en los mismos parámetros de los años anteriores y que el modus vivendi que habían encontrado los gobiernos con los criminales iba a permanecer 9 y que Washington sabría aceptarlo, como lo había hecho en el pasado, cuando su prioridad era confrontar en todos los espacios al comunismo en todas sus variantes. Es probable que su valoración fuese errónea, pero también es posible que el propio cúmulo de intereses creados en torno a las drogas y su comercio, les impidiera captar en toda su magnitud el cambio de prioridades que la potencia planteaba a la región. El comunismo, en nombre de cuyo combate se habían justificado graves violaciones a la legalidad y los derechos humanos, así como los negocios turbios que incluían narcóticos y pactos políticos con los criminales, iba de salida y en el nuevo contexto la persecución de narcos se convertiría en la prioridad más importante. El pacto de convivencia entre gobiernos y criminales dedicados al tráfico de la droga y al contrabando permitió que los gobiernos no se emplearan demasiado en el combate a la producción de drogas, ni tampoco en combatir su exportación. Los beneficios económicos en algunas regiones de México, Colombia, Perú y Bolivia, por citar algunos, justificaban que los cuerpos de seguridad e incluso las fuerzas armadas (que en muchos casos recibían beneficios directos) toleraran ese comercio al que le daban incluso un tono patriotero, al proclamar que después de todo las drogas iban a intoxicar a la juventud norteamericana. En los primeros años de la década de los 80, América Latina era un subcontinente dominado por dos grandes nudos problemáticos: la transición política y la deuda externa, que tal vez por su dimensión, ocultaban la creciente importancia de otros fenómenos como el narcotráfico, que aparecería en las siguientes déca-
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Es importante subrayar que la tesis de Luis Astorga es que por lo menos en el caso de México el narcotráfico creció par a par con el sistema político de la Revolución. Ver Astorga, Luis, El siglo de las drogas, México, Plaza y Janés, 2005.
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das con enorme fuerza, desafiando a las nacientes democracias e incluso escalando peldaños hasta convertirse en el primer tema de la agenda de seguridad de la región.
EL ADELGAZAMIENTO DEL ESTADO Una de las consecuencias más directas de la crisis de los años 70 y 80 en América Latina, fue que los Estados entraron a una situación delicada, ya que por razones diferentes y con lógicas muy distintas, fueron señalados como los responsables de haberla provocado. El modelo de desarrollo económico impulsado en muchos países desde el final de la Segunda Guerra Mundial se basaba, entre otras cosas, en un proteccionismo comercial acentuado y una importante participación de estado en la economía, tanto como propietario como gran regulador. El estado como gran agente económico, era acusado desde la perspectiva de los economistas liberales de ser el progenitor de la grave crisis financiera, que llevó a las economías de la región a una situación muy cercana a la bancarrota. El estado, argumentaban, debía reducir su tamaño y sus funciones, a través de un proceso de privatización de empresas públicas. Una segunda recomendación es que se despojara progresivamente de sus capacidades regulatorias, a fin de permitir al mercado y a los agentes privados realizar sus actividades sin la interferencia de los entes y agencias gubernamentales. A este proceso se le llamó genéricamente: desregulación. En resumen, la recomendación avalada por el FMI era: adelgacen al Estado. A esta poderosa corriente ideológica se unían involuntariamente otras voces que desde el ámbito político democratizador y progresista esgrimían la crítica a las dimensiones del estado con una visión muy distinta a la de los liberales. Los estados autoritarios, con grandes presupuestos para las Fuerzas Armadas y enormes capacidades políticas y policíacas para el control de los ciudadanos, debían también someterse a un proceso sistemático de adelgazamiento para permitir que la democracia arraigara en la región. La demanda era, en síntesis, adelgazar un estado interventor en la economía y reducir las dimensiones de un estado capaz de interferir en la vida de los ciudadanos y violar incluso sus derechos fundamentales. La década de los 80 está dominada por la voluntad de conseguir la reducción del estado y sus capacidades. La tercera ola democratizadora, como la ha llamado Huntignton10, encuentra al subcontinente en este contexto ideológico y con una grave crisis de sustentabilidad de su modelo económico. La enorme dependencia de las finanzas internacionales de las economías latinoamericanas, (en especial Brasil y México) provocó niveles de endeudamiento colosales que llegaron a colapsar económicamente a los gobiernos de varios países. La estabilización de la macroeconomía
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Huntington, Samuel, La tercera ola, Barcelona, Paidós.
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de la región, a través de los planes de choque auspiciados por el FMI, a pesar de ser muy impopulares políticamente, rindió sus frutos al equilibrar las finanzas públicas y estabilizar las tasas de inflación y América Latina entraba al siglo XXI con una economía estable en sus grandes magnitudes y un crecimiento importante en algunos sectores productivos. Es más, como lo ha acreditado la CEPAL, se registraron también progresos en materia de reducción de la pobreza (salvo en Paraguay) que la última crisis del 2009 está deteriorando notablemente, pero eso no es tema que ahora podamos desarrollar. América Latina iniciaba el siglo XXI con una amplia mayoría de países con economías reestructuradas y con Estados redimensionados, y para completar, el cuadro en la mayoría de ellos se celebran periódicamente elecciones libres y se rigen por gobiernos constitucionales. Lo que no han conseguido las naciones de la región (salvo excepciones como Chile) es consolidar un Estado lo suficientemente fuerte para imponer el imperio de la ley. En efecto, las democracias latinoamericanas con economías abiertas al exterior han conseguido modernizar en parte los sistemas sociales, pero han sido poco eficaces para modernizar su aparato administrativo y sus sistemas de procuración de justicia. Las nacientes democracias latinoamericanas no heredaron cuerpos profesionales de policía (salvo el cuerpo de Carabineros en Chile). Algunos de ellos han tenido la cooperación directa de la Policía Nacional de España, como Guatemala, para garantizar la operación de una policía eficiente en un contexto democrático, pero sus problemas estructurales les han impedido consolidarse como cuerpos estables y confiables. Muy pocos países han conseguido llevar a buen puerto reformas policíacas que permitan el funcionamiento de cuerpos de seguridad con niveles mínimos de integridad y eficiencia y con respeto a los derechos humanos y a los procedimientos legítimos en un sistema constitucional. Una buena parte de los sistemas de justicia de la región, incluidos los tribunales, heredan las perversiones del antiguo régimen y las transformaciones no se han dado al mismo ritmo que las reformas económicas y políticas. Poderes judiciales con debilidades enormes y cuerpos de seguridad proclives a la corrupción y a la violación de derechos humanos, son dos elementos fundamentales para entender por qué las democracias latinoamericanas tienen tantos problemas para establecer el imperio de ley como norma que regula la convivencia. Muchos países (como Colombia o México) enfrentan ahora elevados (en algunos casos intolerables) niveles de violencia cuyo origen no es político sino delincuencial. De manera simultánea, estos países sufren un incremento apreciable del poder económico y corruptor de los grupos criminales, que hace más vulnerable aún la estructura estatal concebida para enfrentarlos. En otras palabras, la capacidad de las democracias para generar orden dentro del marco constitucional es extraordinariamente débil. Ahora bien, para entender las razones por las cuales en dos décadas el fenómeno delincuencial (tanto en su expresión organizada como la criminalidad atomizada, es decir, sin una organización o estructura que la vertebre) ha adqui-
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rido tales proporciones en la región, es necesario entender que se trata de una convergencia de problemas estructurales con un nuevo contexto de creciente demanda de drogas ilícitas y facilidades tecnológicas para que los productos (legales o ilegales) y las personas (buenos ciudadanos o delincuentes) se desplacen con mayor facilidad que antaño. Los problemas estructurales de la región, lejos de inhibir comportamientos criminales, se convierten en factores de riesgo que son aprovechados por las organizaciones criminales para incrementar su capacidad de penetración social. Los problemas estructurales se ubican en primera instancia en la falta de oportunidades de desarrollo individual. Esta crisis de expectativas impulsa a muchos jóvenes a seguir la vía de la ilegalidad como un mecanismo de movilidad social y progreso económico. La pobreza y la desigualdad no explican por sí mismas la criminalidad y la violencia, pero es claro que una estructura social con tantas diferencias es un caldo de cultivo para que cada vez un mayor número de jóvenes abrace la cultura de la violencia y del narcotráfico como modo de vida. Esta situación explica el porqué entre amplias franjas de la población que vive en la favelas brasileñas o en los suburbios de alguna gran capital latinoamericana, no arraigue con facilidad una cultura de la legalidad, es decir, aceptar el imperio de la ley como norma de convivencia y rechazar otras formas de intercambio con los grupos que operan al margen de la legalidad11. Además de los factores señalados, existen otros componentes del problema que vale la pena considerar en forma resumida y son los siguientes: demanda de drogas global, una débil estructura para frenar el lavado de dinero, débil control sobre el tráfico de armas ligeras, un fenómeno de pandillerismo típico de las grandes ciudades y la inmigración12, una cultura de la violencia centenaria, desigualdad social, un sector informal de la economía que convive de manera creciente con la ilegalidad, niveles elevados de corrupción en los ámbitos policiaco y político, poderes judiciales débiles, ausencia de la cultura de la legalidad, los pactos entre políticos y criminales y la emergencia de la narcopolítica. La agenda pública de América Latina se ha concentrado, desde 1995, en dos temas principales que de manera sistemática figuran en las encuestas en los primeros lugares de las preocupaciones ciudadanas. El primero ha sido el de las oportunidades de empleo y tal vez en términos más amplios, la ausencia de una genuina política de cohesión social. El segundo ha sido la delincuencia. En el año 2009, siete países de América Latina ubicaron a la delincuencia y la seguridad pública como el problema más grande del país. Éstos son Venezuela, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Uruguay, Chile y Guatemala. Seis países
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Véase el interesante estudio de Naim, Moses, Ilícito, México, Debate, 2006. Diaz, Tom, No boundaries. Transnational Latino Gangs and America Law enforcement, Lansing, The University of Michigan Press, 2009.
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ubicaron el desempleo como su principal problema, entre ellos destaca el Paraguay, seguido por Ecuador, Colombia, Perú, Argentina y Bolivia. Dos países: Nicaragua y México, ubicaban los problemas económicos en primer lugar y en el caso de México, la seguridad pública figura en un consistente y muy relevante segundo lugar desde hace varios años. Sólo un país, Honduras, sacudido por el derrocamiento de Manuel Zelaya, ubicó su principal problema en el ámbito de la política. La preocupación ciudadana por la seguridad pública y la delincuencia se ha multiplicado de manera alarmante. En efecto, si en 1995 solamente figuraba en el 5 por ciento de las menciones como el principal problema de la región, pasó a ubicarse en el 20 por ciento en el año 2009. Una multiplicación por cuatro en menos de tres lustros. El problema atañe a toda la región, sin embargo, es preciso decir que no es una situación homogénea, tiene una distribución desigual en los distintos países. El porcentaje de ciudadanos que respondieron en 2009 que la delincuencia era el problema más importante del país es, según el Latino Barómetro como sigue:
Porcentaje de ciudadanos que ubican la inseguridad pública como el principal problema de su país Venezuela 55 por ciento, Panamá 45 por ciento, El Salvador 32 por ciento, Argentina 21 por ciento, México 18 por ciento, Ecuador 13 por ciento, Brasil 6 por ciento.
Crisis de confianza en las instituciones La falta de resultados efectivos en materia de seguridad pública y protección de las personas ha incrementado la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones de la democracia. Los resultados del informe 2009 de la corporación Latino Barómetro13 nos permiten identificar que las instituciones con mayor nivel de confianza entre los ciudadanos no son aquellas que representan a los gobiernos democráticos. Las instituciones con mayor credibilidad entre los ciudadanos son la Iglesia y los medios de comunicación. La Iglesia, por ejemplo, goza de elevados niveles de confianza: casi siete de cada 10 latinoamericanos confía en ella. Después vienen los medios de comunicación, a los que encabeza la radio, seguida por la televisión y los diarios. En un segundo grupo, podemos ubicar a las fuerzas armadas y los bancos, con niveles de confianza ligeramente inferiores al 50 por ciento. En la parte baja, entre las instituciones que mayor desconfianza generan, se colocan las instituciones representativas de la democracia y de manera muy señalada el Congreso o Parlamento. Los partidos políticos gozan de un amplio descrédito y ocupan
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www.latinobarómetro.org Informe 2009.
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el último lugar en la escala, precedidos por los sindicatos. El desprestigio de la democracia aparece correlacionado con dos instituciones clave para proveer seguridad y certeza jurídica: la policía y el poder judicial.
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Instituciones y confianza ciudadana (porcentaje de ciudadanos que las menciona): Iglesia 68, Radio 56, Televisión 54, Diarios 49, Fuerzas Armadas 45, Bancos 44, Policía 34, Parlamento 34, Poder judicial 32, Sindicatos 30, Partidos políticos 24. La democracia en América Latina no ha conseguido, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras regiones del planeta, equipararse con un sistema de gobierno eficaz para proteger a los ciudadanos frente a las amenazas de los criminales. No es este un matiz o una diferencia menor y así lo reflejan los estudios de opinión pública. Existe un contraste muy fuerte entre aquellas libertades, derechos y oportunidades que la democracia ofrece y aquellas que no parece estar en condiciones de ofrecer. En el citado estudio del Latino Barómetro, queda claramente establecido que las libertades religiosas o las de naturaleza política, están razonablemente garantizadas en la percepción de los ciudadanos con porcentajes superiores al 60 por ciento en promedio. Las garantías que ofrece la democracia, empiezan a decrecer cuando dejamos los capítulos civiles y políticos y nos internamos en las garantías sociales y económicas. La certeza jurídica y la igualdad de oportunidades parecen más distantes. Resulta consistente con los datos que analizábamos antes que el indicador más bajo se ubique en la protección contra el crimen. Tan sólo el 25 por ciento de los latinoamericanos cree que la democracia, como sistema de gobierno, ofrece una protección sólida contra el crimen14.
EL ESTADO INFILTRADO Como hemos visto hasta ahora, la debilidad de las democracias ha sido su incapacidad de ofrecer seguridad a los ciudadanos. La desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia es producto de una larga tradición de cohabitación, o de abierta infiltración, de las autoridades con diversas manifestaciones del crimen organizado. No es posible en esta materia hacer una generalización, pero si es posible en unos cuantos trazos ubicar las coordenadas del problema. El vínculo de las estructuras gubernamentales con el crimen organizado puede tener, según los especialistas en la materia, cinco niveles que por supuesto plantean desafíos diferentes.15 El primero es aquel que consiste en actos esporádicos de corrupción a policías, para desarrollar alguna actividad ilegal. El segundo nivel supone ya un carácter sistemático, al incorporar a policías o funcionarios de bajo nivel en las nóminas del crimen organizado, para garantizar la continuidad de sus operaciones. Ese tipo de arreglo es frecuente cuando el
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Idem. Buscaglia, Edgardo; Gonzalez Ruiz, Samuel y Ratliff, William, Undermining the foundations of the organized crime and public sector corruption. Essays in public policy, Stanford University. Hoover institution. Number 114. 2005.
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desarrollo de las redes criminales supone el cruce de una frontera internacional. El tercer nivel supone la infiltración de funcionarios de nivel medio, tanto en el gobierno como en el aparato judicial, para impedir el correcto funcionamiento de las instituciones. En este nivel, el crimen organizado recibe información permanente sobre las estrategias gubernamentales y las capacidades operativas del estado. El cuarto nivel de infiltración supone ya el que las cabezas de las policías o las agencias encargadas de enfrentar el fenómeno delictivo, están controladas por algún grupo criminal, como ha ocurrido en México, el Perú o Paraguay. Consideremos el caso de México, por la importancia que en su momento tuvo el personaje y los niveles de vinculación que en algún momento llegó a tener con los servicios de inteligencia norteamericanos. Durante la administración del presidente Zedillo (1994-2000), en México el combate a las drogas se convirtió en una prioridad. Una de las innovaciones en el plano de la cooperación con los Estados Unidos fue la creación de un Grupo de contacto de alto nivel en el que participaban los procuradores de justicia de los dos países y las cabezas de las agencias encargadas de la lucha contra el crimen organizado. En el plano nacional, el gobierno de Zedillo creó un Instituto Nacional para el combate a las drogas y el frente del mismo fue nombrado un general de división del ejército, llamado José de Jesús Gutiérrez Rebollo. Gutiérrez Rebollo fue bautizado por la prensa como el zar antidrogas. Era un hombre con rostro duro y su cabeza calva resultaba muy atractiva para los fotógrafos e incluso para los cineastas (un personaje de la película “Tráfico” se inspira precisamente en él). En poco tiempo, ocupó las primeras planas de los diarios por sus declaraciones categóricas y directas y poco a poco fue ganando la confianza de sectores de la opinión pública en México y los Estados Unidos, pero en febrero de 1997 el zar era detenido y acusado de tener vínculos con el cártel de Ciudad Juárez, que capitaneaba un narcotraficante mítico, Amado Carrillo Fuentes, apodado “el Señor de los Cielos”. La protección de Gutiérrez Rebollo a Carrillo Fuentes le permitió controlar la estratégica plaza de Ciudad Juárez, plataforma fundamental para el contrabando de drogas, armas y personas, desde y hacia la Unión Americana y que en los últimos años se ha convertido en la ciudad más insegura y violenta del planeta. Gutiérrez Rebollo fue encarcelado en un penal de máxima seguridad, pero la credibilidad del gobierno mexicano para evitar la penetración de los criminales en los altos círculos del estado quedaba en entredicho. De hecho, la tesis sostenida por Luis Astorga para explicar el fenómeno del narcotráfico en México parecía comprobarse, y es que más que una penetración en el sentido de infiltración, el tráfico de drogas en México estuvo supeditado desde sus inicios a poderes políticos regionales. Esta caracterización es importante para entender las rela-
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ciones que el gobierno autoritario mexicano mantuvo con el crimen organizado y los graves problemas que se han recrudecido con la alternancia en el poder16. Volvamos ahora a nuestra tipología. Finalmente tenemos el quinto nivel de infiltración, que supone el control por parte de los grupos criminales de los procesos de hechura de políticas públicas para enfrentar el crimen, la confección de leyes e incluso la toma de decisión en el poder judicial. En este último nivel de infiltración, los grupos criminales interfieren a través de la financiación de campañas electorales o a través de acuerdos económicos con el aparato del estado. Éste es, hoy por hoy, el escenario más preocupante que enfrenta América Latina. El poder económico del narcotráfico es enorme. Según datos de la ONU, el mercado de las drogas en los Estados Unidos es cercano a los 82 mil millones de dólares17. Es un enigma por despejar en qué sistema financiero puede procesarse una cantidad similar de dinero sin que despierte sospechas, pero lo que resulta cada vez más evidente es que ese dinero busca penetrar el sistema político, para obtener protección para el desarrollo de sus negocios y para conseguir una salida para blanquear su patrimonio. Una de esas salidas es el otorgamiento de obras públicas, como ha sucedido en Italia. Pero volvamos al tema más general. En los últimos años, ha sido frecuente encontrar en medios de comunicación cada vez más artículos que abordan el nexo crimen organizado/política. En las campañas políticas mexicanas el tema está presente como amenaza latente por lo menos desde 1994, cuando algún periodista americano aseguró que dinero de los carteles colombianos se había infiltrado en la campaña política del Partido Revolucionario Institucional.18 En muchas regiones del país, el narcotráfico ha ganado espacios territoriales que solo se pueden entender con la complacencia o abierta colaboración de los gobiernos municipales y probablemente estatales. De hecho, el gobernador del Estado de Quintana Roo, Mario Villanueva, fue procesado (y permanece en prisión) por vínculos con organizaciones criminales. En otros países, como Colombia, estos escándalos también han sido frecuentes. El más conocido fue sin duda el de Ernesto Samper, quien negó tener conocimiento de que el dinero del crimen organizado había llegado a las arcas de su campaña. En otros países, como Perú y el Brasil, se han documentado también episodios de infiltración del dinero negro a la política. Muchos países han tomado muy en serio este tema y lo ubican como un riesgo de lenta maduración, que debe mantenerse bajo observación con medidas de fiscalización cada vez más rigurosas,
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Astorga. Luis, Seguridad, Traficantes y militares, México, Tusquets, 2007. Informe Mundial sobre las Drogas. 2009. UNODC. Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. ONU. Este tema se desarrolla en Curzio, Leonardo, “Crimen organizado y financiamiento de campañas políticas en México”, en Bailey, John y Godson, Roy, Crimen Organizado y gobernabilidad democrática, México, Grijalbo, 2000.
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porque no es aventurado suponer que su expansión podría significar un riesgo de gobernabilidad global de un país. Es difícil establecer que, hoy por hoy, existan en la región “narcodemocracias”. Lo que sí es posible identificar cada vez con contornos más claros, es aquello que Juan Gabriel Tokatlián llamó las narcocracias regionales, es decir, un poder regional establecido abiertamente o camuflado, dotado de un gran poder económico, con diversas configuraciones de apoyo social y generador de una subcultura de la violencia y el miedo y con voluntad de asumir el control del poder político para imponer su hegemonía y su control territorial19.
LA CULTURA La extensión del fenómeno del narcotráfico en diversos países de la región no solamente ha dejado impronta en los sistemas político, económico e institucional. También tiene manifestaciones culturales que merecen consideración analítica. El narco ha logrado acuñar una estética característica, tanto en los hombres como en las mujeres. El uso de joyas ostentosas y vehículos de tipo militar es frecuente. No son personajes discretos, les gusta ser anfitriones de fiestas pantagruélicas amenizadas por grupos musicales que cantan corridos y otras variantes regionales, que en muchos casos hablan de sus proezas de bandoleros y sus enfrentamientos con las fuerzas del estado y los oficiales americanos. La cultura del narco ha dejado de ser una expresión marginal y es cada vez más visible y consumida por sectores que sin tener un vínculo con el narcotráfico, gustan de esas expresiones. El narcotráfico ha logrado también en algunas regiones fundirse con las tradiciones de bandolerismo social, tan difundido en zonas de Colombia y México, y es innegable que ha conseguido respaldo social de campesinos que se integran a una cultura de la resistencia. Una cultura que no solamente explica, sino que legitima el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad del Estado. Otro aspecto importante del narcotráfico es que ha generado una cultura ligada a sus valores. Hay una religiosidad ligada a los narcotraficantes. La madre de Escobar, por ejemplo, acudía semanalmente a una iglesia en Medellín, en donde practicaba de manera ostentosa la cristiana caridad. La cultura de violencia y la muerte convive con manifestaciones de devoción intrigantes, como se refleja en la película La Virgen de los Sicarios (el guión es de Fernando Vallejo) o con el desarrollo de figuras de culto como Jesús Malverde, llamado el santo de los narcos, cuya capilla está en el estado mexicano de Sinaloa. En las zonas urbanas en donde crece la economía de la ilegalidad (contrabando, piratería, etc.), se ha introducido el culto a la Santa Muerte.
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Tokatlian, Juan Gabriel, Drogas, dilemas y dogmas, Bogotá, TM Editores, 1995, p. 67.
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La cultura “narca” se manifiesta en la forma de vestir; en la música hay toda una pléyade de grupos que cantan como trovadores las hazañas de los criminales y tienen gran éxito en amplios sectores de la población. Una novela de Yuri Herrera narra las vivencias de un músico al servicio de un narcotraficante.20 De hecho, una de las polémicas más importantes de los últimos tiempos consiste en determinar si es lícito que un estado democrático prohíba la transmisión por medios electrónicos de ese tipo de baladas, canciones o corridos, por hacer apología del delito. La cuestión sigue abierta en muchos países. También existe una corriente literaria importante que ha elegido al narco como tema y han conseguido crear un subgénero de la novela negra. Entre los escritores más reconocidos, figura el mexicano Elmer Mendoza21, el colombiano Fernando Vallejo. El español Arturo Pérez Reverte exploró el género y escribió La Reina del Sur22. Más recientemente, el escritor norteamericano Don Winslow publicó El poder del perro, una novela negra cuyo protagonista es Art Keller, un agente antinarcóticos de la DEA23.
EL PLAN COLOMBIA El país que más ha sufrido el impacto del narcotráfico es Colombia. Una nación que ha servido de laboratorio a muchas otras y que ha sido el espacio para el despliegue más importante de recursos y de voluntad política de Washington para enfrentar el problema en conjunto con el gobierno de Bogotá. En efecto, la operación más importante realizada por los Estados Unidos en un país latinoamericano en los últimos años es el Plan Colombia. Éste fue diseñado durante la administración de Clinton en los Estados Unidos y la presidencia de Andrés Pastrana en Colombia. El objetivo más visible (no el único) era combatir el poder de las organizaciones criminales, para desafiar al Estado y debilitar la simbiosis de narcotráfico y guerrilla que representaban las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, mejor conocidas por sus siglas, las FARC. El grupo guerrillero colombiano nace en 1964 en pleno apogeo de la guerra fría. Su líder y fundador, Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo”, militó en las filas del Partido Comunista y en sus orígenes fue una organización de corte marxista leninista cuyo objetivo era defender a las comunidades rurales. El movimiento no es atípico en la historia de Colombia, país que registra diversos movimientos que oscilan entre la reivindicación popular y justiciera y el bandolerismo puro. Entre 1965 y 1980, las FARC llegaron a contar con tres mil elementos activos, pero a diferencia de otras organizaciones de corte izquierdis-
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Herrera, Yuri, Trabajos del Reino, Cáceres, Periférica, 2008. Mendoza tiene varias novelas. Véase por ejemplo: Mendoza, Elmer, Balas de plata, Barcelona, Tusquets, 2007. La novela fue publicada por el sello Alfaguara y ha sido objeto de varias ediciones. Publicada en Barcelona por Random House. 2009.
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ta que con el declinar de la URSS se debilitaban en todo el subcontinente, las FARC, por el contrario, se fortalecían en la década de los ochenta. En 1984, el gobierno de Belisario Betancourt firmaba un precario acuerdo para la desmovilización de los activos militares de las FARC e intentaba, por esa vía, atraer a los inconformes a la arena política. El esfuerzo fue vano en la medida en que otro campo gravitatorio atraía a todos esos cuadros y milicianos bien adiestrados en el uso de las armas y conocedores de la geografía colombiana. Ese factor atractivo era el narcotráfico. En esa misma etapa de la historia de Colombia, los grandes barones de la droga habían conseguido ya no solamente una gran implantación territorial en el campo colombiano, tenían también un considerable poderío económico con el cual habían penetrado a los cuerpos de seguridad del Estado e incluso al sistema político. El famoso narcotraficante Pablo Escobar, fundador del Cartel de Medellín y fuente de inspiración para diversas películas, inició su carrera política en Medellín, ciudad de la que llegó a ser Teniente Alcalde y logró llegar a ser diputado al Congreso de su país en 1982. Pablo Escobar no es el único responsable de la espiral de violencia que marcó la vida de ese país en aquellos años, pero no hay duda de que es quien mejor representa el ascenso y la cultura de las organizaciones criminales latinoamericanas. En los ochenta, la presión de los criminales sobre el sistema político se hacía por la vía del dinero, tema que revisamos en una sección anterior, y por la violencia. Los asesinatos de políticos y jueces se convirtieron en moneda corriente en la Colombia de aquellos años, el más significativo de todos fue el del candidato presidencial Luis Carlos Galán, quien iba a la cabeza de las preferencias electorales en 1989. Las elecciones presidenciales de 1990 dieron la victoria a César Gaviria, cercano colaborador de Galán, y el pulso entre los criminales y el estado colombiano llegaba a su punto culminante. Por un lado, los criminales, encabezados por Escobar, se resistían a ser extraditados a los Estados Unidos. Para los narcotraficantes colombianos la posibilidad de enfrentar a las autoridades norteamericanas, crecientemente involucradas como lo apuntábamos en el primer apartado en la lucha contra esas organizaciones, significaba una complicación insalvable, por eso proclamaban, con un dejo de patrioterismo, que más valía una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. La realidad es que la ventaja comparativa de incluso operar sus negocios desde las cárceles colombianas, como de hecho lo hizo el propio Escobar cuando se entregó a la justicia de su país en 1991 y pasó poco más de un año en prisión hasta que decidió abandonarla, era un secreto a voces. Algo similar ocurrió en México en 2001, cuando se da la alternancia en el poder, el jefe del llamado Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, decidió salir de la prisión federal en la que se encontraba, cuando las nuevas autoridades restringieron su capacidad de dirigir su organización criminal desde su celda. La gran diferencia estriba en que Escobar murió abatido en 1993, al año de abandonar la prisión y el sinaloense, al momento de escribir estas páginas (2010), sigue en calidad de prófugo. Pero volvamos a Colombia.
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Las FARC tienen una deriva criminal que explica su auge en el ocaso de la guerra fría. En los años noventa llegaron a contar con 10 mil efectivos en 70 frentes distribuidos en todo el país, es decir, tres veces más que en los años de apogeo del insurreccionismo latinoamericano. Su implantación en un amplio territorio del país, explica la razón por la cual el gobierno de Andrés Pastrana apostó por un proceso de paz negociado en 1998 y reconoció el control efectivo de las FARC en un área de 42 mil kilómetros cuadrados, a la que se nombró “la zona de despeje.” En 2002, Pastrana daba por terminado el proceso de paz, argumentando que Marulanda no había cumplido (los secuestros, entre otros el de la famosa Ingrid Betancourt, no habían cesado) con su palabra. A partir del 2002, el Presidente Álvaro Uribe cambió la estrategia de la negociación por la confrontación directa y a los antiguos guerrilleros los etiquetó como terroristas, en consonancia con el auge de la amenaza terrorista islámica y decidió pasar a la ofensiva dentro y fuera del territorio colombiano. En 2008, el gobierno de Uribe liberó a Ingrid Betancourt en una operación casi cinematográfica y poco tiempo después decidió atacar de manera directa un campamento ubicado en Ecuador, en el que dormía en aquel momento Raúl Reyes, principal líder de la organización tras la muerte de “Tirojifo”. Para muchos observadores, este episodio marca el principio del fin de las FARC. La complicada situación colombiana a lo largo de los 80 reforzaba, en las oficinas de Washington encargadas de enfrentar el flagelo de las organizaciones criminales, la idea de que militarizar la lucha contra las drogas era la solución más directa para doblegar a los narcos. Por supuesto que esa militarización iba de la mano de una asistencia y colaboración (los más ingenuos la consideran desinteresada) de la DEA y los servicios de inteligencia americanos. En este marco conceptual nace el llamado Plan Colombia, que es hoy por hoy el modelo de cooperación más estrecho que los Estados Unidos han establecido con algún país latinoamericano. La idea central que alentaba el plan era la de la responsabilidad compartida. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos asumía que las graves amenazas que enfrentaba el estado colombiano eran producto, en gran medida, de la enorme demanda de estupefacientes que exigía el mercado norteamericano. El plan, en principio, reconocía que el combate a la producción suponía una importante inversión para reconvertir a los campesinos colombianos que cultivaban droga y ofrecerles alternativas viables de desarrollo económico. El Plan Colombia estaba dotado de un presupuesto millonario, superior a los 10 mil millones de dólares y un amplio despliegue de asesores militares, para reforzar las capacidades del estado colombiano de combatir a los narcotraficantes. Las estimaciones del gobierno colombiano es que el Plan Colombia fue un éxito, ya que permitió la erradicación de cultivos de drogas en cerca de 800,000 hectáreas. Se interceptó droga por un valor estimado de 17 mil millones de dólares y además se garantizó que el gobierno colombiano extraditara a 362 delincuentes a la Unión Americana. Otros efectos benéficos del plan, esgrimidos por el propio
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gobierno de ese país, son la disminución de la violencia y la modernización de las Fuerzas Armadas, sobre todo en el fortalecimiento de sus sistemas de comunicación y generación de inteligencia para destruir las bases de operación del narcotráfico24. En 2007, el Plan Colombia fue reemplazado por la estrategia de fortalecimiento de la democracia o seguridad democrática como se le conoce en el lenguaje periodístico, establecida por Álvaro Uribe y que ha cosechado hasta ahora un éxito importante y es decapitar a las FARC y demostrar los apoyos que éstas recibían de los gobiernos de Ecuador y principalmente de la Venezuela de Hugo Chávez.
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Puede consultarse www.dnp.gov.co
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LA INICIATIVA MÉRIDA Los problemas estructurales de Colombia permanecen a pesar de los éxitos conseguidos por el gobierno de Uribe en desmembrar a la FARC, pero lo que es muy claro es que el foco de atención se ha desplazado de ese país sudamericano a México. Desde el 2005 a la fecha, México se presenta en los medios de comunicación global como el principal frente de batalla en el combate a las drogas. Las razones de este protagonismo se explican por la vecindad con los Estados Unidos. Las ciudades mexicanas con mayor violencia (Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo) son fronterizas. El gran negocio que supone el mercado de las drogas en Estados Unidos, sigue siendo un poderoso motor para el funcionamiento de las organizaciones criminales. El deterioro de la vida cotidiana en esas ciudades fronterizas y el espeluznante número de asesinatos registrados, obligaron a los gobiernos de los dos países a desarrollar un mecanismo de atención que reconociera la corresponsabilidad de ambos, tanto en las causas que provocan el problema como en la adopción de soluciones para superarlo. Ese instrumento se llamó “la Iniciativa Mérida” y fue firmado por los gobiernos de Estados Unidos y México, para reforzar la cooperación en el combate al narcotráfico y la aprobación de un presupuesto de mil millones de dólares a cargo del contribuyente norteamericano para reforzar las capacidades del estado mexicano y diluir así el fantasma de un “estado fallido” en la frontera sur. La Iniciativa Mérida no tiene los alcances del Plan Colombia porque en un país con una larga tradición nacionalista antiamericana, resulta inviable proponer el que asesores militares norteamericanos operen en territorio mexicano por lo menos de manera abierta. Tampoco es sencillo imaginar que un ejército como el mexicano, tradicionalmente distante del americano, pudiese tener los espacios de confianza mutua suficientes para interactuar de manera parecida a como lo hicieron los colombianos. La iniciativa en cuestión es un paso intermedio entre el Plan Colombia y una cooperación bilateral, sin ninguna corresponsabilidad precisa en la que cada país se hace cargo de su casa. México y Washington pactan destinar apoyos económicos para fortalecer las capacidades del estado mexicano y de esa manera corresponsabilizarse de un problema de grandes magnitudes25. Distraer dinero del contribuyente norteamericano para apoyar los esfuerzos del gobierno mexicano no puede interpretarse como un acto altruista. Los Estados Unidos ayudan cuando consideran que su círculo de intereses vitales está en riesgo, como sucedió en 1994 con el préstamo para reflotar la economía mexicana. La formulación del entonces Presidente Clinton fue: ayudémoslos porque está en la lógica de nuestro interés que nuestro flamante socio comercial no se hunda, cuando días antes había sido presentado en la Cumbre de las Américas de Miami de 1994 como
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Para conocer los detalles de la iniciativa puede verse www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/ SPE-CI-A-02-08.pdf
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el modelo a seguir por todos los países del continente. El apoyo de Clinton se hizo bajo la lógica del interés nacional y no hay razón para suponer que la Iniciativa Mérida (salvando las distancias) no se haga bajo las mismas premisas. México es una país con una presión enorme por el poder de las organizaciones criminales que operan en su territorio y los Estados Unidos estiman que si la violencia se sale de control, podría enfrentar una crisis de gobernabilidad seria que pondría en riesgo sus intereses. El sistema de seguridad mexicano padece de un grave déficit de credibilidad y una débil coordinación interna. Aunque en los últimos años no ha tenido un escándalo de las dimensiones de Gutiérrez Rebollo, los niveles de infiltración del narcotráfico en altos niveles de decisión ha sido una constante y no se ha conseguido “blindar” a los cuerpos de seguridad, que periódicamente enfrentan escándalos de corrupción de alguno de sus funcionarios. Tampoco se ha conseguido detener la hemorragia de militares y funcionarios entrenados y capacitados en operaciones especiales, para engrosar las filas de los brazos armados de los carteles. La Iniciativa aporta dinero para reducir el impacto de estos problemas estructurales. La rotación de cuadros en el aparato de seguridad y la baja profesionalización de algunos sectores de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), explican en gran medida que los espacios de construcción de confianza para mantener políticas de largo aliento sea débil y si alguna vez se construyen puentes más o menos sólidos, muy pronto algún “topo” es descubierto y se cancela así el camino andado y de allí a empezar de nuevo. Esa es la tragedia del estado mexicano, que al igual que Sísifo, cada vez que se acerca a su meta, regresa al inicio. Con dinero del contribuyente americano, las agencias de seguridad mexicanas han adquirido también helicópteros, aviones y equipos de comunicación, para mejorar el intercambio de información de inteligencia. México reconoce en los hechos al aceptar ese dinero que no puede contener el problema con sus propios recursos y depende del esfuerzo fiscal de sus vecinos26. La Iniciativa Mérida plantea, en resumen, un esquema novedoso cuyo eje es la corresponsabilidad, lo cual es bastante más amable y civilizado que el modelo aplicado en Panamá o las presiones ejercidas con el esquema de la certificación en los últimos años del siglo pasado, pero en el fondo el paradigma y la gran estrategia se lleva desde Washington y por ello es importante escuchar las voces que desde diferentes playas piden un nuevo paradigma para atender el problema.
DROGAS Y DEMOCRACIA: ¿UN CAMBIO DE PARADIGMA?
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Una aproximación académica exhaustiva se encuentra en Velazquez, Rafael y Prado, Juan Pablo, La iniciativa Mérida ¿nuevo paradigma de cooperación entre México y Estados Unidos en seguridad?, México, UNAM, 2009.
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Para concluir este capítulo, vale la pena retomar el diagnóstico que un grupo de notables ha hecho público después de realizar un balance muy detallado de lo que han sido estos años de combate a las drogas en la región. Un balance que aspira a incidir en el debate público norteamericano, con la esperanza de que la administración de Obama pueda cambiar el enfoque con el que tradicionalmente Washington ha enfrentado el problema. La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia es un órgano presidido por tres expresidentes latinoamericanos que tuvieron una experiencia directa en el diseño e instrumentación de una política de contención del fenómeno criminal. Uno de ellos es César Gaviria de Colombia, el segundo es Fernando Henrique Cardoso del Brasil y el tercero es Ernesto Zedillo de México. La comisión la integran otros distinguidos intelectuales, como Mario Vargas Llosa, Moisés Naim y Tomás Eloy Martínez, entre otros. En 2008 la citada comisión emitió un documento, cuyo eje era constatar que el paradigma dominante de combate a las drogas, basado en la prohibición del consumo y la represión de la producción de enervantes que ha inspirado la estrategia desplegada en toda la región desde Reagan hasta Bush, no ha arrojado en el balance final resultados positivos. Que tres ex presidentes de tres países tan importantes en esta materia como Colombia, Brasil y México afirmen con rotundidad que, con la perspectiva que dan los años, es posible comprobar que los estados enfrentan una guerra que han perdido de antemano, resulta por decir lo menos inquietante. El documento no se queda en el enunciado general, señala que las políticas desplegadas no han surtido el efecto esperado de reducir la producción, el contrabando y la producción, sino que paradójicamente han alejado al continente del objetivo de erradicar las drogas. América Latina, después de más de dos décadas de combate frontal al narco incluso con fuerzas armadas, sigue siendo el principal productor de cocaína y marihuana del planeta y empieza a destacar como productor de drogas sintéticas. Esta descomunal producción de enervantes ha provocado un aumento del poderío de las organizaciones criminales que, o bien corrompen a jueces, funcionarios y políticos, o bien desafían violentamente al estado, confrontando en las calles o en los campos a las fuerzas de seguridad, generando situaciones de violencia extremas en algunas regiones. La importancia del citado documento no estriba en la precisión de su diagnóstico, sino en la propuesta de romper con el paradigma impuesto por Washington y reconocer los fracasos de las políticas vigentes y abrir la reflexión para replantear un nuevo paradigma. Las resistencias ideológicas y políticas son enormes. La administración Obama no ha dado ninguna señal hacia el exterior de que vaya a revisar el modelo heredado de las administraciones anteriores y en los países latinoamericanos el debate se abre con alguna fuerza y se discute la posibilidad de legalizar el consumo de algunas drogas, pero todos los gobiernos de la región reconocen que despenalizar el consumo es una medida que no puede adoptar unilateralmente un país, debe ser un esfuerzo regional.
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No es contundente la evidencia que sustenta la hipótesis de que la despenalización de ciertas drogas disminuye el poder de los delincuentes. Hay otras resistencias en el sistema internacional que dificultan que en el corto plazo se dé un giro a la forma de enfrentar el problema. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sostiene que si bien se debe introducir un nuevo enfoque para enfrentar el narcotráfico y sus efectos, no se deben sacar conclusiones apresuradas. La ONU mantiene una prudente reserva sobre los efectos benéficos que la legalización del consumo de ciertas drogas podría tener, tanto en los niveles de consumo como en el impacto de la violencia criminal27. El debate está abierto y mientras se adopta un nuevo paradigma, millones de personas en todo el planeta seguirán consumiendo drogas con independencia del discurso prohibicionista y sanitario. Esos millones de consumidores mantendrán vivo un mercado que funciona corrompiendo y sobornando agentes aduanales y policías que custodian las puertas de entrada a esos países. Mientras más férreos sean los controles, más caro será el precio a pagar por los consumidores últimos. En este contexto, será difícil convencer a un campesino boliviano o peruano que siembre acelgas en lugar de hoja de coca, aunque su valor sea diez veces inferior. Como difícil será convencer a un policía de Río de Janeiro que se niegue a recibir miles de dólares por no obstruir el comercio de las drogas en Copacabana. Más difícil aún será imaginar que los barones de la droga renuncien a ganancias millonarias y se conviertan en buenos especuladores en las bolsas de valores. En resumen, la llamada guerra contra las drogas es una guerra sin conclusión previsible si se mantienen las condiciones actuales. Es una guerra que ha debilitado el tejido social y el vigor de las jóvenes democracias latinoamericanas.
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Véase UNODC: Informe Mundial sobre las drogas. 2009.
7. DEMOCRACIA Y APARTHEID SOCIAL EN SOCIEDADES FRAGMENTADAS1 WALDO ANSALDI2 Universidad de Buenos Aires, Argentina
A Mariana, por las lecturas compartidas Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar desde la retaguardia, por tierra y por mar. Joan Manuel Serrat, Disculpe el señor.
BREVE INTRODUCCIÓN En las transiciones de dictaduras a democracias políticas producidas en América Latina en las décadas de 1980 y 1990, la gran novedad fue la renuncia a transformaciones radicales. A diferencia de los sesenta y comienzos de los setenta, en la década de 1980 la revolución se diluyó como posibilidad, aun cuando Nicaragua y El Salvador aparecieron como ratificación (a la postre, también relegada) de ella. A su vez, tanto las experiencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y del Ejército de Liberación Nacional, en Colombia —más ajustadas al modelo “clásico” de las guerrillas sesentistas—, cuanto la muy peculiar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en México, no constituyen efectivas alternativas de poder, más allá de su innegable efecto político en el interior de sus respectivos países. De un modo muy significativo, Norbert Lechner desarrolló la proposición del pasaje de la demanda de revolución, en los años 1960-1970 a la demanda de democracia en los ochenta3. Se puede coincidir o no con el argumento de Lechner, pero es
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En este capítulo se exponen resultados parciales alcanzados en la ejecución del Proyecto S 057, “Condiciones sociohistóricas de la democracia y la dictadura en América Latina, 1954-2010”, financiado por la Programación Científica 2008-2010 de la Universidad de Buenos Aires. Retomo en cierta medida lo ya sostenido en mis trabajos citados en la Bibliografía. Investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), del cual es Director. Es profesor titular consulto de Historia Social Latinoamericana y del Taller de Investigación de Sociología Histórica de América Latina en la misma Facultad. Lechner, Norbert, “De la revolución a la democracia”, artículo del cual hay varias ediciones en castellano. Puede verse, entre otras, en Leviatán, nº 21, Madrid, otoño 1985; en La Ciudad Futura, n° 2, Buenos Aires, octubre de 1986, pp. 33-35; en Síntesis, nº, 1, Madrid, 1987, pp. 3-20,
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innegable que, en efecto, esto ha ocurrido en las agendas política e intelectual. La historia reciente nos coloca en una situación de encrucijada que requiere centrar la discusión sobre la viabilidad de la democracia en América Latina, desde una perspectiva diferente a la considerada en los últimos años. Hoy está claro que la democratización iniciada hacia 1978-1980 sólo está compuesta, en la mayoría de los casos, de elementos formales, importantes, pero no sustantivos. Esta proposición no implica un juicio de valor acerca de ella. Es una mera constatación empírica, que no desconoce la existencia de una cuestión clave, cuyo tratamiento escapa a los límites aquí disponibles: la relación entre democracia y capitalismo. Es poco el avance en la dirección de repensar a la democracia, sustantivamente, en el contexto de incorporación de América Latina a la mundialización neoliberalconservadora. También, en los efectos perversos de la licuación del ciudadano en simple votante, la crisis de representatividad, la ineficacia de instituciones claves de la democracia política representativa, el nexo Estado-empresarios y en las posibilidades, con fortalezas y debilidades, de formas embrionarias de democracia participativa, para citar apenas algunas cuestiones. En la América Latina de hoy, la desigualdad —mucho más que la pobreza— es la nota dominante, no sólo por la carencia de recursos económicos. Es claro que ella atenta contra la construcción de regímenes democráticos. Este capítulo ofrece un panorama general de la situación de la democracia y la desigualdad social en la América Latina del tiempo presente, pero no espere el lector / la lectora encontrar en él un tratamiento particularizado de todos los países. Algunos de ellos son tratados con algún detenimiento al sólo efecto de aportar evidencia empírica a la argumentación4.
UNA CONCEPTUALIZACIÓN Y UNA CONTEXTUALIZACIÓN DE LARGA DURACIÓN “Hablar de democracia es siempre intelectualmente riesgoso”, ha escrito Tomás Moulian. Implica “entrar en un campo de lucha político-teórica donde se disputa por la interpretación de ciertas prácticas sociales y por construir sus conceptos”5. Es un “riesgo intelectual” cuya asunción es imperiosa. Para concretar el desafío hay que unir inescindiblemente las perspectivas teórico-conceptual
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y en el libro de su autor, Los patios interiores de la democracia, Santiago de Chile, FLACSO, 1988, pp. 21-43. Los lectores interesados en un panorama que, amén de lo general, analice situaciones particulares, pueden consultar Waldo Ansaldi, director, La democracia en América Latina, un barco a la deriva, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007, pp. 529-572. Moulian, Tomás, “La política y los claroscuros de la democracia en América Latina”, El Debate Político. Revista Iberoamericana de Análisis Político, Año 1, Nº 1, Buenos Aires, verano, p. 61.
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e histórico-empírica, proposición de enunciado fácil y rápido, más de concreción compleja y larga. Las democracias realmente existentes hoy en América Latina tienen una historia que es, a la vez, breve y larga. La de su construcción es una historia que comienza con la ruptura del nexo colonial, entre 1804 (independencia de Haití) y 1824 (batalla de Ayacucho), pero el empuje inicial fue ocluido, para reaparecer luego con intermitencias y lejos de la invocación radical primigenia. Fue un proceso incluido dentro de uno mucho más amplio, el de formación de nuevas sociedades. Este proceso se resolvió, hacia fines del siglo XIX, bajo la forma de revolución pasiva dependiente, modernización conservadora dependiente o dialéctica de modernización de lo arcaico-arcaización de lo moderno, según se opte por decirlo en términos de Antonio Gramsci, Barrington Moore o Florestan Fernándes, respectivamente. Los diferentes constructores del orden político poscolonial invocaron, en ocasiones, a la democracia, pero, en rigor de verdad, para las clases propietarias —llamémosle burguesía, terratenientes, grandes propietarios, como se quiera—, para las clases que detentaban el control de la economía y aspiraban a alcanzar y ejercer el poder político, la primera preocupación, más allá de las palabras y de las invocaciones, era la construcción de un orden político centralizado, férreo, jerárquico. El orden antes que la democracia, el orden incluso antes que el progreso. De allí que los grupos sociales dominantes —incluso los más claramente burgueses— actuaran, durante el siglo XIX, conforme el patrón de construir prioritariamente un Estado y relegar a un plano secundario la efectiva construcción de una experiencia liberal-democrática. Una estrategia tal no podía menos que producir la supremacía estatal sobre la sociedad o, si se prefiere emplear los términos de José Murilo de Carvalho, de la estadanía sobre la ciudadanía. En el siglo XX, esa estrategia generó la matriz que Marcelo Cavarozzi llamó estado-céntrica. Bien mirada la historia, es evidente que la democracia —representativa, liberal, burguesa o capitalista, como se quiera— fue una idea importada por grupos por lo general nada o escasamente burgueses, que trataron de acomodarla, donde y toda vez que fue posible, a la cerrada defensa de sus intereses y/o privilegios, justamente los mismos que en Europa habían constituido, como agudamente observara Sérgio Buarque de Hollanda, el centro de la lucha de la burguesía contra la aristocracia. El drama de América Latina es que la democracia burguesa, proclamada como objetivo, ha carecido de su supuesto sujeto principal, la burguesía democrática. El gran sociólogo histórico Barrington Moore sostenía que una burguesía urbana “vigorosa e independiente ha sido un elemento indispensable en el desarrollo de una democracia parlamentaria. Sin burguesía no hay democracia” [liberal]6. Empero, la cuestión es más compleja,
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Barrington Moore. Jr., Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia, Barcelona, Ediciones Península, 1973, p. 359.
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porque, históricamente hablando, no es cierto que la burguesía fue, es o debe ser constitutivamente democrática. De hecho, a escala planetaria, la construcción de regímenes políticos burgueses democráticos no ha sido la regla. El mismo Moore ha mostrado elocuentemente la existencia de las que llamaba vía revolucionaria (democrática) y vía reaccionaria (fascista) a la construcción de la dominación política en sociedades capitalistas. En todo caso, acoto, en América Latina la dictadura ha sido la forma por excelencia de la dominación burguesa y la democracia, la forma por excelencia de la rebeldía popular. Desde poco tiempo después de la ruptura de la dominación colonial —cuando los grupos con aspiraciones de poder que tenían como mentor a Jeremy Bentham derrotaron a los que se inspiraban en Jean-Jacques Rousseau—, el dilema entre conflicto con libertad u orden sin libertad se resolvió en favor de la segunda opción. La libertad y la igualdad cedieron ante la reivindicación de seguridad (para la propiedad y los propietarios), la autoridad y el orden. Ese dilema ha reaparecido hoy, con mucha fuerza, en buena parte de las sociedades de la región y no son pocos los que vuelven a optar, como en el pasado, por el orden sin libertad. La democracia es un régimen político que, en sociedades divididas en clases como las nuestras, es una forma de la dominación político-social de clase. El contenido y los mecanismos de esa dominación difieren según la clase, e incluso la fracción de clase, que detenta el poder. Recuperar la dimensión de clase de la democracia —casi abandonada por completo en la actualidad— es una tarea fundamental, si se quiere ir más allá de la apariencia fáctico-empírica. Como José Nun escribiera en algún momento, si se abstraen las clases en la teorización de la democracia, se prescinde de un hecho fundamental. Se trata de una observación importante, pues la construcción de un régimen político democrático, que conlleva otra constitución, la de los derechos de ciudadanía, es una historia signada por confrontaciones expresivas de conflictos sociales de distinta intensidad. Por cierto, marcar la centralidad del conflicto significa resaltar la importancia, dentro de él, de los antagonismos, las oposiciones y contradicciones en el seno de una sociedad. Pero también hay que prestar atención a la práctica y el desarrollo de la política —a los modos de “hacer política”—, en tanto condición necesaria de la democracia. Las clases dominantes y sus elencos políticos del siglo XIX defendieron y practicaron una concepción que hacía de la política una cuestión reservada a minorías ilustradas y ricas que se autoadjudicaron su supuesto derecho de tal ejercicio. Así, a despecho de la retórica del constitucionalismo, la forma oligárquica de ejercer la dominación se extendió por casi toda América Latina. El concepto de revolución pasiva, de Antonio Gramsci, calza perfectamente para explicar los acuerdos de cúpula y su contraparte, la ausencia de las masas, para resolver el problema de las clases propietarias para construir el orden. Las clases populares —a las cuales, sostenían los liberales, había que educar, como condición necesaria, con antelación al otorgamiento pleno de los derechos de ciudadanía— participaron, no obstante, de la política. Pero participación en
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la política no fue (ni es) necesariamente igual a ser parte activa en la toma de decisiones políticas. Y si de democracia se trata, esta es una condicio sine qua non. Seguramente, en las condiciones objetivas y subjetivas existentes en las sociedades latinoamericanas del siglo XIX, las clases populares —de haber podido hacerlo— habrían votado por candidatos conservadores, habida cuenta del peso de condicionamientos materiales y mentales heredados de los tiempos coloniales e incrementados en los poscoloniales: propiedad latifundista de la tierra, caudillismo, paternalismo, clientelismo, peso de la religión, papel de la Iglesia, cultura política escasa o nulamente democrática (que las repúblicas acentuaron) y, después de la ruptura del nexo colonial, el militarismo. Tampoco hay que olvidar la violencia del enfrentamiento entre distintas fracciones de las clases propietarias por la construcción del nuevo orden, muestra de sus dificultades para resolver la conflictividad mediante la lógica de la política. La primacía de la lógica de la guerra, en cambio, obturó o hizo muy difícil la necesaria unidad para ejercer el poder. Las clases propietarias, sus fracciones con aspiraciones a ser dominantes —casi nunca dirigentes (uso la distinción gramsciana)— no pudieron, no supieron y tal vez no quisieron construir un orden sobre la base del consenso, construcción que sólo puede hacerse a partir de la admisión del disenso, sin olvidar que consensuar exige ciertas condiciones materiales y culturales, condiciones que estuvieron ausentes en la casi totalidad de los países latinoamericanos. Por añadidura, la historia de América Latina ofrece, a lo largo del siglo XIX, múltiples ejemplos de situaciones en las cuales las políticas liberales —sobre todo si ellas afectaban los intereses materiales de la Iglesia Católica— tuvieron como grandes contradictoras a las clases populares. En el caso de las sociedades con fuerte presencia indígena, tal hecho fue notorio y reiterado. Y no se explica tan sólo porque las políticas liberales arrasaban con sus comunidades. No se entiende esta participación al lado de los conservadores si no se presta atención al peso lapidario de las mentalidades modeladas por tres o cuatro siglos de dominio ideológico de la Iglesia Católica. La educación para la servidumbre, a la que se le dio primero fundamento religioso —la voluntad de Dios—, tuvo después un principio secular, supuestamente científico, encarnado en el positivismo. Con fundamento religioso o con fundamento secular, el resultado fue el mismo: los indígenas, los afroamericanos, los pobres (cualquiera fuese su condición étnica), las mujeres habían nacido para ser objeto de dominación. Adicionalmente, en la América Latina independiente, la dinámica de la conflictividad política interna generó una asociación clave para construir órdenes políticos y sociales conservadores, jerárquicos, antidemocráticos: la de la Iglesia y el Ejército, ambas, instituciones jerárquicas, verticales. No fue por azar que Costa Rica y Uruguay, países usualmente considerados expresión paradigmática de democracia política (aunque el calificativo merece ser acotado históricamente), hayan sido casos de ruptura de ese vínculo tan terrenal.
