203_Mayo

June 15, 2019 | Author: María Julia Solovitas | Category: Mauricio Macri, Política, Democracy, Judge, Authoritarianism
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número de mayo de El dipló...

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JOSÉ NATANSON NATANSON PABLO STEFANONI STEFANONI ANDRÉS  ANDRÉS FIDANZA LUCIANA RABINOVICH BRÉVILLE SHERVIN  SHERVIN AHMADI PHILIPPE DESCAMPS DESCAMPS SERGE  SERGE HALIMI BENOÎT BRÉVILLE el dipló, una voz clara en medio del ruido

mayo 2016

Capital Intelectual S.A. Paraguay 1535 (1061) Buenos Aires, Argentina Publicación mensual Año XVII, Nº 203 Precio del ejemplar: $50 En Uruguay: 100 pesos

www.eldiplo.org

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Dossier

JUECES CONTRA POLÍTICOS Los casos de corrupción corrupción en Argentina y Brasil reavivan el debate sobre la judicialización de la política.

Más allá de los Panamá Papers Tomás Lukin Frédéric Lemaire Christian de Brie

La filtración volvió a echar luz sobre los paraísos fiscales fiscales que dan refugio a billones de dólares en todo el mundo. Lejos de constituir una excepción, son sólo una muestra de los mecanismos de los que se vale el poder económico para evadir el pago de impuestos.

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Edición 203 | mayo 2016

Populismo pulismo judicia judiciall por José Natanson

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Alguien recuerda, más allá del caso extraordinario del Juicio a las Juntas, el nombre de los jueces federales de los ochenta, aun de los integrantes de la Corte Suprema? Probablemente ni esos canosos seres nostálgicos que son los alfonsinistas sentimentales logren mencionar a alguno, y en cambio todos sabemos de qué estamos hablando, incluso podríamos reconocer sus caras si cenáramos en los mismos restaurantes, cuando nos dicen Servini, Bonadío, Oyarbide, Lijo. La judicialización de la política, en el sentido de la ampliación de la influencia de los tribunales a zonas antes reservadas a los otros poderes, es una tendencia mundial que, como tal, registra causas múltiples. La primera, positiva, es la ampliación de derechos. En muchos países, sobre todo aquellos herederos de la tradición liberal, el Poder Judicial estuvo básicamente consagrado a proteger la libertad en sentido negativo, es decir la libertad individual y la propiedad privada. Pero en un movimiento que comenzó con el siglo XX y tomó impulso a partir de la segunda posguerra, se fueron sumando a estos derechos elementales los derechos de segunda generación, relacionados con las condiciones de vida, el trabajo y el bienestar de las personas, y luego, desde los ochenta, los llamados “derechos difusos”, aquellos que no refieren a los individuos sino a la sociedad como un todo (a un ambiente ambi ente sano, a la cultura, etc). Con sus matices y destiempos, Argentina acompañó esta tendencia, primero a través de la “Constitución social” del primer peronismo y su principal legado, el artículo 14 bis, y después con la reforma menem-alfonsinista de 1994. El nuevo catálogo de derechos habilitó litigios y demandas vinculados a cada vez más temas, sobre todo a partir de 1983, cuando la recuperación de la democracia abrió la oportunidad para un nuevo protagonismo de los tribunales. Se trata, como sostiene el sociólogo Javier Couso (1), de un fenómeno común a los países de la tercera ola de democratización: luego de años, y en algunos casos –como España, Portugal y, más entrecortadamente, Argentina– décadas de dictaduras, la sociedad comenzó a depositar en los “jueces liberales” la esperanza de una rápida corrección de los desbordes autoritarios de una clase política a la que todavía se consideraba contaminada por el autoritarismo yel populismodel pasado, en líneaconlafamosa celebración deTocqueville acerca del poder de los magistrados como freno a la tiranía de las asambleas políticas. Fortalecidos por una autoestima renovada y, a diferencia de otros poderes del Estado, con sus recursos institucionales intactos, los jueces se pararon sobre esta nueva “cultura de derechos” que crecía conforme se afianzaba la democracia para ampliar su radio de acción hasta abarcar cada vez más aspectos de la vida pública. No todas las conseconse cuencias fueron negativas: un caso claro de activis-

mo judicial positivo es el Juicio a las Juntas y el desborde posterior, que llevó al alfonsinismo a intentar frenar el afán justiciero de los magistrados mediante las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Cada país vivió el fenómeno de manera diferente. La tendencia a la judicialización se aceleró bajo diseños institucionales que propenden a dispersar el poder, por ejemplo con sistemas federales como el nuestro, o que incoporaron nuevos mecanismos legales, como el amparo elevado a rango constitucional en la reforma del 94. Y, más decisivamente, prosperó en aquellos lugares en los que se registró una movilizaciónlegal desde abajo, estructuras especializadas de apoyo para que los organismos de derechos humanos, las ONG o los movimientos sociales canalicen sus demandas ante el Poder Judicial, ya sea en clave progresista (como, digamos, el CELS) o conservadora (como, digamos, el Colegio de Abogados de la Capital Federal). Federal).

consensos multipartidarios multipartidarios con los que han sido designados. Muchos de ellos tienen incluso una larga trayectoria política desarrollada tras bastidores, a punto tal que algunos partidos, c omo el radicalismo, radicalismo, se encuentran notablemente sobrerrepresentados rrepresentados en los tribunales. Pero las consecuencias de la judicialización de la política no se limitan a los riesgos de delegar en el más aristocrático de los órganos de gobierno decisiones que deberían ser adoptadas por los representantes populares. Quizás el problema central radique en que la judicialización no resuelve sino que posterga los conflictos. Más que una consecuencia del afán de protagonismo de los magistrados, la judicialización es, en la mayoría de los casos, una reacción a la dificultad de los dirigentes y los partidos para encontrar respuestas: como sostiene Arrimada, es un resultado del silencio de la política. Casos

Efectos

El Poder Judicial tiene la obligación de proteger los derechos de todos los ciudadanos, por ejemplo los de las minorías impopulares frente a los rutinarios excesos de las mayorías: si el gobernador de una provincia argentina quisiera prohibir el acceso al sistema educativo o de salud a los bolivianos (o peruanos o judíos)probablementetodos coincidiríamos en que la justicia haría bien en prohibírselo. prohibírselo. El problema aparece cuando los jueces avanzan más allá de la estricta protección de los derechos, cuando su rol de “legislador negativo”, en el se ntido de anular decisiones consideradas inconstitucionales, se trastoca en “legislador positivo”; cuando en lugar de controlar las leyes tratan de moldearlas.  ¿Por qué es un problema? En primer lugar, porque los jueces carecen de las herramientas adecuadas para dar respuesta a muchas cuestiones sobre las que suelen expedirse. Su cualidad contra-mayoritaria, en el sentido de que a veces deben ir contra la opinión prevaleciente, deriva del particular estatus que ocupan en el Estado: el Poder Judicial es, como se sabe, el único de los tres poderes cuyos integrantes no son elegidos democráticamente y por lo tanto no pueden ser castigados en la siguiente elección, y es también el único que garantiza estabilidad en el cargo y obliga a sus miembros a contar con un título universitario y manejar los rudimentos de una tecnojerga casi tan oscura e incluso más avinagrada que la de los economistas. Los jueces no están preparados, ni institucional ni doctrinariamente, para resolver muchos de los problemas que se les ponen enfrente: pueden fallar, en las dos acepciones del término, pero no gobernar. Esto no quiere decir que no hagan política, en un sentido u otro. Provenientes en general de un mismo estrato social y a menudo portadores de una misma ideología, los jueces, como sostiene Lucas Arrimada (2), no son extraños al si stema político sino un producto de la política y de los

Por la dispersión institucional que resulta de sus dimensiones continentales, la profundidad de su federalismo y una tradición liberal que ha derivado en una desconfianza casi genética en la con centración del poder, Estados Unidos arrastra una larga historia de activismo judicial, con momentos especialmente conflictivos durante el gobierno de Roosevelt, cuando la Corte Suprema intentó frenar buena parte de la legislación del New Deal hasta que el presidente, fortalecido tras su reelección, amenazó con removerla, y con ejemplos más positivos en los fallos de la “Corte Warren” Warren” contra la segregación racial en las escuelas y el transporte. La famosa “advertencia Miranda” –“Usted tiene derecho a guardar silencio, cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra…”– es una garantía establecida en un fallo del tribunal. En Argentina, luego de décadas en las que el Poder Judicial acompañó bastante pasivamente a los diferentes gobiernos, la judicialización de la política se ha convertido en un fenómeno cotidiano, comprobable con una rápida lectura de los diarios. Su cuantificación es difícil pero no imposible: en “La Corte Suprema frente al gobierno” (3), Gustavo Arballo analizó 502 casos “políticamente perfilados”, definidos como aquellos que forman parte de la agenda de debate público, resueltos por la Corte Suprema entre 1984 y 2013, y llegó a la conclusión de que se ha registrado un aumento significativo en la última década. En todo caso, una simple revisión de la historia reciente confirma que iniciativas políticas del Poder Ejecutivo apoyadas por amplias mayorías legislativas pluripartidistas –el tratado del Beagle durante el alfonsinismo, las privatizaciones durante el menemismo y la Ley de Medios durante el kirchnerismo– terminaron definiéndose, en algunos casos por penales, en la Corte Suprema, lo que nos pone ante la situación un poco incómoda de aceptar la legalidad de decisiones que muchas

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Staff  Direc Director: tor: José Natanson Redac Redacción ción Carlos Alfieri (editor) Pablo Stancanelli (editor) Creusa Muñoz Luciana Garbarino Laura Oszust Lucía Gradel (pasante) Secre Secreta taria ria Patri Patricia cia Orfi Orfila secre secreta taria@el ria@eldi diplo.org plo.org Correc Corrección ción Germán Conde Alfredo Cortés

No sólo sólo  Ma  Mani Pul Pulite

Diagramación Cristina Melo

veces no compartimos. Y en este sentido resulta interesante señalar que la impugnación judicial partió, en estos tres Editorial casos y en muchos otros, de los partidos que habían perdido el debate parlamentario, lo que confirma que los principales responsables de la judicialización de la política casi siempre son… los políticos.  Y hay, hay, finalme finalmente, nte, ejemplos ejemplos de una exextravagancia caribeña. En Brasil, la justicia justici a se atribuyó el derecho a frenar una decisión tan ostensiblemente política como la designación de un ministro (Lula, que no pudo jurar como jefe de la Casa Civil) con el argumento de que el cargo le daría herramientas para evitar los procesos en su contra. En Argentina, ante la imposibilidad del kirchnerismo y el macrismo para coordinar de manera razonable la transferencia del mando, una jueza (Servini de Cubría) decidió que los constituyentes habían sido tan descuidados como para dejar acéfalo al país durante una noche, la que media entre la entrega del bastón presidencial y la jura del nuevo mandatario, lo que derivó en la festejada presidencia de ese ícono de las redes sociales en que se ha convertido el sereno, educado y sobrio Federico Pinedo. Un juez ahí

Por estos días el activismo judicial encuentra su costado más melodramático en la corrupción, que reaparece crónicamente cuando un ciclo político se apaga con su minuto a minuto de denuncias, arrestos y confesiones. Es, en cierto modo, inevitable. Desde el momento en que la personalización de la política concentró el foco de la atención pública en los dirigentes antes que en los partidos o los programas, la reputación personal se transformó en un capital decisivo, y los esfuerzos por demolerla a base de escándalos, en un recur so esencial. Sin embargo, como demuestra la secuencia italiana de Mani Pulite-crisis de representaciónBerlusconi, no siempre el ideal higienista conduce al destino esperado, lo que no implica desde luego que haya que evitar los procesos, sino simplemente prevenir sobre sus consecuencias. Porque si los  jueces ganan poder entonces la reacción natural de los políticos será intentar influenciarlos. Las caras de la luna son dos: la judicialización de la política lleva a la politización de la justicia. g

Cola Colabo bora rado dores res loca locales les Jorge Argüello Fernando Bogado Nazaret Castro Julián Chappa Imelda Duffard Marcelo Falak Andrés Fidanza Bruno Fornillo Federico Lorenz Tomás Lukin Ariel Pennisi Luciana Rabinovich Josefina Sartora Ilustrador Gustavo Cimadoro Traduc Traducto tores res Julia Bucci Georgina Fraser Teresa Garufi Aldo Giacometti Florencia Giménez Zapiola Víctor Goldstein Patricia Minarrieta Bárbara Poey Sowerby Gustavo Recalde María Julia Zaparart Carlos Alberto Zito Diseño original Javier Vera Ocampo Producción y circulación Norberto Natale Publicidad Maia Sona [email protected] [email protected] www.el www.eldi diplo.org plo.org Fotocromos e impresión: Rotativos Patagonia S.A. Aráoz de Lamadrid 1920, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le Monde diplomatique es una publicación de Capital Intelectual S.A., Paraguay 1535 (C1061ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, para la República Argentina y la República Oriental del Urugu ay. Redacción, administración, publicidad, suscripciones, cartas del lector:  Tel/Fax: (5411) 4872 1440 / 4872 1330 E-mail: [email protected] En internet: www.eldiplo.org. Marca registrada®. Registro de la propiedad intelectual Nº 348.966. Queda prohibida la reproducción de todos los artículos, en cualquier formato o soporte, salvo acuerdo previo con Capital Intelectual S.A. © Le Monde diplomatique y Capital Intelectual S.A. Distribución en Cap. Fed. y Gran Bs. As.: Vaccaro Hermanos y representantes de Editoriales S.A. Entre Ríos 919, 1º piso. Tel. 4305 3854, C.A.B.A., Argentina. Distribución en Interior y Exterior:  D.I.S.A., Distribuidora Interplazas S.A. Pte. Luis Sáenz Peña 1836, Tel. 4305 3160. CF. Argentina.

La circulación de Le Monde diplomatique,

edición Cono Sur, del mes de abril de 2016 fue de 25.700 ejemplares.

Capital Intelectual S.A. 1. “Consolidación democrática y Poder Judicial: los riesgos de

la judicialización de la política”,  Revistade Ciencia CienciaPolítica Política dela

Universidad Diego Portales, Vol. XXIV, Nº 2, Santiago de Chile, 20 04. 2. “Los jueces como actores estratégicos”,  Infobae  Infobae, 25-8-2014. 3. Ponencia preparada para el XII Congreso Nacional de Ciencia

Política, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 12 al 15 de agosto de 2015.

© Le Monde diplomatique , edición Cono Sur

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1-3 rue Stephen-Pichon, 75013 París Tél.: (331) 53 94 96 21 Fax: (331) 53 94 96 26 Mail: [email protected] Internet: www.monde-diplomatique.fr

por Pablo Stefanoni*

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n los últimos meses, la política regional se ha judicializado, causando varios problemas a presidentes y ex presidentes: hoy en Brasil y Argentina, ayer en Chile, y no hay que olvidar Guatemala, donde debieron renunciar el presidente Otto Pérez Molina –un general de mano dura– y su vicepresidenta. Este caso es muy significativo ya que, ante la dificultad para enfrentar la megacorrupción generalizada, se apeló a un acuerdo con Naciones Unidas para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Se trata de un mecanismo novedoso con tintes de “extraterritorialidad” que plantea interesantes debates sobre el equilibrio entre soberanía nacional –debilitada a su vez por el propio crimen organizado– y lucha contra la impunidad, a cargo de investigadores no involucrados en las tramas de corrupción del Estado nacional. En este sentido, se puede afirmar que luego de una década en la que las luchas por la igualdad ocuparon la escena ha retornado la corrupción a la agenda pública, con un ímpetu mayor que el de los años noventa. Y en este marco encontramos dos escenarios judiciales reñidos conuna mejor institucionalidad.Por un lado, aparecen los ejemplos en los que el Poder Judicial se vuelve parte de diferentes tipos de conspiración. Es lo que está pasando en Brasil, inmerso en  Mani Pulite Pulite que llevó a la cárcel una versión local del Mani a importantes empresarios, pero donde parte de la  justicia  justicia se encuentra encuentra involuc involucrada rada en el “golpe “golpe blanblando” para sacar a Dilma Rousseff del poder. Por otro lado, hay ejemplos de excesivo control político de la justicia, como puede verse en Bolivia con el “caso Zapata”, en referencia a una ex pareja de Evo Morales acusada de tráfico de influencias. Allí, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, actúa como un militante del oficialismo, eligiendo a quién citar en función de los propios intereses del Poder Ejecutivo, en un episodio que tiene como c ondimento de telenovela la existencia –en duda– de un hijo del presidenteconGabrielaZapata.Otrocasodejudicialización, también enbeneficio del gobierno,es lacondena al líder opositor venezolano Leopoldo López. Allí es posible sostener que López cometió delitos de desestabilización, pero que al mismo tiempo su condena a más de trece años de cárcel fue política. En este contexto, América Latina se debe un debate más profundo sobre las instituciones por fuera del desprecio “populista” al tema –bastaría con que gobierne el pueblo sin importar mucho cómo– y de la doble vara de un liberalismo “republicano” demasiado amigo de las grandes corporaciones. En síntesis: tratar de unir igualdad y decencia pública. Y prestar atención para que no pase, como en Brasil, que los corruptos puedan enarbolar impunemente las banderas de la transparencia. g *Periodista. © Le Monde diplomatique , edición Cono Sur

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Dossier

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El reciente desfile por los tribunales tribunales de personalidades políticas señala la creciente influencia de los jueces sobre la democracia. Si bien la judicialización de la política no comenzó con Carlos Menem, Men em, fue durante su mandato que el fenómeno fenómeno se agudizó. ag udizó. En la actualidad, actualidad, Comodoro Comodoro Py se ha vuelto vuelto el terreno por antonomasia antonomasia en el que se zanjan los conflictos políticos.

La relación entre los gobiernos y los jueces federales

Los reyes reyes de la justi justicia por Andrés Fidanza*

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lguien dejó caer el nombre de un tal Norberto Oyarbide. Fue Jorge Anzorreguy, el hermano de Hugo,  jefe de la SID E menemista. Des patarrado en un sillón de botones y estilo inglés, Anzorreguy prometió: “Norberto es la persona ideal”. Para 1992, Jorge ya se había hecho fama de operador operado r político con peso propio en la Justicia. “Si él no está el día que jurás, tu nombramiento es inválido”, se ironizaba en los Tribunales de los noventa para graficar el tamaño de su poder. “Lo tienen que conocer a Norberto”, insistió Jorge Anzorreguy en la oficina del secretario de Justicia, Elías Jassán, de la que era habitué. h abitué. En la reunión estaban ellos dos y un representante del Ministerio del Interior, a cargo del mítico Carlos Vladimiro Corach. Esa era la tercera pata de la enten-

Sofía Sabsay, Elefante, 1989 (Gentileza Fundación Alon para las artes)

te informal que ponía, sacaba, sugería, negociaba y advertía a los fiscales y jueces federales, mientras el presidente peronista Carlos Menem sobrevolaba livianamente ese asunto, como tantos otros. Si la Secretaría de Justicia, si Corach y la SIDE se ponían de acuerdo, significaba que había luz verde para impulsar la designación de un juez o un fiscal. En ese caso, la agenda político-judicial del día exigía con urgencia dar con alguien confiable para que ocupara la Fiscalía 1, un puesto clave porque tenía (y todavía tiene) competencia sobre los temas electorales. A los 50 años, el abogado Oyarbide no mostraba antecedentes demasiado impactantes: se había recibido de grande, casi a los 30 años; no ha bía escrito ningún artículo, ningún libro, no había sido ni siquiera ayudante en una cátedra universitaria, no había participado de ningún congreso, no había intenta-

do cursar una carrera de posgrado, ni había recibido ninguna mención o felicitación. Sólo acreditaba una larga y burocrática carrera judicial. En 1976, cuatro años antes de egresar como abogado de la UBA, había empezado a trabajar a raíz de un contacto como empleado auxiliar ad honorem –“pinche”, en la jerga– del Juzgado Correccional N° 6 de la Capital Federal. Federal. Esa biografía gris fue la que Jorge Anzorreguy destacó e n favor de Oyarbide, como si se trata ra de un elogio. “Es muy trabajador y es NyC”, explicó.  NyC significa Nacido y Criado en el Poder Judicial. Y amplió su descripción en confianza: “Es un burócrata perfecto, siempre atrás del jefe. Se va a alinear sin problemas”. Ante la insistencia de Jorge Anzorreguy, Anzorreguy, el trío menemista optó por llamarlo: a los veinte minutos,

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apareció un Oyarbide impecable y sumamente nervioso. Las manos le chorreaban de transpiración, al punto de que intentó secárselas sutilmente en el saco antes de saludar a los tres anfitriones. En esa suerte de entrevista laboral, Jassán y el embajador designado por Corach confirmaron la impresión que les había transmitido Anzorreguy. Pero todavía faltaba un filtro determinante: la opinión de Corach. Esa misma noche, el ministro del Interior lo convocó a la Casa Rosada. Nuevamente nervioso y con las manos sudadas, Oyarbide le contó sobre su entusiasmo y sus ganas de quedarse con la fiscalía. Al terminar el encuentro, Corach llamó a su mano derecha y quien lo había representado en la cita del mediodía con Anzorreguy y Jassán y le dijo: “me gustó”. A los pocos meses, Oyarbide era fiscal. Y al año siguiente, ya sonaba como candidato a algo más grande. El 20 de abril de 1994, Menem firmó el pliego para que el Senado lo ascendiera a juez. Pero no cualquier juez: se convirtió en uno de los doce magistrados federales en lo Criminal y Correccional (a sí se titulan), que habitan los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro. Un edificio propio para un fuero distinto de todos los demás: el ú nico que investiga las acusaciones de corrupción contra los funcionarios nacionales actuales y de gobiernos anteriores. Al concentrar el monopolio de la investigación sobre el poder político, esos doce jueces manejan una cuota importante del poder. En realidad constituyen una parte del poder. De los doce, cuatro entraron en los primeros tiempos del menemismo (Oyarbide, Claudio Bonadío, Rodolfo Canicoba Corral y María Romilda Servini de Cubría ); uno durante La Alianza (Sergio Torres); tres fueron designados en 2004, por el recién asumido Néstor Kirchner (Daniel Rafecas, Julián Ercolini, Ariel Li jo), y los otros cuatro ascendieron a jueces durante la primera presidencia de Cristina Kirchner (Luis Rodríguez, Marcelo Martínez De Giorgi, Sebastián Casanello y Sebastián Ramos). Son personajes cada vez más influyentes sobre el rumbo de la democracia. Pero a diferencia de los desafíos y las turbulencias que enfrentan los políticos o los CEO de las grandes empresas, no se someten a la prueba de los votos o de los resultados materiales. No están obligados a capacitarse ni a cumplir horarios demasiado rígidos. Prácticamente no rinden cuentas, no pagan el impuesto a las ganancias y su cargo es vitalicio. Duran en el cargo hasta que se mueran, decidan jubilarse (Carlos Fayt abandonó la Corte Suprema a los 97 años) o los echen de su puesto, algo que rara vez ocurre. La Constitución, a su vez, exige que los abogados cuenten con un ejercicio profesional mínimo de cinco años antes de ser designados jueces. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría no cumple con ese requisito. Tal como Oyarbide en su periplo laboral, muchos acumulan cinco años como abogados recibidos, pero no en el ejercido real de la actividad. Por el contrario, hay un pelotón de jueces federales que no atravesó la experiencia humanizante del cara a cara con la gente con el objetivo de intermediar para resolver conflictos. Bichos de juzgado desde sus inicios, una gran parte de ellos se formó en la cultura del secretismo. Desde pinches, los candidatos a jueces somatizaron la energía deprimente que transmiten las luces de tubo colgadas por ley en los pasillos sin ventanas. Y, en homenaje al Medioevo, incorporaron frases del latín para

imponer distancia. Así, el sistema judicial se replegó sobre sí mismo. Como resultado, jueces, fiscales y secretarios casi nunca vivieron una escena diferente a la que les provee la estructura. Y el sistema judicial no suele ser muy imaginativo en sus propuestas. Pero no todo es un resabio aristocrático en los tribunales argentinos; se trata de un nicho que no pasó de largo a los planteos de la Revolución Francesa. Como contracara optimista, un aire de modernización llegó por vía de los nuevos derechos y garantías. A caballo de cierta sofisticación de la ciudadanía, la institución judicial se volvió (aunque todavía minoritariamente) un lenguaje de derechos: a la vivienda, a un ambiente sano, a un trabajo digno. Así, esta faceta de la judicialización de la política presenta dos realidades: puede redundar en amparos que paralicen las decisiones del Ejecutivo o del Congreso, y a la vez beneficiar a minorías étnicas y sexuales, a los marginados, a los trabajadores informales, a los migrantes, a las víctimas de nuevas y viejas modalidades de violencia ignoradas por los gobernantes. Favores como figuritas

Desde su nominación, hace 22 años clavados, la trayectoria de Oyarbide se volvió una metáfora de lo que suele pasar en el cruce entre política y justicia. En parte gracias a su alto perfil y su excentricidad a cielo abierto, se consagró como el juez más conocido de la Argentina. Cantar y tocar el órgano junto a la Mona Jimenez en un recital, desfilar junto a una vedette por la alfombra roja del festival de cine marplatense, su jopo tipo años cincuenta, su jaquette, su pañuelo y su anillo de diamantes le aportaron un to que especial a su carrera. Aunque no hay que engañarse: todos los jueces son personas, y cada uno tiene un plus más o menos oculto. Sobrevivió a varios escándalos, denuncias, escraches, prejuicios y unos cincuenta pedidos de juicio político en su contra. En 1997, procesó al ex ministro de Economía Domingo Cavallo por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. En criollo, lo acusó de beneficiar desde el Estado a una empresa. Cavallo se había ido del gobierno peleado con más de medio planeta menemista, incluido especialmente su archienemigo: Carlos Corach. De ánimo más bien calentón, el ex ministro de Economía había denunciado que Corach le escribió en una servilleta los nombres de los jueces federales que acataban las órdenes del gobierno de Menem. Según Cavallo, Oyarbide era uno de los que aparecían en ese legendario papel. La servilleta de Corach pasaría a formar parte de los hitos que, dependiendo del momento de la eco nomía nacional, causa furia, indignación moderada o resignación socarrona en el humor de los argentinos. Oyarbide mismo también genera ese efecto. En 1998, la difusión de una cámara oculta en un burdel gay (metodología de extorsión clásica de un sector de la SIDE) amenazó con llevárselo puesto. Al margen de los comentarios homofóbicos que circulaban por aquellos días, a Oyarbide lo acusaron de haber protegido un a red de prostíbulos. Pero tuvo suerte: el 11 de septiembre a la noche, el mismo día en que Al Qaeda tiró abajo las Torres Gemelas de Nueva York, los senadores peronistas lo salvaron. En una sesión que quedó relegadísima y pasó al olvido, las distintas ramas del PJ le evitaron el desafuero.

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En adelante, Oyarbide se ganó el respeto de sus colegas y subordinados por su capacidad de trabajo y su eficiencia en causas comunes o de drogas. En el 10% de las investigaciones restantes, las que podían llegar a perjudicar a los gobiernos de turno (esa tiende a ser la proporción general) fueron su principal talón de aquiles. Ahí se dedicó a intercambiar favores como figuritas. Durante el menemismo, la Alianza y el kirchnerismo, el Consejo de la Magistratura atajó todos los posibles jury en su contra. Ahora, desde hace un par de semanas, Oyarbide ya no es más juez federal. El presidente Mauricio Macri, a quien Oyarbide había procesado en 2010 por un caso de pinchaBichos de juzgado duras telefónicas a dirigentes de la oposición desde sus inicios, porteña, le aceptó la reuna gran parte de nuncia. Evitó así impulun juicio político, tal los jueces se formó sar como le reclamaba su aliada Elisa Carrió con en la cultura del discurso principista.

secretismo.

Elefantes en un bazar

“Nuestro mensaje es que no tenemos rencores”, explica un secretario de Estado macrista, con sonrisa winner  y ademán de abrazo. Sentado en la butaca marrón de su oficina con vista a un extremo de la Plaza de Mayo, el funcionario alterna en automático entre su celular Samsung 6 y tres pantallas de televisión. Mientras en TN aparecen Macri y María Eugenia Vidal en un acto en Quilmes, C5N elige mostrar una repetición de Axel Kicillof rodeado por una nube de movileros, a la salida de Comodoro Py. Acusado por Claudio Bonadío en la misma investigación que Cristina Kirchner en la intrincada causa por el llamado dólar a futuro, Kicillof dijo y ahora vuelve a decir que “todo es una maniobra política”. Sin un gran poder de influencia sobre Comodoro Py, el gobierno presenta su debilidad como virtud. “Aunque suene naíf, nosotros no bajamos línea ni operamos sobre los jueces federales. Y aceptamos la renuncia de Oyarbide porque no tenemos espíritu vengativo”, se jacta el funcionario. Mientras tanto, el macrismo aprovecha la coincidencia de intereses con Bonadío. Oyarbide mantuvo procesado a Macri durante años. Y la Cámara Federal, que nuclea a los otros cinco actores determinantes del fuero, confirmó con énfasis esa decisión de Oyarbide. Sólo el cambio de juez le evitó a Macri sentarse en el banco de los acusados, cuando el juicio oral parecía inminente. Hace dos años, el juez federal más joven de los doce de Comodoro Py, Sebastián Casanello, recibió el expediente, anuló la elevación a juicio y dijo que no había pruebas contra Macri. En diciembre pasado, con Macri ya en condición de presidente, lo sobreseyó. Ahora la Cámara, la misma que le confirmó el procesamiento de Oyarbide, deberá decidir si da marcha atrás o si ratifica su vieja postura. Entre la renuncia de Oyarbide y los operativos judiciales a lo Mani Pulite en contra de los ex funcionarios del kirchnerismo, desde hace semanas que Comodoro Py se convirtió en un hormiguero. Ese rectángulo de cemento abrumador, con diez pisos, mil ochocientas ventanas exteriores y cuarenta mil tubos de �

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Dossier Jueces contra políticos

luz, ubicado cerca del río, quedó bajo la lupa de la prensa y la política. Una parte de los jueces federales que ocupa los despachos de Py busca revancha. Así de simple, sin autoengaños ni comparaciones históricas que le aporten épica a sus decisiones: ni con la Italia de principios de los noventa, ni con el Brasil actual, a pesar de que puedan existir paralelismos de trazo grueso entre las tres situaciones. El juez brasileño Sergio Moro, responsable de la causa por corrupción en Petrobras que arrinconó a Lula e hizo tambalear al gobierno de Dilma, sí se jacta de los puntos en común con el Mani Pulite italiano. En conferencias recientes dijo que tomó como modelo el proceso dirigido por el fiscal Antonio Di Pietro: una investigación que hizo estallar el sistema de partidos y el de convivencia entre política y negociados. En Italia, el Mani Pulite parió indirectamente a Forza Italia, el partido del empresario multimillonario Silvio Berlusconi, como si se tratara de una superación eficientista de la etapa política. En Brasil, el juez Moro hizo carambola. Con el viento de los grandes medios a favor, como el grupo Globo, jaqueó a Dilma Rousseff y puso en crisis al fragmentado sistema de la coalición gobernante. En Argentina, Macri se sirvió del speech honestista, con sueños de judicialización adheridos, para vencer al kirchnerismo. Hasta su triunfo, que una tercera fuerza de tono conservador derrotara al peronismo parecía un delirio o una utopía. “Tanto en la justicia de Brasil como en la de Argentina hay un sector minoritario de jueces que se han metido en lo partidista y, lógicamente, proceden con la torpeza que es inherente a su inexperiencia. Con notoria grosería se puede decir que son elefantes en un bazar”, opina el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni. Para Zaffaroni, la minoría partidizada arrastra a una mayoría silenciosa de jueces y fiscales, quizás de ideología conservadora, pero a su vez honestos y trabajadores. Y el riesgo es que en un futuro no muy lejano la sociedad le pase factura a “la justicia” sin distinciones. El ex supremo pronostica, aunque no en estos términos, una crisis de 2001 focalizada sobre el Poder Judicial.



Marcando la cancha

Cuatro meses después de que el kirchnerismo abandonara la Casa Rosada, un juez encarceló al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, ya condenado por corrupción; otro citó a Cristina Kirchner junto con su último ministro de Economía; Amado Boudou está procesado y en las puertas de un juicio oral, y fue detenido Lázaro Báez, el empresario ligado al ex presidente Néstor Kirchner. Si bien cada caso es distinto, está claro que algunas causas tomaron un envión que hasta hace cuatro meses no tenían. Claudio Bonadío, otro de los jueces promovidos por Menem, pero funcional al kirchnerismo hasta hace un par de años, parece ser el más acelerado del grupo. Siempre temperamental, Bonadío fue militante de Guardia de Hierro y funcionario de Antonio Cafiero en la gobernación bonaerense. “En toda bandita, siempre hay uno más loquito, el que pega primero”, grafica un abogado y ex funcionario que ahora mismo tramita una causa en el juzgado de Bonadío. Dentro del PRO no se ponen de acuerdo sobre qué panorama prefieren para Cristina Kirchner. Meses atrás, Jaime Durán Barba afirmaba: “Sólo el 14% de la gente quiere verla tras las rejas, pero el 86% no”. El riesgo de acorralar judicialmente a la ex presidente es agrandar el mito: el kirchnerismo siempre golpeó más y mejor cuando iba en retroceso. En un contexto de ajustes, inflación alta y despidos, el espectáculo de los kirchneristas desfilando por Tribunales es lo más atractivo que, al momento, el gobierno tiene para ofrecer. Y a la pasada sirve para tapar el caso de los Panama Papers y las sociedades offshore de Macri. A pesar de esa alianza táctica por default, el PRO todavía no logró una interlocución fluida con los distintos sectores de la justicia federal. El ministro de Justicia Germán Garavano no representa lo mismo que Ernesto Sanz. El radical declinó misteriosamente ese cargo tras el triunfo de Macri. La UCR tiene historial en el trato a los jueces. Sabe caminar Py, Tribunales, el Consejo de la Magistratura, las facultades de Derecho de todo el país.

“Esperemos que no sea una reacción, sino un cambio. Sin entrar en los expedientes, creo que en definitiva es algo bueno, y esperamos que sea algo sustentable y no una reacción frente al cambio de gobierno, o incluso ante determinadas propuestas que este gobierno ha impulsado”, advirtió tibiamente Garavano, un ministro resistido por los jueces federales. La mayoría, sobre todo los más veteranos, lo mira con condescendencia. Sospecha que viene a continuar con la línea reformista de Gustavo Béliz, alias “zapatitos blancos” y primer ministro de Justicia de Kirchner. Tanto Béliz, en 2004, como ahora Garavano creyeron que era hora de un recambio en la justicia. El ministro macrista pretende recortar facultades a los  jueces y marchar hacia un régimen acusatorio en el que los fiscales (y ya no aquéllos) realicen la acusación durante todo el proceso. El intento de Béliz, muy similar al actual, nació, fue cajoneado y murió. Se le opusieron los jueces federales y un por entonces desconocido operador de los servicios de inteligencia: Jaime Stiuso. Béliz perdió la pulseada por paliza, y desde 2004 la banda liderada por Stiuso (con el ex integrante de la Auditoría General de la Nación, Javier Fernández, como principal aliado) se consolidó como mediadora en las sombras entre el Poder Ejecutivo y los jueces federales. Durante años, el kirchnerismo tercerizó en ese grupo el rol de la interlocución. Hasta que Cristina Kirchner sospechó traiciones múltiples y echó a todos, empezando por Stiuso. Ahora, el stiusismo merodea la ex SIDE, Comodoro Py y otros escenarios informales de la política. Con guiños internos en las filas del PRO, empieza a volver al poder por goteo, y está a un golpe de teléfono de reconstruir el viejo statu quo. Garavano, por su parte, ya tuvo que hacer una concesión al sistema: postergar la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que fue resistido por gran parte de los jueces. En su primera visita f ormal a Comodoro Py, un mes atrás, convocó a casi todos en un salón del segundo piso: paredes blancas, luz de tubo, sillas de plástico, botellitas de agua mineral y piso de parquet gastado. Sentados en círculo, Garavano fue el único que sonrió para la foto. Les contó que la prioridad del Presidente era luchar contra el narcotráfico y que, por eso, estaba promoviendo el nuevo equipo de jueces: el “fuero boutique”, según el nombre malicioso que le pusieron en Py. El ministro les dijo que era un plan piloto. “¿Entonces es prueba y error?”, chicaneó Canicoba, en lo que fue una sucesión tensa de tiros al pichón de anteojos. Así, el Mani Pulite criollo contra el kirchnerismo también funciona como una muestra de poder hacia el macrismo: un desfile militar, tipo los que organiza Corea del Norte. Porque si bien la pose natural del Poder Judicial es ser oficialista, si se siente amenazado muestra los dientes. Repartidos entre el tercero y el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py, los jueces reinan cada uno en sus despachos atiborrados de expedientes, carpetas apiladas y computadoras antiguas. Son competitivos y tienen menos espíritu de cuerpo del que se les atribuye, salvo que aparezca una amenaza corporativa. Ahí empiezan los llamados, los mensajitos, las intrigas y las visitas conspirativas a los despachos del vecino. “El nuestro es un trabajo solitario. No tenés estructura ni demasiada contención”, afirma un camarista de Comodoro Py, sentado en su oficina con vista al edificio Libertad de la Armada. Puso una foto de Evita en un estante y, en parte por eso, se siente un paria en el ambiente judicial. Si bien no hay un jefe muy definido entre los jueces, muchos identifican a Ariel Lijo como una especie de primus inter pares. Apadrinado en sus inicios por Carlos Corach (a quien sobreseyó en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA), Lijo hoy mantiene una excelente relación con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, otro de los candidatos a liderar desde arriba a la gran familia judicial.

los avala por detrás. Cuando se aprueba el pliego y el gobernante lo firma, ya existe una vinculación”, afirma el abogado Juan Carlos García Dietze, quien tiene una vasta experiencia en el arte de lidiar con la justicia federal. En causas que se mezclan con la política y suelen aparecer en los diarios, como el encubrimiento en el atentado a la AMIA (por la que están procesados y son ahora mismo juzgados Carlos Menem; el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja; el ex  juez del caso Juan José Galeano, y el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, entre otros), García Dietze siempre se pone del lado de las víctimas. Por estos días, García Dietze está a la espera del fallo contra los responsables policiales y políticos de la represión de diciembre de 2001. Él representa a los hijos de Alberto MárSi bien la pose quez, asesinado de un banatural del Poder lazo que le perforó la espalda mientras caminaba Judicial es ser por la avenida 9 de julio. Semanas atrás, se terminó oficialista, si se la etapa de los alegatos en Comodoro Py. En la causa siente amenazado están siendo juzgados tres  jefes de la Policía Federal muestra los y el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov; dientes. por una decisión injusta, según García Dietze, Fernando de la Rúa zafó. “Con los concursos (incorporados a partir de 1999) el sistema mejoró un poco: una bestia peluda quizás no pasa. Pero las designaciones siguen teniendo que ver con la voluntad de un intendente, un gobernador o un presidente. Eso genera una dependencia y la perspectiva de que ese favor se devuelve una vez que el juez enfrente una situación concreta que lo permita. Si eso pasa en una fiscalía de pueblo, se potencia cuando crece la complejidad”, opina García Dietze. Así, si bien el menemismo no inventó el juego de presionar a la justicia, lo llevó a su punto más alto, tanto en la designación de jueces federales como en la conformación de una Corte Suprema adicta. Y algo más: la promoción de jueces sin prestigio, recurso que con Menem se volvió doctrinario, construyó una  justicia débil y muy vulnerable. Pero el gran debut de la justicia permeable al poder ocurrió en 1930, cuatro días después del golpe de Estado de Uriburu. Tras el derrocamiento de Yrigoyen, la Corte Suprema de Justicia redactó una acordada que, sin mayores tecnicismos, legitimaba el primer golpe contra la democracia de la Argentina. “Esta Corte ha declarado, respecto a los funcionarios de hecho, que la doctrina constitucional e internacional se uniforman en el sentido de dar validez a sus actos”, afirmaron los cuatro supremos de aquel entonces. A partir de 1983, la judicialización de la política se convirtió en un proceso irreversible. Los diarios empezaron a mirar a los tribunales, antes que a la Iglesia, el Ejército, los sindicatos o el Congreso. Contrataron periodistas especializados y empezaron a publicar en tapa lo que antes era una breve mención interna: una mera acusación contra un ministro. La pelea del kirchnerismo con el Grupo Clarín consolidó el recurso: una imputación pasó a ser una medida objetiva y suficiente para desprestigiar a un político. La justicia se volvió un espacio en el que se zan jan conflictos provenientes de la política. Los gobiernos ya no pudieron declararse prescindentes: sumaron operadores y entraron de cabeza en el  juego de politizar la justicia. Tras cuatro meses de gobierno macrista, la vuelta de Cristina Kirchner a la escena pública no fue buscada. Al contrario, fue forzada por el juez Bonadío. Y el lugar en el que se realizó el acto confirmó el vigor de la tendencia: los seguidores de la ex presidente le armaron un atril en la puerta de Comodoro Py. g

La judicialización de la política

“Desde cualquier juez de provincia hasta uno de Comodoro Py, siempre hay una estructura política que

*Periodista. © Le Monde diplomatique , edición Cono Sur

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Dossier Jueces contra políticos

La pregunta que cabe formularse ante el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff es si se trata de la primera etapa de una radical campaña moralizadora contra la corrupción del sistema político de Brasil o si se persigue únicamente la eliminación del mismo Partido de los Trabajadores.

