2010_Economia_18_13.pdf

tema

18

ECONOMÍA La intervención del Estado en la economía: justificación y funciones.

40-15026-13

Medios e instrumentos.

Temario 1993

tema 18

economía

1. LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA: JUSTIFICACIÓN Y FUNCIONES 1.1. JUSTIFICACIÓN 1.2. FUNCIONES

2. MEDIOS E INSTRUMENTOS 2.1. POLÍTICAS DE DEMANDA 2.1.1. Política fiscal 2.1.2. Política monetaria

2.2. POLÍTICAS DE RENTA 2.3. REGULACIÓN ESTATAL 2.4. TEORÍA DE LA ELECCIÓN PÚBLICA

3

tema 18

economía

INTRODUCCIÓN

Es sin duda el grado de intervención estatal en la economía uno de los principales motivos históricos de debate dentro del pensamiento económico. Desde la aparición de las primeras escuelas toda teoría económica se ha fundamentado y asentado sobre una hipótesis inicial por la que se fijaba y limitaba el grado de intervención estatal en la economía. Desde los mercantilistas hasta los monetaristas, desde Quesnay a Keynes han construido y elaborado sus teóricos sistemas económicos, en los que se determina el conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que definen la organización económica de una sociedad, sobre la base de una determinada intervención estatal en la actividad económica. A lo largo del presente tema trataremos de analizar los principales argumentos que justifican la intervención del Estado como complemento (e incluso sustituto) del mecanismo de mercado, a la hora de asignar los recursos, factores y productos, y de esta manera contestar a las tres grandes incógnitas de la ciencia económica ¿qué producir?, ¿cómo producir? y ¿para quién producir? Asimismo, estudiaremos las principales funciones que históricamente ha asumido el Estado dentro de los distintos sistemas económicos existentes, así como las funciones, tareas y competencias que tiene asignado en la actualidad dentro de un contexto de economía mixta. Por último, concluiremos el tema, considerando los principales medios, herramientas e instrumentos de los que se sirve el Estado para intervenir en la actividad económica.

5

tema 18 economía

1 LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA: JUSTIFICACIÓN Y

FUNCIONES

Hasta principios del siglo XX (con las excepciones de mercantilistas que consideraban necesaria la intervención estatal en las operaciones comerciales, promoviendo las exportaciones y limitando mediante aranceles e instrumentos proteccionistas las importaciones; y marxistas para los que la propiedad privada significaba el origen de la desigualdad social, abogando por que fuera el Estado quien produjera los bienes y servicios, y controlara los factores de producción) el pensamiento económico consideraba que la actuación gubernamental debía de limitarse a garantizar la seguridad y defensa de los ciudadanos, a salvaguardar los derechos de propiedad, y a avalar las condiciones para que las actividades económicas se desarrollasen sin obstáculos externos ni injerencias que pudieran alterar el mecanismo de mercado. En resumen, se suponía que la función del Estado consistía en el establecimiento de un marco jurídico-institucional, en tanto que los individuos y los grupos privados serían los verdaderos responsables de la actividad económica del sistema. A lo largo del siglo XX, y especialmente entre la Gran Depresión (años treinta) y finales de los años sesenta (en el que las ideas keynesianistas se convierten en el nuevo paradigma del pensamiento económico), las funciones públicas se han ampliado y diversificado, y el Estado ha dejado de ser un mero guardián del buen desarrollo de la actividad económica, para convertirse en un verdadero agente económico, actuando, con frecuencia, como empresario, al ofrecer ciertos bienes y servicios (bienes públicos), coordinando y regulando el mercado, así como estableciendo políticas económicas a través de las que se pretenden alcanzar objetivos generales macroeconómicos, como el crecimiento del PIB, el pleno empleo de los recursos, el equilibrio en la balanza de pagos, o la estabilidad de los precios. Surge lo que se ha venido llamando la economía mixta (situándose pragmáticamente a medio camino entre la economía de libre mercado y la de planificación central), que se caracteriza porque las actividades que se desarrollan en el seno del sistema económico pueden dividirse en dos esferas de intereses o en dos órdenes institucionales, el público y el privado. Pese a que el éxito de las ideas keynesianas empezaron a quebrarse a comienzos de los años 70, surgiendo una corriente neoliberal con un proceso de redescubrimiento del libre mercado, la totalidad de los sistemas económicos existentes en los países de la OCDE son de carácter mixto, al confiar en la intervención selectiva estatal dentro de un marco en el que se respetan las reglas de funcionamiento de las economía de libre mercado (la propia Constitución Española en su artículo 38 reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado). Dentro de una economía mixta se considera que el Estado debe intervenir para aumentar la eficiencia de los mercados, y que aun siendo éstos eficientes (que en términos prácticos y empíricos nunca lo son) existirían razones para que el Estado interviniera como redistribuidor de rentas, como salvaguarda del correcto funcionamiento del mercado, o como garante de los derechos de propiedad y del cumplimiento de los contratos.

6

tema 18

economía

1.1. JUSTIFICACIÓN La justificación de la intervención del sector público en la actividad Económica se fundamenta en que el mercado por sí sólo no logra generar soluciones eficientes para una sociedad, al no lograr satisfacer de manera óptima las necesidades de sus ciudadanos, produciéndose un fallo de mercado. Los fallos de mercado se deben principalmente a ocho factores, cada uno de los cuales se ha utilizado históricamente para justificar la intervención del Estado. Los seis primeros describen algunas circunstancias en las que el mercado puede no ser eficiente en el sentido de Pareto (cuando en una economía de intercambio ninguno de los agentes puede mejorar su utilidad o su nivel de producción sin perjudicar a otro agente), y los dos últimos presentan situaciones en las que la intervención del Estado puede estar justificada aun cuando la economía sea eficiente gracias al mecanismo de mercado: XX Fallo de la competencia Para que funcione la mano invisible sobre la que se sustenta la economía de libre mercado, debe existir competencia, si bien, podemos observar que en la mayoría de industrias existen unas pocas empresas que dominan la mayor parte del mercado (oligopolios o monopolios), teniendo el suficiente poder como para afectar y controlar el mecanismo de fijación de precios. Los mercados de competencia imperfecta no regulados se caracterizan por que se restringe la producción para elevar el precio, lo que provoca una pérdida de bienestar social, siendo el caso extremo el del monopolio, en el que una única empresa decide la cantidad a producir en función del ingreso total que pueda alcanzar. Cuando se producen fallos en la competencia dentro de un mercado, el Estado debe intervenir para fomentar ésta. XX Existencia de bienes públicos Existen algunos bienes que, o no son suministrados por el mercado o, si lo son, la cantidad suministrada es insuficiente para satisfacer las necesidades de la población. Por ejemplo, la defensa nacional o la colocación de un faro con el objeto de mejorar la navegación marítima. Estos bienes se llaman bienes públicos puros, caracterizándose por poseer dos propiedades fundamentales: en primer lugar, no cuesta nada que otra persona más disfrute de sus ventajas (cuesta lo mismo defender a un millón de personas que a un millón más uno, o alumbrar con un faro a 100 barcos que a 101), y en segundo lugar, es muy difícil, o imposible, impedir que alguien los utilice, es decir, es imposible, o muy costoso, excluir a alguien del disfrute de ese bien público (si el Ministerio de Defensa consigue evitar un ataque del ejército de otro país, todos los ciudadanos se benefician. A su vez, sería muy costoso apagar el faro discrecionalmente dependiendo del barco que en cada momento pueda navegar frente a la costa). Una empresa privada que suministrase este tipo de bienes debería cobrar por la cantidad suministrada. Pero, como todos los ciudadanos saben que acabarán beneficiándose de sus servicios, independientemente de que contribuyan o no a costearlos, no tendrán ningún incentivo para pagarlos voluntariamente (problema del polizón, consumidor parásito o free rider, que consume el bien público sin pagar contraprestación alguna).