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Dos de las preguntas que guían mi investigación sobre las condiciones sociohistóricas de la dictadura y la democracia en América Latina son: 1) ¿cómo —en el proceso de construcción del primer orden poscolonial o independiente— se gestaron, sobre la base de precondiciones generadas durante la dominación colonial, las condiciones que imposibilitaron la constitución de regímenes políticos democráticos burgueses?, y 2) ¿cuándo hay condiciones de posibilidad para construir democracia como régimen político? La segunda es, a priori, más fácil de responder: cuando existen fuerzas sociales con la capacidad y la voluntad de proponerla como proyecto colectivo. Pero, claro, esto es algo que hay que verificar empírica, históricamente, en cada caso. Las respuestas a esas dos preguntas nos permiten, contrario sensu, explicar las condiciones de realización del autoritarismo, la dictadura, la dominación oligárquica. Pero ambas son claves para responder a una tercera pregunta, inspirada en una preocupación similar de Edelberto Torres-Rivas: ¿cuándo y cómo comenzaron a gestarse efectivamente, en América Latina, las precondiciones, primero, y las condiciones, luego, para el establecimiento de sociedades democráticas? Brevemente dicho, entiendo que la construcción de la democracia es un proceso histórico complejo que, en nuestra región, produjo regímenes políticos estructuralmente débiles. Ese resultado obliga a prestar atención a condiciones sociohistóricas múltiples y no sólo a las relativas al procedimiento. Metodológicamente, entonces, es necesario integrar tres dimensiones de la democracia: la social, la política y la histórica. “La conjunción de estas dimensiones es lo que permite observar el grado en que la democracia constituye una formación histórica que ha penetrado en la sociedad (clases sociales) y en el Estado (régimen político)”, para decirlo en los términos de Jorge Graciarena7. En el marco espacial de este capítulo sólo puedo dejar planteadas las preguntas y señalar que las respuestas a ellas son condición necesaria para explicar el coeficiente histórico8 que condiciona la construcción de la democracia en el
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Graciarena, Jorge, “La democracia en la sociedad y la política. Apuntes sobre un caso concreto”, Varios Autores, Los límites de la democracia, Buenos Aires, CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 1985, vol. 2, p. 192. Coeficiente histórico es un concepto acuñado por el sociólogo polaco Piotr Sztompka reuniendo seis presupuestos ontológicos: 1) La realidad social no es fija sino un proceso dinámico. Más que existir es acontecer, siendo el tiempo un factor inmanente de la vida social. Todo cuanto ocurre, cómo y por qué ocurre y los resultados que produce, depende del tiempo en el que acontece y de su ubicación en la secuencia procesal. 2) El cambio social es una confluencia de múltiples procesos con varios vectores que, en distinta medida, se solapan, convergen, divergen, se apoyan o destruyen mutuamente. 3) La sociedad no es percibida como una entidad, objeto o sistema, sino como “una red fluida de relaciones, dominadas” por díadas antagónicas: tensión o armonía, conflicto o cooperación. 4) En cada proceso social, la secuencia de sucesos es tratada de forma acumulativa, de modo tal que cada fase del mismo es considerada como un resultado acumulado o un punto de llegada de todas las formas anteriores y, simultáneamente, germen, “empapado de potencial” o punto de partida de las fases por venir. En cada momen-
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entre siglos XX y XXI. Para explicar, en definitiva, porque, hoy, las democracias realmente existentes en América Latina son mayoritariamente democracias de pobres, en lo económico-social, y pobres, en lo político. Son dos déficits que encorsetan —y en el límite ocluyen— la construcción de la democracia, incluso en su forma liberal. Pero más serio y grave que esa doble pobreza está el hecho de que tales democracias rigen políticamente sociedades brutalmente desiguales, muy por encima de los valores de desigualdad consustancial de las sociedades capitalistas desarrolladas. Y éste es el problema central a resolver, pues sin reducir sustancialmente la desigualdad (toda vez que en el capitalismo es imposible su abolición definitiva), no hay democracia posible, cualquiera sea el adjetivo que ésta tenga.
DEMOCRACIAS FORMALES Entre 1978 y 1982, con los procesos en Ecuador, Perú y Bolivia, se abrió en América Latina una singular etapa —para la mayoría de los países, sin precedentes— de continuidad jurídico-política asociada a la primacía de la democracia política liberal. Esa permanencia ha sido celebrada y a menudo es considerada como continuidad de la democracia. Empero, conviene hacer algunas precisiones: continuidad jurídico-política no es sinónimo de estabilidad política ni, mucho menos, de afirmación democrática. De hecho, en buena parte de la región se han producido importantes crisis que incluso terminaron con gobiernos, pero no interrumpieron —a diferencia del pasado— la continuidad jurídicopolítica. Tampoco, salvo el caso de Honduras, los regímenes democráticos se han interrumpido. No se interrumpieron, pero la continuidad no significa necesariamente robustecimiento de la democracia. De hecho, se trató de un proceso de transición a la democracia desde —salvo México— situaciones de dictaduras, en su casi totalidad institucionales de las Fuerzas Armadas, cuando no Estados Terroristas de Seguridad Nacional. Dichas transiciones adquirieron diferentes formas, según los casos. Así, dos de ellas fueron por colapso de las dictaduras (Bolivia, Argentina), tres tuvieron un notorio
to histórico existe “un campo determinado de oportunidades, posibilidades, opciones para el curso futuro del proceso, delimitadas significativamente por la totalidad del curso pasado del proceso”. 5) El proceso social es una construcción, una creación de agentes humanos, individuales o colectivos, mediante sus acciones. Cada fase es producto de las acciones realizadas por individuos, colectividades, grupos, movimientos sociales, etc. y, al mismo tiempo, ofrece un conjunto de oportunidades, recursos, facilidades —“materias primas”— para que los sujetos construyan la realidad social. 6) Los hombres y mujeres no construyen la sociedad según les place, “sino sólo en circunstancias estructurales heredadas del pasado, esto es, construidas por sus predecesores, a su vez igualmente constreñidos”. Hay, pues, “una dialéctica de la acción y de las estructuras, en la que las acciones son parcialmente determinadas por las estructuras anteriores y las estructuras posteriores son producidas por las acciones anteriores” (Sztompka, Piotr, Sociología del cambio social, Madrid, Alianza Editorial, 1995, p. 236).
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y decisivo carácter pactado (Brasil, Chile, Uruguay), otras tres se iniciaron en contextos de guerra civil (El Salvador, Guatemala, Nicaragua), una resultó de un realineamiento en el interior del partido gobernante, desplazando al jefe que ejercía la dictadura pero manteniendo al partido en el poder (Paraguay), y otra, también excepcional, desde una situación de partido hegemónico (México), para citar sólo una decena de casos. Construidas a partir de la precariedad, treinta años después, las democracias latinoamericanas son, en su mayoría, si no en su totalidad, todavía pobres, de baja intensidad. La precariedad no refiere sólo a condiciones estructurales —economías dependientes, muchas de ellas con industrias devastadas por gobiernos que aplicaron políticas del Consenso de Washington, y sociedades fragmentadas, desiguales en la distribución de los ingresos y la riqueza—, sino también políticas, campo en el cual se aprecia la pobreza de las democracias realmente existentes, las cuales son, en buena medida, sólo electorales, procedimentales, con partidos políticos crecientemente alejados de sus representados y una ciudadanía en la que, a menudo, crece la apatía y el abstencionismo. Mirada desde una perspectiva meramente institucional, la apariencia muestra, a lo largo de las dos últimas décadas del siglo XX y los primeros años del XXI, una consolidación de la democracia. Pero se trata sólo de una formalidad: hay elecciones periódicas, en muchos casos limpias y transparentes, si bien todavía persisten mecanismos clientelares e incluso casos como el del sonado fraude en las elecciones presidenciales peruanas de 2000, o el triunfo bien amañado de Jean-Armand Aristide, en Haití, entre otros; hay alternancia de partidos en el ejercicio del gobierno, incluso en México, donde la hegemonía absoluta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se había prolongado a lo largo de siete décadas, configurando lo que algunos han llamado una “dictadura perfecta”; las fuerzas armadas no tienen injerencia en las decisiones políticas o, donde aún poseen alguna, tienden a subordinarse al poder civil —tendencia visible, no exenta de dificultades, hasta en Chile, donde todavía se asiste a un proceso inconcluso de transición de la dictadura a la democracia, y Paraguay— y los golpes de Estado al estilo clásico no parecen probables o resultan muy difíciles de sostener, al menos en el corto plazo. No obstante, ni una ni varias elecciones sucesivas, incluso limpias y más o menos transparentes (la cuestión del financiamiento de las campañas electorales suele ser un elemento que opaca la transparencia), alcanzan para definir como democrático a un régimen político. La división de poderes está estatuida constitucionalmente en todos los países, pero ella no es necesariamente respetada, y los avances del Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial son una constante en buena parte, sino la mayoría, de ellos. Por añadidura, hay casos en los cuales la administración de la justicia está o ha estado altamente subordinada a los intereses políticos gubernamentales). Se aprecian también situaciones de generalizada inobservancia de las disposiciones legales, tanto en materia de derechos cuanto de deberes. El presidencialismo se ha acentuado por doquier, en algunos casos (Argentina, Perú) reforzado
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por la introducción de la cláusula constitucional que permite la reelección inmediata y por la consagración del poco republicano procedimiento de los “decretos de necesidad y urgencia” que puede promulgar el presidente. La ciudadanía política es prácticamente universal, pero en la práctica se asiste a una licuación del ciudadano en mero votante, cuando no en abstencionista, siendo la abstención una de las manifestaciones de la creciente apatía política o del rechazo a las formas predominantes de hacer política. Los derechos de ciudadanía social han sido arrasados, y conculcados muchos de los derechos civiles. Otra acción corrosiva de las democracias latinoamericanas actuales es la ejercida por la corrupción estructural. En rigor, no se trata de una novedad producida en la década de 1990: ella existe desde mucho antes, siendo, incluso, socialmente aceptada y practicada (dentro de ciertos límites: evasión impositiva, coima a policías, conexiones clandestinas a servicios de agua, luz, teléfono, televisión por cable, por ejemplo), alcanzando niveles excepcionalmente altos ya no sólo en los casos clásicos de la Colombia dominada por el narcotráfico, el México hegemonizado por el PRI y el Paraguay stronista, sino también en Nicaragua, Argentina, Bolivia. Lo novedoso de la década de 1990 fue la expansión y la mayor visibilidad de la corrupción estructural, a las que no son ajenos los procesos de privatización de empresas estatales —un traspaso de riqueza del Estado al sector privado—, campo más que propicio para la apropiación ilegítima de recursos monetarios. Según los Informes Latinobarómetro de 2007, 2008 y 2009, el problema de la corrupción experimentó una cierta mejoría, si bien sigue siendo un dato alarmante la falta de equidad tanto en la aplicación y en la obediencia de las leyes como en la fiscalidad. Así, la percepción de progreso en la disminución de la corrupción: pasó de 27 por ciento en 2001 a 13 por ciento en 2009. En esos tres años, 38-39 por ciento de los encuestados en toda Latinoamérica observó una mejoría en el caso de las instituciones estatales. Uruguay, con 56 por ciento, y Argentina, con sólo 13 por ciento se ubicaron en los extremos de la escala. A su vez, el informe 2009 de International Transparency —que califica la percepción de la corrupción según una escala que va de 0 (altamente corrupto) a 10 (altamente limpio)— muestra que en 2008 los dos países latinoamericanos mejor ubicados —Chile y Uruguay (compartiendo la posición con Francia, y por encima de España y Portugal)— se encuentran en el 23er lugar, con 6.9 puntos (en términos absolutos mejoraron respecto de mediciones anteriores), que no es una mala calificación9. Luego, salvo Puerto Rico (5.8) y Costa Rica (5.1), los demás países de la región tienen calificaciones inferiores, que van de 4.3 a 1.4, nota ésta de Haití, uno de los cuatro países del mundo percibido como más co-
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Según dicha organización, los países percibidos como menos corruptos del mundo o, contrario sensu, más honestos son, compartiendo el primer lugar, Dinamarca, Nueva Zelanda y Suecia, con 9.3 puntos. Les siguen Singapur, con 9,2, Finlandia y Suiza, ambos con 9.
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rrupto, según dicha organización. Ésa acota: “La pobreza no siempre arrastra a un país a una espiral negativa de malas prácticas de gobierno y privaciones económicas (…) [Algunos] países como Bután, Botswana, Cabo Verde, Chile, Jordania, Uruguay y ciertas islas del Caribe, pese a tener ingresos bajos, continúan presentando niveles relativamente bajos de corrupción percibida”10. Más allá de los las objeciones que suelen recibir los informes de esta organización, lo cierto es que los efectos corrosivos de la corrupción son amplios: se sienten en la economía, privando de recursos al Estado, distorsionando el mercado y operando como un impuesto regresivo; en la política, restando credibilidad en los políticos, los gobernantes y las propias instituciones; en la sociedad, minando el acatamiento de la legalidad y las redes de cooperación y solidaridad; en la cultura, generando prácticas y opiniones permisivas de las “bondades” de la venalidad y negativas sobre la “estupidez” de la observancia de los deberes, las que devienen tradición y refuerzan la continuidad de la corrupción y dificultan la lucha contra ella. La corrupción dentro de (o tolerada por) los niveles más altos del Estado alienta su práctica en todos los escalones de la burocracia y en la propia sociedad. La ausencia de líneas directrices para la lucha frontal contra la corrupción, por parte de la cúpula del poder, no hace más que alimentar su práctica en los escalones subalternos. La extensión de la corrupción estructural no es ajena a la pérdida de credibilidad en los políticos, en los partidos políticos, en los gobernantes, en las instituciones estatales en general, comenzando por el Congreso y la justicia, y, en el límite, en la propia democracia, al menos en América Latina, la mayoría de cuyos países carece de tradiciones democráticas sólidas y temporalmente amplias. En el caso de los partidos, esa carencia de credibilidad es inseparable de su creciente crisis de representatividad. La cuestión no afecta sólo a organizaciones y a políticos tradicionales: de hecho, la mayor extensión de la corrupción se observa tanto en los casos de presidentes pertenecientes a partidos tradicionales (tales, Carlos Andrés Pérez, en Venezuela, Carlos Menem, en Argentina, y Carlos Salinas de Gortari, en México), cuanto en los de reales o supuestos outsiders de la política (casos de Fernando Collor de Melo, en Brasil, Alberto Fujimori, en Perú, Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad, en Ecuador). Un buen número de dirigentes sindicales —los históricos casos del charrismo mexicano, la burocracia sindical argentina, el peleguismo brasileño lo prueban— aparece asociado, desde largo tiempo atrás, a la corrupción estructural. Aunque menos aludida, también debe tenerse muy en cuenta a la corrupción de empresarios y gestores de operaciones financieras.
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Transparency International, Informe global de la corrupción 2009. Corrupción y sector privado, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Ciudad del Cabo, Singapur, São Paulo, Delhi, Cambridge University Press, 2009, p. 237. En línea: http://www.cooperativa.cl/prontus_nots/ site/artic/20090923/asocfile/20090923191535/ipc2009_9.pdf
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Bien mirada, la extensión de la corrupción no es un dato explicable sólo por razones propias de cada sociedad. La corrupción incluye, como es obvio, la vinculación entre dos o más partes (quien solicita la coima y quien la acepta; quien la ofrece y quien la recibe). Muy a menudo, una de esas partes está representada por personeros de empresas extranjeras. Tal situación se suma a un contexto que expone a las democracias latinoamericanas a intensa doble presión, una endógena, la otra, exógena. La segunda proviene de la política exterior norteamericana, especialmente orientada en dirección belicista e intolerante después del 11 de septiembre de 2001. Se expresa de diversas maneras, pero siempre con grosería, que llegó a harto grosera en los casos de Venezuela y Bolivia. Pero aquí y ahora me interesa destacar el papel de la presión endógena, pues remite a los sujetos sociales y políticos principales a la hora de resolver la construcción de un régimen político. Las burguesías ya han dado muestras de desdén por la democracia si ella atenta contra sus intereses inmediatos, como lo prueban elocuentemente los casos de Venezuela (tanto cuando el abortado golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, en abril de 2002, cuanto el lock-out de diciembre del mismo año).y Honduras, con el exitoso golpe que destituyó al Presidente Manuel Zelaya Rosales, en junio de 2009. La ya aludida pérdida de credibilidad en los partidos y en las instituciones es una constante en las mediciones registradas en los últimos años. En efecto, varias y sucesivas encuestas de opinión pública constatan que los partidos políticos, los jueces (o la justicia), los políticos y los dirigentes sindicales gozan del menor grado de credibilidad. En el año 2007, la confianza en los partidos se situaba en una media del 20 por ciento, con Venezuela y Ecuador en los extremos (un 36 por ciento en el primer caso y un 8 por ciento en el segundo), según consta en el Informe Latinobarómetro de ese año. La misma fuente consignaba que “la crisis de los partidos políticos dura ya una década y abarca una gran parte de la transición”. En 2009, la confianza en los partidos subió ligeramente, a 24 por ciento, pero la conclusión de las mediciones a lo largo del período 1995-2009 es “que la confianza en ellos disminuye a medida que pasan los años, independientemente de que la gente los considere crecientemente válidos como instituciones de la democracia. Esto es particularmente interesante porque muestra una crítica a “los” partidos, mientras un apoyo a la institución de los partidos como tal”11. También la CEPAL constata “que los niveles de confianza de la población sobre las instituciones políticas (congreso y partidos) empeoran drásticamente en tanto se deterioran las percepciones de la justicia en la distribución del ingreso, situación que se verifica en 1997, 2002 y 2007. Así, la desigualdad distributiva percibida se correlaciona con la desconfianza ciudadana en las instituciones políticas”.
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Corporación Latinobarómetro, Informe 2009, Santiago de Chile, noviembre de 2009, p. 36.
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En contrapartida, los periodistas y los medios de comunicación de masas ostentaban altos niveles de credibilidad, tanto en el Informe 2007 cuanto en el de 2009 de Latinobarómetro: periódicos: 45-49 por ciento; televisión: 47-54 por ciento; radios: 56 por ciento en ambos años). Esta circunstancia es una anomalía en un sistema democrático y no debe tomarse ligeramente: las empresas propietarias de los medios obedecen a sus propios intereses (económicos y políticos) y no están exentas de acuerdos con partidos, dirigentes y/o funcionarios —lo cual implica condicionamientos de mayor o menor intensidad—, amén de carecer de mecanismos de selección y de control por parte de la ciudadanía. En buena medida, la creciente concentración de la propiedad de los medios de comunicación de masas en pocas empresas reduce tanto las posibilidades de un efectivo pluralismo cuanto las opciones de los ciudadanos consumidores de esos medios, disminuyendo la calidad de la ciudadanía y enfatizándose el carácter de consumidor por sobre el de ciudadano. En la actualidad —y en América Latina esto es particularmente visible, sobre todo en los países cuyos gobiernos intentan reformas— tener el poder de los medios de comunicación puede ser un instrumento tan poderoso como controlar los medios de producción y, por ende, tener poder político. Es una situación digna de mayor atención de la que suele prestársele, especialmente respecto de la ficción de democracia que se construye a partir de la credibilidad asignada a los medios y a los periodistas y de la construcción de la realidad por parte de los mismos, en particular, la televisión (con la primacía de la imagen sobre el contenido y, sobre todo, la reflexión). Es significativo el tratamiento que los medios dan a la información originada en movimientos sociales o políticos contestatarios, o a las posiciones de intelectuales o políticos críticos. En este sentido, el problema parece radicar no tanto en lo que se dice, sino en lo que se calla u oculta, es decir, en lo que Rafael del Águila ha llamado efecto CNN12. Aunque no es este el lugar para tratar la cuestión con más detenimiento, entiendo relevante, al menos, señalarla13.
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“Este efecto, como es conocido, designa esa característica de la globalización de acuerdo con la cual la realidad existe exclusivamente en términos de medios de comunicación de masas. Lo que aparece en pantalla es relevante, lo que se oculta al ojo de la cámara desaparece”. en Balado, Manuel y García Regueiro, J. Antonio (directores), La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 50 aniversario, Barcelona, Bosch, 1999, pp. 45-46. Esta es también la preocupación y, en cierta medida, la posición del investigador de la Universidad de Valladolid, José Luis Castillo Vega. Véase su artículo “Democracia mediática, concentración de los medios de comunicación y mentira política”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, N° 34, Granada, 2000, pp. 29-43. Castillo Vega sintetiza muy bien el resultado de la primacía de los medios sobre la política y las instituciones de la democracia: “una democracia sin ciudadanos”, en la cual “la actividad política se ha trasladado del Parlamento [ámbito privilegiado del pensamiento del liberalismo político] a la televisión”, los sujetos políticos se reducen drásticamente y la ausencia de reflexión y de controles jurídicos (como ocurre en los sondeos de opinión por Internet o los votos telefónicos durante el transcurso de programas de
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Cabe señalar, también —otro rasgo indicador de la debilidad de las democracias latinoamericanas— el alto grado de confianza en una institución estructuralmente antidemocrática, en la mayoría de los países vinculada a experiencias dictatoriales: la Iglesia. En 2009, el índice llegó a 68 por ciento, cifra alta, aunque en disminución dentro del período medido por la Corporación Latinobarómetro, el cual comenzó en 1995. La Iglesia tuvo su pico más alto en 1998, con 78 por ciento, estando en los otros años por encima de 70 por ciento (excepto en 2003, en que cayó a 62 por ciento). Varios indicadores cuantitativos confiables muestran una situación ambigua por parte de los ciudadanos latinoamericanos respecto de la democracia. Si bien hay algunas señales positivas, aun con toda la relatividad que se quiera, hay otras que son bien preocupantes. En el más reciente Informe de la Corporación Latinobarómetro se señala, al analizar los resultados del último relevamiento: “Las actitudes hacia la democracia en América Latina están inundadas de confusiones autoritarias, donde los ciudadanos combinan cosas que no se pueden combinar si se es democrático. No se puede rechazar un gobierno militar a todo evento para dar la sensación de que es democrático y sustituirlo por el poder total del presidente. ¿El autoritarismo presidencial es una forma de Neodemocracia donde a los presidentes se les otorga el poder total, como sustitutos del sistema democrático? El híper presidencialismo con el poder total, el reeleccionismo, son las nuevas amenazas que intentan minar la consolidación de la democracia. A ello se le suma lo que sucedió en Honduras, los militares tienen un nuevo rol, que es el de asistir con la fuerza a los golpistas”. Algo parecido ocurrió en Ecuador, como se verá luego. En todo caso, “el rechazo mayoritario a un gobierno militar como es el caso de Costa Rica por ejemplo, no excluye la posibilidad de que un tercio de la población de ese país tenga actitudes muy autoritarias como estar de acuerdo con que el presidente sea removido si viola la constitución, o que pase por encima de las leyes si hay una situación difícil. Eso es precisamente lo que ha sucedido en Honduras”14. El Informe 2002 mostraba que el 50 por ciento de los entrevistados estaba dispuesto a aceptar un gobierno autoritario, si éste resolviese los problemas de la sociedad, y 37 por ciento opinaba que se podía pasar por encima de las leyes. Asimismo, 18 por ciento era indiferente al tipo de régimen (democrático o no democrático). La concepción predominante de la democracia era minimalista, esto es, libertad y elecciones, sin conceder relevancia a otras características. La mitad de los ciudadanos de la región se mostraba favorable a la defensa de esos dos valores, mientras 52 por ciento consideraba indispensables a los partidos políticos y el Congreso, si bien sólo 14 por ciento, en promedio, les otorgaba confianza a los partidos y 29 por ciento a los gobiernos. El mismo estudio constata-
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opinión). Véase, también, Sartori, Giovanni, Homo videns. La sociedad teledirigida, Madrid, Taurus, 1998. Corporación Latinobarómetro, Informe 2009, op. cit.; ambas citas en p. 15.
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ba: “El respeto a las minorías, el gobierno de la mayoría, el sistema de partidos y la función del parlamento, bienes políticos esenciales de una democracia, carecen de importancia para los ciudadanos de América Latina”15. Esa apreciación era corroborada por las investigaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las cuales también probaban que una proporción sustancial de latinoamericanos le asignaba al desarrollo económico mayor valor que a la democracia, al punto de expresar predisposición favorable a abandonarla en caso de ineficacia de un gobierno democrático para dar solución a sus problemas económicos. Habida cuenta de la historia de la región, la constatación era (sigue siendo) inquietante. En cambio, el Informe 2009 de Latinobarómetro da cuenta de una mejoría: “Las respuestas de este año muestran un importante aumento de las preferencias por la democracia que aumenta de 26 por ciento en el 2008 a 44 por ciento en el 2009”16. Ese cambio va acompañado de otro, según el mismo estudio. En efecto, el 57 por ciento de los latinoamericanos entrevistados entiende que sin Congreso no puede haber democracia. El porcentaje sube a 60 en el caso de los partidos políticos. “Al igual que el apoyo a la democracia, el punto más bajo de esta actitud estuvo en el año 2001 con un 49 por ciento el punto más bajo de la crisis asiática, y su punto más alto en el año 1997 con un 62 por ciento. Para observar su evolución comparamos cuantos puntos han aumentado o disminuido en conjunto sobre estos dos indicadores, cada país. Hay siete países que muestran un sustantivo aumento de actitud democrática hacia los partidos y congreso: Paraguay, Venezuela, Panamá, Bolivia, Uruguay, El Salvador, Honduras. Los motivos por los cuales esto sucede en cada país son muy diversos, y sus consecuencias también. Por ejemplo, la actitud más democrática hacia los partidos y el congreso en Honduras no impidió el golpe, donde un 66 por ciento de los ciudadanos dicen que no puede haber democracia sin Congreso y partidos políticos. Eso es a lo mejor la explicación de por qué fue un golpe civil. Otros países han aumentado sus actitudes no democráticas en este aspecto al disminuir de manera significativa el apoyo al Congreso y los partidos políticos: República Dominicana, Colombia, Guatemala, Costa Rica. En estos países el Congreso pierde más que los partidos políticos. Los países donde más se entiende que sin Congreso no puede haber democracia son Uruguay (80 por ciento), Venezuela (72 por ciento) y Argentina (70 % por ciento). En contraste, Colombia y Ecuador (con 38 y 36 por ciento, respectivamente), se sitúan en el otro extremo de la escala. Uruguay (81 por ciento) y Venezuela (80 por ciento), otra vez, son los países donde mayor adhesión cuenta la proposición sobre la necesidad de los partidos políticos. En Informes anteriores, en estos dos países más Costa Rica era donde
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Corporación Latinobarómetro, Informe 2002, Santiago, Chile, p. 4; itálicas mías. Corporación Latinobarómetro, Informe 2009, op. cit., p. 29.
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los entrevistados expresaban el mayor nivel de credibilidad en la democracia. Brasil, Ecuador, Colombia y Guatemala —con 48. 44, 43 y 40 por ciento— fueron los países con menor adhesión a la proposición “no puede haber democracia sin partidos políticos”17. En el Informe 2002, Uruguay, Costa Rica y Venezuela (con porcentajes de 77 en los dos primeros y de 73, en el tercero) eran los países donde la democracia encontraba su mayor credibilidad. Siete años después, los ciudadanos y ciudadanas de esos tres países siguen encabezando la lista de apoyo explicito a la democracia en tanto régimen político, si bien los porcentajes variaron: Venezuela, 85; Uruguay, 81; Costa Rica, 74. Otros dos países aparecen, significativamente, en los dos puestos siguientes: Bolivia (71 por ciento) y El Salvador (68 por ciento). Los casos de Uruguay y Costa Rica son explicables por la más larga tradición democrática de ambos —vis-à-vis los otros países de la región—, mientras que los de Venezuela y Bolivia tienen que ver con los proyectos de radicalización de la democracia que impulsan los Presidentes Hugo Chávez y Evo Morales. El Salvador ilustra un caso diferente, en la medida en que la lógica de la política que sustituyó a la lógica de la guerra llegó a un punto en el cual la fuerza insurgente, es decir, la antigua guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, se convirtió en gobierno en 2009, por decisión ciudadana expresada en procedimientos típicos de la democracia representativa. En 2002, Brasil, con apenas 37 por ciento, se situaba en el escalón más bajo respecto de la credibilidad en la democracia, no muy lejos de Colombia (39 por ciento), El Salvador (49 por ciento) y Paraguay (41 por ciento). En Chile, significativamente, sólo la mitad de la ciudadanía apoyaba a la democracia. Siete años después, en materia de apoyo explícito a la democracia como régimen político, en Brasil la adhesión a este principio trepó a 55 por ciento, en Colombia a 49, en El Salvador (ya señalamos, a 68 por ciento) y en Paraguay apenas a 45 por ciento, muy cerca de Ecuador, México y Guatemala que, con 43, 42 y 41 por ciento, respectivamente, ocupan las tres últimas posiciones. Venezuela y El Salvador son los dos países donde más ha aumentado el apoyo a la democracia con 16 puntos, siguiéndoles Bolivia y Brasil con 12. En Chile el aumento fue de 6 puntos. En contraste, México, Ecuador y Argentina, con 9, 6 y 4 puntos, son los que experimentaron una disminución del apoyo a la democracia. Empero, los latinoamericanos siguen creyendo mayoritariamente que la democracia (la realmente existente, tal como la conocen y viven cotidianamente) tiene hijos y entenados. “En América Latina ha ido en lento pero creciente aumento la percepción de que se gobierna para el bien de todo el pueblo. Esta crisis económica en particular [la de 2008-2009], ha producido un aumento de 25 por ciento a 33 por ciento. Sin embargo, es todavía una percepción minoritaria, y hay
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Corporación Latinobarómetro, Informe 2009, op. cit., pp. 26-28.
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países donde casi no existe: Argentina (7 por ciento), República Dominicana (10 por ciento), Perú (15 por ciento) son los países donde hay menor percepción de que se gobierna para el bien del pueblo. Este indicador tiene alta correlación con otros referidos al desencanto sobre la política”18. Uruguay es, con 58 por ciento, el país de la región donde más se cree que se gobierna para el bien del pueblo. Su vecina, la República Argentina, en cambio, se ubica en el otro extremo de la escala.
TRES CRISIS Y DOS SALIDAS: ARGENTINA, ECUADOR Y BOLIVIA Mirado desde una perspectiva de media duración, el proceso iniciado en 19781980 muestra una continuidad de regímenes democráticos inédita en la historia de la región. Se trata de una continuidad no exenta de situaciones de crisis que tuvieron la particularidad de superarse sin ruptura del orden institucional, sin apelación al golpe de Estado, como en el pasado, excepto en el más reciente y lamentable caso de Honduras. Tres países, en particular, vivieron las experiencias más destacadas, con salidas diferentes: Argentina, Ecuador y Bolivia. Los tres constituyeron buenos ejemplos de las debilidades y déficits de las democracias latinoamericanas del tiempo presente, aunque Bolivia y, en menor medida, Ecuador, se erigieron en ejemplos significativos de superación de la democracia realmente existente mediante construcción de más y mejor democracia, al menos potencialmente.. Entre 1983 y 2007, en Argentina se realizaron seis elecciones generales (presidenciales y legislativas), se reformó la Constitución, se produjeron tres asonadas militares, un Presidente (Raúl Alfonsín) debió dejar el cargo seis meses antes de vencer su mandato, en razón de una crisis financiera; otro (Carlos Menem) ejerció el cargo durante dos períodos consecutivos; un Vicepresidente (Carlos Chacho Álvarez) renunció después de denunciar corrupción en el Senado, otro Presidente (Fernando De la Rúa) debió renunciar después de una revuelta popular (con un saldo de 30 muertos por la represión policial). Tras él hubo cuatro sucesores en doce días, y uno de ellos, el tercero (Adolfo Rodríguez Saá), debió renunciar a los siete días por un complot palaciego de su propio partido, el Justicialista. El cuarto de esos Presidentes provisorios (Eduardo Duhalde) debió anticipar el final de su interinato por el asesinato (cometido por la policía) de dos militantes populares en ocasión de una protesta pacífica. Una sucesión presidencial se realizó entre cónyuges: a Néstor Kichner (2003-2007) le siguió, en procedimiento institucional legal, su esposa, la hasta entonces senadora nacional Cristina Fernández. Adicionalmente, políticos repudiados masivamente por el pueblo durante la crisis del verano 2001-2002 —repudio sintetizado en
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Corporación Latinobarómetro, Informe 2009, op. cit., p. 38.
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la consigna ¡Que se vayan todos!— fueron posteriormente relegitimados por el mismo pueblo en cuatro sucesivas elecciones (2003, 2005, 2007, 2009). El 30 de octubre de 1983, las elecciones que consagraron Presidente de la República al Dr. Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical (UCR) ratificaron el alto grado de participación ciudadana en la decisión de elegir a sus representantes y gobernantes. Los resultados mostraron, entre otros varios puntos destacables, la exacerbada polarización entre los dos partidos mayoritarios: radicales y justicialistas sumaron el 92 por ciento de los sufragios emitidos (52 + 40 por ciento). También, la ínfima presencia del voto en blanco: apenas el 2 por ciento (casi 290.000 votos), guarismo que, empero, significaba el cuarto lugar en orden de importancia cuantitativa. La ciudadanía argentina ratificaba, así, su rechazo a la dictadura. En verdad, lo significativo del, para muchos inesperado, triunfo de Alfonsín estuvo en su capacidad de infundir en el electorado la convicción de ser un candidato que no transaría con los militares en materia de derechos humanos y de componendas políticas. La mayoría de la ciudadanía entendió que él garantizaba mejor que nadie la posibilidad de instaurar la democracia sin concesiones a los militares. Alfonsín tuvo un gran acierto —si se lo juzga en términos de eficacia propagandística— al enfatizar que la democracia era la panacea para alimentarse, educarse y curarse. Pero conceptualmente introdujo, en una sociedad con pobre cultura democrática, un serio error, al asignar a la democracia objetivos y funciones que no les son propias o distintivas. Para muchos sectores, más atentos a la satisfacción de sus legítimas necesidades económicas que a los valores políticos democráticos y ciudadanos, el fracaso del gobierno radical en materia de trabajo (pero también en educación y salud) era también —y quizás sobre todo— el fracaso de la democracia19. La salida anticipada (seis meses) de Raúl Alfonsín, a mediados de 1989, se produjo en un contexto hiperinflacionario, con amplios sectores de la sociedad movilizados, incluso saqueando supermercados en procura de alimentos (más los consiguientes apropiaciones, en varios casos, de otros bienes menos vitales que la comida). La crisis de ese año fue, como señaló agudamente Eduardo Basualdo, “una crisis dirigida a remover las restricciones estructurales que impedían el desarrollo y la consolidación del patrón de acumulación basado en la valorización financiera, que había puesto en marcha la dictadura militar”. En rigor, fueron tres crisis: de gobierno, de régimen y de acumulación, apelando a la conceptualización de Guillermo O’Donnell20.
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El mejor análisis del gobierno radical puede verse en Pucciarelli, Alfredo R. (coord.), Del poder de la democracia a la democracia del poder. Economía y política durante la presidencia de Raúl Alfonsín, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2006. Basualdo, Eduardo, Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina. Notas sobre el transformismo argentino durante la valorización financiera (1976-2001), Bernal, Universidad Nacional de Quilmes Ediciones, 2001, pp. 54 y 57-58.
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Los primeros meses de la gestión del sucesor de Alfonsín, Carlos Saúl Menem, no mejoró sustancialmente la situación económica. Finalmente, en 1991, tras un nuevo pico hiperinflacionario, el gobierno tomó una decisión crucial, introduciendo la convertibilidad del peso, igualado, en su valor nominal, al dólar estadounidense, al tiempo que comenzó a aplicarse una brutal política de ajuste estructural. El cambio de patrón de acumulación de capital agravó la desindustrialización de la economía (proceso iniciado bajo el Estado Terrorista de Seguridad Nacional, 1976-1983), con su secuela de empobrecimiento, desempleo y desigualdad. De hecho, Menem fue el líder de la alianza de clases que intentó llevar adelante el más consistente intento de la burguesía argentina (en el último medio siglo) por construir un nuevo bloque histórico, intento que, finalmente, no pudo superar una década de duración21. La alianza se dio entre la gran burguesía financiero-especulativa y los más pobres de la sociedad (una expresión deliberadamente ambigua, que remite a un colectivo poco homogéneo, dentro del cual se incluyen trabajadores, algunos sectores proletarios y clase media baja). La breve duración del intento fue, en definitiva, expresión de las fortísimas dificultades de la burguesía argentina por constituirse nuevamente en clase dirigente, una condición que perdió en 1930, cuando la crisis orgánica puso fin al bloque histórico constituido hacia 1880. La década de 1990, signada por todas las taras asignadas al menemismo, exacerbó el descrédito de los partidos y los políticos y puso en cuestión la representatividad de unos y otros. En particular, los políticos y el funcionamiento de la política quedaron asociados con la corrupción. En 1998, con la crisis económica, el proyecto acaudillado por Menem comenzó a agrietarse. El 24 de octubre de 1999, la ciudadanía argentina —harta de menemismo— votó mayoritariamente (48,5 por ciento contra 38 por ciento del candidato justicialista, Eduardo Duhalde) por la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación —un conglomerado caracterizado con el impreciso rótulo de centro— izquierda, cuyos principales componentes eran la centenaria Unión Cívica Radical y el más reciente Frente País Solidario (Frepaso)— y su programa a favor de la ética. Fernando de la Rúa, de la UCR, y Carlos Chacho Álvarez, del Frepaso, formaron la dupla ganadora. Como antes Menem, de la Rúa aplicó el modelo neoliberal, siguiendo las preceptivas del denominado Consenso de Washington. Los efectos de las políticas prescriptas por el mismo se hicieron sentir fuertemente sobre la sociedad argentina, que estaba atravesando una etapa de cambios estructurales sustanciales
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En términos gramscianos, el menemismo fue una más de las varias prácticas transformistas ejercidas por la burguesía argentina. El transformismo es una política de cooptación de cuadros dirigentes opositores o, más específicamente, la acción mediante la cual la clase dominante coopta, absorbe y/o integra a los intelectuales de las clases subalternas, descabezando, así, a éstas en el plano de la dirección política e ideológica. El transformismo puede ser orgánico o molecular, según capture, respectivamente, a grupos enteros o sólo a individualidades.
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cuya manifestación más visible fue la redefinición de las clases sociales y su participación en la distribución de la riqueza. Dos años después de asumir, toda la esperanza puesta en el nuevo gobierno no sólo se había esfumado, sino que había exacerbado hasta el límite la tolerancia popular. Los resultados electorales del 14 de octubre de 2001 —una verdadera catástrofe para la Alianza— fueron, en ese sentido, muy elocuentes. La crisis no tardó en hacerse profunda. La crisis argentina fue triple: económica (iniciada en 1998), social y política. Si bien las movilizaciones populares de los días 19 y 20 de diciembre de 2001 suelen tomarse como símbolo de la dimensión política de la crisis, sus comienzos visibles se sitúan en la renuncia del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez, el 5 de octubre de 2000, y se hizo ya patente, como dije, con los resultados electorales de 2001. No obstante, un análisis cuidadoso podría probar que ella empezó a incubarse en el momento mismo en que la Alianza decidió llevar como candidato a Presidente a Fernando de la Rúa, un político conservador, mediocre y con antecedentes de gestión no muy felices. Esa candidatura pronosticaba un resultado negativo. Tal vez, incluso, la formación de la misma Alianza —al menos para los sectores predominantes, en el interior de ella, en términos cuantitativos y de dirección, esto es, el radicalismo afín a de la Rúa— conllevaba ese sino. La unión por el espanto (el menemismo) fue, así, más fuerte y decisiva que el programa (combatir al modelo neoliberal). Desigualdad social incrementada; altas tasas de desempleo; subempleo y empleo “en negro”; deterioro del nivel de vida de la mayoría de la población; incremento de la delincuencia y la inseguridad; violencia policial indiscriminada; amputación del futuro de millones de niños y adolescentes (por deterioro de la salud, incluso en términos irrecuperables, de la educación, de la dignidad); pérdida de soberanía económica; política exterior atada acríticamente a la norteamericana; irrepresentatividad de las instituciones representativas (partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales) y de las del propio Estado, en particular los Poderes Legislativo y Judicial)… He ahí algunos componentes de cualquier balance que quiera hacerse de poco más de una década de aplicación del modelo neoliberal con Menem y con de La Rúa. Una cuestión clave en el caso argentino fue el ya señalado carácter triple de la misma, la soldadura de la crisis social con la crisis económica y la crisis política. La economía argentina había tenido su ultimo momento de crecimiento en el tercer trimestre de 1998, pero ya desde 1995 se observaban indicadores preocupantes, tales como contracción de la demanda, fuerte reducción de las inversiones y rápido incremento del endeudamiento. A partir del último trimestre de 1998, la economía comenzó a decrecer, pari passu las crisis del sudeste asiático y rusa, siendo ya notable en enero de 1999, tras la devaluación del real en Brasil. A lo largo de 2001 fue especialmente perceptible la importante fuga de depósitos del sistema financiero, acompañada de una simultánea caída de las reservas del Banco Central. La situación se hizo más grave en el segundo semestre de ese año, cuando se produjeron una muy fuerte contracción del crédito y abruptos
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descensos en el consumo, la inversión y la actividad económica en general. En pocas palabras, un escenario dominado por la marcada desconfianza respecto de la continuidad de la política cambiaria (esto es, la ley de convertibilidad), la capacidad del sistema bancario frente a la formidable corrida de fondos y la del gobierno para contener el déficit fiscal sin financiamiento externo ni interno. En sólo cinco años, la economía argentina se redujo 20 por ciento, siendo el trimestre enero-marzo de 2002, con una caída del 16,3 por ciento del PBI. El 19 y el 20 de diciembre de 2001, la política se trasladó de los cenáculos a las calles. La política recuperó su acepción etimológica, lo cual es un dato significativo de la crisis. Una porción considerable de sectores sociales urbanos ganó las calles, es decir, la polis, y planteó, con avances y retrocesos, la posibilidad de recuperar y asumir la preocupación por la res pública. En momentos de crisis, los símbolos se tornan ilustrativos. Mientras la sociedad llevaba la política a las calles, los políticos profesionales −comenzando por los legisladores− la encerraban entre vallas, o sea, rejas22. Desde entonces, la ruptura entre representantes y representados −a menudo centrada en la relación entre los partidos políticos y sus bases y votantes, pero también constatable en las principales organizaciones de representación de intereses, en particular los sindicatos obreros− no ha dejado de tornarse cada vez más profunda. La crisis terminó con el Frente País Solidario (FREPASO) —el último y, otra vez, frustrado intento de constituir un tercer gran partido—, que fue parte del gobierno de la Alianza, arrasado por los hechos de diciembre de 2001, y fracturó fuertemente a los dos grandes partidos tradicionales de masas, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ). Ninguno de ellos es desde entonces lo que fueron históricamente Las crisis suelen ser ocasiones propicias para la aparición de nuevas formas de representación, organización y acción. En la larga crisis actual, sectores de la sociedad argentina −en particular los más afectados− han generado algunas bien interesantes, tales como los piqueteros, la más persistente de de ellas. Los primeros piquetes aparecieron en junio de 1996, protagonizados por trabajadores petroleros de Cutral-Có, a los que se sumaron luego, en 1997, los de Tartagal, desocupados tras el proceso de privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF, empresa emblemática), adoptando la modalidad del corte de rutas, al estilo de los campesinos bolivianos. Ambos fueron inicialmente desactivados por el gobierno de Menem, apelando al otorgamiento de planes de asistencia para desocupados. Empero, poco después, empezaron en el Gran Buenos
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Ello ya fue pasible de advertir el día en que la Asamblea Legislativa se reunió para tratar la renuncia del efímero presidente Adolfo Rodríguez Saá y designar al senador Eduardo Duhalde. El alto cuerpo sesionó dentro del edificio del Congreso rodeado de un vallado situado a 200 metros. Posteriormente, y hasta hoy, las vallas liberaron ese espacio, pero siguen cerrando la casa de las leyes, incluyendo no sólo el edificio principal sino también el anexo. Lo mismo ocurre con la Casa Rosada, la sede del Poder Ejecutivo.
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Aires. Su expansión cuantitativa, como forma de lucha, fue muy rápida. En los inicios, sus demandas se centraban, casi exclusivamente, en materia de alimentación, salud, vivienda, educación y, de manera central, como es obvio, trabajo. En los piquetes participan tanto hombres como mujeres, unos y otras en una amplia banda etaria. En su organización y modus operandi es posible apreciar el pasado obrero. Sólo la experiencia de las luchas sindicales puede dotar de instrumentos de las características de los empleados, incluyendo la apelación a la violencia. Política e ideológicamente constituyen un mosaico de posiciones, a menudo con importantes divergencias, aunque todos se reconocen como parte del campo popular, una expresión ambigua que sirve para potenciar lo que los une y postergar el análisis de las diferencias. Las organizaciones piqueteras generaron un nuevo tejido social, a partir de originales formas de acción en los barrios, las cuales abarcan desde huertas vecinales hasta comedores y centros de salud comunitarios. Empero, el potencial disruptivo se ha visto ocluido por la entrada en la lógica perversa de funcionamiento del sistema político tradicional. El Estado destina una importante suma anual de dinero para atender los Planes Jefes y Jefas de Hogar y éstos se han convertido, adicionalmente a su objetivo específico, en una fuente de financiamiento de dichas organizaciones. Ellas rompieron el antiguo monopolio del reparto de la ayuda social, que compartían caudillos políticos y sindicales, pero no con la práctica de negociar con el Estado (en los niveles nacional, provincial y municipal) y entre ellas mismas, el quantum del reparto. De ese modo, terminó imponiéndose la lógica clientelar, propia de este tipo de planes, a la cual no escapan las organizaciones más contestatarias. Más aún, han sido capturadas —o se sumergieron, también ellas— en la histórica primacía de la lógica corporativa, tan típica del sistema político argentino (según una hipótesis que he planteado hace ya largo tiempo y que me parece cada vez más consistente). Por otra parte, la frecuencia de sus movilizaciones callejeras le ha enajenado el anterior apoyo de buena parte de la clase media, especialmente en la Capital Federal. Adicionalmente, el gobierno del Presidente Néstor Kirchner realizó un notorio trabajo de captación de dirigentes piqueteros (transformismo molecular, si se quiere). Tras la renuncia de Fernando de la Rúa, Ramón Puerta, presidente del Senado, fue designado Presidente provisional, reemplazado de inmediato por Adolfo Rodríguez Saá, a quien la Asamblea Legislativa (el Congreso Nacional en pleno) nombró, sorpresivamente, con la intención de una pronta convocatoria a elecciones. Empero, las reales o supuestas intenciones del nuevo mandatario de ejercer el cargo hasta completar el período iniciado por de la Rúa (es decir, hasta el 10 de diciembre de 2003), generaron una fuerte oposición dentro del propio Partido Justicialista y, por extensión, una situación de debilidad que le llevaron, tras apenas una semana en el cargo, a presentar su renuncia —con sabor a destitución—, y a su reemplazo, también interinamente, por Eduardo Caamaño (presidente de la Cámara de Diputados) y, finalmente, al nombramiento del senador Eduardo Duhalde, otra vez por decisión del Congreso en pleno, con mandato
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hasta el 10 de diciembre de 2003. Puerta, Rodríguez Saá, Caamaño y Duhalde eran miembros del Partido Justicialista. En su efímera gestión, Rodríguez Saá declaró, con los aplausos de los legisladores, la suspensión del pago de la deuda externa (default), aunque, según alguna información, ella no se hizo efectiva —todo lo contrario, pues se habrían realizado pagos— durante aquélla. A esta medida le siguieron, ya bajo el gobierno de Duhalde, la devaluación del peso —que llevó a una fuerte suba de los precios y a un mayor deterioro del salario real—, un cierto desabastecimiento de productos esenciales, y el descalabro de actividades civiles y comerciales reguladas jurídicamente (contratos, deudas, depósitos dolarizados), amén de una formidable ruptura de las reglas de juego institucional o, si se prefiere, un desquicio social, económico y político23. Para el gobierno de Duhalde se trató, en primer lugar, de restablecer el orden, evitar la continuidad de la violencia y construir un nuevo —tal vez más que reconstruir— marco regulador del funcionamiento del sistema bancariofinanciero y comercial. Como ya había advertido Eduardo Basualdo antes de la crisis desatada en noviembre-diciembre de 2001, en el fondo, la confrontación era entre dos grandes fracciones burguesas: una, la dominante hasta la crisis, conformada por grupos económicos locales y algunos extranjeros, con base económica en colocaciones financieras en el exterior, y la otra, “posicionada en activos fijos con obligaciones dolarizadas, el sector financiero y los diferentes inversores extranjeros que adquirieron empresas y paquetes accionarios durante los años previos”24. Lo que el gobierno de Duhalde hizo fue reasignar recursos, de manera tal que los grandes beneficiarios resultaron los bancos (a los cuales el Estado compensó económicamente por las pérdidas generadas por la pesificación), los grupos económicos endeudados en dólares (beneficiados por la pesificación de sus deudas), los grandes propietarios y empresas rurales productores de materias primas y, por extensión, los consorcios exportadores, en buena medida transnacionalizados, para quienes un dólar alto es una fuente de ganancias (lo que ha llevado a algunos grupos agroindustriales a vender en el mercado local a precios del mercado internacional). Políticamente, ambas fracciones fueron definiéndose en torno a dos grandes posiciones: la integrada por los partidarios de la dolarización, la incorporación al ALCA y la intervención militar para reprimir el conflicto social, y la constituida por los partidarios de la devaluación y pesificación y, aunque no necesariamente por todos, el fortalecimiento del Mercosur.
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Aunque no siempre se lo tiene en cuenta, las crisis —especialmente las más agudas— son también crisis de derechos. En el caso argentino, la magnitud de la misma fue tal que afectó derechos civiles fundamentales de una economía y una sociedad capitalista, incluyendo el mismísimo derecho de propiedad privada, como en el caso de la confiscación de los depósitos bancarios. Basualdo, E., Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina, op. cit., pp. 86-87.
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Un tercer bloque de fuerzas tuvo posibilidades de constituirse como una alternativa popular con orientación de centro izquierda a izquierda y base social en el sindicalismo no burocrático y en los diferentes sujetos sociales partícipes de las luchas recientes. No obstante, careció de capacidad de convertir una posibilidad en una realización. El proceso de recomposición del sistema político se hizo más definido a partir del segundo semestre de 2002 y giró alrededor de tres aspectos: 1) la gestión del ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien asumió el cargo el 27 de abril de ese año y pudo compatibilizar intereses; manteniendo el valor del dólar en un cambio alto, amén de controlar la inflación, alejando el fantasma y el riesgo de la hiperinflación, creando condiciones para un crecimiento de los sectores económicos beneficiados, primero moderado, luego muy notable; 2) la distribución de los planes sociales fortaleció a los aparatos políticos y sus redes de clientelismo, permitiendo un importante control de las protestas y, por tanto, una cierta tranquilidad social; 3) el aumento de la represión de los conflictos y movilizaciones sociales, cuyo punto máximo culminó con un operativo en el cual efectivos policiales asesinaron a dos jóvenes piqueteros.(junio de 2002). Por diferentes razones, Duhalde decidió anticipar la realización de las elecciones presidenciales y el traspaso del mando (del 10 de diciembre al 25 de mayo de 2003). Durante la campaña electoral hubo ausencia de propuestas elaboradas y de debates de ideas. Los candidatos se instalaron como personajes de la televisión sin libreto. De hecho, su contacto con la ciudadanía fue casi exclusivamente virtual, a través de los medios de comunicación, en particular la televisión. Los resultados de las elecciones de abril de 2003 obligaban a una segunda rueda electoral (balotaje) entre los dos candidatos más votados, Carlos Menem y Néstor Kirchner, que obtuvieron apenas 24.45 y 22.24 por ciento de los votos, respectivamente. Como el primero renunció, el segundo quedó consagrado Presidente. De hecho, la candidatura de Kirchner, en medida considerable desconocido por buena parte de la ciudadanía, fue impuesta y sostenida por el presidente Duhalde, quien logró controlar disciplinadamente al justicialismo de la provincia de Buenos Aires, responsable de una significativa proporción del quantum de votos obtenidos por el gobernador de la petrolera provincia de Santa Cruz. Ello parecía colocar al nuevo presidente en la situación potencial si no de rehén al menos en la de fuerte condicionamiento por el poder del saliente, como bien se encargaron de repetir sus adversarios. Pronto, Kirchner rompió con su mentor y actuó con total independencia de él (hasta el límite del enfrentamiento). En abril de 2003, los principales candidatos seguían siendo expresión de la vieja política, la que no termina de morir, mientras la nueva no termina de concebirse (y, por tanto, mucho menos de nacer). De hecho, no existían reglas para regular el consenso y la institucionalización del poder político era una ficción. Sólo la inercia de lo viejo hizo posible mantener un cierto grado de funcionamiento institucional.