Las peculiaridades del proceso brasileño

¿Anticorrupción selectiva? por Marcelo Falak*

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stamos habituados a pensar que las grandes conmociones políticas comienzan siempre con hechos de fuerza militar o con grandes insurrecciones populares. Ya no parece ser el caso en América Latina, donde desde hace varios años son los propios poderes constitucionales los que, respaldados en grupos de interés, se embarcan en agendas de cambio político a través de mecanismos cuando menos opacos. La saga de este tipo de proceso conspirativo comenzó en Honduras en 2009, con la remoción de Manuel Zelaya, y continuó en Paraguay en 2012, con la de Fernando Lugo. Hubo entonces una coincidencia amplia de que ambos casos, por haber sido conducidos en buena medida de espaldas a los respectivos ordenamientos legales, supusieron un nuevo tipo de “golpe blando”. El Brasil de hoy ofrece otro espectáculo, en el que la gradualidad de los pasos formales y la permanente intervención del Supremo Tribunal Federal ante el avance del Legislativo sobre el Ejecutivo impiden hablar apresuradamente de golpe. La diferencia es natural, ya que Brasil cuenta con una trama de intereses más densa y con una sociedad civil más desplegada que las de Honduras o Paraguay. Esto no evita, sin embargo, que se observe allí un contenido político similar, con movimientos e intencionalidades equivalentes. En el caso brasileño, una amplia coalición de organizaciones políticas opositoras al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), una mayoría expresiva de las dos cámaras del Congreso, un sector del Poder Judicial, medios de comunicación predominantes, cámaras empresariales y organizaciones civiles han coincidido desde el inicio del segundo mandato de Dilma Rousseff, el 1° de enero del año pasado, en una campaña con claros fines destituyentes. Primero, a través de un intento de desconocimiento del escrutinio de la segunda vuelta de octubre de 2014. Luego, con su judicialización por supuesta financiación ilegal de la campaña oficialista. Más tarde, intentando vías de juicio político contra la mandataria por las derivacionesdelescándalo enPetrobras.Finalmente, como vemos hoy, debido al presunto crimen de responsabilidad del maquillaje de las cuentas públicas. Mucho se ha hablado del papel cumplido por los mencionados actores en la trama. Menos se ha dicho sobre la acción del Poder Judicial y sus organismos auxiliares. Suele ocurrir que en lo velado anidan los factores más decisivos de un proceso político. Escándalo y pánico moral Si el juicio político contra Rousseff se desarrolla en los palacios legislativo y judicial, su sustento, claro, se encuentra en las calles, tanto en las movilizaciones populares de distinto signo como en el menos tangible “humor social”. A esto último contribuyeron decisivamente una economía que en los últimos

años viró del estancamiento al hundimiento y, de modo privilegiado, la incesante divulgación de hechos de corrupción que, si bien engloban a buena parte de la clase política, se enfocaron mucho más en los funcionarios y aliados del Gobierno. Esto no debe sorprender, en principio, dado que allí recaen las mayores responsabilidades políticas de un país. Sin embargo, hay que señalar que la atención de la prensa y de los estamentos judiciales se encarnizó con todo lo que oliera a PT, generando una extrema tensión. Un proceso que, alguna vez, cabría analizar con un enfoque teórico que le calza a la perfección: el de “pánico moral”, en el sentido modelizado en 1972 por el sociólogo Stanley Cohen con su trabajo sobre las reacciones sociales suscitadas en la Inglaterra de los años 1960 por la irrupción de las tribus urbanas juveniles de los mods  (modernistas) y los rockers (rockeros) (1). En aquel trabajo encontramos todos los elementos de esta actualidad asombrosa: amenaza moral, generación de un “demonio popular” estereotipado por la acción de los medios masivos de comunicación y entrada en escena de los cuerpos represivos y judiciales para poner fin al desvío. Así, cabe una pregunta: ¿La actividad, reciente e inédita, de un sector de la judicatura brasileña contra ciertos actos de corrupción, es indicio de una campaña real contra esos esquemas y contra la financiación ilegal de la política o, en cambio, se trata de un mero ejercicio de justicia selectiva, destinado a convertir a Luiz Inácio Lula da Si lva, a Dilma Rousseff, al Partido de los Trabajadores y, en general, a la izquierda brasileña en un “demonio popular”, operación necesaria para removerlos e inviabilizar su proyecto por un tiempo muy largo? “La respuesta es difícil. No sabemos aún cuál es la conclusión de este proceso. En un sentido, algún tipo de justicia selectiva forma parte de una maduración institucional. Dado que las instituciones brasileñas todavía no son maduras y universales, es natural que se comience con alguna selectividad. La cuestión es si esto irradiará luego a otros casos y se convertirá en norma”, le dijo a Le Monde diplomatique desde San Pablo Mário Schapiro, profesor en la Escuela de Derecho de la Fundación Getulio Vargas. “En general, como en todo primer gran caso, se está verificando una cierta afirmación de la propia capacidad de enforcement, lo que implica algunos excesos. Sin embargo, esas medidas deben ser mo deradas con el tiempo, lo que ya comienza a ocurrir”, añadió el especialista. Dos ejemplos excluyentes, pero no aislados de esos excesos, se produjeron en marzo último, con la “conducción coercitiva” de Lula da Silva para que prestara declaración sobre la supuesta recepción de prebendas por parte de grandes con structoras y con la divulgación de un diálogo telefónico entre él y Rousseff, horas antes de que aquel fuera nombrado jefe de gabinete. Detrás de esos actos,

condenados por numerosos juristas de todas la s tendencias, estaba la firma del juez Sérgio Moro. ¿Qué quiere ese hombre? Tenemos que conocer al hombre del momento. Sérgio Moro es juez federal de Curitiba (estado de Paraná, sur del país) y quien lleva la resonante operación Lava Jato (lavadero de autos). Su imagen de cruzado contra la corrupción lo ha convertido en el héroe de la clase media brasileña y en la bestia negra del PT. Tiene 43 años, imagen prolija y bajo perfil, aunque sus acciones profesionales apuntan a la espectacularidad. Considerado uno de los mayores especialistas brasileños en lavado de activos y delitos contra la administración pública, tiene formación de posgrado en Harvard. Es posible comprender sus pasos a la luz de un viejo artículo que publicó en la Revista del Centro de Estudos Judiciários (N° 26, julio-septiembre de 2004), titulado “Consideraciones sobre la operación Mani Pulite”. En él, Moro analizó el proceso de la Italia de principios de los años 90 y lo sugiere como un ejemplo para Brasil (2). En el trabajo, Moro explica que una operación como esa debe ser llevada a cabo por “jueces de ataque” y que el objetivo debe ir más allá de combatir la corrupción; el verdadero objetivo es “rediseñar el marco político” de un país. Para lograrlo, tienen que combinarse tres elementos: prisiones preventivas, “delación premiada” y divulgación amplia de las operaciones. Las prisiones preventivas prolongadas son cruciales para convertir a los sospechosos en arrepentidos capaces de proveer evidencias imprescindibles en la titánica tarea de probar delitos intrincados e implicar a los peces más gordos. En el caso italiano, “tan pronto como alguien era detenido, detalles de su confesión eran vehiculizados en L’Espresso, en La Repubblica y en otros diarios y revistas simpatizantes” de la campaña. Moro afirma que esa herramienta asegura la pérdida de le gitimidad de una clase política corrupta y esteriliza sus reflejos defensivos. “La deslegitimación, al mismo tiempo que tornaba posible la acción judicial, era alimentada por ella”, sostiene. Todo lo anterior explica que Moro, validado por los tribunales de alzada, haya mantenido a los sospechosos en polémicas y prolongadísimas prisiones preventivas, verdaderas condenas anticipadas. Un ejemplo es el de Marcelo Odebrecht, presidente de la principal constructora de Améri-

Desde el inicio del segundo mandato de Dilma Rousseff se desató una campaña con claros fines destituyentes.

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mo), o una tendencia imparable, producto de un a judicatura más independiente y profesional. “Hay un crecimiento hacia una mayor actuación del sistema, pero la mayor capacidad de investigación sigue concentrada en el juez Moro, lo que se explica por varios factores, entre ellos por su mayor competencia. Entonces, ¿la investigación de la justicia federal de Curitiba es un nuevo patrón o es la excepción que confirma la regla? Eso está por verse”, opinó el jurista de la Fundación Getulio Vargas. Por lo pronto, queda probado que en un país de intereses densamente tramados como Brasil (y antes como Italia) incluso una acción judicial aislada puede generar un tsunami político. ¿Gobernantes de América Latina, uníos? Schapiro agregó que “no hay punto de comparación entre lo que ocurre en el ambiente federal y lo que ocurre en los estados. La oposición gobierna en muchos de ellos, como San Pablo, donde hubo denuncias pero de ningún modo hubo avances similares ni nadie fue preso”. En ese sentido, cabe recordar la saga del llamado mensalão mineiro, un esquema de financiación ilegal de la campaña del gobernador socialdemócrata de Minas Gerais Eduardo Azeredo en 1998. Denunciado hace once años, al calor del mensalao petista (con el que compartía “modus operandi”, financistas e intermediarios), pasó por diferentes instancias y jurisdicciones, y duerme aún el sueño de los (in)  justos. Azeredo fue condenado en primera instancia a veinte años de prisión pero, como todos los demás, podría beneficiarse con una prescripción de la causa.

Sofía Sabsay, Iguana, 1989 (Gentileza Fundación Alon para las artes)

ca Latina y gran eje empresarial del petrolão , que pasó preso casi nueve meses antes de ser condenado a 19 años y cua tro meses de prisión… Eso terminó por quebrarlo y llevarlo a firmar un acu erdo de “delación premiada” que tiene en vilo a buena parte de la clase política brasileña. Si él habla, cae toda la República, se ha dicho. Asimismo, revela por qué el magistrado filtra pinchaduras telefónicas de modo abusivo y por qué lanza sus operativos policiales en “fases”, con nombres rimbombantes, que se convierten casi en una novela televisada a todo Brasil en espectaculares capítulos casi semanales. “En Brasil se encuentran presentes varias de las condiciones necesarias para la realización de una acción  judicial semejante”, señaló Moro en su artículo, que nos ilumina sobre sus motivaciones once años después. Los “riesgos” del republicanismo “En Brasil hay una regla: el Ministerio Público elige tres nombres y el presidente de la República elige al procurador. En ese sentido, los últimos gobiernos marcaron una diferencia muy grande. Desde Lula da Silva se comenzó a avalar como jefe del Ministerio Público al primero de esa terna, es decir que se respetó la elección de los funcion arios de carrera”, le explicó a El Dipló el doctor Shapiro. En efecto, el procurador general de la Repúbl ica, Rodrigo Janot, fue designado por Rousseff siguiendo esos lineamientos en 2013 y confirmado

en agosto del año pasado, ya en pleno petrolão. Su segundo turno llegó después de que fuera votado por 799 miembros de la carrera, contra 462 de su principal competidor, Mario Bonsaglia. De más está decir que Janot, contrariando las sospechas de la oposición política, ha sido un sostén clave de la Lava Jato. Los ruegos de parte del PT para que no fuera confirmado fueron desoídos por la Presidenta, probablemente por el costo político que le habría ocasionado. “Fernando Henrique Cardoso no seleccionaba al primero y por eso en sus mandatos muchos definían al Procurador como el ‘Encajonador General de la República’”, recordó Mário Schapiro. Por otro lado, la Policía Federal fue reestructurada durante el primer mandato de Lula, lo que explica que el número de operaciones anticorrupción que llevó a cabo desde entonces haya sido abrumadoramente mayor que con Cardoso. “Lula y Dilma fueron presidentes más republicanos, sin duda, en el sentido de permitir las investigaciones. Tanto fue así que en los últimos a ños fueron posibles dos grandes casos: el mensalão y el petrolão. En ambos, varios de los principales líderes del Partido de los Trabajadores terminaron presos”, recordó Schapiro. La pregunta que se impone es si la actual ofensiva  judicial constituye un hecho aislado, impulsado por Moro (y apoyado por Janot, la Policía Federal y, hasta ahora, en medio de la presión pública, por el Supre-

Un futuro abierto Muchos apuestan en Brasil a que la eventual caída de Rousseff, de Lula da Silva y del PT significará el fin de los afanes moralizadores. Otros, en cambio, creen que ya no hay vuelta atrás. En caso de que el vice Michel Temer reemplace a la actual mandataria, “es poco probable que se produzca una intervención política contra la operación  Lava Jato, y de hecho no hay mucho para hacer en ese sentido. Lo que importa es si cambia el clima po lítico del país. Se trata de algo que menciona el propio Moro en el artículo que escribió sobre el caso Manos Limpias: el éxito de las operaciones depende del apoyo de la opinión pública, que es crucial para que los tribunales superiores acompañen el proceso. Si hay un cambio de presidente, la opinión pública se puede enfriar y haría que se pierda algo de capacidad de conducción”, indicó Schapiro. El tiempo dará su veredicto. Mientras, la buscada “deslegitimación de la clase política corrupta” amenaza con generar un peligroso daño colateral: la deslegitimación de la política en pleno y, peor, de la propia democracia. Una encuesta de la firma IBOPE, realizada entre el 14 y el 18 de abril, encontró que el 49% de los brasileños se define como “nada satisfecho” con la democracia en el país, un salto inquietante desde el 13% de 2010 y el 22% de 2014 (3). Es más, se puede sumar a aquellos el 34% de los que dicen estar “poco satisfechos”. Por si fuera poco, a un 34% le “da lo mismo” vivir en democracia o no. Moralizar la política, perseguir a los corruptos y sanear el financiamiento electoral siempre es bienvenido. Caiga quien caiga. Corresponde, con todo, que la tendencia sea sostenida y no selecti va. En caso contrario, tal vez el juez Moro deba publicar en algunos años una revisión de su iluminador artículo, en la que dé cuenta de cuál fue el saldo político final de la operación que hoy guía sus pasos: el largo y decadente reinado de Silvio Berlusconi. g 1. Stanley Cohen, FolkDevilsand Moral

Panics. The Creation of the Mods and Rockers ,Paladin,StAlbans,1973.

http://jornalggn.com.br/sites/default/files/  documentos/art20150102-03.pdf  3. http://politica.estadao.com.br/noticias/  geral,democracia-insatisfatoria,10000027368 2.

*Periodista. © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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Brasil está en la mira del mundo entero, no por la proximidad de los Juegos Olímpicos, sino por su profunda crisis política. Un cuestionable proceso de impeachment contra Dilma Rousseff está en marcha, al tiempo que proliferan las denuncias por corrupción, que salpican incluso a las obras olímpicas como el proyecto del Porto Maravilha.

Olimpíadas 2016, negocios inmobiliarios y crisis

Río de Janeiro: una ciudad en disputa por Luciana Rabinovich*

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l asfalto se derrite bajo un sol que, ya a finales de octubre, hace prever otro verano infernal en la cidade maravilhosa. En las playas de Copacabana e Ipanema, cuerpos tatuados y esculpidos por el gimnasio toman sol, juegan al vóley o pasean por la orilla del mar. Bastante más lejos de allí, en el centro de la ciudad, un grupo de niños y adolescentes aprovecha la enorme explanada de la recién inaugurada Praça Mauá –una plaza de cemento ubicada en el corazón de la región portuaria de Río de Janeiro–, para hacer piruetas y zambullirse en las (contaminadas) aguas de la Bahía de Guanabara. La escena aparecía a fines de octubre pasado en la tapa del Jornal O Globo bajo el título de “Desorden en el Nuevo Cartón Postal”, como prueba de las contradicciones que despierta el denominado Porto Maravilha, del que la Praça Mauá se propone como punto de partida. Se trata de una propuesta para “revitalizar” la zona portuaria, un área con un riquísimo patrimonio histórico y cultural, pero que hacía décadas se encontraba descuidada y sub-habitada. A pesar de las buenas (o no tan buenas) intenciones, la ejecución de este proyecto está marcada por escándalos de corrupción y terminó transformando a la ciudad en un verdadero terreno de disputa a lo largo de estos últimos años: concesiones millonarias, lucha por la tierra y el acceso a la ciudad, con numerosas y violentas deslocalizaciones de favelas (1), ocupaciones de edificios vacíos por parte de los sin techo (2), caos de tránsito continuo debido a las eternas obras viales que atraviesan la ciudad de punta a punta y un contexto inmobiliario de paulatino aumento de precios que ha hecho de Río una de las ciudades más caras del mundo (3). Los habitantes de los barrios más pobres de la ciudad, con su modo de habitar el espacio, parecen ser, para el Jornal O Globo, un estorbo para este Río “del futuro”: una ciudad de maqueta, impoluta y perfecta… Una oportunidad única

Río de Janeiro y su región portuaria vivieron una edad de oro, sobre todo entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, cuando, además, la entonces capital del país fue ob jeto de importantes reformas urbanas. Pero la paulatina pérdida de actividad de la zona portuaria hacia mediados del siglo pasado y la construcción de la autopista Perimetral, inaugurada en 1960 (un mons-

afirmaría: “Vivimos un clima de libertad y democracia. En los últimos años, 30 millones de brasileños salieron de la pobreza y 21 millones pasaron a integrar la nueva clase media” (4), haciendo énfasis en el excelente momento de Brasil que justificaba que asumiese la organización de los Juegos de 2016. Fue entonces cuando la Prefectura de Río de Janeiro, a través de un consorcio de empresas privadas, decidió encarar una serie de reformas urbanísticas y de infraestructura, como la construcción de la Ciudad Olímpica, sede de los Juegos de 2016, y el desarrollo del proyecto del PortoMaravilha. Con voz ronca y una expresión de notable agotamiento, Alberto Silva, presidente de la Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (CDURP), la empresa que gestiona y fiscaliza el Porto Maravilha, explicaba en una entrevistaa El Dipló, en noviembre pasado, que la coexistencia de ambos proyectos, la Ciudad Olímpica y el Porto, fue apenas una “feliz coincidencia”. “Las Olimpíadas le dieron a Río una interesante visibilidad en la agenda internacional, y esa fue una gran oportunidad para presentar el Porto Maravilha”. La idea, agrega Silva, es “aprovechar el ‘vacío urbano’ de esa región para experimentar un modelo de ciudad más concentrado”. Sin embargo, las asociaciones de habitantes de los barrios del puerto y el centro de la ciudad ven con desconfianza este discurso, que no toma en cuenta ni la historia ni a los habitantes del lugar, como si se tratara de una terra incognita. En lo que constituye una clara muestra de la complejidad de este proyecto, el arquitecto Pedro da Luz Moreira, presidente del Instituto de Arquitectos Brasileiros (IAB) - sede Río de Janeiro, explica: “Hace una década que Río de Janeiro no aumenta de población. Por eso, creemos que el tipo de urbanización que es promovida hacia Barra de Tijuca (5) es inadecuado. Necesitamos tener ciudades más densas, más compactas y aprovechar para construir en esa área [la región portuaria] que estaba abandonada pero que ya tiene infraestructura. Era muy importante mostrarle al conjunto de la sociedad que no queremos más esa expansión interminable de la ciudad; queremos enfocarnos en el centro de Río”. Una nueva maravilla

Homenaje a la resistencia en la favela Providencia, Rio de Janeiro, 25-08-2008 (Bruno Domingos/Reuters)

truoso elevado de concreto que conectaba el puerto con el resto de la ciudad, pero a la vez obstruía el contacto –y la vista– de los barrios portuarios con el mar), fueron sumiendo esa parte de la ciudad en una profunda decadencia. La transferencia de la capital hacia Brasilia y la consagración de San Pablo como corazón económico acentuaron la pérdida de centralidad de la ciudad de Río de Janeiro y, con ella, de este importante polo económico, ahora en desuso. Desde entonces, el proyecto de reforma de esta valiosa área de la ciudad ha quedado como una tarea pendiente. Fue a comienzos de este siglo, con el anuncio, en 2007, de que Brasil albergaría la Copa del Mundo en 2014 y, unos

años más tarde, con la noticia de que Río sería sede exclusiva de las Olimpíadas en agosto de 2016, cuando surgió la posibilidad de encarar las dilatadas reformas. La bonanza económica y social de aquellos primeros años de la gestión de Luiz Inácio “Lula” da Silva colocaban a Brasil en el centro de atención global, y estos megaeventos deportivos ubicarían al país en la mira de los inversores del mundo entero durante los años venideros. “Para nosotros va a ser una oportunidad única. Va a aumentar la autoestima de los brasileños, consolidar conquistas recientes y estimular nuevos avances”, diría Lula al anunciarse la selección de Brasil como sede de la Copa del Mundo 2014. Más tarde

Antiguamente conocida como la “Pequeña África de Río de Janeiro”, por el puerto de Río de Janeiro entraron a Brasil más de 500 mil esclavos africanos entre fines del siglo XVIII y prácticamente mediados del siglo XIX (véase “El Brasil que nadie quiere ver”). A comienzos del siglo XX surgieron en la “Pedra do sal” –el lugar donde se descargaban los productos traídos del puerto, como la sal– los primeros blocos de carnaval y las rodas de samba. Como centro de asentamiento de las primeras colonias portuguesas, fue el punto de irradiación de toda la actividad económica de la ciudad. La zona portuaria, cuna de la herencia africana, es sin dudas de las más ricas de Río y guarda un importante patrimonio cultural. Sobre este valioso terreno, la Prefectura de Río de Janeiro delimitó un Área de Especial Interés Urbanístico (AEIU), una extensión de 5 mil millones de metros cuadrados que comprende los antiguos barrios Saúde, Gamboa y Santo Cristo. Bajo la figura de lo que se denomina una Operación Urbana Consorciada (6), que se dio a conocer como el Porto Maravilha, la propuesta consiste, según se expresa en la presentación del proyecto, en “revitalizar” la región para alcanzar un mayor desarrollo socioeconómico, crear un polo comercial, lograr un fuerte incremento poblacional y una mejora de las condiciones de vida, a

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la vez que se busca rescatar el patrimonio histórico y cultural, con miras a revalorizar la zona como un centro turístico (7). El proyecto cuenta con un presupuesto de 8 mil millones de reales (aproximadamente 2 mil millones de dólares) y contempla la construcción de túneles, reurbanización de calles, reconstrucción de redes de infraestructura urbana (agua, saneamiento, energía, drenaje, gas natural, iluminación pública y telecomunicaciones), además de ciclovías y ampliación de espacio verde. Entre los objetivos se encuentran la triplicación de población residente en el lugar (pasando de 32 mil a 100 mil en los próximos diez años –combinando poblaciones de todos los niveles de ingreso, incluyendo viviendas populares–), mejora de servicios públicos y transformación de la región en una referencia para la ciudad. Los dueños del puerto

Para llevar a cabo el proyecto, la ya mencionada CDURP, una compañía de capitales mixtos que gestiona y fiscaliza la revitalización del área, contrató a la Concesionaria Porto Novo (un consorcio conformado por las empresas Odebrecht, OAS y Carioca Engenhiaria, hoy denunciadas en la operación “Lava Jato” por esquemas de corrupción vinculados a Petrobras) para ejecutar las obras y brindar los servicios públicos de mantenimiento, con una licencia de quince años. Del total de los 8 mil millones, 4.100 serán destinados a obras de infraestructura y el resto quedará para mantenimiento del área de aquí a 2026. En un complejo entramado de inversiones, la captación de recursos fue operada a través de una herramienta denominada Certificados de Potencial Adicional de Construcción (Cepacs), que genera “derechos adicionales de construcción” en la región, es decir que con estos certificados se aumenta la cantidad de metros cuadrados que pueden construirse en cada terreno. Ante la falta de inversores que quisieran adquirir los Cepacs se decidió que la totalidad de los mismos fuesen licitados en una subasta pública, en un lote único e indivisible, que acabó siendo comprado por la Caixa Económica Federal, una entidad estatal que maneja fondos del Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), una especie de seguro de desempleo (8). Es decir que, ironías del destino, quien está invirtiendo en este lujoso proyecto (por ahora nada de viviendas sociales a la vista) es el conjunto de los trabajadores brasileños. Recientes investigaciones sacaron a la luz un hecho que, en el contexto actual de las “oleadas” de denuncias de corrupción en el seno del Estado y teniendo en cuenta los particulares detalles de la arquitectura de inversiones del Porto Maravilha, no resulta del todo sorprendente: las empresas de la concesionaria Porto Novo, denunciadas por su participación en la operación “Lava Jato”, también estarían siendo acusadas de corrupción por su participación en el Porto Maravilha, al haber sobornado al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (9), para garantizar la liberación de recursos del FGTS para el financiamiento de las obras (10). La situación es todavía más crítica si se tiene en cuenta la crisis que atraviesa el mercado inmobiliario (11), que hace más difícil llevar a buen puerto este proyecto. A pocos meses del comienzo de las Olimpíadas, incluso los emprendimientos comerciales de más alto nivel están frenados y todavía falta completar muchas de las reformas en infraestructura. Recientemente, el diario paulista Folha de São Paulo alertaba acerca de la construcción de varios edificios de alta categoría en la región portuaria, como el Eco Sapucaí, que se encuentran totalmente vacíos (12). Terminar

siendo un enorme elefante blanco sería el fracaso absoluto de este proyecto. Una nueva Rio, ¿para quién?

Parece difícil imaginar que, en una sociedad tan desigual como es aun hoy la brasileña, con distribución inequitativa de renta y una cultura de clases estratificada y fuertemente elitizada, un modelo de ciudad más inclusivo pueda tener éxito. A ese respecto, el arquitecto Pedro da Luz cree que, si bien existe un problema de desigualdad estructural, no hay que desmerecer la capacidad transformadora de la ciudad: “Muchas veces la ubicación espacial puede garantizarle a una franja económicamente frágil el acceso a una posibilidad de progreso, a una mejora en la expectativa de vida. Por ejemplo, en el caso de una familia que vive en un barrio con una escuela de buena calidad, el espacio puede garantizar una transformación. Es necesario que haya una distribución más equitativa de las reformas urbanas: acceso a cultura, educación, ocio, movilidad y trabajo”. En ese sentido, Brasil tiene uno de los Estatutos más avanzados del mundo –el Estatuto de la Ciudad (13)–, que posee instrumentos para balancear desigualdades (penalización de inmuebles vacíos, impuestos progresivos, que evitan el “engorde de la tierra”, etc.), pero que, según Da Luz, no es aplicado por la Prefectura de Río. “No hay previsión de construcción de escuelas, supermercados, panaderías o agencias de lotería”, señalaba, preocupado, Eduardo de Souza Pedro, presidente de la Associação de Moradores e Amigos da Gamboa e Adjacências (Amaga), habitante del barrio de Gamboa y trabajador portuario, el pasado 21 de octubre, durante la realización del seminario “Minha casa é meu Porto”, en la Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Son cuestiones tan simples como cotidianas, ya que es eso lo que, al fin y al cabo, hace a la vida en un barrio. Eduardo de Souza y sus vecinos están preocupados por el aislamiento al que están conduciendo las reformas, con calles

Aeropuerto Internacional Tom Jobim 11km

RIO DE JANEIRO

Porto Maravilha

Maracaná

Aeropuerto Santos Dumont

2km

2km

Corcovado 7km

Copacabana 8km

BRASIL Río de Janeiro

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quebradas durante meses y comercios que deben cerrar ante la imposibilidad de acceso de sus clientes. Eduardo teme también que el alza de impuestos y de alquileres conviertan al barrio en un lugar inaccesible para sus habitantes de siempre: la famosa, y maldita, gentrificación. “Estamos generando una ciudad que es un simulacro de aeropuerto. Se trata de un modelo hegemónico, que reproduce la internacionalización de la ciudad de manera general. Al reproducir ese modelo se está matando la gallina de los huevos de oro: la población autóctona de cada ciudad, que tiene un atractivo y especificidad únicos”, señala Da Luz. Es lo que explica el geógrafo y teórico inglés David Harvey cuando señala que los procesos de revitalización de las ciudades en la actualidad asumen un modelo empresarial y subordinan sus fines a la lógica del mercado (14). Lo que está en juego, hoy, es precisamente un modelo de ciudad (y de sociedad). “Un modelo de sociedad ‘limpia’, vacía y para pocos es en realidad una ciudad insegura. Hay una inercia instalada en la sociedad capitalista contemporánea –con una división espacial de ricos y pobres– que precisa ser revertida, porque a largo plazo esa sociedad estratificada solo genera más violencia, más inseguridad y más exclusión”, advierte Da Luz. Y agrega, “la cuestión es cómo llevar a cabo este proyecto sin que eso expulse a la población actual local, que tanta carga simbólica le ha dado al lugar y que constituye el alma del barrio”. g  1. “Entre 2009 y 2013, 20.299 familias (aproximadamente

67.000personas)fueron removidas–eindemnizadas o relocalizadas– de sus casas por la Prefectura debidoalasrecientesintervencionesurbanaso por el argumento de que viven en zonas en riesgo, segúndatosdelaSecretariaMunicipalde Habitação (SMH)presentadosenellibro SMH2016: Remoções no Rio de Janeiro Olímpico, Mórula Editorial”, El País,Brasil,SãoPaulo,5-8-15(traducciónpropia). 2. “Grupo de sem-teto ocupa mais um prédio vazio na região central do Rio”, Folha de São Paulo, San Pablo, 25-04-15. 3. “PortoMaravilha:planningfor inclusive communitiesinRiodeJaneiro´sPortArea”,Columbia University,Gsapp UrbanPlanningStudio2012. 4.Discursosdisponiblesen www.biblioteca.presidencia. gov.br/ex-presidentes/luiz-inacio-lula-da-silva/discursos 5. Barrio de la zona oeste de Río de Janeiro, que ha experimentadounnotablecrecimientoen laúltima década.Consideradoelcentrofinancierodela ciudad, allíseencuentrantambiénlosmáslujososcondominios. 6. “Conjuntodeintervencionesymedidascoordinadas porelpoderpúblicomunicipalcon laparticipación I i l delospropietarios,habitanteseinversores privados, i con el objetivo de lograr en una determinada área transformacionesurbanísticasestructurales,mejoras socialesy revalorizaciónambiental”,http://www. planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm 7. http://www.portomaravilha.com.br/portomaravilha 8. El FGTS tiene el fin de proteger a los trabajadores despedidossincausa. ConelFGTS,los trabajadores pueden formar patrimonio, adquirir casa propia y tambiénfinanciarprogramasdeviviendaspopulares, saneamientoeinfraestructuraurbana,www12. senado.leg.br/internacional/es/temas/fgts 9. Eduardo Cunha, por su parte, también es acusado de corrupción y lavado de dinero en elescándalodenominado“Petrolao”. 10. Filipe Coutinho, Thiago Bronzatto y Alana Rizzo, “Exclusivo: Eduardo Cunha cobrou R$ 52 mi em propina para liberar dinheiro do FI-FGTS, dizPGR”, RevistaEpoca, San Pablo, 16-12-15, http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/12/  exclusivo-eduardo-cunha-cobrou-r-52-mi-em-propinapara-liberar-dinheiro-do-fi-fgts-diz-pgr.html 11. “Porto do Rio recebe mais R$ 1,5 bi do FGTS”,  Folhade SãoPaulo, San Pablo, 29-9-15, http://www1. folha.uol.com.br/fsp/mercado/234735-portodo-rio-recebe-mais-r-15-bi-do-fgts.shtml 12. “Desertos,prédiosesperamempresasnoRio”,  Folhade SãoPaulo, San Pablo, 25-10-15, http://www1. folha.uol.com.br/mercado/2015/10/1698215desertos-predios-esperam-empresas-no-rio.shtml 13. Véase www.planalto.gov.br/ccivil_03/  leis/LEIS_2001/L10257.htm 14. David Harvey, A produção capitalista do espaço,Annablume,SãoPaulo,2005.

5 km

*Licenciada en Letras y periodista. © Le Monde diplomatique , edición Cono Sur

El Brasil que nadie quiere ver En pleno siglo XXI la ciudad de Río de Janeiro se encontró cara a cara con su historia más silenciada: su pasado esclavista. En el año 2011, durante las obras para la construcción del Porto Maravilha, fueron encontrados restos de lo que se conoce como el Cais do Valongo: el muelle por el que entró medio millón de esclavos africanos a Brasil entre fines del siglo XVIII –momento en que el desembarque fue transferido de la Praça XV al Valongo– y 1831, cuando el tráfico negrero fue abolido. Para los arqueólogos e investigadores se trata del “mayor puerto negrero de las Américas y constituye un lugar emblemático de la diáspora africana a nivel internacional” (1). Pero lo que puede leerse como una serie de hechos fortuitos de descubrimiento está relacionado en realidad con políticas activas de ocultamiento de una parte de la historia con la que Brasil no consigue lidiar ni siquiera hoy. Lo singular del asunto no termina allí. Junto con el Cais de Valongo (construido en 1811) se encontró una estructura posterior: el denominado Cais da Imperatriz, construido en 1843 encima del anterior, tapándolo. El nombre es un homenaje a la princesa Tereza Cristina de las dos Sicilias, quien desembarcaría ese año en Río para casarse con el entonces emperador Don Pedro II. Toda esta área fue aterrada en 1911, cuando la ciudadvivióunaimportantereformaurbana, sepultando así parte de su historia. “Los esclavos fueron olvidados y, más queeso,deliberadamenteapagados,al ser construido sobre el Cais do Valongo el Cais da Imperatriz, en un proceso de superposición fuertemente simbólico. Sobre la escoria humana traída de África fue colocada una princesa europea, una Bourbon, la Princesa de las Dos Sicilias. Ella pisando a los negros” (2), dispara la antropóloga Tania Andrade Lima, coordinadora del equipo de arqueólogos que trabajaba en el lugar en el momento de los descubrimientos. En noviembre de 2011, la zona del Cais, junto con otros sitios arqueológicos encontrados en la zona del puerto, pasaron a conformar el Circuito Histórico y Arqueológico de Celebración de la Herencia Africana, que forma parte del proyecto del Porto Maravilha. Además, el Cais do Valongo es candidato a alcanzar el título de Patrimonio Histórico de la Humanidad otorgado por la UNESCO. Sin dudas este reconocimiento lo tornaría más visible hacia adentro y fuera del país. Tal vez esté cerca el día en que los turistas que visitan la ciudad de Río, además de aprovechar sus playas, disfrutar el carnaval y observar la vista maravillosa del Pan de Azúcar, también se acerquen a conocer la historia verdadera de este complejo país. ¿Será que se aproxima, también, el día en quelasociedadbrasileñacomountodoconsiga confrontarse con su propia historia esclavista y asumir con orgullo su legado afrodescendiente de una vez por todas?. g 1. André Cicalo y Simone Vassallo, “Por onde

os africanos chegaram: o Cais do Valongo e a institucionalização da memória do tráfico negreiro na região portuária do Rio de Janeiro”, Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, Año 21, N° 43, enero-junio de 2015, http://dx.doi.org/10.1590/S010471832015000100010(traducciónpropia). 2. Cita tomada de André Cicalo  y Simone Vassallo,op. cit.