7

tema 18 economía

El hecho de que los mercados privados no suministren bienes públicos o los suministren en escasa cantidad justifica muchas de las actividades del Estado. XX Externalidades Las externalidades surgen cuando la producción o el consumo de un bien por un agente determinado afecta directamente a otras empresas o a otros consumidores que no participan en su compra ni en su venta, y cuando esos efectos no se reflejan totalmente en los precios de mercado. Es decir, se trata de aquellos actos que realiza un agente de producción o consumo y que afectan a otra persona o empresa, pero que no se manifiestan en el sistema de precios. Por ejemplo, una empresa puede generar un coste social derivado de la contaminación generada por su proceso productivo y no satisfacer ese coste a quien lo sufre (ya sea la sociedad en su conjunto o un agente particular). En este caso surgirá una externalidad negativa. Por otra parte, un individuo puede instalar frente a su casa un sistema de iluminación del que se beneficien sus vecinos, y no ser retribuido por éstos. En este caso se estaría produciendo una externalidad positiva. Los gobiernos responden a las externalidades principalmente regulando las actividades en las que se producen, e imponiendo sanciones por las de carácter negativo (por ejemplo, imposición ambiental por emisión de gases de combustión a la atmósfera) y retribuyendo las positivas. XX Mercados incompletos Los bienes públicos puros no son los únicos que el mercado no suministra o lo hace insuficientemente. Puede ocurrir que el mercado no suministre un bien o servicio a pesar de que los consumidores estén dispuestos a pagar por él un precio mayor de lo que cuesta producirlo. Se habla en este caso de mercados incompletos, como lo sería el mercado de seguros y préstamos, donde el mercado privado no proporciona seguros para determinados riesgos importantes a los que se enfrenta la gente (seguro de desempleo por ejemplo, que cubre el Estado a través de la prestación y el subsidio por desempleo), haciéndose necesaria la intervención estatal para completar el mercado. XX Fallos de información Algunas actividades del Estado se justifican porque los consumidores tienen una información incompleta y por la convicción de que el mercado por sí sólo suministra información insuficiente. En este caso el Estado debe intervenir para que aumente o mejore la información (por ejemplo, exigiendo a las entidades de crédito que informen de manera homogénea del verdadero tipo de interés de sus préstamos o créditos, a través del TAE). Cuando la información es falsa, sesgada, incompleta, asimétrica... el mercado se vuelve ineficiente, necesitándose la intervención Estatal.

8

tema 18

economía

XX El desempleo, la inflación y el desequilibrio El hecho de que los mercados no sean capaces de generar pleno empleo de factores es el síntoma más admitido a lo largo de la historia del pensamiento económico de fallo de mercado. El hecho de que existan factores de producción infrautilizados suele considerarse la principal justificación de las políticas económicas estatales. Asimismo, la búsqueda del crecimiento económico a largo plazo no garantizado por el mercado, y la estabilidad de los precios que por sí sólo no consigue el mercado, suelen ser aducidos como los motivos esenciales de la intervención estatal en la actividad económica. Estos seis primeros fallos de mercado que hemos analizado no son mutuamente excluyentes, sino que pueden presentarse de manera conjunta o asociada, por ejemplo la existencia de mercados incompletos puede deberse a problemas de información, la existencia de bienes públicos puede vincularse a los fallos de competencia, los problemas de desempleo pueden venir anexos a fallos en la información, etc. En todo caso, las seis causas presentadas de fallos de mercado impiden que la economía de libre mercado y funcionamiento autónomo alcance el nivel óptimo y eficiente de producción. Pero incluso si el mercado, funcionando libremente, lograra alcanzar el nivel óptimo de producción, no dejarían de surgir dos nuevos argumentos tratando de justificar la intervención del Estado en la actividad económica. Dos argumentos que se fundamentan en la distribución de la renta y en la existencia de bienes preferentes. XX La redistribución de la renta El hecho de que una economía logre alcanzar la eficiencia en el sentido de Pareto, no nos dice nada sobre la distribución de la renta entre sus miembros; los mercados competitivos pueden generar una distribución de la renta muy desigual, lo que puede derivar en que un cierto número de ciudadanos carezcan de los medios suficientes para subsistir. Una de las actividades más importantes del Estado es redistribuir la renta, y ése es el propósito expreso de los distintos programas sociales de transferencias o prestaciones. La política de distribución está integrada por un conjunto de medidas de política económica cuyo objetivo principal es modificar la distribución de la renta entre los grupos sociales o entre los individuos. A su vez, este objetivo fundamental, se puede desagregar en otros sub-objetivos, que pasarían por garantizar una base mínima de nivel de vida para todos los ciudadanos, tender hacia una igualación primaria en la distribución de la renta o promover la «meritocracia», mediante la cual se pretende distribuir las oportunidades entre los ciudadanos (universalizando la enseñanza, por ejemplo) de tal manera que se consiga un reparto más justo. XX Los bienes preferentes En ciertas ocasiones los consumidores toman decisiones que pueden considerarse poco racionales desde el punto de vista económico (por ejemplo, mucha gente continúa fumando aun conociendo sus perjuicios para la salud, buena parte de los motociclistas no utilizan el casco pese a conocer sus efectos positivos en caso de accidente, un alto porcentaje de los trabajadores prefieren no utilizar Equipos de Protección Individual en el trabajo para protegerse de los

9

tema 18 economía

riesgos laborales aun sabiendo que su utilización podría prevenirles de lesiones o enfermedades profesionales, etc). Ante tales decisiones particulares, el Estado debe intervenir para desincentivar el consumo de aquellos bienes que considera perjudiciales o para fomentar el consumo de aquellos otros bienes que considere beneficiosos para los consumidores (como por ejemplo campañas a favor del deporte o de fomento de la lectura). El concepto de bien preferente se debe a Musgrave, quien los define como aquellos bienes­ sujetos al principio de exclusión que son satisfechos por el mercado dentro de­los límites de la demanda efectiva­, pero que por encima de dichos límites son suministrados libremente por­el Estado a través del presupuesto. En estos casos, el Estado debe intervenir (a través del llamado «paternalismo» estatal), ya que los consumidores no hacen lo que más les conviene. El tipo de intervención necesaria no debe limitarse a suministrar únicamente información, sino que el Estado puede llegar a obligar a consumir este tipo de bienes o servicios.