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Néstor Kirchner tuvo, como Presidente, rasgos que han sido y son clásicos no sólo de un tipo de presidentes, sino de la propia cultura política argentina, en particular la peronista: por ejemplo, los gestos de intolerancia, quizás mejor que autoritarios, amén de un estilo ejecutivo, un claro liderazgo fuerte —históricamente tan al gusto de la mayoría de los argentinos— y una tendencia personalista que, de no mediar acciones colectivas, potencia la también histórica característica de la cultura política argentina de construcciones políticas “desde arriba”, que el peronismo, por lo demás, llevó a altas cimas. Dicho de otra manera: la tendencia personalista de líderes fuertes se construye pari passu y en interacción con la simétrica de masas más dispuestas a ser guiadas que a construir una conducción consciente colectiva, es decir, a definir direcciones delegadas, más que personalistas. Durante su mandato se tomaron decisiones tendentes a recuperar cuotas de poder que el Estado había resignado, sin que ellas implicaran un retorno a las intervenciones estatales típicas del Estado de Compromiso Social del pasado, ni tampoco pasibles de ser caracterizadas como nacionalistas. La proclamada intención de hacer de Argentina “un país normal” —según la expresión empleada por el Presidente en el mensaje ante la Asamblea Legislativa el día de la asunción de su cargo— aludía a la recuperación de las instituciones, las del Estado en primer (pero no único) lugar, y por tanto a la restauración del Estado de Derecho. Un dato relevante, dentro de una coyuntura tan crítica como la vivida por el país desde 1998, es el importante grado de adhesión a la democracia por parte de los argentinos durante las últimas décadas, no exento de una paralela insatisfacción con los resultados alcanzados en ella. Desde que Latinobarómetro mide esos indicadores, Argentina muestra, para el período 1995-2009, un promedio de adhesión del 68 por ciento, si bien en 2009 se registró una caída de 4 puntos respectos de ese promedio, siendo de 64 por ciento. Con todo, no son malos indicadores: en dicho período, Argentina ocupa el tercer lugar, compartido con Venezuela, tras Uruguay (79 por ciento) y Costa Rica (75 por ciento), pero la medición de 2009 la distancia de ellos y de otros países que en el promedio están por debajo de Argentina. En 2009, en fin, el país comparte con Panamá el séptimo lugar en la escala de adhesión a la democracia, escala que, como vimos antes, encabezan Venezuela (84 por ciento) y Uruguay (82 por ciento y en la cual Bolivia y El Salvador se han posicionado notablemente entre los cinco primeros. Ecuador constituye otro caso aún más destacable que Argentina. Entre 1979, inicio de la etapa democrática, y diciembre de 2006, el país andino tuvo doce o trece (según se mire) Presidentes, más dos triunviratos efímeros, en una secuencia de acciones que puso en cuestión la gobernabilidad del país. El primero de los Presidentes de ese período —Jaime Roldós Aguilera— no completó su mandato pues falleció, en 1981, en un poco claro accidente aéreo. El Vicepresidente, Osvaldo Hurtado Larrea le sucedió hasta cumplir el período constitucional. Los tres mandatarios posteriores —León Febvres Cordero (derecha), Rodrigo Borja
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(centro-izquierda) y Sixto Durán Ballén (derecha)— ejercieron sus respectivos mandatos de cuatro años. (1984-1988, 1988-1992 y 1992-1996, respectivamente). En 1996 asumió Abdalá Bucaram Ortiz (derecha), quien inició una política de ajuste estructural, aunque su gobierno no llegó a siete meses de ejercicio; en febrero de 1997, tras una movilización popular de protesta, el Congreso decidió iniciarle juicio político, reemplazándolo provisoriamente el presidente del Congreso, Fabián Alarcón (6 a 9 de febrero). Tras una confusa serie de hechos, entre ellos la previa designación de la vicepresidenta Rosalía Arteaga, y la resolución del Congreso de destituir a Bucaram “por insanía”, el diputado Fabián Alarcón fue designado otra vez Presidente provisorio. Arteaga se opuso a un supuesto acuerdo secreto entre políticos y militares en favor de Alarcón y, sin apoyo, renunció (fue Presidenta sólo por dos días) alegando ser víctima de una “conspiración machista”. El interinato de Alarcón se prolongó hasta agosto de 1998, sorteando un golpe en marzo de ese año y concluyendo su gestión en pugna con la Asamblea Constituyente y premiado con una decisión de un comité parlamentario que le favoreció sin pudor alguno, absolviéndolo de supuestos actos de corrupción. La cesantía de Bucaram, en 1997, fue la primera expresión explícita de una larga crisis política. Puso de manifiesto la incapacidad de los partidos y del sistema de partidos, su distanciamiento de los representados y, por ende, crisis de representación. En 1998 el país se dio una nueva Constitución y Jamil Mahuad Witt, un centrista (democristiano) aliado con la derecha liberal, fue elegido Presidente, quien asumió sin mayoría parlamentaria y en un contexto signado por la peor crisis económica de la historia ecuatoriana, las secuelas de la guerra con Perú, los ingentes daños producidos por la corriente de El Niño y la caída del precio del petróleo. Sus medidas para contrarrestar la crisis económica incluyeron la suspensión del pago de la deuda externa en bonos Brady y la dolarización, medida ésta que provocó un fuerte aumento de precios e inflación. Tras dieciocho meses de gobierno, en enero de 2000 Mahuad fue destituido por el Congreso, reemplazándolo el vicepresidente Gustavo Noboa, un bananero multimillonario del Partido Roldosista Ecuatoriano. El desenlace fue la culminación de otra secuencia de intrigas y episodios confusos. Entretanto, el movimiento indígena se había organizado políticamente en el partido Pachakutik (Nuevo Amanecer), el cual obtuvo, en las elecciones de mayo de 2000, el gobierno de 33 ayuntamientos. En las presidenciales de noviembre de 2002 fue aliado con la Sociedad Patriótica 21 de Enero para sostener la candidatura triunfante de Lucio Gutiérrez. Varios investigadores coinciden en considerar que el surgimiento de la protesta indígena tiene como antecedente inmediato la desestructuración del sistema de haciendas. En 1972 se constituyó, en la sierra, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) —autodefinida, en 1975, como organización “indígena, campesina y clasista” que procuraba la formación de un Estado socialista. En 1980 surgió la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía
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Ecuatoriana (CONFENIAE), en la Amazonía, y poco después el Consejo de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, convertido en 1986 en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), rápidamente devenida la organización más importante, con una intelectualidad propia y una dirigencia autónoma. La CONAIE definió a Ecuador como un país pluricultural, plurinacional y multilingüe y comenzó a hablar de “nacionalidades indígenas”. El 4 de junio de 1990 tuvo lugar el primer levantamiento de esta etapa, una formidable movilización de dos millones de indígenas (en un país, por entonces, con 10.265.000 habitantes) que abarcó todo el país, bloqueando carreteras y realizando marchas. El hecho sirvió, además, como decisivo cohesionador de muchas organizaciones hasta entonces dispersas, con escasas y esporádicas relaciones entre sí. El movimiento mostró a las bases presionando a sus dirigentes para que negociasen con el Estado la solución de sus problemas, situación que proyectó a dichos dirigentes al escenario político formal. El segundo acto fue la “Rebelión de Quito”, en enero de 2000, como parte de las movilizaciones contra Mahuad. El 21 de ese mes, miles de indígenas movilizados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ocuparon Quito y la mayoría de las capitales provinciales en pro de un conjunto de reivindicaciones y demandas. Las tropas movilizadas para reprimirlos dejaron hacer, pues la movilización contaba con la aquiescencia de parte del ejército, en particular el grupo liderado por coroneles aliados con la dirección de la CONAIE. Fueron ellos los responsables de la ocupación del Congreso y la posterior instalación del denominado “Parlamento del pueblo”. Empero, los coroneles cedieron la dirección del levantamiento al comandante de las Fuerzas Armadas, el general Carlos Mendoza, quien constituyó con Antonio Vargas, presidente de la confederación indígena, y Carlos Solórzano, ex presidente de la Corte Suprema, un triunvirato autoencargado de ejercer un “gobierno de salvación nacional”. Mientras se hacía efectiva la orden de desmovilización de los indígenas, Mendoza negociaba, a espaldas de los otros dos co-triunviros, una salida militar. Pero los gobiernos de la región, en particular el de los Estados Unidos, le hicieron saber que no reconocerían un gobierno de las Fuerzas Armadas y sólo admitirían una “salida constitucional”. Así, el general renunció a su cargo y encabezó un complot, en el que se entremezclaban políticos opositores y jefes militares, para favorecer al vicepresidente Noboa (otro hombre de la derecha). Éste juró rápidamente, los gobiernos del continente aplaudieron la salida o solución constitucional, los indígenas volvieron a mascar la bronca de la traición y proclamaron que la cuestión no había concluido. En febrero de 2001, la pusieron nuevamente en el tapete, obligando al gobierno de Noboa a unas negociaciones, tras dos semanas de protestas.—durante las cuales hubo cuatro muertos y decenas de heridos— contra las medidas económicas adoptadas en diciembre de 2001. Al cabo de aquellas, el gobierno accedió parcialmente a las demandas indígenas, rebajando el precio del gas de uso doméstico y la gasolina durante un
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año. Asimismo, se alcanzaron acuerdos preliminares en otras materias, pero la situación de fondo continuó siendo muy tensa. Tres meses después de concluir su mandato, Noboa fue acusado de malversación de fondos en ocasión de la negociación de la deuda externa, hecho que lo llevó al exilio para evitar la prisión (posteriormente regresó a Ecuador y, al final, le fue retirada la acusación). La primera “Rebelión de Quito”, en enero de 2000, profundizó la crisis política, en considerable medida como resultado de decisiones tomadas por el gobierno de Mahuad procurando salir de la crisis económica pero, sobre todo, salvar a los bancos y a banqueros corruptos. El congelamiento de los depósitos bancarios, en marzo de 1999, erosionó rápidamente la legitimidad del Presidente, quien “llegó a estar cercado por todos lados”, abandonado por casi toda una sociedad movilizada cotidianamente. La dolarización monetaria (supresión del sucre como moneda nacional y su reemplazo por el dólar estadounidense), el 9 de enero de 2000, si bien permitió un efímero repunte de la imagen del presidente, en rigor sólo funcionó a favor del capital”25. Los movimientos sociales ganaron la calle y la CONAIE levantó la consigna de salida de los tres Poderes del Estado, al tiempo que se establecieron Parlamentos del Pueblo en varias provincias. El 19 de enero, una masiva marcha indígena avanzó sobre Quito y virtualmente tomó la ciudad, ocupando, el 21, el Congreso y el Palacio de Justicia y anunciando la intención de tomar el de Gobierno. En ese momento intervinieron las Fuerzas Armadas26. Un número significativo de coroneles, oficiales y soldados se sumó espontáneamente al movimiento indígena y un grupo de aquellos permitió a algunos de estos la entrada al Palacio Legislativo, en cuya Sala del Congreso se constituyó una “Junta de Salvación Nacional” integrada por un militar, el coronel Lucio Gutiérrez, un dirigente indígena, Antonio Vargas, presidente de la CONAIE, y un político, el doctor Carlos Solórzano Constantine, un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia cuya designación fue resistida, en razón de sus antecedentes, por muchos sectores, al tiempo que “los oficiales jóvenes y de mandos medios se unieron al movimiento indígena. El Triunvirato, con la —para las clases dominantes— inquietante presencia de un indígena en el gobierno, no duró, empero, sino unas horas. Las Fuerzas Armadas forzaron al coronel Gutiérrez a dejar su puesto en favor del general Carlos Mendoza, Jefe del Comando Conjunto (noche del 21). En opinión de Juan Paz y Miño Cepeda, el ingreso de Mendoza parece haber respondido “a una estrategia del alto mando militar para recobrar su posición jerárquica y permitir la sucesión constitucional del gobierno”. Así, los jefes militares retiraron su apoyo a Mahuad y fletaron un avión para trasladar de Guayaquil a Quito al
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Paz y Miño Cepeda, Juan J., Golpe y contragolpe. La “Rebelión de Quito” del 21 de enero de 2000, Quito, Ediciones Abya-Yala, 2002, pp. 24-25. Sintomáticamente, las Fuerzas Armadas han actuado —desde 1979— como soporte y garante del orden constitucional, pero también como “última instancia” de decisión.
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Vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano, un católico practicante de misa diaria, quien asumió la presidencia del país, en las primeras horas de la mañana del 22, en el Ministerio de Defensa y ante los altos mandos militares. El Congreso se instaló en Guayaquil y declaró el abandono del cargo por Mahuad, ratificando la acción previa de Novoa Bejarano. Culminaba, así, una “cadena de “irregularidades” constitucionales: Alto Mando que quita su respaldo al Presidente de la República; Triunvirato efímero; Vicepresidente que asume el poder antes de que el Congreso examine la situación del Presidente; Jamil Mahuad que nunca renunció”27. Antonio Vargas y la CONAIE se opusieron y el coronel Gutiérrez fue detenido. Noboa gobernó aplicando políticas del Consenso de Washington. Los indígenas, inducidos por el nuevo gobierno, aceptaron iniciar negociaciones por sus demandas —disolución del Congreso, inmediata devolución de los fondos bancarios congelados, abolición de la dolarización, rechazo de las privatizaciones, libertad de los detenidos durante la jornada del 21 de enero y archivo de las causas, ratificación de la revocatoria de mandato de Mahuad y salida inmediata de cualquier fuerza militar extranjera operante en el país28—, proceso que llevó a la CONAIE a disminuir las mismas y, finalmente, a la frustración. Un año más tarde, en enero y febrero de 2001, se produjo la segunda “Rebelión de Quito”, otro levantamiento indígena de alcance nacional, con cierre de carreteras, movilizaciones rurales, bloqueo de ciudades y nueva toma de la capital del país. Pero a diferencia de enero de 2000, la respuesta gubernamental fue la apelación a la violencia: detención de Vargas y otros dirigentes y activistas indígenas de la CONAIE y otras organizaciones; bloqueo policial del edificio de la Universidad Politécnica Salesiana —en cuyas instalaciones se habían establecido los indígenas y sus familias—29 para que no pudiesen recibir víveres, asistencia médica u otro tipo de ayuda; persecución, maltratos y vejación de indígenas. La tensa situación se descomprimió con el comienzo de nuevas negociaciones entre el gobierno y los dirigentes indígenas, enmarcadas en “una estrategia gubernamental poco transparente, denunciada por los dirigentes indígenas como una sucesión de maniobras para incumplir aquello que en principio se llegó a acordar”30. En las elecciones presidenciales convocadas por el gobierno de Noboa se impuso, en el balotaje, el partido Sociedad Patriótica 21 de Enero, creado por Lucio Gutiérrez, con el apoyo del Pachakutik y organizaciones de izquierda. Al carecer de mayoría en el Congreso, Gutiérrez viró sus posiciones, abandonando a los mo-
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Paz y Miño Cepeda, Golpe y contragolpe, op. Cit, pp. 30-32. Esta demanda aludía a la entrega de la base aérea de Manta a fuerzas militares norteamericanas, en el marco del “Plan Colombia”. La concesión fue derogada por el gobierno de Rafael Correa. Cabe señalar que, en Ecuador los curas salesianos —como los jesuitas en Bolivia— desempeñaron un papel importante en la toma de conciencia indígena. Paz y Miño Cepeda, Golpe y contragolpe, op. cit., p. 59.
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vimientos sociales y la izquierda partidaria y aliándose con la derecha, mientras en el plano internacional —donde llegó a ser considerado “el Chávez ecuatoriano”— estrechó las relaciones con Colombia y Estados Unidos, países gobernados por los derechistas Álvaro Uribe Vélez y George W. Busch. Así, el hombre que llegó a la presidencia para renovar la política y sus organizaciones tradicionales y desprestigiadas, terminó gobernando con ellas. Pero no le alcanzó para construir una base firme. En diciembre de 2004 intentó remover a la Corte Suprema de Justicia y de reorganizar el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, donde el derechista Partido Social Cristiano tenía una posición mayoritaria. Los cambios institucionales —y las medidas derivadas de ellos, como la anulación de los juicios a los ex Presidentes Bucaram y Noboa Bejarano y el ex Vicepresidente Alberto Dahib, quienes regresaron de sus exilios, acciones leídas como consagración de la impunidad— incrementaron la oposición social y política a Gutiérrez. Las movilizaciones populares, incluyendo en ellas a la clase media quiteña, culminaron en las jornadas del 13 al 20 de abril de 2005, conocidas como la “Rebelión de los forajidos”, en reacción a las declaraciones de Gutiérrez, quien utilizó este calificativo para caracterizar a los manifestantes opositores. Éstos resignificaron la expresión y la asumieron positivamente. Como los argentinos en diciembre de 2001, los “forajidos” ecuatorianos levantaron la consigna ¡Que se vayan todos! Gutiérrez decretó el estado de sitio y el cese de la Corte Suprema de Justicia, la misma que él había modificado. Esta medida, lejos de calmar la situación la exacerbó, siendo leída como una inconstitucional injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial. La manifestación popular se dirigió hacia el Palacio de Gobierno y reclamó su renuncia, mientras las Fuerzas Armadas retiraron su apoyo. En la mañana del 20 de abril, el Congreso decidió, por mayoría simple —cuando constitucionalmente eran necesarios dos tercios de votos—, que el Presidente había hecho abandono del cargo y lo reemplazó por el Vicepresidente, Alfredo Palacio, disponiendo que ejerciese la presidencia hasta cumplir el mandato constitucional, en enero de 2007. Gutiérrez se exilió en Brasil. El pueblo siguió reclamando que se fueran todos. Palacio dio un giro a la orientación del gobierno, en particular en el campo de la economía, en el cual designó como ministro a Rafael Correa Delgado, un economista autodefinido como “humanista cristiano de izquierda”. Se formuló una política genéricamente antineoliberal y nacionalista, con incremento del gasto social y medidas a favor de la redistribución del ingreso y de la equidad social. En las elecciones de 2006, Rafael Correa Delgado, al frente de Alianza País (AP), se impuso, en segunda vuelta, sobre el candidato de la derecha, Álvaro Noboa Pontón, considerado el hombre más rico de Ecuador. Asumió la presidencia en enero de 2007. Correa se erigió como cabeza de un “movimiento” ciudadano (“revolución ciudadana”) y no de un partido, en claro rechazo de la partidocracia ecuatoriana, de la cual la población ya estaba harta y a la cual le había retirado por completo su confianza. Su principal apuesta fue la de conducir la Asamblea
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Constituyente. Con un Congreso mayoritariamente de derecha, opuesto firmemente a la reforma constitucional, Correa hizo efectiva su fuerte apuesta de instituir un cambio estructural, aunque el proceso no fue fácil. La Constitución de 1998 había sido el respaldo institucional para la transformación neoliberal del país: privatización de los servicios públicos y de los recursos naturales; mercantilización de la salud, de la educación y de la seguridad social, precarización laboral y aumento extremo de la pobreza. En este escenario, la propuesta de Correa y de la Constituyente fue la de refundar el Estado a través de cambios económicos, políticos y sociales claves. En abril de 2007, mediante consulta popular, el pueblo se manifestó abrumadoramente (82 por ciento) favorable a la reforma constitucional. La Asamblea se inauguró en noviembre de 2007, con una bancada oficialista ocupando 80 escaños, frente a 50 de la oposición. Con el control de la Asamblea por AP, la oposición apeló a una campaña a través de los medios de comunicación (que ella controla) para canalizar sus expresiones disidentes y descalificadoras del proceso en marcha. Con todo, el nuevo texto constitucional, cuando fue puesto a consideración de la ciudadanía fue refrendado, con el 64 por ciento de los votos, en septiembre de 2008. Inicialmente, el mandato de Correa debía concluir en enero de 2011, pero la Constitución de 2008 ordenó nuevas elecciones generales, las cuales se celebraron en abril de 2009. En esta ocasión, Correa ganó en primera vuelta, con el 52 por ciento de los votos. Los dos triunfos de Correa son parte del corolario del ciclo de movilización social que en 2005 destituyó de la presidencia al coronel Lucio Gutiérrez. En un balance del ciclo político inaugurado en 1979, Juan J. Paz y Miño Cepeda encuentra cuatro tensiones irresueltas que han operado negativamente en la construcción de la democracia: 1) el abismo existente entre pobreza y riqueza; 2) la contraposición de los modelos “estatal”, aplicado durante los decenios 1960 y 1970, y “empresarial”, impulsado por los neoliberales; 3) la contradicción entre los intereses regionales, seccionales y locales, por un lado, y el Estado, por el otro, en un contexto de agotamiento del históricamente dominante centralismo; 4) la oposición entre el interés nacional y los intereses privados de los bancos y los banqueros. Puede añadirse una quinta tensión, derivada de los “intentos hegemónicos del capital transnacional y ciertas políticas norteamericanas, como la que trata[ba] de involucrar abiertamente a Ecuador en el Plan Colombia”31. El historiador ecuatoriano entiende que las “Rebeliones de Quito” han sido expresión de “la búsqueda de democracia auténtica” y cierra su trabajo con una
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Paz y Miño Cepeda, Juan J., “Ecuador: democracia con tensiones, sociedad con desatenciones”, en Ansaldi, Waldo (director), La democracia en América Latina, un barco a la deriva, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007, pp. 306-308. Téngase presente que Paz y Miño Cepeda escribió su trabajo en 2005, antes de la elección de Rafael Correa como Presidente.
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conclusión inquietante y estimulante. Aunque él se refiere a Ecuador, puede ser extendida a otros casos latinoamericanos, pues no sólo Ecuador ha vivido un ciclo político caracterizado por una democracia con tensiones en una sociedad con desatenciones. Me permito citarlo extensamente. “Las ‘Rebeliones de Quito’, que condujeron a la salida de Bucaram, Mahuad y Gutiérrez, presidentes electos por votación popular, han planteado en América Latina la pregunta de si les será legítimo a los pueblos levantarse contra aquellos gobiernos que, aunque originados en elecciones, una vez llegados al poder hacen todo lo contrario a los ofrecimientos de campaña, responden a sectores minoritarios, desatienden las políticas sociales, desconstruyen la democracia y finalmente violan la Constitución. La ‘Rebelión de los forajidos’ hizo suyo el derecho ciudadano contra la dictadura y a favor de la constitucionalidad. Es necesario, pues, invertir los términos del análisis: no es la sociedad ecuatoriana la que a lo largo de su historia republicana ha manifestado una cultura política desfavorable a la democracia y al constitucionalismo, sino todo lo contrario. En distintas épocas y bajo diversas circunstancias históricas, lo que da sentido y orientación a la historia ecuatoriana, junto con la historia de las sociedades latinoamericanas, es el avance en la conquista del sentido de la democracia y de la construcción del constitucionalismo. Ese sentido y esa construcción movilizan a los sectores sociales que enfrentan a las clases que también procuran edificar y mantener su poder económico y político, aún a costa de la democracia y el constitucionalismo”32. El tercer caso que interesa destacar aquí es el de Bolivia Al igual que Ecuador, el país del Altiplano también pasó —desde 1982, cuando se derrumbó la dictadura militar— una etapa tanto de extensa continuidad del orden constitucional (inédita en su historia) cuanto de inestabilidad política, si bien menor que la ecuatoriana. El 10 de octubre de 1982, Hernán Siles Zuazo accedió a la presidencia escamoteada en 1979-1890. Su gestión llevó adelante un programa moderado de reformas, especialmente para atender la crítica situación de la economía, enfrentando movilizaciones obreras, campesinas y populares que presionaron sobre el gobierno y lograron que diversas leyes permitieran su intervención en la gestión económica de las empresas, en comités populares de abastecimientos alimentarios, de salud y de educación. La experiencia gubernamental de la Unidad Democrática y Popular (UDP) estuvo fuertemente condicionada por la crítica coyuntura económica (agravada por la previa depredación de los recursos públicos practicada por los militares), la movilización constante de la Central Obrera Boliviana (COB), algunos conatos militares golpistas y la fuerte oposición del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y de la Acción Democrática Nacionalista (ADN), del ex dictador Hugo
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Paz y Miño Cepeda, Juan J., “Ecuador: democracia con tensiones, sociedad con desatenciones”, op. cit., pp. 310-311; itálicas mías.
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Banzer. Aunque Siles Zuazo no concluyó su mandato, la continuidad institucional del país no se interrumpió, si bien discurrió con sobresaltos: hasta la asunción de Evo Morales, el país tuvo nueve presidentes, cuando debió tener seis33. Bolivia fue escenario de revueltas indígenas de envergadura, entre las cuales descuellan las encabezadas por José Gabriel Condorcanqui (Tupac Amaru) y Julián Apaza (Tupac Katari), en 1780-1782, y por Pablo Zárate, el terrible Willka, en 1899. En el siglo XX, entre otras, la sublevación de Somanta, en 1904, liderada por Santos Marka T’ula, (por la restitución de Tierra / Territorio de los Ayllus); la de Chayanta, en 1927, y la lucha por la República de Naciones y Pueblos Originarios, encabezada por Eduardo Nina Quispe, entre 1930 y 1933. Por lo demás, se sabe, proletarios mineros y campesinos fueron protagonistas centrales de la Revolución Nacional de 1952. En esa saga, la gestación de los nuevos movimientos sociales puede fecharse en 1986, con un fracaso en lo inmediato: la realización de la Marcha por la Vida y por la Paz, respuesta vana del sindicalismo minero —la columna vertebral de la Revolución de 1952 y sujeto social y político principal desde entonces— a la decisión del gobierno de Víctor Paz Estensoro (el mismo que había encabezado aquélla) de desnacionalizar la minería, terminar con la histórica Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y despedir a unos 20.000 trabajadores. Los mineros fueron “relocalizados”, asentándose en otros lugares del país —la mayoría en El Alto, ciudad contigua a La Paz, otros en el Chapare, donde se tornaron campesinos cocaleros, y los menos en el occidente— donde se organizaron e interactuaron con otros grupos sociales. El principal capital que llevaron y emplearon fue su experiencia sindical (proletaria, unos; campesina, otros), a partir de la cual reconstruyeron, o construyeron nuevas, redes sociales. Desde allí recuperaron la política y la iniciativa. El Alto, una ciudad que pasó de 307.000 habitantes en 1985 a casi 800.000 en 2005, se convirtió, dialécticamente, en ciudad emblemática de los efectos de las políticas neoliberales, tanto en su aspecto negativo, la migración forzada, cuanto en el positivo, la constitución de un nuevo sujeto social y político. A su vez, los indígenas de la Amazonia boliviana —más independientes del Estado y del movimiento obrero—, que estaban en lucha con empresas madereras, realizaron en 1990 una exitosa Marcha por el Territorio y la Dignidad: consiguieron que el Estado otorgara títulos de propiedad a los pueblos indígenas (más de dos millones de hectáreas) y, en 1996, por ley, el reconocimiento de
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Hernán Siles Zuazo (1982-1985); Víctor Paz Estenssoro (1985-1989); Jaime Paz Zamora (19891993); Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997); Hugo Banzer Suárez (1997-2001); Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002); nuevamente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003); Carlos Mesa Gisbert (2003-2005); Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006). Siles, como Raúl Alfonsín en Argentina, entregó el mando antes de completar su mandato. Banzer falleció en ejercicio.
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los derechos territoriales de los pueblos originarios. Siete de éstos lo obtuvieron durante el primer año, con una superficie de 2.800.000 hectáreas. También el histórico Altiplano se movilizó: lo hizo a partir de 2000, con la “Guerra del Agua”, en Cochabamba; los bloqueos aymaras, en 2001 y 2002, y las “Guerras del Gas”, en todo el país, en 2003 y 2005. De allí devinieron las dos prioridades que formuló el movimiento: la nacionalización de los recursos petrolíferos (el gas, en particular) y la convocatoria a Asamblea Constituyente para refundar el país sobre nuevas bases (la descolonización del Estado y la autorepresentación indígena). El petróleo y el gas fueron nacionalizados en boca de pozo por decreto del 1 de mayo de 2006. La refundación de Bolivia es un objetivo estratégico en un país donde casi el 70 por ciento de la población es indígena (en su mayoría, quechuas, aymaras y guaraníes). La “Guerra del Agua”, en abril de 2000, se inició como respuesta popular al desmedido aumento tarifario (hasta 300 por ciento) del servicio proveído por Aguas del Tunari, una empresa subsidiaria de la transnacional norteamericana Bechtel. Esa movilización permitió la formación de la Coordinadora de Defensa del Agua y al Vida, “una nueva forma de agregación social flexible y multisectorial, significativamente —o no por azar, como se prefiera— liderada por un dirigente obrero fabril, Oscar Olivera. Los cochabambinos lograron el primer triunfo popular tras un ciclo decenal de derrotas”34. Después vinieron los bloqueos de los aymaras, una formidable experiencia llevada adelante durante los años 2001 y 2002, con la conducción de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTB), con Felipe Quispe Huanca, su Secretario Ejecutivo, al frente. Dos son los significados destacables de este momento del conflicto: “la revitalización de las estructuras comunales y del discurso étnico-nacional indígena”, y la construcción de una formidable ‘maquinaria comunitaria-militar’ para cercar la ciudad de La Paz. Una y otra permitieron la expulsión del poder estatal de las comunidades —reemplazado por ‘un complejo sistema de autoridades comunales (cabildos, asambleas, comités de bloqueo, etc.)’— y enfrentar ‘a las fuerzas armadas del Estado por medio del traslado de la institución del trabajo comunal (turno, trabajo colectivo) al ámbito guerrero. Así emergió el cuartel general de O’lachaka como el estado mayor de las fuerzas armadas aymaras movilizadas y, en varios pueblos del altiplano, la policía fue expulsada y reemplazada, temporariamente, por “policías sindicales’”35. Este original componente militar no se lo encuentra en Ecuador (mucho menos en Argentina) y, al parecer, superó, al menos en su momento, al chiapaneco.
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Stefanoni, Pablo y Do Alto, Hervé, La revolución de Evo Morales. De la coca al palacio, Buenos Aires, Claves para Todos, Capital Intelectual, 2006, p. 24. Stefanoni y Do Alto, La revolución de Evo Morales, op. cit., pp. 24-25; itálicas mías.
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La “Guerra del Gas” fue la tercera gran acción de esta fase de movilización de los nuevos movimientos sociales bolivianos. Se inició como reacción a la medida gubernamental de exportar gas a México y Estados Unidos a través de puertos chilenos, la cual (1) disparó la protesta por enviar gas al extranjero, mientras la mayoría del pueblo boliviano carece de redes domiciliarias para utilizarlo; y (2) potenció el sentimiento nacionalista —caro a los bolivianos desde el trienio del “socialismo militar” (1936-1939), cuando se nacionalizaron los yacimientos petrolíferos controlados por la norteamericana Standard Oil, y, sobre todo, la Revolución de 1952—, en la doble vertiente antichilena (por la pérdida del litoral marítimo al cabo de la Guerra del Pacífico, 1879-1882) y antiyanqui (por su oposición al cultivo de la coca y su excesiva ingerencia en la política nacional). Rápidamente, de allí se pasó al cuestionamiento de la política neoliberal del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. El 19 de septiembre de 2003, un cabildo abierto en Cochabamba, del que participaron más de 40.000 personas, levantó las consignas de huelga general indefinida, bloqueo de caminos y resistencia civil en caso de no tener respuestas satisfactorias a sus demandas. Movilizaciones simulares se produjeron en otras ciudades de país, incluyendo a La Paz, donde fueron convocadas por la COB y el MAS. El asesinato de campesinos por fuerzas de seguridad provocó una escalada de violencia, pues los aymaras no vacilaron en responder, constituyendo, en Achacachi un “alto mando de la resistencia civil”, siguiendo el camino iniciado durante los dos años anteriores, culminando con la apelación “ahora sí, guerra civil”. En El Alto, las Juntas Vecinales —original institución para la resolución de conflictos entre vecinos— se sumaron a la protesta, decidiendo, el 8 de octubre, realizar un paro cívico. A su vez, los mineros de Huanuni avanzaron, a pie y en camiones, sobre La Paz, y los campesinos cocaleros de Yungas bloquearon caminos. La capital quedó aislada por completo, rodeadas por insurrectos. El gobierno, intentando romper el cerco, reprimió brutalmente (25 muertos), sin éxito en su propósito. Los sectores medios, e incluso acomodados, de La Paz y de otras ciudades se pusieron de lado de los contestatarios. Una masiva concentración popular en la Plaza de los Héroes, en la capital, terminó con el gobierno de Sánchez de Losada. El desenlace fue resultado de “una red contingente de centenares de agrupaciones de base y formas autónomas de organización”. La COB, aunque reapareció, estuvo lejos del protagonismo del pasado. A la cabeza estaban ahora las Juntas Vecinales y los sindicatos campesinos, cuya “capacidad de resistencia (…) se transformaría con rapidez en ofensiva política en el terreno institucional”36. El Presidente provisorio, Carlos Mesa debió gobernar sin el apoyo del Congreso, reducto de la vieja política, y con la desconfianza vigilante de las masas
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Stefanoni y Do Alto, La revolución de Evo Morales, op. cit., p. 77.
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populares, demandantes de la nacionalización de los hidrocarburos y de la convocatoria a Asamblea Constituyente (la llamada “agenda de octubre”). A su vez, la burguesía de Santa Cruz reclamó autonomía departamental. El gobierno no pudo o no supo resolver estos conflictos, los cuales se extendieron hasta provocar una crisis política que llevó a Mesa a presentar tres veces su renuncia, finalmente aceptada el 6 de junio de 2005. Tres días después, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Beltzé, asumió la presidencia de la República para llevar adelante un proceso electoral normalizador. Para los movimientos sociales, el resultado, dicen Stefanoni y Do Alto, fue empate: no lograron la nacionalización / impidieron el regreso de la vieja política. En un compromiso no escrito, Rodríguez acordó con la burguesía cruceña y los movimientos sociales la realización de elecciones generales el 18 de diciembre de 200537. Estas elecciones consagraron a la fórmula Evo Morales-Álvaro García Lineras, del Movimiento Al Socialismo (MAS), como Presidente y Vicepresidente, con un triunfo arrollador en la primera vuelta (53,7 por ciento de los votos). Se hicieron cargo en enero de 2006. En el discurso inaugural ante el Congreso Nacional Morales trazó cinco líneas centrales para su gestión: 1) la reforma de las estructura del Estado; 2) la recuperación del control estatal de los recursos naturales; 3) la refundación de Bolivia a través de la Asamblea Constituyente y del referéndum autonómico; 4) la modificación de la política de tierras y 5) políticas sociales para los sectores más deprimidos del país. Morales no tardó en hacer efectivas sus promesas electorales. El 1º de mayo —fecha simbólica— puso en marcha la recuperación de los recursos naturales por parte del Estado mediante un Decreto Supremo que obliga a las empresas petroleras a entregar la producción de hidrocarburos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa estatal dotada de la facultad de comercializar, definir condiciones, volúmenes y precios para los mercados externo e interno. También se obligó a las empresas extranjeras a firmar nuevos contratos para la exportación de hidrocarburos con aprobación del Congreso. Hasta entonces, el Estado era, constitucionalmente, propietario de los recursos en el subsuelo, mientras que cuando los mismos salían a la superficie la propiedad pasaba a las compañías extranjeras. Con la nueva política, el Estado recuperó la totalidad de la propiedad de los recursos gasíferos y petrolíferos, permitiendo a las empresas extranjeras continuar con la explotación, pero entregando al Estado lo producido, recibiendo una retribución por ello (entre 18 y 50 por ciento del valor del producto). Otra de las primeras medidas de su gobierno fue convocar a una elección para elegir los constituyentes, la cual se realizó mediante el procedimiento clásico, es decir, la ciudadanía debió elegir sus candidatos en listas presentadas por
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Stefanoni y Do Alto, La revolución de Evo Morales, op. cit., p. 91.
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los partidos políticos y no por los movimientos sociales, como éstos reclamaron en vano. La decisión no fue ni es una cuestión menor. Con una muy alta participación (84.4 por ciento), fueron ganadas holgadamente, el 2 de julio de 2006, por el MAS que, con el 51 por ciento de votos ratificó su condición de fuerza política mayoritaria, notoriamente en las áreas rurales. Logró 137 escaños (sobre 255), cifra que no le permitió alcanzar el objetivo de los dos tercios (170) necesarios para imponer sin negociaciones sus propuestas fundamentales. Es decir, puso al partido de gobierno en situación de negociación con la oposición. La derecha representada por el Poder Democrático y Social (Podemos) bajó su caudal electoral a 20,4 por ciento (contra 30 por ciento en las presidenciales) y obtuvo 60 bancas. La Constituyente fue convocada para refundar radicalmente el Estado Boliviano sobre la base del reconocimiento de la pluralidad étnica. También para definir la estrategia a seguir en dos cuestiones muy sensibles: el control de los recursos naturales, hidrocarburos y tierras y las nueve autonomías departamentales. El largo y muy conflictivo proceso constituyente, iniciado en agosto de 2006, concluyó entre diciembre de 2007 —cuando la Asamblea aprobó el texto de la nueva Constitución Política del Estado— y enero de 2009 cuando ella fue refrendada por el pueblo. En el ínterin, los militantes derechistas hostigaron continuamente a los asambleístas oficialistas, principalmente a los indígenas, campesinos y mujeres. La violencia fue tanto simbólica cuanto física, con una extrema carga de racismo explícito. Es que la derecha resistió la resolución de la Asamblea, en particular a través de los comités cívicos formados en los cuatro departamentos de la media luna. Ellos han sido y son la expresión organizada de la burguesía y los terratenientes y sus aliados de clase media, que —después de usufructuar secularmente del centralismo estatal— se han tornado autonomistas por razones étnicas y de clase. Estas razones son de carácter estructural (en el sentido gramsciano del término), es decir, de larga duración. Nunca han sido democráticos ni lo son ahora. Sus intereses siempre han sido antidemocráticos, antipopulares, antinacionales y fuertemente opositores a la justicia social y al reconocimiento de la condición indígena de la mayoría del pueblo. Siguen siendo, como siempre, opositores a la nacionalización de los recursos naturales y energéticos y a la reforma agraria favorable a los campesinos. Son fieles aliados del imperialismo norteamericano. Dos medidas de justicia social tomadas por el gobierno irritaron a esos sectores: el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Bono Juana Adurduy. El primero es un incentivo monetario de permanencia escolar, al que cada niño accede en beneficio de su familia al completar la educación anual en colegio (primer a octavo grados). La segunda es el pago, por el Estado, de una mensualidad a toda persona mayor de 60 años, jubilada o no, sea del campo o de la ciudad, para que pueda vivir con dignidad y tranquilidad hasta su muerte. El tercero beneficia a mujeres embarazadas. La irritación fue mayor aún porque la asignación de esos
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recursos a niños y ancianos —distribución y control— es realizada por el Estado y no por los departamentos o las prefecturas, quitándoles a éstas la posibilidad de desvío o manipulación de los fondos. Además, contando con la solidaridad de Cuba y Venezuela, el gobierno de Morales lanzó una intensa campaña alfabetizadora que, en su primera etapa, favoreció a casi 700.000 personas de comunidades, sindicatos, barrios y ciudades. Cuba, además, ha desempeñado un papel fundamental en la provisión de ayuda médica. La derecha se ha empeñado en una campaña xenófoba contra médicos y alfabetizadores de ambos países, a los cuales quiere expulsar del país. En una situación de crisis de la nación, el Estado y la sociedad civil, con un costo alto en vidas humanas y al borde de la guerra civil, el gobierno central se mantuvo escrupulosamente dentro de las reglas del juego democrático, sorteó todas las provocaciones y movilizó al pueblo, mientras la derecha no vaciló en saltar la línea de la legalidad, boicoteando las sesiones de la Constituyente, desconociendo la voluntad popular, realizando referendos separatistas ilegales, intentando el golpe de Estado, apelando al terror una y otra vez (práctica con incidencia en los referendos separatistas). Con el respaldo del pueblo y las Fuerzas Armadas y de seguridad sujetas al poder civil, el gobierno pudo dar un paso más en el proceso de la Revolución Democrática y Cultural y la construcción del capitalismo andino, como le denomina García Linera. Por haberse fortalecido, el gobierno se avino a negociar con la derecha los términos del referéndum constitucional, postergado un año por las maniobras de la derecha. En octubre de 2008, una masiva marcha (unas 100.000 personas) avanzó hasta La Paz, llegando hasta las puertas del Congreso, reclamando la realización del referéndum constitucional. Los legisladores debatieron durante doce días el texto aprobado en diciembre de 2007 y acordaron modificar 100 de los 411 artículos y convocar a elecciones generales en diciembre de 2009. El referéndum realizado el 25 de enero de 2008 tuvo un resultado holgadamente favorable al gobierno, es decir, al Sí a la nueva Constitución: 61,43 por ciento a nivel nacional. Los resultados por departamentos son elocuentes: el Sí triunfó en los departamentos del Altiplano: Potosí (80 por ciento), La Paz (78 por ciento), Oruro (74 por ciento), Cochabamba (65 por ciento) y Chuquisaca (51,5 por ciento). El No lo hizo en los departamentos de la llamada Media Luna: Beni (67 por ciento), Santa Cruz (65 por ciento), Pando (59 por ciento) y Tarija (57 por ciento). En las elecciones presidenciales de diciembre de 2009, el binomio MoralesLineras obtuvo 63 por ciento de los votos y el MAS logró la mayoría absoluta en ambas Cámaras, situación que seguramente ha de permitirle avanzar en los proyectos de ley para refundar Bolivia. Empero, la coyuntura todavía no está cerrada. La alianza de burgueses, terratenientes y sectores de clase media se niega a aceptar los resultados transparentes, inobjetables y categóricos de la ciudadanía, violentando las reglas de la democracia que tanto proclaman defender. El pueblo ha ganado el gobierno, ha construido una sólida mayoría para llevar adelante un proyecto transformador
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radical de nuevo tipo, pero todavía le falta conseguir el poder. Éste pertenece todavía, en gran medida, a las viejas clases dominantes, las cuales controlan la economía (la gran propiedad agraria, los bancos, el gran comercio, las fábricas) y casi todos los medios de comunicación, un instrumento de poder y dominación poderosísimo en el mundo actual (manipulación de la información, desinformación, campañas de miedo, etc.). Y, lo que es decisivo, todavía gobiernan en la región más rica del país, con sus enormes recursos naturales estratégicos (petróleo, gas, hierro). A la luz de los resultados de las elecciones de 2009, hay condiciones para que esta situación se modifique y, como decían los milicianos republicanos españoles, “la tortilla se vuelva”. Las elecciones locales de abril de 2010 serán un momento importante para ello. La Bolivia de la Revolución Democrática y Cultural, aun con toda la imprecisión de ésta, es un verdadero laboratorio político-social donde se pone a prueba la fuerza de las clases dominantes para resistir los cambios que afectan sus seculares privilegios y la fuerza de las clases populares para construir una sociedad menos desigual, más justa, más libre, más plural, más democrática. Estos tres destacados casos de crisis políticas en regímenes democráticos, de las cuales se salió sin cambio de régimen político, muestran, en Argentina, la continuidad de la democracia representativa, un retorno a la vieja política y una relegitimación de políticos y partidos repudiados durante la crisis, mientras en Bolivia y Ecuador se salió de ellas redefiniendo el régimen político diseñando una radicalización de la democracia.
UN CONSTITUCIONALISMO PLUSDEMOCRÁTICO Las Constituciones son, a la organización política del Estado, lo que el diseño y los planos de un arquitecto a la construcción de un edificio. Expresan la intencionalidad de sus autores respecto de cómo entienden que debe ser tal organización. Proyectan el país al que se aspira. Establecen la forma del Estado —monarquía o república, federal o centralizado—, los Poderes del Estado, quiénes y cómo los integran, sus respectivas atribuciones y competencias, etc. También, en la fundamental parte dogmática, como es común llamarla, los deberes y obligaciones del Estado y de los ciudadanos. Su estudio es importante, claro, pero ningún analista serio explicaría la historia de un país —en la corta o en la larga duración, en el tiempo pasado o en el tiempo presente— leyendo la Constitución que lo rige y/o rigieron. Mucho más útil es establecer la relación entre la premisa, esto es, lo que la Constitución establece, y las consecuencias, es decir, lo que el Estado, los gobiernos y la sociedad hacen respecto de lo que está mandado hacer, relación que, al menos en la historia de las sociedades latinoamericanas muestra frecuentes, largos desfases. Hago esta aclaración inicial por no tener una actitud fetichista respecto del dictum o del mandato constitucional, pero tampoco indiferencia por ello. No es una aclaración baladí cuando el objeto de análisis es América Latina, cuyos paí-
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ses tienen, desde 1801 —primera Constitución de la unificada isla de Sainte Domingue—, una larga y prolífica tradición en materia de aprobar Cartas Magnas. Ecuador y Venezuela, por ejemplo, han tenido más de veinte. En contraste, la colombiana de 1886 rigió hasta 1991; la argentina de 1853, hasta 1949 (si bien, violando la legalidad, la dictadura cívico-militar autodenominada “Revolución Libertadora” abolió ésta y restableció la primera), y la uruguaya de 1830, hasta 1918. Aquí me interesa destacar la importancia de las actuales Constituciones de las Repúblicas Bolivariana de Venezuela (1999), de Ecuador (2008) y de Bolivia (2008-2009), expresión de un nuevo constitucionalismo, que llamo plusdemocrático, en tanto formulan sustanciales proposiciones para profundizar la democracia, radicalizándola. La importancia de estas nuevas Cartas se hace más notable si se tiene en cuenta que a lo largo de la actual etapa democratizadora en América Latina (desde 1978 hasta hoy) todos los países ha reformado parcialmente o reemplazado sus respectivas Constituciones —y varias de ellas han reconocido explícitamente, aunque con diferencias de grado y/o de matices, los derechos de los pueblos originarios—, pero sólo esas tres (dejando de lado el caso de Cuba, que es de otra índole) tienen carácter fundacional de un nuevo régimen político democrático. En otra ocasión he escrito, y repito ahora: la democracia no se reduce a la observancia de un conjunto de libertades fundamentales: el problema fundamental de la democracia, como la de todo régimen político, es el poder: quién lo posee, detenta o ejerce, cómo lo ejerce y a favor de quién38. Es desde esta perspectiva que me interesa señalar algunas disposiciones que dichas nuevas Constituciones han establecido como premisas para instaurar regímenes políticos que vayan más allá de las democracias formales realmente existentes. Las Constituciones de Bolivia y Ecuador han optado por una organización unitaria descentralizada del Estado. En el primer caso, el artículo 1º define a Bolivia como “un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”, mientras en el segundo, también en el primer artículo se establece que “Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”. En cambio, la República Bolivariana de Venezuela se constituye, por el artículo 2, bajo la forma de “un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valo-
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Ansaldi, Waldo, “A mucho viento poca vela. Las condiciones sociohistóricas de la democracia en América Latina. Una introducción”, en Ansaldi, Waldo (director), La democracia en América Latina, un barco a la deriva, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 37.
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res superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. A diferencia de Bolivia y Ecuador, Venezuela ha elegido ser “un Estado Federal descentralizado” (artículo 4). Pero lo más importante de destacar, a los efectos que aquí importan, son las innovaciones en materia de concepción y ejercicio de la democracia. La Constitución de Bolivia establece, en el artículo 11, que el gobierno tiene “forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”, democracia que se ejerce mediante tres formas (las cuales serán desarrollada por leyes posteriores): “1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley. 2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a Ley. 3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley”. El ejercicio de la democracia directa permite a los ciudadanos presentar proyectos de ley e incluso de reforma de la Constitución. Una acotación: sin parangón en el mundo, la nueva Constitución boliviana define a los servicios básicos —agua, luz, teléfono— como un derecho humano y, por tal carácter, de propiedad pública intransferible al capital privado. La de Ecuador distingue, en el Título IV, dos formas de participación ciudadana: la individual y la colectiva. “La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria”, dispone el artículo 95. Se establece también la participación ciudadana mediante “audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía” (artículo 100). La cuarta sección del mismo título estatuye la democracia directa, incluyendo la revocatoria de mandato de las autoridades elegidas por voto popular, la iniciativa popular (artículo 103), la consulta popular (artículos 103, 104 y 105). El Presidente venezolano Hugo Chávez suele invocar la propuesta de establecer una democracia revolucionaria, aunque ésta —al igual que otra propuesta, la del socialismo del siglo XX— nunca ha sido bien precisada. Empero, la lectura de la Constitución de 1999 y su observancia permiten encontrar aspectos sustanciales de ella, en particular los referidos a la ampliación de derechos, de la participación y del protagonismo popular, materia de los artículos 62, 63, 67 y 70. El último define los “medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos
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y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridades”. Las nuevas Constituciones establecen en Bolivia una democracia participativa, representativa y comunitaria, y en Ecuador una representativa, directa y comunitaria, mientras la de República Bolivariana de Venezuela no adjetiva calificativamente al sustantivo democracia mas, en cambio, adjetiva al sustantivo Estado con el calificativo democrático. El nuevo Estado venezolano es definido como “un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (artículo 2)39. Cabe acotar que en los casos boliviano y ecuatoriano no todo es innovación o novedad. En Bolivia, en 2002 se aprobó una reforma constitucional que incluyó el referéndum (utilizado en cuatro ocasiones entre 2004 y 2008) y la iniciativa legislativa. En Ecuador, la Constitución de 1978, con la cual se rigió la transición, ya incluía el referéndum y la iniciativa legislativa, mientras la de 1998 incorporó la revocatoria de mandatos. No obstante, como bien ha acotado Cintia Pinillos, en Ecuador, el referéndum fue aplicado en varias ocasiones, mas no ocurrió lo mismo con la revocatoria de mandato, aun cuando hubo crisis (como en los casos a los que he aludido antes) en los que bien podría haberse utilizado. Notablemente, la resolución de las crisis mostró la preferencia por la acción del Congreso y/o por la acción directa40. Las Constituciones de Bolivia y Ecuador son demasiado recientes como para extraer alguna conclusión, ni siquiera provisoria. Su observancia recién podrá ser evaluada dentro de algunos años. La de Venezuela, en cambio, ya lleva una década, de modo que en su caso sí es posible extraer algunas conclusiones. Hay ya varios casos en los cuales se aplicó la revocatoria de mandatos, tanto para interrumpir cuanto para confirmar el de autoridades (oficialistas y opositoras) elegidas por voto popular. El propio Presidente Chávez fue objeto de una iniciativa de revocatoria, propiciada por la oposición, la cual fue rechazada mayorita-
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Agradezco a Cintia Pinillos, alumna de mi curso en el Doctorado en Ciencia Política, de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), haberme llamado la atención sobre este punto. Las observaciones de Pinillos que cito fueron formuladas en ocasión del desarrollo del curso, no constan hasta ahora en un texto édito. Véase: Kornblith, Miriam, “Democracia directa y revocatoria de mandato en Venezuela”; Mayorga Fernando, “Democracia participativa en Bolivia: representación, legitimidad y proceso político decisional”; Pachano, Simón, “Democracia directa en Ecuador” y Romero Ballivián, Salvador, “Democracia directa en Bolivia”, en Lissidini, Alicia; Welp, Yanina y Zovatto, Daniel, Democracia directa en América Latina, Buenos Aires, Prometeo, 2008.
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riamente. Pero también se constatan dificultades para lograr la internalización y la efectiva práctica de las nuevas e innovadoras formas de democracia. En los tres casos, si las preceptivas de las nuevas y radicales Constituciones se cumplen, sin duda se avanzará en un genuino proceso de radicalización de la democracia, de superar las realmente existentes, de en suma, construir más democracia. Las tres han puesto sobre el tapete una construcción de la democracia que discute la idea del liberalismo político como el único referente normativo de la democracia.
SOCIEDADES DESIGUALES Y FRAGMENTADAS Ya se sabe —y no deja de repetirse— que América Latina no es el continente más pobre del mundo sino el más desigual. Se trata de una situación que comenzó a perfilarse hacia los años 1950 y que desde entonces no ha cesado de crecer. En el contexto de la guerra fría y, por ende, en la creciente exacerbación de la lucha ideológica entre capitalismo y comunismo, los ideólogos partidarios del primero pergeñaron la teoría de la modernización. El punto de partida fue la constatación del rezago —el subdesarrollo— de las economías de los países del Tercer Mundo, en particular, las latinoamericanas, en las cuales era apreciable el fracaso de las políticas de industrialización sustitutiva de importaciones. Esa apreciación, del campo de la economía, escondía el verdadero trasfondo, del campo de la política: la presunción de que tales países podían volcarse al comunismo y su rápido modelo de desarrollo industrial. La teoría de la modernización era una teoría dualista. Según ella, existían dos tipos de sociedades, las tradicionales y las modernas. Las primeras se caracterizaban por ser estructuralmente agrarias —tanto por la primacía de la economía rural, cuanto por la mayor concentración demográfica en el campo—, socialmente estratificadas y con escasa movilidad social, fuerte componente religioso en la vida cotidiana, y lazos sociales predominantemente emotivos y afectivos. Estas características eran consideradas obstáculos para desarrollar un mercado capitalista. Las segundas, en cambio, eran industrializadas, secularizadas, con movilidad social y relaciones impersonales y neutras y mercado capitalista. Ambas sociedades eran concebidas como, en alguna medida independiente la una de la otra, cada una con su dinámica propia, aunque vinculadas necesariamente entre sí. La teoría de la modernización preconizaba la necesidad de impulsar, en los países del Tercer Mundo, el pasaje de la sociedad tradicional a la moderna, de modo que alcanzasen el estadio del desarrollo económico y social, en algunas variantes de la teoría considerado condición necesaria para establecer un régimen político democrático. Para tal pasaje, las sociedades tradicionales debían modificar profundamente sus valores y sus estructuras sociales, cambios que abarcaban un arco más que amplio, desde la familia hasta el Estado.
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En el plano de la economía, la proposición más conocida fue la de las etapas elaborada por Walt W. Rostow en su libro The Stages of Economic Growth (1960), cuyo subtitulo, como se ha repetido tantas veces, era todo una definición: “Un manifiesto no comunista”. A su juicio, la historia de la humanidad mostraba la sucesión de cinco categorías de sociedad: tradicional, precondiciones para el despegue (transición), despegue hacia un crecimiento autosostenido, camino hacia la madurez y etapa de alto consumo. El punto nodal que debían alcanzar los países subdesarrollados era el del take off, el del despegue. La teoría de Rostow fue acremente criticada por su determinismo y eurocentrismo, entre otras falencias. La teoría de la modernización destacó la necesidad de la intervención central del Estado para realizar el proceso de modernización. No cualquier Estado, sino uno fuerte y estable. O, como diría, Samuel Huntington, gobiernos autocráticos. En América Latina, la teoría de la modernización tuvo una original formulación en la Comisión Económica de América Latina (CEPAL), para la cual el subdesarrollo de la región era consecuencia de la relación centro-periferia y su superación era el desarrollo, el cual se basaba en la industrialización. Pero desarrollo e industrialización eran parte del pasaje de las sociedades tradicionales, agrarias, a las sociedades modernas. Este pasaje era la modernización, un proceso continuo de superación creciente de valores, actitudes, etc., resumido a veces en la expresión secularización, donde la otra característica era la racionalidad de los cambios y de los nuevos valores socioculturales. Más aún, tanto en Gino Germani como en José Medina Echavarría y en Raúl Prebisch, la modernización era concebida como un proceso susceptible de planificación, a efectos de facilitar en tiempo y costos tal tránsito. Planificar la transición era potenciar el papel del Estado como sujeto principal del cambio social. Pero a diferencia de Huntington, ellos pensaban en gobiernos democráticos, aunque al final de su vida Germani sostenía que la democracia no era un logro específico de la modernización. Germani señalaba que, claramente, había “varios modelos de sociedad industrial y varios modelos de transición”. Más aún, los cambios eran asincrónicos y esa asincronía era múltiple (geográfica, institucional, en los diferentes grupos sociales, motivacional). “Los veinte países latinoamericanos se encuentran en distintas fases de transición y en ese sentido reflejan el dualismo característico derivado de la coexistencia de diferentes sistemas de estratificación”41. Así, una certeza campeaba en los trabajos de quienes sustentaban la teoría de la modernización: las sociedades latinoamericanas eran estructuralmente duales, es decir, coexistían en ellas elementos o sociedades “tradicionales” con las “modernas”, si bien la tendencia era a la absorción de las primeras por las segundas.
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Germani, Gino, Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas, Buenos Aires, Paidós, 1966, págs. 80 y 164.