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La política exterior del presidente Obama, aunque contradictoria, rehuyó lo que él llama “las guerras imbéciles” (por negativas en su relación costo/ beneficio) y priorizó formas menos costosas de intervención en el mundo. Los precandidatos republicanos Trump y Cruz coinciden en este punto.

Repliegue estratégico de Estados Unidos

Las guerras de los otros por Benoît Bréville*

Soldados estadounidenses en Irak, 20-12-2011 (Lucas Jackson/Reuters)



Confuso”, “débil”, “indeciso”, “traidor”, “cobarde”, “ingenuo”, “incoherente”, “falto de visión”, “inexperimentado”: durante ocho años, los republicanos no tuvieron palabras lo bastante duras para calificar a Barack Obama y a su política exterior. El presidente habría socavado la grandeza y el crédito de los Estados Unidos al negarse a recurrir a la fuerza. Aunque nunca dejan de recalcar hasta qué punto Obama habría humillado a Estados Unidos, los dos principales candidatos en la palestra en la primaria republicana depusieron en gran medida esos discursos ultras. En diciembre de 2015, Ted Cruz criticó a los “neoconservadores locos que quieren invadir todos los países del planeta y enviar a nuestros muchachos a morir a Medio Oriente” (1). El mismo mes, durante un discurso ante la muy conservadora Heritage Foundation, subrayó el carácter nefasto de las intervenciones norteamericanas apoyándose en el ejemplo libio, para luego añadir: “No tenemos que apoyar a un campo en la guerra civil siria”. Palabras

que sonaban un poco a una frase de Obama: el 10 de septiembre de 2013, el presidente había considerado que el conflicto sirio era “la guerra civil de otro”. Donald Trump tampoco pretende lanzarse en una expedición a Medio Oriente. “Allí gastamos billones de dólares, y la infraestructura de nuestro país está en vías de desintegrarse”, deploró el 3 de marzo. Una vez más, se hubiera creído estar oyendo al actual ocupante de la Casa Blanca: “Durante el último decenio la guerra nos costó un billón de dólares, en un momento en que nuestra deuda se iba por las nubes en tiempos económicos difíciles […]. Es tiempo de concentrarnos en la construcción de nuestra nación”, estimaba Obama en 2011, mientras que anunciaba el próximo retiro de soldados todavía presentes en Afganistán. Por el lado demócrata, a menudo ocurrió que candidatos críticos del intervencionismo militar estuviesen bien ubicados en la carrera por la investidura. Fue el caso del opositor a la guerra de Vietnam George McGovern en 1972, del pastor Jes-

se Jackson en 1984 y en 1988 –por ejemplo, había denunciado las maniobras de los Estados Unidos para derrocar al gobierno nicaragüense–, o incluso de Obama, hipercrítico de la guerra de Irak, en 2008. En cambio, hay que remontarse a 1952 y a la candidatura de Robert Taft para encontrar un republicano hostil a las expediciones militares y susceptible de ser ungido por su partido. El senador de Ohio se oponía al plan Marshall y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), considerados ineficaces y demasiado costosos, y consideraba que Norteamérica no debía recurrir a la fuerza a menos que “la libertad de su pueblo” fuera directamente amenazada. Perdió por poco margen frente a Dwight Eisenhower. Desde entonces, la clave del éxito en las primarias republicanas es afirmar la vocación de los Estados Unidos para guiar al mundo. Era todavía el tema central de los programas de política exterior de John McCain en 2008 y de Willard (“Mitt”) Romney en 2012. El actual giro de 180 grados en el seno del Partido Republicano

es tanto más sorprendente cuanto que el campo conservador se indignó durante ocho años de la “debilidad” de Obama, so pretexto de que en ocasiones era reticente a bombardear a países extranjeros. Una línea zigzagueante

Este giro se comprende mejor cuando se analiza la evolución general de la política exterior norteamericana desde 2009. Durante sus dos mandatos en la Casa Blanca, el ex senador de Illinois se atrevió a llevar a cabo una política que no es guiada por ningún gran principio. A diferencia de los presidentes Harry Truman (“contención” de la Unión Soviética), Dwight Eisenhower (“represión” del comunismo), Richard Nixon (“distensión” vigorosa), James Carter (“derechos del hombre”), Ronald Reagan (confrontación con el “imperio del mal” soviético) o incluso Georges W. Bush (“guerra contra el terror”), no dejará tras él una doctrina que lleve su nombre, sino un conjunto de elecciones a veces contradictorias. En 2011 acompaña una coalición para hacer caer a Muamar Gadafi en Libia, para luego desinteresarse por ese país; realiza bombardeos por drones discrecionales y totalmente ilegales (frente al derecho internacional y norteamericano), pero emprende un esfuerzo diplomático multilateral para firmar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y sabe mostrar su audacia cuando decide el restablecimiento de las relaciones con Cuba. El presidente debe n avegar entre fuerzas que en su totalidad intentan influir en su diplomacia: la opinión pública, capaz de ir del aislacionismo al intervencionismo a poco que se cometa un atentado o se decapite a un periodista norteamericano; los representantes del partido adverso, siempre dispuestos a acusarlo de debilidad; sus consejeros, ministros y colaboradores; los aliados de Estados Unidos, que esperan que Washington se conduzca de conformidad con sus intereses; los adversarios, que están al acecho del menor paso en falso para adelantar sus peones. Algunos presidentes tomaban sus decisiones en estrecha colaboración con su secretario de Estado: Truman y Dean Acheson, Eisenhower y John Foster Dulles, Reagan y George P. Shultz. Otros se apoyaban en su consejero de seguridad nacional o en su secretario de Estado: Nixon y Henry Kissinger, Carter y Zbigniew Brzezinski. Obama, por su parte, decide solo, o con sus guardaespaldas: Benjamin Rhodes, Denis McDonough, Mark Lippert. Hombres de menos de 50 años, que hicieron sus armas no durante la Guerra Fría sino después del 11 de septiembre de 2001, y que pertenecen a la corriente antiintervencionista (2). Por cierto, el actual presidente nombró a personas más experimentadas en los puestos clave del dispositivo diplomático y militar: Robert Gates, Leon Panetta y Chuck Hagel en el Ministerio de Defensa; Hillary Clinton y John Kerry en la Secretaría de Estado, etc. Estas voces a veces tuvieron su peso, como en 2009, cuando Hillary Clinton convenció a Obama de que apoyara el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras. Pero en los momentos de crisis, no siempre fueron escuchadas. “Su Casa Blanca habrá sido de lejos la más centralizada y la más autoritaria en materia de seguridad nacional desde Richard Nixon y Henry Kissinger”, analiza Gates en sus memorias (3). Los primeros desacuerdos entre Obama y su entorno aparecen en septiembre de 2009, acerca de Afganistán. Mientras que el presidente había prometido poner fin a esa guerra, el g eneral Stanley McChrystal, encargado de las operaciones

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en el terreno, le dice que la victoria exige un aumento de la presencia militar norteamericana; él estima las necesidades en cuarenta mil soldados. Durante tres meses, reunión tras reunión, la secretaria de Estado, el ministro de Defensa, el director de la Central Intelligence Agency (CIA), el consejero de seguridad nacional y el director de información nacional intentan convencer a Obama de que satisfaga esa demanda. “No está en el interés nacional”, repite el presidente, que no quiere “gastar un billón de dólares” y lanzarse “en un esfuerzo de reconstrucción nacional a largo plazo” (4). Negándose a escoger entre el retiro y el compromiso militar ilimitado reclamado por el general McChrystal, opta por una solución de compromiso: una intervención de treinta mil soldados por una duración de dieciocho meses. “Norteamérica debe mostrar su fuerza, de manera de poner fin a las guerras y prevenir los conflictos”, declara el 1º de diciembre de 2009 para justificar su elección. La mayoría de los especialistas en cuestiones militares consideran ese punto intermedio particularmente ineficaz, porque sugiere a los talibanes que hay que esperar hasta que aclare. Siria no es Libia

Un escenario comparable se desarrolla en 2011, al comienzo de las “primaveras árabes”. ¿Hay que intervenir militarmente para hacer caer a Gadafi, so pretexto de que amenaza con masacrar a los insurrectos de Benghazi? Esta vez, con excepción de Hillary Clinton, el entorno de Obama es más circunspecto. Gates estima incluso públicamente que cualquiera que encare una nueva expedición a Medio Oriente

debería “hacer que le examinen el cerebro” (5). Pero las presiones vienen de los medios, del extranjero –en particular de Francia y del Reino Unido, muy decididos a enfrentarse si es necesario– y del C ongreso, donde el senador demócrata John Kerry y su colega republicano John McCain reclaman juntos el establecimiento de una zona de exclusión aérea. Una vez más, el presidente hace una elección “centrista”: acepta intervenir, pero en el marco

“Si no dejamos de comportarnos como el Imperio británico, terminaremos como el Imperio británico.” de una coalición amplia, con un mandato de las Naciones Unidas –que únicamente prevé la creación de una zona de exclusión aérea que rápidamente será sobrepasada– y sin conducir las operaciones. ¿Se puede detectar en esto una “doctrina Obama”? Los Estados Unidos pretenderían “dirigir desde la retaguardia” ( lead  from behind  ) para defender sus intereses sin exponerse demasiado: bombardeando con drones, privilegiando el uso puntual de fuerzas especiales o dejando que otros intervengan en su lugar. “Dirigir desde la retaguardia no es dirigir. Es abdicar”, vo-

cifera entonces el periodista neoconservador Charles Krauthammer en el Washington Post (6). La guerra en Siria demostró que no se trataba de una doctrina para el presidente norteamericano sino, como en el caso afgano, de una elección de circunstancia: Obama intentó tratar con cuidado a partidarios y detractores del recurso a la fuerza, sin satisfacer a ninguno. El precedente libio no hizo más que reforzar sus reticencias respecto de las intervenciones militares. Durante dos años, entre 2011 y 2013, multiplica las condenas verbales, apela a la partida del presidente Bashar al-Assad, proclama su apoyo a los rebeldes, pero nunca está dispuesto a utilizar a su ejército. Siria no es Libia, un Estado sin verdaderos aliados. La situación cambia en agosto de 2013, cuando el poder de Al-Assad es acusado de haber utilizado armas químicas en el suburbio de Damasco, cruzando así la línea roja trazada un año antes por Obama. Estados Unidos ¿puede permanecer inactivo cuando su crédito está en juego? En la Casa Blanca se dibuja un consenso alrededor de la necesidad de “castigar” a Al-Assad. “Las grandes naciones no farolean”, previene el vicepresidente Joe Biden, habitualmente poco favorable a las expediciones militares (7). Obama también parece convencido, y hasta pide al Pentágono que proponga los blancos de los bombardeos. Pero en el último momento, tras una discusión con McDonough, su consejero más antiintervencionista, el presidente da media vuelta y pide a su equipo que le encuentre una puerta de salida. Esta decisión desencadena una lluvia de recriminaciones, en Francia, en Arabia Saudita, en Israel y en los países del Golfo, y le sig-

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nifica a Obama el ser tachado de “cobarde” por los republicanos, al mismo tiempo que exaspera a numerosos demócratas, sobre todo a Kerry, que considera que se “dejó embaucar” (8). Obama “envió un mal mensaje al mundo”, estima el ex ministro de Defensa Leon Panetta en sus  Memorias: “Este episodio subrayó su debilidad más evidente […]. Con demasiada frecuencia, a mi juicio, el presidente privilegia la lógica de un profesor de derecho sobre la pasión de un líder” (9). Numerosos conservadores vieron en la decisión de Obama un punto de inflexión, un “nuevo Múnich”, al que imputan una larga serie de desgracias: si los Estados Unidos hubieran castigado a Damasco en 2013, afirman, el Estado Islámico (EI) no habría crecido como lo hizo; Irán no ocuparía un lugar tan considerable en la escena siria; Moscú no habría tenido la audacia de anexar a Crimea, etc. Obama replica que Rusia no se había preocupado por las entonaciones marciales de Georges W. Bush, ni por la presencia de cien mil soldados norteamericanos en Irak cuando intervino en el conflicto georgiano en 2008. Para él, ver en los actos de Vladimir Putin la señal de un retorno enérgico de Rusia equivale a “desconocer la naturaleza del poder en materia de política exterior. El verdadero poder significa que es posible obtener lo que uno quiere sin tener que recurrir a la violencia. Rusia era mucho más poderosa cuando Ucrania se parecía a un país independiente pero en realidad era una cleptocracia donde Moscú podía mover los hilos” (10). Además, Washington dista de haberse quedado in activo durante la crisis ucraniana: Obama, además de haber reactivado la OTAN en �

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Europa central, hizo presión sobre la Unión Europea para que imponga sanciones diplomáticas y económicas a Rusia.



Estrategia de “ fortificación”

La decisión siria de agosto de 2013 representa a pesar de todo un giro para la diplomacia norteamericana. Por primera vez desde 2009, Obama no escogió un punto intermedio militar: al negociar con Rusia un acuerdo sobre el desmantelamiento del arsenal químico de Damasco, puso fin al reflejo que hace seguir de una réplica militar a toda “provocación” contra Estados Unidos. Esta ruptura confirmó la elección por Washington de una estrategia de “fortificación” (11). Del retiro de las tropas de Irak y de Afganistán a la baja de los presupuestos del ejército, pasando por la negativa a lanzar nuevas expediciones militares, Obama trató de reducir la presencia norteamericana en el mundo con el objeto de poder concentrarse en los problemas internos y remediar el activismo desestabilizador de los años de Bush. La idea de la fortificación, por otra parte, está claramente formulada por la “Guía estratégica” publicada en 2012 por el Ministerio de Defensa: “Para alcanzar nuestros objetivos de seguridad desarrollaremos tácticas con una impronta ligera y poco costosa. […] Las fuerzas norteamericanas no estarán ya en condiciones de llevar a cabo operaciones prolongadas a gran escala”. Este posicionamiento no tiene gran cosa que ver con el aislacionismo: Estados Unidos conserva decenas de bases militares en el planeta, el ejército más grande del mundo, servicios de informaciones tentaculares; bombardearon siete países (Irak, Siria, Afganistán, L ibia, Yemen, Pakistán y Somalía) en otros tantos años; siguen interviniendo en los asuntos de los otros Estados y maniobrando para desestabilizar algunos gobiernos, sobre todo en América Latina (12). Este repliegue tampoco tiene que ver con el idealismo, en el sentido de que apuntaría a una redistribución de los poderes a nivel mundial, ni con el pacifismo. Como él mismo lo repite, Obama no está contra la guerra, sino contra las “guerras imbéciles”, aquellas que no sirven a los intereses norteamericanos, que acarrean una relación costo-beneficio negativo. En la actualidad, los refugiados toman el camino de Europa, Turquía o el Líbano; los precios del petróleo siguen bajos; los atentados golpean a Ankara, Bruselas, Túnez y Bamako: ¿por qué Washington se lanzaría en una expedición a Medio Oriente? Pero un ataque de gran amplitud en suelo norteamericano – más grande que el tiroteo del 2 de diciembre de 2015 en San Bernardino, California, que produjo catorce muertos–, en cualquier momento puede cambiar la situación. “Si somos arrogantes, [los otros países] experimentarán resentimiento hacia nosotros; si somos una nación humilde, pero fuerte, nos apreciarán”, declaraba Georges W. Bush en octubre de 2000, agregando incluso: “No creo que nuestras tropas deban ser utilizadas para hacer lo que se llama una ‘construcción nacional’”. Y después vino el 11 de Septiembre… Obama llegó a la Casa Blanca decidido a dar vuelta la página de ese acontecimiento y de sus consecuencias con el objeto de poder fijar su atención sobre Asia, cuyo desarrollo lo impresiona. Ése era el sentido del “pivote” iniciado en 2010. “El ‘reequilibramiento’ en dirección a Asia desempeñó el mismo papel en la estrategia de fortificación de la administración Obama que la apertura a China en la fortificación norteamericana al final de la guerra de Vietnam –escribe Stephen Sestanovich, profesor en la Universidad de Columbia–. Prueba de que Estados Unidos no está, como

dijo Nixon, en vías de ‘desaparecer como gran potencia’” (13). Aunque haya engendrado varias acciones simbólicas (visitas de Estado, apertura de una base militar en Australia, refuerzo de la flota norteamericana en el Pacífico…) y permitido la firma, el 4 de febrero de 2016, del acuerdo de asociación transpacífica (Trans-Pacific Partnership,TPP), esta reorientación no pudo ser llevada a su término. En efecto, las “primaveras árabes” volvieron a llamar a Estados Unidos a Medio Oriente en 2011. En sus entrevistas con Jeffrey Goldberg, Obama deja traslucir un cansancio, si no un desinterés frente a esta región, a la que parece considerar como un caso desesperado. Afirma su preferencia por los pueblos de Asia, de África y de América Latina, que “no se preguntan cómo matar a norteamericanos, sino cómo tener una me jor educación, cómo crear algo que tenga valor”. Estados Unidos gastó más dinero para “reconstruir” Afganistán que para los dieciséis países europeos que eran el objetivo del Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial (14), sin lograr crear allí un orden cualquiera. La guerra y la ocupación de Irak, la intervención en Libia no dieron mejores resultados. Estos fracasos sucesivos terminaron por convencer a Obama del carácter limitado del poder norteamericano: no lo puede todo y, en particular, no puede modelar Medio Oriente a su conveniencia. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos alternó los períodos de seguridad y de duda por lo que respecta a su capacidad de controlar el mundo. La euforia que sigue al fin del conflicto da paso en los años cincuenta a interrogaciones sobre su supremacía: ¿son lo bastante poderosos para contener la progresión del comunismo, que tuvo serios avances con la Revolución China y la obtención de la bomba atómica por la URSS? “Nuestra incapacidad para conservar nuestros recursos, el peso creciente de nuestros compromisos presupuestarios, el aumento vertiginoso de nuestra deuda pública” conducen al país a la pendiente de una “caída relativa”, se alarma, desde 1952, el ex comandante supremo de las fuerzas aliadas Douglas McArthur, que quería bombardear Corea con el arma atómica. El decenio siguiente marca el retorno de la tentación hegemónica. En su discurso de investidura, el 20 de enero de 1961, John F. Kennedy proclama: “Soportaremos cualquier carga, aceptaremos cualquier prueba, apoyaremos a cualquier amigo. Nos opondremos a cualquier adversario para garantizar el triunfo o la supervivencia de la libertad”. Alternancia de las tendencias

Las fases de seguridad corresponden a menudo a períodos en que las desigualdades económicas se reducen, o el porvenir parece despejado para la clase media. Apenas se ensombrece el horizonte, el poder vuelve a ser una carga. En los años setenta, mientras las tasas de interés y el endeudamiento de las familias aumentan y las dos crisis petroleras debilitan la economía del país, el desastre vietnamita y la progresión soviética en Asia y África develan las fisuras del dominio militar norteamericano. Y en 1976, según un estudio del Council on Foreign Relations, 43% de los norteamericanos consideraba que los Estados Unidos debían “ocuparse primero de sus propios asuntos”, un récord desde el lanzamiento de esta encuesta en 1964 (20%). En 2013 eran 52%, un nuevo récord. Según un sondeo de marzo de 2014, sólo el 30% de los norteamericanos querrían que su país defienda a Polonia si era atacada por Rusia; la cifra cae a 21% para Letonia y hasta al Reino Unido le cuesta alcanzar

el 56%. Sondeo tras sondeo, sólo los ataques por drones y los bombardeos contra el EI, decididos tras la toma de Mosul y la decapitación del periodista James Foley en agosto de 2014, obtienen un gran apoyo. Por cierto, “la opinión se trabaja”, y es posible popularizar una guerra que no lo era (15). Obama no está dispuesto a eso, así como tampoco Cruz y Trump, habiendo propuesto incluso este último retirar a su país de la OTAN, aduciendo que la organización era “obsoleta” y costaba demasiado caro. Como lo mostró el historiador británico Perry Anderson, el intervencionismo y el aislacionismo constituyen dos caras de un mismo nacionalismo. Uno legitima la dominación de Norteamérica valorizando su universalismo (el cual  justifica el activismo mesiánico de Washington, que guiaría al plan eta en el buen camino); el otro, su excepcionalismo (que alienta a preservar la índole única de una sociedad aparte en el mundo) (16). Dominante antes de la Segunda Guerra Mundial, el aislacionismo desaparece casi por completo del campo conservador durante la Guerra Fría, antes de volver a emerger tras el derrumbe de la URSS. Entonces adopta dos formas: la de un repliegue estricto, representado por el libertariano Ron Paul, y la de un antiintervencionismo conservador, promovido por Patrick Buchanan, ex colaborador de Nixon y de Reagan: “Si no dejamos de comportarnos como el Imperio británico, terminaremos como el Imperio británico” (17), profería este último en 2006. Esta corriente, muy minoritaria en los años 1990 y 2000, conoce un nuevo vigor bajo la presidencia de Obama. Reagrupado alrededor del Cato Institute y de la revista The American Conservative (fundada en 2002 por Buchanan para oponerse a la guerra en Irak), pone de manifiesto los desastres afgano e iraquí, pero también el contexto de crisis económica y social. La deuda pública, en efecto, conduce a algunos republicanos a preferir una reducción de los gastos al mantenimiento de los presupuestos militares. En agosto de 2011, el Congreso votó así un plan de austeridad (llamado de “privación”) que prevé un billón de dólares de recortes en los presupuestos del ejército a lo largo de diez años. Los “halcones presupuestarios” prevalecieron entonces sobre los “halcones militares”. El éxito de las candidaturas de Trump y Cruz confirma esa nueva tendencia y revela el desfase creciente entre el establishment de la política exterior y los electores tentados por el repliegue. Todavía hoy, los think tanks más influyentes, los altos funcionarios del Pentágono y de la Secretaría de Estado, los editorialistas del Wall Street  Journal, del Washington Post, de Fox News o de Cable News Network (CNN) son ampliamente partidarios del intervencionismo, y su voz sigue siendo igual de fuerte. “El establishment de la política exterior está casi totalmente compuesto de neoconservadores de derecha y de intervencionistas liberales de izquierda”, comprueba Benjamin Friedman (18). La mayoría de estos observadores atentos declararon que se abstendrían si Cruz o Trump debieran representar al Partido Republicano en la presidencia. O incluso que votarían por Hillary Clinton. La pretendiente demócrata apoyó la guerra en Irak y los bombardeos en Siria y en Libia; ella cree que el acuerdo nuclear firmado con Irán carece de firmeza y no vaciló en criticar a Obama desde que dejó la Secretaría de Estado. Incluso si recientemente edulcoró sus palabras para contrarrestar los ataques de su competidor Bernie Sanders –que desde siempre pertenece a la franja antiguerrera de los demócratas–, es la candidata más intervencionista y la más tranquilizadora para la eli-

te norteamericana de la política exterior. “Los realistas y los otros investigadores escépticos por lo que respecta a las intervenciones están sobre todo confinados en la universidad”, estima Friedman. Recentrarse en Estados Unidos: el argumento se repite a menudo en boca de Cruz, Trump y Obama para justificar su falta de entusiasmo guerrero. Los tres también comparten la idea de que los aliados de Washington –de Arabia Saudita a Francia, pasando por los países del Golfo, Alemania y Japón– deberían de jar de encomendarse a Estados Unidos y llevar su parte de la carga del sistema securitario internacional. Por último, si bien todos afirman su voluntad de poner al EI de manera que no esté en condiciones de perjudicar a nadie, proponiendo incluso algunos aplicarle el método del “bombardeo de saturación”, paradójicamente coinciden en considerar que Medio Oriente ya no está en el centro de los intereses norteamericanos. Sin duda justa en el plano económico, esta idea interpela desde un punto de vista moral y político: ¿puede decretar Estados Unidos de la noche a la mañana que no quiere ya un liderazgo que forjó con la fuerza de los cañones durante sesenta años? ¿Pueden alejarse, sin que les tiemble el pulso, sin ninguna reparación (compensación financiera, apoyo diplomático, establecimiento de una cooperación fundada en el intercambio justo, etc.), de una región que desestabilizaron pacientemente? Lo importante “no es tener paz [en Medio Oriente], sino hasta qué punto Estados Unidos está implicado en la ausencia de paz”, resumió cínicamente Jeremy Shapiro, investigador en la Brookings Institution y consejero en el Departamento de Estado. Pero no es posible hacer tabla rasa de la historia: aunque no mantengan más soldados en la región, Estados Unidos seguirá siendo deudor del caos que engendró. g 1. Tim Alberta y Eliana Johnson, “Many GOP foreign-

policy leaders are suspicious of Ted Cruz”, National  Review, Nueva York, 14 de diciembre de 2015. 2. Justin Vaïsse, Barack Obama et sa politique étrangère(2008-2012) , Odile Jacob, París, 2012. 3. Robert Gates, Duty: Memoirs of a Secretary at War, Knopf, Nueva York, 2014. 4. Bob Woodward, Obama’sWar, Simon & Schuster, Nueva York, 2010. 5. Greg Jaffe, “In one of final addresses to army, Gates describes vision for military’s future”, TheWashingtonPost , 26 de febrero de 2011. 6. Citado en Owen Harries y Tom Switzer, “Leading from  behind: Thirdtimea charm”, The American Interest ,  vol. III,N° 5, Washington, DC, mayo-junio de 2013. 7. Citado en Jeffrey Goldberg, “Obama doctrine”, The Atlantic, Washington, DC, abril de 2016. 8. Citado en Jeffrey Goldberg, op. cit. 9. Leon Panetta, Worthy Fights: A Memoir of Leadership in War and Peace , Penguin, Nueva York, 2014. 10. Citado en Jeffrey Goldberg, op. cit. 11. Colin Dueck, The Obama Doctrine:  American Grand Strategy Today, Oxford University Press, Nueva York, 2015. 12. Véase Maurice Lemoine, “En Amérique latine, l’ère des coups d’Etat en douce”,  Le  Mondediplomatique, agosto de 2014. 13. Stephen Sestanovich, Maximalist. Americain the World from Truman to Obama , Knopf, Nueva York, 2014. 14. El cálculo está corregido en función de la inflación. Cf. IanBremmer, Superpower. ThreeChoices for America’s  Rolein the World , Penguin, Nueva York, 2015. 15. Serge Halimi, Dominique Vidal, Henri Maler y Mathias Reymond, “L’opinion, ça se travaille”. Les médias et les guerres justes, Agone, Marsella, 2014 [2000]. 16. Perry Anderson, Comment les Etats-Unis ont  faitle mondeà leur image, Agone, Marsella, 2015. 17. Patrick J. Buchanan, “Why are we baiting Putin?”, 9 de mayo de 2006, www.antiwar.com 18. Benjamin Friedman, “The state of the Union is wrong”, ForeignAffairs, Nueva York, 28 de enero de 20 14.

*Jefe de redacción adjunto de Le Monde diplomatique , París. Traducción: Víctor Goldstein

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Durante mucho tiempo, los gobiernos anticomunistas de América Central fueron aliados fundamentales de Taiwán. Pero la evolución política de China y el fortalecimiento de sus vínculos comerciales con la región modificaron esta situación en perjuicio de Taipéi.

Un viejo bastión anticomunista se abre para China

América Central abandona a Taipéi Por Guillaume Beaulande*



Un acto de realismo elemental” (1). Con estas palabras, Oscar Arias Sánchez, por entonces presidente de Costa Rica, comentaba en 2007 su decisión de reconocer a la República Popular China, cincuenta y ocho años después de su fundación. A partir de 1949 y del exilio de los nacionalistas del Kuomintang, derrotados por los comunistas, a la otra orilla del estrecho de Taiwán –que separa a la China Continental de Taiwán–, Taipéi se pensaba como el emblema de la lucha anticomunista. Pudo contar muy rápidamente con los favores de los dirigentes latinoamericanos, alineados con la diplomacia de Estados Unidos. La isla tejió estrechos lazos con los regímenes militares de la región. Aún hoy, la imponente estatua de Chiang Kaishek, el dirigente del Kuomintang, erigida por Alfredo Stroessner en pleno centro de la capital paraguaya de Asunción, es prueba de la amistad entre los dos dictadores. Ambos eran miembros activos de la Liga Anticomunista Mundial, fundada en 1967 por el propio Chiang Kai-shek. Paraguay sigue siendo un punto clave para Taiwán en América del Sur y su única vía de acceso al Mercado Común del Sur (Mercosur).

La estrategia del aislamiento En 1969, sólo Cuba había reconocido a la República Popular China en la región. Tras haber obtenido, en 1971, el reconocimiento norteamericano y un sillón en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reemplazando así a Taiwán, el Imperio del Medio se empeña en poner en jaque a la red diplomática de la entidad rival. Una red de aliados cuyo voto puede resultar valioso para la isla, que, a pesar de sus reiterados pedidos, permanece excluida de las instancias internacionales, a excepción de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que integra desde el 2002. Por otra parte, Pekín impone un criterio de exclusividad que obliga a los países a tomar una decisión: la apertura de una Embajada en Taiwán provoca de facto la ruptura con China. Una regla no negociable que le permitirá aislar aún más a la isla. Esta regla llega al Sur con más facilidad que al istmo: hasta el año 2000, América Central se convierte en un bastión. De ahí la sorpresa que suscitó la decisión costarricense. Aunque no modifica las relaciones de fuerza entre Pekín y Taipéi en el istmo (2), el “realismo elemental” que invoca Arias Sánchez podría imponerse en otras capitales. En primer lugar, en el plano político, ya que los anticomunistas latinoamericanos advirtieron que la “amenaza roja” se había disipado; pero, sobre todo, a nivel económico.

Ugo Nespolo, Grey Window, 1984 (fragmento, gentileza Museo Nacional de Bellas Artes)

Según el ex presidente taiwanés (independentista) Chen Shui-bian, China habría “comprado por entre 400 y 500 millones de dólares el acuerdo político” con Costa Rica, en el marco de una estrategia que apuntaba a dejar a la isla “huérfana en el escenario internacional” y a orquestar su “desaparición como nación” (3). El gigante asiático no escatimó esfuerzos: entre 2004 y 2006, las exportaciones costarricenses hacia China pasaron de 163,3 a 558,3 millones de dólares, mientras que la factura enviada a Taipéi no alcanzaba los 100 millones de dólares. En este ámbito, los recursos de China resultan considerables, a pesar de una disminución de su crecimiento. Durante la primera Cumbre organizada entre la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y China continental, el 8 de enero de 2015 en Pekín, el presidente Xi Jinping se comprometió a invertir 250.000 millones de dólares en la “profundización de la cooperación entre China y América

Latina” (4). Aunque los principales blancos siguen siendo los proveedores de materias primas como Argentina, Brasi l, Venezuela o Ecuador, a China no se le escapa la posición estratégica de los pequeños estados de América Central. Para comenzar, la de Nicaragua, aunque las relaciones con este país no se anunciaban bajo los mejores augurios. Más cercano a Pekín que a Taiwán en el plano ideológico, el sandinista Daniel Ortega se mantenía en guardia tras su regreso al poder, en 2006. Durante su primer mandato (1985-1990), había apostado al gigante asiático poniéndoles término a las relaciones diplomáticas que el país siempre había mantenido con Taipéi. Les dio un mes a los diplomáticos taiwaneses para hacer las valijas y dejar su lugar a los chinos en las instalaciones de la Embajada. La experiencia no resultó muy convincente: un “acto de romanticismo revolucionario”, según Carlos Fonseca Terán, en aquel entonces secretario adjunto de Relaciones Interna-

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cionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) (5). China no concedió más que un tibio “apoyo moral” a la lucha de los sandinistas. Al intentar un regreso triunfal al país, Pekín parece haber contribuido a formular el proyecto de un nuevo canal interoceánico, una idea que ya había sostenido Taiwán (6). Sin embargo, no se sabe si este proyecto verá alguna vez la luz del día. La imponente obra, siempre en pun to muerto, fue postergada para fines de 2016, y Wang Jing, el inversor de Hong Kong encargado de financiarla, vio recientemente cómo el mercado bursátil chino consumía el 85% de su fortuna.

Una reputación cuestionada Por otra parte, la estrategia de Taiwán en el istmo dio lugar a numerosos casos de corrupción que empañan su reputación. Un ejemplo fue la desaparición de 10 millones de dólares destinados a la reconstrucción de El Salvador tras el terremoto del 2001. Al ser interrogado sobre las acusaciones de desvío de fondos, el ex presidente salvadoreño, Francisco Flores, describió los métodos utilizados por Taiwán: “Era una forma muy peculiar de cooperación en mi período presidencial […], el gobierno de Taiwán a través de su presidente les entregaba fondos directos a aquellos mandatarios, gobiernos, fundaciones, organizaciones políticas que estaban de acuerdo en apoyar a Taiwán a través de su independencia” (7). Además, Taiwán debe lidiar con un pasado vergonzoso. En el norte de la isla, la academia militar Fu Hsing Kang, conocida por la calidad de sus formaciones en técnicas de lucha anticomunista, recibió a Roberto d’Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y uno de los dirigentes de los “escuadrones de la muerte” salvadoreños. Y Taiwán conserva sus lazos privilegiados con los partidos de derecha de la región. No obstante, con los acuerdos de paz y el retorno a la democracia, varios países (El Salvador, Guatemala, Nicaragua, etc.) transitaron una alternancia en el gobierno. Los brazos políticos de las antiguas guerrillas –ideológicamente cercanas a la China Comunista– contra las que Taiwán ayudaba a luchar, como el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, están en el poder. También hay que considerar el rol de Washington. Los estrechos lazos entre Taiwán y el istmo centroamericano permiten que Estados Unidos pueda jugar en distintos campos para mantener una influencia discreta e indirecta en lo que siempre consideraron su “terreno exclusivo”. En 2010, por ejemplo, armaron a Taiwán con sesenta helicópteros Black Hawk; cinco años más tarde, el gobierno de Ma Ying-jeou le daba cuatro a Honduras, donde el gobierno en el poder, resultado de un golpe de Estado ejecutado en 2009, chocaba con la resistencia de una parte de la población…g 1. The New York Times , 7-6-07. 2. Entre los veintidós países que reconocen a Taiwán,

seis se sitúan en el istmo centroamericano, cinco en zona caribeña (Haití, República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal  y Nieves).En América del Sur, sóloParaguay mantienerelacionesdiplomáticascon laisla. 3. “La Gente”, Radio La Primerísima, Managua, 22-8-07; The Tico Times, San José, 22-7-14. 4. La Jornada, México, 8-1-15. 5. Mario Esteban Rodriguez, Revue de sciences politiques, Scielo (Chile). 6. Véase François Musseau, “La fiebre de los canales centroamericanos”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, septiembre de 2014. 7. El Faro, 9-1-14, www.elfaro.net

*Periodista. Traducción: María Julia Zaparart

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Edición 203 | mayo 2016

riesgos de una búsqueda desenfrenada de la integración de las dos orillas. Por otra parte, la falta de transparencia en las negociaciones con Pekín y la voluntad repetida de sobrepasar los mecanismos de control parlamentario acrecentaron la desconfianza hacia el poder. Para una parte creciente del electorado, Ma traicionó su promesa de defender la soberanía y la democracia pa ra comprometerse con la causa de la unificación.

Votantes en las elecciones generales de Taiwan, Taipéi, 16-01-2016 (Damir Sagolj/Reuters)

Tras una sólida elección, Tsai Ing-wen, del Partido Democrático Progresista (independentista), asume sus funciones como presidente de la República de China (Taiwán) a fin de mes. Inútil decir que Pekín ve su llegada sin entusiasmo y hasta con cierta hostilidad. Pero encontrar un equilibrio en las relaciones con la China continental no será su única misión.

Taiwán: una alternancia llena de desafíos

La isla que desconfía por Tanguy Lepesant*

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a impactante victoria de Tsai Ing-wen y del Partido Democrático Progresista (PDP) en las elecciones del 16 de enero de 2016 marca un giro en la historia política de Taiwán. El Kuomintang había perdido la presidencia entre el 2000 y el 2008, pero siempre había logrado conservar la mayoría en el Parlamento. Se trata entonces de la primera verdadera alternancia desde la democratización, en 1987. Elegida con el 56,1% de los votos, Tsai cuenta con un sólido mandato popular y una confortable mayoría parlamentaria (68 de las 113 bancas) para poner en marcha su programa y responder a las inquietudes de quienes consideran que la política de acercamiento entre las dos orillas del Estrecho de Taiwán, que sostenía el gobierno saliente del KMT, puso en peligro la soberanía y la seguridad de la isla. Sin embargo, la hostilidad de Pekín podría complicar la tarea de la futura presidente, que entra en funciones el 20 de mayo. Numerosos factores contribuyeron al éxito de Tsai y de su partido. El más importante es, innegablemente, el descontento social y la esperanza de un ca mbio de aire. En dos ocasiones, 2008 y luego en 2012, el KMT había ganado las elecciones agitando el espectro de la marginalización económica en caso de victoria del PDP, pero también destacando los resultados positivos de una “relación privilegiada” con China. Durante sus dos mandatos, el

presidente Ma Ying-jeou firmó unos veinte acuerdos que le permitieron la apertura de vías aéreas y marítimas directa s, el desarrollo del turismo chino de masas y un acuerdo marco de cooperación económica (Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA), el primer paso hacia una zona de libre comercio en el Estrecho. Esta liberalización de los intercambios provocó un aumento considerable de las inversiones taiwanesas en China: entre 1991 y 2015, llegaron a los 154.900 millones de dólares (90.000 millones entre los últimos cinco a ños) (1). En 2009, Taipéi autorizó inversiones chinas en algunos sectores, que alcanzaron los 1.450 millones de dólares a fines de enero de 2016 (2).