1.2. FUNCIONES El protagonismo del sector público, especialmente a lo largo del siglo XX y principios del XXI, se ha centrado en una serie de actividades y funciones, que esquemáticamente pasamos a enumerar para inmediatamente desarrollar: „„

Establecer el marco legal para la economía de mercado.

„„

Ofrecer y comprar bienes y servicios, y realizar transferencias.

„„

Establecer impuestos.

„„

Tratar de estabilizar la economía.

„„

Redistribuir la renta.

„„

Procurar la eficiencia económica.

XX Establecer el marco legal para la economía de mercado El Estado regula el funcionamiento de la economía mediante un conjunto de leyes, normas y reglamentaciones. Así, por ejemplo, determinadas leyes definen la propiedad privada, otras determinan las condiciones que deben estipular los contratos, otras determinan precios mínimos o máximos de ciertos productos industriales, otras los salarios mínimos así como los derechos o protecciones al trabajador, etc. Las agencias de regulación del Estado se mantienen activas en muchas áreas del proceso económico, estableciendo controles de precios a algunas industrias, regulando los monopolios y tratando de proteger al consumidor en temas relacionados con la publicidad, sanidad, contaminación, etc. Es esta función del Estado la más clásica, dado que el propio Adam Smith reconocía en La riqueza de las naciones en 1776 la necesidad de una mínima intervención estatal como determinante del marco legal e institucional.

10

tema 18

economía

XX Ofrecer y comprar bienes y servicios, y realizar transferencias Existe un gran número de bienes que el Estado está en mejores condiciones de ofrecer que las empresas particulares. Así sucede con la defensa, la seguridad ciudadana, determinados servicios que se ofrecen en condiciones cuasi-monopolísticas, como el servicio de correos o el transporte por ferrocarril, o los, ya analizados, bienes públicos. La creciente actividad productiva del Estado, se debe a que la sociedad le ha ido encomendando cada más parcelas del bienestar público, a medida que al aumentar el nivel de desarrollo se generaban nuevas necesidades. Por otro lado, el sector público compra bienes como edificios, mobiliario, equipos informáticos, pues los necesita para el normal desarrollo de sus actividades. Junto a estos gastos de inversión, el sector público también incurre en gastos de consumo ­que son los denominados gastos corrientes y cuya principal partida son los gastos de personal. Junto a las compras de bienes y servicios, el sector público realiza transferencias a los particulares, siendo éstas, los pagos realizados por el Estado por los cuales quienes los reciben no dan en contraprestación ningún bien o servicio, es decir, pagos sin contrapartida. Ejemplos típicos de transferencias son los subsidios de desempleo, las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación, o las ayudas familiares o asistenciales. En cualquier caso, cabe señalarse que en los últimos años ha tenido lugar un proceso de crítica generalizada sobre el papel del sector público como empresario. Las ideas liberales y el reconocimiento de las supuestas bondades del mercado como instrumento asignador de recursos han tenido una aceptación creciente entre las autoridades económicas, lo que se ha concretado en un proceso de privatizaciones de empresas públicas. En España, por ejemplo, fueron objeto de privatización Iberia, Argentaria, Telefónica, Repsol, Tabacalera, etc. XX Establecer impuestos El sector público, para poder financiar sus gastos se ve obligado a establecer impuestos. Aunque el objetivo primordial de los tributos es el de cubrir los gastos públicos, también se pueden utilizar para otros propósitos, como desalentar la producción de determinados bienes, estableciendo impuestos adicionales que elevan el precio de dicho producto y hacen que la cantidad demandada se retraiga (tabaco, alcohol, gasolina...); o para modificar la distribución de la renta, haciendo que, por ejemplo, los colectivos con niveles de renta más elevada paguen mediante el establecimiento de impuestos progresivos (aquel que detrae un porcentaje cada vez a mayor a medida que aumenta la renta del contribuyente) una mayor cuota impositiva. A la hora de configurar un sistema impositivo, el sector público debe tener presente los tres principios y objetivos básicos de equidad, neutralidad y simplicidad. Un sistema es equitativo si los impuestos establecidos son justos, y generan un reparto aceptable de la carga fiscal entre los ciudadanos. Un sistema impositivo neutral es aquél que no genera perturbaciones sobre las fuerzas libres del mercado Un sistema impositivo se considera simple siempre y cuando su aplicación práctica no plantee excesivas dificultades, logrando alcanzar, a su vez, los objetivos recaudatorios.