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No era la primera vez que en América Latina se planteaba la cuestión de la dualidad estructural de sus sociedades. El argentino Domingo Faustino Sarmiento ya la había planteado, en el siglo XIX, en términos de oposición entre “civilización” (urbana) y “barbarie” rural, siendo contradicho por su compatriota Juan Bautista Alberdi, para quien la “civilización” no se encontraba en las ciudades sino en el campo, pues era allí donde se producía la riqueza del país. Esa dicotomía campo-ciudad estaba por entonces, con diferencias de grado y/o de matices, reconocidas por distintos pensadores. Se la encuentra, por ejemplo, ya en los tempranos escritos de Karl Marx, tanto en los suyos como en los elaborados con Friedrich Engels. No abandonó esa distinción en sus obras posteriores. Así, en el capítulo XII del tomo I de El Capital, Marx considera a la separación entre campo y ciudad la base de todo régimen de división del trabajo, antagonismo que, a su juicio, resumía la dinámica de toda la historia económica de la sociedad. Por cierto, en la tradición marxista siempre se sostuvo una posición cuestionadora de la homogeneidad de las sociedades, particularmente las capitalistas, alcanzando su elaboración más explícita en la ley del desarrollo desigual y combinado, expresada por León Trotsky en su análisis de la Revolución Rusa. En el caso latinoamericano, también fue muy destacada la influencia del geógrafo francés Jacques Lambert, con su libro Le Brésil. Structures sociales et institutions politiques (A. Colin, Paris, 1953), que el Ministerio de Educación y Cultura del país sudamericano editó en portugués en 1959, con ligeras correcciones respecto de la edición original y retitulado Os dois Brasís. Lambert sostuvo el carácter dual de la sociedad brasileña, en la cual encontraba diferentes y contrastantes niveles y modos de vida que evolucionaban a ritmos distintos. Por un lado, el Brasil rural, arcaico, aislado, y en cual encontraba todavía “la marca del siglo XVI”. Por el otro, el Brasil urbano, adelantando, socialmente menos jerárquico y más complejo, adelantado, del cual el mejor ejemplo era São Paulo. En contraste con Europa occidental y los nuevos países anglosajones, donde la “civilización industrial” se había desarrollado progresivamente, en Brasil la misma era el resultado de una brutal importación. Demográficamente, la sociedad rural y tradicional era mucho más populosa que la moderna (entre 60 a 70 y 40 a 30 por ciento, respectivamente). Esta caracterización dualista de Brasil generó la por mucho tiempo célebre definición de Brasil como Belindia, un sustantivo inventado para dar cuenta de una realidad que contenía una sociedad como la de Bélgica y otra como la de India. Lambert creía que su modelo dualista podía aplicarse a los otros países latinoamericanos, con excepción de Argentina y Uruguay. De hecho, la noción de sociedades duales impactó fuertemente en las ciencias sociales de los años 1960, y no fueron pocos los que adhirieron a ella, a veces con matices, como en los casos del ítalo-argentino Gino Germani y el uruguayo Carlos Rama. Pero no tardaron en formularse fuertes y sólidas objeciones. La polémica se dio en diferentes terrenos disciplinarios economía, historiografía, sociología—, a partir de las pre-
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misas planteadas por los partidarios del dualismo. En la saga de Lambert, éstos sostenían que la sociedad tradicional, agraria y estancada, se había originado en el período colonial y conservaba importantes elementos socio-culturales modelados en aquel entonces; sus cambios eran lentos y escasos y, por añadidura, impuestos desde fuera de ella por la sociedad moderna (urbana, industrializada, dinámica, progresista, en desarrollo), con la cual coexistía dentro del perímetro de cada país. Una interpretación más elaborada planteaba la cuestión en términos de sociedades duales feudal-capitalista; la primera de ellas era el locus del conservadurismo social y político, de los terratenientes, oligarcas, caudillos…; la segunda, el del progresismo de los sectores modernos, como la burguesía nacional, las clases medias y el proletariado industrial urbano. La tarea política era terminar con el feudalismo y desarrollar un capitalismo progresista, tarea que competía a los empresarios burgueses nacionales (diferenciados de los burgueses que eran expresión de los intereses del capital extranjero, a los cuales estaban aliados) o, en algunas interpretaciones tributarias de la de John J. Johnson (en La transformación política de América Latina), por las clases medias urbanas. En términos políticos: la solución pasaba por la revolución democrático-burguesa, propuesta que fue rechazada por quienes entendían que las sociedades latinoamericanas no eran duales, eran capitalistas dependientes y no contaban con una burguesía nacional con intereses diferenciados y términos antagónicos con los del imperialismo; en esta hipótesis, no había posibilidad de una revolución burguesa ni de desarrollo capitalista: la solución era la revolución socialista. En lo que todos (o casi todos) coincidían era en que el desarrollo era más un problema político que económico. El debate sobre el carácter de la conquista y la colonización española y lusitana —feudal o capitalista— era parte del núcleo duro de la discusión teórica, historiográfica y política. Tempranamente (en 1949 y 1952), Sergio Bagú planteó la hipótesis del carácter capitalista de la misma, abriendo la trilla del pensamiento crítico latinoamericano, cuyas manifestaciones más altas se alcanzarán en los años 1960 y 1970. Este pensamiento crítico tenía un importante, incluso fuerte, componente marxista (tanto el de la Vulgata stalinista cuanto el no dogmático), pero no era exclusivamente marxista. De hecho, había una pluralidad de teorías y de categorías analíticas y hasta —cuando todavía no se escribía amucho acerca de ello— hibridaciones disciplinarias y teóricas. Fueron precisamente científicos sociales críticos los que arremetieron contra las tesis dualistas a lo Lambert. De las varias que se formularon, aquí recordaré, por razones de espacio, sólo tres: las de Rodolfo Stavenhagen, Francisco de Oliveira y Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto. La virulencia de la disputa ideológica en el interior del marxismo ocluyó el rescate del pensamiento de León Trotsky por parte de quienes no eran trotskistas ni querían ser tildados de tales. Pero, de hecho, a veces explícitamente, pero la mayoría implícitamente, es claro que se pensaba en los términos de la ley del desarrollo desigual y combinado. En pocas palabras, lo sustancial de esta ley,
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que algunos prefieren llamar teoría, estriba en la consideración de las sociedades capitalistas como no homogéneas, existiendo en el interior de ellas distintos modos y formas de producción (por ende, distintas relaciones sociales), de los cuales alguno predomina sobre los otros, pero siempre de manera combinada, en “una amalgama de formas arcaicas y modernas” (para utilizar las palabras del propio Trotsky). La ley enfatiza el carácter internacional del desarrollo capitalista, el cual combina, al igual que en el interior de cada sociedad, formas de producción más avanzadas con formas más atrasadas. Un corolario de esa combinación era la constitución de burguesías débiles y proletariados explosivos en los países subdesarrollados o “atrasados”, de donde la proposición política del papel de la clase obrera para ser dirección de la revolución, tarea que el campesinado, pese a su importancia, no podía asumir. Según la ley, los países “atrasados” no tienen que repetir necesariamente los procesos y etapas que experimentaron los países desarrollados: pueden avanzar a saltos, incorporando los últimos avances científicos y tecnológicos de los países capitalistas más desarrollados. Todas las llamadas “industrializaciones tardías” del siglo XIX lo ejemplifican históricamente. No obstante, una situación como ésta —que Thorstein Veblen, primero, León Trotsky, luego, y Alexander Gerschenkron, más tarde, llamaron el privilegio o la ventaja del atraso— conlleva la necesidad de una economía de escala mayor o, lo que es igual, un mercado más desarrollado. Al mismo tiempo, el uso de esas técnicas avanzadas —cuyo grado prácticamente es similar al de los países que las producen—, tiende a frenar el estímulo continuo de las innovaciones que habían generado aquellas técnicas. Una situación tal limita el desarrollo de la industria pesada, cuyos requerimientos de capital son mucho mayores; concatenadamente, este freno retrasa la acción progresiva del desarrollo técnico sobre las inversiones, lo que lleva a una política industrial (y de equipamiento) confiada a la importación de maquinaria y tecnología y descarta un desarrollo autónomo. Vale decir, el aprovechamiento de las facilidades que da la “ventaja del atraso” está condicionado por una serie de elementos coyunturales y estructurales, y no es garantía de que se produzca inevitablemente un gran salto (big spurt, como dice Gerschenkron) adelante, según el esquema de éste. Se sabe que, mirando en perspectiva histórica, en el largo plazo (por lo menos secular), el proceso de crecimiento económico globalmente considerado (incluyendo en él al industrial) aparece como un ritmo discontinuo: acelerado, estable, desacelerado, incluso regresivo. Al mismo tiempo, no se trata de procesos equilibrados, sino de movimientos comandados coyunturalmente por distintos sectores de punta (leadings sectors). El resultado fue, en América Latina, una industrialización tardía, limitada, frágil, escasamente competitiva y dependiente. Pero, a diferencia de Alemania, Estados Unidos y Japón, las “industrializaciones tardías” del siglo XIX paradigmáticas, las de América Latina —entre las cuales la de Argentina fue la más temprana— se encontraron limitadas por los cambios experimentados por el capitalismo a principios del siglo XX. Para ese entonces, la combinación de acumulación de capital
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en las economías desarrolladas y de acumulación originaria en las “atrasadas” se modificó de modo tal que la primera de ellas ocluyó la posibilidad de que la segunda pudiese generar procesos de desarrollo autónomos. Las relaciones de dependencia establecieron mecanismos que permitieron, bajo diferentes medios (financieros, comerciales, industriales), aumentar la transferencia del plusvalor generado en los dependientes a los países desarrollados, particularmente los imperialistas. Como señalara Rosa Luxemburg, la tendencia interna del capitalismo a extenderse a todo el planeta, desplazando a las otras formas de producción, llevó a que todas las economías se conformaran de igual modo y se articularan en una gran economía capitalista mundial. La pequeña industria, la artesanía y la pequeña producción campesina fueron desplazadas a un nivel inferior. El comercio mundial y la conquista ocupación colonial fueron los medios decisivos para esa mundialización del capitalismo. América Latina —a diferencia de Asía, Oceanía y, sobre todo, África, continentes sometidos a una brutal colonización— se insertó en esa economía-mundo capitalista en situación de dependencia. Así, modos y formas de producción capitalistas, semi-capitalistas y no-capitalistas (o pre-capitalistas, como suele decirse) se articularon de manera yuxtapuesta, combinada, en un gran proceso que impulsó las diferencias (la dualidad), y con ellas la desigualdad, en cada uno de los países individualmente considerados (según sectores y regiones) y en la escala planetaria. La teoría de las ventajas comparativas sirvió de fundamento a una división internacional que ocluyó la posibilidad de las economías latinoamericanas de desarrollarse autónomamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, el deterioro de los términos del intercambio y la brecha tecnológica fueron manifestaciones harto visibles de esa oclusión. El gran sociólogo brasileño Florestan Fernandes definió con aguda precisión la culminación del proceso de incorporación de las economías latinoamericanas a la economía-mundo capitalista, a fines del siglo XIX: simultánea modernización de lo arcaico y arcaización de lo moderno. Como puede apreciarse, la dualidad a la que se refiere el materialismo histórico no es la misma de Lambert y otros. La influyente explicación elaborada por el geógrafo francés para analizar las sociedades latinoamericanas —generadora de un conjunto de proposiciones fundamentales sobre las sociedades de la región— fue objeto como apunté antes, de la crítica incisiva de varios científicos sociales latinoamericanos. Uno de los mayores de esos críticos fue el mexicano Rodolfo Stavenhagen, en sus “Siete tesis erróneas sobre América Latina” (cuya primera versión fue publicada en El Día, diario mexicano, en junio de 1965), un texto que será celebérrimo. La primera tesis que Stavenhagen rechazaba era, precisamente, la de las sociedades duales. Las tesis siguientes eran: 2) “El progreso en América Latina se producirá por la difusión de los productos industriales en las zonas atrasadas, arcaicas y tradicionales”. 3) “La existencia de zonas atrasadas, tradicionales y arcaicas constituyen un obstáculo para la formación de un mercado interno y
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para el desarrollo de un capitalismo progresista y nacional”. 4) “La burguesía nacional tiene interés en quebrar el poder y el dominio de la oligarquía terrateniente”. 5) “El desarrollo latinoamericano es obra y creación de una clase media nacionalista, progresista, emprendedora y dinámica, y los objetivos de la política social y económica de los gobiernos latinoamericanos deben consistir en estimular la “movilidad social” y el desarrollo de sus clases”. 6) “La integración nacional en América Latina es el producto de la mezcla de razas”, y 7) “El progreso en América Latina sólo se producirá por medio de una alianza entre los obreros y los campesinos, como consecuencia de la identidad de intereses de las dos clases”42. Aquí me detendré sólo en la primera tesis. El argumento central de Stavenhagen para refutarla era que las diferencias efectivamente existentes entre las áreas rurales y urbanas no autorizaban el empleo del concepto sociedad dual por dos razones principales. “Primero, las relaciones entre las regiones y grupos “arcaicos” o “feudales” y los “modernos” o “capitalistas” representan el funcionamiento de una sola sociedad unificada cuyos dos polos son parte integrante de la misma; y segundo, estos dos polos se originan en el transcurso de un solo proceso histórico”. Stavenhagen sostenía que esos dos polos —las supuestas “sociedades” de los dualistas— eran el resultado de un largo proceso iniciado con la conquista y colonización de América. A lo largo de él, ciertas regiones se desarrollaron más que otras merced al empleo de fuerza de trabajo barata proporcionada por las regiones atrasadas. Éstas, además, eran exportadoras de materias primas tanto hacia las regiones desarrolladas del propio país (a los centros urbanos) como hacia el exterior. Las segundas, a su vez, extraían de las primeras, que operaban como un hinterland atrasado, los elementos que les permitía su propio desarrollo. Las condiciones que algunos consideraban “feudales” habían respondido a las necesidades de las metrópolis coloniales (España y Portugal) y de las elites locales (difícilmente definibles como feudales). De hecho, las relaciones establecidas entre las metrópolis y sus colonias, se repitieron en el interior de éstas, de modo tal que “las regiones atrasadas, subdesarrolladas, de nuestros países han representado siempre el papel de colonias internas en relación con los centros urbanos en desarrollo o con las zonas agrícolas productivas. Y para evitar la idea errónea de que en los países latinoamericanos funcionan dos (o más) sistemas sociales y económicos independientes, nos proponemos describir la situación en términos de colonialismo interno, y no en términos de “sociedades duales”43.
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Stavenhagen, Rodolfo, “Siete falacias sobre América Latina”, en Petras, James y Zeitlin, Maurice, (compiladores), América Latina: ¿reforma o revolución?, Buenos Aires, Editorial Tiempo Contemporáneo, tomo I, pp. 15-31. Stavenhagen, Rodolfo, “Siete falacias sobre América Latina”, op. cit., págs. 17 y 19; itálicas del autor.
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Así, la teoría del colonialismo interno, anticipada por Stavenhagen, fue una derivación de la crítica al dualismo. Cupo a su compatriota Pablo González Casanova desarrollarla más sofisticadamente. El colonialismo era concebido como un fenómeno no sólo internacional, sino también intranacional. En palabras de González Casanova: “El colonialismo interno corresponde a una estructura de relaciones sociales de dominio y explotación entre grupos culturales heterogéneos, distintos, (…) La estructura colonial y el colonialismo interno se distinguen de la estructura de clases, porque no son sólo una relación de dominio y explotación de los trabajadores por los propietarios de los bienes de producción y sus colaboradores, sino una relación de dominio y explotación de una población (con sus distintas clases, propietarios y trabajadores) por otra población que también tiene distintas clases (propietarios y trabajadores)”44. A su vez, el brasileño Francisco de Oliveira, polemizando con el enfoque dicotómico cepalino, también recordó que la polaridad de la oposición formal entre un sector atrasado y otro moderno carecía de originalidad, por ser un tipo de dualidad pasible de encontrar en casi todos los sistemas y en casi todos los períodos históricos. En el proceso histórico, acotaba, podía constatarse una simbiosis, una unidad de conceptos opuestos en la cual el sector considerado “moderno” crecía y se alimentaba del sector llamado “atrasado”. El enfoque cepalino, que consideraba al subdesarrollo como una etapa transitoria hacia formas más avanzadas —es decir, el desarrollo—, olvidaba lo más importante: que el subdesarrollo era, precisamente, un producto de la expansión del capitalismo y, más aún, una formación capitalista y no una mera etapa histórica45. Las insuficiencias de las diversas explicaciones que sobre América Latina se formularon a mediados del siglo XX, llevaron no sólo a la crítica de la teoría de las sociedades duales sino que generaron crecientes esfuerzos por elaborar teorías más consistentes. La hipótesis del colonialismo interno fue una de ellas, pero fuera de algún impacto inmediato, no tuvo demasiados adeptos. El momento de viraje se produjo a mediados de los años sesenta, cuando la asociación intelectual entre dos sociólogos —uno brasileño y otro chileno— que se desempeñaban como docentes e investigadores en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), dependiente de la CEPAL, y mantenían un intenso diálogo con economistas, planificadores y otros científicos sociales (entre los cuales varios brasileños, exiliados tras la instauración de la dictadura en su país, en 1964), produjo en 1966-1967 la primera versión de una nueva interpretación de la naturaleza social y política de los problemas de desarrollo de la región. El texto original tuvo inicialmente una circulación restringida a especialistas, hasta que en 1969 Siglo Veintiuno Editores publicó en México
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González Casanova, Pablo, Sociología de la explotación, México DF, Siglo XXI Editores, 1969, particularmente pp. 221-250. Oliveira, Francisco de, “A economia brasileira: crítica à razão dualista”, Estudos CEBRAP, 2, São Paulo, outubro 1972, pp. 4-82.
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la primera edición de Dependencia y desarrollo en América Latina. Ensayo de interpretación sociológica, un libro fundador, rápidamente convertido en clásico y de lectura obligada para todo quien tuviese, en la región y fuera de ella, interés en comprender qué era América Latina y por qué era como era. La intención de sus autores fue “reconsiderar los problemas del “desarrollo económico” a partir de una perspectiva e interpretación que insiste en la naturaleza política de los procesos de transformación económica” y al mismo tiempo “demostrar que la referencia a las “situaciones históricas” en las que se dan las transformaciones económicas es esencial pan la comprensión del significado de tales transformaciones, así como para el análisis de sus límites estructurales y de las condiciones que las hacen posibles”46. El estimulante libro de Cardoso y Enzo Faletto abrió varias líneas de análisis teórico-metodológicas y empíricas. La primera singularidad de Dependencia y Desarrollo fue la de ser un libro sobre el desarrollo económico, que era objeto de interpretación sociológica desde una perspectiva que potenciaba el análisis histórico y el carácter político. Lo fundamental de su análisis, escribieron más tarde los autores, se encontraba en “la relación de las luchas políticas entre grupos y clases, por un lado, y la historia de las estructuras políticas de dominación, internas y externas, por otro. De este modo, nos interesa menos catalogar los acontecimientos que inquirir, a través de ellos, acerca del sentido de las relaciones estructurales básicas y acerca de las fases de desarrollo de éstas en su doble determinación: al nivel interno de los sistemas locales de dominación y en su relación con el orden internacional. Los procesos políticos y económicos aparecen en esta última como si fuesen la expresión de una lucha entre Estados-Naciones pero envuelven también conflictos entre grupos y clases sociales”47. Según Cardoso y Faletto, la dependencia es la forma de articulación entre los intereses de las clases sociales dominantes de América Latina y los intereses de las clases sociales de los países dominantes. Ese postulado es decisivo para entender el proceso de constitución de las sociedades y las economías latinoamericanas, en buena medida porque permite explicar la dependencia no como una mera acción del imperialismo, sino como una acción asociada de intereses entre éste y las clases dominantes locales. En palabras de los propios autores: “En un análisis concreto de situaciones concretas, el problema a plantear sería: ¿cómo se da la relación entre Estado y nación desde el punto de vista de las alianzas e intereses de clase, que en el plano interno de cada país y en el plano internacional constituyen la sustancia del proceso histórico de desarrollo económico?”48. Dicho en otros términos, la opción elegida por las clases dominantes de la región
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48
Cardoso, Fernando Henrique y Faletto, Enzo, Dependencia y desarrollo en América Latina, México DF, Siglo XXI Editores, 24ª edición, 1990, p. 161. En un texto escrito en 1976: “Post Scriptum” a las ediciones en inglés y alemán y a la 14ª edición (corregida y aumentada) en español de Dependencia y Desarrollo. En op. cit., p. 167. Cardoso y Faletto, Dependencia y desarrollo en América Latin, op. cit., p. 193.
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fue consolidar una tipo de relación que, fundada en la división internacional del trabajo, le permitía (le permite), en condición de socia menor del imperialismo y en una situación de dependencia, mantener su carácter de clase socialmente dominante a escala de cada país, al precio de renunciar a un proyecto nacional. Los estudios de situación de dependencia —o de teoría de la dependencia, para otros— pueden complementarse con los basados en la ley del desarrollo desigual y combinado, permitiendo un análisis de la economía-mundo como una totalidad que unifica y combina diferentes formas y modos de producción, de modernidad y de atraso. La tendencia histórica reciente muestra que la desigualdad resultante de ese proceso se ha acrecentado tanto en el interior de cada sociedad cuanto en el plano planetario. La llamada crisis de los paradigmas llevó a muchos científicos sociales a abandonar el estudio de las sociedades latinoamericanas en términos de dependencia. Se argumentó sobre las debilidades de la teoría —no sobre los méritos— y en lugar de superarlas se ocluyó un instrumento analítico de valor notable, especialmente para dar cuenta de los profundos cambios producidos en el interior del capitalismo como economía-mundo (y de los capitalismos latinoamericanos en particular), a lo largo de los casi cincuenta años que median entre la formulación inicial de la teoría y un presente dominado por un sistema mundial de reproducción de las desigualdades. Pese a ese retroceso en el pensamiento y en las ciencias sociales latinoamericanas representado por el retorno a la vieja práctica del colonialismo cultural —que se había superado en las décadas de 1960 y 1970—, es decir el tratar de explicar a las sociedades de la región mediante teorías elaboradas en los países desarrolladas y traducidas al idioma vernáculo (para decirlo con viejas palabras de Sergio Bagú), vuelven a soplar vientos de renovación y búsquedas originales que no nieguen los aportes externos pero que tampoco sean reverencias inhibitorias49. Respecto de la cuestión que aquí nos ocupa, bueno es señalar las reflexiones de Rodolfo Stavenhagen en 1997, tres décadas después de sus célebres “tesis erróneas”. Reflexionando sobre ellas, el antropólogo mexicano acotaba que la crítica a la teoría de las sociedades duales había postulado, como alternativa —esto es, como vimos, que las regiones “atrasadas” eran, simultáneamente resultado del desarrollo dependiente y de las estructuras de explotación y dominación generadas por el sistema mundial durante los períodos colonial y poscolonial— había resultado simplista. “En realidad, el proceso de cambio de las últimas décadas ha producido una fragmentación y diversificación creciente de las sociedades latinoamericanas. Lo moderno no solamente convive con lo arcaico o tradicional, sino la modernización misma (para usar un concepto poco satis-
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Véase: Varios autores, Crítica y teoría en el pensamiento social latinoamericano, Buenos Aires, CLACSO, 2006.
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factorio pero ampliamente aceptado) adquiere visos múltiples y heterogéneos, como resultado del proceso desigual de globalización y flexibilización económica. En el polo contrario, la marginación, la exclusión, el desarrollo del subdesarrollo (otro terminajo de los sesenta) no constituye simplemente un submundo homogéneo desechable (y como diría Cardoso años después, ya ni siquiera explotable), sino más bien un conjunto de mundos y espacios (así como de identidades) fragmentados e híbridos, que se articulan de manera diversa con la modernidad. Es por ello que no puede ya hablarse sencillamente de la “economía informal”, sino más bien de redes de relaciones económicas en diversos niveles, entrelazadas entre sí y enraizadas en las estructuras sociales v culturales multiformes de nuestros países”50.
CRISIS DEL MODELO ISI, AJUSTE ESTRUCTURAL Y RÉGIMEN DE APARTHEID SOCIAL En América Latina —donde no se desarrollaron experiencias como las del Welfare State europeo surgido del “consenso keynesiano” y/o de las estrategias socialdemócratas y socialcristianas y donde, en el mejor de los casos, se dieron Estados de Compromiso Social o Protectores—, la crisis de las políticas distribucionistas y desarrollistas, acentuada a comienzos de los años 1970, fue expresión del agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y coincidió con la crisis del Estado Social en los países capitalistas centrales, es decir, con la crisis del patrón de acumulación dominante hasta ese momento. Adicionalmente, y como componente importante, se expandieron formas militarizadas de hacer política que presionaron con intensidad variada sobre el sistema político, el cual también soportó (sporta aún) la presión de las grandes corporaciones multinacionales, expresión de la formidable expansión creciente de la transnacionalización de las relaciones económicas. Las Fuerzas Armadas de la región se constituyeron en los “aprendices de brujos” más calificados y más siniestros de la “teoría” de la ingobernabilidad por exceso de democracia. Las dictaduras institucionales y doctrinarias de aquéllas —a diferencia del antiguo patrón de la dictadura autocrática y personal de algún jefe o caudillo militar (Ubico, Somoza, Trujillo, Batista, Pérez Jiménez)— se sucedieron tras sendos golpes militares en Uruguay (1973), Chile (1973), Argentina (1976), Bolivia (1971 y 1980). Esos casos constituyeron parte de la historia de hiperconcentración de fuerza represiva para “reducir la complejidad” de los problemas de ingobernabilidad de sistemas políticos más o menos democráticos. Se sumaron a situaciones previas y largamente persistentes en Paraguay (desde 1954) y Brasil (desde 1964) y a la frustrada “Revolución Argentina” (1966-1973). Todas ellas fueron dictadu-
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Stavenhagen, Rodolfo, “Treinta años después”, Análisis Político, nº 31, Bogotá, mayo-agosto 1997, p. 21.
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ras institucionales de las Fuerzas Armadas, fundadas en los principios de la doctrina de la seguridad nacional y fuertemente orientadas a terminar en las políticas populistas, de hecho más peligrosas para las clases dominantes que la esgrimida “amenaza comunista”. Las más brutales —las de Guatemala, Argentina y Chile, en ese orden— estatuyeron, adicionalmente, Estados Terroristas de Seguridad Nacional. El modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, comenzó a gestarse en las primeras décadas del siglo XX (en Argentina en las dos últimas del XIX) y tendió a afirmarse en la de 1930, como respuesta a la gran crisis estructural de capitalismo, y cobró mayor impulso a partir de la segunda posguerra. Dos elementos distintivos del modelo fueron piezas fundamentales de su funcionamiento: el capital extranjero (inversiones directas) y la intervención del Estado (proteccionismo, creación de empresas públicas, etc.). El resultado de su aplicación fue el crecimiento acelerado del producto industrial, y con él la modificación de la estructura social, el incremento de la urbanización y una redistribución positiva de los ingresos medios de la población. Los límites del propio proceso de crecimiento industrial tornaron dificultosa la continuidad del modelo a largo plazo. Al respecto, suelen destacarse los siguientes rasgos: elevada heterogeneidad del sistema productivo (favorecedor de la concentración económica, particularmente por la vía del progreso técnico incorporado por las empresas transnacionales); desequilibrio externo creciente (en el que incidía el aumento de las importaciones de bienes de equipo e intermedios y el deterioro de los precios de los productos primarios de exportación); regresividad de la distribución del ingreso (baja de salarios, afirmación de un patrón de consumo excluyente y, con una y otra, límites a la expansión del mercado interno); déficits fiscales crecientes (por inversiones estatales en infraestructura, empresas y servicios sociales, y por deficiencias en los sistemas tributarios). Además, el modelo no logró el pasaje a la producción de bienes de capital, no pudo vincular firmemente el crecimiento industrial con el agrícola, continuó dependiendo económicamente del sector externo, no logró niveles de competitividad favorables para sus productos industriales en el mercado mundial y, finalmente, se reveló incapaz de generar pleno empleo (la no absorción productiva de fuerza de trabajo se tradujo, obviamente, en desempleo y/o subempleo). La generalización de las carencias sociales —más allá de alguna recuperación— durante los sesenta y comienzos de los setenta generó un incremento de las tensiones y movilizaciones sociales y políticas, a veces tratadas de canalizar mediante modificaciones en el modelo introducidas por parte de algunos gobiernos, otras veces expresadas bajo diferentes formas de violencia. Una y otra vía resultaron estériles. El modelo sustitutivo de importaciones fue objeto de fuertes ataques, particularmente en el aspecto de la intervención estatal y en el del tipo de industrialización. Se impuso, en su reemplazo, el modelo neoliberal, centrado en el papel subsidiario del Estado —limitado a la condición de garante de la libertad del Mercado, nuevo ídolo—, la privatización de empresas del sector público, la apertura de la
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economía (en los sectores productivo, comercial y financiero) y la reasignación de los factores productivos procurando aprovechar las ventajas comparativas que brindarían los recursos naturales de cada país. El modelo neoliberal comenzó a imponerse, por la vía de las dictaduras militares, a mediados de los años 1970, con la cobertura ideológica de la Doctrina de la Seguridad Nacional y de las teorías neoliberales sustentadas, entre otros, por Friedrich Hayek, Milton Friedman, Ludwig van Mises y Gerhard Ritter. En términos concretos, esas teorías dieron lugar a un nuevo patrón de acumulación, cuyas líneas de acción se expresaron en el denominado, por John Williamson, Consenso de Washington. El mismo se funda en una estrategia de estabilización económica definida por el gobierno estadounidense, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con el objetivo, según sus propulsores, de reducir el “tamaño” del Estado mediante la privatización (desestatización) de empresas y servicios públicos, terminar con el déficit fiscal y abrir los mercados nacionales con el objetivo de acrecentar inversiones de capital externo que posibiliten un mayor crecimiento económico. Más específicamente, la estrategia del Consenso de Washington define diez principios de política económica aplicables mediante “paquetes” de recomendaciones políticas en tres materias: reformas macroeconómicas, reformas en el régimen de comercio exterior y fomento del desarrollo del sector privado de la economía. En el plano macroeconómico se encuentran la reforma y el disciplinamiento fiscales, la racionalización y el control del gasto público, la liberación financiera. En cuanto al régimen de comercio exterior, se propone la liberación de las importaciones, la eliminación de subsidios a industrias no competitivas, la reducción de tarifas aduaneras y la liberación de la tasa de cambio o, en su defecto, su fijación en una banda competitiva. Finalmente, en la tercera de las materias, se apunta a favorecer al sector privado mediante la desestatización o privatización, como se prefiera, el establecimiento de garantías a los derechos de propiedad privada, la desregulación y la captación de inversiones financieras directas51. La aplicación de las medidas de ajuste estructural, como también suele llamárseles, produjo efectos mucho más negativos que los del deterioro del modelo desarrollista. Fueron, incluso, siniestros. Produjo en las sociedades latinoamericanas una brutal fragmentación social, traducida en ruptura de los lazos de solidaridad y exacerbación de las desigualdades sociales. A mayor intensidad y profundidad de esa aplicación, mayores fueron los efectos Tanto, como para poder decir que ha generado un régimen de apartheid social, toda vez que su consecuencia y manifestación más visible es la segregación socioeconómica y cultural de grandes mayorías demográficas. Este apartheid social opera en dos
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Esta apretada síntesis de los contenidos nodales del llamado Consenso de Washington es tributaria de la realizada por Eduardo Bustelo Graffigna, director de la UNICEF en Argentina, en la “Presentación” del libro de Alberto Minujin, Desigualdad y exclusión. Desafíos para la política social en la Argentina de fin de siglo, Buenos Aires, UNICEF/Losada, 1993, p. 7.
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registros entrelazados: el de cada una de nuestras sociedades, consideradas en su dialéctica interna, y el del mundo globalizado. En uno y otro, las distancias que existen entre hombres y mujeres ubicados en diferentes planos de la pirámide social se han tornado crecientemente mayores. En el terreno económico, político, social y cultural se dieron: mayor concentración de la propiedad, del ingreso y de la riqueza (ricos cada vez más ricos, pobres cada vez más pobres y más numerosos), dominio del componente especulativo de las economías (incluso del comportamiento económico individual), reforzamiento del poder del capital extranjero productivo y financiero, destrucción de porciones significativas del sector industrial, incremento de las desigualdades sociales, disminución de los niveles y calidades de vida y de consumo, aumento del desempleo, subempleo y de la informalización de la economía, socavamiento de las redes de solidaridad social, despolitización, primacía de la privacidad, generalización del miedo como elemento de la cotidianeidad, prácticas terroristas de Estado, ataque a los principios de representación política vía partidos-Parlamento y a los de emancipación social, cercenamiento de toda expresión pública de productos derivados de la libertad de expresión… En el plano interno, las políticas de ajuste provocaron: depresión de los niveles de ingreso, reducción del nivel de vida de sectores mayoritarios de nuestras sociedades —reflejado en la pérdida del valor adquisitivo del salario de los ocupados, incremento del desempleo y del subempleo, caída de las asignaciones estatales en los rubros salud, educación, vivienda, previsión social; fuerte caída de los coeficientes de inversión, dificultando la reestructuración de las actividades productivas en un contexto de incremento de los niveles de competitividad a nivel mundial; estancamiento o contracción de los ingresos públicos debido al triple impacto del pago del servicio de la deuda, de la reducción de las actividades económicas y de disminución de las importaciones, lo que jibarizó los servicios sociales, la demanda interna y el proceso de formación de capital. Mediante tales políticas, la mayoría de las sociedades latinoamericanas se modificó sustancialmente. El desmantelamiento del Estado Protector alteró la distribución cuantitativa de las clases y la propia composición de cada una de ellas, incluyendo las dimensiones materiales, culturales, simbólicas, políticas. También los cambios operados en el propio Estado —un cambio en su forma, no en su matriz de clase— y en las relaciones entre él y la sociedad. El Estado mínimo se batió en retirada precisamente en aquellas áreas donde su precedente había obtenido algunos logros nada desdeñables: en el de la integración social de vastas masas excluidas de la ciudadanía social y en algunos casos incluso de la ciudadanía política. La exclusión social de importantes sectores de la sociedad fue, entonces, un resultado particularmente visible de las políticas de ajuste. Sus resultados todavía se sienten terminando la primera década del siglo XXI. Según la CEPAL, en el documento Transformación productiva con equidad, marzo 1990, económicamente el decenio de 1980 fue definido como una “década perdida” para América
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Latina. A fines de 1989, el producto real por habitante de la región era igual al de 1976 (en algunos países incluso menor). En conjunto, el crecimiento del PBI regional arroja, entre 1981 y 1989, un resultado negativo: —8.3 por ciento, siendo particularmente significativo el hecho de que los seis países exportadores de petróleo acusaron índices negativos, como también las cuatro grandes economías (Argentina, Brasil, México, Venezuela), de las cuales dos eran y son exportadoras de petróleo. El ajuste fue regresivo y provocó deterioro social, produciéndose el mayor costo (de modo desproporcionado) entre los trabajadores y los sectores de ingresos medios, por una parte, y la masa de desocupados y subempleados, por otra, condenados a pagar el grueso de los sacrificios provocados por la combinación de estancamiento con inflación.
LAS CIFRAS DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL La característica central de las políticas de ajuste es la brutal desigualdad de los costos sociales que provocan, su intrínseca injusticia en materia de redistribución de ingresos, amén del modo en que se los utiliza, el incremento de la pobreza y, más grave aún, de la desigualdad. Al concluir la “década perdida” de 1980, cuando tales políticas no se habían generalizado, el Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, del Banco Mundial, señalaba: “En ninguna región del mundo en desarrollo los contrastes entre la pobreza y la riqueza son tan notables [como en América Latina]. A pesar de ingresos per cápita que son en promedio cinco o seis veces mayores que los de Asia Meridional y África al sur del Sahara, casi una quinta parte de la población latinoamericana sigue viviendo en estado de pobreza y esto se debe a un grado excepcionalmente elevado de desigualdad en la distribución del ingreso”. Si se considera que la población de la región era por entonces de unos 450 millones de habitantes, un quinto significan 90 millones de personas. Siendo dramática ésta cifra, ella era conservadora y parecía optimista frente a las del PREALC, para quien el número de latinoamericanos que vivían en situación de pobreza crítica había pasado de 120 a 170 millones de personas entre 1982 y 1987 (¡más del 40 por ciento en apenas un quinquenio!). Otras estimaciones indicaban que los pobres sumaban, en 1990, 196 millones (46 por ciento de la población), de los cuales 93 millones vivían en la indigencia. La dramaticidad de las cifras se acentúa cuando se tiene en cuenta que el incremento de la pobreza superaba largamente las previsiones. En efecto, a fines de la década de 1970, la CEPAL calculaba que al cerrarse el siglo, el año 2000, habría en América Latina un total de 170 millones de personas en condición de pobreza crítica. Como acaba de señalarse, se alcanzó y sobrepasó esa cota quince años antes. El cuadro siguiente ilustra al respecto.
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DEMOCRACIA Y APARTHEID SOCIAL EN SOCIEDADES FRAGMENTADAS
AMÉRICA LATINA; EVOLUCIÓN Y COBERTURA DE LA POBREZA, 1970-1990 (Porcentaje de la población y millones de personas) 1970
1980
1986
1990
Personas (millones)
113
136
170
196
Pobreza %
40
41
43
46
Personas (millones)
54
62
81
93
Indigencia %
19
19
21
22
Fuente: Roberto P. Guimaraes, “El desarrollo social. Obstáculos y opciones”, en Notas de Prensa, Comisión Sudamericana de Paz, Santiago, Chile, julio-septiembre de 1994, p. 3. Los datos corresponden a 19 países y se basan en publicaciones de la CEPAL y del PNUD: Magnitud de la pobreza en América Latina en los años ochenta, Santiago de Chile, agosto de 1991, El perfil de la pobreza en América Latina a comienzo de los años 90, Santiago de Chile, 1992, preparadas por la primera, y ¿Se puede superar la pobreza? Realidad y perspectivas en América Latina, Santiago de Chile, 1992, por el segundo.
La situación de pobreza crítica genera complejos “circuitos de supervivencia” que combinan estrategias diversas, a menudo entremezcladas, como en el caso de las familias rurales andinas, que trabajan en la economía campesina —sea legal y/o ilegal— y en la formal y/o informal urbanas, en algunos casos incluso adoptando formas asociativas o cooperativas, aunque más frecuentemente tienen carácter individual o bien familiar. Otras veces, la “salida” es la práctica de actividades delictivas, desde el robo de alimentos hasta la vinculación con grupos criminales organizados. Puede señalarse, rápidamente, que el sector informal y la marginalidad no constituyen categorías sociográficas homogéneas. Esto es de fundamental importancia (y lo es mucho más en sociedades históricamente con altos índices de urbanización e hiperconcentración en sus capitales), pues resalta el carácter estructural que ha alcanzado la marginalidad social. En este sentido, los datos del PREALC son muy elocuentes: entre 1980 y 1985, la población económicamente activa informal acusó una tasa de incremento de 6.8 por ciento, la desocupación una de 7.4 a 11.4 por ciento, mientras el sector formal privado sólo creció 1.2 por ciento en igual período. Además, sector informal y pobreza tendían a coincidir: así, 46 por ciento de los pobres urbanos eran trabajadores informales, 19 por ciento, desocupados y 37 por ciento trabajadores del sector formal de la economía. Más aún: por cada nuevo trabajador formal aparecían tres informales52. Un dato muy significativo es que la informalidad laboral, la desocupación y el subempleo (la marginalidad en su conjunto) fue (y es) un espacio creciente-
52
Véase: PREALC, Ajuste, empleo e ingresos. Informe final de la V Conferencia del PREALC, Santiago de Chile, 1987.
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EL NARCOTRÁFICO Y LA DEMORACIA EN AMÉRICA LATINA
mente ocupado por migrantes recientes, jóvenes y mujeres, personas con bajo nivel educativo, ex trabajadores industriales e incluso, como se apreció en Argentina, sectores pauperizados de clase media urbana. Todos ellos coincidían en un aspecto pesimista y dramático: la inexistencia de futuro. Algunas estrategias propuestas en relación al papel del sector informal destacan un supuesto factor dinamizador de éste, algo así como una versión moderna (y degradada) de la figura del empresario innovador, sea que adopte una forma individual o la de las promocionadas “microempresas”. Al respecto, parece difícil sostener seriamente políticas fundadas en tales concepciones. Independientemente de cualquiera otra consideración, un límite seguramente infranqueable es la contracción de la demanda de los bienes y servicios que puede ofrecer el sector informal —obvio, en razón de la continuidad y profundización de la crisis— y el incremento de la competencia en la oferta de los mismos —por el flujo de nuevas incorporaciones al sector. En el mejor de los casos, la perspectiva es apenas la supervivencia para crecientes sectores de la sociedad. Franqueado este límite, el único territorio posible de explorar es la anomia, la violencia bajo sus diversas formas, la desintegración social. Dentro de los marcos del propio sistema, no se produjeron, durante los años 1990, estrategias gubernamentales dirigidas a mantener la integración social y, al mismo tiempo, fortalecer políticas de gobernabilidad democrática, no reducible a meras disposiciones administrativas más o menos efectivas. Las políticas de ajuste tienden a mostrar una faceta que bordea lo siniestro: no sólo se redujeron (se reducen) dramáticamente las partidas presupuestarias destinadas a atender demandas sociales generalmente satisfechas por el Estado de Compromiso, sino que incluso el Estado tendió a desatenderse de la suerte de los beneficiarios de ellas. Por contrapartida, la desatención estatal en materia de las necesidades (tutelares, sociales, públicas) en salud, educación, vivienda, previsión social, se tradujo en un reforzamiento de la atención de necesidades públicas más tradicionales, particularmente la seguridad interior. La opción por la seguridad interior significa adoptar medidas conducentes al control social. Como acaba de decirse, en las décadas de 1970 y 1980, millones de latinoamericanos se tornaron pobres y/o más pobres y por añadidura han sido objeto de mayor desatención por el Estado y librados a la ventura. Así, las partidas para salud y educación, dentro del presupuesto total de los gobiernos centrales, han descendido en la mayoría de los países de la región entre 1970 y 1985, caída acentuada en el decenio siguiente. La retirada estatal del campo de la solidaridad social llegó, incluso, a los casos de protección a refugiados políticos. Así, la internacionalización de la guerra en Centroamérica generó desplazamientos de población entre países, los cuales fueron atendidos por la comunidad internacional, la que brindó protección a los afectados. Pero no ocurrió lo mismo en el caso de los desplazados internos, especialmente en Colombia (donde todavía subsiste) y Perú. En estos países, las respectivas situaciones de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas (en
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ambos casos, como en el de Guatemala, en los niveles más altos de violaciones a los derechos humanos) y grupos insurgentes y/o narcotraficantes provocaron un fuerte desplazamiento de población campesina o rural. Sólo en 1994, los desplazados internos fueron 600.000 en Perú y 300.000 en Colombia. Todos ellos fueron excluidos de las formas de protección usualmente utilizadas con los refugiados internacionales. En un informe de ese año puede leerse: “La policía y los escuadrones militares hacen operativos en los barrios pobres. Las desapariciones, el abuso sexual, los asesinatos, las detenciones arbitrarias y los robos son la práctica normal durante estos operativos. Los miembros de Sendero Luminoso, por su parte, hostigan con frecuencia y abusan de la población que abandona las áreas de su influencia, acusándolos de “traidores” y “cobardes”. En Colombia, los paramilitares, con obvio apoyo de agentes de inteligencia gubernamentales, han seguido, amenazado y asesinado a campesinos desplazados que han buscado refugio en las grandes ciudades. Este tipo de agresión destruye incluso los lugares más o menos seguros en las áreas urbanas”. Por añadidura, “las políticas del Pentágono alimentan las estrategias que derivan en crímenes de lesa humanidad y desplazamiento de inocentes civiles, en países como Colombia”, a pesar de las afirmaciones del gobierno el entonces presidente Bill Clinton sobre los derechos humanos como fundamento de la política exterior norteamericana53. Un efecto adicional nada despreciable de estos desplazamientos internos, amén de la inestabilidad económica, es la pérdida de la identidad social y cultural. La discriminación étnica —dentro de la cual debe incluirse la imposibilidad de mantener su propio idioma, como sucede con los desplazados quechua hablantes en Perú y los maya hablantes en Guatemala— va invariablemente asociada a dicho proceso.
EL MODELO DE SOCIEDAD EXCLUYENTE COMO OBSTÁCULO A LA DEMOCRACIA En los procesos latinoamericanos de transición de la dictadura a la democracia las demandas políticas subordinaron, de manera jerárquica, a todas las demás. Según el chileno Eugenio Tironi, la transición debe entenderse “un momento político que requiere de una (momentánea) desarticulación entre lo político y lo social. Tal ruptura, sin embargo, sólo aparece posible a condición de que también se rompa el imaginario político latinoamericano, que confunde democracia (noción que alude al campo político institucional) con democratización (noción que alude, en cambio, al campo socio-económico). (…) La cuestión de la rearticulación entre democracia y democratización, entre el campo político
53
Véase: “Violencia política y desplazamiento interno en Colombia y Perú: una emergencia internacional”, Reporte de Derechos Humanos, Vol. 1, nº 8, ILSA, Bogotá, mayo de 1994; las citas, en págs. 1-2 y 9.
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EL NARCOTRÁFICO Y LA DEMORACIA EN AMÉRICA LATINA
y el social, entre partidos y movimientos sociales quedaría entonces como un problema propio de la etapa de consolidación democrática”54.” Ahora bien, ¿qué sucede con tal rearticulación bajo los regímenes democráticos? La cuestión es compleja y sobre todo crucial, particularmente cuando gobiernos democráticos optan por políticas de ajuste. En esta fase, a diferencia de la anterior, la prelación jerárquica es la de las demandas económicas y sociales (empleo, educación, salud), sin desmedro de las de carácter ético (la lucha contra la corrupción). Algunos procesos del pasaje de dictadura a democracia, al menos después de una primera fase de intervención activa, relegaron a planos secundarios el papel de los partidos políticos como mediadores y articuladores entre la sociedad civil y la sociedad política y el Estado. Simultánea y simétricamente se intensificaron y robustecieron los mecanismos de funcionamiento cupular: fortalecimiento del Poder Ejecutivo en desmedro del Legislativo, preferencia por los procedimientos corporativos (que son excluyentes en materia de representación de intereses) de instrumentos de formación de políticas, de organización de las demandas y de elaboración de las decisiones. Es decir, se produjo una concentración del poder en un espacio económico, político y social muy reducido; en la práctica, negadora de una efectiva y real democratización del poder político. Una de las respuestas posibles a esta situación fue la aparición y eventual proliferación de la autonomización de las acciones sociales, que tendieron (y tienden) a expresarse al margen de las instituciones estatales y de los partidos políticos; sus manifestaciones más visibles son el sector informal urbano, la marginalidad, el incremento de la violencia urbana y hasta la opción por formas participativas extrasistema (como en los casos de Sendero Luminoso y del narcotráfico). O bien, cuando se expresó a través del sistema político vía elecciones, optando por candidatos aparentemente ajenos a él, como en los casos de Fernando Collor de Mello y Alberto Fujimori, en Brasil y Perú; respectivamente, pero no sucedió del mismo modo en países con sistema político más sólido, como en Chile y Uruguay. En su conjunto, la situación es francamente perversa, pues tanto el consolidar la democracia política cuanto (muy en particular) el avance hacia la democratización requieren que se reafirme un sistema político incluyente, de una activa, general y extensible movilización y participación de la sociedad. Pero, por otra parte, la aplicación de políticas de ajuste es socialmente excluyente. Fernando Calderón y Mario dos Santos plantearon muy bien esta situación al resumir, en veinte tesis, los resultados de una investigación regional sobre un nuevo orden estatal55. En la cuarta tesis —referida al inicio de un nuevo ciclo histórico
54
55
Tironi, Eugenio, “Marginalidad, movimientos sociales y democracia”, Proposiciones, n 14, Santiago de Chile, agosto de 1987, p. 17. Calderón, Fernando y dos Santos, Mario R., “Hacia un nuevo orden estatal en América Latina. Veinte tesis sociopolíticas y un corolario de cierre”, Cuadernos del Claeh, Año 15, nº 54, Montevideo, octubre de 1990, pp. 79-111 (hay otras ediciones, entre ellas la ampliada con notas con ejemplos y referencias empíricas y unas reflexiones y comentarios a las tesis formuladas por distintos académicos y político: Hacia un nuevo orden estatal en América Latina. Veinte tesis
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caracterizado por los simultáneos procesos de democratización del régimen político con tendencia a la inclusión y modernización del Estado con tendencia a la exclusión social— indican que los procesos de democratización valorizan los sujetos políticos y sociales, incluso independientemente de las calidades obtenidas en materia de régimen político democrático. A su vez, la reestructuración de la economía destaca aspectos decisivos de la crisis (industrialización trunca, vulnerabilidad del sector externo), especialmente relevantes al aplicarse políticas de ajuste y de modernización del Estado. “Esa modernización del Estado, en sus lineamientos predominantes (énfasis en el ajuste fiscal, desregulación, privatización, descentralización muchas veces con concentraciones de decisiones políticas, encarecimiento de servicios públicos, reducción del empleo estatal, desmonte de políticas sociales, racionalización de la gestión estatal) no revierte, sino profundiza, los resultados socialmente excluyentes propios de la crisis. De allí que, en principio, haya una fase en la cual el ampliar la participación política que conlleva el proceso de democratización confronte una tendencia excluyente derivada de la modernización del Estado”.
Es imposible concebir y edificar un proceso de democratización exitoso —y en él tiene mucho que ver la aplicación de una gobernabilidad democrática progresiva— sin una modernización del Estado que pueda poner fin a una de las causas de ingobernabilidad económica. “Por lo tanto [añaden los autores, en la misma tesis 4] o se logra proporcionar eficacia a la acción estatal en un intercambio con las organizaciones sociales —restándole así a la modernización del Estado algunos elementos de exclusión social— o existirá un bloqueo en la democratización. Por otra parte, si persisten los lineamientos de la modernización estatal expuestos, ésta inevitablemente chocará con las expectativas y con la realidad de la democratización”56.
Las opciones tampoco parecen favorables: la democratización sin modernizar el Estado puede desembocar en la ingobernabilidad; la modernización del Estado en función del ajuste puede desestabilizar el régimen democrático. A su vez, el agravamiento de las tendencias excluyentes en lo social incrementa el empleo de la coerción, en este caso para sostener el régimen democrático. La recuperación de las libertades públicas estimula y posibilita la formulación de mayores demandas sociales, a las que, adicionalmente, se incorporan las resultantes de las situaciones de extrema pobreza y de marginación sociocultural (tesis quinta). Una primera posibilidad de acción gubernamental es la transgresión de formalidades jurídicas elementales, como la suspensión más o menos prolongada de garantías individuales, o deterioros en la juridicidad, etc. Quizá más decisiva
56
sociopolíticas y un corolario, Santiago de Chile, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y Fondo de Cultura Económica, 1991 El texto original sintetiza las conclusiones de una macroinvestigación realizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), cuyos resultados fueron expuestos en Varios autores, ¿Hacia un nuevo orden estatal en América Latina?, Buenos Aires, Biblioteca de Ciencias Sociales, CLACSO, 1987-1990, 8 volúmenes. Calderón, Fernando y dos Santos, Mario R., Hacia un nuevo orden estatal en América Latina. Veinte tesis sociopolíticas y un corolario, Santiago de Chile, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y Fondo de Cultura Económica, 199, pp. 20-21.
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es la situación de “desencanto”, especialmente perceptible en sociedades con cultura política democrática débil, tal como han demostrados sucesivos Informes anuales de Latinobarómetro. Si bien ha habido, desde los años 1980, un generalizado consenso acerca de la revalorización de la democracia, no menos cierto es que no hay el mismo grado de consenso respecto de cuáles son los requisitos que un régimen político debe reunir para ser considerado democrático. Para algunos alcanza con el acatamiento de las reglas democráticas; para otros, es necesario mensurar los resultados sociales alcanzados por dicho régimen. Como advirtieron Calderón y dos Santos, esa ambigüedad corre el riesgo de ampliarse en el caso de procesos de democratización política cuyos resultados son socialmente regresivos, facilitando así la acción de sujetos “difícilmente encauzables en la vida democrática. Hay dos aspectos que conviene destacar. Por un lado, quienes impulsaban el ajuste, pretendían “conjugar ajuste estructural y estabilidad democrática (…), política (…) inconsistente, pues el ajuste tiende a crear inestabilidad política, a menos que en su aplicación estén presentes logros de expansión productiva y distributiva, es decir, que el ajuste se subordine a una política de defensa de la democracia” (tesis 8). Por otro lado, “en la reestructuración de la economía mundial y los procesos de ajuste de las economías periféricas se transfiere al mercado un papel protagónico en la organización de las relaciones sociales, en desmedro del Estado y de los regímenes políticos. Este hecho tiene el agravante de que en nuestros países el mercado, por su insuficiente dinamismo, no puede ser un eficaz integrador social” (tesis 10)57.
Más aún: la exclusión de sectores mayoritarios de la sociedad conspira contra el propio desarrollo e incluso el crecimiento capitalistas, convirtiéndose en una verdadera bomba de tiempo. Los liberales conservadores del ajuste estructural —convencidos del “fin de la historia”— son incapaces de advertir lo que ésta podría enseñarles. En efecto, no basta con que el capitalismo revolucione permanentemente las fuerzas productivas: como está claro desde Karl Marx y la ratificación del Lord Keynes, este sistema requiere, para desarrollarse en el mediano plazo, que la mayoría de la población sea partícipe del crecimiento58. Una sociedad polarizada —a veces extremadamente polarizada—, donde las mayorías son excluidas del acceso a bienes, servicios y al propio mercado, marca un límite material al crecimiento económico, que se torna más rígido aún si esa exclusión se reproduce —tal como sucede actualmente— a nivel mundial, dentro del cual la brecha entre países desarrollados y en constante crecimiento y desarrollo y los que no lo son ni avanzan en esa dirección (o, en el mejor de los casos, lo hacen muy lentamente) se ensancha cada vez más, según ya he señalado.
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Calderón y dos Santos, Hacia un nuevo orden estatal en América Latina, op. cit., pp. 28 y 32. Ludolfo Paramio advirtió este aspecto en una entrevista realizada por Antonella Attili y Luis Salazar, “La izquierda en un tiempo de incertidumbre”, Leviatán. Revista de hechos e ideas, nº 51/52, Madrid, primavera/verano 1993, p. 71.
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La situación descrita corresponde a sociedades (capitalistas) donde la desigualdad es un dato estructural. La díada igualdad / desigualdad parece hoy molesta y muchos prefieren hablar de equidad / inequidad. Pero no es lo mismo. Contra toda devaluación del lenguaje, aquí sostendré la plena vigencia de aquellas palabras, no sólo por razones lingüísticas sino sobre todo filosóficas, científicas y políticas. Las sociedades de hoy son brutalmente desiguales, a escala nacional y mundial, quizás más desiguales socialmente que nunca antes en la historia de la humanidad, precisamente cuanto mayor es el grado de desarrollo alcanzado por ésta. Salvador Giner dice que si bien no es nueva la percepción de “una verdadera mundialización de la desigualdad”, tanto entre países como en el interior de ellos, sí lo es “su consolidación a escala mundial (…), un rasgo sin precedente”59. Es cierto que ambas palabras son polisémicas, como bien lo indica el mismo Giner, y que hay igualdad-desigualdad naturales e igualdaddesigualdad sociales, como ha argumentado Norberto Bobbio60. Giner precisa, brevemente: “igualdad, en su sentido moral es un hecho fundamental de la condición humana: todos poseemos, en principio, la misma dignidad por el hecho de existir. Dentro del ámbito ético las modificaciones deberían proceder solamente del mérito y de la justicia distributiva. Hay varias formas de igualdad: la material, la de oportunidades, la de género, la legal. La desigualdad, en cambio, es la distribución asimétrica de poder, bienes y recursos entre los seres humanos. La desigualdad social es aquella que se ha desuncido de la natural, según criterios valorativos de autoridad, propiedad, privilegio, honores, prejuicios y creencias”61. Un aspecto singular de la desigualdad social contemporánea estriba en su derivación de una previa creación de igualdad, paradoja que Giner llama “forja igualitaria de la desigualdad”, resultado del desarrollo del proceso histórico de la humanidad a lo largo de los dos últimos siglos. El neoliberalismo o neoconservadurismo —a diferencia de las corrientes racionalista, socialista, liberal democrática, social cristiana— rechaza la concepción de la igualdad entre los hombres. A juicio de sus ideólogos, los hombres son naturalmente desiguales, excepto en el plano de la ley (apenas “una exigencia política”, como dice Karl Popper) y en el del mercado (los hombres son igualmente libres para la adquisición o disfrute de sus propiedades). El fundamento del carácter irrestricto del derecho de propiedad exige la igualdad ante el mercado y afirma la desigualdad económica y social. En el plano político, ello se traduce en
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60
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Giner, Salvador, “Clase, poder y privilegio”, Leviatán. Revista de hechos e ideas, nº 51/52, Madrid, primavera / verano 1993, p. 133. Bobbio, Norberto, Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política, Madrid, Taurus, 1995, pp. 143-146. Bobbio sostiene que el principio igualitario —o, como él prefiere denominarlo, igualitarista— se expresa como “lo mismo para todos”. Está claro que igualdad no puede ni debe ser confundida, como de hecho ha ocurrido, con uniformidad. La cuestión remite, a su vez, a otra, la de la alteridad, cuyo reconocimiento se sintetiza en la proposición que considera al otro como un igual pero diferente. Giner, “Clase, poder y privilegio”, op. cit., pp. 127-128.