Caída económica importante A pesar de todas estas medidas, el crecimiento disminuyó fuertemente. En el período 2008-2013, el Producto Interno Bruto (PIB) creció a un ritmo del 3,3% por año, contra el 6,7% entre el 2000 y el 2008. En 2015, cayó a l 0,75%, y el país entró en recesión en el transcurso de los dos últimos trimestres. Aunque la tasa de desempleo se mantuvo alrededor del 4%, las críticas apuntan principalmente al deterioro de las condiciones de trabajo y de vida. El crecimiento beneficia esencialmente a los más ricos, mientras que el ingreso mensual promedio se estanca: según las cifras del gobierno, en 2013 estaba al mismo nivel que en 1998 (44.739

y 44.798 dólares taiwaneses, respectivamente, que equivalen a 1.225 euros). Sin embargo, Taiwán es uno de los países en los que la jornada de trabajo es más larga: con un promedio de 2.124 horas por año y por empleado en 2013, contra 1.474 horas en Francia, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y estas cifras no tienen en cuenta las horas no remuneradas. Según una encuesta realizada en 2011 por la agencia de empleo Yes123, el 85,3% de los empleados consultados trabajaba más de diez horas por día, y el 70% no recibía remuneración por las horas suplementarias (3). Al mismo tiempo, los precios del sector inmobiliario aumentaron considerablemente, convirtiendo a la capital en la ciudad más cara del mundo (4). El acercamiento con China no sólo fue un fracaso económico, también engendró nuevas formas de peligro para la democracia taiwanesa. Los medios se vieron expuestos a una triple presión china: la compra de grupos de prensa como China Times por empresarios taiwaneses para bajar una línea editorial favorable a Pekín; la autocensura para vender los programas en el mercado chino; el recurso a testaferros para eludir la prohibición para Pekín de publicar en Taiwán (5). La experiencia de Hong-Kong en cuanto a la censura y la represión china contra la prensa y los movimientos estudiantiles jugó un papel importante en la sensibilización sobre los

Papel decisivo de los jóvenes Todos estos motivos de descontento se cristalizaron en el Movimiento Girasol: los estudiantes ocuparon el Parlamento durante más de tres semanas, entre marzo y abril del 2014, para protestar contra la tentativa de hacer pasar a la fuerza un acuerdo de liberalización de los servicios (6). Preocupados por la influencia nefasta del régimen autoritario instalado del otro lado del Estrecho, los estudiantes reafirmaron que Taiwán no era una provincia china, sino un Estado soberano. Esta juventud, que creció después de las reformas democráticas y que rechaza masivamente el escenario de la unificación y la fórmula china “un país, dos sistemas”, fue uno de los factores clave para las derrotas electorales del KMT. Dos encuestas post electorales muestran que la franja etaria de 20 a 29 años, que representa el 17% del electorado, se movilizó fuertemente durante la elección presidencial: 74,5% votaron, contra 66,2% del conjunto del cuerpo electoral; el 71% de los que votaron por primera vez (20 a 23 años) y el 80% de la franja etaria de 24 a 29 años, eligieron a Tsai (7). Esto demuestra que aunque China sigue siendo un vecino difícil de ignorar, ya no representa una solución milagrosa para la isla. En sus discursos de campaña, Tsai destacó que Taiwán no tenía suficiente control sobre su trayectoria económica y política y que esperaba reducir los factores de dependencia. La administración del PDP deberá lidiar con tres grandes temas, comenzando por la reactivación de la economía, que sufre problemas estructurales de consideración. El crecimiento se debe esencialmente a la s exportaciones, el 40% de ellas va hacia China ( y Hong Kong). La cadena de producción hace que los productos sean fabricados en China por empresas taiwanesas y exportados hacia el resto del mundo ( “made in China by Taiwan for the world”  ). Muy pocas empresas lograron desarrollar marcas internacionalmente reconocidas. El grueso del tejido industrial sigue dependiendo de subcontrataciones de las grandes sociedades internacionales, lo que lo hace vulnerable a las fluctuaciones de la economía mundial. Hasta aquí, las deslocalizaciones en China de las fábricas de ensamblaje (como Foxconn) estuvieron acompañadas por un balance comercial fuertemente excedentario. En 2010, Taiwán registraba un excedente récord de 41.700 millones de dólares con China. Pero las economías de las dos orillas, que eran complementarias, entraron en competencia. Las empresas taiwanesas fueron progresivamente excluidas de la implementación de una cadena de producción y de abastecimiento que reúne a los gran des grupos (Lenovo, Huawei, Tsinghua, Unigroup, etc.) con pequeñas y medianas empresas que se convirtieron en proveedores. Esto explica, en gran parte, la disminución de las exportaciones que, junto al aumento de las importaciones de productos chinos, hizo caer el excedente comercial a 28.100 millones en 2015. Para darle un respiro a la economía y para reequilibrar el comercio exterior, Tsai quiere reforzar los lazos existentes con los demás actores de la región, en particu-

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lar con Japón (6% de las exportaciones en 2014) y Estados Unidos (11%) (8). Sin cuestionar la liberalización de los intercambios, Tsai pretende reducir su dependencia con respecto a China y propone que Taiwán integre el Acuerdo Transpacífico (Trans-Pacific Partnership, TPP), tratado de libre comercio negociado por iniciativa de Washington. Paralelamente, anunció la instauración de una “nueva política en dirección al sur”, en referencia a la iniciativa lanzada en los años 1990 para alentar a las empresas a invertir y a encontrar nuevos mercados en el Sudeste Asiático. Finalmente, la India fue designada como un socio a privilegiar (9). El futuro gobierno tiene además la intención de alentar el desarrollo de una industria que se incline por las nuevas tecnologías de fuerte valor agregado. Identificó cinco sectores: la energía renovable, la biotecnología, los objetos conectados, las máquinas inteligentes y la defensa nacional. Algunos expertos estiman que el Estado no debería dudar en intervenir para planificar y centralizar los recursos y crear así un entorno favorable para las actividades de investigación y desarrollo y para las inversiones en estos sectores. Se podrían invertir fondos públicos en institutos de investigación o en empresas, como fue el caso con la creación del Instituto de Investigación sobre la Tecnología Industrial, el parque industrial de Hsinchu o la empresa United Microelectronics Corp. (UMC) en los años 1970-1980, en un momento en el que la isla reorientó su industria hacia las tecnologías de la información (10). De mantenerse, la promesa electoral de un “país libre de energía nuclear” de aquí a 2025 –cuando actualmente depende de

ella para cerca del 20% de su producción de electricidad– podría estimular el desarrollo de la energía renovable.

Políticas sociales Durante su campaña, Tsai tentó al electorado con una mejor distribución de la riqueza y mejoras en las condiciones de vida de la población a través de una serie de medidas sociales que pasarían principalmente por el aumento del salario mínimo (actualmente de 20.008 dólares taiwaneses, es

Aunque China sigue siendo un vecino difícil de ignorar, ya no representa una solución milagrosa para la isla. decir, 540 euros, lo que no permite satisfacer las necesidades básicas), y por la disminución del límite legal de horas de trabajo, que pasaría de ochenta y cuatro horas cada dos semanas, a cuarenta horas semanales. La Presidente también se comprometió a construir 200.000 viviendas a precios accesibles y a darle fluidez al mercado de los alquileres. Finalmente, prometió mejorar, en cooperación con las colectividades locales, el sistema de seguridad social, en particular para las personas mayores. Tsai también quiere reforzar la industria de la defensa y brindarle nuevos medios. Esto debería contribuir a estimular el

crecimiento, según el nuevo equipo, que promete la creación de ocho mil empleos y una menor dependencia con respecto a Estados Unidos en la compra de armamento (11). Durante su visita a Washington, en  junio de 2015, Tsai declaró quequería acrecentar las capacidades asimétricas de la defensa taiwanesa, para que pueda estar preparada para infligir el daño suficiente al Ejército popular y disuadir a Pekín de lanzarlo contra la isla. Como se puede advertir, el seguimiento de los programas de misiles ocupará un lugar preponderante en esta estrategia. Finalmente, la creación de un “ciberejército” apunta a afrontar los nuevos desafíos que plantea China en términos de espionaje y de ciberataques, que ya son una realidad a pesar de que las relaciones con Pekín mejoraron bajo la presidencia de Ma. Mantener la estabilidad de estas relaciones es el tercer tema espinoso del que deberá encargarse el PDP. Es también el asunto sobre el cual Tsai tendrá menos influencia, teniendo en cuenta la hostilidad que mostró Pekín hacia un partido cuyos estatutos aún contienen una cláusula relativa a la independencia –aunque es poco probable que se aplique–. Al presentarse como la presidente de un “nuevo Taiwán” que intenta mostrarse firme en la cuestión de la soberanía, Tsai se comprometió a promover relaciones “pacíficas, estables, serenas y duraderas” con su vecino. También aseguró que no volvería atrás en los acuerdos firmados, a excepción del de los servicios, que aún no ha sido ratificado (12). Entonces, debería adaptarse a la posición de la “Resolución sobre el futuro de Taiwán”, adoptada por el PDP en 1999, según la cual no es necesario proclamar la independencia porque Taiwán ya es un Estado

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independiente y soberano. Seguramente es éste el sentido que le da al “statu quo” que afirmó querer mantener a lo largo de su campaña para tranquilizar al electorado. Al definirse como abierta al diálogo, siempre y cuando se proponga sin condiciones previas, tira la pelota al terreno de Pekín. g 1. “Cross-Strait Economic StatisticsMonthly”,

N° 275, Mainland Affairs Council, Taipéi, febrero de 2016. 2. Esta cifra incluye los proyectos anunciados pero que aún no se han realizado. “Cross-Strait EconomicStatisticsMonthly”, op. cit. 3. “Office workers’ lives ‘diprived’”, Taipei Times, 2 de mayo de 2011. 4. “Taiwan’s economyamid political transition”,USChina Economic and Security Review Commission, Washington, DC, 6 de enero de 2016. 5. Hsu Chien-Jung, “China’s influence on Taiwan’smedia”, AsianSurvey, vol. 54, N° 3, Berkeley, mayo-junio de 2014. 6. Jérôme Lanche, “A Taïwan, les étudiants en lutte pour la démocratie”, Lettres de…, 28 de marzode 2014,http://blog.mondediplo.net 7. Encuestas realizadas por Taiwan Thinktank, 17 y 18 de enero de 2016, y TVBS Poll Center, 18 y 19 de enero de 2016. 8. Estadísticas del Ministerio de Asuntos Extranjeros,Taipéi,abrilde2015. 9. “Tsai debuts plan to bolster India, ASEAN relations”,Taipei Times, 23 de septiembre de 2015. 10. “New industries call for new methodologies”, Taipei Times, 4 de abril de 2016. 11. “Tsai unveils ambitious national defense policy”, Taipei Times, 30 de octubre de 2015. 12. Firmado en junio de 2013, este acuerdo da continuación al ECFA. Prevé la reducción de las barreras tarifarias en 64 sectores taiwaneses y 80 sectores chinos de servicios (finanzas, transporte, edición y contenidos culturales,turismoyhotelería,entretenimiento,etc.).

*Profesor asociado en la National Central University de Taiwán e investigador del Centre d’études français sur la Chine contemporaine (CEFC). Traducción : María Julia Zaparart

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El nuevo Parlamento iraní, que habrá de reunirse en mayo, contará con menos ultraconservadores. Pero más allá de las apariencias de pluralismo, el juego electoral oculta la estrechez de las transformaciones sociales pasibles de ser encaradas. La fuerza del régimen radica hoy más en el fermento nacionalista que en la prédica islámica.

 Apertura económica y atolladeros sociales

Esperanzas y simulacros de cambio en Irán por Shervin Ahmadi y Philippe Descamps*, enviados especiales

Fiesta de la Revolución, Teherán, febrero de 2016 (Philippe Descamps)



¡Ni vencidos ni sometidos!” En este 10 de febrero de 2016, la muchedumbre se anima alrededor de un turbante blanco. El presidente Hassan Rohani acaba de unirse al cortejo de la Fiesta anual de la Revolución en la avenida Azadi, una de las principales arterias de Teherán. El eslogan repetido a coro refleja la lectura del acuerdo nuclear (1) hecho por la “calle”; o, por lo menos, por el pueblo que permaneció fiel al régimen, que marcha en una atmósfera más cercana a la kermesse que al desfile revolucionario. Esta ocasión de tomar un baño de muchedumbre le viene como anillo al dedo al líder de los “moderados” tras sus éxitos diplomáticos y en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones legislativas, el 29 de abril de 2016. La prensa oficial contará a “millones” de iraníes que convergen hacia la plaza

de la Libertad. Lo seguro es que asistieron varios centenares de miles. Encontramos el tradicional culto de la personalidad, con las efigies de los dos guías, el ayatollah Ruhollah Jomeini (muerto en 1989) y su sucesor Alí Jamenei, o pancartas hostiles a Israel y a Estados Unidos. Pero muy lejos estamos del ambiente de hace veinte o incluso diez años, cuando los Heyat (comités de barrio) orquestaban el desfile contra la “arrogancia occidental”. Muchos se pasean en familia. Los más jóvenes llevan gorros tricolores o exhiben los colores de la bandera en sus mejillas, como en las inmediaciones de un estadio de fútbol. Tanto en los altoparlantes como en las pancartas, las arengas islámicas se muestran excepcionales, mientras que en todas partes se celebra la grandeza de Irán. Nadie puede escapar a su “retorno” a la escena internacional. No sólo porque el país que an-

taño pertenecía al “Eje del Mal” negocia con los más grandes, sino también porque –como un eco tardío de la Revolución– sus aliados libaneses, iraquíes, sirios o yemenitas marcan puntos en un conflicto regional que no dice su nombre. “Ya ven, rindió frutos –nos dice una mujer, alrededor de los 40, delante de un puesto–. ¡No vayan a contar que distribuyen comida a la gente para que vengan!”. Las palabras son firmes, pero dichas con una sonrisa; y las remolachas cocidas están deliciosas… El ambiente es campechano. A las actuaciones de los humoristas suceden las de los cantantes. Después de un espectáculo de danza folclórica, llega una “atracción” de los Guardianes de la Revolución, que reconstruyen el arresto de marinos norteamericanos en peligro de naufragio en el Golfo, el 12 de enero pasado. Se vuelve rápido a los mimos, luego a los

cantos patrióticos, antes de descubrir el puesto… ¡de la Bolsa, que linda con el de la oficina de las privatizaciones! De manera permanente, los aparatos fotográficos chisporrotean. Los muy escasos extranjeros son asaltados con palabras de bienvenida y pedidos de selfies. A lo lejos aparece un misil erguido en la calzada. Justo antes, tres jóvenes homosexuales ostentan sin temor su orientación en medio del cortejo (2), mientras que las fuerzas del orden se vuelven más discretas. Un cohete (civil) y un dron (militar) marcan la entrada de la plaza, donde una mujer en los 30, vestida a la occidental, viene a resumirnos esa mañana: “Cuando uno tiene problemas en el interior, hay que mostrarse unidos en el exterior”. Las voces críticas

“Un millón en la calle, tal vez, ¡pero ci ncuenta millones en contra!” Sajida L. (3) y su marido Nasim L. ponen mala cara a la Fiesta de la Revolución. Militantes de la izquierda laica participaron activamente en el derrocamiento del antiguo régimen, en 1979, antes de ser arrojados a los calabozos de la República Islámica de 1983 a 1990. Entre dos vasos de vino –que muchas familias fabrican en su domicilio para soslayar la prohibición del alcohol–, Nasim L. describe el dilema de los militantes de izquierda en vísperas de las elecciones: “Yo defiendo una forma de ecosocialismo, que asocia desarrollo sustentable y justicia social. Pero nosotros, los progresistas, no tenemos hoy otra elección más que dar prioridad solamente a la batalla de las libertades votando por los menos conservadores, que tratan de reducir los poderes del guía”. “No ignoramos que algunos reformadores preconizan recetas cada vez más liberales y que no hay muchas diferencias entre los programas sociales de los candidatos –agrega Sajida L.–. Pero lo más importante sería respirar un poco, construir los fundamentos de una verdadera democracia, tratar de reconstruir los sindicatos, las asociaciones. Por supuesto, el régimen perdió lo esencial de su base popular. Pero también vimos que el ‘movimiento verde’ (4) caía muy rápido, claro que a causa de la represión, pero también porque sólo era apoyado por las capas medias. Los jóvenes no están dispuestos a hacer una nueva revolución. Desde 2009, los reformadores parecen haber comprendido que debían dirigirse también a los sectores populares para transformar la sociedad.” En el plano social, ella tiene alguna esperanza en el abordaje “inclusivo” del presidente Rohani, electo en 2013. “Una amiga necesita un medicamento muy caro contra el cáncer. Si puede curarse es gracias a Rohani, que facilitó las importaciones y aumentó la cobertura para el seguro médico. También vimos que la situación de los profesores mejoraba después de su movimiento de protesta.” En un país donde la expresión de un pensamiento crítico pasa por un juego de escondidas con las autoridades, los militantes progresistas van a ayudarnos a desenmascarar los simulacros de los auténticos cambios, aclarando varias facetas de Irán de las que raramente se habla. Numerosas personas interrogadas antes del escrutinio, inclusive en ocasión de encuentros informales, repiten constantemente una expresión: “Nos dan a elegir entre lo malo y lo peor”. Pouya T. acompañará a su hijo, que va a votar por primera vez (y por los “malos”), pero él no puede resignarse a depositar una papeleta en la urna: “Ultraconservadores, moderados, reformadores: las etiquetas no quieren decir gran cosa. Todos estaban ya en el poder en los años ochenta y se ensuciaron las manos”. Estos militan-

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tes de la izquierda aplastada por la represión no pueden olvidar los años robados o las masacres de las prisiones de 1988, que produjeron varios miles de muertos (5). El actual guía supremo era entonces presidente, el candidato reformador de 2009, Mir-Hosein Musaví, era primer ministro y Alí Hashemi Rafsanjani era comandante en jefe de los ejércitos… Burbujas y neoliberalismo

Desde su paso por la presidencia de la República (1989-1997), este último hace las veces de “pragmático”, campeón de la libre empresa. El agotamiento de la ideología de la “revolución mundial del islam” favoreció la difusión entre las elites de una representación neoliberal del mundo, de la que da testimonio la mayoría de las publicaciones autorizadas. A despecho de sus 82 años, de su enriquecimiento ostentoso o del caso de corrupción que condujo a su hijo a prisión, Rafsanjani sigue siendo el personaje central de la vida política. Ubicado hoy entre los “moderados”, hizo una alianza con Rohani y obtuvo el apoyo de los reformistas cercanos al ex presidente Mohammad Jatamí (en el poder de 1997 a 2005). Como muchos de aquellos que dicen pertenecer a la “generación quemada”, nacida en los años setenta, Pouya T. observa las contradicciones de su país y de su ciudad con una mirada a veces triste, a veces burlona, hecha de afecto y de irrisión. Esta megalópolis de más de trece millon es de habitantes, construida sobre el modelo urbano de Los Ángeles, es desfigurada por centenares de kilómetros de autopistas permanentemente congestionadas; la polución oculta un maravilloso decora-

do de montañas. Mientras zigzaguea por la calzada, Pouya T. hace un inventario de las torres construidas por las bondades de un banco central que remunera generosamente los depósitos sin mirar de dónde puede provenir el dinero. Resultado: un sector bancario interior protuberante a pesar de las sanciones internacionales, una inflación galopante (alrededor del 15% en 2015) y una burbuja inmobiliaria que terminó por estallar. La economía informal prospera y la ausencia de impuestos sobre el patrimonio o sobre los ingresos finan-

La modernidad ha surgido brutalmente, revolucionando la región de los Lors, una etnia aún en gran medida nómada. cieros favorece el rápido crecimiento de las desigualdades. Los precios de los apartamentos dan una medida de esto: alrededor de 7.000 euros el metro cuadrado en las alturas templadas del norte de la ciudad y apenas algunos centenares de euros en el sur, a las puertas del desierto. Todo puede comprarse: por el equivalente de 4.500 euros, un estudiante entra en la universidad con una simple admisión y sin haber tenido éxito en el examen; para escapar del servicio militar, que du-

ra dieciocho meses, basta con que un bachiller pague alrededor de 3.500 euros, un médico, 8.500 euros (6). Y uno siempre se arregla con la doctrina: así, los préstamos se han convertido en “facilidades” y la usura, prohibida en 1983, fue constantemente practicada antes de generalizarse a partir de los años 2000 bajo el apelativo de “ganancia esperada” (7). El respeto del código de la ruta ayuda a comprender la relación con la regla y la organización de la sociedad. Se encuentran tres tipos de luces de señalización: las tricolores, poco frecuentes; las naranjas parpadeantes, que permiten pasar prestando atención; y las rojas parpadeantes, que sólo autorizan el paso en ausencia de otros vehículos. En la práctica, cada encrucijada es una batalla campal y la prioridad pertenece al que frena más tarde… “Yo sé lo que les pasa por la cabeza a los muchachos y cuándo van a terminar por frenar –se divierte Pouya T.–. Pero hoy las mujeres también están al volante, y a menudo me veo obligado a ceder el paso.” Con excepción de los más altos escalafones del poder, las mujeres avanzan en todas partes (8), inclusive en la Asamblea Legislativa, y podrían contarse una veintena de elegidas luego de la segunda vuelta. Pero como un verdadero militantismo político sigue siendo imposible, muchas prefieren involucrarse en el sector asociativo. La presidencia de Jatamí fue marcada por la emergencia de numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG). Hoy reaparecen después de un período difícil durante el mandato de Mahmud Ahmadineyad (2005-2013). Azadeh G. nos hace visitar un centro implantado en los barrios del sur, los más pobres:

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un lugar de ayuda mutua donde se puede aprender a coser, a administrar su presupuesto o su casa. Sin reservas, un grupo nos acepta. Bajo la conducción de un psicólogo, vienen aquí a buscar soluciones para sus problemas de pareja, de relaciones en el trabajo o en la familia. Lo más impactante es la ausencia de todo punto de referencia religioso. Todo el mundo vive con las referencias institucionales islamistas, pero son raros quienes adhieren todavía a ellas como ideología política. La fe vuelve a ganar la esfera de lo íntimo. Si el retroceso de lo colectivo favoreció el repliegue sobre sí, numerosas acciones dan testimonio de un retorno de la solidaridad, como esa otra asociación (9) implantada en una ciudad periférica que ayuda a la escolarización precoz de las familias de origen afgano con el objeto de facilitar su integración. A su cabeza, siempre una ex militante progresista, que hoy prefiere involucrarse en algo concreto: “Es la única manera de expresarse políticamente, realmente”, testimonia Dariya P. Flagelo de la droga

Varias asociaciones son de gran ayuda para las madres solas con sus hijos, que serían más de dos millones y medio en el país. Las “Casas Sol” ofrecen un refugio transitorio a las mujeres víctimas de violencia. Muchas organizaciones ayudan a los drogadictos o a sus allegados. En aquella que visitamos el mismo día, una veintena de familias son acompañadas junto con los servicios médicos, que vigilan la abstinencia. Farideh D., la responsable, estuvo ella misma casada con un toxicómano: “Hoy me siento útil. Di un sentido a mi vida. En diez años vi duplicarse el fenómeno. Todas las capas de la �

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sociedad están involucradas, pero sobre todo aquellas que vienen del campo y que viven en una miseria cultural. El sistema educativo no prevé ninguna prevención”. Tampoco aquí se habla de religión: “Nos comprometemos por humanismo, no por deber”. “El consumo de drogas se vuelve masivo –observa Nasser Fakouhi, antropólogo de la universidad de Teherán–. El fenómeno es comparable al del alcohol en la ex Unión Soviética. Estimulantes o tranquilizantes, los tóxicos permiten evadirse, y en definitiva aceptar su situación.” Cerca de tres mil muertes por año estarían ligadas a los estupefacientes (10), mientras que, según su delegado en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Irán por sí solo representaría el 74% de las incautaciones mundiales de opio y el 25% de las incautaciones de heroína y de morfina (11). Los dos mil kilómetros de frontera común con Afganistán, principal país productor de adormidera, favorecen en gran medida las importaciones y el tránsito. Pero Irán también se convierte en un gran fabricante de drogas sintéticas, en particular del “cristal”, una variante de metanfetamina. A los ojos de las autoridades, la lucha contra ese tráfico justifica una represión feroz. La mayoría de los 977 condenados a muerte ejecutados en 2015 –un récord desde 1989– lo fue por infracciones relativas a la legislación sobre las drogas. Y varios miles de detenidos, algunos de los cuales eran menores en el momento de su arresto, esperarían su ahorcamiento (12). Plomero jubilado, Cyrius F. preside una asociación de barrio, siempre en el sur de Teherán. Él observa la degradación social y sus consecuencias: “Estas viviendas tradicionalmente obreras vieron desfilar olas de desocupados que venían de la industria, luego aquellas de la construcción después del estallido de la burbuja. A esto se agregan los ‘universitarios desocupados’, jóvenes que salen de la universidad, obligados a entregar pizzas o a esperar interminablemente un puesto estable. La economía informal explota, así como los tráficos, en particular la venta de drogas en las plazas públicas”. Único signo positivo, a su manera de ver, es la emergencia de movimientos de protesta y de reivindicaciones salariales: obreros del petróleo, docentes, enfermeros. Pero casi no ve una convergencia de las luchas, siempre con ese horizonte de la elección entre “lo malo y lo peor”.



Logros de la Revolución

De origen modesto, viuda de un sindicalista conocido en los años 1970 y durante largo tiempo responsable de una sección importante de la ciudad, Zoreh V. ve las cosas desde otro punto de vista y toma distancia: “Hace treinta años yo era la única de mi familia que no era practicante, la única que sabía leer y escribir. Hoy mis hijos, sobrinos y sobrinas están todos graduados en la universidad. Piensan por sí mismos. El nivel de vida ha aumentado, la fecundidad se redujo, todo el mundo puede viajar. Se puede criticar la prioridad dada a la libre elección del consumidor, la ausencia de perspectiva más ciudadana o más igualitaria. Pero la situación concreta ha mejorado y la gente tiene cada vez menos miedo a decir lo que piensa”. Nutridos por los programas en persa de la British Broadcasting Corporation (BBC), muchos miembros de las profesiones intelectuales adoptan, en reacción a la propaganda oficial, un discurso prooccidental en ocasiones un poco ingenuo. Pero entre los antiguos militantes progresistas, los debates sobre las adquisiciones de la Revolución son ásperos como consecuencia de la disminución de las conquistas sociales en sa-

lud, educación o vivienda. A pesar de los sufrimientos padecidos, Sajida L., sin embargo, concede que “aunque hoy lo insulten, el imán Jomeini tendrá su lugar en la historia”, en particular por haber enfrentado a Norteamérica y a Sadam Husein (13). Encontramos un discurso no tan lejano en los barrios encopetados del norte de Teherán. Durante una velada en el seno de la alta burguesía que manda a sus hijos a estudiar al extranjero, o que vive una par-

La posición de los “moderados” rápidamente se volverá frágil si el acuerdo nuclear tarda en producir sus efectos en la vida cotidiana. te del tiempo en Estados Unidos, los platos tradicionales iraníes son acompañados con vodka o whisky. Estos jefes de empresa esperan mucho de la apertura económica y aprecian al presidente Rohani, su “fineza”, su “habilidad para contemporizar con el aparato estatal conducido por el guía”. No obstante, el discurso filooccidental no es totalmente incompatible con la afirmación de la soberanía nacional, en particular desde que se trata de la rivalidad con Arabia Saudita. La campaña electoral es corta, muy corta. En las montañas de Zagros, parece el tour de France. El Consejo de los Guardianes de la Constitución detiene definitivamente la lista de los pretendientes a la diputación ocho días antes del escrutinio. La mitad de los 12.000 candidatos fue apartada, y con los desestimientos quedan un poco más de 5.000… para 290 bancas en la Asamblea Consultiva. Tienen una semana para darse a conocer. El pueblo más chico de algunas pocas almas ve desfilar las caravanas de seguidores. Un auto cubierto de afiches abre el corte jo, seguido por el candidato, que tiende la mano a los curiosos, y por varias decenas de otros vehículos que abusan de sus parlantes en un decorado austero, entre dos bancos de nieve. Los cartelitos invaden el más mínimo poste, mientras que varias tienditas son reconvertidas en locales de campaña. Allí van a tomar té, comentar la actualidad, entre hombres… Por limitado que sea, ese juego electoral era aquí inimaginable hace menos de veinte años. Las rutas no existían, la electricidad no llegaba. El gas, por su parte, sólo está disponible desde hace cuatro años en las aldeas, a 2.300 metros de altitud, cuando las temperaturas descienden con frecuencia por debajo de -15º en invierno y las casas no están aisladas. La modernidad ha surgido brutalmente, revolucionando la región de los Lors, una etnia aún en gran medida nómada. Sobre los pastos de montaña donde plantaban sus tiendas se erigen pueblos permanentes de hormigón. Mientras tanto, Irán se ha convertido en un país esencialmente urbano. Las zonas rurales no albergan más que un cuarto de la población (14), mientras que las ciudades vieron que su demografía casi se triplicaba desde la Revolución. En espera del desarrollo

El régimen se adapta, juega con la saturación más que con la prohibición. Ya se

lo había observado en materia de medios con la eclosión de numerosas cadenas nacionales o que emiten desde el extranjero (15): controladas por allegados al poder, se apoyan en el entretenimiento para captar la atención y desviarla de otros problemas. En materia política, y en ausencia de verdaderos partidos estructurados, no hay realmente un debate sobre eventuales programas, sino que el elector está sumergido por la oferta. Un ejemplo es Teherán, donde se presentaban 1.200 candidatos para solamente treinta cargos. En los lugares de voto, ubicados generalmente en una escuela o una mezquita, al elector le entregan una planilla con treinta casilleros en los cuales debe inscribir sin falta treinta nombres y treinta números. No hay cuarto oscuro y cada uno debe instalarse como puede ante la lista oficial que desgrana por orden alfabético los centenares de candidatos. En la práctica, la tarea es casi imposible. Las dos grandes tendencias, pues, difunden su lista con los recursos de que disponen. La víspera del escrutinio, muchos tomaban notas mientras escrutaban los afiches pegados a las apuradas en el mobiliario urbano. Los más previsores llevaban su lista; los otros consultaban su teléfono o a su vecino. Fue sencillo comprender que el lugar que pudimos visitar votaba muy mayoritariamente por Mohammad Rezá Aref, que hizo elegir a sus treinta candidatos. A despecho del filtrado del acceso a Internet, las redes sociales, utilizadas por millones de iraníes, movilizaron en la capital. En Instagram o Telegram, la fotografía más compartida ese 26 de febrero representaba un dedo manchado de tinta indeleble con un vendaje y esta leyenda: “Yo de todos modos voto, y espero no lastimarme como la última vez”. La segunda vuelta del 29 de abril debía dar su fisonomía definitiva al Parlamento.  Ya los moderados cosecharon algunos éxitos, puesto que varias figuras de los ultraconservadores fueron descartadas, como el presidente de la Asamblea de Expertos, el ayatollah Mohammad Yazdi. Esta asamblea, elegida al mismo tiempo que la Cámara Baja, por ocho años, podría desempeñar un papel importante, porque le corresponde nombrar al futuro guía en caso de dimisión, revocación o defunción del actual, de 76 años y salud frágil. Pero esta señal no equivale a victoria de un campo sobre el otro, ya que las dos tendencias están igualmente representadas, mientras que la mayoría de los reformadores fueron descartados del escrutinio. El poder puede enorgullecerse de haber suscitado tanto interés y participación. Las ciudades votaron por el cambio, pero no las regiones más desheredadas, y muchos de los representantes presentados hoy como moderados durante largo tiempo fueron considerados como conservadores. Además, las instituciones conceden suficiente poder a los mulás para orientar las elecciones venideras por todo cuanto respecta a las relaciones exteriores, a la política y a la economía. El presidente Ahmadineyad se había hecho popular distribuyendo un subsidio de recursos a los más pobres y haciendo construir “un millón” de viviendas para los sin techo. Pero en paralelo organizó la privatización de una buena parte del importante sector público en provecho de fundaciones y otras estructuras controladas por los guardianes de la Revolución. Reforzada por las urnas, la posición de los “moderados” rápidamente se volverá frágil si el acuerdo nuclear tarda en producir sus efectos en la vida cotidiana. Por cierto, el país comenzó a recuperar una parte de los haberes congelados y aumenta sus exportaciones de petróleo. Pero los proyectos de contratos firmados con las empresas europeas (Airbus, Peugeot, Renault, Siemens, etc.) tropiezan todavía con

las reticencias de los bancos occidentales, que siguen temiendo caer bajo el golpe de la justicia norteamericana. Porque el levantamiento de las sanciones internacionales no atañe a las medidas de represalia tomadas desde los años ochenta solamente por Estados Unidos, y siempre enérgicamente defendidas en el Congreso. El presidente Barack Obama afirmó que su país iba a “cumplir su parte” del acuerdo. Pero al tiempo que se compromete a “clarificar” (16) las reglas que rigen las transferencias internacionales para facilitar los intercambios, el subsecretario de Estado, Thomas Shannon, rápidamente debió especificar que eso no significaba un acceso al sistema financiero norteamericano para Irán. Las negociaciones diplomáticas distan de estar terminadas, y Teherán ve desfilar a los empresarios occidentales, inclusive a la norteamericana Boeing. La apertura económica no carecerá de riesgos para un aparato productivo que, construido en un contexto de embargo, había permitido a Irán reducir su dependencia del petróleo (alrededor del 25% de los recursos presupuestarios). En el Palacio de las Cuarenta Columnas de Isfahán, símbolo de la irradiación de la gran Persia, el infinito juego de los espejos alienta a desconfiar de las apariencias. A despecho de una retórica social y de una ideología islamista, Irán se inscribe en la marcha del mundo y en los tormentos de la modernidad, tal vez con un gusto pronunciado por el disimulo. g 1. Véase Shervin Ahmadi, “Irán y el campo de

los posibles”, Le Mondediplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, mayo de 2015. 2. La ley permite cambiar de sexo, pero la

homosexualidad es pasible de la pena de muerte y sirvió de pretexto para la ejecución de opositores. El simple hecho de besar a otro hombre puede traer aparejada una tanda de latigazos. 3. Para asegurar la libertad de palabra

de nuestros

interlocutores tuvimos que garantizarles un perfecto anonimato. Todos los nombres fueron cambiados. 4. Movimiento de impugnación del régimen

tras la reelección discutida del presidente Mahmud Ahmadineyad en 2009. 5. La fatwa del ayatollah Jomeini apuntaba

principalmente a los muyahidines del pueblo, cuyos responsables habían pasado del lado iraquí, pero numerosos militantes de la izquierda laica también perecieron. Véase George Robertson, TheMassacre

of Political Prisoners in Iran, 1988, Abdorrahman Boroumand Foundation, Londres, 2011. 6. Aunque difícil de evaluar, habida cuenta

del

peso de la economía informal, el salario medio es de alrededor de 300 euros por mes. 7. Ramine Motamed-Nejad, “Monnaie et illégalisme.

Genèse des protestations monétaires en Iran (19792013)”, Revuede la régulation, N° 18, París, otoño de 2015. 8. Véase Florence Beaugé, “Nada detiene a

las iraníes”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, febrero de 2016. 9. Para proteger a nuestros interlocutores, nunca

damos nombres ni referencias demasiado precisas. 10. “Rapport mondial sur les drogues”,

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga  y el Delito (UNODC), Viena,2014. 11. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas,

Ginebra-Nueva York, sesión del 8 de abril de 2015. 12. “La peine de mort dans le monde”,

informe 2015, Amnesty International. 13. En septiembre de 1980, el presidente iraquí

decidió atacar a Irán, al que creía debilitado por la revolución de 1979. La guerra duró ocho años y produjo probablemente más de un millón de muertos. 14. 27% en 2014, según el indicador de

desarrollo del Banco Mundial. 15. Véase Shervin Ahmadi, “Los medios desafían

al poder”, Le Mondediplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, julio de 2011. 16. Agencia France-Presse, 5 de abril de 2016.

*Responsable de la edición de Le Monde diplomatique  en farsi y jefe de redacción de Le Monde diplomatique , París, respectivamente. Traducción: Víctor Goldstein

Volker Möhrke/Corbis

Dossier

Finanzas fuera de la ley La filtración conocida como los “Panama Papers”  volvió a echar luz sobre el subterráneo mundo de los paraísos fiscales que dan “refugio” a billones de dólares en el mundo. Pero no es éste el único mecanismo para evitar el pago de impuestos: desde el mecenazgo cultural o deportivo hasta el lobby para frenar medidas irritantes para las finanzas, como la tasa Tobin, el poder económico se las ingenia para no pagar.

Escurrirse por el Canal de Panamá,   por Tomás Lukin La eterna postergación de la tasa Tobin, por Frédéric Lemaire El nuevo recaudador cotiza en Bolsa, por Christian de Brie

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Dossier Finanzas fuera de la ley

Manifestación de la organización “Transparencia Internacional” frente a la sede de la Unión Europea, Bruselas, 12-4-2016 (Yves Herman/Reuters)

Panamá es uno de los eslabones del multimillonario negocio global para fugar capitales, lavar dinero y evadir impuestos, cuyos mecanismos quedaron expuestos en la reciente filtración de los “Panama Papers”. Para comprender sus orígenes es preciso remontarse a la indepedencia panameña y a la influencia estadounidense.