11

tema 18 economía

XX Tratar de estabilizar la economía y conseguir un crecimiento económico sostenible Los gobiernos se han preocupado de forma creciente por estabilizar la actividad económica evitando que las macromagnitudes más significativas de toda la economía, tales como el nivel de empleo, la tasa de inflación o el producto nacional, experimenten oscilaciones y fluctuaciones excesivas. Para ello suelen poner en práctica políticas estabilizadoras cuya finalidad es suavizar las fluctuaciones de la actividad económica, asegurando la producción máxima en un contexto de estabilidad de precios, y evitando el desempleo de los recursos productivos Para combatir las fluctuaciones cíclicas, las autoridades económicas (y tal y como ampliaremos al hablar de los instrumentos utilizados por el sector público en la intervención sobre la actividad económica) suelen controlar los impuestos, el gasto público y la cantidad de dinero. La política de estabilización es necesaria, ya que tal y como muestra la experiencia, en la mayoría de los casos el mercado competitivo no consigue de manera automática los objetivos perseguidos. Por tanto, es necesario definir con precisión qué se entiende por pleno empleo, inflación, tasa de crecimiento potencial, etc, y en función de tales definiciones establecer políticas que permitan no depender de las fluctuaciones del mercado. Así mismo, el Estado debe tener presente a la hora de establecer políticas, los factores que se vinculan más directamente al crecimiento económico: la productividad, el capital humano, la inversión en capital, la innovación, desarrollo e investigación... No obstante, la fijación de dichas políticas puede comportar un riesgo, el de no acertar con su elección y ocasionar, en consecuencia, efectos perjudiciales sobre la vida económica. XX Redistribuir la renta Si una sociedad no está de acuerdo, por razones éticas o políticas, con la distribución de renta que resulta del funcionamiento del mercado, puede tomar medidas para tratar de alterarla. Para ello acudirá a algunos de los instrumentos que se analizarán en este mismo tema, esto es, los impuestos y los gastos públicos, y, en particular, las transferencias. Así, mediante los impuestos, el Estado puede detraer una mayor fracción de la renta a los ricos que a los pobres. De forma similar, el gasto público puede utilizarse para redistribuir la renta, por ejemplo, haciendo inversiones públicas en regio­nes donde los niveles de renta son inferiores. Al­ternativamente pueden utilizarse los pagos de transferencia, canalizando recursos hacia colecti­vos especialmente necesitados: los disminuidos fí­sicos, los jóvenes desempleados, o la tercera edad. El logro de un nivel mínimo de bienestar para todos los individuos de la sociedad es el objetivo que de forma específica orienta la actuación de la Seguridad Social. XX Procurar la eficiencia económica El argumento general en favor de la intervención del Estado es la existencia de fallos en el merca­do. Recordemos que las condiciones necesarias para el logro de la asignación óptima a través del mercado son las siguientes:

12

tema 18

economía

„„

Una cantidad numerosa de vendedores y de compradores en cada mercado, tanto para los productos como para los factores (mercados de concurrencia con agentes precio aceptantes).

„„

Conocimiento perfecto de los mercados de productos y factores, tanto por todos los vendedores como por todos los compradores (información perfecta).

„„

Movilidad perfecta de los recursos productivos, de forma que las empresas tienen libertad de salida y de entrada al mercado.

„„

Maximización del beneficio, como motivación de todas las empresas, y máxima utilidad, como motivación de los consumidores.

„„

Tanto compradores como vendedores deberán ser indiferentes respecto a qué comprar o vender, dado que el bien comprado o vendido debe ser homogéneo.

Independientemente del ámbito teórico, en la práctica aparece un conjunto de situaciones que impiden la consecución del punto de equilibrio deseado. Ante situaciones de competencia imperfecta, bienes públicos o externalidades, el Estado se ve legitimado a intervenir con el objeto de regular el comportamiento del mercado y alcanzar la eficiencia en la asignación de recursos, así como en la producción y consumo de bienes y servicios.

13

tema 18 economía

2 MEDIOS E INSTRUMENTOS El concepto de política económica abarca tanto los objetivos que los gobiernos se proponen conseguir en materia económica, como el conjunto de instrumentos o medios que aplican para conseguirlos. Así, los principales objetivos económicos que persiguen los gobiernos, se distinguen entre aquellos a corto plazo (estabilidad de precios, déficit público, equilibrio de la balanza de pagos o pleno empleo) y aquellos otros a más largo plazo (crecimiento de la renta, distribución de la riqueza personal y espacial, protección del medio ambiente, sostenibilidad, distribución de la riqueza personal y espacial... en definitiva estabilidad económica). En todo caso, los instrumentos utilizados por el Estado se vinculan directamente a las funciones que éste mismo ostenta dentro de la actividad económica, y que ya hemos analizado, pasando por fomentar, en resumen, la eficiencia (tratando de corregir los fallos del mercado), la equidad (con el objeto de atenuar o eliminar la desigualdad de renta entre los ciudadanos de una sociedad) y la estabilidad (eliminando las fluctuaciones cíclicas, reduciendo el desempleo y la inflación, y fomentando el crecimiento económico). Para la consecución de tales fines deben fijarse una serie de medios o instrumentos. Los principales instrumentos de política económica pueden dividirse entre políticas de demanda, políticas de renta, e intervenciones y regulaciones del Estado.

2.1. POLÍTICAS DE DEMANDA El objetivo de las políticas de demanda es estabilizar la actividad económica a través de la incidencia sobre la Demanda Agregada. Para Keynes, el equilibrio económico por sí sólo no tiene por qué asociarse taxativamente al pleno empleo de los recursos y factores productivos, sino es posible alcanzar un equilibrio económico en el que el nivel de producción eficiente no consiga emplear la totalidad de factores productivos existentes en una economía, y en concreto en relación al factor trabajo.

Precios

El producto nacional de equilibrio (Ye) puede no igualarse al producto potencial (Yp), circunstancia que sólo se conseguiría en caso de estimular mediante intervenciones estatales la Demanda Agregada, hasta alcanzar la curva de Oferta Agregada en el punto de nivel de producción potencial (Yp), nivel en el que se emplearían plenamente todos los recursos, sin quedar ninguno ocioso; tal y como podemos observar en la figura 1. SA

DA0 YE

YP

DA1 Cantidad Figura 1.

14

Keynes, para superar la brecha entre las posibilidades potenciales de producción y su producción efectiva, sostenía que no existe ningún mecanismo de ajuste automático, y que por lo tanto debe recurrirse a instrumentos que incidan sobre la Demanda Agregada, y de este modo tratar de reducir la brecha de producción, utilizando para ello las políticas de demanda (fiscal y monetaria principalmente).

tema 18

economía

2.1.1. Política fiscal

Se puede definir la política fiscal como el conjunto de variaciones en los gastos e ingresos del Gobierno, así como las decisiones tomadas por éste sobre déficits y superávits presupuestarios, realizadas con el fin de asegurar el logro de los objetivos de política macroeconómica, en términos de sus efectos sobre la renta nacional, el empleo de los factores productivos y el nivel general de precios. Con ello se pretende influir sobre la demanda agregada y, por tanto, sobre la producción y el empleo. El manejo de los ingresos y gastos públicos, así como la relación entre los mismos, se ha convertido en uno de los principales instrumentos mediante el cual tratan los gobiernos de lograr un elevado nivel de actividad económica y de estabilidad general de precios. Este intento gubernamental tropieza con muchas dificultades, como la incompatibilidad de los dos principales objetivos entre sí (estabilidad de precios y crecimiento económico sostenible), la oposición de tales objetivos a otros objetivos públicos no fiscales, la incertidumbre acerca del alcance y momento oportuno de aplicación de las acciones concretas de política fiscal, y la dificultad de tomar, y poner en práctica, decisiones en una organización política amplia como es una nación. No obstante se confía generalmente en que el instrumento fiscal es lo bastante poderoso y efectivo, y su utilización suficientemente conocida, como para lograr a través de él una contribución sustancial al logro de un buen funcionamiento de la economía. La importancia de este instrumento de política económica surge y se consolida especialmente durante las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX, justificada por el triunfo de las doctrinas keynesianas y la consideración de que el otro instrumento del que se dispone para actuar sobre la demanda agregada, es decir, la política monetaria, no es lo suficientemente eficaz. La renta y la producción han aumentando en términos globales durante el siglo XX en la totalidad de países de la OCDE, pero al mismo tiempo el gasto público ha tendido a crecer aun más deprisa en la mayoría de estos países. Cada período de emergencia, de guerra, cada depresión, cada oleada de mayor preocupación por la pobreza y la desigualdad, expande las actividades del Estado, y en concreto las políticas fiscales expansivas. Pero una vez pasada la urgencia, el gasto público nunca parece recuperar su nivel anterior. La política fiscal trata de conseguir dos objetivos: „„

Evitar o, al menos, paliar los niveles de desempleo. En este sentido, una política fiscal expansiva es útil para reducir las tasas elevadas de paro, a pesar del consiguiente problema inflacionista que genera.