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una concepción puramente instrumental del Estado: la defensa de la propiedad privada y del mercado (de las relaciones mercantiles). De allí que se le asigne a él la exclusiva satisfacción de las necesidades de la seguridad y de la justicia. El neoliberalismo (que en rigor no es nada nuevo sino la reedición de la versión original, aparecida históricamente con una fuerte carga antidemocrática) afirma la necesidad de asegurar la persistencia de las desigualdades: la lucha por reducir éstas implica la expansión de la libertad de las mayorías y de las potencialidades y capacidades humanas como puede apreciarse en el Estado Benefactor y en la democracia social, igualando así (al menos tendencialmente) a quienes son naturalmente desiguales (de donde las teorías” de la dictadura del número o de la distinción entre masas y élites). Tales políticas llevan al estatismo, al socialismo, al exceso de democracia, a la ingobernabilidad. De allí no tarda en saltarse a la idea de “democracia protegida”, eufemismo para designar situaciones en las cuales desaparece la competencia política abierta, libre, democrática, es decir, la dictadura, tal como lo plantearon en América Latina los ideólogos de las varias que padeció la región. En este sentido, como explícitamente lo ha señalado el destacado teórico neoliberal, Gerhard Ritter, la convicción acerca de la genética escisión entre liberalismo y democracia apunta al derrocamiento de la política, el gran objetivo neoconservador62. El derrocamiento de la política persigue instaurar la primacía de la lógica del mercado es la de la fragmentación atomística, de la destrucción del tejido social, del “sálvese quien pueda” (y como pueda). La regulación es concebida como natural, resultado de la “mano invisible”, esa que siempre regula concentrando lo más en los menos y desconcentrando lo menos en los más. A su vez, la intervención política de las masas es visualizada por los neoconservadores como responsable del “desborde” democrático (la soberanía popular ilimitada como gran enemiga de la libertad, de donde surge la necesidad de poner límites o controles al gobierno representativo). Como tal, debe ser desterrada de las prácticas sociales y reemplazada por “soluciones técnicas”, para las cuales basta con un Estado mínimo cumpliendo la función de restablecer el orden. Pero como bien lo advirtiera Karl Polanyi, si el mercado es el único director del destino de los seres humanos, el resultado es la demolición de la sociedad63. Justamente, la fragmentación de la sociedad aparece en un plano dominante y se aprecia en la creciente importancia de las estrategias individuales de adaptación a las condiciones de aquélla. Se percibe con claridad en el caso del mercado de trabajo, particularmente en
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Ritter, Gerhard, El problema ético del poder, Madrid, Revista de Occidente, 1972. Polanyi, Karl, The Great Transformation, Boston, Beacon Press, 1957. Hay edición en castellano: La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, México, Fondo de Cultura Económica, 1ª edición, 1992, pero véase, mejor, la primera edición argentina, del mismo sello editorial (Buenos Aires, 2007), con Prólogo de Joseph E. Stiglitz e Introducción de Fred Block.
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el sector informal urbano, pero es también un fenómeno que, con las obvias diferencias, atraviesa verticalmente al conjunto de la sociedad y se extiende por los campos de la cultura y de la política. La fragmentación social dificulta la (re)constitución de identidades colectivas y potencia, en el mejor de los casos, las representaciones segmentadas, puramente sectoriales; en el peor, en cambio, abre camino a la anomia. En un contexto tal —que se yuxtapone en algunos países con sistemas de partidos políticos débiles y culturas políticas democráticas endebles— las direcciones políticas partidarias vacilan, no encuentran respuestas nuevas, dejan de representar cabalmente los intereses de la sociedad civil y se “oligarquizan”, rompen o debilitan notoriamente sus vasos comunicantes con la sociedad y hasta con sus propias bases. Fragmentación-disgregación en la base de la sociedad, concentración en el vértice. Desestructuración de los sujetos socio-políticos y con ella reforzamiento de las dificultades en los mecanismos de mediación / representación. Tales las notas distintivas, en este plano, de las políticas de ajuste. La consecuencia obvia es la debilidad o incluso la inexistencia de garantías sobre el componente de reconversión económica que conllevan las políticas de ajuste estructural. En general, los partidos políticos han revelado, hecha explícita, su incapacidad para agregar las demandas y contribuir a procesar el conflicto social, situación a la que se suma la pérdida de centralidad de los movimientos sindicales en el sistema político y el fraccionamiento y diferenciación de los movimientos sociales, a menudo resultado de las propias políticas estatales hacia ellos, llegando incluso al clientelismo y la cooptación, como en el caso de los piqueteros argentinos. El resultado es la desaparición de mediaciones políticas capaces de generar y procesar cambios dentro del sistema. Las rupturas del tejido social y de las redes de solidaridad potencian las salidas individuales, sean dentro o fuera del marco de la ley o en espacios de indefinición que suelen existir al respecto, cuando no en la yuxtaposición (como en los casos de la comercialización de artículos contrabandeados o robados). Entre las ilegales están los robos y hurtos en pequeña escala —de bienes comercializables, alimentos o dinero—, las ocupaciones de terrenos o viviendas, que se constituyen en una de las primeras “salidas” para los marginales. Uno de sus efectos es la generación de acciones de autodefensa personal o de grupos parapoliciales que atacan barriadas marginales sospechadas de ser refugio de ladrones, o de “limpieza social” (como en Bogotá, Sâo Paulo y Rio de Janeiro). Ésta constituye uno de los más brutales géneros de violencia aparecidos y extendidos por varios países de América Latina desde mediados de la “década perdida” de 1980. Se trata de una práctica que mata sistemáticamente personas que, por su paupérrima situación económica o desplazamiento social, viven en los márgenes (o fuera de ellos) de la sociedad. Los grupos que la practican atacan preferentemente a mu-
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jeres y jóvenes prostituidos, niños de la calle, consumidores de droga, mendigos, recolectores de papel y desechos, delincuentes comunes y travestis64.
DIGRESIÓN SOBRE POBREZA, IGUALDAD Y DESIGUALDAD Si las políticas de ajuste estructural provocaron caídas cuantitativas notables de las clases media y obrera en los países de la región, más allá de las diferencias de matices o de grado, el brutal incremento de lo que algunos llamaron “estrato marginal” es aún más impresionante. La estructura social se alteró profundamente. Por doquier, la considerable proporción de hombres, mujeres y niños marginales constituye un drama humano, una inmoralidad, un testimonio de la incapacidad gubernamental para solucionarlo y en el límite la indiferencia de muchos. Adicionalmente, —aunque sea brutal decirlo— también es un problema teórico para las ciencias sociales, en primer lugar para nominarlos. De allí la aparición de expresiones como sector informal urbano (SIU), nuevos pobres (nupos) u otras, que son, a lo sumo, categorías descriptivas, mas no analíticas. A propósito de ello, la socióloga británica Rosemary Crompton se inclina —como otros autores— por el “término muy problemático” de infraclase, que tiene una larga historia, durante la cual no siempre se ha apelado a esta palabra, aun cuando la idea fuese la misma, como en el caso de la muy conocida lumpen proletariado, de cuño marxiano. En términos muy generales, puede decirse que infraclase “describe a los que se encuentran en una pobreza persistente y que, por cualquier razón, no son capaces de [yo prefiero decir: no pueden] ganarse la vida dentro de los procesos dominantes de producción, distribución e intercambio”. Vale decir, la infraclase se define por su falta de relación estructural directa con estos procesos. Quizás por ello “ha habido una tendencia constante a conceptualizarla a partir de sus supuestas características, antes que de su relación con otras clases, y estas características han solido ser negativas”65. Está claro que la infraclase no ha sido generada por los actuales cambios dentro del capitalismo. Como bien dice Crompton, ella ha existido y existirá siempre en el capitalismo competitivo. Es esa dimensión temporal la que ha servido al pensamiento de derecha para sostener —hoy y en el pasado— que la responsabilidad de la pobreza es exclusiva de los propios pobres. Lo que aparece como decisivo, ya que no como nuevo, es el crecimiento del número de hombres y mujeres de la infraclase, el tamaño de ésta. Diferentes investigaciones sociológi-
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Véase: “Limpieza social en Colombia y Brasil: exterminio de los pobres”, Reporte de Derechos Humanos, vol. 1, nº 7, ILSA, Bogotá, diciembre de 1983. Crompton, Rosemary, Clase y estratificación. Una introducción a los debates actuales, Madrid, Tecnos, 1994, pp. 197-198.
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cas en Europa occidental y en Estados Unidos han permitido trazar los nuevos mapas de clases, en los cuales la infraclase “aparece identificada por una serie de factores relacionados entre sí”, que Crompton resume en cuatro: 1) aumento de la desocupación de larga duración; 2) incremento del número de hogares con familias monoparentales, en las cuales el progenitor suele ser la madre; 4) “la concentración espacial de los miembros más pobres de la sociedad en áreas urbanas degradadas y en viviendas miserables proporcionadas por autoridades locales”; 4) “la dependencia económica de estos grupos de la provisión pública estatal”. El debilitamiento, cuando no la desaparición de ésta y de las formas emparentadas, agrava la condición de vida de los hombres, mujeres y niños de la infraclase. En América Latina, como en otras partes del mundo, esa condición de vida está sistemáticamente relacionada con las diferencias étnicas. Históricamente, para el pensamiento conservador (o de derecha) la desigualdad y la pobreza son naturales, no históricas o sociales. La expresión “Entre ustedes, pobres habrá siempre” es paradigmática de ese pensamiento: se trata de un discurso del poder que construye una mirada negativa (descalificadora) de los pobres66. Que los habrá, presupone que los hay y que los hubo. Así, la pobreza se “naturaliza” y adquiere una temporalidad eterna, en definitiva ahistórica. Simultáneamente, esa “naturalización” tiende a hacer de la pobreza una fatalidad, algo aceptable y con la cual se convive. Pero no es cierto: pobres no hubo siempre. Es cierto que ellos aparecieron en la historia de la humanidad hace ya largo tiempo, tanto que en la mismísima Biblia se hacen referencias a ellos. Pero pobres / pobreza es un binomio construido históricamente y no siempre quiere decir lo mismo, variando según las sociedades y los tiempos. Los pobres aparecieron por primera vez durante la primera mitad del siglo XVIII y comenzaron a ser cuestión social (como comenzó a decirse desde de los años 1830) cuando los albores del capitalismo. Karl Polany lo señala explícitamente y a él remito. Si en los comienzos del capitalismo los pobres eran necesarios e imprescindibles, en su apoteosis son innecesarios y prescindibles. Si en el pasado podían, eventualmente, formar parte del ejército industrial de reserva, antes de degradarse a lumpen proletariado, hoy sólo constituyen la infraclase. Los pobres de ayer eran parte de la sociedad, estaban integrados a ella, en cierto sentido le eran funcionales; eran marginales, sí, pero su estar en los márgenes de la sociedad era un estar dentro de ella. Los pobres de hoy, en cambio, están excluidos, fuera de la sociedad67.
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La expresión fue explícita y literalmente dicha por el ex Presidente aargentino Carlos Menem. El lenguaje de los organismos financieros internacionales no le va a la zaga cuando hace responsables a los pobres de su condición, imputándoles serlo porque quieren. Castel,Robert, Les métamorphoses de la question social Une chronique du salariat, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1995. Hay edición en castellano: Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado, Barcelona-Buenos Aires-México, Paidós, 1997.
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Técnica o estadísticamente, la pobreza se define o mide mediante un método que fija convencionalmente un nivel de ingresos, denominado línea de pobreza. Aquellos cuyos ingresos están por debajo de esa línea son considerados pobres. El porcentaje de población de una sociedad que es pobre, respecto del total de ella, constituye el índice de pobreza. Esta metodología es empleada universalmente y su aplicación se observa en innumerables textos que cuantifican la pobreza y los pobres. Pero como acá nos interesa ir más allá de las constataciones empíricas, quiero retomar la argumentación de Amartya Sen, quien señala que el estudio de la pobreza puede plantearse desde dos perspectivas: descriptiva, una, política, la otra. La primera identifica la pobreza en el reconocimiento de la privación. La segunda, “como foco de medidas”, es decir, como objeto de acción pública o, si se prefiere, de qué hacer (recomendación de medidas o acciones) para combatirla y disminuirla o erradicarla. Ambas no son excluyentes, sino, incluso, complementarias, al menos si se piensa en términos de toma de decisiones, pues en tal caso la primera, en tanto diagnóstico, precede a la segunda. Por cierto, la descripción no puede hacerse considerando a la pobreza con independencia de la sociedad en cuestión. Analizar la pobreza en términos de fracaso de las necesidades básicas para acceder a ciertos niveles mínimamente aceptables, implica —sostiene Sen— considerar tanto requerimientos “físicamente elementales” —estar bien alimentado y vestido, protegido adecuadamente, sano (es decir, libre de enfermedades que pueden prevenirse), etc.—, cuanto “logros sociales más complejos, tales como participar en la vida en comunidad, poder aparecer en público sin avergonzarse, y así sucesivamente”, cuestión ésta, dicho incidentalmente, ya percibida, hace más de doscientos años, por Adam Smith en su clásico libro sobre la riqueza de las naciones. En tal perspectiva, el concepto insuficiencia de ingresos es mucho más abarcativo y profundo que el más usual de bajos ingresos, pues considera a la pobreza como un fracaso originado en la tenencia de “capacidades claramente inadecuadas”, más allá de que ella sea, entre otras cosas, “una cuestión de insuficiencia de los medios económicos para evitar el fracaso de las capacidades”. Esto conduce a la relación entre libertad y recursos: “Los recursos son importantes para la libertad, y los ingresos son cruciales para evitar la pobreza”. Ahora bien, si lo que nos preocupa es la libertad, “no podemos, dada la diversidad humana, tratar los recursos como si fueran lo mismo que la libertad”. Al mismo tiempo, si lo que nos preocupa es “la capacidad de conseguir determinadas capacidades mínimas, por falta de medios económicos, no podemos identificar la pobreza” solo como mera reducción de ingresos, “sin relación con la variabilidad interpersonal de la conexión entre ingresos y capacidades”68.
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Sen, Amartya, Nuevo examen de la desigualdad, Madrid, Alianza Editorial, 1995, p. 129. Sen analiza la distinción entre recursos y libertad en los capítulos 2 (“Libertad, logros y recursos”) y 5 (“Justicia y capacidad”).
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De allí —quiero añadir y destacar— la afirmación de que la pobreza es tanto desigualdad económica, cuanto —y quizás sobre todo— desigualdad social y cultural. Para la derecha o los conservadores (como se prefiera), la desigualdad es una fatalidad, cuando no un castigo, algo natural o una decisión divina; para la izquierda o los progresistas (también como se prefiera), es una injusticia, un producto o resultado histórico generado en ciertas sociedades por la apropiación privada, particular, de bienes comunes, colectivos. Por otra parte, la fatalidad conlleva la resignación, la impotencia; la injusticia, en cambio, la potencialidad de la protesta. Esta oposición resignación / protesta puede analizarse, filosóficamente, en términos de la oposición entre el mito y el monoteísmo (a partir del judaísmo) en torno de la concepción de la culpa, colectiva y hereditaria para el primero, individual e intransferible para el segundo. El corolario no es trivial: si la culpa es colectiva y transferible por herencia, pobres no sólo los habrá siempre, sino que los hijos de los pobres están condenados a seguir siéndolo; si, por el contrario, la culpa es individual e intransferible, los hijos de los pobres no tienen por qué pagarla. ¿Fatalidad? ¿Designio de Dios? ¿Trabajo y esfuerzo de unos y vagancia de otros? Yo digo injusticia e inmoralidad, y que no es posible resignarse ante la brutalidad del hecho por el cual unos pocos se apoderan de lo que es de muchos. Como en la sociedad capitalista la desigualdad es parte estructural de ella, está claro que sólo voluntad, decisión y acción políticas pueden modificar tamaña injusticia e inmoralidad.
UN RÉGIMEN DE APARTHEID SOCIAL En las últimas décadas, los pobres y la desigualdad económica y social no han dejado de aumentar en el mundo, incluso, y de modo muy marcado, en países desarrollados como Estados Unidos y Gran Bretaña, donde se ha retrocedido a niveles de los duros años 1930. En América Latina, según datos de la CEPAL y el PNUD, los pobres eran, en 1970, el 40 por ciento de sus habitantes, mientras en 1990 ascendían a 46 por ciento o, para decirlo, menos elípticamente, 196 millones de personas, cifra que en 1996 subió a 210 millones. Dentro de la región se destacaban notablemente Brasil, Colombia y México. En el primero de ellos, el cuartil más pobre percibió sólo el 5.6 por ciento de los ingresos en 1979 y un más magro 4.5 por ciento en 1988. En México, cayó, entre 1986 y 1990, del 7.4 al 6.6 por ciento, mientras en Colombia, en un contexto de leve mejoría, pasó del 5.7 al 6.6 por ciento. En contraposición, el 10 por ciento más rico de brasileños y mexicanos incrementó su apropiación de la riqueza, pasando, en el primer caso, del 39.1 al 41.7 por ciento (entre 1979 y 1988) y, en el segundo, de 33.3 a 41.1 por ciento (entre 1986 y 1990); en cambio, el 10 por ciento de los colombianos más ricos se “empobreció”: si
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en 1980 se llevó el 41.4 por ciento de los ingresos, en 1990 descendió a 34.9 por ciento69. La situación mejoró a partir de 2002. “El período 2002-2008 se caracterizó también por una reducción en el número total de personas pobres e indigentes, en 21 millones y 26 millones respectivamente. Este hecho marca una diferencia clara con los períodos anteriores, durante los cuales el número de personas en situación de pobreza e indigencia aumentó constantemente”. Si bien la pobreza es sensiblemente mayor en las áreas rurales que en las urbanas, la concentración demográfica en las ciudades implica que 66 por ciento de las personas pobres viven en éstas. Tornando a la pobreza y la indigencia en un fenómeno predominantemente urbano. Según los datos de la CEPAL, en el informe 2009, 180.400.000 latinoamericanos son pobres y 70.700.000, indigentes. “Un rasgo sobresaliente de América Latina es la elevada heterogeneidad de la pobreza entre países. Los menores niveles de pobreza se registran en la Argentina (datos solo del área urbana), Chile, el Uruguay y Costa Rica, con tasas de pobreza inferiores al 22 por ciento y tasas de indigencia de entre un 3 por ciento y un 7 por ciento. Por su parte, el grupo de pobreza media-baja está constituido por el Brasil, Panamá y la República Bolivariana de Venezuela, en los que la tasa de pobreza se mantiene por debajo del 30 por ciento. “Por su parte, el grupo de países con niveles de pobreza media-alta incluye a Colombia, el Ecuador (datos del área urbana), México, El Salvador, el Perú y la República Dominicana, con tasas de pobreza de entre un 35 por ciento y un 48 por ciento. Los países con las tasas más altas de pobreza e indigencia, que superan el 50 por ciento y el 30 por ciento respectivamente, son Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Paraguay. “Las nuevas cifras disponibles al año 2008 reflejan una evolución positiva de la pobreza respecto de 2007. En Brasil, Perú y Uruguay (datos del área urbana) la incidencia se redujo en al menos 3 puntos porcentuales, en Costa Rica y Paraguay lo hizo en más de 2 puntos porcentuales, y en Panamá y la República Bolivariana de Venezuela se registró una disminución en torno a un punto porcentual. Cabe mencionar también a Colombia, que registró una reducción de 4 puntos porcentuales, pero en este caso referida al período 2005-2008. En tanto, Ecuador y República Dominicana no mostraron variaciones significativas. El único país en el que se registró un empeoramiento en la situación de la pobreza fue México, cuyo incremento de 3,1 puntos porcentuales entre 2006 y 2008 refleja los primeros efectos de la crisis económica que se empezó a manifestar hacia fines del año. (…) En cambio, la indigencia mostró un aumento generalizado, ya que solamente Brasil, Paraguay y Perú lograron reducciones en sus indicadores, en torno a un punto porcentual. Ellos contrastan con los aumentos registrados en Ecuador, México, Panamá, República Dominicana y Venezuela, de entre 1,4 y
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CEPAL, La brecha de la equidad, Santiago de Chile, 1997.
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2,5 puntos porcentuales, y con los de Costa Rica y Uruguay, que resultaron muy leves. En Colombia la indigencia creció en 2,7 puntos porcentuales entre 2005 y 2008, equivalentes a un aumento anual de 0,9 puntos”. También habrían mejorado los índices de la desigualdad en materia de distribución de ingresos. La CEPAL considera cuatro grupos: 40, 30, 20 y 10 por ciento de hogares. “El primer grupo, integrado por el 40 por ciento de hogares con menores recursos, capta en promedio un 15 por ciento del ingreso total, es decir menos de la mitad de su participación en la población. En la República Bolivariana de Venezuela y Uruguay, los países con la mejor distribución del ingreso de la región según la mayoría de criterios, este grupo recibe alrededor de la mitad de ingresos de lo que le correspondería según su participación en la población (20 por ciento). Los valores más bajos se registran en Bolivia, Honduras y República Dominicana y corresponden a participaciones inferiores al 12 por ciento. “El grupo compuesto por los deciles 5, 6 y 7 tiene una participación en el ingreso inferior a su tamaño en todos los países. Dicha participación promedia 24 por ciento, y puede tomar valores entre 19 por ciento y 28 por ciento. Por su parte, los deciles 8 y 9 reciben en todos los países un ingreso superior al que les corresponde según su tamaño. En promedio captan un 27 por ciento de los ingresos totales, porcentaje que varía entre 25 por ciento y 30 por ciento en los distintos países. “Por su parte, el 10 por ciento más rico de los hogares concentra en promedio el 34 por ciento de los ingresos totales. La participación de este grupo muestra la mayor heterogeneidad entre los países de la región, ya que los valores más altos bordean o superan el 40 por ciento, como en el Brasil y Colombia, y los valores más bajos no exceden del 27 por ciento, en la República Bolivariana de Venezuela y el Uruguay”
El Panorama Social de América Latina, de la CEPAL que estamos citando, el dado a conocer en 2009, indica que Brasil y Colombia son los dos países en los cuales el 10 por ciento más rico se apropia de más del 40 por ciento de los ingresos totales de sus respectivos países: 43.4 y 41.1 por ciento, respectivamente. En el resto de los países —excepto Perú, Uruguay y Venezuela—, ese decil se lleva entre el 30 y el 39 por ciento del total de los ingresos. En los tres recién citados las cifras son 29.4, 27 y 24.8 por ciento, respectivamente70. En contraste, el 40 por ciento más pobre sólo accede a un total de ingresos —en el total de los países, salvo Argentina, Uruguay y Venezuela— que oscila entre 10.1 (Honduras) y 16 por ciento (México). Esa proporción de hombres y mujeres se encuentra menos desfavorecido en Uruguay, donde participa del 21.1 por ciento, mientras en Venezuela se lleva el 19,2 y en Argentina el 16.9 por ciento71. A la CEPAL no se le escapa que, no obstante, “los resultados favorables del último sexenio no alteran el hecho de que la desigualdad en América Latina continúa siendo una de las más altas del mundo. Ello no solo queda en evidencia
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A diferencia de años anteriores, en este informe no hay datos sobre Cuba, que supo mostrar, siempre según la CEPAL, los menores índices de desigualdad. CEPAL, Panorama social de América Latina, Santiago, Chile, 2009, capítulo 1, cuadro I-A.2.
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al comparar los índices habituales de concentración del ingreso entre regiones, sino también en el ámbito de las percepciones de la población, que en su gran mayoría considera que la distribución del ingreso es injusta”72. Por otra parte, una importante fuente, el Informe Mundial sobre la Riqueza, preparado anualmente por las firmas Merril Lynch y Cap. Germini-Ernst & Young, ratificaba la creciente desigualdad económica en la región, constatando que “los ricos latinoamericanos han demostrado tener una gran habilidad para acumular dinero”, a despecho de las crisis. Según el Informe presentado en 2002, en 2001 existían en América Latina 280.000 personas con activos superiores al millón de dólares. Son denominadas High Net Worth Individuals (HNWI), encontrándose principalmente en México y Brasil (90.000 en cada uno de estos países). Ellas concentraban 3.500 billones de dólares, 8 por ciento más que en 2000 y 275 por ciento más que en 1986. El crecimiento de la riqueza de los ricos latinoamericanos durante el año 2001, según los analistas de dichas firmas, fue más del doble superior a la media mundial (3 por ciento) e incluso mayor a la de los millonarios asiáticos (7,1 por ciento). Por cierto, superaron largamente a sus pares norteamericanos y europeos, con incrementos de 1,7 y 0 por ciento, respectivamente73. Los indicadores difundidos por el Banco Interamericano de Desarrollo eran coincidentes, destacando que 150 millones de habitantes de la región “vivían” con menos de dos dólares diarios. El 12º Informe Anual sobre la Riqueza en el Mundo, de la misma fuente, ratificaba, en 2008, que los latinoamericanos más ricos eran cada vez más ricos, llegando a acumular 623 trillones de dólares en valores financieros, excluyendo sus viviendas y colecciones de arte. En los tres años precedentes, esas personas aumentaron sus fortunas 20.4 por ciento, superando a sus pares del resto del mundo: los de los países petroleros de Medio Oriente la incrementaron 17.5 por ciento, los Asia, 12,5 por ciento, los europeos, 5.3 por ciento y los americanos del norte (Estados Unidos y Canadá) en sólo 4.4 por ciento. Se adjudicó ese formidable crecimiento de los grandísimos burgueses latinoamericanos, en buena medida, a la suba de los precios de las materias primas. Los mayores incrementos se dieron en Brasil, Venezuela y Chile. Las cifras son todavía más elocuentes si se considera a los llamados “ultra ricos” —aquellos que poseen fortunas superiores a los 30 millones de dólares, siempre excluyendo viviendas y colecciones de arte—, América Latina lideraba el pelotón a escala mundial: 2.5 por ciento de los ricos latinoamericanos eran “ultra ricos”, por encima de África (2 por ciento) y Medio Oriente (1.1 por ciento).
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CEPAL, Panorama social de América Latina, Santiago, Chile, 2009, capítulo 1. Barón, Ana, “Aumentó el número de ricos y su fortuna en América Latina”, Clarín, Buenos Aires, 19 de junio de 2002, p. 25.
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Poco antes, la CEPAL había informado que la clase media latinoamericana era proporcionalmente menor que el promedio mundial; 57 y 62 por ciento, respectivamente. En opinión de Andrés Solimano, economista de dicha institución de las Naciones Unidas, era “claramente preocupante” la posibilidad de que, en muchos países pudiera “crearse un pequeña clase con un poder político desproporcionado, lo que atenta contra la filosofía de un sistema democrático en que cada persona cuenta igual”74. En síntesis, América Latina es hoy la región más desigual del mundo, siendo el promedio de diferencia entre el quintil más rico y el más pobre del orden de las 27 veces, en 2001. La pobreza se agrava en los casos de indígenas y afroamericanos, que son el 40 por ciento del total de la población latinoamericana, En países de alta proporción de unos u otros, como Bolivia, Brasil, Guatemala y México, ellos son el 60 por ciento de los pobres. La desigualdad no puede reducirse sólo a la dimensión económica, esa que se mide según la participación en la distribución de los ingresos. No pueden soslayarse las dimensiones social y cultural de la desigualdad, a menudo más difíciles de reducir que la económica. (Piénsese, por ejemplo, en el caso de la informática —el acceso y/o la inaccesibilidad a ella— como constituyente del capital cultural). Las tres dimensiones se interrelacionan, solapan y retroalimentan. No es necesaria demasiada perspicacia para advertir que esta cuestión nos lleva a la de la relación entre democracia y exclusión o, para retomar la expresión clásica, entre democracia y capitalismo, un tema que no trataré aquí. En cambio, señalaré que la existencia de un tan alto número de pobres no es sinónimo de potencial necesariamente disruptivo o, por el contrario, conservador, aun cuando esta segunda posibilidad es generalmente mayor que la primera. El peso cuantitativo de los pobres, que podría ser su fuerza, es su debilidad: la fragmentación, la atomización, la ausencia de acción colectiva (o bien reducida, en el mejor de los casos, a las formas elementales de disturbio, agitación o malestar social) suelen ser conexas de la pobreza extendida. Significativamente, ésta no suele producir ya revoluciones sino siquiera movimientos sociales, entendiendo éstos en los términos de Piotr Sztompka: “colectivos sociales vagamente organizados que actúan de forma conjunta y de manera no institucionalizada con el fin de producir cambios en su sociedad”75. La cuestión es obviamente compleja,
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Las cifras del informe de Merrill Lych y las declaraciones de Solimano, en Oppenheimer, Andrés, “La concentración de riqueza en América Latina” 20/08/2008 | El Miami Herald, 20 de agosto de 2008. Disponible en línea, entre otros, en y en . No he podido consultar el 13º Informe (2009), el cual registra, a escala mundial, una caída del orden del 15 por ciento. Sztompka, Sociología del cambio social, op. cit, p. 305.
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pues, en el fondo, se trata de explicar e interpretar un hecho negativo (no producido): ¿por qué los pobres no se rebelan?76 Más aún: la pregunta puede ser formulada, incluso, en términos similares a, o derivados de, los sugeridos por Étienne de La Boétie, tan temprano como en 1548, es decir, sobre las razones por las cuales hombres y mujeres aceptan ser objeto de dominación y optan por la servidumbre, como si ésta fuese su salvación. La pregunta correcta no es ¿qué hacer con los pobres?, sino ¿cómo extirpar la pobreza? Pero esta tarea no puede ser objeto ni resultado de políticas paternalistas, clientelares, verticalistas o vanguardistas o por supuesta (o real) delegación. Los neoconservadores atacaron al Estado de Bienestar Social argumentando, inter alia, que las políticas sociales no hicieron otra cosa que generar una actitud pasiva por parte de sus beneficiarios, quienes habrían resignado todos y cualesquier acción superadora en favor de la comodidad de vivir sin esfuerzo. Tal vez por eso, tampoco hay ninguna acción concreta que muestre a los ricos genuinamente interesados en paliar —ya no corregir ni, mucho menos, eliminar— la pobreza. Su absoluto desinterés por la vida de millones de hombres, mujeres, niños y ancianos que mal viven en y por la pobreza es, en verdad, desprecio y egoísmo sin parangón. Los ricos de hoy son, materialmente, más ricos de lo que jamás fueron los ricos del mundo; en contrapartida, y en relación a los que nada tienen, son más miserables y egoístas que todos sus antecesores. Más dinero tienen (o incluso aspiran tener), más se aíslan de la sociedad. La aparición de los barrios privados es un claro ejemplo que ratifica, en nueva clave, una vieja proposición sociológica —desarrollada en su momento por Maurice Halbwachs—, según la cual las clases sociales tienden a separarse espacialmente. Está claro que esta fragmentación socioespacial, hoy exacerbada, fractura el tejido social y puede poner a su dialéctica en una tensión sin mediaciones. Los latinoamericanos, en una proporción significativa y creciente, pero todavía por debajo del 50 por ciento, creen hoy en la conveniencia de la democracia, si bien se trata, conforme los estudios de la Corporación Latinobarómetro, de una democracia mínima, procedimental. Pero también tienen una clara conciencia de los límites de esa democracia en cuanto a la justicia de la distribución de la riqueza. El último Informe (2009) señala que las respuestas a la pregunta sobre la misma dicen que sólo el 21 por ciento (igual proporción que en 2008) cree que es justa. “Al menos indica que la crisis no produjo efecto negativo en ese sentido. En la crisis asiática se produjo una baja de este indicador de 19 por ciento en 1997 a 11 por ciento en 2001, mostrando el impacto negativo en la distribución de la riqueza que se percibió en esa crisis anterior. Desde entonces que aumenta este indicador recupera y supera los niveles obtenidos hace más de una década,
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Esta proposición contraría las teorías de la privación —la más importante de la cual es la de la privación relativa, formulada por James Davies y, sobre todo, Ted Gurr—, según las cuales la miseria alimenta la revuelta
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alcanzando el mayor nivel de percepción de justicia en la distribución del ingreso que ha tenido la región desde 1995”. Dentro del promedio regional de 21 por ciento, en sólo tres países alrededor de un tercio de los encuestados cree que la distribución de la riqueza es justa: Bolivia (34 por ciento), Venezuela (32 por ciento) y Uruguay (31 por ciento). En contraste, en Perú sólo lo cree un 10 por ciento, y en Chile y Guatemala, un 14 por ciento, por debajo de Brasil (16 por ciento) y México (15 por ciento). Pero los más críticos y descreídos son, en este rubro, los argentinos: sólo un 4 por ciento respondió afirmativamente a la pregunta en cuestión. El estudio formuló otra pregunta conexa: “¿Garantiza la democracia la justa distribución de la riqueza?” En este caso, “sólo un 27 por ciento cree que la democracia garantiza la justa distribución de la riqueza”, un incremento de tres puntos respecto de 2007. Los datos desagregados por país indican, otra vez, a los bolivianos como los más creyentes en esa capacidad (43 por ciento). No es necesaria demasiada perspicacia para articular estas respuestas con los cambios ya operados por el gobierno de Evo Morales, de donde también el apoyo electoral recibido en las últimas elecciones. Uruguay (39 por ciento), Venezuela y Nicaragua (35 por ciento) ocupan las posiciones siguientes. Tampoco parece casual que se trate de gobiernos considerados, por lo menos, “progresistas”. Los brasileños, pese al fuerte apoyo otorgado al Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, respondieron afirmativamente en un 18 por ciento. Como en la pregunta anterior, nuevamente los argentinos son los menos crédulos: apenas el 7 por ciento, casi cuatro veces menos que el promedio regional77.
RECORTE DE DERECHOS DE CIUDADANÍA Una de las tantas consecuencias de las políticas del Consenso de Washington es el recorte de los derechos de libertad. Cuando ese recorte es grave, la ciudadanía es erosionada y el sentimiento de pertenencia a una comunidad, dentro de la cual se tienen que observar ciertos derechos y deberes, se enerva, afectando la solidez del lazo o del tejido social y abriendo paso a la anomia. Como bien ha escrito Zygmunt Bauman, en El amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, “la solidaridad humana es la primera baja de la que puede vanagloriase el mercado de consumo”. La ciudadanía es, según la repetida expresión de Hannah Arendt, el derecho a tener derechos. En ese sentido, todo recorte de derechos es una mutilación de la ciudadanía y la negación de los derechos humanos. La cuestión es de suma importancia, pues, en primer lugar, no es igual tener derecho a algo, que tener ese algo: por caso, tener derecho a la vivienda no es lo mismo que tener una casa, de igual modo que tener derecho al trabajo no se traduce necesariamente en tener
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Corporación Latinobarómetro, Informe 2009, pp. 41-43.
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un empleo. En segundo lugar, a todo derecho corresponde un deber: “afirmar (…) que alguien tiene un derecho implica afirmar que alguien distinto de él tiene un deber. Un deber de hacer o de no hacer, o de respetar lo que haga quien tiene el derecho”. La garantía jurídica del cumplimiento de éste corresponde al Estado, encargado de ejercer la coerción sobre quien no cumple con el deber correspondiente a ese derecho. Así, todo ciudadano (particular) afectado en un derecho por el incumplimiento del deber correspondiente de otro ciudadano (también particular) debe ser atendido de manera tal que el primero sea resarcido y el segundo reciba la sanción del caso. Mas para que el principio sea efectivo, es necesario que el Estado ejecute su decisión de aplicar la coerción sobre quien ha incumplido con su deber78. En el límite, la abolición de los derechos de ciudadanía —o de los derechos fundamentales, como prefiere decir Luigi Ferrajoli— implica la desaparición de todos los derechos. Pero no es necesario llegar a tan tremenda situación: todo ataque a, toda limitación de derechos de ciudadanía —en cualquiera de sus formas— es un ataque a y una limitación de los derechos de los hombres y las mujeres, de los derechos humanos. Situándose “en la perspectiva que analiza la relación entre democracia política, equidad económica y democracia social”, la argentina Elizabeth Jelin ha dicho bien que “la exclusión y la indigencia son la negación de derechos fundamentales. No puede haber democracia con niveles extremos de pobreza y exclusión, a menos que se defina como no humanos a un sector de la población”79. Un principio elemental de la ciudadanía es el de la igualdad o, al menos, orientación en pro de la disminución de las desigualdades. En ese sentido, la larga lucha por la construcción de la ciudadanía no es más que la persecución de un ideal típico de la modernidad, el de la igualdad. De modo que el cercenamiento de la ciudadanía social —esa conquista que permitió, en los propios marcos del sistema capitalista, atenuar (no abolir) las diferencias económicas y sociales entre hombres, mujeres, niños y ancianos ubicados en distintos niveles de la pirámide social— no sólo es un ataque a la igualdad, sino una consagración de la convicción del conservadurismo y de la derecha (de hoy y de ayer) sobre la
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Esta cuestión está muy bien planteada por el catalán Capella, Juan Ramón, Los ciudadanos siervos, Barcelona, Editorial Trotta, 1993, a quien sigo aquí; la última cita, entrecomillada, en p. 140; las itálicas son del autor. Jelin, Elizabeth, “¿Ciudadanía emergente o exclusión? Movimientos sociales y ONG en América Latina en los años 90”, Sociedad, nº 8, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, abril de 1996, pp. 57-81. Una posición diferente es sostenida por Ludolfo Paramio, para quien “el principal problema para la democracia en América Latina no es (…) el empeoramiento de las desigualdades que puedan haber traído las reformas económicas, sino la dificultad de los partidos políticos para mantener la confianza social como mecanismos de representación de las demandas e intereses sociales”. Véase su artículo “La democracia tras las reformas económicas en América Latina”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, N° 33, Universidad de Granada, 1999, pp. 191-207; la cita, en la última página.
DEMOCRACIA Y APARTHEID SOCIAL EN SOCIEDADES FRAGMENTADAS
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desigualdad. El peligro de hacer efectiva la tentación de la derecha de pasar de la eliminación de la ciudadanía social a la pérdida progresiva de la ciudadanía política de los excluidos, no ha escapado a las voces críticas. De allí que Christopher Lasch tenga razón al afirmar que hoy la principal amenaza parece proceder mucho más de quienes se encuentran en la cúspide de la jerarquía social, que de las masas80. No se trata de voces agoreras: las primeras manifestaciones ya se advierten en varias sociedades, empezando por la norteamericana, en las cuales la concepción del ciudadano político —esto es, el comprometido con la res publica— se va licuando en la figura del mero votante o sufragante, alguien que concurre a ejercer el derecho de voto de vez en vez, sólo porque la emisión de éste es obligatoria (de hecho, un deber) o, incluso, porque relaciones clientelares le impelen a hacerlo. Más gravemente, en los países donde el sufragio es voluntario u optativo, aparece, ya no el sufragante, sino el abstencionista.
DEMOCRACIAS ENTRE LA PRECARIEDAD Y LA FORTALEZA, ENTRE LA FICCIÓN Y LA ESPERANZA Hay más que suficiente evidencia empírica acerca del carácter no democrático de las burguesías latinoamericanas como para creer que la proclamada adhesión actual a la democracia liberal, aún con todos sus límites, sea sincera. Su formidable capacidad camaleónica le impele hoy a jugar el juego impuesto por la coyuntura política mundial. Las brutales dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas y sus más brutales aún Estados Terroristas de Seguridad Nacional son ya, para una generación de latinoamericanos, cosa del pasado. Pero, medidas en la temporalidad histórica, son experiencias todavía muy próximas como para creer en conversiones sinceras. Hay mucha subsistencia de autoritarismo vestido con ropaje democrático. Hace diez años escribí por primera vez que, en el contexto histórico-estructural y en el del tiempo presente, parece claro que, si las palabras no quieren decir cualquier cosa, la democracia política —en su forma hoy dominante, la liberal representativa— estaba lejos de estar consolidada en América Latina. Más aún: las realmente existentes eran democracias políticas relativamente estables, no consolidadas ni, mucho menos, irreversibles. Estaban aún, sostenía, más cerca de la precariedad que de la fortaleza. Añadía también que no era aventurado proponer que el aumento de las protestas sociales y, sobre todo, las eventuales posibilidades de dejar de ser un medio para hacer buenos negocios por parte de las burguesías locales, extranjeras y transnacionales, las democracias podían seguir siendo, en América Latina, no sólo una asignatura pendiente, sino también expresión de una nueva derrota popular.
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Véase: Lasch, Christopher, La rebelión de las élites y la traición a la democracia, Paidós, Barcelona-Buenos Aires-México, 1996.
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EL NARCOTRÁFICO Y LA DEMORACIA EN AMÉRICA LATINA
Diez años después puedo, gramaticalmente, poner esas expresiones en tiempo presente. Es que, en abril y diciembre de 2002, la burguesía venezolana dio la primera prueba empírica en tal dirección. En junio de 2009, la hondureña, con la complicidad de las Fuerzas Armadas, concretó un golpe de Estado para cerrar el camino a las tibias reformas que proponía el Presidente Manuel Zelaya, golpe finalmente apañado por los Estados Unidos. La de Bolivia también intentó su golpe, pero fracasó ante la cohesión y la fortaleza popular. La de Argentina propicia políticas destituyentes. Por cierto, last but not least, no puede soslayarse el contexto internacional que, para América Latina significa, en primer lugar, la presencia y la política de los Estados Unidos. El conservadurismo, y hasta un fuerte dejo mesiánico, de la administración Bush hijo, no alentaban el optimismo. Luego, a principios de 2009, algunos se ilusionaron con las primeras palabras de Barack Obama, pero su actitud frente al golpe en Honduras y los acuerdos para establecer siete bases militares norteamericanas en Colombia —so pretexto de combatir el narcotráfico y el “terrorismo internacional”, más la herencia de la movilización de la IV Flota, son señales de alerta para los genuinos demócratas y para los pueblos. Empero, sigue habiendo un camino. Ese camino, como ha dicho el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde una posición enmarcada en una propuesta reformista, pero válida también para otras, más radicales, es el de la esperanza venciendo al miedo.
8. ¿DEMOCRACIAS “INCIERTAS” O “DIFERENTES”? IMPACTOS DE LA CRISIS MUNDIAL, CAMBIOS EN LA CIUDADANÍA Y NUEVAS FORMAS POLÍTICAS EN AMÉRICA DEL SUR GERARDO CAETANO1 Universidad de la República
Los diversos relatos sobre los que se sustenta toda construcción democrática adquieren siempre una importancia central a la hora de evaluar sus fortalezas y sus capacidades para enfrentar las coyunturas adversas y de cambio. En América Latina, luego de la visión triunfalista que siguió a la caída de las dictaduras de la “seguridad nacional”, en las últimas décadas ha avanzado la preocupación sobre la “calidad” y la “baja intensidad” de nuestras democracias, sobre la creciente endeblez de sus instituciones y autoridades, las consecuencias de la miseria de millones de seres humanos, el también fuerte distanciamiento crítico de los ciudadanos respecto a los partidos y a los políticos. Este “malestar”, como veremos más adelante, ha estado en la base de cambios y giros políticos muy visibles en la región, en especial en América del Sur durante los últimos diez años, muchos de ellos identificados con el impulso de procesos de reforma constitucional en verdad “refundacionales”2. Sobre el telón de fondo de este giro político, que en sí mismo no ha estado exento de turbulencias y conflictos, desde el 2008 se ha sumado al contexto general de la región el impacto a distintos niveles de la crisis económica y financiera internacional más importante desde los años treinta, lo que ha abonado aun más un cuadro de inestabilidad y temores acrecidos. En un contexto de fuertes transformaciones de toda índole, en un escenario de auténtica “encrucijada institucional” como se verá en detalle más adelante, América Latina y el Caribe (ALC) recibieron el impacto de una severa crisis internacional, que venía a poner a prueba radical los cambios en curso a nivel de las ciudadanías del continente y la evolución de sus visiones acerca de la democracia y sus fundamentos. Focalizado principalmente sobre los escenarios políticos de los países de Améri-
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Historiador y politólogo. Doctor en Historia. Coordinador del Observatorio Político, Departamento de Ciencia Política, Universidad de la República. Director Académico del Centro de Formación para la Integración Regional. (CEFIR) Integrante del Consejo Superior de FLACSO. Secretario Académico del Centro Uruguayo para las Relaciones Internacionales. (CURI) Investigador Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores. (SNI) Docente de grado y de posgrado en el país y en el exterior. Tal es el caso de los procesos de reforma constitucional de perfil “refundacional” impulsadas por los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador y de Evo Morales en Bolivia y, en un sentido que creemos por lo menos parcialmente diferente en sus orígenes y apuestas, por el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. En los dos primeros casos se postula y en ciertos aspectos se perfila —creemos— el proyecto de una refundación del Estado.
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ca del Sur3 y con el centro analítico radicado en la interpelación de un proceso de cambio político muy fragmentado sometido a la prueba del impacto de una crisis global, el texto que sigue se propone examinar algunas pistas de reflexión para debatir sobre algunas exigencias e incertidumbres de una consolidación efectiva de la gobernabilidad democrática en el continente.
ALGUNAS PREMISAS CONCEPTUALES4 A pesar de la alarma que producen los acontecimientos vividos en Honduras en los últimos meses y a los perfiles autoritarios y confrontativos que exhiben distintos países latinoamericanos, no parece que se esté en los umbrales de una nueva era de dictaduras civil-militares al estilo de las de los años setenta. Sí en cambio las preocupaciones se centran en la deriva autoritaria de varios gobiernos, en los embates polarizadores de oposiciones irreductibles, en situaciones de confrontación profunda e inestable y en la emergencia de formatos de lo que más de un autor ha llamado “democracias de baja intensidad” o “democracias inciertas”. Desde luego, a una “democracia de baja intensidad” suele corresponder una “ciudadanía de baja intensidad”. Para que la ciudadanía activa opere como sustento de la democracia, no sólo es necesario que prevalezcan y se reproduzcan los valores democráticos (la libertad, la justicia, la tolerancia, el control del poder, etc.) dentro de la comunidad, sino también que existan instituciones y reglas que permitan canalizar las demandas y propuestas de todos los ciudadanos, más allá de las diferencias sociales, étnicas, culturales o de otro tipo. Como se señala en el informe sobre el estado de la democracia en América Latina, presentado por el PNUD hace ya un lustro: “… aun en regiones donde el sistema legal tiene alcance, suele ser aplicado con sesgos discriminatorios contra varias minorías y también mayorías, tales como las mujeres, ciertas etnias y los pobres.
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En el texto que sigue, sin dejar de remitir a la globalidad de los procesos políticos de América Latina, se priorizará la consideración de los casos sudamericanos, conocidos más en profundidad por el autor. Las consideraciones que siguen derivan de sendos proyectos de investigación que el suscrito coordinó en colaboración con Laura Gioscia, en el marco de las actividades del Área de Ciudadanía del Departamento de Ciencia Política, FCS, UDELAR. Se trata del proyecto de investigación “La reinvención de la política” financiado en el marco del llamado a concurso de I + D de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, (CSIC) Universidad de la República, agosto de 2002, y del proyecto “Valores y virtudes cívicas”, también financiado en el marco del llamado a concurso de I + D de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, (CSIC) Universidad de la República, agosto de 2006. Muchas de las ideas que se manejan son tributarias también de la Tesis Doctoral de Laura Gioscia publicada bajo el título Ciudadanía y Diferencia, Serie Tesis de Posgrado No. 1, Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Montevideo, 2004.
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Este sistema legal truncado genera lo que se ha llamado una ciudadanía de baja intensidad”5. Por definición, toda construcción democrática resulta inacabada e inacabable, vive en el cambio y a través del cambio. Democratizar la democracia constituye una tarea compleja, que con seguridad demandará en el corto plazo reformas políticas, institucionales, electorales y sociales, pero que también deberá enfatizar en las dimensiones del poder tal como este se ejerce a diferentes niveles de la sociedad, en la educación en principios democráticos de la ciudadanía, así como en la reafirmación y renovación de aspectos sustantivos de la cultura política. En otras palabras, a contramano de algunas propuestas simplistas, las demandas no se agotan en la apelación —a menudo retórica y sin correspondencia efectiva en la realidad— a mayores cauces de participación social, como vía de configuración de una “democracia participativa” que tendería paulatinamente a sustituir a la “democracia representativa” clásica, en una lógica de alternativa rígida sin posibilidades de síntesis superadoras. Por cierto que también se necesitan cambios estructurales más profundos y concretos, dentro de los cuales resulta necesario incluir propuestas (específicas y no meramente enunciativas) sobre cómo implementar una democracia inclusiva que a la vez pueda ser más efectivamente participativa y mejorar de modo simultáneo su calidad de representación. Como es sabido, los debates académicos e ideológicos acerca de las definiciones y contenidos de la democracia, además de eternos, viven en estos tiempos una coyuntura especialmente agitada. Hoy enfrentamos un nuevo problema que ha dado en calificarse como el de la “confusión democrática”: bajo el rótulo prestigioso e incontrastable de la democracia se “hacen pasar” contenidos y prácticas muy poco democráticos, lo que redobla la exigencia de una mirada rigurosa y atenta, lejana por igual de la autocomplacencia conformista como del atajo catastrofista. Teniendo en cuenta las dificultades y la indeseabilidad de cualquier posición absolutista en sociedades democráticas, a la hora de respetar la heterogeneidad interna que marcan las complejas y plurales sociedades de la América Latina contemporánea, no podemos aspirar a respuestas concluyentes ni mucho menos a recetas aplicables a tan distintos contextos. Lo que sí podemos promover es la renovación de espacios de discusión político-intelectual de proyección efectivamente regional, en los que, entre otras cuestiones, sea posible debatir de manera consistente y sin “dobleces” sobre ciertos “filtros conceptuales” inclaudicables para la calificación de una democracia genuina, para precisar qué pertenece o no al ámbito de la política democrática, qué significa o no ser un ciudadano, cómo incorporar las dimensiones comunitarias y étnicas en las fraguas de sistemas
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PNUD, La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Montevideo, PNUD, 2004, p. 63.
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políticos que legítimamente pueden reivindicar su condición plurinacional6, analizar (en el respeto a la diversidad pero también desde el reconocimiento de la necesaria convergencia de principios irrenunciables) a qué democracia aspiramos, cómo es que han devenido las que son a través de los avatares de nuestras historias y cómo pueden llegar a ser. Es cierto que una cosa es cómo funciona de hecho una democracia particular y bien otra cómo deseamos que se estructure en la vida cotidiana. Las democracias varían con el tiempo, con las circunstancias históricas y hemos de convenir que la defensa de cualquier concepción, tanto de democracia como de ciudadanía, mueve no sólo justificaciones económicas, políticas e incluso psicológicas, sino también sociales y culturales. Significa en su dimensión más profunda la rediscusión de la legitimidad del poder y de su ejercicio concreto en el día a día. A su vez, una definición de ciudadanía no escapa a lo implícito —y explícito— del proceso histórico de su adquisición específica. Sin embargo, después de todo lo ocurrido en la región y en el mundo en los últimos 25 años, los usos conceptuales de la voz democracia requieren límites y alcances más precisos que en décadas anteriores7. Esta exigencia renovada en el plano de las definiciones incorpora ciertas dimensiones clásicas del debate pero no cabe duda que hoy resulta imprescindible la asunción de retos nuevos, de exigencias de renovación insoslayables, de cara a las consecuencias políticas de muchos de los cambios de las sociedades contemporáneas. En ese sentido, los índices definidores y operativos de una democracia enfrentan actualmente desafíos importantes y en ciertos aspectos inéditos. Los indicadores tradicionales de autores clásicos como Robert Dahl (derecho al voto, derecho a ser elegido, derecho a la competencia política, elecciones libres y justas, libertad de asociación, libertad de expresión, existencia de fuentes alternativas de información, solidez de las instituciones, sustentabilidad de las políticas públicas, etc.), por ejemplo, en su aplicabilidad concreta a las condiciones de muchos países del planeta, enfrentan exigencias y dificultades renovadas. Lo mismo podría señalarse respecto a muchos otros autores e índices internacionales. 8 Si resulta claro que en un continente como el de América Latina las definiciones procedimentales minimalistas (elecciones libres, sufragio universal, participación plena, libertades civiles) son insuficientes, la aplicabilidad y conceptualización de definiciones de democracia desde opciones ampliadas o maximalistas (que incorporan otros indicadores como las exigencias de que los gobernantes electos tengan poder efectivo para gobernar o que existan ciertos niveles básicos
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Tal es el caso a nuestro juicio de la República de Bolivia. Una mera presentación de los principales enfoques teóricos e ideológicos que hoy confrontan —en la región y en el mundo— en los ámbitos académico y político en torno al tema de la democracia y de su resignificación en tiempos de crisis excede largamente los límites de este texto. Aquí vale lo mismo que para la cita anterior.
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de equidad socio-económica y altos niveles de participación popular) también se ven interpeladas desde diversas perspectivas. Adviértanse, por ejemplo, las dudas emergentes de un cuadro de análisis que aplique una regla de evaluación rigurosa e independiente, sobre la situación de todos y cada uno de los actuales gobiernos de América Latina en general y de América del Sur, en relación a factores como los que integran la reseña que sigue: manipulación de leyes electorales, usos clientelísticos, presiones y acciones directas promovidas desde los entornos gobernantes, convocatorias electorales de dudosa constitucionalidad y de uso plebiscitario a favor de los proyectos oficialistas, impulso de proyectos de reforma constitucional signados por la coyuntura, restricciones a medios de comunicación opositores o manipulación directa o indirecta de medios afines, escrutinios cuestionables en las instancias electorales, peso de poderes fácticos y extraterritoriales, circuitos ilegales o ilegítimos de financiamiento de las acciones partidarias, restricciones a los sistemas públicos y privados de contralor, presiones sobre los poderes judiciales, la consideración efectiva de los procedimientos legales e institucionales, entre otros que podrían agregarse. Si a estos factores de perfil más “procedimental” le sumamos otros con proyección más socio-política (distorsiones profundas en el ejercicio de los derechos a partir de niveles especialmente graves de pobreza, indigencia y desigualdad; impacto de la violencia a distintos niveles como terrorismo de Estado, inseguridad ciudadana, narcotráfico, organizaciones delictivas de nivel macro; prácticas generalizadas de corrupción; desigualdades flagrantes en términos de poder; inseguridad jurídica; etc.), con seguridad se podrá convenir en un panorama no homogéneo pero sí con preocupaciones severas y perfiles críticos respecto a la situación general y particular de las democracias del continente. En cualquier hipótesis, pocos podrán rechazar con fundamento que el impacto de la crisis viene a profundizar los fundamentos de un imperativo histórico en la región: la necesidad de democratizar la democracia. El problema de la definición de la ciudadanía, central en estos renovados debates sobre el concepto político de democracia, no sólo refiere a los cambios sociales en sociedades democráticas sino que es también un problema histórico y antropológico9. Para ello, si hemos de realizar una propuesta de democratización de nuestras democracias actuales, resulta imperativo antes que nada abrir espacios tanto para la crítica de nuestro quehacer sobre ésta, así como instancias de debate público que nos permitan hacernos cargo de las caras y contracaras de un sistema cívico siempre en transformación y sometido a fraguas interminables. Los debates y la reflexión sobre las cuestiones a atender en un proceso de democratización de estas proyecciones implican a la vez la discusión sobre qué
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Zapata Barrero, Ricard, “Hacia una Teoría Normativa de la Ciudadanía Democrática”, Leviatán 59, Madrid, p. 86.