Breve historia de un paraíso fiscal

Escurrirse por el Canal de Panamá por Tomás Lukin*

P

anamá Offshore Legal Services es una pequeña firma de abogados que instaló sus oficinas en el barrio de Bella Vista en la capital del Estado centroamericano. Desde allí ofrecen la más amplia variedad de productos para sus clientes: “¡Tome el próximo paso para su libertad financiera e inicie su corporación en Panamá hoy! Simplemente llene el formulario de aplicación en línea, y envíenos tan sólo 1.300 dólares para constituir su sociedad o fundación en Panamá. Podemos tenerla lista y funcionando en 2 días laborales. Usted experimentará el alivio de darse cuenta de que ha dado un paso importante para lograr su privacidad financiera, protección de sus activos y diversificación de sus inversiones”, promocionan en su sitio web. Entre su vasto menú de opciones, abrir una cuenta bancaria a nombre de esa sociedad pantalla panameña en, po r ejemplo, Belice cuesta 750 dólares: “El banco ofrece la más alta privacidad y el sistema legal de Belice está muy orientado a defender los intereses de los beneficiarios”, pro-

meten. Pero si el cliente elige radicar su firma directamente en aquel país para aprovechar, además de la promesa del secreto bancario, el anonimato y los escasos impuestos, el precio asciende hasta 1.500 dólares. Seis pisos abajo de las oficinas del Banco Mundial, en el Edificio Ocean Business Plaza, el estudio Carles Barraza es algo menos inescrupuloso al promover la creación de sociedades offshore. Los destinos ofrecidos son: Barbados, Antillas Holandesas, Nueva Zelanda, Islas Vírgenes y Bahamas. “Las compañías incorporadas en las Bahamas están exentas de cualquier tipo de impuestos y están capacitadas para realizar todo tipo de negocios. El anonimato está garantizado y no hay auditorías”, aseguran los abogados. Pequeñas e ignotas, Panamá Offshore Legal Services y Carles Barraza no le llegan a los talones a la poderosa firma global de abogados Mossack Fonseca, que tiene oficinas en 42 países y 500 empleados especializados. Los clientes a los que apuntan son distintos, pero las propuestas de los pequeños estudios legales son prácticamente idénticas a las operacio-

nes diseñadas por la multinacional panameña para fugar capitales, lavar dinero y evadir impuestos. Estos artilugios fueron expuestos a través de la filtración de 11,5 millones de documentos internos del estudio denominada “Panamá Papers”. Entre quienes contrataron los servicios de la multinacional panameña figuran el astro del fútbol mundial Lionel Messi, el presidente argentino Mauricio Macri, el ahora ex primer ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson, el padre del premier británico David Cameron, los amigos de la infancia del mandatario ruso Vladimir Putin, el empresario favorito del presidente mexicano Enrique Peña Nieto y la infanta Pilar de Borbón, hermana del rey emérito español Juan Carlos I, entre otros. A pesar de la participación estelar de Mossack Fonseca en la creación de miles de estructuras offshore, son pocos los casos en donde se revele la existencia de cuentas en el enorme sistema bancario panameño. Por eso, aunque efectiva a la hora de instalar el tema en las agendas mediáticas alrededor del mundo,

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la designación de “Panamá Papers” elegida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación puede ser confusa. La filtración permite, en cambio, evidenciar que las guaridas fiscales no operan de forma aislada, sino que participan de una red global de servicios financieros compuesta por bancos, estudios contables, bufetes de abogados y firmas de auditoría cuyas operaciones son canalizadas a través de esas jurisdicciones.  Ya sean grandes y prestigiosas empresas, políticos consagrados por su compromiso con la transparencia, celebridades, deportistas, narcotraficantes, redes de trata de personas, organizaciones terroristas, despiadados líderes mundiales o los más corruptos hombres de negocios, las legislaciones de los paí ses, los servicios e instituciones que compo nen la red de guaridas fiscales están disponibles las 24 horas de los 365 días del año para garantizar el secretismo y realizar las maniobras financieras más audaces. Panamá es un eslabón más en ese negocio global que ofrece, según estimaciones conservadoras, “refugio” a más de 9 billones de dólares (millones de millones). Las principales guaridas fiscales A diferencia de las binarias “listas negras” de paraísos fiscales difundidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Financial Secrecy Index (FSI), o índice de secretismo financiero, elaborado por la ONG inglesa especializada Tax Justice Network (TJN), ofrece un abordaje integral del mundo offshore: analiza las regulaciones, leyes y tratados de las diferentes jurisdicciones para construir un índice que luego es ponderado de acuerdo a la relevancia de cada país para los mercados financieros globales. Así, antes que señalar a las paradisíacas islas caribeñas como responsables excluyentes de un negocio que atenta contra la equidad y la capacidad de desarrollo de los países, el FSI afina la puntería y señala a Suiza, Hong Kong, Estados Unidos y Singapur como las principales guaridas fiscales del mundo. Los paraísos caribeños consagrados por la industria cinematográfica estadounidense como las Islas Caimán, donde se desarrolla la película The firm de 1993, protagonizada por un jovencísimo Tom Cruise, comienzan a aparecer recién a partir del quinto lugar del listado. Con los parámetros del índice de secretismo financiero, Alemania, el Líbano, Bahrein, Dubai y Japón ocupan un lugar más relevante que Bahamas, Bermudas e Islas Vírgenes Británicas. La última actualización del ranking, publicada en noviembre de 2015, colocó a Panamá en el puesto número 13 sobre más de 100 jurisdicciones evaluadas. El prolongado compromiso legal con el secreto ban cario, un pujante y desarrollado sistema financiero, la dolarización de hecho, el reducido nivel de datos solicitado a los extranjeros que abren sociedades, las facilidades para crear estructuras offshore como fideicomisos y fundaciones, la escasa carga tributaria para los no residentes, la falta de cooperación en materia de intercambio de información y el rechazo de sus autoridades a incorporar diferentes marcos regulatorios internacionales garantizan al país esa posición de privilegio. Por su ubicación geográfica y su historia, esa guarida fiscal exhibe un estrecho víncu-

lo con los flujos financieros originados en América del Sur y, fundamentalmente, Estados Unidos. Leaks cruzados  Valga un ejemplo presente en la (hoy paralizada) investigación judicial sobre las empresas e individuos argentinos con cuentas no declaradas en el HSBC Private Bank de Ginebra, la filtración de datos de alcance global que estalló el año pasado. Entre los documentos en poder de la justicia se puede observar cómo los oficiales del banco en Suiza propusieron a los titulares de una de las cuentas individuales más abultadas la implementación de mecanismos para fortalecer la opacidad de sus depósitos por más de 29 millones de dólares. A la familia de financistas argentinos que accedió a la recomendación, el holding británico-asiático le ofreció concretar la operatoria a través del estudio de abogados panameño Castro & Berguido. La opción elegida por esos argentinos ricos para incrementar el grado de opacidad se ejecutó en tres pasos: 1) montaron una estructura offshore en Panamá que, sin mostrar ninguna conexión con los verdaderos dueños del dinero, estaba bajo su exclusivo control; 2) abrieron una cuenta en la misma sucursal suiza del HSBC a nombre de esa empresa pantalla, y 3) transfirieron los 29 millones de dólares que tenían a su nombre a la cuenta de la firma panameña imposible de rastrear ya que, no sólo no figuraban sus nombres, sino que cualquier resumen de cuenta o información eran enviados a un domicilio en Punta del Este donde funcionaba un estudio contable. Pero ni los argentinos, ni el HSBC son los únicos en darse cuenta de la calidad de los servicios que tiene para ofrecer Panamá. Son más de 370.000 las compañías offshore registradas en esa jurisdicción, una cifra que sólo es superada por las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong. El origen del paraíso Existen investigadores que rebobinan hasta la independencia panameña de Colombia a comienzos del siglo XX para comprender el origen del negocio offshore. Afirman que la creación de Panamá fue orquestada y promovida por el gobierno estadounidense de Theodore Roosevelt en representación de un grupo de banqueros que tenían intereses directos sobre la construcción de un canal interoceánico en Panamá, en lugar del proyectado sobre el territorio de Nicaragua. La historia narrada en el libro Cómo Wall Street creó un país, de Ovidio Díaz Espino, puede parecer exagerada, pero JP Morgan terminó siendo el primer agente fiscal del incipiente Estado y el monumental cruce para las embarcaciones fue habilitado en 1914. Aunque esa versión ha sido cuestionada por contradecir el mito fundacional panameño, lo cierto es que los primeros pasos formales del país en su ca rrera para convertirse en un paraíso financiero estuvieron directamente vinculados a Estados Unidos y el Canal de Panamá. En 1919, las autoridades panameñas comenzaron a promover que embarcacio nes extranjeras se registraran en el país y navegaran bajo su bandera. Esa práctica, extendida hasta el día d e hoy, facilitó a grandes empresas estadounidenses –como la Standard Oil– la evasión de las regulaciones laborales en su país y les permitió minimizar sus obliga-

Geografía del dinero secreto Ránking de los 15 principales paraísos fiscales del mundo, según Financial Secrecy Index (www.financialsecrecyindex.com), 2-11-2015. PUESTO

PARAISO FICAL

1.

Suiza

2.

Hong kong

3.

Estados Unisos

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Sinagpur Islas Caimán Luxemburgo Líbano Alemania Bahrein Emiratos Árabes Unidos (Dubai) Macao Japón

13.

Panamá

14. 15.

Islas Marshall Reino Unido

EUROPA

Suiza ASIA

Estados Unidos

Hong Kong

OCÉANO PACÍFICO

13 Panamá OCÉANO  ATLÁNTI CO

OCÉANO ÍNDICO

ciones fiscales. Aunque las petroleras aprovecharon las innovaciones, la leyenda cuenta que la primera transferencia de buques a los registros panameños involucró a dos barcos de pasajeros que quería n servir alcohol durante los años de la prohibición. El segundo hito se dio en febrero de 1927 cuando se aprobó la Ley 32. De la mano de un grupo de banqueros de Wall Street que buscaban mecanismos para evadir impuestos, el gobierno de Panamá puso en marcha el primer cuerpo de leyes que por su laxitud promovían la creación de estructuras societarias que garantizaban el anonimato (verdaderas S.A.) y eximían del pago de impuestos, siempre y cuando se tratase de inversores extranjeros. La promesa de confidencialidad no sólo implicó bloquear la capacidad de investigación sobre las cuentas bancarias, sino que se estipularon penas de prisión y abultadas multas para quienes violaran esas leyes. Pero no fue sino hasta los años setenta que el país se incorporó en forma plena a la red de guaridas fiscales. Por esos años donde los precios del petróleo golpearon sobre la actividad naviera y los eurodólares comenzaron a girar por el mundo, el país consolidó el modelo tradicional basado en los tres pilares de los paraísos fiscales: adoptó por ley el secreto bancario, liberalizó sus mercados financiero y cambiario y facilitó un competitivo marco legal para la registración de compañías libre del pago de impuestos. Los vaivenes en la economía internacional y las crisis latinoamericanas no le permitieron a Panamá consagrarse de manera inmediata en el mundo o ffshore, pero lentamente la propuesta comenzó a atraer clientes. Por su cercanía geográfica y la connivencia política del dictador Manuel Noriega, una de las primeras experiencias a escala del sistema financiero panameño fue la administración –fuga y lavado– de una porción de los fondos de narcotraficantes colombianos. Pero ese negocio había comenzado casi una década antes: la autoridad tributaria estadounidense, el IRS, afirma que de todas las acciones criminales descubiertas entre 1978 y 1983 vinculadas al tráfico de drogas, el 28% involucra a Panamá. La evolución de los depósitos del sistema bancario durante los años 80 muestra cómo el negocio comenzó a crecer, pero su despegue no llegó sino hasta después de la invasión estadounidense, que desplazó a s u antiguo aliado y repuso en el poder a las antiguas elites de banqueros y empresarios. Desde entonces, el sistema bancario y los servicios financieros de Panamá han experimentado una floreciente trayectoria que día a día incorpora nuevos servicios, como el de los prestanombres, para la constitución de sociedades.

No fue sino hasta los años setenta que el país se incorporó en forma plena a la red de guaridas fiscales.

¿Final del juego? Los estudios de abogados y contadores que forman la red de servicios panameña saben que sus potenciales nuevos clientes buscarán auxilio en otros países antes de llamarlos para constituir estructuras societarias offshore. Los oficiales de cumplimiento en los bancos alrededor del mundo están alerta ante los flujos financieros provenientes de Panamá. La legislación panameña podría, incluso, modificarse para calmar a las fieras y reflejar algunas exigencias adicionales de los organismos internacionales. De hecho, el año pasado el país centroamericano incorporó una serie de “sugerencias” realizadas por el Fondo Monetario Internacional y el Grupo de Acción Financiera Internacional para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Incluso es probable que el país avance en la firma de tratados de intercambio de información, como se vieron obligadas muchas de las guaridas más conocidas a partir del estallido de la crisis internacional. Pero Panamá no dejará de funcionar como paraíso financiero. La indiferencia de las clases dominantes del país ante los problemas de reputación, el compromiso legal con la falta de transparencia y el insaciable respaldo de la banca internacional garantizan la continuidad del enclave offshore en su territorio. g *Periodista y licenciado en economía. Twitter: @tomaslukin. © Le Monde diplomatique , edición Cono Sur

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Edición 203 | mayo 2016

Dossier Finanzas fuera de la ley

Manifestantes de “Transparencia Internacional” frente a la se de de la Unión Europea,Bruselas, 12-4-16 (John Thys/AFP)

La tasa Tobin surgió en 1972 con el objetivo de gravar las operaciones cambiarias y de este modo desalentar los flujos especulativos. A pesar de haber sido celebrada desde entonces por diversos gobiernos alrededor del mundo, nunca se puso en práctica y sólo se han ensayado variantes edulcoradas.

Una historia que se repite desde hace veinte años

La eterna postergación de la tasa Tobin por Frédéric Lemaire*

I

nicialmente formulada por el economista estadounidense James Tobin (19182002), la idea de gravar las finanzas se abrió camino hasta los cenáculos europeos tras la crisis de 2008. En febrero de 2013, once países de la eurozona –Francia, Alemania, Bélgica, Austria, Eslovenia, Portugal, Grecia, Eslovaquia, Italia, España y Estonia– se comprometieron a aplicar un impuesto a las operaciones financieras. Versión edulcorada del proyecto de Tobin, la propuesta conservaba sin embargo su capacidad de irritar al mundo de las finanzas, el cual encontró ali ados de peso en su decisión de hacer que fracasara: varios gobiernos del continente, menos preocupados entonces por controlar las finanzas que por garanti zar su “competitividad”. Tres años después del comienzo de las negociaciones, la instauración de la tasa Tobin se ve “amenazada de estancamiento”, según el diario Les Échos (8 de marzo de 2016). La historia p arece repetirse para esta medida cuya implementa-

ción es considerada, desde hace veinte añ os, inevitable... pero siempre postergada. Una adhesión generalizada

Tobin lanzó por primera vez su idea de gravar las operaciones cambiarias en 1972. El objetivo: penalizar la especulación en el mercado cambiario, facilitada por el nuevo contexto internacional. Un año antes, el presidente estadounidense Richard Nixon había decretado el fin de la convertibilidad del dólar en oro, terminando de esta manera con el sistema monetario internacional basado en los acuerdos de Bretton Woods, firmados en 1944. En adelante, el tipo de cambio de las monedas flotaría a merced del mercado. El principio de la tasa Tobin es simple: aplicada a cada operación, incluso con una alícuota muy baja, aumentaría significativamente el costo de las idas y vueltas permanentes que caracterizan los flujos especulativos a corto plazo. Para las inversiones a largo plazo, puntuales, la tasa sería prácticamente imperceptible (1).

Las crisis monetarias europeas de 1992 y 1993, así como la caída del peso mexicano en 1994, le dieron la razón a Tobin: las fuerzas del mercado, lejos de fortalecerlo, contribuían a desestabilizar el sistema monetario. Economías enteras se encontraban amenazadas por la especulación masiva en el mercado cambiario. La tasa Tobin aparecía en los radares políticos. En marzo de 1995, el presidente francés François Mitterrand sugería la idea al respecto durante la cumbre social de Copenhague, sin dar muestras de un optimismo desmesurado: “Será muy difícil de lograr y no me hago ilusiones cuando se habla de operaciones financieras”. El mismo año, se mencionó nuevamente el nombre de James Tobin durante el G7 de Halifax, y más tarde en el programa del candidato socialista Lionel Jospin para las elecciones presidenciales. Los universitarios no se quedaron atrás. En 1996, Oxford University Press publicó una obra en la cual varios especialistas de las finanzas internacionales analizaban de manera muy favorable la ta-

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sa Tobin y su impacto (2). La idea recibió además el apoyo de personalidades respecto de quienes las finanzas no habían tenido hasta entonces motivo de queja, como Jacques Delors ( presidente de la Comisión Europea de 1985 a 1994), Butros ButrosGhali (secretario general de las Naciones Unidas de 1992 a 1996) y Barber Conable (presidente del Banco Mundial de 1986 a 1991). La tasa Tobin “surge de las notas a pie de página”, se alegraba entonces el economista John Williamson (3). En su editorial de diciembre de 1997 en Le Monde diplomatique, Ignacio Ramonet llamaba a “desarmar las finanzas” y crear una organización, ATTAC, que significó primero “Acción por una Tasa Tobin de Ayuda a los Ciudadanos”. Constituida al año siguiente, la asociación obtuvo éxito rápidamente. Contaría con más de treinta mil adherentes en 2003 y vería nacer filiales en treinta y ocho países (4). En una entrevista al diario alemán Der Spiegel, poco antes de su muerte, Tobin se alegraba así de ver sus ideas en primer plano, desmarcándose de los “alborotadores”, a los que asociaba con lo que se denominaba entonces el “movimiento antiglobalización” (2 de agosto de 2001). Otras tasas, otros objetivos

Tras la victoria de la “izquierda plural” en las elecciones legislativas de 1997 en Francia, Jospin, convertido en Primer Ministro, le encargó a su ministro de economía estudiar la medida. Dominique Strauss-Kahn la consideró “impracticable”; en un documento presupuestario del Ministerio de Economía incluyó un estudio oficial que la criticaba. Nueva campaña presidencial, renovado interés: en agosto de 2001, en TF1, el candidato Jospin señaló su deseo de ver a Francia “proponer que la Unión Europea tome una iniciativa en el plano internacional”. Perdió, pero su adversario Jacques Chirac, reelecto, retomó la idea, y creó un “grupo de trabajo sobre las nuevas contribuciones financieras internacionales” en el que participaba ATTAC. Presidido por el alto funcionario Jean-Pierre Landau, el grupo publicó su informe en septiembre de 2004 (5). Frente al fuerte crecimiento de las desigualdades en el mundo, proponía la implementación de tasas globales, como la tasa Tobin, aunque señalando que “las tasas estudiadas están exclusivamente destinadas a recaudar impuestos para el desarrollo”. En otras palabras, el objetivo inicial de Tobin, luchar contra la especulación, fue dejado de lado: convenía en adelante “minimizar las distorsiones generadas en el mercado”. El mundo de las finanzas no se estremecía realmente. Lo esencial del informe fue aprobado, bajo el impulso de Chirac, en la Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre de 2004. Durante una conferencia ministerial organizada por París en febrero de 2006, varios países se comprometieron a adoptar la propuesta del impuesto internacional a los pasajes aéreos (6) surgida del informe Landau; y una treintena de países (actualmente son 66) constituyó un “grupo piloto de financiamiento innovador para el desarrollo” con el objetivo de promover proyectos de impuestos globales. Gravar las finanzas, incluso modestamente: la ambición no era muy del agrado del vencedor de las elecciones presidenciales francesas de 2007. No bien fue electo, Nicolas Sarkozy le encargó a su ministra de Economía y Finanzas Christine Lagarde eliminar el impuesto a las operaciones bursátiles, una variante modesta del impuesto a las operaciones financieras que databa de 1893. La ministra declaró entonces: “Es una medida que contribuirá a fortalecer el atractivo de París como plaza financiera” (7). La crisis de 2008 cambió el escenario y provocó giros inesperados. Adair Turner, ex director general de la Confederación de la Industria Británica (CBI) y presidente de la autoridad británica de control de los mercados financieros, admitía en agosto de 2009 que una parte de las actividades de la City era “socialmente inútil” (8). Se pronunciaba a favor de una tasa Tobin. Meses más tarde, el G20 de Pittsburgh le encargaba al Fondo Monetario Internacional (FMI) propuestas tendientes a regular mejor el sistema. Los dirigentes europeos lo invitaban a “analizar todas las opciones disponibles”, incluso la de una tasa global a las transacciones financieras (TTF), en síntesis, una tasa Tobin que se aplicaría, más allá del mercado cambiario, al conjunto de los mercados financieros. El proyecto de TTF se topaba, sin embargo, con la hostilidad de Estados Unidos y Canadá. El en-

tonces director general del FMI, Strauss-Khan, no había cambiado de opinión desde su paso por el Ministerio de Economía francés: se oponía a una medida que consideraba “totalmente simplista” y “probablemente imposible” de implementar sin que fuese eludida (9). Los impuestos a los mercados bursátiles, sin embargo, existieron y aún existen en varios países. Extenderlos a las operaciones fuera de los mercados regulados sería totalmente posible. Bastaría con retener la tasa a nivel de los intermediarios, por ejemplo, las cámaras de compensación utilizadas para el pago (10). Sea como fuere, la TTF no figuraba en el informe presentado por el FMI en abril de 2010, que prefería en cambio dos simples impuestos bancarios, con el objetivo de... ¡financiar el rescate de los bancos en dificultades! Las modestas propuestas del FMI no sedujeron al G20 durante su reunión de 2010 en Toronto. Pero la TTF tampoco figuraba entre sus resoluciones. Las trabas francesas

¿Fracasarían acaso las veleidades de “hacer que paguen las finanzas”? No en Alemania, donde la canciller Angela Merkel había advertido: si el G20 no adoptaba la TTF, la propondría en la Unión Europea. Obtuvo el apoyo de Sarkozy en la cumbre franco-alemana de junio de 2010, diez días antes del G20 de Toronto. El camino parecía pues liberado para que surgiera un proyecto de TTF europea. En Bruselas, el Parlamento apoyó la idea en marzo de 2011, seguido por la Comisión, que presentó una propuesta de directiva para una tasa europea a las operaciones financieras. Ésta se distinguía claramente de la propuesta inicial de Tobin, ya que no se aplicaba a las operaciones cambiarias. Su base imponible, sin embargo, seguía siendo relativamente amplia: incluía a todos los demás mercados financieros, se aplicaba a todos sus actores y a todos los instrumentos. Tobin contemplaba una alícuota del 0,5%; las alícuotas retenidas por la Comisión eran del 0,1% para las acciones y obligaciones, y del 0,01 para los productos derivados. Los ingresos se estimaban en 30.000 millones de euros por año, a distribuir entre el presupuesto de la Unión Europea y el de los Estados. Meses antes de las elecciones presidenciales de 2012, Sarkozy anunció la implementación de una “tasa Tobin francesa” sobre una base imponible reducida (esencialmente las acciones emitidas por un centenar de empresas francesas). En síntesis, más bien un simple impuesto bursátil, similar al que había hecho eliminar en 2007... El candidato socialista no se quedó atrás. Durante el célebre discurso de Bourget, el 22 de enero de 2012, François Hollande nombraba al “enemigo” que había elegido: las finanzas. Para acabar con éste, prometía reforzar la TTF francesa e impulsar una tasa “ambiciosa” a las operaciones a escala europea. Pero, una vez que se puso las pantuflas de presidente, Hollande se olvidó de una parte de sus promesas. La nueva mayoría aumentó la alícuota de la tasa bursátil francesa de 0,1% a 0,2%, pero mantuvo una base imponible y una alícuota más restringidas que las impuestas en Reino Unido con el stamp duty. El gobierno se opondría además al año siguiente, y luego en junio de 2014, a enmiendas tendientes a ampliar la tasa francesa a las operaciones “intradiarias” ( intra-day ) y a penalizar el trading  de alta frecuencia. A escala europea, a falta de unanimidad, once de los veintiocho Estados miembro se pusieron de acuerdo, bajo el impulso de Alemania y Francia, para continuar el proyecto bajo la forma de una “cooperación reforzada”. El Consejo de Ministros de Economía de la Unión de febrero de 2013 oficializó el proceso. Desde entonces, París no dejó de poner palos en la rueda al proyecto de tasa europea. En julio de 2013, el ministro de Economía Pierre Moscovici puso las cartas sobre la mesa durante los encuentros internacionales de Paris Europlace. Denunció el proyecto de la Comisión Europea como “excesivo”, llamó a Bruselas a mostrarse “pragmática y realista” y prometió “mejorar” la propuesta de la Comisión. Promesa cumplida (esta vez): Francia bloqueó las negociaciones europeas multiplicando las solicitudes de exención, especialmente para los productos derivados, una especialidad de los bancos franceses. Desaparición lenta

En enero de 2014, Moscovici organizó una cumbre franco-alemana con el objetivo de garantizar un compromiso “realista”: “Si se actúa de manera tal que no

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existan más mercados financieros en Europa, no existan más Bolsas en Europa –advertía– los recursos financieros irán a Londres” (  France Info, 27 de enero de 2014). Pero los esfuerzos del gobierno francés tropezaron con la determinación de algunos de sus aliados, especialmente Alemania. La canciller no quería ceder: la TTF europea “amplia” figuraba en un lugar importante en el contrato de coalición que había celebrado en noviembre de 2013 con los socialdemócratas para formar su gobierno. La cumbre franco-alemana desembocó en un fracaso: Berlín se negó a aceptar las exencionespropuestasporFrancia. El 9 de julio de 2014, en ocasión de los encuentros internacionales de Paris Europlace, el nuevo ministro de Economía francés Michel Sapin confirmó que no aceptaría “un proyecto que sería desequilibrado Francia bloqueó para nuestra plaza financiera”. Pero la obstinalas negociaciones ción de Francia no tuvo resultados. En diciembre europeas de 2014, los ministros de Economía de los once paímultiplicando ses comprometidos en el las solicitudes de proyecto de TTF europea rechazaron su propuesta. exención. El 30 de marzo de 2015, París y Berlín lograron finalmente una posición común: un impuesto amplio acompañado de alícuotas bajas. “Francia tomará nuevamente la iniciativa para que esta tasa esté lista llegado el momento, es decir, cuando se celebre la COP21” (11), prometía un François Hollande predispuesto al enfoque de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, que debía celebrarse en París a fines de 2015. A fuerza de tergiversaciones, las negociaciones se eternizaron. Algunas delegaciones solicitaron exenciones; Estonia se retiró. Esto no cuestionaba el procedimiento de cooperación reforzado, que exigía la participación de al menos nueve países; pero, según Sapin, quien expresó su “preocupación”, las negociaciones estarían “en una situación de congelamiento de imagen” (12). Las dificultades políticas en España y Eslovaquia impedirían a estos Estados dar su acuerdo con vistas al próximo vencimiento, fijado en junio de 2016. “La tasa a las operaciones financieras desaparece lentamente”, tituló el diario financiero alemán Handelsblatt (13). Para Peter Wahl, economista alemán y militante histórico en favor de la TTF, un acuerdo, incluso decepcionante, debería sin embargo producirse. Un fracaso en esta etapa tendría un costo político importante tanto para Hollande como para Merkel. Pero se estará sin duda lejos del proyecto del fallecido James Tobin... g 1. Léase Ibrahim Warde, “Le projet de taxe Tobin,  bêtenoire des spéculateurs, cibledescenseurs”, Le  Mondediplomatique, París, febrero de 1997. 2. Mahbub Ul Haq, Inge Kaul e Isabelle Grunberg (dirs.), The Tobin Tax: CopingwithFinancial Volatility,  Oxford University Press, Oxford, 1996. 3. Citado por Olivier Damette en “Quel avenir pour unetaxeTobin?”, Mondes en développement, N° 140, París-Louvain-la-Neuve,abrilde 2007. 4. En 2015, la asociación ATTAC (acrónimo que significa actualmente  Asociaciónparala Tributación de lasTransaccionesFinancieras  y laAcción Ciudadana)contaba con 9.650 adherentes. 5. Jean-Pierre Landau, “Les nouvelles contributions financièresinternationales”, La Documentation  française, París, septiembre de 2004. 6. Inicialmente, se habían comprometido treinta países a aplicar este impuesto; en 2013, sólo nueve lo aplicaron: Camerún,Chile,Francia, Madagascar,Malí, Mauricio, Níger, República del Congo y República de Corea. 7. Debate en el Senado, París, 23-11-07. Citado por Serge Halimi, “Après Tobin”, Le Mondediplomatique, París, febrero de 2012. 8. The Telegraph,  Londres, 26-8-09. 9. “IMF to assess G-20 progress on recovery, mulls financial levy”, FondoMonetarioInternacional,Washington,DC,noviembrede 2009. 10. Para mayores precisiones, véanse los numerosos trabajos del economista austríaco Stephan Schulmeister sobre la implementación de la tasa a las transacciones financieras. 11. Agence France- Presse, 10-9-15. 12. Reuters, 10-3-16. 13. Ruth Berschens y Jan Hildebrand, “Financial transaction tax dies quietly”, Handelsblatt Global Edition, 16-2-16.

*Miembro de la Asociación para la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana (ATTAC) y del Centro de Economía de la Universidad de París-Norte (CEPN). Traducción: Gustavo Recalde

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 A partir de los Panamá Papers, se puso sobre el tapete la evasión impositiva llevada a cabo por distintas empresas. Pero la realidad indica que los privados recurren a diversas estrategias para no pagar impuestos, principalmente amparados por el Estado.

El ingenio de la evasión impositiva

El nuevo recaudador cotiza en Bolsa por Christian de Brie*

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a fuga de documentos financieros (más de once millones) de una firma de abogados panameña, Mossack Fonseca, provocó “mareos, vértigo y náuseas”, según los términos de un editorial de Le Monde (5 de abril). Una difusión más bien selectiva, centrada en los hombres políticos y los dictadores, las estrellas del deporte y del espectáculo y los multimillonarios célebres; menos en las empresas multinacionales y las grandes fortunas anónimas, clientes de esa firma, donde su dinero se codea con el del crimen organizado y del terrorismo; menos aún en los banco s, despachos de abogados y de gestión de ca pitales, intermediarios obligados al servicio de aquellos que se benefician con un blanqueo y reciclaje anón imos. Los Panama Papers siguen a una serie de escándalos recientes: UBS ( FIFA ) en 2008, Lux Leaks ( Luxemburgo ) en 2014, Swiss Leaks ( Suiza ) en 2 015… Dossier Contribuyeron a levantar un poco Finanzas fuera más un fragmento de la pesada alde la ley fombra bajo la cual se disimulan evasión fiscal y criminalidad financiera. Porque el archipiélago de los paraísos fiscales (1) cuenta con un centenar de emplazamientos; alberga de 16 a 18 billones de dólares, administrados por 4.000 bancos y 2.400.000 sociedades pantallas, por donde transita el 50% de los flujos financieros y del comercio planetario. Este indispensable engranaje del capitalismo globalizado, tolerado por los Estados desde hace décadas –a pesar de los recientes esfuerzos, en especial los de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), para limitar los desbordes– no está en vías de desaparecer. Ridícula entonces la fanfarronada de Nicolas Sarkozy quien el 23 de septiembre de 2009 en TF1 y France2 alardeaba: “¡Se terminaron los paraísos fiscales y el secreto bancario!”. Al escamotear la materia tributaria, lo que hubiera debido constituir ingresos fiscales de los Estados pasa a l sector privado. Tampoco sorprende que los cientos de miles de toneladas de bananas consumidas en Europa se importen de… Jersey, conocido más por albergar ganancias que no pagan impuestos que por su producción de frutas tropicales. O que la mayoría de las multina cionales activas en Francia paguen allí menos del 10% de impuestos sobre las ganancias, ganancias que ya aminoran descaradamente mediante reglas y prácticas contables certificadas por las cuatro principales empresas auditoras internacionales. En Francia el fraude representa de 60.000 a 80.000 millones de euros –casi dos veces el monto del impuesto de sociedades–, en detrimento del fisco y de los demás contribuyentes. El interés por la solidaridad y el arte Confortablemente instalado en un sofá, comiendo papas fritas y salame, usted sigue por televisió n la llegada de una carrera que opone el trimarán del gigante del embutido al del rey de la papa. ¿Sabe que

la factura de la regata está en su picada? Los costos de la carrera y de las embarcaciones fletadas por las empresas para su promoción repercuten íntegramente en el precio de los productos que ellas venden. En realidad, le retienen a usted una prestación pecuniaria, a través de la autoridad, con carácter definitivo y sin contrapartida directa, lo que constituye la misma definición de impuesto. Es el caso, entre otros, de todos los gastos de publicidad –en Francia, cerca de 30.000 millones de euros, es decir las tres cuartas partes del producto del impuesto sobre los beneficios–, integrados en el precio de los bienes y servicios vendidos al consumidor. Antes privilegio soberano del Estado, el poder de recaudar el impuesto se comparte con la empresa, que efectúa sus propias retenciones. Hay un recaudador privado que cotiza en la Bolsa. Más aún: usted paga dos veces. Ya que los gastos de la regata forman parte de las ca rgas deducibles que disminuyen otro tanto el beneficio imponible, reduciendo el impuesto adeudado, en consecuencia los ingresos del Estado que, para mantenerse al mismo nivel, recurrirá a usted. Si las empresas son astutas –y lo son–, colocarán el evento en el marco de alguna causa humanitaria a la que le destinarán una parte de los ingresos, lo que les permitirá deducir del monto de su impuesto hasta el 60% de la donación efectuada. Y allí, una vez más, el Estado recuperará de usted el impuesto perdido que pasó al bolsillo de las empresas. Y así, otra vez, usted habrá financiado sin quererlo la mayoría de sus buena s obras. No imagine que ellas le agradecerán haciéndolo figurar en la lista de sus generosos donadores. ¿Generosos donadores? Son ellas. Ellas que se encargan de hacerlo saber con una discreción de nuevo rico. No resulta asombroso, pues, que les encante el mecenazgo humanitario, cultural, deportivo o “verde”. ¿Ejemplos? Algunas cadenas de supermercados se habituaron a donar a asociaciones caritativas su excedente todavía consumible. Una generosidad destinada a “positivizar” su imagen. Bienvenido a la familia de los Bisounours [ ositos cariñosos ]. Salv o que e l 60% de l valo r de la d onación se deduce del monto de su impuesto. Es decir que somos nosotros, los contribuyentes, los que sin saberlo financiamos lo esencial de la ayuda alimentaria de la cual la empresa se atribuye el mérito. Y lo alienta tanto más porque así evita pagar la tasa especial sobre los desechos orgánicos, que recae sobre los alimentos vencidos tratados con lavandina. Una ley reciente hace obligatorias esas donaciones, sin por ello suprimir las venta jas fisca les que se supo ne inci tarán a la s firmas a comportarse decentemente. De modo que seguiremos pagando para que ellas tengan a bien conformarse a la ley y liberarse de los stocks excedentes. Serán las asociaciones beneficiadas quienes deberán hacer la selección en los pallets y entre los desechos no consumibles. ¿Otro ejemplo? La multinacional de lujo Moët Hennessy-Louis Vuitton (LVMH) concibió una monumental pasión por la creación artística, tanto

más meritoria cuanto que su presidente, Bernard Arnault, primera fortuna de Francia, construyó su grupo sin crear nunca nada, tomando el control de marcas prestigiosas por todos los medios, como buen depredador. Pero, una vez saciados los accionistas, ¿qué hacer con los excedentes de los beneficios para que escapen del impuesto “confiscatorio”? Una solución: invertirlos en parte en arte y cultura, elegante manera de valorizar los productos de lujo vendidos en el mercado, como un buen vino acompaña un plato refinado. Para ello, constituye una fundación que controla –la Fundación Louis Vuitton–, financiada por donaciones tomadas de los beneficios, donaciones deducibles del impuesto sobre las sociedades al 60% en el límite del 0,5% del volumen de ventas. Cuando esa cifra supera los 35.000 millones de euros, como es el caso de LVMH, el techo es entonces de 175 millones anuales, de los que se recuperan 105 millones de euros, bono que puede trasladarse a los cinco años siguientes si no fue agotado. Con ello se pueden financiar hermosas realizaciones, entre ellas un soberbio museo erigido en el Bois de Boulogne, en París, en un terreno adquirido al lado del Jardín de Aclimatación, parque de atracciones de veinte hectáreas cuya explotación se le concedió a… LVMH. Una vez más el Estado, es decir el contribuyente, financia lo esencial del presupuesto de la fundación sin ningún derecho de controlar su política. La supuesta inversión privada En definitiva, todo sucede como si los poderes públicos, que en democracia se supone representan a la voluntad ciudadana, abandonasen al sector privado los medios para financiar las políticas culturales, deportivas, medioambientales y otras, transfiriéndole indirectamente una parte de los ingresos fiscales y el poder de recaudar el impuesto, con el pretexto de que el Estado…no tiene dinero. Está a su cargo controlar el buen uso del impuesto privatizado. Un desafío, según un informe público (2), teniendo en cuenta la explosión de la cantidad de fundaciones de empresas y su posibilidad de financiar actividades y operaciones fuera del territorio nacional. Esta evolución se inscribe en un movimiento más global de privatización de los medios de acción de los Estados en beneficio de aquellos que Susan George llama los “usurpadores” (3). Las hojas del Código de Impuestos están repletas de disposiciones púdicamente llamadas “nichos fiscales” al servicio de los más afortunados, particulares y empresas. Todos saben que, en su majestuosa imparcialidad, la ley prohíbe tanto a los pobres como a los ricos dormir bajo los puentes. De la misma manera, alienta a uno s y otros a invertir en una multitud de actividades que van del sector inmobiliario a la producción cinematográfica pasando por la domesticidad, permitiéndoles deducir de sus impuestos una parte importante de las sumas afectadas. En esa carrera fiscal donde todo vale, por fuerza los más favorecidos pertenecen a ese 1%, los más ricos y los grandes grupos. Ninguno de esos privilegios tiene elementos para conmover a la gran prensa; sin duda porque ella está implicada: el 66% de las dona ciones que recibe no están gravadas, sin que tenga que probar que realmente sirve al interés general, mientras que sus periodistas se benefician de una reducción global de 7.650 euros. En cuanto a algunos privilegiados a la cabeza de los grandes grupos, ellos se alojan, se desplazan, disfrutan suntuosamente, a costa de la empresa, es decir, en parte, de nosotros. Desde el punto de vista de la globalización, eso no representa mucho, se defenderán y, en todo caso, bien se sabe que el dinero no hace la felici dad. Pero, como hace un siglo escribiera Jules Renard en su Journal, “si el dinero no te da la felicidad, devuélvelo”. g 1. Léase el dossier “L’archipel planétaire de la criminalité

financière”, Le Mondediplomatique , abril de 2000. 2. Informe del asesor de Estado Gilles Bachelier sobre “Les règles de territorialité du régime fiscal du mécénat”, Centre Français des Fonds et Fondations, París, febrero de 2013. 3. Susan George, Les Usurpateurs. Comment les entreprises transnationales prennent le pouvoir, Seuil, París, 2014.