„„

Reducir los efectos de las fluctuaciones en la economía asociadas al ciclo económico. De esta manera se pretende corregir aquellas etapas en las que existe una evidente escasez de demanda agregada, mediante alteraciones en los impuestos o en el gasto público, con lo que se consigue una economía estable en gran medida.

Para alcanzar los objetivos propuestos, mediante políticas expansivas o restrictivas, se utiliza el gasto público y los impuestos (aumentando o reduciendo ambas variables). Las políticas fiscales expansivas se centran en un aumento del gasto público o en una reducción de la carga o esfuerzo impositivo (mediante programas de obras públicas, programas de transferencias, proyectos públicos de empleo, alteraciones a la baja de los tipos impositivos,

15

tema 18 economía

deducciones sobre la base o cuota impositiva, etc), con el fin de influir de forma positiva sobre la Demanda Agregada (a través de la estimulación del consumo privado, la inversión privada, y el propio gasto público, componentes todos de la demanda Agregada), e incrementar el nivel de producción y empleo; aunque, en contraprestación, las políticas fiscales expansivas basadas en el incremento del gasto público y en la reducción de la carga fiscal provocan un incremento de los precios. Las políticas fiscales restrictivas, que se suelen utilizar cuando la economía se encuentra en fases de expansión y conforme se acerca al auge o cima del ciclo y, por tanto, las tensiones inflacionistas empiezan a acentuarse, se utilizan con el fin de reducir la demanda agregada, y provocar con ello bajadas en el nivel de precios, a través de reducciones en el Gasto Público o incrementos en los impuestos. Se puede observar que el manejo de los ingresos y los gastos públicos tiende a tropezar con muchas dificultades, siendo la principal la incompatibilidad entre sus objetivos (incremento de la producción y reducción del nivel de precios), lo que puede derivar en el uso de instrumentos fiscales estabilizadores de forma extemporánea, dados los frecuentes retrasos y la ordinaria lentitud de los trámites institucionales y burocráticos. En caso de que una medida fiscal se aplique con retraso, los resultados obtenidos no se ajustarán a lo esperado, pudiendo, incluso, alterar perjudicialmente la actividad económica. 2.1.2. Política monetaria

La política monetaria se fundamenta en las decisiones que las autoridades monetarias toman para alterar el equilibrio en el mercado de dinero, es decir, para modificar la cantidad de dinero o el tipo de interés. Las políticas monetarias que aumentan la oferta monetaria, políticas monetarias expansivas reducirán el tipo de interés, mientras que las políticas monetarias que contraen la oferta monetaria, políticas restrictivas, lo elevarán. Al tratarse de una política de estabilización sus fines y objetivos generales pasan por alcanzar un nivel de crecimiento sostenido, un nivel de empleo elevado y la estabilidad de los precios y el tipo de cambio. En consonancia a estos objetivos generales, el Banco Central ejecuta la política monetaria siguiendo las directrices del gobierno y del Ministerio de Economía. Una vez establecidos los objetivos últimos por parte del gobierno, el Banco Central establece un objetivo intermedio para la política monetaria. Este objetivo intermedio será alcanzar cierta tasa de crecimiento de la cantidad de dinero en la economía (oferta monetaria), con la que conseguir los objetivos económicos finales. Junto a la cantidad de dinero, son objetivos intermedios, a su vez, la fijación de los tipos de interés y el tipo de cambio, variables que la autoridad monetaria también incluirá en sus decisiones, procurando conseguir la compatibilidad de estos objetivos con el crecimiento o la moderación de la cantidad de dinero en la economía. A su vez, para alcanzar los objetivos intermedios, se suelen emplear variables instrumentales, que normalmente son los llamados activos de caja, que no son otra cosa que las reservas de dinero de curso legal que deben mantener los bancos comerciales con el objeto de hacer frente a las peticiones de liquidez de sus clientes.

16

tema 18

economía

Mediante alguno de los instrumentos al alcance del Banco Central, éste alterará el nivel de reservas bancarias (manipulando el coeficiente legal de reservas, realizando operaciones de mercado abierto como puede ser la compra de deuda pública o incrementando los créditos al sector bancario), que a su vez es uno de los componentes fundamentales de la oferta monetaria, con lo que variando ésta se consiguen los objetivos de estabilización económica, llevando a la economía a su potencial de pleno empleo de factores (incrementando o reduciendo la oferta monetaria, a través de la alteración de los niveles de reservas bancarias). Si dado un nivel de precios, el Banco Central compra títulos en el mercado abierto, reduce los coeficientes legales de reservas o concede a los bancos nuevos créditos (política monetaria expansiva), determinará que la cantidad de dinero se incremente de forma que la función de oferta de dinero (SM) se desplaza hacia la derecha y el tipo de interés se reduce, tal y como podemos observar en la figura 2.