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valores democráticos se pretende preservar y promover. Y aquí, sin duda, nos encontraremos también frente a miradas a su vez diversas. Desde nuestra perspectiva esto implica reconsiderar las configuraciones del poder, que ocurren no sólo a nivel de las especializaciones que recortan —cada cual a su modo— aspectos parciales de la realidad, sino a través de una efectiva redistribución del poder de las distintas elites y actores en juego, a sabiendas que este tipo de procesos se definen en el conjunto del sistema de relaciones y prácticas que articulan, constituyen y organizan las relaciones sociales en su conjunto. Cabe señalar que no es posible asumir que todos los elementos de un contexto están disponibles de una buena vez para ser utilizados en la comprensión de una democracia determinada. Sólo especificando y contextualizando es posible mostrar las conexiones entre estructuras, relaciones, procesos, ensamblajes de poder y diferentes registros de significación. Pero lo que aquí importa es brindar un panorama general de algunas cuestiones para realizar en otras instancias las especificaciones de cada registro señalado. Todo esto se radicaliza en sus alcances y en sus exigencias analíticas cuando se estudia la (re)visión de ciudadanías en transformación, en el marco de democracias diversas dentro de un continente siempre heterogéneo y fragmentado. En especial esto se radicaliza cuando la región sudamericana experimenta los variados y profundos impactos de una crisis global que no nació en ninguno de sus países pero que, en mayor o menor medida, los impacta a todos con una profundidad inesperada. Contextualizar estas visiones en un contexto de crisis global como la que se encuentra en curso involucra muchas tareas, entre ellas la que apunta al esfuerzo de poner en claro los diversos elementos vinculantes de una constelación política dada. No resulta pertinente ni tal vez posible reducir la perspectiva sobre el poder al tema del Estado ni abogar solo por cuestiones procedimentales, arreglos institucionales y constitucionales, ya que de este modo pudiera pensarse que tanto el conflicto, como las luchas políticas y sociales, propias de cualquier democracia deseable y particularmente relevantes para entender lo que ocurre en las sociedades latinoamericanas actuales, quedarían excluidos en este contexto. Desde una perspectiva que entiende que la historia no tiene un propósito predeterminado ni mucho menos teleológico, al intentar iluminar el presente, desde este recorte, no se pretende clausurar en modo alguno la interpretación sobre nuestro pasado sino, por el contrario, se busca abrirlo en su contingencia más radical, habilitando siempre nuevas instancias de discusión sobre el mismo. ¿Qué democracia pretendemos democratizar? Como anotáramos, lo que habitualmente consideramos como “normalidad” democrática suele referirse, de modo general, al ejercicio de nuestro derecho al voto, de nuestras libertades, al normal funcionamiento de los tres poderes del Estado, etc… Estas cuestiones suelen ser vistas como indicadores de nuestra estabilidad democrática, del logro de la institucionalización de nuestros derechos fundamentales. Sin embargo, esta “normalidad” encubre la enorme distancia que existe entre el ejercicio
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del voto y el ejercicio efectivo (real) de nuestros derechos ciudadanos. Encubre también lo que refiere a la aplicación eficiente de las normas de justicia y las posibilidades reales de fortalecimiento de una sociedad civil que logre organizar, expresar y sostener una ciudadanía democrática integral. ¿Cómo atender a un modelo de ciudadanía más diversificado y pluralista, basado en demandas de inclusión y de transformación de las comunidades políticas existentes, por parte de distintos grupos marginados en diferentes contextos culturales e históricos? La organización política de la vida social resulta prioritaria en la agenda de una propuesta política progresista y esto se advierte de modo muy particular en los procesos contemporáneos en América del Sur. ¿Cuáles serían los modos de fortalecerla? ¿Qué elementos podemos encontrar en nuestras sociedades para lograr una revitalización democrática? ¿Cómo fomentar que las instituciones en vigencia atiendan al empoderamiento efectivo del ciudadano común y de sus organizaciones primarias, tanto en el conocimiento como en la viabilización del ejercicio real de sus derechos, instalados además en esa intersección ineludible entre comunidad y persona que resulta tan central en muchos países latinoamericanos? ¿Cómo profundizar de acuerdo a las exigencias de marginalidades ancestrales y en un contexto de crisis esa dimensión emergente de nuevas formas de “comunidades de ciudadanos”? ¿Cómo recombinar derechos y acciones sociales en el reconocimiento de esa acrecida pluralidad de identidades, intereses, autonomías y reivindicaciones que caracteriza a las ciudadanías del continente? ¿Cuáles son los vectores e instrumentos más idóneos para promover esos cambios? ¿Qué papel juegan las leyes y las constituciones en un país democrático? ¿Hasta dónde es posible cambiar la política sin revisarlas? ¿Hasta dónde llegan nuestros derechos de inclusión? ¿Cómo se hace para que dejen de ser meramente formales? ¿Cuáles son nuestras instituciones de base a través de las cuales canalizar este tipo de propuestas? ¿Cuáles son en cada caso sus virtudes y sus peligros? Tal vez el registro del impacto en el continente de una crisis global, con sus múltiples efectos políticos, aporte posibilidades inesperadas para contribuir a responder con mayor consistencia varias de estas preguntas. Hoy resulta claro que las instituciones del Estado y las instituciones políticas no aseguran por sí solas un buen gobierno democrático. La democracia se funda también en ciudadanos individuales y en la acción de colectivos muy diversos y cambiantes, de proyección social y política, pero también comunitaria, étnica, de género, religiosa. Para ser efectiva estas nuevas democracias han de proteger y comprometerse con el debate sobre los derechos, en la posibilidad de su ejercicio real y de sus responsabilidades inherentes. En este tipo de indagatorias cívicas y mucho más dentro de un contexto de transformación y de crisis global, se requiere de la participación de organizaciones sociales y políticas de diversos orígenes y proyecciones, de acuerdo a las trayectorias y características diferentes de cada país. Esto involucra averiguar también en qué consiste la membresía de los ciudadanos con respecto a la amplia y cambiante red de nuestras instituciones en vigencia. El empoderamiento de nuestro ciudadano del siglo XXI pasa
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por la capacidad que tengan los agentes sociales y políticos para escuchar, atender y promover el interés y las actividades del ciudadano común, intentando salvar las distancias entre sus aspiraciones democráticas y los modos en los que estas se pueden ir completando adecuadamente. ¿Cómo hacerlo posible? Las discusiones sobre el concepto de ciudadanía abarcan hoy todo el espectro político. Desde fines de los años ochenta, el concepto de ciudadanía se utiliza en debates teórico-políticos tan dispares como los que surgen de la reseña siguiente: los Estados de bienestar, gobernabilidad, recombinación de formas comunitarias y autonomía del sujeto individual, educación, libre expresión, rearticulación entre pluralismo cultural e igualdad política, fracaso en el apoyo voluntario de los individuos a políticas de medio ambiente, apatía de votantes, ágora mediática, entre otros muchos. Los estudios de los años setenta y ochenta se centraron fundamentalmente en problemas estructurales estatales restando importancia al ciudadano. Si bien en cualquier análisis de la ciudadanía el Estado es el mediador que equilibra lo legal con lo legítimo, 10 no es posible omitir hoy que una adecuada concepción de la ciudadanía parece requerir un equilibrio entre derechos y responsabilidades, así como una toma de posición frente al controvertido tema de la participación democrática y su promoción. T.H. Marshall en su clásico “Citizenship and Social Class” de 1949, definía la ciudadanía en términos de posesión de derechos. Para Marshall cada uno debía de ser tratado como un miembro pleno en una sociedad de iguales. A nivel de la teoría, el concepto de ciudadanía está vinculado a las exigencias de justicia y de pertenencia comunitaria. La ciudadanía se asocia a la idea de derechos individuales y a la noción de vínculo con una comunidad particular. No se trata simplemente de un estatuto legal definido por un conjunto de derechos y responsabilidades, sino que es también una identidad, la expresión de la pertenencia a una comunidad política. Los conceptos abstractos de “ciudadanía”, “identidad” y “diferencia” son hoy tan familiares como triviales, como resultado de transformaciones políticas y culturales recientes a nivel global, que desafían tanto las nociones de universalidad y de agencia, como las tradiciones del liberalismo, del nacionalismo y del pluralismo. La ciudadanía sugiere entonces una tensión permanente entre los diferentes componentes que articulan la identidad política y colectiva de los miembros de una sociedad democrática. Se trata de un concepto político con pretensiones de universalidad, que encarnan individuos particulares en una tensión que constituye la arena de conflictos abiertos y latentes. Pertenencia y responsabilidad son caras de la misma moneda pero es claro que no alcanza con eso. Ya si pensamos en el proceso de globalización, en la pertenencia a aldeas o junglas globales, el sentido de desarraigo resulta bastante generalizado y por motivos diversos. Cuando lidiamos con el uso clásico de la ciudadanía, lo que juega un rol impor-
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tante es el tema de las inclusiones y las exclusiones, un viejo problema que tiene nuevos giros con el aumento de la emancipación de grupos minoritarios, los ataques al Estado de bienestar y los problemas en torno a la marginalización. Y estas discusiones alcanzan una relevancia superlativa en torno al contexto de una América del Sur en la que el impacto previsible de la crisis apunta, como veremos, a una desaceleración en el combate a la pobreza y a una más difícil promoción de políticas redistributivas cuya implementación es impostergable. De este modo el impacto de la crisis global se despliega sobre una América Latina en tránsito de cambios inciertos, con ciudadanías sensibilizadas sobre los tópicos de la democracia y de la democratización de sus respectivas sociedades políticas.
LA CRISIS Y SUS IMPACTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES SOBRE AMÉRICA LATINA A continuación se pasará una rápida revista a algunos de los principales impactos económicos y sociales de la crisis global sobre América Latina. En numerosos trabajos recientes11 se converge en la identificación de varios de los principales indicadores que revelan el impacto profundo de la crisis en las economías de América Latina y el Caribe:
– se ha producido una muy importante desaceleración de las exportaciones de los países de la región; – este proceso se ha agudizado por la caída y la inestabilidad del precio internacional de las commodities, lo que ha agravado el déficit de nuestras relaciones de intercambio, en un contexto de creciente primarización de la matriz exportadora de las economías de la región.
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Para fundamentar las consideraciones de este subcapítulo se ha recurrido de manera particular a los siguientes trabajos: Rojas Aravena, Francisco, “V Informe del Secretario. Documento preparado para el XXXII Consejo Superior de FLACSO”. 2009 (mímeo); Altmann Borbón, Josette y Rojas Aravena, Francisco, “Efectos sociales de la crisis financiera global en América Latina y el Caribe”. Secretaría General de FLACSO-programa de Gobernabilidad y Convivencia Democrática en América Latina y el Caribe - AECID, 2009. Cfr. www.flacso.org; Bárcena, Alicia (Secretaria Ejecutiva de CEPAL), “Las economías de América Latina y el Caribe frente a la crisis internacional”. Montevideo, CEPAL, marzo de 2009. (Power point); Roy, Tobías (Representante Residente en Asunción del FMI), “La Crisis Económica Mundial. Causas y el Impacto sobre América Latina”. (Power point presentado en el Seminario organizado por CEFIR sobre el tema “La región frente a la crisis mundial. Impactos y nuevas respuestas”, 8 y 9 de junio de 2009); Rivera Banuet, José (Secretario Permanente del SELA), “América Latina y el Caribe ante la Crisis Económica Mundial”. (Power point presentado en el mismo seminario citado en la referencia anterior); SEGIB, “América Latina ante la crisis financiera internacional”. Montevideo, Centro de Información de la SEGIB, 2009; González, Felipe (ed.), “Iberoamérica 2020. Retos ante la crisis”. Madrid, Fundación Carolina - Siglo XXI, 2009. Fueron también consultadas las páginas web de la OIT, de CEPAL, del Banco Mundial, de la OMC, del FMI, de ALADI, entre otras.
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– todo esto ha generado una caída considerable en el producto bruto interno (PBI) de los países de la región, provocando la desaceleración del crecimiento primero y la recesión (con algunas excepciones) después, lo que resulta más inquietante pues interrumpe un ciclo de casi un lustro de incremento sostenido. – ha caído en forma contundente el volumen de las remesas, con consecuencias muy severas para varios países del continente que tienen una fuerte dependencia de las mismas para sus respectivos equilibrios; – se ha confirmado una disminución de los flujos de la inversión extranjera directa (IED), lo que profundiza la tendencia decreciente de la participación de ALC en los flujos de IED mundial; – se han reducido los ingresos por la vía de los dividendos obtenidos por la actividad turística; – se ha confirmado un esperable incremento en las dificultades para el acceso al crédito externo, producto del aumento de su costo y de la menor disponibilidad de financiamiento a nivel internacional; – se ha consolidado la tendencia decreciente en la participación de América Latina en los flujos de ayuda oficial al desarrollo. Los analistas coinciden en que el impacto de la crisis en la región ha sido mayor al que se esperaba en el 2008, pero también señalan que los países de la región en términos generales se encuentran en mejores condiciones para enfrentar sus retos. A más de un año del comienzo más sensible de su impacto y a la luz de lo ocurrido en ese tiempo, la mayoría de los analistas coincide de todos modos hacia fines del 2009 que por el momento se trata de una “crisis bajo control”12. Entre los fundamentos para el señalamiento de una región mejor preparada para enfrentar la crisis, destacan las siguientes aseveraciones más o menos consensuadas: – las políticas macroeconómicas prudentes que en los años anteriores fueron aplicadas en la mayoría de los países del continente fortalecen la posición de la región ante los embates de la crisis13;
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En esta dirección resulta ilustrativa la lectura de los textos que integran la sección “Tema Central” del último número de la revista Nueva Sociedad, precisamente bajo el título “Crisis bajo control. Efectos de la recesión mundial en América Latina”. Cfr. “Nueva Sociedad”. Nº 224, noviembre-diciembre 2009. Buenos Aires, Nueva Sociedad - FES, 2009, pp. 47-199. José Antonio Ocampo da una versión diferente respecto a este punto: “… debe matizarse considerablemente la percepción de que la fortaleza de la región proviene de un cambio importante en la política macroeconómica durante los años de auge, que se expresaría en la alta prioridad otorgada a los equilibrios macroeconómicos. En realidad, tanto la política fiscal como la evolución del saldo en la cuenta corriente de la balanza de pagos siguieron mostrando en general un comportamiento procíclico”, Cfr. Ocampo, José Antonio, “La crisis económica global: impactos e implicaciones para América Latina”, “Nueva Sociedad”, Nº 224, etc. ob. cit. p. 62.
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– han aumentado de manera consistente también las reservas internacionales netas; – ello ha permitido incluso a varios gobiernos latinoamericanos aplicar políticas anticíclicas ante los giros de contracción, amortiguando algunos de sus efectos. – la deuda pública ha disminuido en forma considerable en la región, en el marco de renegociaciones que proyectan una mejoría general de su tramitación de cara a los próximos años. – esto se traduce —aunque con diferencias importantes entre países— en una relación favorable entre los montos de la deuda externa de corto plazo y el nivel de las reservas internacionales. – los niveles de exposición externa de los sistemas financieros latinoamericanos en relación con los mercados internacionales resulta relativamente baja; – las tasas de inflación han permanecido en general estables en la región, favorecidas en algunos casos (Chile, Colombia, México, Perú, Brasil) por la adopción de políticas monetarias anticíclicas. Pese a que estos mismos analistas advierten que esta situación de corte más bien favorable es promedial y que no todas las economías de la región comparten un mismo nivel de consistencia frente a la exposición externa, coinciden en destacar que, a pesar de que el ciclo expansivo del último lustro no volverá en el corto plazo, la mayoría de los países de ALC se encuentran mejor preparados que en el pasado para enfrentar los embates de esta crisis. Incluso alguno de ellos se atreve a pronosticar que la recuperación será más rápida en la región que en los países desarrollados. De todos modos, más allá de estos señalamientos auspiciosos, los analistas también coinciden en el destaque de varios efectos sociales negativos, de envergadura considerable: – se ha producido un aumento casi inmediato en las tasas de desempleo general, con niveles particularmente graves en relación al desempleo juvenil; – a la caída del empleo se le suma un proceso de precarización y deterioro general en la calidad de los puestos de trabajo en el mercado laboral. – los efectos de la crisis tienden a profundizar las asimetrías dentro del panorama social de ALC, tanto en lo que se relaciona con las diferencias notables entre países, así como entre sectores y actores distintos o en lo que hace a la desintegración territorial en el seno de las mismas sociedades nacionales. – luego de un ciclo favorable en términos de políticas y estrategias eficaces en la reducción de la pobreza y de la indigencia, resultan predecibles crecientes dificultades para el mantenimiento de estos procesos
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virtuosos, con las múltiples consecuencias de una discontinuidad en este plano. – también resulta previsible un incremento en los niveles de desigualdad (ya de por sí de los más altos del planeta), con una mayor concentración del ingreso y la ampliación de la brecha social. – por su parte, la crisis tiende a afectar con más fuerza a los sectores históricamente más vulnerables en ALC (mujeres, niños, jóvenes, pueblos originarios, afrodescendientes). – resulta también previsible un incremento en los niveles de inseguridad ciudadana, de violencia y de conflictividad dentro de sociedades que ya presentan registros muy elevados y preocupantes en estos campos. – el deterioro general de las condiciones sociales con seguridad incrementará el empuje de los fenómenos migratorios, tanto dentro como fuera de la región, en contextos nada favorables para un flujo “tranquilo” de este tipo de procesos a nivel internacional. – en el mismo sentido, es de prever que se produzca una “sobredemanda” de políticas sociales activas en los reclamos al Estado, en un contexto de reducción del crecimiento económico que restringirá las disponibilidades para un gasto público incremental. – es de esperar también un incremento de la conflictividad social en la perspectiva de la pugna entre sectores para evitar la caída de sus ingresos y condiciones de vida o para enfrentar un eventual incremento de la presión impositiva. En este marco, otro centro del análisis ha apuntado a registrar cuáles han sido las principales orientaciones de las primeras respuestas que los gobiernos latinoamericanos han practicado frente a la crisis, a la vez que evaluar algunas recomendaciones en esa dirección de cara a las estrategias para afrontar los requerimientos de una salida positiva de esta coyuntura desafiante. Algunas de las visiones más reiteradas y apoyadas en este campo figuran en la siguiente reseña: – la mayoría de las posturas converge en reivindicar propuestas de diálogo y concertación social para pactar políticas con niveles de acuerdo importante, para orientar agendas concretas de reactivación económica y de retorno al crecimiento. – se propone una reformulación importante del rol del Estado, en términos de una mayor regulación de la actividad económica y de los mercados de capitales que ofrezca garantías de estabilidad sin asfixiar la rentabilidad privada, con la promoción de políticas inclusivas focalizadas en los sectores más vulnerables, en la defensa de una nueva red de producción sustentable y que agregue valor a los rubros exportables,
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con intersecciones consistentes con las redes del conocimiento y la innovación; – en materia de políticas económicas se tiende a promover políticas proactivas y anticíclicas, con sesgos redistributivos, dentro de las posibilidades efectivas de cada país, en especial en los campos de las políticas monetaria y financiera, fiscal, de rearticulación de políticas cambiarias y de comercio exterior, con estrategias específicas dirigidas a programas de vivienda, apoyo a pequeñas y medianas empresas (pymes), políticas sectoriales que interconecten con estímulos efectivos para la generación de empleo. – en materia de políticas sociales, las mayores insistencias se dirigen a la necesidad de mantener los programas sociales de protección frente a la crisis, evitar por todos los medios posibles la contracción del gasto social (en especial en educación, salud y protección social a sectores vulnerables), recombinar con formas innovadoras medidas de corte universalista con políticas selectivas, desplegar nuevas políticas en materia migratoria que enfoquen el tema en su integralidad; – se plantea un fuerte consenso respecto a que el impacto de la crisis en la región fortalece la centralidad de los procesos de integración regional, en procura de construir una agenda de concertación regional sobre temas estratégicos (infraestructura, energía, comercio, producción de alimentos, innovación en ciencia y tecnología, manejo integrado de recursos naturales, adopción de posiciones comunes en escenarios multilaterales), de administrar estrategias convergentes para acciones en materia de agenda externa acordada y proactiva, de administración de comercio intrarregional, de reformulación de la nueva arquitectura financiera internacional. Lejos de minimizar los efectos de la crisis global sobre la región, pero también distantes de visiones catastrofistas, muchos analistas tienden a coincidir en que desde ALC, una respuesta certera y profunda ante esta coyuntura desafiante de la crisis global, puede configurar una oportunidad para profundizar ciertas definiciones políticas estratégicas. Entre estas últimas destacan: la necesidad de renovar la voluntad política integracionista, bastante bloqueada en los últimos años; relanzar desde esa reafirmación integracionista estrategias audaces y viables en procura de iniciativas eficaces de reinserción internacional; la promoción de acuerdos nacionales y regionales en la perspectiva de activar en clave política nuevos proyectos de desarrollo con visión más integral y estratégica, menos dependientes de las oscilaciones de los mercados internacionales; renovar compromisos y coaliciones para confirmar políticas de reintegración social, con reducción de la pobreza y de la indigencia pero también con opciones vigorosas en materia de lógicas redistributivas y de equidad; la reafirmación más
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contundente del camino democrático como vía excluyente para garantizar la gobernabilidad y los cambios sociales de signo positivo de los últimos años. Por cierto que en muchos de estos rubros abundan los argumentos y fundamentos para establecer visiones escépticas en relación a que el impacto de la crisis pueda configurarse en la coyuntura más idónea para cambiar estilos y prácticas que, en circunstancias más “normales”, se han orientado en perspectivas contrarias. Sin duda, los temas de los cambios a nivel de las prácticas y modelos de ciudadanía imperantes en la región y la trayectoria de las visiones en torno al tema de la democracia configuran aspectos centrales para interpelar el posible impacto de la actual crisis global en relación a los escenarios previsibles de la gobernabilidad democrática en la América Latina de los próximos años.
PERFILES DEL CUADRO POLÍTICO SOBRE EL QUE IMPACTA LA CRISIS EN AMÉRICA LATINA. LA COMPLEJIDAD Y EL SENTIDO PARADOJAL DE CIERTAS TENDENCIAS POLÍTICAS “NUEVAS” EN EL HEMISFERIO En la actualidad es posible apreciar, particularmente en la región sudamericana, una tendencia a la consolidación, por una parte, de varias experiencias en materia de integración política y económico-comercial, en cierto modo postuladas como alternativas ante los avasallamientos del formato unipolar y hegemonista de la globalización “realmente existente” de la última década del siglo XX. Por otro lado, se advierte el advenimiento creciente de nuevos gobiernos orientados a transformar (en el marco de restricciones internas y externas) las tendencias ultraliberales provenientes del llamado “Consenso de Washington”, dominantes como fuente inspiradora de las políticas desplegadas en la región en los años 90, para dirigirse hacia orientaciones más heterodoxas, en algunos casos con líneas programáticas de un signo “progresista”, en otros con evoluciones inciertas de estilo más o menos “populista”14. Como se verá, todos estos procesos (que más de un autor ha calificado como propios de una “transición posneoliberal”) tienen lugar en el marco de un amplio espectro de propuestas que no permiten una caracterización homogénea. Adviértanse, por ejemplo, las diferencias entre las estrategias desplegadas por los gobiernos actuales de Brasil, Chile y Uruguay por una parte, con las impulsadas por Bolivia, Ecuador o Venezuela por el otro, con situaciones intermedias o errá-
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El concepto de “populismo” suele utilizarse con mucha confusión y equívoco y con frecuente intencionalidad política descalificadora en relación con los procesos políticos latinoamericanos contemporáneos. Para precisar mejor los límites y alcances de la categoría, Moira Mackinnon, María y Petrone, Mario Alberto (Comp.), Populismo y neopopulismo en América Latina. El problema de la Cenicienta, Buenos Aires, EUDEBA, 1999; y Panizza, Francisco (compilador), El populismo como espejo de la democracia, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2009.
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ticas como las de Argentina o Paraguay. La frecuente asimilación de estos ocho gobiernos sudamericanos de “nuevo tipo” con una orientación genérica “progresista” o de izquierda no puede en verdad ocultar el signo diverso de las políticas concretas de estos gobiernos en muchos planos, lo que no obsta para registrar también algunas convergencias. ¿El peso de estas últimas fundamenta la mención de un “giro a la izquierda” en el subcontinente? Esta calificación resulta al menos discutible y exige una problematización conceptual15. Más allá de estas diferencias o matices en las políticas aplicadas, lo que sí existe en la región es un signo general de cambio político en la diversidad. Este proceso histórico se abrió en América del Sur con el advenimiento de gobiernos como los de Lula en Brasil (desde el 2002), los dos presididos en forma secuencial por Néstor Kirchner (2003-2007) y por Cristina Fernández de Kirchner (iniciado a fines del 2007) en Argentina, la apertura de un cuarto “turno” de la experiencia de la Concertación Democrática en Chile bajo la presidencia de Bachelet (desde el 2005), las oportunidades abiertas en el Uruguay a través de la victoria en primera vuelta de la izquierda unida en el Frente Amplio con el Presidente Tabaré Vázquez (desde marzo del 2005), el triunfo también en primera vuelta del Movimiento al Socialismo (MAS) bajo el liderazgo y la presidencia del dirigente indígena Evo Morales en Bolivia (desde el 2005), el gobierno del Presidente Rafael Correa en Ecuador (desde 2006) y el más reciente de Fernando Lugo en Paraguay, que asumió el 15 de agosto de 2008 el gobierno de ese país luego de más de 61 años de hegemonía ininterrumpida del P. Colorado. También, pese a sus giros de perfil controvertido, la experiencia de gobierno de Hugo Chávez en Venezuela (a lo largo de una década iniciada en 1998), en particular en lo que hace a su rechazo al intervencionismo norteamericano y a su militancia integracionista “bolivariana” (pese a algunos rasgos controversiales, a los que se hará mención más adelante), refieren un continente que parece virar política e ideológicamente, siempre claro está, dentro de los márgenes estrechos de un contexto internacional que ha sido favorable en ciertos aspectos en los últimos años, pero que en la actualidad parece volverse más incierto y amenazante. Resulta importante advertir que en el bienio 2009-2011, precisamente en el período de mayor impacto previsible de la crisis global, se abre en el continente un profuso ciclo de elecciones que puede variar de manera sustantiva el mapa político sudamericano y también latinoamericano. No resulta sostenible el fundamentar la irreversibilidad del cambio del signo ideológico de los gobiernos antes mencionados o su segura continuidad en los próximos años. En muchos de estos países, los procesos electorales se despliegan dentro de contextos de fuerte incertidumbre. Esta se da hasta en el caso de gobiernos populares y en
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Sobre el particular, Natanson, José, La nueva izquierda. Triunfos y derrotas de los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador, Buenos Aires, Sudamericana, 2008; Sader, Emir, El nuevo topo. Los caminos de la izquierda latinoamericana, Buenos Aires, Siglo Veintiuno - CLACSO, 2009; entre otras publicaciones recientes.
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buena medida exitosos al final de su mandato (como fue el caso de Uruguay, en el que finalmente ganó en segunda vuelta el candidato oficialista José Mujica, o como son los casos de Chile, en el que Sebastián Piñera es el favorito de cara al balotaje de enero del 2010, y Brasil, donde el también opositor José Serra se mantiene al frente de las encuestas de cara a los comicios nacionales del año entrante), en los que no es seguro tampoco que los partidos de gobierno triunfen en las elecciones próximas, enancados en el impulso oficialista y continuista en relación a sus predecesores.
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES RETOS POLÍTICOS PARA LOS NUEVOS GOBIERNOS En algunas de estas experiencias, no en todas y esto configura un profundo desafío para las concepciones progresistas en la región, los nuevos gobiernos —desde su diversidad— han incorporado como uno de los ejes de su labor el tópico de la profundización democrática. Aunque de muy diversas formas y con contenidos disímiles, los gobiernos actuales de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, por ejemplo, resultan ejemplos orientados —por cierto que bajo la polémica de sus respectivas oposiciones— a incorporar demandas en esa dirección. El caso de la conflictiva Bolivia puede despertar discusiones en este punto, aunque a nuestro juicio, el gobierno de Evo Morales, más allá de errores y excesos, encarna una propuesta genuina y profunda de profundización democrática, desde la defensa y promoción de los derechos de la mayoría indígena, ancestralmente marginada y explotada en ese país16. En cambio, también desde una perspectiva opinable, en la Argentina de los Kirchner y en la experiencia interesante y controversial del Ecuador de Correa, sobreviven dudas severas respecto a este punto, mientras que sobre todo en la Venezuela de Chávez, este
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Con esta mención no se busca omitir o invisibilizar la conflictividad fuerte que ha caracterizado la coyuntura política boliviana de estos últimos años, en especial durante buena parte de la trayectoria de la Constituyente, cuyo proyecto resultó finalmente aprobado. Sin embargo, si se profundiza en la perspectiva histórica de esa sociedad mayoritariamente indígena, en el legado ancestral de la marginación política y social de esas poblaciones, en la estructura tradicionalmente injusta de esta nación andina, sin duda que pueden entenderse mejor y compartirse muchas de las propuestas de “reinvención democrática” impulsadas por el actual gobierno del MAS presidido por Evo Morales. Asimismo, el conflicto entre ese intento y las aspiraciones autonomistas (¿secesionistas?) lideradas por las provincias poderosas de Santa Cruz y Tarija parece inevitable. Lo que debe esperarse (y ayudarse desde la acción de política exterior de los Estados sudamericanos, como sucedió con la reciente intervención de UNASUR) es que estas controversias puedan tramitarse en paz, sin esa violencia institucionalizada que tanto daño ha hecho a Bolivia en el pasado. La aplastante victoria de Evo Morales en los comicios del 6 de diciembre de 2009 configuran un espaldarazo decisivo del electorado boliviano al proyecto de “revolución democrática” impulsado por el MAS. Los años venideros serán fundamentales para evaluar la consistencia y profundidad de esos cambios, así como el signo inequívoco de su proclamada orientación democrática.
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aspecto constituye uno de los talones de aquiles de estas experiencias, con signos evidentes de un estilo confrontativo, con una sociedad muy polarizada y con falta de consensos básicos para la credibilidad de las instituciones democráticas. Debe advertirse de todos modos que los problemas políticos en estos países no empezaron con sus actuales gobiernos. Este señalamiento acerca de la fragilidad de la democracia venezolana, por ejemplo, advertido incluso por sectores y grupos de izquierda de ese país, debe necesariamente complementarse por el registro del descaecimiento político e institucional que precedió el advenimiento de Chávez al poder, a lo que debe sumarse el reconocimiento de actitudes de deslealtad institucional manifiesta por parte de varios de los partidos y sectores de la oposición, a menudo estimulados abiertamente por el gobierno norteamericano. Por su parte, la Colombia de Álvaro Uribe y el Perú de Alan García, con signos ideológicos muy diferentes, tampoco proyectan situaciones de solidez en términos de cohesión democrática. Claro está que en un contexto de confrontación que heredó, Uribe también ha cedido a la tentación reeleccionista y a la extrema personalización de su experiencia de gobierno, no ha mejorado en forma efectiva la grave situación de violación a los derechos humanos en su país (lo que entre otras cosas, ha empantanado la aprobación en el congreso norteamericano del TLC ya firmado) y ha terminado en una situación de aislamiento en el continente, tanto en sus contenciosos con sus vecinos como en su proyecto de instalación de bases con militares norteamericanos en territorio colombiano, iniciativa que ha despertado casi unánimes recelos en la región. Por su parte, el gobierno de García no ha logrado capitalizar políticamente los éxitos económicos del impulso previsible de los primeros momentos de aplicación del TLC con los EEUU, al tiempo que su creciente impopularidad (que se ha acrecentado tras el impacto de la crisis global) y la conflictiva situación social peruana marcan fuertes dudas sobre el signo de la evolución política futura de ese país. En este marco, en la última década han podido registrarse algunas señales más generales en el panorama político regional de América del Sur. Las profundas crisis políticas e institucionales que algunos países de la región han padecido en estos años dan cuenta de muchos fenómenos ya inocultables. Advirtamos algunos de ellos: i) Los formatos democráticos clásicos y sus actores tradicionales han deteriorado su legitimidad en varios países de la región y hoy presentan —en mayor o menor medida según los casos— insuficiencias claras para consolidar democracias nuevas y arraigadas en el continente. Al tiempo que varios sistemas de partidos se han desplomado (Venezuela, Bolivia, Ecuador) o se revelan sumamente débiles (Argentina, Perú, Colombia), en varias sociedades del continente emergen nuevos actores sociales y políticos de signo contestatario, en gran medida como rebelión inorgánica frente a las “democracias limitadas y de baja intensidad” de los años 90 y como apuesta para encontrar nuevos cimientos políticos para procesos de profundización democrática, que incorporen la participación de grandes
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franjas de la población, desplazadas históricamente del ejercicio efectivo de la ciudadanía, del “derecho a tener derechos”. En muchos casos, estos fenómenos novedosos se expresan a través de modalidades y liderazgos renovadores, en procura de dar voz a los “invisibles” ancestrales de los regímenes anteriores (indígenas, pobres, negros, mujeres, sectores marginados en general, etc.) y a exigir el cumplimiento largamente postergado de sus legítimas demandas de justicia, tanto en materia política, social como cultural. En otros casos, en cambio, se reitera el histórico síndrome latinoamericano de los liderazgos mesiánicos, con culto a la personalidad e identificación personalista del régimen. ii) Un antinorteamericanismo profundo (entendido no como una ruptura frente al pueblo y a las instituciones de esa nación sino como un rechazo profundo a las prácticas contrarias al Derecho y a la Comunidad internacionales adoptadas en especial por la administración ultraderechista del Presidente Bush (h) en sus ocho años de mandato) se expandió en las sociedades del continente como hacía décadas no ocurría, impulsando nuevamente posturas de corte nacionalista y popular, a partir de discursos que hacían énfasis en la defensa de soberanías que se percibían agredidas y desconsideradas. Es esta una tendencia que emerge consistente a nivel de la opinión pública de los países del continente, más allá de las estrategias y actitudes más diversas que sobre este particular han expresado los Presidentes. En este sentido, resulta muy contrastante el desempeño de mandatarios como Lula, Bachelet o Vázquez en relación a lo ocurrido con los ejemplos de Chávez, Correa o Evo Morales. Con el triunfo del demócrata Barack Obama en las elecciones norteamericanas del 4 de noviembre del 2008, resultado en general muy bien recibido en la región, se abrió un margen de expectativas a propósito de cambios positivos en el relacionamiento de los países sudamericanos con los EEUU. Este sentimiento resultó fortalecido en los primeros meses del nuevo gobierno, por ejemplo tras el discurso de Obama en la Cumbre de Trinidad y Tobago y a partir de algunas iniciativas graduales de cambio en las políticas frente al tema Cuba o en la crisis de Honduras. Sin embargo, esta expectativa ha decaído en forma ostensible en los últimos meses, ante acciones como la instalación de bases militares con efectivos norteamericanos en Colombia, ante su inoperancia en acelerar los cambios hacia el continente, así como también ante sus fracasos en concretar su declarado rumbo multilateralista (ostensibles, por ejemplo, en su pobre desempeño en la Cumbre de Copenhague). De todos modos, las políticas tradicionalmente proteccionistas de los demócratas, con seguridad reforzadas por el actual contexto de crisis financiera internacional, no auguran transformaciones radicales en el plano de acuerdos comerciales genuinos entre EEUU y los países sudamericanos, ni siquiera en el formato de los TLCs clásicos, cargados de agenda “OMC plus” y fuertemente condicionantes de los modelos de desarrollo. iii) El consenso acrítico imperante en los 90 sobre las bondades poco menos que indiscutibles del recetario liberal ortodoxo, emanado de los organismos financieros internacionales, cada vez genera más críticas y rebeldías, incrementa-
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das aún más luego del estallido de la actual crisis financiera internacional, con las múltiples evidencias que ha dejado respecto a las consecuencias negativas del dogmatismo desregulador del “capitalismo sin reglas y sin miedo” de las últimas décadas. Más allá de la fuerza y profundidad extendidas de estas visiones críticas, también debe advertirse que muchas de estas posturas resultan más consistentes desde los discursos de oposición y resistencia que en los contenidos mismos de las políticas implementadas desde el ejercicio del gobierno. En este sentido, resulta notorio que las alternativas presentadas por los gobiernos sudamericanos antes referidos resultan —según los casos— más o menos sólidas y defendibles en términos de cambio efectivo o, en algunas experiencias, bastante retóricas y poco viables. Parece poco discutible el señalamiento sobre que los actuales contextos de crisis internacional constituyen —para los gobiernos sudamericanos que invocan la bandera del cambio social— una coyuntura muy desafiante para aquilatar la consistencia efectiva de sus propuestas transformadoras, en especial en relación a políticas económicas y a modelos de desarrollo genuinamente alternativos, que no sólo logren éxitos en abatir la pobreza sino que también generen procesos arraigados de redistribución del ingreso. Como vimos, la coyuntura de la crisis global con sus impactos en la región refuerza la radicalidad de este auténtico test acerca de la profundidad del signo alternativo y del sustento efectivo de los modelos de desarrollo anunciados o en cursos de implementación por los gobiernos “progresistas”. Las claves y posibilidades de este “nuevo orden postneoliberal” en la región se han traducido en efecto en cambios electorales y políticos tan espectaculares como impensables hace algunos años. La profundización del rechazo popular en las sociedades sudamericanas a la política exterior implementada por la administración Bush entre el 2001 y el 2009, la crítica creciente a las políticas “neoconservadoras” y a sus defensores en el subcontinente, así como la lentitud en los procesos de superación efectiva de los cuadros de pauperización, desigualdad, marginación y concentración del ingreso, constituyeron en efecto factores no únicos pero sí de los más decisivos para explicar el advenimiento de los cambios políticos anotados en la región. Todos estos fenómenos también resultan factores desafiantes y problematizadores en tanto herencias “malditas” o contextos muy demandantes para medir los límites y alcances de la gestión de estos nuevos gobiernos de signo más progresista. En suma, los mismos factores que han estimulado su crecimiento electoral y su triunfo en las urnas, tienden a interpelar la gestión de estas fuerzas políticas renovadoras, una vez que se transforman en gobierno y tienen que lidiar con realidades muchas veces dramáticas, que exigen transformaciones urgentes y profundas. El impacto de la crisis global en la región profundiza de manera radical estos desafíos, aunque como veremos más adelante, los gobiernos y los presidentes sudamericanos que ascendieron al poder en los últimos años han gozado de muy altos índices de popularidad.
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Es así que la América Latina que recibe el impacto de la crisis es un continente que en términos políticos revela profundos cambios que recrudecen la fragmentación y las asimetrías en la perspectiva de sus gobiernos y ciudadanías. También esto se advierte en las concepciones contrastadas que se verifican acerca de los modelos y prácticas concebidas como democráticas y como sustento de una gobernabilidad legítima. Más allá de retóricas, los procesos de reforma o “refundación” de los Estados latinoamericanos tampoco han podido avanzar de acuerdo a los requerimientos planteados y ello constituye un factor de bloqueo para la adopción de políticas innovadoras y eficaces, en especial en lógicas de promoción del cambio social, sometidas además al impacto restrictivo de la crisis. En ese marco, a partir también de la legítima presión de sociedades con largas historias de marginación y relanzadas en la última década a nuevas formas de protesta y movilización, no resulta aventurado augurar que es posible que las tensiones políticas aumenten en los países del continente y que esto genere situaciones de inestabilidad y polarización. Ello no necesariamente debería resultar una preocupación para un proceso de democratización de la democracia en América del Sur. Si como creemos, democracia también significa hoy en el continente reempoderamiento social y político, mayor grado de involucramiento de las ciudadanías, nuevos espacios para la “agencia” (entendida como participación política genuina e idoneidad de los actores para impulsar los cambios), toda propuesta de democratización tiene que aportar formas nuevas de incorporación de los conflictos. En cualquier hipótesis, la consolidación de la gobernabilidad democrática, que ya era un tema central en la agenda del continente previo al impacto de la crisis, no hace más que reforzarse en su centralidad en esta coyuntura. Asimismo, la crisis actual vuelve a confirmar que la estabilidad política y la solidez de las formas de gobierno democrático no son asuntos que los países puedan resolver a cabalidad desde caminos solitarios o aisladamente, refieren también la centralidad renovada de la dimensión de lo regional en toda la coyuntura. En esa perspectiva de análisis, con el foco puesto sobre un proceso de resignificación democrático que debe consolidarse y profundizarse en un contexto desafiante de crisis internacional, la consideración de las actuales estrategias de inserción internacional de los países sudamericanos puede convertirse en un observatorio privilegiado para el tema que nos ocupa.
CRISIS, CAMBIOS POLÍTICOS Y NUEVAS CIUDADANÍAS EN EL CONTINENTE. EL “GIRO DE ÉPOCA” Y LA “METAMORFOSIS DE LA REPRESENTACIÓN” El impacto de la crisis global no hace más que confirmar que se vive en la región un verdadero “giro de época” y las formas de hacer política no han dejado de ser afectadas de manera radical. Por cierto que se trata de un fenómeno propio de la globalización y sus múltiples transformaciones, que no ha dejado región
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ni latitud del planeta ajena a la profundidad de los cambios en curso. Pero precisamente, la consideración de los impactos políticos de una crisis económica y financiera de proyección inocultablemente global invita a problematizar el concepto de globalización y sus alcances precisos en la región. Por ejemplo Renato Ortiz, un estudioso brasileño sobre estos temas, ha planteado en muchos de sus trabajos la necesaria distinción entre la mundialización de la cultura y la globalización de la economía, al tiempo que ha referido en su concepción de “modernidad-mundo” una advertencia importante: este mundo de la globalización en donde explota la reivindicación de lo diverso, muchas veces no es un mundo plural, con todo lo que esto implica, sino que es un mundo diverso, con identidades fuertemente asimétricas. En tal sentido, la exigencia de discernir y no confundir diversidad con pluralismo supone una primera pista interesante, en especial para el tema central que nos ocupa17. Martín Hopenhaym, por su parte, sociólogo chileno que ha transitado de modo renovador las intersecciones entre cultura, política y desarrollo, registra en muchos de sus últimos trabajos una multiplicidad de miradas posibles sobre el concepto de globalización. En esa dirección, reseña distintas perspectivas: una “mirada crítica” que tiende a postular que la globalización destruye la integración social y regional; una “mirada apocalíptica”, desde la que se observa la globalización como un “big bang de imágenes”, con un mundo que se contrae y en el que “lo virtual explota”; una “mirada posmoderna”, desde la que se reconocería el surgimiento de un “mercado de imágenes” y de un nuevo “modelo de software cultural” que modifica en forma radical la vida cotidiana; una “mirada tribalista”, con un fuerte contexto de exclusión en el marco de identidades frágiles, fugaces y móviles, un “nuevo panteísmo moderno sin dioses pero con mil energías”; una “mirada culturalista”, desde la que se celebraría —muchas veces con ingenuidad— un encuentro con el otro, con la intersección que se vuelve accesible de miríadas de culturas dispersas; y finalmente, otra mirada que podría sintetizarse en la visión de un “atrincheramiento reactivo”, simulacro imposible pero que se vuelve atractivo para muchos. La tentación que supone ser seducidos por cada una de estas miradas tampoco ayuda a calificar los cambios políticos en curso en la región, en especial si cultivamos en exclusiva una de ellas o si caemos en el igualmente infértil camino del eclecticismo “ramplón”18. El argentino mexicano Néstor García Canclini, sociólogo y antropólogo de la cultura, cuyos textos de las últimas décadas han removido tanto la reflexión sobre estos asuntos, en algunos de sus trabajos cuestiona la equivalencia entre globalización y homogeneización. Advierte sin embargo que ciertas visiones ingenuas en torno al renovado multiculturalismo devienen a menudo en cohones-
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Ortiz, Renato, Otro territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmas, 1996. Hopenhaym, Martín, Ni apocalípticos ni integrados. Aventuras de la modernidad en América Latina, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, 1994.
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tar nuevas “máquinas estratificantes”, al punto que previene con igual fuerza sobre los efectos de lo que llama una “homogeneización recesiva”, que en América Latina promovería el intercambio cultural en el preciso momento en que los latinoamericanos producimos menos bienes culturales. Desde una invitación a pensar de modo diferente el desafío planteado, García Canclini nos previene acerca de ciertos cursos peligrosos: “atrincherarse en el fundamentalismo”, limitarnos a “exportar el melodrama”, aceptar la “hibridación tranquilizadora” de “insertarse en la cultura ecualizada y resistir un poco”. Este mismo autor, en uno de sus textos más celebrados, “Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización”, advierte además sobre una relación fuerte entre el “repliegue hogareño” y “el descenso de formas públicas de ciudadanía”, dos fenómenos por cierto característicos de estos tiempos de globalización19. Podrían agregarse otros autores y perspectivas analíticas pero ello no haría otra cosa que confirmar y profundizar la premisa inicial que suponía la necesidad de una visión renovada y más crítica en torno a la globalización como fenómeno histórico y a sus múltiples impactos en América Latina y el Caribe. Reseñemos algunos de ellos como simples titulares de fenómenos que afectan profundamente el quehacer político, en especial el ejercicio de la ciudadanía y las formas de la representación política en la actualidad: la revolución mundial de las comunicaciones y de las tecnologías de la información; la emergencia consiguiente de un nuevo paradigma tecnoeconómico, con consecuencias impactantes en el plano de la organización social y en el de los derechos (desaparición de la clase obrera tradicional, crecimiento exponencial del sector servicios, disminución fuerte de la población que trabaja en agricultura, reformulación radical de los mapas de empresas y mercados; etc.); emergencia de un nuevo tipo de “sociedad red” (como señala, entre otros, Manuel Castells), con fórmulas alternativas de vínculos y diferenciación; modificaciones en el campo de lo que concebimos como acción social o iniciativas públicas, muy unidas con la emergencia de nuevas fronteras entre lo público y lo privado; fuertes modificaciones en el plano de la llamada “nueva subjetividad” y en el plano de la vida cotidiana, con procesos de la envergadura de una resignificación profunda de la definición del género, una reestructuración radical de la familia, una relación diferente con el lugar del trabajo en el nuevo capitalismo; el “retorno de Dios” (o la “revancha de Dios”, como dice más explícitamente el siempre polémico Samuel Huntington), impregnando las áreas más diversas de la vida personal u colectiva; entre otros muchos fenómenos que podrían citarse. Todos estos fenómenos y procesos por cierto tienen un fuerte impacto en torno a las formas de cómo se concibe y practica actualmente la vida política en la mayoría de los países sudamericanos. Incluso en aquellos en que las reivindica-
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Además del texto ya citado, ver del mismo autor su obra ya clásica Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, Buenos Aires, Sudamericana, 1992.
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ciones ancestrales y los movimientos indígenas han sido principales protagonistas de los cambios políticos de la última década, estas visiones y significaciones diversas de la globalización se encuentran presentes, traducidas de maneras diversas y con efectos a veces ampliados en un contexto de crisis. En este marco, si hay un fenómeno resaltable dentro de un cuadro de cambios amplios es el que ha dado en llamarse por algunos autores como Manin y otros el de la “metamorfosis de la representación”. Aquellos principios fundacionales del concepto (elegibilidad de los gobernantes por los gobernados, mantenimiento de márgenes de maniobra entre el representante en relación al representado, el espacio central de la deliberación como central en la construcción de las decisiones colectivas, etc.) no es que desaparezcan pero deben resignificar muchos de sus contenidos y procedimientos ante transformaciones emergentes y vertiginosas (como el de la erosión de las esferas públicas tradicionales, la pluralización y complejización de las formas de acción ciudadana, el surgimiento de conceptos como los de “ciudadanía facultativa” o “secundaria”, el reconocimiento más efectivo de la fuerte resistencia de las formas comunitarias ancestrales en sociedades pluriétnicas, las dificultades tan crecientes como visibles para representar el conflicto y los actores propios de las nuevas sociedades, al estilo de los “grupos intensos”, los “no organizados”, las generaciones distanciadas por intervalos psicológicos inéditos, etc.). Esta “metamorfosis de la representación” altera sin duda muchos de los cimientos de la vida democrática y de sus instituciones, provoca el territorio abonado para los llamados “procesos de reacción antipolítica” y el distanciamiento crítico de los ciudadanos frente a instituciones claves para las formas tradicionales de la representación, como son los partidos políticos o el Parlamento. También abre —y esto resulta particularmente visible en muchos sistemas políticos latinoamericanos y sudamericanos— muchos espacios y posibilidades para el arraigo de nuevas formas políticas, sustento de ciudadanías y democracias “diferentes”. En esta misma dirección, en el plano más teórico correspondería revisar nuestras categorías en torno al papel de la política democrática y de sus instituciones en relación a los nuevos desafíos de la construcción de nueva ciudadanía, la resignificación efectiva de vías idóneas para la representación y la participación política en los nuevos contextos, la consolidación de integración social y pluriétnica, la renovación del sustento del desarrollo. Todo este ambicioso programa teórico, por ejemplo, nos refiere a repensar el tópico de las identidades sociales, políticas y hasta étnicas lejos de cualquier esencialismo, pero también haciéndonos cargo de las profundas transformaciones ocurridas en los últimos años y que tampoco estaban en la agenda de las visiones constructivistas más modernas. El espacio disponible no nos permite más que reseñar algunos titulares o temas relacionados con esta materia. Emergen en el subcontinente sudamericano nuevas formas de identificación social y política mucho más efímeras, más intercambiables, más móviles y hechas a la medida (“pret a porter”), hasta “lights”. Varían también nuestras prácticas y nociones de espacio público,
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en relación además con mutaciones muy radicales de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, vivimos una reformulación muy radical de nuestra relación con el tiempo, esa coexistencia difícil de “múltiples relojes” que es un hecho cultural fortísimo (con consecuencias políticas de gran relevancia que a menudo pasan desapercibidas) y que afecta las fronteras de inclusión y exclusión en nuestras sociedades, con sus múltiples ritmos. Y además vivimos sociedades en donde ha cambiado la valoración social del tiempo: antes, quien estaba del lado de los incluidos tenía todo el tiempo para perder, buscaba el ocio; hoy, quien está del lado de los incluidos, no tiene un minuto para perder, y toda la tecnología que compra la orienta para sobreactivar su energía. Muy otro es en cambio ese tiempo viscoso de los excluidos, para quienes un e-mail, un correo rápido, un teléfono celular terminan constituyendo una metáfora perversa. Esta nueva “cultura de lo instantáneo”, como la ha definido Michael Ignatieff, propone una temporalidad muy distinta para la integración política y el desarrollo social. Y vaya que la intersección a menudo conflictiva de distintas temporalidades es un asunto político de primer nivel en la agenda de las democracias y ciudadanías sudamericanas contemporáneas. También en América del Sur se ha erosionado profundamente la noción de lo público en el marco de la emergencia y consolidación de “sociedades de la desconfianza”. Como estudiara hace ya varios años el inolvidable Norbert Lechner20, se han debilitado los contextos habituales de confianza lo que promueve un incremento fuerte de nuestros miedos. La escuela, la empresa, el barrio, el partido político, el sindicato, la nación, y tantos otros espacios gregarios que aportaban confianza y sentido religante se han erosionado. Esa “fragilidad del nosotros” y su consiguiente afectación del vínculo social, siguiendo también a Lechner, provocan en franjas importantes de las poblaciones un repliegue ciudadano a la vida privada y a la familia, con el hogar transformado en una fortaleza sitiada y sobrecargada. La crisis de la familia nuclear no ha sido acompañada por cambios correspondientes en el diseño de las políticas de ciudadanía y representación, tampoco por cierto en el plano de las políticas sociales o para la familia. En el marco de estos nuevos contextos, obviamente ya no se puede pensar la ciudadanía y la representación política como soportes de la integración social y el desarrollo desde los viejos conceptos que hasta hace poco tiempo nos ayudaban a vivir, mucho más ante el reto de sociedades en que la “desincorporación” de fuertes sectores ha alterado de manera muy fuerte sus niveles de “cohesión social”. Sin retóricas ni visiones ingenuas, mucho más con el telón de fondo de los procesos de cambio de los últimos años y del impacto de la crisis actual, se debe asumir con radicalidad este desafío de renovación teórica porque en caso contrario se corre el riesgo de impulsar políticas supuestamente igualitarias
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Lechner, Norbert, “Nuestros miedos”, Estudios Sociales, Nº 15, 1998, pp. 149 a 162.
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que lo único que generan son nuevos circuitos de exclusión. Nunca como hoy, por ejemplo, las políticas culturales deben pensarse en tanto políticas sociales, al tiempo que también nunca resultó tan necesario el atender debidamente las bases culturales de cualquier desarrollo consistente y sostenido en América del Sur. Si se sigue con atención lo medular de las agendas políticas de la mayoría de los países del subcontinente, se advertirá que lo que se ha venido poniendo en discusión refiere cada vez más a temas de civilización, a formas de vivir, a los marcos más profundos de la vida individual y comunitaria. El impacto de la crisis global no hace más que amplificar la visibilidad de muchos de estos procesos. En puridad, el cambio político de la última década expresa en más de un sentido la visibilización y el estallido de muchas “revoluciones silenciosas” que fueron madurando en el pasado reciente. Advirtamos también que construir política hoy en el marco de sociedades en donde el Estado ya no puede lo que antes podía, implica evitar atajos perezosos, atajos simplistas. Aquí el tema, el gran tema, vuelve a ser qué Estado y qué instituciones públicas se quiere y se necesita. En esa perspectiva los asuntos se acumulan: cómo construir una política que no sea “estadocéntrica” pero que sostenga alternativas públicas consistentes frente a la eventualidad de un imperio incontestado de las lógicas del mercado; qué modelo de relación entre las instituciones políticas y la sociedad civil resulta el más fecundo para renovar las vías de comunicación, representación y participación en contextos tan cambiantes y azarosos; cómo se contribuye de la mejor manera a la construcción de espacios públicos no estatales y de instancias efectivas que corporicen la noción de “comunidades de ciudadanos”; cómo se transforma la vieja idea de estatalización rígida de lo público que tantas veces nos impidió pensar de manera más libre la política, la sociedad y la cultura, en suma, los vínculos ciudadanos más intensos.