*Periodista. Traducción: Teresa Garufi

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Una entrega cada bimestre:

Cuba (marzo),  Venezuela (julio), Perú (septiembre), Bolivia (noviembre)

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Edición 203 | mayo 2016

En Francia, la oposición a la reforma del Código de Trabajo y la ocupación de las plazas por el movimiento Nuit Debout han convergido en el rechazo de una visión ética de la política: esfumadas las esperanzas colectivas en el agujero negro electoral, se organizan al margen del orden social.

Cuando la protesta se reconcilia con el idealismo

Es hora de ir por todo por Pierre Rimbert*

Manifestación contra la Ley de Trabajo, París, 9-4-2016 (Benjamin Mengelle/Hans Lucas)

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emandar poco y esperar mucho: dieciocho años después de la creación de la Asociación para un a Tasa Tobin de Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC), en junio de 1998, que propone la retención del 0,01% al 0,1% sobre las transacciones financieras, iniciativa del economista James Tobin para “poner un palo en la rueda” a los mercados, tarda en hacerse efectiva (véase el artículo de las páginas 24-25). La forma edulcorada en que hoy negocian su implementación los cenáculos europeos reportaría una fracción del monto (más de 100.000 millones de euros) estipulado en un principio. Pero, en realidad, ¿por qué haber exigido tan poco? ¿Por qué haber luchado tanto para introducir una fricción tan leve en la mecánica especulativa? La comodidad de la mirada retrospectiva y la enseñanza de la gran crisis de 2008 sugieren que la prohibición pura y simple de ciertos movimientos de capitales parasitarios se justificaba. Esta prudencia reivindicativa refleja el estado de ánimo de una época en que

el crédito de una organización militante ante un público urbano y cultivado se medía por su moderación. Con la caída de la URSS, el fin de la Guerra Fría y la proclamación por los neoconservadores estadounidenses del “fin de la historia”, toda oposición frontal al capitalismo de mercado estaba amenazada de ilegitimidad, no sólo a los ojos de la clase dirigente, sino también ante las clases medias ubicadas ahora en el centro del juego político. Para convencer, se creía, había que mostrarse “razonable”. En verdad, la famosa tasa infradecimal –0,1%– presenta, en su falta de concreción, una virtud pedagógica incontestable: si el orden económico se o bstina en rechazar un arreglo tan módico es que es i rreformable –y, por lo tanto, se debe revolucionar–. Pero para provocar este efecto de revelación, había que jugar el juego y ubicarse en el terreno del adversario, el de la “razón económica”. El giro liberal La idea de un orden al que oponerse con moderación se impuso en Francia

con mayor evidencia porque la iniciativa política había cambiado de campo. Desde el giro liberal del gobierno de Pierre Mauroy, en marzo de 1983, no sólo la izquierda dejó de hacer propuestas destinadas a “cambiar la vida”, sino que los dirigentes de todas las procedencias políticas hicieron caer sobre el sector asalariado un diluvio de reestructuraciones industriales, contrarreformas sociales, medidas de austeridad presupuestaria, etc. En el espacio de algunos años, la relación con el futuro dio un vuelco. Si el levantamiento de los siderúrgicos de Longwy contra el cierre de fábricas de 1978-1979 dejó, por su inventiva, el esbozo de una contrasociedad obrera (1), la muy masiva de 1984 ya no pudo acariciar el sueño de la transformación social. La hora del combate defensivo llegó a principios de los años 1980 tanto en Francia como en Alemania después de la entrada en razón de la oposición extraparlamentaria y, en el Reino Unido, llegó en 1985, después del fracaso de la gran huelga de los mineros. Se trata desde entonces de hacer

un poco menos dura la vida, de retraerse para atenuar el ritmo y el impacto de las desregulaciones, de las privatizaciones, de los acuerdos comerciales, de la corrosión del derecho de trabajo. La salvaguarda de las conquistas sociales, condición indispensable, dicta su urgencia y se impone poco a poco como el horizonte infranqueable de las luchas. En vísperas de la elección presidencial de 1995, aun los partidos identificados con el comunismo se resignaron a defender sólo reivindicaciones como la prohibición de los despidos, el aumento del salario mínimo y la disminución del tiempo de trabajo en un cuadro salarial sin cambios. Conducido por la Confederación General del Trabajo (CGT) y por Solidarios, el movimiento ganador de noviembre-diciembre de 1995 contra la reforma de la Seguridad Social conducida por Alain Juppé mantuvo un tiempo la hipótesis de la necesidad de pasar la posta de una izquierda política exangüe a una izquierda sindical fortalecida. Lo que siguió estuvo marcado sobre todo por el auge de la antiglobalización. El enfoque internacional de este movimiento, su calendario de convenciones y sus nuevas maneras de militar descansaban sobre un principio diferente a la vez de las confrontaciones ideológicas propias del post-sesenta y ocho, y de las indignaciones morales a la manera de Restos du Coeur (2): una segunda evaluación, apoyada sobre análisis científicos bien hechos para convencer a simpatizantes más familiarizados con las aulas que con las cadenas de monta je. Con sus ec onomi stas y sus so ciól ogos, sus siglas en porcentajes y sus descifrados, sus antimanuales y sus universidades de verano, ATTAC tenía como misión popularizar una crítica especializada del orden económico. Ante cada decisión gubernamental que debilitaba los servicios públicos, ante todo acuerdo de librecambio urdido en secreto por las instituciones financieras internacionales, respondían con un conjunto de impecables argumentaciones, decenas de libros y cientos de artículos. Tratándose de inequidades, de política internacional, de racismo, de dominación masculina, de ecología, cada sector protestatario sacó a relucir desde esta época a sus pensadores, sus profesionales, sus investigadores, con la esperanza de dar credibilidad a sus decisiones políticas con el respaldo de una legitimación teórica. Esta crítica, conjugada con la degradación de las condiciones de vida, permitió movilizar a poblaciones políticamente desorganizadas, pero vulnerables a una globalización cuya violencia hasta ese momento estaba concentrada en el mundo obrero. El movimiento, al que  Le Monde di plomat ique  estuvo estrechamente asociado, probó su seriedad, obtuvo victorias en el mundo intelectual, en los libros, en la prensa y hasta causó sensación en los noticieros. Durante infinito tiempo repitió evidencias mientras que sus adversarios, sin escrúpulo y sin descanso, ponían en práctica sus “reformas”. Como lo sugirió la ola contracultural de los años 1970, un orden político de derecha se lleva muy bien con los best-sellers de izquierda. Al oponer su buena voluntad inteligente a la mala fe política del adversario, su crítica se hizo más audible. Pero no más eficaz, como lo probará la amarga experiencia, en 2015, del ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis, cuyos razonamientos académicamente homolo-

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gados no pesaron frente al encarnizamiento conservador del Eurogrupo (3). Metas módicas de la izquierda En el cuadro ideológico que cubre el período 1995-2015, coexisten dos elementos contradictorios. Por un lado, una repolitización trémula al principio y efervescente después, que se tradujo en una sucesión de luchas y de movimientos sociales masivos: 1995, 1996 (indocumentados), 1997-1998 (desocupados), 2000-2003 (cumbre de la ola antiglobalización), 2003 (jubilaciones), 2006 (estudiantes precarios), 2010 (reformas de las jubilaciones), 2016 (derecho del trabajo), rechazo de los grandes proyectos inútiles (en particular a partir de 2012). Por otro lado, instituciones contestatarias fragilizadas: fuerzas sindicales contra la pared, movimiento social vuelto –o dado vuelta– hacia la especialidad, partidos de izquierda radical enterrados en las arenas de un juego institucional desacreditado. El aliento, las esperanzas, la imaginación y la cólera de unos no resuenan en los eslóganes, los libros y los programas de los otros. Todo sucede como si treinta años de batallas defensivas hubieran quitado a las estructuras políticas su capacidad de proponer –aunque fuera desde la adversidad– una meta de largo plazo deseable y entusiasmante –esos “días felices” que imaginaron los resistentes franceses a principios del año 1943–. En un contexto infinitamente menos sombrío, muchas organizaciones de militantes se resignaron a no pretender lo imposible, sino a solicitar lo aceptable; a no anticiparse nuevamente sino a desear la detención de los aumentos de la edad jubilatoria. A medida que la izquierda erigía su modestia en estrategia, el plafón de sus esperanzas bajaba hasta el umbral de la depresión. Era necesario enlentecer el ritmo de las regresiones, perspectiva poco alentadora porque hacía parecer el “otro mundo posible” al primero, pero algo degradado. La precariedad, como símbolo de una época, marcó el combate ideológico –“precario”, del latín precarius: “obtenido por la oración”–... Regreso de las grandes ambiciones ¿Asistimos a la culminación de este ciclo? El brote de movimientos observado sobre varios continentes desde principios de los años 2010 hizo surgir una corriente minoritaria pero influyente, cansada de solicitar solo migajas y de no recoger sino viento. A diferencia de los estudiantes de origen burgués de

Mayo de 1968, estos contestatarios conocieron y conocen la precariedad de sus estudios. Y, contrariamente a los activistas de los años 1980, no temen la asimilación del radicalismo a los regímenes del bloque del Este o al “gulag”: todos los que, entre ellos, tienen menos de 27 años, nacieron después de la caída del Muro de Berlín. Esta historia no es la suya. Con frecuencia provenientes de franjas desclasadas de las capas medias producidas en masa por la crisis, ellos y ellas hacen escuchar en las asambleas

Las ideas de izquierda reactivadas por los movimientos recientes prolongan una tradición de revueltas igualitarias. generales, sobre los sitios de Internet disidentes, en las “zonas para defender”, en los movimientos de ocupación de lugares, y hasta en los márgenes de las organizaciones políticas y sindicales, una música acallada durante mucho tiempo. Dicen: “El mundo o nada”; “No queremos a los pobres tranquilizados, queremos la miseria eliminada”, como lo escribió Víctor Hugo; no sólo empleos y salarios, sino controlar la economía, decidir colectivamente lo que se produce, cómo se produce, lo que se entiende por “riqueza”. No la parida d hombre-mujer, sino la igualdad absoluta. No ya el respeto de las minorías y de las diferencias, sino la fraternidad que eleva al ran go de igual a quienquiera que adhiera al proyecto político común. Nada de “ecorresponsabilidad”, sino relaciones de cooperación con la naturaleza. No un neocolonialismo económico disfrazado de ayuda humanitaria, sino la emancipación de los pueblos. En suma: “Queremos todo”, ambición que excede tan ampliamente el campo de visión política habitual que muchos lo interpretan como la ausencia de toda reivindicación. Si subir el nivel de demanda no acrecienta en un centímetro las chances de tener éxito, este desplazamiento presen-

ta un doble interés. Confinado por ahora a los márgenes de la protesta, y hostil por principio a la organización política, el resurgimiento radical influye sobre los partidos por capilaridad, a semejanza del hijo que une al movimiento Occupy Oakland –el más obrero de este tipo en Estados Unidos– con los militan tes que hacen campaña por el candidato demócrata Bernie Sanders en el marco muy institucional de la campaña presidencial. Pero, sobre todo, ese aumento refuerza las batallas defensivas cuando los que las conducen en condiciones difíciles pueden de nuevo contar con una meta de largo aliento y, sin un proyecto bien elaborado, con principios de transformación que iluminen el futuro. Pues querer todo, aunque no se pueda obtener nada en lo inmediato, es obligar a definir lo que se desea verdaderamente más que machacar sobre lo que ya no se soporta. Sería un error ver en este vuelco un deslizamiento de la acción reivindicativa hacia un idealismo mágico: restablece en realidad la lucha sobre bases clásicas. Que la izquierda sólo evolucione en formación defensiva resulta una excepción histórica. Desde fines del siglo XVIII, los partidos políticos y más tarde los sindicatos trataron siempre de articular ob jetivos estratégicos de largo plazo y batallas tácticas inmediatas. En Rusia, los bolcheviques asignaron el primer rol al partido y confiaron a las organizaciones de trabajadores el segundo. En Francia, los anarco-sindicalistas integran “la doble tarea, cotidiana y de futuro”. Por un lado, explica en 1906 la carta de Amiens de la CGT, el sindicalismo persigue “la obra reivindicativa cotidiana (...) por medio de la realización de mejoras inmediatas”. Por el otro, “prepara la emancipación integral, que no puede realizarse sino por la expropiación capitalista”. Como observaba el historiador Georges Duby, “la huella de un sueño no es menos real que la de una pisada”. En po lítica, el sueño sin la pisada se disipa en el cielo brumoso de las ideas, pero la pisada sin el sueño se estanca. La pisada y el sueño diseñan un camino: un proyecto político. En este aspecto, las ideas empeñadas por la izquierda y reactivadas por los movimientos de estos últimos años prolongan una tradición universal de revueltas igualitarias. En abril, un cartel destinado a recoger las proposiciones de los participantes en la “Noche en Pie”, en la Plaza de la República en París, proclamaba: “Cambio de Constitución”, “Sistema socializado de crédito”, “Revocabilidad de los represen-

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tantes”, “Salario de por vida”. Pero también: “Cultivemos lo imposible”, “La noche en pie se volverá la vida en pie”, y “Quien tiene hierro tiene pan” –de connotación blanquista–. Más allá de los socialismos europeos, utópicos marxistas o anarquistas, una línea temática une a los radicales contemporáneos con la legión de figuras rebeldes que colman la historia de la lucha de clases, desde la Antigüedad griega hasta los primeros cristianos, de los Qarmates de Arabia (fin del siglo XI ) a los confines de Oriente. Cuando el paisano chino Wang Xiaobo en 993 se pone a la cabeza de una revuelta en Qincheng (Sichuan), declara que está “cansado de la desigualdad que existe entre los ricos y los pobres” y que quiere “nivelarla en beneficio del pueblo”. Los rebeldes aplicaron inmediatamente estos principios. Casi mil años más tarde, la revuelta de los Taiping, entre 1851 y 1864, condujo a la formación temporaria de un Estado chino disidente fundado sobre bases análogas (4). Como en Occidente, estas insurrecciones hicieron confluir a intelectuales utopistas que opusieron nuevas ideas al orden establecido y a pobres rebelados decididos a imponer la igualdad a cuchilladas. La tarea, en nuestros días, se anuncia aparentemente menos dura. Un siglo y medio de luchas y de críticas sociales definió las posiciones e impuso dentro de las instituciones puntos de apoyo sólidos. La convergencia tan deseada entre las clases medias cultivadas, el mundo obrero establecido y los precarizados de los barrios relegados no ha de operarse alrededor de partidos socialdemócratas agonizantes, sino en torno a formaciones que se armen de un proyecto político capaz de hacer brillar de n uevo “el sol del futuro”. La moderación perdió sus virtudes estratégicas. Ser razonable, racional, es ser radical. g 1. Véase Pierre Rimbert y Rafaël Trapet,

“La commune de Longwy”, Le Monde diplomatique, París, octubre de 1997. 2. N. de la T.: “Restaurantes del Corazón”, en español, es una fundación francesa cuyo objetivo es la distribución gratuita de alimentos a los más desfavorecidos. 3. Véase Yanis Varoufakis, “Leur seul objectif était de nous humilier”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, agosto de 2015. 4. “Les traditions égalitaires et utopiques en Orient”, en Jacques Droz (dir.), Histoire générale du socialisme, tomo 1, Presses Universitaires de France, París, 19 72.

*De la redacción de Le Monde diplomatique, París. Traducción: Florencia Giménez Zapiola

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Edición 203 | mayo 2016

La crisis en Portugal, producto de las políticas de austeridad impuestas por la troika, condujo a una situación inédita en el país. Por primera vez desde la Revolución de los Claveles se concretó una alianza entre fuerzas de izquierda que eligió como primer ministro a António Costa, quien a su vez convive con un presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, de derecha.

Una tensa alianza de gobierno

El iceberg portugués por Jorge Argüello*

Antonio Seguí, Diálogo en carrera, 1965 (fragmento, gentileza Museo de Arte Moderno de Buenos AIres)

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rustrado por la falta de progresos en la región, el general romano Servio Sulpicio Galba informaba –hace más de dos mil años– en cart a a su emperador que “hay en la parte más occidental de la Península Ibérica un pueblo muy extraño, que no se gobierna ni se deja gobernar”. La plañidera misiva hablaba del territorio que devendría en Portugal, país que me acogió en los últimos años y donde a menudo me refirieron este episodio, siempre evidenciando cierta íntima satisfacción. El territorio que atormentó al general romano experimentó durante el siglo XX cuatro regímenes políticos. La monarquía terminó en 1910 tras el asesinato del rey en la pr incipal plaza de Lisboa. Su lugar fue ocupado por una república inestable que en pocos años

acumuló 45 gobiernos, lo que llevó al entonces embajador británico en Portugal a considerar que el país “tien e un gobierno débil, un Parlamento incompetente, un enorme déficit, una cla se obrera descontenta y carece de crédito en el extranjero” (1). Un nuevo y largo capítulo de casi cinco décadas fue escrito por el Estado Novo y la dictadura del experto en finanzas António de Oliveira Salazar. La democracia llegaría el 25 de abr il de 1974 con la Revolución de los Claveles, flor que la población distribuyó el día del golpe militar entre los soldado s a modo de agradecimiento. La Revolución prometió “democratizar, descolonizar y desarrollar” un país que por entonces contaba con un cuarto de su población analfabeta. Entre los irrefutables progresos sociales y el vértigo

de sucesivos sobresaltos políticos, la  joven democracia portuguesa soli citó ayuda al exterior en varias ocasiones. La última fue el rescate financiero solicitado al Eurogrup o en 2011, y fue diferente a todo. Primero porque el país ya era parte de la Unión Eur opea y por lo tanto la devaluación de su mo neda ya no era una opción. Además porque existía la troika, integrada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y, por último, porque el auxilio llegó en el contexto de la explosión de la crisis del euro, pocos meses después de los rescates de Grecia e Irlanda. Además de onerosos intereses, la troika impuso medidas de austeridad que sacudieron a la sociedad portuguesa y produjeron profundos cam-

bios políticos, entre ellos la reciente e inédita alianza entre socialistas y comunistas que concluyó en la elección de António Costa como primer ministro. Terminado el rescate pero aún ba jo la su pervi sión atenta de la troika, el futuro de Portugal depende ahora de la cohabitación entre dos nuevos protagonistas. El gobierno es liderado desde noviembre por Costa, que pocas semanas después de asumir el cargo vio a su antiguo profesor, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, ser elegido presidente de la República. Matrimonio por conveniencia

A primera vista parecen las caras opuestas de una moneda. António Costa, de padre comunista, se unió al Partido Socialista (PS) a los 14 años. Marcelo Rebelo de Sousa, hijo de un ex ministro de Salazar, es cofundador del Partido Social Demócrata (PSD), la principal fuerza de la derecha. Pero una mirada atenta sugiere que en realidad es más lo que los une que lo que los separa. La sintonía entre el presidente y el primer ministro, a menudo rara en la democracia portuguesa, será decisiva para el gobierno socialista. En efecto, Costa tiene la difícil misión de conciliar las exigencias de su Parlamento con las obligaciones asumidas por Portugal en Europa. Si para Lisboa resulta imperativo abandonar la austeridad para retener el apoyo comunista sin el cual el gobierno no dispone de mayoría parlamentaria, Bruselas presiona para que el país continúe recorriendo la senda impuesta por la troika. Esta doble crisis (la propia y la europea) ha conducido a una situación inédita en Portugal: por primera vez desde la Revolución de los Claveles, las diferentes fuerzas de izquierda se unieron para desalojar a la derecha del poder y formar un gobierno alternativo. Hasta entonces, socialistas y comunistas eran incompatibles. Se trata de una rivalidad tan antigua como la democracia portuguesa y que nadie fue capaz de encarnar mejor que Mário Soares, fundador del Partido Socialista (PS), y Álvaro Cunhal, ex secretario general del Partido Comunista Portugués (PCP). Estuvieron juntos en la resistencia contra el fascismo, pero en libertad se convirtieron –en palabras del propio Soares– en “enemigos íntimos”. Uno de los episodios más famosos de este duelo histórico ocurrió en 1986, cuando Soares disputó la segunda vuelta de la elección presidencial contra el candidato de la derecha. Obligado a elegir el mal menor, Cunhal instó a los comunistas a votar “tapándose la nariz” con una mano para consignar con la otra “la cruz en el cuadrado correcto” de la papeleta electoral. Hoy como ayer, PS y PCP son apa rentemente irreconciliables en términos ideológicos. En el programa con que se presentaron a las elecciones generales de 2015, los socialistas asumen que “Europa, y dentro de ella la zo na euro, es el espacio de referencia de Portugal”, mientras que los comunistas postulan el “desmantelamiento de la Unión Económica y Monetaria”. Por otro lado, los socialistas suscriben “el modelo económico y social europeo”, al tiempo que los comunistas prometen luchar por una renegociación de la deuda y por “nacionalizaciones” que las normas comunitarias prohíben. En el año 2000 había nacido en Portugal un nuevo partido de inspiración marxista, el Bloque de Ezquerda (BE), ideológicamente cercano a Syriza, en

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Grecia, y a Podemos, en España. Pero también en este caso, y a pesar del notable crecimiento del BE –actualmente el tercer mayor partido–, no fue posible construir puentes duraderos con los socialistas. Sin interlocutores a la izquierda, cada vez que el PS fue gobierno realizó acuerdos, mas o menos explícitos, con la derecha. Este bipartidismo fue el protagonista excluyente de las decisiones estructurales tomadas desde el advenimiento de la democracia. Aquel entendimiento histórico se rompió el 4 de octubre de 2015. La coalición de derecha encabezada por el PSD, con Pedro Passos Coelho como candidato, ganó las elecciones generales obteniendo más votos que António Costa, pero no logró la mayoría parlamentaria necesaria para formar gobierno, tal como ocurrió con Mariano Rajoy en España. Pero, para sorpresa de todos, el PC P y el BE irrumpieron en la escena política asegurando que “el PS no será gobierno sólo si no quiere”. Es que los tres partidos de izquierda estaban numéricamente en condiciones de definir una mayoría. Sólo faltaba voluntad política. Pocas semanas después, con Costa como primer ministro, nació el primer gobierno minoritario socialista apoyado en el Parlamento por las fuerzas de izquierda. En Lisboa, Bruselas, Madrid, e incluso Washington y Berlín se instaló la misma pregunta: ¿cómo se han transformado, repentinamente, de viejos enemigos políticos en aliados de gobierno? Pasaron más de tres décadas entre la primera intervención del FMI en Portugal, en 1977, y su último “ check out” de los mejores hoteles de Lisboa, en 2014. Europa cambió mucho y el mundo aún más, pero la receta económica de los acreedores oficiales conserva los ingredientes de siempre: recortes salariales, refuerzo de la competitividad a costa del rendimiento del traba jo, freno a la inversión públ ica y f lexibilización laboral. La imposición de las medidas de austeridad por la troika fue difícil en todos los niveles, incluyendo el político. Se cuenta que al entrar a una reunión en el Ministerio de Finanzas con los representantes de la troika, el entonces viceprimer ministro habría aconsejado a los presentes mantenerse alejados de una de las ventanas de la sala. Por ella fue lanzado a la calle, el 1° de diciembre de 1640 –fec ha en que se celebra la restauración de la independencia–, el cuerpo del hombre que gobernó Portugal durante los cuarenta años de dominación española (2). Después del rescate, algunos prefirieron ver un vaso medio lleno y otros medio vacío. Los primeros destacaron el regreso del país a los mercados financieros internacionales. Los segundos asociaron ese progreso a los estímulos ( quantitative easing  ) del Banco Central Europeo, y subrayaron los disturbios sociales causados por el agravamiento de las desigualdades y el desempleo resultantes de las políticas de ajuste. Por cierto, estos desequilibrios no son patrimonio exclusivo de Portugal. Por el contrario, hoy se hacen evidentes en muchos escenarios y amenazan con transformar el ajedrez político de Europa.

dente francés y el canciller alemán y la hegemonía en los parlamentos nacionales de la unión de dos grandes partidos europeístas que se han ido alternando en el gobierno, uno más progresista y otro más conservador. Hoy ambos motores están funcionando mal. El primero ya conoció pilotos más audaces y talentosos que François Hollande y Angela Merkel. Y el segundo, salvo tres excepciones en donde el partido de gobierno tiene mayoría propia (Rei-

El nuevo inquilino presidencial es uno de los políticos más populares de la historia de la democracia portuguesa. no Unido, Eslovaquia y Malta), conduce a un territorio de coaliciones nuevas. Y desconocidas. Esta erosión del tradicional bipartidismo europeo no es uniforme. A la izquierda se observan dos tendencias: situaciones en las que la fuerza socialista dominante tiende a volver al espacio ideológico del que se había alejado a partir del giro al centro ocurrido después de Maastricht, como ocurrió en Portugal con António Costa y en el Reino Unido con Jeremy Corbyn; y casos en los que ese espacio fue ocupado por nuevos partidos políticos, no sólo de protesta, sino con reales posibilidades de gobernar, como Syriza y Podemos. A la derecha, tradicionalmente más cómoda con la rigidez presupuestaria, lo que se ve es un peligroso resurgimiento de partidos nacionalistas, xenófobos y euroescépticos que, hasta hace poco, carecían de relevancia electoral. Algunos, como el Frente Nacional de Marine Le Pen, están muy c erca de alcanzar el poder. Esta metamorfosis parlamentaria es la factura política de la crisis del euro. Es la respuesta del electorado a la ideología prevaleciente hoy en Bruselas que, al priorizar las finanzas sobre la política, ha ag ravado los desequilibrios entre los Estados y ha marginado a amplias capas de la población, en particular a los jóvenes. El nuevo tablero europeo es infinitamente más complejo y admite acuerdos impensados que conducen a inédita s alianzas de gobierno. Fue así como en Portugal viejos, y quizá eternos, enemigos políticos decidieron “cubrir” sus irremediables diferencias con una mano y, antes que los claveles se marchiten, agarrarse con la otra para intentar revertir la austeridad suicida. En palabras de un eurodiputado portugués, estamos ante un “iceberg” político (3), pues la dimensión del hielo avistado en la superficie (los temas alrededor de los cuales se unieron las diferentes izquierdas) es mucho má s pequeña que el enorme bloque sumergido (los temas que pondrán a prueba el entendimiento).

El bipartidismo erosionado

La velocidad y el éxito de la integración europea siempre han dependido en gran medida del funcionamiento de dos motores: la relación entre el presi-

El futuro de Portugal

En este contexto, controlar la temperatura del Parlamento portugués es por eso una de las preocupaciones del nue-

vo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, cuyos poderes –si bien definidos por la Constitución– han sido siempre objeto de controversias. En efecto, Portugal conoció períodos en que la función fue ejercida de modo “minimalista” y otros en que el jefe de Estado se comportó como un árbitro omnipresente. Al contrario de lo que sucede en Italia, Alemania y Grecia, el presidente portugués es elegido por sufragio universal directo. Sin embargo, no dispone, como en Francia, de gran poder de intervención sobre el gobierno. Es el representante máximo de la república y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero no interviene en la definición de la política exterior, una responsabilidad del Ministerio de Asuntos Exteriores. Nombra formalmente al primer ministro, pero no evalúa su programa de gobierno, competencia que queda en manos de los diputados. Su arma más temida, conocida como “bomba atómica”, es el poder de disolver el Parlamento. Pero, en cualquier caso, cuando el presidente habla el país escucha. Y esa autoridad moral es sin duda la fuerza esencial de su cargo. Por otro lado, par te del éxito y de la popularidad del mandato presidencial depende del vínculo con el primer ministro. Y en este campo hubo todo tipo de relaciones: algunas de convivencia pacífica, la mayoría en cohabitación conturbada y otras en asumida guerrilla institucional. El nuevo inquilino presidencial es uno de los políticos más populares de

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la historia de la democracia portuguesa, a punto tal que fue elegido sin balotaje tras imponerse en todos los distritos del país. Es comúnmente llamado sólo por su primer nombre, “Marcelo”. Curiosamente, en el influyente comentario político semanal que Marcelo viene exponiendo desde hace más de una década en su programa de televisión, es más fácil encontrar elogios a António Costa que alabanzas a Passos Coehlo, el líder de la derecha. Quien los conoce anticipa que se entenderá con facilidad con el primer ministro. Y con pragmatismo, pues una caída temprana del gobierno podría minar el deber de imparcialidad del presidente, debilitando al mismo tiempo la capacidad de negociación con Bruselas, donde todavía hay quien desconfía de Portugal quizás recordando la antigua misiva del general Servio Sulpicio Galba.  g

1.  Sir Lancelot Douglas Carnegie,  Informe

sobre

la situación política en Portugal, febrero de 1925. 2. Luís Reis Pires y Nuno Martins,  Segredos

do

 Estado , Matéria-Prima Ediçoes, Lisboa, 2015. 3. Francisco Assis, entrevista concedida a la

cadena televisiva portuguesa TVI , 5-11-15.

*Ex embajador ante la ONU, Estados Unidos y Portugal. Presidente de la Fundación Embajada Abierta. Autor del libro Diálogos sobre Europa, Capital intelectual, 2015. © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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de las prioridades estratégicas del gobierno. Al fracaso de la política económica vino a añadirse el alejamiento de la perspectiva europea: Macedonia obtuvo el estatuto oficial de país candidato a la integración en 2005, pero no registró el menor avance desde entonces. Oficialmente, el proceso permanece bloqueado en virtud de la “pelea por el nombre” que opone a Skopie y a Atenas (4). Grecia estima que el término mismo de “Macedonia” pertenece de manera exclusiva al patrimonio helénico. Bajo la égida de un mediador de las Naciones Unidas, el diplomático norteamericano Matthew Nimetz, se siguen celebrando apáticas negociaciones. Pero el bloqueo griego suministra un pretexto ideal para  justificar el estancamiento del proceso, cuyo efecto fue refrescar singularmente los ardores europeos de los ciudadanos de Macedonia. Estos últimos años Gruevski ha dejado de considerar a Bruselas como su principal asociado. Se acerca a Moscú (5) y cultiva la amistad de los países ultraconservadores del “grupo de Visegrád” (6).

Protesta contra el partido gobernante en Macedonia, Skopie, 12-04-2016 (Ognen Teofilovski/Reuters)

En vísperas de las elecciones legislativas del 5 de junio, el gobierno nacionalista ultraliberal juega una vez más la carta de la “lucha contra el terrorismo” para desviar la atención de los problemas de fondo. Pero el escenario es tan crítico que ha iniciado una serie de manifestaciones que trascienden las barreras comunitarias y confesionales.

Fracaso económico, clientelismo y emigración masiva

Crisis interminable en Macedonia por Jean-Arnault Dérens y Laurent Geslin*, enviados especiales



El que controla Macedonia controla los Balcanes”. Vista desde un café desierto del viejo bazar otomano, una noche invernal, Skopie se parece a la capital dormida de un Estado que entró en una crisis profunda. Arsim Zekolli, ex embajador de Macedonia ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), revuelve su café con un aspecto enigmático. “El eje de comunicación norte-sur es esencial tanto para Serbia como para Grecia, dos países que largo tiempo se disputaron el territorio de Macedonia. Albania y Bulgaria se niegan a reconocer las especificidades culturales del pueblo macedonio. Y todos coinciden en dejar a la periferia de una región ya olvidada de Europa en un estado de subdesarrollo crónico. Sin embargo, nuestro país es la torre de con trol de los Balcanes, desde la cual se observa lo que ocurre en la región, y donde se cruzan servicios de informaciones y redes de traficantes”. En efecto, Macedonia puede  jactarse de albergar la mayor embaja da norteamericana de la región, una inmensa construcción extrañamente sobredimensionada para el país. “El camp Bondsteel (1), construido en Kosovo por las fuerzas armadas norteamericanas tras la guerra de 1999, durante largo tiempo atrajo todas las miradas, pero el verdadero centro

decisional de Washington en los Balcanes está en Skopie”, quiere creer Zekolli. Un país en ruinas A quienes andan por sus rutas, Macedonia les da la impresión de un territorio carente de toda presencia humana. Oficialmente, el país contaría con dos millones de habitantes. Pero diversos estudios de campo desacreditan esa estimación, mientras que los resultados del censo de 2011 se siguen haciendo esperar (2). En los pueblos aislados de montaña, sólo algunos ancianos intentan todavía retrasar la progresión de los bosques. Incluso a la metrópolis de Skopie le cuesta retener a los jóvenes diplomados. En 2010, el Banco Mundial estimaba que 447.000 personas habían abandonado el país desde el estallido de Yugoslavia y la independencia de 1991. Y se registran 20.000 nuevas partidas cada año (3). Con una tasa de desocupación oficial cercana al 30%, salarios medios que no superan los 350 euros e industrias en baja, el camino del exilio aparece para muchos como la única solución. La única actividad en progresión estos últimos años es la de los negocios de apuestas deportivas, un indicio confiable de la pauperización. En 2006, sin embargo, durante el retorno al poder de la Organización Revolucionaria Interior de Macedonia – Partido Democrá-

tico para la Unificación Nacional de Macedonia (VMRO-DPMNE), la formación histórica del nacionalismo macedonio, el nuevo primer ministro, el muy liberal Nikola Gruevski, había querido atraer a inversores extranjeros a fuerza de dumpings  fiscales y sociales. Fatigada, la “zona económica macedonio-china” creada en el suburbio de Skopie quedó como un erial desierto, y las privatizaciones terminaron de destruir el basamento industrial del país. En 2015, los emigrados enviaron al país 252,1 millones de dólares, una suma tan importante como aquella de las inversiones extranjeras directas. En la actualidad, la economía informal representaría el 35% del Producto Interno Bruto (PIB), y cerca del 20 % de los habitantes del país vive por debajo del umbral de pobreza, mientras que el presupuesto nacional está en déficit crónico y la deuda pública no deja de aumentar. El proyecto “Skopie 2014” transformó el centro de la capital en una galería de estatuas donde las figuras de la Macedonia antigua, como Alejandro el Grande, los mon jes y los emperadoresbizantinosse codean con los héroes de los primeros combates contra el yugo otomano, a comienzos del siglo ��, y con los cantantes de variedades contemporáneos.Esta vastareescriturade la historia simboliza el giro nacionalista de Gruevski y se inscribe en una redefinición

Precaria estabilidad regional A pesar de ese balance desastroso, Macedonia largo tiempo fue presentada como una “succes story europea”. La mediación de la Unión Europea, conducida por François Léotard, había permitido poner un término al conflicto armado de 2001, que oponía a las fuerzas de seguridad de Skopie con la guerrilla albanesa del Ejército de Liberación Nacional (UÇK-M). No obstante, los acuerdos de paz de Ohrid, que supuestamente concedían más derechos a la minoría albanesa, que representa alrededor de un cuarto de la población del país, nunca fueron plenamente aplicados. Ciertamente, las coaliciones gubernamentales siguen contando con un partido albanés –actualmente el Movimiento Democrático para la Integración (BDI), formado por los ex guerrilleros–, pero esa disposición es esencialmente formal. De hecho, la alianza entre el VMRODPMNE y su asociado albanés no descansa en orientaciones programáticas, sino en un reparto de los puestos y las prebendas del Estado. Cada ministro o secretario de Estado macedonio tiene su doble albanés; cada funcionario su álter ego surgido de la otra comunidad. Caso único en Europa, la función pública no deja de inflarse, sin dar no obstante un mejor servicio a los ciudadanos: no es más que un criadero de puestos que los partidos políticos distribuyen a aquellos con quienes están en deuda. Las cuotas étnicas fueron pervertidas y el país cuenta así con varios miles de funcionarios que no tienen ninguna asignación particular, pero que deben su puesto y su salario –aunque bajo– a su afiliación a un partido que representa a las minorías (albanesa, en la mayoría de los casos, pero también rom, serbia o turca) (7). El clientelismo se nutre de las lógicas de reparto étnico y las refuerza. Largo tiempo, la Unión Europea pareció satisfacerse con esta apariencia de “multietnicidad” que supuestamente garantizaba la estabilidad regional, para la cual la “cuestión albanesa” aparece como la amenaza más inquietante. Sin embargo, “el gusano estaba en el fruto desde la conclusión de los acuerdos de Ohrid –considera Zekolli–. Creyeron que los señores de la guerra podían convertirse en garantes de la paz. Este error de los europeos, por otra parte, se repitió en todo el sudeste de Europa, no solamente en Macedonia. Todo cuanto se pidió al VMRO-DPMNE fue reconocer la independencia proclamada en 2008 por Kosovo, cosa que no le costaba muy caro”. Para dar respuesta a las frustraciones políticas y sociales de la comunidad albanesa de Macedonia y prevenir un eventual estallido del país, por lo tanto, habría bastado con aportarle la satisfacción simbólica que

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representa el reconocimiento de Kosovo, pero al tiempo se establecía un sistema de redistribución mafiosa de la renta pública. Si ese compromiso pudo contentar a los clanes en el poder, no hizo más que agravar la capa de plomo que los partidos políticos hacen pesar sobre la sociedad. Todos controlados Además, desde hace varios años Gruevski entabló una inquietante deriva autoritaria. Los principales medios de oposición fueron puestos en vereda, como la televisión privada A1, cerrada en 2011 y cuyo propietario, Velja Ramkovski, fue condenado a trece años de prisión por “fraude fiscal” (8). En el seno de las instituciones, un estrecho sistema de control supuestamente garantiza la lealtad de los empleados del Estado. “Para obtener un traslado o una mejoría es necesario tener el carné del  VMRO-DPMNE –explica un funcionario que requiere el anonimato–. Y hay que prestar atención a lo que uno dice para no perder su empleo: los espías y los delatores están en todas partes”. Los sectores económicos también se quejan discretamente de las presiones del régimen: en cada empresa se “recomienda” emplear a un cuadro del  VMRO-DPMNE para evitar los controles fiscales intempestivos. En febrero de 2015 Zoran Zaev, el jefe del principal partido de oposición, la Alianza Socialdemócrata de Macedonia (SDSM), denunciaba un vasto sistema de escuchas telefónicas instaurado por el mismo Primer Ministro y cuyo objetivo eran más de 20.000 ciudadanos: opositores,periodistas,policías,diplomáticos,  jueces, pero también miembrosdel gobierno. Desde entonces, el jefe de los servicios secretos, Sasho Mijalkov, primo de Gruevs-

ki, dimitió antes de exiliarse en Hungría. Y el país se hunde en una crisis política interminable, marcada por manifestaciones esporádicas en las calles de Skopie. En la primavera de 2015, miles de personas acamparon ante la sede del gobierno para pedir la dimisión del Primer Ministro y de su equipo. Tras meses de bloqueo, finalmente el 15 de julio se firmó un protocolo de convenio entre los cuatro principales partidos del país para poner al día las listas electorales y organizar un nuevo escrutinio legislativo.