SM0

SM1

Tipo de interés

r0 r1

E0 E1

DM

En el caso de que la autoridad moneSaldos reales taria siguiera una política restrictiva empleando de modo inverso cualFigura 2. quiera de los tres procedimientos apuntados (venta de títulos públicos, incremento de los coeficientes legales o reducción de los préstamos concedidos a los bancos), y suponiendo de nuevo que los precios permanezcan constantes, la curva de oferta de dinero (SM) se desplazaría hacia la izquierda y los tipos de interés se incrementarían. En resumen, para comprender la estrecha relación entre la cantidad de dinero y el tipo de interés, diremos que si aumenta la cantidad de dinero los bancos tienen más fondos para préstamos y, en general, reducirán los tipos de interés, lo que incidirá sobre la demanda de inversión y de consumo. Asimismo, el proceso de gasto del dinero creado también actúa reduciendo el tipo de interés, pues si parte del mismo se canaliza a la compra de títulos valores, el precio subirá y por tanto se reducirá el rendimiento, que es el tipo de interés. Así pues, una política monetaria expansiva que aumenta la cantidad de dinero irá acompañada de una reducción de los tipos de interés, mientras que lo contrario ocurriría si el Banco Central redujera la cantidad de dinero en la economía. En cualquier caso, al margen de la polémica so­bre la variable objetivo y la efectividad de la polí­tica monetaria, debe desta­carse que la política monetaria suele ser más efectiva para restringir el gasto agregado que para expandirlo. Esta asimetría de la política mo­netaria se puede justificar por las tres razones si­guientes: 1. A las autoridades monetarias les resulta rela­tivamente más fácil presionar al alza las tasas de interés que a la baja. Si las tasas ya son bajas puede que sea muy difícil reducir­las en una proporción significativa, mientras que, por el contrario, el límite hasta donde pueden llegar las tasas de interés en su ten­dencia alcista provocada por políticas mone­tarias restrictivas es menos evidente.

17

tema 18 economía

2. El Banco Central puede llevar a cabo una política expansiva, comprando bonos en el mercado abierto e incrementando las reser­vas bancarias, posibilitando con ello una mayor concesión de préstamos y, consecuentemente, aumentando la oferta de dine­ro, pero no puede obligar a los bancos comerciales a que presten más cuando, por ejemplo, los empresarios ante unas expectativas sombrías y poco claras no se deciden a invertir. Por el contrario, si el Banco Central realiza una operación restrictiva en el mercado abierto, los ban­cos se verán obligados a restringir sus prés­tamos y, en definitiva, la cantidad de dinero se reducirá, pues sus reservas habrán dismi­nuido. 3. Mediante una política restrictiva se puede incluso ocasionar un racionamiento del cré­dito, de forma que las empresas sean incapa­ces de obtener los préstamos que desean para financiar sus inversiones. Obviamente lo contrario no es cierto, pues por muy expansiva que sea una política no se puede forzar a las empresas a solicitar más préstamos de los que se desean. Los argumentos anteriores justifican que a la política monetaria como instrumento de control del gasto agregado se le compare con una cuerda, en el sentido de que si bien puede ser un instrumento adecuado para contraer, no puede utilizarse con la misma finalidad para impulsar la actividad económica. Si se adoptan políticas restrictivas y la cuerda se tensa, la inversión se reducirá, pero si se desea impulsar el gasto no se puede forzar a las empresas a solicitar más crédito, es decir, la cuerda no puede utilizarse para empujar. Los efectos de una política expansiva son mucho menos ciertos, pues en buena medida dependen de la actitud de los bancos comerciales y de las expectativas de los empresarios, lo que puede determinar que ante una misma política el resultado sea distinto según la circunstancia.

2.2. POLÍTICAS DE RENTA Las políticas de renta constituyen otro de los instrumentos esenciales con que cuenta el Estado para intervenir en la economía, y procurar alcanzar los objetivos macroeconómicos básicos, tales como la disminución de la inflación y el equilibrio y estabilidad de los precios, la reducción del desempleo, la mejora en el saldo de la balanza de pagos, y el crecimiento sostenido. Las políticas de renta, también denominadas de oferta, tratan de incidir en el mercado de trabajo o incentivar la producción con el objeto de estimular el crecimiento de la economía, más que conseguir la estabilidad a corto plazo, tal y como pretendían las políticas de demanda. A la hora de analizar las políticas de renta, las definiciones de esta política instrumental pueden encuadrarse en dos grandes grupos: 1. Las de aquellos autores que la consideran como un instrumento más de la política económica utilizado para el logro de la estabilidad económica, en el marco de las políticas económicas coyunturales. De esta manera, la OCDE considera tradicionalmente como política de rentas «el propósito o perspectiva de las autoridades respecto al tipo de evolución de las rentas que sería consistente con sus objetivos económicos y, en particular, con la estabilidad de los precios». Según A. R. Braun, «la política de rentas es la intervención deliberada del gobierno en el proceso de formación de los precios del factor trabajo y de los productos, para impedir que los aumentos de las rentas monetarias sean más rápidos que el aumento de la renta nacional en términos reales».

18

tema 18

economía

2. Las de aquellos autores que consideran, además de lo anterior, que la política de rentas pretende incidir de manera directa en la distribución de la renta entre los diversos grupos sociales. Entre ellos, cabe destacar a P. Massé, quien define la política de rentas como «la acción consciente que se sitúa en la fase de formación de las rentas y que tiene dos objetivos ligados entre sí: por un lado, contribuir a una expansión rápida y equilibrada, manteniendo el pleno empleo y prefiriendo las distribuciones excesivas o insuficientes de rentas dentro de una economía abierta, y, por otro lado, contribuir al enriquecimiento de las finalidades del desarrollo, gracias, en particular, a un reparto más equitativo de los frutos de la expansión...» Por tanto, se puede concluir que el objetivo básico de la política de rentas es la consecución de la estabilidad de precios. Ello significa que las autoridades deben fijar los límites cuantitativos que tienen que alcanzar los aumentos salariales del Sector Público, los que serían recomendables para el sector privado y la consecución de todos aquellos acuerdos que nos permitan fijar las tasas máximas de aumento de los precios, de los salarios y de otras rentas, así como el control de su cumplimiento. Por otro lado, se destaca que el crecimiento de las rentas monetarias no debe ser superior al crecimiento de la renta nacional real, condición necesaria para no afectar negativamente al objetivo de estabilidad de precios. Además, en la definición de P. Massé se introduce un objetivo adicional de la política de rentas, al referirse a que las medidas en este ámbito deben perseguir un reparto más equitativo de la renta. Este objetivo, aunque no es reconocido por todos los autores, aparece como un efecto claro de las medidas planeadas, ya que dichas medidas pretenden afectar a la inflación, la cual, como es sabido, tiene efectos distributivos importantes, y asimismo, afectan a los distintos tipos de rentas percibidas por los agentes económicos, de tal forma que los cambios en las mismas pueden producir alteración en la participación relativa de dichos agentes en la renta nacional. Se puede concluir que la política de rentas es ante todo un instrumento de la política antiinflacionista que pretende, por un lado, deprimir las expectativas de inflación existentes y, por otro, reducir la reacción ante los niveles de aumento de los salarios nominales y de los precios (y, a veces, de las demás rentas) ante las tensiones alcistas de las variables que las determinan. Junto a este objetivo esencial, las políticas de renta se fijan otros objetivos secundarios, como son incidir sobre los salarios reales y contribuir a mejorar la situación de las empresas, favoreciendo su saneamiento y aumentando la inversión privada.