LA ENCRUCIJADA INSTITUCIONAL EN AMÉRICA DEL SUR Desde hace años venimos insistiendo acerca de que no son pocos en verdad los factores que convergen a la hora de calificar de encrucijada institucional el proceso histórico que atraviesan los sistemas políticos latinoamericanos. Pasada la hora de la euforia triunfalista de la ola democratizadora que sucedió a las dictaduras de la “seguridad nacional” y de cara a los desafíos de muchos procesos de cambio político que han suscitado y aun provocan en algunos casos expectativas acrecidas (a menudo desmesuradas) en el seno de las sociedades del continente, a partir de la nueva interpelación abierta por el impacto de la crisis actual en la región, llega la hora de análisis más ponderados, que se hagan cargo —entre otras cosas— de indagar a propósito de este momento de auténtica reconstrucción institucional de nuestras democracias, con su amplio espectro de dilemas y debates en torno a nuevos campos de convicciones y valores que
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hacen a nuestra convivencia cívica. Los dramáticos sucesos ocurridos en muchos países latinoamericanos en los últimos años, la alarmante inestabilidad vivida en otros procesos, la persistencia de contextos de crisis social en vastas zonas del continente, las previsibles consecuencias políticas de la crisis global, etc., constituyen factores que coadyuvan a reafirmar los alcances de nuestro diagnóstico de entrada. Muchos analistas de la política latinoamericana vienen coincidiendo en los últimos años —aunque desde distintas perspectivas— en este punto de partida. Norbert Lechner, por ejemplo, destacaba hace ya algunos años la compleja simultaneidad que se dio en América Latina entre los procesos de modernización económica (reformas liberales y adaptación a la globalización) y de democratización política (en sus dimensiones de configuración de legitimidad y conducción), procesos que discurrieron de modo paralelo pero con racionalidades diferentes, lo que dificultó y en algunos casos impidió su compatibilización efectiva. Guillermo O’Donnel, por su parte, ha enfatizado acerca de los peligros del avance del decisionismo (principalmente dentro de los formatos hiperpresidencialistas y personalistas que siguen en boga en la región) y de los procesos de reacción antipolítica, que cimentarían en el continente la expansión de “democracias delegativas” de incierto e inquietante futuro. A su vez, Marcelo Cavarozzi ha planteado la paradoja entre una orientación general en la región de estabilización democrática con deslegitimación de alternativas militaristas por un lado, junto con un proceso tendencial de pérdida de sentido de lo que efectivamente hace o puede hacer la política en nuestras sociedades, en el marco del deterioro visible de toda una concepción que él ha llamado “política estadocéntrica”. Las últimas dos décadas han resultado muy pródigas en contrastes en todo el continente: en los ochenta y en los noventa, al tiempo que caían las dictaduras militares y se producían en varios países experiencias importantes en la perspectiva de una reinstitucionalización democrática, luego de una fase de crecimiento y de transformaciones comenzó a generarse nuevamente una profunda crisis económica y social en la región, con consecuencias muchas veces devastadoras para los partidos gobernantes y aún para el funcionamiento de los sistemas partidarios y políticos en su conjunto. A ello se sumó un aceleramiento de vértigo en las transformaciones en la escena mundial, con efectos por lo general no directamente beneficiosos para los intereses de los países del continente. La refundación democrática en América Latina se desplegaba así a comienzos del siglo XXI en un contexto nutrido de dificultades y desafíos, muchos de los cuales readquieren proyección con la crisis actual y su impacto en la región. Todos estos fenómenos asociados al pasado reciente y a la coyuntura actual de América Latina vuelven a poner en el centro del debate lo que entendemos como la necesidad de atender de manera radical los requerimientos de una reinvención de la ciudadanía y de la política en general. En los últimos años y a contramano del optimismo y de las expectativas generadas por el crecimiento económico y el advenimiento de un giro político
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novedoso en el continente, se han multiplicado algunas señales preocupantes sobre la “salud” de varios sistemas políticos latinoamericanos, que también se han traducido luego en bloqueos para la acción efectivamente transformadora de distintos gobiernos. Repasemos, a título de inventario indicativo y nada exhaustivo, algunas de esas señales más visibles: han ascendido a cargos de gobierno o a posiciones de expectabilidad política ante la opinión pública figuras sin experiencia política anterior, asociadas con frecuencia a mensajes mesiánicos o providencialistas; los partidos han perdido arraigo y se ven cada vez más desafiados en sus clásicas funciones de representación e intermediación social y política; en algunos casos se desgastan los arbitrajes electorales, mientras que en otros se despliegan formatos de “democracia plebiscitaria” con una sobreabundancia de actos electorales con lógicas crecientes de polarización; varios de los nuevos gobernantes buscan “saltearse” los caminos institucionales para así entablar relaciones más directas y “fluidas” con la opinión pública, confundiendo a ésta con la ciudadanía, en el marco de la llamada “sondeodependencia”; los ciudadanos alternan la apatía con una alta volatilidad de opinión, aumentando los vaivenes en el valor otorgado al papel de las instituciones más tradicionales; las nuevas exigencias y demandas para la producción de políticas generales no encuentran respuestas adecuadas desde los partidos y el Estado; persisten fenómenos de corrupción, incluso en gobiernos liderados por fuerzas “progresistas” emergentes, lo que hiere en forma profunda las esperanzas populares, ansiosas de instituciones transparentes y de funcionarios honestos a cabalidad; se perfila una increíble escalada armamentista en Sudamérica, con el telón de fondo de “fronteras calientes” y conflictos bilaterales no fácilmente negociables21, entre otros muchos similares. Aunque cabe advertir desde ya que la profundidad de los fenómenos señalados no es igual en toda América Latina y que también podrían reseñarse procesos de signo más auspicioso, sobreviven procesos efectivos de “reacción antipolítica”, con una creciente popularidad en la opinión pública y aún en los círculos de las dirigencias políticas de varios países del continente. Esto último surge con mucha nitidez observando con cierta atención las estrategias desplegadas por algunas de las figuras “exitosas” de la política latinoamericana de años atrás: el “hacer política en contra de la política” (o como diría Bourdieu, “la política de la antipolítica”), comienza a ser un rasgo característico de ese nuevo tipo de políticos, generalmente provenientes de los medios de comunicación, de circuitos religiosos o de las propias Fuerzas Armadas, algunos de ellos con trayectorias precedentes que relativizan la hondura de su novedad. En contrapartida, también se producen procesos transformadores liderados por figuras que expresan de distintas formas —en casi todos los casos en formatos muy perso-
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Adviértase la escalada de conflictos bilaterales y fronterizos que en los últimos tiempos se han desatado o han despertado en ALC y en especial en el territorio sudamericano y se podrá ponderar la relevancia efectiva de este tema.
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nalizados— los anhelos de sectores tradicionalmente marginados de los campos de decisión, al frente de coaliciones o de partidos de nuevo cuño, bajo el impulso de renovadas formas de movilización popular. En medio de la fragmentación y de las asimetrías que el impacto de la crisis contribuye a amplificar, el contraste histórico de procesos tan antitéticos alcanza un especial relieve. En nuestra perspectiva de análisis, lo que evidencian todos estos procesos —entre otras cosas— es un contexto de cambio y modificación profunda de la matriz tradicional del “hacer política”, en cuyo centro se destacan los problemas de la redefinición del concepto de democracia, las nuevas dimensiones generales de la “ciudadanía,” de la “comunidad” y de la “productividad política”, de la mano de un pleito renovado en torno a la especialidad del rol de los partidos políticos, de los movimientos sociales y, de manera muy particular, de las intersecciones entre el Estado, el mercado y las “formas” comunitarias. El estudio profundo de estos temas (y del amplio espectro de cuestiones que cada uno de ellos involucra) amerita y aún exige abordajes de índole diversa: desde profundizaciones teóricas hasta investigaciones de política comparada, pasando por indagatorias más generales (diseñadas por tema o por región) o por análisis de casos que contribuyan a identificar referencias más concretas para interpelar las problemáticas o alternativas globales a ser analizadas.
LAS DERIVAS DE LA OPINIÓN PÚBLICA LATINOAMERICANA. CIUDADANOS E INSTITUCIONES, CONFIABILIDAD Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA: ALGUNOS PERFILES A PARTIR DE LOS DATOS DE LA SECUENCIA 1996-2008 DEL LATINOBARÓMETRO Si como tantas veces se ha dicho, no debe confundirse “opinión pública” con “ciudadanía”, la evolución más volátil de la primera a lo largo de un período de tiempo considerable puede derivar en la gradual cristalización de visiones que, de un modo u otro, terminan encarnando en ese nivel más profundo de las ideas y prácticas predominantes en el comportamiento de los ciudadanos. En el contexto contemporáneo de América Latina, en sus sociedades de la desconfianza y en sus ciudadanías del miedo, el registro de la evolución en el tiempo de variables como la adhesión a los valores y prácticas de la democracia o el de la confiabilidad otorgada a las principales instituciones públicas y privadas, entre otras, se vuelven indicadores relevantes. También importa sobremanera registrar las primeras señales efectivas de la crisis económica internacional en los giros de la opinión pública del continente. Para ello hemos decidido separar por un lado el análisis de la evolución de algunos indicadores del Latinobarómetro durante el período 1996-2008, de los registros emanados del Informe correspondiente al año 2009, en el que por
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primera vez de manera específica se pueden medir algunos efectos del impacto de la crisis. En la evolución que presentan las mediciones del Latinobarómetro 22 para el período 1996-2008 abundan constataciones significativas sobre muchos temas importantes en la perspectiva señalada. En lo que tiene que ver con diversos indicadores que refieren a la actitud predominante de los latinoamericanos en torno a los valores y prácticas asociadas a la vigencia de la democracia, pueden observarse algunas tendencias preocupantes. Durante ese período bajó promedialmente el grado de adhesión y apoyo al sistema democrático en la región (un 4 por ciento menos en 2008 que en 1996). Descendió también la calidad en la evaluación de sus desempeños. De acuerdo a las mediciones del Informe 2008, la percepción dominante entre los latinoamericanos (70 por ciento) era la de que “se gobierna no para la mayoría sino para los intereses de unos pocos”. Si bien persistían en el continente valoraciones y actitudes positivas hacia la democracia como el mejor sistema político, también decrecían los porcentajes y adquirían magnitudes de apoyo relativamente altas ciertas versiones de la sabiduría convencional que resultan muy criticables desde un punto de vista más consistentemente democrático. En segundo término, las mediciones del Latinobarómetro 1996-2008 revelaban la persistencia de una erosión preocupante de las críticas a las formas políticas autoritarias y aun dictatoriales, en contraposición con un desencanto más o menos instalado respecto a las valoraciones sobre la democracia. La relación democracia vs. autoritarismo-militarismo arrojaba una evolución sorprendente, en especial si se tienen en cuenta las valoraciones que proyectaban estas comparaciones a la salida de las dictaduras de la seguridad nacional (cotejo sin duda bastante improcedente desde el punto de vista teórico y argumental). Un 53 por ciento de los encuestados manifestaba en 2008 que no le importaría el carácter “no democrático” de un gobierno si este resolvía los problemas económicos. Este guarismo debía conceptuarse como grave habida cuenta de que se producía luego de un lustro de continuo y fuerte crecimiento económico, con mejoría general de indicadores sociales y bajo el liderazgo de regímenes democráticos. De todos modos, en el continente permanecían de acuerdo al Latinobarómetro 2008 otras hipótesis de tolerancia respecto a gobiernos autoritarios y aun militaristas, las sociedades se mostraban más proclives a defender los valores de la seguridad y del orden sobre los de la libertad (tensión histórica que aparece desbalanceada en el continente ante los cuadros de inseguridad y violentismos desatados en los últimos tiempos). Los grados de satisfacción o insatisfacción en relación al funcionamiento de las instituciones revelaban también contrastes significativos. Un 57 por cien-
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Corporación Latinobarómetro, “Informe 2008”. Santiago de Chile, noviembre de 2008. (Banco de datos en línea www.latinobarómetro.org)
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to de los encuestados acompañaba la aseveración de que “no puede haber democracia sin Congreso nacional”, al tiempo que un 32 por ciento manifestaba confianza en la acción del Parlamento, 5 por ciento más que en 1996 pero sobre todo 15 por ciento más que en el 2003, cuando se registró el mínimo histórico del período (17 por ciento). Sin embargo, si bien un 56 por ciento se manifestaba de acuerdo con la idea que “no puede haber democracia sin partidos”, sólo un 30 por ciento evaluaba positivamente su trabajo y apenas un 21 por ciento expresaba confianza en ellos, apenas un 1 por ciento más que en 1996 pero también casi el doble del 2003, año que en el marco de la última crisis y de la recesión se llegó al mínimo de confianza en el período (11 por ciento). En lo que refiere a la intención o propensión a votar, es de destacar que no se detectaban en el Informe 2008 descensos o variaciones preocupantes en cuanto a la expectativa que generan las elecciones en tanto instancia de cambio en el rumbo de los gobiernos y de sus políticas públicas. Si bien el 59 por ciento de los encuestados coincidía en que “lo más efectivo para cambiar las cosas es votar”, la población se dividía por mitades en la respuesta sobre si votaría por un partido o no. De todos modos, la participación política por la vía de los partidos y las elecciones superaba muy claramente al reducido porcentaje de los encuestados (16 por ciento) que señalaba que “lo más efectivo para cambiar las cosas es participar en movimientos de protesta”. La pregunta acerca de cuánto podría impactar la crisis (ya vista como inminente en sus impactos sobre el continente en el 2008) en las evaluaciones de los latinoamericanos sobre la política en general y sobre la visión acerca de la democracia en particular, constituyó uno de los centros de análisis de la “sinóptica política” contenida en el Informe 2008 y cuya autoría perteneció a Daniel Zovatto, miembro del Consejo Asesor Internacional del Latinobarómetro23. A partir del señalamiento sobre la densidad del ciclo electoral 2009-2011 (durante el que se celebrarán 14 elecciones presidenciales en países de la región), Zovatto anticipaba que a diferencia del anterior “rally” electoral del bienio 2005-2006 (del que emergió una buena parte de los nuevos gobiernos de signo progresista en la región), sobre el próximo bienio habría de pesar a su juicio “un contexto económico adverso en el cual las presiones sociales serán mucho mayores”. Luego de proponer que en la agenda de este nutrido cúmulo de contiendas electorales algunos de los principales temas dominantes serían “el papel del Estado y su relación con el mercado”, “la delincuencia” y “la juventud”, resaltaba tres preguntas a las que consideraba fundamentales en el desenlace de la nueva coyuntura: “¿Cómo se comportarán los llamados gobiernos populistas de la región? ¿Aumentarán los problemas de gobernabilidad y de inestabilidad política? ¿Cuál será la tendencia dominante del nuevo mapa político de América Latina?”24.
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Ibídem, pp. 69 y ss. Ibídem, p. 73.
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Con la pauta comparativa del impacto de crisis anteriores, pero advirtiendo el carácter incierto y en muchos aspectos inédito de la nueva crisis global, Zovatto problematizaba en más de una parte de su texto la relación entre las crisis económicas y la democracia. Si bien advertía que había venido aumentando de manera sostenida en el continente el interés y la participación políticas, que se evidenciaba también un incremento en “la actitud positiva hacia la política” y que el Informe 2008 del Latinobarómetro mostraba “cómo América Latina está movilizada como nunca antes”, se mostraba cauteloso a la hora de proponer escenarios probables para los años siguientes. “¿Acaso —se preguntaba en una parte del Informe— la nueva crisis que está en curso producirá otro desencanto con las instituciones o se trata de cambios que permanecerán? La diferencia con el período de la crisis asiática es que ahora hay gobiernos de alternancia en el poder que han sido elegidos por mayorías contundentes, presidentes que han sido reelectos por su buena gestión, y altos niveles de aprobación de gobierno en muchos países”25. Con el telón de fondo de las primeras señales acerca del impacto de la crisis en la región latinoamericana, el análisis de los registros del Informe 2008 y el seguimiento de algunas de las principales tendencias verificadas en el período 1996-2008, proponían una agenda bien sugerente, en especial de cara al despliegue de los procesos que emergerían en el 2009. Al registro continuado en el período 1996-2008 de ciertas mediciones preocupantes en relación a tópicos cruciales como la actitud ante valores y prácticas democráticas, su cotejo ante pautas de signo autoritario, los grados de confianza y satisfacción frente al funcionamiento efectivo de las instituciones, el Informe 2008 del Latinobarómetro anticipaba varios aspectos en torno a la problemática de la intersección entre crisis económica y consolidación democrática. De cara a la inminencia del “rally electoral” 2009-2011 y ante la evidencia de que la crisis no pasaría de largo en la región pero tampoco tendría los efectos devastadores de otras veces, se dejaba planteada una agenda de temas y preguntas en verdad sugerentes.
ALGUNAS REFLEXIONES INICIALES A PARTIR DEL INFORME 2009 DEL LATINOBARÓMETRO Las expectativas generadas por el Informe del año anterior no fueron defraudadas en diciembre del 2009. Los registros y mediciones obtenidos presentaron en efecto algunos ejes de reflexión muy suscitadores. Ya los subtítulos que acompañaron la carátula del Informe se encargaron de marcar un rumbo preciso para el análisis: “Informe 2009. La democracia se afianza en tiempos de crisis. La percepción de progreso aumenta a pesar del golpe de Estado en Honduras, el virus AH1N1 y la crisis económica. América Latina aprecia más sus institu-
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Ibídem, p. 88.
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ciones, sus presidentes, el mercado y está más satisfecha con su democracia. ¿La democracia está madura?” 26 La pregunta final, como se advertirá, no era nada retórica y apuntaba a uno de los matices más sustantivos de las mediciones presentadas y de su primer análisis. El Informe tomaba como temas centrales de su indagatoria sobre los giros de la opinión pública latinoamericana en el último año el golpe de Estado en Honduras, las amenazas sobre la estabilidad de la democracia y el registro de indicadores varios en torno a la misma, el impacto de la crisis mundial en lo políticoelectoral y en lo económico-social, entre otros. En la introducción se adelantaban algunas conclusiones generales que perfilaba el Informe en su conjunto: “Las democracias latinoamericanas muestran crisis de representación, en primer lugar a través del hiperpresidencialismo, la fiebre reeleccionista y el desmedro de la confianza en las instituciones, así como la atomización del sistema de partidos en tantos países. (…) La Democracia en América Latina no sufre con la crisis económica como se había esperado. Veremos en este informe como los resultados de la crisis son positivos para la democracia, paradojalmente a pesar de los problemas de “la política”. La actual crisis no es la crisis asiática que encontró a la región pobre y desprevenida. Esta crisis pilla a la región después de 5 años de crecimiento sin precedente, y con una ola de elecciones que había elegido a los gobernantes más populares de los últimos 30 años. Nunca tantos habían estado tan satisfechos con sus gobiernos como en los años 2006, 2007 y 2008. Con todo, la democracia no se consolida porque (…) hay reformas pendientes que no se pueden obviar. Las reformas emprendidas por países como Bolivia, muestran que se avanza en la percepción de democratización cuando las estructuras de la sociedad sufren modificaciones sustantivas que permiten el acceso a las oportunidades, la movilidad social, la igualdad ante la ley. (…) En resumen, a pesar del Golpe (de Estado en Honduras) y a pesar de la crisis, América Latina es más democrática después de la crisis 2009, es más tolerante, es más feliz. Sólo resultados positivos de un año en el cual no hay ningún motivo para celebrar. Las reformas que han tenido lugar en la región están empezando a mostrar sus frutos, ya que sin duda este fortalecimiento de la democracia a pesar de la crisis es un síntoma positivo”27.
En cuanto a las mediciones presentadas por el Informe 2009, algunas de las más importantes tuvieron que ver con el impacto del golpe de Estado en Honduras. Sobre ese particular, los principales registros fueron los siguientes: i) apenas un 24 por ciento de los latinoamericanos se mostró de acuerdo con el golpe, promedio dentro de un rango de opiniones en el que solamente República Dominicana evidenció un nivel alto de aprobación (un 44 por ciento%), mientras que el resto (incluido Honduras) no superó un tercio de aceptación y en Argentina y Uruguay sólo un 9 por ciento de la población consultada lo aprobó; ii) un 62 por ciento de los habitantes de la región desestimó la probabilidad de un golpe de Estado en sus propios países; iii) aumentó a un 65 por ciento el conjunto de aquellos que expresaron que bajo ninguna circunstancia apoyarían a un gobierno militar; iv) de todos modos, hubo porcentajes minoritarios pero considerables de expresiones de apoyo a actitudes claramente autoritarias (como acordar que
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Corporación Latinobarómetro. Informe 2009. Banco de datos en línea. www.latinbarómetro. org Ibídem, pp. 4 y 5.
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“los militares remuevan al presidente si viola la constitución” o que “cuando hay situación difícil está bien pasar por encima de las leyes”). En sus conclusiones sobre este punto, el Informe registraba el concepto de “Neo Democracias”, adjudicándoselas a aquellos gobiernos latinoamericanos que a su juicio evidenciaban “grados de autoritarismo”. “La amenaza autoritaria —se señalaba en un fragmento del Informe— tiene dos versiones, por una parte están los golpes de Estado, como el caso de Honduras, pero por otra están lo que podríamos llamar “las Neo Democracias”, que avanzan lentamente hacia crecientes grados de autoritarismo. Estas se siguen llamando democracias, pero han derivado en un tipo híbrido de régimen político. Tal es el caso de Venezuela, donde importantes elementos de las democracias no están del todo presentes. (…) Las actitudes hacia la democracia en América Latina están inundadas de confusiones autoritarias, donde los ciudadanos combinan cosas que no se pueden combinar si se es democrático. No se puede rechazar a un gobierno militar a todo evento para dar la sensación de que se es democrático y sustituirlo por el poder total del presidente. ¿El autoritarismo presidencial es una forma de Neo Democracia, donde a los presidentes se les otorga el poder total, como sustitutos del sistema democrático?”28.
En el registro de las mediciones acerca de distintos tópicos vinculados con la situación de la democracia en América Latina, el Informe presenta en la mayoría de los casos indicadores mayoritariamente favorables, aun cuando persiste la interpelación acerca de la densidad y coherencia de lo que los encuestados entienden por democracia. En ese sentido, el 59 por ciento manifiesta su apoyo explícito a la democracia (“la democracia es preferible a cualquiera otra forma de gobierno”), mientras que un 76 por ciento lo hace “por descarte-implícito” (“le democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno”29. Por otra parte, un 54 por ciento de los encuestados acuerda con la aseveración de que “los gobiernos democráticos están más preparados para enfrentar una crisis económica”30, un 46 por ciento prefiere la democracia al “desarrollo sin democracia”31, mientras continúa aumentando la manifestación de satisfacción con la democracia alcanzándose un 44 por ciento (con un sorprendente aumento de 7 por ciento respecto al año anterior)32. Frente a estos y otros indicadores mayormente favorables, se presentan otros registros preocupantes. Estos surgen en particular cuando al entrevistado se le pregunta en concreto sobre su acuerdo específico acerca de afirmaciones que hacen a principios democráticos más clásicos (como los ya señalados de necesidad de partidos políticos, apoyo al parlamento, rechazo a los gobiernos autoritarios, libertad de expresión, realización de elecciones, etc.), mientras que los porcentajes aumentan de modo exponencial si se le pregunta acerca de su postura genérica en torno a “la democracia”.
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Ibídem, pp. 10 y 15. Ibídem, p. 22. Ibídem, p. 23. Ibídem, p. 29. Ibídem, p. 36.
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“Si se usa un indicador compuesto, donde se incluye la necesidad de partidos políticos, Parlamento, rechazo a los gobiernos autoritarios, apoyo a la democracia por encima de los otros tipos de régimen, la cantidad de personas que adhieren a la democracia no alcanza los dos dígitos en América Latina. Si se incluyen en el índice las elecciones, la libertad de expresión, aumentan los porcentajes. Si se buscan categorías más híbridas donde las personas tienen algunas actitudes correctas y otras incorrectas, se puede alcanzar hasta el 40 por ciento de la población. Por último, es desalentador saber que alrededor de un 40 a un 45 por ciento de la población de la región no logra tener actitudes democráticas en más de dos aspectos como los arriba definidos. (…) Si por el contrario no es el investigador el que “define” lo que tiene que ser democracia sino la gente con sus respuestas, entonces aumenta considerablemente la cantidad de demócratas”33.
En lo que se refiere a los impactos de la crisis en la opinión pública y sus valoraciones en torno a la política y la democracia, el Informe también registra elementos importantes. A diferencia de lo ocurrido en el 2001, cuando la región se vio afectada por la crisis asiática y ello provocó una baja sensible en los índices de adhesión a la democracia y otros registros conexos, los datos del Informe 2009 no confirman esa correspondencia ni permiten registrar un impacto negativo como consecuencia del primer despliegue de la crisis. “Lo cierto es —según señala el Informe— que el apoyo a la democracia supera en el año 2009 lo obtenido en el año 2006 (58 por ciento), alcanzando un 59 por ciento.. El año 2006 fue el punto más alto de crecimiento económico que América Latina ha tenido en los últimos 40 años. En efecto, el apoyo a la democracia que baja a 54 por ciento en el año 2007, viene subiendo desde entonces a 57 por ciento en el 2008 para llegar al 59 por ciento en el año 2009. Es decir, el apoyo aumenta más en el año de decrecimiento económico, negándose la hipótesis de que el vaivén de la economía tiene impacto sobre el apoyo a la democracia. (…) Los latinoamericanos muestran con sus respuestas que el año 2008 fue menos bueno que el año 2009, al mismo tiempo que acusan la crisis denostando los problemas económicos y las desigualdades. No se trata entonces de una miopía o de una ilusión, sino más bien de consideración de otros aspectos en la evaluación del tipo de régimen”34.
Este marco de análisis aparece ratificado en otras mediciones: la afirmación acerca de que “en general el sistema económico funciona bien” en una democracia aumenta su nivel de acuerdo de un 50 por ciento en el 2003 a un 62 por ciento en el 2009; en los únicos dos países sudamericanos en los que creció el PBI en el 2009, Perú y Uruguay, se verifican sin embargo las posiciones más contrastantes en cuanto al porcentaje de satisfacción con la democracia, 22 y 79 por ciento respectivamente. En otro pasaje del Informe, los analistas infieren que:
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Ibídem, pp. 16 y 17. En el Informe se reconocen los problemas teóricos que las ciencias sociales siempre han tenido para una definición consensuada de democracia. A partir de este reconocimiento y de sus fuertes implicaciones en las distintas mediciones, se señala que “los ciudadanos de los países gobernados por la izquierda califican mejor esa democracia (medida en una autoidentificación en una escala de 1 a 10) que los ciudadanos no gobernados por la izquierda.” Ante este registro, los autores del Informe concluían: “Si lo que cada cual está comprendiendo por democracia está contaminado por la ideología y depende de la orientación del gobernante, entonces no es el funcionamiento de las instituciones lo que cuenta, ni los procedimientos o las normas, sino más bien la posición de los gobernantes.” Ibídem, p. 16. Ibídem, p. 18.
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“los Presidentes son los grandes ganadores de esta crisis, ya que no sólo aumenta su valoración política como gobernantes, sino que también logran mejorar la percepción de la democracia en sus países. Esta crisis produce, por el contrario de lo esperado, efectos políticos positivos sobre el régimen democrático y los gobiernos. (…) No se produce alternancia de la izquierda a la derecha o viceversa por motivos económicos de la crisis como se suponía en un principio que podía suceder. Muy por el contrario, los cambios en los gobiernos no han sido por esa causa, sino por otras que tienen que ver con la situación (política más que económica) interna de cada país”35.
En su análisis específico titulado “Sinóptica política-electoral: la ola de elecciones 2009-2011”, inserto en el Informe, Daniel Zovatto, al igual que en el Informe del año anterior, explora acerca de las posibles consecuencias del impacto de la crisis en los resultados del calendario electoral del bienio. Algunas de las principales tendencias que registra son las siguientes: reafirma su convicción sobre que el “giro a la izquierda” en la región es más “supuesto” que real; destaca que los impactos político electorales de la crisis no resultan homogéneos ni muchas veces previsibles; no advierte “la posibilidad de una reconfiguración radical del escenario político de la región”, ya que si bien “las crisis económicas (…) benefician a la oposición, el gobierno puede mantenerse en el poder cuando tiene la habilidad y los recursos (sobre todo para llevar a cabo políticas anticíclicas) y transformar la crisis económica en oportunidad política”; finalmente, destaca al reeleccionismo como la “tendencia que viene cobrando cada vez mayor fuerza”, lo que a su juicio no constituye “una buena noticia para la calidad de la democracia en nuestra región”36. Como se advierte, los vínculos e interrelaciones entre el impacto de la crisis económica internacional y la evolución de los procesos políticos, al menos en la percepción de la opinión pública predominante en América Latina, resultan mucho más complejos de lo esperado. No parece haber mucho espacio para determinismos economicistas, mientras que la densidad y las posibilidades de incidencia de la política emergen muy ampliados. La pregunta acerca de cómo entienden la democracia los latinoamericanos genera más de una perplejidad y muchas interrogantes. Entre hiperpresidencialismo y “fiebre reeleccionista”, parece consolidarse un distanciamiento creciente —ya presente desde varios años atrás— entre las ideas clásicas de la teoría democrática liberal y el ambiente político-intelectual que parece estar definiendo las visiones y los usos que sobre la idea general de democracia tienden a prevalecer en la opinión pública de los latinoamericanos. Como señala Zovatto, “la continuidad democrática no ha estado en riego”, a pesar de que “determinados países han visto aumentar la polarización, la conflictividad social y las tensiones políticas”, mientras que “las instituciones mejoran mucho menos que los presidentes”37. En suma, el principal impacto político de la crisis económica parece ser la mayor visibilización de
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Ibídem, p. 83. Ibídem, pp. 58 y 59. Ibídem.
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procesos de cambio que ya estaban instalados desde bastante tiempo atrás en la región. Con muchas incertidumbres y escasas previsibilidades, por lo menos hasta ahora ese parece ser el panorama que también viene a confirmarse en las mediciones de opinión pública en la región.
¿DEMOCRACIAS “INCIERTAS” O “DIFERENTES”? CIUDADANÍA Y NUEVAS FORMAS POLÍTICAS: EL “TEST” DE LA CRISIS DE CARA AL PRÓXIMO CICLO ELECTORAL Los países de América Latina en general y de América del Sur en particular han experimentado en las últimas dos décadas un proceso de expansión de la democracia. La región, al igual que otras áreas del mundo, asiste a lo que algunos analistas políticos y académicos han denominado la “tercera ola” democrática. Tras la primera ola expansiva de la democracia, desatada por las revoluciones norteamericana y francesa, y la segunda ola de las primeras décadas del siglo veinte, asistiríamos en las últimas décadas a un visible avance a escala mundial de las instituciones democráticas. Si se compara el escenario latinoamericano de las décadas del cuarenta o cincuenta del siglo pasado —cuando sólo dos o tres países podían ser calificados como democráticos— con el presente, resulta imposible no aceptar el avance de las instituciones, los valores y los hábitos de la democracia en el continente. Sin embargo, la actualidad de esta “tercera ola” democrática en el continente, con el agregado del impacto de la crisis global en curso, presenta —como hemos tratado de probar— desafíos inéditos y en algunos casos de dimensión histórica. En toda esta coyuntura que converge en el ciclo electoral 2009-2011 se juega también otro “pleito” político de primera importancia para buena parte de los países latinoamericanos, que hace referencia a la evaluación de los cambios y transformaciones que pueden verificarse en ese nivel más profundo de las prácticas y modelos de ciudadanía predominantes, y en la reconceptualización democrática que ese tipo de procesos siempre comporta. En el marco de un “cambio de época” en el que en el mundo y en la región se producen mutaciones muy fuertes en el campo de la política, tanto en relación a su quehacer concreto como a sus dimensiones más teóricas y propiamente ideológicas, el foco orientado al registro de las nuevas formas del ejercicio de la ciudadanía se vuelve un observatorio privilegiado para medir los indicios y las evidencias de transformaciones en múltiples campos de la convivencia cívica. En esa dirección, nuestra hipótesis de trabajo es la de que el impacto de la crisis global sobre la evolución del próximo ciclo electoral 2009-2011 en América Latina y el Caribe en general y en América del Sur en particular, puede configurar un valioso “test” para explorar los límites y los alcances del proceso histórico de cambio de las formas políticas que atraviesa la política latinoamericana en este comienzo del siglo XXI. Pese a la marcada diversidad de sus sociedades y de sus sistemas políticos, pese a las múltiples fragmentaciones y asimetrías que presenta en la actuali-
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dad, a la mayoría de los países latinoamericanos les resulta muy difícil sentirse ajenos a los fenómenos enfatizados por autores como Isidoro Cheresky38. Aunque con sus tiempos y sus maneras, en las distintas sociedades del continente también se producen fenómenos que refieren a procesos de cambio profundo identificados con temas y enunciados como los siguientes: la emergencia de “democracias diferentes”; de “ciudadanías atomizadas y constantes”, en las que se vislumbra una suerte de “estallido de oportunidades” para nuevos formatos de acción política, para la constitución de “identidades no plenamente constituidas”, para la emergencia de “espacios públicos no presos de tramas de institucionalización”; tras el debilitamiento y la desagregación de los partidos tradicionales irrumpe con fuerza la controversia en torno a los “partidos de nuevo cuño”, con modalidades organizacionales y pautas de interacción diferentes con otros actores (movimientos sociales, redes de opinión, etc.); las elecciones replantean su significación “como promotoras de constitución de escenas con inducción de identidades”; el fenómeno de los liderazgos fuertes no sólo supone la profundización de procesos de “personalización de la política” sino que hace a esta última mucho más permeable y hasta vulnerable a “fenómenos de popularidad”, de duración y de solidez muy diversas; en medio de procesos de creciente “subjetivación de la política”, el peso de los medios de comunicación se amplifica en la vida cívica dentro de redes de sociabilidad “más espontáneas y menos institucionalizadas”; entre otros que podrían citarse39. En ese contexto, autores como Evelina Dagnino, Alberto J. Olvera y Aldo Panfichi, entre otros, han desarrollado en trabajos recientes la idea de la expansión en el continente de formas de “representación contenciosa”, fundamentalmente sociales y no políticas, episódicas y reiteradas, afincadas más en lo local y proyectadas a menudo a través de movilizaciones fuertemente personalizadas. Los conflictos sociales que tenderían a expresar estas formas de “representación contenciosa”, proyectan por lo general demandas específicas sin alternativas globales ni inserciones claras en “proyectos alternativos”40. Aunque resulta también difícil no advertir ciertas resistencias y sobrevivencias de las viejas matrices nacionales todavía influyentes en cada cultura política, ya no resulta persuasivo ni fundamentable en términos empíricos la visión
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Entre otros textos de este autor: Cheresky, Isidoro (comp.), “La política después de los partidos”. Buenos Aires, Prometeo Libros, 2006; Cheresky, Isidoro (comp.), “Ciudadanía, sociedad civil y participación política”. Buenos Aires, Miño y Dávila editores, 2006; Cheresky, Isidoro (compilador), “Elecciones presidenciales y giro político en América Latina”. Buenos Aires, Ediciones Manantial, 2007; Cheresky, Isidoro, “Poder presidencial, opinión pública y exclusión social”. Buenos Aires, CLACSO-Manantial, 2008. Ibídem. Dagnino Evelina; Olvera, Alberto J. y Panfichi, Aldo, “Innovación democrática en América Latina: una primera mirada al proyecto democrático-participativo”, en Raventós, Cisma (Comp.), Innovación democrática en el Sur. Participación y representación en Asia, África y América Latina, Buenos Aires, CLACSO, 2009, pp. 31.
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de procesos políticos casi incomparables en su pluralidad, sólo inteligibles desde abordajes nacionales y casuísticos. Tampoco se trata por cierto de postular un nuevo intento —a priori infértil— de homogeneizar la visión y caracterización de un proceso político abarcativo de todo el continente, tampoco en relación al subcontinente sudamericano. El marco general de la crisis global y de su impacto, así como la convergencia de ciertos procesos de cambio político que la precedieron y que pese a sus diferencias participan de un ciclo común, permite una lectura legítima sobre una inflexión histórica en la trayectoria de las democracias latinoamericanas. En estos nuevos contextos de cambio político en el continente, el impacto de la crisis global y las formas de respuesta de la región ante la misma, como se ha señalado, pueden configurar un escenario especialmente propicio para la dilucidación de varios ejes de reflexión e interpretación de fuerte centralidad. Desde el campo más estrictamente político, la lista de asuntos sometidos a debate es muy amplia: la resignificación de las teorías y prácticas de la ciudadanía; la transformación de los usos públicos del concepto democracia; la rediscusión del rol del Estado, los partidos y los movimientos sociales; el papel de los liderazgos; hasta una reedición del clásico tópico en América Latina de la “disputa constitucional del régimen”, en el marco de los procesos de refundación institucional ya referidos; entre otros. Por su parte, desde el campo más netamente social, las cuestiones no son de menor complejidad: la reformulación de los actores; las nuevas formas de empoderamiento social; su entrecruzamiento con las políticas sociales; la emergencia de formas diferentes de constitución de identidades sociales; el debate en torno a los límites y alcances del “espacio público”; las claves novedosas de la representación, participación y agregación de grupos de interés; etc. En suma, dentro de esos contextos inciertos que proyecta el impacto de la crisis en la región, las preguntas radicales que nutren la interpelación política más actual en la mayoría de los países latinoamericanos comienzan a sintonizar con la idea de un momento de inflexión conceptual en el cruce entre ciudadanía y democracia. ¿Qué partidos? ¿Qué sistema de partidos? ¿Qué tipo de liderazgos? ¿Qué nuevos espacios de participación? ¿Qué tipo de comunicación política es la prioritaria? ¿Qué forma de representación resulta dominante? ¿Qué agenda? ¿Qué forma efectiva de gobierno? ¿Qué régimen político? ¿Qué ciudadano? ¿Qué democracia? En suma, si preguntas tan radicales como estas dos últimas comienzan a resonar como no tan exóticas ni tan lejanas de la experiencia cívica cotidiana de los latinoamericanos, parece bastante evidente que algo muy profundo también se está moviendo en estos campos en el continente. Y por cierto que no se trata de acudir como otrora a “adjetivos” cambiantes para salvar “sustantivos” sospechados. Mucho menos de restaurar la infausta tradición de concebir sólo instrumentalmente a estos últimos. Luego del estallido de las desmesuradas expectativas de las transiciones, un cierto agnosticismo cívico fue imponiéndose gradualmente en el centro de las escenas políticas latinoameri-
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canas, de la mano de la consolidación de democracia limitadas, “sin república” o con “poca república”. Si realmente se quiere superar la incertidumbre y buscar genuinamente “democracias diferentes” a la altura de estos tiempos, habrá que bucear con profundidad en torno a estos temas. Si así ocurre, el desafío de la crisis global puede en efecto configurarse en una oportunidad.
9. EL CAMBIO POLÍTICO Y SUS EFECTOS EN LAS ESTRATEGIAS DE REINSERCIÓN INTERNACIONAL EN AMÉRICA DEL SUR (1999-2009) GERARDO CAETANO1
LOS DILEMAS ACTUALES DE LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA: CONTEXTOS E INICIATIVAS, APRENDIZAJES Y EXIGENCIAS Los contextos actuales en materia internacional no podrían ser más convergentes en la demanda de una acción sólida, a nivel nacional y regional, en materia de una renovada iniciativa de inserción mundial desde América del Sur. Los procesos y acontecimientos de auténtica proyección histórica que se vienen sucediendo a ritmo de vértigo demandan respuestas impostergables desde la región. Cabe reseñar algunos de ellos: la crisis financiera internacional, con sus múltiples consecuencias y su previsible secuela de cambios a nivel de la arquitectura institucional del sistema2, el advenimiento de un escenario más multipolar, pero con la desventaja de una crisis aguda de los organismos multilaterales; cierto clima de incertidumbre general a nivel mundial, en el que a las especulaciones (con expectativas de cambio hasta ahora frustradas) tras el triunfo de Obama en las elecciones norteamericanas, se le suman los giros imprevistos de una Rusia refortalecida y con renovadas aspiraciones de liderazgo, una Unión Europea ampliada que entra en recesión, las incógnitas del rumbo que seguirán China y las otras economías fuertes de Asia, con un reclamo de mayor protagonismo y participación del grupo de países emergentes; pese a los
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Notas al Capítulo 9. Historiador y politólogo. Doctor en Historia. Coordinador del Observatorio Político, Departamento de Ciencia Política, Universidad de la República. Director Académico del Centro de Formación para la Integración Regional. (CEFIR) Integrante del Consejo Superior de FLACSO. Secretario Académico del Centro Uruguayo para las Relaciones Internacionales. (CURI) Investigador Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores. (SNI) Docente de grado y de posgrado en el país y en el exterior. En la reunión del llamado “G 20 financiero”, conformado por las 19 economías más fuertes del mundo más la Unión Europea como bloque, participaron Argentina, Brasil y México. Cabe referir que los cancilleres y presidentes de los bancos centrales de esos países y bloques se reunieron primero en Brasil antes de la Cumbre de Washington, celebrada a mediados de noviembre, en lo que significó una nueva ratificación del liderazgo internacional del gigante sudamericano y la confirmación de su condición de “global player”. El Presidente Lula impulsó de manera protagónica la elaboración de un documento en el que se plantearon cambios profundos en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, se demandaron nuevos instrumentos de regulación y supervisión, a la vez que se exigió una mayor participación de los llamados países emergentes en los foros de decisión de la economía mundial.
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reiterados anuncios en contrario, la ronda de Doha “se resiste a morir” y el aplazamiento de su conclusión enlentece y condiciona muy fuertemente otras negociaciones internacionales muy relevantes para la región3, se consolidan cambios importantes en distintas áreas de las relaciones internacionales como las de la Cooperación, los retos del cambio climático, las migraciones, los derechos humanos, las posibilidades de aplicación efectiva de las convenciones multilaterales vinculadas con agendas de corte mundial, hasta el momento con resultados poco auspiciosos4, entre otros muchos. Podría seguirse con una larga lista de procesos y acontecimientos similares pero todos ellos convergerían en el mismo punto: la renovación radical de los desafíos globales impone una reinserción internacional potente de la región y de sus países. Es en ese contexto desafiante en el que hay que pesar los impactos de los avatares de las agendas y procesos nacionales en los países sudamericanos, así como la multiplicidad de las propuestas de integración y concertación política en el continente, con sus distintos formatos y alcances institucionales, ideológicos, comerciales y productivos. Los giros de los procesos de integración actualmente en curso de implementación en América Latina no pueden descontextualizarse de lo acontecido durante el último tiempo en el panorama político regional. En primer lugar, tomando como ejemplo privilegiado lo ocurrido en el seno del MERCOSUR, parece ya evidente lo infértil de aferrarse a la invocación de la “afinidad ideológica” de los gobiernos de los Estados partes de un bloque como motor principal de una transformación positiva de los procesos de integración. Para profundizar sobre ese punto, como ya se ha dicho, habría que problematizar primero, si realmente ha habido “un giro a la izquierda” en los gobiernos de la región y, en caso de aceptarlo, analizar con rigor cuáles son los límites y alcances de su contenido en materia de políticas específicas (indagando, por ejemplo, en los discernimientos necesarios entre izquierdas clásicas, “progresismos”, movimientos nacional populares, etc.). Asimismo, habría que advertir hasta qué punto el advenimiento de esos nuevos gobiernos en la región ha promovido (directa o indirectamente) o al menos ha coincidido con el retorno de intereses sectoriales, nacionalistas y políticos, la mayoría de ellos no muy proclives a apuestas y sobre todo a sacrificios prointegracionistas. Lo que ya resulta poco discutible es la confirmación de que los procesos de integración no se consolidan sólo desde las “afinidades ideológicas” de los gobiernos que los promueven, sino que requieren también de la
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A este respecto resulta muy fuerte la vinculación del resultado final de Doha con la posibilidad de avances efectivos en la negociación de Acuerdos de Asociación entre los bloques y países latinoamericanos con la Unión Europea. Sin embargo, las opiniones divergen acerca de los efectos de esta circunstancia: mientras hay observadores y analistas que sostienen que la falta de acuerdo estimula las negociaciones birregionales, hay otros que sostienen la tesis contraria. Los mínimos y muy insuficientes acuerdos obtenidos en la Cumbre de Copenhague sobre el tema crucial del Cambio Climático, celebrada en diciembre de 2009, constituyen un ejemplo por demás ilustrativo acerca de los fundamentos de este señalamiento.
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solidez de construcciones institucionales entre diferentes, circunstancia por otra parte inherente a una integración entre Estados democráticos, con previsibles alternancias de gobierno de diferente signo ideológico. Otra nota insoslayable del panorama político regional tiene que ver con la persistencia de situaciones de inestabilidad política, con la continuidad de la crisis de los partidos y de las formas de la representación (de la mano del auge de movimientismos, personalización de la política, desprestigio de los Parlamentos y de los partidos, etc.), con la consolidación de muy fuertes cambios en los mapas nacionales y regionales de movimientos y actores sociales. A este cuadro político conflictivo y cambiante debe sumársele el mantenimiento —aunque con mejoras estimables en los últimos años— de desigualdades sociales inadmisibles, en un continente que sigue siendo uno de los más desiguales del planeta pero que entre 2003 y 2008 pudo ostentar niveles de crecimiento económico muy alto, de la mano de condiciones externas coyunturalmente favorables para la exportación de commodities. La crisis internacional ha frenado este ciclo de bonanza y crecimiento en el 2009, pero su impacto innegable en la región ha sido —por lo menos hasta este momento— menos profundo que lo esperado, entre otras cosas porque el continente se encontraba mejor preparado para enfrentar una contingencia de esta naturaleza5. En un marco que combina inseguridad interna con conflictos emergentes de diversa índole, con países que realizan gastos fortísimos en armamentos y con una presencia militar norteamericana crecientemente visible (sobre todo desde la reactivación de la IV Flota pero también desde antes), América Latina, América del Sur y el propio MERCOSUR ven multiplicarse los signos de su relativa marginalidad en ciertos escenarios del contexto internacional. Véanse a este respecto indicadores sobre el peso de la región en porcentajes del comercio mundial, PBI, flujos financieros, patentes aprobadas en los últimos treinta años, volumen de inversiones u otros datos similares y se advertirá con claridad esa situación6. Sin embargo, en términos de capacidad y eficiencia en la producción
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Cfr. por ejemplo, “Nueva Sociedad”. Nº 224, “Crisis bajo control. Efectos de la recesión mundial en América Latina”. Caracas, Noviembre-Diciembre 2009, en especial los artículos contenidos en su sección “Tema Central”. Para fundamentar en clave empírica estas consideraciones se pueden consultar los siguientes trabajos: Altmann Borbón, Josette y Rojas Aravena, Francisco, Efectos sociales de la crisis financiera global en América Latina y el Caribe, Secretaría General de FLACSO-programa de Gobernabilidad y Convivencia Democrática en América Latina y el Caribe - AECID, 2009. Cfr. www.flacso.org; Bárcena, Alicia (Secretaria Ejecutiva de CEPAL), “Las economías de América Latina y el Caribe frente a la crisis internacional,. Montevideo, CEPAL, marzo de 2009. (Power point); Roy, Tobías (Representante Residente en Asunción del FMI), “La Crisis Económica Mundial. Causas y el Impacto sobre América Latina”. (Power point presentado en el Seminario organizado por CEFIR sobre el tema “La región frente a la crisis mundial. Impactos y nuevas respuestas”, 8 y 9 de junio de 2009); Rivera Banuet, José (Secretario Permanente del SELA), “América Latina y el Caribe ante la Crisis Económica Mundial”, (Power point presentado en el mismo seminario citado en la referencia anterior); SEGIB, “América Latina ante la crisis
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de alimentos agropecuarios, de posesión de recursos naturales estratégicos (en particular hídricos y energéticos), la situación resulta bien contrastante. En ese marco, las riquezas y potencialidades de las distintas cuencas y acuíferos de América del Sur, por ejemplo, lejos están de la marginalidad anotada y ya despiertan codicias externas varias.
LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN ACTUALES Y SU BALANCE INCIERTO Con el telón de fondo de ese panorama político regional, la situación de los procesos de integración a nivel hemisférico, no sólo en América del Sur sino más ampliamente en relación a América Latina, provoca expresiones de desencanto o al menos de incertidumbre. Obsérvese a este respecto la enumeración de algunos procesos que se orientan al menos en una de esas dos direcciones. La Comunidad Andina de Naciones (CAN) parece oscilar entre una lenta agonía o en reposicionarse con la asunción de flexibilidades que admitan “avances a dos velocidades” y “geometrías variables” a la hora de negociar con bloques o potencias extra zona7. Chile, por su parte, busca perfilarse, cada vez con menos chances, como la usina sureña del proyecto de una “Liga del Pacífico” con proyección privilegiada hacia Asia y EEUU, al tiempo que intenta (de manera más realista y pragmática) asociarse con Brasil en el impulso del proyecto de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR). El SICA y el CARICOM, más allá de las diferencias entre sus países miembros, parecen consolidar su inserción plena en la órbita norteamericana, al igual que lo que ocurre más específicamente con México. Pero esta América Latina tan cercana a la influencia de los EEUU comienza a sentir las duras consecuencias de la ya instalada recesión norteamericana, de duración incierta8. Con el advenimiento tan acelerado —aunque hasta
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financiera internacional”. Montevideo, Centro de Información de la SEGIB, 2009; González, Felipe (ed.), “Iberoamérica 2020. Retos ante la crisis”. Madrid, Fundación Carolina - Siglo XXI, 2009. Fueron también consultadas las páginas web de la OIT, de CEPAL, del Banco Mundial, de la OMC, del FMI, de ALADI, entre otras. Tal parece ser la vía posible para mantener el bloque ante la manifiesta divergencia de caminos entre Ecuador y Bolivia frente a Colombia y Perú, reforzada especialmente ante temas como la firma de tratados de libre comercio con los EEUU o de acuerdos de asociación bilaterales (por lo menos en relación al componente comercial) con la Unión Europea. La previsible aceptación de una flexibilidad que permita la coexistencia de posicionamientos internacionales tan diferentes parece ser hoy la fórmula más previsible a los efectos de evitar el estallido del bloque. Obsérvese a este respecto el impacto previsible en esta dirección en México, con más del 85% de sus exportaciones radicadas en el mercado norteamericano y con más de 10 millones de emigrantes en territorio norteamericano. Adviértase que el Presidente electo Barack Obama habló en la campaña electoral de reformular el NAFTA y el CAFTA, lo que de producirse sin duda arrojaría consecuencias muy duras en la región. Ya en estos momentos, existen muchos
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hoy inconcluso—9 de Venezuela como socio pleno, el MERCOSUR se expande pero sin una profundización consistente, postergando una y otra vez la concreción de los objetivos de sus agendas y su anunciado (reiterado hasta el hartazgo) “relanzamiento”. Tras el fracaso del proyecto ALCA, a partir de la postura asumida por los países del MERCOSUR y Venezuela (por entonces ajeno al bloque) durante la Cumbre de Mar del Plata de fines del 2005, la presencia norteamericana en la región parece empero haberse consolidado con la expansión de los TLCs bilaterales10, aun cuando la situación actual tiende a perfilar cambios de entidad en este campo a partir del triunfo demócrata en las elecciones legislativas norteamericanas de noviembre de 2006 (que le otorgó la mayoría en ambas cámaras al Partido Demócrata, con sus conocidas tendencias proteccionistas). Esta situación se ha profundizado en sus alcances luego del triunfo de Obama y de la ampliación de la mayoría demócrata en el Congreso norteamericano ocurrida en las elecciones de noviembre de 2008. Por su parte, el proyecto de la UNASUR, piedra angular del proyecto continental de Itamaraty, pese a algunos aciertos iniciales de relevancia y a sus potencialidades efectivas en algunos planos11, no parece terminar de definir con claridad sus objetivos y proyecciones políticas y económicas. Asimismo, vuelve a proliferar en la región una puja sorda en procura de posicionamientos de liderazgo y articulación de “ejes” (Brasil vs. México, el “factor” Venezuela y su proyecto bolivariano tan personalizado en la figura de Chávez, el “eje” ideológico Bolivia-Cuba-Ecuador-Nicaragua-Venezuela en el proyecto ALBA, el “eje” Brasilia-Buenos Aires-Caracas, la proyectada e incierta “Liga del Pacífico”, etc.). Por su parte, hay países que disputan la preferencia norteamericana en la región: la Colombia de Uribe (con la inquietante instalación de nuevas bases militares con fuerte presencia de efectivos estadounidenses),
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registros que evidencian descensos fuertes en el envío de remesas desde migrantes latinos en EEUU a sus países de origen, lo que sin duda conmoverá las economías de estos últimos. En diciembre de 2009, el Senado brasileño en una votación dividida (35 votos favorables y 27 contrarios) terminó de aprobar el Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercosur. Con la aprobación ya concretada por parte de Argentina y Uruguay, ahora sólo resta la decisión del Parlamento paraguayo, quien resolverá en marzo del 2010. Los EEUU han firmado TLCs con México, toda Centroamérica más República Dominicana, Chile, Perú y Colombia, en este último caso, con la aprobación pendiente del Congreso. Han rechazado esta alternativa todos los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), Venezuela, Bolivia y Ecuador. Este discernimiento, a partir de los contenidos específicos del formato norteamericano de TLCs y de sus fuertes condicionamientos en varios temas, implica una diferencia sustancial en términos de estrategia de inserción internacional. De esa manera puede reputarse su eficaz intervención, impulsada inicialmente por Chile y luego respaldada por Brasil y el resto de los países del continente, en ocasión del recrudecimiento de la crisis boliviana hace pocos meses. El proyecto de la UNASUR, que sucedió con increíble celeridad al malogrado y efímero intento de la precedente Comunidad Sudamericana de Naciones, desde un comienzo parece haberse orientado a objetivos específicos como la concertación política, los proyectos de infraestructura común y de articulación energética, y el más controversial tema del llamado “Consejo de Defensa”.
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el nuevo Perú jugado a la estrategia de su flamante TLC con EEUU, a los que podría sumarse ese Chile “postconcertación”, si se confirma en enero próximo el triunfo en primera vuelta de Sebastián Piñera. La presencia internacional de América Latina, en especial a través de su protagonismo en el “G 20 plus” o de alguno de sus países (Brasil, México y Argentina) en el “G20 financiero”, que discute una nueva institucionalidad para el sistema financiero internacional tras la crisis, no termina de resignificar su necesario rol contestatario ante los poderosos (como en las Cumbres de Cancún o Lima) en la posibilidad de concreción de acuerdos positivos (en particular luego del persistente fracaso de la “Ronda de Doha” y en cómo ha quedado el maltrecho escenario de la OMC) a nivel de los ámbitos multilaterales o birregionales con la UE. Si es cada vez más visible que Brasil deviene un “actor global” poderoso, tampoco resulta consistente su soporte regional, necesario para la afirmación de su protagonismo mundial. De todos modos, este tema crucial —el de si la vocación global de Brasil requiere o no de un sólido afincamiento regional sudamericano— configura uno de los temas más relevantes de las cruciales elecciones brasileñas del 2010. Quien se perfila como el más seguro candidato de la oposición, el “tucano” José Serra12, ha venido reiterando su convicción acerca de que Brasil necesita “desatarse” de la región. En suma, desencanto o incertidumbre parecen ser los balances más pertinentes en este punto, más allá de las apuestas activas en juego, algunas de las cuales pueden también encontrar proyecciones favorables en los próximos años.