El 20% de los habitantes vive por debajo del umbral de pobreza, mientras que el presupuesto nacional está en déficit crónico. En principio, debería desarrollarse el 5 de  junio próximo, pero la oposición sigue agitando la amenaza de un boicot, por no ha ber logrado una revisión satisfactoria de las listas electorales. Una lucha sin distinciones Largo tiempo abrumada por la crisis económica y la ausencia de un real debate político, la sociedad –y sobre todo la juventud estudiantil, comprometida desde el otoño de 2014 en una fuerte protesta por los proyectos de reforma de la universidad– pare-

ce decidida a pedirles cuentas a sus gobernantes. Los días 9 y 10 de mayo de 2015, la policía especial tomaba por asalto un barrio de la ciudad de Kumanovo, en el norte del país, donde se ocultaban algunas decenas de mercenarios y de reincidentes albaneses. Organizada por los servicios secretos, esta operación “antiterrorista” apuntaba a desviar la atención del escándalo de las escuchas telefónicas. Pero les costó la vida a nueve policías y a diez supuestos “terroristas”, y dejó el temor a nuevas violencias intercomunitarias. “El gobierno trató de utilizar este incidente para avivar el odio entre los macedonios y los albaneses y desviar la ira de la población, que exige trabajo y menos corrupción –explica Avdi Avdiu, un miembro de la comunidad de fieles encargado de la mezquita de Kumanovo–. Pero esta vez, cosa muy rara en los Balcanes, nadie entró en ese juego malsano. Todas las comunidades fueron juntas a la calle para afirmar su unidad”. Mientras que en el curso del año 2015 más de un millón de refugiados tomaron la “ruta de los Balcanes” (9) que atraviesa Macedonia para llegar a la Unión Europea, un formidable movimiento de solidaridad que atravesaba las barreras confesionales o comunitarias nació en el país. Se abrieron centros de recolección de ropa y de alimentos; brigadas “mixtas” de voluntarios se relevan desde hace meses en los centros de tránsito de Tabanovtsé y de Gevgueliya. “Vimos tanta miseria que ya nadie se pregunta quién es macedonio ni quién es albanés. Todas las manos son bienvenidas”, dice Aleksandra Davidovska, que desde hace más de un año coordina la ayuda en el norte del país. “Originalmente, los ciudadanos se movilizaron porque el gobierno no

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hacía nada. La gente tomó conciencia de que podían actuar en forma colectiva”. La movilización de la sociedad macedonia se apoya en una juventud que sólo conoció los sombríos años de la transición económica, y cuyo porvenir se reduce a la elección entre la miseria o la partida al extranjero. Lo único que falta es que dure lo suficiente para permitir la emergencia de fuerzas políticas capaces de sacudir el establishment que controla el país desde hace más de dos decenios. Sin perjuicio de cuestionar el sacrosanto mantra europeo de la “estabilidad”. g  N. del T.: La principal base militar del Ejército de los Estados Unidos en Kosovo, y la más grande del mundo fuera del territorio estadounidense. 2. Véase “Recensement hautement périlleux dans les Balkans”, Le Monde diplomatique, agosto de 2013. 3. “Émigration: la catastrophe démographique qui menacelaMacédoine”, LeCourrier des Balkans, 26-10-15. 4. Véase Nicolas Autheman, “Los nietos de AlejandroMagno”, Le Mondediplomatique, edición Cono Sur, mayo de 2010. 5. Véase “La nueva línea de fuego entre Rusia y Occidente”, Le Mondediplomatique, edición Cono Sur y “La Macédoine au cœur des manœuvres”,  Le Mondediplomatique, París, julio de 2015. 6. El “grupo de Visegrád” es la alianza informal de cuatro países de Europa central: Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia. En el momento de su creación, a comienzos de los años noventa, su objetivoeraestablecercooperaciones transnacionales y acelerar el proceso de integración europea. 7. “Minorités en Macédoine: pour avoir un emploi public, il faut la carte du parti”, Le Courrierdes Balkans, 21-10-11. 8. “Fermeture de la chaîne de télévision A1 et de trois quotidiens, un été dévastateur pour les médias”,Reporterssans frontières,París,17-8-11. 9. Véase “Una nueva cortina de hierro en Europa”,  Le  Monde diplomatique, edición Cono Sur, abril de 2016. 1.

*Periodistas, redactores en el sitio  Le Courrier des Balkans . Traducción: Víctor Goldstein

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La cólera se encuentra en distintos hechos históricos mundiales, desde la Revolución Francesa hasta la Marcha sobre Roma. El autor analiza esta especie de fuerza transformadora desde el punto de vista psicológico y social.

El paso de la alegría a la violencia y la rebelión

¿Dónde va la cólera? por Georges Didi-Huberman*

Gustavo Cimadoro (cima-cima-doro.tumblr.com)

H

ay “cóleras santas”, cóleras  justas. Pero ¿cómo discernir lo justo de una cólera, o el acto de justicia que reivindica? ¿Cómo aceptar las rebeliones y los arrebatos pasionales que siempre suponen? ¿Cómo legislar sobre la cólera? ¿Qué queremos decir cuando decimos que son legítimas? ¿Qué sería pues el derecho a la rebelión? Una mirada psicológica

En 1795, se publicó en Jacquot, en París, un fascículo Insurrec tion en fa veur des droits du peuple souverain. Llevaba como epígrafe este artículo, el trigésimo quinto de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1793): “Cuando el gobierno viola los derechos del Pueblo, la insurrección es para el Pueblo y para cada porción del Pueblo, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”. En ese momento –o sea en 1792 y 1793–, lo s “ Enra gés” de la Revolución Francesa publicaban escritos, peticiones y panfletos que finalmente fueron reunidos bajo el título Notre patience est à bout. Mucho más tarde, en el Congreso Anarquista Inter-

nacional de Ámsterdam de 1907, durante la anteúltima sesión, Emma Goldman se levantó y propuso a la asamblea la adopción de un texto en favor del derecho de revuelta. Allí leyó la declaración siguiente que su camarada Max Baginski había firmado con ella: “El Congreso Anarquista Internacional se declara en favor del derecho de revuelta tanto de parte del individuo como de parte de la masa en su conjunto. ”El Congreso considera que los actos de revuelta, sobre todo cuando son dirigidos contra los representantes del Estado y de la plutocracia, deben ser considerados desde un punto de vista psicológico. Son los resultado s de la impresión profunda causada sobre la psicología del individuo por la presión terrible de nuestra injusticia social. ”Se podría decir, como regla, que únicamente el espíritu más noble, el más sensible y el más delicado está sujeto a profundas impresiones que se manifiestan por la rebelión interna y externa. Tomados desde este punto de vista los actos de rebelión pueden ser caracterizados como las consecuencias socio-psicológicas de un sistema insoportable; y

como tales, estos actos, con sus causas y sus motivos, deben ser comprendidos antes que elogiados o condenados. ”Durante los períodos revolucionarios, como en Rusia, el acto de rebeldía, sin considerar su carácter psicológico, tiene un doble fin: minar la base misma de la tiranía y despertar el entusiasmo de los tímidos. [...] ”El Congreso, al aceptar esta resolución, expresa su adhesión al acto individual de rebeldía y su solidaridad con la insurrección colectiva” (1). Sometida a votación, esta declaración fue aprobada por unanimidad. Y, sin embargo, no deja de sorprender el “punto de vista psicológico” que asumía de entrada. ¿Qué tiene que ver la decisión política con “el espíritu más sensible y más delicado en tanto que sujeto a profundas impresiones”? Pero la cólera mencionada por Emma Goldman remite a un “sistema insoportable” –un estado de hecho histórico y político– que su reacción subjetiva, aun colectiva, torna evidente. Hay pues cóleras históricamente justas, “justas cóleras políticas”. Se podría incluso considerar que la primera crónica político-militar de Occi-

dente, en el siglo VIII a. C. –hablo, por supuesto de Homero y de La Ilíada– lleva, en el principio de su prim era frase, la palabra “cólera”: “Canto, diosa [Musa] la cólera [ mènin ] de Aquiles...”. En un libro llamado Colère et temps –libro cuyo título original,  Zorn und  Zeit , juega polémicamente con el Sein und Zeit de Heidegger–, Peter Sloterdijk propuso un análisis “político-psicológico” de la civilización occidental, nada menos (2): de Homero a Lenin, la cólera sería lo que emociona y mueve a las sociedades. Salvo que, dice, el destino de esta cólera, más allá de la “explosión simple” en que ella consiste fundamentalmente, sea encontrar su forma sólo en un “proyecto”. Pero cólera más proyecto, ¿no proporcionan solamente venganza y resentimiento? Es como si la cólera únicamente encontrara su “economía política” en eso que Sloterdijk llamará para terminar, con indudable cinismo, el “banco mundial de la cólera” que, a sus ojos, representa el propio proyecto revolucionario, con Lenin y Mao Zedong como “empresarios de la cólera”, mientras que los “pequeños portadores” serán todos tragados en

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ese gigantesco “fondo monetario” de los deseos de emancipación... La impresión que se obtiene de esta descripción muy general es que la cólera, apenas reconocida en su potencia histórica, se ve pronto refutada, ya que es reducida a los negros designios o los negros destinos –venganza, resentimiento, paranoia– que la canalizan fatalmente. ¿Adónde va, pues, la cólera? La tradición filosófica parece responder que no anda bien en ningún caso. Es por eso que no encontramos ninguna huella de la “cólera” –como tampoco de la “revuelta” o de la “sublevación”– en el  Dict ionn aire d e philosophie politique  dirigido por Philippe Raynaud y Stéphane Rials (3). Si bien es cierto que hay una historia filosófica de la revolución, de Immanuel Kant a Karl Marx y otros, no ha bría en cambio sublevaciones, con sus cóleras “psicológicas” aferentes, sino una serie de crisis anacrónicas. Es como si la propia cólera contribuyera a profundizar la diferencia y, enseguida, la oposición, entre revolución y revuelta, como bien lo expresó Alain Rey en el plano de la historia semántica (4). Entre la alegría y la parodia

Sería competencia de una antropología política pensar la cólera operando en las actitudes de las sublevaciones: pensar la potencia intrínseca de su movimiento antes que postular su proyecto en el orden de las relaciones de fuerzas o de las cuestiones de pod er. ¿No cabe imaginar una fenomenología de las cóleras políticas? Algunos sociólogos, tales como Jean Baechler (5), Vittorio

Mathieu (6) o Daniel Cefaï (7) e historiadores como Haim Burstin (8) (sobre los “sans culottes” de 1789) o Louis Hincker (9) (sobre los “ciudadanoscombatientes” de 1848) lo han intentado. Pero eso supone un punto de vista transversal en las construcciones historiográficas y filosóficas estándar, como se lo ve, por ejemplo, en el comentario inédito de Georges Bataille al libro Human isme e t ter reur de Maurice Merleau-Ponty: “Hay un punto de vis-

En tiempo de fiesta, que es como un “tiempo fuera del tiempo”, la cólera deviene alegría y la violencia, parodia. ta más general, que Hegel indica (sin desarrollar), y que la angustia priva a Merleau-Ponty. Pero supone una adhesión tan completa a nuestra situación humana que de alguna manera se entra en la convulsión misma” (10). Bataille, a través de estas palabras, indicaba un movimiento de exceso que el genio hegeliano, según él, había de jado entrever: cuando el pensamiento mismo monta en cólera sin ceder nada de su consistencia y de su rigor. Este es

un punto de vista anarquista, sin duda alguna. No por casualidad, los textos de Mijail Bakunin, reunidos por Etienne Lesourd según Gregori Maximov bajo el título Théorie générale de la révolution , no vacilan en construir algo como una equivalencia antropológica entre el acto de pensar y el de sublevarse (11). Las “dos facultades preciosas” y concomitantes acordadas a la especie humana, se lee en esos textos, serían entonces “la facultad de pensar y la facultad, la necesidad de rebelarse”: “El hombre no deviene realmente hombre, no conquista la posibilidad de su desarrollo y de su perfeccionamiento interior sino a condición de haber roto, en alguna medida por lo menos, las cadenas de esclavo que la naturaleza hace pesar sobre todos sus niños. [...] El hombre se emancipó, se separó de la animalidad y se constituyó como hombre; comenzó su historia y su desarrollo propiamente humano por un acto de desobediencia y de ciencia, es decir, por la rebelión y por el pensamiento”. En las mismas páginas, Bakunin concluye que en suma la rebelión no es sino la otra cara, negativamente expresada, de lo que la palabra “gozo” designa pos itivamente. No es de extrañar, pues, que Bakunin haya atravesado la gran cólera parisina de febrero de 1848 con un sentimiento de “embriaguez” o de “ebriedad” que solo se dice, en general, de las fiestas más alegres, más exultantes: “Este mes pasado en París [...] fue un mes de embriaguez para el alma. No sólo yo estaba embriagado, todos lo estaban: unos de miedo loco, otros de loco éxtasis, de esperanzas insensatas.

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Me levantaba a las cinco o a las cuatro de la mañana, me acostaba a las dos, y me quedaba de pie toda la jornada, yendo a todas las asambleas, reuniones, clubs, marchas, paseos o caminatas o demostraciones; en una palabra, aspiraba por todos mis sentidos y por todos mis poros la embriaguez de la atmósfera revolucionaria. ”Era una fiesta sin comienzo ni fin; veía a todo el mundo y n o veía a nadie, pues cada individuo se perdía en la misma muchedumbre incontable y errante; hablaba a todo el mundo sin acordarme de mis palabras ni la de l os otros, pues la atención estaba absorbida a cada paso por acontecimientos y objetos nuevos, por novedades inesperadas. [...] Parecía que el universo entero estaba dado vuelta; lo increíble se había vuelto habitual, lo imposible, posible, y lo posible y lo habitual, insensatos”. En 1871, Julio Vallès describirá a su vez la Comuna de París desde el punto de vista –entre otros– de una suerte de kermesse loca: “¿Estamos en revolución, papá?”, preguntan los niños del vendedor de vino, que creen que se trata de una fiesta (12). Una manera de decir que, en toda rebelión, la propia cólera es fiesta, si uno no se olvida, gracias a la lectura de los etnólogos, que hay también fiestas expiatorias (hechas de llantos colectivos), fiestas fúnebres, fiestas militares, fiestas salvajes, etc. En dos libros sucesivos – Fête et révolte  de 1976 y  Révol tes et ré volu tion s de 1980–, Yves-Marie Bercé pintó un panorama estremecedor de las prácticas de la cólera social en la Europa prerrevolucionaria (13). La imagen festiva �

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de las rebeliones pertenece sin duda a la mitología que se dan a ellos mismos, en el momento o a posteriori, los acto res de cualquier revuelta. Pero sucede también que la fiesta, en tanto que tal, manifiesta bien lo que Bercé llama una “virtualidad subversiva siempre presente”. En un número considerable de circunstancias históricas –por ejemplo el duelo del general Lamarque en  Les Misérables de Hugo o el del marino Vakulintchuk de Eisenstein en  El Acorazado Potemkin–, la violencia sufrida provoca la fiesta, o al menos esos ritualismos colectivos que van desde el minuto de silencio hasta los gestos de duelo o la procesión detrás de un muerto que reclama justicia. Ahora bien, la fiesta es intrínsecamente potencia. Incluso es por eso que tiene a Dioniso como divinidad tutelar. Ella transforma la cólera en poder expansivo, incluso en poder de alegría. Transforma el gesto de miedo o de agresión en potencia coreográfica. Es, pues, un operador fundamental para la inversión de todos los valores de la que dieron cuenta las obras m ás destacadas de Friedrich Nietzsche (14), y más tarde de Florens Christian Rang (15) y de Mijail Bajtin (16). En tiempo de fiesta, que es como un “tiempo fuera del tiempo”, la cólera deviene alegría y la violencia , parodia. Sin embargo, escribe Bercé, sigue siendo incontestable “que la fiesta puede ser peligrosa”, en el sentido del peligro más trivial o inmediato sobre las personas. Estudiando los festejos rituales, los desfiles militares, los “alegres tribunales de juventud”, las fiestas de locos, las charivaris, las “colectas rituales” y otras “cabalgatas del asno”, Bercé describió cómo la fiesta no tarda nunca en subvertir los signos del poder, esperando subvertir el poder mismo. Cuando la multitud del carnaval juzga con gran solemnidad y luego da muerte a una efigie del poder, los procesos jurídicos y policiales están imitados con frecuencia hasta en los menores detalles. Es “en broma”, pero es quizás también un ensayo general de algo que todavía parece impensable o inesperado. Por eso no hace falta gran cosa, si las circunstancias se prestan, para que a la efigie la suceda la misma persona a quien la efigie representaba, a saber, el agente del poder señorial y ya no su simple figura. Los rituales simbolizan acontecimientos, sin duda, pero sucede también que los producen “de verdad”, a través de aquello que Bercé llama entonces “las fiestas transformadas en revueltas”: “La insurrección estalla un día de fiesta; la alegría se transforma en toma de armas. De la misma manera, el disturbio victorioso termina en fiesta báquica y la multitud danza después de haber puesto en fuga a sus enemigos. Más que del pasaje evidente o posible de la fiesta en revuelta, sería más exacto hablar de intercambio, pues la ambigüedad de los relatos impide establecer el sentido del pasaje, impide indicar si la fiesta o la revuelta precedían en el acontecimiento. La proximidad de la tradición y de la violencia, la actualización de los desbordes acostumbrados, la intrusión de las tensiones sociopolíticas en el calendario de las fiestas, todo eso merece un inventario muy preciso de casos, en los que se pueda hacer la división de los encuentros fortuitos o bien de las consecuencias ineluctables de un tipo de hechos sobre otra categoría de hechos. Se trata, en el fondo, de interrogarse sobre las relaciones de la tradición instituida, ritualizada, con el acontecimiento, la crónica política”. �

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No hay quizás nada mejor que una fiesta tradicional –admitida por todos, por lo tanto permitida por el gobierno– para transmitir los deseos, incluso las consignas de una rebelión. Durante los dos siglos que precedieron la Revolución Francesa, las fiestas se utilizaron políticamente en dos sentidos contrarios: para asentar o para disminuir el poder instalado. Por ejemplo, “la aparición precoz, en los carnavales de las ciudades suizas, de alusiones políticas y de alegorías moralizadoras anunciaba una ruptura con las fiestas tradicionales” en ese gran movimiento de la

¿No habría otro destino para la cólera de los pueblos más que la sumisión de un lado y el resentimiento del otro? Reforma cuyos “volantes” ilustrados con forma de animales monstruosos ha estudiado el historiador del arte Aby Warburg. Bercé, por su parte, ha examinado con atención convincente la inversión de géneros, en ocasiones en que los atributos del carnaval se vuelven emblemas de revuelta: así el 27 de febrero de 1630, en la segunda semana de cuaresma, fue también el primer día de una sublevación de vineros de Di jon, y su conductor estaba vestido, para la circunstancia, con la apariencia del rey del Carnaval. En otros lugares, los alborotadores –como el 26 de febrero de 1707 en Montmorillon, al término del período de carnaval –se disfrazaron de mujeres, con gorros y polleras, armados de grandes cuchillos como en el arte culinario pero que, en el momento, servían también de armas con fines de reivindicaciones sociales. De la fiesta a la violencia

 Y es así com o la fiesta engendra la vio lencia actuada, por un movimiento recíproco –una “inversión energética”, habría dicho Warburg– al duelo experimentado como consecuencia de una violencia sufrida. Pero la violencia actúa en todos los sentidos: no es ni un valor ni un no-valor en sí misma. En su libro  Rév olt es et rév olu ti ons dans l’Europe moderne, Bercé relata un número suficiente de casos como para que se comprenda la complejidad de los devenires en que puede bifurcar cualquier sublevación. Una sublevación se alza: brota, desborda al principio. Es un acontecimiento extraordinario, imprevisible. Pero ¿después? Después puede dispersarse por sí misma, disiparse sola como las cenizas de un fuego de artificio. O bien puede ser aplastada por la autoridad a la cual se había opuesto demasiado espontáneamente. En muchos casos, termina por ser canalizada, es decir contenida, desviada, negada en su propio surgimiento. Cuando la revuelta se vuelve organizada o jerarquizada, a menudo quiere decir que está sometida a los fines de algún aparato de poder y que termina en la sumisión a él, de cualquier signo que sea. O bien se pierde al ser desviada, orientada hacia un objetivo que no era el suyo al principio.

Sabemos que en 1905, durante las grandes sublevaciones en Rusia, el ministro del zar, Viatcheslav Plehve, se vanagloriaba de desviar la cólera del pueblo hacia las comunidades judías de manera, decía, de “ahogar la revolución en la sangre judía”. Fue la época siniestra en que se compusieron los  Protoc olos de los Sabios de Sión  y en que se cometieron terribles pogromos bajo la férula de las Centurias Negras, las milicias de extrema derecha cuyas prácticas (e incluso el famoso emblema de la pequeña calavera sobre un fondo negro) imitarían más tarde las SS alemanas. Lo que describe Bercé para períodos mucho más antiguos no demuestra quizás un cinismo semejante; en todo c aso, el mismo procedimiento de desvío de la cólera se practica cuando a la soberanía de la fiesta y a la legitimidad de la revuelta sucede lo que Bercé llama fenómenos de chivos emisarios y de “xenofobia purificadora”, que supuestamente aseguran, dice, un “refuerzo del sentimiento de cohesión y de identidad colectiva”. “En esta determinación purificadora, los chivos emisarios, pecadores públicos, como lo eran los empleados en la recolección de la gabela, los usureros o los no-cristianos, parecían víctimas designadas. Los extranjeros, los  jud íos era n el bl anc o pr ivi leg iad o de tales desenfrenos. La xenofobia alcanzaba a los grupos socialmente aislados, ostensiblemente diferentes, de fácil acceso y de sólida posición económica, acreedores o competidores. El anuncio de una desgracia imputada a ese grupo (origen de una epidemia, pérdida de buque, sacrilegio) acarreaba la venganza popular. La novedad de la toma de barcos marselleses provocaba la masacre de una embajada turca que residía entonces en Marsella (20 de marzo de 1620). En 1708, marineros ingleses eran degollados en Edimburgo por razones parecidas. En Londres, la obsesión de un complot papista suscita ba periódicamente cazas de irlandeses. El bajo pueblo romano atacaba a los españoles acusados de secuestrar a jóvenes para sus ejércitos. Una masacre de dos mil judíos en Lisboa, el 19 de abril de 1506, sobrevino cuando la ciudad estaba amenazada de peste”. ¿No habría otro destino para la cólera de los pueblos más que la sumisión de un lado y el resentimiento del otro? Es verdad que un libro como el de Barrington Moore sobre  Les O rigin es s ocial es de la dictature et de la démocratie incita a pensar que los levantamientos han engendrado indistintamente lo peor y lo mejor (17). Es verdad, también, que entre 1792 y 1795 surgieron, en todo el oeste de Francia, lo que Jacques Godechot llamó “insurrecciones contrarrevolucionarias” (18). O bien que el or igen del fascismo, entre 1885 y 1914, se ubica en la perspectiva de lo que Zeev Sternhell (19) denominó rigurosamente una “derecha revolucionaria” que llamaba –como lo hacen también ciertos movimientos de extrema izquierda– a un levantamiento contra todo sistema democrático, ya fuera bajo la forma de un golpe de Estado (como en el caso, estudiado por Sternhell, de las revueltas nacionalistas de 1899 en Francia) o de lo que Ernst Jünger llamaría pronto la “movilización total”, fundamento de esta “revolución conservadora” bien analizada, entre otros, por En zo Traverso. Queda claro, leyendo la obra reciente de Emilio Gentile Soudain, le fascisme, que la marcha sobre Roma puede comprenderse como una auténtica insurrección antiestatal inmediatamente convertida en dictadura fascista.

Esto significa, en todo caso, que tenemos que prevenirnos de que las palabras “levantamiento”, “insurrección” o “revuelta” puedan de ninguna manera dar la clave –como palabras mágicas– para todo lo que se refiere a los deseos de emancipación y, en general, a la constitución del campo político. Sobre este tema estamos bien lejos de su comprensión cabal (la modestia es pues indispensable). ¿Adónde va entonces la cólera? Es una pregunta que no depende unilateralmente de la potencia que desate su surgimiento. Es una cuestión dialéctica, o que apela a una respuesta dialéctica. Bertolt Brecht nos da una visión a la vez muy simple y muy sutil cuando, en su  Journ al de travail, reflexiona –con fecha 28 de  junio de 1942– sobre la paradoja de que “el odio no es especialmente necesario para la guerra moderna” (20), ¿Dónde va la cólera en los totalitarismos guerreros? “El fascismo”, responde Brecht, “es un sistema de gobierno capaz de someter a un pueblo a tal punto que se puede abusar de él para someter a otros”. Y no vamos a decir que sólo se trata de historias pasadas. g

1.  Claude Guillon, “Notre patience est à bout. 1792-

1793, les écrits des Enragé(e)s”,  IMHO , París, 2009. 2. Peter Sloterdijk,

Colère et temps. Essai politico-

 psychologique, Maren Sell, París, 2007. 3. Philippe

Raynaud y Stéphane Rials (dirs.),

 Dictionnaire de philosophie politique , Presses Universitaires de France, París, 2012 [1996]. 4. Alain Rey,

“Révolution”: histoire

d’un mot, Gallimard, París, 1989. 5. Jean Baechler,  Les

Phénomènes révolutionnaires,

Presses Universitaires de France, París, 1970. 6. Vittorio

Mathieu,  Phénoménologie de l’esprit

révolutionnaire, Calmann-Lévy, París, 1974. 7. Daniel

Cefaï,  Pourquoi se mobilise-t-

on ? Les théories de l’action collective, La Découverte-MAUSS, París, 2007. 8. Haim

Burstin,  L’Invention du sans-culotte. Regards

sur Paris révolutionnaire, Odile Jacob, París, 2005. 9. Louis Hincker, Citoyens-combattants

à

 Paris, 1848-1851, Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve-d’Ascq, 2008. 10. Georges Bataille, “Sur  Humanisme

et terreur de Maurice Merleau-Ponty” (1947),  Les Temps modernes, n° 629, París, noviembre de 2004 - febrero de 2005. 11. Mikhaïl

Bakunin, Théorie générale de la révolution

(1868-1872),  Les Nuits rouges, París, 2008. 12. Jules Vallès,  L’Insurgé

(Jacques Vingtras,

 III), Gallimard, París, 1975 [1886]. 13. Yves-Marie Bercé,  Fête

et révolte. Des

mentalités populaires du XVI e au XVIII e siècle, Hachette Littérature, París, 1976. 14. Friedrich

Nietzsche,  La Naissance de la

tragédie. Œuvres philosophiques complètes,  I-1, Gallimard, París, 1977 [1872]. 15. Florens

Christian Rang,  Psychologie historique du

carnaval, Editions Ombres, Toulouse, 1990 [1909]. 16. Mijail Bajtin,  L’Œuvre

de François Rabelais

et la culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance,  Gallimard, París, 1970. 17.  Barrington Moore Jr.,  Les

Origines

sociales de la dictature et de la démocratie, La Découverte, París, 1983 [1969]. 18. Jacques

Godechot, La Contre-révolution.

 Doctrine et action, 1789-1804 , Presses Universitaires de France, París, 1961. 19. Zeev

Sternhell,  La Droite révolutionnaire, 1885-

 1914. Les origines françaises du fascisme, Seuil, colección “L’Univers historique”, París, 1978. 20. Bertolt

Brecht,  Journal de travail

(1938-1955),  L’Arche, París, 1976.

*Filósofo. Traducción: Florencia Giménez Zapiola

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Libros del mes

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Política

Historia

El orden clandestino

Ataque a Casa Rosada

Matías Dewey Katz; Buenos Aires, septiembre de 2015. 152 páginas, 234 pesos.

Horacio Rivara Sudamericana; Buenos Aires, junio de 2015. 320 paginas, 279 pesos.

La participación activa de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, con la connivencia de amplios sectores de la política, ha favorecido la consolidación de un orden clandestino que se concreta en el crecimiento de mercados ilegales. Desde ferias de indumentaria como La Salada a venta de autopartes procedentes de vehículos robados, pasando por los prostíbulos, los estupefacientes o las “cuevas”, las “zonas liberadas” son mucho más que “inacción” estatal: se conforma todo un orden clandestino que permite “comparar a ciertos sectores del Estado argentino con la mafia siciliana o la rusa”, entendiendo por mafia “una empresa económica dedicada a la venta de una mercancía muy valiosa: la protección privada”. La venta masiva de protección se torna en patrón de comportamiento estatal que desplaza a la ley como principio de gobierno y se orienta a un objetivo que va más allá del enriquecimiento personal de los involucrados: la producción de poder y buen gobierno. No son, entonces, comportamientos atribuibles a la moralidad individual, sino el producto de un consenso social que habilita la existencia de mercados ilegales cuya importancia reconoce el Estado, y cuyos clientes/consumidores son protegidos por ese orden clandestino. El caso de La Salada es ilustrativo: el mercado ilegal de indumentaria genera trabajo y alienta el consumo. Así, el Estado vende protección a dos clientes con intereses opuestos: ciudadanos y delincuentes.

El 16 de junio de 1955, militares de carrera volvieron las armas contra su pueblo y bombardearon la Casa de Gobierno – entre otros blancos– con el objetivo de asesinar al presidente de la nación, Juan Perón. El ataque, con su correlato de enfrentamientos en las calles, dejó varios centenares de muertos, la gran mayoría civiles. La idea de la acción, según el autor, la concibió Jorge Bassi, aviador naval, inspirado en el ataque japonés a Pearl Harbour (1941). Rivara reconstruye ese episodio sangriento desde la perspectiva de los pilotos y militares que participaron en la sublevación. Es, sobre todo, un libro sobre pilotos, su entrenamiento, sus sensaciones y sus técnicas. En este sentido, los testimonios de los participantes, reconstruidos con maestría y presentados en forma atrapante, constituyen el principal aporte de la obra. Sin embargo, algunos de sus capítulos parecerían justificar la matanza; de allí, el excesivo espacio que se le asigna a la relación entre Perón y la joven Nelly Rivas, a los intereses esotéricos de Perón, o la desproporción entre la forma en la que se califica la violencia de los peronistas y la escasa atención prestada a la matanza perpetrada. Esta parcialidad no le hace justicia a un trabajo de reconstrucción minucioso y que ofrece material inédito muy útil acerca del clima de época dentro de las Fuerzas Armadas, que llevó a algunos de sus integrantes a atacar una ciudad indefensa.

Nazaret Castro

Federico Lorenz

Biografía

Personaje conflictivo, de numerosas facetas, intereses sociales y comunitarios, la cordobesa Viviana Avendaño fue con 16 años la presa política legal más joven del país. Militante de la Juventud Guevarista, colaboró en el Partido Comunista; feminista, luchó por los derechos del movimiento de Gays y Lesbianas, y participó en el corte de ruta del Movimiento Piquetero en Cruz del Eje en el 2000, año de su muerte, nunca esclarecida. El autor presenta el contexto histórico y ambiental de las luchas de Avendaño e intercala numerosas entrevistas recopiladas a través de los años en las cuales personas que la conocieron, desde su familia y amigos hasta compañeros de causa y opositores, proporcionan datos sobre su intimidad, sus ideales, miedos y defectos, que moldearon sus acciones políticas y sociales. Oliva elabora así una línea histórica a partir de la vida de una militante para remarcar acontecimientos que marcaron a Argentina.

  a   z   e    l    i    t   n   e    G    (    8    4    9    1  ,

Ensayo

  a   r   e   p   s   e

  a    L

 ,   n   a   m   g   n    i    K   o    d   r   a   u    d    E

Para pensar Latinoamérica Debates latinoamericanos es un balance integral del ciclo de invención política Debates latinoamericanos que despuntó en la región en las últi mas Indianismo, desarrollo, dependencia y décadas a la luz de cuatro problemápopulismo ticas históricas del pensamiento latinoamericano. Tras la Segunda Guerra Maristella Svampa Mundial, dilemas centrales de la región Edhasa; Buenos Aires, abril de 2016. giraron en torno a las dificultades y 568 páginas, 395 pesos. posibilidades de encarar el desarrollo, los limites que imponía la situación de dependencia, la apertura política –pero también la cerrazón– que traían consigo los populismos, los más hi stóricos modos de pensar el “problema del indio”. Svampa expone y caracteriza estos grandes problemas, sus polisemias, sus debates, la manera en cómo moldeaban la realidad al tiempo que eran impactados por ella, la circularidad entre la reflexión y la más cruda política. En una segunda parte de la obra, estos conceptos-problema se ponen en juego para pensar las experiencias políticas contemporáneas. Se convierte, entonces, en una operación de actualización de la acumulación histórico-teórica regional con el fin de otorgarle densidad e introducir ideas-fuerza nuevas: la apelación a pensar las alternativas al desarrollo (donde adquiere un lugar privilegiado el “Buen vivir” de matriz indígena-comunitaria), la restauración de la dependencia en un mundo mul tipolar (que arrastra a la reprimarización, el extractivismo y la sustentabilidad débil), las deri vas de los populismos de alta y baja intensidad, la inscripción territorial y la dimensión comunitaria de la irrupción indígena-plebeya latinoamericana como fuente de renovación política. La teoría social crítica latinoamericana nunca dejó de ser una “ontología del presente”, dedicada a pensar una realidad q ue ansiaba transformar, y Svampa historiza, actualiza y replica ese gesto. Se crean, por tanto, contenidos nuevos en viejas formas, que por eso se transforman. En este sentido, el libro resulta también una apuesta por revivir la potencia, señalar la diferencia y diagnosticar la singularidad de la producción teórica regional, reivindicando una epistemología del Sur. Sin embargo, no es sólo una obra del mejor materialismo dialéctico, de una tarea filosófica, sino que ilumina acerca de cómo se estructura nuestra actualidad y lo que ofrece como novedad: la autonomía como núcleo d e la acción política y la dimensión ambiental en el corazón de sus contenidos. Convocar a pensar en torno a un debate, esencialmente abierto, bien puede contribuir a situarse más allá de un recorrido que el mismo libro expone, el de una ciencia social crítica contemporánea resquebrajada por su evaluación desigual de los gobiernos progresistas. En este sentido, serí a una lástima acercarse a esta obra bajo las anteojeras de posiciones fijas, puesto que diseña el plafón de problemas que debe pensar toda política que hoy se quiera emancipatoria. Y ello es así porque quizás surca al libro de principio a fin un debate histórico más hondo, un fantasma que está sin mostrarse, el que contrapone los cambios “posibles” frente a los cambios “verdaderos” o, dicho más radicalmente: la irreductible tensi ón latinoamericana entre reforma y revolución. Bruno Fornillo

Todo lo que el poder odia Una biografía de Viviana Avendaño (1958-2000) Alexis Oliva Ediciones Recovecos; Córdoba, noviembre de 2015. 455 páginas.

Imelda Duffard

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Filosofía

Crítica

Cultura

Fichero ¿A dónde va China? Mario Hernández (comp.) Metrópolis; Buenos Aires, marzo de 2016. 112 páginas, 165 pesos.

El cerebro aumentado, el hombre disminuido

Del principio y el fin

Ficciones del dinero

Sobre la legibilidad del mundo

Argentina, 1890-2001

Miguel Benasayag Paidós; Buenos Aires, marzo de 2015. 304 páginas, 285 pesos.

Uwe Timm UNSAM; San Martín, diciembre de 2015. 104 páginas, 140 pesos.

Alejandra Laera FCE; Buenos Aires, 2014. 396 páginas, 298 pesos.