2.3. REGULACIÓN ESTATAL El incremento del gasto colectivo, de los impuestos y de la oferta monetaria no es el único mecanismo utilizado por el gobierno para intervenir en la actividad económica, sino que con el avance del siglo XX, y los primeros años del siglo XXI, también se han visto incrementadas las leyes, y las reglamentaciones en el ámbito económico. La mayoría de países occidentales se acercaron al Laissez Fiare durante las primeras décadas del siglo XX, lo que permitió a la población gozar de una gran libertad personal para conseguir sus ambiciones económicas (competencia e individualismo). Pero las nuevas corrientes de pensamiento (en especial el Keynesianismo tras la crisis del 29 y la Gran Depresión) contemplaron multitud de fallos en el laissez faire y en la mano invisible reguladora de la actividad y del

19

tema 18 economía

mercado, al ser testigos de crisis periódicas, de situaciones de extrema pobreza y desigualdad, de discriminación social, y del deterioro del entorno ambiental, pidiendo que se pusiera freno al capitalismo puro y deshumanizado. Así, se fue abandonando la creencia de que el mejor gobierno es el que menos gobierna, y gradualmente, y a pesar de la continua oposición de los clásicos, neoclásicos o monetaristas, se ampliaron los límites del control estatal de la economía, implantando nuevos instrumentos reguladores y fiscales adecuados a los fines de crecimiento y estabilidad económica. Así, el Estado generalizó las medidas de regulación económica a aquellos sectores de mayor importancia estrategia para la economía estatal, como banca, energía, transporte, telecomunicaciones, automoción, etc, y lo hizo mediante la creación de empresas públicas controladoras, en muchos casos en régimen de monopolio, de dichas industrias. Se puede definir como empresa pública toda agrupación cuyo objetivo es la producción de bienes y servicios destinados al mercado y que está controlada por los poderes públicos. Dos características básicas marcan esta definición: por una parte, el carácter empresarial de tal organización, que permite diferenciarla de otros entes públicos y, por otra, su condición pública, ejercida mediante la influencia sobre las decisiones de los órganos de dirección de la empresa de forma directa. En todo caso, una empresa pública no deja de ser un instrumento del que dispone el Estado para actuar sobre la actividad económica de un país. A su vez, además de regular los precios, las industrias estratégicas y las normas de actuación, el Estado intenta proteger la salud y la seguridad de sus ciudadanos mediante un sistema de regulación social, en el que destaca la Seguridad Social, o la protección de trabajadores y consumidores, garantizando sus derechos frente a los empresarios.

2.4. TEORÍA DE LA ELECCIÓN PÚBLICA Como hemos visto, el Es­tado desempeña un papel fundamental en las economías mixtas modernas. Los recursos se asignan no sólo a través de los mercados, sino también a través de un proceso político y público. La toma de decisiones por parte del Estado a la hora de aprobar una ley o de llevar a cabo un determinado gasto público no puede expresarse de una manera tan sencilla, como se ha supuesto que actúan las empresas y las economías domés­ticas. A colación de lo planteado, y para finalizar el tema debemos, al menos, esbozar la llamada teoría de la elección pública, que pretende, precisamente, presentar la toma de deci­siones por parte del sector público, suponiendo que los gobiernos tie­nen una función objetivo que tratan de optimizar. La teoría de la elección pública estudia cómo el gobierno toma decisiones sobre los impuestos, los gastos, la regulación y otras políticas econó­micas. Como en el caso del mercado, los políticos tienen que atender las demandas de los agentes de consumo de bienes y servicios públicos, teniendo en cuenta la capacidad de la economía para ofrecerlos. Por ello, la teoría de la elección pública puede consi­derarse como aquella rama de la economía que trata de responder a preguntas como, ¿qué tipos de bienes compran los gobiernos?, ¿cómo se pro­ducen los bienes y servicios ofrecidos por el sec­tor público?, ¿cómo se distribuyen los beneficios de los programas del gobierno? En otras pala­bras, la teoría de la elección pública se pregunta por el qué, el cómo y el para quién en relación con las decisiones del sector público.

20

tema 18

economía

Dado que la teoría de la elección pública des­cribe cómo la sociedad decide qué acciones co­ lectivas se deben llevar a cabo, cabe considerarla como un juego, el juego político. Unos jugadores son los votantes, cuyas necesidades y deseos se supone que una democracia debe servir. Los otros jugadores son los políticos. Éstos, al igual que los empresarios en la teoría de la oferta y la demanda, interpretan la demanda de bienes co­lectivos y encuentran la forma de ofrecerlos. Siguiendo con el paralelismo de la teoría de la producción, la teoría de la elección pública tam­bién supone que los políticos son agentes maximizadores. En particular se supone que los políti­cos tratan de ganar las elecciones, mientras que las empresas lo que pretenden es maximizar los beneficios. La teoría de la elección pública supone, en concreto, que los políticos tratan de maximizar las posibilidades de ser elegidos. Es decir, son maximizadores de votos. Así pues, la diferencia fundamental radica en el objetivo de los agentes que actúan en uno y otro caso: mientras que los empresarios pretenden maximizar los beneficios, «los empresarios de la política» tratan de maximizar el número de votos y así ganar las elecciones. Los votantes expresan sus preferencias por los encargados de tomar las decisiones públicas, esto es, los legisladores (diputados y senadores) y los miembros del ejecu­tivo elegidos por los votantes. La tarea de éstos consiste en tomar decisiones básicas relacionadas con el gasto y con los impuestos, aprobar nuevas leyes y establecer regulaciones. El electo­rado expresa por medio de su voto sus preferen­cias por los diferentes conjuntos de medidas que han presentado los partidos políticos en sus pro­gramas electorales. Los legisladores y los miembros electos del eje­cutivo son los que establecen las «reglas del juego» a los funcionarios públicos y demás empleados de la administración, y éstos son los que de hecho recaudan los impuestos, administran el gasto pú­blico, aplican las leyes y ponen en práctica las reglamentaciones. Mediante el proceso esbozado, la teoría de la elección pública explica cómo los gobiernos to­ man decisiones sobre los impuestos, los gastos de regulación y otras políticas. De forma similar a como funcionan los mercados, en el caso de la política se ha de procurar encontrar el equilibrio entre la demanda de bienes y la capacidad de la economía de atender a dicha demanda.