¿CONVERGEN LOS PAÍSES SUDAMERICANOS EN SUS POLÍTICAS EXTERIORES? Otra forma insoslayable de perfilar un panorama político general acerca de los procesos de integración y concertación política en la región deriva de la interrogación sobre la convergencia o no de las orientaciones de las políticas exteriores actuales de los gobiernos sudamericanos. En esa dirección, ¿pueden encontrarse evidencias sólidas acerca de la existencia de visiones estratégicas convergentes en la región? A nuestro juicio, cabe el señalamiento de fuertes dudas al respecto. Abonan esa visión la constatación acerca de que los partidos políticos, sobre todo los llamados “progresistas”, han resultado mucho más integracionistas en la oposición que en el gobierno. Asimismo, al tiempo que persiste la fuerza prioritaria de los intereses de los Estados nacionales, se ponen de ma-
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José Serra, perteneciente al Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), el mismo del expresidente Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), se perfila como el candidato opositor con más chance para disputarle la presidencia al candidato oficialista (todavía no resuelto) en los comicios de 2010. Serra ya anteriormente fue candidato presidencial en el 2002, siendo derrotado en aquella oportunidad por Luiz Inácio Lula Da Silva, quien luego reiteraría su triunfo cuatro años después. Lula ha rechazado la posibilidad de impulsar una reforma constitucional que lo habilite a disputar un tercer mandato consecutivo.
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nifiesto de manera especial fuertes recelos en los gobiernos de la región en torno a apuestas de construcción de instituciones integracionistas o de articulación de políticas públicas de signo regional o supranacional. Al mismo tiempo que los procesos integracionistas en curso en el hemisferio demuestran dificultades visibles para abordar en conjunto su agenda externa (con particular perjuicio para los países pequeños de los diferentes bloques), que crecen las “tentaciones” bilateralistas desde el Norte y que persisten las dificultades de negociación favorable en los escenarios multilaterales, se vuelve evidente la dificultad para hacer converger de manera efectiva las estrategias comunes de política exterior, entre la reiteración de visiones tanto hegemonistas como provincianas, entre regionalismos “mesiánicos” y personalistas y “pragmatismos tácticos” sin estrategia. Como pruebas muy gráficas en esa dirección podrían citarse la presencia creciente del conflictivo Irán en la agenda externa de varios países de la región, de la mano de una iniciativa muy fuerte del Presidente Chávez sobre este punto, que también abarca asociaciones privilegiadas con Rusia y Corea del Norte. Cuesta no registrar —por lo menos— cierta perplejidad y desconcierto ante estas situaciones. En suma, aun con las limitaciones que impone una mirada global sobre un continente tan fragmentado como América Latina, una hipótesis central podría apuntar al señalamiento de que el cambio en la fragmentación configura uno de los rasgos más definitorios del panorama político actual de la región y que ese signo condiciona con fuerza el avance de los procesos de integración y concertación política de proyección regional. También puede consignarse que ese signo también se transfiere a las definiciones de política exterior y de inserción internacional de los países sudamericanos. Más allá de la compleja síntesis de convergencias y divergencias de los procesos identificados en el análisis de los Estados nacionales, así como en el marco de las experiencias en curso de construcciones de integración regional, nuestra visión apuesta a destacar esa señal más global, que en sí misma se vincula con un rumbo de incertidumbres varias. En efecto, si resulta poco convincente la visión de quienes niegan la existencia de un cambio político de envergadura en el continente, también lo es la de aquellos que infieren un rumbo claro y homogéneo de esta inflexión de transformación política. En verdad, como vimos, son muchas las preguntas que se agolpan en torno al posible derrotero político de muchos países de América del Sur y del continente en su conjunto o de algunas de sus subregiones, como para “despacharlas” con la referencia genérica a una tendencia uniforme y con perfiles claros y determinados. Para decirlo de manera más sencilla, es necesario someter a “filtros conceptuales” más rigurosos la idea dominante del “giro a la izquierda” en América del Sur13.
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Este tema ha provocado una extensa bibliografía reciente en América Latina. Para citar tan solo dos ejemplos valiosos, desde perspectivas y enfoques diversos, Natanson, José, La nueva izquierda. Triunfos y derrotas de los gobiernos de Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, Uruguay
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Para citar sólo algunas de esas preguntas difíciles que no admiten respuestas ni atajos perezosos: ¿Qué pasará en Cuba en los próximos años? ¿Cuál será el impacto de esa evolución en Centroamérica y en el resto del continente? ¿Cuáles serán los efectos del golpe de Estado en Honduras y de su resistencia frente a la presión de la comunidad internacional? ¿Cuál es el futuro del proyecto bolivariano y de la propia Venezuela, más allá de Chávez incluso? La Colombia de Uribe, también convertido a la “fiebre reeleccionista”, ¿encontrará finalmente una paz viable y una democracia respetuosa de los derechos humanos tras décadas de violencia? ¿El otro camino encarnado por Perú y Colombia, en cuanto a sus estrategias de inserción internacional con EEUU y la Unión Europea, terminará afirmándose o se verá desbordado por la crisis actual? ¿Cómo dirimirá Ecuador las reformas y cambios encarnados en la experiencia del Presidente Correa? ¿Se ha agotado definitivamente la experiencia de la Concertación Democrática y del “modelo chileno” tras cuatro gobiernos sucesivos y la consolidación de visibles signos de agotamiento? ¿El previsible triunfo de Piñera inaugura una nueva etapa o es apenas un intermedio necesario para la renovación del espacio de “centro-izquierda” en Chile? ¿Cómo se desarrollará el tramo final del segundo gobierno de Lula en Brasil y que vendrá después? Tras la definición crucial de los comicios brasileños del 2010, ¿Brasil confirmará su apuesta sudamericana o variará hacia un protagonismo global más solitario y bilateralista? ¿Se confirmará ese sentido común reafirmado de que a la Argentina “sólo la puede gobernar el peronismo”, aun después de la severa derrota electoral del kirchnerismo en las legislativas del 2009? ¿Emergerá un neoperonismo de contenido incierto o se está en los umbrales de una inflexión política fuerte y de destino no previsible en Argentina? ¿Cómo seguirá la “era progresista” en Uruguay, tras el significativo triunfo electoral de José Mujica? ¿Qué pasará con la experiencia singular —y ratificada con el muy fuerte respaldo electoral obtenido en los comicios de diciembre de 2009— del gobierno del MAS y de Evo Morales en una Bolivia renovada pero también conflictiva? ¿El gobierno de Lugo abre de modo efectivo una nueva era democrática en Paraguay o sus debilidades se dirigen a una situación de inestabilidad política y tal vez hasta institucional? Y, más allá de los Estados nacionales, ¿cuál será el destino de los diferentes proyectos regionalistas en el continente? ¿Sudamérica, Latinoamérica, Iberoamérica o América a secas, tras el avance de los TLCs bilaterales o de una (poco probable) iniciativa diferente de proyección continental del nuevo gobierno de Obama? ¿MERCOSUR o UNASUR? ¿O predominarán formatos flexibles de “regionalismo abierto”, que habiliten membresías y compromisos múltiples y cada vez más laxos entre los Estados partes de los diferentes proyectos integracionistas? Como ha sido dicho, demasiadas preguntas difíciles para afirmaciones tajantes y seguras. De allí que, en especial desde cualquier visión panorámica que se
y Ecuador, Buenos Aires, Sudamericana, 2008; Sader, Emir, El nuevo topo. Los caminos de la izquierda latinoamericana, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2009.
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intente sobre el curso político futuro de América Latina en general y de América del Sur en particular, el señalamiento de las preguntas y la presentación de hipótesis que se hagan cargo del peso de la incertidumbre resulte un camino analítico más fecundo.
ALGUNAS OTRAS PREGUNTAS Y TEMAS PARA LA PROSPECTIVA DE UNA POLÍTICA INTEGRACIONISTA MÁS EFICAZ La definición de una política exterior eficaz, en especial en América del Sur y en el Cono Sur, difícilmente pueda eludir la necesidad de asumir los dilemas de la inserción internacional desde perspectivas de bloques regionales, que refuercen la auténtica soberanía nacional sin recurrir a los gastados enfoques soberanistas o de nacionalismos aislacionistas de viejo cuño. La inserción plena en un “mundo de bloques” y la efectivización de los anhelados escenarios multipolares, en procura de enfrentar con eficacia la ruinosa tentación de los hegemonismos unipolares (creemos que hoy en declive), sólo podrá construirse desde un afianzamiento real y no retórico de los procesos de integración regional y supranacional. Para defender de manera efectiva y no retórica un concepto moderno de soberanía hay que incorporar la idea de que todo proceso de integración supone algún nivel de asociación política con los socios de un bloque, que consienten su común pertenencia al mismo desde la visión común de un programa acordado de iniciativas conjuntas de inserción internacional. Sin embargo, una mirada atenta sobre los actuales contextos en esa dirección impone un registro sensato sobre la necesidad imperiosa de aprendizajes y exigencias. En ese sentido, como vimos, los giros de los procesos de integración actualmente en curso de implementación en América del Sur no pueden descontextualizarse de lo acontecido durante el último tiempo en el panorama político regional. Desde el Mercosur, por ejemplo, cabe formular un cúmulo de interrogantes en términos de interpelación radical, en los umbrales de la “mayoría de edad” de ese bloque regional14. Algunas de ellas se reseñan a continuación:
1. ¿Qué posibilidades reales existen para renovar un acuerdo consistente y operativo en materia de una reformulación seria del pacto integracionista del Mercosur en el seno de sus Estados partes, involucrando no sólo a sus gobiernos actuales sino al conjunto de los sistemas políticos de la región y a los principales actores sociales? 2. ¿Resulta viable, por ejemplo, una agenda de acuerdos sobre puntos específicos como asimetrías, coordinación macroeconómica o armonización arancelaria, dentro de los sistemas políticos de los Estados partes
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En efecto, el 26 de marzo del 2009 se cumplirán 18 años de la firma del Tratado de Asunción de 1991, a través del que se formalizó el nacimiento del MERCOSUR.
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del bloque o, como parece, se han erosionado ciertos consensos fundamentales en torno al MERCOSUR y su futuro? ¿Cuánto han avanzado de manera efectiva los niveles de conectividad eficaz e innovadora entre el sector público y el sector privado como tema de la agenda de la inserción internacional impulsada por los gobiernos mercosureños? Los países pequeños del bloque como Paraguay y Uruguay, ¿han procesado los cambios notorios que imponen los cambios históricos de las últimas décadas en las formas de relacionamiento con sus dos gigantescos vecinos? En esa dirección, ¿qué tipo de acciones concretas podrían impulsarse para coadyuvar a la superación progresiva del conflicto uruguayo con Argentina y a la forja de una nueva interlocución de Paraguay con Brasil a propósito del tema de la represa de Itaipú?15 ¿Cuál es la forma más equilibrada de articulación entre esas tres tendencias de ampliación, profundización y flexibilización que han dominado los itinerarios del MERCOSUR en los últimos años? ¿Sólo a través de una flexibilización que minimalice al extremo los acuerdos y compromisos entre los socios del MERCOSUR es que se puede atender debidamente los legítimos reclamos de Paraguay y Uruguay respecto al tema de las asimetrías? ¿Puede funcionar la ampliación sin profundización previa? ¿Qué significa hoy profundizar el Mercosur? ¿Se está haciendo un análisis ponderado de los cruces entre las políticas nacionales de los países integrantes plenos del MERCOSUR y la evolución general del Mercosur en su conjunto? ¿Cuáles son y cuáles deberían ser los límites, alcances y niveles de convergencia en las estrategias integracionistas, bilaterales y multilaterales, de cada uno de los Estados partes del bloque? ¿Cuál podría ser un “plan B” en materia de inserción internacional para los pequeños del bloque como Paraguay y Uruguay, enfrentados a
El 26 de julio de 2009, los Presidentes de Brasil, Lula da Silva, y de Paraguay, Fernando Lugo, firmaron un acta que significa un cambio en verdad histórico respecto al Tratado originario. El acuerdo, que consta de 31 puntos, establece pasar el coeficiente de compensación a pagar por el Brasil al Paraguay de 5,1 a 15,3, lo que implica un incremento del 200 por ciento, a resultas de lo cual, a valores actuales significa pasar de 120 a 360 millones de dólares estadounidenses anuales. De todos modos, según lo rubricado por los dos primeros magistrados, ello, como algunas de las otras pautas acordadas, requerirá de la aprobación de los respectivos Parlamentos nacionales. En otra de sus cláusulas, el acuerdo logrado establece el uso exclusivo hasta 2023 de la energía de Itaipú por los socios, lo que restringe el objetivo paraguayo de comercializar a terceros sus excedentes energéticos. De todos modos, el acuerdo significó un avance muy serio respecto a lo dispuesto en el Tratado originario firmado en 1975. Paraguay también tiene un contencioso parecido con Argentina respecto a la Represa de Yacyretá.
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la persistencia del relacionamiento privilegiado (y a menudo excluyente) entre Argentina y Brasil? ¿Qué pasos comportaría una estrategia efectiva en esa dirección, cuáles serían los fundamentos y los cálculos que abonarían su razonable preferencia? ¿Se han medido de alguna manera las implicaciones y consecuencias de diversa índole que tendría para ambos países una salida (desde la hipótesis poco probable del abandono o en la perspectiva más gradualista del cambio de calidad de la integración, pasando de miembro pleno a asociado) del MERCOSUR? ¿La alternativa es en efecto un TLC en su formato clásico con los EEUU o cualquier acuerdo de asociación con la UE? ¿Es viable y deseable para Uruguay, por ejemplo, un camino “a la chilena”? 9. De mantenerse sin cambios sustantivos las actuales condiciones —sin duda deficitarias— del proceso de integración para países como Uruguay y Paraguay, ¿cuáles son los límites y alcances de la estrategia de combinar en la medida de lo posible y de la forma más rigurosa la doble estrategia de “regionalismo abierto” y “bilateralismo múltiple”? ¿Tiene futuro el actual statu quo en este sentido? 10. ¿Cuáles son hoy la “agenda corta” y la “agenda larga” de la integración regional globalmente considerada? ¿Cuáles son las definiciones últimas y compartidas en los gobiernos del bloque sobre temas no estrictamente comerciales como reforma institucional del Mercosur, asimetrías, complementación productiva, articulación de políticas públicas regionales, convergencia cambiaria, agenda externa común, desarrollo social? 11. ¿Se ha avanzado de manera efectiva en la concreción de instrumentos de “gobernanza regional” dentro del Mercosur, articulando los formatos institucionales de la integración con las dimensiones territoriales, sociales y culturales? ¿Qué significa hoy la idea de “MERCOSUR social” en términos concretos y específicos de involucramiento y participación de actores de nuevo tipo? ¿Existe en verdad “seguridad jurídica” y resolución ágil y consistente de contenciosos dentro del Mercosur? 12. Hay quienes sostienen que hace tiempo que el Mercosur requiere de un sinceramiento radical y que ello conlleva rediscutir a fondo y sin concesiones el modelo de integración. ¿Ello supondría renovar la discusión entre la viabilidad de la “unión aduanera” y la opción por una concertación política más flexible, asentada sólo en una “zona de libre comercio” y “complementación de políticas regionales”? Esta lista, por cierto no exhaustiva, refiere algunos de los obstáculos concretos que enfrenta no sólo el MERCOSUR sino también los otros procesos de integración regional o concertación política en el subcontinente sudamericano. Sobre todos y cada uno de estos puntos, los debates resultan tan extensos como
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intensos, configurando en muchos casos el núcleo central de las agendas políticas de los procesos electorales nacionales. Y no debe olvidarse que los políticos sudamericanos, más allá de sus ideas y anhelos respecto a la integración regional, “cotizan electoralmente” al interior de sus respectivos países, en el seno de electorados poco sintonizados —cuando no enfrentados— con las demandas y tópicos de los repertorios integracionistas. Cuando lo que en verdad se necesita en estas materias es apuestas valientes y de proyección estratégica, el imperio de estas circunstancias no coadyuva tampoco en una dirección favorable.
LA AGENDA EXTERNA COMÚN Y EL CASO DE LAS NEGOCIACIONES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA: NUEVOS CONTEXTOS, PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES La consideración de la evolución de la agenda externa común de los procesos de integración en curso en el continente configura sin duda un observatorio privilegiado para ponderar sus alcances. En ese sentido, por muchos motivos, un análisis aunque sea sumario acerca del estado de las negociaciones entre América Latina y el Caribe (ALC) y la Unión Europea (UE) resulta especialmente útil. Como punto original de análisis habría que partir de la nueva estrategia aprobada por la UE en la Cumbre de Essen (1994), de la que ya han pasado casi 15 años sin resultados como los entonces esperados. Esas pautas que se orientaban a la concreción de un nuevo tipo de alianza más profundo entre ambos bloques continentales, estrategia luego refrendada en la I Cumbre Unión Europea-América Latina realizada en Río de Janeiro en 1999, se definían en un nuevo concepto de posibilidades para acuerdos birregionales en procura de un contexto internacional multipolar. Ambos bloques reconocían aquella circunstancia internacional como un escenario propicio para la profundización de sus relaciones como consecuencia del fin de la Guerra Fría. Debe advertirse que esa base de encuentro ya no existe y que el nuevo contexto dominado por las consecuencias que ha dejado una década larga de pretensión de hegemonismo unipolar presidido por los EEUU, por el empantanamiento de las negociaciones multilaterales, por los cambios operados en ambos subcontinentes (UE y ALC) y por la crisis financiera internacional desatada no facilita particularmente esta perspectiva de relaciones. En una orientación negativa ha operado sin duda la fragmentación actual del concepto y de las prácticas regionalistas en América Latina. Como se ha visto, esa multiplicidad de apuestas, lejos de reforzar la posición negociadora del continente y de sus partes como interlocutores en la escena internacional, no ha hecho más que debilitarla en forma clara. A ello se ha sumado en la misma dirección los avatares de la iniciativa hemisférica de los EEUU durante los años de la Administración Bush: detenido el proyecto ALCA hacia fines de 2005 en la Cumbre de Mar del Plata, se optó por la vía de los TLCs firmados en forma bilateral, con sus agendas conocidas que incluían los temas “OMC plus” y otros condicionamientos seve-
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ros. Como se ha señalado, esa apuesta enfrenta desde hace tres años una fuerte detente, de la que da cuenta por ejemplo la postergación de la aprobación por parte del Congreso norteamericano del tratado firmado con Colombia. Todo parece alentar la previsible continuidad de esta situación tras el triunfo demócrata en las elecciones norteamericanas del 4 de noviembre pasado y los fuertes impactos de la crisis internacional en un EEUU que ya no puede ocultar su recesión. Asimismo, aunque de manera completamente diferente, apunta también en esa dirección poco proclive a la activación de las negociaciones birregionales la constatación que en América Latina persisten la inestabilidad política, la pobreza y una conflictividad multidimensional (interna a los Estados, binacional o de componentes múltiples en algunas fronteras “calientes”) cargada de violencia. Ya no está nada clara pues la prevista coordinación de las políticas birregionales y multilaterales entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Asimismo, la idea misma de cooperar entre bloques para ganar más poder de negociación ante terceros, si bien ha tenido un hito con la concreción de la iniciativa del G20 plus liderada por Brasil, no ha terminado de perfilarse en el logro impostergable de acuerdos positivos, sin una agenda única y testimonial de contestación a la agenda de los países desarrollados. El propio Brasil hoy parece apostar más decididamente a su inserción en los BRICS y en su capacidad creciente de interlocución con los poderosos. En suma, las tres lógicas originarias de aquel acuerdo estratégico de 1994 que buscaba una auténtica profundización de las relaciones birregionales parecen haberse debilitado en forma convergente: i) la lógica de integración ha debido enfrentar obstáculos, entre los que uno de los más negativos ha sido la falta de voluntad política real de los bloques latinoamericanos y del MERCOSUR en especial por avanzar en diseños institucionales de un perfil de “supranacionalidad realista” que facilitarían los acuerdos; ii) la lógica económica tampoco ha mantenido sus avances, ya que si bien entre 1992 y 1997 llegó más capital europeo a América que en cualquier otro quinquenio del siglo XX, la situación varió en los años siguientes, en algunos casos dramáticamente, de la mano también de la fuerte crisis económica y financiera de los países del MERCOSUR, sin que las nuevas mejoras del lustro 2003-2008 hayan podido recuperar plenamente la situación precedente; iii) la lógica política también se ha deteriorado, entre una Europa que no quiere interpelar o provocar de modo directo al hegemonismo norteamericano y que a lo sumo —como es el caso típico de sus iniciativas de cara al MERCOSUR— actúa reactivamente (cuando avanza EEUU hacia la región, lo mismo hace un poco más tarde la U.E.), pero que en los foros multilaterales como la OMC o las Cumbres de la ONU no abandona un formato rígido de alianza básica Europa-EEUU. Sin embargo, pese a la persistencia y, en algunos casos, a la profundización de estos y otros problemas, siguen pesando favorablemente factores cuyo influjo no debe menoscabarse: i) la singularidad de los vínculos históricos entre Europa y América Latina; ii) el hecho que la Unión Europea sigue siendo un socio comer-
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cial y una fuente de inversiones muy importante para el continente en general y para la región mercosureña en particular; iii) si bien la Unión Europea es más importante para América Latina que viceversa, también pesan las amenazas de la no cooperación (incremento exponencial de la inmigración, narcotráfico, giro hacia los EEUU en política internacional de la mano de los TLCs o de otro tipo de acuerdos, etc.); iv) el objetivo común e histórico de contestar el hegemonismo norteamericano y de apostar a un multilateralismo y a una Comunidad Internacional fortalecidos constituye un objetivo común y estratégico entre ambas regiones, podría decirse que hoy más que nunca. A ello se suma una suerte de “ruptura” o de renovación de agendas que, con una buena base de interlocución y pese a lo ocurrido recientemente en Foros Internacionales (Cumbre de Lima, Directiva de Retorno votada en el Parlamento Europeo, confrontación en la fracasada Ronda de Doha en la OMC, divergencias reiteradas en ocasión de Cumbres Mundiales como la muy reciente de Copenhague en torno a las respuestas frente al cambio climático), podría configurar un escenario propicio para un nuevo tipo de alianzas sustentado en apuestas más audaces: ante el rechazo norteamericano —convertido casi en dogma— a aceptar compromisos multilaterales, la Unión Europea y América Latina, con el MERCOSUR a la cabeza, podrían (tal vez “deberían” hacerlo en términos de costo-oportunidad) intentar alianzas inéditas de cara a los nuevos temas globales (medio ambiente, cambio climático, derechos humanos, cohesión social, etc.), con posturas más flexibles en relación a la negociación de problemas siempre conflictivos como el de los subsidios agrícolas o el comercio de productos industriales, el tratamiento de la deuda, la modificación de la arquitectura financiera internacional, la llamada “Agenda Singapur” y en especial el tema de la propiedad intelectual, etc., en escenarios multilaterales. En principio y a la luz de lo ocurrido en los últimos tiempos, las reflexiones anteriores pueden parecer una apuesta poco realista, pero un examen riguroso de los contextos internacionales y de sus retos aún inmediatos, debería producir fuertes argumentos a su favor en términos de racionalidad estratégica compartida. De todos modos, abundan razones para el pesimismo. Por cierto que existen evidencias acerca de que no necesariamente América Latina y el Caribe seguirán siendo objetivos de relieve dentro de la mirada internacional de la Unión Europea. Por el contrario, existen múltiples razones para poner en duda que las negociaciones con América Latina sigan siendo un eje de interlocución privilegiado para la UE. Como ha señalado Celestino del Arenal en un reciente documento publicado en el portal electrónico del Real Instituto Elcano16, existe una convergencia simultánea de factores que tiende a reforzar esta tendencia al debilitamiento de las relaciones entre ambas regiones. Este autor sistematiza estos elementos de la siguiente forma: i) signo en
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www.realinstitutoelcano.org.
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general desfavorable del escenario mundial para un acercamiento entre ALC y la UE (impacto negativo de la crisis, pocos cambios en la política exterior norteamericana, centralidad de la atención prioritaria en otras zonas del planeta, creciente peso estratégico de la zona Asia-Pacífico); ii) cambios en Europa que debilitan la prioridad de esta negociaciones birregionales con ALC (los efectos de la ampliación de la nueva UE, sus problemas de profundización institucional, el giro ideológico a la derecha de la mayoría de sus gobiernos, la creciente atracción producida por otros bloques y regiones, la propia debilidad y fragmentación del lobby latinoamericano); y iii) cambios en América Latina que también coadyuvan a entorpecer y quitar centralidad a las negociaciones (alejamiento de los asuntos latinoamericanos de la agenda europea, creciente fragmentación del continente, marginalidad internacional en ciertos temas, dificultades para concertar e integrar posiciones como bloque, en particular en sus vínculos con Europa). No parece caber duda que uno de los aspectos que más complejiza la negociación birregional entre Europa y América Latina radica en la debilidad de los formatos integracionistas latinoamericanos y la asimetría que emerge en negociaciones que perfilan una UE afiatada frente a una AL dispersa y heterogénea. Las dificultades recientes de las negociaciones con la CAN y la dispensa que parece confirmarse para que países como Colombia y Perú entablen una negociación bilateral con la UE en temas comerciales a “otras velocidades” constituyen una buena prueba de lo que señalamos. En el Mercosur, como lo revela la división final en la postura de sus integrantes en la última ronda de negociaciones de Doha, parece perfilarse una situación similar. De todos modos y con el telón de fondo de la crisis financiera internacional en curso, con el gran proyecto de una globalización menos excluyente y más multipolar y desde una ponderación más madura acerca de sus intereses y posibilidades en los nuevos contextos, Europa y América Latina podrían encontrar factores de estímulo en la dirección de avanzar en sus negociaciones en diversos aspectos. Reseñemos algunos de ellos:
i) una mayor confianza en lo que puede surgir de esa emergente “sociedad global total” y sus redes (en donde la cultura y sus vectores juegan un rol favorable para la profundización de los vínculos), sin abandonar por cierto la primacía de las articulaciones intergubernamentales; ii) la constatación común, por procesos muy diversos y contrastantes pero vividos in situ por ambos bloques, de los crecientes problemas de viabilidad del “nuevo capitalismo” y de sus soportes ideológicos; iii)la relevancia histórica y estratégica que hoy contendría un acuerdo central en defensa del multilateralismo y de la plena vigencia del Derecho Internacional; iv) la posibilidad también estratégica y viable de articular, en clave alternativa a lo hecho en la materia por los EEUU en los últimos años,
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políticas integrales de seguridad y de lucha contra el terrorismo, sin la militarización excluyente y catastrófica (con los resultados bien a la vista para Europa) de las opciones dominantes por lo menos hasta la actualidad; v) la trascendencia de acuerdos fuertes en el sentido de apostar a objetivos comunes o por lo menos negociables, en la impostergable reformulación de las instituciones del orden internacional; vi) la necesidad de construir bases firmes de apoyo para acciones proactivas contra los avances cada vez más dramáticos y peligrosos de la marginación de sociedades y culturas menguadas y asediadas, con sus consecuencias durísimas en el muy sensible tema de las migraciones internacionales; entre otros No cabe duda que lo ocurrido en las últimas Cumbres no permite apostar con fuerza al optimismo. Sin embargo, persisten procesos y factores que “empujan” en la perspectiva necesaria de acercar a América Latina en general y al MERCOSUR en particular, con la Unión Europea. En esta perspectiva, la situación de Chile y de México es sin duda mucho más avanzada que la que presenta el conjunto de países del MERCOSUR, puesto que ya tienen un gran acuerdo de Libre Comercio y otros vínculos permanentes y auspiciosos con la Unión Europea. Sin embargo, constituiría un grave error postular la experiencia de estos dos países como un “modelo” a copiar por el resto de los países latinoamericanos (uno más en una larga serie, una vez más el infértil modelo de la copia), así como que la UE suponga que sus interlocutores latinoamericanos negociarán con los mismos perfiles que lo han hecho México y Chile o que lo están haciendo actualmente Perú y Colombia. El tomar por cualquier de estos dos atajos llevaría a la frustración de un nuevo callejón sin salida y advertirlo desde ya configura un imperativo estratégico. Para advertir la profundidad de la situación actual de estancamiento en las relaciones más generales entre ALC y la UE, habría que partir del reconocimiento de ciertas premisas. Como se ha anotado, se ha producido un cambio de contexto radical entre el momento de la celebración del llamado “Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional” firmado en 1995 y que entró en vigencia en 1999, y los contextos más actuales. El balance general que puede realizarse luego de las cinco Cumbres birregionales celebradas desde 1999 no resulta en verdad muy estimulante. Si bien se ha avanzado en asuntos importantes que tienen que ver con los tópicos de Cooperación y Diálogo Político, el capítulo del Acuerdo Comercial sigue empantanado, mientras que la demanda sobre la emergencia del llamado “cuarto pilar” (afincado en la construcción de Fondos de Cohesión para el tratamiento de asimetrías o en la incorporación de temas de Cohesión Social, acuerdos socio-laborales y otros conexos) dista de avanzar hacia su confirmación. Si bien se han firmado “Acuerdos de Asociación” con México (2000) y con Chile (2002), “Asociaciones Estratégicas” con Brasil (2007) y con
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México (2008), la negociación con el MERCOSUR ha vivido en la inercia desde el último intercambio de ofertas en el 2004, mientras que en lo concreto, hasta ahora la CAN y Centroamérica como bloques sólo han conseguido firmar con la UE “Acuerdos de Cooperación de tercera generación plus” en 2003. Pocos logros en verdad para las expectativas —quizás desmesuradas— que se perfilaban hacia mediados de los 90. Como ha señalado Valeria Marina Valle17, en la última década pueden reconocerse distintos momentos de la negociación birregional, a partir de un balance en relación a la agenda de conflictos, de avances de acuerdo y de potencialidades que se ha ido produciendo. De ese modo, pueden reconocerse las siguientes etapas: i) entre 1999 y 2001/2002, período caracterizado por un inicio de franco optimismo y avidez propositiva, en el que se enmarcan los Tratados de Libre Comercio con México en el 2000 y con Chile en 2004; ii) entre 2001/2002 y el 2004, tramo en el que se buscó enfrentar el contexto adverso con nuevas propuestas y formatos de negociación, con la obtención de escasos resultados; y iii) entre el 2004 y el 2009, un largo lustro signado por el estancamiento y la ausencia efectiva de una hoja de ruta en las negociaciones, tanto a nivel del continente como de sus respectivos bloques integracionistas. En la base de esta evolución negativa han pesado la agudización de las controversias en torno a los puntos sensibles de una y otra parte (la cuestión agrícola por parte de ALC y la liberalización de las exportaciones industriales sumado a los temas fundamentales de la llamada “agenda OMC plus” por el lado europeo), así como el decrecimiento de la relevancia e importancia estratégica adjudicados por unos y otros a la negociación birregional. A ello debe sumarse en el panorama más actual la disparidad de caminos efectivizados en el plano concreto de la negociación birregional: i) la concreción de acuerdos bilaterales de libre comercio con México y Chile; ii) avances ya casi definitorios en la negociación entre la UE y Centroamérica; iii) fractura de la CAN en la negociación del acuerdo comercial, con una negativa frontal de Bolivia, avances acelerados de Perú y Colombia y una postura diversa y heterodoxa de Ecuador; y iv) grandes bloqueos para avanzar de modo concreto en los acuerdos con MERCOSUR y con Venezuela.
EL ALBA Y SU ALTERNATIVA BOLIVARIANA Un ejemplo singular para estudiar los vínculos entre el cambio político y las diferentes estrategias de inserción internacional de los países latinoamericanos lo constituye el ejemplo de la inicialmente llamada “Alternativa Bolivariana
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Tomado de la Tesis doctoral de Valeria Marina Valle Lomuto, presentada en el 2008 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en su Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, bajo el título Las negociaciones del acuerdo de Asociación Interregional entre la Unión Europea y el Mercosur. Agradecemos a la autora la posibilidad de consulta de esta muy buena tesis, todavía inédita.
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para los Pueblos de Nuestra América” (ALBA), la que a partir de su Séptima Cumbre Extraordinaria del 24 de junio del 2009 comenzó a denominarse “Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América”18. La consideración específica de este bloque se justifica en el hecho de que, como en ninguno de los otros casos de procesos de integración regionales en el continente, el cimiento de esta iniciativa es nítidamente ideológico. La propuesta del ALBA fue formulada por primera vez por el Presidente venezolano Hugo Chávez, en ocasión de la III Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, celebrada en la isla de Margarita el 11 y 12 de diciembre de 2001. En aquella oportunidad, Chávez incorporó en su discurso varias definiciones distintivas del emprendimiento: “Ese modelo neoliberal no puede ser la base ni el marco para nuestros modelos de integración. No puede ser, es imposible que nosotros pongamos por delante para integrarnos, a la economía. No es la economía la que nos va a integrar y menos nuestras economías llenas de debilidades, de vulnerabilidades. No. Creo que se impone de nuevo lo que pudiéramos llamar la revancha de la política, que la política vuelva a la carga y que tome la vanguardia de los procesos de integración. (…) Queremos un modelo que nos integre de verdad. No un modelo que nos desintegre, que integre a unos a expensas de la desintegración de otros, ese no puede ser el camino, por tanto con mucha modestia y humildad proponemos desde Venezuela, a los caribeños y a los latinoamericanos que vayamos pensando de una buena vez en otra alternativa porque esa creemos que no es posible. Y es cuando se nos ha ocurrido lanzar una propuesta, que pudiera llamarse el ALBA, Alternativa Bolivariana para las Américas”.
La propuesta de Chávez surgía como una clara contestación al proyecto del ALCA, impulsado desde los EEUU como política de liberalización comercial orientada a todo el continente y que sería formalmente rechazada, como se ha anotado, en la Cumbre de Mar del Plata realizada en noviembre del 2005, por todos los países del MERCOSUR y Venezuela. La propuesta finalmente se concretó y se puso en marcha el 14 de diciembre de 2004, al realizarse en La Habana la primera Cumbre formal del ALBA. En aquella oportunidad, Chávez por Venezuela y Fidel Castro por Cuba firmaron la Declaración Conjunta para la creación del ALBA y su correspondiente Acuerdo de aplicación. Desde entonces hasta el momento se han realizado nueve Cumbres (la última de las cuales se realizó en La Habana el 13 y 14 de diciembre de 2009). Actualmente integran el bloque nueve países, que han firmado su adhesión: por orden de incorporación son Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Mancomunidad de Dominicana, Honduras (cuyo nuevo gobierno tras el golpe de Estado que destituyó al Presidente Zelaya se acaba de retirar del pacto), San Vicente y las Granadinas, Ecuador, Antigua y Barbuda. En el portal de la organización se definen de este modo las bases constitutivas del bloque y sus “principios rectores”:
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Toda la información que sigue ha sido tomada del portal del ALBA www.alianzabolivariana. org
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“El ALBA, en tanto que alianza política estratégica tiene el propósito histórico fundamental de unir las capacidades y fortalezas de los países que la integran, en la perspectiva de producir las transformaciones estructurales y el sistema de relaciones necesarias para alcanzar el desarrollo integral requerido para la continuidad de nuestra existencia como naciones soberanas y justas. (…)El ALBA se sustenta en los principios de solidaridad, cooperación genuina y complementariedad entre nuestros países, en el aprovechamiento racional y en función del bienestar de nuestros pueblos, de sus recursos naturales —incluido su potencial energético—, en la formación integral e intensiva del capital humano que requiere nuestro desarrollo y en la atención a las necesidades y aspiraciones de nuestros hombres y mujeres”19.
A lo largo de sus cinco años de vida, el ALBA ha impulsado distintas iniciativas que refieren con mucha nitidez las particularidades y la identidad ideológica de su modelo de integración diferente. Ha impulsado por ejemplo los llamados Tratados de Comercio de los Pueblos (TCP), en manifiesta contradicción con los TLCs impulsado en clave bilateral por los EEUU. Así son definidos este tipo de acuerdos: “Son tratados de intercambio de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los pueblos. Se sustentan en los principios de solidaridad, reciprocidad, transferencia tecnológica, aprovechamiento de las ventajas de cada país, ahorro de recursos e incluyen convenios crediticios para facilitar los pagos y cobros. Los TCP nacen, para enfrentar a los TLC, Tratados de Libre Comercio, impuestos por Estados Unidos, que conducen al desempleo y la marginación de nuestros pueblos, por la destrucción de las economías nacionales, a favor de la penetración del gran capital imperialista”.
En sus documentos conjuntos, los Estados parte del ALBA manejan los conceptos de proyectos y empresas “grannacionales”, definidos en contraposición a la idea de “proyectos y empresas transnacionales”. De manera expresa, afirman una común visión ideológica sustentada en una “concepción crítica acerca de la globalización neoliberal, la necesidad del desarrollo sustentable con justicia social, la soberanía de nuestros países y el derecho a su autodeterminación, generando un bloque en la perspectiva de estructurar políticas regionales soberanas”. Entre los “proyectos grannacionales” que hoy se formulan en distintas etapas de maduración, figuran: el Banco del ALBA, el proyecto Grannacional de Alfabetización y Postalfabetización, el ALBAMED (con su buque insignia del venezolano Telesur), el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE), considerado este último como primer paso hacia una moneda común, entre otros. En cuanta su institucionalidad básica, el ALBA cuenta con una estructura básica, cuya máxima autoridad es el Consejo de Presidentes del ALBA-TCP. También existe un Consejo de Ministros que está constituido en las áreas política, social y económica, al que se suman el Consejo Ministerial de Mujeres del ALBA-TCP (para asegurar la transversalidad de género en todos los instrumentos de integración) y el Consejo de Movimientos Sociales (en el mismo nivel jerárquico, actualmente en fase de instalación).
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El último párrafo está tomado en forma textual del documento político de la V Cumbre del ALBA.
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Como se observa, en sus definiciones, en sus proyectos y hasta en su institucionalidad, el ALBA apuesta a un modelo de integración diferente, con bases de afinidad ideológica manifiesta y propuestas en donde los ejes del comercio y de las políticas públicas regionales se interpretan de modo muy diferente a como se lo hace en el resto de los procesos de integración latinoamericanos, incluido el MERCOSUR. También los países del ALBA actúan como bloque en materia internacional, a través de pronunciamientos y acciones articuladas en los escenarios internacionales. A este respecto, por ejemplo, en la última Cumbre de La Habana de diciembre de 2009, se saludaron las victorias electorales de Evo Morales en Bolivia y de José Mujica en Uruguay; se reiteró “la más firme condena al golpe de estado perpetrado en Honduras el 28 de junio de 2009” y en consecuencia, se rechazó la legitimidad del proceso eleccionario posterior en ese país; se ratificó la más firme convicción sobre la necesidad de que América Latina y el Caribe constituyan “una región libre de bases militares extranjeras”, reafirmando “que es inaceptable utilizar la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo internacional como pretexto para el incremento de la presencia militar norteamericana en la región, y que el verdadero objetivo de esta presencia es el control de los recursos económicos, el dominio de los mercados y la lucha contra los cambios sociales en curso por parte de los gobiernos y las fuerzas progresistas”, en una clara alusión a lo sucedido en Colombia; entre otras declaraciones similares. No se comprende el proyecto del ALBA sin asumir el protagonismo y el liderazgo principales de Hugo Chávez en todo el emprendimiento. Desde la fortaleza otorgada por una renta petrolera en alza por los precios del barril de crudo de los últimos años, el presidente venezolano ha desarrollado el proyecto de un protagonismo internacional muy fuerte, en el que concurren su impulso al ALBA, sus iniciativas de articulación con potencias extra zona como Irán, Rusia o Corea del Norte, su fuerte alianza con la mayoría de los países árabes, su condena permanente a las posturas de los EEUU y una presencia muy preactiva en los escenarios multilaterales. En el campo de sus iniciativas más referidas al campo latinoamericano, Chávez combina distintos movimientos: un apoyo incondicional a Cuba (a la que respalda económicamente en los actuales momentos muy difíciles para la isla); la concreción de un eje ideológico-político que asocia en especial un bloque unificado entre Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua; el abandono de la CAN y el pedido de un ingreso acelerado al MERCOSUR (que como vimos ha tenido un trámite azaroso y que aun no ha concluido); una política de presencia y proactividad política y económica en todo el continente, buscando afirmar (hasta el momento con suerte relativa)20 un liderazgo de proyección continental; una política de confrontación abierta con gobiernos (entre los que destaca su contencioso permanente con la vecina Colombia de Uribe) y
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Véase a este respecto las mediciones del latinobarómetro acerca de la evolución de la popularidad del presidente venezolano en la opinión pública de 18 países latinoamericanos.
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fuerzas políticas asociadas en general a la derecha y a posturas de afinidad con los EEUU; entre otros. En ese marco, el futuro del ALBA tiene una fuerte dependencia respecto a la suerte del gobierno de Chávez y en particular con la solidez de sus recursos petroleros. Su sustento fuertemente ideológico requiere asimismo de la permanencia de los actuales gobiernos de los Estados partes, no pudiendo soportar una derrota electoral de los mismos. En ese sentido, a diferencia del MERCOSUR o de la UNASUR, el ALBA constituye un bloque de gobiernos afines pero no ha alcanzado (y es difícil que lo haga) el nivel de un acuerdo institucional entre Estados. La afirmación antiimperialista del ALBA se pudo arraigar muy especialmente en contra del gobierno ultrista de Bush en los EEUU y se beneficia con el vertiginoso desencanto que producen las omisiones y también algunas acciones de la Administración Obama, que hacia la región —por lo menos hasta el momento— no ha generado iniciativas de cambio efectivo. La legitimidad de los procesos políticos que expresan los gobiernos actualmente integrantes del ALBA es asimétrica: no es lo mismo la Venezuela de Chávez o la Nicaragua de Ortega que el Ecuador de Correa y, sobre todo, que la Bolivia de Evo Morales. Pero no cabe duda que el liderazgo del bloque lo ocupa Chávez y eso impregna al conjunto. ¿Qué futuro tiene en el contexto internacional y regional las proyecciones externas de un liderazgo tan personalizado como el de Chávez? Parece evidente que la Unión Europea no apuesta hacia allí y también resulta bastante claro que Brasil, en cualquier hipótesis, apunta sus prioridades en otra dirección. En suma, el horizonte de inserción internacional del ALBA como bloque resulta poco auspicioso.
LOS RUMORES SOBRE LAS EVENTUALES ALTERNATIVAS “BILATERALES” DE BRASIL De todos modos, aunque por razones bien diferentes, esto último señalado en relación al ALBA no resulta muy distinto de lo que podría decirse de la situación de los otros bloques del continente. Parece evidente que el MERCOSUR, por ejemplo, debería retomar con vigor la búsqueda afanosa de acuerdos con países y bloques externos a la región. Sus logros positivos en esta dirección realmente son escuálidos: apenas un acuerdo con Israel en casi 18 años de vida del bloque desde el Tratado de Asunción de marzo de 1991. El escaso dinamismo y la falta de logros en la agenda exterior del bloque empuja actualmente a sus socios (en especial a los más pequeños pero no necesariamente sólo a ellos) a intentar los acuerdos ante terceros por la siempre riesgosa (y a menudo tentadora) vía bilateral. En un escenario en el que convergen rumores sobre apuestas bilaterales y emergen grandes dificultades en el bloque Mercosur para asumir una postura común en los escenarios de la negociación internacional, dentro de un marco general de gran inestabilidad en la escena internacional, los trascendidos sobre
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la posibilidad de un movimiento fuerte de Brasil en esa dirección comienzan a sucederse. En un artículo firmado por Silvia Naishtat en la edición del influyente “Clarín” de Buenos Aires del 8 de octubre de 2008, se señalaba sobre ese particular: “Desde que existe, la Unión Europea cocinó todo tipo de acuerdos. Pero algo pasa con el Mercosur. Después de una negociación que ya lleva 12 años aún no puede cerrar el trato. Sin embargo, en Bruselas no se dan por vencidos y en diciembre firmarán un ambicioso protocolo. La novedad es que será sólo con Brasil. Lo que se estaba armando con el Mercosur era considerado emblemático ya que se trata de establecer una zona de integración política, comercial y de cooperación entre dos bloques económicos. Básicamente permitía acceder al codiciado mercado europeo. Además, tenía un significativo contenido político ya que la región se considera bajo el ala de influencia de EE.UU. Se barajaron varios tipos de recetas pero todo terminó en fracaso. Fuentes de la cancillería francesa, que hoy ejerce la presidencia de la Unión Europa, lo atribuyen a que el Mercosur no tiene instituciones y posee varias voces. Lo cierto es que Brasil se convirtió en el gran referente y pese a la crisis que lo sacude firmará un acuerdo con la Unión Europea en el que por ahora se excluye la parte comercial pero incluye la cooperación. Para la Argentina es un sacudón. Después de los países del Mercosur a los que se destina el 22% de las exportaciones, la Unión Europea es el segundo en importancia con el 20%. En París reprochan la posición de Buenos Aires en la ronda Doha de la Organización Mundial de Comercio. El gobierno de Cristina Kirchner “prefirió proteger a su industria. Brasil con un sector industrial más desarrollado se alió con Europa en la negociación”, señalaron. Por lo visto, tendrá su premio. “Brasil busca ser un actor global, no es considerado uno más en la lista”, dijo Olivier Dabene, del Instituto de Estudios Políticos de París. Gerald Martin, de la Cancillería gala, intentó bajara decibeles y habló de acuerdos vigentes como el que refuerza las estadísticas del bloque curiosamente a cargo de la Argentina”21.
Pese a que el pronóstico finalmente no se cumplió y a que los desmentidos sobre este tipo de anuncios se suceden, tanto por parte del Presidente Lula como de las autoridades de la Unión Europea, y a que hay informaciones que se orientan en un sentido absolutamente opuesto, más allá incluso de los rumores, lo cierto es que de un análisis objetivo de la coyuntura no podría descartarse la eventualidad de una iniciativa de este tipo, que por cierto, de confirmarse, resultaría devastadora para el futuro del Mercosur y de las otras experiencias integracionistas latinoamericanas. Sería por lo menos ingenuo no advertir que no faltan razones para que desde la Unión Europea y desde Brasil haya quienes estén pensando en este tipo de estrategias. Pero si no es nada descabellada la idea al menos como hipótesis de análisis, ¿constituiría la mejor opción en los actuales contextos? A nuestro juicio, cabe ponerlo fuertemente en cuestión. En un extenso reportaje al Presidente Lula publicado también por “Clarín” el 7 de septiembre de 2008, se le inquirió precisamente a propósito de las versiones que indicaban que luego de las últimas reuniones de la Ronda de Doha, Brasil habría optado por “jugar en solitario” en la escena internacional. El primer mandatario norteño se esforzó en desmentir en forma tajante esa posibilidad: “No existe esta posibilidad. Primero porque personalmente creo, trabajo y apuesto a la integración de América del Sur y con más empeño todavía en el fortalecimiento del Mercosur. (…) Segundo, como dije en
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Naishtat, Silvia, “Brasil, el socio elegido por París y Bruselas. Cae el acuerdo entre Europa y el Mercosur”,Clarín, Buenos Aires, 8 de octubre de 2008.
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el seminario que se hizo en Buenos Aires, es muy importante que Brasil y Argentina no se miren como competidores, sino como socios. (…) En función de esa realidad argentina, Brasil tiene conciencia del papel que juega en la Ronda de Doha y de cómo combinar eso con la cooperación con Argentina para su recuperación industrial. Por eso, no existe ninguna hipótesis ni posibilidad de que Brasil se juegue sólo. Brasil tiene claridad que su relación con Argentina, cuanto más armónica y más productiva sea, más contribuirá para fortalecer el Mercosur y la integración sudamericana. (…) No debemos ver, en nuestras divergencias, situaciones de conflicto sino situaciones de diferencias; diferencias económicas y de potencial industrial. Vea, cuando Brasil estuvo dispuesto en la Ronda de Doha a realizar un acuerdo con los términos negociados para agricultura y productos industriales, es porque el país estaba dispuesto a realizar, en el ámbito del Mercosur, las compensaciones que exigiera Argentina para no tener problemas.(…) Ocurre que Brasil trabajó todo el tiempo teniendo en cuenta que Doha debería tener un instrumento: favorecer a los más pobres del mundo, que dependen casi exclusivamente de la agricultura y con un mercado europeo prácticamente cerrado para ellos. Lo que nosotros queríamos es que ese mercado se abriese un poco”22.
Como señal que las versiones periodísticas sobre este particular reiteran la incertidumbre y las versiones encontradas que se perciben en los medios diplomáticos y académicos, apenas un día después de estas declaraciones del Presidente Lula, en el semanario uruguayo “Búsqueda”, bajo el título de “Crisis global y fracaso de Doha reavivaron interés de Unión Europea en un acuerdo político y comercial con el Mercosur”, el periodista Edison Lanza señalaba, como enviado especial a Bruselas para realizar un informe acerca de las opiniones prevalecientes a nivel de las autoridades comunitarias: “La Unión Europea (UE) tiene un alto “interés político y económico” en cerrar “un acuerdo birregional equilibrado y amplio” con el MERCOSUR, porque pese al estancamiento de este último, se lo considera un proceso de integración “exitoso” y con potencial de crecimiento, dijo a “Búsqueda” Ángel Carro Castrillo, director general de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea y jefe de la Unidad MERCOSUR y Chile de ese organismo, durante una reunión con periodistas de América del Sur que tuvo lugar en Bruselas. (…) El fracaso de la ronda de Doha, la crisis financiera mundial y el comienzo de un período de recesión en Europa, parecen haber acicateado a la burocracia de Bruselas en la búsqueda de ampliar los mercados y desempolvar la dilatada negociación con el MERCOSUR, que hasta el momento se mantenía en el congelador y va rumbo a cumplir una década. “Ahora hay más razones económicas que antes, porque podemos superar el percance juntos”, confió una fuente de la “capital” de Europa”23.
Por cierto que en este terreno de la opinión también cabe la pluralidad de visiones. Daremos la nuestra. La Unión Europea puede en clave de realismo encontrar razones para retomar con más fuerza y audacia la iniciativa en el campo de las relaciones inter-bloques, más allá incluso —como vimos— que su ampliación reciente con la incorporación de doce nuevos socios sin duda que reorienta las prioridades y dificulta aún más las negociaciones birregionales. En
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Cantelmi, Marcelo; Kirschbaum, Ricardo y Gosman, Eleonora (Brasilia, Enviados especiales), Lula, en exclusiva con Clarín: “No existe ninguna hipótesis de que Brasil se juegue solo”, Clarín, Buenos Aires, 7 de septiembre de 2008. “Búsqueda”, Montevideo, 9 de octubre de 2008, p. 7. “Crisis global y fracaso de Doha reavivaron interés de Unión Europea en un acuerdo político y comercial con el Mercosur.”
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el sentido de la necesidad de apostar a la oportunidad de relaciones más fuertes y renovadas pesan sin duda con especial vigor los factores políticos. Existe un peligro común a ambos bloques en la consolidación —por acción u omisión, en el estilo de Bush o desde la decepción que hasta el momento produce la inacción de Obama— del unipolarismo norteamericano y del nuevo “capitalismo sin reglas”, cada vez más excluyente e imprevisible en sus consecuencias. Como vimos, pueden visibilizarse temas globales de agenda compartida y, en algunos casos, de impacto inmediato. En más de una oportunidad ha podido reforzarse la noción de la reciprocidad de intereses en diversas áreas. Asimismo, la alternativa de la sensatez (que sin duda pasa por una profundización de vínculos de todo tipo) encuentra el antecedente favorable de la implementación creciente de estilos de cooperación más dialogada y respetuosa. En esa precisa dirección, los obstáculos a vencer, que muchas veces se refieren a prácticas concretas y más o menos formalizadas, son en verdad múltiples. En ese sentido, por cierto que no ayuda, como ya se ha dicho, la fragmentación y debilidad de los procesos de integración actualmente en curso en América Latina. Tampoco coadyuva en la mejor perspectiva la inclusión de propuestas rígidas en las ofertas europeas respecto al tema de las disciplinas en temas especialmente sensibles (agricultura, propiedad intelectual, compras gubernamentales, normas de competitividad, regulación de servicios, etc.), que mucho hacen recordar a los formatos clásicos de los “TLCs norteamericanos” bilaterales y que ha llevado a varios países del continente (como Ecuador, Bolivia y Venezuela) y a organizaciones sociales latinoamericanas a denunciar la posibilidad de un “ALCA europeo”. El fracaso reiterado de las negociaciones entre los bloques regionales de la región y otros bloques o actores extra-zona consolida la tentación del bilateralismo, con el menoscabo de la estrategia de la negociación bloque a bloque, que siempre ha sido defendida por la Unión Europea para afirmar su postura pro-integracionista. Asimismo y en esa misma línea de privilegiar a los procesos de integración como centros estratégicos de la negociación y de la agenda internacionales, la utilización de procedimientos y estrategias que la propia UE ha confirmado en su proceso (como el reconocimiento de las asimetrías, el tratamiento preferencial de las economías pequeñas, la participación social y la transparencia como claves de la negociación birregional) sería muy importante para ampliar las posibilidades de éxito. Pero resulta bastante obvio que no se pueden exigir estos comportamientos “virtuosos” y “sensatos” a la Unión Europea cuando en América Latina priman la fragmentación, la dispersión, cuando no la perplejidad en relación a las prioridades y objetivos centrales en temas clave como integración y estrategias compartidas de inserción internacional.
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RAZONES E INCERTIDUMBRE Hace algunos años las expectativas y el fervor integracionista en la región, en especial en el MERCOSUR, originaban especulaciones y pronósticos mucho más auspiciosos que los actuales. Pensemos por ejemplo en los anuncios y proyectos que siguieron a la crisis 2001-2002 en el Cono Sur. Los contextos desde entonces hasta hoy han variado dramáticamente. Sin embargo, pese a las circunstancias vividas y a aquellas que están en curso, los “costos” de “salirse” y de no estar en la región siguen siendo mucho mayores. Más allá de los discursos, no parece plausible sostener hoy que, finalmente, las opciones “por la región” o “por el mundo” han devenido dicotómicas. Si ello es así, como creemos, los países del continente no pueden sensatamente implementar estrategias confiables para “estar en el mundo” sin estar “en la región”, o peor aún, “contra la región”. Sin embargo, ¿cómo se resuelve, de la mejor manera y con la urgencia que exigen las demandas de las sociedades de la región, ese cúmulo vastísimo de obstáculos y disonancias que tanto están afectando los procesos de integración regional en América del Sur? Esa interrogación, que tal vez sea la clave primordial de toda estrategia de inserción internacional para los países del continente, como dijimos, requiere de una definición más política que ideológica. No puede resultar un mero resultado presentado como una “consecuencia natural” de la coyuntura, de la geografía, de la historia, de la economía o del comercio. Tampoco esto se resuelve desde la convergencia ideológica de los gobiernos. El diseño de una política exterior y mucho menos las prácticas y estrategias de integración regional y de inserción internacional no pueden verse ni resolverse desde esos “ojos de cerradura”. Su atención adecuada requiere de definiciones políticas consistentes, legítimas desde sus procedimientos de decisión, formuladas como clave transversal de visiones estratégicas de desarrollo y competitividad. Esa es —creemos— la vía más adecuada para los países sudamericanos en procura de encontrar un “lugar” dinámico en un mundo cada vez más complejo e incierto.
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