El cerebro no piensa, el cuerpo sí. La ideología tecnocientífica parte de una mirada según la cual el cerebro orgánico es visto como un obstáculo a la maximización del coeficiente intelectual, es decir, el aprovechamiento de su capacidad informacional, el aspecto que permite más fácilmente homologarlo a la máquina (acumular, relacionar y expandir la información). Una de las trampas que intenta desactivar Benasayag es aquella que, llevando adelante la apología del saber bajo la forma de una dimensión informacional ilimitada, obtura la necesaria disposición de un “no saber” ante la complejidad que se vuelve zócalo silencioso de nuestro tiempo. Recuerda el libro que “para la vida, la función principal del cerebro es la de permitir la comprensión. Es decir, poder dar un sentido a lo que sucede”. La imagen informacional que los discursos apólogos del “cerebro aumentado” alientan define una forma de relación humana con el mundo que prescinde de la aleatoriedad de las afecciones, entre otras cosas, y acomoda lo posible a la relación datos/procesamiento de datos. Así, el paso de la inteligencia humana a la inteligencia artificial es percibido sin solución de continuidad. La batalla que libra Benasayag no arrastra un tono tecnofóbico, se enemista con la epistemología reduccionista y totalitaria que acota la potencia vital a su compatibilidad con el credo tecnocientífico para el cual la complejidad de la vida aparece como un obstáculo a eliminar.

A través de cinco ensayos, el autor reflexiona sobre la relación entre lenguaje y realidad que permite la novela como género vital, la función de la creación literaria en la historia humana y la experiencia de escritura/lectura desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. En opinión de Timm, todo trabajo literario tiene que abrirse a los dos modos del recordar –individual y social– y percibir justamente aquello que se calla, lo que no está a la vista pero existe. Tanto la memoria comunicativa como la cultural son interpretaciones determinadas por resignificaciones y silenciamientos. La reflexión orientada a la memoria social constituye lo público, lo necesariamente político de la literatura, que parte de las experiencias individuales del escritor para ir más allá de ellas. Narrar tiene su origen precisamente en lo recordado y lo olvidado, por tanto el olvido siempre forma parte del recuerdo e incluso es probable que sea su parte más productiva en tanto establece las islas de significado en el río Leteo. Lo que se recuerda no es lo que fue, no existe una forma pura del recuerdo, y por tanto tampoco una pura autenticidad. El recuerdo está siempre contaminado por el saber y el olvido del presente, que determinan su selección, acentuación y contextualización. El autor concluye que un buen texto siempre ofrece un plus, un excedente de significado que va más allá del que el autor creyó darle. Ese plus es el que el texto literario puede revelar mediante preguntas nuevas y en tiempos nuevos.

Alejandra Laera realiza una lectura original de la literatura argentina con el foco puesto en el protagonismo del dinero como principio disparador de la acción en los relatos de ficción, que en todos los casos fueron reveladores de la realidad argentina que les era contemporánea. Este novedoso y lúcido ensayo comienza por el análisis de varias novelas publicadas a fines del siglo XX: El aire, de Sergio Chejfec, Wasabi de Alan Pauls, Plata quemada de Ricardo Piglia, Varamo de César Aira y La experiencia sensible de Fogwill serían claves anticipatorias de la crisis social, económica y política de principios de este siglo. Dichas obras presentan una puesta en crisis del dinero como héroe de la historia, su degradación o incluso su disolución, y plantean diversas alegorías y formas en que el dinero se relaciona con la literatura. Literatura y dinero ya presentaban una tensión en las ficciones de fin del siglo XIX, época de la otra gran crisis. Hacia ellas retrocede la autora para estudiar aquella tensión en La Bolsa de Julián Martel, que desde el realismo efectúa una lectura social, y en un recorrido por la novela argentina estudia la evolución de la figura del escritor en su relación con lo económico, de Roberto Arlt a Borges. En ambas épocas encuentra similitudes y contrastes, simbologías y distintos aspectos de la producción y distribución, tales como ediciones, debates y, por supuesto, premios.

Ariel Pennisi

JuliánChappa

Josefina Sartora

Ideas

aborde, hasta el punto de vincular su producciónconpensamientos contrapuestos. El notable trabajo de Mariana Canavese, Los usos de Foucault en la Argentina, hace un breve repaso de la llegada del pensador francés a nuestras costas y los diferentes modos en que su pensamiento ha adquirido un “tono local”. José Bleger, preocupado por las relaciones entre psicología y marxismo, fue uno de los primeros lectores de las formulaciones de lo que, hasta ese momento, era el autor de  Enfermedad mental y personalidad (publicado originalmente en 1954), al punto de incluirlo dentro de la bibliografía del clásico blegeriano  Psicología de la conducta (1963). El otro gran nombre que aparece como temprano importador del pensamiento de Fou-

cault es José Sazbón, uno de los intelectuales argentinos más brillantes, que ya en 1970 se animaba a publicar  Análisis de Michel Foucault. Foucault sufrió varias transformaciones desde esos primeros tanteos: fue un nombre vinculado a la falta de compromiso político en los 70, el renovador del pensamiento marxista para los intelectuales exiliados, el crítico de las instituciones penales (nombre obligado para pensar la pesada herencia de la última dictadura) y filósofo clave en la renovación democrática de las universidades públicas en los ochenta. Cada etapa de nuestra historia más reciente tuvo su Foucault, lo cual demuestra, en última instancia, que lo que hace a un pensamiento tan importante y duradero es, sin lugar a dudas, su capacidad proteica antes que su rigidez dogmática.

Los usos de Foucault en la Argentina Mariana Canavese Siglo XXI; Buenos Aires, septiembre de 2015. 224 páginas, 215 pesos.

Michel Foucault es uno de esos nombres inevitables no sólo para las humanidades en general, sino para todo el saber occidental, así de grande ha sido su influencia en el mundo que conocemos. Pero eso no significa que haya una suerte de “Foucault universal” que se presenta en todos los lugares de igual manera y en igual medida. Las lecturas de su obra arman una “genealogía” en cada territorio que se

Fernando Bogado

Compilación de artículos de autores críticos del “socialismo” chino (Julio Gambina, James Petras, Claudio Katz, Au Loong Yu, Ruben Laufer, Maristella Svampa, Ariel Slipak) que analizan la evolución del gigante asiático en las últimas décadas, el agotamiento del modelo basado en la exportación, su papel en el mundo y en América Latina en el marco de la crisis capitalista actual, y la configuración de nuevas relaciones de hegemonía y dependencia.

Una vuelta al tercer mundo

Juan Pablo Meneses Debate; Buenos Aires, marzo de 2016. 224 páginas, 249 pesos.

Cronista trotamundos, el periodista y escritor chileno Juan Pablo Meneses, quien ya había recorrido América Latina en busca de un niño futbolista para vender a Europa, narra sus aventuras por los destinos salvajes que la industria del turismo nunca promueve. Una ruta que lo lleva de Dakar a Kuala Lumpur, Brasil, Bolivia, Chiapas, Atacama, Vietnam, Ucrania, a través de las grietas y las sobras de la globalización en busca de un inasible pensamiento global tercermundista.

El Rodrigazo

Néstor Restivo, Raúl Dellatorre Capital intelectual; Buenos Aires, febrero de 2016. 128 páginas, 160 pesos.

A más de cuarenta años del brutal “sinceramiento de la economía” que aplicó el ministro Celestino Rodrigo el 2 de junio de 1975 en plena crisis del modelo implementado por José Ber Gelbard, esta edición actualizada de la minuciosa investigación publicada en 2005 se adentra en “el lado oscuro del ajuste que cambió la Argentina”, e intenta comprender las razones que llevaron a un radical cambio de orientación de la economía política nacional.

Viaje al fin de la memoria

Gastón García Marinozzi Tusquets; Buenos Aires, febrero de 2016. 192 páginas, 199 pesos.

Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, un periodista, hijo de argentinos exiliados en México, es enviado a Nueva York a cubrir los atentados. Al estar interrumpidos los vuelos, viaja en auto con un corresponsal europeo en declive y un viejo periodista latinoamericano. A lo largo de tres días de ruta por territorios en conflicto, la tensión aumenta y el periodista se adentra en la memoria de la violencia que lo rodea desde que nació.

40

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Edición 203 | mayo 2016

Editorial

Sumario

El rechazo al librecambio

Staff

3

Dossier Jueces contra políticos Populismo judicial

2

 por José Natanson

No sólo Mani Pulite

3

 por Pablo Stefanoni

por Serge Halimi*

Los reyes de la justicia

4

 por Andrés Fidanza

L

os manifestantes franceses reunidos por el movimiento “ Nuit Debout” esperan que una “convergencia de las luchas” les permita expandir su audiencia a participantes menos jóvenes, con menos diplomas, e insertarse en una dinámica internacional. Uno de sus temas de acción podría favorecer ese doble objetivo: el rechazo a los tratados de libre comercio (1). Los meandros de los tratados comerciales suelen ser desalentadores para las movilizaciones por la dificultad que plantean a la hora de entender cuál es la etapa que hay que vigilar de cerca, o qué disposición de apariencia técnica es la que disimula una bomba social. Sin embargo, a pesar del machacamiento de los medios dirigentes, del empresariado y de los medios que están de su lado, la hostilidad hacia ellos se extiende. Las movilizaciones contra el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TAFTA en inglés) son fuertes en Alemania y en Bélgica (2). La convergencia estadounidense

En Estados Unidos, los principales candidatos a la presidencia se posicionaron en contra del Acuerdo Transpacífico de Librecambio (TPP en inglés). Ahora bien, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el imperio estadounidense cumplió el rol de motor en la liberalización de los intercambios. Sobre este tema, el acuerdo fue casi absoluto entre los sucesivos inquilinos de la Casa Blanca, demócratas o republicanos, de John Kennedy a Ronald Reagan, de George W. Bush al presidente Barack Obama. Y de golpe, l a locomotora liberal se detiene. Obama no convenció con su discurso de que “las empresas que sólo buscan los bajos salarios ya se fueron”. Porque ya los acuerdos comerciales precedentes tenían que aportar empleos en abundancia y buenos salarios… Por lo que no resulta sorprenden-

¿Anticorrupción selectiva? te que hombres tan distintos como Donald Trump y Bernie Sanders hayan lanzado ataques electorales criticando dichos tratados. Lo que obligó a Hillary Clinton a renegar del apoyo que ella le daba al TPP cuando era secretaria de Estado de Obama.  Y François Hollande también est aría dispuesto a cambiar su parecer acerca del TAFTA, sobre el cual hace dos años insistía en apurar la firma… Los obreros que han sufrido una reducción de sus salarios chantajeados con el desempleo y las deslocalizaciones ya no están solos cuando rechazan el libre comercio. Los ecologistas, los agricultores, los consumidores se les unieron. Y los empleados del sector público, incluso los bomberos, también se movilizan. A punto tal que un dirigente patronal estadounidense no puede creerlo: “Ninguno de ellos compite con las importaciones, pero su sindicato se muestra solidario con los otros” (3). El de los empleados del sector público entendió que no lograría defender durante mucho tiempo los efectivos y los tratamientos de sus dos millones de miembros si los de los otros empleados se siguen viniendo abajo. Y los bomberos saben que el reemplazo d e las empresas que pagan el impuesto por terrenos baldíos industriales recortará los presupuestos municipales, lo que pondrá en peligro a muchos de sus cuarteles. En suma, sobre este tema, la convergencia de las luchas existe y ya cosechó sus p rimeros éxitos. g 1. Véase el dossier “Les puissants redessinent le monde”,

 Le Monde diplomatique, París, junio de 2014. 2. Véase “Ces Européens qui défient le libre-échange”,  Le Monde diplomatique, París, octubre de 2015. 3. Noam Scheiber, “Labor’s might seen in failure of trade deal as unions allied to thwart it”, The New York Times,  14-6-15.

8

 por Marcelo Falak

Rio de Janeiro: una ciudad en disputa

10

 por Luciana Rabinovich

EE.UU.: Las guerras de los otros

12

 por Benoît Bréville

 América Central abandona a Taipéi

15

 por Guillaume Beaulande

Taiwán: La isla que desconfía

16

 por Tanguy Lepesant 

Irán: Esperanzas y simulacros de cambio

18

 por Shervin Ahmadi y Philippe Descamps

Dossier Finanzas fuera de la ley  Escurrirse por el Canal de Panamá

22

 por Tomás Lukin

La eterna postergación de la tasa Tobin

24

 por Frédéric Lemaire

El nuevo recaudador cotiza en Bolsa

26

 por Christian de Brie

*Director de Le Monde diplomatique . Traducción: Aldo Giacometti

Francia: Es hora de ir por todo

28

 por Pierre Rimbert 

El iceberg portugués

30

 por Jorge Argüello

Crisis interminable en Macedonia

32

 por Jean-Arnault Dérens y Laurent Geslin

¿Dónde va la cólera?

34

 por Georges Didi-Huberman

Libros del mes

38

Editorial: El rechazo al librecambio

40

 por Serge Halimi

Suplemento # 40: La educación en debate Universidad Pedagógica Buenos Aires

La educación en debate

#40 mayo 2016

Universidad: ingreso y gratuidad por Julián Mónaco*

A

probada en el Senado a fines de 2015, la Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior modificó seis artículos y agregó otros dos a la Ley de Educación Superior (LES) sancionada durante la presidencia de Carlos Menem hace ya veinte años. La discusión alrededor de esta modificatoria –que a cinco meses de su sanción todavía no ha sido reglamentada– ayuda a comprender algunos de los nudos conflictivos de un debate que, incluso en un tiempo prolífico en materia de legislación educativa, no ha tenido como correlato una nueva normativa, aun cuando existe un amplio consenso respecto de su necesidad. La Ley 27.204 nació como proyecto en la Cámara de Diputados en 2013, con un fuerte impulso de la entonces diputada por la Provincia de Buenos Aires del FPV, Adriana Puiggrós. En mayo de ese año, obtuvo el voto afirmativo de todos los bloques, excepto del PRO y del diputado de Compromiso Federal, Eduardo Amadeo. Finalmente, en octubre del año pasado el proyecto consiguió la media sanción restante en el Senado de la Nación, con el voto afirmativo de 40 de los 52 senadores presentes. Los doce que votaron en contra (diez de la UCR y dos del bloque Justicialista de San Luis que lidera Adolfo Rodríguez Saá) impugnaron con fuerza el segundo artículo que establece, entre otras cosas, que las universidades públicas nacionales deberán rendir cuentas ante la Auditoría General de la Nación (AGN) ya no solamente respecto de los fondos presupuestarios recibidos, como lo hacían hasta ahora, sino también de los fondos producidos por ellas mismas, cada vez más importantes y que muchas veces alcanzan a los invertidos por el propio Estado. La senadora de la UCR Silvia Elía s de Pérez se opuso al uso de los conceptos de supervisión y fiscalización por parte del Estado. “Dos palabras –argumentó en la sesión del 28 de octubre del año pa-

sado– que realmente nosotros sentimos que van en contra de la autonomía”. En respuesta a este tipo de críticas, que continúan todavía hoy, Puiggrós es contundente: “Este ítem no tiene nada que ver con la autonomía universitaria y no va en contra de ella. Pero sí limita las acciones que pueden realizar organismos que viven de fondos presupuestarios”. Fue el artículo quinto, sin embargo, el que más polvareda levantó: mientras que la LES permitía que en las universidades con más de 50.000 estudiantes cada facultad resuelva discrecionalmente su régimen de admisión (poniendo en cuestión una de las políticas privilegiadas por el radicalismo tras el regreso de la democracia: el ingreso irrestricto), la modificatoria establece que todos los egresados del secundario, por el solo hecho de serlo, ya están en condiciones de comenzar una carrera universitaria, sin necesidad de rendir exámenes de ingreso o de esperar por un cupo. Previsiblemente, esta cuestión disparó el interrogante de si las universidades pueden hacerle frente a una política de este tipo con su infraestructura, docentes y presupuesto actuales, es decir, sin una mayor inversión estatal. Y también volvió a poner sobre la mesa la pregunta de si es posible garantizar la calidad de las carreras (o al menos de algunas de ellas) una vez que se masifican (1). Apenas una semana después de la sanción de la ley, Marcelo Yorio, Decano de la Facultad de Ciencia s Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), emitió un comunicado asegurando que la regulación del ingreso a una carrera como medicina, que requiere no solamente de docentes sino también de múltiples escenarios de prácticas, todos ellos limitados y costosos (laboratorios básicos y clínicos, centros de investigación básica y aplicada, salas de simulación, consultorios, dispensarios, centros de salud, hospitales y ambientes comunitarios), es la única herramienta para garantizar su calidad. En 2004, la carre-

Suplemento

ra sancionó una resolución que limita el ingreso a partir de un orden de mérito según las notas obtenidas en el ciclo de nivelación. Cada año se presentan cerca de 2.500 aspirantes para un cupo de 630. En el caso de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, el Consejo Directivo votó la eliminación del curso anual de ingreso a Medicina, a las licenciaturas en Obstetricia y Nutrición y a la tecnicatura en Prácticas Cardiológicas. Además de aprobar las ocho materias del curso, el acceso a Medicina exigía responder correctamente a más de 40 de las 60 preguntas de cada uno de l os dos exámenes finales. Obteniendo entre 30 y 39, permitía ingresar a las licenciaturas. Quienes obtenían un puntaje menor, realizando un curso complementario, podían ingresar a la tecnicatura. Si en los últimos años la cantidad de ingresantes a Medicina se mantenía entre 300 y 600, este año se prevé que saltará a unos 3.500. “No hemos recibido ninguna ayuda financiera extra, así que seguimos con la misma capacidad áulica y el mismo número de docentes”, explica Ana Lía Errecalde (2), decana de la Facultad y titular de una de las cátedras de Histología, que este año abrirá cincuenta comisiones: cuarenta más que el año pasado. Sus estudiantes, que tenían clases de dos horas dos veces a la semana, cursarán cada quince días. Todo ello, asegura Errecalde, afectará negativamente la acreditación que carreras como Medicina están obligadas a realizar periódicamente ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) por otorgar títulos que habilitan el ejercicio de profesiones que, al ser de interés público, están reguladas por el Estado. “Este tipo de carreras –agrega– sí deberían poder poner alguna forma de selección de sus alumnos”.  Voces c omo las de Yori o y Errec alde muestran que la reglamentación de la ley impulsada por Puiggrós será vital: para ser posible, el ingreso irrestricto deberá ir acompañado de una amplia transferencia de recursos financieros

así como de una transformación edilicia en la mayoría de la s universidades. Pero además, una nueva ley de educación superior deberá ser explícita respecto de las estrategias que hagan del ingreso irrestricto una conquista efectiva y no una fuente de deserción masiva. Una vez más: abrir las puertas de la universidad no significa asegurar la inclusión inmediata y exitosa de los ingresantes en la vida universitaria. “El desafío para las universidades – afirma Adrián Cannellotto, rector de la Universidad Pedagógica (UNIPE)– es darse una política que permita hacer la transición entre la secundaria y los estudios superiores. Eso implica responder cuáles son las operaciones que tienen que hacer los jóvenes para inscribirse en una trayectoria universitaria y sin desertar en el primer o el segundo año, teniendo en cuenta que es allí donde se concentran los mayores problemas. Son preguntas que las universidades recién están comenzando a hacerse y que deberían aparecer en una nueva normativa” (3). Otro de los aspectos fuertes de la modificatoria apunta a proteger la gratuidad de todos los estudios de grado. Si el texto de la LES de 1995, cuya aprobación fue exigida por el Banco Mundial para liberar un crédito de 165 millones de dólares destinados al Programa de Mejoras de la Educación Superior, dejaba abierta la posibilidad de su mercantilización, la Ley 27.204 prohíbe establecer sobre los estudios de grado cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa de modo directo o indirecto. La polémica alrededor de este punto incluyó la puesta en circulación del viejo argumento de que en una universidad como la argentina, en la que buena parte de los estudiantes provienen de hogares con ingresos medios y altos, la gratuidad genera mayor inequidad. Este tipo de posiciones suelen analizar la educación superior en términos de costo (inversión estatal) y beneficio (cantidad de egresados), desconociendo que la experiencia universitaria en nuestro país, aun si no redunda en egreso, nutre las trayectorias, tanto a nivel profesional como personal, y, por supuesto, a la sociedad en su conjunto. En este sentido, vale recordar que la matrícula de las universidades argentinas no ha dejado de crecer desde la vuelta a la democracia (en 1983 era de 400.000 estudiantes, en 2015 ya trepaba a más de 1.600.000) y que, sobre todo en los últimos años, esa expansión incluyó desde jóvenes de los sectores populares que son la primera generación de sus familias en pisar la uni versidad �

II | La educación en debate

#40 Universidad: ingreso y gratuidad

JUAN CARLOS DEL BELLO, RECTOR

“No tenemos cómo financiarlas”



Raoul Dufy, Amphitrite dans le port de Marseille , 1927-1930 (gentileza Christie’s)

� hasta adultos que completaron sus estudios secundarios en el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FINES) (4). La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) ofrece profesorados pagos (en Biología, Química y Física, entre otros), dictados en forma virtual, a aquellos egresados que se encuentran trabajando en colegios secundarios de la provincia. Este tipo de carreras, que en 2015 costaron a la UNRN cerca de $6.000.000, también deberán ser gratuitas. “De acuerdo a nuestro criterio como legisladores –explica Puiggrós– todas esas modalidades, y todas aquellas de primer nivel y posteriores al secundario, deberán ser consideradas grado”. Juan Carlos del Bello, Secretario de Políticas Universitarias al momento de sancionarse la LES y actual rector de la UNRN explica: “A partir de la publicación en el Boletín Oficial de la ley, el Ministerio de Educación tendría que haberse comunicado con todas las universidades para que indiquen el costo de las carreras que hoy son aranceladas a fin de cubrirlas con un presupuesto especial. Si el gobierno actual discrepa con esta ley deberá elevar un proyecto para derogarla, si no lo hace, pero tampoco nos transfiere recursos, no nos va a quedar otra salida más que recurrir a la Justicia”. También aquí la reglamentación de la modificatoria jugará un papel fundamental y es probable que la discusión se centre en la definición de qué es ( y qué no es) un estudio de grado. Lo cual implicará posturas fuertes de las universidades nacionales, cuyos ingresos dependen, muchas veces, del dictado de diplo-

maturas,especializaciones,tecnicaturas y profesorados pagos. El debate que generó la sanción de la Ley de Implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior demuestra que la tarea de defender la gratuidad de todos los estudios de grado y el ingreso irrestricto ya ha comenzado. Y obliga a quienes aspiran a defender esas conquistas a interpelar a la sociedad con ideas y prácticas concretas y potentes que, para ser efectivas, deberán disputar en el presente. Lo cual supone volver sobre el propio pensamiento para no resignarse ante los “aires de época” ni quedar atrapados en la pura nostalgia. Elaborar esas prácticas e ideas requerirá, como siempre, de imaginación y construcción políticas. g 1. Para seguir una posición que intenta deponer la oposición masividad-calidad, véase “Una falsa disyuntiva”, entrevista a Martín Gill, en Hacia dónde va la educación, edición especial de UNIPE y Le monde diplomatique , edición Cono Sur, marzo de 2015. 2. Entrevista realizada en colaboración con Diego Herrera. 3. Para ampliar este punto, con referencia explícita al problema de la deserción en las nuevas universidades del conurbano y a las estrategias de inclusión a la vida universitaria que se están ensayando en ellas, véase “Incluir, mucho más que abrir las puertas”, en Hacia dónde va la educación, edición especial de UNIPE y Le monde diplomatique , edición Cono Sur, marzo de 2015. 4. Véase “¿Quiénes son los nuevos estudiantes universitarios?”, La educación en debate N° 30, suplemento especial UNIPE y Le monde diplomatique , edición Cono Sur, mayo de 2015.

*Licenciado en Comunicación, facilitador pedagógico digital e integrante del equipo editorial de UNIPE.

La Ley 27.204 nos afecta en forma drástica y por ello hemos interpuesto una demanda ordinaria y una reserva del caso federal ante la Justicia por inconstitucionalidad e imposibilidad de aplicación de la ley”. Juan Carlos del Bello, rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), es uno de los rectores más críticos de la modificatoria a la Ley de Educación Superior (LES) impulsada por la diputada Adriana Puiggrós. Secretario de Políticas Universitarias entre 1993 y 1996, del Bello fue uno de los autores intelectuales de la ley del 1995, a la que cree necesario modificar.

rreras son de grado, no de posgrado. Pero los estudiantes no son jóvenes de 18 años, sino personas adultas, con título, que tienen ingresos y que, además, tienen que estar trabajando en escuelas secundarias de Río Negro. Según esta ley, estas carreras deberían ser gratuitas, porque son de grado, mientras que losposgradosdeberíanser arancelados. Pero es contradictorio que un bioquímico reciba un profesorado gratuito mientras que un egresado de una licenciatura que estuvo becado durante toda su trayectoria y que tuvo méritos para recibirse y quiere seguir estudiando un posgrado tenga que pagar un arancel.

¿Pueden las universidades hacer frente al ingreso irrestricto? Todo depende de cada universidad en particular. Nosotros tenemos carreras con cupos que están definidos de acuerdo a nuestras capacidades educativas. Tenemos limitaciones físicas. No se resuelve con que el Estado nos provea de un mayor número de docentes para atender a un mayor número de alumnos, sino que no contamos con espacios áulicos suficientes y esto no es de solución inmediata. Por ejemplo, la Licenciatura en Criminología: el aula más grande que tenemos tiene 100 lugares y hay 350 postulantes. No podemos hacer ingreso irrestricto porque no tenemos capacidad áulica para albergar más estudiantes.

¿Podrían seguir dictando esas carreras si no fuesen pagas? En 2015 el costo de estas carreras fue del orden de los 6.000.000 de pesos. Si el Estado no nos provee de ese dinero no podríamos transformarlas automáticamente en gratuitas, porque no tenemos cómo financiarlas. Financiarlas iría en contra de las carreras de grado que están dirigidas a los jóvenes de 18 años y cuya formación superior tenemos que garantizar, porque es nuestra misión educativa. No somos una universidad boutique que se dedica al posgrado. Estas carreras podrían ser gratuitas solamente si el Estado paga su costo. Estamos frente a un problema, porque aunque tenemos autonomía y podríamos, en caso de no poder fina nciarlas, suspenderlas, existe un compromiso con los estudiantes que ya están cursando.

¿Cómo afectaría el ingreso irrestricto a la calidad de la educación universitaria? Pensando en una nueva normativa, La LES establece la acreditación obli- ¿qué puntos de la LES cree que es negatoria de la calidad de las carreras de cesario reconsiderar? interés público ante la CONEAU. Y for- La LES establece la obligatoriedad de ma parte de la calidad la relación entre la acreditación de los posgrados en resel número de estudiantes y las capaci- puesta a una determinada coyuntura dades educativas. Por lo tanto, en nues- histórica: a mediados de los años noventro caso, no podemos establecer ingreso ta, en una situación económica compleirrestricto, por ejemplo, en la Carrera de  ja, obtenerun título de esetipodabamás Odontología, que solamente cuenta con oportunidades de empleo, entonces los 90posicionesdeclínicas odontológicas, posgrados proliferaron muchísimo, aun porque los que queden por encima del cuando había dudas sobre su calidad. cupo no van a tener la formación prác- Por eso era necesario acreditar. De hetica que requiere garantizar la calidad cho, un 25% de los primeros posgrados de la carrera. Por otro lado, esta medida que se evaluaron fue cerrado. Veinticinafecta en particular a las carreras de ar- co años después, la coyuntura es otra y te. ¿Puede estudiar música a nivel uni- la cultura de la evaluación y de la mejoversitario alguien que, además de tener ra continua de la calidad se ha incorpoel título secundario, no haya estudiado rado a la vida universitaria. Hoy, en el nunca antes música? Para las carreras mundo, la acreditación de los posgrade arte el ingreso irrestricto, entendien- dos en general ya no es obligatoria sino do como tal la mera exigencia del título voluntaria y con categorías. Además, la secundario, es ridículo. ley no preveía que miembros de la CONEAU fueran autoridades de universiEn su artículo tres, la modificatoria dades. Eso debería estar prohibido. Un establece la gratuidad de todos los segundo punto: es necesario precisar mejor las actividades reservadas de las estudios de grado, ¿qué opina? Es inconstitucional el artículo del ingre- carreras reguladas, porque las corporaso irrestricto, pero no necesariamente ciones profesionales y académicas han lo es el de gratuidad. Nuevamente, de- hecho reservas de actividades sin otro pende de cada universidad. Muchas de propósito que proteger a la profesión de ellas dictan carreras de grado, virtuales la competencia. Entonces sólo un ingey, en nuestro caso, de complementación, niero agrónomo puede hacer estudios destinadas a egresados que ya tienen un ambientales, y eso no tiene sentido. g título superior y que quieren tener una formación como profesores. Esas ca- J.M.

La educación en debate | III

ADRIANA PUIGGRÓS, EX LEGISLADORA

El peligro de la lógica del mercado



Anoche contesté el mensaje de una estudiante de la Universidad Nacional del Nordeste que me decía que en la subsede le cobraban 1.280 pesos por mes y me preguntaba si eso era legal. Le dije que en cuanto salga la reglamentación, presente un amparo”. Diputada nacional por la Provincia de Buenos A ires hasta el pasado 10 de diciembre, Adriana Puiggrós impulsó la flamante Ley 27.204, a la que adjudica una gran importancia coyuntural. Antes de dejar su banca, consiguió que tome estado parlamentario un nuevo proyecto de Ley Nacional de Educación Superior. ¿Por qué era necesario introducir reformas en la Ley de Ed ucación Superior? La Ley 24.521 es parte del paquete de leyes menemistas y aplica las recetas del Banco Mundial en educación. Tiene varios aspectos negativos. En primer lugar, abre el camino para una universidad restrictiva, porque les permite a las facultades poner, en determinadas circunstancias, exámenes de ingreso muy discriminatorios y sin tener en cuenta las decisiones de los consejos superiores o de los propios estatutos. Lo cual lleva a una disgregación de la universidad como tal. Además, abre la puerta al arancelamiento de un modo nada ambiguo, porque habla de la posibilidad de cobrar tasa s o contribuciones. Por último, determina un escasísimo control de los fondos que utilizan las universidades. Vale recordar que el gobierno de Menem no tenía suficiente fuerza política como para abrir totalmente la entrada de inversiones privadas en educación superior, para tercerizar funciones, y para establecer directamente el arancel y las restricciones al ingreso. Entonces lo que hizo fue abrir alternativas de un modo no tan directo. Esas alternativas las incluyeron pero en ese momento no fueron totalmente tomadas por las universidades.

exámenes y con sistemas de cupos? En Argentina no tenemos universidades pero sí facultades, que son básicamente algunas de Medicina, que trabajan de este modo. Pero no son toda s, sino solo algunas. Tenemos facultades más modernas, como la de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Matanza, que apuntan no sólo a fo rmar médicos, sino también paramédicos, rubro en el que la Argentina tiene un gran déficit: por cada paramédico hay siete médicos. Faltan enfermeros, obstetras, acompañantes terapéuticos. El otro modelo es el de la Universidad Nacional de La Plata, que permite que entren 80 alumnos por año cuando se presentan 2.000 aspirantes. Y a los ingresantes se los admite con la única idea de que estén siete años cursando para luego incorporarse a la corporación médica de La Plata, que es la que fija el número, sin tener en cuenta las necesidades de la Provincia de Buenos Aires y del país en general. ¿Por qué la Ley 27.204 hace hincapié en poner a la universidad en un diálogo fuerte con el Estado? Porque corremos el peligro de que las universidades públicas ingresen completamente a la lógica del mercado. Hoy estamos frente a un capitalismo distinto al de los noventa. En esa década la idea dominante era privatizar todo lo posible y achicar el Estado. Ahora no es solamente eso, sino que también se agrega la idea de que el capital colonice el Estado. Hay grandes bancos como el HSBC o el Santander que han avanzado muchísimo en distintas universidades públicas de la región, que tercerizan parte de sus funciones. Por ejemplo, las cuentas sueldo de muchas universidades son administradas por el Banco Sant ander, así como los campus informáticos y las aulas informáticas son administradas por Google. El capital privado quiere colonizar las universidades públicas. Por eso la modificatoria dice también que las universidades públicas no podrán establecer convenios con organismos públicos o privados nacionales o extranjeros con objetivos de mercantilizar la educación.

 Aun habiéndose concretado la salida de la modificatoria, ¿cree que es necesaria una nueva Ley de Educación Superior? Con mi equipo de trabajo y desde el Frente Para la Victoria hemos presentado un proyecto para una Ley Nacional de Educación Superior que tiene estado parlamentario. Hay algunos puntos fundamentales como la reafirmación de la responsabilidad principal del Estado en la educación superior y la articulación del sistema universitario, que habida cuenta de la prolifera¿Por qué es importante que la Ley ción de institutos, universidades, se27.204 prohíba totalmente los exá- des, subsedes y colegios universitarios menes de ingreso? es muy caótico. También ocupan un Lo que opusimos fue una valla para evi- lugar muy importante los derechos de tar lo que seguramente tratará de hacer los estudiantes, hay un paquete de beeste gobierno, que es aplicar el modelo neficios que incluye becas, albergues y chileno: poner un examen muy discri- pedagogía universitaria de apoyo. Resminatorio al terminar el secundario. Es pecto de los derechos y las atribuciola idea de la economía de mercado apli- nes de los docentes, entre otras cosas cada a la educación: para restringir al se establece que los docentes interinos máximo la inversión estatal en u niver- a los que no les hayan abierto un considades se restringe al máximo el nú- curso al cabo de dos años pasan a tener mero de alumnos mediante un examen todos los mismos derechos que los dode ingreso altamente selecciona dor. centes concursados. g ¿Qué pasa con las facultades que actualmente trabajan con este tipo de

J.M.

ALBERTO KORNBLIHTT, INVESTIGADOR

La educación superior como derecho por Diego Herrera* Evidentemente, la zona de confort de Macri está en las universidades privadas. Muchos de sus referentes y ministros están formados allí”. Así caracteriza el biólogo y doctor en Química Alberto Kornblihtt al nuevo período político que se inició en el país. “De aquí en más, el pensamiento crítico que surge de la universidad pública va a tener un rol muy importante para desenmascarar las contradicciones y la lucha de intereses que desde el discurso más alto del poder pretenden ocultar”, advierte. El reconocido investigador del CONICET y profesor de la Universidad de Buenos Aires traza un panorama del sistema universitario argentino y analiza sus perspectivas.



dad académica pueda diseñar el contenido y la forma de dictarlo.

¿Cuál es su balance de las políticas universitarias implementadasdurante el kirchnerismo? Me es difícil hablar solo de la universidad porque quizá los cambios más significativos se produjeron por la importancia que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner les dieron a la ciencia y la tecnología. Respecto de las universidades específicamente, aumentó el presupuesto, o al menos no hubo un ajuste violento como sí hubo en otras épocas. Se crearon nuevas universidades que, aunque me sea difícil evaluar su éxito o calidad, absorben el deseo de llegar a una educación superior de sectores a los que, por distancia o por situación económica, les cuesta mucho llegar a las grandesinstitucionespúblicas.

¿Es necesaria la gratuidad de posgrados? Si son estudiantes que están haciendo maestrías, tesis de licenciatura o doctorales en las universidades públicas, deben ser gratuitos. Ahora, en el otro extremo, si se trata, por ejemplo, de CEOs que vienen a abrevar del conocimiento de la universidadpública paraluegoaplicarlo en sus prácticas empresariales, no.

¿Quedó alguna deuda pendiente? Para mí, la deuda fue que no se discutió una nueva ley de educación superior. Era un momento propicio porque el debate público y la participación de la sociedad eran muy grandes.

¿Qué consideración hace del rol de la CONEAU? Para mí, lamentablemente, permite que las universidades privadas tengan una voz al mismo nivel que las estatales. Considero eso inadmisible. Otra cosa que me preocupa de organismos como la CONEAU es la pretendida uniformación de los planes de estudio. Esa pretensión tiende a convertir a la universidad en una escuela terciaria de habilidades y oficios. La universidad es efervescencia, pensamiento crítico, ebullición de ideas. Es cambio. Todo lo que la encorsete va en contra de su espíritu.

¿El problema de los docentes ad honorem puede ser resuelto por una nueva ley? La figura del docente ad honorem presenta una trampa doble. Por un lado, la persona que se presta a dar clases sin que le paguen piensa que es la única manera de acceder a la docencia y que eso va a darle prestigio y currículum. Por el otro, la universidad satisface una necesidad docente sin pagar un sueldo. Las autoridades deberían tomar medidas concretas para eliminar la figura del docente ad honorem, globalizar los concursos o las selecciones interinas y aumentar el presupuesto para garantizar que quienes accedan a la docencia reciban su paga. No creo que dependa de la ley: en la Facultad de Ciencias Exactas esa modalidad se aplica desde hace años.

¿Qué sería necesario modificar de la ley vigente? Tendría que reasegurar mucho más que la educación superior es un derecho y que no es un privilegio o un instrumento para generar personas capa- ¿Puede ampliarse el acceso a la unicitadas exclusivamente para el medio  versidad sin mejorar la educación seproductivo y el mercado. De alguna cundaria? manera, esto está ligado a la modifica- La educación secundaria está en muy ción propuesta por Adriana Puiggrós mal estado, sobre todo en los grandes y votada a fines de 2015. Por supues- conglomerados urbanos. Las universito, estoy de acuerdo con la gratuidad. dades nuevas del conurbano absorben Considero que la educación superior parte de esa población, pero un porcenes un derecho y no debe pagarse. taje muy alto de nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Natu¿Y el ingreso debe ser irrestricto como rales vienen de colegios privados. Eso contempla lamodificación? está diciendo que las clases medias que En el punto del ingreso irrestricto, creo aspiran a que sus hijos vayan a la unique debe haber un curso de in greso versidad han abandonado la escuela seque haga que todos aquellos que están cundaria pública y que la universidad por arriba de cierta nota puedan en- no tiene suficientes acciones proactivas trar a la facultad que deseen. Lo que no para mejorar la educación de la escuela debe haber son cupos. No creo que un secundaria pública y atraer a esos estucurso de ingreso sea restrictivo. De he- diantes. g cho, el Ciclo Básico Común (CBC) funciona como un curso de ingreso. Podría *Licenciado en Ciencias de la Comunicación y ser mejorado de manera que cada uni- docente, miembro del equipo editorial de l a UNIPE.

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