21

tema 18 economía

BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA REFERIDA ALBI, E. et. al.: Estado y Economía: elementos para un debate. Fundación BBVA. Bilbao, 1995. CUERVO-ARANGO, C. y TRUJILLO DEL VALLE, J. A.: Introducción a la economía. Ed. MacGraw Hill. Ciudad de México, 1989. FRANK, R. H.: Microeconomía y conducta. Ed. MacGraw Hill Interamericana de España. Madrid, 2005. IPSEY, R. G.: Introducción a la economía positiva. Ed. Vicens Vives. Barcelona, 1996. LÓPEZ LÓPEZ, M. T. y UTRILLA DE LA HOZ, A.: Introducción al sector público español: Ed. Civitas. Madrid, 1993. MANKIW, G. W.: Principios de economía. Ed. MacGraw Hill Interamericana de España. Madrid, 2004. MUSGRAVE, R. A.: Hacienda pública. Teórica y aplicada. Ed. MacGraw Hill Interamericana de España. Madrid, 1999. MOCHÓN, F.: Economía. Teoría y Política. Ed. McGraw Hill Interamericana de España. Madrid, 2000. STIGLITZ, J. E.: Economía. Ed. Ariel Economía. Barcelona, 1993. STIGLITZ, J. E.: La economía del sector público. Antoni Bosch, editor. Barcelona, 1988. TORRES LÓPEZ, J.: Introducción a la economía política. Ed. Civitas. Madrid, 1993. TORRES LÓPEZ, J.: Economía política. Ed. Civitas. Madrid, 2000.

22

tema 18

economía

RESUMEN La intervención del Estado en la economía: justificación y funciones. Medios e instrumentos.

1. L A INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA: JUSTIFICACIÓN Y FUNCIONES Hasta principios del siglo XX, con las excepciones de mercantilistas y marxistas, se suponía que la función del Estado consistía en el establecimiento de un marco jurídico-institucional, en tanto que los individuos y los grupos privados, serían los verdaderos responsables de la actividad económica del sistema. A lo largo del siglo XX, las funciones públicas se han ampliado y diversificado, y el Estado ha dejado de ser un mero guardián del buen desarrollo de la actividad económica, para convertirse en un verdadero agente económico, actuando, con frecuencia, como empresario. Surge la economía mixta, que se caracteriza porque las actividades que se desarrollan en el seno del sistema económico pueden dividirse en dos esferas de intereses, el público y el privado. Dentro de la economía mixta, se considera que el Estado debe intervenir para aumentar la eficiencia de los mercados como redistribuidor de rentas, como salvaguarda del correcto funcionamiento del mercado, o como garante de los derechos de propiedad, y del cumplimiento de los contratos.

1.1. JUSTIFICACIÓN La justificación de la intervención del sector público en la actividad Económica se fundamenta, en que el mercado por sí sólo, no logra satisfacer, de manera óptima, las necesidades de sus ciudadanos. Los fallos de mercado se deben a ocho factores, para justificar la intervención del Estado. Los seis primeros describen circunstancias en las que el mercado, puede no ser eficiente, en el sentido de Pareto (cuando en una economía de intercambio ninguno de los agentes puede mejorar su utilidad o su nivel de producción sin perjudicar a otro agente), y los dos últimos, presentan

situaciones en las que la intervención del Estado puede estar justificada, aún cuando, la economía sea eficiente gracias al mecanismo de mercado: a) Fallo de la competencia. b) Existencia de bienes públicos. c) Externalidades. d) Mercados incompletos. e) Fallos de información. f) El desempleo, la inflación y el desequilibrio. g) La redistribución de la renta. h) Los bienes preferentes.

1.2. FUNCIONES a) Establecer el marco legal para la economía de mercado. b) Ofrecer y comprar bienes y servicios, y realizar transferencias. c) Establecer impuestos. d) Tratar de estabilizar la economía. e) Redistribuir la renta. f) Procurar la eficiencia económica.

2. MEDIOS E INSTRUMENTOS Los instrumentos utilizados por el Estado se vinculan, directamente, a las funciones que éste mismo ostenta dentro de la actividad económica. Fomentar la eficiencia, la equidad, la estabilidad. Para la consecución de tales fines, deben fijarse una serie de instrumentos, pueden dividirse entre, políticas de demanda, políticas de renta, e intervenciones, y regulaciones del Estado.

2.1. POLÍTICAS DE DEMANDA El objetivo de las políticas de demanda es estabilizar la actividad económica, a través de la incidencia sobre la Demanda

23

tema 18 economía

2.1.1. Política fiscal La política fiscal es el conjunto de variaciones, en los gastos e ingresos del Gobierno, así como las decisiones tomadas por éste, sobre déficits y superávits presupuestarios, realizadas con el fin de asegurar el logro de los objetivos de política macroeconómica. Con ello se pretende influir sobre la demanda agregada y, por tanto, sobre la producción y el empleo. La política fiscal trata de conseguir dos objetivos: a) Evitar o, al menos, paliar los niveles de desempleo. b) Reducir los efectos de las fluctuaciones en la economía asociadas al ciclo económico.

2.1.2. Política monetaria La política monetaria se fundamenta, en las decisiones que las autoridades monetarias toman, para modificar la cantidad de dinero o el tipo de interés. El Banco Central ejecuta la política monetaria siguiendo las directrices del gobierno y del Ministerio de Economía. El Banco Central establece un objetivo intermedio para la política monetaria. Este objetivo intermedio será alcanzar cierta tasa de crecimiento de la cantidad de dinero en la economía (oferta monetaria), con la que conseguir los objetivos económicos finales. Para comprender la estrecha relación, entre la cantidad de dinero y el tipo de interés, diremos que si aumenta la cantidad de dinero, los bancos tienen más fondos para préstamos y, en general, reducirán los tipos de interés, lo que incidirá sobre la demanda de inversión y de consumo.

24

2.2. POLÍTICAS DE RENTA Las políticas de renta constituyen otro de los instrumentos esenciales, con que cuenta el Estado, para intervenir en la economía, y procurar alcanzar los objetivos macroeconómicos básicos. Ante todo, son un instrumento de la política anti-inflacionista que pretende, por un lado, deprimir las expectativas de inflación existentes y, por otro, reducir la reacción ante los niveles de aumento de los salarios nominales y de los precios. A la hora de analizar las políticas de renta, pueden encuadrarse en dos grandes grupos: a) Las que son como un instrumento más de la política económica, utilizado para el logro de la estabilidad económica, en el marco de las políticas económicas coyunturales. b) Las que pretenden incidir de manera directa en la distribución de la renta entre los diversos grupos sociales.

2.3. REGULACIÓN ESTATAL Estado generalizó las medidas de regulación económica a aquellos sectores de mayor importancia estrategia para la economía estatal, mediante la creación de empresas públicas controladoras, en muchos casos en régimen de monopolio, de dichas industrias.

2.4. TEORÍA DE LA ELECCIÓN PÚBLICA La teoría de la elección pública estudia cómo el gobierno toma decisiones sobre los impuestos, los gastos, la regulación y otras políticas económicas.